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Timestamp: 2019-12-15 04:40:23
Document Index: 176816939

Matched Legal Cases: ['artículo 711', 'artículo 485', 'artículo 437', 'artículo 12', 'artículo 437', 'artículo 437', 'artículo 771', 'artículo 6175862', 'artículo 5', 'artículo 771', 'artículo 6175862', 'artículo 259', 'artículo 646', 'artículo 252', 'artículo 5', 'artículo 214', 'artículo 169', 'artículo 177', 'artículo 147', 'artículo 647', 'artículo 11', 'artículo 683']

﻿ Sentencia 2006-00660 de octubre 7 de 2010
SENTENCIA 2006-00660 DE 07 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LOS IMPUESTOS DESCONTABLES POR CONTRATOS CELEBRADOS CON EXTRANJEROS. LA DISCRIMINACIÓN DEL IVA EN LOS CONTRATOS NO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LOS IMPUESTOS DESCONTABLES.
Sentencia 2006-00660 de octubre 7 de 2010
Rad.: 250002327000200600660 01
Número interno: 16880
Drummond LTDA (NIT. 800021308-5) contra la DIAN
Bogotá D. C., siete (7) de octubre de dos mil diez (2010)
Corresponde a la Sala examinar la legalidad de los actos por los cuales la administración de impuestos de los grandes contribuyentes de Bogotá rechazó impuestos descontables por servicios gravados, originados en retenciones practicadas a proveedores no domiciliados ni residentes en Colombia, durante el sexto bimestre de 2002, por $66.804.000.
En los términos de los recursos de apelación, son tres los puntos a analizar: i) la correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión; ii) el derecho al descuento frente a operaciones de prestación de servicios con proveedores extranjeros, no soportadas en contratos; y, iii) la procedencia de la sanción por inexactitud.
El primer aspecto se encuentra regulado por el artículo 711 del estatuto tributario, según el cual:
El artículo 485 del estatuto tributario reconoció como impuesto descontable e3736aal(sic) IVA facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, hasta el límite que resulte de aplicar al valor de la operación que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes, la tarifa del impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes. La parte que exceda ese porcentaje constituye mayor valor del costo o del gasto respectivo.
De acuerdo con el numeral tercero del artículo 437-2 del estatuto tributario, quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio Nacional, actúan como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados.
Esta norma fue reglamentada por el artículo 12 del Decreto 1165 de 1996(3), según el cual, “Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del estatuto tributario, en el contrato respectivo deberá discriminarse el valor del impuesto sobre las ventas generado que será objeto de retención por parte del contratante. El contrato servirá como soporte para todos los efectos tributarios.”
La finalidad de la anterior exigencia es hacer efectivo el cumplimiento de la obligación legal de retención, prevista en el artículo 437-2 numeral 3º, de modo que aquélla se practique sobre el 100% del IVA generado en la respectiva operación.
A su turno, el artículo 771-2 ibídem dispuso que para la procedencia de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requieren facturas con los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 6175858 y 6185859 del estatuto tributario Y que tratándose de documentos equivalentes deben cumplirse los requisitos de los literales b), d), e) y g) del artículo 6175862 del estatuto tributario.
De acuerdo con los artículos 616-2 del estatuto tributario, 6º del Decreto 3050 de 1997 y 2 del Decreto 1001 de 1997, no se requiere la expedición de factura o documento equivalente en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial; en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado; en las enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos para el enajenante o arrendador que sea no comerciante; en las operaciones realizadas por cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares del cooperativismo, cooperativas multiactivas e integrales, y fondos de empleados, en relación con sus actividades financieras; por responsables del régimen simplificado; por distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido, en lo referente a estos productos; por prestadores del servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con esas actividades; por quienes presten servicios de baños públicos, en relación con esta actividad; por personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria, en relación con esta actividad; y por personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos de IVA o presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del régimen simplificado.
Las operaciones realizadas con proveedores extranjeros no hacen parte de este listado legal y reglamentario. Por el contrario, el artículo 5º (num. 2º) del Decreto 3050 de 1997 previó que los contratos celebrados con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, constituyen documentos equivalentes a las facturas, y que para la procedencia del IVA descontable se debe acreditar, adicionalmente(6), que se ha practicado la respectiva retención en la fuente.
Al examinar la legalidad de esta norma, la Sala puntualizó que la procedencia del IVA descontable exige la presentación de la factura o documento equivalente a la misma, y que, para el caso de operaciones con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, dicho documento era el contrato celebrado con éstos, porque tales operaciones generan impuesto sobre las ventas, y sólo los soportes del hecho generador permiten que la Administración Tributaria pueda determinar la base gravable o de retención respectiva(7).
