Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3119-de-febrero-5-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041effaf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 20:47:54
Document Index: 378713434

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 633', 'artículo 84', 'artículo 227', 'artículo 44', 'artículo 99', 'artículo 80', 'artículo 149', 'artículo 66', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 257', 'artículo 257', 'artículo 63', 'artículo 132', 'artículo 153', 'artículo 85', 'artículo 256', 'artículo 125', 'artículo 256', 'artículo 125', 'artículo 3', 'artículo 132', 'artículo 8', 'artículo 125', 'artículo 3', 'artículo 132', 'artículo 63', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 3', 'artículo 125']

﻿ SENTENCIA 3119 DE FEBRERO 5 DE 2004
SENTENCIA 3119 DE 05 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:REGULACIÓN DE LA FORMA DE PROVEER LOS CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL. CORRESPONDE AL LEGISLADOR Y NO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL, RAMA JUDICIAL, FUNCIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ESTRUCTURA DE LA RAMA JUDICIAL, FUNCIONAMIENTO DE LA RAMA JUDICIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:388 DE ABRIL DE 2004, PG.606
Sentencia 3119 de febrero 5 de 2004
REGULACIÓN DE LA FORMA DE PROVEER LOS CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL
CORRESPONDE AL LEGISLADOR Y NO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
EXTRACTOS: «La Directora Ejecutiva de Administración Judicial, en su calidad de representante legal de la Nación, rama judicial, actuando mediante apoderado, en ejercicio de la acción pública electoral, demanda la nulidad de la elección de los doctores Rodrigo Ávalos Ospina, Leonor Espinosa de Morantes, Laura Margarita Manotas González, Álvaro Salazar Hernández y Jacqueline Suárez Acosta, como magistrados de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Administrativo del Distrito Judicial de Bogotá, contenida en el acta del 24 de abril de 2003 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
1ª La excepción de incapacidad de la Nación para demandar la nulidad de la elección, fundada en el precepto del artículo 40 de la Constitución Política, no está llamada a prosperar por lo siguiente:
La referida norma constitucional sustantiva consagra los derechos políticos de los ciudadanos y entre ellos el de “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”; por su parte, la acción electoral es una acción pública, instituida para salvaguardar la integridad del derecho a elegir y ser elegido así como la determinación del titular legítimo del poder del Estado; fue confiada por el legislador a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como resulta de lo establecido, principalmente, en los artículos 128-3, 132-8, 134B-9, 136-12, 223, 227, 228, 229 y 231 del Código Contencioso Administrativo. Es una modalidad de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en cuyo ejercicio se debate exclusivamente la legalidad objetiva de los actos de elección o nombramiento o de los actos de contenido electoral.
En ese orden, tal como lo establece el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para la acción de nulidad en general y los artículos 223, 227, 228 ibídem, en particular para la acción electoral, la misma no es una acción exclusiva de los ciudadanos sino que puede ser ejercida por cualquier persona. Las normas citadas establecen en su orden, lo siguiente:
“ART. 84.—Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos”.
“ART. 227.—Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los actos de las corporaciones...”.
Según el artículo 73 del Código de Comercio, las personas son naturales o jurídicas, y el artículo 74 del mismo código prescribe que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, y el inciso primero del artículo 633 ibídem, establece: “se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”.
Conforme a lo anterior, la expresión “toda persona“ empleada por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, y “cualquier persona” del artículo 227 ibídem, autorizan el ejercicio de la acción de nulidad, no solo por los ciudadanos, como afirma el representante judicial de las demandadas, sino por todas las demás personas con capacidad para ser parte y comparecer en un proceso, en los términos del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a saber las personas naturales mayores y menores de edad, nacionales y extranjeros, las personas jurídicas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, e incluso los colombianos mayores de edad inhabilitados para ejercer los derechos políticos. La anterior afirmación se sustenta además en lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política, según el cual, la calidad de ciudadano en ejercicio es una condición para “ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”, pero no se requiere ser ciudadano para demandar en el ejercicio de las acciones judiciales públicas o privadas.
Entonces la Nación, persona jurídica así reconocida por el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, tiene capacidad para ejercer la acción de nulidad electoral, compareciendo a través de quien la represente, según el caso, conforme a las reglas del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. Específicamente en el caso de la rama judicial, a través del Director Ejecutivo de Administración Judicial; por tanto la excepción no prospera.
