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Timestamp: 2019-12-14 16:01:25
Document Index: 392365720

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 480, de 10/06/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 480
celebrada el miércoles, 10 de junio de 1998
Proposición de ley orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos (Número de expediente 122/000132) ... (Página 13804)
Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Número de expediente 122/000082) ... (Página 13804)
Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Número de expediente 122/000082) ... (Página 13812)
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RATIFICACIÓN DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARAINFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE SUPRESIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE LAS PENAS DE INHABILITACIÓN PARADICHOS SUPUESTOS(Número de expediente 122/000132).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se inicia la sesión.
En primer lugar, figura en el orden del día la ratificación de la ponencia de la proposición de ley orgánica sobresupresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos. Supongo que este primerpunto del orden del día puede ser resuelto por asentimiento. (Pausa.) Queda, por tanto, aprobada esa ratificación de la ponencia.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICADE MODIFICACIÓN DELARTÍCULO 14, TERCERO, DE LALEYDE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL(Número de expediente 122/000082).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es a su vez la ratificación de la ponencia de la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 14,tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también someto al asentimiento de la Comisión. (Pausa.) Queda también, por lo tanto, ratificada dicha ponencia.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE SUPRESIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN YMULTAPARALOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE LAS PENAS DE INHABILITACIÓN PARADICHOS SUPUESTOS(Número de expediente 122/000132).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del ordendel día, señorías, es la emisión del dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Vamos a hacer un único turno de intervención de todos los grupos, en el que se podrán defender las enmiendas queen dicho proyecto tenga cada uno de los grupos y, en sucaso, los diputados en el supuesto del Grupo Mixto, y en el que también podrán pronunciarse, si lo estiman pertinente, en relación con las enmiendas que otros grupos tengan al proyecto. Finalmente, si es menester, y sobre todo para aquellos grupos que no han formulado enmiendas, se podrá fijar la posición del respectivo grupo. La votación no tendrá lugar antes de las doce y media.
Tiene enmiendas a este texto la diputada doña Rivadulla Gracia, del Grupo Mixto. Para la defensa de las mismas y para los demás fines que he señalado tiene S. S. la palabra.
La señora RIVADULLAGRACIA: Como ya tuvimos ocasión de señalar en el debate que tuvo lugar el 17 defebrero. Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda piensa que se está avanzando en la despenalización de los denominados delitos de insumisión, pero cree que no se ha dado la solución adecuada, que este avance hasido muy insuficiente y que estamos perdiendo una verdadera ocasión para acabar con la penalización de estos delitos.
Señorías, ya tuve ocasión de decir que para nosotros lainhabilitación que se prevé continúa siendo una muerte civil y que para muchos jóvenes va a significar un trastornoen su integración en la vida social, en una edad en que necesitan que todas las administraciones les faciliten lascosas y no empeoren, como significan las penas de inhabilitación hasta cuatro años.
Quisiera centrarme hoy, señorías, sobre todo en lo que no hemos entrado, en la no aceptación por parte de la mayoría de los grupos de esta Comisión de las enmiendasrelativas a la objeción sobrevenida. Es un tema que se está dejando de lado y que va a dar lugar a verdaderos problemas, como los autos de procesamiento contra jóvenes, por ejemplo, el que tuvo lugar el pasado día 19 de mayo en Lleida, concretamente en el juzgado de Tremp, por el cual se le asigna a un joven seis años de prisión por un delito por el que, sin embargo, podría haber obtenido la libertad provisional. El joven al que me estoy refiriendo, Ricardo Madueño, entra en la cárcel de Lleida por un auto que parece una pieza judicial de hace bastante tiempo. En el punto tercero del citado auto se señala -voy a ser breveque, aunque la pena por el delito imputado no es superior a seisaños de prisión y sólo en razón a ello pudiera decretarse lalibertad provisional, las circunstancia que concurren en loshechos suponen gravedad y peligro en relación con la disciplina del servicio al suponer una conducta de carácter permanente de rehusar el cumplimiento del servicio militar, que conlleva un grave quebranto del orden militar, tanto del servicio como de la disciplina, y cuya -subrayoeficaz represión en esta fase instructora precisa la medida cautelar de la prisión preventiva como instrumento reparador de la perturbación delictiva provocada por el procesado por su renuencia total al servicio militar después de haberse incorporado a filas.
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Quiero subrayar, señorías, que ningún medio de comunicación, ninguna organización social ha reconocido enLleida el delito de este joven.
Todas las fuerzas políticas sehan esforzado en hacer gestiones -entre comillaspara que saliese a la mayor brevedad posible de la prisión.
Se han anunciado gestiones por parte de Convergència i Unió,del Grupo Popular y de todos los grupos ante el Ministerio de Defensa.
Señorías, ésta no es forma de avanzar porcuanto el Código de Justicia Militar y el Código Penal continúan penalizando con penas de cárcel a los soldados de reemplazo por declararse objetores una vez dentro del servicio militar.
No podemos seguir encontrando casos como éste. Es por eso por lo que nuestro grupo presenta en esta Comisión -y demandamos de la Mesa que si hubiese consenso de los grupos se le dé la tramitación reglamentaria que se considere oportunauna enmienda in voce en la que se señala lo siguiente: Las penas previstas en la presente proposición de ley orgánica serán de aplicación a los que, llamados al cumplimiento del servicio militar obligatorio e incorporados al mismo, no se presentaren o se negaren de modo explícito o por actos concluyentes a continuar cumpliéndolo. El enjuiciamiento de estas conductas corresponderá, entodo caso, a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal.
Entendemos, señorías, que debería haber después una modificación del Código de Justicia Militar. En el caso del que les hablo, este joven pensaba que hasta la jura de bandera podía declararse objetor. Nos podemos encontrar conmuchos jóvenes que desconocen específicamente la normativa. Aunque sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pensamos que de esta manera se puede dar solución al problema. Habría una penalización, que es la que la mayor parte de los grupos de la Cámara comparten, que es la inhabilitación, pero no habría penas de prisión, como se señala en este artículo, de hasta seisaños de cárcel y no daríamos pie a que algunos jueces togados, imbuidos de un espíritu militar realmente encomiable para algunos, dictasen autos como con el que ahora noshemos encontrado.
Pasaré esta enmienda in voce a la mesa. Damos por defendidas nuestras enmiendas, que pretenden la derogación de los artículos 527, 528 y 604 de la Ley Orgánica de 23 de noviembre, del Código Penal, y manifiesto que votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Socialista. Nos vamos a abstener en relación con las del PNV y las del Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Vázquez, también delGrupo Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): La proposición de ley orgánica que estamos discutiendo en este trámite es continuación de discusiones anteriores sobre la necesidad de modificar el Código Penal de manera quela insumisión deje de ser castigada con penas de prisión y multa, y la propuesta de que se rebajen las penas de inhabilitación.
Es evidente que la propuesta representa un avance respecto a la legislación existente, en la que las penas contempladas en los artículos 527 y 604 del Código Penal son claramente desproporcionadas en sí mismas respecto al incumplimiento de otras leyes, y porque además la realidad social y la próxima desaparición del servicio militar obligatorio hacen insostenible mantener las penas de prisión. Sin embargo, la reforma que se propone mantiene la inhabilitación como pena para el caso de incumplimiento de la legalidad vigente, una inhabilitación de cuatro a seis años, lo que implica la incapacidad de desempeñar cualquier empleo al servicio de la Administración o cargo público y también la incapacidad para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo.
Anosotros nos parece una pena desproporcionada, y más en las circunstanciasactuales, que supone la muerte civil en unos años decisivosen la vida de un joven, una pena que desde el punto de vista de los efectos sobre el individuo puede tener mayores consecuencias que la propia privación de libertad.
El Bloque Nacionalista Galego considera que la insumisión no debe ser considerada delito y, por tanto, deberíaser despenalizada, pero también somos conscientes de la imposibilidad de conseguir en este momento la despenalización total de la insumisión, porque la inmensa mayoría del Congreso no apoya esa salida. Si se está proponiendo la reforma de las penas actuales, lo conveniente sería hacerlo de manera que desapareciesen las penas de prisión, pero también las de inhabilitación, por lo que dije anteriormente. De una manera pragmática, proponemos la modificación de las penas a aplicar, manteniendo únicamente la pena de multa rebajada sustancialmente respecto a las vigentes en el actual Código Penal.
En ese sentido van nuestras enmiendas. Por cierto,advierto un error: En la enmienda número 2, que en el texto sería la número 11, aparece como enmendado el artículo 607, cuando en realidad, como es obvio, se trata de modificar el artículo 604.
En resumen, desde nuestro punto de vista la reforma del Código Penal en este período transitorio hacia la profesionalización de las Fuerzas Armadas o se hace en el sentido de que las penas sean simbólicas o se despenaliza totalmente. Mantener la inhabilitación no sólo no va a servirpara frenar el número de personas que se declaran insumisas, sino que va a dar lugar a sufrimientos innecesarios y, como decía antes, inútiles.
El señor PRESIDENTE: No se encuentra presente el portavoz de Coalición Canaria. En su caso, si se incorpora a la sesión le concederé la palabra en turno de fijación de posición.
Para la defensa de sus enmiendas y para fijar la posición de su grupo en los términos que la Presidencia anunció al comienzo de la sesión tiene la palabra, por el Grupo Vasco (PNV), la señora Uría.
La señora URÍAECHEVARRÍA: Señorías, la postura del grupo al que represento sobre la cuestión que hoy debatimos es sobradamente conocida por todos los grupos de laCámara, puesto que en esta legislatura se está debatiendo un número de iniciativas referidas a lo militar, por decirlo
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de manera global, en las que una y otra vez hemos repetidoque nuestro deseo es la desaparición de la penalización dedeterminadas conductas.
Tanto al hablar de la profesionalización del ejército, como de los órganos de reclutamiento, como de la objeción de conciencia, y ahora en la propia modificación del Código Penal, hemos sostenido una y otra vez nuestro deseo de que desaparezca de la obligación de la prestación del servicio militar la prestación social sustitutoria y, por tanto, estos tipos delictivos. Ésta es la pretensión que animaba también las enmiendas que hemos presentado. En la idea de que mientras exista la obligación establecida debe tener respuesta, hemospropuesto un sistema idéntico al de las enmiendas del BNG, cual es el mantener la consideración de delito con una respuesta punitiva lo más leve posible. No obstante, nuestracrítica versa sobre la inhabilitación que nos parece agravada y que en la justificación de las enmiendas provoca una auténtica desocialización del penado en la medida en que en una edad vital para su incorporación al mundo laboral o de los estudios se le causa un trastorno que puede devenir irreparable para una conducta que, repetimos, no debieramerecer reproche.
Teniendo en cuenta el juego de mayorías existentes en la Cámara y que nuestra postura iba a contar, como se ha visto en las veces que se ha debatido, con los votos del Grupo Mixto al que pertenezco y quizá de Izquierda Unida,no podemos dejar de apreciar que la iniciativa que se somete hoy a la consideración de la Cámara, la propuesta del Grupo Popular, tiene por lo menos una ventaja, que es laque cuenta con más posibilidades de salir adelante: La desaparición de las penas de prisión, que por lo menos es algo. Votaremos en contra de lo que se propone, puesto que nuestro criterio es otro, pero no quiero dejar de manifestar a la Comisión que cuando menos va a suponer algún avan ce, ya que lo que nos parece irreal, y desde luego ajeno a nuestro ordenamiento, es la propuesta del Grupo Socialista de que desaparezca el carácter penal de las conductas, mantener la infracción administrativa, pero con una respuestasancionadora absolutamente desconocida en el ámbito de la potestad sancionadora. El mantener las inhabilitaciones, aunque se diga que es para infracciones administrativas, nos parece carente de toda lógica y, repetimos, nos opondremos a esta iniciativa.
