Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00079-42729-de-noviembre-10-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_d6e0b266850d4734a95e532fc7a8a663&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-21 13:08:32
Document Index: 315379921

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 354', 'ARTÍCULO 357', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 136', 'artículo 336', 'artículo 354', 'artículo 357', 'artículo 175']

﻿ SENTENCIA 2009-00079/42729 DE NOVIEMBRE 10 DE 2016
SENTENCIA 2009-00079 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CUANDO LA CAPTURA ES POR INDAGATORIA. EL ARTÍCULO 354 DE LA LEY 600 DE 2000, LEY VIGENTE PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS, DISPONÍA QUE EN LOS DELITOS EN LOS CUALES FUERA PROCEDENTE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DEBÍA RESOLVERSE SITUACIÓN JURÍDICA, ES DECIR, EN AQUELLOS EN LOS QUE SE VERIFICARAN LAS CONDICIONES DEL ARTÍCULO 357, ESTO ES, QUE TUVIERAN UNA PENA IGUAL O SUPERIOR A 4 AÑOS DE PRISIÓN. EN ESTE CASO, ESTÁ DEMOSTRADO QUE LA FISCALÍA ORDENÓ LA CAPTURA DE LOS DEMANDANTES Y QUE DESPUÉS SE DISPUSO ESCUCHARLOS EN INDAGATORIA. TAMBIÉN ESTÁ ACREDITADO QUE LOS ACTORES FUERON CAPTURADOS, QUE RINDIERON INDAGATORIA Y, QUE POSTERIORMENTE LA ENTIDAD DE ACUSACIÓN SE ABSTUVO DE AFECTAR SU SITUACIÓN JURÍDICA. EL DELITO DE REBELIÓN, POR EL QUE FUERON CAPTURADOS, TENÍA PREVISTA UNA PENA DE PRISIÓN DE SEIS (6) A NUEVE (9) AÑOS, DE MANERA QUE SOBRE EL MISMO PROCEDÍA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN JURÍDICA Y, POR ENDE, LA CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA. ASÍ LAS COSAS, COMO LA ORDEN DE CAPTURA FUE ORDENADA POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE, SE AJUSTÓ A LOS PRESUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY, LOS SINDICADOS FUERON ESCUCHADOS EN INDAGATORIA Y SE RESOLVIÓ SU SITUACIÓN JURÍDICA EN EL SENTIDO DE NO IMPONER MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTO EN LA LEY VIGENTE, LOS DAÑOS ALEGADOS EN LA DEMANDA POR LA PRIVACIÓN QUE SUFRIERON LOS DEMANDANTES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ANTIJURÍDICO, PUES CORRESPONDIERON A UNA CARGA QUE ELLOS ESTABAN EN EL DEBER JURÍDICO DE SOPORTAR. SE REVOCA LA SENTENCIA Y SE NIEGAN LAS PRETENSIONES. ASÍ MISMO, EN LA SENTENCIA ES IMPORTANTE LA ACLARACIÓN DE VOTO LA CUAL SEÑALA LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONVENCIONALMENTE PARA LA VALORACIÓN PROBATORIA DE LOS RECORTES DE PRENSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DILIGENCIA DE INDAGATORIA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, CAPTURA CON FINES DE INVESTIGACIÓN, INDAGATORIA
Sentencia 2009-00079 de noviembre 10 de 2016
Rad.: 20-001-23-31-000-2009-00079-01 (42729)
Actor: Rubén Torres Quintana y otros
Temas: Copias simples: valor probatorio. Recortes de prensa: valor probatorio. Daño antijurídico: concepto. Daño antijurídico: no se configura cuando se ordena captura para indagatoria.
La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013(1), decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones.
El demandante fue capturado para rendir indagatoria y se precluyó la investigación porque el hecho no existió. Califica la privación de la libertad de injusta.
El 20 de noviembre de 2008, Rubén Torres Quintana, en su nombre y en representación de los menores Alexander Torres Serrano, Julieth Torres Serrano, Rubén Darío Torres Torres y Wilmer Torres Torres; Luz Nely Castro Santana, Inés María Quintana de Torres, Edwin Torres Serrano, Deymer Torres Serrano, Myriam Isabel Torres Quintana, Ana Mercedes Torres Quintana, Pedro José Torres Quintana, Edgar Torres Quintana; César Julio Sánchez Guevara en su nombre y representación de los menores Nilva Rosa Sánchez Pianetta y Carlos Helí Sánchez Pianetta; Carmen Alicia Hernández Ochoa, en su nombre y representación de los menores Islenis Robles Hernández, Jeiver Robles Hernández, Martín Emilio Robles Hernández y Pedro Luis Robles Hernández; Carmen Johana Robles Hernández y Orlando Robles Hernández, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez, entre el 19 de febrero y el 22 de febrero de 2007 y entre el 16 de febrero y el 22 de febrero de 2007, respectivamente.
