Source: https://boe.vlex.es/vid/real-decreto-1021-2015-587387646
Timestamp: 2019-09-16 22:27:47
Document Index: 395365496

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 45', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 4']

Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 587387646
Marginal: BOE-A-2015-12399
Norma citada en: un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas, una resolución administrativa, una noticia
Artículo 3 Obligación de identificar la residencia fiscal.
Artículo 4 Obligación de información.
Artículo 5 Información a suministrar.
La información a suministrar correspondiente a cada una de las cuentas sujetas a comunicación de información será la siguiente:
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán las siguientes excepciones respecto de la información a suministrar:
La institución financiera tenga la obligación de obtenerlo y comunicarlo, o haya tenido tal obligación en virtud de cualquier instrumento jurídico de la Unión Europea que estuviera en vigor a 5 de enero de 2015.
Esté disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene dicha institución.
Disposición adicional primera Transposición de la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
Disposición adicional segunda Interpretación conforme a los Comentarios de la OCDE.
Disposición adicional tercera Obligación de obtener el número de identificación fiscal en relación al Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.
Disposición transitoria única Obligaciones de información respecto de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados de la Unión Europea.
Disposición final primera Modificación del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado mediante Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Disposición final segunda Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.
Artículo 45. Límites de la acumulación de las ayudas al sector cinematográfico.
b) La base de la deducción no podrá superar el 80 por ciento del coste total de la producción.
Disposición final tercera Modificación del Reglamento de Procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.
ANEXO. Normas de diligencia debida
Sección I Obligaciones de diligencia debida
Las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o control de las cuentas financieras mediante la aplicación de los procedimientos de diligencia debida de las secciones II a VII.
Las pruebas documentales, las declaraciones del titular y demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida podrán conservarse en formato original o mediante copias certificadas o fotocopias, incluyendo medios de almacenamiento electrónico.
Sección II Requisitos generales
Se considerará que una cuenta es una cuenta sujeta a comunicación de información a partir de la fecha en que se la identifique como tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida de las secciones II a VII.
El saldo o valor de una cuenta se determinará el último día del año natural.
Las instituciones financieras obligadas a comunicar información podrán:
Sección III Diligencia debida respecto de cuentas preexistentes de persona física
Se aplicarán los siguientes procedimientos a las cuentas preexistentes de persona física a efectos de determinar la residencia fiscal.
Cuentas de menor valor.
Domicilio. Si la institución financiera tiene registrado en sus archivos un domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta, basado en pruebas documentales, podrá considerar a dicha persona física como residente fiscal en el país o jurisdicción en el que esté ubicado el domicilio.
Búsqueda en archivos electrónicos. Si la institución financiera no aplica lo previsto en el apartado anterior, deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que posea respecto de cualquiera de los siguientes indicios y aplicar lo dispuesto en los apartados 3 a 6 siguientes:
Si en la búsqueda electrónica no se descubre ninguno de los indicios del apartado anterior, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta o hasta que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor.
Si en la búsqueda electrónica se descubre alguno de los indicios del apartado 2 anterior, letras a) a e), o si se produce un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, se deberá considerar al titular de la cuenta como residente fiscal en cada país o jurisdicción respecto del cual se haya encontrado algún indicio, salvo que se opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.
Si en la búsqueda electrónica se descubre una instrucción para la retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado 2 anterior, letras a) a e), para el titular de la cuenta, se deberá llevar a cabo, en el orden que resulte más apropiado a las circunstancias, la búsqueda en los archivos en papel que se describe en el apartado C.2 o se intentará obtener del titular de la cuenta una declaración o pruebas documentales para determinar su residencia fiscal. Si con la búsqueda en papel no se consigue establecer ningún indicio y no prospera el intento de obtener la declaración o las pruebas documentales, la institución financiera deberá comunicar en la declaración informativa que la cuenta no está documentada.
