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Timestamp: 2020-07-13 09:07:58
Document Index: 257239407

Matched Legal Cases: ['artículo 410', 'artículo 544', 'artículo 432', 'artículo 252', 'artículo 172', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 31']

29 de septiembre de 2017 Novedades, Prensa y novedadesactualidad, Área Penal, artículos, elecciones, opinión
No voy a entrar en valoraciones políticas o personales que las tengo, como muchos de ustedes. Pero lo cierto es que en base a un presunto derecho a decidir, no se pueden amparar la comisión de delitos por parte de funcionarios, autoridades y ciudadanos. Para empezar me pregunto qué es el derecho a decidir. Y si ello, por ejemplo, da “derecho” a que mañana un grupo de ciudadanos plantee un referéndum para restaurar la pena de muerte o para que se pueda expulsar de tu ciudad o Comunidad a un grupo étnico, social o religioso. No existe, por lo tanto, el “derecho a decidir”. Ha sido una creación política que sirve de justificación.
A partir de aquí, las autoridades catalanas han cometido, entre otros:
Delitos de desobediencia del artículo 410 del Código Penal: “la autoridad o funcionario que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales o de autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia.»
Delito de sedición del artículo 544 del Código Penal: “los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad o funcionario el ejercicio legítimo de sus derecho o cumplimiento de sus acuerdos, o los que hubieren inducido o sostenido la conducta anterior.»
Delito de malversación del artículo 432 del Código Penal : “la autoridad o funcionario público que cometa el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público”. Dicho artículo es la administración desleal de un patrimonio ajeno. Es evidente que no se puede estar gastando dinero público, millones de euros, en actos relacionados con el referéndum declarado inconstitucional.
Delito de coacción, del artículo 172 del Código Penal: “el que sin estar legítimamente autorizado impida a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe.”
Termino. A mí no me gustan muchos de los artículos del Código Penal. Me repatean muchas sentencias y actuaciones de los Juzgados, y muchas las considero injustas. No estoy en muchas ocasiones de acuerdo con los atestados de Guardia Civil o Policía Nacional. Pero todo ello no me legitima para incumplir la ley, tomarme la justicia por mi mano, ampararme en el derecho a decidir, y aún encima, postularme como un mártir o un defensor de los derechos humanos. Hay, como en todo, unas reglas de juego. Que nos gusten o no debemos aceptar. Si no, en breve, imperará la ley de la selva. O peor, la selva sin ley.
28 de abril de 2017 Novedades, Prensa y novedadesÁrea Penal, artículos, opinión, Vigo
Estamos inmersos desde hace años en un circo mediático donde los procesos judiciales o las actuaciones policiales son televisados y los medios de comunicación publican “en exclusiva” noticias sobre los mismos, incluso en casos de secreto sumarial. Parece que la sociedad está podrida, y que todo lo que nos rodea es una cloaca por la que transitan las peores ratas. Sí, es cierto, hay mucha corrupción y falta de valores, pero no perdamos de vista el derecho constitucional de presunción de inocencia, pisoteado cuando a un abogado o a un funcionario (policial o judicial) le apetece ventilar ante la prensa el asunto que lleva entre manos y sobre el que debería guardar silencio.
Recientemente se me ha notificado un auto de archivo contra tres concejales de un Ayuntamiento gallego y varios empresarios, sobre los que se inició un proceso judicial en el año 2013. Proceso sobre el que una de las partes, el partido político de la oposición, filtraba a los medios de comunicación “su verdad” y describía un mundo de corruptelas entre políticos y empresarios amigos, contrataciones irregulares, desvíos de dinero, facturaciones falsas, adjudicaciones de obra pública saltándose la legalidad, etc. El caso es que dos de aquellos políticos se vieron obligados a abandonar la vida política, y la persona que era denunciante, causalidades de la vida, ostenta hoy la alcaldía de esa localidad. Todo ello aderezado con un atestado policial que en base a “indicios” puso una cruz sobre determinadas personas. Los medios de comunicación en su momento sacaron en portada y contribuyeron a mancillar el nombre de estas personas, pero cuando, cuatro años después, se ha dictado el auto de archivo, la noticia, no ocupó más que una pequeña noticia diluida entre otras de interés. Quien hoy ostenta la alcaldía, y que antes copaba los medios de comunicación, ni una sola palabra de disculpa….total, ¿Porqué? Si su objetivo se consiguió. Y como la vida es un boomerang, ese flamante alcalde/alcaldesa, hoy contrata a algunas de las empresas a las que antes imputaba formar parte de una trama con aquellos horribles e infames políticos, hoy con la causa judicial archivada, pero con un calvario de cuatro años en los que se vieron señalados y machacados de modo injusto.
Me ha inquietado la frase del Juez Eloy Velasco en entrevista efectuada en pasados días en un periódico donde decía que “los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo”, como si estuviéramos ante una votación de la audiencia de uno de esos concursos de Televisión donde el espectador decide quién sale de la casa o de la isla; en este caso parece que el mediático Magistrado pretende que el pueblo decida por votación quién entra en prisión o a quién se le arruina la vida.
PD.- Ese Ayuntamiento deberá pagar los honorarios de la defensa de los tres concejales, y seguro que está pagando los de su propio abogado-a, claro está, amiguete o novieta , del hoy ufano alcalde.
