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Timestamp: 2019-01-20 17:15:34
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Ebooks Espa&ntilde;ol: Free ebook sample of "Atribución de competencias por las autoridades judiciales a la PG-ME para actuar fuera de su ámbito competencial-Cataluña" by Antonio José Leal Bernabeu (powered by Smashwords)
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Antonio José Leal Bernabeu
ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES A LA PG-ME PARA ACTUAR FUERA DE SU ÁMBITO COMPETENCIAL-CATALUÑA
ANTONIO JOSÉ LEAL BERNABEU (2015)
Copyright 2018 Antonio José Leal Bernabeu
ISBN: 9780463774212
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La coordinación no significa menoscabo o sustracción de las competencias de las entidades coordinadas, sino información recíproca y homogeneización de los medios y los sistemas para facilitar la acción conjunta, y dicha coordinación se debe ejercer a través de los organismos establecidos al efecto, sean administrativos o Judiciales, pero no mediante la imposición unilateral de autos judiciales en que se ordene a una de las partes a coordinar ponerse a las órdenes de la otra.
Actualmente, algunas autoridades judiciales autorizan/ordenan a PG-ME la práctica de diligencias policiales fuera de su demarcación territorial “en colaboración con” o “auxiliados por” las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes en esa demarcación. Se estudia ese fenómeno junto a la normativa vigente en materia de coordinación policial, para tratar de determinar si se está instrumentalizando a las autoridades judiciales, bien para saltarse los canales de coordinación, bien imponer un criterio de coordinación.
Palabras clave: Coordinación policial, judicial, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Comunidad Autónoma de Cataluña, sistema policial español
Coordination doesn’t mean diminishing or removal of the powers of the coordinated entities but reciprocal and homogenization of media and information systems to facilitate joint action, such coordination must be exercised through agencies established for this purpose, whether administrative or judicial, but not by unilateral imposition of court orders in an order requiring a party to coordinate put to the orders of the other.
Currently, some judicial authorities authorize / PG-ME ordered the practice of police investigations outside its territorial demarcation "in collaboration with" or "assisted by" the Security Forces of the State competent in that district. This phenomenon is studied by the current legislation on police coordination, to try to determine if they are instrumentalizing the judicial authorities in order to skip coordination channels, or to impose coordination criteria.
Key words: Police coordination, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Spanish police system, Catalonia.
ABREVIATURAS (GLOSARIO DE SIGLAS)
CAPÍTULO 1. - ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.2.- REFERENCIA HISTÓRICA AL ORIGEN DEL CUERPO DE MOSSOS D’ESQUADRA
1.2.1- MOSSOS D’ESQUADRA DESDE SU ORIGEN HASTA LA DEMOCRACIA
1.2.2- MOSSOS D’ESQUADRA EN LA TRANSICIÓN
1.2.3.- MOSSOS D’ESQUADRA, DE LA TRANSICIÓN A LA ACTUALIDAD.
1.2.4.- LA PG-ME TRAS COMPLETAR EL DESPLIEGUE: “LA CULMINACIÓN DE UN PROCESO”
1.3.- CONCLUSIONES PARCIALES
CAPÍTULO 2: MARCO NORMATIVO
2.1.- INTRODUCCIÓN
2.2.- NORMATIVA
2.2.1.- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
2.2.2.- L.O. 6/2006. ESTATUTO DE CATALUÑA.
2.2.3.- L.O. 6/85 DEL PODER JUDICIAL.
2.2.4.- L.O. 2/86 DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
2.2.5.- LEY 10/1994, DE LA PG-ME
2.2.6.- REAL DECRETO 769/1987, DE REGULACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL.
2.2.7.- MANUAL DE POLICÍA JUDICIAL DE LA GUARDIA CIVIL
2.3.- CONCLUSIONES PARCIALES
CAPÍTULO 3.- ACUERDOS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN
3.1.- INTRODUCCIÓN
3.2.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVOS: JUNTA DE SEGURIDAD, COMISIÓN, COMITÉ Y SUBCOMISIÓN DE POLICÍA JUDICIAL
3.2.1.- ACUERDOS DE LA JUNTA DE SEGURIDAD DE CATALUÑA DE 17 DE OCTUBRE DE 1994
3.2.2.- PROTOCOLO DE COORDINACIÓN OPERATIVA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
3.2.3.- ACTA DE LA 1ª REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE POLICÍA JUDICIAL
3.2.4.- ACTA DE LA 2ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN POLICIAL DE CATALUÑA
3.2.5.- ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE POLICÍA JUDICIAL DE 5 DICIEMBRE 2008
3.2.6.- ACTA DE LA 5ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN POLICIAL
3.2.7.- ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE POLICÍA JUDICIAL
3.3.- COMISIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL Y COMITÉ TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL. EL PROBLEMA DESDE LA PERPECTIVA DE LOS ORGANOS DE COORDINACIÓN JUDICIAL
3.3.1.- ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE 23 DE OCTUBRE DE 2001
3.3.2.- ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2009
3.3.3.- ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL DE 18 DE FEBRERO DE 2010
3.3.4.- ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014
3.4.- CONCLUSIONES PARCIALES
CAPÍTULO 4.- CASUÍSTICA
4.1.- INTRODUCCIÓN
4.2.- CASOS RELACIONADOS CON JUZGADOS DE TARRAGONA
4.2.1.- NOVIEMBRE 2008 – GESTIONES VINAROZ - DP 2105/2008 JUGADO DE INSTRUCCIÓN E INSTANCIA Nº 1 DE AMPOSTA
4.2.2.- FEBRERO 2009 – ENTRADA Y REGISTRO VINAROZ - DP 2105/2008 JUGADO DE INSTRUCCIÓN E INSTANCIA Nº 1 DE AMPOSTA
4.2.3.- MAYO 2009 - ENTRADA Y REGISTRO CASTELLÓN - D.P. 2144/2008 JUZGADO NÚMERO 3 DE AMPOSTA
4.2.4.- NOVIEMBRE 2009 – SE ATRIBUYE LA INVESTIGACIÓN A GC- DP 3778/2009 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE TARRAGONA
4.2.5.- OCTUBRE 2010 – GESTIONES CASTELLÓN - DP 1103/2010 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE TORTOSA
4.2.6.- ENERO 2011 – ENTRADA Y REGISTRO CASTELLÓN - DP 1853/2010 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE AMPOSTA
4.2.7.- ENERO 2011 – DENEGACIÓN A CME GESTIONES CASTELLÓN - DP Nº 1.173/2009 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE TARRAGONA
4.2.8.- MARZO 2011 – ENTRADAS Y REGISTROS EN DÉNIA (ALICANTE) Y GANDÍA (VALENCIA) - DP 545/2.009 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DEL VENDRELL
4.2.9.- JULIO 2011 – ENTRADA Y REGISTRO CASTELLÓN - DP 698/2011 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE TORTOSA
4.2.10.- JULIO 2011 – DETENCIÓN CASTELLÓN - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE LOS DE AMPOSTA
4.2.11.- MARZO 2012 – GESTIONES CASTELLÓN - DP 434/2009 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE TORTOSA
4.2.12.- SEPTIEMBRE 2012 - ENTRADA Y REGISTRO CASTELLÓN - DP 945/2012 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE AMPOSTA
4.2.13.- OCTUBRE 2012 – DILIGENCIAS ESTIMEN OPORTUNAS EN VALENCIA - D.P. 1205/2010 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE TORTOSA
4.2.14.- MARZO 2013 – GESTIONES CASTELLÓN - DP 1/2009-E JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE REUS
4.2.15.- ABRIL 2013 – ENTRADA Y REGISTRO CASTELLÓN - DP 1051/2012 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM.1 DE GANDESA
4.2.16.- ABRIL 2014 – GESTIONES MÁLAGA - DP 66/2014 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE REUS
4.2.17.- JULIO 2014 – DETENCIÓN EN CASTELLÓN - DP 559/2014 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE TORTOSA
