Source: https://rafaelhpagan.com/2015/04/09/derecho-a-la-vida-las-aguas-residuos-y-la-privatizacion-del-agua/
Timestamp: 2017-12-11 22:43:14
Document Index: 319358181

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 111', 'Artículo 114', 'Artículo 140', 'artículo 140', 'Artículo 4', 'Artículo 143', 'Artículo 210', 'Artículo 82', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 4', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 210', 'Artículo 211', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'Artículo 215']

Derecho a la vida, las aguas residuales y la privatización del agua – Rafael Humberto Pagán Santini
Derecho a la vida, las aguas residuales y la privatización del agua
Publicado el 9 abril, 2015 9 abril, 2015 de Rafael-Humberto Pagán-Santini
El Proyecto de Ley General de Aguas (Legislatura, 2015), presentado ante la Cámara de Diputados en marzo de 2015, es un atentado a la salud pública y al derecho a la vida. Al revisar con detenimiento los artículos relacionados al manejo de las aguas residuales, entendidas estas como: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento, desalinizadoras y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas, de acurdo al Artículo 10, fracción VII, del respectivo Proyecto, vemos que el legislador, aparentemente, tuvo en un momento el interés de preservar la vida y la salud pública del usuario-población. Sin embardo, punto y seguido, pone en manos de la discrecionalidad y de las empresas privadas con interés de lucro la pureza de las aguas, en especial de los acuíferos, que para fines prácticos se traduce en un atentado al Derecho a la Vida y a la Salud de los usuarios-población.
El legislador inicia comprometiéndose con la vida y la salud de los usuarios-población. En el TÍTULO SEXTO (AGUAS NACIONALES, BIENES NACIONALES E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA), en el CAPÍTULO VI (Suspensión, Extinción y Revocación), Artículo 111 señala que: La concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se suspenderá cuando su titular; fracción IV: Descargue aguas residuales que afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud pública. La afirmación legislativa continúa en el Artículo 114, de la misma sección de Ley: La concesión debe revocarse en los casos que: fracción III, el concesionario: Descargue en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, en contravención a lo dispuesto en la presente Ley; así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o el acuífero, sin perjuicio de las sanciones que fijen las disposiciones sanitarias y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; y, en la fracción IX: Realizar descargas de aguas residuales que contengan materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud, recursos naturales, ecosistemas o que alteren la sustentabilidad ambiental. El Proyecto de Ley, en apariencia, es contundente con respecto a la defensa de los acuíferos, fuentes de abastecimiento de agua potable de los usuarios-población.
gua, dia mundial del agua del planeta
No obstante, todos estos artículos de ley pueden ser evadidos obteniendo el permiso correspondiente que otorga la Comisión nacional del Agua (CNA). El centralismo institucional, la omisión de definiciones que establezcan un límite en defensa de la salud e intereses de los usuarios-población y la ausencia de prohibiciones claras en el Proyecto de Ley nos orientan a pensar que los permisos se obtendrán discrecionalmente, esto es, la mera la solicitud del permiso y su otorgación serán suficientes para evadir los artículos anteriores. En el mismo título, en la sección de Permisos, Capitulo X, el Artículo 140 abre las puertas para violentar la defensa de los acuíferos, fuentes de abastecimiento de agua potable y a la salud pública, como se ha expuesto. Los artículos subsiguientes, hasta el 147, explican el procedimiento a seguir[1] para evadir el respeto a la salud y vida de los usuarios-población. El artículo 140 dice: Se debe solicitar permiso de descarga de aguas residuales en los casos siguientes, y en su fracción III dice: Para infiltrar aguas residuales en cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos. Como la misma Ley afirma, es cuestión de pedir permiso, lo demás son detalles. El derecho positivo, el cual nos rige, es claro, por eso preguntamos a los legisladores: ¿se puede o no se puede contaminar un acuífero? Cuando tratamos asuntos de vida o muerte no podemos aplicar el derecho cantinflesco: No se puede, pero tantito sí.
