Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1612
Timestamp: 2017-04-29 09:23:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 185', 'artículo 35', 'artículo 190', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 117', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 83', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 197', 'artículo 199', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 58', 'artículo 73', 'artículo 135', 'artículo 77']

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2015.
COMUNICACIONES Del Senador Adolfo Romero Lainas, remite informe de sus actividades durante el 13ª Congreso sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril pasados, en Doha, Qatar.
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.
Devuelve el expediente del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción vi al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
TURNOS A COMISIONES DE LAS INICIATIVAS INSCRITAS.
PRONUNCIAMIENTOS DE LA MESA DIRECTIVA.
Por los daños y muertes generados en la República Federal Democrática de Nepal, a consecuencia del terremoto del sábado 25 de abril pasado.
En relación con el caso de la menor Alondra Luna Núñez, por la violación a sus Derechos Humanos, por parte de las autoridades en México.
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(Sobre desaparición forzada).
Ampliaciones de turnos a diversos proyectos de decreto.
Turno a comisiones de las proposiciones y efemérides.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (13:54 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 89 ciudadanas Senadoras y Senadores.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del miércoles 29 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amable de levantar la mano.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el Informe de sus actividades durante el 13ª Congreso sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal, celebrado del 12 al 19 de abril pasados, en Doha, Qatar.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: De la Colegisladora, se recibió también un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, remitió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: La Colegisladora nos hizo llegar también, un proyecto de Decreto por el que reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Telecomunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Por último, también de la Colegisladora, remitió el expediente del proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Solicito a la Secretaría dé cuenta de los turnos de las iniciativas inscritas en la agenda de este día, y que se remitirán directamente a comisiones.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta de los turnos de las iniciativas del día de hoy.
La de los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina y Carlos Alberto Puente Salas, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.
La de la Senadora Martha Elena García Gómez, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de niñas, niños y adolescentes, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.
La de la Senadora Martha Elena García Gómez, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de atención a niñas, niños y adolescentes, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.
También de la Senadora Martha Elena García Gómez, un proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
Y de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.
El siguiente asunto del Orden del Día, es la primera lectura de los dictámenes inscritos en la agenda.
Les informo que, por lo que hace al dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, de reformas al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Mesa Directiva instruyo sustituir la versión publicada para que se utilice el texto del dictamen impreso y sea éste, el impreso, el que se dé a conocer para la discusión, en su momento.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes para primera lectura.
Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los Artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la federación el 9 de enero de 2015.
Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Uno más, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Uno, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
Uno más, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre México y el Reino Hachemita de Jordania.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y la República Francesa para el Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado el 23 de diciembre de 1965, hecho en la Ciudad de México el 13 de enero de 2014.
Y uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Canadá sobre Transporte Aéreo.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura. Solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento que suscribió la Mesa Directiva sobre el terremoto de Nepal.
La Secretaria Senadora maría Elena Barrera Tapia: Doy lectura al pronunciamiento por los daños y muertes generados en la República Federal Democrática de Nepal. Compañeras Senadoras y Senadores: Como es de su conocimiento, el pasado 25 de abril la República Federal Democrática de Nepal sufrió las consecuencias de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en el noroeste de Katmandú, provocando lamentables e irreparables pérdidas de vidas humanas, heridos y daños materiales por el momento incalculables. Los y las Senadoras de la República Mexicana, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias y profundo pesar al gobierno de la República Federal Democrática de Nepal, por el devastador terremoto del sábado pasado, que hasta la fecha, según informes oficiales, ha ocasionado la muerte de un número mayor de 4 mil personas y más de 7 mil heridos. Le pedimos al Presidente de la República Federal Democrática de Nepal, Ram Baran Yadav, que sea el amable conducto para transmitir nuestras condolencias y palabras de apoyo a los familiares de las víctimas y a todos los damnificados por el desastre natural.
Desde el Senado mexicano formulamos votos para que el apoyo solidario de la Comunidad Internacional pueda llevar pronto tranquilidad al pueblo nepalí y permita su pronta recuperación de esta terrible tragedia. Muchas gracias, por su atención.
Es cuanto, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Comuníquese el pronunciamiento para que se haga llegar a la República Federal Democrática de Nepal. Informo a la Asamblea, que a propuesta de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento sobre el caso de la niña Alondra Luna, en el estado de Guanajuato.
Solicito a la Senadora Palafox dé lectura al mismo. La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Pronunciamiento de la Mesa Directiva en relación con el caso de la menor Alondra Luna Núñez, por la violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades en México. Los derechos de Alondra Luna, la menor sustraída de su escuela para ser llevada a Estados Unidos por petición de una mujer que la reclamaba como su hija, fueron vulnerados de manera flagrante y lamentable. Ante este acto, la Mesa Directiva del Senado de la República no puede pasar por alto exhortar y solicitar un conjunto de acciones por parte de las autoridades mexicanas en las diferentes áreas de responsabilidad. Solicitamos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, que informe a esta Soberanía la actuación de la ciudadana juez Cinthia Mercado García, en el caso de la menor Alondra Luna Núñez, para que en caso de existir faltas o negligencia en el ejercicio de sus funciones, inicie de inmediato el procedimiento sancionador correspondiente. Del mismo modo, exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe a esta Soberanía sobre las actuaciones a su cargo en la sustracción del país de la menor. Alondra Luna Núñez, sin mediar notificación a los padres de ésta, quienes son jurídicamente responsables de su guarda y custodia, no está exenta de responsabilidad, y por ello, solicitamos a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto del área competente, informe a esta Soberanía de la intervención y actuación de las autoridades migratorias mexicanas en el caso de la menor Alondra Luna Núñez, y señale las acciones que implementaron para brindar a la menor asesoría legal y protección durante su traslado y estancia en los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, demandamos la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie la investigación correspondiente sobre la violación grave de los derechos humanos de la menor Alondra Luna Núñez y de sus padres, e informe a esta Soberanía de sus acciones. Finalmente, se solicita a la Procuraduría General de la República que informe a esta Soberanía de su intervención y actuación por la participación de las autoridades de la Interpol en el traslado de la menor Alondra Luna Núñez a los Estados Unidos de América. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Comuníquese este pronunciamiento a las autoridades correspondientes. Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, sobre desaparición forzada.
Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, sean tan amables de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, se concede el uso de la tribuna al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. Es obvio que todas las modificaciones a nuestra ley fundamental revisten singular importancia y significación. Presentar a ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre el otorgamiento de facultades al Congreso para expedir legislación general en torno a los delitos de desaparición forzada, de privación de la libertad contraria a la ley, de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y con la comunidad internacional. En este Senado, dentro de su pluralidad y en forma transversal a la diversidad ideológica de quienes lo integramos, estamos convencidos de la marcha iniciada desde los siglos XVII y XVIII, y presente hoy en el mundo, por el reconocimiento de los derechos humanos, como razón esencial del ser, de la forma que hemos adoptado para organizarnos como comunidad política y que está, desde luego, en plena expansión en el moderno estado constitucional de derecho. El dictamen que presentamos es producto del estudio de ocho distintas iniciativas, de distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea. Cuatro proyectos en materia de desaparición forzada, dos alusivos a la tortura y dos que comprenden ambos tipos penales. Una de esas propuestas proviene del respaldo otorgado, por dos Senadoras y dos Senadores, a los puntos de vista de una colectividad de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en todo el país, como mínimo los tipos penales y las sanciones de las conductas delictivas a las que me he referido. Quiero dejar testimonio de gratitud al espíritu de diálogo, exploración de entendimientos y construcción de acuerdos que imperó entre los integrantes de las seis comisiones dictaminadoras, y destacadamente al trabajo comprometido de sus presidentas y presidentes: el Senador Roberto Gil Zuarth, la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Graciela Ortiz, el Senador Raúl Gracia y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
La naturaleza de nuestro Estado federal, como aquí se sabe en detalle, distribuye facultades legislativas por materias dentro de sus ámbitos de competencia para la Federación y para las entidades federativas.
Esto implica dificultades complejas para el cumplimiento de sus compromisos internacionales de adopción de medidas legislativas para establecer tipos penales, sanciones, medidas de protección y previsiones de cabal atención a las víctimas y la reparación de daño, que sean homólogas en toda la República, a la luz de las obligaciones de nuestro país que ha contraído con la comunidad de naciones.
De manera particular, destaco que somos miembros de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, de la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada de Personas, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo, así como para la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Vale la pena enfatizar que México forma parte de esos pactos internacionales, porque está convencido que la esencial dignidad humana es el sustento de las instituciones políticas y sociales, y que el Estado se establece para su protección, tutela y, en su caso, restauración.
Al suscribir esos instrumentos de alcance universal y de alcance regional, manifestamos la voluntad de México por adoptar leyes estrictamente consecuentes con la protección de esos derechos.
En nuestro Estado federal hemos coincidido en que la mejor forma de hacerlo es a través del otorgamiento, al Congreso de la Unión, de la facultad para expedir leyes generales en la materia; es decir, la legislación aplicable a la esfera federal y a la esfera de las entidades federativas, sin demérito de las competencias propias de las autoridades de procuración y de impartición de justicia penal, en el ámbito federal o en el ámbito de cada entidad federativa.
Convencidos, también, de que este es un paso necesario e importante para que pueda expedirle la legislación general subsecuente, a fin de fortalecer normativa e institucionalmente la protección de los derechos humanos.
En el Estado mexicano, sociedad y gobierno, en las instituciones públicas y en este Senado, somos todos sensibles a que el pleno reconocimiento de los derechos humanos implica la protección de los bienes más valiosos de toda persona, tanto en lo individual, como en lo colectivo.
En línea con ese pensamiento, ¿qué relevancia tiene la modificación planteada?
Afirmar la ruta para fortalecer la protección del derecho humano a la libertad personal, en primer lugar, pues así, como ya se contemplan las figuras del secuestro y de la trata de personas, ahora se incorporan la de desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, y fortalecer, también, la protección del derecho humano a la integridad personal al incorporarse las figuras de la tortura y de otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Honorable Asamblea: Este dictamen se sustenta técnicamente en las formas constitucionales de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno, pero su fundamento real es la convergencia del pensamiento de la sociedad mexicana en sus esferas política y civil para dotarnos de mejores instrumentos normativos y de mayores capacidades institucionales para hacer frente a fenómenos delincuenciales, que todos reprochamos y condenamos.
Nuestro interés es siempre que la conducta ilícita penal no ocurra, y si sucede, se investigue y juzgue conforme a derecho para que no quede impune, pero no como un deber formal, sino porque la solidaridad máxima y la acción más amplia de tutela es con quien ha sido víctima del delito, para que el tejido de nuestra convivencia social sea siempre más fuerte que quienes pretenden vulnerarla.
Es por todas esas razones, y las que seguramente expresarán otras distinguidas y distinguidos integrantes de esta Asamblea, que les pido su convencido voto aprobatorio a esta reforma constitucional, en favor de los derechos humanos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Enrique Burgos.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Señoras Senadoras; señores Senadores:
Ya destacaba el Senador que me antecedió en el uso de la voz, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que esta es una de las reformas constitucionales más importantes que habrá de aprobar esta Legislatura.
No solamente reconoce y recoge un reclamo de organismos internacionales, una recomendación que ha venido persistentemente estando presente en los informes que rinden las organizaciones de derechos humanos y también las instituciones que se encargan de la vigilancia, de la responsabilidad estatal, sino de un reclamo social, de una herida que se abrió a partir del caso Ayotzinapa, pero que no había estado en la agenda nacional, a pesar de que es un fenómeno recurrente en nuestra convivencia.
El problema que pretende corregir esta reforma no solo es la dispersión normativa en los tipos penales, los problemas de coordinación entre las autoridades federales y estatales, en la investigación y en la persecución del delito de desaparición forzada de personas, de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino también la particularidad que implica este fenómeno.
En desaparición forzada de personas participan agentes del Estado, y son los mismos agentes del Estado los que deben investigar y perseguir estas conductas. Consecuentemente, esta particularidad puede provocar círculos de impunidad que generan, al final de cuentas, que estos delitos no lleguen y se sancionen.
Según estadísticas, 6 de cada 291 averiguaciones previas termina en sentencia, en materia de desaparición forzada de personas.
En 2013, aumentó en 600 por ciento las denuncias, respecto a 2003, sobre tortura, lo que indica que esta práctica sigue siendo una realidad cotidiana en los procesos de investigación y en cualquier interacción que tienen los ciudadanos con respecto al poder público.
No se federaliza la desaparición forzada de personas o la tortura.
Siguiendo la trayectoria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución, hemos incorporado a las facultades concurrentes, que se regulan a partir de leyes generales, tanto en sus tipos, como los mecanismos de coordinación, la desaparición forzada de personas, la tortura, y a partir de una cláusula de apertura, que implica que cualquier delito que infrinja el bien jurídico tutelado de la libertad podrá ser materia de leyes generales, con lo cual damos un paso muy importante en la atención de fenómenos diferentes a la desaparición forzada de personas o la tortura, como es el caso de los desplazamientos internos.
Esta es una reforma de enorme envergadura que le dará al Estado mexicano mayores instrumentos para poder prevenir, investigar y combatir estos delitos, que a partir de lo que ha sido el esfuerzo del Estado mexicano, por combatir al crimen organizado, ha quedado como evidencia, como resultado de esa precisa actuación del Estado.
Precisamente por eso, a nombre de la Comisión de Justicia, quiero felicitar a los integrantes de las comisiones unidas que han participado en estos debates; a los proponentes de estas iniciativas, a quienes durante los últimos meses han trabajo insistentemente por dar un paso adelante en el mejoramiento de las capacidades institucionales para abatir estos fenómenos.
El reto que sigue a continuación es crear leyes generales de gran calidad, de enorme importancia y de enorme eficacia para poder abatir estos fenómenos.