4.2.18.- 2014/2015 – PARTICIPACIÓN EN ECI ESPAÑA/FRANCIA – DP 490/2014 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE LOS DE TARRAGONA
4.2.19.- AGOSTO 2014 – GESTIONES TERUEL - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GANDESA
4.3.- OTROS CASOS
4.3.1.- FEBRERO DE 2011 - GESTIONES LOGROÑO - DP 3621/2009 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE LOS DE LLEIDA
4.3.2.- MARZO 2011 – ENTRADA Y REGISTRO EN SALAMANCA - DP 483/2010 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE PAMPLONA (NA)
4.3.3.- ABRIL DE 2011 – ENTRADA Y REGISTRO SALAMANCA Y MADRID - DP 934/2010 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VIC (B)
4.3.4.- NOVIEMBRE DE 2012 - ENTRADAS Y REGISTROS EN LUGO Y GRANADA - DP 2795/2012 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 01 DE HOSPITALET DE LLOBREGAT (B)
4.3.5.- DICIEMBRE DE 2012- ENTRADA Y REGISTRO MADRID - DP 2867/2012 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SABADELL
4.3.6.- FEBRERO DE 2014 – CÁDIZ - DP 799/2013 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE SAN FELIU DE LLOBREGAT
4.3.7.- FEBRERO DE 2014 – SALIR CATALUÑA - DP 4643/2013–B JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 18 DE BARCELONA
4.3.8.- MARZO DE 2014 - ENTRADA Y REGISTRO EN LUGO- DP 5134/2013 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE LLEIDA
4.3.9.- DICIEMBRE DE 2014-ECI ENTRE UOPJ CS Y MOSSOS DE BALAGUER-DP 469/2014 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE BALAGUER
4.3.10.- DICIEMBRE DE 2014- ENTRADAS Y REGISTROS EN MADRID- DP 990/2014 V JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº4 DE BARCELONA
4.4.- ANÁLISIS DE LA CASUISTICA
La Investigación Policial persigue como fin último aportar los indicios suficientes para que los delincuentes sean juzgados y condenados por los diferentes Tribunales, y es imprescindible para la consecución de tal fin que los investigadores policiales sepan las limitaciones jurídico-legales de sus actuaciones y competencias.
Imprescindible será, también, conocer las limitaciones del resto de los actores con los que se comparten objetivos, pues, partiendo de la base del carácter concurrente del ejercicio de la competencia en seguridad pública, y en atención al oportuno y adecuado respeto a la autonomía de las diferentes esferas de la Administración pública, es inexcusable la lealtad mutua en la intercomunicación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Así, en este orden de cosas, cabe recordar que la coordinación, según la propia Ley 10/1994, de 11 de Julio, de la Policía de la Generalitat y de acuerdo con la jurisprudencia del TC, “no quiere decir menoscabo o sustracción de las competencias de las entidades coordinadas, sino información recíproca y homogeneización de los medios y los sistemas para facilitar la acción conjunta”.
En ocasiones, la Autoridad Judicial se arroga competencias de las que carece, y atribuye a un Cuerpo policial, los Mossos d’ Esquadra, competencias para realizar actuaciones más allá de las competencias reconocidas legalmente. Este Cuerpo policial, por su propia naturaleza, está o debería estar confinado al territorio de la Comunidad Autónoma.
Dichas atribuciones podrían venir dadas en respuesta a solicitudes por parte de dicho Cuerpo policial para justificar y asegurar su presencia y actuación de una forma interesada, saltándose los canales administrativos adecuados para la coordinación, habiéndose constituido como costumbre y aceptado intrínsecamente esta forma de proceder, hasta la actualidad (2015).
Los órganos judiciales no son parte de las herramientas de coordinación existentes entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Públicas y, a menudo, desconocen los protocolos y acuerdos existentes. En otras ocasiones, no estiman oportuno subordinar sus decisiones procesales a acuerdos de carácter eminentemente administrativo.
A través del estudio analítico de la casuística existente, se pretende determinar si existe una astucia por parte del Cuerpo policial autonómico tendente a arrogarse competencias para actuar más allá de su ámbito competencial, y para imponer la forma de coordinarse con quien si es competente. Además, se estudiará la evolución de ese fenómeno, y las posibles fórmulas que podrían emplearse para llevar a cabo una coordinación real, y coherente con el reconocimiento pleno de las competencias propias de cada uno de los intervinientes.
De forma general, se podría describir el asunto a investigar como el análisis de esa coordinación entre Guardia Civil, como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y el Cuerpo de “Mossos d’ Esquadra”, como policía autonómica, cuando se lleva a la práctica en actuaciones que sobrepasan el ámbito competencial, de carácter territorial, de este último Cuerpo.
Si bien existen otros estudios teóricos sobre la distribución de competencias y las formas de coordinación acordadas, también lo es que se han llevado a cabo desde un punto de vista descriptivo y teórico, y en el marco de los acuerdos que hay en vigor en materia de coordinación, sin entrar a valorar y analizar el tema objeto del presente trabajo, que versa más sobre una forma particular de controlar dicha coordinación por una de las partes coordinadas. En este estudio, se pretende dar un salto cualitativo en el análisis concreto de la forma de llevarse a cabo este tipo de actuaciones, en la práctica, y determinar si realmente se está usando el auto judicial para legitimizar actuaciones aparentemente inválidas e imponer una coordinación interesada en forma y fondo, además de analizar la validez/invalidez de dichos extremos.
El objetivo general es estudiar la problemática desde un punto de vista global, analizando la legislación vigente, los distintos acuerdos y protocolos de coordinación existentes, y relacionar la conclusión teórica de cómo se plantea la coordinación, con cómo se percibe, y como se ejecuta en realidad.
El motivo para la elección de este asunto para llevar a cabo la presente investigación es, como se verá más adelante, la vinculación personal y profesional de quien suscribe con el mismo durante el tiempo que ejerció como Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona.
Además, la posibilidad de usar un procedimiento científico de investigación, para confirmar/descartar las sospechas advertidas, con la finalidad de poder determinar los factores esenciales y determinantes de giran en torno a esa coordinación, y la forma de llevarla a cabo, ha supuesto, sin duda alguna, la principal motivación para la elección del tema.
Como limitaciones específicas, sobre la materia de estudio, se imponen las establecidas por el debido secreto profesional y deber de reserva de los conocimientos adquiridos, especialmente en relación a causas judiciales, por lo que deberá guardarse especial cautela en las referencias a investigaciones, salvando los datos personales implícitos en ellas, centrándose por tanto en el asunto sobre el que versan y la redacción concreta de los párrafos habilitantes de la actuación de los Mossos fuera de demarcación.
Tras estudiar la evolución del fenómeno, se tratará de dar una respuesta a las siguientes preguntas, y buscar una fórmula de coordinación coherente con el reconocimiento pleno a las competencias propias de cada Cuerpo para los casos concretos planteados. Si existieran coincidencias en las fórmulas de coordinación para cada caso concreto, a través de un procedimiento inductivo, se tratará de extraer una fórmula general para los futuros casos que se planteen.
