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Timestamp: 2020-02-21 14:55:04
Document Index: 126288221

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 56', 'artículo 54', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 30', 'Artículo 45', 'Artículo 50', 'Artículo 71', 'Artículo 80', 'Artículo 96', 'Artículo 113', 'Artículo 124']

Ley 9/2012 de 19 de Jul C.A. Baleares (Modificación de la ley 3/2007, de la función pública) | Iberley
Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 21-07-2012
Estado: DEROGADO desde 13 de Abril de 2016 por Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitacion linguistica para la recuperacion del uso del catalan en el ambito de la funcion publica
El artículo 149.1.18 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las admi nistraciones públicas y del régimen estatutario de su personal funcionario que, en cualquier caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante éstas .
El artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, con la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, señala que corresponde a la comunidad autó noma el desarrollo legislativo y la ejecución del Estatuto de los funcionarios de la Administración de la comunidad autónoma y de la administración local. En desarrollo de esta competencia se aprobó la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el día 3 de abril de 2007, con una vaca- tio legis de tres meses.
Por su parte, el artículo 4 del Estatuto de Autonomía establece que la len gua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carác ter de idioma oficial, sin que nadie pueda ser discriminado por causa del idio ma, a la vez que determina, en el apartado 3, que las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears .
Cuando el mismo Estatuto se refiere a las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas, el artículo 14 prevé el derecho de éstos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad y a dirigirse a la Administración de la comunidad autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir res puesta en la misma lengua utilizada .
Por otro lado, el mismo criterio es el que persigue la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, cuando indica en el apartado 2 del artículo 56 que las administraciones públicas, en el ámbito de sus compe tencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capa citados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de dos lenguas oficiales , de forma que se garantice el derecho del ciuda dano a ser atendido en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el terri torio, tal como prevé el apartado 11 del artículo 54.
Por lo tanto, se trata de asegurar la correcta satisfacción de los derechos lingüísticos que se reconocen a los ciudadanos en el ámbito territorial de las Illes Balears, mediante la capacitación lingüística del personal de la Administración, en los supuestos en que las funciones a desarrollar o la relación directa con la ciudadanía lo exijan, de forma que se asegure que el derecho de libre elección lingüística puede ejercerse sin obstáculos razonables ante los órganos y las uni dades de la Administración.
En la actualidad, por una parte, la inmensa mayoría del personal al servi cio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene certificados de conocimientos de catalán que le permiten atender los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Y, por otra, a consecuencia de la implantación del Decreto 92/1997, de 4 de julio, que regula la enseñanza de y en lengua catala na, propia de las Illes Balears, en los centros docentes no universitarios, el alum nado que termina la educación secundaria obligatoria y el que termina el bachi llerato con un determinado número de horas de catalán tienen unos conoci mientos de catalán equiparables, según los casos, a los certificados B1, B2 o C1, desde el Decreto 86/2005, de 29 de julio, que regulaba la homologación de los estudios de lengua catalana de la educación secundaria obligatoria y del bachi llerato con los certificados de la Dirección General de Política Lingüística - derogado por el Decreto 16/2011, de 25 de febrero, de evaluación y certificación de conocimientos de lengua catalana, que adapta los certificados de acuerdo con el marco de referencia para la evaluación de lenguas modernas del Consejo de Europa- y de acuerdo con la Orden del consejero de Educación y Cultura de 26 de abril de 2011.
Por otra parte, en los últimos años, varias sentencias del Tribunal Constitucional, y especialmente la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, han establecido el régimen jurídico de las lenguas oficiales. En este sentido, dicha sentencia establece en el fundamento jurídico 14, y reitera en el 21, recor dando la STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, que de acuerdo con la Constitución, es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos [..], lo que implica que el caste- llano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español . Y, en virtud del contenido del apartado 2 del artículo 3 de la CE, se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómi- co, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto . También en esta sentencia 31/2010 se establece: La definición del catalán como la lengua propia de Cataluña no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano. [..] Si con la expre- sión lengua propia quiere significarse [..] que el catalán es lengua peculiar o privativa de Cataluña, por contraste con el castellano, lengua compartida con todas las Comunidades Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC es inobjetable. Si de ello, por el contrario, pretende deducirse que únicamente el catalán es lengua de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico, se estaría contradiciendo una de las características cons- titucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística, cual es, según acaba- mos de recordar con la cita de la STC 82/1986, que las lenguas oficiales cons- tituyen medio normal de comunicación en y entre [los poderes públicos] y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos . Toda lengua oficial es, por tanto -también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española-, lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones Públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Más adelante con- tinúa: A diferencia de la noción de normalidad, el concepto de preferencia, por su propio tenor, trasciende la mera descripción de una realidad lingüística e implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equi- librio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado.
