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Timestamp: 2020-08-07 21:13:25
Document Index: 285525676

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 357', 'artículo 54', 'artículo 16', 'artículo 95', 'artículo 25', 'artículo 95', 'artículo 59']

Registro Oficial. 17 de AGOSTO del 2004
Martes, 17 de agosto del 2004 - R. O. No. 400
04\n 614	Dispónese\n que la representación y coordinación, en materia\n de notificación sobre la expedición y aplicación\n de normas y reglamentos técnicos y los procedimientos\n de evaluación de la conformidad, en materia de obstáculos\n técnicos al comercio, estará a cargo de la Subsecretaría\n de Comercio Exterior e Integración.
200 Delégase al economista\n Javier Game, Subsecretario General de Economía, para que\n represente al señor Ministro ante el Consejo Nacional\n de Estadística y Censos (CONEC).
201 Autorízase la emisión\n e impresión de varias especies valoradas.
014 Delégase al señor\n Wilson Jara López, M.B.A., Director de Gestión de Planificación como representante de esta Secretaría\n de Estado ante el Consejo Nacional de Ferrocarriles del Estado.
MINISTERIO\n DE COMERCIO EXTERIOR. CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA MNAC:
MNAC-009\n Otórgase\n la acreditación a varios laboratorios por parte del Organismo\n de Acreditación Ecuatoriano - OAE una vez que han cumplido\n con tos requisitos legales.
419 Expídese el Manual\n de operaciones para la práctica de exportaciones a consumo\n de mercancías declaradas en un distrito del interior.
SBS-INS-2004-178\n Declárase\n en estado de liquidación voluntaria a la Compañía\n ASSFA S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros.
\n SEGUNDA SALA:
0831-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Mirtha Narcisa Tinoco Tinoco.
009-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Carlos Moreira Cedeño.
0009-2004-RS\n Confirmase la\n resolución del Consejo Provincial de Imbabura, que a su\n vez ratifica la del Concejo Municipal de Ibarra y deséchase\n el recurso de apelación interpuesto por Carlos Hugo Tulcanaza\n y otra.
028-2004-RA\n Revócase\n la resolución adoptada por el Juez de instancia y concédese\n la acción de amparo solicitada por Numa Iván Campoverde\n López.
0037-2004-HC Confírmase la resolución\n de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y niégase\n el recurso de babeas corpus planteado en beneficio de Martha\n Cecilia Cadena y otro.
0048-2004-HC Confírmase la resolución\n de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y niégase\n el recurso de babeas corpus planteado en beneficio de Guillermo\n Rodríguez Bermúdez.
049-2004-HC Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el recuso de babeas corpus
\n planteado por José Plutarco Gaibor Ortiz.
158-2004-RA Inadmítese por improcedente\n la acción planteada por Pedro Manuel Salazar Paredes y\n otro.
176-2004-RA Revócase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y acéptase el amparo\n constitucional solicitado por la ingeniera comercial Francisca\n Yanette Ponce Roca..33
0239-2004-RA\n Confírmasela\n resolución venida en grado y acéptase el amparo\n solicitado por el señor Gilberto Antonio Guillen Menéndez\n ..
0261-2004-RA\n Confírmase\n la resolución adoptada por el Juez de instancia y acéptase\n el amparo constitucional solicitado por Rafael Arturo Arroyo\n Benavides.
RJE-PLE-TSE-14-7-7-2004\n Expídese\n el Instructivo para la inscripción de candidaturas en\n las elecciones de 17 de octubre del 2004.
Gobierno Municipal de Mocha:\n Sustitutiva para el cobro y recaudación de los impuestos\n de patentes a comerciantes e industriales.
Gobierno Municipal del Cantón Putumayo: Que reglamenta la determinación,\n recaudación y administración del impuesto de los\n predios urbanos.
Cantón\n El Pangui: Reformatoria\n a la Ordenanza que reglamenta los procesos de contratación\n en la Municipalidad.\n \n
No 04\n 614
\n COMPETITIVIDAD (E)
Que, de conformidad con el Capítulo II, artículos\n 15 y 16 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones -LEXI-,\n publicada en el Registro Oficial No 82 del 9 de junio de 1997,\n le corresponde al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, planificar, dirigir, controlar y ejecutar\n las políticas de comercio exterior de bienes, servicios\n y tecnología;
Que, de conformidad con lo que disponen los artículos\n 1 y 4 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, corresponde\n al Ministerio de Relaciones Exteriores cumplir la gestión\n internacional de la República, ejecutando la política\n internacional a través de sus misiones diplomáticas\n en el exterior;
Que, de conformidad con el Capítulo IX, artículo\n 378 del Decreto Ejecutivo No 3497, publicado en el Registro Oficial\n No 744 del 14 de enero del 2003, el Ministerio de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad, es el organismo\n oficial de notificación, en términos del Acuerdo\n de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC);
Que, es necesario mantener una estrecha coordinación\n entre los diversos organismos del sector público y privado,\n para el cumplimiento de las obligaciones en materia de notificaciones,\n en términos del Acuerdo de Obstáculos Técnicos\n al Comercio (OTC) de la OMC y de otros organismos internacionales\n de los que el país es miembro;
Que, de conformidad con los compromisos de carácter\n internacional asumidos por el país, es indispensable establecer\n el punto de contacto y/o centro de información nacional,\n responsable de la notificación en materia de obstáculos\n técnicos al comercio, para garantizar la operación\n efectiva en el proceso de notificaciones; y,
Artículo Primero.- La representación y coordinación,\n en materia de notificación sobre la expedición\n y aplicación de normas y reglamentos técnicos y\n los procedimientos de evaluación de la conformidad, en\n materia de obstáculos técnicos al comercio, estará\n a cargo de la Subsecretaría de Comercio Exterior e Integración,\n a través de la Dirección Nacional de Políticas\n de Comercio Exterior, que para el efecto se constituye en el\n Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional ante\n los diversos organismos internacionales de comercio exterior\n como la OMC, CAN, MERCOSUR, etc.