Las preguntas hasta ahora planteadas, que pretenden ser contestadas a través de la investigación, son:
¿Pueden actuar los componentes de la “PG-ME” como agentes de la policía judicial fuera de Cataluña?
¿Atribuyen algunas autoridades Judiciales/Fiscales competencias al Cuerpo de Mossos d’ Esquadra para actuar fuera del territorio de la Comunidad Autónoma?
¿Caso de ser así, pueden dichas autoridades atribuirles dichas competencias a través de autorizaciones/órdenes judiciales?
¿Se trata de casos aislados e inconexos, o forma parte de una forma de actuar generalizada? Y caso de ser así, ¿es casual, y a iniciativa propia judicial?, o forma parte de una astucia por parte de la propia “Policia de la Generalitat” para arrogarse competencias de las que carece, a través de autorizaciones judiciales en respuesta a peticiones concretas para llevar a cabo actos no comprendidos entre las funciones y competencias legalmente reconocidas, o incluso para imponer la coordinación según el interés de una de las partes coordinadas, mediante un auto judicial de obligado cumplimiento, mediante la política de los hechos consumados.
A finales de 2010, este Oficial se incorporó a su destino como Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona, Unidad que, siguiendo instrucciones de la Subcomisión de Policía Judicial en el marco de los acuerdos y protocolos vigentes en materia de cooperación policial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la “Policia de la Generalitat”, viene realizando los apoyos a este último cuerpo cuando sus investigaciones sobrepasan su ámbito competencial en lo que a territorialidad se refiere, y requiere de la práctica de diligencias de investigación con relevancia procesal, habitualmente en Castellón y Valencia.
En el cumplimiento de dichos acuerdos de cooperación, observé una serie de incidencias y matices que motivaron una serie de dudas razonables en cuanto al procedimiento de colaboración que se ha estado empleando hasta la fecha, todo ello motivado, principalmente, por los comentarios de aquellos que han ido llevando a cabo la práctica de las mencionadas diligencias.
En los siguientes apartados, se describirá el problema y los objetivos que se plantean para el presente trabajo, que determinan inequívocamente la motivación para su elección, que no es otra que el propio estudio analítico de la casuística existente al objeto de determinar si, realmente:
1.- Existe una astucia para arrogarse competencias para actuar más allá de su ámbito competencial.
2.- Para imponer la forma de coordinarse con quien si es competente, y debe llevar a cabo las actuaciones.
Así como el estudio sobre la evolución de este fenómeno, y las posibles fórmulas que podrían emplearse para llevar a cabo una coordinación real, y coherente con el reconocimiento pleno de las competencias propias de cada uno de los intervinientes.
La posibilidad de usar un procedimiento científico de investigación para confirmar/descartar las sospechas advertidas, ha supuesto, sin duda alguna, la principal motivación personal y profesional para la elección del tema, que será motivo de estudio y análisis, todo ello con la finalidad de poder determinar los factores esenciales y determinantes que giran en torno a esa coordinación, y la forma de llevarla a cabo.
El salto de la problemática al ámbito internacional mediante un salvoconducto judicial, y la ausencia de voluntad de coordinación, decantaron definitivamente mi voluntad hacia la elección de este tema, en la creencia que será de interés.
Otro de los motivos para la elección del tema objeto del trabajo de investigación, es la posibilidad de realizar una autocrítica interna, de carácter constructivo, para determinar qué aspectos pudieran ser mejorables en la coordinación con las policías autonómicas, y unificar criterios respecto al complejo proceso de coordinación.
A modo de ejemplo, en una de las últimas peticiones de apoyo en julio de 2014, respecto a la detención en Castellón de un individuo, extraordinariamente escurridizo, sospechoso de varios robos en el sur de Cataluña investigados por Mossos d’Esquadra, en el auto se autorizaba a:
“…los Agentes de los Mossos d’Esquadra para que se desplacen a la provincia de Castellón con objeto de la búsqueda, detención y presentación del Sr. XXXX. Cuando tales desplazamientos se realicen deberán ser puestos en conocimiento de la Guardia Civil o Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado que le sustituya; así como al Juzgado de Guardia de la localidad afectada; dando oportuna cuenta de ello a este Órgano Judicial” (Auto de 3 de julio de 2014, DP 559/2014, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tortosa).
Mientras que por el conducto interno dimanante del órgano encargado de la coordinación se recibió la siguiente instrucción:
“Adjunto se remite Mandamiento (…) por el que comisiona a personal de CME para realizar gestiones de búsqueda, localización y detención de XXXX por la localidad de Benicarló y adyacentes (…) motivo por el que se solicita persona y teléfono de contacto de su unidad que realice dicha actuación fuera de Cataluña junto a personal de dicha Policía Autonómica.” (Unidad de Policía Judicial Zona de Cataluña, Oficina de Documentación y Análisis Criminal (ODAC), 2014)
Es decir, el juzgado legitima a la policía autonómica a la búsqueda, detención y presentación del individuo fuera de su ámbito competencial, bajo obligación de poner en conocimiento de las FCSE y Juzgado de guardia de la localidad su presencia, y el órgano de coordinación de Policía Judicial mixto entiende que la detención la llevará a cabo (según los acuerdos y protocolos vigentes) la Guardia Civil, en apoyo a la investigación de Mossos, con una pequeña comitiva de Mossos en calidad de observadores, pues son los que conocen de la investigación.
Por otro lado, la realidad del servicio fue la personación de una veintena de agentes de Mossos que, junto a un par de componentes de Guardia Civil de Tarragona, se desplazaron a la localidad antes mencionada a establecer un dispositivo operativo indeterminado y excesivamente amplio.
A los componentes de Guardia Civil, que según los acuerdos y protocolos son los que dirigían el dispositivo, no así desde el prisma judicial, les restó escasa potestad de imponer su criterio, y nula capacidad de decisión, al no entender los agentes de policía autonómica estar sometidos a la jerarquía ni a ninguna obligación de obedecer, llegándose a la situación insostenible de que hasta en dos ocasiones componentes de Mossos detectaron al buscado, en la provincia de Castellón, y lejos de comunicarlo a Guardia Civil, trataron de detenerlo haciendo uso de la violencia, resultando varios de ellos lesionados en tal acto, al resistirse el objetivo a la detención.
En general, tales circunstancias deben ser impedidas en demarcación del Cuerpo, por las consecuencias legales que pudieran acarrear y, en particular, debe regularse de forma inequívoca el procedimiento de actuación. ¿Puede un Juez ordenar, a un componente de la policía judicial autonómica, la detención de un particular fuera de su autonomía? ¿Puede un Juez, ordenar a un particular la detención de otro? ¿Puede ordenar un juez cualquiera de estas detenciones, cuando existe un cuerpo policial competente que puede llevarla a cabo de forma ordinaria? ¿Son adecuadas y coherentes estas preguntas?, es decir, ¿nos interesan realmente las respuestas, o estamos llegando al punto del absurdo?
Abreviaturas (Glosario de siglas).
