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Timestamp: 2020-02-25 08:21:06
Document Index: 80702666

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 360', 'artículo 1', 'Artículo 366', 'artículo 226']

Título XII: Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública - Econstitución
1 Capítulo I: De las Disposiciones Generales
2 Capítulo II: De los Planes de Desarrollo
3 Capítulo III: Del presupuesto
4 Capítulo IV: De la distribución de recursos y de las competencias
5 Capítulo V: De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos
6 Capítulo VI: De la Banca Central
Concordancias. Artículos: 58, 268, 319, 317, 355, 360
En el subsuelo se encuentran las riquezas minerales de nuestro territorio y sobre todo los recursos carboníferos, como los del Cerrejón, y los hidrocarburos.
Los derechos adquiridos sobre el subsuelo son aquellos que tienen las personas naturales y jurídicas por haber sido propietarias tanto del suelo como del subsuelo antes que el Gobierno declarara de propiedad de la Nación esta capa de tierra.
(ARTÍCULO MODIFICADO POR EL ACTO LEGISLATIVO No. 03 DE 2011 EL NUEVO TEXTO ES:)
Sobran los comentarios sobre la plataforma constitucional para preguntarse por qué a estas alturas resulta sofisticado hablar de planes de desarrollo sostenible.
“… el Estado debe intervenir, por disposición de la Ley, en la explotación de los recursos naturales, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El uso adecuado y eficiente del agua en los sistemas de acueducto y alcantarillado debe estar acorde con los enunciados principios constitucionales” (AMAYA NAVAS, 2007, pág. 116).
Concordancias. Artículos: 150 numeral 19 literal d); 189 numeral 24; 215, T49, T50
Concordancias. Artículos: 215, 333
Concordancias. Artículos: 80, 101, 215, 237, 289, 300
Concordancias. Artículos: 150 numerales 10 y 12; 154, 215, 305, 315, 345, T40
ARTICULO 339. INCISO MODIFICADO POR EL ACTO LEGISLATIVO No. 03 DE 2011 EL NUEVO TEXTO ES: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.
En el plan nacional de desarrollo se encuentra la transversal ambiental como requisito de sus objetivos generales.
Concordancias. Artículos: 339, 341, 342
El Consejo Nacional de Planeación – CONPES- por determinación de la Ley 152 de 1994 y el Decreto 2148 de 2009, está conformado por todos los ministerios, entre estos el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual es el encargado de formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural.
Los ministerios nombrados anteriormente son quienes representen los intereses ecológicos como lo contempla el presente artículo.
Concordancias. Artículos: 189 numeral 12; 200 numeral 3; 339, 340, 342, 346, 347
Concordancias. Artículos: 151, 339, 340, 341
Concordancias Artículos: 40, 135, 189 numeral 12, 209, 291, T20
Concordancias Artículos: 272, 286, 289, 298, 310, 317 al 320, 356, 357, 368
Concordancias. Artículos: 95 numeral 9; 150 numeral 11; 154, 215, 260, 272, 294, 299 al 301, 305, 308, 318, 338, 356, 357, 362, T40, T49, T50
ARTICULO 346. INCISO MODIFICADO POR EL ACTO LEGISLATIVO No. 03 DE 2011 EL NUEVO TEXTO ES: El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.
Concordancias Artículos:341, 346
Concordancias Artículos: 347
Concordancias Artículos: 151, 268, 346
Concordancias Artículos: 189 numeral 5, 212, 331, 356, 366
Concordancias Artículos: 189, 300, 305, 313, 325, 330, 329, 341, 342, 349, 361, 366
Concordancias Artículos: 150 numeral 3; 200 numeral 3, 288, 297, 300, 307, 313, 329, 342, 349, 350
Concordancias Artículos: 151, 170, 178, 200, 256, 300, 305, 313
Concordancias Artículos: 117, 119, 267, 268, 271, 274, 347, T34
Concordancias Artículos: 136, 200 numeral 3; 214 numeral 3
INCISO MODIFICADO POR ART 1. DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007 EL NUEVO TEXTO ES EL SIGUIENTE:
LITERAL MODIFICADO POR ART 2. DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007 EL NUEVO TEXTO ES EL SIGUIENTE:
INCISOS ADICIONADOS POR ART. 3. DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007 EL TEXTO ES EL SIGUIENTE:
PARAGRAFO ADICIONADO POR ART. 1. DEL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2007 EL TEXTO ES EL SIGUIENTE:
La ciudad de Popayán se organiza como Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten y en lo no dispuesto en ellas las norma vigente para los municipio La Ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se organizará como Distrito Histórico y Cultural, con un régimen Fiscal y Administrativo propio determinado por la Constitución y por las leyes especiales que para el efecto se expidan.