Me ceñiré al tenor de las enmiendas, respecto de lascuales no haré excesivo hincapié, puesto que las referidas al artículo 527 y a la supresión del artículo 604 son idénticas a las expresadas por el BNG y responden a la filosofía que he indicado. Si quisiera hacer algún comentario a nuestra enmienda número 19, en la que pretendemos que sesuprima el número 1.º del artículo 527. La supresión delartículo 528 que contempla la proposición no debe ser sustituida por una nueva forma de comisión en el artículo 527.
Desde nuestra óptica, la indagación de los motivos de conciencia debe ser un ámbito ajeno al Derecho penal, lo cual está corroborado con el criterio de la Cámara cuando en la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia, que en este momento está en trámite en el Senado, ha desaparecido la indagación de las conciencias respecto ala declaración de objeción de conciencia. Proponemos, por tanto, la supresión de este número 1.º del artículo 527.
En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, votaremos a favor de las enmiendas del BNG, que son coincidentes con las nuestras. Nos abstendremos respecto de las de Izquierda Unida y votaremos en contra del texto del resto de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, es conocida de sobra la posición de nuestro grupo parlamentario en relación al incumplimiento dela obligación del servicio militar, la prestación social sustitutoria y la penalización de los llamados delitos de insumisión, pero no por conocida es menos obligado que en este trámite vuelva a quedar sentado en el «Diario de Sesiones» nuestra repulsa absoluta hacia esta legislación de carácter represivo que, por mucho que lo oculte vergonzantemente, sigue teniendo el mismo espíritu con el cual se redactó el último Código Penal, que no sólo por esta razón, sino también por otras, debe ser absolutamente descalificado.
Se ha dicho a lo largo de las intervenciones que quizá teníamos que estar orientados al elemental pragmatismo de, conociendo cuál es la relación de fuerzas de la Cámara, aceptar como mal menor lo que en este caso se nos propone. Discrepamos notoriamente de esa interpretación, que contradice la más elemental coherencia, si es que de verdad se piensa que el bien protegible, que puede ser muy impor tante y merecedor de respeto, no lo es tanto como para ser incluido dentro del catálogo de conductas sancionadas por el Código Penal.
Aun así, si quieren ustedes colocarse en ese terreno delposibilismo, según el cual parece ser que esta Cámara no puede soberana y libremente decidir la despenalización de los delitos de insumisión, porque alguna clase de interesessuperiores a lo que son las técnicas más elementales de Derecho penal, impide entrar en ese cometido, llamaríamos la atención del conjunto de aberraciones y perlas que contiene la exposición de motivos.
La exposición de motivos ya reconoce, no sé a la luz dequé Derecho penal y de qué teoría general sobre el delito, que puede haber un Derecho penal transitorio en el que ya se entiende que el bien protegible no va a tener la categoría de sanción o represión de una conducta que se pueda considerar asocial, porque es todo consecuencia de una purarelativización. Me gustaría saber en qué autores se basan para mantener esta teoría del delito. Es la teoría del delitoocasional que precisamente ha dado lugar a una revisión afortunada, por ejemplo, de los delitos que se contemplaban en materia de la Ley de control de cambios, para inmediatamente administrativizarlos y sacarlos de la órbita del Código Penal, porque se trataba de delitos fiscales, y que ha llevado incluso a rebajar el tono en delitos sociales cometidos contra la Seguridad Social o contra algo tan importante como es la seguridad en el trabajo.
La facilidad con que se cede a la administrativización en conductas que no son relativas, que no se pueden juzgar hoy de una manera y mañana de otra, sino que constantemente tienen en su seno la esencia de una actitud dañina -no como ésa que contemplamos hoy-, nos impide
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sumarnos a la teoría del pragmatismo porque pensamos que por mucha que sea la mayoría de la Cámara los hechos son como son.
El que se nos diga, entre otras cosas, en la exposición de motivos, que se tiene que sancionar la insumisión porque si no se hace eso supone un menosprecio para aquellosque optan por el cumplimiento del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, es el olvido más absoluto de un principio jurídico que dice que el que usa desu derecho a nadie daña, porque nadie está obligado a tener que comportarse de otra manera. Cada cual se comportacomo le parece conveniente y aquellos que desean hacer el servicio militar no pueden sentir ningún agravio comparativo frente a los que hacen uso de un derecho constitucionalmente reconocido, o nos convertimos de pronto en tuteladores de aquellos que no nos piden ninguna clase de tutela, porque podían escoger en no hacer el servicio militar y alegar la correspondiente objeción de conciencia.
Lo que sí es una perla es que se diga que se considera conveniente mantener el régimen sancionador en el Código Penal para que sean los tribunales de justicia los que juzguen y sancionen estas conductas.
¿Es que sólo hay tribunales de justicia de lo penal, es que no cabe la posibilidad de contemplar infracciones de otro tipo que pueden ser objeto de revisión en la vía de lo contencioso? ¿Dónde está el principio de mínima intervención del Código Penal? ¿Dónde está el principio de querer despenalizar la insumisión con arreglo a una teoría elemental de lo que significa el concepto de delito? No nos vamos a apoyar en actitudes ideológicas con respecto a quién le gusta o no el servicio militar obligatorio, a quién le gusta o no determinada concepción ideológica sobre las Fuerzas Armadas. Vamos a ir de verdad, sisomos serios en esta Comisión de Justicia, a una teoría general del delito, a los elementos que puedan componer una figura delictiva para que se pueda incluir en un Código Penal, que no pueden ser la arbitrariedad del pacto entre unas determinadas mayorías ni la ocasionalidad ni la relatividad, sobre todo cuando en la exposición de motivos se reconoce que éste es un tema que de aquí a cuatro días no va a tener ninguna clase de reproches.
Es una actitud tan repugnante y vergonzante que comprenderán que no puede contar con nuestra complicidad. Hay que hacer las cosas con una cierta audacia y hay que aceptar que desde el momento mismo en que se dijo que iba a desaparecer el servicio militar obligatorio, no hay razón jurídica alguna para penalizar el llamado delito de insumisión.
Comparen ustedes las penas de inhabilitación que se impone con otras inhabilitaciones que surgen de otros delitos del Código. Hay delitos del Código de mayor gravedad en los que la inhabilitación como pena accesoria dura exclusivamente lo que dura la condena y, siendo delitos más graves, la inhabilitación dura dos años o incluso uno, peno no llega a seis años. No entiendo, y ustedes nohan conseguido explicármelo a lo largo de este debate quellevamos desde hace tanto tiempo, dónde está la ratio penalpara que el delito de insumisión, del que todo el mundo dice que es una situación coyuntural y ocasional a la luz deun cambio sustantivo en lo que significa la prestación del servicio militar, pueda ser contemplado en el Código Penal. Por eso entenderán ustedes que pidamos pura y sencillamente que este tema sea objeto de reconsideración y no de empecinamiento ni contumacia y que hagamos las cosas como debemos hacerlas.
Saquemos del Código Penal y no con penas privativasde libertad, sino de inhabilitación, algo tan elemental como es esto; extremo en el que además no hay criterios objetivos para su juicio, porque hasta en la redacción de los correspondientes artículos ustedes hablan de quien alegue falsedad, con motivo de la alegación de la objeción de con ciencia. Resulta que a quien alegue posible falsedad, elemento en el que juega enormemente lo subjetivo le sancionan ustedes como si fuera un delito que no es comparable,por ejemplo, a la falsedad en la alegación de determinadascausas para la exención del servicio militar. Con arreglo aeste Código Penal es más sancionable, desde la perspectiva psicológica de un ciudadano, el derecho a acogerse a la objeción de conciencia que el falsear un certificado médico para quedar eximido del servicio militar o alegar una determinada causa.
Hago todos los esfuerzos por no tratar de ser el elemento discordante en este proceso, pero tiene que quedar claroque lamentamos no podernos unir al acuerdo del malmenor que tienen establecido entre todos ustedes... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, un momento por favor.
Señor Gil Lázaro, S. S. puede celebrar las tertulias fuera da la sala.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: No se preocupe, señor presidente, porque estamos acostumbrados a que cuando se habla de este tema a todo el mundo le importe un rábano y que la gente siga privada de libertad. Por tanto, no tomamos como desatención ninguna clase de conducta. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Lo que quiero decir finalmente es que cuando tanto se habla en algunos sectores de la división de la izquierda, convendría que nos empezáramos a plantear si más que la división de la izquierda lo que hay son unas concepcionesabsolutamente distintas de lo que significan la libertad y la dignidad humana, que tienen algo de supraorgánico y que se deben tener mucho más en cuenta cuando se enarbolan esas llamadas de atención.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GILLÁZARO: Señor presidente, tan sólo aefectos del «Diario de Sesiones» y puesto que S. S. ha utilizado la expresión tertulias, que conste que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en el ejercicio de su condición de portavoz, estaba precisando en este acto con el portavoz del Grupo Vasco y nuestro ponente algunos elementos del debate que estamos realizando a efectos de la intervención también de nuestro ponente, y en modo alguno sin querer molestar la intervención del portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Si así ha sido, lo lamentamos yal señor Castellano yo le presento disculpas. En todo caso,
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tengo que rechazar la expresión «tertulia», porque me parece absolutamente improcedente.
El señor PRESIDENTE: No tengo ninguna duda,señor Gil Lázaro, de que S. S., como siempre, estaba en eldesempeño de su tarea parlamentaria.
La reunión era circular y S. S. no es precisamente quien tiene que calificar lo que la Presidencia previamente haya decidido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Calleja.
La señora CALLEJADE PABLO: En primer lugar, quiero manifestar la satisfacción por estar considerando un tema que mi grupo trajo a esta Cámara precisamente para adecuar el reproche social a una conducta que efectivamente va a desaparecer a plazo fijo como obligación. Esa satisfacción, sin embargo, no es plena por los motivos que ahora diré.
La proposición socialista se basaba en un cambio sustantivo de circunstancias, no en que hubiéramos cambiado de opinión respecto a la bondad del Código Penal vigente (por cierto, llama la atención la frágil memoria de algunas de SS. SS. que votaron a favor del Código Penal vigente pero ahora parece que no les gusta tanto), se basaba en el anuncio de la supresión del servicio militar obligatorio.
Como decía al principio, la satisfacción de mi grupo es insuficiente por lo siguiente: La proposición de ley que se está tramitando, debido a la iniciativa de los grupos Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria, suprime la pena privativa de libertad y de las multas, pero mantiene lacriminalización, es decir, la sanción dentro del ámbito del Código Penal, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra proposición y las enmiendas que hemos presentado, que no son otra cosa más que el desglose de las ideas en ella contenidas, propugnan el ejercicio de la autotutela administrativa en esta materia. Quiero recordar a SS. SS. que la autotutela administrativa, es decir, la potestad sancionadora, es admisible desde el momento en que no implica privación de libertad, y ése es el contenido sustantivo de la reforma que en su día propusimos y que mantenemos en nuestras enmiendas. Por tanto, no hay ningúnreproche conceptual u ontológico a que queramos residenciar la sanción en el ámbito administrativo. Las posibles objeciones a una menor garantía para el interesado en residenciar esta sanción en el ámbito administrativo y no en el penal no son suficientes, puesto que si el procedimiento administrativo es adecuado, como puede serlo, y por lo tanto garantiza perfectamente el derecho a la defensa y, por otra parte, como es lógico, si la decisión administrativa sancionadora es luego revisable en el ámbito judicial, no hay ausencia de garantías para el interesado. Por otra parte, no es bueno el mantenimiento en el ámbito del Código Penal de estas sanciones. Tengo que reiterar que los principios de intervención mínima, última ratio y carácter subsidiario que aconsejan residenciar en el ámbito penal una sanción, nos llevan en este caso precisamente a lo contrario, a sacarlo del ámbito del Código Penal. Además, el bien jurídico protegido que esos artículos atendían, cuya modificación ahora se propone, no es la defensa in toto, sino la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Si ya está anunciado que esa obligación va a desaparecer, no parece lógico mantener en el Código Penal un bien jurídico protegido que tiende a desaparecer. Creemos que no se lesiona para nada la defensa que, como digo, no es objeto directamente de protección en estos artículos, sino el sistema de prestación del servicio militar obligatorio. La sanción penal tiende a la resocialización y habría que preguntarse qué resocialización cabe en el caso de que haya una sanción penal para estas conductas. Comparándolo connuestra propuesta de sanciones administrativas, creemos sinceramente que no ofrece ninguna ventaja para el justificable el que se mantenga la sanción en el Código Penal. Es incluso más desventajosa para el interesado que establecer unas sanciones administrativas, porque, quiérase o no, si el interesado tiene que ser sancionado vía Código Penal tienecomo añadido la pena de banquillo y, por otra parte, es evidente que tiene una mayor onerosidad psicológica y social el proceso penal respecto al procedimiento administrativo sancionador. Por todas estas razones, hemos definido lasupresión de estas sanciones del Código Penal, la supresión entrando en el fondo de las penas privativas de libertad y de multas y el mantenimiento de las inhabilitaciones.
