Source: https://de.scribd.com/document/376279770/Proceso-Penal-Venezolano
Timestamp: 2020-04-07 09:01:03
Document Index: 147474797

Matched Legal Cases: ['Artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 328', 'artículo 30', 'artículo 35', 'artículo 20']

Proceso Penal Venezolano | Procedimiento Criminal | Derecho penal
Los tribunales penales presentan una regulación propia y una organización específica, establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Estos tribunales están organizados en Circuitos Judiciales. Los Circuitos Judiciales corresponden a las Circunscripciones Judiciales que a su vez es la forma en que se divide el territorio para asignar la competencia de los tribunales en territorios determinados. Generalmente cada Circunscripción Judicial coincide con el territorio de los estados venezolanos que son 23 y el Distrito Federal, por ello hay 24 Circunscripciones Judiciales y en consecuencia, 24 Circuitos Penales. El Circuito Judicial Penal está a cargo de un Presidente y un Vicepresidente, ambos designados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quienes son jueces titulares de las Cortes de Apelaciones.
speichernProceso Penal Venezolano für später speichern
Dr. Wilmer Pérez
Hernández José A.
Achaguas, marzo del 2013
Los romanos fueron poco a poco adoptando las instituciones del derecho griego y
con el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy peculiares que,
más tarde, se emplearían a manera de molde clásico, para establecer el moderno
Derecho de Procedimientos Penales.
En los asuntos criminales, en la etapa correspondiente a las "legis actiones", la
actividad del Estado se manifestaba en el proceso penal público y en el privado. En
proceso el privado, el Estado era una especie de árbitro, que escuchaba a las partes
y basándose en lo que éstas exponían, resolvía el caso.
público, llamado así porque el Estado sólo intervenía en aquellos delitos que eran
una amenaza para el orden y la integridad política.
Más tarde durante la monarquía se cayó en el procedimiento inquisitivo, iniciándose
el uso del tormento que se aplicaba al acusado y aun a los testigos; juzgaban los
pretores, procónsules, los prefectos y algunos otros funcionarios.
El proceso penal público revestía dos formas fundamentales: la Cognitio que era
realizada por los órganos del Estado, y la Accusatio, que en ocasiones estaba a
cargo de algún ciudadano.
1.- EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL.
En el derecho griego, el Rey, el consejo de ancianos y la asamblea del pueblo, en
ciertos casos, llevaban a cabo juicios orales de carácter público para sancionar a
quienes ejecutaban actos que atentaban contra los usos y costumbres. "El ofendido,
o cualquier ciudadano, presentaba y sostenía acusación ante el Arconte, el cual,
cuando no se trataba de delitos privados y, según el caso, convocaba al Tribunal
del Areópago, al de los Ephetas y al de los Heliastas". El acusado se defendía a sí
mismo, aunque en ciertas ocasiones le auxiliaban algunas personas.
Alcanza un alto grado de desarrollo y elabora elementos, algunos de los cuales
todavía forman parte del proceso penal. Basta con recordar la materia de
las pruebas en algunas de las cuales el proceso romano es considerado como
un modelo insuperable.
La Cognitio, era considerada la forma más antigua, en la cual el Estado ordenaba
las investigaciones pertinentes para conocer la verdad de los hechos, y no se
tomaba en consideración al procesado, pues solamente se le daba injerencia
después de que se había pronunciado el fallo, para solicitarle al pueblo se le anulara
"La accusatio surgió en el último siglo de la República y evolucionó las formas
encomendó a un accusator representante de la sociedad, cuyas funciones no eran
propiamente oficiales; la declaración del derecho era competencia de los comicios,
de las questiones y de un magistrado".
Bajo el imperio, el sistema acusatorio no se adaptó a las nuevas formas políticas y
como la acusación privada se llegó a abandonar por los interesados, se estableció
el proceso extraordinario para que los magistrados, al no existir la acusación
privada, obligatoriamente lo llevaran a cabo.
La Iglesia, que elaboró un cuerpo propio de derecho penal, construye también un
tipo especial de proceso que, primeramente se basaba en los elementos básicos
del proceso romano, y después adquiere características propias. Fue la Iglesia
quien construyó y fijó el tipo de proceso inquisitorio, e introduce los principios, que
llegaron a ser fundamentales, de la inquisitio ex officio y de la independencia del
juez para la investigación de la verdad.
