Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20027864
Timestamp: 2019-07-21 06:32:20
Document Index: 240943530

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'Artículo 127', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 127', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 94', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 34', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 233', 'artículo 44', 'artículo 127', 'artículo 44', 'artículo 231', 'artículo 233', 'artículo 127', 'artículo 127', 'Artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 8', 'artículo 139', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 2', 'artículo 127', 'artículo 127', 'Artículo 7', 'Artículo 77', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 35', 'artículo 41', 'artículo 114', 'artículo 233', 'Artículo 1', 'artículo 233', 'Artículo 233']

C-468 de 2009
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020027864CC-SENTENCIAC468200915/07/2009CC-SENTENCIA_C_468__2009_15/07/2009200278642009Sentencia C-468/09 LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL- Titularidad/ LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL- Tipificación de conductas penales y atribución de penas LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL- Alcance/ LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL- Límites La jurisprudencia constitucional ha coincidido en señalar que, de acuerdo con la Carta Política, es al Congreso de la República a quien se le atribuye la competencia para diseñar la política criminal del Estado, correspondiéndole entonces crear, modificar o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, y fijar la clase y magnitud de las penas de acuerdo con criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados. Esa misma competencia le permite consagrar los regímenes para el juzgamiento y tratamiento de los delitos y contravenciones, definiendo en ellos las reglas de procedimiento aplicables de acuerdo con las garantías del debido proceso, sin desconocer que el ámbito de configuración normativa en ese campo presente un importante margen de discrecionalidad, la Corte ha sido enfática en afirmar que el mismo no tiene un alcance absoluto, toda vez que la libertad para diseñar la Política criminal del Estado y para tipificar conductas punibles e imponer penas, encuentra límites en la propia Constitución Política. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA- Límites La jurisprudencia ha venido sosteniendo frente a los límites a los que se encuentra sometido el legislador en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, que éstos son de dos órdenes: explícitos e implícitos. En cuanto hace a los límites explícitos, por expresa disposición constitucional, al legislador le está prohibido establecer las penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, así como también someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tratándose de los límites implícitos, en el ejercicio de la facultad para tipificar delitos y fijar penas, el legislador debe propender por la realización de los fines esenciales del Estado, de manera que, en desarrollo de tal atribución, debe garantizar y respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN POLITICA CRIMINAL DEL LEGISLADOR- Procedencia respecto de normas que controvierten la Constitución El supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador es susceptible de controvertirse en el juicio de inconstitucionalidad, tiene lugar cuando dicho criterio ha llevado a la expedición de normas contrarias al Estatuto Superior. En dichos casos, lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran. MENORES- Comprende a las personas menores de 18 años/ NIÑO O NIÑA- Definición/ ADOLESCENTE- Definición MENORES -Sujetos de especial protección constitucional/ MENORES -Finalidad de la proclama de protección/ MENORES- Razones en que se fundamenta la protección especial A partir de su estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, los niños, las niñas y los adolescentes, han sido proclamados como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, buscando con ello garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde con el papel relevante y trascendental que están llamados a cumplir en la sociedad, siendo aclarado por la Corte que la condición de debilidad y vulnerabilidad en la que los menores se encuentran, y que deben ir superando a medida que crecen, no es entendida como razón para restringir sus derechos y su capacidad para ejercerlos, sino que, por contrario, constituye en realidad el motivo por el cual se les considera sujetos de especial protección constitucional. En este sentido, la proclama de protección tiene una finalidad liberadora del menor y promotora de su dignidad, orientada a la adopción de medidas positivas en la defensa de sus derechos, que permitan garantizar su ejercicio libre y autónomo, de acuerdo con la edad y madurez. La protección especial de los menores encuentra fundamento en tres razones: (i) La primera, es la situación de fragilidad en que se encuentran frente al mundo, que le impone al Estado cargas y compromisos mayores en la defensa de sus derechos, con respecto a lo que debe hacer para proteger los derechos de otros grupos que no se encuentran en situación de fragilidad; (ii) La segunda, es que constituye una forma de promover una sociedad democrática, en la que sus miembros conozcan y compar­tan los prin­cipios de la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad; y (iii) La tercera, tiene que ver con la situación de los menores frente a los procesos democráticos, pues en estos casos, la protección es una forma de corregir el déficit de represen­tación política que sopor­tan. PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO- Reconocimiento en el derecho internacional PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR- Definición/ PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR- Consagración constitucional e internacional/ CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- Constituye un desarrollo legislativo del principio del interés superior del menor/ PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección contra el abandono constituye un desarrollo de este principio Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes, y precisamente, en desarrollo del principio del interés superior del menor, se regula lo referente a los derechos de protección de los menores de edad, previéndose que los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos, entre otras muchas conductas allí descritas, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO -Finalidad DERECHOS DEL NIÑO -Protección constitucional especial referida a todo menor de dieciocho años MENOR DE EDAD EN MATERIA PENAL -Protección integral sin diferencia de trato entre los menores ABANDONO- tipo penal en blanco/ ABANDONO- Características del tipo penal El abandono constituye un tipo penal en blanco, por cuanto para completar el supuesto de hecho en él previsto, es necesario que el operador jurídico se remita a otras normas del ordenamiento que fijan en el sujeto activo el deber de asistencia y cuidado sobre el sujeto pasivo -menores de edad y desvalidos-. Presenta las siguientes características: (i) el bien jurídico protegido, son la vida y la integridad personal; (ii) el agente del delito, es calificado, pues debe tratarse de una persona que se encuentre legal y actualmente obligada a prestar asistencia o socorro a otra, siendo la fuente principal de estas obligaciones las derivadas del parentesco familiar; (iii) el sujeto pasivo, es también calificado, en tanto se trata de los menores de 12 años y otras personas distintas de los menores, concretamente los desvalidos que no estén en condiciones de asistirse por sí mismos, como puede ser el caso de los adultos mayores, los enfermos mentales o los discapacitados físicos. (iv) la conducta o acción delictuosa, es precisamente el abandono, entendido como la desprotección absoluta en que se deja a una persona a la que se le debe cuidado, es decir, que incurre en abandono, el que se sustrae a las obligaciones de asistencia y socorro que legalmente tiene con menores de edad o con personas desvalidas. ABANDONO DE MENORES DE EDAD- Tipificación y sanción se justifican plenamente El abandono, por parte de quien tiene el deber legal de asistir al menor de edad, además de calificarse como un acto inhumano, lleva implícito un desarraigo y desprotección de los niños, en cuanto que, por esa vía, se les está negando lo que es imprescindible para su propia subsistencia, exponiéndolos a situaciones que pueden comprometer su vida e integridad física y personal, así como también otros derechos que son consustanciales al propósito de lograr su desarrollo integral y armónico, y desconoce los postulados de protección especial que pesa sobre ese grupo de la población, razón por la cual se justifica plenamente que tal conducta se tipifique y se sancione adecuadamente. ABANDONO DE MENORES DE EDAD- Se entiende referida a menores de 18 años/ DELITO DE ABANDONO- Exclusión como víctimas a mayores de 12 años y menores de 18 años es injustificada La protección especial de que son titulares los niños y niñas, se entiende referida, sin duda alguna, a todos los menores de 18 años, dado que e l catálogo de derechos y el régimen de protección se predican, en igualdad de condiciones, para todas las personas que no han alcanzado la edad de 18 años, quienes son las que detentan la condición de menores de edad, quedando definido que los adolescentes gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, por lo que son todos los menores de 18 años los titulares del derecho a la protección especial establecida en la Carta y los tratados internacionales de derechos humanos, sin que sea posible establecer diferencias de edad en cuanto al régimen de protección. De ahí que la distinción impuesta por el legislador en el delito de abandono, consistente en otorgarle la condición de víctima de ese delito sólo a los menores de 12 años, excluyendo de tal condición a los adolescentes, es decir, a las personas que están entre los 12 y 18 años de edad, no encuentra justificación constitucional alguna. DELITO DE ABANDONO- Criterio distintivo basado en la edad del menor no resulta razonable ni proporcional al fin de la medida/ DELITO DE ABANDONO- Criterio distintivo basado en la edad del menor resulta discriminatorio y excluyente El criterio distintivo utilizado por el legislador en la norma acusada, basado exclusivamente en la edad del niño, no resulta entonces razonable y proporcional al fin perseguido con la medida: la protección del menor. Por el contrario, desconocerle la condición de sujeto pasivo del delito de abandono a los adolescentes, se muestra como una medida abiertamente discriminatoria y excluyente, violatoria de los derechos fundamentales y opuesta a los postulados universales sobre protección de los derechos de los menores, que como se ha dicho, se predica de todas las personas que no han alcanzado los 18 años. Referencia: expediente D-7568
Clara Inés Cuervo Huertas.CONSTITUCIONALIDADGabriel Eduardo Mendoza MarteloAsunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 (parcial), de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal".D7568Identificadores20020027865true44646Versión original20027865Identificadores
Norma demandada: Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 (parcial), de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal".
