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Timestamp: 2018-04-19 15:41:53
Document Index: 101480319

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 73', 'Artículo 61', 'artículo 113', 'artículo 108', 'artículo 102', 'artículo 98']

El imperium de las magistraturas romanas - Apuntes UNED
El imperium de las magistraturas romanas
Magistrado es el cargo político en virtud del cual su titular tiene la facultad y el deber de ejercer en nombre de la Res publica romana, una serie de funciones y de realizar una serie de actos propios de su cargo.
En cuanto a su naturaleza jurídica, se discute, si deben considerarse como auténticos representantes de la voluntad popular. Algunos defienden que los magistrados serían mandatarios de los Comicios, si bien, es bastante improbable que su poder pudiera retirarse por aquellos antes de haberse concluido el período, normalmente anual, de duración en el cargo.
Las funciones de las magistraturas coincidirían con la función de gobierno que hoy encarna el poder ejecutivo, presente, sobre todo, en los distintos órganos que componen la Administración pública.
La expresión "poder ejecutivo" hace referencia a aquel conjunto de órganos que tienen reconocidas facultades de efectivo gobierno; si bien haría, asimismo, referencia a esos órganos que se limitarían a ejecutar lo que se ha acordado por el Parlamento que representa al poder legislativo del Estado.
En este sentido, pudiera parecer que la acción del Gobierno estaría limitada a la ejecución de lo ya decidido y que no tendría facultad alguna de decisión, lo cuál no responde a la realidad.
La regulación básica y el marco normativo fundamental del poder ejecutivo del Estado está recogido en el Título IV de la Constitución que lleva por rúbrica "Del Gobierno y de la Administración". El Gobierno posee sustantividad y singularidad dentro del más amplio poder ejecutivo. Simplificando, puede decirse que la Administración se sitúa bajo el mando del Gobierno.
Las Magistraturas romanas eran cargos de elección popular y abiertos en cuanto al acceso.
En nuestro tiempo, puede constatarse una ampliación de las facultades del Gobierno de tal forma que el riesgo es que el Gobierno invada parcelas reservadas constitucionalmente a los otros dos poderes que son el legislativo y el judicial.
Nuestra Constitución enuncia el amplio elenco de funciones que le corresponden. De la simple lectura el artículo 97 puede deducirse:
"El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes".
Se distingue entre magistraturas ordinarias y extraordinarias. Se llaman ordinarias, aquellas que rigen la República en condiciones normales y se renuevan anualmente. Las magistraturas extraordinarias son aquellas configuradas para circunstancias excepcionales para solucionar las necesidades de emergencia.
Esta distinción se da en la actualidad en la organización de los poderes de gobierno del Estado.
No obstante un Real Decreto de 1986, modificado por otro de 1995, configura una Comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis que pudieran poner gravemente en riesgo la vida o seguridad, lista Comisión está integrada por el Presidente y los Vicepresidentes del Gobierno junto con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda e Interior. Podrán también formar parte de la misma aquellos Ministros, altos cargos de la Administración e incluso personas particulares que se designen por el Presidente.
A esta Comisión le corresponde aprobar las normas que sean necesarias para resolver la crisis o emergencia y aprobar los planes y programas que contribuyan a garantizar el funcionamiento normal de la vida ciudadana. Esta Comisión ha sido sustituida por un denominado "Gabinete de crisis" constituido sólo por los Ministros afectados bajo la dirección del Presidente del Gobierno.
Otro criterio en la Roma republicana de distinción entre las magistraturas es el que diferencia entre magistrados mayores -Cónsules, Pretores y Censores- y magistrados menores Ediles y Cuestores. Los Comicios centuriados tenían asignada la función electoral respecto de las magistraturas mayores y los Comicios por tribus respecto de las magistraturas menores.
El criterio de clasificación más importante es el que distingue entre magistrados con y sin imperio. La opinión tradicional conceptúa el imperium como un poder unitario, inicialmente absoluto, que correspondería al Rey y que pasaría a los magistrados que en la República ostentaban el máximo poder de gobierno.
En la estructura de la Roma arcaica, el concepto de imperium sería unitario, por lo que el Rey asumiría poderes religiosos y civiles.
Por el contrario, desde las primeras etapas republicanas, debe distinguirse entre imperium militae e imperium domi. Ya en la República romana se diferenció muy tempranamente entre las competencias civiles y militares. Así, el imperium militae cesaba al entrar en el recinto de la civitas, por lo que el jefe militar tenía la obligación de deponer sus armas.
