Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/743138033
Timestamp: 2019-06-20 03:31:11
Document Index: 385145953

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 228', 'artículo 247', 'artículo 11', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 9']

Sentencia de Tutela nº 421/18 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 743138033
DERECHO DE ACCESO AL EJERCICIO DE ADMINISTRAR JUSTICIA Y LA JURISDICCION DE PAZ. Manifiesta el actor que la Alcaldía de Bogotá y las Secretarías Distritales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al impedir el ejercicio de su labor como Juez de Paz en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal, al despojarlo de la oficina y los equipos de cómputo que tenía asignados. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia indicó que nunca le ha asignado una oficina exclusiva al accionante dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de los demás Jueces de Paz que se adhieran a la Línea de Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria. Se analizan los siguientes temas: 1º. El derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia. 2º. Las normas constitucionales y legales que reglamentan el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz y, 3º. El Programa Nacional de Casas de Justicia. A pesar de confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado, la Corte instó al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, vigile el cumplimiento de las políticas generales del Programa Nacional de Casas de Justicia en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal de Bogotá. Así mismo, instó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que disponga la implementación de un Comité de Coordinación Interinstitucional de la Jurisdicción de Paz, mediante el cual se desarrollen procesos de articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los representantes de los Jueces de Paz y las autoridades locales, en pro de fortalecer la infraestructura alrededor de la figura de los Jueces de Paz. Recibo Relatoria:
Acción de tutela presentada por A.V.R. contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, con vinculación oficiosa del Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado J.F.R.C. y las M.C.P.S. y G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere la siguiente
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la decisión adoptada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por A.V.R. contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, con vinculación oficiosa del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El 11 de diciembre de 2017, A.V.R. interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, las Secretarías Distritales de Gobierno y de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, dado que consideró vulnerado su derecho de acceso a la administración de justicia, pues dichas entidades le impidieron ejercer su labor como Juez de Paz en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal, al despojarlo de la oficina y los equipos de cómputo que tenía asignados. Todo lo anterior, con fundamento en los siguientes:
Relató el accionante que fue elegido Juez de Paz de la Localidad de San Cristóbal para el período comprendido entre los años 2015 y 2020[1]. Señaló que los Jueces de Paz de dicha localidad desempeñan una importante labor para la solución pacífica de conflictos de la población vulnerable y han realizado más de 120.000 conciliaciones al año para descongestionar el aparato de justicia. Incluso, mencionó que en diciembre de 2016, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia le otorgó a la Localidad de San Cristóbal un diploma de reconocimiento por ser el sector que mayor número de acuerdos logró durante la jornada de “Conciliatón Nacional”.[2]
Indicó que la administración del ex alcalde G.P., para atender a la comunidad, le asignó a los jueces de paz y conciliadores en equidad de San Cristóbal, medios de transporte y diez oficinas en la Casa de Justicia de dicha localidad, equipadas con computadores, impresoras, fotocopiadoras, escritorios, archivadores y papelería.
Mencionó que por “exigir sus derechos” como Juez de Paz y no acceder a las pretensiones de los funcionarios de la Casa de Justicia de San Cristóbal[3], la actual Administración Distrital cerró los puntos de atención comunitaria y ordenó instalar una reja metálica en la entrada principal de la Casa de Justicia, con la finalidad de prohibir los servicios de administrar justicia alternativa al interior de la misma.
Además, sostuvo que en octubre de 2017 fue despojado de los equipos de cómputo e impresoras que tenía asignados. En consecuencia, en la actualidad se ha visto obligado a atender a la comunidad para ayudarles a resolver sus conflictos en panaderías, parques y calles aledañas a la Casa de Justicia[4]. Todo lo anterior, según afirma el accionante, se ha convertido en un obstáculo para ejercer su labor de administrar justicia e impide que la comunidad de S.C. solucione sus conflictos a través de mecanismos alternativos[5].
