Source: https://es.scribd.com/document/49753443/Sentencia-Primera-Instancia-Tommasi
Timestamp: 2018-06-24 17:17:07
Document Index: 229241518

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 66', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 2384', 'artículo 75', 'in fine']

Cargado por CNeuquina
Cutral Có, de Febrero de 2.011.
Y VISTOS: Estos autos caratulados: “PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA SA c/ CURRUHUINCA VICTORINO Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO”, (Expte. Nro.: 43907, año 2.007), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Nro. 2 en lo Civil, Comercial, Especial de Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería de la II Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cutral Có, conforme lo dispuesto por el art. 1 de la ley 2424, de los que: RESULTA: I.- Que a fs. 83/103 se presenta la empresa Petrolera Piedra del Águila SA, por medio de su letrado apoderado, interponiendo acción de amparo contra los Sres. Victorino Curruhuinca, Teresa Curruhuinca, Juan Carlos Curruhuinca y Rufino Curruhuinca y contra toda persona que impida el ingreso a las aréas de explotación en el Umbral y Los Leones de la localidad de Picún Leufú, que se encuentran en las parcelas que identifica.Afirma que promueve la presente acción para que se disponga el cese definitivo de los actos que impiden llevar adelante los trabajos programados y actividades de exploración y explotación, en el ámbito de dichas areas, conforme la concesión otorgada por los Decretos 1271/97, 4716/99 y 0278/07. Efectúa consideraciones respecto a su legitimación y a los derechos que emergen de la concesión de las normas jurídicas referidas.Señala que se encuentra facultada para realizar todos los trabajos de búsqueda y extracción de hidrocarburos, y se encuentra obligada a realizar un plan de inversiones. Cita diversas disposiciones legales y antecedentes judiciales en sustento de su pretensión. Indica que la Provincia del Neuquén ostenta la condición de propietario superficiario y que por medio de la Dirección de Tierras, se autorizó su ingreso a las tierras fiscales de las áreas del Umbral y Los Leones, a efectos de realizar las tareas de exploración y explotación del área Ramos Mexía.Refiere que los accionados fueron notificados de tales disposiciones mediante actuación notarial. Que por ello la conducta de obstrucción y amenaza de los demandados es ilegítima y atenta contra los derechos de su parte y de la sociedad toda. Expresa que aquéllos le han impedido el ingreso a su personal y a terceros contratistas, provocando la paralización de su trabajo. Que lo expuesto se encuentra constatado mediante acta notarial de fecha 21 de Junio de 2.007.Relata que con posterioridad los accionados permitieron el ingreso acceso provisional de personal, para realizar tareas de mantenimiento y bajo la amenaza de reanudar las obstrucciones posteriores si no se acataban sus requerimientos económicos. Que su parte no accederá a tales ilegítimos condicionamientos, ya que se trata de una amenaza inminente y susceptible de provocar un grave daño a la empresa y a la sociedad, poniendo en peligro la vida y la salud de los habitantes y el medio ambiente.Más adelante brinda otros fundamentos de la acción promovida y de la medida cautelar solicitada, funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda, con costas.-
II.- A fs. 294/300 se presenta la Sra. Teresa Curruhinca, contestando la acción promovida en su contra y formulando negativa general y particular.En forma expresa niega: que la accionante tenga derecho a llevar adelante los trabajos que pretende; que tenga derecho a la explotación y exploración petrolífera; que las tierras de la Comunidad Mapuche Huenctru Trawel Leufú sean propiedad de la Provincia; que los decretos referidos en el escrito inicial sean constitucionales; que sus conductas sean ilegítimas o ilegales y que la documentación acompañada por Petrolera Piedra del Aguila S.A. sea verdadera.Señala que es parte de la Comunidad Mapuche Huentru Taewel Leufu, que es una entidad preexistente a la Nación y a la Provincia del Neuquén, tal como lo establecen las constituciones de ambos estados, y toda vez que habita tradicionalmente en paraje denominado Cerro León. Que en ese ámbito se formó la comunidad, desarrollando su vida cultural, familiar, comunitaria y de subsistencia económica, de manera pacífica y con total conocimiento de las autoridades provinciales.Destaca que en julio de 2007, empleados de la accionante ingresaron a su territorio, alegando el otorgamiento de la concesión para la explotación hidrocarburíferas en el lugar. Que ante ello, la comunidad remitió una carta documento haciendo saber a la petrolera de su tradicional existencia en el territorio y de su desconocimiento respecto de la concesión otorgada.Efectúa consideraciones jurídicas con sustento en diversas normas constitucionales nacionales y provinciales, las que, además, cita. También da cuenta de disposiciones de derecho internacional que abonan su postura. Indica que en virtud de éstos se exige a los gobiernos realizar verdaderas consultas a los pueblos indígenas, confiriéndoles el derecho de expresar sus puntos de vista y de influir en la toma de decisiones.Afirma que en el caso de autos no ha existido ningún tipo de interacción con los miembros de la comunidad ni se ha precisado cuál es el impacto cultural que las concesiones otorgadas podían generar. Que, en resumen, los supuestos derechos sobre hidrocarburos invocados por la accionante resultan contrarios a lo dispuesto por el Art. 96 de la Constitución Provincial; que se ha desconocido la preexistencia de la comunidad mapuche y sus derechos de posesión y propiedad de la tierra, de consulta y de participación en la gestión de sus recursos.Más adelante ofrece prueba y solicita se rechace la demanda con costas.III.