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Timestamp: 2017-08-20 18:54:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 29', 'artículo 119', 'artículo 215', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 29']

RELACIONES ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL - Espacios Juridicos
Publicado en 2 Junio, 2017 por espacios
RELACIONES ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL
El presente trabajo práctico busca encontrar las relaciones existentes entre el derecho penal y el derecho constitucional.
Partiendo del análisis pormenorizado de los artículos de la Constitución Nacional que considero más relacionados con el Derecho Penal, para luego citar y explicar la tipificación prevista en el Código Penal para las conductas delictivas previstas por la Constitución Nacional, pero sin el elemento coercitivo penal. Basándome en diversos manuales de derecho constitucional y derecho penal.
Además relacionaré los fallos explicados en clase con los principios constitucionales involucrados en ellos, a modo de ejemplificar los alcances de estos principios.
“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas al de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.”
Para el análisis dividiré los distintas del presente artículo:
1) Principio de legalidad
“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”
Esta es una garantía reservada al proceso penal exclusivamente, ya que en este fuero a diferencia del Civil, esta prohibida la retroactividad, como así también dictar sentencia fundada en leyes análogas. Este principio es conocido como nullum crimen, nulla poena sine lege”
La presenta norma tiene los siguientes puntos a destacar:
a) Ha de existir una ley dictada por el congreso federal, ya que la competencia legislativa en materia penal es exclusiva al Poder Legislativo Nacional (art.75 inc. 12, Constitución Nacional) y prohibida a las provincias (art.126, Constitución Nacional). Esta ley debe hacer descripción del tipo delictivo y contener la pena o sanción retributiva
La afirmación de que no hay delito ni pena sin ley quiere decir que nadie puede ser condenado sin ley que cree el tipo delictivo y que adjudique la pena consiguiente; si hay descripción del delito pero no hay pena atribuida legalmente, no puede haber condena; los delitos que carecen de pena no fundan constitucionalmente la posible sanción penal.
b) La ley debe ser previa al hecho del proceso, esto se basa la irretroactividad de la ley penal: cuando al tiempo de llevarse a cabo una conducta humana no hay ley que contenga la descripción de un tipo con el que esa conducta coincida, y que a la vez adjudique pena, no hay delito ni puede haber sanción. Hay atipicidad. Cuando hay ley que describe el tipo, pero no hay ley que prevea la pena, habrá tipicidad y delito, pero no podrá haber condena. Ambas cosas han de ser previas a la conducta humana: la tipicidad legal y la adjudicación legal de pena al delito tipificado.
Este principio de irretroactividad penal tiene una excepción que es el principio de “Retroactividad de la ley más favorable”. Es aplicable en los casos que surgan leyes más favorables para el acusado luego de la comisión del delito. Ordenada en el Art. 2, Código Penal: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.”
c) Existente la ley con las características referidas en los dos incisos precedentes, es menester el juicio previo a la condena. El juicio previo en materia penal no es más que la aplicación del principio o garantía del debido proceso ante los jueces naturales: no se puede eliminar la intervención del órgano judicial a la manera como lo impone el derecho a la jurisdicción. Ello quiere decir que nadie puede ser penado o condenado sin la tramitación de un juicio durante el cual se cumplan las etapas fundamentales requeridas por el debido proceso legal. Estas etapas son: acusación, defensa, prueba y sentencia.
d) La sentencia en el juicio penal debe estar fundada en ley, y en la ley a que he hecho referencia en los puntos a) y b). Que la sentencia tiene que estar fundada en esa ley significa que, para ser válida, ha de satisfacer el requisito constitucional de toda sentencia en todo tipo de proceso, a saber: la debida motivación y fundamentación, mediante las cuales la sentencia se exhibe como una conclusión razonada que deriva del orden jurídico vigente y, en el caso penal, de la ley previa.
Por último cabe recordar que hasta tanto la sentencia sea firme, toda persona tiene derecho a la presunción de su inocencia.
El art. 269 del Código Penal sostiene: “Sufrirá multa de tres mil a setenta y cinco mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.
Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.”
2) Jueces naturales
“ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.”
La garantía de los jueces naturales significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley. El juez natural es el juez legal, o sea, el órgano creado por la ley conforme a la competencia que la constitución, la cual, asigna al Consejo de la Magistratura para proponer jueces (art.114, CN) al Poder Ejecutivo, quien los nombra con acuerdo del Senado, también compete al Poder Ejecutivo el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema con acuerdo del Senado (art. 99, inc. 4 CN).