Imperium y potestas
El imperium es un poder global que abarca un conjunto plural compuesto por diferentes funciones. Los magistrados dotados de imperium pueden:
Tomar los auspicios en colaboración con los Augures, que constituían uno de los Colegios sacerdotales de más prestigio e influencia en la vida ciudadana. En la República pervive, durante toda esta etapa, la ancestral costumbre de la toma de los auspicios, con los que se trata de averiguar la voluntad de los dioses para saber si eran o no favorables. Se distingue entre auspicia publica y auspicia privata.
El imperium comprende el poder de coercitio, aquel poder de reprensión penal por el que pueden perseguir y castigar imponiendo penas aflictivas a quienes cometan delitos públicos.
Existen distintas manifestaciones de la coercitio, siendo el más severo el ejercicio del derecho de vida o muerte, ius vitae necisque, por el que se podía imponer la pena capital.
El principal límite al ejercicio de la coercitio lo constituyó el derecho de los ciudadanos romanos a apelar al Comicio, provocatio ad populum.
En los primeros estadios de la etapa republicana, los magistrados tenían facultad de considerar como crimina, acciones que no se encontraban tipificadas como tales en ninguna disposición legal. Esta facultad atenta contra el principio de seguridad jurídica al no respetar el principio de legalidad penal.
Este importantísimo principio implica, en la actualidad, las siguientes garantías: garantía criminal, nudum crimen sine lege, garantía penal, nulla poena sine lege, y garantía jurisdiccional, nulla poena sine légale indicio.
A partir de finales del siglo III a.C, la sanción de determinados actos deüctuales públicos pasó a ser competencia de Tribunales denominados Quaestiones extraordinariae, que se constituían en relación con el concreto crimen que perseguían.
Estos Tribunales que eran circunstanciales y temporales, terminan trasformándose desde la mitad del siglo 1 a. C, en órganos jurisdiccionales permanentes lo que explica que pasen a denominarse Quaestiones perpetuae. El Tribunal es competente tanto para la instrucción como para su tramitación que concluye con el fallo o sentencia, respecto de la que no cabe apelación, en estricta vía judicial.
En el Principado surgirá un nuevo proceso penal en el que la sentencia admite una appellatio configurándose la doble instancia. Así, la coercitio desaparece total y definitivamente en la etapa imperial.
El imperium comprende el ejercicio de la iurisdictio, que consiste en la facultad de dirección y control del proceso civil. A consecuencia de la promulgación de un conjunto Leyes, denominadas Liciniae-Sextiae de 367 a.C. la iurisdictio se ejerce de forma exclusiva por la Pretura. El Pretor dirige y conduce el proceso civil desde la fase in iure a la fase apud iudicem, en la cual el protagonista será un ciudadano con poder de juzgar, y que es designado por las partes. El Pretor tiene la facultad, en la primera fase, de señalar o decir el Derecho que es aplicable al concreto conflicto.
También en el ámbito de la civil, desde el siglo I d.C. surge un proceso llamado extraordinario, cognitio extraordinem, que se consolida convirtiéndose en ordinario y que trasforma radicalmente el procedimiento.
Desaparece la iurisdictio del Pretor y también la diferenciación entre dos fases en el proceso. La sentencia es ya pronunciada por un cuerpo de jueces dependientes de la cancillería imperial. Además, se establece un sistema de recursos, como consecuencia de lo cual puede procederse a la apelación de la sentencia a los Tribunales superiores.
Los magistrados con imperio tienen un poder normativo, ius edicendi, que les faculta para dictar normas a través de los Edictos, cuyo contenido era obligatorio para todos los ciudadanos. Su vigencia coincidía con el tiempo de mandato de su magistratura.
Actualmente, también el poder ejecutivo se configura como una fuente de creación del Derecho.
El Consejo de Ministros puede dictar normas a través de la aprobación de los correspondientes Reales Decretos y cualquier Ministro, a través de las Órdenes ministeriales. El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno "la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes".
Otro poder del imperium es el denominado ius agendi cum populo.Se trata de la convocatoria del magistrado bien sea de un Comicio legislativo; un Comicio electoral; o un Comicio con funciones judiciales.
A diferencia de la Roma republicana en la que el Comicio no tenía capacidad de autoconvocarse, en la actualidad el Parlamento tiene poder de convocatoria sin que sea precisa su convocatoria por un órgano externo.
