Source: http://heinerantonioriverarodriguez.blogspot.com/2014/
Timestamp: 2017-06-23 15:39:31
Document Index: 322572854

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 82', 'artículo 48', 'artículo 139', 'artículo 230', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 9', 'artículo\n9', 'Artículo 139', 'artículo 370', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 210', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 210', 'artículo 10', 'artículo 48', 'artículo 58', 'artículo 252', 'artículo 43', 'artículo\n1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo\n10', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1246', 'artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 255', 'artículo 186', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 66', 'artículo\n255', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 370', 'in fine', 'artículo 255', 'artículo\n35', 'artículo 139', 'artículo 6', 'artículo 66', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 1', 'Artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 255', 'artículo 413', 'artículo 14', 'artículo 412', 'artículo 4', 'artículo 255']

heiner antonio rivera rodriguez: 2014
Establecen que la falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales prevista en la Ley de la Carrera Judicial, sólo será controlada disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 360-2014-CE-PJ
Lima, 22 de octubre de 2014
El Oficio N° 415-2014-GTP-CE/PJ cursado por el doctor Giammpol Taboada Pilco, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, remitiendo propuesta para regular la actuación de los Órganos de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en la calificación de la falta muy grave sustentada en no motivar las resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48°, numeral 13), de la Ley de la Carrera Judicial.
Primero. Que el artículo 138° de la Constitución Política del Perú establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. A continuación, el artículo 139°, numeral 5), establece que constituye un principio-derecho de la función jurisdiccional, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Por su parte, el Tribunal Constitucional respecto a este principio-derecho ha precisado que constituye una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial, por la cual se garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso (Expediente N° 0896-2009-PHC/TC).
Segundo. Que el artículo 82°, numerales 5) y 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece como funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial; así como adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con eficiencia. En este sentido, corresponde establecer criterios uniformes a seguir por los órganos de control disciplinario del Poder Judicial, a fin de delimitar claramente el contenido de la falta muy grave de no motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48°, numeral 13), de la Ley de la Carrera Judicial, de cara a salvaguardar el principio-derecho de independencia judicial reconocida en el artículo 139°, numeral 2), de la Constitución Política; así como generar seguridad jurídica y predictibilidad en el control disciplinario.
Tercero. Que la falta de no motivación de las resoluciones judiciales puede ser total o parcial. La no motivación total comprende los supuestos de: a) motivación inexistente, referido a la ausencia total de análisis del caso, es decir, cuando el Juez sencillamente renuncia a brindar los fundamentos de su decisión; y b) motivación aparente, referido al análisis simulado del caso; es decir, el contexto argumentativo no guarda ninguna relación con la pretensión o el debate. La no motivación parcial, está referida a la omisión de fundamentación de los presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley, que resultan de obligatorio análisis en el caso concreto.
Cuarto. Que, para la calificación de la falta muy grave de no motivación de las resoluciones judiciales, los órganos de control del Poder Judicial deben tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia que el principio-derecho de motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que, su contenido constitucional se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión (Expedientes N° 1230-2002-HC/TC, N° 04348-2005-PA/TC, N° 00006-2008-PA/TC, y N° 00268-2012-PHC/TC).
Quinto. Que los órganos de control del Poder Judicial sólo están facultados -dentro del procedimiento disciplinario- al análisis externo de la resolución cuestionada, restringido únicamente a los supuestos de no motivación total o parcial; estando totalmente vedado ingresar al análisis interno de la misma relacionado con la declaración de hechos, la valoración de pruebas, la interpretación del derecho o el sentido de la decisión, que en estricto corresponde ser analizado en el mismo proceso judicial, a través de la interposición de los remedios procesales y medios impugnatorios que habiliten legalmente su revisión y corrección.
Sexto. Que conforme al artículo 230°, numeral 4), de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la potestad sancionadora de todas las entidades -entre ellas de los órganos de control del Poder Judicial- está regida por el principio especial de tipicidad, según el cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. Por ello, para evitar cualquier afectación al principio derecho de independencia judicial, los órganos de control del Poder Judicial deberán identificar en forma expresa, clara y precisa la modalidad de infracción al deber de motivación, como requisito esencial para iniciar válidamente el procedimiento disciplinario.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 882-de la trigésimo sétima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los señores Mendoza Ramírez, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Meneses Gonzáles y Taboada Pilco, sin la intervención del señor Escalante Cárdenas por encontrarse de vacaciones. Por unanimidad,
Artículo Primero.- Establecer que la falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales, prevista en el artículo 48, numeral 13), de la Ley de la Carrera Judicial, solo será controlada disciplinariamente cuando se trate de supuestos de no motivación total o parcial.
La no motivación total está referida a los supuestos de motivación inexistente o aparente del análisis del caso concreto. En tanto que, la no motivación parcial está referida a la omisión de alguno de los presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley que resultan de obligatorio análisis en el caso concreto.
Artículo Segundo.- Disponer que los órganos de control de la magistratura del Poder Judicial, ante la falta muy grave de no motivación de las resoluciones judiciales, tienen la obligación funcional de identificar en forma expresa, clara y precisa el supuesto específico de no motivación total o parcial, como requisito de procedibilidad para iniciar válidamente cualquier procedimiento disciplinario, sea por queja o investigación de oficio.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y Cortes Superiores de Justicia del país, para su conocimiento y fines consiguientes.
