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Timestamp: 2018-05-26 04:23:10
Document Index: 301505314

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 22', 'Artículo 54', 'Artículo 62', 'artículo 116', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 65', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 133', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 133', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 149', 'artículo 3']

IAllendeB 0.,
LPerezS 0.,
SUPRESIÓN DE LÍMITE MÁXIMO PARA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES EN VIVIENDAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO Y DE LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN MATERIA DE TRABAJO PORTUARIO
ESTABLECIMIENTO DE DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
MAYORES SANCIONES A MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO LESIONES GRAVES GRAVÍSIMAS O MUERTE
SITUACIÓN DE HOSPITAL DE HUASCO. OFICIOS
MAYOR COLABORACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS EN INVESTIGACIÓN DE CASOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES. OFICIOS
Sesión 38ª, en miércoles 13 de agosto de 2014
(De 16:21 a 19:28)
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa; de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; el Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto; del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez, y de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Díaz Verdugo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 35ª y 36ª, ordinarias, en 5 y 6 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, el proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América", suscrito en Washington el 5 de junio de 2013 (boletín No 9.332-10).
Con el segundo expone que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo a fin de otorgar permiso a trabajadoras y trabajadores para efectuarse exámenes de mamografía y de próstata (boletines números 7.990-13 y 8.372-13).
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, acerca del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en los cargos de juez o notario (boletín No 9.372-07).
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada, en el ejercicio del control de constitucionalidad, respecto del proyecto de ley que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica (boletín No 9.155-07).
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 22, inciso tercero, de la ley No 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
1.- Artículo 54, numeral 4o, de la Ley de Matrimonio Civil, contenida en el artículo primero de la ley No 19.947.
2.- Artículo 62, inciso segundo, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Del señor Secretario Ejecutivo (TP) de la Comisión Nacional de Riego:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Matta, relativa a plan de diseño y construcción de tranques intraprediales que se lleva a efecto en el secano interior de las provincias de Cauquenes y de Linares.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre obras de tendido eléctrico que afectan a sitios arqueológicos, especialmente conchales, a lo largo de 37 kilómetros en la Carretera Austral, desde la central La Arena hasta la subestación Melipulli, en Puerto Montt.
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para incorporar a la junta de vecinos entre los entes que pueden oponerse a la instalación de las torres de soportes de antenas reguladas por el artículo 116 bis F del señalado cuerpo legal (boletín No 9.503-15).
De los Senadores señoras Allende y Goic y señores Guillier, Harboe y Letelier, por medio de la cual inician un proyecto que modifica la legislación vigente para mejorar el acceso a empleos en el sector público de personas en situación de discapacidad (boletín No 9.504-06).
Del Senador señor Chahuán, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien enviar una iniciativa con el fin de crear la Dirección Nacional de Puertos, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, encargada de la planificación y elaboración de políticas sectoriales (boletín No S 1.695-12).
Del Senador señor Chahuán, mediante el cual pide a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa que modifique la ley No 15.177, que creó la Confederación Mutualista de Chile, fijando su organización, atribuciones y obligaciones, con el fin de actualizar sus disposiciones adecuándolas a la realidad institucional del país (boletín No S 1.696-12).
De los Senadores señor Navarro, señora Muñoz y señor Quintana, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que impulse el fortalecimiento legislativo, presupuestario e institucional de los derechos del adulto mayor, mediante la creación de un ministerio, y promueva, en el ámbito de Naciones Unidas, la suscripción de instrumentos multilaterales para su protección (boletín No S 1.697-12).
De la Senadora señora Allende, con el que pide a Su Excelencia la Presidenta de la República la proposición del marco normativo para la creación de la figura del defensor del migrante, al interior de la Comisión Defensora Ciudadana (boletín No S 1.698-12).
Del Senador señor Chahuán, para ausentarse del territorio de la república a contar del 14 del mes en curso.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, deseo solicitarle que recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto que figura en el quinto lugar del Orden del Día, es decir, el que modifica la Ley de Tránsito en lo referente al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte, conocido como "Ley Emilia", se coloque en el primer lugar del Orden del Día.
Luego de una ardua y larga tramitación, el Gobierno retomó las iniciativas que se estaban discutiendo y acogió especialmente una que presentamos Senadores, y que incluso, entiendo, se aprobó en general.
Se trata de la discusión general. Creo que existe unanimidad para aprobar la idea de legislar.
Ya habrá tiempo durante el debate particular para estudiar el proyecto en detalle.
De verdad, se trata de un problema que se arrastra por demasiados años. Y pienso que haríamos un gran favor si despacháramos en general la iniciativa, sin perjuicio de las indicaciones que los parlamentarios deseen formular con posterioridad.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Atiendo sus razones, señor Senador. Pero hay un problema: en virtud de los acuerdos de Comités, debemos abocarnos al proyecto de Fácil Despacho y a los dos primeros del Orden del Día.
En consecuencia, podemos subir al cuarto lugar la iniciativa mencionada por Su Señoría, con lo cual daríamos cumplimiento a la petición formulada.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones, se procederá en esos términos.
El señor WALKER (don Ignacio).- Seré muy breve, señora Presidenta.
El lunes 18 del mes en curso, a las 12, vence el plazo para formular indicaciones al proyecto que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales.
Solicito a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para prorrogar dicho plazo una semana, hasta el lunes 25 de agosto, a las 12, porque, aparte otras razones, hay conversaciones bien encaminadas entre los funcionarios de la Superintendencia y el Ministerio.
Estamos muy encima con los tiempos y el próximo viernes es feriado.
A la vez, pido que también se extienda, hasta la misma fecha, el plazo para presentar indicaciones al proyecto que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, iniciativa que va de la mano con la que mencioné anteriormente.
En resumen, mi solicitud es que se prorrogue el plazo para formular indicaciones a ambos proyectos hasta el lunes 25 de agosto, a las 12.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Supongo que Sus Señorías estarán de acuerdo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, como el primer proyecto que debemos tratar es de Fácil Despacho y normalmente en esa parte de la sesión se registran diez, quince, veinte intervenciones, le solicito que se abra la votación apenas se comience a tratar, dado que, además, para aprobarlo se requiere quórum de ley orgánica constitucional.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el señor Senador?
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, habiéndose despachado por la Comisión de Minería y Energía tanto en general cuanto en particular el proyecto que modifica y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía, le solicito que recabe la autorización de la Sala para que la referida iniciativa pase a la Comisión de Hacienda con motivo del trámite de primer informe.
Gracias, señora Presidenta
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como acaba de señalar el señor Presidente de la Comisión de Minería y Energía, la iniciativa ya fue despachada en general y en particular por dicho órgano técnico. La idea es que pase de inmediato a la Comisión de Hacienda.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, pido que se recabe el asentimiento de la Sala a los efectos de ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales: hasta el lunes 25 de agosto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, ayer no fijamos plazo para formular indicaciones a la iniciativa que adecúa la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco.
De acuerdo con lo que habíamos conversado, la idea es que se otorgue un término amplio.
En consecuencia, sugiero fijar el lunes 29 de septiembre.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señoras Allende, Goic y Muñoz y señores Espina y Harboe, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales sean nombradas en los cargos de juez o de notario, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Allende, Goic y Muñoz y señores Espina y Harboe):
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Sesiones 27ª, en 1 de julio de 2014 (se aprueba en general); 28ª, en 2 de julio de 2014 (se fija plazo para formular indicaciones).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto fue aprobado en general en sesión de 1° de julio de 2014.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia en su segundo informe, para efectos reglamentarios, de que la única indicación presentada al texto aprobado en general fue declarada inadmisible, por lo que propone aprobar en particular la iniciativa en los mismos términos en que se aprobó en general.
Cabe señalar que el numeral 1) del artículo único del proyecto reviste carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Antes de comenzar la discusión de la iniciativa, saludo a la delegación del 5º básico del Colegio Galileo, de Quillota.
También doy la bienvenida a la delegación de la Asociación de la Superintendencia de Educación, encabezada por don Patricio Contreras.
De igual modo, saludo a los representantes de la Corporación Nacional del Cáncer de la Cuarta Región.
Asimismo, doy la bienvenida a la delegación de la Unión Portuaria de Antofagasta, encabezada por su vocero, don Pablo Vera.
También saludo a los representantes del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, con su vocero, don Sergio Vargas.
De igual modo, doy la bienvenida a los Portuarios de Coronel, con su vocero, don Pedro Riquelme.
Finalmente, saludo a la delegación del Frente de Trabajadores Portuarios Eventuales y Contratados de Valparaíso, encabezada por su vocero, don Daniel Álvarez.
¡Sean todos bienvenidos! ¡Gracias por estar acá!
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión particular.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde referirme al segundo informe de dicho órgano técnico recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales sean nombradas en los cargos de juez o de notario.
La iniciativa en estudio busca permitir que en lo sucesivo personas con capacidades especiales, en particular quienes sean ciegos, sordos o mudos, desempeñen los cargos de juez y de notario. Con ello, nuestro ordenamiento jurídico experimentará un significativo avance en la eliminación de los preceptos legales que pugnan con las reglas y principios que consagran la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, dando cumplimiento de manera concreta y muy efectiva a las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado de Chile en esta materia.
Este proyecto, originado en moción de la Senadora Allende (Su Señoría invitó a participar en ella a las Senadoras Muñoz y Goic, al Senador Espina y a quien habla), ha concitado un decidido apoyo durante su tramitación. Fue aprobada en general por la Sala en sesión de 1° de julio del año en curso y contó con el voto favorable de la unanimidad de los 25 Senadores presentes.
Abierto un plazo para presentar indicaciones, se recibió solo una, de origen parlamentario, que proponía agregar un artículo 252 bis, nuevo, al Código Orgánico de Tribunales para establecer que el Poder Judicial debería adoptar y ejecutar las medidas conducentes a que personas con capacidades especiales pudieran desempeñarse en los cargos estatuidos en este Código, contemplando, además, la obligación de capacitar a los funcionarios que quedaran bajo la dependencia de dichas personas, de manera de lograr una correcta interacción y adaptación entre ellos.
He de hacer presente que, al comenzar el estudio de este proyecto, su texto original contemplaba la incorporación de un precepto nuevo al Código Orgánico de Tribunales, signado también como artículo 252 bis, que igualmente planteaba para el Poder Judicial un conjunto de obligaciones que perseguían una finalidad análoga.
En ese momento la Comisión consideró que el cumplimiento de tales exigencias irrogaría nuevos gastos para el Poder Judicial, con lo cual se incidía en una de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política. Por ello, dicho precepto fue desechado, dejándose constancia de que la fijación de un lapso para presentar indicaciones daría la oportunidad al Ejecutivo para evaluar esta propuesta y hacerse cargo de ella, si lo estimare procedente.
No hubo indicaciones de parte del Gobierno y, en cambio, se recibió la ya mencionada, de autoría del Honorable señor Hernán Larraín, que, por regular una materia reservada a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, fue declarada inadmisible.
No obstante, en la Comisión hubo consenso para aceptar el criterio del Senador Larraín, en el sentido de que, pese a no haberse incorporado esa norma en el proyecto, bien cabe entender que la Excelentísima Corte Suprema podrá fijar, a través de auto acordados, ciertos criterios que permitan implementar la iniciativa en estudio y posibilitar, de este modo, que personas con capacidades especiales desempeñen en la debida forma los cargos de juez y de notario. De este modo, corresponderá al Máximo Tribunal supervisar la aplicación de la ley en proyecto y regular los sistemas de apoyo especial que se requieran ante los casos concretos que se presenten, considerando las particularidades de las respectivas situaciones.
Por consiguiente, se mantuvo el texto de la iniciativa en sus mismos términos.
En razón de ello, le solicito a esta Honorable Corporación aprobar en particular el proyecto de ley.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Conforme a lo acordado con anterioridad, se abrirá la votación.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, autora de la iniciativa.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los parlamentarios y a las parlamentarias que me acompañaron en la moción. Me refiero a las Senadoras Goic y Muñoz y a los Senadores Espina y Harboe.
De igual forma, doy las gracias a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pues con gran celeridad tramitó este proyecto y lo aprobó por unanimidad.
Incluso, agradezco la indicación formulada por el Senador Larraín, que, pese a ser declarada inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, me muestra el ánimo que había en el sentido de superar un eventual obstáculo.
La inspiración de este proyecto fue la situación de Darío Alfaro, a quien saludo a la distancia, joven estudiante de 5º año de Derecho de la Universidad de Chile que manifestaba su frustración porque, debido a su condición de persona ciega, no podía cumplir el gran anhelo de su vida: entrar a la magistratura, o sea, formar parte de los tribunales de justicia de nuestro país.
Revisando la legislación, nos damos cuenta de que desde hace 43 años en el Código Orgánico de Tribunales se encuentra establecido expresamente que se les impide a los ciegos acceder al cargo de juez.
Evidentemente, estamos hablando de una época bastante pasada, que no corresponde a los tiempos de hoy. Una norma de ese tipo inserta en la ley orgánica de tribunales contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros suscribimos.
Asimismo, contradice la Carta Fundamental, que impide todo acto de discriminación arbitraria.
Y también, una legislación nacional de más reciente aprobación. Sus Señorías deben de recordar la que se conoce como "Ley Zamudio", que constituye un importante paso adelante para evitar discriminaciones, y más aún, discriminaciones arbitrarias.
Por eso, señor Presidente, reitero mi agradecimiento a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por la rapidez y seriedad con que tramitó la moción pertinente. Vaya mi sincero reconocimiento a sus integrantes.
Y quiero decirle a este Senado que, después de cuatro décadas, vamos a hacer muy bien en derogar las normas respectivas. E insto a todos mis colegas Senadoras y Senadores a aprobar esta iniciativa, para que se transforme en ley cuanto antes y nunca más tengamos que presenciar el hecho de que un joven estudiante de quinto año de Derecho que debe superar la adversidad que significa ser ciego no pueda ingresar hoy a la carrera judicial porque se lo impide la normativa vigente.
Se trata de preceptos legales anquilosados, que han perdido su actualidad, que no se corresponden con los tiempos que vivimos.
Incluso, si revisamos la legislación comparada, veremos que la circunstancia de que un juez sea ciego, sordo o mudo no es un obstáculo. Específicamente, en Brasil, Perú, Estados Unidos y España, entre otros países, existen normas que posibilitan de modo expreso que personas discapacitadas, o con capacidades especiales o diferentes, como nos dice ahora el SENADIS, accedan a la magistratura.
Porque creo que con nuestro trabajo legislativo debemos avanzar hacia una sociedad que no discrimine, que incluya, que les permita a las personas desarrollarse según sus capacidades sin sufrir ningún estigma, opino que haríamos muy bien en apoyar esta iniciativa.
Por eso, precisamente porque buscamos mayores espacios de integración social, más justicia y mayor igualdad, quiero nuevamente, junto con agradecer el apoyo entregado, solicitarle a la Sala la rápida aprobación de este proyecto.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo a los alumnos de Octavo Básico del Colegio Quillahue, de La Florida, que se encuentran en las tribunas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Hago presente que hay siete inscritos, que esta iniciativa es de Fácil Despacho y que Sus Señorías están fundando el voto.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto nos permite avanzar de manera significativa.
Derogar los artículos pertinentes de nuestro Código Orgánico de Tribunales implica terminar con una discriminación evidente.
Por lo tanto, tal como lo dijimos en la discusión general, cabe manifestar un reconocimiento a quienes han impulsado esta iniciativa, que hoy estamos aprobando unánimemente.
No obstante, creo que la indicación del Senador Larraín era absolutamente indispensable. Y llamo al Gobierno a considerar el punto, para que el derecho de los discapacitados a ser jueces vaya acompañado de la obligación de disponer los elementos que les permitan llevar adelante sus funciones.
Tengo aquí el fallo que un juzgado de Chillán emitió el 1° de agosto -es reciente- ante una discriminación arbitraria cometida el 17 de marzo del presente año contra una abogada, doña María Rebeca Riesco, ciega, quien debió demandar al Servicio de Salud de Ñuble por tal motivo. Y dicho tribunal sancionó a este Servicio porque discriminó arbitrariamente a la profesional ya individualizada.
En el numeral Vigésimo Quinto de la sentencia se le ordena al Servicio de Salud de Ñuble contratarle una asistente de confianza a esa abogada ciega y entregarle una sala adecuada para que pueda realizar su función en igualdad de condiciones.
Sin embargo, lo más importante del fallo es que le expresa al mencionado Servicio que en lo sucesivo, cuando contrate a una persona con algún grado de discapacidad, deberá tomar las medidas indispensables para evitar una discriminación arbitraria.
Una medida de tal índole es razonable, pues impide que alguien contrate a un discapacitado, no tome ninguna medida para permitirle ejercer su función y con ello vuelva letra muerta lo que estamos aprobando hoy.
Ese aspecto podemos aclararlo adecuadamente, señora Presidenta.
Está bien que aquí se pida un auto acordado de la Corte Suprema. Empero, estimo que debemos buscar la sensibilidad de la ley, el mandato legal, pues son extraordinariamente necesarios.
En tal sentido, la indicación del Senador Larraín era del todo pertinente.
Considero que no podemos quedar sujetos siempre, en cada caso concreto, a que el día de mañana exista un auto acordado o a que un tribunal, como el juzgado de Chillán que mencioné, le ordene a un servicio tomar acciones para un caso particular de discriminación arbitraria y "en lo sucesivo" proceder de determinada manera.
Creo que, atendido el avance que hoy estamos logrando, bien vale la pena hacer el esfuerzo de requerirle al Gobierno una normativa especial sobre el punto.
Yo me estoy refiriendo a una abogada notable, con magíster, de alta calificación profesional, que debido a su ceguera precisa, para realizar sus labores del mismo modo que otros colegas, tres cosas: un computador ad hoc, un asistente y una sala especial. Así ella podrá cumplir su tarea de manera adecuada.