Es una tarea que, afortunadamente, ya ha empezado con la presentación de diversas iniciativas de ley general en estas materias, que, sin lugar a duda, sirven de marco de referencia para lograr, en el corto plazo, la dictaminación y la generación de productos legislativos que nos permitan, como Estado y como sociedad, resolver este problema de manera definitiva.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras Senadoras, señores Senadores. El dictamen que presentamos a su consideración las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adiciones por cierto en el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, dictamina diversas iniciativas que Senadoras y Senadores hemos presentado, y también la que diversas organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos a título personal han entregado a este Senado. Todas fundadas en la armonización, particularmente de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Todos estos tratados están aprobados por el Estado mexicano.
La desaparición forzada o perpetrada entre particulares, así como la tortura, constituyen delitos graves en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al que nos hemos vinculado, y para el cumplimiento de la vinculación del Estado mexicano con el Derecho Internacional, y además por las diversas dificultades que estamos enfrentando para su cumplimiento, se da origen, por cierto, a distintas recomendaciones y exigencias tanto de organismos internacionales como de defensoras de derechos humanos, este Senado de la República ha considerado pertinente reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga la facultad expresa para legislar en estas materias a través de leyes generales que, permítanme decirlo: Primero. Sean observadas en todo el territorio nacional, para lo cual es necesario un solo instrumento jurídico en cada una de estas materias. Segundo. Se homologue los tipos penales de desaparición de personas y de tortura.
Tercero. Se establezcan las bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar estos delitos que deben ser perseguidos oficiosamente.
Cuarto. Se garantice la debida diligencia para preservar la integridad de víctimas y testigos.
Quinto. Se establezcan los mismos criterios y mecanismos para ser aplicados de manera integral y armónica.
Sexto. Haya reparación integral del daño a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
Séptimo. En el caso de la tortura, establecer los mismos criterios para el funcionamiento del mecanismo contra la tortura que tienen bajo su jurisdicción la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 32 organismos autónomos de derechos humanos de las entidades federativas; de igual manera, un solo mecanismo de aplicación del protocolo de Estambul por parte de las autoridades judiciales.
Octavo. En el caso de la desaparición forzada:
1.- El delito sea imprescriptible tanto en la desaparición forzada como la perpetrada entre particulares.
2.- La obligación de autoridades federales y de las 32 entidades federativas a coordinarse.
3.- Constituirse un solo registro nacional de datos de personas detenidas.
4.- Un solo registro de personas desaparecidas.
5.- Un solo registro de perfiles genéticos.
6.- Un solo mecanismo que articule a las procuradurías o fiscalías para la búsqueda de emergencia.
7.- Que tenga como objetivo regresar con vida a la persona desaparecida.
8.- Se preserve la seguridad de las familias y testigos.
9.- Se establezcan los criterios para la declaración de ausencia y se les brinde a las familias la estabilidad indispensable para evitar que el impacto de la desaparición trastoque en menor medida a los familiares dependientes.
En el caso del tipo penal que aplicará para toda la República, es indispensable concebirlo a la luz de los tratados.
En el caso de la desaparición forzada que se perpetra por un servidor público, con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; omita dolosamente información, se niegue a rendir informe, oculte o mantenga dolosamente información; se niegue a rendir informe, oculte o mantenga el ocultamiento del sujeto pasivo; dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.
Esta reforma constitucional permitirá que en la ley también se establezca como sujeto activo de este delito al particular que aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice estas conductas.
También esta reforma nos permitirá que la ley general establezca el delito de desaparición de personas perpetrada entre particulares, cuya finalidad sea sustraer a la víctima de la protección de la justicia.
Al inscribir el delito de tortura en una sola ley para todo el país, es indispensable establecerlo como el que comete un servidor público intencionalmente para infligir a una persona sufrimiento físico o mental con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarla por acto que haya cometido, o se sospecha haya cometido, o para coaccionar o intimidar a otras personas, cuando estos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público a instigación suya o con su consentimiento o con aquiescencia.
La reforma constitucional que hoy ponemos a su consideración, está inscrita también en las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, para el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Señoras y señores: Las cifras sobre desapariciones de personas tienen una característica: ninguna es coincidente con la otra. Sin embargo, es necesario poner no números, sino caras, cuerpos, personas, nombres, identidades. Quienes hoy sufren, y es necesario no solo conmovernos sino ocuparnos, hoy están esperando esta reforma constitucional
En obvio decir que a nuestras oficinas llegan familias relatando sus penas, sus incertidumbres, sus angustias, pero también sus maltratos por parte de alguna autoridad, quienes no en pocos casos esgrimen legislación laxa o la no competencia en determinados casos.
En el caso de tortura, discutir si es generalizado o no, parece un debate bizantino frente a la realidad. La necesidad desde la ley, desde desmontar culturas de siglos, donde la lapidación, los palos, el cercenamiento de partes, crucificciones y otros suplicios como el tehuacanazo, el pocito, los toques, la asfixia, violaciones, especialmente contra mujeres, y otros sufrimientos físicos o psicológicos, es y ha sido lo real.
Además de desmontar estas culturas, también es indispensable castigarlas.
Llegará el momento en que tendremos que discutir cuál de esta convenciones, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, es la que debe motivar la redacción de los preceptos de estas leyes generales. La opinión, muy personal mía, me parece que no hay duda que en el caso de la desaparición de personas los preceptos establecidos en la Convención de Naciones Unidas es mucho más avanzada, y en el caso de tortura, la Convención de la Organización de Estados Americanos. Es entonces cuando tendremos que discutir, ciertamente, como nos lo han reclamado de que en México estamos llegando tarde a estas definiciones, pero yo creo, sin duda, como aquí lo anticiparon los dos presidentes en el uso de la palabra antes de mí, que lo que habremos de discutir y decidir en estas leyes generales, podrá ser, como en el caso de trata que también trabajamos aquí en el Senado de la República, tipos penales avanzados, progresistas, tomando en consideración el derecho comparado y, sobre todo, las expertises que se han construido en el mundo del garantismo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y, sobre todo, muchas gracias por su voto afirmativo a esta reforma. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora de la Peña. Compañeras y compañeros Senadores: informo que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación al Artículo Tercero Transitorio, misma que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea la acepta, la discusión del artículo será con la modificación incorporada. Solicito a la Secretaría dé lectura a esta modificación. La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación del Artículo Tercero Transitorio.
Debe decir: “La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, referidas en el transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes la entrada en vigor de éstas últimas.”
Es cuanto, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen. La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación y se integra al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Sí se admite, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación al Artículo Tercero Transitorio autorizada por esta Asamblea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios; los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.
Antes vamos a darle la bienvenida a las honorables Viceministras Liduvina del Carmen Margarín, de la República de El Salvador; y María Andrea Matamoros, de la República de Honduras; así como del honorable Viceministro, Embajador Oscar Adolfo Padilla Lam, de la República de Guatemala, quienes asisten a este Senado de la República para reunirse con las comisiones relacionadas con la migración. Sean ustedes bienvenidos, señoras Viceministras y señor Viceministro Embajador. (Aplausos)
Esta Presidencia también da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández. Sean ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Les informo que el registro de oradores para el debate de estos dictámenes en sus diferentes etapas, estará en todo momento a su disposición en el monitor de sus escaños. Este registro se actualizará conforme a las solicitudes de los Senadores y Senadoras y los acuerdos de los grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores: Posicionamiento del voto a favor del Partido del Trabajo, sobre la iniciativa que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La desaparición forzada de personas es un delito complejo, ya que es la violación a múltiples derechos humanos, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos.
Se caracteriza por la privación ilegal de la libertad de una persona, ya sea por agentes del Estado o grupos de individuos que pueden actuar en su apoyo o personas pertenecientes a la delincuencia organizada. El asesinato de la persona, víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras de un cautiverio sometido a torturas en un lugar oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de quienes actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectividad social a la que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perdurarán hasta que no se resuelva la suerte o paradero de las personas, prolongando el sufrimiento de sus familiares. Es muy importante esta reforma a nuestra Constitución, que permite al Congreso de la Unión expedir leyes generales, no solamente en materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales, sino que, además, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de personas, hoy tenemos el caso reciente de esta chica que tenían esclavizada en una tintorería, por hablar del tema de la semana. El Congreso tendrá la obligación de legislar a través de una ley general que tipifique el delito, regule lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada; así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas, como lo señalan los autores de esta iniciativa. De igual forma, México, a través de esta reforma constitucional, estará dando cumplimiento a lo previsto en diversos Tratados Internacionales, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del 9 de abril del 2002; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 2008; así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante destacar que esta facultad al Congreso, le permite legislar contra la tortura que es un instrumento ilegal, usado con mucha frecuencia y principalmente por parte de las diversas autoridades policiacas, así como por la delincuencia organizada, en contra de sus víctimas. Recientemente, el 21 del mes en curso, en el estado de Tlaxcala, se mostró en un video un caso de tortura que una persona sufrió por parte de presuntos policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un miembro de la incorporación lo asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, otro lo sujeta de las piernas mientras se convulsiona y un tercer elemento le exige decir todo lo que sabe. Una grabación en poder de noticias de Multivisión, muestra al detenido desnudo en el piso con los brazos amarrados y vendados hacia atrás, piernas inmovilizadas con una cobija y una soga. La grabación se realizó en las oficinas de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Tlaxcala, siendo un caso evidente de tortura. Dura un minuto 55 segundos, lo único que se escucha es una amenaza hacia la víctima de palabras altisonantes y te voy a dar un balazo. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado ha recibido 42 casos de tortura imputados a servidores públicos entre 2013 y 2015. Es por ello, y por muchas otras cosas que todos conocemos que pasan en el país y que a veces por temor no son denunciados, o por falta de credibilidad en las autoridades que puedan aplicar la justicia y escuchar a los que la sufren, es por ello que es indispensable la aprobación de esta reforma, que una vez que se expidan las leyes generales a que se refiere esta disposición, se sancionen todos estos delitos contra la humanidad, violatorios de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Palafox. Ahora sí están presentes con nosotros y les damos la más cordial bienvenida a las honorables Viceministras Liduvina del Carmen Margarín, de la República de El Salvador; y María Andrea Matamoros, de la República de Honduras; así como al honorable Viceministro, Embajador Oscar Adolfo Padilla Lam, de la República de Guatemala,
Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, les acompaña la Senadora Cuevas. (Aplausos)
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor Presidente. El grupo parlamentario del Partido Verde votará, desde luego, a favor de este dictamen. Se trata de un dictamen de vital importancia para la vida cotidiana de los mexicanos, porque atiende un problema que en cierta forma ha venido a vulnerar la seguridad y la confianza de las personas para llevar a cabo, de manera cotidiana, su quehacer.
La desaparición forzada de personas es uno de los más graves actos que puede llegar a sufrir una persona en lo individual o un grupo de personas, es un acto que vulnera el derecho a la seguridad personal, transgrede el derecho de libertad, niega la personalidad jurídica del ser humano y atenta contra el bien jurídico más importante: la vida.
La desaparición forzada es una conducta tipificada en la legislación federal, pero es un acto que pretende anular la protección de la ley de las instituciones y tiene como objetivo dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión. Las reformas que se aprueban con el presente dictamen, hacen un reconocimiento al dolor, al sufrimiento y a la indignación de las familias de los desparecidos. La víctima directa es quien sufre el daño en sus bienes más preciados: en su integridad física, psicológica, su libertad, su dignidad. Pero las víctimas también son sus padres, sus hermanos, sus hijos, víctimas son las familias inmersas en la angustia, y víctima también es la sociedad completa, a quien se le despoja de su sentido de seguridad y garantía de legalidad. El dictamen que nos ocupa estudia ocho iniciativas presentadas por Senadores de diversos grupos parlamentarios, lo que confirma que el tema es un tema que nos preocupa a todos. Con este dictamen se faculta, como ya lo dijeron mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y desaparición forzada de personas, y otras formas de privación de la libertad, mediante una ley general que regule lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas. El Congreso de la Unión, también como ya se señaló, contará con 180 días para expedir las leyes generales. Tratándose de la ley de desaparición forzada, esta deberá regular el sistema de búsqueda de personas, se trata de una cuestión de enorme importancia porque justo en momentos de zozobra para las personas, lo más valioso para ellas es poder tener la confianza de recurrir a un sistema que tenga ordenada la información, que esté coordinada, se trata, en fin, de tener una base de datos lo suficientemente robusta para que la gente tenga la confianza de que hay un sistema en el que se puede consultar sobre la búsqueda de personas. Las legislaciones en materia locales entrarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la leyes generales. De conformidad con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, debemos legislar tomando en cuenta los tratados internacionales como parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ya también se dijo aquí, en esta tribuna, que los ordenamientos o los compromisos internacionales que México ha suscrito son consistentes con la reforma, o que la reforma es consistente con lo que está previsto en dichos instrumentos. Como se señaló, diversos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a adoptar, entre otras, medidas legislativas suficiente para prevenir, sancionar y combatir los delitos de tortura y desaparición forzada de personas. Ya se mencionaron, están entre estos instrumentos: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como el Estatuto de Roma. La armonización de nuestro orden jurídico con los estándares internacionales en materia de derechos humanos representa una obligación inaplazable, es preciso que se realicen las adecuaciones a nuestro marco constitucional y legal. Es prioridad del Estado garantizar a todas las personas el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Las reformas que contiene este dictamen son congruentes al artículo 1o. de nuestra Constitución, pues tienen como objeto dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones constitucionales necesarias para fortalecer nuestro orden jurídico y erradicar prácticas de desaparición forzada, así como actos de tortura en nuestro país. Con la reforma al inciso a), fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución, se faculta al Congreso de la Unión, como también ya se ha señalado de manera reiterada, para expedir leyes generales en materia de tortura, tratos inhumanos o degradantes y desaparición forzada de personas. Al aprobar este dictamen el Legislativo Federal estará facultado para establecer las bases para que la Federación y las entidades federativas cumplan y realicen acciones coordinadas dirigidas a prevenir y combatir la desaparición forzada de personas y la tortura. La posibilidad de emitir una legislación general contra la desaparición de personas es de suma importancia, permitirá armonizar la legislación federal y local y considerar en toda la República estos delitos como graves. En suma, se trata de un enorme paso que damos al dotar al Congreso de esta importante facultad para emitir leyes generales en estas materias, es una tarea o una asignatura pendiente que teníamos como Congreso de la Unión y, por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor del dictamen porque estamos convencidos de la enorme utilidad, de la enorme contribución que dará para tratar de normalizar la vida de muchas personas que hoy lamentablemente viven en zozobra. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Flores. En representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrático, tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente. Señor Presidente de la Junta de Coordinación Política, es un honor tenerlo aquí tan cerca, más cerca que otros de sus propios compañeros de bancada. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros Senadores: Como ustedes recordarán, en el pasado mes de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, dio a conocer sus observaciones finales sobre el informe presentado por el Estado mexicano, relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sus conclusiones fueron contundentes. El comité consideró que la información aportada por México, y lo pongo entre comillas: “Ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del estado, muchas de las cuales podrían calificarse, así se definió, como desapariciones forzadas”.
