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Timestamp: 2018-05-26 08:11:22
Document Index: 39912056

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 10']

Cónyuge o Concubino Colaborador; no siempre es mujer, se escribe poco, se sabe poco, y no está claro si deben tener o no derechos, y si deben o no aportar | ABILLEIRA - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY
Cónyuge o Concubino Colaborador; no siempre es mujer, se escribe poco, se sabe poco, y no está claro si deben tener o no derechos, y si deben o no aportar
diciembre 8, 2012 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
¿Quién es un Cónyuge Colaborador?, No intentaré lograr una definición, pero sí voy a tratar de ejemplificar, ofrecer lecturas, y a escribir llanamente a efectos de identificarlo. Esa figura “cónyuge”, obviamente hace referencia a la pareja (mujer u hombre, porque siempre se la relaciona a la mujer) que está legalmente constituida ( matrimonio ), pero hoy en día, también existe el Concubinato, se llama “Concubino Colaborador”. ¿Pero qué hace?, bueno, es esa persona que ayuda a la pareja en su actividad. Por ejemplo supongamos que el Sr tiene un almacén (que incluso puede ser propiedad de ambos), y mientras él va a la feria a comprar las verduras, la Sra que hace las tareas domésticas, atiende algún cliente que llega. O la pareja que está en un quiosco, y uno de ellos tiene la actividad principal pero el fin de semana va la pareja y le ayuda a ordenar algo, o en los Estudios Profesionales, cuando la pareja atiende el teléfono o le hace un trámite, o el caso de nuestro Presidente, que para mi configura ese “Cónyuge Colaborador” que hablamos, ya que la chacra está a nombre de su Señora y a él se lo ve en los reportajes repartiendo las flores, manejando un tractor, y cosechando las flores como se lo ve en el spot del Perfume del Pepe.
Lo que me cuestiono, es si realmente existe obligación de registrar al Cónyuge Colaborador (y me refiero a aquél que no recibe remuneración), y una vez registrado, qué derechos tiene distintos de los que tiene el Cónyuge que no es Colaborador. Esto viene a cuento porque ahora los Cónyuges que están a cargo tienen derecho a Fonasa, entonces me cuestiono hasta qué punto tiene sentido declarar al Cónyuge Colaborador, ¿Es para darle beneficio de jubilación futura?, sí.
Esto dice BPS:
Derechos de Contribuyentes
Todo contribuyente tiene derecho a una administración que le asegure la certeza jurídica, tratamiento equitativo, así como el debido proceso ante decisiones que entienda contrarias a sus derechos.
El BPS continúa trabajando en la mejora de su gestión a efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.
Éstos, en determinadas condiciones, son considerados afiliados al sistema de seguridad social y como los trabajadores dependientes tienen los siguientes derechos: jubilaciones y pensiones (incluso como cónyuge colaborador/a), seguro social de salud, asignaciones, subsidio por fallecimiento, etc.
Entonces, la idea de este espacio es comenzar a generar información relacionada a los Cónyuges Colaboradores, pero antes es necesario cuestionarse la realidad, y me he encontrado muchas veces que me cuesta llegar a las respuestas sobre este tema. Por eso en el Menú creé uno especial debajo de BPS que se llama “Cónyuge Concubino Colaborador”, es una Categoría, y ya existía la Etiqueta Cónyuge Colaborador y Concubino Colaborador; para facilitar búsquedas futuras.
Una SENTENCIA sobre el TEMA, interesante:
34/2009 Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº ALTA DEFINITIVA
16/03/2009 440-661/2006 PROCESO CIVIL ORDINARIO
Nº-34/09
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO
Montevideo, 16 de marzo de 2009
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “RODRIGUEZ y otra por si y en representación de sus menores hijos c/ C., W. y otros, Daños y Perjuicios, IUE: 440- 661/2006” venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito a los recursos de apelación y adhesión interpuestos por la co-accionada V. G. y actores respectivamente contra la sentencia Nº 27/2008 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 3er. Turno, Dra. Mª Isabel Vaccaro.
1) La decisión impugnada, a cuya correcta relación de antecedentes estará la Sala, condenó a los co-accionados G y C en forma solidaria al pago de la suma de $ 340.000 por concepto de daño moral y $ 50.000 por daños médicos, difiriendo la liquidación de los gastos terapéuticos a la vía del art. 378 del CGP, todo con el reajuste legal e intereses desde la fecha del evento dañoso, sin especial condenación (fs. 477/494),
2) Agraviándose de lo resuelto la co-demandada V G a fs. 495/499 impetra la revocatoria en cuanto al rechazo operado de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por su parte.
Partiendo del concepto de que la guarda no se presume, afirma que el guardián del vehículo lo era su esposo, quien utilizaba el vehículo en forma asidua para trabajar y para el disfrute personal con ánimo de dueño, por lo cual la guarda se había transferido en forma lícita. C salió de la casa sobrio de modo que no podía ella prever que su cónyuge fuera a tener esa conducta poco feliz.
Disiente además en cuanto se considera en la recurrida que su esposo trabajaba para la apelante por cuanto no existía subordinación sino que se trata de la figura de cónyuge colaborador.
Por último discrepa con la suma fijada por daños terapéuticos la que considera excesiva ya que conforme al informe de CRAMI casi la totalidad de los gastos fueron asumidos por la institución, poniéndose énfasis en que, las sumas no resultarían tan abultadas, si los actores hubieran comparecido en un tiempo prudencial luego del accidente y no al filo de la prescripción de la responsabilidad como hicieron.
3) Evacuando el traslado de rigor, los actores a fs. 503/509vto. abogan por el rechazo de los agravios articulados por su contraria y adhieren a la apelación discrepando con la exoneración de responsabilidad del Sr. Pereira. Sostienen que, la eximente por éste invocada, se desvirtúa al resultar acreditado que ambos conductores circulaban con exceso de velocidad lo que determinó la espectacularidad del impacto subiendo a la vereda la camioneta del Sr. Pereira aprisionando a los menores debajo de la misma extremos que no fueron controvertidos por aquél.
Se agravian asimismo de los montos fijados en concepto de daño moral que estiman exiguos así como de la delimitación de los gastos terapéuticos dispuesta (solo cirugía plástica y reconstructiva de las cicatrices de abdomen y pierna de la menor .) incoando se reciba en su totalidad lo planteado en la demanda.
4) Sustanciada la apelación y adhesión consta solo la contestación del co-demandado Sr. Pereira a fs. 517 por lo que se franquean ambos recursos a fs. 518. Recibidos los autos (fs. 524) se dispuso el pasaje a estudio de precepto y completado el mismo se acordó dictar decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por los arts. 200.1 num. 1) y 2) y 344.2 del Código General del Proceso (fs.525/530vto.).
I) La Sala, con el voto coincidente de sus integrantes – art. 61 de la ley 15.750 – habrá confirmar la sentencia apelada compartiéndose en lo sustancial sus fundamentos, salvo en cuanto al daño moral de la menor M que se incrementará fijándose en $ 180.000 entendiendo que los agravios introducidos respecto de tema puntual devienen eficientes para conmover lo resuelto en el grado anterior según lo que se expondrá.
II) Se trata en la especie de una reclamación tendiente a obtener la indemnización que por daño moral; emergente (comprendiendo daños físicos, psicológicos y emocionales); terapéuticos; no documentados y privación de los quehaceres domésticos, movilizada por los actores compareciendo por si y en representación de sus menores hijos M y O, han padecido a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 8/10/2002 en ocasión de ser embestidos la co-actora y sus hijos a consecuencia de la colisión protagonizada por los vehículos conducidos por los Sres. Pereira y C accionándose además acumulativamente contra la propietaria de este último rodado Sra. G en su calidad de tal.