Solicitaron el pago de 200 SMLMV para Rubén Torres Quintana en su calidad de víctima directa, 70 SMLMV para su compañera permanente, 70 SMLMV para su madre, 70 SMLMV para sus hijos y 70 SMLMV para sus hermanos, por perjuicios morales; el pago de los honorarios del abogado del proceso penal, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente; el pago de lo dejado de percibir durante el tiempo de la detención, en la modalidad de lucro cesante y el pago de 200 SMLMV para Rubén Torres Quintana, por perjuicios a la vida en relación.
Igualmente, solicitaron el pago de 200 SMLMV para César Julio Sánchez Guevara en su calidad de víctima directa, 70 SMLMV para su compañera permanente, 70 SMLMV para sus hijos y 70 SMLMV para sus hijastros, por perjuicios morales; el pago de los honorarios del abogado del proceso penal, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente; el pago de lo dejado de percibir durante el tiempo de la detención, en la modalidad de lucro cesante y el pago de 200 SMLMV para César Julio Sánchez Guevara, por perjuicios a la vida en relación.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara fueron sindicados del delito de rebelión y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Valledupar ordenó su detención. Resaltó que la Fiscalía Diecinueve Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná precluyó la investigación penal. Adujo que se configuró la falla del servicio porque no existió fundamento probatorio para dictar la detención.
El 26 de mayo de 2009 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.
En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, señaló que la captura tuvo fundamento legal y probatorio. Propuso la excepción de “culpa de terceros”.
El 27 de septiembre de 2010 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante y la Nación – Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.
El 25 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia impugnada, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que la preclusión genera responsabilidad del Estado porque las víctimas no se encontraban en la obligación de soportar su detención.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Esgrimió que no se encuentran probados los elementos que configuran responsabilidad patrimonial y que la cuantificación de los daños morales excede los parámetros de la jurisprudencia de esta Corporación.
El 3 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia de conciliación del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, pero se declaró fallida pues las partes no conciliaron.
El 26 de enero de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandada reiteró lo expuesto y la parte demandante guardó silencio. El Ministerio Público conceptuó que la sentencia recurrida debería ser confirmada porque no había pruebas que justificaran las detenciones, por lo que el título de imputación debía ser el de falla del servicio.
El 13 de marzo de 2015 la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado solicitó convocar nuevamente a las partes a audiencia de conciliación. El 19 de mayo siguiente, la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado presentó memorial mediante el cual corrigió el concepto entregado y conceptuó que la sentencia recurrida debería modificarse en el sentido de ordenar el pago de 15 SMLMV para Rubén Torres Quintana y para César Julio Sánchez Guevara.
El 25 de julio de 2015 se llevó a cabo nuevamente la audiencia de conciliación del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, pero se suspendió a la espera de que la Fiscalía General de la Nación reconsiderara la propuesta de conciliación de la parte demandante y de que su apoderado allegara poder para conciliar.
1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).
2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90, C.N. y art. 86 CCA).
3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuridicidad del daño(3).
La demanda se interpuso en tiempo —El 20 de noviembre de 2008— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuridicidad del daño reclamado desde el 28 de noviembre de 2007, fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución de preclusión de la instrucción proferida en su favor(4).
4. Rubén Torres Quintana, Alexander Torres Serrano, Julieth Torres Serrano, Rubén Darío Torres Torres y Wilmer Torres Torres, Luz Nely Castro Santana, Inés María Quintana de Torres, Edwin Torres Serrano, Deymer Torres Serrano, Myriam Isabel Torres Quintana, Ana Mercedes Torres Quintana, Pedro José Torres Quintana y Edgar Torres Quintana, son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.
Igualmente, César Julio Sánchez Guevara, Nilva Rosa Sánchez Pianetta, Carlos Helí Sánchez Pianetta, Carmen Alicia Hernández Ochoa, Islenis Robles Hernández, Jeiver Robles Hernández, Martín Emilio Robles Hernández, Pedro Luis Robles Hernández, Carmen Johana Robles Hernández y Orlando Robles Hernández, son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.
