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Timestamp: 2020-07-07 08:46:46
Document Index: 353424633

Matched Legal Cases: ['artículo 249', 'artículo 159', 'artículo 65', 'artículo 77', 'artículo 359', 'artículo 364', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 89', 'artículo 2', 'artículo 108', 'artículo 174', 'artículo 216', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 146', 'artículo 125', 'artículo 146', 'artículo 159', 'artículo 108', 'artículo 92', 'artículo 108', 'artículo 252', 'artículo 59', 'artículo 147']

Sentencia nº 1174 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Noviembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 283253771
Número de Expediente: 10-0729
El 13 de julio de 2010, los abogados N.M.N. y J.C.L.P., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 950 y 46.167, actuando, con el carácter de apoderados judiciales de SALON DE BELLEZA MARGARITA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 13 de abril de 2004, anotada bajo el Nº 49, tomo 10-A- segundo, interpusieron ante la Secretaría de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de revisión conjuntamente con medida cautelar del fallo Nº 139 dictado el 2 de marzo de 2010, por la Sala de Casación Social de este M.T. de la República, que declaró: 1) con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de las codemandadas Salón de Belleza Margarita C.A., Team Estilist C.A. y Salón de Belleza Caritas C.A., contra la sentencia dictada el 4 de marzo de 2009, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; 2) anuló el fallo recurrido; 3) con lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Margarita, C.A.; y, 4) sin lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A.
Los abogados N.M.N. y J.C.L.P., apoderados judiciales de SALÓN DE BELLEZA MARGARITA, C.A., señalaron como fundamento de la revisión constitucional, los siguientes argumentos:
Que “[l]as violaciones constitucionales que más adelante [expondrán], atentan además contra el orden público constitucional, ya que permitir que un poder delegue en personas incompetentes sus funciones, atentan contra la estructura constitucional del Estado”.
Que “[l]a experticia complementaria del fallo, cuya fuente como instituto jurídico se encuentra en el artículo 249 del CPC, y que por lo tanto rige a la prevista en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, parte de la premisa de que el juez –según derecho- determine la procedencia de una indemnización, lo que en materia laboral equivaldría al salario, y si según las pruebas no pudiese estimar el monto, el fallo de modo preciso, determinará en qué consisten los perjuicios probados que deben estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos”.
Que “[e]l fallo cuya revisión [solicitan] (…) en la página 19 textualmente señaló: ‘Debido a la forma como se desarrolló la prestación de servicios, los pagos recibidos por la actora fueron variables mes a mes, por lo que resulta necesario para cuantificar los montos del salario, ordenar la realización de una experticia complementaria del fallo para que un único experto, designado por el tribunal ejecutor determine los salarios, basándose en los registros contables de la demandada’”.
2) Experticia complementaria para que el experto establezca el quantum del último salario normal mensual percibido por la trabajadora, y así se señale el monto de las vacaciones y bono vacacional de 27,33 días establecidos en la sentencia.
La sustitución del órgano jurisdiccional, o mejor dicho del juez por el experto, llega a tal extremo que en la página 25 y 26 del fallo impugnado la Sala Social (sic) señala al experto que ordene el pago conforme al número de días indicados.
La sustitución del órgano jurisdiccional en este caso no puede ser más completa, ya que según [sus] leyes y la propia Constitución (art 253), son los tribunales los que ejecutan y hacen ejecutar sentencias, no personas distintas (sic) a ellos.
3) Para el cálculo de la indemnización de antigüedad y la sustitutiva de preaviso, se ordena también una experticia complementaria del fallo, para lo cual el experto ‘deberá establecer el quantum tomando para ello el último salario integral promedio del año percibido por la trabajadora’ (página 26 del fallo)”.
5) Se ordena la experticia complementaria del fallo a fin de que un experto calcule los días a pagar por concepto de utilidades vencidas y fraccionadas en base al salario promedio del año percibido por la trabajadora en el respectivo ejercicio anual que se ordenó su pago.
