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Timestamp: 2017-11-21 09:53:12
Document Index: 398219481

Matched Legal Cases: ['Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'artículo 186', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 84', 'artículo 71', 'artículo 290', 'artículo 324', 'artículo 338', 'artículo 321', 'artículo 338', 'artículo 139', 'artículo 150', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 143', 'artículo 342', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 342', 'artículo 127', 'artículo 330', 'artículo 208', 'artículo 127', 'artículo 334', 'artículo 342', 'artículo 337', 'artículo 334', 'artículo 337', 'Artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 71', 'artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 231', 'artículo 337', 'artículo 71', 'artículo 231', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 159', 'artículo 71']

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Domingo, 26 Julio 2015 18:54
Artículo 142 Regulación.-
1. Las actuaciones procesales se practican puntualmente en el día y hora señalados, sin admitirse dilación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, los plazos de la actividad procesal regulados por este Código son por días, horas y el de la distancia. Se computan según el calendario común.
Artículo 143 Cómputo.- Los plazos se computarán:
1. Cuando son por horas, desde el instante en que se produjo el acto procesal, incluyendo las horas del día inhábil, salvo expresa disposición contraria de la Ley.
2. Cuando son por días, a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él.
3. Sólo se computará los días inhábiles tratándose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la Ley lo permita.
4. Salvo lo dispuesto en el numeral 3) para el caso de medidas coercitivas que afectan la libertad personal, cuando un plazo venza en día inhábil, se prorroga de pleno derecho al día siguiente hábil.
5. Los plazos comunes se computarán desde el día siguiente hábil de la última notificación.
Artículo 144 Caducidad.-
1. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la Ley permita prorrogarlo.
2. Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces, serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia sólo acarrea responsabilidad disciplinaria.
Artículo 145 Reposición del plazo.-
1. Cuando factores de fuerza mayor o de caso fortuito, o por defecto en la notificación que no le sea imputable, se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del plazo, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la Ley, a su pedido.
2. La solicitud de reposición del plazo se presentará por escrito en el plazo de veinticuatro horas luego de desaparecido el impedimento o de conocido el acontecimiento que da nacimiento al plazo.
3. La solicitud deberá contener:
a) La indicación concreta del motivo que imposibilitó la observación del plazo, su justificación y la mención de todos los elementos de convicción de los cuales se vale para comprobarlo; y,
b) La actividad omitida y la expresión de voluntad de llevarla a cabo.
Artículo 146 Subsidiariedad.- El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de previsión legal o por autorización de ésta.
Artículo 147 Renuncia de plazos.-
1. Los sujetos procesales podrán renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor, por manifestación expresa.
2. Si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todas las partes y la aprobación del Juez.
Artículo 148 Término de la distancia.-
1. El término de la distancia se computa teniendo en cuenta la sede geográfica, y el medio de locomoción utilizable y disponible para el caso concreto.
2. La Corte Suprema de Justicia de la República elaborará el cuadro correspondiente.
Lunes, 22 Junio 2015 17:22
“[…] Ha quedado demostrado que el Fiscal Miguel Wesly Astete Reyes al exigir al abogado defensor que venga con firma del imputado para admitirle su apersonamiento y otras peticiones, ha vulnerado los derechos de la defensa técnica, a pesar que en la Carpeta Fiscal obra la manifestación del imputado con participación del abogado que formula la presente tutela. Por tanto, el cuestionamiento hecho por la defensa del imputado, tiene lugar en la manifiesta vulneración al derecho de defensa del imputado Jhon Chosec Choque. Aclárese que el imputado puede hacer valer por sí mismo, o través de su abogado defensor”. Base Legal: Const.: Art. 139.14º; NCPP: Arts. IX, 71.1º, 71.2º, 71.4º, 84º; LOPJ: Art. 290º
CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO
EXPEDIENTE : 1139-2010-34
JUEZ : REYNALDO OCHOA MUÑOZ
MINISTERIO PÚBLICO : FISCALÍA DE TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL DE CUSCO
IMPUTADO : JHON CHOSEC CHOQUE
AGRAVIADO : ROBIN SEUNG HOON LEE
ASISTENTE : NAYDA CASTILLO CRUZ
Cusco, veintinueve de octubre Del año dos mil diez
LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
El doctor Hans Berly Ríos Mostajo, Abogado Defensor Público en representación del imputado Jhoan Chosec Choque con fecha veintidós de octubre del dos mil diez, presenta solicitud de tutela de derechos contra el doctor Miguel Wesly Astete Reyes en calidad de Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Turismo y Patrimonio Cultural del Cusco, argumentando que en fecha ocho de septiembre del presente año participó activamente en la manifestación de su defendido y que en fecha cinco de octubre del año en curso, se apersonó a la investigación en sede fiscal, siendo que con fecha siete de octubre del dos mil diez mediante providencia 012010, el fiscal señala que “previamente venga con la firma de su patrocinado”, por lo que en fecha doce de octubre del dos mil diez solicitó al Ministerio Público reconsidere su decisión y se le tenga como apersonado en patrocinio del imputado, habiendo el Fiscal declarado improcedente lo solicitado. La audiencia pública de tutela de derechos se realizó en el día de la fecha veintinueve de octubre del dos mil diez en la Tercera Sala de Audiencias de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Cusco, con la presencia de la abogada Defensora Pública Gloria Diana Escalante Aedo, designada por la Defensoría Pública del Cusco para participar en dicha diligencia y el Fiscal Adjunto de Turismo doctor Miguel Wesly Astete Reyes, habiendo el juez diferido la decisión por resolución escrita.
