Source: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00091-2005-AA.html
Timestamp: 2017-11-20 06:00:30
Document Index: 184862989

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 218', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 207', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 139']

00091-2005-AA
EXP. N.º 0091-2005-PA/TC
YENY ZORAIDA
HUAROTO PALOMINO
Recurso extraordinario interpuesto por Yeny Zoraida Huaroto Palomino y otra contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 203, su fecha 15 de julio de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 5 de diciembre de 2003, Yeny Zoraida Huaroto Palomino y Sandra Margarita Mesías de la Cruz interponen demanda de amparo contra el decano de la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, doctor Juan E. Ceccareli Flores; y el Director Académico de la misma, doctor Rafael Torres Godomar; alegando que los demandados han actuado de manera arbitraria, al someterlas a un examen de aplazado del curso de Anatomía Humana, correspondiente al tercer ciclo del II año académico, el 11 de setiembre de 2003, cuando en realidad, y por derecho, correspondía que se les tomara un examen sustitutorio, y no recibir un trato desigual y de marginación.
Señalan que las actoras no han cumplido lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N.° 23506, en concordancia con el artículo 218° de la Ley N.° 27444, que establecen que solo procede la acción de amparo cuando se ha agotado la vía administrativa. Manifiestan también que el Consejo Académico se ha pronunciado al respecto en sesión de fecha 30 de setiembre de 2003, comunicado mediante Oficios N.os 21 y 23, su fecha 6 y 10 de diciembre, respectivamente; después del análisis en base a criterios académicos, en concordancia con las disposiciones vigentes y a la metodología seguida en la elaboración del examen cuestionado, y de conformidad con la Resolución Decanal N.° 022-DFMH-95, del 15 de febrero de 1995, Reglamento General de Evaluación.
Alegan que no se encuentra entre sus competencias ordenar que se tomen nuevos exámenes, máxime porque supondría actuar en sentido contrario a lo resuelto por el Consejo de Facultad. Finalmente, manifiestan que, por las razones antes expuestas, las alumnas no pueden matricularse en el curso de Fisiología, en atención a la propia naturaleza de los contenidos de ambos cursos, y en la medida en que el curso de Anatomía es requisito absoluto, de conformidad con el artículo 27 de la Resolución N.° 2149-PCR-UNICA-ICA-2000, del 2 de setiembre de 2002, mediante la cual se aprueban los lineamientos generales para la elaboración, reajustes e implementación de las currículas de la universidad.
Con fecha 26 de enero de 2004, el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, emite la resolución N.º 06 (f.160), que declara infundadas la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y la demanda por los siguientes fundamentos:
- El derecho invocado por las accionantes no se encuentra comprendido en los presupuestos establecidos por el artículo 24 de la Ley N.° 23506, como derecho en defensa de los cuales procede esta acción de garantía.
- Conforme al artículo 18 de la Constitución Política, las universidades son autónomas en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, rigiéndose por sus propios estatutos, de lo que se colige que las actoras se encuentran obligadas a cumplir las normas que en ella se establecen para efectos de la evaluación.
- De lo contrario se sentaría un mal precedente, pues en adelante todos los alumnos desaprobados podrían pretender, mediante una acción de garantía, que se conmine a la universidad a la cual pertenecen a que se les vuelva a evaluar cuando obtengan nota desaprobatoria.
- En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa deducida por los demandados, esta debe declararse infundada por cuanto, aun cuando las demandantes hubiesen podido recurrir a esta vía, puesto que consideraban que recurrir a ella hubiera convertido en irreparable la agresión, la presente acción de garantía, como se tiene manifestado, no es la vía idónea para ello.
- No obra en autos copia de la resolución del Consejo de Facultad del 30 de setiembre de 2003, cuya existencia no ha sido negada por la parte demandante, y de la que tuvieron conocimiento mediante el Oficio Circular N.° 021-D-FMHDAC-UNICA-2003, de 6 de octubre de 2003, las demandantes y demás alumnos involucrados en esta situación.
