Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc18595-2016-2009-00427-de-diciembre-19?documento=jurcol&contexto=jurcol_33204c3275c14e699a9703953ea50b9c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 17:18:07
Document Index: 103562825

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 304', 'artículo 280', 'artículo 187', 'artículo 176', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1820', 'artículo 2082', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 625', 'artículo 626']

﻿ SENTENCIA SC18595-2016/2009-00427 DE DICIEMBRE 19 DE 2016
SENTENCIA SC18595-2016 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:AFILIACIÓN A EPS DEBE SER COTEJADA CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL HITO FINAL DE UNA UNIÓN MARITAL DE HECHO. LA CERTIFICACIÓN QUE EMITE UNA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DONDE CONSTA UNA FECHA AFILIACIÓN NO CONDUCE OBLIGATORIAMENTE A PREDICAR QUE EN ESE MOMENTO EXISTIÓ UNA COMUNIDAD DE VIDA PERMANENTE Y SINGULAR ENTRE QUIENES SE DEBATE UNA UNIÓN MARITAL DE HECHO. POR TANTO, SE LE DEBE OTORGAR EL MÉRITO DE INDICIO Y VALORARLA EN CONJUNTO CON LOS DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA, PORQUE EL ALCANCE DE SU VALOR DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ES INSUFICIENTE PARA TENERLO COMO PRUEBA FEHACIENTE DEL FIN DE LA CONVIVENCIA DE LOS COMPAÑEROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:UNIÓN MARITAL DE HECHO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, DEMANDA DE DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, AFILIACIÓN A LA EPS, EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, ACREDITACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
Sentencia SC18595-2016 de diciembre 19 de 2016
SC18595-2016
Radicación: 73001-31-10-002-2009-00427-01
(Aprobado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis)
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veintitrés de julio de dos mil doce por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso de la referencia.
Liliana Mejía Támara promovió demanda civil ordinaria contra Luis Carlos García García, para que se reconozca la unión marital de hecho que entre ellos se conformó entre el 1º de octubre de 1998 y el 26 de enero de 2009.
Como consecuencia de lo anterior, pretendió la declaración de existencia de la sociedad patrimonial de hecho y su correspondiente disolución y liquidación.
1. El 1º de octubre de 1998 la demandante y el demandado iniciaron una unión marital de hecho que subsistió de manera continua por un lapso superior a 10 años, hasta su separación el 26 de enero de 2009.
2. En dicha unión procrearon dos hijos.
3. Los compañeros permanentes se prestaron mutua colaboración en igualdad de condiciones para el propósito de aumentar su patrimonio, soportando pérdidas y ganancias en las mismas proporciones.
4. La pareja adquirió bienes muebles e inmuebles, y acreencias personales, que se señalaron en la demanda.
5. El demandado era beneficiario del régimen contributivo de salud en calidad de compañero permanente de la actora, quien cotizaba en la EPS Salud Total.
6. Entre los compañeros permanentes no existía ningún impedimento para conformar la unión marital de hecho, toda vez que ambos eran solteros.
7. Los compañeros permanentes establecieron su domicilio en la ciudad de Ibagué.
C. Excepciones formuladas por el demandado
En su contestación, el convocado al proceso admitió que convivió con la demandante, pero no durante los extremos temporales señalados en el libelo sino desde el año 1997 hasta enero de 2007.
Por ello, operó a su favor la prescripción consagrada en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, que establece un plazo de un año contado desde la separación física de los compañeros. Adujo que entre enero de 2007 y la fecha de presentación de la demanda (sep. 30/2009) transcurrió un tiempo superior al previsto en la señalada disposición [fl. 319, cdno. 1].
Propuso, además, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, por considerar que los bienes señalados en la demanda nunca hicieron parte de la sociedad patrimonial, pues al haberlos adquirido con antelación a la fecha de inicio de la unión marital, son de su exclusiva propiedad [fl. 320, cdno. 1].
D. El fallo de primera instancia
A partir del análisis de las pruebas practicadas en el proceso, el sentenciador a quo concluyó que existió una unión marital de hecho entre compañeros permanentes entre el 1º de octubre de 1998 y el 30 de enero de 2007.
Agregó que como la unión marital de hecho es imprescriptible por cuanto refiere al estado civil, la misma está llamada a ser declarada; mientras que los efectos patrimoniales a que dicha sociedad pudo haber dado lugar están prescritos porque a la fecha de presentación de la demanda (oct. 1º/2009) ya había transcurrido más de un año desde la terminación de la unión marital [fl. 510].
En tal sentido, declaró la existencia de la unión marital y negó el reconocimiento de sus efectos patrimoniales.
E. La sentencia impugnada.
El Tribunal Superior de Ibagué confirmó el fallo de primer grado al no encontrar respaldo probatorio que demostrara que la unión marital finalizó el 26 de enero de 2009 como afirmó la demandante. Concluyó que el análisis en conjunto de los medios de convicción corrobora que la finalización de la unión marital se produjo en enero de 2007, tal como fuera considerado por el juez a quo.
Por tal razón, ratificó la decisión que declaró prescritos los efectos patrimoniales derivados de la unión marital que conformaron los compañeros permanentes.
Se formularon dos cargos con sustento en la causal primera de casación, el primero por violación indirecta de los artículos 2512 y 2535 del Código Civil, y 8º de la Ley 54 de 1990. El segundo, por infracción directa de los artículos 2º, 5º y 8º de la Ley 54 de 1990; y los artículos 2512, 2513, 2522, 2523 y 2535 del Código Civil.
La violación indirecta de la ley sustancial se produjo por la errónea valoración de las pruebas que hizo el tribunal para establecer los extremos temporales en que se dio la unión marital de hecho. Específicamente, afirmó que las pruebas que obran en el expediente demuestran que la unión marital concluyó en enero de 2009 y no en enero de 2007.
Afirmó que el sentenciador ad quem “no apreció la prueba documental debidamente allegada”, “le dio una connotación diferente a los testimonios” y “desconoció otros medios de prueba” que desvirtúan la configuración de la prescripción, tales como el certificado de afiliación del demandado al sistema de salud en calidad de beneficiario de la demandante por ser su compañero permanente.
Para establecer la fecha de terminación de la unión, el juzgador de segunda instancia tuvo en cuenta los testimonios de Carlos Alberto Martínez Triviño, Luis Fernando Bernal Vargas y Luis Eduardo Alcalá, los cuales no dieron razones para precisar el inicio y el final de la relación marital, pues no fueron coherentes ni estuvieron bien fundamentados. En cambio, los testimonios de Graciela Támara Gutiérrez, Katherine García Andrade y Martha Acosta Urrego fueron desestimados a pesar de haber sido más consistentes sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la unión marital de hecho.
El tribunal no dio importancia al hecho de que los testigos Carlos Alberto Martínez, Luis Fernando Bernal Vargas y Luis Eduardo Alcalá incurrieron en contradicciones respecto de las declaraciones extrajuicio que se aportaron al proceso, y fueron sospechosos por su grado de cercanía y dependencia con el demandado.