En cuanto a las enmiendas que mantenemos, no son otras que el desglose de nuestra propia propuesta, con las diferencias que acabo de explicar respecto a las del Grupo Popular, Convergencia i Unió y Coalición Canaria. Estamos de acuerdo en que se haya recogido la enmienda que elimina el punto primero del párrafo primero y el párrafosegundo del artículo 527, pero estamos en desacuerdo con su mantenimiento en el Código Penal. Otro capítulo de nuestras enmiendas se refiere al período transitorio. Creemos que nuestra redacción es técnicamente mejor que la de proposición de ley.
Respecto al sentido de nuestro voto en relación con el resto de las enmiendas, vamos a votar favor de las deIzquierda Unida, en tanto en cuanto sacan la sanción del Código Penal, con la reserva de que creemos que es insuficiente el que no haya luego una sanción administrativa por el incumplimiento de una obligación administrativa.Vamos a rechazar las enmiendas del señor Vázquez, porque al establecer una pena de multa indirectamente se reconduce a una privación de libertad en el caso de no abonar dicha multa y, por tanto, nos parece mucho más lesivo. Yen cuanto a las de la señora Rivadulla, votaremos a favorde las enmiendas 12 y 13. Nos abstendremos en la 14, porque se refiere al período transitorio y creemos que es mejor nuestra redacción. En cuanto a la 16, entendemos que es mejor el informe de la ponencia. Por lo que se refiere a la 17, vamos a abstenernos, porque sólo despenaliza estasconductas pero no establece sanciones administrativas. Votaremos en contra de las enmiendas 18, 19, 20, 21 y 23 del Partido Nacionalista Vasco, porque están recogidas ya en el informe de la ponencia.
Nos abstendremos en la enmienda 22, porque aunque establece la inhabilitación lo mantiene en el Código Penal. Respecto a las nuestras, como ya he dicho, naturalmentemantendremos nuestro voto afirmativo.
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El señor MARDONES SEVILLA: Como representante de uno de los tres grupos parlamentarios proponente de esta iniciativa, de la que fuera proposición de ley paralas actuaciones moderadoras de las penas del vigente Código Penal sobre la figura del denominado insumiso, es decir, en los supuestos de negarse al cumplimiento del servicio militar o a la prestación social sustitutoria del mismo, tengo que decir, en primer lugar, que defendemos nuestro texto.Mi grupo entiende que de las enmiendas presentadas tiene lógica y razón la número 19, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), dadas las connotaciones que tiene, con la modificación que hemos hecho de la objeción de conciencia y la supresión de determinados órganos de fiscalización o de verificación de la realidad de las alegaciones de objeción de conciencia. No es éste el terreno jurídico oportuno para que un órgano de verificación, como consta en el artículo 527 del informe de la ponencia, último apartado, haga una inspección ante la duda de si el objetor de conciencia ha alegado falsamente las conductas descritas en los apartados correspondientes. Por tanto, mi grupo va a votar favorablemente la citada enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Vasco.
Quiero hacer otra observación, señor presidente, dado que en el trámite de ponencia se lo sugerimos tanto a la Presidencia como al señor letrado, a los efectos de la sistemática de identificación de las leyes que estamos modificando en el Parlamento. El título de nuestra proposición de ley no hacía ninguna referencia a lo que de verdad estábamos modificando como pilar legal, que es el Código Penal. A este respecto, me permito exponer que el artículo 1.
identifica claramente la sistemática legal, después de todos los particulares o centros oficiales que tengan que hacer una referencia a las leyes modificadoras de otras. Nos parece correcto lo que dice el encabezamiento del artículo 1.
Se modifica el artículo 527 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Igual ocurre en el artículo 604, que se modifica en este caso como artículo 2 dela proposición, que invoca siempre. Señor presidente, propongo una corrección técnica -porque no creo que merezca siquiera la consideración de enmienda-, dado que ya viene modificado de ponencia el título de la que va a ser ley, en el que se habla de proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, y dado que lo que estamos modificando es la Ley 10/1995, Ley Orgánica del Código Penal. Propondría que para la identificación de las piezas jurídicas que se manejan en el ordenamiento ordinario por cualquier demandante de una información se diga en eltexto: Proposición de ley orgánica de modificación, no del Código Penal como figura aquí, sino de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. Es lo que propongo in voce en este momento.
En cuanto a las enmiendas que se han presentado, deseo justificar por qué Coalición Canaria suscribe conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) esta iniciativa parlamentaria. En primer lugar, Coalición Canaria parte del principio de mantener en todo lo posible el Código Penal que aprobamos en la Ley Orgánica 10/1995. El «Diario de Sesiones» da pruebatestimonial de la postura de mi grupo desde el momento en que votó favorablemente, en 1995, la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, propiciada por el entonces ministro de Justicia e Interior, señor Belloch, y que nosotros consideramos una pieza modernizadora importante y fundamental. Hemos mantenido el criterio de evitar modificar esta Ley Orgánica del Código Penal en todo lo posible, salvo circunstancias especiales.
Nuestra adscripción a esta iniciativa no pretende suprimir una figura penal de los artículos 527 y 604 del Código Penal actual respecto a la insumisión, sino hacer una moderada adaptación a las cir cunstancias sociológicas, a la ley que pronto aprobaremos en el Parlamento, de profesionalización de las Fuerzas Armadas sobre supresión del servicio militar obligatorio,lo que conlleva la inmediata y automática desaparición de la penalización o la reglamentación de la objeción de conciencia y de la insumisión. Sin embargo, la iniciativa trae cautelas en circunstancias especiales que pudieran ocurriren el futuro en las que esa figura no desaparece del Código Penal.
Creemos que es importante mantener esa figura penalen el Código. Otra cosa es que, precisamente para adaptar esta realidad a nuestra iniciativa, proponemos la supresión de las penas de prisión y de multa y las inhabilitaciones correspondientes.
Queremos que quede esto bien claro como principio.
Señorías, mi grupo desea tocar lo menos posible elCódigo Penal, lo que me ha extrañado es precisamente elargumento de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con una filosofía de fondo que nosotros seguimoscompartiendo, pero, por lo que se ve, se ha producido una mutación respecto de lo que se dijo aquí en 1995, cuando o debatimos estos artículos del Código Penal. Es necesario un sentido de ejemplaridad por un mínimo ordenamiento de la conducta de las personas, que no siempre hacen unacorrecta interpretación de la Ley y porque puede haber o fraude de ley encubierto. Una sociedad organizada tiene que mantener unas determinadas figuras penales, otra cosaes que el imperativo de las circunstancias y las modificaciones legales y penales nos lleven a atemperar la supresión de las penas de prisión y multa, que no tienen hoy díasoporte ético ni moral. Eso no quita que mantengamos la penalización en el Código. No entiendo que haya otros argumentos de fondo diferentes a los esgrimidos por el grupo proponente y por los grupos parlamentarios que lo apoyamos en 1995, porque el entendimiento ordenado de una sociedad y una ejemplarización tiene que tener efectos disuasorios en el Código Penal con obligaciones como el servicio militar, porque si no hay una descomposición de funcionamiento de la sociedad. Así lo entiende este portavoz y es el motivo fundamental de no aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, grupo al que me he dirigido.
Respecto las enmiendas de otros grupos, como las que presentó Izquierda Unida en 1995 y las actuales porque han sido coherentes, y, por ese motivo no voy a entraren disquisición alguna.
La postura clara de mi grupo es la de mantener nuestrasenmiendas, con la aceptación de la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la modificación del título del futuro proyecto de ley, por sistemática identificación correcta y porque entiende mi grupo que el vigente es un buen Código Penal.
Por esta razón, nosotros votaremos el informe de la ponencia con la incorporación de la enmienda.
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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano i Canadès.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, como alguien ha dicho, hemos tenido ocasión en diversas oportunidades de discutir sobre estas cuestiones en los últimos meses. Los argumentos que todos los grupos estamos utilizando son de sobra conocidos, y uno tiene una cierta sensación de desánimo. Hemos repetido muchísimas afirmaciones y, seguramente, en el próximo Pleno vamos a tener oportunidad de volver a insistir sobre ellas.
Pero como se han hecho afirmaciones que van a constar en el «Diario de Sesiones», para el Grupo ParlamentarioCatalán va a ser importante intentar contestar algunas de las argumentaciones que se han efectuado.
De entrada, he de decir que esta modificación del Código Penal se incardina en un proceso terriblemente audaz de modificación del sistema de los ejércitos del Estado español. En esta legislatura estamos sentando las bases de la supresión del servicio militar y, en paralelo, hemos lanzado dos propuestas legislativas que afectan directamente a los ciudadanos y que afectan en sentido progresista al tratamiento legal tanto del derecho a la objeción de conciencia como a la regulación del incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 30 de la Constitución. Lo audaz es conseguir que termine el servicio militar obligatorio y que en ese proceso se mejoren las leyes sin afectar aaquello que es esencial, que es el propio proceso de supresión del servicio militar obligatorio.
Ninguno de los que plantean la necesidad de suprimir la sanción al incumplimiento de estas obligaciones legales dice cómo se consigue la supresión del servicio militar obligatorio sin al mismo tiempo regular el incumplimiento de estas obligaciones legales. Izquierda Unida ha mostradoen reiteradas ocasiones sus posiciones, pero nunca ha explicado cuál es su alternativa de fondo más allá de una refle xión filosófica sobre el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, filosofía que podíamos compartir, pero que en el terreno de la existencia de las leyes del Estado español y de las sentencias del Tribunal Constitucional se alejaabsolutamente de la realidad.
El debate no es, por tanto, entre aquellos que entendemos que debe existir un determinado nivel de disuaciónrespecto al incumplimiento de las obligaciones legales y aquellos que entienden que no debe existir. el debate de fondo es, en todo caso, qué mecanismos somos capaces de crear para mantener un determinado nivel de disuación,para procurar que esas obligaciones que de manera provisional aún existen, se puedan cumplir. Ésta es una primera consideración.
