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Timestamp: 2019-11-12 03:29:12
Document Index: 327251009

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 206', 'artículo 30', 'artículo 61', 'artículo 65', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 56', 'artículo 123', 'artículo 121']

Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento para la aplicación de la Ley 6/85, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Publicado en DOCM núm. 42 de 07 de Octubre de 1986
Vigencia desde 08 de Octubre de 1986. Esta revisión vigente desde 17 de Mayo de 2012.
SECCIÓN PRIMERA. Concepto, Régimen y Organización
SECCIÓN SEGUNDA. Protección y defensa
Apartado 1 Ejercicio de acciones
Apartado 2 Seguros y garantías
Apartado 3 Deslinde
Apartado 4 Embargos y Ejecuciones contra el Patrimonio de la Comunidad Autónoma
SECCIÓN TERCERA. Afectación, adscripción y cambio de destino
Apartado 1 Afectación, desafectación y adscripción
Apartado 2 Mutación de destino
SECCIÓN CUARTA. Responsabilidades y sanciones
CAPITULO II. UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO
CAPITULO III. REGIMEN Y UTILIZACION DEL DOMINIO PRIVADO
SECCIÓN PRIMERA. Adquisición
SECCIÓN SEGUNDA. Utilización y aprovechamiento
SECCIÓN TERCERA. Enajenación, Permuta y Cesión
Apartado 1 Enajenación de títulos representativos de capital
Apartado 2 Enajenación de bienes inmuebles
Apartado 3 Enajenación de bienes muebles
Apartado 4 Permutas
Apartado 5 Cesiones
Se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo texto se inserta a continuación.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las normas necesarias para el desarrollo, eficacia y ejecución del presente Decreto.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo que establece el presente Decreto y, en concreto, el apartado 3, punto 1, del artículo único, del Decreto 68/86, de 27 de mayo, sobre desconcentración de funciones en los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura.
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, está constituido por todos los bienes y derechos que le pertenecen por cualquier título.
1. Son bienes del dominio público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha los destinados al uso general o a los servicios públicos, y aquellos a los que una Ley otorgue expresamente este carácter.
2. Los edificios en los que se alojen órganos de la Comunidad Autónoma se considerarán, en todo caso, como bienes de dominio público.
2. Los derechos reales y de arrendamiento, y cualquier otro sobre cosa ajena.
4. Las acciones, participaciones y obligaciones en Sociedades de carácter público en que intervenga la Administración de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos o sus Sociedades Regionales.
Los bienes y derechos del patrimonio de esta Comunidad Autónoma se regirán por la Ley del Patrimonio de la Comunidad, por el presente Reglamento y demás normas que lo desarrollen y subsidiariamente por la legislación aplicable de derecho público o privado.
1. La administración general del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su representación extrajudicial, corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Hacienda, de su Servicio de Patrimonio y de las unidades administrativas del Patrimonio en sus Delegaciones Provinciales.
2. El Consejero de Economía y Hacienda podrá proponer al Consejo de Gobierno, que en los casos que reglamentariamente se determine, dichas facultades sean asignadas a otros órganos de la Comunidad Autónoma.
3. La representación y defensa en juicio corresponde al Gabinete Jurídico a través de los letrados que integren su plantilla o estén expresamente habilitados para ello, de acuerdo con la Ley 6/84, de 29 de diciembre, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Corresponderá a las Consejerías, a sus Organismos Autónomos y a las Sociedades Regionales de la Comunidad Autónoma la adquisición de los bienes y derechos que utilicen, con la competencia y las facultades que les reconoce la Ley 6/85, de 13 de noviembre, y el presente Reglamento.
1. En todas las Consejerías se crearán unidades administrativas especiales que mantengan la coordinación precisa con la Dirección General de Hacienda y cuantas relaciones sean necesarias para el buen orden de los bienes de la Comunidad Autónoma.
2. Estas unidades administrativas especiales, encargadas del patrimonio en los Servicios Centrales de cada Consejería, recabarán de sus Delegaciones Provinciales los datos necesarios para remitir mensualmente a la Dirección General de Hacienda las variaciones que se produzcan en los bienes inventariados de la Comunidad.
3. Los Organismos Autónomos y las Sociedades Regionales remitirán dicha información a través de la Consejería a la que estén adscritos o de la que dependan.
2. El Inventario General comprenderá a todos los bienes y derechos de dominio público y a los que se refieren los artículos 3 y 4 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma excepto aquellos bienes y derechos cuyo valor unitario sea inferior a 25.000 pesetas.
1. La Dirección General de Hacienda inscribirá los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con las normas establecidas para los del Estado, en la Ley Hipotecaria sus Reglamentos.
2. Adquirido un bien registrable, la Dirección General de Hacienda lo inscribirá en el Registro de la Propiedad, lo afectará a la Consejería interesada y procederá a invetariarlo.
Se determinará el alcance del Inventario especificándose por separado los bienes y derechos, atendiendo a la naturaleza de los mismos.
La referencia y materialización concreta de la incorporación de estos bienes y derechos, se hará adaptándose a las exigencias de la técnica empleada en la confección del Inventario.
El Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Director General de Hacienda, elevará al Consejo de Gobierno, antes de finalizar el primer semestre de cada año, el Inventario General actualizado al 31 de diciembre del año anterior. El Consejo de Gobierno publicará el citado Inventario en la forma que estime conveniente, dentro del tercer trimestre de cada año.
Paralelamente al Servicio de Inventario se establecerá el de Contabilidad Patrimonial, que dependerá funcionalmente de la Intervención General.
La Consejería de Economía y Hacienda podrá solicitar la colaboración que precise de otros órganos de la Administración o particulares, a efectos de valoración de bienes y confección del Inventario General.
