Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-mayo-2017/
Timestamp: 2017-12-14 04:11:54
Document Index: 43158577

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 88', 'artículo 58', 'artículo 52', 'artículo 62', 'artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 87', 'artículo 76', 'artículo 61']

Boletín – 1ra Quincena de Mayo :: Quantum
Boletín – 1ra Quincena de Mayo
1.- Modifican Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos y el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras.
Mediante Resolución de SMV No. 016-2017-SMV/01 (28.04.2016) se modifica lo siguiente:
– Tercera Disposición Final del Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, aprobado por Resolución CONASEV 001-97-EF/94.01. Así, en virtud de dicha modificación, el Fideicomiso de Titulización en Renta de Bienes Inmuebles incluirá la denominación de “Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces-FIBRA” en la medida que sus certificados de participación hayan sido exclusivamente colocados por oferta pública primaria y la finalidad del patrimonio fideicometido sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso, cumpliéndose con los requisitos que establezca la norma modificatoria en comentario.
– Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por Resolución SMV 029-2014-SMV/01. En virtud de dicha modificación, el Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles-FIRBI llevará tal denominación en la medida que los certificados de participación hayan sido exclusivamente colocados por oferta pública primaria y su objetivo de inversión sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles, que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso, cumpliéndose con los requisitos que establezca la norma modificatoria en comentario.
Las citadas modificaciones revisten singular importancia debido a las implicancias tributarias que dichas estructuras financieras (FIBRA y FIRBI) traen consigo.
La norma entra en vigor el 29.04.2017.
2.- Oficializan Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016; la Interpretación de la CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas y las modificaciones a la NIC 40 Propiedades de Inversión
Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 002-2017-EF/30 (04.05.2017) se Oficializan las disposiciones del epígrafe.
La vigencia de los documentos mencionados es la establecida en cada una de las normas.
3.- Normas destinadas al mejoramiento de los Regímenes Especiales de Devolución del IGV
Como es de conocimiento, el Decreto Legislativo No. 1259 (8.12.2016) dispuso el mejoramiento de la regulación de diversos regímenes especiales de devolución del IGV, a fin de promover y agilizar la inversión, así como la productividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES).
Estas mejoras recaen sobre lo siguiente:
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (Decreto Legislativo 973)
Régimen de Reintegro Tributario del IGV de la Ley No. 27854 “Ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada”
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para promover la adquisición de bienes de capital (Ley 30296)
Cabe mencionar que mediante tres Decretos Supremos se han aprobado modificaciones a los Reglamentos de los dispositivos legales antes mencionados con la finalidad de adecuarlos a las mejoras aprobadas por el Decreto Legislativo No. 1259. A continuación exponemos brevemente el alcance de los mismos.
Modificaciones al Reglamento del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV
Mediante Decreto Supremo No. 129-2017-EF (07.05.2017) se dictan las siguientes modificaciones:
Cobertura del Régimen: La cobertura consiste en la devolución del IGV trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción, que se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión para el Proyecto previsto en el Contrato de Inversión.
Bienes de capital y bienes intermedios comprendidos en el Régimen: Son los comprendidos en las subpartidas nacionales que correspondan a la Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE) y en la lista que se apruebe por Resolución Ministerial (antes, la lista se aprobaba por Resolución Suprema).
Contratos de construcción comprendidos en el Régimen: Deben corresponder a las actividades contenidas en las Divisiones 41,42 y 43 de la CIIU, Revisión 4 (antes, debían corresponder a las actividades contenidas en la División 45).
Formulario a utilizar para acogerse al Régimen: El formulario es el aprobado por D.S. 129-2017-EF (ya no se debe utilizar el formulario contenido en el TUPA de Proinversión).
Memoria descriptiva y cronograma: A fin de acogerse al Régimen debe anexarse al formulario, entre otros, una memoria descriptiva del proyecto y el cronograma de ejecución propuesto requerido para el proyecto. Este último debe presentarse en forma impresa y de forma digital en formato Excel.
Eliminación del requisito de presentación de declaración jurada de no haber iniciado operaciones productivas: Se ha eliminado como requisito para acogerse al régimen, la remisión de la Declaración Jurada del solicitante de no haber iniciado operaciones productivas del Proyecto.
Vinculación con el proyecto: En relación a la lista propuesta de bienes de capital y bienes intermedios y la lista de servicios y de contratos de construcción aplicable por cada contrato de inversión, debe sustentarse y de manera expresa indicarse su vinculación con el proyecto.
Visación y firma del contrato de inversión por el Sector Competente: Suscrito el contrato de inversión por el solicitante y Proinversión, se remite al Sector Competente para que lo suscriba. Este último deberá devolverlo visado y firmado en un plazo de 3 días hábiles.
