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Timestamp: 2017-12-16 09:02:33
Document Index: 359787225

Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 105', 'artículo 24', 'artículo 97', 'artículo 194', 'artículo 105', 'artículo 55', 'artículo 24', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 386', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 213', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 191', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 386', 'artículo 191', 'artículo 54', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 54']

Sentencia T.S.J. Cantabria de 24 de enero de 2005. Sentencia. Nulidad. Desestimación. Valoración conjunta de la prueba - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cantabria de 24 de enero de 2005
Sentencia. Nulidad. Desestimación. Prueba. Valoración conjunta. Prescripción de las faltas. No se estima. El cómputo comienza cuando se tiene conocimiento cabal de los hechos. Despido procedente. Quebranto de la buena fe. Utilización del ordenador, correos electrónicos sin daño para la empresa.
Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por D. Jesús Miguel siendo demandado "SILOTRANS, S.A."sobre despido y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 2 de noviembre de 2004 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
"Primero. El demandante viene prestando sus servicios para la demandada desde el 11-7-2000 con categoría profesional de jefe de negociado y a cambio de un salario de 63,77 euros.
Segundo. El demandante es el informático de la empresa demandada. Ésta cuenta con 180 trabajadores y factura en torno a 28 millones de euros.
Tercero. La empresa 'ABC Logistic' y la demandada comparten el mismo objeto social: transporte por carretera de toda clase de mercancías, agencia de transporte, control, almacenaje y distribución de mercancías.
Esta empresa cuenta en la actualidad con 4 y 5 trabajadores.
Cuarto. El demandante tenía en su ordenador portátil (propiedad de la empresa y herramienta de trabajo prácticamente exclusiva de la empresa) dos direcciones de correo electrónico: una, terminada en 'Arniella.com' (de la empresa) y otra, finalizada en 'wanadoo.es' (de uso personal del actor).
La demandada no había autorizado al demandante mantener la segunda de ellas.
Quinto. A lo largo de los meses de mayo y junio de 2004, el demandante utilizó el ordenador portátil que la empresa le entregó -para realizar su trabajo- con el fin de resolver dudas de tipo informático que terceros le formulaban.
La mayoría de estas dudas fueron suscitadas por el antiguo [...] de la demandada, Benedicto, quien ostenta la condición actual de [...] de 'ABC Logistic'. Este señor abandonó la empresa demandada el 15-7-2003.
A su vez, abrió tres cuentas a favor del señor Benedicto con sus correspondientes contraseñas, previa petición de éste.
(El contenido íntegro de los 'e-mails' remitidos al trabajador se tiene por reproducidos al obrar en la documental de la demandada.)
Sexto. El demandante acostumbra a resolver dudas informáticas a aquellas personas de su entorno familiar y laboral que así se lo requieren.
En una ocasión, asesoró al hoy [...] de la demandada respecto de un ordenador y un televisor.
Séptimo. El demandante recibió en el período referido en el hecho probado quinto tres presupuestos de la empresa 'ABC Logistic': presupuesto económico ABC Logistic, ABC Logistic terminales para almacén y Estudio de coberturas para ABC.
Octavo. El demandante estaba en posesión (en su ordenador portátil) de los números de Internet Protocolo (IP) propiedad de la empresa 'ABC Logistic' (conexión de red privada virtual).
El demandante tenía acceso al servidor de la empresa mencionada.
Noveno. El 21-7-2004 la demandada comunicó al demandante la carta de despido que por su extensión se tiene por reproducida íntegramente.
Décimo. El 12-7-2004 se levantó acta de notoriedad por el notario de Camargo, don Domingo P. del O., con el contenido íntegro que obra en los autos y se tiene por reproducido.
Undécimo. El 12-7-2004 se realizó una copia del disco duro del ordenador manejado por el trabajador, cuyo contenido obra en los autos y se tiene necesariamente por reproducido.
Duodécimo. El demandante no ostenta, ni ha ostentado en el último año la condición de representante de trabajadores o de tipo sindical.
Decimotercero. El 5-8-2004 se celebró acto de Conciliación con resultado infructuoso."