Ahora bien, conforme con el artículo 771-2 del estatuto tributario, mencionado párrafos atrás, el contrato, como documento equivalente que es, debería cumplir los requisitos de los literales b), d), e) y g) del artículo 6175862 ibídem; sin embargo, la Sala ha señalado que en virtud del principio de territorialidad de la ley, las personas sin residencia ni domicilio en el país no están obligadas a expedir facturas ni documentos equivalentes en los términos de la ley colombiana, pues el valor probatorio de los documentos otorgados en el exterior es el que le atribuye la ley del país donde se suscriben, siempre que se autentiquen conforme lo exige el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. En concordancia, el artículo 646 del Código de Comercio prevé que los títulos creados en el extranjero se rigen por la ley del país de origen, y gozan de presunción de autenticidad cuando se aducen como prueba, de conformidad con el inciso final del artículo 252 de la legislación procesal civil(8).
Con todo, la interpretación sistemática de las normas mencionadas permite concluir que el contrato con las personas o entidades extranjeras sin domicilio o residencia en el País, es una de las pruebas para la procedencia de los impuestos descontables, puesto que corresponde al documento equivalente a la factura en tales operaciones y sirve de sustento para respaldar aquellos(9).
De acuerdo con lo anterior, la Sala precisó que la realidad negocial puede demostrarse a través de otros medios probatorios que le permitan a la Administración tener certeza de la operación y su cuantía. Por tanto, aunque el contrato es el medio legal idóneo para probar las operaciones con proveedores de servicios extranjeros, ello no le resta valor probatorio a otros documentos como la factura, pues el artículo 5º (num. 2º) del Decreto 3050 de 1997, lo equiparó a ésta última.
En el sub lite, la administración rechazó el IVA descontable declarado en el sexto bimestre de 2002, por $66.804.000, originado en las retenciones practicadas respecto de las operaciones realizadas con los siguientes proveedores:
Proveedor de servicios extranjero Valor factura IVA Retenido - Impuesto decontable
Call & Nicholsan 22.661.016 3.625.752
Call & Nicholsan 31.607.008 5.057.126
Drives & Control Services 26.072625 4.171.626
Locomotiva & Fre 54.650.183 8.744.032
Stewart Lubricants Service Company 44.941.256 7.170.598
Stewart Lubricants Service Company 45.147.181 7.223.542
Stewart Lubricants Service Company 69.521.339 11.123.408
The Brattle Group 55.467.865 8.873.954
The Brattle Group 67.460.144 10.793.623
Total 417.528.617 66.803.661
Estas operaciones aparecen incluidas en la relación de IVA descontable del sexto bimestre de 2002 obrante en los folios 16 a 95 del cuaderno 2, y soportadas con las facturas obrantes a folios 405 a 428 del cuaderno 3.
La aplicación de esta norma por parte del a quo, contrario a lo señalado por la actora en sus alegatos de conclusión, no viola el principio de jurisdicción rogada, que restringe el pronunciamiento del Juez contencioso a lo pedido por quienes ejercen las acciones reservadas a su conocimiento, de acuerdo con el ordenamiento legal que éstos invocan como vulnerado por los actos administrativos, y según los argumentos en que justifican tal vulneración(10).
Es así, porque la ineficacia probatoria de las facturas debido a su falta de traducción, no era un punto extraño a los actos demandados como lo quiere hacer ver la demandante, sino un aspecto planteado desde la vía gubernativa,
según lo muestran los párrafos 4 y 5 de página 13 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, y 1 a 3 de la página 14 (fls. 473 y 474, cdno. 3); por tanto, dicho argumento pudo discutirse a través del libelo, sin que así se hiciera.
A lo anterior se añade que el cuestionamiento al defecto de la prueba documental anteriormente señalado, ataca el fondo de la sentencia y, en esa medida, debió exponerse en el recurso de apelación, a cuyo marco se circunscriben los alegatos de la segunda instancia.
Por la misma razón, no hay lugar a considerar la solicitud de la actora respecto de la consideración de las traducciones adjuntas a sus alegatos de conclusión, pues, como bien lo ha precisado la Sala “no es admisible que tan sólo en los alegatos de conclusión en segunda instancia la actora pretenda subsanar una omisión suya que fue puesta de presente desde la vía gubernativa y que ni siquiera corresponde a alguna de las causales previstas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para decretar pruebas en segunda instancia. Tampoco puede considerarse que la potestad oficiosa del juez, consagrada en el artículo 169 ibídem, tenga por objeto subsanar, mejorar o perfeccionar una prueba que alguna de las partes ha presentado de manera deficiente; su finalidad es esclarecer puntos oscuros o dudosos de la litis. Además, no debe olvidarse que conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De manera que no puede considerarse que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria supla el principio de la carga de la prueba”(11).