A pesar del hallazgo de indicios de otro país o jurisdicción conforme al apartado 2 anterior, la institución financiera no tendrá que tratar al titular de la cuenta como residente fiscal en ese país o jurisdicción si:
Procedimientos de revisión reforzada de las cuentas de mayor valor.
Búsqueda en archivos electrónicos. Respecto de las cuentas de mayor valor, la institución financiera deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantenga para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2.
Búsqueda en archivos en papel. Si las bases de datos susceptibles de búsqueda electrónica de la institución financiera contienen campos para la inclusión y captura de toda la información descrita en el apartado C.3, no será necesario proceder a la búsqueda en los archivos en papel. En los casos en los que las bases de datos electrónicas no puedan capturar toda esa información, la institución financiera también deberá revisar, respecto de las cuentas de mayor valor, el fichero maestro actual del cliente y, en la medida en que no estén incluidos en él, los siguientes documentos asociados a la cuenta que dicha institución haya obtenido en los últimos cinco años para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2:
Excepción en los casos en los que las bases de datos contengan suficiente información. La institución financiera no tendrá que proceder a la búsqueda en los archivos en papel descrita en el apartado C.2 en la medida en que su información susceptible de búsqueda electrónica incluya lo siguiente:
Consulta al gestor personal sobre su conocimiento de hecho. Además de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, se deberá consultar al gestor personal al que se le haya asignado toda cuenta de mayor valor, incluidas las cuentas financieras agregadas a esa cuenta de mayor valor, sobre su conocimiento de hecho de la residencia fiscal de la persona o personas que ostenten la titularidad de las mismas. Si el gestor personal conoce de hecho que dichas personas son residentes fiscales en otro país o jurisdicción, la institución financiera deberá tenerlo en cuenta a efectos del cumplimiento de las obligaciones de los artículos 3 y 4 de este real decreto.
Si la cuenta preexistente de persona física no es una cuenta de mayor valor a 31 de diciembre de 2015, pero a la conclusión de un año natural posterior ha pasado a serlo, la institución financiera deberá llevar a cabo los procedimientos de revisión reforzada descritos en este apartado C en el año natural siguiente al año en el que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor. Si basándose en esa revisión se identifica la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, se deberá comunicar anualmente la información exigida sobre dicha cuenta relativa al año en el que se identifique como cuenta sujeta a comunicación de información y a los años siguientes, a menos que el titular de la cuenta deje de ser una persona sujeta a comunicación de información.
Una vez aplicados los procedimientos de revisión reforzada descritos en este apartado C a una cuenta de mayor valor, la institución financiera no estará obligada a volver a aplicarlos en años posteriores, a excepción de la consulta al gestor personal descrita en el apartado 4 anterior. No obstante, si la cuenta no está documentada, la institución financiera deberá volver a aplicarlos anualmente hasta que la cuenta pase a estar documentada.
Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta de mayor valor a raíz del cual se asocien con la cuenta uno o varios de los indicios descritos en el apartado B.2, la institución financiera deberá tratar al titular de la cuenta como residente fiscal en cada país o jurisdicción en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.
Las instituciones financieras deberán poner en práctica procedimientos para garantizar que los gestores personales identifiquen los cambios de circunstancias de una cuenta. Por ejemplo, si se notifica a un gestor personal que el titular de la cuenta tiene una nueva dirección postal en otro país o jurisdicción, la institución financiera tendrá que considerar la nueva dirección como un cambio de circunstancias y, si opta por aplicar el apartado B.6, tendrá que obtener la documentación pertinente del titular de la cuenta.
Sección IV Diligencia debida para cuentas nuevas de persona física
En relación con las cuentas nuevas de persona física, en el momento de la apertura de la cuenta, la institución financiera deberá obtener una declaración, que podrá formar parte de la documentación de apertura de la cuenta, que le permita determinar la residencia fiscal del titular de la cuenta. Asimismo deberá verificar la razonabilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida toda la documentación recopilada en aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo.
Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta nueva de persona física a raíz del cual la institución financiera conozca o pueda conocer que la declaración original es incorrecta o no fiable, la institución financiera no podrá confiar en la declaración original y deberá obtener una declaración válida que establezca la residencia fiscal del titular de la cuenta.
Sección V Diligencia debida para cuentas preexistentes de entidad
Cuentas de entidad no sujetas a revisión, identificación o comunicación de información. A menos que la institución financiera opte por otro criterio, bien respecto de todas las cuentas preexistentes de entidad, bien por separado respecto de cualquier grupo de tales cuentas identificado claramente, las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 no exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses no tendrán que ser objeto de revisión, identificación o comunicación de información hasta que su saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año natural posterior.
Cuentas de entidad sujetas a revisión. Deberá someterse a revisión de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D toda cuenta preexistente de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses y toda cuenta preexistente de entidad que a 31 de diciembre de 2015 no exceda de dicha cantidad pero cuyo saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año natural posterior.
Cuentas de entidad que pueden estar sujetas a comunicación de información. Respecto de las cuentas preexistentes de entidad descritas en el apartado B anterior, únicamente se tratarán como cuentas que pueden estar sujetas a comunicación de información las cuentas cuya titularidad corresponda a una o varias entidades que sean residentes fiscales en otro país o jurisdicción, o a entidades que no son instituciones financieras (ENF) que sean pasivas en las que una o varias de las personas que ejercen el control son personas residentes fiscales en otro país o jurisdicción.
Procedimientos de revisión para identificar cuentas de entidad que pueden estar sujetas a comunicación de información. En relación con las cuentas preexistentes de entidad descritas en el apartado B anterior, las instituciones financieras deberán aplicar los siguientes procedimientos de revisión:
Determinación de la residencia fiscal de la entidad.
Determinación de la residencia fiscal de las personas que ejercen el control de una entidad que es una ENF pasiva. En relación con el titular de una cuenta preexistente de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva con una o varias personas que ejercen el control y determinar la residencia fiscal de las mismas. En caso de que alguna de las personas que ejercen el control de una ENF pasiva sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta deberá tratarse como cuenta sujeta a comunicación de información. Para llevar a cabo estas determinaciones, la institución deberá seguir las indicaciones de las letras a), b) y c), en el orden que resulte más apropiado a las circunstancias.
La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses, deberá concluirse el 31 de diciembre de 2017 a más tardar.
La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 no exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses, pero exceda de dicho importe a 31 de diciembre de un año posterior, deberá concluirse en el año natural siguiente al año en el que el saldo o valor agregado de la cuenta exceda de dicho importe.
Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta preexistente de entidad a raíz del cual la institución financiera conozca o pueda conocer que la declaración o cualquier otra documentación asociada a una cuenta es incorrecta o no fiable, dicha institución deberá volver a determinar la condición de la cuenta de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D anterior.
Sección VI Diligencia debida para cuentas nuevas de entidad
Determinación de la residencia fiscal de las personas que ejercen el control de una entidad que es una ENF pasiva. En relación con el titular de una cuenta nueva de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva con una o varias personas que ejercen el control y determinar la residencia fiscal de las mismas. En caso de que alguna de las personas que ejercen el control de una ENF pasiva sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta deberá tratarse como una cuenta sujeta a comunicación de información. Para llevar a cabo estas determinaciones, la institución financiera deberá seguir las indicaciones de las letras a), b) y c), en el orden que resulte más apropiado a las circunstancias.
Sección VII Normas especiales de diligencia debida
Cuando las instituciones financieras obtengan declaraciones del titular o pruebas documentales, respecto de las que conozcan, o puedan llegar a conocer que son incorrectas o no fiables, no podrán basarse en ellas al objeto de determinar la condición del cliente y deberán pedir una nueva declaración del titular o documentación adicional que justifique su condición.