Por lo que se refiere a las sesiones de carácter ordinario, el artículo 73 de la Constitución establece que: "Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio". Lo mismo se reitera en el Artículo 61 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
En cuanto a las sesiones de carácter extraordinario el párrafo 2° del mismo articulo de la Constitución señala que: "Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado".
También corresponde al imperium, el llamado ius agendi cum patribus, que es el derecho de convocar al Senado. El Cónsul, reunía al Senado a los efectos de pedir el parecer de los miembros.
Son magistrados con imperio el Cónsul y el Pretor, con carácter ordinario; y el Dictator y algunas magistraturas colegiadas con carácter extraordinario. Cada una de ellas estaba investida de los poderes que se consideraron los adecuados y convenientes.
En contraposición a las magistraturas con imperio están las magistraturas cum potestate. La potestas es un poder determinado y específico que se concede a cada magistratura, tienen potestad los Censores, Ediles y Cuestores para el desempeño de la concreta función que se le asigna.
Cualquier magistrado que formase colegio con otro en la misma función, podía interponer su veto.
Los caracteres generales de las magistraturas romanas son cinco: electividad; anualidad; colegialidad; gratuidad; y responsabilidad.
Electividad. Los magistrados son elegidos por votación popular en las Asambleas Populares. La representatividad y legitimación democrática la reciben directamente del pueblo elector.
En la actualidad, ni el Presidente de Gobierno, ni los miembros del mismo obtienen la representación popular de forma directa. El Presidente del Gobierno no resulta elegido por el pueblo, sino que procede de una votación en la que el Parlamento elige a un candidato.
Su nombramiento se produce después de la celebración de las elecciones generales y la consiguiente constitución de las Cámaras.
Una vez elegido, el Presidente procede, a designar a los miembros de su Gobierno.
Anualidad. La duración normal en el cargo es anual. Este principio general sufre algunas excepciones: el colegio de Censores, es designado cada cinco años, y presenta una duración en su cargo de 18 meses; y el Dictator que tiene una duración determinada por razón de la causa de su nombramiento si bien, en ningún caso, podía otorgársele poder por un periodo superior a 6 meses.
Actualmente en nuestro sistema constitucional, la duración del cargo de Presidente dura cuatro años.
A pesar de esta duración cuatrienal, la Cámara puede retirar su confianza al Presidente antes del término de su mandato. Esta posibilidad obedece a la capacidad del Parlamento de ejercer control sobre el poder ejecutivo. Resulta evidente que siendo el Gobierno quien ostenta mayor poder dentro del aparato del Estado, sea quien deba estar más controlado.
Entrando en el detalle normativo, el artículo 113 de la Constitución otorga al Congreso de los Diputados la competencia para la adopción de una moción de censura. Ello es consecuencia de lo dispuesto en el artículo 108 que establece que el Gobierno debe responder políticamente ante el Congreso de los Diputados.
Diferenciada de la "moción de censura se encuentra la "cuestión de confianza". Este precepto señala sus principales requisitos. Solamente tiene capacidad de plantearla el Presidente del Gobierno. Ello es absolutamente lógico, pues es el Presidente quien obtiene el respaldo de la Cámara que en un momento, determinado puede interesarle revalidar.
No obstante, la decisión del Presidente debe ser adoptada "previa deliberación del Consejo de Ministros’’.
Volviendo sobre la Roma republicana, el carácter anual de sus magistraturas fue una reacción contra el poder indefinido del Monarca. Estaba absolutamente prohibida la acumulación de varias magistraturas en una misma persona.
En cuanto a la reelección de una persona en la magistratura que desempeñaba, al principio en la República se admitió, si bien más tarde fue limitada rigurosamente. Así, se exigió que hubiesen transcurrido diez años desde el anterior. Se prohibió la reelección respecto de los Censores. Se establecieron también limitaciones a la reelección de las demás magistraturas, exigiendo que trascurriesen al menos dos años entre cargo y cargo.
Colegialidad. Todos los cargos, excepto el de Dictador, fueron colegiados. Significa que eran investidos de idénticas funciones, varios ciudadanos para un mismo período de tiempo y de ordinario en número par. Cada magistrado podía ser paralizado en su actuación política como consecuencia del ejercicio de veto, llamado intercessio.
El sistema de colegialidad puede hacernos pensar que llevaría a una situación de ingobernabilidad, por la falta de acuerdo entre las personas que gobernaban. En la práctica fue frecuente en Roma que las personas que formaban el colegio procediesen a un reparto de las funciones del cargo o a un turno en el ejercicio del poder.
