Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-1050-de-2006?documento=legcol&contexto=legcol_75992042210af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-23 22:38:34
Document Index: 320703400

Matched Legal Cases: ['artículo 265', 'artículo 40', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 265', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 265']

﻿ RESOLUCIÓN 1050 DE 2006
RESOLUCIÓN 1050 DE 10 DE JULIO DE 2006
CONTENIDO:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS QUE PIERDAN LA PERSONERÍA JURÍDICA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1294 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2006, PG.321
RESOLUCIÓN 1050 DE 2006
“Por la cual se establece el procedimiento para la liquidación del patrimonio de los partidos y movimientos políticos que pierdan su personería jurídica”.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 265 numeral 5º de la Constitución Política y teniendo en cuenta las siguientes:
La Constitución Política en su artículo 40 reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político para lo cual podrá “Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas” y en su artículo 107 modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003 reitera el derecho de todos los ciudadanos de fundar y organizar democráticamente partidos y movimientos políticos;
Con igual criterio la Ley 130 de 1994 en su artículo 6º señala que los partidos y movimientos políticos “podrán organizarse libremente” y en el artículo 7º indica que su funcionamiento “se regirá por lo establecido en sus propios estatutos”.
A su vez, el artículo 108 de la Constitución Política modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003 establece:
El parágrafo transitorio 1º del artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003 señala:
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con posterioridad a la promulgación del presente acto legislativo, de cuyos resultados dependerá que la conserven de acuerdo con las reglas dispuestas en la Constitución”.
El artículo 265 numeral 8º de la Constitución Política dispone:
8. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos”.
Por lo tanto es clara la facultad del Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, de reconocer y cancelar la personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, para lo cual deberá observar las consideraciones previstas en la Constitución Política y la ley.
Así, respecto de los partidos y movimientos políticos que tenían reconocida personería jurídica el 3 de julio de 2003 y representación en el Congreso, conservaron su reconocimiento hasta consolidar los resultados de las votaciones realizadas el 12 de marzo de 2006, para Congreso de la República 2006-2010, a fin de determinar el cumplimiento de la condición necesaria para la conservación de dicha personería en cuanto a la obtención de al menos el 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional para Cámara de Representantes o Senado de la República.
En consecuencia, corresponde al Consejo Nacional Electoral declarar la pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos que no alcanzaron el porcentaje de votación antes señalado o porque no inscribieron listas, colectividades que a tal momento entran en estado de disolución y consecuencialmente procede su liquidación inmediata.
De otra parte, es importante destacar que la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos también puede perderse por la decisión de disolverse adoptada voluntariamente y de acuerdo con los estatutos, decisión que debe ser inscrita ante el Consejo Nacional Electoral por ser la entidad a la que le corresponde el registro de las personerías jurídicas.
Por consiguiente, se establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos y movimientos políticos que pierdan la personería jurídica.
ART. 1º—Disolución. Debidamente ejecutoriado el acto administrativo que declara la pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, la disolución se producirá sin necesidad de formalidades especiales.
ART. 2º—Efectos de la disolución. Los partidos y movimientos políticos que pierdan la personería jurídica acorde a las disposiciones constitucionales y legales dejarán de acceder a los beneficios y prerrogativas de la Ley 130 de 1994, salvo los derechos adquiridos por concepto de financiación de campañas electorales causados con anterioridad a la pérdida de la personería jurídica.
Como consecuencia de lo anterior, deberán realizar las actividades tendientes a la protección de su patrimonio, tales como la prohibición de enajenar activos de la colectividad o realizar transferencias de recursos a favor de miembros de sus órganos de dirección, militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero.
PAR. 1º—A partir de la ejecutoria del acto administrativo que declara la pérdida de la personería jurídica, el Consejo Nacional Electoral oficiosamente adicionará al nombre de los partidos y movimientos políticos, la frase “En Liquidación” con el objeto de informar debidamente al público sobre el estado actual de la colectividad política y será obligatorio su uso durante el tiempo que conlleve la liquidación.