Primero.-La Sentencia de instancia desestima la demanda y declara la procedencia del despido del actor, en atención a la acreditación por la empresa demandada de los hechos imputados en la carta de despido de fecha 21 de julio de 2004, que detalla en los hechos declarados probados tercero a octavo, por trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, que básicamente consisten en haber utilizado con fines privados, perjudiciales para la empresa, el ordenador portátil que la propia empresa le ha suministrado para su trabajo como informático, asesorando a otra empresa del mismo sector productivo en que se emplea la demandada, resolviendo en la misma, en condición de informático asuntos urgentes y pendientes con el [...] de esta empresa, colaborando activamente con él, al abrirle varias cuentas informáticas y, sobre todo, por tener acceso al ordenador de esta sociedad, lo que deduce de la tenencia en el ordenador utilizado por el actor de los números de internet de protocolo (IP), todo ello, sin conocimiento ni autorización de la empresa demandada, y sin perjuicio de que la empresa aludida sea de pequeñas dimensiones, en comparación con la demandada, lo que rebaja la trascendencia de la posible competencia en el mismo sector productivo en que se emplean ambas, transportes de mercancías por carretera, agencia de transportes, control, almacenaje y distribución de mercancías, lo que no impide su calificación como falta muy grave.
Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada del actor, con apoyo procesal en la letra a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicitando la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, en un primer motivo, por vulneración del artículo 105.1 y 108.1 del mismo Texto Legal, sin que la parte recurrente pudiera formular protesta al haberse cometido la infracción de normas denunciada en la propia sentencia recurrida, al fundarse en su declaración de hechos probados, en concreto en lo relativo a que "... la conducta del actor es por completo inadecuada relativa a la posibilidad de que el actor tuviera acceso a un servidor informático de 'ABC'", hecho que deduce del testimonio de un testigo, quien en la actualidad ocupa el puesto de trabajo del actor, como informático, y valorando sus declaraciones en el acto del juicio oral. Pretende la parte recurrente que al no constar el referido hecho en la carta de despido, se le causa indefensión (implícitamente se alude al artículo 24.1 de la Constitución española), al no poder acudir a juicio con la prueba pertinente para contradecir tal conclusión, aludiéndose en conclusiones en el acto del juicio oral a que tal expresión no consta en la carta de despido. Niega el recurrente que tuviese acceso remoto desde el ordenador utilizado en la empresa demandada al ordenador de la empresa "ABC Logistic", ya que el hecho de que disponga de los números de internet de protocolo (IP), no lo posibilita.
Constando en autos la carta de despido comunicada al actor de fecha 21 de julio de 2004, efectuando el Juez "a quo" la valoración conjunta de la prueba practicada en la instancia, en atención a lo preceptuado en el artículo 97.2 de la LPL, incluida la testifical, para el relato que funda su pronunciamiento, modalidad probatoria que sin embargo no autoriza la revisión fáctica en el extraordinario recurso de suplicación, que sólo atiende a prueba documental fehaciente o pericial (artículo 194.3 de la LPL), ello no conlleva, ni en el supuesto que también pretende la parte recurrente, de que lo probado no se correspondiese con la causa de despido notificada al trabajador, la nulidad de la sentencia recurrida, por cuanto, el trabajador, no debe acreditar nada ajeno a dicha comunicación, correspondiente, en exclusiva, a la empresa que despide disciplinariamente (artículo 105.1 de la LPL), la prueba de los hechos imputados en la carta de despido. Esta carta o notificación escrita al trabajador, según doctrina jurisprudencial que interpreta el aludido precepto y el artículo 55.1 del ET, exige una pormenorizada descripción de los hechos que motivan el despido, proporcionando al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan, pudiendo ser varios, como efectivamente sucede en esta litis, para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa. Puesto que la comunicación del despido obedece a la finalidad de que el trabajador conozca certeramente los hechos que se imputan por el empresario, sin necesidad de una descripción pormenorizada, pero sin vaguedades o indefiniciones que causen indefensión al trabajador, prohibida por el artículo 24 de la Constitución española (STS de fecha 28 de abril de 1997, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1076/96).