- Las resoluciones del Consejo de Facultad pueden ser cuestionadas y revisadas por la instancia superior; en consecuencia, no habiéndose interpuesto recurso impugnatorio ante la autoridad administrativa correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 207 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, N.° 27444, las partes consintieron lo resuelto y, por lo tanto, la resolución emitida adquirió calidad de cosa decidida o firme.
- Al no haberse agotado la vía previa en el caso sub júdice, lo cual es requisito de procedencia de la acción de amparo, conforme lo establece el artículo 27° de la Ley N.° 23506, se ha debido rechazar in límine la demanda, al ser manifiestamente improcedente.
La demanda fue presentada por Yeny Zoraida Huaroto Palomino y Sandra Margarita Mesías de la Cruz contra el decano de la Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, doctor Juan E. Ceccareli Flores; y el Director Académico de la misma, doctor Rafael Torres Godomar.
El acto lesivo se refiere al examen de aplazado del curso de Anatomía Humana, tomado el 11 de setiembre de 2003, que contiene vicios y errores; así como la Resolución Administrativa Decanal Ficta que expresa el silencio y la negativa de los demandados para declarar la nulidad del examen en cuestión, y el Oficio Circular N.º 022-D-FMHDAC-UNICA-2003, de fecha 30 de octubre de 2003, expedido por el Decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ica que confirma dicha negativa.
- Anulación del examen de aplazado del curso de Anatomía Humana, tomado el 11 de setiembre de 2003.
- Realización de un nuevo examen y, consecuentemente, que se les permita la matrícula en el curso de Fisiología correspondiente al siguiente ciclo académico.
· Agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios, por lo que se analizará si la demanda de amparo es procedente o no
- Procedencia de la acción de amparo para la impugnación de una resolución administrativa, cuando, por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable.
· Supuesta afectación del derecho a la educación
- Determinación del contenido del derecho a la educación
- Libertad de cátedra y la autonomía de las instituciones universitarias
· Supuesta afectación del derecho al debido procedimiento administrativo
- Derecho a la motivación de las resoluciones administrativas denegatorias
- Derecho a la ejecución de las resoluciones
Son atribuciones del Consejo universitario: [...]
j) Ejercer en instancia revisora el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio [...].
No será exigible el agotamiento de las vías previas si:[...]
Dado que el plazo último para la matrícula de las demandantes era el 12 diciembre de 2003, y considerando la huelga de los trabajadores administrativos de la universidad, iniciada el 3 de noviembre (f. 143), lo cual no ha sido contradicho por las demandantes, existe la imposibilidad fáctica de interponer los recursos administrativos pertinentes ante los órganos superiores de la universidad. Además, conforme se acredita en autos (f. 144), desde el día 20 de octubre se venía desarrollando un proceso electoral para elegir a los nuevos integrantes de los Órganos de Gobierno de la Universidad Nacional de Ica, es decir, los miembros de la Asamblea Universitaria aún no habían sido designados.
De esta forma su contenido constitucionalmente protegido está determinado por el acceso a una educación adecuada (artículo 16), la libertad de enseñanza (artículo 13), la libre elección del centro docente (artículo 13), el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes (artículo 14), el respeto a la identidad de los educandos, así como a un buen trato psicológico y físico (artículo 15), la libertad de cátedra (artículo 18), y la libertad de creación de centros docentes y universidades (artículos 17 y 18).
Esta interpretación es conforme a lo dicho por este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.° 2537-2002-AA/TC, del 2 de diciembre de 2002,
el proceso de educación es permanente y tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad.
De conformidad con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el 3 de enero de 1976, y que fue ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978:
La educación, en todas sus formas y en todos los niveles, debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas y fundamentales:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán, además, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.[1]
7. Supuesta afectación del derecho a la educación en el caso concreto
Es la característica de la aceptabilidad de los contenidos educativos la que ha sido cuestionada a través del presente proceso constitucional, pues las demandantes señalan que el examen de aplazados que rindieron con fecha 11 de setiembre de 2003, contenía preguntas formuladas de manera vaga e imprecisa, y que las respuestas dadas por los profesores encargados del curso estaban viciadas por una serie de incongruencias con los textos de medicina trabajados durante el ciclo académico, los cuales son anexados a la demanda.
