Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S52-05.html
Timestamp: 2016-05-27 20:13:29
Document Index: 236553897

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 30', 'artículo 44', 'artículo 30', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47']

Nelson Ivan Serrano Saenz v. Ecuador, Caso 191/03, Informe No. 52/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 52/05
PETICIÓN 191/03
NELSON IVAN SERRANO SAENZ
1. El 10 de marzo de 2003, de acuerdo a expresas instrucciones conferidas por María del Carmen Polit Molestina y por Alfredo Luna Serrano (en adelante, “los peticionarios”), el Dr. Alejandro Ponce Villacís presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión” o “la CIDH”) contra la República del Ecuador (en adelante, “el Estado”), en la cual se alegan violaciones a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana”): derecho a la integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad personal (artículo 7) derecho al debido proceso y a la protección judicial (artículos 8 y 25), garantía de no retroactividad (artículo 9), derecho a la honra (artículo 11), derecho a la nacionalidad (artículo 20), derecho a la circulación y residencia (artículo 22) y derecho a la igualdad (artículo 24), conjuntamente con la violación de la obligaciones dispuestas en el artículo 1(1), en perjuicio de Nelson Iván Serrano Sáenz (en adelante “la víctima”), de nacionalidad ecuatoriana. 2. Las alegaciones efectuadas por los peticionarios se sustentan en el accionar desplegado por el Estado en ocasión de la detención y posterior traslado a los Estados Unidos del Sr. Serrano Sáenz. Al respecto argumentan, en síntesis, que siendo éste un ciudadano ecuatoriano, no correspondía que las autoridades ecuatorianas procedieran a su deportación hacia los Estados Unidos, procedimiento que sólo resulta aplicable a nacionales extranjeros, sino que eventualmente debería haber puesto en práctica un proceso de extradición. 3. Por su parte el Estado manifiesta, sucintamente, que la petición es inadmisible por cuanto las conductas que se le imputan no constituyen violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana y, en consecuencia, corresponde su desestimación.
III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 8. Los peticionarios señalan que Nelson Iván Serrano Sáenz, ciudadano ecuatoriano, adquirió en diciembre de 1971 la nacionalidad estadounidense en virtud del procedimiento de naturalización. Relatan que el 10 de agosto de 1998 entró en vigencia una nueva Constitución en el Ecuador, que en su artículo 11 dispuso: “los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país, podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana”.
10. Detallan que el día 17 de mayo de 2001, en virtud de una acusación formulada por el Gran Jurado, la Corte para el condado de Polk, Florida, Estados Unidos de América, ordenó la detención del Sr. Serrano por cuatro cargos de asesinato en primer grado. 11. Expresan que, en virtud de esta orden, el 31 de agosto de 2002, el Intendente General de Policía de Pichincha inició un trámite de deportación en contra el Sr. Serrano Sáenz. Relatan que, ese mismo día, el Intendente también ordenó que se realice la audiencia de juzgamiento, así como ordenó la emisión de la boleta constitucional de encarcelamiento. Señalan que, luego de un proceso de brevísima duración, el Intendente Policial dictó sentencia ordenando la deportación de Nelson Iván Serrano Sáenz, pese a su calidad de ciudadano ecuatoriano. 12. Dicen los peticionantes que si bien no medió notificación previa, la referida sentencia fue ejecutada inmediatamente, es decir, el 31 de agosto de 2002, razón por la cual el Sr. Serrano fue trasladado al Aeropuerto Mariscal Sucre y, luego de permanecer toda la noche detenido en una jaula para animales, fue embarcado en un vuelo con destino a los Estados Unidos, período durante el cual permaneció incomunicado.
16. Alegan que la conducta del Estado ecuatoriano ha vulnerado el artículo 8 de la Convención, en cuanto el Sr. Serrano Sáenz no tuvo oportunidad de efectuar su descargo por ante un juez imparcial e independiente en el marco del proceso de deportación iniciado en su contra, ya que el Intendente de Policía, autoridad que resolvió su deportación, es un funcionario que forma parte del Poder Ejecutivo y puede ser removido libremente por el Ministro de Gobierno. 17. Por otro lado, a criterio de los peticionantes la garantía de un debido proceso se ha visto también afectada en cuanto el Estado se ha valido de un procedimiento de deportación, para realizar en realidad un proceso de extradición. De esta forma, expresan los peticionantes, a fin de burlar expresas prohibiciones legales y constitucionales que impiden la extradición de ciudadanos ecuatorianos, el Estado ecuatoriano se valió de un procedimiento distinto para lograr, en la práctica, la extradición de Nelson Iván Serrano Sáenz.