De conformidad con lo expuesto, el señor A.V.R. formuló acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[9] dio respuesta a la acción de tutela, mediante escrito en el que expresó su disentimiento respecto de la pretensión de la acción de tutela, pues en ningún momento se adjudicó al Juez de Paz, A.V.R., una oficina específica en la Casa de Justicia de San Cristóbal, dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de los demás Jueces de Paz que se adhieran a la Línea de Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria. En ese sentido, la Secretaría accionada señaló que el J.V.R. no fue desalojado de las instalaciones de la Casa de Justicia de San Cristóbal.
Sentencia de primera instancia[11]
Impugnación[12]
Sentencia de segunda instancia[13]
Mediante Auto proferido el 12 de julio de 2018[14], la Magistrada sustanciadora vinculó al presente proceso al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -General y Seccional Bogotá-, con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos de la tutela. Lo anterior, conforme al Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual, estas son las autoridades públicas encargadas de atender las necesidades de la Jurisdicción de Paz[15].
Además, vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho, dado que es la autoridad pública encargada de fijar los lineamientos generales del Programa Nacional de Casas de Justicia[16]. Asimismo, ofició a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y al señor A.V.R., para que aportaran información adicional relacionada con los hechos de la acción de tutela.
A través de oficio del 27 de julio de 2018[17], la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la Magistrada sustanciadora los informes recibidos, entre los cuales se destacan los siguientes:
El Consejo Superior de la Judicatura únicamente intervino para solicitar su desvinculación de la acción de tutela, al estimar que la consecución de espacios físicos y equipos tecnológicos para los Jueces de Paz corresponde a los Consejos Seccionales de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[18].
De igual manera, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación de la acción de tutela, al considerar que lo solicitado por el accionante, corresponde a las funciones propias de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá[19].
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, indicó que en la actualidad no cuenta con la infraestructura que permita la ubicación de los Jueces de Paz en las diferentes localidades, pero resaltó que dicha tarea puede realizarse con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues ésta cuenta con diferentes entidades en todas las localidades que pueden prestar colaboración para tal fin[20].
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá reiteró que de conformidad con el Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008, la administración y la consecución de espacios físicos y apoyo tecnológico para los Jueces de Paz, es competencia de los respectivos Consejos Seccionales de la Judicatura, así como de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial. No obstante lo anterior, precisó que dicha Secretaría ha coadyuvado con insumos técnicos, jurídicos y logísticos para mejorar la labor de los Actores de Justicia Comunitaria[21].
Gestionar la articulación con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevención de conflictos en el Distrito Capital.
Diseñar e implementar políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria.
Implementar las políticas y desarrollar acciones concretas para el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el marco de la justicia formal, no formal y comunitaria.
Coordinar la implementación y mantenimiento de modelos de justicia comunitaria para el fortalecimiento del acceso a la justicia.
Asistir técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación y adopción de planes, programas y proyectos de acceso a la justicia, promoción de la convivencia y prevención de conflictos.
Diseñar e implementar acciones sectoriales relacionadas con el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos.
Identificar las adecuaciones necesarias, así como la construcción de nuevos equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades, cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Dirección Técnica de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas en el proceso de adquisición y/o adecuación de los equipamientos.
Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar concepto técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las políticas relacionadas.”
El Consejo Superior de la Judicatura se comprometió a capacitar a los Jueces de Paz, a través de la Escuela Judicial R.L.B..
-Creación de una Mesa Técnica, Jurídica y P. en noviembre de 2017 con el fin de promover la articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con los Actores de Justicia Comunitaria para propender por su fortalecimiento, a través de acompañamiento técnico, logístico y metodológico que cualifique la prestación de sus servicios.