1. Los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de la Junta de Comunidades que realicen actividades industriales facilitarán a la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, copia de la cuenta de explotación, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria detallada de la gestión realizada por ellos durante el ejercicio, ya sea directamente, ya por las empresas que sean partícipes o propietarios, añadiendo, en este caso, la misma documentación respecto de cada una de las empresas en particular.
2. A la vista de estos datos, la Consejería de Economía y Hacienda elaborará un informe sobre la situación financiera del organismo o servicio de que se trate, a los efectos de lo establecido en el punto 2 del art. 13 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos elaborarán anualmente un programa de actuación, inversiones reales y financieras con el contenido siguiente.
a) Un estado en el que se recogerán las inversiones reales financieras a efectuar durante el ejercicio social.
El programa a que se refiere el párrafo anterior responderá a las previsiones plurianuales elaboradas.
Si las Sociedades Mercantiles mencionadas perciben subvenciones con cargo al Presupuesto General de la Junta de Comunidades, elaborarán anualmente, además del programa descrito, un presupuesto de explotación, que detallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes.
1. Las sociedades a que se refieren estos artículos elaborarán, antes del 1 de junio de cada año, el programa de actuación, inversiones y financiación dentro de las directrices señaladas por la Consejería de Economía y Hacienda, correspondiente al ejercicio siguiente, completado con una Memoria explicativa del contenido del programa y de las principales modificaciones que presente en relación con el que se halle en vigor.
2. Los programas se aprobarán y publicarán conforme establece el punto 2 del art. 16 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Apartado 1: Ejercicio de acciones
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene capacidad plena para ejercitar toda clase de acciones y recursos en defensa de sus derechos y de su patrimonio.
2. Igualmente, puede recuperar los bienes patrimoniales en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente de producirse la usurpación. Transcurrido dicho plazo, sólo podrá hacerlo acudiendo ante la jurisdicción ordinaria.
El expediente de recuperación de la posesión se incoará de oficio o en virtud de denuncia, ya sea verbal o escrita y se tramitará por la Dirección General de Hacienda.
1. Habiéndose comprobado la veracidad de la usurpación y siempre que no haya transcurrido un año desde la realización de la misma, la Dirección General de Hacienda adoptará los medios oportunos para que el usurpador cese en su actuación.
2. Si el usurpador presentase resistencia, tanto activa como pasiva, se actuará conforme a lo establecido en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.
1. En el caso de que hubiese transcurrido más de un año desde la usurpación, la Dirección General de Hacienda remitirá las actuaciones a los Servicios Jurídicos, a los efectos establecidos en los artículos 19 y 20 del presente Reglamento.
2. Siempre que en los hechos aparezca indicios racionales del delito o falta penal, previo informe de los Servicios Jurídicos, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a colaborar, a los efectos señalados en este precepto, a petición de la Dirección General de Hacienda.
3. La falta de colaboración o entorpecimiento en la acción investigadora será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y en el presente Reglamento.
El ejercicio de la acción investigadora se acordará de oficio por el Director General de Hacienda, por su propia iniciativa, por orden superior, moción razonada de sus subordinados o por denuncia.
1. Para que se ejercite la acción investigadora a instancia de un particular es preciso que el mismo anticipe el importe de los gastos necesarios para comprobar la denuncia, depositando en la Caja Central de Depósitos o en sus Sucursales, la cantidad que la Dirección General de Hacienda considere necesaria al efecto, y que no será menor de 5.000 pesetas ni excederá de 25.000 pesetas.
2. Sin esta garantía se tendrá por no presentada la denuncia, pero constituida aquélla, se tramitará ésta, quedando la Administración obligada a presentar al denunciante cuenta de los gastos ocasionados y a devolverle, en su caso, el sobrante.
El acuerdo de investigación de bienes o derechos se iniciará siempre por Resolución de la Dirección General de Hacienda, que se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y en el de la provincia en que aquéllos radiquen o se hallen sitos, con expresión de las características que permitan identificar el bien o derecho investigado.
La Dirección General de Hacienda ejercerá la autoridad superior gubernativa en todos los procedimientos de investigación y podrá pedir directamente los datos, noticias e informes que convengan al mejor servicio.
En el plazo de un mes contado desde el día siguiente en que deba terminarse la publicación de los anuncios prevenidos en el artículo 27, podrán las personas afectadas por el expediente de investigación alegar, por escrito, cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Dirección General de Hacienda, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, la Dirección General de Hacienda, previo informe de la Asesoría Jurídica, determinará la prueba que haya de practicarse, atendiendo al objeto de la investigación y teniendo en cuenta lo ya alegado y diligenciado.
La propuesta e informe indicados serán emitidos en el plazo de 20 días; y en el de otros diez habrá de dictarse dicho acuerdo.
Si entre lo propuesto, sobre el particular, por la Dirección General de Hacienda y lo informado por la Asesoría Jurídica no hubiera conformidad, se elevará el expediente al Consejero de Economía y Hacienda, el cual en el plazo de 15 días resolverá, en definitiva, lo que proceda.
Los hechos podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y de modo especial, en la investigación de que se trata, los siguientes:
1. Documentos públicos, judiciales, notariales o administrativos otorgados con arreglo a Derecho.
2. Reconocimiento y dictamen pericial.
Una vez se halle completa la justificación o prueba de un expediente, se dará traslado a la Asesoría Jurídica para que, en el plazo de un mes, informe acerca de la documentación aportada; si se observare algún defecto será subsanado en un plazo igual.
Cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas a quienes afecte la investigación y hubiesen comparecido en él, para que dentro de dicho plazo aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Dirección General de Hacienda resolverá lo que proceda, oyendo previamente a la Asesoría Jurídica.
Resuelto favorablemente el expediente de investigación, se procederá a la práctica de la tasación de la finca o derecho, confección de la oportuna ficha de inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1. A las personas que promuevan el ejercicio de la acción investigadora les abonará la Junta de Comunidades, como premio e indemnización, el diez por ciento del precio en el que se enajenen los bienes investigados.
