Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-15069-de-marzo-23-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421c2af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-18 09:20:44
Document Index: 112701221

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 251', 'ARTÍCULO 706', 'artículo 685', 'artículo 759', 'artículo 4', 'artículo 251', 'artículo 706', 'artículo 685', 'artículo 705', 'artículo 706', 'artículo 251', 'artículo 706', 'artículo 684', 'artículo 706', 'artículo 706', 'artículo 705', 'artículo 134', 'artículo 706', 'artículo 705', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA 15069 DE MARZO 23 DE 2006
SENTENCIA 15069 DE 23 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:INSPECCIÓN TRIBUTARIA. EL TÉRMINO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA DICTAR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL NO ES IGUAL AL DE DURACIÓN DE LA INSPECCIÓN, SINO DE TRES MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETE. EN VIRTUD DE LA MODIFICACIÓN QUE INTRODUJO EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY 223 DE 1995 AL ARTÍCULO 706 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIO TRIBUTARIO DE AUDITORÍA, CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA DIAN, INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Sentencia 15069 de marzo 23 de 2006
Ref.: 66001233100020030029801
Rad.: 15069
Actor: Muebles Vamez Ltda.
La sociedad demandante presentó el 17 de marzo de 1998, la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer (1º) bimestre de 1998.
El 7 de marzo de 2001 la Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira, en ejercicio del programa “Denuncias de terceros” realizó una operación de registro en las oficinas de la demandada.
El 2 de abril de 2001 la división de fiscalización tributaria y aduanera profirió el emplazamiento para corregir Nº 160762001000010, enviado al correo el 3 de abril de 2001 y entregado al contribuyente el 4 de abril del mismo año, señalando que el contribuyente debe presentar la corrección dentro del término previsto en el artículo 685 del estatuto tributario.
El 3 de abril de 2001 la administración profirió el auto de inspección tributaria 160762001000054, enviado al correo el 3 de abril de 2001 y entregado al contribuyente el 4 de abril del mismo año.
Mediante el requerimiento especial 160762001000051 notificado el 28 de junio de 2001, se propone modificar la declaración presentada en los siguientes renglones:
BD Ingresos brutos por operaciones gravadas $ 66.594.000 $ 288.409.000
BA Total ingresos brutos recibidos durante el período $ 66.594.000 $ 288.409.000
FU Total impuesto a cargo $ 10.655.000 $ 46.145.000
FA Saldo a pagar por el período fiscal $ 3.597.000 $ 39.087.000
VS Sanciones -0- $ 56.784.000
HA Total saldo a pagar $ 2.904.000 $ 95.178.000
Previa respuesta al requerimiento especial, el 20 de diciembre de 2001 la administración profiere ampliación al requerimiento especial 900002, proponiendo la determinación del saldo a pagar en $ 101.645.599.
El 2 de abril de 2002, la administración profirió la liquidación oficial de revisión 160642002000014 en la que se confirman las glosas propuestas en la ampliación al requerimiento especial. Interpuesto oportunamente el recurso de reconsideración, la administración confirmó el acto recurrido mediante la Resolución 160772002000022 del 28 de octubre de 2002.
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, deberá precisarse si las autoridades tributarias vulneraron el artículo 759 del estatuto tributario, al determinar la omisión de ingresos por ventas. Adicionalmente se debe establecer si existe violación al debido proceso por el desconocimiento del plazo para responder el emplazamiento para corregir de conformidad con los artículos 705, 706 y 730 del estatuto tributario. Dilucidado lo anterior se debe estudiar si es procedente el beneficio de auditoria previsto en el artículo 4º de la Ley 633 de 2000 respecto al impuesto sobre las ventas por el primer bimestre de 1998.
Según el apelante: “No se pueden utilizar dos métodos al mismo tiempo como es el de la presunción y el que pretende aplicar la DIAN de cifras durante todo el período gravable. Esto demuestra una vez más la debilidad en la investigación al optar por la presunción y posteriormente manifestar que se constató la omisión del ingreso por los doce meses del año 1998.
Contrario a lo afirmado por el apelante, la administración partió de la constatación previa de la omisión del registro de las ventas, para luego presumir la omisión de ingresos (E.T., art. 759) utilizando las amplias facultades de fiscalización que tiene la DIAN.