-Apertura de nuevos puntos de atención comunitaria en las localidades de Fontibón, Chapinero, Ciudad Bolívar, B., Usaquén, Suba, entre otras. Los puntos de atención comunitaria son espacios gestionados por los Actores de Justicia Comunitaria, con el acompañamiento de los profesionales del equipo territorial de la Secretaría Distrital de Seguridad y apoyados por diferentes instituciones. Se encuentran ubicados en las localidades para garantizar su proximidad con la comunidad y así brindar atención de forma gratuita a personas que se encuentran en situación de conflicto.
6.6. Destacó que en la localidad de San Cristóbal según el acta de posesión para el periodo 2015-2020, desarrollan su actividad los siguientes Jueces de Paz: L.A.M., J.L.R.R., G.M.R. y A.V.R. (accionante). Aclaró que dichas personas no ostentan la calidad de funcionarios públicos y ejercen su actividad de manera gratuita.
6.7. En relación con los lugares donde el Juez de P.A.V.R. ejerce sus labores, señaló que en la actualidad tiene tres espacios asignados para la atención de sus casos, entre ellos, la Casa de Justicia de San Cristóbal:
El Ministerio de Justicia y del Derecho resaltó que de conformidad con los artículos 247 de la Constitución Política y 11 de la Ley 270 de 1996, la Justicia de Paz es una jurisdicción especial que hace parte de la Rama Judicial y, en tal virtud, el artículo 20 de la Ley 497 de 1999 le ordena al Consejo Superior de la Judicatura incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para su financiación. De allí que, la operatividad de dicha Jurisdicción se encuentre sometida a las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura.
El señor A.V.R. mencionó que los Jueces de Paz ejercen sus labores en lamentables condiciones y que las autoridades públicas tienden a invisibilizar la falta de apoyo institucional en el que se encuentran. Por otra parte, denunció que, por su labor como Juez de Paz de la Localidad de San Cristóbal ha recibido amenazas de actores armados desmovilizados. Para probar lo anterior, adjuntó copia de los panfletos amenazantes que recibió[27].
Asimismo, señaló que si bien han recibido programas de capacitación y formación a través de la Escuela Judicial R.L.B., estos han sido insuficientes, pues no son permanentes y se han vuelto repetitivos y poco constructivos.
Efectuado el traslado de pruebas de rigor (inciso 1º del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[28]), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá precisó lo siguiente:
Mediante Auto proferido el 3 de agosto de 2018[30], la Magistrada sustanciadora (i) ofició a las entidades accionadas y vinculadas en el presente asunto para que precisaran aspectos relacionados con el presupuesto existente para financiar la Jurisdicción de Paz. Además, (ii) compulsó copias de la denuncia presentada por el señor A.V.R. con destino a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Por último, (iii) de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 64 del Acuerdo 01 de 30 de abril de 2015[31], suspendió los términos para fallar el presente asunto, mientras se recaudaba y analizaba la información solicitada.
A través de oficio del 21 de agosto de 2018[32], la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la Magistrada sustanciadora los informes recibidos, entre los cuales se destacan los siguientes:
La Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá de Administración Judicial precisó que los Jueces de Paz son electos por períodos de cinco años y el actual corresponde a los años 2015-2020. Señaló que de conformidad con el Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008, le corresponde adelantar el proceso de cuantificación de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicción de Paz en la ciudad de Bogotá. Al respecto, explicó que la cuantificación de dicha partida es realizada con base en la información aportada por los Jueces de Paz y Reconsideración, quienes deben diligenciar el formato de necesidades básicas de bienes y servicios insatisfechos, diseñado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá[33].
El Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la información brindada por la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, señaló que se han incluido recursos para la Jurisdicción de Paz, únicamente en el anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial, de la siguiente forma:
Adicionalmente, adjuntó copia de los anteproyectos de presupuesto de la Rama Judicial y en lo relacionado con la destinación de recursos para la Jurisdicción de Paz en las vigencia 2018 se indica lo siguiente: “En lo que respecta a los Jueces de Paz la Ley 497/99, establece que el Consejo Superior de la Judicatura, está en la obligación de incluir partidas para la financiación de la Justicia de Paz dentro del proyecto de presupuesto de la Rama. Igualmente es responsable de proveer capacitación permanente a los Jueces de Paz a través de la Escuela Judicial R.L.B. y deberá implementar un Programa de Seguimiento, Mejoramiento y Control de esta misma jurisdicción. En tal sentido, se proyectan recursos en adquisición de bienes y servicios por la suma de $3.130 millones, para dotación de un kit con computador, impresora, muebles, enseres y papelería para los 213 Jueces de Paz reportados al inicio de la Vigencia 2017.”
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sostuvo que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 497 de 1999 y los Acuerdos PSAA08-4977 y 5300 de 2008 estableció el “COMITÉ SECCIONAL DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ”, para efectos de cumplir con el seguimiento, mejoramiento y control de la labor realizada por los 83 Jueces de Paz que actualmente desarrollan sus actividades en la ciudad de Bogotá.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, sostuvo que en el marco del plan de desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, dicha entidad tiene como meta estratégica “la consolidación y puesta en marcha del Sistema Distrital de Justicia , a través del cual se busca la implementación de rutas y protocolos de acceso efectivo a la justicia, con servicios e infraestructura de calidad que promuevan la garantía de los derechos de los ciudadanos.”
La Unidad Nacional de Protección indicó que el caso del accionante será llevado ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM-, en el cual se validará el riesgo y se recomendará al Director General de la UNP, de resultar necesario, la adopción de medidas de protección, conforme a la ponderación del nivel de riesgo[38].
Mediante oficio del 27 de agosto de 2018, la Secretaría General de esta Corporación informó que dentro del término de traslado, sólo se acercó para tener conocimiento de las pruebas puestas a disposición la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. No obstante, mediante comunicación del 30 de agosto siguiente, dicha entidad manifestó que no se pronunciaría respecto de los oficios recibidos durante el traslado[39].
- Esta Sala de Revisión es competente para examinar las sentencias de tutela proferidas en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
- El señor A.V.R. interpuso acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, porque considera vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues dicha entidad le impidió ejercer su labor como Juez de Paz en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal.
- De acuerdo con lo expuesto, y en caso de ser procedente la acción de tutela, será preciso entrar a analizar el fondo del asunto, el cual plantea las cuestiones que se explican a continuación.
Ello conlleva a plantear el siguiente problema: ¿Existe una afectación del derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia del Juez de Paz A.V.R., ante la falta de asignación de una oficina exclusiva en la Casa de Justicia de San Cristóbal?
- Para resolver lo planteado, la Sala adoptará la siguiente metodología. Primero, hará una breve exposición sobre la procedencia de la acción de tutela en el caso que se analiza; segundo, se pronunciará sobre el derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia; tercero, se referirá a las normas constitucionales y legales que reglamentan el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz; cuarto, hará mención al Programa Nacional de Casas de Justicia; y quinto, resolverá el caso concreto.
- El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, el señor A.V.R. actúa en defensa de sus derechos fundamentales e intereses, razón por la cual se encuentra legitimado para intervenir en esta causa.
- De conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[40], “la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, las autoridades accionadas y vinculadas oficiosamente están legitimadas como parte pasiva en el proceso de tutela, al atribuírseles en su condición de entidades públicas, las competencias relacionadas con el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz, de cuya acción u omisión se deriva la afectación del derecho fundamental que se reclama.
- La procedibilidad de la tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Éste exige que la acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho constitucional a ejercer este mecanismo “en todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio de protección “inmediata” de las garantías fundamentales. Es decir, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna.
- De manera reiterada, la Corte ha reconocido que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados, o cuando al existir otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
- En el caso objeto de estudio, los jueces de instancia consideraron improcedente la tutela, debido a que el accionante debía presentar una solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura para obtener la adecuación de un espacio físico que le permitiera ejercer su labor como Juez de Paz. Sobre este particular, la Sala estima que no les asiste la razón, toda vez que el artículo 86 de la Constitución Política determina que la tutela será improcedente cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial lo cual excluye, en principio, la obligación de agotar trámites de carácter administrativo, como lo es la presentación de una petición.