Remisión de una copia fedateada del Contrato a la SUNAT: PROINVERSIÓN, una vez suscrito el Contrato de Inversión por todas las partes intervinientes, debe remitir a la SUNAT una copia fedateada del respectivo Contrato en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Informe previo de la SUNAT antes de la aprobación de la lista de bienes, servicios y contratos de construcción a acogerse al régimen: El MEF debe contar con un informe previo de la SUNAT antes de pronunciarse sobre la aprobación.
Remisión de copia de resolución ministerial que aprueba el listado a la SUNAT: Publicada la resolución ministerial que aprueba el listado, el Sector correspondiente remitirá una copia de ésta a la SUNAT en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
Monto máximo de solicitudes de devolución: La solicitud de devolución no podrá acumular un periodo mayor a 6 meses, salvo que el monto de la devolución por dicho periodo sea inferior al monto mínimo de 36 UIT, en cuyo caso ésta podrá ser mayor a 6 meses.
Documentos a presentar a la SUNAT para la devolución del IGV: Entre otros, el beneficiario deberá presentar: i) la relación detallada de los comprobantes de pago, notas de débito o crédito, documentos de pago del IGV, en caso de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados y Declaraciones Únicas de Aduana por cada contrato identificando la etapa, tramo o similar al que corresponde y ii) el escrito que deberá contener el monto del IGV solicitado como devolución y su distribución entre cada uno de los participantes del contrato de colaboración empresarial que no lleve contabilidad independiente, de ser el caso. Este documento tendrá carácter de declaración jurada.
El beneficiario ya no deberá presentar la copia autenticada por el fedatario de la SUNAT del Contrato de Inversión ni la copia autenticada por fedatario de la SUNAT, del anexo modificatorio del Contrato de Inversión como consecuencia de la ampliación del listado de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción.
Control y fiscalización de los bienes, servicios y contratos de construcción por parte de SUNAT: A fin de que la SUNAT controle y fiscalice los bienes, servicios o contratos de construcción acogidos al Régimen, solicitará al Sector correspondiente encargado de controlar la ejecución de los Contratos de Inversión, que remita en un plazo no mayor de 3 meses contado desde el día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud, bajo responsabilidad, un informe debidamente sustentado sobre la vinculación de las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción por los cuales los beneficiarios solicitan la devolución del IGV con la ejecución del Proyecto.
Procedimiento de restitución del IGV: Se establece que los beneficiarios deberán restituir el IGV devuelto en caso de que no se inicie operaciones productivas luego del término de la vigencia del plazo del Contrato de Inversión o cuando se verifique algunas de las causales de goce indebido previstas en el Contrato de Inversión. Al monto restituido le será de aplicación la tasa de interés moratorio y el procedimiento previsto en el artículo 33° del Código Tributario.
Adenda de modificación de los contratos de inversión: Para presentar la solicitud para la suscripción de la adenda se debe utilizar el formulario aprobado por el Decreto Supremo No. 129-2017-EF para esos efectos (ya no el consignado en el TUPA de Proinversión).
Se establece la posibilidad de suscribir adendas en caso de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso deberá anexarse al formulario la aceptación del sector de la causal de fuerza mayor o caso fortuito.
Una vez suscrita la adenda, PROINVERSIÓN remitirá a la SUNAT una copia fedateada de la misma en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Control de ejecución del compromiso de inversión: El encargado de controlar la ejecución de los Contratos de Inversión debe verificar por periodos no mayores o iguales a 6 meses, contados desde la fecha de suscripción del Contrato de Inversión, el avance en la ejecución del Contrato de Inversión, lo que incluye el Compromiso de Inversión y que los bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción fueron destinados a la ejecución del Proyecto.
Régimen de Reintegro Tributario del IGV de la Ley 27854 “Ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada”
A través del Decreto Supremo No. 127-2017-EF (07.05.2017) se dictan las siguientes modificaciones:
Cobertura del Régimen: El Régimen consiste en el reintegro del IGV que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción durante la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructura y de servicios públicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión en la obra materia del Contrato de Inversión.
Etapa preoperativa: Se entiende como tal al período comprendido desde la fecha de suscripción del contrato de concesión con el Estado, en el caso de beneficiarios privados, o desde la fecha de inicio del cronograma de inversiones, en el caso de beneficiarios estatales; hasta la fecha anterior al inicio de operaciones productivas.
Relación de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción: Dicha relación se aprobará por Resolución Ministerial (ya no por resolución suprema).
Acogimiento al régimen: Los beneficiarios deben contar con, entre otros, la resolución ministerial que los califique para gozar del régimen (ya no debe contarse con una resolución suprema).