Por todo ello, a la vez que se modifica la Ley 3/2007 para eliminar la exi gencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requi sito para acceder a la Administración o para ocupar cualquier puesto de trabajo, y en consonancia con los razonamientos jurisprudenciales antes mencionados, se considera oportuno y necesario modificar las leyes que regulan el uso de la lengua en la Administración (Ley 3/1986, de 19 de abril, de normalización lin güística, y Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears) únicamente en los aspectos que hacen referencia a esta cuestión.
En consideración a todo lo expuesto y, sobre todo, con la idea de seguir avanzando en la profesionalización del personal que accede a la Administración, con esta reforma se pretende instrumentar las medidas necesarias para que los procesos selectivos permitan el acceso de las personas mejor cualificadas y que superen las pruebas con mayor nivel, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán sea, de entrada, un obstáculo para acceder a la misma; todo ello, sin perjuicio de que, una vez dentro de la Administración, las personas que no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de la lengua catalana, con la colaboración de la Administración, mediante el fomento de los cursos adecuados, para poder faci litar a los ciudadanos y a las ciudadanas el ejercicio del derecho de utilizar cual quiera de las dos lenguas cooficiales en sus relaciones con la Administración. Igualmente, los procedimientos de provisión valorarán como mérito los dife rentes niveles de conocimientos de catalán, que no se podrán exigir como requi sito más que en los casos que determina la ley.
Sin perjuicio de ello, no hay que olvidar que, para poder atender el dere cho de opción lingüística de la ciudadanía, y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1999, que recogió los criterios sobre los efectos de la cooficialidad en el sentido de que el conocimiento de lenguas pro pias cooficiales se puede valorar como mérito no eliminatorio, puede ser nece sario imponer la acreditación de un determinado nivel de conocimiento de la lengua propia, tal como prevé esta ley, como requisito del puesto, para garanti zar el derecho de los ciudadanos a usarla, en los supuestos en que las funciones a desarrollar o la relación directa con la ciudadanía lo exijan.
Por último, también se modifica el artículo 14 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears, para posibilitar que junto con la forma catalana también pueda ser oficial el topónimo en su forma caste llana, y a la vez hacer constar que, de acuerdo con la Ley 8/1993, de 1 de diciembre, por la que se atribuyen competencias a los consejos insulares en materia de régimen local, ahora son éstos los que tienen las competencias sobre la aprobación de los cambios de denominación toponímica de los municipios y de su capitalidad.
2. El sistema de oposición consiste en llevar a cabo una o más pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes. Sin embargo, y al único efecto de determinar el orden de prelación final de los aspirantes aprobados para la adjudicación de los puestos de trabajo, las convocatorias podrán establecer que éste sea determinado, además de por la puntuación obtenida en los ejerci cios de la oposición libre, por la valoración de determinados méritos. En cual quier caso, sólo podrán tener acceso a la valoración de los méritos los aspiran tes que hayan superado la oposición libre.
6. Las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears promoverán la realización de cursos destinados a favorecer el conocimiento de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, entre su personal y el del sector público instrumental que depende de ellas, con el fin de garantizar la capacitación para atender a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas cooficiales y para poder utilizarlas adecuadamente en la actua ción administrativa.
2. El reingreso puede efectuarse por adjudicación de un puesto de traba jo con carácter provisional, condicionada a las necesidades del servicio y en los términos que se establezcan reglamentariamente, siempre que la persona intere sada cumpla los requisitos de ocupación del puesto, salvo, en su caso, del nivel de conocimientos de lengua catalana del puesto de trabajo.
g) Facilitar a los ciudadanos y a las ciudadanas el ejercicio del derecho a utilizar las lenguas cooficiales en las relaciones con la Administración autonó mica.
