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Timestamp: 2018-10-20 01:50:49
Document Index: 356207173

Matched Legal Cases: ['artículo 1902', 'artículo 1902', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6']

El blog de un abogado en Villarrobledo. Juan Carlos Galvañ - Part 4
Entidad bancaria condenada a pagar más de 6.000€ por una caída en sus escaleras
29 enero, 2011 jcgalvan
Repasamos en este artículo una reciente sentencia que condena a una caja de ahorros a pagar más de 6.000 euros a una jubilada, por una caída ocurrida en las escaleras de acceso a sus instalaciones.
Los hechos se remontan al año 2009 cuando, en un día de lluvia, se disponía a abandonar una sucursal bancaria una clienta habitual. La señora resbaló en la superficie mojada de las escaleras del establecimiento cayendo a la acera, lo que le produjo una lesión de cierta entidad en la cadera.
Estamos ante un claro supuesto de Responsabilidad Extracontractual del artículo 1902 del Código Civil: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
El demandante alegó la concurrencia de todos los requisitos que se vienen exigiendo jurisprudencialmente para que prosperen las acciones derivadas de la aplicación del artículo 1902 del Código Civil, a saber: a) acción u omisión ilícita o culpable, b) resultado dañoso, y c) relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado producido.
Antes de entrar en materia, apuntar que el ámbito de la Responsabilidad Extracontractual, concretamente en lo que a caídas se refiere, se están dictando sentencias muy dispares; como ejemplo:
Responsabilidad del salón de bodas por la caída de la madrina debida al mal estado del suelo.
Exoneración del establecimiento en el que se celebraba una boda respecto de la caída de una invitada por la escalera.
A) OMISIÓN ILÍCITA.
Resulta evidente la ilicitud de una omisión cuando la misma proviene del incumplimiento de una norma del Ordenamiento Jurídico. Este es el caso.
REAL DECRETO 486/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Este Real Decreto establece la obligatoriedad de que las escaleras cumplan con determinadas medidas:
Evidentemente, la prueba de esas medidas no es complicada, me explico: si se produce la caída es porque la escalera no era de material no resbaladizo (en la mayoría de los casos). En cuanto a los elementos o bandas antideslizantes, saltan a la vista.
Además, establece este Real Decreto la obligación de que dichas escaleras dispongan de pasamanos a ambos lados de las escaleras cuando la anchura de estas supere los 1,2 metros de altura.
Otra cuestión sobre este Real Decreto, planteada por la parte demandada, es si el mismo debe aplicarse a los clientes de cualquier lugar de trabajo o si, por el contrario, solo se aplica a los trabajadores.
En principio su artículo 1 establece lo siguiente:
Es decir, se aplica a los lugares de trabajo, no a un determinado grupo o clase de personas. No obstante, no está tan claro, ya que el artículo 3 del citado Real Decreto dice:
Así que para solventar esta cuestión lo mejor será acudir a la Jurisprudencia:
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo de 14 de octubre de 2.009.
Esta Sentencia sienta lo siguiente en sus fundamentos:
Partiendo de la base de que según la testifical del empleado público que atendió a la actora practicada en autos, ha quedado demostrado que la recurrente, que acudió en fecha 10 de julio de 2.006 a la oficina de la TGSS sita en la Calle Isla de Arosa de Madrid, mientras estaba siendo atendida, al levantarse de la mesa, se tropezó con los cables que salían de debajo de la mesa de un empleado público, cayendo al suelo, y produciéndose fractura subcondral impactada y fractura de la cabeza humeral e impactada de troquier, con rotura del supraespinoso e infraespinoso. Los días impeditivos de la lesión fueron 120, y los no impeditivos 350, quedando como secuelas las de hombro doloroso y pérdida de la antepulsión y de la rotación externa.
