Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187589-341-5516-2016-16-0396.HTML
Timestamp: 2019-04-20 09:20:08
Document Index: 164933702

Matched Legal Cases: ['Artículo 226', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 214', 'artículo 214', 'Artículo 165', 'artículo 211', 'artículo 103', 'artículo 139']

“La iniciativa de las leyes corresponde al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimiento judiciales; al Poder Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran; y al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral”.
“Artículo 226.- Las iniciativas de las leyes corresponde al Ejecutivo Nacional, a la Comisión Delegada y a las comisiones permanentes, a los miembros de la Asamblea Nacional, en número no menor de tres, al Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, al Poder Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que integran, al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. A los electores cuando se trate de un número no menor del 0,1 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral Permanente, y al Consejo Legislativo Estadal cuando se trate de leyes relativas a los estados.”.
Que los numerales de la norma bajo estudio revelan que a todos los órganos enumerados en el mismo, se les confiere una titularidad totalmente restringida por el contenido de las respectivas leyes que pueden ser iniciadas por ellos. Por tanto, no cabe duda de que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, está facultado para presentar proyectos de leyes en materia de organización judicial, tales como, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en materia de procedimientos judiciales, como por ejemplo las leyes procesales civiles, laborales y penales, las leyes de las jurisdicciones contencioso electoral, contencioso administrativa y constitucionalmente; igualmente, el Poder Electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, está facultado para presentar los proyectos de ley en materia electoral, y al Poder Ciudadano, por órgano del Consejo Moral Republicano le corresponde la iniciativa en leyes, como la propia del Poder Ciudadano, y las leyes orgánicas del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.
“LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
14. Determinar, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes que sean sancionadas por la Asamblea Nacional, o de los decretos con Rango, Valor y Fuerza de ley que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
22. Conocer de las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral.
Es preciso advertir que ninguno de estos tribunales o cortes en el Derecho Comparado tiene asignadas las extensas, diversas y complejas competencias que ostenta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ni por tanto la carga de trabajo correspondiente. De allí también la justificación de esta Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que propone ampliar los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de siete (7) a quince (15) Magistrados o Magistradas. Algunos Tribunales o Cortes Constitucionales tienen un número de integrantes inferior, pero el que se recoge en esta Ley se mantiene dentro de las referencias de Derecho Comparado y guarda relación con la magnitud de las atribuciones de nuestra Sala Constitucional, las cuales, por otra parte, desbordan con creces los linderos competenciales de otras Salas Constitucionales. Ello está en consonancia además con la exigente misión que esa Sala Constitucional fortalecida debe asumir, según lo antes expuesto.
Con base en los argumentos expuestos, esta Sala Constitucional reitera que, conforme al artículo 203 de la Constitución vigente, no es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión de los proyectos de leyes orgánicas investidas de tal carácter por calificación constitucional que pretendan modificar leyes orgánicas vigentes, entre los que se encuentra el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y, advertido el silencio en la norma contenida en el referido artículo 203, respecto de la mayoría parlamentaria requerida para la sanción de cualquier ley orgánica, esté o no investida con tal carácter por la Constitución de 1999, declara que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 209 de la Norma Fundamental y 120 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, cuya última reforma fue publicada en Gaceta Oﬁcial Extraordinario, n° 5.667,del 10.10.03, será necesaria la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional presentes en la respectiva sesión para la sanción de las leyes orgánicas contempladas en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cualquiera sea su categoría. Así se decide. (Resaltados y subrayados añadidos).
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los siete días del mes de abril de dos mil dieciséis. Año 205° de la Independencia y 157° de la Federación”.
De igual forma, es importante señalar que esta Sala Constitucional, mediante decisión N° 2817 del 28 de noviembre de 2002 (caso: Hugo Chávez Frías), ratificada en fallo N° 259 del 31 de marzo de 2016, fijó el sentido y alcance del artículo 214 constitucional, en un Obiter Dictum, en los siguientes términos:
Ahora bien, visto que la presente solicitud de control preventivo de la constitucionalidad fue planteada el 21 de abril de 2016 por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actuando en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2016; esta Sala Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el precepto constitucional antes mencionado, le corresponde la competencia para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.
“Artículo 165. La iniciativa de las leyes corresponde:
4.- A la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimiento judiciales (…).”
Esta solicitud de respuesta a la encuesta también fue remitida al ciudadano Silio Sánchez Parra, en su condición de Director Ejecutivo de la Magistratura, el día 4 de abril de 2016 (recibida a la 1:46 pm), aunque no esté expresamente requerida en el precitado artículo 211 constitucional, quizá con el propósito de evidenciar la “amplitud” de la “consulta pública” realizada. Una vez más, se reitera su irrelevancia, impertinencia y alejamiento del propósito del constituyente en la materia, amén de tratarse de una conducta irrespetuosa y fraudulenta a la Constitución.
