Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-795-de-2003?documento=legcol&contexto=legcol_75992041d87ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 14:23:55
Document Index: 244876056

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 68', 'artículo 113', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 335', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 80', 'artículo 82', 'artículo 80', 'artículo 83', 'artículo 82', 'artículo 88', 'artículo 53', 'artículo 88', 'artículo 94', 'artículo 208', 'artículo 96', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 104', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 113', 'artículo 320', 'artículo 60', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 119', 'artículo 98', 'artículo 122', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 98', 'artículo 152', 'artículo 158', 'artículo 98', 'artículo 119', 'artículo 182', 'artículo 184', 'artículo 2', 'artículo 186', 'artículo 193', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 209', 'artículo 211', 'artículo 22', 'artículo 212', 'artículo 208', 'artículo 209', 'artículo 208', 'artículo 83', 'artículo 213', 'e contrario', 'artículo 10', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 81', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 244', 'artículo 250', 'artículo 251', 'artículo 252', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 255', 'artículo 270', 'artículo 268', 'artículo 268', 'artículo 271', 'artículo 279', 'artículo 21', 'artículo 295', 'artículo 52', 'artículo 296', 'artículo 299', 'artículo 316', 'artículo 318', 'artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 320', 'artículo 322', 'artículo 320', 'artículo 323', 'artículo 324', 'artículo 325', 'artículo 325', 'artículo 268', 'artículo 5', 'artículo 325', 'artículo 325', 'artículo 326', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 291', 'artículo 305', 'artículo 326', 'artículo 327', 'artículo 189', 'artículo 54', 'artículo 330', 'artículo 335', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 53', 'artículo 316', 'artículo 113', 'artículo 1', 'artículo 142', 'artículo 48', 'artículo 65', 'artículo 69', 'artículo 98', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 335', 'artículo 108', 'artículo 314', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 113', 'artículo 108', 'artículo 45', 'artículo 96', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 61', 'artículo 86', 'artículo 279', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 151', 'artículo 190', 'artículo 317', 'artículo 303', 'artículo 326', 'artículo 41']

LEY 795 DE 14 DE ENERO DE 2003
CONTENIDO:SISTEMA FINANCIERO. SE MODIFICA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO. SE CONSAGRAN NUEVOS MECANISMOS PARA EVITAR LA TOMA DE POSESIÓN, INTRODUCE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE, OTORGA AL FOGAFIN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO O DIRECTAMENTE CON LOS DEUDORES DE CRÉDITO DE VIVIENDA. SE AMPLÍAN LAS CAUSALES DE SANCIÓN POR PARTE DE LA SUPERBANCARIA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1207 DE ENERO 30 DE 2003, PG.88
DIARIO OFICIAL N°:45064 DE ENERO 15 DE 2003
LEY DE REFORMA FINANCIERALEY 795 DE 2003
“Por la cual se ajustan algunas normas del estatuto orgánico del sistema financiero y se dictan otras disposiciones”.
ART. 1º—Adiciónase el numeral 1º del artículo 7º del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente literal:
*(Nota: Declarado exequible el presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-936 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el entendido que el reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe someterse a los objetivos y criterios señalados en el artículo 51 de la Constitución y en los artículos 1º y 2º de la Ley Marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al leasing habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda.)
ART. 2º—Adiciónase el numeral 1º del artículo 7º del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente literal:
ART. 3º—Adiciónase el artículo 24 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente literal:
ART. 4º—Adiciónase el numeral 1º del artículo 29 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente literal:
ART. 5º—Modifícase el literal e) del artículo 48 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
e) Determinar el patrimonio técnico, el patrimonio adecuado, el régimen de inversiones, el patrimonio requerido para la operación de los diferentes ramos de seguro y los límites al endeudamiento de las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización. Mediante esta facultad el Gobierno Nacional no podrá establecer inversiones forzosas;
ART. 6º—Adiciónanse los literales j), k) y l) al artículo 48 del estatuto orgánico del sistema financiero, los cuales quedarán así:
j) Regular los sistemas de pago y las actividades vinculadas con este servicio que no sean competencia del Banco de la República. Esta facultad se ejercerá previo concepto de la Junta Directiva del Banco de la República, a fin de que este organismo pueda pronunciarse sobre la incidencia de la regulación en las políticas a su cargo. De igual forma, corresponde al Gobierno Nacional establecer las condiciones para que las entidades objeto de intervención desarrollen actividades de comercio electrónico y utilicen los mensajes de datos de que trata la Ley 527 de 1999.
k) Establecer normas tendientes a prevenir el lavado de activos en las entidades objeto de intervención, sin perjuicio de las facultades propias de instrucción de la Superintendencia Bancaria.
ART. 7º—Adiciónase el estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente artículo, que se incorpora bajo el número 52:
ART. 52.—Intervención para el desarrollo de la medida de exclusión de activos y pasivos.
ART. 8º—Modifícanse los incisos tercero y cuarto del numeral 5º del artículo 53 del estatuto orgánico del sistema financiero y adiciónase un inciso al mismo numeral así:
b) Aquéllas a las cuales se haya declarado la extinción del dominio de conformidad con la Ley 333 de 1996, cuando hayan participado en la realización de las conductas a que hace referencia el artículo 2º de dicha ley;
d) Aquéllas que sean o hayan sido responsables del mal manejo de los negocios de la institución en cuya dirección o administración hayan intervenido.
Cuando quiera que al presentarse la solicitud o durante el trámite de la misma se establezca la existencia de un proceso en curso por los hechos mencionados en los incisos 3º y 4º del presente artículo, el Superintendente Bancario podrá suspender el trámite hasta tanto se adopte una decisión en el respectivo proceso.
ART. 9º—El numeral 3º del artículo 68 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
3. Procedimiento. Los contratantes en los negocios jurídicos celebrados intuitu personae, deberán expresar su rechazo o aceptación a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes al envío por correo certificado del aviso de cesión, a la dirección que figure como su domicilio en los registros de la entidad. De no recibirse respuesta dentro del término fijado se entenderá aceptada la cesión. El rechazo de la cesión facultará a la entidad para terminar el contrato sin que haya lugar a indemnización, procediendo a la liquidación correspondiente y a las restituciones mutuas a que haya lugar. En todo caso, no se requerirá la aceptación del contratante cedido cuando la cesión sea el resultado del ejercicio de la medida cautelar indicada en el artículo 113 del presente estatuto.
ART. 10.—Modifícase el numeral 5º del artículo 71 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
ART. 11.—Adiciónase el siguiente numeral al artículo 71 del estatuto orgánico del sistema financiero:
ART. 12.—El artículo 72 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 72.—Reglas de conducta y obligaciones legales de las entidades vigiladas, de sus administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios. Las entidades vigiladas, sus administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios, deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la obligación legal de abstenerse de realizar las siguientes conductas:
f) No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquéllas;
ART. 13.—Adiciónase el numeral 8º al artículo 73 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
ART. 14.—Adiciónase el artículo 74 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
ART. 15.—El numeral 2º del artículo 75 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
ART. 16.—Modifícanse los numerales 1º y 4º del artículo 80 del estatuto orgánico del sistema financiero, de la siguiente forma:
1. Capitales mínimos de las instituciones financieras. Los montos mínimos de capital que deberán acreditarse para solicitar la constitución de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, serán de cuarenta y cinco mil ochenta y cinco millones de pesos ($ 45.085.000.000) para los establecimientos bancarios; de dieciséis mil trescientos noventa y cinco millones de pesos ($ 16.395.000.000) para las corporaciones financieras; de once mil seiscientos trece millones de pesos ($ 11.613.000.000) para las compañías de financiamiento comercial; de tres mil cuatrocientos diecisiete millones de pesos ($ 3.417.000.000) para las sociedades fiduciarias; de seis mil ochocientos treinta y un millones de pesos ($ 6.831.000.000) para las sociedades administradoras de fondos de pensiones; de tres mil cuatrocientos diecisiete millones de pesos ($ 3.417.000.000) para las sociedades administradoras de fondos de cesantías, el cual se acumulará al requerido para las sociedades administradoras de fondos de pensiones, cuando la sociedad administre fondos de pensiones y de cesantías, y de dos mil setecientos treinta y tres millones de pesos ($ 2.733.000.000) para las demás entidades financieras. Estos montos se ajustarán anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. El valor resultante se aproximará al múltiplo en millones de pesos inmediatamente superior. El primer ajuste se realizará en enero de 2003, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor durante 2002.
Para las entidades aseguradoras, con excepción de aquéllas que tengan como objeto exclusivo el ofrecimiento del ramo de seguro de crédito a la exportación y de aquéllas que efectúen actividades propias de las compañías reaseguradoras, el capital mínimo será de cinco mil quinientos millones de pesos ($ 5.500.000.000), ajustados anualmente de la forma como se establece en el inciso anterior, más el patrimonio requerido para operar los diferentes ramos de seguro, cuyo monto será determinado por el Gobierno Nacional. Las entidades reaseguradoras y aquellas entidades aseguradoras que efectúen actividades propias de las entidades reaseguradoras deberán acreditar como capital mínimo veintidós mil millones de pesos ($ 22.000.000.000), ajustados anualmente en la forma prevista en el inciso anterior. Este último monto comprende el patrimonio requerido para operar los diferentes ramos de seguro.
Los montos mínimos de capital de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que se modifican mediante la presente ley, rigen a partir del 1º de enero de 2003.
