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Timestamp: 2020-07-09 14:01:16
Document Index: 281372580

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 344', 'artículo 374', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 374', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 17', 'artículo 23']

Real Decreto 864/1997, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros relitos relacionados.
Vigencia desde 30 de Junio de 1997
Primera Afectación de bienes decomisados
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Unica. Reglamentación aplicable a los bienes adjudicados al Estado cuyo destino no hubiese sido determinado
REGLAMENTO DEL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS
CAPITULO II. Mesa de Coordinación de Adjudicaciones
Artículo 4 Reuniones y acuerdos
CAPITULO III. Procedimiento para la enajenación de los bienes decomisados y para la adjudicación y distribución del producto existente en el fondo
Artículo 5 Notificación de sentencias y recepción de bienes
Artículo 6 Valoración de la aptitud de los bienes por la Mesa
SECCION 2. Ingreso en el Fondo por los órganos judiciales de las ganancias decomisadas
Artículo 7 Ingreso de cantidades líquidas de dinero y otros instrumentos de pago
SECCION 3. Enajenación y distribución por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de los bienes y caudales del del Fondo
Artículo 8 Identificación e inventario de bienes
Artículo 9 Notificación a la Mesa de la tasación y de los gastos producidos
Artículo 10 Inscripción de bienes en Registros públicos
Artículo 11 Conservación de bienes
Artículo 12 Disposiciones generales sobre distribución y adjudicación de caudales y bienes entre los beneficiarios
Artículo 13 Distribución de caudales líquidos
Artículo 14 Adjudicación de otros bienes muebles
Artículo 15 Asignación de bienes inmuebles
Artículo 16 Adscripción definitiva de bienes cedidos provisionalmente
Artículo 17 Destino de los bienes y recursos no adjudicados
Artículo 18 Obligaciones de los beneficiarios y adjudicatarios
SECCION 4. Destino de bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico Artístico
Artículo 19 Notificación de sentencias
Artículo 20 Destino de los bienes
CAPITULO IV. Integración en el Fondo del producto de sanciones impuestas por infracciones de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas
Artículo 22 Aplicación del producto de sanciones
CAPITULO V. Integración presupuestaria y control de la actividad del Fondo
Artículo 23 Integración de los recursos del Fondo en los Presupuestos Generales del Estado
Artículo 24 Control de la actividad del Fondo
CAPITULO VI. Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones
Artículo 25 Gastos de constitución y funcionamiento de la Mesa
Artículo 26 Habilitación presupuestaria
BOE 1 Agosto. Corrección de errores RD 864/1997, de 6 Jun. (se aprueba el Regl. del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados)
La promulgación de la Ley 36/1995 de 11 de diciembre, sobre creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, ha supuesto una innovación fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto concreta tanto respecto a fines, como respecto a posibles beneficiarios, la previsión genérica contemplada, por vez primera, en el artículo 344 bis e), 3.º, del Código Penal vigente en aquel momento, así como también en el artículo 374.3 del nuevo Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en virtud de la cual los bienes decomisados por sentencia judicial firme serán adjudicados al Estado. Con dicha Ley, se crea un Fondo, cuyos recursos estarán destinados a satisfacer, al menos de una forma parcial, algunas de las necesidades materiales que se vienen planteando en España en torno al fenómeno de las drogas, tanto en su vertiente del control del tráfico ilícito de éstas, como en las vertientes de la reducción de la demanda y en la rehabilitación de drogodependientes.
Por otra parte, en la composición de la Mesa se tiene en cuenta tanto la reestructuración de Departamentos ministeriales llevada a cabo por el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, en el que se determina la supresión del Ministerio de Justicia e Interior, y la adscripción de los centros directivos de él dependientes a los Ministerios del Interior y de Justicia, como la atribución al primero de las competencias con que aquél contaba respecto a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Igualmente, se toman en consideración las competencias que a los citados Departamentos se les otorga por los Reales Decretos 1886/1996, de 2 de agosto (artículos 1.1; y 6) respecto al Ministerio del Interior, en materia de actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas y el 1882/1996, de 2 de agosto, respecto al Ministerio de Justicia (artículo 5.1), en cuanto a la competencia del mismo en materia de relaciones con la Administración de Justicia.