La Nación – Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación de los señores Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara en el proceso penal que se les siguió.
6. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.
7. En el expediente obra un recorte de prensa con el titular “Aprehendidos supuestos milicianos del ELN” (fl. 263, cdno. 1). Según la jurisprudencia, las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia(6) y en esas condiciones serán valoradas en este proceso.
8.1. El 9 de febrero de 2007, el Fiscal 9 Seccional de Valledupar ordenó la captura de los señores Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara, por la presunta comisión del delito de rebelión (fls. 72 y 73, cdno. 2).
8.2. El 10 y 13 de febrero de 2007, la Policía Judicial capturó a Rubén Torres Quintana y a César Julio Sánchez Guevara, respectivamente, según dan cuenta copias simples de los informes correspondientes (fls. 96-100 y 127-128, cdno. 2).
8.3. El 12 y 14 de febrero de 2007, la Fiscalía 18 Seccional Unidad Patrimonio Económico Valledupar avocó conocimiento de la investigación y dispuso escuchar en indagatoria a Rubén Torres Quintana y a César Julio Sánchez Guevara, respectivamente, según dan cuenta copias simples de dichas providencias (fls. 112 y 130, cdno. 2).
8.4. El 13 y el 15 de febrero de 2007, se llevaron a cabo las audiencias de indagatoria de Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara, respectivamente, según dan cuenta copias simples de las actas de las audiencias (fls. 124-126 y 155-158, cdno. 2)
8.5. El 21 de febrero de 2007, la Fiscalía 18 Seccional Unidad Patrimonio Económico Valledupar se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara y ordenó su libertad inmediata, según da cuenta copia simple de esa providencia (fls. 261-268, cdno. 2).
8.6. El 22 de febrero de 2007, Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara recobraron efectivamente su libertad, según dan cuenta los certificados originales expedidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec (fls. 418-419, cdno. 2).
8.7. El 16 de agosto de 2007, el Fiscal 19 Delegado ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná precluyó la investigación seguida en contra de Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara por la presunta comisión del delito de rebelión, según da cuenta copia simple de la providencia de la misma fecha (fls. 395-399, cdno. 2). Esta decisión quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2007, según da cuenta el sello correspondiente (fl. 399, cdno. 2).
8.8 Rubén Torres Quintana es compañero permanente de Luz Nely Castro Santana, hijo de Inés María Quintana de Torres, padre de Alexander Torres Serrano, Julieth Torres Serrano, Rubén Darío Torres Torres, Wilmer Torres Torres, Edwin Torres Serrano y Deymer Torres Serrano y hermano de Myriam Isabel Torres Quintana, Ana Mercedes Torres Quintana, Pedro José Torres Quintana y Edgar Torres Quintana, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (f. 25-35, cdno. 1) y los testimonios de Luis José Castro Prada y Luisa Aníbal Uribe Ramírez (f. 439-441, y 452-453, cdno. 2)
César Julio Sánchez Guevara es compañero permanente de Carmen Alicia Hernández Ochoa, padre de Nilva Rosa Sánchez Pianetta y Carlos Helí Sánchez Pianetta y padrastro de Islenis Robles Hernández, Jeiver Robles Hernández, Martín Emilio Robles Hernández, Pedro Luis Robles Hernández, Carmen Johana Robles Hernández y Orlando Robles Hernández, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento correspondientes (fls. 54-62, cdno. 1) y el testimonio de María Marlene Sánchez (fls. 455-456, cdno. 2).
9. En los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño, el cual debe tener la connotación de antijurídico. La noción de antijuridicidad del daño, que no se encuentra en la Constitución ni en la ley, se predica según la jurisprudencia cuando aquel es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar(7).
10. El artículo 336 de la Ley 600 de 2000, ley vigente para la época de los hechos, establecía que en los casos en los cuales el delito investigado fuera de aquellos en los que resultaba obligatorio resolver situación jurídica, el fiscal podía prescindir de la citación a rendir indagatoria y librar orden de captura. A su vez, el artículo 354 disponía que en los delitos en los cuales fuera procedente la medida de aseguramiento debía resolverse situación jurídica, es decir, en aquellos en los que se verificaran las condiciones del artículo 357, esto es, que tuvieran una pena igual o superior a 4 años de prisión.
11. En este caso, está demostrado que la Fiscalía 9 Seccional de Valledupar ordenó la captura de los señores Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara [Hecho probado 8.1] y que la Fiscalía 18 Seccional Unidad Patrimonio Económico Valledupar dispuso escucharlos en indagatoria [hecho probado 8.3].
