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Timestamp: 2016-12-05 12:31:29
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⭐Plan Nacional de Salud Mental
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Rosa Escobar Ortega
1 Plan Nacional de Salud Mental 12 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas 23 Plan Nacional de Salud Mental PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL Año de publicación octubre4 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas Autoridades Nacionales Presidenta de la Nación Dra. Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER Ministro de Salud Dr. Juan Luis MANZUR Secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias Dr. Eduardo Mario BUSTOS VILLAR Directora Nacional de Salud Mental y Adicciones Lic. María Matilde MASSA 45 Plan Nacional de Salud Mental Índice Prólogo... pág Mandato normativo para la elaboración de este Plan... pág Responsables de la aplicación, monitoreo y evaluación... pág Responsables del diseño y elaboración... pág Consultas efectuadas... pág Marco conceptual y referencial... pág Antecedentes... pág Base conceptual del Plan Nacional de Salud Mental... pág Marco legal y técnico... pág Financiamiento... pág Propósitos... pág Objetivos... pág Líneas de acción... pág Monitoreo y evaluación... pág s e indicadores... pág Informes... pág Referentes nacionales... pág Espacios de consultas... pág Bibliografía consultada... pág Glosario... pág Anexos... pág. 61 Anexo I: Aportes de la consulta a organismos provinciales competentes... pág. 62 Anexo II: Aportes de la consulta a organismos del Estado nacional... pág. 75 Anexo III: Aportes de la consulta a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y demás organizaciones de la sociedad civil... pág. 81 Anexo IV: Aportes de la consulta a expertos nacionales... pág. 101 Anexo V: Aportes de la consulta a universidades e institutos de investigación... pág. 107 Anexo VI:Aportes de la consulta a federaciones y asociaciones profesionales... pág. 124 Anexo VII: Aportes elaborados en el marco del XII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos - El otro soy yo... pág. 135 Anexo VIII: Informes Epidemiológicos... pág. 142 Anexo IX: Documento de Organismos del Estado nacional constitutivos del Organo de Revisión... pág6 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas Prólogo POR UNA SALUD MENTAL PARA LA INCLUSIÓN Caminar cada paso. Así encaramos el proceso hacia la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nº , lo que continuamos haciendo hasta contar con su decreto reglamentario Nº 603/2013 y lo que haremos para implementar el Plan Nacional de Salud Mental en la República Argentina, esta tercera herramienta que aquí presentamos. Recorremos un sendero cuyos obstáculos dan aliento a nuestros dos desafíos: asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de quienes sufren padecimiento mental. La experiencia de trabajo territorial que acumulamos en todo este tiempo demuestra que ni la Ley Nacional de Salud Mental Nº ni este Plan hubiesen sido posibles sin que les diera sustento un proyecto de desarrollo con inclusión social como el instituido en Las leyes de Migraciones, de Educación, de Trabajadoras de Casas Particulares, de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, de Fertilización Asistida y de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como la Ley de Protección Integral de las Mujeres, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, de Trabajo Agrario, y por qué no también la anulación de la leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, son el marco normativo sancionado en esta década ganada, que no sólo reconoce y amplía derechos, sino que también hace a la protección de la salud mental de todos los habitantes. La Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº , se propone articular a todos los actores con competencia en salud mental, con especial hincapié en los efectores de salud públicos y privados, los demás organismos del Estado nacional, las organizaciones de la sociedad civil y los ámbitos académicos. Transformar el sistema manicomial; propiciar, en su reemplazo, abordajes intersectoriales, interdisciplinarios, abiertos comunitarios y promotores de los derechos humanos, constituyen las metas y el horizonte central de este plan. 67 Plan Nacional de Salud Mental Los problemas señalados, los objetivos, las metas y sus indicadores son, en ese sentido, la base de lo que nos proponemos y nunca el techo. El Estado argentino dispuso que no haya más instituciones monovalentes en funcionamiento a partir de Y este plan marca un rumbo para que los hospitales generales y los dispositivos enunciados, todos abiertos, todos con base comunitaria e inclusiva, vayan tomando la posta en este período de transición que se abre. Caminar cada paso, dijimos. Damos la bienvenida a todos aquellos que se han ido sumando. A las