-. Art.: Artículo
-. BOE: Boletín Oficial del Estado
-. CCACES: Curso de Capacitación para el Empleo de Comandante
-. CC.AA.: Comunidad Autónoma
-. CCPA: Centro de Cooperación Policial y Aduanera
-. CCPC/CCP: Comisión de Coordinación Policial de Cataluña
-. CE: Constitución Española
-. CITCO: Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
-. CGIC: Comisaría General de Investigación Criminal
-. CGPJ: Consejo General del Poder Judicial
-. CME: Cuerpo de Mossos d’Esquadra
-. CNCA: Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista
-. CNP: Cuerpo Nacional de Policía
-. CTCPC: Comité de Coordinación Policial de Cataluña
-. DAO: Director Adjunto Operativo
-. DGGC: Dirección General de la Guardia Civil
-. DOGC: Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
-. DP: Diligencias Previas
-. EAC: Estatuto de Autonomía de Cataluña
-. EPJ: Equipo de Policía Judicial
-. EUROPOL: Oficina Europea de Policía
-. FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
-. FAS: Fuerzas Armadas
-. GC: Guardia Civil
-. GENCAT: Generalitat de Catalunya
-. ISPC: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
-. JEZO: Jefatura de Zona
-. JSC: Junta de Seguridad de Cataluña
-. JSP: Jefatura Superior de Cataluña
-. LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal
-. LO: Ley Orgánica
-. Md'E: Mossos d’Esquadra
-. PG-ME: “Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra”
-. OAC: Oficina de Análisis Criminal
-. RD: Real Decreto
-. SCIC: Sala de Coordinación Interpolicial de Cataluña
-. SIS: Sistema de Información Schengen
-. SPJ: Subcomisión de Policía Judicial
-. SRI/SCI: Sistema de Registro de Investigaciones
-. STS: Sentencia del Tribunal Supremo
-. TAD: Trabajo Académico Dirigido
-. TC: Tribunal Constitucional
-. UCO: Unidad Central Operativa
-. UPJZ: Unidad de Policía Judicial de Zona
-. UOPJ: Unidad Orgánica de Policía Judicial
-. UTI: Unidad Territorial de Investigación
-. UTPJ: Unidad Técnica de Policía Judicial
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Con este capítulo se pretende dar una visión general acerca de la evolución histórica sufrida por el Cuerpo de Policía denominado Mossos d’Esquadra. Como se verá, casi nada tiene que ver el actual Cuerpo de Mossos d’Esquadra con la Sección de Mozos de Escuadra de la que proviene, suprimida varias veces a lo largo de la historia. Por otro lado, se apreciará con claridad el crecimiento exponencial de dicho cuerpo policial, sin freno aparente hasta la actualidad.
Existen numerosas referencias en torno a la antigüedad y los precedentes del Cuerpo policial Autonómico denominado Mossos d’Esquadra, remontando su existencia al siglo XVIII.
Sin ser objeto del presente trabajo analizar la historia, o la antigüedad de dicho Cuerpo, en tanto que tiene poca relevancia para este estudio, su existencia o no ancestral, si es conveniente situar a dicho Cuerpo en el contexto histórico nacional.
Como se ha mencionado, según dictamina el propio Cuerpo en su Página web, y parece estar más o menos aceptado, “Al principio del siglo XVIII aparecen las primeras escuadras de paisanos organizados para mantener el orden, vigilar los caminos y garantizar la seguridad de los pueblos cuando el ejército regular, que entonces se encargaba de la vigilancia, era movilizado” (Generalitat de Catalunya. Departament de Interior. Mossos d'Esquadra, 2011)
No se menciona en esa referencia histórica que “fueron creados por la administración borbónica con el fin de mantener el orden público en sustitución del somatén, y acabar con los reductos de migueletes partidarios del Archiduque Carlos”. (Wikipedia, 2015)
Según un artículo del periódico ABC, titulado “Los tres siglos de Historia de los Mossos d’Esquadra” (ABC.es, 2013) este Cuerpo llegó a contar “con más de un centenar de hombres a finales del siglo XVIII”, hasta que “el general Prim abolió el cuerpo en 1868 y lo sustituyó por la Guardia Civil”.
Según las mismas fuentes (ABC.es, 2013; Generalitat de Catalunya. Departament de Interior. Mossos d'Esquadra, 2011) posteriormente, en 1874, los Mossos recuperarían sus funciones únicamente en el ámbito de las competencias propias de la Diputación de Barcelona, ya que el resto de las diputaciones catalanas no querían hacerse cargo de su mantenimiento. Durante el siglo XX, los Mossos d'Esquadra se mantienen fieles a la Generalitat republicana hasta que, una vez terminada la guerra civil en 1939, el cuerpo es abolido de nuevo.
Tras la guerra civil, en 1950, sería restaurado de nuevo “cuando un decreto del Ministerio de la Gobernación autorizó a la Diputación Provincial de Barcelona a la organización de una sección de Mozos de Escuadra, de disciplina militar, y cuyo cometido consistía en la vigilancia de los inmuebles de la Diputación”. Mozos de Escuadra. (2015, 17 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:54, abril 21, 2015 desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mozos_de_Escuadra&oldid=81483487).
Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, los artículos 148, 149, 150 y su Disposición Adicional Primera darán pie a la creación de un Cuerpo de policía de carácter autonómico con una serie de peculiaridades que, a continuación, se tratará de analizar y exponer.
1.- En el art. 148.1.22 se ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de asumir las competencias en “La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.”
2.- En el art. 149.1.29 se deja constancia, sin lugar a dudas, de la competencia exclusiva del Estado en materia de Seguridad pública, eso sí, sin perjuicio de la posible creación de policías Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
En 1979, un año después de la aprobación de la CE, se aprobaría el Estatuto de Autonomía de Cataluña mediante la Ley Orgánica 4/1979 (Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, BOE nº. 306, de 22 de diciembre de 1979, páginas 29363 a 29370 (8 págs.) Departamento: Jefatura del Estado), en cuyo articulado (art. 13) se regularía específicamente la posibilidad de crear una policía autonómica, bajo el mando de la Generalitat, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.29 quedando reservadas, en todo caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes, documento nacional de identidad, tráfico, armas y explosivos, resguardo Fiscal del Estado, contrabando y Fraude fiscal y las demás funciones que directamente les encomienda el art. 104 de la Constitución y las que les atribuya la Ley orgánica que lo desarrolle.
Ya en este punto se puede observar, con mirada crítica, que se atribuye en el punto 3 “a la Generalidad el mando supremo de la Policía Autónoma (…)” nada habría que alegar a la vista que las funciones encomendadas a la Policía de la Generalidad, en dicho estatuto, serían:
a) La protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público
c) Las demás funciones previstas en la LO a que hace referencia el apartado 1
Competencias que, como se ha visto, en el propio artículo 148.1.22 de la CE se prevé que sean asumidas por la Generalitat.
Llama la atención, no obstante, la redacción del apartado c) que, en principio, aparentemente se estaría refiriendo a una posible Ley Orgánica (la única LO que desarrolla la distribución de competencias de las FCS es la LO 2/86) que regulará la forma de creación de la Policía Autónoma, por interpretación de la última frase del art. 149.1.29 de la CE “en el marco de lo que disponga una ley orgánica” si bien, como se verá, dicha policía y sus funciones acabarán siendo reguladas en 1994 por una Ley Autonómica de desarrollo del Estatuto de Autonomía (Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mossos d'Esquadra» BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1994, páginas 26047 a 26060 (14 págs.) Departamento: Comunidad Autónoma de Cataluña), otorgando amplias competencias a la Policía autonómica.