1.1. Con fecha veinte de septiembre del dos mil diez, el doctor José Manuel Mayorga Zarate Fiscal Provincial
Titular de la Fiscalía de Turismo, dictó disposición de formalización de investigación preparatoria contra Jhon Chosec Choque, por el delito de hurto agravado sobre bienes que forman el equipaje de viajero en grado de consumado tipificado en el artículo 186º, 5° del Código Penal en agravio del turista Brasileño Robin Seung Lee, argumentando que el día 4 de setiembre de 2010 el turista brasilero ROBÍN SEUNG HOON LEE arriba a la ciudad del Cusco y a horas 21.30 se hospeda en el hospedaje Qoñy Wasi ubicado en la calle Tigre N° 124. El día siguiente 5 de setiembre de 2010, sale en un tour hacia la Ciudadela de Machupicchu dejando su mochila de viaje al encargado del hospedaje JHON CHOSEC CHOQUE a quien además le comunica que en uno de los compartimientos estaba su celular Black Berry, indicando el encargado que no había problema que ahí nada se perdía. Retornando el turista el mismo día a horas 21.45 aproximadamente solo para recoger
su mochila del hospedaje, por cuanto un taxi lo esperaba para inmediatamente llevarlo al Terminal Terrestre del Cusco y tomar el bus de la empresa Universal con rumbo a Puno, en el interior de dicha unidad se percató que su celular Black Berry no estaba en ninguno de los compartimientos de su mochila. Razón por la que el día 8 de setiembre de 2010 al retornar de su viaje a la ciudad de Cusco, a horas 07.45 el turista se apersonó a la tripulación policial de la móvil YO-8350 de servicio en la Plaza de Armas denunciando que fue víctima de Hurto de su celular modelo Black Berry de color negro N° (11) 71215205, valorizado en US$ 250.000 doscientos dólares americanos en el hospedaje Qoñy Wasi. Inmediatamente se realizó la constatación con presencia Fiscal en el hospedaje antes mencionado, donde el nochero JHON CHOSEC CHOQUE reconoce haber cogido el celular del turista, que ya lo había vendido, empero facilita su recuperación, constituyéndonos rápidamente en el Centro Comercial El Paraíso donde llegamos al stand K-10 atendido por JAMES JOSIP TORRES JORDÁN, quien colaboró en la recuperación del aparato que ya había sido vendido a un tercero.
1.2. Con fecha ocho de septiembre dos mil diez, se recibió la manifestación del imputado Jhon Chosec Choque, donde participó activamente el abogado Defensor Público Hans Berly Ríos Mostajo, lo cual ha quedado acreditado en el debate por la misma información proporcionada por el señor Fiscal a cargo del caso.
1.3. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diez, el Defensor Público en calidad de abogado que participó en la manifestación del imputado se apersonó a la Fiscalía.
1.4. Con fecha siete de octubre del dos mil diez, el Fiscal Miguel Wesly Astete Reyes mediante providencia número uno dispuso que al abogado defensor público previamente venga con la firma del patrocinado.
1.5. Con fecha doce de octubre del dos mil diez, el defensor público del imputado solicitó reconsidere el Fiscal su decisión y se le tenga por apersonado a fin de no recurrir vía jurisdiccional en vía de tutela.
1.6. Con fecha veintidós de octubre del dos mil diez, el Fiscal Miguel Wesly Astete Reyes, mediante providencia número dos declara improcedente lo solicitado por el defensor público.
2. La tutela de derechos en el Nuevo Código Procesal Penal
2.1. El artículo 71.4º del Código Procesal Penal del 2004 –en adelante CPP- prescribe que “cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones (artículo 71.2º), o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan”. Como se advierte, la audiencia de tutela tiene un alcance amplio de protección de los derechos de imputado reconocidos en la Constitución y las leyes, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso (artículo 71.1º).
2.2. La audiencia de tutela de derechos en principio está dirigido a la protección efectiva de los derechos del imputado descritos -de modo enunciativo- en el propio artículo 71.2º, como son los siguientes: a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.
2.3. En adición a la protección contra la vulneración de los derechos al interior del proceso antes anotados, nada obsta que cualquier otro derecho fundamental, sustantivo o procesal reconocido a favor del imputado en la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal o en cualquier otra norma del ordenamiento jurídico nacional o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, también puedan ser protegidos o restituidos en caso sean vulnerados por cualquier órgano oficial de persecución penal, sea Policía Nacional o Ministerio Público como consecuencia de una investigación de naturaleza jurídico penal, ello por tener ambas autoridades determinadas atribuciones coercitivas en la persona y bienes del investigado, tómese como referencia la serie de medidas restrictivas de derechos que pueden disponerse o ejecutarse directamente en situación de flagrancia, sin que medie autorización judicial previa.
En resumen, la audiencia de tutela de derechos necesariamente está conectada o vinculada a la vulneración de los derechos de un ciudadano sobre el que recae una imputación de contenido penal en el contexto de un proceso, entendido en su sentido amplio de cualquier acto de imputación criminal por los órganos oficiales de persecución.
3. Tutela de derechos por vulneración a la defensa en la investigación preparatoria
3.1. Uno de los derechos que la ley otorga al imputado, recogido en el inciso 2° literal c) del artículo 71° del Código Procesal Penal, es precisamente el de ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Este derecho corresponde al derecho de defensa, desarrollado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, al prescribir que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio (Defensor Público) desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que se prepare su defensa; a ejercer su auto defensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado de procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.
3.2. Bajo estos fundamentos, la ley (artículo 84 del Código Procesal penal) confiere al abogado defensor el derecho de (inciso 6) presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. Asimismo (inciso 7) tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, así como para obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento.
3.3. El inciso 1° del artículo 71° del Código Procesal Penal refiere que “El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso”.
3.4. El Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el primer párrafo del artículo 290° regula la presentación de escritos del modo siguiente: “En los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que requiere poder especial con arreglo a ley”. El segundo párrafo de esta norma faculta inclusive al abogado para interponer medios impugnatorios en representación de su cliente sin poder especial.
3.5. En esta línea de ideas, se justifica la relevancia de la tutela de derechos ante la exigencia del Fiscal en requerir al abogado defensor que previamente venga con la firma del imputado o de su patrocinado, lo cual constituye una clara vulneración al derecho de defensa que ha sido desarrollado normativamente en los numerales anteriores.
3.6. GIMENO SENDRA define el derecho de defensa como el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente .
3.7. Según GUZMÁN para que el contradictorio pueda ser realizado satisfactoriamente y para que el derecho de defensa no sea violado, deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el imputado conozca en qué consiste la acusación y cuáles son las pruebas ya constituidas que la confirmarían; b) Que se le reconozca la facultad de buscar las fuentes de pruebas, para su correcta aplicación, el contradictorio exige también la paridad de armas entre la acusación y la defensa, c) Que pueda participar activamente en la formación del material probatorio y cuando se trate de pruebas producidas en instancias anteriores, que pueda realizar un adecuado control sobre ellas. El contradictorio opera en dos niveles distintos: en un primer nivel, como principio para la formación de la prueba; en un segundo nivel, como principio para el control de la prueba ya producida. En fórmulas reducidas, contradictorio para la prueba y contradictorio sobre la prueba .
3.8. Formalizada la investigación ante el Juez de Investigación Preparatoria adquiere mayor exigencia el respeto al derecho de defensa, en la medida que existe una imputación y un imputado claramente individualizado. Si bien es cierto que conforme al artículo 324º del CPP la investigación tiene carácter reservado, ello está pensado para terceras personas ajenas al conflicto jurídico-penal, en tanto que las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados podrán enterarse de su contenido e incluso obtener copia simple de las actuaciones en cualquier momento (inciso 1º). El pleno acceso a la información de la investigación por el sólo hecho de tener la condición de parte, puede ser limitado excepcionalmente, cuando el Fiscal ordene que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación (inciso 2º). Fuera de la reserva excepcional y perentoria de un determinado acto indagatorio por razones objetivas de eficacia, se reconoce el ejercicio del derecho de defensa para todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala (artículo IX.1º del CPP).