La propuesta que hacemos los grupos de CoaliciónCanaria, Popular y Convergència i Unió es absolutamenteproporcionada. Si los señores y señoras diputados tienen ocasión -y seguro que la tienende comentar con los ciudadanos las implicaciones prácticas y reales de esta nueva legislación que elimina las penas de prisión -ésta es la cuestión esencial de esta proposición-, que rebaja sustancialmente las sanciones por inhabilitación, las reduce a más de la mitad y evita su carácter absoluto, pasando a ser consideradas especiales, y elimina las multas; cuando los ciudadanos conocen este nuevo régimen sancionador algunos se plantean la posibilidad de declararse insumisos, teniendo la conciencia de que el régimen que se les va a aplicar no les va a afectar en nada esencial. Aeste diputadoponente de esta proposición de ley esta reflexión de algunos ciudadanos le produce una evidente preocupación y hace desaparecer cualquier complejo que pudiera tener sobre qué estamos legislando de una manera arbitraria o privadora de derechos fundamentales. Creo que estamos legislando de una manera proporcional para conseguir que aquello que es esencial, que la mili se suprima, no se vea afectado. Estamos haciendo una legislación que seguramente no tiene referencia a nivel de Derecho comparado en la Unión Europea y, además, puesta en relación con multitud de tipos penales previstos en el Código, no podemos calificar las sanciones previstas de graves.
Creo que hemos hecho una propuesta proporcionada que va a tener una vigencia limitada. En otras ocasiones se han modificado tipos penales y se ha mantenido la vigencia de determinados supuestos penales de manera provisional. Esinevitable en cualquier proceso de transición que estas cosas sucedan; no tenemos que realizar esta modificación de manera dramática como alguien lo ha querido plantear. Si,en paralelo, el Gobierno ha iniciado una política de indultospara evitar que nadie esté en prisión en base a estos supuestos, podemos entender que estamos avanzando de unamanera lógica para adaptar nuestras leyes a la sociedad.
Respecto al debate sobre qué mecanismos establecemos para mantener ese elevado nivel de disuación -la cuestión más importante para nosotros-, haré tan sólo dos reflexiones: Yo creo que los argumentos utilizados por el Grupo Socialista para justificar que estas conductas sean sancionadas por la vía administrativa podrían haber sido utilizados en 1995. Si entonces a nadie le pareció oportuno un debate con el fin de excluir del Código Penal estas sanciones, introduciéndolas como sanciones administrativas,no existe ninguna razón para que hoy lo hagamos. Es más, para nosotros, la justificación de la supresión de las penas de prisión nos sitúa en la decisión de supresión del servicio militar, ya planteada en los debates de 1995, cuando defendimos la desaparición de esas penas de prisión y su sustitución por la inhabilitación. Nos sentimos coherentes con lasposiciones que hemos mantenido desde 1995. Éstas son las razones de fondo que nos permiten justificar nuestra vota ción contraria a las enmiendas de Izquierda Unida y a las del Partido Socialista.
Respecto a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, tal y como el señor Mardones ha anunciado, queremos formalizar nuestra aceptación de la enmienda número 19. El señor Bermúdez de Castro, ya en el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley, anunció cuál iba a ser la posición de los grupos proponentes.
Considerábamos que la redacción que había entrado en la Cámara no correspondía a la voluntad de fondo que teníamos los grupos y, por tanto, no nos cuesta nada aceptar la acertada enmienda del Partido Nacionalista Vasco.
Finalmente, la señora Rivadulla hace una propuesta que nos obliga a una doble reflexión: En primer lugar, ninguno de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, al menos en esta legislatura, ha propuesto la reforma de los artículos 120 y 119 bis del Código de Justicia Militar. Este
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debate no ha tenido lugar todavía en esta Cámara, nadie lo ha planteado. Si el joven Madueño, en Lleida, se ve inmerso en este proceso penal -los grupos políticos quizá no hemos sido conscientes de la existencia de esa problemática; en todo caso, se deben estudiar los niveles de información a los ciudadanos-, no creemos que la mejor manera de abordar esta cuestión sea la introducción de una enmienda in voce, fuera de los plazos previstos, en esta proposición de ley. Todos los grupos tenemos mecanismos para abordar esta cuestión que, evidentemente, provoca perplejidad.
Nuestro grupo parlamentario ha hecho gestiones cerca de Ministerio de Defensa para encontrar soluciones al supuesto esgrimido por el joven Madueño, pero tambiénhe de decir...
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy concluyendo.
También he de decir que la aplicación del artículo 120del Código de Justicia Militar va a ser inevitable. Nosotrosentendemos que éste no es el trámite posible para sustanciar la enmienda que propone la señora Rivadulla y esperamos que en los próximos meses tendremos oportunidad deello.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁN DEZ: Como han puesto de manifiesto anteriores portavoces, nos encontramos ante un tema que ha sido objeto desucesivos debates en los últimos meses, donde los distintos grupos parlamentarios han expuesto claramente sus argumentos y, por ello, yo creo que las posiciones están bastante claras.
A nuestro juicio, la proposición de ley orgánica demodificación del Código Penal ha supuesto un avance muyimportante -como también ha puesto de manifiesto la mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios-en la normativa penal aplicable a estas conductas de incumplimiento, en la medida en que vamos a suprimir las penas privativas de libertad y multa para los más graves incumplimientos a los deberes de prestación del servicio militar y prestación social sustitutoria, dando respuesta, de un lado, a una demanda social creciente, que entendía que, en el momento actual, las penas privativas de libertad para losdenominados delitos de insumisión debían desaparecer y,de otro, amparar y proteger el valor, las necesidades de defensa durante este período de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, por lo que mantenemos en nuestra propuesta como delito el acto de insumisión, aplicando penas privativas de derechos a estos incumplimientos, si bien minorándolas respecto a las establecidas en el vigente Código Penal.
Realizada esta reflexión, que recoge en síntesis nuestra proposición, pasaré a fijar la posición de mi grupo en relación a las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios, intentando no abundar en los argumentosque han vertido otros grupos que apoyan el texto de nuestra proposición.
Las enmiendas de Nueva Izquierda e Izquierda Unidapersiguen un mismo objetivo, esto es, la despenalización de estas conductas, es decir, que se deroguen los artículos527, 528 y 604 del Código Penal, sin proponer alternativasancionadora alguna, en la medida que consideran, al menos así lo ha manifestado el señor Castellano en nombrede Izquierda Unida, que más que de incumplimientos se trata del ejercicio de un derecho. Pues bien, nuestro grupo no comparte esa posición, como bien es sabido. Y no la compartimos porque, como ya he expuesto en varias ocasiones, en tanto no finalice el proceso de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas siguen plenamente vigentes los deberes de cumplimiento del servicio militar y de la prestación social como garantía para proteger nuestro modelo de defensa. Y precisamente porque ambas prestaciones siguen siendo deberes jurídicos,necesariamente tienen que ser imperativos; en consecuencia, la reacción del Estado tiene que manifestarse de alguna manera en caso de incumplimiento, y esa reacción no existe en sus enmiendas. Tampoco compartimos su justificación porque, a nuestro juicio, no es acorde, como bien essabido y en varias ocasiones lo hemos repetido en diversos debates en la Cámara, con la doctrina del Tribunal Constitucional, que en reiteradas sentencias he establecido que los objetores no tienen ningún derecho a negarse a cumplir la prestación social sustitutoria como medio para imponer sus particulares opiniones acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión. Por ello, votaremos negativamente las enmiendas presentadas por ambos grupos.
Por razones distintas, tampoco vamos a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que en síntesis pretenden que los delitos de insumisión dejen de serlo y pasen a ser infracciones administrativas, pero asignándoles, eso sí, una pena calificada como grave en el Código Penal, disfrazada de sanción administrativa, lo cual, a nuestro juicio, no es acorde con los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico. La proposi ción recogida en sus enmiendas, señora Calleja, a nuestro juicio, entra en colisión con el principio de proporcionalidad, contraviene claramente la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General y además creemos que es másque dudoso que la Administración tenga competencia para imponer sanciones que priven del ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a acceder a empleos o cargos públicos, contemplado en el artículo 23 de nuestra Constitución. Por eso decía que, a nuestro juicio, la propuesta que recoge sus enmiendas no es acorde con los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico y puedesuponer un retroceso en el sistema de protección de determinados derechos. No obstante, señora Calleja, en la medida en que coincidimos en que los más graves incumplimientos a los deberes de prestación del servicio militar y de la prestación social sustitutoria deben conllevar penas privativas de derechos, yo le pediría como he venido reiterando a anteriores portavoces del Grupo Socialista, quereconsidere el mantenimiento de sus enmiendas y se sume a nuestra proposición, pues ambos grupos, el suyo y el
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nuestro, entendemos que hay que establecer alguna medida de disuación, hay que proteger el modelo vigente de defensa hasta tanto finalice el proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas.
Por último, tampoco vamos a aceptar las enmiendas delBloque Nacionalista Galego y aquellas del PNV que proponen que la pena para estos incumplimientos sea una multa de 10 a 20 días. Nos encontramos aquí ante un delitosin pena, lo que, a nuestro juicio, choca con el principio de proporcionalidad, que consiste precisamente en eso, en quela sanción debe ser proporcional a la gravedad de una conducta.
Yaquí, de acuerdo con las enmiendas que nos proponen tanto el Bloque Nacionalista Galego como el Partido Nacionalista Vasco, o estos incumplimientos no deben merecer reproche penal, es decir, ser considerados ilícitos penales, o la sanción que nos proponen, por insignificante, no es proporcional a unas conductas que por ser graves deben merecer el reproche penal.
Además, sin entrar a valorar que la multa de 10 a 20 días es una pena leve aplicable a las faltas y no a los delitos, por lo que deberían haber presentado una enmienda para encuadrar estos incumplimientos no en el libro segundo, como están, sino en el libro tercero del Código Penal, por la propia sistemática del Código, lo cierto es que la propuesta que nos hacen podría conllevar en último extremo un efecto no querido por ningún grupo en esta Cámara, cuales que el insumiso finalmente fuese a la cárcel, toda vez que, con el Código Penal en la mano, si el insumiso no pagala multa, bien por insolvente -en este caso sería cosa difícil, porque la multa es sólo de 10 a 20 días-, bien como consecuencia de sus propias convicciones -y eso ya no sería un supuesto tan difícil-, lo cierto es que el artículo 53 de nuestro Código Penal prevé la posibilidad de sustituir el impago de multas por penas privativas de libertad,consecuencia ésta que choca frontalmente con los principios que inspiran la reforma del Código Penal que hoy debatimos.
Sí vamos a aceptar la enmienda número 19, del Grupo Vasco, en coherencia con la línea de reforma de la Ley de objeción de conciencia que recientemente aprobó el Congreso, y me explicaré. El vigente artículo 528 del Código Penal establece un subtipo agravado de los incumplimientos del régimen de prestación social sustitutoria, subtipo que, por cierto, no se ha aplicado en ninguna ocasión desde la entrada en vigor del Código Penal. La Ley de objeción de conciencia de 1984 recogía en su artículo 4. o la posibilidad de que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia pudiera contraponer los motivos de conciencia alegados por el solicitante con los datos e informes que obraran en el expediente, de tal suerte que si percibía incongruencia entredichos motivos y dichos datos podría denegar la solicitud. Esta posibilidad ha sido suprimida en la reciente reforma de la Ley de objeción de conciencia, a la vez que se establece que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia en ningún caso podrá entrar a valorar o investigar los motivos alegados por el solicitante, por lo que hace de imposible aplicación este subtipo y, por tanto, vamos a aceptar la enmienda número 19 del Grupo Vasco, entendiendo que es más conveniente que se suprima esa referencia en el Código Penal.
Termino, señor presidente, diciendo que creo habercontestado a las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios y justificado a la vez las razones del mantenimiento de nuestro texto, que, repito, supone un avance muy significativo en la configuración de la normativa penal aplicable a los denominados delitos de insumi sión, habiendo adoptado, a nuestro juicio, una posición de responsabilidad ante este período de tránsito hacia la profe sionalización de nuestras Fuerzas Armadas y a la vez una posición de sensibilidad ante esta demanda social, que solicitaba desde hace ya tiempo la supresión de las penas privativas de libertad para estos incumplimientos, que es lo que refleja nuestra proposición.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate relativo a esta proposición de ley, vamos a seguir con el orden del día y la votaremos junto con la siguiente proposición de ley al concluir el debate de la misma.