4. El monto mínimo de capital previsto por el numeral primero de este artículo deberá ser cumplido de manera permanente por las entidades en funcionamiento, salvo los establecimientos de crédito. Para este efecto, el capital mínimo de funcionamiento resultará de la suma de las siguientes cuentas patrimoniales: capital suscrito y pagado, capital garantía, reservas, superávit por prima en colocación de acciones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y revalorización de patrimonio, y se deducirán las pérdidas acumuladas. Igualmente se tendrán en cuenta los bonos obligatoriamente convertibles en acciones en los términos del parágrafo 1º del numeral 5º de este artículo. Así mismo, en el caso de las entidades que sean objeto de las medidas a que se refieren los artículos 48, literal i) y 113 de este estatuto, podrán tomarse en cuenta los préstamos subordinados, convertibles en acciones o redimibles con recursos obtenidos por la colocación de acciones que se otorguen a la entidad financiera, en las condiciones que fije el Gobierno Nacional. Dichos préstamos podrán ser otorgados por entidades financieras en los casos y con las condiciones que fije el gobierno.
ART. 17.—Modifícanse los numerales 2º y 3º del artículo 82 del estatuto orgánico del sistema financiero, los cuales quedarán así:
a) Patrimonio técnico. El patrimonio técnico de las entidades aseguradoras estará conformado por los rubros y ponderaciones que determine el Gobierno Nacional.
El margen de solvencia se determinará en función del importe de las primas o de la carga media de siniestralidad, el que resulte más elevado. El Gobierno Nacional establecerá la periodicidad, forma, riesgos y elementos técnicos de los factores que determinan el margen de solvencia.
3. Patrimonio requerido para operar los diferentes ramos de seguro. El Gobierno Nacional establecerá el patrimonio requerido para operar los diferentes ramos de seguro que les sean autorizados a las entidades aseguradoras. Para efectos del cálculo del capital mínimo, los patrimonios requeridos se sumarán al valor absoluto señalado en el numeral 1º del artículo 80 de este estatuto.
ART. 18.—Adiciónase un numeral 4º al artículo 83 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
4. Por los defectos mensuales en que incurran las entidades aseguradoras en el margen de solvencia a que se refiere el numeral 2º del artículo 82 del estatuto orgánico del sistema financiero, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa a favor del tesoro nacional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) sobre el valor del defecto patrimonial que presenten mensualmente, sin exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno punto cinco por ciento (1.5%) de patrimonio requerido para dar cumplimiento a dichas relaciones.
ART. 19.—Modifícase el segundo inciso del numeral 1º del artículo 88 del estatuto orgánico del sistema financiero, que quedará así:
Para efectos de impartir su autorización, el Superintendente Bancario deberá verificar que la persona interesada en adquirir las acciones no se encuentra en alguna de las situaciones mencionadas en los incisos 3º, 4º y 5º del numeral 5º del artículo 53 del presente estatuto y, adicionalmente, que la inversión que desea realizar cumple con las relaciones previstas en el inciso 6º del citado numeral 5º, salvo, en este último caso, que se trate de transacciones de acciones realizadas con préstamos otorgados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, con el propósito de restablecer la solidez patrimonial de entidades vigiladas.
ART. 20.—Adiciónase el siguiente inciso al numeral 3º del artículo 88 del estatuto orgánico del sistema financiero:
ART. 21.—El artículo 94 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
ART. 94.—Oficinas de representación de instituciones financieras y reaseguros del exterior.
6. Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las disposiciones que rigen la actividad de las oficinas de representación será sancionado por la Superintendencia Bancaria en la forma prevista en los artículos 209 y 211 del presente estatuto. Además, dando aplicación al numeral 2º del artículo 208 del presente estatuto, la Superintendencia Bancaria podrá ordenar la clausura de la oficina de representación y la remoción del representante.
ART. 22.—El artículo 96 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 96.—Conservación de archivos y documentos. Los libros y papeles de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no menor de cinco años (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales. Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta.
PAR.—La administración y conservación de los archivos de las entidades financieras públicas en liquidación, se someterá a lo previsto para las entidades financieras en liquidación por el estatuto orgánico del sistema financiero y demás normas que lo modifiquen o adicionen. Una vez transcurridos cinco años se deberá realizar la reproducción correspondiente, a través de cualquier medio técnico adecuado y transferirse al Archivo General de la Nación.
Las historias laborales de los exfuncionarios de las entidades financieras públicas en liquidación, deberán ser transferidas a la entidad a la cual estaban vinculadas o adscritas una vez finalice el proceso de liquidación correspondiente.
ART. 23.—Modifícase el numeral 1º del artículo 97 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas.
En tal sentido, no está sujeta a reserva la información correspondiente a los activos y al patrimonio de las entidades vigiladas, sin perjuicio del deber de sigilo que éstas tienen sobre la información recibida de sus clientes y usuarios.
4.1. Deber general.
Las instituciones sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, en cuanto desarrollan actividades de interés público, deberán emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes a fin de que éstos reciban la atención debida en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan con aquéllas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones.
4.2. Defensor del cliente.
Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán contar con un defensor del cliente, cuya función será la de ser vocero de los clientes o usuarios ante la respectiva institución, así como conocer y resolver las quejas de éstos relativas a la prestación de los servicios.
4.3. Procedimiento para el conocimiento de las quejas.
(Previo al sometimiento ante la Superintendencia Bancaria de las quejas individuales relacionadas con la prestación de servicios por parte de las instituciones vigiladas que en virtud de sus competencias pueda conocer)*, el cliente o usuario deberá presentar su reclamación al defensor, quien deberá pronunciarse sobre ella en un término que en ningún caso podrá ser superior a quince (15) días hábiles, contados desde el momento en que cuente con todos los documentos necesarios para resolver la queja.
4.4. Sanciones.
El incumplimiento de las obligaciones a cargo del defensor del cliente será sancionado por la Superintendencia Bancaria en la forma prevista en la parte séptima del presente estatuto.
En los términos de dichas disposiciones las instituciones vigiladas podrán ser sancionadas por no designar al defensor del cliente, por no efectuar las apropiaciones necesarias para el suministro de los recursos humanos y técnicos que requiera su adecuado desempeño o por no proveer la información que necesite en ejercicio de sus funciones. El defensor del cliente podrá ser sancionado por el incumplimiento de las obligaciones que le son propias.
PAR.—El defensor del cliente podrá desempeñar su función simultáneamente en varias instituciones vigiladas. Se excluye de la obligación de contar con un defensor del cliente a los bancos de redescuento.
*(Nota: la expresión “Previo al sometimiento ante la Superintendencia Bancaria de las quejas individuales relacionadas con la prestación de servicios por parte de las instituciones vigiladas que en virtud de sus competencias pueda conocer”, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1150 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
ART. 25.—Adiciónase el siguiente numeral al artículo 98 del estatuto orgánico del sistema financiero:
5. Con el propósito de garantizar el derecho de los consumidores, las instituciones financieras deberán proporcionar la información suficiente y oportuna a todos los usuarios de sus servicios, permitiendo la adecuada comparación de las condiciones financieras ofrecidas en el mercado. En todo caso, la información financiera que se presente al público deberá hacerse en tasas efectivas. El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general, determinará la periodicidad y forma como deberá cumplirse esta obligación.
ART. 26.—Adiciónase el artículo 98 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
6. Conflictos de interés. Dentro del giro de los negocios de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, los directores, representantes legales, revisores fiscales y en general todo funcionario con acceso a información privilegiada tiene el deber legal de abstenerse de realizar cualquier operación que de lugar a conflictos de interés.
Adicionalmente, la Superintendencia Bancaria podrá calificar de manera general y previa la existencia de tales conflictos respecto de cualquier institución vigilada.
ART. 27.—El artículo 104 del estatuto orgánico del sistema financiero, modificado por el artículo 25 de la Ley 365 de 1997, quedará así:
ART. 104.—Información periódica. Toda institución financiera deberá informar a la unidad de información y análisis financiero, UIAF, la totalidad de las transacciones en efectivo de que trata el artículo anterior, conforme a las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia Bancaria, en aplicación del artículo 10 de la Ley 526 de 1999.
ART. 28.—Adiciónase el artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
c) Con los activos excluidos se conformará un patrimonio que estará separado para todos los efectos legales del patrimonio de la entidad de la cual fue excluido, así como del patrimonio de aquélla que en virtud de la medida cautelar prevista en este numeral lo administre. Dicho patrimonio estará afecto exclusivamente a los propósitos establecidos en el presente estatuto y podrá ser administrado por un establecimiento de crédito en virtud de un contrato de administración no fiduciario o por una sociedad fiduciaria en virtud de un contrato de fiducia mercantil. Los pasivos a favor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y del Banco de la República serán transferidos a este patrimonio;
d) La exclusión comprenderá activos por la diferencia positiva, si la hay, resultante de restar al activo registrado en el último balance disponible de la institución sujeto de la medida, antes de la adopción de la misma, el pasivo externo a cargo de ésta, teniendo en cuenta los ajustes que en relación con dicho balance sean necesarios a juicio de la Superintendencia Bancaria. En todo caso, se procurará que exista equivalencia entre el valor atribuido a los activos transferidos al patrimonio conformado en virtud de lo previsto en el literal c) del presente numeral y los pasivos excluidos;
f) Con el fin de hacer viable la medida de exclusión, en caso de que no exista la equivalencia entre los activos y pasivos objeto de la misma a que se refiere el literal precedente, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, dentro del marco de sus atribuciones legales y, en especial, del numeral 6º del artículo 320 del estatuto orgánico del sistema financiero, podrá suscribir títulos de deuda de pago subordinado a cargo del patrimonio al que se transfieran los activos, con el fin de que los activos existentes tengan un valor que corresponda cuando menos al de los pasivos excluidos. Dentro de los activos excluidos podrán incluirse activos castigados;
l) La transferencia de activos y pasivos se entenderá perfeccionada con la protocolización del documento o documentos privados que la contengan y tratándose de derechos cuya tradición o constitución esté sujeta a registro, bastará con la inscripción de copia de la correspondiente escritura de protocolización, caso en el cual se dará aplicación a lo previsto en el numeral 4º del artículo 60 del estatuto orgánico del sistema financiero;
PAR.—Las menciones al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que se hagan en el presente numeral, se entenderán también efectuadas al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, cuando se trate de operaciones realizadas con entidades cooperativas inscritas en dicho fondo”.
