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Timestamp: 2020-08-15 20:51:59
Document Index: 333972510

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 95', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 45', 'artículo 111', 'artículo 162', 'artículo 95', 'artículo 162', 'artículo 62', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 83', 'artículo 24', 'artículo 162']

Registro Oficial. 27 de ABRIL del 2006 Suplemento
Jueves, 27 de abril de 2006 - R. O. No. 259
0557-2004-RA Niégase la acción de amparo interpuesta por el señor Víctor Edison Hidalgo Santiana..
0563-04-RA Niégase el amparo interpuesto por Hermógenes Agenor Herrera Guerrero.
0836-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase el amparo constitucional solicitado por el señor Agustín Antonio Navia Cedeño
0988-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Ángel Armando Velecela Fajardo y otro.
1028-2004-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador y otra.
1059-04-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil de Esmeraldas que rechaza la acción, de amparo planteada por el señor Walter Guamantica Paucar
1128-2004-RA Revócase la decisión del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo y niégase el amparo constitucional solicitado por Carmita Dolores García Saltos
1130-2004-RA Confírmase la resolución del Tribunal de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor Jorge Argudo Zhunio.
0005-2004-QE Deséchase la queja presentada por la señora Marlene Parra Cadena.
0551-2004-RA Niégase la acción de amparo propuesta por el señor Alvaro Javier Espinosa León, por improcedente.
0573-2004-RA Niégase la acción de amparo propuesta por la señora Sally Leonora Tenorio Tenorio, por improcedente.
0622-2004-RA Revócase la resolución venida en .grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Edwin Floresmilo Proaño Carvajal, por improcedente..
0800-2004-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Mario Rafael Venegas Moreno, por improcedente.
0843-2004-RA Revócase la resolución del Juez de instancia constitucional e inadmítese la acción planteada por el señor Alberto Bustamante Chálela, por improcedente.
0961-2004-RA Niégase el amparo interpuesto por el ingeniero Cristiam Renné Albán Galeas, representante legal de la Compañía Inmobiliaria CREDEAVI S. A.
0992-04-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el señor Rodrigo Segundo Urrutia, por improcedente.
1038-2004-RA Revócase la resolución de mayoría dictada por el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo y niégase el amparo constitucional solicitado por la señora María Leonela Flores Vera, Gerente de la Compañía TAXCIUM
1069-2004-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional planteado por John Alberto Gavilanes Orellana.
0006-05-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Tomás Salomón Maldonado Gil, por improcedente.
0010-2005-HD Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la demanda planteada por la abogada Mady Gallardo Cadena y otra.
0036-2005-HC Confírmase la resolución del señor Alcalde de Tena y niégase el recurso de hábeas corpus solicitado por Carmen Chávez Cobeña.
0069-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por la señora Nancy Eugenia Arias Morales, por improcedente.
0077-2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el arquitecto Franklin Miguel Cárdenas Mazón, por improcedente.
0087-2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Jorge Lenín Delgado Martínez.
0166-2005-RA Revócase la resolución del Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Santa Elena y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Juan Carlos Alvarado Delgado, por improcedente.
0176-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por la señora María Esther Castillo.
0231-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de Napo, que admite el amparo constitucional propuesto por la señora Betty Alina Grefa Aguinda.
0234-2005-RA Revócase la resolución déla Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo e inadmítese la acción de amparo constitucional propuesta por Luis Fernando Serrano Pazmiño.
0262-2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Efrén Alvarez Renterí.
No. 0557-2004-RA
CASO No. 557-2004-RA
Quito D. M., 12 de abril de 2006
Víctor Edison Hidalgo Santiana, interpone acción\n de amparo constitucional ante la Segunda Sala del Tribunal Contencioso\n Administrativo contra el Gerente General del Banco Central del\n Ecuador, solicitando invaliden la Resolución 381 de 6\n de mayo del año 2004, por el cual en forma ilegítima\n se declaran de plazo vencido los créditos otorgados a\n su favor, que ha servidor para legalizar un injusto juicio coactivo\n en su contra.
En lo principal, el accionante manifiesta que en su calidad\n de servidor del Banco Central del Ecuador, suscribió un\n contrato de mutuo con dicha entidad, por el cual se le concedió\n un préstamo pagadero según la tabla de amortización\n respectiva a varios años plazo, en cuotas bisemanales\n y mensuales. El día 9 de febrero del 2004 fue notificado\n por la máxima autoridad del Banco Central del Ecuador\n que ha sido suprimida su partida presupuestaria y en forma unilateral\n le conminaron a salir de la Institución en la que venía\n laborando. El día 18 de mayo del 2004, fue notificado\n con el auto de pago dictado dentro del juicio coactivo número\n JCQ-79-2004, por medio del cual se le conmina a pagar la suma\n de USD 28,391.53 y se ha resuelto declarar de plazo vencido las\n obligaciones mutuales que mantenía con el Banco Central,\n es necesario resaltar que la resolución impugnada, que\n dio origen al mencionado proceso coactivo jamás le fue\n notificada, por lo que no conoce su contenido ni fundamento legal,\n lo que le ha impedido ejercer en debida forma su defensa legal.\n El acto recurrido atenta contra sus derechos constitucionales\n al debido proceso, a la defensa y a la propiedad, consagrados\n en el artículo 23, numerales 23 y 27 y 24 numeral 10 de\n la Constitución.
