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Timestamp: 2016-12-11 13:48:13
Document Index: 199213919

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[Sentencia C-367/11]Constitucional, Contra la Ley 1382 de 2010-Contratos de concesión y sus requisitos | laboralparatodos.com
[Sentencia C-367/11]Constitucional, Contra la Ley 1382 de 2010-Contratos de concesión y sus requisitos
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Demandante: Guillermo León Henao Gómez Magistrado Ponente:
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano GUILLERMO LEÓN HENAO GÓMEZ solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010 modificatoria de la Ley 685 de 2001 que establece lo siguiente: LEY 1382 DE 2010
PARÁGRAFO 2o. El tiempo máximo para que la autoridad minera resuelva la solicitud de contrato de concesión será de ciento ochenta días (180) calendarios, entendidos estos como aquellos atribuibles a la institucionalidad minera. En caso de incumplimiento, dicha mora será causal de mala conducta para el funcionario responsable. ARTÍCULO 2o. Adiciónase al artículo 31 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con los siguientes incisos:
La delimitación de la que habla el presente artículo será reglamentada de manera previa por la Autoridad Minera. ARTÍCULO 3o. El artículo 34 de la Ley 685 de 2001 quedará así:
PARÁGRAFO 3o. Para la declaración de las zonas de exclusión de que trata el presente artículo se requerirá un concepto previo no vinculante del Ministerio de Minas y Energía. ARTÍCULO 4o. Adiciónase el artículo 38 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con los siguientes incisos:
El Plan Nacional de Ordenamiento Minero se deberá coordinar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dados los efectos sobre el ambiente, la localización de la población y las posibilidades de uso ambiental del suelo. En todo caso el Plan Nacional de Ordenamiento Minero incluirá un análisis ambiental estratégico del territorio. ARTÍCULO 5o. Adiciónase el artículo 74 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas con el siguiente parágrafo:
PARÁGRAFO. Adicionalmente, si resulta necesaria una prórroga superior a la prevista en el presente artículo, el concesionario podrá continuar las exploraciones, solicitando prórrogas adicionales de dos (2) años cada una, hasta por un término total de once (11) años, para lo cual deberá sustentar las razones técnicas y económicas respectivas, demostrar los trabajos de exploración realizados, el cumplimiento de las Guías Minero-Ambientales, describir los trabajos que ejecutará, especificando su duración, las inversiones que realizará y pagar el canon superficiario respectivo. ARTÍCULO 6o. Modifícase el artículo 77 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará así:
Artículo 77. Prórroga y renovación del contrato. Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el período de explotación y encontrándose a paz y salvo, el concesionario podrá solicitar la prórroga del contrato de hasta veinte (20) años, la cual no será automática, y debe ir acompañada de nuevos estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales, que sustenten la situación actual de los recursos. Para el efecto, previamente deberá negociar las condiciones de la prórroga, incluso se podrán pactar contraprestaciones diferentes a la regalía, en todo caso, la prórroga solo se otorgará si se demuestra que es beneficiosa para los intereses del Estado. La prórroga se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, que se inscribirá en el Registro Minero. ARTÍCULO 7o. Adiciónase el artículo 84 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con el siguiente parágrafo:
PARÁGRAFO. El Ministerio de Minas deberá diseñar un formulario especial para la elaboración de los programas de trabajo y obras (PTO) para el sector de las esmeraldas, toda vez que estos minerales no son cuantificables como los demás. ARTÍCULO 8o. El artículo 101 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará así:
En todo caso la Autoridad Minera tendrá la facultad de aprobar o no la integración, mediante resolución motivada. ARTÍCULO 9o. Adiciónase el artículo 112 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con el siguiente literal:
k) Cuando empresas o personas naturales en ejercicio de actividades mineras, contraten a personas menores de 18 años para desempeñarse en labores de minería tanto de cielo abierto como subterráneas. ARTÍCULO 10. Modifícase el artículo 116 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas.
Lo dispuesto en los artículos 117, 118, 119, 120 y 332 de la Ley 685 del 2001 es aplicable también a las obras de infraestructura a que se refiere el inciso primero de este artículo e igualmente se mantienen las previsiones del artículo 41 y las demás derivadas de los derechos de propiedad privada. ARTÍCULO 11. Modifíquese el artículo 187 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará así:
PARÁGRAFO. Previo avalúo técnico del inmueble o de la posesión, por medio de peritos de la propiedad lonja raíz, para tasar la respectiva indemnización a favor del titular del predio a expropiar. ARTÍCULO 12. LEGALIZACIÓN. Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001.
PARÁGRAFO 2o. Se considerará legal el barequeo consistente en extracción de materiales de arrastre, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de rivera de 200 metros de largo. ARTÍCULO 13. Modifíquese el artículo 205 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el cual quedará así:
Licencia ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la exploración cuando requiera la construcción de vías que a su vez deban tramitar licencia ambiental, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 del presente Código. ARTÍCULO 14. Modifíquese el artículo 206 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el cual quedará así:
Requisito ambiental. Para las obras y trabajos de la explotación temprana, el interesado deberá obtener Licencia Ambiental, que posteriormente podrá, a juicio de la autoridad ambiental, ser modificada para amparar los trabajos definitivos de explotación con el lleno de los requisitos legales. ARTÍCULO 15. Modifíquese el artículo 212 del Código de Minas, Ley 685 de 2001, el cual quedará así:
Estudios y licencias conjuntas. Los beneficiarios de áreas vecinas o aledañas, estén o no incluidas en un plan conjunto de exploración y explotación, podrán realizar, si así lo requieren, el Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este Código, para las obras de infraestructura, el montaje y la explotación de dichas áreas, en forma conjunta si esta fuere exigible. Si las condiciones y características de dichas áreas fueren homogéneas o similares, podrán pedir además el otorgamiento de una Licencia Ambiental Conjunta. La gestión ambiental incluida en la Licencia, podrá contener medidas específicas acordes con la ubicación singular y concreta del área de cada concesión. En este caso, los beneficiarios deberán responder solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia. ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 230 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas:
PARÁGRAFO 2o. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, so pena de rechazo o caducidad, según corresponda. ARTÍCULO 17. Modifícase el inciso 1o del artículo 270 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará así:
