Source: http://laraabogados.blogspot.cl/2008/
Timestamp: 2018-02-21 13:21:41
Document Index: 391034558

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 96', 'artículo 133', 'artículo 160', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 25']

EL BLOG DE JOSE LARA CABELLO: 2008
Publicado por JOSÉ LARA CABELLO en 19:17 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Aquí tratarmos los problemas que las nuevas tecnologías de la información plantean sobre la regulación de la propiedad intelectual, a partir del estudio de la Directiva de derechos de autor (DDASI) y las leyes que la transponen al ordenamiento español, en especial, se tratan problemas específicos que presentan determinados actos de reproducción realizados a través de Internet.
Tradicionalmente, el término propiedad intelectual ha englobado en nuestro país los derechos de autor y los denominados derechos conexos o afines. Sin embargo, en el mundo anglosajón y en determinadas esferas internacionales el concepto de propiedad intelectual abarca además de los derechos de autor y los derechos afines, a los derechos sobre la propiedad industrial. El derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas.
Los derechos conexos o afines protegen ciertas prestaciones creativas o industriales como la de los artistas intérpretes y ejecutantes, productores y otros. El objeto de protección es el bien intelectual en sí mismo y no su soporte tangible. Tampoco se protegen las ideas que son totalmente libres en cuanto a su posible transmisión.
Las obras protegidas son las obras originales, un concepto demasiado abierto que, si bien hace algún tiempo venía siendo definido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo siguiendo un criterio subjetivista como aquellas obras que tienen un reflejo de la personalidad del autor, en la doctrina más moderna de tal Alto Tribunal se define como un concepto más cercano al de novedad previsto para la propiedad industrial, como aquello aún no comprendido en otras creaciones. Además, los derechos de autor nacen por el hecho mismo de la creación de la obra original, y, en consecuencia, su protección es independiente de la existencia de formalismos o registros.
Finalmente, deberemos tener en cuenta los distintos conceptos de autor, titular y entidades de gestión de los derechos sobre la propiedad intelectual.Los derechos de autor abarcan tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. Entre los derechos morales se encuentran el derecho de divulgación de una obra, el derecho al anonimato, el derecho a la autoría o el derecho a la integridad de la obra. Es precisamente en los derechos morales donde la tecnología digital puede provocar problemas. Pensemos por ejemplo si la coloración de una película originalmente en blanco y negro podría comportar una vulneración de los derechos morales del autor sobre la integridad de su obra o si las melodías musicales de un teléfono móvil atentan a la integridad de la obra musical.
Por último, ¿qué decir de las fotos que corren por Internet sin que conste quién es su titular?. Los derechos patrimoniales de autor se pueden clasificar en dos grupos: los de explotación y los de simple remuneración. Los derechos de explotación son exclusivos, es decir, sus autores tienen un monopolio de explotación y son el derecho de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública y el de transformación. Sin embargo, los mencionados derechos fueron pensados para proteger a los autores en un mundo analógico, pero la influencia del mundo digital ha provocado que se replantee el derecho de autor en el nuevo entorno. Así por ejemplo, cuando navegando por Internet y buscando una página web una obra viaja a nuestro ordenador desde el servidor en la que estaba alojado lo hace a través de una serie de servidores intermedios generando tantas reproducciones como servidores participan en la transmisión.