III) Conforme al contenido de los agravios movilizados, razones de orden lógico y jurídico imponen analizar en primer lugar el tema de la legitimación pasiva de la Sr. VG (propietaria del Wolkswagen y cónyuge del Sr. C) y la exoneración dispuesta respecto del Sr. Pereira (conductor del Fiat que cayó encima de la Sra. M y los dos menores).
IV) En relación a la legitimación pasiva de la Sra. G se desestimará el agravio movilizado por ésta.
Cabe señalar liminarmente que, la responsabilidad por el hecho de las cosas (art. 1324 C.C.), encuentra fundamento en la culpa con especial observancia del criterio de la guarda material. Y en tal sentido se ha sostenido, que la norma legal en si no individualiza al responsable del evento dañoso sino que atribuye responsabilidad al guardián, el que es definido como aquel sujeto que refiere un poder efectivo e independiente de dirección y control sobre la cosa (Cfm. GAMARRA Tratado de Derecho Civil Uruguayo, tomo XXI pag. 184, 187 y ss., 249).
Por tanto, lo que caracteriza al guardián no es la titularidad de un derecho sino el ejercicio en los hechos de un poder efectivo de dirección y control, y si bien éste es ejercido generalmente por el dueño, también puede estar en manos de un tercero no propietario. En consecuencia, procede admitir que la presunción de guarda que pesa sobre el propietario, amerita ser enervada cuando éste acredite, de conformidad con los criterios generales (arts. 137, 139, 140 y complementarios del CGP) la transferencia no culpable de aquella, o bien su pérdida.
En tal marco, al contestarse la demanda la defensa en examen se sostiene en lo medular en la afirmación de que el Sr. C conducía el vehículo en oportunidad del contrato que su esposa tenía con ANTEL, haciendo fletes para dicho Organismo en su calidad de cónyuge colaborador, no en forma ocasional sino, asiduamente, manteniendo sobre el rodado la libre disposición del uso con expresa referencia al contrato de comodato.
No obstante, las probanzas allegadas al proceso, como bien se señala en la recurrida, conducen a tener por acreditado que no operó traspaso válido de la guarda de la propietaria a su cónyuge ya sea por culpa in eligendo (el examen de alcoholemia del conductor arrojó 13.4 decigramos según informe a fs. 5 del testimonio de expediente penal IUE 170 – 1226/2002 agregado lo que estaría demostrando que este sujeto no tenía las condiciones requeridas para obtener la guarda ) sea porque, claramente se demostró, que en realidad la propietaria se servía del vehículo como admite al prestar declaración de parte (fs. 209/210 de obrados) donde reconoce que se beneficia económicamente, agregando “es de lo que vivo” . También conducen a ello el tenor de las contestaciones de oficios (contrato de fletes con ANTEL, planilla de Trabajo del MTSS fs. 245/247 y ANTEL fs. 249/250), de los que resulta que el Sr. C tenía la calidad de cónyuge colaborador.
De tal modo, adhiriendo la Sala a la corriente que postula un concepto amplio de dependencia que implica definir al dependiente no solo como aquel que está bajo subordinación recibiendo órdenes y control por otro, sino también aquél que, sin tener este tipo de subordinación es empleado o utilizado por otro que lo hace obrar para sí (GAMARRA, Tratado Tomo XX Edic. 2003 pags. 232 y ss.) es claro que en la especie el conductor cónyuge de la propietaria del rodado no encuadra en el perfil invocado por ésta en sustento de la exoneración de responsabilidad que se le imputa.
En efecto, a lo enunciado cabe agregar que la propia co-accionada admite en su declaración que su marido iba a buscar la camioneta a las 7:30 a su casa y que, cuando terminaba, la volvía a llevar, por ende, infolios resulta claro que la propietaria era la que mantenía el control sobre el rodado, por ende, su conductor no ejercía el poder independencia necesario para ostentar la guarda sobre el vehículo.
En consecuencia, como bien se concluye por la A-quo no puede esgrimir la propietaria, como excusa liberatoria, la pretensa transferencia de la guarda a favor de su entonces marido, debiendo responder ambos co-demandados en forma concurrente, in solidum, en función de un asiento jurídico de responsabilidad diverso: el autor material del hecho ilícito por el art. 1319 y el guardián propietario por el art. 1324 ejusdem y ello por cuanto no existe en estas hipótesis una pluralidad de obligaciones que son independientes porque surgen separadamente, sino un único evento dañoso causado por el tenedor o guardián de la cosa, del cual, por imperio legal surgen dos obligaciones (cfm. GAMARRA, Tratado Tomo XXI Edic. 2004, pags 335/348; ADCU Tomo XXX c. 1030, 1039, 1040; Tomo XXXI c. 1097/1098).
V) También habrá de desestimarse el agravio introducido por los actores, vía adhesión, respecto de la exoneración de responsabilidad dispuesta respecto del co-demandado Sr. Pereira.
En primer lugar cabe tener presente la incomparecencia del co-accionado Sr. C, quien además fue declarado rebelde, por ende pasible de la aplicación de las reglas de admisión (arts. 130.2, 338.4, 340.3 del Código General del Proceso.
Pero además, como bien sostiene la A-quo luego de analizar prolijamente el cúmulo de probanzas – especialmente a fs. 486/488 – se probó en forma positiva la culpa del mismo no solo por la falta de contradicción sino porque tanto los testimonios rendidos en sede penal y en esta causa como las actuaciones de Policía Técnica (fs. 34 y ss. de dicho expediente) conducen a ello.
Es de ver que se ha acreditado que el Sr. Pereira accedía al cruce por la derecha del Sr. C, quien además de incumplir con los deberes que la ley le impone al conductor no preferente (art.15.2 del Reglamento Nacional de Circulación Vial), conducía en estado de ebriedad (13.4 mg. según examen de espirometría obrante a fs. 5 del testimonio penal) a alta velocidad, o por lo menos velocidad excesiva para el lugar y circunstancias habida cuenta el desplazamiento que tuvo el vehículo del Sr. Pereira que subió la vereda y literalmente quedó sobre las tres víctimas que estaban en la esquina debiendo ser levantada la camioneta para liberarlos.
Coadyuda en tal interpretación los daños de los rodados y las posiciones finales de los mismos (fotografías y croquis de la Carpeta Técnica) así como el hecho de que las huellas de frenada son solo de la camioneta Fiat no del vehículo del Sr. Pereira, lo que habilita a concluir sin esfuerzo que el no preferente no tenía dominio del rodado.
Frente a ello pierden relevancia las argumentaciones de la adhesión de la apelación en el punto, en tanto, en las condiciones antes señaladas, la calidad de embestidor fue consecuencia inevitable de la conducta del Sr. C y respecto a la velocidad, cabe reiterar que la frenada no fue de su vehículo sino del no preferente, y los testimonios aludidos a fs. 506 en especial los Sr. Rodríguez a fs. 332, fs. 348 y M fs. 359 no son terminantes ni suficientes para rebatir las conclusiones precedentes. En efecto Rodríguez afirma que ambos venían rápido, pero a fs. 332 admite que estaba de espalda y se dio vuelta al sentir el ruido; Carera no presenció el accidente, concurre al lugar al ser avisado (fs. 347). Solo M, declara que ambos vehículos venían “medio rápido” sin otra precisión, marcando una clara diferencia con lo declarado en sede penal a fs. 17, 18 cuando había sostenido que los dos “venían a todo lo que da”.
Por tanto, en aplicación de los principios que rigen la valoración de las pruebas allegadas al proceso (art. 140 del CGP) cabe concluir con la A-quo que no logró el no preferente enervar la presunción en contra que deriva de circular por la izquierda lo que conduce a desestimar el agravio movilizado por los actores en sede de adhesión y confirmar la exoneración de responsabilidad del co-accionado Sr. Pereira.
VI) Decidido ello e ingresando a los daños, es de advertir que los rubros y sus respectivos montos son objeto de agravios por ambas partes, por lo que se analizarán en conjunto, debiendo señalarse que el tema está signado por la ausencia del medio probatorio idóneo, cual es la pericia médica, que podría haber revelado con claridad la gravedad de las lesiones padecidas por las tres víctimas y sobre todo las secuelas.