2. Si después de adjudicada una finca en venta se redujere el precio por rebaja de cargas, la liquidación del premio de investigación se girará sobre la cantidad líquida que la Junta de Comunidades haya de percibir en la venta.
3. Si por cualquier causa la finca investigada no fuese vendida por la Junta de Comunidades en el plazo de cinco años, contados desde la conclusión de aquel expediente, el premio previsto en los párrafos anteriores será sustituido, a voluntad de quien tuviese derecho al mismo, por el importe del 10% del valor de tasación de la finca que conste en el expediente.
La Dirección General de Hacienda, al resolver los expedientes de investigación promovidos por denuncias particulares, decidirá lo que proceda respecto al derecho y abono de los premios correspondientes.
Contra la resolución que recaiga sobre estos extremos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, con arreglo a la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
El conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten en ocasión de la investigación practicada corresponde a la jurisdicción ordinaria.
Los afectados por la resolución del expediente de investigación que no tengan la condición de denunciantes, sólo podrán impugnarlas en vía contencioso-administrativa por infracción de procedimiento.
Apartado 2: Seguros y garantías
Los bienes inmuebles y los bienes muebles de considerable valor económico se podrán asegurar mediante la oportuna póliza, cuando habiéndose realizado la valoración y el estudio económico, se estime conveniente y así lo acuerde el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de las Consejerías afectadas o del Director General de Hacienda.
Apartado 3: Deslinde
La Administración podrá deslindar los inmuebles, patrimoniales mediante procedimiento administrativo en el que se oiga a los interesados.
El deslinde se iniciará de oficio o a instancia de los colindantes, la aprobación competerá a la Consejería de Economía y Hacienda.
Acordado el deslinde, se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente, si la finca estuviese inscrita, para que se extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de dominio.
El expediente de deslinde se iniciará por acuerdo de la Dirección General de Hacienda y deberá contener necesariamente una Memoria, en la que se especifiquen los siguientes extremos:
1. Justificación del deslinde que se propone.
2. Descripción de la finca o fincas de la Comunidad Autónoma, con expresión de sus linderos generales de sus enclaves, colindación y extensión perimetral y superficial.
3. Título de propiedad y, en su caso, certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad e información de cuantos incidentes haya habido en cuanto a propiedad, posesión y disfrute.
El Director General de Hacienda, tomando como base la Memoria, estimará si es procedente o no la realización del deslinde, y formulará el correspondiente Presupuesto de Gastos del mismo.
Si el deslinde se produce a instancia de los particulares colindantes, serán a su cargo los gastos, debiendo constar en el expediente la conformidad de los mismos.
Dicho deslinde será notificado por la Dirección General de Hacienda a los propietarios de las fincas colindantes y también, en su caso, a los titulares de otros derechos reales constituidos sobre las mismas.
Sin perjuicio de la notificación establecida en el artículo anterior, la Dirección General de Hacienda anunciará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial de la Provincia» en que radiquen las fincas afectadas, con dos meses de antelación al menos, la fecha en que ha de dar comienzo el deslinde.
Los interesados podrán presentar ante la Dirección General de Hacienda las alegaciones y cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos, hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones.
Transcurrido dicho plazo, no se admitirá documento ni alegación alguna.
Los documentos aportados serán remitidos a la Asesoría Jurídica que dentro de los veinte días siguientes calificará la validez y eficacia jurídica de los títulos presentados a efecto de acreditar el dominio o posesión de las fincas a que se refieran.
Desde el día en que venciere el plazo de presentación de documentos hasta el anterior al señalado para iniciar el deslinde, la Dirección General de Hacienda acordará lo que estime pertinente respecto a los documentos y pruebas aportados.
En la fecha establecida dará comienzo la realización del deslinde al que asistirán un técnico y un representante de la Dirección General de Hacienda, ambos designados por el Director General, y los peritos que hayan nombrado las partes interesadas.
El deslinde consistirá en fijar con precisión los límites de la finca y extender el acta.
En el acta constarán las siguientes referencias:
1. Lugar, día y hora del inicio de la operación.
2. Nombres, apellidos y representación, en su caso, de los asistentes.
3. Descripción de los terrenos, trabajos realizados e instrumentos utilizados.
4. Dirección y longitud de las líneas perimetrales.
5. Situación, cabida de la finca y nombres especiales, si los tuviere.
6. Manifestaciones u observaciones que se formulen por los asistentes.
7. Hora en que se concluya el deslinde.
8. Firma de los asistentes.
Si fuere necesario más de un día para realizar el deslinde, se extenderá acta para cada uno de ellos. El acta o actas levantadas se incorporarán al expediente, al igual que un plano a escala de la finca objeto del deslinde.
Finalizada la práctica del deslinde, dentro de los cinco días siguientes y, a propuesta del Director General de Hacienda, el Consejero de Economía y Hacienda firmará la Orden aprobatoria del deslinde, que será publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» y notificada personalmente a los interesados cuyo domicilio sea conocido.
La Orden aprobatoria del deslinde es ejecutiva y sólo podrá ser impugnada en vía contencioso-administrativa por infracción de procedimiento, sin perjuicio de que cuantos se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos valer ante la Jurisdicción ordinaria.
Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de las fincas de la Comunidad, mientras no se lleve a cabo dicho deslinde.
Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme se procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados.
Si la finca de la Comunidad Autónoma a que se refiere el deslinde se hallare inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribirá igualmente el deslinde administrativo, debidamente aprobado, referente a la misma.
Si la finca no se hallare inscrita se procederá a la inscripción previa del título escrito adquisitivo de la misma o, a falta de éste, de la certificación librada conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la vigente Ley Hipotecaria, inscribiéndose a continuación de dicho asiento el correspondiente al deslinde, debidamente aprobado.
La Administración podrá aplicar las precedentes normas para el deslinde de bienes de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Montes y su Reglamento, sobre deslinde de montes públicos; en la Ley de Vías Pecuarias, sobre deslinde de éstas; y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería sobre demarcaciones.
