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Timestamp: 2017-09-22 13:36:10
Document Index: 198870011

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Back Matter : DEG, monedas y oro : Séptima reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos:
DEG, monedas y oro : Séptima reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos
http://dx.doi.org/10.5089/9781451978124.054
9781451978124
En esta publicación se presenta la séptima encuesta sobre la evolución de la legislación y la práctica monetaria internacional y nacional en relación con los derechos especiales de giro (DEG), las monedas y el oro. Desde la publicación del folleto No. 40 en 1983, el FMI ha adoptado tres decisiones publicadas sobre la supervisión de las políticas de tipo de cambio de los países miembros. La lista de monedas se mantuvo sin cambios debido a que la participación del país que ocupa el sexto lugar en las exportaciones de bienes y servicios en relación con el total mundial (Italia) fue inferior a la participación del país que ocupa el quinto lugar (Reino Unido).
DEG, monedas y oro
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Apéndice A. DEG: Intereses y cargos
Regla T-1 Del Reglamento, Antes de la Modificación Que Entro en Vigor el 1 de Agosto de 1983
T—Intereses, cargos y contribuciones referentes a DEG
T-1. a) Los intereses y cargos por concepto de derechos especiales de giro se devengarán por cada día según el tipo que se indica en el apartado b) y se pagarán prontamente al cierre de cada ejercicio del Fondo. Las cuentas de los participantes se acreditarán por el exceso de los intereses devengados sobre los cargos o se adeudarán por el exceso de cargos sobre los intereses devengados. Las cuentas de los tenedores que no sean participantes se acreditarán por el interés devengado.
b) El tipo de interés poi las tenencias de derechos especiales de giro para cada trimestre civil será igual al tipo de interés de mercado combinado determinado según se establece en el apartado c).
c) El tipo de interés de mercado combinado será la suma de la rentabilidad o tipo de interés medio de cada una de las clases de instrumentos enumerados más abajo en los quince días hábiles anteriores a los dos últimos días hábiles del mes anterior al trimestre civil para el cual se determina el tipo de interés, multiplicándose cada tipo de interés por el número de unidades de la correspondiente moneda de la lista de la Regla O-1, y determinándose el valor en derechos especiales de giro de la unidad de esa moneda de acuerdo con los apartados a) y b) de la Regla O-2, disponiéndose que el tipo de interés de mercado combinado se redondeará al centesimo más próximo. En este cálculo se emplearán las siguientes tasas de rentabilidad o tipos de interés:
Interés de mercado de las letras del Tesoro de EE.UU. a tres meses
Tipo de los depósitos interbancarios a tres meses en Alemania
Tipo del dinero interbancario a tres meses contra efectos privados en Francia
Tipo de descuento aplicado a los instrumentos negociables (privados) a dos meses en Japón
Interés de mercado de las letras del Tesoro del Reino Unido a tres meses
d) El Fondo revisará el tipo de interés por las tenencias de derechos especiales de giro al cierre de cada ejercicio.
Adoptada el 18 de septiembre de 1969; modificada el 13 de junio de 1974, el 30 de junio de 1976, el 1 de abril de 1978, el 15 de junio de 1978 con vigencia al 1 de julio de 1978, el 17 de septiembre de 1980 con vigencia al 1 de enero de 1981; el apartado b) modificado el 25 de octubre de 1978 con vigencia al 1 de enero de 1979 y el 22 de abril de 1981 con vigencia al 1 de mayo de 1981; el apartado c) modificado el 22 de abril de 1981 con vigencia al 1 de mayo de 1981.
Regla T-1 Del Reglamento Posterior a la Modificación Que Entro en Vigor el 1 de Agosto de 1983
T-1 a) Los intereses y cargos por concepto de DEG se devengarán por cada día según el tipo que se indica en el apartado b). La suma devengada durante cada trimestre del ejercicio del Fondo se pagará con prontitud al comienzo del trimestre siguiente. Las cuentas de los participantes se acreditarán por el exceso de los intereses devengados sobre los cargos o se adeudarán por el exceso de cargos sobre los intereses devengados. Las cuentas de los tenedores que no sean participantes se acreditarán por el interés devengado.
b) El tipo de interés por las tenencias de DEG para cada período semanal que comienza los días lunes será igual al tipo de interés de mercado combinado determinado por el Fondo al comienzo del período en la forma descrita en el apartado c).
c) El tipo de interés de mercado combinado será la suma, redondeada al centesimo más próximo, de los productos que resultan de multiplicar cada tipo de interés o rentabilidad enumerado más abajo, expresado como el equivalente de la rentabilidad anualizada de un bono, correspondiente al viernes anterior, por el valor en DEG en ese mismo viernes de la cantidad de la moneda correspondiente especificada en la Regla O-1, determinada de acuerdo con el apartado b) de la Regla O-2. Si no se dispusiera de la rentabilidad o del tipo de interés correspondiente a un viernes dado, el cálculo se efectuará sobre la base de la última rentabilidad o tipo de interés disponible.
Dólar de EE.UU. Interés de mercado de las letras del Tesoro de EE.UU. a tres meses
Marco alemán Tipo de los depósitos interbancarios a tres meses en Alemania
Franco francés Tipo del dinero interbancario a tres meses contra efectos privados en Francia
Yen japonés Tipo de descuento aplicado a los instrumentos negociables (privados) a dos meses en Japón
Libra esterlina Interés de mercado de las letras del Tesoro del Reino Unido a tres meses
d) El Fondo revisará el tipo de interés por las tenencias de DEG al cierre de cada ejercicio.
Adoptada el 18 de septiembre de 1969, modificada el 13 de junio de 1974, el 30 de junio de 1976, el 1 de abril de 1978, el 15 de junio de 1978 con vigencia al 1 de julio de, 1978, el 17 de septiembre de 1980 con vigencia al 1 de enero de 1981, y el 26 de julio de 1983 con vigencia al 1 de agosto de 1983; el apartado b) modificado el 25 de octubre de 1978 con vigencia al 1 de enero de 1979 y el 22 de abril de 1981 con vigencia al 1 de mayo de 1981; el apartado c) modificado el 22 de abril de 1981 con vigencia al 1 de mayo de 1981.
Apéndice B. La supervisión conforme al Artículo IV, Sección 3 b)
Supervisión de las políticas de tipo de cambio [1983]
El Directorio Ejecutivo ha examinado la forma general en que el Fondo ha supervisado las políticas de tipo de cambio de los países miembros, según dispone el párrafo VI del subtítulo Procedimiento de supervisión del documento adjunto a la Decisión No. 5392-(77/63), adoptada el 29 de abril de 1977, incluido el procedimiento para llevar a cabo las consultas conforme al Artículo IV, las cuales comprenderán también las consultas efectuadas conforme a los Artículos VIII y XIV, y, a la luz de la exposición sumaria del Director Gerente, aprueba el mantenimiento del procedimiento descrito en el documento SM/83/43, hasta el próximo examen anual, que se realizará a más tardar el 1 de abril de 1984.
Decisión No. 7374-(83/55)
Apéndice de la Decisión No. 7374-(83/55)
Exposición sumaria del Director Gerente
Los directores estimaron que los informes sobre las consultas conforme al Artículo IV deben continuar analizando las cuestiones cambiarias de forma directa, aunque teniendo en cuenta lo delicado del tema. Diversos directores señalaron que debía prestarse más atención a las cuestiones relacionadas con los tipos de cambio fuera del ámbito de las consultas regulares.
Varios directores observaron que la supervisión del Fondo no era lo bastante simétrica. Señalaron que en materia de movimientos o variaciones de los tipos de cambio se daban con frecuencia instrucciones precisas a los países pequeños o a los países que usaban recursos del Fondo, mientras que el personal del Fondo prestaba poca atención a discrepancias de gran magnitud entre los tipos de cambio y las condiciones fundamentales subyacentes en el caso de las monedas principales, a pesar de que estas monedas desempeñan una función mucho más importante en el funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional. Al respecto, varios directores hicieron hincapié en la importancia de que el Directorio analice con mayor frecuencia y de forma más analítica la evolución general de los tipos de cambio y, en particular, la interrelación y efecto de las políticas y perspectivas de los países emisores de las principales monedas. Varios directores también solicitaron que el Directorio Ejecutivo examinase la reciente reordenación del SME.
Quedan por resolver cuestiones importantes sobre la determinación de las políticas financieras y la relación de los tipos de cambio con las condiciones económicas y financieras fundamentales. También ha de considerarse la necesidad de crear un marco a mediano plazo para evaluar la evolución de la balanza de pagos. Los directores acogieron con beneplácito la labor que el Fondo está llevando a cabo en estas materias, incluido un estudio de próxima aparición sobre “Cuestiones relacionadas con la evaluación de los tipos de cambio de los países industriales en el contexto de su política económica”. Se considera que los estudios de esta naturaleza proporcionarán una base útil para el examen bienal de los principios de supervisión, que debe llevarse a cabo para el 1 de abril de 1984.
Muchos directores señalaron que sería menester que el Fondo se ocupara claramente del peligro que representa el recrudecimiento del proteccionismo y alentaron al personal a ampliar la cobertura y análisis de las cuestiones de política comercial en los informes preparados como parte de las consultas conforme al Artículo IV, sin adentrarse en áreas que caen dentro de la jurisdicción de otras instituciones, como el GATT en especial. Al respecto, declararon que los informes debían centrarse en las repercusiones de las medidas comerciales en el ajuste interno y los tipos de cambio del país en cuestión y de los países con que éste comercia.
Se señaló que en 1982 las dificultades del servicio de la deuda se habían transformado en un foco de preocupación. La mayoría de los directores manifestaron que era muy importante que el personal hiciese todo lo posible por mejorar el capítulo dedicado a la evolución de la deuda externa—sobre todo a corto plazo—y a la política con ella relacionada, en los informes sobre consultas conforme al Artículo IV. En la reunión del Directorio dedicada a cuestiones relacionadas con la deuda externa, programada para el 6 de abril, se habían de analizar más propuestas específicas en esa materia. Algunos directores también indicaron que el Fondo debe estar en condiciones de proporcionar una explicación más completa sobre el “pasivo” del sector bancario en los países miembros y la política de gestión de las reservas.
Frecuencia de las Consultas Conforme al Artículo IV
Los directores convinieron en que las consultas constituyen la parte vital de la supervisión y que, en vista de las dificultades experimentadas por los países miembros en 1982 y la rapidez con que las mismas se propagaron, era menester proceder resueltamente para lograr una mayor regularidad en la celebración de las consultas conforme al Artículo IV. Los directores señalaron que en ciertos casos algunos países miembros habían sufrido graves desequilibrios externos e internos durante períodos en que el Directorio Ejecutivo no había tenido oportunidad de analizar la cuestión y ofrecer su asesoramiento al país miembro. Los directores indicaron que dichos casos eran de lamentar y no debían repetirse en el futuro.
Hubo acuerdo general entre los directores en el sentido de que ciertas modificaciones de procedimiento darían un carácter más riguroso a la programación de las consultas. La mayoría estuvo de acuerdo en que sería útil fijar, al finalizar cada consulta, la fecha definitiva para el análisis de la próxima consulta con el país miembro, aunque al establecer este ciclo debía evitarse una rigidez excesiva para no menoscabar la prerrogativa de la gerencia de modificar la programación en consulta con el país miembro y el director ejecutivo interesado. Ahora bien, dada la conveniencia de una programación de las consultas más rigurosa, se la podría mejorar presentando informes periódicos al Directorio sobre la situación de los países miembros con respecto a la observancia del programa de consultas, dando una indicación de las dificultades que puedan haberse presentado en el cumplimiento del mismo. Con esto no se trataba de culpar al país en cuestión, sino de notificar al Directorio las causas de las demoras, que pueden ser falta de personal, dificultades de la situación política local, etc.
Se acordaron los principios para determinar los países que tendrían un ciclo más estricto, a saber: economías que tengan mucha repercusión en otros países, países miembros con programas respaldados por el Fondo y situaciones que susciten dudas graves con respecto a la viabilidad a mediano plazo. Para la gran mayoría de países miembros a los que debe aplicarse un ciclo más estricto, la mayor parte de los directores estimaron que el objetivo debía ser limitar el intervalo entre las consultas a no más de 12 meses, con un período de gracia de, por ejemplo, tres meses con posterioridad a la fecha especificada. Para los países miembros fuera del ciclo estricto, el límite máximo permisible sería de dos años. Se alentó a la gerencia a experimentar con revisiones semestrales o miniconsultas—como se había hecho recientemente en algunos casos—cuando la situación económica de un país miembro cambie rápidamente.
Al examinar las circunstancias que podrían justificar demoras en las consultas, los directores señalaron que las hostilidades militares serían un ejemplo. No obstante, debía quedar en claro que una vez superadas las circunstancias especiales, las consultas habrían de celebrarse con prontitud. La situación no estaba tan clara en el caso de demoras producidas por motivos políticos, como serían unas elecciones, o porque el país miembro esté reformulando su política económica. La mayoría de los directores estimaron que las consultas no debían demorarse por cuestiones relacionadas con el momento político de los países miembros. De hecho, señalaron que precisamente en estos períodos de incertidumbre pueden surgir o agudizarse los problemas financieros. Además, como señalaba el documento preparado por el personal, las consultas serían particularmente útiles y oportunas cuando el país miembro estuviese preparando una nueva política económica. En lo posible, las demoras no debían sobrepasar el período de gracia a tres meses. No obstante, si ello impidiese especificar enteramente en el informe del personal la política contemplada por las autoridades, sería conveniente celebrar una nueva consulta lo antes posible, una vez que esté decidida dicha política.
Los directores convinieron en que iba a ser necesario efectuar una serie de adaptaciones en el procedimiento existente, a fin de mantener la mayor frecuencia media de consultas que entraña la aplicación a la mayoría de los países miembros de un ciclo estricto de consultas anuales, por lo menos en las circunstancias actuales. En vista del gran número de solicitudes de uso de los recursos del Fondo previsto para el año próximo, se aceptó la idea de que las misiones de consulta se combinen en algunos casos con las negociaciones para el uso de los recursos del Fondo. Sin embargo, algunos directores opinaron que, cuando corresponda efectuar una consulta anual, el debate correspondiente a la misma en el Directorio deberá preceder al debate de un programa propuesto para el mismo país. Algunos estimaron que la posibilidad de combinar las consultas con las solicitudes de uso de los recursos del Fondo deberá ser la excepción y no la norma, pero varios directores señalaron que las consultas podían combinarse adecuadamente con los exámenes de los programas del Fondo que se hallen en funcionamiento.
Los directores subrayaron la importancia de los estudios denominados “Evolución económica reciente”, por ser una fuente valiosa, y con frecuencia única, de información económica y financiera sobre los países miembros. Los directores acordaron que si fuese necesario abreviar dichos informes, por motivos de tiempo y de personal, esto se podría hacer de forma selectiva o, sencillamente, actualizándolos cada dos años. No obstante, hicieron hincapié en que los cambios de fondo en la política económica y en el ordenamiento institucional siempre debían incorporarse en el informe anual. De ahí que, en la práctica, con toda seguridad la mayoría de los informes tendrían que prepararse anualmente.
Métodos de Supervisión de las Variaciones de los Tipos de Cambio y Procedimiento de Notificación
Todos los directores pidieron que se aplique un enfoque imparcial a la supervisión e indicaron que el Fondo debía desempeñar una función más activa con respecto a las modificaciones de los tipos de cambio. Algunos señalaron la importancia de que durante las consultas conforme al Artículo IV y las labores relacionadas con los estudios denominados “Perspectivas de la economía mundial” se debatan de forma más abierta y detallada las cuestiones cambiarías, sobre todo cuando se esté observando un programa de consultas más riguroso. En las circunstancias excepcionales en que parezcan necesitarse consultas complementarias con un país miembro, se podría invocar un procedimiento especial para esos casos.
Para hacer efectiva esta función más activa del Fondo y contribuir al logro de un tratamiento parejo, la mayoría de los directores consideraron satisfactorio el enfoque del “umbral”, descrito en el documento preparado por el personal, y la idea de poner en práctica dicho enfoque a título de prueba contó con el apoyo general. Los directores hicieron una serie de observaciones interesantes y penetrantes con respecto a dicho enfoque durante el debate y algunos indicaron que harían otras observaciones más detalladas con posterioridad. Con respecto a la cuestión técnica de la magnitud del umbral en términos numéricos, algunos directores estimaron que un umbral del 5% produciría un número tan elevado de notificaciones de información que éstas perderían significación. Otros estimaron que toda modificación que represente el 5% en términos reales efectivos es importante y debe ser objeto de una notificación de información. Teniendo todo esto en cuenta, y en vista de que este procedimiento ha de adoptarse a título de prueba, propongo que inicialmente el umbral sea del 10%.
Otra cuestión técnica se refiere al punto de partida adecuado para calcular las variaciones acumulativas. La mayoría de los directores indicaron que, si bien el enfoque recomendado tenía puntos débiles, estaban dispuestos a hacer la prueba con un punto de partida que coincida con la última ocasión en que el Directorio haya tenido oportunidad de analizar la política cambiaría del país miembro, lo cual en la mayoría de los casos será la consulta más reciente conforme al Artículo IV.
Con respecto a otra cuestión, se acordó que durante el período de prueba, el personal debía elegir, según su entender, el indicador de competitividad que habría de emplearse, incorporando una descripción de dicho indicador, con los datos correspondientes, en los informes sobre las consultas conforme al Artículo IV. Por supuesto, se tendría en cuenta la opinión de los países miembros con respecto a la medición utilizada.
En cuanto al contenido de las notificaciones de información, los directores recomendaron que se aplique un enfoque flexible e invitaron a la gerencia a proceder con discreción al elegir el momento de efectuar el análisis y la evaluación. Convinieron en que debía mantenerse la práctica existente de notificar al Directorio las grandes modificaciones discretas de los tipos de cambio nominales, porque es importante tanto para la supervisión como para información general de los otros países miembros.
La gerencia y el personal seguirán examinando cuidadosamente y tratarán de poner en práctica la propuesta presentada por [director ejecutivo] de presentar un documento periódico—quizá trimestral—preparado por el personal, en donde figure una indicación de los tipos de cambio reales efectivos de los países miembros, señalando los casos en que las variaciones de los tipos de cambio sean particularmente grandes. Si bien hay que resolver una serie de cuestiones sobre la perspectiva cronológica que convenga utilizar, debe hacerse todo lo posible para suministrar un flujo permanente de cifras en un folleto periódico. Una vez más, los directores manifestaron estar dispuestos a confiar en la decisión de la gerencia en cuanto a si deben presentarse comentarios sobre dichos indicadores o si determinados casos deben someterse a debate en el Directorio.
Supervisión de las políticas de tipo de cambio de los países miembros [1984]
a) Examen de la supervisión de las políticas de tipo de cambio
El Directorio Ejecutivo ha examinado el documento titulado “Supervisión de las políticas de tipo de cambio” según se dispone en el párrafo 2 de la Decisión No. 5392-(77/63) del Directorio Ejecutivo, adoptada el 29 de abril de 1977, y volverá a examinarlo a más tardar el 1 de abril de 1986.
Decisión No. 7645-(84/40)
b) Examen de la aplicación del procedimiento de supervisión
El Directorio Ejecutivo también ha examinado el procedimiento relativo a la aplicación general de la supervisión por el Fondo de las políticas de tipo de cambio de los países miembros, según se establece en el párrafo VI del Procedimiento de supervisión del documento “Supervisión de las políticas de tipo de cambio” mencionado en el apartado a), incluido el procedimiento para llevar a cabo las consultas conforme al Artículo IV, las cuales comprenderán también las consultas efectuadas conforme a los Artículos VIII y XIV, y, a la luz de la exposición sumaria del Director Gerente, aprueba el mantenimiento del procedimiento descrito en SM/84/44, hasta el próximo examen anual, que se realizará a más tardar el 1 de abril de 1985.