"En el Derecho Canónico, el procedimiento era inquisitivo; fue instaurado
en España, por los Visigodos y generalizado después hasta la revolución francesa".
Entre las características del sistema procesal inquisitivo se encuentra que en éste
era común el uso del tormento para obtener la confesión del acusado, quien se
encontraba incomunicado y tenía una defensa nula, pues en la persona del juzgador
se reunían las funciones de acusación, defensa y decisión.
Se instituyeron los comisarios, quienes eran los encargados de practicar las
pesquisas para hacer saber al tribunal del Santo Oficio la conducta de los
particulares, en relación a las imposiciones de la propia Iglesia. Cuando se
reglamentó el funcionamiento de la Inquisición Episcopal, le fue encomendada a
dos personas laicas la pesquisa y la denuncia de los herejes; y los actos y funciones
procesales les fueron atribuidos a los inquisidores.
Tomando en cuenta los elementos romanos y canónicos fue como nace y se
desenvuelve en Italia el proceso penal común (siglo XII), debido principalmente a la
labor de los jurisconsultos boloñeses. Este proceso se difundió rápidamente fuera
de Italia y dominó hasta la reforma. Este proceso era primordialmente inquisitivo.
El procedimiento penal mixto o común; se implantó en Alemania en el año de 1532
y en Francia en la Ordenanza Criminal de Luis XIV de 1670.
2. Durante el sumario se observaban las formas del sistema inquisitivo (secreto y
1. Para el plenario, se observaban la publicidad y la oralidad,
1. Para valorar las pruebas, el juez gozaba de libertad absoluta; salvo casos
especiales en los que regía el sistema legal o tasado.
Se dice que las reformas del proceso penal y las instituciones políticas vienen
unidas históricamente, y ello explica que, al surgir la filosofía racionalista y
manifestarse los impulsos de libertad que tomaron cuerpo en la segunda mitad del
siglo XVIII, surgieron aspiraciones de reforma del proceso penal, que ya resultaba
inadecuado a las nuevas exigencias y a la tutela de los derechos humanos que
fueron reivindicados.
Este movimiento de reforma quedó plasmado en las leyes procesales promulgadas
durante la Revolución Francesa (1789-1791) y años más tarde en el proceso
reformado alemán (1848).
El proceso penal en los pueblos civilizados, actualmente, se encuentra regulado por
códigos especiales, de los cuales algunos han ejercido en los otros una influencia
decisiva y hasta les han servido de modelo.
La Codificación procesal penal moderna está dominada por tres códigos
2. El code dinstruction criminelle francés (1808),
1. El reglamento de procedimiento penal austriaco (1847) y
1. El reglamento de procedimiento penal alemán (1877)
2.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL VENEZOLANO
- Los tribunales penales
Los tribunales penales presentan una regulación propia y una organización
específica, establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Estos
tribunales están organizados en Circuitos Judiciales. Los Circuitos Judiciales
corresponden a las Circunscripciones Judiciales que a su vez es la forma en
que se divide el territorio para asignar la competencia de los tribunales en
territorios determinados. Generalmente cada Circunscripción Judicial
coincide con el territorio de los estados venezolanos que son 23 y el Distrito
Federal, por ello hay 24 Circunscripciones Judiciales y en consecuencia, 24
Circuitos Penales. El Circuito Judicial Penal está a cargo de un Presidente y
un Vicepresidente, ambos designados por la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, quienes son jueces titulares de las Cortes de Apelaciones.
El Juez Presidente del Circuito tiene la función de supervisar la
administración del Circuito y proponer el nombramiento del personal auxiliar.
Los jueces Presidentes de todos los Circuitos Judiciales Penales integran el
Consejo Judicial Penal, que tiene atribuciones reglamentarias para regular el
funcionamiento de los Circuitos y para la formulación de su presupuesto
anual. El Presidente del Consejo Judicial Penal es el juez más antiguo en sus
El Circuito Judicial Penal tiene dos secciones: adultos (conoce de asuntos
penales de personas que tienen 18 años o más) y adolescentes (conoce de
asuntos penales de personas que tienen entre 12 y 17 años). Cada Sección
está conformada por lo menos por un Tribunal de Primera Instancia y por una
Corte de Apelaciones o Superior.
