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Timestamp: 2019-04-26 04:58:29
Document Index: 290416859

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 47', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 27']

(Texto publicado en BON 24 de septiembre de 2010)
Artículo 3. Principios generales de los derechos y de los deberes del alumnado.
Artículo 4. Derechos del alumnado.
Artículo 5. Deberes del alumnado.
Artículo 6. Plan de convivencia.
Artículo 7. Medidas de carácter preventivo.
Artículo 8. La mediación: instrumento educativo y método de resolución de conflictos.
Artículo 9. Compromisos de convivencia.
Artículo 10. Reglamento de convivencia.
Artículo 11. Conductas susceptibles de corrección.
Artículo 12. Criterios para la aplicación de medidas.
Artículo 13. Reparación de daños causados.
Artículo 14. Conductas contrarias a la convivencia.
Artículo 15. Medidas educativas de aplicación ante conductas contrarias a la convivencia.
Artículo 16. Procedimiento para la aplicación de medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia.
Artículo 17. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Artículo 18. Circunstancias atenuantes y agravantes.
Artículo 19. Medidas educativas de aplicación ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Artículo 20. Procedimiento ordinario para la aplicación de medidas educativas ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Artículo 21. Continuación de la tramitación del procedimiento ordinario en caso de alegaciones y resolución del procedimiento.
Artículo 23. Procedimiento acordado.
Artículo 24. Archivo de la documentación y cancelación de la anotación registral.
Artículo 25. Implicación y compromiso de las familias.
Artículo 26. Derechos de los padres, madres o representantes legales.
Artículo 27. Responsabilidades de los padres, madres o representantes legales.
Disposición Adicional Primera. Delegación de funciones del Consejo escolar.
Disposición Adicional Segunda. Inasistencia y evaluación final.
Disposición Adicional Cuarta. Responsabilidad social.
Disposición Adicional Quinta. Responsabilidad penal.
Disposición Adicional Sexta. Responsabilidad civil.
Disposición Adicional Séptima. Rescisión de matrícula.
Disposición Adicional Octava. Asistencia de los Departamentos competentes en materia de educación, salud y políticas sociales .
Disposición Adicional Novena. Valoraciones sobre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia .
Disposición Adicional Décima. Especialidades en centros con presencia de alumnado adulto .
Disposición Transitoria Única. Resolución de procedimientos.
Disposición Final Segunda. Planes de convivencia.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , señala entre sus fines el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos y las alumnas, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades, así como la educación en la responsabilidad individual y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Asimismo, el aprendizaje de las competencias básicas, particularmente la competencia social y ciudadana y la competencia de autonomía e iniciativa personal, además de ser aprendizajes imprescindibles para la convivencia en sociedad desde una ciudadanía activa y democrática, contribuyen al desarrollo personal y a la integración social de el alumnado.
De conformidad con lo que establece la Disposición final primera de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, corresponde al Gobierno de Navarra dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación .
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Navarra, a propuesta del Consejero de Educación, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil diez, decreto:
1. El presente Decreto Foral tiene por objeto concretar los derechos y deberes del alumnado, regular la convivencia en los centros educativos y establecer el marco de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas en lo que al ámbito escolar se refiere.
2. Será de aplicación en todos los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra que impartan enseñanzas no universitarias reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación .
1. Son principios básicos del marco normativo regulador de los derechos y los deberes del alumnado y de las medidas educativas de aplicación ante la comisión de conductas inadecuadas para alcanzar una educación de calidad:
1. Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos deberes y los mismos derechos, sin más distinciones que las concreciones derivadas de su edad.
3. Con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra , los alumnos y las alumnas tienen el derecho de conocerlas y el deber de respetarlas.
Los alumnos y las alumnas tienen los siguientes derechos básicos:
a.2) Educación en los valores y principios reconocidos en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra .
c) A ser respetado o respetada.
Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y morales, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 y en la Constitución Española. Este derecho se concreta en:
d) A ser valorado o valorada con objetividad.
Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados con objetividad. Este derecho se concreta en:
e) A participar en la vida del centro.
Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a participar en la vida del centro, tanto individual como colectivamente, en las condiciones establecidas por el mismo. Este derecho se concreta en:
f) A ser educado o educada en igualdad de oportunidades y a la protección social.
Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a la protección social, a la igualdad de oportunidades y a la inclusión en el ámbito educativo dentro del marco legislativo vigente. Este derecho, en el ámbito educativo, se concreta en:
g) A la protección de la salud y a su promoción.
Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a la protección y promoción de su salud. Este derecho, en el ámbito educativo, se concreta en:
h.4) La utilización de un lenguaje no sexista y el respeto por la diversidad de estilos de comunicación como un vehículo clave en la trasmisión de valores de igualdad para el desarrollo de la autoestima y la identidad del alumnado.
c.6) Participar activamente a favor de las personas más vulnerables, de quienes puedan sufrir acoso escolar, respetando, defendiendo e integrando a cualquier posible víctima y colaborando en las medidas que el centro establezca a través del protocolo "antibullying" incluido en su Plan de convivencia.
1. Todos los centros educativos objeto de la presente norma deben elaborar su Plan de convivencia, que estará incluido en el Proyecto educativo del centro.
En el caso de centros que impartan enseñanzas con arreglo a distintos modelos lingüísticos y compartan instalaciones, deberán elaborar de forma conjunta su Plan o Planes de Convivencia, incluyendo en cualquier caso medidas y actividades que favorezcan la convivencia del alumnado y comunidad educativa de los distintos modelos .
6. Dentro del Plan de Convivencia, cada centro incluirá un protocolo de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el que se especifiquen las normas relativas al uso seguro de dichas tecnologías, las condiciones de utilización de dispositivos, en su caso, y las normas referentes a la gestión de la información escolar en red .
Las medidas de carácter preventivo que pueden ser aplicadas son las siguientes:
5. Coordinación entre el centro, las familias y las instituciones publicas competentes para la adopción de medidas preventivas y educativas, especialmente cuando en los alumnos y las alumnas concurran circunstancias familiares, personales o de otro tipo, que puedan incidir en actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
7. En los centros en que se impartan enseñanzas con arreglo a un solo modelo lingüístico, entre las medidas educativas a coordinar con las familias e instituciones en los términos del apartado 5 se incluirán necesariamente algunas que permitan al alumnado y comunidad educativa convivir con alumnado y comunidades educativas de centros con otro u otros modelos lingüísticos .
1. Dentro de las medidas adoptadas para solucionar de forma pacífica los conflictos podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación.
1. Cuando un alumno o una alumna presente dificultades de conducta, se podrán suscribir compromisos de colaboración entre el centro docente, el alumno o alumna y sus padres o representantes legales en cualquier momento del curso, con objeto de aunar esfuerzos y coordinar con el profesorado y con otros profesionales las acciones y medidas propuestas.
Los centros deberán aplicar el mismo régimen a aquellos compromisos familiares que establezcan en sus normas de convivencia para supuestos en que se hayan aplicado medidas por otras conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y, en cualquier caso, en los supuestos de los apartados 1 e) o 1 l) del artículo 17 o en los supuestos de inasistencia reiterada en edades de escolarización obligatoria .
Si el alumnado fuera menor de edad, debe proponerse suscribir el compromiso también a los padres, madres o representantes legales. La negativa de las familias a suscribir ese compromiso deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes en los términos previstos en el apartado 3 .
1. El Reglamento de convivencia formará parte del Plan de convivencia y, teniendo en cuenta la realidad del centro, recogerá:
De acuerdo con lo establecido en este Decreto Foral son conductas susceptibles de corrección aquellas, recogidas en el Reglamento de convivencia, que vulneran las normas de convivencia y se producen:
d) En el uso de los servicios complementarios del centro (comedor, transporte escolar...).
1. Todo docente, en ejercicio de su autoridad, tiene el deber de propiciar el buen clima escolar para los aprendizajes, y por ello, el deber de prevenir, apercibir y corregir cualquier comportamiento contrario a la convivencia cometido por el alumnado en el desarrollo de las actividades educativas organizadas por el centro.
3. Ante la aplicación de medidas, todo alumno o alumna o, cuando así proceda, el padre, la madre o representantes legales tienen derecho a ser escuchados y a formular alegaciones para su defensa segun lo establecido en este Decreto Foral.
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios alumnos o alumnas o sus representantes legales .
