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Timestamp: 2020-04-03 22:24:37
Document Index: 288871345

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 167', 'artículo 365', 'Artículo 4']

﻿ SENTENCIA 2013-00018/4344-13 DE JULIO 6 DE 2017
SENTENCIA 2013-00018 DE 06 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:CONDUCTA REPROCHABLE EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA. SE PRECISA QUE CUANDO NO SE REALICE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA, ES NECESARIO QUE LA CONDUCTA CONSIDERADA COMO REPROCHABLE SE HAYA REITERADO EN EL TIEMPO QUE, HABIÉNDOSE CONSUMANDO EN UNA SOLA OCASIÓN, AFECTE GRAVEMENTE OTROS DERECHOS Y LIBERTADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, IMPIDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y FINES ESTATALES, ESPECIALMENTE, EL CONCERNIENTE A LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CARRERA DOCENTE, DOCENTE, DOCENTE NACIONAL, PENSIÓN DEL DOCENTE, DERECHOS DEL DOCENTE, LEALTAD PROFESIONAL, DEBERES DEL DOCENTE
Sentencia 2013-00018/4344-13 de julio 6 de 2017
Rad.: 15001233300020130001801
Nº Interno: 4344-13
Actor: Hilda del Carmen Manrique Montaña
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la parte actora acreditó el cumplimiento del requisito consagrado en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913, esto es, haber desempeñado la labor docente con buena conducta.
2.2.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Hilda del Carmen Manrique Montaña, en la que consta que nació el 21 de febrero de 1956 en el municipio de Socha (Boyacá) (fl. 98).
2.2.2. El 7 de octubre de 2010, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través del formato único para la expedición de certificado de historia laboral, hizo constar que la actora se vinculó como docente departamental, en interinidad, en el establecimiento educativo Sagra Abajo de Socha (Boyacá) entre el 18 y el 30 de octubre de 1979 (fls. 103-104); y posteriormente, laboró como docente nacionalizado entre el 27 de julio de 1981 y el 1 de agosto de 2010, en la Institución Educativa Sede el Páramo del municipio de Tutazá (Boyacá) (fls. 100-101).
2.2.3. El 10 de noviembre de 2010 la oficina de control interno de la Gobernación de Boyacá certificó lo siguiente (fl. 109):
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2004, este órgano de control, el 3 de junio de 2005, recibió por competencia los procesos disciplinarios que adelantaba el Grupo de Escalafón de la Secretaría de Educación de Boyacá, en contra de los docentes y directivos docentes del orden departamental.
Por lo anterior, CERTIFICA que a partir de la citada fecha, en contra de la señora Hilda del Carmen Manrique Montaña identificada con la cédula de ciudadanía 24.098.380 expedida en Socha, no ha sido sancionada disciplinariamente por esta dependencia.
2.2.4. El 26 de noviembre de 2010 la parte actora manifestó ante la Notaria Segunda de Duitama, bajo la gravedad de juramento, “que me he desempeñado como docente con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta… también me permito afirmar que no he sido sancionada disciplinariamente” (fl. 108).
2.2.5. El 10 de diciembre de 2010 la oficina de gestión de carrera del Departamento de Boyacá, certificó que “Manrique Montaña Hilda del Carmen con C.C.24.098.380 no registra antecedentes disciplinarios en esta Seccional…” (fl. 110).
La pensión gracia es considerada como una prestación de carácter especial otorgada a los docentes, como reconocimiento a sus esfuerzos, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa, por un lapso no menor de 20 años, entre otras exigencias. Su regulación se encuentra consagrada en el artículo 1º de la Ley 114 de 1913(1), en los siguientes términos:
El fundamento del reconocimiento de la citada prestación fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales, respecto de las asignaciones que a su vez, recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; y esta diferencia existía porque en virtud de la Ley 39 de 1903(2), la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, mientras que la secundaria se encontraba a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928(3) amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de secundaria, normales e inspectores, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
Ahora bien, la Ley 37 de 1933(4) tampoco introdujo modificaciones a las condiciones establecidas en las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, sino que hizo extensiva la pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
La Corte Constitucional en Sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4º (numeral 3º) de la Ley 114 de 1913, expresó:
A raíz del proceso de nacionalización de la educación, introducido por la Ley 43 de 1975(5), quedaron entonces los profesores de primaria y secundaria vinculados con la Nación; textualmente se dijo en esta normativa que “La educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación [...]”.