Esto no impidió que se ejercitase el veto de un magistrado a su colega, cuando lo considerase inevitable para salvaguardar los intereses generales. La colegialidad no se practica en la actualidad.
Gratuidad. El cargo de magistrado era esencialmente gratuito. Este principio fue observado con gran rigor en la época de pureza republicana, respecto del ejercicio del imperium domi.
Incluso su ejercicio resultaba costoso para el patrimonio de la persona que lo desempeñaba.
Así, existía la costumbre de sufragar la construcción de templos, obras públicas, estatuas. De ahí que, a las familias de la nobilitas les costaba una fortuna sostener y ayudar a sus jóvenes.
En la actualidad, que todos los cargos públicos están lógicamente retribuidos. Debido a una cierta profesionalización de la vida política.
Responsabilidad. Dentro de los cinco días siguientes a su elección, el magistrado debía jurar que actuaría en sus funciones públicas con respeto y sometimiento al orden jurídico.
Igualmente, al acabar el período de mando el magistrado volvía a jurar haber obrado de acuerdo con la Ley. Durante su mandato, por el contrario, no podía ser entorpecido en su gestión ni respondía de la misma. AI término del mandato, el Tribuno de la plebe podía pedirle cuenta de su gestión política ante los Comicios por Tribus.
En la actualidad, se le pueden pedir dos tipos de responsabilidades: la responsabilidad política y la jurídica. Tratándose del Gobierno, en los artículos 108 y siguientes dice: "El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados".
Esta posibilidad se desarrolla concretamente en los artículos 110 y 111 que establecen:
"Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno".
"El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. En las mismas, el propio Presidente de Gobierno da cuenta de su actuación en el Pleno del Congreso y debe contestar a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios".
Este control y solicitud de responsabilidad política puede, pues, solicitarse no solo al Presidente sino a cualquier Ministro, ante el Pleno o ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Puede exigirse también al Presidente del Gobierno y a los Ministros de su Gabinete una responsabilidad judicial. Se trata en este supuesto de un control que se ejerce por los Tribunales del que podría resultar una declaración de ilegalidad y nulidad de sus actos administrativos.
Por último, debemos referir la posibilidad de solicitar una responsabilidad penal del Gobierno que establece el artículo 102 de la Constitución que:
"La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo".
El Presidente del Gobierno y los Ministros, solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, y supone la exclusión del derecho de gracia para estos supuestos, ya que si esta medida debe ser aprobada por el Consejo de Ministros parece inconveniente que los miembros del propio Gobierno pudieran aprovecharse de ella.
Cualquiera de estas responsabilidades pueden ser solicitadas sin que sea preciso esperar al término de su mandato.
Cónsules y Pretores
Los historiadores romanos enlazan el nacimiento de la República con la propia aparición del Consulado. Así, se confecciona una lista que recoge los nombres de las dos personas que, cada año, habían encarnado el Consulado, partiendo de la proclamación de la República. Esta lista, se denomina fasti consulari y se remonta al año 509 a.C.
El Cónsul, probablemente, fuese en su comienzo un cargo militar que irrumpe en la vida política de la civitas como magistrado ordinario. Ejercita muy frecuentemente el ius agendi cum populo y el ius agendi cum patribus y el ejercicio del ius edicendi que se considera poco corriente. Respecto a la coercitio, ejercieron sus facultades durante bastante tiempo y formaban parte de los Tribunales Senatorio-Consulares.
Una de las funciones más destacadas es la iniciativa legislativa que le permite presentar propuestas legislativas ante los Comicios para que se pronuncien respecto de la aprobación de una Ley. En la actualidad la facultad de presentar proyectos de Ley al Parlamento la ostenta el Consejo de Ministros.
El Cónsul se elige por los Comitia centuriata. La crisis del Consulado comienza en Roma con el nombramiento de un Cónsul individual, consul sine colega, sin respeto al principio de colegialidad.
Esta crisis se agrava con la práctica de prorrogar en el cargo a una persona que había finalizado el año de su mandato. En esta crisis política se forma el primer triumvirato por parte de César, Pompeyo y Craso con la teórica pretensión de reconstruir la República.
Después del asesinato de Julio César se conforma un segundo triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, que termina, al igual que el primero, en guerra civil.
El final de la República se produce con Octavio Augusto que último tercio del siglo I a.C instaurando de facto un nuevo régimen político que se conoce como Principado que puede ser considerado un sistema de transición entre la República y el Imperio.
El Consulado pasa a ser en el siglo I d.C, una magistratura simbólica. Con Augusto el cargo dura en ocasiones seis meses; y más tarde hay Príncipes que nombran Cónsules para uno o dos meses.
