Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-00267-de-julio-11-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e5041072d9cf02dee0430a01015102de&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-22 06:33:15
Document Index: 305746602

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 85', 'artículo 154', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 35', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 517', 'artículo 119', 'artículo 169', 'artículo 12', 'artículo 45', 'artículo 28', 'artículo 99', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 26', 'artículo 286', 'artículo 98', 'artículo 99']

﻿ Sentencia 2002-00267 de julio 11 de 2013
SENTENCIA 2002-00267 DE 11 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN PREDIO. EN SUELOS DE PROTECCIÓN SE TIENE RESTRINGIDA LA POSIBILIDAD DE URBANIZARSE. CUANDO UN PREDIO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA FRANJA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, NO SE PUEDE NEGAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ESA ÁREA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO
Sentencia 2002-00267 de julio 11 de 2013
Ref.: Expediente 2002-00267-01
Actora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Se solicita la nulidad de la Resolución 12907 de 28 de noviembre de 2001, por la cual el superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, revocó la decisión contenida en el oficio 7200-2001-u-14147 de octubre de 2001 y, en consecuencia, reafirmó las condiciones y posibilidades de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado del predio denominado Puente Grande, ubicado en la localidad de Fontibón.
Sea lo primero advertir que el acto demandado inicialmente fue la Resolución 12907 de 28 de noviembre de 2001, y que la actora en la adición de la demanda pretende que la Sala se pronuncie sobre las resoluciones 16291 de 25 de diciembre de 2001 y 3199 de 1º de marzo de 2002, que en respuesta a los recursos de reposición y de apelación presentados por la EAAB ESP, confirman la número 4185 de 29 de mayo de 2001, para lo cual aduce que están estrechamente relacionadas con aquel y que existe unidad de materia, ya que “los actos adicionales referidos se expidieron por la Superintendencia con ocasión de las reclamaciones presentadas por actores distintos pero que perseguían la misma finalidad, es decir la instalación de redes y efectiva prestación de los servicios, en el mismo predio Puente Grande”. Es de anotar que ni la contestación de la demanda ni los alegatos de conclusión se refirieron a esta pretensión, sobre la cual la Sala se pronunciará una vez resuelva sobre la pretensión inicial.
La parte resolutiva de la Resolución 12907 de 28 de noviembre del 2001, expedida por el superintendente de servicios públicos domiciliarios, es la siguiente:
“Artículo primero: revocar la decisión 7200-2001-U-1447 proferida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, reafirmando las condiciones y posibilidades de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado del predio denominado Puente Grande, ubicado en la localidad de Fontibón, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente resolución.
“Artículo segundo: notificar personalmente del contenido de la presente resolución a Rafael Pachón Roncancio... haciéndole entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede ningún recurso por encontrarse agotada la vía gubernativa. De no ser posible la notificación personal se deberá proceder de acuerdo con el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
“Artículo tercero: envíese copia de la presente resolución a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP para su cumplimiento.
“Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Estima la Sala que la resolución acusada es un acto de carácter particular y concreto, y de declararse su nulidad surgiría para la demandante, esto es, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, un restablecimiento del derecho consistente en que no tendría que prestar el servicio de acueducto y alcantarillado al predio Puente Grande. En consecuencia, la Sala interpreta que la acción ejercida es la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuyo conocimiento corresponde a esta corporación en única instancia, dado que se trata de un acto expedido por una autoridad del orden nacional, sin cuantía, a saber: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo cual descarta la configuración de la excepción propuesta por la entidad demandada, que se traduce en una indebida escogencia de la acción.
Ahora bien, es de precisar que la acción fue instaurada el 12 de julio de 2002 dentro del término de caducidad, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su comunicación, pues esta se llevó a cabo el 8 de mayo del mismo año, según consta en el oficio anexo a la demanda, que obra a folio 3 del cuaderno número 1.
La Sala considera oportuno aclarar que la Superintendencia sí era competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el señor Pachón Roncancio, y que la vía gubernativa quedó agotada al resolverse mediante la resolución acusada, el recurso de apelación y, por ende, le era imposible a dicha entidad señalar recurso adicional alguno, pues no procedía.
En efecto, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, sí proceden los recursos de reposición y de apelación contra el acto acusado expedido por la EAAB ESP, que además fueron, respectivamente, resueltos y concedidos por la misma empresa, ente que ahora alega su improcedencia. Dicha disposición consagra:
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia” (resalta la Sala)
Como lo expresó el señor agente del Ministerio Público, si bien es cierto que el primer inciso de la norma transcrita se refiere únicamente a que el recurso es un acto del suscriptor o usuario, no lo es menos que contempla la posibilidad de que se presente cuando se niega el contrato; esto último ocurre con aquellas personas que no tienen esa calidad y que el artículo 14, numeral 32, denomina suscriptor potencial y define: “Suscriptor potencial. Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servicios públicos”.
Frente a la no indicación en el acto acusado de que el mismo podía ser demandado ante las autoridades judiciales, basta expresar para despachar desfavorablemente el cargo, que dicha obligación no está consagrada en norma legal alguna.
Respecto al tema de fondo, debe la Sala decidir si le asiste o no razón a la EAAB, que alega que, contrario a lo expresado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el acto acusado, no debe prestar el servicio de Acueducto y Alcantarillado en el predio ubicado en la localidad 9 de Fontibón, denominado Puente Grande, matrícula inmobiliaria 50C-1359977-1386001(1).
