Source: https://www.santiagoabeigon.es/la-ausencia-de-firma-electronica-de-abogado-en-las-demandas-y-otros-escritos/
Timestamp: 2018-04-25 08:19:19
Document Index: 784244

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 221', 'artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 17']

Santiago Abeigón Vidal | La ausencia de firma electrónica de abogado en demandas y otros escritos.
Inicio > Lexnet > La ausencia de firma electrónica de abogado en demandas y otros escritos.
1.- La necesidad de firmar electrónicamente los escritos para su posterior presentación telemática no es sólo una obligación jurídica, sino que viene impuesta por las leyes de la física. Es físicamente imposible imponer una firma manuscrita a un documento electrónico adherido a un soporte magnético, con las excepciones de la firma biométrica manuscrita o de la firma con realimentación háptica realizada con el dedo, que no es el caso que nos ocupa.
Lo que se observa en la práctica forense, es que muchos abogados no firman electrónicamente sus escritos, sino que se limitan a incluir una imagen digitalizada de lo que habría de ser su firma manuscrita, bien insertando un “garabato” previamente escaneado, bien imprimiendo el escrito y firmándolo a continuación de forma manuscrita para volverlo a digitalizar, lo cual es todo un despropósito.
Esa imagen digitalizada, jurídicamente, no tiene ninguna validez, ya que la firma manuscrita es un acto humano que no puede ser sustituido por su imagen digitalizada, del mismo modo que tampoco es posible confundir a una persona con la fotografía o imagen de esa persona.
Sólo <<la firma electrónica reconocida [tiene] respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel>> pues así lo establece el art. 3.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
En los mismos términos se pronuncia, respecto de la firma electrónica cualificada, el artículo 25.2 del REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, el cual establece que <<Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita>>.
Además, conforme establece el artículo 36.3 de la Ley 18/2011, en este ámbito no es válida cualquier firma electrónica sino sólo la firma electrónica reconocida, esto es, aquella que se define por el artículo 3.3 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica como <<la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma>>, pues sólo a este tipo de firma es posible reconocer el mismo valor que la manuscrita.
Así pues, la naturaleza de la firma debe adecuarse al tipo de soporte utilizado, manuscrita si es papel y electrónica si se trata de un documento electrónico.
Cabe destacar que la Guía de interoperabilidad y seguridad de autenticación, certificados y firma electrónica del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) distingue de forma muy ilustrativa aquello que es válido de lo que no lo es, respecto de la inclusión de la imagen digitalizada de una firma manuscrita en una marca visible, que no es más que una buena práctica:
<<Firma manuscrita: Se puede mantener la apariencia de la firma manuscrita, configurando la herramienta para que incluya un gráfico al codificar la firma electrónica. Este gráfico podría obtenerse digitalizando una firma manuscrita realizada en papel. Aunque esta apariencia facilita la percepción de la firma del documento para los menos versados, no debe olvidarse que la verdadera firma es la realizada con el respaldo del certificado electrónico y la clave privada asociada>>.
2.- No basta con la firma electrónica del procurador.
La firma electrónica del procurador es condición necesaria pero no suficiente, pues la utilización de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia no altera lo dispuesto en la legislación procesal.
Es preciso efectuar una lectura horizontal del valor que tiene la firma electrónica reconocida y de los siguientes preceptos contenidos en las leyes procesales:
Con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Civil dice en su artículo 31, por lo que se refiere a los abogados, que: <<No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado>>.
Junto a dicho precepto deben tenerse en cuenta también otras normas especiales, como puede ser el artículo 221 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que <<Los recursos de reforma, apelación y queja se interpondrán siempre en escrito autorizado con firma de Letrado>>.
El artículo 36.3 de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración de Justicia, en vigor desde el 7 de julio de 2011, bajo la rúbrica <<Iniciación del procedimiento por medios electrónicos>>, impone claramente la obligatoriedad de uso de la firma electrónica reconocida por abogados y procuradores para la presentación de escritos por medios electrónicos, estableciéndolo en los siguientes términos:
<<Los profesionales de la justicia presentarán sus demandas y otros escritos por vía telemática a través de los sistemas previstos en esta Ley, empleando firma electrónica reconocida>>.