- Por otra parte, aunque también podría señalarse que el actor cuenta con la acción de cumplimiento para que el Consejo Superior de la Judicatura lleve a cabo la obligación de incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para la financiación de la Justicia de Paz (Artículo 20 de la Ley 497 de 1999), esta Corporación en Sentencia C-157 de 1998[41], al estudiar la constitucionalidad del parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997[42] determinó que:
- Verificado el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la tutela, la Sala pasará a pronunciarse sobre el derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia.
- El artículo 228 de la Constitución Política define la administración de justicia como una función pública, e impone a todas las autoridades judiciales la responsabilidad de realizar los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados[43]. En este orden de ideas, la administración de justicia implica la realización material de los fines del Estado Social de Derecho, pues a través de esta función pública, entre otras, el Estado garantiza un orden político, económico y social justo, promueve la convivencia pacífica, vela por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, y asegura la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.[44]
- Lo anterior, permite concluir que el acceso a la justicia en términos constitucionales es un derecho fundamental en sí mismo y un derecho garantía. En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante labor.
- Planteada esta faceta de ejercicio del derecho a administrar justicia, pasa la Sala a referirse a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la actividad de los Jueces de Paz.
- En la Constitución Política de 1991 existen dos importantes instituciones que le dan participación a los particulares en la administración de justicia: la conciliación en equidad y la justicia de paz, previstas en los artículos 116 y 247 del ordenamiento superior. Se trata de mecanismos que promueven la solución pacífica de conflictos en el contexto comunitario y que lejos de pretender sustituir a la administración de justicia en manos de las autoridades estatales, son espacios distintos a los despachos judiciales que brindan la posibilidad de que con la participación de particulares se puedan dirimir controversias de manera pacífica.
- Específicamente, el artículo 247 Superior faculta al Legislador a crear Jueces de Paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios[49]. Esta disposición constitucional tardó mucho tiempo en desarrollarse legalmente, pues sólo fue hasta 1999 con la Ley 497, que el Legislador reguló ampliamente la organización y funcionamiento de los Jueces de Paz en el país. Previamente, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) se refirió a esta jurisdicción, al establecer en su artículo 11 que los Jueces de Paz forman parte de la rama judicial[50].
- Mediante la Ley 497 de 1999 se implementaron los Jueces de Paz y se reglamentó su organización y funcionamiento. En la exposición de motivos correspondiente se les visualizó como constructores de paz y operadores de un mecanismo encaminado a mejorar la administración de justicia en nuestro país[51]. Allí se entendió que el acceso a la administración de justicia, además de ser un derecho de todos, también constituye un imperativo político en cuanto se relaciona con la capacidad de “resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, que abren un horizonte de acciones hacia la realización de la justicia como clave central de la convivencia ciudadana del nuevo país.” [52]
- En efecto, esta Corporación ha señalado que la introducción de los Jueces de Paz en el ordenamiento constitucional respondió a la necesidad de descongestionar la rama judicial y también al replanteamiento de la relación Estado- Administración de Justicia- Sociedad. En la Sentencia C-103 de 2004[53], sobre el particular se dijo lo siguiente:
- Entonces, mediante la figura de los Jueces de Paz, los ciudadanos participan en la función pública de administrar justicia a través de la solución pacífica de conflictos, especialmente de aquellos que si bien pueden aparentar ser de menor entidad, realmente afectan la convivencia cotidiana y pacífica de toda la comunidad. Así lo ha reconocido esta Corporación, al considerar que “se trata, en últimas, de que personas que en principio no cuentan con una formación jurídica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del derecho. Con todo, valga anotar que se trata de inconvenientes en apariencia pequeños o intranscendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pacífica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas luces esencial”[54].