La veracidad de la declaración de Carlos Alberto Martínez Triviño es cuestionable por cuanto recibía una remuneración del demandado por la prestación de servicios de vigilancia. Su afirmación respecto de la terminación de la relación sentimental en enero de 2007 no es convincente porque es dudoso que recordara con exactitud ese hecho pero no se acordara de la fecha en que entró a trabajar como vigilante de la plazoleta del barrio Cádiz y que ignorara un dato esencial como la actividad económica del convocado a juicio [fl. 16].
Tampoco es creíble su afirmación acerca de las veces en que el demandado iba a recoger a los niños y demás circunstancias sobre la convivencia de la pareja, ya que desempeñó su trabajo como celador entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, por lo que no es posible que en ese horario se haya dado cuenta de los hechos que asegura haber presenciado.
El testigo aseveró que no recuerda la fecha en que la actora abandonó definitivamente la casa que compartía con su excompañero, es decir que no tiene certeza del momento en que ocurrió la separación definitiva.
En lo que respecta al testimonio de Luis Fernando Bernal Vargas, su amistad y relaciones comerciales con el demandado le restan credibilidad a sus afirmaciones. En todo caso, su aseveración sobre la fecha de terminación de la unión “a finales de 2006 o comienzos de 2007” es poco creíble, pues se fundó en el hecho de haber ido en una ocasión a la casa de la pareja y escuchar de la demandante que la relación tenía dificultades, lo cual no es una razón contundente para concluir la separación física y definitiva. De igual modo, indicó que regresó en otra ocasión y el demandado “no estaba ahí, ella estaba sola”; ausencia que es explicable por la actividad ganadera del convocado, en la que es común “durar varios días y hasta semanas en otro pueblo o ciudad trabajando, porque se sabe que el ganado se encuentra en el campo”, como lo señaló el mismo testigo [fl. 17].
Por su parte, el testigo Luis Eduardo Alcalá afirmó que fue amigo cercano de la pareja y le consta que convivieron aproximadamente 20 años hasta el año 2007. Sin embargo, al ser indagado por el abogado de la demandada por la fecha exacta de la separación, aquél señaló: “aproximadamente a mediados de 2007… yo sé que ellos tenían una relación hasta finales de 2007, yo no le puedo decir el día ni la hora, porque él mismo me lo dijo” [fl. 18].
Es decir que el testimonio fue inconsistente porque el declarante ni siquiera tuvo conocimiento del momento en que se dio la separación, a lo cual se suma que tampoco sabía los motivos de la ruptura.
Los testimonios en que el tribunal fundó su sentencia, en fin, fueron ostensiblemente difusos, incoherentes e imprecisos; no siendo más que la simple repetición de un relato que se les indicó que dijeran, pero no “de lo que les consta o hayan percibido directa o indirectamente por sus sentidos”, como bien se deduce de su análisis [fl. 19].
Por el contrario, el tribunal no dio ningún valor probatorio a las declaraciones de Graciela Támara Gutiérrez, Katherine Andrea García Andrade y Martha Ludibia Acosta Urrego, a pesar de la coherencia, objetividad y contundencia de sus afirmaciones.
El ad quem no apreció el testimonio de Graciela Támara por el simple hecho de ser la madre de la demandante, argumentando que su dicho estuvo encaminado a favorecer los intereses de su hija, conclusión que se basó en un prejuicio y no en un análisis serio y objetivo de las razones que pudieran soportar tal hipótesis.
Tampoco valoró la declaración de Katherine García Andrade por considerarla confusa, sin que existiera en realidad ningún motivo para restarle claridad, toda vez que el relato de esta testigo fue uno de los más detallados y precisos debido a su grado de cercanía con la pareja, ya que fue cuñada del demandado. Con relación al final de la unión marital, señaló que le consta que la pareja viajó a Cúcuta por razones de negocio en el año 2007, que en diciembre de ese año el señor Luis Carlos García les regaló un televisor y un computador a los hijos, y que para esa fecha aún vivían juntos.
Mucho menos se entiende —en criterio del recurrente— la razón por la cual el juzgador restó credibilidad al testimonio de la señora Martha Lubidia Acosta Urrego, aduciendo “que del mismo no emerge la fuerza de convicción indispensable con la contundencia necesaria para dar por demostrado el extremo temporal alegado por la demandante”, cuando lo cierto es que la mencionada declarante fue enfática al afirmar que la relación marital se mantuvo incólume hasta enero de 2009 [fl. 22].
Finalmente, expresó que el tribunal no dio ningún valor al certificado de afiliación del demandado a la EPS Salud Total, en calidad de beneficiario de la actora por ser su compañero permanente hasta agosto de 2009, aduciendo que dicho documento no prueba nada por sí mismo. En sentir del recurrente, es cierto que el referido instrumento no prueba nada por sí mismo, pero ese no es motivo suficiente para no tenerlo en cuenta, toda vez que su valor demostrativo radica en ser un hecho que permite elaborar una inferencia indiciaria, que valorada en conjunto con las demás pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, corrobora la circunstancia temporal que fue materia de la controversia.
El reproche por violación directa de la norma sustancial se produjo al haber aplicado indebidamente el término de prescripción consagrado en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, pues el conteo del mismo a partir de la separación física y definitiva de los compañeros permanentes sólo es procedente cuando la unión marital ha sido declarada por alguno de los medios previstos en la referida ley, pues de otro modo no podría operar la presunción sobre la existencia de la sociedad patrimonial [fl. 27].
Adujo que según el sentido originario del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, la existencia de la unión marital de hecho debía ser declarada judicialmente, previa demostración de los supuestos de hecho consagrados en la norma, para que pudiera nacer la presunción de la sociedad patrimonial que de aquélla se derivaba. De ahí que sin esa previa declaración judicial no surgía la acción para solicitar la liquidación y respectiva adjudicación de bienes. “Es decir, sin unión marital entre compañeros permanentes no se forma entre éstos sociedad patrimonial, como tampoco es factible su disolución y liquidación” [fl. 28].
El artículo 5º de la aludida disposición señala las causales de disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, entre las cuales no se encuentra la separación física; lo que significa que este hecho tiene que declararse mediante sentencia judicial, según lo estipulado por el literal d) del señalado precepto.
De todo ello concluyó que el término de prescripción de la acción de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial comienza a contarse desde la terminación de la unión marital por separación física y definitiva de los compañeros cuando éstos, de mutuo consenso, expresan tal decisión en acta elevada a escritura pública; desde que uno de ellos contrae matrimonio con sujeto diferente; desde la muerte real o presunta de uno de ellos; o desde la sentencia judicial que declara la existencia de dicha sociedad [fl. 29].
Para finalizar, agregó que el plazo prescriptivo de un año comienza a correr desde el instante mismo que puede demandarse la repartición del patrimonio social, esto es cuando ocurre cualquiera de los eventos que dan lugar a la disolución, en los términos del mencionado artículo 5º de la Ley 54 de 1990.
El pronunciamiento de la Corte se limitará al análisis del primero de los cargos, toda vez que tiene la aptitud de quebrar la sentencia impugnada.
1. Nuestro sistema procesal civil se enmarca en la tradición racionalista continental-europea, según la cual la averiguación de la verdad como presupuesto de la justicia material es el principal objetivo institucional del proceso. La pretensión de racionalidad de la decisión judicial a través del descubrimiento de la verdad y la materialización de la justicia está incorporada en el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial sobre los ritos (C.P., art. 228).
