Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221015L.htm
Timestamp: 2019-03-18 19:43:49
Document Index: 51569

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 54', 'artículo 190', 'artículo 1453', 'artículo 190', 'artículo 1453', 'artículo 1453', 'artículo 253', 'artículo 274', 'artículo 42', 'artículo 8']

201203-Sala Civil Liquidadora-1-015
Expediente: O-7-07-S
Partes: Alfredo H. Sahonero Irahola C/ Benigna Daza Rocha y Otros
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 796 a 798, interpuesto por Alfredo H. Sahonero Irahola, contra el Auto de Vista Nº 017/2007 de 9 de febrero, cursante de fojas 791 a 793, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso ordinario sobre entrega de inmueble mas pago de pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente, contra Benigna Daza Rocha y otros, la respuesta de fojas 807 y vuelta, el auto concesorio de fojas 809, los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, dictó la Sentencia Nº 1087/2006, de 18 de octubre, cursante de fojas 768 a 770 y vuelta, declarando improbada la demanda de fojas 12 y vuelta, ratificada a fojas 260 y complementada a fojas 262, probada la excepción perentoria de prescripción del derecho opuesta a fojas 282 y vuelta, e improbada la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios en la suma de Bs. 125.000, interpuesta por los demandados a fojas 282 y vuelta de obrados, sin imposición de costas por ser un juicio doble.
Apelada la sentencia por el demandante Alfredo H. Sahonero Irahola, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, por Auto de Vista Nº 017/2006 de 09 de febrero, cursante de fojas 791 a 793, confirma la sentencia de fojas 768 a 770 y vuelta.
Contra el auto de vista, la parte actora, interpone recurso de casación en el fondo, alegando:
Que, tanto el juez de causa como el tribunal de instancia, han violado como infringido el artículo 3 - 1) del Código de Procedimiento Civil, y la Ley 1760, al haber admitido la personería de un apoderado, con mandato conferido dos años antes de la admisión de la demanda y sólo para apersonarse ante un juzgado de instrucción y no para un juzgado de partido; manifiesta que, tanto el Juez que trabó la relación jurídica como el tribunal colegiado cuando procedió al sorteo, no han procedido al saneamiento procesal del vicio denunciado, dejando pasar el mismo hasta dictar el auto de vista irrito; señalan que se ha infringido la Constitución Política del Estado y el artículo 54 numeral II de la Ley 1760, al determinar la prescripción de un derecho del Estado Boliviano adquirido mediante subasta judicial y que ha sido transmitida a un tercero, legitimando un despojo de hecho por parte de los demandados.
Finaliza su recurso, solicitando a la Corte Suprema de Justicia, en mérito a los datos del proceso, case el auto de vista recurrido, revocando dicho fallo de segunda instancia, y alternativamente se anule obrados vía saneamiento procesal, hasta fojas 275 inclusive, ordenando que el juez de instancia, declare la rebeldía de los demandados, rechazando la representación del apoderado, por carecer de mandato expreso conforme lo establece el Código Civil, aclarando que, son imprescriptibles los bienes adquiridos mediante subasta judicial y esencialmente los bienes del Estado, y sea con las condenaciones de rigor.
CONSIDERANDO: Que, del análisis del recurso de casación se infiere que el mismo adolece de una adecuada técnica recursiva, pese a ello se ingresa a su consideración, partiendo de los siguientes datos del proceso:
El actor, a través del memorial cursante a fojas 12 y vuelta, ratificado a fojas 260 y complementado a fojas 262, adjuntando prueba documental demandó la "entrega de inmueble", argumentando ser legítimo propietario de un inmueble sito en la Calle Rodríguez Nº 235 entre Pagador y Velasco Galvarro de la ciudad de Oruro, debidamente registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 2767 del libro de propiedades de la capital el año 1995, inmueble que fue adquirido por remate público del Banco del Estado. Asimismo, hace conocer que, sin que exista ningún tipo de contrato, menos acuerdo alguno, los demandados Benigna Daza Rocha, Jimmy Américo López Daza, Carla Giovanna López Daza, Antonio Lee López Daza y Jael Claudia López Daza, vienen ocupando arbitrariamente el inmueble, por lo que pide, previos los trámites de rigor, se dicte sentencia disponiendo la entrega del inmueble, bajo alternativa de lanzamiento, mas costas daños y perjuicios.
Que, tramitada la demanda ante el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Oruro, declara improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción del derecho, así como improbada la demanda reconvencional de daños y perjuicios. Sentencia que apelada por el actor, es confirmada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito de Oruro.