Es evidente que el legislador se inspiró en la teoría económica neoclásica sobre contaminación al momento de redactar el Proyecto de Ley, la cual en su concepción ambiental utiliza el concepto “contaminación óptima”. Desde el punto de vista de los neoclásicos, la contaminación es buena mientras los beneficios que proporciona –a las empresas contaminadoras y a los consumidores que han de pagar menos por el producto- son superiores a los costes para aquellos que sufren las consecuencias (Martínez-Alier, 2000). El problema, como dicen los autores Martínez y Roca, cuando se habla del agua encontramos efectos ambientales a muy largo plazo, incluso irreversible. Hay substancias como los metales pesados o los residuos radioactivos, para los cuales la naturaleza no tiene capacidad de asimilación –o cuya capacidad es insuficiente, dado el nivel de residuos- y se acumulan generando daños –o generándolos a partir de un determinado nivel de acumulación de la sustancia- que, en cada periodo no depende sólo del flujo de contaminación sino también del stock de sustancia acumulada. Por ejemplo, metales como plomo, níquel, arsénico, cianuro, mercurio, cobalto, cromo hexavalente y sustancias compuestas como los plaguicida organoclorado pueden acumularse sin poder ser asimilados por la naturaleza. (Externalidades dinámicas[2]) No existe presupuesto que pueda limpiar un acuífero o que pueda salvar una vida emponzoñada con el veneno del cáncer como resultado de beber aguas contaminadas.
Flujo de contaminación
Las aguas subterráneas pueden afectarse por medio de los contaminantes del agua residual a través de la presencia de efluentes industriales, los cuales introducen en el acuífero metales pesados y compuestos orgánico tóxicos. El efecto real sobre la calidad del agua subterránea variará de acuerdo a la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. Los factores que pueden afectar la calidad del agua y, por ende, su uso potencial, dependen del origen de las aguas negras o contaminadas, de la probabilidad de que estos contengan contaminantes persistentes, del flujo de infiltración de las aguas residuales en relación con el flujo dentro del acuífero, entre otros.
Es una aberración y un descredito que el legislador pretenda rellenar los vacíos y las ambivalencias del Proyecto de Ley con normas y reglamentos que han demostrado su incapacidad para garantizar el mantenimiento y evitar el daño ecológico de las aguas de la Nación (Artículo 4 del Proyecto de Ley[3]) o a su defecto, han demostrado ser caducos e inoperantes para los fines establecidos. Un ejemplo, pero no el único, del mal proceder legislativo se observa en el Artículo 143 donde se establecen los deberes de los titulares de los permisos para descargas, fracción X: Cumplir con las normas oficiales mexicanas y en su caso con las condiciones particulares de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación difusa que resulte del manejo y aplicación de substancias que puedan contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores. En la legislación actual, referente al uso de las aguas nacionales, se cuenta con varias normas y reglamentos aplicables al manejo de aguas residuales, algunas de ellos datan desde 1996, casi 20 años y se e incluyen las siguientes: (1) Normas: NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; (2) NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado; (3) NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público; (4) NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental. –Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Y en materia de salud pública la NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y Evaluación del Control de Calidad del Agua para Uso y Consumo Humano, Distribuida por Sistemas de Abastecimiento Público, la cual tiene el objetivo de establecer los criterios para garantizar la salud pública[4].
Partículas de plomo en el agua
Las leyes y reglamentos de control sobre contaminantes deben adecuarse permanentemente a los cambios en los procesos productivos así como en los mecanismos de desecho residual. Por ejemplo, la mayoría de los contaminantes orgánicos conocidos pueden eliminarse mediante los métodos tradicionales de tratamiento de agua (primario o físico-químico y secundario o biológico) y, en mayor grado, mediante los tratamientos terciarios (ozonización, filtración en carbón activo, etc.). No obstante, hay algunos que no resultan eliminados y permanecen en las aguas residuales de salida de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), como es el caso de algunos fármacos. Además de estos, existen compuestos que resultan sólo parcialmente degradados y formen subproductos aún más tóxicos que los compuestos originales, como es el caso de los detergentes de tipo alquilenol etoxilado (surfactantes no iónicos) y que son filtrados a los acuíferos.