Presentación de la propuesta. La propuesta de contrato se presentará personalmente por el interesado o su apoderado, ante la oficina de la Autoridad Minera competente en la jurisdicción del área de la propuesta. ARTÍCULO 18. Adiciónase al artículo 271 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con los siguientes literales:
i) Cuando se trate de proyectos de más de ciento cincuenta (150) hectáreas, la demostración de la capacidad económica del interesado para adelantar el proyecto minero se hará con sujeción a los parámetros que fije el Ministerio de Minas y Energía, los cuales serán proporcionales al área solicitada. ARTÍCULO 19. Modifícase el artículo 273 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará así:
Objeciones a la propuesta. La propuesta se podrá corregir o adicionar, por una sola vez, por parte del peticionario y por orden de la Autoridad Minera, en aquellos casos que no estén contemplados como causales de rechazo por el artículo 274 de este Código. El término para corregir o subsanar la propuesta será hasta de treinta (30) días y la Autoridad Minera contará con un plazo hasta de treinta (30) días para resolver definitivamente. ARTÍCULO 20. Modifícase el artículo 274 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas el cual quedará así:
5. Si no se acredita el pago de la primera anualidad del canon superficiario. ARTÍCULO 21. Adiciónase el artículo 280 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con el siguiente parágrafo:
PARÁGRAFO. En el evento de que existiere dificultad para la constitución de la póliza, esta se podrá sustituir por una garantía real, sea esta personal o de un tercero que aseguren el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. El Gobierno Nacional podrá reglamentar otros tipos de garantía. ARTÍCULO 22. Modifícase el artículo 285 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará así:
La Autoridad Minera prestará los servicios de fiscalización y seguimiento a los títulos mineros a que hace referencia el presente artículo a través de funcionarios o contratistas. ARTÍCULO 24. Adiciónase el artículo 332 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con el siguiente literal:
j) Las reservas especiales de que trata el artículo 31 del presente Código. ARTÍCULO 25. Adiciónase el artículo 334 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas con el siguiente inciso:
Las áreas que hayan sido objeto de un título o solicitud minera y que por cualquier causa queden libres, sólo podrán ser objeto de propuesta de concesión transcurridos treinta (30) días después de que se encuentren en firme los actos administrativos definitivos que impliquen tal libertad. Todo acto administrativo a que se refiere este artículo deberá ser publicado en la página electrónica de la Autoridad Minera o en el medio que hiciere sus veces, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria. Dentro de este último término deberá inscribirse en el Registro Minero. ARTÍCULO 26. DISTRITOS MINEROS ESPECIALES. El Ministerio de Minas y Energía delimitará, con la participación regional y local de los actores empresariales, sociales, de gobierno y demás entes administrativos involucrados en los procesos de la minería, áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les denominará Distritos Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la relación Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación participativa en un contexto de desarrollo humano sostenible y equilibrio para la competitividad del territorio.
PARÁGRAFO. La Autoridad Minera conformará los Distritos Mineros de acuerdo a condiciones geológico-mineras, sociales y económicas. ARTÍCULO 27. Adiciónase la Ley 685 de 2001, Código de Minas, con el siguiente artículo:
“Responsabilidad social empresarial. Las empresas mineras promoverán y efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, que propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su influencia. ARTÍCULO 28. Las disposiciones de la presente ley no modifican ni derogan las garantías y derechos consagrados en la Ley 70 de 1993 y en el Código de Minas a favor de los grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) y de sus zonas mineras. ARTÍCULO 29. La Autoridad Minera tendrá la obligación de reglamentar el artículo 254 sobre mano de obra regional, de la Ley 685 de 2001, en un término máximo de seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente ley. ARTÍCULO 30. En los departamentos contemplados en el artículo 309 de la Constitución Nacional y en el Chocó, donde existe la pequeña minería, mediante el método de minidragas de motores hasta de 60 caballos de fuerza, el Estado les dará especial protección para la continuidad en el ejercicio de esta tarea y tendrá un plazo de hasta dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para legalizar dicha actividad. ARTÍCULO 31. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 190, 191, 203, 211, 213, 215, 282, 292, 298 y 316 de la Ley 685 del 2001 Código de Minas.
2.2. Con relación a la violación del artículo 1º, 2º, 3º y numeral segundo del 40 de la Constitución explica que, “la Constitución Política reconoce que Colombia es un Estado social de derecho, y una República democrática, participativa y pluralista. Esta directriz, pilar de toda la legislación, junto con los artículos segundo y tercero de la misma Constitución Política, garantizan, por sí solos, la obligación que le corresponde a todas las autoridades de los poderes públicos de promover y permitir la participación efectiva de todos los habitantes en las decisiones que los afectan. Las cualidades de república democrática y participativa son debidamente ratificadas y desarrolladas mediante los derechos reconocidos a los ciudadanos por el artículo 40 de la Constitución Política. Uno de tales derechos es tomar parte en las diversas formas de participación democrática (numeral 2º)” 2.3. Del mismo modo indica que al reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural debe agregarse la facultad de promover las condiciones de igualdad real y efectiva tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 13 de la C.P . En este sentido dice que la norma viola dicho artículo porque no otorga la igualdad real y efectiva para las comunidades indígenas. Esta participación en condiciones de igualdad se debe conjugar con el artículo 7º del la C.P., que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana. 2.4. Dice que los artículos de la Constitución Política hasta ahora mencionados 1º, 2º, 3º, 7º, 13 y 40 numeral segundo, fueron vulnerados con la expedición de la Ley 1382 de 2010, ya que, “antes ni durante el trámite legislativo fue respetado el derecho fundamental de consulta en cabeza de las comunidades indígenas, con lo cual se violó el carácter democrático y pluralista de la República colombiana, al igual que la diversidad étnica y cultural de la Nación”. 2.5. Por otra parte, explica que la ley demandada infringe los artículos 329 y 330 de la Constitución, por cuanto estos establecen el deber de promover la participación de los representantes de las comunidades indígenas en lo atinente a la explotación de recursos naturales en sus territorios. Sobre este punto señala que la Ley 1382 de febrero 9 de 2010, que modifica el código de minas, incide directamente sobre las comunidades indígenas, ya que:
“Por citar tan solo unos ejemplos, el artículo 2 de la ley 1382 de 2010 establece que la autoridad minera está facultada para delimitar áreas destinadas a proyectos de gran importancia para el país. De igual forma, según el artículo 26 de la Ley objeto de la demanda, corresponde al Ministerio de Minas y Energía la delimitación de áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les denominará Distritos Mineros Especiales. Finalmente qué decir del tema de la mini dragas en los departamentos de Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, donde, como es sabido, hay una presencia indígena innegable. Es muy factible, entonces, que estas áreas comprendan territorios pertenecientes a las comunidades indígenas, y de esta manera, afecten, sin haber surtido una consulta previa para su regulación, los derechos que les han sido otorgados.” 2.6. Igualmente indica que la norma acusada vulnera lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 el cual hace parte del bloque de constitucionalidad. Este sentido indica que, “Este Convenio de la OIT, que el Estado colombiano debe respetar en virtud del principio pacta sunt servanda, tal y como lo dispone el artículo noveno de la Constitución Política, forma parte del bloque de constitucionalidad, según lo dispuesto por el artículo 93 de la misma Constitución Política y como lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional en varias sentencias, entre ellas, la C-030 de 2008.” Sobre este punto dice que en las Sentencias C-030 de 2008 y C-175 de 2009 que declararon en su orden la Ley 1021 de 2006 (Ley General Forestal) y la Ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural) como inconstitucionales por falta de consulta previa, explicaron las materias que están comprendidas en el derecho fundamental de consulta en cabeza de las comunidades indígenas. 2.7. Fortalece su interpretación afirmando que durante el trámite en el Senado de la República, una de las tres ponencias presentadas para el primer debate en la Comisión Quinta del Senado de la República fue la de los senadores Ernesto Ramiro Estado, José Gonzalo Gutiérrez, Mauricio Jaramillo Martínez y Jorge Enrique Robledo que solicitaron el archivo del proyecto de ley, señalando la omisión de la consulta previa: “Además, como lo expresamos al comienzo de este escrito el proyecto de ley tiene graves implicaciones en cuanto que se afectarían derechos legalmente adquiridos, pero lo más importante, el proyecto amenaza derechos colectivos y del ambiente de todos los colombianos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las comunidades afro-descendientes, razón esta ultima por la cual tendría que realizarse la Consulta previa tal y como lo contemplan el convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 1992″. (Subrayas fuera de texto).” (Gaceta del Congreso No. 575 de 2007) 2.8. Igualmente explica que la Corte recientemente ha señalado el carácter de la consulta previa como derecho fundamental. En este sentido cita la Sentencia C-175 de 2009, la cual señala:
2.9 Explica que la Ley 1382, como su titulo lo indica, modifica la Ley 685 de 2001, esto es, el Código de Minas, Código que trata de la exploración y explotación de recursos minerales a excepción de recursos mineros líquidos y gaseosos. Dice que dentro de las materias que comprende la Ley demandada que afectan directamente a las comunidades indígenas están las de delimitación de áreas especiales para adelantar proyectos mineros de gran importancia para el país (art. 2º), zonas excluibles de la minería (art. 3º), prórroga y renovación de los contratos de concesión (art. 6º), legalización de la minería tradicional (art. 12), licencia ambiental (artículos 13 a 15), procedimiento administrativo para las servidumbres (art. 22), Distritos mineros especiales (artículo 26), pequeña minería mediante mini dragas, entre otros, en los departamentos de Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada (artículo 30) . 2.10. En conclusión el demandante sostiene que la norma acusada vulnera los artículos de la Constitución anteriormente mencionados, así como del convenio 169 de la OIT, pues “hay evidencia de que ni antes de la radicación de los proyectos de ley 010 Senado de 2007 y 042 Senado de 2007, ni durante el trámite de los mismos en el Congreso de la República, fue surtida la consulta con las comunidades indígenas”. En consecuencia se solicita a esta Corporación que “declare la inconstitucionalidad de toda la Ley 1382 de 2010 por falta de consulta previa a las comunidades indígenas.” II. INTERVENCIONES
1. Ministerio del Interior y de Justicia 1.1. La abogada Ana Beatriz Castelblanco a nombre del Ministerio, considera que la norma acusada debe ser declarada EXEQUIBLE. Frente al cargo de no haberse cumplido el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas expone en primer lugar que el cargo central “resulta desvirtuado por el hecho de que la misma ley acusada previó de manera expresa que la misma no es aplicable a situaciones que afecten los grupos étnicos y sus zonas mineras, lo que implica que no había objeto para realizar la consulta previa de que tratan las disposiciones superiores invocadas por el actor en su demanda” . 1.2. Al respecto, refiere como la Ley 1382 de 2010, en su artículo 28 dispone de manera expresa, “…que la misma ley no es aplicable a situaciones que afecten los grupos étnicos y sus zonas mineras, lo que implica que había objeto para realizar la consulta previa de que tratan las disposiciones superiores invocadas por el actor en su demanda” . Por ende considera que el citado artículo, excluye del campo de aplicación de la norma demandada las situaciones que afecten los derechos, intereses, garantías de comunidades y grupos étnicos, resultando “improcedente agotar trámite alguno en relación con la consulta previa a dichas comunidades y grupos” .
1.3. Añade que más allá de lo plasmado en el artículo 28 el espíritu del legislador al proferir la Ley 1382 de 2010 iba más allá de lo finalmente redactado en el texto del artículo, trayendo a colación un extracto de la Gaceta del Congreso No. 83 de 2008, donde consta una propuesta de modificación al artículo en comento, a saber: “Articulo 28. No Aplicabilidad. Las disposiciones contenidas en la presente ley no le serán aplicables en caso de afectación a las comunidades y grupos étnicos.
“Los temas que hacen parte de la Ley 1382 de 2010, y que fueron motivo de estudio en el congreso, afectan a la sociedad en general y no específicamente a las comunidades indígenas.
(…) La Reforma no modifica ni introduce normas que afecten de manera exclusivamente a los pueblos indígenas, no regula, ni se refiere a su identidad cultural, a su organización social o económica ni a sus propias instituciones o creencias, ni a los derechos de los pueblos indígenas en su territorio ni a su relación con él, no regula la titularidad ni la posesión de territorios colectivos, no tiene como objeto su cosmovisión ni su identidad como pueblo o comunidad étnica, ni está orientada a regular de manera específica la situación de esos pueblos (…)” 1.5. Finalmente, concluye con un argumento adicional, al señalar que el proyecto que dio lugar a la Ley 1382 no era susceptible del trámite de consulta previa, “al no afectar disposiciones del Código de Minas referentes a las comunidades y grupos étnicos y, por el contrario, excluir de su campo de aplicación cualquier situación que los afecte” .
2. Ministerio de Minas y Energías 2.1. El abogado Mateo Floriano Carrera a nombre del Ministerio de Minas y Energía, solicita que la H. Corte Constitucional se INHIBA por ineptitud sustantiva de la demanda, o, en su defecto que se declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1382 de 2010, modificatoria de la Ley 685 de 2001 (Código de minas), por las razones que a continuación se exponen.