En un contexto de política económica de contención del gasto público, el procedimiento que se regula en este Reglamento pretende satisfacer las finalidades contempladas por la Ley que desarrolla mediante una eficaz utilización de los recursos con que ya cuenta la Administración General del Estado. A tal efecto, y con el fin de evitar en la medida de lo posible la creación de una nueva infraestructura, tanto de medios personales como materiales, en toda la geografía española con el fin de que las funciones
atribuidas a la Mesa puedan ser llevadas a cabo adecuadamente, superpuesta a la ya existente en la Administración periférica del Estado, se opta en el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto por una fórmula de colaboración en virtud de la cual la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones podrá disponer de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de las correspondientes Secciones Patrimoniales, para el ejercicio efectivo de sus funciones.
Por otra parte, la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas, en cuya disposición adicional única se determina que «el producto de las sanciones económicas y del comiso, previstos en los artículos 18 a 21 de la presente Ley, nutrirá el fondo previsto en la Ley sobre creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados», remitiendo a la vía reglamentaria la determinación de la forma de integración de los correspondientes recursos en el mismo, hacia necesario, por razones de economía, coherencia y oportunidad normativas que, en la elaboración del Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto, se contemplen también las disposiciones relativas a la forma en que el producto de las indicadas sanciones se integrará en el referido Fondo creado por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda del Interior y de Justicia, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 1997,
Con carácter general, los bienes decomisados por sentencia judicial firme dictada en cualquier procedimiento por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que hubiesen sido adjudicados al Estado, y sobre los que no se hubiese establecido otra afectación especial, pasarán a integrarse en el Fondo regulado por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, quedando afectados al cumplimiento de los fines previstos en su artículo 2, de acuerdo con el régimen jurídico establecido en ella y en el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto.
1. En todo lo no previsto en la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, ni en el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto, será de aplicación al régimen jurídico de los bienes, efectos y ganancias en materia de enajenación y cesión de los mismos el texto articulado de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y su normativa reglamentaria de desarrollo.
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular, de acuerdo con la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, la composición y régimen de funcionamiento de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creada por el artículo 6 de dicha Ley, así como el procedimiento para la determinación por la misma del destino y los beneficiarios de los bienes, efectos, instrumentos, cualquiera que sea su naturaleza, y ganancias, así como de sus rentas e intereses, integrados en el Fondo creado por dicha norma,
que hayan sido objeto de comiso en aplicación de los artículos 127 y 374 del Código Penal, y que por sentencia judicial firme se hayan adjudicado definitivamente al Estado.
1. La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creada por el artículo 6 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, que se adscribe al Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, estará presidida por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la integrarán, además, los siguientes vocales:
Tres Subdirectores generales, o funcionarios asimilados, designados a propuesta del Subsecretario del Departamento, de los cuales uno al menos, pertenecerá a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
a) Proponer al Presidente de la Mesa el nombramiento de peritos a los efectos establecidos en los artículos 6.1 y 12.2.
e) Recibir, para su traslado a la Mesa, la información y valor de tasación a los que se alude en el artículo 9.
1. La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, que tendrá plena capacidad jurídica ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 6 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, de acuerdo con las normas de procedimiento establecidas en las secciones 1.ª, 3.ª y 4.ª del capítulo III del presente Reglamento.
4. Una vez deducidos los gastos de conservación y administración que se produzcan y los derechos de importación que, en su caso se devengen, la Mesa deberá destinar al menos un 50 por 100 del producto de los bienes decomisados, que no hubiesen sido previamente adscritos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la realización de programas de prevención de toxicomanías, a la asistencia a drogodependientes y a la inserción social y laboral de éstos. A tal efecto,
se deberán tomar en consideración los criterios aprobados anualmente al respecto, a iniciativa de la Mesa, y a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, del Interior y de Justicia, por el Consejo de Ministros, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional sobre Drogas en las citadas áreas.