ART. 29.—Adiciónase el artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
“12. Programa de desmonte progresivo. El programa de desmonte progresivo es una medida cautelar que procede para la protección de los ahorradores e inversionistas y que busca evitar que las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria incurran en causal de toma de posesión o para prevenirla. Esta medida procederá cuando la institución vigilada prevea que en el mediano plazo no podrá continuar cumpliendo con los requerimientos legales para funcionar en condiciones adecuadas, siempre y cuando se garantice la adecuada atención de los ahorros del público. Para este caso, la entidad deberá adoptar y someter a la aprobación de la Superintendencia Bancaria un programa de desmonte progresivo de sus operaciones financieras o de seguros. La Superintendencia Bancaria podrá exceptuar a las entidades en desmonte de los requerimientos legales de una entidad en marcha”.
ART. 30.—Adiciónase el numeral 13 del artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
“13. Provisión para el pago de pasivos laborales. Del total de los activos que posea la institución financiera al momento de la aplicación de la medida preventiva de exclusión o desmonte progresivo se constituirá la provisión correspondiente para el pago de las acreencias laborales, prestaciones sociales y/o indemnizaciones legales o convencionales existentes, con el fin de garantizar la cancelación de los mismos”.
ART. 31.—Adiciónase el artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente parágrafo:
“PAR.—Las medidas contempladas en los numerales 11 y 12 del presente artículo, podrán ser aplicables en situaciones de reorganización o desmonte total o parcial de instituciones financieras en cuyo capital participe mayoritariamente la Nación, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras u otras entidades de derecho público.
El Gobierno Nacional podrá disponer mediante normas de carácter general que en la transferencia que se dé como consecuencia de la aplicación de la medida de exclusión, se incluyan otros pasivos a cargo de la institución financiera de naturaleza pública respecto de la cual recaiga la medida, caso en el cual alguno o algunos de tales pasivos podrán quedar a cargo del patrimonio constituido conforme a lo establecido en el literal c) numeral 11 del presente artículo. El contrato de administración de los activos excluidos se celebrará con la entidad que designe el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en los términos y condiciones que este mismo determine y se sujetará a las reglas del derecho privado. La administración de los activos excluidos podrá ser confiada a la Central de Inversiones S.A., CISA, mientras el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras mantenga la participación de capital mayoritaria en la misma”.
ART. 32.—El numeral 1º del artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
“ART. 114.—Causales.
1. Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor:”.
ART. 33.—Adiciónase el numeral 1º del artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero con los siguientes literales:
l) Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la Superintendencia Bancaria”.
ART. 34.—Adiciónase al literal a), numeral 2º del artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero, el siguiente inciso:
“Tratándose de las entidades aseguradoras, se entenderá configurada esta causal por defecto del fondo de garantía”.
ART. 35.—El literal c) del numeral 3º del artículo 119 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
“c) No podrán celebrarse operaciones que impliquen conflictos de interés. La Superintendencia Bancaria determinará y calificará en la forma prevista en los incisos 2º y 3º del numeral 6º del artículo 98 del presente estatuto, la existencia de tales conflictos. Así mismo, podrá establecer mecanismos a través de los cuales se subsane la situación de conflicto de interés, si a ello hubiere lugar”.
ART. 36.—El numeral 1º del artículo 122 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la entidad para con el público, según el tipo de operación, salvo las que se celebren con los administradores para atender sus necesidades de salud, educación, vivienda y transporte de acuerdo con los reglamentos que para tal efecto previamente determine la junta directiva de manera general”.
ART. 37.—El numeral 5º del artículo 146 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
La Superintendencia Bancaria podrá establecer límites a los recursos de los negocios administrados por las sociedades fiduciarias, que dichas entidades pueden mantener en depósitos a la vista en su matriz o en las filiales o subsidiarias de ésta.
Los límites establecidos por la Superintendencia Bancaria no se aplicarán cuando el fideicomitente, de manera expresa y por escrito, autorice que sus recursos sean depositados en las referidas entidades”.
ART. 38.—Adiciónase el artículo 146 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
“9. Conflictos de interés. Los directores, representantes legales, revisores fiscales y en general todo funcionario de entidades fiduciarias con acceso a información privilegiada deberá abstenerse de realizar cualquier operación que de lugar a conflictos de interés entre el fiduciario y el fideicomitente o los beneficiarios designados por éste. La Superintendencia Bancaria determinará y calificará en la forma prevista en los incisos 2º y 3º del numeral 6º del artículo 98 del presente estatuto, la existencia de tales conflictos. Así mismo, podrá establecer mecanismos a través de los cuales se subsane la situación de conflicto de interés, si a ello hubiere lugar”.
ART. 39.—Modifícase el numeral 3º del artículo 152 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
En todo caso, las entidades no podrán invertir en títulos de los cuales sean emisoras, aceptantes o garantes las sociedades matrices o subordinadas de la respectiva institución fiduciaria“.
ART. 40.—El numeral 1º del artículo 158 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
“1. Conflictos de interés. Las administradoras y sus directores, representantes legales o cualquier funcionario con acceso a información privilegiada deberán abstenerse de realizar cualquier operación que de lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas y aportantes de capital y los fondos o patrimonios que administran. La Superintendencia Bancaria determinará y calificará en la forma prevista en los incisos 2º y 3º del numeral 6º del artículo 98 del presente estatuto, la existencia de tales conflictos. Así mismo, podrá establecer mecanismos a través de los cuales se subsane la situación de conflicto de interés, si a ello hubiere lugar.
Cuando su matriz sea una de las entidades a que se refiere el numeral 1º del artículo 119 del presente estatuto, las administradoras no podrán realizar las operaciones a que se refieren los numerales 2º y 3º del mismo artículo”.
ART. 41.—Adiciónase el numeral 5º al artículo 182 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
“5. Por los defectos en la inversión de las reservas en que incurran las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización, la Superintendencia Bancaria impondrá multas a favor del tesoro nacional por el equivalente al 3.5% del defecto presentado en cada mes calendario”.
ART. 42.—Modifícase el numeral 1º del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 389 de 1997, los modelos de las pólizas y sus anexos deberán enviarse a la Superintendencia Bancaria para su correspondiente depósito, en las condiciones que determine dicho organismo”.
ART. 43.—El artículo 186 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
“ART. 186.—Régimen de reservas técnicas e inversiones. Las entidades aseguradoras y las que administren el sistema general de riesgos profesionales, cualquiera que sea su naturaleza, deberán constituir, entre otras, las siguientes reservas técnicas, de acuerdo con las normas de carácter general que para el efecto expida el Gobierno Nacional:
El Gobierno Nacional señalará las reservas técnicas adicionales a las señaladas que se requieran para la explotación de los ramos. Así mismo, dictará las normas que determinen los aspectos técnicos pertinentes, para garantizar que los diferentes tipos de seguros que se expidan dentro del sistema de seguridad social cumplan con los principios que los rigen”.
ART. 44.—Modifícase el numeral 5º del artículo 193 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
“5. Facultades del Gobierno Nacional en relación con los términos de la póliza (y contribución al Fosyga)*. Por tratarse de un seguro obligatorio de forzosa contratación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señalará con carácter uniforme las condiciones generales de las pólizas, (las tarifas máximas que puedan cobrarse por el mismo, así como el valor de la contribución al Fondo de Solidaridad y Garantía. El valor de ésta contribución deberá calcularse como la suma entre un porcentaje de la prima anual del seguro y un porcentaje del valor comercial del vehículo. En todo caso, éste valor no podrá exceder un 100% del valor de la prima anual.)* La Superintendencia Bancaria revisará periódicamente las condiciones técnicas y financieras de la operación de este seguro, propósito para el cual solicitará a las entidades aseguradoras la información que estime conveniente.
(PAR. 1º—Estarán libres de contribución a cualquier institución o fondo, las primas del SOAT sobre motocicletas hasta 200 cc de cilindrada. En consecuencia, la prima del SOAT para estos vehículos cubrirá exclusivamente el costo del riesgo que actuarialmente se determine para ellos, considerándolos con un criterio de favorabilidad frente a otros de mayor capacidad de pasajeros y cilindrada.
PAR. 2º—Para efectos de la fijación de las primas, el Gobierno Nacional fijará las políticas de imputación de la accidentalidad vial, teniendo en cuenta la responsabilidad en la causación del accidente”.)*
(Nota: Véase Decreto 2078 de 2003 artículo 1º del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Se declaran inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-312 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, las siguientes expresiones “y contribución al Fosyga”; “las tarifas máximas que puedan cobrarse por el mismo, así como el valor de la contribución al Fondo de Solidaridad y Garantía. El valor de esta contribución deberá calcularse como la suma entre un porcentaje de la prima anual del seguro y un porcentaje del valor comercial del vehículo. En todo caso este valor no podrá exceder un 100% del valor de la prima anual”, así como los parágrafos 1º y 2º del siguiente artículo)
ART. 45.—Sustitúyase la parte séptima del estatuto orgánico del sistema financiero, la cual quedará así:
“PARTE SÉPTIMA
ART. 208.—Reglas generales. Se establece en esta parte del estatuto el régimen sancionatorio administrativo aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, así como a los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados de éstas.