- A fs. 393/396 comparecen los Sres. Victorino Curruhuinca y Rufino Curruhuinca, mediante el defensor oficial, contestando la acción interpuesta en su contra y formulando negativa general y particular.En forma expresa niegan: que la accionante tenga derecho a llevar adelante los trabajos que pretende; que tenga derecho a la explotación y exploración petrolífera; que las tierras de la Comunidad Mapuche Huenctru Trawel Leufú sean propiedad de la Provincia; que los decretos referidos en el escrito inicial sean constitucionales; que sus conductas sean ilegítimas o ilegales; que la documentación acompañada por Petrolera Piedra del Aguila S.A. sea auténtica; que esta atienda a las necesidades primarias de la comunidad o que contribuya
al bienestar general; que los comparecientes hayan impedido el ingreso al área de explotación en forma hostil; que hayan efectuado amenaza alguna y que hayan puesto en peligro la vida, la salud y el medio ambiente de los habitantes de la provincia.Efectúan consideraciones fácticas y jurídicas similares a las formuladas por la accionada Teresa Curruhinca, y a las que corresponde remitir en honor a la brevedad. Plantean la inconstitucionalidad de los decretos provinciales nros. 2737/95, 1271/97, 4716/99 y 0278/07, del artículo 90 de la ley 2453, del artículo 66 de la ley 17.319 y de la Disposición nro. 226/07 de la Dirección de Tierras de la Provincia del Neuquén.Más adelante ofrecen prueba y solicitan se rechace la demanda, con costas.IV.- A fs. 401, ante la incontestación de la demanda, se le da al accionado Juan Carlos Curruhuinca, por decaído el derecho que ha dejado de usar.V.- En fs. 508/513 obra resolución interlocutoria en la que se confirma lo dispuesto a fs. 412 vta., anteúltimo párrafo, en tanto allí se tuvo por no presentado el planteo de nulidad formulado por los accionados Victorino Curruhuinca y Rufino Curruhuinca.VI.- A fs 576/577 se dispone la apertura de la causa a prueba y se provee la que fuera ofrecida por las partes.VII.- En fs. 656/670 luce sentencia en la que se hace lugar a la acción promovida.VIII.- Dicho decisorio es declarado nulo por la Excma. Cámara en Todos los Fueros de esta ciudad, por Interlocutoria de fecha 29 de mayo de 2009 y que obra a fs. 821/832.IX.- En virtud de lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, a fs. 894 vta. se ordena correr traslado de la demanda contra todo aquel tercero particular o persona jurídica que realice cualquier maniobra tendiente a impedir el ingreso a las áreas de explotación individualizadas como yacimientos El Umbral y Leones.X.- Dicho traslado es contestado por la Comunidad Mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu, a través de su apoderado y en presentación que luce a fs. 946/962. En ésta, la compareciente contesta la demanda promovida y formula negativa general y particular.En forma expresa niega: que la accionante tenga derecho a la concesión, exploración y explotación del territorio donde pretende llevar a cabo su actividad; que los actos de gobierno en los que la petrolera basa su pretensión hayan sido válidamente dictados; que la conducta de los miembros de la Comunidad haya sido ilegal; que corresponda la aplicación de la legislación minera común; y que la documental acompañada con el escrito inicial sea veraz.Sostiene que es una comunidad mapuche, reconocida como preexistente por el
Estado Nacional. Que en tal carácter posee derechos sobre el territorio comunitario que exceden los parámetros de la “propiedad” civil, ya que se encuentran establecidos por las normas que resguardan la existencia diferenciada de los pueblos indígenas.Cita normas constitucionales, distinguidas opiniones doctrinarias y antecedentes jurisprudenciales en sustento de dicha consideración y de su postura defensiva. Agrega que como corolario de la protección sobre el espacio de vida en común, las normas propias de los derechos humanos de los pueblos indígenas aseguran que no se adopte ninguna decisión estatal, sin un previo proceso de consulta que procure el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad afectada.Más adelante plantea la inconstitucionalidad de todas las normas provinciales que otorgaron a la accionante la concesión para la exploración y explotación petrolera en el territorio cuya posesión tradicional ejerce la Comunidad. Sostiene que tal normativa contraviene tanto la Constitución Nacional, como los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados y la Constitución Provincial.Finalmente ofrece prueba y solicita se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.XI.- A fs. 1021 se abre nuevamente la causa a prueba y a fs. 1023 se ordena la producción de los medios probatorios ofrecidos por la Comunidad accionada.XII.- A fs. 1057/1058 comparece la actora y contesta el traslado de la inconstitucionalidad planteada, que fuera corrido a fs. 1046. Solicita que aquélla sea rechazada ya que la posesión tradicional invocada por la Comunidad no es tal. Que tampoco se contraviene normas de la Constitución Provincial. Cita jurisprudencia del nuestro Máximo Tribunal Provincial en sustento de esta última consideración.XIII.