También está acreditado que Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara fueron capturados el 10 y 13 de febrero de 2007, que rindieron indagatoria el 13 y el 15 de febrero de 2007, respectivamente y, que el 21 de febrero de 2007, la Fiscalía 18 Seccional Unidad Patrimonio Económico Valledupar se abstuvo de afectar su situación jurídica [hechos probados 8.2, 8.4 y 8.5].
El delito de rebelión, por el que fueron capturados Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara, tenía prevista una pena de prisión de seis (6) a nueve (9) años, de manera que sobre el mismo procedía la resolución de situación jurídica y, por ende, la captura con fines de indagatoria.
Así las cosas, como la orden de captura fue ordenada por una autoridad competente, se ajustó a los presupuestos previstos en la ley, los sindicados fueron escuchados en indagatoria y se resolvió su situación jurídica en el sentido de no imponer medida de aseguramiento dentro de los plazos previsto en la ley vigente, los daños alegados en la demanda por la privación que sufrieron Rubén Torres Quintana y César Julio Sánchez Guevara no tienen el carácter de antijurídico, pues correspondieron a una carga que ellos estaban en el deber jurídico de soportar.
1. REVÓCASE la sentencia del 25 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala, aclaración de voto—Guillermo Sánchez Luque
CA/PTB
1 Según el acta Nº 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.
4 [Hecho probado 8.7].
6 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 2 de febrero de 1984, Rad. 2744, del 27 de junio de 1991, Rad. 6454 y del 6 de junio de 2007, Rad. 16460.
Aclaración de voto a la sentencia 2009-00079
Aunque compartí la decisión adoptada por la Subsección C de la Sección Tercera en la sentencia de 10 de noviembre de 2016, me permito aclarar el voto en cuanto al alcance y valor probatorio dado a los recortes de prensa.
1. Alcance y valor probatorio dado a los recortes de prensa.
En ese sentido, dejo planteados los argumentos de mi aclaración de voto que presento respetuosamente.
1. De acuerdo con la Sala en el expediente obraban copias de recortes de prensa [fl. 263, cdno. 1], respecto de los cuales se consideró: “[s]egún la jurisprudencia, las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso”.
2. Si bien la jurisprudencia considera que, en cuanto a los recortes o información de prensa, estos no podían “ser considerados pruebas porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio —arts. 228 del CPC, 187 del CGP—, por lo que sólo pueden ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido”(1).
3. En dicha jurisprudencia, se sostiene, además, que “información de prensa puede constituirse en un indicio contingente”(2). A lo que se agrega que “es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar, en atención a reglas procesales excesivamente rígidas”(3).
4. La Subsección C del Consejo de Estado mediante la sentencia de 18 de mayo de 2017, plantea los siguientes criterios: (i) en principio, según el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, “la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(4)”; (ii) no obstante, “solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto, por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe”(5); por lo tanto, (iii) las “publicaciones periodísticas ‘(...) son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(...) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’”(6).
5. De ahí que en diferentes sentencias de las subsecciones se haya apreciado y valorado los recortes de prensa, información y publicaciones periodísticas, en algunos casos como (i) .1a demostración de la existencia de la reseña periodística cuando esta sirve para evidenciar la afectación a una persona que fue privada de la libertad(7) o, cuando sirven para demostrar la existencia de la noticia relacionada con un accidente(8); (ii) en otro evento se niega su valor probatorio al ignorarse la fuente y “los medios de comunicación en los que habrían sido divulgados”(9), salvo que se trate de medios reconocidos regional o nacionalmente(10) y; en otros (iii) si se establece que son auténticos y se corroboran con otros medios de prueba para el establecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar(11)).
5.(sic) Luego, la sentencia de la Sala, en ningún caso niega que el juez contencioso administrativo puede apreciar y valorar probatoriamente los recortes, la información y publicaciones periodísticas, sino que deben someterse a la constatación de los hechos que revela con los demás medios probatorios, ya que, de manera aislada o, como únicos medios probatorios, no serían suficientes para determinar la veracidad y certidumbre de los mismos, con lo que se corresponde con los mandatos convencionales, especialmente con la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido apreciando estos elementos de prueba bajo ciertas condiciones, como se puede exponer a continuación.
