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Timestamp: 2019-03-26 03:09:43
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Informe: Situación de los derechos humanos en Honduras - Diario En Alta Voz – noticias de Honduras, últimas noticias de Honduras
marzo 12, 2019 Derechos humanos No comments
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras* **
En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos en Honduras entre el 1 de enero y el 31 de diciem- bre de 2018, con un enfoque en la pobreza y los temas económicos y sociales; la violencia y la inseguridad; la lucha contra la corrupción y la impunidad; el espacio democrático; y la situación de los defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. El informe también destaca algunas de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y concluye con recomendaciones.
* Se acordó publicar el presente informe tras la fecha de publicación prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras
El 4 de mayo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmó un acuerdo con el Gobierno de Honduras para establecer una oficina en el país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras monitorea la situación de los derechos humanos y proporciona capacitación y asistencia técnica a las instituciones estatales y organizaciones de la socie- dad civil, con el objetivo general de mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
Tras las masivas protestas de los ciudadanos contra el resultado de las elecciones presi- denciales, el Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado fue juramentado el 27 de enero de 2018, en un contexto social y político
Reconociendo la existencia de divisiones políticas, el Presidente hizo un llamado a un diálogo nacional abierto para encontrar una manera de avanzar y sanar a la nación, pidién- dole su facilitación a las Naciones Varios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil también pidieron el apoyo de las Naciones Unidas. En febrero de 2018, el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas llevó a cabo una misión explora- toria al país. Reconociendo la existencia de una crisis política de larga data, una profunda polarización dentro de la sociedad y desconfianza frente a la “política tradicional”, reco- mendó que, antes de establecer un diálogo, se implementaran medidas para fomentar la con- fianza¹.
El 28 de agosto, después de más de seis meses de negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas, el Gobierno y tres de los principales partidos políticos firmaron el “Compromiso para Honduras” y establecieron un mecanismo para el diálogo entre los parti- dos, compuesto por cuatro grupos de trabajo sobre: el proceso electoral de 2017 y la reelec- ción presidencial; los derechos humanos; las reformas constitucionales y el estado de dere- cho; y las reformas El diálogo se cerró el 11 de diciembre de 2018 sin ningún acuerdo formal². Se presentó una propuesta de amnistía para abordar la situación legal de las personas acusadas por delitos cometidos en el contexto de las protestas electorales, pero
Véase http://hn.one.un.org/content/unct/honduras/es/home/presscenter/nota-para-corresponsales-de-prensa–honduras.html.
Los grupos de trabajo desarrollaron 169 recomendaciones para la reforma legislativa y política, que no fueron aprobadas El ejecutivo presentó las recomendaciones al Congreso.
no se obtuvo consenso; no hubo acuerdo sobre la celebración de un referéndum para refor- mar la Constitución y derogar la prohibición de la reelección presidencial.
Como se refleja en el resultado del diálogo apoyado por las Naciones Unidas, el país permanece profundamente polarizado, y las fracturas generadas por la eliminación del límite del período presidencial establecido en la Constitución, las denuncias de fraude y la participación de grupos delictivos en las elecciones de 2017 siguen sin resolverse (A/HR- C/37/3/Add.2, párr. 3). La impunidad es generalizada, incluso para las violaciones de derechos humanos, como lo demuestra el modesto progreso realizado en la investigación y procesamiento de miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de
La pobreza y la desigualdad están profundamente arraigadas y son una causa principal de la migración en curso, como se refleja en la participación de miles de personas hondure- ñas en una caravana que en octubre dejó el país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América.
En un esfuerzo por fortalecer las instituciones estatales a cargo de la protección y promo- ción de los derechos humanos, el 27 de enero de 2018 comenzó a funcionar la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, las instituciones estatales independientes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CONAPREV), siguen enfrentando desafíos, tanto a nivel político como
III. Erradicación de la pobreza y temas económicos y sociales
Honduras es un país de ingresos medianos y bajos, marcado por una pobreza generali- zada que afecta a más del 67 % de su población. El 58,9 % de la población rural vive en la pobreza extrema³. En el 2016, el Gobierno adoptó un índice de pobreza multidimensio- nal que refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta Honduras, ya que estima que el 70,7 % de la población enfrenta graves privaciones respecto de educación, salud y nivel de vida4. En términos de distribución del ingreso, Honduras es uno de los países más desiguales de América
Honduras ha convertido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en una pieza central de su Programa Nacional de Desarrollo, priorizando 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 43 metas, y desarrollando 66 En este sentido, es necesaria una urgente adopción de un enfoque de derechos humanos basado en datos desagregados y un seguimiento cercano y estricto de la situación de los grupos más discriminados, con el fin de cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás en la aplicación de los Objetivos (CRPD/C/HND/CO/1, párrs. 65 y 66).
Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares,
Vea el discurso del Presidente Hernández en septiembre de 2018 ante la Asamblea General, disponible en http://www.sc- gob.hn/es/node/64.
En el 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocu- pación por el limitado impacto de los programas para reducir la pobreza (E/C.12/HND/- CO/2, párrs. 39 y 40). Las transferencias monetarias a familias en situación de pobreza bajo los programas de protección social, como por ejemplo “Vida Mejor”, ayudaron a aliviar las necesidades urgentes, pero no han resultado en un progreso sostenible hacia el cumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado y otros derechos económicos y socia- les, de acuerdo a las tendencias que miden la
La corrupción desvía recursos esenciales del Estudios independientes estimaron que el costo de la corrupción alcanzaría el 10 % del producto bruto interno5. En el 2018, datos oficiales indican que, respectivamente, el 11,4 % y el 5,9 % del presupuesto fueron asignados al sector de educación y salud. A pesar de esta inversión relativamente alta, los resultados en la prestación de servicios han estado por debajo de las expectativas, en térmi- nos de cobertura, calidad y cantidad. Aunque el presupuesto nacional haya crecido progresi- vamente, la deficiente gestión y la corrupción en sectores clave del Estado continúan impi- diendo que se cumpla la exigencia del máximo uso de los recursos disponibles. En noviem- bre, el Consejo Nacional Anticorrupción informó de que, entre 2015 y 2018, la corrupción afectó el 49 % del presupuesto de salud6.
El 15 de septiembre, el poder ejecutivo presentó ante el Congreso el borrador de la Ley de Presupuesto para 2019, el cual fue aprobado el 18 de diciembre y publicado en la Gaceta el 20 de diciembre7. El presupuesto de 2019 aumenta los recursos para educación y salud en un 7,18 % y un 1,95 %, En los meses de julio y agosto, el aumen- to en el precio de la electricidad y el combustible tuvo un impacto en el costo tanto del trans- porte como de la canasta básica de alimentos, lo que desencadenó huelgas en algunas zonas del país.