En el día y hora señalados se lleva a cabo la\n audiencia pública a la que comparecen la parte actora\n junto con su abogado patrocinador, así como el Gerente\n General del Banco Central del Ecuador y el Procurador General\n del Estado quien mediante un escrito ratifica la intervención\n realizada por su delegada, quien, en lo principal, manifiesta\n que la acción de amparo planteada es improcedente porque\n su objetivo es oponerse al juicio coactivo iniciado por el Banco\n Central del Ecuador en contra del recurrente, por obligaciones\n contraídas en un contrato de mutuo. El inciso segundo\n del artículo 95 de la Constitución prohíbe\n que se interponga la acción de amparo en contra de las\n decisiones judiciales adoptadas en un proceso, similar norma\n consta en el artículo 2 literal c) de la Resolución\n de la Corte Suprema de Justicia publicada en el R.O. No. 378\n de 27 de julio de 2001. El accionante en su demanda reconoce\n haber suscrito un contrato de préstamo con el Banco Central\n y la cláusula séptima del referido instrumento,\n preveía que, en caso de separación del servidor\n por cualquier cosa, el Banco Central podía declarar el\n vencimiento anticipado de las obligaciones y el cobro mediante\n el procedimiento coactivo. Además se demostró que\n el juicio coactivo ha concluido tras el pago de lo adeudado y\n se ha dispuesto su archivo, es decir terminó el procedimiento\n de ejecución. Si éste ha terminado, no existe acto\n alguno que pueda ser impugnado. Además el artículo\n 220 de la Ley de Seguridad Social prevé la existencia\n de formas de ahorro voluntario, el tercer inciso del referido\n artículo dispone que: "Los fondos privados de pensiones\n con fines de jubilación actualmente existentes, cualquiera\n sea su origen o modalidad de constitución, se regirán\n por la misma reglamentación que se dicte para los fondos\n complentarios", por lo tanto el fondo de pensiones del Banco\n Central forma parte del sistema nacional de seguridad social.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n de Quito resolvió inadmitir la acción de amparo\n constitucional propuesta.
Por los antecedentes expuestos, la Segunda Sala del Tribunal\n Constitucional, para resolver, hace las siguientes:
TERCERA.- La acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto\n constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública,\n en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un\n daño grave;
CUARTA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorio\n de un derecho subjetivo constitucional; c) cause o amenace causar\n un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario,\n es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera unívoca;
QUINTA.- Manifiesta el accionante que la autoridad demandada,\n esto es, el Gerente del Banco Central del Ecuador, al dictar\n la resolución administrativa objeto de esta acción,\n lo hace violentando lo establecido en el Art. 119 de la Constitución\n de la República, el cual establece el principio de legalidad\n de sus actuaciones y debió sustentar en una ley o en la\n Constitución su competencia para declarar de plazo vencido\n las obligaciones mantenidas con el Banco Central del Ecuador.\n El daño, añade, es grave e inminente porque, violando\n los acuerdos mutuales contraídos y con fundamento en el\n acto administrativo impugnado, se pretende una exacción\n ilegítima y cuantiosa de su patrimonio, que a la fecha\n es imposible satisfacer;
SEXTA.- Es importante señalar que el señor Víctor\n Edison Hidalgo Santiana dice en su demanda: "En mi calidad\n de servidor del Banco Central del Ecuador, suscribí un\n contrato de mutuo con dicha Institución, en la cual se\n me concedió un préstamo por una determinada cantidad\n de dinero, pagaderos según la tabla de amortización\n respectiva...". Siendo así, los reparos que se refieren\n al acto impugnado son derivaciones de una relación contractual\n que no pueden ser atacados con un amparo constitucional;
SEPTIMO.- Que, al determinarse la improcedencia de este amparo\n por las razones señaladas, no se hace necesario continuar\n con el análisis de los requisitos de procedencia previstos\n para esta acción constitucional; y,
Por estas consideraciones, LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,\n en ejercicio de sus atribuciones,
1.- Negar la acción de amparo interpuesta por el señor\n Víctor Edison Hidalgo Santiana en contra de los señores\n Gerente General del Banco Central del Ecuador y Procurador General\n del Estado.
2.- Dejar a salvo los derechos de que se crea asistido el\n accionante, para hacerlos valer ante las instancias pertinentes.
3.- Devolver el expediente al Juez de origen.- notifíquese\n y publíquese.
Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los doce días del mes de abril de dos mil seis.- Lo\n certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 20 de abril del 2006.- f.) Secretaria de\n la Sala.
No. 0563-04-RA
CASO No. 0563-04-RA
Quito, D. M., 12 de abril de 2006.-
Hermógenes Agenor Herrera Guerrero, interpone ante\n la Segunda Sala del Tribunal No. 1 de lo Contencioso Administrativo\n -Quito-, acción de amparo constitucional contra el Gerente\n General del Banco Central del Ecuador, solicitando la suspensión\n definitiva del acto administrativo contenido en la resolución\n número BCE-331-2004 del 4 de mayo del 2004, en la que\n en forma absolutamente ilegítima se declaran de plazo\n vencido los créditos otorgados a su favor por parte de\n dicho banco.
El accionante, en su calidad de servidor del Banco Central\n del Ecuador, suscribió un contrato de mutuo con dicha\n Institución, por el cual se le concedió un préstamo\n pagadero según la correspondiente tabla de amortización;
El día 9 de febrero del 2004 le fue notificado por\n la máxima autoridad del Banco Central del Ecuador, el\n acto administrativo mediante el cual se suprimió su partida\n presupuestaria y por ende; en forma unilateral le conminaron\n a salir de la institución en la que venía laborando.
Con fecha 14 de mayo de 2004, fue notificado con el auto de\n pago dictado dentro del juicio coactivo número JCQ-D-41-2004,\n por medio del cual se le conminó a pagar la suma de USD.\n 4,005.152; y, que la resolución impugnada, que dio origen\n al mencionado proceso coactivo jamás les fue notificado,\n por lo que no conocen su contenido ni fundamento legal, lo que\n les ha impedido ejercer en debida forma su defensa legal en los\n términos establecidos por la Constitución Política\n de la República.
Los valores que el Banco Central del Ecuador pretende exigir\n ahora, es decir, mucho antes de que se cumplan con los plazos\n establecidos en el contrato de mutuo suscrito y sin fundamento\n legal, vulnera de manera ilegítima derechos consagrados\n en la Constitución de la República.
El acto recurrido atenta contra sus derechos constitucionales\n al debido proceso y a la propiedad, consagrados en el artículo\n 23, numerales 23 y 27 de la Constitución; y, violenta\n además, su derecho a ejercer una legítima defensa,\n el cual se encuentra contemplado en el numeral 10 del artículo\n 24 de la Carta Magna.
La audiencia pública se llevó a cabo el día\n 11 de julio del 2004 en la Segunda Sala del Tribunal No. 1 de\n lo Contencioso Administrativo de Quito a la cual comparecen la\n parte actora junto con su abogado patrocinador, así como\n el demandado a través de su abogado defensor y el señor\n Delegado del Procurador General del Estado.
A folios 34 del cuerpo de primera instancia el demandado por\n intermedio de su abogado defensor señala lo siguiente:\n Mediante oficio SE-0578-2004 de 9 de febrero de 2004 se notificó\n a la parte actora, con la supresión de su partida presupuestaria,\n con lo cual dejó de ser servidor activo del Banco Central\n del Ecuador. De la liquidación final de haberes practicada\n por el subproceso de administración de pagos de la dirección\n de Recursos Humanos del Banco Central del Ecuador, viene a conocimiento\n que el actor de este proceso, mantiene un saldo insoluto en concepto\n de la entrega de anticipo de sueldo y consolidación. Mediante\n comunicación No. DRH-583-2004 de 9 de marzo de 2004, de\n la dirección de Recursos humanos, se le hizo conocer a\n la parte actora de esta acción, las nuevas condiciones\n aprobadas tanto en el Directorio del Banco Central del Ecuador,\n cuanto por el Consejo del Fondo de Pensiones Jubilares del Banco\n Central del Ecuador, en relación a las obligaciones pendientes.\n En dicha comunicación se le solicitó suscribir\n los contratos modificatorios y garantías respectivas hasta\n el 3 de mayo de 2004.
Por otra parte, el delegado de la Procuraduría General\n del Estado a folios 70 del expediente de primera instancia señala\n lo siguiente: la acción de amparo constitucional planteada\n es improcedente porque su objetivo es oponerse al juicio coactivo\n iniciado por el Banco Central del Ecuador en contra del recurrente,\n por obligaciones contraídas en un contrato de mutuo. El\n inciso segundo del artículo. 95 de la Constitución\n Política de la República prohíbe expresamente\n que se interponga la acción de amparo constitucional en\n contra de las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.\n Similar norma consta en el artículo 2 literal c) de la\n Resolución de la Corte Suprema de Justicia, con el alcance\n de "inclusive las emitidas por órganos de la administración\n que actualmente ejercen funciones jurisdiccionales".