Lecho de lodo residual
Las normas y reglamentos centran sus controles sobre los contaminantes apolares, tóxicos, persistentes y bioacumulables, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los policlorobifenilos (PCBs) o las dioxinas. Sin embargo, actualmente se ha identificado un grupo de contaminantes, denominados globalmente como emergentes, que no son tomados en consideración. La lista de contaminantes emergentes incluye productos de uso diario, con aplicaciones tanto industriales como domésticas. Entre ellos se encuentran: (1) los retardantes de llama bromados, los cuales son compuestos químicos antropogénicos que se añaden a productos (ordenadores, muebles, textiles, etc.) para mejorar su resistencia al fuego, se sabe que pueden afectar el desarrollo del sistema nervioso y causar desajustes hormonales; (2) los cloroalcanos, se utilizan en la industria metalúrgica formando parte de los metales industriales en fluidos usados, aunque también como aditivo en la fabricación del caucho, sobre todo para las bandas transportadoras, además, forma parte de algunas pinturas y aerosoles, utilizándose también en la industria del cuero y textil; (3) los pesticidas polares; los compuestos perfluorados, son sustancias químicas sintéticas que repelen tanto el aceite como el agua, son persistentes debido a la fortaleza inherente de los enlaces entre carbono y flúor, provocan disfunciones en el sistema inmunológico y se comportan como promotor tumoral y (4) los fármacos; las drogas de abuso, y los metabólitos y/o productos de degradación de las clases de sustancias anteriores[5].
Equivocadamente, el Proyecto de Ley General de Aguas continúa con las mismas políticas de control de contaminación que las leyes anteriores, las cuales han demostrado, en la práctica, su inoperancia y fracaso. En el TÍTULO OCTAVO (CONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS), CAPÍTULO IV (Prevención y Control de la Contaminación del Agua[6]), Artículo 210 señala: Las descargas de aguas residuales que se realicen en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales y la infiltración en terrenos que sean bienes nacionales o en cualquier otro cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, deben cumplir con los límites máximos de contaminantes permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Este artículo de ley reproduce el control de los contaminantes a los “límites máximos de contaminantes permisibles”, lo cual, como hemos señalado, es un error y no ha funcionado en el control de la contaminación de las aguas nacionales.
Empresas y contaminación del río Atoyac
La mayoría de las sustancias químicas que se encuentran en las aguas contaminadas se producen o son producto de recombinaciones químicas, a las cuales no se le realizan pruebas para conocer sus efectos combinados a largo plazo en la salud humana y en los ecosistemas. En este Proyecto de Ley no se tiene en consideración el manejo de compuestos químicos como los que hemos mencionados y mantiene la permisibilidad de descargas y emisiones de innumerables sustancias (compuestos) que no se encuentran contempladas y, por lo tanto, ni siquiera tienen límites máximos permisibles, aún dentro de la evaluación de riesgo ambiental.
El modelo de evaluación de riesgos ambientales o de control de sustancias (cantidad de partícula por unidad) es deficiente a la hora de garantizar la salud pública y el derecho a la vida, ya que no toma en consideración el impacto total acumulado de la contaminación emitida desde diversas fuentes a un ecosistema, ni la interacción que tienen ciertas sustancias en el cuerpo humano. Dicho de otra forma, mide el riesgo de las sustancias por separado, sin tener formas de evaluación del conjunto de ellas tanto en los ecosistemas como en la salud de las personas. Además, tampoco permite la verificación ni evaluación ciudadana, ya que la población no tiene acceso a la información generada en estas evaluaciones.
Frecuentemente se piensa en la gestión del agua como un problema de cantidad, cuando en realidad algo que afecta directamente a los usuarios-población es la calidad de la misma. El “gradiente” de la calidad del agua (Naredo, 1997) va disminuyendo, desde que ésta aparece en forma de lluvia hasta que llega al mar, donde alcanza su máximo nivel de entropía que la radiación solar invierte al devolver el agua a las nubes y al caer de nuevo en forma de lluvia de agua dulce. Domeñar los ríos para evitar que se pierda el agua y canalizar las aguas para maximizar su uso puede ser el sueño de los ingenieros hidráulicos, pero, desde el punto de vista ecológico (Martínez-Alier, 2000), el agua de los ríos no se pierde sino desempeña funciones ecológicas en las riveras, proporciona sedimentos en los deltas (que ayudan a compensar su subsidencia natural más el previsto aumento del nivel del agua por el efecto invernadero), se depura a sí mismo al oxigenarse, y lleva nutrientes al mar, contribuyendo a la prosperidad de las zonas pesqueras litorales.
