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Timestamp: 2017-02-27 13:52:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 202', 'artículo 214', 'artículo 202', 'artículo 202']

Luego de tantas idas y vueltas, finalmente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) rubricó un acuerdo con el fisco de Uruguay para intercambiar información tributaria entre ambas naciones.
Y, si bien aún falta que los dos Gobiernos aprueben el convenio en sus respectivos parlamentos, muchas son las preguntas que surgen entre quienes ya poseen algún tipo de inversión en el país vecino o planean hacerlo.
Por esta razón, iProfesional.com consultó con expertos en la materia, quienes explicaron cuáles serán las principales implicancias de la medida que afecta a los titulares de cuentas bancarias, plazos fijos, propiedades, feed lot, campos u otros activos.
1. La AFIP, ¿puede pedir un listado de los argentinos que tienen inversiones en Uruguay?
Rodolfo Canese Méndez, socio de Impuestos de KPMG en la Argentina, afirmó que "no puede hacerlo".
Y esto es así, debido a que "el punto 4 del artículo 2 establece que el Acuerdo no incluye medidas dirigidas únicamente a la simple recolección de evidencias con carácter meramente especulativo (fishing expeditions)".
2. Si un argentino tiene un depósito en alguna cuenta del otro lado del Río de la Plata, que no genera renta (y por ende, no paga impuestos), ¿el fisco nacional puede pedir información de la procedencia de los fondos?
Sobre este tema, el especialista sostuvo que puede hacerlo sólo "en el caso que el contribuyente argentino se encuentre bajo inspección, el fisco tuviera firmes sospechas de la existencia de los fondos y pudiese justificar el período, la naturaleza, el fin y los motivos por los cuales la información solicitada es previsiblemente relevante para la administración y aplicación de gravámenes, como puede ser el Impuesto sobre los Bienes Personales".
Ahora bien, para el caso en el que el depósito genere renta, el experto de KPMG remarcó que "los impuestos abonados en Uruguay podrán ser computados como crédito de tributos en la Argentina hasta el límite del incremento de la obligación fiscal".
En cuanto a la retroactividad, Canese Méndez remarcó que "sólo regirá para los años no prescriptos y en relación al origen de los bienes".
3. Ante un plazo fijo en el país vecino, la AFIP ¿puede pedir información del dueño del depósito?
El especialista explicó que, al igual que en el caso anterior, puede llevarse adelante "sólo si se inicia un proceso de inspección en la Argentina y puede justificar el intercambio de información, según lo establecido en el punto 5 del artículo 5" del acuerdo.
Asimismo, explicó que "dichas colocaciones están sujetas a imposición a una tasa del 12% y el impuesto pagado se puede computar como crédito en la Argentina".
Por otro lado, especificó que "la diferencia con el pasado es que, en el caso de una inspección, el fisco argentino puede pedir información al fisco uruguayo".
En cuanto a cómo influye la retroactividad en este caso, Canese Méndez detalló que en esta situación no se aplica, aunque aclaró que "el tema es que si están investigando años no prescriptos esa información será solicitada".
4. Si un argentino tiene una empresa en Uruguay ¿qué datos puede requerir la AFIP?
Enrique Scalone, socio del estudio que lleva su nombre, indicó al respecto que el acuerdo firmado prevé la posibilidad de que la AFIP solicite información sobre identificación de propietarios de sociedades".
Sin embargo, aclaró que "eso no significa que puede hacer fishing expeditions, sino que debe reclamar datos sobre casos concretos y fundamentando los motivos que llevan a hacer el pedido".
Asimismo, remarcó que "es necesario que el organismo de recaudación justifique la necesidad de contar con esos datos y que agotó todos los medios en la Argentina para hacerse de los mismos".
Por otro lado, explicó que "en caso de que las utilidades obtenidas por esa empresa sean declaradas por el contribuyente argentino como renta de fuente extranjera, podrá computar ese pago a cuenta del gravamen que pague en la Argentina como Impuesto a las Ganancias".