El tribunal de instancia resolvió inadmitir la acción\n de amparo constitucional propuesta por el recurrente, considerando,\n en lo principal, lo siguiente: Es preciso señalar que\n en la acción de amparo constitucional no puede discutirse\n el valor jurídico de un instrumento contractual, sea con\n relación a la calidad de sus suscriptores, a su objeto,\n ni condiciones estipuladas. Para ello, el Código Civil,\n el de Procedimiento Civil, y otros cuerpos normativos, establecen\n vías y procedimientos a disposición de las partes,\n para el ejercicio de sus derechos.
Por los antecedentes expuestos, la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional, para resolver, hace las siguientes.
TERCERA.- La acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera fundamental tutela los\n derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto\n constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública,\n en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un\n daño grave;
SEXTA.- Es importante señalar que el señor Hermógenes\n Agenor Herrera Guerrero dice en su demanda: "En mi calidad\n de servidor del Banco Central del Ecuador, suscribí un\n contrato de mutuo con dicha Institución, en la cual se\n me concedió un préstamo por una determinada cantidad\n de dinero, pagaderos según la tabla de amortización\n respectiva...". Siendo así, los reparos que se refieren\n al acto impugnado son derivaciones de una relación contractual\n que no pueden ser atacados con un amparo constitucional;
SEPTIMA.- Que, al determinarse la improcedencia de este amparo\n por las razones señaladas, no se hace necesario continuar\n con el análisis de los requisitos de procedencia previstos\n para esta acción constitucional; y,
1.- Negar el amparo interpuesto por Hermógenes Agenor\n Herrera Guerrero en contra de los señores Gerente General\n del Banco Central del Ecuador y Procurador General del Estado.
2.- Dejar a salvo los derechos de que se crean asistidos al\n accionante, para hacerlos valer ante las instancias pertinentes.
Quito D.\n M., 12 de abril de 2006.-
No. 0836-2004-RA
Magistrado ponente: Dr. Tarquino Orellana\n Serrano.
\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el caso signado con el No. 0836-2004-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 23 de septiembre de 2004, en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por el señor Agustín\n Antonio Navia Cedeño en contra del Gerente General de\n la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE, en la cual manifiesta:\n Que desde hace muchos años ejerce la actividad de Agente\n Afianzado de Aduanas, profesión de la cual subsiste su\n hogar y las personas que laboran bajo relación de dependencia.\n Que la compañía ARMICSA S. A., realizó la\n importación de mercancías varias que arribaron\n al Puerto de Manta al interior de los contenedores TTNU9733687\n y SEAU8370284. Que suscribió conjuntamente con el importador\n las Declaraciones Aduaneras, presentando la documentación\n de ley a la Aduana para el trámite de desaduanización\n de carga. Que ingresó los datos vía electrónica\n al Sistema Interactivo de Comercio Exterior, dándole el\n número de refrendo y validación a las Declaraciones\n Aduaneras conforme lo dispuesto en el artículo 45 de la\n Ley Orgánica de Aduanas. Que en el aforo físico\n de la carga, se encontró dentro del contenedor bultos\n con mercancía no declarada, embarcada por el proveedor\n en el extranjero, lo que motivó que la Unidad de Fiscalización\n de la CAE emitiera los informes en base a los cuales la Gerencia\n General de la CAE inició en su contra un expediente administrativo,\n corriéndole traslado con los informes y otorgándole\n 15 días para que desvirtué los hechos investigados,\n según providencia notificada el 30 de enero de 2004. Que\n mediante escritos de 20 y 25 de febrero de 2004, desvirtuó\n oportunamente las conclusiones de la Unidad de Fiscalización.\n Que luego de tres meses se le notificó con el acto administrativo,\n por el cual se le suspende en sus actividades por el lapso de\n sesenta días. Que se ha violentado los artículos\n 23 numerales 13, 16 y 17; 24 numeral 7; y, 35 de la Constitución\n Política de la República. Que fundamentado en los\n artículos 95 de la Carta Magna y 46 de la Ley del Control\n Constitucional, interpone acción de amparo constitucional\n y solicita se ordene la suspensión definitiva del acto\n administrativo ilegítimo constante en providencia No.\n 0530 de 28 de mayo de 2004.