El aludido principio fue consagrado en el estatuto adjetivo, al expresar que «el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial» (CPC, art. 4º; CGP, art. 11). Es decir que el fin último del proceso es la materialización de la justicia en la sentencia a través del establecimiento de la verdad de los hechos en que se basa la controversia y la aplicación de las normas sustanciales pertinentes.
El criterio de valoración racional de las pruebas impone a los jueces la obligación de motivar razonadamente su decisión sobre los hechos. Así lo estableció el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, según el cual «la motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones (…)». Lo anterior fue reiterado por el artículo 280 del Código General del Proceso, en los siguientes términos: «La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones (…)».
La motivación razonada de la decisión significa que las sentencias deben estar constituidas por un razonamiento lógico cuya conclusión sea el resultado de la demostración de los supuestos de hecho previstos en la norma sustancial que contiene las consecuencias jurídicas que se reclaman en las pretensiones de la demanda. De ahí que las normas procesales en materia probatoria están concebidas para la finalidad de la averiguación de la verdad en el proceso, garantizando que se llegue a una solución correcta.
Tal es la función específica que cumple la vía indirecta de la causal primera de casación, al ser la herramienta que permite la corrección de las conclusiones probatorias equivocadas en que se haya fundamentado la sentencia de segunda instancia, para cuyo propósito el impugnante deberá satisfacer una carga argumentativa que logre demostrar los errores en la valoración de las pruebas cometidos por el sentenciador.
El derecho que tienen los usuarios de la administración de justicia a que las pruebas sean valoradas razonadamente se concreta en la obligación del juez de apreciarlas en forma individual y conjunta según las reglas de la sana crítica, es decir según los argumentos lógicos, las reglas de la experiencia, los estándares científicos y los procedimientos admitidos por los distintos ámbitos profesionales o técnicos.
Por ello, el artículo 187 impone al juez la obligación de sustentar razonadamente sus conclusiones sobre los hechos: «Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de la solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba». Este mandato fue íntegramente reiterado por el artículo 176 del Código General de Proceso.
La valoración individual y en conjunto de las pruebas, así como la elaboración de las conclusiones sobre los hechos probados, corresponden a la fase de apreciación material de las pruebas, es decir al desentrañamiento, develación o interpretación de su significado; o, lo que es lo mismo, a lo que la prueba dice respecto de su objeto, o a su correspondencia con los hechos, que es en últimas lo que determina la calidad de la prueba y la verdad en que se basa la decisión.
En tal sentido, las incoherencias en los argumentos probatorios; su falta de correspondencia con los hechos; su inconsistencia con el marco valorativo presente en el lenguaje expresado en la sentencia; la ausencia de confirmación del significado o contenido de las pruebas a partir de los conceptos de la disciplina jurídica, de la ciencia no jurídica, o de las reglas de la experiencia que se derivan del conocimiento del hombre común; y la improbabilidad de las hipótesis probatorias a la luz del análisis contextual de la información contenida en el conjunto de los medios de prueba, constituyen la materia de la argumentación del recurso que se cimenta en los errores sobre la conformación de las premisas fácticas.
En lo que respecta al valor individual de los testimonios, específicamente, el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil (CGP, 221) señala al juez la obligación de poner «especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento (…)».
La indicación de la forma como el testigo obtiene su conocimiento sobre los hechos es una regla de vital importancia para la apreciación racional de la prueba testimonial, porque es lo que permite al juzgador valorar la consistencia de la información aportada por ese medio, es decir su adecuación o correspondencia con la realidad. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos son la información que aporta el medio de prueba, a partir de la cual se establece la coherencia del relato, es decir su ausencia de contradicciones.
La exactitud que debe tener el testimonio según el citado artículo 228 se establece a partir de su coherencia y consistencia: un testimonio es exacto si sus enunciados corresponden a la realidad a la que se refiere y no contienen contradicciones. La compleción que exige la disposición es siempre relativa al thema probandum, porque no existe un testimonio ‘completo’ por sí mismo, sino un testimonio que explica con suficiencia demostrativa los hechos en que se basa la controversia, y esa suficiencia sólo puede ser valorada a partir de un análisis contextual de los hechos tal como suelen ocurrir en la realidad social.
2. En el caso que se examina, es preciso dar la razón al recurrente, pues en la sustentación del cargo que cimentó en la vía indirecta de la causal primera de casación, logró demostrar que las conclusiones probatorias del tribunal respecto a la fecha de la terminación de la unión marital estuvieron completamente desprovistas de la fundamentación que se requiere para una correcta apreciación individual y en conjunto de las pruebas, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Cabe aclarar que el único asunto que será materia del presente pronunciamiento y que, por tanto, constituye el thema probandum, es el momento de finalización de la unión marital de hecho, pues la inconformidad manifestada en el recurso de casación se circunscribió a esa precisa cuestión.
1) Con relación al testimonio rendido por Graciela Támara, a quien la parte demandada tildó de sospechoso en razón de su parentesco con la actora, el tribunal se limitó a afirmar que «no encuentra el respaldo necesario en el plenario para dar por establecido que los compañeros permanentes lo fueron hasta finales de enero de 2009» [fl. 53, cdno. tribunal].
Nada dijo el sentenciador acerca de las razones que lo llevaron a no atribuir ningún mérito a esa declaración, pues con violación de los artículos 187 y 228 del Código de Procedimiento Civil, omitió analizar la individualidad de la prueba que se dejó a su consideración, al no hacer la más mínima alusión a su contenido; de manera que su conclusión respecto de ese testimonio fue absolutamente infundada.
En primer lugar, debió el ad quem referirse a las circunstancias que podrían afectar la credibilidad o imparcialidad de la testigo en razón de su parentesco con la demandante (art. 217), pues tal situación se erigió en un punto esencial para valorar la consistencia de la declaración.
Cabe precisar que la ley procesal no establece ninguna presunción de sospecha contra el testigo por el mero hecho de su parentesco, dependencia, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, o por sus antecedentes personales u otras causas, sino que deja tal valoración “al concepto del juez”; criterio que —como se explicó líneas arriba— debe estar soportado en la coherencia de la declaración y en su correspondencia con el contexto de significado.
En ese orden, como quiera que ni de la declaración de la testigo ni de lo que dicen los demás medios de prueba se infiere un motivo serio que afecte la declaración de la deponente, no existen razones válidas para restarle credibilidad o tildarla de sospechosa.
Las reglas de la experiencia derivadas de nuestro contexto social indican que, por lo general, los miembros del núcleo familiar y las amistades cercanas a la pareja, son las personas más idóneas para declarar acerca de las condiciones en que se dio la convivencia de los compañeros, pues nadie mejor que ellos percibe o presencia las vicisitudes que surgen en el seno de la unión marital. Y entre los miembros de la parentela, son las madres de los compañeros, precisamente, las que más acostumbran estar pendientes del diario vivir de sus hijos, siendo frecuentes sus visitas al hogar de la pareja, sus llamadas telefónicas y, en fin, sus métodos de búsqueda de información acerca de las intimidades de la relación.