"Esas utilidades tributarán el Impuesto a la Renta de Actividades Empresarias (IRAE) a una tasa del 25%. Si los fondos son girados por el titular al país, deberá abonar una tasa adicional del 7%. Así, si por su carácter, el responsable debe pagar Ganancias a una alícuota del 35%, podrá computar el 32% ya ingresado en Uruguay, por lo que sólo abonaría al fisco nacional un impuesto del 3%", señaló Scalone.
Esto es así, debido a lo que establece el acuerdo para evitar la doble imposición. Por otra parte, el experto aseguró que, en el caso de los impuestos patrimoniales, la cosa cambia.
"Si el fisco detecta un activo omitido en las declaraciones ante él, podrá intimar al contribuyente para que ingrese el pago de los impuestos correspondientes no sólo por ese período, sino también por todos aquellos no prescriptos", afirmó.
5. ¿Qué sucede con las inversiones en acciones sin ser dueño de la firma?
Scalone puntualizó que "en Uruguay, las acciones son al portador, a diferencia de la Argentina donde los papeles son nominados, por lo que son transferibles de manera instantánea", lo cual dificulta la obtención de la información.
No obstante, el experto señaló que "existe un proyecto para registrar estos papeles en la Auditoría de la Nación uruguaya, por lo que, de aprobarse, deberán informarse al organismo ante una venta".
"De esta manera, la AFIP podría solicitarle la información respectiva que haya recolectado el organismo de recaudación uruguayo, siempre cumpliendo con las reglas básicas de agotar todas las instancias a nivel nacional para descubrirlo", señaló Scalone.
6. ¿Qué sucede con los fondos invertidos en feed lot ubicados en Uruguay?
Consultado al respecto, Scalone explicó que "si la AFIP sospecha que algún contribuyente argentino tiene una inversión en un feed lot no declarado, puede pedir información al fisco uruguayo".
Tal como sucede con los otros citados por los expertos, la autoridad fiscal deberá demostrar que ha agotado todas las instancias en la Argentina para obtener la información requerida.
"En esta situación particular, el organismo de recaudación del país vecino puede pedir datos a todas aquellas entidades que tengan relación con la actividad para obtener los datos requeridos, siempre respetando los secretos profesionales que puedan existir", concluyó el experto.
7. Si un argentino es dueño de un campo del otro lado del Río de la Plata, ¿qué sucede con las rentas obtenidas por su explotación?
Consultado al respecto, Andrés Edelstein, socio del área legal e impositiva de PricewaterhouseCoopers (PWC), sostuvo que "si el campo se encuentra explotado, además de los impuestos que corresponda tributar en Uruguay, el contribuyente argentino deberá tener en cuenta el Impuesto a las Ganancias y los tributos patrimoniales (Mínima Presunta y Bienes Personales) aplicables en la Argentina, pudiendo computar como crédito lo abonado en el país vecino en concepto de impuestos análogos".
"Ahora bien, si se tratara de una inversión que no produce renta, las implicancias se darían solamente con relación a los impuestos patrimoniales", expresó el especialista.
"A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, si el contribuyente no hubiera reportado los ingresos o el patrimonio y la AFIP tuviera elementos concretos para presumir la existencia de los mismos, luego de agotar todos los medios disponibles a nivel local para obtener la información respectiva, podrá efectuar una solicitud a las autoridades uruguayas (Ministerio de Economía y Finanzas) siguiendo el procedimiento que a tal fin establece el acuerdo recientemente suscripto", destacó Edelstein.
8. ¿Qué sucede con los fideicomisos que posean en Uruguay los argentinos?
Al respecto, el experto resaltó que "la tributación en Uruguay depende de la naturaleza y actividad que desarrolle el fideicomiso" y aclaró que "nuevamente, el acuerdo podría permitir a la autoridad fiscal obtener información relevante para la aplicación de los impuestos vigentes en la Argentina".