Artículo Segundo.- La Dirección Nacional de\n Políticas de Comercio Exterior (Punto de Contacto y/o\n Centro de Información Nacional), será la encargada\n de:
Centralizar la información sobre expedición\n y aplicación de normas técnicas, reglamentos técnicos\n y procedimientos de evaluación de la conformidad.
- Notificar, en cumplimiento de lo establecido en los acuerdos\n comerciales internacionales, lo pertinente a la expedición\n de normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos\n de evaluación de la conformidad, cuando se trate de notificaciones\n a la Organización Mundial del Comercio -OMC-, éstas\n se realizarán por intermedio de la Misión Permanente\n del Ecuador en Ginebra.
Recibir y gestionar ante las entidades nacionales e internacionales\n competentes, las consultas sobre normas técnicas, reglamentos\n técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad,\n presentadas a Ecuador y las consultas efectuadas por entidades\n nacionales, en función de los acuerdos comerciales internacionales\n suscritos por el país.
Organizar un sistema de información sobre la materia\n y suministrar a quien lo solicite.
Artículo Tercero.- Las entidades competentes, deberán\n notificar a la Dirección Nacional de Políticas\n de Comercio Exterior (Punto de Contacto y/o Centro de Información\n Nacional), los proyectos de normas técnicas, reglamentos\n técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad\n que pretendan expedir, para que ésta a su vez notifique\n lo pertinente a los órganos competentes, dentro de los\n plazos establecidos para el efecto.
La medida definitiva expedida, deberá conocer también\n la Dirección Nacional de Políticas de Comercio\n Exterior (Punto de Contacto y/o Centro de Información\n Nacional), quien procederá a notificar a los órganos\n pertinentes dicha medida.
Artículo Cuarto.- Las consultas sobre normas y reglamentos\n técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad\n que requieran los países, en materia de los acuerdos comerciales\n internacionales de los que forma parte Ecuador, así como\n las efectuadas por los entes nacionales, deberán ser\n realizadas a la Dirección Nacional de Políticas\n de Comercio Exterior (Punto de Contacto y/o Centro de Información\n Nacional), quien a su vez las trasladará para consulta\n a las entidades competentes nacionales e internacionales y posteriormente\n las respuestas las dará a conocer a los interesados.
Artículo Final.- El presente acuerdo ministerial entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su publicación en\n el Registro Oficial,
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 3 de agosto del 2004.
f.) Xavier Abad Vicuña, Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad (E).
ARTICULO ÚNICO,- Delegar al señor Econ. Javier\n Game, Subsecretario General de Economía de esta Secretaría\n de Estado, para que me represente ante el Consejo Nacional de\n Estadística y Censos (CONEC).
Comuníquese.- Quito, 3 de agosto del 2004.
Es copia, certifico.- f.) Sonia Jaramillo de Andrade, Secretaria\n General del Ministerio de Economía y Finanzas. - 3 de\n agosto del 2004.
Que con oficio No STN-2004-3485 de 20 de julio del 2004, el\n Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicita\n a la Subsecretaría Administrativa disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato, y demás\n trámites que se requieran para la emisión e impresión\n de las siguientes especies valoradas: veinte mil (20,000) solicitudes\n de certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo\n público; mil quinientos (1.500) certificados de carrera\n administrativa por competencias; cien mil (100.000) formularios\n de acciones de personal; cincuenta mil (50.000) formularios para\n el control de nepotismo e incompatibilidad por parentesco; y,\n mil (1.000) formularios para el control del pluriempleo; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 3 del Acuerdo Ministerial No 488, publicado en el Registro\n Oficial No 690 de 12 de octubre de 1978,
\n VALOR DE COMERCIALIZACIÓN
\n NUMERACIÓN
\n HASTA
Solicitud de certificado de no tener impedimento legal para\n ejercer cargo público
\n 20.000
\n US $ 2,00
\n 0.001
\n 1.500
\n US $ 5,oo
Formularios de acciones de personal
\n US $ 2,oo
Formularios para el control de nepotismo e incompatibilidad\n por parentesco
\n 50.000
Formularios para el control del pluriempleo
\n 1.000
\n US $ 2.oo
Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de su expedición,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese a las subsecretarías Administrativa\n y de Tesorería de la Nación.
Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito,\n a 3 de agosto del 2004.
\n f.) Mauricio Yépez Najas, Ministro de Economía\n y Finanzas.
Es copia, certifico.- f.) Sonia Jaramillo de Andrade, Secretaria\n General del Ministerio de Economía y Finanzas.- 3 de agosto\n del 2004.