Procedimiento para la enajenación de los bienes decomisados y para la adjudicación y distribución del producto existente en el fondo
1. Declarada la firmeza de una sentencia por el órgano judicial que la hubiese dictado, en la cual se decrete el comiso y adjudicación definitiva al Estado, por aplicación de los artículos 127 y 374 del Código Penal, de los bienes y efectos de cualquier clase que hubiesen servido de instrumento para la comisión de cualquiera de los delitos regulados en los artículos 301.1, segundo párrafo, y 368 a 372 del citado Código, o provinieren de los mismos,
así como las ganancias de ellos obtenidas, será notificada por dicho órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes, al Presidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. De forma inmediata a su recepción, el Presidente trasladará a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente del lugar donde se encuentren depositados o donde radiquen los bienes copia de la sentencia citada.
2. Junto a la ejecutoria testimoniada, el Secretario del órgano jurisdiccional remitirá también testimonio de la resolución en la que el órgano judicial hubiese acordado la utilización provisional de los bienes por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico, o por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y, en su caso, las unidades especifícas de una y de otro beneficiarias de dicha utilización provisional.
3. Los bienes decomisados que no consistiesen en dinero u otros instrumentos de pago al portador serán recepcionados por la Mesa en el plazo más breve de tiempo, con la colaboración de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al lugar donde los mismos se encuentren o estén depositados, suscribiéndose la correspondiente acta, por duplicado, que firmarán el Secretario del órgano jurisdiccional y el representante de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones designado, al efecto, por
la misma. La identidad del representante de la Mesa será notificada con antelación al citado órgano jurisdiccional por el Presidente de la misma.
1. Recibida por el Presidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones la documentación referida en el artículo anterior y recibidos los bienes, dispondrá de inmediato el nombramiento de uno o más peritos, los cuales elaborarán un informe en el plazo máximo de quince días desde su designación, acerca de la aptitud de los bienes decomisados, que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago al portador, para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
La Mesa enajenará, con carácter general, con la colaboración de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al lugar donde se encuentren, por el procedimiento que resulte aplicable de lo previsto en el artículo 17.2 y 17.4 de este Reglamento, aquellos bienes decomisados no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al portador que, aún habiendo sido considerados idóneos para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, juzgase más apropiado que con el producto de su enajenación pueden satisfacerse mejor los referidos fines.
4. Los bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico quedarán sometidos, no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, a las disposiciones contenidas en la sección 4.ª del presente capítulo.
Ingreso en el Fondo por los órganos judiciales de las ganancias decomisadas
Las cantidades liquidas de dinero y otros instrumentos de pago al portador que hubieran sido decomisadas, así como sus intereses y rentas, serán ingresadas por el órgano jurisdiccional en el Tesoro Público en la forma establecida por el Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, y en su normativa de desarrollo. En la correspondiente orden de transferencia se especificará que el ingreso deriva del decomiso de bienes por el enjuiciamiento de hechos constitutivos de los delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
Enajenación y distribución por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de los bienes y caudales del del Fondo
En el referido Inventario se inscribirán, por separado, los asientos correspondientes a los bienes muebles, no consistentes en dinero liquido u otros instrumentos de pago al portador, y los bienes inmuebles, así como los derechos que existiesen sobre unos y otros y las modificaciones que puedan afectar al régimen jurídico de los mismos.
4. Podrán ser beneficiarios o destinatarios de los caudales y demás bienes existentes en el Fondo los organismos e instituciones a que se alude en el artículo 3 de la Ley 36/1995 de 11 de diciembre, quedando sometidos a las obligaciones referidas en el acuerdo de asignación y, en su caso, en el convenio de cesión de los bienes, así como a las demás que se establecen en el artículo 18 de este Reglamento.
5. Distribuidos los caudales líquidos y hecha, en su caso, la asignación de los demás bienes por la Mesa, se efectuarán con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas las pertinentes transferencias, en el primer caso, y se formalizará la cesión del uso de los bienes, en el segundo caso, a través del oportuno convenio, si no se trata de órganos de la Administración General del Estado, en el cual se fijarán las condiciones a las que
se someterá dicha cesión, señalándose, en su caso, la inclusión de tales bienes en el régimen de depósito aduanero.
Igualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas podrán solicitar de la Mesa la financiación de los programas o actividades realizados o que pretendan realizar organismos internacionales, de acuerdo con los convenios suscritos por el Gobierno español, aportando a tal efecto la información requerida en el párrafo anterior.
Si no se acompañase tal certificación, el Presidente de la Mesa lo comunicará a la entidad, con apercibimiento de que, de no acompañar la citada certificación en el plazo máximo de diez días, se procederá al archivo de la solicitud sin más trámite.
5. Los bienes muebles asignados no podrán ser enajenados, arrendados, cedidos ni gravados por los beneficiarios, salvo autorización expresa de la Mesa y en las condiciones que establezca ésta, ingresándose, en tal supuesto, el producto de las operaciones de enajenación o arrendamiento en el Fondo, siendo nulo cualquier pacto o acuerdo al respecto sin aquella autorización. Las operaciones realizadas con bienes incluidos en el régimen de depósito aduanero estarán sujetas además, a lo previsto en relación con las mercancías incluidas en dicho régimen aduanero en los Reglamentos (CEE) números 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, y 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento anterior.
1. No obstante lo establecido en el artículo 6.3, último párrafo, de este Reglamento, en casos determinados, y de forma motivada, la Mesa podrá acordar que los bienes inmuebles no enajenados sean destinados a la instalación, ampliación o reubicación de dispositivos dedicados a la prevención asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes, así como a la mejora de la ejecución de los servicios de represión, investigación y persecución de los delitos previstos en los artículos 301.1 segundo párrafo, y 368 a 372 del Código Penal, conformé a los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a iniciativa de dicha Mesa.
2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, la Mesa anunciará, mediante inserción gratuita en el «Boletín Oficial del Estado», conjunta o separadamente con el anuncio al que alude el artículo 14.2 de este Reglamento, convocatoria para la asignación de los bienes reseñados, en la que se contendrá, además de otros requisitos, una sucinta descripción de los bienes que pretendan asignarse comprensiva de su naturaleza situación y superficie. El plazo de solicitud de estos bienes no podrá ser inferior a veinte días ni superior a cuarenta, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.
A las solicitudes que formulen las entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal, deberá acompañarse la certificación a la que se alude en el artículo 14.3 de este Reglamento, con los efectos establecidos en el mismo, en caso de no acompañarse.
4. En los casos a que se refiere el apartado 1, aunque la titularidad de los inmuebles corresponda al Estado, su uso podrá ser cedido por la Mesa a cualquiera de los destinatarios a que alude el artículo 3.1 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, siempre que lo soliciten, y en los términos y condiciones que se prevean en el acuerdo de cesión y, en su caso, en el convenio suscrito al efecto. Los beneficiarios deberán acreditar ante la Mesa estar en posesión de las correspondientes autorizaciones para realizar en el inmueble las actividades previstas, quedando condicionada la efectiva cesión al cumplimiento de este requisito. El período de cesión de bienes inmuebles a organismos o entidades beneficiarios no integrados en la Administración General del Estado ni dependientes de la misma tendrá una duración máxima de cincuenta años, revirtiendo a su finalización al Fondo, o, en su defecto, al Patrimonio del Estado.
Si los bienes inmuebles cedidos no fuesen destinados al uso previsto en el acuerdo de cesión, o dejaran de serlo posteriormente, se considerará resuelta la misma y revertirán aquéllos al Fondo regulado por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, pudiendo la Mesa exigir al cesionario de los mismos, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por los mismos.
1. La Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria que, de conformidad con lo establecido en el artículo 374.2 del Código Penal, viniesen utilizando provisionalmente, en virtud de resolución judicial, bienes muebles o inmuebles, posteriormente decomisados por sentencia firme, solicitarán a la Mesa su adscripción definitiva en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente a la fecha en que se les hubiese dado traslado por el Presidente de la Mesa de copia de la sentencia firme dictada.
