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Timestamp: 2018-02-24 02:13:35
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Matched Legal Cases: ['Artículo 104', 'Artículo 114', 'artículo 116', 'Artículo 114', 'artículo 116', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 53', 'artículo 118']

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. TITULO V. De la acción administrativa (Vigente hasta el 24 de Noviembre de 2002).
Uno. Las agrupaciones internacionales de empresas ferroviarias establecidas en países de la Unión Europea en las que participe alguna empresa ferroviaria establecida en España, tendrán derecho de acceso y tránsito a las infraestructuras ferroviarias para la prestación de servicios de transporte internacional por ferrocarril entre los Estados miembros de la Unión Europea en los que estén establecidas las empresas que las constituyen.
Cuando en dichas agrupaciones internacionales no participen empresas españolas, el derecho al que se refiere el párrafo anterior será únicamente de tránsito.
Dos. Las empresas ferroviarias establecidas en países de la Unión Europea tendrán derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias para la explotación de servicios combinados internacionales de mercancías.
Tres. Lo dispuesto en los puntos uno y dos no será de aplicación a las empresas ferroviarias cuya actividad se límite a la explotación del transporte urbano, suburbano o regional.
Cuatro. Reglamentariamente se establecerán, de conformidad con lo previsto en las Directivas 95/18 y 95/19, ambas de 19 de junio de 1995, de la Unión Europea los requisitos que habrán de cumplirse para ejercitar los derechos de acceso y tránsito reconocidos en los puntos uno y dos.
Cinco. El administrador de la infraestructura aplicará un canon de utilización de la infraestructura a su cargo que deberán pagar las empresas ferroviarias y las agrupaciones internacionales que la utilicen.
El canon se exigirá en las cuantías que fije el Ministro de Fomento, previo informe del administrador de la infraestructura, en función de la naturaleza del servicio, su duración, la situación del mercado y la naturaleza y el deterioro de la infraestructura, así como la necesidad de que el administrador de ésta pueda comercializarla eficazmente.
Seis. En la percepción del canon, el administrador de la infraestructura no podrá realizar discriminaciones entre las diferentes empresas ferroviarias o agrupaciones internacionales por servicios de naturaleza equivalente en el mismo mercado. El administrador de la infraestructura estará obligado a facilitar al Ministerio de Fomento toda la información que éste le requiera para asegurarse de que los cánones se perciben de forma no discriminatoria.
Siete. El importe del canon podrá establecerse en una cuantía única o periódica, según la naturaleza y duración del servicio. Cuando se trate de una cuantía única se devengará al iniciarse la utilización de la infraestructura, si bien podrá exigirse su depósito previo, en otro caso se devengará periódicamente.
El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización de la infraestructura ferroviaria por las empresas ferroviarias o agrupaciones internacionales incumplidoras, siempre que ello no suponga la interrupción de la prestación por aquéllas de los servicios públicos regulares de transporte de viajeros de uso general que, en su caso, estuviesen gestionando.
Ocho. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos y criterios para la adjudicación de las franjas o surcos de la infraestructura ferroviaria y para la exacción del canon.
Nueve. Lo dispuesto en la sección noventa del título I del libro II (artículos 184 a 192) del Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, no será de aplicación a las compañías de ferrocarriles.
Artículo 104 derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario («B.O.E.» 18 noviembre). Téngase en cuenta el R.D. Ley 1/2004, de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario («B.O.E.» 11 mayo), hasta el 31 de diciembre de 2004.
Artículo 114 Constitución y dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior
Uno. Se crea un Fondo para Inversiones en el Exterior destinado a promover, a través de inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de empresas situadas fuera de nuestro país, la internacionalización y la actividad exterior de las empresas españolas. La gestora del Fondo, a lo que se refiere en el apartado dos del artículo 116 de la presente Ley, no podrá intervenir en la gestión operativa de las empresas participadas por el Fondo. Excepcionalmente el Ministro de Economía y Hacienda podrá, a propuesta del Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, acordar la toma de una participación mayoritaria y autorizar a la gestora para que asuma la gestión operativa de la empresa extranjera participada por el Fondo.