provincias, hospitales, universidades, expertos e investigadores, asociaciones profesionales y gremiales, organizaciones de la sociedad civil que aportaron a la construcción conjunta y horizontal de este Plan Nacional de Salud Mental. Convocamos a sumarse a los que todavía no lo hayan hecho. Porque el desafío es aunar más voluntades para continuar este proceso de reconstrucción social que contribuya al bienestar y la felicidad de todos y todas. Dr. Juan Luis Manzur MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN 78 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas 1-Mandato normativo para la elaboración de este Plan Ley Nacional de Salud Mental N Capítulo IX: Autoridad de Aplicación. Artículo 31 - El Ministerio de Salud de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la presente ley, a partir del área específica que designe o cree a tal efecto, la que debe establecer las bases para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos Decreto Reglamentario Nº 603/2013. El área a designar por la Autoridad de Aplicación a través de la cual desarrollará las políticas establecidas en la Ley no podrá ser inferior a Dirección Nacional Decreto N 457/ Creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Anexo II Acciones de esta Dirección Nacional. - Integrar un plan nacional de todas las iniciativas, proyectos y programas en la materia, así como también la articulación interministerial, intersectorial e interjurisdiccional con las demás acciones del MINISTERIO DE SALUD en particular y de los demás Ministerios en general.* *Anexo II Nº17 del Decreto 457/ Diseñar un Plan Nacional de Atención Integral de corto, mediano y largo alcance, con sus correspondientes monitoreos, así como los correspondientes protocolos de tratamiento adecuados a la normativa internacional.* *Anexo II Nº 19 del Decreto 457/9 Plan Nacional de Salud Mental 2-Responsables de la aplicación, monitoreo y evaluación Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. 3-Responsables del diseño y elaboración Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. 910 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas 4-Consultas efectuadas Responsables provinciales de Salud Mental y Adicciones - Anexo I Organismos del Estado nacional - Anexo II ONGs y organizaciones de la sociedad civil - Anexo III Expertos nacionales - Anexo IV Docentes e investigadores de universidades e institutos nacionales - Anexo V Federaciones y asociaciones nacionales de profesionales - Anexo VI XII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos - El otro soy yo - Anexo VII. 1011 Plan Nacional de Salud Mental 5-Marco conceptual y referencial 5.1 Antecedentes Debió pasar medio siglo para que en América latina y, sobre todo, en Argentina, pudiera sortearse una historia de avances y retrocesos en materia de Salud Mental (a). En nuestro país, los desarrollos pioneros que se iniciaron hacia fines de 1950 se vieron interrumpidos por la última dictadura cívico-militar y las devastadoras consecuencias que tuvo el terrorismo de Estado puesto en práctica por ella. A los desarrollos retomados tras el advenimiento democrático y hasta 1989 le siguió un ciclo neoliberal, que, enmarcado en la doctrina del llamado Consenso de Washington, avanzó en el desguace del Estado y el consiguiente arrasamiento de las políticas sociales, lo que incluyó otros muchos desarrollos institucionales y culturales de avanzada. La década del 90, amparada en una democracia formal aunque excluyente, provocó efectos ya no sólo de interrupción de prácticas como, se dijo, aconteció en períodos anteriores-, sino que trajo un incremento de daños poblacionales y una banalización descalificadora de terminologías y funcionamientos de dispositivos para las buenas prácticas en Salud Mental. Pese a que fueron mantenidos algunos espacios de atención, la mayoría de ellos padeció una fragmentación, tanto dentro del Estado como fuera de él. En los 50, fue a partir del despliegue creativo de líderes en Salud Mental que cuestionaban el orden manicomial lo que demostró que era posible adentrarse en caminos hasta entonces inexplorados. La creación de alternativas con producciones institucionales y resultados sólidos se convirtieron en ejemplo de estos senderos. Tras las devastadoras consecuencias de la dictadura cívico-militar y el neoliberalismo de los 90, y más allá de los avances ocurridos en el primer tramo democrático, recién a partir de 2003, durante el gobierno encabezado por el entonces presidente Néstor Kirchner, la Salud Mental fue priorizada en las políticas sanitarias. (a) Renato D. Alarcón, Identidad de la Psiquiatría Latinoamericana, Voces y exploraciones en torno a una ciencia solidaria, Mexico 1990, CEPAL. Tal decisión -avalada y asumida por todas las provincias- entendió que los efectos del mal llamado Proceso de Reorganización Nacional había dejado consecuencias de su genocidio no sólo en las víctimas directas, sino también en