El especialista explicó que "el acuerdo regirá a partir de la aprobación parlamentaria del mismo en ambos Estados y de la notificación que se cursen las partes comunicando dicha circunstancia".
"La información a proporcionar estará referida a la existente a dicha fecha y con relación a los períodos fiscales que se inicien a partir de la misma o, cuando no exista período fiscal, para los cobros de tributos que surjan desde dicha fecha", sostuvo Edelstein.
Y concluyó: "Si bien habrá que esperar para ver en la práctica cómo opera el convenio, a priori la aplicación no retroactiva que rige para el suministro de información no parecería impedir que la AFIP, en base a la información de un período en curso que pudiera obtener a través del intercambio de información producto del Acuerdo, sumada a otra evidencia y/o elementos de prueba que ya posea sobre actividades y operaciones del contribuyente referida a ejercicios anteriores, pueda formular cargos por los períodos fiscales no prescriptos".
9. ¿Qué información puede pedir la AFIP sobre las propiedades que poseen los argentinos en el país vecino?
Sobre este aspecto, Edelstein explicó que, ya sea que se usen para veranear o para alquilar, y siempre que sea "siguiendo los recaudos ya mencionados en cuanto a la identificación del caso específico analizado, haber agotado todos los medios disponibles para obtener información en la esfera local, entre otros, y el procedimiento que establece el acuerdo, la autoridad fiscal podrá solicitar información a las autoridades uruguayas".
10. ¿Cómo influye el tema de la retroactividad en el pedido de datos si un argentino tiene una inversión en una obra en Uruguay que termina de construirse el año que viene?
El experto de PWC explicó que "si el acuerdo recibe la aprobación parlamentaria este año, el año próximo ya estaría operativo y, por ende, la información sobre la inversión podría llegar a ser materia de intercambio".
"Esto, siempre siguiendo los recaudos que fija el convenio: caso específico, datos relevantes, haber agotado todos los medios disponibles a nivel local para obtener la misma información, entre otros", concluyó Edelstein.
A cambio de este servicio, que ofrecen los bancos en las bóvedas de sus sucursales y casas centrales, pagan un costo que depende de cada entidad.
Pero un cofre no necesariamente es una garantía infalible de que las pertenencias no puedan ser robadas.
Aún cuando, recientemente, los bancos debieron implementar obligatoriamente más medidas de seguridad, tales como la instalación de cámaras externas a las entidades, la separación del público de la zona de cajas mediante inhibidores visuales y administradores de colas; la utilización de cajeros automáticos de carga posterior, entre otras, lo cierto es que la ola de ilícitos no ha cesado y estas entidades no están exentas de ellos.
En este contexto, cuando ocurre un robo, esta clase de relaciones contractuales se ponen en jaque, dado que los bancos suelen exigir muchas pruebas respecto del contenido de los cofres antes de reconocer que deben pagar un resarcimiento.
Incluso, puede suceder que hasta intenten eximirse de responsabilidad o, al menos, limitarla.
Así, a la hora de hacer valer un reclamo, el escenario se puede tornar dificultoso para los clientes ya que, tal como indican los especialistas consultados por iProfesional.com, existe un "vacío normativo" porque el contrato de caja de seguridad no se encuentra regulado, en la actualidad, por una norma específica.
En consecuencia, los juicios se terminan resolviendo tomando en cuenta las respectivas pruebas aportadas a la causa, la jurisprudencia existente hasta el momento y, por sobre todo, de acuerdo con el criterio del magistrado interviniente.
Es por ello que el Gobierno nacional, atento a esta necesidad, busca establecer pautas para este tipo de contratos, y ahora apunta a que se convierta en ley una iniciativa oficial -cuyo objetivo es actualizar y unificar el Código Civil y el de Comercio- que, entre otros aspectos, fija ciertos lineamientos para estos casos.