Decisión No. 7646-(84/40)
Anexo de la Decisión No. 7646-(84/40)
Durante el examen realizado, los directores ejecutivos indicaron una vez más la gran importancia que confieren a la función del Fondo en el terreno de la supervisión. También recalcaron que una supervisión eficaz requiere la plena cooperación de los países miembros, y que debe llevarse a cabo de una manera eficaz y equitativa.
El debate abarcó dos temas: el examen bienal del documento básico en el que se establecen los principios de supervisión y el examen anual de la aplicación de la supervisión. En primer lugar, me referiré a las observaciones de los directores ejecutivos sobre los asuntos clave surgidos en relación con la aplicación de la supervisión, que puedan relacionarse con los principios y procedimientos establecidos en los documentos. En segundo lugar, me referiré a las observaciones relacionadas con los diferentes métodos que se aplican para llevar a cabo la supervisión: los aspectos multilaterales, las consultas del Artículo IV y la vigilancia de los tipos de cambio.
Problemas Clave de la Realización de la Supervisión
En cuanto a la esencia de la supervisión, varios directores ejecutivos recalcaron que el Fondo debe realizar esfuerzos más enérgicos para hacer de la supervisión una práctica eficaz, equitativa y simétrica. Del debate surgieron las conclusiones siguientes:
Primero, si bien muchos directores ejecutivos reconocieron que la evaluación de las políticas de tipo de cambio es una tarea compleja, recalcaron que incumbe al Fondo formar una opinión sobre la eficacia de las políticas de tipo de cambio de los países miembros, independientemente de los regímenes cambiarios adoptados por los diferentes países y de la necesidad que pueda tener un país miembro de recurrir al apoyo financiero del Fondo. Este principio constituye la esencia del Artículo IV. En la práctica, a menudo resulta difícil determinar con precisión cuantitativa el grado de “discordancia” de un tipo de cambio. Pero si el Fondo está convencido de que un tipo de cambio es discordante, debe manifestar esta opinión en primer lugar a las autoridades del país directamente interesado. Algunos directores observaron que a veces el personal del Fondo no es lo suficientemente flexible, es algo dogmático en sus opiniones acerca de los tipos de cambio y tiende a sobreestimar la eficacia de la depreciación del tipo de cambio, particularmente en los países en desarrollo y las economías de planificación centralizada.
En segundo lugar, la determinación por parte del personal del Fondo de la eficacia de la política de tipo de cambio de un país en particular no es un mero ejercicio econométrico, sino que guarda relación con el funcionamiento del sistema monetario internacional. Por este motivo es importante que, cuando el personal del Fondo esté convencido de que existe un desajuste de los tipos de cambio, trate de obtener el consenso de todos los países miembros sobre dicha opinión y sobre la modificación de política que deba llevarse a cabo. Puede suceder que las autoridades nacionales hayan adoptado metas y se hallen sujetas a limitaciones internas que traigan aparejado un tipo de cambio inadecuado según la opinión del Fondo. En tales casos, se pone al Directorio Ejecutivo al corriente del problema mediante consultas del Artículo IV y otros estudios; una vez examinado el problema por el Directorio Ejecutivo y estando éste de acuerdo con la opinión del personal, se le informa al país. A partir de ese momento, para que el procedimiento de supervisión del Fondo sea eficaz los países miembros de esta institución deben apoyar amplia y activamente las posiciones adoptadas por el Fondo. En tercer lugar, los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo en que muchas de las dificultades económicas internacionales de estos últimos años se han debido a las pronunciadas fluctuaciones entre los tipos de cambio de las monedas de los principales países industriales y a la repercusión que los bajos niveles de actividad económica y los altos tipos de interés vigentes en esos países tuvieron en el resto del mundo. Muchos directores ejecutivos señalaron que, en cierta medida, estos hechos se debieron a la política interna de los principales países que, según su opinión, no promovieron en la medida suficiente la convergencia de condiciones económicas favorables y que no tuvieron en cuenta las consecuencias que sufrirían los demás países y el sistema monetario internacional en general. La mayor parte de los directores ejecutivos opinaron que el verdadero problema reside en el hecho de que no se hayan logrado integrar los intereses internacionales, y no en un intento deliberado de manipular los tipos de cambio o el sistema monetario internacional. Por lo tanto, el Fondo tuvo que dar una pauta de las políticas internas necesarias para fomentar el buen funcionamiento del sistema y tuvo que tratar de persuadir a los países miembros a cumplir dichas políticas. Sobre la base de estos factores, los directores ejecutivos convinieron en que, en vista de la experiencia reunida en el terreno de la supervisión, no es necesario examinar los principios y procedimientos establecidos en los documentos, pero observaron que la supervisión debe llevarse a cabo de una manera más activa.
Aspectos multilaterales
Los directores ejecutivos opinaron que el estudio “Perspectivas de la economía mundial” constituye un marco excelente para el análisis de los problemas generales de supervisión y lo consideran sin duda indispensable para la evaluación de los efectos globales de la política económica de los países más importantes. Recibieron con beneplácito el mayor hincapié que se está haciendo en un enfoque a mediano plazo y, en particular, en el desarrollo de marcos hipotéticos a mediano plazo en el terreno de la balanza de pagos. También instaron a que se analice más detalladamente la interacción de las políticas internas de los diferentes países miembros, así como las consecuencias regionales de las políticas de un país miembro en particular.
Los directores ejecutivos consideraron importante que el Fondo siga haciendo hincapié en la supervisión por diferentes medios, tales como publicaciones y mensajes del Director Gerente. También consideraron esencial que el Fondo desempeñe una función más activa en la búsqueda de soluciones para los problemas de la deuda externa y el proteccionismo en contextos multilaterales. En lo referente al comercio internacional en particular, varios directores ejecutivos subrayaron que la labor del Fondo podría favorecer en gran medida las actividades del GATT respetando plenamente las atribuciones de dicha institución.
Consultas del Artículo IV
En vista de la obligación que tiene el Fondo de formar una opinión sobre las políticas de tipo de cambio de los países miembros, los directores ejecutivos en general apoyaron la idea de que en los informes del personal del Fondo se incluyan evaluaciones precisas de las políticas de tipo de cambio. Varios directores ejecutivos opinaron que el personal del Fondo es aún menos explícito en sus evaluaciones de la política de tipo de cambio de los grandes países industriales que cuando se trata de países miembros más pequeños. También se expresó el parecer de que la evaluación de la política de tipo de cambio de un país miembro relacionada con una consulta del Artículo IV debe efectuarse, cuando sea apropiado, dentro de un marco multilateral.
Los directores ejecutivos recibieron con beneplácito el hincapié que se ha hecho recientemente en la utilización de marcos hipotéticos a mediano plazo en el análisis de la deuda externa y alentaron al personal del Fondo a seguir perfeccionando la presentación y el análisis, incluyendo tal vez diferentes marcos hipotéticos de la deuda, y a hacer más explícitos los supuestos en que se basan dichas proyecciones y la sensibilidad de dichos marcos hipotéticos ante la variación de los supuestos. Los directores ejecutivos también pidieron que se preste mayor atención al mediano plazo al considerar las balanzas de pagos básicas dentro del marco de la evaluación de las políticas de los países miembros, aun cuando la deuda externa o el financiamiento de desequilibrios externos no sean motivo de gran preocupación.
Muchos directores ejecutivos recalcaron la necesidad de continuar perfeccionando los análisis que efectúa el personal en los informes de consulta, sobre temas relacionados con el proteccionismo y las subvenciones a la exportación. Estos análisis deben abarcar no sólo la práctica seguida por cada país miembro en particular, sino también, de ser necesario, las prácticas de grupos de países o uniones aduaneras. Se opinó que, en la medida de lo posible, deben cuantificarse los costos económicos de las medidas proteccionistas adoptadas por países o grupos de países con posterioridad a la última consulta del Artículo IV, y que en los casos pertinentes debe examinarse el impacto del proteccionismo en el ajuste interno.
Durante el debate, varios directores ejecutivos sugirieron que se siga mejorando en los informes de consultas la cobertura analítica de los aspectos estructurales, las corrientes de capital, la apertura de los mercados de capital, la magnitud y estructura del ingreso y el gasto público, los obstáculos a la inversión directa, el sector público excluido el gobierno central, los problemas de ajuste estructural, la asistencia a las industrias en decadencia y los mercados de trabajo. Varios directores ejecutivos también propusieron que en los informes de consultas se mencione la evolución registrada en cuanto a los principales puntos mencionados en la exposición sumaria de la consulta anterior. En dichos informes deben volver a mencionarse las principales recomendaciones del Directorio Ejecutivo contenidas en la exposición sumaria, indicando si se han adoptado las medidas apropiadas.
Al igual que en un debate reciente sobre “cobertura y actualidad de los datos”, los directores ejecutivos hicieron hincapié en la importancia que reviste la exactitud de los datos que se incluyen en los informes de consultas.
Los directores ejecutivos recibieron con beneplácito el marcado aumento de la frecuencia de las consultas y tomaron nota en particular de la mejora en la cobertura de los países que están llevando a cabo programas apoyados por el Fondo. Los directores ejecutivos reconocieron los esfuerzos realizados en los 18 últimos meses por reducir el número de consultas atrasadas, y opinaron que por ahora el problema puede considerarse solucionado. Dejando de lado los casos que entrañan problemas de seguridad, en la actualidad sólo se halla considerablemente atrasado el ciclo de consultas de un país miembro. Los directores ejecutivos reiteraron la opinión de que las consultas no deben atrasarse a causa de las negociaciones relativas al uso de recursos del Fondo. Varios directores ejecutivos creen que el Directorio debe tratar las consultas del Artículo IV antes de ocuparse de una solicitud de utilización de recursos del Fondo, en los casos en que la consulta esté atrasada. Esta es una recomendación de política muy importante.
Los directores ejecutivos subrayaron la necesidad de que en el futuro las consultas se realicen a su debido tiempo, para lo cual el sistema de especificación anticipada de los ciclos de consultas provee un marco útil. A fin de contribuir a que las consultas se lleven a cabo sin atraso, informaremos semestralmente al Directorio Ejecutivo acerca de los problemas que vayan surgiendo.
Los Directores apoyaron en general la práctica actual de especificar los ciclos de consultas. Se sugirió que los criterios relativos al ciclo de un año se amplíen para incluir a los países miembros que deseen entrar en dicho ciclo. Los directores ejecutivos reconocieron que con ese volumen de trabajo se deberán realizar esfuerzos especiales para mantener la calidad de la labor relacionada con las consultas. Por lo tanto, el personal continuará combinando las solicitudes de utilización de recursos del Fondo y los exámenes periódicos con los informes de consultas. Algunos directores ejecutivos apoyaron la práctica de abreviar selectivamente, o incluso eliminar, los estudios sobre la evolución económica reciente, especialmente en el caso de países sobre los cuales la información económica es de fácil obtención; pero varios otros directores ejecutivos recalcaron la importancia que revisten dichos estudios para los países miembros, tanto a nivel individual como colectivo, y se opusieron a toda reducción de la función o importancia de dichos documentos.
Los directores ejecutivos exhortaron al personal a presentar simultáneamente al Directorio Ejecutivo las consultas con países estrechamente relacionados entre sí, a fin de evitar la repetición inútil del análisis de elementos comunes y llegar a una mejor comprensión de la interacción existente.
Vigilancia de los tipos de cambio
Los directores ejecutivos opinaron que tanto los informes trimestrales sobre los indicadores de los tipos de cambio reales efectivos como las notificaciones sobre países en particular proveen información importante aunque, por supuesto, los hechos deben analizarse cuidadosamente antes de llegar a ninguna conclusión sobre la dirección de la política económica. La mayor parte de los directores ejecutivos consideran que el umbral para la obligación de notificación debe seguir siendo el 10%. Surgieron algunos interrogantes acerca de la fecha de referencia.
Los directores ejecutivos recibieron con beneplácito la intención del personal de seguir perfeccionando el sistema de notificación y recalcaron la utilidad de dar a la cobertura del sistema la mayor amplitud posible. En vista de la importancia que revisten los datos sobre precios, tipos de cambio y las tendencias del comercio para la formulación de políticas, incumbe a las autoridades de los países miembros obtener, en colaboración con el personal del Fondo, los datos necesarios y suministrarlos al Fondo.
En suma, el Directorio Ejecutivo opina que la supervisión es un instrumento esencial para la estabilidad del sistema monetario internacional. Considera que, a pesar del progreso logrado en la labor del Fondo en este campo, la insuficiente similitud de las respectivas situaciones económicas de los diferentes países requiere no necesariamente que se modifiquen los procedimientos del Fondo sino un fuerte apoyo político de todos los países miembros.
Todavía existen grandes diferencias de opinión acerca de la manera en que está funcionando el sistema cambiario, y diferencias aún mayores en lo referente a la manera en que el mismo debería funcionar. También existen diferencias de opinión sobre la manera en que las políticas económicas influyen unas sobre otras y dificultan el establecimiento de normas por parte del Fondo. En una institución colectiva, estas normas a veces pueden ser difíciles de expresar y aún más difíciles de poner en práctica.
Debemos seguir perfeccionando la calidad y la persuasividad de nuestro análisis de la interacción de las medidas de política. Solamente gracias a la calidad de estos análisis obtendrá el Fondo apoyo para sus recomendaciones. Los directores ejecutivos pueden ayudar al personal y a la gerencia del Fondo en esta labor manteniendo el alto nivel de sus intervenciones relacionadas con todos los asuntos de supervisión.
Supervisión de las políticas de tipo de cambio de los países miembros: Revisión de los procedimientos relativos a su ejercicio [1985]
El Directorio Ejecutivo ha examinado la forma general en que el Fondo ha supervisado las políticas de tipo de cambio de los países miembros, según dispone el párrafo VI del subtítulo Procedimiento de supervisión, del documento adjunto a la Decisión No. 5392-(77/63), adoptada el 29 de abril de 1977, incluido el procedimiento para llevar a cabo las consultas conforme al Artículo IV, que comprenderán las consultas de los Artículos VIII y XIV, y, a la luz de la exposición sumaria del Director Gerente, aprueba el mantenimiento del procedimiento descrito en el documento SM/85/65, hasta el próximo examen anual, que se realizará a más tardar el 1 de abril de 1986.
Decisión No. 7939-(85/49)
Anexo de la Decisión No. 7939-(85/49)
Los directores destacaron una vez más la gran importancia que conceden a la función del Fondo en la esfera de la supervisión. Acogieron con beneplácito el hincapié que se hace en el examen de este año en las cuestiones relacionadas con la eficacia de la supervisión, particularmente en vista de la actual situación económica internacional. Destacaron especialmente la necesidad de una evolución continua de los procedimientos de supervisión a fin de ampliar la capacidad del Fondo para cumplir sus cometidos en este ámbito de una manera eficaz y equitativa, e hicieron varias sugerencias para mejorar la práctica de la supervisión.
Eficacia e Imparcialidad de la Supervisión
La deliberación sobre la cuestión de la eficacia de la supervisión fue amplia y escuchamos algunas observaciones muy sensatas sobre el punto. Las opiniones expresadas acerca del grado en que la aplicación de la supervisión puede considerarse equitativa fueron particularmente dignas de mención, y por tanto empezaré tratando de sistematizar los puntos examinados.
Todos los directores concordaron en que la supervisión no puede ser eficaz si no es equitativa. Tomaron nota de la opinión ampliamente compartida de que el Fondo es mucho más estricto en su vigilancia de las políticas de los países en desarrollo deficitarios que de las de otros países. Varios directores manifestaron su apoyo a esta opinión, pero la mayoría concordó con lo expresado en el documento del personal de que esta interpretación es producto de una distinción insuficiente entre la función de supervisión y otras funciones del Fondo, tales como las relacionadas con la condicionalidad y la jurisdicción en materia de restricciones cambiarías. Es cierto que la condicionalidad requiere un escrutinio especialmente detallado de las políticas de los países miembros que han emprendido programas de ajuste apoyados por el Fondo. Sin embargo, cuando los países enfrentan crisis financieras, evidentemente es necesario que las políticas se corrijan inmediatamente y, en cualquier caso, el Fondo tiene el deber de cerciorarse de que sus recursos se usan adecuadamente. De modo que la mayoría de los directores estuvieron de acuerdo en que la supervisión, como tal, se había aplicado con imparcialidad. Subrayaron, sin embargo, que también era necesario que la supervisión pareciera ser imparcial y, para esto, debía percibirse como eficaz con respecto a los grandes países industriales. Por lo demás, dados los efectos que los acontecimientos en esos países tenían en el resto de la economía mundial, era particularmente importante que fuese eficaz para esos países.
Algunos directores consideraban que de hecho la supervisión había sido mucho menos eficaz de lo que debía ser. Algunos tomaron nota de la importante función que había desempeñado la supervisión para señalar cuestiones clave de política a la atención de las autoridades y mantenerlas en constante discusión. También era posible citar muchos ejemplos en los que las decisiones de política en los países miembros habían tomado en cuenta evidentemente las opiniones expresadas por la comunidad internacional a través del proceso de supervisión del Fondo.
En forma más general, sin embargo, era claro que aún había divergencias sustanciales entre las políticas realmente seguidas por algunos países miembros y las propugnadas colectivamente por los países miembros del Fondo. Algunos directores se refirieron varias veces al hecho de que la política fiscal de Estados Unidos sigue una trayectoria que se aparta de la que, en opinión de esos directores, sería óptima en cuanto a sus efectos sobre la economía mundial y sobre la propia economía de Estados Unidos. También se insistió en que las políticas correctivas de otros países industriales y de muchos países en desarrollo siguen siendo inadecuadas. Según algunos directores lo que se necesitaba era una orientación más explícita para los países miembros acerca de las clases de políticas de tipo de cambio y de otra índole que son coherentes con los objetivos del Fondo que la orientación que da la decisión sobre la supervisión o, inclusive, el propio Convenio Constitutivo. Algunos directores destacaron que, si bien debemos procurar constantemente aguzar nuestro análisis y mejorar nuestros procedimientos, la cuestión básica no era una cuestión de procedimientos. Lo que estaba en juego era si los países miembros estaban dispuestos a adaptar sus políticas a la luz de las opiniones expresadas por la comunidad internacional.
Antes de pasar a las opiniones de los directores sobre las principales ideas para aumentar la eficacia de la supervisión en esta esfera, como se señala en la sección VI del documento del personal, resumiré la discusión de diversas cuestiones planteadas por la experiencia práctica con la supervisión en 1984.
Cuestiones que ha Planteado en la Práctica la Supervisión en 1984
i) La base analítica de la supervisión
Algunos directores estimaron que el marco analítico de la serie de estudios sobre las perspectivas de la economía mundial continuaba siendo una base sumamente útil para evaluar el efecto global de las políticas económicas de los principales países. Acogieron con satisfacción la creciente importancia que se da, tanto en “Perspectivas de la economía mundial” como en las consultas del Artículo IV, a las consecuencias a mediano plazo de las políticas de los países miembros. Algunos directores señalaron también la conveniencia del ulterior desarrollo de las técnicas analíticas en los aspectos clave de política. En este sentido subrayaron la necesidad de un análisis más completo de las consecuencias internacionales de las políticas nacionales. También hicieron notar que es necesario analizar más a fondo en qué forma la interrelación internacional de las políticas financieras y los problemas del ajuste afectan a los tipos de cambio.
ii) Las consultas del Artículo IV
Según los directores, las consultas del Artículo IV son elemento clave del proceso de supervisión. Acogieron con agrado la mayor cobertura en los informes del personal sobre las consultas del Artículo IV, tanto de importantes cuestiones de política como de aspectos técnicos, tales como la calidad de las estadísticas y las relaciones con el Banco Mundial. Sin embargo, invitaron al personal a elaborar informes concisos, a fin de evitar un enfoque borroso de las cuestiones clave. Muchos directores pensaban que, dada la considerable carga de trabajo, el personal debe tener libertad para experimentar con informes abreviados sobre la evolución económica reciente en algunos casos.