Si a esto le añadimos que la responsabilidad de garantizar el derecho humano al agua, al prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, es del municipio , eslabón más débil dentro de la cadena administrativa del Estado y, de que la intención evidente de este Proyecto de Ley es la de concesionar todos estos servicios a empresas privadas, tenemos frente a nosotros una quimera por ley, una pesadilla que lejos de garantizar el derecho humano al agua entregará este escaso recurso natural a manos privadas para su saqueo y destrucción de la tierra donde se encuentra. Como cereza que corona el pastel, finalmente, el legislador nos regala el Artículo 82, fracción VII: La persona que contamina el agua es responsable por su daño y deterioro de acuerdo a la ley. Este disfraz de supuesta compensación ecológica no es más que la venta del derecho a contaminar, a fin de poder promover la penetración de los procesos de monetarización y valorización mercantil en el uso y explotación del agua. El mercado del agua que este Proyecto de Ley intenta instaurar parece más un acicate para nuevas obras públicas y grandes negocios de nuevos abastecimientos que un instrumento de política de gestión de la demanda para disminuir la necesidad del agua.
Martínez-Alier, J. &.-J. (2000). la explotación de recursos renovables. En J. &.-J. Martínez-Alier, Economía ecologica y política ambiental (págs. 356-363). México: Fondo de Cultura Económica.
Naredo, J.-M.-(. (1997). La economía del agua en España. En J. M. (ed.), La economía del agua en España (pág. 14). Madrid, España: Fundación Argentaria y Visor.
[1] TÍTULO SEXTO,CAPÍTULO X
Artículo 140. Se debe solicitar permiso de descarga de aguas residuales en los
Para verter o depositar en forma permanente o intermitente aguas residuales en
cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales;
Para infiltrar aguas residuales en terrenos que sean bienes nacionales, y
III. Para infiltrar aguas residuales en cualquier terreno cuando puedan contaminar
el subsuelo o los acuíferos.
La Comisión debe establecer las condiciones particulares de descarga en el permiso
El otorgamiento de permiso de descarga, su prórroga, transmisión, suspensión,
extinción y revocación se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley y su
Reglamento en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento
de aguas nacionales, en lo que resulte aplicable.
Artículo 141. Cuando las descargas de aguas residuales se originen por la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, los permisos de descarga
tendrán la misma vigencia que el título de concesión.
La Comisión podrá autorizar el uso de aguas residuales por personas distintas de
los concesionarios siempre que no se afecten los derechos de terceros relativos a
los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de
Artículo 142. La Comisión debe negar el permiso de descarga o revocarlo cuando la descarga de las aguas residuales pueda afectar o afecte fuentes de abastecimiento de agua potable, a la salud pública o rebase la capacidad de asimilación de contaminantes del cuerpo de agua. Asimismo, podrá ordenar la suspensión del suministro de agua o solicitarla a la autoridad competente.
Artículo 143. Los titulares del permiso de descarga deben:
Tratar las aguas residuales previamente a su descarga para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y en las normas oficiales mexicanas;
Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por la explotación, uso o aprovechamiento de bienes de propiedad nacional como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales;
III. Medir los volúmenes de agua descargados y transmitir dicha medición a la Comisión, a través de los sistemas y aparatos de medición directa o indirecta, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
Contar con la infraestructura necesaria que permita realizar la toma de muestras para la determinación de las concentraciones de los contaminantes de la descarga;
Hacer del conocimiento de la Comisión los contaminantes presentes en las aguas residuales que generen y que no estén considerados en las condiciones particulares de descarga fijadas;
Informar a la Comisión cualquier cambio en sus procesos, cuando se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales previstas en el permiso de descarga;
VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales;
Cumplir con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en el permiso de descarga correspondiente y, en su caso, mantener las obras e instalaciones del sistema de tratamiento en condiciones de operación satisfactorias;
Cumplir con las normas oficiales mexicanas y en su caso con las condiciones particulares de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación difusa que resulte del manejo y aplicación de substancias que puedan contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores;
Artículo 144. Son causas de revocación del permiso de descarga de aguas residuales:
Efectuar la descarga en un lugar distinto del autorizado;
Reincidir en las causas de suspensión de las actividades que dan origen a las descargas de aguas residuales, con excepción de la relativa a la falta de permiso de descarga, y
III. La revocación de la concesión de aguas nacionales, cuando su uso sea el único origen de la descarga de aguas residuales.