La Superintendencia Bancaria en la aplicación de las sanciones administrativas orientará su actividad siguiendo los siguientes principios:
a) Principio de contradicción, la Superintendencia Bancaria tendrá en cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló pliego de cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso administrativo sancionatorio;
c) Principio ejemplarizante de la sanción, según el cual la sanción que se imponga persuada a los demás directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales o funcionarios o empleados de la misma entidad vigilada en la que ocurrió la infracción y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de abstenerse de vulnerar la norma que dio origen a la sanción, y
d) Principio de la revelación dirigida, según el cual la Superintendencia Bancaria podrá determinar el momento en que se divulgará la información en los casos en los cuales la revelación de la sanción puede poner en riesgo la solvencia o seguridad de las entidades vigiladas consideradas individualmente o en su conjunto. Adicionalmente, la Superintendencia Bancaria aplicará los principios orientadores de las actuaciones administrativas establecidos en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.
g) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia Bancaria;
Las siguientes son las sanciones de carácter administrativo que la Superintendencia Bancaria puede imponer:
b) Multa pecuniaria a favor del tesoro nacional. Cuando se trate de las sanciones previstas en el artículo 209 de este estatuto, la multa podrá ser hasta de ciento diez millones de pesos ($ 110.000.000) del año 2002. Cuando se trate de las sanciones previstas en el artículo 211 de este estatuto y no exista norma especial que establezca la respectiva sanción, la multa podrá ser hasta de quinientos cincuenta millones de pesos ($ 550.000.000) del año 2002;
En el caso de instituciones vigiladas que cuenten con casillero de correspondencia en la Superintendencia Bancaria, de conformidad con la reglamentación que ésta expida al efecto, las notificaciones mediante comunicación previstas en el literal f) de este numeral, de carácter institucional o las personales a los administradores indicados en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, que presten sus servicios a una entidad vigilada al momento de la notificación, podrán hacerse a través del casillero de correspondencia.
Las resoluciones que pongan fin a la actuación administrativa y las que resuelvan el recurso interpuesto contra éstas se notificarán personalmente, o por edicto si el interesado no compareciere dentro del término de los cinco (5) días siguientes al envío por correo certificado de la citación respectiva.
PAR.—Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimiento administrativo que se adelante para establecer la comisión de infracciones a las disposiciones que rigen la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria;
p) Devolución de multas. En el evento en que el acto administrativo mediante el cual se haya impuesto por la Superintendencia Bancaria una multa a favor del tesoro nacional sea declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la multa ya hubiere sido consignada a favor del tesoro nacional, el Ministerio de Hacienda procederá a la devolución de la suma respectiva a la persona a cuyo favor se hubiere proferido la sentencia, lo cual se hará en la forma y términos previstos en la sentencia y en los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, y
5. Autoliquidaciones
Si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la información aludida no se presentan objeciones por parte de la Superintendencia Bancaria, dicha declaración quedará en firme. La entidad vigilada, podrá por una sola vez, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la declaración adicionar o aclarar la información presentada.
En el evento de que la Superintendencia Bancaria formule objeciones dentro de los sesenta (60) días previstos en este numeral, la entidad vigilada contará con un término, por una sola vez, de quince (15) días contados a partir de la fecha de la comunicación que objete la liquidación, para controvertir la misma. Si la entidad vigilada, dentro de este plazo, no se pronuncia o se allana a las objeciones de la Superintendencia Bancaria la liquidación quedará en firme. Si la controvierte, bajo fundadas razones, el pronunciamiento emitido por el organismo de control sobre las mismas tendrá del carácter de definitivo y dejará en firme la respectiva liquidación.
Transcurrido el plazo precitado sin que se haya efectuado la consignación aludida, se generarán intereses de mora en los términos señalados en el numeral 1º del artículo 212 de este estatuto. En este evento la Superintendencia Bancaria podrá cobrar la obligación por jurisdicción coactiva para lo cual constituye título ejecutivo la declaración junto con la certificación de haber quedado en firme expedida por el funcionario que el Superintendente Bancario determine mediante acto general.
6. Caducidad
Las actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante la Superintendencia Bancaria, tendrán el carácter de reservadas frente a terceros. Las sanciones no serán objeto de reserva una vez notificadas, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del numeral 1º del artículo 208 del presente estatuto en relación con el principio de revelación dirigida.
ART. 209.—Sanciones administrativas personales. La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en el presente estatuto a los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados de una institución sujeta a su vigilancia cuando incurran en cualquiera de los siguientes eventos:
b) Ejecuten actos que resulten violatorios de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales o de cualquier norma legal a la que éstos en ejercicio de sus funciones o la institución vigilada deban sujetarse;
ART. 211.—Sanciones administrativas institucionales.
Están sujetas a las sanciones previstas en el presente estatuto, las instituciones sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria cuando:
b) Ejecuten o autoricen actos que resulten violatorios de la ley, de los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley en desarrollo de sus facultades de intervención, de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones, y
c) Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en ejercicio de sus atribuciones, cuando dicho incumplimiento constituya infracción a la ley; lo anterior sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.
2. Disposiciones relativas a las sociedades administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía.
Lo dispuesto en los artículos 83 numeral 2º y 162 numeral 5º de este estatuto se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puede imponer la Superintendencia Bancaria en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 209 del mismo.
3. Disposiciones relativas a la prevención de conductas delictivas.
Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el capítulo XVI de la parte tercera del estatuto orgánico del sistema financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos ($ 1.742.000.000) de 2002.
Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá ordenar al establecimiento multado que destine una suma hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos ($ 1.742.000.000) de 2002 a la implementación de mecanismos correctivos de carácter interno que deberá acordar con el mismo organismo de control.
Estas sumas se reajustarán en la forma prevista en el numeral 3º del artículo 208 de este estatuto.
ART. 212.—Intereses.
A partir de la ejecutoria de cualquier resolución por medio de la cual la Superintendencia Bancaria imponga una sanción y hasta el día de su cancelación, las personas y entidades sometidas a su control y vigilancia deberán reconocer en favor del tesoro nacional un interés mensual equivalente a una y media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria para el respectivo período, sobre el valor insoluto de la sanción.
2. Disposiciones relativas a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.
A partir de la ejecutoria de la resolución por medio de la cual se imponga cualquiera de las sanciones a que aluden los artículo 83 numeral 2º y 162 numeral 5º del presente estatuto y hasta el día en que se cancele el valor de la multa impuesta, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía reconocerán en favor del tesoro nacional un interés mensual equivalente a una y media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria para el respectivo período, sobre el valor insoluto de la sanción.
“PAR.—Una vez la Superintendencia Bancaria certifique las diferentes tasas de interés bancario corriente de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto, la tasa de interés que se deberá reconocer sobre el valor insoluto de la sanción en los eventos descritos en los numerales anteriores será equivalente a una y media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria para los créditos de consumo del respectivo período”.
ART. 46.—Modifícase el artículo 213 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
ART. 213.—Normas aplicables a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, entidades aseguradoras, sociedades de capitalización y otras instituciones financieras, corredores de seguros y corredores de reaseguros. Serán aplicables a las corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, sociedades de servicios financieros y sociedades de capitalización las normas que regulan los establecimientos bancarios, en todo lo que no resulte contrario a sus disposiciones especiales.
Además de las normas especiales que regulan su actividad, le serán aplicables las siguientes normas a las entidades aseguradoras, corredores de seguros y corredores de reaseguros: artículo 10 literales b), c), g); artículo 73 numerales 1º, 2º, 4º, 5º y 6º; artículo 74; artículo 81 numerales 1º, 2º, 3º y 4º; artículo 84 numerales 1º y 2º; y artículo 85 del estatuto orgánico del sistema financiero.
ART. 47.—Modifícanse los artículos 233, 234 y 235 del estatuto orgánico del sistema financiero, los cuales quedarán así:
ART. 233.—Naturaleza jurídica. El Banco Agrario de Colombia S.A., Banagrario, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, organizado como establecimiento de crédito bancario y vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ART. 234.—Objeto social. El objeto del banco consiste en financiar, en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas con las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.
En desarrollo de su objeto social, el Banco Agrario de Colombia S.A., Banagrario, podrá celebrar todas las operaciones autorizadas a los establecimientos de crédito bancarios.
ART. 235.—Cuando por disposición legal o reglamentaria, o por solicitud del Gobierno Nacional, el banco deba realizar operaciones en condiciones de rentabilidad inferiores a las del mercado, o que no garanticen el equilibrio financiero para la entidad, o destinadas a subsidiar un sector específico, este las llevará a cabo únicamente cuando cuente con las asignaciones presupuestales respectivas.
PAR.—La presente disposición entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2004.
ART. 48.—Sustitúyase el capítulo tercero de la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
ART. 240.—Organización.