Formulario a utilizar para acogerse al Régimen: El formulario es el aprobado por D.S. 127-2017-EF (ya no se debe utilizar el formulario contenido en el TUPA de Proinversión).
Compromiso de inversión: Debe adjuntarse al formulario para acogerse al Régimen.
Eliminación del requisito de presentación de declaración jurada de no haber iniciado operaciones productivas en la obra: Se ha eliminado como requisito para acogerse al régimen, la remisión de la Declaración Jurada de no haber iniciado operaciones productivas de la obra.
Vinculación con el proyecto: En relación a la lista propuesta de bienes de capital y bienes intermedios y la lista de servicios y de contratos de construcción aplicable por cada contrato de inversión, debe sustentarse y de manera expresa indicarse su vinculación con la obra.
Remisión de copia de resolución ministerial que aprueba el listado a la SUNAT: Publicada la resolución ministerial que aprueba el listado, el Sector correspondiente remitirá una copia de ésta a la SUNAT en un plazo no mayor de 5 días hábiles (antes, 10 días hábiles).
Monto máximo de solicitudes de reintegro: La solicitud de devolución no podrá acumular un periodo mayor a 6 meses, salvo que el monto de la devolución por dicho periodo sea inferior al monto mínimo de 36 UIT, en cuyo caso ésta podrá ser mayor a 6 meses.
Documentos a presentar a la SUNAT para el reintegro del IGV: Entre otros, el beneficiario deberá presentar lo siguiente:
Solicitud de reintegro en cualquier centro de servicios al contribuyente.
Relación detallada de los comprobantes de pago, notas de débito o crédito, documentos de pago del Impuesto en caso de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados y Declaraciones Únicas de Aduana y otros documentos emitidos por SUNAT que respalden las adquisiciones materia del Régimen, por cada contrato identificando la etapa, tramo o similar al que corresponde.
Escrito que deberá contener el monto del Impuesto solicitado como reintegro y su distribución entre cada uno de los participantes del contrato de colaboración empresarial que no lleve contabilidad independiente, de ser el caso. Este documento tendrá carácter de declaración jurada.
Control y fiscalización de los bienes, servicios y contratos de construcción por parte de SUNAT: A fin de que la SUNAT controle y fiscalice los bienes, servicios o contratos de construcción acogidos al Régimen, solicitará al Sector correspondiente encargado de controlar la ejecución de los Contratos de Inversión, que remita en un plazo no mayor de 3 meses contado desde el día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud, bajo responsabilidad, un informe debidamente sustentado sobre la vinculación de las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción por los cuales los beneficiarios solicitan la devolución del IGV con la ejecución de la obra.
Procedimiento de restitución del IGV: Se prevé que los beneficiarios deberán restituir el IGV devuelto en caso que no se inicie operaciones productivas luego del término de la vigencia del plazo del Contrato de Inversión o cuando se verifique algunas de las causales de goce indebido previstas en el Contrato de Inversión.
Adenda de modificación de los contratos de inversión: Para presentar la solicitud para la suscripción de la adenda se debe utilizar el formulario aprobado por el Decreto Supremo 127-2017-EF para esos efectos (ya no el consignado en el TUPA de PROINVERSIÓN).
Se prevé la posibilidad de suscribir adendas en caso de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso deberá anexarse al formulario la aceptación del sector de la causal de fuerza mayor o caso fortuito.
Para tal efecto, los inversionistas deben informar periódicamente al sector correspondiente, el avance en la ejecución del Contrato de Inversión así como las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción que realicen para la ejecución de la obra durante la vigencia del Contrato de Inversión, de acuerdo a las condiciones y plazos que éste establezca.
En virtud del Decreto Legislativo 1259, se amplió el ámbito de aplicación del Régimen, incorporando a las pequeñas empresas cuyas ventas anuales no excedan de 300 UIT y que realicen actividades productivas de bienes y servicios gravados con el IGV o exportaciones, que se encuentren inscritos como tales en el REMYPE.
El Decreto Supremo No. 128-2017-EF (07.05.2017) ha modificado el Reglamento de la Ley 30296 con la finalidad de establecer: i) cómo realizar el cálculo de las ventas anuales para acceder al régimen y ii) el requisito de las pequeñas empresas de estar inscritas en el REMYPE a la fecha de la presentación de la solicitud.