Concretamente, se refiere a las cláusulas limitativas de la responsabilidad de dichas firmas y admite que se pueda acordar un tope, entre éstas y los usuarios de los cofres, a los efectos de reconocer una compensación ante la sustracción de todo o parte del contenido que en ellos se encontraba. Asimismo, la iniciativa plantea causales que podrían aducir los bancos para quedar eximidos de tal obligación.
La propuesta del Ejecutivo tiene altas chances de ser sancionada considerando, especialmente, que se debatirá en un ámbito parlamentario mayormente oficialista.
Los límites de la responsabilidad: ¿qué dice la iniciativa?
El proyecto del Gobierno, que fue redactado por la Comisión a la que la presidenta Cristina Kirchner encargó la reforma y que es liderada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, establece que el prestador de una caja de seguridad (es decir, el banco) será el que deba responder frente al usuario por:
E indica que esto será así conforme a lo pactado y a las expectativas creadas en el cliente que contrató el servicio.
Pero existirá un límite, en caso de convertirse en ley el texto propuesto: la iniciativa aclara que el banco no responderá por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
De acuerdo con los expertos consultados, un punto clave a destacar de la propuesta oficial tiene que ver con las llamadas cláusulas limitativas.
Así, de convertirse en ley la iniciativa, resultará válida la cláusula que limite la responsabilidad del banco hasta un monto determinado.
Pero esto sólo sucederá en la medida en que la entidad hubiera notificado debidamente al usuario acerca de ese tope.
¿Cómo juega la responsabilidad en la actualidad?
Para Julio Pueyrredón, socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), "la responsabilidad del banco es objetiva".
Esto significa que "sólo podría liberarse probando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor".
Pero esto no es todo. El experto también advirtió que la entidad puede llegar a deslindar "la culpa hacia la propia víctima o hacia un tercero", si contara con elementos suficientes para hacerlo.
Al respecto, Máximo Bomchil, socio de M&M Bomchil, sostuvo que "las entidades financieras son, en definitiva, las responsables por los robos y hurtos -sin violencia sobre las personas o las cosas- ocurridos en las cajas de seguridad".
"Asegurar la inviolabilidad del cofre es una responsabilidad contractual", afirmó el experto.
Por lo tanto, consideró que al cliente le tendría que bastar "con probar el incumplimiento, sin tener que demostrar la culpa o el dolo del banco".
En tanto, para Martín Lepiane, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), el mismo incumplimiento de la obligación de custodia "engendra la responsabilidad contractual del banco".
Ante el vacío legal actual, la jurisprudencia ha cobrado un rol protagónico. En base a ella, se entiende al "contrato de caja de seguridad" como un convenio mediante el cual un banco otorga al cliente un espacio ubicado en un lugar especializado, para que éste guarde bienes de cuya custodia queda encargada la entidad.
En este escenario, donde las pautas no están definidas por una ley específica, se encuentra en discusión si es válida la cláusula mediante la cual se limita la responsabilidad sobre el valor de los objetos o dinero que el cliente deposite en su cofre.
Por el contrario, no lo serían cuando establecen un tope máximo, dependiendo del precio que cobre el banco por el servicio prestado.
Esto surge de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que indica que la contratación bancaria no puede implicar per se que todas las cláusulas son abusivas y contrarias a dicha ley.
En consecuencia, según ese criterio, dicho tope sería, más que una limitación a la responsabilidad del banco, un "límite del convenio".
Es decir, la entidad respondería pero hasta el monto máximo estipulado de acuerdo con el objeto del contrato y, por encima de aquél, se encontraría fuera del acuerdo y no habría responsabilidad.
El pago de daño moral
Por otra parte, vale mencionar que los tribunales, además de compensar por las pérdidas sufridas por los clientes, tienden a otorgar un resarcimiento adicional por daño moral, teniendo en cuenta los padecimientos sufridos por el usuario del servicio que se vio damnificado por un ilícito como el señalado precedentemente.
La procedencia del rubro es de apreciación subjetiva de cada magistrado y se deberá probar en cada caso el referido padecimiento personal, en adición al perjuicio patrimonial.