Y esto me parece a mí, compañeras y compañeros, que no debiese sorprendernos, pues según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen 23 mil 689 personas no localizadas desde el año 2007; de las cuales, 9 mil 672 casos han tenido lugar durante el actual sexenio.
Sin embargo, no existe en la actualidad un registro que indique de manera fidedigna, cuántos de esos casos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización. Apenas unas pocas semanas después, en marzo, el Relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, también presentó un informe sobre su visita a nuestro país el año pasado, en la que señaló en México, así lo puntualizó: “La tortura es generalizada”; señaló que ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, y que es utilizada para fines de investigación. Y debo decir, con mucho respeto, pero debo decirlo, que me preocupó mucho la reacción del gobierno mexicano ante los señalamientos de ambas instancias, porque pareciese que las asumió como golpeteo, como un golpeteo político en su contra. Y en el caso de las observaciones sobre la implementación de la Convención contra Personas Desaparecidas, el gobierno trató inmediatamente de desvirtuarlas. En el caso, y lo quiero citar también, en el caso del informe sobre la tortura, la respuesta fue a través de la cancillería, y derivó, desde mi punto de vista, en un innecesario conflicto con el Relator. Pero las recomendaciones del comité, compañeras y compañeros, contra la desaparición forzada y del Relator sobre la tortura, no debiesen ser percibidas, lo digo con mucho respeto, no debiesen ser percibidas como una acusación de inacción del Estado mexicano, sino más bien como una llamada de atención sobre la necesidad de hacer mejor las cosas, porque de no entenderlo así, estaríamos condenados, compañeras y compañeros, a seguir contabilizando casos de desapariciones y de tortura, por miles y miles, durante muchos años más, y es que 23 mil 689 personas no localizadas, pues no es un cifra menor, y son un argumento sólido, por el contrario, de lo que hasta ahora se ha hecho para combatir el problema, y es evidente, el planteamiento que debemos entender es que ha sido insuficiente y que se requiere redoblar esfuerzos, es decir, cambiar estrategias. Por eso celebro, y lo hago en nombre de mi grupo parlamentario, la reforma que estamos por aprobar, no sólo porque abre la puerta, compañeras y compañeros, para la expedición de leyes generales en las materias, sino también porque nos obliga a la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que permita homologar procedimientos y acciones, como se dijo en comisiones y en este mismo Pleno, para la búsqueda y para la localización de las personas desaparecidas. Y como coautor, junto con el Senador Zoé Robledo, de una de las iniciativas que se han dictaminado, me preocupa, sí, también lo digo, que con esta reforma se acote el tema de las desapariciones constriñéndolas únicamente a las forzadas, es decir, aquellas que son cometidas por el Estado, y dejemos fuera a todas las demás. Sin embargo, y en abono al voto a favor que habremos de darle a esta proyecto, la redacción del dictamen me lleva en lo personal a interpretar que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas abarcará todas las desapariciones, sean o no forzadas. Y aun así, me atrevo a hacer un llamado respetuoso para que en la legislación secundaria, compañeras y compañeros, garanticemos que ningún caso de desaparición involuntaria se quede sin ser investigado. Y también conmino, respetuosamente, a mis compañeras y compañeros Senadores, a que impulsemos la armonización de la legislación en las entidades de nuestro país para garantizar un eficaz combate a la tortura y a las desapariciones, a fin de lo que hoy emprendemos con esta reforma no se quede, Senador Presidente, como una mera aspiración, sino que se convierta en una realidad. Enhorabuena, pues, por esta reforma, y retiro el voto a favor de quienes formamos parte del grupo parlamentario del PRD.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robles. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me ha solicitado dividir la participación en dos, que ya he aceptado, pidiéndoles que se tome cada oradora cinco minutos, no más de cinco minutos. Por tanto, tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez. La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores: Para Acción Nacional, siempre se ha centrado su acción en la primacía de la dignidad de la persona humana. Es por ello que votaremos a favor del presente proyecto de dictamen, porque con la aprobación de esta importante reforma constitucional, sin duda alguna, el Poder Legislativo Federal estará contribuyendo a dar cumplimiento a las diversas exigencias de organismos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el Sistema Interamericano, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diversas resoluciones se han pronunciado por establecer mejores condiciones para la prevención y combate de prácticas tan deplorables, como lo son la desaparición forzada de personas, la tortura o cualquier otra forma de privación ilegal de libertad. Pero sobre todo, estará dando respuesta a las víctimas de este tipo de deplorables delitos, que a fin de cuentas son los que recienten de manera directa la afectación a uno de sus derechos fundamentales, como lo son la libertad y su integridad. De igual manera, esta reforma dará la oportunidad al Congreso de la Unión a redefinir de manera integral el marco normativo encargado de sancionar este tipo de conductas, inscribiéndose dentro del proceso de redefinición de las competencias legislativas en materia penal, con el único objeto de contar con una legislación más potente, clara y precisa, que evite, a su vez, resquicios legales, pero sobre todo que garantice a la víctima un trato igualitario en cualquier parte del país en donde se encuentre.
Toda vez que la comisión de un delito de desaparición forzada de personas, de tortura o de cualquier forma de privación ilegal de la libertad, debe ser sancionada de la misma manera con independencia de la situación geográfica donde se cometa, tomando en consideración que la afectación del bien jurídico tutelado, es la misma en cualquier latitud del país.
De igual forma, con la aprobación de esta reforma estaremos dando un paso significativo en el fortalecimiento de las bases sobre las que habrá de descansar el combate a los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y otras formas de privación de libertad contrarias a la ley.
No obstante, subsistirá la obligación de nosotros, como legisladores, de poder plasmar en las leyes generales, que al efecto se expidan, las mayores y mejores condiciones legales para garantizar los derechos de las víctimas de este tipo de delitos, así como para propiciar que este tipo de conductas se sancionen de manera eficaz y proporcional a la afectación del bien jurídico que vulnera.
En este mismo contexto, para Acción Nacional la libertad de las personas no puede estar constreñida por el Estado, y no debe tener otros límites jurídicos más que los dictados por la ley. De ahí la relevancia y la importancia del dictamen que se ha puesto a consideración de este Pleno.
Es importante recordar que a raíz de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, el texto del artículo 1o. otorga una jerarquía constitucional, en el orden jurídico mexicano, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En México hemos avanzado hacia la construcción de un esquema legal de protección a derechos humanos, avanzando también hacia la construcción de un estado constitucional de derecho; pero, sin embargo, debemos reconocer que en México, pese a los esfuerzos legislativos, hoy vivimos una realidad dura en materia de derechos humanos, y es obligación de este Senado, del Congreso de la Unión, de los órganos legislativos mexicanos, generar las condiciones necesarias para que la legislación aplicable genere estas medidas que permitan, que obliguen al Estado mexicano a responder a las víctimas de violaciones a derechos humanos e ir caminando hacia una situación diferente en nuestro país.
Es por ello que Acción Nacional, en este dictamen, votaremos a favor de estas adecuaciones legales contenidas en el artículo 73 de la Constitución, seguros de que es el camino por el que México debe avanzar para construir un estado de libertades, en donde haya un pleno respeto a los derechos humanos de todos y todas los mexicanos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Ortega.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Adriana Dávila Fernández, hasta por cinco minutos.
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores. Prometo que serán menos de cinco minutos.
México ha estado en los últimos años presente en las discusiones internacionales sobre su papel respecto de la defensa y promoción de los derechos humanos.
Hemos sido testigos de múltiples casos, algunos públicos, otros anónimos, muchos otros invisibles, que no debieran estar escritos jamás en las páginas de la historia, ni de México ni de ningún país.
Incluso, discusiones diplomáticas con organismos internacionales, ha puesto a México en un papel bochornoso, a veces incomprensible, sobre los informes que se han emitido respecto de nuestro papel para erradicar prácticas, como la tortura o evitar casos como los de Ayotzinapa.
Pero éste no es un tema nuevo. Fenómenos o problemas sociales, como la migración y la pobreza, son situaciones de vulnerabilidad que han contribuido a agravar estos problemas convertidos en delitos.
Casos también como de Alondra o Andreas Emilia, sustraídos ilegalmente de sus hogares y que han mostrado un rostro tan desagradable de la condición humana, nos ha tenido en un vilo.
Por eso, la aprobación de esta reforma al artículo 73 es fundamental en la defensa de los derechos humanos básicos.
Legislar para inhibir y erradicar la desaparición forzada y la tortura, es cumplir con la exigencia ciudadana de un trabajo serio y responsable del Congreso de la Unión; pero especialmente es contribuir a atender y hacer justicia a las víctimas de estos delitos, que son los que realmente padecen omisiones o acciones de las autoridades.
Establecer desde una ley genera, facultades, obligaciones de los tres niveles de gobierno, es una acción responsable de este Senado de la República.
Por eso felicito a los y las Senadoras que presentaron diversas iniciativas que hoy nos tienen en este dictamen.
Quiero detenerme particularmente en lo establecido a la modificación constitucional, respecto de otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.
Me explico, el caso de Alondra, de Andreas Emilio, que fueron sustraídos ilegalmente del país, el caso de la joven de la tintorería, entre muchos otros, lo que denota es la incapacidad de las instituciones, además de sentido común, para aplicar estas normas.
Se violentan derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por eso, hace unos días ante esta Soberanía, presenté una iniciativa para regular los procedimientos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, y así incorporar al marco jurídico mexicano los elementos necesarios para que las personas menores de 16 años, y que hayan sido sustraídas o retenidas de manera ilegal, tengan la posibilidad de que les garanticen sus derechos y se les proteja adecuadamente.
Pero con la aprobación de esta reforma al artículo 73, hoy podremos establecer, también, los tipos penales que permitan castigar con penas severas a quienes cometen este delito.
Senadoras y Senadores: En tanto no se establezcan los tipos penales y sus sanciones, en todo lo relacionado a la privación de la libertad de las personas contrarias a la ley, seguiremos padeciendo las deficiencias jurídicas, que no hacen más que favorecer a los delincuentes.
Toda ley debe incluir, de manera específica y explicita, tipos penales y sus correspondientes sanciones.
Por eso celebro y felicito nuevamente a quienes han participado en este dictamen.
México requiere urgentemente medidas para prevenir las desapariciones forzadas, la tortura; pero también se requiere profesionalización.
Solo finalizo, señalando, ninguna ley puede sustituir el papel de la autoridad que ejecuta, es decir, si los gobiernos federal, estatal y municipal no son capaces de cumplir con sus facultades y obligaciones que estableceremos en una ley general, de nada servirá legislar.
Hago un llamado, respetuoso, para que todos asumamos el papel que nos corresponde, legisladores, hoy en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, para que aprueben esta minuta y, por supuesto, que luego podamos expedir leyes en lo particular, establecer las obligaciones del Estado mexicano en su conjunto, para poder apoyar a las víctimas de estos delitos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senadora Dávila, le agradezco su participación.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Itzel Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Itzel Ríos de la Mora: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores:
Hacemos hoy uso de la tribuna, para decir que los Senadores del PRI votaremos a favor este dictamen.
Y lo votaremos a favor conscientes que el dictamen es solo el medio, la ley es solo la posibilidad de llegar a la finalidad; y la finalidad es algo todavía más grande, deja de ser un papel, deja de ser letra muerta. La idea es que esto se convierta en una realidad. La idea es que se reafirme, desde aquí, ese compromiso indeclinable que tenemos los Senadores del PRI con las personas y con los derechos humanos.
La idea es que se tenga la protección más amplia que el Estado mexicano le puede brindar a una persona, que su integridad esté a salvo y, por supuesto, que no pueda ser privada de la libertad, sin recurso y sin razón alguna. Los mexicanos demandan acciones concretas del Estado para poner fin a prácticas que condenamos, porque atentan contra la dignidad y la vida de las personas.
Más allá de cualquier diagnóstico negativo o pesimista, los Senadores del PRI creemos que México tiene ante sí una oportunidad histórica para reivindicar su vocación y compromiso con los derechos humanos, una oportunidad que estaremos aprovechando desde ya para decirle a la población que nos sumamos a esta responsabilidad con alturas de miras en torno a la protección y, también, por supuesto, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Los crímenes que han sucedido, como la desaparición forzada de personas, la privación de la libertad contra la ley y la tortura, vienen a significar un reto frente a importantes avances, que hay que diferenciar lo que es simple y sencillamente que a alguien se le prive de la libertad, a una desaparición forzada, ahí tiene que ver con la integridad personal, tiene que ver con tortura y, por supuesto, esto tiene que ser diferenciado, tiene que ser puesto en la ley, y tiene que ser sancionado, tiene que ser llevado a cabo un proceso para que la población sepa, para que la ciudadanía sepa que se castiga en México, que no hay impunidad en México cuando se realizan este tipo de actos. Estos delitos producen daños muy sensibles con secuelas que a veces pueden ser permanentes tanto para las víctimas, pero también, por supuesto, para los familiares. El riesgo de estas prácticas es que impiden garantizar libertades y derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos signados ya por nuestro país, no pretendemos ocultar los problemas que hay en nuestro país.