Esta la ponderación de la indefensión tiene como objetivo, no la declaración de nulidad de la sentencia que no se atenga a los hechos comunicados en la carta, sino que en atención a lo preceptuado en el número 4.º del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, con relación a su núm. 1.º, dado que el despido debe ser notificado por escrito al trabajador haciendo constar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efecto, sin que el precepto exija la calificación jurídica de lo imputado, que es una cuestión a valorar posteriormente (si lo descrito en la carta de despido notificada y los hechos que se declaran probados son suficientes para fundar la causa del despido disciplinario notificado), será procedente de probarse en las actuaciones y ser causa que lo funde y de no ser así, si no se prueba su existencia o los hechos son imprecisos o motivan indefensión al trabajador, la consecuencia es la declaración de improcedencia del despido, al no surtir efecto la carta comunicada y no la nulidad de la sentencia recurrida. El Tribunal Supremo ha declarado en la sentencia de fecha 22 de febrero de 1993, que la valoración de si los hechos motivadores o no del despido, son suficientes para cubrir el requisito implícito en el artículo 55.1 del ET, implica una calificación jurídica en la que deben tenerse en cuenta una gran variedad de circunstancias específicas tales como la clase de imputación, la posición del trabajador despedido en el trabajo, la posibilidad de concretar en cada momento los aspectos de la conducta reprochada, etc., y que esta dependencia de circunstancias tan concretas, aconseja consentir un amplio margen a la apreciación del juzgador de instancia; sin perjuicio de que si una calificación se adopta apartándose manifiestamente del criterio de suficiencia marcada por la doctrina jurisprudencial, existe la posibilidad de impugnación por medio del recurso de suplicación. En concreto, con relación a la imputación de deslealtad por realizar actividades no consentidas para otra empresa del mismo sector productivo, como previene el artículo 5.d) del ET, estableciendo el artículo 21.1 que la plena dedicación a una sola empresa, vendrá impuesta, sólo cuando la actividad plural en trabajo o negocios similares perjudique al empresario y genere por ello una consecuencia desleal o competencia ilícita del trabajador, implicando la violación de esos deberes básicos una trasgresión de la buena fe contractual, constitutiva de un incumplimiento contractual que justifica el despido. Dicha prohibición de no concurrencia, está subordinada a los límites que el referido artículo 21 del E.T. establece, ya que, no basta con que exista concurrencia en la misma actividad sino que además es necesario que la misma sea desleal, para cuya determinación, es preciso atender a los elementos objetivos del relato histórico, ya que lo que se juzga es si la actividad en la otra empresa, del trabajador revela una infidelidad en el servicio que presta al demandado o si la base de su actuación sean los conocimientos obtenidos en su trabajo en este último, porque en caso de pluriempleo, figura admitida, salvo en concurrencia desleal o el pacto de plena dedicación, ha de acreditarse, la falta de fidelidad, en el cumplimiento de las obligaciones impuestas, para que se estime un ejercicio abusivo de aquél (STS, Sala 4.ª, de 22-10-1990).
En el presente litigio, el Magistrado de instancia no se excede de su amplio criterio de actuación, al valorar la carta de despido, sin dudas interpretativas de la conducta sancionada al trabajador, dada la posibilidad de acudir al acto del juicio oral, con las pruebas que estimó oportunas en su defensa, ya que como informático, al igual que el propio testigo cuyas declaraciones valora el Juez "a quo", pudo aportar la causa y consecuencias de la disponibilidad del número de protocolo de internet (IP) de la empresa "ABC Logistic", empresa competidora, datos que se evidencian, en el ordenador de la demandada a disposición exclusiva del trabajador, sin que las alusiones que efectúa en el recurso se vertiesen en el acto del juicio oral, para su valoración por el Magistrado de instancia, no siendo hábil a efectos revisorios en el extraordinario recurso de suplicación, la prueba testifical ni la declaración de parte, siendo la causa fundamental que se deduce del extenso texto de la carta de despido que la empresa demandada imputa al actor, por los datos obtenidos de dicho instrumento de trabajo, a consecuencia de correo electrónico detectado accidentalmente en junio de 2004, a la cuenta de correo del antiguo [...] de la fábrica, el actual de la referida empresa "ABC Logistic" (datos que se obtuvieron de dicho ordenador el día 12 de julio de 2004), en su presencia, la de Delegados sindicales, el informático que declaró como testigo que es quien realizó la copia del disco duro del ordenador que manejaba, el actual [...] y Notario, facilitando el demandante las claves del correo electrónico de la empresa el día de la copia del disco duro de su ordenador, apareciendo en tal soporte, la existencia de ficheros que evidencian tres presupuestos, de mayo y junio, para actividades de dicha empresa, "y todos los datos necesarios para realizar desde su correo electrónico, la gestión de las cuentas de acceso de internet de la empresa "ABC Logistic, S.L.", incluidos los IP y contraseñas, además de los teléfonos, móvil y particular y 902 del [...] de la fábrica, respecto del que se imputa que realizaba servicios desde septiembre de 2003", contrastando las llamadas a dichos números de teléfono. En definitiva le imputan, que no sólo asesoraba a terceros, sino que trabajaba y hacía gestiones para la empresa ABC Logistic, propiedad del antiguo [...] de la fábrica de la demandada, del mismo sector productivo, lo que califica como competencia desleal, y abuso de confianza y trasgresión de la buena fe contractual, utilizando el sistema informático de la empresa demandada, trabajos ajenos a la demandada, manejando el correo electrónico de la empresa para sus fines privados, ignorando si ello le reporta beneficio económico, quebrantando el deber de fidelidad implícito en toda prestación de servicios, hechos desconocidos y no consentidos ni tolerados por la demandada. La causa del despido notificado que tiene varias manifestaciones que la carta de despido explicita y que en el acto del juicio oral se pretende acreditar de forma detallada, no es otra que la trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza al prestar servicios para empresa competidora sin conocimiento ni consentimiento de la demandada, utilizando para ello material de la demandada.
