Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-1042-de-2003?documento=legcol&contexto=legcol_75992041de15f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-18 13:40:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 96', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 74', 'artículo 75']

﻿ DECRETO 1042 DE 2003
DECRETO 1042 DE 28 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:ENTIDADES TERRITORIALES. SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LAS LEYES 49 DE 1990, 3 DE 1991 Y 546 DE 1999, Y SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 2620 DE 2000, RELACIONADOS CON LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL Y EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL. DEROGA LOS DECRETOS 1133 DE 2000 Y 1560 DE 2001.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1215 DE MAYO 30 DE 2003, PG.1334
”Por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 49 de 1990, 3ª de 1991 y 546 de 1999, se derogan los decretos 1133 de 2000 y 1560 de 2001, y se modifica parcialmente el Decreto 2620 de 2000”.
ART. 1º—Objetivos de la política de vivienda de interés social rural. La política de vivienda de interés social rural tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales de escasos recursos económicos, mediante la intervención con programas de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, vivienda nueva en sitio propio o adquirida, para disminuir los índices de hacinamiento crítico y el déficit habitacional de las zonas rurales. Así mismo tiene por objeto apoyar las políticas del Gobierno Nacional en las áreas rurales y los programas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, no solo orientados a reactivar la productividad del campo sino a la construcción de nuevas relaciones económicas y sociales que contribuyan al desarrollo regional del país, sobre la base de convivencia y paz.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. La política de vivienda de interés social rural tiene cobertura nacional y se aplica en todas las zonas definidas como suelo rural en los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 388 de 1997 y en los centros poblados de los corregimientos cuya población no exceda los 2.500 habitantes y que en dichos planes, sus áreas no hayan sido declaradas como suelo urbano.
PAR. 2º—Para efectos de las disposiciones contenidas en el presente decreto la mención de municipio abarca también a los distritos.
PAR. 3º—(Derogado).* La política de vivienda de interés social rural se aplicará en el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de conformidad con sus especiales características y según el reglamento que expida para el efecto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
*(Nota: Derogado por el Decreto 1811 de 2003 artículo 6º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 3º—Definición de vivienda de interés social rural. Se entiende por vivienda de interés social rural aislada, la vivienda ubicada en un terreno de uso agropecuario, forestal o pesquero de tamaño menor o igual a una unidad agrícola familiar, UAF, definida según la Ley 505 de 1999. Cuando se trate de vivienda agrupada o aislada independiente de unidad productiva alguna, la vivienda de interés social rural corresponderá a la perteneciente a los estratos uno y dos. Para las comunidades indígenas, la autoridad indígena determinará las viviendas de interés social rural.
PAR. 1º—Se entiende por unidad agrícola familiar un fondo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa directa y principalmente de vinculación de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra contratada. La extensión debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a 1.080 salarios mínimos legales diarios.
PAR. 2º—(Modificado).* Para el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, será el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el que determinará el concepto de la vivienda de interés social rural, a través de un proceso participativo con la población nativa o raizal.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1811 de 2003 artículo 1º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 4º—Instrumentos de la política de vivienda de interés social rural. La intervención del Gobierno Nacional en la provisión de vivienda de interés social rural se realiza por medio de la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural a la demanda, entregado directamente por la entidad nacional competente o a través de las cajas de compensación familiar; y, por medio de la aprobación de recursos de crédito para la vivienda rural, provenientes del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.
ART. 5º—Del subsidio familiar para la vivienda de interés social rural. Es un aporte estatal en dinero o en especie que se entrega por una única vez al hogar beneficiario, con objeto de facilitar el acceso de la población rural, con altos índices de pobreza, a una solución de vivienda. También constituye subsidio familiar de vivienda de interés social rural el aporte proveniente de los recursos parafiscales administrados por las cajas de compensación familiar que, con los mismos fines, se entrega a los hogares a través de los afiliados a estas entidades, de conformidad con las normas legales vigentes. El subsidio familiar de vivienda de interés social rural es restituible en los términos establecidos en la Ley 3ª de 1991 y sus reglamentos o en las normas que la modifiquen o sustituyan y en el presente decreto.
ART. 6º—Definición de hogar. Para efectos de lo dispuesto por este decreto se entiende por hogar a los cónyuges, a las uniones maritales de hecho y al grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. El concepto de hogar para comunidades indígenas y grupos étnicos especiales se ajustará a sus usos y costumbres.