Como medida cautelar solicitaron“…se ordene la suspensión inmediata de los efectos de la DECISION dictada el día 02 de marzo de 2010, dictada (sic) por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”.
Que “…debe considerarse que los efectos de la DECISION de fecha 02 de marzo de 2010, comportarían la ejecución de la sentencia dictada en fecha 04 de marzo del 2009, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, que declaró con lugar la demanda y solidariamente responsables a las codemandadas y, condena en costas en contra [su] representado…”.
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, solicitaron: “… a esta Sala revise el fallo impugnado proferido por la Sala Social (sic) de este Tribunal Supremo de Justicia de fecha 2 de marzo de 2010 y lo anule por infringir los artículos 49 y 253 de la CRBV, así como trasgredir los artículos 136 y 137 al delegar en un extraño la determinación jurídica del salario”.
El 2 de marzo de 2010, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declaró: 1) con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de las codemandadas Salón de Belleza Margarita C.A., Team Estilist C.A. y Salón de Belleza Caritas C.A., contra la sentencia dictada el 4 de marzo de 2009 por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; 2) anuló el fallo recurrido; 3) con lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Margarita, C.A.; 4) sin lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A; y 5) Se condena en costas a la codemandada Salón de Belleza Margarita, C.A.
Dado que en la decisión del presente recurso, esta Sala estableció la inexistencia de una unidad económica entre las sociedades mercantiles Team Estilist, C.A., Salón de Belleza Caritas, C.A., y Salón de Belleza Margarita, C.A., y que no existe responsabilidad solidaria entre empresas franquiciadas, se dan por reproducidos los fundamentos expuestos, en consecuencia, procede esta Sala de conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a decidir el contradictorio conforme a los términos en que cada una de las empresas demandadas estableció los límites de la controversia.
Cursa a los folios 100 al 108 (1º pieza) copia fotostática certificada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Nueva Esparta, del acuerdo transaccional celebrado entre la ciudadana M.V.M. y la sociedad mercantil Team Estilist, C.A., en fecha 27 de julio de 2004; de cuyo contenido se desprende que las partes establecieron una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la transacción -la existencia del vínculo laboral, término de duración, el motivo de egreso, el salario mensual y el tipo de labor prestada- así como los derechos comprendidos en ella -antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades e intereses por prestaciones sociales-.
Asimismo, observa la Sala que cursa al folio 109, original de auto dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Nueva Esparta, en fecha 30 de julio de 2004, contentivo de la homologación del acuerdo transaccional celebrada por las partes, por estar satisfechos los extremos previstos en los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
Con relación a la sociedad mercantil Salón de Belleza Caritas, C.A., señala esta Sala que dado que ésta negó la prestación de servicios, de conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde la carga de la prueba a la parte actora.
Así las cosas, del escrito de promoción de pruebas presentado por la ciudadana M.V.M. (folio 50 1º pieza), observa la Sala que promovió marcado con letra “A” original del “contrato de cuentas en participación” y recibos de pagos marcados con las letras “ B”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M” y “N”.
Cursa a los folios 52 al 55 (1º pieza), original del “contrato de cuentas en participación”, de cuyo contenido se desprende que las partes que lo suscriben son: Salón de Belleza Margarita, C.A., y la ciudadana M.V.M., por lo que dicha documental no puede ser oponible a la sociedad mercantil Salón de Belleza Caritas, C.A., en razón de que no emana de ella. Así se decide.
De igual manera cursa a los folios 59 al 65 (1º pieza) original de recibos de pago, de cuya lectura detenida observa la Sala el logotipo de “Salón de Belleza Margarita, C.A.”, en consecuencia, dichas documentales no pueden ser oponibles a la codemandada Salón de Belleza Caritas, C.A., en razón de que no emana de ella. Así se decide.
En sujeción a lo expuesto y en aplicación de los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe esta Sala declarar sin lugar la acción respecto a la codemandada Salón de Belleza Caritas, C.A., en virtud de que la parte actora incumplió con su deber de demostrar la existencia de una prestación de servicios para dicha empresa. Así se resuelve.