3.9. La forma y oportunidad del ejercicio del derecho de defensa en la investigación, está regulado en el artículo 338.1º del CPP “el Fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizar, salvo las excepciones previstas por la Ley. Esta participación está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no impida una pronta y regular actuación”. La norma hace alusión a que el Fiscal “podrá permitir la asistencia a las diligencias”, lo que supone como antecedente lógico la siguiente secuencia: 1) Conocimiento de la diligencia a través de la oportuna notificación de los sujetos procesales; 2) Presencia del sujeto procesal en la diligencia indagatoria por sí mismo o a través de su abogado; 3) Participación del sujeto procesal en el control de producción de la prueba. No obstante lo expuesto, el Fiscal como director de la investigación preparatoria, antes o durante la diligencia probatoria está facultado para no permitir la asistencia o participación de los sujetos procesales en la misma, cuando existan hechos impeditivos objetivos, razonables y demostrables de su pronta y regular actuación.
3.10. La regla será la asistencia del sujeto procesal en forma directa o mediante su abogado a las diversas diligencias de recolección del material probatorio en la investigación preparatoria tendientes a determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado (artículo 321.1º). Quienes si no los propios actores principales del drama penal compuesto por el imputado y la víctima, los que sin duda tienen mayor legitimidad e interés para obrar en la formación y control de las pruebas tendientes a confirmar o descartar la noticia criminal desde el inicio de la investigación. Por tanto, la limitación a la participación de aquellos en alguna diligencia indagatoria, estará supeditado como lo exige el artículo 338.1º del CPP a que se perjudique objetivamente el éxito de la investigación o que se impida una pronta y regular actuación, lo que será definido en cada caso concreto por el Fiscal, pudiendo la parte afectada con tal decisión acudir vía tutela de derechos al Juez de Investigación Preparatoria para controlar la razonabilidad de tal impedimento, como lo ha hecho el defensor público del imputado por estar recortando el derecho de la defensa técnica por parte del Fiscal a cargo del caso.
4.1. En el caso de autos, ha quedado demostrado que el Fiscal Miguel Wesly Astete Reyes al exigir al abogado defensor que venga con firma del imputado para admitirle su apersonamiento y otras peticiones, ha vulnerado los derechos de la defensa técnica, a pesar que en la Carpeta Fiscal obra la manifestación del imputado con participación del abogado que formula la presente tutela. Por tanto, el cuestionamiento hecho por la defensa del imputado, tiene lugar en la manifiesta vulneración al derecho de defensa del imputado Jhon Chosec Choque. Aclárese que el imputado puede hacer valer por sí mismo, o través de su abogado defensor,
4.2. Por lo expuesto, deberá ampararse el pedido de tutela de derechos al haberse acreditado la vulneración del derecho de defensa del imputado, por consiguiente tratándose de un derecho fundamental reconocido en el artículo 139º, incisos 14º de la Constitución Política del Estado, resulta aplicable la sanción de nulidad absoluta de las providencias fiscales uno y dos de investigación de marras en aplicación del artículo 150º, incisos a) del CPP, por lo que la Fiscalía a cargo del caso deberá proceder conforme a ley tomando en cuenta lo observado en la presente resolución.
FUNDADA la solicitud de tutela de derechos presentada por el doctor Hans Berly Ríos Mostajo en calidad de abogado defensor público del imputado Jhon Chosec Choque, en contra del Fiscal doctor Miguel Wesly Astete Reyes, en consecuencia, DECLÁRESE la nulidad absoluta de las providencias fiscales uno y dos. CONSECUENTEMENTE deberá renovarse y corregirse de acuerdo a ley la petición de apersonamiento y las peticiones hechas por el abogado defensor público del imputado. NOTIFÍQUESE a las partes en sus domicilios procesales.
CONTROL DE PLAZO 4
CONTROL DE PLAZOS:
“[…] Al respecto verificamos que el plazo de la investigación preparatoria concluyo el día 07/06/2011, expidiéndose la disposición N° 03 en la misma fecha, que tiene como finalidad declarar compleja la investigación, ingresado a la mesa de partes del Poder Judicial con fecha 14/06/2011 y notificado a los imputados con fecha 16/06/2011, pretendiendo con ello el ministerio público, justificar la prolongación del plazo de investigación con una declaración de complejidad sin fundamentar los motivos razonables de la misma, apartándose de lo establecido en el octavo fundamento de la sentencia Casatoria N° 02-2008 de fecha 03/06/2008”. Base Legal: NCPP: Arts. 143.2º, 321º, 342.1º, 343.2º, 343.3º; Cas.: 02-2008 - La LIbertad
EXPEDIENTE : 00279-2011-52
MINISTERIO PÚBLICO : SEGUNDO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN HUAURA
IMPUTADO : AGÜERO REYES, MARTIN
AGRAVIADO : EL ESTADO - EMPRESA AGRARIA ANDAHUASI
ESPECIALISTA : BURGOS ALFARO, JOSÉ
DELITO : COHECHO PASIVO GENÉRICO
Huacho, siete de setiembre
VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Determinar si debo estimar la pretensión de control de plazo, efectuado mediante escrito de fecha 10 de junio de dos mil once, por vencimiento de límite temporal en investigación preparatoria.
2.1 Que mediante escrito de fecha 10/06/2011, la defensa técnica de Martín Aguero Reyes, Adolfo Galindo Santiago y Carlos Tapia Cieza, solicita control de plazo, alegando que el día 8 de febrero del año 2011, el representante del ministerio público, mediante disposición fiscal N° 02 de fecha 08/02/2011 dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra sus patrocinados, la misma que tuvo un plazo de 120 días, y que el plazo venció el día 07 de junio del año 2011, en donde a la fecha de presentación de su escrito no han sido notificados con alguna ampliación de investigación.
2.2 Que a la fecha se ha vencido el plazo de la investigación preparatoria, habiéndose excedido incluso en casi dos días, en el que el ministerio público no ha presentado su requerimiento respectivo. Amparando su pretensión en lo dispuesto en el artículo 343 inciso 2 del código penal vigente. Adjuntado a su pretensión copia de la disposición N° 02 de fecha 08 de febrero del año 2010.