ART. 7º—Actores de la política de vivienda de interés social rural. Son actores de la política de vivienda de interés social rural: Las entidades nacionales rectoras, orientadoras y coordinadoras de la política de vivienda rural; el Consejo Superior de Vivienda; la comisión intersectorial para la vivienda de interés social rural; La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural y del crédito para vivienda rural; los beneficiarios del subsidio y del crédito; las entidades territoriales; los oferentes de proyectos de vivienda de interés social rural entre ellos, las entidades sin ánimo de lucro como las organizaciones populares de vivienda y las organizaciones no gubernamentales, así como los constructores y promotores privados de proyectos; las entidades públicas descentralizadas relacionadas con el desarrollo rural y la preservación o explotación de los recursos naturales; las entidades privadas y los gremios vinculados al desarrollo rural; y, las instituciones académicas que cuenten con centros de investigación del área rural del país o de tecnologías alternativas para la construcción de vivienda rural.
ART. 8º—Recursos nacionales para el subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Los recursos para la asignación del subsidio familiar de interés social rural corresponderán a los establecidos en la Ley 546 de 1999, los que se determinen en el presupuesto general de la Nación en cada vigencia, aquellos adicionales que el Gobierno Nacional asigne en especie de acuerdo a la Ley 708 de 2001, en el Decreto 724 de 2002 o las normas que las modifiquen o sustituyan u otras disposiciones legales vigentes sobre la materia y los que se obtengan de otras fuentes con este destino.
El total de recursos en dinero del subsidio familiar de vivienda de interés social destinado al área rural, se distribuirá sin perjuicio de los criterios establecidos en el presente decreto, así: el 70% de estos recursos se distribuirá según la siguiente tabla:
Total nacional 100
PAR. 1º—La totalidad de los recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural disponibles en cada vigencia, tanto nacionales como de las cajas de compensación familiar, serán asignados a los hogares postulantes de los proyectos radicados y que hayan obtenido los mayores puntajes de calificación, en la invitación pública correspondiente a la misma vigencia.
PAR. 2º—(Nota: Adicionado parágrafo por el Decreto 3775 de 2004 artículo 1º del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ).
ART. 9º—Entidades otorgantes del subsidio y del crédito. Los recursos provenientes del presupuesto nacional destinados al subsidio de vivienda de interés social rural se canalizarán a través del Banco Agrario de Colombia, el que actuará como entidad otorgante del subsidio por parte del Estado. Son también entidades otorgantes de subsidio las cajas de compensación familiar que tengan afiliados del sector rural, quienes deberán asignar el subsidio familiar de vivienda de interés social a tales afiliados, destinando para ello como mínimo un porcentaje igual de recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social, Fovis, a lo que representan tales afiliados sobre el total de los mismos.
Los recursos de crédito serán los destinados a tal fin por Finagro, en las condiciones establecidas en el artículo 32 de la Ley 546 de 1999. Los créditos deberán cumplir con las normas para préstamos de vivienda de interés social de la mencionada ley y de sus reglamentos.
PAR. 1º—Los procesos de postulación, calificación, asignación y entrega de subsidios familiares de vivienda de interés social rural se coordinarán con el sistema unificado de subsidio de que trata el Decreto 2620 de 2000 y de las normas que lo modifiquen o sustituyan, de acuerdo con las recomendaciones de la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural.
PAR. 2º—Podrá otorgarse crédito de vivienda de interés social rural para construcción de vivienda en zonas urbanas, siempre y cuando se garantice por las entidades competentes que los beneficiarios sean hogares cuyos ingresos provengan en su totalidad de la actividad agropecuaria desarrollada en zonas rurales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las que expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
ART. 10.—Periodicidad de asignación de los subsidios. La comisión intersectorial de vivienda de interés social rural determinará las fechas de asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
Las asignaciones las realizarán las entidades otorgantes del subsidio y divulgarán públicamente tal adjudicación, a través de los medios masivos de comunicación. Adicionalmente, deberán comunicarle a cada uno de los hogares beneficiados señalando el procedimiento para su entrega. A los oferentes de los proyectos no adjudicados se les enviará una comunicación informándoles sobre el puntaje obtenido en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la asignación del subsidio.
