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Timestamp: 2017-08-16 19:41:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 821', 'artículo 66', 'artículo 821', 'artículo 400', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 827', 'artículo 827', 'artículo 66', 'artículo 827', 'artículo 67', 'artículo 67']

La Naturaleza Jurídica del Juicio Cambiario, Rafael Juan Juan SanJose | AVVOCATI Burguera
« El régimen tasado de las excepciones oponibles en el Juicio Cambiario, da…
La separación y exclusión de los socios de las Sociedades de Capital, da… »
Ciò nonostante, la naturaleza jurídica de dicho cauce ha sido desde el principio debatida y así, como manifiesta SANZ ACOSTA (1), son tres las cuestiones controvertidas acerca de la naturaleza del juicio cambiario:
un) Si el proceso cambiario es un proceso de ejecución o un proceso declarativo.
Tuttavia, todavía quedan en la regulación legal vigente ciertas reminiscencias de la normativa anterior, que hacen que el debate sobre la naturaleza ejecutiva o declarativa del juicio cambiario no haya quedado, ni mucho menos, solventada, y así los artículos 66 LCCH y el artículo 821.2.2ª LEC, aún hablan de que la letra de cambio tendrá “aparejada ejecución a través del juicio cambiario” o del inmediato embargo por la cantidad que figure en el “título ejecutivo”.
Autores como BONET NAVARRO (2) consideran que se trata de un proceso de declaración, puesto que se inicia con una demanda sucinta, in cui, si bien es cierto, se inserta un embargo, éste no es ejecutivo, sino de carácter preventivo especial, pudiendo alzarse en determinados supuestos y sólo despachándose ejecución una vez se ha dado fin al juicio cambiario bien porque no haya pago u oposición o bien por que sea desestimada esta última.
Asimismo BONET NAVARRO (3) Si caratterizza come una procedura di pagamento speciale, y significa que no puede considerarse, pese a sus similitudes, un juicio ejecutivo, puesto que en el juicio cambiario, a diferencia de lo que ocurre en el proceso ejecutivo media una “técnica monitoria” que consiste en el aviso que da el juez al presunto deudor a fin de que pueda proceder al pago o se oponga al mismo, y sólo cuando no haga ninguna de las dos cosas es cuando se iniciará el proceso de ejecución, pero por títulos judiciales, vale a dire, no sobre la base del título valor, sino basándose en la resolución judicial que pone fin al juicio cambiario.
De la misma opinión es CORDÓN MORENO (4), el cual entiende que los títulos cambiarios no son títulos ejecutivos y por ende no llevan aparejada ejecución, a pesar de lo dispuesto en el artículo 66 ESA, modificado por la DF 10ª de la LEC, puesto que la ejecución no es inherente al título cambiario, sino a la resolución judicial que se dimane del procedimiento cambiario, lo que determina que deba ser considerado como un proceso declarativo encaminado a conseguir dicha resolución que pueda ejecutarse.
GADEA SOLER (6) lo considera, anche, como un proceso declarativo especial de protección del crédito sustentado en un documento mercantil cambiario, que sustituye al juicio ejecutivo de la LEC 1881, y RODRIGUEZ MERINO (7) lo define como “un proceso declarativo especial, por razón de la naturaleza de su objeto…que tiende a obtener la condena del deudor con base en un crédito privilegiado contenido en unos documentos mercantiles que cumplen una importante función en el tráfico jurídico, en donde se tiende a la agilidad en determinadas operaciones, garantizadas por la apariencia de los créditos documentados”.
È per questo, esta corriente doctrinal, entiende que afirmar que el procedimiento cambiario es ejecutivo por el simple hecho de que el embargo preventivo se convierta en ejecutivo, sería tanto como afirmar que cualquier monitorio, juicio verbal u ordinario serían procesos de ejecución.
Ultimo, hay algunos autores que entienden que el juicio cambiario tiene una naturaleza mixta entre el juicio ejecutivo y el declarativo y así MOXICA ROMÁN (12) Ho concettualizzato come un processo "sui generis", puesto que si el juzgado considera que se dan los presupuestos necesarios ordenará que sin más se requiera de pago al deudor y se proceda al inmediato embargo de sus bienes, lo que es propio de un proceso de ejecución, que se refuerza con el hecho de que si no hay oposición por parte del demandado se despachará definitivamente la ejecución, y el embargo, que en principio era preventivo, se convertirá en ejecutivo y se sustanciará por los mismo trámites que la LEC establece para la ejecución de las sentencia y resoluciones judiciales (13).