3.- ¿Es suficiente con la firma electrónica del envío o transmisión de datos? Depende de quién efectúe el envío.
La distinción entre la “firma del escrito” y la “firma del envío” aparece nítidamente recogida en las normas técnicas que regulan ambos usos de la firma electrónica aunque con otra nomenclatura -<<Firma de contenido>> y <<Firma de transmisiones de datos>>. Por ejemplo en la Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.
La firma del escrito principal (firma de contenido) y la firma del envío (firma de transmisión de datos) sólo ocurren simultáneamente cuando coinciden la persona que lo suscribe y la que realiza el envío (v.gr. presentación de una demanda de despido directamente por el abogado en nombre y representación de su cliente).
Ello es así porque el sistema Lexnet está configurado en la actualidad para firmar simultáneamente el escrito principal (no los documentos anexos) y el envío.
No obstante, deben tenerse en cuenta las especificidades de cada sistema informático pues, actualmente contamos con al menos 5 sistemas distintos para la presentación telemática de escritos: Lexnet, JustiziaSip, Avantius, Vereda y Justicia.cat, que tienen un funcionamiento también diferente.
Pero esa doble identidad no se da cuando el documento es suscrito por más de una persona (v.gr. abogado y procurador) o cuando la presentación material se realiza por persona distinta de quien suscribe el escrito (sustitución).
El envío o transmisión de datos sólo puede realizarlo una persona, ordinariamente el procurador. En consecuencia, el abogado –si quiere que conste su firma- tendrá que firmar previamente el escrito con su certificado electrónico antes de remitírselo al procurador para su posterior presentación telemática, pues a efectos procesales, es el escrito el que debe llevar la firma electrónica de ambos profesionales. Dicho de otro modo, la firma del envío o transmisión de datos solo añadirá simultáneamente al escrito la firma del procurador, pero no la del abogado, que tendrá que firmarlo previamente.
El esquema de la presentación telemática a través de Lexnet cuando intervienen abogado y procurador es el siguiente:
El abogado tiene que firmar electrónicamente el escrito antes de su remisión al procurador para su presentación telemática a través de Lexnet, mientras que la firma del procurador será añadida automáticamente al escrito principal al firmar el envío o transmisión de datos a través de Lexnet.
4.- El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, distingue perfectamente entre la firma del escrito o documento y la firma del envío. Así, por ejemplo, en su artículo 19, último párrafo, cuando regula la sustitución y autorización, al precisar que:
<<No obstante lo anterior, en las presentaciones de escritos y documentos, estos deberán haber sido firmados previamente por el titular del buzón con su certificado electrónico aunque la remisión se ejecute materialmente por un usuario autorizado por aquel>>.
La norma se refiere claramente a la firma del escrito o documento, esto es, a la necesidad de firmar el contenido del envío.
Una vez más, el mismo reglamento, en su artículo 17.2 párrafo 3 establece que:
<<Los usuarios del sistema presentarán sus escritos utilizando firma electrónica cualificada. Los documentos electrónicos anexos también serán firmados electrónicamente mediante certificado electrónico reconocido o cualificado>>.
Y definitivamente, deja muy claro quiénes tienen que firmar el contenido del envío en su Anexo IV, apartado 5, al señalar que:
<<El escrito o documento principal del envío (…) deberá ir firmado electrónicamente con la firma o firmas de los profesionales actuantes>>.
Así pues, el reglamento exige también la firma electrónica de los escritos por ambos profesionales, en coherencia con el mandato legal recogido en las normas procesales arriba citadas, en la Ley 18/2011 y en la Ley de Firma Electrónica.
5.- Pero cumplir la ley y firmar electrónicamente los escritos también puede ser un problema.
Actualmente, todavía se imprime todo en los juzgados y en el papel, como es natural, no se ve ninguna firma, pues una firma electrónica solo se puede visualizar con un programa informático, por ejemplo con Acrobat Reader o con otras alternativas de código abierto. De este modo, el personal de la Oficina Judicial no es consciente de que el escrito ha sido firmado válidamente de manera electrónica y entonces requiere irregularmente a los procuradores para que subsanen un defecto inexistente, requiriéndoles incluso una firma manuscrita.