Que el Art. 1 del Decreto No. 81 de 14 de marzo de 1972, publicado\n en el Registro Oficial No. 25 de 21 de los mismos mes y año,\n estableció la conformación del Consejo Nacional\n de Ferrocarriles del Estado, integrado entre otros miembros por\n un representante de esta Secretaría de Estado;
En Ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, referente a la expedición\n de acuerdos ministeriales que requiera la gestión ministerial\n y los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n
Art. 1. Delegar al señor Wilson Jara López,\n M.B.A., Director de Gestión de Planificación como\n representante de esta Secretaría de Estado ante el Consejo\n Nacional de Ferrocarriles del Estado.
Art. 2. El señor Director, informará periódicamente\n al despacho ministerial, sobre las resoluciones adoptadas y actividades\n cumplidas en e) citado Consejo.
Comuníquese y publíquese.- Dado, en la ciudad\n de San Francisco de Quito, D.M., a 3 de agosto del 2004.
f.) Arq. Patricio Enríquez Marroquín.
Ministerio de Energía y Minas." Es fiel copia\n del original.- Lo certifico.- Quito, a 3 de agosto del 2004.-\n Gestión y Custodia de Documentación.
No MNAC-009
\n SISTEMA, MNAC
Que el literal i) del artículo 16 de la Ley de Comercio\n Exterior e Inversiones "LEXI" faculta, entre otros,\n al MICIP para acreditar a laboratorios para control y emisión\n de certificados de registros sanitarios y de calidad;
Que en base a la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial No 82 del 9 de junio de\n 1997, se expide el Decreto Ejecutivo No 401, publicado en el\n Registro Oficial No 87 del 3(^de mayo del 2000, ratificado mediante\n Decreto Ejecutivo No 3497, publicado en el Registro Oficial\n No 744 del 14 de enero del 2003, se crea el Consejo Nacional\n del Sistema MNAC y el organismo oficial de acreditación\n el desarrollar los procedimientos para acreditar a laboratorios\n de ensayo y calibración, organismos de certificación\n de productos, organismos de certificación de sistemas\n de calidad y gestión ambiental, organismos de inspección\n y auditores de sistemas de calidad, tomando en consideración\n lo establecido en las recomendaciones internacionales;
Que la Comisión de Acreditación, en sesión\n realizada el día 18 de mayo del 2004, conoció y\n analizó el informe de evaluación del Instituto\n Nacional de Higiene y Medicina Tropical "LEOPOLDO IZQUIETA\n PÉREZ" Laboratorio de Alimentos Procesados de Guayaquil\n presentado por el evaluador Jefe del Proceso, acogió\n favorablemente el informe;
Que la Comisión de Acreditación, en sesiones\n realizadas los días 19 y 22 de julio del 2004, conoció\n y analizó el informe de evaluación de laboratorios\n de "Oferta Servicios y Producto" OSP de la Facultad\n de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador,\n presentado por el evaluador Jefe del Proceso, acogió favorablemente\n el informe; y,
\n En función de sus atribuciones legales,
El Organismo de Acreditación Ecuatoriano-OAE, una vez\n que han cumplido con los requisitos y criterios de acreditación\n establecidos en el PAC OAE LEC Rev. O, otorga la acreditación\n a los laboratorios:
1. Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "LEOPOLDO\n IZQUIETA PÉREZ" de Guayaquil, Laboratorio de Alimentos\n Procesados, en el área de alimentos, con el alcance de\n acreditación.
PRODUCTO 0 MATERIAL A ENSAYAR
\n ENSAYOS Y RANGOS
\n HUMEDAD, g
\n AOAC 950 46 B (39.1.02) Ed. 1 7th
GRASA o ESTRACTO ETERIO; %
\n AOAC 960 39 B (39.1.05) Ed. 17 th
\n HUMEDAD, % (Mantequilla)
\n AOAC 920.116 (33.6.03) Ed. 17 th
HUMEDAD, g (Queso)
\n AOAC 926.08 (33.7.03) Ed. 17 th
GRASA, % (Leche en polvo)
\n AOAC 932.06 (33.5.08) Ed. 17 th
PROTEINA, % (Leche en polvo)
\n AOAC 930.29A (33.5.03 A) Ed. 17 th
2.- OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OSP de la Facultad de\n Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador,\n en el área de acreditación y ambiental con el alcance\n de acreditación.
