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Timestamp: 2017-01-20 08:39:45
Document Index: 414114016

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 20', 'artículo 22', 'Artículo 26', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 31']

Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. TITULO PRIMERO. De los recursos y de las obligaciones (Vigente hasta el 01 de Enero de 2002).
Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Vigente hasta el 01 de Enero de 2002).
Vigencia desde 28 de Febrero de 1986. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2001 hasta 01 de Enero de 2002
TITULO PRIMERODe los recursos y de las obligaciones
CAPITULO PRIMERODe los recursos
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los tributos del Estado.
f) Las participaciones de ingreso del Estado.
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.
k) Cualesquiera otros que pudieran serle atribuidos.
Los ingresos de la Comunidad Autónoma, y los de las Entidades autónomas y Empresas públicas que dependan de la misma están destinados a satisfacer el conjunto de sus obligaciones respectivas, excepto que por la Ley se establezca la afectación de algunos recursos a finalidades determinadas.
1. La administración de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma corresponde al Conseller de Economía y Hacienda; y los de sus Entidades, Instituciones y Empresas, a sus Presidentes o Directores, salvo que careciesen de personalidad jurídica propia, en cuyo caso su administración corresponde también al Conseller de Economía y Hacienda.
2. Las personas o Entidades que tengan a su cargo la administración de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma dependerán de la Consellería de Economía y Hacienda o de la correspondiente Entidad, Institución o Empresa, en todo lo relativo a su gestión, entrega o aplicación de, fondos, y a la rendición de las respectivas cuentas.
3. Estarán obligados a la prestación de fianza los funcionarios, Entidades o particulares que manejen o custodien fondos o valores de naturaleza pública, en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias.
1. La gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión de sus propios tributos corresponde a la Comunidad Autónoma, ajustándose, en todo caso, a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, a las Leyes del Parlamento de las islas Baleares, a los Reglamentos que sean aprobados por el Consell de Govern y a las normas de desarrollo dictadas por el Conseller de Economía y Hacienda, en virtud de las correspondientes autorizaciones que le sean concedidas, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Estado en todos los casos que sean procedentes.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma, a través de la Consellería de Economía y Hacienda asumirá, por delegación del Estado, la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los demás tributos del Estado recaudados en la Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades derivadas de la delegación que pueda recibir de aquél, y, en todo caso, las de colaboración que puedan establecerse.
1. La gestión de los bienes patrimoniales y los rendimientos que de aquéllos se obtengan, tanto si pertenecen a la Comunidad Autónoma como a sus Entidades institucionales y Empresas, se acomodarán a lo dispuesto por las Leyes aplicables en cada caso.
2. Las participaciones de la Comunidad Autónoma y de sus Entidades e Instituciones en el capital de las sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios.
Los rendimientos y los intereses atribuibles al patrimonio y a los caudales de la Comunidad Autónoma, o de sus Entidades autónomas, por cualquier concepto, serán íntegramente reflejados en una cuenta específica del presupuesto respectivo. Se prohíbe la adscripción o la distribución de los saldos de la cuenta específica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
A partir de: 1 enero 2002 Artículo 20 derogado por Ley [BALEARES] 20/2001, 21 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 31 diciembre).
1. No podrán ser enajenados, gravados ni arrendados los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, excepto en los supuestos regulados por las Leyes. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los ingresos, excepto en los casos y en la forma que determinen las Leyes.
2. Tan sólo por Decreto, acordado por el Consell de Govern podrán transigirse y someterse a arbitraje las contiendas que surjan sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma gozará de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los tributos y cantidades que, como ingreso de derecho público, deba percibir, y actuará de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.
2. La providencia de apremio expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es el título suficiente que inicia el proceso de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados a pago.
Número 2 del artículo 22 redactado por Ley [BALEARES] 4/1996, 19 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 31 diciembre), de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1997.
3. El procedimiento de apremio no se suspenderá, cualquiera que sea la impugnación formulada, si no se realiza el pago de la deuda tributaria, se garantiza con aval bancario suficiente o se consigna su importe.
No obstante, cuando se produzca reclamación por tercería de dominio en otra acción de carácter civil, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, una vez que se haya llevado a efecto su embargo y anotación preventiva, en su caso, en el Registro Público correspondiente.
El auto judicial por el que se tenga por solicitada la suspensión de pagos del deudor no impedirá la prosecución de los procedimientos de apremio.
1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Comunidad Autónoma por los conceptos contemplados en este artículo, devengarán interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.
2. El tipo de interés aplicable será el legal vigente en España el día del vencimiento de la deuda.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, que se contaran desde la fecha de su notificación, o, si esta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2. La prescripción regulada en el número anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal al deudor, y conducente al reconocimiento liquidación o cobro de los derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamaciones o recursos, y por cualquier actuación del deudor conducente al pago o liquidación de la deuda.