2ª Informa el apoderado de las demandadas que asumieron la defensa, que ninguna de ellas ejerce actualmente el cargo de magistrada de la Sala Laboral de Descongestión, porque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 1795 del 14 de mayo de 2003 derogó el Acuerdo 1738 del mismo año, que había creado dicha sala de descongestión, dejando sin efecto la elección cuya nulidad se demanda, y que la desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho del acto administrativo acusado, como consecuencia de la anterior decisión administrativa derogatoria, impide su juzgamiento porque el mismo perdió fuerza ejecutoria, conforme al artículo 66-2 del Código Contencioso Administrativo.
La circunstancia señalada por el apoderado de las demandadas, no constituye motivo de inhibición para resolver de fondo sobre la legalidad de un acto electoral que al momento de proferir sentencia ya no se halle vigente, en primer lugar, porque se parte de la base de que nació a la vida jurídica y produjo efectos de la misma naturaleza, y en segundo lugar, porque la legalidad o ilegalidad de ese acto debe ser estudiada frente a las circunstancias de hecho y a la normatividad vigente en el momento en que surgió a la vida jurídica. En estos términos, que ahora se reiteran, se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Sala. Así, en la sentencia citada en el concepto fiscal se dijo (3) :
“... de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación (4) , la sentencia inhibitoria por sustracción de materia no procede cuando se trata de la demanda contra actos administrativos de carácter general o contra los denominados “actos condición”, comoquiera que solamente si se efectúa el control de legalidad y constitucionalidad de esas normas es posible restablecer el imperio del orden jurídico y de la legalidad, que son los fines últimos de la acción de nulidad. En este mismo sentido, esta Sala se pronunció en anterior oportunidad, así:
“Para la Sala resulta claro que el hecho de que la resolución acusada ya no produzca efectos por haberse agotado su objeto y vencido sus términos de vigencia, no conlleva a una decisión inhibitoria ya que la salvaguarda de la legalidad, objetivamente considerada, objeto jurídico de la acción instaurada, solo se obtiene con la decisión del juez sobre el examen de legalidad que le compete” (5) .
En este orden de ideas, la sustracción de materia y la destitución del cargo respecto del cual se solicita la nulidad de la elección no convalidan la ilegalidad, pues el acto impugnado debe analizarse “en el momento en que el acto administrativo se produce y no en un momento posterior a su nacimiento. De manera que si un acto administrativo nace a la vida jurídica con vicios de ilegalidad, es necesario que el órgano de control se pronuncie sobre dichos vicios, ya que aún cuando el acto haya perdido su vigencia, pudo haber producido efectos jurídicos” (6) . Por lo tanto, es procedente juzgar la legalidad del acto demandado”.
Conforme a lo expuesto, la segunda excepción formulada por la defensa tampoco prospera y por tanto, corresponde decidir de fondo el asunto.
Se demanda la elección de los doctores Rodrigo Ávalos Ospina, Leonor Espinosa de Morantes, Laura Margarita Manotas González, Álvaro Salazar Hernández y Jacqueline Suárez Acosta, como magistrados de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por el término de seis (6) meses, contenida en el acta del 24 de abril de 2003, de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (fls. 75 a 83).
Como consta en la mencionada acta, la corporación nominadora procedió a proveer los cargos creados por el Acuerdo 1738 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, pero se abstuvo de aplicar la disposición contenida en dicho acuerdo según la cual, debían designarse a las personas que figuraban en el registro nacional de elegibles para la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C.
Estima violados los artículos 2º, 3º, 4º, 121, 123 y 257 de la Constitución Política, 63, 132 y demás concordantes de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 1738 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa; afirma que merced a la trasgresión del artículo 3º de dicho acuerdo se violaron las competencias constitucionales y legales que sirvieron de fundamento a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para expedirlo.
Los artículos de la Constitución Política, 2, que determina los fines esenciales del Estado, 3, que establece el principio de la soberanía popular, 4, que prescribe la supremacía de la Constitución Política frente a todas las normas que integran el ordenamiento jurídico del Estado y la sociedad colombianos, así como los artículos 121 y 123, que establecen respectivamente el principio de legalidad y quienes son servidores públicos y la forma como ejercen sus funciones, están referidos en esta demanda como violaciones consecuenciales o sucedáneas de otras presuntas violaciones acusadas en forma directa e inmediata como se desprende de la causa petendi reseñada.
En efecto, se acusa a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de haber pretermitido la disposición del artículo 3º del Acuerdo 1738 de 2003, según el cual los nombramientos cuya nulidad se solicita debían hacerse de la lista de elegibles para el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, que envió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el artículo 257 de la Constitución Política en cuanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las competencias allí asignadas, dictó aquel. Se pretende que al pretermitir el mandato del referido acuerdo se violó la facultad del artículo 257.3 “Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”.