PRODUCTO MATERIAL A ENSAYAR
\n ENSAYOS y RANGO
\n MÉTODO DE ENSAYO
\n ACIDEZ (0,09%-1,01%)
\n AOAC 947.05 / 33.2.06 Ed. 17 th
LECHE EN POLVO HARINA DE PESCADO HARINA DE TRIGO HARINA DE\n SOYA
\n HUMEDAD (0,01 - 12,7%)
\n MAL 13 Rev. 1 Método de referencia AOAC 925.10 / 32.1.03\n Ed. 17 th
GRASA (0,02 - 29,92%)
\n MAL 03 Rev. 1 Método de referencia AOAC 991.36 / 39.1.08\n Ed. 17 th
PROTEINA CRUDA (0,04-1^,36%)
\n MAL 04 Rev.1 Método de referencia AOAC 981.10 / 39.1.19\n Ed. 17 th
CENIZAS (0,01- 10,80%)
\n MAL 02 Rev. 1 Método de referencia AOAC 923.03 / 32.1.05\n Ed. 17 th
\n HIERRO (0,0207 - 20 ppm)
\n AOAC 944.02 / 32.1.09 Ed. 17 th
PRODUCTO, MATERIAL A ENSAYAR
\n ALCALINIDAD (0,9 - 262 mg CaCO3/)1
\n APHA 2320-B.Ed. 20
CALCIO (0,05 - 1.000 ppm)
\n APHA3111-D.Ed.20
CADMIO (0,007 - 200 ppm)
\n APHA3111-B.Ed.20
CLORO RESIDUAL (0,07 - 5.0 mg/1)
\n APHA 4500-CI-B.Ed.20
CLORUROS (0,16-121 mg/1)
\n APHA4500-C1-B.Ed.20
COBRE (0,03 -100 ppm)
CONDUCTIVIDAD (0,54-1390 us/cm)
\n APHA2510-B.Ed.20
CROMO (0,04 - 100 ppm)
DUREZA CALCICA (0,15 - 2.500 mg CaCO3 /1)
\n APHA 3500-Ca-B.Ed. 20
DUREZA TOTAL (0,21 - 2.500 mg CaCO3 /1)
\n APHA 2340-C.Ed. 20
HIERRO (0,020-100 ppm)
MAGNESIO (0,007- 1.000 ppm)
OXIGENO DISUELTO (0.11 - 9,87 mg/1)
\n APHA 4500-0-C.Ed.20
DQO (8.78-400 mg/1)
\n APHA 5220-C.Ed. 20
PLOMO (0,09-100 ppm)
POTASIO (0,003 -1.000 ppm)
SODIO (0,003-59 ppm)
SOLIDOS SEDIMENTADLES (0,2 - 100 ml/1)
\n APHA 2540-F.Ed. 20
SOLIDOS TOTALES (6,55-281 mg/1)
\n APHA 2540-B.Ed. 20
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (31,64-1.003 mg/1)
\n APHA 2540-C.Ed. 20
SÓLIDOS TOTALES SUSPENDISOS (25 - 508 mg/1)
\n APHA 2540-D.Ed. 20
SULFATOS (1,0-195 mg/1)
\n APHA 4500-S042-E.Ed.20
TEMPERATURA (-20 a 100 °C)
\n APHA 2550-B.Ed. 20
PH (0,01 -14,0)
\n APHA 4500-H+Ed. 20
CINC (0,007-100 ppm)
\n FOSFORO (0,01 -1,0 mg/1)
\n APHA 4500-P-B.Ed. 20
AGUAS RESIDUALES RANGO BAJO
\n FOSFORO (0,10-10 mg/1)
AGUAS RESIDUALES RANGO ALTO
\n FOSFORO (0,39 -1000 mg/1)
Esta acreditación tiene el carácter de permanente\n y podrá ser renovado, suspendido o revocado de conformidad\n con el reglamento técnico expedido por el Consejo Nacional\n del Sistema MNAC, según lo estipula el literal i) del\n artículo 357 del Decreto Ejecutivo No 3497, Texto Unificado\n de Legislación del Ministerio de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad, publicado en\n el Registro Oficial No 744 del 14 de enero del 2003.
El OAE realizará cada cuatro años una reevaluación\n completa al laboratorio con el PAC-OAE-LEC vigente, contados\n a partir de la fecha de su publicación en el Registro\n Oficial, durante el lapso de los cuatro años el OAE realizará\n anualmente las respectivas auditorias de seguimiento para verificar\n que el laboratorio continúa cumpliendo los requerimientos\n de acreditación principalmente en lo referente a competencia\n técnica, independencia, conflicto de intereses o influencias\n debido a intereses que puedan beneficiar la decisión de\n los informes de ensayos emitidos, actividades que se realizan\n previo a los pagos correspondientes establecidos en la Resolución\n MNAC-005.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis\n días del mes de julio del 2004.
f.) Dr. Xavier Abad Vicuña, Presidente Consejo, MNAC.
f.) Ing. Civil M. Se. Felipe Urresta, Secretario, Consejo\n MNAC.
Que en el Registro Oficial No 359 del 13 de julio de 1998\n se publicó la nueva Ley Orgánica de Aduanas, orientada\n a emprender el proceso de modernización en el área\n aduanera, de modo que permita ser parte de la dinamia del comercio\n exterior, mediante la utilización de medios electrónicos\n que optimicen la administración de los servicios aduaneros;\n
Que la Comisión de Legislación y Codificación\n del H. Congreso Nacional expidió la Codificación\n de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No 219 del 26 de noviembre del 2003;
Que es necesario estimular la actividad productiva del país\n para mantener y crear fuentes de trabajo, promover las exportaciones\n de la producción nacional con el consecuente ingreso de\n divisas;
Que el fenómeno globalizador que experimenta el mundo\n contemporáneo, exige contar con procesos que garanticen\n un ágil despacho de las mercancías destinadas para\n la exportación;
Que es necesario mantener un estricto control respecto de\n las mercancías declaradas a exportación a consumo,\n nacionales o nacionalizadas que salen del territorio aduanero\n para su uso o consumo definitivo en el exterior;
Que el Art. 244, numeral 9 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador establece que dentro del sistema\n de economía social del mercado, al Estado le corresponderá\n mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el\n ahorro y la inversión; incrementar y diversificar\n las exportaciones y cuidar que el endeudamiento público\n sea compatible con la capacidad de pago del país; y,
A fin de viabilizar las exportaciones a consumo o a cualquier\n otro régimen que se declaren en distritos del interior\n como aduana de salida, para el cumplimiento de los Arts. 43,\n 56 y siguientes de la Ley Orgánica de Aduanas,
Expedir el siguiente: MANUAL DE OPERACIONES PARA LA PRACTICA\n DE EXPORTACIONES A CONSUMO DE MERCANCÍAS DECLARADAS EN\n UN DISTRITO DEL INTERIOR.