Eso, en mi concepto, debemos ponerlo necesariamente en la ley y no dejarlo al mero arbitrio, a la mera voluntad de un organismo que asuma motu proprio la resolución de esta clase de problemas.
Tenemos que sacar todos los obstáculos que impiden el desenvolvimiento laboral de las personas discapacitadas.
Por tanto, vuelvo a valorar esta normativa, señora Presidenta, que es de su iniciativa, porque constituye un avance significativo. Y espero que no sea letra muerta por carecer de una norma mediante la cual se obligue a todas las instituciones del Estado a establecer las condiciones adecuadas para que las personas con capacidades especiales realicen de forma competente su cometido profesional.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir otorgando la palabra, quiero saludar a las alumnas de la Escuela República de Uruguay, de Valparaíso, que nos visitan esta tarde.
¡Muy bienvenidas!
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, sin duda, de este debate y del análisis técnico de los antecedentes de que disponemos se desprende que Chile tiene una gran deuda con los discapacitados.
Por consiguiente, este proyecto es un aporte en esa línea.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud estiman que 15 por ciento de la población de los países sufre de alguna discapacidad. Si las proyectamos al número de habitantes de Chile, podemos decir que aquí 2 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad.
Por otro lado, de las múltiples barreras que deben enfrentar los discapacitados, una de las más graves y de efecto socioeconómico más negativo es su dificultad para acceder a los puestos de trabajo, pues, salvo honrosas excepciones, nadie en un ministerio, en un servicio público, en igualdad de condiciones, prefiere contratar a gente con capacidades especiales.
En consecuencia, el objetivo de esta iniciativa de eliminar los preceptos legales que pugnan con normas y principios que consagran la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria va en la línea correcta y, por supuesto, en beneficio de todos los habitantes de la república para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
No obstante, quiero llamar la atención del Senado respecto a lo siguiente.
Si bien esta iniciativa es buena y constituye un paso importante, aún quedamos muy al debe con el mundo de la discapacidad.
En 1994 aprobamos la ley N° 19.284, sobre plena integración de los discapacitados a la sociedad, que es, sin duda, la mejor manera de ayudarlos. Porque estoy seguro de que ninguno de ellos quiere estar en una esquina pidiendo; ni depender de su familia, ni, en último término, ser carga del Estado. Lo que desean es integrarse totalmente y tener posibilidades.
He presentado proyectos sobre el particular, pero se han declarado inadmisibles.
Está en la Sala la Ministra de Vivienda, quien no es del área; en todo caso, representa al Gobierno. Quiero decirle, por ende, que sería muy importante, ya que nos gusta compararnos con la OCDE en todo tipo de cosas, que lo hagamos también en esta.
¿Qué hacen los países de la OCDE? Eliminar una traba que todavía existe aquí, en Chile: la norma según la cual para ingresar a la Administración Pública hay que tener salud compatible con el desempeño de la función respectiva.
A raíz de esa disposición, ¡en nuestro país ningún discapacitado puede trabajar en el sector público!
Además, la Contraloría sostiene que ello es imposible.
Entonces, yo propuse a través de un proyecto de ley, el que fue declarado inadmisible, que un porcentaje -uno por ciento, dos por ciento- de los llamados a concurso en la Administración Pública se dejara para los discapacitados, a fin de que ellos compitieran en igualdad de condiciones y pudieran tener un espacio que les permitiera dejar de ser carga de su familia o del Estado.
Ese es un camino que debiéramos empezar a recorrer, con la finalidad de igualar la cancha.
Porque la Presidenta de la República ha dicho muchas veces que uno de sus objetivos es igualar la cancha, terminar con las diferencias odiosas.
¡Esta es una diferencia muy odiosa!
No me cabe ninguna duda de que numerosos discapacitados quieren trabajar y tienen las condiciones para hacerlo. ¡Pero es precisamente en el Estado donde no encuentran ningún eco!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Seré muy breve, pues ya nos referimos con estusiasmo a este proyecto durante la discusión general.
Señora Presidenta, quiero reiterar mis felicitaciones a su iniciativa, que hace justicia y empieza a dar una señal muy poderosa para que las personas que tienen capacidades diferentes no sientan que están marginadas de las posibilidades de actuar con plena normalidad en todas las esferas de la vida.
Así como en esta oportunidad se da un paso en un aspecto concreto, espero que en todos los ámbitos, como señalaba el Senador Prokurica, pueda cumplirse de la misma manera.
Ahora, quiero referirme a la indicación que presenté.
Tal como se manifestó en la Comisión, había pleno acuerdo con ella. Empero, se estimó inadmisible decirle al Presidente de la Corte Suprema que debía disponer todos los medios necesarios para que los jueces pudieran desempeñarse adecuadamente cuando una situación objetiva lo impidiera. Por ejemplo, ante una prueba testimonial, un magistrado sordo no va a oírla; sin embargo, en tal caso debe adoptarse una medida para que ese juez pueda, valiéndose de un tercero, cumplir su rol en plenitud.
En consecuencia, es muy relevante que los magistrados tengan los medios indispensables para tales efectos.
Ya recordaba el Senador Pérez el fallo mediante el cual se obligó a un servicio de salud a facilitar todos los medios necesarios para el desempeño de una abogada ciega, pues lo contrario implicaba discriminarla en el ejercicio de su función.
En ese espíritu, señora Presidenta, y sobre la base de que usted y los demás Senadores que han intervenido reconocieron la importancia de aquel complemento, tal vez el Senado podría oficiar al Gobierno -porque la inadmisibilidad emanaba del hecho de darle atribuciones a un ente público- para que en el segundo trámite constitucional presentara una indicación conducente a establecer como un mandato legal a la Corte Suprema adoptar cuanto sea menester para el desempeño de las personas con capacidades especiales, de modo que estas no sean una limitación al ejercicio de sus funciones.
Por lo demás, votaremos que sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, podemos oficiar al Ejecutivo para que en el segundo trámite constitucional presente una indicación en el sentido de la que formuló el Senador señor Larraín. Ello, en la idea de prevenir, por decirlo de algún modo. Porque convengo absolutamente en que hay que buscar la manera de dar todas las facilidades para que las personas con capacidades especiales ejerzan su función plenamente en el Poder Judicial.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, yo quisiera simplemente señalar que este proyecto tiene una enorme virtud, pues no solo deroga las disposiciones que prohíben ser juez o notario a los sordos, ciegos y mudos, sino que además plantea un desafío no menor para el Poder Judicial: transformar en realidad esta normativa.
Hoy los avances logrados han hecho que estemos construyendo una sociedad más inclusiva, en todos los aspectos.
A mi entender, constituye un tremendo avance que vayamos eliminando obstáculos para conseguir que personas con capacidades especiales -en este, caso los ciegos, los sordos y los mudos- vayan incorporándose en plenitud a todas las labores existentes en nuestra comunidad.
Por supuesto, estamos dando un paso muy relevante. Pero tan importante como eso es que la normativa en debate se implemente. Porque no hay nada peor que crear expectativas y que luego la ley pertinente sea letra muerta.
Esta es una muy buena iniciativa. Y agradezco que la Senadora Allende nos haya pedido a algunos acompañarla en el patrocinio. Pero el desafío consiste en hacer un seguimiento a la implementación de la ley respectiva.
Porque se registra una situación bien paradójica.
Una persona puede ser ciega, sorda o muda y estudiar Derecho. En la universidad tuve compañeros con esas condiciones especiales; particularmente, compañeros ciegos. Y para muchos de ellos resultaba muy frustrante -uno a veces no se daba cuenta- tener vocación de juez y sin embargo, tras someterse a exámenes orales y titularse de abogado, al desear ejercer su profesión en la judicatura -un problema parecido afecta a los notarios; no obstante, me estoy refiriendo a los jueces- se encontraban con un muro que les impedía hacerlo.
Entonces, todo lo que signifique obligar a la sociedad a levantar obstáculos y posibilitar que las personas con capacidades especiales se incorporen requiere no solo la aprobación de este proyecto, sino, además, poner en práctica de verdad la ley pertinente.
Aquí se ha hecho un planteamiento. Yo pido que el Senado, y particularmente quienes estén en su Presidencia, y los Comités hagan un seguimiento. Y no se trata de un asunto vinculado solo con la ley en proyecto.
En algunos casos, como se ha señalado, hay apreciación de la prueba de testigos; a veces se requiere reconstitución de escena, o que los magistrados perciban los hechos para formarse convicción plena a los fines de juzgar y aplicar justicia.
No debemos olvidar que al ingreso de los edificios pertinentes no dice "Tribunales de Derecho", sino "Tribunales de Justicia".
Por lo tanto, se trata de un desafío enorme: para el Poder Judicial, para el Gobierno y para el propio Parlamento.
En consecuencia, me alegra infinitamente que hayamos podido tramitar en forma tan rápida la ley en proyecto.
Le reitero nuestros agradecimientos, señora Presidenta, por habernos pedido a algunos que la acompañáramos.
Por último, dejo planteado, para la historia fidedigna de su establecimiento, que una cosa es lo que dice la ley y otra cómo ella se aplica en la práctica. Porque muchas veces la experiencia demuestra, al momento de evaluar, que la implementación práctica de una legislación se torna más lenta y a veces no existe el seguimiento necesario para hacerla realidad.
Por tales consideraciones, voto a favor.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, el proyecto que estamos votando en particular representa un avance hacia el reconocimiento a las personas con capacidades especiales. Más en concreto, elimina de nuestra legislación algunos resabios, como los de los artículos 256 y 465 del Código Orgánico de Tribunales, que contienen para el ejercicio de las funciones de juez y de notario restricciones que, con el avance tecnológico, hoy carecen de fundamento.
En esa misma línea ha razonado la respuesta al oficio que el Senado le envió al Presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, quien informó favorablemente el proyecto en debate.
Constituye una decisión que refuerza la orientación de las últimas tendencias en los derechos interno e internacional, ya que se contará con respaldo normativo y de instrumentos prácticos para que las personas con capacidades especiales puedan desempeñar también las funciones de juez o de notario.
Acogiendo las palabras del Senador señor Espina, espero que logremos, de alguna manera, que el proyecto sea una realidad y no quede solo en la intención.
En virtud de las consideraciones anteriores, votaré a favor.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, ya no en mi condición de Presidente del órgano técnico, sino más bien en la de ser uno de los autores de la moción, deseo agradecerle, primero, que nos haya invitado a firmarla.
Segundo, quisiera consignar que, tal como Su Señoría lo manifestó de muy buena forma, la norma en el Código Orgánico de Tribunales data de hace cuatro décadas y la verdad es que no condice con el estado actual del desarrollo de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito internacional.
El ordenamiento jurídico es evolutivo y los derechos fundamentales se van desarrollando de acuerdo con las sociedades, y los principales códigos internacionales establecen hoy día la igualdad y la no discriminación. Obviamente, la disposición aludida era un elemento de discriminación, a nuestro juicio arbitrario, mas no ilegal, que teníamos que modificar. Por eso celebro la moción.
Uno de los aspectos planteados como duda o reflexión fue el de qué ocurría con el principio de inmediatez, por ejemplo, contemplado en el Código Procesal Penal. ¿Qué pasaría en aquellos casos en que el elemento de prueba en el proceso es un video o una fotografía? ¿Cómo podría observarlos un juez con una capacidad especial y que carece de visión?
Justamente aquí es donde la discusión en la Comisión de Constitución y la indicación del Senador señor Larraín cobraban mucha importancia.
En algún minuto pensamos en enmendar el Código. Pero podría darse una cantidad de hipótesis, en realidad, no solo respecto de un video o una fotografía como elementos probatorios, sino también en relación con otras circunstancias. ¿Qué reacción cabría ante una amenaza que se dirigiera, en un tribunal, desde el público a un juez y que no pudiese ser percibida por la falta de un sentido?
Ese es el valor de la indicación mencionada. Siendo inadmisible, por cuanto irroga gastos, la asumimos en la Comisión como un criterio que dejamos establecido. Y esperamos que el Gobierno la haga suya en el segundo trámite, porque le permitirá a la Corte Suprema, en el ejercicio de la denominada "superintendencia correctiva y discrecional", instruir a los tribunales de justicia, caso a caso, acerca de las diferentes medidas que deben adoptar para efectos de superar las circunstancias que pueden presentarse en la práctica.
En la situación que estaba citando, de un proceso penal en el que un elemento de prueba determinante fuera un video o una fotografía, la Corte podría disponer ex ante que subrogara otro juez, o bien, que fuera posible algún tipo de apoyo adicional al lado del magistrado, como el del secretario o el de otro funcionario.
Todos estos aparentes problemas prácticos pueden ser solucionados sin la necesaria rigidez de considerarlos en la ley, sino más bien por la vía de facultar al Máximo Tribunal para ir adaptando las circunstancias caso a caso, sin alterar, obviamente, el principio de la inmediatez del procedimiento.
En consecuencia, creo que este es otro de los desafíos del derecho: contar con la flexibilidad suficiente para poder ir adecuando a situaciones particulares la integración de personas con capacidades especiales.
Por eso, señora Presidenta, reitero mi apoyo a esta moción de su autoría y la felicito.
Además, la iniciativa viene a materializar en el derecho interno el contenido de tratados internacionales ratificados por nuestro país y que claramente apunta en la dirección correcta, cual es la integración en la sociedad, de manera real, concreta, de personas con capacidades especiales.
Creo que en el futuro enfrentaremos un desafío que no tiene que ver con el proyecto de ley en debate, sino con la conveniencia, por ejemplo, de que en la Ficha de Protección Social se determine una disminución de puntaje para aquellas familias que incluyan a una persona con un grado de discapacidad. Porque, muchas veces, el padre o la madre no pueden trabajar al tener que atenderla, y eso afecta su capacidad económica.
Y, de igual forma, ya que se encuentra presente la Ministra de Vivienda, cabe reiterar lo que hemos planteado en numerosas oportunidades en el sentido de que en todos los procesos de licitación de infraestructura pública y en las normas urbanas sea obligatoria la incorporación de criterios respecto de las personas con discapacidad o con capacidades especiales, particularmente para que puedan desplazarse por aceras y veredas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, el Premio Nacional de Derechos Humanos recayó en el presente año en María Soledad Cisternas, abogada de excepción, gran defensora de los derechos humanos de segunda y de tercera generación, y Presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Es una mujer no vidente, pero no ha enfrentado limitaciones en su desarrollo intelectual y profesional. Al contrario. Ha sido un aporte sistemático a nuestro país.
Lo absurdo es que el nuestro es un marco legal discriminatorio, determinante de que Chile pierda, por prejuicios profundos, capital humano y el aporte de personas de capacidades distintas. Se cree que, por una limitación auditiva, visual o de otro tipo, una persona no puede alcanzar un desarrollo intelectual y profesional de primer nivel.
Junto con rendirle mi reconocimiento -y creo que el homenaje de todos los integrantes del Senado- a una mujer tan destacada como Soledad Cisternas, no puedo menos que constatar que ella no podría ser hoy jueza ni notaria y que encontraría barreras en el acceso al mundo del trabajo. Vamos a votar a favor, por cierto, para irlas derribando.
Y espero que en la Comisión de Constitución, presidida por nuestro colega Harboe, podamos avanzar en la reforma constitucional tendiente a garantizar que en nuestro país se reconozca la obligación y la responsabilidad del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades. Ello, con el objeto de que en la generación de empleo para personas con capacidades distintas se ejecuten acciones positivas al respecto en todos los ámbitos, tanto el público -es el caso del proyecto que nos ocupa- como el privado.
Me pronuncio a favor, entonces, de la medida de que se trata, que es antidiscriminatoria por sobre todo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Senadora señora Lily Pérez no se encuentra presente en este momento.
Puede intervenir el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, me parece que el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales sean nombradas en los cargos de juez o de notario -y, de paso, terminar con la discriminación involucrada en los artículos 156 y 465 del Código Orgánico de Tribunales-, va en la dirección correcta. Consideramos muy importante establecer el principio de integración y finalizar la diferenciación.
En este sentido, quiero rendirle un homenaje a uno de los mejores alumnos de mi curso en la carrera de derecho en la Universidad de Valparaíso, Cristián Rojas, quien lamentablemente no ha podido acceder a una fuente laboral. Cuando postuló, en forma reiterada, al Poder Judicial para los efectos de ocupar un cargo en el escalafón de la Judicatura, no le fue posible trabajar en tales funciones a pesar de haber sido uno de los mejores estudiantes de nuestra generación.
Deseo manifestarle, señora Presidenta -y, por su intermedio, a los restantes autores de la moción-, que con la iniciativa que nos ocupa se está llegando al corazón de familias, de personas.
No solo le estamos poniendo término a un resabio discriminatorio en nuestro ordenamiento, sino que también estamos cambiando, en virtud de la moción -y quiero felicitar a Su Señoría por eso-, las vidas de familias que hicieron un esfuerzo muy importante para que algunos de sus integrantes estudiara una carrera. Muchos de ellos han sido alumnos destacados y finalmente se han encontrado con la barrera de entrada constituida por disposiciones que, en definitiva, han establecido una discriminación.
Esperamos que el proyecto sea aprobado prontamente.
Ojalá que la indicación del Senador señor Larraín pueda ser patrocinada por el Gobierno en la Cámara de Diputados.
Aprovechando la presencia de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y secundando al Senador señor Harboe, destaco la conveniencia de proseguir con los programas de vivienda, bastante interesantes, dirigidos fundamentalmente a quienes presentan capacidades diferentes. Se ha hecho un esfuerzo muy importante al respecto en la comuna de San Antonio, por ejemplo. Puedo consignar que particularmente no videntes o personas con otra discapacidad han podido acceder, con subsidio, a sectores de viviendas sociales.
