Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Chile.971.03.htm
Timestamp: 2017-03-24 13:54:02
Document Index: 231124679

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 30', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 46']

Chile 971/03 Admisibilidad
2. Después de 20 años de actividad académica, desde el año 2002, coincidiendo con la designación de nuevas autoridades del actual Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el profesor Israel comenzó a ser objeto de una campaña de hostigamiento, acoso, y amenazas que interferían con sus actividades académicas normales. El nuevo Director del Instituto le pidió al profesor Israel su renuncia voluntaria a su cargo de Profesor Titular, amenazándolo con la existencia de un supuesto “sumario” en su contra. El Profesor Israel se negó a renunciar, con la confianza de no haber cometido ningún hecho irregular, pero desde ese momento se sucedieron una serie de actos de hostigamiento los cuales culminaron con su despido o expulsión. 3. En el presente informe, dado que el Estado no respondió dentro del plazo especificado en el Reglamento, la Comisión concluye que la petición cumple con los requisitos para la admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión decide declarar admisible el caso, notificar a las partes de esta decisión y continuar con el análisis de los méritos en relación con las alegadas violaciones de los artículos 1(1), 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión decide publicar el presente informe en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
4. El 11 de diciembre de 2003, la Comisión transmitió al Gobierno de Chile la denuncia del Dr. Héctor Faúndez Ledesma en nombre del Dr. Ricardo Jacob Israel Zipper, solicitándole al Estado que brindara información sobre dicha denuncia dentro de un plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 30 de su Reglamento. El Estado no respondió ni pidió prórroga del plazo para responder, de acuerdo con el artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión. III. POSICIÓN DE LAS PARTES
6. Durante 6 años y medio el Dr. Israel se desempeñó como Director del Instituto de Ciencias Políticas de dicha Universidad, cargo al que renunció en el año 2000 luego de recibir un anónimo que lo amenazaba a él y a su familia, amenaza que fue considerada seria por la policía. 7. En 1998 fue candidato a Rector de la Universidad de Chile. En el año 2002 fue electo para formar parte del Senado Universitario. En ese año fue invitado a dictar la Cátedra de Ciencia Política en la referida Facultad.
15. El 28 de marzo de 2003, el Profesor Israel interpuso un recurso de protección que fue resuelto favorablemente el 15 de julio de 2003 por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Universidad de Chile, con fecha 27 de agosto de 2003, la Corte Suprema revocó esta sentencia, sin oír alegatos de las partes, y rechazó el recurso de protección. 16. Según la petición, los hechos antes referidos configuran la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), a las garantías judiciales (artículo 8 de la Convención), a la libertad de expresión (artículo 13 de la Convención), a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención), a la igual protección de la ley (artículo 24 de la Convención), y a la protección judicial (artículo 25 de la Convención) en la persona de Dr. Ricardo Jacob Israel Zipper. B. Posición del Estado 17. Como se mencionó antes (párrafo 4), el Estado no respondió dentro del período asignado, ni pidió prórroga del plazo, de acuerdo con el artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión. IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD A. Competencia de la Comisión ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci
18. La Comisión tiene competencia ratione materiae, por cuanto el peticionario alega la violación de los artículos 5, 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. 19. De acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana, el peticionario está autorizado a presentar una denuncia ante la Comisión. En el presente caso, la presunta víctima es una persona cuyos derechos Chile está comprometido a garantizar y respetar. En cuanto al Estado, la Comisión observa que Chile es parte de la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia.
20. La Comisión también es competente ratione temporis dado que la obligación de respetar y asegurar los derechos protegidos por la Convención Americana ya regía para el Estado cuando ocurrieron los hechos alegados en la petición. 21. Las partes no tienen dudas ni discrepancias en cuanto al hecho de que los incidentes descritos en la petición ocurrieron en territorio chileno. Por tanto, resulta clara la competencia ratione loci de la Comisión.
23. El peticionario interpuso una acción de protección el 28 de marzo de 2003 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile. El 15 de julio de 2003, la Corte falló en su favor. Pero, la Corte Suprema de Chile, en respuesta a la apelación presentada por la Universidad de Chile, el 27 de agosto de 2003, revocó la decisión sin escuchar los argumentos de las partes y rechazó la acción de protección a la que había accedido la Corte de Apelaciones. 24. El argumento de no agotamiento de los recursos interenos debe ser esgrimido por el Estado presentando una objeción en plazo que invoque el no agotamiento y el Estado está obligado a probar que existen recursos internos por recorrer y que los mismos son efectivos.[5] En el presente caso, el Estado no invocó el no agotamiento de los recursos internos; en realidad, no presentó réplica alguna a la petición, por lo cual la Comisión considera que renuncia a esta excepción.
25. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece que las peticiones deben ser presentadas dentro de los seis meses a partir de la fecha en que el peticionario es notificado de la sentencia definitiva que agota la vía interna. En la petición en estudio, la Comisión ha establecido la renuncia tácita del Estado chileno a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición en estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. En tal sentido, la Comisión observa que la petición original fue recibida el 17 de noviembre de 2003. Asimismo, la decisión de la Corte Suprema fue emitida el 27 de agosto de 2003. Por consiguiente, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimientos y res judicata internacionales
26. La Comisión entiende que la sustancia de la petición no está pendiente de solución ante ninguna otra instancia internacional y que no es, en esencia, igual a otra anteriormente examinada por la Comisión o por otro órgano internacional. Por tanto, también se han satisfecho los requisitos de los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
28. Los peticionarios alegan que el Estado violó los derechos del Dr. Israel consagrados en los artículos 5, 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana, en tanto el Estado no presentó observación alguna en relación con la petición. Los peticionarios han presentado observaciones fácticas específicas, detalladas en la Parte III.A del presente informe, las cuales, de ser verdaderas, a juicio de la Comisión tienden a establecer la posible violación de ciertas disposiciones de la Convención, a saber, los artículos 8, 13, 21, 24 y 25, en relación con las obligaciones que impone al Estado, el artículo 1(1). Al mismo tiempo, la Comisión se manifiesta insatisfecha en cuanto a que los peticionarios hayan sustanciado denuncias que, de demostrarse verdaderas, pudieran establecer una violación del artículo 5 (tortura y trato cruel, inhumano o degradante) de la Convención, sino que más bien apuntarían a una posible violación del artículo 11, referente al daño a su reputación.[6] 29. Lo que está en causa en este caso es si el procedimiento dispuesto en la legislación aprobada durante el régimen de Pinochet, en particular, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 153, del año 1981, inter alia, por el cual las autoridades universitarias fueron autorizadas a eliminar cargos de la planta, se conforma con los requisitos del debido proceso, establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana, o debe ser considerado “arbitrario” e incompatible con dichos requisitos de la Convención. En la sentencia de la Corte Suprema, ésta recuerda que, interpretando el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 153, de 1981, el artículo 2 de la Ley Nº 18.663 establece que para suprimir cargos no se requiere ni se ha requerido aviso previo alguno. 30. Además, la Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios, de confirmarse su veracidad, podrían también revelar una violación de los artículos 2 y 11 (supra) de la Convención, en la medida en que la presunta inexistencia en Chile de un recurso efectivo para las violaciones de los derechos humanos protegidos por la legislación interna chilena y por la Convención Americana podría establecer la violación por el Estado de la obligación de dar efecto legal interno a los derechos y libertades consagradas en dicho instrumento. Aunque los peticionarios no han alegado en su petición la violación de los artículos 2 y 11, la Comisión puede ante sí definir una posible infracción de esta disposición a los efectos del trámite iniciado ante ella, en base al bien establecido principio de iura novit curia.
31. La determinación de que la situación denunciada caracteriza o no una violación de los derechos del Dr. Israel consagrados en la Convención Americana es una cuestión que atañe al examen de la etapa de méritos. Pero, con respecto a la cuestión de la caracterización, la Comisión desea reiterar que la existencia de legislación que incluye distinciones basadas en la condición personal puede, de por sí, caracterizar una posible violación. Al respecto, la Comisión concluye en este caso que los peticionarios han afirmado denuncias que, de satisfacer otros requisitos y demostrarse verdaderas, podrían tender a establecer la violación de los derechos protegidos por los artículos 1(1), 2, 8, 11, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. V. CONCLUSIÓN
32. En base a las consideraciones de derecho y de hecho que anteceden, la Comisión concluye que el caso en estudio satisface los requisitos de admisibilidad dispuestos en el artículo 46 de la Convención Americana y sin prejuzgar sobre los méritos del caso, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
Es importante señalar que según el Manual de Procedimientos editado por la Contraloría General en el año 2002, dicha doctrina se encuentra plenamente en vigor.