Ahora bien, en relación con la codemandada Salón de Belleza Margarita, C.A., advierte la Sala que la precitada empresa alegó la falta de cualidad para sostener el juicio, en virtud de la naturaleza mercantil del servicio prestado por la ciudadana M.V.M., admitiendo la prestación del servicio personal, empero, discute el carácter laboral, por tanto, surge a favor de la parte actora la presunción de laboralidad prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia, corresponde a la demandada desvirtuar el carácter laboral del servicio prestado.
Dado que el eje central del contradictorio radica en determinar la existencia o no del carácter laboral del servicio prestado por la ciudadana M.V.M., a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., considera oportuno la Sala reiterar que nuestra legislación sustantiva concibe a la relación de trabajo, como “una prestación personal de servicio remunerada, que se realiza por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro”.
En el caso sub examine, observa la Sala que la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., a efectos de desvirtuar el carácter laboral del vínculo, promovió marcado con la letra “A”, original de “contrato de cuentas en participación” (folios 157 al 160), suscrito con la ciudadana M.V.M., en fecha 27 de julio de 2004. Dicha instrumental no fue impugnada por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, adquiere valor de plena prueba.
De la citada documental se desprende que la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., y la ciudadana M.V.M., denominadas para los efectos del contrato “La sociedad” y “La participante” respectivamente, suscribieron un “contrato de cuentas en participación” mediante el cual “La sociedad” a través de la explotación de la franquicia de la marca comercial “Sandro” en el ramo de peluquería, convino asociarse con la “La participante” en su condición de peluquera profesional para la explotación del negocio de peluquería.
Respecto a la asociación en participación el Código de Comercio, en el artículo 359, la define como “aquella en que un comerciante o una compañía mercantil da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todas las de su comercio”.
Asimismo, dispone el citado cuerpo adjetivo, en su artículo 364 “estas asociaciones están exentas de las formalidades establecidas para las compañías, pero deben probarse por escrito”.
Así las cosas, de la lectura íntegra del contrato de cuentas en participación suscrito entre las partes, observa la Sala que “La sociedad” aportaba el local comercial, los bienes muebles donde “La participante” realizaba sus servicios a los clientes, el pago de los servicios públicos y el pago compartido de los impuestos municipales; mientras que “La participante” se obligaba a: resguardar el prestigio, nombre y reputación de la marca “Sandro”, prestar el oficio a plena satisfacción del cliente, cumplir el horario de atención al público, usar el uniforme, no divulgar los secretos comerciales de la marca “Sandro”, no competir deslealmente, adquirir únicamente de “La sociedad” los productos requeridos para el servicio de manicurista, otorgar un depósito mensual de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) a efectos de garantizar el uso adecuado de los bienes muebles -mesa y silla- asignados por “La sociedad” para la prestación del servicio, los cuales eran reintegrados una vez finalizado el contrato -cláusula novena-, asimismo, se obligaba “La participante” a contribuir con el pago del ocho por ciento (8%) sobre el monto mensual producido por concepto de pagos de servicios administrativos y el dos por ciento (2%) sobre la base de su producción mensual para el pago de patente de industria y comercio en virtud de la explotación del negocio.
Asimismo, se observa que las partes respecto a la participación de los beneficios -cláusula quinta- establecieron que “La participante” percibirá el sesenta por ciento (60%) sobre el monto producido por el servicio prestado a los clientes, y “La sociedad” percibirá el cuarenta por ciento (40%) de la producción de “La participante”, porcentajes de liquidación que de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula quinta se deben realizar mensualmente.
En otro orden, observa la Sala que cursa a los folios 163 y 164 (1º pieza), original de documento autenticado ante la Oficina Notarial de Pampatar de la Jurisdicción del Estado Nueva Esparta, en fecha 5 de octubre de 2004, el cual no fue impugnado por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 77 de la Ley adjetiva laboral adquiere pleno valor. De cuyo contenido se desprende la modificación de la cláusula quinta del “contrato de cuentas en participación” suscrito por la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., y la ciudadana M.V.M., en fecha 27 de julio de 2004.