Lo cierto es que el hecho de que los cables estuviesen del ordenador estuviesen sueltos y sin ningún tipo de fijación, revela un funcionamiento anormal del servicio, derivado de la infracción de lo dispuesto en el apartado 1 del Anexo del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo, en cuanto dispone que las zonas de paso en lugares de trabajo deben permanecer libres de obstáculos, pues resulta bastante posible, a falta de sujeción alguna, que originase la caída de cualquier persona que se encontrase en dicho lugar.
Lo expuesto revela el deber de indemnizar que recae sobre la TGSS, toda vez que la recurrente no tiene el deber de soportar el daño causado.
Por tanto, el Real Decreto 486/1997 ampara a personas distintas de los trabajadores, debido a su incumplimiento, en este caso por la administración.
B) RESULTADO DAÑOSO
Este requisito no implica mayor problema, siendo fácilmente acreditable con informes médicos.
C) RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA OMISIÓN Y EL RESULTADO
Hay determinados factores que pudieran quitar peso o incluso excluir totalmente esa relación de causalidad. Los más manejados por la Jurisprudencia son la asunción de un riesgo innecesario y previsible por parte del perjudicado y la habitualidad. Nos centraremos en esta segunda.
Resultó un hecho probado que la persona que sufrió la caída fuera clienta habitual de la entidad bancaria y, como tal, debía conocer los riesgos y extremar las precauciones al pisar sobre la superficie mojada. Además, esa habitualidad se extrapola al resto de clientela ya que, a pesar del trasiego abundante a todas horas, no consta ni ha constado nunca un hecho similar.
Esta teoría también fue desmontada por la Jurisprudencia aplicable, concretamente por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 27 de junio de 2.006.
Se trata de una Sentencia que revoca la de instancia, en reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, por una caída en las escaleras de la sede de la Delegación del Gobierno de Andalucía en Granada, donde prestaba sus servicios una funcionaria. Las escaleras carecían de los oportunos antideslizantes y se condena a la administración a indemnizar a la trabajadora que sufrió la caída.
Por tanto, si la habitualidad de un empleado que va todos los días a su puesto de trabajo no es motivo para excluir esa relación de causalidad, menos todavía el de una clienta, que por muy habitual que sea no acude diariamente a determinado establecimiento.
En cualquier caso, y como hemos apuntado al principio, los supuestos de Responsabilidad Extracontractual (o patrimonial de la administración) dependerán en gran medida del caso concreto, ya que no existe un criterio Jurisprudencial invariable que otorgue las mínimas garantías de éxito.
1902 Código CivilCaídaIndemnizaciónResponsabilidad extracontractual
Principios jurídicos en la protección de datos: consentimiento del afectado
20 septiembre, 2009 jcgalvan
El primer paso en el tratamiento del dato de carácter personal es el consentimiento del interesado o afectado. Como hemos explicado anteriormente, este consentimiento va intrínsecamente unido al derecho de información. Sin información no podremos hablar de un consentimiento libremente manifestado. Según el TC, ambos elementos, consentimiento e información, forman parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos de carácter personal.
El consentimiento es el principio jurídico en la protección de datos que más infracciones sufre y más procedimientos sancionadores provoca.
▪ Art. 6.1: El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
▪ Art. 6.2: No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
▪ Art. 6.3: El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
▪ Art. 6.4: En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.
El artículo 6 de la LOPD regula por un lado el principio general del consentimiento y por otro sus excepciones. Éstas raramente pueden infringirse por lo que nos centraremos en el consentimiento en sí.
– Procedimiento Nº PS/00479/2008. Se trata de un procedimiento que en su día tuvo gran repercusión social, al aparecer en numerosos medios de comunicación del país. El procedimiento resuelve sobre un vídeo colgado en el conocido portal YouTube, con imágenes vejatorias y sin el consentimiento (lógicamente) del afectado.
El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia de 30 de noviembre de 2000, consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (…) (F.J. 7 primer párrafo).