Algunos directores encomiaron el mejoramiento en la programación de las consultas ocurrido desde que se puso en práctica, en 1983, el sistema de especificación adelantada de los ciclos de consulta. A este respecto, algunos directores consideraban importante que el Fondo centrara sus esfuerzos en las situaciones que más atención requieren y sugirieron que es pertinente una mayor diferenciación en la especificación de los ciclos. De modo particular, todos los mayores países (se han mencionado diversas cifras para definir a este grupo y, sobre tal base, yo diría, al menos los 25 mayores países) deberían estar en el ciclo normal. Por otro lado, en el caso de los países pequeños (distintos de los que tienen programas con el Fondo o en los que hay duda acerca de la viabilidad de la balanza de pagos) en general serían apropiados ciclos mayores, de hasta dos años, sin perjuicio de su derecho a optar por el ciclo normal por resultarles útiles las consultas anuales con el Fondo. Algunos directores sugirieron que las visitas oficiosas del personal para examinar las políticas a mitad del período entre las consultas plenas podrían resultar un medio útil para atender las preferencias de algunos países miembros en tales casos, al tiempo que el volumen de trabajo se mantiene dentro de proporciones manejables.
iii) Vigilancia de los tipos de cambio
Algunos directores consideraron que en general había sido satisfactoria la experiencia con el sistema de vigilancia de la evolución de los tipos de cambio mediante las notificaciones al Directorio Ejecutivo de las modificaciones en los regímenes cambiarios y los avisos informativos relacionados con los grandes movimientos en los índices de los tipos de cambio efectivos reales, si bien algunos de ellos hicieron advertencias acerca de la tentación de confiar demasiado en indicadores mecánicos de ese tipo. Muchos directores consideraron que la evolución de los tipos de cambio en los grandes países industriales merecía quizás una atención más frecuente, y varios de ellos apoyaron una reducción en el umbral para los avisos informativos en relación con esos países. Sin embargo, después de examinar las minutas, llego a la conclusión de que el Directorio no ha pedido, en este momento, un cambio en el sistema de avisos informativos.
Sugerencias Para Mejorar la Eficacia de la Supervisión
Me referiré ahora al análisis de las ideas principales descritas en la sección VI del documento del personal. En general, los directores ejecutivos creen que debemos explorar todos los medios posibles para mejorar la eficacia del proceso de supervisión.
En primer lugar, si bien algunos directores se mostraron muy negativos respecto del empleo de indicadores objetivos, hubo amplio interés en explorar la idea de hacer mayor uso de los indicadores objetivos como instrumento de la supervisión del Fondo, especialmente respecto de los principales países industriales. Sin embargo, la mayoría de los directores destacaron que sería considerablemente difícil establecer tales indicadores y acordar con los países miembros valores apropiados para los mismos. En consecuencia, algunos directores instaron al personal a adoptar un enfoque experimental tanto respecto del ulterior desarrollo del enfoque conceptual que ha de seguirse como de la exploración del concepto con las autoridades interesadas. Llego a la conclusión de que, al menos por ahora, el empleo de tales indicadores en casos particulares en que puedan ser apropiados y aceptables estaría limitado a proporcionar una base para examinar, en el curso de una consulta del Artículo IV, los acontecimientos con el antecedente de la conclusión de la consulta anterior.
En segundo lugar, la mayoría de los directores reaccionaron en forma negativa a la idea de un movimiento hacia la mayor publicidad en relación con las consultas del Artículo IV. Hicieron hincapié en que el carácter confidencial de las relaciones entre el Fondo y sus miembros ha sido uno de los elementos más importantes del proceso de consultas y consideraron que la publicidad supondría un cambio en esa práctica que podría tener graves consecuencias en la sinceridad y franqueza de las negociaciones sobre políticas entre el Fondo y sus países miembros.
En forma similar, la mayoría de los directores expresaron reservas—si bien algunos tenían mucho interés en la idea—acerca de dar a conocer los informes del personal, y les preocupaba que tal práctica pudiera afectar de manera adversa a la franqueza y utilidad de esos informes. Por razones que creo son análogas, la reacción fue negativa en este momento respecto de la idea de que el Director Gerente hiciera declaraciones públicas después de concluidas las consultas del Artículo IV. Al mismo tiempo tomé nota del apoyo general del Directorio para la forma en que he venido expresando mis opiniones y posiciones sobre cuestiones de interés para el Fondo en mis disertaciones públicas. También debo observar que la mayoría de los directores estaban dispuestos a aceptar una difusión más amplia, incluida la publicación, de los informes sobre la evolución económica reciente con aprobación del país miembro interesado.
En tercer lugar, algunos directores creían que había considerable ámbito para ampliar las consultas complementarias tanto del lado del Fondo como de las autoridades de los países. Consideraban que la práctica actual de incluir un examen de los acontecimientos frente a los antecedentes de la consulta anterior, en los informes del personal con arreglo a las consultas del Artículo IV, debería desarrollarse como medio de evaluar la eficacia del proceso de consultas, dando indicaciones del peso que las autoridades asignan a las opiniones del Fondo. Ciertos directores brindaron su decidido apoyo a una mayor “publicidad interna” de las conclusiones del Fondo entre las autoridades de los propios países miembros. Se observó con aprobación que en muchos países miembros las autoridades de nivel ministerial participan en las discusiones finales sobre política con la misión. El personal continuará con la práctica de dar en sus informes una lista de los principales representantes del país miembro que tomen parte en las conversaciones.
También se consideró deseable que la gerencia se comunicase directamente con los ministros de Hacienda acerca de los resultados del examen del Fondo, aunque sólo en casos cuidadosamente seleccionados en los que el Directorio Ejecutivo considerase que el examen de alto nivel fuera particularmente importante debido a la urgencia de las opiniones expresadas en materia de política. En ese contexto, se observó que el Director Gerente tiene contactos frecuentes con las más altas autoridades de los países miembros, en Washington o en el exterior, lo mismo que por medio del intercambio de comunicaciones y conversaciones telefónicas que, por supuesto, continuarán.
En cuarto lugar, cierto número de directores alentaron la utilización de consultas complementarias con los países miembros en ciertas circunstancias seleccionadas. Acerca de este tema se escuchó una amplia gama de opiniones detalladas. Varios directores sugirieron que las consultas complementarias podrían ser apropiadas para países miembros en mora con el Fondo, para miembros sin programas corrientes pero con grandes obligaciones financieras con el Fondo, o para miembros que hacen uso prolongado de los recursos del Fondo. En opinión de varios directores, las consultas complementarias podrían también producirse como consecuencia de importantes decisiones de política de los miembros. Durante las deliberaciones el 18 de marzo sobre política comercial, algunos directores pidieron que el Directorio Ejecutivo sea notificado de los nuevos acontecimientos de importancia en esa esfera y tales notificaciones, así como ocurre con los actuales avisos informativos sobre el tipo de cambio, podrían muy bien conducir a consultas complementarias si los directores así lo solicitaran. También podían tener lugar en algún momento después de la conclusión de las consultas del Artículo IV que dejaran grandes dudas acerca de lo apropiadas que fueran las políticas del país miembro.
Finalmente, hubo una amplia y detallada discusión acerca de diversas cuestiones que intervienen en la mayor supervisión de las políticas de los países miembros participantes en reprogramaciones multianuales. Ciertos directores creían que el Fondo debería ser selectivo al acceder a solicitudes de mayor supervisión y algunos directores hicieron advertencias en contra de la participación del Fondo en tales arreglos durante un período demasiado largo. Algunos de ellos consideraron que, en la práctica, el procedimiento sería apropiado principalmente para países donde ya estuvieran adelantadas enérgicas políticas de ajuste. De otro modo, el Fondo seguiría considerando el apoyo al programa de ajuste del país en el contexto de un acuerdo de derecho de giro o de un acuerdo ampliado como el medio normal de dar la señal necesaria a los bancos comerciales y a otras fuentes de financiamiento. La mayoría de los directores consideraron que la entrega de informes del personal a los bancos en tales casos sería aceptable si el país la solicitara y si fuera necesaria para que tenga lugar la reestructuración. Los directores hicieron hincapié en que los informes del personal suministrados a los bancos comerciales en casos de mayor supervisión no debieran ser, ni percibirse, como de carácter tal que dieran señales afirmativas o negativas de parte del Fondo. Por otro lado, algunos directores reiteraron la opinión expresada durante las deliberaciones en el Directorio el 20 de marzo sobre el endeudamiento externo, de que los bancos comerciales deben asumir plena responsabilidad por sus evaluaciones del riesgo representado por los países. En forma más general, algunos directores advirtieron que en el proceso de mayor supervisión no debe verse al Fondo ni como dando apoyo oficial a las políticas de los países miembros ni interviniendo en forma demasiado profunda en las relaciones entre los países deudores y los bancos comerciales. Hemos tomado nota muy cuidadosamente de las numerosas cuestiones planteadas por los directores en relación con el acceso a la mayor supervisión y procedimientos conexos. El personal del Fondo reflexionará acerca de ellas, y volveremos sobre estos asuntos a medida que se adquiera experiencia caso por caso.
En el curso de sus deliberaciones, algunos directores manifestaron estar conscientes de las dificultades de embarcarse en un nuevo procedimiento en momentos en que el Directorio, la gerencia y el personal tienen ante sí muy pesadas cargas de trabajo, e instaron a que se encontraran los medios para aliviar la carga. Algunas de las ideas que reciben apoyo del Directorio hoy día podrían ponerse en práctica sin demasiada dificultad, pero otras supondrían esfuerzos considerables. Lo que yo propondría es que, durante los meses próximos, la gerencia y el personal examinen las ideas de los directores ejecutivos para adquirir experiencia acerca de cómo pueden ponerse en vigor en la práctica y para explorar sus consecuencias para el volumen de trabajo y para el presupuesto.
El Directorio Ejecutivo volverá a examinar la cuestión de la supervisión, examinando todas las ideas que se han explorado y las sugerencias presentadas por los directores, incluida la cuestión de la publicidad.
Apéndice C. Supervisión reforzada
Extracto de la alocución pronunciada por el Director Gerente en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales, celebrada en Washington el 10 de mayo de 1985
En primer lugar, el Fondo continuará respaldando activamente las medidas de ajuste de los países y cumpliendo con la tarea de supervisar sus economías.
A medida que los países vayan recuperando el acceso a los mercados financieros, es muy probable que se comience a hacer mayor hincapié en la función del Fondo como catalizador financiero y en la tarea de proporcionar continuamente asesoramiento en materia de política económica. Al respecto, algunos países han solicitado del Fondo que ejerza una supervisión más intensa de sus economías a fin de facilitarles a los bancos la tarea de verificar el grado en que los países han logrado progresar para alcanzar una posición de pagos viable al no haber programas respaldados por el Fondo.
El procedimiento de supervisión más intensa se encuentra en la fase de elaboración y es indudable que evolucionará a medida que se vaya obteniendo más experiencia caso por caso. Sin embargo, ya se han manifestado claramente algunas de las oportunidades y desafíos que encararán los países miembros y sus acreedores. El elemento fundamental de la supervisión más intensa es que los países miembros deberán preparar un programa financiero cuantitativo en el que se indiquen claramente las principales metas macroeconómicas y los objetivos de política a un año de plazo. Huelga decir que el éxito de estos programas dependerá sobre todo de la firmeza con que las autoridades interesadas los pongan en práctica. El Fondo evaluará dichos programas, determinará si los objetivos concuerdan con las medidas adoptadas y si son compatibles con un crecimiento económico duradero y con la posibilidad de lograr una posición de pagos viable. Se prepararán informes semestrales sobre consultas, en los cuales se analizará el progreso logrado con respecto a la puesta en práctica de los programas, evaluándose asimismo la evolución económica de los países.
Por su parte, los acreedores tendrán que sopesar esas evaluaciones, junto con el resto de la información disponible, antes de llegar a una conclusión sobre la evolución económica de un país, y adoptar sus propias decisiones con respecto a los créditos que hayan de conceder. No se deberán usar los informes del personal del Fondo al amparo de la política de supervisión más intensa como indicación de la conveniencia de interrumpir o continuar el financiamiento, ya que no sería compatible con la idea de que los acreedores basen sus decisiones en las condiciones del mercado. La supervisión más intensa puede complementar la evaluación del riesgo efectuada por los bancos, pero no sustituirla. Para que este procedimiento resulte útil para todas las partes interesadas, es esencial que el ajuste emprendido cuente con el respaldo de un financiamiento “espontáneo”, de carácter flexible y continuo, si las circunstancias particulares del país lo justifican. (Boletín del FMI, vol. 14 (3 de junio de 1985), págs. 162–65, en la pág. 164.)
Exposición sumaria del Presidente del Directorio Ejecutivo efectuada al concluir el debate sobre la función del Fondo a efectos de prestar ayuda a los países miembros en relación con los bancos comerciales y los acreedores oficiales Reunión del Directorio Ejecutivo 85/132, 4 de septiembre de 1985
El procedimiento relativo a la supervisión reforzada que han debatido los directores ejecutivos fue creado ante la necesidad de ayudar a los países miembros a hacer frente a sus problemas de deuda y mejorar sus relaciones con los acreedores de manera ordenada y dentro de un contexto más amplio.
Muchos directores observaron que al adaptar algunas de sus políticas, el Fondo ha desempeñado una función primordial al ayudar a limitar los trastornos vinculados a la crisis de la deuda y fomentar la normalización de las relaciones entre deudores y acreedores. No obstante, la mayor parte de los directores observó que la práctica de la supervisión más intensa comporta ciertos riesgos. Algunos directores subrayaron el riesgo de un posible debilitamiento de la condicionalidad del Fondo. Otros expresaron el temor de que el Fondo tienda a involucrarse demasiado profunda y específicamente en las relaciones con la banca comercial y de que la práctica generalizada de la comunidad internacional de basar sus decisiones financieras en la evaluación realizada por el Fondo afecte a la credibilidad de la institución e interfiera con el funcionamiento normal de los mercados que, en última instancia, debe basarse en las evaluaciones de los propios bancos. En otras palabras, ajuicio de la mayor parte de los directores, la supervisión más intensa no debe transformarse en un sustituto de los acuerdos de derecho de giro y los acuerdos ampliados, ni excluir o “diluir” los procedimientos normales del Fondo y transformar a la institución en una especie de organismo universal encargado de determinar la capacidad crediticia de sus países miembros. En tal sentido, la mayoría de los directores ejecutivos, pese a reconocer la utilidad de las prácticas que se han venido desenvolviendo, consideró que la supervisión reforzada debe utilizarse en forma restringida, bajo las directrices y el control del Directorio Ejecutivo, esencialmente para contribuir a promover los acuerdos de programación multianual, aunque no todos estos acuerdos estén vinculados a una supervisión reforzada.
a. Criterios para la adopción de una supervisión reforzada
Si bien varios directores insistieron en la necesidad de actuar con flexibilidad y en la importancia de evitar criterios demasiado rígidos, la mayor parte entendió que podría ejercerse una supervisión reforzada cuando se cumplan las cuatro condiciones siguientes:
Primero, que medie una solicitud del país miembro, el cual debe iniciar el proceso.
Segundo, en los casos en que se haya demostrado un buen historial de ajuste.
Tercero, en los casos en que sea necesario obtener acuerdos de programación multianual para normalizar las relaciones de mercado y facilitar el retorno a un financiamiento voluntario o espontáneo;
Cuarto, en los casos en que el país miembro se encuentre en condiciones de presentar un programa económico cuantificado y adecuado en el marco de consultas con el personal del Fondo que formen parte del procedimiento de supervisión reforzada.
b. Período de participación del Fondo
Los directores consideraron que, en términos generales, los primeros casos de supervisión reforzada habían abarcado períodos demasiado prolongados y entienden que, en el futuro, el Fondo debe tratar de limitar el procedimiento aproximadamente al período de consolidación de un acuerdo de reprogramación multianual. Me permito sugerir que mantengamos cierta flexibilidad y quedemos abiertos a la posibilidad de extender la supervisión reforzada un poco más allá del período de consolidación. Si el Fondo interrumpiera la supervisión reforzada al cabo del período de consolidación, se detendría la transmisión de informes a los bancos en un momento delicado de la normalización de relaciones entre el país y sus acreedores, es decir, en un momento en que el país necesitará un mayor volumen de financiamiento voluntario para atender los vencimientos de pagos externos. Si bien debemos tratar en lo posible de limitar la supervisión al período de consolidación, podría haber casos en que fuera necesario y se justificara prolongar la supervisión reforzada al período posterior a la consolidación.
c. Mecanismos de activación automática
Unos cuantos directores ejecutivos expresaron el temor de que la participación del personal en la elaboración y la negociación de los mecanismos de activación automática entre la banca comercial y el país miembro plantee el peligro de diluir la responsabilidad de los bancos en el proceso de supervisión conforme a los acuerdos de reprogramación multianuales y de que el Fondo se vea comprometido a suministrar señales de alerta a los bancos. La mayor parte de los directores entendió que el personal no debería negociar ni asumir responsabilidades en la elaboración y evaluación de los mecanismos de activación. No obstante, si el país miembro así lo deseara, el personal del Fondo no se negaría a brindar sus puntos de vista en cuanto a los méritos o deméritos puramente técnicos de dichos mecanismos. Es importante recalcar que el Fondo no debe tomar parte activa en la negociación del establecimiento de estos mecanismos.
d. Contenido y distribución de los informes del personal
Los directores subrayaron la necesidad de garantizar que, en los informes que el personal proporcionará a los bancos acreedores conforme a la política de supervisión reforzada, se siga brindando una evaluación completa y franca de las políticas y perspectivas económicas de los países miembros. Si bien unos cuantos directores opinaron que los informes del personal se deben poner a disposición de los bancos acreedores, en virtud del procedimiento de supervisión reforzada, únicamente después de que el Directorio Ejecutivo se haya reunido para considerarlos, la mayoría de ellos convino en que los países estarían autorizados a suministrar estos informes a los bancos acreedores sólo después de transcurridas dos semanas desde la presentación de los mismos al Directorio Ejecutivo. La mayoría de los directores opinó que la autorización para dar difusión a los informes del personal debe concederse mediante una decisión general que comprenda todos los casos para los que se convenga la supervisión y no por una decisión individual en cada caso. Los informes que se proporcionarán a los bancos acreedores sólo deberán reflejar las opiniones del personal y no deberán contener referencia alguna a las deliberaciones y opiniones del Directorio Ejecutivo. Tampoco podrá introducirse enmienda alguna a los informes del personal, con excepción de la eliminación de las referencias a las deliberaciones del Directorio.
e. Participación del Directorio Ejecutivo
Entiendo que el procedimiento sería el siguiente: primero, el país miembro solicita la supervisión reforzada; segundo, la gerencia evalúa el caso de acuerdo con las políticas convenidas hoy por el Directorio Ejecutivo y determina si ha de someter la solicitud a la aprobación del Directorio. En caso de que los criterios den lugar a problemas delicados de interpretación, la gerencia volvería a consultar oficiosamente con los directores a la brevedad posible.
g. Examen periódico de la política de supervisión reforzada
Unos cuantos directores sugirieron que, en vista de la necesidad de evaluar la evolución de las circunstancias y los posibles efectos de los procedimientos de supervisión reforzada en el Fondo y sus políticas, el Directorio deberá examinar periódicamente la política de supervisión reforzada, empezando con un primer examen aproximadamente dentro de un año.
Supervisión reforzada: Procedimiento para remisión de informes del personal
Una vez que el Directorio Ejecutivo haya aprobado una solicitud de un país miembro para realizar consultas al amparo de la política de supervisión del Fondo, el país miembro podrá remitir los informes de las consultas anuales y de mitad de año preparadas por el personal del Fondo conforme a dicha política a los bancos acreedores y demás instituciones financieras acreedoras que sean parte de los acuerdos especificados por el país miembro en la solicitud de consultas, en la inteligencia de que los destinatarios de los informes habrán asegurado al país miembro que dichos informes sólo se usarán para los fines de los acuerdos especificados en la solicitud dirigida por el país miembro al Fondo, que revestirán carácter confidencial, y que los países miembros sólo remitirán los informes dos semanas después de la distribución de los mismos a los miembros del Directorio Ejecutivo.