De acuerdo con los datos que refirió durante su comparecencia en mayo en 2014, el propio Secretario de Gobernación, el tema de la desaparición forzada de personas y la privación ilegal de la libertad por algunos grupos delincuenciales, ignorándose el paradero o la suerte de la víctima es delicado por el bien jurídico que se afecta. En su momento se señaló que del 2012 al 2014, se habían reportado 16 mil personas no localizadas; sin embargo, también se informó que ya se había localizado alrededor de la mitad de ellos con vida, mientras que continúan las labores de localización con el resto de las personas no localizadas. Sin embargo, es un hecho que de acuerdo con un banco de datos alimentado por las procuradurías estatales, el Secretario nos informó que durante la pasada administración, de 2006 a 2012, se registraron 27 mil casos de personas no localizadas, de los que falta establecer el paradero aún de 13 mil personas. Y esto no nos tiene que llevar a discutir a ver dónde está el culpable, quién tiene el problema, sino quién tiene la solución; y sin duda, en nosotros está parte de la solución, de poder nosotros dar la facultad al Congreso de la Unión para poder emitir ya, de una vez por todas, la ley general y de ahí las leyes secundarias que den garantías a los ciudadanos, y que esto se pueda sociabilizar y que pueda haber respeto a la ley, y junto al respeto a la ley, una vida y, por supuesto, un México lleno de paz. Asimismo, según los datos de Amnistía Internacional de 2012 a 2013, el número de quejas por torturas y otros malos tratos, recibidas por la CNDH, se incrementó de 239 casos a 2 mil 114 casos. Reconocemos que en el caso de la desaparición forzada de personas las cifras varían según la institución y las metodologías empleadas para su medición. En este sentido, hay que aclarar que precisamente el conocimiento del número de personas desaparecidas constituye una tarea que debemos fortalecer a la brevedad. En el terreno de la tortura, el panorama también nos motiva a emprender cambios sustantivos para prevenir y sancionar esta práctica no menos deleznable. En la defensa de los derechos humanos no podemos asumir una posición meramente partidista o en miras de debates de los tiempos electorales, creo que este es uno de los puntos donde todas las fracciones nos debemos unir y donde yo estoy totalmente convencida que todos, además de legisladores, como ciudadanos, queremos los derechos humanos en todos los estados, en todo el territorio, para poder llevar seguridad no solamente a la familia de quienes representamos, sino también seguridad propia, porque al final, insisto, más allá de Senadores, de legisladores, también somos seres humanos que estamos sujetos a este tipo de problemas. El Presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido esfuerzos sin precedentes para que las familias mexicanas, dentro y fuera de sus hogares, tengan el disfrute efectivo de sus derechos más elementales y se sientan con tranquilidad y seguridad y, por supuesto, también libertad. Es indispensable acompañar todos los esfuerzos desde el Poder Legislativo para perfeccionar el andamiaje jurídico que vela por el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. ¿En qué consiste la reforma? Hay que preguntárselo y también hay que explicarle a la gente. Estamos en este momento facultando al Congreso para que pueda, posteriormente, emitir la ley general, luego las leyes secundarias, junto con la Cámara de Diputados, y así poder nosotros lograr que lo que hoy es un delito a nivel federal pueda compartirse la responsabilidad con los estados y, por supuesto, cada vez seamos más los que persigan el delito, pero que también entremos en la materia de prevención y, junto con esto, entremos a un estado de paz que todos los ciudadanos nos merecemos. Si bien es cierto que estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal Federal, es necesario fortalecer el orden jurídico para coordinar los esfuerzos del Estado mexicano, como ya lo dije, en esta materia. En este sentido, el artículo 73 constitucional propone facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que establecen como mínimo los tipos penales y las sanciones para la desaparición forzada. Nosotros, en la fracción del PRI, estamos convencidos y también abiertos al debate, ese debate de ideas que enriquezca al dictamen, que enriquezca a la ley y que lleve a los ciudadanos a ser beneficiarios de la ley que tengamos, para que ellos tengan, por supuesto y por ende, mayor seguridad. Para dar certidumbre a los procesos penales en este curso sobre los delitos que son objeto de la presente reforma, se establece que estos deberán concluirse y ejecutarse de conformidad con la legislación vigente. En el régimen transitorio se establece un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto para la aprobación de ambas leyes generales. Quisiera resaltar aquí, en las leyes generales se puede establecer ya sanciones ejemplares para la desaparición forzada de personas y tortura, precisando las facultades y la coordinación que deberá existir entre los distintos órdenes de gobierno para combatir los delitos. En este caso de desaparición forzada, nuestro grupo, el grupo parlamentario del PRI, presentó ya en días recientes una iniciativa que propone varias cosas, citaré unas muy breves. Tipificar el delito de desaparición forzada como autónomo. Fijar penas de 2 hasta 60 años de prisión. La creación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y Familiares, entre muchas otras cosas. La Ley General de Tortura, por su parte, deberá tipificar este delito también. Compañeras y compañeros legisladores: Las violaciones a los derechos humanos no deben de ser motivo, vuelvo a ratificar y vuelvo a puntualizar, de división, sino al contrario, este es un motivo de unirse en la búsqueda de soluciones para estos problemas. Estamos convencidos que la indignación producida por la tragedia que viven las víctimas de estos delitos debe de traducirse en propuestas concretas para corregir aquello que no funciona en las leyes, las instituciones y, por supuesto, para quienes las aplican, en este caso las autoridades. Con esta reforma constitucional respaldamos el compromiso asumido por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto de vivir en un México tranquilo, en un México lleno de paz. También le enviamos un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la firme determinación que tenemos para ajustar la legislación en aras de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en nuestro país ante la legítima inconformidad social que ya existe. Los Senadores del PRI seguiremos promoviendo los derechos humanos para que se trasladen de la ley, como ya lo dije hace un rato, del papel, a la vida cotidiana de todas las personas, en este caso de todos los mexicanos.
Los Senadores del PRI seguiremos trabajando para que, más allá de una ley, el ejercicio pleno de los derechos humanos sea una forma de vida en este país.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Itzel Ríos de la Mora.
Compañeras y compañeros, antes de iniciar la discusión en lo general, les informo que tenemos inscritos 20 oradores, todos se expresarán a favor del dictamen. Como ustedes conocen, el Reglamento nos permite hasta 2 oradores cuando todos van a favor, pero, con la finalidad de escuchar a un mayor número de compañeras y compañeros, hemos acordado que cada fracción propondrá hasta 3 oradores, por lo que les pido consensen al interior de sus grupos parlamentarios, quiénes serán estos tres oradores, de cinco minutos cada orador, por supuesto, como lo establece el Reglamento en el tiempo.
Aprovechamos para dar la bienvenida a familiares de víctimas que asisten a escuchar esta discusión: Alejandro Vélez, Juan Carlos Trujillo, Miguel Ángel Trujillo, Anastasio Rodríguez Sampayo, Claudio Fausto Lara, Magdalena Vergara Hernández, Mario Vergara Hernández, Adriana Rodríguez, Joel Díaz Díaz, Teresa Pérez, Karime Astudillo, Carmen Reina Valdés, Carlos Moreno, Francisco Orta y Araceli Ramírez.
También saludamos y damos la cordial bienvenida a representantes de Organismos No Gubernamentales del Centro de Colaboración Cívica, de FUNDAR, de OACNUDH, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de VERAPAZ y Juan Carlos Gutiérrez, Director de Ideas.
Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, este Senado les saluda. Son invitados por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Les informo que el Senador David Monreal Ávila nos ha hecho llegar su posicionamiento, mismo que se inscribirá en el Diario de los Debates, y nos dice que no participará ya en la tribuna.
Muchas gracias, Senador Monreal.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
La desaparición forzada y la tortura se encuentran reguladas por la legislación mexicana, sin embargo, se requiere de un mayor control, en el que se delimiten cada uno de los supuestos jurídicos basados en la distribución de competencias.
Es ahí la trascendencia de que el Estado mexicano fortalezca las medidas a fin de que se establezcan mecanismos contundentes, que se encuentren plasmados en una legislación general, donde se prevengan y se otorguen las atribuciones para una mejor procuración de justicia.
Con la aprobación del presente dictamen estaremos dando un avance facultando al Congreso de la Unión para legislar en la materia, y será mediante un avance constitucional que permitirá hacer las adecuaciones necesarias al marco jurídico nacional, mismas que estarán cimentadas en la prevención, combate y eliminación de este tipo de ilícitos que perjudican las libertades personales, trasgrediendo derechos fundamentales.
Es de enfatizar que esta reforma se encuentra pegada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, donde se reconoce que esta conducta vulnera derechos esenciales de la persona, y parte de los compromisos es realizar adecuaciones legislativas para combatirlo y erradicarlo.
Asimismo, en nuestro país se le ha recomendado, por parte de la ONU, implementar la creación de un Registro Nacional Único de Personas Desaparecidas, como una de las medidas para prevenir e investigar este fenómeno social.
De aprobarse esta reforma constitucional, se regulará la tortura y desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad, y será por medio de la prevención, investigación y sanción, así como la búsqueda, a través de las cuales se buscará la protección de la libertad y de la persona y de los derechos inherentes al hombre.
El presente dictamen establece implementación, regulación y funcionamiento de un sistema de búsqueda de personas, mismo que deberá ser regulado en la ley de desaparición forzada.
Por lo anterior, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen debido a que se encuentra acorde a los tratados internacionales, así como la parte de la lucha para proteger la libertad y el respeto de los derechos del ser humano, bajo el esquema de combate a la tortura y a la desaparición forzada, conductas que tanto lastiman a nuestra sociedad mexicana.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Jorge Aréchiga.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros:
Vamos a ponernos un poco filosóficos en este asunto, y creo que se vale.
Jean Paul Sartre dijo, alguna vez, que “Estamos condenados a ser libres”, y para este filósofo francés, la libertad del hombre se basa en que siempre es nuestra decisión quién elegimos ser.
La libertad, en ese sentido, se basa en la individualidad, y la individualidad, a su vez, se basa en dos elementos: la elección y la responsabilidad.
De esta manera, las personas que no pueden elegir pues simplemente no son libres. Pero yo les preguntaría, ¿por qué alguien no podría elegir? Pues porque las circunstancias u otras personas les impiden elegir y, en ese sentido, vulneran su libertad.
Ese fue el motivo principal del pacto social, que el Estado regulara la coacción, que se creara el monopolio de la violencia física, legítima, como lo señaló Weber. Entonces, una función del Estado es proteger la libertad de las personas, quizá la principal función del Estado.
En ese sentido, habría que preguntarnos, ¿qué libertades son las que debe de proteger el Estado? Bueno, pues yo creo que es un tema a debatir, pero hay una en particular, la libertad entendida como la protección de los derechos fundamentales.
Y esta disertación, que no pretende ser una disertación filosófica ni mucho menos, es una explicación relacionada a este dictamen que estamos a punto de votar, porque a final de cuentas, la adición a la Constitución, que se está discutiendo, establece, pues, que estaremos ya facultados, como Congreso, a expedir leyes en materia de desaparición forzada y tortura, pero también lo podremos hacer en otras formas de privación de la libertad.
Qué bueno que ya estaremos facultados para legislar en materia de desaparición forzada y tortura. Pero quiero, en esta oportunidad, concentrarme en las otras formas de privación de la libertad, porque si se habla de privación de la libertad, pues normalmente se piensa en el secuestro, pero el secuestro, ya lo saben, está contemplado ya en el artículo constitucional.
Entonces, ¿qué otras formas de privación de la libertad existen? Estoy seguro que este catálogo puede ser muy amplio, pero también tengo la seguridad de que un tema sí está en esta lista, y sí estará para que lo podamos legislar, y es el desplazamiento forzado de personas.
Por una razón, compañeras y compañeros, los desplazados internos no son libres, no lo son porque ellos abandonan en contra, muchas veces, de su voluntad, no muchas veces, abandonan siempre en contra de su voluntad el lugar donde vivían.
Abandonan su patrimonio, abandonan a sus familias, a sus amigos, abandonan su trabajo, sus escuelas, abandonan todo su entorno, interrumpen su vida como la conocen, y ésta nunca vuelve a ser la misma, abandonan su libertad.
Incluso, una vez que se desplazaron siguen sin ser libres, nunca estarán tranquilos en el lugar al que llegaron; las amenazas muchas veces los persiguen hasta el lugar donde se desplazaron, continúan muchas veces las intimidaciones a sus familias y entran en una terrible espiral de exclusión, de desempleo, de deserción escolar, de violencia, de enorme vulnerabilidad.
El desplazamiento interno es una inmigración involuntaria, las personas se ven forzadas a huir de su lugar de residencia por diversas situaciones que pueden ir desde catástrofes naturales, conflictos religiosos y comunales, disputas por tierras, castigos colectivos, pero principalmente, en los últimos 15 años, a partir de situaciones de violencia generalizada producto del combate a la delincuencia organizada.
No hay cifras oficiales sobre desplazados, pero les voy a dar tres. Parametría, en 2012, calculó que el 2 por ciento de la población de 18 años o más ha sido desplazado por la violencia, el 2 por ciento de la población, esto es cerca de 1 millón y medio de personas. Segunda dato. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calculó, entre 2011 y febrero de 2015, 281,418 personas que han sido desplazadas de manera forzada como consecuencia de la violencia en México.
Tercero. El Centro de Monitoreo y Desplazamiento Interno que está en Noruega, calcula alrededor de 180,000 personas desplazadas.
¿Por qué no tenemos un conteo oficial? Porque no hay una autoridad responsable. Y cómo haberlo si no hay una ley al respecto.
Les pregunto algo más, cómo es posible que no exista un reconocimiento explícito por parte del gobierno mexicano de la situación de desplazamiento interno; aquí al Senado han venido varias veces familias y representantes de desplazados a solicitarnos ese reconocimiento legal.
Por eso hoy es un día tan importante para los desplazados, porque el fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México, por tanto, es un tema no atendido por el Estado, y eso se acaba el día de hoy; hoy las víctimas ya podrán tener reconocimiento en una dimensión judicial, además de la dimensión social.