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZPresidente
JURISPRUDENCIA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE AMPARO EN PERU HEINER RIVERA
PRACTICA FORENSE CIVIL 1 HEINER RIVERA
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES HEINER RIVERA
PRECEDENTES VINCULANTES EN MATERIA DE DESPIDOS HEINER RIVERA
PROCESO JUDICIAL DE ALIMENTOS EN PERU HEINER RIVERA
SEGUNDO PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f9f0668044994eb49c71bc297173aa5c/Informe+y+Acta+II+Pleno+Jurisdiccional+Supremo+en+Materia+Laboral.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f9f0668044994eb49c71bc297173aa5c
DR. FIDEL ROJAS VARGAS DELITOS DE INFRACCION DEL DEBER Publicado por
DR. JORGE LUIS SALAS ARENAS SENTENCIAS RELEVANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CORTE SUPREMA Y CORTE INTERAMERICANA EN MATERIA PENAL
EXPEDIENTE 018-2013-AI DECLARAN ANTICONSTITUCIONAL EN PARTE LEY SERVIR http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00018-2013-AI.pdf
EXPEDIENTE : 00232-2012-0-2801-JM-CA-01 PREPARACION DE CLASES MAGISTERIO CESANTE 20530
SALA MIXTA - Sede Nuevo
EXPEDIENTE : 00232-2012-0-2801-JM-CA-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
RELATOR : FREDY ALEX AROCUTIPA CENTELLAS
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL EDUCACION MOQUEGUA
, : PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DE
MOQUEGUA, : UNIDAD GESTION EDUCATIVA LOCAL MCAL NIETO, DEMANDANTE : MALDONADO HURTADO, RUNIE LUZBENIA
RESOLUCIÓN NRO.13
Moquegua, dieciséis de
I.- PARTE EXPOSITIVA: VISTOS: En audiencia
pública. VIENE: Del Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto el
recurso de apelación interpuesto por RUNIE LUZBENIA MALDONADO HURTADO
del trece de junio del dos mil trece, de fojas ochenta y cuatro a ochenta y
seis, en contra de la Sentencia (Resolución número ocho) del cinco de
junio del dos mil trece, de fojas setenta y siete a setenta y
ANTECEDENTES: Mediante escrito del diecinueve de marzo
del dos mil doce, de fojas quince a diecinueve, RUNIE LUZBENIA MALDONADO
HURTADO interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Unidad de
Gestión Educativa Local Mariscal Nieto UGEL - Moquegua, la Dirección Regional
de Educación Moquegua, y el Procurador Público del Gobierno Regional de
Moquegua , solicitando como pretensión principal: a) La nulidad
de la Resolución Directoral UGEL Mariscal Nieto N° 2117, y la nulidad de la
Resolución Directoral Regional N° 1408, y como pretensiones accesorias: b)
Se ordene que la UGEL- Mariscal Nieto emita nueva Resolución Directoral que
reconozca a la suscrita la percepción de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación en
base a la remuneración total integra, dispuesto por el Artículo 48° de la Ley
N° 24029- Ley del Profesorado, asimismo que se disponga que la UGEL Mariscal
Nieto proceda a reconocer mediante
resolución, los créditos devengados desde 1990, y los intereses
legales.-
Mediante escrito del veintitrés de abril del dos mil doce, de fojas
veintiséis a veintinueve, la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto
contesta la demanda, solicitando se la declare infundada en todos sus extremos,
argumentando que la actora cesó con anterioridad a la fecha de promulgación de
los dispositivos legales que otorgan la bonificación por preparación de clases
y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, asimismo que
la actora en su condición de profesora cesante no prepara clases, ni menos
realiza labor efectiva con alumnos, por lo que no le corresponde tal
bonificación. A través del escrito del veinte de abril del dos mil doce, de fojas
treinta y cinco a treinta y nueve, contesta la demanda el Procurador Público
del Gobierno Regional de Moquegua, solicitando se la declare infundada o
improcedente en su oportunidad, argumentando que, el artículo 9° del Decreto Supremo
051-91-PCM establece que las bonificaciones y demás conceptos remunerativos que
perciben los servidores, serán calculados en función a la remuneración total
permanente, encontrándose enmarcado en ese concepto la bonificación especial
por preparación de clases y evaluación.-
Con escrito del veinte de abril del dos mil doce, que corre a fojas cuarenta y nueve a cincuenta y tres,
la Dirección Regional de Educación de Moquegua contesta la demanda, solicitando
se la declare improcedente o infundada la demanda, argumentando que el artículo
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM aclara el carácter cuantitativo de la
bonificación especial por preparación de clases, al establecer expresa y
claramente que estas bonificaciones serán calculadas en base a la remuneración
total permanente, asimismo que la actora en la actualidad tiene la calidad de
cesante, por lo que no le corresponde tal bonificación, pues no realiza labor
efectiva. -
Mediante Sentencia (Resolución número diez), declara INFUNDADA la
demanda, fundamentando que el derecho reclamado por la demandante no puede ser
amparado, ya que tiene la condición de profesora cesante desde mil novecientos
ochenta y tres; y, que las leyes que otorgan esta bonificación se dieron con
posterioridad, por ende, se determina que no le corresponde la bonificación
reclamada.-
PRETENSIÓN IMPUGNATORIA Y FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: El
recurso de apelación pretende se revoque en su totalidad la recurrida, y se
ampare la demanda, argumentando lo siguiente: i. La resolución recurrida fue expedida sin
haber tomado en cuenta que la actora se ha desempeñado como profesora de aula
en el Centro Educativo N° 43025, es decir que tiene regulada la percepción de
sus derechos y remuneraciones como cualquier servidor de la Administración
Pública, conforme a las normas: Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa, y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera
ii. No se ha observado lo dispuesto mediante el
artículo de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, que dispone que el profesor
tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de
clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de su remuneración total.