El acto acusado (fl. 91, cdno. 1) da cuenta de que el señor Rafael Pachón Roncancio haciendo uso del derecho de petición presentó una reclamación el día 17 de septiembre de 2001 (anexo 4, fls. 98 a 102 del folder de anexos), para hacer valer los derechos ya resueltos en su favor por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, relativos al suministro del servicio público de acueducto y alcantarillado para el predio antes mencionado.
En respuesta a la reclamación del señor Pachón Roncancio mediante oficio 7200-2001-U-1447, entregado el 9 de octubre de 2001 (anexo 5, fls. 103 a 105 del folder de anexos), la EAAB ESP adujo que consultada la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta le expresó mediante oficio de 13 de octubre de 2000, que el acceso es posible siempre y cuando no contraríe las disposiciones del Concejo de Bogotá - Acuerdo 26 de 1996; que por lo anterior, el 3 de noviembre de 2000, consultó al DAPD, autoridad urbanística de la ciudad, quien le respondió tanto a la EAAB, como al peticionario, que teniendo en cuenta el límite de este predio con el Río Bogotá, “no es susceptible de incorporar al perímetro urbano, porque se encuentra dentro de la Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá”. Que el predio como tal no ha surtido proceso de urbanismo como tampoco posee plano de loteo aprobado, mediante el proceso de regularización que lleva a cabo el DAPD; que de conformidad con el Acuerdo 26 de 1996 debe adelantar el trámite ante el DAPD con base en lo establecido en el Decreto Distrital 688 de 1996; que el DAPD también manifestó que en el POT, Decreto Distrital 619 de 2000, se señaló como uso para dicho predio el de Zona de Manejo Especial de Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación del Río Bogotá. Afirmó la empresa que el levantamiento topográfico del predio Puente Grande fue incorporado por el DAPD el 17 de diciembre de 1999.
Finalmente, en el mencionado oficio, la EAAB le informa al actor que la interpretación de asentamiento humano dada por el Acuerdo Distrital 26 de 1996 y la incorporación de estos corresponde al DAPD, y cuando esta lo considere aplicable, es dicha entidad la que solicita el concepto de servicios para proceder a la incorporación urbana, en atención a lo dispuesto en el Decreto Distrital 688 de 1996, con el cual se reglamentó la legalización de asentamientos.
La EAAB por medio del oficio 7200-2001-U 1518/181407 de 19 de octubre, en respuesta al recurso de reposición, confirmó el oficio recurrido y envió copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que resolviera el recurso de apelación interpuesto, quien a través de la Resolución acusada 12907 de 28 de noviembre de 2001 revocó la decisión 7200-2001-U-1447.
Normas aplicables al caso:
El artículo 30 de la Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, dispone que los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana, y que al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes.
El artículo 35 ídem define el “suelo de protección”, como aquel constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
El artículo 61 de la Ley 99 de 1993, Ley Ambiental Colombiana declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal, y dispuso que los municipios y el Distrito Capital, expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente.
El artículo 62 del Acuerdo 6 de 1990, estableció diferentes niveles de zonificación, para efectos de la sectorización del territorio del Distrito Capital y adoptar las normas urbanísticas correspondientes; dentro del primer nivel de zonificación, el artículo 63 comprendió diferentes formas, “según la naturaleza de los elementos de la estructura urbana, los valores urbanísticos y las actividades que tutelan las normas respectivas”.
El literal A del artículo 63 mencionado, dispuso dentro del primer nivel de zonificación:
“A. Zonificación para el manejo de los elementos naturales de la estructura urbana, para la preservación y fomento de aquellos usos e intensidades de los mismos, que sean compatibles con la defensa de dichos elementos y para la exclusión o restricción de aquellos usos que los afecten o impacten negativamente.
Pertenece, por tanto, al primer nivel de zonificación la sectorización del territorio para el establecimiento y regulación de:
— El Sistema Hídrico del Distrito Especial de Bogotá, en lo que se refiere a las áreas y elementos naturales que conforman el mismo y que, sin ser de uso público, requieren un tratamiento especial para la protección del mencionado sistema, como son las zonas de manejo y preservación de las rondas de ríos, quebradas, embalses y lagunas” (resalta la Sala).
La anterior norma citada como violada por la parte actora, fue derogada por el Decreto 619 de 28 de julio de 2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que en su artículo 90 dispuso:
“ART. 90.—Suelo de protección. Es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terreno localizadas dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Corresponden a esta categoría las siguientes áreas:
Las componentes señaladas como tal, en la estructura ecológica principal: Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, parques urbanos y la ronda y zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá (integrantes del área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá). Los elementos que componen esta estructura, clasificados de acuerdo a la definición precedente, están identificados en detalle en el capítulo correspondiente a la estructura ecológica principal” (resalta la Sala).
El 10 de diciembre de 1996, se expidió el Acuerdo Distrital 26 de 1996, “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Occidental de Bogotá” y se establecen normas urbanísticas y las medidas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman dicho sistema, en cuyo artículo 8º, se refirió a las zonas de reglamentación, y el 9º a los elementos del primer nivel de zonificación, “que tiene la prevalencia establecida en los artículos 66, 67 y 68 del Acuerdo 6 de 1990”(2) y “se regulan de conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo”.
Dentro de este primer nivel de zonificación, en el artículo 10, numeral 2º del mencionado Acuerdo 26 de 1996, se regula la Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental, en los siguientes términos:
“2. Ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental.
La zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, será de 270 metros, y la de la ronda hidráulica de 30 metros las que formarán una franja de 300 metros a lo largo del río Bogotá, medida desde la línea de borde del cauce natural permanente o del rectificado cuando él se produzca.
Las zonas de manejo y preservación ambiental deben ser tratadas como zonas verdes arborizadas. Estas zonas solo podrán utilizarse para uso forestal y en ellas se permite únicamente senderos peatonales...
PAR. 4º—En las localidades de Suba y Fontibón donde existan asentamientos humanos, según aerofotografía que será tomada a 31 de diciembre de 1995 y que es adoptada por este acuerdo, la ronda hidráulica del río Bogotá será de 30 metros, medida desde la línea de borde del cauce natural existente. La zona de manejo y preservación ambiental será de 20 metros a partir de esta ronda hidráulica, como mínimo, o superior según lo señalado por el desarrollo de los asentamientos identificados en la aerofotografía que será tomada a diciembre 31 de 1996 y que es adoptada por este acuerdo, y las actividades que de ellos se deriven. La posibilidad y condiciones de desarrollo y mejoramiento de estos asentamientos serán definidas mediante decretos reglamentarios” (negrillas fuera de texto).
El anterior acuerdo fue derogado por el artículo 517 del Decreto Distrital 619 de 28 de julio de 2000(3), “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá”, que se publicó y entró en vigencia el mismo día. Cuando el señor Pachón Roncancio presentó la solicitud que dio lugar al acto demandado, el 17 de septiembre de 2001, estaba vigente esta normativa.
El Decreto Distrital 619 de 28 de julio de 2000, sobre el particular dispuso:
“ART. 8º—Estructura ecológica principal. Definición:
“Es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible.
La finalidad de la estructura ecológica principal es la conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora”.
“ART. 43(4).—Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del río Bogotá. Delimitación.
El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá comprende el valle aluvial del río Bogotá en jurisdicción del Distrito Capital, lo cual incluye la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental del mismo río”.
“ART. 44(5).—Ronda hidráulica. Definición.
Es la zona constituida por la franja paralela al eje de rectificación definido por el caudal medio mensual multianual del río de hasta 30 metros de ancho”.
“ART. 45(6).—Zona de manejo y preservación del río Bogotá.
Se define como la zona contigua a la ronda hidráulica, determinada por la delimitación de la zona de amenaza alta de inundación, no mitigable o no mitigada, para un período de retorno de 10 años, establecida por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) o quien haga sus veces, y tendrá como mínimo 270 metros. Esta franja se define bajo un criterio de mitigación de amenaza y su manejo debe contribuir al mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema, cuya estabilidad se constituye en un factor de mitigación.
PAR. 1º—La variación de la medida de la zona de manejo y preservación ambiental para sectores específicos, deberá contar con el concepto previo favorable de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), quienes determinarán las razones excepcionales de orden técnico o de conveniencia en las que se apoya la variación de su dimensión.
PAR. 2º—Para los sectores de Suba y Fontibón la zona de manejo y preservación ambiental es de 50 metros, como lo indica el Acuerdo 26 de 1996”.
“ART. 46.—Suelo de protección dentro del Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá. Régimen de usos.
En el área definida como suelo de protección, dentro del área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá (conformada por la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de dicho río) se establece el siguiente régimen de usos:
1. Usos principales. Conservación, restauración ecológica y forestal protector.
2. Usos compatibles. Recreación pasiva, investigación ecológica.
3. Usos condicionados. Construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los usos principales y compatibles, condicionada a no generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y a su integración paisajística al entorno natural. Las acciones necesarias para el manejo hidráulico y para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento en general, condicionadas al concepto de la autoridad ambiental competente.
4. Usos prohibidos. Forestal productor, recreación activa, minero, industrial de todo tipo, residencial de todo tipo.
PAR.—Dentro de las zonas de manejo y preservación ambiental del sistema hídrico podrán desarrollarse senderos bajo las medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos”.
“ART. 90.—Suelo de protección.
Es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Corresponden a esta categoría las siguientes áreas:
1. Las componentes señaladas como tal, en la estructura ecológica principal: Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, parques urbanos y la ronda y zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá (integrantes del área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá). Los elementos que componen esta estructura, clasificados de acuerdo a la definición precedente, están identificados en detalle en el capítulo correspondiente a la estructura ecológica principal.
2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable las cuales se encuentran identificadas en el plano número 6, denominado “suelo de protección por riesgo de remoción en masa e inundación”, el cual hace parte del presente Plan.
3. (...)” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Estima la Sala que como bien lo señaló la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el acto acusado, el Decreto 619 de 2000 reiteró los mandatos del Acuerdo 26 de 1996, que consagró una excepción a la regla general para la protección del Río Bogotá, en cuanto a la extensión de las zonas de ronda hidráulica y de manejo y preservación ambiental.
Dicha excepción, según el Acuerdo 26 de 1996, conllevaba el cumplimiento de un requisito que debía cumplirse a 31 de diciembre de 1995 y que consistía en que en el predio debían existir asentamientos humanos verificables a través de su inclusión en la aerofotografía que se tomaría en esta fecha; señala el acto acusado que de acuerdo con la aerofotografía aportada se observa que existían dichos asentamientos humanos, lo cual no fue desvirtuado por la parte actora.