Decisión No. 8222-(86/45)
Apéndice D. Informe Anual, 1986, págs. 37–39
Propuestas para una supervisión más eficaz
Cuando se adoptó la decisión relativa a la supervisión, en abril de 1977, se reconoció que no sería posible establecer una serie de directrices generales aplicables a todas las situaciones imaginables. Asimismo, en la decisión mediante la cual se establecieron los principios de supervisión también se especifica que éstos deberán reexaminarse cada dos años, o con mayor frecuencia aún. Un tema que vuelve a surgir en cada uno de estos exámenes periódicos es la necesidad de incrementar la eficacia de la supervisión. El examen más reciente, que concluyó el 12 de febrero de 1986, se concentró en varias propuestas presentadas recientemente—sobre todo en los informes del Grupo de los Diez y el Grupo de los Veinticuatro—para mejorar el funcionamiento del sistema monetario internacional y perfeccionar la aplicación del procedimiento de supervisión.
Esos dos informes coincidieron en varios aspectos clave de la supervisión: primero, el ejercicio de la supervisión es un componente esencial de la función del Fondo; segundo, dicha supervisión debe ejercerse de manera imparcial y simétrica; tercero, para lograr la simetría se deben analizar a fondo las políticas de los países que ocupan un lugar importante en el sistema financiero internacional y, cuarto, hasta ahora la supervisión no ha sido muy eficaz en lo que se refiere a influir en las políticas nacionales y en fomentar condiciones económicas y financieras conducentes a la estabilidad de los tipos de cambio.
El Directorio Ejecutivo se manifestó de acuerdo con las conclusiones generales de ambos informes. Tomó nota de que las deficiencias reseñadas en los mismos—sobre todo en lo relacionado con la ecuanimidad y la eficacia—han surgido, en gran parte, de los cambios fundamentales experimentados por el entorno económico y financiero internacional a partir de la adopción generalizada del sistema de tipos de cambio flotantes y del hecho de que a los países les resulta muy dificil apreciar realmente las ventajas que les reportaría la adopción de políticas internas orientadas hacia objetivos internacionales coherentes. La asimetría que cree verse en la eficacia de la influencia del Fondo—es decir, el hecho de que la condicionalidad aplicada al uso de los recursos del Fondo haya afectado considerablemente a los países en desarrollo, mientras que la supervisión ha tenido un impacto muy limitado en los países que tienen más peso en la economía mundial—se ha agravado a partir de la adopción de un sistema de tipos de cambio flotantes por parte de varios grandes países. El Directorio Ejecutivo consideró que, para acrecentar la eficacia de la supervisión, todos los países miembros deben estar dispuestos a aplicar políticas que tengan plenamente en cuenta la interdependencia de todos los países dentro del sistema monetario internacional y su propio interés común en un mejor funcionamiento del mismo.
Según la opinión del Directorio Ejecutivo, algunas de las deficiencias del funcionamiento del sistema podrían atribuirse a la manera en que se ha aplicado el mecanismo de supervisión. Por lo tanto, se confirió especial importancia al estudio de las posibles maneras de mejorar dicho mecanismo. El Directorio consideró varias propuestas, algunas de las cuales abogaban por una mejora del procedimiento que se aplica para ejercer la supervisión.
Primero, el campo de acción de la supervisión podría ampliarse para incorporar también el principio más amplio de la vigilancia de la política económica de los países miembros por parte del Fondo, reconociéndose explícitamente de esta manera que las fluctuaciones de los tipos de cambio que suscitan preocupación a nivel internacional son en general el resultado no intencionado de las divergencias y deficiencias de las políticas internas, y no una consecuencia deliberada de políticas destinadas a influir en el mercado de divisas. Segundo, se podrían utilizar indicadores—no necesariamente indicadores rígidos y cuantificados, sino directrices más sistemáticas que las especificadas en la actual decisión sobre supervisión—para establecer la orientación de las políticas y contribuir a la localización de incongruencias y desviaciones con respecto a las políticas adecuadas. Tercero, la aplicación del procedimiento de supervisión vigente podría reforzarse conforme a algunas de las propuestas presentadas en los informes del Grupo de los Diez y el Grupo de los Veinticuatro. Estas propuestas, resumidas en el cuadro 13, pueden agruparse en tres categorías generales: las orientadas a mejorar la base analítica de la supervisión, las concebidas a fin de realzar el carácter multilateral de la supervisión y las destinadas a reforzar la influencia del proceso de consulta.
En lo que se refiere a la base analítica de la supervisión, varias propuestas recibieron un gran apoyo. Se estuvo de acuerdo en la necesidad de ampliar la gama de las políticas sujetas a supervisión y de integrar en mayor medida la evaluación de los tipos de cambio y las políticas internas dentro de un marco a mediano plazo. Concretamente, la evolución del tipo de cambio se consideraría en el contexto de una evaluación de las políticas fiscal, monetaria, comercial y estructural. Además, se consideró esencial evaluar la coherencia y perdurabilidad de las políticas de los países miembros dentro de un marco a mediano plazo. A este respecto, las consultas ordinarias brindan la oportunidad de evaluar la suficiencia de los datos disponibles y hacer hincapié en las mejoras que se necesitan con mayor urgencia. Finalmente, se recalcó que los informes del personal del Fondo en relación con consultas del Artículo IV deben contener una evaluación imparcial de las políticas de los países miembros, dejando sentadas con claridad las bases analíticas de los juicios de política económica emitidos; si el personal del Fondo estuviera en desacuerdo con la política económica de un país miembro, deberá sugerir con precisión los cambios que se consideren necesarios.
También hubo considerable apoyo para las propuestas de consolidar el carácter multilateral de la supervisión. Si bien las bases necesarias para efectuar una evaluación global de la evolución y las perspectivas económicas internacionales surgen de los exámenes semestrales de las perspectivas de la economía mundial, se observó que la utilidad de los mismos sería mayor si se efectuara un análisis más explícito de la interacción económica entre los países más importantes. La inclusión de un capítulo especial en el World Economic Outlook destinado al análisis de las repercusiones internacionales de la política económica y la evolución de los países más importantes habrá de facilitar el marco de estudio de los temas de política económica a nivel multilateral.
Con el fin de perfeccionar las consultas del Artículo IV se propuso que, al concluir algunas de ellas, el Director Gerente del Fondo podría reunirse con el ministro de Hacienda del país en cuestión. Esto resultaría útil en los casos en que se juzgue más necesaria la consideración del asunto por parte de funcionarios de alto nivel a causa de la importancia de los problemas o la urgencia de que se tomen medidas. Segundo, la continuidad del proceso de consulta podría reafirmarse analizando en informes posteriores las recomendaciones de política efectuadas por el Fondo durante el curso de una consulta. Tercero, podría ampliarse la cobertura de los avisos informativos utilizados para vigilar la evolución de los acontecimientos en el período comprendido entre dos consultas del Artículo IV. En la actualidad, en dichos avisos se recogen solamente las variaciones considerables de los tipos de cambio efectivos y las modificaciones de la política comercial. Cuarto, se podría hacer un mayor uso del procedimiento de supervisión suplementaria, por medio del cual el Director Gerente puede entablar un diálogo oficioso y confidencial si considera que una modificación del régimen o la política cambiaría de un país miembro—o el comportamiento del tipo de cambio de su moneda—puede revestir importancia para otros países miembros o tener en ellos un impacto considerable.
Todos estos temas relacionados con la supervisión, así como un informe del Director Gerente sobre la consideración inicial de dichos temas por parte del Directorio Ejecutivo, fueron examinados por el Comité Provisional en abril de 1986. El Comité reafirmó la función clave que la supervisión del Fondo debe desempeñar en el funcionamiento del sistema monetario internacional. La necesidad de consolidar el carácter multilateral de la supervisión, tema que había recibido especial atención en los informes del Grupo de los Diez y el Grupo de los Veinticuatro, también es un elemento importante del estudio efectuado por el Comité sobre las posibles maneras de perfeccionar la supervisión. En este contexto, el Comité tomó nota de que en los estudios sobre las perspectivas de la economía mundial se haría mayor hincapié en la interacción de las políticas de los países industriales a fin de consolidar las bases a partir de las cuales se evalúa la repercusión internacional de las políticas y los objetivos de los principales países industriales, y para fomentar la materialización de las iniciativas propuestas recientemente con el objeto de que dichos países perfeccionen la coordinación de sus políticas.
El Comité Provisional pidió al Directorio Ejecutivo que considere las posibles maneras de continuar perfeccionando los exámenes ordinarios de la situación económica mundial a fin de agilizar el análisis de los desequilibrios externos, la evolución de los tipos de cambio y la interacción de las políticas. El Comité sugirió que convendría considerar las posibilidades de formular una serie de indicadores objetivos relacionados con las medidas de política y el desempeño económico, dentro de un marco a mediano plazo. Estos indicadores podrían contribuir a identificar la necesidad de examinar las políticas de los países miembros.
Posteriormente, en ocasión de la cumbre económica de Tokio, de mayo de 1986, los participantes reiteraron el compromiso que habían contraído en 1982 de cooperar con el Fondo en la consolidación de la supervisión multilateral, especialmente entre los países cuyas monedas componen la cesta del DEG. Solicitaron que, al ejercerse dicha supervisión, y en conjunción con el Director Gerente del Fondo, se examinen sus respectivas previsiones económicas teniendo en cuenta indicadores tales como la tasa de crecimiento del PNB, la tasa de inflación, los tipos de interés, la tasa de desempleo, el coeficiente de déficit fiscal, los saldos de la balanza corriente y comercial, la tasa de crecimiento monetario, las reservas y los tipos de cambio.
Las referencias al Convenio Constitutivo del Fondo lo son al texto vigente.
Los seis primeros folletos de esta serie se citan por su número y fecha, como sigue:
Folleto No. 19: Monedas flotantes, oro y derechos especiales de giro:
Algunos acontecimientos jurídicos recientes (1976)
Folleto No. 22: Monedas flotantes, derechos especiales de giro y oro:
Nuevos acontecimientos jurídicos (1977)
Folleto No. 26: Derechos especiales de giro, oro y monedas
Tercera reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos (1979)
Folleto No. 33: Derechos especiales de giro, monedas y oro:
Cuarta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos (1980)
Folleto No. 36: Derechos especiales de giro, monedas y oro:
Quinta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos (1981)
Folleto No. 40: Derechos especiales de giro, monedas y oro:
Sexta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos (1983)
1. Folleto No. 36, págs. 1–15 y 100–103.
2. El texto completo de la Decisión No. 6631-(80/145)G/S, del 17 de septiembre de 1980, aparece en Recopilación seleccionada de decisiones del Fondo Monetario Internacional, décima edición (Washington, 1983), págs. 278–80 (citada en adelante como Recopilación de decisiones); y en el folleto No. 36, págs. 102–103.
3. Reglamento, Estatutos y Reglamento, cuadragésima segunda edición (Washington, 1985), págs. 61–65 (citado en adelante como Estatutos y Reglamento).
4. Fondo Monetario Internacional, Comunicado de prensa No. 85/29 (23 de septiembre de 1985).
5. Decisión No. 8160-(85/186)G/S, 23 de diciembre de 1985.
6. Los cambios que entraron en vigor en esa fecha se examinan en el folleto No. 36, págs. 15–21.
7. Ibíd., págs. 21 y 104–105.
8. Ibíd., págs. 17–18.
9. El método para calcular el tipo de interés es como sigue: el tipo de interés de un instrumento en la cesta del tipo de interés se multiplica por el número de unidades en la cesta de la moneda en la cual está denominado el instrumento; el producto se multiplica por el valor de la moneda en términos del DEG; seguidamente se suman los productos obtenidos respecto de las cinco monedas.
10. Artículo XX, Sección 3.
11. Artículo XX, Sección 1.
12. Artículo XX, Sección 2.
13. En virtud de la Regla J-7 del Reglamento, el ejercicio del Fondo comienza el 1 de mayo y se cierra el 30 de abril del año siguiente. Estatutos y Reglamento, pág. 51.
14. Artículo XX, Sección 5.
15. 1) Los participantes tienen diversas obligaciones de “entregar”, esto es, de usar DEG, en los pagos al Fondo; una de esas obligaciones es pagar los cargos sobre el monto en que las asignaciones exceden de las tenencias de DEG. Otras obligaciones derivan de las siguientes disposiciones: Artículo III, Sección 3 a); Artículo V, Sección 9 d); Artículo VII, Sección 1 ii); Artículo XII, Sección 6 e), y Artículo XVI, Sección 2, etc. 2) La cancelación de DEG por el Fondo en virtud del Artículo XVIII, Sección 2, puede considerarse como una forma de entrega obligatoria de DEG de los participantes al Fondo.
Un participante está obligado a aceptar DEG de otro participante de conformidad con el proceso de designación estatuido en el Artículo XIX, Sección 5. Esta obligación es una de las dos obligaciones fundamentales en las que se sustenta el sistema de los DEG. La otra es la obligación del Fondo de designar a un participante para aceptar DEG si otro participante solicita la designación de un cesionario.
16. Artículo XX, Sección 1.
17. Artículo XX, Sección 2.
18. Artículo XX, Sección 5.
19. Artículo XX, Secciones 2 y 5.
20. Agreement Establishing the Eastern Caribbean Central Bank, Part II—Establishment of Bank, párrafo 3(1), pág. 2.
21. Decisión No. 7707-(84/79)S, 17 de mayo de 1984.
22. Fondo Monetario Internacional, Comunicado de prensa No. 84/16 (17 de mayo de 1984).
23. Véanse Joseph Gold, Los derechos especiales de giro y su terminología, Serie de folletos del FMI, No. 15 (Washington, 1971); Joseph Gold, “Special Drawing Rights: Renaming the Infant Asset”, en Staff Papers, vol. 23 (julio de 1976), págs. 295–311 (resumen en español).
24. Estatutos y Reglamento, Regla B-6, pág. 23.
25. Joseph Gold, “The SDR in Treaty Practice: A checklist”, en International Legal Materials (Washington), vol. 22, No. 1 (enero de 1983), págs. 209–13.
26. Organización Marítima Internacional, “Oil Pollution Liability Convention 1984: Text of the Convention of November 1969 as Amended by the Protocols of 1976 and 1984”, en Commercial Laws of Europe (Londres), vol. 8, parte 87 (junio de 1985), págs. 177–98.
27. Organización Marítima Internacional, “Oil Pollution Fund Convention of December 1971 as Amended by the Protocol of 1984”, en Commercial Laws of Europe (Londres), vol. 8, parte 88 (julio de 1985), págs. 199–234.
28. Véase la nota 26, artículo VII, párrafo 8.
29. Artículo V, párrafo 2.
30. Artículo 13, párrafo 5.
31. Artículo 16.
32. Véase la nota 27, artículo 4, párrafos 4 a)-d).
33. Ibíd., párrafo 4 (3).
34. Para un análisis del Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo internacional de indemnización por daños causados por la contaminación de hidrocarburos (Bruselas, 18 de diciembre de 1971), que entró en vigor el 16 de octubre de 1978, véase Gold, folleto No. 33, págs. 37–39.
35. Ibíd., págs. 35–36.
36. Folleto No. 36, págs. 36–37.
37. Proyecto de enmienda de la UPU 1007.1/Rev. 1.
38. Resolución 05 presentada por la República Popular de China en el Congreso de la UPU, celebrado en Hamburgo, en 1984, aprobada por el Congreso, y vigente desde el 1 de enero de 1986.
40. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones: Documentos presentados a la Junta de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en su Reunión Anual de 1985, octubre de 1985, cap. II, artículo 5, pág. 20.
41. Ibíd., cap. II, artículo 6, pág. 20.
42. El texto se basa en el artículo de Melchiade Yadi, “La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs”, en Studia Diplomática (Bruselas), vol. 34, No. 6 (1981), págs. 709–51.
43. Folleto No. 33, págs. 48–49.
44. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, The Export Credit Financing Systems in OECD Member Countries (OCDE, París, 1982), págs. 7–8. Véase Dirección de Comercio de la OCDE, Arrangement on Guidelines for Officialy Supported Export Credits, TD Consensus No. 82/41, sección 14, pág. 15.
45. Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Report to the U.S. Congress on Export Credit Competition and the Export-Import Bank of the United States for the Period January 1, 1984, through December 31, 1984 (septiembre de 1985), pág. 43.
46. En la esfera del crédito de exportación, a los bonos con esta clase de vencimiento se les ha denominado, a veces, bonos a mediano plazo.
47. Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Report to the U.S. Congress on Export Credit Competition and the Export-Import Bank of the United States for the Period January 1, 1984, through December 31, 1984 (septiembre de 1985), pág. 43–45. David M. Cheney, “El acuerdo de créditos de exportación de la OCDE”, en Finanzas y desarrollo, vol. 22, No. 3 (septiembre de 1985), págs. 35–37. Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Report to the U.S. Congress on Export Credit Competition and the Export-Import Bank of the United States for the Period January 1, 1983 through December 31, 1983 (septiembre de 1984), págs. 30–32. Joseph H. Gainer, “Eximbank’s Services to the U.S. Exporting Community”, en International Practitioner’s Notebook, No. 32 (octubre de 1985), págs. 7–10, en págs. 9–10.
48. Decisión No. 6026-(79/13) 22 de enero de 1979, Recopilación de decisiones, pág. 15.
49. Ibíd., pág. 10 (Decisión No. 5392-(77/63), 29 de abril de 1977).
50. Anexo de la Decisión No. 7646-(84/40), 12 de marzo de 1984, Exposición sumaria del Director Gerente (reproducida en el apéndice B del presente folleto), págs. 121–126.
52. Decisión No. 6026-(79/13), 22 de enero de 1979, Recopilación de decisiones, pág. 15.
53. Los países miembros pueden dar efecto normativo al índice de competitividad del Fondo. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas de Noruega el 12 de agosto de 1985 promulgó reglas relativas al valor internacional de la corona noruega, de conformidad con el Real Decreto del 9 de agosto de 1985, en virtud del cual el Rey había delegado algunas de sus facultades en el Ministerio, de conformidad con la sección 4, segundo párrafo, de la Ley del 24 de mayo de 1985 relativa al Banco de Noruega y el Sistema Monetario. En la sección 1 de esas reglas se establece la composición del índice de tipos de cambio y las ponderaciones, consistente en 14 monedas. En el párrafo 2 de la sección 1 se dispone que: “Las ponderaciones se volverán a evaluar a ciertos intervalos y podrán también evaluarse nuevamente cuando se modifiquen las ponderaciones de competitividad del Fondo Monetario Internacional”. (Banco de Noruega, Economic Bulletin, 1985/3, vol. 56 (septiembre de 1985), págs. 230–31, en pág. 231; véanse también, las págs. 206–207).
54. Artículo XII, Sección 4.
55. Estatutos y Reglamento, Regla C-6, pág. 25.
56. Ibíd.
57. Informe anual del Directorio Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1985 (Washington, 1985), pág. 51 (citado en adelante como Informe Anual 1985).
58. Informe anual del Directorio Ejecutivo correpondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1984 (Washington, 1984), págs. 58–59 (citado en adelante como Informe Anual 1984).
59. Anexo de la Decisión No. 7646-(84/40), Exposición sumaria del Director Gerente (reproducida en el apéndice B del presente folleto), págs. 121–126.
60. Fondo Monetario Internacional, Reforma Monetaria Internacional, Documentos del Comité de los Veinte (Washington, 1984), págs. 25–29 (citado en adelante como Documentos del Comité de los Veinte).
61. Ibíd., págs. 19–20.
62. Recopilación de decisiones, págs. 366–67.
63. Véanse también, Informe Anual 1985, pág. 51; “Suplemento dedicado al informe de los suplentes del Grupo de los Veinticuatro”, en Boletín del FMI, vol. 14 (septiembre de 1985), pág. 11; De Nederlandsche Bank n.v. Annual Report 1984, pág. 134.
