Source: http://www.radio36.com.uy/entrevistas/2012/09/05/upm.html
Timestamp: 2013-05-21 04:56:42
Document Index: 300786183

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 32', 'artículo 7', 'Artículo 8']

ARGENTINA DICE QUE LA PLANTA DE CELULOSA UPM (EX BOTNIA) CONTAMINA.
LEA AQUÍ EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA ANTE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY (CARU) SOBRE EL MONITOREO DE LA PLANTA DE UPM (EX BOTNIA)
Buenos Aires, miércoles 5 de septiembre de 2012
La delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay recibe con beneplácito la aceptación por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados de las 16 entradas y visitas de monitoreo y control que el Comité Científico de la Comisión realizó desde octubre de 2010 hasta la fecha a la planta UPM (ex Botnia).
I - LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MONITOREO DE LA PLANTA DE UPM (EX BOTNIA)
1. Al respecto, y en relación con el origen del monitoreo de referencia, resulta oportuno recordar que en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010, en el Caso relativo a las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay), se puntualizó que: “281. (…) el Estatuto de 1975 pone a las Partes bajo un deber de cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí, para asegurar el cumplimiento de su objeto y fin. La obligación de cooperar trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta UPM (ex Botnia). En este sentido, la Corte observa que las Partes tienen una larga y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU. Actuando conjuntamente a través de la CARU, las Partes han establecido una real comunidad de intereses y derechos en el aprovechamiento del Río Uruguay y en la protección de su ambiente. También han coordinado sus acciones a través del mecanismo conjunto de la CARU, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de 1975, y han hallado soluciones apropiadas a sus diferencias dentro de este marco sin sentir la necesidad de recurrir a la solución judicial de disputas que prevé el artículo 60 del Estatuto hasta que el presente caso fue incoado ante la Corte.”
A posteriori, y en cumplimiento de dicha sentencia, los Presidentes de ambos países acordaron, mediante la Declaración Conjunta de Anchorena (Uruguay) del 2 de junio de 2010, llevar adelante, a través de la CARU: “a) Un plan de vigilancia para la Planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia. b) Un plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay en el tramo compartido entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina.” Asimismo, en dicha ocasión instruyeron a sus respectivas delegaciones ante la CARU para que acordaran en el seno de dicha Comisión los términos y criterios para la puesta en marcha de ambos Planes, y se comprometieron a asegurar los recursos financieros necesarios a tales fines.
Luego, a través del Acuerdo Presidencial de Olivos (Argentina) del 28 de julio de 2010, se resolvió conformar, en el seno de la CARU, un Comité Científico con el fin de “monitorear el Río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río Uruguay y sus áreas de influencia.” A tales fines, se establecieron las pautas generales del procedimiento de monitoreo, que comenzaría con la planta de Botnia-UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay. Posteriormente, el 30 de agosto de 2010, mediante el intercambio de notas entre ambos Cancilleres, se acordaron las directivas para la constitución y funcionamiento del Comité Científico de la CARU. Luego, a través del acuerdo del 14 de noviembre de 2010, el Comité Científico adoptó los planes específicos de monitoreo de la Planta de Botnia-UPM y de la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay, lo cual que rubricado por los Cancilleres de ambos países en la reunión que mantuvieron en dicha fecha en Montevideo.
3. En ese marco, y en ocasión de la primera visita de reconocimiento del Comité Científico a la planta de UPM (ex Botnia), en octubre de 2010, se constató la dilución de los efluentes con agua del Río Uruguay antes del vertido. La dilución se encuentra terminantemente prohibida por la propia normativa uruguaya en el artículo 11 del Decreto N° 253/79, no se encuentra contemplada en la autorización ambiental previa otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a dicho emprendimiento industrial mediante Resolución N° 63/ 2005 del 14 de febrero de 2005 y no responde a las reglas del arte en la materia.
5. Como consecuencia del reclamo argentino, la empresa UPM (ex Botnia) interrumpió la dilución cuestionada. Sin embargo, el 29 de abril de 2011, dos días antes de la segunda visita del Comité Científico a la planta, el Uruguay comunicó a la CARU que había dictado la Resolución Nº 370/2011 de esa misma fecha, a través del Ministerio de la Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), por la que se modificaba la normativa aplicable a UPM (ex Botnia), al permitirle aumentar a 37°C la temperatura de vuelco de sus efluentes al Río Uruguay.
6. La Argentina cuestionó la validez de la citada Resolución, por ser contraria al Estatuto del Río Uruguay, al Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, a la normativa interna uruguaya, a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010, así como a lo acordado por ambos países en los
Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres ya mencionados en ejecución de dicha sentencia.