4.(sic) Se trata de una jurisprudencia que se ajusta a los mandatos convencionales de los artículos 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al garantizar que, como medio probatorio a valorar, los recortes de prensa permitan la efectividad y eficacia del recurso judicial en el que se presenten como elementos de juicio. En ese sentido, la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, se sostuvo que los recortes de prensa aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “no puede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de ellos, sin embargo, constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba; otros tienen valor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 127, párrs. 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del presidente de esta última; finalmente, otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país”(12).
5. Luego, los estándares convencionales determinan que la valoración de los recortes o la información de prensa, opera (i) cuando comprenden la manifestación de hechos públicos o notorios(13) y no hayan sido objetados o cuestionada su autenticidad(14); (ii) cuando comprenden la reproducción textual de declaraciones públicas de altos funcionarios del Estado(15); (iii) cuando valorados en conjunto con otros medios probatorios, por ejemplo, permiten constatar los declarado en testimonios(16); (iv) cuando se trata de información contenida en sitios de internet se tienen por demostrados si han sido aceptados o no se controvierten o cuestionan por el Estado(17); (y) se rechazan aquellos que como prueba sobrevenida no tienen relación con los supuestos fácticos(18); y, (vi) siempre que se encuentren completos y permitan constatar la fuente y fecha de publicación(19).
En este sentido dejo planteados los argumentos de mi aclaración de voto que presento respetuosamente.
1 Sección Tercera, sentencias de 15 de junio de 2000, Exp. 13338; de 10 de noviembre de 2000, Exp. 18298; de 25 de enero de 2001, Exp. 11413; de 19 de agosto de 2009, Exp. 16363; de la Subsección C, sentencias de 20 de junio de 2013, Exp. 23603 de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737; de 26 de junio de 2015, Exp. 30385.
2 Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Exp. 1251-00; de la Subsección C, sentencias de 20 de junio de 2013, Exp. 23603; de 20 de octubre de 2014, Exp. 31250 de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737.
3 Sección Tercera, Subsección C, aclaración de voto a la sentencia de 31 de enero de 2011, Exp. 17842, aclaración consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección C, sentencias de 20 de junio de 2013, Exp. 23603; de 20 de octubre de 2014, Exp. 31250 de 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737.
4 Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener ‘(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido’. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, Rad. 9255, C.P. Carlos; A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, Exp. 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, Rad. 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, Rad. 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla.
5 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 11001031500020110-1378-00. “Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez [“En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso sólo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación”]”.
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 11001031500020110-1378-00. “Sentencia de 6 de junio de 2007, Exp. AP-00029, M. P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera”.
7 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, Exp. 44671.
8 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de agosto de 2016, Exp. 41596; Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 41631.
9 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2016, Exp. 37185.
10 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 40080.
11 Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de mayo de 2016, Exp. 32342, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 35874.
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 146. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Godínez Cruz vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989, fondo, párrafo 152; caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989, fondo párrafo 145; caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2000; fondo, párrafo 107; caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, fondo, reparaciones y costas, párrafo 53; caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, fondo, reparaciones y costas, párrafo 78; caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, fondo, reparaciones y costas, párrafo 94; caso Cantos vs. Argentina, sentencia de 28 de noviembre de 2002, fondo, reparaciones y costas, párrafo 39; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 56; caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003, fondo, reparaciones y costas, párrafo 63; caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, fondo, reparaciones y costas, párrafo 51; caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004, fondo, reparaciones y costas, párrafo 65; caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 2004, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 81; caso De la Cruz Flores vs. Perú, sentencia de 18 de noviembre de 2004, fondo, reparaciones y costas, párrafo 70; caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, sentencia de 1 de marzo de 2005, fondo, reparaciones y costas, párrafo 43; caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, fondo, reparaciones y costas, párrafo 46; caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia de 20 de junio de 2005, fondo, reparaciones y costas, párrafo 51; caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 119; caso de las niñas Yean y Bosicá vs. República Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005, párrafo 96; caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 79; caso Gómez Palomino vs. Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005, fondo, reparaciones y costas, párrafo 53; caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafo 93; caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, sentencia de 28 de noviembre de 2005, párrafo 48; caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 74; caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, fondo, reparaciones y costas, párrafo 49; caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, sentencia de 7 de febrero de 2006, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 199; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, fondo, reparaciones y costas, párrafo 45; caso Baldeón García vs. Perú, sentencia de 6 de abril de 2006, fondo, reparaciones y costas, párrafo 70; caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 122; caso Ximenes Lopes vs Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 55; caso Servellón García y otros vs. Honduras, sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 50; caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 81; caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 86; caso Nogueira de Carvalho y otro vs. Brasil, sentencia de 28 de noviembre de 2006, excepciones preliminares y fondo, párrafo 65; caso La Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, fondo, reparaciones y costas, párrafo 65; caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia de 11 de mayo de 2007, fondo, reparaciones y costas, párrafo 59; caso Bueno Alves, vs. Argentina, sentencia de 11 de mayo de 2007, fondo, reparaciones y costas, párrafo 46; caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007, fondo, reparaciones y costas, párrafo 28; caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, sentencia de 4 de julio de 2007, fondo, reparaciones y costas, párrafo 38; caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, sentencia de 10 de julio de 2007, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 41; caso García Prieto y otro, vs. El Salvador, sentencia de 20 de noviembre de 2007, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 26; caso Boyce y otros vs. Barbados, sentencia de 20 de noviembre de 2007, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 39; caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 45; caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, sentencia de 22 de noviembre de 2007, fondo, reparaciones y costas, párrafo 35; caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 67; caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, sentencia de 6 de mayo de 2008, excepción preliminar y fondo, párrafo 29; caso Heliodoro Portugal, vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 79; caso Bayarri vs. Argentina, sentencia de 30 de octubre de 2008, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 38; caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, fondo, reparaciones y costas, párrafo 42; caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, fondo, reparaciones y costas, párrafo 62; caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia de 27 de enero de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 28; caso Ríos y otros vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 87; caso Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 101; caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 47; 'caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, sentencia de 1 de julio 64 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 39; caso Escher y otros vs. Brasil, sentencia de 6 de julio de 2009, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 76; caso Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 25; caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 55; caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de; 26 de mayo de 2010,1xcepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 60.
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso castillo Páez, vs. Perú, sentencia de 3 de noviembre de 1997, fondo, párrafo 42. “Fundada en la prueba documental y testimonial, en particular el dictamen del experto presentado por la Comisión, la Corte estima como demostrado que durante la época a que se hace referencia, existía en el Perú, divulgado como un hecho notorio por la prensa, una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas como miembros de grupos subversivos”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 8 de marzo de 1998, fondo, párrafo 75. “En relación con los documentos de prensa, si bien no tienen el carácter de prueba documental, tienen importancia en cuanto sean la manifestación de hechos públicos y notorios”.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 18; caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009, fondo, reparaciones y costas, párrafo 43.
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 58.
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 8 de marzo de 1998, fondo, párrafo 75. “[...] y en la medida que corroboren los testimonios recibidos en el proceso respecto de las circunstancias de las detenciones y muertes de las víctimas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2000, fondo, párrafo 107. “Así, la Corte los agrega al acervo probatorio como un medio idóneo para verificar, junto con los demás medios probatorios aportados, la veracidad de los hechos del caso”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, fondo, reparaciones y costas, párrafo 53; caso Cantos vs. Argentina, sentencia de 28 de noviembre de 2002, fondo, reparaciones y costas, párrafo 39; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 56; caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003, fondo, reparaciones y costas, párrafo 63.
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Yvon Neptune vs Haití, sentencia de 6 de mayo de 2008, fondo, reparaciones y costas, párrafo 30.
18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009, fondo, reparaciones y costas, párrafo 43; caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 58.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chocrón vs. Venezuela, sentencia de 1 de julio de 2011, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, párrafo 30; caso Contreras y otros vs. El Salvador, sentencia de 31 de agosto de 2011, fondo, reparaciones y costas, párrafo 33; caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 2011, fondo, reparaciones y costas, párrafo 19; caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, fondo, reparaciones y costas, párrafo 20; caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, sentencia de 27 de abril de 2012, fondo, reparaciones y costas, párrafo 12; caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, sentencia de 27 junio de 2012, fondo y reparaciones, párrafo 36; caso Mendoza y otros vs. Argentina, sentencia de 14 de mayo de 2013, excepciones preliminares, fondo y reparaciones, párrafo 55; caso Mémoli vs. Argentina, sentencia de 22 de agosto de 2013, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 56; caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, sentencia de 30 de enero de 2014, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 27; caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y .activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, fondo, reparaciones y costas, párrafo 58; caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, sentencia de 28 de agosto de 2014, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 114; caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, sentencia de 22 de junio de 2015, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 34; caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 2015, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 75; caso Tenorio Roca y otros vs. Perú, sentencia de 22 de junio de 2016, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 38.