Source: https://es.scribd.com/doc/168822767/La-Jurisdiccion-Contencioso-Administrativa-en-Venezuela
Timestamp: 2017-03-29 23:03:04
Document Index: 408665038

Matched Legal Cases: ['artículo 259', 'artículo 257', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 8', 'Artículo 26', 'artículo 259', 'artículo 206', 'artículo 4', 'Artículo 257', 'artículo 10', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 297', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 297', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'Artículo 18', 'artículo 329', 'artículo 297', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 266', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 140', 'artículo 42', 'artículo 140', 'artículo 9', 'Artículo 269']

NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLa Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela Rafael Badell Madrid I Congreso Nacional de Derecho Procesal, homenaje al Dr. Israel Argüello.Conferencia dictada en el Colegio de Abogados del Estado Zulia. Mayo de 2012. I. Evolución Constitucional y Legal II. Noción y Características 1. Es de rango constitucional 2. Es judicial y especial 3. Es universal 4. Es subjetivo 5. Realiza una doble función: contralora y justicial 6. Es público 7.Permite la Aplicación de medios alternativos de solución de conflictos 8. Reconoce la Participación Popular III. Principios que rigen la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 1. Justicia Gratuita 2. Accesibilidad 3. Imparcialidad 4. Idoneidad 5. Transparencia 6. Autonomía 7. Responsabilidad 8. Brevedad 9. Oralidad 10. Publicidad 11. Gratuidad 12. Celeridad 13. Inmediación
siguiendo la tendencia marcada por la Constitución de 1961. el procedimiento dirigido a lograr el resarcimiento de los daños causados por su actuación material. Así. cercana a los particulares.e. No obstante. dada la remisión expresa que la Ley hacía a la aplicación supletoria de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Pero no sólo se caracterizó la Ley Orgánica de la Corte por establecer la estructura. llenándose así con ella. que reguló la materia relativa al acto administrativo. la Constitución de 1961 dejó en manos del legislador ordinario la determinación de los órganos jurisdiccionales que habrían de integrar la jurisdicción contencioso-administrativa junto con la Sala correspondiente del Máximo Tribunal. La Constitución de 1999. el artículo 259 de la Constitución establece: «La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. en términos casi idénticos a los previstos en el régimen constitucional del 61. También se consagraron en la misma los procedimientos a seguir para el control judicial de los actos administrativos generales o individuales dictados por la Administración. De esta forma. en 1977 se dictó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que constituye uno de los avances más importantes en el logro de una justicia accesible. específicamente. la teoría del procedimiento administrativo. En efecto. en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva. caracterizada por la concentración y centralización del ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa en un solo órgano (i. el régimen de impugnación y revisión de las decisiones de la Administración. el gran vacío existente hasta ese momento en la materia. la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. y. se le confirieron al juez poderes cautelares suficientes para restablecer las situaciones jurídicas infringidas. frente a la estructura organizativa imperante antes de la entrada en vigencia de la ley. Los órganos de la jurisdicción
. poderes éstos que no se limitaron a la sola suspensión de los efectos del acto sino que. ratificó la existencia en Venezuela de una jurisdicción contencioso administrativa dirigida a garantizar el apego a derecho de la conducta administrativa. se extendieron las facultades cautelares del juez contencioso administrativo a las medidas cautelares nominadas e innominadas previstas en los artículos 585 y 588 ejusdem. pudiera decirse que el gran auge del proceso contencioso administrativo se desencadenó a partir de 1982. Bajo el objetivo de garantizar ese derecho a la tutela judicial efectiva. con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia desconcentró las competencias atribuidas a la Sala creando dos nuevas clases de tribunales contencioso administrativos generales.derecho a quienes no dispongan de medios suficientes. Sala PolíticoAdministrativa). sus efectos y consecuencias. a saber: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo. organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso».
a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. lo relativo a los reclamos por la prestación de los servicios públicos. que regidos por la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva a los particulares. generando incomprensión debido a su desorganización. comprimiéndolos en uno solo. como veremos más adelante. en el año 2004. Se agruparon diversos artículos que se encontraban divididos en Títulos. entre otros aspectos. Posteriormente. la cual desarrolló los principios establecidos por la Constitución de 1999. sin dilaciones indebidas. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa » Se añade en esta norma. incluso por desviación de poder. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. sin formalismos o reposiciones inútiles». se dictó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 269)[3].
. transparente. algunos de los cuales resultaron excesivamente largos. a diferencia de la redacción contenida en la Constitución del 61. 49) o fomentar la descentralización del poder judicial para hacerlo más accesible al colectivo (art. responsable. el artículo 257 consagra al proceso como un instrumento fundamental para la realización de justicia. El estado garantizará una justicia gratuita. han dotado al proceso contencioso administrativo de un carácter eminentemente subjetivo. accesible. la cual no podrá ser sacrificada por la omisión de formalismos no esenciales o inútiles. Esta ley no presenta mayor variación en relación con las normas contempladas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1977. la Constitución complementó dicha norma con otras que tienen por fin. la Constitución de 1999 consagró en términos expresos. Con orientación similar. claros y precisos el derecho a la tutela judicial efectiva al disponer en su artículo 26 que «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. sí varió en cuanto a la técnica legislativa. independiente. autónoma. han servido de base al establecimiento por la jurisprudencia de novedosos criterios. idónea. publicada en Gaceta Oficial Nº 37. en obsequio de su derecho a la tutela judicial. imparcial.contenciosoadministrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. Sin embargo. Capítulos y Secciones completas en la derogada Ley Orgánica de la Corte. equitativa y expedita.942 de fecha 20 de mayo de 2004. garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes en juicio (art. Pero a la par que ratificó el rango constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa. Bajo la idea de asegurar la prestación de una justicia efectiva a los ciudadanos.
Estas disposiciones constitucionales. incluso los colectivos y difusos.
y un nuevo procedimiento para conocer demandas contra vías de hecho. En esta ley se estableció el régimen. Se fortalece la oralidad del proceso contencioso administrativo. facilitando así una mayor comprensión y entendimiento del texto normativo. el 1º de octubre de 2010 se promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. hoy regulados por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se incorpora un capítulo especial para la ejecución de las sentencias. Se regula un único proceso de segunda instancia. En esta ley se eliminaron las disposiciones transitorias que regulaban los procesos contenciosos administrativos. presentando variaciones en cuanto al aspecto sustantivo y el aspecto formal. toda vez que presenta una división sistemática y organizada de su articulado. Se crean tres procesos diferentes para tramitar las distintas acciones del contencioso (nulidad de actos administrativos. Se crea un nuevo recurso extraordinario: “recurso especial de juridicidad”
Finalmente. se aprecia un importante cambio en materia de técnica legislativa. y desconcentrar su alcance a las regiones y Estados (Juzgados Nacionales. organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. recurso de interpretación de ley y conflicto de autoridades. se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. el cambio más importante se evidencia respecto a las Disposiciones Transitorias de carácter procesal.451. destacan los siguientes: Desde el punto de vista orgánico. mediante Gaceta Oficial Nº 39. Desde el punto de vista sustantivo.522. omisiones y reclamos por la prestación de servicios públicos). Entre los aspectos más importantes de esta ley. Estadales y Juzgados de Municipio) Desde el punto de vista material. publicada en Gaceta Oficial Nº 39.El 22 de junio de 2010. se establece una nueva estructura que permite aumentar el número de tribunales. se reconoce el carácter universal del derecho contencioso administrativo (Artículos 7 y 8) Se incorporan expresamente al ámbito de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a los Consejos Comunales. las demandas de protección de derechos e intereses colectivos y difusos y el proceso de habeas data. Desde el punto de vista formal. demandas patrimoniales. las cuales quedaron reducidas a regular los procesos y procedimientos constitucionales en los cuales se incluye a la acción popular de insconstitucionalidad.