7. La Argentina cuestionó la validez de la citada Resolución, en particular, sobre la base de que la temperatura de vuelco de los efluentes de la planta de UPM (ex Botnia) no debía superar las “condiciones naturales del Río Uruguay”, de acuerdo a lo estipulado en el Digesto aprobado por ambos países y, como tal, acuerdo internacional que obliga por igual a la Argentina y al Uruguay. Teniendo presente que, en los últimos años, la temperatura promedio del citado curso fluvial en la zona de influencia de la planta UPM no ha excedido los 20° C, esa temperatura es e l máximo al que pueden llegar los efluentes de Botnia-UPM en virtud del Digesto.
8. Argentina consideró además que el Uruguay no puede modificar unilateralmente aspecto alguno del proyecto de la planta de UPM (ex Botnia) y debió haber consultado a la CARU y al Comité Científico sobre la pertinencia de alterar un aspecto sustantivo del funcionamiento de la planta como es la temperatura de vuelco de su efluente, en particular teniendo en cuenta las consecuencias nocivas que dicha modificación iba a producir –y, de hecho, ya está produciendo- en las "condiciones naturales" del Río Uruguay. 9. La obligación del Uruguay de consultar a la CARU ha sido incluso reconocida públicamente por el Director Nacional de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA), Dr. Jorge Rucks al manifestar que, de acuerdo al Fallo de la Corte
Internacional de Justicia "cualquier autorización que modifique el plan de operaciones aprobado tiene que ser informado y debe contar con el visto bueno de CARU de acuerdo al Estatuto del Río".
11. Además de la temperatura de vuelco, otros estándares uruguayos deben adecuarse también al Digesto. En efecto, en uno de los ingresos de control del Comité Científico (agosto de 2011) se verificó que la cantidad de fósforo (P) que vuelca UPM (ex Botnia) superó el valor máximo permitido por la normativa uruguaya. Dicho vuelco excesivo sucede desde el inicio mismo de las operaciones de la planta y es reconocido tanto por la empresa UPM como por la DINAMA, organismo que no ha adoptado aún medidas correctivas al respecto.
El citado accidente produjo un importante exceso en los efluentes de la planta en dióxido de azufre, TRS y material particulado, con el consiguiente incremento de la contaminación, elevando la temperatura de vuelco del efluente líquido al Río Uruguay a 35º C. El informe elaborado por la DINAMA con relación al citado episodio careció de rigor científico y técnico, no disipó la preocupación que el accidente produjo en las localidades de ambos países que se encuentran en las inmediaciones de la planta, ni respondió a la solicitud de explicaciones efectuada por la Delegación argentina. Tampoco aportó datos de las estaciones de monitoreo de calidad de aire y metereológica ubicadas en el lugar, ni informó si la planta de UPM aplicó algún plan de contingencias ante el accidente. En consecuencia, la Delegación argentina ante la CARU formuló un enérgico reclamo al Gobierno uruguayo, para que proporcione a la Comisión y a su Comité Científico una información completa sobre lo ocurrido, requerimiento que el Uruguay no ha respondido aún.
Confirmando la gravedad de esta constatación, la medición de algunos parámetros dio por resultado que se trató de una evacuación de líquidos con altos índices de pH, muy por encima del estándar exigido por el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del “Río Uruguay” y por la propia legislación uruguaya (Artículo 11º del Decreto N° 253/79 y sus modificatorios). No quedaron dudas que el líquido en cuestión correspondía al efluente industrial de la planta de UPM que estaba siendo derivado a la red de pluviales. Todo ello quedó reflejado por la misma DINAMA en su informe en donde expresa que “Se relevó la pileta de fluviales de la planta de tratamiento de efluentes N° 4 constatando vertido. Se midió pH y conductividad con la sonda multiparamétrica obteniendo un resultado de pH=10,7”. Asimismo, el Comité Científico y la DINAMA verificaron que en la canaleta Parshall había material retenido, esto es que se estaba volcando al Río Uruguay sólidos o elementos de dimensiones mayores a las permitidas por el Digesto y la propia legislación uruguaya.
Debe recordarse que el vuelco por parte de la planta de UPM de efluentes industriales sin tratar sobre la costa del Río Uruguay a través de la pileta de pluviales no se encuentra autorizado ni previsto en el proyecto de funcionamiento de dicho emprendimiento industrial, aprobado por la Resolución uruguaya N° 63/2005 del 14 de febrero de 2005. Asimismo, infringe las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y del Digesto, en particular lo dispuesto en el Tema E3, Título 2, Capítulo 5 – “Condiciones de los efluentes”.
Por su parte la propia normativa uruguaya sanciona dicho proceder en el artículo 32, apartado B)2 del Decreto N° 253/79.
15. Más recientemente, el Comité Científico informó a la CARU que en el ingreso de control realizado el día 30 de enero de 2012, se observó un ingreso de líquido con alta turbidez a la pileta de pluviales N° 4, lo que vulnera el artícul o 23 del Decreto 253/79 y lo exigido por el mismo Decreto en cuanto a la prohibición de diluir efluentes con aguas no contaminadas, ya que se están derivando al Río Uruguay aguas residuales de naturaleza desconocida, previa dilución con las aguas de las piletas de pluviales.
