Source: https://es.scribd.com/doc/34208851/14/Procedimiento-de-ejecucion-embargo-y-remate
Timestamp: 2016-02-11 06:33:05
Document Index: 397441841

Matched Legal Cases: ['artículo 700', 'artículo 685', 'artículo 942', 'artículo 952', 'artículo 964', 'artículo 970', 'Artículo 970', 'artículo 761', 'artículo 970', 'Artículo 123']

Una vez que la junta ha emitido el laudo, es importante determinar el tipo de
éste, es decir, si fue absolutorio o en su caso condenatorio. Claro está que si se
trata de la parte patronal el que resulta favorable a sus intereses será el primero
de ellos, por lo que en torno al mismo estará a la espera de si la actora decide
o no agotar el juicio de garantías para combatirlo. En el segundo de los casos,
tratándose de un laudo condenatorio, de manera inmediata y una vez agotadas
las setenta y dos horas siguientes en que surta efectos la notifcación que marca
la Ley Laboral para que éste sea cumplimentado por la patronal; se procederá
por la parte actora a solicitar a la Junta Especial que conoce el asunto a que se
dé inicio al Procedimiento de Ejecución, Embargo y Remate, lo que se conoce
en la vida de un litigante como el solicitar se Despache el Auto de Ejecución
con efectos de mandamiento en forma.
Así es que el Título Quince, Capítulo Primero de la Ley en la materia es-
tablece en primera instancia las Disposiciones Generales que deben regir en la
ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya
sea locales o federales.
Es importante reiterar en este apartado, que todo el Procedimiento de Eje-
cución, Embargo y Remate, es llevado a cabo únicamente por parte del Presi-
dente de la Junta Especial que conoce el asunto, a petición de la parte actora, por
lo cual la solicitud de inicio del mismo se debe efectuar exclusivamente a dicho
funcionario, de lo contrario se corre el riesgo de que la petición sea desechada
por no cumplir las formalidades mínimas que marca el ordenamiento laboral.
En ciertos casos en la práctica diaria del litigio se presentan ocasiones en
los cuales si bien es cierto la demanda se interpuso en una junta determinada,
ya sea porque el trabajador utilizó la competencia que versa en cuanto a su do-
micilio o el lugar donde prestó el servicio, conforme lo estipula el artículo 700,
fracción II de la Ley Federal del Trabajo, al momento del ejecutarse el laudo,
no será factible efectuarlo en dichos domicilios, sino que por el contrario en
la matriz o en su caso el domicilio fscal se ubica en un estado de la República
Mexicana diverso al que se encuentra tramitándose el juicio laboral.
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Ante la situación ya comentada, es menester que al momento de que se
solicite el procedimiento de ejecución o embargo en contra de la parte deman-
dada, de igual forma se requiera el envío de un exhorto al Presidente de la Junta
de Conciliación y Arbitraje en donde se encuentre el domicilio en el que se
pretenda requerir del pago del patrón.
Dicho exhorto deberá acompañarse de la documentación necesaria que
soporte la obligación con respecto al patrón de efectuar el pago de una canti-
dad líquida o de llevar a cabo la reinstalación formal del actor; en ese mismo
sentido y toda vez que en la mayoría de los casos existe oposición por parte del
patrón para que se cumplimente en sus términos lo ordenado por las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, no se debe olvidar acompañar la petición en el sen-
tido de que se faculte de igual forma a la autoridad exhortada para que pueda
utilizar los medios de apremio que contempla la Ley, esto con la fnalidad de
que la ejecución del laudo sea lo más pronta y expedita posible; ya que de lo
contrario el exhortado no estará en aptitud de ir más allá de lo que se le solicita
en el exhorto turnado por el Presidente exhortante.
Es práctica común que los mismos litigantes soliciten al Presidente de la
junta que conoce el asunto, que el exhorto con sus inserciones se les entregue
directamente a fn de que ellos mismos procedan a diligenciarlo y se aperso-
nen ante la junta exhortada para darle así mayor celeridad al procedimiento,
lo cual encuentra su fundamento en los principios procesales contenidos en
el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo.