Igualmente cuando dichos servidores almacenan la página web en su servidor para dar una respuesta más rápida al usuario la siguiente vez que la requiera, dicha página web también está realizando una reproducción. ¿Son tales actos de reproducción ilegales?.Precisamente para dar respuesta a estas cuestiones y para transponer a nuestro derecho nacional la DDASI se promulgó la Ley 23/2006, de 7 de julio, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI).Conceptos más importantes-
Propiedad intelectual: a nivel internacional la propiedad intelectual incluye tanto el derecho de autor y derechos conexos y los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas…), sin embargo en España la propiedad intelectual es el conjunto de los derechos de autor y los derechos conexos.-
-Derecho de autor: derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. (Artículo 2 TRLPI).-
-Obra: es la expresión formal de una idea o sentimiento que se quiere comunicar al público. El TRLPI la define en su artículo 10 como “toda creación original literaria, artística o científica expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.La originalidad es un concepto muy discutido (la tradición ortodoxa la relaciona con la personalidad del autor, mientras que en el sistema del copyright la relaciona con el esfuerzo personalizado). En último término, se deducirá su significado en un análisis caso a caso.-
-Autor: la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. (artículo 5.1 TRLPI).Obra en colaboración: resultado unitario de la colaboración de diversos autores (artículo 7 TRLPI).-
-Obra colectiva: creada por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita o divulga bajo su nombre. Está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada (artículo 8 TRLPI).-
-Obra compuesta: obra nueva que incorpora una obra pre-existente sin la colaboración del autor de esta última (artículo 9 TRLPI).-
Derechos morales: son derechos de carácter personal, que son irrenunciables e inalienables. En España son derechos morales los derechos de divulgación, anonimato, atribución, integridad, modificación, arrepentimiento y acceso. Algunos de estos derechos sobreviven durante cierto tiempo (divulgación) o sin límite de tiempo (atribución e integridad).-
-Derechos patrimoniales: concretan el contenido económico de a propiedad intelectual y están formados por los derechos exclusivos de explotación y los derechos de simple remuneración.
-Derechos de explotación: el autor (o titular) tiene el poder de excluir a otros, imponiéndoles una prohibición o veto. Están incluidos, sin ser una enumeración cerrada, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.Derechos de simple remuneración: atribuyen al autor (o titular) el derecho a recibir una compensación económica, pero no puede autorizar o prohibir los usos correspondientes. Es de especial relevancia el droit de suite o derecho de participación de los artistas plásticos, contenido en el artículo 24 TRLPI.-
-Excepciones: enumeración cerrada de límites sustantivos al monopolio del autor para asegurar intereses generales en favor del derecho de información, de la libertad de expresión, de la docencia y/o investigación, del derecho de acceso a la cultura, de invidentes, destinadas a satisfacer intereses o necesidades del funcionamiento del Estado y las instituciones y a favor de los usuarios legítimos. Asimismo hay ciertos casos de dudosa o difícil justificación, como la copia privada.-
-Browsing: navegación por Internet, que técnicamente exige una reproducción en la memoria RAM, y a menudo, en el disco duro.-
-Caching: almacenamiento de páginas web visitadas, que se puede producir en un ordenador personal (caching local o cliente) o en un servidor (proxy caching).-
-Linking: utilización de enlaces o vínculos directos de una página web a otra, también conocidos como enlaces de hipertexto o hipervínculos. Se distingue entre enlaces normales y enlaces acoplados (también llamados enlaces en línea o enlaces de imagen)-
-Framing: utilización de enlaces marco que hacen posible la visualización de la página web enlazada en un contexto distinto al que originariamente tenía.-
-Sistemas peer to peer: basados en redes entre iguales, que están formadas por una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores de los demás nodos de la red, son aplicaciones mediante las cuales los usuarios del sistema “intercambian ficheros”, que no deja de ser una reproducción y comunicación pública de, en muchos casos, obras protegidas. Ver casos Napster y KaZaA.-
-Programa de ordenador: toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. (artículo 96.1 TRLPI). El derecho de autor sobre los programas de ordenador protege el programa en sí, su documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso del programa.-
-Licencias GPL de software libre o software de código abierto (copyleft): licencias mediante las cuales el titular del programa permite expresamente a sus usuarios usar, modificar y redistribuir el mismo (con o sin modificaciones, con dos únicas condiciones, dar atribución al autor original y asegurar que cualquier nueva versión del mismo será distribuida bajo la misma licencia.-
-Derecho sui generis de base de datos: protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido. El fabricante de una base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. (artículo 133.1 TRLPI).-
-Medida tecnológica: toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual (artículo 160.3 TRLPI).