Se dispone en autos solo con las Historias Clínicas y declaraciones de testigos, entre los cuales se hallan los médicos tratantes así como una relación de tickets proporcionada por CRAMI a fs. 461/465, aunque la Institución , en el mismo informe señala que “no es posible con los datos clínicos que surgen de la Historia Clínica y de la atención brindada a la menor M realizar por su médico tratante como tal un peritaje que resulte en el diagnóstico de sus posibles riesgos futuros”.
VII) Sobre tales bases en lo que dice relación al daño moral la Sala solo recibirá el agravio articulado respecto del monto fijado para la menor M desestimando los restantes.
En efecto, de la Historia Clínica resulta probado que sufrió fractura de pelvis y de cadera, desgarro de colon, riesgo de perder el bazo. Fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas, corriendo peligro de vida, permaneciendo nueve días internada incluso en CTI y un mes a quietud por la fractura pelviana, con colocación de mechas por vagina. Presenta acortamiento de miembro inferior izquierdo, desplazándose con muletas, luego bastón con el consiguiente atraso escolar, todo ello en una niña de apenas diez (10) años de edad.
Por ello, y sin perjuicio de la anotada ausencia de pericia la suma fijada en primera instancia de $ 130.000 equivalentes a junio de 2008 a U$S 5.500 aproximadamente, a juicio del Tribunal resulta exigua habida cuenta amén de lo que resulta de la Historia Clínica, los padecimientos de la menor son avalados por las declaraciones de testigos en especial el Dr. Milans a fs. 326 y quienes deponen a fs. 329, 332,350, así como la maestra de ambos niños a fs. 329/330.
Como ha sostenido la Sala (sent.295/05, 17/07, 200/08 entre otras) la medida del resarcimiento debe atender a la entidad del daño, a la correlación entre la gravedad del mismo y el equivalente pecuniario teniendo presente las circunstancias del caso concreto pero adaptándolas a la realidad socio – económico del medio de modo de tender a la coherencia del sistema sin provocar enriquecimientos injustos u otorgar indemnizaciones simbólicas. Ello porque la reparación del perjuicio de la aflicción sufrida, según enseña GAMARRA, no participa del carácter sancionatorio, sino que es, en términos generales, reparatoria (Tratado Tomo XXV pag. 385 y ss.). De modo que la víctima tiene derecho de recibir una cantidad de dinero y éste es un punto indiscutible en el derecho moderno independientemente de las técnicas liquidatorias que se adopten, siendo claro que, lo que se trata de hacer, es intentar compensar el sufrimiento moral por medio de una ventaja sustitutiva aún cuando es notorio que no reconstruye la situación alterada.
Sobre tales bases, ponderando con criterio de razonabilidad la prueba allegada a la litis, y el padecimiento acreditado de la menor así como lo que se analizará a continuación respecto de los gastos terapéuticos, conducen infolios a amparar parcialmente el agravio articulado en el punto concreto en debate, estimando la Sala ponderado incrementar el monto de la indemnización por daño moral de la menor M y fijarlo en la suma de $ 180.000.
En cambio se desestimarán los agravios respecto de las indemnizaciones fijadas para el niño O ($ 80.000) quien solo sufrió fractura del puño izquierdo; para la madre de los menores ($ 70.000) que sufrió fractura expuesta de pie y para el padre de aquéllos ($60.000) según fundamentos de la recurrida que se comparten y a los cuales cabe remitirse para evitar ociosas reiteraciones.
VIII) Gastos terapéuticos: Es de precisar aquí que los agravios articulados por la parte co-accionada confunde este rubro con el daño emergente (punto 2) a fs. 498, cuando la cuestión fue claramente delimitado en la sentencia (fs. 493).
En cuanto a la impugnación movilizada en sede de adhesión por los promotores fincada en que solo se incluye en el monto a liquidar por la vía incidental del art. 378 del CGP las cirugías plásticas a realizar en las cicatrices de abdomen y pierna de M se desestimarán.
La A-quo entiende que la necesidad de la operación para el retiro de la prótesis no resultó acreditada puesto que el único testigo que depone sobre el tema (Dr. Milans) traumatólogo que asistió a los tres lesionados a fs. 326/329 enuncia que las opiniones médicas están divididas y con los padres habían decidido no sacar los tornillos mientras no molestaran.
Tal aserto no resulta controvertido hábilmente infolios. Cabe aquí recordar que no existe un peritaje del que resulte un diagnóstico de posibles riesgos futuros. Es de ver que, respecto de las secuelas el Dr. Milans expresa que en lo físico, hubo un restablecimiento total con reintegro a la escuela (ratificado con fotos con la bandera según dichos de la parte actora) aunque en lo estético no fue perfecta (cicatrices que no evolucionan igual en todos los pacientes) por lo que no descarta hacia el futuro nuevas cirugías no solo por estética sino por funcionamiento con eventualidad de retirar clavos con la división de opiniones científicas al respecto según se vio.
Asimismo, el médico forense en informe rendido en sede penal el 16/9/04 (fs. 129 del testimonio agregado) afirma que la niña “quedó curada sin secuelas” aunque agrega que, por la fractura compleja de la pelvis y ser mujer “no se puede descartar totalmente?” que pudiera tener algún tipo de complicación en trabajo de parto.
El propio contenido de las declaraciones del Dr.Milans y del informe del médico forense evidencian la imposibilidad de entender acreditado en forma la existencia de un riesgo futuro y cierto cual es la posibilidad de una nueva intervención por funcionamiento con eventualidad de retirar clavos como se pretende en sede de adhesión, lo que conduce a ratificar la decisión del grado anterior.
IX) Daño emergente: Si bien la co-accionada refiere a “gasto terapéutico” a fs. 498 va de suyo que confunde el rubro con el daño emergente fijado en la atacada en $ 50.000 habida cuenta se afirma que el mismo es exagerado en virtud de lo informado por la Mutualista CRAMI donde – según la apelante – la casi totalidad de los gastos fueron asumidos por dicha Institución.
La Sala en cambio estima que el monto fijado en la sentencia es ponderado y adecuado a la situación concreta. Véase que se trata de tres accidentados, todos con fracturas e intervenciones quirúrgicas – aunque de distinta entidad, siendo menor la de la madre y el varón – a lo que hay que adicionar reiterados pagos de tickets para estudios, consultas, traslados, calmantes etc. no pudiendo perderse de vista – que solo la menor M – estuvo un mes de reposo absoluto.
X) Si bien no constituye en puridad un agravio, cabe decir respecto a la incidencia de la demora en promover el juicio invocada por la co-demandada a fs. 498 que ello es absolutamente improcedente, puesto que la ley marca el límite de cuatro años para promover una acción indemnizatoria como la que se examina (art. 1332 del Código Civil) por lo que habiéndose accionado dentro de ese plazo, no puede reprocharse por demora alguna.
XI) La conducta procesal de ambas partes no merita la imposición de especiales sanciones en el grado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 56 y 261 del CGP y art. 688 del C. Civil.
Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, el Tribunal FALLA:
Confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto al monto del daño moral fijado para la menor M, que se revoca y en su lugar se fija en $ 180.000, sin especiales sanciones en el grado.
Lo que sucede en Europa, muy interesante de leerlo:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A4-1997-0005&language=ES
PE 219.531/def. A4-0005/97
sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos
Comisión de Derechos de la Mujer
Ponente: Sra. Astrid Lulling
Mediante carta de 8 de diciembre de 1994, la Comisión de Derechos de la Mujer solicitó autorización para presentar un informe sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos.
A. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la sesión del 13 de junio de 1995, el Presidente del Parlamento Europeo anunció que la Conferencia de Presidentes había autorizado a la Comisión de Derechos de la Mujer a elaborar un informe sobre este asunto.