Como consecuencia de esta disposición, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial. Posteriormente, se expidió la Ley 91 de 1989 que en su artículo 15 (ordinal 2º), estableció respecto de pensiones lo siguiente:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.
Las normas transcritas en los párrafos anteriores, permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se sigue el criterio expuesto por la Sala Plena de esta corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la ‘[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año’, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, Nº 2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 ‘tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos’. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley(6).
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2º, literal b), de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional en Sentencia C-84 del 17 de febrero de 1999, expuso:
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la ‘nacionalización’ de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para estos últimos la denominada ‘pensión gracia’, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del tesoro público, situación esta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado ‘por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica’, nada de lo cual ocurre en este caso.
Sobre este último punto, se tiene que el artículo 4º de la Ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la pensión gracia, se debe comprobar, entre otros requisitos, haber observado buena conducta. Esta disposición está prevista en los siguientes términos:
Artículo 4º. Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
Sobre el particular, la Corte Constitucional(7) ha señalado que el concepto de buena conducta, para efectos de condicionar el reconocimiento de un derecho, debe ser aplicado en forma objetiva y razonable en consonancia con las demás normas que rigen la situación en concreto, en razón a lo siguiente:
Los conceptos de buena conducta o de buen comportamiento tienen distintos ámbitos de aplicación y han sido ampliamente utilizados por el legislador (…). Cuando son empleados por el legislador tienen, por lo general, el carácter de lo que la doctrina conoce como conceptos jurídicos indeterminados, esto es, aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales éstas refieren “... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado”(8).
Lo propio de este tipo de conceptos es que, no obstante su indeterminación, los mismos deben ser precisados en el momento de su aplicación. Y tal concreción no responde a una apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra dentro de los parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al ordenamiento jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse. En particular, cuando los conceptos jurídicos indeterminados afectan derechos fundamentales, la Corte ha puntualizado que su determinación debe hacerse siempre a la luz de las normas constitucionales y legales que resulten aplicables a tales derechos, y que de la indeterminación legislativa del concepto no puede derivarse la posibilidad de imponer restricciones injustificadas a los derechos fundamentales, entendiendo por tales restricciones, aquellas que trasciendan los límites que a cada derecho trazan las respectivas normas constitucionales y legales. (9) Agregó la Corte que en estos casos un “... mínimo de justicia material se concreta en el derecho a una decisión suficientemente fundamentada que justifique el sacrificio o la restricción a un derecho fundamental”(10).
La entidad accionada en el recurso de apelación alega que la parte actora no es beneficiaria del reconocimiento y pago de la pensión gracia, como quiera que incurrió en la causal de mala conducta consagrada en el artículo 46 literal e) del Decreto 2277 de 1979.
Sobre el particular, se tiene que el Decreto 2277 de 1979, estableció las causales consideradas como de mala conducta, así:
Artículo 46. Causales de mala conducta. Los siguientes hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta.
j. El abandono del cargo.
Esta corporación en reiteradas oportunidades ha expresado que la mala conducta que hace nugatorio el acceso a la pensión gracia, debe observarse en el transcurso del ejercicio profesional del docente, por lo cual, en principio, los hechos aislados no constituyen fundamento para decretar tal sanción, salvo que los mismos sean tan graves que justifiquen la imposición de la misma. Al respecto, se han trazado los siguientes lineamientos(11):
[...] Indudablemente la ley exige como presupuesto para gozar de esta prestación la prueba de que la interesada haya observado buena conducta; sin embargo, tal expresión no puede entenderse referida a una situación determinada sino que sus alcances abarcan el comportamiento que durante todo el tiempo de docente observó pues la pensión gracia fue concebida como un estímulo a los educadores, entre otras razones, por su dedicación y buen comportamiento.