Que en autos obra la disposición N° 03 de fecha 07/06/2011, que dispone declarar compleja la investigación preparatoria en la causa seguida contra Adolfo Galindo Santiago, Martín Agüero Reyes y Carlos Cieza Tapia, por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico en agravio de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S..A.A y el Estado. Disponiendo entre otros múltiples actos de investigación.
2.3 Que mediante resolución N° 03 de fecha veintinueve de junio del dos mil once, se resolvió infundado la solicitud de control de plazo, disponiéndose también continuar con la investigación según su estado. Habiendo sido impugnada la referida resolución, mediante resolución N° 08 de fecha 16/08/2011, la Sala Penal de Apelaciones, declara de oficio nula la resolución N° 03 ordenado se emita pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos establecido en la precitada resolución.
III. SOBRE EL PLAZO RAZONABLE
3.1 La primera conclusión que se puede extraer dogmáticamente de la garantía de todo imputado a ser juzgado con celeridad, es la necesidad de que los ordenamientos jurídicos secundarios establezcan con precisión el plazo máximo de duración del proceso penal y las consecuencias jurídicas que resultarán de su incumplimiento, siendo ello expuesto en el artículo 343 numerales 2 y 3 del código procesal penal.
3.2 Por otro lado es pertinente señalar que el proceso penal en su conjunto afecta derechos del imputado por su mera realización, aun cuando no se dispongan medidas concretas de coacción. Es sabido que al ciudadano sometido a investigación penal se le exige tolerar el proceso y cumplir ciertos deberes que le son atribuidos bajo la amenaza de ejecución coactiva. Esto constituye una clara intervención en los derechos o libertades del imputado y sobre los límites temporales de esa intervención también debe decidir el juzgador conforme lo refiere la norma procesal
IV. SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LA SUPERIOR SALA PENAL DE APELACIONESQue oído el audio de la audiencia de fecha 16/08/2011, en síntesis se concluye:
4.1 Notificación efectuada con fecha posterior a la expedición de la disposición que resuelve declarar investigación compleja.
4.2 Que las mismas diligencias efectuadas en la formalización de investigación preparatoria contenida en la disposición N° 02 de fecha 08/02/2011 son las que se reproducen en la declaración de investigación compleja.
4.3 Que según el inciso 2° del artículo 143° del código procesal penal, invocada en la Casación N° 02-2008 LA LIBERTAD, el plazo debe computarse a partir de la notificación. En suma cuenta opera solo cuando se comunica válidamente la disposición a las partes.
V. RAZONES DE LA DECISIÓN
5.1 Que en el caso de autos, se observa que efectivamente el peticionante solicita que se declare fundado su requerimiento de control de plazo, así como se deje sin efecto la complejidad, se deje sin efecto los actos de investigación con posterioridad al día 07/06/2011, se dé por concluida la investigación preparatoria y se ordene que el ministerio público cumpla con emitir el pronunciamiento que corresponda.
5.2 Al respecto verificamos que el plazo de la investigación preparatoria concluyo el día 07/06/2011, expidiéndose la disposición N° 03 en la misma fecha, que tiene como finalidad declarar compleja la investigación, ingresado a la mesa de partes del Poder Judicial con fecha 14/06/2011 y notificado a los imputados con fecha 16/06/2011, pretendiendo con ello el ministerio público, justificar la prolongación del plazo de investigación con una declaración de complejidad sin fundamentar los motivos razonables de la misma, apartándose de lo establecido en el octavo fundamento de la sentencia Casatoria N° 02-2008 de fecha 03/06/2008.
5.3 Por otro lado se verifica que los actos contenidos en la disposición N° 03 de fecha 07/06/2011 que resuelve declarar compleja la investigación, son los mismos actos que se dispusieron realizar en la disposición N° 02 de fecha 08/02/2011 que es la formalización de la investigación preparatoria. Entendiéndose que estos ya fueron postulados con fecha 08/02/2011, sin que el ministerio público haya justificado por qué nuevamente pretende reiterar los mismos actos, y de ser el caso si estos ya fueron realizados durante el plazo de 120 días que señala el numeral primero del artículo 342 del código penal adjetivo, y de haberlos efectuados que razones se lo impidieron.
5.4 Por último debemos tener en cuenta que el artículo N° 321 del texto procesal penal, establece que la investigación preparatoria tiene como finalidad reunir los elementos de convicción de cargo y descargo. Esta situación deberá observar el derecho fundamental al plazo razonable, compartiendo por ello el suscrito el criterio de la Suprema Sala Penal en que toda diligencia razonable no podría ser mayor al plazo máximo establecido en las normas procesales.
6.1 Declarar fundado el pedido de control de plazo efectuado mediante escrito de fecha 10/06/2011.
6.2 Sin efecto la disposición N° 03 de fecha 07/06/2011 que declara complejo la investigación preparatoria, así como los actos efectuados con posterioridad a la misma.
6.3 Dar por concluida la investigación preparatoria debiendo el ministerio público pronunciarse en el plazo de diez días, solicitando sobreseimiento o formulando acusación según corresponda, bajo responsabilidad funcional. Notifíquese.
CONTROL DE PLAZOS: 3
“[…] Como se puede observar, con la emisión de la disposición fiscal N° 02, de fecha veintiuno de mayo del año dos mil nueve, en la que se dispuso el archivo definitivo de la investigación preliminar en contra de Edilberto Vásquez Sánchez, se produjo la sustracción de la materia, respecto al requerimiento de control de plazo, por lo que debe declararse la improcedencia de dicho requerimiento”.
Base Legal: NCPP: Arts. 330.2º, 334.2º, 342.1º, 343.1º; Cas.: 02-2008- La Libertad
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO
EXPEDIENTE : 2009-02272-0-1706-JR-PE-1
JUEZ : WILSÓN MEDINA MEDINA
MINISTERIO PÚBLICO : FISCALÍA CORPORATIVA DE CAYALTI
IMPUTADO : EDILBERTO VÁSQUEZ SÁNCHEZ
AGRAVIADO : RAYMUNDA TORRES MARÍN
ESPECIALISTA : VÍCTOR MONTEZA BASAURI
Chiclayo, veintiséis de mayo Del año dos mil nueve AUTOS Y OIDOS:
Proveyendo el requerimiento de control de plazo, interpuesta por la Abogada defensora del imputado Edilberto Vásquez Sánchez, en la investigación PRELIMINAR, por el presunto delito de hurto, en agravio de Raymunda Torres Marín. Teniendo a la vista el fax de la disposición fiscal de archivo definitivo, de la Fiscalía Corporativa de Cayaltí, de fecha veintiuno de mayo del año dos mil nueve.
