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Timestamp: 2019-05-26 08:00:20
Document Index: 270534614

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 73', 'artículo 73', 'Artículo 170', 'artículo 80', 'artículo 73', 'artículo 175', 'artículo 75', 'artículo 19', 'Artículo 580', 'Artículo 580', 'artículo 254', 'artículo 3', 'artículo 30', 'Artículo 6', 'Artículo 31', 'Artículo 73', 'Artículo 150', 'Artículo 303', 'Artículo 1', 'Artículo 1911', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 21', 'artículo 280', 'artículo 474', 'artículo 270', 'Artículo 269', 'Artículo 271', 'Artículo 269', 'Artículo 272', 'artículo 17', 'artículo 177', 'artículo 303', 'Artículo 309', 'Artículo 310', 'artículo 83']

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Bajo este acápite vamos a analizar el contenido esencial de este derecho al proceso o a la actividad jurisdiccional en abstracto, en nuestro ordenamiento jurídico:
a).- El acceso a la justicia: El principio de la bilateralidad está fundamentado en que las partes del proceso están en igualdad de condiciones frente al órgano jurisdiccional. Ello fluye del artículo 19 N°3 de la Constitución Política que asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” agregando en su inciso segundo que “toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale”
b).- Resolución de fondo: También se encuentra en el citado artículo 19 N°3, en su inciso 5°:“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” Esta disposición debe leerse conjuntamente con el artículo 73 del cuerpo legal citado que dispone que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas (Fases de la jurisdicción) pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. También, debe agregarse la inexcusabilidad contenida en el inciso segundo del citado artículo 73.
c).- Fundamentación de la sentencia que resuelve el conflicto: Artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil que establece que las sentencias definitivas de primera o de única instancia, entre otras, deben contener “las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”. Ahora bien, un proceso “previo legalmente tramitado” debe haber cumplido todas las normas del procedimiento, entre ellas, la citada.
d).- La defensa forzada: Contenida en el artículo 80 A de la Constitución Política que obliga al Ministerio Público a investigar tanto los hechos que acrediten la participación punible como aquellos que establezcan su inocencia.
e).- La cosa juzgada: Fluye del artículo 73 de la Constitución Política: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley” Además, del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil al prescribir que las sentencias definitivas o interlocutorias ejecutoriadas producen la acción y excepción de cosa juzgada.
f).- El derecho a los recursos legales: La Constitución Política no trata expresamente del recurso de apelación, solo se refiere a las Cortes de Apelaciones en su artículo 75 de la Constitución Política. En su artículo 19 N°3 al señalar que: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, lo que supone el cumplimiento de las normas de procedimiento, de no hacerlo podría ser impugnado por la vía del recurso de casación y de nulidad en materia penal.
|| CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES:
Si se acepta la teoría de la acción como un derecho autónomo provocatorio de la actividad jurisdiccional, hay que concluir que no es dable hablar de clasificaciones de la acción. Niceto Alcalá Zamora y Castillo sostiene que la acción es siempre la misma, entonces como clasificar lo invariable. Se habla de clasificaciones de las acciones no para referirse a la naturaleza jurídica de ellas (ya que siempre será la misma), sino que considerando otros aspectos, como por ejemplo el objeto de la acción (que no siempre es el mismo), el derecho cuya protección se solicita, a que no todas las acciones tienen la misma causa de pedir, o que se ejercitan de la misma manera. En consecuencia, y como expresan Alessandri y Alsina, estas clasificaciones se hacen porque así se facilita el estudio de la acción y permite aclarar ciertos conceptos. Hecha esta aclaración, veremos a continuación algunas de ellas:
Atendiendo al objeto o finalidad de la acción
a).- Acciones de cognición son aquellas que se deducen ante el órgano jurisdiccional para obtener una declaración. Estas, a su vez, admiten la siguiente clasificación:
De condena: aquellas en que se solicita para el caso en que se estime fundada la acción una declaración por la cual se reconozca un derecho al actor y se ordene al demandado el cumplimiento de la obligación correlativa, que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa.