El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo\n de Guayaquil, mediante providencia de 4 de junio de 2004, acepta\n a trámite la demanda y convoca a audiencia pública\n para el 10 de junio de 2004, a las 16h10.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública a la que compareció el abogado\n defensor del recurrente, ofreciendo poder o ratificación,\n quien se reafirmó en los fundamentos de hecho y de derecho\n de la demanda.- El abogado defensor del Gerente General de la\n CAE, ofreciendo poder o ratificación, manifestó\n que el acto administrativo contenido en la Resolución\n expedida por la Gerencia General de la CAE de 28 de mayo de 2004,\n en la que se resuelve sancionar al Agente de Aduana, suspendiéndolo\n en su actividad por el lapso de 60 días, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 111, II, Operativas, literal\n c) de la Ley Orgánica de Aduanas y artículo 162\n literal a) del Reglamento General de la citada ley, es legítimo,\n en razón a que conforme los informes de la Gerencia de\n Fiscalización de la CAE, contenido en el oficio No. CAE-GF-CA-0497-2003,\n el de la abogada Adelaida Cedeño, contenido en el oficio\n No. CAE-GF-IJ-021-2003 de 4 de diciembre de 2003, al que adjunta\n el informe CAE-GF-048-2003 de igual fecha; y el informe de la\n Asesora de Gerencia de Fiscalización, contenido en el\n oficio No. CAE-GF-IJ-021-2003, imputan responsabilidad al referido\n Agente de Aduana y que en el término de prueba no ha podido\n desvanecer lo fundamentado en los informes. Que el acto administrativo\n ha sido expedido por autoridad competente dentro de las atribuciones\n que le confieren las disposiciones legales al Gerente General\n de la CAE. Que la acción de amparo constitucional no reúne\n los elementos del artículo 95 de la Constitución\n Política del Estado. Que el Agente de Aduana al haber\n efectuado las Declaraciones Aduaneras omitiendo deliberadamente\n poner en ellas todas las mercancías importadas por la\n Cía. ARMICSA S. A., en los contenedores, incurrió\n en la causal de suspensión de funciones prevista en el\n literal a) del artículo 162 del Reglamento General de\n la Ley Orgánica de Aduanas. Que al momento de la resolución\n el Tribunal Distrital debe tomar en cuenta el considerando Sexto\n de la Resolución expedida el 20 de septiembre de 1999,\n por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, caso No. 370-99-RA.\n Por lo expuesto solicitó se declare sin lugar por improcedente\n e infundamentado el recurso de amparo constitucional propuesto.-\n La abogada defensora del Director Regional del Guayas de la Procuraduría\n General del Estado, ofreciendo poder o ratificación, expresó\n que apoya la contestación a la demanda y la presentación\n de excepciones dadas por la parte demandada y en especial la\n excepción relativa a que el acto administrativo impugnado\n es legítimo por cuanto fue emitido por autoridad competente,\n totalmente motivado y apegado a la ley.
El 14 de junio de 2004, el Tribunal Distrital No. 2 de lo\n Contencioso Administrativo de Guayaquil, resolvió negar\n el amparo constitucional propuesto, en consideración a\n que la resolución dictada por el Gerente General de la\n CAE no es un acto ilegítimo, toda vez que la indicada\n autoridad la expidió dentro del correspondiente procedimiento\n administrativo, en el cual el Agente Afianzado de Aduanas, fue\n debidamente notificado y pudo ejercer su legítimo derecho\n a la defensa, amparado en los artículos 164 y 162 del\n Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas.
PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional;
TERCERO.- Que, la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto\n constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública,\n en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un\n daño grave;
CUARTO.- Que, un acto de autoridad pública es ilegítimo\n cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia\n para ello, o cuando ha sido dictado sin que se haya seguido el\n procedimiento o establecido, o cuando su contenido es contrario\n al ordenamiento jurídico, o cuando ha sido dictado arbitrariamente,\n esto es, sin fundamento o suficiente motivación;
QUINTO.- Que, el acto administrativo impugnado es la providencia\n No. 0530 de fecha 28 de mayo de 2004, mediante la cual, la Gerencia\n General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE procede\n a suspenderle por 60 días en su actividad de Agente Afianzado\n de Aduanas al accionante.
SEXTO.- Que, el acto impugnado ha sido dictado por autoridad\n competente, pues, la Ley Orgánica de Aduanas, publicada\n en el Suplemento al Registro Oficial 219 de 26 de noviembre de\n 2003, en su artículo 4 concede a la autoridad aduanera\n la potestad sancionadora para reprimir infracciones aduaneras,\n disposición concordante con el artículo 8 literal\n f de la misma ley; por lo cual, la autoridad demandada tiene\n competencia para aplicar lo establecido en los artículos\n 162 literal a y 164 literal a del Reglamento a la Ley Orgánica\n de Aduanas;
SEPTIMO.- Que, el acto administrativo impugnado se ha dictado\n luego de haberse sustanciado el respectivo procedimiento administrativo\n investigativo, al cual compareció el accionante a través\n de su abogado defensor mediante escritos que corren de fojas\n 2 a 4 vta., presentando documentación y argumentos en\n ejercicio del derecho constitucional de defensa, tales como los\n documentos constantes de fojas 124 a127 del proceso, documentos\n que pretenden justificar la existencia de bultos no declarados\n en los contenedores que debían ser desaduanizados por\n el accionante, debiendo indicar que las providencias y la resolución\n recaída en el procedimiento administrativo fueron debidamente\n notificadas;