2.3. En consonancia, advierte que la norma acusada afecta a la sociedad en general y no única, exclusiva y directamente a las comunidades indígenas. Dice que dicho ley, “no regula, ni se refiere a su identidad cultural, a su organización social o económica ni a sus propias instituciones o creencias, ni a los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, ni a su relación con él, no regula la titularidad ni la posesión de territorios colectivos, no tiene como objeto su cosmovisión, ni su identidad como pueblo o comunidad étnica, ni está orientada a regular de manera específica la situación de esos pueblos”. 2.4. Así mismo explica, que con base en el criterio jurisprudencial sentado por la Honorable Corte Constitucional , que el Convenio 169 de 1989 de la OIT maneja dos obligaciones claras y distintas para el Estado Colombiano en su art. 6, a saber: el literal a) se encarga de señalar que es indispensable realizar consulta previa con las comunidades indígenas y tribales sobre aquellas medidas legislativas y administrativas que las afecten directamente; mientras que el literal b) indica que cuando tales medidas afecten uniformemente, en nuestro caso, a todos los colombianos, lo que debe promoverse es la participación de las comunidades mencionadas en condiciones de igualdad frente a otros sectores de la población, sin que en estos eventos se imponga el deber de realizar consulta previa. Por ende indica que en el caso concreto lo que opera es el literal b) del artículo 6 del Convenio y no la obligatoriedad de la consulta consagrada en el literal a) de dicha normatividad. En ese sentido dice que, “cuando la afectación no sea directa, las comunidades indígenas deben tener mecanismos que garanticen su derecho de participación en dichas decisiones, como la posibilidad que sus integrantes tienen de concurrir, en igualdad de condiciones con todos los colombianos, en la elección de sus representantes en las corporaciones de elección popular”
2.5. Igualmente, sostiene que “la reforma al Código de Minas (Ley 1382 de 2010) mantiene la normatividad para estos pueblos y comunidades, y no modificó el capítulo XIV del Código de Minas (Ley 685 de 2001) referente a los grupos étnicos”. Incluso, la misma reforma en su artículo 28 deja claridad respecto a este punto. 2.6. De otra parte dice que es irrebatible que los derechos fundamentales de las mencionadas etnias quedaron incólumes, siendo además protegidos por el legislador en cada paso de estructuración de la norma acusada, realizando particularmente. “modificaciones al texto del proyecto de Ley en ejercicio de la libertad de configuración del legislativo, para lo cual las comunidades indígenas, podían participar en el proceso (…) como los demás ciudadanos, así como también podrán con posterioridad a la norma cuestionar los actos administrativos que se funden en ella cuando les afecte directamente sus intereses, exigiendo que se les sea consultado previamente un proyecto minero”.
2.7. Finalmente en cuanto a la ineptitud sustantiva de la demanda de inconstitucionalidad y a la inhibición por parte de la Corte, indica que no existe cargo alguno por cuanto “el actor se limitó a enunciar la norma que considera violada, sin precisar de manera clara y concreta los argumentos en los cuales se fundamentan sus pretensiones”. En consecuencia, los cargos de inconstitucionalidad esgrimidos no cumplen con los requisitos mínimos para que pueda gestarse el debate jurídico, careciendo de pertinencia, suficiencia, certidumbre y especificidad, debiéndose así declarar la Corte inhibida para su conocimiento. 3. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 3.1. Roberth Lesmes Orjuela, actuando en nombre y representación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (en adelante MAVDT), rinde concepto sobre la constitucionalidad de la norma acusada, solicitando la declaratoria de: a) ineptitud sustantiva de la demanda, que devendría en pronunciamiento inhibitorio, y b) exequibilidad de la Ley 1382 de 2010; con base en las razones que a continuación se exponen.
3.2. En primer lugar fija el interviniente el problema jurídico en determinar si la reforma a la Ley 685 de 2001 debió consultarse previamente con las comunidades indígenas, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Convención 169 de la OIT, la ley y la jurisprudencia. Explica que antes de entrar en profundos análisis sobre la vulneración arriba planteada, dice que el accionante no desarrolló en términos concretos, objetivos y verificables cómo la reforma al actual Código minero afecta directa y específicamente a los pueblos indígenas, de tal manera que se llegase a considerar como requisito sine qua non la realización previa de una consulta con aquellos, con el fin de salvaguardar su integridad social, económica y cultural. Considera que el demandante se limita a formular cargos de inconstitucionalidad, bajo una suposición en abstracto que obedece a apreciaciones personales y subjetivas, adoleciendo consecuentemente la demanda de una carga argumentativa insuficiente, que no colma a satisfacción los requisitos mínimos en los que las providencias de la H. Corte Constitucional insiste, con base en el art.2 del Decreto 2067 de 1991 . 3.3. En cuanto el estudio del cargo de constitucionalidad dice que en la Sentencia C-030 de 2008 , se dijo que la obligación de realizar una consulta previa con las comunidades indígenas y tribales, se presenta sólo si la medida legislativa a adoptar las afecta en forma directa, independientemente del impacto positivo o negativo esperado. Si no se cuenta con semejante nivel de afectación, y, en cambio, la ley se dirige en términos generales a todos los colombianos, el mandato que recae sobre el Estado es el de promover las oportunidades de participación de aquellos pueblos, a lo sumo en condiciones de equivalencia frente a los demás sectores del conglomerado. 3.4. Del mismo modo explica que en las sentencias C-418 de 2002, C- 339 de 2002, C-891 de 2002, C-229 de 2003 y C-1071 de 2003, se ha ratificado la constitucionalidad del actual Códigos de Minas, para significar con ello el interviniente que la reforma acusada en su contenido material, no representa una afrenta para las disposiciones constitucionales, dado que se encuentra encaminada a dotar a la Ley 685 de 2001 de instrumentos, medidas y competencias que impulsen la eficiencia, desarrollo y crecimiento de la actividad minera, dentro del marco trazado por las directrices de orden superior, que claman por la protección al medio ambiente (a lo sumo: principio de precaución o in dubio pro ambiente) y el desarrollo sostenible, sin que pueda predicarse válidamente que las comunidades indígenas y tribales se vieron afectadas en su estatus, máxime cuando el art. 28 de la Ley 1382 dejó en claro que, “no se modifican ni derogan las garantías y derechos consagrados en la Ley 70 de 1993 y en el Código de Minas a favor de los grupos étnicos y de sus zonas mineras”, quedando consecuentemente intacto el Capítulo XIV de la normatividad del 2001, al lado de los Decretos 1320 de 1998 y 2820 de 2010 que establecen la obligatoriedad de las consultas previas para el licenciamiento ambiental en actividades mineras. 3.5. Profundizando en su postura, elabora un cuadro comparativo que le permite analizar las mejoras que introdujo la Ley 1382 de 2010 frente a lo que originalmente se tenía en la Ley 685 del 2001, todo ello para concluir que el discurso de peligro abstracto para las comunidades indígenas expuesto en la demanda de inconstitucionalidad, no se ajusta a la realidad. Así, por ejemplo, al examinar el art. 31 del Código minero, adicionado por la reforma, dice que,
3.6. Del mismo modo, explica que sin afectar directa y exclusivamente a los pueblos indígenas, se excluyeron zonas de la actividad minera a “las áreas localizadas en ecosistemas de páramos y humedales de RAMSAR”.- Indica que esto supone un gran avance legislativo en materia ambiental, que responde a exigencias de carácter:
– Internacional (Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, y la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente realizada en Estocolmo del 5 al 12 de junio de 1972), y
– Nacional, que consideran al derecho al medio ambiente, como uno de tercera de generación que ha venido cobrando cada vez más importancia debido a la estrecha relación que guarda con la vida (Sentencia T-415/92).