Con relación a este aspecto, Julio César Rivera, titular del estudio homónimo, sostuvo que esto le parece muy razonable porque la responsabilidad contractual no significa que se exija prueba calificada, ya que el solo hecho de tener que iniciar un juicio genera molestias.
Y propone, además, que si venciera el plazo o se diera por concluido el contrato por falta de pago o por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el banco deberá avisar al cliente -de forma fechaciente- del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasados 30 días del aviso, a la apertura forzada del cofre ante escribano público.
En esa situación, la iniciativa del Ejecutivo puntualiza que la entidad bancaria deberá notificar al cliente que se procedió a la apertura como así también tendrá que poner a disposición del mismo su contenido, previo pago del importe adeudado, por el plazo de tres meses.
De acuerdo con el proyecto, esta medida será debidamente anunciada con 10 días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponda al lugar en que, según el contrato, la cosa deba encontrarse, dando nuevamente aviso al usuario sobre los acontecimientos.
Si de la venta quedara algún remanente, la iniciativa señala que éste deberá ser consignado judicialmente. Hasta que se apruebe la reforma, ¿qué pueden hacer las víctimas?
"En general, no hay pruebas directas y se debe recurrir a indicios y, en muchos casos, el demandante no puede comprobar la totalidad de lo depositado en el cofre de seguridad", indicó Martín Lepiane.
"Esto remarca la importancia de constatar lo depositado en la caja. Para ello, puede recurrirse al acta notarial, si las sumas son importantes, ya que el costo de dicho acto justifica ahorrarse inconvenientes probatorios en el futuro", agregó.
Si el acuerdo fracasara o bien si esa no fuera la intención del cliente, éste puede ir recurrir a la Justicia para efectuar un reclamo.
Constancias que validen la venta de propiedades en épocas anteriores y recientes al robo.
"Estas pruebas deberán corroborar la secuencia de los hechos alegados", concluyó Lepiane.
Especialistas consultados coinciden en destacar que estamos ante “una olla a presión”, donde no hay reglas claras. A esta problemática se suman la catarata de amenazas que llegan de otros países por las barreras impuestas desde el gobierno nacional y el “cuarto intermedio” al que pasaron los trabajadores portuarios tras 48 horas de paro por la caída en la actividad
Los empleados portuarios, de despachantes de aduana, comisionistas y camioneros levantaron a última hora del viernes el bloqueo que mantenían sobre varios puertos del país, tras acordar un cuarto intermedio hasta el viernes próximo. En la reunión, los funcionarios se comprometieron a tomar medidas que agilicen la salida de contenedores.
La medida de fuerza era en protesta a las restricciones comerciales que lleva adelante el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sumado a la importante caída en la actividad que se produjo tras la aplicación de la Resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nº 3252/12. Si bien se tomarán medidas para que la salida de mercadería de los puertos sea más rápida, el secretario de Comercio aclaró que no dará marcha atrás con las polémicas Resoluciones.
En tanto, Brasil amenaza con imponer sanciones comerciales al país por las trabas a la importación de carne de cerdo, Italia muestra preocupación por las barreras tarifarias impuestas por la Argentina a las importaciones, Colombia ya envió una nota de queja ante la Organización Mundial de Comercio por las medidas de restricción contra las compras en el exterior de algunos productos.
Ésta es una radiografía de lo que ocurrió en los últimos días y se siguen sumando las quejas a las de otros importantes socios comerciales que amenazaron con demandas legales por incumplimiento de las normas internacionales por parte del gobierno argentino.
Frente a esta situación, Abogados.com.ar consultó a asesores de empresas para saber qué mecanismos tienen para enfrentar esta situación y qué dice la Justicia ante la falta de normas claras.
Muchas Consultas, pocas Medidas Judiciales
Mercedes de Artaza, asociada de M&M Bomchil, dijo que “la situación actual es una olla a presión”.
Así, la abogada explicó que las empresas tienen miedo a las represalias y no quieren tomar medidas judiciales. Primero consultan, después analizan y por último, tratan de adaptarse.