Quisiera solamente, por dejar cerrado este debate, señalar, en relación con el texto que ha acercado a la Mesa laseñora Rivadulla de la enmienda in voce que pretendería la adición de nueva disposición final, que el último párrafo-y lo digo en cuanto a la corrección puramente técnica del contenido-, cuando dice que el enjuiciamiento de estas conductas corresponderá en todo caso a los jueces y tribu nales del orden jurisdiccional penal, supongo que lo que pretende decir es del orden jurisdiccional o de la jurisdicción ordinaria. Si le parece, lo podríamos dejar así para mayor claridad a la hora de la votación. (Asentimiento.)
PROPOSICIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEMODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14, TER CERO, DE LALEYDE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL(Número de expediente 122/000082).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar el debate del siguiente punto del orden del día, que es la proposiciónde ley orgánica de modificación del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tienen enmiendas adicha proposición el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Socialista. Vamos a iniciar el debate, que va a discurrir interviniendo primero los grupos enmendantes y después los demás grupos que deseenhacerlo para fijar su posición, en el bien entendido de que, como ha sucedido en el anterior debate, los que tienen enmiendas, naturalmente, las defenderán y, si lo estiman oportuno, se podrán pronunciar sobre las enmiendas de otros grupos, para finalmente hacer cuantas demás alega ciones, fijación de posición y manifestaciones de postura estimen oportunas. Al propio tiempo, los restantes grupos,en el turno de fijación de posición, también podrán hacer las referencias que estimen pertinentes a las enmiendas presentadas y, por supuesto, al texto del proyecto.
Voy a posponer el turno de intervención del Grupo Catalán, a los efectos de que no se demore el curso del debate y de que no queden sólo formalmente defendidaslas enmiendas, si es que algún grupo lo pidiera. Para dar esta oportunidad, en primer lugar le voy a dar la palabra al
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representente del Grupo Socialista, señor Villarrubia, para defender las enmiendas y realizar los demás pronunciamientos que estime oportunos, de acuerdo con la ordenación del debate que se ha señalado.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Una pequeña cuestión de orden, señor presidente. Entiendo que voy a defender la totalidad de las enmiendas en un único turno y la pequeña cuestión que quiero plantearle es sobre las enmiendas de CiU. Como no está su representante, fijaríamos posición después de escuchar primero sus argumentos, ya que una de las enmiendas tiene cierta importancia y calado y sería interesante -si el señor presidente loconsidera oportunofijar la posición -será breve el turnodespués de haber escuchado los argumentos, sobre todo teniendo en cuenta que este tema no se ha visto ni debatido en ponencia.
El señor PRESIDENTE: Si S. S. cree que la entidad de la argumentación y del debate sobre esa enmienda lo hace preciso, así será. Lo importante es que el debate fructifique en el mejor texto y, por supuesto, una vez que haya defendido esa enmienda el Grupo Catalán (Convergència i Unió), le concedería la palabra unos segundos para que haga las matizaciones que estime oportunas.
El señor VILLARRUBIAMEDIAVILLA: Gracias, señor presidente, así lo haré.
La enmienda número 1 lo es al artículo único, y se propone claramente la supresión del artículo, del propio contenido de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. Por una cuestión de orden, defenderemos todas lasenmiendas, pero sería innecesaria la defensa del resto de las enmiendas porque estamos seguros, haciendo uso del aforismo de que rectificar es de sabios, de que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta enmienda, lo que hará innecesario el resto del debate. Como ya he dicho, esta enmienda es la que va a centrar un poco más el motivo de atención de mi intervención. Desde el Grupo Parlamentario Socialista asistimos con preocupación a la actitud del Partido Popular y del Gobierno en la aplicación y desarrollo del vigente Código Penal. En el caso que nos ocupa de una reforma procesal importante, que afecta la competencia del conocimiento y fallo por los delitos por parte de los juzgados de lo penal, se rompe absolutamente el necesario consenso que debe existir para el tratamiento de las reformas procesales, ya que no ha habido diálogo ni intento deacuerdo alguno por parte del Partido Popular.
Señorías, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprobó el Código Penal, no sólo modificó de forma importante el derecho sustantivo, sino también la competencia objetiva y otorgó a los juzgados de lo penal la competencia para conocer de los delitos menos graves,apostando abiertamente por una justicia colegiada, de forma que para penas privativas de libertad importantes por delitos graves, en todo caso, el justiciable sería juzgado por un órgano colegiado, es decir, por las audiencias provinciales.
Se pretende con este texto que ya ha sido tomado en consideración, presentado por el Grupo Popular, que el juez unipersonal conozca de delitos que lleven aparejadas penasprivativas de libertad hasta cinco años, privativas de otrosderechos hasta diez años y multa sin límites. Esto quiebra ese principio de la necesidad en el ámbito penal de la justicia colegiada, aspecto cuya filosofía comparte plenamente el Consejo General del Poder Judicial.
Desde el punto de vista técnicojurídico, consideramos que el contenido de esta proposición es deficiente, porque se habla de cinco años. ¿Por qué cinco años? ¿Dónde está el límite de los cinco años si hay penas que son inferiores ysuperiores a la vez en el mismo tipo? ¿Por qué sólo cincoaños? Señorías, probablemente no haya ningún país de la Unión Europea que otorgue al juez unipersonal esta com petencia tan amplia que tenemos en el vigente artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque los delitos menos graves van hasta penas privativas de libertad de tres años, que ya está bien para un juez unipersonal. Ylo que es más importante y especialmente grave es que si esto se llevara a cabo, además de la pérdida de derechos y garantías del justiciable, tendría graves consecuencias para la ciencia del Derecho penal y la jurisprudencia, porque,ante un nuevo Código Penal con numerosos nuevos tipos, el Tribunal Supremo no conocería prácticamente nada de esto. Tendríamos jurisprudencias uniprovinciales, con los riesgos que ello conlleva, aparte de alguna posibilidad de escándalo social por diversidad de criterios.
Yo creo que éste es un tema importante y que no debiera llevarse a cabo esta modificación, que sólo se justifica por el problema de infradotación de medios personales enlas audiencias provinciales y fundamentalmente tambiénen la Sala Segunda de Tribunal Supremo.
Señorías, el Gobierno lo conocía porque ya en el año 1996 el Grupo Socialista llevó a cabo una interpelación para que se solucionara esta situación, para que se aumentara el número de magistrados y las secciones pertinentes en el Tribunal Supremo. Ustedes, en lugar de llevar a cabo las reformas estructurales, la reforma de la Ley de plantas, y hacer las dotaciones pertinentes para la aplicación adecuada del Código Penal, lo que hacen es simplemente volver a lo queya estaba superado. España va bien, pero parece ser que para la justicia no hay un duro y va bastante mal, y no sólono la mantenemos, sino que la deterioramos gravemente en aspectos tan fundamentales como el que hoy nos ocupa.
Por todo ello, en aras a la brevedad, damos por reproducido todo el debate -ya consta en el «Diario de Sesiones» el debate sobre la toma en consideracióny reiteramosaquellos argumentos. Entendemos que éste es un paso atrás importante, que no debiera consolidarse, que es un perjuicio para los ciudadanos, que atenta y ataca los derechos básicos e importantes del justiciable.
Con carácter alternativo, para el supuesto improbable, supongo, de que no sea estimada esta enmienda que hemos articulado con el número 1, proponemos una segunda enmienda de modificación a este artículo único. En definitiva, pretendemos paliar esos efectos de crecimiento del número de asuntos en el conocimiento y fallo de las audiencias provinciales y los consiguientes recursos decasación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, añadiendo a la redacción del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los tipos relacionados con el robo, con violencia o intimidación en las personas, excepto que
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concurra la circunstancia prevista en el apartado segundo de artículo 242, que se refiere al robo con violencia o intimidación en supuestos de uso de armas u otros medios peligrosos, en cuyo caso, la pena estaría en la mitad superior y la excluiríamos de este supuesto. Repito que incluiríamos en el artículo 14, tercero, los tipos de robo con violencia o intimidación en las personas con esta excepción, más la realización de cualquiera de las conductas tipificadas comodelito en relación a las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que no causen grave daño a la salud pública, incluidos los supuestos agravados.
Como quiera que el número de delitos que son juzgados por este tipo de hechos es importante, paliaríamos de manera sustancial el número de asuntos que van a conocer y fallar las audiencias y, por consiguiente, también el númerode recursos de casación de los que tendría que conocer la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si únicamente es un problema de sobrecarga, ésta es una posibilidad de disminuir el número de asuntos sin atentar contra la filosofía y la práctica de la justicia colegiada.
La enmienda número 3 -voy ya mucho más rápido-,también nos parece importante. En el supuesto de que no se pueda evitar que se lleve adelante esta modificación, impulsada por el Grupo Popular y apoyada por el Gobierno, pedimos que se incluya una disposición transitoria nueva, que recoja que las disposiciones de esta ley se aplicarán a los procedimientos que se inicien por hechos cometidos a partir de la entrada en vigor de la misma y que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley seguirán tramitándose conforme a las disposiciones anteriores a todos los efectos. Se pretende noinvertir el problema y que ahora pudieran bajar de golpe alos juzgados de lo penal un montón de asuntos de las audiencias provinciales.
Siendo el proceso una sucesión ordenada y encadenada de actos, la nueva norma se aplica a los actos que se realicen cuando ya está en vigor y no a los anteriores. Cuando no existen normas transitorias, como es el supuesto de la presente proposición, es muy difícil en un proceso de cualquier tipo determinar a qué actos se aplica, pero si esto secombina con el derecho al juez natural predeterminado por la ley y al principio de que ningún inferior puede plantear a su superior cuestiones de competencia, los problemas se multiplican, ya que las audiencias provinciales decidirán por sí mismas la norma de retroactividad que más les conviniere, o pueden mandar, y problablemente esto es lo que ocurriría en la práctica, absolutamente la totalidad de los asuntos en tramitación a los juzgados de lo penal. Almenos, la norma debe pronunciarse expresamente al res pecto.
La enmienda número 4 es de supresión de la disposición derogatoria, que entendemos que resulta manifiestamente innecesaria.
La enmienda número 5, de adición, propone una disposición final primera nueva, cuyo contenido sería que el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la publicación de esta ley, presentará un proyecto de ley por el que seintroduzca de forma generalizada el sistema de doble instancia en la jurisdicción penal, atribuyendo a las salas de los tribunales superiores de justicia el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en juicio oral y primera instancia.Esto reforzaría el argumento de la apuesta por la justiciacolegiada en el ámbito penal para el conocimiento y fallo de los delitos graves. Se solucionaría también de manera importante, al menos en lo que se refiere a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el problema por el que el Grupo Popular pretende justificar la modificación llevada a cabo. Como SS. SS. conocen perfectamente, el recurso de casación no es una segunda instancia y es una obligación -así está en todo el Derecho comparado europeoque en el ámbito penal exista una segunda instancia. El Consejo General del Poder Judicial comparte íntegramente estavaloración, así se recoge en el propio informe que, curiosamente, ha servido para justificar la reforma que estamos tramitando y el propio libro blanco recoge, insisto, la necesidad de instaurar de una vez la doble instancia y reformar el recurso de casación.
La última enmienda, señorías, es la número 6, y con ella pretendemos simplemente cubrir una vacatio legis, que establecemos en la enmienda en seis meses. Entendemos que resulte conveniente fijar esta vacatio legis porque permitirá no solamente adaptar los órganos de instrucción al sistema de competencias, sino también que los juzgados delo penal y de las audiencias, al conocer sus propias compe tencias, puedan organizar su trabajo y dar tiempo al Consejo para que realice los estudios oportunos sobre las necesidades de planta judicial que de la modificación se puedan derivar.