todo el tejido social. A esto se sumaba una catástrofe de valores, produciendo en organizaciones e instituciones formales y de base evidentes daños sobre la calidad de la Salud Mental colectiva y sobre los sistemas de atención y rehabilitación. Eso dio comienzo a un fecundo proceso de transformaciones, conducido conjuntamente entre los responsables de Salud Mental de la Nación y de las provincias, en el ámbito 1112 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas de los respectivos Ministerios y/o Secretarías de Salud, que incluyó la búsqueda de colaboración y ayuda puntual en sectores del Poder Judicial. En ese marco, una reforma emblemática fue la impulsada por Río Negro a partir de Reconocida a nivel internacional, incluyó la apertura de dispositivos de atención con base territorial y de servicios de Salud Mental en los hospitales generales de esa provincia, la conformación de equipos interdisciplinarios para atender problemáticas mentales en sus lugares de origen, y un intenso trabajo comunitario con el eje puesto en la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Hacia 1988, se concretó el cierre definitivo del hospital psiquiátrico que estaba ubicado en la localidad de Allen, en el Alto Valle del Río Negro. En 1991, además, fue sancionada la Ley Provincial Nº 2440, llamada de Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Padecen Sufrimiento Mental. Ya en el orden nacional, el proyecto político iniciado en 2003 comenzó a recrear y/o generar las condiciones para que el Estado retome un rol rector en la fijación de políticas. La recuperación del debate político, simultáneamente con los cambios sustanciales acontecidos en temáticas nucleares como justicia y Derechos Humanos, políticas sociales, sanitarias, económicas, educativas y culturales, de ciencia y tecnología, relaciones exteriores y comunicacionales, son muestra de una década ganada para los habitantes y las instituciones de la Argentina. Logros que, sin dudas, enmarcaron e impulsaron los avances logrados en estos años también en lo que respecta a la Salud Mental de la población. En las políticas de Salud Mental siguen vigentes los objetivos y formulaciones del siglo XX. Aunque fueron enriquecidos con los avances de las experiencias y del afinamiento empírico y conceptual de las disciplinas y perspectivas que fueron integrándose en este campo. Entre ellas, las que tuvieron un desarrollo significativo son las ligadas a los Derechos Humanos. Desde los principios de la Salud Mental se denunciaba y luchaba contra la segregación y la violencia ejercida sobre los nombrados locos y sus familiares, y sobre las personas señaladas como alcohólicas o drogadictas. Simultáneamente, con la multiplicación, en el mundo y en la Argentina, de las luchas populares por la ampliación de derechos, las problemáticas de padecimiento mental y las maneras culturales de trato inhumano empiezan a instalarse como un problema que, necesariamente, debe ser entendido como una violación a derechos fundamentales. Acorde a ello, fueron elaborándose marcos legales en consonancia con principios, acuerdos, declaraciones y recomendaciones de organismos internacionales, a los que Argentina adhirió y con los cuales, en algunos casos, colaboró en la redacción de esa normativa, comprometiéndose además a utilizarla como orientadora para la planificación de sus políticas públicas. En ese contexto, en 2010, permea la concepción de que el redireccionamiento de la Salud Mental se nutra y sea una competencia de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, a la par de la gestación de la actual legislación, son muestras del advenimiento de un nuevo paradigma. Esto fue posible gracias a la decisión política oficial, a la activa participación y el compromiso de organismos de Derechos Humanos, asociaciones de profesionales y técnicos, y ONGs y organizaciones sociales y comunitarias, que incluyeron a usuarios y sus familiares. 1213 Plan Nacional de Salud Mental En consecuencia, el 25 de noviembre de 2010, el Poder Legislativo sancionó la Ley Nacional de Salud Mental Nº , con carácter de orden público siendo su cumplimiento obligatorio, sin necesidad de adhesión de las jurisdicciones. Instaurar los nuevos valores y principios de la Salud Mental era una necesidad, como lo fueron -y vienen dando resultados- otras leyes fundamentales que, en estos años, permitieron dar curso a cuestiones relegadas por los efectos del genocidio y del neoliberalismo, tanto en el imaginario social como en concepciones sobre la vida. Ahora están vivamente planteadas y se hacen más visibles las contradicciones y desafíos en el escenario social. El 28 de mayo de 2013, a través del Decreto Nº 603/2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentó la Ley Nacional Nº Fue la cristalización de una ardua tarea de consultas y redacción en conjunto con las provincias, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y la posterior