Resulta importante apuntar que, en un principio, éste procedimiento se seguía contra dos personas. Una de ellas quedó fuera del procedimiento al alegar que su router wifi se encontraba desprotegido (sin contraseña) en el momento de los hechos y que, por tanto, cualquiera pudo hacer uso de su conexión a Internet para llevar a cabo la conducta que se enjuicia.
El uso de las conexiones wifi, desprotegidas o no, esta generando un amplio debate ya que actualmente resulta prácticamente imposible demostrar que quien hizo uso de la conexión fue el propio titular de la misma. Es por ello que podemos encontrar tanto resoluciones administrativas de la AEPD como sentencias judiciales siguiendo criterios dispares. En estos casos, la pericia de los abogados unido al general desconocimiento del estado actual de la tecnología por jueces y fiscales pueden llegar a desembocar en un cajón de impunidad sin fondo en el que se archiven multitud de procesos por falta de pruebas. En otras ocasiones, el juzgador hace oídos sordos (empujado por su ignorancia), llegando a prescindir de la presunción de inocencia de una manera descarada.
– Procedimiento Nº PS/00565/2008. En este procedimiento se examina un supuesto muy frecuente en relación con la falta de consentimiento, como es el de la inclusión de datos personales en repertorios telefónicos sin el consentimiento del afectado.
El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados o sin otra habilitación amparada por la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7, primer párrafo), “consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (…)”.
Por tanto, corresponde a GUÍA COMERCIAL 2000 acreditar que cuenta con el consentimiento de la afectada para el tratamiento de sus datos personales, máxime cuando ésta niega haberlo otorgado. Sin embargo, en el supuesto examinado, GUÍA COMERCIAL 2000 no acredita disponer del consentimiento de la afectada para el tratamiento de sus datos, resultando, por tanto, evidente la existencia de, al menos, una falta de la diligencia debida en los hechos imputados plenamente imputable a dicha entidad, que trató los datos de la denunciante sin su consentimiento.
Como podemos observar, la AEPD vuele a remitirse a la misma jurisprudencia del TS. Pero también hace una mención importante a la carga de la prueba, y es que la parte que está siendo objeto del procedimiento sancionador, siguiendo el criterio general en materia probatoria, es la que debe probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. Es crucial tener esto en cuenta, puesto que los responsables de ficheros deber tener el máximo cuidado en guardar el documento (u otro sistema) en el que se recabó el consentimiento. Esto, a su vez, nos plantea el interrogante del consentimiento verbal, ya que la ley no exige que este conste por escrito.
– Procedimiento Nº PS/00507/2008. Otro supuesto que se repite con mucha frecuencia es la inclusión de datos personales en páginas web sin el consentimiento del interesado.
Para que el tratamiento de los datos del denunciante realizado por CNT resultara conforme con los preceptos de la LOPD, hubiera debido concurrir alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la LOPD. Sin embargo, CNT no ha acreditado que el denunciante hubiera prestado el consentimiento para el tratamiento de sus datos, y tampoco se ajusta el presente caso a ninguno de los supuestos exentos de tal consentimiento que recoge el apartado 2 del artículo 6 citado.
El artículo 3 de la LOPD define en su apartado h) como “Consentimiento del interesado” a “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.”
La LOPD no requiere que el consentimiento se preste por escrito o con formalidades determinadas, pero sí exige que el consentimiento de los afectados sea “inequívoco”.
En primer lugar, apuntar que ésta resolución vuelve a hacer referencia a la misma doctrina del TC que en las anteriores; además, se refiere también a la regla general de la carga de la prueba.
Finalmente, constata lo que apuntábamos en la resolución anterior, que la LOPD no requiere que el consentimiento se preste por escrito, con las dificultades que esto puede plantear en la práctica, a la hora de probar que éste fue otorgado.
En el año 2008 la Agencia resolvió 51 procedimientos sancionadores por infracción del artículo 6 LOPD.