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Titularidad/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Tipificación de conductas penales y atribución de penas
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Límites
La jurisprudencia constitucional ha coincidido en señalar que, de acuerdo con la Carta Política, es al Congreso de la República a quien se le atribuye la competencia para diseñar la política criminal del Estado, correspondiéndole entonces crear, modificar o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, y fijar la clase y magnitud de las penas de acuerdo con criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados. Esa misma competencia le permite consagrar los regímenes para el juzgamiento y tratamiento de los delitos y contravenciones, definiendo en ellos las reglas de procedimiento aplicables de acuerdo con las garantías del debido proceso, sin desconocer que el ámbito de configuración normativa en ese campo presente un importante margen de discrecionalidad, la Corte ha sido enfática en afirmar que el mismo no tiene un alcance absoluto, toda vez que la libertad para diseñar la Política criminal del Estado y para tipificar conductas punibles e imponer penas, encuentra límites en la propia Constitución Política.
La jurisprudencia ha venido sosteniendo frente a los límites a los que se encuentra sometido el legislador en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, que éstos son de dos órdenes: explícitos e implícitos. En cuanto hace a los límites explícitos, por expresa disposición constitucional, al legislador le está prohibido establecer las penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, así como también someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tratándose de los límites implícitos, en el ejercicio de la facultad para tipificar delitos y fijar penas, el legislador debe propender por la realización de los fines esenciales del Estado, de manera que, en desarrollo de tal atribución, debe garantizar y respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN POLITICA CRIMINAL DEL LEGISLADOR-Procedencia respecto de normas que controvierten la Constitución
El supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador es susceptible de controvertirse en el juicio de inconstitucionalidad, tiene lugar cuando dicho criterio ha llevado a la expedición de normas contrarias al Estatuto Superior. En dichos casos, lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran.
MENORES-Comprende a las personas menores de 18 años/NIÑO O NIÑA-Definición/ADOLESCENTE-Definición
MENORES-Sujetos de especial protección constitucional/MENORES-Finalidad de la proclama de protección/MENORES-Razones en que se fundamenta la protección especial
A partir de su estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, los niños, las niñas y los adolescentes, han sido proclamados como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, buscando con ello garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde con el papel relevante y trascendental que están llamados a cumplir en la sociedad, siendo aclarado por la Corte quela condición de debilidad y vulnerabilidad en la que los menores se encuentran, y que deben ir superando a medida que crecen, no es entendida como razón para restringir sus derechos y su capacidad para ejercerlos, sino que, por contrario, constituye en realidad el motivo por el cual se les considera sujetos de especial protección constitucional. En este sentido, la proclama de protección tiene una finalidad liberadora del menor y promotora de su dignidad, orientada a la adopción de medidas positivas en la defensa de sus derechos, que permitan garantizar su ejercicio libre y autónomo, de acuerdo con la edad y madurez. La protección especial de los menores encuentra fundamento en tres razones: (i) La primera, es la situación de fragilidad en que se encuentran frente al mundo, que le impone al Estado cargas y compromisos mayores en la defensa de sus derechos, con respecto a lo que debe hacer para proteger los derechos de otros grupos que no se encuentran en situación de fragilidad; (ii) La segunda, es que constituye una forma de promover una sociedad democrática, en la que sus miembros conozcan y compar­tan los prin­cipios de la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad; y (iii) La tercera, tiene que ver con la situación de los menores frente a los procesos democráticos, pues en estos casos, la protección es una forma de corregir el déficit de represen­tación política que sopor­tan.
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO-Reconocimiento en el derecho internacional
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Definición/PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Consagración constitucional e internacional/CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Constituye un desarrollo legislativo del principio del interés superior del menor/PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección contra el abandono constituye un desarrollo de este principio
Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes, y precisamente, en desarrollo del principio del interés superior del menor, se regula lo referente a los derechos de protección de los menores de edad, previéndose que los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos, entre otras muchas conductas allí descritas, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
ABANDONO-tipo penal en blanco/ABANDONO-Características del tipo penal
El abandono constituye un tipo penal en blanco, por cuanto para completar el supuesto de hecho en él previsto, es necesario que el operador jurídico se remita a otras normas del ordenamiento que fijan en el sujeto activo el deber de asistencia y cuidado sobre el sujeto pasivo -menores de edad y desvalidos-.
Presenta las siguientes características: (i) el bien jurídico protegido, son la vida y la integridad personal; (ii) el agente del delito, es calificado, pues debe tratarse de una persona que se encuentre legal y actualmente obligada a prestar asistencia o socorro a otra, siendo la fuente principal de estas obligaciones las derivadas del parentesco familiar; (iii) el sujeto pasivo, es también calificado, en tanto se trata de los menores de 12 años y otras personas distintas de los menores, concretamente los desvalidos que no estén en condiciones de asistirse por sí mismos, como puede ser el caso de los adultos mayores, los enfermos mentales o los discapacitados físicos. (iv) la conducta o acción delictuosa, es precisamente el abandono, entendido como la desprotección absoluta en que se deja a una persona a la que se le debe cuidado, es decir, que incurre en abandono, el que se sustrae a las obligaciones de asistencia y socorro que legalmente tiene con menores de edad o con personas desvalidas.
ABANDONO DE MENORES DE EDAD-Tipificación y sanción se justifican plenamente
El abandono, por parte de quien tiene el deber legal de asistir al menor de edad, además de calificarse como un acto inhumano, lleva implícito un desarraigo y desprotección de los niños, en cuanto que, por esa vía, se les está negando lo que es imprescindible para su propia subsistencia, exponiéndolos a situaciones que pueden comprometer su vida e integridad física y personal, así como también otros derechos que son consustanciales al propósito de lograr su desarrollo integral y armónico, y desconoce los postulados de protección especial que pesa sobre ese grupo de la población, razón por la cual se justifica plenamente que tal conducta se tipifique y se sancione adecuadamente.