Dentro de esta naturaleza mixta OLIVER LÓPEZ (14) sottolinea che, come nel processo di applicazione, las medidas de requerimiento de pago y embargo se adoptan sin que haya existido un proceso previo de declaración, simplemente ante un examen formal del título, affinché, aunque en el juicio cambiario inicialmente no se pueda hablar de un despacho de ejecución, existe indubitadamente una actividad ejecutiva con base en un título cambiario ejecutivo sui generis, que podemos distinguir como ejecutivo especial cambiario; no en balde en el art. 66 de la LCCH en su actual redacción se expresa que la letra de cambio llevará aparejada ejecución, y en el artículo 821.2. 2ª LEC se nombra al título cambiario como título ejecutivo (15).
Nosotros nos inclinamos por entenderlo como un procedimiento declarativo especial, in quanto, como defienden los autores mencionados que comparten dicha opinión, los títulos cambiarios, no son títulos ejecutivos, pese a que, a nuestro parecer erróneamente, se les califique así tanto en la LCCH, como en la LEC.
En la regulación anterior a la entrada en vigor de la actual LEC, Articolo 1.479 LEC 1881 estipulaba que “las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no producirán la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el ordinario sobre la misma cuestión”, por lo que nos encontrábamos ante un juicio de cognición limitada el cual no producía la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material, pudiéndose accionar en el juicio declarativo correspondiente el resto de cuestiones concernientes a la relación causal.
Con la regulación actual, Articolo 827.3 LEC establece que “la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente”.
En virtud del precepto transcrito son varias las posturas que se posicionan acerca del carácter sumario o plenario del juicio cambiario y así SANZ ACOSTA (16) Essa afferma che il tenore letterale della disposizione è concluso che non è possibile dire che le sentenze di scambio non esprimere un giudizio su cosa giudicata, puesto que no sólo se limita el precepto a determinar la imposibilidad de accionar en un procedimiento posterior las cuestiones alegadas, sino que amplía el abanico a todas aquellas que lo pudieron ser, lo que se ve reforzado por el artículo 400.2 (17) LEC (18).
Nello stesso senso, apunta CORDÓN MORENO (19), que el legislador no distingue, a la hora de regular las excepciones oponibles, entre la vía de juicio cambiario y la vía ordinaria, por lo que si en ésta no existe limitación de excepciones, dada la plenitud de conocimiento del juez, la misma tampoco se dará en la primera. Por lo que a la vista de la amplitud de posibilidades de alegación previsto en la LCCH, no resulta claro qué cuestiones estarían excluidas de la cosa juzgada y relegadas al juicio ordinario, aunque matiza que dicha eficacia de cosa juzgada se va a limitar a las sentencias dictadas en juicio cambiario con oposición y no será extrapolable a los autos despachado ejecución dictados cuando no hay pago ni oposición, pudiendo, en dichos casos el deudor plantear el correspondiente declarativo (20).
No obstante dichas corrientes doctrinales, giurisprudenza (22) E 'stato compreso in alcuni casi, che il processo di scambio non ha subito cambiamenti significativi rispetto al precedente esecutivo, lo que corrobora la propia exposición de motivos de la LEC de 2000 cuando señala que en ella se configura “un sistema de tutela jurisdiccional del crédito cambiario de eficacia estrictamente equivalente al de la legislación derogada”, a lo que cabe añadir en favor del mantenimiento del carácter sumario del nuevo proceso que en los casos de oposición se reconduzca siempre la tramitación al cauce del juicio verbal, con independencia de la cuantía del litigio (arte. 826 LEC) a diferencia de lo que ocurre con el proceso monitorio (arte. 818 LEC), de donde se infiere la reducción del cauce procesal que se corresponde con la limitación de los medios de oposición sin perjuicio del posterior juicio declarativo correspondiente al que se remite el art. 827.3 LEC.
Y así concluyen que de esta forma se deduce que el juicio cambiario no tiene el carácter sumario que aparenta, pues no cabe discutir en otro juicio no sólo ya aquello que se ha alegado y discutido sino todo aquello que se pudo valorar y discutir, cuestión ésta que hay que poner en relación con el régimen de excepciones previsto en el artículo 67 ESA, que no contiene manifestación alguna, sobre cuáles son las excepciones derivadas de las relaciones personales existentes entre tenedor y deudor cambiario, e l'articolo 824 LEC, al regular la oposición cambiaria se remite a aquél sin salvedad alguna.
