Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/1996/Sguatemala32-96.htm
Timestamp: 2015-11-26 00:23:11
Document Index: 311159158

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 26']

Mar�a Mej�a v. Guatemala, Caso 10.553, Informe No. 32/96, Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 370 (1997). Mar�a Mej�a v. Guatemala, Caso 10.553, Informe No. 32/96,
Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 370 (1997). INFORME N� 32/96
4.	Como consecuencia de dicha renuncia y de su trabajo con el CERJ, fueron objeto de amenazas y hostigamiento por los comisionados militares y los miembros de las PACs por lo que, con la asesoría del CERJ, los afectados interpusieron recursos de exhibición personal (también conocido como hábeas corpus) ante el Procurador de los Derechos Humanos y el Juez de Paz Comarcal, sin que ninguna autoridad investigara las alegaciones. 1.	Antecedentes
5.	Detalla la denuncia que como represalia por no participar en las PACs, el comisionado militar de la comunidad de Parraxtut, Juan de León Pérez, ordenó desde el 29 de enero de 1990 a los molinos locales no aceptar moler el maíz de la familia de Pedro Castro Tojín, así como el de otras 17 personas. El señor Castro Tojín denunció este hecho ante las autoridades. [5] 6.	En varias ocasiones, entre los meses de enero y febrero de 1990, María Mejía fue detenida junto con sus hijos cuando se dirigía a Santa Cruz del Quiché a comprar abastos y obligada a regresar a su residencia. Juan de León Pérez le comunicó a un hijo de María Mejía, Francisco Castro Imul (de 15 años de edad) que si pasaban fuera del cantón iban a ser asesinados. 7.	Por su parte, los hijos mayores de María Mejía, Juan Tum Mejía, de 23 años, y Domingo Tum Mejía, de 17 años, junto con otro miembro de la comunidad, Diego Yat Us, también de 17 años, salieron de Parraxtut a fines de febrero de 1990, denunciaron las amenazas de que eran víctimas y, temiendo por sus vidas, decidieron refugiarse en las oficinas del CERJ en Santa Cruz del Quiché. [6] 8.	El Juez Comarcal del lugar (Santa Cruz del Quiché) se negó a aceptar el recurso de exhibición personal presentado a favor de los amenazados el 2 de marzo de 1990, por lo que el Coordinador del CERJ, Amílcar Méndez Urízar, tuvo que pedir al Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la capital que interviniera para que dicho recurso fuera aceptado. [7] 2.	Homicidio de María Mejía y lesiones a Pedro Castro Tojín
13.	Señala asimismo la denuncia que el día del entierro de María Mejía, el 19 de marzo de 1990, en la comunidad de Parraxtut Segundo, los comisionados militares fijaron un plazo de diez días a los familiares de la fallecida para que abandonaran la comunidad si no querían correr el mismo destino. Por temor, la mayoría buscó refugio o se trasladaron a otros lugares. [8] 14.	El 22 de marzo de 1990 se hicieron presentes en el despacho del Juez de Paz de Sacapulas tres familiares de María Mejía, Domingo Tum Mejía, Abelardo Ixcotoyac Tum y Diego Yat Us, para solicitar la detención de los comisionados militares que seguían amenazando a miembros de la comunidad y que se encontraban en libertad a pesar de la información que los señalaba como responsables de la muerte de María Mejía y las lesiones a Pedro Castro Tojín. El Juez de Paz invitó al jefe del destacamento militar de la zona, quien se hizo presente y manifestó que los comisionados militares habían informado que la señora María Mejía fue asesinada por ser miembro de la guerrilla. El jefe del destacamento avisó a los familiares de María Mejía que deberían dejar de trabajar con los grupos de derechos humanos como el CERJ. [9]
20.	Juan Tum Mejía pudo identificar a seis de los patrulleros y comisionados militares que cometieron el ataque. Se adjuntó a la denuncia documentación para comprobar lo ocurrido en este incidente del 27 de marzo de 1990. [11] C.	La respuesta a la denuncia