El Fondo Nacional de Garantías S.A., cuya denominación social podrá girar bajo la sigla “FNG S.A.”, es una sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del orden nacional, cuya creación fue autorizada mediante el Decreto 3788 del 29 de diciembre de 1981 y vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico. El Fondo Nacional de Garantías S.A. se someterá a la supervisión de la Superintendencia Bancaria y a las reglas prudenciales sobre margen de solvencia, patrimonio técnico, constitución de reservas técnicas y demás normas que determine el Gobierno Nacional a partir del 1º de enero de 2004.
PAR.—Por motivos del reordenamiento del Estado, el Gobierno Nacional podrá ordenar la vinculación del Fondo Nacional de Garantías S.A. a otro ministerio.
El Fondo Nacional de Garantías S.A. se regirá por las normas consagradas en este estatuto, así como por las disposiciones relativas a las sociedades de economía mixta que resulten de su composición accionaria, por el Código de Comercio, por las demás normas complementarias y concordantes y por sus estatutos.
3. Objeto social.
El objeto social del Fondo Nacional de Garantías S.A. consiste en obrar de manera principal pero no exclusiva como fiador o bajo cualquier otra forma de garante de toda clase de operaciones activas de las instituciones financieras con los usuarios de sus servicios, sean personas naturales o jurídicas, así como actuar en tales calidades respecto de dicha clase de operaciones frente a otra especie de establecimientos de crédito legalmente autorizados para desarrollar actividades, sean nacionales o extranjeros, patrimonios autónomos constituidos ante entidades que legalmente contemplen dentro de sus actividades el desarrollo de estos negocios, las entidades cooperativas y demás formas asociativas del sector solidario, las fundaciones, las corporaciones, las cajas de compensación familiar y otros tipos asociativos privados o públicos que promuevan programas de desarrollo social. El Fondo Nacional de Garantías S.A., dentro del giro ordinario de sus negocios, estará facultado para otorgar garantías sobre créditos y otras operaciones activas de esta naturaleza que se contraigan a favor de entidades que no posean la calidad de intermediarios financieros, por parte de personas naturales o jurídicas que obran como comercializadores o distribuidores de sus productos y bienes en el mercado.
El Fondo Nacional de Garantías S.A. tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. y podrá establecer sucursales o agencias en otros lugares del país, según determine su junta directiva y con sujeción a las normas aplicables sobre la materia.
ART. 241.—Operaciones autorizadas. En desarrollo de su objeto social el Fondo Nacional de Garantías S.A. podrá realizar las siguientes operaciones:
j) Suscribir o adquirir, a cualquier título, acciones, partes sociales o cuotas de interés de sociedades con ánimo de lucro, mediante aportes en dinero, bienes o servicios. Así mismo, podrá realizar toda clase de inversiones en moneda legal o extranjera y orientar sus recursos a la adquisición de activos no monetarios, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, negociar títulos valores u otros documentos para el debido desarrollo de su actividad o como inversión de fomento o utilizaciones rentables, permanentes o transitorias, de fondos o disponibilidades, con sujeción a las disposiciones que determine el Gobierno Nacional, y
ART. 242.—Dirección y administración del Fondo Nacional de Garantías, FNG S.A. La dirección y administración del Fondo Nacional de Garantías S.A., estará a cargo de la asamblea general de accionistas, la junta directiva, el presidente quien será su representante legal y demás órganos que prevean sus estatutos.
b) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y
ART. 243.—Disposiciones finales.
1. Convocatoria a asamblea general de accionistas.
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente normatividad, el representante legal del Fondo Nacional de Garantías S.A. deberá convocar a una asamblea general de accionistas para considerar la adecuación de sus estatutos a las disposiciones contempladas bajo este título y tomar las demás decisiones de su competencia, con sujeción a las normas pertinentes.
2. Régimen de los actos y contratos.
Los contratos que correspondan al giro ordinario de las actividades propias del objeto social del Fondo Nacional de Garantías S.A., así como la disposición de bienes cuyo derecho de dominio se le haya transferido por adjudicación o a título de dación en pago o, en general cualquier tipo de negociaciones como resultado del ejercicio de las acciones de recobro de garantías pagadas, se regirán por las reglas propias del derecho privado.
ART. 49.—Modifícase el artículo 244 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
ART. 244.—Naturaleza jurídica. El Banco Central Hipotecario es una sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en liquidación.
ART. 50.—El artículo 250 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 250.—Organización. El objeto principal del Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, creado por el Decreto 1157 de 1940, es prospectar y promover la fundación de nuevas empresas, colaborar en el establecimiento de las de iniciativa particular y pública, y contribuir al desarrollo y reorganización de las ya existentes, a través de las operaciones de redescuento. Estas empresas deberán estar dedicadas principalmente a la explotación de industrias básicas y de transformación de materias primas nacionales, que la iniciativa y el capital particulares no desarrollen satisfactoriamente, así como las demás actividades de desarrollo económico que el país requiera y que no estén siendo atendidas suficientemente y de forma directa por el sistema financiero.
ART. 51.—El artículo 251 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 251.—Dirección y administración.
La junta directiva del Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, estará conformada así:
c) Tres miembros nombrados por el Presidente de la República.
El Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, tendrá un presidente de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República.
No podrán ser miembros de la junta directiva del Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, los directores, representantes legales o empleados con acceso a información privilegiada de corporaciones financieras, de bancos comerciales y de compañías de seguros privados.
ART. 52.—Modifícase el numeral 2º y adiciónase un numeral al artículo 252 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
De las partidas anuales que el Gobierno Nacional destine para el Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, solamente se consideran como aportes de capital y por lo tanto convertibles en acciones, los saldos que resulten después de cancelar las pérdidas ocurridas en los ejercicios anteriores. Los aportes de capital que realice el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, no se destinarán para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
4. Inversiones de capital.
El IFI únicamente podrá mantener las inversiones de capital en compañías de financiamiento comercial y en sociedades fiduciarias que posea al momento de la expedición de la presente ley, que utilizará en razón de su especialización funcional, como complemento y/o instrumento para el desarrollo de las operaciones de fomento que le son propias.
ART. 53.—El artículo 253 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 253.—Operaciones.
El Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, en desarrollo de su objeto social podrá:
Para los efectos de esta literal, la junta directiva del Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, definirá de manera general los requisitos que deberán cumplir dichas entidades para acceder a los recursos del instituto. La junta, entre otros aspectos, tendrá en cuenta niveles adecuados de patrimonio, idoneidad ética y profesional de los administradores, capacidad operativa, así como los controles internos, de revisoría fiscal y auditoría externa;
k) Celebrar convenios interadministrativos y contratos con particulares para la conceptualización, desarrollo, coordinación y ejecución de proyectos de banca de inversión, y
PAR. 1º—El Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, no estará sujeto al régimen de inversiones forzosas.
PAR. 2º—En ningún caso el IFI podrá asumir riesgo directo en las operaciones que desarrolle a excepción de las operaciones de crédito para financiar la venta de bienes recibidos en pago, ni realizar inversiones de capital. Por ende el IFI deberá incorporar en sus operaciones coberturas de riesgo, contragarantías o instrumentos similares que trasladen el riesgo directo de las operaciones que realice.
2. Operaciones conexas.
En desarrollo del objeto social principal el Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, podrá celebrar toda clase de actos o negocios jurídicos directamente relacionados con el objeto social y sus funciones, y que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones directa o indirectamente asociados con la existencia y actividades de la institución.
3. Diferencial de tasas de interés.
El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el presupuesto nacional las partidas destinadas a financiar el diferencial entre las tasas de colocación de las líneas de crédito fomento y las tasas de captación de los recursos del Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI.
ART. 54.—El artículo 254 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
“ART. 254.—Régimen jurídico de los actos y contratos. Las operaciones, cualquiera que sea su naturaleza y modalidad, que celebre el Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, incluidos los actos y contratos que las instrumenten, se regirán por las normas del derecho privado exclusivamente”.
ART. 55.—El artículo 255 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
ART. 255.—Actividades transitorias. El Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, continuará desarrollando, con carácter transitorio y hasta su culminación, aquellas actividades distintas de las previstas en esta ley, que ha venido cumpliendo por determinación legal, tales como el mantenimiento y realización de operaciones que impliquen riesgos directos para su patrimonio, siempre y cuando las mismas impliquen derechos adquiridos o consolidados en cabeza de terceros que puedan hacerse exigibles al instituto.
ART. 56.—Adiciónase el literal g) al numeral 1º y modifícase el literal b) del numeral 3º del artículo 270 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
g) Redescontar créditos a entidades públicas del orden nacional, a entidades de derecho privado y patrimonios autónomos, siempre y cuando dichos recursos se utilicen en las actividades definidas en el numeral 2º del artículo 268 del estatuto orgánico del sistema financiero y en proyectos relacionados con el medio ambiente.
b) Corresponde al Gobierno Nacional determinar, de conformidad con las normas legales vigentes, las condiciones financieras de las operaciones de redescuento correspondientes a los créditos con destino a las obras y actividades señaladas en el numeral 2º del artículo 268 del presente estatuto.
Será función de la junta directiva de Findeter dentro de la política de redescuento, asegurar que las tasas de interés reflejen el costo de los recursos recibidos de terceros, así como el costo del patrimonio.
ART. 57.—El artículo 271 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
“ART. 271.—La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., no estará sometida a inversiones forzosas y no distribuirá utilidades entre sus socios. Las entidades públicas de desarrollo regional no estarán sometidas al régimen de encajes, ni a inversiones forzosas y no distribuirán utilidades entre sus socios”.
ART. 58.—El numeral 1º del artículo 279 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
“1. Naturaleza jurídica.