El Tribunal de Primera Instancia está compuesto por jueces, que según sus
funciones, son jueces de control, juicio o ejecución, y se rotan para ejercer
una función o la otra. Los primeros tienen la atribución de determinar si un
asunto determinado debe ir o no a juicio. Los jueces de juicio deben
establecer si el acusado es imputable o no por la comisión del delito que se
le acusa, estos jueces actúan de forma unipersonal o como presidentes de
un tribunal mixto, integrado por él y por dos ciudadanos en los casos de
delitos con penas privativas de libertad superiores a los cuatro años. Los
jueces de ejecución deben supervisar la ejecución de las penas y medidas
de seguridad que se impongan a los condenados, controlar el adecuado
cumplimiento del régimen penitenciario, y lo relativo a la libertad condicional
y suspensión de la pena.
Las Cortes de Apelaciones o Superiores están integradas por una o más
Salas, cada una conformada por tres jueces que conocen de los asuntos
penales en segunda instancia de forma colegiada.
Todos los jueces reciben apoyo de los secretarios de sala, quienes tienen la
obligación de refrendar las decisiones de los jueces y las actas de las
audiencias orales, controlar la tramitación de los juicios y asistir a las
También presta apoyo a los jueces penales, el servicio de alguacilazgo, que
es una figura innovadora, que introduce el Código Orgánico Penal, que tiene
como atribuciones la recepción de la correspondencia, el transporte y
distribución interna y externa de los documentos, la custodia y el
mantenimiento del orden de las salas de audiencia y de las edificaciones, la
práctica de las citaciones y notificaciones, y la ejecución de las órdenes del
3.- CONCEPTO DE PROCESO PENAL.
El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para
que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las
acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a
la investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas conductas que
están tipificadas como delitos por el código penal.
4.- NOCION GENERAL DE PROCESO PENAL
Partiendo de lo Jurídico es el conjunto de actos sucesivos y ordenados, los cuales
están fijados en las normas penales, que deben realizar los particulares y el Estado,
para la investigación y esclarecimiento de hechos punibles, a fin de determinar la
responsabilidad del o de los involucrados en aquellos, considerando a su vez, que
se respeten o que no sean vulnerados los derechos fundamentales de los
investigados y la garantía del derecho a la defensa.
En relación a esta definición de Proceso Penal, tenemos que:
* No es otra cosa que un conjunto de actos sucesivos y ordenados dirigidos a un fin
* Cada uno de los actos que lo conforman, en su propia existencia, requisitos y
límites, así como la cronología en que deben suceder y su oportunidad legal, deben
basarse en las normas jurídicas.
* A diferencia de los procesos civiles, mercantiles, laborales, etc., que solo tienen
impacto en la esfera o entorno vivencial de los particulares involucrados, el Proceso
Penal tiene como objeto la Investigación y el esclarecimiento de hechos punibles, lo
cual conlleva a una connotación eminentemente social.
* Como otro objetivo tiene, la determinación de responsabilidades de las personas
involucradas en hechos punibles, por lo cual, siempre que haya habido personas
señaladas como autoras o participes en hechos punibles, la situación de estas
deberá ser resuelta absolutamente y jamás quedar pendiente, pues esta situación
constituye a la “absolución de la Instancia”, la cual consiste en dar por terminando
un proceso penal sin haber determinado si los acusados son culpables o inocentes,
dejando a estos y a la sociedad en incertidumbre.
* Comporta un grado necesario de coerción estatal sobre los ciudadanos, el cual
puede consistir en la adopción de medidas cautelares que limiten la libertad
individual de estos, así como en la obligación de todas las personas de denunciar
y/o de declarar en el proceso, lo cual debe basarse en los principios y garantías
consagrados en la Carta Magna que rige nuestro país y en el Código Orgánico
Desde un punto de vista Sociológico, Proceso Penal es el conjunto de eventos
sociales que se desatan con motivo de la investigación de los hechos punibles y del
enjuiciamiento de los presuntos responsables.