Procedimientos alternativos aplicables a las cuentas financieras cuyos titulares sean personas físicas beneficiarias de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades y para contratos colectivos de seguro con valor en efectivo o contratos colectivos de anualidades.
Agregación de cuentas de personas físicas. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una persona física, la institución financiera deberá agregar todas las cuentas abiertas en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que los sistemas computarizados de la institución financiera vinculen las cuentas financieras por referencia a un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. En particular, se entenderá que no se cumplen los requisitos anteriores y por tanto, no deberá efectuarse dicha agregación respecto al correspondiente titular de la cuenta, cuando a la institución financiera no le esté permitido proporcionar al mismo un extracto integrado de todas sus posiciones como consecuencia de restricciones legales derivadas de la normativa de protección de datos.
Agregación de cuentas de entidades. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una entidad, la institución financiera deberá considerar todas las cuentas financieras que estén abiertas en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que los sistemas computarizados de la institución financiera vinculen las cuentas financieras por referencia a un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. En particular, se entenderá que no se cumplen los requisitos anteriores y por tanto, no deberá efectuarse dicha agregación respecto al correspondiente titular de la cuenta, cuando a la institución financiera no le esté permitido proporcionar al mismo un extracto integrado de todas sus posiciones como consecuencia de restricciones legales derivadas de la normativa de protección de datos.
Norma especial de agregación aplicable a los gestores personales. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras que posee una persona a fin de determinar si una cuenta financiera es una cuenta de mayor valor, la institución financiera también deberá agregar aquellas cuentas respecto de las cuales un gestor personal conozca, o pueda llegar a conocer que, directa o indirectamente, son propiedad de dicha persona, están bajo su control o han sido creadas por ella (excepto si esa persona interviene en calidad de fiduciario).
Inclusión del equivalente en otras monedas en todos los importes. Se entenderá que todos los importes incluyen los importes equivalentes en otras monedas, según el tipo de cambio publicado correspondiente al día en que se realice la conversión.
Sección VIII Definiciones de términos
Institución financiera obligada a comunicar información.
Por «institución financiera obligada a comunicar información» se entiende toda institución financiera que no sea una institución financiera no obligada a comunicar información, siempre que:
Por «institución financiera de una jurisdicción participante» se entiende: i) toda institución financiera residente en una jurisdicción participante, con exclusión de las sucursales de dicha institución financiera ubicadas fuera de la jurisdicción participante en cuestión, y ii) toda sucursal de una institución financiera no residente en una jurisdicción participante, si la sucursal está ubicada en la jurisdicción participante en cuestión.
Por «institución financiera» se entiende una institución de custodia, una institución de depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguro específica.
Por «institución de custodia» se entiende toda entidad que posee activos financieros por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica. Una entidad posee activos financieros por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica cuando la renta bruta de la entidad atribuible a la tenencia de los activos financieros y a los servicios financieros conexos es igual o superior al 20 por ciento de la renta bruta obtenida por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos:
Por «institución de depósito» se entiende toda entidad que acepta depósitos en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Se incluyen en esta categoría, en particular, las entidades de crédito y las entidades que emitan medios de pago que puedan ser cargados con anterioridad al uso de los mismos.
Por «entidad de inversión» se entiende toda entidad:
Por «activos financieros» se entiende los valores mobiliarios (por ejemplo, las participaciones en el capital de sociedades, las participaciones en el capital o en los beneficios de sociedades de personas que tienen numerosos socios o cotizan en mercados de valores reconocidos; los pagarés, bonos y obligaciones y otros títulos de deuda), las participaciones en sociedades de personas, las materias primas, los swaps (por ejemplo los swaps de tipos de interés, los swaps de divisas, los swaps de base, los acuerdos sobre tipos de interés máximos o mínimos, los swaps de materias primas, los swaps ligados a acciones, los swaps de índices de acciones y los acuerdos similares), los contratos de seguro o los contratos de anualidades, o cualquier instrumento (con inclusión de las opciones y los contratos de futuros o a plazo) ligado a un valor mobiliario, una participación en una sociedad de persona, un producto básico, un swap, un contrato de seguro o un contrato de anualidades. La expresión «activos financieros» no incluye el interés directo, no ligado a una deuda, en bienes inmobiliarios.