Con independencia de lo anterior, se debe señalar que el Presidente ex-
hortado, no cuenta con facultades para emitir resolución o acuerdo alguno
en torno a las manifestaciones o excepciones que haga valer la parte patronal
al momento de que se lleva a cabo el procedimiento de ejecución, ya que lo
prohibe tajantemente la Ley Laboral en el artículo 942, por tal motivo en el
supuesto de que se haga valer, ya sea una Revisión de Autos del Ejecutor sea este
el Presidente o el Actuario, o en su caso una Tercería Excluyente de Dominio,
quien deberá resolver estas situaciones, también lo será el Presidente exhortan-
te. Por lo que el exhortado deberá remitirle las diligencias y actuaciones llevadas
a efecto por el mismo a fn de que se emita la resolución correspondiente en el
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Existen ocasiones en que los laudos únicamente señalan que se condena
al patrón al pago de la Indemnización Constitucional, Salarios Caídos, Prima
Vacacional, Aguinaldo, Horas Extras, entre muchas otras, sin embargo el valor
no viene cuantifcado en cantidad líquida y cierta; por tanto al no contar con
un importe específco para requerir, se Despache el Auto de Ejecución, obliga
a la parte actora a solicitar previo a ello el que se abra un Incidente de Liqui-
dación del laudo, que tendrá como objeto el cuantifcar todas las prestaciones
a las que resultó condenado el patrón y una vez hecho esto en una Audiencia
Incidental a la cual, también comparece el patrón, se exhibirá de igual forma
una planilla de liquidación por su parte, mismas que serán analizadas por la
Junta de Conciliación y Arbitraje y una vez agotado este punto se emitirá una
resolución incidental en la que se haga constar la cantidad líquida en donde fue
condenado el patrón, estando sólo en estos momentos en aptitud de iniciar el
En el supuesto de que durante el Procedimiento de Ejecución la parte pa-
tronal manifeste su voluntad de acatar en sus términos el laudo emitido, te-
nemos que en caso de pagos líquidos y ciertos éstos, podrán llevarse a cabo en
una sola exhibición o incluso como lo señala la propia Ley, también es dable
convenir modalidades para su cumplimiento.
Cualquiera de las opciones que se manejen, tenemos que tratándose de en-
trega de sumas de dinero, si bien es cierto en la diligencia de ejecución se hará
constar la exhibición de dicho dinero por parte del patrón, más cierto es que la
entrega de estas cantidades deberán efectuarse en el local de la Junta de Conci-
liación y Arbitraje, en específco en la Junta Especial ante la cual se tramita el
juicio laboral, es por ello, que se procederá a levantar una comparecencia en la
que el actor personalmente o el representante legal del patrón manifesten, ya
sea la cumplimentación total del laudo o el pago en parcialidades del mismo,
solicitando que el Secretario de Acuerdos de la junta proceda a certifcar y dar
fe de la entrega y recibo del dinero a la parte actora, con la fnalidad de que la
junta quede debidamente formalizada. En vía de comentario se puntualiza que
aun cuando la Ley no lo señala, en nuestros días las Juntas de Conciliación y
Arbitraje sólo admiten pago en efectivo, cheques de caja o certifcado, esto con
la fnalidad de otorgarle mayor certidumbre al trabajador, y que no sea sorpren-
dido con la entrega de un cheque sin fondos.
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En el supuesto de que exista una negativa por la parte patronal de acatar el lau-
do dictado por la autoridad laboral, es cuando se da inicio dentro de la misma
diligencia al Procedimiento de Embargo de los bienes del patrón.
Este embargo como ya se ha manifestado, se debe practicar en primera
instancia en el lugar en donde se prestaron los servicios o en el lugar que la
Junta de Conciliación y Arbitraje autorice para tal efecto, una vez que el Ac-
tuario se ha constituido en el domicilio y siendo inefcaz el requerimiento de
ejecución del laudo, se requerirá la presencia del dueño del establecimiento o
en su caso del Representante Legal con la fnalidad de que se pueda entender
la Diligencia de Embargo con dichas personas, no obstante lo anterior si no se
encuentran presentes, la Ley permite que el funcionario de la junta requiera
de pago a la persona con la cual entienda la diligencia o si ninguna persona
está presente se podrá practicar el embargo y una vez hecho esto se deberá fjar
copia de la diligencia respectiva en la puerta del establecimiento o local.
