Source: http://justiciabol.blogspot.com/2017/09/
Timestamp: 2019-11-13 01:53:32
Document Index: 792454

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 24', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 190', 'ARTÍCULO 410', 'artículo 410', 'artículo 10']

Justicia en Bolivia: September 2017
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la “Acción de Inconstitucionalidad Abstracta” que presentó el Movimiento al Socialismo (MAS) para la repostulación indefinida de Evo Morales y Álvaro García, a la Presidencia y Vicepresidencia, pese a siete pedidos de rechazo que presentaron expresidentes, opositores y ex constituyentes.
Según el auto constitucional que emitió el TCP el 28 de septiembre de la presente gestión, la gestión fue aceptada, dando validez a la exposición de los fundamentos jurídico-constitucionales del MAS. Se informó en el TCP que se cumplió con los requisitos que son exigidos por el Código Procesal Constitucional establecidos en sus artículos 24 y 74.
Ayer viernes, se vencía el plazo de los magistrados para comunicar si aceptaban o no el documento que presentó el oficialismo.
En cambio, el TCP calificó de insustanciales los siete pedidos de rechazo que fueron presentados a su consideración por opositores y ex constituyentes.
El siguiente paso, en este proceso, es el conocimiento de fondo de la solicitud oficialista.
En contacto con EL DIARIO, el abogado constitucionalista William Bascopé indicó que el TCP, al admitir este recurso, da una señal pésima al país, porque significa un golpe al sistema democrático actual y el “suicidio de la Constitución Política del Estado y de la democracia”.
“Me parece que el TCP se ha equivocado en el camino y se ha metido un tiro en la pierna, si en el futuro fallan en el fondo, diciendo que si se aplica o no la Constitución y dan vía libre a la re-postulación indefinida de Evo Morales y todos los alcaldes y otras autoridades, será un golpe a la democracia y se habrá atentado a la Constitución Política del Estado”, destacó el jurista.
Los asambleístas de oposición también se pronunciaron al respecto, coincidieron en que la determinación del TCP permite la re postulación indefinida de Evo Morales. Entre estos, Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD), manifestó que esta admisión es un desconocimiento a los resultados del 21F. (referéndum que rechazó en 2016 la re postulación de Morales).
“Se abre la posibilidad de que se revise la Constitución, se la modifica sin ir a un referéndum, se pretende hacerlo en cuatro paredes por unos magistrados que están en sus últimos tres meses de gestión, no confiamos en su independencia. La sola admisión es un paso para el desconocimiento del voto del pueblo, que se produjo el 21 de febrero”, afirmó Ortíz.
Pocos minutos después que se conoció la admisión del TCP, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, rechazó la acción: “El NO a la reelección es cosa juzgada por decisión del pueblo el 21F, lo que hace el TCP es parte del golpe del régimen a la Democracia”, dijo el político a través de su cuenta en Tuiter.
Por su parte, Yerko Núñez, del Movimiento Demócrata Social (MDS), dijo que los miembros de la Comisión de Admisión del TCP están cometiendo una “doble violación, primero al voto del pueblo en el referéndum del 21 de febrero y, segundo, al voto en el referéndum de ratificación de la Constitución Política del Estado”.
“Están matando la Constitución. El Tribunal Constitucional no puede, no tiene la facultad para anular artículos de la Ley Fundamental”, advirtió el legislador, al anticipar que los Demócratas acudirán a todas las vías legales nacionales e internacionales para rechazar las decisiones “ilegales” del TCP.
“Golpe de @evoespueblo en BOL. Su TCP avanza en reelección perpetua, desconociendo resultados vinculantes, irrevisables y obligatorios del 21F”, fueron los términos que por vía digital se pronunció el expresidente Jorge Quiroga, en relación al mismo tema.
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Oswaldo Valencia indicó que, debido a los plazos procesales y ampliaciones que podrían darse, el recurso que planteó el MAS para la reelección sin límites podría pasar a los nuevos magistrados para su resolución.
A la vez, explicó que se abriría un periodo de 15 días para que la Asamblea Legislativa responda al recurso. En este caso, el Vicepresidente, Álvaro García, debe responder a la pregunta de por qué quieren declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral. Posteriormente, existe el plazo de 45 días para que esta instancia emita una resolución sobre el fondo del proceso.
Valencia explicó que ese tiempo procesal suma 70 días, es decir más de dos meses, pero también la norma da la posibilidad al TCP de ampliar el plazo de resolución, si es que considera que el caso es complejo.
Además, podrían ampliar el plazo para solicitar mayor documentación que fundamente mejor su decisión. Sostuvo que ese requerimiento de mayor información puede hacerse a instituciones públicas, privadas e incluso a organismos internacionales
Ante esto, Bascopé aclaró que existe el tiempo suficiente para que los actuales magistrados emitan una resolución, aún más cuando son presionados por el poder político, puesto que surgieron denuncias por parte de opositores que el ministro de Justicia, Héctor Arce, se encontraba en Sucre los pasados días.
ALERTA DE OPOSICIÓN
Por último, Ortíz indicó que continuarán en alerta para ver los resultados que emitirá el TCP y que continuarán activando las acciones legales que la justicia les franquea, incluso acudirán a instancias internacionales para denunciar los atropellos del Gobierno contra la decisión de la población, que dijo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 no a la re-postulación de Morales..
Para Bascopé lo que queda es esperar y que la población esté atenta a las acciones de los magistrados, porque el ciudadano ya no está desprotegido.