En lo general, Proceso Penal es el conjunto de actuaciones tendientes a averiguar
la perpetración del delito, la participación de los delincuentes, su responsabilidad e
imponerles la penalidad señalada.
5.- CONCEPTO DE ACCION
Es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos
jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Es un medio que
plantea la solución pacifica de los conflictos de intereses jurídicos y derechos
aparentes, ante el órgano judicial.
La relatividad en el concepto de acción viene dada ya que esta se desenvuelve entre
nosotros en un régimen jurídico político de equilibrio entre los intereses particulares
y colectivos entre la libertad y la autoridad , entre la iniciativa privada y la
Debido a la influencia del Derecho Romano la doctrina tradicional considera la
acción y al derecho material como si fueran lo mismo, pues se decía que la acción
era el mismo derecho material en movimiento, y aunque el planteamiento que tenía
justificación en el Derecho romano , no es correcto en el derecho moderno , la
doctrina continuo usando la misma terminología y algunos afirmaban que se incurría
en redundancia al hablar de acción y derecho porque eran vocablos con el mismo
La autonomía de la acción, para la ciencia procesal se dio por la separación de la
acción del derecho material, lo que represento mucho más que un concepto jurídico
pues constituyo la autonomía del derecho procesal civil, adquiriendo la
independencia del Derecho Civil.
La acción como pretensión de la tutela jurídica. La acción se concibe dentro del
campo del derecho público, ya que solo puede ser satisfecha por el estado,
cumpliendo este con su función esencial de tutelar el derecho.
El concepto de acción se resume, según Devis Echandia de la manera siguiente:
1. La Acción es una actividad jurídica que origina relaciones jurídicas, deberes,
derechos y cargas.
2. Es un derecho subjetivo que pertenece a todas las personas naturales, jurídicas
y publicas en la persona de los fiscales del ministerio público, que deben acudir al
3. Es un derecho autónomo que conforma el derecho peticionar garantizado en la
4. El sujeto pasivo es el Estado, ya que existe la obligación de proveer a través del
5. El fin principal es proteger el orden jurídico, la paz y la armonía social.
6. Tiene como objeto iniciar un proceso para que lo resuelva una sentencia
6.- CARACTERISTICAS DE LA ACCION.
Atribuida a todos, sin excepción, sean personas físicas o jurídicas. La mera
posibilidad de su hipotética restricción para algún sector social repugna a su
La acción ha de poder ejercitarse en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal,
laboral...), procesos (ordinarios, especiales...), etapas (alegaciones, pruebas,
conclusiones) e instancias procesales (incluidos todos los medios de impugnación
dentro de las mismas), trátese de la declaración como de medidas cautelares o de
la ejecución. En suma, todos los mecanismos, expectativas y posibilidades que
ofrece el proceso en su desarrollo han de estar abiertos al uso por parte de quien
acude a dicha vía.
La acción debe ejercitarse libremente, de forma voluntaria. Nadie puede ser
obligado a acudir en demanda de justicia a los tribunales, ni debe resultar
suplantada su voluntad, ni debe tener confundido su ánimo al respecto.
En el ámbito penal, en delitos y faltas de carácter público, el proceso puede iniciarse
de oficio, sin contar con la previa autorización de la víctima.
Tanto en su reconocimiento como en el inicio y en el desarrollo, la acción ha de
estar regulada legalmente. En efecto, en primer lugar, el ordenamiento jurídico de
un país ha de recoger expresamente, como derecho fundamental de todos sus
ciudadanos, el derecho de éstos a acudir en solicitud de justicia a los órganos
jurisdiccionales siempre que lo estimen conveniente.
El legislador dispone una forma y unos requisitos legales para su ejercicio, y el
ciudadano ha de respetarlos. No le basta con manifestar por cualquier medio el
deseo de acceder a los tribunales en solicitud de que se le administre justicia, sino
que dicha petición ha de presentarse conforme al Derecho.
Más que una característica, constituye su íntima esencia: la eficacia o efectividad,
entendida ésta, literalmente, como la capacidad de lograr el efecto deseado. Por
ello es importante que la declaración se ejecute.
7.- EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
El ejercicio de la acción penal puede surgir a partir de tres niveles de ilicitud, que en
este trabajo llamaremos: Nivel A, Nivel B y Nivel C.