En este momento es cuando se puede presentar por la parte patronal una
oposición total al requerimiento, llegando incluso a negarse el acceso al esta-
blecimiento, con lo que se está impidiendo el cumplir con una resolución de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es por ello, que ante dicha oposición el
Actuario podrá sin necesidad de autorización previa el solicitar el auxilio de
la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, en nuestros días esto no es
llevado al pie de la letra, ya que la mayoría de los Actuarios preferen dar vista
al Presidente de la Junta Especial a la cual están adscritos a efecto de que éstos
determinen las acciones correspondiente para que se cumplimente en sus tér-
minos el laudo emitido.
Una vez que se encuentra el Actuario en aptitud de llevar a efecto la Dili-
gencia de Embargo, solicitará a la parte patronal indique los bienes que serán
sujetos de embargo y sólo que ésta se negare, el derecho a ello le corresponderá
Con independencia de esto, será responsabilidad del Actuario que úni-
camente se embarguen bienes hasta el monto necesario para garantizar la
condena líquida establecida por la junta, así como el que no se trate de bienes
que constituyan el patrimonio familiar, o maquinaria que sea indispensable
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para el desarrollo adecuado de la empresa, situación que se puntualiza en el
artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo y además de ello se trate de bienes
de fácil realización, también deberá verifcarse que no sean perecederos; esto
en virtud de que si bien la Ley permite el pago en especie, se han dado casos en
los cuales se sorprende al trabajador sin que la junta haga ningún señalamien-
to y se autoricen embargos sobre frutas, legumbres o alimentos que si no son
realizados de manera inmediata simple y sencillamente se echarán a perder
y el patrón manifestará que ese no es su problema, por tanto se tendrá por
pagado las cantidades a que fue condenado en el juicio laboral.
Un embargo según la Ley, puede recaer sobre dinero o créditos, bienes
muebles, bienes inmuebles, cuentas bancarias e incluso sobre la misma empresa
En caso de embargo de dinero o créditos realizables en el acto, de mane-
ra inmediata el Actuario hará constar este Hecho en su diligencia respectiva
y deberá trasladarse a la Junta Especial a efecto de ponerlo a disposición del
Presidente de la misma y éste a su vez mediante el acuerdo correspondiente
ordenará la entrega del mismo al trabajador, por lo que es menester que per-
sonalmente acuda a la junta y se identifque con su credencial expedida por
el Instituto Federal Electoral (ife) o cualesquier otra identifcación ofcial.
Si el embargo fue trabado sobre un crédito, fruto o producto el acuerdo
emitido por el Presidente será en el sentido de notifcarle al deudor que en
lo subsecuente el importe del pago o de los pagos se entregará de manera
directa al Presidente de la junta para que éste a su vez le haga entrega del
pogo al actor, y apercibiéndolo de doble pago en caso de desobediencia, esto
es, que si entrega las cantidades que adeuda al patrón y no a la junta, la junta
le requerirá a pesar de ello que le entregue la cantidad correspondiente, toda
vez que ésta ya era parte del peculio del trabajador.
Tratándose de embargos sobre bienes muebles, se procederá a designar un
Depositario , en la mayoría de los casos es la propia parte actora, con la fnali-
dad de resguardar y custodiar debidamente dichos bienes, señalará un domici-
lio diverso a la parte patronal, siendo necesario entonces trasladar los muebles
al domicilio señalado por la parte actora, mismos que permanecerán en dicho
lugar hasta en tanto se concluya con el Procedimiento de Remate o se paguen
las cantidades establecidas en el laudo. En este punto es importante señalar que
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en la diligencia que el Actuario levante en este tipo de embargos, es trascen-
dental que los bienes muebles se detallen perfectamente, es decir, se precise su
color, contenido, vida útil e incluso el número de serie, pues en ciertos casos
en el lapso de aproximadamente una semana que tarda la junta en autorizar el
cambio de domicilio de los bienes embargados es utilizado para sustituirlos por
otros de inferior calidad o incluso chatarras.
Cuando el embargo es sobre bienes inmuebles, se aconseja que previo a
trabar el mismo se acuda a verifcar si el bien se encuentra libre de gravamen,
además de que se tenga la seguridad de que éste sea propiedad de la parte patro-
nal, ya que de no contar con este cercioramiento de nada serviría el embargo.