Del mismo modo argumenta que debe tenerse presente que no se ha tenido en
cuenta que la actora fue cesada cuando estaba en vigencia la Constitución de
1979, la cual preveía retroactividad en materia
iii. Resulta evidente la contravención de normas
que garantizan el derecho a un debido proceso, al haberse violado las reglas de
la valoración conjunta y razonada de las pruebas, porque al declararse
infundada la demanda sin merituar los fundamentos expuestos en la demanda, se
infringen los incisos 3) y 5) del Artículo 139° de la Constitución Política del
ANÁLISIS.- De la revisión
integral de los actuados, se advierte haberse tramitado los autos conforme al
debido proceso y la apelación interpuesta por RUNIE LUZBENIA MALDONADO HURTADO,
cumple con los requisitos de Ley, con opinión del Fiscal Adjunto Superior en lo Civil y de Familia de
Moquegua, de fojas ciento uno a ciento seis, opinando se declare nula la
II.- PARTE CONSIDERATIVA: CONSIDERANDO.- PRIMERO.- Que, por el principio quantum devolutum tantum apellatum,
el Ad quem al resolver la apelación debe pronunciarse solamente sobre
aquellas pretensiones o agravios señalados por el impugnante en su recurso;
siendo que además, conforme a lo dispuesto en el artículo 370° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria, no puede modificar la resolución impugnada
en perjuicio del
apelante.-
SEGUNDO.- DETERMINACION DE LA MATERIA CONTROVERTIDA: Es materia de controversia, en cuanto a la
cuestión de fondo en el presente proceso, una de puro derecho, para determinar
si a la demandante en la calidad de docente cesante del Centro Educativo N°
43025, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto,
comprensión de la Dirección Regional de Educación Moquegua, le corresponde
recibir la bonificación establecida en el artículo 48° de la Ley N° 24029 Ley
del Profesorado, modificada por Ley N° 25212, teniendo presente que la
actora tiene la calidad de cesante del Decreto Ley Nº 20530 y cesó el primero
de julio de mil novecientos ochenta y cinco; así como, si dicha
bonificación especial por preparación de clases y evaluación corresponde ser
calculada sobre la base de la remuneración total íntegra, lo que debe
considerarse en el cálculo de su pensión; o, como se señala en el Decreto
Supremo N° 051-90-PCM, le corresponde percibir dicha bonificación en base a la
remuneración total permanente, según el argumento de las entidades
demandadas.-
FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO: -
TERCERO.- Que, del contenido de la Resolución Directoral
Departamental N° 385 del doce de julio de mil novecientos ochenta y cinco, de
fojas seis, queda establecido que la demandante tiene la calidad de profesora
cesante del Centro Educativo N° 43025 de la Unidad de Gestión Local
Mariscal Nieto, comprensión de la Dirección Regional de Educación Moquegua, a
partir del primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco,
acumulando un tiempo de servicios de veintiocho (28) años, un (1) mes y
veinte (20) días, comprendido en el régimen de pensiones y compensaciones
del Decreto Ley Nº 20530.-
CUARTO.- Que, el artículo 48° de la Ley del
Profesorado, modificada por la Ley N° 25212, establece que: “El profesor tiene
derecho a percibir una Bonificación Especial mensual por preparación de clases
y evaluación equivalente al treinta por ciento de su remuneración total”,
igual texto contiene el artículo 210° del Reglamento de la Ley del Profesorado,
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED; debiendo tenerse presente que el
segundo párrafo del artículo 48º referido, hace extensiva dicha bonificación al
personal directivo y jerárquico.-
QUINTO.- Que, estando al principio de
especificidad[1]
aplicable para la resolución de antinomias, existiendo para el caso de la
bonificación especial reclamada, normas especiales y específicas para
los profesores del país, como se tiene precisado a través del artículo 48° de
la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado (Modificado por la Ley 25212) y del
artículo 210° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, que
establecen en forma categórica que la bonificación especial por preparación de
clases y evaluación, corresponde en un porcentaje del treinta por ciento
calculado en base a su remuneración total, y que no se hace mención alguna
a la remuneración total permanente, prevalece esta normatividad sobre cualquier
otra norma de inferior jerarquía; además, debe tenerse presente la regla de la
norma más favorable del principio protector, la que a decir de Américo Pla
Rodríguez “Determina que en caso que haya más de una norma aplicable, se
deba optar por aquella que sea más favorable aunque no sea la que hubiese
correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de las normas.”[2],
razón por la cual corresponde aplicarse los artículos 48° y 210° referidos por
especialidad y por ser económicamente más beneficiosos, e inaplicarse lo dispuesto
en los artículos 8° (inciso a), 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que
establecen que la bonificación en cuestión se abona de acuerdo a la
remuneración total permanente. Por tales razones, los actos administrativos
impugnados han incurrido en causal de nulidad establecida en el inciso 1) del
artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por
contravenir los artículos 48° y 210° referidos, al denegar el derecho de la
actora, por lo tanto corresponde revocar la apelada, por merecer la tutela
jurídica y amparo jurisdiccional.-
SEXTO.- Que, además el Tribunal Constitucional, ha
establecido que otros conceptos similares, de los profesores, son calculados en
función a la remuneración total o íntegra y no sobre la remuneración total
permanente, como lo ha establecido a través de su doctrina jurisprudencial, en
las sentencias expedidas en los Expedientes Números 0449-2001-AA/TC,
2534-2002-AA/TC, 1367-2004-AA/TC y 4437-2004-AA/TC, entre otros.-
SÉPTIMO.- Que, respecto al derecho de la actora a percibir la
bonificación por preparación de clases, vía nivelación de pensión, porque en la
fecha en que cesó no se había aún dictado la norma legal pertinente, este
Colegiado arriba a la conclusión que sí le corresponde por lo siguiente: Siete
punto uno.- Debemos mencionar que el artículo 48° de la Ley N° 24029,
modificado por la Ley N° 25212 que concede el derecho a percibir una
bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluaciones, en
ninguno de sus extremos considera que este derecho no tiene la condición de
pensionable, menos que sólo corresponde a los profesores activos, por lo que no
podríamos hacer una distinción o limitación allí donde la misma norma no lo
hace. Siete punto dos.- La Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificada por
Ley N° 25212, en su artículo 58° señala que, “las pensiones de cesantía y
jubilación del profesorado al servicio del estado se nivelan automáticamente
con las remuneraciones vigentes para el profesorado en servicio activo”,
aplicable ultractivamente; lo que es concordante con el artículo 252º del
Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED,
también aplicable ultractivamente; debiendo tenerse presente también, que
conforme artículo 43º del Reglamento referido, los derechos alcanzados y
reconocidos al profesorado, por la Constitución, la ley, y dicho reglamento son
irrenunciables, siendo toda aplicación en contrario nula. Siete punto tres.- Además, la
normatividad aplicable al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530,
corrobora la conclusión arribada en el punto anterior, puesto que el artículo
1º de la Ley N° 23495,
aplicable ultractivamente, establece:“(…) la nivelación progresiva de las
pensiones de los cesantes con más de veinte años de servicios y
de los jubilados de la Administración Pública no sometidos al Régimen del
Seguro Social o a otros Regímenes Especiales, se efectuaran con los haberes de
los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías” (Negrita
y subrayado agregado); su artículo 4° establece: “la nivelación a que se
refiere la presente Ley se computara en forma automática y de oficio a partir
del 1 de enero de 1980 así sucesivamente en forma anual, conforme lo establece
la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú”;
su artículo 5º establece: “Cualquier incremento posterior a la
nivelación de que otorgue a los servidores públicos en actividad que desempeñen
el cargo u otro similar al último cargo en que prestó servicios el cesante o
jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual monto
que corresponde al servidor en actividad” (Negrita y subrayado agregado),
así como el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 0015-83-PCM (Disposiciones
relativas al régimen de pensiones del personal de la administración pública),
aplicable ultractivamente, establece que: “Las remuneraciones a considerar
según los casos que corresponda, en la determinación del monto con el que se
debe proceder a la nivelación de las pensiones en aplicación del inciso b) del
artículo 1º de la Ley serán las siguientes: … c) Remuneraciones especiales … 6.