¿Por qué? Porque ya no hay pretextos, compañeras y compañeros, ya no hay pretextos para no legislar en materia.
Con esta reforma al artículo 73 constitucional, ya estaremos facultados para hacerlo, y ni siquiera hay que esperar a que se presente la iniciativa, ya hay una iniciativa presentada en diciembre de 2012 de Ley General para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado en México, que además de seguir todos los lineamientos del Relator Especial de Naciones Unidas y los principios rectores, pues atiende y previene este fenómeno, es una iniciativa que la tienen las Comisiones Unidas de Gobernación; la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y la Comisión de Población y de Desarrollo, que la tiene para opinión.
A estas comisiones, a estos compañeros hay buenas noticias, ya no hay pretextos para no dictaminar esta iniciativa de ley.
Por eso hoy celebro este dictamen, porque el Congreso ya podrá legislar sobre tortura, ya podrá legislar sobre desaparición forzada; pero también voy a celebrar que el fragmento del texto nos permite emitir ya una ley sobre desplazamiento interno.
Colombia debería de ser nuestro referente, Colombia llegó a tener un tercio de su población, más de cinco millones de personas, desplazadas; y qué creen, allá hay una ley general, incluso en su código penal se contempla el desplazamiento como delito forzado en su título tercero que reza: “Delitos contra la libertad individual”.
Por eso mi voto va a ser a favor del dictamen en lo general, pero sí insistiré en la conveniencia de hacer una mención explícita, por lo menos en la exposición de motivos, sobre el tema de desplazamiento interno, tal como se ha hecho en delitos que afectan a la libertad. Por eso, Senador Presidente, presentaré la reserva exclusivamente para la exposición de motivos, para que se incluya ahí que el desplazamiento interno es una forma también de privación de la libertad, porque, compañeras y compañeros, estoy convencido que todos tenemos derecho a la libertad, y los desplazados en México, hoy no son personas libres.
Ser libre es poder hacer, no vivir con coacciones ni privaciones; donde no hay ley, no hay libertad. Démosle esa libertad a los desplazados reconociéndolos en esta ley.
Bienvenida la reforma, mi voto a favor, y bienvenida también la posibilidad de ya legislar sobre desplazamiento interno forzado en nuestro país.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, se recibe la reserva Senador Robledo. Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
Y voy a pedirles, señoras Senadoras y Senadores, nos ajustemos a cinco minutos para poder escuchar a todas y todos los oradores, gracias.
La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de la Mesa; con el permiso de todos ustedes. México enfrenta una realidad oscurecida, una realidad en la que permea la impunidad y la arbitrariedad, una realidad que no conoce de justicia ni de ley, cuando de desapariciones forzadas se trata.
El Estado no ha podido cumplirles a los ciudadanos, no ha respondido a las exigencias de una nación que urge de respuestas; la ineficiencia y la incompetencia prevalecen en las investigaciones, y como resultado la duda y el rencor crece en nuestra sociedad mexicana.
Lamentable esta práctica es añeja, en México las desapariciones forzadas han tenido lugar en el pasado de nuestro país, un pasado caracterizado por una política de estado cerrada a las exigencias sociales, reprimiendo movimientos sociales con resultados lamentables en cuanto a violaciones múltiples a derechos humanos que aquí hemos escuchado.
Mismos que vieron reflejados en desapariciones forzosas como un método de control político y social de este país.
En la actualidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un registro de más de 26,000 personas desaparecidas; de las cuales, se presume que 2,400 casos podrían tratarse efectivamente de desapariciones forzadas.
Lo más alarmante es que el crimen se ha propagado por todo el territorio nacional. En mi estado, Querétaro, se maquilla la seguridad que un día se presumía y que al día de hoy se vive en una realidad distinta a la que alude la actual administración.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos sostuvieron en noviembre pasado que la Procuraduría General de la República les informó, mediante una solicitud de información pública, de 1,270 mujeres reportadas como desaparecidas en Querétaro del 2009 al 2013; mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado reporta únicamente 232 desaparecidos, tanto hombres como mujeres, del 2010 a la fecha.
Y mi pregunta es, ¿entonces quién tiene la razón o quién está diciendo la verdad?
En Querétaro, como a la mayoría de los estados, son graves y reiteradas las acciones y omisiones por parte de la Procuraduría. Yo ya sé que existen protocolos de búsqueda para la localización de las mujeres adultas y el protocolo que existe para los menores de edad.
La denominada Alerta AMBER sigue sin ser activada oportunamente, sólo por mencionar que ni siquiera existe el término feminicidio en la legislación queretana. Hoy ya hay 1,270 mujeres desaparecidas en el estado de Querétaro.
Ya no sólo la voz de las víctimas es escuchaba en las calles de México, sino que también el mundo contempla las violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestra República. Es por eso que no debemos permitir repetir esta historia, no podemos ignorar las exigencias sociales que hoy la Nación demanda, no podemos ignorar a todas esas familias de todos aquellos que hoy se encuentran desaparecidos, porque las familias ahí están y reclaman justicia. Es por eso que pretendemos reformar este artículo 73 de nuestra Carta Magna para darle las facultades al Congreso, para que pueda expedir esa ley general que tenga por objetivo la prevención y sanción de delitos en materia de desaparición forzada de personas. Este cambio es indispensable para atender esta práctica delincuencial de manera integral. La ley no se limita al ámbito penal, establecerá una normativa aplicable para todo el país en el ámbito de competencia de todos los órdenes de gobierno. Efectivamente, como aquí se ha dicho, creo que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, y una cosa es que reformemos hoy estos artículos, y otra cosa es que en los estados se vea una diferencia por la aplicación de la justicia. De esta manera podremos establecer los tipos penales y las sanciones de los delitos con los que se constatará la punibilidad y los elementos en todo el territorio nacional, de tipo penal. Un punto que me gustaría resaltar y que vale la pena subrayar es la incorporación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual contará con un Módulo de Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, que concentrará las muestras biológicas de referencia y los perfiles genéticos que de todas ellas derive, de las personas desaparecidas ubicadas y de sus familiares, con lo que se avanzará definitivamente en la construcción de un sistema de identificación de las víctimas de estos delitos. Por otro lado, la creación de un Registro Nacional de Personas Detenidas en el que se podrá saber públicamente, en tiempo real, por vía telefónica o electrónica, el estatus de una persona que hubiera sido aprehendida por alguna fuerza pública. El Partido Acción Nacional está convencido, y su servidora personalmente, que hoy se necesita de la colaboración de todas las fuerzas políticas para satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. Hoy contribuimos al proveer de estas nuevas herramientas a los tres poderes de gobierno, con la finalidad de que cada uno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades para hacer cumplir nuestra Constitución. Hoy atendemos el llamado urgente de esta sociedad que sí existe y que reclama justicia e igualdad en todos los casos de desapariciones forzadas. Les agradezco la atención, muchas gracias. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Rocha. Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El Senador Omar Fayad Meneses: Compañeras Senadores, compañeros Senadores: Hoy vengo a hablar a favor de este dictamen, dictamen que me parece fundamental por el tema que aborda, y creo que si tuviéramos que pensar en la peor desgracia que pueda sufrir un ser humano, la peor, es que algún día le digan que su hijo o sus padres o sus hermanos han desaparecido. No creo que haya otra peor, ni siquiera el que le determinen a uno en lo personal que tiene una enfermedad terminal. Lo peor que te puede pasar en la vida, si no pregúntenlo a tantas víctimas, es que te anuncien que tu hijo ha desaparecido. Y en este contexto, lo más grave es que esta desaparición se sufra a manos de delincuentes que son autoridad, que esta desaparición, que esta privación de la libertad sea por agentes de cualquiera de los órdenes de gobierno, que nieguen que se ha dado, pero que además puede tener todo tipo de consecuencias, desde que aparezca y no se quede más que en un caso a comentarse por el resto de la vida o que desaparezca y se le prive de la libertad. No creo que haya, de verdad, peor desgracia. Y por eso, en esa tesitura se han trabajado ocho iniciativas, de las cuales me congratulo ser autor en una de esas iniciativas, y además autor ya de la legislación secundaria que deba devenir a esta reforma, para saber cómo México debe de enfrentar esta situación. Existe, después de Iguala, un antes y un después, Iguala ha marcado a México y a los mexicanos y no podemos hacer oídos sordos a un justo reclamo de la sociedad, ni tampoco podemos desatender sendos compromisos internacionales, que ya no refiero porque se han dicho por quienes me han antecedido aquí en el uso de la expresión. Hemos trabajado a lo largo de muchos meses sobre la legislación, sobre la reforma constitucional y sobre la ley secundaria, han sido muchas horas de trabajo. Cuando nos reunimos con los especialistas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y nos preguntaban, ¿qué están haciendo en esta materia? Aquí hay compañeras y compañeros, que no me dejarán mentir, que estuvieron presentes: mi compañera Angélica de la Peña, del PRD, quien refirió su esfuerzo personal y el trabajo colectivo en su partido que estaba haciendo en la materia, le consta que ese día le referí a los especialistas el borrador propio que tenía en materia de reforma al artículo 73, fracción XXI, y todo lo que sería la legislación en materia de desaparición forzada de personas, que estaríamos terminando su análisis para que antes de que terminara este periodo legislativo, pudiéramos sacar adelante. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Senador.
Senador Ríos Piter, ¿con qué objeto? El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Es para hechos, señor Presidente, si fuera posible una vez que termine el Senador. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: No cabe la interrupción al orador, pero le aclaro en este momento, hemos pactado la participación de tres oradores por cada grupo parlamentario, yo lo anoto y si es que su fracción nos pide que le demos la palabra, con todo gusto se la damos. El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Yo entiendo que hay tres oradores por cada grupo parlamentario; sin embargo, los dichos que ha hecho el Senador Fayad, me motivan a pedir la palabra para hechos. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Yo lo inscribo, pero está supeditado a este acuerdo que tomamos con los grupos. Senador Encinas. El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Yo entiendo que es un acuerdo parlamentario, pero yo sí le voy a solicitar la palabra en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, es dictaminadora de este punto, y no estuve en el momento de la intervención de las comisiones por estar cumpliendo con otra comisión legislativa. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: El momento procesal ha pasado; sin embargo, permítame esa consideración.
Adelante, Senador Fayad. El Senador Omar Fayad Meneses: Hicimos un esfuerzo, Senadoras y Senadores de diversos partidos, y presentamos una iniciativa conjunta la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Encinas y un servidor, y además existen otros esfuerzos muy importantes, algunos presentados por el Senador Gil Zuarth, y diversas compañeras y compañeros de todos los partidos, porque todos coincidimos en que este es un tema fundamental y debemos de abrir el candado, y se abre a través de esta reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI, para que podamos hacer la legislación secundaria al respecto, y entonces demos la respuesta a los ciudadanos y la respuesta a los compromisos internacionales que tenemos.
Concluyo pidiéndole su voto a favor y reconociendo el trabajo y capacidad mostrada en el seno de todas las comisiones dictaminadoras. Sin duda, los cambios establecidos en este dictamen son de vital importancia para las mujeres y hombres de México, para todas las familias de México y para la comunidad internacional. Por su voto aprobatorio y posteriormente porque respalden las iniciativas que ya presentamos en materia de legislación secundaria al respecto, muchas gracias, compañeras y compañeros. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fayad. Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, compañeros.
Creo que este tema o se presta mucho para la demagogia y para venir a exhibir posiciones en este punto en donde el tema de los derechos humanos en México es el tema más sensible. Desde la posición de izquierda hemos nosotros siempre demandado la protección de los derechos humanos de los mexicanos, los hemos defendido a nivel internacional. De tal suerte que, desde la lucha social, hablar de la perspectiva de la defensa de los derechos humanos es una posición legítima y genuina, no es una posición improvisada ni que se preste a posiciones demagógicas y de protagonismo, como a veces se pretende hacer aquí en esta tribuna.
Vemos con beneplácito que se va a empezar a abordar con facultades en el Congreso, en este Senado, las dos Cámaras, la facultad para poder expedir leyes que cubran uno de los grandes vacíos y de los grandes señalamientos que nos hicieron ya los observadores internacionales de derechos humanos, y que en ese sentido nosotros tenemos una deficiencia en el tema de la desaparición forzada de personas. Esto, compañeros, de la desaparición forzada de personas tiene que ver con lo que sucedió en el estado de Guerrero, donde ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Ayotzinapa, ha citado que aquí hay un delito y que ese delito se tipifica como desaparición forzada. Esto indudablemente que lleva a que nosotros tengamos que ir reparando las lagunas de carácter legislativo que tengan que emprenderse. Por eso para nosotros, de manera legítima, hablar de esto tiene que ver con ir cubriendo rezagos y demandas en las que va evolucionando la lucha social y de la perspectiva social de los derechos humanos.
He oído como tratan de definir aquí el dolor que puede significar la represión, el dolor que puede significar el abuso de la fuerza pública. Tenemos pendientes en nuestra legislación, todavía no logramos establecer cómo puede, de alguna forma, establecerse el uso de la fuerza pública, pero al movimiento social hemos estado siempre denunciando, se ha tratado de criminalizar a través y en pos de declarar que se defienden los derechos humanos, y esta posición de vacío ha hecho que se empiecen a perseguir dirigentes sociales, se encarcelen, y que estos derechos siempre que se denuncien no sean creíbles. Hay cifras en donde nos ilustran que quienes torturan gozan de una total impunidad, en este país no se castiga a los torturadores, y esta parte es ahora la que tratamos de resolver sobre la base de establecer una legislación que nos permita en este sentido cubrir lagunas y aplicar castigos a los que se han conducido con impunidad.