- En fs. 1066 y vta. obra dictamen del Sr. Agente Fiscal dictaminando la compatibilidad de las normas cuestionadas con las que contiene la Constitución Provincial.XIV.- A fs. 1067 luce certificación del Actuario de la que se desprende que en autos no quedan pruebas pendientes de producción.XV.- Sobre el mérito del bien probado alegan la actora y la Comunidad accionada en presentaciones agregadas a fs. 1081/1087 y fs. 1088/1091, respectivamente.XVI.- A fs. 1094 se llama autos para el dictado de sentencia mediante providencia que se encuentra firme y consentida por las partes.CONSIDERANDO: I.- Es sabido que en la actualidad existen normas jurídicas de la más alta jerarquía que reconocen amplios derechos a los pueblos originarios. Así, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Territorios Independientes, aprobado por Ley 24071,
protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación de tales comunidades. También, la Constitución Nacional al reconocer la identidad de los pueblos originarios y la propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente habitan (art. 75 inc. 17) y, principalmente, la Constitución Provincial que en el artículo 53 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial; la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables, ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten. Establece, asimismo, que la Provincia promoverá acciones positivas a su favor.En tal contexto, el Convenio 169 de la OIT constituye una pieza fundamental en el deber del Estado de respetar el derecho a la identidad social y cultural de los pueblos indígenas, adoptando acciones concretas para proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad. Indefectiblemente, este compromiso va de la mano del reconocimiento de la preexistencia de las poblaciones indígenas que se ha incorporado en la reforma constitucional de 1994 (Art. 75 inc. 17) y que establece que debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. También señala que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abreva, entre otros, en los derechos de los pueblos a la libre determinación y a sus medios de subsistencia de los cuales en ningún caso podrán ser privados. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea específicamente los derechos que deben reconocerse a las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas , a las cuales no puede negarse el derecho a su vida, su cultura, su religión y su idioma, en común con los demás miembros de su grupo.Claramente la jerarquía constitucional que merecen en nuestro sistema los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto de Derechos Civiles y Políticos) y supralegal en el caso de los tratados internacionales (tal es el caso del Convenio OIT) constituyen obligaciones concretas de cumplimiento para la República Argentina frente a la comunidad internacional (art. 75 inc. 22 CN). Así, esta serie de instrumentos internacionales de derechos humanos guarda una enorme trascendencia política, a los fines de la unificación de pautas regionales. Es que estos acuerdos multilaterales definen pisos jurídicos (estándares) que por el nivel interno que poseen esas normas en cada uno de los países signatarios, luego terminarán influyendo en un intenso desarrollo normativo uniforme y unificante, de las pautas e institutos acordados en esas instancias (cfme. Di Paola, María Eugenia y Esain, José; “La Corte suspende el ecocidio en el bosque salteño”; LA LEY 2009-C, 471).II.- Sin perder de vista tales parámetros, ingresaré al estudio del presente caso.-
Surge de autos que la empresa accionante ataca por por arbitrariedad e ilegalidad conductas de particulares que en forma unilateral le impiden la libre realización de tareas y los trabajos necesarios para la explotación hidrocarburíferas y la operación y mantenimiento de la “planta” de gas, que funciona en los yacimientos El Umbral y Los Leones y que integran el aréa de Ramos Mexía.Del mismo modo, se encuentra acreditado en el expediente que, mediante el decreto 1271/97, la Provincia del Neuquén facultó y encomendó a la empresa Hidenesa la exploración, el desarrollo y la explotación racional, por sí o asociada a terceros, de la referida área (fs. 9). Que, contractualmente, esta firma le adjudicó la realización de tales tareas a Ingeniería Sima S.A. Así es como por decreto 4716/99 se la otorgó a esta última empresa la concesión de la explotación del área denominada “El Umbral”. Finalmente, mediante el decreto 278/07 la Provincia del Neuquén acuerda efecto retroactivo a dicha cesión -al 26 de julio de 1999- y le otorga a Ingeniería Sima S.A. la concesión de la explotación del área individualizada como Los Leones. Además, aprueba la cesión del 100% de participación en el contrato y en la exploración que Ingeniería Sima S.A. hace a favor de Petrolera Piedra del Aguila S.A., respecto del Área Ramos Mexía.De tales antecedentes surge la facultad que invoca la empresa accionante y que dice obstruida por la conducta de los demandados. Éstos, individualmente presentados en autos, no niegan la existencia de las acciones denunciadas en el escrito inicial, mas manifiestan que su comportamiento se ve justificado en tanto son integrantes de la Comunidad Mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu, entidad preexistente al Estado Nacional y a