Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3145-de-marzo-3-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420a1bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-06 18:10:45
Document Index: 314451128

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 112', 'artículo 128', 'artículo 82', 'artículo 85', 'artículo 82', 'artículo 164', 'artículo 40', 'artículo 112', 'artículo 153', 'artículo 151', 'artículo 112', 'artículo 4', 'artículo 112', 'artículo 5', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 40', 'artículo 112', 'artículo 177', 'artículo 177']

﻿ SENTENCIA 3145 DE MARZO 3 DE 2005
SENTENCIA 3145 DE 03 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:DERECHO DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS MINORITARIOS. OBLIGACIÓN DE DAR PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS CUERPOS COLEGIADOS A QUE SE REFIERE EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN DEBE APLICARSE, AUNQUE NO EXISTA LEY ESTATUTARIA QUE REGULE LA MATERIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PARTICIPACION POLÍTICA, PARTIDO POLÍTICO MINORITARIO, ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO
Sentencia 3145 de marzo 3 de 2005
Rad.: 110010328000200300027 01
Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá
Actor: Luis Carlos Montoya González
Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil cinco.
La Sala es competente para fallar en única instancia conforme a lo previsto en el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.
Observa la Sala que el demandante adiciona a la pretensión de que se declare la nulidad de la elección del demandado otras relacionadas con la nulidad de la postulación, votación, aceptación y posesión en el cargo, lo cual implica una incorrecta calificación de dichos hechos como actos administrativos susceptibles de ser objeto de demanda autónoma de nulidad, dado que solo la declaración de la elección constituye un acto administrativo definitivo de carácter electoral; la postulación y el trámite de la votación constituyen etapas de un procedimiento administrativo que concluye con la declaración de elección; la aceptación y posesión constituyen hechos y actuaciones administrativas orientadas a dar cumplimiento al acto de elección; por lo anterior, la decisión de la Sala solo recaerá sobre el acto administrativo mediante el cual se declara elegido al demandado.
Advierte también la Sala que el demandante acumula a la pretensión de nulidad del acto acusado la de designar como nuevo vicepresidente del Senado al Senador Jesús Enrique Piñacué Chicué en reemplazo de Álvaro Araújo Castro para restablecer el derecho de los partidos y movimientos minoritarios a tener representación en la mesa directiva del Senado, lo cual no es una consecuencia obligada de la anulación del acto. Tal acumulación de pretensiones es inadmisible a la luz del numeral 3º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil porque todas no pueden tramitarse por el mismo procedimiento, dado que a la de nulidad del acto de elección corresponde el especial establecido en los artículos 223 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para el contencioso electoral y a la de restablecimiento, el ordinario establecido en los artículos 206 y siguientes del mismo estatuto. Esta Sección ha dicho al respecto:
“Es verdad que en ejercicio de la acción de nulidad electoral solo hay lugar a declarar la nulidad de los actos de elección o nombramiento de que se trate, como se infiere de lo establecido en los artículos 223, 226, 227, 228 y 229 del Código Contencioso Administrativo y 7º de la Ley 14 de 1988, y, en ciertos casos, a disponer la práctica de un nuevo escrutinio, cuya ejecución corresponde al Consejo de Estado o a los tribunales, según los casos, y a otorgar nuevas credenciales y cancelar las iniciales, según lo establecido en los artículos 247, 248 y 249 del mismo código. La solicitud de restablecimiento del derecho que se alegue violado solo procede en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Pero cuando impropiamente se acumulan pretensiones en uno y otro sentido, contra lo dispuesto en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, advierte la Sala, cuando pueda entenderse la demanda y resolverse acerca de algunas de sus pretensiones, así debe hacerlo el juez, e inhibirse solo para decidir acerca de las demás.
Para el caso, entiende la Sala que la demanda se dirige, principalmente, a obtener la declaración de nulidad del acto de elección, de manera que solo decidirá acerca de la misma, pues nada impide un pronunciamiento de mérito al respecto; y habrá de inhibirse acerca de las pretensiones de restablecimiento del derecho” (Sent., jun. 2/96, dictada en el proceso radicado con el Nº 1558).
