Source: http://www.docenteinem.org/2012/02/concepto-juridico-de-fecode-sobre.html
Timestamp: 2017-11-24 16:50:27
Document Index: 165132126

Matched Legal Cases: ['artículo 276', 'artículo 3', 'artículo 142', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5']

Concepto jurídico de FECODE sobre Directiva Ministerial | Educación y pedagogía | enseñanza aprendizaje y formación en Cartagena Colombia
La norma habla de ajustar “la reglamentación vigente” y en su artículo 276 precisa aspectos relacionados con “vigencia y derogatoria”, sin que aparezcan aludidas las normas que hasta hoy regulan la materia como las relacionadas con funciones de los consejos directivos y Proyecto Educativo Institucional –PEI– Art. 73, 142 y siguientes de la Ley 115 de 1994 o las correspondientes del Decreto 1850 de 2002. No puede una directiva ministerial (acto administrativo) modificar leyes o decretos porque no tiene la eficacia jurídica, ni la competencia.
2. El artículo 3 del Decreto 1850, establece que: “el horario de la jornada escolar será definido por el rector o director al comienzo de cada año lectivo de conformidad con las normas vigentes…”
Las normas concordantes que aun se encuentran vigentes son: artículo 142, 143, 144 y 145 entre otras de la Ley 115 de 1994.
Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 1 y 2 del Decreto 1850 de 2002, y la Ley 115 de 1994, respecto a la autonomía escolar (jornada escolar), dichas decisiones se deberán tomar, teniendo en cuenta la distribución del tiempo del plan de estudio con la regulación del currículo y es competencia exclusiva del CONSEJO DIRECTIVO.
El Decreto 1850 de 2002 no establece que la duración de cada clase sea de sesenta (60) minutos, pues según su artículo 5º, la asignación académica es el tiempo que, distribuido en período de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optativas, de conformidad con el plan de estudios, así lo sostuvo el Ministerio de Educación Nacional en la contestación de la demanda de fecha 30 de abril del 2008, Consejero Ponente: Camilo Arciniega Andrade.
El tiempo dedicado al recreo o descanso está incluido en las 6 horas diarias que como mínimo debe permanecer el docente en el establecimiento educativo.
La asignación académica debe cumplirse mediante períodos de clase, entendidos como unidades de tiempo en las cuales se divide la jornada escolar. Aquellos son definidos por el rector o director al comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios. Es decir, que no tienen que ser de 60 minutos (artículo 3º del Decreto 1850 de 2002). En el citado fallo del Consejo de Estado, el Ministerio de Educación Nacional, ha dejado en claro lo siguiente:
“… la norma demandada es más benéfica al establecer una jornada máxima de cuarenta (40) horas a la semana distribuidas en seis (6) horas con dedicación exclusiva a la Institución Educativa, incluido el descanso; y las restantes, bien en el establecimiento o por fuera de él, según se acuerde con el Rector.
El Decreto acusado no establece que la duración de cada clase sea de sesenta (60) minutos, pues según su artículo 5º, la asignación académica es el tiempo que, distribuido en período de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaciones optativas, de conformidad con el plan de estudio”. (Negrillas fuera de texto). Los apartes citados constituyen ratio decidendi de la sentencia y por tanto son de obligatorio cumplimiento.
Finalmente el Consejo de estado concluye diciendo que los directivos docentes no fijan la jornada laboral o escolar de los docentes solo se les habilita para “distribuir los horarios y las jornadas de los educadores para lo cual debe consultar la autonomía escolar y las costumbres culturales o de las regiones y ajustarse a parámetros de proporcionalidad y coherencia de modo que no afecte el normal y adecuado funcionamiento de las instituciones educativas ni lesionen los derechos de los educadores”.
Las normas citadas , además de otras como los artículos 3, 9 y 11 del decreto 1850 de 2002 sobre jornada laboral, asignación académica, actividades institucionales.. resultan violadas por el acto administrativo citado y son por tanto las que deben acatarse. Se insiste, un acto administrativo no puede modificar una ley o un decreto, por ejemplo atribuyendo competencias en este caso a los señores rectores, si tener facultades.
3. Especial atención merece un aparte del numeral séptimo de la directiva:
“El rector o director del establecimiento educativo debe establecer los criterios para conceder los permisos a los docentes teniendo en cuenta que estas ausencias no afecten el normal desarrollo de las clases de los estudiantes y garanticen la prestación del servicio”.
Tampoco puede el Ministerio a través de este acto administrativo otorgar facultades a los rectores para que sean ellos quienes determinen los criterios para conceder los permisos, dado que son competencias exclusivas en materia laboral, propias del Congreso de la República o del ejecutivo cuando tiene facultades. Quedando los decentes al arbitrio de sus rectores, quienes determinarán aspectos como la salud, calamidades familiares, asuntos sindicales, entre otros.
Las motivaciones del acto administrativo terminan concluyendo que la calidad de la educación se va a lograr eliminado el descanso a docentes y alumnos y coaccionando a los primeros a través de las autoridades administrativas y de los organismos de control, saben los entendidos en asuntos pedagógicos como los maestros y maestras de Colombia, que la ausencia de la calidad en la educación corresponde a un fenómeno multicausal (hacinamiento, ausencia de recursos, reducción de plantas….). Como lo determinó la oficina de control interno del departamento de Risaralda en la decisión 014 de 2010, al ordenar la terminación de un proceso disciplinario, concluyendo que los docentes encartados por el presunto incumplimiento de la jornada escolar, no debían ser disciplinados porque se trataba de un asunto de interpretación normativa, que no vulneraba el derecho a la educación.
* JORGE HUMBERTO VALERO RODRIGUEZ
Asesor Jurídico de la FECODE
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