Source: https://es.scribd.com/document/375700526/Sentencia-Ambiental
Timestamp: 2019-04-21 00:24:02
Document Index: 334001464

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 30', 'artículo\n94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 20']

Cargado por Victor Larrondo
D. S. N° 004-2017-MINEDU - APRUEBAN REGLAMENTO DE LEY N° 29988
evaluaciondeproyectos-110606180409-phpapp01
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El motivo de la sentencia: La sentencia analizada fue dictada por la Corte Suprema
como consecuencia de la apelación deducida en contra de la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección interpuesto en contra del
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, con motivo de que este en
resolución exenta N° 0183/2016, previamente había rechazado los recursos jerárquicos
(subsidiarios) que se intentaron contra la resolución exenta N° 010/2016 (del director
regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena) que a su vez era negativa respecto a las solicitudes de apertura del proceso de
participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
“Incorporación de Tronadura como Método Complementario en la Extracción Mecánica
de Material Estéril en Mina Invierno”, del titular Minera Invierno S.A.
Los hechos: El proyecto mina Invierno, durante el año 2011, fue analizado y evaluado
favorablemente por las autoridades competentes, esto, luego de un estudio de impacto
ambiental, en donde la comunidad participó activamente en cumplimiento de las
normativas preceptuadas al efecto.
Con posterioridad, hace 2 años, la Minera Invierno S. A., con miras a ampliar el proyecto
de explotación, decide su ingreso nuevamente al Sistema de Evaluación Ambiental, pero
esta vez presenta una declaración de Impacto Ambiental denominada como ya se señaló,
de Material Estéril en Mina Invierno”.
Un hecho no controvertido por las partes es que el proyecto no es de aquellos que se
señala en las letras a.1),b),c),d),e),f),j) y o) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.1
En lo referido a este proyecto complementario se presentaron un total de 19 solicitudes
de apertura de un proceso de participación ciudadana, no obstante, la Resolución Exenta
N° 010/2016 de la Dirección Regional del SEA de la región de Magallanes y de la Antártica
chilena, rechazó estas solicitudes.2 Frente a esto, se dedujeron recurso de reposición y
en subsidio jerárquico, siendo ambos rechazados.
El proyecto, y esto no estuvo en discusión, generaba efectos externos, como por ejemplo,
emisiones de material particulado, vibraciones, ruidos, etc.
Por lo anterior, se recurre de protección, estimando la vulneración de las garantías
constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medioambiente libre de
contaminación, alegando como ilegalidad el hecho de que la resolución que negó cabida
a la participación ciudadana, vulnera lo dispuesto en el artículo 30 bis inciso primero de
la ley N° 19.300, habiéndose recurrido contra esta y no obteniendo ningún
pronunciamiento favorable. También se agrega que se vulnera el propio reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en específico los incisos 6° y 7° del artículo
94, esto, dado que con motivo del rechazo de las solicitudes de apertura del
procedimiento de participación ciudadana, se señaló3 que un proyecto solo provoca
cargas ambientales, cuando copulativamente se producen beneficios sociales y
externalidades negativas, estimando que en la especie, no hay beneficios, por lo que tal
procedimiento (la participación ciudadana) no resulta pertinente.
Cuestión que tiene crucial importancia, como se verá, en la discusión y deliberación del conflicto jurídico relevante
que subyace tras el caso en análisis.
Cabe aclarar en este punto que constituye hecho no controvertido por las partes que las respectivas solicitudes no
adolecen de ningún vicio formal, y cumple con los plazos.
El Servicio de evaluación ambiental, informando al recurso, sostuvo también que el recurso de protección no es la
vía idónea para reclamar sobre la controversia.
