Source: http://www.scribd.com/doc/33895737/Tribunal-Constitucional-Fallo-505-Transelec
Timestamp: 2014-04-21 15:34:05
Document Index: 87364674

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 19', 'Artículo 51', 'artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 3']

P. 1Tribunal Constitucional - Fallo 505 - TranselecTribunal Constitucional - Fallo 505 - TranselecRatings: (0)|Views: 987|Likes: 5Published by vamosderechoMore info:Published by: vamosderecho on Jul 05, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, DOC, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/33895737/Tribunal-Constitucional-Fallo-505-Transelec09/20/2012pdftextoriginal Santiago, seis de marzo de dos mil siete.
Con fecha 30 de mayo de 2006, Luis Vidal Hamilton-Toovey, en representación deEmpresa Eléctrica Panguipulli S.A. (sucesora de Pullinque; en el fallo se hará referencia aambas indistintamente), ha deducido un requerimiento para que se declare lainaplicabilidad del artículo 3º transitorio de la Ley Nº 19.940 que modificó el Decreto conFuerza de Ley Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de ServiciosEléctricos, en los autos arbitrales caratulados “HQI Transelec S.A. con Empresa EléctricaPanguipulli S.A.” de los cuales conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago,en virtud del recurso de casación en la forma interpuesto por su representada en contrade la sentencia arbitral por contravenir, el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política dela República.Señala la requirente que el juicio arbitral se inició por demanda deducida por HQITranselec Chile en contra de Eléctrica Panguipulli solicitando que se condenara a ésta apagar a la demandante determinados peajes por concepto de transmisión de electricidadque se le adeudaban. Esta tuvo como fundamento lo dispuesto en el Artículo 51° G de laLey General de Servicios Eléctricos –hoy derogado- que disponía que “
toda controversiaque surja entre el propietario de las líneas y subestaciones involucradas y cualquier interesado en constituir una servidumbre o quien hace uso de ellas o entre estos últimosentre sí relacionada con servidumbres de paso de energía eléctrica y, en particular lasdificultades o desacuerdos referidos a la constitución, determinación del monto de peajesy sus reajustes, proposición y antecedentes que debe proporcionar el propietario enconformidad al artículo 51° F, el cumplimiento, validez, interpretación, terminación y liquidación de convenios o fallos arbitrales relacionados con estas servidumbres, seránresueltos por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros arbitradores designados, uno por cada una de las partes, y un tercero, que deberá ser abogado, elegido por los dos primeros de común acuerdo, y en caso de desacuerdo, por la justicia ordinaria.” “
El tribunal arbitral actuará en calidad de arbitrador y fallará en única instancia.” Según sostuvo la demandante en esa sede arbitral, Eléctrica Panguipulli usabaactivos de transmisión de propiedad de HQI Transelec, sin pagar por ello. Señala larequirente que la potencia y energía que genera la central de su representada esinyectada en la subestación Pullinque de propiedad de la Compañía General deElectricidad Transmisión. De acuerdo a lo que establecía el Articulo 51º B -hoy derogado-del DFL Nº1, “
cuando una central generadora está conectada a un sistema eléctrico cuyaslíneas y subestaciones en el área de influencia de la central pertenezcan a un tercero, seentenderá que el propietario de la central hace uso efectivo de dichas instalaciones,independientemente del lugar y de la forma en que se comercializan los aportes de potencia y energía que aquella efectúa y, por consiguiente, debe pagar loscorrespondientes peajes a su dueño
”. Se entiende el área de influencia como “
el conjuntode líneas, subestaciones y demás instalaciones del sistema eléctrico directa y necesariamente afectado por la inyección de potencia y energía de una central generadora.” Eléctrica Panguipulli, que a la época se denominaba Pullinque, suscribió el año1993 un contrato de peaje con Endesa por el cual esta última, como dueña de ciertosactivos de transmisión, se obligó con Panguipulli a permitir que ésta inyectara y retiraraenergía y potencia eléctrica en distintos puntos de la red eléctrica que era de propiedad deEndesa, todo ello, durante un plazo de más de 30 años. Pullinque se obligó a pagar elpeaje convenido como precio de tales servicios, en forma periódica, hasta el año 2028.El pago del peaje, de acuerdo al contrato, otorgaba a Pullinque los derechosestablecidos en el Artículo 51º D del DFL Nº 1 y los que se estipulan en la cláusula cuartadel mismo. El Articulo 51º D -hoy derogado- señalaba: “
El pago de anualidades del peajebásico dará derecho al propietario de la central generadora a retirar electricidad, sin pagos
adicionales, en todos los nudos del sistema ubicados dentro de su área de influencia.....”.
