Source: http://www.ftaa-alca.org/NGROUPS/ngin/publications/spanish99/binv_brv.asp
Timestamp: 2018-09-21 02:07:38
Document Index: 83813360

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8']

ALCA FTAA ZLEA Acuerdos sobre Inversión en el Hemisferio Occidental | Convenio Brasil-Venezuela
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 4 de julio de 1995.
El término "inversión" designa todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de ésta. Esta definición general incluye, aunque no exclusivamente, cinco grupos de derechos específicos, incluidos los derechos de propiedad tradicionales, los derechos en sociedades, los títulos de crédito y derechos a prestaciones, incluidos los préstamos directamente vinculados a una inversión específica, los derechos de propiedad intelectual y concesiones y derechos similares. (Artículo 1 (1)).
El término "inversor" designa, respecto de cada Parte Contratante, toda persona física que sea nacional de esa Parte Contratante de conformidad con su legislación. (Artículo 1 (2) (a)).
El término "inversionista" designa toda persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de la Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de su constitución y toda persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de cualquier país que esté efectivamente controlada por personas físicas o jurídicas, según las definiciones de este Acuerdo. (Artículo 1 (2) (b)(c)).
Fecha de la firma: 4 de julio de 1995.
Luego continuará en vigencia a menos que una de las Partes haya comunicado a la otra Parte su intención de terminarlo con un año de anticipación.
Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones. (Artículo 2 (1)).
Sí. Plena protección y seguridad jurídica (Artículo 3 (1)).
Sí. Cada Parte Contratante no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas arbitrarias o discriminatorias (Artículo 3 (1)).
Cuando una de las Partes Contratantes haya admitido una inversión en su territorio, no negará arbitrariamente ni retrasará indebidamente las autorizaciones necesarias para su mejor desenvolvimiento, incluyendo la ejecución de contratos sobre licencias, asistencia comercial o administrativa e ingreso del personal directivo, administrativo, asesor o técnico necesario (Art. 2(2)).
Ninguna Parte Contratante estará obligada a extender a las inversiones o inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier trato, preferencia o privilegio resultante de:
su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o acuerdo similar,
un acuerdo relativo a cuestiones impositivas (Artículo 3 (3)).
Sí. Cada Parte Contratante permitirá a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de las sumas relacionadas con sus inversiones y ganancias y, en particular aunque no exclusivamente, de:
los beneficios, utilidades, rentas, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;
los fondos para el reembolso de préstamos;
las regalías y todo otro pago relativo a los derechos de propiedad intelectual o industrial (artículo 1 (d)) y concesiones (tales como las relativas a recursos naturales, artículo 1 (e));
las remuneraciones de los nacionales de la otra Parte Contratante que hayan obtenido autorización para trabajar (en relación a una inversión efectuada en ese país) en calidad de directivos, administradores, asesores o técnicos;
las compensaciones, indemnizaciones u otros pagos previstos en el artículo 4 (Artículo 5 (1)).
Sí, el Artículo 5 (1) (a), (d), (f), (g)).
Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible. (Artículo 5 (2)).
Sí. "Utilidad pública o interés social" (Artículo 4 (1)).
Sí. (Artículo 4 (1)). El Acuerdo no incluye un requisito independiente de que las expropiaciones estén sujetas a revisión judicial. Sin embargo, se argumenta que la norma internacional de proceso legal incluye dicha exigencia.
"Compensación justa, pronta y adecuada"
corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que la medida fuera de dominio público (Artículo 4 (1)).
Cualquier controversia que surgiere entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo será, en lo posible, solucionada por la vía diplomática (Artículo 7 (1)).
Si no pudiere ser dirimida de esa manera en un plazo de tres meses, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un tribunal arbitral ad hoc (Artículo 7 (2)).
El tribunal arbitral ad hoc se constituirá de la siguiente manera:
Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte designará un árbitro.
Estos dos árbitros elegirán, dentro de un plazo de tres meses, a un nacional de un tercer Estado para actuar como Presidente del tribunal. Si dentro de los plazos estipulados las designaciones previstas no se hubieren efectuado, cualquiera de las Partes Contratantes podría solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que las haga. Contiene disposiciones adicionales para el caso de que el Presidente fuere nacional de una de las Partes o se hallare, por cualquier razón, impedido de desempeñar dicha función.
Con respecto a los costos, cada Parte sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente serán sufragados en partes iguales por las Partes (Artículo 7 (3) (4) (5)).
Las controversias que surgieren entre una de las Partes Contratantes y el inversionista de la otra Parte Contratante serán, en la medida de lo posible, solucionadas por medio de consultas amistosas. (Artículo 8 (1)).
Si no pudiera ser resuelta dentro del plazo de seis meses, podrá ser sometida, a elección del inversionista: a) a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o b) a arbitraje internacional.
La elección por parte del inversionista de uno u otro procedimiento será definitiva. (Artículo 8 (2)).
El arbitraje internacional se efectuará en el CIADI o, si corresponde, en el Mecanismo Complementario del CIADI. Si esos mecanismos no estuvieren disponibles, el arbitraje se efectuará conforme a las reglas de arbitraje de la CNUDMI (Artículo 8 (3)).