En caso de que el inmueble sea propiedad de la parte patronal, el embargo
se considerará trabado debiendo de igual forma levantarse la diligencia respec-
tiva y con ella se dará vista al Presidente de la Junta Especial a efecto de que se
sirva girar atento ofcio al Registro Público de la Propiedad para que se inscriba
de manera formal y legal el citado embargo.
En nuestros días se ha hecho una práctica cada vez más utilizada el embar-
gar las cuentas bancarias de la parte demandada, para ello, sólo es necesario que
el actor previamente conozca el número de las mismas, así como la institución
bancaria, y en la diligencia de embargo el Actuario procederá a hacer constar
esta situación y de manera inmediata se trasladará a las ofcinas principales del
banco en donde se encuentra la cuenta o cuentas embargadas con el fn de
hacerlo del conocimiento de los Representantes Legales de estas instituciones
y lograr con ello que las cuentas queden inmóviles ante el embargo trabado
sobre de ellas, una vez hecho lo anterior dará por terminada su diligencia y dará
vista al Presidente de la Junta Especial para que éste lleve a cabo las acciones
necesarias y cubrir en su totalidad las cantidades que el demandado adeuda a
la parte actora. En este momento, el Presidente girará atento ofcio a la institu-
ción bancaria y solicitará se le remita vía cheque certifcado el importe total de
la cantidad al que se encuentra condenado el patrón o en su caso de no contar
con dicha cantidad en la cuenta embargada, se le envíe el saldo existente al mo-
mento de la fecha del embargo; sin violentar el secreto bancario lo único que
realizan los bancos es acatar una orden de las autoridades laborales.
Por último, es factible que como la Ley Federal lo establece en su artículo 964,
existan embargos sobre la totalidad de la empresa o establecimiento, será necesario
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designar un Depositario Interventor con cargo a la caja, el cual vigilará la contabi-
lidad y administrará en sí el negocio, buscando que exista el mayor rendimiento
posible para que la deuda del patrón con la parte actora se fniquite lo más
Mención especial dentro de este procedimiento merece la situación en la
que un actor se puede encontrar aun cuando se hubiere trabado el embargo, ya
sea sobre bienes muebles o inmuebles o cualesquier otra modalidad permitida
por la Ley Laboral, aún así los bienes no sean sufcientes para cubrir las can-
tidades por las que se despachó el Auto de Ejecución, ya sea porque el avalúo
del perito así lo determinó o porque se interpuso una Tercería Excluyente de
Dominio; ante ello y con la fnalidad de no dejar en estado de indefensión a
la parte actora, la Ley permite la fgura de la Ampliación del Embargo, la cual
quedará al arbitrio del Presidente de la junta el decretarla, esto sin ponerlo en
el conocimiento del demandado.
Con la situación que impera en nuestros días se han presentado cada vez con
mayor frecuencia la existencia de varios embargos sobre un mismo bien, ante
esta situación lo primero que se debe acreditar es que se trate de créditos labo-
rales o de trabajo, esto es, que se trate de créditos derivados de un juicio laboral,
una vez hecho lo anterior, los pagos deberán efectuarse en el orden sucesivo de
los mismos. En caso de embargos diversos ya sea en materia civil, mercantil,
fscal o cualesquier otra, aun cuando los embargos hubieren sido con antelación
y siempre que no se hubiere fncado el remate, la Ley Laboral establece que los
créditos de los trabajadores serán preferentes sobre cualquier otro.
Para que esta última situación se concrete, el Presidente de la junta que
practicó el embargo, deberá informar a la autoridad que los bienes embargados
quedarán afectos al pago preferente, esto a efecto de que en primer término se
proceda a cubrir el dinero que se le adeuda a él o a los trabajadores, hecho lo
anterior el saldo líquido que resulte después de hacer el pago se pondrá a dis-
posición de la autoridad que practicó el embargo para que ésta a su vez realice
lo conducente con los otros acreedores.
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Sólo en el supuesto en que se concluya con el embargo de los bienes y el mismo
se encuentre frme, es cuando la Ley permite que se continúe con el remate de
Tenemos que la Ley del Trabajo permite que el remate sea suspendido cuan-
do la parte demandada pague el importe de la cantidad señalada en el Auto de
Ejecución y en su caso de la ampliación al mismo; siempre y cuando no se hubie-
re fncado el remate o declarado adjudicados los bienes a favor del mejor postor.