Constitutivas: aquellas en que se solicita al tribunal la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica (impugnación de la paternidad, nulidad de un contrato, declaración de muerte presunta).
Declarativas: aquellas en que se solicita al tribunal una mera declaración que decida sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica.
b).- Acciones de ejecución son aquellas que se basan en un documento que da cuenta en forma fehaciente de la existencia de una obligación, por lo que van aparejadas de actuaciones judiciales que tienden a su cumplimiento.
c).- Acciones cautelares: son aquellas que procuran asegurar el resultado de la acción principal. En consecuencia, son acciones secundarias o subordinadas a otras.
Atendiendo al procedimiento que se ha establecido para su ejercicio
a).- Acciones ordinarias: son aquellas que se ventilan conforme al procedimiento establecido para el juicio ordinario.
b).- Acciones sumarias: son aquellas que se tramitan en conformidad al procedimiento sumario, regulado en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
c).- Acciones ejecutivas: son aquellas cuyo ejercicio está sometido a un procedimiento de apremio y de medidas compulsivas, procedimiento que se inicia con el embargo de bienes y que está regulado en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
d).- Acciones cautelares: son aquellas que tienen señalado un procedimiento accesorio cuya finalidad es conseguir una providencia judicial destinada a asegurar el resultado de la acción principal.
Considerando la naturaleza del derecho al cual sirven de garantía
a).- Acciones patrimoniales: son aquellas que están referidas al patrimonio, esto es, a bienes propios adquiridos por cualquier tipo. Pueden ser:
Acciones patrimoniales reales: son las que tienen por objeto garantizar los derechos reales.
Acciones patrimoniales personales: son las que sirven de garantía a un derecho personal.
b).- Acciones extrapatrimoniales o de familia
Según sea la naturaleza del bien al que acceden: Desde este punto de vista pueden ser:
a).- Acciones muebles: son muebles, cuando las cosas en que han de ejercerse o que se deben son muebles. (Artículo 580 del Código Civil)
b).- Acciones inmuebles: Son acciones inmuebles aquellas en que las cosas sobre que han de ejercerse o que se deben son inmuebles (Artículo 580 del Código Civil).
a).- Acción principal: es aquella que subsiste por si sola, tiene vida propia.
b).- Acción accesoria: es aquella que necesita de otra para poder subsistir. Son de este tipo por ejemplo la acción prendaria y en general las acciones cautelares.
Atendiendo a la materia sobre la cual versa
De acuerdo a esta clasificación se habla de:
a).- Acciones penales: son las que versan sobre materias penales.
b).- Acciones civiles: son las que están referidas a materias civiles. Dentro de las acciones civiles se distinguen las acciones civiles propiamente tales, acciones administrativas, acciones laborales, acciones económicas, acciones mercantiles.
Siguiendo la tesis que el derecho de acción es autónomo e independiente del derecho subjetivo (“facultad moral de pedir, hacer o exigir alguna cosa”) podemos decir que sus elementos son los siguientes:
a).- Existencia de un sujeto activo: Carácter que inviste todo sujeto de derecho sea persona natural o jurídica.
b).- Existencia de un sujeto pasivo: Constituido por el Estado porque la acción se dirige contra el estado a través de los tribunales de justicia para que se ponga en movimiento su actividad jurisdiccional.
c).- Existencia de un objeto: Se requiere también de un objeto, constituido por la finalidad de la acción que provoca la actividad jurisdiccional del estado.
d).- Existencia de una causa: Esta radica en la existencia de un conflicto jurídico de intereses no resueltos.
Sin embargo, otros autores como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, en una concepción más relacionada con la naturaleza jurídica del proceso, señala como elementos de la acción:
a).- un elemento subjetivo que es la capacidad
b).- dos elementos objetivos: la instancia (en el sentido de instar que implica dinamismo. Constituye un elemento puramente procesal invariable. Impele al proceso a través de sus diferentes etapas, hasta la dictación de la sentencia) y la pretensión.