21.	Mediante nota de 29 de mayo de 1990, la Comisión corrió traslado de la denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole información de acuerdo al artículo 34 de su Reglamento, en un plazo de 90 días. Al no recibirse respuesta, se reiteró el pedido el 6 de septiembre de 1990. El mismo día, la Comisión recibió del Gobierno una comunicación solicitando una prórroga de 30 días para presentar información en este caso. En carta de 12 de septiembre de 1990, la Comisión concedió la prórroga solicitada. No habiéndose recibido respuesta del Gobierno, nuevamente el 24 de enero de 1991 la Comisión reiteró la solicitud de información, anunciándole al Gobierno la posible aplicación del artículo 42 de su Reglamento, que permite presumir como verdaderos los hechos relatados por los peticionarios. 22.	Finalmente, el 11 de marzo de 1991, el Gobierno de Guatemala respondió a la Comisión, suministrando sólo información relacionada con una porción de los hechos denunciados. Indicó que ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Santa Cruz del Quiché, El Quiché, se tramitaba el proceso penal N� 411-90 en el que se investigaban los hechos acaecidos el 27 de marzo de 1990 en perjuicio del señor Amílcar Méndez Urízar y otros. Informó que el proceso se encontraba en plena etapa sumaria y que ya se encontraba detenido uno de los cuatro sindicados en el proceso judicial. Sobre la base de la existencia de este proceso judicial en trámite, el Gobierno de Guatemala solicitó a la Comisión la declaración de la inadmisibilidad del caso. La Comisión transmitió a los peticionarios las partes pertinentes de esta información. D.	El trámite posterior ante la Comisión
23.	Los peticionarios enviaron a la Comisión su réplica mediante nota de 19 de abril de 1991. Consideraron que la respuesta del Gobierno no era oportuna ni seria y que demostraba, además, la falta de voluntad del Gobierno para investigar el caso y asegurar que se haga justicia. Señalaron los peticionarios que la respuesta del Gobierno sólo hizo referencia al incidente del 27 de marzo de 1990, omitiéndose referencia a las graves violaciones a la Convención denunciadas como son la ejecución extrajudicial de María Mejía, las heridas graves inferidas a su esposo, Pedro Castro Tojín, las amenazas a sus familiares y a otros miembros del CERJ, y el consecuente desplazamiento forzado de 39 residentes de Parraxtut Segundo. 24.	Afirmaron los peticionarios que el caso N� 411-90 había sido abierto en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Santa Cruz del Quiché y que uno de los cuatro sospechosos había sido detenido. Sin embargo, aclararon que este caso se refiere sólo a las amenazas y malos tratos que sufrió el señor Méndez Urízar cuando él, en compañía de familiares de la señora Mejía y otros miembros de la comunidad de Parraxtut Segundo, y el Procurador Adjunto de Derechos Humanos, trataron de entrar en el cantón de Parraxtut para arrestar a los presuntos asesinos de la señora Mejía y retornar a las familias desplazadas de sus hogares.
31.	Mediante notas de fecha 23 de junio de 1994 dirigidas a los peticionarios y al Gobierno, la Comisión se puso a disposición de las partes a efectos de arribar a una solución amistosa. 32.	El 10 de agosto de 1994, los peticionarios suministraron sus observaciones a la información proveída por el Gobierno. Indicaron que el Gobierno de Guatemala no cumplió con la obligación que le impone el artículo 1.1 de la Convención. Señalaron que a más de cuatro años de cometida la ejecución de María Mejía, no existía ninguna razón valedera que el Gobierno podía esgrimir para justificar el evidente retardo de justicia y la falta de una investigación seria sobre el caso, más allá de su sistemático esfuerzo por asegurar y legitimar la impunidad de quienes cometen violaciones a los derechos humanos. 33.	El 17 de agosto y el 16 de septiembre de 1994, el Gobierno de Guatemala suministró a la Comisión información relacionada con el caso. Indicó en estas dos comunicaciones que el proceso 332-90 se encontraba aún en la fase sumarial y que por ello los recursos internos no se encontraban agotados en el caso. Informó también que el proceso fue trasladado a la Fiscalía General de Guatemala para las investigaciones correspondientes. Asimismo, expresó que por el momento no era deseo del Gobierno someter el caso a un procedimiento de solución amistosa, en virtud de que no se habían agotado los recursos internos. 34.	Mediante nota de 28 de septiembre de 1994, la Comisión se dirigió a las partes solicitando información y alegatos sobre la eficacia de los recursos internos en el caso y la aplicabilidad del requisito del agotamiento de los recursos internos.