Apartado 4: Embargos y Ejecuciones contra el Patrimonio de la Comunidad Autónoma
No pueden gravarse los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma sino con los requisitos exigidos para su enajenación.
Tampoco pueden realizarse transacciones ni someterse a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, salvo por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado y comunicación a las Cortes de Castilla-La Mancha.
Afectación, adscripción y cambio de destino
Apartado 1: Afectación, desafectación y adscripción
Las Consejerías que precisen la afectación de bienes patrimoniales determinados para el cumplimiento de sus fines se dirigirán a la Consejería de Economía y Hacienda, que examinará la situación de los bienes, las razones indicadas y la conveniencia o no de la afectación de los bienes al dominio público o su conservación en el dominio privado, adoptando el acuerdo procedente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
3. Los representantes suscribirán un acta de afectación con arreglo a modelo oficial, que será remitida a la Dirección General de Hacienda y una copia a la Consejería destinataria del bien.
4. La afectación se hará constar en el Inventario General, en su caso, en el Registro de la Propiedad.
Las distintas Consejerías deberán dirigirse a la Dirección General de Hacienda para obtener la información que precisen sobre los bienes existentes en el patrimonio de la Comunidad Autónoma que puedan ser afectados a determinados fines.
Recibida la información, si las Consejerías estimasen que alguno de los bienes convienen a aquellos fines, podrán iniciar los trámites para la afectación, según lo establecido en el artículo 61 de este Reglamento.
Se considerarán implícitamente afectados al uso general o al servicio público los siguientes bienes:
a) Los adquiridos a título oneroso con alguna de aquellas finalidades.
b) Las adquisiciones a título gratuito o mortis causa, siempre que el transmitente haga constar la finalidad de uso general o de servicio público.
c) Los bienes adquiridos por expropiación forzosa, no considerándose afectados los sobrantes.
d) Cuando resulte de planes, proyectos o resoluciones aprobadas por el Consejo de Gobierno.
e) Cuando se adquieren por usucapión según las normas de Derecho Civil, bienes destinados al uso general o a un servicio público.
Cuando la adquisición de bienes se realice en virtud de expropiación forzosa, la afectación se entenderá implícita en la misma y se dará cuenta de aquélla a la Consejería de Economía y Hacienda.
La misma comunicación se formulará en los casos de deslinde de dominio público para integrar los terrenos sobrantes en el dominio privado de la Comunidad Autónoma.
La desafectación de los bienes que no sean precisos al uso general o a los servicios públicos compete al Consejero de Economía y Hacienda, cualquiera que haya sido el procedimiento para su adquisición, la Consejería que la hubiera realizado o la causa por la que hubieran pasado al dominio público, salvo lo dispuesto en el artículo 65.
A tales efectos, la Consejería que los tuviera bajo su administración y custodia dirigirá comunicación a la Dirección General de Hacienda, en que se harán constar todas las circunstancias que permitan la identificación del bien o bienes de que se trate y las causas que determinen la desafectación.
La Dirección General de Hacienda tramitará el oportuno expediente y recabará de la Consejería interesada la designación de un representante que, junto con el nombrado por dicho Centro directivo, formalizará la correspondiente acta de entrega del bien o bienes al dominio privado.
La adscripción confiere a las Consejerías, Organismos Autónomos o Sociedades Regionales las facultades de gestión y administración sobre bienes y derechos adscritos.
Estas facultades no incluyen las reservadas a otros órganos por el presente Reglamento.
La adscripción de bienes y derechos tiene por objeto el cumplimiento de los fines y servicios encomendados al organismo de que se trate.
Las Consejerías directamente, los Organismos Autónomos y las Sociedades Regionales a través de la Consejería de la que dependan administrativamente, podrán recabar de la Consejería de Economía y Hacienda la adscripción de bienes y derechos del dominio privado y del dominio público.
Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda la desascripción de bienes y derechos.
Toda afectación o adscripción se hará constar en el Inventario y, cuando proceda, en el Registro de la Propiedad.
Apartado 2: Mutación de destino
Las mutaciones demaniales son los cambios de destino de los bienes de dominio público sin que por ello pierdan su naturaleza jurídica.
Las Consejerías que precisen bienes adscritos a otras se dirigirán a la Dirección General de Hacienda para que incoe el oportuno expediente, en el que, con audiencia de todas las Consejerías interesadas, se decidirá sobre el destino de los bienes de que se trate, mediante resolución motivada.
Cuando se produzcan discrepancias entre las Consejerías interesadas o alguna de éstas y la de Economía y Hacienda, la resolución correspondiente será competencia del Consejo de Gobierno.
Cualquier persona que tenga a su cargo bienes o derechos, a los que se refiere este Reglamento está obligada a su custodia, conservación y explotación racional y debe responder ante la Administración de los daños y perjuicios sobrevenidos por su pérdida o detrimento cuando concurra dolo o negligencia.
Sin perjuicio de la obligación de indemnizar o restituir y de las sanciones procedentes en aplicación de la legislación pertinente en cada caso, será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor de lo dañado.
A los particulares que, por dolo o negligencia, causen daños a bienes demaniales o patrimoniales o los usurpen se les impondrá multa por el importe entre el tanto y doble del valor de lo usurpado o del perjuicio ocasionado y la obligación de reparar o restituir. Estas responsabilidades se sustanciarán por vía administrativa.
El incumplimiento del deber de colaboración impuesto en el artículo 24 del presente Reglamento será castigado con multa de diez mil a doscientas cincuenta mil pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.
Anualmente, y con anterioridad a la propuesta a la que se refiere el artículo 13 de este Reglamento, la Inspección General de Servicios comprobará el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y este Reglamento, y emitirá un informe que se trasladará a la Consejería de Economía y Hacienda.
UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO
El destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos.