. constituyendo el primer instrumento que regula exclusivamente la jurisdicción contenciosa administrativa.
como lo hace Brewer-Carías. Jaime Gallardo y otros vs Presidente de la República. 259). ya que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia. cuya finalidad es declarar la nulidad del acto impugnado . No es. nos permite afirmar que ésta goza de las siguientes características: 1. es un proceso de tutela de derechos del recurrente y de la Administración (ésta más potestades que derechos) confrontados entre si como partes».sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas. la percepción de la jurisdicción contencioso administrativa como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. Ministerio de Infraestructrura y Conatel) al establecer: «Resulta claro que la jurisdicción contencioso-administrativa. un proceso al acto o protección de la legalidad objetiva. que la consagración constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa no debe ser vista únicamente como una norma atributiva de competencias judiciales a un conjunto de órganos jurisdiccionales. una tutela de posiciones subjetivas. la jurisdicción contencioso-administrativa no puede concebirse como un sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida la administración -a pesar de que la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. incluyendo a la contencioso-administrativa. «una tutela de derechos e intereses legítimos. éste siempre será revisado por el juez. Ello no significa que en modo alguno se abandone el control de legalidad del actuar administrativo.II. por lo tanto. sino proteger los derechos e intereses de los particulares afectados por tal actividad. sino que la misma debe ser apreciada como un derecho a la tutela judicial frente a la Administración. limitar o excluir las lesiones producidas por actuaciones materiales o vías de hecho». regula procedimientos objetivos.[5]
En sentido similar se pronunció la emblemática sentencia de la Sala Constitucional del 23 de octubre de 2002 (Caso: Gisela Anderson.[4] Es. pues toda alteración a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al particular constituye en si misma una vulneración a la ley. a partir de la Constitución de 1999. Es de rango constitucional
. que como tal. como un sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos. En este orden de ideas. antes por el contrario. como lo señala Ana Elvira Araujo. no está limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa.
Y es que puede en efecto considerarse que el objetivo principal del contencioso administrativo no es garantizar el apego a derecho de la actividad administrativa. Noción y Características de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela La estrecha vinculación existente entre la jurisdicción contencioso administrativa y el derecho a la tutela judicial efectiva permiten afirmar. en modo alguno. que no permite reducir. debe ser restablecida en protección de los derechos individuales en juego. a la luz del análisis de la disposición que la consagra con rango constitucional (art.
pudiendo también clasificarse los tribunales (. Y (iii) el otorgamiento al juez de amplísimos poderes de tutela. 3. en cualquier ámbito territorial o institucional.. Los órganos que ejercen el Poder Público.. esa controversia.
." [7]. la Sala PolíticoAdministrativa ha comentado a este respecto que “desde el punto de vista organizativo. (ii) la consagración de un verdadero derecho fundamental del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a la Administración. está estructurada tanto por grados como por materias que tiene atribuida. Es universal De conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Especiales y Eventuales. sociedades. empresas. Es judicial y especial Sostiene Calcaño De Temeltas [9]. (....) en Tribunales Contencioso Administrativo Generales. lo que a su vez es uno de los axiomas de esta materia. Los órganos que componen la Administración Pública. Explica Brewer-Carías[6] que se siguen tres consecuencias básicas de la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativa: (i) la universalidad del control que la Constitución prevé para todos los actos subordinados a ella (que a su vez es otra característica del sistema). asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. fundaciones.) lo que caracteriza al contencioso administrativo es la existencia de un Tribunal que dilucide las controversias que han surgido entre la Administración y el administrado”. con neutralidad. y no un mecanismo de protección de la Administración frente a los particulares [8]. el juez está ante un proceso de defensa de intereses subjetivos y no de resguardo de la legalidad objetiva lesionada por el acto impugnado. en sus diferentes manifestaciones. corporaciones.. desde su nacimiento la jurisdicción contencioso administrativa venezolana ha estado consagrada expresamente en la Constitución (salvo el texto de 1953). Sin embargo. 3. “no hay contencioso administrativo si no hay quien resuelva con poderes suficientes. sea que dicha exclusión se haga por vía de ley o por las propias decisiones de los Tribunales. la actividad administrativa desplegada por los siguientes entes u órganos: 1. esto es.. 2. Los institutos autónomos. En jurisprudencia reciente. la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela. sería inconstitucional. las formulaciones más acabadas se encuentran en la derogada Constitución de 1961 y en la actual Constitución de 1999.” (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000).Tal y como ha sido observado. de lo cual “cualquier exclusión del control respecto de actos administrativos específicos..
los poderes del juez contencioso convergen en un fin muy preciso: “el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa”. Realiza una doble función: contralora y justicial Según pone de manifiesto el maestro Moles Caubet (citado por Araujo Juárez)[10]. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional. incluso los colectivos o difusos (Artículo 26 de la actual Constitución). El juez está investido de amplias potestades cautelares que puede ejercer incluso de oficio (órdenes de hacer. prestación de servicios públicos. la actividad contenciosa administrativa controla el ejercicio del poder por parte de la Administración. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación. Así pues. cualquier situación que pueda afectar los intereses públicos o privados. y hoy lo hace el artículo 259 de la Constitución de 1999. actuaciones bilaterales. y 6. 5.
Lo anterior incluye actos de efectos generales y particulares. 5. Es subjetivo Tal y como en su oportunidad lo dispuso el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961. al adecuarla a los parámetros de la legalidad. omisiones y actuaciones (vías de hecho) de la Administración Pública.4. este carácter contralor. control. En ese sentido. que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. cuando actúen en función administrativa. en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa. vías de hecho. a los particulares. ejecución de políticas y servicios públicos. la jurisdicción contencioso administrativa conoce de todos los actos. omisión de cumplimiento de obligaciones y. en general. órganos y entes de la Administracion Pública. Ello aparta al sistema contencioso venezolano de la línea de los vigilantes de la legalidad. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. según el caso concreto). puede incluso sustentarse en la revisión de la proporcionalidadponderada por la Administración en el ejercicio de potestades discrecionales Esta nota cobra especial matiz en el ámbito de las
. el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que el Juez es rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte hasta su conclusión. silencio administrativo.
