Source: http://www.campuzanoabogados.com/2013/09/
Timestamp: 2018-12-17 12:09:49
Document Index: 157843791

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 22']

septiembre 2013 | Asesoría de Empresas Madrid - Asesoría Jurídica MadridAsesoría de Empresas Madrid – Asesoría Jurídica Madrid
Bases cotización 2013 Tipo de Cotización Cuota mensual a pagar
Mínima 850,60€ 29,90%[1] 256,72€
Máxima 3.425,70€ 29,90% 1.024,28€
[1] 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (para los autónomos sin protección por contingencias derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cese de actividad).
Ya sólo es posible la formación de libros en formato electrónico. Esto supone un coste añadido al tener que adecuar su forma de llevanza de contabilidad a formatos digitales.
La legalización de los libros obligatoriamente debe ser telemática.
También deben legalizarse anualmente los libros de actas y los de acciones nominativas o el libro registro de socios. Nos parece que ello, aunque supone un incremento de la seguridad jurídica, no es necesario pues en cuanto al libro de actas de juntas generales lo normal será que sólo conste una anualmente, la aprobatoria de las cuentas anuales, y respecto de los otros libros, de socios y acciones nominativas, lo normal es que en la generalidad de los años carezcan de apuntes pues estos sólo se producirán cuando haya un cambio en los socios de la sociedad. Por tanto norma interesante pero que incrementa, sin una estricta necesidad, la documentación societaria y los costes de la legalización.
La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la que comúnmente conocemos y venimos denominando como, “Ley de Emprendedores”), cuya publicación en el BOE está prevista para este mes de septiembre (después de que el Senado aprobara el pasado 11 de septiembre de 2013 el nuevo Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y que ahora debe ser ratificado en el Congreso de los Diputados (lo que está en principio previsto para el 19 de septiembre. Posteriormente el proyecto de Ley será publicado en el BOE, entrando en vigor al día siguiente de su publicación), regula un nuevo tipo societario para abaratar el coste inicial de constituir una sociedad. Así, se permite la creación de sociedades con capital inferior a 3.000 euros, con un régimen idéntico al de las S.L., salvo determinadas condiciones específicas tendentes a proteger a terceros.
Se ha considerado así conveniente flexibilizar el régimen de mayoría para el establecimiento de determinados servicios (porterías, ascensores, supresión de barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de personas con minusvalía, servicios de telecomunicación, aprovechamiento de la energía solar…, etc.).
Se ha publicado en el BOE la Orden ESS/1338/2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal para el año 2013. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE.
En el BOE del día 13 de julio de 2013, se ha publicado la Orden ESS/1338/2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el año 2013.
ü Encontrarse inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos (REAPTA) a fecha de publicación de la presente convocatoria.
ü Tener sede, propia o a través de sus asociaciones intersectoriales asociadas, en al menos, tres comunidades autónomas, a fecha de publicación de la presente convocatoria.
ü Disponer de una plantilla durante cinco de los seis primeros meses del año 2013 de, al menos, dos trabajadores contratados directamente por la solicitante, uno de los cuales, lo será a tiempo completo.
ü Tener carácter intersectorial.
ü Quedan excluidos como beneficiarios aquellas entidades asociativas que sean miembros de un órgano consultivo institucional de participación de carácter sectorial.
Con carácter general los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:
b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reguladas en la Ley General de Subvenciones.
Para los gastos de funcionamiento de las asociaciones serán subvencionables los gastos generales en los que incurra la entidad en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, que se hayan efectivamente pagado con anterioridad al 1 de febrero de 2014 y que se encuentren comprendidos entre las siguientes partidas:
j) Cuotas, tanto las de suscripción a publicaciones e inscripción en actividades como las abonadas por pertenencia a otras organizaciones nacionales o internacionales, hasta una cuantía máxima del 75% de las distintas cuotas abonadas.
Además, habrá que tener en cuenta las siguientes reglas en este apartado de gastos subvencionables:
b) No serán subvencionables los gastos de locomoción, manutención y estancia, salvo el 50% de los gastos de locomoción contratados directamente por la entidad solicitante para el desplazamiento colectivo de los asistentes a las actividades previstas objeto de subvención en la presente convocatoria.
La determinación de las cuantías individualizadas de las subvenciones para las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas se realizará en base a las siguientes reglas:
1) El 100% del importe solicitado a las solicitudes que hayan obtenido una puntuación superior a 44 puntos.
2) El 75% a las solicitudes con una puntuación comprendida entre 38 y 44 puntos.
3) El 50% a las solicitudes con una puntuación comprendida entre 32 y 37 puntos.
4) El 25% a las solicitudes con una puntuación inferior a 32 puntos.
c) Para las actividades señaladas en el artículo 3.1.a), b) y c) de esta Orden, el importe máximo de la subvención a conceder será de 150.000 euros, para las actividades señaladas en el artículo 3.1. d), e) y f), el importe máximo de la subvención a conceder será de 50.000 euros.
e) Si al aplicar estos criterios de adjudicación resultara crédito sobrante, se destinará a incrementar el porcentaje a aplicar para el segundo tramo de puntuación hasta que se agote dicho crédito, respetando en todo caso el importe máximo de este tipo de subvención y sin que nunca pueda rebasarse el 100% de la cantidad solicitada. Si aún sobrara crédito se procederá de igual modo con el tercer y cuarto tramo de solicitudes.
g) En todo caso la entidad beneficiaria, deberá contribuir a sufragar los costes de la actividad con, al menos, una cuantía que será la resultante de aplicar el 15% al coste total de la actividad, salvo en el caso de los apartados c) y e) del artículo 3.1 en el que la contribución será, al menos, del 5%.