El tratadista Calamandrei nos habla de los “requisitos constitutivos de la acción” o “condiciones de la acción” necesarias para dictar una sentencia favorable a favor de su titular. En otras palabras, para que el órgano jurisdiccional pueda acoger la demanda del reclamante y con ello satisfacer el derecho de acción que ejercita, es preciso que se convenza que tal derecho existe concretamente. Ahora bien, para lograr tal convencimiento es necesario que se verifique la existencia en concreto de estos requisitos constitutivos de la acción, lo que constituye lo que se conoce como el mérito de la demanda, que el juez debe examinar para valorar su fundamento y establecer, por consiguiente, si la misma merece ser acogida. Tres son estos requisitos:
a).- Un cierto hecho específico, jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma de derecho. Consiste en una cierta situación objetiva de coincidencia que debe verificarse en la realidad de los hechos concretamente ocurridos y los hechos considerados como posibles en una norma jurídica. Los hechos que el actor coloca como fundamento en su demanda deben tener respecto de una norma jurídica sustancial una cierta trascendencia que haga aparecer la providencia pedida como concretamente conforme a la ley.
b).- La legitimación para obrar o para contradecir. (Legitimatio ad causam). Para que el juez pueda tomar las providencias correspondientes a aquella relación entre un hecho específico concreto y la norma jurídica, no basta que tal relación exista objetivamente, sino también que es menester que la demanda le sea presentada por quien se encuentre frente a aquel hecho específico en la posición subjetiva llamada “legitimación para obrar” y que la demanda sea propuesta por el actor contra un adversario que se encuentre frente al mismo hecho específico en la posición subjetiva recíproca que se llama “legitimación para contradecir” En otras palabras, para obtener del juez una providencia que condene al obligado, no basta que exista el incumplimiento además, es necesario que la demanda sea presentada por el acreedor insatisfecho en contradicción con el deudor incumplidor: el demandante sea el acreedor y el demandado, deudor.
c).- El interés procesal. Nos estamos refiriendo al interés procesal en obrar y contradecir. Desde este punto de vista puede ser activo o pasivo. Surge cuando ocurre en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el Derecho no puede ser conseguido sin recurrir a la autoridad judicial, esto es, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.
La forma habitual de ejercitar la acción será la demanda. Se la conceptualiza diciendo que “es el medio hábil para ejercer la acción.” Generalmente en nuestro sistema procesal esa demanda es escrita, aún cuando también puede ser verbal en algún tipo de procedimiento, como ocurre, por ejemplo, en el procedimiento sumario y en el de mínima cuantía. Desde un punto de vista jurídico estricto demanda “es el escrito en que el actor expone sus pretensiones al tribunal iniciando así un litigio”
Para hablar de los requisitos que debe cumplir una demanda debe estarse primeramente a las exigencias contenidas en el artículo el artículo 254 del Ramo que es de aplicación general de acuerdo al artículo 3 del mismo. Sin embargo, hay otras disposiciones del código que también se refieren a ella. Específicamente, el artículo 30, que se refiere a la suma que es la síntesis de las peticiones que se contienen en el cuerpo del escrito. Debe contener también la designación de un mandatario o procurador judicial (Artículo 6 inciso segundo). Asimismo, se acompañaran el número suficiente de copias para notificar a los demandados.(Artículo 31).
Notificación legal de la demanda y emplazamiento
Presentada ante el tribunal competente la demanda debe ser proveída, debiendo proceder a su notificación.
Producida la notificación legal de la demanda, en que se ejercita la acción, nace lo que se conoce como emplazamiento. La ley no define lo que debe entenderse por emplazamiento, no obstante, ser un trámite esencial (Artículos 795 N°1 y 800 N°1 ambos del Código de Procedimiento Civil), ya que, si se omite no hay una relación procesal válida. La sentencia puede ser anulada a través del recurso de casación en la forma. El emplazamiento comprende la notificación de la demanda hecha en forma legal y en el transcurso del plazo para el demandado pueda presentar sus defensas. El plazo para comparecer haciendo valer sus derechos es variable, depende de la naturaleza del proceso que se trate. Normalmente la ley al hablar de emplazamiento se refiere al emplazamiento en primera instancia del juicio ordinario de mayor cuantía, que es de quince días pero que puede aumentarse de acuerdo con los artículos 258 y 259 del Código citado.