PAR. 2º—El liquidador no podrá utilizar en beneficio propio o de terceros la información derivada del proceso de liquidación y será responsable por los daños o perjuicios que, por dolo o culpa, se ocasionen en el desempeño de sus funciones o por el incumplimiento de sus obligaciones.
ART. 3º—Aviso. De la iniciación del proceso de liquidación del partido o movimiento político, el liquidador dará publicidad, con cargo al patrimonio de la colectividad en liquidación, mediante la publicación de un (1) aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que además se debe instar a los interesados a hacer valer los derechos patrimoniales que crean tener, concediendo un término máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación, para tales fines.
Un ejemplar, debidamente autenticado, del diario en el que se publica el aviso, deberá allegarse al Consejo Nacional Electoral, en el término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se publicó.
ART. 4º—Liquidación del patrimonio. El partido o movimiento político en estado de disolución y liquidación decidirá de conformidad con la ley y con sus estatutos el destino de su patrimonio, atendiendo los siguientes criterios:
a) Si tuviere alguna deuda pendiente con el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, procederá a su cancelación y posteriormente pagará las obligaciones contraídas con terceros, para lo cual deberá observar las disposiciones legales sobre prelación de créditos;
b) Los recursos que correspondan a reposición de gastos de campañas, se distribuirán en la forma indicada en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994;
c) El remanente de los ingresos de origen público, cuya destinación es específica, deberá ser reintegrado al erario a través del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.
d) El remanente de los ingresos de origen particular cuyo destino no esté previsto en los estatutos de la colectividad, deberá ser entregado al Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia.
ART. 5º—Funciones del liquidador. Son funciones especiales del liquidador de los partidos y movimientos políticos que pierden personería jurídica:
a) Recibir los dineros, bienes y en general, las acreencias causadas a favor del partido o movimiento político durante la vigencia de la personería jurídica;
b) Llevar y custodiar los libros y correspondencia del partido o movimiento político y velar por la integridad de su patrimonio;
c) Liquidar y cancelar las cuentas de los terceros;
d) Citar a asamblea o reunión de directivas, cuando lo considere pertinente;
e) Presentar ante el Consejo Nacional Electoral los informes establecidos en el artículo 18 literales a) y b) de la Ley 130 de 1994 y los especiales de que trata el artículo 6º del presente acto administrativo;
f) Contratar el personal que estrictamente requiera para efectos de la liquidación.
g) Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo y que le sean asignadas por los órganos de dirección del partido o movimiento político en liquidación.
ART. 6º—Informes al Consejo Nacional Electoral. El liquidador del partido o movimiento político deberá remitir al Consejo Nacional Electoral, una vez concluya la liquidación, informes públicos sobre:
a) Ingresos obtenidos por la venta de bienes, en el cual deberá indicar la descripción del bien vendido (mueble o inmueble) previo avalúo del Instituto Agustín Codazzi si se tratare de bienes inmuebles, el valor de la venta, el nombre de la persona natural o jurídica que lo adquirió, su identificación (cédula o NIT), su residencia o domicilio; las deudas cobradas individualizando para cada monto el nombre del deudor, su identificación y domicilio;
b) Egresos producto de cuentas pagadas individualizando para cada monto el nombre del acreedor, su identificación y domicilio; gastos de la liquidación debidamente soportados, y
c) Monto, destinación y ejecución de los dineros públicos que le fueron asignados al partido o movimiento desde el año anterior al de la liquidación.
PAR.—Una vez revisados y aprobados estos informes por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales deberán ser enviados a la Contraloría General de la República y publicados dentro de los diez (10) días siguientes en un diario de amplia circulación nacional.
ART. 7º—Veedor. El Consejo Nacional Electoral en ejercicio de sus funciones constitucionales en su artículo 265 Superior, cuando lo considere necesario designará un veedor que verifique el proceso de liquidación. Los gastos u honorarios de esta veeduría serán a cargo del partido en liquidación.
ART. 8º—Integración. En lo no previsto en el presente acto administrativo o los estatutos de los partidos o movimientos políticos, serán aplicables, en cuanto sean compatibles, las normas sobre liquidación del patrimonio social previstas en el capítulo X del libro segundo del Código de Comercio Colombiano.