Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-931-05.htm
Timestamp: 2017-10-24 03:56:31
Document Index: 197396048

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 226', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 226', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 154', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 2', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'Artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 94', 'artículo 157', 'artículo 160', 'in fine']

C-931-05
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento aunque no se dijo expresamente que el anuncio se hacía para “votación”
Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes, de 4 de agosto de 2005, el debate y votación del Proyecto de Ley No. 204 de 2004 Senado, 16 de 2004 Cámara fue anunciado en la sesión del día 5 de octubre de 2004, según consta en el Acta No. 14 de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso No. 10 de enero 25 de 2005. Si bien no se dijo expresamente que dicho anuncio se hacía para “votación” del proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, tal como expresamente dice el Acto Legislativo 01 de 2003 en su artículo 8, en el contexto del debate legislativo, se entendió que el anuncio se hacía con el fin de debatir y votar dicho proyecto. Por lo anterior, considera la Corte que se dio cumplimiento a lo ordenado en la Carta.
ACUERDO DE COOPERACION ENTRE COLOMBIA Y BRAZIL PARA COMBATIR EL TRAFICO DE AERONAVES COMPROMETIDAS EN ACTIVIDADES ILICITAS TRANSNACIONALES-Congruente con los fines constitucionales
La Corte considera que los propósitos buscados por el Acuerdo son congruentes con los fines constitucionales previstos en el artículo 2 Superior relativos a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y de la vigencia de un orden justo, así como con el deber de protección de la vida y libertad de todos las personas residentes en Colombia. Así mismo desarrolla el principio de cooperación al cual alude el artículo 9º de la Constitución Política. Armoniza igualmente con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional y de reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. En efecto, las cláusulas del Acuerdo son compatibles con los compromisos adquiridos por Colombia tanto a nivel bilateral como multilateral de prestar su cooperación y facilitar los medios que se le soliciten para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Acuerdo, al establecer obligaciones de cooperación para el intercambio de información para prevenir este tipo de conductas y para permitir el ejercicio de la jurisdicción por los Estados parte, promueve también la internacionalización de las relaciones del Estado colombiano a través de una labor de coordinación en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando de armas, municiones y explosivos que busca conciliar intereses y beneficios comunes, bajo unas bases precisas de integración, equidad, igualdad y reciprocidad de los Estados contratantes (Artículos 226 y 227, CP.) Adicionalmente, como la entrega de tal información se hará respetando lo previsto en el ordenamiento interno de cada Estado parte, no encuentra la Corte que tales disposiciones contravengan la Constitución.
Bogotá, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil cinco (2005)
En el proceso de Revisión de la Ley 946 de 17 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
El Presidente de la República remitió a esta Corporación el 21 de febrero de 2005, copia de la Ley 946 de 17 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
Mediante providencia del 11 de marzo de 2005, el magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto, y solicitó a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los Secretarios de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, enviar con destino al proceso de la referencia copia de la totalidad del expediente legislativo relativo al trámite del proyecto correspondiente a la Ley 946 del 17 de febrero de 2005. En dicho auto se ordenó que, una vez vencido el período probatorio y recibidas las pruebas solicitadas, se fijara en lista el proceso y se diera traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. Igualmente, se ordenó en el auto comunicar la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los efectos legales pertinentes.
Que mediante Auto del 28 de julio de 2005 se requirió a los Secretarios de las Comisiones Segundas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran a la Corte varias pruebas relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, las cuales fueron remitidas a esta Corporación el 9 de agosto de 2005.
II. EL TEXTO DEL ACUERDO Y DE LA LEY OBJETO DE REVISION.
Los textos del Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997 y de la ley aprobatoria que son objeto de revisión, son los siguientes según la publicación efectuada en el Diario Oficial, Año CXL, No. 45829, 21 de Febrero de 2005, Pág. 13:
Artículo 1º. Apruébase el "Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales", celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales", celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país la partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
- Acuerdo de Asistencia Recíproca para la Prevención, Control y Represión del Uso y Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, firmado en Bogotá, el 12 de marzo de 1981.
- Acuerdo sobre Cooperación Judicial Complementario al Acuerdo Bilateral de Asistencia Recíproca para la Prevención, Control y Represión del Uso y Tráfico Ilícitos de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, firmado en Brasilia el 3 de septiembre de 1991.
- Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Impedir el Desvío de Precursores y Sustancias Químicas Esenciales para el Procesamiento de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrado en Cartagena el 7 de noviembre de 1997.
- Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1997.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales", celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
III. INTERVENCIONES DE LAS AUTORIDADES PUBICAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores intervino por medio de apoderado para defender la exequibilidad de la Ley 946 de 2005. La interviniente presenta argumentos encaminados a defender la exequibilidad tanto formal como material del tratado y de la ley aprobatoria en revisión.
Frente a los requerimientos constitucionales de carácter formal manifiesta que el Acuerdo fue suscrito en dos ejemplares originales en español y portugués, por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, en representación de la parte colombiana, de conformidad con las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, impartió su aprobación ejecutiva el 1 de julio de 1998, con el propósito de someter a consideración del Congreso la aprobación del Acuerdo.
El 25 de marzo de 2004, en cumplimiento de los artículos 150, numeral 16 y 189, numeral 2 de la Constitución Política, el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), fue presentado a la Secretaría General del Senado de la República a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson y de Defensa Nacional, Jorge Alberto Uribe Echavarría, y radicado como Proyecto de Ley No. 204 de 2004 Senado y 16 de 2004 Cámara. Según la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el proyecto siguió el trámite constitucional y legal previsto para esta clase de proyectos y fue finalmente sancionado por el Presidente de la República el 17 de febrero de 2005.
En cuanto al análisis material manifiesta que el Acuerdo “hace parte de una serie de importantes convenciones y tratados bilaterales que Colombia ha venido negociando, suscribiendo y perfeccionando como parte de su ofensiva nacional e internacional contra el tráfico ilícito de drogas, armas, municiones y explosivos, tráfico que, como soporte del terrorismo y del narcotráfico, constituye una amenaza contra las instituciones, la seguridad general y el bienestar de la población.”
Señala la interviniente que las cláusulas del acuerdo concuerdan con los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia a través de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 y la Convención de las naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, así como con otros compromisos bilaterales vigentes entre Colombia y Brasil en materia de cooperación judicial y lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Afirma la apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores que el acuerdo se ajusta plenamente a los mandatos de la Carta, pues se erige sobre el principio de soberanía, a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
Señala también que este instrumento internacional propende por la consecución de la paz y desarrolla el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
El Ministerio del Interior y de Justicia intervino por intermedio de apoderado, con el fin de justificar la constitucionalidad de la Ley 946 de 2005 y del Acuerdo objeto de revisión.
En cuanto al cumplimiento del trámite legislativo previsto en la Constitución, el interviniente describe cada una de las etapas y concluye que “la iniciativa legislativa fue discutida y aprobada en las comisiones y plenarias del Congreso, respetando los plazos y trámites establecidos en la Carta y en la Ley 5ª de 1992, por lo que a este respecto no encuentra en este punto incompatibilidad alguna entre el trámite dado en el Congreso al proyecto de Ley aprobatoria del tratado sub-exámine y la Carta Política.”
El interviniente procede luego a describir el contenido del Acuerdo y a exponer las razones que justifican su constitucionalidad. Sostiene que el instrumento internacional se enmarca dentro de los parámetros establecidos por la Constitución en su artículo 2, que consagra como uno de los fines esenciales del Estado, tendiente a defender la independencia nacional, el mantener la integridad territorial. Igualmente señala que el acuerdo es desarrollo del deber de las autoridades nacionales de proteger la todas las personas residentes en el territorio nacional.
Afirma que el contenido del acuerdo también resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 9, pues se fundamenta en el respeto de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos. Señala también el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, que el acuerdo constituye un desarrollo armónico de lo previsto en el artículo 226 de la Carta.
Resalta que el Acuerdo “constituye un valioso instrumento para garantizar la seguridad de nuestra frontera con el vecino país del Brasil, permitiendo con ella el poder adelantar operaciones militares conjuntas dirigidas a preservar la paz y la tranquilidad pública, elementos esenciales para garantizar la existencia de las instituciones legítimamente constituidas. (…) Representa una de las formas en las que el Estado ejerce su soberanía y hace presencia en las diferentes zonas que conforman nuestro territorio, constituyéndose en un medio para avivar la identidad nacional. (…) La suscripción del presente Acuerdo representa un paso fundamental en el relanzamiento de las relaciones bilaterales en las áreas de seguridad y defensa y un resultado concreto de la voluntad política conjunta para combatir las actividades ilícitas en la zona de frontera.”