-Fuente Derecho y Nuevas Tecnologias UOC.-
Publicado por JOSÉ LARA CABELLO en 16:21 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
COMPETENCIA JUDICIAL Y LEY APLICABLE EN LAS COMPRAS POR INTERNET
¿Qué tribunales serían competentes para conocer de un pleito en el que un comprador cuestionase la validez de los contratos de compra on-line de libros de Chesterton a través del sitio web, es ficticio a modo de ejemplo, www.elprincipedelasparadojas.com? ¿Cuál sería la ley aplicable para determinar la validez de los contratos on-line?
Asumiendo que el supuesto más habitual que se planteará en nuestro caso práctico será el del comprador -como YO - con domicilio en un Estado Miembro, para el caso de compradores on-line que ostenten la condición de consumidores(1) serán competentes los Tribunales del Estado donde tenga su domicilio el editor o del Estado donde tenga su domicilio el consumidor, a libre elección de este último (artículo 16 Reglamento 44/2001).
Centrándonos en la cuestión de la ley aplicable, asumiendo que el pleito sobre la validez del contrato on-line se plantease ante uno de los foros del Reglamento 44/2001, la ley aplicable será la que determine el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 ("CR")(2). A la hora de cuestionarnos la ley aplicable a la validez de un contrato de compra on-line debemos distinguir una serie de aspectos relativos al propio contrato:
1) Capacidad para celebrar el contrato: Conforme al artículo 9.1 del Código Civil es la ley nacional (ley personal) del comprador la que rige tanto su capacidad jurídica como su capacidad de obrar(3).
2) El objeto y causa del contrato, elementos necesarios para la existencia y validez del contrato se regulan por la Lex Contractus (ley que rige el fondo del contrato), como se deduce implícitamente del artículo 8.1 CR (4).
3) Forma del contrato: El Informe Giuliano/Lagarde define las cuestiones de forma (artículo 9 CR) como "cualquier comportamiento exterior impuesto al autor de una manifestación de voluntad jurídica y sin la cual dicha manifestación de voluntad no puede lograr plena eficacia". El artículo 9 CR relativo a las formalidades necesarias de un contrato distingue entre:
a) Contratos on-line celebrados entre el editor y un comprador que se encuentra en Francia y/o España (donde el editor tiene sedes sociales): el contrato es válido si reúne las condiciones de forma de la ley que rige el fondo del contrato o la del lugar donde se ha celebrado.
b) Contratos on-line celebrados entre el editor y un comprador que se encuentra en un país distinto de España y Francia: la forma del contrato se rige o bien por la ley que rige el fondo del contrato o por la ley de uno de los países donde se encuentra el comprador o el vendedor alternativamente(5), si bien este juego alternativo puede verse alterado por el artículo 7 CR que impone la aplicación de las normas imperativas sobre forma de lex fori (6).
4) Lex Contractus (ley que rige el fondo del contrato): Variará en función de quiénes sean parte en el contrato de compra:
a) editor vende on-line libros a otra empresa (B2B): Ante la ausencia de pacto expreso contenido en las condiciones generales sobre la ley aplicable resulta de aplicación el art. 4.2 CR. Así, la ley aplicable será la del país de residencia habitual del prestador característico del contrato -ley más íntimamente conectada con el contrato(7)- sin que sea relevante el lugar en el que se encuentre ubicado el servidor del sitio web. En este punto se plantean dos interrogantes lógicos: (i) qué es residencia habitual y, (ii) quién es el prestador característico. Tratándose comprador y vendedor (editor) de dos empresas (B2B), resulta de aplicación el art. 4.2 CR conforme al cual, si el prestador característico es una persona jurídica se entiende que tiene su residencia habitual en el lugar donde tiene su administración central. No obstante, si se trata de contratos celebrados por empresas en el marco de su actividad empresarial, como sería el caso para el editor, también se considera su residencia habitual el lugar donde esté su establecimiento principal (su filial en España). Por su parte, conforme al Informe Giuliano/Lagarde, la prestación característica de un contrato debe fijarse a partir de un análisis del tipo contractual de que se trate y no de las circunstancias del contrato. De modo que, la prestación característica será aquella que distingue a un contrato de otro y que, normalmente, será una prestación no dineraria (Nicht-Geldleistung). En nuestro caso, tratándose de una compraventa on-line, será la entrega de libro (8). Por tanto, la ley aplicable al fondo del contrato sería la Ley francesa del editor por ser éste el prestador característico y tener su administración central en Francia, si bien, al tener una sociedad filial en España (establecimiento principal y ser un contrato dentro de su actividad empresarial), cabría argumentar igualmente, la aplicabilidad de la ley española.