PRIMERO: El plazo de las diligencias preliminares es de veinte días. Quien se considere afectado por una excesiva duración de dichas diligencias, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si aquél no acepta la solicitud o fija un plazo irrazonable, el afectado podrá acudir al Juez de la Investigación Preparatoria instando su pronunciamiento, quien resolverá, previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante, como lo establece el artículo 334°, inciso 2), del Código Procesal Penal (CPP).
SEGUNDO: La sentencia Casatoria N° 02-2008-La Libertad, ha precisado que el cómputo de los plazos de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria, propiamente dicha, son diferentes. Así, para las primeras, el plazo legal es de veinte días (artículo 334°.2 del CPP), prorrogables hasta ciento veinte días; para las segundas, el plazo legal es de ciento veinte días (artículo 342°.1 del CPP), prorrogables por sesenta días. La prórroga del plazo es facultad exclusiva del Fiscal, pudiendo ser objeto de un control de legalidad y razonabilidad a solicitud de los sujetos procesales, como lo prevé los artículos 334°.2 y 343°.1 del CPP.
El inicio del plazo de las diligencias preliminares será desde que el Fiscal toma conocimiento de la noticia criminal, sea por denuncia de parte o por denuncia oficial, siempre que el imputado se encuentre individualizado, con prescindencia de la expedición de la disposición fiscal de investigación preliminar. De otra parte, el inicio de la etapa de investigación preparatoria, será desde la comunicación de la disposición fiscal al Juez de la Investigación Preparatoria, tomándose como criterio lo previsto en el artículo 127°.1 del CPP, en el sentido que las disposiciones deben ser notificadas dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas.
TERCERO: La recurrente señala que la disposición N° 01, de fecha veinticuatro de abril del año dos mil nueve, que dio inicio a las diligencias preliminares por el plazo de veinte días, conforme al artículo 330°.2 del CPP, a su vencimiento no se emitió la disposición correspondiente, por lo que con fecha diecinueve de mayo del año dos mil nueve, solicitó dicha disposición, en el sentido de no formalizar ni continuar con la investigación y se disponga el archivo por cuanto –en el supuesto negado- de que el investigado hubiera sustraído los bienes a su cónyuge, tal conducta no era reprimible penalmente, conforme al artículo 208°, inciso 1), del Código Penal.
De otra parte, manifiesta que con fecha veinticinco de mayo, ha sido notificada con la disposición fiscal N° 02, la misma que está fechada el veintiuno de mayo, en la que se dispone el archivo definitivo de la investigación en contra de su patrocinado. Al respecto señala que, no correspondiendo emitirse pronunciamiento de fondo sobre el control de plazo, sin embargo debe exhortarse al representante del Ministerio Público para que en lo sucesivo cumpla con expedir las disposiciones que correspondan en los plazos de ley y que éstas sean notificadas dentro de las veinticuatro horas a que alude el artículo 127°.1 del CPP, puesto que la disposición N° 02 ha sido expedida diez días después del vencimiento del plazo de veinte días e incluso ha sido notificada cuatro días después de expedida. Asimismo, solicita que el Juzgador se pronuncie expresamente sobre el plazo de investigación preliminar que es de veinte días naturales y no hábiles como erróneamente sostiene el Fiscal en el quinto considerando de la disposición N° 02.
CUARTO: Como se puede observar, con la emisión de la disposición fiscal N° 02, de fecha veintiuno de mayo del año dos mil nueve, en la que se dispuso el archivo definitivo de la investigación preliminar en contra de Edilberto Vásquez Sánchez, se produjo la sustracción de la materia, respecto al requerimiento de control de plazo, por lo que debe declararse la improcedencia de dicho requerimiento, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre las pretensiones alegadas en la audiencia de la fecha, sobre todo, en relación al plazo de la investigación preliminar de veinte días que, en opinión del Juzgador, debe computarse en días naturales, como se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 334°.2 y 342°.1 del CPP, máxime si tal criterio ha sido establecido como doctrina jurisprudencial por la Sala Permanente de la Corte Suprema en la Casación N° 02-2008-La Libertad. Por consiguiente, debe exhortarse al representante del Ministerio para que en lo sucesivo cumpla con los plazos legales, teniendo en cuenta que el plazo de investigación preliminar se computa en días naturales.
DECLARAR IMPROCEDENTE, por sustracción de la materia, el requerimiento de CONTROL DE PLAZO, interpuesto por la Abogada defensora del investigado Edilberto Vásquez Sánchez, por el presunto delito de hurto.
EXHORTAR al representante del Ministerio para que en lo sucesivo cumpla con los plazos legales, teniendo en cuenta que el plazo de investigación preliminar se computa en días naturales.
CONTROL DE PLAZO: 1
Lunes, 22 Junio 2015 17:20
CONTROL DE PLAZO:
“[…] La misma Corte Suprema ha señalado y definido que para las diligencias preliminares es suficiente que el fiscal reúna elementos mínimos y realice actos urgentes e inaplazables para establecer si los hechos han existido, si constituyen delitos y asegurar elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas o agentes activos y pasivos del mismo hecho; pero no para realizar o actuar TODOS los demás elementos y medios de prueba que deberán ser materia de actuación o indagación en la propia etapa de investigación preparatoria tras su formalización por ante el juez de garantías. Siendo ello así, tras haberse vencido el plazo inicialmente fijado o haberse cumplido con los fines antes precisados, el plazo se convierte en irrazonable”.
Base Legal: NCPP: Arts. 334.2º, 337.2º, 342.1º ; Cas.: 002-2008 - La Libertad
EXPEDIENTE : 2256 – 2010
JUEZ : DR. CARLOS MERINO SALAZAR.
IMPUTADO : HÉCTOR PONCE DE LEÓN ZELADA
AGRAVIADO : TIENDAS EFE
ASISTENTE : JOSÉ ANTONIO HUAYLLA MARÍN
Trujillo, tres de mayo
EXCESIVA DURACIÓN DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
VISTOS y OIDOS.- el requerimiento realizado por el señor abogado Jorge Tello Ramírez y la defensa que ha hecho de su posición el señor fiscal compareciente a audiencia y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el requirente solicita se dé por agotado las diligencias preliminares y se emita la disposición que corresponda en la investigación que se le sigue a su patrocinado Héctor Ponce de León Zelada; manifestó que el 07 de marzo del presente año se detuvo en situación de flagrancia al investigado y que tras darle libertad, se emitió disposición de diligencias preliminares el 15 de marzo, vale decir 8 días más tarde, en que se fijó el plazo de 40 días, pero sin tomar en cuenta el plazo ya transcurrido desde el 07 de marzo en que se realizaron varias diligencias. Que tomando en cuenta los 40 días desde ésta última data, debería vencerse el plazo el 17 de abril; sin embargo, el Ministerio Público, el 14 de abril, emite nueva disposición en que se prorroga el plazo por treinta días más, para nuevas diligencias; y que con ello se violan criterios de plazo razonable para la investigación a su patrocinado.