No estaba claro en el proceso, como lo afirmó el señor agente del Ministerio Público, si solo era una parte o la totalidad del predio en cuestión, la que estaba afectada en el área de ronda y zona de manejo ambiental del río.
Por tal razón, por auto para mejor proveer de 26 de noviembre de 2009, la Sala decretó la práctica de un dictamen pericial rendido por topógrafo, con el fin de establecer la localización del predio Puente Grande, su extensión total y el área que se encuentra en zona de manejo y preservación ambiental (fl. 530), con miras a establecer si el predio es pasible o no de la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, para lo cual fue designado el señor José Eusebio Castellanos Castellanos.
A folio 564 del cuaderno 2, reposa el dictamen pericial, en el que consta que el predio está ubicado en los límites de la Localidad de Fontibón, y en el cual se lee, entre otras, “textualmente”:
“Se llevó a cabo el peritaje topográfico los días 15 y 26 de enero de 2011 en el sitio y lugar del terreno objeto de litigio conocido como Puente Grande este lote es irregular grande, en forma rectangular trapezoidal; obteniéndose las siguientes medidas; 179 metros de frente con la avenida calle 13, de fondo por el costado oriental del lote 418 metros y de la parte trasera o culata 140.60 metros además la línea clave por donde cursa el río al occidente del lote en cuestión midió 444.5 metros y encierra. Dentro de este lote de mayor extensión o sea el general se encuentra la ronda hidráulica que son 30 metros a lado y lado del río y además sumándole un sobre ancho para el manejo de la preservación ambiental del río de 20 metros (ver plano topográfico adjunto). Las construcciones de los predios del lote particular son enramadas con algunos muros de mampostería en ladrillo y cemento y encerramientos en tejas de zinc en regular estado de este material de construcción. Estas corroboraciones se encuentran plasmadas en el plano 1 de 2 y coinciden con lo presentado en la manzana catastral que reposa en el expediente.
2.3. Verificación ocular actual del jarillón izquierdo del río Bogotá del Puente Grande.
Ese mismo día del peritaje se observó al lado izquierdo del río un jarrillón con excelente estado de construcción de material de relleno como de afirmado ver plano isométrico 2 de 2.
La altura del jarillón se obtuvo de la cuerda que se encuentra en las hojas de cálculo, en más o menos 2.50 metros y el ancho del río es de 72 metros aproximados (tomados del largo del puente vial y del de ferrocarril) (negrillas fuera de texto).
También se observa en la hoja de cálculo que con el jarillón se aumenta el As (área de sección) que va a contener el caudal de aguas del río esta área es de 246 metros cuadrados de sección.
Si el caudal aumenta el área de sección (por efecto del jarillón) y ese exceso de caudal nos va a inundar (en el anverso del folio 570, el perito señala que en vez de “nos va a inundar se debe leer “no va a inundar”) el área contigua, ya que la velocidad de la corriente del río tiende a permanecer constante por correr en la topografía plana de la Sabana; ver fórmula hidráulica en el croquis isométrico adjunto.
3. Demarcación de la ronda hidráulica y de la zona de preservación y manejo ambiental de este tramo del río Bogotá.
Aparece en el plano adjunto 1 de 1 tomado desde el borde o baudo del río que se obtiene del caudal de aguas corrientes máximas de lluvia (en este caso al estar en épocas de invierno se ve palpable) y el de los puntos varios escogidos al azar para medir los 30 metros de la ronda hidráulica a lo largo del tramo del río a este trazo se le suma un sobre ancho de 20 metros para la zona de manejo que es donde van a transitar las máquinas carros y elementos indispensables en la preservación ambiental por los funcionarios de los entes correspondientes (ver zona de delimitación como línea imaginaria de la zona pública en la zona particular).
4. Presentación del plano topográfico y del croquis de perfiles e isométrico del río.
Aparece anexo a este informe.
— El predio localizado por medio de los datos de campo del acervo procesal y el cálculo aritmético y geométrico me llevó a elaborar el plano topográfico ilustrativo y a concluir sin temor a equívocos que el lote de terreno objeto del conflicto presentado y que cursa en ese despacho (sic).
— Las áreas tanto total de 67.338 m2 es de donde se dividen: el área de la ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental, de 21.138 m2 que junto con el área del predio particular de 46.200 m2 quedan plasmadas y delimitadas en el plano topográfico adjunto para el sucesivo proceso pertinente.
— Como último, doy un concepto pericial por el cual se podría a los particulares y en uso del suelo, entrar a incorporar esos predios con las restricciones que las leyes ambientales y urbanísticas les impongan para efectos de legalizaciones futuras de ellas (resalta la Sala).
Como se observa, el contenido del dictamen no despejó los interrogantes planteados.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en escrito obrante a folios 575 a 578 del cuaderno 2 solicitó su aclaración. Y en respuesta a tal solicitud, el perito presentó escrito aclaratorio, visible a folios 583 a 586, ibídem, en el cual se lee lo siguiente:
“... I. Sustentación al dictamen pericial en forma opcional con concepto y plano pericial al respecto resultantes
Para un completo y pormenorizado informe pericial sobre la prueba decretada por ese Despacho, en cuanto a la localización del predio “Puente Grande”, su extensión total y del área que se encuentra en la zona de manejo y preservación ambiental; hay que seguir las etapas o pasos normales para una organización predial definidas, pasando por la ubicación del predio, la localización, la identificación predial y el reconocimiento y registro del inmueble por los competentes; para que en un futuro surgimiento de conflicto entre particulares y el Estado se les pueda por el relacionado dar una solución como sentencia o acción administrativa de carácter legales.