Por lo tanto, señora Presidenta, deseo expresar que el proyecto va en la dirección correcta y que vamos a aprobarlo, por supuesto. Y felicito a Su Señoría, porque el principio de integración debería inspirar toda nuestra legislación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, el Senador señor Letelier hacía recién un comentario sobre María Soledad Cisternas, una abogada no vidente que en la Comisión de Derechos Humanos nos ha apoyado muchísimo con relación a varias iniciativas que hemos presentado o que el Ejecutivo ha enviado. Y realmente ha sido un aporte. Cada vez que la hemos escuchado, lo que menos hemos percibido es su falta de visión. Por el contrario, es lo accesorio en su persona.
Deseaba iniciar mi intervención mencionando lo anterior, porque creo que el proyecto en análisis pone en su justa dimensión a quienes presentan capacidades especiales o distintas. La teoría del desarrollo moderna hace referencia a este último concepto y no a "discapacidades" y "discapacitados", términos que, en el fondo, dan cuenta de quienes no tendrían ningún tipo de capacidad.
Efectivamente, si alguien en silla de ruedas o que usa muletas es puesto en una correa transportadora al lado de otro que no necesita tales dispositivos, avanzará a la misma velocidad.
Si alguien ayudara a María Soledad al avanzar, ella caminaría igual que aquellos que poseen visión.
Por tal motivo, considero que la indicación de mi Honorable colega Larraín, que afortunadamente todos hemos respaldado, es muy importante.
Y la felicito a usted y a quienes han patrocinado la moción, señora Presidenta, porque constituye otro grano de arena que se va anotando en el listado de lo relevante que en el Senado hacemos en la materia.
El señor Senador tiene mucha razón en su proposición, porque es preciso proporcionar las herramientas para que las personas con capacidades distintas o especiales puedan ejercer su labor.
El Honorable señor Pérez, por su parte, dio a conocer un ejemplo muy claro del problema, acaecido en el Servicio de Salud de Ñuble.
No podemos buscar la judicialización de muchos casos para tener que introducir modificaciones a una norma que finalmente despache esta Corporación.
Ni en la integración de Corte ni en los concursos públicos para el cargo de notario se incluyen personas con algún tipo de capacidad especial o distinta, porque estas saben que no contarán con los elementos del mundo tecnológico que pueden servir de herramientas para desarrollar posteriormente su trabajo.
Por esa razón, la ley en proyecto, que a lo mejor parece muy simple, finalmente resulta muy emblemática de cómo queremos mostrar la inclusión también respecto del Poder Judicial, que siempre se ve muy ajeno a toda normativa de esta índole.
En el contexto de que logramos sacar adelante una ley contra la discriminación, de que hemos ido avanzando en todo lo que dice relación con la mayor inclusión de niños, de jóvenes, de adultos mayores, tenemos que lograr que un ideal se transforme en una realidad.
No solo voto que sí, entonces, en cuanto a un proyecto que me parece superaportador, sino que también me gustaría que consiguiéramos mejorarlo en un brevísimo plazo a través de la indicación del Senador señor Larraín. De ese modo se completaría el texto y contaríamos con integrantes de Corte y notarios que pudieran disponer de las herramientas suficientes para ejercer sus labores en completa conformidad con el derecho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Deseo recordar que se resolvió enviar un oficio, en nombre de toda la Sala, para solicitar que el Ejecutivo patrocine la indicación a que se ha hecho referencia.
Agradezco a todos ustedes la rápida tramitación y el apoyo brindados a la iniciativa.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 31 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la tabla de Fácil Despacho.
Boletín N° 9029-14
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.029-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martín y señores Muñoz Aburto y Sabag):
En primer trámite, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
En tercer trámite, sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Vivienda y Urbanismo: sesión 68ª, en 5 de noviembre de 2013.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 86ª, en 15 de enero de 2014.
Sesiones 70ª, en 19 de noviembre de 2013 (se aprueba en general); 86ª, en 15 de enero de 2014 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Habiendo comenzado la tramitación de la iniciativa en esta Corporación, la Cámara de Diputados reemplazó el artículo único propuesto por el Senado, modificatorio del artículo 1° de la ley N° 20.671, que renueva y enmienda el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251. Lo sustituyó por una disposición que detalla los requisitos para tal efecto.
Asimismo, incorporó una norma que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones; un artículo 3° que señala que corresponderá a la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo impartir instrucciones mediante circulares para la aplicación de las disposiciones en examen, y un artículo transitorio relativo a la forma en que debe contarse el plazo establecido en el inciso primero del mencionado artículo 1° de la ley N° 20.671, especificando que se contará desde la fecha de publicación de la ley en proyecto.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la otra rama del Congreso.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión las enmiendas.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, varios integrantes de la Comisión de Vivienda en el período legislativo anterior firmamos una moción destinada a llenar un vacío que dice relación con cientos de miles de viviendas en que no se habían regularizado las ampliaciones.
Nos encontramos, en efecto, con que la llamada "Ley del mono", de fácil trámite, que permitía cubrir hasta 25 metros cuadrados, no era aplicable cuando se excedía ese límite.
En algún momento de la historia, el Estado otorgó viviendas progresivas y sus titulares construyeron ampliaciones con su propio esfuerzo, pero que sobrepasaban la superficie mencionada.
Entonces, una legislación sencilla, con la que quisimos favorecer a los más vulnerables, no se pudo aplicar.
Pero lo más grave, señora Presidenta, es que la inmensa mayoría de las familias involucradas ambiciona postular, por ejemplo, a mejoramientos o a protección térmica mediante los subsidios de protección familiar del Ministerio de la Vivienda, que ni siquiera puede aceptarles la postulación si primero no se halla regularizada la ampliación aludida.
Se genera, entonces, el problema de que quienes más requieren respaldo no cuentan con el apoyo del Estado para ser atendidos a través del subsidio cuando el Ministerio regularmente llama a postular a mejoramientos, ampliaciones o al subsidio térmico, tal como he señalado. Este último tiene mucho que ver con el tema de la contaminación. A las mismas familias que tienen pocas posibilidades de proteger su hogar, las estamos obligando a gastar tres o cuatro veces más en combustible para temperar una vivienda que está haciendo agua por todos lados.
Por lo tanto, se requiere una política integral, se requiere regularizar, se requiere atender a las familias, y por eso presentamos este proyecto, aprobado por unanimidad en el Senado, que era muy simple: permitía que la misma ley vigente hoy aceptara ampliaciones, no de hasta 25 metros, sino de hasta 90 metros. Y así fue despachado a la Cámara de Diputados.
En el intertanto, se produjo el incendio de Valparaíso, y entonces los parlamentarios, con algún sentido de razón, opinaron que había que mirar mejor una legislación que pretendía regularizar viviendas sin protección, sin cortafuegos, de modo de garantizar, además de su dignidad, su seguridad. Entonces, se formularon correcciones que recogió el Ministerio de Vivienda, el que, en definitiva, presentó una indicación sustitutiva.
A través de ella se estableció que el trámite para regularizar ampliaciones de hasta 90 metros, el cual debe seguirse ante una dirección de obras, ya no sería tan simple. Aparte de otros dos documentos, ahora tendrá que acompañarse el informe de un profesional competente que certifique que la ampliación cumple ciertas normas mínimas. Es cierto, no se van a satisfacer todas las disposiciones de la Ley de Urbanismo y Construcciones y del correspondiente reglamento, pero sí se van a exigir algunas cosas que, siendo simples, para los afectados son caras e imposibles de llevar a cabo. Yo le dije a la Ministra que las normas establecidas en la Cámara e incorporadas mediante una indicación sustitutiva no iban a resolver el problema de seguridad, ni mucho menos el problema de la ampliación, pues, en definitiva, los propietarios de viviendas sociales no cuentan con recursos.
Por eso, la Ministra se comprometió a cambiar el reglamento de llamado a subsidios para mejoramiento de la vivienda incorporando en los recursos destinados a este fin aquellos que sean necesarios para la regularización, de tal modo que si una construcción necesita un cortafuego, en el subsidio de ampliación o de protección térmica que se solicite se agregue el costo del diseño del profesional y el costo del mejoramiento de seguridad.
En consecuencia, este proyecto estaría incompleto sin la otra parte, para la cual no tenemos iniciativa, pero sí el Ejecutivo. Y este, como acabo de señalar, se comprometió a modificar el reglamento del llamado a licitación para los efectos de que en el subsidio que se entregue se incorporen los costos que involucre la regularización. Es decir, esta última se complementa con el subsidio.
Pienso que este es un paso muy importante en favor de cientos de miles de familias que no han podido obtener, ni un mejoramiento, ni tampoco la regularización de su vivienda.
Sin embargo, queda pendiente el tema de la regularización -ya aprobada por el Senado- del inmueble original. Este proyecto solo se ocupará de las ampliaciones. Para lo otro el Ministerio presentará un proyecto de ley aparte -ya en estudio-, porque también son miles las familias que tienen ese problema, que es más complejo. Por nuestro lado, esperamos ayudarlas a que regularicen sus inmuebles y de ese modo puedan recibir un beneficio del Estado para mejorar su calidad de vida.
Por lo tanto, señora Presidenta, invito a mis colegas a votar favorablemente esta iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se me ha solicitado abrir la votación.
Por lo tanto, en votación las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, este proyecto modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de 90 metros cuadrados.
El Senador Tuma, que me antecedió en el uso de la palabra, tiene muchísima razón. Este proyecto hay que votarlo favorablemente. Representa un enorme avance. Lo que se permitía regularizar eran 25 metros cuadrados; hoy se llega a los 90 metros cuadrados.
En conversación con la señora Ministra -que ya no se encuentra en la Sala-, le hice ver la situación particular que se da en la Región de Magallanes.
Ahí, cerca de un 40 por ciento de las viviendas son de autoconstrucción. Y fueron progresivas. Primero partieron con la entrega o toma de los terrenos; luego se edificaron una, dos o tres piezas. Y, en general, sus dueños son personas ya muy mayores, que viven en sectores poblacionales de gente jubilada, y que han logrado edificar viviendas que superan los 90 metros cuadrados. Se trata de viviendas de autoconstrucción que van de los 100 a los 140 metros cuadrados y que justamente requieren los beneficios mencionados en la intervención anterior: termoaislación; mejoramiento general; aislamiento en ventanas, etcétera.
Hace pocos días en Punta Arenas sufrimos rachas de viento de casi 140 kilómetros por hora. Tuvimos un invierno donde estuvimos dos días aislados, sin poder salir ni por tierra ni por aire (no tuvimos acceso a aviones). Había muchísima nieve y -repito- vientos arrachados de casi 140 kilómetros por hora. Esto ocurrió hace menos de una semana.
Por eso, es necesario que esas viviendas, de autoconstrucción, que ya tienen muchos años de haberse edificado, puedan acceder a los beneficios de mejoramiento, de termoaislación, sobre todo si se considera que sus propietarios son mayores, por lo general pensionados.
Estas personas no podrán regularizar sus ampliaciones, pues se hallan fuera del límite, antes de 25 metros, ahora de 90 metros cuadrados. Sé que algunas van a calzar, pero la mayoría quedará fuera.
Por eso, señora Presidenta, quiero solicitar a la Mesa y, por su intermedio, a la señora Ministra de Vivienda, a quien ya se lo planteé, que se acceda a estudiar un mecanismo que permita que en regiones -como las de Magallanes y de Aysén, que tienen muy similares características de habitabilidad y de clima- se pueda llevar adelante un proceso que, en alguna medida, haga posible ampliar el límite de 90 a 140 metros cuadrados.
Con eso estaríamos dando una solución absolutamente integral a miles de familias que en la Patagonia, producto de la rigurosidad del clima, producto de habitar casas de autoconstrucción que fueron creciendo con los años pero que en la actualidad se hallan absolutamente deterioradas, hoy continúan sin poder regularizar sus viviendas.
De ahí que le solicito encarecidamente a la Mesa que usted encabeza, señora Presidenta, que a la Ministra del ramo -con quien ya he conversado el asunto, tal como lo señalé- se le pida estudiar un mecanismo de excepción particular para la Patagonia chilena.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecerle la palabra al Senador Manuel José Ossandón, quiero dar una explicación.
La Ministra de Vivienda estuvo en la Sala, pero, lamentablemente, como hubo muchas intervenciones en Fácil Despacho, tuvo que retirarse. Vino especialmente a la discusión de este proyecto. Sin embargo, debió partir para alcanzar a tomar un avión que la llevaría a Arica, donde tenía un compromiso que cumplir. Así que doy las excusas correspondientes en nombre de ella.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, la ley N° 20.671, que renovó la vigencia y modificó el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251, permite regularizar ampliaciones que no excedan de 25 metros cuadrados hasta el 8 de junio de 2015, en la medida que se cumplan los demás requisitos que establece la ley.
El objetivo de esa legislación fue permitir que los propietarios de viviendas sociales regularizaran las ampliaciones que hicieron para satisfacer necesidades básicas de habitación de sus familias. Estoy hablando de construcciones que se ejecutaron sin contar con los permisos correspondientes de las direcciones de obras municipales.
Dichas ampliaciones no son legales y no se regularizaron por diversas razones, sea por falta de recursos para pagar los derechos municipales o para contratar la asistencia de un profesional, o por no cumplir con las exigencias de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su ordenanza general o los instrumentos de planificación territorial.
En muchos de esos casos, la inexistencia de recepción definitiva impide que los propietarios de los inmuebles puedan postular a diversos beneficios que otorga el Estado, entre cuyos requisitos está el de que las construcciones cuenten con recepción. Como ejemplo se puede indicar el subsidio que contempla el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Cabe señalar que la ley N° 20.251 flexibilizó las reglas generales para reducir el costo de las regularizaciones. Con ello, la normativa se hizo cargo de la práctica de construir ampliaciones sin cumplir lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la obtención del permiso respectivo, en especial en los sectores de menores de ingresos, por el costo que representa la asesoría profesional necesaria para obtenerlo y la burocracia asociada a su otorgamiento.
Es por eso que admitió que no era indispensable la intervención de un profesional para certificar el cumplimiento de las exigencias -salvo, como es lógico, que se tratara de ampliaciones en un segundo piso o uno superior-, según lo dispuesto en la ley N° 20.671; y eximió a los funcionarios municipales de la responsabilidad que les asignaba el artículo 22 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al momento de aplicarse esta normativa.
Al respecto, es preciso tener en consideración que las leyes deben cumplirse, y las relacionadas con regularizaciones -mejor conocidas como "leyes del mono"- refuerzan la práctica de construir sin permiso, pues dejan la sensación de que al final todo es regularizable.
Como se ha dicho, la presente modificación amplía de 25 a 90 metros cuadrados la superficie, lo que incrementa considerablemente el universo de ampliaciones a regularizar, al igual que el número de familias que contarán formalmente con una ampliación regularizada, o sea, con una vivienda digna.
Por eso, valoro la indicación que realizara el Ejecutivo en el sentido de que las "leyes de regularización" deben ser excepcionales y rigurosas, porque las exigencias de permisos de edificación otorgados por las direcciones de obras pretenden evitar construcciones que no se ajusten a los estándares de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores (como electricidad, agua potable, alcantarillado y gas) que requiere cualquier inmueble.
Tratándose de viviendas sociales de familias de más escasos recursos, es indispensable que alguien realice un análisis para resguardar la seguridad de aquellas personas, respondiendo por sus actuaciones de acuerdo al artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Por cierto, en este último tiempo hemos sacado aprendizaje de lamentables eventos que han ocurrido, como el terremoto que afectó a las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá; el derrumbe de una ampliación (mal llamada "palafito") adosada a un departamento en el tercer piso de un condominio social de Puente Alto, donde hubo cinco heridos, y el reciente incendio ocurrido en Valparaíso. Todo ello vuelve a poner en evidencia los riesgos a que se ve expuesta la población de más escasos recursos cuando se flexibilizan las normas hasta el punto de omitir la participación de profesionales competentes y la aplicación de normas mínimas requeridas.
Teniendo en cuenta estas reflexiones, señora Presidenta, y en el entendido de que la iniciativa busca ayudar a mucha gente, que ahora podrá, dentro de otras cosas, optar a los diversos subsidios del Estado, voto a favor.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados (19 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Matta, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor De Urresti.
Boletín N° 9383-05
La señora ALLENDE (Presidenta).- En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en materia de trabajo portuario, estableciendo las obligaciones y beneficios que indica, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.383-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 9 de julio de 2014.
Trabajo y Previsión Social: sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Hacienda: sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se me ha solicitado abrir la votación respecto de esta iniciativa.
Como Sus Señorías saben, la Comisión de Hacienda está funcionando en paralelo con la Sala y hay Senadores que están entrando y saliendo del Hemiciclo. Así que les solicitaría que dieran su acuerdo en tal sentido.
¿Habría inconveniente?
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, ¿cómo va a abrir la votación si hay discusión particular también?
El señor CHAHUÁN.- Se puede.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si hubiera consenso, sería posible hacer una sola votación.
El señor HARBOE.- Así es.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que la Comisión de Hacienda introdujo una sola modificación.
De todas maneras, le voy a dar la palabra al señor Secretario para que primero haga la relación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, los principales objetivos de la iniciativa son:
-Facultar a la Dirección del Trabajo para coordinar con la autoridad marítima un sistema de control y protección de la labor que realizan los trabajadores portuarios, a quienes se les otorga el derecho irrenunciable de descansar media hora en los turnos de más de cuatro horas, siendo responsabilidad de los empleadores mantener instalaciones adecuadas para ello.
-Establecer la obligación de constituir comités paritarios de higiene y seguridad en los puertos.
-Crear un Fondo de Modernización Portuaria, que se extinguirá el año 2018; instituir un aporte a beneficio fiscal, que contribuirá al mencionado Fondo, y otorgar, por una sola vez, a los trabajadores portuarios que cumplan determinados requisitos, un beneficio en dinero que será pagado al entrar en vigencia el reglamento del aporte a beneficio fiscal.