revisión del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. En el Decreto Nº 603/2013 fueron precisados y desagregados los contenidos de la Ley necesarios de reglamentación. También fue dada mayor visibilidad a sus ejes centrales en tanto marco para las futuras políticas de Salud Mental. Y fueron fijados imperativos y compromisos de cumplimiento indiscutible. Todo ello implica múltiples desafíos ya que plantea profundas transformaciones que involucran y competen a todos los actores, instituciones y representantes sociales, porque refieren a las transformaciones culturales que habrá que construir desde prácticas inclusivas basadas en el modelo comunitario de atención que ya se realizan, y en las que aun restan poner en práctica. Lo que el Decreto Reglamentario Nº 603/2013 hace más evidente, y que ya formaba parte del cuerpo de esta Ley, es que todas esas gestiones transformadoras ya no son tareas de un solo Ministerio sino de todos los organismos competentes del Estado nacional. Para la implementación de la Ley, el citado Decreto establece la creación de: 1. la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, presidida por el ámbito de aplicación de la Ley; 2. un Consejo Consultivo de carácter honorario formado por organizaciones de la comunidad que tengan incumbencia en la temática, en particular de usuarios y familiares, y de trabajadores; y 3. un Órgano de Revisión, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de proteger los Derechos Humanos de los usuarios de los servicios de Salud Mental. El Decreto establece, además, que tanto en las provincias como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben ser creadas instancias equivalentes. 1314 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas Base conceptual del Plan Nacional de Salud Mental. El Plan Nacional de Salud Mental, en el marco de la Ley Nacional Nº y el Decreto Nº 603/2013, entiende que la Salud Mental atraviesa en la actualidad un proceso de transformación que implica el pasaje de lo patológico a lo salutogénico. Que no se agota en los servicios de salud específicos tradicionales, sino que aspira al desarrollo de acciones territoriales al alcance de toda la población desde la mirada comunitaria y la inclusión social. Como los principios establecidos en la mencionada normativa dan fuerza de ley a valores y objetivos que, desde un principio, eran los del campo de la Salud Mental, marcar algunas correlaciones entre ellos puede servir de articulación estratégica para entrever posiciones conceptuales y prácticas como caminos de solución. También para dimensionar las luchas de poderes que se juegan por las irradiaciones sociales e institucionales de la cultura manicomial y de las prácticas derivada de ellas. En el Capítulo II, Artículo 3 de la Ley fue establecido que se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramientos implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas. Dichos componentes son objeto de estudio de diversas disciplinas que a su vez deben interactuar entre sí para dar cuenta de las complejidades planteadas y derivadas. A la hora de las implementaciones y análisis de prácticas y dispositivos, necesitan reunirse conceptual y artesanalmente. Aquel artículo señala también que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Y que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de: status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona; elección o identidad sexual; antecedentes de tratamientos u hospitalización. En ese sentido, la Ley no hace mención a la expresión enfermedad mental, sino que se refiere a personas con padecimiento mental. De la misma manera, no utiliza la palabra tratamiento, sino procesos de atención. Se hace necesario, en esta instancia, recordar y comparar con el supuesto ideológico e institucionalizante de la psiquiatría de lógicas manicomiales, que separa un objeto ficticio, la enfermedad, de la integralidad de las personas y del tejido histórico-social en el que advinieron como tales y en el que surgieron sus problemas. Sobre aquella separación, convertida en observación natural por el orden médico ligado a los poderes culturales dominantes, se construyó un conjunto de dispositivos y aparatos ideológicos, científicos, legislativos y administrativos, todos referidos a la enfermedad mental. Estas son, justamente, institucionalizaciones culturales que abarcan mucho más que la existencia misma de los manicomios. Entre ellas, tiene un lugar privilegiado la cultura de acallar y/o hacer desaparecer los síntomas y/o encerrar a las personas que los portan, más que entenderlos como pedidos de ayuda, buscando las causas más allá de la caracterización de anormalidad o alienación personal, o en la biología o en los prejuicios. 