Existe una estrecha relación entre la pobreza persistente y la migración. En el 2017, las remesas representaron el 18,7 % del producto bruto interno y la tercera fuente de flujos finan- cieros para Las deportaciones de personas hondureñas aumentaron en un 38 % en noviembre de 2018 en comparación con el 2017, con 66.000 personas migrantes retor- nadas, principalmente de México y los Estados Unidos (incluidas 11.000 mujeres y niñas). Es probable que los retornos en curso contribuyan a aumentar la pobreza existente8.
A. Acceso, uso y control de la tierra
Siguen siendo motivo de preocupación el conflicto por la tierra y el frecuente uso indebi- do del sistema de justicia penal contra las personas que participan en actividades de inciden- cia contra los proyectos a gran escala que afectan a la En enero, entró en vigor la
Véase http://transparencia.programaimpactos.org/Debilitamiento%20institucionalidad%20publica% 20repercusiones%20lucha%20por%20transparencia.pdf.
Consejo Nacional contra la Corrupción, Comunicado de Prensa, 28 de noviembre de
El artículo 13 de la Ley exige que el Congreso publique las propuestas legislativas en un plazo de diez días después de su recepción.
Observatorio Consular y de Migraciones de Honduras, en conmigo.hn.
reforma que incorpora la usurpación de tierras a la lista de delitos que pueden ser cometidos por los grupos delictivos organizados9. Al ACNUDH le preocupa el impacto de esta reforma en un recurrente contexto de conflicto social relacionado con la tierra. Por ejemplo, en octu- bre, en Guapinol, departamento de Colón, 18 personas (incluidas 2 mujeres) pertenecientes a organizaciones comunitarias y ambientales fueron acusadas de usurpación por instalar un campamento en contra de un proyecto minero. Conforme al nuevo Código Penal, que fue adoptado por el Congreso en enero de 2018 pero aún no se ha promulgado, la pena estipu- lada para el delito de usurpación de tierras se eleva a cuatro años de prisión.
Dada la generalización del conflicto social relacionado con la tierra en Honduras, el ACNUDH insta a las autoridades a cambiar su enfoque de criminalización de la ocupación de la tierra por otro que privilegie abordar las condiciones socioeconómicas subyacentes en el fenómeno y que proteja efectivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre el terri- torio
B. Derechos laborales
El contexto laboral hondureño contribuye al mantenimiento de la desigualdad económi- Datos oficiales indican que el 68,5 % de la población está desempleada o subemplea- da, y que las mujeres se enfrentan de manera desproporcionada a condiciones de trabajo deficientes10. Las organizaciones laborales están debilitadas, y los miembros de los sindica- tos son estigmatizados y blanco de ataques, lo que afecta al desarrollo de una negociación colectiva significativa y a la protección de los derechos laborales. Solo entre enero y febre- ro, los sindicatos registraron casos de violencia contra 13 sindicalistas, incluidas 6 mujeres, en los sectores de la educación, la agroindustria y la administración pública. Como resulta- do de las 19.837 inspecciones llevadas a cabo entre enero y septiembre de 2018 por la Inspectoría del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, se identificaron violaciones a leyes, normas y regulaciones en más del 60 % de los casos11. La Ley de Inspec- ción del Trabajo permanece sin reglamentación lo que limita su impacto.
Las condiciones de trabajo de los buzos en La Mosquitia siguen siendo motivo de preo- cupación, ya que los misquitos indígenas, que son los principales empleados en este sector, continúan siendo sometidos a explotación y a condiciones laborales En el 2018, la Inspectoría de Trabajo llevó a cabo un seguimiento a los incidentes que involucraron a ocho buzos, tres de los cuales murieron, mientras que los otros sufrieron lesiones que resulta- ron en discapacidad. Desde su inauguración en el 2016, el Centro Integrado para la Aten- ción de Buzos con Discapacidades en Puerto Lempira ha atendido a más de 2.200 pacien- tes, lo que representa una fracción de todos los buzos afectados, ya que los costos relaciona- dos con el viaje desde áreas remotas, la duración del viaje y el nivel de discapacidad limitan el acceso. El ACNUDH trabajó con la Comisión Interinstitucional para la Atención y Preven- ción de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB) para revisar las reglamentaciones
Decreto núm. 112/2017.
Correspondiente a 043 inspecciones, datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
existentes sobre salud y seguridad en el trabajo de la pesca submarina. El ACNUDH obser- va con preocupación la limitada participación de los trabajadores y el sector privado en este proceso, y señala la necesidad de cumplir con el derecho de los buzos misquitos a una con- sulta libre, previa e informada en la reglamentación del sector.
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmitió al Estado su informe confidencial sobre el fondo del caso de Opario Lemoth Morris y otros Honduras12. En junio, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reemplazó a la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños al frente de CIAPEB. Se espera que el rango más alto de la nueva dirección ayude a fortalecer la coordinación y la voluntad política de las instituciones participantes.
C. Las empresas y los derechos humanos
En junio, el Gobierno de Honduras anunció su disposición de promover el desarrollo de un plan nacional de acción sobre empresas y derechos En cooperación con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el ACNUDH compartió una propuesta de metodología para elaborar dicho plan, resaltando la importancia de consultas amplias con el sector empresarial, sindicatos y las comunidades interesadas, incluyendo las rurales, indígenas y afrohondureñas. El Gobierno desarrolló una hoja de ruta preliminar.
IV. Violencia e inseguridad
Entre enero y junio, la Policía Nacional registró 808 muertes violentas (incluidas 190 mujeres), lo que representa un descenso del 11,7 % comparado con 201713. La tasa nacio- nal de homicidios se redujo de 59,05 por 100.000 habitantes en el 2016 a 43,5 en el 2017 y a 40,72 en el 2018, y el municipio tradicionalmente violento de San Pedro Sula, así como el Distrito Central, experimentaron reducciones en la tasa de homicidios de hasta un 25 %, superando la reducción del índice nacional14. Al mismo tiempo, el alto número de muertes clasificadas como “no identificadas”15 resulta en una sobreestimación de la reduc- ción reportada de la tasa de homicidios.
El crimen organizado, incluyendo carteles, grupos familiares involucrados en activida- des delictivas, o maras y pandillas, juega un papel importante en la violencia y la inseguri- dad. El crimen organizado se ha infiltrado en las agencias gubernamentales y en el ámbito
La denuncia (núm. 1186-04) presentada contra el Estado de Honduras adujo la falla en proteger el derecho a la vida, el trato humano y otros de los buceadores en la pesca submarina que, como resultado de las condiciones de trabajo, sufrieron discapacidades y complicaciones de
Véase sepol.hn/sepol-estadisticas-honduras.php?id=158.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras entre enero y junio de 2018 registró 308 muertes “no identificadas”, y 596 en
político más amplio a través de la corrupción y la colusión, tal como lo demuestra el perfil de las personas procesadas en casos penales en curso en los tribunales nacionales o que han sido extraditadas o detenidas en jurisdicciones extranjeras16.