Con fundamento en las pruebas recaudadas por la administración en la operación de registro realizada en las instalaciones de la sociedad actora el 7 de marzo de 2001, concluyó que los ingresos obtenidos en el primer bimestre de 1998 son superiores a los registrados en la declaración presentada, análisis que incluyó tanto los archivos magnéticos como los documentales encontrados, los cuales sirvieron de fundamento para la expedición del requerimiento especial (jun. 22/2001) y de la liquidación oficial de revisión.
Tales pruebas no fueron cuestionadas por la demandante, toda vez que ni en la vía gubernativa ni en la jurisdiccional el accionante allegó al proceso elementos de juicio que permitieran desvirtuar las modificaciones propuestas por la administración.
ART. 761.—Modificado. L. 6ª/92, art. 58. Las presunciones admiten prueba en contrario. Las presunciones para la determinación de ingresos, costos y gastos admiten prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunción con la contabilidad, el contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas adicionales (resalta la Sala).
Respecto a la alegada violación al debido proceso por el desconocimiento del plazo para responder el emplazamiento para corregir de conformidad con los artículos 705, 706 y 730 del estatuto tributario, precisa la Sala:
Toda vez que la declaración tributaria corresponde al impuesto sobre las ventas por el primer bimestre de 1998, respecto de la suspensión de términos para notificar el requerimiento especial cuando se practique inspección tributaria, deben aplicarse las disposiciones contenidas en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, que sustituyó el artículo 706 del estatuto tributario.
Ahora bien, del estudio del plenario se desprende que la administración alegó que no se verifica la aludida violación al debido proceso teniendo en cuenta que si bien el emplazamiento para corregir y el auto que decreta la inspección, fueron notificados el mismo día, la práctica de la diligencia de inspección se efectuó con posterioridad al término establecido en el artículo 685 del estatuto tributario, encontrándose en consecuencia en tiempo el acto oficial cuestionado.
Para resolver la Sala considera que según el artículo 705 del estatuto tributario, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva” sin embargo, la ley prevé que el citado plazo puede ser suspendido “cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, según lo dispone el artículo 706 ibídem. Lo cual implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete.
Antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la jurisprudencia de esta corporación reiteró que el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria, máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicara. No bastaba la notificación del auto que ordena la inspección para que operara la suspensión (1) .
Con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, el texto del artículo 706 del estatuto tributario, la Sala ha interpretado que con esta modificación legal, el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el mismo que dure la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, como lo señala de manera expresa la norma, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión (2) .
En todo caso la sección hizo una salvedad a la anterior posición con base en el texto de la norma transcrita, para aquellos casos en los que se dicta el auto que ordena la inspección,pero esta no se practica efectivamente (3) .
Para la Sala, la suspensión del término para proferir el requerimiento especial empieza a correr desde la fecha en que se notifique el auto que ordena la inspección tributaria, pero opera solamente cuando la diligencia se practica, para lo cual basta que dentro del período se realice al menos una prueba relacionada con la inspección, pues resulta claro que mientras los funcionarios comisionados o inspectores no realicen alguna actividad propia de su encargo, no puede entenderse como es obvio, que hubiesen efectuado la “inspección” ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término (4) .
La administración tributaria, en uso de sus amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 del estatuto tributario, puede verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes cuando lo considere necesario, facultad utilizada al proferir el emplazamiento para corregir 010 del 2 de abril de 2001, con fundamento en la operación de registro realizada en las oficinas de la demandada el 7 de marzo de 2001, en donde la DIAN aseguró documentos correspondientes que según la demandada corresponden a la contabilidad del contribuyente, por los años gravables 1998, 1999, 2000 y 2001, encontrando unas diferencias de ingresos con los declarados por IVA correspondiente al primer bimestre de 1998.
Por tal razón y con la finalidad de efectuar una verificación directa sin limitación probatoria respecto al período fiscal cuestionado, la administración profirió el 3 de abril de 2001 el auto de inspección tributaria 00054, medio de prueba: “... en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias” (E.T., art. 779).
En consecuencia, toda vez que por disposición legal (E.T., art. 685) son los indicios de inexactitud los que motivan el emplazamiento para corregir, resulta lógico que la administración pretenda ampliar los medios de prueba a su alcance para verificar la realidad fiscal del contribuyente, comprobando directamente la existencia o no de inexactitud en la declaración.
