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Timestamp: 2019-12-12 12:21:51
Document Index: 89548860

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 29', 'artículo 43', 'artículo 36', 'artículo 43']

DECRETO 138/2012, de 21 de junio, por el que se modifica el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia. | Iberley
DECRETO 138/2012, de 21 de junio, por el que se modifica el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia., - Diario Oficial de Galicia, de 29-06-2012
La Comunidad Autónoma gallega, como consecuencia de las competencias transferidas en virtud del Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, y asumidas por el Decreto de la Xunta de Galicia 394/1994, de 29 de diciembre, realizó el desarrollo normativo de la citada ley, que se encuentra recogido, en la actualidad, en el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, que aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.
Artículo único. Modificación del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia
Se modifican los artículos 1, 9.4, 14.5, 17.2, 19.3, 19.4, 27.3, 33.2, 34.5, 38.1, 43.1, 44.1, 44.2, 45.1 y 48.1 del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, en los siguientes términos:
«5. A los efectos del presente reglamento, se entenderá que para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, deberán computarse en bruto, anualmente, por todos los conceptos y por unidad familiar, los recursos e ingresos económicos de las personas solicitantes.
Asimismo, se entenderá la referencia del citado artículo al salario mínimo interprofesional realizada al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), de conformidad con lo previsto en el Real decreto ley 3/2004, de 25 de junio».
«h) Las designaciones definitivas atendiendo al requerimiento de la comisión previsto en el artículo 19.2».
«5. Los colegios de abogados y los colegios de procuradores informarán a las personas interesadas de su obligación de satisfacer los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados, si no obtienen el reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita».
«g) No sea preceptiva la intervención de letrado, salvo en los supuestos de requerimiento expreso por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso».
«3. La resolución desestimatoria, una vez que sea firme, implicará que las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente queden sin efecto y que, en su caso, la persona solicitante deba designar abogado y procurador de libre elección.
Asimismo, la resolución desestimatoria firme supone que la persona solicitante debe abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio, y que, de no ser abonados voluntariamente, los profesionales intervinientes pueden reclamárselos judicialmente».
«4. La resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se notificará en el plazo común de tres días a la persona solicitante, al abogado y, en su caso, al procurador designado provisionalmente y a las demás personas interesadas comparecidas en el expediente. Asimismo, la resolución será comunicada al colegio de abogados y, en su caso, al colegio de procuradores.
De conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las administraciones deberán incorporar los medios y sistemas electrónicos necesarios para permitir la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas».
«c) Aprobar la implantación de instrumentos de evaluación y sistemas de gestión de calidad, así como de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que redunden en un mejor servicio a la ciudadanía, posibilitando la efectividad de su derecho a relacionarse con las administraciones por medios electrónicos».
«2. En el momento de efectuar la solicitud del derecho a la asistencia jurídica gratuita o una vez reconocido este, las personas interesadas podrán renunciar expresamente a la designación de abogado y de procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza. Esta renuncia habrá de afectar, simultáneamente, al abogado y al procurador.
La renuncia posterior a la designación tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes colegios profesionales, y no implicará la pérdida de las restantes prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita».
«5. Los abogados que intervinieren en los turnos del artículo 29 deberán informar a la persona asistida sobre su derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita, así como de su obligación de pagar los honorarios devengados por los servicios efectivamente prestados si no obtiene el reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita o si, reconociéndosele, procede después el reintegro económico conforme a lo previsto en el artículo 43 de este reglamento».
«1. La consellería competente en materia de justicia, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, compensará económicamente las actuaciones profesionales correspondientes a la asistencia letrada a la persona detenida y la defensa y representación gratuitas cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en este reglamento».
«1. Los profesionales designados de oficio no podrán percibir compensación económica con cargo a fondos públicos por los servicios efectivamente prestados cuando la persona beneficiaria de los mismos no haya obtenido el reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita o cuando se haya revocado el reconocimiento del citado derecho, así como cuando proceda el reintegro económico regulado en el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita y en los restantes supuestos previstos por la normativa de aplicación».
«1. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, los colegios de abogados y los colegios de procuradores de la Comunidad Autónoma de Galicia remitirán a la Dirección General de Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por los profesionales durante ese período en las que exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como los datos relativos a las actuaciones realizadas en períodos anteriores cuyo reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita haya tenido lugar durante este último trimestre, especificando:
Las certificaciones deberán ser expedidas por el secretario con el visto bueno del decano de cada colegio, de conformidad con lo previsto en las disposiciones que se dicten en desarrollo y aplicación de este reglamento».
«2. Dichas certificaciones dejarán constancia, asimismo, de los reintegros que, en su caso, proceda efectuar de fondos públicos previamente recibidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de este reglamento».
«1. La consellería competente en materia de justicia determinará anualmente las cantidades que han de percibir los colegios para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios de asistencia letrada a la persona detenida, defensa y representación gratuitas y de las unidades encargadas de la orientación y asesoramiento de las personas peticionarias del derecho de asistencia jurídica gratuita, transfiriendo el importe al Consejo de la Abogacía Gallega y al Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales. Dichas cantidades en ningún caso podrán superar el ocho por ciento de lo generado el año anterior en concepto de asistencia jurídica gratuita».
«a) Relación detallada de los turnos de guardia o, si procede, de las asistencias letradas a la persona detenida efectuadas por cada letrado, con indicación de los datos siguientes: día de actuación, número de atestado o telefonema, centro de detención, nombre de las personas detenidas, tipo de delito, importe bruto pagado, retención del IRPF e importe neto liquidado al letrado, con indicación del número del expediente dado por el Servicio de Orientación Jurídica, número del expediente dado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y fecha de resolución del reconocimiento del derecho.
b) Relación detallada de los asuntos de justicia gratuita asumidos por cada profesional, con indicación del número del expediente dado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, número del expediente dado por el Servicio de Orientación Jurídica, fecha de resolución del reconocimiento del derecho, nombre de la persona beneficiaria, tipo y número de procedimiento, órgano judicial, importe bruto pagado, retención del IRPF e importe neto liquidado al letrado».