Concluye su argumentación con consideraciones sobre la conveniencia del Acuerdo. “El presente instrumento constituye una herramienta eficaz para cumplir la función del Estado de proteger la vida, bienes y libertades de los asociados y un medio de estrechar las relaciones políticas con un Estado vecino como es la República del Brasil.”
3. Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional, intervino por intermedio de apoderada especial, con el fin de justificar la constitucionalidad de la Ley 946 de 2005 y del Acuerdo objeto de revisión.
En primer lugar, la apoderada especial del Ministerio del Interior señala que el acuerdo bajo estudio hace parte de un conjunto de instrumentos bilaterales que establecen mecanismos y procedimientos para llevar a cabo acciones conjuntas de prevención y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de precursores químicos, y de asistencia judicial en materia penal. Recuerda que el 7 de marzo de 2003, en reunión sostenida entre los Presidentes de Colombia y Brasil, en Brasilia, los mandatarios manifestaron su interés en “coordinar en el ámbito bilateral, esfuerzos de combate al terrorismo y al crimen organizado”. En consonancia con lo anterior, el 12 de marzo de 2003, en la ciudad de Bogotá, en una reunión de Cancilleres y Ministros de Defensa de los países andinos, más Panamá y Brasil, se estableció que el terrorismo, el narcotráfico y sus delitos conexos (tráfico ilícito de armas, explosivos y precursores químicos y lavado de activos) son la principal amenaza a la seguridad y estabilidad de la región, por lo que era necesaria toda la cooperación y coordinación entre los Estados. Señala también que el 24 de julio de 2004 se celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo Colombia-Brasil para la represión de la Criminalidad y el Terrorismo, durante la cual se resaltó la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera tanto en tierra como en materia fluvial.
En segundo lugar, la apoderada del ministerio se refiere al contenido del Acuerdo. Resalta que éste “consta de siete artículos mediante los cuales se fijan las actividades, los compromisos legislativos, los programas de trabajo, con sus respectivos objetivos, metas y cronogramas, las responsabilidades de cada gobierno respecto de los impuestos o derechos fiscales relacionados con los materiales y equipos suministrados en el ámbito del acuerdo de cooperación y como resultado de su ejecución.”
Indica que el acuerdo tiene por objeto el fortalecimiento de la lucha contra las aeronaves involucradas en actividades ilícitas transnacionales, principalmente en el contrabando de armas y municiones, así como en actividades relacionadas con el narcotráfico. Considera que el acuerdo se basa en el pleno respeto de la soberanía nacional, pues establece el compromiso de cada Estado parte de realizar actividades de control en sus respectivos territorios, así como al intercambio de información y experiencia. Como argumentos sobre la constitucionalidad material del acuerdo, cita algunas sentencias de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre normas internacionales que reconocen la aplicación de los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario.
Finalmente, la interviniente se refiere a las razones de conveniencia que indican la necesidad de ratificar el acuerdo, y señala que este acuerdo permitirá establecer formalmente mecanismos de cooperación e impulsar acciones coordinadas entre las fuerzas competentes entre ambos países.
El Procurador General de la Nación (E), Carlos Arturo Gómez Pavajeau, rindió el concepto No. 3823, mediante oficio del 24 de mayo de 2005, a través del cual solicita que la Ley 946 de 2005 sea declarada exequible en caso de que se corrobore el cumplimiento de los requisitos constitucionales para su adopción, por parte de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara de Representantes.
Según el Procurador, “no obra dentro del expediente constancia o certificación alguna respecto de la fecha de aprobación en primer debate del proyecto de ley, ni del número de asistentes para efectos de establecer si el requisito del quórum deliberatorio y el decisorio de que tratan los artículos 145 y 146 del Estatuto Superior se observó a cabalidad. Tampoco se pudo establecer si se dio cumplimiento a lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8 que adicionó el artículo 160 de la Carta Política. Por lo tanto, la constitucionalidad de la ley en revisión, estará sujeta a la corroboración que haga la Corte Constitucional de estos aspectos, junto con el del término de los ocho días que debe mediar entre el primero y segundo debate conforme a lo dispuesto en el artículo 160 Superior.” Algo similar señala en relación con el primer debate en Comisión en la Cámara de Representantes.
