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Timestamp: 2017-05-28 14:34:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 166', 'artículo 144', 'artículo 144', 'Artículo 156', 'artículo 19', 'Artículo 282', 'Artículo 365', 'Artículo 476', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 85', 'artículo 194', 'artículo 194', 'Artículo 193', 'artículo 10', 'artículo 36', 'artículo 21', 'Artículo 36', 'artículo 152', 'artículo 156', 'artículo 168', 'artículo 282', 'artículo 365', 'artículo 406', 'artículo 410', 'Artículo 156', 'artículo 475', 'artículo 476', 'artículo 52', 'artículo 85', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 36', 'artículo 144']

Miércoles 17 de Mayo de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-5/71467	Miércoles 17 de Mayo de 2017Gaceta: LXIII/2SPR-5/71467	Iniciativas de Ciudadanos Legisladores De las Diputadas Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.Ver Sinopsis Español:Las reformas propuestas al Código Nacional de Procedimientos Penales tienen el fin de incorporar en la fase procesal criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como llevar a cabo cabalmente las responsabilidades del Estado y sus agentes para buscar medidas lo menos lesivas posibles para terceros afectados y no incurrir en violación de derechos mediante un uso rígido, formalista e irreflexivo del derecho penal, tanto en la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc. Con la modificación a los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud se pretende atender atenuantes cuando se trate de mujeres involucradas en el comercio, posesión o suministro de drogas como consecuencia de la violencia de género.
Con las reformas propuestas al Código Penal Federal procura proporcionar herramientas a impartidoras e impartidores de justicia para incorporar en sus resoluciones la perspectiva de género y atender específicamente el contexto de mujeres inducidas a cometer un ilícito en consecuencia de la violencia de género.
Las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos. Esas disposiciones se alinean a los estándares internacionales establecidos en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes.INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE DETENCIÓN, ENJUICIAMIENTO, SENTENCIA Y RECLUSIÓN DE MUJERES, A CARGO DE LAS DIPUTADAS MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO Y ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Las suscritas, Mariana Benítez Tiburcio y Erika Araceli Rodríguez Hernández, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a los procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión de mujeres, al tenor de la siguiente:
Mundialmente, los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de mujeres y cada vez se genera más evidencia sobre el vínculo entre las relaciones de género, la participación de las mujeres en delitos de drogas y la respuesta punitiva del Estado. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), los porcentajes que representan las mujeres acusadas de delitos de drogas son significativamente altos con relación al total de mujeres privadas de la libertad en algunos países de América Latina. Mientras que en Costa Rica alcanzan el 75%, en Argentina, Brasil y Perú representan más del 60% del total de la población carcelaria femenina. Y en el caso de Colombia y México, la representación de mujeres se acerca al 45%. (Ver tabla 1)
El impacto del actual marco de las políticas de drogas en la región se refleja claramente en estos datos, específicamente el uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales que no toman en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participación de las mujeres en estos delitos, convirtiéndose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos trascendentes sobre todo su entorno familiar y comunitario. Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario. Diversos estudios confirman que las mujeres sufren las consecuencias de la persistencia de relaciones de género asimétricas que operan en detrimento de sus vidas y las de sus familias, y que estas condiciones se agravan porque viven en la región con los más altos índices de desigualdad en el mundo. Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten, además, seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico. Por lo tanto, los delitos de drogas son también conocidos como delitos “de género”.