Por otra parte, también rescata los siguientes beneficios ambientales obtenidos gracias a la reforma: –	“La derogatoria de diversos artículos que limitaban o condicionaban el ejercicio de la autoridad ambiental (véase artículo 31 de la Ley 1382 que deroga los artículos 203, 211, 213, 215, 282, 292 y 298”.
–	“La exigencia de elaborar un Plan Nacional de Ordenamiento Minero (ver artículo 4 de la Ley 1382 de 2010) que parta de las reglamentaciones ambientales, entre las que hacen parte los derechos de los grupos étnicos, y el cual debe ser hecho con el concurso del Ministro de Ambiente”
3.7. Para finalizar, manifiesta que el impacto de la actividad minera en los sectores pertenecientes a las comunidades indígenas y tribales se ha minimizado debido a la expedición de Ley 1382 de 2010, indicando que no existe algo semejante a la flexibilización para el ejercicio de aquélla. No hay afectación directa (sus prerrogativas se mantienen incólumes) y se ha producido un claro avance en los derechos de los mencionados pueblos con la reforma del año pasado, dado la relevancia que se le ha dado al derecho al medio ambiente, reiterándose el criterio de la Sentencia T-769/09 en donde se dice que, “la consulta previa es obligatoria desde la fase de exploración”. B. Intervenciones que solicitan la declaratoria de inexequilidad 1. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 1.1. Considera la ANDI, a través de su presidente y representante legal, Luis Carlos Villegas Echeverri, que la Ley demandada debe ser declarada inexequible, para lo cual se permite adjuntar un escrito previo enviado a la Presidencia de la República con respecto a la reforma al Código de Minas.
2.3. Indica que lo anterior encuentra soporte en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT , el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 en lo que se refiere a las comunidades negras y los artículos. 7, 40.2 y 330 CN. así como los criterios jurisprudenciales dados en las sentencias SU-039 de 1997 y C-030 de 2008.
2.5. Igualmente indica que de acuerdo a los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, deja en claro que la consulta previa procede cuando se presenta una alteración del estatus que posee una persona o comunidad, independientemente de que la medida o el proyecto que se pretende implementar sea positivo o negativo, como ocurre con la Ley 1382 de 2010. En consecuencia dice que es indispensable: “ a) poner en conocimiento de las comunidades la norma propuesta por intermedio de instancias suficientemente representativas” como, en el caso de las comunidades indígenas la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas, y en el caso de las comunidades afrocolombianas la Comisión Consultiva de Alto Nivel, sin ser las únicas.
“b) Ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podrían afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronuncien”. 2.6. Sin embargo explica que jamás sería válido predicar que cualquier reunión es consulta previa, si en ella realmente no se configura el espacio –dentro de una metodología o procedimiento concertado- necesario para la interacción entre las instituciones estatales (V.gr. Ministerio público) y las comunidades, teniendo en cuenta, por un lado, la especial y profunda conexión que sienten éstas con su territorio y los recursos naturales que allí reposan; y, por otro lado, los principios que a continuación se enunciarán, obedeciendo a planteamientos fijados por el Ministerio del Interior y de Justicia. A saber: legitimidad, entendimiento intercultural y bilingüismo, unidad e integralidad, continuidad, direccionalidad, responsabilidad, pluralismo jurídico, ambientalidad, temporalidad, relaciones, liderazgo, flexibilidad, consenso, comprensión del proceso y participación.
3.2. En primer lugar el interviniente asegura que las materias reguladas por la disposición acusada, afectan directamente los intereses de las comunidades indígenas, en especial dada la profunda relación que mantienen éstas con la Madre Tierra y los recursos naturales por ella proveídos. En efecto, puntos como la delimitación de zonas para grandes proyectos extractivos mineros, minería tradicional, zonas de exclusión minera, distritos mineros especiales y prórroga de los contratos de concesión de explotación minera, “tocan aspectos de especial relevancia y sensibilidad espiritual y simbólica para los pueblos indígenas”, es decir, conectados con su cosmovisión, que evidencian la necesidad de una consulta previa, la cual no fue llevada a cabo, contraponiéndose así dicha omisión al Convenio 169 de la OIT y apartándose del camino jurisprudencial trazado por las Sentencias C-030 de 2008 y C-179 de 2009. 3.3. Precisa que de acuerdo a la regulación contenida en la Ley 1382 de 2010, no se puede diferenciar las materias que afectan o no a las comunidades indígenas, y especificar los aspectos en que se encuentran inmersos es una tarea imposible. De ese modo, indica que la afectación directa se encuentra “disgregada a lo largo del texto de la ley”, que por demás representa un ahondamiento en la desastrosa política minera existente en el país.
4.2. En primer lugar, precisa las características del derecho de consulta previa – respecto de las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a las comunidades indígenas, afrodescendientes y tribales directamente- atendiendo a los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional. A saber: i) debe buscarse una participación activa de los grupos étnicos, de tal manera que se llegue en lo posible a un acuerdo (Sent. SU-039/97); ii) no es absoluto, fundamento por el cual se entiende que no es indispensable llegar al mencionado consenso (Sent. C-891/02); iii) la decisión tomada por la autoridad debe adecuarse a criterios objetivos, razonados y proporcionales (Sent. SU-039/97); iv) puede que el contenido material de la medida legislativa o administrativa se adecúe a las exigencias de orden superior, pero si falta la consulta previa la inconstitucionalidad se deriva precisamente de la ausencia de esta última (Sent. C-030/08); v) se intenta encontrar el equilibrio entre dos intereses contrapuestos en temas referidos al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales: por un lado, el deber del Estado de procurar un desarrollo sostenible (art. 80 C.N.) y, por el otro, la integridad cultural, social y económica de las minorías étnicas, ligada a la cohesión social y a la subsistencia del grupo (SU-039/97)
4.4. En tercer lugar, analiza los temas abordados por la reforma al Código Minero, de donde colige que existen puntos de notable interés para las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales, como son los siguientes: la explotación minera tradicional (arts. 12 y 16), dado su frecuente uso por parte de los mencionados grupos poblacionales; las reservas especiales y su registro (arts. 2 y 24); las zonas excluibles de las actividades mineras y prórroga de los contratos de concesión (arts. 3 y 6) en la medida que ello revela la imperiosa necesidad de adelantar estudios técnicos, ambientales y sociales, teniéndose que desarrollar estos últimos con las comunidades residentes en las zonas que van a ser explotadas o excluidas; Plan de Ordenamiento Minero (art. 4) y los distritos mineros especiales (art. 26), debiendo contar estos dos procesos con la participación activa de las minorías étnicas. Dice que, “la necesidad de bienes inmuebles para la explotación minera, puede llevar consigo la expropiación o constitución de servidumbre por primacía del interés general (…art. 11 y 22), estos predios, aunque no contengan en sí el mineral como tal, pueden ser utilizados en otras tareas anexas a la explotación. Muchos de estos inmuebles pueden resultar en cabeza de comunidades que ejercen propiedad colectiva sobre el mismo, la eliminación per se de su participación resulta inconstitucional” 4.5. Finalmente, realiza diversas precisiones. A saber: así como el Código de Minas fue objeto de consulta previa, de igual manera su reforma debió serlo; aun cuando se encuentra dentro de la Ley 1382 de 2010 el art. 28, la mencionada disposición no basta para justificar la pretermisión de la consulta previa, cuando la misma debió efectuarse por las razones esgrimidas en el párrafo anterior. En último lugar, desecha cualquier posibilidad de adelantar un “juicio de proporcionalidad de la normas demandadas”, por carecer de importancia, y recomienda un estudio a profundidad de los antecedentes de la reforma al Código Minero.
5. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 5.1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), actuando a través de la Subdirectora Jurídica, Piedad Gutiérrez Barrios, solicita que la Ley 1382 de 2010 sea declarada inexequible, por no haberse agotado el requisito de la consulta previa a las comunidades indígenas.
5.2. Fundamentándose en la Sentencia C-891 de 2002 , considera que así como para la expedición del actual Código de Minas se efectuaron los esfuerzos necesarios, tendientes a garantizar el derecho fundamental a la consulta previa -aunque la misma no concluyó en un acuerdo- la norma acusada también debió hacerlo, con base en lo consagrado en el artículo 330 Superior, reforzado por: el Convenio 169 de la OIT; los artículos 18, 19, 23 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y la Ley 99 de 1993. 5.3. Posteriormente, realiza un recorrido jurisprudencial pasando por las sentencias SU-039 de 1997, SU-510 de 1998, T-634 de 1999 y C-169 de 2001, de las cuales rescató los siguientes puntos: a) la consulta previa es una expresión del derecho de participación, que debe basarse en el principio de la buena fe y el mutuo respeto; b) procede cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a las minorías étnicas; c) pretende salvaguardar las prerrogativas que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio e igualmente incluir dentro de ese ámbito protector la integridad social, cultural y económica de los mismos, encontrándose lo expuesto ligado a la subsistencia del grupo; c) para su desarrollo es preciso que se dote a la comunidad de un conocimiento pleno de los proyectos cuya teleología sea la explotación/exploración de los recursos naturales, permitiéndole valorar las ventajas o desventajas que acarrearía su aplicación y siendo escuchadas sus opiniones e inquietudes; d) no es su equivalente la simple información de tales planes; y e) se diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana como los referendos.
6. Defensoría del Pueblo 6.1. La Defensoría del Pueblo, a través de Karin Irina Kuhfeldt Salazar (actuando en calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales) se pronuncia para coadyuvar la demanda, solicitando consecuentemente la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada por haberse incurrido en una omisión legislativa relativa. Con el propósito de sustentar tal postura, divide sus consideraciones en tres aspectos: 6.2. En primer lugar, establece la distribución territorial en Colombia de los grupos étnicos de cara a la sociedad hegemónica. Con respecto a los pueblos indígenas, dice que en total habitan en nuestro país 87 comunidades asentadas en 27 departamentos de los 32 existentes – con mayor presencia en Vaupés, Guainía, Guajira, Vichada y Amazonas-, encontrándose en aquéllos 710 resguardos para el 2005 de conformidad con certificación del DANE. Con mayor preeminencia son Chocó, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle, Bolívar y Cauca.
6.3. En segundo lugar, delimita el marco constitucional, legal y jurisprudencial al que se circunscribe el derecho a la participación que le asiste a las minorías étnicas, en su especial manifestación de la consulta previa. Explica que el mencionado instrumento es un derecho fundamental – cuyo sustento concreto reposa en los artículos 329 y 330 C.N, Convenio 169 de la OIT (integrante del Bloque de Constitucionalidad), Leyes 99 de 1993 y 70 del mismo año) – que se acompasa con el deber correlativo que tiene el Estado de ponerlo en marcha con base en la salvaguarda de la diversidad étnica y cultural de la Nación (arts. 7, 70 y 40-2 Superiores), existiendo flexibilidad en su aplicación, por lo cual se han elaborado estatutos normativos como los decretos 1397 de 1996, 3770 y 1320 de 1998.
6.4. Aclara que el derecho a la consulta previa, de acuerdo a las voces de la H. Corte Constitucional (v.gr. Sentencias C- 208/07, C- 461/08, C-030/08, C- 615/09, C-702/010) se encuentra en cabeza de las comunidades indígenas y afrocolombianas, que, para los efectos que nos preocupan, procede cuando se adopten medidas legislativas (incluyéndose actos legislativos) que los afecten directamente –es decir, que modifiquen el “estatus de la persona o de la comunidad”- , independientemente de que las materias objeto de regulación constituyan gravámenes o beneficios para dichos pueblos. La falta de este requisito esencial antes del trámite legislativo, constituye un vicio de forma que no se subsana con la promoción de espacios generales de participación en condiciones equitativas frente a los demás sectores de la población. 6.5. En tercer lugar, y en cuanto a la resolución del caso concreto, aclara que aunque la Ley 1382 de 2010 contempla en su artículo 28 que no se “modifican ni derogan las garantías y derechos consagrados en la Ley 70 de 1993 y en el Código de Minas a favor de los grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) y de sus zonas mineras”, tal inclusión obedece a las críticas formuladas al Proyecto de Ley sobre la afectación directa del mismo a las grupos étnicos mencionados. Resalta que tal artículo inicialmente no se encontraba en el proyecto presentado por el Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía.
6.6. Advierte, que son repercusiones profundas las que trae consigo la reforma al Código de Minas. A juicio del interviniente: “esta ley no sólo está imponiendo condiciones respecto de la minería tradicional –no cobijada por las zonas mineras étnicas- sino que incorpora disposiciones como las que ordenan la explotación unificada de yacimientos –sin establecer salvedades respecto de aquellos yacimientos explotados por comunidades étnicas-, la delimitación de áreas especiales para adelantar proyectos mineros de importancia nacional –que sólo proceden en áreas libres (lo que no implica que no se realicen en ellas actividades de minería de hecho)- la sustracción de áreas de reservas forestal para la concesión de títulos mineros, o las que autorizan al Gobierno Nacional para delimitar “distritos especiales” en áreas estratégicas”.