(APARTES TACHADOS DECLARADOS INEXEQUIBLES MEDIANTE SENTENCIA C-0033/09)
Para los efectos de la reglamentación al sistema nacional de participaciones es válido recordar que las normas constitucionales relacionadas con la educación imponen al sistema educativo, la obligación de formar a los jóvenes en el tema de protección a los recursos naturales y el medio ambiente, materia para la cual se evidencia necesidad de financiamiento. De igual manera el desarrollo normativo del Código de Recursos Naturales, Decreto 1337 del 10 de Julio de 1978, se ocupa de crear el Servicio Nacional Ambiental para el estudiantado, programa en el cual no se ha invertido para su adecuada implementación. .
ARTICULO 357. <Artículo modificado por el Artículo 3o. del Acto Legislativo No. 1 de 1995. Modificado por el Artículo 3o. del Acto Legislativo No. 1 de 2001. El texto vigente es el siguiente:> El monto del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
ARTICULO MODIFICADO POR ART 4. DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007 EL NUEVO TEXTO ES EL SIGUIENTE:
Parágrafo transitorio 1°. El monto del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%.
Parágrafo transitorio 2°. Si la tasa de crecimiento real de la economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DAÑE para el año respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de inflación causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo transitorio 1° del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por el DAÑE y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la primera infancia. El aumento del SGP por mayor crecimiento económico, de que trata el presente parágrafo, no generará base para la liquidación del SGP en años posteriores.
Parágrafo transitorio 3°. El Sistema General de Participaciones, SGP, tendrá un cre¬cimiento adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores para el sector educación. La evolución de dicho crecimiento adicional será así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento (1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), y durante los años 2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años, este aumento adicional del Sistema no generará base para la liquidación del monto del SGP de la siguiente vigencia. Estos recursos se destinarán para cobertura y calidad.
Concordancias Artículos: 356, 357
Concordancias Artículos:150 numeral 11; 309, T39
ARTICULO 360. La ley determinará las condiciones para la explotacion <sic> de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos.
ARTÍCULO MODIFICADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 005 DE 2011 EL NUEVO TEXTO ES:
Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.
Otra norma verde clara y precisa que no necesita comentarios.
ARTICULO 361 Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.
Parágrafo 2°. La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, así como de los recursos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional, y de Compensación Regional, se hará en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional, representado por tres (3) Ministros o sus delegados, un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación y un (1) representante del Organismo Nacional encargado del manej o de la política pública de ciencia y tecnología e innovación, quien además ejercerá la Secretaría Técnica, un (1) Gobernador por cada una de las instancias de planeación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente artículo; cuatro (4) representantes de las universidades públicas y dos (2) representantes de universidades privadas. Así mismo, los recursos de este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se distribuirán en la misma proporción en que se distribuyan a los departamentos, los recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional. En ningún caso los recursos de este fondo podrán financiar gasto corriente.
La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior definirá, igualmente, el porcentaje anual de los recursos de Sistema General de Regalías destinado a su funcionamiento y al del Sistema de Moni-toreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso cuarto del presente artículo.
(Parágrafos siguientes Adicionados por el acto Legislativo 04 de 2017:)
Parágrafo 2°. Transitorio. Respecto de los recursos que se destinarán a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y a los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional, su distribución durante los tres primeros años será así: durante el primer año corresponderá a un porcentaje equivalente al 50% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y un 50% para los fondos enunciados en este parágrafo; de la misma forma, durante el segundo año se destinará un porcentaje equivalente al 35% y al 65% respectivamente; y durante el tercer año se destinará un porcentaje equivalente al 25% y el 75%, respectivamente.
Parágrafo 4°. Transitorio. El Gobierno Nacional contará con un término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior, que ajuste el régimen de regalías al nuevo marco constitucional.