Esta iniciativa propone atender estas problemáticas, incorporando criterios de aplicación práctica que materialicen el principio de igualdad y no discriminación, particularmente en los casos donde el sistema de procuración e impartición de justicia debe poner mayor atención, para revertir la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como el impacto de las políticas estatales en los grupos históricamente más desaventajados. Por ello, si bien en un principio se busca beneficiar a las mujeres, también se considera necesario favorecer a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; a las que sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN MÉXICO
En México, datos derivados del “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que los delitos contra la salud (del fuero local o federal) son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres, precedidos por los delitos de robo. En el caso de delitos del fuero común, el narcomenudeo es precedido solo por homicidio, secuestro y robo. Mientras que, en el fuero federal, los delitos contra la salud constituyen la razón primordial por la cual son recluidas las mujeres. (Ver tablas 2 y 3). Estudios cualitativos indican que las condiciones de vida alrededor de las mujeres en reclusión en general, y de las mujeres acusadas por delitos de drogas en particular, son parecidas a las que encontramos en otras latitudes, y responden a un conjunto de dinámicas entre las cuales se cruzan la feminización de la pobreza,la permanencia de relaciones de género asimétricas, la violencia contra las mujeres –y la tolerancia e impunidad que frente a ella persiste, incluso en el sistema de justicia –, la penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada como opciones de empleo ilegal frente a un Estado a menudo incapaz de alcanzar a los estratos más excluidos de la sociedad. A menudo son mujeres efectivamente culpables de cometer el ilícito del que se las acusa; sin embargo, a la hora de determinar su culpabilidad e imponer una sentencia, no se toman en cuenta los factores que anteceden a su involucramiento ni su modalidad de participación, a menudo vinculados con formas de violencia contra las mujeres. Únicamente se observan elementos como la realización de la conducta ilícita, el tipo de sustancia y su cantidad, omitiendo consideraciones que permitan desentrañar de qué manera las relaciones desiguales entre los géneros subyacen a la participación de las mujeres en delitos específicos. La supuesta neutralidad del derecho penal se traduce entonces, en una forma de perpetuación de la desigualdad de las mujeres y de la violencia en su contra. Actualmente, en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. De conformidad con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional” de la Comisión Nacional de Seguridad” (CNS, julio 2016), las mujeres representan 5% del total de la población penitenciaria y la mayoría se encuentra detenida en calidad de procesada o sentenciada por delitos del fuero común. De acuerdo con el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, de 2015, los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las hijas e hijos que viven con ellas, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.
Triple condena y trascendencia de la pena: la importancia de juzgar con perspectiva de género.
El panorama retratado hasta el momento nos permite hablar de una triple condena en el caso de las mujeres privadas de la libertad: i) una derivada de la falta de la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal; dicha falta se traduce en impactos reales en la vida de las mujeres y de las personas que dependen de ellas; ii) en segundo lugar, la respuesta penal del Estado frente a ciertos delitos, entre ellos los delitos contra la salud, es desproporcional porque se basa en planteamientos de “talla única” para todos, reduciendo el margen de aplicación de penas justas y medidas alternativas al encarcelamiento; iii) finalmente, las condiciones de reclusión se cruzan con otras variables sociales sesgadas por la desigualdad entre los géneros.
Lo anterior debe ser atendido bajo una óptica integral que considere las especificidades de las mujeres privadas de la libertad, incorporando plenamente la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, así como en la ejecución penal. Este cambio de paradigma debe ir acompañado de otro de igual envergadura: romper con la visión tradicional del derecho penal, por el cual los elementos a tomar en cuenta a la hora de aplicar una sanción son i) la naturaleza del delito; ii) las circunstancias del delincuente; y iii) los intereses de la comunidad. En principio, incorporar la perspectiva de género implica la comprensión de que la desigualdad estructural, la subordinación y la desventaja histórica basadas en el género no sólo se manifiestan cuando las mujeres comparecen ante los procesos judiciales como víctimas, sino también cuando se encuentran en conflicto con la ley. Es decir, reconocer que el orden social desigual entre los géneros tiene implicaciones concretas en su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Lo anterior implica comprender que la discriminación también ocurre cuando las normas, políticas y prácticas son aparentemente neutras pero el resultado de su aplicación impacta de forma desproporcionada en ciertas personas o grupos sin una justificación objetiva y razonable.