Les voy a dar un dato. Según datos de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013, ocho años, y tan solo siete desembocaron en condenas, en aplicación de la legislación federal. Esto habla de la total impunidad con la que al amparo de la fuerza del gobierno se delinque en nuestro país y se abusa y se violan los derechos humanos. Quienes hemos estado siempre en la trinchera de la lucha social hemos enfrentado este abuso de autoridad y se nos ha dejado muchas de las veces incomunicados, porque un compañero que se manifiesta, y ustedes lo han visto, de inmediato es incomunicado, le aplican sanciones altísimas y a los que delinquen, ahí está el caso de Michoacán, uno que está involucrado con el crimen organizado alcanza una fianza de siete mil pesos y se puede ir, pero a los luchadores sociales, por talar un árbol a veces le ponen multas hasta de diez mil pesos, por haber talado un árbol. Esto, compañeros, habla de la inequidad y de la lentitud como hemos querido nosotros tratar estos problemas, y habla de que es necesario, en términos semánticos, de empezar a derogar la ley de la simulación que en algún sentido cuando se habla del espíritu de la ley del estado de derecho, lo que se hace es solamente es violentar esto.
Hemos vivido atrocidades en nuestro país que hacen, de alguna manera, necesario que esta iniciativa que hoy se presenta como una facultad, permita entonces que podamos tener actualizado nuestro marco normativo. Les voy a dar otro dato. Dice, las personas que detiene la policía pueden permanecer bajo custodia durante periodos prolongados, sin que se presenten cargos en su contra, entre 2008-2013 hubo 8 mil 595 personas que permanecieron durante este periodo por más de 80 días en detención preventiva y sin cargos, esta figura que ahora le llamaron arraigo y que, a partir del 2013, ya no se está aplicando, ha sido uno de los abusos también que atentan contra los derechos humanos en nuestro país. Por eso, compañeros, compañeras, tenemos todavía una deuda pendiente, hay crímenes que hay que esclarecer, el compañero Ríos Piter fue una de las víctimas del caso de Guerrero, en donde a partir del escenario turbulento que se generó ahí, generó condiciones para su permanencia en la disputa de la representación de ese estado. Creo que estos hechos han generado, de alguna manera, desde nuestro punto de vista, condiciones para que vayamos actualizar nuestro marco normativo y que tengamos que ver nosotros, en este sentido, como este marco normativo lo enderezamos y terminamos con esta simulación que en el país existe, tardíamente pero lo estamos haciendo, y no es un foro para la demagogia, compañeros. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias a usted. Hubo alusión del orador. Tiene usted el uso en la tribuna, Senador Ríos Piter, por alusiones. El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Primero que nada quisiera hacer un comentario, a título personal, a la Mesa Directiva. Yo estoy convencido de que este tema de desapariciones es uno de los más trascendentes para la vida de nuestro país, es el ejemplo puntual del colapso que tenemos desde impartición de justicia hasta procuración de la misma, por eso me extraña que habiendo muchos interesados en tomar la palabra, la decisión sea restringirla a tres participaciones. Como Senador por el estado de Guerrero, me parece que es importante, siendo de esa entidad donde ocurrieron los trágicos y terribles hechos de Iguala, la desaparición de 43 jóvenes normalistas, hacer una reflexión puntual de la dimensión que tenemos que darle a este cambio constitucional. Es increíble, compañeros, y por eso yo reaccionaba a lo que planteaba el Senador Omar Fayad, que lo veamos como un asunto más de trámite. Este es uno de los retos más grandes que tiene el Estado mexicano en su conjunto. No quiero solamente utilizar el ejemplo de Iguala y Ayotzinapa, vamos al ejemplo de Durango, en el 2010. En el 2010, le preguntaba al Senador Rosas Aispuro, ¿cuántos cadáveres fueron encontrados en 8 fosas? En aquel momento fue una noticia terrible, durísima, 351 cadáveres. Hoy, después de que han pasado 5 años, no hay castigo a nadie, no hay información sobre ese tema, solamente fue un escándalo mediático donde 351 cuerpos hallados se quedaron ahí en el olvido, y por eso mi reacción frente a lo que decía el Senador Omar Fayad.
Sin duda alguna. ¿Qué hecho tan terrible puede uno imaginarse, en el peor de los escenarios, como padre de familia? Pues que te digan que tu hijo está desaparecido. Sin duda alguna, es una de las situaciones más críticas, más duras.
Pero yo le diría al Senador Omar Fayad, y creo que es la reflexión que tenemos que tener aquí. Creo que sí hay algo peor aún frente a que te digan que tu hijo está desaparecido, que es una cuestión, creo que no me podría imaginar nada peor, creo que hay una, una que tenemos que reflexionar como legisladores, que si te dicen que tus hijos están desaparecidos, el Estado no te ayude a encontrarlos; que el Estado no te dé garantías de no repetición de los hechos; de pronto, en un país como México, la impunidad tenga una cifra del 98 por ciento; que las cifras de desaparecidos no sean de 1, o de 43, o de 351, en Durango, que las cifras, por lo pronto, de esta crisis sean de 25 mil 821 personas, hombres y mujeres que en esta tierra hoy se encuentran en calidad de desaparecidos, y que cuando uno revisa la lista están en todos lados, no solamente fueron en Iguala o no solamente en Durango: 5 mil 293 en Tamaulipas; 2 mil 139 en Jalisco; mil 730 en el Estado de México; mil 428 en Coahuila; mil 039 en Sinaloa; mil 157 en Baja California; mil 145 en Chihuahua; mil 138 en Nuevo León; mil 088 en Guanajuato, y la lista sigue. Entonces, la pregunta, compañeros y compañeras, primero que nada, Mesa Directiva, es uno de los temas trascendente, demuestra el colapso del Estado mexicano en el tema prioritario que a un ciudadano o ciudadana, a un individuo que vive en este territorio se le garantice lo mínimo que debe de garantizar nuestro territorio, que es el derecho a la vida. Porque hoy las desapariciones forzadas es el instrumento que se ha definido, y se ha diseñado entre los distintos insumos del crimen y del propio Estado, porque son policías los que en carácter de Halcones, van y toman a jóvenes y se los entregan a sicarios, no nos cansaremos de repetirlo, este circuito es el que hace que haya tantos desaparecidos, porque estos desaparecidos, en su mayoría, compañeros y compañeras, son muertos, son muertos, solamente que se les habla con otro nombre.
Entonces, compañeros y compañeras, para mí era muy importante externar este punto de vista.
Soy Senador por el estado de Guerrero, Iguala y Ayotzinapa, es cierto, detonaron una crisis sin precedentes en el Estado mexicano, pero fue una crisis por una razón: porque esos 43 jóvenes dieron muestra de que esto no solamente ocurre en Guerrero, que ocurre en todo el país, y que si ocurre en todo el país, es una muestra de que México está mal, de que es indispensable no solamente un cambio constitucional en esta materia, sino que es indispensables que revisemos y que redefinamos cuáles son los objetivos del Estado mexicano, porque un Estado mexicano sin procuración de justicia, sin impartición de la misma, un Estado en el que hay desaparecidos que acaban apareciendo en fosas clandestinas, es un estado que no está garantizando lo mínimo: la vida, y entonces, compañeros y compañeras, deberíamos de preguntarnos: ¿para qué estamos en este Senado de la República? Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter. Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Senador Presidente. El dictamen que se está sometiendo el día de hoy ante este Pleno para analizar la desaparición forzada de personas y de tortura, es de suma importancia.
Dentro de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se encuentra una que compete directamente al ámbito legislativo para que este poder emita las normas que permitan prevenir, atender, sancionar y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada que se dan a lo largo y ancho de nuestro país. De acuerdo con las estadísticas emitidas por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, entre enero y octubre del año pasado, el número de casos denunciados de desaparición se elevó a 5 mil 98 víctimas, cifra, sin duda, alarmante, debido a que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. El Registro Nacional informó en 2014, que 5 entidades concentraban el 50 por ciento del número de personas desaparecidas. En primer lugar, se encuentra el estado de Tamaulipas; en segundo lugar, el estado de Jalisco; en tercer lugar, el Estado de México; en cuarto lugar, el Distrito Federal y en quinto lugar, el estado de Coahuila.
La desaparición forzada no solamente aqueja a nuestros connacionales, y este es un tema que no quería dejar de tratar en este Senado; afecta también a las personas migrantes. Su situación es igual de grave debido a que no se tiene conocimiento sobre a cuántos aquejan dicha práctica, y si esta los afecta en menor o en mayor grado. Hay algunas organizaciones que han presentado diversos datos, como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; la Casa del Migrante, de Saltillo, Coahuila; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, A.C.; las Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos, en Coahuila, también; el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, entre muchas otras organizaciones y asociaciones civiles, manifestaron en marzo del 2014, que dentro del informe presentado por el gobierno mexicano no se tomaba en cuenta la situación especial de vulnerabilidad por la que atraviesan las personas migrantes, que por supuesto sabemos, desafortunadamente, suelen ser víctimas de la desaparición forzada. La falta de datos, particularmente en lo que se refiere a personas migrantes desaparecidas, pues, obviamente no existen, si ni siquiera tenemos un padrón, un registro confiable de los desaparecidos a nivel nacional. Este informe también indica que el gobierno de Honduras se ha manifestado, que de 2010 a 2014, existían 541 migrantes no localizados. El gobierno del Salvador registraba mil 584 casos de desaparecidos. La Red Regional “Verdad y Justicia”, ha documentado un total de 344 casos de personas migrantes víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sobre todo en 4 países: El Salvador, Honduras, Guatemala y México. COFAMIDE manifiesta contar con un registro histórico de 231 casos de personas migrantes desaparecidas o fallecidas, mientras que COFAMIPRO tiene un registro de 472 casos de personas migrantes víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior coincide con otra de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas, respecto al problema existente en nuestro país.
No se cuenta, insisto, con información estadística sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada.
Por lo tanto, esta información no refleja la dolorosa realidad que padecen miles de personas.
Ejemplo de ello, es que hasta el momento nadie ha manifestado alguna reclamación de los cuerpos encontrados en el estado de Guerrero, cuando se realizaba la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
No se tiene conocimiento si estas personas encontradas, los cuerpos encontrados fueron incluidas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Aunado al hecho que desconocemos si se trató de casos de desaparición forzada o si hubo alguna otra participación también de servidores públicos en la comisión del delito.
Habrá que recordar lo que señaló el representante en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, en este Senado de la República, manifestando que el Estado mexicano, por muchos años no actuó y dejó pasar, para oportunidades posteriores, las recomendaciones que el sistema internacional había realizado para prevenir y atender este tipo de casos. Lo que derivó, desafortunadamente, en la tragedia de Iguala, al no actuar con prontitud y no dar continuidad a la recomendaciones que se emitían desde hace ya algunos años.
Entre las recomendaciones del citado Comité, se encuentra la falta del registro confiable que permita contar con esta información estadística, lo cual nos parece fundamental.
Amnistía Internacional señaló que no queda claro cómo el gobierno federal declara que hay 22 mil 322 personas como desaparecidas, las cuales no concuerdan con los datos emitidos por la Secretaría de Gobernación, el 22 de mayo, que se referían a 8 mil personas y posteriormente el 16 de junio señaló que se trataban de 16 mil personas.
Concluyo. Otras de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a nuestro país, son: la cooperación judicial en materia de desaparición forzada; la creación de una fiscalía especializada en la investigación de desapariciones forzadas, dotada de recursos y personal capacitado; la capacitación de los servidores públicos, que intervengan en la custodia o tratamiento de personas privadas de la libertad y búsqueda de personas desaparecidas, entre muchas otras más.
No quería dejar de mencionar, en esta tribuna, lo que ocurre hoy, desafortunadamente, con las personas migrantes, que sí son víctimas de desapariciones forzadas, y vemos aquí a muchos de ellos, de El Salvador, de Guatemala, que vienen a este Senado de la República tratando de buscar respuestas, porque no encuentran al hijo, al hermano, al sobrino, al esposo y esto no puede, no debe seguir ocurriendo, y que bueno que este Senado de la República esté actuando.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeros Senadores: El presente dictamen reviste una trascendental importancia, para garantizar los derechos humanos. Esta reforma tiene como finalidad, facultar al Congreso de la Unión, para expedir en un lapso de 180 días la legislación general, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Ello deviene de reconocer, que a pesar de los grandes esfuerzos en la aplicación de las normas vigentes en materia de seguridad y justicia, aún se presentan múltiples casos de tortura en todo el país.
La tortura es una práctica completamente inhumana y contraria a todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y contraria a los principios de nuestra Constitución.
La legislación deberá servir de instrumento para que las autoridades de todos los niveles de gobierno, encargadas de la investigación de los delitos erradiquen esta práctica y, en su caso, sean sancionados conforme a la ley.
La legislación deberá establecer como mínimo:
Primero. La definición del tipo penal que vaya acorde a los tratados internacionales.
Segundo. La prevención de la tortura, desde el momento de la detención y en todo el proceso.
Tercero. La prohibición de otorgar valor probatorio a cualquier confesión que se obtenga por medio de tortura
Cuarto. La independencia de los peritos que califiquen la existencia o no de la tortura.
Y quinto. Investigar todas las denuncias de este delito de manera exhaustiva.
Es decir, tener los controles necesarios para prevenir e inhibir la tortura y, por supuesto, castigar a las autoridades que lo cometan.
Esto es, sin duda, un paso importante para erradicar la tortura que tanto daña al debido proceso en México.
Por otro lado, debemos resaltar que en esta Legislatura hemos avanzado para consolidar una nueva realidad en materia de seguridad y justicia en el país.
Una realidad derivada de la voluntad política de todos los legisladores para atender los reclamos sociales.
Es por ello que, atendiendo esta demanda social, por los muchos y desafortunados casos de desaparición de personas, como consecuencia de perpetración de la delincuencia organizada en nuestro país, es necesario expedir una ley general, que sienta las bases y distribuya competencias entre las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad.
En nuestro país existe una gran preocupación en torno a este delito, y la situación de impunidad que permea en todo el territorio nacional.
Actualmente se han presentado más de 400 quejas, por desaparición forzada, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las cuales se han resuelto solo 30, según informe de la propia comisión.
Resulta lamentable que derivado de esta inacción de la autoridad, las personas desaparecidas jamás sean encontradas y que la verdad detrás de estos hechos, nunca llegue a esclarecerse, sus familias y amistades, en muchos casos, jamás llegarán a saber la verdad.