Como antes se expuso la doctrina jurisprudencial no exige una pormenorizada descripción de los hechos concretos que fundan la carta de despido y, no obstante, la unida a las actuaciones, valorada en la instancia, se ajusta a dicha doctrina, explicitando algunas conductas detalladamente y otras de forma más genérica, sin que con ello se cause indefensión al trabajador que por su cualificación pudo comprender y aportar las pruebas pertinentes tendentes a destruir la imputación de que, entre otros hechos concretos, con los datos obtenidos de su ordenador, expresamente se alude al número de Internet de protocolo (IP) de la empresa competidora, trabajaba para esta empresa lo que excede del mero asesoramiento, que es lo declarado probado en la instancia, sin que se entienda acreditado que era conocido o consentido por la demandada (prueba que sí incumbe al actor), aclarando el testigo en calidad de informático al Magistrado de instancia, la justificación de que con tal imputación se pretenda por la demandada que realizaba gestiones para la empresa "ABC", al facilitar el acceso al ordenador de esta empresa.
Segundo.-Con igual pretensión de declaración de nulidad de la sentencia recurrida y apoyo procesal, la parte recurrente pretende la nulidad de la sentencia recurrida, que analiza como causa del despido datos que no constan en la carta remitida al trabajador, cuya prueba se deriva de una presunción deducida por el Juez "a quo", con infracción de los artículos 105.1 y 108 de la LPL, 386 y 217 de la LEC y 24 de la CE.
Los aludidos preceptos no incluyen una prueba tasada para la justificación de los hechos imputados en la carta de despido, por lo que el Magistrado de instancia, para obtener su relato de hechos probados, puede valorar el conjunto de actividad probatoria, con libre e imparcial criterio, no estando exenta de la prueba por la vía de las presunciones la acreditación de las imputadas en la carta de despido, es decir partiendo de un hecho cierto y probado, del que lógicamente se deduzca su consecuencia (vigente artículo 386 de la LEC), puede llegarse a tal convicción judicial, no siendo ilógico ni irrazonable, el hecho de obtener la disponibilidad del actor de los aludidos números de internet, para llegar a la conclusión del acceso al ordenador de la empresa competidora, o más concretamente que realizaba gestiones para ella, sin que por lo demás, sea preciso para la justificación del despido tal prueba exhaustiva, pues como posteriormente se expone, basta para la extinción del contrato de trabajo por deslealtad o abuso de confianza, el resto de los hechos acreditados y que ni siquiera impugna el recurrente.
El hecho de que la sentencia recurrida haga mención expresa al acceso al ordenador de la empresa competidora, no obsta a que en la carta de despido se imputan una serie de actuaciones que implican prestar servicios con material de la empresa demandad, siendo este posible acceso, uno más de los imputados. No se imputa en la carta de despido ni se declara probado en la instancia que el demandante haya accedido en momento concreto alguno al ordenador de "ABC Logistic", sino que el Magistrado declara probado que disponía de los números de protocolo de internet (IP) de dicha empresa, lo que consta en la carta de despido, y el actor no niega, probándose en el acto del juicio oral mediante la prueba testifical de otro informático el alcance de dicha imputación, es decir, que con ello se acredita que realizaba gestiones para la referida empresa (lo que también se imputa expresamente en la carta de despido), admisible tal prueba en aplicación de los artículos 92 de la LPL y 370.4.º de la LEC, (la prueba testifical es admisible a tal efecto y el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de conocimientos científicos o técnicos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos que son objeto del interrogatorio); sin que el demandante efectúe prueba alguna tendente a acreditar su pretendida irrelevancia al despido comunicado, que lo es lo pretendido por el recurrente.
Lo declarado probado en la instancia no precisa prueba tasada, al modo que en el extraordinario recurso de suplicación, en que el recurrente sí precisa de documento fehaciente o prueba pericial que evidencie su error en la declaración impugnada, por lo que igualmente se desestima este motivo del recurso pretendido.