Dos. El Fondo para Inversiones en el Exterior tendrá una dotación inicial de diez millardos de pesetas, podrá el Comité Ejecutivo de este Fondo aprobar, a lo largo de 1998, operaciones por un valor total máximo de veinticinco millardos. Anualmente, la dotación inicial se incrementará con las dotaciones que, con carácter acumulativo, se establezcan en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a las que habrá que añadir el importe de los dividendos u otras remuneraciones que resulten de las inversiones que se realicen, así como los resultados de las desinversiones que, con el tiempo, se efectúen.
Igualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado figurará el importe total máximo de las operaciones que a lo largo del año en cuestión pueda aprobar el Comité Ejecutivo de este Fondo. El oportuno desarrollo reglamentario de la presente norma establecerá los medios y procedimientos de participación de inversores privados en las actividades del presente Fondo.
Artículo 114 redactado, a partir del 1 de enero de 2006 y con vigencia indefinida, por el número uno de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 («B.O.E.» 30 diciembre).
Uno. Se crea un Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa destinado a promover, a través de inversiones de capital, temporales y minoritarias en empresas situadas en el extranjero u otros instrumentos participativos, la internacionalización y la inversión en el exterior de las pequeñas y medianas empresas españolas. La gestora a la que se refiere el apartado dos del artículo 116 de la presente Ley, no podrá intervenir directamente en la gestión operativa de la empresa extranjera con participación del Fondo. Excepcionalmente, el Ministro de Economía y Hacienda podrá, a propuesta del Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, instruir la asunción de una participación mayoritaria y autorizar a la gestora para que intervenga directamente en la gestión de la empresa extranjera participada.
Dos. El Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa tendrá una dotación inicial de quinientos millones de pesetas. Asimismo, el Comité Ejecutivo de este Fondo podrá aprobar, a lo largo de 1998, operaciones por importe total máximo de un millardo de pesetas. Anualmente, la citada dotación inicial se incrementará con las dotaciones que, con carácter acumulativo, se establezcan en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a las que habrá que añadir el importe de los dividendos que rindan las aportaciones de capital que se realicen, así como los resultados de las desinversiones que, con el tiempo, se efectúen.
Igualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado figurará el importe total máximo de las operaciones que a lo largo del año en cuestión pueda aprobar el Comité Ejecutivo de este Fondo. La oportuna legislación de desarrollo reglamentario de la presente norma establecerá los procedimientos y medios de participación de inversores privados en las actividades de este Fondo.
1. El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) constituye un instrumento financiero en virtud del cual el Gobierno puede disponer de los recursos necesarios para otorgar créditos y préstamos en términos concesionarios y otras ayudas destinadas a promover las relaciones económicas y comerciales bilaterales con países en desarrollo.
Los créditos y ayudas a que se refiere el apartado anterior se destinarán a la adquisición por el beneficiario de bienes y servicios españoles si bien podrá prescindirse de este requisito cuando existan razones de índole política, económica o comercial que lo justifiquen.
El Estado español se reserva el derecho a dejar sin efecto los préstamos y las ayudas concedidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones que se establezcan y en todo caso cuando la adjudicación de los contratos a financiar se haga con clara infracción de los principios básicos de la contratación establecidos por los organismos financieros internacionales.
Párrafos 1.º y 3.º del número 1 del artículo 118 redactados por Ley 50/1998, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
2. Los préstamos y créditos concesionarios y otras ayudas con cargo al FAD podrán ser otorgados a los Estados e instituciones públicas extranjeras, a las instituciones financieras internacionales que concedan créditos a los países en desarrollo y, en general, a empresas públicas o privadas residentes en el extranjero. Cuando el destinatario del crédito sea una de las empresas a que se refiere el presente apartado será necesario que los correspondientes Estados o instituciones financieras internacionales garanticen directamente la operación crediticia.