En la reunión del 25 de abril de 1995, la Comisión de Derechos de la Mujer designó ponente a la Sra. Lulling.
En las reuniones de los días 30 de octubre de 1996, 26 de noviembre de 1996 y 18 de diciembre de 1996, la comisión examinó el proyecto de informe.
En esta última reunión, aprobó la propuesta de resolución por unanimidad.
Estuvieron presentes en la votación los diputados:Van Dijk, presidente; Van Lancker, primer vicepresidente;Bennasar Tous, segundo vicepresidente; Lulling, ponente; Ahlqvist, d’Ancona, Eriksson, Glase, González (suplente de Elmalan), Kokkola, Larive, McKenna, Thomas Mann (suplente de Menrad), Mohamed Ali, Mouskouri, Napoletano (suplente de Ghilardotti), Pollack, Sornosa Martínez y Waddington.
El informe se presentó el 8 de enero de 1997.
Resolución sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos
– Visto el artículo 148 del Reglamento,
– Vista la Directiva del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (86/613/CEE)(1),
– Vista su Resolución de 25 de junio de 1993 sobre la evaluación del trabajo femenino no asalariado(2),
– Vista su Resolución de 21 de enero de 1994 sobre la situación de la mujer en la agricultura(3),
– Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva del Consejo 86/613/CEE (COM(94)0163 final),
– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer (A-0005/97),
A. Considerando que es difícil determinar el número de mujeres y hombres que participan en las actividades del cónyuge (cónyuge colaborador), debido al escaso número de personas que se registran como tales, pero considerando que con toda seguridad se trata de millones de personas en toda la Unión Europea,
B. Considerando que el papel de cónyuge colaborador se considera a menudo, tanto por la sociedad en general como por el Derecho, como una obligación conyugal realizada gratuitamente,
C. Considerando que, en la mayoría de los Estados miembros, los cónyuges colaboradores no están reconocidos oficialmente y que, por lo tanto, son invisibles y su situación, en la práctica, es a menudo más precaria que la de los trabajadores atípicos,
D. Considerando que la Directiva 86/613/CEE no ha logrado su objetivo de ofrecer a los cónyuges colaboradores un estatuto profesional claramente definido y establecer sus derechos a prestaciones de la seguridad social,
E. Considerando que esto se debe, en parte, a la complejidad que caracteriza a la situación jurídica de los cónyuges colaboradores, que atañe al Derecho fiscal, al Derecho matrimonial, al Derecho de la seguridad social, al Derecho laboral y al Derecho de sociedades de los Estados miembros,
F. Considerando que es necesario establecer una legislación comunitaria más vinculante que cree un marco de garantías mínimas para los cónyuges colaboradores dentro del cual los Estados miembros puedan elegir la manera más adecuada de adaptar sus sistemas,
G. Considerando que los cónyuges colaboradores que sólo pueden disfrutar de derechos derivados en materia de protección social en función de las contribuciones de sus cónyuges, son muy vulnerables, especialmente en caso de divorcio o de muerte del trabajador autónomo,
H. Considerando que la situación de los cónyuges colaboradores varía de un sector a otro dentro de un mismo Estado miembro y considerando que, en el caso de las profesiones liberales, los cónyuges colaboradores a menudo no están protegidos por las disposiciones aplicables a los cónyuges en otros sectores,
I. Considerando que la tasa de participación en los regímenes contributivos de la seguridad social ha sido escasa incluso cuando se ha ofrecido esta posibilidad,
J. Considerando que la participación voluntaria en los regímenes voluntarios se debe tanto a actitudes tradicionales como a barreras legales y reglamentarias,
1. Lamenta que la ambigua redacción de la Directiva 86/613/CEE relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma haya conducido a escasos progresos en la situación de los cónyuges de los trabajadores autónomos con respecto al reconocimiento de su trabajo y a una adecuada protección social;
2. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de celebrar mesas redondas con las organizaciones interesadas para debatir las necesidades de los cónyuges colaboradores y presentar una propuesta de modificación de la Directiva para 1997, pero señala que esto debería haberse hecho hace algunos años con vistas al cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 86/613/CEE;
3. Pide que la directiva modificada sea más vinculante para los Estados miembros que la Directiva 86/613/CEE, dado que ésta es la única manera de garantizar que se cumplan los objetivos de este tipo de legislación;
4. Opina que la directiva modificada habrá de aplicarse no sólo a los cónyuges colaboradores sino también al miembro colaborador de las parejas que mantienen otra forma de convivencia duradera en los Estados miembros que reconocen ese tipo de contratos;
5. Pide que la directiva modificada incluya:
– el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores para que dejen de ser trabajadores invisibles;
– la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias para garantizar a los cónyuges colaboradores asistencia sanitaria, pensiones de jubilación, prestaciones por maternidad, servicios de sustitución y prestaciones por invalidez;
– la igualdad de condiciones para el acceso a la formación profesional para los cónyuges colaboradores y para los trabajadores autónomos;
– el derecho de los cónyuges colaboradores a representar a su empresa y a ser elector y elegible a las organizaciones profesionales correspondientes, salvo en casos en los que la adhesión a estos órganos requiera un diploma o una cualificación profesional que no posea el cónyuge colaborador;
6. Pide a los Estados miembros que establezcan un estatuto jurídico para los cónyuges colaboradores que les permita elegir entre el estatuto de cónyuge asalariado, cónyuge asociado y cónyuge colaborador, en el entendimiento de que en estos últimos dos casos el interesado, a pesar de no estar remunerado, deberá estar registrado y tener derecho a la protección social;
7. Considera que las cotizaciones a la seguridad social por parte de los cónyuges colaboradores deberían ser obligatorias en los casos en que sean obligatorias para los trabajadores autónomos, a menos que se contemple una cláusula de exención;
8. Comprende los temores de las pequeñas empresas familiares que se enfrentarían a unos costes adicionales si las cotizaciones de los cónyuges colaboradores fueran obligatorias;
9. Subraya, por lo tanto, la necesidad de flexibilidad y considera que deberían existir opciones para el cálculo de las cotizaciones sobre la base de las rentas personales o de la empresa, o como una parte del tope máximo de cotización a la seguridad social;
10. Recomienda que los Estados miembros prevean en sus regímenes tributarios incentivos fiscales para aquellas empresas familiares que opten por la cotización del cónyuge colaborador a la seguridad social, y considera que las cotizaciones del cónyuge colaborador, ya sean voluntarias u obligatorias, deberían ser desgravables del impuesto aplicado a las rentas de la empresa;
11. Reconoce la necesidad de una mayor información relativa a las repercusiones de los regímenes tributarios sobre los cónyuges colaboradores y, en particular, por lo que se refiere a las consecuencias de la inclusión de la remuneración efectivamente pagada al cónyuge entre los gastos de gestión de la empresa, siempre que se trate de una remuneración normal por servicios efectivamente prestados y que se paguen todas las cotizaciones y contribuciones obligatorias;
12. Pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que adopten las medidas necesarias para garantizar que los cónyuges colaboradores que han trabajado durante años en la empresa familiar no queden en situación desventajosa en cuanto a los derechos de herencia o sucesión, o en caso de divorcio.