Tales reglas de la experiencia no tuvieron su excepción en este caso y, por el contrario, en él encontraron su confirmación cuando la señora Graciela Támara Gutiérrez manifestó que visitaba el hogar de su hija, yerno y nietos con bastante frecuencia: “dos o tres veces por semana” [fl. 2, cdno. 2].
Del análisis de las respuestas dadas por la testigo se infiere su consistencia, su espontaneidad y su coherencia. Así lo indica la exactitud y precisión de la información que brindó, como por ejemplo que la relación duró 12 o 13 años aproximadamente; que sabía con precisión la dirección de la residencia; que la pareja comenzó a tener problemas cuando la señora Liliana Mejía se enteró a finales del año 2008 de que su compañero tenía un hijo por fuera de la unión marital; que la pareja acostumbraba ir junta a las ferias, a fincas “y a todas partes”; la edad exacta de sus nietos; que su hija, además de criar a los niños, prestaba ayuda a su compañero en la compra de ganado y otros menesteres o negocios; que era la actora quien tenía afiliados a sus hijos y compañero al sistema de salud; y, en fin, muchos detalles de las incidencias que normalmente se dan en una pareja, todos los cuales mostraron su justa coherencia.
Contrario a la hipótesis infundada del Tribunal, no hay ninguna razón para restar credibilidad a la señora Graciela Támara, quien con contundencia afirmó que la pareja convivió “hasta el mes de enero de 2009” [fl. 1, cdno. 2].
2) Frente al testimonio de Katherine Andrea García Andrade, el sentenciador de segunda instancia se limitó a decir que “perdió consistencia al colegirse de su misma exposición que no tuvo contacto directo con los hechos que acontecieron a finales de 2008 y comienzos de 2009”, puesto que sus manifestaciones fueron “confusas”, ya que en una parte dijo que por su relación de cercanía con la familia “estaba enterada de lo que estaba sucediendo entre ellos”, mientras que en otros apartes refirió que los hechos le fueron comentados por la demandante, y en otro momento indicó que como era amiga de la actora “vivían en contacto telefónico”; “menguándose por ende la pretensa fuerza persuasiva que pudieren tener sus argumentos” [fl. 54].
Un análisis razonado del anterior argumento conlleva a inferir que la conclusión del ad quem fue ostensiblemente equivocada, pues ninguna contradicción o incoherencia se presentó entre los diversos medios por los que la deponente afirmó haberse enterado de los hechos. En efecto, es natural que una persona que fue miembro de la familia y conoció a la pareja por más de 12 años haya tenido conocimiento de las circunstancias en que se dio la unión por diversos medios. En tal sentido, no es necesario elaborar reglas de experiencia demasiado complejas para saber que la cuñada del demandado pudo enterarse de los problemas que afrontaba la pareja por percepción directa, por lo que su concuñada le contaba personalmente o por teléfono, o por cualquier otro medio.
A juzgar por la incorrección de la hipótesis probatoria del Tribunal de Ibagué, lo que se muestra confuso no es el testimonio de la señora Katherine García, sino el criterio de valoración de las pruebas que utilizó el juzgador; quien no supo diferenciar entre un “testimonio de oídas” y un testigo directo por haber percibido los hechos a través del sentido de la audición, creyendo además, sin ninguna base racional, que el enteramiento directo de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos es incompatible con la información que se puede adquirir por vía telefónica o por conversaciones personales, cuando en verdad la diversidad de fuentes de conocimiento enriquecen la narración en vez de “menguar la fuerza persuasiva que pudieren tener sus argumentos”.
Por lo demás, el método de apreciación racional de las pruebas —según se indicó líneas arriba—, está orientado por valores de verdad y corrección de la decisión, por lo que ésta no puede ser el resultado de la “adhesión” del juez a la “teoría del caso” propuesta por una de las partes. El juez en nuestro sistema procesal civil no está para “compartir” las opiniones de una de las partes mientras “toma distancia” de las de la otra, ni para dejarse “convencer” por sus argumentos persuasorios, sino que tiene la obligación de elaborar con naturalidad, sencillez y espontaneidad sus propias hipótesis sobre los hechos probados, y de justificarlas bajo un criterio de racionalidad.
Al tribunal, en cambio, le bastó que la declarante afirmara una situación que suele darse en la realidad, esto es que el familiar se entere de los hechos por diversos medios (como no puede ser de otra forma en relaciones parentales de larga duración), para concluir que las manifestaciones de la testigo no lo “persuadieron”, y con un motivo tan endeble como ese negar todo valor a una declaración que fue coherente y consistente, tal como lo indicó el recurrente en su demanda de casación y se resume a continuación.
La señora Katherine Andrea García, quien fuera cuñada del demandado por haber estado casada con un hermano suyo, aportó información detallada y precisa acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la unión marital de Liliana Mejía Támara y Luis Carlos García; lo que torna su testimonio exacto y completo como lo exige la ley.
A tal respecto manifestó que conoció a la pareja desde 1998; que la convivencia “matrimonial” duró hasta enero de 2009; que tuvo una relación cercana a esa familia porque estuvo casada con Wilson García (hermano del demandado) y por ello “estaba enterada de lo que estaba sucediendo entre ellos”; señaló que la pareja tuvo su lugar de residencia en el barrio Cádiz, cerca de donde vivía su exsuegra; indicó con precisión las edades de los hijos de la unión; reiteró que los miembros de la pareja se presentaban públicamente como esposos; que era la demandante quien pagaba la EPS a la que estaba afiliado el núcleo familiar; que los vio convivir aún durante todo el año 2007 porque “ellos viajaban con frecuencia y en una oportunidad viajaron a Cúcuta y Venezuela”, de lo cual infirió que no era posible que estuvieran separados para esa época; que en diciembre de 2008 la actora le contó que el señor Luis Carlos les regaló a los niños el computador y el televisor; entre otros detalles que otorgan consistencia y coherencia a su declaración, por lo que la misma debe ser tenida como creíble.
La coherencia de la declaración se refuerza en su espontaneidad, en su ausencia de contradicciones y en el hecho de que en tres momentos distintos la testigo reiteró que la separación definitiva se produjo en enero de 2009 [fls. 9 a 11, cdno. 2].
3) El tercer testimonio que el tribunal dejó de valorar por completo fue el de Martha Lubidia Acosta Urrego, quien era amiga cercana a la pareja por haber conocido a Liliana Mejía y a Juan Carlos García desde cuando eran novios, es decir por más de 10 años.
Respecto de las aseveraciones de esta testigo, el ad quem se limitó a opinar, sin ninguna base racional, que de las mismas «no emerge la fuerza de convicción indispensable con la contundencia necesaria para dar por demostrado el extremo temporal de que se trata, pues, como de su lectura se infiere, la misma no da cuenta de la razón de su dicho sobre ese aspecto puntual y, por tanto, no alcanza a suministrar la certeza requerida sobre éste» [fl. 54].