3) Inmunidad de declaración
Este principio adquiere particular relevancia en las causas penales a tenor de los valores en juego que rondan a la libertad personal. Es por ello que todo interrogatorio que se pretenda imponer al arrestado o procesado es violación flagrante de las garantías constitucionales.
4) Inmunidad de arresto
”ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”
Aunque la norma no dice cuál es esa autoridad, limitándose a calificarla de “competente”, parece que, como principio, debe serlo la autoridad judicial.
La exención de arresto sirve de base implícita a la garantía del hábeas corpus, con la que se remedia la privación de libertad física sin causa o formalidad debida. (art. 43 CN).
Así el Art. 141 del Código Penal dice: “Será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.”
5) Debido proceso
“Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.”
La garantía constitucional del juicio previo se perfecciona con la inviolabilidad de la defensa. Para que exista la posibilidad de defensa y de debido proceso tiene que haber proceso, lo que presupone disponer del acceso al órgano judicial para que administre justicia. Se debe tener oportunidad de ejercer en plenitud el derecho de defensa en cada una de las etapas del proceso, descriptas anteriormente.
6) Protección de la propiedad privada
”El domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.”
La inviolabilidad del domicilio es una derivación lógica de protección a la persona, ya que sin esta garantía sería ilusoria la libertad, complementándose con la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, siendo esta última reglamentada por los códigos procesales penales de la nación y de las provincias.
Sólo el allanamiento puede ser autorizado por el juez competente, no bastando el consentimiento del imputado ni sus familiares, pues se presume que es bajo coacción.
De lo expuesto se desprende el art. 150 del Código Penal “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.”
En la correspondencia epistolar, el secuestro sólo puede ser autorizado judicialmente, y en lo que respecta a las cartas privadas su contenido sólo puede ser leído por el juez.
El art. 153 del Código penal dispone: “Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.”
7) Pena de muerte
“Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”
Consecuencia de las guerras intestinas y veinte años de tiranía, esta norma refleja la imperiosa necesidad de terminar para siempre con costumbres contrarias a la dignidad del hombre y a su condición de seres racionales. Nos vienen la Asamblea General Constituyente del año 1813, las primeras decisiones a este respecto. Además se hace continua mención de los derechos humanos, lógicamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 CN)
Referente a la pena de muerte, esta prohibido establecerla, según el art. 4 de la Convención América de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también de jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 CN)
En relación con los castigos y azotes en Código Penal en su art. 144 tercero dispone : “1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.
Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos;
Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años”
8) Cárceles
”Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas al de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”
Esta parte del artículo creo que se explica por si misma, ya que una política carcelaria le es exigida a los poderes políticos nacionales y provinciales que hagan de los lugares de detención ámbitos para la “seguridad y no para castigo” y para también resocializar a los detenidos, en cuanto a la sanción prevista para quienes castigaran a los detenidos ya me referí al art. 144 tercero del Código Penal.
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ello no prohíbe”
En este artículo se consagran 2 principios:
1) Principio de autonomía de la voluntad ética.
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”
De aquí se desprende que los poderes del Estado no pueden mandar o prohibir a su antojo, sino que lo que mandan o prohíben debe basarse en una ley, o una norma jurídica inferior que se dicte de a acuerdo con la ley. Pero cabe destacar que toda acción privada no puede ofender al orden y la moral pública como tampoco deben perjudicar a un tercero.
Resulta claro ejemplo de la aplicación de este principio el fallo Basterrica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (29/8/29).
Este fallo declara inconstitucional la ley de estupefacientes al reprimir la tenencia de estupefacientes para uso personal ya que vulnera el principio de autonomía consagrado en el Art. 19 CN; el estado no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino libertad para que ellos los elijan.
Afirma que la tenencia de drogas para uso personal, no se debe presumir que en todos los casos tenga consecuencias negativas para la ética privada de las personas, cuya trasgresión esta reservada por la CN al juicio de Dios, y la ética colectiva en la que aparecen custodiados bienes o intereses de terceros.
Además no esta probado que la prevención penal de la tenencia y aun de la adicción sea un remedio eficiente para el problema que plantean las drogas, por ende no se afecta a la salud pública.
El mismo día la Corte dicta el fallo Capalvo, que se basa en el anterior.
