Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/647
Timestamp: 2020-05-26 13:22:03
Document Index: 2612129

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 149', 'Artículo 27', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 231']

HJ System - Decision: SENTENCIA 84/1986
SENTENCIA 84/1986, de 26 de junio
ECLI:ES:TC:1986:84
a) Señala en su escrito el Abogado del Estado que su recurso aparece estrechamente vinculado con los formalizados frente a determinados artículos de la Ley vasca 10/1982 básica de normalización del uso del euskera y de la Ley catalana 7/1983, de normalización lingüística en Cataluña. Se remite, por tanto, a las consideraciones allí efectuadas en cuanto a la trascendencia de la materia lingüística y la legitimidad constitucional del propósito de normalización lingüística. Reitera asimismo que esta materia, como se desprende del art. 3.3 de la C.E. no fue atendida por la Constitución para diseñar el modelo de atribuciones de competencias. La remisión de dicho artículo a los Estatutos de Autonomía en cuanto a la cooficialidad de lenguas distintas del castellano está sentando un valor fundamental, un criterio material inspirador de la actualización de los poderes públicos, pero sin alterar el esquema de distribución de competencias. La habilitación contenida en el núm. 3 del art. 5 del EAG se corresponde con títulos en que no se da una exclusividad competencial de la Comunidad Autónoma, lo que deriva, entre otros, del art. 149.1.1.ª de la C.E., que se refiere a la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre los cuales se encuentra el deber de conocer la lengua del Estado.
En cuanto al art. 1, apartado 2, preceptúa que todos los gallegos tienen el deber de conocer y el derecho de usar el idioma gallego. Se extienden, pues, las consecuencias jurídicas de la cooficialidad a la imposición, para los que tengan la condición política de gallegos, de un deber de conocimiento. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la lengua constituye el medio instrumental indispensable para el ejercicio de ciertos derechos, calificados expresamente como fundamentales por la Constitución, como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación o el derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso, aun cuando las proclamaciones constitucionales y estatutarias en materia de lengua configuran un criterio material inspirador de la actuación de todos los poderes públicos, es igualmente cierto que simultáneamente generan derechos y deberes subjetivos individualizados. Surge así, de acuerdo con el art. 149.1.1.ª de la C.E., una competencia estatal para regular las condiciones básicas del ejercicio de tales derechos y deberes, que alcanzará al diseño de las grandes líneas del modelo idiomático.
Pero además, los preceptos contenidos en los arts. 3.1 y 139 de la C.E. aparecen también como criterios materiales que vinculan a todos los poderes públicos, incluyendo a los de las Comunidades Autónomas. En concreto, conforme al art. 3.1 de la C.E. sólo respecto del castellano cabe predicar junto al derecho a usarlo, el deber de conocerlo. Primeramente, porque la cooficialidad de otras lenguas no tiene por qué suponer una obligación de conocerlas y, además, porque tal obligación (que, respecto al gallego, no viene recogida en el correspondiente Estatuto de Autonomía) sería inviable con arreglo a la Constitución. En efecto, ni para el legislador estatutario ni para el legislador autonómico es posible la imposición de ese deber, por resultar contrario a la Constitución. La singularidad del castellano, en cuanto que sólo para él se imponga constitucionalmente el deber de conocimiento, resulta de su exclusiva condición de idioma común a todos los españoles y lengua oficial del Estado. La significación jurídica de ese deber constitucional puede conectarse la prohibición de discriminación por razones lingüísticas que resulta del art. 14 de la C.E. en conexión con el mandato de su art. 10.2, ya que textos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 2, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus arts. 2, 26 y 27, proscriben esa discriminación. Los poderes públicos, en cuanto que pueden presumir válidamente que todos conocen el castellano, al actuar únicamente en esa lengua no incurren en principio en discriminación que vulnere el artículo 14.
