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Timestamp: 2019-02-20 15:49:36
Document Index: 180046627

Matched Legal Cases: ['artículo 249', 'artículo 131', 'artículo 249', 'artículo 623', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 623']

CAPÍTULO II - El delito de estafa en la jurisprudencia del tribunal supremo. Antonio pablo rives seva
1.- LA PENA.
El artículo 249 CP dispone: Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
La redacción de este artículo es obra de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, pues la pena asignada en la redacción originaria era la de prisión de seis meses a cuatro años. La Circular 1/2004, de 22 de diciembre, de la FGE sobre régimen transitorio aplicable a la reforma 15/2003, señala que además de la procedencia de revisar penas impuestas por el tipo básico de más de tres años, esta reducción arrastra como consecuencia la del plazo de prescripción, que pasa de cinco a tres años (artículo 131), lo que habrá de dar lugar en su caso a la aplicación del nuevo régimen en cuanto traiga consigo esa consecuencia más favorable.
Recoge el precepto una amplia serie de pautas (termina señalando el precepto «y cuantas otras circunstancias sirvan») a las que habrá de sujetarse la Sala en la motivación de la imposición concreta del quantum de la pena; “circunstancias que se expresan como independientes unas de otras” (STS 300/2001, de 22 de febrero).
La referida Circular 1/2004, de 22 de diciembre, advierte que este precepto refuerza la exigencia general de motivación en relación a la pena, al obligar a tener en cuenta estas circunstancias para su determinación, “lo que supone una obligación impuesta al Tribunal en orden a un mayor esfuerzo argumentativo en el momento de expresar las razones de optar por una concreta extensión de la pena, obligación que sólo puede decaer cuando se impone la mínima legalmente prevista, pues en ese caso, la extensión de la pena se justifica como la inevitable consecuencia mínima del delito (STS 1574/2002, de 27 de septiembre)”.
El anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de octubre de 2012, contempla la derogación del Libro III relativo a las faltas (Disposición derogatoria Única 1) y en consecuencia, modifica el artículo 249, considerando la estafa como delito en todo caso, con independencia de la cuantía de lo defraudado, si bien recoge un tipo atenuado o modalidad de delito leve. El precepto queda redactado así: “Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Si en atención a estas circunstancias, el hecho fuera de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de la cantidad defraudada fuera superior a 1.000 euros”.
2.- DIFERENCIACIÓN CON LA FALTA.
El artículo 623 castiga con la pena de localización permanente de cuatro a doce días o multa de uno a dos meses: “4. Los que cometan estafa... en cuantía no superior a 400 euros”.
El límite entre el delito y la falta se elevó de las 30.000 pesetas del CP anterior a 50.000 pesetas en el de 1995 (300,5060522 euros en la conversión operada por la Ley Orgánica 10/1998, de 17 diciembre, complementaria de la Ley sobre introducción del euro [BOE 18-12-1998]). La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, elevó la cuantía a los 400 euros actuales. Al respecto, la Circular 1/2004, de 22 de diciembre, advierte que “la cuantía de 50.000 pesetas, equivalente a 300,51 euros, conforme a la Instrucción 5/2001, de 13 de diciembre, sobre los efectos de la introducción del euro en el ámbito penal, pasa a sustituirse por la cuantía de 400 euros”, y por tanto, se transforman en falta cuando su cuantía excedía de 300,51 euros sin sobrepasar los 400”.
Cuando esa cuantía se alcance por la suma de las distintas infracciones que individualmente constituyan faltas de estafa, siempre que concurran los requisitos del artículo 74.1 (delito continuado), “los cuales se deben interpretar restrictivamente, se podrá solicitar la pena que corresponde al delito en toda su extensión, no siendo imperativo imponerla en su mitad superior” (Consulta 3/1999, de 17 de septiembre, de la FGE sobre la pena que procede imponer a las infracciones penales continuadas de carácter patrimonial). En este sentido se pronuncian las SSTS 52/2002, de 21 de enero y 238/2003, de 12 de febrero y 80/2007, de 7 de febrero.