Contrario a lo expresado por el sentenciador de segundo grado, la declarante sí expuso la “razón de su dicho”, es decir la forma como los hechos narrados llegaron a su conocimiento. A tal efecto indicó que estudió Hotelería y Turismo con Liliana Mejía en el Politécnico Central de Cádiz; que como eran compañeras de estudio la visitaba 3 o 4 veces por mes para hacer trabajos académicos y para compartir como amigas; y que debido a sus múltiples visitas al hogar de la pareja llegó a compartir mesa con ellos. Todas estas razones explican cómo llegó a su conocimiento la información de la que dio cuenta en su testimonio y otorgan consistencia a su declaración.
Vale la pena precisar que la “certeza” que el juzgador echó de menos es un estado psicológico irrelevante e inalcanzable a la luz del criterio de la valoración racional de las pruebas, pues como quedó explicado al comienzo de esta parte motiva, no es la convicción, la persuasión, la certeza, la ausencia de dudas, ni ningún otro concepto subjetivo lo que determina el nivel de suficiencia argumentativa de la motivación sobre los hechos probados en que se funda la controversia, sino únicamente el grado de acercamiento a la verdad que interesa al proceso a través de la formulación de hipótesis o enunciados fácticos con probabilidad prevalente o lógica, lo cual se alcanza, como se ha reiterado en esta providencia, mediante la apreciación individual y conjunta de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
La información suministrada por Martha Ludibia Acosta Urrego fue coherente, exacta, completa y consistente, pues con gran detalle y sin contradicciones reiteró que la separación definitiva de la pareja se dio en enero de 2009 [fls. 3 y 4, cdno. 2].
Los tres testimonios hasta aquí analizados coinciden en que la unión marital comenzó en 1998 y terminó en enero de 2009, por lo que su valoración conjunta permite concluir que esos fueron los extremos temporales de la relación de convivencia que establecieron los compañeros permanentes.
Ahora bien, estimó el tribunal que los testimonios ofrecidos por Carlos Alberto Martínez, Luis Fernando Bernal y Luis Eduardo Alcalá fueron responsivos, concordantes y coherentes. No obstante, el juzgador no justificó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa conclusión, pues no los apreció singularmente ni en conjunto; y sólo se limitó a aducir, sin ningún fundamento, que dieron cuenta de la relación marital que sostuvieron las partes y narraron con precisión los hechos que conllevaron a su deterioro [fl. 55].
Los tres párrafos siguientes de la sentencia de segunda instancia que aludieron a estos testimonios se circunscribieron a expresar las razones para negar la tacha de sospecha, pero no ahondaron en los temas que fueron materia de la prueba.
4) Contrario a la opinión del tribunal, para quien el testimonio de Carlos Alberto Martínez fue responsivo y coherente, encuentra esta sede que a partir de su análisis individual se deduce que la aludida declaración carece de tales características, tal como lo demostró el recurrente en su demanda de casación y pasa a explicarse a continuación.
En primer lugar, el testimonio no es consistente, como lo recalcó el impugnante, dado que el declarante aseguró que los hechos narrados llegaron a su conocimiento porque fue vigilante de la plazoleta del barrio Cádiz desde 2006 y cuidaba 24 casas, entre ellas la residencia de los excompañeros permanentes. Sin embargo, ejercía su trabajo entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, en cuyo horario afirmó que se daba cuenta «que el señor Luis Carlos no llegaba ya a la casa o llegaba y no se demoraba nada a entregarle algo a sus hijos, sacaba a los niños a pasear y se quedaba en otro lado, él no volvió a la casa, sacaba a los niños y volvía y los regresaba, a veces se quedaba donde la mamá que vive a una cuadra y otras veces para el centro a buscar hospedaje al hotel, pero a principios del 2007 no volvió a la casa» [fl. 4, cdno. 3].
Tal como lo indicó el recurrente, a la luz de lo que generalmente acontece en nuestro medio, no es en modo alguno creíble que en un horario comprendido entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana un padre acostumbre llevar a pasear a sus hijos menores de edad, pues tales actividades normalmente se hacen de día o los fines de semana. Tampoco es plausible que desde su labor como vigilante tuviera conocimiento de que el demandado iba algunas veces al centro “a buscar hospedaje al hotel”, pues es imposible que hubiera presenciado este hecho si se encontraba trabajando en el barrio Cádiz, y tampoco indicó que el demandado le hubiera contado esa circunstancia; por lo que esa afirmación tiene todas las características de una mera invención.
En todo caso, su declaración no fue coherente porque en dos ocasiones aseguró con mucha precisión que el demandado no volvió a la casa en enero de 2007, pero más adelante se contradijo al afirmar con vehemencia que “al finalizar el año 2006 él no volvió a entrar a la casa”.
Tampoco es verdad que el testigo fue responsivo, porque cuando el abogado de la actora le preguntó por la fecha en que se dio cuenta de que la señora Liliana Mejía abandonó definitivamente el hogar, se limitó a responder que no lo recordaba: «Ahí duraron viviendo un tiempo, hasta cuando ella trajo un camión y sacó el trasteo, sin saber para donde se iría, sin recordar la fecha» [fl. 5, cdno. 3].
Tampoco recordó la fecha en que entró a trabajar como celador: «Pues no recuerdo bien la fecha, pero entré a principios del año 2006» [fl. 5, cdno. 3].
No es en modo alguno común —como bien lo anotó el abogado de la actora— que una persona ponga más cuidado en los asuntos ajenos que en los propios. Por lo que no es creíble que el vigilante recuerde con precisión cuándo el señor Luis Carlos abandonó su hogar, pero no recuerde bien la fecha en que entró a trabajar como celador, que según su versión fue solo unos meses antes. Tampoco es probable que recuerde con exactitud un acontecimiento de principios de 2007 pero haya olvidado la fecha en que la demandante abandonó el hogar dos años después, que debió tenerlo más presente por ser una época mucho más cercana a su declaración.
No hay, por tanto, ninguna explicación para que el tribunal restara valor probatorio a tres versiones de personas cercanas a la pareja y conocedoras de sus intimidades, y le diera todo el mérito a la declaración de una persona que manifestó no tener un conocimiento profundo del comportamiento privado de los compañeros.
Esta declaración, en suma, no fue consistente, coherente, exacta ni completa, contrario a lo afirmado por el tribunal; y en ningún caso es más contundente y creíble que los tres testimonios anteriores.
5) En cuanto al testimonio de Luis Fernando Bernal Vargas, quien ha sido amigo cercano del demandado por más de 40 años, y con quien ha mantenido relaciones comerciales y de ganadería, llama la atención que el tribunal lo considerara concordante y responsivo, pues la verdad es que no es merecedor de ninguno de esos calificativos.
Respecto de la razón por la que le constaba la fecha de la separación, manifestó que se enteró de que los compañeros “tuvieron relación hasta finales de 2006 o empezando el año 2007” porque en una ocasión fue a la casa de ellos, habló con la señora y ésta le dijo que “estaban en dificultades”. Seguidamente afirmó que volvió a los pocos días pero “él ya no vivía ahí, ya ella estaba sola” [fl. 7, cdno. 3].
Es decir que el conocimiento que tuvo en la primera visita que aseguró haber realizado a la señora Liliana Mejía fue de “sus dificultades”, mas no de la separación. Mientras que en la visita siguiente sólo pudo percibir que “ella estaba sola”, lo que no es razón suficiente para incluir que tuvo constancia de que la pareja ya no convivía.