Independientemente de las medidas educativas que se apliquen por llevar o utilizar inadecuadamente equipos, materiales, prendas o aparatos, se podrá exigir al alumnado la entrega inmediata de los mismos para que queden en poder del centro, bien hasta el momento en que acaben las clases, bien hasta que sea recogido por los padres, madres, representantes del alumnado o el propio interesado, según esté establecido en el Reglamento de Convivencia del centro .
6. Para considerar la conveniencia de la aplicación de una determinada medida, tanto el profesorado responsable como la dirección, podrán disponer del asesoramiento del orientador o la orientadora del centro, de la Comisión de Convivencia del centro, de los Servicios Sociales de Base, de la Asesoría para la Convivencia del Departamento de Educación, de la Inspección Educativa y de la Comisión de Convivencia del Departamento de Educación .
La reparación por los daños causados será uno de los principios fundamentales de la convivencia en el centro, y se realizará del modo establecido en su Reglamento de convivencia, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional sexta del presente Decreto Foral.
1. Con carácter general, son conductas contrarias a la convivencia aquellas, recogidas en el Reglamento de convivencia, cuyas consecuencias no alteren gravemente el normal desarrollo de la convivencia en el centro. En cualquier caso son conductas contrarias a la convivencia las siguientes:
b) Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. Se considerarán faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase las que no sean excusadas de forma escrita y las que, aun siéndolo, el centro considere que no justifican el retraso o inasistencia.
La dirección del centro o el Reglamento de convivencia definirá el procedimiento de justificación de faltas, los criterios para considerar injustificadas las excusadas por escrito y cuantas medidas se consideren necesarias para recabar información a efectos de justificación .
ñ) Deterioro leve, causado de manera intencionada, de las instalaciones o material del centro, medios de trasporte escolar, bienes o instalaciones de lugares visitados, así como de las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma.
1. Las medidas educativas que podrán aplicarse ante conductas contrarias a la convivencia, recogidas en el Reglamento de convivencia, son las siguientes:
1. La aplicación de las medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia corresponde al director o directora del centro o al órgano o profesor o profesora en quien delegue, que habrá sido informado segun el procedimiento determinado por el centro.
1. Con carácter general, son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia aquellas, recogidas en el Reglamento de convivencia del centro, cuyas consecuencias alteran gravemente el normal desarrollo de la convivencia en el centro. En cualquier caso, son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes;
b) La grabación de textos, imágenes, sonidos... de la jornada lectiva o de las actividades educativas con fines distintos de los autorizados por la dirección, así como de cualquier escena relacionada con la vida privada de las personas.
e) Conductas que, por mala intención, puedan suponer riesgo para la integridad física de los miembros de la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma;
n) Cualquier incorrección o acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro;
ñ) El incumplimiento de los compromisos de convivencia suscritos por el alumnado a que se refiere el artículo 9.1 de este Decreto Foral .
2. También en cualquier caso son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las de incitación a otro alumnado a la realización de cualesquiera de las conductas consideradas gravemente perjudiciales en el apartado anterior .
3. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán concretar en su Reglamento de convivencia las conductas establecidas en los dos apartados anteriores, teniendo en cuenta el Proyecto Educativo y el carácter propio del centro .
1. Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como atenuantes las siguientes circunstancias:
a) La premeditación;
1. Las medidas educativas de aplicación ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, recogidas en el Reglamento de convivencia, son las siguientes:
d) Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, excepcionalmente, al centro, en ambos casos por un período máximo de quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo y evaluativo. A tal fin se diseñará un plan de trabajo, cuyas actividades tendrán un seguimiento por parte del profesorado, y serán tenidas en cuenta en la evaluación final de las materias. Asimismo, el alumno o alumna podrá realizar las pruebas objetivas de evaluación que hubiera programadas en este periodo.
Además, en aquellas situaciones en las que el centro conozca que concurren circunstancias de especial situación de riesgo o posible desamparo que pudiera afectar a un menor como consecuencia de la aplicación de esta medida educativa, se comunicará, a través de la dirección, a los Servicios Sociales de Base.
3. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, teniendo en cuenta su Proyecto educativo y carácter propio, podrán concretar en su Reglamento de convivencia las medidas educativas expuestas en el apartado 1 del presente artículo. Asimismo, el alumnado o la familia podrán plantear una medida educativa alternativa a la decidida por el centro; la dirección del mismo podrá aceptar esta propuesta si considera que es más favorable para el alumno o alumna y para la convivencia en dicho centro .
