Source: http://www.scribd.com/doc/95766797/C-591-de-2005
Timestamp: 2015-05-28 11:27:00
Document Index: 221335085

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P. 1C-591 de 2005C-591 de 2005Ratings: (0)|Views: 37|Likes: 0Published by Edgar JaimesMore info:Published by: Edgar Jaimes on Jun 03, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/95766797/C-591-de-200501/29/2013pdftextoriginal SENTENCIA C-591/05
Referencia: expediente D-5415.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16, 20, 30, 39, 58, 78, 80, 154, 242, 291, 302, 522(parciales) y 127, 232, 267, 284, 455 y 470 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código deProcedimiento Penal".Demandante: Stella Blanca Ortega Rodríguez
Magistrada Ponente:Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZBogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil cinco (2005).LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
Stella Blanca Ortega Rodríguez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en losartículos 40-6, 241 y 242-1 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación que declare la inexequibilidadde algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004.La Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 5 de octubre de 2004 admitió la demanda y en consecuenciaordenó fijar en lista las normas acusadas. Así mismo, dispuso correr traslado al Jefe del Ministerio Público paraque rindiera el respectivo concepto, al tiempo que ordenó comunicar la iniciación del asunto al SeñorPresidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministro de Justicia y del Derecho. De igual forma,invitó a intervenir en el proceso de la referencia a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación,a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Corporación Excelencia en la Justicia, a la Academia Colombianade Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Colegio Colombiano de AbogadosPenalistas y a los Departamentos de Derecho Penal de las Universidades Nacional, Rosario, Javeriana yExternado de Colombia.Mediante auto del 3 de noviembre de 2004, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó los impedimentospresentados por el Señor Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación paraemitir concepto en el presente caso. Así pues, mediante resolución 463 del 13 de diciembre de 2004, fuedesignada la Dra. Sonia Patricia Téllez Beltrán, Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, para queconceptuase en el presente asunto.Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo el concepto rendidopor la Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda de la referencia.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de lareferencia, de conformidad con el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Nacional.
Con el fin de facilitar el examen de constitucionalidad correspondiente se hará la trascripción literal de lasnormas acusadas, tal y como aparecen publicadas en el Diario Oficial No. 45.658 de 1º de septiembre de 2004,páginas 1 a 40, después de las correcciones que le hiciera el Presidente de la República al texto publicado enel Diario Oficial No. 45.657, mediante el decreto 2770 de 2004, publicado en el mismo Diario Oficial en las
páginas 40 a 43, subrayando los apartes demandados, acompañada de una síntesis de las intervenciones, delconcepto del Ministerio Público y de las consideraciones de la Corte Constitucional.De igual manera, esta Corporación estima, que para ejercer el control de constitucionalidad sobre lasdisposiciones acusadas del nuevo Código de Procedimiento Penal, es necesario previamente hacer referenciaa los siguientes aspectos: (i) Al Acto Legislativo 03 de 2002 y las modificaciones que introdujo en el sistemaprocesal penal; (ii) las características esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano; y (iii)adelantará un parangón entre los sistemas acusatorios americano y continental europeo, con el propósito deevidenciar las particularidades que ofrece nuestro sistema acusatorio.
2.1. El Acto Legislativo 03 de 2002 y las modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal.Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, se introdujeron modificaciones a los artículos 116, 250 y 251 dela Constitución, con el fin de instituir un nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento enmateria penal. Lo anterior, "Por las deficiencias que genera el sistema actual, y con el ánimo de lograrlos cambios expuestos, resulta trascendental abandonar el sistema mixto que impera en nuestroordenamiento procesal penal, y adoptar un sistema de tendencia acusatoria."
. En efecto, se diseñó unsistema de tendencia acusatoria, pero sin que pueda afirmarse que el adoptado corresponda a unsistema acusatorio puro.
En relación con los cambios introducidos al artículo 116 Superior, en la sentencia C-873 de 2003 M.P. ManuelJosé Cepeda Espinosa
, la Corte consideró que si bien se mantuvo intacta la enumeración de los organismosque administran justicia, tanto en forma permanente como excepcional, y que la Fiscalía General de la Nacióncontinuó incluida en ella, la principal modificación que se introdujo a este artículo "¿ consistió en admitir laposibilidad de que los particulares actúen como "jurados en las causas criminales", ejerciendo así, en formatransitoria, la función de administrar justicia.".Sobre los cambios introducidos al artículo 250 Superior, en la misma sentencia la Corte consideró lo siguiente,"La formulación general de las funciones atribuidas a la Fiscalía General de la Nación es sustancialmentedistinta en el encabezado de uno y otro texto. Así, bajo el sistema original de 1991, la función de la Fiscalía erala de investigar y acusar ante los jueces competentes las posibles violaciones de la ley penal, salvo aquellascobijadas por el fuero penal militar y otros fueros constitucionales; se precisaba, además, que la iniciación de lainvestigación podía llevarse a cabo de oficio, en virtud de denuncia o por querella.Después de la reforma aprobada mediante el Acto Legislativo No. 3 de 2003, la función de la Fiscalía es la deadelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que tengan las características de una violaciónde la ley penal, siempre y cuando existan motivos y circunstancias fácticas suficientes que indiquen la posiblecomisión de una tal violación; precisa el texto constitucional que éste cometido general es una obligación de laFiscalía, la cual no podrá en consecuencia suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, exceptoen los casos previstos para la aplicación del principio de oportunidad ¿el cual deberá haberse regulado en elmarco de la política criminal del Estado colombiano, y tendrá control de legalidad por el juez de control degarantías -. Se señala, además, que los hechos objeto de investigación por parte de la Fiscalía pueden serpuestos en su conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio; y que quedan excluidos de suconocimiento, tal como sucedía bajo el esquema de 1991, los delitos cobijados por el fuero penal militar y otrosfueros constitucionales.De esta manera,
el Acto Legislativo que se estudia supone una modificación considerable en laenunciación de las funciones propias de la Fiscalía General de la Nación.