Reconozco que se han hecho esfuerzos importantes. Yo diría que muy importantes, por parte del gobierno federal y de este Congreso de la Unión, para expedir la Ley General de Víctimas, así como la acción emprendida desde el Ejecutivo Federal para la publicación de extractos, de la base de datos sobre personas desaparecidas o no localizadas y la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013, para responder a la problemática de las desapariciones.
Además de estas acciones, resaltan las reuniones, con algunos familiares de desaparecidos, en donde el gobierno se ha comprometido a elaborar una estrategia de investigación y búsqueda de víctimas; el acuerdo con expertos forenses internacionales, para identificar los restos de migrantes centroamericanos desaparecidos; y el compromiso de promover la adopción de protocolos estandarizados sobre búsqueda y localización de víctimas de desaparición en todas las procuradurías de justicia. Otro aspecto a destacar, es el propio compromiso que ha hecho el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló en febrero de 2013, “vamos a trabajar hacia el pasado en la búsqueda de las personas, pero vamos a trabajar mucho más hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder, y si sucede, que exista lo mínimo que debe otorgar el Estado mexicano para encontrar a las personas desaparecidas”. En este sentido, la legislación en esta materia debe ser una realidad que permita al Estado contar con las herramientas jurídicas para coordinar las acciones de todos los niveles de gobierno y combatir este flagelo social. Por todo lo anterior y por la relevancia de ambos temas, mi voto será a favor del dictamen. Estoy convencida de que estas modificaciones marcarán un cambio a favor de la construcción de una sociedad más respetuosa de la ley de los derechos humanos y de la justicia en México. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz. Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores. Quiero dar la bienvenida a este dictamen y manifestar mi voto a favor del mismo. La desaparición forzosa es una grave violación a los derechos humanos, la cual se integra por el apoderamiento de una persona contra su voluntad mediante la detención regular, secuestro, traslado fuera de lugar de detección oficial o alguna otra forma de privación de la libertad. Estas acciones deben haberlas revisado agentes del Estado o grupos organizados, o particulares con el apoyo directo o indirecto del gobierno para que sean consideradas como desaparición forzada. En días recientes, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos urgió a la Procuraduría General de la República a trabajar en una serie de acciones para combatir la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Haciendo una breve reflexión, estoy segura que con esta reforma estamos contribuyendo sustancialmente a esclarecer y conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y sancionar a los responsables. Como decía hace un momento, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, miembros de las Fuerzas de Seguridad de México, han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde hace más de diez años. Esto ha dado como resultado que integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan viéndose involucradas en desapariciones y, en algunos casos, presuntamente en colaboración directa con organizaciones delictivas. En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del Estado. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en el año 2010, el Estado mexicano está obligado a tomar medidas para combatir la desaparición forzada. Por lo tanto, estamos ante un tema que muchos sectores de la sociedad están esperando y que es clave en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En el segundo examen periódico universal que hace México ante la ONU, se hicieron 188 recomendaciones a nuestro país en materia de combate a la tortura y la desaparición forzada. Hace algunos meses el Observatorio Internacional de Derechos Humanos exhortó a la PGR a acelerar en todo el país la base de datos ante mortem, post mortem, que permitiría a agentes del Ministerio Público impulsar investigaciones penales para la atención de casos de desaparición. También recomendó informar sobre los nombres de las 30 mil personas cuyo paradero se desconocía y no han sido halladas, así como las 22 mil que continúan extraviadas. A nivel local, tristemente, me viene a la memoria el video difundido en distintos medios de comunicación en donde se muestra a una persona que se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, siendo asfixiada por agentes de dicha institución y tortura físicamente de manera cruel. La respuesta de las autoridades locales ante este acto fue negar y contradecirse en la relación de los hechos. En otras palabras, tenemos mucho trabajo en el tema y el presente dictamen me parece que abre la puerta para trabajar con mayor incidencia desde el Congreso. Sabemos que hay muchos inocentes tras las rejas a causa de la tortura y muchos culpables en libertad por este tipo de prácticas.
Reitero mi bienvenida y voto a favor del presente dictamen con la seguridad de avanzar, sobre todo, en el fortalecimiento a nivel local en contra de este tipo de acciones. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Le agradezco, Senadora Cuéllar. Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores: Sin duda alguna, hoy nuevamente nos encontramos en la necesidad de legislar obligados por las circunstancias. En la reforma que se analiza, no sólo por la omisión de las autoridades en México, sino también el flagelo de la indiferencia legislativa, sí, compañeros, la indiferencia que tanto daño le hace a este país, pues obvio recordar que no es potestativo legislar en la materia, sino una obligación desde el momento en el cual México suscribió la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París, el 6 de febrero de 2007. Estableciendo una serie de obligaciones universales, jurídicamente vinculantes para que los estados signatarios, entre las que se destaca lo dispuesto en el artículo 3, que a la letra dispone: “los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. Por esta razón, hoy felicito a mis compañeros que presentaron estas iniciativas, todas en la misma materia de los diferentes partidos políticos, y también a las comisiones que les tocó dictaminar esta iniciativa. Para continuar con mi intervención, voy a permitirme transcribir el contenido del artículo 2o. de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en el cual se define el concepto de desaparición forzada en los siguientes términos. “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma cometida, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. En esta modalidad del delito, lo más indignante es la participación de los agentes del Estado que precisamente tienen la necesidad de velar por las garantías de seguridad de cualquier ciudadano. Por tal razón, es más reprochable el delito.
En tal concepto, la desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo, ya que atenga contra un conjunto de diversos derechos fundamentales, que por su gravedad y su complejidad, sin duda, debe ser regulado por el Congreso de la Unión, pues su comisión implica la violación de diversos derechos fundamentales, de los cuales mencionaré algunos:
El derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho al trato humano y respeto a la dignidad, el derecho a la reparación, incluso mediante la indemnización, el derecho a la libertad de opinión, expresión e información, el derecho laboral, de seguridad social y políticos.
Este conjunto de derechos vulnerados se concluyen de las primeras sentencias formuladas por organismos internacionales en los años 80’s, a partir de los derechos reconocidos, entre otras legislaciones, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y que sirvieron para desarrollar la jurisprudencia internacional relativa a este crimen.
El asesinato de la persona víctima de la desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas, un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a las comunidades o colectivo social al que pertenece la persona.
Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongado y amplificando el sufrimiento que se les causa a familiares y allegados. Estos últimos, y especialmente por su vulnerabilidad, los niños, que pueden ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.
El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar, desde el último cuarto del siglo XX, a raíz de la multiplicación de los casos de desaparecidos en América Latina y gracias a las movilizaciones de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron, primero, en estos países, y luego en muchos otros más del mundo, especializándose en denuncia y concientización.
En México se ha agudizado el problema de la privación de la libertad de ciudadanos por parte de agentes policíacos o por grupos criminales con protección de policías o con la complacencia de éstos. Ayotzinapa no es una excepción en la comisión de este delito, sino una excepción, en todo caso, a la impunidad. Y un caso más, de los tantos que se escriben en el silencio de muchos rincones de la República Mexicana sin que nadie les haga justicia.
Y para no irme a poner ejemplos otros estados de la República, pues pongo el ejemplo de mi estado, Coahuila. Qué me dicen ustedes de Allende, Coahuila, donde asesinaron y desparecieron a centenares de personas sin que ninguna autoridad se diera cuenta.
Y por qué no mencionar también las cosas de Arteaga, que hasta hoy no se ha hecho justicia a ninguna de las víctimas.
Esta reforma constitucional es obligada, y es sólo el inicio para cumplir con una obligación añeja que nos exige responsabilidad congruente, aprobarla y de inmediato trabajar en las leyes secundarias que castiga este flagelo vergonzoso.
No debemos caer en la tentación de una ley al vapor, y de nuevo pongo a Coahuila de ejemplo. Se emite una Ley de Desaparición Forzada que no satisface la garantía del derecho de los familiares de los desaparecidos, imponiendo la obligación de garantizar el sueldo de trabajadores en el caso de desapariciones forzadas o continuar dándole seguridad social.
Este tema, compañeros, le compete al Congreso de la Unión y, por supuesto, que estoy de acuerdo en que se les entregue ese sueldo y la seguridad social, pero que el Estado cumpla con lo suyo, que se deduzca de sus impuestos a estas personas.
Si el Estado, por conducto de sus cuerpos de seguridad, daña de manera criminal a sus ciudadanos, que el Estado responda con seguridad y certidumbre de las víctimas, y no sólo eso, que todo el peso de la ley recaiga en los responsables, porque es más criminal quien, protegido con investidura que le da el Estado, atenta contra la seguridad, la vida y la dignidad de aquellos a quien tiene la obligación de proteger.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
Cierra la ronda de participaciones pactadas la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:
Hemos hablado bastante acerca de la desaparición forzada porque ésta constituye uno de los delitos que más dolor e indignación produce a nuestro país.
Mucho se ha hablado de Iguala, pero hay que repetirlo, porque un mexicano o mexicana desaparecida es una responsabilidad para las instituciones por el agravio a la libertad y el dolor que produce a las familias.
La desaparición forzada implica una violación múltiple de derechos humanos, consagradas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país.
El tema preocupa a los y las mexicanas.
Parametría hizo una medición, de cada 10 hombres y mujeres consultados 9 dijeron estar preocupados por la desaparición; y un tercio de la sociedad atribuye a que la desaparición forzada se da más en niñas, niños y jóvenes mexicanos.
Sabemos que las dimensiones de este problema requieren acciones normativas e institucionales, rápidas y contundentes, pero la diversidad de la metodología y mediciones que existen solamente nos acercan a aproximaciones de las desapariciones.
Y si no chequemos: PGR habla de 22 mil, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas de 26 mil, contra lo que refleja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su último informe dijo haber recibido 63 mil 629 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales para localizar a personas desaparecidas.
Con base en lo anterior, una de las ventajas que esta reforma traerá consigo es que nos permitirá perfeccionar las herramientas para contabilizar e identificar los casos de desaparición forzada de personas, así como los casos en que por alguna u otra causa, contraria a la ley, exista una privación de la libertad imputable a particulares.
El gobierno de la República ha actuado con determinación para revertir las conductas que vulneran los derechos humanos, lo que demuestra con la disminución de hasta un 60 por ciento en el número de recomendaciones emitidas por la CNDH.
La relevancia de esta reforma constitucional, que estamos por aprobar, es incuestionable, pues representa un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios de atender con precisión uno de los aspectos más sensibles que atentan contra los derechos humanos de los y las mexicanas.
La desaparición forzada de las personas, la privación de la libertad, contraria a la ley por particulares, no encuadrada en el secuestro y la tortura.
Esta cuestión se debe tomar con la más alta responsabilidad, por lo tanto, merece toda nuestra atención, análisis y actuación.
Por ello, con esta acción parlamentaria en contra de que continúe la desaparición forzada o no de personas y también la tortura, podrá ser atendida de forma contundente.
Por eso estamos seguros que la votación será favorable, porque hemos dado un paso para evitar que se siga cometiendo la más desastrosa violación a los derechos humanos.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum.
Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, con su venia, señor Presidente. Hablar de las desapariciones forzadas, de los asesinatos extrajudiciales y de la tortura es difícil no, es difícil no hacer un planteamiento que vaya lleno de emoción y de recuerdos, del trauma que ha tenido nuestro país por este tipo de actos que avergüenzan a México ante al mundo.
Muchos compañeros oradores que han pasado aquí, han planteado su verdad, han planteado su visión sobre este tema doloroso de México.
Yo le digo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras que más de uno tiene que pedir perdón por las desapariciones forzadas, por la tortura, y por los asesinaos extrajudiciales.
Decirles que la desaparición forzada de personas en México es una práctica de estado, que desde la década de los 60’s muestra planeación, sistematicidad y complejidad, una grave violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que incluso ha tenido diversas etapas en los últimos años y diversas modalidades de realización.
¿Por qué se dan las desapariciones forzadas?
Una forma de mantener el orden desde la visión de un régimen autoritario es quitando de en medio a los que le hacen ruido; quitando de en medio a todas aquellas personas que no coinciden con la forma en cómo se está llevando a un gobierno, porque la forma de gobernar genera situaciones de sufrimiento inmenso para el pueblo.
Cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han empobrecido a México; cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han saqueado al país; cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han entregado nuestros recursos naturales estratégicos al extranjero; cómo coincidir con la mordaza a la prensa; cómo coincidir con tantas y tantas prácticas que lastiman a la sociedad.
Esto dio surgimiento desde siempre a los luchadores sociales que fuimos y fueron los candidatos predilectos del régimen para las desapariciones forzadas, para los asesinatos extrajudiciales y para la tortura.
Miles y miles de familias enlutadas en México que aún con el paso de los años siguen clamando: “vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Son miles y miles de casos emblemáticos de nuestro país, de compañeros y compañeras que su único delito fue no coincidir con un régimen de oprobio, que su único delito fue no someterse al imperio del autoritarismo.
¿Con esta reforma se va a corregir el problema de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura?
No, compañeros; no se va a corregir porque el gobierno de Peña Nieto le ha apostado a la premisa de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos; y ha apostado a una política que se basa en la militarización y en el uso de la fuerza.
Mientras no se corrijan, estas políticas difícilmente, difícilmente se va a corregir el problema que se está planteando.
¿La reforma al 73 sirve? Por supuesto que sirve, por eso vamos a votar a favor, porque tenemos la esperanza de que esta reforma sea la ruta que el país requiere para la reconciliación nacional; que esta reforma tenemos la esperanza sea la ruta que el país requiere para que los miles enlutados por las desapariciones forzadas, por las ejecuciones extrajudiciales y por la tortura encuentren consuelo a su inmenso dolor, que el Senado les dé esa oportunidad.