En 1980, los Mozos de Escuadra fueron transferidos a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 2579/1980 (Real Decreto 2579/1980, de 24 de octubre, por el que se modificaba el Decreto de 21 de julio de 1950 sobre reorganización de la Sección de «Mozos de Escuadra» de Barcelona, publicado en el «BOE» núm. 291, de 4 de diciembre de 1980, páginas 26838 a 26838 (1 pág.)), manteniendo su estructura militar.
Y, en 1983, el Parlamento de Cataluña al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, aprobó la Ley 19/83 (Ley 19/1983, de 14 de julio, por la que se crea la Policía Autonómica de la Generalidad de Cataluña, DOGC núm. 347, de 22 de julio de 1983, páginas 1812 a 1812 (1 pág.) Departamento: Comunidad Autónoma de Cataluña), con un único artículo, por el que se creaba la Policía de la Generalidad de Cataluña-Mozos de Escuadra, con las funciones expuestas en el Estatuto y tomando como núcleo al ya existente cuerpo de Mozos de Escuadra, cuya denominación también adoptaban, no mencionando nada sobre su carácter militar (Será en la LO 2/86, art. 41.2 donde se recogerá explícitamente el carácter civil de las Policías autonómicas: “Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada.”)
Con posterioridad a la constitución del Cuerpo de Mossos d’Esquadra como policía de la Generalitat, eso sí, con funciones muy limitadas, se promulgaría la LO 2/86 sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, BOE nº 63, de 14 de marzo de 1986, páginas 9604 a 9616 (13 págs.) Departamento: Jefatura del Estado) en base a la previsión constitucional de los art. 104, 126, 148.1.22 y 149.1.29.
Al margen de la distribución competencial entre CNP y Guardia Civil, que no es objeto de este estudio, llama la atención que la Ley Orgánica que regula la distribución de competencias entre las diversas FCS, que “debería ser el sustrato legal de las diferentes regulaciones sobre Cuerpos policiales” (Vázquez Araujo, 2002, p. 7) no sea de aplicación directa a la PG-ME en todo su contenido y, según su disposición final 2ª, tan solo tenga carácter supletorio salvo en sus artículos 5, 6, 7 y 8, de aplicación directa por su carácter general.
Según Araujo, la LO 2/86 tendría carácter supletorio para la PG-ME excepto para (pág.7):
Los principios básicos de actuación (art. 5),
Las disposiciones estatutarias comunes (art. 6, 7 y 8),
La regulación de las funciones de los Mossos d ́Esquadra (art. 38),
La integración de mandos de las FCSE y las FAS en la misma (art. 43)
La regulación de la colaboración entre Cuerpos en los casos de requerimiento por la Generalidad y de concurrencia simultánea (art. 46).
Resultándole “desconcertante que el art. 38 de la L.O. 2/1.986 sea de aplicación directa a la Policía de la Generalidad, no aplicable a la Policía del País Vasco y opcionalmente aplicable a la Policía de Navarra, según se recoge en las disposiciones adicionales de la citada Ley.” (Vázquez Araujo, 2002)
Especial referencia merece el apartado 2º del artículo 46 de dicha Ley Orgánica, aplicable directamente a la PG-ME, que no necesita aclaración:
“En el resto de los casos, cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación” (Jefatura del Estado, 1986)
Si, como se ha ido viendo, hasta 1994 las competencias de la Policía autonómica eran las recogidas en el propio Estatuto de Autonomía del 79, y las reflejadas en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/86 sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; con la aprobación de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-<<Mossos d'Esquadra>> se establecerá un punto de inflexión en la distribución de competencias, y es que, como se adelantó en el anterior apartado 1.2.2, de la interpretación conjunta de los artículos148.1.22, 149.1.29, 150.2 de la CE, y su Disposición Adicional Primera, se deduce que Cataluña puede asumir las competencias íntegras en Seguridad pública, a excepción de la que tenga carácter extra y supracomunitario.
Veamos, la disposición adicional primera de la CE afirma que “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” Y que “La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía” y el art. 150.2, la propia Carta Magna faculta al Estado a transferir materias de competencia exclusiva mediante una Ley Orgánica.
Como hemos adelantado, la interpretación conjunta de estos artículos (148.1.22, 149.1.29, 150.2 y la disposición adicional primera) dará lugar a que, independientemente de la competencia exclusiva del Estado sobre la Seguridad Pública en territorio Español, recogida en el artículo 149.1.29, se podrá transferir dicha competencia a ciertas autonomías como Cataluña, País Vasco y Navarra, de acuerdo con los derechos históricos de los territorios forales, asumiendo la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana de forma integral.
Como se verá, esta asunción de competencias no será una transferencia del Estado mediante una LO, si no que será una verdadera atribución mediante una Ley Ordinaria del Parlamento Catalán, la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mossos d'Esquadra»
Marc Cortiella Subirats, en su Trabajo Académico Dirigido en 2009 “La seguridad en Cataluña: perspectiva de futuro para la Guardia Civil” describe este proceso así:
“Mientras fue aprobada la Ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 2/1986 que ofrecía a los cuerpos policiales autonómicos funciones residuales. Con lo cual se producía un bloqueo sistemático de la Junta de Seguridad de Cataluña, máximo órgano paritario entre Estado-Generalitat previsto en el mismo Estatuto de Autonomía, encargado de aprobar las nuevas promociones del cuerpo de los Mossos d‘Esquadra.
No fue hasta el año 1990 cuando la Generalitat consigue firmar con el Ministerio de Interior los acuerdos sobre la delimitación de las funciones entre las FCSE y Mossos d’Esquadra. Un antecedente que muestra la voluntad del gobierno de la Generalitat de hacerse con las competencias de seguridad en Cataluña, mostrando su concepto de sustitución de las FCSE aprobados con anterioridad en el Parlamento catalán.
El gobierno catalán se encontraba en aquel entonces con una resistencia por parte del Estado en reconocer las competencias y autoridad en el ámbito de la seguridad que la Generalitat reconocía como propias.
Por ello el gobierno autonómico espero una coyuntura política mucho más favorable para que sus reivindicaciones dieran un primer paso hacia el nuevo modelo policial catalán.
Fue así como en 1993 con un gobierno de Estado sin mayoría absoluta en el Parlamento, el gobierno central permitió iniciar conversaciones con el gobierno catalán sobre el modelo policial que Cataluña deseaba.
Como resultado de dichos pactos políticos entre gobierno central y autonómico catalán se lleva al Parlamento español el proyecto de ley de la Policía de la Generalitat, en el que se establece el procedimiento a seguir hacía la sustitución de las FCSE. Se llegaba en definitiva a un momento clave puesto que tocaba decidir al gobierno Central su postura, el cual podía escoger entre llevar la ley catalana al Tribunal Constitucional, opción poco válida debido a la coyuntura política de pérdida de mayoría absoluta del Gobierno socialista, o aceptar dicha ley reconociendo al cuerpo de los Mossos d’Esquadra como policía ordinaria e integral de Cataluña.