-Por último, declarar el 22 de septiembre de cada año como Día del Trabajador Portuario.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 22 de julio de 2014, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros -Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Allamand, Hernán Larraín y Letelier-, y también lo acogió en particular con diversas enmiendas que acordó en igual forma.
Por su parte, la Comisión de Hacienda deja constancia de que se pronunció acerca de los artículos 3°, 4° y 5° permanentes y sobre el artículo primero transitorio, efectuando una sola modificación, consistente en reemplazar el artículo 4° permanente, la que aprobó por unanimidad.
Cabe hacer presente que el artículo 2° permanente de la iniciativa es de quórum calificado y requiere para su aprobación 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 16 a 25 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión el proyecto.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, el proyecto de ley para el cual se nos convoca en esta oportunidad constituye una justa reparación para los trabajadores portuarios del país que entre los años 2005 y 2012 dejaron de gozar del descanso destinado a colación, lo que desembocó en conflictos en diversos terminales marítimos del país, porque aquello se había transformado en una especie de deuda histórica para con dicho sector laboral.
Sin embargo, hay un cuestionamiento sobre lo anterior. Algunos sostienen que la jornada laboral es de siete horas y media. De ahí que nosotros consideramos indispensable que los trabajadores portuarios puedan contar con media hora de colación.
Si bien se han efectuado críticas en el sentido de que mediante esta iniciativa se pretende solucionar un conflicto entre privados, ha sido necesario que intervenga el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, por cuanto se trata de un sector de carácter vital para el desarrollo económico del país, toda vez que por nuestros puertos se importan muchas mercancías necesarias para nuestra comunidad, como asimismo, se exportan numerosos productos propios de nuestra economía.
Además, debo contarles que en el Gobierno anterior se inició una mesa de trabajo. Hubo un compromiso para enviar al Parlamento el respectivo proyecto de ley, pero la verdad es que no llegó. Y hay que decirlo con toda franqueza.
Se retomaron las conversaciones, que quedaron bastante avanzadas en la Administración anterior, y en el período que medió entre la elección presidencial y la asunción del nuevo Gobierno, finalmente esa iniciativa quedó por completo afinada.
Acompañé a los trabajadores portuarios en las conversaciones que sostuvieron tanto con la Administración anterior como con la actual.
Después de un intenso debate en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Corporación, se logró suscribir un Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio del Trabajo y los integrantes de dicho órgano técnico, que soluciona el problema en forma armónica al establecer que en el descanso para la colación habrá un lapso de dos horas, dentro del cual los trabajadores podrán hacer uso de media hora con esa finalidad, a objeto de no afectar la productividad de la actividad portuaria, que, a mi juicio, debe ser esencialmente continua.
Por otra parte, se ha establecido que la Dirección del Trabajo coordinará con la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante el cumplimiento de la normativa laboral portuaria, lo que constituye sin duda un gran avance en esta materia.
Asimismo, se consagra la conformación de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en cada puerto, que deberán constituir las empresas de muellaje, modificación que también consideramos de gran relevancia.
Se trata de un asunto importante, señora Presidenta.
Debo hacer presente al Senado que existen dificultades en materia de seguridad y, por la precariedad del trabajo portuario, no se pueden formar comités paritarios en los distintos puertos.
La decisión de avanzar sobre el particular, sin lugar a dudas, constituye un escalón básico, necesario, a efectos de ir mejorando la seguridad en los puertos.
Adicionalmente, se otorgarán beneficios económicos excepcionales a los trabajadores, que se detallan en el proyecto mismo, como una reparación por el extenso período en que dejaron de percibir el descanso por colación.
En lo relativo al Fondo de Modernización Portuaria, que se crea mediante la presente iniciativa, se logró un acuerdo en la Comisión de Hacienda. En él se establece, durante el plazo de cuatro años, un aporte de 0,2 dólares por tonelada de carga general transferida de cualquier tipo que se importe o exporte por puertos nacionales. Este no podrá exceder de 0,025 por ciento del valor CIF de cada tonelada, en el caso de importación; y de 0,025 por ciento del valor FOB de cada tonelada, en el de exportación.
La solución a que se llegó nos parece adecuada y bien encaminada. Con todo, resulta cuestionable en términos de quién finalmente se hará cargo de los recursos del Fondo de Modernización Portuaria. Por ello, me habría gustado que no encareciera la logística de los puertos, lo cual afecta el comercio exterior, y que el Estado se hubiera puesto con tales recursos, como correspondía.
Durante el debate de este proyecto se dejó constancia también de la necesidad de modernizar el sistema portuario, lo que considero indispensable.
Eso me llevó a presentar un proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Presidenta de la República el envío al Congreso Nacional de una iniciativa que cree la Dirección Nacional de Puertos, como órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones encargado de la planificación y elaboración de políticas en materia portuaria; de la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, y de la coordinación del funcionamiento de las empresas portuarias estatales, debiendo asumir para este propósito las competencias y funciones relativas a los puertos, que actualmente corresponden a la Subsecretaría de Transportes.
Es un tema relevante, porque ¿quién resuelve hoy la política nacional de puertos?
Resulta muy importante que los parlamentarios conozcan cómo se gestiona un puerto. Porque se trata de un trabajo continuo, como se dijo, que reviste vital importancia para el comercio exterior, y que también tiene que ver con la logística en este ámbito.
Pero reitero: ¿quién resolvía hasta hace poco la política nacional portuaria? Nadie, estimados colegas. ¿Por qué? Porque en último término se encargaba de ella el Sistema de Empresa Públicas.
Ese Sistema decidió al respecto hasta el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, después de un esfuerzo sustantivo en la Administración anterior logramos comenzar con una política de logística, que efectivamente se ha fortalecido en esta Administración y en la anterior, la cual permite que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones finalmente retome la formulación de una política nacional portuaria.
Dicha política no solo abarca materias de infraestructura, sino también las relativas a la calidad del trabajo portuario.
Acá quiero levantar un punto acerca de la dificultad o precariedad del trabajo portuario. ¡Es la única faena que comienza y termina en un día! Es decir, en la misma jornada hay un contrato y un finiquito.
No obstante, a pesar de los esfuerzos que realizamos en la Administración anterior para modificar y fortalecer el trabajo portuario, no tuvimos éxito. Y quiero decirlo con hidalguía: este problema no lo pudimos zanjar en mi Gobierno. Con todo, espero que durante la Administración de la Presidenta Bachelet efectivamente se resuelva.
Nos parece complejo que los trabajadores portuarios, primero, no sepan si serán llamados en "la nombrada"; y segundo, que tengan tanta incertidumbre laboral: en el mismo día ingresan a su puesto de trabajo, laboran y son finiquitados.
Debemos ser capaces de fortalecer el trabajo portuario.
Además, lo anterior se relaciona con la responsabilidad de los operadores de los puertos.
Ese asunto que queda pendiente dice relación con una cuestión mayor: la dictación de una nueva Ley General de Puertos en nuestro país.
Tal materia la empujé durante dos años, cuando fui Presidente de la Comisión de Transportes, a efectos de contar con una legislación que garantizara efectivamente la participación de todos los integrantes de la cadena logística -¡todos!-, incluidos, por supuesto, los transportistas, que han pedido de manera incesante -nombro especialmente al Presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, señor José Egido, con quien hemos trabajado esta materia en forma permanente- ser incorporados en esa nueva normativa.
Los transportistas no pueden continuar, por ejemplo, siendo utilizados como almacenes. Hoy día, ellos deben esperar en los puertos de San Antonio o de Valparaíso (en el ZEAL) con sus camiones, los cuales sirven de almacenaje durante 24 o 48 horas en condiciones precarias, sin baño, sin casino, sin lo mínimo que requieren para ejercer sus labores.
Ahí se refleja la precariedad de nuestros puertos.
Por eso, hablamos de que el gran desafío que enfrenta el país es ser capaz de generar mayor interrelación entre quienes participan en la actividad. El 75 por ciento de las mercancías que salen del territorio nacional y entran a él lo hace por nuestros dos puertos principales: San Antonio y Valparaíso.
¿Y quién se hace cargo finalmente de las condiciones mínimas de todos los integrantes de la cadena logística?
Por consiguiente, se trata de una materia que quedará pendiente.
Otro tema que levantamos se refiere al Fondo de Modernización Portuaria.
Al respecto, señalamos nuestra inquietud en cuanto a si el problema lo debían resolver los privados, porque se les metió la mano al bolsillo con la deuda histórica de los trabajadores y ello podía sentar un mal precedente en otros ámbitos.
Por su parte, también hicimos presente que era importante excluir de impuestos la mercancía proveniente de Bolivia, en un momento complejo de nuestras relaciones vecinales, porque el 80 por ciento de la carga que se transfiere en el puerto de Arica corresponde a ese país.
Ello podría generar una situación complicada, al establecer un costo adicional a través de la creación del Fondo de Modernización Portuaria, en circunstancias de que estamos asegurando en la Corte Internacional de Justicia de La Haya que Chile le da acceso preferente al mar a Bolivia.
Por último, debo recalcar la importancia que reviste la materia relativa a la infraestructura portuaria.
Tenemos que desarrollar rápidamente un PGE, que se haga cargo de los desafíos del país para los próximos 20 o 30 años. Y ello requiere de una política de Estado al respecto.
De ahí que la invitación es a solucionar no solo los problemas de tipo laboral de los trabajadores (lo cual nos parece esencial, una pieza clave de su dignidad), sino también de infraestructura portuaria, con una política nacional sobre el particular destinada a mejorar nuestras condiciones de competitividad, especialmente con el Callao. Basta ver este puerto para darse cuenta de que, si no tomamos medidas urgentes, nuestros puertos de Valparaíso y de San Antonio se transformarán en instalaciones de cabotaje.
Esos temas debemos enfrentar.
Sin embargo, hasta ahora he visto poca disposición de los Gobiernos -no hablo solo de la actual Administración-, incluido el del Presidente Piñera, para enfrentar los referidos problemas con altura.
Por eso, agradezco que estemos resolviendo un asunto urgente. Pero debo decir que quedan "a la cobra" otros de igual urgencia, que también tenemos que solucionar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En primer lugar, deseo saludar a la Ministra de Trabajo, quien nos acompaña en la Sala.
Está presente también el Subsecretario.
Quiero ofrecer disculpas a la Presidenta de la Comisión de Trabajo.
La verdad es que el Senador señor Chahuán formuló una petición especial para intervenir antes y se inscribió inmediatamente, porque dijo que debía abordar pronto un avión. Por esa razón le otorgué previamente la palabra.
Pero, por supuesto, lo correcto es que la Presidenta de la Comisión dé su informe primero.
Así que reitero mis disculpas a la Senadora señora Muñoz.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, ¿puede abrir la votación?
El señor LARRAÍN.- En general.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En segundo término, como ya lo expliqué, se realizará una sola votación del proyecto.
La Comisión introdujo una sola modificación, al artículo 4°, por unanimidad.
Entonces, si le parece a la Sala, abriremos la votación, entendiéndose de que se hará una sola, incluyendo todos sus artículos.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, en realidad, mi intervención es mucho menos ambiciosa que la del Senador Chahuán, porque solo voy a dar cuenta de lo que sucedió en la Comisión de Trabajo en relación con la "Ley corta de puertos".
Porque el planteamiento del Senador Chahuán es pertinente. Pero tenemos que abocarnos a debatir la ley más amplia, más general, la "Ley larga".
En primer lugar, señora Presidenta, quiero felicitar a la Ministra Javiera Blanco y a todo su equipo porque, al alero de la Comisión, integrada por los Senadores Larraín, Allamand, Letelier, las Senadoras Goic y quien habla, se lograron aproximar posiciones bastante reñidas, que auguraban un difícil debate y tramitación de este proyecto.
Sin embargo, la señora Ministra, el equipo y la Comisión conseguimos avanzar en esta iniciativa denominada "Ley corta de puertos". Y, de verdad, se alcanzó un acuerdo, que hoy ha permitido un reencuentro de opiniones a los distintos sectores que participan en la actividad portuaria, tan importante en nuestro país.
Entonces, señora Presidenta, voy a informar muy brevemente acerca de lo logrado durante su tramitación en la Comisión de Trabajo.
En lo que atañe a los trabajadores portuarios, la Comisión aprobó reconocer el derecho irrenunciable a un descanso de media hora en el caso de turnos de más de 4 horas y, en directa vinculación con esta materia, se preceptúa que no se podrá extender la duración de los turnos ya definidos, de conformidad con la normativa vigente.
Producto del Protocolo de Acuerdo, al que se arribó en conjunto con la Ministra, el Gobierno y representantes de los trabajadores, se consagra en el texto despachado por la Comisión la posibilidad de que dicho descanso se haga efectivo simultánea o alternadamente, teniendo en consideración las distintas formas del trabajo portuario. Así, se dispone que se podrá comenzar el descanso en el período comprendido entre las 3,5 y las 5 horas de iniciado el turno.
Por otro lado, esta iniciativa faculta a la Dirección del Trabajo para coordinar con la autoridad marítima un sistema de control del acceso, la permanencia y la seguridad de los trabajadores portuarios, consagrándose además la constitución de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en cada puerto.
Respecto al otorgamiento de un beneficio en dinero a los trabajadores del sector, el artículo primero transitorio lo regula con carácter de excepcional -por una sola vez-, cumpliéndose determinados requisitos. Ello corresponde a un compromiso adquirido por el Gobierno anterior a raíz del conflicto suscitado, a principios de este año, por el no pago oportuno de la media hora de colación.
Finalmente, estimo importante destacar, señora Presidenta, que el artículo 6° del proyecto de ley declara el 22 de septiembre de cada año "Día del Trabajador Portuario", en reconocimiento a la labor que desempeñan estos trabajadores y en memoria de la muerte de cinco dirigentes portuarios que fueron sacados desde el centro de detención de Tejas Verdes, provincia de San Antonio, y ejecutados al margen de todo proceso por agentes del Estado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en lo principal, el proyecto establece el derecho irrenunciable a descansar media hora en el caso de turnos superiores a cuatro horas, además de una serie de otras materias relacionadas con la labor de los trabajadores portuarios.
Entre ellas, se faculta a la Dirección del Trabajo para que, en conjunto con la autoridad marítima, fiscalice el cumplimiento y ejercicio adecuado del derecho enunciado, siendo responsabilidad de los empleadores mantener instalaciones adecuadas para tal fin.
Junto con lo anterior, se deberán constituir Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en los puertos.
Para lograr una efectiva mejora en las condiciones de los trabajadores portuarios se crea un Fondo de Modernización Portuaria, con vigencia hasta el año 2018.
Además, se constituye un "aporte a beneficio fiscal", que irá al Fondo en comento, sobre la base del cual se otorgará un beneficio en dinero, por una vez, a los trabajadores portuarios que cumplan ciertos requisitos.
Y el último punto es un reconocimiento a la labor realizada y a su contribución al desarrollo de Chile, por lo cual se declara el 22 de septiembre de cada año "Día del Trabajador Portuario".
Nos alegramos de estos acuerdos y del logro obtenido por nuestros trabajadores portuarios.
Aquí, señora Presidenta, se ha hecho mención -y está presente la Ministra del Trabajo- de algo importante: hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de corregir uno de los mayores abusos y atrocidades que hemos presenciado con respecto a la calidad de trabajo de los hombres y de las escasas mujeres que laboran en esta noble actividad. Me refiero a la manera en que se los contrata: por la obra del día.
En el caso de la Región de Magallanes, si la situación climática es adversa, ellos se quedan ese día, cuando tenían la oportunidad de trabajar un par de horas, simplemente sin la posibilidad de llevar el sustento a su hogar.
Eso nos parece uno de los más grandes abusos cometidos en la contratación de trabajadores en nuestro país.
Y quiero pedirle a la Ministra del Trabajo -por su intermedio, señora Presidenta- que todos honremos la palabra y el compromiso que suscribimos muchas veces con los trabajadores portuarios.
Así, establezcamos una forma de contrato que permita, primero, la existencia de continuidad y, segundo, no tener que seguir trabajando, una vez cumplida la edad para jubilar y a pesar de padecer problemas de salud, porque la pensión que se recibe es de hambre.
Se trata de hombres que dan toda una vida de trabajo, en condiciones climáticas adversas y que demandan mucho esfuerzo físico, pese a lo cual tienen el peor contrato que hemos conocido.
Tal situación, señora Presidenta, debe ser revertida.
Lo hemos denunciado ¡innumerables veces! Pero los distintos Gobiernos, si bien han reconocido la precariedad de la forma en que se contrata a esta gente, no han dispuesto una solución definitiva para mejorar esta tan penosa y lamentable situación.
Voy a votar a favor de este proyecto de ley.
Pero rindo un sentido homenaje a cada uno de esos hombres, a quienes conozco, en el caso de la Región de Magallanes, y también en el de Valparaíso. Cada vez que me reúno con ellos constato la lucha histórica que han debido librar para obtener condiciones laborales más dignas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, creo que no alcanzaré a utilizar mis cinco minutos, porque estamos sesionando en paralelo con la Comisión de Hacienda.
Antes de votar, quiero expresar mi reconocimiento a la Ministra del Trabajo y al Subsecretario, quienes nos acompañan; a los dirigentes portuarios de Chile, encabezados por don Sergio Vargas, y a los colegas parlamentarios que van a apoyar este proyecto de ley.
Esta iniciativa tiene su origen en un acuerdo que realizó la Administración anterior.
Respecto del fondo del asunto -ojalá se entienda bien mi planteamiento-, pienso que se llegó a una solución que no fue la más impecable ni la que correspondía, porque implicó hacerse cargo de obligaciones que son propias de cierto sector de chilenos. En efecto, los empresarios invierten, corren riesgos, pero también tienen obligaciones hacia sus trabajadores. ¡Y no las cumplieron!
Además, el Estado de Chile no hizo exigible su cumplimiento.
