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Timestamp: 2019-05-24 03:00:23
Document Index: 199983975

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 69', 'Artículo 69', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 108', 'artículo 34', 'artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 9']

Resolución Vinculante de DGT, V0612-10, 29-03-2010 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0612-10 de 29 de Marzo de 2010
Ley 37/1992 arts.7.8º, 20.1.14º, 94 y 102
Tributación de la consultante a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre le Valor Añadido y del Impuesto sobre Actividades Económicas.
La consultante es una entidad de derecho público, adscrita a una Consejería competente en materia de Cultura de una Comunidad Autónoma, que tiene como objeto tutelar el patrimonio histórico, desarrollar investigaciones relativas al mismo, así como otras funciones que en razón de sus fines se le encomienden, ajustando sus actividades al ordenamiento jurídico privado de acuerdo con la Ley autonómica de creación.
De acuerdo con la legislación autonómica, la consultante se califica de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 54.2b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como patrimonio y administración propios, quedando adscrita a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de cultura.
Los fines de la consultante son la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, mediante el ejercicio de las funciones, que se detallan en el artículo 4 de su estatuto, dando lugar a los servicios de los que en mayor medida es destinataria la Consejería a que está adscrita.
Las fuentes de financiación de la consultante básicamente son transferencias de explotación o capital con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma y a través de encomiendas de gestión efectuadas por la propia Junta en virtud de convenios de colaboración suscritos para la realización de determinados trabajos.
Adicionalmente presta servicios a otras administraciones publicas mediante la suscripción de convenios de colaboración y contratos de realización de determinadas actuaciones; asimismo presta servicios a terceros privados por los que percibe contraprestación, y finalmente presta determinados servicios a la ciudadanía en general sin contraprestación.
Respecto a las agencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales, hay que tener en cuenta lo establecido en el apartado 1 del artículo 9 del TRLIS:
En el caso objeto de consulta, la consultante es una agencia pública empresarial de la reguladas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyo régimen jurídico se encuentra regulado en el artículo 69 de la mencionada Ley:
"Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas.
2. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo las excepciones que, a determinados efectos, se fijen, en cada caso, en sus estatutos."
De la normativa trascrita, se aprecia que la consultante no es una entidad totalmente exenta del Impuesto sobre Sociedades, ya que no tiene carácter análogo al de los organismos autónomos del Estado, al no regirse por el derecho administrativo sino por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en la Ley 9/2007, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.
De los datos facilitados en el escrito de consulta y la documentación aportada, se aprecia que la consultante es una empresa de la Junta de Andalucía que se rige por su legislación específica y por las normas de derecho mercantil, civil o laboral, al igual que las sociedades mercantiles de la Junta; por lo tanto, no apreciándose en la consultante la falta de animo de lucro, no puede considerarse entidad parcialmente exenta de las previstas en el apartado 3 del artículo 9 del TRLIS, no siéndole de aplicación el régimen tributario especial previsto en el capítulo XV del título VII del TRLIS.
Por consiguiente, la consultante es una entidad sujeta y no exenta del Impuesto sobre Sociedades siendo su tipo de gravamen es el tipo de gravamen general previsto en el apartado 1 del artículo 28 del TRLIS, sin perjuicio de la aplicación de los incentivos fiscales previstos en el capítulo XII del título VII del TRLIS para el supuesto de que la consultante tenga la consideración de empresa de reducida dimensión por cumplir las condiciones del artículo 108 del TRLIS.
Por otro lado, el apartado 2 del artículo 34 del TRLIS establece:
"Tendrá una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.
a) Subjetivamente, sólo es aplicable a determinadas formas organizativas de prestación de los servicios de competencia de las entidades locales territoriales, municipales o provinciales. En particular, si el ente instrumental es una sociedad, la bonificación se aplicará sólo a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local, municipal o provincial, o al Estado o Comunidad Autónoma.
En el caso objeto de consulta, se aprecia la concurrencia del primer requisito, subjetivo, ya que se trata de una agencia pública dependiente de una comunidad autónoma.
A partir de aquí es necesario determinar si el ingreso sobre el que se plantea su bonificabilidad en la cuota integra deriva de la prestación de servicio que se encuentre incluida en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985.
El apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985 dispone:
De acuerdo con lo anterior, son bonificables los ingresos procedentes del ejercicio de las competencias municipales en materia de patrimonio histórico-artístico, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas; de manera que exclusivamente las rentas derivadas de convenios de colaboración con los municipios en relación con las competencias municipales en materia de patrimonio histórico-artístico genera derecho a la bonificación en cuota establecida en el apartado 2 del artículo 34 del TRLIS.
1.- El artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (antiguo artículo 4.5 de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva, norma derogada y sustituida desde el 1 de enero de 2007 por la referida Directiva 2006/112/CE), establece lo siguiente:
R>En concreto, los apartados 15, 16 y 24 de esta última sentencia precisan en ese sentido lo siguiente:
4.- La incorporación del mencionado artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE al Derecho nacional se ha realizado a través de los artículos 5 y 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29). Este último establece la no sujeción de las siguientes operaciones:
En este caso, la distorsión habría de calificarse en función de la importancia relativa del volumen de operaciones desarrollado por los particulares respecto del correspondiente a la provisión pública, ya que si esta última tiene carácter aislado o excepcional no debe concluirse que dicha distorsión es grave o, como precisa la versión inglesa de la Directiva 2006/112/CE, "significativa".
En cualquier caso, ha de señalarse que la medida de no sujeción contenida en el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, al constituir una excepción al principio general expuesto en el artículo 2.1.c) de la Directiva 2006/112/CE, según el cual estarán sujetas al IVA las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal, debe ser objeto de interpretación estricta, como reiteradamente ha señalado el Tribunal. Dicho planteamiento atempera sin duda el alcance de la expresión "distorsión grave".
A partir de todo ello puede concluirse que los entes de derecho público que ajustan su funcionamiento al derecho administrativo cumplirían en principio los dos primeros requisitos citados (es decir, tener la condición de entes públicos y actuar en el régimen de Derecho público).
De acuerdo con la descripción de hechos realizada en el escrito presentado, son características básicas de la entidad constituida por la Consejería de Cultura las siguientes:
1º. Su capital es propiedad íntegra de un Ente territorial, quien, en consecuencia, gobierna en todo momento su proceso de toma de decisiones.
2º. Tiene por principal y casi exclusivo destinatario de los servicios que presta al Ente territorial que la crea o entidades dependientes de este.
3º. Su financiación se lleva a cabo a través de la correspondiente consignación en los presupuestos de la entidad territorial, o a través de la oportuna dotación regular de fondos para atender al desarrollo del objeto que tengan encomendado.
Desde el punto de vista del derecho comunitario, el artículo 9.1 de la Directiva 2006/112/CE establece que "serán considerados como sujetos pasivos quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna de las actividades económicas mencionadas en el apartado 2, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad".
Ley 9/2007 de 22 de Oct C.A. Andalucía (Administración de la Junta ) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número: 215 Fecha de Publicación: 31/10/2007 Fecha de entrada en vigor: 31/01/2008 Órgano Emisor: Presidencia
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