OCTAVO.- Que, el contenido del acto impugnado no es contrario\n al ordenamiento jurídico, pues, el mismo se limita a aplicar\n la potestad sancionatoria que por ley le corresponde ejercer\n a la autoridad demandada. Asimismo, el acto impugnado se encuentra\n suficientemente motivado en vista de que aplica la normativa\n correspondiente a su competencia y se basa en los informes: CAE-GF-CA-048-2003\n de 1 de diciembre de 2003, de la Gerencia de Fiscalización\n de la CAE; e informe jurídico No. CAE-GF-IJ-021-2003;\n informes que a su vez se fundamentan en el aforo físico\n realizado de los contendores TTNU9733687 y SEAU8370284, y su\n confrontación con lo declarado en los Certificados de\n Inspección No. C-2-580-2003-207348-001-1 y C-2-5890-2003-207236-001-4,\n y en las declaraciones aduaneras asignadas con refrendos No.\n 037-2003-10-002725 y 037-2003-10-002728 tramitados por el accionante,\n Agustín Navia Cedeño; dando como resultado dicha\n confrontación entre el aforo físico y los documentos\n de sustento de la importación, la existencia de mercadería\n no declarada; lo cual, a juicio de la administración hace\n presumir el comentimiento del delito aduanero tipificado en el\n artículo 83 literal j de la Ley Orgánica de Aduanas,\n por lo cual, la normativa aplicada es concordante con los antecedentes\n de hecho. Por todo lo cual, el acto impugnado es legítimo;
SEPTIMO.- Que, el accionante, en resumen, ha manifestado que\n la Constitución Política de la República\n en el numeral 7 de su artículo 24 establece la garantía\n constitucional de la presunción de inocencia y el non\n bis in ídem. Garantías que no pueden entenderse\n reducidas al campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente\n delictivas, sino que deben entenderse también aplicables\n a la adopción de cualquier tipo de resoluciones que produzcan\n en las personas un resultado sancionatario o limitativo de derechos,\n por lo cual, si entendemos que el ilícito penal y el ilícito\n administrativo comparten una igualdad sustantiva, entonces el\n principio non bis in ídem impide, con carácter\n general, que la misma conducta sea sancionada por la vía\n penal y por la vía administrativa. Ante lo cual, la Sala\n considera, que si bien tal aserto es en principio correcto en\n abstracto; sin perjuicio del mismo, la propia doctrina administrativa\n establece la singularidad y autonomía de las responsabilidades\n administrativas en relación con las responsabilidades\n penales, pues, los hecho y actos de los sujetos de derecho pueden\n efectivamente general responsabilidades independientes en el\n campo administrativo y penal. En el caso concreto, es claro que\n la aplicación de la sanción establecida en el literal\n a del artículo 162 del Reglamento General a la Ley Orgánica\n de Aduanas es una sanción de orden meramente administrativo,\n orientada a mantener la buena marcha del sistema aduanero, que\n se limita a sancionar los incumplimientos por parte del agente\n afianzado de la Ley y reglamentos de Aduanas desde un punto de\n vista objetivo de la responsabilidad, potestad que, se reitera,\n está dentro de su esfera de competencia administrativa;
1.- Confirmar la resolución venida en grado y, en consecuencia,\n negar el amparo constitucional solicitado por el señor\n Agustín Antonio Navia Cedeño, en contra del señor\n Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
2.- Devolver el expediente al Juzgado de origen para los fines\n legales consiguientes.- Notifíquese y publíquese.
Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los doce días del mes de abril de dos mil seis.
No. 0988-2004-RA
Magistrado ponente: Dr. Juan Montalvo\n Malo.
CASO No. 0988-2004-RA
\n PRIMERA S ALA
Comparecen los señores Angel Armando Velecela Fajardo\n y Edgar Esaù Pesantes Calle ante el Tribunal Distrital\n No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en Cuenca e interponen\n acción de amparo constitucional en contra del Director\n Provincial de Salud de Cañar.
En lo principal, los accionantes manifiestan: Que desde hace\n algunos años vienen prestando sus servicios laborales\n en el Ministerio de Salud Pública de Cañar, tiempo\n en el cual han desempeñado funciones importantes como\n las de profesionales 2 y 3 en el Departamento de Estadística\n del Hospital. Que en el desempeño de sus cargos han demostrado\n eficiencia y honorabilidad, al punto de ser honrados por sus\n compañeros de trabajo y autoridades del Ministerio de\n Salud.
Que por razones que nada tienen que ver con la función\n y el fin primordial del Estado, de garantizar servicios públicos\n a la colectividad, aduciendo que no existen "propietarios"\n de funciones y puestos en el Ministerio, la autoridad nominadora\n de la provincia de Cañar ha expedido Acciones de Personal,\n mediante las cuales, a pretexto de cumplir resoluciones de SENRES\n y del Ministerio de Economía y Finanzas, ordena sus calificaciones\n en la escala de técnicos, so pretexto de no tener los\n cartones que certifiquen ser profesionales; y desconoce la real\n ubicación que en la escala de sueldos y salarios les corresponde,\n esto es, la de profesionales 3 y 4 del Departamento de Estadística.