El órgano constitucional actual que tiene ejercicio de funciones de gobierno tal como la desempeñaron los Cónsules sería Presidente de Gobierno tal como dice el párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución que establece: "El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión".
En cuanto a sus orígenes se entiende que, a fines de la época monárquica, existirían tres Pretores que algunos señalan como jefes de las tres tribus primitivas de Roma. Se señala que, poco a poco, se establecería una jerarquía entre los mismos, siendo uno considerado como Pretor máximo que sería auxiliado por dos Pretores menores.
Un sector doctrinal piensa que la Pretura sería la magistratura que se encargaría del gobierno de la ciudad, frente al consulado que ejercía su mandato militar fuera de ella.
En el siglo IV a.C. la aprobación de las Leyes Licinias encarga al Pretor el ejercicio de la iurisdictio. Se habla de un Pretor urbano que, desde el 367 a.C, organiza y dirige los procesos en la ciudad de Roma.
En el año 242 a.C. se configura una magistratura paralela al Pretor urbano, que es el Pretor peregrinus que tenía competencia para ejercer el poder de iurisdictio en la dirección de los procedimientos judiciales, cuando uno de los litigantes o ambos no eran ciudadanos romanos.
Una facultad importantísima del Pretor es su ius edicendi, facultad de dictar Edictos. Los Pretores publicaban, al comenzar a ejercer su cargo, el Edictum perpetuum, que tenía validez durante el año que duraba la magistratura. Por el contrario, las resoluciones edictales dictadas para resolver un caso concreto se denominan Edicta repentina y sólo tienen vigencia para el caso para el que se dictan.
Fue frecuente que las personas que se sucedían en la Pretura recogiesen en su Edicto, los contenidos del Edicto de sus predecesores. Esta parte que se asume del anterior se denomina Edictum traslaticium, mientras que al conjunto de nuevas disposiciones introducidas por el colegio de Pretores se le conoce como Edictum novum, siendo los referidos Edictos partes del mismo.
Un célebre jurista llamado Salvio Juliano realiza la codificación de los precedentes Edictos perpetuos. Esta obra conocida como “Edicto Perpetuo” es esencial para la comprensión del Derecho Romano, ya que las normas jurídicas en él contenidas constituyen lo que se denomina Derecho Pretorio o Derecho Honorario suple las lagunas y otras incluso las corrige del ius civile.
En relación con su carácter supletorio del ius civile, si el Pretor considera que una situación no amparada por éste es digna de ser protegida, puede otorgarle protección pretoria.
El Pretor es un magistrado con poder jurisdiccional, por lo que está en contacto directo con la problemática jurídica en su faceta más práctica o forense. Muchas instituciones que nacieron en el ámbito pretorio se asumieron por el ius civile.
El Pretor puede corregir lo dispuesto en el Derecho Civil. Y ello se explica cuando el Pretor protege una situación no amparada en el ius civile en contra de otra que si lo está. En este sentido, deja sin efecto la protección procesal de una situación reconocida por el Derecho civil.
Ediles y Cuestores
La magistratura edilicia tiene origen en la función de representación de la clase plebeya. Su primera misión parece que sería custodiar los Plebiscitos.
Los Ediles de la Plebe eran elegidos por los Concilia Plebis y los Ediles Curules eran elegidos por los Comitia Tributa.
Los Ediles curules eran magistrados sin imperium. Sus funciones son de orden administrativo, vigilancia del orden público, cuidado de la ciudad, policía, salud pública. Desempeñaban las funciones de los actuales concejales, como paralelismo.
Para regular las transacciones comerciales tuvieron la facultad de dictar su propio Edicto en el cual establecían normas que regulaban las ventas.
Su origen puede reconocerse, en la época monárquica, en la figura de los Quaestores parricidii.
Otros autores señalan que la Cuestura republicana nada tendría que ver con aquellos órganos jurisdiccionales auxiliares del Rey. En la República la Cuestura se configuró como una magistratura sin imperium , elegida en Comitia tributa. Constituyen el primer escalón en el cursus honorum.
Se distingue entre los Cuestores urbanos y los Cuestores militares. Los primeros asumirían ciertas competencias financieras y económicas. Podría incluso reconocerse esta función de control de los fondos públicos, en los mismos Quaestores militares si se entiende que acompañarían a quien ejerciese el mando sobre las legiones, para la administración y el control de la financiación económica de la campaña bélica.