Tercero.-La parte recurrente también solicita la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, al alegar en el acto del juicio oral la prescripción de las faltas imputadas, pues teniendo el empresario acceso al correo electrónico del actor, así como, a las facturas del teléfono, no se puede alegar desconocimiento de los únicos hechos concretos y objetivos incluidos en la carta de despido, al haber transcurrido el plazo de 60 días desde su conocimiento, hasta la imposición de la sanción del despido, hechos que eran conocidos y tolerados por la empresa demandada. La sentencia recurrida no se pronuncia sobre la excepción invocada y aunque en la carta de despido no se concretan fechas en el requerimiento notarial que extracta los contenidos de los correos electrónicos, se alude que éstos son de fecha 12-3-2004, 25-5-2004 y 2-6-2004, estando prescritas las dos primeras, y respecto de las segunda, el hecho de que en cinco meses tan sólo recibió tres correos revela la levedad de la falta imputada, pretendiendo la vulneración del artículo 97.2 de la LPL y 218 de la LEC. La cuestión litigiosa ha sido objeto de doctrina unificada contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de abril de 2002 (EDJ 2002/27130). En ella se analiza el supuesto de si puede o no el órgano jurisdiccional de suplicación, una vez declarada la inexistencia de la prescripción que había sido apreciada en la instancia, entrar a decidir, tras el examen de los hechos imputados, sobre la calificación de los mismos en orden a la sanción impuesta, extremo sobre el que la sentencia instancia no se ha pronunciado. Al respecto señala la Sala 4.ª del TS declara que la estimación de la prescripción de las faltas imputadas al trabajador constituye, por un lado, un pronunciamiento o decisión afectante al fondo de la cuestión debatida, y, por otro, se asienta o tiene su base en los hechos que la propia sentencia declara probados en su relato histórico, que, aunque no los califique de modo expreso, sí los ha tenido en cuenta para, con base en ellos, apreciar la prescripción de las faltas imputadas al trabajador por la empresa. La declaración de hechos probados, tal y como se desprende de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, es el resultado de la valoración conjunta, por el órgano jurisdiccional de instancia, de todos los elementos de convicción necesarios para, en los supuestos de imputación de faltas, determinar, con apoyo en los mismos, su subsunción, o no, en las normas que tipifican los incumplimientos contractuales culpables a los que asignan las sanciones establecidas a estos efectos, constituyendo aquella declaración, por ello, premisa fundamental y elemento sustancial para calificar, y en consecuencia declarar, de procedente, improcedente o nulo el despido. Por ello, si la sentencia de instancia, tras recoger en su relato histórico los hechos que previa valoración de los elementos de convicción declara probados, estima la prescripción de las faltas imputadas por la empresa al trabajador, calificando, por esta razón, de improcedente el despido, no parece lógico entender -por contrario a los principios de celeridad, informante del proceso laboral, y economía procesal- que la sentencia de suplicación, una vez apreciada la inexistencia de la prescripción, no pueda pronunciarse sobre la realidad e imputabilidad al trabajador de las faltas que le son atribuidas y, en consecuencia, sobre la calificación del despido, cuando el relato fáctico de la resolución de instancia contenga hechos suficientes para emitir aquel pronunciamiento y las partes, impugnante y recurrida en vía de suplicación, hayan defendido, sobre la base de dicho relato histórico, sus respectivas posiciones sobre el tema cuestionado.
El hecho de que el órgano jurisdiccional de suplicación, partiendo de los hechos probados de la sentencia de instancia, dicte su resolución calificando, con apoyo en los mismos, el despido (procedente, improcedente o nulo), no puede entenderse, por las consideraciones expuestas, vulnere el derecho de defensa de las partes, dado que, por un lado, éstas han tenido la posibilidad de alegar o manifestar, en vía de suplicación, lo que a su derecho interesaba (y así ha sucedido en los supuestos de las sentencias impugnada y de contraste); y, de otra, el órgano jurisdiccional de suplicación si bien se encuentra vinculado, en su decisión, a los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, no lo está, según ya se ha significado anteriormente, a la calificación de las faltas y, posteriormente, del despido efectuada por el Juzgador de instancia, aun teniendo en cuenta la inmediación que caracteriza su actuación. De aquí que, aun siendo evidente la importancia de ésta, no puede atribuírsele el alcance que la parte recurrente le asigna, en lo que respecta a la indefensión que se alega, en cuanto que al afectar la decisión a adoptar, no al ámbito de valoración de los elementos de convicción, sino a la aplicación del derecho, el criterio de los Tribunales de suplicación, puede ser diferente al que sostuviese o, en su caso, hubiera mantenido, Juzgador de instancia, cuando, por otra parte y como asimismo se ha señalado, lo decisivo, a estos efectos, no es esta valoración, sino la de los elementos de convicción, que la sentencia de instancia ha efectuado, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, al declarar los hechos que consideró probados y los medios de convicción en los que se apoyan, así como las razones (motivación) por las que, en relación con la primera de las alegaciones formuladas por el demandante, aprecia la prescripción de las faltas que le han sido imputadas por la empresa demandada.