Se predica igualmente del acto acusado, la presunta violación del artículo 63 de la ley estatutaria de la administración de justicia en cuanto dispuso la competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para adoptar algunas medidas tendientes a solucionar los problemas de congestión de los despachos judiciales, entre ellas la de “crear, con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto”. Y del artículo 132 ibídem, que regula las diferentes formas de provisión de cargos en la rama judicial, en propiedad, provisionalidad o encargo, en cuanto decidió proveer los nombramientos en encargo y provisionalidad, cuando debió hacerlo en provisionalidad, y con integrantes de la mencionada lista de elegibles y no lo contrario.
1. Para la Sala, contrario a lo pretendido por la demandante, el nombramiento de los magistrados acusado se ajustó a la ley porque sencillamente el condicionamiento impuesto por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de hacer las designaciones de la lista de elegibles que envió al efecto, no tiene sustento constitucional o legal alguno, es decir lo expidió sin competencia.
Las atribuciones y funciones del Consejo Superior de la Judicatura están señaladas en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y desarrolladas en los artículos 75 y 85 de la Ley 270 de 1996.
Mediante Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del proyecto de ley 58 de 1994 del Senado y 264 de 1995 de la Cámara en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política y declaró condicionalmente exequible el artículo 85, “bajo las condiciones previstas en esta providencia”. Expresa la Corte en la providencia:
“La Corte estima que las diversas funciones contempladas en la norma que se estudia salvo las que a continuación se relacionaran se avienen a la naturaleza de las responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con los preceptos constitucionales (C.P., arts. 256 y 257) y los lineamientos que jurisprudencialmente ha determinado esta corporación en la sentencia C-265 de 1993, principalmente.
Las atribuciones sobre cuya constitucionalidad se amerita un comentario especial son pues las siguientes: (...).
El numeral 9º a través del cual se determina la estructura y la planta de personal de las corporaciones y juzgados se ajusta a los parámetros de la Carta Política aunque su ejercicio deberá realizarlas de conformidad con los parámetros legales y los lineamientos expuestos en esta providencia. (...).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 256-1 de la Carta al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la tarea de administrar la carrera judicial. Para el efectivo ejercicio de esta atribución, entiende la Corte que a la citada corporación le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos de dicho sistema de carrera siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador en lostérminos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución. En otras palabras, para la Corte la facultad de reglamentar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, no significa necesariamente suplantar las atribuciones propias del legislador. Por tal motivo, el numeral 22 será declarado exequible (...).
En conclusión, la norma será declarada exequible, salvo la expresión “dentro de las cuales por lo menos la mitad deberá incluir a funcionarios de carrera judicial” del numeral 10, que será declarada inexequible. En cuanto al numeral 9º, la expresión “judiciales” del numeral 13, los numerales 22, 28, 29 y 30 y el parágrafo del artículo, su exequibilidad se circunscribirá a lo expuesto en esta providencia” (se resalta).
En efecto, la autorización constitucional al Consejo Superior de la Judicatura paro dictar reglamentos está circunscrita a los “... necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales...“ y aunque versa sobre materias muy generales como el “eficaz funcionamiento de la administración de justicia” no es posible confundirlo con regulaciones acerca de la forma de provisión de los cargos en la rama judicial, en primer lugar, porque dicha facultad comprende solo lo no regulado por el legislador a quien no puede suplir ni sustituir y en segundo lugar, porque la Constitución Política atribuyó al legislador, conjuntamente con el constituyente, la respectiva competencia en calidad de titulares exclusivos.
Al respecto prescribe el artículo 125 constitucional:
“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determina la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. ...” (se resalta).
Tampoco puede sustentarse, una tal facultad, en las atribuciones que el artículo 256 de la Constitución Política asigna al Consejo Superior, entre las cuales se inscribe la de administrar la carrera judicial, porque por muy amplia que aparezca en su tenor literal, tiene una naturaleza y esencia totalmente distinta de la ya referida competencia del constituyente y del legislador prevista en el artículo 125 constitucional de determinar la forma de provisión de los cargos. Es claro, por otra parte, que quienes son designados para desempeñar un cargo de funcionario por seis meses no ingresan a la carrera judicial, lo cual excluye la facultad de expedir órdenes sobre las respectivas designaciones en ejercicio de la competencia de administrar la carrera judicial.