Las normas en comentario entran en vigor el 8.05.2017
4.- Operador de Servicios Electrónicos (SEE- OSE)
Se ha publicado la Resolución de Superintendencia 117-2017/SUNAT (11.05.2017), la cual aprueba el sistema de emisión electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE-OSE) que permitirá la emisión electrónica de comprobantes de pago y documentos autorizados, en virtud del cual la comprobación materia de los aspectos esenciales del documento electrónico que sirve de soporte a aquellos será llevada a cabo por los sujetos a los que se refiere el Decreto Legislativo 1314 (31.12.2016).
El SEE-OSE permite que el emisor electrónico emita la factura electrónica, la boleta de venta electrónica, la Guía de Remisión Electrónica, el CRE (Comprobante de Retención regulado en el Régimen de Retenciones, siempre que el documento electrónico que los soporte se emita a través del Sistema CRE-CPE) y CPE (Comprobante de Percepción regulado en el Régimen de Percepciones, siempre que el documento electrónico que los soporte se emita a través del Sistema CRE-CPE), el resumen diario, el resumen diario de reversiones CRE y el resumen diario de reversiones CPE, así como la comunicación de baja y la comunicación de reversiones.
La incorporación al nuevo sistema puede ser por elección o por designación por parte de SUNAT. A los fines de ser un OSE (Operador de Servicios Electrónicos), los sujetos habrán de inscribirse en el registro respectivo y cumplir con ciertos requisitos y obligaciones previstos en la norma en comentario.
La norma bajo comentario entra en vigor el 15.05.2017, con las salvedades previstas en su Primera Disposición Complementaria Final.
1.- Sistema de Emisión Electrónica (SEE) de comprobantes de pago
Se le formulan a SUNAT las siguientes interrogantes:
¿Las empresas que prestan el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros pueden emitir válidamente facturas electrónicas o boletas de venta electrónicas por la prestación de dicho servicio?
¿Corresponde emitir un boleto de viaje cuando por una circunstancia no imputable a un emisor electrónico por determinación de la SUNAT (como la pérdida del servicio de internet o falta de fluido eléctrico), no le sea posible emitir una factura electrónica o una boleta de venta electrónica por la prestación del servicio de transporte aéreo público nacional de pasajeros?
¿Las empresas de transporte aéreo público nacional de pasajeros pueden ser emisores electrónicos por elección del SEE?
La SUNAT mediante el INFORME 017-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
No existe impedimento legal para que las empresas que prestan el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros, que tengan la calidad de emisores electrónicos, emitan por la prestación de dicho servicio, facturas electrónicas o boletas de venta electrónicas en lugar de los boletos de trasporte aéreo.
Si hubiera alguna circunstancia que impida la emisión de facturas electrónicas o boletas de venta electrónicas, las aludidas empresas podrán emitir el boleto de trasporte aéreo por la prestación del mencionado servicio.
No existe impedimento legal para que las aludidas empresas sean emisores electrónicos del SEE por elección.
2.- Programa de Apoyo a la Internacionalización de las MIPYME
Se plantea a SUNAT si en el caso de la entrega de fondos no reembolsables por parte de un operador privado a las empresas que acceden a ellos mediante concurso para el cofinanciamiento de los proyectos que les permitirán incrementar sus exportaciones, en el marco del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) de las empresas con cargo al Fondo MIPYME, se consulta lo siguiente en relación con las obligaciones tributarias de las aludidas empresas por la transferencia de los fondos no reembolsables:
1.- ¿Deben emitir comprobante de pago?
2.- ¿La transferencia se encuentra afecta al Impuesto a la Renta o algún otro tributo?
La SUNAT mediante el INFORME 018-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
1.- Los beneficiarios del PAI no están obligados a emitir comprobantes de pago por los fondos no reembolsables que reciban del Operador.
2.- La transferencia de dichos fondos no reembolsables no se encuentra afecta al IGV ni al Impuesto a la Renta. Sin embargo, sí se encuentra gravada con el ITF.
3.- ¿El Impuesto retenido (en el exterior) a una sucursal -de una empresa domiciliada en el Perú- que ha obtenido utilidades (en el exterior, en un país con el cual Perú no ha celebrado un Convenio para evitar la doble imposición) las cuales son enviadas al Perú (y que califican como renta de fuente extranjera obtenida por la empresa constituida en Perú), constituye crédito contra el Impuesto a la Renta (IR) de la empresa domiciliada en el país (Perú)?
La SUNAT, mediante el INFORME 024-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
En el supuesto de una empresa domiciliada en el Perú que tiene una sucursal en otro país, a través de la cual obtiene utilidades que son enviadas al Perú, que constituyen para aquella renta de fuente extranjera gravadas con el Impuesto a la Renta en el país donde se ha establecido dicha sucursal; el impuesto así retenido en el exterior con ocasión del reparto o distribución de utilidades a la empresa domiciliada en el Perú a la que pertenece dicha sucursal, constituye crédito contra el impuesto a la renta que determine aquella empresa en el Perú; estando sujeto a los límites y condiciones para su procedencia señalados en el inciso e) del artículo 88° de la LIR y en el artículo 58° del Reglamento.