41.	La disposición del artículo 46.b de la Convención, que establece que toda petición debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya notificado la decisión definitiva, no resulta aplicable al caso porque, según el Gobierno, los procesos internos siguen en trámite y entonces aún no ha habido decisión definitiva en el caso. En aplicación de lo previsto por el artículo 37.2 del Reglamento de la Comisión sobre la excepción al agotamiento de los recursos internos, con relación al artículo 38.2 del Reglamento, la Comisión concluye que la petición fue presentada dentro de un término razonable a partir de la fecha en que ocurrieron las presuntas violaciones de los derechos humanos. 3.	Solución Amistosa
44.	En relación al asesinato de la señora María Mejía y las lesiones de Pedro Castro Tojín, miembros de la comunidad y familiares de las víctimas interpusieron una denuncia ante el Juez de Paz el día después de los hechos y buscaron, posteriormente, en forma insistente impulsar el proceso judicial y lograr la captura de las personas sindicadas de haber cometido el crimen. Por ejemplo, el 22 de marzo de 1990 tres familiares de María Mejía se presentaron ante un juez de paz de Sacapulas para pedir la captura de los dos comisionados militares identificados por Pedro Castro Tojín como responsables de la muerte de María Mejía. [12] Asimismo, el día 27 de marzo de 1990 Amílcar Méndez y los miembros de la comunidad que se habían visto obligados a salir de Parraxtut Segundo se constituyeron en Parraxtut Segundo, junto con el Procurador Adjunto de Derechos Humanos, con el objeto de hacer valer sus derechos y para impulsar el caso, pero el intento fue frustrado, como se ha descrito anteriormente, como consecuencia del ataque de las PACs y comisionados militares. 45.	A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por los miembros de la comunidad y los familiares de las víctimas, el proceso no fue investigado y tramitado debidamente, como se demuestra con la falta de investigación del Juez de Paz inmediatamente después del hecho y la negligencia en la necropsia, y no llevó a ningún resultado. Si bien en el proceso 332-90, en trámite ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, se dictó auto de prisión provisional en contra de los dos comisionados identificados por Pedro Castro Tojín lo cierto es que, con posterioridad, el tribunal interviniente concluyó que no se encontraron elementos suficientes de los que se desprenda la participación de ellos en los hechos imputados. Por este motivo, el 31 de mayo de 1990, el Juez Segundo de Primera Instancia revocó el auto de prisión de los mencionados comisionados y decretó su libertad. 46.	Según la última información suministrada por el Gobierno sobre el estado del proceso, enviada a la Comisión el 16 de septiembre de 1994, el caso continúa en etapa investigativa y el expediente fue trasladado a la Fiscalía General de la República, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal de Guatemala, para continuar con las investigaciones pertinentes. La Comisión no ha recibido información indicando que la Fiscalía General ha llevado a cabo diligencia alguna y el Gobierno no ha informado sobre ningún avance en el proceso. No se ha dictado ninguna decisión final en el caso, a pesar de que han transcurrido seis años desde que los crímenes en contra de María Mejía y Pedro Castro Tojín fueron cometidos.
