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Timestamp: 2018-07-19 02:20:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'Artículo 57', 'artículo 57', 'Artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57']

Nota Tributaria - Sentencia C-724 de 2015. Expediente RE-219. (Comunicado de Prensa). - Emergencia Económica, Social y Ecológica - Año 2015 - Zona de Frontera Colombo-Venezolana - Destinación de Recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE para el Desarrollo de Programas de Empleo Temporal - Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1821 del 15 de septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica”. FALLO: Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1821 del 15 de septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica”. - Corte Constitucional. - M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. - - Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1821 del 15 de septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica”. - En primer lugar, la Corte constató que el Decreto Legislativo 1821 de 2015, cumplió con el requisito de conexidad de las medidas con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional, mediante Decreto 1770 de 2015, considerando la necesidad de conjurar la crisis económica producida por el cierre unilateral de la frontera con Venezuela, en particular en el sector del mercado laboral y la empleabilidad. Al cierre ha implicado la suspensión de la actividad económica de una gran número de personas residentes en los municipios cobijados por la declaración de emergencia dedicados habitualmente al comercio o al transporte transforentizo. Al mismo tiempo, el ingreso masivo de compatriotas provenientes de Venezuela ha generado un incremento en las cifras de desempleo y en la informalidad laboral. // En segundo lugar, la Corporación determinó que las medidas adoptadas están teleológica y específicamente dirigidas a conjurar la crisis, para la cual se permite la liberación y el uso de recursos provenientes del 30% del punto adicional del recaudo sobre la renta para la equidad CREE para las vigencias 2013 y 2014, así como el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, de manera que se promueva fuentes de empleo y de mejores condiciones de vida de la población afectada por la emergencia en la zona de frontera, para lo cual debe ser identificada y registrada, con el fin de asegurar que esos recursos lleguen efectivamente a estas personas. Entre otras, se propone desarrollar programas de empleo temporal y de emergencia, para incentivar el mercado laboral. Los medios adoptados por el decreto son idóneos para conseguir las finalidades propuestas con miras a atender la situación de emergencia que se generó por la emergencia económica, social y ecológica.
Sentencia C-724 de 2015. Expediente RE-219. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Emergencia Económica, Social y Ecológica - Año 2015 - Zona de Frontera Colombo-Venezolana - Destinación de Recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE para el Desarrollo de Programas de Empleo Temporal - Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1821 del 15 de septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica”. FALLO: Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1821 del 15 de septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica”. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1821 del 15 de septiembre de 2015 “Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia, económica, social y ecológica”. En primer lugar, la Corte constató que el Decreto Legislativo 1821 de 2015, cumplió con el requisito de conexidad de las medidas con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional, mediante Decreto 1770 de 2015, considerando la necesidad de conjurar la crisis económica producida por el cierre unilateral de la frontera con Venezuela, en particular en el sector del mercado laboral y la empleabilidad. Al cierre ha implicado la suspensión de la actividad económica de una gran número de personas residentes en los municipios cobijados por la declaración de emergencia dedicados habitualmente al comercio o al transporte transforentizo. Al mismo tiempo, el ingreso masivo de compatriotas provenientes de Venezuela ha generado un incremento en las cifras de desempleo y en la informalidad laboral. // En segundo lugar, la Corporación determinó que las medidas adoptadas están teleológica y específicamente dirigidas a conjurar la crisis, para la cual se permite la liberación y el uso de recursos provenientes del 30% del punto adicional del recaudo sobre la renta para la equidad CREE para las vigencias 2013 y 2014, así como el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, de manera que se promueva fuentes de empleo y de mejores condiciones de vida de la población afectada por la emergencia en la zona de frontera, para lo cual debe ser identificada y registrada, con el fin de asegurar que esos recursos lleguen efectivamente a estas personas. Entre otras, se propone desarrollar programas de empleo temporal y de emergencia, para incentivar el mercado laboral. Los medios adoptados por el decreto son idóneos para conseguir las finalidades propuestas con miras a atender la situación de emergencia que se generó por la emergencia económica, social y ecológica.