Cursa a los folios 166 y 167 (1º pieza), original de documento autenticado ante la Oficina Notarial de Pampatar de la Jurisdicción del Estado Nueva Esparta, en fecha 3 de agosto de 2005, el cual no fue impugnado por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le otorga valor de plena prueba. De su contenido se refiere el cumplimiento por parte de “La sociedad” de la cláusula novena pactada en el “contrato de cuentas en participación”, relativa al reintegro del depósito anual otorgado por “La participante”, para la conservación del mobiliario -asignado para la prestación del servicio de peluquera-, equivalente a la sumatoria de un millón doscientos mil bolívares (Bs. 1.200.000,00), cantidad que fue recibida por la ciudadana M.V.M., según instrumento cambiario de fecha 2 de agosto de 2005.
De la misma forma, cursa a los folios 170 al 173 (1º pieza) originales de instrumentos privados, sucritos (sic) por “La participante” y “La sociedad” en fechas 1º de octubre de 2006 y 23 de agosto de 2007, los cuales no fueron impugnados por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley adjetiva laboral, obtienen valor de plena prueba. De cuyo contenido se desprende el cumplimiento por parte de “La sociedad” del reintegro del depósito anual otorgado por “La participante”, para la conservación del mobiliario, cantidades recibidas por la parte actora según instrumentos cambiarios -anexos en fotostatos simples- de fechas 20 de noviembre de 2006 y 23 de agosto de 2007.
Adicionalmente, promovió la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., original de recibos de pagos folios 175 al 194 (1º pieza), los cuales no fueron objeto de impugnación, por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les confiere valor de plena prueba. De cuyo contenido se desprende que la ciudadana M.V.M., en el período comprendido del 1º de octubre de 2004 al 30 de noviembre de 2007, enteró a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., por concepto del “contrato de cuentas en participación” el sesenta por ciento (60%) sobre el servicio prestado a los clientes atendidos mensualmente.
De igual forma, cursa a los folios 59 al 73 (1º pieza) instrumentales privadas consistentes en original de facturas de control promovidas por la parte actora, las cuales no fueron impugnadas por la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, adquieren valor de plena prueba. De cuyo contenido se desprende que en el período comprendido del 1º de octubre de 2004 al 31 de octubre de 2007, la ciudadana M.V.M., enteraba a favor de la precitada sociedad mercantil el equivalente del diez por ciento (10%) de su producción mensual, desglosada en: a) ocho por ciento (8%) por concepto de gastos administrativos; y b) dos por ciento (2%) por concepto de aporte para el pago de patente de industria y comercio.
En este sentido es preciso apuntar, que esta Sala de forma reiterada ha establecido que resulta insuficiente a los fines de desvirtuar la presunción de laboralidad, únicamente el contrato que las partes hayan celebrado para regular la prestación de servicios, ya que el contrato de trabajo tiene la naturaleza de contrato realidad, esto es, lo realmente importante no son los términos fijados en el texto del mismo sino la realidad en la que se desarrolla la prestación de servicios, en virtud del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, contenido en el artículo 89 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se dispuso, entre otras, en la sentencia nº 387 de fecha 24 de marzo de 2009 (caso: A.E.S. contra Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas).
Es esencial analizar otros medios probatorios para establecer la naturaleza de la prestación de servicios que unió a las partes, pues basarse sólo en lo pactado por los contratantes en el texto escrito del contrato atentaría contra la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la primacía de la realidad sobre los hechos, puesto que bastaría con oponer como defensa un contrato que califique la relación como de naturaleza distinta a la laboral, aunque en la realidad la prestación de servicios haya sido laboral, lo cual dejaría claramente debilitado al trabajador en el ejercicio de sus derechos y al derecho laboral como protector de éstos, el trabajo es un hecho social y por mandato constitucional esta Sala está llamada a protegerlo.
