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Timestamp: 2019-10-16 05:13:28
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Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 115']

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010.
ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 22 DE MARZO DE 2010 (IV ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005)
CAPÍTULO I. Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
Articulo 1 Concepto de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
Artículo 16 Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
Artículo 17 Funcionamiento y composición de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
Artículo 18 Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
La Comisión General para la Formación Continua acordó, en su reunión de 22 de marzo de 2010, aprobar el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005).
Dicho Acuerdo fue ratificado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en su reunión de 23 de marzo de 2010.
A través del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se lleva a cabo la modificación del vigente IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con el procedimiento previsto en la disposición adicional sexta de dicho Acuerdo.
El texto del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005) es el que de manera íntegra figura a continuación de la presente Resolución.
Por lo que, a fin de favorecer su conocimiento, esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, la formación profesional continua y el reciclaje profesional de todos los empleados públicos constituye una necesidad imprescindible en orden a conseguir sus objetivos permanentes de eficacia y de modernización. Pero, hoy en día, su necesidad es más imperiosa dada la rápida evolución de los conocimientos y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, con ello, de los requerimientos de la Administración a sus empleados. La formación constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto, siendo éste un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la dinámica de la globalización.
En esta línea, la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, firmada el 21 de septiembre de 2004 por las Organizaciones Sindicales CC.OO, UGT y CSI-CSIF con el Ministro de Administraciones Públicas, estableció la voluntad de «impulsar y fomentar la Formación Continua vinculándola a la promoción, carrera profesional y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas.» Más recientemente, este planteamiento ha sido reproducido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009 por las mismas Organizaciones Sindicales con la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
El Acuerdo para el período 2006-2009 prorroga su vigencia con carácter indefinido e incorpora los esfuerzos realizados y resultados obtenidos en los anteriores Acuerdos; se avanza en esta dirección conservando y reforzando el elemento más importante que es el diálogo entre las partes implicadas, utilizándolo como herramienta fundamental para abordar los nuevos retos que habrán de tener por horizonte la mejora constante en la prestación de los servicios a los ciudadanos, y se añaden otros nuevos contenidos que lo enriquecen y le dan un nuevo enfoque a la formación continua de los empleados públicos y que son el fruto de una reflexión consensuada entre todos los sectores que participan en el sistema. Entre estos, destacan los siguientes:
En primer lugar, el importante papel que asumen los planes interadministrativos caracterizándose por estar destinados no sólo al personal al servicio de la Administración promotora, sino que se abre la posibilidad de dar formación a los empleados públicos al servicio de otras Administraciones, bien a través de un único promotor o en colaboración entre varios promotores, mediante Convenios o a través del instrumento jurídico que, en cada caso, resulte pertinente.
Además de lo anteriormente señalado, debe destacarse que el Acuerdo fue prorrogado tácitamente el año 2010. Posteriormente, y fruto de la negociación entre las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales firmantes, se consideró oportuno acordar la prórroga del Acuerdo dotándole de una vigencia indefinida, salvo denuncia según el procedimiento establecido a tal efecto, e introducir en su texto una serie de modificaciones con el fin de adecuarlo a la realidad institucional existente e introducir mecanismos de mejora de la eficacia y eficiencia en relación con los procedimientos y recursos disponibles para la consecución de los fines establecidos.
Entre las modificaciones se encuentra la referente al cambio de denominación del Acuerdo. Con la referencia expresa al concepto de Empleo de las Administraciones Públicas se pretende introducir una terminología acorde con la ya existente en relación con otras normas básicas reguladoras de la formación y de otras materias íntimamente relacionadas, en concreto, el Estatuto Básico del Empleado Público, y, al mismo tiempo, establecer en el propio enunciado del Acuerdo una referencia al objetivo esencial implícito en el mismo, dado que la actividad de formación irá dirigida en todo caso a la consecución de la mejora en el empleo de las Administraciones Públicas. De manera acorde con esta nueva denominación, se modifican igualmente las expresiones utilizadas para referirse a los órganos y recursos disponibles mencionados en el Acuerdo.
La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas contribuirá al desarrollo de una economía basada en el conocimiento con el fin de facilitar al personal al servicio de las Administraciones Publicas asumir las funciones precisas en el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.
El presente Acuerdo será de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de la Administración Local, para el conjunto de los empleados públicos que en ellas presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o estatutaria.