El Estado mexicano se ha comprometido a revertir lo anterior, al firmar y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos; integrando un amplio marco de protección, dentro del cual destacan obligaciones específicas como las contenidas en la CEDAW: modificar o derogar las normas, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, en especial las disposiciones penales; e implementar las medidas necesarias para abandonar los prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos. Asimismo, la Convención Belem Do Pará, establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres con independencia del ámbito en que ocurra y de quién la perpetre. A nivel nacional, los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, obligan a las autoridades de procuración e impartición de justicia a desarrollar y contar con lineamientos para analizar cómo el orden social de género reparte la valoración, el poder, los recursos y las oportunidades de forma diferenciada; considerando la situación de desventaja histórica de las mujeres en la determinación de su responsabilidad penal, incluida la atribución de autoría y participación en la comisión de delitos. Por último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) elucida qué se entiende por perspectiva de género y cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres, así como las herramientas para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Esta iniciativa conjuga las obligaciones en materia de justicia, específicamente de aplicación del derecho penal y de la ejecución penal, con las obligaciones orientadas a eliminar la violencia de género contra las mujeres.
De esta forma, el mandato establecido en la legislación penal de juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad; y responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación al garantizar el acceso a la justicia y remediar situaciones asimétricas de poder. POLÍTICAS DE DROGAS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANO INTERNACIONAL.
Si bien desde la criminología y la sociología feminista anglosajona y latinoamericana se ha visibilizado desde los años ochenta a las mujeres involucradas en delitos de drogas y la desproporcionalidad de la respuesta penal de los Estados, sólo en años recientes esta problemática ha alcanzado la arena pública y los organismos internacionales, como se presentan a continuación:
La Ley No 26.472, promulgada en 2009, introdujo modificaciones en el Código Penal de la Nación, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la Ley de Ejecución Penal (Ley No 24.660), “que habilitan al juez a disponer el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas, para las madres de niñas y niños hasta los cinco años de edad, o que tengan a cargo a personas con discapacidad”. Si bien esta ley no ha sido exenta de críticas, ofrece un margen de acción para que, mediante la interpretación judicial, se busque la protección de las mujeres durante el embarazo y se garanticen los cuidados de sus hijas e hijos, cuando esto sea lo mejor para su interés superior. Asimismo, responde a que la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son madres y son las principales o únicas cuidadoras de sus hijas e hijos, así como de otras personas dependientes. Costa Rica
En agosto de 2013 se aprobó la Ley 9161, por la que se introdujo el artículo 77 bis y se modificó la Ley 8204 sobre psicotrópicos. Esta reforma prevé una reducción de sentencias (pasando de una sentencia de mínimo 8 años a máximo 20 años a una de mínimo 3 años a máximo 8 años) para las mujeres que introducen drogas a los centros de reclusión cuando reúnen los siguientes supuestos: a) Se encuentren en condición de pobreza;
b) Sean jefas de hogar en condición de vulnerabilidad;
c) Tengan bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo; d) Sean una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. En caso de que se determinen alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrán disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión. A la fecha, la reforma de Costa Rica es única en su tipo, pues atiende particularmente a un grupo específico de mujeres acusadas de delitos de drogas, a saber, las que son acusadas de introducir drogas a un centro de reclusión.
En 2012, el Sentencing Council para Inglaterra y Gales emitió unas directrices de orientación sobre cómo sancionar en casos de delitos relacionados con drogas. Los delitos se dividen en siete categorías: introducción o extracción de drogas controladas al país, suministro u oferta de suministro, posesión con fines de proveerla a otra persona, producción, cultivo de la planta cannabis, permitir el uso de instalaciones y posesión de sustancias controladas. Para la definición de la sanción se elucidan, mediante un sistema de tablas, cuatro criterios: tipo de sustancia, cantidad, ofensa y nivel de liderazgo de la persona acusada (líder – leading role –, papel significativo – significant role – o papel menor –lesser role). Una vez establecido el rango de sanción, se enlistan una serie de factores agravantes y atenuantes; entre las atenuantes se incluyen i) la participación bajo presión; ii) intimidación o coerción; iii) la creencia errónea respecto del tipo de droga; iv) el abuso de la vulnerabilidad de la persona; v) la edad o la falta de madurez; vi)la inexistencia de condena previa o condena no relevante o reciente; vii) ser la única o principal persona cuidadora de familiares dependientes. El objetivo de estas directrices es generar sentencias más consistentes, y en el caso de los correos humanos busca una reducción de sentencias que tome en cuenta su rol menor. Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”
En marzo de 2016 se realizó en Viena la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) del Consejo Económicos y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se analizaron borradores de resoluciones sobre distintos temas, promovidas por países específicos, una de ellas es la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”. Ésta fue redactada y propuesta originalmente por México, y fue presentada en la CND con el apoyo de Costa Rica y Brasil. En la Resolución, las mujeres en conflicto con las leyes de drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes, que son utilizadas por el crimen organizado.