Por tanto, del análisis de las pruebas aportadas por la demandada para desvirtuar la presunción de laboralidad, esta Sala observa que no son suficientes para afirmar el carácter mercantil de la relación y en consecuencia, considera que la presunción de laboralidad no fue desvirtuada, por lo que se concluye que la relación que existió entre las partes es de naturaleza laboral. Así se establece.
En consecuencia, debe proceder a esta Sala a determinar la procedencia de los conceptos demandados por la trabajadora M.V.M..
En primer lugar, se debe establecer la fecha de inicio de la prestación del servicio de la actora para la demandada Salón de Belleza Margarita, C.A., la cual según se desprende de las pruebas aportadas al proceso, es el 27 de julio de 2004, fecha de suscripción del contrato de cuentas en participación. De igual manera, la fecha de terminación de la relación de trabajo fue, según lo afirmado por la actora y reconocido por la demandada, el 30 de noviembre de 2007.
Debido a la forma como se desarrolló la prestación de servicios, los pagos recibidos por la actora fueron variables mes a mes, por lo que resulta necesario para cuantificar los montos del salario, ordenar la realización de una experticia complementaria del fallo, para que un único experto, designado por el tribunal ejecutor determine los salarios, basándose en los registros contables de la demandada. Ésta deberá suministrar al experto toda la información que él requiera para hacer los cálculos, en el entendido que de no hacerlo, o hacerlo de manera incompleta o falsa, el experto hará los cálculos con los datos aportados en el libelo de demanda. Los honorarios profesionales del experto son a cargo de la parte demandada. El experto tomará en cuenta que la relación de trabajo se dió desde el 27 de julio de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2007.
De forma tal, tomando en cuenta los años de servicio de la actora, el experto tomará como base para calcular los montos correspondientes lo siguiente:
1) Prestación de antigüedad
De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden a la trabajadora cinco (5) días por cada mes a partir del tercer mes ininterrumpido de la prestación de servicio, más dos (2) días adicionales por cada año, cumplido que fuere el segundo año de servicio o fracción superior a seis (6) meses; en razón de que la actora tiene una antigüedad de tres años, cuatro meses y cuatro días, le corresponde un total de ciento noventa y un (191) días. Dicho cálculo debe efectuarlo el experto con base en el salario integral percibido mensualmente por la actora, conformado éste por la sumatoria de salario normal recibido mes a mes por la actora y la inclusión de las alícuotas de utilidades y bono vacacional.
2) Vacaciones y Bono Vacacional
En este sentido, de conformidad con los artículos 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden a la parte actora, quince (15) días en el primer año por concepto de vacaciones vencidas y siete (7) días por bono vacacional, con sus correspondientes días adicionales por cada año de servicio. En consecuencia, le corresponden cincuenta y cuatro (54) días por el concepto de disfrute de vacaciones por los períodos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y la fracción del 2007-2008; y veintisiete con treinta y tres (27,33) días por bono vacacional correspondientes a los señalados períodos, estos conceptos serán pagados con base en el promedio del salario normal devengado por el actor, durante el año inmediatamente anterior al término de la relación de trabajo, el cual deberá ser determinado por el experto, basándose en la información contable de la empresa demandada.
3) Utilidades y utilidades fraccionadas
De conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponden a la actora quince días de salario por cada ejercicio fiscal laborado y la fracción correspondiente a los meses de servicio efectivamente prestado. Así, le corresponde un total de cincuenta (50) días. Este concepto será calculado por el experto con base en el salario normal promedio anual, devengado por la actora en cada ejercicio anual.
4) Días de descanso semanal:
De conformidad con el artículo 216 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde a la actora el pago equivalente a un día de salario por concepto de descanso semanal, tomando como base el salario normal promedio de la semana respectiva, en vista de la omisión de pago oportuno por parte de la demandada. Por este concepto le corresponde un total de ciento setenta y dos (172) días.