Sentencia C-742 de 2015. Expediente RE-220. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Emergencia Económica, Social y Ecológica - Año 2015 - Zona de Frontera Colombo-Venezolana - Habilitación de Puertos Privados para el Transporte de Carbón - Requisitos que deben cumplir los Decretos que desarrollan el Decreto de Emergencia - Revisión de Constitucionalidad del Decreto 1977 de 2015 “Por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se dicta una medida temporal y excepcional para los puertos carboneros concesionarios de servicio privado.”. FALLO: Declarar EXEQUIBLE el Decreto 1977 de 6 de octubre de 2015, “Por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se dicta una medida temporal y excepcional para los puertos carboneros concesionados de servicio privado”. M.P. María Victoria Calle Correa. Control de Constitucionalidad del Decreto 1977 de 2015. Por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se dicta una medida temporal y excepcional para los puertos carboneros concesionados de servicio privado. El Decreto Legislativo 1977 de 2015 permite el transporte de carbón que se produce en un conjunto de municipios del Norte de Santander cobijados por el estado de emergencia, a través de puertos marítimos privados. Por este servicio se pagará la misma suma de dinero que reciben los puertos públicos y al momento de calcular la contraprestación que las sociedades portuarias deben pagar al Estado por concepto de la concesión, se excluirán los volúmenes transportados en ejecución de estas medidas. Con esta medida, se pretende superar el deterioro del comercio y las dificultades para el transporte del carbón hacia Venezuela desde los municipios cobijados por las medida de excepción, por lo cual, la Corte consideró que existía conexidad con la situación de emergencia generada por el cierre unilateral de la frontera con Venezuela. // Si bien es cierto que el decreto examinado adopta medidas que en alguna forma intervienen el principio de autonomía de la voluntad, al imponerle a los puertos de servicio privado que transporten carbón bajo las tarifas de los puertos públicos, también lo es, que no les prohíbe continuar con el normal ejercicio de sus negocios y en cambio prevé salvaguardas de sus intereses, dado que establece las tarifas que deberán pagar de acuerdo a un esquema definido por el Estado, pero diseñado para no generar pérdidas en la operación. Por ello, no se encontraron razones para suponer que se atenta contra el núcleo esencial de este derecho, ni una alteración definitiva del régimen constitucional y legal que regula las materias portuarias. De igual modo, las medidas adoptadas a través del Decreto 1977 de 2015 también superan el juicio de intangibilidad, puesto que no tocan ni interfieren el ejercicio de ninguno de los derechos mencionados en el artículo 4º de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. // Cumplida la carga de evaluar las posibilidades que existían como alternativas al uso de los puertos de Maracaibo y La Ceiba ubicados en el territorio venezolano, para el traslado del carbón entre Norte Santander y Venezuela, la Corte concluyó que las medidas adoptadas por el Decreto Legislativo 1977 de 2015 cumplen con el requisito de finalidad, en cuanto están directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas de la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Además, estima que es razonable concluir que la medida escogida por el Gobierno tienen cierto nivel de eficacia e idoneidad para alcanzar la finalidad de transportar el carbón producido en diversos municipios de Norte de Santander, respetando los márgenes de apreciación del Gobierno. Al mismo tiempo, permite solventar la falta de capacidad de los puertos públicos para recibir y descargar trenes de más de cien vagones y los obstáculos legales previstos en la Ley 1ª de 1991 y el Estatuto de Pesca. De esta forma, las condiciones propias de los juicios de necesidad y de compatibilidad se encuentran satisfechas.