64. Véase el apéndice C del presente folleto; Boletín del FMI, vol. 14 (27 de mayo de 1985), págs. 162–65, en pág. 164. Con respecto a las disposiciones de los acuerdos entre un país miembro y los prestamistas privados sobre restructuración de deudas que implican procedimientos de seguimiento a cargo del Fondo, véase International Legal Material, vol. XXV, No. 2, marzo de 1986, págs. 477–81.
65. “Suplemento dedicado al informe de los suplentes del Grupo de los Diez”, en Boletín del FMI, vol. 14 (julio de 1985), págs. 1–16. El Grupo de los Diez tuvo su origen en la negociación de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos del Fondo (AGP), que se estipularon en una decisión del Fondo del 5 de enero de 1962 y que entraron en vigor el 24 de octubre de 1962. Son miembros del Grupo de los Diez Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suecia. Suiza se ha reunido regularmente con el Grupo en calidad de undécimo miembro desde el 26 de diciembre de 1983, cuando los AGP se ampliaron para incluir a Suiza en calidad de participante.
66. Artículo IV, Sección 2 b).
67. “Suplemento dedicado al informe de los suplentes del Grupo de los Diez, en Boletín del FMI, vol. 14 (julio de 1985), pág. 3, párrafo 9.
68. Ibíd., pág. 3, párrafo 12.
69. Ibíd., págs. 3–4, párrafos 13–22.
70. Ibíd., págs. 4–5, párrafos 23–31.
71. Ibíd., pág. 5, párrafos 31–32.
72. Ibíd., pág. 5–8, capítulo III, párrafos 34–54.
73. Ibíd., pág. 6, párrafo 39.
74. Joseph Gold, Legal and Institutional Aspects of the International Monetary System: Selected Essays, vol. I (Washington, 1979), págs. 55–70, 469–517; vol.II (Washington, 1984) págs. 103–104, 122, 255–307, 396–403, 563, 568 (citado en adelante como Gold, Selected Essays).
75. “Suplemento dedicado al informe de los suplentes del Grupo de los Diez”, en Boletín del FMI, vol. 14 (julio de 1985), págs. 6–7, párrafos 41–48.
76. Ibíd., págs. 7–8, párrafos 49–54.
77. Boletín del FMI, vol. 14 (1 de julio de 1985), págs. 193, 206–207.
78. “Suplemento dedicado al informe de los suplentes del Grupo de los Veinticuatro”, en Boletín del FMI, vol. 14 (septiembre de 1985), págs. 6–8, capítulo IV, párrafos 59–71.
79. Ibíd., págs. 8–10, capítulo V, párrafos 72–89.
80. Ibíd., pág. 7, capítulo IV, párrafo 63.
81. Ibíd., pág. 7, párrafo 66.
82. Ibíd., pág. 7, párrafo 68.
83. Ibíd., pág. 8, capítulo V, párrafo 78.
84. Véase Documentos del Comité de los Veinte, págs. 8–13.
85. “Comunicado de prensa del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores sobre el Sistema Monetario Internacional, 7 de octubre de 1985”, en Boletín del FMI, vol. 14 (4 de noviembre de 1985), pág. 309, párrafo 10.
86. Recopilación de decisiones, págs. 12–13.
87. Ibíd., pág. 12.
88. En el párrafo 23 del Report of the Working Group on Exchange Market Intervention (llamado el Informe Jurgensen por referencia a su Presidente), de marzo de 1983, se describen así las “condiciones desordenadas”:
Aunque nunca ha sido posible formular una definición operativa común y completa de la expresión “mercados desordenados”, las autoridades nacionales han intervenido en momentos en que percibían pautas de comportamiento inusuales e indiseables en los mercados de cambio. Entre esas pautas de comportamiento pueden mencionarse una ampliación considerable de las diferencias entre los tipos de compra y venta, grandes variaciones del tipo de cambio en una sola jornada, la percepción de que el volumen de operaciones se ha reducido o tornado muy incierto y, a veces, la conclusión de que la psicología del mercado estaba comenzando a generar variaciones autosostenidas del tipo de cambio. Todos los países han hecho ocasionalmente intervenciones para neutralizar los efectos desestabilizadores inmediatos de acontecimientos repentinos de naturaleza esencialmente extraeconómica (págs. 8–10).
En el cuadro 1 del informe (pág. 9) se enumeran 14 objetivos de la intervención que han perseguido en un momento u otro los países participantes en la reunión en la cumbre durante el período siguiente al sistema de paridades. El título “Neutralización de las condiciones desordenadas” contiene tres epígrafes, y el título “Resistencia a las variaciones de los tipos de cambio” (‘que no guardan relación con los elementos fundamentales’)” contiene dos epígrafes. En el párrafo 22 (pág. 8) se dice lo siguiente: “Los siete países han tenido un objetivo en común: neutralizar las condiciones desordenadas de los mercados de cambio como parte de su compromiso de fomentar un sistema estable de tipos de cambio, en conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, enmendando en 1978. Sin embargo, no existe una definición única de las condiciones del mercado que son indicativas de desorden”.
89. Recopilación de decisiones, pág. 12.
90. Declaración conjunta sobre asuntos monetarios internacionales, publicada al término de la reunión cumbre celebrada en Versalles, 6 de junio de 1982. Véase Boletín del FMI, vol. 11 (14 de junio de 1982), pág. 170.
91. Declaración sobre la intervención en el mercado de cambios, publicada el 29 de abril de 1983. Véase Boletín del FMI, vol. 12 (16 de mayo de 1983), pág. 138.
92. La Declaración conjunta emitida el 17 de enero de 1985 al término de la reunión del Grupo de los Cinco en Washington, figura en Boletín del FMI, vol. 14 (28 de enero de 1985), págs. 17 y 26.
93. En la Declaración de Williamsburg sobre la recuperación económica, dada a publicidad al término de la conferencia en la cumbre celebrada en Williamsburg, el 30 de mayo de 1983 (véase Boletín del FMI, vol. 12, (20 de junio de 1983), págs. 171–72), figura el siguiente párrafo:
2. Se intensificarán las consultas iniciadas en Versalles con el objeto de favorecer la convergencia del comportamiento de nuestras economías y una mayor estabilidad de tipos de cambio, conforme a las pautas indicadas en el anexo de esta Declaración. Convenimos en mantener consultas más estrechas sobre las medidas que afecten al mercado de divisas y a la situación del mercado en general. Si bien mantendremos nuestra libertada para actuar independientemente, aceptamos la idea de intervenir coordinadamente en los mercados de divisas cuando se convenga en que esta intervención sería útil.
En el anexo, titulado “Intensificación de la cooperación económica en pro del crecimiento y la estabilidad” se dice lo siguiente:
3. Política de tipos de cambio. Intensificaremos las consultas, la convergencia de políticas y la cooperación internacional, a fin de contribuir a la estabilización del mercado de divisas, teniendo en cuenta las conclusiones del estudio sobre intervención en el mercado de divisas.
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos ha publicado diversos Staff Studies sobre la intervención. Por ejemplo, No. 126, Donald B. Adams y Dale W. Henderson, Definition and Measurement of Exchange Market Intervention (septiembre de 1983); No. 127, Margaret L. Greene, U.S. Experience with Exchange Market Intervention: January-March 1975 (agosto de 1984); No. 128, Margaret L. Greene, U.S. Experience with Exchange Market Intervention: September 1977-December 1979 (octubre de 1984); No. 129, Margaret L. Greene, U.S. Experience with Exchange Market Intervention: October 1980-September 1981 (agosto de 1984); No. 132, Kenneth Rogoff, Time-Series Studies of the Relationship between Exchange Rates and Intervention: A Review of the Techniques and Literature (septiembre de 1982); No. 133, Bonnie E. Loopesko, Relationships Among Exchange Rates, Intervention and Interest Rates: An Empirical Investigation (noviembre de 1983).
94. Comunicado de los ministros y gobernadores del Grupo de los Diez, publicado el 21 de junio de 1985 al término de la reunión en Tokio. Véase Boletín del FMI, vol. 14 (1 de julio de 1985), págs. 1, 206–207.
95. Comunicado del Grupo de los Cinco, emitido el 22 de septiembre de 1985 al término de la reunión celebrada en Nueva York. Véase Boletín del FMI, vol. 14 (14 de octubre de 1985), págs. 295–97.
96. David C. Mulford, Secretario Adjunto del Tesoro para Asuntos Internacionales, ante la Subcomisión sobre Finanzas y Política Monetaria Internacionales de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, 23 de octubre de 1985, en “The Group of Five Meeting and Announcement: Context and Perspective”, en Treasury News (Washington), B-326, pág. 8. Véase, también, la siguiente declaración de Karl Otto Pöhl, Presidente del Deutsche Bundesbank, en Francfort sobre el Mein, el 4 de noviembre de 1985:
Hubo acuerdo en Nueva York, el 22-IX—como se dice en el comunicado—en que era conveniente que se apreciara el valor de las monedas de Europa y, en particular el valor del yen, frente al dólar de EE.UU. En ese marco, incluso Estados Unidos—a cuya iniciativa, entre paréntesis, se organizó la reunión de Nueva York—consideró apropiadas y útiles las intervenciones de los bancos centrales en los mercados de cambios en ciertas circunstancias. Esto representa un notable cambio en la actitud de Estados Unidos, que vemos con beneplácito. Sin embargo, sería erróneo concluir basándose en esto que en Nueva York se estableció algún tipo de “zonas metas” o niveles fijos para los tipos de cambio del dólar de EE.UU. Creo que todos los participantes percibieron claramente que una iniciativa de esa índole estaría condenada a fracasar desde un principio debido a la enorme magnitud de los mercados financieros internacionales. Aparte de esto, probablemente ningún país estaría dispuesto a aceptar las consecuencias de la defensa de tipos de cambio específicos en sus políticas monetarias y fiscales. Estimo, con todo, que es un paso adelante que Estados Unidos atribuya ahora mayor importancia al tipo de cambio de su moneda y esté dispuesto a cooperar más estrechamente en la esfera de los mercados cambiarios, como lo hemos propugnado por mucho tiempo.
Desde la reunión en Nueva York ha habido intervenciones en los mercados cambiarios, en escala considerable, aunque no primordialmente del Bundesbank, sino de Estados Unidos y Japón, a diferencia de lo ocurrido en septiembre de 1984 y finales de febrero de 1985. A mi juicio, así debe ser, habida cuenta de que los desequilibrios del comercio exterior que pretenden controlarse mediante alteraciones correspondientes en los tipos de cambio son fundamentalmente un problema entre Estados Unidos y Japón. En los nueve primeros meses de 1985 solamente, el superávit de la balanza comercial bilateral de Japón con Estados Unidos ascendió a unos US$27.000 millones.
97. Gold, Selected Essays, vol. II, capítulo 7, págs. 515–79.
98. G. J. H. van Hoof, Rethinking the Sources of Internacional Law (Deventer, Países Bajos: Kluwer, 1983), págs. 187–88 (omitidas las notas).
99. Artículo IV, Sección 2; Artículo IV, Sección 4, Artículo VIII, Sección 7; Artículo XXII; Anexo D, párrafo 2 a).
100. Gold, Selected Essays, vol. II, capítulo 1, págs. 17–254.
101. Ibíd., pág. 238.
102. Folleto No. 40, pág. 35–36.
103. J. Keith Horsefield, The International Monetary Fund, 1945–1965: Twenty Years of International Monetary Cooperation, Volume I: Chronicle, págs. 403–404 y 482; y Volume II: Analysis, J. Keith Horsefield, encargado de la edición, págs. 548–49 (Washington, 1969).
104. Decisión No. 6790-(81/43), 20 de marzo de 1981, Recopilación de decisiones, págs. 266–68.
105. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 1985 (Washington, 1985), pág. 37.
106. Ibíd.
107. [1976] A. C. 443.
108. Comisión Jurídica, Private International Law: Foreign Money Liabilities, Law Commission No. 124 (Londres, H.M. Stationery Office, Cmnd 9064, octubre de 1983). El documento Cmnd 9064 fue presentado al Parlamento en octubre de 1983. Se han omitido las menciones de los párrafos del informe a los cuales se refieren las concluciones y recomendaciones.
109. Ibíd., págs. 80–82, párrafos 3.8–3.62.
110. Comisión de Reforma Jurídica de la Columbia Británica, Report on Foreign Money Liabilities (Vancouver, Ministerio de Justicia, Law Reform Commission No. 65, 1983), pág. 60.
111. Para una crítica detallada de las tres secciones del Proyecto Provisional Final y de sus dos predecesores inmediatos, los Proyectos Provisionales 5 y 6, véase Joseph Gold, The Fund Agreement in the Courts, vol. III, capítulo 22 (Washington, 1986), págs. 673–743.
112. American Law Institute, Restatement of the Law, Foreign Relations Law of the United States (revisada), vol. 1, partes 1, 2 y 3 (Filadelfia, Pensilvania: The Institute, 15 de julio de 1985), pág. 1249.
113. Ibíd., pág. 1271.
114. Comisión Jurídica, Private International Law: Foreign Money Liabilities (véase la nota 108), pág. 83, párr. 5.17.
115. Ibíd., págs. 54–55, párrafos. 5.14–5.17.
116. J. Michael Robinson, “Canada Adopts a Currency Conversion Code”, en International Financial Law Review (Londres), vol. 3 (noviembre de 1984), págs. 27–28.
117. Ibíd., pág. 28.
118. Casos unidos 64 y 113/76, 167 y 239/78, 27, 28 y 45/79, [1982] ECR, pág. 1733.
119. [1979] ECR, pág. 3091.
120. El cálculo del Consejo dio como resultado la suma de FF 5,633 por unidad de cuenta para el período 1 de agosto de 1975–31 de julio de 1977 y la suma de FF 5,7806 por unidad de cuenta para el período 1 de agosto de 1977–18 de octubre de 1977. Los peticionantes habían demandado la suma de FF 6,73056 por ECU.
121. [1978] 3 W.L.R. 804. Véase Gold, folleto No. 33, págs. 86–89. Al citar ambos casos, el fiscal general estaba demostrando que el tipo de cambio en la fecha del pago se aplicaba tanto a los reclamos contractuales como a los extracontractuales.
122. El mismo principio se aplica aparentemente en virtud del derecho español. Véase Elicia Rivas Manga, “Enforcing foreign currency loans in Spain”, en International Financial Law Review (Londres), vol. 4 (enero de 1985), págs. 33–35.
123. Véase la nota 118. [1982] ECR, págs. 1758–59.
124. Société Francaise Bunge SA v. Belcan NV (The Federal Huron), [1985] 3 All E.R. 378, [1985] 2 Lloyd’s Rep. 189.
125. Federal Register (Washington), vol. 47, No. 234 (6 de diciembre de 1982), págs. 54766–68.
126. 15 U.S.C. 77 et seq.
127. Véase, por ejemplo, Roy L. Brooks, “Currency Translations in the Registration Statements of Foreign Issuers”, en The Business Lawyer (Chicago), vol. 35 (enero de 1980), págs. 435–54.
128. Federal Register (Washington), vol. 46, No. 231 (2 de diciembre de 1981), págs. 58507–11.
129. En el caso Les Rapides Savoyards S.á.r.l. and Others v. Directeur General des Douanes et Droits Indirects (Caso 218/84), [1985] 3 C.M.L.R. 116, el problema giraba en torno del arancel aduanero que Francia podía imponer sobre la importación de mercancías de Suiza en virtud del Protocolo 3 del Convenio de Libre Comercio entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y Suiza, y este problema planteaba la cuestión de la fecha pertinente a la determinación de a partir de la cual debían aplicarse los tipos de cambio aplicables. Algunos componentes norteamericanos importados en Suiza para la manufactura de las mercancías se habían importado de Francia y otros se habían importado directamente de Estados Unidos. Para acogerse al arancel preferencial en virtud del Convenio, las autoridades aduaneras suizas tenían que certificar que el valor de los componentes no europeos era inferior al 5% del producto terminado. Las autoridades suizas, hicieron esa certificación sobre la base de los tipos de cambio en la fecha en que se importaron en Suiza los componentes de Estados Unidos. Las autoridades aduaneras francesas denegaron el arancel preferencial aduciendo que el valor era superior al 5% de acuerdo con los tipos de cambio en la fecha de importación en Francia. El dólar de EE.UU. se había apreciado en ese intervalo. El Procurador General, el Gobierno de Italia y la Comisión argüyeron que la valoración suiza era definitiva, porque, de no serlo, al exportador le sería imposible saber, antes de la fecha de la exportación, debido a la fluctuación de los tipos de cambio, cuál sería la tasa arancelaria aplicable y le sería dificil cotizar precios firmes. Además, la tasa arancelaria aplicable podría variar entre los Estados miembros de la Comunidad respecto de Suiza debido a la evolución de los tipos de cambio. El Tribunal Europeo falló que la certificación de valor suiza era definitiva para las autoridades aduaneras francesas, pero sobre la base de la interpretación literal del Convenio y no debido a la fluctuación de los tipos de cambio. Las autoridades francesas tenían derecho a aplicar el tipo de cambio entre el franco francés y el franco suizo en la fecha de la importación en Francia para determinar el valor de las mercancías importadas, pero no la tasa arancelaria cuando ésta dependiera de la certificación suiza del valor de los componentes que no eran de origen suizo. (Véase “Preferential Duty Treatment Under the EEC-Switzerland Agreement”, en European Law Review (Londres), vol. 10 (febrero de 1985), págs. 43–46).
130. Glafke Shipping Co. AS v. Pinios Shipping Co. No. 1 (The Maria) [1985] 1 Lloyd’s Rep. 300.
131. 646 F.2d 434 (1Oth Cir. 1981).
132. Laura Stevenson Conrad, “Bernina Distributors, Inc. v. Bernina Sewing Machine Co.: New Grounds for Commercial Impracticability Bases on Currency Exchange Rates Under Uniform Commercial Code Section 2–615”, en North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 8 (invierno de 1982), págs. 117–29, en págs. 117–18.
133. Se aducía que el tribunal podía efectuar esa determinación en virtud de la adopción por Utah del Código de Comercio Uniforme (U.C.C.), Utah Code Ann. §70A-2–305(l) (1980).
134. Utah Code Ann. §70A-2–615 (1980): Excuse by Failure of Presupposed Conditions.
135. U.C.C. –615 (1978), Official Comment 8.
136. Gulf Oil Corp. v. F.P.C., 563 F.2d 588, 600 (3d Cir. 1977).
137. Utah Code Ann. §70A-2–302 (1980).
138. U.C.C. = §2–302, Unconscionable Contract or Clause, Comment 1.
139. Ibíd.
140. 646 F.2d en 440.
141. Folleto No. 22, págs. 8–16.
142. Folleto No. 33, págs. 71–75.
143. Folleto No. 40, págs. 77–81.
144. Ibíd., págs. 101–102.
145. Véase la pág. 128 del artículo de Laura Stevenson Conrad citado en la nota 132.
146. Trustees of the British Museum v. Attorney General [1984] 1 All E.R. 337.
147. Ibíd., pág. 339. (La referencia es al Comité de Reforma Jurídica, The Powers and Duties of Trustees, publicado en Cmnd 8733, octubre de 1982.)
148. Ibíd., pág. 339.
149. [1984] 1 All E.R., págs. 340–41.
150. John Chown, “A ‘Free Lunch’ in the Currency Risk Market?”, en The Treasurer (Londres), mayo de 1981, págs. 9–12, en pág. 9.
151. R. K. Ashton, “Foreign Exchange Gains/Losses Reconsidered”, en Business Law Review (Londres), vol. 3 (julio de 1982), págs. 218–20, en pág. 219. Véase también John Chown, “The Tax Treatment of Foreign Exchange Fluctuations in the United States and the United Kingdom”, en George Washington Journal of International Law and Economics, vol. 16 (No. 2, 1982), págs. 201—37: “El derecho aplicable en ambos países es a la vez complejo e insatisfactorio. Se basa típicamente en leyes que se promulgaron y casos que se fallaron cuando las fluctuaciones monetarias no constituían problemas importantes. En la literatura estadounidense, en particular, se ha tendido a suponer que la fluctuación afecta a las otras monedas y no al dólar” (pág. 235).