5) Indemnizaciones del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo:
De conformidad con el artículo 125 primer aparte, numeral 2 eiusdem, le corresponde a la actora el equivalente a noventa (90) días de salario integral como indemnización sustitutiva de preaviso, cuya base de cálculo será el promedio del salario integral -incluida la alícuota de utilidades y bono vacacional- percibido por la trabajadora durante el año inmediatamente anterior al día de la terminación de la relación de trabajo, de conformidad con el artículo 146 eiusdem. De acuerdo con el artículo 125 segundo aparte, literal d eiusdem, y en tanto que la demandada incumplió con su carga de demostrar el carácter justificado del despido, le corresponde a la actora el equivalente a sesenta (60) días de salario integral, cuya base de cálculo será el promedio del salario integral -incluida la alícuota de utilidades y bono vacacional- percibido por la trabajadora durante el año inmediatamente anterior al día de la terminación de la relación de trabajo, de conformidad con el artículo 146 eiusdem. Así se decide.
En cuanto a los intereses por prestaciones sociales e intereses de mora, se declaran procedentes. Para el cálculo de estos conceptos se ordena la realización de un experticia complementaria, conforme lo establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada por un sólo perito designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo que resulte competente; el perito designado, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, deberá servirse de las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses por prestaciones sociales.
De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del reciente criterio fijado por esta Sala en sentencia Nº 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: J.S., contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.), se ordena el pago del interés de mora de la cantidad condenada a pagar por concepto de prestación de antigüedad, contada desde la fecha de terminación del vínculo laboral hasta la oportunidad del pago efectivo; cuyo cálculo se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de prestaciones sociales. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. En el mismo sentido, se ordena el pago de los intereses de mora de los otros conceptos condenados a pagar, contados a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la oportunidad del pago efectivo. Así se decide.
En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de las codemandadas Salón de Belleza Margarita C.A., Team Estilist C.A. y Salón De Belleza Caritas C.A., contra la sentencia de fecha 4 de marzo de 2009, emanada del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; 2) ANULA el fallo recurrido; 3) CON LUGAR la demanda interpuesta contra la empresa Salón de Belleza Margarita, C.A.; y 4) SIN LUGAR la demanda interpuesta contra las empresas Salón de Belleza Caritas, C.A., y Team Estilist C.A.
Se condena en costas a la codemandada Salón de Belleza Margarita, C.A.” (Negrillas y subrayado propios del fallo).
Precisado lo anterior, esta Sala advierte que el acto decisorio sometido a revisión lo constituye el pronunciamiento Nº 139 dictado el 2 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró: 1) con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de las codemandadas Salón de Belleza Margarita C.A., Team Estilist C.A. y Salón de Belleza Caritas C.A., contra la sentencia dictada el 4 de marzo de 2009 por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; 2) anuló el fallo recurrido; 3) con lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Margarita, C.A.; y, 4) sin lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A.
En virtud de los razonamiento expuestos, la Sala declara no ha lugar a la solicitud de revisión constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por los apoderados judiciales de SALON DE BELLEZA MARGARITA C.A., contra el fallo Nº 139 dictado el 2 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social.
Ahora bien, no obstante la declaratoria anterior, observa la Sala que dictado el fallo objeto de revisión, el apoderado judicial de las codemandas, Team Estilist, C.A y Salón de Belleza Caritas, C.A, solicitó la aclaratoria del mismo, siendo acordada por la Sala de Casación Social mediante decisión Nº 325 del 8 de abril de 2010, en los siguientes términos:
Se solicita aclaratoria con fundamento en que, al ser declarada sin lugar la demanda interpuesta por la ciudadana M.V.M. contra las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilsit, C.A., la sentencia publicada por esta Sala debió establecer la condenatoria en costas de la parte actora respecto de las precitadas codemandadas.
De igual manera, solicita se aclare si la condenatoria en costas recaída en la codemandada Salón de Belleza Margarita, C.A., versa sobre el mérito del asunto toda vez que “el control de la legalidad fue declarado con lugar”, en virtud de la inexistencia de la unidad económica entre las empresas codemandadas, argumento por el cual fueron traídas a juicio las precitadas empresas.
Se condena en costas a la codemandada Salón de Belleza Margarita, C.A.