Art. 1.- El Art. 56 de la Ley Orgánica de Aduanas define\n a la exportación a consumo, como el régimen aduanero\n por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas,\n salen del territorio aduanero, para su uso o consumo definitivo\n en el exterior.
Art. 2.- Las mercancías nacionales o nacionalizadas,\n que salen desde el distrito del interior, al amparo del régimen\n de exportación a consumo, con destino al exterior, por\n puertos o aeropuertos internacionales, así como por fronteras,\n deberán someterse a la potestad aduanera del distrito\n del interior y, luego de cumplir con todas las formalidades legales,\n serán trasladadas hasta el distrito del lugar de embarque,\n con destino al exterior.
Art. 3.- El traslado de la mercancía declarada al régimen\n de exportación a consumo, desde el distrito del interior,\n hasta el lugar de embarque, deberá respaldarse con la\n copia de la DAU, código 15, y todos los documentos de\n acompañamiento, así como la guía de remisión,\n de conformidad con lo establecido en el Art. 30 del Reglamento\n de comprobantes de venta y retención, publicado en el\n Registro Oficial 679 del 8 de octubre del 2002, documentos que\n serán entregados a los funcionarios de la Gerencia Distrital\n de la Aduana de embarque, con destino al exterior quienes deberán\n realizar el cruce de información con las aduanas del interior.\n Todo esto, sin perjuicio de los controles que realicen la brigada\n de antinarcóticos, de los puertos y aeropuertos.
Art. 4.- El distrito del interior, desde donde salen las mercancías\n al amparo del régimen de exportación a consumo,\n de conformidad con la disposición general tercera de la\n Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador,\n regularizará la DAU código 40, y remitirá\n las copias al Banco Central del Ecuador, dentro de 45 días\n posteriores a la exportación a consumo.
Esta resolución entrará en vigencia, a partir\n de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
f.) Crnl. E.M.C. Humberto Rodrigo Zúñiga A.,\n Gerente General Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Corporación Aduanera Ecuatoriana, Secretaría\n General.- Certifíco que es fiel copia de su original.-\n f.) Ilegible.
No. SBS-INS-2004-178
Renán Calderón Villacís
\n INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS
Que ASSFA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se constituyó\n mediante escritura pública otorgada el 24 de diciembre\n del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón\n Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, aprobada por\n esta Intendencia Nacional de Seguros con Resolución SBS-INS-2003-015\n de 15 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil\n del Cantón Quito, el 20 de enero del 2003;
Que la Junta General Universal de Accionistas de ASSFA S.A.\n AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, en sesión celebrada\n el 8 de octubre del 2003, resolvió liquidar voluntariamente\n a la referida compañía y designar como Gerente\n General y liquidador al doctor Ángel Cantos Mendoza;
Que se ha remitido a este despacho los tres primeros testimonios\n de la escritura pública otorgada el 21 de junio del 2004,\n ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo\n Cuarto del cantón Quito, la misma que contiene la liquidación\n voluntaria de la citada compañía;
Que conforme a lo estipulado en el artículo 54 inciso\n segundo de la Ley General de Seguros, se ha comprobado que la\n entidad no se encuentra en estado de liquidación forzosa;
Que no se ha presentado a esta Superintendencia de Bancos\n y Seguros notificación alguna de oposición para\n que se declare e inscriba la liquidación voluntaria;
Que esta Intendencia Nacional de Seguros, ha emitido informe\n favorable contenido en memorando No. INS-GIQ- 2004-884 de 7 de\n julio del 2004; y,
En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor\n Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución\n No. ADM-2003-6493 de 2 de septiembre del 2003.
ARTICULO PRIMERO.- Declarar en estado de liquidación\n voluntaria a la Compañía ASSFA S.A. AGENCIA ASESORA\n PRODUCTORA DE SEGUROS, a partir de esta fecha.
ARTICULO SEGUNDO.- Los representantes legales de la Compañía\n ASSFA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, cesan\n en sus funciones y quedan inhabilitados para la administración\n de los bienes sociales de la compañía y no podrán\n contraer nuevas obligaciones.
ARTICULO TERCERO.- Disponer que el Notario Vigésimo\n Cuarto del cantón Quito', tome nota al margen de la escritura\n pública de liquidación voluntaria de ASSFA S.A.\n AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, otorgada el 21 de junio\n del 2004, en el sentido de que ésta ha sido declarada\n en estado de liquidación voluntaria mediante la presente\n resolución y siente las razones correspondientes.