- Incluso, se ha señalado que la labor de los Jueces de Paz fortalece dos virtudes democráticas esenciales para un ciudadano: su autonomía, pues le enseña a manejar sus propios problemas, pero también obliga a la persona a comprender al otro y a expresar consideración por sus intereses y valores, lo cual la vuelve un individuo más compasivo, solidario y con capacidad de reconocimiento del valor de las diferencias y del pluralismo[55].
- La Ley 497 de 1999 dispone como principal propósito de la justicia de paz, la búsqueda de la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento por las partes (arts. 1º y 8º), con base en los criterios de justicia propios de la comunidad, de suerte que serán decisiones adoptadas en equidad por un miembro de la comunidad en la que se suscitó el conflicto.
Uno de los aspectos más destacables de la justicia de paz es que los jueces, tanto de paz, como de reconsideración, serán elegidos mediante votación popular por los ciudadanos de las comunidades ubicadas en la respectiva circunscripción electoral (art. 11). Éste, sin lugar a dudas, es un auténtico rasgo distintivo de esta jurisdicción especial, pues implica una cercanía particular entre los miembros de la comunidad y la autoridad comunitaria. La disposición que establece este mecanismo de elección de los Jueces de Paz también estipula que “los candidatos serán postulados, ante el respectivo P.M., por organizaciones comunitarias con personería jurídica o grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral que haya señalado el Concejo Municipal”.
- Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo Nº PSAA 08-4977 de 2008[56], por medio del cual reglamentó la Jurisdicción Especial de Paz. El Acuerdo dispone expresamente que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuantificará la partida presupuestal requerida para atender las necesidades de la Jurisdicción Especial de Paz, para que al momento de elaborarse por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el proyecto de presupuesto la misma sea incluida en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 497 de 1999 (art. 1º).
En relación con la cuestión de formación y capacitación de los Jueces de Paz precisa que se llevará a cabo conforme a los planes educativos establecidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “R.L.B.”, la cual programará las jornadas de capacitación, una vez los Jueces de Paz se encuentren debidamente posesionados (art. 7).
- Lo anterior permite observar que las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, asignaron competencias de alcance nacional y local para la implementación de la Jurisdicción de Paz. En efecto, como se expuso anteriormente, a nivel nacional se atribuyeron responsabilidades a diversas entidades, a saber: al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Educación, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de la Judicatura[57].
- De esta forma, la Sala concluye que existe un mapa de competencias y responsabilidades institucionales, que deben llevarse a cabo de manera conjunta, articulada y coordinada por las entidades nacionales y locales, en aras de fortalecer la Jurisdicción de Paz y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de esta herramienta comunitaria de administración de justicia.
- Visto lo anterior, pasa la Sala a referirse brevemente a la participación de los Jueces de Paz en el Programa Nacional de Casas de Justicia.
- Con la expedición del Decreto 1477 de 2000[58], se formalizó en el país el Programa Nacional Casas de Justicia, cuyo objeto fue “facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos de más 2.500 habitantes” (art. 1º). De conformidad con el mismo Decreto, las casas de justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal (art. 2º).
- Conforme a las consideraciones previamente expuestas, la Corte pasará a estudiar el caso concreto.
- El señor A.V.R. considera que la Secretaría accionada vulneró su derecho de acceso a la administración de justicia, pues lo despojó de la oficina y los equipos de cómputo que tenía asignados en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal, para ejercer su labor como Juez de Paz. Además, en sede de revisión, señaló que los Jueces de Paz ejercen sus labores en lamentables condiciones y no perciben financiamiento alguno por parte del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, han tenido que sufragar de sus propios recursos los implementos para la prestación de sus servicios. Asimismo, indicó que si bien han recibido programas de capacitación a través de la Escuela Judicial R.L.B., estos han sido insuficientes, pues no son permanentes y se han vuelto repetitivos y poco constructivos.