La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad:
[La comisión de Estupefacientes] Alienta a los Estados Miembros a que tomen en consideración las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres detenidas, procesadas o juzgadas, o a las que se hayan impuesto condenas por delitos relacionados con las drogas, cuando formulen medidas que tengan en cuenta el género como parte integrante de sus políticas de prevención del delito y justicia penal, incluidas medidas apropiadas para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra las mujeres detenidas o encarceladas por delitos relacionados con las drogas, utilicen, según proceda, a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela); 5. Insta a los Estados Miembros a que ejecuten programas de base amplia para impedir la utilización de mujeres y niñas como correos en el tráfico de drogas, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste asistencia a los Estados para que formulen dichos programas a fin de luchar contra la utilización y participación de las mujeres en el comercio ilícito de drogas y adoptar medidas penales adecuadas contra los grupos delictivos organizados que utilicen a mujeres y niñas como correos; 6. Pone de relieve que, sin perjuicio del principio de igualdad de todos ante la ley, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño o niña, se debería dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, y considerar la posibilidad de imponer penas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos graves o violentos, y, en este sentido, invita a los Estados Miembros a que se basen en la publicación de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada Guidelines for Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy, cuando proceda, y de conformidad con la legislación nacional. México tiene un compromiso formal y moral para traducir en realidad los acuerdos plasmados en el texto de la Resolución y transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas. La iniciativa expuesta a continuación representa un esfuerzo para concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas y, por lo tanto, ante la comunidad internacional; plantea reformas que, de aprobarse, pueden garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo de esta manera a reducir la violencia de género institucional; fomenta el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena y contribuye a construir una sociedad justa, en la cual el delito es sancionado pero no en detrimento de los derechos humanos de las personas.
ALCANCES Y LÍMITES DEL MARCO LEGAL MEXICANO.
El 2016 marcó el cénit de un hito en la historia penal y legislativa mexicana: con la transición definitiva al sistema acusatorio y la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) culmina la Reforma Penal de 2008 y se sientan las bases para un sistema penitenciario alineado a los principios del debido proceso. Aun así, el marco legislativo actual no franquea la rigidez y severidad de las actuales políticas de drogas en México en el ámbito penal, las cuales se mantienen poco flexibles y altamente punitivas. Entre otros puntos cabe destacar i) la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, prevista a nivel constitucional; ii) la falta de acceso a medidas alternativas, excepto en los supuestos de posesión establecidos en la Ley General de Salud (LGS); iii) penas desproporcionadas; iv) la inclusión de factores agravantes que conllevan el aumento de la pena, mas no de atenuantes que la reduzcan; v) la falta de acceso a mecanismos de reducción parcial de la pena, sustitutivos de la prisión y libertad preparatoria para la mayoría de los delitos. Algunos de estos puntos se ven balanceados por disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (por ejemplo, el artículo 166) y de la LNEP (artículo 144, entre otros). No obstante, para la implementación de políticas de drogas que incluyan la perspectiva de género y que tomen en cuenta la situación específica de las mujeres involucradas en estos delitos, así como los efectos de la pena que se extienden a todo su entorno familiar y comunitario, se considera necesario introducir reformas puntuales en los dispositivos legales que establecen las penas por estos ilícitos (LGS y Código Penal Federal, CPF), así como criterios orientadores que aseguren que en la fase procesal y de ejecución penal no se dejen a un lado estas cuestiones. La presente iniciativa introduce modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretenden incluir en la argumentación jurídica elementos que garanticen que la individualización de la pena contemple consideraciones relacionadas con las necesidades específicas de las mujeres a las cuales nos hemos referido, así como otras que permitan prevenir, o atenuar, el impacto desproporcionado de la pena de prisión. Desde esta perspectiva, las reformas aquí propuestas contienen una serie de criterios que procuran garantizar el principio de igualdad, incluyendo medidas dirigidas a grupos específicos, como personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; mujeres embarazadas; que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o; sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Tanto sentencias y documentos de la Corte Interamericana como instrumentos internacionales subrayan la importancia de poner especial atención a la situación de vulnerabilidad de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, privilegiando medidas alternativas a la privación de la libertad en un centro de reclusión.