Efectos de la notificación de la demanda
Efectuada la notificación en forma legal al demandado, queda perfeccionada la relación procesal, en virtud de la cual las partes quedan ligadas entre si y ellas con el tribunal. Desde ese momento se producen dos clases de efectos:
Efectos generales: En virtud de los efectos generales el tribunal queda obligado a dictar su pronunciamiento (Derecho a la demanda) quedando obligadas las partes a acatar lo que resuelva el tribunal.
Efectos particulares: Estos efectos particulares son aquellos que se derivan de la notificación legal de la demanda. Estos pueden ser procesales y civiles. Estos a su vez pueden ser:
En cuanto al tribunal:
Los efectos procesales en cuanto al tribunal son el nacimiento de una serie de obligaciones para el juez o tribunal: Tramitar y fallar la causa; proveer las presentaciones que se hagan al tribunal; nace el principio de la inexcusabilidad (Artículo 73 inciso segundo de la Constitución Política)
En cuanto al demandante
Notificada la demandada, si el demandante no desea continuar sólo le resta desistirse de la acción deducida, en cuyo caso pierde su acción (Artículo 150 del citado código). Si sin desistirse inicia un nuevo juicio sobre la misma materia el demandado podría excepcionarse oponiendo la excepción de litispendencia. (Artículo 303 N°3)
En cuanto al demandado
Este tiene la carga procesal (“es la condición impuesta por la ley para ejercitar un derecho de comparecer al tribunal a defenderse”). De lo contrario, seguirá el juicio en su rebeldía.
La notificación de la demanda acarrea una serie de efectos civiles:
1.- Se constituye en mora al deudor. Se entiende que el deudor ha sido judicialmente requerido por el acreedor desde que le ha sido notificada la demanda. Artículo 1.551 N° 3 del Código Civil).
2.- Se transforman en litigiosos los derechos para los efectos de su cesión (Artículo 1911 inciso segundo del mismo código). Se entiende que el derecho se torna en litigioso desde que es notificada la demanda.
3.- Se interrumpe la prescripción (Artículos 2.503 y 2.518 del mismo cuerpo legal). Se refiere tanto a la prescripción adquisitiva como a la extintiva (interrupción civil de la prescripción).
4.- La prescripción extintiva de corto se transforma en de largo tiempo (Artículo 2.523 del Código Civil)
Responsabilidades del actor al interponer la demanda
Al deducir su acción el demandante puede incurrir en diversas responsabilidades:
Se incurre en responsabilidad civil cuando el demandante interpone una demanda infundada habiendo culpa de su parte, es decir, cuando comete un delito o cuasidelito civil, de acuerdo a las reglas generales. (Artículo 2.314 del Código Civil) En virtud de esta responsabilidad civil deberá indemnizar los perjuicios que ocasione con el ejercicio de su acción.
En cuanto a la responsabilidad penal, el actor puede incurrir en este tipo de responsabilidad si presenta por ejemplo testigos o documentos falsos, si incurre en injurias o calumnias. En general se incurre en este tipo de responsabilidad cuando en el ejercicio de la acción se comete un delito o ilícito penal.
Este tipo de responsabilidad se traduce en el gasto de las costas. En general las costas son los gastos que demanda la tramitación de un juicio. El demandante deberá responder de las costas del pleito siempre que la demanda sea infundada. De acuerdo al artículo 28 del Código del Ramo, los procuradores judiciales responden personalmente del pago de las costas procesales que se generen durante el ejercicio de sus funciones y que sean de cargo de sus mandantes.
OPORTUNIDAD PARA EJERCER LA ACCIÓN
No está señalada por la ley, de modo entonces que ella puede ejercitarse cuando el actor lo estime conveniente. Sin embargo, hay algunos casos en que la acción debe ejercitarse en una oportunidad o término preciso de lo contrario se pierde la acción, no puede hacerse valer con posterioridad. También pueden producirse determinados efectos perjudiciales contra el titular de ella. Así tenemos el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil: litis consortio forzada, ya estudiada. La jactancia tratada en los artículos 269 a 272 del mismo cuerpo legal. Tratándose de las medidas prejudiciales precautorias, en especial, el artículo 280 del citado código que debe presentar su demanda en el plazo de diez días. La reserva de acción en el juicio ejecutivo: plazo para presentar demanda de 15 días, según lo dispone el artículo 474 del citado cuerpo legal.