Mas, cabe señalar que no corresponde al juez constitucional determinar la corrección o incorrección de las respuestas del referido examen, en la medida en que en el proceso de amparo no existe propiamente una etapa probatoria, por lo que se podrá desestimar acciones cuya resolución requiera la ejecución de pruebas, de causas sujetas a complejo análisis técnico o de probanza, y las que demanden un mayor debate judicial, todo lo cual es impropio de un proceso de urgencia como el amparo, tal como lo reconoce el artículo 9 del Código Procesal Constitucional:
En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación [...].
Este Colegiado considera que la corroboración de las respuestas del examen de aplazados de Anatomía (f. 3) supone un análisis técnico y riguroso, que, por ende, excede sus competencias; además, dicha evaluación del fondo del asunto debe realizarse por las instancias académicas y universitarias pertinentes, de conformidad con los procedimientos previstos por la Ley Universitaria N.° 23733 y el Estatuto de la Universidad.
8. Libertad de cátedra y autonomía de las instituciones universitarias
A lo señalado cabe acotar que cada universidad establece su propio régimen académico y los contenidos de estudios de conformidad con los presupuestos desarrollados en el numeral 1. En virtud de ello, la Ley N.° 23733, en su artículo 16, determina que
El régimen de estudios lo establece el estatuto de cada Universidad, preferentemente mediante el sistema semestral, con currículum flexible y por créditos.
De esta forma, legislativamente, se consagra la libertad de cátedra en su dimensión objetiva, referida a la autonomía universitaria.
Solo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad de cátedra del cuerpo docente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución.
El ámbito subjetivo de la libertad de cátedra está determinado porque “el titular de la mencionada libertad cuenta en el desarrollo de su labor docente tanto con un contenido de inmunidad que le protege frente a indebidas injerencias externas (contenido negativo), como con un conjunto de facultades de acción (contenido positivo)”.[2] Como derecho subjetivo, entonces, supone la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias con relación a la materia objeto de su enseñanza, y la prohibición genérica con la finalidad de evitar intromisiones en el ejercicio de su labor, la cual debe ser desarrollada conforme a sus convicciones, pero con los límites inmanentes impuestos por las currículas aprobadas por las instancias estatales pertinentes, cumpliendo el catedrático una función de desarrollo de dichos contenidos.
El contenido esencial de la libertad de cátedra, en esa medida el ámbito protegido por esta vía constitucional, comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o de cualquier otra institución, o de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio.
Mas, como todo derecho fundamental, conlleva límites inmanentes en su ejercicio, como el deber de respetar la libertad de cátedra de los demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.
Para el disfrute de la libertad de cátedra es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza superior; en ese sentido, la Constitución Política consagra en el último párrafo del artículo 18 que
Cada universidad es autómoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes.
La Ley Universitaria N.º 23733, en su artículo 4, establece el contenido de esta autonomía en los siguientes términos:
Artículo 4.- La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos siguientes:
a) Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;
b) Organizar su sistema académico, económico y administrativo;
c) Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la Ley.
Esta autonomía institucional es el grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas. Este autogobierno no resulta ser incompatible con los sistemas de fiscalización pública, especialmente en lo que respecta a la financiación estatal.
El marco de autonomía universitaria, consagrado constitucionalmente y desarrollado por el legislador, es la consecuencia de la toma de las disposiciones institucionales de manera razonable, justa y equitativa, a través de procedimientos transparentes y participativos.
En atención a ello, el Tribunal Constitucional, en el presente pronunciamiento, no pretende cuestionar los contenidos educativos elaborados en ejercicio de esta autonomía universitaria.
