Source: http://www.jurischile.com/2020/02/corte-suprema-acoge-demanda-de.html
Timestamp: 2020-04-04 02:18:15
Document Index: 306594801

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 162', 'artículo 162']

JurisChile 2020: CORTE SUPREMA ACOGE DEMANDA DE AUTODESPIDO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL
Tercero: Que, para los efectos de fundar el recurso de unificación de jurisprudencia, cita, en primer término, la sentencia dictada por esta Corte, en los autos Rol N° 4.5912018, la que señaló “es un hecho probado que la demandante prestó servicios para la demandada desde el 1 de marzo de 2009 para dos programas cuya ejecución le correspondió a la demandante, mediante sucesivos contratos suscritos conforme al artículo 4º de la Ley Nº 18.883, que se prolongaron hasta el 1 de mayo de 2017. En cumplimiento de tal vinculación, se estableció que la demandada debía cumplir con una jornada y confeccionar informes de sus labores. Por lo demás, así quedó establecido en la sentencia de base en aquello no invalidado por la de unificación de jurisprudencia”, agregando que “del mérito de la prueba rendida, en especial de los múltiples contratos celebrados entre las partes, se lee que las funciones que debía realizar debían ejecutarse en una jornada de 44 horas semanales, con una última contraprestación mensual de dinero ascendente a $1.200.000, contra entrega de una boleta de honorarios y un informe mensual, con obligación de asistencia y supervigilancia de la jefatura. Además, se le reconocen beneficios como permisos, feriado legal y descanso por licencias médicas”, concluyendo que “más allá de lo planteado en los instrumentos escritos, en especial de los contratos celebrados por las partes, aportados por la propia demandada, y de los respectivos decretos administrativos que los autorizan y demás documentación aparejada, fluye que en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir en la práctica los indicios que dan cuenta de dicho enlace, conforme el artículo 7º del Código del Trabajo”.
En segundo lugar trae a colación otro fallo de este tribunal, dictado en los autos Rol N° 42.636-2017, que pronunciándose sobre idéntica materia de derecho señaló que “ … son hechos que se encuentran establecidos en la sentencia de base, los siguientes: a) El demandante se desempeñó para la demandada desde el 1 de agosto de 2009 y hasta el 30 de diciembre de 2016, en virtud de sucesivos contratos de servicio a honorarios mediante los cuales debía ejecutar labores en programas de apoyo sicosocial financiados por Fosis; b) Los servicios se sujetaron a obligación de asistencia y cumplimiento de horario, sometido a la dependencia e instrucciones de jefaturas, por cuanto obedecía a un superior jerárquico, a quien debía acatar y obedecer; y como contraprestación por dichos servicios, recibía mensualmente una suma de dinero previa emisión de boleta de honorarios e informe de labores”, concluyendo que “tales fundamentos fácticos constituyen un expresión clara de laboralidad que denota dicha naturaleza en el desarrollo práctico que tuvo el vínculo que ligó a las partes; en efecto, son indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, desde que configuran una evidente prestación de servicios personales, bajo dependencia y subordinación y por la cual el actor recibe cambio una remuneración”.
Cuarto: Que, en contrario, la sentencia impugnada dirimió la controversia expresando que “ … el artículo 4 de la Ley 18.883, permite que las Municipalidades contraten a honorarios a profesionales y técnicos de educación o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de las municipalidades, mediante decreto del Alcalde. En el inciso segundo, se contempla la facultad de contratar a honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Por último, se dispone que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establece el respectivo contrato”, concluyendo que “ … dados los hechos establecidos, no se advierte infracción alguna de los artículos 7 del Código del Trabajo, 4 de la ley N°18.883 y 19 al 22 del Código Civil, en cuanto a su interpretación ni aplicación; por el contrario, la primera no es la regla aplicable en la especie, pues como se ha explicado, los hechos establecidos en la instancia y las conclusiones extraídas a partir de ellos llevan a estimar que la naturaleza de la relación contractual de marras no es laboral, por lo que tal norma no es aplicable en este caso. Y, a la inversa, la segunda norma que se denuncia como infringida es precisamente la norma aplicable a los hechos establecidos en el fallo”.