Criterios y discusión jurídica: En este punto intentaremos ser lo más breves y precisos. Resolviendo estas cuestiones. es más. y esta. así señala: Sexto “Que la controversia de autos se circunscribe a determinar en primer término si la enumeración de proyectos contenidos en las letras a.c). la mayoría de los proyectos generan de una u otra forma un beneficio social. tal y como se señala en el considerando séptimo.1). se hace necesario dilucidar si conforme a lo establecido por la legislación ambiental vigente. La Corte Suprema. Concluye que la mayoría de los proyectos generan cargas ambientales. para que un proyecto sujeto a una Declaración de Impacto Ambiental genere cargas ambientales debe. (Historia de la Ley N°20. de manera tal que sólo puede considerarse que generan cargas ambientales los proyectos allí descritos y. respecto a beneficios sociales. resulta susceptible de participación ciudadana y si el listado del artículo 94 inciso 7°. sostener que el proyecto respecto del cual se solicita la participación ciudadana no genera beneficios sociales. pero si cargas o externalidades negativas. siendo concordante con lo señalado por la ley 19. se presenta siempre que un proyecto genera beneficios sociales y efectos o externalidades negativas. la participación ciudadana en la evaluación de este tipo de proyectos. lo que no obsta al comentario general analítico y crítico que se adjunta al final del presente. analizar la historia fidedigna de la ley. para lo cual.b). si es posible. no se discute su existencia. fija el conflicto de la siguiente manera: Estima que lo controvertido resulta ser los supuestos a través de los cuales un proyecto que ha ingresado por Declaración de Impacto Ambiental. 300. producir beneficios sociales y externalidades negativas. necesaria y copulativamente. es uno de los principios que rige el área.1969). a veces más directo. por lo que la gran mayoría de las Declaraciones de Impacto Ambiental podrán tener acceso a un proceso de participación ciudadana. Cámara de Diputados pp. cuando sea relevante. a saber: “Noveno: Que a propósito de la presente controversia y analizando la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N°20.Tercer Tramite Constitucional. sin embargo.” En lo referente a las cargas ambientales. Luego. la sentencia objeto de análisis dedica todo un considerando a reproducir la opinión de la entonces Ministra de Medio Ambiente. a que alude el artículo 94 del mismo Reglamento es de carácter taxativa. de acuerdo a lo expuesto por las partes. respecto de una indicación del Ejecutivo que incorpora como exigencia de los procesos de participación ciudadana que el proyecto genere cargas ambientales en las comunidades próximas. no genera beneficios sociales. en tanto sea pertinente. En un segundo acápite y al tenor de lo resuelto por la autoridad recurrida. aunque produzcan beneficios sociales. Añadiendo que interesa llevar a la participación ciudadana aquellos proyectos que. una reflexión sobre el particular.e). Sostuvo que no es de interés organizar un proceso de participación ciudadana para aquellos proyectos que no generan un impacto o una carga negativa a la ciudadanía. sustraerlo de los procedimientos de participación ciudadana resulta absurdo.417. en consecuencia los que no aparecen en tal enumeración no generan cargas ambientales y por lo tanto quedan excluidos per sé de un proceso de participación ciudadana.f). y en el mismo acápite.d).417. generen cargas ambientales negativas. la Corte señaló lo siguiente: . la Corte construye el razonamiento del particular atendiendo al concepto de carga ambiental. sin perjuicio de aquello. resulta o no ser un listado taxativo.j) y o) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además. es importante reproducir lo expuesto por la Ministra del Medio Ambiente. a veces indirecto. se transcribirán literalmente los contenidos de la sentencia y se añadirá. y además resulta aclaratorio. si un proyecto. como se dijo más arriba.