En consecuencia, si bien la Sala ha precisado (5) que los términos de suspensión para la notificación del requerimiento especial previstos en el artículo 706 del estatuto tributario, se suman cuando la inspección tributaria y el emplazamiento para corregir se efectúan de forma subsiguiente, en el presente caso no se suspendió el término por cuatro meses, toda vez que la notificación del auto de inspección y del emplazamiento para corregir se efectuaron concomitantemente, quedando incluido el mes (de abr. 4/2001 a mayo 4/2001) para responder el emplazamiento, dentro de los tres meses de duración de la inspección tributaria, (de abr. 4/2001 a jul. 4/2001) circunstancia que no vulneró el derecho de defensa del contribuyente por cuanto contó con la oportunidad legal para su respuesta.
Conforme a lo expuesto, verificada la procedencia de la suspensión de términos prevista en el artículo 706 del estatuto tributario por la práctica de inspección tributaria de oficio, la Sala debe dilucidar si la notificación del requerimiento especial se efectuó dentro del término previsto en el artículo 705 del estatuto tributario, adicionado (6) por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995, con la finalidad de permitir que cuando la administración tributaria efectúe revisiones en el impuesto sobre la renta y encuentre inconsistencias en las declaraciones del impuesto sobre las ventas o de retención en la fuente, las modifique, teniendo en cuenta que la declaración del impuesto de renta se presenta en el año siguiente al período gravable denunciado.
El término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, el cual empieza a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando, se haya presentado oportunamente.
En el presente caso, relacionado con la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre de 1998, deberá atenderse el mismo término para notificar el requerimiento especial que rige para la declaración de renta y complementarios del año gravable 1998, esto es, desde el vencimiento del plazo para declarar, que de acuerdo con el Decreto 2652 del 29 de diciembre de 1998 y el último dígito del número de identificación tributaria de la sociedad demandante (1) fue el 6 de abril de 1999.
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que operó el término de suspensión previsto en el artículo 706 del estatuto tributario, la administración tenía plazo para notificar el requerimiento especial hasta el 6 de julio de 2001, diligencia que se efectuó el 28 de junio de 2001 conforme se observa a folio 47 del cuaderno 2 de antecedentes, esto es, oportunamente, dentro de los dos años señalados en el artículo 705 del estatuto tributario.
En cuanto a la alegada procedencia del beneficio de auditoria previsto en el artículo 4º de la Ley 633 de 2000 respecto al impuesto sobre las ventas por el primer bimestre de 1998, anota la Sala:
Conforme a dicha norma, el beneficio solo operaba en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, beneficio que está previsto para el impuesto sobre la renta y toda vez que se discute el impuesto sobre las ventas por el primer bimestre de 1998, no es procedente su aplicación.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada pero por las razones expuestas.
RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada Biviana Nayibe Jiménez Galeano, de conformidad con el poder que obra al folio 153 del cuaderno principal.
(1) En ese sentido entre otras las sentencias del Consejo de estado, Sección Cuarta del 4 de noviembre de 1994, Exp. 5735, M.P. Jaime Abella Zárate; del 31 de marzo de 2000, Exp. 9794, M.P. Daniel Manrique Guzmán, o del 2 de noviembre de 2001, Exp. 12370, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 8 de marzo de 2002, Exp. 12300, Juan Ángel Palacio Hincapié, y del 3 de mayo de 2002, Exp. 12625, M.P. Germán Ayala Mantilla, entre otras.
(4) Conforme al acta de visita suscrita por los funcionarios visitadores el 19 de junio de 2001 visible a folio 20 y ss. del cuaderno de antecedentes, la administración envió oficios a la revisora fiscal de la sociedad (abr. 18/2001) y a la contadora (mayo 11/2001) con la finalidad de recaudar las pruebas necesarias para verificar la realidad contable de la demandante, el 19 de abril de 2001 envió requerimientos ordinarios a Bancafé, Banco del Estado, Banco de Crédito y Banco Superior, entre otras pruebas.
(5) Sentencias del 26 de noviembre de 1999, Exp. 9681, C.P. Delio Gómez Leyva; del 9 de julio de 1999, Exp. 9383, C.P. Daniel Manrique Guzmán y del 13 de febrero de 1998, Exp. 8699. C.P. Mariela Herrera V., entre otras.
(6) ART. 134.—Término para notificar el requerimiento en ventas y retención en la fuente. Adiciónase el estatuto tributario con el siguiente artículo: (...).