Nivel A: Cuando se pretende hacer valer derechos de connotación pública, estatal
o social;
Nivel B: Cuando el derecho alegado sea de tipo personal, asociado a la
integridad física del sujeto y a algunos de contenido patrimonial, siempre y cuando
no esté en juego la vida de los seres humanos;
Nivel C: Cuando se trata de lesiones abstractas, relacionadas con la
moral e imagen pública del agraviado y que no implican agresión física ni desmejora
económica, salvo en el caso del Cheques sin provisión de fondos, donde se
persigue la mala fe y el perjuicio económico.
En el nivel A procederá la acción penal pública; en el nivel B la Acción pública, previa
instancia particular; y, en el nivel C la acción privada.
Ejercer significa "activar", lógicamente, pues los procedimientos y las instancias son
preexistentes; el asunto importante es quién realizará los actos pertinentes para
poner en movimiento esas instancias.
"Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro.[4]/
Para la misma autoridad lingüística ejercer es:
"Practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión. U. t. c. intr. Es
abogado, pero no ejerce. || 2. Hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. Ejerce
sus cualidades de orador. || 3. Realizar sobre alguien o algo una acción, influjo, etc.
Ejerció presión sobre las autoridades. || 4. intr. Poner en práctica formas
de comportamiento atribuidas a una determinada condición."[5]/
Denotando en el primer caso el hecho de procurar la realización de acción
determinada; y, en el segundo caso, intervención directa, acción propiamente dicha.
Pero a pesar de esta discrepancia entre la ley primaria y la ley secundaria, que para
efectos prácticos no sería muy trascendente, sino en caso de pretender ser
extremadamente estricto en la interpretación jurídica, lo importante es quién deberá
realizar las acciones pertinentes a fin de poner en movimiento las instancias
judiciales y que en ella debe intervenir una entidad oficial.
La Fiscalía General de la República, como parte del Ministerio Público, tiene un
papel protagónico en este ejercicio y/o promoción.[6]/
En este trabajo se plantea un cuestionamiento de la postura de otorgar
el monopolio del ejercicio de la acción penal a la Fiscalía General de la República,
simplemente, la Constitución de la República, le otorga a dicha institución la facultad
de promover la acción penal de oficio o a petición de parte y la ley secundaria ha
dado vida al principio constitucional a otorgarle el ejercicio de la acción penal a dicha
¿Quiénes pueden realizar actos encaminados a los fines apuntados? Obviamente,
el ofendido, la víctima o los parientes de la víctima. ¿En qué medida pueden estos
sujetos actuar o intervenir en el ejercicio de la acción penal? Se limitan a denunciar;
en los delitos de Nivel A opcionalmente a presentar querella; en el Nivel B a
denunciar y hacer presencia acusatoria; en el Nivel C a acusar particularmente, por
medio de un profesional del derecho autorizado para ejercer la procuración, en un
proceso que se inicia y termina en el tribunal de sentencia correspondiente.
En el Nivel A, sea por denuncia o por conocimiento oficioso, la Fiscalía General de
la República inicia, da continuidad y termina todas las actuaciones procesales
tendientes al cumplimiento de la ley procesal penal; en una forma más o menos
similar se procede en el Nivel B; a diferencia del Nivel C donde la Fiscalía General
de la República, no tiene intervención alguna.
8.- EXTINCION DE LA ACCION PENAL
 Concepto de Acción penal.
Es la que invoca la jurisdicción, poniendo en funcionamiento los organismos
del poder del estado destinados a juzgar los casos concretos en virtud de la
aplicación de las normas (jueces penales) ejercida contra el presunto autor de
un delito, con pretensión punitiva.
Es el Ministerio Público a través del Fiscal, órgano público, el encargado de ejercer
la acción penal en los delitos de acción pública, que son la mayoría, y el ofendido,
o sus representantes legales, en los de acción privada.
Los delitos de acción pública son entre otros, el homicidio, las lesiones múltiples,
graves o reiteradas y el robo, que se deducen aún sin acusación privada. Los de
instancia privada son los referidos a delitos como violación o abusos deshonestos,
donde, si bien se necesita que la acción la promueva el agraviado o su
representante legal, luego la investigación continúa de oficio. Los privados son las
injurias y calumnias, la violación de secretos y correspondencia, la violación de los
deberes de asistencia familiar y la competencia desleal. En los casos de que la
revelación de secretos la haga un funcionario público es de acción pública, al igual
de lo que ocurre cuando la violación de correspondencia la haga un empleo de
correos, en ejercicio abusivo de sus funciones.