F. Supuesta afectación del derecho al debido procedimiento administrativo
9. Debido procedimiento administrativo y derecho a la motivación de las resoluciones administrativas denegatorias
El constituyente ha tenido un especial interés de vincular a todos los entes que ejercen el poder público en torno a la defensa de la persona humana y de su dignidad, aspectos esenciales que integran el bien común como fin y tarea de los órganos estatales.
De manera indubitable se incluyen las universidades, las que en el marco de los procedimientos administrativos que llevan a cabo, deben respetar las garantías básicas de los derechos fundamentales de los que son titulares los particulares, entre ellos especialmente el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, que tal como lo ha recordado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos, que tiene su formulación legislativa en el artículo IV, numeral 1.2., del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Entre estas garantías, el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican.
Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.
10. Supuesta afectación del derecho a la motivación en el caso concreto
Entrando al análisis del caso concreto, este Tribunal debe señalar que del Oficio Circular N.° 021-D-FMHDAC-UNICA-2003, de fecha 6 de octubre (f. 60), mediante el cual las demandantes toman conocimiento de la decisión del Consejo de Facultad del asunto puesto a su consideración, se puede colegir que se ha emitido una resolución denegatoria con la debida fundamentación, por lo que no es posible sustentar una vulneración del derecho al debido proceso sustantivo, que constituye la exigencia de que las resoluciones judiciales o administrativas sean valiosas en sí mismas.
En dicho oficio se hace una referencia a que
[...] después de analizar el informe respecto a la metodología seguida en el examen de aplazados del curso de anatomía dado por el señor Director Académico evaluar las características de prueba escrita y la situación académica; de cada uno de los alumnos que rindieron el mencionado examen, acordó autorizar al señor Director Académico para que dé la solución correspondiente en base a los criterios académicos y a las normas vigentes en coordinación con el Jefe de Departamento, profesor responsable del curso y a todos los profesores de dicha cátedra[...].
De esta forma se otorga una respuesta oportuna a las peticionantes, en el sentido de que el Director Académico pueda dar su opinión informada sobre el caso concreto por remisión expresa del Consejo de Facultad, en atención a su posición privilegiada para coordinar de manera directa con el Jefe de Departamento y los docentes que elaboraron el examen cuestionado y establecieron las respuestas a las preguntas del mismo. Es claro que, a través de esta remisión, se buscaba otorgar una respuesta integral a la situación planteada, conforme a los criterios académicos y las normas vigentes.
Sin perjuicio de ello, en este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional desea enfatizar con efectos generales que, como garantía de una motivación debida en el marco de procesos formativos, cualquier aclaración o respuesta dada a los cuestionamientos sobre la objetividad de las preguntas formuladas en una evaluación, y de las respuestas válidas de las mismas, debe ser debidamente argumentada por el profesor responsable. No resulta acorde con los fines formativos de la educación y las garantías del debido procedimiento administrativo la expedición de una mera declaración denegatoria.
11. Derecho a la ejecución de las resoluciones administrativas
Se trata de una garantía institucional en la medida en que derechos que estas declaran solo adquirirán imperio a través de resoluciones que sean imperativas. Por ello, ante los supuestos de incumplimiento de las resoluciones, tanto de los poderes públicos como de los particulares, a quienes la misma les impone un mandato concreto, nos encontramos ante la contravención de una exigencia objetiva del sistema jurídico. Suponiendo, a su vez, una vulneración del derecho subjetivo al debido procedimiento administrativo.
Es así como, en el caso sub júdice, posterior a esta decisión deberá darse un pronunciamiento oportuno del Director Académico, a quien se deriva la responsabilidad de resolver la situación, conforme a la resolución de la sesión del Consejo de Facultad, de fecha 30 de setiembre de 2003, constituyendo dicha gestión la única posibilidad cierta de dar pertinente respuesta, aunque dilatada en el tiempo, a los requerimientos de las alumnas sobre su reclamación.
[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General E/C.12/1999/10 de fecha 8 de diciembre de 1999. En: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1999.10.Sp?OpenDocument.
[2] Castillo Córdova, Luis. El principio de libertad en el sistema educativo. Lima: ARA Editores, 2004, pp. 163-164