ARTICULO CUARTO.- Disponer que el Notario Vigésimo\n Cuarto del cantón Quito, tome nota al margen de la matriz\n de la escritura pública de constitución de la Compañía\n ASSFA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, otorgada\n el 24 de diciembre del 2002, en el sentido de que ésta\n ha sido declarada en estado de liquidación voluntaria\n mediante la presente resolución y siente las razones correspondientes.
ARTICULO QUINTO.- Disponer que esta resolución se publique\n en uno de los periódicos de mayor circulación del\n Distrito Metropolitano de Quito.
ARTICULO SEXTO.- Disponer que el Registrador Mercantil del\n cantón Quito, inscriba la escritura pública de\n liquidación voluntaria conjuntamente con la presente resolución;\n tome nota de tal inscripción al margen de la Constitución;\n y, cumpla con las demás prescripciones contenidas en la\n ley de registro.
ARTICULO SÉPTIMO.- Ordenar que la liquidación\n de la compañía se ejecute con la intervención\n del liquidador nombrado por la Junta General de Accionistas,\n quien deberá elaborar los estados financieros con los\n anexos que contengan la descomposición de cada una de\n las cuentas.
ARTICULO OCTAVO.- Disponer que el liquidador, en el término\n de diez días contados desde su aceptación, inscriba\n su nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la\n compañía.
ARTICULO NOVENO.- Disponer que durante el proceso de liquidación,\n en todos los actos y contratos en los que intervenga la compañía,\n se agreguen después de su nombre las palabras "EN\n LIQUIDACIÓN", previniéndole al liquidador\n de las responsabilidades legales en caso de omisión.
ARTICULO DÉCIMO.- Disponer que se remita copia de esta\n resolución al Servicio de Rentas Internas, para los fines\n correspondientes.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el nueve de julio del dos mil cuatro.
f.) Dr. Renán Calderón Villacís, Intendente\n Nacional de Seguros.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el nueve de\n julio del dos mil cuatro.
Superintendencia de Bancos y Seguros.- Certifico que es fiel\n copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.
Superintendencia de Bancos.- Intendencia Nacional de Seguros.-\n Archivo.-13 de julio del 2004.
No. 0831-2003-RA
Magistrado ponente: Doctor Mauro Terán\n Cevallos
CASO No. 0831-2003-RA
Quito, 27 de julio de 2004.
Mirtha Narcisa Tinoco Tinoco comparece ante el Juez Primero\n 4e lo Civil de El Oro y formula demanda de amparo constitucional\n en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera\n Ecuatoriana. La demandante, en lo principal, manifiesta:
Que desde 23 años atrás se ha desempeñado\n en algunos puestos en la Administración Aduanera;
Que el 20 de mayo de 2000 fue seleccionada para integrar la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana, en calidad de Asistente\n en el Departamento Administrativo de Puerto Bolívar, y\n el 23 de septiembre de 2003 se dispuso que cumpla funciones en\n el Departamento Administrativo-Financiero;
Que en virtud de los informes técnicos que cita, se\n determinó que en el Distrito de Aduanas de Puerto Bolívar\n no se cuenta con el número de funcionarios apropiado y\n se recomendó completar dicho personal;
Que en la estructura orgánica de las gerencias distritales,\n entré las que está la de Puerto Bolívar,\n se debe contar con las dependencias que se señalan en\n la demanda, pero en el Distrito de Aduanas de Puerto Bolívar\n dichas dependencias están encomendadas a un solo funcionario,\n de forma que se multiplica el trabajo;
Que no obstante los requerimientos y necesidades que quedan\n apuntados, el 30 de septiembre de 2003 se le notificó\n con la Acción de Personal No. 900 por la cual el Directorio\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana resolvió\n no requerir de sus servicios y se le separó del cargo,\n con fundamento en la primera y tercera disposición transitoria\n de la Ley Orgánica Reformatoria de Aduanas;
Que el Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n violó el debido proceso, el derecho al trabajo y el principio\n de legalidad;
Que de conformidad con la disposición transitoria primera\n de la Ley Orgánica de Aduanas, se busca una reestructuración\n técnica integral y administrativa, que supone un completo\n y serio estudio para que se superen las dificultades existentes,\n pero no significa que se puedan tomar decisiones antojadizas\n y antitécnicas de cesar o separar al personal de las instituciones;
Que se le separó del cargo, pero se mantuvo la dependencia\n en la que laboraba, por lo cual no existe fundamento para la\n separación;
Que se ha violado el derecho de estabilidad que reconoce la\n Constitución de la República;
Que no se han observado los procedimientos y requisitos del\n Reglamento para la Supresión de Puestos y su correspondiente\n indemnización.
Con estos fundamentos de hecho y de derecho, solicita que\n se suspendan definitiva e inmediatamente los efectos de la Acción\n de Personal No. 900 de 30 de septiembre de 2003 y de la resolución\n del Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n de 18 de julio de 2003, en la parte en que se decide prescindir\n se sus servicios. Además, se pide que se ordene la reincorporación\n al cargo de Asistente 4 en la Sección Administrativa del\n VII Distrito de Aduanas en Puerto Bolívar de la provincia\n de El Oro, con el pago de los haberes dejados de percibir durante\n el tiempo que ha permanecido fuera de la Corporación.\n Por último, reclama el pago de daños y perjuicios.