Por otro lado, y dado que el impacto de la pena de prisión de una mujer o un hombre sobre sus hijas e hijos, así como sobre otras personas que dependan de ellas es marcadamente diferenciado en razón de la desigualdad estructural entre los géneros, además de hacer frente a las condiciones de desventaja histórica, el Estado debe asumir la responsabilidad de no poner en riesgo a las personas que dependen del inculpado o inculpada, sino de implementar sentencias que ponderen tanto los elementos más tradicionales del derecho penal (delito, circunstancias del inculpado o de la inculpada e intereses de la comunidad) como aquéllos vinculados a la trascendencia de la pena y el derecho al cuidado de las personas dependientes a no ser afectados o incluso puestos en riesgo como resultado de las decisiones judiciales. Por todo lo anterior, se presenta la siguiente propuesta de reformas y adiciones en los términos que se precisan a continuación:
Las reformas propuestas al CNPP tienen el fin de incorporar en la fase procesal criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como llevar a cabo cabalmente las responsabilidades del Estado y sus agentes para buscar medidas lo menos lesivas posibles para terceros afectados y no incurrir en violación de derechos mediante un uso rígido, formalista e irreflexivo del derecho penal, tanto en la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc. Huelga precisar que las referencias a “persona cuidadora principal o única cuidadora” se retoman del artículo 144 de la LNEP y responden a un esfuerzo de armonización legislativa.
El análisis de los diferentes tipos, manifestaciones, causas y efectos de la violencia contra las mujeres se basan en las definiciones elucidadas en la LGAMVLV.
I a la V …
VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y
VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir;
VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental.
VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental;
VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un período razonable;
IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se les proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención médicaginecológica por parte de personal femenino, si así lo desean. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y
X.En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar. En cualquier caso está estrictamente prohibido instigar a las mujeres para que dejen de amamantar. Artículo 156. Proporcionalidad
El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.
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Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.
En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.
De la misma forma, el juez de control tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva, cuando se trate de personas que se encuentren en los siguientes supuestos:
a) Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
b) Sean mujeres embarazadas;
c) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o
e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
Para ello, el Juez de control deberá considerar la información con que se cuente o la que se proporcione sobre dichas personas en relación con el supuesto en el que se encuentren e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la resolución impuesta.
En el caso de mujeres embarazadas, el juez deberá justificar la medida cautelar impuesta atendiendo tambiénlos derechos reproductivos de las mujeres.
I a la III …
IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas,
V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, o
VI. Las responsabilidades económicas, materiales, afectivas, emocionales, psicológicas y de cuidado de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.
Artículo 282. Solicitud de orden de cateo
Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.
En caso de tener conocimiento o información de que en el lugar a inspeccionarse pueden encontrarse menores de edad, se notificará a la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes u otras instituciones del Estado facultadas para que su personal esté presente al momento del cateo y brinde la atención necesaria.
Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia
I a la II…
III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia, y
III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia,
IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo.
IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo, y
V. Las mujeres en los últimos 45 días de embarazo y en los 45 días posteriores al parto.
Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código.
… La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.
Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá tomar en consideración lo siguiente:
Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.
Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines señalados en el presente artículo. …
Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. …
En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido. …
Para la individualización de la pena también deberá tomarse en cuenta si se trata de personas que:
b) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; c) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
d) Sean mujeres embarazadas; e) Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
f) Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
g) Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.