Las prestaciones y créditos concesionarios y otras ayudas pueden formalizarse, tanto directamente como asociándolos en uno o varios convenios con instituciones y entidades internacionales públicas o privadas, cuando, a juicio del Ministro de Economía y Hacienda, las características de la operación aconsejen la firma de tales convenios.
3. Asimismo el Gobierno, dentro del importe máximo de la dotación que fije al FAD la Ley de Presupuestos de cada año, además de atender las obligaciones de pago ordinarias de los créditos y ayudas otorgados, podrá destinar también aquélla al pago de obligaciones de financiación concesional originadas o derivadas de tratados o convenios internacionales autorizados por las Cortes Generales, así como al pago de las obligaciones españolas frente a instituciones multilaterales de desarrollo y a compensar anualmente al Instituto de Crédito Oficial por los gastos en que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomiende en relación al Fondo. Con el objetivo de reforzar la eficiencia en la gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo, el Gobierno podrá destinar igualmente la dotación del mismo a financiar los gastos de identificación y definición de aquellos proyectos susceptibles de ser financiados con cargo al FAD, así como los gastos de la elaboración de pliegos de licitación y del control, seguimiento y evaluación de los distintos proyectos y ayudas financiados con cargo a dicho Fondo.
Número 3 del artículo 118 redactado por el artículo 53 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000
4. Para la cobertura de las necesidades financieras anuales del FAD, además de la dotación presupuestaria que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, se utilizarán también los recursos procedentes de las devoluciones y/o cesiones onerosas de préstamos y créditos concedidos, así como el de los intereses y comisiones devengados y cobrados de aquéllos.
5. Además de establecer las dotaciones que anualmente vayan incorporándose al FAD, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijarán el importe máximo de las operaciones que podrán ser autorizadas en dicho ejercicio con cargo al referido Fondo.
Se entenderán excluidas de la limitación a que se refiere el apartado anterior las autorizaciones de las operaciones de refinanciación de créditos concedidos anteriormente con cargo al Fondo, siempre que se lleven a cabo en cumplimiento de los correspondientes acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios en los que España sea parte.
6. Todas las operaciones de activo realizadas con cargo al FAD, incluyendo la refinanciación de los créditos ya tomen la forma de operaciones singulares o de líneas de crédito, así como la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial habrán de ser previamente autorizadas por el Consejo de Ministros. La gestión, administración, seguimiento y evaluación de la actividad del FAD corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa. La Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo examinará todas las propuestas de operaciones de activo realizadas con cargo al FAD y elevará, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, las propuestas para su aprobación en el Consejo de Ministros; todo ello sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de cooperación internacional para el desarrollo y de lo que dispongan futuros desarrollos legislativos referente a dicha cooperación. Inciso 1.º del párrafo 1.º del número 6 del artículo 118 redactado por Ley 50/1998, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y representación del Gobierno español y por cuenta del Estado, los correspondientes convenios de crédito o préstamo. Igualmente prestará los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en general todos los de carácter financiero relativos a las operaciones de activo autorizadas con cargo al FAD, sin perjuicio de las competencias que en materia de control se establecen por el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y demás normativa legal vigente.
Los trabajadores por cuenta propia que a partir de la entrada en vigor de esta Ley soliciten el alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social y opten por acogerse a la cobertura de incapacidad temporal, deberán formalizar la misma con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
De igual modo, los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley hayan optado por la cobertura de incapacidad temporal con una Mutua, sólo podrá modificar su opción en favor de otra Mutua, en los términos previstos en los artículos 74 y 75 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Disposición adicional decimocuarta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social («B.O.E.» 11 diciembre).
Queda sin efecto lo establecido en el primer párrafo de la disposición transitoria octava de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Mediante Ley se determinará la fecha en que comenzará a exigirse la aplicación de lo establecido en la sección cuarta del capítulo IV del Título I de la citada Ley a los bienes inmuebles rústicos.
Disposición final tercera derogada por la letra e) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario («B.O.E.» 8 marzo).