No es lo mismo aplicar las Leyes administrativas a un potrero desocupado que a un predio intervenido por la mano del hombre, los cuales se oponen a dicha aplicación por derechos supuestamente adquiridos.
II. Aclaración sobre la conclusión de mi concepto emitido de incorporación con restricción a leyes ambientales y urbanísticas, basado en el Acuerdo 26 de 1996, artículo 119 del POT (D. 619/2000) y los artículos correspondientes de la Constitución Nacional”
Este concepto por mí emitido sobre la incorporación de esos predios con las restricciones que las leyes ambientales y urbanísticas les puedan imponer, sería a fin de cuentas para que se vayan evacuando etapas de vencimiento de contratos de arrendamiento, contratos de asociación de trabajo (talleres, actas de formación de grupo de trabajos y los que tienen documento de predios supuestamente legalizados (escrituras y certificados de tradición y libertad)) que sean reubicados, le sean comprados los predios, indemnizados y en última instancia de las peores desalojados por las autoridades competentes. Así el Estado podría recuperar el suelo como propiedad pública y de manejo ambiental.
III. Comparativo a los antecedentes normativos y conclusiones a ellos
Retomando, revocando y reconsiderando la literatura legal sobre las normas para aplicar en el terreno la franja de acotamiento del área que reclama la EAA Bogotá, ente que ejerce la función de control y mantenimientos físicos de los efectos que pueden presentar la variabilidad del cauce del río Bogotá y concretamente sobre el predio del litigio (puente grande). Presento un plano modificado que se ajusta a los 270 metros de cobertura de la franja propia del río en cuanto a la zona del manejo y preservación ambiental del mismo.
Cabe recalcar, que si bien el mismo atrás presentado por mí, con base a zonas de excepción de consideración del Gobierno Local del Distrito, y atendiendo a sus propietarios en cuanto a peticiones de prestación de servicios públicos con ocasión al asentamiento humano previos a la disposición de la ley, en los solo 50 metros de ronda hidráulica y de zona de manejo y preservación ambiental del río, no podría una pala-draga por su ancho y área que necesita para accionar mecánicamente y poder así laborar sobre la ribera del río.
Los permisos excepcionales que se pudieron haber adelantado a esos asentamiento humanos en ese sector obedecen a un alto riesgo de inundación; por lo que la EAAB debería responder con obras y sobre costos resultantes que mitiguen y saneen ese riesgo de inundación a dichas comunidades como serían cajas de inspección y control correspondientes para que en los eventos invernales el agua por efecto del principio físico de los vasos comunicantes no inunden dichos asentamientos humanos en lo que se conoce como el resumir del agua.
En definitiva en este evento no podrían los particulares afrontarlo con rellenos obras de artes civiles y esos costos los vendría a asumir el Estado siendo el responsable por una irresponsabilidad del ente público que permite y no prevé el riesgo que se podría presentar.
IV. Presentación del nuevo plano modificado y aclaratorio
Viene adjunto este informe en plancha 3 de 3.
• Producto del concienzudo estudio del acervo procesal sobre la ola invernal y sus consecuencias teniendo cuidado que por más zanjado que se pueda tener el río con obras de tratamiento de aguas residuales, maquinaria y equipos de última tecnología en el mejor de los supuestos utópicos casos; la ola invernal según el NOOA impactará ambientalmente la Región Andina por efecto del calentamiento global y su desordenado uso de los recursos del planeta y falta de medidas preventivas y curativas para atenuarlos, aquí cabe anotar que por más normas y leyes los impactos ambientales son impredecibles y ejercen toda su fuerza sobre la población humana.
• El NOAA (por sus siglas en inglés) el centro de predicción climática de los EE.UU. destaca que para que haya (niña) es necesario que las aguas del océano mantengan la tendencia a enfriarse durante cuatro meses seguidos (una anomalía de 0.5 grados centígrados); el promedio de 23 grados centígrados de temperatura de esas aguas oceánicas. En Colombia el invierno del segundo semestre de este año se empatará con la (niña) que traerá el primer semestre de 2012.
• Imposición de la restricción ambiental por las Leyes de uso de suelo y que se permite el discurrir natural del río y la contemplación pública de la naturaleza inherente al medio ambiente, sin cohibir ni causar menoscabo alguno al mismo.
• La administración del recurso se debe enfatizar en la inversión económica, la participación técnico científica y la propensión a la separación del alcantarillado sanitario de las alcantarillas y del río en sí. El alcantarillado fluvial también es indispensable que transcurra al lado de estas zonas de manejo ambiental del río.
• El transcurso del río debe ser claro con su contenido de vida natural que anterior y en otrora tiempo atrás era su esencia.
• El predio del litigio de “Puerta Grande” sí está comprendido dentro de la zona de ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental en su totalidad de área de 63.918 metros cuadrados.
De esta forma queda aclarado el experticio pericial solicitado...” (resalta la Sala)
En el término de traslado de dicha aclaración, la misma no fue objetada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso ni por la entidad demandada.