4. Se trata de un verdadero sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos. y determina que el proceso no sea un juicio al acto sino un instrumento de realización de justicia (Artículo 257 del Texto Fundamental vigente) y medio para hacer valer la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses. no hacer.
podrán emitir su opinión en los juicios cuya materia debatida esté vinculada a su ámbito de actuación. Es público Respecto al principio de la publicidad. Principios que rigen la Jurisdicción Contencioso Administrativa. orden público o protección de la intimidad de las partes. ejecución de políticas y servicios públicos. a saber: (i) proceso contencioso de los actos administrativos. consejos comunales.” (caso: Rafael Alcántara Van Nathan. III. garantizando la estabilidad de dichas situaciones frente a la alteración provocada por la conducta antijurídica de la Administración (Moles). atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento. de fecha 4/8/1994). toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
...potestades sancionadoras y disciplinarias de la Administración. Sobre esta base se ha construido legislativa y jurisprudencialmente el elenco de acciones contenciosas. control.. La función justicial del contencioso es un derivado directo de las potestades de tutela del juez y del principio de reconocimiento de las situaciones jurídicas subjetivas. Reconoce la participación popular De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los entes.. De conformidad con el artículo 26 de la Constitución de 1999. 8. esto no significa que la sanción a imponer quede al arbitrio de la administración y que en su actividad sancionatoria el funcionario pueda evadir la legalidad del acto e incurrir en abuso de poder.. en relación a la actividad sancionatoria. Así ha quedado establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. salvo que la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad. 7. colectivos y otras manifestaciones populares de planificación. (iii) proceso contencioso contra la conducta omisiva de la Administración Pública. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso. tiene como nota característica la discrecionalidad (.la administración. discriminadas recientemente por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia así (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000). como lo afirmó en su oportunidad la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia: “.. (ii) proceso contencioso de demanda contra los entes públicos. Permite la aplicación de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en cualquier estado y grado del proceso. aunque no sean partes. (iv) proceso contencioso de interpretación y (v) proceso contencioso de plena jurisdicción. dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que los actos del proceso serán públicos.) Ahora bien. 6.
sin formalismos o reposiciones inútiles. Responsabilidad: El juez tiene el deber inexcusable de resolver en todo asunto y no podrá dejar de hacerlo so pretexto de silencio. a base de la inmediata impresión recibida de ellos. El Estado garantizará una justicia gratuita. sin dilaciones indebidas. la resolución definitiva de su conflicto. independiente. bien sea parte o extraño a la causa. Brevedad: El Tribunal está obligado a dictar la decisión jurisdiccional sobre los asuntos que le han sido sometidos. incluso los colectivos o difusos. Inmediación: Principio en virtud del cual el Tribunal actúa en contacto directo con las partes en el juicio. pueda imponerse de las actuaciones que se realicen o existan en los tribunales.
. de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas. cuya omisión o retardo generará la denegación de justicia. y que indicamos a continuación: Justicia Gratuita: Principio fundamentado en los derechos a la igualdad y tutela judicial y efectiva. Autonomía e Independencia: Los funcionarios pueden actuar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad. justifica una obligación del funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes jurídicos en juego. entre otros. responsable. autónoma. Celeridad: Derecho a obtener. lugares. En ese mismo sentido. oscuridad o insuficiencia de la Ley. y no a base de la relación ajena[12]. dentro de un plazo razonable de los tribunales. idónea. transparente. Idoneidad: Constituye un límite mínimo de la facultad de actuación de los órganos del Estado. imparcial. Publicidad: Asegura el desenvolvimiento del proceso en tal forma que cualquier persona. El Tribunal no debe actuar cuando el titular o alguno de sus miembros tenga alguna vinculación con alguna de las partes. Oralidad: Principio según el cual las deducciones de las partes normalmente deben ser hechas de viva voz en audiencia. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. equitativa y expedita. Imparcialidad y Transparencia: Al juez le está vedado conocer y resolver asuntos en los que sus intereses personales estén involucrados. En tal sentido. accesible. sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión. los cuales se encuentran expresamente establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administraiva. se formulan los principios[11] que orientarán la actuación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. cuyo incumplimiento se genera por la inactividad del órgano jurisdiccional en no satisfacer la pretensión dentro del lapso previsto.intereses.
comporta no sólo el acceso al órgano judicial y al proceso. ha jugado un papel sumamente relevante. la Constitución de 1999 no sólo ratificó la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una jurisdicción contencioso administrativa de rango constitucional dirigida a controlar en vía judicial la actuación administrativa. en cualquier ámbito territorial o institucional.IV. sino que a su vez consagró en términos expresos. las pretensiones del actor. la legitimación exigida para recurrir. sino la garantía de una defensa contradictoria y una sentencia efectiva que satisfaga. Analizando este bloque normativo constitucional podemos afirmar que el derecho a la tutela judicial efectiva. en sus diferentes manifestaciones. La incidencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Como lo señaláramos anteriormente.e. en los que la labor de la jurisprudencia. de ser procedente. derecho a la defensa y efectividad de la sentencia) ha impuesto la revisión de muchos aspectos del contencioso administrativo. promoviendo el acercamiento de la justicia a los ciudadanos (art. 257). La necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en cada uno de éstos ámbitos (i. claros y precisos el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental de los particulares (art. tales como. 49). 1. haremos referencia a las innovaciones aportadas por la jurisprudencia en cada uno de estos aspectos. 26) y lo complementó con otra series de disposiciones orientadas a garantizar la efectividad de esa protección judicial. el agotamiento de la vía administrativa. bien asegurando el respeto al derecho a la defensa y el debido proceso (art.
. Los órganos que ejercen el Poder Público. Ámbito Orgánico
El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que estarán sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 1. entendido como el derecho de los particulares a una protección plena de sus intereses por parte de los órganos de justicia. las medidas cautelares y la ejecución del fallo. 269) o bien consagrando el establecimiento de procedimientos breves y expeditos no sujetos a formalismos extremos (art. adecuando el contencioso administrativo a las nuevas orientaciones constitucionales que imponen la tutela plena y efectiva de los derechos e intereses de los particulares. Los órganos que componen la Administración Pública. 2. acceso a la justicia. a fin de que se convierta en un medio efectivo de protección de los derechos particulares. Esa revisión se ha verificado en ámbitos variados. el régimen de competencias. En ese sentido.
asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. ejecución de políticas y servicios públicos. que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. corporaciones. Finalmente. cuyo régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario. haremos también alusión a las competencias conferidas en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos de contenido electoral. 2) los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 3) los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. órgano encargado de ejercer la jurisdicción contencioso electoral y. empresas. o actos electorales. la ambiental y agraria. sociedades. control. lo que fue una creación netamente jurisprudencial. por otra parte. 5) Tribunales contencioso administrativos especiales.3. 1) la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. el resultado del ejercicio de función administrativa por entes de derecho privado. atribuidas por el artículo 5. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional.
El estudio de las demandas de nulidad desde su ámbito orgánico comporta el análisis de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dictada con el fin de regular la organización y función de la jurisdicción contencioso administrativa prevista a nivel constitucional. como es la teoría de los llamados “actos de autoridad”.
2. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación. dado que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004 determinaron la creación de una nueva jurisdicción contenciosa: la electoral. y 6. prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. párrafo 44 de la LOTSJ a la Sala de Casación Social de ese Tribunal. a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Los institutos autónomos. y por ende sujetos al control de la actividad administrativa por parte de los órganos de esta especial jurisdicción. 4. 4) los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y. Por otra parte. regulada en el artículo 297. Se consagra por vez primera de forma expresa. cuando actúen en función administrativa. estos son. Siguiendo el esquema de la Ley analizaremos las competencias que en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos se reconocen a los tribunales que ejercen la jurisdicción contencioso administrativa. 5. fundaciones. si cabe esta distinción. a cada uno de los tribunales que integran dicha jurisdicción para controlar la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho. haremos referencia a los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios quienes forman parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Las competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de las demandas de nulidad ejercidas contra los actos administrativos dictados por los órganos del Poder Público se encuentran contempladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 5. Este criterio se aplica con independencia de que se aleguen vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad (Sentencia del 7 de febrero de 2002. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (Art. si se trata de actos (normativos o no) que no han sido dictados en ejecución directa e inmediata del Texto Fundamental. sino en ejecución directa de la ley y en función administrativa»el conocimiento de las causas que persigan la anulación de los mismos será de su competencia. ente público.000 U. en la cual la República.).000 U. o algún instituto autónomo. del Vicepresidente Ejecutivo de la República. así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional. num. Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas (Art. en decisión de fecha 13 de julio de 2000 (Caso: Pedro Ochoa Jiménez). Demandas que ejerzan la República.T. los Estados. así como por las máximas autoridades de los demás organismos de
. si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (Art. num. Demandas que se ejerzan contra la República. los Ministros o Ministras. a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes (Art. 3. la Sala estableció que«cuando el acto administrativo cuya nulidad se demanda sea de rango sub-legal. num. los Municipios. LOJCA). Municipios. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Como principio general puede sostenerse que la competencia de la Sala PolíticoAdministrativa.A. 2. o algún instituto autónomo. el cual prevé que dicha Sala será competente para conocer de: 1. tal como ella misma lo ha afirmado en forma pacífica y reiterada debe ser interpretada siguiendo el criterio conforme al cual su conocimiento en esta materia viene determinado por el rango de las actuaciones objeto de control. los Estados. en la cual la República. Abstención o la negativa del Presidente de la República. empresa o cualquier otra forma de asociación. num.T. En ese sentido. ente público. 23. Estados. esto es. LOJCA) 2. 4. 23. 23. LOJCA).1. los Estados. el Vicepresidente Ejecutivo de la República. de los Ministros. 4. si su cuantía excede de 70. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. Venezolana de Ascensores –CAVENAS-). 23. empresa o cualquier otra forma de asociación. los Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva. LOJCA).. 3. Caso: C. 1.
LOJCA). Controversias administrativas entre la República. Apelación de los juicios de expropiación (Art. (Art. num. 17. los municipios u otro ente público. 23. no atribuidas a otro tribunal. 23. (Art. num. LOJCA). num. (Art. a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado. 9. 14. (Art. LOJCA). Juicios en que se tramiten acciones conexas. 23.
. los estados. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público. num. Demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento. 12. Demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales. LOJCA). siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político-Administrativa. 18. LOJCA). Controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente. de oficio o a petición de parte. ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan. 8. (Art. (Art. 14. LOJCA). num. num. LOJCA). Demandas que se interpongan con motivo de la adquisición. si su competencia no está atribuida a otro tribunal (Art. (Art. 23. num. 10. Apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico. LOJCA). en los casos permitidos por el derecho internacional (Art. o que le correspondan conforme a éstas. 23. 12. 23. num. goce. 23. (Art. LOJCA). 23. 13. Recurso Especial de Juridicidad. 16. LOJCA). 17. 11. num. num. num. sobre algún asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa. o entre distintos órganos y entes que ejerzan el Poder Público. Avocamiento. (Art. Causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República. 18.rango constitucional. 13. 11. 23. (Art. LOJCA). LOJCA). 7. 10. 6. (Art. 15. 23. de conformidad con lo establecido en esta Ley. 8. num. cuando a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas. num. 23. 7. 15. cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades. 5. num. 16. en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por la ley. 23. 23. LOJCA). 6. Demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. 23. LOJCA). 9.
20. (Art. siempre que el conocimiento de los recursos contra sus actos no se encuentre atribuido a otra autoridad conforme a la materia sustantiva de que se trate (Vgr. art. sustrajo del conocimiento de la Sala Político-Administrativa el control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos de contenido electoral. 42. 21. siguiendo la tendencia trazada por la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia. en el caso de retiro. caso: Gregorio Salazar Torres). aún aquellos que no guarden directa relación con algún proceso comicial (sentencia de la Sala Electoral de 20 de diciembre de 2000. Las demás causas previstas en la ley.19. permanencia. Caso: Tomás Rodríguez Salazar y otros vs Contralor General de la República. Debe indicarse. 23. que el antiguo criterio trazado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Caso: Francisca Antonia Alcalá y otros vs Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República). y el cual otorgaba carácter electoral únicamente a los recursos interpuestos contra los llamados actos electorales. Control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado de igual jerarquía (LOCSJ.Recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo. LOJCA). la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mantiene el criterio conforme al cual el término “los órganos del Estado de igual jerarquía a nivel nacional” a que hacía referencia el numeral 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 23. tales como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. comprenden el conocimiento de los recursos de nulidad por razones de inconstitucionalidad y/o ilegalidad que sean interpuestos contra los actos dictados por los órganos que gozan de autonomía funcional. el Ministerio Público. (Art. Caso: Jimmy Imbrondone Fermín vs Contralor General de la República y 27 de abril de 2000. 20. 29 de noviembre de 2001. regulada en el artículo 297 de la Constitución. 23. 23. a saber. LOJCA). (Art. num. estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 24. LOJCA). 23. Sentencias de la Sala PolíticoAdministrativa del 16 de julio de 2002. num. dado que la Sala Electoral conocerá de todos los recursos interpuestos contra actos del Poder Electoral. al respecto. el Consejo Federal del Gobierno. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
. la electoral. num. 23. en este caso. el Banco Central de Venezuela y los órganos del Poder Ciudadano. 12): La creación constitucional de una nueva jurisdicción contenciosa. No obstante. acciones o recursos interpuestos. ha perdido virtualidad en la actualidad. 22. num. (v. 21. Pretensiones. 23. Consultas y recursos de regulación de jurisdicción. Conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Art. 19. num. num. LOJCA). la materia funcionarial). (Art. 2. LOJCA).
cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político-Administrativa o a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 24.LOJCA) 6.LOJCA) 8. 24. en la cual la República.LOJCA) 4. en razón de su especialidad. 24. De las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el numeral anterior.4.1.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.num. De los juicios de expropiación intentados por la República. en primera instancia. empresa o cualquier otra forma de asociación.num. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. o algún instituto autónomo.T. cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia. en la cual la República.LOJCA)
. cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal. los Estados. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.num. los Estados.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70. los Estados. son competentes para conocer de: 1.num.LOJCA) 3. 24. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público.). (Art. De las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley y en el numeral 3 del artículo 25. o algún instituto autónomo.T.7.). (Art. ente público.LOJCA) 2. 24. los Municipios.6. los Estados. los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30. los Municipios.num. ente público. Las demandas que ejerzan la República. 24.num.3. (Art.000 U. 24. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico.LOJCA) 5. (Art. 24.000 U.2. En ese sentido.T. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva.000 U.000 U. (Art. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de la Ley y en el numeral 4 del artículo 25.T. (Art.num. Las demandas que se ejerzan contra la República.Las competencias de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos está regulada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.5.num. empresa o cualquier otra forma de asociación. si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.8. (Art. (Art.LOJCA) 7.
