Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-39588-de-noviembre-23-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9c3e83a5dfa000dae0430a01015100da&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 11:46:19
Document Index: 30871621

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 141', 'artículo 39', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 20', 'artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 39', 'artículo 5', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 39588 de noviembre 23 de 2010
SENTENCIA 39588 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:PENSIÓN DE INVALIDEZ LEY 860 DE 2003. QUIEN ESTRUCTURE SU INVALIDEZ DENTRO DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 860 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2003, ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR SUS REQUISITOS, Y EN ESPECIAL HAY QUE OBSERVAR LA FIDELIDAD AL SISTEMA, PARA DAR LUGAR AL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN MÍNIMA DE INVALIDEZ, CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REVISIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRESTACIONES POR PENSIÓN DE INVALIDEZ, CLASES DE PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 39588 de noviembre 23 de 2010
Rad. 39588
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 3 de diciembre de 2008, en el juicio que le promovió Blanca Cecilia Camargo.
Blanca Cecilia Camargo demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con el fin de que fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez junto con los reajustes legales y las mesadas adicionales, a partir del 26 de enero de 2004, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 49 de 1990 y los artículos 13 y 36 de la Ley 100 de 1993; los intereses moratorios del artículo 141 de esta ley; lo ultra y extra petita; y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones en que laboró para Eduardo Flórez, entre el 24 de marzo de 1980 y el 14 de enero de 1982 y, posteriormente, para el Banco Cafetero, desde el 3 de febrero de 1982 hasta el 2 de agosto de 2000; que nació el 20 de junio de 1962; que estuvo afiliada al Sistema de Pensiones, a partir del 24 de marzo de 1980 hasta el 2 de agosto de 2000; que al Instituto de Seguros Sociales cotizó para el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1980 y el 30 de septiembre de 1999; que el 1º de octubre de 1999, se trasladó a la sociedad demandada y en ésta cotizó para los riesgos de IVM hasta el 2 de agosto de 2000; que tiene reportadas al sistema un total de 1054. 56 semanas.
Agregó que, mediante Dictamen Nº 51679491 de 13 de mayo de 2004, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá le determinó una pérdida de la capacidad laboral equivalente a 63.50%, con fecha de estructuración de 26 de enero de 2004, producto de la esclerodermia con compromiso renal, óseo y esofágico que padecía; que presentó solicitud el 10 de agosto de 2005 ante la entidad para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero esta, mediante comunicación de 1º de septiembre de 2005, la negó, bajo el argumento de no haber cumplido con el requisito de las 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha del hecho causante de la invalidez; que la demandada desconoció las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, de las cuales 300 de ellas, se habían reportado a éste antes del 30 de marzo de 1994; que el argumento manejado por la entidad demandada para denegar el derecho era desvirtuado con la amplia jurisprudencia de esta Corporación en la cual se había dado aplicación al principio constitucional de la condición más beneficiosa; que la pensión debía liquidarse sobre el 84% del valor de $ 2.393.000.
Al dar respuesta a la demanda (fls.45-48 del cuaderno principal), la entidad accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, los reconoció como ciertos, salvo la consideración de la demandante de la aplicación al caso del Acuerdo 49 de 1990 y de la jurisprudencia de esta Sala sobre el principio de la condición más beneficiosa, las cuales, dijo, era meras apreciaciones de aquella. En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia del fundamento legal previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y cobro de lo no debido.