Otros de naturaleza similar que con el carácter de permanentes en el tiempo y
regulares en su monto se hayan otorgado o se otorguen en el futuro”. Siete
punto cuatro.- Siendo que la actora es pensionista del Decreto Ley Nº
20530 y cuenta con más de veinte de años de servicios, conforme se ha
establecido y corre de la documental de fojas seis, tiene derecho a la
nivelación de sus pensiones conforme la normatividad referida en el punto
anterior. Siete punto cinco.- De acuerdo a la Sentencia del
Tribunal Constitucional del Expediente N° 2561-2007-AA, en sus fundamentos
jurídicos tres a cinco, establece: “Sobre el particular debe señalarse que la Ley N°
23495, de fecha 21 de noviembre de 1982 y el Decreto Supremo N° 015-83-PCM,
regularon el derecho a la nivelación de las pensiones de los cesantes
comprendidos en los alcances del Decreto Ley N° 20530. El artículo 1° de la
citada Ley precisa “(...)
La nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes con más de 20 años de
servicios y de los jubilados de la administración pública no sometidos al
régimen del Seguro Social o a otros regímenes especiales, se efectuará
con los haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas
categorías” 4. Sin embargo este derecho a la nivelación de las
pensiones quedó proscrito a partir de la reforma de la Primera Disposición
Final y Transitoria de la Constitución, realizada a través de la Ley Nº 28389,
publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2004, por
cuanto prohíbe la posibilidad de utilizar la nivelación como sistema de
reajuste pensionario. No obstante ello es necesario precisar que el
Tribunal Constitucional ha señalado, en el fundamento 116 de la STC Nº
00050-2004-AI (acumulados), que un pensionista “tiene derecho a una pensión
nivelada hasta el día inmediatamente anterior a aquel en que la reforma paso a
pertenecer al ordenamiento jurídico – constitucional”. 5. Por ello se
analizará la procedencia de la nivelación de la pensión de cesantía del
demandante a la luz de las disposiciones vigentes hasta el 17 de noviembre del
2004, pues en autos se observa que la pensión que percibe el demandante fue
otorgada antes de esa fecha…”. Siete punto seis.- De las normas referidas y doctrina jurisprudencial
del Tribunal Constitucional queda claro, que la actora tiene derecho a la
nivelación automática de sus pensiones de cesantía con las remuneraciones
vigentes para el profesorado en servicio activo, de acuerdo a la
normatividad vigente hasta antes del diecisiete de noviembre del dos mil cuatro;
por lo tanto, resulta correcto que a la demandante se le abone la bonificación
especial por preparación de clases; teniendo presente que dicha bonificación se
otorgó por el artículo 48º de la Ley de Profesorado, modificado por la Ley Nº
25212, publicada en el diario oficial El Peruano el veinte de mayo de mil
novecientos noventa, es decir en plena vigencia de las normas referidas,
que establecían la nivelación de la pensión de cesantía.-
OCTAVO.- Que, además, resulta relevante tener presente los
aspectos siguientes, que corroboran el criterio asumido: Ocho punto uno.-
De las constancias de pago de fojas siete a once, corre que indubitablemente
a la actora se le niveló su pensión, otorgándosele la bonificación especial por
preparación de clases y evaluación, por lo tanto el otorgamiento de dicha
bonificación ha pasado a formar parte de su patrimonio, desconocerlo constituye
una infracción al derecho a la propiedad reconocido en el inciso 16) del
artículo 2º de la Constitución; tanto más si se tiene presente que, de dicha
nivelación a la interposición de la demanda ha trascurrido más de veinte años
sin se objetado por la demandada. Ocho punto dos.- Para este
Colegiado resulta irrazonable argumentar para denegar el derecho de los
profesores cesantes a la bonificación especial por preparación de clases y
evaluación, que cesaron con anterioridad a la vigencia del artículo 48º de la
Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212 y que en dicha condición no preparan clases ni evalúan; puesto que dicho
razonamiento colisiona con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 23495,
siendo que la finalidad de esta norma es nivelar las pensiones, teniendo como
referencia cualquier incremento, por lo tanto corresponde nivelar la
bonificación por preparación de clases y evaluación conforme se ha
fundamentado. Ocho punto tres.- El criterio asumido es
concordante con las doctrinas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional,
contenido en su sentencia del dieciocho de diciembre del dos mil tres del
Expediente Nº 2155-2002-AA/TC, quien respecto a la nivelación de pensiones del
Decreto Ley Nº 20530 de los pensionistas con los trabajadores, ambos de
Essalud, referido a la bonificación por productividad aprobado por Resolución
Suprema Nº 019-97-EF, que constituye similar al caso de autos, ha establecido:
“6. Respecto a la Resolución Suprema N.º 019-97-EF, ésta
precisa que la bonificación por productividad tiene la naturaleza de
extraordinaria, variable en el tiempo, condicionada a la evaluación del
trabajador, y que se otorga exclusivamente en función de la concurrencia y la
prestación efectiva de labores, la dedicación en el trabajo, la productividad y
la estructura de niveles. Más allá de lo que de manera literal señale dicha
Resolución Suprema y, específicamente, que dicha bonificación por productividad
no ingrese al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530, lo
cierto es que si dicha bonificación tiene las características de permanente en
el tiempo y de regular en su monto, debe ser considerada en la pensión que
percibe la demandante…”. Ocho punto cuatro.- Además, el
artículo 5º del Decreto Supremo Nº 015-83-PCM, al establecer los conceptos
remunerativos que deben tenerse presente para efectos de la nivelación de las
pensiones de los cesantes del Decreto Ley Nº 20530, incluye el concepto “Por
investigación universitaria”, lo que determina que lo prioritario para la
nivelación de pensiones, es que el concepto remunerativo sea permanente en el
tiempo y regulares en su monto, no interesando la forma como es percibida por
el trabajador activo; conclusión a la que se arriba teniendo presente que en
forma expresa la norma reconoce el derecho a percibir por investigación
universitaria al docente universitario cesante, que obviamente no efectúa
investigación por su misma condición de cesante. Por lo que siendo la
bonificación por preparación de clases y evaluación permanente en el tiempo y
regular en su monto (porcentaje fijo), corresponde reconocerle a la actora en
