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Timestamp: 2020-08-06 22:20:24
Document Index: 394942488

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 69', 'artículo 2', 'artículo 169', 'artículo 13', 'artículo 75', 'Artículo 187']

﻿ Auto 2012-00250 de agosto 15 de 2013
AUTO 2012-00250 DE 15 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. LOS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL SON: QUE VERSE SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS DISPONIBLES POR LAS PARTES, QUE LAS ENTIDADES ESTÉN DEBIDAMENTE REPRESENTADAS, QUE LOS REPRESENTANTES O CONCILIADORES TENGAN CAPACIDAD O FACULTAD PARA CONCILIAR Y DISPONER DE LA MATERIA OBJETO DE CONVENIO, QUE NO HAYA OPERADO LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, QUE NO RESULTE ABIERTAMENTE INCONVENIENTE O LESIVO PARA EL PATRIMONIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y QUE LOS DERECHOS RECONOCIDOS ESTÉN DEBIDAMENTE RESPALDADOS POR LAS PROBANZAS QUE SE HUBIEREN ARRIMADO A LA ACTUACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SOCIEDAD, ACTA DE CONCILIACIÓN
Auto 2012-00250 de agosto 15 de 2013
Ref.: Expediente 2012-00250
Actor: Multidimensionales S.A.
El artículo 1º del Decreto 1818 de 1998(1), compilador del artículo 64 de la Ley 446 de 1998(2) define la conciliación como el mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero natural y calificado, denominado conciliador.
En materia de lo contencioso administrativo, los artículos 56 y 57 Ibídem, establecen lo siguiente:
“ART. 56.—Asuntos susceptibles de conciliación. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 57.—Revocatoria directa. Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado (L. 446/98, art. 71 que modifica la L. 23/91, art. 62)”.
Por su parte, la Ley 640 de 5 de enero de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”, dispone lo siguiente:
“ART. 23.—Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción.
ART. 24.—Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable”.
Por último, el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009(3), dice:
— Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado”.
En este contexto, la jurisprudencia de esta corporación, ha establecido los siguientes requisitos para la aprobación de la conciliación prejudicial:
a) Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
b) Que las entidades estén debidamente representadas
c) Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto de convenio.
e) Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
f) Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrimado a la actuación.
Ahora bien, en el caso concreto, en acta de audiencia de conciliación prejudicial de 31 de enero de 2012 (fls. 83 a 85), Atesa S.A. ESP manifestó lo siguiente:
“Pese a que mi representada no reconoce falla en el trámite administrativo que dio vida a la resolución de plan de actualización ni su posterior recurso manifiesta que al momento de efectuar la actualización en el sistema de facturación se efectuó un cobre con una tarifa que no correspondía a la realmente derivada de la generación de residuos del convocante y consciente de ello procede a proponer al convocante que está dispuesta a efectuar la corrección de la facturación realizando las devoluciones de los dineros que han sido cobrados en exceso con sus respectivos interés, de conformidad con lo establecido en la Resolución 294 de 2004 expedida por la CRA, en este contexto y efectuadas las primeras reliquidaciones en nuestro sistema se evidencia la existencia de un saldo a favor de Multidimensionales por valor $ 279.465.383…” (resaltado fuera de texto).
La propuesta de Atesa fue coadyuvada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras lo cual el Procurador dispuso suspender la diligencia, programando una nueva fecha con el propósito de que se revisara lo planteado por la parte convocada.
Luego, en acta de audiencia de conciliación de 21 de febrero de 2012 (fls. 86 a 88), Multidimensionales aceptó la propuesta de conciliación de los efectos económicos de los actos administrativos que dieron lugar a dicho trámite, propuesta por la parte convocada, la cual fue condensada de la siguiente manera:
“Las partes convocante y convocada, acuerdan por la vía de la conciliación extrajudicial que:
PRIMERA: La convocada Aseo Técnico de la Sabana devolverá a la convocante Multidimensionales S.A. la suma $ 297.478.501, menos el servicio de enero y febrero del año 2012 calculado según la Resolución 9523 del 6 de enero de 2012 expedida por Atesa, a más tardar el 8 de marzo de 2012.
SEGUNDA: La convocante Multidimensionales desistirá del recurso de vía gubernativa interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” (resaltado fuera de texto).
Con todo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, improbó el mencionado acuerdo conciliatorio, en esencia, por cuanto no encontró prueba en el expediente del contenido de la Resolución 9523 de 6 de enero de 2012, en la cual se dispuso reliquidar el cobro efectuado con fundamento en el volumen de residuos efectivamente generado por la Sociedad Multidimensionales S.A., acorde con los actos administrativos objeto de la conciliación.
En razón a lo anterior, los apelantes reprochan al tribunal por no haber usado la facultad discrecional para decretar pruebas de oficio y poder corroborar lo manifestado en el acta de conciliación objeto de examen, en relación con la mencionada resolución.
Previo análisis de los motivos de la impugnación, la Sala considera importante hacer algunas precisiones:
La conciliación a la cual llegaron las partes se fundó en una equivocada aplicación de las resoluciones que calificaron el inmueble de propiedad de Multidimensionales S.A. como Usuario Gran Productor Zona Centro con 173.02 m3 de residuos sólidos y no toneladas, como en efecto se liquidó.