En audiencia pública llevada a efecto el 11 de noviembre\n de 2003, el demandado, en lo principal, manifiesta:
Que el acto impugnado es legítimo, pues emana de autoridad\n competente y se sustenta en expresas disposiciones de la Ley\n Orgánica de Aduanas que autorizan a sus autoridades a\n actuar conforme lo han hecho;
Que el supuesto daño que alega la demandante no es\n inminente, ni se ha propuesto la demanda de amparo constitucional,\n como vía de reparación, cumpliendo con el requisito\n de inmediatez, al haber transcurrido 27 días contados\n desde la fecha de notificación del acto administrativo\n impugnado;
Que el amparo constitucional ha sido instituido para resolver\n ciertos casos de excepción, cuando concurren en su naturaleza\n los requisitos que lo toman inmediato e indispensable;
Que la demandante pudo demandar ante el Tribunal Distrital\n de lo Contencioso-Administrativo, por ser competente en razón\n de la materia.
Con estos fundamentos, solicita que se deseche la demanda.
El Juez de instancia resuelve negar el amparo constitucional\n formulado, considerando que el acto administrativo impugnado\n fue dictado en virtud de aplicables normas de la Ley Orgánica\n de Aduanas que facultan a la autoridad a proceder como lo ha\n hecho.
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver\n sobre la presente causa, de conformidad con el artículo\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República,\n y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control\n Constitucional.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda influir en la decisión de la causa, por lo que el\n proceso es válido y así se lo declara.
TERCERO.- Habiéndose alegado la falta de cumplimiento\n de los requisitos de procedencia del amparo constitucional, especialmente\n en lo que se refiere a la inmediatez, cabe realizar las siguientes\n reflexiones de orden general. El artículo 16 de la Constitución\n de la República dispone que "El más alto\n deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos\n humanos que garantiza esta Constitución". El artículo\n 18, por su parte, indica en el inciso segundo que "En materia\n de derechos y garantías constitucionales, se estará\n a la interpretación que más favorezca su efectiva\n vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o\n requisitos no establecidos en la Constitución o la ley,\n para el ejercicio de estos derechos". En inciso final del\n mismo artículo dispone que "Las leyes no podrán\n restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales".\n El amparo constitucional, precisamente, es una vía procesal\n de garantía de los derechos fundamentales, y si bien en\n el artículo 95 de la Constitución de la República\n se señalan los requisitos para su procedencia, también\n se establece que "No serán aplicables las normas\n procesales que se opongan a la acción de amparo, ni las\n disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho",\n lo cual está en armonía con la Declaración\n Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo\n 8 reconoce el derecho a un recurso efectivo que ampare a la\n persona contra los actos de autoridad que violen sus derechos\n fundamentales. De igual manera, las disposiciones constitucionales\n sobre el régimen procesal del amparo están en armonía\n con el artículo 25 numeral 1 de la Convención Interamericana\n de los Derechos Humanos que dispone lo siguiente: "Toda\n persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o\n a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales\n competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos\n fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley\n o la presente Convención, aún cuando tal violación\n sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus\n funciones oficiales" (la cursiva es de la Sala).
CUARTO.- En virtud de las normas citadas, y muy especialmente,\n en virtud del mismo propósito que explica al amparo como\n institución de garantía y vigencia efectiva y práctica\n de los derechos fundamentales, no cabe el rigorismo procesal\n que puede ser explicable en otro tipo de procesos, así\n como tampoco es procedente una interpretación restrictiva\n de los requisitos de procedencia del amparo constitucional, que\n termine provocando la falta de vigencia real de los derechos\n fundamentales que la institución busca tutelar. Del estudio\n de las diversas normas que rigen al proceso de amparo y que prevén\n sus requisitos, se puede notar la incorporación de conceptos\n jurídicos indeterminados, como es el caso del "daño\n grave e inminente" entre otros. El empleo de esta técnica\n por parte del constituyente y del legislador, se explicaría\n por las múltiples posibilidades, modalidades y circunstancias\n en que pueden producirse las violaciones a los derechos fundamentales.\n Se opta por conceptos indeterminados, porque no es posible determinar\n y clasificar en las normas, a priori y de forma abstracta, las\n múltiples variantes y casos de violación de los\n derechos fundamentales. Sin embargo, es el en plano de los hechos\n y circunstancias reales y prácticas en donde dichos conceptos\n podrán tener su precisión, a través de la\n apreciación de las situaciones tácticas y una prudente\n aplicación a ellas de dichos conceptos. Ahora bien, si\n la exigencia -del todo explicable por la enorme trascendencia\n de los derechos fundamentales es que el proceso de amparo constitucional\n sea efectivo y sencillo, mal pueden dictarse normas jurídicas\n que traten de restringir aquellos conceptos jurídicos\n indeterminados, usando criterios a priori, o tratando de encasillar\n la rica realidad en rígidos esquemas prefabricados. De\n igual modo, la interpretación de los requisitos del amparo\n constitucional debe hacerse de forma suficientemente prudente,\n pero al mismo tiempo acorde con la exigencia de tutela, que es\n el fin propio e inexcusable de la institución. Por ende,\n la interpretación pro actione, y la que resulta prudentemente\n flexible y de corte finalista, en atención a la misión\n del amparo constitucional, es la que se acomoda a la esencia\n de la institución en cuanto vía de garantía.