La determinación de las cuantías individualizadas de las subvenciones para los gastos de funcionamiento se realizará distribuyendo los créditos asignados a cada grupo de beneficiarios de los señalados en el artículo 2.1.b), entre las entidades que forman cada grupo en proporción a la puntuación obtenida por aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento de estas subvenciones recogidos en el artículo 5.3 de la presente Orden.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE (14-07-2013).
Las solicitudes se formularán en los modelos que se acompañan en el anexo de esta Orden por la que se apruebe la convocatoria anual, y que podrán obtenerse en la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, calle Pío Baroja, n.º 6, de Madrid y a través de la página Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social http://www.meyss.es.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, calle Agustín de Betancourt, número 4, 28003 Madrid, o en los términos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, en el caso de que se encuentre habilitado, a través de la pagina Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social http://www.meyss.es.
La justificación de la subvención revestirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y deberá contener la documentación que se especifica en el artículo 13 de esta Orden.
En el artículo 22 de la Orden establece que La solicitud deberá acompañarse de la documentación original o copia de la misma que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, exponiendo un listado de dicha documentación.
EL PROYECTO DE LEY DE EMPRENDEDORES PREVÉ UN MECANISMO DE NEGOCIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS DE EMPRESARIOS
El Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, publicado en el BOCG de 3 de julio de 2013, incluye una importante novedad en la Ley Concursal al regular el expediente de “Acuerdo extrajudicial de pagos”, que habilita un cauce para que el empresario individual o las personas jurídicas puedan alcanzar, al margen del concurso, una solución negociada con los acreedores.
Esta nueva figura, que determinará cambios en la Ley Concursal, pretende asimismo aliviar la carga de procedimientos concursales actualmente pendientes ante los Juzgados Mercantiles.
¿En que consiste este Acuerdo extrajudicial de pagos?
Se trata de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, que se encuentren en estado de insolvencia pero dispongan de la liquidez suficiente para hacer frente a los gastos propios del procedimiento y tengan posibilidades de cumplir un acuerdo con las limitaciones expuestas en cuanto a las quitas y esperas.
El procedimiento está pensado para pequeños empresarios. Quedan fuera los deudores persona física con pasivo superior a cinco millones de euros y, en el caso de las personas jurídicas, aquellas cuyo concurso presentaría especial complejidad (más de 50 acreedores, activo y pasivo superiores a 5 millones de euros).
No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial los condenados por determinado tipo de delitos, los que hubieran incumplido deberes de depósito de cuentas o a quienes hayan acudido a algún proceso concursal u homologado un acuerdo de refinanciación en los últimos tres ejercicios. Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso.
Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real (como los hipotecarios) únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa. No podrán acudir al procedimiento las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
¿Cómo se solicita? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Cuáles son los efectos del acuerdo?
El procedimiento es muy flexible y se sustancia, extrajudicialmente, en brevísimos plazos. El expediente se inicia mediante solicitud de nombramiento de un mediador concursal ante Notario de la circunscripción correspondiente al domicilio del deudor o ante el Registrador Mercantil en el caso de empresarios o entidades inscribibles.
La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Los obligados a la llevanza de contabilidad acompañarán además las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.
El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del BOE la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir una serie de condiciones y serán retribuidos conforme al arancel de los administradores concursales. La aceptación del mediador concursal y la apertura del expediente se publicará en los registros correspondientes (Propiedad, Civil, Mercantil y Registro Público Concursal) y se dará cuenta a los Juzgados de lo mercantil del domicilio del deudor de la apertura de negociaciones.
En los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los 2 meses siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio.
Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno.
Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de 3 meses, y se establece la prohibición de anotar embargos posteriores a la solicitud del nombramiento de mediador concursal. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso.
Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los 3 años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25% del importe de los créditos. Dicho plan debe ir acompañado de un plan de viabilidad y una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, que incluirá, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial. También es posible proponer la cesión de bienes a los acreedores en pago de deudas.
Dentro de los 10 días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor.
El acreedor que no lo haga verá subordinado su crédito en el concurso de acreedores consecutivo. El rechazo previo a la reunión por una mayoría del pasivo determinará la incoación de la declaración de concurso de acreedores consecutivo al expediente de acuerdo extrajudicial de pagos a instancias del mediador concursal.
Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60% del pasivo, y, si consiste en un pago mediante cesión de bienes, del 75% más la aprobación de los acreedores con garantía real sobre los bienes cedidos.
Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente.
Dentro de los 10 días siguientes a la publicación del acuerdo, el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición podrá impugnarlo ante el Juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor, si bien, la impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no convocados, en la superación de los límites establecidos o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas.
Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor, podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.
En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos.
Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y los garantes personales del deudor.
Apertura de concurso consecutivo de acreedores
Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado. Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado.
Por tanto, el rechazo del plan de pagos o el incumplimiento del acuerdo extrajudicial, de cuya supervisión se encarga el mediador concursal, determinará la tramitación de un concurso consecutivo de acreedores instado por el mediador concursal, que presenta algunas especialidades respecto de un proceso concursal general.