El Banco de Comercio Exterior, creado por el artículo 21 de la Ley 7ª de 1991, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario, vinculada al Ministerio de Comercio Exterior. El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., Bancoldex, continuará sometiéndose exclusivamente al régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimilado al de las empresas industriales y comerciales del Estado, independientemente de la participación del capital público en su patrimonio.
El Banco de Comercio Exterior estará exento de realizar inversiones forzosas”.
ART. 59.—Adiciónase el siguiente numeral al artículo 295 del estatuto orgánico del sistema financiero:
11. Representante legal suplente.
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras designará el funcionario de la liquidación forzosa administrativa que tendrá la representación legal de manera alterna al liquidador. En el caso de procesos liquidatorios de entidades públicas ordenadas en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el acto administrativo que disponga la medida podrá establecerse el funcionario de la liquidación que tendrá la representación legal de la misma de manera alterna al liquidador.
ART. 60.—El literal b) del numeral 1º del artículo 296 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
ART. 61.—Modifícase el literal h) del numeral 2º del artículo 299 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
ART. 62.—El literal e) del numeral 2º del artículo 316 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
ART. 63.—Modifícase el último inciso del numeral 1º del artículo 318 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
ART. 64.—Adiciónase el numeral 1º del artículo 320 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente literal:
m) El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, expedirá y administrará las garantías del Gobierno Nacional otorgadas para bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para títulos emitidos en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable, que se emitan con base en cartera originada en los establecimientos de crédito.
ART. 65.—Adiciónase el numeral 1º del artículo 320 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente literal:
ART. 66.—Adiciónase el artículo 320 del estatuto orgánico del sistema financiero con los siguientes numerales:
8. Actuación del fondo en la implementación de medidas de exclusión de activos y pasivos.
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras impartirá las directrices de carácter general a que se refiere el literal i), numeral 11 del artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero, con sujeción a las normas que en la materia expida el Gobierno Nacional. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras aprobará, previamente a su celebración por las partes, el texto del contrato o los contratos que se celebren para la transferencia y administración de los activos y para la transferencia de los pasivos excluidos; el fondo podrá disponer los ajustes a que haya lugar para el mejor cumplimiento del objetivo perseguido con la exclusión.
9. Suscripción de títulos de deuda en el contexto de medidas de exclusión de activos y pasivos.
Cuando el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras suscriba títulos de deuda en desarrollo del numeral 11, literales f) y h) del artículo 113 del presente estatuto, el pago de los mismos se subordinará a la cancelación de los títulos que se emitan a favor de los establecimientos de crédito que se hagan cargo del pasivo con el público y a la cancelación de los títulos a favor del Banco de la República.
10. Reprogramación de plazos para cancelación de pasivos excluidos y redefinición de tasas.
En guarda del interés público y con el objeto de facilitar la cancelación de los pasivos originados en depósitos del público y de los demás pasivos excluidos en desarrollo del numeral 11 del artículo 113 de este estatuto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá disponer:
a) Al momento de la transferencia y por una sola vez, la reprogramación de las fechas de vencimiento de dichos pasivos o de algunos de éstos, total o parcialmente, o la determinación de un plazo para la cancelación de depósitos a la vista o de parte de éstos. Para el efecto, los depósitos serán agrupados con base en criterios homogéneos, tales como clase o naturaleza de la obligación o plazo de maduración. La mencionada reprogramación tendrá carácter obligatorio para las partes y en ningún caso podrá suponer la determinación de plazos de vencimiento inferiores a los originalmente pactados, y
La Superintendencia Bancaria suministrará al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras la información que éste requiera para el ejercicio de la función a que se refiere la presente disposición.
11. En el evento que se regula en el parágrafo del artículo 113 del presente estatuto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras también podrá otorgar, con cargo a recursos del presupuesto general de la Nación, garantía para respaldar los activos transferidos, cuando los mismos vayan a servir como fuente de pago de títulos emitidos a favor de establecimientos de crédito que en virtud de la exclusión hayan asumido pasivos con el público, o cuando dichos activos vayan a servir de fuente de pago de pasivos transferidos al patrimonio constituido en desarrollo de la medida de exclusión, garantía que para su otorgamiento se sujetará a los criterios fijados en el numeral 6º de este artículo.
ART. 67.—Adicionar un numeral al artículo 320 el cual quedará así:
12. Para un mejor cumplimiento de sus funciones, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá concurrir a la constitución o participar como asociado o afiliado de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (International Association of Deposit Insurers), el organismo que haga sus veces o a las asociaciones internacionales que agrupen entidades que desarrollen funciones similares a las del fondo.
ART. 68.—Adiciónase el artículo 322 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
5. Intervención del fondo en la dirección de las entidades con regímenes especiales.
Cuando el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras desarrolle cualquiera de las operaciones previstas en el artículo 320 en relación con las entidades con regímenes especiales a que hace referencia la parte décima del presente estatuto, podrá entrar a formar parte de la junta directiva de la entidad correspondiente, a través de un número de representantes adicionales a los que señale el régimen legal especial correspondiente, que participarán con voz y voto de manera transitoria y hasta tanto se hayan redimido las obligaciones originadas en la operación que se haya adelantado. En tal caso y durante el término en el que permanezca vigente dicha medida, se ajustará el quórum deliberatorio y decisorio de la junta directiva respectiva para mantener las mayorías necesarias en la adopción de decisiones. Para definir el número de miembros se tomará en cuenta la proporción que representa el valor de los apoyos en el capital de la entidad. La participación en la junta directiva podrá sustituirse por la adopción de un plan de desempeño acordado con el fondo, en el cual se prevean las metas específicas que deben ser alcanzadas por la institución.
ART. 69.—El literal a) del artículo 323 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
a) Ofrecer una garantía adecuada a ahorradores y depositantes de buena fe dentro de los topes que señale la junta directiva.
ART. 70.—El artículo 324 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 324.—Vigilancia. La inspección, control y vigilancia del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras estará a cargo de la Superintendencia Bancaria, la cual ejercerá la mencionada función de acuerdo con las facultades que le otorga la ley en lo referente a las instituciones financieras, teniendo en cuenta la naturaleza especial del fondo y el objeto que el mismo cumple con arreglo a la ley.
ART. 71.—Adiciónase un parágrafo al numeral 1º del artículo 325 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
PAR.—A partir del 1º de enero de 2003 el fomento al ahorro y las prestaciones que determine el Gobierno Nacional, que viene cancelando la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, Capresub, a los empleados públicos pertenecientes a la Superintendencia Bancaria, serán pagados por esta superintendencia.
ART. 72.—El numeral 2º del artículo 325 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
“2. Entidades vigiladas.
Corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las siguientes instituciones:
a) Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades previstas en el numeral 2º del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro, sociedades de capitalización, sociedades sin ánimo de lucro que pueden asumir los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo, corredores de seguros y de reaseguros y agencias colocadoras de seguros;
PAR. 1º—Podrán ser sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, según lo establezca el Gobierno Nacional mediante normas de carácter general, las entidades que administren los sistemas de tarjetas de crédito o de débito, así como las que administren sistemas de pagos y compensación, a quienes se aplicarán las normas relativas a las compañías de financiamiento comercial en lo que resulte pertinente.
PAR. 2º—Se encuentran sujetos a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria los agentes de seguros de que trata el numeral 2º del artículo 5º del presente estatuto”.
ART. 73.—Modifícase el numeral 3º del artículo 325 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
La representación legal de la Superintendencia Bancaria corresponde al Superintendente Bancario, quien la podrá delegar en los términos establecidos en la ley.
ART. 74.—Adiciónase el siguiente numeral al artículo 325 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
4. Las menciones a la Superintendencia Bancaria hechas en el presente estatuto, se entenderán realizadas a la Superintendencia Bancaria de Colombia.
ART. 75.—Modifícase el literal g) del numeral 2º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, y adiciónase el mismo numeral con un parágrafo transitorio así:
g) Posesionar y tomar juramento a los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales, a los funcionarios a que hace referencia el inciso primero del numeral 3º del artículo 102 del presente estatuto, y en general, a quienes tengan la representación legal de las instituciones vigiladas, excepto los gerentes de sucursales.
PAR. TRANS.—Los funcionarios a que hace referencia el inciso primero del numeral 3º del artículo 102 del presente estatuto que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no se encuentren posesionados ante la Superintendencia Bancaria, deberán hacerlo a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a dicha fecha.
ART. 76.—Modifícase el literal i) del numeral 2º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
i) Pronunciarse sobre los estados financieros presentados por las instituciones bajo su vigilancia. La Superintendencia Bancaria impartirá la autorización para la aprobación de los estados financieros por las respectivas asambleas de socios o asociados y para su posterior publicación en relación con aquellas entidades vigiladas que se encuentren comprendidas en los eventos o condiciones señalados por el Gobierno Nacional mediante normas de carácter general.
ART. 77.—El literal j) del numeral 2º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
j) Aprobar la liquidación voluntaria de las entidades sometidas a su inspección y vigilancia.
ART. 78.—Adiciónase los literales k) y l) del numeral 2º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
k) Dictar las normas generales a las cuales deberán sujetarse las entidades vigiladas para la publicación de sus estados financieros;
l) Ordenar a las instituciones vigiladas, cuando lo considere necesario o prudente, la constitución de provisiones o de reservas para cubrir posibles pérdidas en el valor de sus activos. Contra dichas órdenes sólo procederá el recurso de reposición, que no suspenderá el cumplimiento inmediato de las mismas.
ART. 79.—El literal e) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:
e) Absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia y decidir las solicitudes que presenten los particulares en ejercicio del derecho de petición de información.