ABANDONO DE MENORES DE EDAD-Se entiende referida a menores de 18 años/DELITO DE ABANDONO-Exclusión como víctimas a mayores de 12 años y menores de 18 años es injustificada
La protección especial de que son titulares los niños y niñas, se entiende referida, sin duda alguna, a todos los menores de 18 años, dado que el catálogo de derechos y el régimen de protección se predican, en igualdad de condiciones, para todas las personas que no han alcanzado la edad de 18 años, quienes son las que detentan la condición de menores de edad, quedando definido que los adolescentes gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, por lo que son todos los menores de 18 años los titulares del derecho a la protección especial establecida en la Carta y los tratados internacionales de derechos humanos, sin que sea posible establecer diferencias de edad en cuanto al régimen de protección. De ahí que la distinción impuesta por el legislador en el delito de abandono, consistente en otorgarle la condición de víctima de ese delito sólo a los menores de 12 años, excluyendo de tal condición a los adolescentes, es decir, a las personas que están entre los 12 y 18 años de edad, no encuentra justificación constitucional alguna.
DELITO DE ABANDONO-Criterio distintivo basado en la edad del menor no resulta razonable ni proporcional al fin de la medida/DELITO DE ABANDONO-Criterio distintivo basado en la edad del menor resulta discriminatorio y excluyente
El criterio distintivo utilizado por el legislador en la norma acusada, basado exclusivamente en la edad del niño, no resulta entonces razonable y proporcional al fin perseguido con la medida: la protección del menor. Por el contrario, desconocerle la condición de sujeto pasivo del delito de abandono a los adolescentes, se muestra como una medida abiertamente discriminatoria y excluyente, violatoria de los derechos fundamentales y opuesta a los postulados universales sobre protección de los derechos de los menores, que como se ha dicho, se predica de todas las personas que no han alcanzado los 18 años.
Asunto:Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 (parcial), de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal".
"Artículo 127. Abandono. El que abandone a un menorde doce (12) años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal[1] de velar por ellos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses[2].
Respecto del artículo 45 Superior, los actores manifiestan que los adolescentes tienen a su vez los mismos derechos que los niños tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional y, por tanto, dicha norma debe concordarse necesariamente con el artículo 44 del mismo ordenamiento[3]. De esta manera, los derechos establecidos por la Carta Política para los niños y su condición de sujetos de especial protección, no pueden entonces predicarse solamente respecto de determinados menores sino de todos; es decir, de los menores de 12 años y de los adolescentes en tanto no hayan cumplido la mayoría de edad.
2.1. La disposición parcialmente acusada en la presente causa es el artículo 127 del Código Penal. Dicha norma se integra al Libro Segundo del citado código, que trata "de los delitos en particular", al Título I, que regula lo referente a "los delitos contra la vida y la integridad personal" y, al Capítulo VI, que se ocupa "del abandono de menores y personas desvalidas"[4].
Concretamente, el artículo impugnado tipifica el delito de abandono, señalando que: "[e]l que abandone a un menorde doce (12) años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses". La norma prevé una circunstancia de agravación punitiva, precisando que: [s]i la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte."
3.1. La jurisprudencia constitucional ha coincidido en señalar que, de acuerdo con la Carta Política, es al Congreso de la República a quien se le atribuye la competencia para diseñar la política criminal del Estado, correspondiéndole entonces definir cuáles conductas constituyen delitos, qué penas deben imponerse[5] y cuál el procedimiento a seguir para aplicar la respectiva sanción.
Ha explicado al respecto, que si bien el legislador no es la única institución estatal comprometida en la planeación, desarrollo y ejecución de la política criminal[6], la decisión de radicar en él la potestad de configuración normativa en la materia, no solo es legítima frente a la Constitución, por tratarse del ejercicio de una facultad de la cual es titular, sino además, por cuanto cuenta con el pleno respaldo de los principios democrático y de soberanía popular (C.P. art. 1° y 3°), los cuales hacen posible que los asuntos de importancia para la Nación sean definidos y decididos por las mayorías políticas, representadas en el Congreso de la República.
La Corte ha destacado que es consustancial al Estado de derecho, el hecho de que las conductas constitutivas de delitos y sus respectivas sanciones, trascendentales en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, sean determinadas mediante ley, es decir, "sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales[7]."
Dichos límites, lo ha dicho la Corporación, resultan particularmente claros y relevantes, "por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores "[8]. En la Sentencia C-247 de 2004, la Corte hizo la siguiente precisión al respecto:
"Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos. La Corte ha precisado que en el ejercicio de su atribución el Congreso 'no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta.[9]'."
3.4. Frente a los límites a los que se encuentra sometido el legislador en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, la misma jurisprudencia ha venido sosteniendo que éstos son de dos órdenes[10]. Explícitos e implícitos. En cuanto hace a los límites explícitos, por expresa disposición constitucional, al legislador le está prohibido establecer las penas de muerte (C.P. art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (C.P. art. 34), así como también someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P. art. 12). Tratándose de los límites implícitos, en el ejercicio de la facultad para tipificar delitos y fijar penas, el legislador debe propender por la realización de los fines esenciales del Estado, de manera que, en desarrollo de tal atribución, debe garantizar y respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2°).
3.6. Esta Corporación ha sostenido, en forma enfática, que en el Estado Social de Derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de privilegio en el orden jurídico, los valores, principios y derechos fundamentales se constituyen en límites sustantivos del poder punitivo del Estado -produciendo el efecto de racionalizar el ejercicio de tal potestad-, por lo que "[s]ólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento".[11]
3.7. Siendo la penalización la forma más lesiva de control social, por el alto grado de afectación a la libertad personal y otras garantías, en caso de que el legislador advierta que la adopción de una medida de ese tipo no contribuye al perfeccionamiento de una política dirigida al logro de los fines perseguidos, debe prescindir de ella,[12] pues, de lo contrario, la misma se tornaría ilegítima, forzando la intervención del juez constitucional para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
Al respecto, ha dejado dicho este Tribunal, que el supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador es susceptible de controvertirse en el juicio de inconstitucionalidad, tiene lugar cuando dicho criterio ha llevado a la expedición de normas contrarias al Estatuto Superior. En dichos casos, "lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran".[13]
4. Los menores como sujetos de protección especial. El principio del "interés superior del niño".
En la Sentencia C-507 de 2004, la Corte había aclarado que, conforme a la nueva concepción jurídica, la condición de debilidad y vulnerabilidad en la que los menores se encuentran, y que deben ir superando a medida que crecen, no es entendida como razón para restringir sus derechos y su capacidad para ejercerlos, sino que, por contrario, constituye en realidad el motivo por el cual se les considera sujetos de especial protección constitucional. En este sentido, la proclama de protección "tiene una finalidad liberadora del menor y promotora de su dignidad"[14], orientada a la adopción de medidas positivas en la defensa de sus derechos, que permitan garantizar su ejercicio libre y autónomo, de acuerdo con la edad y madurez. Dejó claro la Corte en dicho fallo, que "la condición en la que se encuentra un menor no es [entonces] razón para limitar sus derechos sino para protegerlo"[15].