Debe añadirse a lo precedentemente expuesto, que, aunque referido al recurso de casación ordinario, el artículo 213.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, viene, en cierto modo al menos, a sentar la misma conclusión, al disponer -sin duda en aplicación de los mencionados principios de celeridad y economía procesal- que "si la infracción cometida versara sobre las reglas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate", añadiendo, seguidamente, "pero si no pudiera hacerlo por ser insuficiente el relato de los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, acordará la nulidad de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales y mandará reponer las mismas al momento de dictar sentencia, para que se salven las insuficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal". Es decir, que la Sala de casación, de ser suficiente la declaración de hechos probados, ha de resolver sobre el fondo, dentro de los términos en que se haya planteado el debate. Y así, y aunque no con un criterio uniforme, lo ha entendido en sentencias, entre otras, de 22 de mayo de 1996, recurso 2379/95 EDJ 1996/3579 (prescripción de las faltas) y con devolución de las actuaciones por insuficiencia de hechos, en las de 10 de marzo y 29 de septiembre de 1990 y 31 de enero de 2001 (recurso 148/00) EDJ 2001/2691.
En conclusión, no produciendo la indefensión invocada, el pronunciamiento de la Sala sobre la pretendida prescripción de las faltas imputadas (implícitamente desestimada en la instancia al declarar la procedencia del despido por la prueba de los hechos imputados al trabajador en la carta de despido), basándose en el relato de hechos de la instancia que es suficiente al efecto, procede entrar al análisis de dicha excepción, en atención a los aludidos principios de economía procesal y celeridad, propios de ámbito laboral.
Lo verdaderamente trascendental en orden a la interrupción del plazo de prescripción de las faltas determinado en el artículo 60 del ET, es si la empresa pudo conocer o no, de forma cabal y exacta, lo hechos imputados a su empleado. Reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, la de fecha 22-5-1996 (RJ 4607), resolviendo supuestos de despido por trasgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, han sentado el criterio de que la fecha en que se inicia el plazo de prescripción del artículo 60.2 del ET no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento, cabal, pleno y exacto de los mismos.
Y, en la presente litis, del mero acceso de la demandada a los números de teléfono atendidos por el demandante en utilización de los medios de la empresa (al no declararse probado que conociese la titularidad de los mismos), no se obtiene que ésta tenga conocimiento de que se pone en contacto reiterado desde septiembre de 2003, con la empresa competidora y titularidad del antiguo director de la fábrica, sino que lo será desde que a través del acceso accidental y ocasional, en un primer momento, en junio de 2004 a un correo electrónico del demandante y, posteriormente, con la copia del disco duro obtenida del ordenador de uso del demandante, a su presencia y las personas que se detallan en la carta de despido, como no podía ser de otra forma al atender al correo electrónico en la empresa, pero del demandado, en que se aprecia con claridad que los aludidos números y correos remitidos, son de la empresa referida, para la que prestaba los servicios imputados, por lo que valorando el conjunto de actuaciones que de ellos se detalla, se llega la imputación contenida en la carta de despido de que el demandante presta servicios (la demandada ignora si remunerados) para dicha empresa. Puesto que el conocimiento cabal de la actuación imputada no surge hasta la obtención de los datos mediante la copia del disco duro del ordenador utilizado por el demandante a presencia notarial el 12 de julio de 2004, comunicándose el despido al actor en carta de fecha y efectos al 21 siguiente, se concluye con la desestimación de la excepción de la prescripción de las faltas imputadas, pudiendo ser todas ellas analizadas para la calificación del despido.
