Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00654-de-febrero-5-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_13b669713a88016ee0530a010151016e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 23:45:47
Document Index: 39233161

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 103', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 103', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 80']

﻿ Sentencia 2011-00654 de febrero 5 de 2015
SENTENCIA 2011-00654 DE 05 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:LA ACTIVIDAD DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE MINERALES SIN LICENCIA AMBIENTAL, EN ZONA PROHIBIDA, VULNERA LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO Y A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS. SE ACLARA QUE LOS MUNICIPIOS SON LA PRIMERA AUTORIDAD EN MATERIA URBANÍSTICA Y QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 388 DE 1997 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL” LOS MUNICIPIOS TIENEN EXPRESAS COMPETENCIAS PARA IMPONER SANCIONES Y ADELANTAR PROCEDIMIENTOS EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA Y SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESPECTIVO. EN CONSECUENCIA, LA ACTIVIDAD DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE MINERALES SIN LICENCIA AMBIENTAL, EN ZONA PROHIBIDA ES UN INDEBIDO USO DEL SUELO Y POR TANTO DICHA ACTIVIDAD DEBE SER VIGILADA POR EL MUNICIPIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, UTILIZACIÓN DEL SUELO, LICENCIA AMBIENTAL, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, CONTAMINACIÓN SONORA, DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, DERECHOS COLECTIVOS, ZONA RESIDENCIAL, TÍTULO DE PROPIEDAD SOBRE LOS RECURSOS MINEROS, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Sentencia 2011-00654 de febrero 5 de 2015
Rad.: 25000-23-24-000-2011-00654-01(AP)
Actora: Junta de Acción Comunal - barrio Salitre del municipio de Soacha
Demandado: Empresa Colombiana de Minerales S.A.S. - Ecomin y otro
EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala:
En el presente caso le corresponde a la Sala examinar los cargos expuestos por la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Soacha en sus escritos de impugnación.
La Agencia Nacional de Minería, solicitó modificar la sentencia y exonerarla de cualquier responsabilidad con base en los siguientes argumentos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4134 de 3 de noviembre de 2011 (arts. 4.3, 13.1.5) la competencia de dicha entidad se circunscribe a la fiscalización de los títulos mineros legalmente otorgados, con relación al cumplimiento de las obligaciones de índole legal, contractual, técnico, administrativo y ambiental.
En consecuencia, todo aquello que no se encuentre dentro del marco del título minero no es competencia de esta autoridad, por lo que en aquellos casos en los que se evidencia una actividad minera ilegal, ya sea porque se informó de la situación a la entidad o porque en desarrollo de su función de seguimiento y control se evidenció la ilicitud, la autoridad minera informa de manera inmediata al alcalde municipal competente, con el fin que ordene la suspensión de las labores mineras.
El municipio de Soacha solicitó ser exonerado de responsabilidad con base en los siguientes argumentos.
Manifestó que es indispensable complementar y aclarar la decisión, en tanto que la orden de reubicación de Ecomíndebe recaer sobre la propia empresa.
Alegó que frente a la orden de conminar a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para coordinar con la secretaría de planeación del municipio la vigilancia del cumplimiento de las normas mineras y ambientales, el municipio no debe coordinar con estas entidades el cumplimiento de sus funciones, pues a la postre se convierte en una carga para Soacha sobre el control de lo que esa empresa vaya a hacer y cómo lo esté haciendo, tratándose de asuntos ambientales y mineros.
Estimó que el plazo de un año para que la empresa Ecomínefectúe el traslado a un sitio donde las condiciones del suelo le permitan ejercer su actividad, es insuficiente, comoquiera que va a seguir vulnerando los derechos hasta el último día de ese año.
Adicionó que las pretensiones de los actores populares estaban enfocadas a que Ecomíncesara toda actuación que vulnere derechos colectivos y, en el plenario, se logró concluir que quien conoce de estos asuntos ambientales es la CAR, tan así es, que la corporación ha venido actuando respetuosa del debido proceso, a través de los autos que obran en el expediente y que dan cuenta de la situación. Ahora, frente al uso del suelo, aseguró que es el municipio quien debe protegerlo, pero es precisamente dentro de esta acción popular que se evidenció que se encontraba dentro de un uso no permitido. Por lo que la orden debe recaer directamente sobre la empresa como vulneradora de derechos colectivos. De hecho está demostrado que Ecomínno tiene permiso, licencia, autorización ni de la CAR ni de la agencia ambiental, aun así, estas entidades no han impedido sus actuaciones, por el contrario, entregan plazos y colaboraciones para que ejecuten su actividad.