Que existe desconocimiento de la Ley de Contadores Públicos,\n que establece que los Contadores graduados con anterioridad a\n los años 73 y 74 sean considerados CPA y profesionales;\n de esta manera se pronunció el Procurador General del\n estado en la consulta realizada por la Empresa Metropolitana\n de Transporte, publicada en el R. O. No. 646 de 22 de agosto\n de 2002.
Que con la violación a sus derechos se les disminuye\n de categoría y por ende de remuneración y jerarquía\n administrativa, ocasionándoles daño moral y material.
Que una de las políticas de gestión de los Recursos\n Humanos para la Administración Pública, es que\n la gestión y desarrollo de estos recursos debe ser instrumento\n básico e inseparable de la estrategia de la reforma a\n la Administración Pública; que todas estas políticas\n tienen como fin primordial y básico, garantizar el principio\n constitucional de igualdad ante la ley como fundamento para el\n desarrollo de la carrera administrativa del sector público,\n siendo necesario reconocer la capacidad y trayectoria del servidor,\n valorando factores como educación, instrucción\n formal, experiencia, etc.
Que sin tomar en cuenta estas políticas de gestión\n de recursos humanos, el Director de Salud de Cañar, sin\n realizar estudio alguno, llega a determinar que sus funciones\n debían ser ubicadas en la nueva estructura ocupacional;\n que no se consideraron sus actuales funciones, responsabilidades,\n y peor aún, las horas en cursos académicos, profesionales\n y de capacitación, por lo que, la clasificación\n es, cuando menos, ilegítima e injusta.
Que la referida reclasificación ocupacional evidencia\n graves errores, pues han sido encasillados en puestos que no\n reflejan su trabajo, responsabilidades y preparación,\n lo que repercute en la disminución de las remuneraciones\n que perciben actualmente.
Que presentaron reclamo administrativo el 26 de febrero de\n 2004 ante el Director de Salud de Cañar para evidenciar\n las irregularidades existentes por la viciada aplicación\n de la escala ocupacional, adjuntando documentos con los cuales,\n dicen, demuestran errores incurridos por la autoridad.
Que fundamentados en el Art. 28 de la Ley de Modernización\n del Estado solicitaron un Certificado en el que se establezca\n que desde la presentación de su reclamo administrativo\n han transcurrido más de 15 días sin que exista\n pronunciamiento expreso, y por ende, se ha producido resolución\n favorable por silencio administrativo.
Que esta petición no fue atendida y solo se les comunicó\n que su documentación ha sido remitida a la Directora Nacional\n de Gestión de Personal del Ministerio de Salud para que\n sea analizada y se emita un criterio, lo que no ha sucedido hasta\n ahora.
Que sin resolver su reclamo, a pesar del silencio administrativo,\n el Director de Salud de Cañar les ha designado a sus antiguos\n puestos, con las mismas responsabilidades, pero descategorizándolos,\n rebajándoles la remuneración y conculcando sus\n derechos garantizados en la Constitución.
Que impugnan las Acciones de Personal No. 0003-OP-HHC-2004,\n y No. 0003-2004 expedidas por el Director Provincial de Salud\n de Cañar, porque han sido dictadas sin observar el ordenamiento\n jurídico, en forma arbitraria, es decir, sin fundamento\n ni debida motivación; que viola los Arts. 23, numeral\n 3; 35 y 124 de la Constitución de la República.
Por lo que solicitan que se los ubique en la correcta escala\n y grado ocupacional, y se les pague las remuneraciones en la\n forma que el demandado ha aceptado por silencio administrativo.
En la audiencia pública llevada a cabo, la parte accionada,\n en lo principal manifiesta: Que el Ministerio de Salud, en cumplimiento\n de las resoluciones de SENRES y del Ministerio de Economía\n y Finanzas clasificó en todo el país al personal\n del Ministerio de Salud, ubicándolos en escala de sueldos\n y salarios respectivos, dentro de los parámetros legales\n y constitucionales, es decir de acuerdo a sus profesiones.
Que la reclasificación de un empleado o funcionario\n público dentro del campo de su profesión, si la\n posee, no constituye atentado por parte de la autoridad, es más\n bien un avance de la civilización y el reconocimiento\n a la profesionalización de las personas.
Que en los años 73 y 74 estaba bien el título\n de Contador extendido por un Colegio, pero actualmente son las\n universidades las que conceden títulos terminales que\n garantizan lo explicado en atención al usuario.
Que los accionantes no tienen títulos terminales qu8e\n se exige para la escala de profesionales 3 y 4 del Departamento\n de Estadística.