su condición de cesante la percepción de dicha bonificación.-
NOVENO.- Que, si a la actora en su condición de
cesante del Decreto Ley Nº 20530, le corresponde percibir la bonificación
especial por preparación de clases, entonces, estando a lo fundamentado, le
corresponde percibir por dicha bonificación el treinta por ciento de su pensión
total o íntegra (teniendo presente que percibe suma igual a la remuneración
de los docentes activos); si ello es así, la demanda resulta ser fundada, por
ende corresponde revocar la recurrida, siendo que las resoluciones impugnadas
han incurrido en la causal de nulidad establecida en el inciso 1) del artículo
10º de la Ley Nº 27444, por ser contrarios a las normas siguientes: artículos
48º y 58º de la Ley Nº 24029 Ley del Profesorado, modificado por la Ley Nº
25212, artículos 43º, 210º y 252º del Reglamento de la Ley del Profesorado
aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, artículo 1º de la Ley Nº 23495 y
artículo 5º del Decreto Supremo Nº 0015-83-PCM, normas aplicables
ultractivamente; y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de las
resoluciones administrativas referidas y disponer que el Director de la Unidad
de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto – Moquegua, expida nueva resolución
reconociendo el derecho peticionado, conforme lo fundamentado en la presente.-
DÉCIMO.- Que, respecto al pago de intereses, estando al
incumplimiento de la demandada, conforme artículo 1246º del Código Civil,
corresponde disponer el pago de intereses, lo que es concordante con el
criterio del Tribunal Constitucional, contenido en su sentencia del veintidós
de septiembre del dos mil ocho del Expediente Nº 04762-2007-PA/TC (Fundamento
jurídico 35).-
UNDÉCIMO.- Que, respecto a la condena de costas y costos,
conforme lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el
Decreto Legislativo Nº 1067, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en
el proceso contencioso administrativo las partes no pueden ser condenadas al
pago de costos y costas, siendo así, no corresponde condenar a la demandada al
pago de costas y costos.-
DUODÉCIMO.- Que, respecto a
los argumentos de la apelación, debe estarse a lo fundamentado, siendo que le
corresponde percibir la bonificación de preparación de clases y evaluaciones
equivalente al treinta por ciento de su remuneración total, atendiendo a que la
actora tiene derecho a la nivelación de su pensión, de acuerdo a las normas
vigentes antes del diecisiete de noviembre del dos mil cuatro, lo que debe
reflejarse en su pensión.-
a lo fundamentado y administrando justicia a nombre de la Nación, no
encontrándonos de acuerdo con el dictamen fiscal, puesto que existen elementos
suficientes para emitir un pronunciamiento de
PARTE RESOLUTIVA: RESOLVIERON: REVOCAR
la Sentencia (Resolución número ocho) del cinco de junio del dos mil trece, de fojas setenta y siete a setenta y nueve,
que declara INFUNDADA la demanda. REFORMANDOLA: Declaramos FUNDADA la
demanda contenciosa administrativa interpuesta por RUNIE LUZBENIA MALDONADO
HURTADO en contra de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA, con citación del PROCURADOR PÚBLICO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA DISPONIENDO: 1) FUNDADA la NULIDAD de
la Resolución Directoral Regional N° 01408 del veinte de diciembre del dos mil
once, en consecuencia nula y sin efecto legal; 2) FUNDADA la NULIDAD de la
Resolución Directoral UGEL Mariscal Nieto N° 02117 del doce de octubre del dos
mil once, en consecuencia nula y sin efecto legal; 3) Se ordena al Director de
la UGEL Mariscal Nieto cumpla emitir nueva resolución reconociendo el pago de
la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta
por ciento (30%) de la remuneración mensual total o íntegra, que deberá
reflejarse en su pensión, más el pago de devengados dejados de percibir desde
la vigencia del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modificado por la Ley Nº
25212; más intereses; y, 4) Sin costos ni costas. Intervino como Ponente el Juez
Superior, Abogado Rodolfo Sócrates Nájar Pineda.-
PERALTA ANDÍA
NÁJAR PINEDA
ALEGRE VALDIVIA
[1]Principio desarrollado por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia de fecha veinticuatro de abril del dos mil seis, del Expediente Nº
047-2004-AI/TC.
[2] PLA RODRIGUEZ, Américo, Editorial Depalma, Tercera edición
actualizada, Buenos Aires – Argentina, mil novecientos noventa y ocho, página
SENTENCIA 09617-2006-PA-TC IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION ENTRE JUECES TITULARES, PROVISIONALES Y SUPLENTES, GASTOS OPERATIVOS
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/09617-2006-AA.pdf
EXPEDIENTE 7378-2013-0-1801-JR-LA-02, ARTICULO 255 LEY ORGANICA PODER JUDICIAL, derecho de Auxiliares Jurisdiccionales inmersos dentro del régimen laboral común de la actividad privada no comprendidos en la carrera judicial CORTE SUPERIOR DE
Cuarta Sala Laboral
07378-2013-0-1801-JR-LA-02
MONTOYA Lima, 28 de enero de 2014
VISTOS: En Audiencia Pública de
fecha 21 de enero del año en curso e interviniendo como Juez Superior Ponente
el señor Omar Toledo Toribio; I. ANTECEDENTES DEL CASO:
1.1 Mediante resolución N° 03 (Sentencia N° 104) de fecha
08 de agosto del año en curso, obrante de fojas 56 a 64, el Juez del Segundo
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima declaró FUNDADA EN PARTE la demanda y en
consecuencia ordenó que el Poder Judicial en observancia del artículo 255 del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 767 aprobado por Decreto
Supremo N° 017-93-JUS, Ley Orgánica del Poder Judicial cumpla en forma
permanente con reconocer el derecho de sus Auxiliares Jurisdiccionales inmersos
dentro del régimen laboral común de la actividad privada no comprendidos en la
carrera judicial a gozar de los beneficios adicionales del nivel más alto de la
carrera Auxiliar Jurisdiccional que corresponde a los Secretarios y Relatores
de Sala previa evaluación objetiva de los requisitos temporales necesarios para
su goce conforme a lo ya discernido en la sentencia, sin costas ni costos. 1.2 La parte demandante interpone recurso de apelación
contra la citada sentencia en el extremo
que no ampara la pretensión sobre el pago de la remuneración establecida en
el literal “b” del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, esto es, el 55% del haber total que perciban los Jueces
Supremos; así como la exoneración de la demandada del pago de costos, conforme
es de verse del escrito obrante de fojas 68 a 71, recurso impugnatorio que ha sido
concedido mediante resolución de fojas 86.