4.- Se consulta si la tasa del impuesto a la renta aplicable a los dividendos y otras formas de distribución de utilidades otorgados por los contribuyentes comprendidos en los alcances de las Leyes Nos. 27037, 27360, 29482 y 27688 y el Decreto Supremo No. 112-97-EF, a favor de personas naturales y jurídicas no domiciliadas continúa rigiéndose por lo dispuesto en la décima disposición complementaria final (DCF) de la Ley No. 30296 o por el artículo 52°-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), modificado por el Decreto Legislativo No. 1261.
La SUNAT, mediante el INFORME 036-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
La tasa del impuesto a la renta aplicable a los dividendos y otras formas de distribución de utilidades otorgados por los contribuyentes comprendidos en los alcances de las Leyes Nos. 27037, 27360, 29482 y 27688 y el Decreto Supremo No. 112-97-EF, a favor de personas naturales y jurídicas no domiciliadas continúa rigiéndose por lo dispuesto en la décima DCF de la Ley No. 30296.
5.- Sobre la aplicación del “sistema de costo estándar” así como el “método de valuación de existencias”, se realizan las siguientes preguntas sobre el Registro de Inventario Permanente Valorizado (RIPV) llevado de manera electrónica mediante el Programa de Libros Electrónicos (PLE)
1.- ¿Se debe consignar en el RIPV información de acuerdo a normas contables o según la Ley del Impuesto a la Renta?
2.- ¿Qué se entiende por “costo unitario del bien ingresado” a que hace referencia el RIPV? Esto es, ¿debe coincidir con el costo real consignado en el comprobante de pago de adquisición o puede ser el determinado conforme con el sistema de costo estándar?
3.- ¿El “costo unitario del bien retirado” así como del saldo final debe determinarse conforme al método adoptado antes señalado o puede considerarse el costo estándar?
De la lectura del INFORME 039-2017-SUNAT/5D0000, fluye el siguiente análisis y conclusiones:
-Se desprende del artículo 62° de la LIR que al practicarse el inventario, las empresas emplearán, a los fines de valuar sus existencias, los métodos (en rigor, fórmulas de costeo) que en dicho artículo se detallan, siendo uno de ello el método del promedio.
-El artículo 35° del Reglamento de la LIR (RLIR) se inclina por el empleo del “sistema de contabilidad de costos real”. Sin perjuicio de ello, permite, al contribuyente, en el transcurso del ejercicio, el llevado de un sistema de costo estándar. El sistema de costo estándar no es tributario. De acuerdo a la Directiva 002-2000-SUNAT, se trata de la modificación en el sistema de costos, optativa por cierto, pero no en los métodos de valuación de las existencias (como sería, uno de ellos, el método del promedio).
En virtud del este sistema de costo estándar se presupuesta el costo ideal de un producto (sobre la base de información real o histórica) para que, de las variaciones que surjan, se pueda verificar la eficiencia o ineficiencia de la gestión; se persigue así establecer, de primera mano, una rentabilidad a partir de un presupuesto y verificar, en el decurso del ejercicio, qué tan ajustada está la empresa a lo presupuestado, detectando las distorsiones que se distancian del objetivo y adoptar medidas correctivas, de corresponder.
A título de conclusión y en respuesta a las interrogantes formuladas, se tiene que:
En cuanto a la primera interrogante, se deberá consignar la información conforme a la normativa del IR de acuerdo con la estructura establecida en la Resolución de Superintendencia 286-2009/SUNAT.
En cuanto a la segunda interrogante, el “costo unitario del bien ingresado” es aquel que corresponde al costo de adquisición, así como los demás costos incurridos con motivo de su compra, tales como fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, entre otros, según los comprobantes de pago respectivos; no correspondiendo utilizar el costo estándar como costo unitario del bien ingresado.
En cuanto a la tercera interrogante, el “costo unitario del bien retirado” así como el “saldo final” es aquel que resulta de los cálculos o fórmula aritmética propios del método del promedio; por lo que no cabe utilizar el costo estándar como costo unitario del bien retirado o del saldo final.
1.- ¿Qué debe entenderse por el término “precio pagado” en la adquisición de activos intangibles de duración limitada, recogido en el literal g) del artículo 44° de la LIR, a los fines de considerarlo como gasto deducible del IR?
SUNAT al fiscalizar a una empresa repara el gasto por amortización de intangibles efectuado por aquella; así, ésta (empresa) había registrado en la cuenta contable 68 la amortización por concepto de “Licencia de Software” así como de “Desarrollo de Software”.
