Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sbahamas123-99.html
Timestamp: 2015-05-22 08:31:31
Document Index: 311112789

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'artículo\n4', 'Artículo 5', 'Artículo\n4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 24', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 46', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 26', 'Artículo 20', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo\n39', 'Artículo\n41', 'Artículo 42', 'Artículo 64', 'Artículo 20', 'Artículo 18', 'Artículo 38', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 41']

Schroeter and Jeronimo Bowleg v. Bahamas, Caso 12.086, Informe Nº 123/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 190 (1999). I. RESUMEN
2. Los Peticionarios afirman que las víctimas, las cuales son súbditos de Las Bahamas, fueron condenadas
por homicidio el 17 de junio de 1994 y sentenciadas a pena de muerte obligatoria.
De acuerdo con los Peticionarios, las víctimas apelaron ante el Tribunal
Apelaciones de Las Bahamas el 4 de septiembre de 1996. El Tribunal desestimó
sus apelaciones el 23 de julio de 1997. Posteriormente, las víctimas presentaron
una petición al Comité Judicial del Privy Council de Londres (en adelante,
Consejo Privado) en la que solicitaban venia especial para apelar su condena,
pero el Consejo Privado desestimó su petición el 3 de junio de 1998. 3. Los Peticionarios alegan que la petición es admisible porque las víctimas han cumplido los requisitos
de los Artículos 46(1) de la Convención y 37(1) y 38(2) del Reglamento de
Comisión. Los Peticionarios también mantienen que el Estado ha violado los
derechos de las víctimas de acuerdo con los Artículos 4(1) 4(2), 4(6) 5,
7(5), 8 (1),
8(2), 24 y 25 de la Convención y los Artículos I, II , XVII, XVIII, XI, XXV
y XXVI de la Declaración. 4. En su petición, los Peticionarios solicitaron que la Comisión ordenara la adopción de medidas cautelares, de
acuerdo con el Artículo 29(2) de su Reglamento, contra el Estado y pidieron
no tomara ninguna medida para ejecutar a las víctimas a fin de evitar daños
irreparables a éstas mientras sus casos están pendientes de dictamen ante
Comisión. Los Peticionarios también solicitaron que la Comisión declare que
el Estado violó los derechos de las víctimas de acuerdo con la Convención
la Declaración, y que se les proporcione un remedio efectivo que implique su
puesta en libertad. Además, los Peticionarios solicitaron que la Comisión
un procedimiento judicial en forma oral para este caso, y que visite sobre
el terreno las instalaciones para los reclusos en espera de ejecución de
de Fox Hill en Las Bahamas, a fin de examinar las condiciones y el trato de
las víctimas en detención.
5. En el presente informe, la Comisión concluye que las demandas de los Peticionarios en cuanto a las
violaciones de la Declaración satisfacen los requisitos de los Artículos
37 y 38 del Reglamento
de la Comisión y son, por lo tanto, admisibles. La Comisión también concluye
que las demandas de los Peticionarios relativas a las violaciones de la Convención
son inadmisibles.
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 6. Tras el recibo de la petición y de las presentaciones de las partes, la Comisión cumplió con los requisitos
de su Reglamento. La Comisión estudió la petición, solicitó información de
partes y envió las partes pertinentes de las presentaciones de cada una de
las partes a la otra parte. 7. El 19 de enero de1999, la Comisión envió las partes pertinentes de la petición al Estado, solicitándole
que enviara comentarios y observaciones, dentro de un plazo de 90 días, sobre
el agotamiento de los recursos internos y las demandas planteadas en la petición.
La Comisión también solicitó que el Estado suspendiera temporalmente la ejecución
de las víctimas mientras la Comisión realizaba una investigación de los hechos
8. El 25 de enero de1999, los Peticionarios remitieron nueva información a la Comisión acerca del plazo de
presentación de la petición, y alegaron que las disposiciones tanto de la
como de la Declaración deberían aplicarse en este caso. Las partes pertinentes
de esta información se remitieron al Estado en la misma fecha. 9. A lo largo de la tramitación de este caso ante la Comisión, los Peticionarios han solicitado que la Comisión
determinara un plazo para que la Comisión emitiera una decisión sobre el
El 27 de abril de 1999, la Comisión informó a los Peticionarios que de conformidad
con su mandato, la Comisión tramita casos y emite decisiones de acuerdo con
su Reglamento y por lo tanto no podía proporcionar a los Peticionarios un
de tiempo determinado en cuanto a su decisión en este caso.