PAR.—Los remanentes de los techos presupuestales departamentales de cada asignación de recursos, serán asignados en estricto orden, a los proyectos que hayan obtenido el mayor puntaje de calificación y que no hayan obtenido el recurso.
ART. 11.—Destinación del subsidio familiar de vivienda rural. Los hogares beneficiarios del subsidio únicamente podrán aplicarlo a las siguientes modalidades de acceso a una solución de vivienda: Adquisición de una solución de vivienda nueva mediante la libre escogencia del proyecto al cual se quieren vincular; construcción de una solución de vivienda nueva en sitio propio; o mejoramiento y saneamiento básico de su vivienda. En estos dos últimos casos, el hogar postulante al subsidio debe disponer de sitio, lote de terreno o parcela propia.
Las soluciones a las que se puede destinar el subsidio familiar de vivienda de interés social rural, deberán tener suministro inmediato de agua. El suministro de agua podrá prestarse con base en tecnologías tradicionales o alternativas que aseguren la prestación continua y eficiente del servicio. En los casos de proyectos conformados por soluciones de vivienda nueva básica agrupada o nucleada, el oferente deberá certificar y garantizar la disponibilidad de los servicios públicos básicos, cuando estos sean ofrecidos mediante tecnologías alternativas o no convencionales, se requiere la presentación del concepto previo favorable de la entidad ambiental correspondiente.
PAR. 1º—Solamente se podrán presentar o postular proyectos que propongan una sola modalidad de solución de vivienda. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, de conformidad con lo dispuesto por la comisión intersectorial para la vivienda de interés social rural, establecerán conjuntamente los procedimientos, requisitos y documentación que deben acompañar los proyectos y las postulaciones correspondientes.
PAR. 2º—En los casos de proyectos integrados por soluciones de construcción de vivienda nueva en sitio propio o de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, estos pueden incluir soluciones de vivienda aisladas o dispersas, o si es del caso, nucleadas o agrupadas.
ART. 12.— Valor del subsidio familiar de vivienda rural. La cuantía del subsidio familiar de vivienda de interés social rural será entre ocho (8) y doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, y entre doce (12) y quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes para construcción y adquisición de vivienda nueva básica. Las entidades otorgantes del subsidio definirán los criterios mínimos y básicos a tener en cuenta en la modalidad de solución propuesta para mejoramiento y saneamiento básico y para vivienda nueva en sitio propio o adquirida, previo concepto de la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural. En todos los casos, el subsidio no podrá representar más del 70% del valor de la solución propuesta.
PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1811 de 2003 artículo 2º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 13.—Hogares beneficiarios del subsidio. Podrán ser beneficiarios de subsidio familiar de vivienda de interés social rural, los hogares postulantes al mismo que cumplan con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes y en el presente decreto. Podrán postularse al subsidio los hogares que residen en suelo rural, y que correspondan a los niveles de Sisbén 1 ó 2. El nivel del Sisbén para la población indígena está catalogado como nivel 0, pero para efectos del puntaje se asimilará como nivel uno (1).
Los hogares beneficiarios del subsidio deben habitar la solución de vivienda financiada con el subsidio y abstenerse de darla en arrendamiento, por lo menos durante un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega del mismo. Lo anterior con excepción de los casos de fuerza mayor certificada por la alcaldía municipal o autoridad competente, entendida como el hecho imprevisto al que no es posible resistir, no imputable al beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social rural y que le impide habitar en su respectiva solución habitacional, de conformidad con las normas legales vigentes.
PAR. 1º—Se entiende por postulación colectiva la solicitud de asignación del subsidio que realiza un grupo de hogares a través de una entidad oferente de proyectos de vivienda de interés social rural, para aplicarlo a las soluciones ofrecidas en un proyecto en el que participan los postulantes.
PAR. 2º—(Modificado).* Las postulaciones en el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina serán individuales, sólo podrán realizarla los hogares nativos o raizales y se destinarán exclusivamente al mejoramiento de vivienda. El procedimiento hará parte del reglamento. Se priorizarán los proyectos que busquen conservar la tradición arquitectónica del departamento.