El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y su vigencia será indefinida.
Los planes interadministrativos se caracterizan por estar destinados no solo al personal de la Administración promotora, sino que también se destinan a la formación de empleados públicos de otras Administraciones Públicas.
Cualquiera de los promotores mencionados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 del presente Acuerdo podrá promover con cargo a los fondos recibidos para la ejecución de los planes de formación a que hace referencia el artículo 20 del presente Acuerdo, planes interadministrativos, bien como promotor único o en colaboración con otros promotores, a través de convenios o mediante el oportuno instrumento jurídico pertinente.
En el contexto de lo establecido en el párrafo anterior, las Comunidades y Ciudades Autónomas podrán promover planes interadministrativos a través de los órganos designados por éstas para participar en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales serán, en todo caso, interadministrativos, en el sentido de que deberán dirigirse a los empleados públicos de varias Administraciones Públicas.
4. En el conjunto de todas las Administraciones Públicas: las Organizaciones Sindicales representativas en el conjunto de todas las Administraciones Públicas en los términos establecidos en los artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y presentes, por tanto, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
6. Los promotores reseñados en los puntos 1, 2 y 3 del presente artículo podrán promover planes interadministrativos dentro de su ámbito respectivo, bien como promotor único o en colaboración con otros promotores, a través de convenios o mediante el oportuno instrumento jurídico pertinente.
Los planes de formación promovidos por las Administraciones Públicas indicarán el grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su gestión y ejecución. Del mismo modo, los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales indicarán el grado de participación de las Administraciones Públicas afectadas, o sus Organismos, en su elaboración y, en su caso, gestión y ejecución.
a) Convocar y someter el plan a informe de la representación sindical de los empleados públicos a que hace referencia en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, estando obligada la Administración a facilitar la documentación comprensiva de los aspectos enumerados en el artículo 12, junto con el informe de las actividades formativas anteriores.
Si en la negociación surgieran discrepancias respecto del contenido del plan de formación, cualquiera de las partes podrá requerir, agotada la posibilidad de resolverlas, la intervención de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente de las previstas en el artículo 18 del presente Acuerdo.
b) Una vez cumplido lo anterior, someter el plan de formación a la aprobación de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente.
2. Cuando sea solicitado, las Administraciones Públicas informarán a la representación sindical de los empleados públicos del ámbito correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, de la ejecución del plan de formación, así como de la relación de participantes en las acciones formativas. Del mismo modo y en idénticos términos, las Organizaciones Sindicales informarán a los órganos competentes de la correspondiente Administración Pública, de la ejecución del plan de formación, así como de los participantes en las acciones formativas promovidas por ellas. De igual manera, ambas partes, en los mismos plazos, informarán a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
3. Los promotores de planes agrupados deberán presentarlos ante la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local. En cualquier caso se informará a la representación sindical de los empleados públicos a las que hace referencia el artículo 10.4 del presente Acuerdo, a nivel regional o de las estructuras territoriales en que deleguen, tanto del plan formativo a presentar, como de la resolución correspondiente.
4. Los planes interadministrativos previstos en el artículo 9 del presente Acuerdo, con excepción de los promovidos por las Comunidades y Ciudades Autónomas, se presentarán en todo caso para su negociación y aprobación ante la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Los planes interadministrativos presentados por la Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones o asociaciones de municipios de ámbito autonómico, se presentarán para su aprobación inicial ante la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local.
a) La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas es un órgano de naturaleza paritaria, constituido como instancia deliberante, decisoria, de coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, y de participación del conjunto de los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas en materia de formación para el Empleo.
4. Fijar criterios y adoptar acuerdos en relación con la distribución, aplicación y gestión de los fondos disponibles para la financiación de las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas en el marco de los acuerdos de gestión que se suscriban en el seno de dicha Comisión, de conformidad con los criterios objetivos de distribución equitativa y solidaria de los recursos disponibles entre todos los beneficiarios del sistema. A los efectos de conseguir la mayor eficacia en el funcionamiento del sistema, los citados acuerdos de gestión de fondos se adoptarán a la mayor brevedad posible una vez conocidas las cuantías definitivas de los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la anualidad correspondiente.