Se alcanzó una salida que, a mi juicio, ayudará a compensar el daño y el menoscabo producidos a los derechos laborales de miles de chilenos. Sin embargo, tal obligación en realidad correspondía a privados.
Con esta iniciativa se intenta enmendar esa situación: se establecen y reconocen ciertos derechos laborales irrenunciables, se mejora lo relativo a seguridad e higiene, etcétera.
Asimismo, se contempla un mecanismo de restitución de recursos por parte del Estado, que se hará cargo -reitero- de una obligación que en estricto rigor no le compete. Uno podría argumentar que, si no se fiscalizó adecuadamente, la deuda sí era del Estado en sentido lato.
Quiero referirme a un asunto que surgió cuando se llegó a acuerdo en la Comisión de Trabajo.
En primer término, agradezco la labor de los miembros de ese órgano técnico. Ahí se dijo que el acuerdo alcanzado fue fruto del diálogo. Yo comparto ese planteamiento. Pero parece que el diálogo surge solo después de que un grupo se moviliza, paraliza los puertos y hace valer sus derechos.
Entonces, cabe concluir que el Estado chileno, en materia de derechos laborales, sigue mostrando una actitud mezclada.
Por un lado, existe un posnatal de seis meses. Lo aplaudo. Es una legislación moderna; de país OCDE, como se dice; de nación desarrollada; de sociedad sofisticada. ¡Seis meses de posnatal!
Pero, por otro, hay trabajadores que ni siquiera tienen derecho a colación y que carecen de comités paritarios de higiene y seguridad en el trabajo, los cuales son casi tan antiguos como la OIT, que data de 1917. Esto fue lo primero que se implementó en ese organismo, antes incluso que el derecho a huelga.
En Chile eso no ocurre en el sector portuario, que mueve buena parte de nuestro PIB. Y ello es responsabilidad de todos.
Entonces, mi comentario apunta a que, si bien se alcanzó el acuerdo a través del diálogo, hemos de advertir cierta indolencia -y me hago parte de ella: nuestra indolencia, como sociedad, no solo como Senador Lagos o cualquier otro parlamentario- ante la realidad de los trabajadores. Debiéramos reconocerlo: nos cuesta abordar los problemas antes de que nos estallen en la cara.
Ahora me cambio de zapatos, aprovechando lo dicho por el Senador Chahuán, quien -y lo digo sin ninguna sorna- casi ha logrado capturar todo lo que señalamos en esta materia, para coincidir que la solución al problema portuario chileno no pasa exclusivamente por una competencia entre los puertos de San Antonio y de Valparaíso o entre los del Biobío y los del norte.
En lo referente al puerto del Callao, yo siquiera pretendo ganarle el negocio internacional de carga. Lo que estamos tratando de evitar es convertirnos en instalaciones de cabotaje de ese puerto.
En mi opinión, con la actual política, que hace competir a nuestros puertos y que carece de una mirada integral, terminaremos tal vez sacando nuestro comercio, que no es poco, por el Callao, haciendo cabotaje desde Valparaíso.
Detrás del puerto peruano existe inversión pública. Ahí se entregan concesiones también y me atrevo a decir que las condiciones laborales de sus trabajadores son mejores que las de los nuestros, lo que no condice con nuestro ingreso per cápita, con nuestro poder de paridad de compra, que se acerca a los 19 mil dólares.
Tenemos, entonces, un déficit en esta materia.
Me alegro de este acuerdo. Pero hay que enfrentar el desafío que se nos presenta. La fórmula fácil sería que el Estado extendiera un cheque; que se estableciera el gravamen para quienes participan en el comercio exterior; que se pagara la deuda; que se fijara un par de normas laborales; en fin.
La pregunta es si la "Ley larga de Puertos" -al respecto, quiero incentivar al Gobierno y, en particular, a la Ministra del Trabajo- va a abordar los asuntos de fondo. Espero que haya voluntad -no solo de los trabajadores, sino también del Ejecutivo- para contar con un sistema laboral acorde con un país que registra un ingreso de 19 mil dólares per cápita, de acuerdo al poder de paridad de compra.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, aquí se recordó que esta iniciativa surge a raíz de un conflicto que originó muchos costos para el país. Quizás en su momento se dilató más allá de lo necesario, y terminó con un acuerdo que no se cumplió.
Deseo destacar también el trabajo de la Ministra del ramo, Javiera Blanco, y de su equipo, por cuanto considero que transformaron esta discusión en una oportunidad para debatir materias mucho más de fondo para el sector, a la vez que asumieron el compromiso suscrito por el Gobierno anterior -lo señaló el Presidente Sebastián Piñera en su minuto-, que prometió enviar un proyecto sobre la materia dentro de los últimos días de mandato, lo cual no sucedió.
Aquí están en cuestión derechos legítimos de los trabajadores.
Se debatió también acerca de la falta de fiscalización.
Hoy, mediante la futura "Ley corta de Puertos", se plantea una solución que constituye un avance. Y se explicó la modalidad.
Los miembro de la Comisión de Trabajo concurrimos con gusto a respaldar el acuerdo, que no solo resuelve lo relativo al carácter irrenunciable del derecho de media hora para colación; a la continuidad de las operaciones en el puerto con la alternancia y el descanso necesarios; a mejorar condiciones de higiene y seguridad, que, como se planteó, son tan necesarias para el sector, sino que también pone el acento en la necesidad de reconocer el diálogo.
Hablamos de diálogo en el entendido de que estamos, además, en un contexto de discusión de reformas laborales que buscan justamente potenciar al sindicato, a la organización de los trabajadores, como actores que se sientan a la mesa a negociar. Todos deseamos que las cosas resulten al interior de una empresa. No es la guerra de unos contra otros. Si se respetan los derechos laborales, podremos avanzar en ese sentido.
Cada uno de los actores nos sentamos a debatir con esa lógica.
Con relación a la realidad de los puertos, cabe señalar que existe gran diversidad en nuestro país. La situación portuaria en Magallanes es muy distinta de la de San Antonio o del norte.
El viernes me reuní con los trabajadores del puerto de Magallanes. Su precariedad laboral llama la atención en comparación con el resto de los puertos nacionales. Ese día, además, había rachas de viento de 130 kilómetros por hora. La condición climática hace que el escenario sea en extremo precario, pues la cantidad de turnos es muy baja debido a la poca actividad.
Ellos requieren con mayor urgencia que se avance en este ámbito; en particular, en lo relativo a los trabajadores eventuales, respecto de quienes no se cumplen las condiciones mínimas.
Les pregunté: "¿Dónde ustedes ocupan su media hora de colación?". Me respondieron que era afuera, con un clima como el que he descrito, con temperatura bajo cero.
Es urgente actuar ahí.
Hemos avanzado en este proyecto para dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Dirección del Trabajo. Pero urge materializar lo planteado en el acuerdo en cuanto a mejorar las condiciones no solo salariales, sino también de higiene y seguridad, de trabajo y de reconocimiento del sector.
Asimismo, deseo transmitir tranquilidad a los trabajadores de mi Región, quienes están preocupados por no cumplir la cantidad mínima de turnos contemplada en la iniciativa: 36 turnos anuales en promedio por el período que indica. Al ser un puerto multioperado, ellos quedan fuera de este requisito. No lo cumplen porque su actividad es muy baja.
Sin embargo, sí está considerada la situación de ellos en este proyecto. Quiero manifestarlo aquí formalmente -lo conversamos con la Ministra-: están contemplados y, por tanto, serán beneficiados con esta futura ley.
Finalmente, hago presente mi disposición a tratar el tema más de fondo. Ojalá en ello pongamos la misma celeridad que en la tramitación de esta iniciativa.
Espero también que en la discusión de las reformas laborales, que está comprometida para el mes de octubre -ojalá se cumpla ese plazo-, se aborde con esta misma lógica de diálogo social las mejoras necesarias para el mundo del trabajo en nuestro país.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, me parece un poco paradójico este debate.
Por una parte, cumplo la formalidad de saludar a la Ministra del Trabajo y a su equipo, a los colegas de las Comisiones de Trabajo de ambas ramas del Congreso y, por supuesto, a las centrales sindicales, por haber logrado un acuerdo satisfactorio para todos.
Pero, por otra, debo recordar que estamos discutiendo una normativa que en otros países está aprobada hace más de un siglo. Me refiero a derechos básicos como la colación a media jornada; los comités paritarios para resolver los problemas de seguridad e higiene de los trabajadores, o -¡por fin!- un fondo de modernización para mejorar los puertos y las condiciones laborales.
En verdad, parece que estamos atrasados en el tiempo, como si hubiéramos entrado en una especie de máquina que viaja hacia el pasado. Discutimos en Chile temas que se hallan resueltos en el mundo civilizado hace más de cien años. ¡Y acá parecen toda una novedad!
Con todo, estimo que esta es una oportunidad para destacar dos puntos.
Es hora de que el Estado, que es dueño de la mayoría de los puertos nacionales y que ha entregado en concesión buena parte de ellos, se haga cargo de negociar como corresponde con los privados a fin de garantizar los derechos laborales y, al mismo tiempo, los de los habitantes de las ciudades puerto. El Estado entregó a los particulares dichas concesiones sin haber protegido debidamente a los trabajadores portuarios ni a los referidos ciudadanos.
Asimismo, hago presente que respaldo estas modificaciones legislativas, entendiendo que, en el segundo semestre, se efectuará un debate más amplio sobre reformas laborales profundas tendientes a fortalecer los sindicatos, los procesos de negociación colectiva, la huelga efectiva y los contratos de planta de los trabajadores, con el fin de evitar mecanismos arbitrarios e injustos, como la subcontratación de la subcontratación.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, primero, quiero saludar a la Ministra del Trabajo y al Subsecretario del ramo, quienes nos acompañan en la Sala, y también a numerosos dirigentes portuarios que están en las tribunas.
Cuando recién iniciaba mis pasos como abogado, tuve la experiencia de ser -y lo soy aún- abogado honorario de muchos sindicatos portuarios. Conozco muy de cerca la realidad de los trabajadores portuarios de nuestro país, especialmente, de los de la Región de Antofagasta.
Creo que no existe labor más precaria que la del trabajador eventual de un puerto. Es el único trabajo donde se contrata en el día; se despide en la noche, y se vuelve a contratar al día siguiente sin derecho a indemnizaciones, sin normas de seguridad social.
Sin duda, aquí tenemos un tremendo desafío por delante.
Cuando se realizó el proceso de concesión de los puertos, no se actualizó la legislación laboral. Y hoy día nos encontramos en una situación bastante precaria para los trabajadores.
Actualmente, si bien es cierto la fiscalización de los puertos en lo formal está entregada a la autoridad marítima, no existe un control en lo que dice relación al plano laboral y a temas de seguridad e higiene en las faenas. Los trabajadores en ese ámbito no tienen participación.
Por eso, celebro que esta futura "Ley corta de Puertos", además de hacer justicia en lo relativo a la media hora de colación, se haga cargo de un punto central: la creación de los comités paritarios de higiene y seguridad. Parte importante de los accidentes que ocurren en los puertos (en el desembarco de las naves o en la estiba) se da porque muchas veces no se escucha la opinión de los trabajadores respecto de cómo enfrentar tal o cual faena. En este sentido, los referidos comités constituyen, sin duda, el avance más notable en esta propuesta legislativa.
Cabe señalar que el derecho a media hora de colación es una pelea histórica que han dado los trabajadores portuarios. La discusión que hoy nos ocupa se originó en un paro con ese motivo que se produjo en el Puerto Angamos, de Mejillones. Los trabajadores ahí decidieron, de una vez por todas, hacer una señal de presión, movilización a la que se sumaron los de los demás puertos del país, a la espera de una respuesta satisfactoria. En esa época el Gobierno del Presidente Piñera se comprometió a buscar una salida. Esta recién hoy se concreta mediante el acuerdo mencionado, que se ha denominado "Ley corta de Puertos".
Considero importante -lo destacado aquí- que el proyecto disponga que la forma en que se materializará la media hora de colación en turnos alternados deberá contar con el acuerdo del sindicato respectivo. Esto, sin duda, constituirá una protección para los trabajadores en su conjunto. Quienes conocemos el sector portuario sabemos que muchas veces los navieros se sienten tentados a no llamar a los trabajadores que luchan por sus derechos o que exigen más garantías para la protección de ellos o de sus socios. Por ello, que el sindicato pueda negociar cómo se tomará la media hora de colación indudablemente va a terminar siendo una norma de resguardo para los trabajadores.
Asimismo, celebro que se proponga crear el Fondo de Modernización Portuaria.
En mi opinión, la gran deuda que tenemos hoy como país es el tema portuario, el cual no solo implica problemas de tipo laboral. Hemos visto el impacto negativo que muchos puertos causan a las ciudades donde se asientan.
Basta pensar, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de Antofagasta. Ahí parte importante del puerto está entregada en concesión a una empresa privada y otra parte todavía es administrada por el Estado. Sus instalaciones se ubican en el centro de la ciudad. El puerto no conversa con el municipio ni con el gobierno regional, y genera impactos negativos.
Por otro lado, hay puertos de carácter privado -de compañías mineras, fundamentalmente-, a los que se aplican disposiciones distintas. Y muchas veces no cumplen la normativa laboral. En esos casos, cuesta llevar adelante los procesos de fiscalización.
El Fondo de Modernización Portuaria va a permitir, a mi juicio, contar con una radiografía de la situación real de cada puerto del país. No es lo mismo el puerto de Antofagasta que el de Mejillones, el de Michilla, el de San Antonio o el de Valparaíso.
Necesitamos tener hoy día una certeza acerca de qué vamos a hacer. ¿Qué queremos para nuestros puertos y para los trabajadores portuarios? Cabe considerar que estos son parte esencial de la economía nacional, un eslabón relevante en la cadena de transporte.
Por eso urge disponer de una regulación laboral que dé cuenta de la función que ellos cumplen en el siglo XXI. Nuestra legislación portuaria no responde a la realidad del comercio actual ni a la concepción de puerto que rige hoy. Por lo mismo, espero que la "Ley larga de Puertos" acoja una normativa que proteja efectivamente los derechos de los trabajadores.
Por último, señora Presidenta, celebro el gran acuerdo alcanzado, que ha permitido destrabar este conflicto. Al final del día, aquel constituye un reconocimiento a los derechos laborales y a la lucha que han dado numerosos dirigentes y trabajadores portuarios a lo largo de nuestro país.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, estamos tratando una materia muy importante, considerando que el desarrollo económico que ha experimentado Chile en las últimas décadas ha sido muy significativo; más aún, cuando se ha seguido el camino del comercio exterior.
En la actualidad, más del 70 por ciento del producto interno bruto se logra gracias a dicho comercio. Lo que no se advierte, probablemente -no se registra en las cifras sobre exportaciones del ámbito minero, de productos agrícolas, de salmones, de vinos, etcétera-, es que dicha actividad se desarrolla, principalmente, a través de nuestros puertos.
Se ha modernizado la infraestructura portuaria en nuestro país, y en muchos sentidos. Sin embargo, el conflicto que se inició en enero de este año dejó en evidencia que tal modernización no se ha producido en el régimen laboral de los trabajadores portuarios. Al contrario, este aún seguía en realidades arcaicas, antiguas y, en lo fundamental, muy injustas. Todo eso estalló de una manera que uno no quiere, porque, en general, uno prefiere que los acuerdos se logren mediante el diálogo.
En todo caso, esas movilizaciones generaron compromisos para corregir deficiencias.
El acuerdo al que llegó el Gobierno anterior, que no se tradujo en una solución legislativa en ese entonces y que es abordada ahora por la actual Administración -y aprovecho de sumarme a las felicitaciones a la Ministra del Trabajo y a su equipo, y al Gobierno, en general, por la presentación de esta iniciativa-, está encontrando una luz de salida, que viene a resolver en lo inmediato el problema central referido a la no disponibilidad horaria para realizar el descanso de media hora que requiere la colación de los trabajadores.
Si bien la discusión sobre este asunto dio luces respecto de muchos otros problemas, cabe consignar que el conflicto inicial quedó resuelto.
Ello sucedió -hay que decirlo- gracias a la buena disposición y flexibilidad que tuvieron los propios trabajadores. Los representantes de las uniones portuarias de Chile jugaron un rol muy importante en esta materia. También participaron y se mostraron a favor de esta disposición los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile; el Gobierno, que se abrió a una solución, y las empresas, que finalmente accedieron al planteamiento.
En virtud del diálogo que se produjo entre las distintas partes en el seno de nuestra Comisión, se logró aterrizar en una fórmula satisfactoria, de cierta flexibilidad, pero que, al mismo tiempo, concede el espacio necesario para materializar el descanso de los trabajadores portuarios.
Nos alegramos de que eso haya ocurrido.
Por deformación profesional, no me alegro tanto del fondo de modernización que se ha creado, porque su duración es temporal. Yo planteé en un minuto: "Si vamos a hacer un fondo, ¿por qué no le damos carácter indefinido?". El problema es que se amarró al pago retroactivo de lo que se debe.
El Fondo de Modernización Portuaria se financiará, en parte, con aportes que realizarán las empresas importadoras y exportadoras. Pues bien, eso que se llama "aporte", tiene perfume tributario. Y los impuestos no pueden ser sujetos a afectación, lo que genera una duda constitucional. En todo caso, gracias a la redacción de la última indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, dicha inquietud se ha disimulado inteligentemente.
Con todo, esta es una mala solución, señora Presidenta. Y es honesto que lo digamos.
Estamos resolviendo un problema entre particulares con intervención del Estado. Los Gobiernos -el anterior tomó el compromiso y el actual lo está ejecutando- al final terminan poniendo recursos para que esos conflictos entre privados se solucionen. Algo similar ocurrió con relación a la basura: los problemas de los municipios en este ámbito fueron resueltos finalmente con recursos del erario nacional.