Código de Sistema Penal Aprueban artículo 153 referido al aborto
La Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche la ampliación de las causales para la realización de los abortos y añadió entre ellas la pobreza, el tener varios hijos o el ser estudiante.
El artículo es parte de las modificaciones del Código de Sistema Penal que fue tratado en la Cámara Baja y luego debe pasar al Senado, según público el diario digital El Deber.
Hasta ahora la interrupción legal del embarazo se restringe a los casos de violación, malformaciones del feto o evidente riesgo de la vida de la madre, pero aun así su práctica es resistida por varias asociaciones de médicos del país que alegan problemas de conciencia.
Las autoridades calculan que cada día se practican en Bolivia alrededor de 185 abortos y al año 67.000 mujeres acuden a servicios de salud por complicaciones producto de abortos mal realizados. (El Deber - digital)
Por fallo del recurso del MAS Crece presión social contra TCP
GUALBERTO CUSI ENTREGA MEMORIAL AL TCP QUE RECIBE SOLICITUDES A PUERTAS CERRADAS. FUE AYER. GALERÍA(2)
Crece la presión de organizaciones sociales, políticas y cívicas en contra del Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad que presentó el Movimiento al Socialismo (MAS) para la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y la anulación de cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral.
Hasta la fecha se presentaron por lo menos seis memoriales que exigen a los magistrados que no acepten el recurso del oficialismo y el anuncio de movilizaciones en demanda del respecto a la CPE boliviana.
EXMAGISTRADO CUSI
La última solicitud es del exmagistrado Gualberto Cusi que la mañana de ayer presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un memorial donde solicita se rechace el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por los parlamentarios del oficialismo.
“No magistrados, sino masistrados del MAS, que por lo menos tengan la dignidad de hacer respetar la Constitución, de hacer respetar los derechos humanos de los ciudadanos, sino mañana pasado el pueblo se organizará y hará justicia, por lo tanto exhortamos, si es que toma una decisión, bueno alá ellos correrán las consecuencias”, dijo Cusi en Sucre.
Según el reporte de la radio Aclo de la Red Erbol, Cusi llegó hasta instalaciones del TCP en la ciudad de Sucre acompañado de Roberto de la Cruz, el abogado constitucionalista Williams Bascopé, el exsuboficial que pidió la descolonización de las Fuerzas Armadas, Edgar Morales, y el exejecutivo de la Conamaq, Cancio Rojas, quienes también firmaron el memorial.
Cuando Cusi se apersonó hasta puertas del TCP, los funcionarios de seguridad cerraron las puertas, afuera quedó el exmagistrado, pero sus acompañantes (como el senador Rodríguez y el diputado Quispe) quedaron dentro.
“Hemos visto con preocupación que diputados de oposición son retenidos, encadenadas las puertas en el Tribunal Constitucional, esto nos parece un atropello, barbaridad, vergüenza, nos parece que el TC está sobrepasando los límites aceptable en el país”, dijo el senador demócrata Arturo Murillo.
De acuerdo con información de medios estatales, el secretario general del TCP, Álvaro Llanos, informó que tuvieron que cerrar la puerta para precautelar la propiedad pública del Estado, la integridad y seguridad de los funcionarios.
“A fin de resguardar los derechos y garantías constitucionales de todas las personas, tanto de los servidores públicos y de las personas que se encuentran en el piquete de huelga, estamos procediendo a cerrar las puertas de la institución”, dijo.
EXCONSTITUYENTE ANGÉLICA SILES
Otra exautoridad que presentó un memorial de rechazo de la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS, fue Angélica Siles Parrado, exasambleísta constituyente que pide no se acepte el pedido en función a que para los órganos legislativos y ejecutivos la reelección es solo por una vez y ello implica la imposibilidad de una nueva reelección de autoridades.
“El artículo 24 de la Constitución Política del Estado nos permite realizar este tipo de pedidos y en función al mismo es que hemos presentado este memorial y le estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que respete la Constitución porque lo contrario significaría un golpe a la Constitución, a la democracia y a los derechos humanos”, afirmó.
En ese marco, subrayó que el TCP como entidad estatal no tiene la facultad de declarar inaplicables artículos de la Constitución Política del Estado.
“En ningún artículo de la Constitución y menos de la Ley del Tribunal Constitucional establece la inaplicabilidad. No pueden tocar un punto ni una coma de la Constitución. El TCP solo observa leyes o artículos de leyes que pueden ser declaradas inconstitucionales, pero no la Costitución Política”, recalcó Siles.
Días atrás, los asambleístas de la alianza Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz y Arturo Murillo, presentaron una solicitud de rechazo contra la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el partido oficialista, que pretende hacer declarar inconstitucional cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado, con el argumento de que carece de fundamentación legal.
A este pedido se sumaron tres más: una solicitud del senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, y otra del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que también pidió mediante memorial el rechazo a la acción, de manera separada.
Por su lado, la ex asambleísta constituyente Magda Calvimontes, en contacto con EL DIARIO, confirmó que también presentó una petición de rechazo a la acción de inconstitucionalidad
León plantea amparo constitucional contra Presidente y tres ministros
El abogado Eduardo León planteó el 29 de agosto pasado un recurso de amparo constitucional contra el presidente Evo Morales, los ministros de Educación, Roberto Aguilar, y de Justicia, Héctor Arce, y la exministra de esa misma cartera, Virginia Velasco, por la presunta vulneración del debido proceso y el derecho a la petición del jurista, en relación a la suspensión de su título de Derecho en provisión nacional, que le fue observado dentro de un proceso por supuesta falsedad de su libreta militar.