13. Considera que los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho deberían tomar medidas para incluir en los períodos de prácticas que den derecho a prestaciones de la seguridad social los períodos dedicados al cuidado de los hijos o de otros familiares a fin de evitar toda discriminación de las personas que se han hecho cargo de miembros de la familia;
14. Pide a las organizaciones profesionales de los sectores afectados que abracen la causa de los cónyuges colaboradores y que actúen conjuntamente con las organizaciones de cónyuges colaboradores a nivel nacional y comunitario;
15. Considera que es necesaria una mayor coordinación entre, por una parte, los organismos gubernamentales competentes en materia de igualdad de oportunidades, las PYME y los trabajadores autónomos y, por otra parte, las organizaciones de ayuda a los cónyuges colaboradores y otras ONG dedicadas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres con el fin de fomentar la protección de los cónyuges colaboradores;
16. Insta a los organismos gubernamentales y, en particular, a las organizaciones profesionales, a que realicen campañas de información y sensibilización de los riesgos que corren los cónyuges colaboradores que no están asegurados y de las opciones que se les ofrecen;
17. Pide a los Estados miembros que en las estadísticas sobre los trabajadores autónomos separen aquellas que se refieran específicamente a los cónyuges colaboradores con el fin de demostrar el valor de su trabajo para las empresas familiares y de tener información clara sobre el número de cónyuges colaboradores en cada sector;
18. Pide a la Comisión que en su próximo informe sobre la protección social en Europa dedique un capítulo a los cónyuges colaboradores;
19. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
(1) DO L 359 de 19.12.1986, pág. 56
(2) DO C 194 de 19.07.1993, pág. 389
(3) DO C 44 de 14.02.1994, pág. 210
1. ¿Quiénes son los cónyuges colaboradores y por qué debe preocuparnos su situación?
Las personas que participan en la actividad autónoma que ejercen sus cónyuges no forman un grupo homogéneo. La gran mayoría de estas personas son mujeres que trabajan con sus maridos en la agricultura, la artesanía y el comercio, especialmente el comercio al por menor, y en las profesiones liberales. Algunas mantienen una relación laboral oficial como, por ejemplo, de auxiliar en una consulta médica, y otras son socias en una pequeña empresa. Pero la mayoría ayudan a sus maridos sin estar reconocidas oficialmente, a pesar de que muchas de ellas desempeñan un papel igual de importante en la gestión del negocio o de la explotación agrícola.
Los cálculos acerca del número de personas que participan en la actividad autónoma de sus cónyuges, o cónyuges colaboradores, en Europa varían considerablemente. El informe de la Comisión de 1995 sobre la protección social en Europa(1) estima que existen 3,3 millones de personas que prestan ayuda familiar no remunerada, lo cual significa un descenso en comparación con los 4,4 millones estimados en 1986, y que el 70% de ellas son mujeres. No obstante, es probable que la cifra real sea mucho más alta. Sólo en Grecia se calcula que el 25% de la población activa femenina está compuesto por parientes no remunerados, la gran mayoría de los cuales trabaja en la agricultura. La asociación francesa ACTIF, que representa a los cónyuges colaboradores, ha calculado una cifra total más cercana a los 8,2 millones.
El problema a la hora de determinar el número total de cónyuges colaboradores está ligado a su estatuto jurídico y a la propia razón por la que es tan necesaria una actuación en su favor. Falta información básica sobre los cónyuges colaboradores, acerca de los cuales ha comentado un experto: “son más atípicos que el trabajador atípico… de hecho, son invisibles y sólo se les reconoce en la medida en que están casadas con sus maridos”.
En algunos Estados miembros se considera que las mujeres que colaboran con sus maridos en pequeñas empresas están cumpliendo con sus obligaciones conyugales; su trabajo no se les reconoce y es considerado una contribución gratuita de un miembro de la familia a la empresa familiar. A pesar de los cambios realizados en la legislación de los Estados miembros para permitir el reconocimiento de estas trabajadoras, los cambios las actitudes en la Unión Europea se producen muy lentamente y muchos cónyuges colaboradores disfrutan de poca o ninguna protección social, aparte de los derechos derivados de su situación matrimonial. Esto deja a estas mujeres en una situación extremadamente precaria, sin un estatuto jurídico claro, con pocos derechos y, a menudo, sin protección en caso de muerte o divorcio -en el peor de los casos, a pesar de no tener derecho a ninguna prestación se les considera responsables de las deudas heredadas si una empresa o negocio familiar está en crisis.
2. La Directiva de 1986
La situación de los cónyuges colaboradores quedó regulada por la Directiva del Consejo de 1986 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma(2), la cual, según el informe de la Comisión sobre su aplicación(3), pretendía “conceder a los cónyuges que ayudan una situación profesional bien definida y, por extensión, establecer sus derechos a la seguridad social”.
El informe de la Comisión reconoce que se está todavía muy lejos de alcanzar el objetivo de la Directiva y atribuye esta situación a la falta de principios rectores y a los términos vagos empleados en la Directiva. El cuarto Programa de Acción para la igualdad de oportunidades coincide en que la Directiva 86/613 no parece haber tenido las repercusiones previstas debido a las pocas obligaciones que impone. Ciertamente, los artículos 7 y 8 de la Directiva no obligan a emprender ninguna acción puesto que dicen simplemente que: “los Estados miembros se comprometen a examinar” el reconocimiento del trabajo aportado por los cónyuges y la protección durante el embarazo o la maternidad.
El informe de la Comisión reconoce asimismo que, incluso en los casos en que la Directiva obliga a los Estados miembros a actuar, como, por ejemplo, en el caso de la adopción de medidas necesarias para que los cónyuges puedan adherirse, sobre una base voluntaria y contributiva, a un régimen de seguridad social (artículo 6), o en la información a los órganos competentes sobre las medidas adoptadas para aplicar la Directiva (artículo 10), o bien no se han obtenido los efectos deseados, o bien no se ha actuado con el vigor necesario.
Por otra parte, la ponente expresa su profunda preocupación ante los retrasos en el cumplimiento de los plazos de aplicación de la Directiva. Según los artículos 12 y 13, el 30 de junio de 1991, a más tardar, los Estados miembros tenían que haber adoptado las medidas necesarias para aplicar la Directiva y tenían que haber informado a la Comisión de las acciones que habían tomado. Tras el informe sobre la aplicación de la Directiva, el Consejo debía haber revisado la Directiva el 1 de julio de 1993, a más tardar (artículo 11).
Estamos ahora a fines de 1996 y los avances han sido escasos. El informe sobre la aplicación de la Directiva fue publicado en septiembre de 1994 pero se basaba en información obtenida en 1993 o antes en los doce Estados miembros. Por lo tanto, dado su contenido y teniendo en cuenta que se han adherido a la Unión tres nuevos Estados miembros, el informe necesita una actualización. Además, el informe no analiza en profundidad las razones por las cuales no se han alcanzado los objetivos de la Directiva, por lo que no sirve de base para una nueva propuesta de modificación de dicha Directiva.
Desde que la Comisión de Derechos de la Mujer adoptara la decisión de elaborar este informe de propia iniciativa y, de esta manera, impulsar el proceso con propuestas concretas, la Comisión ha anunciado su intención de celebrar una mesa redonda con las organizaciones interesadas en el otoño de 1996 antes de presentar una propuesta para la modificación de la Directiva en 1997. Aunque la ponente acoge con satisfacción esta iniciativa de la Comisión, señala que debía haberse adoptado hace tres años.
3. La complejidad del asunto
En opinión de la Comisión, una de las causas de la ineficacia de la Directiva es el hecho de que cualquier intento de regularización en este ámbito afectaría al Derecho fiscal, al Derecho matrimonial, a la seguridad social, al Derecho laboral y al Derecho de sociedades de los Estados miembros. Se trata de una tarea complicada pero, además, hay que tener en cuenta que la legislación de cada Estado miembro varía según el sector económico de que se trate y, como ya hemos visto, los cónyuges colaboradores ejercen su actividad en numerosos sectores. Por último, la posibilidad de que los cónyuges colaboradores obtengan algún tipo de estatuto jurídico varía según los Estados miembros e incluso según los distintos sectores de un mismo Estado miembro.