Distinta jurisprudencia sienta el fallo Montalvo (11/12/90) que resulta diametralmente opuesto al anterior, ya que considera constitucional el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Se fundamenta en que se vulnera al principio de autonomía –a diferencia del anterior que consideraba que la ley vulneraba al principio- ya que se ofende a la moral pública con la simple tenencia. Además la drogadicción es contagiada por los drogadictos a terceros, con lo cual se viola por completo al principio, afectando a la salud pública. Resulta similar el fallo Colavini (28/3/78)
2) Principio de reserva
Este principio deja en libertad de hacer todo lo que no esta prohibido por la ley, básicamente otorga libertad jurídica teniendo en cuenta también el principio anterior.
El fallo Mouviel (17/5/57), llama a este principio, debido a que considera inconstitucionales los edictos policiales –por haber sido dictados por el poder ejecutivo y no por el poder legislativo-. Resultando inválidos estos edictos no existirían y por ende no se podría privar a alguien de hacer lo que la ley no prohíbe. También se estaría violando el principio de legalidad al penar a alguien en virtud de una ley que no sea anterior al hecho del proceso.
“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”
Aquí ocurre que se describe una conducta denominada sedición, pero no se fija una sanción, de esto se ocupa el art. 230 CP que fija una pena de 1 a 4 años de prisión para las causales de este artículo constitucional.
“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder publico, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”
Si el poder Legislativo le concediera “facultades extraordinarias” al Poder Ejecutivo se llegaría a anular los derechos y garantías de los habitantes. La “suma del poder público” significa acumular en una sola cabeza el ejercicio del poder. En este caso la indefensión del habitante ante el poder sería total.
Este artículo tiene relaciones directas e indirectas con los artículos 36, 109 y 119.
El art.109 CN establece: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”, esta prohibición rige durante el estado de sitio, ya que de acuerdo con el art. 23 CN tampoco puede el presidente condenar por si o aplicar penas.
Es una norma sin antecedente en el derecho comparado, propia de nuestra historia. Hace al sistema republicano de división de poderes, principio fundamental de nuestra estructura política y jurídica. Condena la lucha por la libertad del hombre que se afirma en el fraccionamiento del poder para su ejercicio.
El art. 119 CN esencialmente dice: “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito”
El art. 36 en su parte inicial establece: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasables de la sanción prevista en el articulo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.”
Por lo tanto aquí se llama nuevamente a estos delincuentes como infames traidores de la patria. Resulta bastante poco feliz, que la misma Constitución tenga que prever su incumplimiento o violación, pero las circunstancias históricas de nuestro país justifican la inclusión de este artículo en la reforma de 1994.
Falta en el artículo 29 ordenar alguna sanción determinada por un órgano específico, como el Congreso, buscándose, en consecuencia, materializar la pena que el artículo 119 si se establece que lo hará el Congreso.
Así el título 10 del Código Penal se ocupa de los delitos contra el orden público y el orden constitucional, particularmente el art. 227 CP dice: “Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional)”, A su vez el art. 215, fija la pena de reclusión o prisión perpetua para este delito.
Desarrollando este trabajo he encontrado una gran relación entre el derecho penal y el derecho constitucional.
En el artículo 18 CN, se consagran los siguientes principios:
”El domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados.”
”Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo” de los reos detenidos en ellas”
El artículo 19 CN por su parte consagra dos principios:
El artículo 22 crea el delito de sedición y el artículo 29 crea la pena de “infames traidores a la patria” dejando al CP para que prevea la sanción específica.
Para finalizar considero que los artículos 18 y 19 son los principios constitucionales más importantes para la creación del Derecho Penal y que particularmente este fuero debe prestar especial atención, ya que mediante la sanción penal se puede privar a una persona de su bien jurídico mas importante: la libertad.
ARMAGNAGUE, Juan Francisco “Manual de derecho constitucional”. Depalma. Buenos Aires, 1997.
BIDART CAMPOS, Germán “Manual de derecho constitucional argentino”. Edigraf. Buenos Aires, 1986.
DALMAZO, OMAR ANTONIO “Manual de derecho constitucional”. Instituto Nacional Browniano. Buenos Aires, 1998.
BACIGALUPO, ENRIQUE “Derecho Penal, Parte General” Ed. Hammurabi. Buenos Aires, 1987.
CREUS, CARLOS “Derecho Penal, Parte General”. Ed. Astrea. Buenos Aires, 1996.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl “Manual de derecho penal. Parte general”. Ediar Buenos Aires, 1999.
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