En cuanto al análisis material del Acuerdo, el Procurador señala que éste hace parte del conjunto de instrumentos internacionales bilaterales y multilaterales orientados a combatir el tráfico ilícito de drogas, armas, municiones y explosivos, en particular de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, declarada exequible mediante sentencia C-176 de 1994. Considera que sus cláusulas concuerdan con tales compromisos y fortalecen la cooperación internacional en estas materias, y “guarda especial afinidad con los propósitos establecidos en el artículo 2 Superior, en tanto desarrolla el deber de las autoridades de proteger a las personas en sus derechos y libertades y de asegurar la vigencia de un orden justo.”
Indica además, que “el acuerdo se realizó con estricto respeto del orden jurídico interno y se rige por los principios de la soberanía nacional y el respeto de la autodeterminación de los pueblos, (…) lo cual resulta acorde con lo preceptuado por el artículo 9 de la Constitución Política” Destaca también que la cooperación que persigue el acuerdo se formuló de acuerdo con el artículo 4 de la Carta Política, al reconocer la plena vigencia del ordenamiento interno y la supremacía de la Constitución, especialmente en el intercambio de información, la asistencia técnica mutua y el adelantamiento de acciones coordinadas, “materias en las que entran en juego principios y valores constitucionales de la existencia del Estado mismo, como son su soberanía, su integridad territorial y la no intervención.”
Finalmente, señala que el Acuerdo “se ajusta al ordenamiento constitucional y en especial desarrolla el artículo 226 de la Constitución Política, al permitir que países con una frontera común, mantengan un nivel adecuado de cooperación y de coordinación entre sus Fuerzas Aéreas, para hacer un frente común al problema del narcotráfico y el terrorismo, permitiendo la capacitación técnica y operacional entre los Estados a fin de una mayor eficacia para reprimir y criminalizar el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas relacionadas con drogas, armas, municiones y explosivos.”
El Presidente de la República remitió a esta Corporación el 21 de febrero de 2005, copia de la Ley 946 de 17 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. En el presente caso, el instrumento internacional fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores, por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,[5] no era necesario que se le otorgaran plenos poderes, dado que la celebración de tratados se encontraba dentro de sus funciones ordinarias.
El 1 de julio de 1998, el entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, impartió su aprobación ejecutiva al “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), con el propósito de someterlo a consideración del Congreso.
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado, y 16 de 2004 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
- El Proyecto de Ley número 204 de 2004, fue presentado al Senado de la República por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, y de Defensa Nacional, Jorge Alberto Uribe Echavarría, el día 25 de marzo de 2005. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 105 del 29 de marzo de 2005, cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, previsto en el artículo 154 constitucional.
- La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada por el Senador Efrén Félix Tarapués Cuaical, en sentido favorable, según consta en la Gaceta del Congreso No. 233 del 1 de junio de 2004.
- El Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado fue anunciado en la sesión del 1 de junio de 2004, como parte de los proyectos que serían “aprobados” en la siguiente sesión, tal como consta en el Acta No. 30 de esa fecha,[6] tal como aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 251 de 2005.
- En la sesión del 2 de junio de 2004, el Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado fue incluido dentro del punto V del orden del día “Lectura de ponencias y consideración de proyectos para primer debate”, según consta en el Acta No. 31 de esa fecha. Sin embargo, debido a la citación del Ministro de Defensa Nacional y a la presentación del Informe de la “Misión para la Policía”, en dicha sesión no se debatió ni aprobó ninguno de los proyectos incluidos en esa lista, según como consta en el Acta No. 31, tal como fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 252 de 2005.[7]
- El Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 8 de junio de 2004, con una mayoría de 11 de los 13 senadores que componen esa célula legislativa, según certificación expedida por el Secretario de dicha Comisión el 5 de agosto de 2005 y tal como consta en el Acta No. 32 de del 8 de junio de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso No. 253 del 13 de mayo de 2005.[8]
- La ponencia del Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado para segundo debate en Plenaria fue presentada por el Senador Efrén Félix Tarapués Cuaical, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 282 de 16 de junio de 2004.