Son fundamentos del reparo por amortización de intangibles, los siguientes:
No está acreditado el valor o costo de adquisición del intangible
No se ha demostrado el “pago del precio”
En relación al segundo fundamento del reparo, esto es, el no haberse demostrado el pago del precio por la adquisición del intangible, el Tribunal Fiscal, mediante la RTF 10942-3-2016, razonó como sigue:
-Por el término “precio pagado” debe entenderse que la adquisición del activo intangible sea a título oneroso.
-Corresponde admitir la deducción del gasto o su amortización en tanto y en cuanto el activo intangible haya sido adquirido en virtud a una operación por la cual exista la obligación de pagar, independientemente, de la oportunidad en que ello se produzca.
-Interpretar el término “precio pagado” por “precio efectivamente desembolsado” implicaría que, si bien el activo intangible está siendo utilizado en la generación de rentas gravadas, el contribuyente no podría deducir gasto alguno en la medida que no se pague (desembolse) el íntegro del precio por el activo intangible, lo cual supondría una contravención al principio de causalidad.
2.- ¿Puede SUNAT solicitar información y/o documentación de un ejercicio anterior al que es objeto de fiscalización -tales como comprobantes de pago, reporte de costos, entre otros- a los fines de verificar el costo de ventas reconocido en el periodo fiscalizado?
Una empresa edificó un Centro Comercial y a su turno vendió algunos stands de éste durante el ejercicio 2008.
La SUNAT fiscaliza a la empresa por el ejercicio 2008 requiriéndole lo siguiente:
-Detalle del costo total de la obra del Centro Comercial, detallando la fecha y número de comprobante de pago, proveedor, valor de compra, IGV total, descripción de la compra y el mes en que fue anotado contablemente en el Registro de Compras, Libro Caja o Libro Diario, así como la documentación sustentatoria de los ejercicios anteriores (2006 y 2007), considerando que tiene incidencia en la determinación del costo total de la obra y del costo de cada stand y por ende en el costo de ventas del ejercicio 2008 respecto de los stands vendidos, señalando cómo se ha determinado el valor de cada stand adjuntando así como el detalle de su cálculo.
-La empresa alegó que SUNAT no puede solicitarle la documentación referida al costo de la obra por los ejercicios 2006 y 2007 pues no son objeto de fiscalización.
El Tribunal Fiscal, según RTF 4115-1-2014, falló en contra de la empresa, bajo el siguiente razonamiento:
-De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 87° del Código Tributario, los administrados están obligados a presentar o exhibir a la Administración Tributaria, las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le sean requeridos.
-La facultad de fiscalización se ejerce independientemente de si los hechos y situaciones, materia de fiscalización, se hubieran producido en ejercicio anterior al fiscalizado. Ello, en la medida de que exista un aspecto que se encuentre vinculado directa, lógica y temporalmente con el hecho fiscalizado, lo que impulsa la acción de verificación de la Administración en dicho ejercicio anterior.
3.- Declarados nulos los valores emitidos al culminarse una fiscalización parcial, ¿puede SUNAT solicitar mayor información que la exigida en la “primera fiscalización”?, ¿cómo opera aquí el plazo de 6 meses con los que cuenta la SUNAT para llevar a cabo una fiscalización parcial?
La SUNAT inicia una fiscalización parcial a una empresa por concepto del débito y crédito fiscal de IGV en operaciones de compra y prestación de servicios correspondiente a los meses de enero a abril de 2013. A tal efecto, SUNAT notifica la Carta 130023413517-01 y los Requerimientos 0221130020091 y 0222130026490, notificados el 10.09.2013.
Mediante el Resultado de Requerimiento 0221130020091, emitido el 25.09.2013, la SUNAT deja constancia de que la empresa exhibió la documentación solicitada, iniciándose en dicha fecha, el plazo de fiscalización parcial.
Notificados los valores (Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa), la empresa interpone reclamación (07.05.2014) contra ellos logrando que, mediante Resolución de Intendencia 0260140115234/SUNAT, se declaren nulos.
SUNAT, en cumplimiento de la Resolución de Intendencia 0260140115234/SUNAT, notifica el 15.04.2015 el Requerimiento 0222150005950 solicitándole a la empresa que exhiba diversa información y/o documentación, incluso información adicional no exigida en los anteriores Requerimientos (0221130020091 y 0222130026490). Ante dicha situación, la empresa interpone un recurso de Queja ante el Tribunal Fiscal pues considera que no corresponde que SUNAT exija información y/o documentación adicional no contemplada en los Requerimientos anteriores.