SEGUNDO: Por su parte el señor fiscal provincial ha manifestado que sólo están siguiendo los criterios ya establecidos por la Corte Suprema en la Casación 002-2008, en que se señala que la investigación puede llegar hasta los 120 días naturales; que en el presente caso se tratan de dos investigados y que falta determinar si uno de los procesados ha intervenido o no y que por ello han ampliado el plazo de diligencias preliminares por treinta días más, faltándole actuar testimoniales, declaraciones de policías y establecer vigencia de poderes. Que respecto al plazo razonable, ello se refiere a países donde no se han fijado plazos para las investigaciones.
TERCERO: Que, en el presente caso en realidad se trata de establecer si existe la posibilidad de que el Ministerio Público amplíe el plazo que el mismo se ha fijado para realizar sus diligencias preliminares, en virtud de lo expuesto en el artículo 334°.2 del Código Procesal Penal. El señor abogado ha manifestado que ello no es posible en virtud de una interpretación sistemática del código adjetivo, en el sentido que la norma no lo autoriza expresamente, como en el caso del artículo 342°.1 del mismo, cuando de la investigación preparatoria se trata. Considera que el fiscal ha hecho uso de la prerrogativa que le da la ley de fijar plazo distinto al legal y que allí se agota su posibilidad de señalar plazo de sus diligencias preliminares. Por su parte el señor fiscal ha hecho una interpretación in extenso de la Casación 002-2008, para concluir que podía haber usado hasta 120 días y que si solamente ha señalado 40 iniciales y ahora prórroga a 30 días más, está dentro de ese margen de tiempo .
CUARTO: Que, tras el análisis de sus dichos y las citas legales y jurisprudenciales que han hecho, debemos partir por señalar que, legalmente lo afirmado por el señor abogado de la defensa es cierto. O sea, es verdad que el Código Procesal Penal ha hecho serio distingo no sólo entre el plazo de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, sino también en las prerrogativas y posibilidades de ampliación o prórroga de dichos plazos; de forma que en principio es válido afirmar que la ley (Léase: CPP-2004) no faculta al fiscal a ampliar el plazo legal o fiscal que impone la norma o su propia decisión, según la complejidad, características y circunstancias del hecho que investiga a nivel de diligencias preliminares. Pero es válido en este caso analizar los argumentos por los cuales el Ministerio Público considera que si puede hacer ello. Parten de sus facultades constitucionales de persecución del delito, de titulares de la acción penal y, añade esta judicatura, del hecho de que, en ningún otro momento del proceso penal, el Ministerio Público tiene mayores facultades que en las diligencias preliminares, pues en la investigación preparatoria y etapa intermedia, ya ha cedido el control de garantía de la legalidad y del respeto de los derechos fundamentales, al juez de garantías. En tal virtud, como amo y señor de la investigación, debería pensarse que estando dentro del marco que habría señalado la Corte Suprema, tendrían latas facultades para ampliar sus propios plazos hasta dicho límite.
QUINTO.- Que, sin embargo y pese a lo expuesto en el considerando anterior, existen otras consideraciones a tomar en cuenta en esta decisión. Veamos: en primer lugar, la casación aludida , se encuentra expedida dentro del marco de discusión de si el plazo de las diligencias preliminares son los mismos de los de la investigación preparatoria, en virtud de la ambigua referencia del artículo 337°.2 CPP. Además, debe considerarse que dicho caso se originaba en proceso que estaba en etapa de investigación preparatoria y no de diligencias preliminares como en el presente caso; y en realidad concluía que en el caso de que el fiscal haya optado por un “plazo distinto”, conforme a su facultad del artículo 334°.2, dicho plazo no podía exceder del plazo máximo de la investigación preparatoria. Esa es una de las conclusiones de la corte suprema en dicho caso .
SEXTO.- Que, por ende queda claro también para esta judicatura lo que la misma casación aludida ha señalado en su décimo primer considerando, que se tratan de plazos distintos, tanto el que se refiere al plazo legal y el facultativo del fiscal (uno) y el de investigación preparatorio (otro), refiriéndose la norma del artículo 337.2 primer párrafo, más en estricto, a la irrepetibilidad de diligencias en ambas etapas, más que a unión de plazos; máxime cuando se ha establecido gran distinción entre las finalidades de ambas etapas. Queda claro también con esta afirmación de la corte suprema que el señor fiscal no puede distinguir entre el plazo legal y el facultativo (el que él mismo tiene de señalar plazo distinto), sino que puede optar por cualquiera de ellos. Si se trata de un proceso común, sin mayor complejidad, circunstancias o características especiales, entonces el plazo automático, por señalarlo así la ley, será el plazo legal (20 días). Por el contrario, si se dan las causales establecidas, entonces hace valer su facultad de señalar plazo distinto en razón de dichas características, circunstancias o complejidad del caso, pudiendo señalar, allí sí, como lo señala la Corte Suprema, hasta un plazo que no podrá exceder el que tomará para su investigación preparatoria. Pero nunca podrá hacer uso de ambos plazos, el legal y el facultativo en el mismo caso. Y si ello es así, mucho menos podrá ampliar el plazo que él mismo se fijo, aún cuando este se encuentre dentro del plazo máximo de la investigación preparatoria; pues no sólo se trata de la violación a un plazo razonable, sino al del principio de legalidad, pues como se afirmó líneas antes, no existe jurídicamente dicha facultad.
SÉTIMO.- A mayor abundamiento, en el presente caso, ni siquiera se ha establecido las circunstancias, características y complejidad a la que alude la norma siquiera para que el fiscal se haya fijado plazo distinto, en desmedro del plazo legal. Veamos, a la pregunta de la judicatura sobre dicho extremo, el señor fiscal dijo que el delito era uno de Hurto Agravado, y que las circunstancias de agravación de la conducta de hurto eran porque fuera de noche y con el concurso de dos o más personas. Resulta obvio de dicha afirmación que el delito investigado no es uno complejo, ni mucho menos, se trata de proceso común y más cuando las circunstancias de agravación se refieran a elementos de fácil comprobación, pues bástese que se denuncie que el hecho habría ocurrido de noche, para estar dentro de dicho agravante; igual para el caso del concurso de más de dos o más personas. O sea, no se necesita de mayor plazo para investigar un delito tan común, donde no aparece circunstancias que amerite, siquiera el plazo distinto que el propio fiscal se fijó. Amén de que dichos elementos se toman en cuenta para el señalamiento de dicho plazo en sí y no para su prórroga no prevista legalmente.