la Provincia del Neuquén, y que ocupan y habitan tradicionalmente las áreas en cuestión, en el paraje denominado Cerro León. En forma más concreta, la referida comunidad cuestiona la constitucionalidad de los procedimientos y las normas mediante las que se otorgó la concesión a Petrolera Piedra del Aguila S.A.Las posturas sostenidas por las partes, en especial por la accionante y la entidad demandada, conducen al suscripto a analizar los elementos de convicción producidos en autos, en especial los que refieren a la situación de la Comunidad respecto a la ocupación del territorio que integra el área denominada Ramos Mexía.En tal sentido, la testigo Huilipan señaló que “la Comunidad tiene la posesión y tiene la ocupación tradicional, lo sé por visitar a la comunidad y por el recorrido que hice se pudo visualizar ese uso cultural que le mencioné como para pastoreo, para usos culturales filosóficos y para la habitación de la familia, es muy evidente el uso del territorio para determinar la posesión tradicional que tiene la familia… desde siempre la Comunidad habitó su territorio y que en el año 2004 asisten por primera vez al parlamento mapuche para obtener su reconocimiento como comunidad” (circunstancia aquélla que le consta “por relato de la familia, de transmisión de conocimiento de generación en generación”), “en forma posterior al proceso al proceso de usurupación que se genera a manos del Ejército Argentino, de Julio Argentino Roca... se produce una dispersión de la vida comunitaria y familiar del pueblo mapuche, y todas las poblaciones que quedaron fueron constituyéndose por familias de sangre o
por sobrevivientes de aquella invasión militar, en el caso de la Comunidad Curruhinca es una reconstitución familiar” (fs. 1029 vta. y 1030).Por su parte, la testigo Soae indicó que “la Comunidad ocupa el territorio que se está reclamando, desarrolla sus actividades culturales como ceremonias religiosas, la práctica de la medicina mapuche, el palin que es un juego mapuche, tienen sus casas, viven de sus animales, todo lo que desarrolla la Comunidad es en relación al espacio que ocupan tienen una relación cultural con cada elemento que está en ese espacio territorial” (fs. 1031). Del mismo modo, el Sr. Velázquez precisó que “la Comunidad ocupa el territorio y que su actividad está relacionada culturalmente con el uso del lugar a través de criar animales en el lugar, lo sé porque lo he visto... como práctica cultural realizan Ñilipun, que es una forma de hacer uso y práctica de la filosofía mapuche, es una ceremonia mapuche, poseen el conocimiento tradicional de Lawen, que son remedios... medicina tradicional, lo sé porque los he visto hacer uso y práctica y de ese conocimiento” (fs. 1034).Si bien no paso por alto los cuestionamientos que formula la accionante a los testimonios citados (fs. 1040 y vta.), entiendo que no resultan suficientes para desvirtuar éstos, teniendo en cuenta que refieren a extremos fácticos – posesión comunitaria histórica y prácticas culturales- que difícilmente puedan ser percibidos por personas que desde el inicio de la ocupación tengan un conocimiento directo de los hechos (adviértase que se hace referencia a la Campaña del General Roca) o que sean extrañas al pueblo mapuche.En sustento de tal valoración, asimismo, no pierdo de vista que entre la documentación reservada en autos, se encuentra el expediente administrativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) nº 50005-2006. En tales actuaciones, luego de reputarse cumplidos todos los requisitos legales, en especial de los recaudos señalados por la Ley 23.302 y su Decreto Reglamentario Nº 155/89, se procedió a inscribir “la personería jurídica de la COMUNIDAD HUENCTRU TRAWEL LEUFU, perteneciente al Pueblo Mapuche, asentada en el Paraje Cerro León, Departamento Picún Leufú, Provincia del Neuquén, en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas” (sic Resolución Nº 154 obrante a fs. 99/101 del citado expediente). Debo también destacar que en tales actuaciones obra el estatuto de la Comunidad –que da cuenta de la ubicación en que se desarrolla, de las circunstancias históricas que hasta allí la han llevado y de los elementos culturales que la conforman- y la nómina de sus autoridades –entre las que se encuentran todas las personas físicas accionadas- (fs. 74/82).Es sabido que se han ensayado muchos criterios para establecer las características definitorias del indígena, pero rige en nuestro derecho el criterio amplio del artículo 1 del Convenio 169/1989 de la OIT (ley 24.071) que además es el que prevalece internacionalmente. “Una definición de indígena debe abarcar de la manera más amplia posible todos los aspectos que cada uno de los pueblos indígenas consideran fundamentales para su identidad, para esto el criterio de autoidentificación significa la puerta de entrada hacia dicha definición. Por medio de este criterio se logrará obtener una definición que respete las ideas, creencias, tradiciones y demás aspectos que los pueblos indígenas consideren necesarios para el ejercicio de sus derechos y por sobre todas las cosas se obtendrá una definición libre de connotaciones políticas