En vista de lo expuesto más arriba, la ponente no propone analizar el sistema de cada Estado miembro y la situación de los cónyuges colaboradores en cada sistema, sobre todo dados los límites a la extensión de este tipo de informes parlamentarios. En cualquier caso, esta tarea ya ha sido iniciada por el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva, y ampliada por el informe elaborado en junio de 1995 por una red de expertos jurídicos sobre la situación de los cónyuges colaboradores(4) y el estudio sobre la protección social de los cónyuges colaboradores llevado a cabo en septiembre de 1995 por EIM, consultoría especializada en pequeñas empresas e investigación(5). Para la elaboración de este informe y de la propuesta de resolución, la ponente se ha basado en estos dos informes, así como en las aportaciones realizadas por los cuatro expertos que participaron en la audiencia pública de la Comisión de Derechos de la Mujer en mayo de 1996(6), así como en la información enviada posteriormente por organizaciones de cónyuges colaboradores.
4. Reconocimiento del trabajo de los cónyuges colaboradores
En el artículo 7 de la Directiva de 1986, los Estados miembros se comprometieron a examinar cómo podrían fomentar el reconocimiento del trabajo de los cónyuges colaboradores. Dada la poca contundencia de los términos empleados, no es sorprendente que se hayan tomado tan pocas iniciativas al respecto. La ponente considera que el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores es un paso necesario hacia el reconocimiento de su trabajo. Esto permitiría una adecuada evaluación del número de cónyuges colaboradores así como del trabajo que realizan. Sin embargo, no sería necesario que el cónyuge colaborador se acogiera al estatuto de empleado; de hecho, esto todavía no es posible en algunos Estados miembros salvo en circunstancias especiales.
La ponente indica que un buen punto de partida podría ser el sistema francés, gracias al cual, desde 1982 se ha dejado de considerar a los cónyuges colaboradores como desempleados. En Francia, el cónyuge colaborador puede elegir entre tres categorías: cónyuge asalariado; cónyuge asociado, lo cual puede implicar la no participación en la actividad de la empresa, la participación, únicamente, en la dirección de la empresa, o el trabajo sin sueldo; cónyuge colaborador inscrito como tal por la empresa, cuyo trabajo no es remunerado y que, desde 1994, puede trabajar en otra empresa en régimen de media jornada.
Sin un estatuto jurídico la mayoría de los cónyuges colaboradores dependen de los derechos derivados de su situación matrimonial. Aunque muchas mujeres consideran que los derechos derivados son suficientes, se han dado algunos casos dramáticos de cónyuges que han trabajado durante años en la empresa familiar y que luego se han quedado sin nada, especialmente, en caso de muerte o invalidez del cónyuge, o de separación o divorcio. Esto se debe a que sin el registro de los cónyuges colaboradores es difícil evaluar su aportación a la empresa, lo cual puede suponer graves consecuencias para sus derechos. La ponente se manifiesta particularmente preocupada ante la situación vigente en algunos Estados miembros donde la cuestión moral de quién tiene razón en una separación o un divorcio puede tener repercusiones sobre los derechos del cónyuge colaborador, independientemente de su contribución a la empresa.
5. Carencias en la protección social de los cónyuges colaboradores
De conformidad con el artículo 6 de la Directiva de 1986, los Estados miembros debían garantizar que los cónyuges colaboradores pudiesen afiliarse voluntariamente a un régimen de seguridad social contributivo. Diez años después, esto todavía no es la norma. Por ejemplo, en la mayoría de los Estados miembros los cónyuges colaboradores en el sector de las profesiones liberales se encuentran en una situación especialmente desventajosa. En Francia, el estatuto del cónyuge colaborador no es aplicable a las profesiones liberales y, en muchos casos, la cotización obligatoria no se aplica a las profesiones liberales.
Además, en la mayoría de los Estados miembros la protección que se ofrece a los cónyuges que cotizan por separado es incompleta: casi nunca tienen derecho a prestaciones por maternidad, invalidez o desempleo. En el Reino Unido, los cónyuges colaboradores sólo pueden disfrutar de pensiones de supervivencia basadas en derivadas de pensiones de jubilación. En España, en el sector agrícola no se prevé la posibilidad de cotizaciones voluntarias a la seguridad social y en Irlanda, a pesar de la Directiva, sólo existen los derechos derivados, y los cónyuges no pueden afiliarse por derecho propio a ningún régimen contributivo voluntario de la seguridad social.
6. El problema de la baja tasa de participación en regímenes de cotización voluntaria
El informe de los expertos jurídicos señalaba que, aunque la mayoría de los Estados miembros cumplían el artículo 6 de la Directiva, los cónyuges colaboradores que están protegidos por un régimen de seguridad social siguen siendo la excepción y no la regla. Los expertos reconocen, no obstante, que la mayoría tienen seguro de enfermedad. Existen pocas estadísticas fiables sobre esta situación, salvo en Francia, donde el cónyuge colaborador cuenta con un estatuto jurídico. Pero incluso en Francia, menos de un 10% de los cónyuges colaboradores se afilian a la seguridad social.
¿A qué se debe esta baja tasa de participación? El motivo más evidente es el coste, ya que los gastos adicionales que suponen estas cotizaciones pueden poner en peligro a muchas pequeñas empresas. Sin embargo, el informe de EIM señala que los costes podrían ser simplemente una excusa para negar la poca importancia que se le da a la protección de la mujer que colabora con su marido; según el informe, las cotizaciones del hombre nunca serían vistas como un coste adicional. Por otra parte, los costes no pueden ser el único factor, sobre todo, si se tiene en cuenta que, en Francia, el hecho de que ambos cónyuges puedan pagar actualmente la mitad de las cotizaciones y de que puedan percibir la mitad de la pensión no ha hecho aumentar las altas en la seguridad social de los cónyuges colaboradores.
La Sra. Marjolein Peters, experta de EIM que intervino en la audiencia pública convocada por la Comisión de Derechos de la Mujer, señaló que los cónyuges a menudo no se dan cuenta de los riesgos que corren al no afiliarse a la seguridad social hasta el momento del divorcio o el día de la jubilación, y entonces ya es demasiado tarde. A veces esto se debe a la falta de información sobre las opciones que se les ofrecen: los expertos jurídicos ponen como ejemplo un suceso preocupante ocurrido en Luxemburgo, donde una mujer que colaboraba en la actividad autónoma de su marido fue rechazada por una aseguradora médica con la excusa de que no recibiría nada en caso de enfermedad, lo cual no era cierto. Otro factor mencionado por la Sra. Peters son las actitudes tradicionales: muchas mujeres no se atreven a hablar de sus propias necesidades de protección social con sus maridos y algunas ven la cobertura individual como una amenaza a la vida familiar.
7. Cobertura voluntaria u obligatoria
La opinión mayoritaria expresada en la audiencia pública sobre los cónyuges colaboradores fue que la cobertura obligatoria con posibilidad de renuncia en casos excepcionales es la única manera de garantizar una protección social adecuada a los cónyuges colaboradores. Los regímenes de cotización voluntaria no han tenido el efecto deseado y se ofrecieron ejemplos alentadores de sistemas obligatorios que no han tenido efectos desastroso para las empresas.
Desde 1974, Luxemburgo ha mantenido un sistema obligatorio de cobertura para los cónyuges colaboradores y familiares que colaboran en la agricultura y actualmente este sistema se aplica también en el sector de la artesanía, en el comercio y en las profesiones liberales, aunque se contempla el derecho a renunciar a dicha cobertura en determinados casos. En Alemania, es obligatorio, desde 1995, que las mujeres de los agricultores concierten un seguro de vejez, trabajen o no en la explotación agrícola. También Grecia, desde 1987 los agricultores se han visto obligados a cotizar por sus cónyuges colaboradores. La población agrícola se resistió a estos cambios pero la Sra. Hara Georgiadou, de COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales Agrícolas de la UE) señaló que los agricultores se han adaptado y están empezando a ver no sólo los costes sino también los beneficios realmente de la cobertura de sus cónyuges. La Sra. Georgiadou señaló que, por lo tanto, las pequeñas empresas no deberían temer por su futuro bajo un sistema de cotizaciones obligatorias.