“Las firmas que más evalúan recurrir a la Justicia son las que están ahogadas y lo hacen como última instancia antes de cerrar”, agregó de Artaza.
En tanto, Esteban Rópolo, socio de Baker & McKenzie, indicó que lo que estamos viendo en estos días es el estallido a tantos meses de locura”.
El letrado dijo que no cree que el Gobierno vaya a dar marcha atrás. Ya que su objetivo es tener $10.000 millones de superávit, y si a esto se agrega el tema de YPF, van a tener que buscarlo por otro lado.
“Hoy es una locura operar, imposible de destrabar”, sostuvo Rópolo.
En ese sentido agregó: “No sé hasta qué punto se favorece la industria nacional con estas medidas. Las empresas que producen acá o importan insumos deben parar si no llega la materia prima en cuestión”.
Los abogados consultados coinciden en destacar que las firmas que tienen procesos productivos sufren presiones para sustituir importaciones y no se puede de un día para el otro rearmar la cadena logística, desarrollar un proveedor local, importar enseñanza, prueba, formación.
“Si la idea fuera mejorar a la industria nacional debiera hacerse mediante un plan lógico”, indicó Rópolo.
Y, sostuvo, que si bien desde la parte jurídica hay muchas consultas “nadie saca los pies del plato, todo queda ahí, en la opinión legal”.
“Lo que observo hace dos meses y medio es que todo el mundo corre tratando de sacar papeles, conseguir reuniones y ver cómo les va”, concluyó Rópolo.
Jorge Pérez Alati, titular de Pérez Alati, Grondona, Benítes Arntsen & Martínez de Hoz (h) fue más allá y explicó que la realidad es que a lo largo de estos años de kirchnerismo las empresas se acostumbraron a convivir con un régimen autoritario y de alguna manera sin reglas firmes.
“Muchas normas no eran escritas sino órdenes telefónicas o que resultaban de reuniones”, indicó el abogado.
En ese sentido, el titular de PAGBAM dijo que durante mucho tiempo esta conducta fue condonada, admitida por complicidad con muchos empresarios ya sea porque obtenían alguna medida favorable, o posibilidad de aumento de un precio.
“Todo estaba bien mientras se ganaba plata. La rentabilidad hoy cambió porque el colchón de beneficios se fue evaporando con el dólar atado en tres y cuatro pesos”, explicó el abogado.
“Ahora que la situación es otra y tiene otro color, como los márgenes se están evaporando y las ventas son menores en nivel interanual, los empresarios argentinos descubrieron que existía un orden jurídico o moralidad que habían dejado”, sostuvo el abogado.
Para Pérez Alati, de continuar esta situación se va a ver una mayor reacción por parte de empresarios, sindicatos, van a ir cambiando en la medida que la gente vea que le cuesta más el día a día.
Así, el abogado indicó que se observa una caída de la rentabilidad, menores ventas, complicaciones para adquirir insumos, preocupación sobre el futuro: hay empresas que son importadoras netas, clientes que exigen estabilidad y eso la Argentina no lo puede ofrecer.
“Si a esto sumamos la brecha de $4,30 del dólar oficial al marginal de $5 y pico. Esto va a hacer que cambien cosas, los exportadores van a ver qué les conviene hacer”, agregó.
El titular de PAGBAM dijo que en temas que antes no le importaban hoy el argentino se va a manifestar de manera distinta, o puede ser que el gobierno tenga éxito –como cuando se hizo cargo de las reservas del Central-.
Para esto, sostuvo, que lo mejor es ver las cifras de inversión extranjera directa, que se redujeron al mínimo histórico, tanto en términos absolutos como relativos.
A modo de ejemplo, Perez Alati contó que Chile antes recibía un tercio de la inversión extranjera directa, y en la actualidad recibe tres veces más que la Argentina.