Artículo 145. Toda modificación del ciclo hidrológico en cualquiera de sus fases
mediante cualquier sistema o procedimiento, requiere permiso de la Comisión.
[2] David W. Pearce, Los límites del análisis coste-beneficio como guía para la política del medio ambiente, en Martínez-Alier Joan y Roca Jusment Jordi, Economía política y política ambiental, FCE, México 2000, Externalidades dinámicas: “el análisis coste-beneficio llega a ser un mecanismo para trasladar los costes de la contaminación en el tiempo hacia las generaciones futuras”
[3] Artículo 4. Son aguas propiedad de la Nación:
Las continentales e insulares que comprenden:
a) Las de las lagunas y esteros que se comunican permanente o
intermitentemente con el mar;
b) Las de los lagos interiores de formación naturales que están ligados
directamente a corrientes constantes;
c) Las de los ríos y sus afluentes directos e indirectos, desde el punto del cauce
en que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales,
hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad
d) Las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o
indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas
sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase
de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República;
e) Las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, están
cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un
país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades
federativas o a la República con un país vecino;
f) Las de los manantiales que brotan en las playas, zonas marítimas, cauces,
vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;
g) Las que se extraigan de las minas;
Las aguas del subsuelo existentes a cualquier profundidad en estados líquido o
de vapor, y
III. Las marinas o marítimas interiores y las de los mares territoriales.
Las aguas residuales provenientes de la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales, también tendrán el mismo carácter cuando se descarguen en
cuerpos receptores de propiedad nacional, aun cuando sean objeto de tratamiento.
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se consideran
como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los
que se encuentren sus depósitos, pero si se localizan en dos o más predios, el
aprovechamiento de estas aguas se considera de utilidad pública, y queda sujeto a
las disposiciones que dicten los estados y el Distrito Federal.
[4] NOM-127-SSA1-1994- NOM-012-SSA1-1993- NOM-013-SSA1-1993- NOM-014-SSA1-1993-
[5] Barceló L Damià y López de Alda María José, Contaminación y calidad química del agua: el problema de los contaminantes emergentes, Panel Científico-Técnico de seguimiento de la Política de Aguas, Fundación Nueva Cultura del Agua, Convenio Universidad de Sevilla-Ministerio de Medio Ambiente, Instituto de Investigaciones Quimicas y Ambientales-CSIC (Barcelona)
[6] TÍTULO OCTAVO, CONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
CAPÍTULO IV, Prevención y Control de la Contaminación del Agua
Artículo 205. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y los concesionarios del agua deben prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, a través de la reducción y el control de contaminantes asociados a los residuos que se descargan a los cuerpos receptores de propiedad nacional, a fin de proteger y conservar el recurso hídrico.
Artículo 206. En materia de prevención y control de la contaminación la Comisión tiene las atribuciones siguientes:
Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura hidráulica federal para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas y acuíferos;
Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos, considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua;
III. Promover las normas o disposiciones para hacer compatible el uso de los suelos con el de las aguas, con el objeto de preservar su calidad;
Establecer las metas de reducción de contaminantes;
Destinar recursos para la realización de investigación aplicada en materia de innovación y desarrollo tecnológico para la reducción y control de contaminantes;
Instrumentar mecanismos de respuesta rápidos, oportunos y eficientes, ante emergencia hidroecológica o contingencia ambiental, en cuerpos de agua o bienes nacionales;
VII. Realizar la inspección o fiscalización de las descargas de aguas residuales con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley;
VIII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga y certificados de calidad del agua, en aguas de propiedad nacional y sus bienes públicos inherentes;
Proponer normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas técnicas en materia de calidad de las aguas nacionales;
Coordinar el Grupo Interinstitucional de Humedales;
Aprobar organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XII. Coordinar acciones en materia de saneamiento de cuencas, acuíferos, playas, barrancas y cuerpos receptores, y
XIII. Efectuar acciones para mejorar la calidad de las aguas continentales afectadas por malezas acuáticas, plantas invasoras y exóticas.