donde la integridad territorial de los Estados aparece como un fetiche al cual todos debemos adorar" (Thomas Kliegel y Mariano Arrigo, "Historia y desarrollo de los pueblos indígenas. Criterios jurídicos para la definición de «indígena»", www.zamudio.bioetica.org, www.indígenas.bioetica.org y su cita: Anne Deruyttere: "Nativos en números", BID América, septiembre-octubre de 1999).En definitiva, en este caso se cuenta con la ventaja de que ha sido la autoridad de aplicación correspondiente la que ha reconocido el carácter de la Comunidad accionada –que integran, reitero, las personas físicas demandadas-, así como el territorio que ocupa, posesión que es reconocida constitucional y legalmente, y que el suscripto no puede desconocer.Respecto a esto último también creo pertinente señalar que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Por mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional, toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria aunque los integrantes no hayan ejercido por sí los actos posesorios típicos de la ley inferior (artículo 2384 CC). Es la propia Constitución la que nos dice que esas comunidades han poseído y poseen jurídicamente por la sencilla razón de preexistir al Estado y conservar la ocupación tradicional. La posesión comunitaria y la propiedad comunitaria de los indígenas son categorías jurídicas nuevas que, si bien pueden requerir alguna “adecuación” (no limitación) normativa, son plenamente operativas.En las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil se concluyó precisamente que la posesión y la propiedad indígenas son conceptos nuevos y peculiares que afectan al concepto mismo del derecho real. Además, se recalcó su rango constitucional, supremo, diferenciado y autónomo del derecho civil inferior: "la protección consagrada para la propiedad de las comunidades indígenas argentinas por el artículo 75 inc. 17 C.N. hace innecesaria e inconveniente su inclusión en el Código Civil, ya que ello implicaría una desjerarquización no querida por el poder constituyente" (Conclusión VI). Según la comisión ponente, resulta "objetable, atento a la jerarquía que el poder constituyente le ha atribuido a las comunidades indígenas y a su propiedad, con un evidente propósito de reparación histórica, la pertinencia de que, desde la grada inferior del derecho privado, en un mismo rango con los derechos reales esencialmente privatísticos, con la pretensión de una mayor garantía, se intente una tipificación distinta que, en definitiva, podría conspirar contra los objetivos perseguidos" (ponencia conjunta de Jorge Alterini, Pablo Corna y Alejandra Vázquez; ver, por ejemplo, Andorno, Luis, "El objeto de los derechos reales en las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil", JA 2002-I-1254).Formulo tales consideraciones para destacar que, por un lado, resulta inconducente indagar si los integrantes de la Comunidad Mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu, han nacido en el lugar en el que la empresa Petrolera Piedra del Aguila S.A. tiene concedida una explotación económica, o se encuentran ahí ejerciendo actos posesorios desde determinado tiempo. Por el otro, y fundamentalmente, para señalar que el caso bajo examen no puede ser abordado solamente desde la perspectiva de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, o 21, 24, 37, 58, 59 y 74 de la Constitución Provincial, o la Ley de
Amparo nº 1981 (que dado el carácter de los accionados no resulta de aplicación), u otras de menor jerarquía, como pretende la accionante (ver fs. 84 y 100). La reforma constitucional nacional de 1994, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 24071, imponen considerar y justipreciar otros derechos.Debo finalmente mencionar que tanto el Gobierno Provincial como la Empresa Petrolera Piedra del Aguila S.A. en los hechos han reconocido a la Comunidad Mapuche en las reuniones celebradas y en las actas que, en su consecuencia, se labraron. Allí claramente quedó consignado que las negociaciones se llevaron adelante con una comunidad y no con personas individuales.III.- Sentado ello (la posesión comunitaria de la entidad accionada del territorio en el que se encuentran los yacimientos explotados por la demandante), corresponde en este estado analizar la legitimación activa que ostenta Petrolera Piedra del Aguila S.A. en la presente acción.a) Al promover la acción, la demandante invoca que su derecho de acceso a las áreas de explotación en el Umbral y Los Leones de la localidad de Picún Leufú proviene de los decretos provinciales nros. 2737/95, 1271/97, 4716/99, 0278/07 y legislación concordante. La comunidad demandada cuestiona la constitucionalidad de las normas detalladas, en tanto se ha omitido el proceso de participación y consulta impuesto por disposiciones de la mayor jerarquía, y contravienen abiertamente los Arts. 95 y 96 de la Constitución Provincial.Sabido es que el 11 de agosto de 1994, la Convención Constituyente reunida en Santa Fe sancionó -por voto unánime— el texto del art. 75 inc. 17. Según la nueva disposición legal corresponde al Congreso: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar la participación de la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones" (el subrayado me pertenece).La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta. Según la doctrina más especializada, esta garantía esta integrada por: a) el derecho a la información y consulta: que debe ser amplia, previa, obligatoria, de buena fe, con libre expresión de los pueblos indígenas y con respeto a sus instituciones y prácticas ancestrales; b) derecho a impedir la realización de cualquier iniciativa que no haya sido precedida de esa información y consulta: asignándole a esta última el carácter de "dictamen sui generis obligatorio" cuya ausencia determina que las decisiones que se dicten sean insanablemente nulas; c) derecho a obtener beneficios económicos en caso de que ello resulte de la explotación de recursos naturales, o de otras