10. Mediante una carta fechada el 30 de julio de 1999, los Peticionarios informaron a la Comisión de lo siguiente: "Como es de su conocimiento, de acuerdo con la decisión del Consejo Privado de Su Majestad, Las Bahamas tomara su decisión final antes de que concluya
el período de cinco (5) años. Es por lo tanto fundamental que recibamos una
para el 2 de enero del año 2000. En la medida que se aproxima la fecha, le
agradeceríamos sumamente que nos informara sobre la situación actual del caso
y si se ha avanzado
12. La Comisión no ha recibido ninguna respuesta del Estado respecto a la petición de los peticionarios, a
pesar de las solicitudes de información de la Comisión fechadas el 19 de
de 1999 y el 25 de enero de 1999. III. POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD
A. Posición de los Peticionarios a. Demandas de los Peticionarios 13. Los Peticionarios alegan violaciones de los Artículos 4(1), 4(2), 4(6), 5, 7(5), 8 (1) 8(2), 24 y 25
de la Convención Americana, y los artículos I, II, XVII, XVIII, XI, XXV,
de la Declaración Americana, en relación con el juicio, la condena y la sentencia
de las víctimas por el delito de homicidio en las Bahamas. En particular,
Peticionarios sostienen que la sentencia de muerte obligatoria impuesta por
el Estado de acuerdo a su legislación penal a toda persona condenada por
viola el derecho de las víctimas a la vida, de conformidad con el artículo
4(1) de la Convención y el Artículo I de la Declaración, y su derecho a un
humano, de conformidad con el Artículo 5 de la Convención y el Artículo XXVI
de la Declaración. 14. Además, los Peticionarios alegan que el Estado ha violado los derechos de las víctimas a solicitar la
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, de acuerdo con el Artículo
4(6) de la Convención, su derecho a ser notificadas, sin demora, de los cargos
formulados contra ellas y de ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
autorizado por la ley, de acuerdo con el Artículo 7 de la Convención, el derecho
a un juicio justo de acuerdo con el Artículo 8 de la Convención y el derecho
a igualdad ante la ley, de acuerdo con el Artículo 24 de la Convención, junto
con las violaciones de los derechos pertinentes de acuerdo con los Artículos
II, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración. 15. En cuanto a las supuestas violaciones de los Artículos 4 y 24 de la Convención y las disposiciones pertinentes
de la Declaración, los Peticionarios argumentan que la ley interna de Las
no proporciona a las víctimas el derecho a ser representadas ante el Comité
Asesor para la Prerrogativa del Perdón, el órgano en las Bahamas con autoridad
para conceder la amnistía, el indulto y la conmutación de sentencias. Además,
los Peticionarios alegan que la ausencia de una audición ante el Comité Asesor,
o de cualquier otro procedimiento jurídico para dictaminar de forma objetiva
y proporcionada si la pena de muerte es una pena adecuada en las circunstancias
de los casos de las víctimas, viola los Artículos 4 y 24 de la Convención
el Artículo II de la Declaración. En este sentido, los Peticionarios también
argumentan que la autoridad del Comité Asesor es demasiado amplia, arbitraria
e irresponsable como para concordar con la normas de derechos humanos, y
es la parte que procura privar a las víctimas del derecho a la vida la que debe refutar la ausencia de desigualdad y discriminación en el funcionamiento de
su legislación penal. 16. Respecto a las supuestas violaciones de los peticionarios de los Artículos 7 y 8 de la Convención y
las disposiciones pertinentes de la Declaración, los Peticionarios indican
víctimas fueron a juicio 26 meses después de ser detenidas, y por lo tanto,
no fueron llevadas a juicio, sin demora, y dentro de un período de tiempo
y se les privo de un juicio justo, contrario a las disposiciones de los Artículos
7(5) y 8(1) de la Convención y los Artículos XXV y XXVI de la Declaración.
alegan violaciones de los derechos de las víctimas a un juicio justo porque
éstas fueron obligadas, con violencia, a firmar confesiones escritas. Los
también alegan violaciones de los Artículos 8 y 25 de la Convención en relación
con la falta de disponibilidad de asistencia legal para cursar mociones constitucionales
17. Por último, los Peticionarios argumentan que el Estado ha violado los derechos de las víctimas a un trato
humano, de acuerdo con el artículo 5(1), 5 (2), y 5(6) de la Convención y
Artículo XXVI de la Declaración, debido a sus condiciones de detención en las
instalaciones para los reclusos en espera de ejecución y alegan que estas
también hacen que la ejecución de las sentencias de muerte de las víctimas
sea ilegal. b. Agotamiento de los recursos internos
18. Los Peticionarios argumentan que las víctimas han agotado los recursos internos disponibles en las Bahamas
porque apelaron sus condenas y sentencias ante el Tribunal de Apelaciones
Las Bahamas y el Tribunal desestimó sus apelaciones el 23 de julio de 1997.