Por estas razones vamos a votar a favor del artículo 73. Pero seguiremos diciendo a los cuatro vientos, en las desapariciones forzadas, en las ejecuciones extrajudiciales y en la tortura, “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis. Por último, vamos a darle el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas, en su calidad de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente. En primer lugar, saludo la presencia de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y que reivindican la presentación de los desaparecidos, el caso de los Centros de Derechos Humanos “Juan José Larios”; el “Migue Agustín Pro Juárez”; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; familiares en busca María Herrera; Fuerzas Unidas de nuestros desaparecidos tanto de Coahuila como del Estado de México, Freedom House; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FUNDAR; Ideas, la Red de Enlace Nacionales de Familiares en Busca de Desaparecidos; la Red de Eslabones por los Derechos Humanos; Verapaz; Servicios de Asesoría para la Paz, que pues están haciendo un trabajo encomiable por lograr la presentación con vida de muchas mexicanas y mexicanos que hoy lamentablemente no solamente han sido privados de su libertad, sino que han sido separados de su familia.
Y ahí hay una larga lista donde aparecen, por supuesto, la familia Torres Mojica, del Distrito Federal, 6 de sus integrantes; Darcy Mariell Lozada, del Estado de México; Alejandra Muciño, del Estado de México; Abigail Santiago Zavaleta, muchas mujeres en esta situación.
Y coincido con lo que aquí se ha señalado por mis compañeras y compañeros Senadores, el día de hoy vamos a aprobar una reforma de la mayor trascendencia en nuestra Constitución, donde se otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una legislación inherente a las conductas delictivas de la tortura y de la desaparición forzada de personas a fin de que a través de instrumentos legales de esta naturaleza se establezcan los tipos penales y las sanciones correspondientes homologando las previsiones en torno a conductas delictivas cometidas por autoridades en todos los órdenes de gobierno. Se trata, en síntesis, de establecer la obligación del Estado para garantizar la seguridad, la integridad y el desarrollo pleno de los ciudadanos, y que se puedan sancionar las conductas delictivas en donde representantes del Estado mexicano incumplan con sus responsabilidades e incurran en delitos como la desaparición forzada, la tortura o la privación ilegal de la libertad. Muchos de nosotros, un buen número de legisladores de la izquierda, nos formamos justamente de jóvenes en la lucha por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos. Y al mismo tiempo, participamos en organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión, el Grupo Eureka, el Grupo por la Representación de los Desaparecidos Políticos, en momentos en donde el Estado mexicano actuaba con plena impunidad en la violación de muchos de los ciudadanos en el país. Con esta reforma, otro escenario, con otra condición legal, se hubiera enfrentado a la matanza en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68; el 10 de junio de Corpus en 1971; la Guerra Sucia de los años 70’s’, donde compañeros nuestros, muchos de quienes optaron por otra vía de lucha política, como fueron los movimientos armados, eran arrojados al mar en helicópteros del Ejército y de la Marina. Otro escenario sería si esta legislación no hubiera estado vigente cuando aparecían no solamente delincuentes, sino disidentes políticos en el Río Tula o muchos de quienes fueron incinerados en los hornos del penal de Santa Martha Acatitla aquí en el Distrito Federal. Esa impunidad no tenía límites, tenemos muy presente lo que decía Benedetti en este poema de hombre preso que mira a su hijo cuando dice: “La libertad o muerte era una redundancia”, como sucedía en esos años. Lamentablemente este fenómeno no ha desaparecido, se trata de un delito continuado, porque como lo demostró el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, unos en 94, otros en 1996, volvió a recrudecerse la práctica de la desaparición forzada, y lamentablemente el día de hoy, ya el enemigo interior no solamente es el disidente, el opositor político, hoy este riesgo y esta práctica alcanza prácticamente a toda la población, en el momento en que la lucha contra el narcotráfico no solamente estableció, de manera unilateral, una guerra desde el Ejecutivo Federal, sino que permitió la salida del Ejército a las calles , la militarización del país, y el hecho de que independientemente de la discrepancia de cifras, por lo menos 25 mil 821 ciudadanos y ciudadanas mexicanas no aparecen y están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y a la fecha ninguna autoridad ha rendido cuentas o explicado cuáles han sido las causas de la desaparición forzada de estas personas. El Estatuto de Roma señala que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, que se entiende como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un estado o una organización política o con su autorización, apoyo o adyacencia seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de estas personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se produce una privación arbitraria de la libertad, se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido y la víctima, establece que la víctima se encuentra en un estado de completa indefensión. Nuestro país ha ratificado diversos compromisos y convenciones internacionales. En 1986, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo; en 1987, ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y hasta hoy estamos dando un paso firme para una reforma constitucional que nos permitirá legislar en la materia en momentos en donde el país vive la más profunda crisis de derechos humanos, después del 68 y donde la impunidad, el abuso de poder y la responsabilidad directa del Estado mexicano por acción u omisión en la crisis de desaparición de personas, ya sea de manera forzada o por particulares no ha variado. Prueba de ello es cómo de las 11 mil 254 quejas de torturas y malos tratos recibidos entre los años 2005 y 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por dar un ejemplo, emitió 223 recomendaciones sobre las cuales no existe una sola sentencia de carácter penal. Ha sido muy intenso el debate sobre estos temas, la reciente evaluación de México por parte del CED expresó que en el contexto de desapariciones se ha generalizado en gran parte de nuestro país, muchas de estas desapariciones, declara el informe, podrían calificarse por desapariciones forzadas. Lo mismo el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Desaparición forzada, han emitido recomendaciones para que el Estado mexicano, a la brevedad posible, legisle y emita una Ley General que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada, contenidos en las distintas convenciones, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas; así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas y la sanción a las autoridades que incurren en prácticas de tortura, malos tratos y abuso de poder contra los ciudadanos. Por eso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa, solicitó al Senado, agilizar la modificación de la Constitución, lo cual estamos cumpliendo el día de hoy, a ver si los Diputados hacen su trabajo. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Tratos Crueles documentó recientemente que la práctica de la tortura está aún generalizada entre la policía y el Ejército en México y ocurre particularmente al momento de la detención de las personas y antes de ponerlas a disposición de un juez, y que la tortura realizada prácticamente por todos los cuerpos involucrados en la detención de personas. Esto ya no se trata de hechos aislados, se trata lamentablemente de una práctica regular de autoridades mexicanas en donde se incurren delitos de estado por la desaparición forzada, las torturas o los tratos denigrantes. El ejemplo más reciente de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en donde si bien, se han identificado responsabilidades del presidente municipal, del responsable de seguridad pública del municipio, la detención de policías municipales, no se ha avanzado en la detención y el desmantelamiento de la red de intereses y complicidades que permitió la operación de estos grupos delictivos en esta región del estado de Guerrero y no se ha avanzado en identificar y deslindar las responsabilidades de autoridades federales y locales, y por mucho rebasan lo que es el ámbito de intervención que tuvo la autoridad municipal. Por eso, con esta ley esperamos dar un paso definitivo para enfrentar la desaparición voluntaria y la tortura frente a la impunidad, la violencia y la corrupción que impera. Y espero que la ley general erradique disposiciones jurídicas absurdas, como las que establecen que cuando un familiar solicita el amparo ante la autoridad correspondiente para la eventual desaparición y presentación de una víctima por parte de la autoridad se requiera la ratificación de la víctima para poder obtener el amparo tres días después cuando la víctima se encuentra desparecida contra su propia voluntad. Yo espero que esta reforma se traduzca en una ley general que por fin obligue a que el estado cumpla su responsabilidad y castigue estos delitos, ellos de lesa humanidad, que son responsabilidad plena del estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno. Esperemos que todos votemos a favor de esta reforma constitucional. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador. Informo a la Asamblea que el Senador Arturo Zamora Jiménez entregó a la Mesa Directiva el texto de su intervención, misma que se integra al Diario de los Debates.
Informo a la Asamblea que el Senador Zoé Robledo Aburto entregó una propuesta de modificación a la consideración octava del dictamen, la cual someteremos a su consideración en votación económica. Solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al dictamen. La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a la consideración octava del dictamen, en su párrafo onceavo: “Con ello se garantiza una regulación homologada en todo el país para sancionar las conductas que atenten en contra de la libertad de las personas, y que constituyen además de delitos violaciones a los derechos humanos, tales como el desplazamiento forzado, el tráfico de personas, el secuestro o la detención arbitraria, entre otras conductas. Firma el Senador Zoé Robledo Aburto.”
Es cuanto, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aclaro que esta adición pide se someta a consideración el Senador Zoé Robledo, es en la parte expositiva y no altera en nada el contenido del dictamen. Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta esta adición. La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora al dictamen la consideración octava del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza la incorporación, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, incorpórese al dictamen la propuesta del Senador Zoé Robledo, que acaba de ser aceptada. Concluida la lista de participantes, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. (Se recoge la votación nominal)
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron un total de 108 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobada.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, sobre desaparición forzada. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Sonido en el escaño del Senador Herrera Ávila.
El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Señoras y señores Senadores, estamos a punto de concluir el periodo de sesiones, hemos transitado con civilidad y con respeto acordando los grandes temas de interés nacional. El Senado de la República debe garantizar la debida integración y funcionamiento del Tribunal Electoral, tema pendiente. En particular, cuando el país renueva sus autoridades políticas a través de los procesos electorales. No podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar incompleta la Sala Superior por cálculos o intereses partidarios. Han transcurrido semanas desde que recibimos la terna por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también han transcurrido semanas del vencimiento del plazo que la ley establece. Para que este período concluya exitosamente, debemos aprobar el nombramiento del Magistrado Electoral faltante en las horas que nos restan. En consecuencia, el grupo parlamentario de Acción Nacional se retira de esta sesión para dar espacio al PRI a rectificar en su posición de no discutir y votar este nombramiento. En este período, Acción Nacional ha demostrado compromiso y responsabilidad; hemos participado y votado las decisiones y reformas que le convienen a México.
En esta sesión hemos defendido y aprobado cambios constitucionales de la mayor relevancia para el país, no le hemos regateado nada al avance de nuestra nación. Tenemos la calidad moral para exigir que las fuerzas políticas representadas en el Senado actúen en el mismo sentido. Esperamos que este tiempo le sirva al PRI para hacer lo correcto. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)
El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Miguel Romo, te escuchamos. El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Hemos escuchado con mucha atención y con interés lo expresado por nuestro compañero, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Senador Herrera, y quisiera a nombre del grupo parlamentario dejar constancia de que, por supuesto que asumimos y venimos asumiendo con toda responsabilidad la tarea de analizar cuidadosamente en este tema que se ha referido, en concreto de la propuesta hecha por la Suprema Corte de Justicia de los aspirantes para ocupar esta magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación.
Debo de señalar que, en el ejercicio parlamentario, que es con natural a la función que nos ocupa, que es el debate, hemos venido, en el grupo parlamentario, haciendo esta discusión, ponderando las características de los 3 aspirantes, que nos parecen las 3 personas con capacidad profesional, con una carrera y trayectoria en el ámbito judicial, que los acredita, sin duda alguna, para la función a la cual han sido propuestos. Desde luego, en este ejercicio, en el grupo parlamentario hemos tenido diversidad de opiniones, todas favorables, pero finalmente no se ha generado un consenso que defina una postura del grupo en ese sentido.
En consecuencia, quiero puntualizar que continuamos, y el día de mañana, en la sesión de nuestro grupo, en la previa, continuaremos discutiendo y buscando el consenso necesario para asumir justamente esta responsabilidad. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romo.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senadora Angélica de la Peña. La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, sobre los comentarios que ha hecho el coordinador del Partido Acción Nacional. Hay que tomar consideración de 2 cuestiones: La terna es enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron 5 las personas que se registraron. En la eventualidad de que no nos pongamos de acuerdo en la votación para elegir al magistrado, que tiene que tener dos tercios, equivale que regresaríamos la terna; en los dos intentos, si no nos ponemos de acuerdo, se regresa la terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no habrá posibilidades, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de integrar otra terna, porque solamente se registraron 5 personalidades. De tal manera, que sí debiésemos tomar alguna medida que permita el consenso de los grupos parlamentarios para que no se termine el periodo ordinario de sesiones, y prácticamente el último de esta Legislatura, y dejemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en número par. Hoy, hace rato se acaba de tener una votación muy importante, no hubo un problema derivado de que hubiera un empate; si hay empate, entonces tendría voto de calidad el Presidente, todo a partir de que no está el magistrado que falta.
Ojalá, y me sumo a la preocupación, tanto del Senador coordinador del PAN, como del Senador Romo, para que podamos determinar lo conducente ya. Es decir, pues, a más tardar mañana.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Carlos Alberto Puente. El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para comentar acerca de lo expresado por el Coordinador Parlamentario de Acción Nacional, que en nuestra consideración, para el Partido Verde, no es retirándose de la Asamblea, no es tratando de ejercer una presión como vamos a lograr los acuerdos.
Creo que cada grupo parlamentario está haciendo los trabajos al interior para logar los consensos de la decisión que habremos de tomar. No hemos culminado el periodo, y creo que tenemos mucho trabajo aún pendiente por desahogar. Pero si el mensaje es que se va a condicionar todos los trabajos, bueno, decir que nosotros asumimos el compromiso de hacer el ejercicio de lograr los consensos al interior de nuestro grupo parlamentario, pero que no coincidimos con este ejercicio de presión, ni de chantaje. Es cuanto. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. La Asamblea ha escuchado los argumentos expuestos por quienes han participado. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las autorizaciones de la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana. La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se autorizó el retiro de la iniciativa de la Senadora Pineda Gochi, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, presentado el 30 de abril de 2014.
Se amplió el turno al proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, presentado el 3 de abril de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda. Asimismo, se amplió el turno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentado el día de ayer, 28 de abril, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. También se amplió el turno al proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General del Cambio Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización, presentado el 16 de abril pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Primera. Igualmente, se rectificó el turno del punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Guerrero a establecer el diálogo con el Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, presentado el 23 de abril pasado, para quedar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es todo, señor Presidente. El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Le informo a la Asamblea que se incorporan los votos del Senador Cordero, del Senador Gamboa, del Senador Irízar y el Senador Monreal, en la votación anterior. Les informo que todas las proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy se turnarán a comisiones. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 30 de abril a las 11:00 horas.
(Se levantó la sesión a las 17:25 horas)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1612 INFOMEX