Caso de la jactancia
Hay jactancia cuando una persona manifiesta corresponderle un derecho del cual no está gozando. De acuerdo, al artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito. Además, cuando esta manifestación se haya hecho de viva voz, delante de dos personas hábiles para testificar en juicio civil.- Finalmente, cuando una persona que ha gestionado como parte en un proceso criminal es titular a la vez de acciones civiles contra el acusado y no ejercita esas acciones civiles. Ahora bien, la ley faculta a la persona que está gozando de un derecho a demandar de jactancia a quien se dice titular de ese derecho. En primer lugar, se pide al tribunal que le fije un plazo de diez días para que deduzca su demanda bajo apercibimiento si no lo hace de no ser oída después en su derecho. Ese plazo de diez días puede ampliarse hasta por treinta días si hubiese motivo fundado. (Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil). Ahí recién se inicia el juicio de jactancia que se somete al procedimiento del juicio sumario. (Artículo 271 del Código de Procedimiento Civil). Si el tribunal acoge la demanda de jactancia tendrá que declarar que ha existido jactancia y el jactancioso tendrá el término de diez días para entablar la demanda. Si el jactancioso entabla su demanda dentro del plazo que dispone, se inicia el juicio correspondiente que se va a someter a las reglas que para el caso particular sean aplicables. De acuerdo a ello, podría ser un juicio ordinario, ejecutivo, sumario o una acción posesoria, según sea la acción deducida. Por el contrario, si el jactancioso no entabla la demanda y vence el plazo concedido sin que cumpla lo ordenado, la parte interesada debe solicitar al tribunal que declare al jactancioso incurso en el apercibimiento. Esta solicitud se tramitará como incidente, no pudiendo después deducir su demanda. (Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil). Esta acción prescribe en el plazo de seis meses desde que tuvieron lugar los hechos en que pueda fundarse (Artículo 272 del Código de Procedimiento Civil).
A esta materia se refiere el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil: “En un mismo juicio podrán entablarse dos o más acciones con tal que no sean incompatibles.
Sin embargo, proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra”. El principio es la economía procesal. Conviene dejar en claro que la disposición citada más que a la pluralidad de acciones se está refiriendo a la pluralidad de pretensiones porque LA ACCION ES UNA SOLA. Ello ocurre en los siguientes casos:
Tratándose de acciones compatibles:
Debe tratarse de acciones compatibles entre sí, sujetas a un mismo procedimiento, y que sean de la competencia de un mismo tribunal. Así podrá solicitarse la resolución de un contrato y además ejercitar la acción de indemnización de perjuicios. También, solicitarse el cumplimiento de un contrato y además solicitar la correspondiente indemnización de perjuicios.
Tratándose de acciones incompatibles
Sin embargo, el legislador autoriza que también puedan deducirse varias acciones aún cuando sean incompatibles, según lo dispone el inciso segundo de la disposición citada, pero deberán ser resueltas una como subsidiaria de la otra. Por consiguiente, se puede solicitar la nulidad de un contrato, y en subsidio puede pedirse la resolución de ese contrato o bien el cumplimiento. En estos dos últimos casos puede ejercitarse la acción de indemnización de perjuicios.
La única causal de extinción de la acción civil es la renuncia que realiza el interesado titular de la acción. La prescripción, que generalmente se menciona como causal de extinción, no opera en realidad sobre la acción procesal, sino sobre el derecho material o sustancial. Las acciones personalísimas, así como las relativas al estado civil de las personas, se extinguen por la muerte del interesado, salvo que este halla comenzado a ejercitarlas.
Hay quienes estiman que también son medios exclusivamente procesales de extinción de la acción, la sentencia y el desistimiento, pero en realidad son modos de extinción del proceso más que de la acción.