*(Nota: Modificado el parágrafo segundo por el Decreto 1811 de 2003 artículo 3º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
PAR. 3º—(Nota: Adicionado por el Decreto 1811 de 2003 artículo 3º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 14.—Oferentes de proyectos de vivienda de interés social rural. Se consideran como oferentes de proyectos a las entidades públicas y privadas que organizan a los hogares demandantes del subsidio familiar de vivienda para acceder a una solución de vivienda de interés social rural; conjuntamente con ellos definen un proyecto que atienda las necesidades de dichos hogares; diseñan, presentan el proyecto y postulan a los hogares ante las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural; financian el proyecto y se comprometen a ejecutarlo en caso de que los hogares postulantes sean beneficiados con la asignación del subsidio; y responden de acuerdo con la ley por el correcto uso de los recursos entregados y el cumplimiento total de la oferta realizada ante las entidades otorgantes del subsidio.
Podrán ser oferentes de proyectos de vivienda de interés social rural las entidades territoriales municipales y distritales, sus fondos de vivienda de interés social, Fovis, y sus institutos descentralizados establecidos conforme a la ley y que entre sus objetivos se encuentre el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus formas, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 388 de 1997 y las normas que la modifiquen, o sustituyan. También podrán ser oferentes de vivienda de interés social rural las entidades privadas, las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de carácter asociativo, solidario y comunitario u otras entidades similares con personería jurídica vigente, y debidamente inscritas según las normas legales vigentes, que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social para sus asociados, afiliados o vinculados y que realicen proyectos a través de esquemas de financiación solidaria y autogestión.
PAR. 1º—Podrán concurrir los departamentos a financiar los proyectos de vivienda de interés social rural de conformidad con el artículo 24 de la Ley 3ª de 1991 o de las normas que la complementen o sustituyan y para todos los efectos tratados en el presente decreto se entenderá que los aportes de estas entidades a los proyectos presentados por los municipios de su jurisdicción, se tomarán como subsidios o aportes locales municipales. El departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por sus especiales características se considerará como oferente de proyectos.
PAR. 2º—Se entiende por financiación solidaria aquella en la cual los afiliados participan directamente mediante aportes en dinero o trabajo comunitario, o en las dos modalidades. Se entienden por sistemas de autogestión o participación comunitaria cuando en el desarrollo del proyecto participan todos los afiliados administrativa, técnica y financieramente. Esta puede ser por autoconstrucción o por construcción delegada.
ART. 15.—Incumplimiento de las condiciones de la oferta por parte de las entidades oferentes. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 32 de la Ley 3ª de 1991 o en las normas que la complementen o sustituyan y en las demás normas vigentes, los oferentes de proyectos saldrán del registro único de oferentes de las entidades otorgantes del subsidio y quedarán inhabilitados por un período de diez (10) años para presentar proyectos, en los casos de falsedad o distorsión respecto al grupo familiar de los hogares postulantes o a las características de la vivienda, a su tenencia o a la del sitio, lote o parcela propia o colectiva o a los valores para cualquiera de las soluciones de vivienda objeto del subsidio o a sus escrituras de compraventa, cuando es del caso y para todos los demás aspectos que no concuerden o incumplan con las condiciones iniciales de la oferta contenidas en la documentación presentada para la declaratoria de elegibilidad del proyecto y la postulación de los hogares.
ART. 16.—Restitución del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. El subsidio familiar de vivienda será restituible al Estado o a las cajas de compensación familiar, cuando el beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido cinco años desde la fecha de su asignación, fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento, sin mediar permiso específico de la entidad otorgante correspondiente, o cuando incumpla con los aportes que se establecen en el presente decreto. Sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar, también será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los documentos presentados por el hogar para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio.
El hogar sancionado con la pérdida y restitución del subsidio familiar de vivienda de interés social rural quedará inhabilitado para presentar nueva solicitud al mismo, por un término de 10 años. Cuando las certificaciones entregadas por la autoridad municipal competente dirigidas a lograr la asignación de subsidio sean falsas, dará lugar a la exclusión de la familia de la postulación quedando el hogar con la inhabilidad anteriormente establecida. Las entidades encargadas de otorgar el subsidio darán traslado de la denuncia correspondiente a las entidades de control y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
El subsidio se restituirá en su valor medido en salarios mínimos legales mensuales, en el momento de asignación. No habrá lugar a pérdida y restitución del subsidio en aquellos casos en que previamente se compruebe la existencia de fuerza mayor por parte de la entidad otorgante del subsidio.