En el supuesto de que el remate pretenda efectuarse sobre bienes mue-
bles, será requisito indispensable el presentar un avalúo con respecto a los
mismos y servirá como base del remate.
Si por el contrario, lo que se pretende rematar es un bien inmueble, uno
de los requisitos será al igual que en los muebles, el del avalúo emitido por
perito autorizado, pero con independencia de éste será necesario exhibir un
certifcado de no gravamen del inmueble expedido por el Registro Público de
la Propiedad por un periodo de 10 años anteriores a la fecha en que se ordene
por parte de la junta el remate correspondiente. En caso de que se advierta la
existencia de otros acreedores con respecto al bien inmueble que se pretende
rematar, será necesario notifcarlos a efectos de que éstos comparezcan ante la
autoridad laboral para hacer valer sus derechos.
En ambos casos, el remate deberá anunciarse para efectos de contar con
personas interesadas en la oferta, tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje
como en la ofcina de gobierno que designe el Presidente que conoce el asunto,
siendo generalmente la ofcina de la Tesorería. Para el inmueble además de lo
antes señalado, será necesario que se publique en el periódico de mayor circu-
lación con respecto al lugar en donde se encuentran los bienes.
Para efectos de identifcar claramente los términos que se utilizan en un
remate, el artículo 970 de la Ley Federal de Trabajo señala:
Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo.
La persona que concurra como postor, deberá presentar por escrito su postura
y exhibir en un billete de depósito de la Nacional Financiera, S.A., el importe
del 10% de su puja.
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15 Con lo anterior, estamos en posibilidad de establecer que para que exista
un remate será necesario la existencia de la persona interesada en adquirir los
bienes, por lo que la Ley le ha denominado postor, esta persona para poder
participar requerirá presentar su oferta con respecto al precio o cantidad básica
que estaría dispuesto a erogar para la adquisición de los mismos, la cual deberá
ser por lo menos de las dos terceras partes del avalúo de los aludidos bienes,
siendo esto lo que se identifca como postura legal.
El remate deberá llevarse a cabo exactamente en la hora y fecha señalada en
el acuerdo correspondiente de lo contrario, dará lugar a que la parte contraria
advirtiendo este Hecho, pueda incluso solicitar la nulidad de actuaciones por
la vía incidental, tal y como se prevé en el artículo 761 de la Ley Federal del
En el día y hora señalados, se procederá en primer término a vocear el
expediente hasta por tres veces consecutivas a efecto de que tanto la parte
actora, en su caso la demandada y cualquier persona interesada proceda a
comparecer en ese acto, hecho lo anterior el Presidente de la Junta Especial
que se encuentra conociendo el asunto, procederá a declararlo abierto y de
manera inmediata concederá un término de espera, durante el cual se recibi-
rán las posturas con respecto a los bienes materia del remate, cabe señalar que
éste no será superior de media hora.
Una vez agotado el periodo de espera, el Presidente de la junta procederá a
califcar las posturas y es en ese instante cuando inician las pujas entre los par-
ticipantes, que no excederán de un minuto entre las mismas, transcurrido este
tiempo el Presidente de la junta con base en la última puja declarará fncado el
remate a favor del mejor postor.
El actor si lo estima pertinente, podrá comparecer como postor durante el
remate sin ningún requisito más que el de presentar por escrito su postura; esto
es con la fnalidad de que en caso de que no llegaran a presentarse postores se
pueda solicitar por dicha parte la adjudicación del bien o bienes embargados a
su favor hasta por el precio de su postura.
Esta decisión de la parte actora de participar o no como postor, determi-
nará en la primera de las hipótesis el poder adjudicarse lo embargado, y en la
segunda el de solicitar sean celebradas nuevas almonedas las cuales tendrán con
respecto al valor del bien o bienes embargados una deducción de 20% cada vez
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15 que se convoque a ellas, mismas que deberán celebrarse dentro de los 30 días
Una vez que el postor es declarado adjudicado de los bienes, éste tendrá
un plazo de tres días hábiles a efecto de exhibir el importe total de su pos-
tura, siendo apercibido que de no hacerlo así se hará efectivo el Billete de
Depósito a que alude el artículo 970 de la Ley Laboral con independencia
de que la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá señalar nuevo día y hora
para la celebración de una nueva almoneda, en este caso el criterio a seguir
es que la misma deberá realizarse con una deducción de 20 por ciento.
