Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S60-05.html
Timestamp: 2015-08-29 03:06:28
Document Index: 6288412

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 17', 'artículo 30', 'artículo 409']

María Órdenes Guerra v. Chile, Caso 511/03, Informe No. 60/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 60/05[1]
MARÍA ÓRDENES GUERRA CHILE
1. El 14 de julio de 2003, el abogado Nelson Caucoto en nombre de Maria Laura Órdenes Guerra (“los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( “la Comisión”) en contra de la República de Chile (el “Estado”) por la presunta violación de los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y recurso judicial (artículo 25), conjuntamente con la violación de las obligaciones de respetar los derechos y adoptar medidas (artículos 1(1) y 2) previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la “Convención Americana”) alegadamente ocurridos por la falta de reparación e indemnización del daño sufrido por la señora María Órdenes Guerra tras la muerte de su esposo, señor Augusto Andino Alcayaga Aldunate, secuestrado y asesinado por funcionarios estatales el 17 de septiembre de 1973, durante la dictadura militar.[2] 2. Con relación a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios alegaron que la actuación de las cortes judiciales chilenas ha clausurado en el plano interno la posibilidad de acceder a la justicia y que la petición cumple con los requisitos de forma y de fondo para la admisibilidad. Los peticionarios denuncian que se inició una acción judicial para obtener indemnización por el secuestro y asesinato Augusto Alcayaga Aldunate, pero que el caso ha sido rechazado por el sistema judicial chileno, por prescripción, denegándoles acceso a la justicia y a una reparación judicial. En respuesta, el Estado chileno solicitó que se declarase inadmisible la denuncia, dado que de la exposición del propio peticionario resulta evidente su total improcedencia, por tratarse de hechos anteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación y cuyo principio de ejecución fue anterior al 11 de marzo de 1990. Por lo tanto, y de conformidad con la reserva formulada por el Estado, los hechos de la denuncia se encuentran excluidos expresamente de la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte Interamericana”).
4. El 14 de julio de 2003, la Comisión recibió una denuncia, por fax, en la que se denunciaba presuntas violaciones a la Convención Americana alegadamente cometidas con la negativa de los tribunales de justicia chilenos a otorgar una reparación a la esposa del señor Augusto Alcayaga, quien fue asesinado por funcionarios oficiales durante la dictadura militar. El 11 de agosto de 2003, la Comisión recibió los anexos de la referida petición, de los cuales acusó recibo al peticionario en la misma fecha. El 4 de mayo de 2004, fue transmitida la denuncia y sus anexos al Gobierno de Chile, al que la Comisión solicitó presentar su contestación dentro del plazo de dos meses. El 18 de febrero de 2005 el Gobierno de Chile respondió a la petición. La respuesta del Estado fue presentada siete meses fuera de plazo y el Estado no había solicitado una prórroga para contestar ni dio una explicación por el atraso de su respuesta.[3] El 22 de febrero de 2005, la Comisión transmitió la respuesta del Estado al peticionario. El 26 de abril de 2005, la Comisión recibió respuesta de los peticionarios a las observaciones del Estado sobre la admisibilidad, la cual retransmitió a este último mediante nota fechada el 11 de agosto de 2005 sin solicitar observaciones al respecto dado que las observaciones de los peticionarios reiteraron los argumentos planteados en la petición. No hubo más correspondencia con las partes desde esa fecha. III. POSICIONES DE LAS PARTES
9. El 28 de enero de 1999, el Octavo Juzgado Civil de Santiago negó las pretensiones de la demanda aduciendo que “el hecho del cual deriva la acción indemnizatoria acaeció en determinada fecha del año 1973, desde la cual, hasta la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió en exceso el plazo de prescripción de cinco años que el tribunal ha estimado aplicable en la especie”[5]. Es decir, alegan los peticionarios, que la Sra. María Laura Ordenes, debió haber demandado al Estado en el año 1977, para que esa solicitud fuera atendida. Como lo hizo en 1997, su acción prescribió y se extinguió su derecho a reparación. La demandante presentó recurso de apelación en contra de dicha sentencia, la cual fue concedida el 22 de abril de 1999. 10. El 24 de octubre de 2002, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó el recurso de apelación, compartiendo en su totalidad el argumento de la prescripción de la acción alegado por el juzgado de primera instancia. En contra de esta decisión, la demandante interpuso un recurso de casación en el fondo, el cual fue declarado “desierto” por la Corte Suprema de Justicia el 7 de enero de 2003.[6] Así, el expediente fue devuelto al tribunal de origen, el cual en fecha 17 de marzo de 2003 dictó resolución de “cúmplase”, que se alega es la última resolución pronunciada en la causa.