Ese no es un buen camino. Tales dificultades deben encontrar salida internamente. Esperamos que así suceda hacia delante.
Apoyo la fórmula propuesta. No vamos a hacer cuestionamientos constitucionales, pero queda la duda de cómo se soluciona esto hacia el futuro.
Valoro que para discutir la "Ley larga de Puertos" se haya instalado una mesa que resuelva ese tipo de dificultades y genere un régimen de trabajo justo, adecuado, pero también moderno, que permita la operación portuaria como corresponde.
En consecuencia, felicitando a quienes han participado en la iniciativa, voto a favor con mucho entusiasmo.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, el proyecto que nos ocupa es producto de las luchas de los trabajadores portuarios, quienes han tenido, por regla general, pésimos empleadores, que han precarizado el trabajo, que no respetan las leyes, que los maltratan. Y, en ocasiones, la precarización del empleo ha llegado a límites inexplicables.
Estamos frente a la paradoja de un país que se cree moderno, cuyo desarrollo depende del proceso exportador, pero donde uno de sus instrumentos básicos, cual es la actividad portuaria, ha estado en manos de empresarios inescrupulosos que han percibido excedentes -algunos en forma muy significativa- a costa de un trabajo precario.
Y estamos discutiendo esta iniciativa gracias a la indignación de los trabajadores, quienes llevaron adelante una movilización notoria. Esta fue, simplemente, el reflejo de la incapacidad del Estado para asegurar que los empleadores cumplieran la ley o para fijar ciertas normas. Por este motivo, se vivió una crisis muy grande.
Hoy nos encontramos frente a una "Ley corta de Puertos". Posteriormente se discutirá una "Ley larga".
Pero digamos las cosas como son. Si hemos llegado a esto es gracias a la lucha de trabajadores portuarios que señalaron: "¡Basta de la precarización del empleo y basta de empleadores que han hecho pésimo su trabajo!".
Hoy estamos frente a algunas situaciones de hecho y a otras relacionadas con conquistas.
Me referiré primero a las conquistas y después a las situaciones de hecho, algunas de las cuales no comparto.
En cuanto a los temas laborales propiamente tales, debo señalar que hay personas que tienen jornadas de trabajo de 7 horas y media y que aquí se consolida aquella realidad.
Se reconoce media hora irrenunciable para colación, que se deberá distribuir al interior de la jornada. Y al ser irrenunciable se pone sobre la mesa una inquietud de muchos en el sentido de que alguien trate de comprar esa media hora o de que alguien quiera venderla, cuando se trata de una conquista y de un derecho de los trabajadores para poder descansar en el transcurso de la jornada. Hay una ventana de dos horas en la cual será factible tomar la colación. Y se considera fundamental en este procedimiento la posibilidad de desarrollarlo de forma distinta en cada puerto, según acuerdos entre los empresarios y sus trabajadores.
Señora Presidenta, sin duda, esta es una de las conquistas que se venían peleando desde hacía tiempo. Y, como bien sostuvo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, por desgracia este no es el único sector que carece de una regulación adecuada en la materia. Lamentablemente, existe precariedad en el Código del Trabajo. Debemos revisar esa normativa en muchos otros aspectos, y no solo en el caso de la situación particular que nos ocupa esta tarde.
Asimismo, el proyecto establece la formación de los comités paritarios, algo fundamental en un puerto, donde los problemas de seguridad son muy grandes.
A mi juicio, esa es una conquista. Pero resulta increíble que la estemos aplaudiendo hoy, porque esto no es más que la constatación de que las empresas portuarias no han ejecutado bien su labor durante estos años. En muchas otras actividades, el concepto de seguridad, de que la vida de los trabajadores está primero es bastante más cotidiano de lo que existe ahora en los terminales de carga.
Sin duda, este logro resulta tremendamente importante.
Por otra parte, se le otorga responsabilidad a la Dirección del Trabajo en materia portuaria, lo cual se considera una tercera conquista.
No tengo animosidad hacia DIRECTEMAR, pero pienso que no se halla en las mejores condiciones para garantizar seguridad e higiene a los empleados, ni tampoco para contar con un sistema de registro de quién ingresa al puerto a trabajar y quién no.
Hoy se establece un sistema que esperamos que garantice mejores condiciones para los trabajadores y, en particular, que asegure que el sistema de registro, en el que la Dirección del Trabajo tendrá facultad, permita que las empresas con empleados portuarios contratados efectivamente den cuenta del otorgamiento del descanso conquistado a través del mecanismo a que se refiere el nuevo artículo 133 bis...
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, además se establece un criterio para la provisión de puestos laborales. Los trabajadores están en situaciones muy diversas. Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra habló de la precariedad de algunos contratos.
Se pretende que se deba declarar la provisión de puestos laborales y -más importante aún- que se asegure que a quienes integren los grupos de trabajo se les garantice mensualmente, a lo menos, el equivalente al valor del ingreso mínimo mensual. Esto es de suma relevancia para tener parámetros más objetivos y constituir pisos mínimos.
El proyecto aborda también un tema que considero una reivindicación. Para algunos será irrelevante. Sin embargo, yo lo quiero destacar. Se trata de la conmemoración del 22 de septiembre de cada año como Día del Trabajador Portuario, en homenaje a los trabajadores¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Redondee, señor Senador.
El señor LETELIER.- Voy a redondear.
Decía que ese es el reconocimiento a los trabajadores y dirigentes sindicales que fueron asesinados y perdieron la vida durante la dictadura.
Estimo de toda justicia que se recuerde a trabajadores portuarios como resultado de una lucha de larga data.
Permítame, señora Presidenta, referirme a los últimos temas.
El artículo 7° de la iniciativa establece algo fundamental -quiero dejar constancia de ello-, en el sentido de que ninguna disposición de la ley en proyecto puede ser interpretada de modo que contravenga compromisos internacionales de Chile. Esto es muy importante para las interpretaciones que algunos puedan hacer respecto a los puertos del norte.
Y, finalmente, voy a solicitar que se vote por separado un punto.
Aquí, las que deben pagar -pido que se me conceda solo medio minuto más, señora Presidenta- lo que se les adeuda a los trabajadores y lo que se conquistó como un bono retroactivo son las empresas portuarias. Ellas incumplieron. Y cuando se señala que¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Termine su intervención, señor Senador.
Recuerde que ya le hemos dado varios minutos.
El señor LETELIER.- Decía, señora Presidenta, que me parece escandaloso y un pésimo precedente que los importadores y exportadores paguen lo que los malos empleadores no pagaron. Y yo no me haré parte de eso.
Por lo tanto, voy a solicitar votación separada de ese punto. Y al menos, aunque sea solo, manifestaré mi protesta, porque las empresas portuarias fueron las que no cumplieron y son las que de hoy en adelante van a tener que pagar.
Pero, tal como el Estado no debe ser obligado a pagar lo que era responsabilidad de las empresas, no veo por qué un pequeño agricultor de mi Región o un pequeño exportador del sur o de cualquier parte del territorio nacional ha de estar obligado a cancelar algo que las empresas portuarias no pagaron y que originalmente debían hacer.
Como esa norma emana de una indicación que se presentó al texto original, pido votación separada.
Reitero mis felicitaciones a los trabajadores, porque son ellos los responsables de este proyecto de ley.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra al Senador señor Orpis, le aclaro al Honorable señor Letelier que ya estamos en votación. Y se acordó que se haría una votación única, incluida la modificación que se introdujo en la Comisión de Hacienda. Así que ya no corresponde su petición.
Dejo constancia de esa situación, pues la Mesa tiene claro que ese fue el acuerdo de la Sala. En dos oportunidades lo vimos. De modo que no es posible acceder a la solicitud de Su Señoría.
El señor LETELIER.- ¡Reglamentariamente, tengo derecho a pedirlo respecto de todos los artículos!
El señor LARRAÍN.- ¡Antes, Senador!
El señor ORPIS.- ¡Antes de la votación!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Eso se puede solicitar antes de que se abra la votación, no después.
Así que lo lamento, señor Senador, pero no es posible pedirlo ahora.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Saludo a la señora Ministra, al señor Subsecretario y a los dirigentes que nos acompañan.
Para comenzar, deseo destacar el acuerdo a que se llegó en esta materia. Porque, en definitiva, el sector portuario es muy determinante para el desarrollo de nuestro país.
Ojalá este sea el primer paso para hacer las modificaciones necesarias a fin de que exista estabilidad en el sistema portuario y no tengamos que volver a vivir los conflictos que paralizaron los puertos a lo largo de Chile, con un impacto muy fuerte sobre nuestro desarrollo, particularmente en sectores para los cuales resultaba clave exportar sus productos en determinado momento.
Las razones son atendibles. Y este debería ser un llamado a la conciencia al objeto de avanzar en las materias portuarias, para evitar ese tipo de situaciones.
En segundo lugar, dejo claramente establecido que en el artículo 7º del proyecto se señala de manera expresa que "Ninguna disposición de esta ley podrá ser interpretada de modo que contravenga compromisos internacionales de Chile.".
Eso es especialmente relevante, toda vez que en Bolivia ya han salido artículos e interpretaciones en el sentido de que esta normativa estaría vulnerando el Tratado de 1904.
Por ello, quiero dejar constancia en esta Sala de que la ley en proyecto establece de manera expresa que no se altera tratado internacional alguno, y en particular, las disposiciones contenidas en dicho Tratado.
En tercer término, deseo hacer presente que respetaré el acuerdo consignado en el artículo 4º de la iniciativa, aun cuando comparto plenamente la reflexión del Senador Letelier.
A mí no me parece que otros tengan que terminar respondiendo por un compromiso que no contrajeron. Este debe cumplirse. Nadie está objetándolo, ni tampoco el pago de la deuda pendiente. Pero el precepto en comento hace que entidades absolutamente ajenas a la relación laboral terminen pagando una deuda que, en mi concepto, no les corresponde asumir.
Por ello, sin perjuicio de aprobar la norma, no podemos dejar pasar ese hecho, toda vez que constituye un precedente delicado. Ya lo vivimos, como explicó el Senador Hernán Larraín, a raíz del conflicto con los trabajadores recolectores de basura.
Y hoy estamos creando un segundo precedente.
Por eso, no estoy de acuerdo en consagrar y reafirmar precedentes a través de los cuales se imponen obligaciones a personas completamente ajenas a la relación laboral. Encuentro delicado seguir avanzando en legislaciones de tal naturaleza.
En consecuencia, aun cuando concurro al acuerdo de aprobar las modificaciones, no puedo dejar pasar esa observación al artículo 4º, porque me parece una norma improcedente. Y ojalá en el futuro los encargados de responder a las obligaciones de carácter laboral sean las entidades y los empleadores que verdaderamente mantengan una relación laboral y no empresas o instituciones del todo ajenas a ese vínculo.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar, felicito el trabajo y las instancias de diálogo lideradas por la señora Ministra del Trabajo, por el señor Subsecretario y sus equipos, pues lograron poner en la mesa y resolver un problema de arrastre, un conflicto que se extendía desde hacía mucho tiempo y que, probablemente, la indolencia de las empresas, la indolencia del sistema y la indolencia de la política más bien habían dejado debajo de la alfombra o, para decirlo en jerga portuaria, "adentro de un container".
Pero no habíamos hecho el debate de fondo.
Lo digo porque hoy día discutimos una iniciativa que viene a dar cumplimiento a un acuerdo suscrito en el marco de un conflicto.
Como dije, no habíamos entrado en el debate de fondo.
Ya se decía acá que gran parte de nuestras exportaciones de materias primas, forestales, mineras y otras salen por vía portuaria. Y, por tanto, el sistema de puertos es estratégico para la economía y el desarrollo de nuestro país.
Si entendemos que el puerto es un lugar estratégico para el desarrollo y la economía nacionales, entonces podría justificarse aquello que se indicó en algún minuto, cuando se desintegró EMPORCHI y se procedió a la privatización de los puertos, en el sentido de que, dado que se trataba de un sector estratégico, se iba a realizar una mejora desde el punto de vista de la infraestructura, de la tecnología, de los recursos humanos, y que íbamos a contar con un sistema moderno.
Algunos de esos aspectos se han ido cumpliendo.
Sin embargo, no es posible que el sistema estratégico, el sistema portuario deje durante más de veinte años fuera del proceso de modernización dos de sus elementos fundamentales: los recursos humanos y la legislación laboral.
Resulta completamente impresentable que, desde el inicio del proceso de privatización, no hayamos sido capaces de hacernos cargo de una realidad de precariedad laboral que puede poner en riesgo nuestras exportaciones y, lo que es peor, arriesgar la seguridad y la tranquilidad de los trabajadores.
El debate que se da en el mundo, y que no veo todavía en Chile, radica, por ejemplo, en cuál será el impacto que generará en nuestros puertos y en nuestras exportaciones la ampliación del canal de Panamá, que es un elemento estratégico. ¿Cómo vamos a enfrentar esa circunstancia? ¿Cuál será el proceso de modernización? ¿Para dónde van las grandes empresas? ¿Hacia dónde se dirige la visión pública de nuestro sistema portuario?
Para enfrentar esas interrogantes se requiere, necesariamente, tener solucionadas cuestiones básicas.
Por ello, me parece una vergüenza para nuestro país el hecho de ver que los trabajadores, muy bien inspirados, aplauden porque el Senado de la República ratifica la conformación de un comité paritario.
Y lo considero una vergüenza porque estamos hablando de un derecho básico que no deberíamos estar discutiendo hoy: ¡tendría que haberse establecido hace muchos años!
Yo valoro, por ejemplo, la incorporación de un artículo 133 bis, nuevo, mediante el cual se involucra a la Dirección del Trabajo en la fiscalización del sistema de control de normas laborales.
¡Pero se ha debido llegar a esta modificación legal y a la incorporación de ese organismo fiscalizador porque la autoridad encargada de ello no lo hizo durante todos estos años!
Detrás de cada uno de esos incumplimientos de normas hay trabajadores que no pueden hacer respetar sus derechos laborales.
Alguien manifestaba: "Nos están imponiendo una carga excepcionalísima en la industria". ¡Claro: porque gozan de una norma excepcionalísima, cual la posibilidad de contratar trabajadores eventuales, a quienes van despidiendo cada veinticuatro horas¿!
¡Eso atenta contra la estabilidad laboral!
¡Eso atenta contra los derechos básicos!
Por eso, considero que este proyecto es un buen avance. Pero, ciertamente, no me parece adecuado su origen. Porque, al final del día, lo que ocurrió fue que un grupo de empresas -no digamos que les faltan utilidades, ni tampoco que trabajan a pérdida- no se hicieron cargo de una realidad laboral que debieron asumir.
La intromisión del Estado, de la autoridad pública obedece a la negligencia inexcusable de aquellos que hoy ejercen el rol de concesionarios en las empresas portuarias de nuestro país.
Vaya mi reconocimiento -insisto- al Ministerio del Trabajo, pues fue muy importante la labor de diálogo que llevó adelante.
Sin embargo, quiero hacer presente también, a riesgo de ser impopular, que no comparto que el Gobierno anterior -y lo dije en alguna oportunidad en una reunión- haya establecido...
El señor HARBOE.- ¿Me da un minuto más, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, Su Señoría.
Decía, señora Presidenta, que no comparto que la Administración anterior haya establecido un mecanismo de tranquilidad social a través de la asignación de un conjunto de pensiones de gracia, más allá del legítimo derecho de los trabajadores.
¡No se calma a los trabajadores en la afectación de sus derechos con una pensión de cargo de todos los chilenos!
Estimo que debemos avanzar en la reforma de fondo: una "Ley larga de Puertos" que se haga cargo del sistema laboral considerando también las particularidades de los puertos de Magallanes, del Biobío, del norte, que responden a realidades absolutamente particulares.
¡Eso no se gana con una pensión más ni con una pensión menos: se gana con leyes estables y permanentes en el tiempo que reconozcan derechos laborales que nunca debieron conculcarse mediante el proceso de privatización!
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y un pareo), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido; por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Doy las gracias a la señora Ministra y, por supuesto, a los trabajadores que nos acompañaron en las tribunas, a quienes felicito por el acuerdo logrado.
Boletín N° 7970-24
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde discutir el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Día Nacional del Adulto Mayor, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata).
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.970-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 56ª, en 11 de septiembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es establecer el 1 de octubre de cada año como Día Nacional del Adulto Mayor.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único y tener "discusión inmediata", y lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Espina, Guillier y Quinteros), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 3 del informe del referido órgano técnico.
El señor BIANCHI.- No voy a fundar mi voto. Simplemente, el Presidente de la Comisión de Gobierno, quien por razones de salud debió ausentarse, me pidió informar la iniciativa.
Señora Presidenta, el proyecto de ley que hoy conocemos en segundo trámite constitucional tiene por objeto establecer el 1 de octubre de cada año como Día Nacional del Adulto Mayor.
Se originó en una moción de los Diputados señora Girardi y señores Aguiló, Carmona, Gutiérrez, Schilling, Teillier y Velásquez.
Los fundamentos jurídicos que fundamentan esta propuesta se hallan en la Resolución N° 45/106 (14 de diciembre de 1990) de la Organización de las Naciones Unidas, que guarda relación con la Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento, de 1982, y en la Resolución N° 46/91, de la Asamblea General de la ONU, que adoptó los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad.
La importancia de este proyecto radica en la necesidad de establecer el día nacional de las personas de edad para dar validez a los principios internacionales existentes en la materia y, además, enaltecer los derechos de los adultos mayores velando por su protección y dignidad.
Dejo constancia de que la Honorable Cámara de Diputados aprobó está iniciativa por 65 votos a favor y 5 abstenciones.
La Comisión de Gobierno del Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó hoy este proyecto, que, por cierto, llamo a votar favorablemente.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, como integrante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, me correspondió discutir y votar este proyecto, que reconoce algo que de cierta manera ya está instalado. Y los adultos mayores lo han determinado así.