De la reproducción efectuada, se observa que ciertamente fue declarado con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, sin lugar la demanda interpuesta por la ciudadana M.V.M. contra las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A., y Team Estilist, C.A., y con lugar la demanda contra la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A.
Respecto a la condenatoria en costas, observa la Sala que en el mencionado dispositivo únicamente se condenó al pago de dicho concepto a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., condenatoria que obedece a la declaratoria con lugar de la acción interpuesta por la ciudadana M.V.M., contra la precitada codemandada, por cuanto ésta resultó perdidosa en el fondo del litigio -al margen de la declaratoria de inexistencia de unidad económica entre las codemandadas-, razón por la cual la condenatoria en costas comprende las costas procesales del juicio y no respecto al ejercicio del recurso de control de la legalidad. Así se establece.
Ahora bien, respecto a la condenatoria en costas de la ciudadana M.V.M., por la declaratoria sin lugar de la acción contra las empresas Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., la Sala omitió su pronunciamiento, por lo que en aplicación el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala, salva dicha omisión, dejándose aquí sentado la procedencia de la condenatoria en costas a la ciudadana M.V.M., respecto a las codemandadas Salón de Belleza Caritas, C.A., y Team Estilist, C.A., de conformidad con los artículos 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 274 del Código de Procedimiento Civil.
Dada la naturaleza del fallo, se condena en costas a la ciudadana M.V.M., respecto a las codemandadas Salón de Belleza Caritas, C.A., y Team Estilist, C.A.; asimismo, se condena en costas a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., en lo que respecta al fondo del litigio. Así se establece.
Queda así, en estos términos, aclarada y salvada la omisión contenida en la sentencia publicada por esta Sala en fecha 2 de marzo de 2010, bajo el Nº 139, objeto de la presente solicitud. Así se resuelve.
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, deja ACLARADA la sentencia de fecha 2 de marzo de 2010, emanada de esta misma Sala, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales intentara la ciudadana M.V.M., contra las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A., Team Estilist, C.A. y Salón de Belleza Margarita, C.A.
Téngase la presente decisión como parte integrante del fallo número 139, dictado en el expediente Nº AA60-S-2009-000381, por esta Sala de Casación Social, en fecha 2 de marzo de 2010.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los ocho (8) días del mes de abril de dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
Del fallo parcialmente transcrito, se advierte que la Sala de Casación Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo condenó en costas a la ciudadana M.V.M., parte actora en el juicio que por prestaciones sociales y otros conceptos laborales ejerció contra Salón de Belleza Margarita, C.A; Salón de Belleza Caritas, C.A y Team Estilist, C.A.
En este contexto, observa la Sala que, tal como se señaló ut supra, el juicio primigenio fue incoado contra tres sociedades mercantiles, a saber, Salón de Belleza Margarita, C.A; Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A, y si bien es cierto que la pretensión de la ciudadana M.V.M. no prosperó con respecto a Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., fue declarada con lugar respecto de Salón de Belleza Margarita, C.A., quien fue condenada al pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales a favor de la trabajadora.
En tal virtud, esta Sala Constitucional revoca la condenatoria en costas, impuesta por la sentencia consultada en esta instancia, al ciudadano A.A.O.T., por no haber resultado totalmente vencido en el presente juicio. Así también se declara. (Resaltado de la Sala).
De las jurisprudencias parcialmente trascritas, se observa que la condenatoria en costas sólo procede ante el vencimiento total en un juicio o incidencia, por lo que, visto que la ciudadana M.V.M. no resultó totalmente vencida en el juicio que por prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoara contra tres sociedades mercantiles, toda vez que, su pretensión fue declarada con lugar, condenando a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A, al pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales en favor de ésta, por lo que no era procedente condenarla en costas, al no subsumirse dentro de supuesto legal establecido en el articulo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional revisa de oficio la aclaratoria Nº 325 dictada el 8 de abril de 2010, parte integrante del fallo Nº 139 dictado el 2 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social; y ante el evidente desconocimiento del criterio vinculante establecido por esta Sala respecto de la procedencia de la condenatoria en costas, anula la aclaratoria Nº 325 dictada el 8 de abril de 2010, que condena en costas a la ciudadana M.V.M.. Así se decide.