Más tarde, en el ingreso del Comité Científico a UPM, el 26 de junio de 2012, resultó que, en relación con la canaleta Parshall, “se han observado algas en el sensor de conductividad", material respecto del cual se confirmó, el 4 de julio pasado, que se encontraba en el efluente como sólidos en suspensión.
b) El equipo espectrofotométrico UV-Visible sumergible autónomo, que permitirá disponer de datos de mediciones continuas de contaminantes descargados al Río Uruguay tales como los fenoles, la Demanda Química de Oxígeno(DQO), la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs), entre otros, a pesar del reclamo efectuado por la Delegación argentina, el 4 de julio de 2012, aún no ha podido ser adquirido. c) Datos referidos a mediciones diarias de contaminantes descargados al Río Uruguay, comprometidos en los planes específicos a ser entregados por el Uruguay a partir de noviembre de 2010, aún no han sido recibidos por el Comité Científico, pese a los reclamos de la Delegación argentina.
d) La DINAMA dilató la concreción de un protocolo conjunto para mediciones “in situ” y extracción de muestras para el plan específico de monitoreo de efluentes líquidos de la planta de UPM (ex Botnia). Recién luego del ingreso del 26/6 a la planta de UPM y de múltiples reclamos de la Delegación argentina, se fraccionaron las muestras para su envío al laboratorio.
Con motivo de una visita informal, efectuada el 26 de abril de 2012 a la planta potabilizadora de UPM, de la que participó la totalidad del Comité Científico, personal de DINAMA y de UPM, “Se visitó el sector donde se encuentra el tanque de agua sucia filtrada y donde se constató la existencia de un caño que evacua los líquidos de la misma: el que, según personal de UPM, descarga en la Pileta N° 4 d e pluviales. En cuanto al diámetro del caño se pudo apreciar visualmente que superaría los 60 centímetros. Se señala que este caño no fue informado por la DINAMA y tampoco indica que parte de los efluentes de la planta potabilizadora son enviados sin tratamiento alguno a los pluviales. "El informe dice más adelante: "Acá cabe preguntarse las causas que llevaron a ocultar este caño, muy probablemente porque no conduce los efluentes a ninguna de las corrientes principales sino que los lleva directamente al Río Uruguay sin tratamiento”. Cuando los científicos argentinos solicitaron constatar el hallazgo, el acceso les fue vedado por la DINAMA.
II – EXCESOS DE LA PRODUCCIÓN ANUAL, POR ENCIMA DE LO AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL URUGUAY
1. Al autorizar el funcionamiento de la Planta de UPM (ex Botnia), el Gobierno del Uruguay, mediante la Resolución MVOTMA N° 63/2005 del 14 de febrero de 2005 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, aprobó el límite máximo de un millón de toneladas para la producción anual de pasta de celulosa por parte de Botnia.
Ese límite máximo es el que tuvo en cuenta la Corte Internacional de Justicia cuando analizó el proyecto de Botnia (hoy UPM) y su funcionamiento desde su puesta en operaciones a partir del 9 de noviembre de 2007.
4. Todo ello implica ignorar e infringir el Estatuto del Río Uruguay, el Digesto, la propia normativa interna del Uruguay, lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010 y lo acordado por ambos países en los Acuerdos
Presidenciales y de Cancilleres celebrados entre junio y noviembre de 2010 para la ejecución de la sentencia.
7. El 29 de diciembre de 2011, la Delegación uruguaya presentó en la CARU una nota, en la que transcribe explicaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) tendientes a negar la existencia del reclamado aumento en la producción de UPM. 8. La Delegación argentina rechazó esta presentación y reiteró la necesidad de que el Gobierno uruguayo procediera a adecuar su conducta a las normas del Estatuto de 1975, el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y su propia normativa interna, exigiendo a UPM producir dentro de los límites de 1 millón de toneladas oportunamente autorizado.
Ello motivó la convocatoria a una Sesión Extraordinaria de la CARU (Acta CARU N° 3/12, del 16 de abril de 2012), en la que la Delegación argentina rechazó fundadamente el pedido formulado por la empresa UPM y concluyó que la CARU no debía aprobarlo, puesto que el mismo podía "producir perjuicio sensible" al Río Uruguay, en los términos del artículo 7° del Estatuto.
La Delegación uruguaya manifestó que no compartía la posición de la Delegación argentina y, el mismo 16 de abril de 2012 comunicó que el Uruguay notificaba a través de la CARU a la República Argentina “la solicitud de incremento de producción de /a empresa UPM,... con el objeto de expedirse sobre dicho proyecto de acuerdo a lo previsto por el Artículo 8° del Estatuto del Río Uruguay".
Información para la prensa Nº 284/12