Con el importe total exhibido, es decir, pagado totalmente el bien, el Pre-
sidente de la Junta Especial tendrá por Fincado el remate y deberá cubrir de
inmediato al actor el monto del mismo, debiendo realizarse la certifcación
correspondiente por parte del Secretario de Acuerdos a efecto de que con ello
se tenga por cumplimentado en su totalidad el laudo dictado y la junta se en-
cuentre en posibilidad legal de ordenar el archivo del expediente como asunto
defnitivamente concluido.
En el supuesto de que exista un excedente o remanente de la cantidad,
éste se entregará a cualquier otro acreedor que hubiere comparecido a la junta
a hacer valer sus derechos o en su defecto a la parte demandada, en caso de
que se trate de un inmueble se requerirá al anterior propietario exhiba toda la
documentación inherente al mismo a efecto de proceder a escriturar el bien, si
que el demandado se niegue a hacerlo, el Presidente de la Junta Especial cuenta
con facultades para hacer lo debido a la rebeldía del demandado, y es entonces
cuando frmadas las escrituras se pondrá en posesión al actor y con ello conclu-
ye bajo este escenario el Proceso Laboral Mexicano en nuestros días.
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El mundo y en particular el ambiente que se vive en las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, mediante la aplicación de la parte procesal de la Ley Federal
del Trabajo, es la materia principal de refexión sobre el presente trabajo de
investigación, ya que con base en lo anterior se pretendió enfrentar la prácti-
ca cotidiana contra la teoría que se contiene en la normatividad antes citada
y que como se aprecia en los resultados obtenidos, en nuestros días no basta
el recitar de memoria los artículos de la citada Ley, sino que por el contrario
es menester de toda persona interesada en la materia Procesal Laboral, el
actualizarse día con día, además de tomar como referencia tanto la práctica
litigiosa como la consulta de los criterios aplicados por parte de la autoridad
para la resolución de un litigio que se somete a su potestad.
Así tenemos, que de esta forma se buscó, como se ha dicho, el enfrentar el
¿Qué es? contra el deber ser, obteniendo en la investigación diversas afrmacio-
nes teóricas, resultado de conjuntar la teoría con la práctica; así que en lo re-
ferente a los Principios Procesales Laborales, por mucho que se manifeste que
ya no se utilizan y que son mera utopía, se obtuvo como resultado que tal vez
alguno de ellos ya no se siga tan estrictamente como debería ser, sin embargo en
lo general los mismos no se han desactualizado, sino que por el contrario han
adquirido mayor fuerza y relevancia en nuestro país, al estar en estos momentos
México en pugna por la transparencia y la integridad, mismos que aplicados
a la realidad del Proceso Laboral se traducen en el carácter público, gratuito e
inmediato de los principios antes citados.
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Por ello, al adentrarse en la temática que surgió con la investigación, se re-
conocieron de hecho y de derecho situaciones específcas en cuanto a un punto
señalado dentro del marco teórico, que sin embargo si bien ya eran conocidas,
no se recapacitaba en torno a las mismas desde su real dimensión, como sería el
caso concreto de los Convenios Fuera de Juicio, que hoy día son una realidad,
ya que ni el patrón ni el trabajador que viven ahora en la globalización les in-
teresa mantener un litigio que dure años, sino que por el contrario se busca la
sencillez y el proseguir con la vida sin problema alguno, lejos de revanchismos,
por lo que se busco así la llamada conciliación que pone fn a una relación
laboral, al fniquitar la misma y poder reintegrarse de manera inmediata como
trabajador en activo, sin que se preocupe de que pueda haber sido objeto de
alguna recomendación o boletín por su anterior patrón.
Tenemos que se esparcen conceptos maduros y en su caso aprendidos, para
que con base en la presente investigación y recolección de información, no se
vuelvan a repetir los errores que de manera común y cotidiana se presentan en
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo cuando se interpone un
escrito inicial de Demanda, y que con esto se dé mayor agilidad y celeridad al
No podemos olvidar que todo proceso presenta difcultades, y que además
incluso éstas pueden llegar a convertirse en serias repercusiones para el resulta-
do del juicio laboral.
