Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1999-29-sep-c-andalucia-bienes-entidades-locales-12367072
Timestamp: 2020-02-19 17:54:59
Document Index: 172170716

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 21', 'artículo 16', 'Artículo 31', 'artículo 55', 'Artículo 34', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 64', 'artículo 101', 'Artículo 78', 'artículo 47']

Ley 7/1999 de 29 de Sep C.A. Andalucía (Bienes de las Entidades Locales) | Iberley
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 26-10-1999
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 23 de Julio de 2010
Fecha de entrada en vigor: 05/11/1999
TÍTULO I.EL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES
CAPÍTULO I.BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD LOCAL
Modificación realizada (Artículos 1) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Texto Original. Publicado el 26-10-1999 en vigor desde 05-11-1999
23/07/2010 (Vigente)
05/11/1999 (Versión Original)
Modificación realizada (2) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Los bienes de dominio público incluidos los comunales, mientras conserven su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
CAPÍTULO II.ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES Y MUTACIONES DEMANIALES
Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente acuerdo plenario.
Adquisición por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, del dominio de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal.
Modificación realizada (Artículos 6) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Alteración del uso o servicio al que estuviere destinado el bien.
Concurrencia de afectaciones que fueren compatibles.
Artículo insertado por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
CAPÍTULO III.ADQUISICIÓN
Por cesión de naturaleza urbanística.
Por sucesión administrativa y, especialmente, a consecuencia de modificaciones de términos municipales o transferencias de competencias de otras Administraciones.
Cuando así lo requieran las características de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica de los bienes.
Cuando se den circunstancias imprevisibles para el órgano de contratación que justifiquen lo inaplazable de la adquisición y que no pueda lograrse mediante la tramitación del específico procedimiento de urgencia.
Siempre que su precio no exceda de 3.000.000 de pesetas.
3. Cuando la adquisición se lleve a cabo mediante procedimiento negociado, deberen figurar en el expediente:
Memoria justificativa de las circunstancias que en su caso lo motivan en los supuestos previstos en los apartados a) y b) del apartado anterior.
Informe del órgano autonómico competente, cuando se trate de adquisición de bienes históricos o artísticos cuya transmisión deba ser notificada a la Administración autonómica, según la legislación vigente. Dicho informe se sujetará a los plazos y efectos contenidos en la regulación específica del patrimonio histórico de Andalucía.
En todo caso, la adquisición de bienes inmuebles requerirá valoración pericial verificada por técnico competente de la respectiva entidad o, en su defecto, de la diputación provincial respectiva.
Se pondrá en conocimiento de la Consejería de Gobernación y Justicia o, en su caso, de la de Economía y Hacienda cuando se trate de adquirir valores mobiliarios en los supuestos del apartado a) del citado párrafo dos.
4. No se puede renunciar a herencias, legados o donaciones si no es por acuerdo del pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, cuando la cuantía exceda del diez % de los recursos ordinarios del presupuesto y con la mayoría simple en los demás supuestos, previa tramitación de expediente.
Artículo 13. Adquisición condicional y modal
Se modifique el ámbito territorial, de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes.
Se produzca la transferencia de competencias de otra Administración Pública a una entidad local que lleve aparejado el traspaso de los bienes afectos a su ejercicio.
CAPÍTULO IV.ENAJENACIÓN
Se determinarán las situaciones física y jurídica de los bienes, se practicará el deslinde de los bienes, sí es necesario, y se inscribirán en el Registro de la Propiedad, si no lo esten.
Se valorará el bien por técnico competente.
En ningún caso el importe de la enajenación de bienes patrimoniales se podrá destinar a financiar gastos corrientes, con la excepción de que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de bienes no utilizables en servicios locales.
No podrán enajenarse bienes que se hallaren en litigio, salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo del resultado del mismo. Igualmente, si llega el caso, deberán suspenderse los procedimientos de adjudicación que estuvieren en trámite.