Es por ello que dicho sector jurisprudencial entiende que podemos hablar de un proceso documental, de un proceso especial, diseñado específicamente para hacer valer reclamaciones a favor de legítimos tenedores de los títulos, ma, si existe oposición, de carácter declarativo y no sumario.
En relación a la cuestión estudiada, compartimos la postura que afirma que estamos ante un juicio declarativo, y ello puesto que como bien apuntan los defensores de esta corriente doctrinal, Articolo 827.3 LEC es claro al afirmar que la cosa juzgada se va a extender tanto a las cuestiones que se alegaron, como a aquellas que pudieron ser discutidas en el mismo, lo que puesto en relación con el artículo 67 LCCH hace que la amplitud de oposiciones que van a poderse alegar dentro del juicio cambiario lo hacen acreedor de una naturaleza claramente declarativa.
Ora, no obstante lo dicho, entendemos que no todas las incidencias que se hayan generado entre las partes cartulares/causales podrán ser traídas al procedimiento cartular, sino que deberá limitarse a aquellas que tengan una íntima relación con el negocio jurídico subyacente que fue origen de la emisión de la cambial, dentro de las cuales entraría, sin lugar a dudas, la posible denuncia de cumplimientos parciales, defectuosos o tardíos.
Es por ello que la extensión de la cosa juzgada, tan discutida hasta la actualidad, según nuestra opinión, se debería limitar a aquellas cuestiones directamente relacionadas con el objeto del proceso, es decir con la deuda que se reclama mediante el título valor, y no sobre aquellas controversias existentes entre las partes que se deriven de otras cuestiones y que se pretendan introducir en el juicio cambiario mediante, ad esempio, la compensación de créditos, puesto que éstas excederían del ámbito de comprensión del procedimiento cartular y serían las que podrían ex artículo 827.3 LEC plantearse en el juicio correspondiente.
Con ello no vaciaríamos de contenido el último párrafo del citado artículo 827.3 LEC, ma ci sarebbe ancora mantenere la natura dichiarativa del giudizio sommario di scambio e non, admitiendo por tanto la exceptio non rite adimpleti contractus en sede del procedimiento cartular.
(2) BONET NAVARRO J., Juicio cambiario y oposición del deudor. Doctrina, jurisprudencia y formularios, Ed. La Legge, Madrid 2004, p. 14.
(3) BONET NAVARRO J., Juicio cambiario y oposición…, su. cit., p. 30.
(4) CORDÓN MORENO, F., “El juicio cambiario en la nueva LEC”, Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, pp. 157-181.
(5) BONET NAVARRO J., Juicio cambiario y oposición…, su. cit., p. 26.
(6) GADEA SOLER, E., Los títulos-valores. Letra de cambio, cheque y pagaré, 2ª ed., Ed. Dykinson, Madrid 2007, p. 119.
(7) RODRÍGUEZ MERINO, A., “Del juicio cambiario”, en LORCA NAVARRETE, A.M., (Dir.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo IV, Ed. Lex Nova, Valladolid 2000, pp. 4478-4539.
(8) A. entre otras SAP de Vizcaya de 20 Marzo 2007 (ROJ: SAP BI 636/2007), SAP de Tarragona de 20-3-2012 (ROJ: SAP T 650/2012), SAP de Barcelona, sec. 17ª, di 12 Maggio 2006 (ROJ: SAP B 8329/2006), SAP de Pontevedra, sec. 6ª, di 29 Giugno 2006 (ROJ: SAP PO 1767/2006), SAP de Córdoba, sec. 3ª, di 10 Marzo 2006 (ROJ: SAP CO 283/2006), SAP Barcellona 13 de noviembre del 2002 (ROJ: SAP B 11424/2002), SSAP de Salamanca de 27 de noviembre del 2002 e 6 Novembre 2003 (ROJ: SAP SA 667/2003), y SAP de Ávila de 8 Gennaio 2003 (ROJ: SAP AV 10/2003).
(9) GARBERI LLOBREGAT, J., El juicio cambiario en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ed. Bosch, Madrid 2012, p. 36.