Parágrafo 5o. Transitorio. El Sistema General de regalías regirá a partir de 1 de enero de 2012. Si para esta fecha no ha entrado en vigencia la ley de que trata el inciso 2o del artículo anterior, el Gobierno Nacional garantizará la operación del Sistema mediante decretos transitorios con fuerza de ley, que expedirá a más tardar el 31 de diciembre de 2011.
(Parágrafos transitorios siguientes Adicionados por el acto Legislativo 04 de 2017:)
ARTICULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.
Concordancias Artículos: 35, 59, 97, 150, 154, 173, 189 numeral 5; 212, 214, 223, 237, 294, 336, 338, 345, 356, 357
Concordancias Artículos: 116, 150, 209, 226, 227, 230, 247, 267
Concordancias Artículos:106, 128, 150, 151, 268, 286, 325, 329, 339, 352, 353, 356, 366
Concordancias Artículos: 103, 15º numeral 23, 209, 210, 212, 217
ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Concordancias Artículos:1, 2, 64, 331, 334, 350, 356, 357
Basta traer algunos apartes de la SENTENCIA C-671 DEL 28 DE JUNIO DE DOS MIL UNO (2001)
“En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano aprobó un conjunto de principios encaminados a orientar la relación entre desarrollo y medio ambiente, afirmando que debía implementarse un uso racional de los recursos naturales. En 1973, con la expedición del Código de Recursos Naturales, la legislación nacional dio un salto importante hacia la implementación de una política ambiental, cuyo principal objetivo se centraba en “prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”, de conformidad con el artículo 1° de dicho código. Posteriormente se expidió la ley 99 de 1993 en la que se consagra la política ambiental del Estado colombiano y se reitera la necesidad de asegurar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, que, la protección y aprovechamiento de la diversidad y el derecho de todas las personas a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (art. 1).
El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, como ya lo ha señalado esta corporación, “involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” C. Const. Sentencia T-254/93. Antonio Barrera Carbonell. (Artículo 366 C.P.)”
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección”.(C. Const. Sentencia T – 411 de 1992 y Sentencia T-046 de 1999.
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”.(C. Const. Sentencia T-092/93 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez)
Igualmente, la Enmienda busca proteger el derecho a un ambiente sano, al determinar mecanismos para que los Estados puedan erradicar el consumo, comercialización y utilización en su totalidad de las sustancias tóxicas mencionadas, entre ellas el bromuro de metilo. El derecho a un ambiente sano, que implica la protección del medio ambiente en el que se desarrolla cada individuo, encuentra cabal protección en la Carta Política, la cual a su vez consagra el desarrollo sostenible como un derecho de los ciudadanos y como un deber del Estado, en el sentido de que éste debe propugnar por “un desarrollo sin un aumento en el consumo de recursos que supere la capacidad de carga del medio ambiente” o, en otras palabras, un desarrollo que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.”(Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro Futuro Común (El Informe Brundtland).Oxford University Press, 1987.)
“Por todo lo anterior, considera la Corte que hoy no tienen ningún respaldo constitucional ciertos procesos y conceptos que anteriormente pudieron ser considerados legítimos, cuando los valores ecológicos no habían adquirido el reconocimiento nacional e internacional que se les ha conferido en la actualidad. Y eso sucede en particular con el concepto de que la colonización puede ser predatoria, puesto que, por las razones empíricas y normativas señaladas anteriormente, estos procesos son inaceptables ya que se efectúan en contradicción con los principios ecológicos establecidos por la Constitución. Hoy en Colombia no es legítima una colonización incompatible con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible”. (C. Const. Sentencia C-058 de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 4.3.)
“…la capacidad de vertedero del ecosistema mundial para absorber la contaminación con CFC fue sobrepasada hace tiempo. Los límites se alcanzaron y se rebasaron, y la humanidad es culpable del deterioro de los servicios ambientales, de la salud humana y de la producción de alimento. Este es un buen ejemplo, porque el 85% de los CFC es liberado en el Norte industrializado, pero el agujero principal apareció en la capa de ozono a 20 km por encima de la Antártida, mostrando que el daño se ha extendido y es de naturaleza realmente mundial.”
