Source: https://www.slideshare.net/nuriaval/informe-2013-31711578
Timestamp: 2017-10-22 08:29:33
Document Index: 349036503

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'artículo 62', 'artículo 24', 'artículo 139', 'artículo 8', 'artículo 35', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 132', 'artículo 76', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 8']

Consultas de acción by Mariya_Kostadinova 198 views
Consultas avanzadas (iii) by Mariya_Kostadinova 265 views
Bd microbook tercer trabajo consult... by Mariya_Kostadinova 127 views
Actividades bd microbook vii by Mariya_Kostadinova 203 views
Actividades bd microbook v by Mariya_Kostadinova 338 views
Actividades bd microbook vi by Mariya_Kostadinova 278 views
1. DEFENSOR DEL PUEBLO Informe Anual a las Cortes Generales 2013
2. SUMARIO Presentación.................................................................................................................5 I. Contenidos principales de la gestión del Defensor del Pueblo.................13 1.	Resumen estadístico y presupuestario.......................................................15 2.	Recomendaciones y sugerencias. Seguimiento de las resoluciones................................................................................................40 3.	Solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional...............................75 4.	Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras...............................87 5.	Actividades de representación institucional................................................90 II. Supervisión de la actividad de las administraciones públicas................105 1.	Administración de Justicia.........................................................................107 2.	Centros penitenciarios...............................................................................135 3.	Ciudadanía y Seguridad pública................................................................152 4.	Migraciones...............................................................................................171 5.	Igualdad de trato........................................................................................225 6.	Educación..................................................................................................235 7.	Sanidad.....................................................................................................262 8.	Política social.............................................................................................285 9.	Vivienda.....................................................................................................308 10. Seguridad Social y empleo........................................................................318 11. Hacienda pública.......................................................................................347 12. Actividad económica.................................................................................369 13. Transporte y comunicación.......................................................................392 14. Medio ambiente.........................................................................................405 15. Urbanismo.................................................................................................425 16. Administración local..................................................................................444 17. Función y empleo públicos........................................................................454 18. Otras cuestiones: Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, expropiación forzosa y protección de datos.............................................474 19. El Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)...........................................................................................487 ÍNDICE.......................................................................................................................493 1
3. Se acompañan a este informe, en formato electrónico, los siguientes anexos: A. Estadística completa 1. Total de expedientes en el año 2013 2. Estado de tramitación de los expedientes 3. Expedientes en tramitación de ejercicios anteriores, abiertos o reabiertos en el año 2013 4. Recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias 5. Información al ciudadano B. Expedientes agrupados por un número significativo de ciudadanos C. Actuaciones de oficio D. Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras E. Resoluciones formuladas por el Defensor del Pueblo en 2013: 1. Recomendaciones 2. Sugerencias 3. Recordatorios de deberes legales 4. Advertencias 5. Solicitudes de intervención ante el Tribunal Constitucional F. Actividad de representación institucional Tanto el informe como sus anexos se pueden consultar en <www.defensordelpueblo.es> 2
5. El informe presentado el pasado año 2012 constataba que la difícil situación económica por la que atravesaba España tenía un reflejo muy nítido en los contenidos de las quejas recibidas, así como en las actuaciones iniciadas por la Institución y en las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad. En el informe 2013 se comprueba que aquellas circunstancias no han cambiado de manera súbita y que las dificultades económicas continúan, aunque las perspectivas de los últimos meses puedan alentarnos para tiempos venideros. El Informe anual 2013 se presenta en dos volúmenes. El primero contiene, en su capítulo I, el resumen estadístico de todas las actuaciones realizadas: quejas recibidas; sugerencias y recomendaciones efectuadas a las administraciones públicas; actuaciones de oficio; las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad, así como el presupuesto desglosado para 2013, aprobado por las Cortes Generales; la relación de las administraciones que no colaboran con la Institución, pese a reiteradas peticiones, así como las actividades de representación institucional en foros nacionales e internacionales más significativas. En este volumen, en su capítulo II, se describe la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, y se detallan las actuaciones más importantes que la Institución ha realizado. Además, contiene una referencia de la actividad de la Institución en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El segundo volumen, publicado únicamente en versión electrónica y que puede consultarse en la página web de la Institución, contiene la estadística completa y los datos del año 2013, el listado de todas las actuaciones de oficio tramitadas, de todas las resoluciones formuladas, la relación completa de las administraciones no colaboradoras y todas las actividades institucionales. El presupuesto para 2013 fue de 14.021.300 €. La cifra de reducción global es del 3,25% respecto del año anterior, lo que supuso un descenso de casi medio millón de euros (concretamente, 471.600 euros). Los gastos de personal decrecieron en un 3,75% en el presupuesto para 2013. Las retribuciones, tanto de los altos cargos como de los funcionarios y resto del personal, no tuvieron incremento alguno. No obstante, pese a la disminución del presupuesto para gastos de personal, ha sido posible convocar dos nuevas plazas de técnicos, funcionarios, para el área de urbanismo y medio ambiente, lo que se ha hecho mediante procedimiento público y con pleno respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad. 5
6. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 En el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios en 2013 se produjo una reducción del 0,84%, menor que la del otro capítulo, habida cuenta del aumento en 2013 del IVA con el que están gravados muchos de los artículos de este capítulo y la importante reducción experimentada ya en este punto en los años 2011 y 2012. Hay que destacar, especialmente, la reducción de un 19,46% en el artículo referido a indemnizaciones por razón del servicio, consecuencia de la supresión de dietas para altos cargos y funcionarios, ya efectuada también en el ejercicio anterior. El desglose del presupuesto se muestra en la página web del Defensor, y se ha efectuado siguiendo las indicaciones de la organización Transparencia Internacional. La disminución presupuestaria total no afecta a las funciones esenciales de la Institución, pero es preciso resaltar el esfuerzo de contención realizado, similar al de administraciones y entes públicos, así como el de una inmensa mayoría de ciudadanos, empresarios y organizaciones no gubernamentales por reducir sus gastos o que se han visto afectados por importantes recortes en sus ingresos. El esfuerzo realizado por los españoles, a lo largo de estos años, para contribuir a la superación de una crisis económica, debe ser destacado, y el Defensor del Pueblo quiere dejar constancia de ello. La filosofía que ha presidido este ejercicio ha sido la de dar la máxima importancia a obtener respuestas positivas de las administraciones en todas aquellas demandas que, por distintas vías, les han sido presentadas. La legitimación de la Institución viene determinada por su eficacia, lo que significa no acomodarse al mero hecho de recibir quejas o solicitudes de los ciudadanos y a su tramitación, sino a conseguir, principalmente, la justa atención a las mismas y, en determinados casos, las rectificaciones precisas. Por este motivo, el informe presenta un cuadro de todas las recomendaciones y sugerencias formuladas, si bien hay que tener presente que, al cierre del informe, no todas han recibido una respuesta, que se pretende obtener en los primeros meses del año en curso. La Institución ha procurado mantener buenas relaciones de cooperación con todas las administraciones, con organismos públicos y con la Fiscalía General del Estado porque el Defensor no es una institución que litigue sino una institución que, mediante las que considera ajustadas razones y argumentaciones, solicita la información precisa y trata de convencer a unos y a otros de sus recomendaciones. Las relaciones con los Defensores de las Comunidades Autónomas han sido, también, de cooperación y de respeto en sus respectivas competencias. Y se ha procurado evitar actuaciones duplicadas. 6
7. PRESENTACIÓN Las quejas y solicitudes que se presentan ante el Defensor siempre reciben una respuesta. En aquellas que no son competencia de la Institución o que están en vías de un procedimiento judicial y que, por lo tanto, no pueden ser tramitadas, se explican los motivos y, si ello es posible, se orienta al ciudadano sobre otras vías a seguir. Las cifras de solicitudes de recursos de inconstitucionalidad han disminuido considerablemente con respecto a 2012, año en el que muchos funcionarios, a los que se les suprimió una paga extra, solicitaron la presentación de recursos. Es conveniente manifestar que, en muchas ocasiones, los ciudadanos que solicitan la interposición de recurso lo que expresan es su discrepancia con una ley, y que esta discrepancia o rechazo no significa motivo de inconstitucionalidad. Cabe destacar, durante este ejercicio, la actuación realizada tras la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales, pues se consideró que las mismas eran extraordinariamente elevadas. Se recibieron un alto número de quejas y peticiones de recurso de inconstitucionalidad, por lo que se propusieron al Ministerio de Justicia recomendaciones que contenían modificaciones importantes de la ley, tales como reducción en las tasas variables y el adelanto de la Ley de Justicia Gratuita, que fueron aceptadas. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del mes de noviembre, de obligado cumplimiento, que ha dejado sin efecto la aplicación de la conocida como “doctrina Parot”, en relación con el cumplimiento de las penas, ha sido muy dura para España y para las víctimas del terrorismo, que así lo han manifestado ante el Defensor y han querido conocer cómo ha sido la defensa de la posición española, así como las medidas tomadas tras las excarcelaciones para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo. Las respuestas obtenidas fueron remitidas a aquellas víctimas que habían pedido al Defensor su actuación, y que cuentan con todo el apoyo y comprensión de la Institución, pues la sociedad española está en deuda con ellas. A lo largo de este año se ha apreciado una notable disminución en las ayudas a la compra de libros de texto escolares, tanto por parte de las Comunidades Autónomas como por parte de la Administración General del Estado. Por ello, y ante las quejas recibidas, se ha elaborado un informe para conocer las aportaciones públicas a la adquisición de libros y realizar las recomendaciones oportunas, muy especialmente con el fin de aumentar las cuantías necesarias en los presupuestos próximos, así como promover la reutilización de los libros, no sólo por razones de economía sino de fomentar el buen uso de bienes adquiridos con dinero público. 7
8. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 Se ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que los funcionarios, cuyos hijos tienen enfermedades graves, tengan derecho al permiso laboral en las mismas condiciones que los padres incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, lo que ha sido aceptado. En materia de asuntos sociales los recortes se han notado de manera muy clara, y ante la preocupación por las deudas de varias administraciones hacia entidades que prestan estos servicios, se ha solicitado al Ministerio de Hacienda que los fondos habilitados para el pago de deudas fueran destinados, en primer lugar, a las contraídas con este tipo de servicios asistenciales. Y así ha sido aceptado por el Ministerio. La no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular, con excepción de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves, ha preocupado a esta Institución, que ha formulado recomendaciones que no han sido aceptadas, pero hay que señalar que comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales han habilitado sus propios procedimientos para alcanzar la atención necesaria. En varias ocasiones, se ha hecho llegar a distintas administraciones las quejas de quienes no reciben las ayudas establecidas para atender a personas con discapacidad. Las respuestas no son homogéneas y se percibe una preocupación general por los retrasos. También la introducción del copago farmacéutico ha dado lugar a quejas, basadas en las cuantías para personas con rentas bajas y discapacidad. Las recomendaciones efectuadas que solicitan la exención para estas personas no han sido aceptadas, si bien existe el compromiso de replantear los porcentajes de pago. Como continuación al estudio sobre “Crisis Económica y Deudores Hipotecarios” publicado en el año 2012, se ha realizado un nuevo análisis de la situación de personas que arrastran altos endeudamientos, tanto por las hipotecas de sus viviendas como por motivos de desempleo u otras circunstancias extremas. El resultado del trabajo de 2013 es un documento titulado “Crisis Económica e Insolvencia Personal”. Tras comparar las legislaciones de otros países de la Unión Europea, se propone revisar la española para facilitar a los deudores de buena fe una negociación con las entidades acreedoras, y evitar que un alto número de familias en estas circunstancias se vean abocadas a la pérdida de todos sus bienes, sin posibilidad de reconducir sus vidas laborales, profesionales y personales. Se trata de aliviar la carga financiera de las familias más endeudadas y evitar su exclusión social. Y se está a la espera de respuesta de la Administración. 8
9. PRESENTACIÓN Las quejas sobre las “participaciones preferentes” han continuado durante el ejercicio. En varias ocasiones se ha hecho llegar al Banco de España la necesidad de que las entidades financieras facilitaran el arbitraje a todas aquellos clientes que se han sentido engañados sobre el producto financiero, complejo y sofisticado, que se les había vendido sin reunir las condiciones de “idoneidad y conveniencia” del consumidor. Aunque son muchas las personas que, en este momento, han obtenido la restitución de sus ahorros o de una parte de ellos, la Institución sigue atentamente los procesos de arbitraje y sus resoluciones. A juicio del Defensor, debido al número de quejas recibidas, el Banco de España debería seguir muy de cerca la información que reciben los clientes de entidades bancarias, sobre el nuevo índice hipotecario así como sobre la revisión de las cláusulas suelo. Las circunstancias económicas han llevado a muchas familias a no poder hacer frente bien a sus compromisos hipotecarios, bien a sus legítimos propósitos de acceder una vivienda. Ante las quejas recibidas y el conocimiento de estas circunstancias, el Defensor acometió la elaboración de un informe para conocer el número de viviendas públicas vacías de titularidad de las Comunidades Autónomas y de grandes Ayuntamientos. Este informe, entregado a las Cortes Generales en el mes de marzo, pone de manifiesto que existe un alto número de viviendas protegidas que, por diversos motivos, entre otros por razón de sus precios de venta, no están ocupadas. A la vista de los resultados del informe se solicitó a las administraciones que hicieran los esfuerzos necesarios para ponerlas en régimen de alquiler, con precios asequibles en estos momentos. Ahora, el Defensor se propone constatar los resultados de las recomendaciones efectuadas. La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral ha sido objeto de importantes recomendaciones relacionadas con el Reglamento para su desarrollo. La pretensión de las mismas ha sido, por una parte, establecer criterios científicos para definir las zonas marítimo-terrestres, y, por otra, establecer garantías de conservación del litoral y de participación pública en el planeamiento. En 2013 se ha presentado una actualización de las conclusiones y recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas, incluidas en el informe monográfico “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles”, publicado en 2012. En el citado estudio, además de reconocer las mejoras observadas en los distintos procedimientos, se exponen aquellas cuestiones que necesitan aún de un mayor esfuerzo para avanzar en una eficaz protección de las víctimas de trata en España. 9
10. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 Durante este año se ha insistido en la necesidad de proteger a la víctima más allá de su condición de testigo fundamental en un procedimiento penal, y se ha recordado que están pendientes las condiciones de colaboración con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas, cuyos informes, a juicio del Defensor del Pueblo, deberían ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes en las resoluciones de autorizaciones de residencia. También se han tomado importantes medidas para la correcta identificación de los menores de edad indocumentados que acceden a territorio nacional y que pueden ser presuntas víctimas de trata. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho por hacer para proteger de manera efectiva a estos menores. La supervisión de los centros de privación de libertad, llevada a cabo por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), también ha sido objeto de especial atención. Este año se ha culminado el diseño completo del MNP con la designación y nombramiento de los Vocales del Consejo Asesor, que ya ha celebrado dos reuniones. En 2013 se han llevado a cabo 60 visitas de inspección a centros de privación de libertad; la Defensora del Pueblo ha acompañado a los técnicos del MNP en 15 de ellas. En cuatro de las visitas realizadas se contó con la participación de miembros del Consejo Asesor. También se ha supervisado un operativo de repatriación de extranjeros a Ecuador y Colombia por un técnico del MNP y un médico forense. De estas visitas, 20 han sido multidisciplinares, es decir, con profesionales sanitarios externos, que aportan un enfoque especialmente cualificado a la hora de valorar determinados ámbitos y protocolos del centro visitado y al efectuar las entrevistas individuales a las personas privadas de libertad. Como consecuencia de las inspecciones se han realizado un total de 21 Recomendaciones, 92 Sugerencias y 4 Recordatorios de Deberes Legales. Los organismos internacionales OSCE, Comisión Europea, Consejo de Europa, ONU, entre otros, han visitado al Defensor del Pueblo para evaluar, fundamentalmente, el respeto a los derechos humanos en España. Se han recibido, también, las visitas de once instituciones homólogas con el fin de conocer algunas actuaciones y buenas prácticas de la Institución. Además, la Unión Europea ha seleccionado a los Defensores de España y Francia para realizar un proyecto de formación con la institución homóloga de Turquía, que comenzará en 2014. Las relaciones con los Defensores Iberoamericanos y países del área mediterránea son muy estrechas, y son muchas las cuestiones que requieren una actuación en común. Por ejemplo, la atención a presos españoles en cárceles de otros países. 10
11. PRESENTACIÓN A lo largo del año 2013, además de la preceptiva comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, y luego las debidas ante las sesiones plenarias de ambas Cámaras, se ha acudido en cuatro ocasiones más ante la Comisión, con objeto de informar sobre trabajos en curso, muy especialmente documentos e informes realizados sobre aspectos juzgados de interés, a la vista de circunstancias económicas y sociales que merecían un estudio más profundo. Es oportuno dejar constancia de gratitud a la Comisión Mixta por el interés mostrado hacia la Institución en las diferentes comparecencias, así como por las sugerencias y comentarios que ha recibido de diputados y senadores. Madrid, 27 de febrero de 2014. Soledad Becerril DEFENSORA DEL PUEBLO 11
12. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
13. 1. RESUMEN ESTADÍSTICO Y PRESUPUESTARIO El Defensor del Pueblo ha recibido este año 22.692 escritos de queja de los ciudadanos, a los que hay que añadir 10.128 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad. Hay que tener en cuenta que una parte de esos escritos van acompañados por un número significativo de firmas, de manera que la suma total de ciudadanos que han acudido por escrito a esa Institución es de 280.852. A ello hay que añadir aquellos ciudadanos que han sido atendidos personalmente por la Institución, en un total de 19.673: presencialmente 3.251; por teléfono 16.422 (de ellos, 6.614 por la línea 900). Asimismo, el portal de la Institución recibió 390.622 visitas, y en 6.842.109 ocasiones se entró en distintos de sus apartados (páginas visitadas dentro del portal). A lo largo del año se realizaron 347 actuaciones de oficio, es decir, abiertas por iniciativa de la Institución. Un dato significativo del trabajo del Defensor del Pueblo es el resultado de sus actuaciones. Respecto a los datos de 2013, ese resultado se refleja –en los expedientes cuya tramitación ya ha sido concluida al cerrar el presente informe– en los siguientes términos: - 1.050 expedientes se han resuelto positivamente, es decir, se ha subsanado el problema que había alegado el ciudadano, con la actuación del Defensor del Pueblo; - en 2.363 expedientes se ha determinado que se cerraba la queja porque la Administración no había actuado de una forma incorrecta; - en 228 expedientes la Administración ha considerado que no se podía modificar su actuación. Consecuencia de estas quejas y actuaciones, el Defensor del Pueblo ha formulado ante las distintas Administraciones 236 Recomendaciones, 302 Sugerencias, 170 Recordatorios de deberes legales y 3 Advertencias. Esas resoluciones de la Institución se han concretado de la siguiente manera: - 93 Recomendaciones han sido admitidas, 32 rechazadas y 111 están pendientes de respuesta por parte de la Administración concernida, en el momento de cerrar el presente informe; 15
14. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 - 104 Sugerencias han sido admitidas, 28 rechazadas y 170 aún están pendientes de contestación. Se ofrece a continuación la información estadística más significativa de la actividad desarrollada por el Defensor del Pueblo a lo largo del año 2013. Se puede encontrar ahí los datos relativos al total de expedientes tramitados, con el detalle de sus distintas características (procedencia, administraciones concernidas, resoluciones a las que han dado lugar, etc.). En un último apartado se ofrecen los datos relativos al presupuesto aprobado en 2012 para el ejercicio del año 2013. En la segunda parte del informe (editada solamente en formato digital) se ofrece en anexo una estadística más completa, que aquí aparece en forma de resumen. 1.1. TOTAL DE EXPEDIENTES DEL AÑO 2013 1.1.1. Expedientes de queja, de actuación y de solicitud de recurso En términos globales, en el año 2013 la Institución ha gestionado un total de 33.167 expedientes que se corresponden con los tres grandes grupos de clasificación en este informe anual: quejas, actuaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad. A su vez, tanto las quejas como las solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional, se dividen en las de tramitación individual y las de tramitación agrupada, por lo que se hablará de expedientes (quejas y solicitudes) individuales y agrupados. Estos segundos son presentados por ciudadanos de una forma individual, pero en unas ocasiones lo son a través de un mismo modelo de queja o de petición de recurso, y en otras se trata de distintos escritos con un contenido idéntico, de manera que la respuesta a esos escritos sea, lógicamente, la misma, y, si procede, su tramitación ante la Administración. El CUADRO 1, a continuación, muestra los totales de cada uno de estos conceptos de clasificación y su comparativa con los datos correspondientes al ejercicio de 2012. En el CUADRO 1a se especifica no el número total es escritos, sino de firmas de ciudadanos contenidos en muchas ocasiones en un mismo escrito. En el GRÁFICO 1 se representan únicamente los porcentajes correspondientes a los expedientes de queja y actuaciones de oficio. 16
15. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CUADRO 1 Número de expedientes de queja, de actuación de oficio y de solicitud de recurso abiertos durante 2013 y su comparativa con 2012 2013 Individuales De queja De actuación de oficio De solicitudes de recurso (*) 18.422 19.143 4.270 14.335 22.692 33.478 347 371 347 371 99 Agrupados Total Oficio 158 Total Individuales (*) 2012 Agrupados 10.029 (**) 246.585 10.128 TOTAL 246.743 33.167 Total 280.592 (*)	Quejas y solicitudes de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta. (**) Esta elevada cantidad correspondía a las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad relativas a la supresión de la paga extra de los funcionarios CUADRO 1A Número de ciudadanos que se han dirigido a la Institución respaldando un mismo escrito. Años 2013 y 2012 2013 Total ciudadanos 280.852 2012 291.341 17
16. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 GRÁFICO 1 Distribución porcentual de los expedientes de queja y de actuación de oficio (sin las solicitudes de recurso) abiertos durante 2013 y su comparativa con 2012 2013 2012 Individuales 79,95% Individuales 56,55% Agrupados 42,35% Agrupados 18,53% Oficio 1,52% Oficio 1,10% 1.1.2. Distribución de los expedientes de queja 1.1.2.1. Según su forma de recepción Los ciudadanos dirigen sus escritos al Defensor del Pueblo haciendo uso de todos los medios de comunicación. En los dos cuadros siguientes se detalla la entrada de estos escritos por los diferentes canales de recepción, esto es, a través del correo postal, por fax, por correo electrónico, haciendo uso de la plataforma web del Defensor del Pueblo, o bien de forma presencial. El CUADRO 2 recoge la distribución correspondiente de los expedientes de queja y el CUADRO 3 los escritos en solicitud de interposición de recurso, que muy mayoritariamente fueron recibidos a través del portal web institucional. CUADRO 2 Número de quejas según la forma de recepción en 2013 y su comparativa con 2012 2013 VÍA DE ENTRADA DE QUEJAS Correo postal Número 8.380 2012 % 36,93 Número 8.006 % 23,91 381 1,68 554 1,65 Correo electrónico 2.943 12,97 2.817 8,41 Presencial 1.431 6,31 1.601 4,78 Formulario web 9.557 42,12 20.500 61,23 22.692 100,00 33.478 100,00 Fax TOTAL 18
17. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CUADRO 3 Número de solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional según la forma de recepción en 2013 y su comparativa con 2012 2013 VÍA DE ENTRADA DE SOLICITUDES 2012 Número 585 % 5,78 Número 654 % 0,27 14 0,14 57 0,02 192 1,90 1.474 0,60 21 Correo postal 0,21 44 0,02 Fax Correo electrónico Presencial 9.316 91,98 244.514 99,10 10.128 100,00 246.743 100,00 Formulario web TOTAL 1.1.2.2. Según su vía de remisión La inmensa mayoría de las quejas y solicitudes son presentadas de manera directa por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo. Los cuadros siguientes reflejan esta circunstancia, así como el número de expedientes remitidos desde los comisionados parlamentarios autonómicos y desde otras entidades u organismos públicos. CUADRO 4 Procedencia de las quejas según la vía de remisión en 2013 REMISIÓN DE QUEJAS Número Presentados directamente por el ciudadano % Por diversas entidades y organismos TOTAL 90,23 2.139 9,43 77 0,34 22.692 Por comisionados parlamentarios autonómicos 20.476 100,00 CUADRO 5 Procedencia de las solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional según la vía de remisión en 2013 REMISIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSO Presentados directamente por el ciudadano Por comisionados parlamentarios autonómicos TOTAL Número 10.093 % 99,65 35 0,35 10.128 100,00 19
18. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 Los siguientes cuadros detallan el número de expedientes de queja remitidos por los diferentes defensores autonómicos, así como por otras instituciones y entidades públicas. CUADRO 6 Expedientes de queja recibidos de comisionados parlamentarios autonómicos durante 2013 y su comparativa con 2012 Número PROCEDENCIA 2013 % 61 89 2013 2,85 2012 3,52 402 426 18,79 16,87 48 105 2,24 4,16 387 468 18,09 18,53 Ararteko Síndic de Greuges de Cataluña Valedor do Pobo Defensor del Pueblo Andaluz 2012 18 23 0,84 0,91 Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 292 241 13,65 9,54 Justicia de Aragón 271 192 12,67 Procuradora General del Principado de Asturias 7,60 15,41 389 Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha 23 41 1,08 1,62 224 171 10,47 6,77 81 108 3,79 4,28 Defensora del Pueblo Riojano Diputado del Común Defensor del Pueblo de Navarra 3,96 100 Defensor del Pueblo de la Región de Murcia 332 Procurador del Común de Castilla y León TOTAL 2.139 172 2.525 15,52 6,81 100,00 100,00 CUADRO 7 Expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional recibidos de comisionados parlamentarios autonómicos durante 2013 y su comparativa con 2012 Número PROCEDENCIA Ararteko 2013 % 2012 2013 2012 1 12 2,86 2,20 15 42 42,86 7,69 Valedor do Pobo 1 5 2,86 0,92 Defensor del Pueblo Andaluz 7 62 20,00 11,36 Síndic de Greuges de Cataluña Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 38 6,96 Justicia de Aragón 2 4 5,71 0,73 Diputado del Común 4 1 11,43 0,18 Defensor del Pueblo de Navarra 2 380 5,71 69,60 2 Defensor del Pueblo de la Región de Murcia Procurador del Común de Castilla y León TOTAL 20 3 35 0,37 8,57 546 100,00 100,00
19. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CUADRO 8 Expedientes de queja procedentes de diversas entidades y organismos durante 2013 y su comparativa con 2012 Número PROCEDENCIA 2013 Cortes Generales 60 Poder Judicial TOTAL 2012 45 1 Defensores municipales Defensores extranjeros % 2013 2012 77,92 95,74 1,30 2,13 1 16 1 20,78 2,13 77 47 100,00 100,00 1.1.2.3. Según su procedencia geográfica Los dos gráficos que se muestran a continuación dan idea de la procedencia de las quejas y solicitudes de recurso presentadas al Defensor del Pueblo a lo largo del ejercicio 2013. Conviene destacar el hecho de que estos datos de procedencia indican únicamente el domicilio de remisión o de notificación que consta en los escritos de los ciudadanos, por lo que no puede establecerse un vínculo necesario entre los asuntos y problemas planteados y los diferentes lugares y territorios. Como se puede apreciar, el factor demográfico determina en gran parte los resultados numéricos en esta distribución geográfica de los expedientes, siendo las comunidades autónomas más pobladas las que más escritos han dirigido al Defensor del Pueblo. El anexo A de este informe anual ofrece información mucho más detallada sobre el número de escritos por provincia y por comunidades autónomas, así como la distribución de las quejas y peticiones que fueron enviadas desde otros países. También permite comparar estos datos correspondientes a los de este informe con los del año anterior. 21
20. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 GRÁFICO 2 Distribución del origen de las quejas por comunidades autónomas. Año 2013 Galicia 773 Principado de Asturias 371 Cantabria 237 País Vasco 481 Comunidad Foral de Navarra La Rioja 133 220 Comunidad de Castilla y León 2.225 Comunidad de Madrid 5.942 Extremadura 434 Castilla-La Mancha 1.126 Aragón 539 Illes Balears 469 Comunitat Valenciana 2.234 Andalucía Región de Murcia 1.463 2.866 Canarias 724 Ciudad A. de Ceuta 51 Ciudad A. de Melilla 53 22 Cataluña 1.951
21. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO GRAFICO 3 Distribución del origen de solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional por comunidades autónomas. Año 2013 Galic ia 732 Princ ipado de Asturias 460 Cantabria País Vasc o 65 213 Comunidad Foral de Navarra 59 La Rioja 36 Comunidad de Castilla y León Cataluña 904 Aragón 355 372 Comunidad de Madrid 2.521 Illes Balears Extremadura 153 Castilla-La Manc ha 439 Andalucía 1.981 179 Comunitat Valenc iana 557 Región de Murc ia 371 Canarias 638 Ciudad A. de Ceuta 30 Ciudad A. de Melilla 47 1.1.3. Clasificación de los expedientes por sectores de actividad administrativa En el CUADRO 9 se clasifican temáticamente los expedientes iniciados en 2013. Hay que tener en cuenta que este cuadro es orientativo, puesto que muchos expedientes pueden tener más de un tema y muchos temas pueden ser transversales, afectando a distintas cuestiones (por ejemplo, las quejas relativas a menores también afectan a una parte importante de las clasificadas aquí como de educación). 23
22. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 CUADRO 9 Expedientes. Distribución por áreas de gestión y sectores. Año 2013 De queja SECTORES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Individuales 1.434 Oficio Agrupados 27 36 De solicitudes de recurso Individuales Agrupados 33 674 Total 2.204 REGISTRO CIVIL 963 3 966 CENTROS PENITENCIARIOS 495 62 557 CIUDADANÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA 783 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 902 DERECHO DE ASOCIACIÓN, RÉGIMEN ELECTORAL PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL IGUALDAD DE TRATO 57 1 894 903 1 22 22 120 120 38 38 MENORES 196 EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO ASUNTOS EXTERIORES 53 37 303 915 21 823 109 4 113 84 1 85 70 SANIDAD 785 1.053 12 POLÍTICA SOCIAL 892 303 24 VIVIENDA 711 254 1 5 23 994 1 3 41 1.385 SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO FUNCIÓN Y EMPLEO PÚBLICOS EDUCACIÓN 1.340 4 1.854 1.219 406 68 10 1 1.195 1.078 25 22 866 160 8 485 9.209 11.529 81 1.115 CULTURA Y DEPORTE 83 83 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 63 63 HACIENDA PÚBLICA 1.247 ACTIVIDAD ECONÓMICA 2.292 5 1.158 15 1.267 13 5 3.550 COMUNICACIONES 611 5 616 TRANSPORTES 358 4 362 MEDIO AMBIENTE 586 11 9 6 612 URBANISMO 421 35 6 3 465 6 1 357 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 350 EXPROPIACIÓN FORZOSA 24 82 82 OTRAS MATERIAS 77 77
23. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 1.2. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES El CUADRO 10 y el GRÁFICO 4 de este apartado muestran el curso seguido por los expedientes de queja y de actuación de oficio, una vez recibidos o iniciados por la Institución, y el estado en que se encontraban el 31 de diciembre de 2013. El porcentaje de admisión a trámite de los expedientes de queja ayuda a valorar, entre otros aspectos, el grado de conocimiento de los ciudadanos en relación con las atribuciones competenciales del Defensor del Pueblo y sobre su capacidad para intervenir en los problemas que los afectan. Como es frecuente reiterar en todos los informes de gestión de esta Institución, la no admisión de una queja no supone en absoluto una menor atención a los asuntos o peticiones planteadas por los ciudadanos que las presentan. Todas las quejas son objeto de la misma dedicación y contestadas puntualmente, ofreciendo al ciudadano interesado la respuesta más adecuada a la cuestión que le ocupa, así como orientación sobre el modo alternativo de buscar una solución a su problema. CUADRO 10 Situación de los expedientes de queja y de actuación de oficio en 2013, sin contabilizar las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad Individuales SITUACIÓN Agrupados N.º % N.º 4.035 21,90 1.982 46,42 254 73,20 6.271 27,22 Concluidos 2.925 15,88 1.397 32,72 79 22,77 4.402 19,10 10 0,05 10 0,04 6.970 37,84 3.379 79,13 95,43 10.683 46,36 9.406 51,06 891 20,87 10.297 44,69 9.406 51,06 891 20,87 10.297 44,69 1.318 7,15 5,78 En suspenso Total No admitidos Total En estudio (a 31 dic.) Iniciados Pendiente de contestación del interesado Total TOTAL GENERAL 728 100,00 N.º % 14 4,03 1.332 728 3,16 14 11,11 18.422 333 % 4,03 2.062 8,94 347 100,00 23.042 100,00 3,95 2.046 N.º Total En trámite Admitidos % Oficio 4.270 100,00 25
24. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 GRAFICO 4 Distribución porcentual de los expedientes de queja y actuaciones de oficio según su situación de tramitación Situación Admitidos En estudio 8,94% Concluidos 19,10% En trámite 27,22% No admitidos 44,70% Admitidos 46,36% En suspenso 0,04% En el año 2013, el Defensor del Pueblo no interpuso ningún recurso ante el Tribunal Constitucional, si bien en varios de estos casos el Defensor del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones a las administraciones afectadas. En el CUADRO 11 se detallan las cifras de los expedientes de solicitud de recurso ante el Tribunal Constitucional en 2013. Hay que observar que 4 solicitudes de interposición de recurso inconstitucionalidad, presentadas ya en la recta final del año, han quedado pendientes de estudio, dado que no se había cumplido el plazo de tres meses previsto para este tipo de recursos ante el Tribunal Constitucional. De su resultado se dará cuenta en el próximo informe. CUADRO 11 Situación de los expedientes de solicitud de recurso ante el Tribunal Constitucional en 2013 SITUACIÓN Individuales Agrupados Total No interpuestos 95 10.029 10.124 En estudio (a 31 dic.) 4 0 4 10.029 10.128 TOTAL 99 En el siguiente cuadro se especifican aquellas solicitudes de recurso no interpuestas pero que han sido objeto de recomendaciones. Se indica la ley o el decreto por el que se solicitó la interposición, el número de solicitudes, el de las 26
25. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO recomendaciones y la Administración a la que se dirigieron. En el siguiente capítulo de este informe (II.2.2) se destacan con sus contenidos esas recomendaciones efectuadas a partir de las resoluciones de solicitudes de interposición de recurso. CUADRO 12 Detalle de los expedientes de solicitud de recurso ante el Tribunal Constitucional que han generado recomendaciones por el Defensor del Pueblo EXPEDIENTES Normativa afectada Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (tasas judiciales) Número de recomendaciones Administración a la que se dirige Ministerio de Justicia 8 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (modificación RDL 20/2012, sobre supresión paga extraordinaria y complementos) 2 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Estudio sobre Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social 8 Vicepresidencia del Gobierno; Ministerio de la Presidencia y Portavoz del Gobierno; Ministerio de Economía y Competitividad, y Ministerio de Justicia Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 4 1 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 2 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 1 Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles 8(1) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía Decreto-ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía 2(2) Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 1 (1) Tres de las ocho resoluciones son Advertencias. (2) Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid Una de las dos resoluciones es un Recordatorio de deberes legales. 27
26. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 1.2.1. Expedientes de queja individuales El anexo A del informe recoge todos los cuadros de desglose sobre la tramitación de los expedientes de queja individual, de los que se ofrece en este resumen estadístico una selección. El CUADRO 13 recoge los motivos de no admisión de las quejas, todos ellos referidos a aspectos sustantivos por los que no es posible dar curso a la pretensión de los interesados o promover una actuación ante las administraciones públicas. Como puede apreciarse, la principal causa de inadmisión viene referida a la falta de indicios que revelen una actuación irregular de la Administración. Otros motivos habituales se refieren a la ausencia total de actuación administrativa previa, los conflictos entre particulares o los casos en que ya ha intervenido una autoridad judicial. CUADRO 13 Expedientes de queja individual. Motivos de no admisión en 2013 MOTIVOS DE NO ADMISIÓN Sin indicios de irregularidad administrativa Número 3.140 Falta de actuación administrativa previa 1.312 Varios motivos de no admisión concurrentes 1.045 Intervención judicial 885 Otros motivos por los que no es competente el Defensor 834 Sin contestación a solicitud ampliación de datos 674 Conflicto particular ajeno a la Administración 314 Sentencia firme 221 Sólo se envía información 150 Resuelto sin intervención del Defensor 144 Sólo se solicita información 138 Intervención de Comisionado parlamentario autonómico 119 Sin actividad de los poderes públicos 80 Carencia de fundamentos 79 Disconformidad con la legislación vigente 62 Plazo superior a un año 51 Desistimiento 43 Inexistencia de pretensión 30 Inexistencia de interés legítimo 28 Autoridad administrativa en asuntos de su competencia 18 No se cumplen los requisitos para la admisión del recurso 13 Actuación incorrecta reconocida en vías de solución por otros expedientes 12 Perjuicios a terceros 6 Sin contestación a defecto subsanable 6 Queja anónima 1 Imposibilidad de contactar con el interesado 1 TOTAL 28 9.406
27. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Los dos siguientes cuadros reflejan la tramitación seguida por los expedientes individuales de queja que sí pudieron ser admitidos, las administraciones involucradas en las diferentes actuaciones y los tipos de conclusión de aquellos expedientes que han podido ser concluidos en el mismo año 2013. CUADRO 14 Expedientes de queja individual admitidos. Número de los tramitados ante la Administración en 2013 En trámite Concluidos En suspenso 1.698 1.416 3 3.117 Administración autonómica 790 681 5 1.476 Administración local 576 452 ADMINISTRACIONES Administración General del Estado Total 1.028 Fiscal General del Estado 166 50 216 Otras entidades públicas 84 100 184 Varias administraciones 352 108 1 461 Actuaciones vinculadas a otras tramitaciones 369 118 1 488 4.035 2.925 10 6.970 TOTAL CUADRO 15 Expedientes de queja individual admitidos y concluidos. Tipos de conclusión según administraciones en 2013 ADMINISTRACIONES Actuación correcta Se subsana No se subsana Otros tipos de conclusión Total Administración General del Estado 616 554 80 166 1.416 Administración autonómica 254 175 115 137 681 Administración local 253 121 13 65 452 Fiscal General del Estado 20 1 2 27 50 Otras entidades públicas 60 10 4 26 100 Varias administraciones 18 34 2 54 108 Actuaciones vinculadas a otras tramitaciones 47 3 10 58 118 1.268 898 226 533 2.925 TOTAL Los “otros tipos de conclusión” que figura en este cuadro, pueden referirse a: conclusión con formulación de objeciones, desistimiento del recurso, intervención previa del comisionado autonómico, intervención judicial, no contestación a un tercer requerimiento, no formulación de alegaciones o resuelto sin intervención del Defensor. 29
28. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 1.2.2. Expedientes de queja agrupados Al igual que para los expedientes individuales, en los siguientes dos cuadros se detallan, por un lado, las causas de no admisión de los expedientes agrupados de queja y, por otro, las administraciones afectadas por las quejas que sí fueron admitidas. Respecto a los motivos de no admisión, hay que repetir lo ya señalado respecto a las quejas individuales y que ha sido detallado en el CUADRO 13. CUADRO 16 Expedientes de queja agrupados. Motivos de no admisión en 2013 MOTIVOS DE NO ADMISIÓN Número Varios motivos de no admisión concurrentes 561 Sin indicios de irregularidad administrativa 171 Intervención judicial 94 Intervención de Comisionado parlamentario autonómico 35 Otros motivos por los que no es competente el Defensor 30 891 TOTAL CUADRO 17 Expedientes de queja agrupados admitidos. Número de los tramitados ante la Administración en 2013 ADMINISTRACIONES En trámite Administración Gral. del Estado Concluidos Total Administración local 1.303 261 1.564 517 Administración autonómica 1.096 1.613 87 1 88 2 2 75 37 112 1.982 1.397 3.379 Otras entidades públicas Varias administraciones TOTAL CUADRO 18 Expedientes de queja agrupados admitidos y concluidos: Tipos de conclusión según administraciones en 2013 ADMINISTRACIONES Actuación correcta Administración Gral. del Estado Administración autonómica Administración local Se subsana No se subsana 152 261 2 1.094 1.096 1 1 Otras entidades públicas 30 Total 109 2 Varias administraciones TOTAL Otros tipos de conclusión 2 37 1.095 152 2 37 148 1.397
29. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Lo mismo que se ha indicado para los datos relativos a los expedientes individuales, los datos estadísticos completos de estos expedientes de queja agrupados pueden consultarse en el anexo B del presente informe. 1.2.3. Expedientes de actuación de oficio La mayor parte de los expedientes de actuación de oficio iniciados a lo largo de 2013 se encontraban aún en tramitación al finalizar el ejercicio. Ha de recordarse que un número importante de estas actuaciones tiene por objeto reunir información para elaborar estudios monográficos, lo que habitualmente exige varias peticiones sucesivas de documentación, dando lugar además, en muchos casos, a la formulación de recomendaciones y sugerencias. En otros supuestos, las actuaciones de oficio vienen motivadas por el conocimiento de situaciones que requieren una atención urgente y que requieren, por lo tanto, una respuesta igualmente rápida de la Administración concernida. CUADRO 19 Expedientes de actuación de oficio. Iniciados y tramitados ante la Administración en 2013 En trámite ADMINISTRACIONES Administración General del Estado Concluidos Total 105 33 138 85 27 112 5 5 10 Otras entidades públicas 3 3 6 Varias administraciones 34 8 42 Actuaciones vinculadas a otras tramitaciones 22 3 25 254 79 333 Administración autonómica Administración local TOTAL Al total de actuaciones de oficio de este CUADRO 19 hay que añadirle los 14 expedientes iniciados este año y aún en estudio. CUADRO 20 Expedientes de actuación de oficio concluidos. Tipos de conclusión según administraciones en 2013 ADMINISTRACIONES Administración General del Estado Administración autonómica Otros tipos de conclusión Total 15 12 33 4 27 Actuación correcta Se subsana 6 21 2 Administración local 4 1 Otras entidades públicas 2 1 Varias administraciones 3 4 No se subsana 5 3 1 Actuaciones vinculadas a otras tramitaciones TOTAL 8 3 36 23 1 3 19 79 31
30. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 Además de este cuadro, en el anexo A del informe puede consultarse el detalle sobre las administraciones de destino de estas actuaciones y sobre los tipos de conclusión de los expedientes finalizados en el año. Por otra parte, el anexo C recoge el listado cronológico completo de todos los expedientes de actuación de oficio iniciados en 2013. 1.3. EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES, ABIERTOS O REABIERTOS EN EL AÑO 2013 Aquí se recogen los datos relativos a los expedientes de 2012 que no se habían iniciado, por estar pendientes de admisión al cierre del informe anterior, o expedientes de aquel año o anteriores que seguían en tramitación, además de aquellos otros expedientes en suspenso o ya cerrados y que fueron reabiertos por alguna causa. CUADRO 21 Situación de los expedientes de años anteriores SITUACIÓN Individuales Agrupados Oficio Total En trámite % 15,69 N.º 3.565 % 56,74 N.º 208 % 37,82 N.º 5.558 % 30,53 Concluidos Admitidos N.º 1.785 5.570 48,97 1.534 24,42 329 59,82 7.433 40,82 37 0,33 13 2,36 50 0,27 71,63 En suspenso Total No admitidos En estudio (a 31 dic.) Pdte. de datos Total 81,16 550 100,00 13.041 34,65 1.184 18,84 5.125 28,15 3.941 Total 64,99 5.099 3.941 TOTAL GENERAL 32 7.392 34,65 1.184 18,84 5.125 28,15 41 0,36 41 0,23 41 0,36 41 0,23 11.374 100,00 6.283 100,00 550 100,00 18.207 100,00
31. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO GRÁFICO 5 Distribución porcentual de los expedientes de años anteriores según su situación de tramitación Situación Admitidos En estudio 0,23% En trámite 30,53% No admitidos 28,15% Admitidos 71,63% En suspenso 0,27% Concluidos 40,82% En el anexo A de este informe pueden consultarse diversos cuadros que hacen referencia a esos expedientes en tramitación de ejercicios anteriores, en los supuestos siguientes: motivos de no admisión; administraciones concernidas en las admisiones, con sus porcentajes y un desglose de las distintas administraciones (General del Estado y autonómicas), y tipos de conclusión según administraciones. 1.4. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES Y ADVERTENCIAS Con motivo de la tramitación de los expedientes de queja individuales, agrupados y actuaciones de oficio, así como de las resoluciones de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de los estudios monográficos, se formularon las resoluciones dirigidas a las distintas administraciones públicas que figuran a continuación, clasificadas en admitidas, rechazadas y pendientes de contestación. CUADRO 22 Resoluciones formuladas durante 2013 RESOLUCIONES Recomendaciones Sugerencias Admitidas 93 Rechazadas 32 Pendientes 111 104 28 170 Recordatorios de deberes legales 302 170 Advertencias TOTAL Total 236 3 197 60 281 711 33
32. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 CUADRO 23 Recomendaciones por Administración de destino, a 31 de diciembre de 2013 ADMINISTRACIONES Admitidas 35 Administración Gral. del Estado Rechazadas 23 Pendientes 53 Total 111 Administración autonómica 30 7 44 81 Administración local 22 1 12 35 6 1 2 9 93 32 111 236 Otras entidades públicas TOTAL CUADRO 24 Sugerencias por Administración de destino, a 31 de diciembre de 2013 Admitidas Rechazadas Administración Gral. del Estado ADMINISTRACIONES 40 17 69 Administración autonómica 16 4 28 48 Administración local 48 7 71 126 2 2 104 28 170 302 Otras entidades públicas TOTAL Pendientes Total 126 En el anexo A de este informe pueden consultarse diversos cuadros que recogen los recordatorios de deberes legales y las advertencias que se han formulado en 2013. Igualmente, se pueden consultar allí sendos cuadros sobre la evolución de las recomendaciones y las sugerencias de ejercicios anteriores. 1.5. INFORMACIÓN AL CIUDADANO Para concluir la información de carácter estadístico del presente capítulo, y así dar una visión más completa de la actividad desarrollada por la Institución, se ofrecen a continuación una serie de datos sobre la atención prestada al ciudadano a lo largo de 2013, bien de carácter presencial o bien por medio de diversos soportes telemáticos. CUADRO 25 Número de llamadas y visitas recibidas durante 2013 con el fin de prestar servicios al ciudadano, en comparación con 2012 INFORMACIÓN AL CIUDADANO Atención presencial Teléfono Línea 900 TOTAL 34 2013 2012 3.251 9.808 6.614 3.375 9.161 5.435 19.673 17.971
33. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CUADRO 26 Visitas al portal del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es) 2013 2012 390.622 531.406 6.842.109 8.758.409 Visitas Páginas visitadas En el CUADRO 26 se distinguen las entradas efectuadas en el portal (visitas) de las ocasiones que se entró en sus distintos apartados (páginas visitadas dentro del citado portal). CUADRO 27 Desglose de visitas al portal del Defensor del Pueblo. Año 2013 DIRECCIONES WEB defensordelpueblo.es Páginas visitadas Visitas 313.418 6.087.819 enclase.defensordelpueblo.es 30.451 50.123 concursodibujos.defensordelpueblo.es 25.463 40.006 Mnp 14.666 633.252 premioddhh.defensordelpueblo.es 2.286 9.284 biblioteca.defensordelpueblo.es 1.942 15.126 estadisticas.defensordelpueblo.es 1.626 4.227 770 2.272 390.622 6.842.109 newsletter.defensordelpueblo.es TOTAL 1.6. PRESUPUESTO 2013 1.6.1. Presupuesto del Defensor del Pueblo para el año 2013 El “Boletín Oficial del Estado” número 312, de 28 de diciembre de 2012, publicó la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en la que la dotación presupuestaria del Defensor del Pueblo para ese ejercicio ha ascendido a la cantidad de 14.021.300,00 €. 35
34. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 CUADRO I Desglose presupuestario por capítulos del Defensor del Pueblo. Año 2013 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 CANTIDAD Capítulo I: Gastos de personal 11.593.400,00€ Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios TOTAL CAPÍTULOS I + II 2.427.900,00€ 14.021.300,00€ Siendo su desglose presupuestario por artículos el que se muestra en el siguiente CUADRO II. CUADRO II Desglose presupuestario por artículos del Defensor del Pueblo. Año 2013 CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TOTAL 10 ALTOS CARGOS 449.000,00 12 FUNCIONARIOS 8.479.300,00 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 7.300,00 370.000,00 5.000,00 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.282.800,00 TOTAL CAPÍTULO I 11.593.400,00 CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 65.000,00 27 36 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36.200,00 COMPRAS, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS 49.000,00 405.500,00 1.665.200,00 207.000,00
35. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TOTAL TOTAL CAPÍTULO II 2.427.900,00 TOTAL CAPÍTULOS I + II 14.021.300,00 1.6.2. Evolución interanual 2009-2013 Durante los últimos años, desde 2009 a 2013, la evolución presupuestaria interanual ha sido la que se refleja a continuación. CUADRO III Evolución presupuestaria interanual. Período 2009-2013 2009 15.968.400 % 2010 -0,51 15.886.500 % 2011 % 2012 % 2013 -4,47 15.175.800 -4,5 14.492.900 -3,25 14.021.300 GRAFICO I Evolución presupuestaria interanual. Período 2009-2013 37
36. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 CUADRO IV Evolución presupuestaria global. Período 2009-2013 2009 2013 % decremento 15.968.400 € 14.021.300 € -12,19 GRAFICO II Evolución presupuestaria global. Período 2009-2013 1.6.3. Ejecución presupuestaria Se indica a continuación la ejecución presupuestaria a fecha de cierre del ejercicio 2013. Este cuadro proyecta sobre la dotación final de cada capítulo y artículo del presupuesto el total de los pagos realizados, los pagos pendientes y los remanentes presupuestarios, que tienen como destino último la cuenta de remanentes de las Cortes Generales. El nivel de ejecución presupuestaria global se ha situado en el 96,64%, siendo la ejecución para el Capítulo I del 94,30% y del 99,44% respecto del Capítulo II. El remanente generado en el presupuesto total ha ascendido a 470.870,74 €. 38
37. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CUADRO V Ejecución presupuestaria. Año 2013 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 DOTACIÓN FINAL PAGOS REALIZADOS PAGOS PENDIENTES REMANENTES CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL Artículo 10: Altos cargos 449.000,00 446.767,72 0,00 2.232,28 Artículo 12: Funcionarios 8.329.300,00 8.003.494,81 0,00 325.805,19 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 370.000,00 356.063,81 1.500,00 12.436,19 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.227.700,00 1.969.567,63 154.732,50 103.399,87 11.388.300,00 10.775.893,97 156.232,50 456.173,53 Artículo 13: Laborales Artículo 14: Otro personal (seguridad y comunicaciones) Artículo 15: Incentivos al rendimiento Artículo 16: Seguridad Social, prestaciones y gastos sociales TOTAL CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Artículo 20: Arrendamientos Artículo 21: Reparaciones, mantenimientos y conservación Artículo 22: Material de oficina, suministros y comunicaciones Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio Artículo 24: Gastos de publicaciones Artículo 27: Compras, suministros y otros gastos TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 36.121,20 32.634,58 2.941,31 545,31 463.828,92 389.936,73 73.375,17 517,02 1.689.049,55 1.280.769,52 399.860,27 8.419,76 96.014,24 92.889,77 0,00 3.124,47 32.486,09 2.486,09 30.000,00 0,00 315.500,00 38.166,74 275.242,61 2.090,65 2.633.000,00 1.836.883,43 781.419,36 14.697,21 14.021.300,00 12.612.777,40 937.651,86 470.870,74 39
38. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 2. RECOMENDACIONES RESOLUCIONES Y SUGERENCIAS. SEGUIMIENTO DE LAS Las recomendaciones y las sugerencias constituyen una de las herramientas principales en el trabajo del Defensor del Pueblo. Con ellas culmina una parte importante tanto de la tramitación de las quejas presentadas por los ciudadanos como de las actuaciones iniciadas por la propia Institución, incluidos los estudios monográficos. En cualquiera de esos casos, una vez diagnosticado un determinado problema, tras recabar información de la Administración afectada, el Defensor del Pueblo procede a formular ante ella una recomendación o una sugerencia, con el fin de promover la efectiva modificación de una determinada práctica administrativa, o de una normativa. La Administración puede no aceptarla, pero la ley le obliga en cualquier caso a razonar los motivos de su decisión al respecto. Una primera apreciación que hay que hacer es cuantitativa: a lo largo de 2013 la Institución ha formulado 236 recomendaciones y 302 sugerencias (incluyendo las emitidas en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura). En ambos casos es mayor el número de ellas formuladas ante la Administración General del Estado, con un total de 111 recomendaciones y 126 sugerencias, respectivamente, mientras que ante la Administración autonómica han sido 81 y 48. En los apartados estadísticos puede consultarse el detalle de estas cifras. En los anexos E.1 y E.2 del segundo volumen del presente informe (editado digitalmente) se incluye un listado completo de estos dos tipos de resoluciones, con el texto de cada recomendación y sugerencia, así como el estado de respuesta por parte de la Administración afectada, a fecha del cierre de 31 de diciembre de 2013. En el presente capítulo se ofrece un resumen general de esas resoluciones, sin bien en la Parte III se hace referencia a muchas de esas recomendaciones, al tratarse las diferentes materias de supervisión de las administraciones públicas. 2.1. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS A PARTIR DE LA TRAMITACIÓN ORDINARIA DE LOS EXPEDIENTES 2.1.1. Recomendaciones 68/2013, de 22 de mayo, formuladas a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, sobre el funcionamiento de los Centros de Internamiento Los centros de internamiento de extranjeros son motivo de diversas actuaciones por parte del Defensor del Pueblo. Este año se han formulado las siguientes Recomendaciones: 40
39. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 1) La Brigada que propone la expulsión o solicita el internamiento deberá comprobar la situación personal y familiar del extranjero. A tal efecto, rellenará un formulario que deberá ser adjuntado a la solicitud de internamiento para comprobación del órgano judicial. En dicho documento se deberá consignar la fecha de comprobación y bases de datos consultadas, así como la inexistencia de solicitudes del extranjero para regularizar su situación que se encuentren pendientes de resolver por el órgano administrativo. En todo caso, con carácter previo a la propuesta de resolución, se deberán realizar las comprobaciones necesarias, con el fin de verificar los datos de domicilio alegados por el interesado en el momento de incoación del expediente. 2) Arbitrar los medios necesarios para hacer efectivo el derecho a la asistencia social de los extranjeros sometidos a internamiento, previsto por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su artículo 62 bis, y limitar la labor de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a garantizar la seguridad. 3) Intensificar los controles de seguimiento en los convenios suscritos con las empresas que presten la asistencia sanitaria dentro de los centros de internamiento de extranjeros, con el fin de garantizar que los internos reciban una asistencia sanitaria adecuada. Se deberá prestar especial atención al protocolo seguido en la revisión médica inicial. 4) Impartir instrucciones, con el fin de garantizar la comunicación de los internos con el exterior, estableciendo los sistemas que se entiendan necesarios que combinen la seguridad del personal que presta servicios en los centros y el derecho de los internos a disponer de sus teléfonos móviles. 5) Notificar a los internos con antelación suficiente la fecha de la expulsión y el resto de circunstancias (lugar en el que se llevará a cabo, ciudad de destino, etc.). La citada notificación se deberá realizar de forma que permita dejar constancia en el expediente del interno. Aceptadas parcialmente. 41
40. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 2.1.2. Recomendación 37/2013, de 11 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, para eliminar el requisito de aportar tarjeta de residencia permanente cuando los ciudadanos guatemaltecos soliciten la tramitación de la nacionalidad española Eliminar el requisito de aportar tarjeta de residencia permanente (actualmente de larga duración) en la tramitación de la solicitud de nacionalidad española, al amparo del Convenio de nacionalidad hispano-guatemalteco del año 1961. Aceptada. 2.1.3. Recomendación 87/2013, de 24 de junio, formulada al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, sobre los daños causados por un error registral Los daños causados por un error registral, que acarreó la pérdida de un bien inmueble, dio lugar a recomendar al Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que se resolviese el expediente de reclamación de responsabilidad planteado por la interesada, en el sentido que el Secretario de Estado de Justicia indicaba en el informe que había remitido previamente al Defensor del Pueblo, al informar de la posibilidad de presentar una reclamación ante el Servicio de Responsabilidad Civil del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, al constatarse que de los hechos expuestos podía deducirse claramente que se había producido un incorrecto funcionamiento del Registro de la Propiedad número 2 de Chiva (València/Valencia), que había ocasionado un grave perjuicio a los titulares registrales. Que resuelva el expediente de reclamación de responsabilidad planteado por la interesada, en el sentido que el propio Secretario de Estado de Justicia indica en el informe, del cual se le adjunta copia, al informar de la posibilidad de “presentar una reclamación ante el Servicio de Responsabilidad Civil del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”, al constatar que de los hechos expuestos puede deducirse claramente que se ha producido un incorrecto funcionamiento del Registro de la Propiedad n.º 2 de Chiva (València/Valencia), que ha ocasionado un grave perjuicio a los titulares registrales. Aceptada parcialmente. 42
41. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 2.1.4. Recomendaciones 100/2013, de 24 de julio, formuladas a la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el ruido de terrazas de veladores y fiestas patronales en período estival 1) Que el control municipal asegure que no se instale ninguna terraza sin autorización y continúe dicho control mientras esta esté instalada. Con el objeto de garantizar la legalidad, realice controles periódicos, atienda las denuncias, compruebe las molestias, instruya expedientes sancionadores o de legalización, ordene medidas correctoras y asegure su efectiva implantación. 2) Que, en el momento de resolver el otorgamiento de la licencia, valore las características y circunstancias del espacio en el que se pretende instalar la terraza, las denuncias que sobre la misma existieran y, cuando las circunstancias lo aconsejen, restrinja horarios o autorice menos ocupación de superficie. 3) Que las comprobaciones, y en su caso mediciones, se lleven a cabo en los momentos de máxima actividad y sin demora tras la recepción de la denuncia, sin mediar aviso previo al titular de la actividad. Si no dispone de medios materiales para medir, considere que “ruido molesto” es aquel que no hace falta medir para constatar que es excesivo o intolerable y, una vez así constatado por los funcionarios en acta de inspección, adopte medidas cautelares o provisionales. 4) El principio de proporcionalidad de una decisión municipal sobre medidas urgentes, cautelares y correctoras en actividades molestas, o sobre la imposición de multas e indemnizaciones, debe aplicarse también respecto de los afectados por las molestias, no sólo ha de haber proporcionalidad respecto de los titulares de las actividades molestas. 5) Que las administraciones promuevan acciones de concienciación con colectivos y asociaciones de locales de hostelería, intensifiquen la vigilancia los días de celebración de fiestas patronales o locales, especialmente si prevé la producción de ruido y actividades molestas en niveles superiores al ordinario. Aceptadas 43
42. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 2.1.5. Recomendación 212/2013, de 9 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento, sobre la participación pública en el anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana Dar las instrucciones oportunas a los órganos del departamento para que, de conformidad con la Ley 27/2006, de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se impliquen activamente en el cumplimiento de los deberes impuestos a las administraciones públicas, en relación con la participación pública en la elaboración de proyectos normativos que promueva el Ministerio de Fomento, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo del derecho, y en particular: 1) A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de proyectos normativos relacionados con el medio ambiente. 2) A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los proyectos. 3) A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones, y antes de que se adopte la decisión sobre los proyectos, y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública. 4) A consultar al Consejo Asesor de Medio Ambiente respecto a los proyectos normativos con incidencia ambiental. Pendiente de contestación. 2.2. RECOMENDACIONES RESULTADO DEL ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 2.2.1. Recomendaciones 11/2013, de 12 de febrero, formuladas al Ministerio de Justicia, sobre las tasas judiciales Los numerosos escritos recibidos en el Defensor del Pueblo sobre la cuestión de las nuevas tasas judiciales, tanto genéricamente en contra como solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad, motivaron la presentación al Ministro de Justicia de un conjunto de recomendaciones, en buena medida aceptadas y cumplidas mediante el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero (BOE del 23). Se solicitó reducir considerablemente las tasas de la primera instancia civil y contenciosoadministrativa, la eliminación de las tasas establecidas en primera instancia en el orden contencioso-administrativo cuando se enjuicien procedimientos sancionadores, 44
43. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO la exención de tasas en la ejecución hipotecaria o bien, en el caso del ejecutado, una norma que le eximiera del abono de las costas de la parte contraria; la exención de tasas en el orden social para los recursos de suplicación y casación; la exención de tasas en la ejecución en el arbitraje; la modulación de tasas según la capacidad económica de las personas jurídicas; la moderación de las tasas en los recursos, y la adecuación de la Ley de Justicia Gratuita a la nueva situación. 1) La dificultad de objetivar el carácter excesivo o muy elevado de una tasa, a los efectos de formular al mismo un reproche de inconstitucionalidad, no merma la preocupación del Defensor del Pueblo si se diere el caso de que un ciudadano no pudiera acceder a la jurisdicción (artículo 24.1 CE), en razón meramente de la cuantía de la tasa, particularmente en la primera instancia civil o contenciosa-administrativa. En efecto, la tasa variable en primera instancia civil y contenciosaadministrativa podría alcanzar miles de euros, con el límite de diez mil, en razón de la cuantía del litigio, sin que ello signifique necesariamente que el ciudadano tenga la liquidez necesaria para hacer frente a pagos de esa entidad, aun cuando tuviere ingresos que impidan su acceso al beneficio de justicia gratuita. El Defensor del Pueblo considera por ello que deberían reducirse considerablemente las tasas de la primera instancia civil y contenciosa-administrativa, no tanto porque en abstracto sean per se lesivas de derecho alguno, sino porque existe un alto riesgo de que pudieran serlo en casos individualizados. 2) Asimismo, y como caso especial, en el procedimiento administrativo sancionador será frecuente que la tasa se aproxime mucho al valor del litigio, y la posible condena en costas de la Administración es tan matizada (artículo 139.1 de la Ley 29/1998: no cabe aun cuando la Administración perdiere el proceso si existen "serias dudas de hecho o de derecho") que no resulta suficiente mecanismo compensatorio. Por ello, se deberían eliminar las tasas establecidas en primera instancia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, cuando se enjuicien procedimientos administrativos sancionadores. 3) El Defensor del Pueblo ha mostrado especial sensibilidad, en el último año, al problema de las ejecuciones hipotecarias, en el contexto de la situación económica del país. No parece que la posición jurídica del ejecutado se vea beneficiada si ha de pagar las tasas abonadas por el ejecutante como consecuencia de una condena en costas, o ha de abonar tasas si reconviene. Debería establecerse también en la ejecución hipotecaria bien la exención de 45
44. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 tasas, bien, en el caso del ejecutado, una norma que le eximiera del abono de las costas de la parte contraria. 4) Por las mismas razones de interés social, y en el contexto de la grave situación económica de nuestro país, que está produciendo una fuerte destrucción de empleo y el empeoramiento general de las condiciones laborales, sería conveniente eximir al orden social del pago de tasas en los recursos de suplicación y casación. 5) Por razones de coherencia doctrinal, no parece lógico que las actuaciones judiciales que deben producirse si fracasa la solución extrajudicial de conflictos, que es el arbitraje (ejecución en el arbitraje), estén sometidas a tasa. Sin duda, es acertado que se procure la solución de pequeños conflictos por vías extrajudiciales, como también que el artículo 8.5 de la Ley de Tasas establezca la devolución del 60 por ciento de la tasa cuando se alcance, iniciado el proceso, una solución extrajudicial del litigio. La coherencia del sistema se completaría no devengando tasa la ejecución en el arbitraje. 6) El artículo 35.2.d) de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que restableció las tasas judiciales, declaraba exentos a los sujetos pasivos que tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. El criterio de la capacidad económica, a que se refiere esta previsión de la Ley 53/2002, debiera recuperarse para establecer tasas más o menos elevadas en función de las diferentes circunstancias que pueden concurrir en las personas jurídicas. 7) Si bien el "derecho a los recursos" no tiene la misma entidad constitucional que el derecho a la tutela judicial (artículo 24.1 CE), sería conveniente moderar las tasas establecidas, de modo que los impedimentos para el acceso a los recursos que establecen las leyes procesales no puedan considerarse excesivos para garantizar el doble conocimiento de los asuntos -cuando el legislador así lo quiere- y la tarea unificadora de la jurisprudencia en condiciones de igualdad para todos los interesados. 8) La vigente Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no se redactó tomando en consideración que los beneficiarios de la misma estarían exentos de tasas, pues éstas no existían. Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 4.2.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no pagarán tasas "las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello, de acuerdo con su normativa reguladora", se constata que, desde esta 46
45. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO perspectiva, la Ley de 1996 deviene claramente obsoleta. Es necesaria una nueva ley que permita configurar un sistema de tasas más justo. Si bien hubiera sido deseable que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se tramitase simultáneamente a la de Tasas, debe valorarse positivamente el anteproyecto informado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2013. Pero es un hecho que dicho anteproyecto dista de haberse convertido en ley, y que desde el 17 de diciembre de 2012 los ciudadanos deben abonar tasas sin el contrapeso de una nueva Ley de Justicia Gratuita a la altura de las circunstancias. Esta carencia debe corregirse mediante: a) Una tramitación diligente y receptiva a las observaciones de los sectores interesados. b) La compensación a los afectados que, habiendo debido pagar tasas bajo la vigencia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, hubieran quedado exentos bajo la vigencia de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se apruebe. Recomendaciones aceptadas parcialmente. 2.2.2. Recomendación 14/2013, relacionada con el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social No se interpuso el recurso, pero se formuló la siguiente Recomendación a la Ministra de Empleo y Seguridad Social: a) Que el Gobierno de la nación asuma el compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que vienen sufriendo las pensiones públicas, en el momento en que se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y no resulte necesario acudir al Fondo de Reserva para garantizar la liquidez del sistema. 2.2.3. Recomendación 124/2013, relacionada con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 1. Generales El desarrollo reglamentario de la Ley 2/2013 debería tener en cuenta los siguientes criterios básicos o generales: 47
46. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 a) La definición de la zona marítima-terrestre debe hacerse exclusivamente con criterios físico-morfológicos y científicos, sin consideraciones de otra naturaleza. b) El reglamento deberá expresar de forma clara que el plazo de prescripción de la obligación de reparar el dominio público perjudicado al que se refiere la ley, no implica que dicha obligación prescriba en el tiempo. Asimismo, el Reglamento debería declarar expresamente que la obligación de reparar el dominio público perjudicado es imprescriptible, conforme a lo previsto en el artículo 132 CE. c) Debe garantizarse la participación pública durante el proceso de elaboración del reglamento. Esta participación no termina con la intervención del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Conforme a unas recomendaciones formuladas en 2010 y aceptadas por el ministerio, ha de identificarse qué entidades y personas tienen conforme a la Ley 27/2006 la cualidad de público, de modo que ha de difundirse en modo inteligible y suficiente que se está en proceso de elaboración del reglamento, no sólo en su fase de anteproyecto sino durante todo el lapso en que las posibilidades y decisiones estén abiertas. d) Las remisiones que la ley hace al reglamento han de cumplimentarse con criterios expresos, sustantivos y formales. e) El reglamento, al fijar las condiciones para autorizar la publicidad, deberá incluir como criterios expresos que no se altere el paisaje, no se produzca ruido, no se creen pantallas visuales, no haya vibraciones, y criterios análogos. Asimismo, el reglamento deberá expresar claramente que en los tramos urbanos de las playas deberá garantizarse no sólo una “adecuada prestación de los servicios”, sino que quede garantizado el uso principal (libre, público y gratuito de los recursos naturales). f) En relación a la disposición adicional novena, el reglamento deberá establecer expresamente el plazo temporal durante el cual se permitirá el funcionamiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales de interés general, construidas en dominio público marítimoterrestre; antes de que haya finalizado dicho plazo se iniciarán las actuaciones tendentes a la adecuada sustitución de aquellas y, en su caso, a su reubicación en cumplimiento de las correspondientes resoluciones judiciales. 48
47. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 2. Espacios desprotegidos El reglamento debe precisar que los espacios que puedan quedar desprotegidos (zonas que son ahora excluidas del dpm-t, reducción de la anchura de la zona de protección) sean claramente definidos de acuerdo con criterios físicos y morfológicos, no con criterios de otra naturaleza tales como los urbanísticos, constructivos o económicos. El reglamento debe precisar que cualquier elemento de la zona marítimaterrestre es siempre dpm-t. Aunque la Ley 2/2013 no haya modificado la definición general de zona marítima-terrestre, el hecho es que excluye del dpmt espacios que sí podrían tener esa naturaleza física y además prevé el modo de “reintegrarlos” a los anteriores dueños particulares. 3. Sobre los usos y ocupaciones de las costas. Obras a) La “declaración responsable” de aquellas obras que puedan producir impacto ambiental deberá ir acompañada de aval o caución que garantice la restitución a su estadio anterior, en línea con el artículo 76.f) y preceptos análogos de la Ley de Costas. Asimismo, debe señalarse en el reglamento cuál es el contenido mínimo de la declaración responsable, de modo que esta sea efectiva y el firmante sepa a qué atenerse y qué responsabilidad está asumiendo. b) La publicidad solo podrá autorizarse cuando quede garantizada la preservación del paisaje, se eviten pantallas sobre las vistas así como toda clase de ruidos y vibraciones; también se garantizará la no producción de molestias a vecinos, insalubridad o daños a la costa. c) Las instalaciones de temporada y chiringuitos deberían desmontarse después de cada temporada, aunque la autorización sea por cuatro años, y así procurar la regeneración de las playas. En todo caso, transcurrido el plazo de la autorización, el dpm-t afectado debe quedar restablecido a su estado anterior, a cargo del ocupante. El incumplimiento de esta cláusula deberá inhabilitar al responsable para poder obtener una nueva autorización. d) El reglamento debe precisar que cuando se autoricen «eventos de interés general con repercusión turística» las medidas preventivas y de restitución han de ser a cargo del promotor-organizador. 49
48. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 4. Información pública a) Promover la participación pública en todos los procedimientos de deslinde y de autorización, concesión o comunicación de declaraciones responsables, incoación de deslinde, de procedimientos sancionadores, señalamiento de línea oficial ribera del mar y de línea de probable deslinde; también en la revisión de los deslindes, en la declaración de situación de ‘regresión grave’ del dominio público marítimo-terrestre. El reglamento debe establecer la obligación de las administraciones de dar información al público sobre varios procedimientos y datos. Además de lo señalado, debería tenerse presente: - Dar información clara y precisa sobre si los bienes objeto de concesión son o no área abierta al público. La justificación habría de ser aprobada por las tres administraciones y quedar expuesta al público. - Incluso en zonas sin acceso al público habría de estudiarse la promoción del uso libre público y gratuito. Es decir, que la apertura del uso privativo al libre acceso y tránsito no tenga en cuenta sólo a las autoridades y funcionarios por “razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimoterrestre”, sino que también en determinadas zonas no afectadas por dichas causas se tengan en cuenta funciones asociadas al uso libre público y gratuito. b) Facilitar más información mediante la página web del ministerio, con el fin de que los afectados puedan presentar alegaciones directamente, y que los ciudadanos conozcan con anterioridad las intenciones de la Administración Pública. También debería difundirse la línea de probable deslinde, y en general todos los actos administrativos relevantes. 2.2.4. Recomendación 92/2013, relacionada con el Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía No se interpuso ningún recurso, pero se formuló a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía una Recomendación y un Recordatorio de deberes legales, en los siguientes términos: 50
49. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Con el fin de que, en cumplimiento de la normativa vigente, se incluyan las plazas dotadas presupuestariamente, ocupadas por funcionarios interinos, en la próxima Oferta de Empleo Público, que debería incluir la convocatoria de los procesos de consolidación previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, y que se oferten estas en los concursos de provisión que se convoquen, para posibilitar la cobertura ordinaria de las mismas; o, alternativamente, en caso de no ser imprescindible su cobertura, que se acuerde su amortización. 2.2.5. Recomendación 24/2013, relacionada con la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles 1. Interpretar y aplicar la Ley 5/2012, en el sentido siguiente: a) La posibilidad de urbanizar el suelo rural sólo puede reconocerse sin contrariar el texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. b) Sólo pueden permitirse en suelo urbanizable usos propios del medio urbano, conforme a planes de ordenación debidamente aprobados y con garantía efectiva de cumplimiento de los deberes urbanísticos, conforme al texto refundido de 2008 de la Ley del Suelo, y a la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. c) Sólo puede reconocerse la posibilidad de ejercer individualmente el derecho a edificar mediante un proyecto técnico que contenga las características de un plan detallado, bajo la dirección y control por las administraciones públicas del proceso urbanístico, con participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos, con información y participación ciudadana en la ordenación y gestión del suelo. Que no se interprete que la Ley 5/2012 permite en la Región de Madrid la formación de ámbitos materiales rurales, urbanizables, urbanos ni semiurbanos desordenados mediante viviendas unifamiliares aisladas. d) Que las viviendas rurales sostenibles se autoricen sólo si hay garantía efectiva del propietario de que dispondrá de servicios y de dotaciones mínimas, que hagan realmente sostenible no sólo la vivienda y la parcela, sino también su entorno fuera de parcela. 2) Que en el procedimiento de otorgamiento de licencia del artículo 7 de la Ley 5/2012, se dé siempre trámite de información pública y haya suficiente difusión al público del proyecto técnico. 51
50. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 3) Que la regla del silencio positivo del artículo 7 se interprete conforme al artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2011 y al resto de la legislación básica sobre el procedimiento administrativo común, y en particular (artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común): a) Que el transcurso del plazo para resolver se suspenda: I. En el momento en que el Ayuntamiento deba requerir al interesado la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. II. Cuando deban solicitarse informes preceptivos y determinantes de la resolución municipal o de distinta Administración. III. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. b) Que el transcurso del plazo para resolver sea ampliado, mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes, por una vez pero siempre que sea preciso y especialmente cuando los informes preceptivos y determinantes tengan que ser evacuados por la Comunidad de Madrid. c) Que se exija responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa, al personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como a los titulares de los órganos administrativos competentes, por incumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa en plazo, incluida la obligación de emitir informe preceptivo y determinante si tiene que ser evacuado por la Comunidad de Madrid. d) Que el silencio tendrá efecto desestimatorio si la estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en particular a los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, infraestructuras de transporte, accesos y dotaciones propias del medio urbano, y de recogida y tratamiento de residuos. 4) Que no se interprete el carácter especial y prevalente de la Ley 5/2012 sobre cualquier normativa o planeamiento en el sentido de que quedan derogados en 52
51. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO el ámbito material de que se trate todas las normas y planes vigentes, sino en el de que la autorización para construir viviendas rurales sostenibles contiene en sí misma todas las prescripciones exigidas por los planes urbanísticos y territoriales de la Región de Madrid, incluidos los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. En particular, que se interprete que el Ayuntamiento sólo puede resolver las solicitudes de licencia, o que debe reaccionar si fueran vulneradas en tales ámbitos materiales, las siguientes disposiciones: a) El Real Decreto 1997/1995, de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. b) La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. c) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. d) Las medidas de conservación de la Red Natura 2000 y demás áreas protegidas. e) La Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, y Ley 43/2003, de Montes. f) La Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016). 5) Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, considerando que corresponde en todo caso a las administraciones públicas urbanísticas, en la ordenación urbanística, el encauzamiento, la dirección y el control de las actividades y los actos de los sujetos públicos y privados, y considerando que las potestades atribuidas y las competencias asignadas a las administraciones públicas incluyen, además de las determinadas expresamente en la Ley 9/2001, cuantas facultades sean congruentes con ellas para ser ejercidas con arreglo a la ley: se promulgue una disposición de rango reglamentario para: a) Definir los criterios de las viviendas rurales sostenibles: abastecimiento de agua y energía, saneamiento, recogida y tratamiento de residuos, caminos y carreteras de acceso y determinaciones análogas, de forma que se consiga en los municipios un entorno ordenado y se evite la dispersión por el territorio de viviendas, viales y conducciones de luz, agua, energía y demás infraestructuras. 53
52. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013 b) Defina las expresiones genéricas utilizadas en la Ley, tales como “técnico competente”, “documento acreditativo firmado por técnico competente” y “no afección significativa a los valores ambientales del entorno”, y determine las características del citado documento acreditativo; todo ello con el fin de no propiciar la excesiva discrecionalidad e impedir la arbitrariedad. 2.2.6. Recomendación 27/2013, relacionada con la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas No se interpuso ningún recurso, pero se formuló a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte la siguiente Recomendación: Que extreme la cautela en la elaboración de la norma, con el fin de que su contenido incorpore el elenco de garantías que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico han previsto, para asegurar que el acceso a la función pública docente se lleve a cabo en condiciones de igualdad, sin el establecimiento de requisitos ajenos al mérito y la capacidad, y a través de procedimientos públicos y preestablecidos que permitan su control jurisdiccional. 2.3. RECOMENDACIONES SURGIDAS DE LOS INFORMES MONOGRÁFICOS Además de los informes de gestión presentados cada año ante las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo elabora periódicamente informes específicos sobre cuestiones que requieren de un estudio monográfico. Cada informe ha generado una serie de recomendaciones que son reseñadas tras una descripción general del mismo. 2.3.1. Participaciones preferentes Como continuación de varias actuaciones iniciadas en años anteriores, especialmente en 2012, el Defensor del Pueblo elaboró y presentó ante las Cortes, en 2013, un estudio monográfico centrado en los productos de inversión llamados “Participaciones preferentes” que, entre otras cosas, requería de menos trámites para su formalización respecto de otras formas de recapitalización. Estas participaciones fueron ofrecidas a los clientes como una alternativa a los depósitos a plazo, sin informar debidamente a los adquirentes de las características del producto: perpetuidad, remuneración condicionada a la existencia de beneficios y fluctuación en el precio nominal, lo que podría conllevar pérdidas en su venta, tal y como sucedió. 54
53. I. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Para dar solución a este problema, la mayor parte de las entidades de crédito ofrecieron canjes a sus clientes, con el fin de darles una salida para minorar las pérdidas y continuar con la relación comercial. Sin embargo, algunas las entidades intervenidas no podían acceder a esta solución, en función de lo expresado en el Memorando de la Comisión Europea, de 24 de julio de 2012, que condicionaba las ayudas destinadas a rescatar a la banca española a la asunción de pérdidas por parte de los titulares de las participaciones preferentes. El Estudio sobre las Participaciones preferentes, se concretaba con una serie de recomendaciones al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, del Ministerio de Economía y Competitividad, para paliar el problema social creado por las entidades financieras. Recomendaciones como medidas preventivas Tienen por objeto generar un sistema de garantías para los futuros inversores, que eviten situaciones como las generadas por este producto financiero. 1) Las entidades financieras deben abstenerse de ofrecer a los clientes productos no adecuados a su perfil y a sus deseos; en este punto es importante conocer la necesidad y la finalidad del cliente y que éste sea consciente del riesgo que asume. 2) La CNMV debería proponer al sector un filtro de los órganos decisores de las entidades financieras, para la distribución de los productos complejos y de alto riesgo por sus sucursales o su red comercial. 3) Reforzar la transparencia para que el cliente comprenda los riesgos de la inversión y los gastos, costes y comisiones que conlleva. 4) En esta línea de transparencia, sería importante que la imagen de solvencia que proyectan las entidades responda a la realidad, y que los datos del Banco de España sean fiel reflejo de ello. 5) Imponer como cautela un período mínimo de reflexión previo a la contratación de determinados productos, que permita al inversor adoptar una decisión más y mejor informada. 6) Implantación de un proceso de validación y etiquetado de productos, con el respaldo de la CNMV, que permita al cliente seleccionar los adecuados a sus necesidades y descartar los no idóneos. Incorporando un sistema con 55
Actividades bd microbook vi
Actividades bd microbook v
Actividades bd microbook vii
Consultas avanzadas (iii)
Digital communication credentials!