- El Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado, en cumplimiento de lo ordenado por el Acto Legislativo 01 de 2003, fue anunciado como proyecto para discusión y aprobación, en la sesión plenaria del Senado del día 17 de junio de 2004, según consta en el Acta No. 53 publicada en la Gaceta del Congreso No. 362 de 19 de julio de 2004, páginas 110 y 112.[9]
Aun cuando durante el primer debate del Proyecto de Ley número 204 de 2004 ante la Comisión Segunda del Senado, no se hizo mención expresa al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, el procedimiento seguido para la votación y aprobación de dicho proyecto cumplió materialmente lo ordenado en dicha norma. Por lo tanto, la Corte entiende que dicho requisito se cumplió cabalmente.
- El Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado, fue incluido para debate y votación en el orden del día del 18 de junio de 2004, según consta en el Acta No. 54 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 396 de 30 de julio de 2004,[10] y fue aprobado en esa misma sesión por mayoría de 90 de los 102 Senadores que componen esa cámara. De esta forma se dio cumplimiento al requisito del término de 8 días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto en comisión y en la respectiva plenaria, que establece el artículo 160 de la Carta.[11]
- En la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley número 204 de 2004 Senado, fue radicado con el número 16 de 2004 de la Cámara. La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 551 de 17 de septiembre de 2004, página 7. De esta forma se dio cumplimiento al requisito del término de 15 días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto en una cámara y la iniciación del debate en la otra.
- Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes, de 4 de agosto de 2005, el debate y votación del Proyecto de Ley No. 204 de 2004 Senado, 16 de 2004 Cámara fue anunciado en la sesión del día 5 de octubre de 2004, según consta en el Acta No. 14 de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso No. 10 de enero 25 de 2005.[12]
Si bien no se dijo expresamente que dicho anuncio se hacía para “votación” del proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, tal como expresamente dice el Acto Legislativo 01 de 2003 en su artículo 8,[13] en el contexto del debate legislativo,[14] se entendió que el anuncio se hacía con el fin de debatir y votar dicho proyecto. Por lo anterior, considera la Corte que se dio cumplimiento a lo ordenado en la Carta.
- El Proyecto de Ley No. 204 de 2004 Senado, 16 de 2004 Cámara fue incluido en el orden del día de la sesión del 6 de octubre de 2004, y fue aprobado por unanimidad, en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara, con la asistencia de 19 representantes, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de dicha comisión el 4 de agosto de 2005.[15]
- La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 719 de 19 de noviembre de 2004, página 1.
- El Proyecto de Ley No. 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, fue anunciado en la sesión del 13 de diciembre de 2004, según consta en el Acta No. 153 de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso No. 49 de 2005.[16]
- El Proyecto de Ley fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria del día 14 de diciembre de 2004 y aprobado por unanimidad, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes del 4 de agosto de 2005. El Acta No. 154 de 2004, aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 18 de febrero 2 de 2005.[17] De esta manera se cumplió con lo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, con el requisito de quórum decisorio y con el término de 8 días que debe mediar entre el primero y segundo debates, señalado por el artículo 160 de la Carta.
- El texto definitivo del Proyecto de Ley No. 204 de 2004 Senado, 016 de 2004 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 21 de 2004.
- El día 2 de enero de 2004 el Presidente de la República sancionó el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 946 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45829 de 2005.
3. La revisión del Acuerdo desde el punto de vista material
La Corte considera que los propósitos buscados por el Acuerdo son congruentes con los fines constitucionales previstos en el artículo 2 Superior relativos a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y de la vigencia de un orden justo, así como con el deber de protección de la vida y libertad de todos las personas residentes en Colombia.
Así mismo desarrolla el principio de cooperación al cual alude el artículo 9º de la Constitución Política ‑uno de los principios rectores de las relaciones internacionales del Estado‑ con el fin de prevenir y perseguir las conductas que pongan en peligro la vida de los individuos, la integridad personal o la seguridad interna de los Estados parte. Los fines perseguidos por este instrumento también resultan compatibles con el deber de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, libertad y demás derechos (Artículo 2, CP).