“…el factor ecológico forma parte de un todo; por tanto, puede afirmarse que los recursos naturales son de interés primordial no sólo para los habitantes de Colombia sino para toda la humanidad. En el cuidado y desarrollo sostenible de la naturaleza está comprometido el planeta entero, en virtud de que el objeto jurídico protegido, como se dijo, es por esencia universal.”(C. Const. Sentencia C-423/94 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
En el mismo sentido, ha sostenido que el derecho ambiental “es un asunto que escapa las fronteras de cualquier país para convertirse en una preocupación que requiere, siempre, el compromiso universal.”(C. Const. Sentencia C-418/95 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) Tal compromiso impone al Estado adoptar medidas de cooperación con otros países, que a su vez se traducen en la suscripción de instrumentos jurídicos de carácter internacional, como el que aquí se revisa. Esta nueva orientación es expresión de la “Constitución ecológica”, así llamada debido a las numerosas disposiciones dirigidas hacia una efectiva protección del medio ambiente y a la decidida adopción por parte del constituyente de un modelo de desarrollo sostenible que irradia toda la gestión del Estado.
“…los factores que conducen al deterioro ambiental no se pueden considerar en sus efectos, como problema que ataña exclusivamente a un país en particular, sino que dicho problema concierne a todos los países, toda vez que la preservación del ambiente interesa a toda la humanidad, sin distingo de fronteras. Por lo tanto, se impone a nuestro Estado, el deber de adoptar medidas de cooperación con otros países, como lo prevé el artículo 226 de la Carta Política, para impedir que las acciones nocivas de los diferentes agentes, puedan deteriorar el ambiente, como sucede en el caso del ozono, pues dichas acciones tienen ocurrencia en todos los países y de no controlarse, pueden afectar gravemente las condiciones y la calidad de vida de los habitantes del planeta.”
La repercusión internacional en el manejo, administración y explotación de los recursos y de los problemas ambientales, impone la necesidad de que a través de tratados o convenios internacionales se establezcan normas reguladoras de la conducta de los estados que apunten a facilitar, hacer operativas y viables, en todo sentido, las acciones que conciernen al referido manejo y aprovechamiento y a asegurar la cooperación de los estados en lo que concierne a la protección del ambiente y a contrarrestar las causas y efectos del deterioro ambiental”.(C. Const. Sentencia C-359/96 M.P. Antonio Barrera Carbonell)
“La Constitución Política, además de consagrar la función ecológica de la propiedad y reconocer a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano, obliga al Estado a: (…) cooperar con otras naciones en la protección del medio ambiente, así como en la preservación de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (artículos 49, 58, 78, 79 y 80 C.P.)”
A la luz de las normas superiores relativas a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, es también constitucional la implantación de una regulación que permita controlar el bromuro de metilo y que se aúnen esfuerzos para prevenir y controlar el deterioro ambiental, en este caso, el agotamiento de la capa de ozono”.
“La prestación de los servicios públicos de acueducto y de alcantarillado esta en directa e inseparable relación con el concepto de calidad de vida. Se hace necesario buscar el equilibrio, armonizando el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. Es misión del Estado regular la utilización racional de los recursos naturales y promover, a través de un aparato administrativo eficaz y de una normatividad idónea, la compatibilidad entre el desarrollo y la protección del ambiente. La calidad de vida actual y de las futuras generaciones depende del logro de ese objetivo” (AMAYA NAVAS, 2007, pág. 115).
Concordancias Artículos: 48, 49, 95, 105, 150 numeral 23; 189, 209, 272, 292, 300, 338, 368 al 370, T48
ARTICULO 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.
Concordancias Artículos: 123, 128, 180, 210, 211, 292, 305, 323, 354, 367, 369, 370, T48
Concordancias Artículos: 150 numeral 23, 367, 368, 370, T48
ARTICULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.
Concordancias Artículos: 67, 131, 150 numeral 8, 189 numeral 22, 257, 298, 302, 315, 319, T48
ARTICULO 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.
Concordancias Artículos: 76, 150 numeral 13, 19 literal b) y 22; 150 208, 226, 249, 310
ARTICULO 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá. El Gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación.
Concordancias Artículos: 150 numerales 8 y 22; 208, 371, T51, 373
ARTICULO 373. El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares.
Concordancias Artículos: 150 numerales 19 literal a) y 22; 189 numeral 25; 208, 295, 371, 372, T51