Breves notas a la reforma del Código Penal
12 de mayo de 2015 Prensa y novedadesÁrea Penal
El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, y que entrará en vigor el 1 de julio. Son muchas las novedades y modificaciones que se llevan a cabo, siendo sin duda la que más ha dado que hablar la instauración de la prisión permanente revisable para determinados delitos de extrema gravedad, a saber asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o su heredero, de Jefes de Estado extranjeros, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se definen como asesinatos especialmente graves los de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual, cometidos en el seno de una organización criminal y asesinatos reiterados o cometidos en serie. Como su nombre indica, no estamos ante una “cadena perpetua”, sino que dependiendo del tipo de delito, se realizará un pronóstico sobre el penado para decidir si continúa en prisión, en donde el elemento principal es determinar si esa persona se ha reinsertado o no, junto a su personalidad, antecedentes, bienes jurídicos afectados, circunstancias familiares y sociales, etc. En el caso de condenas por actos de terrorismo será imprescindible que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado dicha actividad, haya colaborado con las autoridades en la identificación y captura de otros responsables o para impedir nuevos hechos, debiendo constar una declaración expresa de repudio a sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a sus víctimas.
Otras modificaciones de interés son:
1.- Se suprimen las faltas, pasando algunas de las conductas a ser delitos leves y otras desaparecen del Código Penal. La celebración de juicio de estos delitos leves se hará por el propio Juez instructor, como antes con las faltas, con lo que parece que estamos ante un simple cambio de denominación y de ubicación en el código.
2.- Se modifica el régimen de suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad.
3.- Modificaciones en la regulación de algunos delitos, por ejemplo en delitos contra la propiedad, de administración desleal, contra la propiedad industrial e intelectual, insolvencias punibles, corrupción privada o en el ámbito de la Administración Pública, malversación, atentado, desobediencia, alteraciones del orden público, incendios, detención ilegal, intrusismo, conductas de incitación al odio y a la violencia, trata de seres humanos, etc. Importante es la modificación en los delitos contra la libertad sexual al elevarse la edad del consentimiento sexual a los 16 años, frente a los 13 del actual Código y que era muy baja frente al resto de ordenamientos europeos.
4.- Se tipifican nuevos delitos tales como matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, y se introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos.
5.- Se realiza una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que será objeto de un estudio individualizado, pues ahora mas que nunca será casi obligatorio que las empresas cuenten con un protocolo penal de prevención de la responsabilidad penal.
6.- Se equiparan los antecedentes penales españoles a los impuestos por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea a los efectos de la determinación de si hay reincidencia o para determinar la suspensión de la ejecución de la pena.
Termino con algo que me ha llamado la atención y sobre lo que no se habló casi en fase de tramitación de la reforma, y es la regulación del decomiso de los bienes y efectos tanto de la persona condenada por determinados delitos, como de la persona sobre la que aún no existe sentencia condenatoria firme, para lo que se introducen en sucesivos artículos situaciones en que puede pisotearse el principio de presunción de inocencia, que alcanza su punto álgido al permitir que el decomiso alcance incluso a los bienes y derechos que tengan su origen en una actividad lícita que nada tenga que ver con la presunta ilícita o cuando en algunos supuestos se presumirá que todos los bienes y derechos adquiridos o gastos realizados en los últimos 6 años proceden de su actividad delictiva.
Modificación del Código Penal. La responsabilidad de la persona jurídica
21 de abril de 2015 Prensa y novedadesÁrea Penal
El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal, y que entrará en vigor el 1 de julio de 2015.
Resulta muy importante para las empresas la reforma de los artículos referidos a la responsabilidad penal de los administradores así como de la propia persona jurídica. Desde el 1 de julio casi pasa a ser preceptivo que una empresa gestionada y administrada de modo correcto cuente con un protocolo de prevención penal. Quizá antes deberíamos recordar las penas que se pueden imponer a una persona jurídica según el artículo 33.7 del Código Penal
El artículo 31 queda redactado de la siguiente manera:
“ el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente , aunque no concurran en él las condiciones , cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.
Se modifica el artículo 31 bis que queda redactado del siguiente modo:
Se introducen nuevos artículos 31 ter, quater y quinquies que señalan:
31 quinquies
Reforma del Código Penal: enmiendas que afectan a la responsabilidad penal de la persona jurídica
10 de febrero de 2015 Prensa y novedadesÁrea Penal
Continúa dando tumbos la tramitación de la reforma del Código Penal, con lo que cada día nos encontramos con nuevas propuestas o enmiendas que parecen no tener fin. Estos días hemos leído y escuchado noticias acerca de los cambios que se introducirán debido a los últimos ataques terroristas a nivel mundial, pero me voy a centrar en las enmiendas presentadas a finales de diciembre por el propio Partido Popular al texto inicial por la importancia que tienen en lo tocante a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Así:
1.- Desaparece el nuevo delito de omisión de deber de control que recogía el proyecto y tipificaba la conducta del administrador que no implementara planes de prevención.
2.- Se condiciona la responsabilidad de las personas jurídicas a la existencia de un programa de prevención que conlleve una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos. El Consejo de Administración deberá adoptar las medidas de vigilancia necesarias, debiendo además confiar la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos.
3.- Pero para el caso de que habiéndose implementado el protocolo de prevención haya resultado insuficiente y se cometan conductas delictivas, eludiendo de modo fraudulento los modelos de prevención, debe acreditarse por la empresa que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión y vigilancia. Es decir, existirá responsabilidad penal de la persona jurídica en el caso de delitos cometidos por sus empleados cuando se haya dado una infracción grave del deber de supervisión sobre los mismos.