Varios de los expertos que intervinieron en la audiencia señalaron que los costes no tienen por qué aumentar si el jefe de la empresa está dispuesto a reducir sus propios derechos para que su cónyuge colaborador pueda tener derechos independientes. Además, unos sistemas flexibles con incentivos fiscales podrían reducir los costes, tal y como se explicará más abajo.
Independientemente de lo flexible que sea el sistema, está claro que no es viable exigir la cobertura obligatoria para todas las prestaciones; ni la ponente ni ninguno de los expertos consultados recomendarían esta solución. En opinión de la asociación belga de cónyuges colaboradores de médicos (ASCAM), si se estableciera un seguro de desempleo obligatorio, los costes serían tan elevados que todas las esposas que colaboran con sus maridos en este sector declararían ser “amas de casa” y seguirían evidentemente prestando colaboración profesional a sus maridos. Muchos de los expertos que intervinieron en la audiencia pública consideraron que el seguro para los cónyuges colaboradores debería ser obligatorio en los casos en que sea obligatorio para los trabajadores autónomos. Esto, evidentemente, variaría según los distintos Estados miembros pero, por lo general, significaría que los cónyuges colaboradores quedarían cubiertos en cuanto a pensiones de jubilación, asistencia sanitaria y maternidad y, en la mayoría de los casos, subsidios por hijos.
8. Derechos sucesorios
Los cónyuges colaboradores están, en muchos Estados miembros, en una situación desventajosa por lo que se refiere a los derechos sucesorios en caso de muerte del jefe de la empresa familiar. A pesar de los avances logrados en Francia en cuanto al reconocimiento del estatuto profesional de los cónyuges colaboradores, éste sigue siendo uno de los sectores peor protegidos por el Derecho francés en materia de sucesiones, ya que tienen prioridad los lazos de sangre, sin que se tenga en cuenta la aportación del cónyuge a la empresa. Las propuestas legislativas de 1995 mejoraron la situación para los cónyuges en Francia; otro ejemplo positivo es España, donde desde 1995 el cónyuge ya no tiene que pagar impuestos sobre la sucesión, cuando antes debía pagar el 25% del impuesto en comparación con el 10% con que se gravaba la herencia cuando pasaba de padre a hijo. La ponente desearía que todos los Estados miembros tomaran medidas para eliminar la discriminación contra los cónyuges que han contribuido a la empresa durante años.
9. Períodos de cotización
Las mujeres siguen siendo las que, por lo general, se hacen cargo del cuidado de los hijos y de los ancianos en nuestra sociedad, por lo que es muy probable que tengan interrupciones en su vida laboral. Esto puede afectar al nivel de las cotizaciones requeridas para tener derecho a las prestaciones que necesitan. Los informes que ha recibido la ponente sobre los períodos de formación exigidos en los Estados miembros no ofrecen mucha información al respecto, pero está claro que cuanto más largo es el período de inactividad más problemático resulta para la mujer, y esto puede afectar a sus derechos como cónyuge colaborador. En Francia, los períodos mínimos de formación se han suprimido, mientras que en Luxemburgo los años dedicados a los estudios y a la formación profesional así como al cuidado de los niños (“baby years”) cuentan como período de cotización para la pensión de jubilación. En Alemania y Luxemburgo el tiempo dedicado al cuidado de los hijos y de otros familiares también puede incluirse en el período de cotización a la hora de calcular el tiempo de formación y los derechos. La ponente desearía recibir más información sobre cómo se regula esta situación en otros Estados miembros y desearía ver tomadas medidas tales como las que ya se han tomado en algunos lugares de la UE.
Algunas peticiones formuladas a la ponente hacen referencia a la necesidad de garantizar a los cónyuges el acceso a la formación. Con demasiada frecuencia, el cónyuge colaborador se ve incapaz de seguir adelante con el negocio en caso de muerte o invalidez del marido, debido a su falta de formación y de cualificaciones. En algunos sectores, una formación en gestión empresarial, comercio e idiomas permitiría al cónyuge colaborador adquirir unos conocimientos que le darían la oportunidad de continuar con el negocio en caso de ausencia del marido, o de diversificar y cambiar el giro del negocio, especialmente, en el sector de las profesiones liberales, donde en la mayoría de los casos el cónyuge colaborador no podría seguir adelante con el ejercicio de la misma.
La propuesta de Directiva que presentó inicialmente la Comisión en 1984(7) hacía referencia a la obligación de los Estados miembros de garantizar la formación y el reciclaje de los cónyuges en las mismas condiciones que se ofrecen al trabajador autónomo, y la ponente comparte la opinión de las organizaciones de cónyuges colaboradores de que este punto debería incluirse en la nueva propuesta de modificación de la Directiva de 1986.
11. Representación en asociaciones profesionales
La propuesta de Directiva de 1984 también incluía la igualdad de derechos entre los trabajadores autónomos y los cónyuges de éstos que colaboran en su actividad en cuanto al sufragio activo y pasivo dentro de las asociaciones profesionales del sector en que trabajan (con la excepción de las profesiones liberales, dadas las cualificaciones especiales necesarias). A pesar de que el texto final de la Directiva no incluyó este punto, algunos Estados miembros sí lo han adoptado, por ejemplo Francia, donde se ha aprobado junto con el reconocimiento del estatuto del cónyuge colaborador, aunque, una vez más, la tasa de participación es baja, según informes. La organización ACTIF atribuye esta baja tasa de participación a que los cónyuges no conocen sus derechos y a las dificultades a la hora de cumplir los requisitos para las elecciones, pero también al viejo problema con el que se enfrentan muchos cónyuges colaboradores de combinar las labores del hogar con el trabajo en la empresa. Sin embargo, tal y como explicaba la Sra. Peters en la audiencia pública, es fundamental que los cónyuges colaboradores tengan derecho a votar y a ser elegidos en las elecciones a sus cámaras profesionales o a las asociaciones profesionales de su sector ya que ésta es una plataforma muy útil desde la cual trabajar para la mejora del reconocimiento de su trabajo y para el fomento de sus derechos fundamentales.
12. Flexibilidad e incentivos fiscales
La ponente propone el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores y la afiliación obligatoria a la seguridad social cuando esto sea obligatorio para los trabajadores autónomos, y está estudiando un posible estatuto jurídico para los cónyuges colaboradores en el cual quedarían incluidos el derecho a la formación y a la representación en asociaciones profesionales. Todo esto no se puede fijar de manera rígida a nivel comunitario. Debe haber una flexibilidad dentro de los objetivos generales para que los Estados miembros puedan introducir las medidas adecuadas en sus sistemas nacionales.
Es posible establecer un sistema flexible de cotizaciones a la seguridad social, sobre todo, porque esto podría ayudar a superar los temores ante la posibilidad de que una pequeña empresa tenga que doblar sus cotizaciones si se obliga a cotizar por separado a los cónyuges colaboradores. Se podría establecer un sistema flexible en el cual las cotizaciones se basaran en un porcentaje de las rentas de la empresa o de las rentas personales o en una parte del tope máximo de cotización previsto por la seguridad social; en los casos más flexibles, cada individuo podría decidir el nivel de su protección y de sus cotizaciones. Cuanta mayor flexibilidad, mayor probabilidad habría de que el cónyuge colaborador se afiliara a un régimen de cotizaciones voluntarias con el consentimiento de su marido, según la conclusión de la Sra. Peters de EIM.
Otra manera de alentar a las empresas para que reconozcan a los cónyuges colaboradores y paguen cotizaciones para su protección social es a través de un sistema fiscal flexible. En algunos Estados miembros las cotizaciones a la seguridad social en favor de los cónyuges colaboradores son desgravables de las rentas de la empresa. Además, en Francia, desde 1994, hasta un 35% de los costes de formación profesional para los cónyuges colaboradores se pueden desgravar. Esto, evidentemente, no es lo más frecuente, por lo que la ponente considera que las cotizaciones a la seguridad social del cónyuge colaborador, así como las cotizaciones del trabajador autónomo, deberían desgravar sean o no obligatorias.