Por «compañía de seguros específica» se entiende toda entidad que sea una compañía de seguros (o la sociedad de control de una compañía de seguros) que ofrece un contrato de seguro con valor en efectivo o un contrato de anualidades, o que está obligada a efectuar pagos en relación con los mismos.
Institución financiera no obligada a comunicar información.
Por «institución financiera no obligada a comunicar información» se entiende toda institución financiera que es:
Por «entidad estatal» se entiende la administración de un país o jurisdicción, sus subdivisiones políticas (incluidos los Estados federados, provincias, condados o municipios), o cualquier organismo o agencia institucional que pertenezca en su totalidad al mismo o a cualquiera de los entes mencionados (constituyendo cada uno de ellos una «entidad estatal»). Están incluidas en esta categoría las partes integrantes, entidades controladas y subdivisiones políticas de un país o jurisdicción.
Por «organización internacional» se entiende a estos efectos toda organización internacional u organismo o agencia institucional perteneciente en su totalidad a la organización. Esta categoría comprende todas las organizaciones intergubernamentales, incluidas las supranacionales: i) que están formadas principalmente por gobiernos; ii) que tienen efectivamente un acuerdo de sede o un acuerdo similar en lo esencial con el Reino de España o con otro país o jurisdicción; y iii) cuyos ingresos no revierten en beneficio de particulares.
Por «banco central» se entiende una institución que, por ley o normativa estatal, es la principal autoridad, distinta del gobierno del país o jurisdicción, emisora de instrumentos destinados a circular como medios de pago. Dicha institución puede incluir una agencia institucional independiente del gobierno del país o jurisdicción, que puede ser o no propiedad total o parcial del país o jurisdicción. Se incluye en esta categoría, en particular, el Banco de España.
Por «fondo de pensiones de participación amplia» se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento, o cualquier combinación de estas, a beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos) de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, a condición de que el fondo:
Por «fondo de pensiones de participación restringida» se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos) de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, a condición de que:
Por «fondo de pensiones de una entidad estatal, una organización internacional o un banco central» se entiende un fondo establecido por una entidad estatal, una organización internacional o un banco central con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a sus beneficiarios o partícipes que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos), o que no sean ni hayan sido empleados, si las prestaciones ofrecidas a tales beneficiarios o partícipes son la contrapartida de servicios personales prestados a la entidad estatal, la organización internacional o el banco central.
Por «emisor autorizado de tarjetas de crédito» se entiende una institución financiera que cumple los siguientes requisitos:
Por «instrumento de inversión colectiva exento» se entiende una entidad de inversión regulada como instrumento de inversión colectiva, siempre y cuando la titularidad de todos los intereses en el instrumento de inversión colectiva corresponda a las siguientes entidades o se ejerza a través de ellas: i) una sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en uno o varios mercados de valores reconocidos; ii) una sociedad de capital que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital descrita en el inciso i); iii) una entidad estatal; iv) una organización internacional; v) un banco central, o vi) una institución financiera, con excepción de las descritas en la sección VIII, apartado D.7 ii).
Por «cuenta financiera» se entiende una cuenta abierta en una institución financiera, comprendidas las cuentas de depósito, las cuentas de custodia, y:
Por «cuenta de depósito» se entiende toda cuenta comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a plazo, u otra cuenta identificada mediante un certificado de depósito, de ahorro, de inversión o de deuda, o un instrumento similar, abierta en una institución financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Las cuentas de depósito comprenden también las cantidades que posea una compañía de seguros con arreglo a un contrato de inversión garantizada o un acuerdo similar para el pago o anotación en cuenta de los correspondientes intereses.