Algunos usuarios, como buena práctica, incluyen una marca visible al pie del escrito que indica que fue firmado electrónicamente, añadiendo incluso una imagen digitalizada de su firma manuscrita. Así se evitan aquellos requerimientos de subsanación absolutamente ilegales.
6.- Por último, en relación al control del cumplimiento de este requisito de la firma electrónica, existe un hito superllamativo y es que el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Proyecto de Real Decreto sobre Comunicaciones Telemáticas de 25 de junio de 2015, realizó una exótica petición al Gobierno que finalmente no tuvo acogida en el texto definitivo, consistente en que -en casos como el que nos ocupa, de ausencia de firma electrónica de los profesionales actuantes, entre otros- fuera el propio sistema el que rechazase automáticamente los escritos y documentos y lo comunicase también automáticamente a las partes:
<<iii) En relación con el Anexo IV, que concreta los requisitos de acceso y requerimientos del sistema [concretamente el apartado 9 [ahora es el 5] que establece que “[e]l escrito o documento principal del envío deberá ser presentado en el formado PDF/A con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), y deberá ir firmado digitalmente con la firma o firmas de los profesionales actuantes”, y el apartado 10, referido a los formatos de los documentos que vayan a ser presentados], siendo conscientes de la imposibilidad de prescindir del matiz técnico, convendría que incluyera una definición de los términos utilizados con el fin de que sean entendibles por el usuario final, máxime si se prevé una futura extensión a los ciudadanos.
Respecto a este mismo Anexo, a la vista de las exigencias de formato de los documentos contenidas en los apartados 9 y 10, debería recogerse en el texto del Proyecto, en el articulado, un precepto que enumere, por relación a estos apartados del Anexo IV, los supuestos en que deberán rechazarse automáticamente por los sistemas determinados documentos por no ajustarse a lo requerido, y que ese rechazo se comunique de forma automática al usuario para que conozca la situación y pueda remediarla>>.
¿Estamos ante una decisión puramente técnica o se trata más bien de una decisión jurisdiccional que no puede ser adoptada por una máquina sino por un ser humano responsable?
De momento, la decisión sobre el rechazo de un escrito o documento por incumplir las especificaciones y requisitos técnicos del sistema y su notificación al interesado no puede ser adoptada por una máquina y, por tanto, debe seguir siendo adoptada por un ser humano responsable, puesto que esa decisión incide directamente sobre ciertos derechos fundamentales del justiciable, entre ellos, su derecho a la tutela judicial efectiva.
Otra cuestión será la necesidad de dotar a la Oficina Judicial de suficientes medios para controlar el cumplimiento de todos esos requisitos y especificaciones técnicas y si para ello precisan o no la asistencia de peritos.
En definitiva, estamos ante una legislación que exige conocimientos de tecnología a todos los profesionales del Derecho y, por lo que se refiere a los abogados, conviene desterrar de una vez por todas el tópico de que la presentación telemática es “cosa de procuradores”, pues si bien es posible descargar en ellos la digitalización y la firma electrónica de los documentos, no podemos pensar que los procuradores pueden llegar hasta el punto de hacer innecesaria la firma de letrado en el escrito principal. El abogado, como mínimo, tiene que firmar electrónicamente el escrito principal y en caso contrario, siendo su intervención preceptiva, el escrito tendrá que ser rechazado.
Prueba Electrónica y Recursos. Naturaleza jurídica y consecuencias prácticas. Obra del artista Bill Domonkos: http://billdomonkos.tumblr.com/ Jurisprudencia Unificada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Los medios audiovisuales carecen de idoneidad revisora en suplicación. Una de las cuestiones más polémicas ...
Lexnet. Justificante de insuficiencia del servicio sin el hash de los documentos Guy Fawkes no conxunto escultórico "A Aldea Labrega" realizado pola Escola de Canteiros de Pontevedra. Ruta da Pedra e da Auga, Concello de Meis. Guy Fawkes no conxunto escultórico "A Aldea Labrega" realizado pola Escola de Canteiros de Pontevedr...
Dos años denunciando los problemas de Lexnet. - Lexnet abogacía: principio y fin del monopolio. - Problemas jurídicos de Lexnet. - Los jueces y la protección de (sus) datos. - Todos los datos de Lexnet en manos de una S.L. del CGAE. - Justicia Electrónica y Big Data. Pronto se cumpl...