Bajo estos antecedentes, se establece que, el argumento principal tanto del juez de primera instancia como el tribunal de apelación para declarar improbada la demanda y probada la excepción de prescripción esta relacionada, a que el actor no tiene justificada su demanda, al no haber demostrado fehacientemente y contundente el derecho de exigir la entrega del inmueble con la prueba pertinente, y que por el contrario los demandados han demostrado la excepción de prescripción, en base a los artículos 1492, 1495 y 1507 del Código Civil, argumentando además que, si bien el actor ha demostrado ser propietario del inmueble objeto de la litis, desde la fecha de inscripción en Derechos Reales que fue el 5 de octubre de 1995, recién en fecha 18 de noviembre de 2000, después de más de cinco años, presentó su demanda de entrega del bien inmueble, cuando su derecho se extinguió por prescripción.
CONSIDERANDO: Que, la demanda como acto procesal consiste materialmente de un documento a través del cual se exterioriza la acción que conlleva una pretensión.
La pretensión es el motivo de la controversia y ésta el tema sobre el cual se ha de versar necesariamente la sentencia, por ello resulta indispensable que el actor deduzca adecuadamente su pretensión, exponiendo no sólo los hechos sino también efectuando la imputación jurídica que les atribuye; pues la pretensión no queda satisfecha con la mera exposición de los hechos si estos no son relacionados a una consecuencia jurídica, es decir si la pretensión no cuenta con la debida imputación jurídica. La causa de decir no sólo está integrada en los hechos sino además de la imputación jurídica de lo que se pide; la causa pretendi de la pretensión o la fundamentación de la demanda en razón de lo que en ella se pide, pasa necesariamente por la exposición de unos fundamentos que son jurídicos y consecuentemente, tácticos en el sentido amplio; si el actor quiere obtener la tutela jurídica concretada en la petición efectuada en la demanda, debe aportar al proceso los fundamentos jurídicos y tácticos en los que apoya tal petición, quedando el juez reatado a la imputación jurídica efectuada en la demanda, no pudiendo modificarla ni alterarla, ello en virtud al principio dispositivo y al de congruencia previsto por el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la sentencia recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas. No obstante de lo manifestado precedentemente, cuando el actor en su demanda omita mencionar la imputación jurídica en la cual basa los hechos de su pretensión, el juez como director del proceso con la facultad establecida en el articulo 333 del Código de Procedimiento Civil, tiene la facultad de observar la misma a los fines de que se subsane dicha observación, en caso de no hacerlo y admitir la demanda con la omisión de la calificación jurídica, le corresponderá en aplicación del principio iura novit curia, subsanar los yerros u omisiones en las citas legales, sin que ello implique la facultad de alterar los hechos que hacen a la imputación jurídica calificada, a los fines de no dar lugar a pronunciamientos imprecisos tanto por el juez a quo como por el ad quem, esto en observancia al principio "iura novit curia" que impone a los jueces de grado resolver las controversias, así las partes no hubieren indicado a cabalidad la norma en la que se fundan, habida cuenta que la obligación primordial de las partes es exponer los hechos, por cuanto el derecho le corresponde conocer al juez y declarar la norma aplicable al caso sometido a su conocimiento.
En el caso que se analiza, de la lectura de la demanda de fojas 12, ratificada a fojas 260 y complementada a fojas 262, se evidencia que el actor, al demandar la entrega de su bien inmueble sin efectuar la imputación jurídica a los hechos denunciados, se entiende que, lo que pretende es la reivindicación de su inmueble de manos de los demandados, al manifestar en lo sustancial, de manera reiterada que su persona es propietario del inmueble que ocupan los demandados sin ningún título, de ahí que, en su petitorio final pide que, en sentencia se ordene la entrega del mismo bajo alternativa de lanzamiento. Estos hechos expuestos referidos al derecho propietario del actor y la ocupación arbitraria por parte de los demandados, así como la entrega del inmueble fueron sometidos a probanza y debate a través del auto de relación y fijación de los puntos de hecho a probar de fojas 480, pese a que estos hechos no fueron negados ni fueron motivo de controversia por parte de los demandados, de ahí que, correspondía al juez de la causa como director del proceso al haber admitido la demanda sin una previa calificación jurídica de inicio, aplicando el principio "iura novit curia" fallar de acuerdo a los hechos demandados, aplicando las citas legales pertinentes.
En el caso de autos, tanto el juez a quo como el tribunal ad quem no repararon en aquellos aspectos a tiempo de emitir sus respectivos fallos, en efecto, la sentencia de primera instancia se limitó a argumentar que la parte actora no cumplió con el "onus probandi" para justificar su demanda y que por el contrario la parte contraria demostró la excepción de prescripción del derecho del actor para recuperar el inmueble, por su parte el tribunal de instancia se limitó a reiterar el razonamiento del juez en cuanto a la prescripción, empero ninguno relacionó su fundamentación en relación a los hechos denunciados en la demanda y en base a los puntos de hecho a probar señalados en el auto de relación procesal de fojas 480, el cual consignaba entre otros como puntos de hecho a probar para el actor: a) La demostración del derecho propietario del actor sobre el inmueble objeto de la litis, y b) Que los demandados ocupan el inmueble de forma arbitraria y sin ningún título, aspectos de hecho a probar que tienen entera relación con la figura jurídica de la reivindicación (entrega o recuperación de la cosa), por lo que correspondía a los jueces de instancia pronunciarse en lo sustancial en base a la calificación jurídica expresada por el artículo 1453 del Código Civil referida a la acción de reivindicación a los fines de su consecuencia jurídica. No haber resuelto la causa de esta manera, y haber fallado sólo en relación a la figura de la prescripción han reducido al proceso ordinario de hecho a uno de derecho, desconociendo la obligación y el deber que tienen como administradores de justicia de pronunciarse respecto a todo los hechos expresamente demandados, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, que impone a los jueces al pronunciar sentencias de adoptar decisiones precisas y concretas que recaigan sobre las cosas litigadas en la medida en que hubieren sido demandadas y probadas.
Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal Supremo, corregir las omisiones detectadas a los jueces de instancia y aplicando el principio "iura novit curia" ingresar a resolver en lo sustancial de la causa, calificando a los hechos demandados por el actor dentro de la figura jurídica de la reivindicación establecida en el artículo 1453 del Código de Procedimiento Civil, partiendo de los siguientes criterios:
La jurisprudencia uniforme dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como el Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado sosteniendo lo siguiente: "La reivindicación es una acción real establecida en defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella o "jus possidendi", distinta del "jus posesionem" que informa a la posesión de hecho. Por ello el artículo 1453 del Código Civil, discurre en sentido de que el "propietario" que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta...". De esta afirmación se infiere, que el objeto de la interposición de la acción reivindicatoria es el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario, y la acción ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa de la que se cree propietario, se funda en la existencia del derecho de propiedad y tiene por finalidad la obtención de la posesión, o dicho de otra manera, la acción reivindicatoria es la acción concedida al propietario para permitirle que se le reconozca su derecho y sancionarlo ya que se encamina al reconocimiento del fondo del derecho y no al simple hecho de la posesión. En ese mismo sentido se ha pronunciado, el Auto Supremo No. 199 de 13 de octubre de 2004, estableciendo "...el sólo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así, el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues en estas últimas sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero...", en ese mismo sentido han discurrido los A.S. Nº 135/2001 de 29 de junio de 2001, A.S. Nº 365/2007 de 11 de septiembre, A.S. Nº 48/2009, de 2 de febrero, A.S Nº 24/2012 de 27 de febrero y A.S Nº 30/2012 de 29 de febrero, entre otros. Consecuentemente, en base al análisis precedente, se concluye que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem, han incurrido en error objetivo manifiesto en la valoración de la prueba documental, testifical y de inspección ocular aportada por el actor para justificar su demanda de entrega de inmueble (acción de reivindicación), pese a la demostración del derecho propietario del actor sobre el inmueble objeto de la litis el cual se encuentra registrado en Derechos Reales para ser oponible ante terceros y la comprobación de que dicho inmueble esta siendo ocupado arbitrariamente por los demandados, pese a que estos últimos en ningún momento han negado los hechos expuestos en la demanda, han inobservado lo dispuesto en los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, además de haber aplicando erróneamente la prescripción dispuesta en los artículos 1492, 1494 y 1507 del Código Civil, a la figura jurídica de la reivindicación, cuando dicha acción es imprescriptible, contradiciendo lo establecido en el 1454 del mismo cuerpo sustantivo de leyes civiles, aspectos que se adecuan a las causales casación en el fondo contenidas en los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, al advertirse que las resoluciones de instancia ha sido dictadas fuera del marco de la equidad, de la ley y de la justicia, sin un acertado criterio jurídico, corresponde aplicar el principio iura novit curia, que establece que "las partes deben proponer los hechos y el juez aplicar el derecho", toda vez que el objeto de los procesos es llegar a establecer la verdad jurídica de los hechos y otorgar la protección jurisdiccional que corresponda, en sujeción a los artículos 1 y 91 del Código de Procedimiento Civil, concordantes con los artículos 1449 y 1450 del Código Civil, y resolver el recurso en la forma prevista por el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 017/2007 de 9 de febrero, y deliberando en el fondo, declara probada la demanda de fojas 12, ratificada a fojas 260 y complementada a fojas 262 en cuanto a la entrega del inmueble (reivindicación), manteniendo inalterable el resto de las decisiones adoptadas por el juez de la causa en la sentencia de fojas 768 a 770 y vuelta. En su mérito se dispone que los demandados Benigna Daza Rocha; Antonio Lee López Daza, Jimmy Américo López Daza y Jael Claudia López Daza, desocupen y entreguen el inmueble objeto del presente litigio a su legítimo propietario Alfredo Hugo Sahonero Irahola, y sea en el plazo de treinta días computables a partir de la notificación del decreto de cúmplase dictada por el juez de la causa. Sin responsabilidad por ser excusable.
Libro Tomas de Razón 15/2012