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 22 de abril de 2008, complementado el 4 de julio del mismo año (fls.94-106 y 113-115 del cuaderno principal), condenó a la entidad a reconocer y pagar a la actora la pensión de invalidez, a partir de 26 de enero de 2004, en cuantía de $ 1.635.665.72 junto con los aumentos legales y las mesadas adicionales así como los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por la sociedad demandada, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de 3 de diciembre de 2008 (fls.131-140 del cuaderno principal), modificó el numeral primero de la sentencia complementaria, en el sentido de indicar que la cuantía de la pensión de invalidez de la actora era equivalente a $ 1.581.144, a partir del 26 de enero de 2004; y revocó el numeral segundo de la sentencia principal en cuanto condenó a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, en su lugar, absolvió de éstos.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que sobre el argumento manejado por la entidad en la comunicación de 1º de diciembre de 2005, por medio de la cual negó la pensión de invalidez a la demandante, relativo al no cumplimiento de las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores al hecho causante de la invalidez, esta Corporación se había pronunciado en la sentencia de 1º de marzo de 2007, de la cual transcribió extenso aparte, pero no indicó el radicado; que, conforme a dicha doctrina, resultaba inadmisible y contrario a la lógica, la equidad y la justicia la frustración del derecho pensional de la actora por el solo hecho de no haber efectuado aportes en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo que, dijo, a la luz del principio de la condición más beneficiosa debía ordenarse su reconocimiento; que “Para esta Corporación, uno de los postulados básicos de la doctrina de la condición más beneficiosa ha sido el del respeto o mantenimiento de las condiciones favorables, lo que se traduce en la intangibilidad de dicha condición”.
Sostuvo que, en esa medida, ningún reparo merecía la decisión del a quo, pues si bien la actora no cotizó las semanas requeridas por la Ley 860 de 2003, era perfectamente aplicable al asunto particular las previsiones del Acuerdo 49 de 1990, a fin de darle eficacia al cúmulo de cotizaciones efectuado por la actora con anterioridad, esto es, 1035 semanas, conforme al principio constitucional de la condición más beneficiosa; que esta Corporación, en asuntos de pensión de sobrevivientes, había dado aplicación a dicho principio, tal como lo hizo en la sentencia de 18 de mayo de 2006 (Rad. 26692), entre otras, lo cual resultaba plenamente aplicable a las prestaciones de invalidez; que como la pensión de la actora debía concederse a la luz del Acuerdo 49 de 1990, el monto de la misma era el establecido en el artículo 20, es decir, se debía partir del 57% del IBL, pues se trataba de una pensión catalogada como de gran invalidez, “de ahí que teniendo en cuenta que cotizó un total de 1035 semanas, el porcentaje a aplicar sería el 87% y no el 90%, como lo hizo el a quo, por lo que este sentido habrá de modificarse la sentencia apelada, estableciendo una mesada pensional de $ 1.581.144 a partir del 26 de enero de 2004”.
Finalmente afirmó, en cuanto a los intereses moratorios, que esta Sala en la providencia de 22 de agosto de 2005 (Rad. 25426) había sostenido la procedencia de los mismos cuando existiere mora en el pago de las mesadas pensionales, lo cual no sucedía en el presente caso, en el cual la demandante pretendía dichos intereses por la falta de reconocimiento de la pensión de invalidez, “la cual solo se empezará a pagar una vez la sentencia de primera instancia quede ejecutoriada, por lo que asiste razón al recurrente al afirmar que no ha habido mora en el pago de las mesadas, y en este punto habrá de revocarse la sentencia apelada”; que los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no pueden generarse sobre el retroactivo o reliquidación de la prestación económica.
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, absuelva a la entidad de todas las pretensiones de la actora.
Acusa la sentencia recurrida de aplicar indebidamente los artículos 53 de la Constitución Política; 5º, 6º, 25 y 27 del Acuerdo 49 de 1990; lo que, afirma, condujo a dejar de aplicar los artículos 1º, numeral 1º, de la Ley 860 de 2003 y 39, 69, 38, 40 y 41 de la Ley 100 de 1993; 230 de la Carta Fundamental; 1º, 2º, 3º, y 14 de la Ley 153 de 1887; 27, 28, 30 y 31 del C.C.; y 16 del CST.