(10) ADÁN DOMÉNECH, F., El nuevo proceso cambiario, Ed. J.M. Bosch Editor, Barcellona 2002, pp. 15-152
(11) En el mismo sentido FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M.A., La ejecución forzosa y las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Ed. Iurgium Editores, SL, Madrid 2001, p. 591, considera que se trata de lo mismo que antes era, vale a dire, una “forma especial y especialmente desafortunada de juicio ejecutivo”, aunque matiza que su sustanciación difiere del proceso de ejecución y diversa es la forma y contenido de la oposición “hasta el extremo de poder cuestionar su naturaleza de proceso de ejecución”. A su modo de ver, in ultima analisi,, “aun sin serlo…, a lo más que se parece el juicio cambiario es a un proceso de ejecución”.
(12) RUMENO Moxico, J., Ley Cambiaria y del Cheque – Análisis de Doctrina y Jurisprudencia, 6ª ed., Ed. Aranzadi, S.A., Basso Cizur (Navarre) 2002, p. 668
(13) Ma anche, RUMENO Moxico, J., Ley Cambiaria y del Cheque…, su. cit., p. 668, continúa diciendo que el artículo 66 LCCH establece que el título tendrá aparejada ejecución. Ciò nonostante, su carácter mixto viene dado por el hecho de que en el supuesto de que exista oposición por parte del deudor el procedimiento continuará sustanciándose por el juicio verbal, procedimiento éste, declarativo.
(14) OLIVER LÓPEZ, C., El Proceso Civil, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, No.. epígrafe 1083, TOL72.547.
(15) Es de resaltar la postura que mantiene al respecto, LÓPEZ SÁNCHEZ, J., La procedura, Ed. La Legge, Madrid 2000, p. 52, tildándolo de “naturaleza singularísima”, y considerándolo como un proceso declarativo cuando se formula oposición en el mismo y con función simplemente preparatoria de la ejecución en cuanto se dirige a la convalidación del título cambiario en título ejecutivo.
(16) SANZ ACOSTA, L., “La controvertida naturaleza…, su. cit., No.. 7506.
(17) Articolo 400.2 LEC “De conformidad con lo dispuestos en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.”
(18) En esta cuestión GADEA SOLER, E., Los títulos-valores…, su. cit., p. 128, entiende que la previsión del artículo 827.3 LEC debe ser matizada por lo expuesto en el artículo 67 ESA, el cual permite alegar todo hecho enervante de la pretensión del demandante acreedor, no quedando pues, in linea di principio, ninguna cuestión que se pudiese plantear en un momento posterior, concluyendo el autor que por tanto la sentencia dictada en el juicio cambiario va a tener la misma amplitud e intensidad que la que se dicte en los juicios ordinarios.
(19) CORDÓN MORENO, F., “El juicio cambiario…, su. cit., p. 181.
(20) Dicha postura es compartida por BONET NAVARRO, J., Juicio cambiario y oposición…, su. cit., p. 28, y así manifiesta que a partir del derecho positivo y sobre todo del artículo 67 ESA, ha de concluirse que es admisible todo hecho impeditivo, extintivo y excluyente de la pretensión cambiaria entre el deudor demandado y el acreedor demandante.
(21) GUASCH FERNÁNDEZ, S., El Juicio cambiario, Ed. Atelier Libros, S.A., Barcellona 2006, p. 360.
(22) Ver entre otras SAP de Vizcaya de 29 Novembre 2007 (ROJ: SAP BI 2432/2007), SSAP de Zaragoza, Sec. 4ª, di 22 Marzo 2002 e 17 Ottobre 2003 (ROJ: SAP Z 2387/2003); SAP de Ávila, di 8 Gennaio 2003 (ROJ: SAP AV 10/2003); SAP de Jaén, Sec. 1ª, di 21 Marzo 2002 (ROJ: SAP J 517/2002); SAP de Almería, Sec. 3ª, di 27 Febbraio 2002 (ROJ: SAP AL 301/2002); SAP de La Rioja, di 19 Febbraio 2002 (ROJ: SAP LO 115/2002); SAP de Gerona, Sec. 2ª, di 28 Gennaio 2004 (ROJ: SAP GI 105/2004); SAP de Baleares, Sec.5ª, di 14 Gennaio 2002 (ROJ: SAP IB 61/2002),...
(23) Ver SAP de Asturias, Secc. 6ª, di 2 diciembre de 2003 y SAP de Castellón, Secc. 3ª, di 5 Dicembre 2008 (ROJ: SAP CS 1341/2008), tra l'.
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