Las instalaciones que comprende el área de influencia quedaron establecidas en el anexo1 del contrato.La cláusula cuarta del contrato de peaje celebrado en el año 1993 dice que “
losretiros de electricidad de Pullinque, provenientes de inyecciones de la actual central Pullinque, destinados a ventas a clientes propios, efectuados desde las instalaciones detransmisión de 500 Kv y de 220 Kv que se identifican en el anexo número 2 de estecontrato no serán objeto de cobros adicionales de peajes por parte de Endesa aPullinque
.”Con posterioridad a ello, los activos de transmisión de Endesa fueron arrendadospor ésta a una filial creada por ella, denominada Transelec a la que se le cedieron el cobrodel peaje y la administración de los activos de Endesa. En 1996, Endesa y Transelec(empresa matriz y su filial) vendieron a un tercero -CGE- una parte de los activos detransmisión identificados en el contrato, como asimismo la totalidad del derecho a percibir el precio o peaje. Transelec conservó en su poder parte de los activos de transmisión por cuya utilización paga Panguipulli. Como contraprestación por la venta de algunos de esosactivos y la cesión del contrato de peaje, Endesa y Transelec percibieron de CGE elprecio de venta pactado. Transelec fue luego adquirida por HQI Transelec S.A., quien sehizo dueña del 100% de las acciones de la sociedad, de todos sus activos y derechos, y,desde luego, de sus pasivos y obligaciones. Transcurrieron más de 10 años, durante loscuales las partes, incluyendo a HQI Transelec, dieron normal cumplimiento a lasobligaciones emanadas del contrato de peaje suscrito entre Endesa y Pullinque, quecontinuó obligando a las partes en los términos convenidos. A fines del año 2003, HQITranselec desconoció, según la requirente, lo pactado en el contrato con el fin de obtener la duplicación del pago por el uso de sus activos. Para ello, sostiene la requirente, alegó,el hecho falso, que Eléctrica Panguipulli no pagaba los peajes por los servicios detransmisión eléctrica, forzándola a un arbitraje obligatorio. La sentencia arbitral declaróque Panguipulli había pagado y pagaba el peaje convenido a CGE, sucesora deTranselec, pues aquella empresa le había cedido a ésta el derecho a cobrarlo. Sinperjuicio de lo anterior, el Tribunal Arbitral resolvió que Eléctrica Panguipulli a partir del 13de marzo de 2004 debía pagar las nuevas sumas que establecía la Ley Nº 19.940 o LeyCorta. También la sentencia arbitral declaró, para estos efectos, que si bien EléctricaPanguipulli había pagado y pagaba el peaje, debía prevalecer la nueva ley sobre elcontrato válidamente celebrado resolviendo que: “
se acoge la demanda en cuanto a que acontar del 13 de Marzo de 2004… deberá aplicarse en su integridad dicha Ley, sin perjuicio de aplicar para el período que media entre la fecha indicada y la dictación del primer decreto de transmisión troncal las disposiciones del actual D.F.L. Nº 1 y su reglamento, de acuerdo a lo razonado en los considerandos 14 al 19 y a lo dispuesto en la propia Ley 19.940 ”, lo que –alega la requirente- no se había solicitado en la demanda. Por ello el sentenciador tuvo como fundamento que la Ley Nº 19.940 era de orden público yregía in actum, afectando, en consecuencia, los contratos celebrados entre las partes,cuyas cláusulas habían quedado sin efecto en todo cuanto se opusieran a lo dispuesto enla nueva ley.Se indica por la requirente que, para la procedencia de un recurso deinaplicabilidad, es menester que exista una contradicción entre una disposiciónconstitucional y la ley que se impugna, pero para establecer esa contradicción no basta unanálisis o comparación en abstracto entre la norma fundamental y la legal, pues el estudioque en este recurso debe hacerse está referido a una ley que sea o se crea aplicable alcaso de que conozca algún tribunal de la República. La precisión anterior resultanecesaria en razón de que no en pocas ocasiones se ha planteado la duda de si paraestablecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición el TribunalConstitucional ha de atender sólo a la eventual contradicción entre ella y la Constitución,con total prescindencia del caso al que la ley podría aplicarse o si, por el contrario, ladecisión debe considerar y aún fundarse, en el modo en que la aplicación de la misma