Concluimos así, con la mayor rapidez que me ha sidoposible, señor presidente, la defensa de las enmiendas que hemos presentado, esperando, insisto, que se acepte la primera. Así obviaremos el debate de las restantes, paralizaremos el ataque a los derechos del justiciable y defenderemos el principio de la justicia colegiada en el ámbito penal, que es básica en un Estado de Derecho avanzado y en unpaís que dice que va bien, para conseguir que se pueda parar este desaguisado que está a punto de consumarse.
Reservo, conforme a lo que ya había comentado conanterioridad, unos breves minutos para fijar posición sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) después de escuchar previamente a su portavoz con atención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans i Cambó, quien en esta intervención, como había anunciado al comienzo del debate, además de defender, como es natural, sus enmiendas, se pronunciará, si lo estima oportuno, sobre las del Grupo Socialista, que es otro grupo enmendante, y sobre los demás extremos que estime oportuno en relación, naturalmente, al fondo de la cuestión.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Así lo haré, señor presidente, y agradezco de antemano la atención con la que veo que van a ser seguidas mis, espero que breves, palabras.
No he podido asistir a las intervenciones anteriores, y por tanto entiendo que ha quedado claro cuál es la razón de ser de la proposición de ley. Lo que se pretende es modificar
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los criterios de distribución entre las competencias para enjuiciamiento y fallo de los delitos ante los juzgados de lopenal y las audiencias provinciales que aparecen en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los antecedentes de este texto creo que están claros.
Es conocida por todos, porque nos llegó a los portavoces y creo incluso que a todos los miembros de esta Comisión, la inquietud del Consejo General del Poder Judicial, manifestada después en el Libro Blanco de la Justicia, en el apartado correspondiente a los juzgados de lo penal, que cito literalmente -abro comillas-: La realidad demuestra que la implantación en la actualidad del modelo competen cial instaurado por el Código Penal acarrea graves consecuencias en este orden jurisdiccional -cierro comillas-. Por lo tanto, la propuesta que hacía el libro blanco era mantener la competencia de los juzgados de lo penal para elenjuiciamiento de delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años. Era una propuesta que se hacía concarácter de urgencia y por puras razones de necesidad.
Esta redistribución de las competencias a determinada acción se podía hacer sobre la base bien de un modelo de extensión de la pena o bien de un modelo de lista de delitos. De hecho, ese mismo planteamiento es el que hace en su proyecto alternativo al libro blanco la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que, asumiendo las mismas inquietudes y las mismas urgencias que manifestó el Consejo, también avanzaba incluso una lista concreta de delitos para los que debería ser competente la audiencia provincial.
El Grupo Parlamentario Catalán compartía, y comparte, los principios y la sensación de urgencia y de necesidad del Consejo y de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales: La preferencia del órgano colegiado y la posibilidad dedisponer de una lista de delitos atendiendo tanto a la complejidad de los mismos, que justificaría la intervención deun órgano colegiado y no unipersonal, como a la necesidad de tener una unidad en la interpretación de los tipos y evitar una disparidad como la que se produce, lógicamente, desde el momento en que interviene el órgano unipersonal.
Ahora bien, la solución que propone esta proposición de ley es la más urgente y la más factible, que es atender a la extensión de la pena y no al sistema de lista de delitos. De hecho, ése es el modelo que se estableció en la LeyOrgánica 10/1980, de 11 de noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos dolosos menos graves y flagrantes, ley que fue después declarada inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio de 1988, pero por otras razones, porque se atribuía a los mismos órganos lasfunciones de instrucción o enjuiciamiento. Ahí el criterio era exactamente éste, la extensión de la pena y no la lista de delitos.
Nosotros no descartamos la posibilidad de que en elfuturo se establezca la competencia sobre la base de la lista y no sobre criterios de extensión de la pena. De hecho, hay ya algún borrador sobre la mesa, pero el Grupo Parlamentario Catalán entiende que la posibilidad de ir hacia un sistema de lista, es decir, tipificar exactamente cuáles son los delitos atribuibles a los juzgados unipersonales en estecaso, está íntimamente relacionado con la reforma de la casación penal, con el sistema de reforma de casación penal que atienda de forma diferente a como se hace hoy a la existencia de los tribunales superiores de justicia, que ya tienen hoy por hoy funciones de casación civil y que a partir de la entrada en vigor de la Ley de lo contencioso-administrativo tendrán también funciones de casación para la unificación de doctrina en interés de la ley. Mientras no seresuelva una cosa no se puede resolver la otra.
Por tanto, y en atención a todo lo anterior, votaremos en contra, muy a nuestro pesar, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que esta medida no sólo es necesaria, sino absolutamente urgente y las enmiendas planteadas por el Grupo Socialistaretrasarían y dejarían de hecho en suspenso la vigencia y laefectividad de esta reforma que, a todas luces, se presenta como absolutamente necesaria.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular se nos ha anunciado el voto favorable a nuestras enmiendas números 7 y 8, y en aras a semejante consenso retiramos la enmienda número 9. Nuestra enmienda número 7 es básicamente de naturaleza formal. La enmienda número 8 pretende -como ya dice su propia justificaciónadaptar las faltas, cuyo enjuiciamiento corresponde a los jueces de paz, a la nueva tipificación que se deriva del Código Penal de 1995. (El señor vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.) Por tanto, retiramos la enmienda número 9 y no podremos dar nuestro voto favorable a las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Villarrubia tiene la palabra.
El señor VILLARRUBIAMEDIAVILLA: Intervengo para fijar posición, siguiendo la ordenación del debate realizada por la Presidencia, sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La enmienda número 7 es de redacción y traería causa si efectivamente se aprueba la número 8. Nos alegramos del consenso logrado entre Convergència i Unió y el Partido Popular y lamentamos no haber podido participar del mismo, ya que estos temas que tienen entidad deberán ser consensuados. Estamos absolutamente de acuerdo con la filosofía que inspira la enmienda número 8 de Convergència i Unió, que modifica el artículo 14, primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, otorgando competencias importantes para conocimiento y fallo de juicios de faltas por parte de los jueces de paz, en este caso, en los supuestos que se describen y se articulan en la propia enmienda.
Existe un pequeño pero, y es que hay alguna reflexión que hacer. En efecto, el cambio que se produce ahora es que las multas ya son importantes, no es una mera traslación de lo que existía con anterioridad porque sabemos que el día-multa va de 200 a 50.000 pesetas y que estamosdando competencia a los jueces de paz para imponer multas de dos meses que pueden alcanzar los tres millones de pesetas. Ypor penas privativas de libertad consistentes en arrestos de fines de semana y que anteriormente eran arresto menos de escasos días, que se cumplían normalmente en el propio domicilio, ahora sí que se ingresa en el centro penitenciario para su cumplimiento.
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O sea, que es importante esta enmienda que aquí se trae, filosofía que desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos totalmente, pero -y valga la redundanciaun pequeño pero: Esto no iba ni en la proposición de ley, no hasido discutido ni debatido ni en el Pleno ni en ponencia, y nuestra opinión sería ampliar en algún supuesto más estos tipos que se recogen en la enmienda. La única sugerencia que haríamos, supongo que no tendrá acogida, sería que nose hubiera tramitado con este grado de improvisación y estapremura de dos o tres minutos que vamos a dedicar a un tema importante, y haber cerrado esta cuestión de manera más definitiva. No se ha visto, no se ha debatido, al margen de esta pequeña negociación, que hayan podido tener Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular; negociación, por otra parte, que lamentamos en su última consecuencia de retirada de la enmienda número 9, que nos parecía interesante e importante también porque mitigaba de alguna manera el desaguisado que, a nuestro juicio, seva a llevar a cabo, y era que no excedieran de seis años las penas privativas de otros derechos. Al menos, esa pequeña cuestión hubiera mitigado eso que hemos denominado desaguisado. Invitaríamos -insisto que tampoco se ha hablado de esto al grupo proponente a que la mantuviera, porque nos había parecido interesante esta enmienda. En todo caso, nuestra idea era apoyar el conjunto de estas tres enmiendas, una de carácter meramente formal.
Fíjense, además, señorías, el grado de improvisación que si aprobamos estas enmiendas deberíamos aprobar alguna otra, porque la disposición derogatoria, por ejemplo, se refiere exclusivamente al artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si estamos modificando con esta enmienda el artículo 14, primero, ¿en la disposición derogatoria, señorías, no recogemos el artículo 14, primero, en función de la enmienda que, consecuentemente, debiera llevar consigo la aprobación de la enmienda número 8? No se puede legislar con este cierto grado de improvisación.
La exposición de motivos -y con esto concluyo, señor presidente, señoríasnos parece poco presentable, salvo como alegatos o argumentos justificativos de la toma en consideración. En una exposición de motivos no pueden hacerse consideraciones -y en aras a la brevedad no las voy a reproducircomo las que se recogen en el párrafotercero completo de la proposición ni en el párrafo cuarto.Nos parece muy poco serio, estamos legislando, estamosaprobando cosas de una transcendencia importantísima. En una exposición de motivos hablamos de la tan perturbadora situación, que no ha dejado de ser advertida por el Consejo, o de que, cuando tuvo ocasión de manejar cifras, se llegó a postular una modificación legislativa, es decir, una serie deconsideraciones subjetivas de no constatación de hechos y que nada tienen que ver con la exposición de motivos de una ley.
Espero que estas cuestiones de técnica jurídica sean corregidas y estos párrafos sean suprimidos, si se aprueba como parece, la enmienda número 8 de Convergència iUnió, que conlleva la modificación, por aprobación de la número 7 del artículo 14, primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No hagamos chapuzas y completemos lo que es la disposición derogatoria, incluyendo también, no porque sí, sino necesariamente, la derogación del vigenteartículo 14, primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esto es cuanto queríamos decir y sólo me queda invitar, insisto, a que esto, que es una reforma importante, de calado, que se trae vía enmiendas, sin ningún debate previo, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pudiéramos completarlo en un trámite posterior. En todo caso, y como nuestra filosofía, la del Grupo Parlamentario Socialista, que en este momento represento, es potenciar aún más la figura del juez de paz, si se mantiene tal cual en el texto que se recoge, también la votaremos a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Dada la importancia del tema, y para mejor aclaración de los grupos parlamentarios, el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Tiene toda la razón el portavoz socialista, y en aras de la técnica legislativa o,sencillamente, de la coherencia con las enmiendas de mi grupo, que previsiblemente van a ser aprobadas, plantearía una enmienda in voce a la disposición derogatoria, que dijera: «Queda derogada la modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...», o: «Quedan derogados los apartados primero y tercero del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -creo que la segunda redacción sería preferible-, modificados por ley», etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Fornies):¿Grupos que no tienen enmiendas y que quieran fijar suposición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pablo Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Nuestro grupo comparte, lógicamente, la preocupación que inicialmente ha puesto de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial y que, al parecer, es la causa de esta proposición de ley en cuanto a las consecuencias de aproba ción del Código Penal vigente por la modificación de competencias de los jueces de lo penal.
Dentro de las críticas que se pueden hacer a dicho texto del Código Penal, precisamente algunos de los aspectos más favorables que el mismo tenía era esta modificación de competencias de los jueces de lo penal. ¿Por qué? Porque había una crítica generalizada a un exceso de competencias, teniendo en cuenta que, por el juego de los delitos conexos, podía llegar a producirse la imposición de penas que llegaban a diez años, ni más ni menos que por un juez de carácter unipersonal.
Por eso, también nuestro grupo ha unido su satisfacción, podemos decir, a la de otros cuando hemos visto quehabía una tendencia acerca de la primacía de los órganos colegiados, llegado el momento de administrar justicia, sobre los órganos unipersonales.