11. Los peticionarios denuncian que esta aplicación de normas del derecho civil, destinadas a regular las relaciones entre particulares, a un conflicto de derecho público reglado por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos es “extraordinariamente erróneo, perjudicial para el interés de las víctimas, sus familiares y violatorio del derecho internacional de los derechos humanos”. Así, al aplicar los jueces estas disposiciones que niegan el derecho a la reparación, ponen al Estado de Chile en una flagrante situación de vulneración de la Convención Americana, puesto que de acuerdo con el artículo 2(1) de ese tratado, los Estados deben adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención, lo cual no ha ocurrido en la especie. 12. La señora Órdenes recibió una pensión de subsistencia (cónyuges) y beneficios de educación y salud a determinados beneficiarios (hijos) hasta el cumplimiento de una determinada edad bajo la Ley 19.123. Los gobiernos constitucionales otorgaron esos beneficios a familiares de las victimas, afirman los peticionarios, pero no se pueden confundir con medidas reales de reparación, “como la propia Comisión Interamericana lo ha señalado al conocer casos de denegación de justicia provenientes de Chile, por aplicación de la Amnistía.” 13. Con base en estos hechos y consideraciones, los peticionarios solicitaron a la Comisión que acogiera la denuncia y declarara que las resoluciones de los tribunales de justicia chilenos, al aplicar las normas de prescripción del derecho civil a la temática de las violaciones de derechos humanos y con ello impedir la justa reparación a los familiares de las víctimas, viola los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir la Convención Americana, en particular los derechos consagrados en los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de este tratado.
B. Posición del Estado 14. En su respuesta, el Estado manifestó que proporcionaba información a una denuncia referente a hechos ocurridos durante el régimen militar que estuvo en el poder en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
20. La Comisión, previamente al análisis de la admisibilidad de la denuncia, lo considera necesario aclarar que los peticionarios en el presente caso no denuncian la ejecución extrajudicial del señor Augusto Andino Alcayaga Aldunate, ni una posible violación del artículo 4 de la Convención Americana. El objeto de la denuncia tampoco concierne la investigación penal de esa ejecución extrajudicial. Los peticionarios cuestionan la negativa de los tribunales chilenos de conceder una indemnización a la señora Órdenes, sobre todo después del reconocimiento de la responsabilidad estatal por la muerte del señor Alcayaga Aldunate en el Informe Rettig, y la compatibilidad de tales decisiones con las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana. B. Competencia de la Comisión ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, y ratione loci
22. La Comisión posee competencia ratione materiae porque los peticionarios alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que, si se probaran, podrían constituir violaciones de los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de dicha Convención. Los peticionarios también alegaron violación de los artículos 4, 5, 7, 24 y 63(1) de la Convención Americana pero no sustentaron esas supuestas violaciones ni con argumentos ni pruebas. Específicamente, los peticionarios alegan denegación de justicia en el caso de autos, en virtud de que en 2003 la Corte Suprema chilena declaró prescripto su solicitud de indemnización por los daños morales ocasionados con las alegadas detención arbitraria y ejecución del señor Augusto Alcayaga por parte de funcionarios estatales. Se alega que el sistema judicial chileno ha declarado sistemáticamente la prescripción de acciones judiciales que buscan la reparación del daño causado en materia de derechos humanos. 23. El principal argumento presentado en la respuesta del Estado del 18 de febrero de 2005, es que Chile no es responsable, en el marco de la Convención Americana, de violaciones supuestamente cometidas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990. La Comisión considera que en el caso de autos las alegaciones sólo se refieren a las sentencias adoptadas por el poder judicial de Chile entre 1999 y 2003, cuando la Convención Americana ya estaba en vigor para Chile. Con respecto al argumento del Estado chileno de que la Comisión debería declarar la petición inadmisible porque el principio de ejecución de la situación presentada data de una fecha anterior al 11 de marzo de 1990, la Comisión rechaza este argumento porque las “actuaciones judiciales“ constituyen hechos independientes de la ejecución extrajudicial. La Comisión fundamenta su conclusión en su sentencia del 23 de noviembre de 2004 en el caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, donde la Corte Interamericana señaló:
26. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana. C. Otros requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
30. La Comisión toma nota de que en la petición se plantean importantes cuestiones referentes al alcance de la reparación civil a los familiares de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia de los peticionarios se describen actos que no aparecen manifiestamente infundados ni son totalmente improcedentes, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47(b). V. CONCLUSIÓN
[1] El Comisionado José Zalaquett, de nacionalidad chilena, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión. [2] Además los peticionarios alegaron violación de los artículos 4, 5, 7, 24 y 63(1), los cuales no fueron sustentados por la denuncia. La Comisión decidió durante su 119º periodo de sesiones de abrir este caso, entre otros, por la alegada violación del derecho a garantías judiciales. Como se explica en el párrafo 20 (infra) el meollo de la petición se refiere al rechazo de una reparación judicial y no a la ejecución extrajudicial del señor Alcayaga. [3] El artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión prevé: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prorrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información del Estado.” La Comisión debería no tomar en cuenta una respuesta extemporánea del Estado, pero en este caso, por la trascendencia del tema, la tomará en consideración. [4] La investigación fue sobreseída temporalmente en virtud de lo dispuesto por el artículo 409 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal “por no existir indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor”.
[5] Poder Judicial de Chile, Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol C 4954-97, Sentencia de 28 de enero de 1999, considerando “duodécimo”. [6] “Desierto” es un termino jurídico usado en Chile, como “vencido” o “caducado” en otros países, que significa “un recurso que no se sostiene luego en plazo o forma”.