“Hace más de un año, entre el 30 de mayo y el primero de junio (de 2016), se me arrebató mi título en provisión nacional (en el Ministerio de Educación) y mi licencia de registro (de abogacía) en el Ministerio de Justicia, y habiendo interpuesto los recursos de revocatoria y jerárquico, estos (recursos) fueron elevados por el Decreto Supremo 27103, a conocimiento del presidente del Estado”, explicó León en conferencia de prensa, realizada ayer.
El abogado explicó que al verse vulnerado en sus derechos y recibido la negativa de las entonces autoridades, el documento fue elevado al presidente Evo Morales, quien tenía el plazo de 90 días para dar respuesta al pedido que había hecho para la restitución de su título y la credencial del Ministerio de Justicia para volver a ejercer como abogado litigante.
Los recursos fueron remitidos ante el Presidente por el Ministerio de Justicia el 15 de julio y el 21 de septiembre también de 2016 lo hizo el Ministerio de Educación.
En esa línea, y ante la falta de una respuesta por parte del presidente Morales, León indicó que el 29 de agosto de este año, emitió dos memoriales a Palacio de Gobierno, pidiendo una respuesta fundamentada del porqué no había una respuesta.
Pero otra vez no recibió respuesta, por lo cual interpuso el amparo ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que derivó el caso a conocimiento de la juez público civil y comercial 28vo, Yobana M. Mallea, quien determinó señalar “audiencia para el día miércoles 27 de septiembre, a horas nueve de la mañana, en el Tribunal Departamental”, afirmó León.
Por otro lado, adelantó que luego de la restitución de su título y su registro de abogacía pedirá el resarcimiento de los daños morales y económicos que le ocasionaron al ser encarcelado y perseguido, afirma, por una denuncia falsa en su contra.
“Yo estoy dispuesto a demandar al Estado Boliviano por unos cinco millones de dólares, porque haciendo cuentas, el daño moral que se causa a una persona no tiene precio”, afirmó.
Sobre este tema, se realizó la consulta respectiva pero, hasta el cierre de edición de esta nota, no se obtuvo respuesta desde el Palacio de Gobierno.
Por último, León afirmó que en los siguientes días se presentará pruebas de la tortura a la que fue sometida por parte de autoridades de Gobierno y que también pide sean investigados y sancionados.
Eduardo León, en mayo de 2016, fue imputado por trata de personas en el caso de suplantación de un supuesto hijo de Evo Morales. En ese caso, logró que la juez le otorgue detención domiciliaria, pero la misma no fue cumplida.
Días después, el Ministerio de Transparencia activó una “denuncia anónima” por la cual se observó la obtención del título en provisión nacional en Derecho, ya que para realizar el trámite el abogado presentó, según la denuncias, copia de una libreta militar falsa.
Fue por este caso, que León fue remitido al penal de San Pedro y recién hace unos meses logró desvirtuar los riesgos procesales y salió de la cárcel con derecho laboral.
Rivadeneyra, juez suspendido, se defenderá en libertad
Después de desvirtuar los riesgos procesales de obstaculización de la investigación y peligro de fuga, la jueza cuarto anticorrupción, Melina Lima, dispuso medidas sustitutivas a la detención para el juez suspendido Fernando Rivadeneyria.
El fiscal Herlan Almanza confirmó que Rivadeneyra, acusado de liberar al brasileño Antonio Da Silva, cabecilla del atraco frustrado a la joyería EuroChronos, se defenderá en libertad.
El imputado deberá presentar dos garantes que cancelarán cada uno Bs 20.000, registrarse en el biométrico del Ministerio Público cada lunes y tramitar su arraigo.
Durante la audiencia cautelar, la comisión de fiscales solicitó la detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.
El abogado de Rivadeneyra, Carlos Mariaca, dijo que su defendido aplicó la ley que determina los plazos máximos para que una persona permanezca detenida.
Por “derecho a la repostulación” Magistrado plantea anular elección judicial
Evocando el derecho que usa el MAS para plantear la reelección del presidente Evo Morales, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fidel Tordoya, pidió la anulación de las elecciones judiciales, para facilitar la repostulación de las actuales autoridades del Órgano Judicial.
“Me parece que debería aplicarse este artículo que están invocando, porque no es posible que nosotros no tengamos la opción de volvernos a repostular. Es más, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional debieran anular las elecciones (judiciales)”, declaró el magistrado, según la red Unitel.
Tordoya dijo que las autoridades de las máximas instituciones judiciales “también tienen derecho” a repostularse en los mismos cargos que actualmente ejercen. El planteamiento surge después que los legisladores del MAS pidieron al Tribunal Constitucional la “inaplicabilidad” de los artículos 156, 168, 285 (II) y 288 de la Constitución Política del Estado.
Estos artículos están referidos a los límites constitucionales para la reelección del presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Según el MAS no debiera existir “límites” ni “restricciones para la elección de autoridades.
“El Tribunal Supremo Electoral debiera inaplicar y decir que la norma constitucional que prohíbe la reelección en el caso del Tribunal Supremo de Justicia debiera inaplicar y decir que también tienen derecho nuevamente a repostularse al mismo órgano”, sostuvo Tordoya. (ANF)
inco líderes opositores presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una solicitud para que rechace el recurso interpuesto por el MAS, que pretende desconocer varios artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Régimen Electoral para habilitar a Evo Morales y Álvaro García a las elecciones de 2019.
Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los líderes opositores Samuel Doria Medina (UN), Rubén Costas (MDS), firmaron un documento, mediante el cual expresan su posición respecto a la acción de inconstitucionalidad que presentó el MAS el pasado lunes. Esta vez Luis Revilla, líder de Sol.bo, estuvo ausente del pronunciamiento.
El oficialismo pretende que el TCP declare inaplicables cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), que limitan las repostulaciones de las autoridades electas, bajo el argumento de que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos no fija límites para el ejercicio de los derechos políticos.
“El mecanismo utilizado, además de penoso desde el punto de vista jurídico, es la expresión más clara de que el gobierno nos está diciendo a todos los bolivianos que su intención de eternizarse en el poder está más allá de la ley y de la decisión del pueblo boliviano, y que hará todo lo que sea necesario para lograr ese objetivo”, advirtieron.
Para los líderes opositores, el MAS “sin ningún pudor” pretende declarar inaplicables cuatro artículos de la CPE, lo que sería igual a desconocer la Asamblea Constituyente elegida en 2006, el referendo de 2009, que aprobó la Constitución, y el referendo de 2016, que ratificó la vigencia del artículo 168 que limita las reelecciones presidenciales.
El expresidente, Carlos Mesa, quien habría abrogado normativas del levantamiento de secreto de armamento bélico, en el caso misiles chinos, fue retirado de la resolución de sentencia por un auto complementario presentado por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades informó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómulo Calle.
“Indudablemente en lo que respecta al expresidente (Carlos) Mesa, ese caso también está explicado en ese auto complementario”, informó la autoridad a los periodistas.
El pasado 31 de agosto, el tribunal supremo de justicia dictó una sentencia contra 8 de los 10 implicados en el caso de la desactivación de 36 misiles chinos, donde también instruye la remisión de los antecedentes del caso ante el Ministerio Público para que más adelante Carlos Mesa sea investigado por aprobar el Decreto Supremo Nº 28168 del 17 de mayo de 2005.
Sin embargo, Calle dijo que el Tribunal de Juicio ratificó el contenido de la resolución de sentencia, emitida el 31 de agosto pasado, con sentencias de dos a tres años, y algunas enmiendas de errores.
Sobre esta resolución el expresidente presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lo involucraron en la parte final de la sentencia del caso misiles.
La denuncia de la exautoridad es contra de Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (que renunció después de que fue habilitado para las elecciones judiciales) y Rita Susana Nava Durán.
“En realidad nosotros no hemos acusado ni tampoco hemos sancionado ni hemos pedido ninguna investigación contra el expresidente”, aclaró el magistrado.
El Ejecutivo también presentó una denuncia ante el Legislativo para que se inicie un juicio de responsabilidades contra los magistrados. Ambas denuncias fueron tomadas en cuenta por el pleno de la Cámara de Diputados y los antecedentes fueron remitidos a la Comisión de Justicia Plural, el Comité del Ministerio Público analizará la documentación para posteriormente presentar un informe.
El Tribunal de Juicio de Responsabilidades del caso misiles chinos declaró sentencias de 2 a 3 años de cárcel a los acusados que implicó a exjefes militares y civiles por la entrega de armamento bélico a Estados Unidos.
Análisis TCP no tiene facultad para declarar inconstitucional artículos de CPE
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene facultad para declarar inconstitucional los artículos de la Constitución Política del Estado (CPE). Solo a través de la Asamblea Constituyente puede hacerse cambios en la Carta Magna coincidieron los análisis de varios constitucionalistas.
La postura de los expertos sale a luz horas después que los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) interpusieron en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una “Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, para que se declaren inconstitucionales los artículos 52.3, 64 (d) 65 (b) 71 (c) y 72 (b) de la Ley del Régimen Electoral”.
Asimismo, se declare la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 (II) y 288 de la Constitución Política, con la cual intentan habilitar al presidente Evo Morales a una nueva reelección en comicios de 2019.
El abogado constitucionalista Carlos Alarcón calificó la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad presentado ante el TCP como un “engendro jurídico monumental”.
“El Tribunal Constitucional no tiene competencia, no tiene la atribución y menos adoptar el procedimiento de declarar inaplicables artículos de la Constitución, ni atribución para declarar inaplicables los artículos de la CPE”, afirmó Alarcón, refiriéndose al pedido del MAS al TCP de declarar inaplicables varios artículos de la Ley 026 y de la CPE.
“Esta figura de inaplicabilidad no existe en el ordenamiento jurídico boliviano. Es un invento que nace de un precedente judicial en los Estados Unidos. Al haber acudido a esta figura de la inaplicabilidad están queriendo aplicar una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Alarcón.
Otro punto que destacó es que, por ejemplo, el artículo 168 de la CPE referido al número de veces que el Presidente y Vicepresidente pueden ser reelectos, en el referéndum del 21 de febrero de 2016 la población decidió que dicha norma no se toca. Entonces, el TCP no puede volver sobre lo mismo.
Además, si existe la intención de dejar sin efecto varios artículos de la Constitución Política, el único camino es con una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente y esta ser habilitada mediante un referéndum aprobatorio.
“Entonces, lo único que le queda a este Tribunal Constitucional, si no quiere cometer un prevaricato, es rechazar de plano esa demanda y ni siquiera entrar en consideraciones de fondo”, afirmó el entrevistado.
En tanto, el constitucionalista Williams Bascopé Laruta observó el pedido del MAS, que argumenta su demanda en respeto a los tratados internacionales.