1.3 Asimismo, la parte demandada interpone recurso de
apelación contra la mencionada sentencia en el extremo que declara fundada en
parte la demanda, conforme es de verse del escrito que aparece de fojas 73 a 83, concediéndose el
citado recurso mediante resolución de fojas 86. II. FUNDAMENTOS
DE AGRAVIO:
parte demandada sustenta su recurso de apelación en los siguientes términos: 2.1 Nulidad
de la sentencia, se puede observar que el análisis respecto al cumplimiento
del artículo 255° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 767
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, resulta ser completamente
irregular, de allí que la sentencia impugnada contiene una serie de vicios en
su fundamentación que la nulifica. 2.2 El Juzgado ha
otorgado derechos laborales a los Auxiliares Jurisdiccionales dentro del
régimen de la actividad privada, sin considerar incluso que estos beneficios
están referidos a los trabajadores del Decreto Legislativo N° 276. 2.3 Respecto
a la excepción de incompetencia, la parte demandante pretende como
pretensión objetiva originaria que se ordene al Poder Judicial el cumplimiento
del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
sobre beneficios adicionales de los auxiliares jurisdiccionales no comprendidos
en la carrera judicial, pretensión que es de competencia exclusiva de los
Juzgados Constitucionales a través del proceso de Cumplimiento de conformidad
con el artículo 66° del Código Procesal Constitucional. 2.4 En ese sentido, el
Juzgado ante el cual se ha planteado la demanda no resulta competente.
Asimismo, los derechos reclamados están referidos a los que son beneficiarios y
se encuentran bajo el Decreto Legislativo N° 276, lo que no ocurre en autos. 2.5 Respecto
al fondo de la controversia, Se debe tomar en cuenta la jurisprudencia
vinculante emitida por el máximo intérprete de la Constitución recaída en el
Expediente N° 0168-2005 a
través de la cual se fijan los parámetros y requisitos mínimos comunes que debe
contener el acto administrativo para exigir su cumplimiento. 2.6 La presente demanda no reúne estos
requisitos mínimos comunes para la viabilidad de la acción de cumplimiento, por
lo que corresponde declarar su improcedencia. 2.7 El Juzgador debió observar que la parte
demandante pretende indebidamente la aplicación de los alcances del artículo
255 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a sabiendas que estos beneficios o
derechos son exclusivos a los comprendidos al Decreto Legislativo N° 276. 2.8 La parte demandante
no acredita que hayan sido debidamente evaluados, sosteniendo que solo basta la
condición de ser trabajador - Auxiliar Jurisdiccional – para acceder al
beneficio, sin embargo, de una revisión de la norma, se aprecia que la misma no
reviste carácter incondicional para acceder a dicho beneficio, esto es, que
haya sido debidamente evaluados. 2.9 El mandato del artículo 255° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial no es ineludible y de obligatorio cumplimiento, en
tanto se requiere verificar las posibilidades presupuestarias y menos aún es
una norma autoaplicativa. 2.10No se puede
pretender la extensión del artículo 255° de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
por cuanto desde el año 1993 y siguientes, las Leyes de Presupuesto que
estuvieron vigentes dejaron en suspenso la aplicación de normas que implicaban
incrementos remunerativos así como beneficios de cualquier índole. 2.11Por tal motivo, no
existe un mandato cierto y vigente o de ineludible cumplimiento o sujeto a
controversia o incondicional, pues existe norma expresa que prohíbe los
incrementos a los trabajadores del sector público. 2.12Consecuentemente,
no se puede dar cumplimiento al artículo 255° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, pues se desnaturaliza la esencia de los procesos constitucionales
contraviniendo el derecho a la tutela procesal efectiva del Poder Judicial. 2.13La sentencia
recurrida con el pretexto del respaldo del bloque de constitucionalidad otorga
beneficios justamente a los trabajadores comprendidos en el régimen de la
actividad privada, lo cual constituye un exceso, toda vez que estos derechos
están referidos a los que pertenecen exclusivamente al Decreto Legislativo N°
276, es decir, a los trabajadores comprendidos en la actividad pública. La
parte demandante sustenta su recurso de apelación en los siguientes agravios: 2.14En relación al pago de remuneración del 55% del haber
total de los Jueces Supremos, la misma Ley Orgánica del Poder Judicial
precisa cual es el beneficio que otorga a los Auxiliares Jurisdiccionales,
debiéndose tener en cuenta además que esta Ley es la que ha creado una
estructura remunerativa de todos los trabajadores vinculados al Poder Judicial,
sean Magistrados o Auxiliares Judiciales. 2.15Como es de
conocimiento público, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia favorable
a los Magistrados del Poder Judicial para que se respete la estructura salarial
y beneficios otorgados a éstos en su Ley Orgánica, la misma que establece
beneficios no solamente para los Magistrados sino también para los Auxiliares
Jurisdiccionales de tal forma que no se puede pretender el reconocimiento de un
derecho únicamente para un sector y desconocerlo para otro. 2.16Sobre los costos del proceso, la renuencia del
demandado al cumplimiento de sus obligaciones ha originado que se tenga que realizar un gasto económico para poder,
vía judicial, acceder a un derecho, circunstancia que es de exclusiva
responsabilidad del demandado, por lo que, corresponde reconocer el pago de
costos. III. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO JURÍDICO:
3.1 De conformidad con
el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente,
que –recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum
devolutum quantum apellatum-, en la apelación la competencia del
superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que, corresponde a este
órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la
resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano
revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su
propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción
(pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia.
3.2 En relación al
principio citado, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el
expediente número 05901-2008-PA/TC refiriéndose al recurso de casación ha
señalado: “3. Al respecto
conviene subrayar que la casación no es ajena a la vinculación exigida por el
principio tantum apellatum quantum devolutum, que implica que al
resolverse la impugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso
extraordinario. Así, la Corte de Casación no tiene más facultades de revisión
que aquellas que han sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el
examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido
cuestionadas porque éstas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de
tanta trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que
exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento
no fue advertido por el recurrente.” (sic).