ART. 80.—Modifícase el literal i) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
i) Evaluar la situación de las inversiones de capital de las entidades vigiladas, para lo cual podrá solicitar a éstas, la información que requiera sobre dichas inversiones, sin que sea oponible la reserva bancaria.
ART. 81.—Adiciónase el literal l) al numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
l) Con el fin de realizar una supervisión comprensiva y consolidada, establecer en qué casos las entidades sometidas a su control y vigilancia deben consolidar sus operaciones con otras instituciones sujetas o no a su supervisión.
ART. 82.—Adiciónase el literal f) al numeral 4º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, así:
f) Con el fin de realizar una supervisión comprensiva y consolidada, practicar visitas de inspección a entidades no sometidas a su control y vigilancia, examinar sus archivos y solicitar la información que se requiera para determinar si concurren los presupuestos para que ellas consoliden sus operaciones con entidades financieras o aseguradoras, o si existen vínculos u operaciones que puedan llegar a representar un riesgo para estas últimas.
ART. 83.—Adiciónase con el literal j) y dos parágrafos el numeral 5º y modifícanse los literales c) y d) del numeral 6º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, de la siguiente forma:
j) Ordenar, en coordinación con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, la exclusión de activos y pasivos de un establecimiento de crédito, cuando la medida sea necesaria, a juicio del Superintendente Bancario, previo concepto del consejo asesor.
PAR. 1º—La adopción de la medida de exclusión de activos y pasivos a que se refiere el literal j) del presente numeral se mantendrá bajo reserva hasta la fecha en que se complete la transferencia de los pasivos para con el público objeto de la misma y se le notificará a la institución respecto de la cual recaiga la orden en el momento en que la Superintendencia Bancaria y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras lo consideren apropiado y en todo caso antes de la ejecución de la medida. Lo anterior con el fin de facilitar las actuaciones orientadas al desarrollo cabal de la medida con las instituciones financieras que sean potenciales destinatarias de la transferencia de los pasivos, las cuales también estarán obligadas a guardar reserva respecto de la medida que va a ser implementada y respecto de cualquier información que lleguen a conocer. El incumplimiento de las obligaciones impuestas a las instituciones financieras dará lugar a la aplicación de las medidas contempladas en los artículos 209 a 211 del estatuto orgánico del sistema financiero, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
PAR. 2º—A la decisión de exclusión de activos y pasivos le será aplicable lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 291 del estatuto orgánico del sistema financiero.
c) Certificar las tasas de interés bancario corriente correspondientes a las distintas modalidades de crédito que determine el Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general.
Esta función se cumplirá con base en la información financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos de crédito, analizando la tasa de las operaciones activas mediante técnicas adecuadas de ponderación, y se cumplirá con la periodicidad que recomiende la Junta Directiva del Banco de la República.
d) Certificar, de conformidad con el artículo 305 del Código Penal, la tasa de interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos.
ART. 84.—Modifícase el literal e) del numeral 6º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
e) Publicar u ordenar la publicación de los estados financieros de las entidades sometidas a su control y vigilancia, así como de los ajustes o rectificaciones a tales estados financieros que ordene la Superintendencia Bancaria. Igualmente podrá publicar u ordenar la publicación de los indicadores de las instituciones vigiladas.
ART. 85.—Modifícase el numeral 1º del artículo 327 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
“1. Estructura.
La Superintendencia Bancaria tendrá la siguiente estructura:
El Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los principios y reglas generales contemplados en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, señalará la estructura funcional, organización y asignación interna de las funciones de la Superintendencia Bancaria. En ejercicio de la misma facultad el Gobierno Nacional podrá crear dependencias u órganos directivos distintos a los mencionados en el presente numeral“.
ART. 86.—Adiciónase el numeral 2º del artículo 330 del estatuto orgánico del sistema financiero, sustituido por el Decreto 2489 de 1999, con el siguiente literal:
j) La subdirección de representación judicial y ediciones jurídicas de la Superintendencia Bancaria o la dependencia que cumpla sus funciones podrá representar a los funcionarios del nivel directivo de dicha entidad que lo soliciten, cuando en relación con el ejercicio de sus funciones tengan que comparecer ante autoridades jurisdiccionales o de control de cualquier clase. La representación se realizará sólo durante el tiempo en que dichos funcionarios presten sus servicios a la Superintendencia Bancaria.
ART. 87.—El artículo 335 del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así:
ART. 335.—Contra los actos administrativos de carácter particular expedidos por la Superintendencia Bancaria sólo procederá el recurso de reposición interpuesto en la forma establecida en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 88.—Modifícase el inciso 1º del numeral 5º del artículo 337 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
5. Contribuciones.
La Superintendencia Bancaria exigirá a las entidades vigiladas contribuciones, las cuales consistirán en tarifas que se aplicarán por categorías de entidades vigiladas sobre el monto de los activos que registren a 30 de junio y 31 de diciembre del año anterior. La Superintendencia Bancaria definirá las categorías de entidades vigiladas mediante acto de carácter general.
ART. 89.—Modifícase el literal a) del numeral 5º del artículo 337 del estatuto orgánico del sistema financiero, el cual quedará así:
a) Causación. La contribución impuesta a las entidades vigiladas a que se refiere el presente artículo se causará el primer día calendario de los meses de enero y julio de cada año. Si una entidad no permanece bajo vigilancia durante todo el semestre respectivo, pagará la contribución proporcionalmente por el tiempo que haya estado bajo vigilancia. Si por el hecho de que alguna entidad no permanezca bajo vigilancia durante todo el semestre respectivo se genera algún defecto presupuestal que requiera subsanarse, la superintendencia podrá liquidar y exigir a las vigiladas el monto respectivo en cualquier tiempo durante el semestre correspondiente;
ART. 90.—Adiciónase el artículo 337 del estatuto orgánico del sistema financiero con el siguiente numeral:
“12. Del régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Superintendente Bancario.
No podrá ser Superintendente Bancario:
e) Las personas que de conformidad con lo previsto en el tercer inciso del numeral 5º del artículo 53 de este estatuto no puedan participar como accionistas de una entidad vigilada“.
ART. 91.—Régimen de los actos y contratos de la Central de Inversiones S.A. La Central de Inversiones S.A., CISA, mantendrá su carácter de sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, tendrá naturaleza única y se sujetará en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de derecho privado que para la realización de las operaciones del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se contempla en el artículo 316, numeral 1º del estatuto orgánico del sistema financiero.
PAR. 1º—En desarrollo de lo previsto en el parágrafo del artículo 113 del estatuto orgánico del sistema financiero, la Central de Inversiones S.A., CISA, podrá asumir la administración no fiduciaria de los activos excluidos de los establecimientos de crédito a que se refiere la mencionada disposición, con los cuales se conformará un patrimonio.
PAR. 2º—Los derechos y obligaciones surgidos bajo contratos de trabajo o bajo relaciones legales y reglamentarias que se hayan celebrado o ejecutado antes de la vigencia de la presente ley conservarán su validez y se respetarán los derechos adquiridos, sin perjuicio de que la relación laboral vigente con el personal al servicio de la Central de Inversiones S.A., CISA, se rija hacia el futuro por lo dispuesto en el presente artículo, para cuyo efecto la junta directiva de CISA adoptará las medidas que sean necesarias.
PAR. 3º—El régimen presupuestal de la Central de Inversiones S.A., CISA, será el aplicable a las sociedades de economía mixta que desarrollan actividad financiera.
ART. 92.—Comité de coordinación para el seguimiento al sistema financiero. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Valores y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se reunirán en un comité de coordinación para el seguimiento al sistema financiero con los siguientes objetivos:
a) Compartir información relevante para el ejercicio de las funciones de las entidades que lo componen;
PAR.—Con el propósito de que el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, en ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento exclusivo de sus objetivos elaboren estudios o análisis sobre entidades vigiladas o la de sectores de ellas en conjunto, las superintendencias Bancaria y de Valores deberán suministrarles la información que estimen pertinente.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 artículo 1.1.4.2. del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector)
ART. 93.—Las obligaciones que adeuden las instituciones financieras públicas en liquidación por concepto de impuestos y multas a favor del tesoro nacional, podrán extinguirse previo el cumplimiento del procedimiento y las condiciones que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional.
ART. 94.—Redescuento de contratos de leasing. Autorizase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, al Instituto de Fomento Industrial S.A., IFI, a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, a la Financiera Energética Nacional, FEN, y al Banco de Comercio Exterior, Bancoldex, el redescuento de contratos de leasing en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
ART. 95.—(Derogado).* Microcrédito inmobiliario. Se entiende por microcrédito inmobiliario, toda financiación que se otorga para la adquisición, construcción o mejoramiento de inmuebles, cuyo monto no supere los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, con un plazo inferior a cinco (5) años y una tasa de interés equivalente a la prevista para la financiación de vivienda de interés social, VIS. El valor del inmueble sobre el cual recae este tipo de financiación no podrá exceder de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.
*(Nota: Derogado el presente artículo por la Ley 1151 de 2007 artículo 142)
ART. 96.—Cobertura a los créditos individuales de vivienda a largo plazo frente al incremento de la UVR respecto de una tasa determinada. Con la finalidad de propiciar condiciones estables en los créditos destinados a la financiación de vivienda, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, podrá realizar operaciones con derivados con los establecimientos de crédito, en su calidad de originadores, propietarios o administradores de cartera originada por establecimientos de crédito o con deudores de créditos de vivienda individual a largo plazo, evento en el cual el establecimiento de crédito acreedor actuará como mandatario para la administración y ejecución de las operaciones, con el fin de otorgar cobertura frente al riesgo de variación de la UVR respecto de una tasa determinada, a los deudores de créditos de vivienda individual a largo plazo.