El conocimiento de la lengua catalana en las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma y en las entidades del sector públi co instrumental
1. El conocimiento de la lengua catalana no será, de forma general, un requisito para acceder a la condición de empleado público de las administracio nes públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni para ocupar puestos de trabajo en ellas. El mismo principio se apli cará al personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears, así como para acceder u ocupar puestos en las entidades del sector público instrumental dependiente de las administraciones anteriores.
b) Para acceder y ocupar puestos de trabajo correspondientes a escalas, subescalas, especialidades o categorías profesionales con funciones de asesora miento lingüístico en que la convocatoria y la relación de puestos de trabajo tie nen que exigir como requisito el nivel C2 de conocimientos de lengua catalana o equivalente.
d) Para ocupar los puestos correspondientes a cuerpos, escalas, subesca las o categorías profesionales para cuyo ingreso no se exija ninguna de las titu laciones previstas en el sistema educativo, que tengan como función principal la recepción al público o la atención telefónica, así como los que tengan como fun ción principal la información al alumnado en los centros educativos, en que la relación de puestos de trabajo exigirá como requisito el nivel A2 de conoci mientos de lengua catalana o equivalente.
e) Para ocupar los puestos de trabajo correspondientes a categorías de per sonal estatutario de gestión y servicios para cuyo ingreso se requiera un nivel de titulación académica correspondiente al subgrupo C2 o no se exija ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, que tengan como función prin cipal la información y la atención al público, en que la relación de puestos de trabajo exigirá como requisito el nivel A2 de conocimientos de lengua catalana o equivalente.
f) Para ocupar los puestos de trabajo en que, dadas las características espe ciales de sus funciones, se motive que es imprescindible exigir el conocimiento de un determinado nivel de catalán, lo que se hará mediante la relación de pues tos de trabajo.
3. La acreditación de los diferentes niveles de conocimiento de la lengua catalana será mérito de necesaria consideración, de acuerdo con el baremo que se establezca en las bases del proceso selectivo, en todos los procedimientos de selección de los cuerpos, escalas, subescalas, especialidades, categorías de per sonal estatutario o categorías profesionales, excepto para acceder a los puestos en que se exige un nivel de catalán como requisito, en cuyo caso será conside rada mérito la acreditación de niveles superiores al exigido. Si el procedimien to de selección es por el sistema de oposición, este mérito se considerará única mente a los efectos de determinar el orden de prelación final de los aspirantes aprobados para la adjudicación de los puestos de trabajo, de acuerdo con lo que prevé esta ley.
4. Igualmente, la acreditación de los diferentes niveles de conocimiento de lengua catalana será mérito de necesaria consideración, de acuerdo con el bare mo que se establezca en las bases de la convocatoria, en todos los procedimien tos de provisión y de ocupación de personal empleado público de los puestos en que no sea requisito. También será considerada mérito la acreditación de nive les superiores al exigido como requisito del puesto.
10. Se añade una disposición adicional (la decimotercera), con la siguien te redacción:
D.A. 13ª
Atención a la ciudadanía en las dos lenguas cooficiales de las Illes Balears
Las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autó noma de las Illes Balears y las entidades del sector público instrumental de ellas dependientes tendrán que poner los medios necesarios para poder garantizar la atención a la ciudadanía en la lengua cooficial de las Illes Balears que solicite.
Sin embargo, esta ley será de aplicación a todas las convocatorias de pro cedimientos de selección y de movilidad de personal estatutario del Servicio de Salud de las Illes Balears o de las entidades que están adscritas a él, regulados en los capítulos VI y VII, respectivamente, de la Ley 55/2003, de 16 de diciem bre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de Salud, reali zadas con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 24/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso y de movilidad relativos a la función pública estatutaria y para ocupar puestos de trabajo que se convoquen en el sec tor público sanitario de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y por tanto no será necesario que los empleados públicos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de este decreto tengan que acreditar que han obtenido, en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que hayan ocupado la plaza, el nivel mínimo de conocimiento de catalán que se detalla en el artículo 5 del mismo decreto.
En las entidades locales e insulares, y en los entes del sector público ins trumental local, insular y autonómico que aún no dispongan de relación de pues tos de trabajo, la exigencia -de acuerdo con la disposición adicional duodéci ma- del conocimiento de un determinado nivel de catalán para ocupar los puestos de trabajo en los que, dadas las características especiales de sus funcio nes, sea imprescindible que lo tengan, y mientras no dispongan de este instru mento, se podrá hacer efectiva mediante un acuerdo del órgano competente.
b) El Decreto 24/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acce so y de movilidad relativosa la función pública estatutaria y para ocupar pues tos de trabajo que se convoquen en el sector público sanitario de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
c) El Decreto 86/2004, de 15 de octubre, por el que se regula la exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos para proveer pues tos de trabajo de los entes locales de las Illes Balears reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
d) El Decreto 7/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la concesión de premios al personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears por haber obtenido niveles de cono cimiento de catalán superiores a los exigidos para el ingreso en la función públi ca.
e) El Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que regula el uso de las len guas oficialesde la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
a) Hacer efectivo el uso normal y oficial de la lengua catalana y de la cas tellana en el ámbito oficial y administrativo, tomando las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creando las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.
