Source: https://negligenciamedica.abogado/negligencia-medica-2/consentimiento-informado/
Timestamp: 2020-07-13 12:31:38
Document Index: 228636749

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 5']

Consentimiento informado del paciente - INCURIA ABOGADOS
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¿Dónde se regula el derecho a un consentimiento informado que tiene cualquier paciente?
¿En qué consiste el derecho a la información asistencial?
Consentimiento informado ejemplo: ¿cuáles son los límites y las excepciones?
¿Cómo se deja constancia del consentimiento verbal dado por un paciente?
¿Quién debe demostrar que se ha dado una correcta información y por lo tanto el consentimiento ha sido informado?
¿Qué responsabilidad del profesional puede predicarse por no haber omitido el deber de información al paciente adecuadamente?
Consentimiento informado modelo: ¿existe un catálogo de formularios escritos?
Consentimiento informado en el ámbito penal
Es el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica el que regula el consentimiento informado del paciente.
Después de establecer que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente requiere de su consentimiento libre y voluntario, tras haber recibido la información asistencial, el apartado 2 del citado artículo 8 prevé que “el consentimiento será verbal por regla general”, pero que “se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”.
Lo primero de todo es apuntar a que el paciente tiene incluso derecho a que se respete su voluntad de no ser informado.
Por lo que al derecho a la información asistencial, se establece en el artículo 4 de la Ley de autonomía del paciente que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible relativo a la misma, con excepción de algunos supuestos establecidos por la Ley.
Dicha información asistencial, que como regla general se proporcionará verbalmente y dejando de ello constancia en la historia clínica, debe comprender, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no solo puede llegar constituir infracción al derecho a la información asistencial de un paciente la omisión completa del consentimiento informado sino también descuidos parciales.
Además, la información clínica, que forma parte de todas las actuaciones asistenciales, debe ser verdadera, comunicarse al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y servir para ayudar al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
Por lo que al médico responsable del paciente, este será el que debe garantizar el cumplimiento de su derecho a la información.
También serán responsables de informar al paciente los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto.
Tanto los límites a la renuncia como las excepciones a la exigencia del consentimiento informado se establecen en el artículo 45 de la Ley de autonomía del paciente.
Respecto a los límites, la renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de su propia salud, de la salud de terceros, de la salud de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso.
No obstante los límites establecidos, cuando no se dé ninguna limitación y el paciente manifieste expresamente su renuncia a ser informado, debe respetarse su voluntad y debe hacerse constar esta circunstancia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención, de conformidad con la legislación básica estatal.
Por lo que a las excepciones a la exigencia del consentimiento informa
do que pueden darse, el apartado 2 del mencionado artículo 45 prevé dos supuestos:
Cuando la no realización de la actuación asistencial suponga un riesgo para la salud pública, a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En estos supuestos se prevé que deban adoptarse las medidas específicas, previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las cuales deberán comunicarse a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
Cuando se produzca una situación de urgencia vital la cual no admita demoras por existir riesgo de lesiones irreversibles o de fallecimiento, y las condiciones físicas o mentales del paciente impidan obtener su consentimiento y tampoco existan terceros que puedan consentir para prestar el consentimiento por sustitución como se permite por el artículo 46 de la Ley de autonomía del paciente, o porque estos últimos se nieguen injustificadamente a prestarlo, de forma que puedan llegar a ocasionar un riesgo grave para la salud del paciente. En cualquier caso, todas estas circunstancias deberán constar por escrito.
En ambos casos, los facultativos deberán realizar las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente.
Por lo demás, tan pronto como se haya superado la situación de urgencia, el paciente deberá ser informado, sin perjuicio de que mientras tanto se informe a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
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De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de autonomía del paciente, el consentimiento informado verbal debe quedar registrado de forma adecuada en la Historia Clínica de la persona enferma.