Como lo demuestra la evidencia científica nacional e internacional, y se sustenta en la exposición de motivos, las mujeres suelen involucrarse en delitos de drogas, y especialmente en el delito de introducción a centros de reclusión, a partir de un contexto de subordinación y violencia de género. Generalmente introducen drogas en su vagina o escondidas en las bolsas y bultos que llevan a la visita en un reclusorio varonil, o bien en razón de su pobreza extrema, o porque son inducidas a hacerlo, a veces bajo amenazas o violencia emocional y psicológica, por sus familiares o conocidos varones. Con la modificación a los artículos 475 y 476 de la LGS se pretende atender esta situación, considerando atenuantes cuando se trate de mujeres involucradas en el comercio, posesión o suministro de drogas como consecuencia de la violencia de género.
Articulo 475 …
La pena prevista se podrá reducir hasta en unamitad de su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
b) Estén embarazadas;
c) Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
d) Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
e) Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
f) Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
g) Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.
Artículo 476 …
La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
Las reformas propuestas al CPF siguen el mismo sentido de las presentadas hasta ahora, y procuran proporcionar herramientas a impartidoras e impartidores de justicia para incorporar en sus resoluciones la perspectiva de género y atender específicamente el contexto de mujeres inducidas a cometer un ilícito en consecuencia de la violencia de género.
Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:
Artículo 52 …
VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;
VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y
VIII. Cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, el juez tendrá la obligación de imponer la medida menos lesiva para el bienestar, la seguridad y los cuidados de estas personas y de argumentar su decisión.
Asimismo, deberá considerar la información con que se cuente o que se proporcione sobre la situación que guardan las personas dependientes de la persona imputada e incluir esta información en la argumentación acerca de la menor afectación de la sentencia impuesta.
Artículo 85 …
b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso;
b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y para la modalidad de transportación, si cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual deberán ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos señalados en la excepción general de este inciso; y cuando se trate de personas que son las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.
Incisos c) al l) …
Fracciones II a la IV …
Artículo 193 …
Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. …
Asimismo, las penas previstas en este capítulo se podrán reducir hasta en una mitad en su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
La LNEP contiene disposiciones específicas para las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos, que se alinean a los estándares internacionales establecidos en las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok. No obstante, existen algunas inconsistencias entre artículos de la LNEP (por ejemplo, entre disposiciones del artículo 10 y del artículo 36) que se procuran atender en esta iniciativa, para una protección más amplia de los derechos de los grupos señalados, en atención a la reforma penal de 2008 – en especial, la judicialización del sistema penitenciario – y la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Como lo explica la magistrada Hernández Chong Cuy, con la reforma al artículo 21 constitucional en el seno de la reforma penal de 2008, se subraya que la etapa de ejecución penal forma parte del proceso penal; asuntos como los traslados o el otorgamiento de reductivos de la pena ya no son prerrogativas de las autoridades administrativas sino de los organismos judiciales. De esta manera, se transita de una concepción organizacional del sistema penitenciario, es decir, de gestión de personas, a un sistema de pleno reconocimiento de la titularidad de derechos de las personas privadas de la libertad. Dicha transición debe abarcar necesariamente a las personas menores de dieciocho años, de personas con discapacidad o enfermedad grave y personas adultas mayores a cargo de las personas privadas de la libertad; por lo tanto, decisiones acerca de su ingreso, o permanencia en el centro, entre otras, no pueden quedar bajo el poder decisional de la autoridad penitenciaria.
Asimismo, debe oponerse cualquier discriminación de las hijas e hijos de las internas en razón de su nacimiento o edad. La actual LNEP somete derechos de las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad a límites etarios o a si nacieron antes o después de la reclusión de la madre, poniendo en riesgo, mediante disposiciones discriminatorias, a aquéllos que no cumplen con requisitos legales arbitrarios, mismos que se intentan reparar con las reformas propuestas.
I. Las mujeres procesadas y sentenciadasestarán en lugares separados de los destinados a los hombres;
IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado. IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la reclusión por medio de resolución judicial por el tiempo que sea necesario.
Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años, nacido antes o durante su internamiento, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. Éstos tendrán que ser sometidos a la aprobación y revisión periódica por parte del juez de ejecución.