No obstante ello, la conclusión contenida en la aclaración acerca de que la totalidad del predio de 63.918 m2 de área está comprendida dentro de la zona de ronda hidráulica y la de manejo y preservación ambiental no resultó convincente, pues en el dictamen inicial se afirmó que solo 21.138 metros cuadrados correspondían a dicha zona, sin que se advierta con base en qué fundamentos el perito arribó a tal resultado, amén de que alude a situaciones fácticas que tuvieron ocurrencia y repercusión 11 años después de la expedición del acto acusado (ola invernal y fenómeno de la niña). Por esta razón, mediante proveído de 18 de julio de 2012, en ejercicio de la facultad oficiosa prevista en el artículo 169, inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo, se ordenó oficiar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que en asocio con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, con apoyo en aerofotografías, que reposan en esas entidades como memoria histórica de los predios, informaran:
“Si para el segundo semestre del año 2001, el predio denominado “Puente Grande”, ubicado en la localidad de Fontibón, Avenida Centenario AC13 números 137C62, 137C70, 137C76, 137C98, referenciados en la manzana catastral 11 con 15 lotes del plano E-83 del Catastro Distrital, de propiedad del señor Rafael Pachón Roncancio, estaba localizado en la ronda hidráulica y zona de manejo de preservación ambiental del río Bogotá. En caso afirmativo, qué área de dicho predio se encontraba en tal circunstancia”.
Según consta a folio 615 del cuaderno 2, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi dio traslado de la solicitud al director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, por ser de su competencia “la recopilación e integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, propietarios, rectificación de áreas en terreno y construcciones, de cédula catastral de datos jurídicos, de nomenclatura, de vigencia de avalúos, de doble incorporación, división de mejoras y recuperación de predios borrados”.
Dicha entidad mediante oficio 2013EE1275 0, recibido en la secretaría de la Sección Primera de esta corporación el 31 de enero de 2013, obrante a folios 624 y 625, respondió a tal requerimiento en los siguientes términos:
“... Consultado el sistema de información catastral de esta unidad administrativa, se encontraron incorporados cuatro (4) predios, los cuales se encuentran en el censo inmobiliario de Bogotá, actualmente, con la siguiente información:
Chip AAA0140KHBR
Código de sector 205402110100000000
Nomenclatura actual AC 22 138A 99
Nomenclatura anterior AC 12 137C 99
Destino 63 - no urbanizable/suelo protegido
Matricula inmobiliaria 050C01339749
Fecha de incorporación en el censo catastral 23-11-1994
Observaciones Este predio corresponde a parte del predio Puente Grande, tiene predio disperso que es el sector cartográfico 2054021103.
Chip AAA0161PKRJ
Código de sector 205402110200000000
Nomenclatura actual AC 17 137A 62
Nomenclatura anterior AC 13 137C 62
Matricula inmobiliaria 050C013490094
Fecha de incorporación en el censo catastral 31-12-2001
Observaciones El predio fue incorporado por el proceso de actualización vigencia fiscal 2002.
Chip AAA0161PKSY
Código de sector 205402110400000000
Nomenclatura actual AC 17 137A 76
Nomenclatura anterior AC 13 137C 76
Matricula inmobiliaria 050C01399221
Chip AAA0161PKTD
Código de sector 205402110500000000
Nomenclatura actual AC 17 137A 98
Nomenclatura anterior AC 13 137C 98
Matricula inmobiliaria 050C01359977
Para el segundo semestre el año 2001 solo se encontraba inscrito en el censo catastral el predio con nomenclatura oficial parte lote Fuente Grande, cédulas catastral FB 13107 y que en la actualidad corresponde al predio con chip AAA0140KHBR y código de sector 205402110100000000.
Respecto del área de afectación por ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá para el segundo semestre del año 2011, se remite su solicitud por competencia a la Secretaría Distrital de Planeación Distrital, por tratarse de la norma de uso del suelo.
Se anexa al presente en un total de ocho (8) folios, copia de manzana catastral 205402011, plano de lote 205402011003 y cuatro boletines catastrales con la información de los predios objeto de la solicitud y copia del oficio enviado a la Secretaría Distrital de Planeación...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
En atención a la remisión que hizo la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de la solicitud, la Secretaría Distrital de Planeación, a través de oficio 2-2013-06236 de 18 de febrero del año en curso, visible a folios 636 y 637, informó lo siguiente:
“... La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), junto a cuatro boletines catastrales, hizo traslado a esta entidad del oficio 2331 en el cual ese despacho solicita informar si para el segundo semestre del año 2001 el predio denominado “Puente Grande”, ubicado en la Avenida Centenario AC13 números 137C62, 137C70, 137C76, 137C98, de propiedad del señor Rafael Pachón Roncancio estaba localizado en la ronda hidráulica y zona de manejo de preservación ambiental del río Bogotá. En caso afirmativo, qué área de dicho predio se encontraba en tal circunstancia, esta dirección comunica:
Con base en la información catastral enviada por la UAECD y que se resume en la siguiente tabla:
Código catastral Dirección de consulta Dirección actual Observaciones
2054021102 Avenida Centenario AC13 Nº 137C-62 Avenida Calle 17 Nº 137 A 62
2054021103 Avenida Centenario AC13 Nº 137C-70 Predio disperso del 2054021101 según anotación en gráfico enviado por la UAECD.