22. Consideran los peticionantes que la actitud del Estado también vulnera el artículo 22 de la Convención, en cuanto a consecuencia de haber sido deportado a los Estados Unidos Nelson Iván Serrano Sáenz fue privado de su derecho de circular y residir en el Ecuador. 23. También señalan una violación al derecho a la igualdad receptado en el artículo 24 de la Convención, toda vez que el Estado aplicó a un ciudadano ecuatoriano normas que resultan solamente aplicables a extranjeros que se encuentren en el país en situación ilegal, es decir no se le reconoció el derecho a no ser expulsado de su propio país que, en similares situaciones, se reconoce a otros nacionales.
B. Posición del Estado 26. En su réplica del 23 de octubre de 2003 el Estado Ecuatoriano sostiene, en primer lugar, que cuando el Sr. Serrano Sáenz adquirió la nacionalidad estadounidense en 1971, se encontraba vigente en la República del Ecuador la Constitución de 1967, que establecía que los ecuatorianos perdían su carácter de nacionales de dicho país al naturalizarse en otro Estado. A su vez, con la codificación de la nueva Constitución Política en 1998 se ha establecido expresamente la posibilidad de que los ecuatorianos por nacimiento que se hayan naturalizado como nacionales de otro país mantengan la nacionalidad ecuatoriana (artículo 19).
27. No obstante, expresa el Estado, para el ejercicio del derecho constitucional a una doble nacionalidad, las personas que al amparo de la anterior normativa hubiesen renunciado a su carácter de nacionales ecuatorianos, deben someterse a un procedimiento de recuperación de nacionalidad que, básicamente, requiere una expresión formal por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 28. Por lo antes expresado, el Estado sostiene que en ningún momento intentó privar al Sr. Serrano Sáenz del derecho a la nacionalidad y que, en este aspecto, el gobierno tiene competencia para determinar y regular, dentro de los límites que surgen del ordenamiento legal, el ejercicio del derecho a la nacionalidad.
29. El Estado argumenta entonces que, siendo el Sr. Serrano Sáenz un ciudadano extranjero (puesto que no tramitó la recuperación de su nacionalidad ecuatoriana), la aplicación del trámite de deportación no constituye una violación al debido proceso. 30. Manifiesta también que el procedimiento de deportación se ajustó a la normativa interna del Ecuador que rige este tipo de procesos y, a tal efecto, detalla los diferentes cursos de acción que se llevaron a cabo durante el trámite de deportación, de conformidad con lo previsto en la Ley de Migración. En particular, destaca el previo dictado del auto de prisión preventiva y la oportuna emisión de la correspondiente boleta de encarcelamiento (que, según alega, por un error material aparece fechada un día antes de su real fecha de emisión), la designación de un defensor y el respeto de la voluntad del detenido de acogerse al derecho del silencio.
32. El Estado reconoce que si bien no corresponde la expulsión o deportación a otro país cuando el derecho a al vida o la libertad estén en riesgo de ser violados a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas, no es ésta la situación del Sr. Serrano Sáenz. Ello así, por cuanto su libertad se encuentra legítima y legalmente amenazada por una orden de arresto debidamente emitida por una autoridad judicial de los Estados Unidos. 33. En lo que respecta al artículo 30 de la Ley de Inmigración, que establece la inapelabilidad de la decisión del Intendente de Policía sobre la procedencia de la deportación, expresa el Estado que si bien tal disposición había sido derogada por una decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1993, un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia revocó dicha resolución, por considerar que el procedimiento de deportación no es de carácter administrativo, sino un juicio penal especial.