52.	La Comisión considera que existen suficientes evidencias que confirman que comisionados militares asesinaron a María Mejía y causaron lesiones graves a Pedro Castro Tojín el 17 de marzo de 1990. Además de las declaraciones de la víctima sobreviviente (el señor Castro), cuyo testimonio es relatado en la denuncia, y que identifica a dos comisionados militares como los agresores, también constan en el expediente pruebas documentales que comprueban el hecho. 53.	Estas pruebas incluyen declaraciones sobre el asesinato de María Mejía y las lesiones a Pedro Castro Tojín cometidos por comisionados militares [19] brindadas ante las autoridades del Gobierno de Guatemala tanto como documentos que demuestran que, previamente al hecho del 17 de marzo de 1990, la familia de María Mejía había denunciado a las autoridades gubernamentales por haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de los comisionados militares y jefes de las PACs de Parraxtut Segundo. [20]
57.	Agentes del Estado de Guatemala cometieron los ataques descritos en este informe. Miembros y jefes de las PACs y comisionados militares fueron los responsables de los hechos. Las PACs constituyen una forma de entidad paramilitar y sus integrantes actúan como agentes del Estado. La legislación guatemalteca establece que las PACs son coordinadas por el Ministerio de Defensa Nacional. [24] En la época que guarda relación con los hechos de este caso, el Ejército abiertamente les brindaba entrenamiento y armas y tenía el poder de decidir cuándo una PAC dejaba de ser necesaria y debía disolverse. [25] Los comisionados militares trabajaban frecuentemente en colaboración con las PACs y reportaban directamente al Ejército. [26] La Comisión concluye, además, que los patrulleros, los jefes de las PACs y los comisionados militares llevaron a cabo los ataques actuando como tal y, consecuentemente, mientras estaban investidos de su autoridad oficial. 2.	Derecho a la vida
63.	En el presente caso, agentes del Gobierno buscaron mantener la participación obligatoria en las PACs en Parraxtut Segundo y cometieron represalias en contra de las personas que intentaron hacer valer sus derechos consagrados en la Convención, renunciando al servicio en las mismas. Comisionados militares asesinaron a María Mejía e hirieron a Pedro Castro Tojín como consecuencia del trabajo que llevaba a cabo la familia de María Mejía con el CERJ y de su apoyo a los miembros de la comunidad de Parraxtut Segundo que renunciaban al servicio en las PACs. Además, en represalia por su trabajo con el CERJ y por su renuncia a las PACs, comisionados militares y miembros de las PACs amenazaron y hostigaron continuamente a miembros de la comunidad de Parraxtut Segundo, obligando a 39 personas a abandonar sus residencias en aquella comunidad, y atacaron a Amílcar Méndez y los miembros de la comunidad cuando intentaban retornar a sus hogares el 27 de marzo de 1990. Estas represalias por haber renunciado al servicio en las PACs implican una clara violación al artículo 6.2 de la Convención. 5.	Derecho de circulación y de residencia
74.	La Comisión en su 92� Período Extraordinario de Sesiones aprobó, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, el Informe No. 27/96 referido al presente caso y por nota de 3 de junio de 1996, lo transmitió al Gobierno de Guatemala con las recomendaciones de la Comisión, solicitando al Gobierno que informara a esta Comisión sobre las medidas que hubiese adoptado para cumplir con las recomendaciones y para resolver la situación examinada dentro de un plazo de 60 días.
76.	Al respecto, la Comisión reconoce la importancia y significación de las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno de Guatemala para evitar que hechos como los ocurridos en este caso se produzcan en el futuro. La Comisión considera de especial importancia la implementación de la decisión del Gobierno de Guatemala de eliminar el sistema de "comisionados militares" y la reciente decisión de disolver y desarmar las PACs. 77.	En su respuesta al Informe 27/96, el Gobierno subraya que, "[e]l 15 de Septiembre de 1995, el Gobierno . . . eliminó la figura del `comisionado militar' los cuales fueron desmovilizados". El Gobierno agregó que, "[s]e han realizado campañas de difusión a nivel nacional para dar a conocer a la población la referida desmovilización". Se adjuntó a la respuesta del Gobierno el Acuerdo Gubernativo número 434-95 en el cual se acordó la desmovilización de los comisionados militares.