Las víctimas solicitaron posteriormente al Comité Judicial del Consejo Privado
venia especial para apelar en capacidad de personas empobrecidas, el cual
sus peticiones el 3 de junio de 1998.
19. Los Peticionarios también argumentan que las víctimas no pueden llevar adelante mociones constitucionales
en Las Bahamas para objetar sus sentencias de muerte obligatoria por ser
o una pena o trato degradante porque son indigentes, y la legislación interna
del Estado no proporciona financiamiento privado ni asistencia legal a las
indigentes que intentan cursar tales mociones. Los Peticionarios argumentan
además que la complejidad jurídica de una moción constitucional requiere
un representación legal experta para que haya un posibilidad razonable de tener
éxito, y que la falta de financiamiento privado y la indisponibilidad de
jurídica impiden llevar adelante tal moción. Por último, los Peticionarios
alegan que hay pocos abogados locales que estén preparados para representar
sin recibir ninguna remuneración a cambio. Por consiguiente, los Peticionarios
argumentan que el fracaso del Estado en proporcionar asistencia legal para tramitar mociones constitucionales niega a las víctimas un recurso jurídico interno
efectivo y disponible. 20. En apoyo a su posición, los Peticionarios se basan en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (CDHNU), en particular, su decisión en el caso Champagnie, Palmer & Chisolm v. Jamaica,1 en el cual el Comité declaró lo siguiente: En cuanto a la posibilidad de los autores a presentar una Moción Constitucional, el Comité considera que, dada la ausencia de asistencia legal, una Moción Constitucional no constituye un recurso disponible en el caso. En vistas a lo anterior, el Comité considera que no está imposibilitado por el Artículo 5(2)(b) del Protocolo Facultativo para considerar la comunicación.2
21. Los Peticionarios, por lo tanto, sostienen que las víctimas han satisfecho los requisitos de admisibilidad
del Artículo 46(1) de la Convención y el Artículo 37(1) del Reglamento de
22. Los Peticionarios mantienen que la petición se presentó dentro de un plazo razonable de conformidad con
el Artículo 38(2) del Reglamento de la Comisión. En este sentido, los Peticionarios
sostienen que las víctimas agotaron los recursos internos el 3 de junio
cuando el Consejo Privado desestimó sus peticiones de venia especial para apelar.
Los Peticionarios reclaman que la petición se presentó a la Comisión el
enero de 1999 y, por lo tanto, dentro de un plazo razonable. B. La posición del Estado 23. El Estado no ha presentado a la Comisión ningún comentario u observación en cuanto a la admisibilidad
o méritos de la petición, a pesar de las comunicaciones de la Comisión al
fechadas el 19 y 25 de enero de 1999. IV. ANÁLISIS
24. En sus peticiones, los Peticionarios alegan violaciones de los Artículos 4, 5 7, 8, 24 y 25 de la
Convención, y los Artículos I, II, XVIII, XI, XXV, y XXVI de la Declaración.
las supuestas violaciones de la Convención, la Comisión señala que Las Bahamas
no ha ratificado la Convención Americana y, por lo tanto no es un Estado
de la misma. Más bien, la Declaración se convirtió en la base de las normas
jurídicas a aplicar por la Comisión3 a partir de que Las Bahamas se incorporaran al Sistema Interamericano en 1982, y se convirtieran en un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Por consiguiente, la Comisión declara que tiene competencia para examinar solamente las demandas de los Peticionarios relacionadas con las violaciones de la Declaración. Sin embargo, no tiene competencia para examinar las demandas relacionadas con las violaciones de la Convención, que son, por lo tanto, inadmisibles. 25. El Artículo 26 del Reglamento de la Comisión dispone que "[c]ualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización puede presentar a la Comisión peticiones de conformidad con el presente Reglamento, en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a presuntas violaciones de un derecho humano reconocido, según el caso, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre." En este sentido, la petición fue presentada por los Peticionarios, Abogados de Londres, Reino Unido, en nombre de las víctimas,
las cuales son súbditos del Estado de Las Bahamas. Además, la Comisión tiene
competencia, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados
el Artículo 20 del Estatuto de la Comisión, y el Reglamento de la Comisión,4 para considerar las presuntas violaciones de la Declaración planteadas por los Peticionarios contra el Estado, las cuales están relacionas con actos u omisiones que tuvieron lugar después de que el Estado entrara a formar parte de la Organización de los Estados Americanos. Por consiguiente, la Comisión tiene competencia en razón de la materia, y jurisdicción temporal y personal para considerar las violaciones de la Declaración denunciadas en este caso. B. Admisibilidad de la Petición
26. Los Peticionarios sostienen que las víctimas agotaron los recursos internos en las Bahamas el 3 de junio
de 1998, cuanto el Consejo Privado desestimó sus peticiones de venia especial
para apelar sus condenas y sentencias. El Estado no ha proporcionado ninguna
información o comentarios respecto al agotamiento de los recursos internos.