De acuerdo con el alcance reconocido, en la Sentencia C-796 de 2004, este Tribunal precisó que el ámbito de protección especial de los menores representa "verdaderos valores y principios que no solo están llamados a irradiar la expedición, interpretación y aplicación de todas las normas de justicia imputable a los menores, sino también a orientar la promoción de políticas y la realización de acciones concretas dirigidas al logro de su bienestar físico, moral, intelectual y espiritual[16]; entendiendo dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del Estado, y como un objetivo del sistema jurídico[17]".
En ese mismo contexto, en la Sentencia T-02 9 de 1994, la Corporación había destacado que la protección especial del menor tiene que proyectarse sobre toda la acción del Estado y la sociedad, "de manera que tanto las autoridades públicas como los particulares, en el ejercicio de sus competencias y en el cumplimiento de las acciones relacionadas con asuntos de menores, deben proceder conforme a dicho principio, haciendo prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil, en procura de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como sus condiciones de libertad y dignidad".
En las Sentencias SU-225 de 1998, T-939 de 2001 y C-507 de 2004, la Corte precisó que la protección especial de los menores encuentra fundamento en razones concretas que, precisamente, parten de reconocer su condición de debilidad manifiesta e incapacidad física y mental para llevar una vida independiente y autónoma, lo cual hace que se limiten sus posibilidades de acción. Partiendo de tal supuesto, la jurisprudencia citada se ha referido a tres razones como especialmente relevantes para reconocer a los menores la condición de sujetos de especial protección. (i) La primera, es la situación de fragilidad en que se encuentran frente al mundo, que le impone al Estado cargas y compromisos mayores en la defensa de sus derechos, con respecto a lo que debe hacer para proteger los derechos de otros grupos que no se encuentran en situación de fragilidad. (ii) La segunda, es que constituye una forma de promover una sociedad democrática, en la que sus miembros conozcan y compar­tan los prin­cipios de la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. (iii) La tercera, tiene que ver con la situación de los menores frente a los procesos democráticos, pues en estos casos, la protección es una forma de corregir el déficit de represen­tación política que sopor­tan, al no poder participar directamente en el debate parlamentario y en la mayoría de escenarios democráticos.
4.2. El tratamiento preferencial del menor, que como se ha explicado, implica adoptar "una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran"[18], encuentra un claro reconocimiento en el Derecho Internacional Público a través del llamado principio del "interés superior del niño", consagrado por primera vez en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, y reproducido después en distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (art.25-2), la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (Principio 2°), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966[19] (arts. 23 y 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969[20] (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989[21] (at. 3°-1).
En la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, el principio del"interés superior del niño" quedó consagrado en el principio 2°, en los siguientes términos:
"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental que se atenderá seráel interés superior del niño."
Por su parte, la Convención Sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, e incorporada a nuestro derecho interno mediante la Ley 12 de 1991, se refiere al principio del"interés superior del niño", en su artículo 3°, numeral 1°, al convenir en él que:
"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá seráel interés superior del niño."
Con respecto al alcance de esta última disposición, el Comité sobre los Derechos del Niño, en la Observación General N° 5 de 2003, señaló que el deber de asegurar el"interés superior del niño" que impone la Convención Sobre Derechos del Niño a todo Estado parte, le implica al Gobierno, al Congreso y a los Jueces, adoptar medidas positivas en la defensa de sus derechos.[22]
De manera general, en el contexto del principio del"interés superior del niño", las declaraciones y convenciones internacionales a las que se ha hecho referencia, coinciden con la observación del Comité sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que la protección de todo menor debe orientarse a garantizar el ejercicio de sus derechos, a través de acciones positivas por parte del Estado. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, dedica el artículo 24 a los derechos de los niños, y en ese contexto, establece que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, "a las medidas de protección que su condición de menor requiere".
4.3. Siguiendo el derecho internacional, la Constitución Política de 1991, en sus artículos 44 y 45, consagra expresamente el principio de especial protección del menor, a través de los siguientes postulados básicos: (i) le impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral; (ii) establece como principio general que los derechos de los niños prevalecerán sobre los derechos de los demás y que serán considerados fundamentales para todos los efectos, exigiendo privilegiar y asegurar su ejercicio y goce con total plenitud; (iii) reconoce que los niños son titulares de todos los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia; (iv) ordena proteger a los niños contra toda forma deabandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos; y (v) le reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral, imponiéndole al Estado y a la sociedad, el deber de garantizar la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
El citado artículo 44 de la Carta establece que los niños tienen, entre otros, los derechos fundamentales (i) a la vida, (ii) a la integridad física, (iii) a la salud y la seguridad social, (iv) a una alimentación equilibrada, (v) a su nom­­bre y nacionalidad, (vi) a tener una familia y no ser separado de ella, (vii) al cui­dado y amor, (viii) a la educación, a la (ix) libre expresión de su opinión; así como también -según se anotó-a no ser objeto de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Esa misma disposición advierte que los niños gozarán también "de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia", con lo cual la norma hizo expresa, para el caso de los menores, la regla general prevista en el artículo 94 de la misma Carta, según la cual "[l]a enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos".
4.4. En punto a los mandatos de protección de sus derechos, la Corte ha expresado que no resulta aceptable que se le brinde a los menores cualquier tipo de asistencia o protección, pues la Constitución establece directamente la finalidad que con ellas se busca, como es la de garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Ha explicado al respecto, que el desarrollo de un menor "es integral cuando se da en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, deportiva, social, cultural)"[23]. De igual manera, el desarrollo de un menor "es armónico cuando no se privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos"[24].
4.5. De acuerdo con los criterios fijados en la Constitución y los tratados de derechos humanos, el principio de protección especial del menor ha venido siendo objeto de desarrollo legislativo en Colombia, inicialmente, a través del Decreto Extraordinario 2737 de 1989, por el cual se adoptó el Código del Menor, y en la actualidad, a través de la Ley 1098 de 2006,"por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
En cuanto a los sujetos cobijados por dicha normativa, y titulares de los derechos en ella contenidos, el código dispone que son"todas las personas menores de 18 años", aclarando a su vez que, sin perjuicio de la clasificación prevista en la legislación civil (C.C. art. 34), "se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre los 12 y 18 años de edad" (art. 3°).
Bajo los anteriores presupuestos, el principio del"interés superior del menor" aparece definido en el citado ordenamiento, en el artículo 8°, el cual señala expresamente que "[s]e entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes".
Precisamente, en desarrollo del principio del"interés superior del menor", el artículo 20 de ese mismo ordenamiento, regula lo referente a los derechos de protección de los menores de edad. En ese contexto, la disposición prevé que los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos, entre otras muchas conductas allí descritas, contra "[e]l abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención."
4.6. Así las cosas, conforme con las normas internacionales, y lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el mandato de protección especial de los menores de edad no puede mirarse únicamente desde la perspectiva de una garantía objetiva, sino como la manifestación de un derecho subjetivo fundamental a ser atendido con particular énfasis, esto es, a obtener un apoyo prioritario. Según la misma jurisprudencia, el derecho de protección "es correlativo al deber del Estado de adoptar normas jurídicas que protejan al menor, habida cuenta de su vulnerabilidad, de sus condiciones reales de vida a medida que evoluciona la sociedad y su entor­no inmediato, y de su exposición a soportar las consecuencias de las decisio­nes que adopten los mayores sin considerar el interés superior del menor"[25].