El Acuerdo armoniza igualmente con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional y de reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. (Artículo 9, CP.). En efecto, las cláusulas del Acuerdo son compatibles con los compromisos adquiridos por Colombia tanto a nivel bilateral como multilateral de prestar su cooperación y facilitar los medios que se le soliciten para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El Acuerdo, al establecer obligaciones de cooperación para el intercambio de información para prevenir este tipo de conductas y para permitir el ejercicio de la jurisdicción por los Estados parte, promueve también la internacionalización de las relaciones del Estado colombiano a través de una labor de coordinación en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando de armas, municiones y explosivos que busca conciliar intereses y beneficios comunes, bajo unas bases precisas de integración, equidad, igualdad y reciprocidad de los Estados contratantes (Artículos 226 y 227, CP.) Adicionalmente, como la entrega de tal información se hará respetando lo previsto en el ordenamiento interno de cada Estado parte, no encuentra la Corte que tales disposiciones contravengan la Constitución.
Finalmente, en cuanto al artículo VII del Acuerdo bajo revisión no suscita ningún reparo constitucional, pues es una norma que, dentro del respeto de los principios del derecho de los tratados que Colombia ha tradicionalmente aceptado (CP art. 9º), regulan la evolución y la fuerza jurídica de estos instrumentos internacionales.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 946 de 17 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA C-931 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 (Expediente LAT-277).
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, salvo mi voto en relación con la Sentencia C-931 de 6 de septiembre de 2005 por cuanto en el trámite del proyecto de ley No. 204 de 2004 se incurrió en quebranto de lo dispuesto por el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003 que modificó el artículo 160 de la Constitución Política.
En efecto, en la sesión plenaria del Senado celebrada el 2 de junio de 2004 se encontraba incluido el proyecto de ley No. 204 en el orden del día de la sesión para “lectura de ponencias y consideración de proyectos para primer debate”. En esa fecha no ocurrió respecto de este proyecto de ley ni lo uno ni lo otro.
Con posterioridad, en sesión del 8 de junio de 2004 la Comisión Segunda del Senado le impartió aprobación al proyecto, sin que previamente hubiere sido anunciado que la votación se realizaría en esa fecha. De manera pues que, en tales condiciones, es evidente que de acuerdo con la historia legislativa correspondiente, en el trámite de la Ley 946 de 2005 se incurrió en violación del artículo 160 de la Carta Política y, con posterioridad, la actuación surtida tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se encuentra igualmente afectada de ese vicio de inconstitucionalidad, como quiera que la competencia de cada una de las corporaciones sólo surge si el proyecto fue aprobado debidamente en la etapa inmediatamente anterior.
Como la Corte no declaró la inconstitucionalidad de la ley sometida en este caso a su control, salvo entonces el voto.
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-931 DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Revisión de la Ley 946 de 2005
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la presente sentencia, por cuanto considero que existen vicios de procedimiento en la adopción de la ley sub examine.
[6] Los apartes pertinentes de esa acta se transcriben a continuación:
Día martes 1° de junio de 2004
- Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas trasnacionales, celebrado en Cartagena de Indias, el 7 de noviembre de 1997.
[7] Los apartes pertinentes del acta se transcriben a continuación:
6. Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 233 de 2004.
[8] A continuación se trascriben los apartes pertinentes de dicha acta:
4. Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Publicación: Proyecto Original: Gaceta del Congreso número 105 de 2004.
El señor Secretario procede a leer el informe con que termina la ponencia. Por lo anterior me permito solicitar a los honorables miembros de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate, al Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales". De toda consideración, Efrén Félix Tarapués Cuaical, Senador Indígena Ponente.
Título del proyecto: Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales" celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
[9] En lo pertinente, el acta de esa sesión dice lo siguiente:
Dice: Los Proyectos para mañana señor Presidente. Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia, y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, celebrado en Cartagena de Indias, el 7 de noviembre de 1997. (…)
[10] Gaceta del Congreso No. 396 de 2004, páginas 3, 7, y 33
[11] En lo pertinente, el acta de esta sesión plenaria dice lo siguiente:
• Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 233 de 2004.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 282 de 2004.