En ese complejo entorno, el discurso público tiende, en gran medida, a centrarse en las pandillas como la principal causa de violencia17. Sin embargo, no se dispone de datos desa- gregados oficiales sobre el contexto situacional y el tipo de violencia homicida, que son fundamentales para medir el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1618. En 2017, el circuito penal especial de la jurisdicción nacional establecido para procesar y juzgar a las estructuras criminales organizadas atendió 133 casos criminales, incluyendo únicamente 31 de La escasez de datos judiciales, con bajo número de homicidios que resultan en cargos y un número aún menor de casos que llegan a judicializarse, dificulta el análisis de la violencia por homicidio y sus tendencias. Al ACNUDH le preocupa que el discurso político se centre en gran medida en ciertos tipos y actores de la violencia, subesti- mando otros, como son las redes criminales con estrechos vínculos políticos y económicos. Tal proposición tiene un impacto en la efectividad de las políticas de seguridad y en materia penal.
En este contexto, el Gobierno ha intensificado su labor de incidencia para que maras y pandillas sean reconocidas como actores armados no estatales y que vulneran los derechos humanos, en virtud con la posición expresada en el 2013 en el momento del establecimiento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). El ACNUDH reitera que solo puede llegarse a tal determinación a través de un enfoque casuístico, específico para el contexto del país, basado en los criterios de control territorial y de la población, el ejercicio de las funciones de gobernanza y una estructura política En el contexto actual, Honduras debe intensificar sus esfuerzos en la prevención de la violencia, continuar combatiendo la violen- cia ejercida por maras y pandillas a través de la legislación penal, e intensificar su lucha contra el crimen organizado y los delitos económicos, incluyendo la corrupción.
En enero de 2018 entraron en vigor las leyes sobre la Secretaría de Seguridad, sobre la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Paralelamente, la Secretaría de Seguridad adoptó el Reglamento General de la Ley de la Secretaría de Seguridad, el Reglamento Gene- ral de la Ley de la Carrera Policial y el Reglamento de la Organización y Funciones de la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía. El ACNUDH reconoce los avances estable- cidos por este nuevo marco, incluso mediante el fortalecimiento de la independencia de los organismos de investigación y disciplinarios, la supervisión civil y la profesionalización de
.Véase la referencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp.
Véase, por ejemplo, la entrevista con el Ministro Luis Fernando Suazo en La Tribuna, 17 de octubre de 2018, en http://www.latribuna.hn/2018/10/17/el-80-por-ciento-de-los-homicidios-son-cometidos-por-las-maras-y-pandillas/.
Véase la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, en https://unstats.un.org/sdgs/ files/metadata-compilation/Metadata-Goal-16.pdf.
la fuerza. En 2018, la Policía Nacional reclutó 2.671 nuevos agentes, alcanzando la cifra de 15.661 efectivos.
En 2018, el Gobierno reforzó el trabajo conjunto policial-militar, lanzando en julio una fuerza nacional de 500 oficiales para luchar contra maras y La Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas permanece en funcionamiento desde el 2013 con
5.000 efectivos. En el Decreto núm. 223-2011 se ha interpretado que el artículo 274 de la Constitución autoriza a las fuerzas armadas a cooperar en las funciones de orden público (…) “excepcionalmente” y “en situaciones de emergencia”.
El ACNUDH observa que lo que se estableció como un régimen excepcional en el con- texto de una “crisis de seguridad (…), representando una amenaza para la seguridad del Estado”19, se ha convertido en una práctica normalizada20. El ACNUDH y los mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras de manera sistemática reconsiderar el papel desempeñado por los militares en las funciones de orden público21 y han señalado el alto riesgo de violaciones de los derechos humanos, tal como se destaca en las preocupaciones que expresaron por la participación de los militares en la vigilancia de las protestas relacionadas con las elecciones de
En marzo, el Congreso abolió el artículo 335 B del Código Penal, que definía muy ampliamente las conductas de incitación al Sin embargo, no se han tomado medidas para abordar las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado y los meca- nismos internacionales de derechos humanos en relación con el artículo 335 y la excesiva amplitud de la definición del delito de terrorismo22.
Como la mayoría de las muertes siguen siendo causadas por armas de fuego, el ACNUDH espera que la implementación de la recientemente adoptada Ley de Armas de Fuego, que reduce a tres la cantidad de armas permitidas por persona y establece mejores procedimientos de registro y permisos, contribuya a la reducción de la violencia. El ACNUDH también observa que aún no existe un sistema eficaz de control de armas, ya que la Ley no regula la posesión y utilización de armas por parte de compañías de
El uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continúa siendo Un miembro de la PMOP está actualmente en juicio por el asesinato de tres hombres misquitos, ocurrido durante una operación nocturna en mayo en Warunta, departamento de Gracias a Dios. En octubre, en San Pedro Sula, tres niños que viajaban en un vehículo fueron alcanzados por balas cuando la PMOP realizaba una opera- ción contra pandillas. El 26 de noviembre, un periodista que informaba sobre una protesta en Tegucigalpa, en el aniversario de las elecciones de 2017, fue lesionado en el brazo cuando guardias penitenciarios transitando en un servicio de transporte de personas priva-
Decreto núm. 168/2013.
Véase, a este respecto, CAT/C/HND/CO/2, párr.
CCPR/C/HND/CO/2, párr.
22 A/HRC/37/3/Add.2, párr. 20.
das de libertad abrieron fuego mientras el vehículo se acercaba a la protesta. El gas lacrimó- geno suele ser usado habitualmente, a menudo de manera indiscriminada y por cuestiona- bles razones de necesidad.
30 Desde 2016 la Secretaría de Seguridad ha estado trabajando en un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza por parte de todos los funcionarios encargados de aplicar la ley, con el fin de colmar las lagunas del fragmentado marco legal sobre el uso de la fuerza. Urge adoptar leyes y protocolos exhaustivos que cumplan con los derechos humanos, particular- mente dada la expansión de las Fuerzas Especiales con participación mixta, civil y militar.
B. Niños en conflicto con la ley
El establecimiento en enero del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infracto- res (INAMI) ha mejorado el sistema de justicia En septiembre, el número de niños privados de libertad disminuyó en un 23 %, mientras que las medidas alternativas a la deten- ción aumentaron en un 40 %, llegando a 862 niños23. Sin embargo, los informes de investi- gación social y el acompañamiento de los niños en conflicto con la ley por parte de los traba- jadores sociales revelan importantes brechas en la protección de los niños, niñas y adoles- centes, a nivel de la familia y la comunidad.
La reestructuración en curso del Centro Pedagógico de Jalteva, financiada a través de la tasa de seguridad, permitirá la transferencia de jóvenes en conflicto con la ley desde el centro ubicado en el Batallón de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía (COBRA) a instalaciones civiles mejoradas, lo que reducirá el hacinamiento y proporcionará detención separada para los jóvenes en conflicto con la ley que han llegado a la edad A pesar de algunos progresos en la implementación de programas educacionales, el respeto de los derechos sociales y educativos durante el internamiento, así como el monito- reo de la implementación y la evaluación de medidas alternativas, requieren atención urgen- te y una inversión adecuada.