Por último, apunta que el fallo de primera instancia omite ordenar a la CAR y a la agencia minera que defina el proceso que adelante, y como consecuencia de la falta de licencia para operar, cierre dicha actividad. El inadecuado uso del suelo tiene como consecuencia un proceso policivo, mientras que el poder de esas entidades es directo e inmediato, quienes han garantizado suficientemente el debido proceso, que no puede convertirse en una barricada para la justicia.
Por lo anterior, solicitó modificar el fallo impugnado y en su lugar, ordenar clara y concretamente a la empresa Ecomínparar su actividad ilegal, por no tener autorización para ejercer su actividad. Con ello, ordenar a la CAR y a la agencia minera terminar el procedimiento sancionatorio de forma inmediata para no continuar a la espera de supuestas mitigaciones, es decir, entregando plazos al vulnerador de derechos colectivos.
Así pues, le corresponde a la Sala examinar los siguientes problemas jurídicos (i) la Agencia Nacional de Minería es competente para vigilar la minería ilegal (ii) El municipio de Soacha, Cundinamarca está facultado para vigilar la orden de reubicación de la empresa en el plazo de un año y, si este tiempo se compadece con la vulneración a los derechos colectivos (iii) El municipio de Soacha es competente para para vigilar el adecuado uso del suelo según las normas que rigen la materia.
En cuanto al primer problema jurídico, consistente en si la Agencia Nacional de Minería es competente para vigilar la minería ilegal, la Sala procederá a analizar las competencias de la Agencia Nacional de Minería, en cuanto al seguimiento y control de las licencias que otorga; la manera en que debe ejercer dichas funciones; las medidas para hacerlas efectivas y si del acervo probatorio puede constatarse la desatención a sus funciones.
Al efecto, el artículo 4º del Decreto 4134 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”, establece lo siguiente:
“ART. 4º—Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Minería, ANM las siguientes:
18. Las demás que le sean asignadas y que le delegue el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con las normas vigentes” (las negrillas y subrayas no son del texto original).
Concretamente, la función de seguimiento y control de los títulos mineros, corresponde a la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera de la citada entidad, Agencia Nacional de Minería, tal como lo prescribe el artículo 17 ibídem, cuyos numerales 2º, 3º, 5º, 6º y 11, señalan, en lo pertinente, lo siguiente:
“ART. 16.—Funciones de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera. Las funciones de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera serán las siguientes:
6. Coordinar con el Servicio Geológico Colombiano el suministro y entrega de la información geológico - minera generada por los titulares mineros en ejecución de sus obligaciones contractuales.
Obsérvese entonces, que las funciones de seguimiento y control a la actividad minera, no se circunscriben a aquellas actividades que cuentan con títulos de exploración y explotación legalmente otorgados, como lo sugiere en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación la Agencia Nacional de Minería.
En este orden de ideas, las afirmaciones de la recurrente carecen de sustento jurídico, pues la norma transcrita es clara en establecer que dicha entidad, no solo debe diseñar, implementar y realizar el control de los titulares de obligaciones mineras sino también verificar el estado de los yacimientos y proyectos mineros, teniendo en cuenta información geológica, minera, ambiental y económica, así como brindar apoyo a las entidades competentes para erradicar la explotación ilegal.
Dicha postura fue expuesta por esta Sala en providencia de 31 de octubre de 2013, en la acción popular Nº 2011-00765-01(1).
En consecuencia, no prosperará la impugnación interpuesta por la Agencia Nacional de Minería.
El segundo problema jurídico, consiste en determinar si el municipio de Soacha es competente para vigilar la orden de reubicación de la empresa en el plazo de un año, y si este tiempo se compadece con la vulneración a los derechos colectivos.
Sobre este punto, el tribunal dispuso expresamente lo siguiente:
“Ordénase al representante legal o a quien haga sus veces de la Empresa Colombiana de Minerales SAS (Ecomín) ubicado en la calle 8 sur Nº 5-16 (km 12 autopista sur) del municipio de Soacha, Cundinamarca cesar las actividades de esa empresa y/o reubicarla en un lapso no mayor de un (1) año en un lugar donde las normas que regulan el uso del suelo lo permitan, previo el cumplimiento de los requisitos que la ley exija para su funcionamiento tales como licencias, permisos o autorizaciones expedidos por las autoridades competentes”.
La Sala observa que la medida impartida por el tribunal es insuficiente y no se compadece con la protección de los derechos colectivos al medio ambiente.
Una interpretación literal de lo dispuesto por el tribunal cuando utiliza la expresión y/o, permite inferir que la empresa demandada tiene dos opciones: La primera, cesar sus actividades. La segunda, reubicarse en un lapso no mayor a un año en un lugar donde las normas que regulan el uso del suelo lo permitan.
