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Timestamp: 2019-08-25 18:22:17
Document Index: 393503223

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 35']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 282-2098, de 10/12/2013
cve: BOCG_D_10_282_2098
Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 55
Núm. exp. 121/000055)
Al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, integrada por D. Ferran Bel Accensi (GPCIU), D. José Enrique Fernández de Moya Romero (GPP), D.ª María Antònia Garau Juan (GPP), Dª Rut Martínez Muñoz (GPV), D. Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX), D. José Montilla Aguilera (GPEPC), D. Nicanor Jorge Sen Vélez (GPS) y D. Juan María Vázquez García (GPS), tiene el honor de elevar a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el siguiente
La Ponencia, por mayoría, informa favorablemente, la incorporación de las enmiendas 50 a 51 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
De otra parte, toma nota del escrito del letrado de fecha 7 de noviembre de 2013, sobre posible adición de un apartado al artículo 2 del Proyecto.
Palacio del Senado, 3 de diciembre de 2013.—Ferran Bel Accensi, José Enrique Fernández de Moya Romero, María Antònia Garau Juan, Rut Martínez Muñoz, Isidro Manuel Martínez Oblanca, José Montilla Aguilera, Nicanor Jorge Sen Vélez y Juan María Vázquez García.
La presente Ley consta de un total de 13 artículos, agrupados en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y ocho disposiciones finales.
El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La Ley se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las Administraciones Públicas,
entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta regulan respectivamente el formato de la factura y la firma electrónica, el formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios, el intercambio de información sobre deudores de las Administraciones, la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y la publicidad de la creación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y el registro contable de facturas.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la Ley.
La disposición final segunda recoge la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de información para establecer la obligatoriedad de la facturación electrónica a determinadas empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente, así como la eficacia ejecutiva de la factura electrónica.
La disposición final quinta determina el carácter básico de la Ley e invoca los artículos 149.1.6, 149.1.8, 149.1.13, 149.1.14 y 149.1.18 de la Constitución española como títulos competenciales al amparo de los cuales se dicta la Ley.
Las disposiciones finales sexta, séptima y octava se refieren respectivamente a la habilitación para el desarrollo reglamentario de esta Ley y su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el artículo 4, que entrará en vigor el 15 de enero de 2015, y el artículo 9 y la disposición final primera, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.
El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en esta ley, de presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en el registro.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.
4. Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho punto general de entrada de facturas electrónicas, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación.
6. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.
2 Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado para archivo y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada para la explotación o cesión de la información, salvo para el propio órgano administrativo al que corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria.
Las facturas electrónicas presentadas en el correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas, serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente, mediante un servicio automático proporcionado por dicho punto, al registro contable de facturas que corresponda en función de la oficina contable que figura en la factura. En la factura deberá identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida de conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No obstante, el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios de Madrid y Barcelona, podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de anotación en el registro contable a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, así como las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de cualquier Administración Pública hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
2. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado registro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será comunicado al Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Disposición adicional primera. Formato de la factura y firma electrónica.
Disposición adicional segunda. Formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios.
Disposición adicional tercera. Intercambio de información.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la Comunidades Autónomas y Entidades Locales , la Tesorería General de la Seguridad Social y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, intercambiarán la información sobre deudores de las Administraciones y los pagos a los mismos con el objeto de realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan.
Disposición adicional cuarta. Adhesión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
Disposición adicional quinta. Publicidad de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los registros contables.
A la creación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los registros contables se le dará publicidad.
Comunidad Valenciana».
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactado de la siguiente manera:
c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.
Dos. Se modifican los artículos 75 al 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que quedan redactados de la siguiente manera:
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en su caso de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
Tres. Se introduce un nuevo artículo 79 bis en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con la siguiente redacción:
La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se
concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. En su ausencia serán de aplicación los establecidos reglamentariamente para el tipo de contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para los no concretados en los pliegos.
Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.
Cuatro. Se modifica la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactada de la siguiente manera:
Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia.
La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79.bis de dicho Texto Refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.
«g) Lo previsto en el artículo 35, relativo al importe exigido para la cifra mínima del capital social desembolsado y de recursos propios computables de las sociedades de garantía recíproca, entrará en vigor a los 9 meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.»
La presente Ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.6, 149.1.8, 149.1.13, 149.1.14 y 149.1.18 de la Constitución española.