En parte alguna de las competencias atribuidas en la Constitución Política o en la ley al Consejo Superior de la Judicatura se encuentra la de determinar la forma de provisión de los empleos en la rama judicial que corresponde, como ya se precisó, al constituyente o al legislador. Así, toda regulación que se haga de dicha materia por parte de una autoridad distinta resulta contraria al expreso mandato constitucional. La norma del artículo 3º del Acuerdo 1738 de 2003 es contraria a la Constitución Política y a la ley; como tal, no está amparada por la presunción de legalidad y por tanto debe ser inaplicada.
Así lo ha establecido esta corporación en pronunciamientos reiterados, como por ejemplo, en la sentencia de la Sala Plena del 1º de abril de 1997, expediente S-590, en la cual se dijo:
“El sistema de control constitucional por vía de excepción se amplió con el nuevo precepto y, por tanto, un acto administrativo, que desde luego es norma jurídica, puede ser inaplicado si viola el estatuto constitucional, aunque haya creado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría. Definir Constitución como “norma de normas” genera consecuencias de suma importancia. Vincula o afecta a los miembros de la comunidad y a la totalidad del sistema jurídico de razonabilidad jerárquica ha de hacerse comparando, no solamente la ley con la Constitución como sucedía antes de 1991, sino además normas jurídicas con ella, para decidir su aplicación preferente, si aquellas desconocen sus preceptos y principios fundamentales. La Constitución reafirmó la jerarquización del ordenamiento jurídico, del cual se desprende, como corolario lógico, el principio de que una norma superior señala el contenido, la competencia y el procedimiento para la creación de otras normas jurídicas. Son, en otros términos, los principios de validez y eficacia de la norma. Tal actividad puede multiplicarse en el desarrollo de las funciones inherentes a los órganos de la estructura estatal, hasta llegar a una sentencia, norma jurídica que cierra el sistema, como manifestación de la seguridad jurídica. De modo que, cuando una norma inferior riñe con la Constitución, esta tendrá preferencia y, por consiguiente, la primera es inaplicable para el caso”.
2. Por otra parte, en el artículo 132-2 de la Ley 270 de 1996, se establece:
ART. 132.—Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la rama judicial se podrá hacer de las siguientes maneras: (...).
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes. (...).
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva corporación“ (resaltado y negrillas fuera del texto).
Al respecto de observa:
a) La norma trascrita permite afirmar que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia estaba facultada para realizar los nombramientos cuestionados, directamente. En efecto, si bien no se nombró para llenar una vacancia temporal, por no tratarse de cargos preexistentes, los nombramientos acusados estaban destinados a proveer un empleo en forma transitoria y en esa medida, unos y otros responden a una misma finalidad; ello, unido a la circunstancia de que por mandato del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, a falta de norma aplicable se puede acudir a normas que regulen materias semejantes, permite afirmar que el precepto trascrito atribuyó la respectiva competencia a la corporación nominadora. Si este no fuera el entendimiento correcto de dicha norma, y se concluye que esa designación no está regulada en la ley, habría necesidad de acudir al inciso segundo del artículo 125 constitucional que ordena proveerlo mediante concurso, lo cual conduce al absurdo de exigir el concurso para cargos que no son de carrera.
b) La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia examinó la naturaleza y alcance del artículo 3º del Acuerdo 1738 de 2003 y dispuso su actuar con fundamento en una interpretación plausible de la Constitución y la ley.
En el acta que contiene la elección consta lo siguiente (fl. 75):
“3.10 Elección en encargo y provisionalidad de un magistrado para la Sala Laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
El doctor Fernando Vásquez Botero, Presidente de la Sala de Casación Laboral, expresó los siguientes argumentos a la plenaria para someter a consideración las elecciones de los candidatos ... en el día de hoy:
1. Cuando se creó por primera vez el Tribunal de Descongestión dedicado a los procesos de Foncolpuertos y en las tres posteriores prórrogas, la Sala Administrativa no estableció ninguna reglamentación para efectos de la elección de los integrantes.
2. La Sala de Casación Laboral analizó y estudió el resultado que habían dado las personas que desarrollaron ese trabajo y se concluyó que había sido positivo, pues, no hubo ninguna manifestación que dijera lo contrario, y que habían cumplido a cabalidad las pautas y metas fijadas por la Sala Administrativa, como fue la evacuación de 40 procesos por cada magistrado, mensualmente.
3. Para efectos de lograr los objetivos propuestos por la creación de esta nueva Sala de Descongestión, debe aprovecharse la experiencia obtenido por los profesionales que ejercieron igual función, pues ello está íntimamente ligado a la celeridad y eficacia que debe tener la administración de justicia. (...).