Según Windscheid lo que nace de la violación del derecho es una pretensión contra su autor. Reconoce que el derecho cuando se manifiesta en un juicio adquiere un carácter acentuadamente procesal y sobre todo personal. A ese derecho le llama pretensión. Esa pretensión no es el derecho subjetivo, no se identifica con él, porque en la pretensión basta la afirmación, la creencia de tener un derecho, aún cuando realmente no se tenga. Jaime Guasp sostiene que la acción es el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales del estado para interponer pretensiones o para oponerse a ellas. La pretensión es entonces, “el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial, y frente a una persona distinta la resolución de un conflicto entre esa persona y el autor de la reclamación”. En otras palabras, la pretensión es el objeto del proceso. De esta forma la pretensión resulta ser consecuencia lógica de la acción. Se ejercita el derecho de acción para interponer una pretensión, y tal derecho es previo al proceso. Eduardo Couture también distingue entre acción y pretensión, según él pueden promover sus acciones aún aquellos que erróneamente se consideran revestidos de razón sin importar si su pretensión es fundada o infundada. De allí que según Couture, el ejercicio de la acción como acto provocatorio de la jurisdicción corresponde tanto al litigante sincero como al insincero. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, por su parte, participa de esta distinción entre acción y pretensión, sostiene que la acción no varía nunca, lo que cambia es la pretensión, el contenido de la acción.
Elementos de la pretención
1. Existencia de un sujeto activo: Es el demandante o el actor.
2. Existencia de un sujeto pasivo: Es el demandado. Así como la acción se dirige contra el estado para que ponga en movimiento su actividad jurisdiccional, la pretensión se dirige contra el demandado.
3. Existencia de un objeto: Este objeto es el beneficio jurídico que el demandante pretende obtener. En este tercer elemento es menester destacar dos aspectos. En primer lugar, que es el derecho cuyo reconocimiento se pide. Este objeto no debe confundirse con la cosa pedida, es decir, con la materialidad física del objeto que se reclama.
4. Existencia de una causa: Es el hecho o acto jurídico que sirve de fundamento a la pretensión, o como lo señala el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso final “es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”. Según Alberto Echevarría, la causa es el hecho jurídico que sirve de antecedente inmediato a la protección judicial que se solicita. Así, por ejemplo, la causa de pedir en los derechos personales es el hecho jurídico que engendra la obligación, esto es la causa será el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito o la ley. En los derechos reales la causa de pedir también es el hecho jurídico que los engendra, o sea el modo de adquirir del cual nacen los derechos reales. Será de este modo, causa de pedir la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción y la ley.
Se la define como “todo medio de defensa que utiliza el demandado contra el actor para oponerse a sus pretensiones jurídicas”
Según Eduardo Couture, la excepción como derecho de defensa en juicio “es el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos de la jurisdicción” Según Rocco es “la facultad procesal comprendida en el derecho en el derecho de contradicción en juicio, que corresponde al demandado de pedir a los órganos jurisdiccionales declaren cierta la existencia de un hecho jurídico que produce efectos jurídicos relevantes frente a la acción ejercitada por el actor” Doctrinariamente estas excepciones se les conoce con el nombre de reacción, y tanto acción como excepción aparecen como derechos paralelos, en oposición.
ELEMENTOS DE LA EXCEPCION
Al igual que la acción, la excepción tiene ciertos elementos. Entre estos se cuenta:
1.- La existencia de un sujeto activo que es el demandado.
2.- Un sujeto pasivo constituido por el actor, que es el que sufre la reacción que realiza el demandado.
3.- La causa que consiste en los hechos jurídicos inmediatos en que el demandado funda su petición para que se rechace la demanda.
4.- El objeto que es lo que se pide por el demandado, es decir, el rechazo de la demanda por no ser efectivos los hechos, por existir una causal de extinción de la obligación, o por cualquier otro hecho impeditivo o extintivo del derecho que se reclama.