1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tiene, junto con la cas tellana, el carácter de idioma oficial y, por tanto, ambas son las lenguas del Gobierno de las Illes Balears, del Parlamento, de los consejos insulares y de las corporaciones locales, y en general de las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de las entidades del sector público de ellas dependientes.
3. Estas denominaciones son legales a todos los efectos y la rotulación debe concordar con cualquiera de las formas oficiales. El Gobierno de la comu nidad autónoma reglamentará la normalización de la rotulación pública, respe tando, en cualquier caso, las normas internacionales que el Estado haya suscri to.
1. A fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en el articulado de esta ley, los poderes públicos han de promover las medidas correspondientes y fomentar e incentivar la capacitación del personal de las administraciones públi cas del ámbito territorial de las Illes Balears y de las entidades del sector públi co de ellas dependientes, en el uso de la lengua catalana.
7. Los apartados 1 y 2 del artículo 34 quedan sin contenido y se modifica la redacción del apartado 3. Así, el artículo 34 queda redactado en los siguien tes términos:
Las bases de las convocatorias para proveer plazas de la Administración de la comunidad autónoma, de los consejos insulares y de las corporaciones locales de las Illes Balears incluirán una referencia expresa a la valoración del conocimiento de la lengua catalana como mérito, excepto para los puestos en que sea requisito, en cuyo caso será considerada mérito la acreditación de nive les superiores al exigido como requisito del puesto.
Se modifica la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en los siguien tes términos:
La Administración de la comunidad autónoma y las entidades que inte gran la administración instrumental podrán utilizar el catalán y el castellano, indistintamente, en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas. También podrán utilizarlos indistintamente en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a recibir respuesta en la lengua cooficial utilizada o en la que solici ten.
1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la comunidad autónoma y por las entidades que integran la administración instrumental se pueden emplear indistintamente el catalán y el castellano, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a presentar escritos y documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir noti ficaciones en la lengua cooficial que deseen. Si no manifiestan en qué lengua cooficial quieren recibir la respuesta, se entenderá que optan por recibirla en la que hayan utilizado al dirigirse a la Administración.
3. El conocimiento de la lengua catalana no será, de manera general, un requisito para acceder a los cuerpos de policía local y de policía auxiliar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni para ocupar puestos de trabajo en los mismos, salvo que, dadas las características especiales de las funciones de cada puesto, se motive que es imprescindible exigir el cono cimiento de un determinado nivel de catalán, lo cual se hará constar en la rela ción de puestos de trabajo.
1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposi ciones que sean necesarias para desarrollar esta ley.
2. En el plazo de un año, las administraciones del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes del sector público instru mental de ellas dependientes adaptarán sus relaciones de puestos de trabajo a lo establecido en esta ley.
Palma, a diecinueve de julio de dos mil doce
Ley 3/2003 de 26 de marzo, de regimen juridico de la administracion de la Comunidad Autonoma de las Illes Balears.
Artículo 43. Uso de las lenguas cooficiales en la actuación administrativa
Artículo 44. Uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos
Artículo 30. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo
Artículo 45. Sistemas de selección
Artículo 50. Requisitos de acceso a la función pública
Artículo 71. Formación y perfeccionamiento del personal
Artículo 80. Convocatorias de provisión
Artículo 96. Condiciones y efectos de la movilidad interadministrativa
Artículo 113. El reingreso en el servicio activo
Artículo 124. Deberes del personal funcionario al servicio de la Administración de la comunidad autónoma
Ley 3/1986, de 19 de abril, de Normalizacion Lingüistica.
Fecha Publicación: 1986-05-20
Decreto 114/2008, de 17 de octubre de 2008, por el cual se aprueba el reglamento por el cual se regula la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la funcion publica y para ocupar puestos de trabajo que se convoquen en el ambito de la administracion de la comunidad autonoma de las Islas Baleares