¡Quién no ha participado durante octubre en la celebración del día de los adultos mayores, que se han tomado el mes completo!
Y en buena hora que así sea.
Desde hace algunos años en nuestro país el 1 de octubre se celebra como el día del adulto mayor. Y es un reconocimiento a las capacidades de las personas de la tercera edad; a su ánimo; a su entusiasmo; a su demostración diaria -y así lo señalan- de cómo están en la tercera o cuarta juventud, en los años dorados.
Así que concurro gustosa a respaldar esta iniciativa. Y, por supuesto, destaco a los Diputados autores de la moción que le dio origen. Ello refleja el espíritu y el ánimo de trabajo de muchos para con ese sector de nuestra sociedad.
Señora Presidenta, considero que, cuando aprobamos proyectos que conmemoran días especiales, es bueno dejar sentado en la discusión que una cosa es el reconocimiento legal que se hace -en este caso, a los adultos mayores- y otra la necesidad de reforzar las políticas públicas pertinentes.
Chile es un país que envejece a tasas aceleradas, y eso requiere políticas destinadas a cuidar a los adultos mayores dependientes.
Debo recordar que tenemos pendiente la tramitación de una iniciativa que busca generar financiamiento para la existencia de centros de larga estadía adecuados, con altos estándares, de buena calidad, pero también para garantizar la operación de esos establecimientos más allá de lo que hoy realizan las instituciones de beneficencia.
Hay que entrar en la lógica de los centros de día; de las viviendas tuteladas; del retraso de la dependencia, para que los adultos mayores sean sujetos de derecho, tomen sus propias decisiones y mantengan su autonomía.
Sobre el particular, hay experiencia internacional en materia de programas específicos, en torno a lo cual percibo que tenemos mucho que hacer.
El sistema de salud también puede dar acogida y facilitar el acceso no solo a medicamentos sino también a tratamientos.
En fin, hay bastante por realizar.
Siento, señora Presidenta, que este proyecto debe significar asimismo un compromiso.
Es menester reforzar nuestra institucionalidad pública.
Yo he sido testigo de cómo el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha ido ganando presencia. Pero todavía es deficiente. Vemos cómo, ante situaciones de abandono o de violencia hacia las personas de la tercera edad, no existen redes de apoyo que las acojan y protejan; muchas veces ni siquiera hay un abogado que patrocine las causas respectivas.
Así que, junto con valorar esta iniciativa y respaldarla, hago un llamado, especialmente a las autoridades del Ejecutivo -al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Hacienda, sobre todo cuando estamos ad portas de debatir el proyecto de Ley de Presupuestos-, para que ojalá la valoración a los adultos mayores, que se encuentra en el discurso, se traduzca en recursos concretos, en una política pública definida y en programas específicos que cuenten con financiamiento, para acoger y ser contraparte de lo que ellos han planteado y que reconocen durante su mes.
--Se aprueba en general el proyecto (16 votos favorables); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Harboe, Larraín, Letelier, Orpis, Prokurica, Quintana, Tuma e Ignacio Walker.
Boletín N° 9411-15
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde discutir el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito en lo referente al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o muerte, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.411-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 22 de julio de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de este proyecto es sancionar con mayor severidad la conducción de vehículos por personas que se encuentren en estado de ebriedad cuando dicho delito provocare lesiones graves gravísimas o la muerte de la víctima.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 19 a 21 del primer informe del referido órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Si a la Sala le parece, abriremos la votación.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, este proyecto, al igual que los otros tres que lo antecedieron, iniciados en mociones, tiene su punto de partida en la conmoción causada por el caso de la menor Emilia Silva, quien, como sabemos, falleció en enero de 2013, a los 9 meses de edad, a causa de un accidente de tránsito motivado por un conductor ebrio, el que, pese a la gravedad del delito, fue condenado a dos años de pena remitida, la que cumplió en libertad.
En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, la iniciativa tiene origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República, el que ingresó a la Cámara de Diputados el 1° de julio del año en curso.
En dicho texto, la Primera Mandataria puso de manifiesto la sensación de impunidad que la comunidad tiene ante el referido caso y frente a muchos otros semejantes que siguen ocurriendo, lo que ha despertado el consecuente interés por realizar las modificaciones legales necesarias para impedir que conductores ebrios que ocasionen lesiones graves, e incluso la muerte, sean condenados a penas menores, las cuales finalmente son cumplidas en libertad.
El mensaje informa sobre los avances que nuestro país ha realizado en materia de restricción a la conducción bajo los efectos del alcohol, recordando que se han redefinido los niveles de ese compuesto en la sangre que configuran la conducción bajo la influencia del alcohol; que se ha tipificado el delito de manejo en estado de ebriedad, y que también se han endurecido las sanciones pecuniarias y de suspensión de licencias de conducir asociadas a tales delitos.
Su Excelencia la Presidenta de la República hace un reconocimiento a los significativos aportes que parlamentarios de diferentes partidos han realizado para enfrentar este problema, los que se han traducido en las ya mencionadas tres mociones anteriores.
La primera, de marzo de 2013, de los Diputados señoras Muñoz y Sepúlveda y señores Aguiló, Carmona, Gutiérrez, Hasbún, Jarpa, Latorre, Schilling y Teillier, no logró convertirse en ley por haberse rechazado el informe de la Comisión Mixta debido a que no existió coincidencia entre ambas Cámaras con relación a las normas propuestas.
La segunda, de enero de 2014, también fue presentada por un conjunto de señores Diputados.
Y la tercera, de abril de este año, es la del Senador don Alberto Espina, suscrita también por los Senadores señores Larraín, Patricio Walker, Zaldívar y quien habla.
La señora Presidenta de la República informa que, dadas las diferencias habidas entre ambas Cámaras con relación a las fórmulas propuestas por esas iniciativas para atender la situación en estudio, el Gobierno se encargó de encabezar los esfuerzos destinados a consensuar un proyecto único, nuevo, que es el que ahora se somete a discusión general en esta Sala y que plantea las proposiciones que señalaré a continuación.
Antes de profundizar en ellas, quiero señalar que en la mesa de trabajo, presidida por el señor Ministro de Justicia, tuvo una destacada participación el Senador don Alberto Espina.
Las propuestas centrales son las siguientes.
1.- En primer lugar, el proyecto en discusión, que fue aprobado en general por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aumenta, en el artículo 196 de la Ley de Tránsito, el nivel máximo de la pena para el caso en que la conducción en estado de ebriedad ocasione lesiones graves gravísimas o la muerte.
La pena actual, de presidio menor en su grado máximo (esto es, 3 años y un día a 5 años), pasa a ser de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, con lo cual irá desde los 3 años y un día hasta los 10 años (se amplía el techo).
Además, se aplicará multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales (entre 360 mil y 900 mil pesos), y adicionalmente se establece inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.
2.- En seguida, en el mismo artículo 196 de la Ley de Tránsito, se contiene un tipo calificado de este delito para los casos de huida del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima, de reincidencia o de un conductor profesional que actúe en el ejercicio de sus funciones. En estas tres situaciones, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo; es decir, partirá de 5 años y un día y podrá llegar hasta los 10 años.
3.- Luego, se introduce un artículo 196 bis, nuevo, que contempla reglas especiales para la determinación de la pena que corresponderá a estos delitos, en función de la concurrencia de atenuantes y agravantes. El objetivo de esta regla es que el juez no se salga del marco punitivo fijado por la ley y siempre imponga una pena que se ubique dentro de ese marco, eliminándose el efecto que provoca en la actualidad la concurrencia de dos o más atenuantes.
Esta es una novedad introducida en el proyecto motivado por el Senador Espina.
4.- Se incorpora también un artículo 196 ter, que fija reglas especiales para la aplicación de la ley N° 18.216, sobre penas sustitutivas de las sanciones privativas o restrictivas de libertad. El criterio central es que frente a los delitos antes mencionados proceda únicamente la sustitución por la pena de reclusión nocturna, la que se cumplirá bajo un conjunto de reglas especiales, entre las cuales figura la de que la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el que el condenado cumplirá en forma efectiva la sanción privativa de libertad que se le impuso.
5.- A continuación, el proyecto modifica el artículo 149 del Código Procesal Penal, relativo a los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva. El propósito de esta enmienda es permitirle al Ministerio Público apelar verbalmente de la resolución que niega la prisión preventiva, manteniéndose el imputado privado de libertad mientras la Corte de Apelaciones respectiva resuelve sobre su imposición.
6.- Finalmente, se modifica el artículo 3° del decreto ley N° 321, sobre libertad condicional, de manera de disponer que solo podrá concederse este beneficio una vez que el condenado haya cumplido a lo menos dos tercios de la pena impuesta, en lugar de la mitad de la pena como lo prescribe la regla general.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, al analizar este proyecto, contó con la colaboración de distintos especialistas. Entre ellos, cabe destacar a los profesores señores Juan Domingo Acosta y Jean Pierre Matus.
En términos generales, hubo acuerdo en cuanto a los méritos del proyecto presentado y a la pertinencia de aprobar la idea de legislar.
No obstante, del estudio de su texto fluyeron distintos ajustes que podrían perfeccionarlo, e incluso, propuestas destinadas a complementarlo.
Es el caso de la posibilidad de tipificar como ilícitos independientes la fuga del lugar del accidente o la negativa a hacerse el examen de alcoholemia, a fin de evitar incentivos perversos para burlar las penas establecidas en esta iniciativa.
Igualmente, se determinó la conveniencia de regular el comiso del vehículo utilizado en el delito y de agilizar el acceso de la policía al Registro Nacional de Condenas para permitirle que en los controles de identidad y de tránsito cuente con la información y los dispositivos que tiene para estos efectos.
Por lo anterior, se aprobó la idea de legislar, con el propósito de que, si la Sala hace lo propio, se abra un plazo a los fines de presentar indicaciones sobre todos los aspectos que resulten procedentes para mejorar tan significativo proyecto.
Ese acuerdo contó con la votación favorable de la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Senadores señores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Alberto Espina, Hernán Larraín y el parlamentario que habla, quienes le recomendamos a la Sala que proceda de la misma manera y apruebe en general esta iniciativa.
Complementariamente, a consecuencia del debate habido, la Comisión coincidió en la pertinencia de efectuar con la mayor brevedad una revisión de las penas asignadas al delito de homicidio, al objeto de preservar el principio de proporcionalidad entre los distintos ilícitos que atentan contra la vida. Ello, para no generar una desproporción entre un cuasidelito, como el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, y el homicidio, situación que la Comisión ya está conociendo.
En consecuencia, señora Presidenta, le solicitamos a la Sala aprobar en general este proyecto y abrir un plazo para presentar indicaciones.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, quiero en primer término expresar mi agradecimiento al Senador señor Harboe, quien ha tenido palabras muy deferentes hacia mi persona.
Creo que prestigiamos el trabajo del Parlamento cuando, frente a materias que deben constituir políticas de Estado, somos capaces de trabajar juntos, como ocurre en este caso.
El señor Presidente de la Comisión de Constitución hizo una exposición completa. De manera que no repetiré lo que Su Señoría señaló, sino que, derechamente, voy a referirme a aspectos de fondo de este proyecto.
Una de las cosas que los legisladores debemos considerar es que los delitos penales dicen relación con el reproche que la sociedad tiene respecto a determinada conducta determinada. En consecuencia, tenemos que estar siempre atentos a un comportamiento que se considere negativo, para actualizar la legislación.
En lo posible, resulta deseable no dejarse llevar por situaciones puntuales, sino más bien por estudios serios acerca de las penalidades que deben merecer los delitos.
Algunos aspectos en la materia resultan hasta ahora absolutamente incomprensibles para la ciudadanía.
Nuestro sistema de sanciones se traduce en que el Código establece una pena, pero el juez, en virtud de las propias atribuciones que le otorga ese ordenamiento, puede salirse de dicho marco.
Me pondré en el caso del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, al cual se le asigna hoy una pena de tres años y un día a cinco años. Pero eso es teórico. El que incurre en tal conducta y mata -ha sido muy emblemático lo que le ocurrió a la menor Emilia Silva, quien iba, con sus padres, en un vehículo que fue chocado por detrás- no recibe la sanción si se configuran circunstancias atenuantes que permiten disminuirla. Puede que finalmente se determine una pena tan baja, que ni siquiera pase un día en la cárcel.
La razón es muy simple. El Código dispone que el juez, dependiendo de la forma como se compone la sanción, tiene la atribución de rebajarla considerablemente cuando medien una, dos o tres circunstancias atenuantes.
Entonces, nos encontramos con una situación que para la gente -repito- es incomprensible: tratándose de un delito con una pena de tres años y un día a cinco, el responsable finalmente puede quedar condenado a 61 días de cárcel.
Y como ello no significa, de acuerdo con nuestra legislación, permanecer preso durante los 61 días, sino que se otorgan beneficios, resulta que a alguien que mata a otro por una actitud temeraria, irresponsable, como es conducir en estado de ebriedad, no le pasa absolutamente nada.
Se observa una falla en la forma como está estructurado nuestro Código Penal.
Y lo más relevante, a mi juicio, es que el proyecto del Gobierno recoge algo que elaboramos los Senadores señores Harboe, Larraín, Patricio Walker y el suscrito, con la adhesión de muchos otros de los presentes, en orden a proceder a un cambio fundamental en el establecimiento de las sanciones. En efecto, es la primera vez que en nuestra legislación se contempla una norma en virtud de la cual el juez no puede salirse del marco fijado.
Señora Presidenta, ¡se trata de una modificación enorme! Nunca había existido en Chile una disposición en el sentido de que, si el Código Penal o la ley asignan una sanción determinada, el juez no puede salirse de ella, ni para arriba ni para abajo.
¿Qué hicimos? En primer lugar, dado que la sociedad tiene hoy día el derecho de exigir mayor responsabilidad a quienes incurren en la conducción en estado de ebriedad, es natural que la pena haya de ajustarse, de modo que, en vez de ir de tres años y un día a cinco años, quedó en tres años y un día a diez años. El juez no puede aplicar menos de tres años y un día ni subir de diez años, porque el legislador le fija el marco.
¡Ese es el tremendo aporte del Senado, para efectuar un cambio muy de fondo -repito- en la legislación!
Adicionalmente, consideramos tres circunstancias especiales. Si el responsable se arranca del lugar donde se cometió el delito y no presta ayuda a la víctima, o ha sido condenado anteriormente por conducción en estado de ebriedad, o su profesión es el transporte de personas y bienes, la base será de cinco años y un día.
¿Qué es lo importante? Que hemos recogido, como Senado, una legítima aspiración e inquietud ciudadanas.
No es razonable en un país, no está bien en una democracia, que se registre una actitud negligente al extremo de que, a sabiendas de las campañas públicas para que no se maneje en estado de ebriedad, se asuma este riesgo, se mate a una persona y no se reciba ningún tipo de sanción. Eso es lo que ocurre hoy, en la práctica.
Lo que ha hecho el proyecto del Gobierno, que recoge tanto las mociones en la Cámara de Diputados como nuestros aportes, es llevar a cabo en Chile un cambio radical. No solo se ajusta la pena a la real gravedad de la conducta en que se ha incurrido, sino que también se contempla la tremenda innovación de que es preciso ceñirse al marco que fija la ley. Y si la ley dispone tres años y un día a diez, y en otras hipótesis, cinco años y un día a diez, el juez no se puede salir de estos márgenes.
Otra norma muy importante determina que, para poder obtener un beneficio, quien ha cometido el delito tendrá que permanecer en la cárcel quizás hasta un año.
¡Es una ley muy dura! Pero tengo la impresión de que es mucho más duro que Benjamín Silva y Carolina Figueroa tengan que vivir el resto de su vida sabiendo que su hijita falleció por una actitud absolutamente temeraria, indebida e irresponsable de una persona que finalmente no pasó prácticamente nada en la cárcel.
Entonces, el legislador ha tomado un camino que advierto que será objeto de reproches en la doctrina, que generará críticas, pero se despachará una normativa a la altura de lo que cualquier país ha de llevar a cabo cuando se trata de conductas de tanta gravedad.
¡Lo mismo deberíamos hacer respecto del homicidio!
¡Lo mismo deberíamos hacer en cuanto a las acciones de mayor reproche social!
No estamos haciendo referencia a delitos de bagatela, sino a aquellos que revisten un carácter grave en una sociedad: los abusos sexuales, que marcan a una persona para toda su existencia; los homicidios, cuyo precio en la vida de una familia no es necesario señalar; muchos casos de robos violentos en casas particulares, que dejan un daño tremendo en sus habitantes, y, por supuesto, la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas que pueden dejar a alguien en estado vegetal.
Me alegro infinitamente, señora Presidenta, de que el Senado esté reaccionando responsablemente ante el problema.
Quiero manifestar un justo reconocimiento a los Diputados que comenzaron con un proyecto muy distinto al que estamos aprobando, pero que tuvieron la sensibilidad de recoger el problema.
Asimismo lo dirijo al Gobierno. Aquí está la Ministra señora Rincón. También lo extiendo al Ministro señor Gómez.
Porque se planteaba el camino de entrar en una guerra permanente entre la Cámara de Diputados y el Senado. ¡A ver qué proyecto se imponía!
Recuerdo haber comenzado en la oficina de la señora Ministra. Un día estuvimos una hora conversando. Le expliqué el proyecto y le destaqué la conveniencia de hacer algo propio de un país maduro, que es proponerle a su Gobierno -es el de todos los chilenos- recoger las propuestas, las indicaciones en la materia, los proyectos de los Senadores y los de los Diputados, y refundirlo todo en una sola iniciativa legal.
Concluiré en un momento, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Dispone de ese tiempo, Su Señoría.
El Gobierno accedió, lo que habla bien a su respecto.
Y mencionó las iniciativas de Senadores y Diputados, lo cual le hace acreedor a otro tanto.
No creo que ser opositor signifique encontrarle todo malo.