actividades turísticas, rurales, industriales, o de cualquier índole y d) derecho a controlar la ejecución, implementación y evaluación de las actividades desplegadas y que puedan afectar sus intereses: lo que se traduce en una consulta permanente, a lo largo de todas las etapas, para lo cual deben proporcionarse los medios económicos necesarios para que dicho control sea efectivo (cfme. HUALPA, E. R., "Sin despojos. Derecho a la participación mapuche-tehuelche", ENDEPA, Resistencia, 2003, p. 29).Tal como sostiene el autor citado, el derecho de participación supone el de consulta previa, encontrándose ambos receptados a lo largo del articulado del Convenio Nro. 169 de la OIT. Es por ello que el Comité de Expertos de la O.I.T. ha definido qué es y que no es un proceso de consulta. Así, ha sostenido que el mismo supone el establecimiento de un diálogo genuino entre las partes, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de llegar a un acuerdo. Advirtiendo también que la participación de las comunidades debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones.Para Berraondo López, los derechos a ser consultados y a participar están integrados en el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Según puntualiza: "a pesar de ser un derecho plenamente emergente, ya que todavía se está debatiendo y concretando sus contenidos y alcance, podemos afirmar que es un derecho vigente ya en el ordenamiento internacional de los derechos humanos, y que poco a poco las instituciones internacionales están actuando de manera radical en su exigibilidad" (BERRAONDO LOPEZ, M., "Pueblos y movimiento indígena en la aplicación de los derechos humanos", p. 22). Así, por ejemplo, si bien en el ámbito de las Naciones Unidas ninguno de sus órganos lo ha definido, son numerosos los que lo reconocen comprendido en el ámbito de los derechos humanos —PNUD, UNFPA, FAO, ACNUDH, OMS, entre otros—.Finalmente, la alusión que hace el art. 75 a los recursos naturales plantea un interrogante respecto a la compatibilización de la norma con el art. 124 in fine de la Constitución Nacional. Para María Angélica Gelli (en "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada", La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 574), en virtud de esta última disposición corresponde a las Provincias el dominio originario de sus recursos naturales, mientras que a las comunidades indígenas les está asegurada la participación en cuestiones relativas a los mismos. Es decir, que no se ha consagrado el derecho de los pueblos indígenas a disponer de estos recursos, sino solamente a tomar parte en su administración y en su producido.Esta solución, resulta acorde con lo dispuesto en el art. 15 del Convenio Nro. 169, en relación a que: "1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades" (nuevamente el subrayado me pertenece).En el presente caso, y tal como se enfatiza en la contestación de demanda efectuada por la Comunidad accionada, no se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos alguno. Por el contrario, la prueba testimonial rendida permite tener por acreditado que aquél, más allá de algunas intenciones iniciales, no se materializó.Así, la testigo Huilipan señaló que “SE LOGRA CREAR LA COMISIÓN POR UNA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, SE PONE EN EJECUCIÓN LA COMISIÓN EN LA LOCALIDAD DE PICÚN LEUFÚ, NO RECUERDO LA FECHA, DONDE ASISTEN LAS PARTES INVOLUCRADAS Y DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO TOBARES PARA PONER EN EJERCICIO A LA COMISIÓN, SE DEFINE UN PRESUPUESTO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN ESA MISMA OCASIÓN Y LUEGO YA NO VOLVIÓ A FUNCIONAR, QUEDÓ EN ESTADO DE ABANDONO LA COMISIÓN, TODO ESTO YO LO SE PORQUE SOY AUTORIDAD DE LA CONFEDERACIÓN MAPUCHE DEL NEUQUÉN Y COMO TAL ESTUVE EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN Y PARTICIPÉ DE LA REUNIÓN EN PICÚN LEUFÚ PARA PONER EN MARCHA A LA COMISIÓN Y PARA DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE DEBÍAN INTERVENIR EN ESA COMISIÓN... ESTO FUE POSTERIOR A LA CONCESIÓN, PRODUCTO QUE SE VENÍA DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA Y CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD... RECUERDO QUE EL DIALOGO EMPIEZA EN EL MES DE ENERO DEL 2.008 Y TUVIMOS SUCESIVAS REUNIONES HASTA EL MES DE MARZO DEL MES DE ABRIL, CONTINUARON PORQUE EL 28 DE AGOSTO SE LOGRA LA RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CULTURAL, EN ESA MISMA RESOLUCIÓN SE DETERMINA EL OBJETO QUE ES HACER UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA DEFINIR SI ES FACTIBLE O NO LAACTIVIDAD PETROLERA EN TERRITORIO COMUNITARIO MAPUCHE” (sic, fs. 1029 vta. y 1030 vta.).Del mismo modo la testigo SOAE indicó que “CONOZCO LA EXISTENCIA DE ESTA