IV. ANÁLISIS DE LA ADMISIBILIDAD A. Competencia de la Comisión ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci 35. La Comisión tiene competencia ratione materiae para conocer en la petición presentada, por cuanto los peticionarios alegan la violación de los artículos 1, 5, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 24 y 25 de la Convención Americana. 36. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH, toda vez que, independientemente de su nacionalidad, la presunta víctima de los hechos alegados es una persona respecto de la cual el Ecuador se ha comprometido a garantizar y respetar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por otra parte, la Comisión observa que el Ecuador es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en que fuera depositado el instrumento de ratificación. Por tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia. De la misma manera, ha de notarse que no existe controversia entre las partes en relación a que los incidentes descriptos en la petición ocurrieron en territorio ecuatoriano, en una zona bajo jurisdicción del Estado, por lo cual, la Comisión posee competencia ratione loci para conocer en la presente petición.
B. Otros requisitos para la admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos 38. El agotamiento de los recursos internos es uno de los requisitos para la admisibilidad de toda petición que se presente a la Comisión Interamericana. En el caso, los peticionarios señalan que las violaciones a los derechos de Nelson Iván Serrano Sáenz tienen su origen, principalmente, en las diferentes incidencias ocurridas durante del trámite de deportación iniciado por las autoridades ecuatorianas en su contra, que culminó con el dictado una orden de traslado a los Estados Unidos de América. 39. En este contexto, a fin de agotar los recursos de la jurisdicción interna y entonces satisfacer el requisito de admisibilidad que aquí se analiza, los peticionantes deben demostrar que han cuestionado dicha decisión por ante los tribunales locales en todas las instancias internas existentes al efecto.
41. De acuerdo al contenido dispositivo de la norma transcripta, es evidente que la decisión del Intendente de Policía de Pichincha agotó, por sí misma, los recursos de la jurisdicción interna, en la medida en que tal como lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano y como el propio Estado reconoce, no procede contra ésta ningún recurso administrativo o judicial. 42. Es necesario hacer notar, sin embargo, que no obstante lo establecido en la norma previamente transcripta, los peticionarios han adjuntado constancias que demuestran suficientemente que, de todas formas, el 2 de septiembre de 2002 presentaron un recurso de apelación en relación con la decisión de deportación, el cual fue rechazado con fecha 12 de septiembre de 2002 por el Ministro de Gobierno bajo el argumento principal de que, en los términos del artículo 30 de la Ley de Migraciones, la referida decisión no es susceptible de apelación.
43. A todo ello se suma que, por un lado, el Estado no ha alegado en su contestación que los peticionarios no han agotado los recursos de la jurisdicción interna, situación que conforme esta Comisión ha sostenido en diversas oportunidades, permite inferir que éste ha renunciado tácitamente a invocar la falta de agotamiento de los recursos locales como defensa[1]. 44. A mayor abundamiento, la orden de deportación dictada en contra del Sr. Serrano fue inmediatamente ejecutada, razón por la cual aún para el caso de que hubiera un recurso interno idóneo para tutelar los derechos que alega violados, éste no habría tenido en el caso eficacia alguna.
45. Ante la decisión del Intendente de Policía de Pichincha ordenando la deportación del Sr. Serrano Sáenz y la posterior denegación del recurso de apelación presentado ente el Ministro de Gobierno no había otro recurso que interponer por lo que se han agotado en el caso los recursos de la jurisdicción interna y, en consecuencia el requisito establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención debe tenerse por cumplido . 2. Presentación de la petición en plazo 46. De acuerdo con el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, como norma general, las peticiones deben ser presentadas dentro de un plazo de seis meses, “a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva”.
48. Por todo ello, corresponde concluir que la petición se adecua a los límites temporales previstos en la Convención. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
49. La Comisión entiende que, de acuerdo a la información suministrada por las partes, la sustancia de la petición no se encuentra pendiente ante otra instancia internacional y que no es sustancialmente igual a ninguna otra petición previamente analizada por la CIDH u otro órgano internacional. En consecuencia, considera que se han cumplido los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados 50. El artículo 47incisos (b) y (c) de la Convención Americana dispone que la Comisión considerará inadmisible toda petición o comunicación que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención” o que “de la exposición del propio peticionario o del Estado [resulte que] es manifiestamente infundada (…) o sea evidente su total improcedencia”.
55. Sobre la base de las consideraciones legales y de hecho señaladas, la Comisión concluye que el caso en cuestión satisface los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, sin prejuzgar sobre el fondo del caso. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
3. Remitir el presente informe a los peticionarios y al Estado. 4. Continuar su análisis del fondo del caso. 5. Publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.