5. Del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 “estatutaria de la administración de justicia“ se deduce que solamente para nombrar en propiedad, la corporación está limitada a las listas remitidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
6. Los cargos creados con fundamento en el artículo 63 de la misma ley son transitorios, y el procedimiento que se debe emplear para la elección que se hace de las personas que deban desempeñar los mismos, debe ser el establecido por la Ley 270 de 1996, esto es, “directamente” por la Corte como lo previene el inciso 3º del ordinal 2º del artículo 132, en armonía con lo dispuesto en el inciso 1º ibídem, toda vez que la vacante es temporal y superior a un mes ...”.
La actuación examinada se fundamentó en una valoración razonada y juiciosa de la finalidad de las designaciones y de las necesidades del servicio, y se decidieron los nombramientos acusados con miras a acceder a los servicios de funcionarios de cuya capacidad técnica y conocimiento no existía la menor duda, en correspondencia con la necesidad de que empezaran inmediatamente a despachar los asuntos represados. Para la Sala, la competencia para determinar las razones de mérito en el ejercicio de la respectiva competencia corresponde, en ausencia de norma en contrario, al nominador.
Según lo confirma la experiencia, en muchas oportunidades las personas cuyos nombres se incluyen en las listas de elegibles acumulan altos puntajes por actividades profesionales y formación académica de abogados distinta de la actividad jurisdiccional y será preciso, a fin de acceder al pleno aprovechamiento de sus capacidades, que comiencen por adquirir el conocimiento específico del trabajo de elaborar providencias judiciales. Es claro que cuando se trata de acceder a un cargo de carrera una tal circunstancia no constituye limitación significativa y, si en alguna medida lo fuera, previa a cualquier otra consideración es imperativo admitir que se trata de una exigencia de la ley para el acceso a los cargos de carrera y la ley es de imperativo acatamiento; cuando se deben designar funcionarios en cargos de vigencia transitoria, con propósitos de descongestión, cuya razón de ser es el despacho inmediato y especial de asuntos represados, no se requiere el concurso por no ser de carrera.
Así, la Sala concluye que la designación acusada no es contraria a norma jurídica alguna y responde a la finalidad del buen servicio, tratándose como se trató, del nombramiento de funcionarios de descongestión.
La designación por encargo de los demandados, hecha por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el mismo acto en que los designó en provisionalidad, se debe a que los nombrados venían desempeñándose como funcionarios vinculados a la rama judicial en propiedad, como se deduce de la certificación que obra a folios 94 y 95, expedida por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y con fundamento en el numeral 3º del artículo 132 de la ley estatutaria, que establece:
“3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas”.
Las nominaciones en encargo hechas por la Corte Suprema de Justicia al tiempo en que designaba a los demandados en provisionalidad, no vicia de nulidad los respectivos nombramientos porque, pese a constituir una irregularidad, una y otra forma de designación empleadas están autorizadas por la ley; la primera, recayendo en funcionarios que se encuentran desempeñando cargos en propiedad, hasta por el término de un mes prorrogable hasta por otro tanto, y la segunda, prevista legalmente para proveer vacantes definitivas, hasta tanto se pueda hacer la designación por el procedimiento legalmente establecido, y que no puede exceder de seis meses; esta última corresponde a la necesidad específica de proveer los cargos creados por el término de seis meses. Sin embargo, dada la calidad de los designados, la utilización del nombramiento en encargo puede explicarse mientras se obtenía la correspondiente licencia en el cargo del cual eran titulares a fin de nombrarlos luego en provisionalidad. En todo caso, la Sala concluye que la incorrecta designación a título conjuntamente de encargo y provisionalidad constituye una incorrección de orden técnico que no vicia de nulidad los actos acusados porque no configura una violación de la ley prevista en esta con dicha consecuencia.
El acto electoral acusado no vulnera las disposiciones constitucionales y legales señaladas en la demanda. La inaplicación por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del artículo 3º del Acuerdo 1738 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según la cual la elección de los magistrados de la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá debía hacerse a partir del registro nacional de elegibles, se halla legitimada en la falta de competencia de dicha Sala para determinar la forma de provisión de los cargos, lo cual implicó la pretermisión del artículo 125 de la Constitución Política, que atribuye esa competencia al constituyente y al legislador.
Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente».
(Sentencia de 5 de febrero de 2004. Expediente 3119. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).
(3) Sentencia del 14 de noviembre de 2002, expediente 3027.
(4) Sentencias del 9 de julio de 1987, expediente 102, Sección Quinta; del 18 de febrero de 1999, expediente 4912, Sección Primera y del 18 de enero de 2000, expediente Al-038 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
(5) Sentencia del 23 de septiembre de 1999, expediente 1736.
(6) Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia del 19 de marzo de 1998. Expediente: 2842.