b) editor vende on-line libros a consumidores (B2C): Debemos remarcar que el artículo 5 CR se refiere, a la hora de fijar la ley aplicable al fondo de un contrato algunos, no a todos los contratos celebrados por consumidores sino sólo a algunos de ellos que cumplen ciertas condiciones materiales y espaciales(9). Por lo que se refiere a las condiciones materiales, en nuestro caso existe entrega material de los libros en el domicilio del consumidor, lo que nos sitúa dentro del ámbito del artículo 5 CR(10) (suministro de un bien mueble corporal). En cuanto a las condiciones espaciales, de las tres circunstancias previstas en el artículo 5.2 CR la única cuya aplicación podrá plantearse en nuestro caso es la primera: "si la celebración del contrato hubiera sido precedida,, en ese país, por una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera cumplimentado en ese país los actos necesarios para la celebración del contrato".
La norma no ha sido redactada para la contratación electrónica por lo que, una aplicación literal resultaría negativa. No obstante, una interpretación guiada por la ratio de la norma(11) (proteger a la parte débil) lleva a entender que existirá publicidad guiada al comprador en el sitio web del editor cuando ese sitio web no sólo informe del/los libro/s a adquirir sino que (i) permita su adquisición efectiva on-line, (ii) la web esté redactada en el idioma del consumidor comprador; (iii) siéndole posible el pago en su propia moneda (euros, dólares, etc.). Si tales condiciones se dan en el sitio web del editor respecto de un potencial comprador, cabrá plantearse entonces pasar a analizar la concurrencia de la segunda exigencia (que el consumidor hubiera cumplimentado en su país de residencia los actos necesarios para la celebración del contrato). También resulta difícil determinar si el consumidor al seguir las indicaciones del sitio web del editor ha cumplimentado en su país de residencia los actos necesarios para la celebración del contrato, si bien entiendo que, así será en aquellos casos en los que acceda al sitio web desde su país de residencia(12). Si entendemos que ambas exigencias se cumplen, la ley aplicable al fondo del contrato de compra del libro del editor -conforme al artículo 5.3 CR- será la ley del país en el que el consumidor tenga su residencia habitual. Así, para mi caso como comprador on-line, sería la ley española. Si por contra entendemos que no se da cumplimiento a las exigencias del artículo 5 CR, deberá aplicarse la regla general del artículo 4.1 CR (ley más estrechamente vinculada con el contrato).
[1] SSTJCE de 3 de julio de 1997 y 11 de julio de 2002 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de diciembre de 1999.
[2] Siendo ésta ley incluso la de un Estado que no sea parte (ex art. 2 CR).
[3] Es la denominada "tesis unitaria de la capacidad" que ha sido corroborada tanto por nuestros Tribunales (STS de 14 de junio de 1974 y Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 4ª de 25 de enero de 1994) como por la DGRN en numerosas Resoluciones (18 de noviembre de 1991, 22 de julio de 1988, 14 de diciembre de 1981 y 28 de marzo de 1974).
[4] Calvo Caravaca y Carrascosa González, Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en Internet, Colex, 2001, página 68.
[5] Calvo Caravaca y Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. II, 5ª ed., Comares, 2004, página 553. En este caso, como observa el profesor. Calvo Caravaca, lo que se trata es de evitar la invalidez del contrato por motivos formales (favor negotii)".
[6] En nuestro país, la mayoría de las normas protectoras de consumidores exigen la forma escrita de un modo indisponible, cuestión que, parece quedar a salvo en nuestro caso, conforme al artículo 23.3 LSSI.