Se han recibido informes sobre el uso excesivo de la fuerza para controlar disturbios en los centros durante el manejo de un motín, en febrero, en el centro Renaciendo; en agosto, en el centro de menores del Batallón COBRA; y en febrero, en el centro de las niñas Centro Sagrado Corazón de María.
C. Personas privadas de libertad
A pesar de la apertura de nuevas cárceles en el 2017, el hacinamiento siguió aumentan- do, y llegó a rebasar la capacidad en un 100 % en el centro de Tamara y en más del 30 % en el recién inaugurado centro de A septiembre de 2018, el número de adultos encar- celados había alcanzado los 20.583 (incluidas 1.240 mujeres), frente a los 19.000 registra-
En mayo de 2017, 572 niños fueron En septiembre de 2018, la cifra fue de 445 niños detenidos (incluyendo 47 niñas).
dos en diciembre de 2017 (incluidas 1.050 mujeres). El porcentaje general de reclusos en prisión preventiva disminuyó del 58 % al 53 %, pero aumentó del 63 % al 68 % entre la población femenina. En 2017, uno de cada cinco reclusos en prisión preventiva había sido detenido por cargos de asociación ilícita, en cuyo caso la prisión preventiva es obligatoria de conformidad con el artículo 184 del Código de Procedimientos Penales24. Dado que solo el 30 % de dichos cargos pasan a juicio, la mayoría de las personas acusadas de asocia- ción ilícita son puestas en libertad después de permanecer en prisión preventiva hasta por dos años. El impacto perjudicial de la prisión preventiva debe tomarse cuidadosamente en cuenta al decidir la aplicación de la medida25.
Al mes de septiembre, habían muerto 23 internos: 4 de manera violenta durante su preli- beración, 2 por accidentes, 1 por suicidio y 16 por causas naturales26. Los servicios de salud deficientes son la causa de varias de estas Este fue el caso de 2 mujeres que, presuntamente al no haber recibido asistencia médica oportuna en septiembre, murieron por complicaciones respiratorias agravadas en la Penitenciaría Nacional de Tamara. En agosto se registraron 144 casos de tuberculosis en las cárceles de Honduras27. Los reclusos de las prisiones de máxima seguridad de La Tolva y Moroceli se vieron particularmente afectados, ya que las condiciones de detención y el acceso limitado al aire libre provocan un deterioro de las condiciones físicas y facilitan la propagación del virus.
También a fecha de septiembre, cinco reclusos habían muerto violentamente en el con- texto de disturbios en prisiones, en Morocelí y en octubre en Las deplorables condicio- nes de detención, el traslado sin notificación a las familias y la falta de cumplimiento de los procedimientos fueron los principales reclamos detrás de las protestas. En marzo, el CONA- PREV transmitió a la Oficina del Fiscal Especial de Derechos Humanos información relaciona- da con una operación de seguridad conjunta militar-policial en el Centro de Detención de El Porvenir, durante la cual más de 80 internos resultaron heridos. A finales de noviembre, el CONAPREV había transmitido al Fiscal Especial de Derechos Humanos información sobre 284 incidentes relacionados con torturas o malos tratos en lugares de detención, incluidos dos casos que habrían resultado en la muerte de la víctima en detención policial: uno en Pespire, departamento de Choluteca, y otro en la ciudad de La Ceiba.
La reglamentación del régimen de visitas es restrictiva, y los costos requeridos para obte- ner el permiso de visita afectan de manera desproporcionada a las familias numerosas y de bajos ingresos, ya que cada miembro debe obtener un permiso individual que solo es válido por seis Se permiten las visitas conyugales sujetas a la presentación de cinco certifica- dos de salud, también en relación con el VIH. Esto constituye un problema desde la perspecti- va de los análisis médicos obligatorios, que la ley nacional prohíbe, y afecta el derecho a la
El artículo 184 del Código de Procedimientos Penales contiene una lista de 20 delitos para los cuales la prisión preventiva es
Datos del Centro de Información y Documentación
Organización Mundial de la Salud, Honduras, https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_ content&view=article&id=1555:atencion-integral-de-salud-para-privados-de-libertad&Itemid=229.
vida privada y familiar, ya que da lugar a la prohibición de visitas en caso de rechazo a someterse a los análisis o de resultados positivos. Los familiares de los detenidos continúan denunciando la aplicación arbitraria de los reglamentos de visita y las solicitudes de sobor- nos en los centros de Ilama, Moroceli, El Porvenir y el módulo de máxima seguridad en Tamara. El 20 de diciembre, el Congreso aprobó la obtención gratuita de la documentación para familiares28.
La independencia y la autonomía del CONAPREV se han visto amenazadas por la rees- tructuración administrativa en virtud del Decreto núm. 009/2018, que posiciona al Mecanis- mo en el ámbito del poder La independencia, así como la autonomía operativa y financiera, son principios claves en el establecimiento y funcionamiento de un mecanismo nacional de prevención29. Ya en el 2013, los mecanismos de derechos humanos recomenda- ron que se reformara el marco legislativo del CONAPREV a fin de dotarlo de su propio presu- puesto30. En el 2016, expresaron su preocupación por el hecho de que el sistema estableci- do para seleccionar y nombrar a los tres expertos que conforman el CONAPREV no incluye- ra al parecer los procedimientos necesarios para garantizar la independencia funcional de los candidatos y la ausencia de conflictos de interés31.
Independencia del poder judicial y selección y nombramiento de autori- dades judiciales de alto nivel
Se requieren urgentemente reformas legales para garantizar un sistema de justicia indepen- diente y efectivo, capaz de perseguir y sostener los esfuerzos contra la impunidad y la corrup- ción. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en 2016, de declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, no se ha avanzado en el establecimiento de una estructura de gobierno independiente para el poder judicial que garantice la separación de las funciones disciplinarias y Las debilidades identificadas en la ley de la carrera judicial siguen sin resolverse en el proceso en curso para reclutar jueces para 193 puestos.
En junio, el Congreso reeligió al Fiscal General para otro período en el cargo, sin tener en cuenta el procedimiento legal que requiere que el candidato sea seleccionado de una lista desarrollada por una Junta de Proponentes32. Paralelamente, el trabajo de la Junta de Proponentes careció de transparencia y vigilancia pública, en particular al no permitirse la observación completa de la toma de decisiones por parte de entidades nacionales e interna- cionales interesadas, incluidos el ACNUDH y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)33. Las recomendaciones del ACNUDH, el Relator Espe-
La Gaceta, núm. 825, 20 de diciembre de 2018, art. 245.
Véase CAT/OP/12/5.
CAT/OP/HND/3, párr.