No obstante, estos bienes podrán ser objeto de otras utilizaciones, siempre que no contradigan los intereses generales.
Los bienes de dominio público son susceptibles de las siguientes utilizaciones:
b) Uso general con la concurrencia de circunstancias especiales.
d) Uso privativo con obras permanentes.
El uso general del dominio público es el que corresponde por igual a todos los ciudadanos y no tiene más limitaciones que las siguientes:
a) Que se impida el ejercicio de ese derecho a los demás ciudadanos.
b) Respeto a la naturaleza del bien.
c) Las limitaciones que imponga la normativa vigente en relación con su conservación, adscripción y orden público.
El uso general con concurrencia de circunstancias especiales es el que corresponde a todos los ciudadanos, pero que por diversas circunstancias -peligrosidad, intensidad de uso y otras- puede ser utilizado por personas o entidades determinadas, estando este uso sujeto a autorización previa a los efectos de garantizar la continuidad del uso general.
Cuando el uso de dominio público sea privativo con instalaciones u obras no permanentes que impliquen el menoscabo en el uso de dicho bien, la Administración valorará la conveniencia de otorgar o no la correspondiente autorización.
Esta autorización podrá ser revocada por la Administración libremente en cualquier momento y el interesado no tendrá derecho a indemnización alguna.
Si los solicitantes fueran más de uno, se observarán siempre las reglas de publicidad y concurrencia.
La utilización del dominio público prevista en el párrafo primero del artículo anterior que requiera la realización de obras de carácter permanente será otorgada mediante concesión administrativa.
Las concesiones autorizaciones sobre el dominio público se otorgarán por las Consejerías, previo informe de la de Economía y Hacienda, determinando las condiciones generales para cada caso e incluyendo necesariamente un plazo de duración que será como máximo de 30 años para las autorizaciones y de 50 para las concesiones.
La Consejería de Economía y Hacienda velará por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de la Comunidad Autónoma y de los beneficiarios.
El informe señalado en el párrafo primero será emitido por la Dirección General de Hacienda con carácter preceptivo y vinculante.
Será también preceptivo el informe de la Consejería de Economía y Hacienda cuando la Consejería otorgante juzgue conveniente establecer excepciones de las condiciones generales aprobadas.
Todas las concesiones sobre los bienes de dominio público de esta Comunidad Autónoma se formalizarán en escritura pública.
Para las autorizaciones bastará su formalización en documento administrativo.
Continuarán con la posesión de sus derechos los titulares de concesiones y autorizaciones otorgadas legalmente sobre bienes de dominio público, cuando éstos pierdan su carácter por incorporarse al dominio privado de la Comunidad Autónoma.
Se declarará la caducidad de las autorizaciones o concesiones que hayan cumplido el plazo, y de igual forma se procederá a medida que venzan los plazos establecidos.
Durante el término de su existencia legal, los derechos y obligaciones de los beneficiarios se mantendrán con las características que les asignaren los términos de las respectivas concesiones y autorizaciones. No obstante, corresponderá a la jurisdicción ordinaria conocer de los litigios que surjan en relación con los expresados derechos y obligaciones, con arreglo a las normas que regulan el enjuiciamiento del Estado aplicables a la Comunidad Autónoma.
La Consejería de Economía y Hacienda podrá acordar la expropiación de los derechos si estimare que su mantenimiento durante el término de su vigencia legal perjudica el ulterior destino de los bienes o les hiciera desmerecer considerablemente en el caso de acordar su enajenación.
Corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda la exigencia y cumplimiento de los derechos y deberes de la Comunidad Autónoma frente a los beneficiarios de los bienes incorporados a su Patrimonio, y se ingresarán en la Tesorería General los cánones, rentas o cualesquiera otras prestaciones pecuniarias que se hubieran impuesto por razón de la concesión o autorización otorgadas.
Los Organismos Autónomos y Entes Públicos de la Comunidad Autónoma tendrán las mismas facultades que ésta para liberar los derechos mencionados con cargo a sus fondos públicos.
En caso de que los bienes reviertan al patrimonio de la Comunidad Autónoma, tales entidades no tendrán derecho al reembolso de los que hubieren abonado por este concepto.
Todo concesionario puede utilizar de forma privativa la parte del dominio público que le haya sido concedida. Su derecho es transmisible, excepto en el caso en que la concesión haya sido otorgada por razón de cualidades personales.
En todo caso, dicha transmisión tendrá que comunicarla, obligatoriamente, a la Consejería que otorgó la concesión.
Las concesiones administrativas otorgadas sobre bienes de dominio público se extinguirán:
a) Por consumación del plazo y, en su caso, de las prórrogas concedidas cuando éste hubiese sido inferior a 50 años.
b) Por desaparición del bien público sobre el cual hayan sido otorgadas.
c) Por renuncia del concesionario a su derecho.
d) Por revocación de la concesión.
Cuando la concesión se extinga, el concesionario deberá dejar libres los bienes e instalaciones, y la Administración devolverá el importe de la fianza que se hubiera establecido, en la medida que proceda.
La extinción de los derechos constituidos sobre el dominio público mediante autorización, a concesión o cualquier otro título, lo acordará el Consejero que los otorgó, el cual podrá ordenar el desalojo, con o sin indemnización, según proceda.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y dando conocimiento a las Cortes Regionales, podrá autorizar la cesión gratuita de uso de bienes demaniales a cualquier Organismo de la Administración Pública, por razones de utilidad pública, justificadas en el expediente, que también determinará las causas de cesación de uso, y por el plazo máximo de 50 años.
La prórroga de la cesión deberá ser autorizada por las Cortes de Castilla-La Mancha.
REGIMEN Y UTILIZACION DEL DOMINIO PRIVADO
Los bienes y derechos atribuidos a la Junta de Comunidades por las Leyes tendrán el carácter de patrimoniales, a menos que en la Ley de atribución se dispusiera otra cosa, y mientras no sean afectados al uso general o a los servicios públicos.