Por «cuenta de custodia» se entiende una cuenta, distinta de un contrato de seguros o un contrato de anualidades, en la que se deposita uno o varios activos financieros en beneficio de un tercero.
Por «participación en el capital» se entiende, en el caso de las sociedades de personas que sean instituciones financieras, tanto una participación en el capital como en los beneficios de la sociedad de personas. En el caso de la entidad a la que se refiere el apartado B.1.d) de la sección VIII del anexo I del presente Real Decreto con naturaleza de institución financiera, se considera que posee una participación en el capital cualquier persona a la que se considere fideicomitente, o beneficiario de la totalidad o de una parte de dicha entidad, o cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final sobre dicha entidad, incluso a través de una cadena de control o propiedad. Las personas tendrán la consideración de beneficiarias de dicha entidad si tienen derecho a percibir, directa o indirectamente (por ejemplo a través de un agente designado) una distribución obligatoria, o pueden percibir, directa o indirectamente, una distribución discrecional con cargo a dicha entidad.
Por «contrato de seguro» se entiende un contrato, distinto de los contratos de anualidades, conforme al cual el emisor acuerda pagar un importe en caso de que se materialice una contingencia especificada que entrañe un fallecimiento, enfermedad, accidente, responsabilidad o riesgo patrimonial.
Por «contrato de anualidades» se entiende un contrato en virtud del cual el emisor acuerda efectuar pagos durante un período determinado total o parcialmente por referencia a la expectativa de vida de una o varias personas físicas. Se incluyen en este término, en particular, las rentas temporales o vitalicias ofrecidas por las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
Por «contrato de seguro con valor en efectivo» se entiende un contrato de seguro (distinto de un contrato de reaseguro entre dos compañías aseguradoras) que tiene un valor en efectivo.
Por «valor en efectivo» se entiende la mayor de las cantidades siguientes: i) el importe que tenga derecho a percibir el tomador del seguro como consecuencia del rescate o la resolución del contrato (determinado sin computar la posible reducción en concepto de penalización por rescate o préstamo sobre la póliza), y ii) el importe que el tomador del seguro pueda tomar en préstamo en virtud del contrato o con relación al mismo.
Por «cuenta preexistente» se entiende:
Por «cuenta nueva» se entiende una cuenta financiera abierta en una institución financiera obligada a comunicar información a partir del 1 de enero de 2016, a menos que sea tratada como cuenta preexistente de conformidad con el apartado C.9.b).
Por «cuenta preexistente de persona física» se entiende una cuenta preexistente cuyo titular o titulares son una o varias personas físicas.
Por «cuenta nueva de persona física» se entiende una cuenta nueva cuyo titular o titulares son una o varias personas físicas.
Por «cuenta preexistente de entidad» se entiende una cuenta preexistente cuyo titular o titulares son una o varias entidades.
Por «cuenta de menor valor» se entiende una cuenta preexistente de persona física con un saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 que no excede de un importe en euros que corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses.
Por «cuenta de mayor valor» se entiende una cuenta preexistente de persona física con un saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 o de cualquier año posterior que excede de un importe en euros que corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses.
Por «cuenta nueva de entidad» se entiende una cuenta nueva cuyo titular o titulares son una o varias entidades.
Por «cuenta excluida» se entiende cualquiera de las cuentas siguientes:
Los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en aplicación de la disposición adicional primera del Texto refundido de la Ley de regulación de Planes y Fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siempre que las aportaciones se determinen mediante convenio colectivo entre la empresa y los representantes sindicales, o por ley.
Una cuenta representativa de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad a que hace referencia el artículo 54 y la disposición adicional decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Una cuenta preexistente (a excepción de un contrato de anualidades) con un saldo anual inferior a un importe en euros correspondiente 1.000 dólares estadounidenses que tenga la consideración de cuenta inactiva.