Ministerio De Educación. de las Universidades Experimentales o de los Institutos o Colegios Universitarios. la Corte dispuso que cuando la demanda incoada esté dirigida a lograr la nulidad de actos administrativos dictados por las autoridades de las Universidades Nacionales. En ese sentido son competentes para conocer de: 1. o algún instituto autónomo. ente público. a quienes corresponde como Juez natural el conocimiento de los reclamos de índole funcionarial. la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estará delimitada de la siguiente manera: Dos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital con competencia en el Distrito Capital y los Estados Miranda.9. Asimismo. Cultura Y Deportes). Carabobo y Guárico. o surja con ocasión de la relación funcionarial que vincula a los docentes con estas Instituciones. Táchira. 24. Amazonas y Delta Amacuro. Falcón. Las demás causas previstas en la ley. contempla en su artículo 25 las competencias atribuidas a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Nor – Oriental con competencia en los Estados Nueva Esparta. los Estados. serán competentes en primera instancia los Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo de cada una de las Regiones. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región de la Región Centro-Occidental. Vargas. 3. Lara. Monagas. En tal sentido. Aragua. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan
. su exclusión del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública no es óbice para sustraer del conocimiento de las acciones que se intenten contra dichos Entes a los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativos. Barinas. Sucre. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. Bolívar.num. los Municipios.LOJCA) Cabe destacar que en el caso concreto de los actos administrativos dictados por las Universidades en materia funcionarial. modificando su criterio reiterado. Así lo dispuso la Corte en la decisión de fecha 12 de julio de 2002 (Caso: Rosa Consuelo Tarazona de Rivero Vs. los Estados. Demandas que se ejerzan contra la República. la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Mérida y Zulia. estableció que la competencia para conocer de los mismos corresponderá a los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativos. Trujillo. con competencia en los Estados Cojedes. Anzoátegui. 25 LOJCA) La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Portuguesa. Yaracuy. Apure.9. al considerar que aun cuando los docentes universitarios que prestan sus funciones a las Universidades tienen estatuto propio que regula su relación de empleo. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (art. (Art.
los cuales son competentes para conocer de las demandas que interpongan los usuarios o las organizaciones públicas o privadas que los representen. los Estados. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. De las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del Poder Público estadal. o algún instituto autónomo. de conformidad con el artículo 26 de la LOJCA. Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Finalmente se crean los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. por la prestación de servicios públicos o cualquier otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes. conforme a lo dispuesto en la ley 7.T. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010) 4. En cada estado. Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales de su jurisdicción 6. a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares. dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. 5. 2. De las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley. funcionará al menos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. los Estados.000 U. 10. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública. los Municipios.participación decisiva. los cuales serán unipersonales (Artículo 18 de la LOJCA). ente público.). cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad 3. Tribunales Contencioso Administrativo Especiales
. 8. 4. municipal o local.T.000 U. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. 9. 5. Las demás causas previstas en la ley. con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad.). Abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales. Demandas que ejerzan la República. De las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
organizaciones con fines políticos. en ese sentido. como aquellos relacionados con su organización. Juzgados Superiores Contencioso Tributarios Corresponde a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario ejercer la jurisdicción especial contencioso tributaria y. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político. administración y funcionamiento. b. cuyo ejercicio corresponde a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. dicha Sala. la cual será competente para conocer de las causas en segunda instancia. y de otras organizaciones de la sociedad civil. ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos.En contraposición al los órganos jurisdiccionales que conocen del contenciosoadministrativo general. Los recursos que se interpongan. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. contra los actos. en decisión de fecha 10 de febrero de 2000 (Caso Cira Urdaneta vs Consejo Supremo Electoral) determinó su competencia para conocer del recurso de nulidad en los casos siguientes: a. actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral. tanto los directamente vinculados con los procesos comiciales. c. Conforme al artículo 329 del Código Orgánico Tributario.
. La jurisdicción contencioso tributaria cuenta con nueve tribunales ubicados en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. los cuales conocen de especiales materias como lo son: 5. contra actos. de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios podrá apelarse dentro de los términos previstos en el Código Orgánico Tributario. Los recursos que se interpongan. estos Tribunales son competentes en materia tributaria nacional respecto de los actos dictados por la Administración comprendidas dentro de su ámbito territorial de competencia. Los recursos que se interpongan. Asimismo. se encuentran los que ejercen el contencioso-administrativo especial. 5. organizaciones gremiales o colegios profesionales. Estos procedimientos serán sustanciados y decididos conforme a las normas establecidas en el Código Orgánico Tributario.1. universidades nacionales. conocerán en primera instancia de los recursos contencioso tributarios de nulidad ejercidos por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad se intenten contra los actos administrativos de contenido fiscal o tributario. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. La Sala Electoral y de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia La Constitución de 1999 determinó en su artículo 297 la creación de una nueva jurisdicción contenciosa: la electoral.2. En ese sentido.
en Sala Político Administrativa. demora o deficiente prestación de los servicios
Demanda contra vías de hecho. el cual está constituido por la actividad administrativa desplegada por los órganos que componen la Administración Pública. V. 6. la Ley establece los siguientes medios de impugnación:
1. así como el restablecimiento de las situaciones jurídico-subjetivas infringidas y el pago de los daños y perjuicios producidos por la actuación ilegal de la Administración Pública. Reclamos por la omisión. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 8 establece el objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Demandas de contenido patrimonial. lo cual incluye actos de efectos generales y actos de efectos particulares.
Demandas de nulidad contra actos de efectos particulares y generales.