CAT/C/HND/CO/2, párrs. 29 y
Véase https://oacnudh.hn/oacnudh-expresa-su-preocupacion-en-relacion-al-reciente-proceso-de-eleccion-del-fiscal-general/.
Véase https://oacnudh.hn/oacnudh-expresa-su-preocupacion-por-la-fal- ta-de-publicidad-en-la-conformacion-de-la-nomina-de-5-candidatos/.
cial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados y la CIDH sobre la necesidad de información transparente y disponible sobre los criterios para la selección de los candidatos no fueron tomadas en cuenta34.
En septiembre de 2018, cumpliendo con la sentencia de la CIDH sobre el caso López Lone y otros Honduras, la Corte Suprema reincorporó a sus cargos a dos jueces que habían sido destituidos arbitrariamente por su participación en protestas pacíficas después del golpe de 2009.
B. Lucha contra la corrupción y la impunidad, incluido el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos
En 2018, la Unidad Especial contra la Corrupción de la Oficina del Fiscal General, con el apoyo de la MACCIH, inició acciones de investigación contra redes de corrupción política.35Entre mayo y junio se iniciaron procesos contra 38 personas de alto perfil, incluidos miembros del Congreso y ex ministros, por malversación de fondos públicos, fraude y lavado de activos por apoyar campañas de diferentes partidos políticos en el contexto de las elecciones de En febrero, la cónyuge del ex presidente Lobo fue detenida y juzgada bajo la reciente- mente creada jurisdicción especial contra la corrupción; en noviembre, se presentaron cargos por fraude y malversación de fondos públicos contra el hermano del ex presidente.
Sin embargo, tales esfuerzos enfrentan una resistencia En enero, la reforma de la Ley de Presupuesto de 2018 por parte del Congreso desencadenó indignación nacio- nal e internacional, y fue denunciada por la MACCIH como un intento de bloquear las inves- tigaciones como parte de un “pacto de impunidad” en los más altos niveles institucionales. En marzo, el Congreso reformó la Ley de Privación de Dominio y la Ley contra el Lavado de Dinero para evitar la incautación de activos en poder de funcionarios estatales, reformas que finalmente fueron vetadas.
La presencia de la MACCIH en Honduras fue cuestionada cuando, en marzo, miembros del Congreso presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que aprueba el acuerdo que establece la Misión. Aunque en mayo, la Corte Suprema declaró su constitu- cionalidad, también reglamentó el alcance de la asistencia técnica proporcionada por la MACCIH. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron el fallo como “político” y argu- mentaron que socavaba la independencia judicial36.
Importantes iniciativas legislativas para fortalecer el enjuiciamiento de la corrupción y el crimen organizado quedan Aunque fue presentado al Congreso en abril de 2017, el proyecto de ley sobre la colaboración eficaz sigue pendiente de discusión. La Ley
Comunicados de prensa del ACNUDH, 26 de junio y 29 de junio de 2018, disponibles en https://oacnudh.hn/.
Véase Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y MACCIH, quinto informe semestral, 19 de octubre
Véase http://asjhonduras.com/webhn/tag/fallo-csj/.
de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacio- nal requiere una reforma significativa para cumplir con las normas sobre acceso a la infor- mación. En mayo, para brindar protección al personal en riesgo, el Presidente de la Corte Suprema estableció la Unidad de Protección Especial para Jueces, Magistrados y Defensores Públicos. La Oficina del Fiscal General estaba en proceso de establecer un mecanismo simi- lar. Se necesita urgentemente fortalecer los mecanismos de protección de testigos y víctimas.
La investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos enfrentan importantes obstáculos. A mediados de diciembre, la Oficina del Fiscal General había presentado cargos en relación con 15 incidentes ocurridos durante el período posterior a la crisis electoral, contra 24 agentes de seguridad (10 miembros de la Policía Nacional, 8 miembros de las Fuerzas Armadas y 6 miembros de la PMOP). La mayoría de los cargos se relacionan con violaciones de los deberes de los funcionarios públicos según el artículo 333 del Código
Las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas avanzan lentamen- te, y solo se ha presentado un cargo por el asesinato de un niño en el departamento de El Según información oficial, continúan las investigaciones en otros 21 casos. El 17 de octubre, el Fiscal General, solicitó públicamente a las Fuerzas Armadas que pusieran a disposición la información necesaria para avanzar en las investigaciones, a lo que las Fuer- zas Armadas respondieron que toda la cooperación había sido puesta a disposición.
El ACNUDH observó retrasos en los procedimientos judiciales, en ocasiones como resul- tado de la dificultad de asegurar la participación del personal militar en los mismos; la renuencia de testigos y víctimas a participar; razones de seguridad; y un enfoque en la responsabilidad individual en detrimento de las responsabilidades de mando y control dentro de las fuerzas de
Gracias al esfuerzo coordinado de la Oficina de la Fiscalía Especial en Delitos contra la Vida y la Oficina de la Fiscalía Especial para Grupos Étnicos y Patrimonio Cultural, en mayo, diez miembros de la Fuerza Naval fueron condenados por el asesinato de dos personas garí- funas en la comunidad de Sin embargo, en noviembre la determinación de la pena aún estaba pendiente.
En junio, en Tegucigalpa, la decisión de un tribunal de desestimar los cargos de tortura, detención ilegal y abuso de autoridad contra tres policías de alto rango desencadenó una gran protesta pública. Los tres agentes habían sido acusados después de haber rociado gas pimienta en la cara a estudiantes y defensores de derechos humanos durante su arresto en septiembre de 2017 en una protesta en la Universidad Nacional de
El 29 de noviembre culminó el juicio de ocho personas acusadas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, en el que siete de los acusados fueron decla- rados culpables y uno quedó Cuatro de los acusados también fueron declarados culpables de tentativa de asesinato de un ambientalista mexicano. El manejo del caso mostró
varias deficiencias, incluso en términos de acceso restringido a la investigación por parte de los abogados de la víctima y, finalmente, su exclusión del juicio. Al mismo tiempo, la senten- cia reconoce la participación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en la plani- ficación y ejecución del asesinato, y en un procedimiento separado, el presidente de la com- pañía está siendo juzgado.
A pesar de los pasos iniciales en la implementación de la sentencia de la Corte Interame- ricana de Derechos Humanos en relación con el caso Escaleras Mejía y otros Honduras a fines de 2017, el Ministerio Público no ha desarrollado un protocolo para la investigación de los delitos contra los defensores de los derechos humanos. El ACNUDH reitera la utilidad de este instrumento en la investigación de tales casos para permitir un análisis del contexto, género y patrones.
En marzo de 2018, el Ministerio Público estableció la unidad de la Oficina de la Fiscalía Especial para la protección de Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de En septiembre, dos fiscales fueron asignados a esa oficina.