En la demostración del cargo sostiene que debe aplicarse al caso las consideraciones de la sentencia de 9 de diciembre de 2008 de esta Sala (Rad. 32642), en la que no se aplicó el principio de la condición más beneficiosa para una pensión de sobrevivientes; que, tal como lo reconoció el ad quem, la actora, al momento de la estructuración de la invalidez, no contaba con las 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a aquel, lo que permite afirmar que no alcanzaba los requisitos de la Ley 860 de 2003; que así se aplicara la Ley 100 de 1993, en virtud del principio en mención, tampoco la demandante cumplía con las exigencias de ésta; que el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993, para darle validez a las semanas de cotización de la actora; que el estado de invalidez fue declarado a partir del 26 de enero de 2004, por lo que debía aplicarse la Ley 860 de 2003; que el yerro del Tribunal consiste en haber analizado el caso de conformidad con el Acuerdo 49 de 1990, “cuando, según la intelección dada por la H. Sala al principio de favorabilidad o de condición más beneficiosa, esto no era posible puesto que la mencionada señora Blanca Cecilia Camargo no reunía los requisitos exigidos en el artículo 1º, numeral 1º de la Ley 860 de 2003 ni en el artículo 39, literal b), de la Ley 100 de 1993, para ser legítima beneficiaria de una pensión de invalidez”.
Afirma que el cargo no indica la vía o sendero encausado, lo que lo hace inestimable; que la censura pretende la aplicación de una sentencia de esta Corporación que va en contravía de la doctrina anterior sostenida desde el 13 de agosto de 2007 (Rad. 9758); que como el recurso extraordinario de casación busca la preservación de la ley sustancial de alcance nacional no se puede pretender la aplicación de un lineamiento jurisprudencial; que “De igual manera se persigue la modalidad de aplicación indebida, el ataque del lineamiento jurisprudencial que sirvió de base para que el Tribunal confirmar la sentencia de primer grado, por lo que al no atacarse una ley sustancial mal podría haberse utilizado la misma, cuando la queja del recurrente no es otra que el criterio jurisprudencial que adoptó el ad-quem en el presente caso, y en forma contradictoria presente en el Cargo un listado de normas sustanciales sobre las cuales no se infiere la presunta violación de la ley, por lo que no cumplió con su deber de demostrar la violación de la ley en la modalidad enunciada”.
Agrega que el ataque no demuestra el quebranto de las normas, pues el mismo se limitó a transcribir apartes de una sentencia de esta Sala; que al sostener la aplicación de la Ley 797 de 2003 y 860 del mismo año al caso de la actora, la censura desconoce los principios constitucionales, especialmente el de la condición más beneficiosa, el cual ha sido reconocido por esta Sala en casos similares, como en las sentencias de 22 de noviembre de 2004 (23387) y 18 de febrero de 2009 (Rad. 35347), entre otras; que la demandante había cotizado, al 1º de abril de 1994, más de 700 semanas al sistema, por lo que cumplía con los requisitos del Acuerdo 49 de 1990 y su derecho no puede ser frustrado por el no cumplimiento de las exigencias de la Ley 797 de 2003.
Lo primero a resaltar es que si bien el cargo no plantea la vía en la que se encausa, es decir, si por la directa o indirecta, la demostración de aquel permite entender que lo hace por la primera, dado que está cuestionando la interpretación y aplicación que de las normas jurídicas realizó el Tribunal, no poniendo en tela de juicio la realidad fáctica establecida por el mismo y que es propio de la vía indirecta, razón por la que dicha omisión no deja de ser un mero lapsus de la entidad recurrente que no afecta lo sustancial del ataque.
Ya sobre el error jurídico respecto de los artículos 1º de la Ley 860 de 2003 y 39 de la Ley 100 de 1993, endilgado al Tribunal por haber dado aplicación al principio de la condición más beneficiosa y, por ende, analizar el caso a la luz del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, debe decirse que esta Corporación ha sostenido su improcedencia, en tratándose de prestaciones que se causen en vigencia de la Ley 860 de 2003, tal como lo hizo en la sentencia de 23 de septiembre de 2008 (Rad. 35229), en la cual se afirmó:
“Se ha de advertir que tal como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte, el derecho a la pensión de invalidez debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento en que se estructura tal estado; para el sub lite dado que la invalidez fue declarada a partir del 13 de diciembre de 2004, es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que exige como requisitos para conceder la prestación por ese riesgo además de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, por ser un evento de invalidez causada por enfermedad común, “Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
“En el sub lite el actor no cumple las exigencias de la normatividad que le es aplicable porque tal como lo dio por establecido el Tribunal, no tiene el porcentaje de fidelidad de cotización al Sistema, por lo que no le asiste el derecho a la pensión deprecada”.