Sentencia C-743 de 2015. Expediente D-10838. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Procedimiento - Condición Especial para el Pago de Impuestos, Tasas y Contribuciones, Tributos Aduaneros y Sanciones del Artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la Evasión y se dictan otras disposiciones.” - Amnistías Tributarias - Principios Constitucionales - Principio de Equidad Tributaria - Principio de Igualdad Tributaria. Con Salvamento de Voto del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. Con Aclaraciones de Voto de las Magistradas y Magistrados María Victoria Calle Correa, Myriam Ávila Roldán, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan tras disposiciones”, con excepción de su parágrafo primero respecto del cual la Corte se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo. M.P. MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Norma Demandada: Artículo 57 Ley 1739 de 2014. La Corte reafirmó los lineamientos que ha trazado en relación con el deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (art. 95 C.Po.), el margen de configuración del legislador en materia tributaria, fundado en el principio democrático (arts. 150.12, 154 y 338 C.Po.) y el diseño de un sistema tributario sujeto a los principios de eficiencia, equidad y progresividad, cuyas leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva (arts. 363 C.Po.). De manera específica, reiteró que además de estos límites, el margen de configuración del legislador no puede ejercerse de manera arbitraria, valga decir, de modo que no sea posible justificarlo conforme a la Constitución; tampoco, puede contrariar a los derechos fundamentales. Así mismo, recordó que dentro de ese margen de configuración, el legislador puede establecer exenciones a los tributos, con respeto de la iniciativa del Gobierno en la materia (art. 154 C.Po.), la prohibición relativa a los tributos propios de las entidades territoriales (art. 294 C.Po.) y los límites que se siguen del derecho a la igualdad (art. 13 C.Po.), del deber general de contribuir (art. 95.9 C.Po.), y de los principios del sistema tributario (art. 363 C.Po.). // En particular, la Corte reiteró los criterios estrictos conforme a los cuales se debe juzgar la constitucionalidad de las amnistías y saneamientos en materia tributaria, medidas que deben ser estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad propuesta, por cuanto los problemas de eficiencia o eficacia del aparato estatal no pueden resolverse a costa de la igualdad tributaria y de la abdicación del Estado de derecho, que se funda no solo en el respeto de los derechos, sino también en el acatamientos de los deberes y en la seguridad de que el Estado impondrá su observancia. Recordó, que la ley no puede restarle efectividad a los deberes de solidaridad y en especial al de tributación y reafirmó que las amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la justicia y la equidad tributaria. // En el presente caso, el demandante cuestiona la constitucionalidad de las reglas que en el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 prevén la reducción o eliminación de las cargas tributarias, en concreto, las medidas que en dicho artículo reducen o eliminan los intereses o las sanciones. Para ello, era necesario determinar si las medidas adoptadas por el legislador constituían una amnistía. // Después de analizar las ocho medidas previstas en el artículo 57 acusado, la Corte concluyó que ante el incumplimiento de obligaciones tributarias, se introduce una medida que se denomina como condición especial de pago para inhibir o atenuar las consecuencias adversas de dicho incumplimiento, la cual, en efecto, constituye una amnistía tributaria. Es así como, se prevé (i) la reducción de la sanción y de los intereses, por el pago de obligaciones tributarias que se encuentren en mora, causadas durante los periodos gravables 2012 y anteriores; (ii) la reducción de la sanción, por el pago de sanciones de carácter tributario, aduanero o cambiario; y (iii) la eliminación de los intereses y reducción de la sanción por presentación de declaración omitida y pago del impuesto a cargo por los años 2012 y anteriores. Además, adopta medidas directamente relacionadas con las condiciones especiales de pago, previendo su aplicación en el nivel territorial, prescribiendo su inaplicación en algunos casos y extendiendo en hipótesis específicas el término para acogerse a las medidas que allí se establecen. // A juicio de la Corte, las reglas contenidas en el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 que instrumentan las medidas de amnistía tributaria, no superan el juicio estricto de proporcionalidad. Si bien las medidas adoptadas persiguen un fin constitucionalmente imperioso, en cuanto buscan optimizar las actividades de recaudo de las obligaciones tributarias pendientes de pago, de las cuales depende en buena medida el cumplimiento efectivo de las funciones del Estado Social, no es posible considerarlas como efectivamente conducentes. Para la corporación, no cabe duda que la creación regular de medidas tributarias de amnistía puede resultar contraproducente para alcanzar el propósito de obtener oportunamente la contribución a cargo de cada uno de los ciudadanos. Aunque a corto plazo las amnistías permiten alcanzar valiosos objetivos de política fiscal en tanto facilitan el recaudo y amplían la base tributaria sin incurrir en los costos que generan los mecanismos de fiscalización y sanción, cuando se transforman en práctica constante pueden desestimular a los contribuyentes de cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias, ante la expectativa de aguardar hasta la próxima amnistía y así beneficiarse de un tratamiento fiscal más benigno del que se dispensa a quienes atendieron sus obligaciones puntualmente. En últimas, la proliferación de este tipo de mecanismos puede conducir a que, en términos económicos, resulte irracional pagar a tiempo los impuestos.
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