La Sala aplicará en este caso los criterios anteriores y para hacer valer el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (C.N., art. 228) y de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) habrá de declararse inhibida para examinar y decidir las pretensiones de restablecimiento y decidirá de fondo la de nulidad del acto electoral acusado.
Las excepciones propuestas.
De conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos no hay lugar a proponer y tramitar excepciones previas, lo que no obsta para que la ineptitud de la demanda planteada por el demandado sea examinada como un impedimento procesal.
En efecto, sobre el punto, la Sala considera que no existe ineptitud de la demanda por inadecuada designación de las partes porque, si bien el actor señaló en la referencia que el demandado es el Congreso de la República - Senado, en el cuerpo de la demanda precisa el acto cuya nulidad se demanda y la persona designada por medio de este, además, en el auto admisorio de la demanda se ordenó la notificación personal del elegido.
Tampoco prospera la alegada falta de claridad del concepto de la violación, porque no es un hecho que imposibilite el trámite del proceso y a lo sumo podría incidir en la prosperidad de las pretensiones.
Por último, la denominada excepción de fondo planteada por el apoderado del demandado consistente en que no existe violación de la norma invocada por el demandante porque sí se dio participación a las minorías en la elección de mesa directiva del Senado constituye una alegación general que será examinada en la oportunidad de resolver sobre el asunto de fondo.
El fondo del asunto.
Pretende el demandante la nulidad de la elección del Senador Álvaro Araújo Castro como segundo vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República para el período legal comprendido entre el 20 de julio de 2003 a 20 de julio de 2004, por considerar que ese acto desconoce el derecho de las minorías políticas a ocupar ese cargo.
El apoderado del demandado estima legal el acto acusado por encontrarse ajustado a la Ley 5ª de 1992, reglamento interno del Congreso, cuyo artículo 40 dispone:
ART. 40.—Composición, período y no reelección. La mesa directiva de cada cámara se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio.
PAR.—En tratándose de comisiones constitucionales permanentes y comisiones legales habrá un presidente y un vicepresidente, elegido por mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o movimiento político.
Advierte la Sala que la disposición contenida en el inciso segundo que se resalta no tiene valor jurídico por las razones que se indican a continuación:
El artículo 112 superior en su inciso último dispone que la participación de las minorías en las mesas directivas de las corporaciones de elección popular se reglamentará mediante ley estatutaria, para cuya aprobación, modificación o derogación se requiere, según las voces del artículo 153 ibídem, la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, que su aprobación se efectúe dentro de una sola legislatura y se someta a la revisión previa de la Corte Constitucional, quien dictaminará sobre la exequibilidad del proyecto. El reglamento interno del Congreso no cumple con tales exigencias puesto que se tramitó como ley orgánica, y así debió ser por mandato del artículo 151 constitucional, por lo que aquellos de sus mandatos que regulan materias propias de ley estatutaria, tales como derechos de las minorías políticas en las corporaciones de elección popular, son incompatibles con el inciso final del artículo 112 de la Constitución Política y en consecuencia habrán de inaplicarse en cumplimiento del mandato del artículo 4º ibídem.
De las consideraciones anteriores se desprende que la norma de nuestro ordenamiento a la que debió sujetarse el acto acusado es el artículo 112 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2003, ubicado en el capítulo III del título IV titulado: “Del estatuto de la oposición”, el cual dispone:
ART. 112.—Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a esta, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.
Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia (negrillas fuera del texto).
La norma transcrita hace parte del título tercero del capítulo cuarto de la Constitución Política que lleva por título “Del estatuto de la oposición” que contiene los derechos y garantías de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al gobierno; por ello, cuando el artículo 112 trata sobre el derecho de los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, alude precisamente a aquellos que se declaren en oposición.
Es claro que, no obstante que la ley estatutaria a que se refiere el artículo 112 constitucional no haya sido expedida, las corporaciones de elección popular no pueden sustraerse a la obligación constitucional de dar participación en sus mesas directivas a las minorías políticas, aunque tal participación no está sujeta al mandato del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992.