EN RELACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN DE
RESPECTO A LA NULIDAD DE LA SENTENCIA 3.3 A fin de verificar si corresponde declarar
la nulidad de la sentencia apelada en mérito a los agravios expuestos por la
emplazada en los numeral 2.1 y 2.2 de la presente resolución, debemos analizar
las normas legales invocadas por la parte demandante que sustentan su petitorio
y que según la emplazada han sido analizadas de manera irregular incurriendo en
una serie de vicios en su fundamentación al otorgar derechos laborales que no
corresponde. 3.4 El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial creado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, en su
artículo 255° prevé que: “Los Auxiliares
Jurisdiccionales no comprendidos en la carrera judicial, al cabo de quince años
de ejercicio ininterrumpido en el cargo, de los cuales cuando menos diez deben
ser posteriores a la vigencia de esta Ley, y que hayan sido debidamente
evaluados, tienen los beneficios adicionales que corresponden al nivel más alto
de la carrera auxiliar jurisdiccional y están sometidos a las mismas
incompatibilidades y prohibiciones”.
3.5 Como se puede
apreciar, el dispositivo legal antes descrito no realiza distinción alguna
sobre su ámbito de aplicación, lo que implica que sus efectos abarcan a los
Auxiliares Jurisdiccional comprendidos tanto en el régimen laboral de la
actividad privada– Decreto Legislativo N° 728, así como, en el régimen de la
actividad pública – Decreto Legislativo N° 276, conforme así ha sido expresado
por el a quo en el sexto considerando
de la sentencia recurrida. Por tanto, no resulta apropiado efectuar distinción
donde la propia norma no lo hace.
3.6 Del mismo modo, luego de la lectura de la
sentencia apelada este Colegiado considera que el análisis y fundamentación
realizados por el Juez de la causa no se configura la nulidad invocada, toda
vez, que el a quo ha adoptado un
criterio enmarcado en las normas cuya aplicación se peticionan, sustentado su
decisión en aspectos jurídicos y objetivos y sobre todo valorando la posición
de las partes en controversia. De este modo, los agravios expuestos en este
sentido deben ser desestimados. SOBRE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA
3.7 Cabe precisar que siendo que el principio
del juez natural
es parte esencial del derecho al debido proceso, corresponde controlar el
respeto de la competencia legal en este proceso, de conformidad con el artículo
35 del Código Procesal Civil, norma de desarrollo constitucional respecto de
dicho principio contenido en el artículo 139°, inciso tercero de la
3.8 Asimismo, se debe tener
presente el principio de legalidad de la competencia prevista en el artículo 6 del Código Procesal
Civil que establece que la competencia del Juez se fija por ley; por lo
que, no es posible establecerla en función al Principio de la Primacía de la
3.9 La demandada mediante su escrito de apelación reitera
su posición sobre que la demanda incoada por la parte recurrente debe ser
tramitada en el proceso constitucional de cumplimiento, ello de conformidad con
el artículo 66° del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, este Colegiado
coincide con lo sostenido por el Juez de la causa en la venida en grado
sustancialmente porque el numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal
Constitucional es enfático en señalar que no procede proceso constitucional
alguno cuando existan vías procedimentales específicas e igualmente
satisfactorias como ocurre en el presente caso, puesto que la competencia del
Juzgado Especializado que ha tramitado la presente causa se encuentra amparada
en el numeral 1 artículo 2 de la Ley N° 29497, interpretar lo contrario
ocasionaría una dilación innecesaria del proceso en perjuicio del
justiciable. 3.10 De este modo, no
resultan atendibles los agravios 2.3 y 2.4. A lo que se debe agregar que en
relación al extremo que se indica que los derechos reclamados están referidos a
los que son beneficiarios y se encuentran bajo el Decreto Legislativo N° 276,
lo que no ocurre en autos, esto ya ha quedado desvirtuado con lo expuesto en
los fundamentos inicialmente desarrollados en la presente sentencia. RESPECTO AL FONDO MATERIA DE CONTROVERSIA
3.11En su escrito de
apelación, la emplazada mantiene su postura en cuanto a que el presente proceso
debe ser ventilado vía acción de cumplimiento, por lo que al no cumplir los
requisitos mínimos para la viabilidad de la demanda, esta debe ser declarada
improcedente, así como, que el ámbito de aplicación del artículo 255 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial comprende solo a los trabajadores bajo el régimen
laboral del Decreto Legislativo N° 276. No obstante ello, este Colegiado ya ha
señalado en los fundamentos precedentes que el órgano jurisdiccional competente
para tramitar el presente proceso es el Juzgado Especializado Laboral, por lo
que, corresponde desestimar los agravios 2.5, 2.6 y 2.7. Asimismo, corresponde
desestimar el agravio 2.13 en ese mismo sentido.
3.12En relación al
agravio 2.8, cabe mencionar que el artículo 255° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, señala que “Los Auxiliares
ser posteriores a la vigencia de esta Ley, y
que hayan sido debidamente evaluados, tienen los beneficios adicionales que
corresponden al nivel más alto de la carrera auxiliar jurisdiccional y están
sometidos a las mismas incompatibilidades y prohibiciones”.
3.13Si bien es cierto,
el citado dispositivo legal condiciona que para el goce de los beneficios
adicionales que reclama la parte recurrente a favor de los Auxiliares
Jurisdiccionales no comprendidos en la carrera judicial, debe transcurrir 15
años de ejercicio ininterrumpido en el cargo, de los cuales cuando menos diez deben
ser posteriores a la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin
embargo, este Colegiado considera que en adición a ello se requiere
expresamente una evaluación adecuada e idónea que permita el reconocimiento de
este beneficio a todos aquellos trabajadores que hayan cumplido el tiempo
requerido conforme el artículo 255° de la norma antes citada lo establece. 3.14En efecto, cuando la citada norma expresamente
señala “que hayan sido debidamente
evaluados” quiere significar que el reconocimiento de los citados
beneficios adicionales no es automático, sino, que se requiere de una debida
evaluación, por lo que este Colegiado discrepa en este punto de lo sostenido
por el Juez de la causa.