OCTAVO.- Respecto del plazo razonable.- no es verdad lo afirmado por el señor fiscal temerariamente en el sentido que dicha institución es para casos donde no existen plazos de investigación. En realidad, el plazo razonable alude a criterios que van más allá de los propios plazos fijados, que se ampara en criterios de humanidad y de respeto a los derechos fundamentales de la persona, fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, el plazo puede estar fijado. Puede ser legal, judicial o fiscal y jurídicamente válido, pero si los fines de la investigación o actuación del Estado se han logrado antes del vencimiento de dichos plazos, entonces aún cuando falte vencerse el fijado, el plazo dejará de tener razón de ser, pues no existe motivo para mantener dicho estado y pasarse al siguiente, que en este caso sería el de formalizar la investigación.
NOVENO.- Peor aún, no podemos dejar de lado que los fines de cada etapa definen el plazo razonable aludido en el considerando anterior. La misma corte suprema ha señalado y definido que para las diligencias preliminares es suficiente que el fiscal reúna elementos mínimos y realice actos urgentes e inaplazables para establecer si los hechos han existido, si constituyen delitos y asegurar elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas o agentes activos y pasivos del mismo hecho; pero no para realizar o actuar TODOS los demás elementos y medios de prueba que deberán ser materia de actuación o indagación en la propia etapa de investigación preparatoria tras su formalización por ante el juez de garantías . Siendo ello así, tras haberse vencido el plazo inicialmente fijado o haberse cumplido con los fines antes precisados , el plazo se convierte en irrazonable.
POR ESTAS CONSIDERACIONES, en aplicación de los dispositivos antes invocados: SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FUNDADO el Requerimiento de control de plazo solicitado por la defensa técnica de don Héctor de Ponce de León Zelada.
2.- DISPONGO que el señor fiscal en la fecha de por concluidas sus diligencias preliminares y, posteriormente, emita el pronunciamiento que le respecta, tal cual el estadio del proceso.
ACUERDO PLENARIO N° 4-2010/CJ-116 Fundamento: Artículo 116 TUO LOPJ Asunto: AUDIENCIA DE TUTELA
Martes, 28 Julio 2015 21:58
ACUERDO PLENARIO N° 4-2010/CJ-116
Asunto: AUDIENCIA DE TUTELA
Las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada mediante Resolución Administrativa N° 165–2010P–PJ, y a instancias del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VI Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ–, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
En dicha audiencia con relación al tema que aborda el presente Acuerdo sustentaron su ponencia los señores Mario Rodríguez Hurtado –en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal– y Frescia Sisi Villavicencio Ríos –en representación de la Escuela de Formación Procesal Penal Garantista –Huaura–, las mismas que se tuvieron en cuenta para la discusión del presente Acuerdo Plenario. Es así como fi nalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la fi nalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.
3. La tercera fase del VI Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión y formulación de los acuerdos plenarios cuya labor recayó en los respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los siete temas. Esta fase culminó el día de la sesión plenaria realizada en la fecha con participación de todos los jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria” interviniendo todos con igual derecho de voz y voto.
4. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Interviene como Ponente señor PRÍNCIPE TRUJILLO.
El artículo 71 del NCPP prevé los derechos del imputado y, específi camente, en el apartado cuatro regula la denominada “Audiencia de tutela”. Esta fi gura legal está prevista en la Sección Cuarta
“El Ministerio Público y los demás sujetos procesales”, Capítulo Primero “El imputado”, Título II “El imputado y el abogado defensor” del Libro Primero “Disposiciones Generales” del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–.
Prescribe la citada norma que: “1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso (...) 4. Cuando el imputado considere necesario que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes”.
6. Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran incluidos en la Constitución Política como norma constitutiva y organizativa del Estado que son considerados como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del Ordenamiento Jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías –de tutela y reforma–.
Es así que el reconocimiento y la preocupación por la plena vigencia de estos derechos son acontecimientos que cuentan con una relevancia trascendental, pues los mandatos de la Constitución adquieren una gran infl uencia, no solo porque ocupa la posición de primer nivel en el ordenamiento jurídico –artículo 138, segundo párrafo– sino porque materialmente en el proceso penal los derechos en confl icto son fundamentales, de relevancia constitucional, al estar integrados el derecho de punir que corresponde al juez –artículos 138 y 139.10 de la Constitución– con los derechos del imputado que también están protegidos constitucionalmente –artículo 139.14– [SAN MARTÍN CASTRO, César. (2003) Derecho Procesal Penal. 2ª Ed. Linfa, Grijley E.I.R.L., p. 79].
7. De lo expresado en el fundamento jurídico precedente se desprende que la Constitución, especialmente en su artículo 139, ha reconocido un conjunto de derechos y principios procesales del que se derivan un conjunto de consecuencias en orden tanto a los derechos y garantías de los justiciables, cuanto a los límites de los poderes públicos. En este orden, es que la Constitución ha incorporado un conjunto de garantías genéricas y una extensa relación de garantías específi cas que tienen que ver con una vasta relación de cláusulas de relevancia constitucional que defi nen los aspectos de la jurisdicción penal, la formación del objeto procesal y el régimen de actuación de las partes.
8. Las garantías procesales genéricas son aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. En ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específi cas. Su valor se acrecienta cuando se amparan en ellas garantías concretas que, por la circunstancia que fuere, no quedaron incluidas de modo expreso en la Constitución. Estas son: i) El debido proceso (artículo. 139 inciso3).
ii) El derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 139 inciso 3). iii) El derecho a la presunción de inocencia (artículo 2 inciso 24. “e”).
iv) El derecho de defensa (artículo 139 inciso 14).
9. La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no solo del legislador procesal sino de toda actuación de los encargados de la persecución penal, y de las personas que de una u otra manera se ven vinculadas a un caso penal. Esta afi rmación implica un deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal, lo que no signifi ca la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos, en la medida que tales derechos son relativos y no absolutos. Por ello, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales de los procesados no es incompatible con el deber de los jueces de determinar, dentro de un proceso penal debido, la responsabilidad penal del imputado [STC N° 9081-2006-PHC/TC, del 1 de junio de 2007].