Cuenta sujeta a comunicación de información.
Por «cuenta sujeta a comunicación de información» se entiende una cuenta financiera abierta en una institución financiera obligada a comunicar información, y cuya titularidad corresponda a una o varias personas sujetas a comunicación de información, o a una ENF pasiva en la que una o varias de las personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información, a condición de que haya sido determinada como tal en aplicación de los procedimientos de diligencia debida que se describen en las secciones II a VII.
Por «persona sujeta a comunicación de información» se entiende una persona residente fiscal en otro país o jurisdicción al que se refiere el artículo 4 de este real decreto distinta de: i) una sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en uno o varios mercados de valores reconocidos; ii) una sociedad de capital que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital descrita en el inciso i); iii) una entidad estatal; iv) una organización internacional; v) un banco central, o vi) una institución financiera.
Por «persona residente fiscal en otro país o jurisdicción» se entiende una persona física o entidad que reside en ese país o jurisdicción conforme a su legislación tributaria, o el caudal relicto de un causante residente en ese país o jurisdicción.
Por «jurisdicción participante» se entiende:
Por «personas que ejercen el control» se entiende las personas físicas que controlan una entidad, debiendo interpretarse dicho término de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y los artículos 8 y 9.5 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La abreviatura «ENF» designa a toda entidad que no es una institución financiera.
Por «ENF pasiva» se entiende:
Por «ENF activa» se entiende cualquier ENF que cumple alguno de los criterios siguientes:
Por «titular de la cuenta» se entiende la persona registrada o identificada por la institución financiera en la que está abierta la cuenta como titular de una cuenta financiera. Las personas distintas de una institución financiera que sean titulares de una cuenta financiera en beneficio o por cuenta de otra persona como representante, custodio, agente designado, signatario, asesor de inversiones, o como intermediario, no tendrán el tratamiento de titulares de la cuenta a los efectos de este anexo, que sí tendrá dicha otra persona. En el caso de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, el titular de la cuenta es cualquier persona con derecho a disponer del valor en efectivo o a modificar el beneficiario del contrato. En caso de que ninguna persona pueda disponer del valor en efectivo ni modificar el beneficiario del contrato, el titular de la cuenta será toda persona designada como propietaria en el contrato y toda persona que adquiera el derecho a la percepción del pago en virtud de los términos del contrato. Al vencimiento de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, se considerará titular de la cuenta a toda persona que tenga derecho a percibir un pago por razón del contrato.
Por «entidad» se entiende una persona jurídica o instrumento jurídico, como una sociedad de capital, una sociedad de personas, aquella a la que se refiere el apartado B.1.d) de la sección VIII del anexo del presente Real Decreto o una fundación.
Una entidad es una «entidad vinculada» a otra entidad si: i) una de las dos entidades controla a la otra; ii) ambas entidades soportan un control común; o iii) las dos entidades son entidades de inversión contempladas en el apartado A.6.b), están bajo la misma dirección y dicha dirección cumple las obligaciones de diligencia debida aplicables a dichas entidades de inversión. A estos efectos, el control incluye la participación directa o indirecta en más del 50 por ciento del capital de una entidad y la posesión de más del 50 por ciento de los derechos de voto en la misma.
Por «NIF» se entiende el número de identificación fiscal de un contribuyente (o su equivalente funcional de no existir número de identificación fiscal).
Por «prueba documental» se entiende cualquiera de las siguientes:
Por «número de cuenta» se entiende el número de identificación asignado por la institución financiera para distinguirla de otras cuentas abiertas en la misma, incluyéndose en dicho término un elemento funcional equivalente.
Sección IX Normas adicionales sobre comunicación de información y diligencia debida para la información sobre cuentas financieras
Residencia de las instituciones financieras y concepto de sucursal.
Cuentas inactivas y cuentas que no están documentadas.