80.	El Estado guatemalteco no puede evitar su responsabilidad internacional ni la necesidad de cumplir con las recomendaciones de la Comisión, argumentando que la investigación sigue abierta en este caso. Los hechos objeto de este caso ocurrieron hace más de seis años. La Comisión no ha sido informada de resultado o avance significativo alguno en las investigaciones ni en el proceso judicial. 81.	El Gobierno señala en su respuesta la jurisprudencia de la Corte Inter-americana de Derechos Humanos que expresa que:
b.	el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, de Pedro Castro Tojín, Amílcar Méndez Urízar y las 39 personas que fueron obligadas a abandonar la comunidad de Parraxtut Segundo, quienes son las siguientes: 1.	Juan Tum Mejía
{7} Véase Comunicación de Amílcar Méndez al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edmundo Vásquez Martínez, de fecha 2 de marzo de 1990. {8} Véase Denuncia presentada por varios vecinos de Parraxtut Segundo, incluyendo los hijos de María Mejía, ante el Auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos de Santa Cruz del Quiché con fecha 23 de marzo de 1990 [en adelante Denuncia de 23 de marzo de 1990]; Recurso de Exhibición Personal interpuesto por Amílcar Méndez Urízar ante el Juez de Paz Comarcal de Santa Cruz del Quiché con fecha 23 de marzo de 1990 [en adelante Recurso de Exhibición Personal de 23 de marzo de 1990].
{12} Véase Recurso de Exhibición Personal de 23 de marzo de 1990. {13} Véase Recurso de Exhibición Personal de 23 de marzo de 1990.
{14} Véase artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala. {15} Véase Denuncia de 23 de marzo de 1990. {16} Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 177.
{17} Idem., párrafo 180. La legislación guatemalteca también requiere que el Estado investigue y procese de oficio. Véanse artículos 16 (Ministerio Público) y 68 (Acción Pública) del Código Procesal Penal, Decreto Número 52-73. {18} Véase, por ejemplo, Cuarto Informe, p. 55; Informe Anual 1994 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 200, OEA/Ser.L/V/II.88, Doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995 [en adelante Informe Anual 1994]; Informe Anual 1993 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 439, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 9, rev., 11 de febrero de 1994; Primer Informe del Director de la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala ("MINUGUA"), párrafos 35-36; Segundo Informe del Director de MINUGUA, párrafos 192, 194; Informe de la experta independiente de las Naciones Unidas en Guatemala, Sra. Mónica Pinto, 20 de diciembre de 1994, párrafo 187.
{21} Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 138. {22} Véase Denuncia de 23 de marzo de 1990; Recurso de Exhibición Personal de 23 de marzo de 1990. {23} Véase Video grabado por la Procuraduría de Derechos Humanos el 27 de marzo de 1990; "Procurador narra levantamiento", El Gráfico, 29 de marzo de 1990; "Procurador Adjunto (DH) fue agredido por las PAC", Prensa Libre, 29 de marzo de 1990. {24} Véase Ley-Decreto 19-86 (7 de enero de 1986).
{25} Véase Conceptos Doctrinarios de Asuntos Civiles, publicado por la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército (D-5); Las Patrullas de Autodefensa Civil: La respuesta popular al proceso de integración socio-económico-político en la Guatemala actual, publicado por la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército guatemalteco, mayo de 1984, pp. 11, 13 y 16; Los Comités de Defensa Civil en Guatemala, publicado por la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, 1994, p. 37; Tercer Informe, p. 101. {26} Tercer Informe, p. 101. Aunque la Comisión reconoce que, en los últimos años, se ha modificado la política del Gobierno de Guatemala en relación a las PACs, la Comisión no ha recibido información que indique que ha cambiado la situación en la comunidad de Parraxtut Segundo.