De conformidad con principios generalmente reconocidos de la ley internacional,5 la Comisión resuelve que el Estado tácitamente renunció a su derecho de objetar la admisibilidad de la petición en base a la norma del agotamiento de los recursos internos. Por consiguiente, la Comisión considera que la petición es admisible de conformidad con el Artículo 37(1) del Reglamento de la Comisión.6 b. Presentación de la petición en plazo
27. Los Peticionarios alegan que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable, de conformidad
con el Artículo 38 del Reglamento de la Comisión.7 El Estado no ha disputado la admisibilidad de la petición en base al plazo de presentación de la misma o , de lo contrario, demostrado que la petición no se presentó dentro de un plazo razonable.8 Por lo tanto, la Comisión considera que la petición no es inadmisible de acuerdo con el Artículo 38 del Reglamento de la Comisión. c. Duplicación
28. De acuerdo con el registro de la Comisión, la materia de la demanda de los Peticionarios no se encuentra
pendiente de resolución en otro procedimiento internacional, ni constituye
reproducción de una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión
u otro organismo gubernamental internacional. El Estado no ha hecho ningún
respecto al tema de la duplicación de procedimientos. Por lo tanto, la Comisión
considera que la petición no es inadmisible de acuerdo con el Artículo Artículo
39(1) de su Reglamento.9 d. Demanda aparente
29. Los Peticionarios han alegado que el Estado ha violado los derechos de las víctimas de conformidad con los
Artículos I, II, XVIII, XI, XXV y XXVI de la Declaración. Además, los Peticionarios
han presentado alegaciones documentadas que tienden a establecer que las
violaciones pueden estar bien fundadas. La Comisión, por lo tanto, concluye,
sin prejuzgar los méritos del caso, que la petición de los Peticionarios
es legalmente inadmisible para ser considerada de conformidad con el Artículo
41(c) del Reglamento de la Comisión.10 e. Conclusión de Admisibilidad
30. Como se indica con anterioridad, el Estado no ha respondido a las comunicaciones de la Comisión del 19 y 25
de enero de 1999, a fin de suministrar a la Comisión la información que el
considere pertinente en cuanto al agotamiento de los recursos internos y las
demandas planteadas en la petición. Por consiguiente, a la hora de dictaminar
la admisibilidad de este caso, la Comisión ha presumido que los hechos, tal
y como se especifican en la petición, son verdaderos, siempre que las pruebas
no conduzcan a una conclusión diferente, de conformidad con el Artículo 42
Reglamento de la Comisión.11 V. CONCLUSIÓN
31. De conformidad con el anterior análisis, y sin prejuzgar sobre los méritos de esta petición, la Comisión decide
declarar admisibles las supuestas violaciones de la Declaración presentadas
en nombre de las víctimas, y declarar inadmisibles las supuestas violaciones
de la Convención presentadas en nombre de las víctimas. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE:
4. Ponerse a disposición de las partes interesadas a los efectos de procurar una solución amistosa
6. Hacer público el presente informe y publicarlo en el informe anual a la Asamblea
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana), 14 de julio de 1989. 4 El Artículo 20 del Estatuto de la Comisión dispone lo siguiente: En relación con aquellos Estados miembros de la Organización que no son Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá los siguientes poderes, además de aquellos designados en el Artículo 18:
7 El Artículo 38 del Reglamento de la Comisión dispone lo siguiente: (1) La Comisión se abstendrá de conocer
aquellas peticiones que se presenten después del plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado
de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos;
(2) En las circunstancias previstas en el Artículo 37,(2) del presente reglamento,
el plazo para la presentación de una petición a la Comisión será un período
de tiempo razonable, a criterio de la Comisión, a partir de la fecha en que
haya ocurrido la presunta violación de los derechos, considerando las circunstancias
8 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegria, Excepciones Preliminares, Sentencia del 11 de diciembre de 1991 pág. 44-45, en párr. 25-31. 9 29 El Artículo 39(1) del Reglamento de la Comisión dispone que la Comisión no considerará una petición
en el caso de que la materia de la misma se encuentre pendiente de otro procedimiento
de arreglo ante una organización internacional gubernamental del que sea
el Estado aludido, o sea esencialmente la reproducción de una petición pendiente
o ya examinada y resuelta por la Comisión u otro organismo internacional
del que sea parte el Estado aludido.
10 El Artículo 41(c) del Reglamento de la Comisión dispone que la Comisión La Comisión declarará inadmisible
la petición cuando la petición sea manifiestamente infundada o improcedente,
según resulte de la exposición del propio peticionario o del Gobierno.