1. Aquellas cantidades de dinero existentes en el Fondo, que se hubieran materializado en los correspondientes créditos presupuestarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de este Reglamento, al finalizar el ejercicio tendrán el tratamiento que el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, o la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, determinen para los remanentes de crédito.
Si la Mesa no optase por el abandono de los bienes muebles, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, podrán ser enajenados por el procedimiento de enajenación directa a alguno de los adquirentes a los que se refieren los párrafos a), b) y c) del apartado 4 de este artículo.
La venta o abandono de los indicados bienes conllevará la baja en el Inventario, así como su desafectación al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. Además, si los bienes fueran mercancías no comunitarias, la venta tendrá la consideración de despacho a consumo de las mercancías, implicará el cumplimiento de todos los trámites previstos para su importación, e incluirá en su precio los tributos devengados con motivo de la importación.
Destino de bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico Artístico
1. Declarada la firmeza de una sentencia por el órgano jurisdiccional que la hubiese pronunciado, en la cual se declare el comiso y adjudicación definitiva al Estado de bienes que pudieran ser integrantes del Patrimonio Histórico Español, será notificada a la Mesa en el plazo establecido en el artículo 5.1, procediendo la misma a recepcionarlos en la forma establecida en el artículo 5.3 de este Reglamento. La Mesa trasladará de forma inmediata copia de la citada sentencia al Ministerio de Educación y Cultura, el cual procederá a establecer la adecuada protección jurídica y determinar el valor económico que debe otorgarse a los indicados bienes de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, notificando en un plazo máximo de tres meses a aquélla sus estimaciones en informe al respecto.
Recibida por el Ministerio de Educación y Cultura comunicación del órgano competente de una Comunidad Autónoma en la que ésta exprese su disposición a recibir los bienes referidos, lo pondrá en conocimiento de la Mesa antes de la finalización del plazo establecido en el párrafo anterior, a los efectos de que por la misma se proceda a formalizar la oportuna asignación, mediante la suscripción del correspondiente convenio, que efectuará, a propuesta de la Mesa, el Ministro del Interior con el representante de dicha Comunidad Autónoma. Este convenio será notificado por la Mesa a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda que tuviese en depósito los bienes, la cual llevará a cabo la transmisión extendiéndose el documento público o acta que corresponda al efecto.
De no recibirse en el plazo establecido en el primer párrafo de este apartado la comunicación referida en el párrafo anterior, siendo la misma negativa, o suscitándose conflicto positivo entre dos o más Comunidades Autónomas sobre el destino que deben tener los bienes el Ministerio de Educación y Cultura dictará resolución sobre dicho destino, que será notificada a la Mesa. La resolución citada pondrá fin a la vía administrativa, siendo recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Integración en el Fondo del producto de sanciones impuestas por infracciones de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas
3. Las resoluciones administrativas sancionadoras firmes en las que el órgano competente haya declarado el decomiso de las sustancias relacionadas en los anexos I, II y III de la Ley 3/1996, de 10 de enero, por aplicación de su artículo 21, serán notificadas también a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. Tales sustancias serán enajenadas en concurso-subasta público, o destruidas, por el órgano del Ministerio del Interior o de Economía y Hacienda que hubiere impuesto la sanción, ingresando a continuación, en su caso, el producto de la enajenación en el Tesoro Público, en los términos expuestos en el apartado anterior. Cuando dicho producto proceda de la enajenación de mercancías no comunitarias, se notificará a las unidades de la Administración Aduanera, previstas en el apartado 5 del artículo 17 de este Reglamento, a los mismos efectos allí previstos.
Integración presupuestaria y control de la actividad del Fondo
Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones
2. Los gastos derivados del asesoramiento técnico que precise la Mesa en el ejercicio de sus funciones, y los demás gastos que se puedan originar desde su integración en el Fondo por la conservación de los bienes y los producidos en el desarrollo de los procedimientos de asignación y enajenación regulados en los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, serán satisfechos con cargo a los créditos presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que tengan el carácter de ampliables de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de este Reglamento.