El gobierno catalán había pues aprovechado un contexto político favorable para iniciar las negociaciones para promulgar la ley de la Policía de la Generalitat, ley ajustada perfectamente al bloque constitucional y apoyada por una unanimidad de las instituciones catalanas.” (Cortiella Subirats, 2009)
Daría lugar a otro trabajo de investigación analizar el proceso y la legalidad de la asunción de la totalidad de las competencias en materia de Seguridad Pública, por parte de la Generalitat, mediante una serie de acuerdos estatales y leyes ordinarias de ámbito autonómico, cuando aparentemente debiera haberse formalizado mediante una Ley Orgánica, o el propio Estatuto, como acabará haciéndose realidad en 2006, y es que, como expuso Albert Gómez Herrero:
“Como cuestión destacable, es preciso señalar que el modelo policial en Cataluña, con un Cuerpo de mozos de escuadra que tiene el carácter de policía ordinaria y general, se ha consolidado a partir de los acuerdos de la Junta de Seguridad y en un marco estatutario y constitucional que, con una lectura tal vez restrictiva, no habría sido posible” (Gómez Herrero, Albert. "La ley catalana del sistema de seguridad pública y el proceso de desarrollo de la policía autonómica." Revista Catalana de Seguretat Pública [en línia], 2006,, Núm. 17 , p. p. 129-161. http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/view/130219 [Consulta: 15-04-15])
A pesar de no entrar a analizar dicho proceso y su legalidad, pues nadie recurrió tales actos al TC, si se considera instructivo y de interés de este trabajo mencionar algunos aspectos de la Ley 10/94. Así, en la exposición de motivos, apartado I, se expone que:
“(…) deben tenerse en cuenta, como precedente histórico inmediato en el ámbito policial, las competencias de la Generalidad republicana, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932, según las cuales el Estado sólo se reservaba la seguridad pública de carácter extra y supracomunitario, dejando al Gobierno catalán todas las funciones de policía y orden interiores.”
Según Albert Gómez Herrero
“Partiendo de este carácter del cuerpo policial autonómico se concretaron sus funciones, si bien la Ley no dividió las funciones del Cuerpo de mozos de escuadra según la clasificación de funciones establecida en la Ley orgánica 2/1986 (propias, en colaboración y de prestación simultánea), sino que se estableció una tipología de las funciones que le corresponden en la que todas ellas tienen la consideración de propias de la Policía Autonómica.” (Gómez Herrero, 2006)
Llegados a este punto, por la complejidad del tema tratado, se considera adecuada la elaboración de una tabla que refleje gráficamente la evolución de las competencias de la PG-ME a lo largo de los años, que se muestra a continuación.
Siguiendo con los hitos importantes, en el contexto histórico del desarrollo del Cuerpo de Policía de la Generalitat, cabe destacar el Acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad de Cataluña, de 17 de octubre de 1.994, sobre funciones y despliegue de los Mossos d’Esquadra. En él, se establecieron los acuerdos de coordinación operativa de los distintos Cuerpos Policiales, hasta el despliegue total de la Policía Autonómica de Cataluña.
En dicha Junta - Órgano máximo de Coordinación - se establecerían tres niveles de coordinación en cascada:
-. COMITÉ DE COORDINACIÓN POLICIAL (CTCPC) (Los representantes policiales son el Jefe Superior de Policía de Cataluña, Comisario Jefe de CME y el General Jefe de la Zona en Cataluña).
-. COMISIÓN DE COORDINACIÓN POLICIAL DE CATALUÑA (CCPC) (Formado por el Comisario General Territorial y Comisario de la División de Investigación Criminal de CME; Comisario Jefe de la UCOT de CNP y Teniente Coronel Jefe de la SIZ de la GC de Barcelona).
-. SUBCOMISIONES para tratar temas concretos.
De tal manera que la capacidad de decisión viene ordenada en sentido descendente desde el Comité, pasando por la Comisión hasta las Subcomisiones. Según Jordi Verger, en su Trabajo Académico Dirigido de fin de CCACES “Delincuencia organizada en Cataluña. Marco competencial de la Guardia Civil, medidas de coordinación e intercambio de información”:
“En este protocolo se crea el Comité́ de Coordinación Policial y, dependiente de éste, la Comisión de Coordinación Policial. De esta comisión depende, a su vez y en lo que respecta al presente trabajo, la Subcomisión de Coordinación Policial de Policía Judicial. Del estudio de los diferentes órganos de coordinación se evidencia una estructura jerárquica y cómo la capacidad operativa es inversamente proporcional a la de decisión, de tal forma que el adecuado funcionamiento de cada uno de los órganos creados puede garantizar una coordinación armónica y efectiva.” (Verger Sans, 2008)
Cada escalón tiene misiones propias; las Subcomisiones operativas fundamentalmente dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad, la Comisión tiene un mayor espectro de actuación para resolver controversias de las Subcomisiones y, a la vez, mayor capacidad de acción al tener capacidad de decisión sobre todas las Unidades desplegadas de cada Cuerpo Policial en Cataluña y por último, el Comité, que responde a las directrices del Gobierno del Estado y Autonomía sobre la Seguridad en Cataluña, con la mayor capacidad de decisión de este modelo de coordinación policial en Cataluña.
Ilustración 1. Estructura jerárquica de los diferentes órganos de coordinación. (Verger Sans, 2008)
A raíz de esos acuerdos, cuya relación con el presente trabajo de investigación será tratada en detalle más adelante, se inició el proceso conocido como despliegue de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra hasta asumir totalmente la competencia integral sobre la seguridad pública de Cataluña.
Ilustración 2. Calendario del despliegue en el territorio por sustitución de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Una explicación muy gráfica del despliegue policial de la PG-ME nos la da Torres Rosal en su trabajo “Coordinación policial entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra en la Zona de Cataluña”.
A caballo del despliegue territorial de los Mossos d’Esquadra, y una vez asumidos los acuerdos inherentes al despliegue territorial, continuación del acuerdo de la Junta de seguridad de octubre del 94, y la competencia integral sobre la seguridad pública de Cataluña, se elaborará la propuesta para lo que sería el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.
En la propuesta de reforma de dicho Estatuto, originalmente, se asumían como propias las competencias sobre la expedición de documentación oficial, incluyendo el pasaporte y los documentos oficiales (competencia del Cuerpo Nacional de Policía), la protección y lucha contra el fraude fiscal y la ejecución del régimen de tenencia y uso de armas, municiones y explosivos, su adquisición con destino a los cuerpos policiales de Cataluña y la expedición de las correspondientes licencias (ambas competencias del Cuerpo de la Guardia Civil) además de incluirse de forma sistemática en todas las delegaciones y grupos de trabajo con policías de otros países en los que participe el Estado.
De esta forma, la pretensión original de este Estatuto fue, como es sabido, la asunción de la totalidad de competencias policiales, por lo que la presencia de otras FCSE en Cataluña ya no tendría ningún sentido.
A continuación se incluye una tabla comparativa entre las funciones pretendidas y las aprobadas, con sombreado de las partes no aceptadas:
Tras la asunción de la totalidad de las competencias que le ha sido posible asumir, sin que de momento la Generalitat haya renunciado a ninguna de las pretendidas, y una vez completado el despliegue territorial a lo largo y ancho de Cataluña, el Cuerpo de PG-ME se plantea nuevos retos.
Verger, en su TAD, ya menciona:
“Resulta importante resaltar de entre los cometidos de la Junta de Seguridad de Cataluña, el intercambio de información en el ámbito internacional. Las unidades de investigación requieren, cada vez más, información de otros países para el esclarecimiento de los hechos delictivos y, en el ámbito de la delincuencia organizada, para determinar las conexiones criminales, el destino de los beneficios económicos o las rutas de las actividades criminales organizadas.