- Lo relatado por el accionante llevó a la Sala a requerir información adicional sobre el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz. En efecto, como se observó en los antecedentes expuestos en la primera parte de esta providencia, la Sala en diferentes momentos, recibió amplia información por parte de entidades públicas que tienen competencias relacionadas con la Jurisdicción de Paz, la cual, se recapitula y sintetiza a continuación:
En relación con el caso concreto, la Secretaría expresó su disentimiento respecto de la pretensión de la acción de tutela, pues en ningún momento adjudicó al Juez de Paz A.V.R. una oficina específica en la Casa de Justicia de San Cristóbal, dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de los demás Jueces de Paz. En ese sentido, la Secretaría señaló que el accionante nunca fue desalojado de las instalaciones de la Casa de Justicia de San Cristóbal. Además, precisó que los Jueces de Paz que ejercen en dicho espacio pueden utilizar los recursos tecnológicos que allí se encuentran y que el 19 de julio de 2018, entregó elementos de papelería y otros insumos logísticos a los actores de justicia comunitaria de la Localidad de San Cristóbal.
Por último, reiteró que aun cuando no existe la obligación de brindar un espacio físico a los Jueces de Paz en las Casas de Justicia, el accionante desarrolla sus actividades en la Casa de Justicia de San Cristóbal y en los Puntos de Atención Comunitaria de dicha localidad. En particular, informó que el Juez de P.A.V.R. tiene tres espacios asignados para la atención de sus casos, entre ellos, la Casa de Justicia de San Cristóbal:
- Al problema jurídico planteado por la Sala de Revisión que consiste en determinar si existe afectación actual del derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia del accionante, ante la falta de asignación de una oficina exclusiva en la Casa de Justicia de San Cristóbal para ejercer su labor como Juez de Paz, ha de corresponderle una respuesta negativa por las siguientes razones:
En segundo lugar, es preciso destacar que el Juez de P.A.V.R. en la actualidad ejerce la función pública de administrar justicia en la Casa de Justicia de San Cristóbal y en los Puntos de Atención Comunitaria Los Libertadores y La Belleza.
-En esa medida, se concluye que al Juez de P.A.V.R. no se le vulneró su derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia, pues la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en cumplimiento de su deber de acompañar y apoyar a los actores de justicia comunitaria del Distrito Capital de Bogotá, le ha asignado tres espacios cercanos a la comunidad para que ejerza sus funciones.
-En consecuencia, la Corte procederá a confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, que a su vez confirmó la dictada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, que negó la acción de tutela interpuesta por el señor A.V.R., pero por las razones expuestas en esta providencia.
- No obstante lo anterior, como medida encaminada a fortalecer este espacio de discusión pública pacífica, previsto en la Constitución y la Ley, se instará al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en cumplimiento de su función de promover la participación de los Jueces de Paz en el Programa Nacional de Casas de Justicia (art. 7 del Decreto 1477 de 2000 y art. 2.2.4.1.4 del Decreto 1069 de 2015), vigile el cumplimiento de las políticas generales del Programa Nacional de Casas de Justicia en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal de esta ciudad.
-Lo anterior, se hace necesario en la medida en que los Jueces de Paz se constituyen en uno de los principales actores en la construcción de la paz en las ciudades y municipios de Colombia, pues su accionar posibilita la reconstrucción democrática de nuestras sociedades a partir de la valoración positiva de las controversias, donde los conflictos pueden ser tramitados y resueltos pacíficamente. Además, la labor de los Jueces de Paz en esta época de posconflicto es de gran relevancia, dado que ellas y ellos contribuyen a la construcción de una cultura de paz en los territorios afectados por el conflicto armado.
-Si bien, se resalta la labor de acompañamiento realizada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá a los actores de justicia comunitaria, entre ellos los jueces de paz, a través de la Línea de Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resolución Pacífica de Conflictos, es preciso destacar que la falta de coordinación contribuye a generar barreras de carácter institucional de acceso a la justicia.