“Están pidiendo que la Convención América de Derechos Humanos sea interpretada a favor de Evo Morales y Álvaro Linera y, además, a favor de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados; eso es toda una aberración. Los derechos humanos son a favor del ciudadano no a favor de las autoridades que están en situación de Poder de Estado”, afirmó.
En ese contexto, citó que existe también la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos, que ordenan que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad pública y que los ciudadanos tienen el derecho al orden social, a través de su Constitución; entonces, no puede romperse ese orden y menos pedir al TCP que lo haga, aparte de intentar desconocer el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.
Bascopé coincidió con el análisis de sus colegas, al afirmar que “el TCP, como guardián de la Constitución Política del Estado, declara la inconstitucionalidad de leyes, pero nunca, la ‘NO’ aplicación de la misma Constitución para favorecer a la reelección de una autoridad”.
Para Bascopé, los diputados del MAS con la presentación de esta demanda están pidiendo que el TCP cometa los delitos de resolución contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato, además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se manifestó sobre la reelección indefinida el año 1993, en sentido de que la Constitución surgida de una Constituyente debe respetarse y es compatible con la Convención de Derechos Humanos, por todo ello no es posible la reelección indefinida.
“Con estos argumentos, el Tribunal Constitucional debería rechazar este pedido, que claramente está pidiendo violar la Constitución y el derecho del ciudadano que votó el 21 de febrero”, afirmó.
Para el constitucionalista Víctor Hugo Chávez, la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad significa ir en contra de los resultados del referéndum de 21 febrero de 2016.
El experto coincidió con Alarcón al afirmar que el TCP no tiene las posibilidades de modificar la CPE, pero si interpretarla.
“La Constitución, en su artículo 190, faculta al Tribunal interpretar la Constitución, eso se debe cumplir por más ilegítimo que sea, ilegítimo quiere decir que no goce del consenso de la comunidad, que ha sido en un referéndum del pasado año que poco le importa al gobierno”, dijo.
En ese marco, señaló que los actuales magistrados del TCP, que tienen pocos meses para que finalicen sus funciones, pueden interpretar la norma y señalar que el Presidente vaya, de manera indefinida, a reelecciones; sin embargo, si abordan el tema, estarían cometiendo una falta y merecerían la sanción máxima que pueden tener los actuales magistrados. Pero, más adelante, que puedan ser restituidos en sus cargos actuales. Pues, no les perjudicaría ya que están a punto de entregar sus puestos a las nuevas autoridades, que serán electas el 3 de diciembre.
ARTÍCULO 410 DE LA CPE
El artículo 410 de la CPE señala que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.
El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
2.- Los tratados internacionales
En el transcurso de esta semana se presentará un rol para que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fueron denunciados por el fallo emitido en agosto en el caso misiles chinos, declaren ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
La información fue realizada por el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Víctor Borda. “En esta semana se va a emitir un rol de programación para que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia denunciados puedan presentar su entrevista y hacer ejercicio de su derecho a declarar o abstenerse”, dijo.
El Legislativo inició la semana pasada la investigación contra seis magistrados del TSJ, a petición del Órgano Ejecutivo, por el fallo emitido el 31 de agosto en el caso misiles chinos, que fijó penas mínimas a militares acusados por la entrega de armas de las Fuerzas Armadas a Estados Unidos en 2005, según informó la ABI.
La acusación va contra los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya Rivas por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la las leyes y la Constitución.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rómulo Calle informó que un auto complementario presentado por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades del caso misiles chinos determinó retirar de la resolución de sentencia al expresidente Carlos Mesa, quien habría abrogado normativas del levantamiento de secreto de armamento bélico. “La sentencia queda firme, indudablemente en lo que respecta al expresidente (Carlos) Mesa”, manifestó.
El texto estatutario autonómico fue entregado la mañana de este martes por una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental que viajó hasta Sucre para presentarlo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El plazo de revisión de los miembros del Tribunal es de 45 días hábiles aunque en la primera instancia este ente tardó más de 17 meses para emitir la Declaración Constitucional 170/2016, que declara al Estatuto parcialmente constitucional.
Marco Mejía, presidente de la asamblea dijo que este es un primer paso en la búsqueda de la consolidación de la autonomía cruceña y que ahora resta por velar en un segundo paso que involucra a todos los sectores productivos y sociales de la región.
"Cerramos la autonomía política y ahora abrimos la autonomía económica que es fundamental para todos, para los municipios, universidades, lo que se pretende es una mejor redistribución de recursos", dijo.
Mejía informó que en la primera presentación el TCP observó 49 artículos y que estos han sido revisados para cumplir con las exigencias por una comisión mixta.
"Queremos poner en vigencia de una vez el estatuto. Hemos venido a entregar este texto, que hemos trabajado de manera impecable. Esta es la norma más incluyente, la más socializada y el único estatuto trabajado por verdaderas autonomistas", puntualizó.
Von Borries continúa como presidente del Tribunal Supremo
El magistrado Jorge Isaac Von Borries, como decano en ejercicio, continúa como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no así Edgar Jallaza, que ayer asumió la titularidad como magistrado en representación al Departamento de Potosí.
El Potosí se ve en la necesidad de aclarar esta situación porque en la edición del lunes 18 se consignó como presidente de ese cargo jerárquico a Jallaza, quién asume en reemplazo de Pastor Mamani, que renunció a la presidencia del TSJ.