152. [1984] 1 A.C. 362. Véanse Edward Troup, “Taxation of foreign exchange gains”, en International Financial Law Review (Chicago), vol. 3 (abril de 1984), págs. 26–27; Jill Pagan, “Marine Midland—The Tip of the Iceberg for Trades in a Foreign Corrency”, en British Tax Review (Londres), 1984, No. 3, págs. 161–70; “Exchange Rate Fluctuations: SP 3/85”, en Business Law Review (Londres), vol. 6 (marzo de 1985), Infobank, págs, 89–92. Ha habido modificaciones en cuanto a la contabilización de los efectos de los movimientos de los tipos de cambio. Los métodos contables establecidos influyen en las diversas ramas del derecho, incluido el derecho tributario. Véase Statement of Standard Accounting Practice No. 20 (SSAP 20), Foreign Currency Translation, abril de 1983, del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, y el comentario al respecto de Peter A. Bird, “Foreign Currency Translation”, en Journal of Business Law (Londres), julio de 1983, págs. 320–21; Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, International Accounting Standard No. 21, Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, julio de 1983. (La función del Comité es procurar la armonización internacional de las normas de contabilidad; su actividad se lleva a cabo por conducto de una Junta que, en marzo de 1983, estaba compuesta de representantes de los organismos de contabilidad de 12 países, incluidos los países del Grupo de los Cinco); Junta de Normas de Contabilidad Financiera de la Fundación de Contabilidad Financiera (Estados Unidos), Statement of Financial Accounting Standards No. 52, Foreign Currency Translation, (Stamford, Connecticut), diciembre de 1981.
153. Pattison v. Marine Midland Ltd. [1984] 1 A.C., pág. 372; también en [1984] 2 W.L.R., pág. 14.
154. En las cuentas de cada ejercicio, el activo y pasivo monetarios denominados en moneda extranjera se valoraban en libras esterlinas al tipo de cambio en la fecha del balance, pero precisamente por eso no se presentaba ni utilidad ni pérdida.
155. [1983] 2 W.L.R., pág. 819.
156. [1983] 2 W.L.R., pág. 827.
157. National Standard Company v. Commissioner of Internal Revenue, 80 T.C. 551 (1983). Véase Eileen M. Dranginis, “Tax Planning: Taxation of Foreign Currency Transactions”, en Corporation Law Review (Boston, Massachusetts, vol. 6, No. 2 (primavera de 1983), págs. 156–61, en pág. 156:
Las transacciones que involucran moneda extranjera pueden tener ramificaciones sorprendentes y aparentemente ilógicas con respecto al impuesto federal sobre la renta. Además, debido a que los tribunales y el Servicio de Rentas Internas han considerado un número limitado de transacciones en moneda extranjera, muchas cuestiones no pueden resolverse con ninguna certeza.
El problema que plantea la moneda extranjera radica en que económicamente es un medio de cambio, pero a los fines tributarios, en un régimen en el cual todo debe medirse por referencia al valor del dólar de EE.UU., la moneda extranjera debe considerarse como un bien mueble. Sin embargo, el régimen de “bien mueble” no puede ser una solución perfecta y la tensión entre las características económicas de la moneda extranjera y el esfuerzo por considerarla como un bien mueble a los efectos tributarios produce normas que no son fáciles de explicar. (Se ha omitido la nota).
158. Ibíd., pág. 556.
159. Avco Financial Services Ltd. v. Commissioner of Taxation (Cth), Australian Law Journal Reports (Sydney), vol. 56 (julio de 1982), págs. 668–78.
160. Ibíd., pág. 672. Según tres jueces del tribunal:
En el argumento se puso el acento en la idea de que las existencias de dinero de una sociedad financiera son similares a las existencias de mercaderías de una sociedad mercantil. Existen, sí, algunas similitudes obvias. Sin embargo, se echan de ver algunas diferencias. El dinero no se trata en especie como una mercancía ni se le incluye en la definición de “existencias de mercaderías” a los fines de la ley (véase s. 6). A pesar de estas diferencias, lo que interesa de momento es la gran similitud entre la obtención y la rotación de las existencias de mercaderías en una empresa mercantil y las sumas que toma prestadas y representa una sociedad financiera. Esta similitud es tan grande que sugiere que así como las ganancias y pérdidas cambiarías por adquisición de existencias de mercaderías se han de incluir en el ingreso imponible de una sociedad mercantil, las ganancias y pérdidas relacionadas con los empréstitos contraídos y la amortización de préstamos por parte de una sociedad financiera se han de incluir también en el ingreso imponible (pág. 677).
161. Federal Commissioner of Taxation v. Hunter Douglas Limited (1983) 14 A.T.R. 639; [1983] A.T.C. 4562, en Australian Law Journal (Sydney), vol. 58 (junio de 1984), págs. 350–51; John F. Chown, “Foreign Exchange Gains and Losses: Are Australian Facing an Old Tax Trap?”, en Australian Tax Review (Sydney), diciembre de 1985, págs. 234–42; David Flint, Foreign Investment Law in Australia (Sydney, Law Book Company, 1985), págs. 365–76.
162. (1984) 466 U.S. 243; 80 L Ed 2d 273, 104 S. Ct. 1776.
163. Folleto No. 40, pág. 83.
164. Report to the Congress of the Commission on the Role of Gold in the Domestic and International Monetary System (marzo de 1982), 2 vols., vol. 1, pág. 14.
165. Banco de Pagos Internacionales, Press Review (Basilea), No. 49, 10 de marzo de 1983, pág. 4.
166. Jan Amesz and Others v. Commission of the European Communities [1982] E.C.R. 4465, en 4467.
168. Véanse, por ejemplo, Anton Brike v. Commission of the European Communities [1982] E.C.R. 4425; Günther Bruckner v. Commission of the European Communities [1982] E.C.R. 4525.
169. (1984) 466 U.S. 243; 80 L Ed 2d 273, 104 S. Ct. 1776.
170. Se aplicaba un límite más elevado si el cargador declaraba un valor más elevado para la carga cuando la entregaba al portador y pagaba el cargo exigible.
171. 49 U.S.C. §301 et seq.
172. Convención sobre la unificación de ciertas normas relativas al transporte aéreo (convención de Varsovia), 12 de octubre de 1929, reproducida en 49 U.S.C. §1502.
173. 80 L Ed 2d, pág. 278.
174. 0,888 671 gramos de oro fino (Artículo XXI, Sección 2, antes de la segunda enmienda).
175. 80 L Ed 2d, pág. 280.
176. Ley Pública No. 92–268, §2, 86 Stat. 116 (1972); Ley Pública No. 93–110, §1, 87 Stat. 352 (1973).
177. Ley Pública No. 94–564, §6, 90 Stat. 2660 (1976).
178. 80 L Ed 2d, pág. 282.
179. Ibíd., pág. 283.
181. Ibíd., pág. 284.
182. Ibíd. (Se han omitido las notas).
183. Ibíd.
184. Ibíd. El cálculo para convertir los francos Poincaré en dólares de EE.UU. se haría como sigue sobre la base del valor del DEG el 23 de marzo de 1979, fecha en que se entregó la carga a la TWA: 1 franco Poincaré (90% de oro fino) = 0,0655 gramos de oro fino; 1 franco Poincaré (100% de oro fino) = 0,05895 gramos de oro fino; 1 DEG (valor en términos de oro el 31 de marzo de 1978) = 0,888671 gramos de oro fino; el número de francos en l DEG = 0,888671/0,05895 = 15,075, redondeado a 15. El límite de 250 francos por kilogramo de la Convención de Varsovia convertido a DEG = 250/15 = 16,67 DEG por kilogramo, redondeado a 17 DEG. El valor en términos de dólares de 1 DEG el 23 de marzo de 1979 = 1,28626; 17 DEG por kilogramo x 1,28626 = US$21,87 por kilogramo. (DEG 17 por kilogramo era igual a aproximadamente US$17,99 el 17 de abril de 1984). Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit, by Trans World Airlines, Inc., Petitioner, 15 de enero de 1983, pág. 20, nota 34, en Trans World Airlines v. Franklin Mint Corporation et al.
185. 80 L Ed 2d, pág. 285.
186. Ibíd., pág. 284.
187. Ibíd., pág. 285, nota 31.
188. Ibíd., pág. 285.
189. Ibíd., pág. 287–301.
190. Ibíd., pág. 285.
191. Ibíd., pág. 286.
192. Ibíd., pág. 285, nota 31. En el Reino Unido, los tipos de cambio para convertir la unidad de cuenta en libras esterlinas son determinados de tiempo en tiempo por el Secretario de Estado en la forma de resoluciones administrativas sobre transporte aéreo (equivalentes en libras esterlinas). Respecto de esa práctica se ha formulado el siguiente comentario:
Aún no se ha puesto en tela de juicio la validez del ejercicio por el Secretario de Estado de su facultad discrecional en la expedición de esas resoluciones administrativas, pero no es imposible pensar que una impugnación pueda prosperar, de acuerdo con los principios del derecho administrativo. En verdad, cuanto más se aparten los niveles de responsabilidad limitada de los niveles de indemnización que podría obtener un demandante en virtud de principios ilimitados, tanto mayor será el incentivo para que se plantee esa impugnación. (Peter Martin y John Balfour, “Carriage by Air—Limited or Unlimited Liability”, en Business Law Review (Londres), vol. 4 (julio de 1983), págs. 169–71, en pág. 170).
Véase Arnold Kean, encargado de la edición, “Sterling Equivalents (Air)”, en Journal of Business Law (Londres), julio de 1985, págs.336–38.
193. Folleto No. 40, pág. 95.
194. Droit maritime française (París), vol. 32 (1980), págs. 285–94.
195. Ibíd., págs. 275 et seq. Los casos se examinan en Joseph Gold, The Fund Agreement in the Courts, vol. 2 (Washington, 1982), págs. 446–51.
196. Marthe Simon-Depitre, “Société Egyptair v. Chamie”, en Revue critique de droit international privé (París), vol. 73 (1984), págs. 310–15.
197. Ibíd., pág. 311.
198. Foro Italiano (Bologna), parte I-134 (1982), págs. 2074–78.
199. Konrad Zweigert y J. Kropholler, encargados de la edición, Sources of International Uniform Law, vol. 2: Transport Law (Leiden, Países Bajos: A. W. Sijthoff, 1972), págs. 23–28. La Convención de Bruselas será remplazada por la Convención de 1978 sobre el Transporte de Mercancías por Mar (“las Reglas de Hamburgo”), aprobada el 31 de mayo de 1978, cuando ésta entre en vigor, folleto No. 36, pág. 36.
200. Ibíd., pág. 25.
201. Ibíd., pág. 27.
202. “Protocolo por el que se modifica el Convenio internacional para la utilización de ciertas reglas en materia de conocimientos” (1968). Registro de textos de convenciones y otros instrumentos relativos al derecho mercantil internacional, vol. 2, capítulo 2 (Publicación de las Naciones Unidas, número S. 73 V.3, A/CN.9/76/Add.1).
203. Foro Italiano (véase la nota 198), pág. 2076.
204. Gold, Selected Essays, vol. II, págs. 332, 733, 742 y 744.
205. Respecto de la valoración de las reservas oficiales de oro, véase folleto No. 26, nota 98; folleto No. 33, págs. 110–111; folleto No. 40, págs. 83–84.
206. Foro italiano (véase la nota 198), pág. 2077.
207. Véase la nota 199, págs. 23 y 25.
208. índices publicados por el Instituto Centrale di Statistica (ISTAT), Roma.
209. “Monnaie—Tribunal de Milan”, en Journal du droit international, 110 año, No. 1 (enero-febrero-marzo de 1983), págs. 194—95.
210. Ibíd., pág. 195.
211. Véase el folleto No. 26, págs, 25–26; folleto No. 33, págs. 36–37.
212. Schip en Schade (Zwolle, Países Bajos), No. 30 (1983), págs. 78–80.
213. Véase la nota 199, pág. 259.
214. Véase la nota 212, pág. 78.
215. Véase la nota 199, pág. 253–54.
216. Reino Unido, Statutory Instruments, 1980, parte 3, sección 3, 1 a 30 de septiembre de 1980, No. 1966 (C. 84): “Road Traffic: The Carriage by Air and Road Act, 1979” (Commencement No. 1), Order 1980, pág. 7048.
217. Reino Unido, The Public General Acts, 1979, parte 2, capítulo 28: “The Carriage by Air and Road Act, 1979” (Londres, Council of Law Reporting, 1980), pág. 673–93.
218. Ibíd., sección 4 (1), pág. 676.
219. En virtud de la sección 5 de la ley que entró en vigor por imperio de la resolución administrativa citada en la nota 216, el valor de un DEG en un día determinado se considerará igual a la suma en libras esterlinas que el Fondo haya determinado para ese día, o si no se hubiere determinado suma alguna para ese día, para el último día anterior al día para el cual el Fondo hubiere determinado una suma. La certificación expedida por la Tesorería del Reino Unido, o en su nombre, en la cual se estipulare la suma en libras esterlinas de acuerdo con la regla antedicha será prueba definitiva en todas las actuaciones.
220. En el informe no se aclara por qué la acción se entabló en los Países Bajos, pero bien puede haber ocurrido que el demandante fuera residente de ese país. El artículo 31 (1) de la CMR (véase la nota 199, págs. 524–35, en pág. 532) dispone que:
En actuaciones judiciales derivadas del transporte que regula la presente Convención, el demandante podrá entablar acción en cualquier corte o tribunal de un país contratante designado por acuerdo entre las partes y, además, en las cortes o tribunales de un país en cuyo territorio:
a) el demandado tuviere ordinariamente su residencia, o el principal asiento de sus negocios, o tuviere la sucursal o agencia por conducto de la cual se hubiere concertado el contrato de transporte, o
b) el lugar en el cual el transportista recibió las mercancías o donde estuviere situado el lugar de entrega,
y en ninguna otra corte o tribunal.
Posiblemente se aplicó el apartado a) porque el transportista había recibido las mercancías en Marsella para entregarlas en Inglaterra.
221. No. 1 R 1413, traducido y reproducido en el escrito de Trans World Airlines, Inc., de 29 de agosto de 1983, en BA12–21, en Trans World Airlines Inc., v. Franklin Mint Corporation et al.
222. European Transport Law (Amberes), vol. 9 (1974), págs. 701–10.
223. Folleto No. 19, págs. 18–34. Véase también Joseph Gold, The Fund Agreement in the Courts, vol. II, págs. 228, 242 y 442.
224. Gold, Selected Essays, vol. I, págs. 558–66.
225. Seguidamente se reproducen los artículos pertinentes del Código Civil General de Austria:
Artículo 6. A una disposición de la ley no se le atribuirá ninguna otra interpretación que la que se desprendiere del significado natural de las palabras empleadas y de la clara intención del legislador.
Artículo 7. Si un litigio no pudiere decidirse con arreglo al texto o al sentido natural de una ley, se tendrán en cuenta las situaciones similares que se hubieren determinado por referencia a las leyes y el propósito de disposiciones conexas. Si aún hubiere duda en cuanto al litigio, se lo decidirá con arreglo a las circunstancias debidamente observadas y ponderadas de conformidad con los principios naturales de la justicia1.
La nota 1 del artículo 7 dice así:
Estos dos artículos (el 6 y el 7) son reglas de interpretación obligatorias para el tribunal. El artículo 6 impone principalmente una interpretación semántica, teniendo en cuenta la intención del legislador. Esa intención se evidencia en las deliberaciones de los expertos que redactaron la ley y, en leyes posteriores, en los informes publicados de los “motivos”, de las razones a las cuales obedeció la redacción de las leyes. La primera parte del Artículo 7 se refiere al uso de la analogía y la segunda, a los principios del “derecho natural” que estaban en boga en esa época (1811). Esta regla se abandonó posteriormente y el significado actual es como sigue: El juez fallará de acuerdo con las normas que sancionaría si hubiera sido el legislador al tiempo de redactarse el Código (véase el Comentario del Prof. Klang). (Paul L. Baeck, encargado de la edición, The General Civil Code of Austria, edición anotada y revisada (Dobbs Ferry, Nueva York, Oceana Publications, para la Escuela Parker de Derecho Extranjero y Comparado, Universidad de Columbia, 1972), pág. 4).
226. Véase el escrito mencionado en la nota 221 ut supra, en BA19.
227. Ibíd.
228. Folleto No. 40, págs. 94–95.
229. Para reforzar su argumento, el tribunal citó el artículo 1: Definition of the International Air Transport Association, Passenger Services Conference Resolutions Manual, 3a. edición (Montreal, en vigor desde el 1 de enero de 1983).
230. Véase el escrito mencionado en la nota 221 ut supra, en BA23–35.
231. Artículo IV, Sección 2 b); Anexo C, párrafo 1.
232. Artículo V (no IV como dijo el tribunal), Sección 12 e); Anexo B, párrafos 3 y 7; Anexo K, párrafo 2.
233. Congreso de Estados Unidos, Senado (98 Legislatura, primer período de sesiones), “Montreal Aviation Protocols 3 and 4”, Executive Report No. 98–1, págs. 1–49, texto reproducido en International Legal Materials (Washington), vol. 22, No. 1 (enero de 1983), págs. 13–36.
234. Ibíd., pág. 13 (Executive Report); pág. 19 (International Legal Materials).
235. “Lawyers Clash on Limiting in Air Crash Treaty”, en Congressional Quarterly (Washington), 30 de octubre de 1982, págs. 2770–71; artículo editorial: “A Question of Liability”, en Journal of Commerce (Londres), 19 de abril de 1984, pág. 4A.
236. David Shribman, “Air Liability Treaty Rejected by Senate”, en New York Times, 9 de marzo de 1983, pág. D6.
237. Ley Pública 96–389, 94 Stat. 1551, en pág. 1555.
238. Véase el folleto No. 36, pág. 85.
239. Folleto No. 40, págs. 81–90, en pág. 82.
240. Ley Pública 98–181, 97 Stat. 1276, sección 813, sec. 50.
241. Ibíd., págs. 1276–77.
242. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Report to the Congress on the Functioning of the International Monetary and Financial System and the Role and Operation of the International Monetary Fund (Washington, 15 demarzode 1985), pág. iii.
243. Ibíd., pág. 45.
244. Ibíd., pág. 48.
245. Ibíd., pág. 49.
246. Esta exposición es una paráfrasis general y no enteramente correcta del régimen que se aplicaría al oro en la hipótesis de una liquidación del Fondo. En virtud del Anexo K, que se refiere al procedimiento para efectuar la liquidación, las obligaciones contraídas por el Fondo tendrán prioridad en la distribución de su activo. Entre esas obligaciones se cuentan los derechos de los acredores del Fondo en virtud de sus acuerdos para la obtención de préstamos, pero no los derechos de los países miembros al rembolso de sus suscripciones, ni siquiera la parte equivalente al uso de las suscripciones por el Fondo. Para satisfacer sus obligaciones, el Fondo utilizará la moneda en que sea pagadera la obligación y, sólo de ser ésta insuficiente, el oro; por último si estos activos resultan insuficientes, todas las demás monedas en proporción, hasta donde sea posible, a las cuotas de los países miembros.
Ni siquiera en la distribución del resto del activo del Fondo tienen los países miembros “acreedores” (esto es, los países miembros cuyas suscripciones se hubieren empleado en tal medida que el Fondo tuviera tenencias de sus monedas en un monto inferior a sus cuotas) derecho prioritario sobre las tenencias de oro del Fondo al 31 de agosto de 1975 que conserve en la fecha de la decisión de disolución. El oro equivalente al exceso de su valor de mercado respecto de su antiguo valor oficial se distribuye entre los países miembros que lo eran el 31 de agosto de 1975 en proporción a sus cuotas en esa fecha. Sólo en el siguiente paso tienen los países miembros acreedores (conforma a la definición de países miembros acreedores que figura ut supra entre paréntesis) un derecho prioritario sobre el oro. El Fondo distribuye el resto de sus tenencias de oro entre los países miembros de cuyas monedas tuviere en su poder un monto inferior a sus cuotas en proporción a la cantidad en que sus cuotas excedieren de las tenencias de sus monedas; pero no en exceso de la cantidad en que sus cuotas excedieren de las tenencias del Fondo en su moneda.