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Señor presidente, nos estamos planteando incluso larevisión de todo el proceso de instrucción para que los jueces instructores no puedan llevar adelante medidas que afectan a la libertad de las personas, de modo tal que seponga en ello demasiada potestad. Por ejemplo, en Francia, hasta se han constituido las llamadas cámaras de instrucción que tienen que intervenir, con carácter preceptivo, cuando se trata de decidir sobre la libertad de las personas,porque hay una tendencia lógica, detrás de la cual no hay suspicacia alguna hacia los jueces considerados individualmente, a que los órganos colegiados sean tratados de forma prioritaria frente a los órganos unipersonales, en la misma filosofía que ha desarrollado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Por eso, cuando se hizo esta modificación del Código Penal en cuanto a las competencias de los jueces de lo penal, pensamos que la lógica contestación al posibleaumento de causas ante las audiencias provinciales sería, primero, la reconversión de determinados juzgados de lopenal o su eliminación para llevar sus magistrados a las audiencias. Segundo, la revisión de muchísimos juzgados de instrucción que, sinceramente, por razones de carácter objetivo han quedado con muy poca carga de trabajo. Tercero, lo que era lógico, ampliar las plantillas de las audiencias provinciales. Todo esto era capaz de compaginargarantías, eficacia, participación y mejora de nuestraestructura judicial. Pero se ha venido a escoger la peor de las soluciones, la solución del parcheo. Además, la solución del parcheo, señor presidente, con respecto al Código Penal, del que todo el mundo se reclama autor y que todo el mundo elogia, está siendo un parcheo sinceramente preocupante.
Si se revisan las competencias de los jueces de lo penal con tal de descargar de trabajo las audiencias provinciales,si se revisa lo que ese Código Penal y Ley del jurado establecieron al mismo tiempo, so pretexto de que alguna anécdota no ha gustado, si se revisa el que tampoco se han puesto en marcha los centros de internamiento y el que no se puedan cumplir las medidas de seguridad, señores, queda en un flatus vocis o en pura retórica estar aquí alabando un Código Penal al que se le está privando de toda eficacia. O somos serios o no lo somos.
Por lo tanto, yo creo que si efectivamente esta Cámaraha querido aprobar un nuevo Código Penal con todas sus consecuencias, lo que no podemos hacer ahora es la contrarreforma del Código Penal sistemáticamente, y ésta ha sido una parte de esa contrarreforma.
Esto es pura y simplemente decir que aquel Código Penal, acuérdese, señor presidente, el famoso Código Penal de la democracia, enfáticamente así calificado, ahora resulta que se va a quedar en el parto los montes, porque, si se le va quitando todo loque tenía de progreso o avance su alcance, al final nos quedaremos en muy pocas cosas.
Por eso entenderá, señor presidente, que nosotros no estemos de acuerdo. Bajo ningún concepto estamos de acuerdo con este parcheo, en virtud del cual se trata de que los jueces de lo penal tengan competencias ni más ni menosque para llegar a penas privativas de libertad de duraciónde hasta cinco años, como si fuera un tiempo que no mereciera ninguna estima, o que puedan llegar a la privación de derechos que no excedan de diez años. Sinceramente, creemos que tiene que haber muchas fórmulas.
Con esta teoría, algunos pueden pensar que dónde está la alternativa de Izquierda Unida. Bueno, es que la alternativa de Izquierda Unida es la que han dado ustedes al hacerel Código Penal, que vayan a parar por el trámite de vía sumarial a las audiencias provinciales los asuntos que tienen que ir a parar a ellas. Reforcemos las audiencias provinciales, porque hay que ver con qué facilidad reforzamosel Tribunal Supremo con figuras como el magistrado suplente, que suelen ser magistrados que el día antes de cesar ya han convenido con el Consejo que se les nombremagistrados; con qué facilidad reforzamos la plantilla de magistrados del Tribunal Supremo y, si no, asómense ustedes al «Boletín del Ministerio de Justicia», donde aparecen nombrados letrados adscritos al Tribunal Supremo; con qué facilidad estamos viendo que se conceden servicios especiales.
Vamos a tener un poco de seriedad. ¿Por qué no hay esa facilidad, entre comillas, para las audiencias provinciales, que son órganos colegiados? ¿Por aquello de que detrás de cada órgano colegiado hay contradicción, deliberación y fallo entre los que conforman la sala y, por lo tanto, unadiscusión jurídica? Estamos poniendo el acento en losórganos unipersonales en contra de todas las tendencias que hoy están dominando en materia de organización judicial en toda Europa, incluida, repito, la posibilidad de existencia de cámaras de instrucción para que se revisen lasmedidas de los jueces de instrucción.
Tenemos en estudio en la Cámara, a propuesta del Grupo Vasco, una ley cautelar penal, que precisamente sellama ley cautelar penal porque quiere, no voy a decir corregir o limitar, pero sí sopesar las excesivas competencias o facultades que tenían los jueces de instrucción. Y aquí llega el momento de que ya no son jueces de instrucción, que siempre acabarán siendo objeto de una revisiónen la instrucción que han tenido, sino jueces de lo penal, lesrecargamos de competencias y con esta teoría dejamos las audiencias pura y simplemente reducidas a no sé qué las vamos a dejar reducidas, porque, claro, como consecuencia de esta modificación legislativa, habrá que aumentar los jueces de lo penal. No tienen capacidad hoy los jueces de lo penal para absorber estas competencias. Se van a producir dilaciones y, si hoy ya la duración normal en una capital de la tramitación de una causa desde el juzgado de instrucción al juzgado de lo penal está llegando al año y medio,con este aumento de competencias vamos a ver hasta dónde se va a llegar.
Ahora bien, todo se tiene que sacrificar a la teoría del parcheo, a la teoría de una pretendida eficacia que, además, a nosotros sinceramente no se nos alcanza. Por ello, la verdad es que nos vamos a abstener en esta modificación legislativa. Entendemos las enmiendas del Grupo Socialista y las de Convergència i Unió, pero todas van guiadas por el mismo criterio, criterio que, qué casualidad, está conduciendo el trabajo de esta Comisión esta mañana, que es el criterio del mal menor. Pues bien, ante el criterio del mal menor, yo creo que debe de haber otros y de más seriedad. En todo caso, no deja de ser también curioso que hoy estemos debatiendo con una cierta cicatería la creación de plazas para las audiencias provinciales, que son una pieza fundamental en el proceso penal, y vayamos a ver mañana la
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convalidación de un decreto-ley que no parece ser tan cuidadoso en lo que se refiere a los gastos del Estado en remuneración de magistrados.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés):Cuando he preguntado qué grupos querían intervenir, solamente me han pedido la palabra Izquierda Unida y el Grupo Popular; posteriormente, algún otro grupo la ha pedido. Si sus intervenciones han sido solicitadas como consecuencia de la de don Pablo Castellano, posteriormente, si el señor Castellano quiere intervenir, le volveré a dar la palabra para un turno de réplica.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor presidente, y no para entrar en debate, sino para fijar la posición de mi grupo respecto a esta proposición de ley de modificación del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con la salvedad que se haga de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convegència i Unió), mi grupo parlamentario entiende que esta proposición de ley plantea un proceso de acomodación y racionalidad con leyes concordantes, sobre todo con la de modificación de las competencias de jueces y magistrados en el área penal. El dictamen, tal como viene hoy a esta Comisión, nos satisface y lovamos a votar favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍAECHEVARRÍA: Señor presidente, pido disculpas por haber solicitado el turno tan tarde, pero es que venía de otra Comisión y me ha parecido precipitado intervenir así, de repente; he preferido hacerlo después del señor Castellano. De todas formas, seré muy breve, pero no quiero que la postura del grupo al que represento deje de estar reflejada en el «Diario de Sesiones», tratándose de un asunto de la trascendencia de la proposición de ley que hoy nos trae a esta Comisión.
Ya en el Pleno de la Cámara, cuando debatimos su tomaen consideración, mi grupo fue muy crítico, a pesar de votar favorablemente, entendiendo que había que sopesar en la balanza dos aspectos distintos: Por una parte, lagarantía que supone el enjuiciamiento en sala -en estesentido, nos parecía acertado lo que se preveía en el Código Penal-, y, por otra, que el Tribunal Supremo pudiese pronunciarse sobre determinados delitos que conforman un contenido importante del Código Penal. Sin embargo, veíamos que el atasco en las audiencias provinciales -que justificaba la proposición de ley del Grupo Popularera real.Tal atasco existe, pero no nos preocupaba en sí mismo, sino vinculado a otra cuestión, que es el derecho de los justiciables a un proceso sin dilaciones indebidas.
En aquel trámite anunciábamos -por eso quería justificarlo ahora -que el grupo al que represento intentaría presentar enmiendas en el sentido de hacer catálogo de delitos, pero tal tarea se nos ha evidenciado como imposible. Junto con las audiencias provinciales del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, hemos intentado extraer tipos delictivos y, al final, no nos hemos sentido capaces de abordar un catálogo determinado.
Por ello -como mal menor y considerando que no nos satisface del todo la solución que se propone-, de momento, instaríamos al Gobierno a que intentase articular una solución distinta, que bien podría ser el reforzar de una vez las audiencias provinciales. Pero como solución necesaria para el atasco que actualmente éstas padecen, el voto de nuestro grupo será en este momento favorable al texto de la proposición, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cuya aceptación en este trámite se ha anunciado.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra elseñor Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: Es evidente que lasconsecuencias de la aprobación del Código Penal entrañan determinados problemas y estamos ante un debate paracorregir, con carácter provisional, determinadas disfunciones, luego no estamos ante una reforma con una vocación de permanencia.
Ala vista de esta cuestión previa, tenemos seis enmiendas planteadas por el Grupo Socialista. Básicamente, en ellas se pide la supresión del artículo 1, el establecimiento de un sistema de doble instancia y la disposición de una vacatio legis para la entrada en vigor en el supuesto de que prosperase la proposición de ley.
Evidentemente, la enmienda de totalidad que pide la supresión del artículo 1, por su propio fundamento, no podemos aceptarla, por mucho empeño que el señor Villarrubia haya puesto en solicitarnos que así lo hiciéramos. En todo caso, tenemosque hacer notar que cualquier ley formal debe atenerse a las consecuencias que el legislador ha tenido que prever a la hora de regular el derecho material, y esto no se hizo adecuadamente. No se hizo adecuadamente, y nosotros noelevamos el discurso de considerarnos y reclamarnos todos autores de la ley.
Quiero recordar que el Grupo Popular se abstuvo en la aprobación del Código Penal porque tenía serias dudas no sólo sobre el manejo de esa nueva regulación del derecho material, sino sobre las consecuencias de orden procesal que iba a provocar con carácter inmediato.
Evidentemente, el cumplimiento del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue modificado por la disposición final primera de la ley que aprueba el Código Penal, a la vista del informe del Consejo General del Poder Judicial, y, de contrastar qué es lo que sucede ennuestros juzgados ordinarios, ha puesto en evidencia quelas estadísticas en el plazo de año y medio han arrojado unos incrementos del 200 y pico por 100, llegando a alcanzar unas magnitudes que han provocado el colapso de losasuntos.