El error fue involuntario tomando en cuenta que los magistrados definirán, por votación, quién asume esa instancia del Órgano Judicial. “Solicitamos la aclaración de dicho medio de comunicación que en su edición de hoy (por ayer) publicó una nota periodística que indica en su titular que “Edgar Jallaza asume la presidencia del TSJ”, situación que no es correcta y no está enmarcada en la verdad, por lo que consideramos que es un error involuntario de este medio de comunicación”, dice la nota enviada a el Potosí.
Pastor Mamani renunció a su cargo de máxima autoridad ejecutiva del Órgano Judicial, luego de aprobar en la preselección de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que serán electos en los comicios judiciales previstos para el 3 de diciembre.
"Presenté mi renuncia a la presidencia y a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de haber sido seleccionado para postular y entrar por el voto popular al Tribunal Constitucional Plurinacional", informó a los periodistas. Mamani dijo que durante su gestión en el TSJ realizó varias acciones, proyectos y emprendimientos.
"Mi persona ha sido notificada por el decano en ejercicio de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, a efectos de asumir la titularidad como magistrado representando al Departamento de Potosí. Esto se debe a que mi persona ha sido el tercero mejor votado en las elecciones del año 2011", afirmó a el Potosí Edgar Jallaza. Asimismo, por otro error involuntario, se le consignó a Jallaza una frase que no expresó.
“Mi persona ha sido notificada para asumir la titularidad como magistrado".
Edgar Jallaza - magistrado
El presidente del TSJ, Jorge Von Borries, solicitó ser apartado del juicio por el caso petrocontratos, debido a que tiene problemas auditivos que le impeden desarrollar sus labores.
Von Borries señaló que una vez presentado su certificado médico será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que aceptará o rechazará su petición, según el portal de la red Erbol.
La semana pasada, el Ejecutivo anunció un juicio de responsabilidades en contra de Von Borries y el resto de los magistrados del TSJ, debido a que no habrían fallado de la manera más ecuánime en el caso de los misiles de fabricación china porque las sentencias en contra de los responsables no ameritan ni siquiera ir a la cárcel.
El 5 de octubre iniciará el juicio de responsabilidades del caso petrocontratos, en el que están acusados los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y tres exministros de Estado, que intervinieron la firma de 107 contratos petroleros entre 1997 y 2004.
Caso misiles chinos Magistrados enfrentarán dos procesos
Los seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emitieron sentencia en el caso misiles chinos enfrentarán dos juicios de responsabilidades, ya que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados tomó en cuenta también la denuncia que presentó el expresidente Carlos Mesa.
“No se va a unificar el proceso porque son dos hechos fácticos totalmente diferentes, Carlos Mesa, alega que hubo un incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias porque supuestamente en el momento del fallo solicitan que sea investigado. Por otra parte, el ministro (Héctor Arce) señala que el fallo emitido es improbable y es contraria a la Constitución y habrían cometido el delito de prevaricato, las dos denuncias se tramitarán al mismo tiempo”, explicó el diputado Víctor Borda (MAS).
Carlos Mesa presentó una denuncia contra 5 de los 6 magistrados del TSJ que dictaron una sentencia contra 8 de 10 involucrados en la desactivación de 37 misiles chinos. Remiten los antecedentes del proceso ante la Fiscalía para que se investigue la derogación del DS Nº28168 del 17 de mayo del 2005. La denuncia es por prevaricato, e incumplimiento de deberes.
A la vez, el Ejecutivo presentó otra denuncia a la Asamblea Legislativa contra las seis autoridades del Órgano Judicial (incluyendo a William Tordoya quien voto disidente en el dictamen) porque existen contradicciones en la sentencia que dictaron en dicho caso, la denuncia es por prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.
Los antecedentes fueron remitidos ante el Comité del Ministerio Público para que sea analizado y en un plazo de 20 días presenten un informe que determine si existen o no los indicios suficientes para continuar con el proceso.
Si dos tercios de la Asamblea Legislativa votan a favor comienza la fase preparatoria de investigación donde se realizarán otros actuados, la presencia de testigos de ambas partes y la realización de careos.
Observan flexibilización de requisitos de postulantes www.monitoreoalajusticia.org
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia presentó un informe de monitoreo al proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, donde realizaron varias observaciones al reglamento, entre ellos la flexibilización de la especialización de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“En una revisión de las hojas de vida de los postulantes y la calificación de méritos, se pudo evidenciar que algunos requisitos relacionados con el área de especialización se flexibilizaron”, dijo Mónica Bayá parte de la iniciativa.
En el artículo 10 del Reglamento establece que los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional debían contra con una especialización o experiencia de más de ocho años en las disciplinas de derecho constitucional, administrativo o derechos humanos, sin embargo no todos los postulantes cuenta con este requisito.
El monitoreo se efectuó entre junio el 1 de junio al 30 de agosto de la presente gestión, la iniciativa hizo el seguimiento y la veeduría al proceso de preselección de postulantes a altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, con el fin de verificar las condiciones de transparencia, escrutinio público, participación ciudadana, acceso a la información, selección basada en méritos, paridad de género y representación indígena.
Otra de las observaciones que se hizo es que, si bien el Reglamento incluyó la participación del Sistema Universitario y se implementó la fase de evaluación de los postulantes, no necesariamente esa valoración significó una medición del conocimiento legal sobresaliente de los postulantes ni de su capacidad para interpretar y aplicar la Ley en situaciones de alta complejidad.