§ 2. La audiencia de tutela. Alcances
Los derechos fundamentales deben gozar de mayor protección y por ello es que a nivel procesal la Audiencia de tutela es uno de los principales aportes del nuevo sistema procesal. Los derechos protegidos a través de esta Audiencia son los que se encuentran recogidos taxativamente en el artículo 71 del NCPP. Son los siguientes: (i) conocimiento de los cargos incriminados, (ii) conocimiento de las causas de la detención, (iii) entrega de la orden de detención girada, (iv) designación de la persona o institución a la que debe avisarse de la detención y concreción inmediata de esto, (v) posibilidad de realizar una llamada, en caso se encuentre detenido, (vi) defensa permanente por un abogado, (vii) posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado, (viii) abstención de declarar o declaración voluntaria, (ix) presencia de abogado defensor en la declaración y en todas las diligencias que requieran su concurso, (x) no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad, (xi) no sufrir restricciones ilegales, y (xii) ser examinado por un médico legista o por otro profesional de la Salud, cuando el estado de salud así lo requiera. En salvaguarda de su efectiva vigencia, de esta audiencia de tutela pueden emanar resoluciones judiciales que corrijan los desafueros cometidos por la Policía o los Fiscales, así como también protejan al afectado.
La fi nalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el Juez de la Investigación Preparatoria se erige en un Juez de Garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específi camente en el artículo 71 del NCPP, responsabilizando al Fiscal o a la Policía del agravio. En otras palabras, su fi nalidad esencial consiste en que el Juez determine, desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva –que ponga fi n al agravio–, reparadora –que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión– o protectora.
Un aspecto vital que es de destacar es que la tutela de derechos es un mecanismo efi caz tendiente al restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el NCPP, y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción –ya consumada– de los derechos que asiste al imputado. Como puede apreciarse, es un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor efi ciencia y efi cacia que un proceso constitucional de hábeas corpus [ALVA FLORIÁN, César A. (2004) La Tutela de Derechos en el Código Procesal Penal de 2004. Lima, Gaceta Jurídica, p. 13.]
Dicho de otro modo, la Tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado y, a su vez, regular las posibles desigualdades entre perseguidor y perseguido. Esta institución procesal penal es por lo tanto uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función del fi scal, quien deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el Juez de la Investigación Preparatoria. Queda claro entonces que en el nuevo modelo procesal penal es fundamental la idea de control en el ejercicio del ius puniendi estatal.
En este sentido, aquellos requerimientos o disposiciones fi scales que vulneran derechos fundamentales constitucionales pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el NCPP ha establecido en varios casos mecanismos específi cos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede con las audiencias de control del plazo de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada (artículos 334. 1, 343. 2) o con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas (artículo 231.3). Por ello no es errado afi rmar que la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifi que un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado [RODRÍGUEZ HURTADO, Mario, Ponencia presentada para la Audiencia Pública del VI Pleno Jurisdiccional se las Salas Penales de la Corte Suprema]. En esa misma línea, no podrá cuestionarse a través de la tutela la inadmisión de diligencias sumariales solicitadas por la defensa durante la investigación, pues, para este efecto rige lo dispuesto en el artículo 337.4 del NCPP.
14. Ahora bien, lo expuesto en el fundamento jurídico precedente no signifi ca que el imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de la audiencia de tutela cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fi scal, pues solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71 numerales del 1 al 3 del NCPP. Por lo tanto, aquellos requerimientos o disposiciones fi scales que vulneran derechos fundamentales pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el NCPP ha establecido en varios casos mecanismos específi cos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede como las audiencias de control del plazo de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada (artículos 334.1, 343.2) o con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas (artículo 231.3). Por ello no es errado afi rmar que la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifi que un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado(71).
15. Siendo ello así, el Juez de la Investigación Preparatoria está obligado a convocar a audiencia de tutela si se presenta una solicitud para la tutela del respeto a un derecho fundamental que no tiene vía propia. No obstante, debe de realizar una califi cación del contenido de la solicitud porque eventualmente el agravio puede constituirse en irreparable si se cita a audiencia, por lo que en este caso excepcionalmente puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no está obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie manifi esta intención del imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la fi scalía en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derechos. El Juez, por lo tanto, está habilitado para realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar, cuidando siempre de verifi car cada caso en particular para no dejar en indefensión al imputado.
16. Por otro lado, si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. Es decir, estos actos de investigación podrán quedar viciados o excluidos, según el caso, si se vulneraron derechos fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 71 del NCPP, esto es, si por ejemplo se efectuó su detención sin haberle puesto en conocimiento al imputado de los derechos fundamentales que le asisten, por lo que el Juez en audiencia de tutela dictará las medidas que correspondan de acuerdo a ley.
17. Asimismo, a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente –en los casos en que esta sea la base de sucesivas medidas o diligencias– siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 71 del NCPP. La posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva del reconocimiento
(71) RODRÍGUEZ HURTADO, Mario. Ponencia presentada para la Audiencia Pública del VI Pleno Jurisdiccional se las Salas Penales de la Corte Suprema.
del principio de legitimidad de la prueba –axioma que instruye que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona– que se encuentra establecido en el artículo VII del Título Preliminar del NCPP y de la utilización de la prueba –regulado en el artículo 159 del acotado Código– que establece que el Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Lo anotado hace viable que en la Audiencia de tutela se cuestionen los elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos ilegales o viciosos y que una vez comprobada su ilicitud el Juez determine su exclusión, como medida correctiva o de protección.
Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente acuerdo es el relativo al cuestionamiento de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria a través de la Audiencia de Tutela, es decir, si es posible activar –desde la defensa– una vía de control judicial de la referida disposición fi scal. Sobre el particular y, en principio, debemos descartar esta posibilidad, fundamentalmente porque, como se ha enfatizado, la vía de la tutela solo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. Por lo demás debe quedar claro que la Disposición en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el Juez de la Investigación Preparatoria. Cumple una función esencialmente garantista: informa al imputado de manera específi ca y clara acerca de los hechos atribuidos y su califi cación jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico penal que se dirige en su contra. Además, ya en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que no se haya verifi cado los presupuestos esenciales de imputación. Piénsese por ejemplo en la declaración de atipicidad a través de la excepción de improcedencia de la acción o en la de prescripción ordinaria, si es que antes de la Formalización de la Investigación Preparatoria se cumplió el plazo correspondiente.
En síntesis, es de afi rmar, que la Tutela de Derechos es una garantía de específi ca relevancia procesal penal, que puede usar el imputado cuando ve afectado y vulnerado uno o varios derechos establecidos específi camente en el artículo 71 del NCPP, quien puede acudir al Juez de Investigación Preparatoria para que controle judicialmente la legitimidad y legalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones que generaron el quebrantamiento del derecho de las partes procesales. La vía de tutela judicial solo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha.
21. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 10 al 19.
23. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario ofi cial El Peruano. Hágase saber.