3.15No obstante,
corresponde precisar que realizar una debida evaluación conforme la norma
precitada lo establece, no significa la posibilidad de establecer requisitos o
exámenes que no sean acordes con el perfil correspondiente, pues el Poder
Judicial como uno de los Poderes del Estado tiene el deber de garantizar el
respeto de los derechos fundamentales sin el ejercicio desmedido de su
facultad. Por tanto, la adecuada evaluación a la que hace referencia la norma
legal materia de pronunciamiento, debe ser la más eficaz y legítima a fin de
salvaguardar las necesidades e intereses de los trabajadores y del servicio
público. 3.16En ese sentido,
corresponde estimar el agravio de la demandada y revocar la sentencia
cuestionada en el extremo que se dispone únicamente la previa evaluación
objetiva de los requisitos temporales necesarios para el goce de los beneficios
que se reclama y reformándola deberá disponerse que la demandada implemente los
mecanismos necesarios para la debida evaluación de los auxiliares
jurisdiccionales no comprendidos en la carrera judicial independientemente de
su régimen laboral que cumplan con el periodo de trabajo señalado en el
artículo 255 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que accedan a los
beneficios que dicha norma reconoce. 3.17Los agravios 2.9,
2.10, 2.11 y 2.12 expuestos por la emplazada se refieren a la imposibilidad
presupuestaria que le impide cumplir con lo dispuesto en el artículo 255° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y a la prohibición que existe de incrementar
las remuneraciones de los trabajadores. Al respecto, cabe mencionar que ello no
es un argumento válido para no cumplir con lo dispuesto en la norma, tanto más
si se trata de derechos laborales plenamente reconocidos. Por tanto, los
citados agravios no resultan atendibles. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN
INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE
3.18El cuestionamiento
de la parte recurrente se sustenta principalmente en que los Auxiliares
Jurisdiccionales no comprendidos en la carrera judicial a que hace referencia
el artículo 255° de la Ley Orgánica del Poder Judicial a quienes se les ha
reconocido los beneficios adicionales que corresponde a un Secretario y Relator
de Sala, también deben gozar de los derechos que establece el inciso b) del
artículo 186 de la norma acotada, esto es, el 55% de la remuneración total que
perciban los Vocales de la Corte Suprema.
3.19A ese respecto,
cabe citar la normativa invocada por el demandante, cuyo texto es como sigue: “artículo 186.- Son derechos de los
Magistrados: (…) 5. Percibir una remuneración acorde a su función, dignidad y
jerarquía. Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente: b) El haber de los
Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte
Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces
de Paz Letrados es del 70% y 55% el de
los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos
porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema”. 3.20Sin embargo,
resulta pertinente indicar que el citado dispositivo legal ha sido modificado
mediante el artículo 1 de la Ley N° 30125 que establece medidas para el
fortalecimiento del Poder Judicial publicada en el diario oficial “El Peruano”
con fecha 13 de diciembre del año 2013, quedando redactado en los siguientes
términos: Artículo 186: Son derechos de los
Para estos fines se toma en
cuenta lo siguiente: (…)
será del 80% del haber total mensual por todo concepto que perciban los Jueces Supremos, conforme a lo establecido en el literal a) precedente; el de los Jueces Especializados o Mixtos será del
62%, el de los Jueces de Paz Letrado será del
40%, referidos también los dos últimos porcentajes al haber total mensual
por todo concepto que perciban los Jueces Supremos. 3.21Conforme es de
verse del mencionado artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, modificado por la Ley 30125, el inciso b) no incluye a los
Secretarios y Relatores de Sala como beneficiarios de algún incremento sobre el
porcentaje de su remuneración equivalente al haber de un Juez Supremo, como sí
lo hace en favor de los Jueces Superiores, Especializados o Mixtos y de
Paz Letrado. Por consiguiente, lo
peticionado por la parte demandante no encuentra sustento fáctico ni jurídico
que permita a este Colegiado amparar su pretensión puesto que antes de la
vigencia de la ley N° 30125 no existía trabajador alguno que haya logrado el
beneficio contenido en el artículo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, esto es, previa la debida evaluación a que hemos
hechos referencia en la presente resolución. En ese sentido, corresponde
desestimar los agravios 2.14 y 2.15. 3.22Sobre el agravio
2.16, debe indicarse que el artículo 413° del Código Procesal Civil exonera al
Estado de pago de costas y costos del proceso; sin embargo la séptima
disposición complementaria de la Ley N° 29497 señala que en los procesos
laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos.
3.23Al respecto, el artículo 14° de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo - Ley N° 29497, señala que “La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal
civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las
pretensiones reclamadas no supera las setenta (70) Unidades de Referencia
Procesal (URP), salvo que la parte hubiera obrado con temeridad o mala
fe”.(sic).
3.24En tal sentido, el artículo 412° del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral por remisión de la
Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497, dispone que “El reembolso de las costas y costos del
proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida,
salvo declaración judicial expresa y motivada de exoneración”.(sic) [lo
resaltado es nuestro].
3.25Siendo ello así, considerando que
los costos del proceso es de cargo de la parte vencida resulta procedente la
condena de costos del proceso, toda vez que en la presente causa la pretensión
demandada ha sido amparada de acuerdo a los considerandos que anteceden. Por
tanto, corresponde estimar este agravio expresado por el demandante por lo que
revocando la apelada en este extremo este Colegiado considera que debe
condenarse a la emplazada al pago de costos del proceso.
Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con
del literal a) del artículo 4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N°
29497, la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de
Lima y administrando Justicia a nombre de la Nación.
1. REVOCAR la resolución
apelada N° 03 (Sentencia N° 104) de fecha 08 de agosto del año en curso,
obrante de fojas 56 a
64, en el extremo que reconoce el derecho
de los Auxiliares Jurisdiccionales inmersos dentro del régimen laboral común de
la actividad privada no comprendidos en la carrera judicial a gozar de los
beneficios adicionales del nivel más alto de la carrera Auxiliar Jurisdiccional
que corresponde a los Secretarios y Relatores de Sala previa evaluación
objetiva de los requisitos temporales necesarios para su goce. Asimismo, SE REVOCA el extremo que se exonera del
pago de costos a la demandada, reformándola,
SE DISPONE que el Poder Judicial a
través de sus organismos encargados, además de la verificación del periodo de
labores que hace referencia en el artículo 255° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial implemente los mecanismos idóneos y eficaces para la debida evaluación
previa que señala el citado dispositivo legal, con la condena al pago de costos
2. CONFIRMAR la sentencia en lo
demás que contiene. 3. En los seguidos por la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL FETRAPOJ contra el PODER JUDICIAL sobre reconocimiento de
derechos labores; los devolvieron al Segundo
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima.-
Establecen que la falta muy grave consistente en n...
JURISPRUDENCIA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRAT...
PRECEDENTES VINCULANTES EN MATERIA DE DESPIDOS HEI...
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EXPEDIENTE : 00232-2012-0-2801-JM-CA-01 PREPARAC...
SENTENCIA 09617-2006-PA-TC IGUALDAD Y NO DISCRIMI...