Los Quaestores urbani se encargarían de administrar el Erario público; del cobro a los deudores del Estado y gestionan el cobro de los tributos bajo la vigilancia y la dirección del Senado.
Censores y Tribunos
La Censura presenta ciertas singularidades que la diferencian del resto de las magistraturas ordinarias. En primer lugar, la Censura formada por dos personas, es objeto de una propuesta realizada directamente por el Cónsul. Su investidura solemne, se realiza ante los Comicios centuriados mediante la aprobación de la Lex de potestate censoria.
Otro rasgo diferenciado es que está en funciones 18 meses, procediéndose a su nombramiento cada lustrum.
Es una magistratura que no posee imperium sino potestas y debía recurrir a la coercitio de los magistrados mayores contra quien tratara de eludir su inscripción en el censo. La mayoría de la doctrina se inclina por pensar que tendrían derecho a asistir e incluso a intervenir en las sesiones del Senado y que, además, no estarían sometidos en el ejercicio de su funciones a la intercessio de otros magistrados.
Durante largos periodos de la República los Censores llegan a controlar la vida pública romana y su opinión goza de enorme influjo social. El prestigio de esta magistratura se debe a la personalidad, a la auctoritas personal, de muchos de quienes la desempeñaron, sobre todo, a partir de Marco Porcio Catón.
La principal función del colegio de los Censores es la realización del censo que se hacían en el Campo de Marte. Los principales datos que figuraban eran: encuadramiento de cada ciudadano en la centuria y en la tribu que le correspondía y expresión de la riqueza de cada ciudadano. El censo es principal herramienta para el pago y recaudación de tributos.
Cada ciudadano hacía su declaración bajo juramento y con estos datos el Censor confeccionaba las tablas del censo. En ellas, se podía incluir un juicio personal del Censor sobre la conducta moral de una persona. Este juicio de moralidad pública, nota censoria, podía referirse a: su comportamiento militar; el ejercicio de una función pública; su piedad religiosa; su actitud como juez o testigo; sus deberes familiares y sus costumbres referidas al lujo inmoderado, entre otras. Los Censores eran libres, siendo el único límite su colegialidad.
Importante trascendencia política tenía la nota censoria cuando esta afectaba o recaía sobre un Senador o alguien con derecho a ingresar en el Senado. En el año 312 a.C. la aprobación de la Lex Ovinia modifica el sistema de designación de Senadores, concediendo este importantísimo poder a los Censores.
Cada cinco años los Censores debían de confeccionar una lista de ex magistrados. Los Censores tienen la facultad de excluir de esta lista a quienes no consideren dignos de ingresar en el Senado. Esta facultad era muy delicada y se prestaba a posibles arbitrariedades de los Censores. Para impedirlo se impuso la costumbre de escribir junto al nombre de la persona excluida, el motivo de indignidad.
Si el Senado tiene un fuerte influjo en la vida política se comprende el poder fáctico que poseían los Censores al controlar el acceso al Senado.
El propio Augusto se proclamó Censor. Con el tiempo esta magistratura acaba vacía de contenido.
Desde la proclamación de la República la vida política romana se vio sacudida por los conflictos entre las dos clases sociales existentes: patriciado y la plebe.
El conflicto entre patriciado y plebe presentó tres grandes frentes. Primero el político, ya que la plebe luchó por acceder a las magistraturas y a los cargos sacerdotales. Segundo el social, pues, la plebe trata de que desaparezcan las diferencias entre ambas clases. Tercero el económico, en el que la plebe intenta rebajar los altos tipos de interés en los préstamos y participar en el reparto del ager publicus.
En todas estas luchas cumplieron un papel determinante los Tribunos de la plebe que trata deeliminar toda situación de privilegio patricio.
Su cargo no formaba parte del cursus honorum, por lo que no tenía representatividad oficial. Su persona era considerada sacrosanta y quien atentase contra la misma era considerado homo sacer, consagrado a los dioses infernales.
Para alcanzar sus objetivos la plebe acudió a una medida de coacción que consistió en retirarse fuera de la ciudad dejándola inerme frente a un eventual ataque exterior. La primera gran secesión de la plebe se produce en el año 494 a.d.C. Ante la dramática situación de riesgo el Senado manda a Menenio Agripa para que los ciudadanos de la clase plebleya retornen al recinto de la civitas.