-En particular, la falta de coordinación entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho podría amenazar el acceso a la administración de justicia no sólo de los Jueces de Paz en el ámbito de su ejercicio, sino de todas las personas que acuden a dicha jurisdicción para resolver en equidad y de manera pacífica sus conflictos individuales y comunitarios.
-Por su parte, la falta de recursos constituye una dificultad para el desarrollo integral de la jurisdicción de paz. De acuerdo con las pruebas se encuentra establecido que no ha sido posible elaborar la cuantificación de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicción de Paz, pues desde la entrada en vigencia del Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008 no se han diligenciado ni consolidado los formatos de necesidades de bienes y servicios insatisfechos. Es claro, entonces, que la inclusión de la partida presupuestal para la Jurisdicción de Paz no se ha logrado por omisión de una formalidad administrativa, como lo es la consolidación de los formatos de necesidades y no propiamente por razones presupuestales.
-En consecuencia, se instará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que, a partir de la notificación del presente fallo de tutela, disponga la implementación de un Comité de Coordinación Interinstitucional de la Jurisdicción de Paz, mediante el cual se desarrollen procesos de articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los representantes de los Jueces de Paz y las autoridades locales, en pro de fortalecer la infraestructura alrededor de la figura de los Jueces de Paz. Además, en el marco de dicho Comité deberá discutirse con los representantes de los Jueces de Paz la necesidad de remitir los formatos de necesidades y servicios insatisfechos, con el fin de establecer un diagnóstico de gastos útil para la cuantificación de la partida presupuestal.
-Por su parte, se instará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nº PSAA 08-4977 de 2008, cuantifiquen la partida presupuestal para la Jurisdicción de Paz con observancia de la información que se consolide de los formatos de necesidades y servicios insatisfechos que deben diligenciar los Jueces de Paz. Para este propósito, deberán adelantar las acciones tendientes a asegurar que los Jueces de Paz remitan dicha información de manera oportuna y suficiente.
- Por último, se ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que remita a esta Sala de Revisión un informe detallado de las gestiones realizadas por dicha entidad para llevar a cabo lo señalado en el párrafo 39 de esta providencia. Este informe deberá remitirse en el plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, que a su vez confirmó la dictada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, que negó la acción de tutela interpuesta por el señor A.V.R., pero por las razones expuestas en esta providencia.
[41] M.P.A.B.C. y H.H.V.. Reiterada en la Sentencia T-101 de 2010, M.P.J.C.H.P..
[42] "LEY 393 DE 1997- POR LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTICULO 87 DE LA CONSTITUCION POLITICA- ARTÍCULO 9°.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el J. le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante. PARÁGRAFO. La acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos".
[43] Sentencia C-037 de 1996, M.P.V.N.M..
[44] Cfr. T-283 de 2013, M.P.J.I.P.C..
[46] Sentencia C-426 de 2002, M.P.R.E.G..
[47] Cfr. T-443 de 2013, M.P.J.I.P.C..
[54] Sentencia C-536 de 1995, M.P.V.N.M..
[55] Al respecto ver: UPRIMNY, R.. 2005. Jueces de paz y justicia informal: una aproximación conceptual a sus potencialidades y limitaciones. Bogotá: Dejusticia.
[57] La naturaleza jurídica de los Consejos Seccionales de la Judicatura corresponde a autoridades públicas del orden nacional, por ser órganos resultantes de la relación de desconcentración por territorio que opera entre éstos y el referido Consejo Superior. Al respecto consultar el Auto 066 de 2003, M.P.J.C.T..
[61] Al respecto, véase: G., M., E., J., L., S., A., L., &V., C. (2015). Casas de justicia: una buena idea mal administrada. Documentos Dejusticia 23. Bogotá: Dejusticia-ceja-jsca.
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº 11001-02-03-000-2016-01686-00 de 5 de Agosto de 2016