Esta competencia atribuida por el Estatuto de Autonomía de Cataluña a la Junta de Seguridad confiere, en definitiva, un papel aun más relevante en la labor de la coordinación policial.” (Verger Sans, 2008)
Y Cortiella, cuando se plantea en su trabajo el posible modelo policial en Cataluña, expone:
“Los retos con los que se encontrará el cuerpo de los Mossos d’Esquadra a partir de ahora en Cataluña, vendrán mediatizados por la evolución de las demandas ciudadanas en materia de seguridad, por los retos que surjan como consecuencia de la pertenencia a un mundo global donde la inseguridad de los ciudadanos también es y será resultado de los conflictos que tienen su origen más allá del territorio catalán, de las nuevas formas de criminalidad transnacional y de los problemas que afectarán de forma global el conjunto del panorama europeo.
En este sentido el futuro pasa por formar parte necesariamente de las policías europeas y colaborar con ellas (…)” (Cortiella Subirats, 2009)
Ambos prevén, con acierto, cuáles serán los futuros pasos en la asunción de competencias de este Cuerpo Policial de carácter autonómico, pero con amplias aspiraciones, y es que, como ya quedaba reflejado en un artículo titulado La culminación de un proceso: (Sandiumenge, Lali. "La culminació d’un procés." Activitat parlamentària [en línea], 2009, Núm. 17 , p. 46-54. http://www.raco.cat/index.php/ActivitatParlamentaria/article/view/127817 [Consulta: 14-04-15]
“(…) el Plan de Seguridad 2008-2011 define unas políticas públicas de seguridad con el objetivo de reforzar las unidades de investigación, la colaboración con policías de otros países y con organismos de coordinación internacionales, así como en la mejora de la organización interna de los Mossos”. (Traducción propia literal)
Así, si llevamos a cabo un examen superficial, sencillo y comparativo, sin entrar en detalle en el análisis conceptual, de los distintos Planes de Seguridad de Cataluña (Generalitat de Catalunya. Departament de Interior. Mossos d'Esquadra, 2014), desde 2008 hasta la actualidad, buscando en ellos el término “internacional”, obtenemos el siguiente resultado:
En el plan de seguridad 2008-2011 hay tan solo dos coincidencias, una sin interés y la otra inserta en el programa de actuación denominado “Incrementar la lucha contra el Crimen Organizado” para 2009, página 29, consistente en “Incrementar y consolidar las relaciones del CME en materia de colaboración y auxilio policial de carácter internacional”. (Traducción propia literal)
Si hacemos la misma búsqueda en el Plan General de Seguridad de Cataluña para el período 2012-2013, apreciaremos que dicha palabra aparece en 9 páginas del documento, y es mencionada 21 veces inserta en frases como por ejemplo: “promover la proyección internacional, participación en organismos internacionales, colaboración internacional, reclamación al Estado del complimiento del auxilio policial internacional de aquellos temas que son competencia de la PG-ME a Catalunya”, etc.
Si la misma búsqueda la realizamos sobre el documento Plan General de Seguridad de Cataluña para el período 2014-2015, observaremos como dicha palabra es citada ya un total de 43 veces a lo largo de 16 páginas del precitado documento, en todos sus ejes estratégicos inserto en el desarrollo de varios de los objetivos estratégicos que los componen:
-. Eje 1 del Servicio a la ciudadanía
-. Eje 2 de Planificación
-. Eje 3 de Coordinación
-. Eje 4 de Formación y desarrollo
Este detalle, que podría pasar inadvertido, podría interpretarse por sí misma como una muestra sencilla y muy aclaratoria de la perspectiva de futuro de este Cuerpo de Policía autonómico, incluso analizada de forma autónoma e independiente, si bien es conveniente contextualizarla con otros hechos y datos.
Así, en este contexto, si acudimos a los medios de comunicación social para contrastar esta idea, o en búsqueda de noticias que la complementen, nos encontramos que según un artículo de “El Periódico” (Navarro, 2010) de agosto de 2010, titulado “El bloqueo de la Junta de Seguridad supone otro varapalo para el Estatut”, en el seno de la Junta de Seguridad celebrada en marzo de 2009, con la participación de Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Saura, titulares de Interior en sus respectivos ejecutivos ya se “discutió acerca de las responsabilidades que el Estatut otorga a los Mossos d'Esquadra en materia de representación internacional y lucha contra crimen organizado”, sin llegar a un acuerdo, por lo que no se volvió a convocar dicha Junta, que quedó bloqueada.
Según dicho medio:
“Los Mossos –y Saura, en nombre del Govern– quieren que la policía autonómica tenga su silla en la Interpol y la Europol. Algo impensable para Rubalcaba, su equipo y los altos mandos del Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) y de la Guardia Civil.
La reivindicación capitalizó buena parte del encuentro de la última junta. En aquella ocasión se consiguió acordar la creación de una comisión que debía estudiar cómo se puede articular la integración de la policía autonómica en los entes internacionales. El Estatut aprobado en el 2006 ya contemplaba la posibilidad de que de entrada se formalizara la petición, pero entonces no tenía sentido porque no había finalizado el despliegue de los Mossos.
(…) Tanto el Govern como los mandos de los Mossos exigen –ya no solo piden– que la policía autonómica sea el referente del crimen organizado en Catalunya. Y que, en cualquier investigación que trascienda los límites de la comunidad, los interlocutores sean los servicios centrales del CNP y la Guardia Civil en Madrid, y no las unidades judiciales que ambos cuerpos mantienen en Catalunya.
Los Mossos no solo no ceden, sino que, poco a poco, están desempeñando ese papel porque al fin y al cabo son los responsables de la seguridad en Catalunya, lo que requiere cada vez más coordinación con el exterior. Otro ejemplo: los viajes fuera de la comunidad para hacer gestiones. Nada lo impide si un juez comisiona a un mosso a salir, pero la ley no lo recoge explícitamente.”
A tenor de lo anterior, según un artículo de opinión de La Razón del 15 de febrero de 2011 (La Razón.es [03-04-2015]), titulado “Saura exige que los Mossos estén presentes en organismos internacionales” (R.C., 2011) uno de los acuerdos aprobados el 14 de febrero por el Govern es el “Plan de Seguridad de Cataluña 2008-2011 en el que se establecen las directivas, prioridades y criterios técnicos a aplicar o implementar en los servicios policiales. Entre uno de los aspectos incluidos en dicho plan destaca el de reclamar a la Junta de Seguridad la participación de los Mossos d’Esquadra en los organismos internacionales, es decir Europol e Interpol. Así lo manifestó el Conseller de Interior, Joan Saura, en la rueda de prensa posterior a la aprobación y anunció que tramitaría la petición «en las próximas semanas». «El paso siguiente es la internacionalización», instó Saura, ya que, según el conseller hasta ahora se han cumplido tres objetivos claves. El primero: la ampliación de la plantilla de agentes de 15.000 a 18.000. El segundo: la coordinación entre los Cuerpos Policiales. Y el tercero: la implantación de un protocolo anti-terrorista, que según Saura «está funcionando».”
Por otro lado, según un artículo de Europa Press del 17 de febrero de 2011, titulado “El Govern pedirá para los Mossos la competencia exclusiva de la seguridad en aeropuertos y puertos” (Europa Press Catalunya . [Consultado el 14-04-2015]) el entonces conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, anunció en esas fechas que negociaría con el Estado la "asunción exclusiva" por parte de los Mossos d'Esquadra de las competencias en seguridad de aeropuertos y puertos, compartidas con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Según el mismo medio, el conseller también habría reclamado para los Mossos la competencia exclusiva en materia de protección de la naturaleza, y el salvamento marítimo en las costas catalanas.
