Source: https://www.gerencie.com/deudas-laborales-en-procesos-de-reestructuracion.html
Timestamp: 2017-10-24 00:23:36
Document Index: 200833122

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 25']

Deudas laborales en procesos de reestructuración | Gerencie.com.
Home Derecho laboral Gerencie.com 10/09/2013
Cuando una empresa se encuentra en proceso de reestructuración, se debe a que tienen dificultades económicas para atender sus obligaciones, entre ellas las laborales.
Durante el proceso de negociación con los acreedores de la empresa, se acuerdan los pagos y forma de pago de cada una de las obligaciones.
Así, en el acuerdo de reestructuración quedan incluidas las obligaciones laborales, las que se pagarán según lo pactado.
¿Pero qué pasa con aquellas obligaciones laborales que no quedaron incluidas en el acuerdo?
Por varias razones, es posible que una obligación laboral no quede incluida dentro del acuerdo de reestructuración, por tanto, respecto a esa deuda no incluida, no se puede aplicar el acuerdo de reestructuración, lo que abre camino a la posibilidad de que el beneficiario de esa deuda, pueda iniciar una acción ejecutiva para el cobro de la misma.
Sobre el respecto, la Superintendencia de sociedades, mediante oficio 220-037033 mayo 28 de 2008, consideró lo siguiente:
Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2008-01-068037, por medio del cual manifiesta que previa a la aceptación a la promoción de un acuerdo de reestructuración de la sociedad X, inició un proceso ordinario laboral en su contra, siendo dicha sociedad condenada al pago por sentencia judicial, pero sin que el mismo se haya podido hacer efectivo, pues la sociedad indica que por encontrarse en proceso de reestructuración no está obligada al pago, y con base en tales hechos formula algunos interrogantes.
Sobre el particular, sea lo primero manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 550 de 1999, el representante legal de una sociedad que negocie un acuerdo de reestructuración, está en la obligación de entregar al promotor dentro del mes siguiente a la inscripción del aviso de promoción del acuerdo en el registro mercantil a que alude el artículo 11 de la citada ley, un inventario de activos y pasivos sociales, en el que además se incluya una relación de las demandas en curso en contra de la compañía. Es de señalar que quien suscriba el inventario sin que relacione alguna de las demandas, a sabiendas de su existencia, será sancionado con prisión de uno (1) a seis (6) años, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas, en los términos del artículo 21 de la referida ley.
Ahora bien, en punto del tratamiento legal de las obligaciones litigiosas en un acuerdo de reestructuración, resulta conveniente traer a colación lo consagrado en el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 550 de 1999, a saber:
“Mientras la controversia en cuestión se decide por la justicia ordinaria, tales créditos se considerarán litigiosos; en consecuencia, y al igual que los otros créditos en litigio y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo y a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, se constituirá una reserva o provisión de los fondos necesarios para atender su pago mediante un encargo fiduciario cuyos rendimientos pertenecerán al empresario, y cuya cuantía será establecida por el promotor con la participación de los peritos que fueren del caso.”
Del precepto transcrito se desprende en primer lugar que respecto de los créditos en litigio, los mismos deben sujetarse a lo que se haya dispuesto en el acuerdo de reestructuración celebrado, y a las resultas de la sentencia o laudo de que se trate. Y en segundo lugar, que tales créditos litigiosos deben ser garantizados a través de la constitución de una reserva o provisión de los fondos necesarios para atender su pago mediante un encargo fiduciario. A este respecto, esta Superintendencia por medio del Oficio 155-054861 del 30 de octubre de 2002 expresó:
“Así las cosas, no obstante las funciones de amigable componedor que por virtud de la ley debe ejercer el promotor, éste no puede definir la cuantía y las condiciones de los créditos litigiosos a cargo de la empresa, por cuanto en ese caso se debe estar a las resultas del proceso respectivo. No obstante lo anterior, tales acreencias, de conformidad con lo establecido por la norma que se acaba de citar, no sólo dependerán de la sentencia o laudo, sino que además quedarán sujetas a los términos del acuerdo de reestructuración que los acreedores externos e internos de la empresa deudora suscriban según las formalidades de la ley 550 de 1999, razón por la que en él deberá estipularse la forma en que se atenderán tales obligaciones una vez proferido el correspondiente fallo judicial o laudo arbitral.
Ahora bien, sobre el particular resulta oportuno observar que el citado artículo 25 ordena la constitución de una provisión de fondos para la atención de los créditos litigiosos en el acuerdo de reestructuración, cuando quiera que al momento de la celebración el proceso en el que se discute la existencia, la validez o la cuantía el derecho no haya finalizado. Si se tiene en cuenta que mediante la celebración de un acuerdo de reestructuración se pretende definir la forma en que se pagarán, de manera ordenada y respetando la igualdad que debe existir entre todos los acreedores, las acreencias a cargo de la empresa deudora, se debe concluir que la provisión mediante encargo fiduciario deberá constituirse en el momento que corresponda, de acuerdo con el orden de prelación convenido en el acuerdo de reestructuración.”