La iniciativa también observó que el Reglamento no haya establecido notas mínimas de habilitación en todas fases de evaluación como requisito para avanzar en el proceso; a su criterio, la valoración curricular y el examen escrito fueron complementarios.
A la vez, señaló que los puntajes mínimos de habilitación para la fase entrevista y para ser considerados por la Asamblea Legislativa fueron muy bajos, lo que permitió que varios postulantes llegaron a esa última fase con un estándar muy bajo.
Según el Reglamento de Preselección la nota mínima de habilitación a la fase de entrevista era de 36 puntos, para ser seleccionados por el Legislativo el postulante debía tener una ponderación de 56 puntos.
Entre las sugerencias que estableció la organización es que el tribunal supremo electoral pueda informar sobre todo el proceso de elección de los magistrados del Órgano Judicial, donde se incluya las opciones de votación que tiene la población, entre ellos el voto nulo y blanco.
En ese marco, Susana Saavedra parte de la Fundación Construir, entidad que fue parte del monitoreo del proceso, manifestó que llevarán a cabo una fase de información sobre las hojas de vida de cada uno de los postulantes, estas están publicadas en el portal digital www.monitoreoalajusticia.com.
Silvia Salame: Fracaso de comicios judiciales será grave golpe a democracia
Con preocupación por las elección judiciales del próximo 3 de diciembre, la expresidenta del Tribunal Constitucional y actual presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, advirtió ayer que si esta elección fracasa nuevamente como la de 2011, significará un grave golpe a la democracia que quedará herida de muerte por no tener una justicia independiente.
La semana pasada, en medio del rechazo de la oposición política, la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría oficialista, seleccionó a los 96 candidatos para las elecciones judiciales de diciembre próximo.
Los legisladores eligieron 36 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 36 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 14 al Tribunal Agroambiental Plurinacional (TAP) y 10 al Consejo de la Magistratura (CM).
90% TIENE AFINIDAD CON EL GOBIERNO
Para la exmagistrada del TCP, el 90 por ciento de los juristas seleccionados por la Asamblea tiene compromiso con el partido gobernante, pero espera que los que salgan elegidos se aparten del mismo para servir al pueblo boliviano, así evitarán que la crisis de la justicia empeore, porque teme que se llegue a una administración de justicia como la que vive y tiene Venezuela.
Lamentó que en el proceso de preselección “no se haya tomado en cuenta la meritocracia” de los postulantes, que en su criterio puede provocar el rechazo contundente de la población, pese a esta situación instó a los ciudadanos a acudir a la urnas para “elegir a los mejores” administradores de justicia.
Según la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, no es conveniente que la ciudadanía decida votar blanco o nulo porque sería hacer lo que el Gobierno quiere.
“Creo que los bolivianos no nos podemos equivocar de nuevo. En las elecciones de 2011, dijimos nulo o blanco y tenemos lo que tenemos ahora. Ahora, es nuestro deber tratar de que la gente no se equivoque y creo que tenemos que hacer que los ciudadanos conozcan los méritos de cada uno de los abogados. El futuro de la democracia está en juego”, manifestó. (ANF)
Caso misiles chinos Cortez: Juicio contra magistrados muestra autoritarismo del Gobierno
EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA LOS MAGISTRADOS ES POR LOS DELITOS DE PREVARICATO, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN.
El ejecutivo presentó el jueves la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa para que comience con el juicio de responsabilidades contra los magistrados del caso misiles chinos, al respecto el analista político Roger Cortez indicó que esto es una muestra del autoritarismo con el que actúa el Gobierno ante la justicia.
“El Gobierno no actúa casi en ningún momento por criterios de justicia o la aplicación de la ley, su norte es probar que tiene el poder y que lo usa como le conviene (…) sus órdenes tiene que acatarse al pie de letra”, señaló Cortez.
El juicio de responsabilidades es contra los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (quien renunció para ser habilitado para las elecciones judiciales), Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.
Cortez indicó que estas actuaciones del Gobierno son condicionantes para que las nuevas autoridades de justicia acaten las órdenes del partido gobernante, uno de ellos es invalidar los resultados del referéndum del 21 de febrero del pasado año, donde la población dijo no a la re postulación de Evo Morales en los próximos comicios electorales,
“Un ejecutivo que con látigo en la mano hace un recordatorio a los altos magistrados que fueron elegidos por el Gobierno y que tienen que obedecerlo ciegamente”, puntualizó.
El próximo 3 de diciembre se desarrollará los comicios electorales donde se elegirán a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el que se pretende mejorar la administración de la justicia en el país.
Por otra parte, el procurador general del Estado (PGE), Pablo Menacho recalcó que la proposición acusatoria se basa en dos fundamentos: El primero es que la demanda se sostiene en que el Tribunal de Juicio de Responsabilidades que dictó la sentencia decide absolver a los implicados del delito de sometimiento parcial o total a dominio extranjero.
Como segundo elemento, existe una contradicción entre una primera sentencia (2015, en donde se encuentra culpable, en grado de complicidad a uno de los acusados por el delito de revelación de secreto) y una segunda (2017 dicen que no encontraron elementos para decir que había secreto militar).
Sin embargo, el presidente del Tribunal de Juicio del caso misiles chinos, Antonio Campero, afirmó que el fallo contra los implicados en el caso se sustenta en los hechos y está enmarcada en las leyes. Aseguró que no hay argumentos para instaurar un juicio en contra de los cinco magistrados que emitieron la sentencia del caso, con dos y tres años de cárcel para los responsables.