Modificación realizada (16 (apdo. 1c)) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Modificación realizada (17) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Modificación realizada (Artículos 18) por LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. (BOE de 30-01-2004) en vigor desde 01-01-2004
Modificación realizada (20) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Modificación realizada (20 (apdo. 2.c)) por LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. (BOE de 30-01-2004) en vigor desde 01-01-2004
Parcelas que queden sobrantes en virtud de la aprobación de planes o instrumentos urbanísticos, de conformidad con la normativa urbanística.
En las enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso que no se adjudicasen por falta de licitadores, porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones originales y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias.
Cuando el precio del bien inmueble objeto de enajenación sea inferior a 18.000 euros.
En caso de bienes calificados como no utilizables, una vez valorados técnicamente.
Cuando la enajenación responda al ejercicio de un derecho reconocido en una norma de Derecho público o privado que así lo permita.
Cuando se trate de actos de disposición de bienes entre las administraciones públicas entre sí y entre estas y las entidades públicas dependientes o vinculadas.
Cuando el adquirente sea sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho Público.
Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública.
Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.
Modificación realizada (21) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Modificación realizada (Artículo 21 (letra g)) por LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. (BOE de 30-01-2004) en vigor desde 01-01-2004
2. Tambián podrán adscribirse bienes afectos a un servicio público a aquellos Entes públicos de su dependencia a los que les atribuya la prestación del correspondiente servicio, o a otras Administraciones públicas con competencia en la materia. Esta adscripción no comportará en ningún caso transmisión de la titularidad demanial, atribuyéndoles sólo las necesarias facultades de gestión, y las correlativas obligaciones de conservación y mantenimiento.
3. Cuando se trate de sociedades mercantiles en cuyo capital social participasen íntegra o parcialmente, las Entidades Locales podrán aportar la concesión demanial debidamente valorada. Dicha concesión será, además, abonada a la Entidad Local mediante la fijación de un canon.
Igualmente, se considerará como prestación accesoria retribuida la aportación a la sociedad de bienes demaniales afectos al servicio público municipal cuya prestación sea objeto de aquella, que tampoco podrá integrar el capital social de la empresa.
1. Las entidades locales podrán celebrar contratos de permuta de bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente en el que se acredite su necesidad y siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 40 % del que lo tenga mayor, observándose en todo caso los requisitos del artículo 16 de esta Ley. En tales supuestos, la diferencia de valores deberá ser compensada económicamente.
Modificación realizada (24 (apdo. 2)) por Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomia local de Andalucia. (BOE de 19-07-2010) en vigor desde 23-07-2010
Modificación realizada (25 (apdo. 2)) por LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. (BOE de 30-01-2004) en vigor desde 01-01-2004
CAPÍTULO V.CESIÓN
A otras Administraciones o entidades públicas.
A entidades privadas declaradas de interés público siempre que los destinen a fines de utilidad pública o interés social, que cumplan o contribuyan al cumplimiento de los propios de la entidad local.
5. Toda cesión gratuita efectuada habrá de notificarse a la Consejeria de Gobernación y Justicia con remisión del expediente instruido a tal fin.
TÍTULO II.USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES
CAPÍTULO I.UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
2. El uso común general es aquel que corresponde por igual a todas las personas, cuando no concurren especiales circunstancias, sin que la utilización por parte de unos impida la de otros.
3. El uso común especial es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares.
Artículo 31. Formalización de la con cesión.
1. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995, las concesiones se formalizarán en documento administrativo, dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de su adjudicación. Podrán, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el concesionario, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
1. Las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de setenta y cinco años y se extinguen:
Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
Por desafectación del bien.
Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas de la concesión.
Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario.
CAPÍTULO II.UTILIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES
Cuando el arrendamiento afecte a viviendas acogidas a regímenes de promoción o protección pública.
Si la cesión del bien se condiciona al cumplimiento por parte del adjudicatario de fines de interés general.
Si en los pliegos de condiciones se supedita la adjudicación a la coparticipación de la entidad local en el uso del bien para la realización de actividades públicas compatibles con el destino del mismo.