COMISIÓN QUE ES DE CARÁCTER DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE SE LLEVÓ QUE SE CREO CONFORMADA POR MIEMBROS DE LA COMUNIDAD E INTEGRANTES DE LA CONFEDERACIÓN INDÍGENA NEUQUINA Y DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y LA EMPRESA PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA; SE DA INICIO A ESTA COMISIÓN COMO UNA MANERA QUE EL GOBIERNO RESPONDA A LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD DE PODER LLEVAR UN ESTUDIO QUE ES EL ESPÍRITU DE LA COMISIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO CULTURAL QUE PODRÍA GENERAR LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN MANOS DE PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA... TUVIMOS MUCHAS REUNIONES PARA COMENZAR A FUNCIONAR EN ESTA COMISIÓN QUE NOSOTROS ENTENDÍAMOS COMO PARTE MAPUCHE QUE IBA A SER LA COMISIÓN QUE IBA A RESOLVER DE ALGUNA MANERA EL CONFLICTO QUE SE HABÍA INSTALADO EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD. POR ESO PRESENTAMOS UN PLAN DE TRABAJO Y SE HIZO UN LANZAMIENTO... NOSOTROS COMO PARTE MAPUCHE PRESENTAMOS UN PLAN DE TRABAJO, FUIMOS LOS ÚNICOS QUE PRESENTAMOS UN PLAN DE TRABAJO Y ESTE PLAN DE TRABAJO LLEVABA UN PRESUPUESTO LÓGICO PARA PODER IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES. EN ACUERDO DE ESA MESA TAMBIÉN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ENTENDIERON QUE ERAN ELLOS LOS QUE TENÍAN QUE FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESA COMISIÓN POR SER LOS RESPONSABLES DEL CONFLICTO, ESO ES UNA INTERPRETACIÓN... PERO SI DIJERON QUE SE HACÍAN CARGO DEL PRESUPUESTO. PRIMERO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA ELEVA EL PLAN DE TRABAJO AL INAI, SE PRESENTÓ EL PLAN DE TRABAJO Y EL INAI CONTESTÓ QUE NO TENÍA PRESUPUESTO, TAMBIÉN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN ESTO SI LO DIJO QUE PARTE DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN SE FINANCIARÍA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 26.160, MIENTRAS TANTO LA COMISIÓN FUNCIONÓ CON MÍNIMOS RECURSOS QUE PUSO EL GOBIERNO QUE CONSISTÍAN EN MOVILIDAD PARA LLEGAR A LAS REUNIONES, PERO FINALMENTE AL NO CONSEGUIRSE LOS RECURSOS EL TRABAJO DE LA
COMISIÓN QUEDÓ FRENADO, PERO ADEMÁS ERA UN ACUERDO QUE CUALQUIER AVANCE QUE SE QUISIERA HACER SOBRE EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA SE DISCUTIRÍA EN ESE ÁMBITO Y EN LA COMISIÓN PERO EL GOBIERNO REITERADAS VECES VIOLÓ ESE PRINCIPIO PORQUE NOSOTROS CONFIAMOS QUE ESE ERA EL ESPACIO PARA TOMAR DEFINICIONES PERO LA EMPRESA Y EL GOBIERNO SE PUSIERON DE ACUERDO MAS DE UNA VEZ PARA ENTRAR AL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD VIOLANDO ESE PRINCIPIO... SE ENCUENTRA FRENADA, LA COMISIÓN NO ESTÁ FUNCIONANDO POR TODO LO QUE RELATÉ ANTERIORMENTE AUNQUE NOSOTROS COMO PARTE MAPUCHE SEGUIMOS SOSTENIENDO QUE ES UNA DE LAS MANERAS DE RESOLVER EL CONFLICTO” (sic, fs. 1031 vta. y 1032).En consideración de lo expuesto hasta aquí, concluyo que a partir del reconocimiento como Comunidad de la accionada, debió el Estado Provincial y la Empresa Petrolera Piedra del Aguila S.A. retomar las negociaciones para llegar a un acuerdo que satisficiera los derechos de consulta y participación que constitucionalmente han sido garantizados a los pueblos originarios para casos como el de autos.b) Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y toda vez que en las presentes actuaciones no se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescriptos por el Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los Arts. 6, 7 y 15, Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 inciso 2º, 30 inciso 2º y 32 inciso 2º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, entiendo que corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila S.A. Ello, en tanto su legitimación encuentra un infranqueable valladar en la (constatada en autos) omisión de realización de los referidos procedimientos previos.A mayor abundamiento, creo pertinente citar aquí un reciente precedente de nuestro Máximo Tribunal Provincial en el que se sentó que “el derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente, a fin de establecer los acuerdos o medidas que sean meritorios. Siguiendo la clasificación en la que la doctrina suele aglutinar a los derechos fundamentales, corresponde caracterizarlo como un derecho de prestación, que supone la actuación positiva del Estado para su plena y real vigencia. Su
reconocimiento surge como resultado de la conciencia de la necesidad de abogar de manera especial por la salvaguardia de los intereses de las poblaciones humanas que, por factores ligados a su identidad cultural, se han visto relegadas de los procesos de decisión del poder público y del funcionamiento de las estructuras estatales en general. En ese orden de ideas, se erige como garantía de igualdad o mecanismo de equiparación, en cuanto a la aptitud real de dichas poblaciones de pronunciarse e influir sobre las disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida, a fin de situarla en el mismo plano que la que corresponde a cualquier grupo de ciudadanos. Es concebido en concordancia con los usos democráticos y se inspira en el principio del diálogo como vehículo de concordia (cfr. Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Expte. 