La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y niños. … Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente.
Para los efectos de las fracciones I y IV de este artículo, las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de los Centros Penitenciarios hasta los tres años de edad. El juez de ejecución, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir el dictamen correspondiente. La mujer privada de la libertad, o las personas designadas por ella, podrán solicitar un dictamen independiente.
Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar al juez de ejecución la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez. En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente, en un término no mayor a veinticuatro horas, en donde se harán los trámites correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable.
En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer embarazada o cuyos hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella, se garantizará en todo momento el interés superior de la niñez. No se podrá trasladar a una mujer embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella o en lugares cercanos.
El traslado sólo procederá de ser solicitado por la mujer y se otorgará o negará de conformidad con el interés superior de la niñez y los derechos reproductivos de la mujer por medio de resolución judicial. Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de los Centros.
Las disposiciones aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a las necesidades de las niñas y los niños y a las posibilidades de las familiares o instituciones a cargo de ellos.
No se podrá impedir el ingreso de alimentos de niños y niñas de hasta los tres años de edad.
En la zona de visita para niños y niñas el personal de seguridad y custodia no desplegará sus armas y se mantendrá suficientemente alejado para no intimidar a la niñez.
a la G) …
H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III, y
I. Los nombres, edad, domicilio y régimen de custodia de las y los niños que viven en el exterior del Centro Penitenciario.
Los datos serán protegidos por las leyes de protección de datoscorrespondientes
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.
I. Vivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad. Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez.
Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, el juez de ejecución velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas; Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres o a sus equivalentes en las entidades federativas.
Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.
II a la IV …
I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. I. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad, no representa un riesgo objetivo para aquellos.
Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.
III. Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, estado de embarazo, discapacidad o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley. Cuando, en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el Juez de Ejecución reciba de la Autoridad Penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución.
En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo o cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad. En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de dieciocho años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo emocional y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.
Sólo podrán aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en las hipótesis previstas en este artículo, siempre que subsistan las causas durante la ejecución. …
No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. …
Tabla 1. Mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina
Número de mujeres encarceladas por delitos de drogas
Porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas
790 (Datos de las cárceles federales, 2013)
65% (Diciembre de 2012)
16,489 (Junio 2014)
60.63% (Junio 2014)
3,830 (2014)
944 (Diciembre de 2011)
75.46% (Diciembre de 2011)
1,889 (Con base en la población atendida en abril de 2015)
57.2% (Con base en la población atendida en abril de 2015)
Federales: 528
Locales: 1,547 (2014/2013)
14.2% (2014/2013)
2,679 (2014)
60.6% (2014)
29.5% (2014)
Fuente: WOLA et al., Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, 2016, https://www.wola.org.
Tabla 2. Principales delitos del fuero común
Homicidio; 40,554
Homicidio; 2,035
Otros robos; 37,049
Secuestro; 1,445 3
Robo; 28,784
Robo; 1,368
Violación; 15,587
Otros robos; 1,028 5
Robo de vehículo; 12,875
Narcomenudeo; 874
Lesiones; 11,329
Robo a casa habitación; 450
Secuestro; 10,967
Lesiones; 439
Narcomenudeo; 10,614
Fraude; 412
Robo a casa habitación; 8,703
Robo de vehículo; 330
Violación equiparada; 5,018
Privación de la libertad; 319
Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales 2015”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.
Tabla 3. Principales delitos del fuero federal
Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 13,479
Delitos contra la salud; 1,213
Delitos contra la salud; 12,761
Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 610
Delitos Previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada; 1,340
Delitos Previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada; 193
Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2015”, consulta interactiva de datos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2015, http://www.inegi.org.mx.
Hernández Chong Cuy, María Amparo, “El derecho humano a cumplir las penas de prisión en un lugar cercano al domicilio”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, No. 33, http://www.ijf.gob.mx, pp. 103-120.
Hernández Chong Cuy, María Amparo, “El derecho humano…”, op. cit.
Goffman, Erving, Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Séptima reimpresión, Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina, 2001.