Se viene entendiendo que, quien debe demostrarlo llegado el caso no es el paciente sino los servicios médicos, dado que se entiende que son los que tienen una mayor facilidad para acceder a dicha prueba. En este sentido, si el paciente dice que no ha sido debidamente informado, por mucho que el médico diga que ha dado toda la información, si no es capaz de demostrarlo los juzgados deben hacer prevalecer la declaración negativa del consentimiento dada por el paciente, lo cual resulta de una trascendencia enorme.
El deber de la informar al paciente es una obligación del profesional necesaria, tratándose así de una obligación del contrato de servicios profesionales, y es por ello que su violación puede suponer una vulneración de dicho deber.
Dicha infracción del deber de información puede acarrear responsabilidad no sólo civil (responsabilidad patrimonial), sino también deontológica o administrativa.
Por lo que a la responsabilidad civil, encontramos posturas dispares en las resoluciones del Tribunal Supremo donde unas veces se determina que la falta de consentimiento informado ha dado lugar a consecuencias dañosas sufridas por el paciente y otras veces no.
Para concretar la responsabilidad imputable al profesional a que puede dar lugar la falta de información, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha adoptado siempre la misma postura.
Algunas Sentencias han considerado que la ausencia de consentimiento informado origina por sí mismo un daño (en este sentido, las Sentencias de 9 de mayo y de 22 de junio de 2005 de Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo).
En estas resoluciones se pone de relieve que, aunque la falta de consentimiento informado constituye una mala praxis ad hoc, ésta no da lugar por sí misma a la responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el paciente.
Esto no quiere decir que no se genere ninguna responsabilidad para el profesional que vulnera el deber de información, en tanto que la falta de información podrá dar lugar a una responsabilidad deontológica o disciplinaria.
El equipo INCURIA ABOGADOS en Granada ha acompañado a varios clientes en diferentes asuntos donde han estado por medio de formularios del Catálogo de Formularios Escritos de Consentimiento Informado elaborado por el Gobierno de Andalucía.
A ellos se tiene acceso en la Web del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) sobre el consentimiento informado.
Este Catálogo tiene como fines, además de unificar la estructura y contenido de los formularios, ofrecer a la ciudadanía andaluza información veraz y comprensible sobre las distintas intervenciones.
Por lo demás, la elaboración y mantenimiento del Catálogo de Formularios Escritos de Consentimiento Informado es fruto de un proceso dinámico, liderado por grupos de profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, bajo la coordinación del Comité de Evaluación y Seguimiento del Consentimiento Informado (CESCI).
El ámbito penal se encuentra reservado únicamente para aquellos supuestos de especial relevancia que se hallen tipificados dentro del Código penal, de tal manera que no toda negligencia médica derivará en una responsabilidad penal, si no que lo habitual será encontrarnos ante una responsabilidad civil o administrativa.
El código penal establece en su artículo 5 que no hay pena sin dolo (intención de causar el daño) o imprudencia, y tampoco se puede castigar por un delito que, en el momento de su comisión, no estuviera recogido como tal. En cuanto a la imprudencia, se exigen una serie de requisitos para que sea penalmente relevante que va más allá de deficiencias puntuales, y tampoco se mira desde la perspectiva, sin otros requisitos, del hecho de que carezca el médico o facultativo de unos conocimientos extraordinarios o que requieran una cualificación o especialización determinadas, sino que ha de verse desde la perspectiva de un médico normal. Es decir, se trataría de infracciones básicas para cualquier médico, dicho todo esto en rasgos muy generales y con la debida cautela, pues siempre ha de tenerse en cuenta el caso concreto sin que se pueda generalizar en modo alguno.
En este sentido, en el ámbito penal la existencia o no existencia del llamado consentimiento informado carece totalmente de relevancia, puesto que los factores determinantes de la responsabilidad penal dependen de que la conducta del profesional haya sido dolosa o imprudente, pudiendo ser calificada normalmente como delito de lesiones, delito de homicidio, o bien delito de aborto.
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