3878-2007, sentencia del 21/12/09)” (TSJN, 25/10/10; Acuerdo nº 6 en autos “COMUNIDAD MAPUCHE CATALÁN Y CONFEDERACIÓN INDÍGENA NEUQUINA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, expte. nº 1090/04).Allí se agregó que “dado que el derecho a la consulta tiene por objeto garantizar la participación en la adopción de las decisiones que afectan a las comunidades, no puede consistir en una simple información a dichos entes colectivos, sino que debe propiciar espacios de concertación en la escogencia de las mediadas… Y esos espacios de concertación solo pueden lograrse mediante el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común”.No paso por alto que en el citado precedente el Cimero Tribunal Provincial desestimó la acción promovida por la Comunidad Mapuche Catalán y por la Confederación Indígena Neuquina –en la inteligencia de que la medida cuestionada por éstas (creación del Municipio de Villa Pehuenia), no las afectaba de manera específica y directa-, mas en el caso de autos considero que sí se produjo la mentada afectación, en atención a la índole de los recursos sobre los que recae la concesión provincial y el territorio en el que aquéllos se encuentran.En definitiva y considerando suficientes los argumentos expuestos precedentemente, entiendo que deviene innecesario el tratamiento de los restantes planteos efectuados por los demandados (en especial los que se invocan con fundamento en los Arts. 95 y 96 de la Constitución Provincial) y concluyo rechazando la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila S.A. en los términos pretendidos.Finalmente, más allá de la cuestión planteada, entiendo que en situaciones como la de autos corresponde que actúe el Poder Ejecutivo, cumpliendo con las obligaciones que le imponen el Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio nº 169 de la OIT, el Art. 53 de nuestra Constitución Provincial y las leyes nacionales números 26.160 y 26.554. La claridad de las normas citadas, que imponen cargas elementales al Estado provincial, hace que se deba considerar a todo gobierno que las desatienda, como discriminador de los pueblos indígenas, por falta de actividad, por ausencia de acciones positivas, por omisión en el reconocimiento de sus derechos y de lo que es de su legítima
propiedad, según las normas constitucionales mencionadas.El Estado neuquino inició acciones positivas, cumpliendo con su obligación al conformar una mesa de negociación con las partes en conflicto. Allí tanto la Provincia como la empresa petrolera reconocieron de hecho el carácter de comunidad indígena a los demandados (cfme. acta acuerdo obrante a fs. 539 y 540) así como el carácter intercultural del conflicto entre ambas partes. Luego esas negociaciones se suspendieron, desconociéndose cuál fue la razón de la interrupción. La prosecución de ese camino era, a criterio del suscripto, la única alternativa correcta para resolver el conflicto.El Estado provincial otorga la concesión de la explotación del recurso natural, más allá de las particulares transferencias que de la misma que este caso se han dado a través del tiempo. La empresa que se siente perjudicada debe exigir al gobierno provincial soluciones concretas a este tipo de conflictos, obligándola así a cumplir con los mandatos constitucionales ya referidos. Y si entiende que es necesario y conveniente tener algún tipo de protección, debe contratar una empresa de seguridad privada y abonarle con su patrimonio, brindar protección a una empresa privada con elementos de personal policial por tiempo indefinido no hace otra cosa que desproteger más al ciudadano común, ya bastante desprotegido por la permanente insuficiencia de personal policial y medios de movilidad en la zona de las ciudades de Picún Leufú, Plaza Huincul y Cutral Có.IV.- Atento a la forma en que se resuelve, y en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC), las costas del presente son impuestas a la accionante vencida.Por todo ello FALLO: 1*) Rechazar la acción interpuesta por Petrolera Piedra de Aguila S.A., por los fundamentos expuestos en el apartado III de los considerandos.- 2*) Imponer las costas de la presente demanda en la forma y por los fundamentos expresados en el apartado IV de los considerandos.- 3*) Teniendo en cuenta el mérito, importancia, extensión y éxito de la labor desarrollada, así como las etapas procesales cumplidas, regúlense los honorarios profesionales del Dr. Juan Manuel Salgado, patrocinante de la Sra. Teresa Curruhinca y de los Sres. Victorino, Juan Carlos y Rufino Curruhinca, y letrado apoderado de la Comunidad Mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu, en la suma de pesos tres mil doscientos setenta y ocho ($ 3.278), con más IVA en caso de corresponder, los de los Dres. José Luis Ursagasti, Alejandra Barroso y Marisa Fabiana Mauti, patrocinantes de los Sres. Victorino Curruhuinca y Rufino Curruhuinca, en las sumas de pesos mil ($ 1.000), de pesos mil ($ 1.000) y de pesos ciento cuarenta ($ 140), respectivamente, con más IVA en caso de corresponder, los de la Dra. María Micaela Gomiz, letrada apoderada de la Comunidad Mapuche Lof Huenctru Trawel Leufu, en la suma de pesos quinientos setenta y cuatro ($ 574), con más IVA en caso de corresponder, los de los Dres. Juan Pablo Kohon y Alejandro Diez, letrados apoderados de la actora, en las sumas de pesos mil ciento cuarenta y ocho ($ 1.148), a cada uno, con más IVA en caso de corresponder, los del Dr. Pedro Freixas, gestor procesal de la actora, en la suma de pesos doscientos ($ 200), con más IVA en caso de corresponder, y los de los Dres. Guillermo Díaz y Raúl F. Gaitán, apoderado y patrocinante de
la Fiscalía de Estado hasta fs. 839, en las sumas de pesos doscientos treinta ($ 230) y de pesos quinientos setenta y cuatro ($ 574), respectivamente, con más IVA en caso de corresponder.REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
DR. MARIO O. TOMMASI JUEZ SUBROGANTE Registrado bajo el Nro.: Folio: Año: 2.011.-
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