ART. 17.—Participación de las entidades territoriales en la política de vivienda de interés social rural. Las entidades territoriales participarán en la implementación de la política de vivienda de interés social rural, a través de la organización de la demanda, la gestión y promoción de los proyectos y del otorgamiento a los hogares postulantes de aportes o subsidios locales complementarios al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, para que viabilicen la financiación del proyecto en cuestión, estos deben ser explícitos, concretos y cuantificables dentro del presupuesto de costos del proyecto. Los aportes podrán ser en dinero, materiales, gastos de preinversión (estudios y diseños, dirección de obra, organización comunitaria, gestión ambiental y pólizas y títulos).
— Hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor total de la solución, como costos indirectos.
— El diez por ciento (10%) restante en dinero, o en materiales, de acuerdo con los criterios que determinen las entidades otorgantes del subsidio. Los aportes que excedan al veinte por ciento (20%) darán una mayor calificación a los proyectos y deberán estar reflejados en mayores cantidades de obra o en un menor valor del subsidio nacional solicitado.
PAR. 1º—La participación de los entes territoriales podrá ser directa o por medio de la entidad que designe la administración municipal o a través de alianzas estratégicas con otras instituciones o entidades del sector público o privado, incluyendo instituciones sin ánimo de lucro, de conformidad con las normas legales vigentes. El municipio en este último caso será responsable solidariamente del proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades y deberes consagrados en la Constitución Política y en la ley.
PAR. 2º—Serán considerados como aportes o subsidios municipales para efectos de la calificación de los proyectos, los aportes con carácter de donación que el municipio logre con su gestión, provenientes de organismos no gubernamentales, entidades públicas o privadas del orden local, departamental, nacional, distintas a las otorgantes del subsidio, o internacional, destinados a contribuir a la financiación del proyecto. Estos aportes podrán ser en dinero o en especie.
PAR. 3º—Todos los aportes, tanto de las entidades oferentes como de las entidades aportantes, deberán ser plenamente identificados y certificados de conformidad con el reglamento que para el efecto expida la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural.
PAR. 4º—Las cajas de compensación familiar facilitarán a sus afiliados la vinculación a cualquier proyecto y podrán realizar o promover alianzas entre ellas o con los municipios u otras instituciones para estos efectos, sin que medie el requisito de que un proyecto deba estar integrado exclusivamente por afiliados a la misma caja. Los hogares rurales se podrán postular al subsidio familiar que otorgan las cajas, en estos casos, en forma colectiva o individual.
ART. 18.—Participación de otras instituciones. Las entidades de carácter asociativo, solidario, comunitario o privado, podrán participar como oferentes de proyectos de vivienda de interés social rural, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
— Hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor total del proyecto, como costos indirectos.
— El diez por ciento (10%) restante en dinero o en materiales, de acuerdo a los criterios que determinen las entidades otorgantes del subsidio. Los aportes que excedan al veinte por ciento (20%) darán) una mayor calificación a los proyectos y deberán estar reflejados en mayores cantidades de obra o en un menor valor del subsidio nacional solicitado.
PAR.—Serán considerados como aportes para efectos de la calificación de los proyectos, los aportes con carácter de donación que la institución o entidad oferente logre con su gestión, provenientes de organismos no gubernamentales, entidades públicas o privadas del orden local, departamental, nacional distintas a las otorgantes del subsidio o internacional, destinados a contribuir a la financiación del proyecto. Estos aportes podrán ser en dinero o en especie.
ART. 19.—Solución de vivienda para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico. Cuando la solución habitacional que se proyecta sea de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, el hogar postulante debe habitar una vivienda que presente al menos dos de las tres primeras o una de las cuatro últimas deficiencias descritas enseguida:
e) Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta;
f) Construcción en materiales provisionales, y
La vivienda resultante, descontando el valor del lote, no podrá superar los cincuenta (50 smlm) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 20.—Requisitos de acceso al subsidio para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico. Los hogares postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
c) Escritura pública del lote o terreno inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos y certificado de tradición y libertad vigente donde conste que la propiedad está libre de todo gravamen, hipoteca o condición resolutoria, o en su defecto certificación de la autoridad competente sobre la titularidad del derecho de dominio o de su posesión quieta y pacífica en cabeza de uno de los miembros del hogar postulante, expedida en los términos que estipulan las normas legales vigentes, liberando a la entidad otorgante del subsidio de responsabilidad ante cualquier proceso que tenga por objeto recuperar la posesión del bien, y
ART. 21.—Soluciones habitacionales de construcción de vivienda nueva en sitio propio. Es una solución en terreno de propiedad del hogar, consistente en la construcción de una vivienda rural, que provea por lo menos, un espacio múltiple, una habitación, saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo de la solución planteada. El valor final de la vivienda no será superior a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
PAR. 1º—La construcción de la solución de vivienda nueva en sitio propio, puede darse en lotes o terrenos dispersos de propiedad individual, en terrenos de propiedad de la entidad cuando se trata de organizaciones populares de vivienda e instituciones sin ánimo de lucro, o en terrenos de propiedad colectiva, de los hogares postulantes.