Tabla 4. Personas privadas de la libertad en México
Personas en prisión por delitos del fuero común
Total fuero común
188,842 (80.89%)
118,831 (50.9%)
Personas en prisión por delitos del fuero federal
Total fuero federal
44,627 (19.12%)
22,358 (9.58%)
22,269 (9.54%)
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Nacional de Seguridad, “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional”, CNS, Ciudad de México, México, julio de 2016, http://www.cns.gob.mx.
Por las consideraciones expuestas, es oportuno reformar y adicionar diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General De Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General De Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Artículo Primero.Se adicionan las fracciones VIII a X al artículo 152; se adicionan tres párrafos al artículo 156; se adiciona una fracción VI al artículo 168; se adiciona un tercer párrafo al artículo 282; se adiciona una fracción V al artículo 365; se adiciona un décimo párrafo al artículo 406; se adiciona un décimo párrafo al artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se les proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención médica ginecológica por parte de personal femenino, si así lo desean. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y
X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar. En cualquier caso está estrictamente prohibido instigar a las mujeres para que dejen de amamantar. Artículo 156. Proporcionalidad
Vivan en condiciones de pobreza y exclusión social;
Sean mujeres embarazadas; Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad; Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o
Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
En caso de tener conocimiento o información de que en el lugar a inspeccionarse pueden encontrarse menores de edad, se notificará a la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes u otras instituciones del Estado facultadas para que su personal esté presente al momento del cateo y brinde la atenciónnecesaria.
III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia, IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo, y
Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.
Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
Sean mujeres embarazadas; Sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.
Artículo Segundo.Se adicionan un cuarto párrafo al artículo 475; se adiciona un segundo párrafo al artículo 476 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
I.Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;
II.Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o
III.La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.
La pena prevista se podrá reducir hasta en una mitad de su límite mínimo y máximo cuando se trate de mujeres que cumplan con uno o varios de los siguientes factores de vulnerabilidad:
Tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años de edad;
Sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad;
Sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad;
Hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
Hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.
Artículo Tercero.Se adiciona una fracción VIII al artículo 52; se reforma el inciso b) del artículo 85; se adicionan dos párrafos al artículo 193 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;
VI.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; y
Sean mujeres que hayan participado en el hecho condenado bajo presión, intimidación o coerción; o
Sean mujeres que hayan cometido el hecho condenado, sometidas a un abuso de su vulnerabilidad.
Artículo Cuarto.Se reforma la fracción I del artículo 5; se reforma y adiciona el artículo 10; se adiciona un inciso I a la fracción I del artículo 27; se reforma la fracción I del artículo 36; se reforma el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:
I.Las mujeres procesadas y sentenciadasestarán en lugares separados de los destinados a los hombres;
I.La maternidad y la lactancia;
II.Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica podrá solicitar que la examine personal médico de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del Centro Penitenciario de sexo femenino;
III.Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;
IV.Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud;
V.Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley;
VI.Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;
VII.Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario;
VIII.Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;
IX.Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la reclusión por medio de resolución judicial por el tiempo que sea necesario.
Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, o si no existieran condiciones de separación que garanticen una vida segura y digna para el niño o la niña en el exterior, se podrá solicitar al juez de ejecución la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior de la niñez.
No se podrá trasladar a una mujer embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella o en lugares cercanos.
El traslado sólo procederá de ser solicitado por la mujer y se otorgará o negará de conformidad con el interés superior de la niñez y los derechos reproductivos de la mujer por medio de resolución judicial.
I.La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario:
H.Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III; y
I. Vivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad. Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre, el juez de ejecución velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de las Mujeres o a sus equivalentes en las entidades federativas.
Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que éstos sean menores de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada, estado de embarazo, discapacidad o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta Ley.
En todos los casos a que se refiere este artículo se considerará el interés superior de la niñez y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de dieciocho años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo emocional y cognitivo, o en su caso, el grado de discapacidad.
Palacio legislativo de San Lázaro a 3 de mayo de 2017.
Dip. Mariana Benítez Tiburcio
Dip. Erika Araceli Rodríguez Hernández
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