1. 4. públicos. 5. Recurso por Abstención. el juicio se intentará directamente ante los Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo. Demanda por interpretación de leyes Demanda por Controversias Administrativas. el Tribunal Supremo de Justicia. y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá. Juzgados de Primera Instancia en lo Civil (Competencia Eventual) En materia de expropiación el Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien conocerá de estos juicios. En ese sentido. en segunda instancia la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá. en segunda instancia. Medios de Impugnación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece expresamente los medios de impugnación en el contencioso administrativo.6. así como el procedimiento que será aplicado para cada uno de ellos. 3. 2. Cuando la República sea quien solicite la expropiación. En ese
. de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales Las demandas de nulidad constituyen la vía para obtener la nulidad total o parcial de los actos generales o individuales de los órganos formales de la administración y los actos de autoridad. 7.
de trámite que sean recurribles. vinculados a una relación contractual y de autoridad). Acto administrativo de Autoridad: Los actos de autoridad. a los solos efectos de poder deducir frente a la denegación presunta la pretensión admisible. a las actuaciones de sujetos privados que en virtud de una ley pueden dictar actos en función de la prestación del servicio público y. C. la descentralización por colaboración. ejercen potestades públicas. se crean bajo forma de derecho privado. confiere a los particulares poderes exorbitantes propios de la Administración Pública para que éstos puedan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y. que por su contenido material son verdaderos actos administrativos.2 [15] La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo definió los actos de autoridad como “Aquellos emanados de personas de derecho privado conforme a delegaciones que les hace la Ley. D. de efectos generales. B. casos: María Josefina Bustamante y Ramón Escovar León vs. de fechas 24 de noviembre de 1986 y 19 de enero de 1988). Acto administrativo expreso y sus distintas manifestaciones (actos administrativos definitivos. José Araujo Juárez señala que la tendencia mundial es catalogar como actos administrativos de autoridad. sin embargo. “La figura de los actos de autoridad.[14] Ello así. es uno de los grandes aportes de la jurisprudencia al Derecho Administrativo moderno venezolano. Universidad Católica Andrés Bello. busca la colaboración de los particulares para coadyuvar al logro de los fines del Estado. no pudiendo garantizar por completo el funcionamiento de los servicios públicos que está llamado a atender. forman parte del ámbito material de las demandas contencioso administrativas de nulidad los siguientes actos: A.
. ya que constituye una solución racional a la situación de ciertos entes que si bien.[13] Al respecto. se da cuando el Estado. así cumplir con los fines del Estado . Acto administrativo tácito: Se entienden como manifestaciones de voluntad de la Administración que se deducen de actuaciones positivas y colaterales vinculadas al caso concreto y que son desarrolladas por ella misma. en procura de satisfacer fines de interés público propios de la actividad administrativa. En este sentido. o dicho de otra manera. el Estado por medio de su poder imperium. Acto administrativo presunto (silencio administrativo): Se refiere a una ficción que la ley establece a favor del administrado. por disposición de una norma.sentido. que puede entender desestimada su petición o recurso. impugnables en consecuencia ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de haberse producido en el ejercicio de competencias fundamentadas en el imperium del Estado” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
reglamentos que invadan la reserva legal y que sirvan de fundamento al asunto debatido en el juicio principal (sentencia Sala Constitucional del 25 de abril de 2000.
. caso: José Gregorio Rossi García). de acuerdo al principio de universalidad y asimismo al artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. En ese orden de ideas. el cual estableció como competencia de la Sala Político Administrativa. · Estos entes privados deben ejercer actividades propias de la administración generadas por la prestación de un servicio público u otra de interés general. se concluye que: · Los Actos Administrativos de Autoridad son aquellos que dictan entes privados ejerciendo una función administrativa. · Estas actuaciones son controladas por la Administración Pública y la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al principio de universalidad de los actos administrativos y el artículo 259 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. toda vez que tratan de la organización y desarrollo del servicio público o de una actividad que le ha sido encargada a un particular y que ha sido denominada como de utilidad pública. ello en virtud del interés general que están llamados a tutelar. Suspensión en el caso concreto de disposiciones Reglamentarias que violen la reserva legal De manera excepcional.23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Revisión directa mediante la interposición de demandas de nulidad Constituyen materia de las demandas de anulación contencioso administrativa. Así las cosas. el control judicial de dicho acto está atribuido a esta jurisdicción. el conocimiento de dichos actos corresponde al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. de tal forma que atendiendo a la naturaleza del acto recurrido en materia contencioso administrativa. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Federación Venezolana de Deportes Ecuestres) ratificó la sentencia dictada por Sala Político Administrativa el 14 de mayo de 1998 (Caso: Fundación IDEA) en la cual se recogieron las características más importantes de los actos de autoridad. según se desprende del artículo 6. siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político Administrativa” b. Reglamento: a.Mediante sentencia Nº 886 de fecha 9 de mayo de 2002. la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido la posibilidad de controlar por vía accesoria. E. “… Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento.
La interpretación solicitada debe versar sobre un texto legal. (Sentencia SPA del 06.05. así como la necesidad de que el recurso sea planteado frente a un caso concreto o específico. aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretación de sus normas. los cuales son los siguientes: Legitimación para recurrir.Procedimiento que rige las Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Nulidad en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. ü “a pesar de que una ley no prevea la posibilidad de interpretación de sus normas.07. Sección Tercera. aún cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse” (Sentencia SPA del 22. Título IV. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. Los artículos 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Caso: Interpretación artículo 86 Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento) Requisitos de Admisibilidad de la Demanda de Interpretación Mediante Sentencia Nº 229 publicada el 18 de diciembre de 2008.02. ü Requisito para admisión del recurso: “que la interpretación solicitada sea de un texto legal. Posibilidad de Interpretación de leyes ü “el recurso de interpretación no debe limitarse a los casos expresamente autorizados por el legislador” (Sentencia Sala Constitucional del 22 de septiembre de 2000).
.02). esto resulta posible en virtud de la conexidad que pueda existir con otra ley que establezca tal posibilidad o por la importancia del asunto del que se trate”. numeral 21. atribuyen a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para “conocer de los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo”. Demanda por Interpretación de Leyes De acuerdo con el artículo 266. en los términos contemplados en la ley”.6 Constitucional. y 26. 2. corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la atribución para “conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales. la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los requisitos de admisibilidad de los recursos de interpretación. interpretación de leyes y controversias administrativas”. numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
siguiendo el esquema de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. interpretación de leyes y controversias administrativas”. 2. Ámbito material La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010. Demanda por Controversias Administrativas
Las controversias administrativas se refieren a enfrentamientos entre autoridades públicas que corresponde dirimir a la jurisdicción contencioso-administrativa.la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones legales objeto de interpretación. que no sea necesario modificar el criterio sostenido con la nueva interpretación.7 LOTSJ. Controversias entre entes públicos territoriales. Art. 3. Controversias entre autoridades. y El objeto de la interpretación no debe pretender la obtención de una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro tribunal. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. 26. Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acciones de naturaleza diferente.
Procedimiento que rige las Demandas de Interpretación de Leyes: Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Interpretación de Leyes en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. o funciones diferentes pero que se opongan entre sí. regula dos supuestos de controversias: 1. incompatibles. que la parte solicitante señale cuál es -a su juicio. Art. 26. es decir. Título IV. de haberlo hecho.8 LOTSJ.
. Sección Tercera. bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos públicos. ni obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva. La interpretación que se solicita no puede perseguir la sustitución de los recursos procesales existentes.Debe precisarse el motivo de la interpretación. La Sala no debe haber emitido con anterioridad un pronunciamiento sobre el punto a interpretar y. excluyentes o contradictorias.
Procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas Respecto al procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. La Sala Constitucional. Que el Estado puede cumplirla directamente. demora o deficiente prestación de los servicios públicos (art. 65 LOJCA). Por ejemplo: la electricidad. considerado como público. beneficio o un bien destinado a la satisfacción de una necesidad de carácter general. estableció los elementos que califican una actividad como servicio público: Que la actividad sea. continuidad. Deben afectar el Orden Público.