El proceso penal en los delitos de acción pública, posee dos etapas: la sumarial que
prepara la acción penal averiguando si existe mérito para que una persona sea
acusada por un delito y el plenario, que comienza con la acusación fiscal (la acción)
que limita al Juez en su decisión ya que no puede en su sentencia resolver más allá
de lo peticionado. Lo mismo sucede en los delitos de acción privada donde la acción
es promovida por parte interesada y también limita el contenido de la sentencia a la
La acción penal tiene como principal característica la de ser una acción pública, aún
cuando se ejerza a instancia de parte, pues satisface intereses de la colectividad en
general. La responsabilidad por delitos es solidaria, y la acción penal se dirige a
todos los autores, por lo cual se dice que es indivisible. Es además irrevocable, en
los delitos de acción pública, iniciada la acción es imposible la retractación, e
indefectiblemente se dictará sentencia.
 Causales de Extinción de la Acción Penal.
Es la pérdida del derecho del Estado para ejercer su poder punitivo contra quien a
cometido un delito en agravio de la sociedad. En estos casos cesa el derecho de
imponer la pena, hacerla efectiva o continuar exigiendo su cumplimiento; para el
sujeto desaparece la obligación de sufrir la pena. Las causales de extinción de la
acción penal se recogen en el Art. 78° del Código Penal Peruano. Siendo las
 La muerte del imputado
 La Prescripción
 La amnistía
 Por Derecho de gracia (indulto)
 Por autoridad de cosa juzgada
 Muerte de Imputado.
Con las partidas de defunción se acredita el fallecimiento de los encausados, por lo
que de conformidad a la normatividad vigente, es procedente declarar la extinción
 La Prescripción.
Es el instituto de naturaleza procesal por el cual el transcurso del tiempo,
computado desde la comisión del injusto, convierte la persecución penal en
innecesaria por extemporánea. Se trata de la "pérdida de la pretensión punitiva del
estado por haber dejado pasar el tiempo sin ejercer la acción penal" (ALVARADO
CABANILLAS 2003, 47)
 La Amnistía.
Como su propio nombre indica, la amnistía supone un total olvido del delito. Su
concesión mediante ley borra todo recuerdo del delito cometido o de la pena
pronunciada. En definitiva, extingue por completo la pena y todos sus efectos.
Una vez admitido afirma Dorado Montero, el poder para la concesión de amnistías
no reconoce límites, a no ser que la Constitución o la propia ley le pongan
restricciones. En consecuencia, puede referirse a toda clase de delitos (comunes o
políticos); si bien en la práctica se ha reservado fundamentalmente para los delitos
de matiz político. Como regla general, puede afirmarse que se hace uso de esta
modalidad de gracia después de revoluciones o agitaciones políticas, con fines de
pacificación social.
El estudio de los efectos de la amnistía ha de realizarse atendiendo en cada caso a
la disposición que la concede; tales efectos se condicionan siempre a situaciones
extrajurídicas históricamente diversos y políticamente coyunturales. Carecen – en
suma – las amnistías de las suficientes notas comunes para alcanzar una doctrina
general. Las convenientes políticas juegan al respecto un papel decisivo. (REYNA
ALFARO 2004, 23)
Con las limitaciones apuntadas, puede intentarse una esquematización de los
efectos de la amnistía:
a) Al suponer la amnistía que los delitos objeto de la misma se tienen por no
cometidos, extingue las penas impuestas y las acciones penales pendientes. En
consecuencia, no puede ser instruido procedimiento alguno para perseguir hechos
incluidos en una amnistía; si éste ya se ha iniciado, debe ser suspendido en el
momento en que entre en vigor la amnistía. Las penas impuestas quedan anuladas
y extinguidos completamente sus efectos, tanto si la pena no ha comenzado a
cumplirse como si ha sido cumplida parcialmente.
b) La amnistía determina la automática cancelación de los antecedentes penales.