[7] Calvo Caravaca y Carrascosa González, Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en Internet, Colex, 2001, página 60.
[8] Así lo entiende igualmente, Calvo Caravaca y Carrascosa González, op. cit., página 62.
[9] La terminología la tomo de Calvo Caravaca y Carrascosa González, op. cit., página 93.
[10] Nótese que no sucedería lo mismo si el libro se adquiriera sin soporte físico (libro electrónico), pues ni sería un servicio ni sería un bien corporal. Se trata de una laguna normativa que Calvo Caravaca propone llenar incorporándola al art. 5 CR.
[11] Calvo Caravaca y Carrascosa González, Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en Internet, Colex, 2001, página 96.
[12] Cuestión de compleja determinación ésta, por lo que, en la futura reforma del CR se haya propuesto eliminar esta exigencia del artículo 5.
Datos obtenidos de Derecho y Nuevas Tecnologías de la UOC
Publicado por JOSÉ LARA CABELLO en 10:21 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: COMPETENCIA JUDICIAL Y LEY APLICABLE A UNA COMPRA ON-LINE
Publicado por JOSÉ LARA CABELLO en 18:18 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Publicado por JOSÉ LARA CABELLO en 18:14 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA
La SGAE, Críticas y polémicas
la SGAE cobra un canon por la copia «para uso privado del copista» de una obra musical o audiovisual ya divulgada, también extendido a todos los soportes utilizados para almacenar datos personales, cuya recaudación se reparte más o menos entre los asociados. Este es un canon que atenta contra la presunción de inocencia dio lugar a distintas campañas de protestas, sobre todo en internet.
Puesto que la SGAE gestiona todos los derechos de autor y los reparte según sus propios criterios, esto redunda en perjuicio de los autores no pertenecientes a la SGAE, y también sus socios de bajo rango. Se ha denunciado que en algunos casos la SGAE ha reclamado una parte de los ingresos en concepto de «derechos de autor» en casos en que esos espectáculos no los vulneran ni esos derechos sean propiedad de los afiliados a la SGAE.
En junio de 2004, en colaboración con Vale Music, la SGAE puso a la venta un disco compuesto por 14 canciones de grupos noveles llamado No a la Piratería. Se creó una gran polémica alrededor de este disco debido a que en su contraportada había un mensaje en contra de la piratería y el top manta, el cual varias organizaciones consideraron que poseía un claro carácter xenófobo. Debido a presiones y denuncias de varias ONG (como SOS Racismo) y asociaciones de consumidores (como FACUA, la Federación de Consumidores en Acción), la SGAE intentó retirar el disco del mercado y desvincularse del mismo, mientras que Vale Music reconoció que los contenidos que aparecían en la contraportada eran «poco adecuados».
En enero de 2006, la organización decidió devolver los 518 euros que había hecho pagar, tras una denuncia, a la compañía de teatro Taller Cultural de Fuentepelayo (Segovia), una organización sin ánimo de lucro que se encuentra formada en su mayor parte por niños discapacitados. Aunque desde la SGAE se aseguró que el proceso fue fruto de un «error», algunos creen que la marcha atrás fue debida a la campaña de denuncia que se levantó en los meses previos en diversos blogs y portales de internet. La SGAE ha declarado en alguna ocasión que no está capacitada para renunciar a percibir los correspondientes derechos de autor, por ejemplo, en un concierto solidario, ya que le obliga la Ley de Propiedad Intelectual.
El 8 de febrero del mismo año, la Unión Europea expedientó a la SGAE por vulnerar leyes anti-monopolio en la venta de licencias para descargar música en Internet.
El 13 de marzo, el titular del juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante autorizó a la SGAE a cobrar por la música de los banquetes de boda. El magistrado consideró que las bodas no representan un acto estrictamente privado. La autorización es aplicable a los bautizos y comuniones. El dueño de un local demandado insistió en que en las bodas sólo se reproducen de forma ocasional algunas obras musicales, que la SGAE no tiene los derechos sobre todas las piezas porque también ponen música clásica que está exenta. No obstante, el magistrado consideró que no se puede exigir a la SGAE que acredite que en todas las celebraciones se reproduce música para autorizarle a cobrar el canon siempre. Ya en diciembre, la SGAE demandó a otro salón de bodas en Sevilla, basándose en un vídeo de cuatro minutos grabado sin autorización de los novios y en un informe de otros detectives que no estaban inscritos en el registro como tales.
