Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Peru10475.htm
Timestamp: 2017-07-21 14:33:55
Document Index: 344688960

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 42', 'Artículo 34', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 1', 'Artículo 50', 'Artículo 47']

propuestos; 2. Que tampoco ha presentado observaciones a los informes y no ha dado respuesta a las comunicaciones efectuadas al respecto, y 3. Que no existen en esta Comisión nuevos elementos de juicio que requieran modificar dichos informes originales. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: Publicar dichos informes en su Informe Anual 1990-1991. INFORME N° 86/90
PERU VISTOS los antecedentes obrantes en el caso a saber: 1. La denuncia recibida por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el 15 de septiembre de 1989, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación: La detención-desaparición de Santos Rojas Quispe, ocurrida el 5 de junio de l989 en la localidad del sector Atajara, Distrito y Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac. Con fecha 5 de junio de l989 don Santos Rojas Quispe, identificado con L.E. 31166684, de 63 años de edad, casado, con seis hijos,
campesino, en la localidad del sector Atajara, distrito y provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac, habría sido detenido por efectivos del Ejército Peruano acusado de colaborar con elementos subversivos. La detención ocurrió en presencia de uno de sus hijos, siendo trasladado hacia Aymaraes, pasando por el distrito de Turaq, dirigiéndose posteriormente hacia la localidad de Chalhuanca vía Santa Rosa, con dirección a la base militar de Ccapaya. Su detención, traslado y reclusión han sido sistemáticamente negadas por las autoridades militares a los familiares de la
víctima, por lo que su condición sería la de detenido‑desaparecido desde el momento en el que se produjo la captura. 2. La Comisión, mediante nota del 19 de octubre de 1989 inició la tramitación del caso y solicitó al Gobierno del Perú la información pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicación, así como cualquier elemento de juicio que permitiera apreciar si en el caso objeto de la solicitud se habían agotado los recursos de la jurisdicción
interna, concediéndosele el plazo de 90 días para dar respuesta a dicho pedido. 3. En fecha 9 de marzo de 1990, la Comisión reiteró al Gobierno del Perú su solicitud de información, mencionando que de no recibirse dicha información en un plazo de 30 días, la Comisión entraría a considerar la posible aplicación del Artículo 42 del Reglamento, el cual establece la presunción de los hechos relatados en la denuncia, toda vez que el Gobierno aludido no suministre la información correspondiente dentro del plazo señalado por la Comisión. 4. La Comisión reiteró al Gobierno del Perú, el 12 de abril de 1990, su pedido de información sobre la desaparición de Santos Rojas Quispe bajo apercibimiento de la aplicación del Artículo 42 del
Reglamento. CONSIDERANDO: 1. Que la Comisión es competente para conocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 4, relativo al derecho a la vida y Artículo 7, derecho a la libertad personal, tal como lo dispone el Artículo 44 de la citada Convención, de la cual Perú es Estado
Parte. 2. Que la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisión. 3. Que en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario no ha podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos
jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos internos contenidos en el Artículo 46 de la Convención. 4. Que la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional ni es la reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión. 5. Que pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones efectuadas por la Comisión, el Gobierno del Perú no ha proporcionado respuesta relativa a los hechos en relación con el presente caso. 6. Que al no haber dado respuesta el Gobierno del Perú ha incumplido la obligación internacional de suministrar información a la Comisión dentro de un plazo razonable, como lo establece el Artículo 48 de la Convención. 7. Que la Comisión ha manifestado reiteradamente su terminante rechazo a este grave fenómeno de la desaparición forzada de personas en sus informes sobre la situación de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que: ... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la víctima.1 8. Asimismo, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones ha destacado la necesidad de que en los países donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa práctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para determinar la situación de esas personas. Además, a propuesta de la
Comisión, la Asamblea General de la OEA ha declarado que la desaparición forzada de personas en América constituye un crimen de lesa humanidad.1 9. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, declaró lo siguiente: La práctica de desapariciones, además de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención (...), significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención.2 10. Que el Artículo 42 del Reglamento de la Comisión establece lo
siguiente: Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información
correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 11. Que al no ser aplicable el procedimiento de solución amistosa (Artículo 48. 1. f, de la Convención), por la naturaleza misma de los hechos denunciados y por la ausencia de respuesta de parte del Gobierno, la Comisión debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50, inciso 1, de la Convención Americana, emitiendo sus conclusiones y recomendaciones sobre la denuncia sometida a su consideración. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, RESUELVE: 1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 15 de septiembre de 1989, relacionados con la detención y la posterior desaparición de Santos Rojas
Quispe, ocurrida el 5 de junio de 1989 en la localidad del sector Atajara, distrito y provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac, Perú. 2. Declarar que el Gobierno del Perú no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. Declarar que tales hechos constituyen violaciones del derecho a la vida y al derecho a la libertad consagrados en los Artículos 4 y 7 de la Convención. 4. Formular al Gobierno del Perú las siguientes recomendaciones (Artículo 50, inciso 3 de la Convención y Artículo 47 del Reglamento de
Comisión. 1. Cf. Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987. 1. Cf. Res. 443 (IX-0/79), 510 (X-0/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84). 2. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C. No. 4, párr. 158.