Hace poco viví una dura experiencia por defender a un Ministro del Interior y a un Intendente, lo que me parecía una causa noble.
En este caso, reconozco a la Ministra señora Rincón, al Ministro señor Gómez, al Gobierno, la capacidad de aglutinar las propuestas y hacer una presentación.
Termino expresando que no cabe duda de que tenemos que perfeccionar el proyecto. Mi Honorable colega Harboe dio una explicación en detalle, de modo que no voy a repetirla. Podría fijarse un plazo corto para la presentación de indicaciones, a fin de transformar estas ideas en una realidad y no solo en una aspiración, como ha sucedido hasta ahora.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la Mesa habíamos pensado en fijar el 1° de septiembre próximo para tal efecto, pero ello no puede sancionarse ahora, porque no tenemos quórum suficiente. Así que el próximo martes nos ocuparemos en el punto.
El señor ESPINA.- Al comienzo de la sesión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí. Pero la idea es que sea el lunes 1° de septiembre.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señora Presidenta, creo que el de hoy pasará a ser un día histórico, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en esta Corporación, por proyectos de ley distintos.
Sin lugar a dudas, la iniciativa en debate, tal como lo ha relatado cada uno de los que han intervenido, suma el esfuerzo de Diputados y Senadores, quienes asumen la demanda de familias.
Ya conocida como "Ley Emilia", recoge la realidad vivida por la pequeña de ese nombre que perdió la vida a causa de una persona que recibió dos años de pena remitida y que los cumplirá en libertad, en circunstancias de que se comprobó que registraba 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre.
No es el único caso, señora Presidenta. Cabe recordar la trágica muerte de Francesca Campos Salinas, de siete años, en el camino a Pelequén, que también murió atropellada por un conductor en estado de ebriedad.
A la lista se agregan Arturo Aguilera, Andrés Mariñanco, Verónica Selman, Eric, Alejandra y Ximena Herrera, y tantas otras personas fallecidas en esas circunstancias.
De acuerdo con el Club Europeo de Automovilistas de Chile, 344 personas murieron en 2013 por accidentes de tránsito ocasionados por conductores en estado de ebriedad. Creo que este es un dato más que relevante.
En 2010 se registraron 4 mil 561 accidentes por la misma causa; en 2011, 5 mil 46; en 2012, 3 mil 677.
Los fallecimientos, a su vez, ascendieron a 202, 205 y 148, respectivamente.
Y los lesionados llegaron a 5 mil 401, 5 mil 242 y 3 mil 782, respectivamente.
Resulta indiscutible que la normativa aprobada por el Congreso en años anteriores, que refleja una tolerancia cero a la conducta de que se trata, ha significado una disminución de los accidentes, pero no ha sido suficiente para evitar que ocurran.
El proyecto que se está aprobando en general hoy día implica, desde el punto de vista de las demandas ciudadanas, pero también de la responsabilidad de los legisladores, hacerse cargo de una situación grave en nuestro país.
Quiero reconocer no solo a las familias que han estado detrás de la normativa, sino también especialmente a los legisladores que han insistido en su presentación. En concreto, consignaré los nombres de los Diputados Hugo Gutiérrez, Sergio Aguiló, Lautaro Carmona y Guillermo Teillier, respaldados por los Diputados Gustavo Hasbún, Pedro Browne, Carlos Abel Jarpa y Víctor Torres y Alejandra Sepúlveda, y los actuales Senadores Adriana Muñoz y Carlos Montes. A ellos se suma el del Diputado Juan Carlos Latorre.
En cuanto a esta Corporación, deseo mencionar particularmente a los Senadores señores Alberto Espina, Felipe Harboe, Hernán Larraín, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Todos ellos han sido parte de un gran acuerdo recogido por el Ejecutivo; trabajado en conjunto, en una tarea prelegislativa, y que da cuenta de que podemos efectuar una labor con ahorro, en cuanto a los tiempos, pero tremendamente eficaz, desde el punto de vista de las normas.
Le agradezco a usted, señora Presidenta, por acoger la solicitud del Ejecutivo de darle rapidez a la tramitación, y a cada uno de los parlamentarios que respaldan la iniciativa, que da respuesta a una demanda de la ciudadanía, pero que también se hace cargo de una realidad en nuestro país.
--Por 19 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Goic y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Orpis, Prokurica, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminado el Orden del Día.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se les dará curso conforme al Reglamento.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que informe sobre MATERIALIZACIÓN DE BENEFICIOS COMO EXONERADO PARA SEÑOR ÓSCAR CÁRDENAS OBANDO; al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que entreguen antecedentes acerca de ANEGAMIENTO EN SECTOR BENEFICENCIA, VALDIVIA, Y MEDIDAS PARA SOLUCIONARLO; al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que informe respecto de ESTADO DE RUTA ANTILHUE-VALDIVIA; a la señora Ministra de Salud y al señor Superintendente de Valores y Seguros, solicitando antecedentes relativos a SITUACIÓN DE VOLUNTARIO JOHN IVÁN QUIROZ CASTRO Y CANTIDAD DE BOMBEROS DISCAPACITADOS EN ACTO DE SERVICIO; a la señora Ministra de Salud, requiriéndole antecedentes sobre REALIDAD SANITARIA EN SECTOR BENEFICENCIA, VALDIVIA, Y MEDIDAS POR REBASE DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA; al señor Ministro de Agricultura, solicitando RECURSOS ESPECIALES ANTE PLAGA DE VISÓN EN REGIÓN DE LOS RÍOS; a la señora Ministra del Deporte, pidiendo estudiar FACTIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE VALDIVIA EN PROGRAMA CHILESTADIOS; al señor Director General de la Policía de Investigaciones, solicitando antecedentes acerca de CONTRUCCIÓN DE RECINTO POLICIAL EN PANGUIPULLI, y al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, para consultar por FACTIBILIDAD DE MEJOR COBERTURA DE TELEFONÍA CELULAR EN COLONIA PAILLACO, COMUNA DE MARIQUINA.
A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo, en cuanto a CREACIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE ENCUENTROS BINACIONALES CHILENO-ARGENTINOS Y EFECTO EN TURISMO DEL MAULE, ADEMÁS DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS; al señor Delegado Presidencial del Programa Especial de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, con el objeto de solicitar PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN EN REGIÓN DEL MAULE EN MARCO DE PROGRAMA ESPECIAL DE GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS, y al señor Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario en la Región del Maule, planteando DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA ASESORÍAS TÉCNICA Y DE INVERSIÓN A PEQUEÑOS APICULTORES DE CHANCO.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndole información sobre FIJACIÓN DE PUNTOS BIOLÓGICOS DE REFERENCIA EN CASO DE PESQUERÍAS ADMINISTRADAS CON CUOTAS, y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole antecedentes en cuanto a FONDOS PARA MUROS DE CONTENCIÓN EN VIVIENDAS DE VILLA HORIZONTE Y PLAZOS PARA ENTREGA DE GIMNASIO, DICHATO; al señor General Director de Carabineros de Chile, solicitándole informar sobre CONDICIONES DE RETÉN DE DICHATO Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO; al señor Subsecretario de Desarrollo Regional, pidiéndole antecedentes sobre FACTIBILIDAD DE ADQUISICIÓN DE TERRENO DE CELCO EN DICHATO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS; al señor Intendente de la Región del Biobío, requiriéndole información acerca de COMPROMISO DE GORE PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE DICHATO; a la señora Alcaldesa de Tomé, solicitándole antecedentes relativos a ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CONSULTORIO, RETÉN, DELEGACIÓN MUNICIPAL Y CEMENTERIO; URBANIZACIÓN DE SECTOR CHACRA ALICIA, Y SITUACIÓN DE DENOMINADO "MALL" DE DICHATO, Y ALCANTARILLADO EN POBLACIÓN LOS LAGOS; a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, para que se requiera INFORMACIÓN DE ESSBÍO SOBRE ALCANTARILLADO EN DICHATO Y CASOS DE POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ, SECTOR CHACRA ALICIA Y POBLACIÓN LOS LAGOS, COMUNA DE TOMÉ; al señor Director del SERVIU de la Región del Biobío, para que informe sobre LOTEOS IRREGULARES, PAVIMENTACIÓN, EXPROPIACIONES Y SUBSIDIOS EN SECTORES DE DICHATO, y al señor Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, solicitándole antecedentes sobre DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE DICHATO.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En la de hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en 2007, durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, se anunció una inversión por más de mil 300 millones de pesos destinados a la normalización y ampliación del hospital del puerto de Huasco. Sin embargo, han transcurrido siete años y la construcción aún no se lleva a cabo, ni se han verificado una licitación ni un llamado a concurso.
El actual emplazamiento del recinto asistencial se encuentra dentro de la zona de inundación por un tsunami, de modo que ha sido necesario buscar nuevos terrenos, lo que ha demorado la implementación de la obra. Y se trata de una estructura de los años sesenta.
En dicho proceso, el municipio realizó en el año 2010 una consulta ciudadana destinada a priorizar tres terrenos aptos para la instalación. Sin embargo, el seleccionado en dicha instancia se descartó por los equipos técnicos del Ministerio de Salud, principalmente porque implicaba construir sobre la matriz que abastece de agua potable a la comuna.
Posteriormente se consideró un terreno municipal ubicado cerca del cementerio, sitio que, según lo informado por el Alcalde al Servicio de Salud, tendría un valor de 600 millones de pesos, más del 46 por ciento de la inversión anunciada originalmente, lo que hacía inviable financieramente el proyecto.
Ante esta situación, dicha entidad siguió buscando terrenos aptos, encontrando uno de propiedad particular y a un precio sustancialmente menor al anterior, y continuó trabajando en informes técnicos y de factibilidad.
Sin embargo, sorpresivamente, a fines del año 2013, el Alcalde informó que el terreno cuyo valor era de 600 millones de pesos bajaba brusca y sustancialmente, y sin explicación, a 50 millones, razón por la cual el Servicio destinó tiempo y recursos para realizar la evaluación técnica.
El 18 de abril recién pasado, el Intendente, señor Miguel Vargas, anunció, junto con el Alcalde de Huasco, que el hospital se empezaría a construir en el segundo semestre del año 2015, sin indicar el lugar ni el tipo de establecimiento de que se trataría.
Solicité, por oficio, el detalle de la información, pero no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha.
Posteriormente, en el mes de junio, la Presidenta de la República anunció el plan de infraestructura hospitalaria, en el cual el Hospital de Huasco estaría programado "para licitación" -no para construcción- a fines del período. Es decir, el llamado a licitación se espera para fines de 2017 o principios de 2018. Quedaría, así, en nada el compromiso asumido por el señor Intendente de la Región de Atacama ante la comunidad huasquina.
Hace una semana, de nuevo el Alcalde, con acuerdo del concejo municipal, anunció una consulta ciudadana a efectos de que sean los habitantes de Huasco quienes escojan, entre dos posibilidades, el terreno apto para el establecimiento.
Conocida la noticia, los funcionarios de este último iniciaron una movilización, no en contra de la consulta ciudadana, sino de la demora en tomar decisiones que permitan agilizar la construcción del nuevo recinto.
El Hospital de Huasco, que lleva el nombre del doctor Manuel Magalhaes Medling, fue inaugurado en marzo de 1967, hace 47 años. Cuenta con un gran equipo humano, de médicos, técnicos y administrativos, que día a día deben trabajar con un equipamiento completamente obsoleto para satisfacer las necesidades de los habitantes de la comuna con un equipamiento absolutamente obsoleto. Por ejemplo, hace meses que tienen malas las lavadoras y deben mandar a limpiar la ropa a otra ciudad; no disponen de condiciones mínimas para poder prestar un servicio de la calidad que la gente se merece y, por lo mismo, corren el riesgo de que fallezca alguna persona y cargar con esa responsabilidad.
No menciono aquí el problema de falta de especialistas médicos, del que adolecemos.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a la señora Ministra de Salud para que informe detalladamente el cronograma de construcción del nuevo Hospital de Huasco; se realicen las gestiones administrativas pertinentes a fin de agilizar este proyecto, permitiendo que esté construido y en operación -no para licitación el 2017- en el menor tiempo posible, y se asegure a la población que el nuevo recinto será levantado en el terreno que posea mejores condiciones técnicas.
El movimiento organizado en Huasco por los funcionarios del hospital y yo mismo no nos oponemos a que se haga una consulta. Pero la propia Ministra de Salud, en reunión efectuada la semana pasada, nos planteó que un grupo de técnicos expertos en la materia iba a viajar a la zona para determinar cuál era el mejor terreno, lo cual, en nuestra opinión, puede resolver la asimetría en las decisiones y la espera prolongada que ha habido desde el 2007 hasta ahora.
Asimismo, por su intermedio, me permito solicitar que se reitere el oficio enviado al Intendente de la Región de Atacama, sobre esta misma materia, el día 28 de mayo del año en curso, y que lleva el N° 495.
Señor Presidente, Huasco no puede seguir esperando, menos soportar anuncios que generan expectativas que después producen una tremenda frustración en sus habitantes, sentimiento que se replica entre quienes deben trabajar en un hospital que no reúne condiciones mínimas para la atención, no solo de la gente que vive en forma permanente en la comuna, sino también de los turistas que llegan en el período estival y que hacen aumentar al doble la población.
Además, se están construyendo varias obras industriales en dicha localidad, a las cuales arriban miles de trabajadores que deben ser atendidos frente a un accidente o una enfermedad.
Señor Presidente, le pido que se envíen los oficios solicitados, a fin de tener una respuesta oficial del Ministerio de Salud que permita adelantar el proyecto y, de ese modo, contar con la atención hospitalaria que se merece la gente del puerto de Huasco.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados por el Honorable señor Prokurica, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor García-Huidobro.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el turno del Comité Partido Socialista.
Pasamos al Comité Independientes y Partido MAS.
No hay inscritos para intervenir.
En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra al Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi preocupación y solicitar el apoyo que requerimos del Ejecutivo para cientos de familias, no solo de mi región, sino también de otras, a las que les fueron sustraídos sus hijos desde hospitales tanto públicos como privados y que no han tenido la posibilidad, hasta el día de hoy, de obtener información al respecto.
Junto con el abogado Cristian Letelier hemos entregado al Ministro Carroza todos los antecedentes recibidos, con el fin de que se pueda trabajar y darles una respuesta a esos padres y madres, que en algunos casos han esperado noticias acerca de la realidad de sus hijos durante más de treinta años.
Valoro la labor realizada por el Ministro Carroza y también la agilidad con que ha actuado la Comisión de Derechos Humanos de la PDI. Pero me gustaría una colaboración mucho mayor de parte del Servicio Médico Legal, del SENAME, y que el Ejecutivo pusiera a disposición todos sus organismos -principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, considerando que una monja hizo declaraciones sobre el tema en Holanda-, a fin de que podamos poner la información a disposición del Ministro Carroza y poder brindarles respuestas a esos padres, que esperan saber qué pasó efectivamente con sus hijos.
No quiero especificar nombres en este instante, pero muchos de los niños que nacieron, inclusive mellizos o gemelos, nunca fueron devueltos a sus progenitores. Al contrario, a estos se les informaba que habían fallecido.
¿Qué ocurrió? Que nunca se dieron mayores antecedentes. Es probable que algunos niños hayan muerto; sin embargo, sus cuerpos nunca fueron entregados. Incluso, en algunos casos se dice que se hicieron autopsias en el Servicio Médico Legal, pero este nunca proporcionó los informes. Por lo tanto, ahí hay asimismo una irregularidad absoluta, y por ello pido que se instruya una investigación sobre el particular en el referido servicio.
También hay otros casos en que no hubo información posterior. Y tanto es así que me da la impresión de que existía una red, no solo de sustracción de menores, sino, posiblemente, de tráfico de órganos, a fin de entregarlos a personas que los estaban solicitando.
Por eso, considero fundamental la colaboración del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Justicia, de modo que podamos darles, a la brevedad, una respuesta a padres y madres que por muchos años han querido saber qué pasó con sus hijos: si están vivos y, si es así, en qué situación se encuentran actualmente, o si se hallan muertos. Porque son sus padres biológicos y los menores fueron sustraídos de hospitales tanto públicos como privados.
Nosotros creemos que este es un delito que no tiene prescripción. Así lo resolvió el Ministro Carroza cuando asumió los casos. Y, por lo tanto, constituye un delito permanente que ha de ser resuelto cuanto antes.
En tal virtud, solicito que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que reúna informaciones respecto a las declaraciones de una monja en Holanda, donde reconoce que realizó la entrega de cientos de niños chilenos en su país. Según ella, ya se les ha comunicado a algunos padres biológicos la situación, pero creemos que aquí tiene que haber una investigación completa. Por eso esperamos que pueda declarar también ante la justicia chilena, para que muchas de las familias conozcan la respuesta que posiblemente ella pueda tener.
De igual modo, hay otra religiosa que informó a la señora María Rojas, de mi comuna de El Olivar, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, que sus hijos habían fallecido. Pero nunca se los entregaron. Después, inclusive, Carabineros llegó a detenerla a la comuna de Rengo, diciéndole que los había dejado abandonados. Concurrieron con su marido y su familia en reiteradas oportunidades a tratar de recuperar a los niños. Les señalaron que estos se hallaban en estado demencial y a la madre la amenazaron con que la iban a meter presa si seguía insistiendo en la devolución de sus hijos.
Los hechos descritos constituyen realidades dramáticas ocurridas en nuestro país en años anteriores. Y esperamos que haya una respuesta lo antes posible por parte de la Justicia, así como la colaboración de todos los organismos que puedan aportar.
Pido que se oficie especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la monja que hizo las declaraciones en Holanda; al Servicio Médico Legal; al SENAME, y al Titular de Justicia, con el fin de que podamos colaborar en la investigación del Ministro Carroza, quien la está llevando en forma muy eficiente.
--Se levantó a las 19:29.