“Ahora bien, el Juzgador Ad quem no obstante que constató que el actor no tenía satisfechas las exigencias normativas de la ley vigente en su caso, concedió la prestación acudiendo al principio de la condición más beneficiosa que según sostuvo, era de recibo puesto que se encontraban satisfechas las 26 semanas a que hacía referencia el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, por cuanto siendo cotizante activo al momento de la estructuración de la invalidez, había sufragado al sistema 235 semanas de las cuales 102 en vigencia de la Ley 100.
“Sin embargo, tal como lo tiene definido la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el principio de la condición más beneficiosa no puede invocarse para lograr la aplicación del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993 por quienes estructuran la invalidez en vigencia del artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Para corroborar lo dicho se retoman los conceptos asentados recientemente en sentencia de 2 de septiembre de 2008, rad. Nº 32765, así:
“El principio de la condición más beneficiosa en materia pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la jurisprudencia, respecto a aquellas personas que habiendo cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, (150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época con anterioridad a ese estado) tal como lo determinaba el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 del ISS, no cumplían con las 26 semanas para el momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la Ley 100 de 1993, pero en razón a que se consideró que la nueva legislación traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de la legislación anterior.
“Sin embargo, esta no es la situación que surge en el evento de la Ley 860 de 2003 frente al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, por cuanto esta última exigía niveles de densidad de cotizaciones bajos en relación con los más exigentes pretendidos por el legislador en la nueva disposición”.
“De la misma manera la Corte en un asunto similar al aquí debatido resuelto en sentencia de 27 de agosto de 2008, rad. Nº 33185, dijo:
“Pues bien, conforme a la aplicación de la ley en el tiempo, que también ha de observarse en asuntos de seguridad social, una norma que modifica los requisitos que establecía la disposición que le antecedió para adquirir un determinado derecho pensional, gobierna los hechos que acontezcan a su amparo, ello mientras no sea derogada y no afecte derechos adquiridos o situaciones jurídicas debidamente consolidadas bajo el imperio de la ley anterior.
“La citada Ley 860 del 26 de diciembre 2003 que señaló nuevos condicionamientos para obtener la pensión de invalidez, fue publicada en el Diario oficial 45.415 del 29 de diciembre de igual año, y según su artículo 5º entró a regir a partir de su promulgación, y por consiguiente no cabe duda que para la fecha de estructuración indiscutida de la invalidez del demandante que se produjo el 14 de enero de 2004, ya se encontraba en pleno vigor, lo que trae consigo, que como lo concluyó el Tribunal, es con base en ese mandato legal que se deberá definir el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez reclamada.
“En resumen, quien estructure su invalidez dentro de la vigencia del artículo 1º de la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003, que como se dijo es de aplicación inmediata a partir de su promulgación, está obligado a observar sus requisitos, y en el caso particular del demandante, se tiene que aquél no reunió la totalidad de las exigencias allí establecidas, por no contar con el de la fidelidad al sistema, y en consecuencia no hay lugar al otorgamiento de la pensión implorada”.
Así las cosas, los cargos prosperan y el fallo del Tribunal será casado en su integridad”.
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, el cargo prospera y se casará la sentencia del ad quem. En sede de instancia, bastan las anteriores consideraciones para revocar la de primer grado y, en su lugar, absolver a la entidad demandada de todas las pretensiones de la actora.
En razón de lo anterior, la Sala se exime del estudio del segundo cargo por sustracción de materia, dado que este sostiene que la normatividad aplicable, si se aplicara el principio de la condición más beneficiosa sería la Ley 100 de 1993, en cuanto a la cuantía o monto de la prestación, regulada por las disposiciones del Régimen de Ahorro Individual y no los reglamentos propios del Instituto de Seguros Sociales o las referidas al Régimen de Prima Media, tal como lo había determinado el Tribunal.
Costas en primera y segunda instancia a cargo de la demandante. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Blanca Cecilia Camargo a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Censatías Porvenir S.A. En sede de instancia, revoca la decisión de primer grado y, en su lugar, absuelve a la entidad demandada de todas las pretensiones de la actora.
Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Camilo Tarquino Gallego.