247. Véase la nota 242, pág. 50.
248. Véase el folleto No. 26, págs. 48–53.
249. Ley Pública 93–110, 87 Stat. 352.
250. Ley Pública 93–373, 88 Stat. 445.
251. Ley Pública 93–110, sección 3 b).
252. Ley Pública 93–373, sección 2 b).
253. Para el texto de la Resolución conjunta sobre las Cláusulas Oro, véase el folleto No. 22, págs. 88–89.
254. Ley Pública 95–147, 91 Stat. 1227, sección 4 c).
255. 676 F.2d 643 (1982).
256. 294 U.S. 330, 55 S. Ct. 432, 79 L Ed 912 (1935).
257. 31 U.S.C. §5518.
258. Véase, por ejemplo, el folleto No. 26, págs. 51–52 y 98, notas 69, 170.
259. Ley Pública 73–87, 48 Stat. 337.
260. Ley Pública 94–564, 90 Stat. 2660.
261. Ley Pública 97–258 (1982); 31 U.S.C. 449.
262. Ley Pública 94–564, sec 9.
263. Ibíd., sec. 8. Véase el folleto 26, págs. 41–42.
264. 646 F.2d 1185 (1981).
Lista Consolidada De Casos Citados e Índice Consolidado De Materias
En la lista consolidada de casos y el índice consolidado de materias se hacen las siguientes referencias a los siete folletos que reseñan y examinan los acontecimientos jurídicos relacionados con los derechos especiales de giro, las monedas y el oro.
Folleto No.; (y año)
Derechos especiales de giro, monedas y oro:
Séptima reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos 44(1986) VII
Sexta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos 40(1983) VI
Quinta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos 36(1981) V
Cuarta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos 33(1980) IV
Derechos especiales de giro, oro y monedas:
Tercera reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos 26(1979) III
Monedas flotantes, derechos especiales de giro y oro:
Nuevos acontecimientos jurídicos 22(1977) II
Monedas flotantes, oro y derechos especiales de giro:
Algunos acontecimientos jurídicos recientes 19(1976) I
Lista Consolidada De Casos Citados (Reseñas I-VII)
Alemania, Rep. Fed. de
Matter of the Khendrik Kuivas, Tribunal del Distrito de Hamburgo, No. div. 64, ref. No. 64 SRV 6/76 V:71 (n. 192)
III:15, 31, 37
II:62 (n. 192)
Transarctic Shipping Corporation, Inc. Monrovia, Liberia v. Krögerwerft (Kroger Shipyard) Company, European Transport Law, vol. 9 (1974) págs. 701–10 VII:95 (n. 222)
II:37 (n. 114), 62 (n. 191), 18–22, 22–23,
I:25, 27, 29, 32 33, 41
United States of America v. Indus G.m.b.H. Tribunal de Apelaciones, Karlsruhe, 10 U 94/75, III 64 (n 208)
Avco Financial Services Ltd. v. Commissioner of Taxation (Cth), Australian Law Journal (Sydney), vol. 56 (julio de 1982), págs. 668–78 VII:70 (n. 159), 70 (n. 160)
Federal Commissioner of Taxation v. Hunter Douglas Ltd. (1983) 14 A.T.R. 639; 1983 VII:72 (n. 161)
Kislinger v. Austrian Airtransport No. 1 R 14–3, traducido al inglés y publicado en Brief of Trans World Airlines, Inc., 29 de agosto de 1983, en BA 12–21, en Trans Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corporation et al. VII:95 (n. 221)
Rendezvous-Boutique-Parfumerie Friedrich und Albine Breintinger Gesellschaft mbH v. Austrian Airlines, véase Brief, ut supra, en BA 23–35 VII:97 (n. 230)
Am-Pac Forest Products Inc. v. Phoenix Doors Ltd. etal. (1979) 14. B.C.L.R. 63 VI:55
Batavia Times Publishing Co. v. Davis [1978] 88 D.L.R. 3d) 144 VI:53
Re Canadian Vinyl Industries Inc; Textilwerke Gebrüder Hoon v. Corber (1978) 29 C.B.R. 12 VI:55, 72
Kraft v. Otto 1978 C.S. 752 VI:133 (n. 176)
Williams & Glyn’s Bank Ltd. v Belkin Packaging Ltd. (1979) 108 D.L.R. (3d) 585 VI:133 (n. 194)
Lamaignére v. Selene Shipping Agencies Ltd. [1982] I, CLR 227 VI:132 (n. 166)
Commerzbank Aktiengesellschaft v. Large, Scots Law Times (Reports), (1977) pág. 219 IV:90 (n. 208)
In re Aircrash in Bali, Indonesia on april 22, 1974, Causey et al. v. Pan American Airways, Inc. et al., 684 F. 2 1301 VI:142 (n. 285)
Re Air Crash Disaster at Warsaw, Poland, on March 14, 1980, 535 F. Supp. 833 (1982) VI:94, 141 (n. 277)
Australia/U.S. Atlantic & Gulf Conference, Proposed Imposition of Currency Adjustment Surcharge, Federal Maritime Commission, Docket No. 72–5, 28 de enero de 1972 VI:137 (n. 241)
Aztec Properties, Inc. v. Union Planters National Bank of Memphis (Tenn. Sup. Ct.), 530 S.W. 2d 756 (1975); 44 L.W. 2209 (11 de noviembre de 1975) I:76 (n. 159)
Bernina Distributors, Inc. v. Bernina Sewing Machine Co., 646 F.2d. 434 (10th Cir. 1981) VII:61 (n. 131), 64 (n. 140)
Bethlehem Steel Co. v. Zurich General Accident § Liability Ins. Co, Ltd., 307 U.S. 265 (1939) I:73–74
Birkenstock v. Commissioner of Internal Revenue, 646 F.2d 1185 (1981) VII:107 (n. 264)
Boehringer Mannheim Diagnostics, Inc. alklal Hycel v. Pan American World Airways, Inc., 531 F. Supp. 344 (1981) VI:141 (n. 277)
Bradford v. Plains Cotton Cooperative Association, 539 F.2d. (10th Cir. 1976) VII:63
Deere & Company v. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, N.D. I11., Index No. 81 C 4726 (30 de diciembre de 1982) VI:94
Energetic Worsted Corporation v. The United States, apelación aduanera No. 5160 (7 de abril de 1966) VI:127 (n. 115)
Equitable Life Assur. Soc. of U.S. v. Grosvenor, 426 F. Supp. 67 (U.S. Dist. Ct. W.D. Tenn., 1976) III:51 (n. 169)
II:65 (n. 200)
Federal Maritime Commission v. Australial U.S. Atlantic & Gulf Conference et al., 337 F. Supp. 1032 (1972) VI:137 (n. 241)
Feldman v. Great Northern Railway Company, 428 F. Supp. 979 (U.S. Dist. Ct. S.D.N.Y., 1977) III:51 (n. 169)
Franklin Mint Corporation et al. v. Trans World Airlines Inc., 525 F. Supp. 1288. Docket No. 82–7012 VI:92, 120 (n. 37)
Gold Bondholders Protective Council Inc. v. United States, 676 F.2d. 643 (1982) VII:105 (n. 255)
Guaranty Trust Co. of New York v. Henwood, 307 U.S. 247 (1939) I:73–74
Gulf Oil Corp. v. F.P.C., 563 F.2d 588 (3d Cir. 1977) VII:63 (n. 136)
Henderson et al. v. Mann Threatres Corporation of California, 65 Cal. App. 3d 397; 135 Cal. Reptr. 266 (Calif. Ct. App., 2 App. Dist. Div. 1 1976); cert. den. 434 U.S. 825 III:51 (n. 169)
Holyoke Water Power Co. v. American Writing Paper Co. (1937) 300 U.S. 324 III:52 (n. 170)
In the Matter of Arbitration of Disputes Relating to the Charters of M. S. John Wilson and M. S. Chilean Nitrate, both dated June 12, 1968, between Ocean Transport Line, Inc., as Owner, and Chilean Nitrate Sales Corporation, as Charterer, 1973 A.M.C. 1489 IV:64 (n. 208) II:11 (n. 35)
N. V. Motorscheepv. Maats. Josephine and Dammers & Van Der Heide’s Shipping Company and 2,350 Bags of Costa Rican Coffee, 1975 A.M.C. 1339 (U.S. District Ct., Eastern District of La., 22 de mayo de 1975) I:76 (n. 159)
National Standard Company v. Commissioner of Internal Revenue, 80 T.C. 551 (1983) VII:68 (n. 157)
Perry v. United States, 294 U.S. 330, 55 S. Ct. 432, 79 L Ed 912 (1935) VII:106 (n. 256)
Todok v. Union Bank of Harvard, 281 U.S. 449, 50 S. Ct. 363 (1930) V:90 (n. 245)
Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corporation et al., 466 U.S. 243; 80 1 Ed 2d 273; 104 S. Ct. 1776 (1984) VII:74 (n.162), 76 (n. 169), 86, 93, 96, 99
Compagnie des Assurances Maritimes, Aériennes et Terrestres (C.A.M.A.T.) v. García et Soc. Dabi Revue Critique de Droit International Privé, vol. 65 1976, págs. 73–79 II:20 (n. 63)
Le Havre, Judgment of Commercial Court, 24 de agosto de 1978, Droit maritime francais (1980), pág. 579 VI:121 (n. 44)
Pakistan International Airlines v. Compagnie Air Inter A.S. et al., Droit maritime franíais (París), vol. 32 (1980), págs. 285–94 VII:86 (n, 195)
Saint Paul Fire and Marine Insurance Co. v. S.E.A., Journal du droit international, año 110, No. 1 (enero-febrero-marzo 1983), págs. 194–95 VII:91 (n. 209)
Société Egyptair v. Chamie, Droit maritime français (París), vol. 32 (1980), págs. 285–94 VII:86 (n.194)
Zakoupolos v. Olympic Airways Corp. sentencia No. 256/1974, Tribunal de Apelaciones, Atenas 10 de enero de 1974 II:61 (n. 189) I:32 (n. 55)
Allgemeine Gold-und-Silberscheideanstalt v. Customs and Excise Commissioners, The Times (Londres), 11 de diciembre de 1979, pág. 15 IV:97 (a. 239)
Barclays Bank International Ltd. v. Levin Brothers (Bradford) Ltd [1976] 3 All E.R. 900; [1976] 3 W.L.R. 852; [1977] Q.B. 270 IV:91 (n. 214)
II:16 (n. 48), 17 (n. 53)
B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd. v. Hunt (No. 2) [1979] 1 W.L.R. 783 V:67 (n. 176), 68 (n. 181)
British and French Trust Corp. v. New Brunswick Ry. [1937] 4 All E.R. 516 (C.A.) III:53 (n. 175)
Choice Investments Ltd. v. Jeromnimon (Midland Bank Ltd. garnishee) [1981] 1 All E.R. 225 VI:48
The Despina R. [1977] 3 W.L.R. 597; [1977] 3 All E.R. 874; The Times (Londres), 2 de febrero de 1977, pág. 9; [1978] 3 W.L.R. 804; [1979] 1 Lloyd’s Rep. 1 VII:53 (n. 121)
VI:131 (n. 154)
IV:86 (nn. 197, 198)
III:66 (n. 211), 67 (n. 212), 68 (n. 213), 69 (n. 214), 70 (n. 215)
II:20 (n. 63)
Dodd Properties (Kent) Ltd. and Another v. Canterbury City Council and Others [1979] 2 All E.R. 118; [1980] 1 All E.R. 928 V:66 (n. 173)
Re Dynamics Corporation of America and Another [1972] 3 All E.R. 1046; [1976] 2 All E.R. 669 VI:56
II:100 (n. 49)
Federal Commerce and Navigation Co, Ltd. v. Tradex Export SA [1977] 2 All E.R. 41 II:96 (n. 54)
George Veflings Rederi A/S v. President of India and other appeals. The Bellami, The Pearl Merchant, The Doric Chariot [1978] 1 W.L.R. 982; [1979] 1 All E.R. 380 VI:130 (n. 145)
IV:88 (n. 201)
Glafke Shipping Co. AS v. Pinios Shipping Co. No. 1 (The Maria) [1985] 1 Lloyd’s Rep. 300 VII:59 (n. 130)
The Halcyon the Great [1975] 1 All E.R. 882 I:38 (n. 70)
Helmsing Schiffahrts G.m.b.H. & Co. K.G. v. Malta Drydocks Corporation and Others [1977] 2 Lloyd’s Law Reports, 444 (Q.B.) V:69 (n. 182), 69 (nn. 183–85), 71 (n. 189)
Hoffman v. Sofaer [1982] 1 W.L.R. 1350 VI:131 (n. 155)
Jean Kraut A.G. v. Albany Fabrics Ltd. [1977] 2 All E.R. 116 II:18 (n. 55)
Jugoslavenska Oceanska Plovidba v. Castle Investment Co. Inc. [1973] 3 All E.R. 498 I:35
Re Lines Bros. Ltd. [1982] 2 All E.R. 183 VI:57
Lively Ltd. and Another v. City of Munich [1976] 3 All E.R. 851 VI:64
III:59 (nn. 196, 197)
Malhotra v. Choudhury [1979] 1 All E.R. 186 V:70 (n. 188)
Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd. [1975] Q.B. 487; [1975] 1 All E.R. 1076; [1975] 3 All E.R. 801; [1976] A.C. 443 VII:43 (n. 107), 53, 59, 82
VI:47, 50, 52, 59, 61, 65, 66
V:66 (nn. 171,173, 174), 67 (n. 177), 68 (n. 178), 69, 70
IV:85 (n. 195), 86, 87, 89, 90, 91
III:61 (nn. 200–202), 66, (n. 209), 86, 69, 70
II:16 (n. 47), 17 (nn. 51, 52), 18 (n. 54), 20, 26, 69, 94 (n. 49), 95–96 (nn. 53–54)
I:38–41
Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd. (No. 2) [1976] 3 W.L.R. 477; [1976] 3 All E.R. 599; [1977] Q.B. 489 VI:62
V:68 (nn. 179–80), 71 (n. 189)
Multiservice Bookbinding Ltd. and Others v. Marden, The Times (Londres), 12 de mayo de 1977, pág. 10 II:68 (n. 209)
New Brunswick Ry. v. British and French Trust Corp. [1939] A.C. 1 III:53 (n. 175)
Ozalid Group (Export) Ltd. v. African Continental Bank Ltd. [1979] 2 Lloyd’s Rep. 231 VI:49, 62
Pattison v. Marine Midland Ltd. [1984] 1 A.C. 362; [1984] 2 W.L.R. 14; [1983] 2 W.L.R. 819 VII:67 (n. 152), 68 (n. 155, 156)
Schorseh Meier GmbH v. Hennin [1975] 1 All E.R. 152 I:34, 37, 38, 39
Services Europe Atlantique Sud (SEAS) of París v. Stockholms Rederiaktiebolag SVEA of Stockholm (The Folias) [1979] 1 Lloyd’s Rep. 1; [1978] 3 W.L.R. 804 [1978] 2 All E.R. 764 (C.A.); The Times (Londres), 23 de febrero de 1978, pág. 11 VI:131 (n. 154)
V:70 (n. 188)
IV:87 (nn. 199–200)
III:70 (n. 217)
II:96–97 (n. 55), 98 (n. 63)
I:37–40
Sharif v. Azad [1967] 1 Q.B. 605; [1966] 3 W.L.R. 1285; [1966] 3 All E.R. 785 C.A. VI:135 (n. 210)
Sing Batra v. Ebrahim, The Times (Londres), 3 de mayo de 1977, pág. 11; Halsbury’s Laws of England; Annual Abridgment, 1977 (Londres, 1978), 453, párrafo 1906. VI:135 (n. 210)
Société Francais Bunge SA v. Belcan NV (The Federal Huron) [1985] 3 All E.R. 378; [1985] 2 Lloyd’s Rep. 189 VII:54 (n. 124)
Techno-Impex v. Gebr. Van Weelde Scheepvaartkantoor B.V. [1981] 1 Q.B. 648 VI:131 (n. 162)
The Teh Hu [1969] 3 All E.R. 1200 VI:131 (n. 162)
Treseder-Griffin and Another v. Co-operative Insurance Society Ltd. [1956] 2 Q.B. 127 II:67–69 (nn. 206–208)
Trustees of the British Museum v. Attorney General [1984] 1 All E.R. 337 VII:65 (n. 146–49)
In re United Railways of the Havana and Regla Warehouses, Ltd., [1960] 2 All E.R. 332 [1961] A.C. 1007 VI:133 (n. 183)
I:39 (n. 72)
Wadsworth v. Lydall [1981] 1 W.L.R. 599 VI:131 (n. 157)
W. Bruns & Company of Hamburg v. Standard Fruit and Steamship Company of New Orleans (The “Brunsrode„) [1975] Lloyd’s Law Reports, vol. 2, 74; [1976] Lloyd’s Law Reports, vol. 1, 501 IV:72 (nn. 168–70)
Balkan Bulgarian Airlines v. Tammaro, sentencia de 25 de octubre de 1976, Milán, Il Diritto Marittimo (1978), pág. 83 IV:101–102
Borletti Brothers Inc. v. Dolphin Shipping Agency, Foro Italiano (Bologna), Parte I-134 (1982), pág. 2074–78 VII:75, 87 (n. 198)
Bank of Okinawa v. Tokai Electric Construction K.K. Hanrei Jiho (No. 782), 19 (Sup. Ct. 3d P.B., 15 de julio de 1975), Law in Japan:An Annual, vol. 9 (1976), págs. 158–59 II:21 (n. 67)
“Air Madagascar”, the Malagasy National Air Transport Company and United Experts, Inc. (S.A. des Experts Réunis) v. Musset, Revue de Droit Uniforme, I (1976), págs. 236–39 II:90–100 (n, 86)
Isaac Naylor & Sons Ltd. v. New Zealand Co-operative Wool Marketing Association Ltd. [1981] 1 NZLR 361 VI:60, 73
Avandero N. V. v. Westeuropese Transportmaatschappij Wetram N. V., sentencia de 12 de mayo de 1978, Schip en Schade, vol. 23, No. 5 (mayo de 1979), pág. 162 V:87 (n.232)
Fricosgandia Transport B.V. v. Sea Products International, Schip en Schade, No. 30 (1983), págs. 78–80 VII:92, (n. 212)
Giants Shipping Corporation v. State of the Netherlands (The Blue Hawk), Rechtspraak van de Week, 30 de mayo de 1981, págs. 321–30 VI:91
Hornlinie v. Société Nationale des Petroles d’Aquitaine “The Hornland„, Nederlandse Jurisprudentie (1972), No. 269, págs. 728–38 II:37 (n. 113)
I:23, 32, 33
Re Motor Ship “Saga„, fallo del liquidador de Avería gruesa, Gotenborg, 2 de octubre de 1973 II:61 (n. 188)
I:32 (n. 56)
Anton Birke v. Commission of the European Communities, caso 543/79 [1982] E.C.R. 4425 VII:76 (n. 168)
Boussac Saint-Freres SA v. Brigitte Gerstenmeier, caso 22/80 [1982] 33 C.M.L.R. 202 VI:41
British Beef Company Ltd. v. The International Board for Agricultural Produce, caso 146–77 [1978] 3 C.M.L.R. 47 IV:79 (n. 183)
British Beef Company Ltd. v. The International Board for Agricultural Produce. The Times (Londres), 20 de junio de 1978, pág. 7; [1978] 2 C.M.L.R. 83 III:63 (n. 205)
Butter-und Eier-Zentrale Nordmark eG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, caso 38/79 [1982] 2 C.M.L.R. 753 VI:75
Compagnie Cargill v. Office National Interprofessional des Cereales (ONIC), caso 27/77 [1977] E.C.R. 1535 III:63 (n. 203)
Comptoir National Technique Agricole (CNTA) S.A. v. E.C. Commission, caso 74/74 [1977] 1 C.M.L.R. 171 II:92–93 (n. 28)
Fabrizio Gillet v. Commission of the European Communities, caso 28/74 [1975] E.C.R. 463 II:7–8 (nn. 25–28)
Firma Gebrüder Dietz v. Commission of the European Communities, caso 126/76 [1977] E.C.R. 2431 IV:79 (n. 182)
Firma Johann Luhrs v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, caso 78/77 [1978] E.C.R. 169 IV:19(n. 43)
Fratelli Zerbone S.N.C. v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, caso 94/77 [1978] E.C.R. 99, 113 V:78 (n. 180), 84 (nn. 225, 228)
Günter Bruckner v. Commission of the European Communities, caso 799/79 [1982] E.C.R.4525 VII:76 (n. 168)
Hans-Markus Stölting v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (fallo preliminar solicitado por la Finazgericht Hamburg), caso 138/78 [1979] E.C.R. 713 V:75 (n. 199), 76