4.7. En virtud de ese derecho de protección, al legislador le asisten los siguientes deberes: (i) adecuar las normas existentes, para que no vulneren los derechos funda­mentales de los niños y no ignoren o dejen por fuera medidas adecuadas de protección que sean indispensables para asegurar un desarrollo libre, armóni­co e integral; e (ii) incluir las medidas que sean necesarias para asegurar el goce efectivo de todos los derechos reconoci­dos tanto en la Constitución como en los convenios y tratados a los que se ha hecho referencia. En relación con esto último, ha aclarado la Corte que si bien el legislador "dispone de un margen de apreciación de las circunstancias y de configuración en el diseño de las normas de protección de los menores, los medios que escoja deben ser efectivamente conducentes para alcanzar los fines específicos de protección y no excluir las medidas necesarias e indispen­sables para lograr tales fines"[26].
En ese mismo contexto, también la jurisprudencia viene considerando que, cuando el artículo 44 de la Carta dispone que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás", tácitamente está previendo un límite al principio democrático de adopción de las leyes, "en el sentido de someter a las mayorías políticas coyunturales a un poder real y efectivo a favor de los menores, con el fin de preservar su desarrollo armónico e integral y que, en virtud de su carácter prioritario, puede ser gestionado por cualquier persona en su defensa, a través de las acciones constitucionales previstas para el efecto en el ordenamiento superior"[27].
Con ello, se busca reconocer que, aun cuando en ejercicio de su potestad de configuración normativa, el legislador puede regular un derecho fundamental, si con tal proceder compromete la efectividad de derechos fundamentales de los menores, como puede ser la vida, la integridad física o la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, aquél está en la obligación de actuar con mayor rigor y cuidado, en observancia del deber impuesto por la Constitución al Estado de proteger al menor en su desarrollo armónico e integral y en el ejercicio pleno de sus derechos[28].
5.2. Ha explicado este Tribunal[29], que la intención del Constituyente, al distinguir entre niños y adolescentes en los artículos 44 y 45 de la Carta, no fue precisamente la de excluir a estos últimos de la protección integral otorgada a la niñez, ni reconocerles distinto margen de protección, sino ofrecerles espacios de participación en los organismos públicos y privados que adopten decisiones que los conciernen, teniendo en cuenta su mayor grado de desarrollo físico y mental.
Para la Corte, el término "adolescentes" es utilizado por la Constitución para identificar un grupo humano específico: el de los jóvenes que no han llegado a la mayoría de edad (18 años), pero que en razón al proceso dinámico de evolución natural del hombre, cuentan con un mayor nivel de capacidad y madurez que debe traducirse, en términos de participación, en garantizar un cierto grado de intervención en los asuntos que interesan a ese grupo poblacional. En este sentido, se reitera, el uso de las expresiones "niños" y "adolescentes" no busca establecer diferencias en punto al reconocimiento de sus derechos ni a la prevalencia y protección especial de los mismos, pues en ese campo los dos grupos deben recibir un mismo tratamiento jurídico, sino reconocer una realidad biológica que debe interpretarse a favor de ampliar progresivamente "la participación activa de los jóvenes en la vida cultural, deportiva, política, laboral y económica del país"[30].
Para la Corte, las obligaciones contenidas en las citadas normas constitucionales, no pueden mirarse aisladamente, y por tanto, no pueden aplicarse solamente respecto de determinados menores -los niños- sino de todos por igual, y en consecuencia, cobijan a todos los adolescentes en tanto no hayan cumplido 18 años[31].
"¿Quién es joven en el mundo Joven es aquel niño pasado de 10 años, según dicen algunos países hasta que otros, en su extremo, dicen que joven es aquel que, no pasando los 40 años, se conserva aún soltero; extremos en donde es difícil ubicarnos, pero nosotros decimos simplemente que jóvenes son todos los que están sometidos a la protección y formación moral, física, psicológica, intelectual, sexual y social por parte del Estado y la sociedad."[32]
La Constitución también hace referencia a los menores, al consagrar en el artículo 42 el deber de los padres de sostener y educar a sus hijos mientras sean menores o impedidos; utiliza también el término en el artículo 50, al establecer el derecho que tienen los menores de un año a que se les brinde atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, cuando no estén cubiertos por algún tipo de protección o seguridad social; así mismo, cuando determina una protección especial para el menor trabajador, en el artículo 53[33] y cuando consagra la facultad de los padres de escoger la educación de sus hijos menores en el artículo 68 superior.
"en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, 'menores' (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)" [34]
5.4. Como se mencionó, el criterio acogido por la jurisprudencia en torno a este tema, encuentra un claro respaldo en el derecho internacional, a través de distintos acuerdos y convenciones sobre derechos humanos, que, para efecto de dar aplicación a lo proclamado en ellas, han coincidido en entender por niño todo menor de dieciocho años (18), siendo ese grupo el que es objeto de la protección especial reconocida a los menores de edad. Así, por ejemplo, en su artículo 1°, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989[35], establece:
Dicha norma, ha sido entendida por la Corte en el sentido de que, en tanto la legislación interna de los países signatarios no establezca un tope inferior para la mayoría de edad de sus naturales, en el contexto de la Convención se considera como menor de edad a toda persona que no haya cumplido dieciocho años de existencia, y en cualquier caso, se entiende por niño todo ser humano que se encuentre en la condición de menor de edad[36].
De igual manera, el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional[37], presentado en la Haya, el 29 de mayo de 1993, en su artículo 3°, prevé que las normas de protección del niño se entenderán aplicables hasta los 18 años de edad. Al respecto, se lee en el artículo 3° del citado convenio:
"El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c)[38], antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años."
El mismo criterio de edad fue el acogido por la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de menores[39], suscrita en ciudad de México D.F., el 18 de marzo de 1994, en cuyo artículo 2° se dispuso aplicarla a cualquier "menor", entendiendo como tal "todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años". Sobre el particular, prevé la norma en cuestión:
5.5. En el orden interno, el artículo 98 de la Constitución Política dispone en su parágrafo único que,"[m]ientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años." Ello significa que, en cuanto la ley no ha fijado edad distinta para adquirir la mayoría de edad, por mandato constitucional, en Colombia la mayoría de edad se entiende adquirida desde que una persona cumple los dieciocho años (18).
"Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil[40] , se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad".