VI. Espacio democrático
Medios de comunicación y derecho a la información
El derecho de acceso a la información pública continúa siendo arbitrariamente restringi- do. A pesar de las recomendaciones de organismos nacionales, regionales e internaciona- les, no se han tomado las medidas necesarias para revisar la Ley de Clasificación de Docu- mentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional de Se tomó conocimiento de resoluciones ministeriales de 2008 y 2018 que declaran como confidencial información técnica relacionada con licencias ambientales, incluida la ubicación de proyec- tos37. El ACNUDH compartió con el Instituto de Acceso a la Información Pública un análisis de las normas legales y la jurisprudencia, destacando la incompatibilidad de la medida con las normas internacionales, además de la legislación nacional.
La Ley Marco de Telecomunicaciones de 1995 no ha abordado los problemas relaciona- dos con la concentración de los medios de comunicación. Desde la perspectiva de promover la diversidad, la Ley y las reglamentaciones que la acompañan han mostrado debilidades y han resultado en la limitación del desarrollo de medios alternativos, incluidas las estaciones de radio Según la información proporcionada por una organización de socie- dad civil, solo 19 de las más de 300 radios que transmiten en el país tienen licencia, mien- tras que las otras operan bajo constante amenaza de cierre38.
A pesar de las numerosas recomendaciones de los mecanismos internacionales y regio- nales de derechos humanos para regular estos asuntos a través del derecho civil, el Código
Acuerdos Ministeriales núm. 725-2008; y núm. 1402-2018.
Datos proporcionados por la organización no gubernamental C-LIBRE.
Penal prevé sentencias de hasta tres años de prisión por calumnia, dos años por difamación y hasta cuatro años por injuria en los medios de comunicación39.
B. Defensores de derechos humanos y periodistas
Siguen siendo motivo de gran preocupación los ataques, la criminalización, el hostiga- miento y las campañas de desprestigio contra personas defensoras de los derechos huma- nos, así como los robos en sus oficinas y residencias
Entre enero y septiembre, el Mecanismo Nacional de la Secretaría de Derechos Huma- nos para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, traba- jadores de los medios de comunicación y operadores del sistema de justicia recibió 140 solicitudes de medidas de protección, de las que admitió 118 y desestimó En noviembre, el Mecanismo estaba implementando 201 medidas de protección, 26 correspondientes a medidas solicitadas por la CIDH. Las 175 medidas de protección emitidas por el Mecanismo Nacional se referían a 105 personas defensoras de los derechos humanos, 28 periodistas, 23 trabajadores de los medios de comunicación y 17 operadores del sistema de justicia, e incluyeron 15 medidas ordenadas como resultado del riesgo emergente en el contexto de la crisis postelectoral para los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Las medi- das emitidas por la CIDH se aplicaron a 19 defensores de derechos humanos, 3 periodistas, 1 trabajador de los medios de comunicación y 3 operadores del sistema de justicia. En 2018, el Mecanismo amplió el rango de medidas que apoyaba, agregando la capacitación para la autoprotección y el apoyo psicosocial, además de las medidas tradicionales, como la escolta policial, los números de contacto de emergencia y la mejora de infraestructura.
Sin embargo, el Consejo del Mecanismo Nacional sigue siendo débil, principalmente debido al modesto compromiso con el Mecanismo de algunas de sus instituciones Hasta octubre, la Oficina del Fiscal General había participado solo en una de las ocho reuniones del Consejo, y el poder judicial, en dos. Esta falta de compromiso acentúa la desconfianza que muchos defensores de derechos humanos tienen frente a las instituciones nacionales. La adopción de una política integral para defensores de derechos humanos podría ayudar a superar los desafíos de coordinación y consolidar el compromiso de todos los actores involucrados.
En mayo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos visitó Honduras, y concluyó que, “a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Estado para establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayo- ría de los defensores de derechos humanos en Honduras no pueden operar en un entorno seguro y propicio”40. Al final de la visita que realizó en noviembre, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación
CCPR/C/HND/CO/2, párr. 41 e).
Véase ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23081&LangID=S.
y en la práctica expresó preocupaciones similares sobre la situación de las defensoras de los derechos humanos41.
VII. Igualdad y no discriminación
El 23 de mayo de 2018, el poder ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley sobre la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. El Gobierno informó al ACNUDH de que se llevaría a cabo un proceso de consulta sobre el proyecto de ley a cargo de una Comisión No queda claro el involucramiento de la Comisión de Asuntos Indígenas.
El ACNUDH considera que, en su forma actual, el borrador no cumple con los estánda- res de derechos humanos y no protege completamente los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios, recursos naturales, y consulta y consentimiento libres, previos e informa- En varios foros, las organizaciones de los pueblos indígenas expresaron su oposición al proyecto de ley. Al ACNUDH le preocupa que, en caso de que la ley se adopte con las deficiencias actuales, puedan aumentar los conflictos sociales relacionados con el desarrollo y los proyectos de inversión en los territorios indígenas y afrohondureños.
El ACNUDH siguió monitoreando situaciones de descontento social originadas en la falta de consulta con las comunidades indígenas en la aprobación y ejecución de proyectos hidroeléctricos y La autoidentificación de las comunidades indígenas y la propiedad tradicional de la tierra están en el centro de tales conflictos, como en el caso del proyecto hidroeléctrico Petacón en Reitoca, departamento de Francisco Morazán, y la represa El Tornillito en Chinda, departamento de Santa Bárbara. En 2018, la Oficina de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural investigó diez casos de abuso de autoridad y viola- ción de deberes del funcionario público por parte de funcionarios municipales y estatales que autorizaron proyectos hidroeléctricos, mineros y de otro tipo sin consulta previa, y los resultantes daños y perjuicios ambientales.
Sigue siendo motivo de preocupación la lentitud en la implementación de las decisiones de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades garífu- nas del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra42. A diciembre, solamente 6 de los 19 puntos de las sentencias habían sido Se tomaron medidas preliminares para delimitar tierras en Triunfo de la Cruz; sin embargo, los conflictos continúan debido al incumplimiento de las decisiones de reasentamiento e indemnización de terceros ordenadas por la Corte. Las investigaciones criminales sobre los asesinatos de cinco miembros de ambas comunida- des han resultado en solo una orden de arresto por el asesinato de Félix Ordóñez Suazo.
Véase https://drive.google.com/file/d/1yC1HFFPGm1i40GLdIExdME6JIb_CKnbg/view.
Véanse corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf; y www.corteidh.or.cr/docs/ casos/articulos/seriec_305_esp.pdf.
En La Mosquitia, los representantes indígenas misquitos y tawahka continuaron denun- ciando actos de agresión, violencia e intimidación contra sus comunidades, incluso como resultado de la explotación ganadera y el tráfico de
Los proyectos de desarrollo e inversión en tierras y territorios indígenas tienen lugar en contextos de profunda marginación y Por ejemplo, en el departamento de Gracias a Dios, el 78 % de los hogares son indígenas, y alrededor del 90 % viven en situación de pobreza multidimensional. Las graves brechas en el disfrute de derechos humanos fundamen- tales tienden a producir una presión indebida sobre las comunidades indígenas para que acepten proyectos a cambio de promesas de empresas privadas de proporcionar servicios tales como salud y educación.