De otro lado, esta Sala aclara que el criterio contenido en el fallo de fecha 27 de septiembre de 2000 (expediente N° 00-2163), caso: Eduardo García, en amparo contra la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, no es aplicable al caso de autos, pues aun cuando en efecto, se ha admitido supra que en alguna oportunidad esta iniciativa judicial no se ha concretado, cuando la ley se ha referido a la organización del máximo Tribunal (o del Consejo de la Judicatura, bajo el régimen constitucional de 1961), se ha cumplido con dicha prescripción. Asimismo, el fallo señalado está referido a un momento histórico y jurídico excepcional enmarcado en el régimen de transición constitucional, por lo cual no se le podía aplicar (ni le era exigible) a la Comisión Legislativa Nacional, los principios y pautas para la legislación ordinaria contenidos en el Texto Fundamental para la Asamblea Nacional.
En suma, la ley sometida a la valoración constitucional de esta Sala no cumplió con el presupuesto constitucional de la iniciativa legislativa que corresponde a este máximo Tribunal de la República, ni tampoco fue solicitada su intervención, la cual es imprescindible para el procedimiento de discusión y aprobación; por lo tanto, la misma desde un punto de vista constitucional resulta totalmente írrita. Así se decide.
2. DE LA VOTACIÓN CALIFICADA PARA MODIFICAR UNA LEY ORGÁNICA
El texto “Terminología Jurídica Venezolana de Emilio CALVO BACA (Caracas. Ediciones Libra, C.A. 2011), distingue la “ratio legis”: “razón o espíritu informador de una ley que el juez y el intérprete deben tener en cuenta al tratar de aplicarla a los casos concretos o al estudiar su alcance”; de la “ratio iuris”, que es “la razón deducida del derecho objetivo y que por reflejar el espíritu o tendencia del ordenamiento jurídico puede ser invocada para la solución de un caso concreto no previsto claramente por la norma legal” (Pág. 696) (subrayado nuestro).
Acción de Amparo en Apelación
Acción de amparo en consulta
Conflicto de autoridades
Constitucionalidad de Leyes Orgánicas
Demanda de Intereses Colectivos y Difusos
Demanda por Tacha de Falsedad
Desaplicación de Normas por Control Difuso
Rec. de Colisión
Rec. de Hecho
Rec. de Incostitucionalidad por Omisión
Rec. de Interpretación
Rec. de Nulidad
Demanda por intereses Colectivos y Difusos
Rec. Contencioso electoral
Rec. De Inconstitucionalidad por omisión
Rec. De Queja
Como se observa del cuadro precedente, la Sala Constitucional ha liderado globalmente durante los tres (3) años anteriores la producción de sentencias en relación al resto de las Salas que integran este máximo Tribunal.
Además, esta Sala debe advertir que en su sentencia N° 269 de 21 de abril de 2016, que está referida a la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad intentada por el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA y otros contra la Reforma Parcial del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010; acordó “(…) que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional (…)”. Esta exigencia fue ratificada por la Sala en su fallo número 327 de fecha 28 de abril de 2016, para motivar la nulidad parcial de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
5. DE LA DESVIACIÓN DE PODER
En la Constitución de 1999, este vicio está referido, como se indicó supra, en el artículo 139 y puede manifestarse en el accionar de cualquiera de los órganos del Poder Público. De tal manera, que hay desviación de poder cuando el funcionario u órgano “que tiene competencia para tomar una decisión en una situación de hecho concreta, efectivamente decide, pero no para cumplir los fines previstos en la norma, sino para otros distintos” (Emilio CALVO BACA. Ibídem; pág.272).
Debe advertirse que el hecho de que el constituyente le haya asignado al alto cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia el período más largo entre todos los funcionarios de designación o de elección (doce [12] años), así como los requerimientos y exigencias para su postulación y selección, evidencian su propósito de apartarlos de los eventuales cambios en la correlación de fuerzas políticas-partidistas en el seno de la Asamblea Nacional, cuyo período es de cinco (5) años. Es decir, que hay una objetiva voluntad constitucional de no someter la integración del máximo Tribunal del Estado, a los vaivenes y cambios de los poderes intrínsecamente políticos. En este sentido, la citada sentencia número 9/2016 estableció que los magistrados son los “(…) funcionarios que ostentan el período constitucional más amplio de todos: doce -12- años (art. 264 Constitucional) siguiendo la tradición constitucional en ese sentido; soportada en la necesidad y en el imperativo de no someter a este árbitro del Estado y de la sociedad, a los cambios en la correlación de fuerzas a lo interno del Parlamento: Ente esencialmente político; para no incidir negativamente en la independencia e imparcialidad de aquél y, sobre todo, en el mantenimiento del Estado Constitucional de Derecho (…)”.
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 7 de abril de 2016”.