El Tribunal Fiscal, según RTF 02122-Q-2015, resuelve a favor de la empresa, bajo el siguiente razonamiento:
-De conformidad con el criterio recogido en las RTF´s 07445-2-2010 13403-7-2008, el procedimiento de fiscalización puede continuar luego de que se hubieran declarado nulos los valores vinculados con los tributos y períodos materia de fiscalización.
-De acuerdo con lo establecido en el artículo 76° del Código Tributario en virtud del cual se señala que el procedimiento de fiscalización culmina con la emisión y notificación de las Resoluciones de Determinación, en el caso en controversia, al haberse declarado la nulidad de los valores y consecuentemente reputarse expulsados del mundo jurídico, el procedimiento de fiscalización no ha finalizado sino que continúa su trámite.
-Acorde con lo establecido en el tercer párrafo del literal b del artículo 61° del Código Tributario, el plazo del procedimiento de fiscalización parcial es de 6 meses. En tal sentido, la SUNAT no se encontraba facultada a emitir requerimientos solicitando documentación e información adicional, toda vez que el plazo ya había transcurrido (del 25.09.2013 al 15.04.2015 han transcurrido en exceso 6 meses).
Empero, siguiendo el criterio vertido en las RTF´s 13403-7-2008 y 16761-7-2011, la empresa ha de mantener la información y documentación exhibida en cumplimiento de los Requerimientos anteriores hasta la culminación de su evaluación y sin perjuicio de la facultad con la que cuenta la SUNAT en virtud de la cual puede emitir y notificar los respectivos valores dentro del plazo de prescripción para la determinación de la deuda tributaria en base a la información obtenida con anticipación.
1.- Indemnización por daños y perjuicios tras accidente de trabajo requiere prueba de antijuridica de conducta
Mediante Sentencia de Casación No. 18190-2016-Lima, publicada con fecha 2 de mayo de 2017, da cuenta de un trabajador que solicitó el pago de indemnización por daños y perjuicios generados por un accidente de trabajo (caída de un automóvil del empleador mientras conducía). Imputó al empleador culpa inexcusable al haberle retirado todo tipo de ayuda para su rehabilitación. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda en ese extremo. Agregó que no había resultado posible probar de manera fehaciente que el cinturón de seguridad y la puerta del vehículo en que el trabajador desempeñaba su labor se encontraban en mal estado. Precisó que no había resultado posible determinar las circunstancias en que el trabajador se había caído, habida cuenta de que las normas de prevención son de obligatorio cumplimiento para el empleador y el trabajador. La Corte Superior revocó la sentencia señalando que procedía el pago de la indemnización; por lo que, dicha sentencia recayó recurso de casación.
El fallo de la Corte Suprema señaló que si bien el trabajador había probado que el daño sufrido fue ocasionado por un accidente de trabajo, no se ha acreditado con documentación fehaciente que la demandada hubiera tenido alguna conducta antijurídica, toda vez que el accidente sufrido por el trabajador como consecuencia de la caída del asiento de copiloto cuando el vehículo se encontraba en marcha no implica que hubiera sido producto de una negligencia del empleador, más aún si no se ha demostrado que el automóvil se encontraba en mal estado. Además, se debe tener en cuenta que el accidente de trabajo aconteció en el año 2004 y la presentación de la demanda data del año 2012, transcurso del tiempo que impide tener certeza de los hechos determinantes del accidente.
En ese sentido, pese haberse acreditado el accidente de trabajo, no se puede imputar al empleador un conducta antijurídica cuando ésta no ha sido probada, es decir, el trabajador no ha acreditado la supuesta negligencia por el supuesto incumplimiento en realizar el mantenimiento correspondiente del vehículo, más aún si el propio trabajador se limita a señalar que la culpa inexcusable de la demandada se debió porque le retiraron el apoyo para su rehabilitación.
2.- Contrato de Suplencia suscrito en fecha posterior a la del inicio de labores
Mediante Sentencia de Casación No. 19357-2016-Lima, publicada con fecha 2 de mayo de 2017, se da cuenta de un trabajador que alegó que el contrato de suplencia (y sus prórrogas), que había suscrito, se encontraba desnaturalizado, pues su objeto no se había ejecutado. Agregó que el empleador había simulado y ocultado una relación laboral a plazo indeterminado. La Corte Superior confirmó la sentencia de primera instancia, concluyendo que el contrato de suplencia efectivametne se encontraba desnaturalizado, pues el trabajador había prestado servicios en un cargo distinto por el que fue contratado. El expediente se elevó a la Corte Suprema vía Recurso de casación planteado por la empresa demandada.