B. Derechos de la mujer
La legislación nacional reconoce el principio de no discriminación basada en el sexo y el género. Sin embargo, la implementación efectiva de políticas para prevenir y abordar la discriminación contra las mujeres y las niñas, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, es
Si bien el principio de paridad del 50 % se observó formalmente durante las elecciones generales de 201743, la modalidad de su implementación como resultado de la reglamenta- ción de la Ley resultó en una disminución de la representación de las mujeres del 26 % al 21
%, con solo 27 mujeres elegidas para el Congreso. Además, las comisiones clave del Con- greso no incluyen a las mujeres, como por ejemplo las comisiones de Presupuesto, Minería e Hidrocarburos, Energía, Vivienda y Transporte. La Academia de Mujeres Parlamentarias fue inaugurada como un espacio de intercambio y empoderamiento44.
Continúa prevaleciendo la violencia El ACNUDH acoge con beneplácito el desa- rrollo del Protocolo Nacional para la Atención de las Víctimas de Violencia Sexual, que se espera incluya la provisión de anticonceptivos de emergencia a las supervivientes45.
El Código Penal adoptado en enero, mantiene la prohibición absoluta y la criminaliza- ción del aborto en todas sus formas, violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre enero y septiembre de 2018, siete mujeres fueron acusadas del “crimen” de aborto; en algunos casos, después de su arresto, la Policía Nacional las expuso públicamen- te, con nombre y fotografía en redes sociales, violando así sus derechos humanos, incluidos sus derechos a la privacidad y al debido
Decreto núm. 44-2004.
Con el apoyo del ACNUDH, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU-Mujeres, el National Democratic Institute, OXFAM y el Netherlands Institute for Multiparty
Pendiente de firma por parte del Ministro de
Al 15 de noviembre de 2018, al menos 320 mujeres habían muerto violentamente46. La dimensión de género de tales asesinatos parece todavía subestimada, ya que, hasta agosto, solo se habían presentado cargos por feminicidio en 13 En respuesta, el poder ejecuti- vo estableció formalmente en agosto una Comisión para el Seguimiento del Feminicidio que, junto con la creación de unidades especiales para las investigaciones de delitos relaciona- dos con el género, representa un paso importante para abordar la impunidad asociada a estos delitos con un enfoque interinstitucional. Estos esfuerzos deben complementarse con la rápida adopción de un protocolo de investigación y acciones preventivas que aborden las causas de la violencia.
C. Derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) continúan siendo discriminadas en todas las áreas de la Una acción presentada en marzo por la organización de lesbianas Cattrachas contra la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo sigue pendiente ante la Corte Suprema de Justi- cia. La Ley de Adopción aprobada por el Congreso en agosto excluye explícitamente la adopción por parejas del mismo sexo.
En 2018, al menos 22 personas LGBTI fueron asesinadas, y en noviembre se llevaban a cabo juicios por cuatro de estos
D. Derechos de los migrantes
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor del 7,8 % por ciento de la población hondureña vive fuera de Honduras, incluidos 000 solicitantes de asilo47. En mayo, los Estados Unidos de América decidieron suspender el estado de protección temporal para las personas hondureñas que fue acordado en 1999, con la fecha de finalización efectiva en el mes de enero de 2020.
En octubre, miles de personas hondureñas, incluidos hombres, mujeres, niños y niñas, se unieron a una “caravana de migrantes” viajando por Guatemala y México para llegar a los Estados Según se informa, “con el propósito de salvar la vida y la integridad física y la prevención de la trata de personas” de los ciudadanos, el 20 de octubre, siguiendo las advertencias de que la ayuda y asistencia internacional se cortarían “con efecto inmediato” a menos que se detuviera a los migrantes, las autoridades de Honduras cerraron temporal- mente el punto de cruce principal a Guatemala. El Observatorio sobre Migración, informó de que 7.208 personas habían regresado a Honduras entre el 15 de octubre y el 13 de
Datos del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018,
diciembre (no todas habían salido en el contexto de la caravana)48. Se reporta que 9.400 hondureños permanecen en el territorio mexicano al 15 de diciembre49.
El Gobierno anunció la adopción de un Plan de Retorno Seguro, pero el ACNUDH no ha podido obtener una Retornados que fueron entrevistados por el ACNUDH indica- ron su intención de volver a intentar el camino de la migración debido a la falta de oportuni- dades económicas y sociales y de asistencia para la reintegración. La narrativa estigmati- zante de la caravana de los migrantes que comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales insinuó que el movimiento estaba infiltrado por el crimen organizado, inclui- dos yihadistas, maras y pandillas, así como también orquestado por la oposición política con “propósitos políticos y criminales”.
VIII. Actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras
El ACNUDH proporcionó asesoramiento técnico sobre derechos humanos en el contexto del Diálogo Político Nacional, asesorando a la Comisión Política, al Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y a las Naciones
Para monitorear la situación de los derechos humanos, el ACNUDH realizó 55 misiones en todo el país. Observó ocho juicios, incluido el juicio por el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres.
El 10 de diciembre, el ACNUDH y la Secretaría de Derechos Humanos lanzaron un programa de cooperación técnica. En diciembre se presentó el Programa de Capacitación en Derechos Humanos para Funcionarios Estatales, desarrollándose dos módulos de capaci- tación. El ACNUDH compartió con la Secretaría una propuesta para el desarrollo de un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborado conjuntamente con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras
El ACNUDH apoyó el Mecanismo Nacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores del Sistema Judi-
El ACNUDH proporcionó asesoramiento técnico al Congreso y a la sociedad civil sobre las normas internacionales de derechos humanos, en particular en el proyecto de ley sobre seguridad cibernética y crímenes de odio y el proyecto de ley sobre trabajadoras domésti- A través de la Academia Parlamentaria, el ACNUDH apoyó a mujeres miembros del
Véase conmigho.hn/direccion-general-de-proteccion-al-hondureno-migrante/retornados-2018/.
Respuesta interinstitucional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la OIM y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 15 de octubre a 15 de diciembre de
Congreso. A través de la capacitación en derechos humanos y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, también brindó apoyo a los miembros indígenas y afrohondureños del Congreso.
El ACNUDH observó la elección del Fiscal General y su adjunto, y compartió los están- dares internacionales relevantes y las buenas prácticas a través de foros, publicaciones y comunicados de
El ACNUDH celebró sesiones de capacitación sobre estándares de derechos humanos para el personal de la Oficina del Fiscal General, jueces y magistrados, incluida la Corte Suprema de
El ACNUDH y el CONAPREV capacitaron conjuntamente a miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los guardias de los centros penitenciarios y los representan- tes de las recientemente establecidas Juntas Locales para la Prevención de la Tortura sobre Normas Internacionales y El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Nacio- nes Unidas para las Víctimas de la Tortura, administrado por el ACNUDH, contribuyó a la financiación de CONAPREV.