Como se observa, la orden proferida por el tribunal puede dejar abierta la opción de que la empresa en el lapso de un año pueda seguir vulnerando los derechos colectivos mientras encuentra otro sitio para instalar su infraestructura, con lo cual se legitimaría la vulneración de los derechos colectivos por un año más, y además, se permitiría que una actividad calificada como ilegal siga funcionando por un tiempo determinado.
Cabe recordar que en el proceso se acreditó, según los informes técnicos expedidos por la oficina de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha (fls. 450 a 461, 518 a 527) que el predio donde funciona Ecomínse encuentra ubicado en un área residencial con tratamiento de renovación urbana y actividad múltiple, mas no de uso industrial tipo 3, como son las actividades de dicha empresa.
La oficina de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha determinó en su informe que la empresa Ecomínse clasifica como industria tipo 3 (fl. 469), la que de conformidad con el Acuerdo 46 de 2000 (POT de Soacha) se encuentra prohibida en dicha zona.
Así mismo, de los hechos acreditados se desprende de manera evidente que la empresa Ecomín está generando contaminación auditiva así como generación de material particulado como consecuencia del desarrollo de la actividad de trituración de material mineral no metálico.
De conformidad con los informes técnicos, resoluciones y autos expedidos por la CAR así como las respuestas emitidas por la empresa, Ecomín no ha realizado las acciones necesarias y pertinentes para eliminar o mitigar de modo efectivo la generación de material particulado y ruido, como se desprende del último informe expedido por la CAR el 9 de noviembre de 2011 (fls. 210 a 211).
Finalmente, en el proceso no obra prueba alguna que demuestre que la Agencia Nacional de Minería le hubiese otorgado autorización para explotar los productos pétreos en la cantera, hecho que se corrobora con el informe expedido por la gerencia de catastro y registro nacional minero (fl. 335) en el que se expresa que Ecomínno tiene registros ni títulos mineros, como tampoco obra prueba de permiso o licencia ambiental emitida por la CAR para el desarrollo de sus actividades.
Así las cosas, en aras de garantizar la protección de los derechos colectivos vulnerados y de evitar la prolongación en el tiempo de actividades ilegales, esta Sala modificará el numeral 3º de la sentencia impugnada y, en su lugar, dispondrá:
Ordénase al representante legal o a quien haga sus veces de Ecomín: a) Cesar de forma inmediata las actividades de la empresa a partir del momento en que el presente fallo quede ejecutoriado. b) remover toda la infraestructura, maquinarias, elementos de trabajo en el plazo máximo de seis meses, contados desde el momento en que quede en firme esta providencia.
En lo relativo al tercer problema jurídico, consistente en determinar si el municipio de Soacha es competente para verificar el cumplimiento de las normas sobre el uso del suelo. Esta entidad expuso que la responsabilidad frente a los hechos relatados en esta demanda es única y exclusiva de la empresa Ecomín.
Sobre el particular, la Sala le recuerda al municipio que es la primera autoridad en materia urbanística y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 388 de 1997 “por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de ordenamiento territorial” al municipio le corresponde ejercer, entre otras, las siguientes funciones:
En el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la suspensión de obras a que se refiere este artículo, corresponde a los alcaldes locales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital” (negrilla fuera de texto).
Como se puede leer en la disposición transcrita, los municipios tienen expresas competencias para imponer sanciones y adelantar procedimientos en contra de los responsables de la construcción de obras sin licencia y sin el cumplimiento de los parámetros que determina el plan de ordenamiento territorial respectivo.
En el presente caso, la empresa Ecomín se encuentra ubicada en una zona donde el suelo no es apto para las actividades que realiza, las cuales consisten en la trituración y molienda de minerales (carbonato de calcio y sulfato de bario) (fl. 148) lo cual no constituye exploración de yacimientos minerales, pero se encuentra regulada por el Código Minero en el artículo 11 (materiales de construcción).
Dicha actividad no se puede realizar en dicho sector, como se expuso en líneas anteriores. Por lo tanto, el municipio sí está obligado a vigilar el cumplimiento del adecuado uso del suelo, según las normas que rigen la materia, esto es la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo Municipal 46 de 27 de diciembre de 2000 “por medio del cual se expide el plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha”.
En concordancia con lo anterior, se modificará en numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar al municipio de Soacha que vigile el cumplimiento de la orden de cese de actividades y remoción de las instalaciones de la empresa Ecomínsegún lo expuesto en esta sentencia.