afectará los derechos constitucionales de las partes en ese pleito o gestión,independientemente, incluso, de si la norma en abstracto resulta ser constitucional, comopodría suceder respecto de la Ley Nº 19.940, cuya inaplicabilidad se solicita parcialmente.Así, plantea la acción que, en el requerimiento de inaplicabilidad, esta Magistratura nodebe ni puede “juzgar la constitucionalidad de una ley, sino la constitucionalidad de laaplicación de una ley a un caso concreto”, pues “el recurso de inaplicabilidad no es unmecanismo de control de constitucionalidad de la ley, sino uno de control deconstitucionalidad de la aplicación de la ley.”Se cita luego una sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha 28 de julio de1992. En ella se declara que las normas legales anteriores a la dictación del preceptoimpugnado “
deben entenderse incorporadas al contrato … en conformidad al mandatocontenido en el artículo 22 de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes, que sobre el particular dispone: En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración
”, concluyendo la sentencia que la norma que se pedía declarar inaplicable efectivamente impedía a la requirente exonerarse del pago deindemnizaciones por las causales que contemplaba el contrato que mantenía vigente consu contraparte desde antes de la dictación del precepto y por las que le otorgaba elderecho común y el derecho especial a la época de celebración de aquel, todo lo cualhabía sido sobrepasado por la nueva ley que “
ha entrado a regular un contrato afinadocon antelación, que crea derechos y obligaciones sobre los que se tiene dominio pleno y de los cuales no puede ser privado el contratante sin que ello quebrante el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República
.”Expone la actora que el artículo 3° transitorio de la Ley Nº 19.940, que modificó elDecreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, dispuso enuno de sus incisos que: “
El régimen de recaudación y pago por el uso de las instalacionesde transmisión troncal, previsto en los artículos 71-29, 71-30 y 71-32 del decreto confuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, regirá desde la fecha de publicaciónde esta ley. No obstante, en el período que medie entre la fecha indicada y la dictación del primer decreto de transmisión troncal, los propietarios de centrales, las empresas queefectúen retiros y los usuarios finales que deban pagar los peajes de transmisión, lo haránen conformidad a las normas legales que la presente ley modifica y su reglamento
.”Agrega la requirente que cuando la ley se refiere al “régimen de recaudación y pago por eluso de las instalaciones de transmisión troncal”, lo que regula son los “peajes detransmisión troncal” que corresponde a la materia regulada en el contrato de peaje a quese alude en el requerimiento. De ese modo, explica la parte requirente que su derecho depropiedad ha sido violado al aplicarse en el juicio en que incide el requerimiento, la normacontenida en el artículo 3º transitorio de la Ley Nº 19.940 y resolverse en la sentenciaarbitral que dicha ley obliga a las partes desde el momento de su vigencia, modificando yextinguiendo de esa forma derechos patrimoniales válidamente adquiridos en razón de uncontrato legalmente celebrado.Expone que se ha pretendido otorgar a la Ley Nº 19.940 un efecto retroactivo queni siquiera esa ley dispone, al darle preeminencia respecto de relaciones jurídicasconsolidadas a través de un contrato generador de derechos que se han incorporado a lospatrimonios de los contratantes, fundando tal pretensión en el carácter de norma de ordenpúblico que tal disposición revestiría. Agrega que el contrato de peaje que vinculan a HQITranselec con Eléctrica Panguipulli, que la sentencia arbitral reconoce como plenamenteválido y vinculante para las partes, establece el derecho de Eléctrica Panguipulli a utilizar las líneas de transmisión y, además, que el pago por la utilización de dichas líneas estáincluido en el peaje establecido en el contrato. De ese modo, a su juicio, ese derecho seha incorporado al patrimonio de la empresa por tratarse de un bien incorporal o derechode contenido eminentemente patrimonial.Por otra parte, el derecho de propiedad de la requirente sobre el contrato y sobretodo lo que emana de éste, ha sido afectado en su esencia, pues la aplicación de la leyinaplicable constituye una expropiación de su derecho de propiedad sobre ese contrato;
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