A través de foros y debates públicos, el ACNUDH promovió los estándares de derechos En octubre, llevó a cabo junto con la MACCIH y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, un foro sobre estructuras criminales, corrupción y derechos humanos. Otros eventos incluyeron un debate público en Tegucigalpa y San Pedro Sula sobre los derechos de las mujeres, sobre normas para la elección del Fiscal General, sobre asociaciones ilícitas y su impacto en los derechos humanos y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. El ACNUDH participó en eventos organizados por organizaciones no guberna- mentales nacionales e internacionales sobre diversos temas de derechos humanos.
El ACNUDH promovió la implementación por parte de agencias concernidas de las Naciones Unidas en Honduras de la Política de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revisando los proyectos que apoyan a las fuerzas de seguridad ajenas a las Naciones Unidas, para el cumplimiento de la mencionada Política.
Con la Coordinación de la Secretaría de Coordinación de Gobierno, el ACNUDH promovió un enfoque basado en los derechos humanos en la implementación de los Objeti- vos de Desarrollo Sostenible por parte del Estado y el equipo de país de las Naciones Unidas, dialogando también sobre indicadores de derechos
El ACNUDH presentó el informe anual del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Huma- nos (A/HRC/37/3/Add.2) y el informe del Alto Comisionado titulado “Las violaciones a los dere- chos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”. Promovió los derechos humanos a través de comunicados de prensa, entrevistas, editoriales y redes Lanzó la campaña por el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El ACNUDH ha venido ejecutando proyectos financiados por el Canadá, los Estados Unidos de América, los Países Bajos, Suecia y
IX. Cooperación con mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos
En mayo y noviembre, respectivamente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica visitaron
En mayo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada examinó el informe del Estado parte, observando que la legislación y las acciones del Estado no se con- formaban plenamente con las obligaciones de la Convención Internacional para la Protec- ción de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas50. En julio, se llevó a cabo una visita de seguimiento a Honduras para promover la comprensión de sus observaciones y En noviembre, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó los informes sexto y octavo combinados de Honduras (CER- D/C/HND/6-8).
El ACNUDH apoyó a la CIDH durante su visita a Honduras en julio y se unió a su misión en los departamentos de Cortés y El Progreso, así como en la región del Bajo
93. En consulta con la sociedad civil, la Alta Comisionada exhorta a las auto- ridades de Honduras a implementar las recomendaciones de su antecesor y de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
En lo relativo a la pobreza y las cuestiones económicas y sociales, la Alta Comisionada insta al Gobierno y/o las instituciones a:
Mejorar el desarrollo de indicadores desagregados y la recopilación de datos desagregados, promoviendo un enfoque de derechos humanos, multi- cultural y de género en las políticas públicas y la planificación;
Tomar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y los recursos naturales, cambiando el enfoque de criminalización de la usur- pación de la tierra hacia un enfoque orientado hacia las condiciones socioe- conómicas que subyacen al problema;
50 CED/C/HND/CO/1, párr. 9.
c) Asegurar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordina- ción con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponer sanciones en caso de que se determinen violaciones de derechos laborales;
Adoptar una política o plan para guiar a las empresas respecto de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, para garantizar que el sector privado ejerza la diligencia debida y evalúe el impacto de las activida- des empresariales en los derechos humanos, y que se diseñen remedios para mitigar cualquier impacto en los derechos humanos generado por dichas
En materia de violencia e inseguridad, se insta al Gobierno a:
Redoblar los esfuerzos para perseguir el crimen organizado en todas sus formas, reconociendo su estrecha conexión con los delitos económicos, incluida la corrupción;
Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público; fortale- cer la transparencia en materia de defensa y seguridad; y garantizar el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente depurada y capacitada;
Asegurar que la legislación se adopte o revise de acuerdo con los están- dares de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, priori- zando áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado y el control de armas de fuego y municiones, así como la regulación de las empresas de seguridad privada; y reformar la legislación relacionada con el terrorismo y derogar el artículo 335 del Código Penal;
Tomar las medidas necesarias para que las condiciones y políticas de los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con los estándares interna- cionales y para que se implementen medidas alternativas en pleno cumpli- miento de las normas internacionales, en particular las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela);
Priorizar las intervenciones que prevengan la institucionalización de los niños y persigan el interés superior del niño, e incrementar los recursos para la justicia juvenil y la protección de la niñez.
En la esfera de la justicia, el Gobierno debería:
Adoptar las reformas legales necesarias para fortalecer la independen- cia del sector y la carrera profesional, y reformar el proceso de elección del Fiscal General a fin de garantizar la transparencia y la publicidad;
Intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad, en particular de las violaciones de derechos humanos, y promover la coordinación entre las unidades especializadas de la Fiscalía General;
Asignar los recursos necesarios para la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones de 2017, priorizando las muertes y las lesiones; llevar ante la justicia y garanti- zar la rendición de cuentas del sector seguridad y la aplicación de la ley; y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas.
Con respecto al desarrollo del espacio democrático, el Gobierno debería:
Revisar la legislación y las regulaciones que obstaculizan el derecho de acceso a la información pública, abordar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación mediante la reforma de la Ley de Telecomuni- caciones y despenalizar la difamación y la calumnia;
Promover la coordinación entre las entidades estatales con responsabi- lidades relacionadas con la protección de los defensores de los derechos humanos, entre otras cosas mediante el desarrollo y la adopción de una polí- tica integral, basada en los derechos humanos y en la perspectiva de género;
Avanzar en el desarrollo de un protocolo inclusivo, basado en los dere- chos humanos y en un enfoque de género, para la investigación de los deli- tos contra los defensores de los derechos humanos y el fortalecimiento de la nueva Unidad
En relación con la igualdad y la no discriminación, el Gobierno debería:
Consultar debidamente con los pueblos indígenas, a través de sus insti- tuciones representativas, sobre cualquier ley o reglamento para que se implementen consultas libres, previas e informadas, y redoblar los esfuerzos para delimitar, demarcar, registrar y proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas;
Adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública; revisar los protocolos para
investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio en el cumpli- miento de las normas internacionales de derechos humanos; eliminar la pro- hibición absoluta del aborto, de conformidad con las obligaciones regionales e internacionales del Estado; y ratificar el Protocolo Facultativo de la Conven- ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
Tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y garantizar investigaciones y enjuiciamientos prontos, eficaces y con enfoque de género de los delitos cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéne- ro e intersexuales, con la inclusión de recursos efectivos;
Reforzar medidas para abordar las necesidades de protección de las personas migrantes, en particular de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad; asistir a las víctimas de violencia con riesgo de desplaza- miento forzoso; y apoyar el acceso de las personas migrantes retornadas a programas sociales y de