4. Las conductas establecidas en el apartado 1 a) del artículo 17 y cualesquiera otras de las establecidas en dicho artículo que tengan como origen o consecuencia una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución española o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas, llevarán asociada, con carácter general, como medida correctora, la suspensión del derecho de asistencia al aula o al centro por un período máximo de quince días lectivos o el cambio de centro, o, en el caso de alumnado que curse enseñanzas postobligatorias, la suspensión por el período máximo que cada centro establezca en su Reglamento de Convivencia o la rescisión de matrícula, sin perjuicio en ambos casos de aplicar el centro el cambio de medida que se le proponga en los términos del apartado anterior .
1. Cualquier conducta gravemente perjudicial o las consecuencias que de ella se deriven deberá ser puesta en conocimiento de la dirección del centro. El director o directora o, en su caso, el profesor o profesora en quien delegue, podrá efectuar cuantas indagaciones o actuaciones considere oportunas para tipificar la acción como tal, así como para identificar a los responsables e iniciar el correspondiente procedimiento ordinario en el plazo máximo de tres días lectivos contados desde el día siguiente al del conocimiento del hecho.
4. Las medidas cautelares aplicadas, en su caso, podrán mantenerse hasta la finalización del procedimiento, con el límite temporal, en el caso de que coincidan con la medida a aplicar, establecido para la medida propuesta y en cualquier caso dentro de los máximos fijados en el artículo 19. El tiempo que haya permanecido el alumno o alumna sujeto a medida cautelar se descontará de la medida educativa aplicada .
1. Si el alumno o alumna, o sus padres o representantes legales, presentaran alegaciones en el plazo establecido, la persona instructora, en ejercicio de su autoridad, llevará a cabo cuantas actuaciones considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En un plazo máximo de cinco días lectivos, contados desde la presentación de las alegaciones y teniendo en cuenta éstas, formulará y entregará al director o directora una propuesta de resolución, que contendrá, al menos:
1. Notificada la resolución de fin de procedimiento, el alumno o alumna mayores de edad, o sus padres o representantes legales, podrán reclamar ante el Consejo escolar la revisión de la decisión adoptada por el director o directora dentro de los dos días lectivos siguientes al de su recepción.
1. La dirección del centro presentará a la alumna o al alumno infractor y a sus padres, madres o representantes legales, la posibilidad de acogerse a la tramitación por procedimiento acordado cuando concurran las siguientes circunstancias:
2. Queda excluida la posibilidad de tramitación por procedimiento acordado cuando en el mismo curso escolar se hubiera producido incumplimiento de alguna medida educativa aplicada al alumno o alumna o en aquellos supuestos en que así lo establezca cada centro en su Reglamento de convivencia .
1. La documentación correspondiente a la tramitación de un procedimiento de aplicación de medidas educativas ante la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de un alumno o alumna se archivará según el procedimiento y soporte establecido por los centros.
1. Los padres y madres, o los representantes legales, en relación con la educación de sus hijos e hijas, tienen los derechos reconocidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.
A estos efectos, los centros transmitirán a los padres, madres o tutores legales cuanta información sea necesaria sobre estos procesos y, en casos de conflictos de convivencia, se informará o se ofrecerá en cualquier caso la posibilidad de obtener información a todos los responsables legales de menores que se consideren afectados, con la debida reserva respecto a los datos e intereses que deban protegerse en su caso, en un plazo lo más breve posible, que no podrá exceder de tres días lectivos desde que se conozcan los hechos .
b) Conocer desde el inicio de curso los objetivos, contenidos, procedimientos de evaluación y criterios de evaluación, calificación y promoción, y recibir información y aclaraciones ante las reclamaciones que pudiesen formular.
1. Los padres y madres, o los representantes legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, tienen las obligaciones establecidas en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.
En los comedores comarcales los centros incluirán las normas de convivencia para el comedor dentro del Plan de Convivencia del centro .
Los centros en el ejercicio de su autonomía, podrán concretar en su Reglamento de convivencia las conductas que pueden llevar asociada la medida de limitación temporal de acceso a las instalaciones y el tiempo que durará la limitación en función de las conductas o de las circunstancias que puedan concurrir .