A lo anterior se agrega que cuando fue inquirido por el abogado de la demandante por la fecha en la que realizó tales visitas, el declarante manifestó en forma evasiva que “no tenía en cuenta una fecha precisa, pero esos problemas se agravaron en el año 2006 y a principios de 2007”.
Según la versión del testigo, tuvo conocimiento de que la separación ocurrió a finales de 2006 o comienzos de 2007, pero no recordó la fecha en que visitó a la actora y obtuvo esa información; lo que constituye una contradicción evidente.
Mucho menos es explicable que el testigo fuera a visitar a su amigo “a finales de 2006 o comienzos de 2007” y no estuviese enterado de la separación, siendo —como asegura haber sido— tan cercano al señor Luis Carlos.
El señor Luis Fernando Bernal Vargas agregó al final de su declaración que en su ocupación de ganaderos, es común ausentarse del hogar con frecuencia, lo que podría explicar el hecho de que el demandado permaneciese varios períodos por fuera de su casa: «A diario en el negocio que nosotros ejercemos, para efectuar nuestros negocios, tenemos que ausentarnos del hogar, como podemos llegar el mismo día o durar varios días y hasta semanas en otro pueblo o ciudad trabajando, porque se sabe que el ganado se encuentra es en el campo» [fl. 8, cdno. 3].
El testigo no sólo fue inconsistente sino que no fue responsivo ni preciso, pues cuando el abogado de la actora lo interrogó acerca de la frecuencia con la que visitaba el hogar de la pareja, se limitó a dar detalles de los negocios que mantenía con el demandado, pero nunca respondió la pregunta que se le hizo, la cual ameritaba una contestación simple y contundente de haber sido espontánea, pues lo mínimo que debió tener presente el declarante era la frecuencia con la que visitaba el hogar de su amigo.
El señor Luis Carlos Bernal, en fin, no fue coherente ni exacto en sus afirmaciones, ni éstas fueron completas o resolvieron con detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la unión marital de hecho, lo que le resta todo valor de verdad.
6) El último de los testigos, Luis Eduardo Alcalá, no merece mayor valor que los dos anteriores, pues aseguró que conocía a los litigantes como pareja desde hacía 20 años aproximadamente: «la fecha en que yo los distingo como pareja es de unos 20 años a los dos, aproximadamente no estoy seguro, y convivieron hasta el año 2007» [fl. 10, cdno. 3]; afirmación que se cae por su propio peso porque para la fecha en que rindió su declaración (jul./2011) los compañeros no pudieron tener más de 13 años de convivencia, ya que ésta comenzó en 1998, como lo demuestran todas las pruebas. Esta enorme diferencia de 7 años no llamó la atención del tribunal.
A pesar de que el testigo manifestó que visitó el hogar de los compañeros sólo en dos ocasiones, el juzgador de segunda instancia le dio todo el mérito a las razones de sus afirmaciones, como si de alguien cercano a la pareja se tratase, cuando lo cierto es que a partir de la propia declaración se deduce que el señor Luis Eduardo Alcalá no tuvo nunca un vínculo cercano a la familia, tal como lo demuestra la falta de precisión en los detalles de su versión.
En todo caso, la incoherencia de sus afirmaciones es manifiesta, pues aseveró que se enteró de la separación “a mediados de 2007” cuando el demandado lo invitó a almorzar a su residencia, pero más adelante refirió que la relación duró “hasta finales de 2007” porque el excompañero se lo dijo [fl. 10, cdno. 3]; mientras que en su declaración extrajuicio señaló que el señor Luis Carlos vivió con Liliana Mejía y sus dos hijos “hasta enero de 2007” [fl. 314, cdno. 1].
Todas estas contradicciones son motivo suficiente para restar todo mérito veritativo a este testimonio; por lo que no es justificable que el tribunal lo haya considerado responsivo, concordante y coherente.
7) Finalmente, con relación al certificado de afiliación a la EPS Salud Total, en el que consta que para el 12 de agosto de 2009 el señor Luis Carlos García aún era beneficiario de la demandante en calidad de compañero permanente [fl. 7, cdno. 1], es cierto, como afirmó el tribunal, que esa prueba “no conduce per se a predicar que hasta ese momento haya existido una comunidad de vida permanente y singular entre quienes en este litigio se enfrentan» [fl. 54, cdno. tribunal].
No obstante, como bien lo explicó el casacionista, el error probatorio consistió en no haberle otorgado el mérito de un indicio, y en no haberlo valorado en conjunto con los demás medios de prueba, puesto que obviamente el alcance de su valor demostrativo individual es insuficiente para tenerlo como prueba fehaciente del fin de la convivencia de los compañeros.
Pues bien, el recurrente tiene razón cuando elabora su hipótesis indiciaria con fundamento en lo que dicta la experiencia común, según la cual una de las primeras cosas que hacen las parejas cuando se separan es excluir al excompañero como beneficiario del régimen de salud, pues normalmente no existen motivos para mantener afiliada a una persona con la que no se tiene ningún vínculo familiar. Y, en todo caso, si por cualquier razón la ‘desafiliación’ no se produce inmediatamente, tampoco suele ocurrir que perdure más de dos años después de la separación física y definitiva.
No hay ninguna explicación para que el demandado permaneciera como beneficiario de la actora hasta agosto de 2009 si la relación hubiera terminado en enero de 2007.
El demandado bien podía demostrar por cualquier medio que la información contenida en el aludido certificado no correspondía a la verdad de los hechos, pues es cierto que la afiliación del núcleo familiar al sistema de salud no indica necesariamente que la familia esté conformada de esa manera en la realidad. Sin embargo, las explicaciones que dio el demandado en su interrogatorio fueron completamente evasivas e imprecisas, y su afirmación de que la EPS le puso obstáculos para su desafiliación no tuvo comprobación por ningún medio.
De manera que ante la ausencia de contraargumentos que infirmen la hipótesis indiciaria propuesta por el recurrente, hay que darle valor probatorio a ese razonamiento; que luego de ser contrastado con las demás pruebas que se han analizado, arroja un grado de probabilidad suficiente para tener por verdadero el hecho de que la separación definitiva de los compañeros se produjo en enero de 2009.
El demandante en casación, en suma, cumplió su carga argumentativa de demostrar razonadamente que a partir de la valoración individual y conjunta de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se deduce con probabilidad prevalente que para la fecha en que la actora interpuso su demanda aún no había transcurrido el término previsto en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 para que operase la prescripción de los efectos patrimoniales de la sociedad patrimonial; contrario a las hipótesis fácticas del sentenciador ad quem, que, como se demostró, estuvieron ausentes de todo criterio de valoración racional.
En tal virtud, prospera el cargo que se viene analizando y se tiene por probado el único requisito que hacía falta para acceder a las pretensiones de la demanda ordinaria.
Por tal razón, no hay lugar a imponer condena en costas del recurso extraordinario.