Según el procedimiento que debe seguir la Asamblea Legislativa es que la proposición acusatoria será derivada a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja para que inicie con las indagaciones del caso.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizará conversatorios y espacios de información ciudadana, entre otros eventos, para difundir las elecciones judiciales convocadas para el 3 de diciembre y los méritos de los aspirantes.
Se efectuarán conversatorios donde asistirán candidatos y candidatas para promover el diálogo informado sobre uno o más temas predefinidos relacionados con la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
También se organizarán encuentros informativos para difundir información sobre el proceso de elección o referidos a los méritos de las candidatas y los candidatos.
Hace unos días, el TSE recibió la lista de las 96 candidaturas preseleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para las Elecciones Judiciales.
En cumplimiento de los criterios de paridad de género se evidenció la existencia de siete candidatas mujeres y siete candidatos varones para el Tribunal Agroambiental, cinco candidatas mujeres y cinco candidatos varones para el Consejo de la Magistratura, y 36 candidatas mujeres y 36 candidatos varones para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además, hay 24 candidaturas con autoidentificación indígena originaria campesina (IOC) en las cuatro listas de 96 candidatas y candidatos: cinco de 14 para el Tribunal Agroambiental, dos de 10 para el Consejo de la Magistratura, 10 de 36 para el Tribunal Supremo de Justicia y siete de 36 candidaturas para el Tribunal Constitucional Plurinacional.
ºEn medio de estos intereses están los electores, la población, que, según el politólogo Carlos Guzmán, serán los más desorientados del paquete. Recuerda que cualquier elección es un acto que se prepara con años, que el pueblo está acostumbrado a conocer por quién votará, de verlo hacer una carrera pública, evaluar sus méritos, escucharlo debatir, en entrevista, saber o intuir sus capacidades, algo que no sucederá en la elección judicial, en la que se enfrentará a una lista de nombres perfectamente desconocidos.
"De 96 candidatos, 50 presentaron sus renuncias a los cargos que ejercían; 46 no requerían hacerlo", acotó la titular, explicando que la lista entregada por el Legislativo cumple con los criterios de paridad y plurinacionalidad.
El exmagistrado y actual postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional Pastor Mamani visitó ayer varias oficinas de legisladores del Movimiento al Socialismo pero no pudo reunirse con ninguno. Sorprendido por los medios de comunicación dijo que solo había ido a ver la Asamblea Legislativa.
El ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Defensa, Reymi Ferreira; y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, presentaron ayer a los presidentes de Senado y Diputados una demanda para iniciar un juicio de responsabilidades contra seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) implicados en el caso de los misiles chinos.
“Luego de un análisis pormenorizado y detallado (…). Estamos presentando una preposición acusatoria contra el Tribunal, tanto los que fallaron a la resolución como al voto ciudadano. Hemos encontrado que hay fundamentos para una investigación y posterior acusación de incumplimiento de deberes de resoluciones contrarias a la Constitución”, dijo en conferencia de prensa el ministro Ferreira.
La proposición acusatoria es para los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (quien renunció para ser habilitado para las elecciones judiciales), Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya por incurrir en el presunto delito de “prevaricato”.
El procurador manifestó que la acusación que la demanda se sostiene en que el “Tribunal de Juicio de Responsabilidades que dictó la sentencia decide apartarse de uno de los delitos fundamentales que imputó el Ministerio Público que es el sometimiento parcial o total a dominio extranjero”.
Aseguró que se presentaron suficientes pruebas para demostrar el sometimiento de autoridades y militares a la Embajada de Estados Unidos principal interesada en la desactivación de los 37 misiles chinos.
“Esto lo hace a pesar de haber pruebas contundentes, actas de entrega de material bélico, estratégico para la seguridad interior y exterior del Estado boliviano sin considerar este tipo de elementos probatorios presentados por parte del Ministerio Público”, dijo.
Menacho añadió que como segundo elemento, existe una contradicción entre una primera sentencia (2015, en donde se encuentra culpable, en grado de complicidad a uno de los acusados por el delito de revelación de secreto) y una segunda (2017 dicen que no encontraron elementos para decir que había secreto militar).
Por su parte, el Ministro de Justicia señaló que no se deben dejar en la impunidad a quienes son parte del caso de los misiles chinos.
“Era interés de Norteamérica (Estados Unidos) de quitarnos, en un momento especial de nuestra historia (…). El funesto precedente sería dejar sin instauración de juicio de responsabilidades, nosotros no estamos pidiendo una investigación, tenemos la absoluta certeza con las pruebas (…). Esto no puede quedar en la impunidad”, dijo Arce.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó que existe un procedimiento establecido para una propuesta de inicio de juicio de responsabilidades, como la que presentaron ayer los ministros de Estado, señaló que la proposición acusatoria será derivaba inmediatamente a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja para su respectiva investigación. Indicó que no se puede emitir ningún criterio respecto a los plazos.
“En este procedimiento la Cámara de Diputados hace de investigador del proceso y la Cámara de Senadores hace de juez, no nos corresponde en este momento adelantar ningún criterio sobre ninguna de las personas que están denunciadas”, dijo Montaño.
El juicio de responsabilidades por el caso denominado “misiles chinos” inició comenzó el 6 de abril de 2015 en contra de exautoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado quienes fueron acusados por los delitos de sometimiento total y parcial de la nación a dominio extranjero, además de revelación de secreto, resoluciones contrarias a la Constitución como también a las leyes e incumplimiento de deberes.