Artículo 207. En coordinación con la autoridad competente la Comisión debe:
Vigilar que el agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes;
Vigilar que se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del agua en el uso de aguas residuales, y
III. Atender las alteraciones al ambiente por la explotación, uso o aprovechamiento del agua, y realizar acciones para preservar los recursos hídricos y, en su caso, contribuir a prevenir y remediar los efectos adversos a la salud y al ambiente.
Artículo 208. La Comisión debe vigilar por sí o a través de terceros, la calidad de los cuerpos de agua de propiedad nacional y sus bienes públicos inherentes, así como de las descargas. Para tal efecto, el Servicio Hidrológico Nacional establecerá la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.
Artículo 209. La Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua debe:
Establecer criterios y lineamientos para el muestreo y medición de la calidad del agua;
Suministrar la información que requieran el Sistema Nacional de Información del
Agua y el Servicio Hidrológico Nacional, y
III. Elaborar mapas de riesgo asociados a la calidad del agua en cuerpos de agua.
Artículo 210. Las descargas de aguas residuales que se realicen en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales y la infiltración en terrenos que sean bienes nacionales o en cualquier otro cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, deben cumplir con los límites máximos de contaminantes permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas.
Artículo 211. Los concesionarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes deben establecer sistemas de recuperación, reutilización y reciclado del agua tratada, así como de eliminación y disposición final adecuada de los residuos peligrosos por los procesos productivos para prevenir y controlar su contaminación.
Artículo 212. Cuando exista información que demuestre que determinadas sustancias químicas u organismos causan efectos nocivos en la salud de las personas y el ambiente, la Comisión incorporará parámetros adicionales a las condiciones particulares de descarga y notificará al concesionario las medidas para reducir su emisión y niveles de exposición o eliminar su disposición al ambiente.
Artículo 213. En localidades que carezcan de servicios públicos de drenaje y alcantarillado, las personas físicas y morales que sean abastecidas de agua potable por sistemas municipales, estatales o del Distrito Federal y que descarguen aguas residuales de uso doméstico o provenientes de procesos o actividades productivas que no utilicen como materia prima substancias que generen metales pesados, cianuros o tóxicos y su volumen no exceda de trescientos metros cúbicos mensuales, deben cumplir las normas oficiales mexicanas y presentar aviso a la Comisión.
Artículo 214. Cuando las descargas de aguas residuales se efectúen en forma fortuita sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, los responsables deben avisar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ocurrencia a la Comisión, especificando el volumen y características de los contaminantes y realizar labores de remoción y limpieza del contaminante.
En caso de que la Comisión deba realizar dichas labores, su costo y el de los daños ocasionados, será cubierto por el responsable dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación y tendrá el carácter de crédito fiscal, con independencia de las sanciones administrativas y penales que procedan.
Artículo 215. La Comisión debe ordenar la suspensión de las actividades que dan origen a las descargas de aguas residuales, cuando:
No se cuente con permiso de descarga;
La calidad de las descargas no se sujete a las condiciones particulares de descarga fijadas o las normas oficiales mexicanas;
III. Se omita el pago del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de bienes nacionales como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales durante más de un año fiscal;
El responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas residuales para cumplir con las condiciones particulares de descarga o normas oficiales mexicanas, y
No se presente un informe que contenga los análisis cronológicos e indicadores de la calidad del agua que descarga en términos del permiso correspondiente.
La suspensión procede sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa a que haya lugar.
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2 comentarios en “Derecho a la vida, las aguas residuales y la privatización del agua”
Isabel Martínez	 11 abril, 201510:43 am	 Responder
Excelente artículo, gracias por la clara y documentada información, que me ha servido para entender mejor la problemática y poder actuar en consecuencia.
Rafael-Humberto Pagán-Santini	 11 abril, 20152:43 pm	 Responder
Muchas gracias a ti, tus comentarios nos estimulan a seguir trabajando en temas que consideramos importantes para el país