1415 Plan Nacional de Salud Mental Cuando en las formulaciones políticas de Salud Mental se habla de des-institucionalización se hace referencia a la tarea de deconstruir esas producciones institucionales existentes y constitutivas de los imaginarios culturales compartidos. Producciones que van más allá de los manicomios reales, pero encuentran en sus lógicas derivadas su fuente y su consistencia. Deconstrucción que coincide con la creación y sostenimiento de experiencias alternativas, que se van convirtiendo en dispositivos e instituciones nuevas y, aun así, en constante transformación. Así, se pasa de la tutela, la punición y/o la exclusión a asumir las complejidades en juego en cada situación, buscando comprenderlas y ayudando a entenderlas. A crear redes donde existe desolación. A descubrir o inventar sentidos. A recuperar o lograr un lugar en el mundo para los que están aislados en su dolor. El Artículo 4 de la Ley instituye que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Y reconoce a las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales como sujetos de derecho en su relación con los servicios de salud. En línea con la Ley, el Plan Nacional de Salud Mental enmarca las adicciones en el ámbito de la Salud Mental, ya que, hasta el momento, las mismas no fueron abordadas desde este lugar, especialmente en lo referido al consumo de sustancias psicoactivas. Además, como refiere la reglamentación, el eje deberá estar puesto en la persona, en su singularidad más allá del tipo de adicción que padezca. En el campo de las adicciones, se tiende a superar la lógica ético-jurídica y médico-sanitaria, propugnando la adopción de los principios éticos sociales de inclusión comunitaria. Asimismo, dada la experiencia internacional al respecto, los acuerdos impulsados y aceptados por nuestro país en Naciones Unidas y las dificultades que presentan los sujetos con padecimiento vinculado al consumo de sustancias, se impone adoptar criterios y prácticas inscriptas en la llamada reducción de daños. Todo lo expresado implica un Estado presente, rector y promotor, donde en cada problema participen todas las instancias competentes, permitiendo y alentando a la vez el protagonismo dinámico de la sociedad civil. En el Capítulo IV, Artículo 7 se da cuenta de los derechos de las personas con padecimientos mentales, los mismos que tiene cualquier otro habitante. Entre ellos: a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada; a conocer y preservar su identidad y sus grupos de pertenencia; a recibir el tratamiento más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades; a ser acompañadas por sus familiares u otros afectos; a que, en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas; a no ser identificadas ni discriminadas; a ser informadas de manera adecuada y comprensible de los derechos que las asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado; a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Así, uno de los objetivos de este Plan es el trabajo permanente en la desestructuración de los prejuicios (personas con padecimientos tildadas de locas y peligrosas; el adicto visto como delincuente y dañino) que propician y regeneran la discriminación. Otros puntos de coincidencia con formulaciones fundacionales de la Salud Mental expresados en el Capítulo V, Artículos 8 y 9, son la promoción de procesos de atención 1516 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas basados en abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, integrados por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados para la atención en Salud Mental, por fuera del ámbito de internación hospitalario monovalente (manicomios), basado en los principios de la Atención Primaria de la Salud (APS), y su componente de Salud Mental, orientándose al reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. La interdisciplina es uno de los aspectos más resistidos por las corporaciones de profesionales y técnicos, y por las perspectivas judiciales centradas en la tutela y en el control de la peligrosidad de los enfermos. Es evidente que las responsabilidades interdisciplinarias no ponen en juego las incumbencias, pero sí las hegemonías, de algunas profesiones. No borran especificidades ni diluyen responsabilidades, sino que suman aportes con perspectivas integradoras que permiten atender servicios y sostener dispositivos, en la multiplicidad de formas de atención que se necesitan para lograr recuperaciones sostenibles. En esos abordajes, también deben ser reconocidos y estimulados los recursos sociales y culturales que se puedan convocar, incluyendo el protagonismo de los familiares y allegados. En estas tramas, se entiende mejor que equipos interdisciplinarios son formas de agrupamiento que potencian las capacidades y habilidades, enriqueciéndose con otras disciplinas y también saberes no disciplinares, socializando conocimientos para llegar a las mejores destrezas posibles para atender personas y movilizar sus propios recursos. El trabajo asistencial implica un enfoque del sujeto en su contexto vincular, que