De otra parte, al proceso no se allegaron las declaraciones mensuales de retención en la fuente que constaten la liquidación y el pagó el total de los valores retenidos a los proveedores no domiciliados en Colombia, durante el sexto bimestre de 2002. Asimismo, el certificado de revisor fiscal aportado (fl. 329, cdno. 3) no es prueba suficiente para constatar dichos aspectos pues, además de que su mérito se sujeta a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, no contiene las especificaciones y detalles que lleven al convencimiento del hecho que se pretende probar(12).
Por lo demás, en virtud del principio de congruencia de la sentencia y la competencia del juez de segunda instancia, se abstiene la Sala de analizar el argumento relacionado con el enriquecimiento sin causa de la administración, comoquiera que no fue un punto debatido en la demanda.
Igualmente, se estima innecesario ejercer la potestad conferida por el artículo 147 del Código Contencioso Administrativo, pues, de cara al análisis legal anteriormente efectuado y la valoración de los documentos efectivamente aportados para probar el derecho al IVA descontable, no se advierten puntos fácticos o jurídicos que requieran ser dilucidados.
Por último, considera la Sala que la sanción por inexactitud que reclama la apelación de la DIAN, es improcedente, pero no por diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable, como lo indica el Tribunal, sino porque la Administración no discutió la realidad de las operaciones que dieron origen al IVA descontable solicitado por la actora en la declaración del sexto bimestre de 2002, y soportado en las facturas de los folios 405 a 428, ni cuestionó su efectiva liquidación, retención, declaración y pago, como tampoco su valor.
Adicionalmente, no se evidencia ninguna conducta de la contribuyente dirigida a incluir impuestos descontables inexistentes, falsos o desfigurados. El hecho de que las operaciones de prestación de servicios por parte de sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, carecieran de prueba, no implica que el descuento de IVA fuera inexistente o falso, ni que proviniera de operaciones simuladas, que son las conductas sancionadas por el artículo 647 del estatuto tributario(13).
Conforme con lo explicado, se confirmará la sentencia apelada.
1. CONFÍRMASE la sentencia de 31 mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la sociedad Drummond LTDA, contra la Administración de Impuestos Nacionales, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Reconócese personería a los abogados Pedro Enríque Sarmiento Pérez, como apoderado de la demandante, y Jacqueline E. Prada Ascencio, como apoderada de la DIAN, en los términos de los poderes que aparecen en los folios 265 y 339.
(1) Sentencias de 12 de julio de 2007, Expediente 15440, C. P. doctora María Inés Ortíz, y 8 de julio de 2010, Expediente 12741, C. P. Martha Teresa Briceño.
(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, Expediente 14342, C. P. Dra. Ligia López Díaz.
(3) En sentencia de 23 de mayo de 1997, Exps. 7904 y 8414, C. P. Dr. Germán Ayala Mantilla, la Sala anuló parcialmente el artículo 11 del Decreto 1165 de 1996 en cuanto ordenaba que la factura para el IVA descontable cumpliera todos los requisitos de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario. Al respecto, señaló el fallo: “Si el legislador no estableció tal consecuencia no puede la Administración, so pretexto de reglamentar la ley, introducir para efectos de la aceptación del impuesto descontable una condición no prevista en la norma de superior jerarquía cual es la de que la factura se haya expedido por parte del obligado con todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley, y menos condicionar inexorablemente el derecho al descuento, por el impuesto causado o retenido por la operación gravada, a la existencia de la factura, como lo limita en el reglamento… Halla la Sala que al desconocerse el derecho al descuento del IVA facturado por no contener la factura los requisitos que para su expedición por parte del vendedor establece la ley, hecho no atribuible al comprador, se viola los principios de responsabilidad personal y de justicia y equidad previstos en la Constitución Política (arts. 6º y 95) y el mismo espíritu de justicia señalado en el artículo 683 del estatuto tributario. Este último en la medida que al reconocer el impuesto descontable al no darse la condición impuesta en el reglamento y no prevista en la ley, se está exigiendo al contribuyente más de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”.
(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, Expediente 14342, C. P. Dra. Ligia López Díaz.
(8) Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, Expediente 14342, C. P. Dra. Ligia López Díaz.
(10) Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre de 2010, Expediente 16605, C. P. Dra. Carmen Teresa Ortiz.
(11) Sección Cuarta, sentencia de 25 de marzo de 2010, Expediente 1663, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
(12) Sobre los requisitos de contenido del certificado de revisor fiscal, sentencia de 19 de agosto de 2010, Expediente 16750, entre otras.
(13) Sentencias de 29 de agosto de 2002, Expediente 12697, 22 de febrero de 2007, Expediente 15164, 7 de mayo de 2009, Expediente 16846, 12 de febrero y 25 de marzo de 2010, expedientes. 16696 y 16663, respectivamente.