Cuando por razones de interés público y social deban valorarse específicamente características técnicas, económicas, de solvencia u otras análogas, que deberán justificarse en el expediente.
Cuando la duración del arrendamiento o de la cesión fuera inferior a cinco años o el precio de la licitación sea inferior a dos millones de pesetas al año.
En los supuestos en que las subastas o concursos no llegaren a adjudicarse por falta de licitadores, porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones originales, salvo el precio, que podrá ser disminuido hasta un 10 % del de la licitación anterior, y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias.
Cuando medien razones de reconocida urgencia, surgidas de necesidades que requieran una inmediata satisfacción, que habrán de ser debidamente acreditadas en el expediente.
Si fuese necesario arrendar o ceder bienes que resulten complementarios de otros ya arrendados o cedidos, por haber surgido nuevas necesidades que puedan ser satisfechas con la nueva cesión.
Artículo 40. Cesión de viviendas al personal de la corporación.
Extinción de la relación de empleo o excedencia voluntaria.
Extinción del título bajo el cual estuviera cedida la vivienda.
2. Corresponderá a la corporación acordar y ejecutar por si misma el desahucio, previa instrucción del correspondiente expediente.
Artículo 41. Cesión gratuita temporal
CAPÍTULO III.APROVECHAMIENTO Y DISFRUTE DE BIENES COMUNALES
Artículo 42. Regulación del aprovechamiento de los bienes.
Que se adjudique el aprovechamiento en la máxima postura ofrecida por los licitadores.
TÍTULO III.CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES
CAPÍTULO I.CONSERVACIÓN
4. Las entidades locales titulares de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía esten obligadas a obtener la previa autorización de la Consejería de Cultura, para realizar cualquier cambio o modificación en bienes inmuebles inscritos o en su entorno, para realizar obras de todo tipo y para cambiar el uso o modificar los bienes muebles, instalaciones y accesorios que recoja la inscripción, de conformidad con la regulación específica del patrimonio histórico de Andalucía.
Artículo 56. Normas sobre administración del patrimonio.
CAPÍTULO II.INVENTARIO
Artículo 57. El inventario general
El de bienes, derechos y obligaciones de la entidad local, incluidos los cedidos a otras Administraciones o a particulares que hayan de revertir a la entidad.
El del patrimonio municipal del suelo.
El del patrimonio histórico.
Los de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes de la entidad local.
CAPÍTULO III.INSCRIPCIÓN REGISTRAL
TÍTULO IV.PRERROGATIVAS DE LOS ENTES LOCALES RESPECTO A SUS BIENES
CAPÍTULO I.POTESTADES DE LAS ENTIDADES LOCALES
La de investigación.
La de deslinde.
La de recuperación de oficio.
La de desahucio administrativo.
2. Las entidades locales también podrán establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial aplicable o en las ordenanzas locales, para la defensa de su patrimonio y para asegurar la adecuada utilización del mismo.
CAPÍTULO II.POTESTAD DE INVESTIGACIÓN
Artículo 64. Extensión de la potestad de investigación.
CAPÍTULO III.DESLINDE DE BIENES
CAPÍTULO IV.RECUPERACIÓN DE OFICIO
2. También podrán recobrar por si mismas la posesión de sus bienes patrimoniales en el plazo de un año a partir de la constancia de la usurpación de los mismos o de la perturbación en la posesión, siendo suficiente, a tal efecto, que durante el indicado plazo se haya notificado al usurpador o perturbador el acuerdo de recuperación, conminándole a que deje a la libre disposición de la entidad local el bien ocupado. Transcurrido dicho plazo, deberá ejercitarse la correspondiente acción judicial para conseguir la recuperación del bien.
CAPÍTULO V.DESAHUCIO ADMINISTRATIVO
Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título.
Cuando los bienes hayan sido usurpados u ocupados por los particulares sin título jurídico alguno, clandestinamente o contra la voluntad de la entidad.
Cuando declaren extinguido el derecho de ocupación de bienes que hayan sido entregados a sus funcionarios y demás personal a su servicio por razón de los puestos de trabajo que desempeñen.