Al percatarse de esta situación en la audiencia de conciliación la Empresa de Aseo Atesa S.A. ESP, corrigió la facturación y dispuso mediante la Resolución 9523 de 6 de enero de 2012, la reliquidación sobre 43,26 toneladas, resultante de convertir 173,02 m3 a toneladas.
Sobre los argumentos de la apelación advierte la Sala que la jurisprudencia de esta corporación enseña, “que los jueces y tribunales deben hacer el mejor uso de su poder discrecional en materia de pruebas y no omitirlo, como si nuestro sistema fuera puramente dispositivo, pues las particularidades del ordenamiento procesal patrio hacen esperar que el juez adopte las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, y superar los obstáculos que le impidan llegar a decisiones de fondo fundadas en la verdad, ello sin afectar la autonomía que les es propia. Así, en esa tarea deberá hacer uso de la facultad discrecional de decretar las pruebas de oficio en cualquiera de las instancias para evitar la injusticia y realizar el valor verdad como soporte de la legitimidad de la jurisdicción”(4).
En este sentido, considera la Sala que en efecto, el tribunal debió haber hecho uso de la facultad que le otorga el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo para requerir de oficio a las partes de modo que aportaran la Resolución 9523 del 6 de enero de 2012, y de esta forma poder verificar si se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la aprobación de la conciliación prejudicial.
Lo anterior es reafirmado con el hecho de que el juez de instancia tenía pleno conocimiento de la existencia de la Resolución 9523 de 6 de enero de 2012, esto por cuanto en el expediente contentivo de trámite conciliatorio, allegado al plenario, se dejó constancia de la reliquidación y consecuente corrección realizada.
Es de advertir que la labor del juez es proveerse de las herramientas probatorias necesarias para determinar de acuerdo con las reglas de la sana crítica(5) si los hechos expuestos se adecuan o no al trámite iniciado.
Ciertamente, se trata de nada más y nada menos que de producir la convicción o certeza del juez a través del estudio y análisis conjunto de todos los medios probatorios.
Siguiendo lo anterior, se advierte que si bien es cierto no se solicitó por el juez de instancia copia de la plurimencionada resolución, también lo es que Atesa S.A. ESP aportó como anexo a su escrito de apelación copia auténtica de la misma (fls. 124 y 125).
Así pues y en aras de dar plena aplicación a los principios de veracidad, buena fe, economía, celeridad y legalidad, la Sala verificará —teniendo en cuenta lo decidido en la Resolución 9523 del 6 de enero de 2012— si el acuerdo conciliatorio se ajusta al ordenamiento jurídico, para lo cual se transcribe a continuación lo dispuesto en el acto administrativo en comento.
“Sea esta la oportunidad para precisar que, consultado el sistema de información comercial se pudo evidenciar que las facturaciones correspondientes a enero de 2011, febrero de 2011, marzo de 2011, abril de 2011. mayo de 2011, junio de 2011, julio de 2011, agosto de 2011, septiembre de 2011, y octubre de 2011, han sido facturados con tarifa correspondiente a 173,02 toneladas, sin embargo, la producción de residuos del usuario de conformidad con la decisión del plan de actualización 28958 del 31 de enero de 2011 y de la Resolución 8556 del 10 de abril de 2011, actos debidamente confirmados por la Superintendencia de Servicios Públicos a través de la Resolución 20118140088565 del 23 de junio de 2011, es de 173,02 metros cúbicos (no toneladas) razón por la cual se procede a efectuar la reliquidación de las mencionadas vigencias de facturación en el sistema comercial, con la tarifa tonelada, efectuando la conversión de 173,02 m3 a toneladas, operación que da como resultado 43,26 ton.” (resaltado fuera de texto).
De una lectura detallada, la Sala observa que comparada la liquidación inicial se vislumbra que se estaba cobrando de manera equivocada el servicio de aseo a Multidimensionales S.A., por cuanto el cálculo que se estaba realizando era en toneladas y no en metros cúbicos como debía ser.
Asimismo, se encuentra que con la expedición de la Resolución 9523 de 6 de enero de 2012, la empresa Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP pretendía evitar un agravio injustificado a Multidimensionales S.A., toda vez que imponía el cobro de una suma mayor a aquella a la que legalmente está obligado, por concepto del servicio público de aseo.
Adicionalmente, no se requería demostrar la causal de revocación directa de los actos administrativos objeto de conciliación por cuanto ésta se realizó respecto de su ejecución y teniendo en cuenta que el acuerdo logrado no desconoce el ordenamiento jurídico, no es lesivo al patrimonio público y se encuentra debidamente sustentado.
En este contexto, la Sala considera que se debe revocar la decisión apelada, para en su lugar aprobar el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.
1. REVÓQUESE el proveído recurrido, esto es, el auto del 19 de abril de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar, APRUÉBESE con efecto de cosa juzgada, el acuerdo conciliatorio logrado entre la sociedad Multidimensionales S.A., por un lado, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios junto con la Compañía de Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP, por otro lado, en la audiencia de conciliación celebrada el día 21 de febrero de 2012.
(1) Por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Diario Oficial Nº 43.380 del 7 de septiembre de 1998.
(3) Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del capítulo V de la Ley 640 de 2001.
(4) Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 3 de febrero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(5) Artículo 187 Código de Procedimiento Civil.