Frente a este escenario de menores ventas y menos rentabilidad, los empresarios se van a sentir más complicados, va a haber “quid pro quo” del latín, significa algo a cambio de algo, intercambio de favores, concluyó Pérez Alati.
En esta oportunidad, veremos un interesante fallo de la Cámara Civil, Sala L, que confirma la sentencia de Primera Instancia y decreta el divorcio vincular por culpa de ambos cónyuges.
La causal: injurias graves recíprocas,” las que son apreciadas por el Juez, tomando en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que pueden presentarse”(sic). Esta causal está contemplada en el Código Civil, en el Capítulo IX – Separación Personal- artículo 202 inciso 4º. En el Capítulo XII del Código Civil- Divorcio Vincular- el artículo 214 inciso 1º considera causas del mismo: todas las establecidas en el mentado artículo 202- entre ellas, queda incluida , obviamente, la causal de injurias graves contemplada en el citado artículo 202 inciso 4º.
En el caso que vamos a comentar las injurias graves – como se anticipó – fueron proferidas por ambos cónyuges.
Se discute en el juicio, si configura abandono del hogar la actitud del esposo que pasamos a describir. El esposo ante reiteradas discusiones matrimoniales, se retira del hogar conyugal para pacificar la situación y evitar posibles episodios de violencia. El Tribunal de Alzada estima que dicha conducta no implica un abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal.
En cambio, resuelve la Cámara que la modificación de la cerradura de la puerta por parte de la esposa, sí es una actitud injuriosa pero no configurante de la causal de abandono por exclusión del hogar conyugal. Dicha conducta ocasionó al marido la imposibilidad de disponer de sus pertenencias que se encontraban en la vivienda.
Frente a tales circunstancias, el marido reclama una indemnización por daño moral a su favor. Los Jueces rechazan esta pretensión, fundamentándose en que los cónyuges deben revestir la calidad de inocentes en el proceso para peticionar dicho resarcimiento.
En consecuencia y luego de sopesar los distintos hechos probados y merituar los agravios vertidos y su contestación, la Sala L dicta sentencia confirmando la sentencia de primera instancia y decretando el divorcio vinuclar por culpa de ambos cónyuges.
Estas cuestiones fueron abordadas en el Expte. Nº 35.219/2007- Autos caratulados: “H., R. L. c/ F., G. J. s/ DIVORCIO”- CNCIV- SALA L- 05/08/2011,publicado en elDial.com – AA6F99, en el día de ayer, 3/10/2011.
Los Señores Jueces que integran la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil pusieron de manifiesto un concepto fundamental y que es el siguiente: “Las injurias y faltas a los deberes conyugales de uno y otro esposo no se compensan”.
Añadieron que ” si ambos incurren en actitudes injuriosas, si hay injurias recíprocas, ello no borra los efectos de los actos cometidos por uno y otro, ni autoriza el rechazo de la demanda o de la reconvención, sino que, de habérselo planteado, conducirá al acogimiento de la demanda y de la reconvención, si cada una de las partes solicitó el divorcio por culpa de otro” (confr. CNCiv. Sala F, “L. de S., I. c. S., A. V.” 21/11/1991)”.
Acto seguido, los magistrados analizaron si quedó configurada o no en este caso, la causal esgrimida de abandono por exclusión y a tales remarcaron: ” quedó acreditado que el actor se vio impedido de ingresar a su domicilio. Sin embargo – remarcaron- en el caso no se configura la causal de abandono por exclusión, por cuanto- como sostiene la sentenciante de primera instancia- la intención de la esposa de dejar al actor fuera del hogar, impidiendo tanto su entrada como el retiro de sus pertenencias, constituye una injuria grave, máxime si se tiene en cuenta que el propio actor admitió que se retiró voluntariamente del hogar quedándose en una casa que tenían a unas cuadras del hogar conyugal, actitud que probablemente ambos decidieron para pacificar ese momento”.