ART. 22.—Soluciones habitacionales de adquisición de vivienda nueva. Es la adquisición de una solución de vivienda rural, que provea por lo menos, un espacio múltiple, una habitación, saneamiento básico y las instalaciones y acometidas domiciliarias, en un proyecto de viviendas nucleadas. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo de la solución planteada. El valor final de la vivienda no será superior a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
ART. 23.—Requisitos de acceso al subsidio para la vivienda nueva en sitio propio o adquisición de vivienda nueva. Los hogares postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
f) Identificación del proyecto y certificación de vinculación al mismo, y
PAR.—Cuando se trate de proyectos de construcción de vivienda nueva básica nucleada donde se agrupen más de cinco soluciones, deben cumplir además con los siguientes requisitos:
b) Licencia de urbanismo, y
c) Certificación de disponibilidad de servicios públicos básicos de acuerdo a lo estipulado en el presente decreto. Todas las anteriores certificaciones expedidas en cada caso por la entidad o autoridad competente de conformidad con el plan de ordenamiento territorial y las normas vigentes sobre la materia.
ART. 24.—Requisitos de los proyectos. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los proyectos deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
f) Licencia de urbanismo y construcción en los proyectos de construcción de vivienda nueva nucleada, cuando se requiera, y
PAR.—Con el objeto de unificar los criterios metodológicos de los proyectos de vivienda de interés social rural, en los aspectos técnicos y financieros, y para efectos de declarar la elegibilidad de estos proyectos para la asignación de subsidios por parte de las cajas de compensación familiar que tengan afiliados del sector rural, estas podrán celebrar para tal fin convenios con el Banco Agrario de Colombia, Findeter, y otras entidades que para el efecto disponga el Gobierno Nacional.
ART. 25.—Asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Una vez verificada la información entregada por los hogares postulantes, se procederá a la calificación de las mismas con base en los puntajes obtenidos al aplicar la fórmula de calificación determinada en el presente decreto y posteriormente a la asignación de subsidio familiar de vivienda de interés social rural, con base en puntajes obtenidos. Se le asignará el subsidio a los hogares postulantes de los proyectos que obtengan un mayor puntaje, siempre y cuando el correspondiente cupo indicativo departamental disponible de recursos para el subsidio sea igual o superior al valor total de dichos proyectos. Los criterios de calificación de las postulaciones priorizarán la población de menores ingresos y con mayor vulnerabilidad social. Estos son:
f) Condición de mujer cabeza de hogar, definida de acuerdo al artículo 2º de la Ley 82 de 1993;
j) Vinculación a un proyecto productivo asociativo del sector agropecuario; o programas colectivos en zona de influencia de parques nacionales; o programas productivos asociativos de organizaciones de mujeres o financiación de los proyectos por los gremios de la producción agropecuaria, y
PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1811 de 2003 artículo 4º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 26.—Calificación de los proyectos o postulaciones colectivas. Los proyectos o postulaciones colectivas tendrán un puntaje único equivalente al promedio aritmético del puntaje del total del grupo. Es decir, el puntaje de las postulaciones colectivas será la sumatoria del total de los puntajes de los hogares del grupo dividido entre el número de hogares postulantes en dicho grupo.
PAR.—Para los programas sectoriales rurales promovidos por el Gobierno Nacional, el tamaño del grupo postulante será establecido de acuerdo con las condiciones particulares de cada programa.