6.7. En consonancia con lo anterior, explica que se incurre en una omisión legislativa relativa en los temas arriba esbozados -dada la actividad de exploración/explotación de los recursos naturales no renovables- , olvidándose que lo contemplado en el articulado de la reforma afecta directamente a los territorios que de vieja data vienen ocupando las minorías étnicas, sin sentar una regulación especial a favor de las mismas. Dice que se genera un “déficit de protección (…) en contravía de sus derechos fundamentales”, independientemente de los eventuales efectos positivos o negativos que sobrevengan a su puesta marcha. De allí que debió acudirse a una consulta previa con los pueblos indígenas y afrodescendientes en los términos de la Carta Política y del Convenio 169 de la OIT, que brilla por su ausencia en el caso en comento. 7. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
7.2. Resume los antecedentes jurisprudenciales sentados por la H. Corte Constitucional, en donde se abordó el tema de la consulta previa para elaborar un juicio de constitucionalidad sobre cuerpos normativos enteros. A saber: Sentencias C-208/07, C-461/08, C-030/08 y C-175/09. 7.3. Siguiendo esta jurisprudencia afirma que siendo la consulta previa un derecho fundamental ligado a la subsistencia de los grupos humanos, debe ser vista como un instrumento indispensable para balancear dos intereses en conflicto: la planificación que realiza el Estado del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de la integridad cultural, étnica, social y económica de los pueblos indígenas y afrodescendientes (citando aquí la Sentencia T-769/09). Por demás, no podía perderse de vista que la reforma a la Ley 685 de 2001 regula lo concerniente a la actividad minera, actividad que efectivamente puede desarrollarse en los territorios ocupados por las mencionadas comunidades, razón por la cual debió desarrollarse con base en el art. 6.1 literal a) del Convenio 169 de la OIT.
8.1. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, manifiesta que frente a la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la reforma al Código de Minas -por la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas- no tiene ningún pronunciamiento, allanándose completamente a la decisión que tome la H. Corte Constitucional. 8.2. En ese sentido, su intervención se limita a abogar por el mantenimiento de la taxativa exclusión de los páramos del desarrollo de las actividades mineras. Ello con base en las razones siguientes:
8.5. En gracia de lo expuesto, aclara que la protección especial de los páramos y de los humedales de RAMSAR por parte del Estado, corresponde a las exigencias constitucionales y legales, de tal manera que ello se acompasa con los arts. 2, 8, 58, 79, 80 y 93 Superiores. III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. 3.1. En su concepto Nº 5053 del 1 de diciembre de 2010, el Jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordónez Maldonado, le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, por los cargos formulados por el demandante. 3.2 Advierte que la consulta previa, de acuerdo a la Sentencia C-702 de 2010 es un requisito de forma, comportando un carácter procedimental necesario para la adopción de cualquier medida legislativa, cuyo contenido material afecte directamente los intereses de las comunidades indígenas y tribales, sin desconocer la amplia relación que guarda con el amparo a la integridad cultural, económica y social de los mencionados pueblos, así como con la defensa de sus derechos sobre el territorio y los recursos naturales renovables o no renovables que allí se encuentren.
3.3. Pasando por el Preámbulo de la Carta Política y por los arts. 1, 2, 7, 8 y 72 de la misma, explica que en ellos se fundamenta el derecho a la participación que le asiste a todos los colombianos, siguiendo las directrices propuestas por un Estado Social y Democrático de Derecho que, como el nuestro, se preocupa por la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación. En ese sentido, manifiesta que “la participación se ejerce dentro del pluralismo”, ejemplificándose dicho postulado en el derecho y deber de recurrir al mecanismo de la consulta previa, el cual se encuentra respaldado por el parágrafo del artículo 330 C.N. y el Convenio 169 de 1989 de la OIT – adoptado en el ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 21 de 1991 y pieza integrante del Bloque de Constitucionalidad, siendo éste un hecho reconocido por las Sentencias SU-039 de 1997, C-169 de 2001 y SU-383 de 2003.
3.4. Manifiesta que de acuerdo al criterio jurisprudencial sentado por la H. Corte Constitucional (Sentencias SU-039/97, C-418/02, C-891/02 y T-737/05, entre otras) para que en un evento determinado pueda predicarse la existencia de una consulta previa, es indispensable cumplir con los requisitos que a continuación se enunciarán: “(i) La consulta debe efectuarse conforme a relaciones sustentadas en el respeto y la buena fe de las partes; (ii) Las comunidades deben tener un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen y de los mecanismos para ejecutarlos; (iii) Las comunidades deben tener participación real y efectiva en la consulta a través de sus representantes; (iv) La decisión de la autoridad gubernamental debe estar desprovista de autoritarismo y arbitrariedad, en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena; (v) Se debe realizar una consulta sobre el proceso mismo de la consulta previa, con el fin de respetar los métodos y procedimientos de toma de decisiones de las respectivas comunidades”.
a)	Adelantando un recorrido por el articulado de la reforma al Código Minero, en donde se contemplan temas como la delimitación de áreas especiales, la exclusión de áreas de las actividades mineras, la elaboración de un Plan Nacional de Ordenamiento Minero, prórroga y renovación de los contratos de concesión minera, entre otros. Explica el Jefe del Ministerio Público, bajo esta perspectiva, que aún cuando la Ley aprobada tenga un carácter general, los grupos étnicos minoritarios y las zonas que ancestralmente ellos ocupan -a saber: Guajira, Chocó, Amazonas, entre otras-, van a experimentar los cambios efectuados por la Ley 1382 de 2010. En efecto, en los territorios de estas comunidades se llevan a cabo o se pueden llevar a cabo actividades mineras, sin que ello pueda rebatirse.
b)	Estima que se trata de un precedente la Sentencia C-030 de 2008, aplicable al asunto bajo examen, en donde se declaró la inexequibilidad de la Ley General Forestal por cuanto -pese a contar con un ámbito de aplicación general- de su contenido material se desprendía la afectación de los pueblos étnicos minoritarios. En consonancia, aunque en el evento arriba expuesto “se trata de un recurso renovable: el bosque y en el presente de recursos naturales no renovables: minerales, en ambos casos existe una relación íntima e indisoluble entre estos recursos y la forma de vida de los pueblos indígenas y tribales”.