4. en decisión de fecha 15 de diciembre de 2005 (Caso: CADAFE). esto es que apareje una ventaja. interpretación de leyes y controversias administrativas”. 2. la controversia no constituye un problema de legitimidad de las autoridades. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. sea regido por un estatuto o régimen especial que le permita distinguirlo de otras actividades públicas. Título IV. sino más bien de titularidad competencial. es decir. en cuanto a sus atribuciones. en esencia. uniformidad. 3. autoridades o entes públicos distintos y no en el seno de un mismo organismo. servicio de saneamiento y agua potable y telefonía básica. Que dicha actividad sea asumida por el Estado. y cuyos caracteres sean la generalidad. subordinación a normas preponderantemente de Derecho Público. demora o deficiente prestación de los servicios públicos.
Reclamos por la omisión. Se manifiestan entre organismos. por medio de concesiones otorgadas a favor de cualquier persona. Que la prestación del servicio. Se manifiestan entre organismos o autoridades legítimas. exigiéndose la capacidad o competencia para poder actuar como concesionarios. Sección Tercera.
Ámbito Material Cualquier reclamo por la omisión. lo que implica la verificación previa de una decisión exteriorizada y concreta. igualdad. o bien indirectamente.
. obligatoriedad y. servicio de aseo urbano. suministro de gas.1. una actividad de prestación.
Inexistencia o irregularidad sustancial del acto de cobertura (de la actuación material). siempre y cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio. La primera referida a asimilarla a todo acto administrativo en el cual estén presentes los vicios de incompetencia manifiesta o prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido (artículo 19. que estableció lo siguiente: “Consagrado el artículo 19 (ordinal 4º) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
. Al respecto. C.Procedimiento que rige los Reclamos por la omisión. aun legalmente formado” (Negritas del original) De la noción de vía de hecho transcrita se evidencia que la misma presenta dos vertientes: 1. 2. la supresión de la audiencia obligatoria del afectado por un acto represivo o el caso de los funcionarios de hecho.[15] Estas características generales de las vías de hecho se siguen manteniendo en la actualidad. que los supuestos generadores de la misma se pueden dividir en dos grupos: 1. respectivamente. demora o deficiente prestación de los servicios públicos Respecto al procedimiento que rige los reclamos por la omisión. la grosera ilegalidad en que incurriere la autora del acto para la ejecución de uno. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló mediante sentencia Nº 912 del 5 de mayo de 2006. Demandas contra vías de hecho. ha entendido sin embargo la doctrina. plasmados en la emisión del acto por “autoridades manifiestamente incompetentes. La sentencia líder respecto a la vía de hecho en Venezuela es la Nº 190 dictada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de mayo de 1991 (Caso: Ganadería El Cantón.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).A. que bien pueden ser incluidos dentro del respectivo “género” –representado por esos supuestos-. La segunda manifestación de la vía de hecho la configura toda actuación material de la Administración que se realiza sin cobertura o título jurídico. los mismos se tramitarán por el procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Taxativos ambos en su formulación.). o con prescindencia total y absoluta del procedimiento”. 5. es asimilado en este texto legal a dos supuestos de infracción grosera de la legalidad. Ha asimilado asimismo la doctrina a la vía de hecho en la elaboración del acto administrativo.
Las vías de hecho se refieren a aquella actuación material en la que incurre la Administración Pública y que ha debido legitimarse mediante la producción de un acto administrativo previo. otros más específicos y equivalentes. demora o deficiente prestación de los servicios públicos. como por ejemplo. el vicio reconocido como “vía de hecho” de la Administración.
y que las actuaciones materiales que la Administración realice no sean diferentes a su contenido.
Sentencia de Sala Constitucional nº 547 de fecha 6 de abril de 2004 (Caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis) “…El recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede –y debe. Demandas de Contenido Patrimonial. Procedimiento que rige las Demandas contra vías de hecho Respecto al procedimiento que rige las demandas relacionadas con vías de hecho.3 LOJCA) La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 de artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el numeral 4 del artículo 25 de la misma ley.dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida.
Formas a través de las cuales la Administración puede incurrir en vías de hecho. puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente una petición administrativa –con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado. 7.2. la ejecución material se aparta sustancialmente de los supuestos de hecho de dicho acto.
6. sin que se distinga si ésta es específica o genérica. d) Exista un acto administrativo absolutamente legal. En consecuencia. a) Cuando no existe acto administrativo que legitime la actuación material de la Administración Pública. la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa optó por establecer un procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la misma Ley (Artículos 65 al 75). b) Cuando aún existiendo el acto que sirve de fundamento y es válido. c) Que el acto que sirve de fundamento a la actuación material existe pero es ilegal y por tanto carece de fuerza legitimadora de la actuación material de la Administración. 24.en garantía del derecho de petición…” Procedimiento que rige las Demandas por Abstención El procedimiento que rige las demandas por abstención se encuentra regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Artículos 65 al 75). pero que en si misma sea irregular porque se lleven a acabo fuera del procedimiento legalmente establecido.
Exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada.
en el contencioso administrativo se distinguen dos tipos de responsabilidad de la Administración Pública. esto es: A. en forma definitiva. 140. cumplimiento. la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. no establece de forma expresa la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer sobre las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación. De esa forma. a saber: extracontractual y contractual.Cuando la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se refiere a las demandas de contenido patrimonial.A. como sí lo hacía la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1976. Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. numeral 14. por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su actividad. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento dela Administración Pública. la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en varias decisiones que conforme a la Constitución de 1999. 21. caducidad. en sus artículos 3. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad contractual y extracontractual de la Administración. el Supremo Tribunal. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de 2. dictó la celebre decisión Acción Comercial C. B. Pública. trata el medio de impugnación mediante el cual se da trámite a pretensiones relacionadas con la responsabilidad contractual o extracontractual de la Administración Pública. En ese sentido hace referencia a uno de los principales objetos del contencioso administrativo. en su artículo 42. En ese sentido. por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su actividad. mediante sentencia de fecha 14 de junio de 1983. validez o resolución de los contratos administrativos. la teoría general de los contratos administrativos. lo que dio origen a una abundante creación jurisprudencial. Responsabilidad Extra-contractual: Respecto al régimen de la responsabilidad de la Administración. 133. Responsabilidad Contractual:
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 30. retomando. Las pretensiones ligadas al cumplimiento o la resolución de un contrato administrativo. 259 y 316. En dicha sentencia. Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. queda establecida de manera expresa la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. nulidad. 1. a la par que reconoció la existencia de contratos administrativos –como categoría distinta a las de los contratos “de derecho común” celebrados por la Administración-
Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público. 5. En este sentido. los estados. los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. acude la Administración a la figura del contrato administrativo para asegurarse la colaboración del particular en la satisfacción de determinadas necesidades de interés general. se indicó: “Cuando requerimientos de interés colectivo así lo postulan. por importantes –individualmente considerados.. La presencia de la Administración –dadas determinadas condiciones. los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales la República. depositaria del interés general o colectivo. los institutos autónomos. los municipios. los Estados o los Municipios viene a ser definida por los numerales 4. entes públicos. 8 y 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. si es de contenido administrativo. los estados. en la cual la República. podemos inferir que la posibilidad para los particulares de interponer acciones por ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. para asegurar de esta manera que aquella. los municipios. pueda comprometerse sin sacrificarlo en aras de intereses privados de los administrados. de desarrollo jurisprudencial. ratificó la noción de servicio público como identificadora de esta modalidad contractual. la jurisdicción contencioso administrativa. es el instrumento más importante para hacer efectivo el derecho constitucional de la tutela
.)”. 9.” “8. los estados.que éstos parezcan. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos. (. Sin embargo. Las demandas que ejerzan la República. Capítulo II. suscitadas en razón de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República. marca a éste inevitablemente de características distintas a las de la contratación ordinaria. los estados. y con una nueva regulación legal específica. Como ha quedado expuesto.”