ART. 27.—Fórmula para la calificación de postulaciones. La fórmula que se aplicará para la medición del puntaje es:
Puntaje = (B1 * (Vmv - Vs)/Vmv) + (B2 * (GF - 1)) + (B3/Sis) + (B4 * (AF/Vsvi)) + (B5 * (Amp/Vsvi)) + (B6 * Mj) + (B7 * Pd) + (B8 * (Np - 1 )) + (B9 * NBImr) + (B10 * VPA) + (B11 * PV)
Vs: Valor del subsidio solicitado en pesos.
Vmv: Valor máximo de la Vivienda resultante en pesos.
Vsvi: Valor de la solución de vivienda presentada por el hogar.
Sis: Nivel del Sisbén.
AF: Valor aporte familiar en pesos.
Amp: Valor aporte de contrapartida en pesos.
Mj: Condición de mujer cabeza de hogar.
Pd: Presencia de población dependiente.
Np: Número de veces de postulación.
NBImr: Índice de necesidades básicas insatisfechas municipal rural.
VPA: Vinculación a un proyecto productivo agropecuario, programas colectivos ambientales en zonas de influencia de parques nacionales; programas asociativos de agroindustria y asociativos de mujeres.
PV: Situación de población vulnerable (Población desplazada o afectada por riesgos o desastres naturales).
B1 = 700
B5 = 2000
B6 = 35
B7 = 35
B8 = 25
B9 = 100
B10= 175
B11= 20
f) La presencia de población dependiente —Discapacitados, ancianos o niños—, tendrá un valor de uno (1);
g) El índice NBI deberá ser el oficial, certificado por el DANE;
h) El no cumplimiento de la variable VPA tendrá un valor de cero (0) y su cumplimiento tendrá un valor de dos (2). La forma de verificación de esta variable será determinada por la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural, e
PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1811 de 2003 artículo 5º Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
ART. 28.—Condiciones para la entrega del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Una vez asignados los subsidios, la entidad otorgante suscribirá un convenio entre ella, el representante legal de la entidad oferente del proyecto y el representante de los beneficiarios. En el convenio se establecerán las condiciones de desembolsos de los recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, en función del avance de obra, al igual que los demás aspectos que se consideren convenientes para lograr la mayor eficacia en la entrega efectiva de los subsidios asignados. Las entidades otorgantes prepararán la proforma del convenio.
b) Certificación de disponibilidad presupuestal de los aportes de cofinanciación en el caso de que se requiera, y
ART. 29.—Conformación del comité operativo del proyecto e interventoría. El comité operativo del proyecto es la máxima instancia administradora y coordinadora del mismo y estará conformado por el representante legal de la entidad oferente del proyecto, un representante de los beneficiarios y el interventor contratado por la entidad otorgante del subsidio. Cuando el municipio no es el oferente del proyecto participará con voz en este comité. Las decisiones del comité operativo se tomarán por mayoría simple de sus miembros y quedarán consignadas en acta.
El interventor será contratado por las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, dentro de los parámetros y criterios de su régimen de contratación, y de acuerdo a las normas legales vigentes, para lo cual las entidades otorgantes dispondrán del registro de personas naturales o jurídicas, profesionales de la ingeniería civil o arquitectura el cual hará parte de la información del sistema único de subsidio. El interventor rendirá informes mensuales de acuerdo al reglamento. El costo de la interventoría será a cargo de los recursos del subsidio. La comisión intersectorial de vivienda de interés social rural establecerá el porcentaje correspondiente.
PAR.—El comité operativo del proyecto deberá conformarse en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles posteriores a la comunicación de resultados de la asignación del subsidio, para lo cual la entidad otorgante adelantará los procesos requeridos para dicha conformación.
ART. 30.—Funciones del comité operativo. Son funciones del comité operativo del proyecto las siguientes:
2. Justificar y sustentar ante la entidad otorgante del subsidio sobre modificaciones técnicas o financieras del proyecto.
ART. 31.—Crédito de Finagro para vivienda de interés social rural. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, destinará, a través de los intermediarios financieros, el 20% de todos los recursos provenientes de las inversiones forzosas a una línea de crédito para la financiación de la vivienda de interés social rural de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 546 de 1999, con el presente decreto y con las normas que establezca para tal fin la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
PAR.—En los casos establecidos en el parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 546 de 1999, el cambio de destinación de los recursos por parte de Finagro, se realizará en la vigencia inmediatamente siguiente a aquélla en que no fueron utilizados.