Cuarto.-Con apoyo procesal en el artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente pretende la revisión del hecho declarado probado octavo, para que se suprima la expresión relativa a que el demandante tenía acceso al servidor de la empresa mencionada. Al no constar dicho acceso en la carta de despido, pretende que no pudo acudir con la prueba pertinente para la prueba en contrario, no siendo la aportada por la demandada la prueba de perito, como el propio Magistrado alude en la instancia, siendo ésta una cuestión técnica manifestada por el testigo que no tuvo conocimiento directo de los hechos.
Ya anteriormente se aludió a la posibilidad de la práctica de prueba testifical de personas que por su especial cualificación técnica o científica, pueden ser atendidos en la fase valorativa de la instancia, de personas que además son testigo por estar relacionados con los hechos, como efectivamente sucede en la litis, en que el informático que declara como testigo intervino en la copia del disco duro del ordenador que utilizaba el actor, y es quien actualmente se encarga de las funciones de informático en la empresa (sin que en el proceso laboral exista la posibilidad de tacha de testigos), declaración que tiene una doble vertiente técnica y testifical, aún primando ésta sobre aquélla, siendo la causa del despido comunicada el realizar servicios para otra empresa, lo que no exige la práctica de la prueba pericial en la instancia, valorando el magistrado de instancia, en atención a las amplias facultades que le confiere el artículo 97.2 de la LPL, la testifical practicada, incluida la condición de informático del testigo de la que participa el actor y que motivó su contratación, expresándose literalmente en la carta de despido el acceso a través del correo electrónico del actor en la empresa demandada al número de internet de protocolo (IP) de la empresa competidora, sin que el actor pruebe, ni se funde al efecto en documento o prueba pericial, única hábil en sede de recurso que sí está limitada para demostrar error evidente del Juzgador en la valoración de la practicada en la instancia, sin precisar de análisis ni conjeturas que realiza el recurrente en el motivo del recurso y en los previos. No puede, lícitamente, el recurrente, sustituir por criterio propio, subjetivo y parcial, la convicción del Juzgador, deducida en términos del artículo 97.2 de la Ley procesal laboral, del conjunto de prueba practicada, máxime, al figurar otras conductas expresivas de la correcta calificación de la conducta del actor (STS, Sala 4.ª, de 23-11-1990, EDJ 1990/10687).
Por vía de presunción, partiendo de un dato cierto, el imputado en la carta de despido, el Magistrado de instancia en aplicación de lo preceptuado en el artículo 386 de la LEC, declara probado, para lo que se apoya en datos técnicos que aporta el testigo propuesto por la demandada, que el actor realizaba las gestiones que se imputan para otra empresa, no meras consultas o utilización en fines privados, con medios materiales de la demandada, lo que lleva a desestimar este motivo del recurso, no infringiéndose con ello las normas citadas.
Quinto.-Al amparo del artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente en orden a las normas aplicadas, denuncia infracción, por indebida aplicación, del artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores con relación al artículo 21.1 y 5.d) del mismo Texto Legal, e infracción del artículo 44.1.b) del Convenio colectivo del sector y 41.8 del mismo texto convencional. Estimando que de los hechos imputados, los que se declaran probados, no están adecuadamente calificados como falta muy grave del convenio, siendo su adecuada calificación la de falta grave, cuya sanción máxima es la de 15 días de suspensión de empleo y sueldo, realizando, a lo sumo, sin permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como, el empleo para usos propios de material de la empresa, incluso declarando probado que tenía acceso al ordenador de la empresa competidora, al no imputarse ni declararse probado que se hiciese uso de tal posibilidad, pretende que no puede incardinarse el supuesto en el artículo 54.2 del ET, declarando probado la sentencia recurrida que la competencia posible es irrelevante por las dimensiones de la empresa con la que se relacionaba frente a la demandada. No existiendo enriquecimiento por el trabajador, no siendo trabajos los imputados, ni causando perjuicio acreditado alguno a la demandada, siendo los hechos conocidos y consentidos por la demanda y esporádicos, pretende el recurrente la desproporción entre la falta y la sanción impuesta.