Establecido el marco normativo que actualmente rige el derecho de las minorías políticas en las mesas directivas de las corporaciones de elección popular, debe la Sala examinar si el demandante probó la violación del artículo 112 de la Constitución Política invocada en la demanda, puesto que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Para que las pretensiones del demandante prosperen se requiere probar, al menos, los siguientes extremos:
1. Cuáles son los partidos y movimientos políticos que conforman las mayorías en el Senado; 2. Cuáles son los movimientos y partidos políticos que conforman la minoría en el Senado; 3. Cómo están conformadas las minorías afectas al gobierno en el Senado; 4. Cuáles, de entre los partidos y movimientos minoritarios, tienen personería jurídica; 5. De estos últimos, cuáles están en oposición al gobierno; 6. Qué representación tienen las minorías políticas en oposición en el Senado; 7. De acuerdo con su representación en el Senado cómo deben estar representadas esas minorías en la mesa directiva; 8. Debe probarse quiénes son los senadores que actúan en nombre de los partidos y movimientos políticos que tienen representación en el Senado.
En el proceso se encuentra probado, mediante copia autenticada de la Gaceta del Congreso (fls.111 a 120), que la mesa directiva del Senado se integró así: presidente Germán Vargas Lleras; primer vicepresidente Efraín Cepeda Sarabia; segundo vicepresidente Álvaro Araújo Castro y secretario general Emilio Otero Dajud.
Se acreditó también que Álvaro Araújo Castro se inscribió y fue elegido Senador para el período constitucional 2002-2006 por el movimiento político con personería jurídica Movimiento de Alternativa de Avanzada Social, “ALAS”, tal como consta en acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de lista de candidatos, formulario E-6 (fls.145 a 147), aval para la inscripción de la lista (fl. 170), acta de modificación e inscripción de los renglones 6 y 8 de su lista (fl. 172) y credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral, en la que declara elegido como Senador de la República a Álvaro Araújo Castro para el período constitucional 2002-2006 (fl. 148).
El certificado expedido por el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil indica que en las elecciones del 10 de marzo de 2002 el movimiento político Alternativa de Avanzada Social, “ALAS”, eligió a un Senador, al igual que 32 agrupaciones políticas entre partidos y movimientos políticos, razón por la cual es, desde el punto de vista del caudal electoral y del número de curules obtenidas, minoritario frente al Partido Liberal Colombiano que obtuvo 26 curules, el Partido Conservador Colombiano con 13, coaliciones con 6, Movimiento Nacional con 6, Movimiento Equipo Colombia con 4, Movimiento Integración Política con 4, Movimiento Colombia Siempre con 2, Movimiento Cambio Radical con 2, otros partidos con 2, y Movimiento Popular Unido con 2 (fl. 165).
Sin embargo, se advierte que el actor no probó que el Senador Álvaro Araújo Castro hubiera sido elegido en representación del Partido Liberal como Senador; tampoco que representara a ese partido en la mesa directiva del Senado de la República; por el contrario, los documentos incorporados al proceso demuestran de modo fehaciente que fue elegido en representación de un movimiento político con personería jurídica, distinto del mencionado partido.
Tampoco probó que el presidente del Senado elegido en la misma fecha que el demandado perteneciera al mismo partido de este.
No está probado cuáles son los partidos y movimientos mayoritarios y minoritarios que tienen personería jurídica y entre estos cuáles están en oposición al gobierno, ni qué representación tienen en el Senado, tampoco los demás extremos a que aludimos antes como condiciones para la prosperidad de la pretensión.
En las circunstancias descritas, habida consideración que el demandante no satisfizo la carga jurídica probatoria prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, habrá de denegarse prosperidad a las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, oído el concepto del procurador delegado en lo contencioso administrativo y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el apoderado del demandado.
2. Inhibirse de decidir las pretensiones relacionadas con restablecimiento de derechos por las razones expuestas en la parte motiva.
3. Denegar las demás pretensiones de la demanda por las consideraciones expuestas.