En aquellos centros en los que, por normativa, no exista Consejo escolar como órgano colegiado de gobierno, las funciones que el presente Decreto Foral atribuye al Consejo escolar corresponderán al órgano colegiado en el que se hubiera delegado la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Si, como consecuencia de la inasistencia reiterada a las actividades lectivas, no fuera posible aplicar el procedimiento de evaluación continua a un alumno y alumna, siempre se mantendrá el derecho a la evaluación final. La inasistencia reiterada y sus consecuencias quedarán definidas en el Reglamento de convivencia del centro. Así mismo, los centros deberán definir la estructura de la evaluación final de acuerdo con la naturaleza de cada materia, ámbito o módulo.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia, los profesores, sin perjuicio de las obligaciones de los demás componentes de la comunidad educativa o de quienes presten sus servicios a la misma, y en atención a la función que desempeñan, están obligados a comunicar a los Servicios Sociales de Base, a través de la dirección o del departamento de orientación del centro, cualquier situación de riesgo o posible desamparo que pueda afectar a un menor, considerando especialmente aquellos aspectos relacionados con el absentismo escolar.
1. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser constitutivo de infracción penal.
2. Si se produce la incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores , por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de conformidad con este Decreto Foral, se valorará la procedencia de suspender o no la tramitación del procedimiento ordinario iniciado conforme a lo establecido en el artículo 20 de este Decreto Foral .
1. Aquellos alumnos y alumnas que individualmente o en grupo causen daños de forma intencionada, o por negligencia, a las instalaciones o materiales del centro, así como a los bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma, quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.
En el caso de un alumno o alumna que curse enseñanzas postobligatorias, el centro podrá adoptar, como medida excepcional ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, la rescisión de matrícula. La relevancia de esta medida requiere su aprobación e inclusión en el Reglamento de convivencia del centro. Para su aplicación, será preciso haber adoptado previamente medidas educativas con dicho alumno o alumna. La rescisión de matrícula se tramitará a través del correspondiente procedimiento ordinario. Las reclamaciones contra lo dispuesto en la presente disposición se presentarán ante el Consejo escolar del centro del modo establecido en el Reglamento de convivencia del mismo.
1. En casos excepcionales de conflictos de convivencia relacionados con alumnos o alumnas en que, por sus circunstancias personales o familiares y sus comportamientos, requieran medidas tanto educativas, como de salud o asistenciales, los centros podrán solicitar a la Comisión de Convivencia del Departamento de Educación, que valore la procedencia de dar la asistencia que fuera necesaria coordinándose para ello con el Departamento competente.
2. Los centros podrán solicitar a la Comisión de Convivencia del Departamento de Educación que se designe un Secretario o Secretaria para colaborar en la instrucción de procedimientos ordinarios para la aplicación de medidas educativas ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, en los términos que se establezcan por el Consejero de Educación.
3. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán interponer reclamación o solicitar la mediación de la Comisión de Convivencia del Departamento de Educación en relación con la aplicación de las medidas y actuaciones previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 9 y en el apartado 5 del artículo 27 .
1. Debe formar parte del proceso de revisión anual del Plan de Convivencia, la valoración de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que hayan sido objeto de aplicación de medidas.
2. Los centros remitirán a la Comisión de Convivencia anualmente la información sobre el número de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que hayan sido objeto de aplicación de medidas, indicando el número de conductas de cada tipo y datos desagregados por sexo, sin indicación de las concretas personas a las que se les aplicaran medidas, así como cuantas otras informaciones quieran añadir, preservando en dichos informes la protección de datos de carácter personal.
La tramitación de los expedientes iniciados en fechas anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto Foral, deberán finalizarse siguiendo lo dispuesto en el Decreto Foral 417/1992, de 14 de diciembre, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos de centros de niveles no universitarios , y en el Decreto Foral 191/1997, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 417/1992 .
Quedan derogados el Decreto Foral 417/1992, de 14 de diciembre, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos de centros de niveles no universitarios , y el Decreto Foral 191/1997, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 417/1992, de 14 de diciembre. Quedan también derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria única del presente Decreto Foral.
El Departamento de Educación establecerá el desarrollo normativo necesario para que los centros elaboren su Plan de convivencia, en el que se determinará la composición y las funciones de la Comisión de convivencia y otros aspectos relacionados con la convivencia.