El fallo de la Corte Suprema mencionó que de la revisión del contrato se aprecia que el trabajador ingresó a laborar para suplir a otro trabajador. Sin embargo, el primer contrato lo suscribió en fecha posterior a la del inicio de sus labores, situación que se verifica en el resto de contratos (prórrogas). En tal sentido, el trabajador desde el inicio de su relación laboral prestó servicios sin mediar contrato de suplencia alguno, además de haber continuado laborando una vez vencido el plazo previsto en ellos. De otro lado, se verifica que no operó la reincorporación del titular de la plaza, lo que determinó la desnaturalización del contrato.
3.- Aspectos a considerar para determinar carácter extraordinario o remunerativo en sumas entregadas al trabajador
Mediante Sentencia de Casación No. 1140-2016-Lima, publicada con fecha 31 de marzo de 2017, se da cuenta de un caso por el cual se cuestionó el hecho de que un trabajador periódicamente perciba montos con distintas denominaciones y el empleador los considere no remunerativos ¿Qué determina que tengan dicha naturaleza (no remunerativa)?
El fallo de la Corte Suprema determinó que de acuerdo al principio protector del derecho laboral y de la primacía de la realidad, el hecho de que el trabajador perciba montos con distintas denominaciones no desvirtúa su naturaleza remunerativa, si se comprueba (de la revisión de las boletas, por ejemplo) que dichos montos fueron percibidos de manera mensual, sucesiva, regular y en similar cuantía. El carácter extraordinario de un concepto no puede estar ligado únicamente a una calificación legal o normativa, sino que también debe observarse su naturaleza ocasional, eventual y no repetitiva, más aún si para su percepción el empleador no demuestra que el trabajador cumplió con sus requisitos y condiciones.
1.- Obligación de llevar Registro permanente de control de asistencia
Según la Resolución de Intendencia No. 567-2015-SUNAFIL/ILM, una empresa no acreditó contar con el registro de control de asistencia y salida y tampoco con la tarjeta de marcación de asistencia y salida de sus trabajadores durante la visita inspectiva de SUNAFIL. En otro caso, el registro de control de asistencia no reflejaba la realidad de las horas laboradas. El registro de control de asistencia debe contener fecha, hora y minutos del ingreso y salida de los trabajadores. Si dicha información no se encuentra reflejada, se considera que el empleador no ha cumplido con la obligación de contar con un Registro de Control de Asistencia.
2.- Obligación de capacitar en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo- Formación específica del puesto de trabajo
De acuerdo a la Resolución de Intendencia No. 044-2016-SUNAFIL/ILM, el empleador debe acreditar fehacientemente que las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas incluyeron, a su vez, una formación específica a cada trabajador en función a su puesto de trabajo. Por tanto, es obligación del empleador acreditar que el trabajador tuvo una formación debida sobre los peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto en el desempeño de las funciones específicas de su puesto de trabajo, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.
3.- Derecho al descanso vacacional del Gerente General
Lo relevante de la Resolución de Intendencia No. 213-2016-SUNAFIL/ILM es lo referido a las vacaciones del Gerente General. La SUNAFIL señala que el Gerente General tenía que pedir permiso antes de salir de vacaciones (por principio de primacía de la realidad se advirtió que el personal de dirección no podía disponer de su descanso vacacional); por lo que, al no habérsele otorgado el descanso vacacional oportunamente, le corresponde el derecho a una indemnización.
4.- Discriminación de trabajadores sindicalizados en proceso de aumento salarial
Como señala la Resolución de Intendencia No. 131-2016-SUNAFIL/ILM, la empresa inspeccionada excluyó a un grupo de trabajadores sindicalizados de participar en el proceso de evaluación para un incremento salarial, permitiendo únicamente a los trabajadores no sindicalizados acceder a dicho proceso. Así, justificó su medida señalando que los trabajadores sindicalizados perciben una mayor remuneración en virtud a los Convenios Colectivos que los benefician. No obstante, la SUNAFIL señaló que la exclusión de trabajadores sindicalizados del proceso de evaluación para un incremento salarial constituye un acto discriminatorio y vulnera la libertad sindical.
5.- Obligación de la empresa de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo incluso de sus contratistas y terceros
Según la Resolución de Intendencia No. 197-2015-SUNAFIL/ILM, el empleador se encuentra obligado a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en sus instalaciones. Para este fin, debe solicitar al contratista o subcontratista la documentación que acredite la toma de las medidas de seguridad y salud o en su defecto, la empresa principal le brindará o proporcionará los lineamientos o implementos mínimos o, en última instancia, paralizará las labores del personal cuando advierta un riesgo grave e inminente.
Boletín (63)
Boletín 05.12.2017