Las excepciones es posible clasificarlas en dilatorias, perentorias y mixtas:
El propio legislador en el N°6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil ha dado un concepto: “Son aquellas que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida”. Su finalidad es subsanar los vicios o defectos del procedimiento, evitándose que se entre al fondo del pleito mientras esos vicios no sean corregidos.
La regla general para hacer valer este tipo de excepciones dilatorias, es que se opongan antes de contestar la demanda, durante el término de emplazamiento, y todas en un mismo escrito.
A contrario sensu, podemos decir que estas excepciones perentorias son aquellas que miran al fondo del pleito y tienden a extinguir la acción. Respecto de ellas no es posible realizar una enumeración, porque cualquier medio de defensa que haga el demandado con el objeto de destruir las pretensiones del demandante, va a constituir una excepción perentoria. De allí que se señale, en términos generales, que son excepciones perentorias los medios de extinguir obligaciones.
La oportunidad para oponer estas excepciones perentorias es en el escrito de contestación a la demanda, tratándose del juicio ordinario de mayor cuantía, siendo esta la regla general (Artículo 309 Nº 3 del Código del Ramo).
Estas excepciones mixtas “son aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias provocan, en caso de ser acogidas, los efectos de las perentorias” Estas excepciones sólo tienen el carácter de dilatorias si se oponen en esta forma, pero también oponerse como perentorias al contestar la demanda. El conflicto no se resuelve sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino por el reconocimiento de un situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo de la cuestión debatida.
Hay algunos autores, como Alberto Echevarría, que clasifica estas excepciones perentorias en:
Excepciones perentorias propiamente tales: Son aquellas que tienen por causa un hecho jurídico que, de acuerdo a la ley sustantiva, extingue más que la acción, la obligación que surge del derecho material (Artículo 310 del Código de Procedimiento Civil)
Excepciones perentorias que importan simples defensas: Son aquellas en que el demandado no invoca ningún hecho jurídico que tenga la virtud de extinguir la obligación, sino que se limita a defenderse negando los hechos formulados por el demandante.
En doctrina se distingue entre excepción y defensa. La defensa desconoce la existencia del derecho que es objeto de la acción deducida, negando el derecho a reclamo. La excepción, por el contrario, supone que el derecho ha existido y sólo tiende a establecer que ha caducado por un hecho independiente de la constitución y existencia del derecho reclamado, o que se refiere a la corrección del procedimiento. Nuestro Código de Procedimiento Civil no acepta esta diferencia entre excepción y defensa, para él son conceptos sinónimos.
Algunos autores como Jaime Guasp más que de excepción hablan de oposición a la pretensión. Así, esta oposición será cualquier enfrentamiento a la pretensión del actor. De esta manera, la oposición deja fuera de su concepto aquellas formas que no significan una verdadera defensa, tales como, la incomparecencia, la falta de contestación, el allanamiento. Frente a la pretensión nace el principio de contradicción para el demandado. En cuanto, a su naturaleza jurídica de la oposición la explican de la misma forma que la acción la que entienden como sinónimo de pretensión. En un primer momento, aparece identificada con el derecho subjetivo privado. Define, en consecuencia la excepción (unos de los casos concretos de oposición) como “un derecho material de enervar la acción del adversario”. Este concepto es desestimado porque deja sin explicación todos los supuestos de defensa que no sean puras excepciones sustanciales. Más adelante, habiéndose ya distinguido entre oposición y derecho material, cabe aún, en un primer momento, reconocerla como un derecho de carácter concreto, bien frente al Estado como derecho independiente de carácter público, para tutelar el derecho del demandado que contradice la pretensión, mediante una sentencia que le de la razón, o bien, frente al adversario, como un derecho también autónomo y público, pero que trata potestativamente de someter al contrario a una sentencia favorable al sujeto pasivo de la pretensión. Para obviar las dificultades a estas concepciones de tipo concreto, nacen aquellas concepciones que miran este derecho de oposición, no ya para obtener una sentencia favorable a favor del demandado, sino una sentencia justa, derecho que nacería en el acto de contestación del sujeto que se defiende, pasando así a las teorías abstractas de este derecho público, autónomo e independiente, a la oposición. Ahora bien, de este punto de vista, la oposición “es un acto, una declaración de voluntad por la que el sujeto pasivo de la pretensión solicita del juez, frente al actor, la desestimación de la actuación pedida por éste” Según, Eduardo Couture la excepción (entendida genéricamente, como “todo medio aducido por el demandado para obtener su liberación jurídica”) no es un contra-derecho. “El excepcionante no aduce ningún derecho subjetivo contrario al actor. Aduce, apenas, que el derecho aducido por el actor no le crea ningún ligamen jurídico. El no pide nada contra el actor; pide solamente su libertad. Así entendida, la excepción es, como la acción, un poder jurídico procesal”
De lo expuesto, podemos dar tres acepciones del vocablo excepción: En su más amplio sentido, es el poder jurídico de que se halla investido el demandado que lo habilita para oponerse a la pretensión. Un segundo significado, alude a su carácter material o sustancial (excepción de pago, compensación, nulidad). Finalmente, como la denominación dada a ciertos tipos específicos de defensa procesales (dilatorias, perentorias).