También la STS 201/2012, de 20 de marzo, que recuerda el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2007, a cuyo tenor “cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera, artículo 74.1 CP queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración". A tenor de este Acuerdo –se lee en la sentencia- “la aplicación del párrafo primero se excepciona, cuando teniendo en cuenta el resultado, el perjuicio total causado, su consideración implique una alteración de la subsunción. Por ejemplo, cuando varias estafas o apropiaciones indebidas con resultados cada una de ellas inferior a 400 euros, pero en su consideración total supera esa cantidad, que es límite entre el delito o la falta... En estos supuestos la determinación de la pena se realiza teniendo en cuenta el perjuicio total causado, esto es delito continuado de estafa con la consecuencia prevista en el tipo básico, en el supuesto de pluralidad de estafas cada una de ellas constitutivas de falta pero en su conjunto de delito al superar los 400 euros... pues la consideración total del perjuicio causado es lo que ha permitido considerar delictivo las varias acciones, en principio, constitutivas de faltas de estafa... Por ello, no es posible considerar doblemente el perjuicio en la determinación de la pena, uno para considerar delito lo que aisladamente eran faltas, y otro para imponer la pena es su mitad superior”. De igual modo se pronuncian las STS 232/2012, de 5 de marzo y 76/2013, de 31 de enero, que observan que ello supondría una vulneración del principio «non bis in idem».
A propósito del límite económico entre el delito de estafa y la falta de igual clase -pero con aplicación también a otros supuestos, como el hurto- la STS 360/2001, de 27 de abril, considera que el valor relevante es el precio y no el coste.
“La sentencia recurrida describe en el hecho probado cómo el acusado usando una tarjeta de compra de «El Corte Inglés» sustraída, y el DNI, de su propietario, adquirió en la sección de zapatería «efectos por un precio de venta al público de 53.000 pesetas», operación que no pudo culminar por infundirle sospechas al dependiente del establecimiento.
La Sala de instancia califica el hecho de estafa intentada, rebajándola a la condición de falta del artículo 623.4 del CP al entender que el valor de la defraudación no superaba las 50.000 pesetas A su juicio de las 53.000 indicadas había de descontarse por lo menos el margen comercial del establecimiento, que aun cuando no se conoce bastaría que fuese de un 10%, y sin duda es superior, para que el valor de los efectos no superara la cantidad de 50.000 pesetas a partir de lo cual hay que calificar los hechos como delito y no como falta.
El criterio del Tribunal de instancia no puede compartirse. Identifica equivocadamente el valor económico patrimonial de las cosas con el valor de su coste, expresión económica fija y definitiva del esfuerzo invertido en el pasado para la producción o adquisición de la cosa. Criterio erróneo porque el valor relevante es el valor de cambio representado en cada momento por la cantidad de dinero que puede obtenerse por la cosa en un hipotético intercambio. El valor de las cosas no está en su costo sino en su precio, puesto que éste refleja su equivalencia económica y por consiguiente el verdadero valor patrimonial de la cosa en el momento de cometerse el delito.
En este caso lo dicho es aún más evidente tratándose de mercaderías que no tenían más fin que el de ser vendidas por un precio de 53.000 pesetas; de modo que siendo éste su equivalente en el intercambio económico, y por ello su verdadero valor patrimonial en el momento de la acción -cualquiera que hubiese sido en su día el valor de coste-, es obvio que la estafa intentada superaba el límite del valor de las 50.000 pesetas establecido por el CP para diferenciar el delito de la falta”.
También, con arreglo a la Consulta 2/2009, de 21 de diciembre, de la FGE, sobre valoración de mercancías sustraídas en establecimientos comerciales –de aplicación a la estafa por su identidad de razón- “el precio de venta al público es la cantidad que el adquirente debe desembolsar para adquirir el producto y comprende, sin desglosar, los costes de producción y distribución del bien, los márgenes de beneficio de los sucesivos intervinientes en la cadena productiva y los tributos y aranceles que lo hayan gravado directa o indirectamente, entre los que se incluye el IVA en el territorio de aplicación del impuesto (Península y Baleares), y el Impuesto General indirecto Canario y el Impuesto sobre Producción, los Servicios y las Importaciones, en las islas Canarias y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente”.