El relato fáctico que funda esta resolución, el detallado en la instancia, al no obtener éxito el motivo del recurso destinado a su revisión, que a lo largo de los meses de mayo y junio de 2004, el demandante utilizó el ordenador portátil, propiedad de la empresa demandada y herramienta de trabajo, sin conocimiento y consentimiento de ésta, correos electrónicos de uso personal del actor, resolviendo consultas informáticas de terceros, la mayoría suscitadas por el antiguo [...] de la empresa demandada, quien es el actual [...] de una empresa distinta del mismo sector productivo aunque de una entidad mucho menor a la demandada, abriendo tres cuentas a favor de esta persona, con sus correspondientes contraseñas, previa petición de éste, recibiendo tres presupuestos de la empresa "ABC"(para almacén y estudio de coberturas dando su opinión al remitente), estando en posesión de los números de internet de protocolo (IP) propiedad de la empresa "ABC", con conexión de red virtual, teniendo acceso al servidor de la empresa mencionada con ello, se acredita la causa notificada como fundamento del despido disciplinario. Sólo con la prueba de que el demandante, utilizando herramientas de la empresa y no declarándose probado conocimiento ni consentimiento que justifique tolerancia alguna, participó en la resolución de la viabilidad de presupuestos que directamente afectan a la mencionada empresa del mismo sector productivo al que se emplea la demandada, lo que es ajeno a meras consultas de tipo informático, revela que ha utilizado, con fines privados y perjudiciales a la empresa, tales bienes, pues el auxilio informático con medios de la demandada no es sólo a terceros, sino a empresa del sector, con la apertura de tres cuentas informáticas a favor de ésta, lo que excede ya de la mera consulta o utilización privada de medios de la demandada, siendo éste un servicio propio de la cualificación de informático con la que fue contratado y trabajaba para la demandada, dedicándose en iguales funciones a la empresa competidora, aún de menor entidad, declarándose probado incluso que existía entre el demandante y su [...], asuntos pendientes, algunos de urgente resolución (mensaje enviado el 6-5-2004 al que remite el ordinal fáctico quinto de la sentencia recurrida), lo que se encuadra dentro del servicio por cuenta de dicha empresa, sin que deba la demandada acreditar un perjuicio concreto, con ello, o el pago real al actor de estos servicios; a lo que se añade al acceso a un número que se detalla en la carta de despido y que el Juez "a quo", de acuerdo a la prueba testifical de técnico informático practica, declara que justifica el acceso al ordenador de la empresa competidora, lo que revela, en el mismo sentido que las anteriores conductas que el demandante no hizo meras consultas esporádicas e irrelevantes con terceros, sino que prestó servicios informáticos a la empresa del mismo sector que la demanda.
La causa del despido disciplinario notificada, la trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, fundada en los artículos 42.5 y 44.1.c) del Convenio Colectivo aplicable y 54.2.d) del ET, suponen la infracción del deber de buena fe que establecen los artículos 5.a) y 20.a) del mencionado ET, con relación al 21.1 del mismo Texto legal, que debe presidir todo ejercicio de la actividad del trabajador y cuyo incumplimiento justifica la extinción de la relación laboral por el empresario.
La falta imputada se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de un lucro personal del trabajador, pues basta con que se quebranten los deberes de fidelidad y lealtad en el trabajo. También se admite la culpabilidad dolosa, negligente, imprudente e incluso por descuido, imputable al trabajador, no siendo necesario que ocasione daños reales o cuantiosos a la empresa, bastando con la pérdida de confianza por el empresario (sentencia del TS de 24-10-1990, EDJ 1990/9699). La doctrina jurisprudencial declara que al efecto deben valorarse todas las circunstancias concurrentes de hecho o conducta del trabajador a fin de determinar si lo imputado justifica la pérdida de confianza por la trasgresión de la buena fe contractual que se impone al trabajador (sentencias del TS de 2 de abril de 1987, EDJT 1987/2643 y 25 de junio de 1990, EDJ 1990/6789). Y, a tal efecto, procede la desestimación del recurso planteado por el trabajador, pues, como declara el Magistrado de instancia, la actuación probada del actor que colabora activamente con empresa competidora al abrirle varias cuentas realizando labores para ella de las contratadas por la demandada, con bienes propios de ésta, sin perjuicio de las diferentes dimensiones de ambas, lo que minimiza el daño de los efectos de la competidora, ello no obsta a que sea legítima la sanción por deslealtad al actor, ya que es lícito la pérdida de confianza al descubrir la utilización, no sólo para uso privado de bienes de la empresa que le proporciona para su trabajo en la demandada, sin autorización para tales usos privados, sino para realizar servicios de su categoría profesional a empresa de la competencia, lo que justifica la tipificación como falta muy grave de los hechos sancionados, y ratifica la extinción de la relación laboral notificada, desestimándose en consecuencia el recurso formulado y confirmándose la sentencia impugnada.
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Jesús Miguel, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Tres de Santander de fecha 2 de noviembre de 2004, en virtud de demanda formulada por el recurrente contra la empresa "Silotrans, S.A.", en reclamación por despido y, en su consecuencia, confirmamos la resolución recurrida.