NO HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por los apoderados judiciales de SALON DE BELLEZA MARGARITA C.A., contra el fallo Nº 139 dictado por la Sala de Casación Social el 2 de marzo de 2010.
REVISA DE OFICIO la aclaratoria Nº 325 dictada el 8 de abril de 2010, parte integrante del fallo dictado el 2 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social.
ANULA la aclaratoria Nº 325 dictada el 8 de abril de 2010, parte integrante del fallo dictado el 2 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social, que condena en costas a la ciudadana M.V.M..
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Social y a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que se encuentra cumpliendo lo ordenado según decisión de la Sala de Casación Social Nº 139 del 2 de marzo de 2010. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de Noviembre de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 199º de la Federación.
Exp.- 10-0729
Por otro lado, se observa que la Sala de Casación Social desestimó la existencia de la relación laboral, sin que hubiese aplicado su test de laboralidad al caso concreto (s. S.C.S. nº RC489/02), y sin que hubiese hecho un análisis especifico de la razón por la cual desestimó las pruebas que promovió la parte demandada en ese proceso, pues sólo sostuvo, de forma genérica, que “del análisis de las pruebas aportadas por la demandada para desvirtuar la presunción de laboralidad, esta Sala observa que no son suficientes para afirmar el carácter mercantil de la relación y en consecuencia, considera que la presunción de laboralidad no fue desvirtuada, por lo que se concluye que la relación que existió entre las partes es de naturaleza laboral”, sin que nada hubiese dicho en específico sobre la improcedencia de tales medio probatorios, en conjunto (a los cuales les otorgó “valor de plena prueba”, contrato de cuentas en participación, original de dos documento autenticados, originales de instrumentos privados, original de recibos de pagos y original de facturas de control), para la demostración de la relación mercantil y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de tal negocio jurídico.
En definitiva, en criterio del disidente, la naturaleza no laboral de la relación que unía a las partes derivaba, no sólo del contrato de cuentas de participación, sino del cumplimiento de las obligaciones que habían sido contraídas en ese negocio jurídico (distribución de gastos y beneficios), lo cual demostraban el resto de los elementos probatorios a los cuales se les confirió “valor de plena prueba”, como una clara manifestación de la voluntad de las partes en darle existencia jurídica a una actividad mercantil distinta a la laboral; a esa conclusión ha debido llegar la Sala de Casación Social.
En criterio de quien disiente, la Sala de Casación Social con la desestimación de la existencia de la relación mercantil en forma genérica, sin la estimación del conjunto de pruebas, y sin la aplicación de su doctrina sobre el test de laboralidad para la determinación de la verdadera naturaleza de la relación jurídica que unía a las partes, produjo la violación al principio de confianza legítima y a la seguridad jurídica, lo cual era razón más que suficiente para la procedencia de la solicitud de revisión, y así ha debido declararse.
Por último, el disidente no comparte la nulidad de la decisión objeto de revisión con respecto a la declaración de condena al pago de las costas; por cuanto, contrario a lo que afirma la mayoría, si hubo vencimiento total de la parte actora. Debe dejarse claro que, en el proceso donde se expidió al acto de juzgamiento objeto de revisión, existió un litis consorcio pasivo facultativo (no obligatorio, art. 148 del C.P.C.); lo que quiere decir que “(l)os litisconsortes se considerarán en sus relaciones con la parte contraria, y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de la ley, como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás” (ex artículo 147 del C.P.C.), por tanto, existe para cada codemandado con respecto al demandante una relación jurídica procesal distinta, de allí que la pretensora laboral resulto totalmente vencedora con respecto a una de las demandadas, pero resultó totalmente vencida en relación con dos de ellas, a favor de las cuales procedía la condenatoria al pago de las costas, lo cual declaró, en forma acertada, la Sala de Casación Social.
Exp. 10-0729
Decisión de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 31 de Agosto de 2004