1. A lo largo de la historia, los distintos conglomerados sociopolíticos —desde los más primitivos hasta los más modernos— han otorgado a la institución de la familia reconocimiento y protección como núcleo fundamental de la sociedad; que, en cuanto tal, reclama la defensa por parte del derecho. Al respecto, ya Aristóteles decía que la comunidad constituida naturalmente para la vida de cada día es la ‘casa’, entendida ésta como unidad familiar (oikía), y que toda organización política se compone de familias.
La conformación de la familia como hecho social, así como su conceptualización como instituto jurídico, ha variado en los diversos pueblos a través de los tiempos, de suerte que en las distintas épocas de la historia las leyes han amparado o desalentado diferentes formas de organización familiar, tales como la poligamia, la poliandría, la familia monogámica, la patriarcal, la matriarcal, o las conformadas por vínculos religiosos, civiles o naturales; dependiendo de las peculiaridades de cada cultura y del mayor o menor grado de intervención del poder político en los asuntos privados.
Así, por ejemplo, el significado que la familia tenía para el derecho romano era muy disímil al que posee para las sociedades occidentales contemporáneas; pues mientras en la antigua Roma la cosa pública tenía una injerencia mínima en las relaciones familiares, al punto que en estos temas había que estarse a la voluntad casi omnímoda del paterfamilias, en las sociedades actuales el Estado ha regulado casi todos los aspectos de este instituto mediante una serie de normas de carácter público e imperativo, frente a las cuales la autonomía privada se halla muy limitada.
Ninguna otra institución del derecho civil ha sufrido tantos y tan profundos cambios como la familia. De ahí que puede afirmarse sin lugar a equívocos, que la idea de familia en nuestra tradición jurídica romano-canónica ha sido prefigurada, entre otros factores, por la evolución del derecho pretoriano, por el cristianismo, por las instituciones germanas, por el liberalismo, el socialismo, y más recientemente, por la filosofía del reconocimiento al otro, el multiculturalismo, la diversidad de cosmovisiones, el pluralismo y la inclusión social que rechazan toda forma de discriminación e imposición de un único modelo dominante y excluyente.
Frente a la naturaleza cambiante de la familia, que se reelabora constantemente y está lejos de haber llegado a un punto de consumación o agotamiento estático, el derecho está llamado a seguir los pasos de esa realidad variable y adaptarse al contexto histórico presente, a fin de brindar protección a las personas, pues de otro modo se correría el riesgo de fomentar la injusticia social, de generar una situación de anomia, de mancillar la dignidad humana y demás valores constitucionales, de vulnerar los derechos de quienes piensan distinto, y de relegar las instituciones jurídicas al ámbito de lo meramente abstracto o alejado del mundo de la vida.
A diferencia de la mayoría de institutos y conceptos del derecho civil de origen continental europeo que hunden sus profundas raíces en la antigua tradición romana, el derecho de familia vigente es una construcción jurídica reciente que apenas se encuentra en proceso de consolidación, y a cuyo perfeccionamiento contribuye no sólo la labor renovadora de la legislación sino, además, la constante actividad interpretativa de los jueces.
Ello explica por qué la evolución de nuestro derecho de familia ha tenido un cariz predominantemente jurisprudencial en el que la hermenéutica realizada por los jueces ha venido a complementar de manera significativa la labor innovadora del legislador.
Fue así como desde comienzos de la pasada centuria, la jurisprudencia de esta Corte, orientada por las necesidades sociales de su época y siguiendo las transformaciones introducidas por el legislador en materia de familia, realizó una interpretación de los textos legales para adecuarlos a la realidad de una nueva era que se caracteriza por su independencia respecto de la autoridad de la religión oficial y de la moralidad que se autoproclamaba la única verdadera y válida, y para la cual toda forma de conformación familiar diferente a la tradicionalmente aceptada resultaba indeseable y legalmente reprochable.
Específicamente, en materia de uniones maritales de hecho —que en el pasado recibieron el nombre peyorativo de ‘concubinato’—, la jurisprudencia fue moldeando una serie de parámetros interpretativos, a fin de brindar protección a las personas que conformaban una familia extramatrimonial y, sobre todo, a la mujer que generalmente era la parte vulnerable en este tipo de relación debido a factores culturales y económicos.
De ese modo se llegó a admitir que el compañero que aportaba sus recursos y trabajo al patrimonio familiar contaba con la facultad de invocar la acción de enriquecimiento sin causa o demandar el pago de sus derechos laborales, según el caso. Posteriormente se aceptó que los compañeros permanentes podían conformar una sociedad patrimonial de hecho asimilable a una sociedad comercial, cuya liquidación podían solicitar con el fin de obtener la devolución de sus ganancias, todo lo cual redundó en una tutela judicial material y efectiva a los derechos del compañero o compañera que colaboró con el incremento de la hacienda común de la pareja.
Fue sólo desde hace poco más de dos décadas que el legislador decidió brindar protección legal a las uniones maritales de hecho mediante la expedición de la Ley 54 de 1990, la cual si bien comportó un significativo avance en materia de reconocimiento de derechos a esta clase de relaciones, dejó sin resolver muchos de los problemas que a menudo se presentan con ocasión de la conformación de la familia extramatrimonial; al punto que la jurisprudencia —tanto la ordinaria como la constitucional— ha tenido que adaptar el texto literal de esa ley a las necesidades de justicia que surgen en la realidad social y a la Constitución Política de 1991 que no admite distinciones entre las familias, independientemente de la manera como hayan sido constituidas.
2. La claridad que le hizo falta a la Ley 54 de 1990, así como su austero reconocimiento en materia de igualdad de derechos entre las familias extramatrimoniales y las matrimoniales, han tenido que ser suplidos por la labor hermenéutica de la jurisprudencia, en temas de trascendental importancia como, por ejemplo, los requisitos para el surgimiento de la unión marital y la sociedad patrimonial; la aplicación en el tiempo de la Ley 54 de 1990; la simultaneidad de vínculos jurídicos; entre otros asuntos.
A modo de ilustración, es preciso memorar que en múltiples oportunidades esta corporación se ha visto en la imperiosa necesidad de dilucidar el sentido poco preciso del tenor literal de la norma mencionada, tal como lo hizo en sentencia de 10 de septiembre de 2003 (exp. 7603), en la que explicó que cuando el legislador definió la unión marital de hecho como la “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”, hay que entender que el requisito de la ausencia de matrimonio se predica de los compañeros entre sí, porque si están casados entre ellos sus relaciones se rigen por el instituto del matrimonio, en tanto que si el vínculo matrimonial es con terceras personas, el casamiento no es impedimento para la unión, con tal que haya sido disuelta la sociedad conyugal. Con esta interpretación quedaron solucionados algunos de los problemas a los que dio origen la definición elaborada por el legislador.
Posteriormente, los supuestos de hecho contemplados en la aludida enunciación normativa fueron modificados por vía de interpretación constitucional, bajo el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales (C. Const., Sent. C-075/2007).
En lo que respecta al ámbito de aplicación de la ley en el tiempo, esta Sala sostuvo inicialmente que esa legislación no podía aplicarse a las uniones maritales que nacieron con anterioridad a su vigencia, por cuyo motivo el término bienal que ella consagra para presumir la existencia de la sociedad patrimonial sólo podía computarse desde la fecha de su promulgación. Sin embargo, en fallo de 28 de octubre de 2005, finalmente se modificó la aludida doctrina «para concluir que la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia —no así a las que para ese momento ya habían fenecido—, por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria» (exp. 2000-00591-01).