ART. 32.—Beneficiarios del crédito de vivienda de interés social rural. Podrán acceder a la línea de crédito de vivienda de interés social rural, las personas naturales o jurídicas de régimen público o privado que adelanten programas de vivienda en el sector rural en las condiciones establecidas en el presente decreto, así como toda persona que requiera crédito individual para vivienda de interés social rural, que cumpla con lo establecido en el presente decreto.
ART. 33.—Procedimientos y condiciones de acceso al crédito. A los recursos de la línea de crédito de vivienda de interés social rural, se accederá a través del redescuento de operaciones de crédito presentadas por los intermediarios financieros. El monto de redescuento para las diferentes operaciones que se realicen con base en los recursos de la línea de crédito que aquí se establece será definido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
ART. 34.—Líneas financiables. Se podrán financiar con recursos de esta línea los créditos de corto y largo plazo para los diversos programas de vivienda de interés social rural establecidos en el presente decreto, en las condiciones definidas en la Ley 546 de 1999 y sus decretos reglamentarios.
ART. 35.—Programas de promoción de la línea de crédito. Finagro destinará anualmente como mínimo el 0.15% del total de recursos de la línea de crédito aquí establecida a actividades de promoción de la misma.
ART. 36.—Responsabilidad institucional de la política de vivienda de interés social rural. Conforme a la legislación vigente, la responsabilidad de la formulación política de vivienda rural es del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con la asesoría del Consejo Superior de Vivienda. La dirección en la ejecución de la política de vivienda rural estará en cabeza de este último ministerio. La evaluación y seguimiento se realizará a través del viceministerio de vivienda y desarrollo territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ART. 37.—Comisión intersectorial de vivienda de interés social rural. Para la orientación, coordinación y seguimiento de la política de vivienda de interés social rural se contará con una comisión intersectorial conformada por:
a) (sic) El Ministro de Transporte o su delegado;
e) El presidente del Banco Agrario o su delegado, y
PAR.—La comisión podrá invitar a las entidades o personas naturales que considere pertinente.
ART. 38.—Funciones de la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural. Son funciones de la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural:
ART. 39.—Responsabilidad de las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, tendrán las siguientes responsabilidades:
d) Mantener actualizado el registro único de proponentes, consignando las evaluaciones realizadas, novedades, incumplimientos y sanciones impuestas a las entidades oferentes;
i) Informar trimestralmente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, viceministerio de vivienda y desarrollo territorial, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dirección de desarrollo rural, sobre los avances y realizaciones de la asignación y entrega de los subsidios de vivienda de interés social rural. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborará un formato para la entrega de dicha información;
l) Cumplir con las decisiones de la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural, y
ART. 40.—Los costos de la administración del subsidio familiar de vivienda de interés social rural. Por administración de los recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, las entidades otorgantes el Banco Agrario podrán destinar hasta el 8% y las cajas de compensación familiar hasta el 5% de los recursos a este fin. Los costos que excedan tal porcentaje serán con cargo de la propia entidad otorgante.
ART. 41.—Intervención directa de las entidades otorgantes del subsidio en la ejecución de los proyectos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, podrán intervenir los proyectos y ejecutarlos indirectamente a través de las entidades que señale la comisión intersectorial de vivienda de interés social rural cuando se presenten una o varias causas que según su criterio, impidan la normal ejecución de los mismos. Las entidades otorgantes del subsidio establecerán las causales para tal intervención por medio de acto administrativo de su junta o consejo directivo.
ART. 42.—Reglamentación interna de procedimientos. Las entidades otorgantes del subsidio de vivienda de interés social rural, deberán modificar en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles sus procedimientos internos para hacer efectivo lo dispuesto en el presente decreto.
ART. 43.—Disposiciones transitorias. Los proyectos de vivienda de interés social rural que se hayan viabilizado, se encuentren en ejecución o hayan sido objeto de la asignación del subsidio, continuarán su trámite normal, hasta la terminación respectiva, con la aplicación de las disposiciones vigentes antes de la publicación del presente decreto.
ART. 44.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones de igual jerarquía que le sean contrarias, en especial el Decreto 1133 de 2000 y el Decreto 1560 de 2001, modifica el parágrafo 2º del artículo 74 y parcialmente el artículo 75 del Decreto 2620 de 2000 en lo que se refiere a los coeficientes de distribución de los recursos para el subsidio familiar de vivienda en las áreas rurales.