El significado jurídico del deber de conocimiento del castellano se proyecta en cuanto a los condicionamientos constitucionalmente legítimos, que por razones lingüísticas pueden imponerse en el ejercicio de los derechos fundamentales. En este sentido, y como indica el fundamento jurídico 42 de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de agosto de 1983, la garantía del derecho público, subjetivo e incondicional, al uso del idioma cooficial «no puede suponer para determinados españoles un condicionamiento en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales que, yendo más allá de lo exigido en el art. 3.1 de la C.E., vacíe de contenido a ese derecho». El deber de conocimiento del castellano y la inexistencia de respaldo constitucional para imponer un deber paralelo en cuanto a las restantes lenguas españolas aparece, pues, dentro de la igualdad de «posiciones jurídicas fundamentales» garantizada por el art. 139.1 de la C.E. No puede, por ello, imponerse un deber individualizado de conocimiento de la lengua cooficial ni siquiera en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción, y menos aún, fuera de ese ámbito, para todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. c) Por lo que se refiere al art. 7 de la Ley de normalización lingüística, la regulación en él contenida, según el Abogado del Estado, tiene una naturaleza característicamente propia del Derecho procesal, materia de exclusiva competencia estatal según el art. 149.1.6.ª de la C.E., sin que sirva para legitimarlo lo dispuesto en el art. 27.5 del EAG, al no tratarse aquí de un punto relacionado con el Derecho sustantivo; ni tampoco la referencia a «la organización propia de los poderes públicos gallegos», al no tratarse de tales poderes. La normativa referente al empleo de las lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de Justicia no puede desconectarse de la regulación de la propia Administración de Justicia. Los núms. 1 y 2 del art. 7 de la Ley gallega 3/1983, al no mantenerse en un plano de gestión, que es el habilitado por el art. 24 del Estatuto, invaden, por tanto, competencias reservadas en exclusiva al Estado. Por lo que suplica al Tribunal dicte Sentencia declarando inconstitucionales y nulos los preceptos que se impugnan.
Señala al respecto que la lengua no aparece como título sustantivo de competencias para la Comunidad Autónoma ni permite por ello ampliar el ámbito competencial que la Constitución y el Estatuto le atribuyen, y que la remisión que hace el art. 3.2 de la Constitución a los Estatutos para la eventual cooficialidad de otras lenguas españolas distintas del castellano viene a ser la afirmación de un criterio material inspirador de la actuación de los poderes públicos, remitiéndose «a los pronunciamientos que en su día se hagan en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de normalización del uso del euskera», y pasa a continuación a impugnar el apartado segundo del art. 1 y el art. 7 de dicha Ley. De ahí que no sea necesario replantear aquí la cuestión competencial, tratada en los fundamentos jurídicos 4.° a 6.° de nuestra Sentencia de 26 de junio de 1986, relativa al mencionado recurso contra varios artículos de la referida Ley vasca 10/1982, a los que nos remitiremos oportunamente, dando asimismo por reproducidas las consideraciones generales de los fundamentos 1.° a 3.°
1º. Estimar parcialmente el recurso, y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad del inciso «el deber de conocerlo» del apartado segundo del art. 1 de la Ley 3/1983 del Parlamento de Galicia.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Rubio Llorente a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 678/1983
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 678-1983
Promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2 y 7 de la Ley 3/1983, del Parlamento de Galicia, de 15 de junio. Voto particular.
El art. 3.1. de la C.E. establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas Comunidades Autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio, al no darse respecto de las lenguas cooficiales los supuestos que dan su fundamento a la obligatoriedad del conocimiento del castellano.
Artículo 1.2 (declara inconstitucional parcialmente)
Artículo 149.1.5, VP
Artículo 27.20, f. 2
Artículo 1.2, ff. 1, 2
Artículo 7, f. 1, VP
Artículo 231, VP
Administración de justiciaAdministración de justicia, f. 3, VP
CastellanoCastellano, f. 2
Cooficialidad lingüísticaCooficialidad lingüística, f. 3, VP
Deber de conocimiento de lenguas oficialesDeber de conocimiento de lenguas oficiales, f. 2
GallegoGallego, ff. 1, 2, 3
Lenguas oficialesLenguas oficiales, ff. 3, 7
Pluralismo lingüísticoPluralismo lingüístico, f. 2