Los expertos jurídicos también señalan ejemplos tales como el Reino Unido, donde las cotizaciones para pensiones podrían ser desgravables si los cónyuges colaboradores pudiesen contribuir a nivel individual, pero mientras estos cónyuges sólo puedan obtener una pensión por derechos derivados, las empresas no se podrán beneficiar de este incentivo fiscal.
En cuanto a la cuestión de la desgravación fiscal de los salarios de los cónyuges colaboradores, la situación es mucho más complicada y, tal y como propuso la Sra. Peters en la audiencia pública, es necesario estudiar más minuciosamente las consecuencias. Por el momento, la situación varía enormemente según los distintos Estados miembros: en Luxemburgo, por ejemplo, los salarios de los familiares que colaboran, con trabajadores autónomos son desgravables pero no los de los cónyuges colaboradores; en Italia, hasta un 49% de las rentas de la empresa pueden ir al cónyuge, y los cónyuges pagan su parte proporcional de los impuestos, lo cual fomenta el reconocimiento del cónyuge colaborador, aunque este sistema no se aplica ni a las profesiones liberales ni al sector agrícola; en Francia y en Bélgica, la remuneración de los familiares que colaboran son desgravables mientras no se sobrepase un nivel máximo.
Las asociaciones que representan a los cónyuges colaboradores en Francia están pidiendo una desgravación fiscal total independientemente del estatuto de la empresa o del cónyuge. La ponente desearía ver este tipo de iniciativas en otros Estados miembros, pero, si esto no fuera posible a nivel comunitario, sigue creyendo que los Estados miembros deberían estudiar el tema de los incentivos fiscales en este ámbito como una manera de fomentar el reconocimiento y la protección de los cónyuges colaboradores.
13. Información y sensibilización
Según el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva de 1986, sólo Francia y el Reino Unido han elaborado una política informativa específica de conformidad con el artículo 10 de la Directiva. Luxemburgo es criticado en el mismo informe por la falta de una política de información a los cónyuges sobre sus derechos. La campaña informativa llevada a cabo en Bélgica se considera ineficaz. En Francia, a la vista del escaso número de altas para acogerse al estatuto jurídico del cónyuge colaborador, la campaña del gobierno francés tampoco parece haber sido muy eficaz, aunque en un principio fue bien recibida por la asociación de cónyuges colaboradores por informar al público sobre los tres estatutos posibles, sus ventajas y sus costes, y los riesgos que implica la falta de un estatuto jurídico.
Está claro que las publicaciones informativas no son suficientes. En opinión de la ponente, el seguimiento debería consistir en una promoción activa de las ventajas de tener un estatuto jurídico reconocido y en una sensibilización del público en cuanto a los peligros que implica la falta de una protección social. Para ser eficaz, esto requeriría una cooperación mucho más estrecha de la que se ha dado hasta el momento. La ponente desearía que los organismos gubernamentales competentes en materia de PYME y de igualdad de oportunidades coordinaran unas campañas de información en las que participaran también las ONG femeninas así como las asociaciones profesionales de los sectores afectados. Al parecer, son pocas las ONG femeninas que defienden la causa de las esposas auxiliares y, desafortunadamente, las organizaciones profesionales en algunos Estados miembros muestran poco interés por estos asuntos.
Afortunadamente, el COPA y la UEAPME han desarrollado una gran actividad en este ámbito y el FEM se ha establecido a nivel europeo para hacer campaña en favor de las mujeres en las PYME. El FEM ha elaborado un plan de acción de cinco años que incluye un banco de datos sobre la situación de los cónyuges colaboradores en la UE, asistencia para la formación de los cónyuges colaboradores y seminarios orientados hacia la sensibilización acerca de los derechos de los cónyuges colaboradores. Esta iniciativa merece el apoyo de los gobiernos de la UE así como de las ONG.
La Directiva de 1986 fracasó estrepitosamente en su objetivo de proporcionar protección a las personas que colaboran en la actividad profesional de sus cónyuges. Hay muchas carencias, incluso en lo que se refiere a la posibilidad de afiliarse a un régimen de seguridad social voluntario y, cuando esta posibilidad existe, la participación es muy baja. Sólo se han producido progresos en aquellos países en los que se asegura obligatoriamente a los colaboradores contra los riesgos de vejez y enfermedad, como por ejemplo en el Gran Ducado de Luxemburgo con los subsidios de maternidad. Los Estados miembros, en general, no han modificado sus legislaciones para dar cumplimiento a la Directiva y cuando han realizado reformas en el ámbito de los derechos de los cónyuges colaboradores, no siempre se ha debido a la Directiva.
Los cónyuges colaboradores siguen estando frecuentemente en una situación extremadamente vulnerable, especialmente después de un divorcio o de la muerte del marido, y deben poder tener acceso a prestaciones individuales independientemente de su relación matrimonial. Se trata de una cuestión muy compleja ya que el logro del objetivo de una protección social adecuada para los cónyuges colaboradores implica que los Estados miembros deberán adaptar su Derecho fiscal, sus sistemas de seguridad social y su Derecho matrimonial. Evidentemente, se plantean en este ámbito cuestiones de subsidiariedad, pero la ponente cree firmemente que necesitamos un marco comunitario dentro del cual los Estados miembros puedan proporcionar la protección necesaria a los cónyuges colaboradores.
La ponente ha hecho referencia en este informe a la propuesta de Directiva de 1984 que precedió a la directiva del Consejo de 1986. Esta propuesta era mucho más vinculante, en particular, si se analizan los artículos 7 y 8 del texto de 1986, ya que obligaba a los Estados miembros a garantizar unos derechos básicos para los cónyuges colaboradores. Estos derechos incluían la remuneración, una cobertura independiente de la seguridad social que incluyera prestaciones por embarazo y maternidad, el reconocimiento de su situación a través de su asociación profesional, el derecho a votar y ser elegido para un cargo en su asociación profesional y el acceso a la formación así como los servicios de sustitución necesarios en caso de maternidad. La ponente desearía que la nueva propuesta de Directiva se asemejara a la propuesta de 1984 y que incluyera el registro obligatorio de los cónyuges colaboradores, un estatuto jurídico que estableciera unos derechos mínimos a la seguridad social, que entre estos derechos figuraran las prestaciones por maternidad y enfermedad, la pensión de jubilación (para lo cual sería obligatoria la cotización en los casos en que fuera obligatoria para los trabajadores autónomos), la formación profesional y el derecho a representación en las asociaciones profesionales del sector en el que trabajen.
Veamos el otro ángulo de la noticia; se dice que la Chacra no es del Presidente, sino de su Sra o que la Administra él.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/222321/mujica-declaro-un-patrimonio-de-us-215230/
http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=2564
http://www.elobservador.com.uy/noticia/239796/mujica-paso-de-un-patrimonio-neto-de-34cero34-a-uno-de–4203000/?referer=noticias-al-mediodia
Pero él trabaja, o por lo menos dicen los medios que trabaja en la Chacra.
http://youtu.be/YVbJCCg11Tg
http://www.youtube.com/watch?v=zmiqIiRze1o
http://www.youtube.com/watch?v=XThrfg_6SAU
Pero en las últimas elecciones del BPS no pudo votar, ¿Un cónyuge colaborador no puede votar si aporta?
Sobre el Perfume del Pepe:
No existe el “Perfume del Pepe”, fue una creación para una exposición.
http://www.elmundo.es/america/2012/11/26/noticias/1353953428.html
http://www.elpais.com.uy/121124/ultmo-677682/ultimomomento/el-perfume-del-pepe-en-video/
http://www.lr21.com.uy/politica/1075695-el-perfume-del-pepe-sera-fresco-que-tenga-que-ver-con-la-tierra-y-se-llamara-u-from-uruguay
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