En el año 449 a.d.C. se dictan las leyes Valeriae-Horaciae que sancionan con carácter de Ley la inviolabilidad del tribuno. Su inviolabilidad pasa a ser oficial. A partir de la aprobación de este conjunto de Leyes, el Tribunado pasa a convertirse en una magistratura más de la República. Dejan de ser elegidos por los Concilia Plebis, que acaban por desaparecer y su elección se efectúa en los Comicia Tributa.
Cuántas personas constituirían el Colegio de los Tribunos no está suficientemente aclarada.
Tito Livio refiere la existencia de dos Tribunos. Otras fuentes hablan de cinco.
En cuanto a su poder partiendo desde la de defender los intereses de la plebe, asume el relativo al control de la actividad política y la gestión de gobierno del resto de los magistrados. En este sentido, pueden interponer su veto frente a las propuestas de Ley de los Cónsules pretendan presentar ante los Comicios. Este poder de veto tiene una gran importancia ya que puede paralizar la acción política de las demás magistraturas.
Dictador, como magistratura extraordinaria
El Dictator constituye la magistratura suprema extraordinaria. Algunos autores suponen que el paso de la Monarquía a la República se produciría a través de una magistratura unipersonal que ostentaría los poderes absolutos reales, pero sólo temporalmente. Si ello fuese así, podríamos encontrar en este cargo un antecedente de la dictadura tal como después se configurará en el orden constitucional republicano.
En distintas épocas históricas de la República el nombramiento del Dictador aparece siempre vinculado a una situación de emergencia nacional.
En su nombramiento participa el Cónsul de acuerdo con la opinión del Senado. El nombramiento solemne del Dictator conlleva determinados ritos: in agro romano, oriens, nocte silentio, en suelo romano, mirando al oriente y en el silencio de la noche.
Su nombramiento conculca el régimen republicano, si se hace de acuerdo con los usos políticos consolidados es perfectamente constitucional. Esta es la relevante diferencia con la actualidad, pues hoy denominamos Dictador a quien se apodera del poder a través de un acto de violencia. El Dictator tiene facultades limitadas a una misión concreta.
No le vincula la provocatio ad populum ni se encuentra sometido al veto de ningún magistrado. Algunos autores piensan que el nombramiento de un Dictador se propició por el Senado para intentar paralizar el enorme poder de los Tribunos. En otras ocasiones se considera lo contrario que los Tribunos podrían ser un arma del Senado contra el poder de un Dictador.
No hubo en la Roma republicana dos Dictaduras iguales, pues, en cada circunstancia histórica se invistió a un Dictador con unas facultades y poderes determinados.
Un funcionamiento anómalo de esta figura se produce con el nombramiento de Sila como Dictador, en el año 82 a.C. Se le nombra Dictador por tiempo ilimitado y sus poderes exceden. La dictadura de Sila fue similar a una Monarquía tiránica. Se da también en la persona de Julio Cesar, que es nombrado Dictator a perpetuidad.
Consideraciones generales sobre el Senado y los Senadores
En la actualidad el máximo órgano constitucionalmente establecido de consulta del Gobierno es el denominado Consejo de Estado. La diferencia esencial con el Senado republicano romano es que el Consejo de Estado asesora en cuestiones legales de respeto del ordenamiento jurídico en general y constitucional en particular.
El Senado uno de los tres órganos fundamentales de la Constitución republicana y permanece hasta los últimos tiempos del Imperio.
El Senado es el órgano estable que se ocupa de alta dirección política, a través de su asesoramíento a las magistraturas en el ejercicio de sus poderes de gobierno. Se denomina auctoritas patrum al influjo, ascendiente y autoridad moral que tuvo el Senado sobre el devenir de la política en la civitas. Si bien su opinión no era necesaria fue muy frecuente que, ante decisiones importantes, los Cónsules siguiesen sus consejos.
El Senado existió desde la época monárquica y sería un consejo de ancianos, que asesoraría al Rey.
En la República se constituye como un consejo de ex-magistrados. En un principio sólo los patricios podían ser Senadores. Posteriormente, al tener acceso a los cargos de elección popular todos los ciudadanos sin distinción de clases, también los plebeyos accedieron a la condición de Senador.
En los primeros tiempos de la República al Senado se accede por elección de los propios Senadores. Desde fines del siglo IV a.C se confía al colegio de Censores la designación de los Senadores. A fines de la República, vuelve el propio Senado a tener la facultad de nombrar a los Senadores. La condición de Senador es vitalicia y sólo se pierde por alguna de las siguientes causas: renuncia al cargo; imposición de una nota censoria, tal como referimos al estudiar al Censor; o pérdida de la ciudadanía romana.