6. Aprobar, con carácter definitivo los planes de formación interadministrativos, con excepción de los promovidos por las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como sus solicitudes de modificación. La aprobación de las modificaciones podrá ser realizada, cuando así proceda, por la Comisión Permanente de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
8. Aprobar la realización de actividades complementarias de acompañamiento y apoyo a la gestión de la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas que sean de interés general, y a las que se refiere el artículo 21 del presente Acuerdo, determinando la cuantía de los recursos que se aportarán para su financiación.
16. Resolver, en su caso, aquellas discrepancias surgidas en la negociación de los planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y no resueltas en el seno de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente.
El Director General de la Función Pública del Ministerio de la Presidencia.
El Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de la Presidencia.
Representantes de la Administración General del Estado, al menos con rango de Subdirector General, designados por el Ministerio de la Presidencia, entre éste y los Departamentos de Trabajo e Inmigración y el de Educación, que actuarán como vocales.
Para la adecuada administración y gestión del presente Acuerdo se requiere el funcionamiento, junto a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de las siguientes Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas:
Las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de naturaleza paritaria, estarán compuestas por la representación de la Administración correspondiente y los sindicatos firmantes del presente Acuerdo, y tendrán las siguientes funciones:
b) Aprobar las solicitudes de los planes de formación que sean presentados por los distintos promotores, dentro de su ámbito correspondiente e informar de su aprobación, en el plazo de un mes, a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, excepto los planes interadministrativos que serán aprobados en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, con la excepción de los promovidos por las Comunidades y Ciudades Autónomas, que serán aprobados por las correspondientes comisiones paritarias.
El Instituto Nacional de Administración Pública es el órgano de apoyo permanente a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y, en el marco de este Acuerdo, le corresponde el desarrollo de aquellas funciones que determine la Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, que en todo caso garantizará las competencias que le son propias a las Comunidades y Ciudades Autónomas en la materia.
La cuantía destinada a financiar las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas vendrá recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se consignará en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal como dotación diferenciada mediante transferencia del Instituto Nacional de Administración Pública y con expresión nominal de la cantidad asignada a cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, e, igualmente de la cantidad asignada a la financiación de la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local, constituida en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dichas cantidades les serán transferidas nominalmente por el citado Instituto. Las acciones formativas financiadas y los créditos correspondientes se ejecutarán de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley General Presupuestaria.
Cualquier promotor podrá llevar a cabo con cargo a los fondos recibidos para la ejecución de los planes de formación a que hace referencia el artículo 20 del presente Acuerdo, y de conformidad con la regulación que en dicho sentido se determine en la Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, la realización de actividades complementarias de mejora del Empleo de las Administraciones Públicas relativas a la realización de acciones en materia de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de detección de necesidades, diseño de metodologías y herramientas aplicables a los programas formativos, elaboración y adquisición de documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de procesos formativos y del impacto de la formación en el desempeño, y cuantas otras tengan relación con el programa de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Del sometimiento a la regulación desarrollada por la Orden Ministerial mencionada en el párrafo anterior se exceptuarán aquellas actividades que sean llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades Autónomas.
La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas determinará anualmente los criterios prioritarios a los que deberán someterse la realización de dichas acciones.
La financiación de estas actividades complementarias de interés general se realizará con cargo al monto global, determinándose la cuantía correspondiente para su realización, que será identificada en los acuerdos anuales de gestión. Dicha cuantía no podrá superar en ningún caso el importe correspondiente al 0.5% de la cuantía total asignada al programa de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas en cada ejercicio presupuestario.
El tiempo de asistencia a los cursos de capacitación profesional o adaptación a un nuevo puesto de trabajo contenidos en planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando dichas acciones se desarrollen dentro del horario de trabajo. Cuando la asistencia de los empleados públicos a este tipo de cursos tenga lugar fuera de la jornada laboral y sea autorizada por las Administraciones Públicas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 115 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y las normas correspondientes que procedan en cada caso para el personal adscrito a las diferentes mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), a efectos de protección por accidente laboral.
El Instituto Nacional de Administración Pública desarrollará las actuaciones pertinentes para que los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, amparados por este Acuerdo, que no se hayan podido aplicar en el ejercicio presupuestario para el que se aprobaron, puedan ser objeto de aplicación en los ejercicios sucesivos, por tratarse de fondos finalistas destinados expresamente a la formación de los empleados públicos.