IRCA v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, caso 7/76 [1976] E.C.R. 1213 II:92–93 (n. 28)
Jan Amesz and Others v. Commission of the European Communities, casos unidos 532, 534, 567, 600, 618 y 660/79 [1982] E.C.R. 4465 VII:7 5–7 6 (n. 166, 167)
Les Rapides Savoyards S.à.r.l. and Others v. Directeur General des Douanes et Droit Indirects, caso 218/84 [1985] 3 C.M.L.R. 116 VII:59 (n. 129)
Merkur-Aussenhandels-Gmbh v. Commission of the European Communities, caso 43/72 [1973] E.C.R. 1055 I:2 (n. 4)
Re Monetary Compensatory Amounts for Durum Wheat: Italy v. E.C. Commission, caso 12/78; Tomadini SNC v. Amministrazione delle Finanze dello Stato (Unione Industríale Pastai Italiani tercerista), caso 84/78 [1980] 2 C.M.L.R. 573 V:74 (n. 197), 74 (n. 198)
N.G.J. Schouten B.V. v. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, caso 35/78 [1978] E.C.R. 2543 IV:80 (n. 185), 82 (n. 186)
P. Dumortier Frères SA and Others v. Council of the European Communities, casos unidos 64 y 113/76, 167 y 239/78, 27, 28, y 45/79 [1982] E.C.R. 1733; [1979] E.C.R. 3091 VII:51 (n. 118)
Regina v. Brian Albert Johnson and Others [1978] 1 C.M.L.R. 226 III:48 (n. 163)
Regina v. Ernest George Thompson, caso 7/78 [1978] E.C.R. 2247 IV:96 (n.238)
S.A. Roquette Fréres v. French State-Administration des Douanes, caso 29/77 [1977] E.C.R. 1835 III:63 (nn. 204, 205)
Société anonyme générate Sucriére v. Commission of the European Communities, casos unidos 41, 43 y 44/73 [1977] E.C.R. 445 III:59 (n. 198)
Société pour l’Exportation des Sucres SA v. Commission of the European Communities, caso 132/77 [1979] 1 C.M.L.R. 309 IV:83 (n. 187)
Índice Consolidado de Materias DEG
Aplicación de las unidades de cuenta de oro: la solución del DEG VII:78, 80–82, 84–86, 87. 90, 93;
VI:90–95;
V:87–90;
IV: 102–103;
III:36–41:
II:61–64; I:17–23, 31–34
Asignación IV:l-5; 114–115
Clasificación V:37–40
Indización VI:11, 104–106
Interés VII:5–9, 114–115;
V:15–21. 103–104;
IV:I6
Pago de VII:5–9
Ponderación de la cesta VII:4; V:19–21
Unificación de cestas VII:4; V:15–18
Inversión VI:2–4
Nuevos usos IV:5–13, 116–18, 123
Donaciones IV:13, 123
Liquidación de obligaciones financieras IV:5–7, 116
Operaciones a término IV:13, 122
Operaciones swap IV: 12, 121–22
Pignoración en garantía IV:8–10, 118–21
Préstamos IV:7, 117–18
Transferencias en garantía del cumplimiento de obligaciones financieras IV: 10–12, 119–21
Obligaciones contraídas con terceros IV: 13–15, 127 (n. 29)
Obtención de préstamos por el Fondo VI:3; V:109 (n. 3)
IV: 17–18; III:7–10;
I:57–61
Países no miembros del Fondo VI:4, 6, 8–10, 47;
V:44–45;
IV:32, 39–40;
III:20–26;
II:33–35; I:50–51
Poder adquisitivo constante VI:11, 104–107;
V:40–43; IV:20–23
Reconstitución V:21–22; IV:15
Resumen VII: 108–109
VI:96; VI:92–95;
IV: 106–108;
III:73–75;
II:71–75
Sucesión de tenedores VII:9–11
Tenedores autorizados VII:9–11; VI:1–2
V:23–27
Lista VII:11; VI:1–2; V:27
Segunda enmienda V:23–25
Términos y condiciones V:25–26, 105–107
Tratados: aspectos generales V:43–46
II:27–32
Unidades de cuenta VII: 1–4, 12–20. 50–54
VI: 1, 2–8, 45–47, 71, 79–81. 90–95, 104–107;
V:28–37; IV:23–49, 123–25; 1:46–48
Fijos y flexibles VII: 18–20: IV:38;
II:50–53, 73–74
Mantenimiento del valor VI:2–4; III:16–20, 81–82
Objetivos V:40–43; III:11–16
Organizaciones regionales VII: 19–20; IV:25–26,
31–32, 41;
III:28–29;
II:43, 44, 47–48, 50–54;
I:61–62
Transacciones comerciales VI:7–8; III:30–31
Tratados y organizaciones VII: 12–20; VI:4–7;
V:28–37; IV:24–41;
III:20–28; II:27–54
Uso por el sector privado IV:43–46:
III:29–31;
I:52–54, 62–68
Unidades de cuenta oro en VI:4, 6, 104–106;
combinación con DEG V:45–46
Uso de la sigla VII: 11–12
Valoración VII:1–5;
V:1–15, 110–11
(n. 15); III:11–16;
I:9–15
Cestas análogas VII:20–22;
IV:48–49
Coexistencia de métodos V:30–31; IV: 17–20;
III:7–8; I:60–61
Consecuencias de las modificaciones III:7–11
Futuras modificaciones V:9–13
Mayorías para adoptar decisiones V: 11–12; III:9–10;
I:56–59
Primera cesta II:77–78; I:9–15, 91–94
Primera modificación de la cesta V:2; III:2–7; 79–81
Segunda modificación de la cesta V:1–8; 100–104, 105
Tercera cesta revisada VII:2–5
Tipos de cambio para calcular el valor V:13–15
Valor medio III:31–33
Adaptación de las cláusulas monetarias (véase Enmienda de las disposiciones monetarias)
Antidumping VI:37, 44
Asignación de los riesgos cambiarios VI:70–72
Atenuación de los daños y perjuicios VI:72–77
Cantidades monetarias compensatorias VI:75–76; V:73–77
IV:77–78; III:62–63
Cláusula de excesiva onerosidad y VII:61–65; IV:71–75
otras cláusulas protectoras II:8–16
Comunicado de Versalles VI:17–18, 114
Comunicados VII:28–32
Consecuencias legales de la fluctuación VII:42–76
Derecho de los contratos VII:59
Derecho Fiduciario VII:65–66
Derecho tributario VII:66–74
Consulta VI:13, 14, 15, 17,
122 (n. 58),
123 (n. 65),
124 (n. 71)
Contabilidad VI:67–70; V:44–45
Contratos a término VI:26–27; 72–77
Distribución de los riesgos cambiarios IV:83–85
Elección de los tipos de cambio VI:47, 49, 50, 52, 53–63, 63–66, 70–71, 72–77;
V:50–52
Enmienda de las disposiciones monetarias VI:77–81; V:52–56;
IV:91–95;
III:57–59;
II:3–5
Factores de ajuste monetario VI:77–81
Fuentes del derecho internacional VII:38–40
GATT VI:31–32, 37–38, 112;
V:77–84, 107–108
Igual valor VI:72, 136 (n. 226)
Indicadores objetivos VII:27
Inexigibilidad conforme al Artículo VIII, Sección 2 b) VI:35–37, 66–67
Información VI: 16
Informes internacionales VII:28–32
Intervención VII:32–37
Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), declaraciones de la VI:67–69; V:65–66
Mantenimiento del valor V:62–64, III:81–82;
II:79
Medición de la variación de los tipos de cambio V:77–84, 107–108
Moneda "de libre uso" VI:72
V:56–62
Monedas de pago V:56–62
Notificación de las variaciones de los tipos de cambio efectivos reales VII:24–25
Obligaciones de los países miembros VII:32–42
Paridades y tipos centrales VII:75, 95–96,
VI:24–25, 39;
III:54–62;
II:5–8; I:26–28, 83–90
Prácticas de tipos de cambio múltiples VII:40–42;
VI:12–13;
18–38, 39–41,
63–64, 115–16;
IV:76–77
Adaptación VI: 19–21
Consecuencias de las prácticas no aprobadas VI:32–38
Definición VI:24–29
Importancia de otras dispoosiciones distintas del Artículo VIII VI:29
Política VI:30–32
Problemas jurisdiccionales VI: 18–21
Responsabilidad de los países miembros VI:21–24
Transacciones de capital VII:40–42
Principios de orientación VII:32–37
Promedio de los tipos de cambio V:71–73
Protección contra los riesgos cambiarios: mediante disposiciones jurídicas IV:75–83
por las partes VI:72–77
Regímenes de cambios I:4–8
Regímenes monetarios discriminatorios VI:12, 28, 30, 39–40;
IV: 76–77
Tratado de Roma VI:41–44
Rescisión de contrato III:64–65;
II:10–12
Restricciones VI: 19–20, 39–41, 66–67, 125 (n. 81)
Restricciones respecto a la moneda que se puede recibir VI:66–67
Resumen VII: 109–112;
VI:97–102;
V:95–98;
IV: 108–11;
III:76–77
Segunda enmienda VI: 18–24;
III:53–54;
II:22–27, 80–83
Sentencias ejecutables en monedas extranjeras VII:42–55;
VI:47–67, 70–71;
V:66–67;
(doctrina Miliangos) IV:85–91 144 (n. 206);
III:65–72;
II:16–21;
I:34–40
American Law Institute, Restatement VII:46–49
Comisión de Derecho Inglés VII:44–45;
VI:52, 116
Comisión de Reforma del Derecho, Columbia Británica VII:45–46; VI:60
Comisión de Valores y Cambios, práctica de la VII:56–59
Comunidad Europea, práctica de la VII:52
Ejecución de sentencias extranjeras VI:53–55
Embargo condicional de deudas VI:49
Intereses VI:62–63; V:66–71 122 (n. 181) 123–24 (n. 190)
Ley de Ontario VII:49–50
Nominalismo VI:60–61
Opción VI:49–53
Otras jurisdicciones VI:53–62; IV:89–91
Previsibilidad de las fluctuaciones VII:61; VI:50, 51–52; 61–62
Quiebra y liquidación VI:56–59; 70–72
Responsabilidad civil IV:85–89
Restitución V:67
Selección de monedas VII:54–56
Las sentencias y el Convenio Constitutivo: restricciones VI:66–67
Las sentencias y el Convenio Constitutivo: tipos de cambio VII:46–47; VI:63–66
Sistema de fondo común de monedas del Banco Mundial VI:71–72; IV:83–85
Sistema Monetario Europeo VI:12, 45, 52;
IV:51–70
ECU VI:66–67, 75;
IV:53–55, 61–68
Financiamiento IV:61–68
La “serpiente” IV:70
Mecanismos de tipos de cambio e intervención IV:55–61, 139 (n. 140)
Relaciones externas IV:69–70
Textos IV: 136–37 (n. 129)
“Soft law” VII:38–39
Subsistencia de los efectos jurídicos de las paridades IV:93–95
Supervisión de las políticas de tipo de cambio VII:22–32;
VI:12–18,
V:46–48;
IV:50–51;
II:84–87
Función del Director Ejecutivo VI:14–15
Función del Director Gerente VI:14–15, 109
Supervisión reforzada VII:27–29, 132–136
Tipos de cambio variables, algunos efectos de los VI:44–81
Tributación VI:44; V:64–66
Unidades de cuenta (distintas del DEG) VI:45–47, 57, 71–72;
V:48–50; I:68–72
Uniformidad y simetría IV:122 (n. 53)
Uso de los recursos del Fondo VI:32–35
Validez de los tipos de cambio VI:37, 63–66
Acuerdo del Grupo de los Diez III:42–48
Aplicación de las unidades de cuenta oro VII:76–98;
III:39–41
Aplicación legislativa de las VII:98–100;
unidades de cuenta oro VI:94–95;
III:39–40
Aplicación por los tribunales de las VII:76–98;
unidades de cuenta oro VI:90–94;
V:87–90; IV:101–103;
II:61–64; I:17–34
Beneficios provenientes de la revaluación V:83–84; V:90–92
VI:82, 138–139 (n. 251)
Certificados como activo del Sistema de la Reserva Federal
Certificados oro VII: 107–108
Cobertura oro VI:85–86; IV:92–93
Comisión del Oro (EE.UU.) VI:81–90
Conversión oficial de las unidades de cuenta oro VII:85–86;
IV:103–104;
III:36–41, 92 (n. 128)
Inadmisibilidad del cambio de oro por DEG V:86–87
Informes del Tesoro de Estados Unidos VII: 100–104
Obligaciones IV:95–97
Precio oficial interno VII:76–86, 102;
VI:84;
III:41–42, 93 (n. 128)
Propiedad privada II:64–67
Reactivación de la función del oro VI:81–90; V:84–86, 126–28 (n. 210–12)
Resolución conjunta (EE.UU.) VII: 104–107;
III:48–53;
II:88–89; I:71–76
Restitución VI:85, 86–88;
II:55–56
Resumen VII:112–113;
VI: 102–103;
V:98–99; IV:112–13;
III:75–77;
II:75–76
I:67–74
Sistema Monetario Europeo IV:98, 105
Subsidios a los productores IV:100–101
Transacciones del Fondo VI:85–86; II:55–56
Transacciones oficiales III:42–48
Tributación VII: 107–108;
VI: 138–139 (n. 251)
Unidades de cuenta oro (véanse Aplicación legislativa, Aplicación por los tribunales)
Validez de la unidad de cuenta oro II:67–69
Valoración IV:97–100; II:54–61
Fondo IV:97; II:54–57
Organizaciones internacionales IV:98–99
Prácticas nacionales VI:83, 85, 90, 91;
IV:99–100;
III:33–36, 90 (n. 98);
II:57–61
*1. Introducción al Fondo, por J. Keith Horsefield. Primera edición, 1964. Segunda edición, 1965. Segunda edición también en alemán.
*2. The International Monetary Fund: Its Form and Functions, por J. Marcus Fleming. 1964. En inglés solamente.
3. El Fondo Monetario Internacional y las transacciones comerciales privadas: Algunos efectos jurídicos del Convenio Constitutivo, por Joseph Gold. 1965.
4. El Fondo Monetario Internacional y el Derecho internacional: Una introducción, por Joseph Gold. 1965.
*5. La estructura financiera del Fondo, por Rudolf Kroc. Primera edición, 1965. Segunda edición, 1967.
6. Mantenimiento del valor oro de los activos del Fondo, por Joseph Gold. Primera edición, 1965. Segunda edición, 1971.
7. El Fondo y los países no miembros: Algunos efectos jurídicos, por Joseph Gold. 1966.
8. Los casos de los asegurados cubanos y el Convenio del Fondo, por Joseph Gold. 1966.
9. La balanza de pagos: Su significado y utilización, por Poul Høst-Madsen. 1967.
*10. Conceptos y definiciones de balanza de pagos. Primera edición, 1968. Segunda edición, 1969.
11. La función interpretativa del Fondo, por Joseph Gold. 1968.
12. La reforma del Fondo, por Joseph Gold. 1969.
13. Derechos especiales de giro, por Joseph Gold. Primera edición, 1969. Segunda edición, con el subtítulo Su carácter y uso, 1970.
14. Conceptos del Fondo en materia de convertibilidad, por Joseph Gold. 1971.
15. Los derechos especiales de giro y su terminología, por Joseph Gold. 1971.
16. Algunas observaciones acerca de la naturaleza de los derechos especiales de giro, por J. J. Polak. 1971.
17. Operaciones y transacciones en DEG: Primer período básico, por Walter Habermeier. 1973.
18. Valoración y tipo de interés del DEG, por J. J. Polak. 1974.
19. Monedas flotantes, oro y derechos especiales de giro: Algunos acontecimientos jurídicos recientes, por Joseph Gold. 1976. También en alemán.
20. Mayorías de votos en el Fondo: Efectos de la segunda enmienda del Convenio, por Joseph Gold. 1977.
21. Los movimientos internacionales de capital a la luz del ordenamiento jurídico del Fondo Monetario Internacional, por Joseph Gold. 1977.
22. Monedas flotantes, derechos especiales de giro y oro: Nuevos acontecimientos jurídicos, por Joseph Gold. 1977. Sólo las conclusiones en alemán.
23. Disposiciones sobre uso, conversión y cambio de monedas en la segunda enmienda del Convenio del Fondo, por Joseph Gold. 1978.
24. El resurgimiento del proteccionismo, por la División de Comercio y Pagos. 1978.
25. La segunda enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo, por Joseph Gold. 1978.
26. Derechos especiales de giro, oro y monedas: Tercera reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos, por Joseph Gold. 1979. Sólo las conclusiones en alemán.
27. La ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional: Normas jurídicas y procedimientos, por Joseph Gold. Primera edición, 1979. En inglés solamente. Segunda edición, 1980.
28. Reflexiones sobre un Fondo Monetario Internacional basado plenamente en el DEG, por J. J. Polak. 1979.
29. Cuentas macroeconómicas: Examen general, por Poul Høst-Madsen. 1979.
30. Servicios de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. 1979.
31. Condicionalidad, por Joseph Gold. 1979.
32. Normas jurídicas del Fondo Monetario Internacional, por Joseph Gold. 1980.
33. Derechos especiales de giro, monedas y oro: Cuarta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos, por Joseph Gold. 1980.
34. Servicio de financiamiento compensatorio, por Louis M. Goreux. 1980.
35. La naturaleza jurídica de los acuerdos de derecho de giro del Fondo y su trascendencia, por Joseph Gold. 1980.
36. Derechos especiales de giro, monedas y oro: Quinta reseña y examen de nuevos acontecimientos jurídicos, por Joseph Gold. 1981.
37. El Fondo Monetario Internacional: Evolución, organización y actividades. Primera edición, 1981. Cuarta edición, 1985.
38. La condicionalidad del Fondo: Evolución de sus principios y prácticas, por Manuel Guitián. 1981.
39. El orden en las finanzas internacionales, la promoción de los acuerdos de derecho de giro del FMI y la formulación de los convenios de préstamo celebrados con prestamistas privados, por Joseph Gold. 1982.
40. Derechos especiales de giro, monedas y oro: Sexta reseña y examen de nuevos aconteci- mientos jurídicos, por Joseph Gold. 1983.
43. Servicios de asistencia técnica y de capacitación del Fondo Monetario Internacional. 1985.
* Agotado. Pueden adquirirse copias fotográficas o en microfilme de todas las ediciones en inglés, incluidos los números que están agotados, dirigiéndose directamente a University Microfilms International, 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106, EE.UU., o bien, en el caso de los que no habitan en el continente americano, dirigiéndose a University Microfilms International, 30/32 Mortimer Street, London, WIN 7RA, Inglaterra.
Pueden obtenerse ejemplares (si no están agotados) dirigiéndose a:
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Número de teléfono: 202 623–7430
Dirección cablegrárica: Interfund
Las notas aparecen al final del folleto (págs. 141–158).