“acción de beneficiar”. Añade el mismo texto que lo social es: “perteneciente o relativo a la sociedad”. porque no es fruto de un claro proceso de participación ciudadana en el que se haya tenido en cuenta y se haga cargo de las observaciones al proyecto planteadas por los recurrentes.d). Costa Cordella y otra. incumple la obligación de fundamentación de los actos administrativos. 5 El paréntesis es nuestro . aunque sea en menor escala. Añade en el Décimo Tercer considerando lo siguiente. por ser este un orden taxativo. La Participación Ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental en Justicia Ambiental. en que la RE N°098/2016 de 26 de julio de 2016 que calificó ambientalmente favorable el proyecto de “Incorporación de Tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la mina invierno”. aspecto que lesiona la garantía de igualdad ante la ley.Duodécimo: “ (…)Sin embargo. FIMA. “utilidad o provecho”. dicho texto fue remplazado. Décimo Sexto: Que el haberse omitido el proceso de participación ciudadana legalmente requerido por los actores deviene. luego de analizar la normativa de la propia ley 19. un beneficio o utilidad social. de acuerdo a los principios de la ley. al no aplicarse las disposiciones contenidas en los 4 Aquí el considerando lo que hace es citar la siguiente obra: Ezio. debiendo por ello quedar excluido de participación ciudadana. lo sostiene el máximo tribunal en el considerando décimo quinto de la sentencia analizada. salvo una difícil interpretación restrictiva de los beneficios sociales.1). citando como ejemplo extraer sustancias de una mina. que debía acatar la autoridad por imperativo legal. Además. suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N°19. por cuanto de la revisión de las tipologías contenidas en el artículo 10 no encontramos ningún proyecto que no produzca.b).c).j) y o) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana. en mayor o menor medida. en lo que se refiere al concepto de “beneficios sociales”. por cuanto concurren las demás exigencias que ha establecido el legislador”. que versa sobre la forma de extracción de un mineral. Finalmente la Corte Suprema señaló: “Décimo Cuarto: Que en este escenario y conforme a lo antes expresado. Tal carencia torna ilegal la decisión al faltar y negar efectiva aplicación. la ley no contempla definición alguna. tratándose de un proyecto sometido a una DIA (Declaración de Impacto Ambiental)5. como un efectivo ejercicio al principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental Chileno. 99. En este contexto. La corte se basa en que el texto anterior del artículo empleaba la voz “únicamente” por lo que en este caso si se restringía el orden a ser taxativo. el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a los “beneficios” entre otros como el “bien que se hace o se recibe”. asimismo.4 En lo que respecta al argumento señalado por la recurrida de que el proyecto no es de los señalados en las letras a.e). es una actividad sometida al SEIA que generará.300 referida a proyectos mineros: “Así las cosas. Revista de Derecho Ambiental de la Fiscalía del Medio Ambiente. pag. algún beneficio social”. el artículo 4 impediría realizar una interpretación tan reduccionista como la propuesta. en consecuencia será necesaria la aplicación de las reglas de interpretación de la ley contenidas en los artículos 19 y siguientes del Código Civil y concordante con la historia fidedigna de la disposición legal.300. todo esto.f). tenemos como consecuencia lógica que la inmensa mayoría de los proyectos que se someterán al SEIA tendrán esa característica. año 2011.
la Corte tomo postura y abiertamente dispuso: “Décimo Octavo: Que el deber de inexcusabilidad de los tribunales. tal y como se determinó en la discusión jurídica del caso. y en su lugar.artículos 26 y siguientes de la Ley N°19. puesto que en nuestro ordenamiento jurídico ninguna materia está exenta de acción ante los tribunales ordinarios o especiales. según corresponda. acoge la acción de protección. pero ello no es obstáculo para requerir de la jurisdicción el amparo de las garantías constitucionales cuando corresponda. debiendo realizarse previamente el procedimiento de participación ciudadana. con las exigencias legales . como ocurre en el caso de autos. (…)” La decisión: La Corte Suprema revoca la sentencia apelada. y como consecuencia de lo anterior. cumpliendo así. impone a la jurisdicción emitir decisión respecto del recurso planteado. al disponer que la acción constitucional de Protección es compatible con el ejercicio de otros derechos y por las vías pertinentes. lo cual deja sin efecto la Resolución Exenta N° 0183/2016 del Director Ejecutivo del SEA. reiterado expresamente en el artículo 20 de la Carta Política. y consecuentemente la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto “Incorporación de Tronadura como Método Complementario en la Extracción Mecánica de Material Estéril en Mina Invierno” Además.300. cuestión rebatida al informar al recurso. ordena retrotraer el proceso de al estado anterior de la Resolución de Calificación Ambiental.” A propósito de la pertinencia de la Acción de Protección. que consagran la participación de la comunidad en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
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