2054021105 Avenida Centenario AC13 Nº 137C-76 Avenida Calle 17 Nº 137 A 76
2054021102 Avenida Centenario AC13 Nº 137C-98 Avenida Calle 17 Nº 137 A 98
Se consultó la base de datos geográfica corporativa de esta entidad en donde se encontró que las áreas correspondientes a los predios de la tabla precedente hacen parte del plano topográfico F 420/1-01 denominado Puente Grande, plano incorporado a la cartografía urbanística de la ciudad según radicado 1-1999-24751.
Con respecto a las condiciones del segundo semestre de 2001, para la época regía el Decreto Distrital 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”. Este decreto en el artículo 12 contiene las definiciones aplicadas a la estructura ecológica principal y en el artículo 45 establece la zona de manejo y preservación del río Bogotá.
Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 619 de 2000 y en concepto de esta dirección, el área incorporada en el plano topográfico F 420/1-01 denominado Puente Grande hace parte o incluye zona de manejo y preservación ambiental (zmpa) del río Bogotá.
Con respecto a la pregunta qué área de dicho predio se encontraba en tal circunstancia, se carece de elementos que permitan a esta dependencia establecer el área que se encontraba en tal circunstancia, por cuanto se desconoce una demarcación precisa que delimite con coordenadas la zmpa del río Bogotá dado que la delimitación oficial aún no se establece y la autoridad ambiental competente para áreas fuera del perímetro urbano, territorio dentro del cual se localizan la ZMPA y la ronda hidráulica del río Bogotá, es la Corporación Autónoma Regional, CAR (L. 99/93, art. 66).
El presente concepto se expide en los términos del artículo 28 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo...” (resalta la Sala fuera de texto).
Tal información fue adicionada por la citada entidad a través del oficio 2-2013-21655 de 8 de abril del presente año(7), así:
“... Dando alcance a nuestro oficio 2-2013-06236 de febrero 18 de 2013, esta entidad se permite mencionar que adicionalmente a lo comunicado en la citada misiva, para el segundo semestre del año 2001 el Decreto 619 de 2000 mencionaba: “ART. 45.—Modificado por el artículo 99, Decreto Distrital 469 de 2003. Zona de manejo y preservación del río Bogotá.
Se define como la zona contigua a la ronda hidráulica, determinada por al delimitación de la zona de amenaza alta de inundación, no mitigable o no mitigada, para un período de retorno de 10 años, establecida por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) o quien haga sus veces, y tendrá como mínimo 270 metros. Esta franja se define bajo un criterio de mitigación de amenaza y su manejo debe contribuir al mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema, cuya estabilidad se constituye en un factor de mitigación.
Adicionalmente, la ronda hidráulica del río Bogotá cuenta con una delimitación oficial desde el 17 de julio de 2009, fecha en la cual la CAR como autoridad ambiental para el sector, expidió el Acuerdo 17. Y como la delimitación de la ZMPA parte del límite externo de la ronda hidráulica expedida en el año 2009 teniendo como mínimo 270 metros, es bueno mencionar que a la fecha no existe un acto administrativo que la delimite con precisión. Teniendo en cuenta que para la época a la cual se refiere la solicitud es para el segundo semestre del año 2001, y que para ese entonces los límites que se mostraban en los mapas no eran más que descriptivos, los datos que seguidamente se relacionan son los obtenidos al cruzar la cobertura que sirvió como soporte para la elaboración de los mapas del Decreto 619 de 2000 y que como ya se mencionó, solo son aproximaciones.
Predio con código de sector Área aproximada de m2 en ZMPA Área aproximada de m2 en ronda
2054021101 0 5949
2054021102 6839 0
2054021104 2121 0
2054021105 3417 5468
De la información reseñada, proporcionada por la Administración de Catastro Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación, para la época en la cual se hizo la solicitud a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP - EAAB ESP, del suministro del servicio de acueducto y alcantarillado para el predio “Puente Grande”, ubicado en la localidad de Fontibón, que limita con el río Bogotá, cuyo uso estaba consagrado en el artículo 45 del Decreto 619 de 2000, parágrafo 2º, arriba transcrito, se tiene que en dicho inmueble se encuentran incorporados cuatro predios, así:
— Predio con código de sector 205402110100000000, que para el segundo semestre de 2001, cuando se hizo la petición del servicio, era el único que estaba inscrito en el censo catastral con nomenclatura oficial parte lote Puente Grande, matrícula inmobiliaria 050C-01339749, área de 5.949.10 m2(8), con una área aproximada en zona de manejo y preservación ambiental de 0 m2 y de ronda de 5.949 m2, lo que pone de manifiesto que prácticamente todo el terreno estaba en área de protección.
— Predio con código de sector 205402110200000000, matrícula inmobiliaria 050C011349094, incorporado al censo catastral el 31 de diciembre de 2001, área de terreno 6.993.90 m2, área construida 77 m2(9), con área aproximada en zona de manejo y preservación ambiental de 6.839 m2 y de 0 m2 en área de ronda hidráulica, de lo cual se concluye que 154.90 m2 están fuera de la zona de protección.
— Predio con código de sector 205402110400000000, matrícula inmobiliaria 050C01399221, incorporado al censo catastral el 31 de diciembre de 2001, área de terreno 2.109.10 m2, área construida 57 m2(10), con área aproximada en zona de manejo y preservación ambiental de 2.121 m2 y de 0 m2 en área de ronda hidráulica, lo cual indica que el predio estaba en zona de protección.