La condena se borra a todos los efectos y, por ello, no puede ser tenida en cuenta
para fundamentar una agravación de la responsabilidad criminal del sujeto en
posibles delitos ulteriores.
c) Los amplios efectos de la amnistía no suelen alcanzar a la responsabilidad civil.
Una solución distinta -aceptable en pura teoría, dada la amplitud con que la
institución se configura – lesionaría gravemente los derechos de la víctima y de los
perjudicados por el delito a la justa reparación del daño causado.
La amnistía configura una de las manifestaciones del denominado derecho de
gracia, que se convirtió en España en uno de los protagonistas del denominado
"Derecho Penal de la transición", es decir, el surgido desde la subida al trono del
Rey Juan Carlos I hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En Chile,
es de todos un tema conocido la llamada Ley de Amnistía, que ha sido producto de
gran discusión desde el retorno a la democracia en marzo de 1990.
 El Indulto.
Consiste el indulto en la gracia otorgada por el Jefe de Estado a los condenados por
sentencia firme remitiéndoles toda la pena impuesta o parte de ella, o conmutándola
por otra de menor gravedad.
Sus efectos son más limitados que los de la amnistía. Aun siendo total el indulto, se
mantiene la inscripción de la condena en el oportuno Registro; el indultado dejará
de cumplir la pena impuesta, o parte de ella, pero técnicamente es un penado y si
vuelve a delinquir podrá ser apreciada la circunstancia modificativa de reincidencia.
El indulto no puede hacerse extensivo a la responsabilidad civil ni a las costas
procesales; en caso de recaer sobre penas pecuniarias – y a no ser que
expresamente así se determine – eximirá al indultado del pago de la cantidad aún
no satisfecha, pero no abarcará la devolución de lo ya pagado.
Desde un punto de vista teórico, los indultos pueden ser clasificados en generales,
si se conceden a la totalidad de los penados, o particulares, si benefician a una
persona individualizada.
La doctrina aprueba la prohibición que la gran mayoría de las legislaciones
establecen respecto a los indultos generales, ya que entrañan una arbitraria
imposición del ejecutivo sobre cualquier consideración jurídica o político-criminal;
por el contrario, los particulares permiten que el estricto cumplimiento de las
fórmulas legales no dé lugar – en ocasiones – a resultados injustos.
También pueden dividirse los indultos en totales, que remiten todas las penas
(principales y accesorias) a que el imputado haya sido condenado y que todavía no
haya cumplido, y parciales que abarcan solamente alguna o algunas de las penas
impuestas, o parte de ellas, aún no cumplidas.
 Por autoridad de cosa juzgada.
Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre
el cual se falló definitivamente.
 En delitos cuyo ejercicio se por acción privada: Por Desistimiento o Transacción.
Ambos casos implican un perdón del ofendido al infractor penal, el primero mediante
una manifestación unilateral, y el segundo mediante el acuerdo de las partes. En el
ámbito penal el desistimiento regulado en el Art. 78 CP. sólo procede en el supuesto
de la acción privada o querella de parte para los tipos penales que recogen el delito
contra el honor y consiste en la voluntad de la víctima de no iniciar la acción penal
que corresponde a la perpetración del acto delictivo. Respecto de la transacción
debemos señalar que el derecho penal peruano no reconoce esta figura como tal,
salvo en el caso de procedimiento especial de querrella, es decir, cuando la acción
penal se ejerce de forma privada a solicitud de la parte agraviada, sólo en este caso
las partes pueden poner fin a la acción penal, acordando lo que estimen necesario
sin vulnerar el orden público. El principio de oportunidad contenido en el art. 2 del
CPP. Es el primer pasos que han dado nuestros legisladores para introducir esta
composición en delitos de cuya acción sea de ejercicio público.
 Cuando la Sentencia Ejecutoria Dictada en la Jurisdicción Civil Resulte que el Hecho
Imputado como Delito es Lícito.
Las excepciones se pueden clasificar en dos tipos:
1) Excepciones dilatorias
2) Excepciones perentorias
LAS DILATORIAS: Constituyen esencialmente las cuestiones previas. Estas son
resueltas mediante una decisión interlocutoria, la cual consiste en un auto motivado
mediante el cual el Juez resuelve la excepción. No constituye una sentencia.