Dicha cobertura se ofrecerá respecto a los créditos individuales de vivienda a largo plazo que se hayan otorgado a partir del 1º de septiembre del año 2002, que no superen ciento treinta (130) salarios mínimos legales mensuales vigentes y respecto a viviendas cuyo valor no supere trescientos veintitrés (323) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La cobertura se ofrecerá durante los dos años siguientes a la vigencia de esta norma para los primeros 40.000 créditos que se otorguen. La cobertura estará vigente durante la vida del crédito de vivienda sin que en ningún caso pueda exceder de quince (15) años.
Los recursos que se requieran para el otorgamiento de la cobertura, incluidos los costos en que incurra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, deberán presupuestarse por parte del Gobierno Nacional y serán manejados en una cuenta especial que administrará el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín.
PAR.—Manténgase en el fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria, Frech, creado por el artículo 48 de la Ley 546 de 1999 una subcuenta por valor de ($ 50.000.000.000) cincuenta mil millones de pesos para los fines del presente artículo.
(Nota: Modificado el plazo para el ofrecimiento de la cobertura previsto en el inciso 3º del presente artículo por la Ley 921 de 2004 artículo 65)
(Nota: Modificado el plazo para el ofrecimiento de la cobertura previsto en el inciso 3º del presente artículo por el Decreto 4365 de 2004 artículo 69 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 97.—El artículo 98 de la Ley 510 de 1999, quedará así:
ART. 98.—La Superintendencia Bancaria podrá afiliarse a las siguientes organizaciones: Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, “ASBA“; Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica “CEMLA“; Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina, “ASSAL“; International Association of Insurance Supervisors, “IAIS“; Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, “AIOS“, o a aquéllas que hagan sus veces, para lo cual podrá pagar las cuotas de afiliación y de sostenimiento.
ART. 98.—El artículo 34 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
ART. 34.—Entidades sujetas a su acción. El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las organizaciones de la economía solidaria que determine mediante acto general, que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, las funciones serán asumidas por esta superintendencia, mediante el establecimiento de una delegatura especializada en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia tecnológica, asesoría técnica y formación del recurso humano de la Superintendencia Bancaria.
ART. 99.—El artículo 37 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
“ART. 37.—Ingresos. Los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia de la Economía Solidaria provendrán de los siguientes conceptos:
1. Tasa de contribución.
Corresponde a las contribuciones pagadas por las entidades vigiladas y se exigirán por el Superintendente de la Economía Solidaria.
h) Los demás ingresos que le sean reconocidos por las leyes“.
ART. 100.—El parágrafo primero del artículo 39 de la Ley 454 quedará así:
PAR. 1º—En concordancia con las previsiones del artículo 335 de la Constitución Política, la superintendencia encargada de la vigilancia de la entidad infractora, adelantará las medidas cautelares establecidas en el numeral 1º del artículo 108 del estatuto orgánico del sistema financiero respecto de las entidades que adelanten actividad financiera sin haber recibido la autorización pertinente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 314 de la Ley 599 de 2000, o la norma que lo modifique o adicione.
ART. 101.—Adiciónase el artículo 39 de la Ley 454 de 1998 con el siguiente parágrafo:
PAR. 2º—Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, deberán constituir y mantener un fondo de liquidez cuyo monto, características y demás elementos necesarios para su funcionamiento serán determinados por el Gobierno Nacional.
ART. 102.—Modifícase el artículo 40 de la Ley 454 de 1998, el cual quedará así:
“ART. 40.—Cooperativas financieras. Son cooperativas financieras los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988; las operaciones que las mismas realicen se regirán por lo previsto en la presente ley, en el estatuto orgánico del sistema financiero y demás normas que les sean aplicables.
PAR. 1º—La Superintendencia Bancaria podrá establecer planes de ajuste para la conversión en cooperativas financieras de las cooperativas que se encuentren actualmente sometidas a su vigilancia. Dentro de dichos planes, ese organismo de vigilancia y control podrá ordenar la suspensión de nuevas captaciones con terceros, y establecer compromisos para que las entidades adopten los parámetros tendientes a lograr los requisitos indicados en el artículo anterior.
PAR. 2º—En el evento en que cualquiera de las cooperativas que se encuentren bajo la vigilancia y control de esa superintendencia desista de su conversión en cooperativa financiera o incumpla el plan de ajuste de que trata el parágrafo anterior, deberá proceder a la adopción de mecanismos tendientes a la devolución de dineros a terceros en un plazo no mayor a un año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, so pena de las sanciones a que haya lugar. Una vez adoptados dichos mecanismos, pasarán a la vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria“.
ART. 103.—El artículo 43 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 113 de la Ley 510 de 1999 quedará así:
“ART. 43.—De acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 108 del estatuto orgánico del sistema financiero, la palabra ahorro sólo podrá ser utilizada por las cooperativas a las cuales se les haya impartido autorización para adelantar la actividad financiera y demás entidades autorizadas por la ley para captar ahorro, y no podrá referirse en ningún caso a los aportes de los asociados.
PAR.—Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las normas que regulen el subsidio de vivienda”.
ART. 104.—Adiciónase el siguiente texto como parágrafo del artículo 45 de la Ley 454 de 1998.
PAR.—La escisión de que trata el numeral 1º del presente artículo, podrá utilizarse para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito o cooperativa financiera, la cual no estará sujeta a lo previsto en los artículos 33 inciso primero, 50 y 92 inciso segundo de la Ley 79 de 1988 en los términos que establezca el Gobierno Nacional. Los asociados de la cooperativa que le dio origen a la cooperativa así constituida, podrán utilizar los servicios de la cooperativa de ahorro y crédito o financiera, así como los asociados de otras cooperativas que participen en su conformación. En este último caso, las decisiones se adoptarán según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 79 de 1988.
NOTA: Reglamentado parcialmente por el Decreto 867 de 2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 105.—El artículo 46 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
ART. 46.—No estarán obligadas a especializarse las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas únicamente por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada.
ART. 106.—El parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
PAR. 1º—La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas financieras, no podrá superar el cien por ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, excluidos los activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas. En todo caso, con estas inversiones las cooperativas no deben desvirtuar su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su actividad. Si no existiere ese propósito, la entidad deberá enajenar la respectiva inversión.
ART. 107.—El parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
PAR. 1º—La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas de ahorro y crédito y de las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales, no podrán superar el cien por ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, excluidos los activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas.
En todo caso, con estas inversiones las cooperativas no deben desvirtuar su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su actividad. Si no existiere ese propósito, la entidad deberá enajenar la respectiva inversión.
ART. 108.—El numeral 1º del artículo 51 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
1. Prerrogativas tributarias.
Para el conveniente y eficaz logro de sus objetivos, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas gozará de las siguientes prerrogativas:
ART. 109.—El artículo 61 de la Ley 454 de 1998 quedará así:
ART. 61.—Operaciones con asociados, administradores, miembros de las juntas de vigilancia y sus parientes. Las operaciones de crédito realizadas con las siguientes personas o entidades requerirán de un número de votos favorables, que en ningún caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) partes de la composición del respectivo consejo de administración de las cooperativas con actividad financiera:
PAR. 2º—Las empresas que actualmente ofrecen contratos de prestación de servicios funerarios, en sus diferentes modalidades, contarán con un plazo máximo de dos (2) años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para adecuarse a lo previsto en el presente artículo.
*(Nota: Adicionado un inciso 2º y un parágrafo 3º al presente artículo por la Ley 1328 de 2009 artículo 86)
ART. 112.—Afiliación a organismos o agremiaciones internacionales de regulación a la supervisión del mercado de valores. Previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la incorporación del rubro presupuestal correspondiente, la Superintendencia de Valores podrá afiliarse a agremiaciones internacionales de organismos de regulación o supervisión, excepto cuando ello implique la asunción de compromisos propios de los tratados públicos.
Cumplidos los requisitos establecidos en el inciso anterior, la Superintendencia de Valores podrá, para el mejor cumplimiento de sus funciones, afiliarse a la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, y aquellas otras organizaciones que correspondan a lo establecido en el inciso anterior. La superintendencia podrá pagar las cuotas de afiliación y sostenimiento a las organizaciones a las que decida afiliarse.
ART. 113.—Adiciónase el siguiente inciso al numeral 3º del artículo 279 del estatuto orgánico del sistema financiero.
“No obstante, si como consecuencia de un proceso de fusión, cesión de activos, pasivos y contratos, adquisición u organización se hace necesario, el objeto del banco se ampliará a las operaciones de la entidad que además de éste participe en el respectivo proceso, si a ello hay lugar. En consecuencia podrá realizar operaciones de redescuento para financiar la industria nacional”.
ART. 114.—Derogatorias y vigencia. La presente ley deroga la expresión “con excepción de los intermediarios de seguros“ prevista en el primer inciso del artículo 67 y en el numeral 1º del artículo 68, el numeral 6º del artículo 151, el artículo 190, el parágrafo del numeral 2º del artículo 317, el inciso cuarto del numeral 2º del artículo 303, el literal h) del numeral 5º y el literal b) del numeral 6º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero. De igual forma se derogan los artículos 4º y 5º de la Ley 358 de 1997 y el parágrafo primero del artículo 41 de la Ley 454 de 1998. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.