Noveno: Que el artículo 1 del Código del Trabajo consigna, además de la ya indicada premisa genérica, una excepción a la aplicación de su compilación al personal de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, salvedad restringida únicamente al evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, también encierra una contra excepción que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a quienes se vuelve a la vigencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no sean contrarios a éstos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del
Estado no acogidos por ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho régimen peculiar, en carácter de subsidiario, sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jurídico.
Decimoquinto: Que es justamente la determinación de los tópicos de especificidad u ocasionalidad los que deben ser esclarecidos para decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar que son “labores accidentales y no habituales”, aquéllas que, no obstante ser propias del ente, son ocasionales, circunstanciales, y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.
Decimosexto: Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si la demandante desplegó un quehacer como lo ordena el citado artículo 4 de la Ley N° 18.883-, o si, por el contrario, lo desarrolló bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, la magistratura estableció que desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2018 se desempeñó mediante múltiples contratos a honorarios para realizar funciones de psicóloga en la oficina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes dependiente de la Municipalidad de la Pintana, en el marco de convenios celebrados con el Servicio Nacional de Menores.
Decimoctavo: Que es útil tener en consideración que la
Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia de La
Pintana fue una de las primeras en ser creadas en el año 2001, y ha venido ejecutando un trabajo permanente tendiente a desarrollar el Sistema Local de Protección de Derechos, articulando la participación de los actores relevantes de la comuna, en la evaluación y reformulación participativa de la política local de infancia. Por otra parte ha impulsado una atención personalizada de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, fortaleciendo sus factores protectores, sus familias y la comunidad en que habitan, gracias a un trabajo colaborativo con las redes presentes en la comuna. Su funcionamiento continuado y consistente en el tiempo no sólo ha permitido articular, mantener y fortalecer una red de infancia destinada a generar un efecto sinérgico en torno a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención e interrupción de vulneraciones, sino además desarrollar una función de liderazgo en la comprensión de la ejecución de las políticas públicas como una manifestación de la implementación de la Convención de los Derechos del Niño en el territorio.
Vigésimo primero: Que, en estas condiciones, yerra la Corte de Apelaciones de San Miguel al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandante, fundado en las causales de los artículos 477 y 478 letra c) del Código del Trabajo, calificando la relación contractual de los litigantes como una que se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.883 y, estimando, consecuentemente, inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta uqe desplegó en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige.
RICARDO LUIS HERNAN BLANCO GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ
HERRERA MINISTRA
MINISTRO Fecha: 03/01/2020 12:34:06
Fecha: 03/01/2020 12:34:06
MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO
Fecha: 03/01/2020 12:34:07
Se mantienen los fundamentos primero a octavo de la sentencia de base de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel. Asimismo, se reproducen los motivos sexto a vigésimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.
Especialmente en lo que respecta al pago de las cotizaciones previsionales, cuando el empleador no las entera en las respectivas instituciones previsionales, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato; cotizaciones que son parte de la remuneración del trabajador, que el empleador está obligado a retener por mandato legal. Por otra parte, tener consecuencias negativas para el trabajador, tanto en el acceso a prestaciones previsionales como en la rentabilidad de la capitalización de su fondo para pensiones.
a).- $ 949.954, correspondiente a indemnización
sustitutiva del aviso previo.
b).- $ 6.649.678, por concepto de indemnización por años
d).- Cotizaciones previsionales por todo el período
trabajado, debiendo oficiarse a las entidades pertinentes para los fines a que haya lugar.
Se previene que la ministra señora Chevesich fue de opinión de acoger, además, la demanda de nulidad del despido, teniendo en consideración lo siguiente:
1º.- Que la controversia se centra en determinar la procedencia de aplicar la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, al caso de autos, en que la relación habida entre los litigantes ha sido calificada de naturaleza laboral sólo en el fallo del grado. Al respecto, cabe señalar que con la modificación introducida por la Ley N° 19.631, de 1999, al artículo 162 del Código del Trabajo, se impuso al empleador una obligación adicional, esto es, que para proceder al despido de un trabajador, deben encontrarse íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario dicho despido carece de efectos, es nulo.