Resalta la Corte, además, queeste primer párrafo del nuevo artículo 250 Superior hace uso de diferentes categorías jurídicas cuyo alcanceprecisará el Legislador; entre ellas, son especialmente relevantes las siguientes nociones constitucionales: (i)ejercicio de la acción penal, (ii) investigación de los hechos que revistan las características de un delito, (iii)persecución penal, (iv) suspensión de la persecución penal, (v) interrupción de la persecución penal, (vi)renuncia a la persecución penal, (vii) principio de oportunidad, (viii) control de legalidad, y (ix) control degarantías.
3.4.2.2. La enumeración precisa de las funciones adscritas a la Fiscalía también es sustancialmentediferente en uno y otro texto constitucional.
Se mantienen iguales, en lo esencial, algunas de ellas, perocon un significado que habrá de determinarse en el nuevo contexto; tal sucede con las funciones descritas enlos numerales 3 y 4 del artículo 250 en su formulación inicial de 1991, que quedaron redactadas de manera
similar en los numerales 8 y 7, respectivamente, del artículo 250 reformado; pero las atribuciones quecontemplaban los numerales 1 y 2 ibídem, así como lo dispuesto en el último inciso del texto original de 1991,fueron objeto de varias reformas, que se indican a continuación:(a)
Ya no corresponde a la Fiscalía, por regla general, asegurar la comparecencia al proceso de lospresuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias
; ahoraúnicamente puede solicitar la adopción de dichas medidas al juez que ejerza las funciones de control degarantías, con la misma finalidad de asegurar la comparecencia de los imputados, así como para garantizar laconservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas. Se trata, así, de unaatribución que ha sido trasladada por el constituyente a un funcionario judicial independiente. Respecto de ésteúltimo, precisa el nuevo texto constitucional que debe ser distinto al juez de conocimiento del proceso penalcorrespondiente.A pesar de lo anterior, el mismo numeral 1 del nuevo artículo 250 permite que la Fiscalía, si es expresamenteautorizada para ello por el legislador, imponga directamente, en forma excepcional, un tipo específico demedida restrictiva de la libertad orientada a garantizar la comparecencia de los imputados al proceso penal: lacaptura, que deberá llevarse a cabo respetando los límites y eventos de procedencia establecidos en la ley.Ahora bien, por tratarse de una medida restrictiva de los derechos del procesado, esta actuación excepcionalde la Fiscalía está sujeta a control judicial por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías,dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Sin embargo, se reitera que esta es una excepción a la reglageneral según la cual éste tipo de medidas deben ser impuestas por decisión del juez de control de garantías, asolicitud de la Fiscalía General de la Nación.(b)
El numeral 2 del artículo 250, con posterioridad a la reforma, permite a la Fiscalía General de laNación imponer, en el curso de las investigaciones que realice, las medidas de registro, allanamiento,incautación e interceptación de comunicaciones.
No se requiere, en el nuevo texto constitucional,autorización judicial previa para ello; pero sí se someten a un control judicial posterior automático, porparte del juez que cumpla la función de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horassiguientes.
(c) El numeral 3 del nuevo artículo 250 constitucional asigna una función específica a la Fiscalía que no estabaprevista expresamente en el texto de 1991, a saber, la de "asegurar los elementos materiales probatorios",para lo cual deberá garantizar
mientras se ejerce la contradicción de tales pruebas.Asimismo, establece una regla general no prevista en el esquema de funciones original de 1991: en caso derequerirse medidas adicionales para asegurar tales elementos materiales probatorios, que impliquen afectaciónde derechos fundamentales, se deberá contar con autorización judicial por parte del juez que ejerza la funciónde control de garantías.(d) Con posterioridad a la reforma, en el numeral 4 del artículo 250 Superior se mantiene la función de laFiscalía de
acusar a los presuntos infractores del ordenamiento penal ante el juez de conocimiento
de lacausa respectiva, atribución que estaba prevista en el texto original de 1991; pero se precisa que una vez sepresente el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, se puede dar inicio a un "juicio público, oral, coninmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías" ¿ acusación que no esvinculante para el juez.(e) El numeral 5º, tal como fue modificado por el Acto Legislativo, despoja a la Fiscalía General de la Nación dela función de declarar precluídas las investigaciones penales en los casos en que no exista mérito paraformular una acusación, atribución que le había sido asignada por el numeral 2 del artículo 250 original, envirtud del cual era la Fiscalía la encargada de "calificar y declarar precluídas" dichas investigaciones. Ahora,
lafunción de decidir sobre la preclusión corresponde al juez de conocimiento
de la causa correspondiente,por regla general a petición de la Fiscalía; la reforma constitucional también deja en claro que la decisión dedeclarar la preclusión de una investigación penal únicamente podrá adoptarse de conformidad con lo dispuestoen la ley.(f)
El numeral 6 del artículo 250 reformado también constituye una modificación importante del textooriginal de este artículo, puesto que corresponde al juez de conocimiento de cada proceso adoptar lasmedidas judiciales necesarias para asistir a las víctimas del delito, disponer el restablecimiento delderecho y la reparación integral a los afectados, a solicitud de la Fiscalía.
El texto original adoptado por elConstituyente de 1991 asignaba a la Fiscalía la función de adoptar directamente "las medidas necesarias parahacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito".
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