— Predio con código de sector 205402110500000000, matrícula inmobiliaria 050C01359977, incorporado al censo catastral el 31 de diciembre de 2001, área de terreno 9.446.60 m2, área construida 0 m2(11), con área aproximada en zona de manejo y preservación ambiental de 3.417 m2 y de 5.468 m2 en área de ronda hidráulica, lo que evidencia que 561.60 m2 estaban fuera de la franja de protección.
Cabe señalar que el predio sobre el cual se solicitó el servicio de acueducto y alcantarillado, denominado Puente Grande, corresponde al último de los citados, que, como ya se dijo, se identifica con la matrícula inmobiliaria 050C01359977, y de acuerdo con los datos suministrados y la documentación allegada por la Secretaría Distrital de Planeación(12), tiene una área de terreno 9.446.60 m2, sin construcción alguna, con área aproximada en zona de manejo y preservación ambiental de 3.417 m2 y de 5.468 m2 en área de ronda hidráulica, quedando por fuera de la zona de protección 561.60 m2.
Tal circunstancia, a juicio de la Sala, fue la que dio lugar a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al expedir el acto acusado, manifestara:
“... Quedando definido con claridad que el predio está afectado en parte por una franja de protección ambiental de 50 metros (la ronda hidráulica del Río Bogotá de 30 metros y la zona de manejo y preservación ambiental de 20 metros a partir de de esta ronda hidráulica), a lo largo de la línea del borde del cauce natural permanente del río Bogotá, el resto del terreno no tiene afectación alguna y por ende hace parte de aquellos predios que por mandato constitucional tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas y fundamentales como son los servicios de acueducto y alcantarillado...” (negrillas fuera de texto).
De lo anterior, la Sala concluye que si bien es cierto que parte del predio objeto del acto administrativo acusado, se encontraba dentro de la franja de protección ambiental -área aproximada de 8.885 m2 (que resulta de sumar los 3.417 m2 y 5.468 m2 a que se aludió anteriormente), la cual por virtud del artículo 46 del Decreto Distrital 619 de 28 de julio de 2000, tiene uso restringido, también lo es que 561.60 m2 aproximados de área del terreno (diferencia entre 9.446.60 m2 y 8.885 m2), no tenían afectación alguna, razón por la cual no se podía negar el servicio de acueducto y alcantarillado en esa área, como lo consideró la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el acto acusado, transcrito anteriormente y resaltado en la parte pertinente.
Al no haber desvirtuado la actora la presunción de legalidad de que goza el acto administrativo acusado, la Sala denegará la pretensión encaminada a que se declare su nulidad, como en efecto se dispondrá en la parte motiva de esta providencia.
En cuanto hace relación a los otros actos acusados en la adición de la demanda presentada el 2 de marzo de 2004, a saber: las resoluciones 4185 de 29 de mayo de 2001, expedida por el Intendente de control social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por medio de la cual se impone una sanción (a la EAAB ESP) a una empresa prestadora de servicio público domiciliario y se ordena el reconocimiento del silencio administrativo positivo” (fl. 181), y 16291 de 25 de diciembre de 2001 y 3199 de 1º de marzo de 2002, que en respuesta a los recursos de reposición y apelación confirmaron la primera, se tiene que la actora no explicó los fundamentos de derecho ni el alcance del concepto de violación, pues se limita a señalar unos hechos que considera, guardan relación con el acto inicialmente demandado. En consecuencia, la Sala se declarará inhibida para pronunciarse frente a los mismos, por inepta demanda.
DECLÁRASE no probada la excepción de indebida escogencia de la acción, propuesta por la demandada.
DENIÉGASE la pretensión de la demanda relativa a declarar la nulidad de la Resolución 12907 de 28 de noviembre de 2001, habida cuenta de que de los 9.446.60 m2 que comprende el predio sobre el cual se solicitó el servicio de acueducto y alcantarillado, 561.60 m2 aproximados de área del terreno, no estaban dentro de la franja de manejo y preservación ambiental, razón por la que no se podía negar dicho servicio público en esta área.
INHÍBESE de pronunciarse sobre la nulidad de los otros actos acusados, por inepta demanda.
TIÉNESE al doctor José Gildardo Mayor Cardona, como apoderado del señor Rafael Pachón Roncancio, tercero interesado en las resultas del proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 593 del cuaderno 2.
TIÉNESE al doctor Orlando Sepúlveda Otálora, como apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes a folios 598 a 607 del cuaderno 2.
(1) Los datos del predio se encuentran en el acto acusado, folio 91.
(2) Esta norma es el antecedente inmediato del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Sus normas determinaban los lineamientos del desarrollo territorial de la ciudad. Fue derogado por el Decreto 619 de 2000.
(3) De conformidad con el artículo 26 de la Ley 388 de 1997 y 29 del Decreto 879 de 1998, transcurridos 60 días desde la presentación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, sin que el Concejo Municipal o Distrital adopte decisión alguna, el Alcalde puede adoptarlo mediante decreto.
(4) Derogado por el artículo 286 del Decreto Distrital 469 de 2003.
(5) Modificado por el artículo 98 ídem.
(6) Modificado por el artículo 99 ídem.
(7) Folio 639.
(8) Según Boletín Catastral visible a folio 628 del cuaderno 2.
(9) Conforme al Boletín Catastral obrante a folio 629, ibídem.
(10) Tales áreas constan en el Boletín Catastral visible a folio 630, ibídem.
(11) Según Boletín Catastral obrante a folio 631, ibídem.
(12) Con ocasión del proveído de 18 de julio de 2012.