5.7. Precisamente, en aplicación de estos criterios, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1068 de 2002, declaró inexequible la expresión de"de doce (12) años", contenida en el artículo 231 de la Ley 599 de 2000, mediante el cual se regula el tipo penal de mendicidad y tráfico de menores. En la medida en que dicho precepto excluía de la condición de víctimas del delito a los mayores de 12 años y menores de 18 años, la Corte estimó que la misma preveía un trato discriminatorio excluyente e injustificado para ese grupo, en razón a que la doctrina constitucional y el derecho internacional consideran menores a todas las personas que no han cumplido 18 años, predicándose de ellas la condición de sujetos de especial protección en igualdad de condiciones. Conforme con ello, encontró la Corte que no era posible que el legislador pudiera reducir el régimen de protección de los adolescentes frente a los otros menores, excluyéndolos de su condición de víctimas del delito de mendicidad y tráfico de menores. Sobre el particular se mencionó en el fallo:
"Asimismo, desde el extremo pasivo del artículo demandado, la Sala se pregunta: ¿si la categoría niño abarca a todos los menores de edad, por qué razón se excluyó del artículo 231 del Código Penal, en cuanto potenciales víctimas, a los menores que tengan doce años o más de edad
5.8. De la misma manera, en la Sentencia C-247 de 2004, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión"de catorce (14) años", contenida en el inciso segundo del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que establecía como circunstancia de agravación punitiva para el delito de inasistencia alimentaria, el que éste se cometiera contra menores de 14 años. Tal determinación la adoptó la Corte en razón a que si bien el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa en materia penal, estaba habilitado para establecer como delito la inasistencia alimentaria y fijar como causal de agravación punitiva el hecho de que dicha conducta se cometa contra menores de 14 años, lo cierto es que, para efectos del agravante previsto, no podía establecer diferencias entre los menores de edad, pues esa condición la tienen todas las personas que no han cumplido los 18 años, y de todas ellas se predica la protección especial dispuesta en la Constitución y los tratados de derechos humanos.
En estas circunstancias ninguna justificación constitucional existe para la diferencia de trato aludida por cuanto en materia de alimentos como en relación con los demás derechos a que alude el artículo 44 superior todos los menores se encuentran en la misma situación y cualquier norma que desconozca la prevalencia de los mismos, en los términos allí señalados, va en contravía del espíritu de la Carta y, por tanto, debe ser declarada inconstitucional[41]".
6.1. Cabe recordar que en el presente caso se demanda parcialmente el artículo 127 del Código Penal, en el cual se tipifica el delito de abandono, con la siguiente descripción legal: "[e]l que abandone a un menorde doce (12) años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses". La misma norma prevé una circunstancia de agravación punitiva, precisando que: [s]i la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte."
6.3. Con respecto al tipo de abandono, es importante destacar que el mismo se integra al Título I del Código Penal, que regula lo referente a "los delitos contra la vida y la integridad personal", y al Capítulo VI, que se ocupa "del abandono de menores y personas desvalidas". En ese marco, el delito presenta las siguientes características: (i) el bien jurídico protegido, son la vida y la integridad personal; (ii) el agente del delito, es calificado, pues debe tratarse de una persona que se encuentre legal y actualmente obligada a prestar asistencia o socorro a otra, siendo la fuente principal de estas obligaciones las derivadas del parentesco familiar; (iii) el sujeto pasivo, es también calificado, en tanto se trata de los menores de 12 años y otras personas distintas de los menores, concretamente los desvalidos que no estén en condiciones de asistirse por sí mismos, como puede ser el caso de los adultos mayores, los enfermos mentales o los discapacitados físicos. (iv) la conducta o acción delictuosa, es precisamente el abandono, entendido como la desprotección absoluta en que se deja a una persona a la que se le debe cuidado, es decir, que incurre en abandono, el que se sustrae a las obligaciones de asistencia y socorro que legalmente tiene con menores de edad o con personas desvalidas.
6.5. Tratándose de menores de edad, para la Corte es claro que la tipificación del delito de abandono se inscribe dentro de los mandatos que en materia de protección especial a la niñez, se consagran en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como lo son, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, a los que ya se hizo expresa referencia. Al respecto, esta última convención le impone a los Estados Partes el deber de adoptar "todas lasmedidas legislativas, administrativas, sociales y educativasapropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo". (Negrillas fuera de texto original).
6.7. Como ya se ha explicado, en virtud del principio del "interés superior del niño", los menores de edad son sujetos de una protección especial, que de conformidad con las normas que integran el bloque de constitucionalidad y el artículo 44 del la Carta, se manifiesta en la obligación impuesta a la familia, la sociedad y el Estado, de garantizarles, por una parte, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a una alimentación equilibrada, al cuidado y amor, a la educación, a tener una familia y no ser separado de ella; y, por otra, su desarrollo libre, armónico e integral, protegiéndolos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
6.14. La posición asumida por la Corte en esta causa, es consistente con la adoptada en asuntos similares, también relacionados con conductas penales que incluían a los menores de edad como sujetos pasivos de las mismas. Ya se mencionó, en el apartado anterior, que en la SentenciaC-1068de 2002, la Corte declaró inexequible la expresión de "de doce (12) años", contenida en el artículo 231 de la Ley 599 de 2000, mediante el cual se regula el tipo penal de mendicidad y tráfico de menores, por cuanto dicho precepto excluía de la condición de víctimas del delito a los mayores de 12 años y menores de 18 años. También en la Sentencia C-247 de 2004, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión "de catorce (14) años", contenida en el inciso segundo del artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que establecía el delito de inasistencia alimentaria frente a menores de 14 años. En ambos casos, la determinación la adoptó la Corte en razón a que si bien el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa en materia penal, está habilitado para establecer delitos, tratándose de menores de edad, debe tener presente que la protección especial a ellos prodigada se extiende en igualdad de condiciones, a todas las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad.
6.15. De acuerdo con lo expuesto, la expresión"de doce (12) años", contenida en el artículo 127 del Código Penal, resulta violatoria de los artículos 13, 44, 45 y 93 de la Constitución Política, así como también contraria a los instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren a lo protección de menores, como son, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
6.16. En ese sentido, la citada expresión"de doce (12) años", será declarada inexequible, con el fin de excluir del ordenamiento, el límite de edad previsto por el legislador para el delito de abandono frente a menores de edad, ya que, como ha sido expuesto, la condición de menor se extiende a toda persona que no ha cumplido los 18 años, y son ellos, niños y adolescentes, quienes indistintamente deben tener la condición de víctimas del tipo penal.
DeclararINEXEQUIBLE la expresión "de doce (12) años" contenida en el artículo 127 del Código Penal.
Inexequible la expresión ... Artículo 127 LEY_599_2000_24/07/2000
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-468 DE 2009
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límite legítimo (Salvamento de voto)
POLITICA CRIMINAL Y DERECHO PENAL-Corresponde al legislador desarrollarlos/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Constitución reconoce un margen de discrecionalidad para desarrollar la política criminal y el establecimiento de delitos y sanciones (Salvamento de voto)
En repetidas oportunidades esta corporación ha señalado que el legislador tiene un amplio margen para la actividad de creación legislativa, potestad que le otorga la facultad de determinar el contenido de las normas penales para desarrollar la política criminal del Estado, contando como único límite legítimo el marco constitucional. Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos.
DELITO DE ABANDONO DE MENOR DE DOCE AÑOS-Diseño no contraría límites constitucionales/DELITO DE ABANDONO DE MENOR DE DOCE AÑOS-No constituye un acto de discriminación /DELITO DE ABANDONO-Tipificación basado en edad del menor no contraría límites constitucionales (Salvamento de voto)
DELITO DE ABANDONO DE MENOR DE DOCE AÑOS-Diseño pretende preservar la vida e integridad personal de personas incapaces de cumplir por si mismas con sus ciclos vitales (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Respeto del principio de igualdad (Salvamento de voto)
El principio de igualdad contenido en la Constitución no puede asimilarse a un trato igual para todos los sujetos en toda circunstancia. En realidad, el principio de igualdad se expresa como la exigencia de dar a los sujetos un tratamiento igual en circunstancias iguales. En esta medida, el precepto constitucional no apunta a un igualitarismo irreflexivo, sino al tratamiento igualitario en función y con ocasión de un análisis del contexto y de la realidad particular en que se ha de aplicar el principio.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas protectoras de menores también prevé trato diferente entre diversos grupos de edades de menores (Salvamento de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 (parcial), de la Ley 599 de 2000"por la cual se expide el Código Penal".