Las adquisiciones a título oneroso de bienes inmuebles se acordarán por la Consejería de Economía y Hacienda, por el Consejo de Gobierno o por las Cortes Regionales cuando el importe no exceda de 100 millones de pesetas, 500 millones de pesetas o supere esta última cifra, respectivamente.
En el otorgamiento de las escrituras públicas para la formalización de los contratos de compra-venta de bienes inmuebles ostentará la representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el Director General de Hacienda o el funcionario en quien delegue.
No podrán aceptarse herencias testamentarias, legados o donaciones a favor de la Junta de Comunidades, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, aunque el testador o donante señalase como beneficiario a algún otro órgano de la Administración de la Comunidad.
La aceptación de la herencia se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.
Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda tomar en arrendamiento los inmuebles que la Junta de Comunidades precise, mediante concurso público y excepcionalmente por contratación directa. El Director General de Hacienda o el funcionario en quien delegue, formalizará el correspondiente contrato.
Al mismo Departamento incumbe la resolución voluntaria de los contratos de arrendamiento.
La adquisición por la Comunidad Autónoma de títulos representativos del capital de empresas mercantiles, sea por suscripción o compra, se acordará por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y, en su caso, a petición del Consejero competente por razón de la materia.
De igual forma se procederá para la constitución de empresas, pudiendo acordar el Consejo de Gobierno, la aportación de bienes inmuebles del patrimonio.
Los bienes patrimoniales, en tanto conserven tal carácter, deben ser explotados de acuerdo con el criterio de mayor rentabilidad, bien directamente por la Comunidad Autónoma, o por los particulares, respetando en todo caso los principios de publicidad y concurrencia en las adjudicaciones.
Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda el ejercicio de los derechos inherentes a la participación en organismos, instituciones, entidades y empresas que utilicen bienes y derechos de la Comunidad Autónoma.
Los representantes de la administración de estas empresas deben atender las instrucciones que dicha Consejería les dicte, de acuerdo, en su caso, con las otras Consejerías interesadas por razón de la materia.
El ejercicio de los derechos atribuidos a la Junta de Comunidades como partícipe directo de empresas mercantiles corresponde a la indicada Consejería.
La Consejería de Economía y Hacienda ejercerá la vigilancia precisa para un aprovechamiento y utilización racional de los bienes patrimoniales y solicitará para ello la colaboración de las otras Consejerías de la Comunidad Autónoma.
Enajenación, Permuta y Cesión
Apartado 1: Enajenación de títulos representativos de capital
La enajenación de títulos representativos del capital de empresas mercantiles en las que la Comunidad Autónoma tenga participación mayoritaria requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de las Consejerías relacionadas con la gestión de la sociedad de que se trate, cuando el valor de los que se pretenda enajenar no exceda del 10% del importe de la participación total que la propia Comunidad Autónoma ostente en la respectiva empresa.
En ningún caso podrá el Consejo de Gobierno acordar, dentro de un mismo año, la enajenación de acciones o participaciones que rebasen el porcentaje indicado.
La enajenación de acciones o participaciones en cuantía superior a la indicada, o que suponga para la Comunidad Autónoma la pérdida de su condición de socio mayoritario, deberá ser autorizada por una Ley.
Excepcionalmente, bastará autorización del Consejero de Economía y Hacienda para enajenar los títulos cuyo valor no exceda del 2% del importe de la participación que la Comunidad ostente en la respectiva empresa y sin que en ningún caso se rebase la cifra de 1.000.000 de pesetas.
Apartado 2: Enajenación de bienes inmuebles
La aprobación de los expedientes de venta de bienes inmuebles según la cuantía, deberá ser acordada por los mismos órganos competentes para su adquisición, previstos en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.
La enajenación requerirá la declaración previa de alienabilidad de los bienes dictada mediante Resolución de la Dirección General de Hacienda.
La enajenación de los bienes inmuebles se realizará mediante subasta pública, salvo cuando, por razones de reconocida urgencia, previa justificación razonada del expediente, y siempre que su valor no exceda de 100 millones de pesetas, el Consejero de Economía y Hacienda acuerde su enajenación directa.
En los demás casos, el acuerdo de enajenación directa corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, cuando el valor de los bienes no exceda de 500 millones de pesetas, o a las Cortes Regionales si supera esta ultima cifra.
No podrá promoverse la venta de los bienes que se hallaren en litigio y si se suscitase después de iniciado el procedimiento de enajenación, éste quedará provisionalmente suspendido. Salvo en dicho supuesto, las subastas, una vez anunciadas, únicamente se suspenderán por Orden de la Consejería de Economía Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Hacienda, fundándose en documentos fehacientes de los que resulte probada la improcedencia de la venta.
Cuando se trate de enajenar fincas se iniciará el expediente de venta con la tasación de las mismas por el facultativo competente que nombre al efecto el Delegado de la Consejería de Economía y Hacienda de la provincia en que aquéllas radiquen.
Previamente, se incorporará al expediente la ficha de inventario, confeccionándose la misma si por cualquier circunstancia no figurara incluida la finca en el Inventario General.
A la vista de los datos contenidos en la ficha, el facultativo designado para la tasación procederá, sobre el terreno, a verificar las características físicas, haciendo referencia de las mismas en la hoja de tasación que formule.
Para la venta de los demás derechos reales enajenables por la Junta de Comunidades, no se precisará el reconocimiento y descripción pericial de las fincas a que los mismos afecten. Pero si en los documentos relativos a la titulación de tales derechos no constase la naturaleza, situación y linderos de los inmuebles respectivos, se subsanará esta omisión antes de anunciar la subasta.
Formulada por el facultativo correspondiente la hoja de tasación e informada por el Delegado de la Consejería de Economía y Hacienda, se elevará propuesta por estas Oficinas a la aprobación de la Dirección General de Hacienda.