Se les define como “aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal.” Oscar Bülow quien trató de explicar la naturaleza del proceso como una relación jurídica expuesta en su libro “La teoría de las excepciones dilatorias y los presupuestos procesales” que apareció en el año 1868, nos hablaba de las dos etapas que, según su posición, tenía el proceso en el Derecho romano, precisando, que se trataba de la etapa “in iure” donde se examinaba los presupuestos procesales e “in iudicio” donde se analizaba la cuestión de fondo, con las observaciones hechas en aquella oportunidad. Ahora bien, como una forma de unir este estudio con la excepción, recién estudiada, podemos decir que ésta será el medio legal de denunciar al juez la falta de presupuestos necesarios para la validez del juicio.
En nuestro análisis podemos distinguir:
A.- Presupuestos procesales de la acción: Estos son los presupuestos procesales en sentido estricto o presupuestos procesales propiamente tales. Tanto la capacidad de las partes como la investidura del juez son condiciones mínimas de procedibilidad. Así, los absolutamente incapaces son inhábiles para ejercer por si el derecho de acción. Lo que hagan no será acción ni proceso. Los que no son jueces carecen de jurisdicción, jamás podrán llevar a cabo algún acto que tenga la categoría de acto jurisdiccional.
B.- Presupuestos procesales de la pretensión: Estos no consisten tanto en la efectividad del derecho que se tiene para obtener del órgano jurisdiccional la tutela de ese derecho, sino de la posibilidad de ejercerlo. No está en juego el derecho de acción sino la admisibilidad de la pretensión. En nuestro ordenamiento jurídico no hay un mecanismo que impida la tramitación de la demanda cuando la pretensión es inadmisible.
C.- Presupuestos de validez del proceso: Este presupuesto va unido a lo que estudiaremos como la nulidad procesal. El problema se plantea con el saneamiento de la nulidad. Si afirmamos que los presupuestos procesales están sobre la voluntad de las partes, deberíamos decir que el único presupuesto procesal entendido como requisito de validez del proceso sería la incompetencia absoluta al tenor de lo preceptuado en el inciso segundo artículo del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que contempla, a mi juicio, el saneamiento de la misma “a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal.”
D.- Presupuestos de una sentencia favorable: En este punto podemos afirmar que el único presupuesto sería la de un buen derecho. Sin embargo, esta afirmación no basta, toda vez que, podemos tener un buen derecho, pero si no se suministra al órgano jurisdiccional la prueba de los hechos que sirven de base a este derecho, la sentencia definitiva no acogerá la pretensión del demandante. En este punto, podemos decir que la invocación del derecho, cuando ello es indispensable y la producción de la prueba cuando ello es indispensable, esto es, cuando se tiene sobre sí la carga de la prueba, son presupuestos procesales de una sentencia favorable.
La excepción será el medio legal para denunciar la falta de un presupuesto procesal para la validez del juicio. La falta de competencia se denunciará mediante la excepción de incompetencia; la incapacidad de las partes o su defectuosa representación a través de la excepción de falta de personería.