Hasta aquí podemos decir que en este proceso se acreditaron las injurias graves recíprocas, que no es abandono del hogar voluntario y malicioso el protagonizado por el esposo a instancias de su esposa y con el objeto de pacificar la situación; y por último que no quedó configurada la causal de abandono por exclusión del hogar conyugal, sino una actitud injuriosa de la esposa.
Los Doctores que integran la Sala L puntualizaron que ” no puede perderse de vista que el Sr. H y actor en esta causa se retiró del hogar conyugal por un tiempo a instancia de la Sra. F., y luego le impidió ingresar nuevamente como consecuencia del cambio de cerradura que efectuara en una actitud que – como se dijo- ha sido evaluada de igual modo que la sentenciante de grado “.
Finalmente, los magistrados concluyeron que ” todo ello se encuentra ampliamente probado, y aunque la actora continúe negándolo incluso en esta instancia, irritó al accionante y motivó la denuncia penal que efectuara la esposa y que concluyó con el sobreseimiento del actor”.
Motivo por el cual, la Cámara resuelve confirmar la sentencia de primera instancia y decretar el divorcio vincular por culpa de ambos cónyuges
La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) faculta a los empleadores, bajo determinadas circunstancias, a modificar las condiciones laborales. Sin embargo, en algunas ocasiones, las compañías se exceden en el uso de esa atribución, conocida como "ius variandi", e incurren en conductas que generan perjuicios a los dependientes.
Por esta razón, ante un reclamo judicial, se suele condenar a las empresas a resarcirlos e, incluso, a restablecerles las condiciones laborales anteriores al cambio. Es por ello que los expertos recomiendan que si la modificación fuera imperiosa para la firma, es altamente conveniente extremar los recaudos. En este contexto, la Cámara laboral condenó a una empresa al pago de indemnizaciones por despido, al considerar que la modificación en las condiciones de trabajo de un empleado, concretamente el cambio de turno, había sido negativa para el dependiente ya que, pese a que no había un perjuicio económico, se generó una alteración en su vida familiar y social.
"Si bien la empresa dispuso el cambio de la jornada del trabajador de una nocturna a otra diurna, con el argumento de que ello obedecía a razones administrativas, lo cierto es que tal circunstancia no fue acreditada. Tampoco demostró haber obtenido el consentimiento del trabajador para efectuar una modificación tan radical en su horario de labor", comenzaron explicando los camaristas.
"La facultad de crear normas, que la ley atribuye al empleador, no se encuentra seccionada del sistema jurídico general. Las normas empresarias deben ser analizadas en cuanto a su validez y eficacia desde el punto de vista del ordenamiento general, de los derechos elementales de los ciudadanos y de las razones tenidas en vista por el legislador para acordar esta potestad normativa al empleador", explicaron los jueces.
"La modificación violenta del horario de la prestación, si bien no constituye una alteración de la extensión de la jornada (materia que no es pasible de modificación unilateral) requiere la invocación y demostración de una razón de gravedad suficiente como para ser justificada en términos de necesidad para la lógica de la continuidad de la relación", explicaron los magistrados.
Y agregaron: "Afectar el tiempo libre de este modo implica una modificación no sólo de la prestación del trabajador sino también de otros espacios como el del descanso, el de la vida familiar y el del esparcimiento".
"Dado que la simple posibilidad de que cualquier persona ajena, incluso al domicilio de que se trate, pueda retirarla o desecharla, hace perder la posibilidad siquiera de cumplir el efecto de anuncio o publicidad", agregó la sentencia. "En consecuencia, cabe concluir que tal circunstancia implica violentar el derecho de defensa en sede administrativa del contribuyente, al restringir, de tal modo, la garantía constitucional del debido proceso", concluyó la Cámara.
Si el destinatario no se encuentra, o se niega a firmar, el inspector deberá dejar constancia de ello en el acta respectiva. Asimismo, en los siguientes días, deberán concurrir al domicilio del interesado dos funcionarios de la AFIP para notificarlo. "Si tampoco fuera hallado, dejarán resolución o carta, que deben entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta", deja en claro la normativa vigente.