QUINTO.- En lo que respecta al requisito del "daño\n grave e inminente" se hace notar que no puede apreciarse\n en función de un plazo fatal de prescripción del\n amparo constitucional. El requisito atañe a los hechos\n y circunstancias que rodean a una violación de los derechos\n fundamentales, no como criterio rígido predicable de un\n plazo o de la oportunidad de formulación de la demanda\n de amparo constitucional, sino como circunstancia apreciable\n en lo fáctico respecto de un atentado a los derechos reconocidos\n por la Constitución y los instrumentos internacionales.\n Y en virtud de lo que se ha dicho más arriba, de ningún\n modo cabe un criterio a priori para determinar dicha circunstancia,\n pues establecerlo como esquema rígido de prescripción\n o de oportunidad terminaría irrevocablemente en una \n inconstitucionalidad por transgresión directa al artículo\n 95 inciso final de la Norma Suprema. En el caso que nos ocupa,\n existe daño grave e inminente, no obstante que la demanda\n se haya presentado luego de 27 días de notificado el\n acto impugnado, pues hay gravedad e inminencia en el daño\n que, real o supuestamente, dice se ha producido a la actora,\n esto es, separarla del cargo que estaba desempeñando,\n con el efecto real y presente de privación de su trabajo,\n circunstancia ésta que no desaparecerá hasta reincorporarla\n a sus funciones, si esto es procedente.
SEXTO.- Por otra parte, esta Sala hace notar que pugna frontalmente\n con el artículo 95 de la Constitución de la República\n y con los convenios internacionales sobre derechos humanos el\n decir (y exigir) que deben agotarse otras vías para que\n el amparo sea procedente, o que éste es excepcional.\n En ningún momento la tutela de los derechos fundamentales,\n propósito final del amparo y motivo de especial regulación\n por parte de la Constitución, ha sido condicionada al\n fracaso obtenido en otras vías procesales o de procedimiento\n administrativo. Por el contrario, es por demás clara la\n configuración de la vía procesal del amparo constitucional\n como preferente y sumaria para la adopción de medidas\n urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar\n inmediatamente las consecuencias de un acto violatorio de los\n derechos fundamentales.
SÉPTIMO.- A fojas 1 de los autos consta la Acción\n de Personal No. 909 de 30 de septiembre de 2003, en la cual se\n dice lo siguiente: "Por la facultad conferida por la Primera\n y Tercera disposiciones transitorias de la Ley Orgánica\n Reformatoria de la Ley Orgánica de Aduanas, publicada\n en el Registro Oficial No. 73 del 2ide mayo del 2003 y a lo dispuesto\n por el Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n en sesión de fecha 18 de julio del 2003, en la ejecución\n de la reestructuración integral, técnica y administrativa,\n Ud. no ha sido requerido para que continúe prestando sus\n servicios y, por lo tanto, a partir de la presente fecha concluyen\n sus funciones en esta institución".
OCTAVO.- La disposición transitoria primera de la Ley\n Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Aduanas,\n publicada en el Registro Oficial No. 73 de 2 de mayo de 2003,\n dice: "Facúltase expresamente al Directorio de la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana para que disponga y supervise\n la ejecución de la reestructuración, integral,\n técnica y administrativa de la CAE, hasta el 31 de diciembre\n de 2003, que deberá incluir la organización que\n se requiera para una administración aduanera moderna y\n la determinación del personal directivo, administrativo\n y de apoyo que sea necesario y suficiente para un eficiente\n cumplimiento de las funciones aduanera con el perfil requerido\n para cada puesto. El personal directivo, administrativo y de\n apoyo que no fuere requerido para que continúe prestando\n sus servicios, será indemnizado de conformidad con lo\n previsto en el artículo 59 de la Ley de Servicio Civil\n y ^Carrera Administrativa. La Corporación Aduanera \n Ecuatoriana efectuará las reformas presupuestarias\n y asignará los fondos necesarios para financiar el pago\n de las indemnizaciones".
NOVENO.- La Disposición Transitoria Tercera de la Ley\n Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Aduanas,\n publicada en el Registro Oficial No. 73 de 2 de mayo de 2003,\n dice: "Quedan terminados, a partir de la fecha de publicación\n de esta ley los períodos del Gerente General, gerentes,\n subgerentes, gerentes distritales y funcionarios de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, cuyas designaciones correspondan al Directorio\n y al Gerente, General, quienes no obstante, continuarán\n en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados".
DÉCIMO.- De fojas 2 a 7 de los autos constan varias\n acciones de personal que se refieren a los puestos ocupados por\n la demandante en la Administración Aduanera, sin que aparezca\n en ningún caso que los cargos desempeñados hayan\n sido por periodos fijos, es decir, siempre se ha tratado de\n una funcionaría con nombramiento indefinido.
DÉCIMO PRIMERO.- Respecto a la Disposición Transitoria\n Tercera antes transcrita, se debe indicar que es una norma que\n ordena la terminación de los periodos de autoridades y\n funcionarios de la CAE, es decir, que se aplica a aquellos trabajadores\n cuya vinculación laboral con la CAE tienen un periodo\n determinado, puesto que no se podría entender la aplicación\n de tal norma para la terminación