2. Conforme señala el artículo 101 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los órganos administrativos realizados en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
La extinción de derechos de los particulares sobre bienes de dominio público o comunales se acordará por el órgano competente de la entidad, en todo caso, previa audiencia del interesado.
Cuando se trate de repeler ocupaciones ilegítimas de bienes, bastará con que antes de efectuar el desahucio se efectúe un requerimiento de desalojo a las personas que ocupen el bien, si pudieren ser halladas en el mismo; dejando constancia, en todo caso, de las diligencias practicadas al efecto.
Cuando con arreglo a las leyes proceda la extinción de algún derecho de los particulares sobre los bienes objeto del desahucio, la indemnización que correspondiere será fijada administrativamente y bastará para efectuarla la consignación de su importe a disposición del interesado.
Los gastos que produzcan la efectividad material del desahucio serán de cuenta del desahuciado. La Administración notificará su importe al ocupante con certificación detallada de los producidos y requerimiento de pago; las deudas originadas podrán exigirse por el procedimiento de apremio. En el momento de verificarse el lanzamiento, la Administración podrá retener bienes suficientes y proporcionados para atender, en su caso, el pago de tales gastos.
CAPÍTULO VI.EJERCICIO DE ACCIONES
2. Las transacciones que superen el 5 % de los recursos ordinarios del presupuesto requerirán dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
TÍTULO V.RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
1. Las autoridades y el personal al servicio de las entidades locales que tuvieren a su cargo la gestión y utilización de los bienes o derechos de las mismas esten obligadas a su custodia, conservación, aprovechamiento y explotación racional, respondiendo ante la entidad de los daños y perjuicios que les sobrevengan por su actuación con dolo, culpa o negligencia graves.
1. Las personas que, aun a título de simple inobservancia, causen daños en el dominio público de las entidades locales u ocupen bienes sin título habilitante o lo utilicen contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, serán sancionadas con una multa cuyo importe se determinará por el órgano competente entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado. En todo caso se dará audiencia al infractor.
Ocupar bienes sin título habilitante.
Su utilización contrariando su destino normal o las normas que lo regulan.
Causar daños materiales a los bienes.
Para sanciones leves, multas de 10.000 a 500.000 pesetas.
Para sanciones graves, multas de 500.001 a 2.500.000 pesetas.
Para sanciones muy graves, multas de 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas.
Artículo 78. Responsabilidad penal
La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que la mencionada jurisdicción se haya pronunciado. No obstante podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.
Que el ocupante haya estado en posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la entrada en vigor de esta ley cualquiera que sea su título de ocupación.
Que la entidad local no hubiere iniciado acciones de desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada en vigor de esta ley.
Cualquier otro supuesto excepcional que la entidad local determine por analogía con los anteriores, previo informe favorable de la Consejería de Gobernación y Justicia.
Iniciación de oficio, mediante acuerdo de la corporación en el que declare la voluntad de regularizar las situaciones de hecho a que se refiere la presente disposición.
Remisión de una copia del expediente a la Consejería de Gobernación y Justicia en solicitud de autorización.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen formulado alegaciones, el acuerdo de enajenación devendrá definitivo. Si se hubiesen presentado alegaciones, serán resueltas por el pleno de la entidad elevando a definitiva la adjudicación si así procede. Si se hubiesen suscitado discrepancias entre terceros pretendiendo el mismo derecho, se suspenderán las actuaciones hasta tanto sean substanciadas en el procedimiento correspondiente.
Se modifica la letra a) del apartado 1 de artículo 47 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactada en los siguientes términos:
Desde los créditos del programa de Provisión de Insuficiencias y Funciones no Clasificadas, incluidos en la sección Gastos de Diversas Consejerias, o de los créditos del capítulo I del programa Reforma y Administración de la Función Pública destinados a Otros Gastos de Personal, a los demás programas de gasto.
23/07/2010 Redacción Vigente
desde 01/01/2004 hasta 23/07/2010
desde 05/11/1999 hasta 01/01/2004