Se contempló por primera vez en la legislación española en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, durante el último gobierno en funciones de Felipe González), también se reguló la pretensión compensatoria resultante de una presunta afectación del derecho patrimonial de autores, editores, artistas, productores audiovisuales y fonográficos, cuando el comprador realiza copias para uso privado. La Ley obliga a ejercitar el cobro a través de las entidades de gestión colectiva (SGAE, AIE y AGEDI). Por ello se le denomina un "derecho de remuneración de gestión colectiva forzosa".
El canon por copia privada se cobra en España a los fabricantes e importadores de los equipos, aparatos y materiales que sirven para la grabación de obras musicales o audiovisuales. No obstante, la SGAE indica que la Ley de Propiedad Intelectual considera responsables solidarios del pago de la remuneración a los distribuidores, mayoristas y minoristas sucesivos adquirentes, si en la factura de sus proveedores no aparece desglosado el importe de la remuneración.
En septiembre de 2003 se empezó a aplicar a los CD y DVD vírgenes como resultado de un acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de autor (con la SGAE al frente) y ASIMELEC. Esto provocó una gran polémica al resultar evidente que estos soportes se usan con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada, y porque dicho acuerdo se negoció sin la participación ni presencia de consumidores y autoridades.
Según las cifras que publica la propia SGAE, entre los años 2003 y 2005 su recaudación ha crecido casi un 12% y se sitúa en 300 millones de Euros.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2006, prohíbe expresamente el canon sobre el ADSL y sobre los discos duros, con algunas limitaciones
"Cada vez hay más locales que programan música bajo licencia Creative Commons, creada en directo u obtenida a través de Internet y la SGAE quiere someterlos todos a su dictadura. Dos fallos favorables crean un conjunto jurisprudencial, que constituye el único referente legal, que protege los más de 150 millones de contenidos en Internet, licenciados con Creative Commons". En tal sentido, los locales que emiten música bajo licencia Creative Commons no han de pagar a la SGAE ninguna cantidad por comunicación pública.
Ésta es la conclusión de una sentencia del juzgado número 8 de León, la segunda que los jueces españoles emiten en este sentido:
Por otro lado, la Sociedad General de Autores y Editores sostienen que "independientemente del sentido de la sentencia sobre el Bar Musical Crazy Town, la SGAE quiere manifestar que el fallo en ningún momento pone en tela de juicio el modelo de gestión colectiva de los derechos de autor, consagrado por la Ley de Propiedad Intelectual y sobradamente ratificado por la doctrina jurisprudencial. Este fallo es puntual y así debe interpretarse. No se puede generalizar ni vincular a otras sentencias. No cuestiona ese modelo de gestión ni mucho menos la administración que la SGAE hace de un repertorio universal".
En su defensa mantienen que existen centenares de sentencias que dicen exactamente lo contrario y son las que sientan jurisprudencia consolidada. Para ello, apelan al fallo a de un tribunal de Bélgica, que sentencia el proveedor Tiscali a desarrollar una serie de medidas tecnológicas para impedir el uso del sistema de intercambio de archivos P2P por parte de sus usuarios", refiriéndose al veredicto emitido el pasado 29 de junio que falló a favor de SABAM (Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores), contra SA Scarlet, antiguo Tiscali, uno de los proveedores de servicios Internet más importantes del país. La sentencia, la primera en Europa de este tipo, condena Tiscali a implementar Audible Magic o un sistema afín para filtrar el intercambio de archivos, en un plazo inferior a 6 meses, e impone una multa de 2.500 euros diarios en el caso de incumplimiento.
Publicado por JOSÉ LARA CABELLO en 22:34 1 comentario: Enlaces a esta entrada