3. Los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente, en el que se deducirán las responsabilidades en que puedan haber incurrido los funcionarios encargados de su gestión.
CAPITULO IIDe las obligaciones
1. Las obligaciones económico-financieras de la Comunidad Autónoma y de sus Entidades e instituciones nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen.
2. El cumplimiento de las obligaciones económico-financieras solamente podrá exigirse de la Hacienda de la Comunidad Autónoma cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.
4. Los actos administrativos y las disposiciones reglamentarias emanadas de la Comunidad Autónoma, en cuya virtud se pretenda adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos, de carácter limitativo autorizados en el Estado de Gastos, padecerán de nulidad de pleno derecho.
1. El cumplimiento de las obligaciones económico-financieras de la Comunidad Autónoma no podrá exigirse nunca por el procedimiento de apremio.
3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Comunidad Autónoma, o de sus Entidades o Instituciones, se llevará a término por la autoridad administrativa que sea competente por razón de la materia, quien acordará el pago dentro de los límites y en la forma que el respectivo presupuesto establezca. Si para el pago se necesitara un crédito extraordinario o suplemento de crédito deberá solicitarse del Parlamento de las islas Baleares uno u otro, dentro de los dos meses siguientes al día de la notificación de la resolución.
A partir de: 1 enero 2002 Artículo 26 redactado por Ley [BALEARES] 20/2001, 21 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 31 diciembre).
Si la Comunidad Autónoma no paga al acreedor dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, deberá abonarle, además, el interés de demora al tipo que establece el artículo 23 de esta Ley, calculado desde el día en que se solicite escrito el cumplimiento de la obligación hasta el día de pago.
1. El derecho al reconocimiento o liquidación de las obligaciones y al pago de las ya reconocidas o liquidadas prescribirá al cabo de cinco años desde el nacimiento de las, obligaciones o de su reconocimiento o liquidación, respectivamente.
2. La exigencia de los acreedores legítimos o de sus derechohabientes mediante la presentación de los documentos justificativos de su derecho, producirá la interrupción del plazo de la prescripción.
1. El Govern de la Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus desfases transitorios de Tesorería.
2. También podrá realizar operaciones de crédito por plazo superior a un año, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el importe total de crédito sea destinado, exclusivamente, a la financiación de operaciones de capital.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25 por 100 de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
Para concertar operaciones de créditos en el extranjero y para la emisión de deuda o cualquiera otra apelación al crédito público, la Comunidad Autónoma precisará autorización del Estado.
1. La creación y la conversión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma, aprobadas por Ley del Parlamento de las islas Baleares. Dicha Ley determinará, en todo caso, el importe máximo de la deuda, así como sus características, pudiendo delegarse la determinación de estas últimas en el Consell de Govern, que la ejercerá a propuesta del Conseller de Economía y Hacienda.
2. La conversión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma para conseguir, exclusivamente una mejor administración aquélla, podrá acordarse por el Consell de Govern, a propuesta del Conseller de Economía, siempre que no se altere ninguna condición esencial de las emisiones convertidas ni se perjudiquen los derechos económicos de los Tenedores.
3. El Consell de Govern, a propuesta del conseller de Economía y Hacienda, podrá:
b) Convenir, en las operaciones de endeudamiento exterior, las cláusulas y condiciones usuales en estas operaciones incluso, excepcionalmente, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o a tribunales extranjeros, siempre que se observe lo que dispone el artículo 26 de esta Ley.
Número 3º del artículo 31 introducido por Ley [BALEARES] 11/1993, 22 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 31 diciembre), de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1994.
1. Los títulos tendrán la consideración de fondos públicos.
2. A dichos títulos les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico general, según la modalidad y las características de los mismos.
3. Los capitales de la Deuda Pública prescribirán a los veinte años si su titular no hubiese percibido su interés ni realizado acto alguno ante la Administración de la Hacienda de la Comunidad que suponga o implique el ejercicio de su derecho.
4. Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la Deuda Pública y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contado respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día de llamamiento a reembolso.
1. Las Entidades autónomas de la Comunidad, previa autorización de la Consellería de Economía y Hacienda podrán hacer uso de la deuda en cualquier modalidad.
2. La Ley del Presupuesto de la Comunidad, o, en su caso, de crédito extraordinario, fijará siempre el importe máximo del endeudamiento y su destino, así como sus características, pudiendo delegarse la determinación de estas últimas en el Consell de Govern, que la ejercerá a propuesta del Conseller de Economía y Hacienda.
El producto que se obtenga de las operaciones de endeudamiento de cualquier clase se ingresará, en todo caso, en la Tesorería de la Comunidad Autónoma, y se aplicará en total cuantía al Presupuesto de la propia Comunidad o de la Entidad autónoma correspondiente, y, en su caso, a la financiación de la Empresa pública a que se destina.