Que todos los servidores públicos del Ministerio de\n Salud han sido respetados en sus remuneraciones, incluso recibieron\n retroactivos; que en cuanto al llamado silencio administrativo,\n jamás ha existido, pues el defensor de los accionantes\n fue notificado oportunamente, y que sus remuneraciones han sido\n intactas, incluso superiores a las que debe recibir. Por lo que\n solicita que se rechace la acción de amparo constitucional.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca\n resuelve aceptar la acción propuesta y suspender los efectos\n de los actos administrativos impugnados, por considerar que se\n han vulnerado derechos económicos de los accionantes.\n De esta resolución apela la parte accionada.
Radicada la competencia en la Primera Sala por el sorteo de\n ley, para resolver, se realizan las siguientes.
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver este caso, de conformidad con lo dispuesto en el Art.\n 276, numeral 3 de la Constitución de la República;
SEGUNDA.- No se advierte omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución de la presente\n causa, por lo que se declara su validez;
TERCERA.- La acción de amparo procede con el objeto\n de adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de autoridad pública que viole cualquier\n derecho consagrado en la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente, y que de modo inminente amenace\n con causar un daño grave;
CUARTA.- Los accionantes impugnan las Acciones de Personal\n No. 0003-OP-HHC-2004, y No. 0003-2004 expedidas por el Director\n Provincial de Salud de Cañar, ya que consideran que no\n se ha tomado en cuenta sus títulos de Contadores CPA para\n ubicarlos en la escala de 15 grados del Ministerio de Salud Pública;
Por su parte la parte accionada afirma que los demandantes\n no tienen títulos terminales universitarios para la escala\n de profesionales 3 y 4;
QUINTA.- De fojas 30 del expediente venido en grado consta\n el registro Oficial No. 646 del 22 de agosto de 2002 que contiene\n el Pronunciamiento del Procurador General del Estado sobre la\n consulta realizada por la Empresa Metropolitana de Transporte,\n por el cual se señala que quienes se hubieren graduado\n de contadores hasta el año lectivo 1973-1974, que han\n cumplido los requisitos tanto legales como reglamentarios y que\n en consecuencia son CPA, deben ser considerados profesionales.
De fojas 4 y 31 del proceso constan copias certificadas de\n los títulos de Contador Público, Bachiller en Ciencias\n de Comercio y Administración otorgados por el Colegio\n Técnico "Luis Rogerio González" de la\n ciudad de Azoguez, provincia de Cañar, a favor de los\n accionantes Edgar Esaù Pesantes Calle y Ángel Armando\n Velecela Fajardo, de fecha 29 de julio de 1968 y 25 de julio\n de 1969, respectivamente.
Consecuentemente, los accionantes deben ser considerados profesionales\n para la reclasificación realizada por la Dirección\n Provincial de Salud de Cañar en la ubicación de\n escala de 15 grados del Ministerio de Salud Pública;
SEXTA.- La no ubicación de los accionantes en la escala\n respectiva de profesionales, afecta las remuneraciones y beneficios\n que les corresponde recibir, por lo cual las Acciones de Personal\n impugnadas devienen en ilegítimas, pues la disminución\n de sus ingresos atenta contra la intangibilidad de los derechos\n de los trabajadores consagrada en el Art. 35 de la Constitución\n de la República, lo que a su vez afecta la calidad de\n vida señalada en la Carta Política del Estado;\n y,
Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala, en\n uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
1.- Confirmar la resolución venida en grado; y, en\n consecuencia, aceptar la acción de amparo constitucional\n propuesta por Angel Armando Velecela Fajardo y Edgar Esaú\n Pesantes Calle.
2.- Devolver el expediente al Tribunal de la instancia para\n los fines consiguientes.- Notifíquese.
Quito D.\n M., 12 de abril de 2006
No. 1028-2004-RA
Magistrado ponente: Dr. Enrique Tamariz\n Baquerizo
En el caso signado con el No. 1028-2004-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 16 de noviembre de 2004, en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por los señores Francisco\n Alarcón Fernández-Salvador, en su calidad de Presidente\n del Comité Fiduciario del Fideicomiso para la Generación\n y Distribución de Energía Eléctrica de Guayaquil\n y Pago a Depositantes del Banco del Progreso y AGD; y, abogada\n Ana María Pérez Ordóñez de Ortiz,\n en su calidad de Apoderada Especial y Procuradora Judicial de\n la Administradora de Fondos FODEVA S. A., FODEVASA, representante\n del Fideicomiso señalado, en contra del Presidente del\n Directorio y del Director Ejecutivo y Representante Legal del\n Consejo Nacional de Electrificación, CONELEC, en la cual\n manifiesta: Que el 21 de julio de 2003, la compañía\n ELECTROECUADOR INC., con el conocimiento del CONELEC, aportó\n al Fideicomiso para la Generación y Distribución\n de Energía Eléctrica de Guayaquil y Pago a Depositantes\n Banco del Progreso y AGD, todos los activos y pasivos propios\n del giro ordinario de los negocios de distribución y generación\n de energía eléctrica, convirtiéndose en\n el único propietario de todos los bienes con los cuales\n el CONELEC, a través de tercer