Sus señorías tendrán que convenir conmigo en que estasenmiendas tratan de delimitar materialmente los supuestospara establecer como criterio la competencia objetiva, si es más adecuada -que no lo explica la justificación de la enmienda del Grupo Socialistaque el límite de la pena
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máxima aplicable. Nos gustaría conocer por qué un sistema y no el otro, porque en definitiva de lo que se trata es de aplicar esa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se establece que ningún derecho es absoluto y que en su regulación debe ser armonizado y equilibrado con otros derechos, porque lo que no puede ser es que el proceso se diluya en el tiempo de forma extraordinaria, constituyendo sociológicamente una pena que duramás que la pena misma. Evidentemente, habrá que garantizar que sea el derecho a un proceso razonablemente cortoel que ampare al justiciable y al que percibe la administración de justicia para que su situación no se alargue deforma indefinida. Eso es lo que hace que no sea operativo. ¿Cuál es la justicia deseable? En ese discurso coincidimos, ¿es más garantía para el administrado que un tribunal colegiado conozca de sus derechos? Sin duda, en eso estamos todos de acuerdo. Pero, ¿qué justicia puede aplicarse en un país, la que se desea o la que se puede? Cuando se reguló el Código Penal, el Grupo Socialista debería haber sido consciente de las consecuencias de orden procesal quese establecían -que sí lo sabía-, y en vez de refugiarse en que había un presupuesto prorrogado, debería haber tomado las medidas necesarias para hacer esa reforma. Porque no bastaba, señor Castellano, con la creación de 40 plazas de magistrado; había que crear secciones de audiencias que, dadas las infraestructuras de la administración de justicia de este país, creaba unos problemas de falta de edificios y de instalaciones, situación que era imposible atajar en un tiempo razonablemente corto.
La solución de habilitar nuevos magistrados, la creación de nuevas secciones de audiencia y la ampliación de un mayor espacio físico, no la hubiéramos podido practicar con inmediatez. El PartidoSocialista cuando fue Gobierno no pudo garantizarla como, evidentemente, no puede garantizarla el Partido Popular enel Gobierno.
Por eso, el Informe del Consejo General del Poder Judicial, consciente de esta limitación, y estando de acuerdo con ese principio de garantías, opta de momento por el mal menor: Atajar el problema para que no se colapsen las audiencias, pero no cerrando el debate ahí sino haciendo una revisión por listas de materias en la que podamos revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin tocar el Código Penal, para ver cómo puede adaptarse a la regulación de nuestro Derecho positivo recientemente aprobado.
Por todas estas razones, no podemos aprobar o estimar las enmiendas del Grupo Socialista: Si hubiera moderado con alguna transaccional sus enmiendas, sobre todo lanúmero 2, podríamos haber entrado a deliberar sobre las mismas, pero ni siquiera sobre la vacatio legis, porque de lo que se trata con esta proposición de ley es de poner freno a la situación de colapso que hay en este momento y difícilmente con una vacatio legis de seis meses vamos a lograrlo. De la misma forma que cuando se aprobó el Código Penal no se había previsto una vacatio legis cuando había un cambio de instituciones y de regulaciones sobre estos aspectos concretos, no podemos en estos momentos tampoco, puesto que se trata de atajar este asunto, producir una dilación mayor.
Respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, la 8 y, consecuentemente, la número 7, que trata de ordenarla, nos parecen razonables.
En cuanto a la enmienda in voce sobre la que se ha pronunciado el señor Guardans, me atrevería a plantear a losseñores comisionados ir más allá: Ir a la supresión de la disposición derogatoria de la proposición de ley. Parece razonable que una disposición derogatoria, en tanto en cuanto ordena y regula todo el ámbito de actuación de un marco legislativo concreto, aparezca como alternativa a una nueva regulación, pero en este caso utilizar una disposición derogatoria para unos apartados de un artículo de una ley parece que no es la técnica legislativa más adecuada. De manera que, para que prospere esta modificación de la proposición de ley, parece más razonable que se sustituya o modifique en los términos en que se aprueba y, por tanto, debemos olvidarnos de la disposición derogatoria suprimiéndola y en esos términos la planteo a los señorescomisionados.
Respecto la enmienda número 9, de Convergència i Unió, que propone que la duración de las penas no exceda de seis años, ¿por qué se ha retirado en esa negociación? Por una razón muy sencilla, porque, por ejemplo, hay multas o inhabilitaciones de más de seis años y menos de diezpara supuestos de orden menor, como infracciones de caza, etcétera. Antes de que se produzca una situación de colapso en las audiencias provinciales, hemos negociado comorazonable que se pueda dejar en esos diez años para no producir mayores inconvenientes y se pueda actuar sobre una materia concreta, que es la que preocupa.
Como decía el señor Villarrubia, habría más supuestos que revisar.
Quizá cuando lleguemos al período -que está abiertode revisar esa lista de materias para hacer una nueva regulación o una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podríamos afrontarlo en un ámbito de mayor tranquilidad, reflexión y garantía. Lo que no pode mos hacer es plantearnos ahora, de manera urgente, la reposición de una situación de alarma y pedir unas mayores aspiraciones, porque no es el momento oportuno para hacerlo. Sin embargo, estoy de acuerdo con el criterio que ha expuesto su señoría.
No es que se den facilidades al Tribunal Supremo y nose les den a las audiencias. Es que es más fácil habilitar determinadas medidas para el Tribunal Supremo. Como hemos reiterado, en esa previsión de aumento de plazas para las audiencias provinciales, en donde se exige la creación de secciones de audiencia y, además, con problemas de espacios judiciales, no es cuestión de que se pueda afrontar o conceder por parte del Gobierno el complementar los recursos humanos de esa naturaleza, porque no son en sí mismos tales recursos, son problemas más graves que los que pueda garantizar el Gobierno en un tiempo razonablemente corto.
Por todas estas razones, planteamos la enmienda in voce en los términos que hemos dicho, anunciamos el voto favorable a las enmiendas 7 y 8, de Convergència i Unió, y rechazamos las del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Guardans había pedido la palabra para hablar sobre la enmienda in voce. La tiene su señoría.
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El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, estoy en la misma línea que una parte de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, dado que he presentado una enmienda in voce para modificar la disposición derogatoria. Después de una feliz conversación con el letrado de la Comisión, comparto sus argumentos, que son también los del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Haré una enmienda in voce a mi enmienda in voce y propondré la supresión pura y simple de la disposición derogatoria, porque no tiene ningún sentido presentar una disposición derogatoria que diga que quedan derogados unos artículos a los que se ha dado un nuevo texto en su literalidad. Por tanto, es una nueva ley que modifica a la anterior y se acabó. Por ello, propongo la supresión de la disposición derogatoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Villarrubia tiene la palabra sobre ese mismo tema.
El señor VILLARRUBIAMEDIAVILLA: Sí, sobre el mismo tema y muy rápidamente.
Con el afán de desconocer las enmiendas del Grupo Socialista no se han parado a ver las enmiendas que hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Le ruego que no reabra el debate y si fija su posición sobre la enmienda in voce se lo agradeceremos.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No hay ningún debate, señor presidente. Es que no es necesaria la enmienda in voce porque la enmienda número 4, del Grupo Socialista, propone la supresión de la disposición derogatoria. ¿Qué ocurre? Que como era rechazada por el Partido Popular, nosotros decíamos que si se mantenía la derogato ria, se incluyera el artículo 14.1 por propia coherencia técnico- jurídica, pero que era innecesaria. Manteniendo la derogatoria del 14.3 era necesario derogar también el 14.1. Nuestra enmienda número 4 propone la supresión de la disposición derogatoria. Por eso, no es abrir el debate. Aunque les cueste, aprueben la enmienda número 4, del Grupo Socialista, y problema resuelto; no hay necesidad de enmienda in voce.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, es de sabios rectificar, aunque sea dos veces consecutivas.
Mi grupo votará favorablemente la enmienda número 4, del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Una vez terminado el debate, antes de proceder a la votación, vamos a suspender unos minutos para que los grupos puedan proceder a las sustituciones que consideren pertinentes.
Vamos a proceder a las votaciones, en primer lugar, dela proposición de ley orgánica de supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Votamos, en primer lugar, en relación con las enmiendas de la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Mixto, las números 12, 13 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, 2.
Enmiendas 14, 16 y 17, que son las restantes de las presentadas por la misma señora diputada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 2; en contra, 21; abstenciones, 15.
Enmiendas del diputado señor Vázquez Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 2; en contra, 34; abstenciones, 2.
Votamos, a continuación, las enmiendas números 18, 20 y 21, del Grupo Vasco (PNV).
Enmienda número 22, del Grupo Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos a favor, 2; en contra, 21; abstenciones, 15.
Enmienda 19, del Grupo Vasco (PNV).
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, una.
Votamos la enmienda in voce de la señora Rivadulla, cuyo texto es el siguiente: Nueva disposición adicional final. Las penas previstas en la presente ley orgánica serán
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de aplicación a los que, llamados al cumplimiento del servicio militar obligatorio e incorporados al mismo, no se presentasen o se negasen de modo explícito o por actos concluyentes a continuar cumpliéndolo. El enjuiciamiento de estas conductas corresponderá, en todo caso, a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria.
Hay una propuesta del señor Mardones de corrección técnica, en el sentido de que el título final de esta ley en vez de decir solamente de modificación del Código Penal, diga de modificación del Código Penal de Ley Orgánica 10/1995, que era la ley que aprobaba el mismo.
Entiendo que esa corrección puede quedar incorporada sin necesidad de llevar a cabo ninguna votación al respecto.
Vamos a votar el dictamen. ¿Desea alguno de los grupos que se vote alguna parte del mismo por separado? Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Pediría votación separada del artículo 527, que era el apartado primero y ahora deviene segundo.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la parte del dictamen relativa al artículo 527.2. (El señorBermúdez de Castro Fernández pide la palabra.)
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor presidente, cuando este grupo ha manifestado antes en la discusión y en la propia votación que aceptaba la enmienda número 19, del Partido Nacionalista Vasco, entendemos que lo que estábamos haciendo era suprimir el apartado segundo del artículo 527, que en su momentohabía sido modificado en ponencia. Por tanto, entiendo que no ha lugar a mantener ese texto.
La señora URÍAECHEVARRÍA: Me convence el criterio expresado por el portavoz del Grupo Popular. El error es mío y retiro la petición de votación separada.
El señor PRESIDENTE: Votamos la totalidad del dictamen de esta proposición de ley, en el que se expresa, naturalmente, la inclusión como preámbulo de la exposición de motivos del mismo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:Votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.
Acontinuación, vamos a proceder a las votaciones de la proposición de ley orgánica de modificación del artículo14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha retirado la enmienda número 9, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Por tanto, votamos las restantes enmiendas de dicho grupo, que son la 7 y la 8.
Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, dos.
Votamos el dictamen de dicha proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la proposición de ley, incorporando la exposición de motivos como preámbulo.
Sobre este texto, que tiene su origen en una proposición en la que no se hacía consideración alguna sobre la naturaleza de ley ordinaria u orgánica, los servicios técnicos de la Cámara han formulado un informe, que ha sido repartido alos grupos, en el que se pone de relieve que, pese a que después fue calificado como ley orgánica por la Mesa del Congreso, teniendo en cuenta los antecedentes legislativos y, sobre todo, la calificación anterior que con ocasión de la modificación de este mismo precepto por la Ley Orgánica del Código Penal se consideró una norma de carácter ordinario, habría la oportunidad de que, al remitir el dictamen a la Mesa del Congreso, se incluyese una propuesta de esta Comisión que dijese lo siguiente: La Comisión de Justicia e Interior acuerda exponer a la Mesa de la Cámara, en analogía con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento, la procedencia de que se reconsiderase la calificación efectuada respecto del carácter ordinario u orgánico de la proposi ción de ley de la modificación del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en atención a las consideraciones contenidas en el informe del letrado de la Comisión.
Vamos a proceder a votar la oportunidad de incluir en el dictamen la exposición de la Mesa en esos términos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. Por tanto, señorías, se incorporará como un anexo del dictamen esta propuesta de la Comisión de Justicia e Interior a la Mesa de la Cámara.
Hemos terminado el orden del día. Ruego a los portavoces y a los miembros de la Mesa que permanezan en la sala, a los efectos de celebrar una reunión en este momento. Muchas gracias.