incide directa e indirectamente en él, por lo cual se constituye en una verdadera acción preventiva. Teniendo en cuenta esto, la atención debe ser interdisciplinaria, siguiendo los deseos de transformación sobre el sujeto de la Salud Mental y las adicciones, como una nueva propuesta sin hegemonía de ningún saber específico, donde se reconocen, a su vez, los saberes comunes que corresponden al ámbito de afectos inmediatos, de su medio de desarrollo sociocultural y de sus intercambios con la comunidad de referencia. Esto remite a que el campo social debe ser considerado como la principal fuente de inclusión y desarrollo del ser humano. El Estado queda posicionado en el rol de estructurador y formador, en la medida que favorece la inscripción y reconocimiento del ámbito socio-comunitario, lo cual obliga a redefinir los abordajes en Salud/Salud Mental y los roles constitutivos para referenciar los parámetros de salud-enfermedad-atención en el contexto de los sujetos en su red vincular. El Capítulo V, Artículo 11 marca la necesidad de coordinación de las autoridades de Salud de cada jurisdicción con las áreas de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, para que se implementen acciones de inclusión social y comunitaria. En el Capítulo VII, que refiere a las internaciones, el articulado es abundante. Es que se hace necesario legislar deconstruyendo muchos años de legislaciones y prácticas de orientación manicomial. Se prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente, sean públicas o privadas. Pone plazo hasta 2020 para su sustitución. Promueve, cuando sea necesario y se hayan rebasado las posibilidades de atención en terreno, la internación en hospitales generales, acentuando la necesidad de seguimiento de las personas que necesiten continuidad de cuidados luego de la disminución de los síntomas. Se otorga particular atención en 1617 Plan Nacional de Salud Mental delimitar normas para internaciones y tratamientos, velando siempre por los derechos individuales. Se requiere de diagnósticos interdisciplinarios e integrales buscando caracterizaciones de las personas y las probables causas de sus padecimientos, según las perspectivas de las distintas disciplinas. Cuando corresponda incluir alguna clasificación como referencia en la trama del diagnóstico, la Autoridad de Aplicación dispuso la utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) hasta tanto se cuente con otra consensuada y avalada a nivel nacional, o bien por organismos regionales o internacionales que la República Argentina integre como miembro. La Ley prevé un incremento de las partidas destinadas a Salud Mental del presupuesto total en Salud, tanto a nivel nacional como provincial. Más la transferencia progresiva de recursos humanos, económicos y de espacios de formación, de los hospitales monovalentes hacia los espacios y dispositivos que son necesarios para la cobertura en terreno de las necesidades poblacionales en Salud Mental. En el proceso de transformación se debe suministrar especial cuidado a los internados crónicos con distintos grados de dificultad para la socialización. Hay muchas maneras de darles albergue humanizado y digno, respetando y promoviendo sus derechos. También hay varias acciones posibles para mantener los puestos de trabajo para todos aquellos que se desempeñan en hospitales monovalentes, redistribuyéndolos en nuevos dispositivos, fomentando su capacitación y actualización profesional. Iniciativas que, seguramente, favorecerán la calidad de Salud Mental de los trabajadores, de quienes tienen padecimientos, de sus allegados y de la población en general. El campo de la Salud Mental es mucho más amplio que las especialidades que involucra. Por lo tanto, el equipo interdisciplinario que lo integra debe contar con la capacitación necesaria para afrontar los requerimientos básicos que permitan brindar la atención adecuada en cada caso particular, con criterio ético, sanitario y político. En concordancia con ello, este Plan impulsa la puesta en común de conocimientos sobre Salud Mental y adicciones que no están desarrollados suficientemente en las carreras afines al campo de la Salud. Por otro lado, son de particular interés las enfermedades mentales en la niñez y adolescencia ya que tienen efectos negativos a largo plazo. Además, existe evidencia de que muchos trastornos mentales en los adultos están ya presentes con anterioridad. Estos datos subrayan la importancia que tienen la promoción de la Salud Mental y la prevención de los trastornos mentales en la población de niños y adolescentes. Además, los avances tecnológicos produjeron una mayor expectativa de vida, lo que generó nuevas demandas en salud en torno a los adultos mayores. La oferta de servicios de Salud Mental existente no cubre estas necesidades, creando diferencias de acceso, que producen inequidades y en consecuencia vulneración de derechos. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de la mitad de quienes tienen padecimientos mentales, incluyendo las tipologías consideradas graves, no recibe ningún tipo de asistencia. Las políticas públicas en Salud Mental y adicciones deben basarse en información confiable y fidedigna, no sólo para asegurar los Derechos Humanos, sino también para tener en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables, así como las diferencias culturales y regionales del país. Los sistemas de registro y de información del sector de la Salud son un elemento clave 1718 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas para reducir la brecha existente en términos de información y apoyar el gerenciamiento de servicios; no deben ser un simple mecanismo de recopilación de datos, sino que deben convertirse en una herramienta para la acción. Por lo tanto, es necesario el armado de un sistema de información único y accesible, que organice la producción de datos para la gestión en Salud Mental de todo el territorio nacional con posibilidad de desagregación y comparación, lo que facilitará la definición de las prioridades y la planificación de las intervenciones. De lo expresado, se observa que las nuevas inclusiones en Salud, y por ende en Salud Mental, reconocen su génesis cultural y social, las que a su vez necesitan de un marco y perspectiva política que adopte estos principios y colabore con el logro de los objetivos. El Plan Nacional de Salud Mental reconoce los aportes de la comunidad organizada y establece, con el objetivo de fortalecerla, la acción en el territorio, apoyando el proceso de construcción y articulación de redes, deconstruyendo el discurso único y dando lugar a los aportes provenientes de otras disciplinas. Las necesidades mencionadas, pese a tener dimensión mundial, cuentan con particularidades regionales y locales a raíz de las maneras y posibilidades- en que se las encaró desde la segunda mitad del siglo XX, época en la que se comenzaron a desarrollar las concepciones del campo de la Salud Mental que planteaban caminos distintos para buscar soluciones a quedó demostrado- las insuficiencias, y los daños y fracasos de la cultura manicomial expresada y trasegada en múltiples instituciones, no necesariamente manicomiales. En base a estos antecedentes y de cara a un horizonte de trabajo a largo plazo, el Plan Nacional de Salud Mental tiene por delante los siguientes problemas y desafíos: la estigmatización y discriminación de las poblaciones y personas en situación de vulnerabilidad; una Red de Salud/Salud Mental inadecuada, cuando no inexistente, a la modalidad de abordaje planteada por la Ley; las adicciones no están adecuadamente incluidas en el campo de la Salud/Salud Mental; la formación y capacitación de los recursos humanos; el escaso desarrollo de la Epidemiologia en Salud Mental; el insuficiente desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de la atención; la investigación que no responde de modo adecuado a las necesidades de los servicios y sistemas de salud; y la deficiente cobertura en salud mental en el abordaje de emergencias y desastres. 1819 Plan Nacional de Salud Mental 6-Marco legal y técnico Leyes, decretos y resoluciones complementarias Ley Nacional Nº Derecho a la Protección de la Salud Mental. Decreto Reglamentario Nº 603/ Ley Nacional Nº Programa de Asistencia Primaria de la Salud Mental Ley Nacional Nº Lucha Contra el Alcoholismo. Decreto Reglamentario Nº 149/ Ley Nacional Nº Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Decreto Reglamentario Nº 1.089/ Ley Nacional Nº Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo Ley Nacional Nº Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de Productos Elaborados con Tabaco. Decreto Reglamentario Nº 602/ Ley Nacional Nº Servicios de Comunicación Audiovisual. Decreto Reglamentario 1.225/ Ley Nacional Nº Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Decreto Reglamentario Nº 415/ Decreto Nº 457/ Creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. 1920 La Salud Mental es un Derecho de Todos y Todas 7-Financiamiento Ley Nacional Nº , Artículo 32: En forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio. Decreto Reglamentario Nº 603/ Propósitos Propósito Nº Proteger y promover la Salud/Salud Mental de todos los habitantes del suelo argentino, formulando contenidos para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias, planes, proyectos, programas, actividades, procedimientos, directrices e intervenciones, en el marco de las políticas públicas de Salud/Salud Mental, Plan Nacional de Salud, Ley Nacional Nº y su Decreto Reglamentario N 603/2013. Propósito Nº Jerarquizar e integrar el campo de la Salud Mental en el campo de la Salud y de las políticas públicas en general. Propósito Nº Disminuir la brecha entre la necesidad y el acceso de la población a la red de servicios de Salud Mental. 20 Mostrar más
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