Por esto la Audiencia de Ley fue uno de los puntos torales del presente tra-
bajo, ya que la misma al ser oral y derivado de la misma, emitirse un documen-
to de tipo público, es necesario actuar coherentemente dentro de la misma,
siendo recomendable el seguir paso a paso los supuestos e hipótesis contempla-
dos para tal efecto dentro de la Ley Federal del Trabajo.
Por supuesto, existirán personas que estarán de acuerdo con la presente
investigación y en especial con los resultados obtenidos, sin embargo se está
conciente en que podrán existir grupos o núcleos de población que no com-
partan éstos; sin embargo es a partir de este tipo de documentos de los cuales
se puede iniciar un nuevo redimensionamiento del Derecho Procesal Laboral
Mexicano, siendo dable estimar que se puede considerar como un punto de
partida para poder entender esta disciplina no sólo a la teoría sino también
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Finalmente podremos afrmar que se ha contestado la pregunta principal
de investigación, así como el que se han alcanzado los objetivos propuestos,
existiendo sufciente evidencia para manifestar y asentar que las preguntas
planteadas han quedado comprobadas en su totalidad.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye lo siguiente:
1. Como se observa a lo largo del presente trabajo de investigación, el Pro-
cedimiento Laboral vive en un constante cambio; ya sea por los criterios
que se manejan internamente dentro de la Junta de Conciliación y Arbi-
traje los cuales no son dados a conocer al público en general, sino hasta
que es aplicado directamente en un caso en particular; así como por las
constantes tesis jurisprudenciales que emiten los Tribunales Colegiados
y los Juzgados de Distrito que interpretan el articulado de la Ley Federal
del Trabajo, lo que motiva una gran difcultad al intentar apegarse estric-
tamente a lo que señala esta ley en su parte procesal.
2. Por lo que se desprenden ciertas partes dentro de la Ley Laboral, ya que
son obsoletas, por lo tanto es necesario que se dé un cambio dentro del
Proceso Laboral, no en la Ley en sí misma, pues los actuales tiempos son
difíciles para intentar dar un cambio tan drástico sin afectar los derechos
ganados por los trabajadores, pero es necesario que el estudiante en de-
recho, el litigante e incluso el público en general se entere de manera
oportuna de los cambios que sufre la impartición de la justicia laboral,
siempre apegados a lo preceptuado por el numeral 685 del citado or-
denamiento legal, para lograr con esto una mejor y más pronta justicia
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3. En la actualidad ya resulta intrascendente el que las partes se presenten perso-
nalmente en la etapa Conciliatoria, de no hacerlo, esto no le causa perjuicio a
ninguna de las partes. La gran mayoría de los casos los arreglos conciliatorios
se logran entre los apoderados, éstos se conocen por lo menos de vista, siendo
casi imposible lograr una conciliación al tener únicamente al trabajador y al
patrón frente a frente, por las fricciones que se dan entre los mismos y que en
muchos casos se puede arreglar el asunto con gran facilidad pero por cuestio-
nes diversas esto no se logra. En la práctica se ha optado en que los convenios
sean denunciados por los apoderados, al aprobarse por la junta en virtud de
las facultades que les fueron conferidas a los apoderados en las cartas poder
o testimonios notariales, y que deberá en ciertos casos ser ratifcados con
posterioridad por el trabajador. Todo lo anterior es con el fn de evitar el lla-
mado coyotaje que ha proliferado en las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
en calidad de que no se exige como requisito el ser abogado en ejercicio de la
profesión y contar con cédula profesional para su desempeño.
4. El actual proceso deja de ser expedito y pronto por la carga de trabajo tan
pesada que manejan las juntas, y para lograr dar estricto cumplimiento a
los principios y características del Derecho Laboral se estima viable como
opción la de ampliar y profesionalizar el personal de dichas juntas y alcan-
zar la excelencia y la mejora continua del proceso.
5. Por lo anterior se concluye que con el presente trabajo de investigación se
da respuesta y solución al problema planteado, al cumplir con el objetivo
inicial del mismo.
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diagrama 3. Obligaciones del patrón y trabajador
Flujo de Derecho Laboral
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diagrama 5. Derecho Laboral
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