Con todo respeto, expongo los motivos que me llevan a discrepar de la presente Sentencia. Según la posición mayoritaria de la Corte, esta expresión resulta inconstitucional por cuanto hace una distinción injustificada entre las personas menores de 12 años y los mayores de 18, de un lado y del otro, los menores de 18 años y mayores de 12. La Corte, mayoritariamente consideró, que esta distinción era discriminatoria debido a que ni en la Carta Política ni en tratados internacionales se diferencian los niveles de protección entre niños y adolescentes. En consecuencia, no tiene justificación constitucional que exista dicha distinción en una norma penal que busca proteger la integridad de los menores. Por el contrario, la existencia de una distinción de esta naturaleza vulnera los artículos 44 y 45 de la Constitución Política. Las razones de mi disenso son las siguientes:
1. En repetidas oportunidades esta Corporación ha señalado que el legislador tiene un amplio margen para la actividad de creación legislativa. En este sentido, la sentencia C-034 de 2005[42], en la cual se declaró la exequibilidad del mismo artículo en cuestión en este caso, afirmó que "La Corte ha sido enfática en reconocer que para la definición de la política criminal del Estado y, en particular, en materia penal para la configuración de las conductas punibles, el órgano legislativo tiene una competencia amplia y exclusiva que encuentra claro respaldo en el principio democráticoy en la soberanía popular (C.P. arts. 1º y 3º), razón por la cual, corresponde a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas materias"[43].
Esta potestad otorga al legislador la facultad de determinar el contenido de las normas penales para desarrollar la política criminal del Estado, contando como único límite legitimo el marco constitucional. "Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos"[44].
En el caso que nos ocupa, el legislador está plenamente legitimado para diseñar los tipos penales en la forma que considere más conveniente para la política criminal del Estado. No se observa que el aparte de la norma demandada contraríe los límites constitucionales.
2. El principio de igualdad contenido en la Constitución no puede asimilarse a un trato igual para todos los sujetos en toda circunstancia. En realidad, el principio de igualdad se expresa como la exigencia de dar a los sujetos un tratamiento igual en circunstancias iguales. En esta medida, el precepto constitucional no apunta a un igualitarismo irreflexivo, sino al tratamiento igualitario en función y con ocasión de un análisis del contexto y de la realidad particular en que se ha de aplicar el principio. En este sentido, esta Corporación se ha manifestado afirmando "que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable. La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico -sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente-, para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado[45]".
De esta forma, no toda diferencia en los grados de protección de diversos grupos constituye un acto de discriminación. Así, en el caso bajo examen, no es válido afirmar que cualquier diferencia en los niveles de salvaguardia de grupos específicos de menores se constituye en actos de discriminación. Para inferir válidamente su inconstitucionalidad es preciso demostrar su irracionalidad o arbitrariedad, es decir, que estas diferencias no obedecen a un criterio constitucionalmente admitido.
2.1 En oposición, entonces, de lo sostenido por la posición mayoritaria de la Corte, el trato diferente entre diversos grupos de edad de menores puede observarse en numerosos instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, el protocolo de San Salvador trae diferencias en la protección a los menores trabajadores, según su edad[46]. También es posible observar como el Derecho Internacional Humanitario hace distinciones en el nivel de protección que ofrece a los menores. En este sentido, los protocolos adicionales de Ginebra I[47] y II[48] crean diferencias en los grados de protección de los menores de 15 años. Igualmente, el Estatuto de Roma, en el artículo 8 numeral 2.b.xxvi[49], otorga desiguales niveles de protección a los menores de 15 años que al resto de los menores de edad. A la par, el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados -Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000"[50]- repite esta normatividad. Puede colegirse, entonces, que no es cierta la tesis de que el derecho internacional no haga diferencias entre menores y, menos aún, que estas se constituyan en actos de discriminación. En realidad, estas diferencias contribuyen a prestar una protección más efectiva a los grupos más vulnerables.
Asimismo, es posible encontrar este tipo de diferencias en la legislación interna colombiana. A este tenor, por ejemplo, el Código de la Infancia y de la Adolescencia[51] trae una protección especial sobre los trabajadores menores de 15 años. Igualmente, en el artículo 139 de la misma Ley se señala que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales y administrativas que intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por menores que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. Otros ejemplos de tratos disímiles de acuerdo con el desarrollo físico y psicológico se encuentran en el régimen de capacidad civil[52], en el cual la diferencia de tratamiento entre menores resulta evidente.
Estos ejemplos demuestran que la protección a los menores no necesariamente tiene que ser igual en todas las circunstancias. En efecto, la protección de los niños y adolescentes cambia y se matiza en cada circunstancia particular de acuerdo con la realidad física, social y cultural del ámbito de aplicación. Esto no significa desprotección, por el contrario, es una garantía que permite ofrecer la mejor salvaguardia de acuerdo con la necesidad del caso concreto.
3. El tipo penal de abandono protege el bien jurídico de la vida y la integridad personal[53]. Así, el sentido de este tipo penal es salvaguardar a aquellas personas quienes, por su condición de indefensión, no pueden por sus propios medios realizar acciones efectivas para conservar su integridad física y la vida[54]. Es decir, este tipo penal busca la protección de "las personas que por sus condiciones físicas o mentales no pueden valerse por sí mismas"[55]. En este sentido, el legislador consideró, válidamente, que las personas mayores de doce años son capaces de ejercer sus ciclos vitales sin intervención de terceros. Por ejemplo, es claro que un niño de 13 años es capaz de comer, caminar y hablar sin necesidad de ayuda y, por tanto, queda exceptuado del objetivo de protección de la norma. Si bien es cierto, resulta muy posible que una persona menor de 18 y mayor de 12 años sea incapaz de proveerse a sí mismo los medios de subsistencia tales como alimentación, vivienda y educación, debe determinarse en el caso específico si podría valerse por sí mismo o no; y es este el sentido que debe dársele a la norma. Lo que pretende preservar el tipo es la vida e integridad de aquellas personas que son incapaces de cumplir por sí mismas con sus ciclos vitales. Esto resulta un adelantamiento de las barreras de protección de la vida, pues no se exige que ocurra realmente un daño al bien jurídico, sino se castiga un acto previo como el mero abandono. Acá, entonces, no se protege ni la unidad familiar, ni los sentimiento o la vida en relación del menor de edad.
De esta forma, con un adecuado entendimiento del tipo, resulta claro que no es igual el abandono de un niño de 2 años en un cajero automático, quien no puede defenderse por sí mismo, ni alimentarse, caminar o buscar ayuda y, sin duda alguna, de no ser encontrado prontamente morirá en pocas horas, al caso del abandono de un menor de 14 años quien puede desarrollar los ciclos de existencia mínimos que le permitan sobrevivir esta circunstancia. En consecuencia, el apartado declarado inconstitucional era razonable con los fines que persigue la norma.