Otra de las decisiones adoptadas por esta Sede, que representó una fase en la evolución jurisprudencial respecto de la interpretación que debe hacerse de la Ley 54 de 1990, a la luz de la obligación que la Constitución de 1991 impuso al Estado y a la sociedad de garantizar la protección a la familia constituida por vínculos naturales o jurídicos, sin que sea en modo alguno posible preservar prerrogativas a favor de una de ellas en detrimento de la otra, fue la adoptada en sentencia de 4 de septiembre de 2006, que expresamente reconoció que el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 «discrimina a quien tiene vínculo matrimonial anterior, pues le exige haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal anterior, por lo menos un año antes de iniciar la nueva convivencia».
La correcta hermenéutica para contrarrestar tan injustificado tratamiento de desigualdad, consistió en declarar insubsistente —por la entrada en vigencia de la nueva Carta Política— la liquidación de la sociedad conyugal anterior como requisito para el surgimiento de la nueva sociedad patrimonial entre compañeros permanentes; dado que «no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil» (CSJ, SC sep. 4/2006, exp. 1998-00696-01).
La sociedad conyugal no disuelta, entonces, impide objetivamente el surgimiento de la patrimonial entre compañeros, lo cual conlleva a inferir, a fortiori, que no puede surgir a la vida jurídica una sociedad de gananciales allí donde hay una vigente. «Es evidente que las previsiones orientadas a evitar la coexistencia de dos sociedades de ganancias a título universal, nacida una del matrimonio y la otra de la unión marital de hecho, se fundan en la regla establecida por el inciso segundo del artículo 2082 del Código Civil, norma en la cual ‘se prohíbe, así mismo, toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges’. Prohibición cuyo fundamento es ostensible: una misma persona no puede ser socia, al mismo tiempo, de dos sociedades de ganancias a título universal, dados los conflictos que esto supondría» (C. Const., Sent. C-239/94).
Esta conclusión fue reiterada por la jurisprudencia constitucional en Sentencia C-700 de 2013, que declaró inexequible la expresión “y liquidadas” contenida en el literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005; por considerar, como ya lo había sostenido la Corte Suprema, que la exigencia de la liquidación de la sociedad prexistente plantea una situación contraria a la Constitución, consistente en que si una sociedad patrimonial entre compañeros se deja de reconocer so pretexto de la falta de liquidación de la sociedad conyugal anterior de alguno de ellos, se desprotege la familia con fundamento en vínculos naturales o de hecho, pues el patrimonio de los compañeros pasaría a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal no liquidada.
«Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones —se dijo en el referido fallo— y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. Generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, implica desconocer la norma que equipara las dos formas de unión (C.P., art. 42) y se quebranta el principio de igualdad ante la ley (C.P., art. 13), que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas.
(…) Además, el desconocimiento de dicha equiparación constitucional entre las dos formas de familia referidas, se daría en beneficio de la familia matrimonial, pues el patrimonio construido por los compañeros pasa a formar parte de la sociedad conyugal anterior de aquel compañero que no la liquidó; a sabiendas de que —como se explicó— pese a no estar liquidada la mencionada sociedad conyugal anterior, ya está disuelta luego ha finiquitado» (Sent. C-700-13).
Este recuento jurisprudencial se ha traído a consideración para dejar en evidencia que toda disposición legal en la materia ha de interpretarse, como lo ha hecho la doctrina de esta Corte, de conformidad con los dictados constitucionales que prohíben expresamente todo trato discriminatorio en razón al origen de la familia, de suerte que es una obligación supralegal brindar protección igualitaria a las familias conformadas por vínculos matrimoniales y a las constituidas por uniones de hecho.
Al respecto, la Corte Constitucional concluyó:
(…) la Constitución de 1991 eliminó de manera tajante y definitiva toda forma de diferenciación entre el matrimonio y la unión permanente como fuentes u orígenes de la familia. Tanto el contrato solemne como la voluntad responsable de un hombre y una mujer, sin formalidad alguna, producen el efecto jurídico de formación del núcleo familiar. En consecuencia, todo aquello que en la normatividad se predique del matrimonio es aplicable a la unión de hecho. Con mayor razón lo relacionado con derechos, beneficios o prerrogativas, tanto de quienes integran una u otra modalidad de vínculo familiar como de los hijos habidos en el curso de la relación correspondiente (Sent. T-286/2000).
3. En el caso que se dejó a la consideración de esta sede, el objeto del debate se centró en la fecha de terminación de la unión marital de hecho, a cuyo respecto la parte demandante logró demostrar, tal como quedó suficientemente explicado en el cargo que prosperó en casación, que el fin definitivo de la unión se dio en enero de 2009.
En consecuencia, no procede la excepción de prescripción de la acción de disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pues la demanda se interpuso el 30 de septiembre de 2009, es decir dentro del término consagrado por el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.
Tampoco prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, porque la demandante sí es la persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular la función jurisdiccional en el caso concreto, toda vez que es la titular del derecho sustancial que se debate. De manera que la afirmación del demandado según la cual los bienes que la actora pretende no hicieron nunca parte de la sociedad patrimonial por ser bienes propios, no conciernen al tema de la legitimación en la causa, siendo un asunto que habrá de debatirse y acreditarse al momento de elaborar el respectivo inventario y avalúo de bienes de la sociedad, en la forma y términos previstos en el artículo 625 de la ley procesal.
Por tales razones, se revocará la providencia apelada y, en su lugar, se declarará la existencia de la unión marital de hecho, de la sociedad patrimonial a la que ella dio lugar, y se dispondrá la disolución de dicha sociedad.
Sin costas del recurso de apelación, por haber prosperado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el veintitrés de julio de dos mil doce por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso de la referencia; y en sede de instancia,
1. CONFIRMAR parcialmente el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, en el sentido de declarar la existencia de la unión marital de hecho entre Liliana Mejía Támara y Luis Carlos García García, que tuvo lugar entre el 1º de octubre de 1998 y el 30 de enero de 2009, cuando ocurrió la separación física y definitiva de los compañeros.
2. REVOCAR la expresión “sin efectos patrimoniales” contenida en el numeral PRIMERO de la sentencia apelada.
3. DECLARAR que dicha unión marital produjo una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes durante el lapso de su existencia.
4. NEGAR las excepciones de prescripción y falta de legitimación en la causa, formuladas por el demandado.
5. DISPONER la disolución de la sociedad patrimonial que se conformó entre los compañeros permanentes durante el período mencionado.
6. DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para que continúen con el trámite de la liquidación de la sociedad patrimonial, de conformidad con lo estipulado por el artículo 626 del Código de Procedimiento Civil.
Sin costas del recurso de apelación, ante la prosperidad del mismo. Sin costas del recurso de casación, por las mismas razones.
Cópiese, notifíquese y remítase al Juzgado de origen para que continúe con el trámite respectivo.
Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de la Sala Civil—Margarita Cabello Blanco, (con ausencia justificada)—Aroldo Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez, (con aclaración de voto)—Luis Armando Tolosa Villabona.