El número de Senadores, fue progresivamente en aumento hasta llegar a unos 600 a fines de la época republicana. El status de Senador supone un conjunto de derechos, pero también de limitaciones. Gozaban de una alta consideración social, ostentaban signos externos distintivos de su condición, tal como especial vestimenta y votaban con preferencia en las Asambleas populares.
Los Senadores no podían ejercer el comercio en gran escala ni dedicarse al tráfico marítimo. Además, los Censores les exigieron un comportamiento social más modélico que el exigido a un ciudadano ordinario y, por ello, se les aplica un código ético superior cuando se les impone una nota censoria desfavorable.
El Senado no puede ser convocado más que por un magistrado que posea el derecho de reunirlo, el ius agendi cum patribus. Este derecho comprende la facultad de convocarlo, presidirlo, relatar las propuestas sujetas a discusión, pedir el parecer y provocar el voto.
Corresponde a los magistrados con imperio, pero fue ejercitado sobre todo por los Cónsules y desde la Ley Hortensia del 286 a.C. también por los Tribunos.
Se reunía dentro del recinto de la ciudad a diferencia de los Comicios centuriados. La reunión es precedida por la toma de los auspicios. Inicia la sesión el magistrado convocante con la exposición de la cuestión a debatir. A continuación, ajuicio del magistrado, podía comenzar la discusión y debate en el que los Senadores tomarían la palabra para expresar su parecer y después, votación. En ésta sólo se tenía en cuenta el número de Senadores presentes, por lo que no se exigió un quórum determinado.
Votaba en primer lugar el Princeps senatus a continuación el resto de ex Censores, y después, los ex Cónsules, los ex Pretores, los ex Ediles, los ex Tribunos y los ex Cuestores.
La opinión dada por el Senado tomaba el nombre de Senatusconsultum y no tiene carácter normativo.
En cuanto a sus competencias existe una evolución. En primer lugar, la falta de preparación de las Asambleas Populares, lo que provoca que las propuestas que se le formulen deben llegar elaboradas por personas expertas. En segundo lugar, el Senado asumiría cada vez más competencias debido al carácter temporal anual de las magistraturas, por lo que éstas no podían realizar planes a medio o largo plazo.
Sus competencias son heredadas de la época monárquica y en parte asumida en época republicana. Las primeras son: el interregnum y la función consultiva.
El interregnum se produce en la República cuando están ausentes de la ciudad los dos Cónsules. Para cubrir ese vacío circunstancial de poder cada cinco días es nombrado un Senador como magistrado supremo empezando por el Princeps senatus.
La otra facultad del Senado era el ejercicio de la función consultiva. Los Cósules antes de emprender su función política, consultaban al Senado.
Vinculada a esta función se encuentra la participación del Senado en el proceso de elaboración de una Ley. El parecer positivo del Senado suponía un incremento del valor de la decisión comicial, asegurando a la Ley aprobada mayor eficacia.
Asume también el Senado la dirección de la política exterior concretada en: establecer las relaciones diplomáticas; recibir y despedir a los embajadores; envío de embajadores; establecer las bases para las alianzas políticas. En cuanto a política militar, el Senado, auxiliado por los Quaestores militae lleva el control y vigilancia de las operaciones militares.
Terminada la contienda bélica concedía los honores militares al jefe de las legiones otorgándole el triunfo o la ovatio. Si el Senado le concede el "triunfo", el mando militar depone sus poderes militares y empieza su carrera política. La ovatio era un triunfo menor.
El Senado asume competencias en materia financiera. No obstante, carece de facultad de introducir nuevos impuestos. Supervisaba el cobro de los mismos, del que se encargaban los quaestores domi o las sociedades de publícanos; controlaba el gasto público, acuñaba la moneda de curso legal.
Desempeñaba funciones de administración del patrimonio del Estado. La marcha financiera en la República, controlada por el Senado, se rigió casi siempre con honestidad y apenas existieron quebrantos.
En materia religiosa el Senado intervenía en la aceptación de una nueva divinidad o en la prohibición de un culto extranjero. Controlaba la actividad de los gobernadores de las provincias, fundamentalmente el crimen de repetundis, que suponía la exacción de impuestos ilegales.
Por último, el Senado en situaciones de emergencia nacional podía investir a los Cónsules de poderes extraordinarios o participar con ellos en la designación del Dictador. A fines de la República, se conforman en ocasiones excepcionales Tribunales Senatorio-Consulares de los que destaca el que se constituye a instancias de Cicerón para denunciar los abusos cometidos por Catilina.