Procedimiento que rige las Demandas de Contenido Patrimonial La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece un procedimiento especial para las demandas de contenido patrimonial en la Sección Primera.en el negocio jurídico. de rango constitucional. empresas o cualquier otra forma de asociación. el cual establece que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: “4. Las demandas que se ejerzan contra la República. en razón de que una de las características fundamentales de todo contrato administrativo es que una de las partes intervinientes sea necesariamente la administración pública. Título IV. entes públicos. 5... los institutos autónomos.
Brewer-Carías. Todas estas normas adjetivas que se han comentado recogen. El Principio de la Tutela Judicial Efectiva y los Intereses Colectivos y Difusos en Revista de Derecho N° 4.. interpretación. resolución. Caracas.) 5° Conocer de las controversias que resultaren de los contratos y negociaciones que celebre el Poder Ejecutivo por sí o por medio de agentes». Universalidad del Control Contencioso-Administrativo enRevista de Derecho Público N° 46. Brewer-Carías. al que corresponde imponer el principio de responsabilidad del Estado. Editorial Jurídica Venezolana. que junto a la separación de los poderes y la legalidad. Consideraciones sobre el Contencioso Administrativo como un derecho constitucional a la tutela judicial frente a la Administración en Revista de derecho Público N° 49. Caracas. 1995. La Vía de Hecho en Venezuela. 1991. 1992. sin duda.
. Enero marzo 1992. alcance. 1998. Publicado en Jornadas sobre el Derecho Procesal Administrativo. “Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo”. cumplimiento y cualesquiera otras que susciten entre la Nación y los contratistas o concesionarios a consecuencia de los contratos celebrados [2]«Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (. Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad Monteávila N° 2. Abril 2001. Caracas 2011. caducidad. Caracas. 1° reimpresión. La Tutela Cautelar de Urgencia en la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Derecho y Sociedad. Venezuela. Torrealba Sánchez. Ana Elvira.. el amplísimo espectro de actuación de este sistema de justicia. Editorial Jurídica Venezolana. José. Josefina. Venezuela. Miguel Ángel. VI. Allan R. Vadell Hermanos Editores.. “Origen y Evolución del Sistema ContenciosoAdministrativo Venezolano”. Duque Corredor... Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Allan R. 2002. _________________________________________________________________________ _ [1]«Son atribuciones de la Corte Federal y de Casación: (. Bibliografía Araujo Juárez. constituyen la base fundamental del Esto de Derecho y de Justicia que se proclama en el Texto Constitucional..) 13° Conocer en juicio contencioso de todas las cuestiones sobre nulidad. Calcaño De Temeltas. Araujo. Caracas.judicial efectiva. Vadell Hermanos Editores. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Venezuela. Roman J. República Bolivariana Tribunal Supremo de Justicia.
Pan American World Airways (SPA 11/5/1981). 18 [6]Brewer-Carías. 1995. las sentencias Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo (SPA 10/1/1980). [7]A este respecto. “Origen y Evolución del Sistema ContenciosoAdministrativo Venezolano”. en caso de transcurrir el tiempo en su totalidad el proceso sin correctivos. p. la alusión expresa a la tutela judicial efectiva fue utilizada por la SPA de la entonces Corte Suprema de Justicia para desaplicar por inconstitucional el principio de solve et repete (Sentencia Scholl Venezolana. Allan. Décima Edición. [10] Araujo Juarez. Arístides. [12] RENGEL ROMBERG. En este sentido.. al menos.. Enero marzo 1992. Venezuela. Caracas. Publicado en Jornadas sobre el Derecho Procesal Administrativo. Bogotá 1985. Colegio de Abogados del Estado Carabobo. [9] CALCAÑO DE TEMELTAS.A. menoscabada”. Consideraciones sobre el Contencioso Administrativo como un derecho constitucional a la tutela judicial frente a la Administración en Revista de derecho Público N° 49. 1° reimpresión. [8]Sin lugar a dudas. Josefina. Caracas 1995. El Principio de la Tutela Judicial Efectiva y los Intereses Colectivos y Difusos en Revista de Derecho N° 4.. y Francisco Ruiz Becerra (SPA 28/2/1985).«La Ley regulará la organización de los circuitos judiciales. Anteriormente. Editorial Jurídica Venezolana. 1992. Vadell Hermanos Editores. Tomo I. República Bolivariana Tribunal Supremo de Justicia. [11] ECHANDÍA. 1998. Venezuela.
. José. 14/10/1990). Universalidad del Control Contencioso-Administrativo enRevista de Derecho Público N° 46. C. “Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo”. así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial » [4] Brewer Carías. 2002. Caracas. Allan R. se vería absolutamente cercenada o. la célebre sentencia de la SPA (Lucía Hernández y A. Vadell Hermanos Editores.[3]Artículo 269. 5. Venezuela. el tema de la tutela judicial efectiva en Venezuela (por lo menos antes de su constitucionalización en 1999) ha estado íntimamente ligado al problema de la protección cautelar de los recurrentes en sede judicial (Luis ORTIZ ÁLVAREZ). Editorial Jurídica Venezolana. 1991. Caracas. p. Ana Elvira. Compendio de Derecho Procesal. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. 15/11/1995): “una protección integral del indicado derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva requiere siempre de mecanismos cautelares idóneos y suficientes que permitan dar a la sentencia definitiva eficacia que. [5]Araujo. Devis Hernando. Echegaray.
Caracas 10 de septiembre de 1991. “La Vía de Hecho en Venezuela”. Caracas. José Antonio. FUNEDA. Jaime Requena contra Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Fundación IDEA). Derecho Administrativo Parte General. Las Bolsas de Valores como prestación de un Servicio Público. .dpuf
.badellgrau.FiF7yrzW. Miguel Ángel. Caracas 2011.Administrativa de fecha 14 de mayo de 1998. [15] Resumen de la sentencia de la Sala Político . [16] TORREALBA SÁNCHEZ. José.[13]Muci.See more at: http://www. [14] Araujo Juárez. Magistrada Ponente: Hildegard Rondón de Sansó. competencia de la Bolsa de Valores para expedir actos administrativos.com/?pag=27&ct=1169#sthash. Expediente N° 13911). 2010. edición paredes.
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