El problema jurídico a resolver consiste en establecer si la integridad de la Ley 1382 de 2010 modificatoria de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas – es inconstitucional por violación de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 9°, 13 y 40 numeral segundo, 93, 329 y 330 de la Constitución Política, y los artículos 6, 7°, 13 y 15 del Convenio 169 de 1989 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo OIT, por falta por de consulta previa. 2. Existencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional por los cargos de la demanda
2.1. La Corte estima que por haberse resuelto la demanda de la Ley 1382 de 2010 en la la Sentencia C – 366 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sobre el mismo cargo, falta de consulta previa, se configura en el caso concreto el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. 2.2. Como se explicó en el punto 2. de esta providencia los cargos de la demanda se refieren a que la Ley 1382 de 2010 es contraria a la Constitución en razón de haberse omitido la garantía del derecho de consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Este mismo cargo ya había sido expuesto en la demanda D-8250, resuelta mediante la Sentencia C – 366 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En dicha Sentencia dispuso la Corte “Declarar INEXEQUIBLE, la Ley 1382 DE 2010 ´Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”. Al respecto consideró la Corte que:
“… como la Ley 1382/10 contiene decisiones legislativas que inciden directamente en la exploración de recursos mineros en los territorios de las comunidades étnicas, su expedición debió estar precedida de espacios de participación para dichos pueblos, en los términos del parágrafo del artículo 330 C.P. y los artículos 6° y 15 del Convenio 169 de la OIT. Esto se sustenta en el hecho de que tales disposiciones son aplicables a las actividades de exploración y explotación minera en dichos territorios. En consecuencia, al tratarse de medidas legislativas que afectan directamente a las comunidades, de conformidad con lo expuesto en este fallo, debieron someterse al trámite de consulta previa, de acuerdo a los requisitos y etapas explicados en esta sentencia…” “37. En suma, la Corte concluye que la Ley 1382/10 contiene diversas e importantes reformas a distintos aspectos del Código de Minas, que modifican o adicionan reglas legales que son aplicables respecto del aprovechamiento minero en los territorios indígenas y afrodescendientes. Estas disposiciones, por ende, afectan directamente a las comunidades étnicas, puesto que (i) como se indicó, son aplicables a la actividad minera en sus territorios ancestrales, de forma articulada con las condiciones y límites que el mismo Código de Minas prevé para la actividad minera en los territorios ancestrales; y (ii) existe un consenso, tanto en la jurisprudencia constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos, respecto de la estrecha relación entre la salvaguarda de la identidad diferenciada de las comunidades étnicas y su participación en el diseño y ejecución de medidas legislativas y administrativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales en sus territorios, entre ellos los mineros. Esto debido a la especial significación que para dicha identidad tiene el vínculo entre la comunidad y la tierra en que se asiente, que se extiende a los recursos naturales en ella contenidos. Por lo tanto, la Ley 1382/10 debió ser objeto de procedimiento de consulta previa de medidas legislativas, con sujeción a los requisitos y condiciones jurídicas y materiales descritas en el fallo”
“38. Habida consideración de lo expuesto y según la metodología determinada por la Sala en el fundamento jurídico 30, comprobada la obligación constitucional de satisfacción del derecho de consulta previa respecto de la norma acusada, debe la Corte determinar si esta fue llevada a cabo, con sujeción a las condiciones explicada en esta sentencia. La respuesta a este interrogante es negativa. En efecto, a partir del análisis de las pruebas sobre el procedimiento legislativo recaudadas en este proceso, se comprobó que (i) la presentación del proyecto de ley ante el Congreso no estuvo precedida de ningún trámite de consulta con autoridades representativas de las comunidades indígenas y afrodescendientes; y (ii) los escenarios de participación ciudadana durante el trámite no contaron con espacios particulares para la consulta a tales comunidades. Sobre este último aspecto, se tiene que los secretarios de las comisiones quintas de Senado y Cámara certificaron que durante el trámite legislativo de la ley se adelantaron foros y audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma al Código de Minas . No obstante tales escenarios de participación tuvieron carácter ordinario, dirigido a la ciudadanía en general y no precedieron al trámite del proyecto de ley, sino que se hicieron en el marco del mismo y, por ende, no contaron con el procedimiento y condiciones propias de la consulta previa. En este sentido, no configuran sucedáneos de ese trámite particular y concreto. Del mismo modo, tampoco concurre en los proyectos de ley acumulados y sus correspondientes exposiciones de motivos, evidencia que el Gobierno o los ponentes hayan realizado algún trámite relacionado con la consulta previa…” “39. En este orden de ideas, la Corte advierte que concurren en el presente proceso de inconstitucionalidad suficientes elementos de juicio para concluir que el procedimiento de consulta previa no fue llevado a cabo respecto de la Ley 1382/10. Por lo tanto, comprobada esta omisión, debe la Sala determinar la consecuencia jurídica constitucional de la misma. Según se explicó en el fundamento jurídico 15 de esta sentencia, la omisión del procedimiento de consulta previa tiene como consecuencia prima facie la inexequibilidad de la medida legislativa correspondiente, en razón de vulnerar materialmente la Constitución, en cuanto al derecho fundamental de participación, mediante el trámite de consulta, que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sobre este tópico debe insistirse en el carácter material del vicio evidenciado. Así, en la sentencia C-175/09, reiterándose la posición evidenciada en el fallo C-030/08, se puso de presente cómo ‘…la omisión del deber de consulta previa es un vicio de inconstitucionalidad que concurre con anterioridad al trámite legislativo y que se proyecta sobre el contenido material de la norma objeto de examen. A partir de la necesidad de preservar correlativamente el derecho fundamental a la consulta de las comunidades indígenas y afrodescendientes y el principio de conservación del derecho legislado, la Corte ha considerado que si bien el incumplimiento del deber de consulta lleva prima facie a la inexequibilidad de la norma acusada, esta circunstancia debe evaluarse a la luz del grado de mayor o menor generalidad de la medida legislativa y el grado de incidencia de los contenidos de la disposición en los intereses que atañen a las comunidades indígenas y tribales´.” “Esta naturaleza material del vicio por omisión de consulta previa, conlleva también como consecuencia de técnica constitucional que, demostrando el yerro, no resulte aplicable el procedimiento de subsanación previsto en el parágrafo del artículo 241 C.P. Ello debido a que ese trámite aplica exclusivamente para los vicios de procedimiento en la formación de las leyes”.
“41. Con base en las anteriores premisas fácticas y jurídicas, y ante la evidencia sobre la omisión del deber de consulta previa de la Ley 1382 de 2010, la Corte declarará la inexequibilidad de esa normatividad” 2.3. Como la Ley 1382 de 2010, ya fue analizado por esta Corporación en relación con los mismos cargos que consisten en la omisión de la garantía del derecho de consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes, es claro que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, y por lo tanto debe la Corte limitarse a disponer en la parte resolutiva, estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 366 de 2011 que declaró la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C- 366 de 2011 que por los mismos cargos declaró INEXEQUIBLE la Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas” y que difirió los efectos de la inexequibilidad declarada por el término de dos (2) años, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de dicha Sentencia. Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
Magistrado	MARIA VICTORIA CALLE CORREA