El concepto anterior ratifica que la forma como se deben pagar las acreencias en litigio, una vez estas adquieren el carácter de ciertas y exigibles, depende no solo de lo dispuesto en la sentencia o laudo respectivo, sino también de lo que sobre el particular se haya consagrado en el correspondiente acuerdo de reestructuración suscrito entre los acreedores internos y externos.
Valga anotar que en el evento en el que la demanda de que se trate no haya sido incluida en el inventario a que se refiere el artículo 20 citado, y por consiguiente la obligación litigiosa no haya sido provisionada ni haya constituido objeto de estipulación en el acuerdo de reestructuración, se abre la puerta para que la misma una vez adquiera el carácter de cierta y exigible, sea reclamada judicialmente mediante proceso ejecutivo, si se tiene en cuenta que la iniciación de este tipo de procesos solo se prohíbe durante la etapa de negociación del acuerdo (artículo 14 Ley 550 de 1999), mas no cuando el mismo ya se encuentra en ejecución.
En este orden de ideas, se procede a dar respuesta a sus interrogantes como sigue:
“Si esto es cierto ó no.”
En cuanto a esta inquietud, la que se circunscribe a determinar si es o no cierto que por encontrarse la sociedad en un proceso de reestructuración la misma no está obligada a pagar una obligación litigiosa que por virtud del fallo del juez laboral se convirtió en cierta y exigible, se ha de anotar que no es viable afirmar que la compañía no se encuentra obligada a pagar, ya que como aquí se indicó el pago de las obligaciones litigiosas se sujeta tanto a lo señalado en la sentencia o laudo, como a lo consignado en el correspondiente acuerdo de reestructuración, por lo que habrá de estarse a tales documentos, para ver en qué condiciones la sociedad debe cumplir con el pago de la acreencia.
“Si puedo iniciar el Proceso Ejecutivo respectivo, sin problema.”
Solo en el evento en el que en el correspondiente acuerdo de reestructuración no se hubiese consagrado estipulación alguna respecto de la forma de cancelar los créditos litigiosos, ni se hubiere provisionado en la contabilidad de la sociedad dichos créditos como lo ordena el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 550 de 1999, se abre la posibilidad para que la obligación litigiosa que por virtud del fallo judicial se convierte en cierta y exigible, sea demandada a través de un proceso ejecutivo, además considerando que la iniciación de procesos de esta naturaleza solo se prohíbe cuando la sociedad se encuentra negociando un acuerdo de reestructuración (artículo 14 Ibídem), mas no cuando ya está adelantando la ejecución del acuerdo.
Por lo anterior, se sugiere previa iniciación de un proceso ejecutivo, acudir al Grupo de Trámites Concursales de la Superintendencia de Sociedades, a efectos de verificar si el crédito litigioso de que se trate fue objeto de estipulación en el acuerdo de reestructuración firmado entre los acreedores.
“Si el tener una obligación generada con anterioridad a la reestructuración, pero reconocida y declarada posterior a ella, me impide obtener el pago ejecutivo de la misma.”
Como ya se manifestó en el presente oficio, el pago de obligaciones litigiosas reclamadas judicialmente con anterioridad a la iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración, cuya exigibilidad se perfecciona con posterioridad a la suscripción del acuerdo, depende tanto de lo señalado en el correspondiente fallo judicial como de lo que sobre el particular se hubiese consagrado en aquel (artículo 25 Inc. 3º Ley 550 de 1999), razón por la cual no resulta viable en principio instaurar proceso ejecutivo para el cobro de obligaciones de tales características, pues se reitera, solo ante la falta de su inclusión en el acuerdo y provisión en la contabilidad de la compañía en reestructuración, se abre la posibilidad de acudir a la vía ejecutiva.
“Si debo informar a la Superintendencia del inicio del Proceso Ejecutivo.”
Una vez en ejecución el acuerdo de reestructuración, no existe disposición legal que exija informar a la Superintendencia de Sociedades sobre el inicio de procesos ejecutivos contra una sociedad en proceso de reestructuración.
Es importante tener claridad sobre situaciones como estas, puesto que pueden alterar el proceso de restructuración de la empresa, principalmente cuando se trata de fallos judiciales por valores considerables.
Ha que recordar, que siempre que el incumplimiento de la empresa con sus obligaciones laborales, afecte el mínimo vital de uno o más trabajadores, será obligatorio el pago de esas obligaciones, pues así lo ha considerado la Corte suprema de justicia en innumerables oportunidades.