Al parecer, Puig habría mostrado su interés en “retomar el diálogo con el Gobierno para impulsar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales mediante la Junta de Seguridad”, que no se reunía desde hacía dos años para aquellas fechas, queriendo “dar más relevancia al papel de los Mossos a nivel internacional, reforzando la cooperación con otros países con la presencia en órganos como Interpol y Europol, así como con la incorporación en los tratados de Schengen, en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas de seguridad del Estado".
En la misma línea, el día 26 de marzo de 2011, se publicaría en diversos medios como El Mundo o La Razón una noticia dimanante de la agencia Efe, sobre la petición de Puig de que los Mossos se incorporen a Interpol (Agencia Efe. (26 de marzo de 2011). Puig exige a Madrid que permita a los Mossos d'Esquadra formar parte de Interpol. EL Mundo-POLICIAL . [Consultado el 03-04-2015]).
Al parecer, en una entrevista a dicha agencia habría advertido que los Mossos d'Esquadra no es un cuerpo "folklórico y regional y estrictamente de proximidad", sino que tienen vocación de "policía de Estado” por lo que habría reivindicado su presencia en Interpol y Europol para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo internacional.
En dicha entrevista, al perecer Puig habría sostenido que los Mossos deben ser tratados "como una policía más" del ámbito europeo, por lo que en su opinión había llegado el momento de vencer las "claras resistencias de Madrid" y poder tener una "presencia efectiva" como "miembros de pleno derecho" en las distintas redes de inteligencia internacional, como Interpol, Europol o Eurojust. Según sus palabras "La lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo internacional requieren hoy estar presente en las grandes redes de inteligencia internacional y los Mossos d'Esquadra deben ser tratados como una policía más del ámbito europeo"
En la misma entrevista, Puig avanzaría que se había marcado como objetivo que la Junta de Seguridad, que no se reúne desde hacía dos años, se pudiera volver a convocar en semanas o meses para abordar de nuevo esta petición ya planteada por el Tripartito en 2009 en el seno de la última Junta de Seguridad celebrada
Posteriormente, el 31 de marzo de 2013, vemos como de nuevo se publica en medios de comunicación social (El Mundo; Telemadrid) una nota de prensa dimanante de la agencia Europa Press en la que, bajo el título “El Govern pedirá que los Mossos asuman casi todas las competencias policiales” se explicará que “El secretario general de la Conselleria de Interior de la Generalitat, Josep Martínez, prevé reunirse tras la Semana Santa con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y en este futuro encuentro prevé reclamar nuevas competencias para el Cuerpo de Mossos d'Esquadra.” (El Mundo y Telemadrid.es [Consultado el 14-04-15])
Según informaron a Europa Press fuentes de la Conselleria, la intención era volver a pedir al Ministerio las competencias en materia de extranjería, control aduanero, protección de la fauna y flora, y la seguridad en los puertos y aeropuertos, que ahora recaen en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, para que las desempeñe la PG-ME.
Según el mismo medio:
“En su primera intervención en el Parlament de Catalunya tras asumir el cargo, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ya indicó que la policía catalana <<aspira a ser una policía integral>>, y lo justificaba porque tienen los recursos humanos y medios materiales necesarios, están desplegados en toda Catalunya y tienen la voluntad política.
Asimismo, ya anunciaba que querían "internacionalizar" a los Mossos a través de la presencia en los organismos como Europol e Interpol y estableciendo mecanismos de cooperación internacional, una reivindicación que también se le trasladará al secretario de Estado.”
De nuevo, en enero de 2015, CiU exige al Gobierno que los Mossos puedan combatir el yihadismo al mismo nivel que la Policía y la Guardia Civil exigiendo que se garantice el acceso de los Mossos a "todas la bases de datos policiales" (Agencia EUROPA PRESS, 22 de ENERO de 2015, CiU exige al Gobierno que los Mossos puedan combatir el yihadismo al mismo nivel que la Policía y la Guardia Civil. EUROPA PRESS NACIONAL. [Consultado el 24-01-2015]).
Y, tras la explotación de una operación de peso por parte de la PG-ME contra el terrorismo yihadista, en un momento en el que la lucha contra esta amenaza constituye claramente una prioridad internacional, surge de nuevo la reivindicación en diversos medios citando como fuente a la agencia de noticias EFE quien, bajo el título “El director de los Mossos pide que puedan comunicarse con otros cuerpos internacionales sin intermediarios” (12-04-15) menciona que “el director general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha reclamado que el cuerpo policial catalán pueda comunicarse directamente con otras policías y agencias internacionales, sin que haga falta la intermediación del Estado.” (Antena 3/Noticias/España [Consultado el 15-04-2015])
En línea con lo expresado, durante la realización del presente trabajo (2015), y estando ya prácticamente finalizado, se ha presentado una Pregunta Parlamentaria por parte de DON JOSEP ANTONI DURAN i LLEIDA, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentarlo Catalán (Convergencia i Unió), para su discusión ante la Comisión de Interior del Congreso sobre “UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA QUE LA POLICIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D'ESQUADRA PUEDA PARTICIPAR EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EN LAS BASES DE DATOS POLICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES” con número de registro 190417 de fecha 15 de abril de 2015, plenamente coherente con el análisis que se viene desarrollando sobre el despliegue de la PG-ME hasta la fecha.
Hasta aquí se ha desarrollado cronológicamente la evolución del Cuerpo de Mossos d‘Esquadra, desde su creación hasta el momento presente, proyectando en cierta manera su evolución futura sobre la línea imaginaria que sigue o ha seguido hasta ahora su progreso.
Ilustración 4: Gráfico sobre la base de los objetivos marcados como estratégicos por el mismo Cuerpo de Mossos d’Esquadra
Como se ha ido viendo, el crecimiento del Cuerpo de Mossos se podría calificar como exponencial, no habiendo finalizado en Noviembre de 2008 con la asunción de competencias en materia de seguridad ciudadana en Tarragona, sino que, tras ese primer despliegue, por parte de la Generalitat se han orientado los esfuerzos a legitimar su actividad como “policía de estado”, “Cuerpo de policía Europeo” y, a caballo de lo anterior, a asumir el resto de las competencias policiales que obran en poder del Estado, a través de las FCSE, aún presentes en Cataluña.
Al final del Capítulo se vislumbra una clara intención de proseguir con el despliegue, ahora en el ámbito Internacional, y es que dicha aspiración ha venido siendo reivindicada como legítima al menos desde 2009, una vez concluido el despliegue en Cataluña.
De la coincidencia de las declaraciones en prensa, lo reflejado en los planes de seguridad y lo que recogen las actas de las reuniones de la subcomisión, comisión y comité, se puede concluir que, efectivamente, las aspiraciones de ese Cuerpo incluyen asumir compromisos en el ámbito internacional.
Cabe decir que hasta ahora, desde la perspectiva pública, no se ha percibido la acción de la PG-ME fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, si bien, como se verá en próximos capítulos, esta acción ha existido.
Mención especial requiere el comentario que queda reflejado al final del artículo de “El Periódico” (Navarro, 2010) de agosto de 2010, titulado “El bloqueo de la Junta de Seguridad supone otro varapalo para el Estatut” cuando se pone como ejemplo para legitimar la actuación de la PG-ME internacionalmente los casos referentes a los viajes fuera de la comunidad para hacer gestiones, expresando que “Nada lo impide si un juez comisiona a un mosso a salir, pero la ley no lo recoge explícitamente.”