Ahora, esto no significa que los mayores de doce años y menores de dieciocho no tuvieran una protección penal de su especial condición. En efecto, aquel que no cumpla con sus obligaciones contribuyendo al sostenimiento de los menores que tuviera a cargo incurre en el delito de inasistencia alimentaría[56]. La Corte ha señalado que "la razón de la sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad familiar y en la subsistencia de los miembros del núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, apenas, el patrimonio ajeno"[57]. De esta forma, la inasistencia alimentaría castiga a aquella persona que teniendo el deber legal de brindar alimentos, se sustrae a esta obligación sin justa causa. Como se puede observar, el ordenamiento jurídico penal ofrece protección a los menores de 18 y mayores de 12 años al castigar a quines no cumplen con los deberes legales de manutención. En suma, parece que la posición mayoritaria de la Corte ha confundido estos dos tipos penales, dándole un alcance al abandono que entra en la orbita de la inasistencia alimentaría.
4. En síntesis, la norma acusada constituía un ejercicio razonable y proporcionado desde la perspectiva constitucional, del amplio margen de configuración legislativa en materia penal. El aparte declarado inexequible se encontraba plenamente justificado pues no puede considerarse que estén en las mismas circunstancias los menores impúberes y los adolescentes. Si bien es cierto que, los mayores de doce y menores de dieciocho años, jurídicamente no tienen capacidad plena y que por su desarrollo físico y psicológico no pueden asimilarse a personas adultas capaces, también lo es que ante una situación de abandono como la que prevé la norma, están facultados para valerse por sí mismos y así efectuar todos sus ciclos vitales. Por tanto, la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución Política.
[1] La expresión "legal" fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-034 de 2005.
[2] El artículo 14 de la Ley 890 de 2004, aumentó las penas para todos los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal. La norma dispuso sobre el particular: ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2o. de la presente ley. Los artículos 230A, 442, 444, 444A, 453, 454A, 454B y 454C del Código Penal tendrán la pena indicada en esta ley.
[3] Sentencia C-247 de 2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis "La intención del constituyente al hacer la distinción entre niños y adolescentes en los artículos 44 y 45 superiores no fue excluir a estos últimos de la protección integral otorgada a la niñez, sino ofrecerle espacios de participación respecto de las decisiones que los conciernen".
[4] Por fuera del delito de abandono previsto en el artículo 127, en el mismo capítulo se tipifican las siguientes conductas:
[5] Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-559 de 1999, C-840 de 2000, C-226 de 2002, C-420 de 2002, C-762 de 2002, C-205 de 2003, C-247 de 2004 y C-034 de 2005.
[6] Cabe Destacar que, como lo ha dicho esta Corte, la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En la Sentencia C-646-01, este Tribunal definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía. Dijo sobre el particular: "Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica".
[7] Sentencia C-420 de 2002.
[8] Sentencia C-1404 de 2000.
[9] Sentencia C-038 de 1995. Fundamento 4.
[10] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-013 de 1997, C-840 de 2000 y C- 034 de 2005.
[11] Sentencia C-070 de 1996.
[12] Ver Sentencia C-226/02 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[13] Sentencia C-420 de 2002.
[14] Sentencia C-507 de 2004.
[16] Cfr. Sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
[17] Cfr. Sentencia T-029 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[18] Sentencia C-1064 de 2000.
[19] Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968.
[20] Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 16 de 1972.
[21] la Convención Sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue incorporada a nuestro derecho interno mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991.
[22] El aparte citado de la Observación General N° 5 2003, del Comité sobre los Derechos del Niño, aparece citada en la Sentencia C-507 de 2004.
[23] Sentencia C-507 de 2004.
[25] Sentencia C-507 de 2004.
[26] Sentencia C-507 de 2004.
[27] Sentencia C-174 de 2004.
[28] Cfr. las Sentencias SU-225 de 1998 y C-170 de 2004
[29] Cfr. Las Sentencias C-092 de 2002 y C-228 de 2008, entre otras.
[30] Sentencia C-092 de 2002.
[31] Cfr. Sentencia C-092/02. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-019 de 1993, T-415 de 1998 y T-727 de 1998..
[32]Actas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, Transcripción de sesiones, presidencia de la República, Plenaria, Junio 10 de 1991, pag. 68
[33]La Corte, mediante sentencia C-325 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, declaró la exequibilidad del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, la cual prevé desde su primer artículo que "todo Estado para el cual entre en vigor el referido instrumento se compromete a seguir una política nacional que asegure la aboliciónefectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo hasta un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Para esos efectos, estipula que todo Estado que ratifique el Convenio deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo en su territorio, la cual no podrá ser inferior a aquella en la que termina la obligación escolar o, en todo caso, los quince años de edad. La edad señalada podrá ser modificada posteriormente, señalando una más elevada."
[34]Sentencia C-019 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón
[35] Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 12 de 1991.
[36] Cfr. Sentencia C-1068 de 2002.
[37] Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 265 de 1996.
[38] Este apartado reza: "En el Estado de origen sólo se podrá confiar el niño a los futuros padres adoptivos si: c) las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción."
[39] Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 470 de 1998.
[40] Según lo previsto en el Art. 34 del Código Civil, "llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el que no ha cumplido catorce años; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido veintiún años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos".
[42] M.P Álvaro Tafur Galvis..
[43] Ver en este sentido entre otras las sentencias C-559 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero, C-226/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-762/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-205/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[44] Corte Constitucional C-034 de 2005 M.P Álvaro Tafur Galvis.
[45] Sentencia C-034/05 que estudió, por otro cargo, la constitucionalidad del artículo 127 de Código Penal, declarándolo exequible. Al respecto pueden consultarse las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093/01 M.P. A. Martínez, C-1108/01 MP R. Escobar y M. Monroy, C-1176/01 M.P. M Monroy, C-1191/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yépes , C-1114- y C-043/03 M.P. A. Tafur.
[46] "Protocolo Adicional a La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo De San Salvador".
Artículo 7: Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo: f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida".
[47] "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977.
Artículo 77 - Protección de los niños.
[48] "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).
TÍTULO II - TRATO HUMANO: Comentario del Título II: Artículo 4. Garantías fundamentales
c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades".
[49] "Artículo 8, Crímenes de guerra. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades".
[50] " (…) Tomando nota de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades (…)".
[51] Ley 1098 de 2006: "Artículo 35. Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código".
Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales". En el mismo sentido artículo 41 numeral 35 y el artículo 114.
[52] Ver, por ejemplo, Código Civil Colombiano artículos 117, 140 y 143.
[53] Se encuentra en el Código Penal, Libro Segundo, Parte Especial De Los Delitos En Particular, Titulo I: Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal.
[54] Ver Gómez Pavajeu y Urbano Martínez. "Delitos contra la vida y la integridad física personal". En Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial. Bogotá: Universidad Externado, 2004. Pag 976: "ya que los menores o las personas desvalidas no se hallan en capacidad de asistirse por sí mismas para cumplir sus ciclos existenciales".
[55] Sentencia C-034/05 A. Tafur.
[56] Ley 1181 DE 2007 "por la cual se modifica el artículo 233 de la Ley 599 de 2000".
"El Congreso de Colombia, DECRETA: Artículo 1°. El artículo 233 de la Ley 599 de 2000 quedará así:
Artículo 233. Inasistencia alimentaría. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes".
[57] Sentencia C-984/02.