¿Por qué? Porque no resuelve el fondo de la acción sino un mero accidente.
Las excepciones constituyen un medio de defensa y pueden oponerse con ese fin.
Las dilatorias se oponen precisamente para dilatar el proceso, para que el proceso
quede sin lugar y para que en último caso, la acción no prospere.
LAS PERENTORIAS, para que el proceso perezca, tal como serían las causales de
extinción. En este caso, si la excepción es declarada con lugar, la acción perece y
se declara la cosa juzgada.
Deben diferenciarse también cuales son las excepciones que pueden proponerse
en la fase preparatoria, ante el Juez de Control (encabezado del Artículo 28). Ellas
deben resolverse según el trámite que se especifica en el artículo 29 ejusdem.
Trámite de las Excepciones Durante la Fase Preparatoria
Las excepciones interpuestas durante la fase preparatoria, se tramitarán en forma
de incidencia, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito
debidamente fundado ante el Juez de control, ofreciendo las pruebas que justifican
los hechos en que se basan y acompañando la documentación correspondiente,
con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de las
Planteada la excepción, el Juez notificará a las otras partes, para que dentro de los
cinco días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan pruebas. La víctima
será considerada parte a los efectos de la incidencia, aún cuando no se haya
querellado, o se discuta su admisión como querellante. Si la excepción es de mero
derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el Juez o
tribunal, sin más trámite, dictará resolución motivada dentro de los tres días
siguientes al vencimiento del citado plazo de cinco días.
En caso de haberse promovido pruebas, el Juez convocará a todas las partes, sin
necesidad de notificación previa, a una audiencia oral, que se celebrará dentro de
los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo. En esta audiencia,
cada una de las partes expondrá oralmente sus alegatos y presentará sus pruebas.
Al término de la audiencia, el Juez resolverá la excepción de manera razonada.
La resolución que se dicte es apelable por las partes dentro de los cinco días
siguientes a la celebración de la audiencia.
El rechazo de las excepciones impedirá que sean planteadas nuevamente durante
la fase intermedia por los mismos motivos.
Tómese en cuenta que la excepción, cuando es rechazada por el Juez de Control,
impedirá que pueda plantearse de nuevo, DURANTE ESA FASE DEL PROCESO,
Distíngase también que las excepciones opuestas durante la fase intermedia serán
propuestas en la forma que se indica en el artículo 328 del COPP, con los mandatos
señalados en el artículo 30 ejusdem.
Hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la
audiencia preliminar, el Fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya
presentado una acusación particular propia, y el imputado, podrán realizar por
escrito los actos siguientes:
1. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido
planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
7. Promover las pruebas que producirán en el juicio oral, con indicación de su
pertinencia y necesidad,
8. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con
posterioridad a la presentación de la acusación fiscal.
Esto quiere decir que pueden y deber oponerse hasta 5 días CONTINUOS, antes
del plazo fijado para la audiencia preliminar. Y así, tanto el Fiscal, la víctima que se
haya querellado y haya presentado una acusación particular propia, podrá oponer
las excepciones presentes en el
Durante la fase preparatoria, ante el Juez de control, y en las demás fases del
proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes
podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de
previo y especial pronunciamiento:
1. La existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 35;
2. La falta de jurisdicción;
3. La incompetencia del tribunal;
4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes
a) La cosa juzgada;
b) Nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los
numerales 1 y 2 del artículo 20;
c) Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación
particular propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no
revisten carácter penal;
d) Prohibición legal de intentar la acción propuesta;
e) Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción;
f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción;
h) La caducidad de la acción penal;
i) Falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal, la acusación
particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando éstos no
puedan ser corregidos, o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se
contraen los artículos 330 y 412;
5. La Extinción de la acción penal; y
¡ OJO, CUIDADO! CUANDO NO HAYAN SIDO PLANTEADAS CON
ANTERIORIDAD O RESULTAN EN HECHOS NUEVOS.
Dokumente ähnlich wie Proceso Penal Venezolano
Planeacion Penal u2
tutela de derechos en el NCPP (1).pdf
Tipicidad o Tipificado
Evaluación Teórica de Maquinaria Pesada
Aquileo Peña Padilla
Alumna 200 Vera