Ahora bien, si la falta es grave y se comete una sola vez esta no requiere permanencia; en otras palabras el transcurso del tiempo tampoco es esencial porque la falta pudo haberse cometido mucho tiempo atrás. Un solo hecho aislado sin la gravedad que reviste otro tipo de faltas no puede servir como parámetro de evaluación y por ende esgrimido como argumento para negar el derecho pensional.
En este orden de ideas, resulta imperioso determinar si se encuentra probada la causal de mala conducta invocada por la parte demandada a efectos de establecer si procede la negativa del beneficio prestacional.
La UGPP en el recurso de apelación afirma que la actora no es beneficiaria de la pensión gracia, toda vez que “obra certificación expedida por la Secretaría de Educación nacional en la que consta que a la demandante le fue impuesta una sanción de 60 días por falta grave por haber incurrido en conductas de castigos físicos o denigrantes a los estudiantes de conformidad con lo prescrito en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979”(12).
Pese a lo anterior, de la revisión del material probatorio obrante en el expediente, no se encuentra la certificación que invoca la UGPP como fundamento para denegar las pretensiones. Por el contrario, obra copia de las constancias expedidas por las oficinas de control interno disciplinario de la Gobernación de Boyacá (fl. 109) y de gestión de carrera, (fl. 110), en las que dan cuenta que en los archivos del grupo de escalafón de la Secretaría de Educación de Boyacá, no obra sanciones disciplinarias a nombre de la actora; de igual manera, se encuentra copia de la declaración rendida por la demandante ante la Notaría Segunda de Duitama, en la que manifestó, bajo la gravedad de juramento, que desempeñó la labor docente en los precisos términos dispuestos en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913(13).
Los documentos previamente señalados no fueron tachados de falsos y tampoco fueron objeto de reproche durante el trámite de primera instancia, como quiera que el debate judicial se centró en determinar si la actora contaba con el tiempo de servicios en el orden departamental, distrital o nacionalizado.
En vista de lo anterior, se encuentra que la UGPP faltó a la obligación de probar que la señora Manrique Montaña incurrió en la causal de mala conducta consagrada en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, pues en dicha entidad radicaba la carga argumentativa de demostrar su dicho. Tal postulado se encuentra consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, que a la letra señala: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Así las cosas, se confirmará la sentencia del tribunal al encontrarse que la demandante cumplió en forma suficiente los requisitos que exige la ley para acceder a la pensión especial reclamada, pues i) tenía la condición de docente territorial(14); ii) su vinculación se efectuó antes del 31 de diciembre de 1980, exactamente el 18 de octubre de 1979(15); iii) acreditó más de 20 años de servicios ( entre el 18 y el 30 de octubre de 1979 y del 27 de julio 1981 al 1º de agosto de 2010(16)); iv) el estatus pensional lo adquirió el 21 de febrero de 2006(17), cuando cumplió 50 años de edad; y v) desempeñó su labor docente con honradez, consagración y buena conducta, teniendo en cuenta que no se probó que la docente hubiere incurrido en alguna causal de mala conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente ni que percibiera otra asignación incompatible con la pensión reclamada.
Con base en los argumentos previamente expuestos, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, al encontrarse acreditado que la señora Hilda del Carmen Manrique Montaña, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de la pensión gracia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 365(19) del Código General del Proceso, se condenará a la parte demandada al pago de las costas de segunda instancia, por haberse confirmado la sentencia del inferior.
Las costas serán liquidadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 9 de septiembre de 2013, dentro del proceso promovido por Hilda del Carmen Manrique Montaña contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP).
CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales se liquidarán por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
1 “que crea pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuela”.
2 “sobre instrucción pública”.
3 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.
4 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados”.
5 “por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.
6 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, Consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
7 Sentencia C-371 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
8 Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433.
9 Sentencia T-706 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia de 7 de septiembre de 2006, Radicación 25000-23-25-000-2002-13151-01(4896-04), Actora: María del Carmen Velásquez S.
12 Folio 132.
13 Artículo 4º. Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
14 Folios 103-104.
16 Folios 100-101.
18 Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C. P. William Hernández Gómez.
19 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.