El Director General de Hacienda podrá ordenar se formulen tasaciones comparativas antes de su aprobación definitiva.
La tasación aprobada por este Centro, con rebaja, en su caso, de las cargas que se estimen deducibles, servirá para determinar la autoridad a quien compete acordar la enajenación del inmueble, y, en su caso, el tipo para la subasta que haya de celebrarse.
Aprobada la tasación por la Dirección General de Hacienda, se propondrá la venta en pública subasta, teniendo en cuenta las normas de competencia contenidas en el artículo 56 de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha , y 115 del presente Reglamento.
Aprobada la tasación y acordada la venta, y si la misma ha de sujetarse a los trámites de subasta, se dará traslado del acuerdo al Delegado de la Consejería de Economía y Hacienda de la provincia donde los bienes radiquen para que se redacten los anuncios y se publiquen en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la respectiva Delegación de la Consejería de Economía Hacienda, con una antelación mínima de veinte días a la fecha señalada para su celebración.
En los anuncios de las subastas necesariamente habrá de expresarse:
1. La declaración de alienabilidad del bien en cuestión, con expresión de la fecha de la Resolución de la Dirección General de Hacienda en tal sentido.
2. Fecha del acuerdo de enajenación recaído.
3. Naturaleza de los bienes o derechos a enajenar, con expresión de las circunstancias jurídicas y físicas que permiten su identificación.
4. Día, hora y local donde haya de celebrarse la subasta.
5. Mesa ante la cual deba tener lugar la misma.
6. Cantidad que ha de servir de tipo para la subasta.
La subasta se efectuará en el local y hora señalados en el anuncio, ante una Mesa presidida por el Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, o bien por el Jefe del Servicio de Patrimonio, si así lo estimara oportuno el Director General de Hacienda.
1. El Jefe de la Sección de Patrimonio de los Servicios Centrales, o bien el de la Delegación Provincial correspondiente, según presida el Jefe del Servicio de Patrimonio o el Delegado Provincial.
2. Un representante de la Intervención de la Junta de Comunidades.
3. Un representante de la Asesoría Jurídica de la Junta de Comunidades.
4. Un funcionario administrativo de la Delegación Provincial, que actuará como secretario.
Para tomar parte en cualquier subasta es indispensable consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depositado en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales el 20 por 100 de la cantidad que sirva de tipo para la venta.
El día y hora señalado, el Presidente de la Mesa iniciará el acto declarando abierta la subasta. Acto seguido se recibirán tanto los comprobantes de haberse efectuado los depósitos como así consignaciones que se hagan en aquel mismo momento o durante un plazo que fije prudencialmente el Presidente de la Mesa.
Una vez comprobada y calificada la documentación acreditativa de la personalidad de los licitadores, se abrirá la licitación propiamente dicha y se admitirán las posturas que, de manera gradual, vayan mejorando el tipo de licitación; cuando no se hagan más, se declarará adquirente al licitador que haya hecho la postura más elevada.
De todas las propuestas e incidencias producidas se extenderá la correspondiente acta, que será firmada por los componentes de la mesa y por el mejor postor.
Al final, se devolverán las consignaciones que se hubieran hecho, o los comprobantes de los depósitos, a los interesados no adjudicatarios.
Dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la subasta, la Dirección General de Hacienda tramitará el acta a que hace referencia el artículo anterior, junto con la correspondiente propuesta de aprobación, al Consejero de Economía y Hacienda.
La Orden de aprobación de la adjudicación será firmada por el mencionado Consejero y publicada acto seguido en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Dicha Orden deberá contener la fecha de la subasta, la del «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» en que fue anunciada, la situación del inmueble, el precio de adjudicación y el nombre del adquirente.
Se practicará también comunicación personal al adjudicatario, el cual dispondrá de quince días para realizar el pago, previniéndole que, de no hacerlo, decaerá de su derecho, con pérdida de la fianza.
En el supuesto de que la subasta quede desierta, por la Dirección General de Hacienda, se podrán realizar hasta dos más, con una reducción máxima acumulativa del 20 por 100 respecto al tipo fijado para la primera, convocadas con las mismas exigencias del artículo 123 de este Reglamento.
Si alguna subasta resultase fallida por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, la nueva subasta que se convoque conservará el mismo orden de la precedente a los efectos del artículo anterior, y por tanto, el tipo será también el mismo.
Si de tres subastas sucesivas no resultase adjudicatario, el Director General de Hacienda lo comunicará al órgano competente según la cuantía inicial para que se determine si se vuelve a subastar con un tipo más bajo, se desiste de la venta o se enajena directamente.
Si el acuerdo fuera de suspensión temporal de la celebración de la subasta y transcurriera más de un año desde el mencionado acuerdo, se deberá hacer una nueva tasación pericial.
Las responsabilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se puedan derivar de la venta se regirán por la legislación civil aplicable.
Apartado 3: Enajenación de bienes muebles
La enajenación de los bienes muebles propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrá lugar mediante subasta pública con el mismo procedimiento de los inmuebles en cuanto sea aplicable; pero la competencia para acordar la enajenación y la realización de la misma corresponderá a la Consejería que los hubiese venido utilizando.
La realización de la subasta podrá demorarse si la cuantía de los bienes a enajenar no aconseja celebrarla de modo inmediato.
La enajenación requerirá la declaración previa de la alienabilidad de los bienes dictada por la Dirección General de Hacienda.
La actividad industrial y comercial realizada por los organismos autónomos y sociedades mercantiles, así como las empresas de que sean partícipes o propietarios, se sujetarán al régimen jurídico de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, Ley General Presupuestaria y al resto de la legislación estatal.
Apartado 4: Permutas
Los bienes patrimoniales declarados enajenables podrán ser permutados por otros ajenos, previa tasación pericial, siempre que de la misma resulte que la diferencia del valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor, dando conocimiento a las Cortes Regionales.