Por otra parte, a pesar que no fue objeto de apelación, pero con el fin de proteger en la mayor medida de lo posible los derechos colectivos vulnerados, no se pueden olvidar las precisas funciones que la ley le ha asignado a las corporaciones autónomas regionales, en aras de proteger el medio ambiente.
Para tal fin, se analizarán las funciones de dichas entidades, y con fundamento en ello se realizaran las respectivas órdenes.
La Ley 99 de 1993 “por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental - SINA y se dictan otras disposiciones”, regula las funciones de las corporaciones autónomas regionales y en su artículo 31 en los numerales 9º, 10, 11, 12 y 17 y el parágrafo 4º establece que:
“Funciones. las corporaciones autónomas regionales ejercerán las siguientes funciones:
PAR. 4º—Las corporaciones autónomas regionales realizarán sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que estas hayan asignado responsabilidades de su competencia”.
Como se puede leer en la disposición transcrita, la CAR tiene expresas y precisas funciones en torno a la protección del medio ambiente, para ello la ley le ordena entre otras cosas, otorgar licencias ambientales, vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, adelantar procedimientos administrativos sancionatorios y ordenar la reparación de los daños causados.
En el presente caso, se encuentra acreditada la responsabilidad de la CAR, en tanto que dentro del ámbito territorial en el cual ejerce sus competencias, esto es el departamento de Cundinamarca, la empresa Ecomínrealiza conductas que vulneran el medio ambiente sin tener licencia ambiental alguna. Además, tal entidad no ha culminado los procedimientos administrativos en contra de esta.
Por tal motivo, la Sala adicionará en el numeral 5º de la sentencia impugnada el siguiente párrafo: Ordenar a la CAR: a) agotar los trámites administrativos sancionatorios en contra de Ecomín, b) con respeto al debido proceso y dentro del ámbito de sus competencias, ordene a Ecomínla reparación de los daños ocasionados al suelo y al medio ambiente durante el tiempo en que funcionó dicha empresa en el aludido sector.
Para garantizar el cumplimiento de las órdenes anteriores, se dispondrá CONFORMAR un comité de verificación, integrado por la parte demandante, el personero del municipio de Soacha, el municipio de Soacha, la CAR, la Agencia Nacional de Minería y la Procuraduría General de la Nación, quienes harán seguimiento a lo ordenado en este fallo e informarán sobre las decisiones y acciones que respectivamente se tomen y realicen.
1. MODIFÍCANSE los numerales tercero (3º) y cuarto (4º) de la parte resolutiva de la sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por la Sección Primera - Subsección “B” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:
3º) ORDÉNASE al representante legal o a quien haga sus veces de la Empresa Colombiana de Minerales SAS (Ecomín) ubicada en la calle 8ª sur Nº 5-16 (km 12 autopista sur) del municipio de Soacha, Cundinamarca lo siguiente: a)
Cesar de forma inmediata sus actividades a partir del momento en que el presente fallo quede ejecutoriado. b) remover toda su infraestructura, maquinarias, elementos de trabajo en el plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del momento en que quede en firme esta providencia.
4º) ORDÉNASE al alcalde del municipio de Soacha (Cundinamarca) vigilar el cumplimiento de la orden de cese de actividades y remoción de las instalaciones de la empresa Ecomín, y en lo sucesivo a través de las entidades competentes del orden municipal, esto es, la secretaría de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha, trabajen de consuno y coordinadamente, en aras de vigilar el adecuado uso del suelo según las normas que rigen la materia, la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo Municipal 46 de 27 de diciembre de 2000 “por medio del cual se expide el plan de ordenamiento territorial del municipio de Soacha”, adelantando para tal evento las actuaciones que el ordenamiento jurídico les haya autorizado.
2. ADICIÓNESE al numeral 5º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, lo siguiente:
ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): a) agotar los trámites administrativos sancionatorios en contra de Ecomín, b) con el respeto del debido proceso y dentro del ámbito de sus competencias ordene a Ecomín la reparación de los daños ocasionados al suelo y al medio ambiente durante el tiempo en que funcionó en el aludido sector.
CONFÓRMASE un comité de verificación, integrado por la parte demandante, el personero del municipio de Soacha, el Municipio de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Agencia Nacional de Minería y la Procuraduría General de la Nación, quienes harán seguimiento a lo ordenado en este fallo e informarán sobre las decisiones y acciones que respectivamente se tomen y realicen.
3. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia impugnada.
4. COMUNÍQUESE esta decisión a las partes.
5. DEVUÉLVASE, ejecutoriada esta providencia, el expediente al tribunal de origen.
6. REMÍTASE copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en sesión de 5 de febrero de 2015».
(1) M. P. María Elizabeth García González.