Proyecto de ley número 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias, el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
[12] En lo pertinente el acta dice lo siguiente:
[13] Acto Legislativo 01 de 2003, Artículo 8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.” (resaltado fuera de texto)
[14] La importancia del contexto para determinar si ha habido violación del artículo 160 Superior fue analizada en la sentencia C-473 de 2005, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, en donde se dijo lo siguiente: “Del contexto cabe resaltar aspectos generales atinentes al momento en que se realizaron los anuncios y aspectos específicos de cada etapa del proceso de formación de la ley. En cuanto a los aspectos generales, observa la Corte que este proyecto de ley fue tramitado luego de que iniciara la vigencia del acto legislativo correspondiente (3 de julio de 2003). En esa etapa inicial las diferentes células legislativas interpretaron el requisito del anuncio previo de la votación de diferente manera. Uno de los puntos sujetos a interpretación fue el atinente al lenguaje que debía emplearse al efectuar el anuncio. Lo ideal es que dicho anuncio incluya la expresión “votación”. Sin embargo, en el contexto general de la práctica parlamentaria, para ese momento se usaban otras expresiones que comprendían la votación. Por ejemplo, el concepto de primer debate o de segundo debate abarca tanto la discusión como la votación, como lo dice el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 al definir “debate” (…) ¦ Del mismo modo, la expresión “considerar” implica no solo reflexionar sobre un asunto sino hacerlo para cumplir la función propia de cada célula legislativa, consistente en decidir sobre un proyecto de ley. En este sentido, someter a consideración implica mucho más que discutir o deliberar, puesto que cuando las comisiones constitucionales permanentes y las plenarias consideran un proyecto lo hacen para votar sobre él, en cumplimiento de su atribución de concurrir a la “formación de las leyes”. De tal manera que, en el contexto de la actividad legislativa, la expresión “considerar” tiene un alcance diferente al que se deriva del uso que puede dársele a este vocablo en el medio académico o en una reunión informal. Por lo tanto, si bien en el ámbito parlamentario discutir y deliberar, de un lado, son categorías diferentes a las de votar y decidir, de otro lado, el concepto “considerar” lejos de ser asimilable a alguna de estas categorías comprende tanto la discusión como la votación, o sea, la consideración, en sentido parlamentario, de los proyectos de ley. ¦ “Entonces, cuando (…) se anunció que el proyecto sería sometido “a consideración de la comisión en la próxima sesión”, se entendió que dicho anuncio comprendía tanto deliberar como votar sobre el proyecto de ley estatutaria. Además, en este mismo sentido, en el orden del día de las sesiones mencionadas en la descripción de los hechos se puntualizó que el proyecto sería sometido a consideración “para primer debate” (…). Adicionalmente, cabe resaltar que el artículo 157 de la Constitución, que define las etapas en la formación de las leyes, dice expresamente que en el primer debate se aprueba un proyecto de ley (literal 2). Lo mismo señala respecto del segundo debate en cada cámara (literal 3). ¦ “En cuanto a los aspectos específicos del contexto, resalta la Corte que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios y citaciones, cuando se postergó la consideración del proyecto. Siempre, al terminarse la sesión en la cual se ha debido discutir y votar el proyecto sin que se hubiere alcanzado a agotar el orden del día, el Presidente, directamente, o el Secretario correspondiente, por autorización de éste, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión, (ii) especificó el número y el nombre del proyecto de ley correspondiente al mecanismo de búsqueda urgente, y (iii) puntualizó que la consideración de dicho proyecto se haría en la próxima sesión, no en una fecha indeterminada e indeterminable. Por lo tanto, tanto para los congresistas de la correspondiente célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación era claramente determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad. ¦ Visto el contexto, al contrastar lo sucedido con lo dispuesto en el artículo 160, in fine, la Corte encuentra que se cumplió lo allí ordenado. En efecto, en todas las etapas se anunció previamente, en una sesión inicial, la fecha en la cual, en una sesión posterior, se efectuaría la votación del proyecto.
[15] En lo pertinente, el Acta No. 15 del 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso No. 11 de 25 de enero de 2005, dice lo siguiente:
• Proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, celebrado en Cartagena de Indias el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Publicación Gaceta número 551 de 2004.(…)
Hace uso de la palabra el Secretario General: Proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales”, celebrado en Cartagena de Indias el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
[16] En lo pertinente dice el Acta No. 153 de 2004:
42. Proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales”.
[17] En lo pertinente el Acta No. 154 de 2004dice lo siguiente:
13. Proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales”.
El Secretario General, doctor Angelino Lizcano: Proyecto de ley número 016 de 2004 Cámara, 204 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas”. Está leído el título.