Para la tasación a que se refiere el artículo anterior se estará a lo dispuesto en el artículo 121.
El expediente de permuta puede ser iniciado a instancia de alguna Consejería interesada o de la Dirección General de Hacienda; pero, en todo caso, será tramitado por esta Dirección General.
Corresponde autorizar la permuta a quien por razón de la cuantía sería competente para autorizar la enajenación.
Una vez acordada la permuta, la Dirección General de Hacienda realizará los trámites necesarios para la formalización de las diligencias registrales y de inventario oportunas.
A tales efectos, en el otorgamiento de las escrituras públicas para formalizar esta clase de contratos ostentará la representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el Director General de Hacienda o, en su caso, el funcionario en quien delegue.
Apartado 5: Cesiones
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, dando conocimiento a las Cortes Regionales, podrá ceder gratuitamente, para fines de utilidad pública o de interés social, los bienes patrimoniales inmuebles cuya afectación no se juzgue previsible.
La cesión gratuita habrán de solicitarla de la Consejería de Economía y Hacienda los legítimos representantes de los Organismos o Entidades interesadas, explicando el interés que el bien solicitado tenga para el cumplimiento de los fines de utilidad publica o de interés social y que cuenten con los medios necesarios para conseguir la finalidad propuesta.
La Dirección General de Hacienda instruirá el expediente en el cual habrá de examinarse la adecuación del bien o bienes a las finalidades por las cuales se solicitan.
En el expediente tendrán que constar todas las características físicas y jurídicas del bien o bienes, así como las relativas a la entidad que los solicita.
La Dirección General de Hacienda evacuará informe que será elevado al Consejero de Economía y Hacienda, el cual formulará la correspondiente propuesta al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno fijará en su acuerdo el plazo en el que deberá quedar efectivamente aplicado al fin propuesto el bien de cuya cesión se trata, y realizadas, en su caso, las obras precisas para el cumplimiento del mismo.
Acordada por el Consejo de Gobierno la cesión de bienes interesada, corresponderá a la Dirección General de Hacienda realizar los trámites conducentes a la formalización de la misma.
A tales efectos, ostentará la representación de la Junta de Comunidades en la firma de los oportunos documentos en que a ellos se hagan constar, el Director General de Hacienda o el funcionario en quien delegue.
Dicha escritura se inscribirá en el Registro de la Propiedad con la expresa consignación de las causas de resolución a que la cesión se halle sujeta.
Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión y que en ningún caso será superior a cinco años, o dejasen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la Comunidad Autónoma; la cual tendrá derecho, además, a percibir de la Corporación u Organismo, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por los mismos.
La resolución será declarada por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, que por medio de la Dirección General de Hacienda llevará a efecto la reversión correspondiente.
Las Entidades y Organismos Autónomos que reciben bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus fines no adquirirán la propiedad, sino que seguirán formando parte de a él, así como los bienes inmuebles propiedad de las citadas Entidades u Organismos Autónomos, excepto los que se adquieran para devolverlos al tráfico jurídico por ser objeto de su actividad peculiar.
Corresponde a la Dirección General de Hacienda vigilar la aplicación de los bienes inmuebles adscritos a Entidades u Organismos Autónomos al fin para el que fueron cedidos.
Corresponde a la Consejería de Política Territorial la facultad de adquirir, enajenar, gravar y dictar cuantos actos de carácter dispositivo sean necesarios para la administración y gestión de viviendas, locales comerciales, edificaciones y servicios complementarios de promoción pública, así como del suelo adquirido para la construcción de los mismos o en ejecución de planes urbanísticos.
El ejercicio de dichas facultades se desarrollará con los mismos derechos, obligaciones y limitaciones que los establecidos para la Consejería de Economía y Hacienda por la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y con sujeción al procedimiento y normas establecidas en el Decreto 22 de 1 de abril de 1986, por el que se regulan las competencias y facultades de la Consejería de Política Territorial respecto del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Urbanismo y Vivienda.
1.- Corresponde a la Agricultura y Medio Ambiente la facultad de dictar cuantos actos de carácter dispositivo sean necesarios para la administración y gestión del patrimonio en materia de montes y vias pecuarias, así como del que, afecto a dicha Consejería, sea susceptible de aprovechamiento cinegético, forestal, agrícola, ganadero y del directamente relacionado con actividades de experimentación o investigación objeto de su competencia.
2.- El ejercicio de dichas facultades se desarrollará con los mismos derechos, obligaciones y limitaciones que los establecimientos para la Consejería de Economía y Hacienda por la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y con sujección al procedimiento y normas establecidas en el Reglamento para su aplicación, sin perjuicio de lo preceptuado en la normativa especial estatal aplicable.
3.- Se exptúan, en todo caso, las facultades de disposición y administración sobre el patrimonio inmobiliario de carácter administrativo, que continuarán atribuidas a la Consejería de Economía y Hacienda.
4.- Las modificaciones que se produzcan en uso de las facultades que se atribuyen en el presente Decreto, que afecten al patrimonio inventariado de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma , se comunicarán mensualmente a la Consejería de Economía y Hacienda para su toma de razón en el Inventario General.
Disposición Adicional Segunda redactada por el Artículo Unico del D [CASTILLA-LA MANCHA] 131/1998, 22 diciembre, por el que se asignan facultades en materia de patrimonio a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente («D.O.C.M.» 24 diciembre).Vigencia: 25 diciembre 1998
Corresponde a la Comisión de Informática, creada por Decreto 55/1985, de 30 de abril, informar con carácter preceptivo los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas generales que hayan de regir en los contratos de la Administración Autónoma, referentes a equipos de proceso de datos. Asimismo, solventará las cuestiones relativas a la definición de equipos informáticos.
Disposición adicional cuarta derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única del D [CASTILLA-LA MANCHA] 73/2012, 12 abril, de ordenación del parque móvil de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 17 abril).Vigencia: 17 mayo 2012