Source: http://www.gruposervilegal.com/la-servidumbre-en-la-comunidad-de-propietarios-para-instalacion-de-ascensor/
Timestamp: 2019-05-22 23:11:11
Document Index: 173452797

Matched Legal Cases: ['artículo 477', 'artículo 1', 'artículo 9', 'e contrario', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1902', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 553', 'artículo 9', 'artículo 553']

LA SERVIDUMBRE EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR – SERVILEGAL ABOGADOS
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, CONSULTA SIN COMPROMISO
Ha sido parte recurrida la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 » del ayumtamiento de Motrico, representada por la Procuradora doña Mª Leocadia García Cornejo.
1º.- La Procuradora doña Mª Jesús Ronda García, en nombre y representación de don Roberto y doña Ariadna, en su condición de representantes legales de don Jaime y doña María Angeles, promovió demanda de juicio ordinario, turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Eibar, contra la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 DE MUTRIKU», en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: » (…) Dicte sentencia en la que estimando íntegramente la demanda, declare haber lugar a la impugnación instada y anule los acuerdos impugnados de las Juntas reseñadas de 25/3/2002, 1/7/2002 y 30/09/2002, declarando no haber lugar a la constitución de servidumbre sobre el local de planta baja propiedad de don Jaime, y no haber lugar a la obligación de los locales de planta baja de la casa nº NUM000 de la PLAZA000 de Mutriku de contribuir a los gastos de instalación ni a los gastos de reparación, mantenimiento, conservación y consumo del servicio de ascensor a instalar dicho inmueble, todo ello con expresa condena en costas a la demandada».
– Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, el Procurador don Carlos Moreno Ortueta, en nombre y representación de la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 DE MUTRIKU», se opuso a la misma, y, formuló a su vez demanda reconvencional, suplicando al Juzgado: » (…) se dicte sentencia por la que: A.- Estableciendo que es ajustado a Derecho el acuerdo de la Junta de Propietarios de fecha 30 de septiembre del 2002 sobre instalación de un ascensor, obligando a don Jaime a pagar los gastos de instalación del ascensor conforme a su cuota de participación en el inmueble e imponiendo la servidumbre requerida para ello en la lonja propiedad de don Jaime, conforme al Proyecto elaborado por el Arquitecto don Miguel, determine el importe de la indemnización a abonar a dicha propiedad por parte de la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 » del ayuntamiento de Motrico».
– Evacuando el traslado conferido, la Procuradora doña Mª Jesús Ronda García, en la representación acreditada, contestó a la reconvención, suplicando al Juzgado: » (…) Desestime en todos sus términos la demanda reconvencional, todo ello con condena de las costas a la demandada reconviniente por todos los conceptos».
– El Juzgado de Primera Instancia nº de Eibar dictó sentencia, en fecha 14 de abril de 2003, cuya parte dispositiva dice literalmente: «Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Mª Jesús Ronda García en nombre y representación de don Roberto y doña Ariadna en su condición de representantes legales de don Jaime y doña María Angeles frente a la Comunidad de Propietarios de PLAZA000 NUM000 de Motrico en impugnación de acuerdos de Junta de propietarios y estimando la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador don Carlos Moreno en representación de la Comunidad de propietarios de PLAZA000 NUM000 de Motrico, debo acordar y acuerdo ajustado a derecho el acuerdo de la Junta de Propietarios de fecha de 30/09/02 sobre instalación de ascensor, obligando a don Roberto como representante legal de don Jaime a pagar los gastos de instalación del ascensor conforme a su cuota de participación en el inmueble e imponiendo la servidumbre requerida para ello en la lonja propiedad de don Jaime con imposición de costas a la parte actora reconvenida».
– Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa dictó sentencia, en fecha 30 de enero de 2004, cuyo fallo se transcribe textualmente: «Estimamos parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Roberto y Ariadna, en su condición de representantes de Jaime y María Angeles contra la sentencia dictada el 14-4-2003 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Eibar en el Juicio Ordinario nº 323/02, revocamos dicha sentencia y, en su lugar: estimamos parcialmente la demanda formulada por la referida representación procesal contra la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PLAZA000, NUM000, DE MUTRIKU», anulamos los acuerdos de las Juntas de propietarios de dicha Comunidad de 25-3-2002 y 1-7-2002 y declaramos no haber lugar a la obligación de los locales de planta baja de dicha comunidad de contribuir a los gastos de reparación, mantenimiento, conservación y consumo del servicio de ascensor a instalar en dicho inmueble, – estimamos la reconvención formulada por la referida Comunidad de Propietarios contra Jaime y declaramos ajustado a derecho el acuerdo de la junta de propietarios de fecha 30-9-2002 sobre instalación de un ascensor, estando obligado Jaime a pagar los gastos de instalación del mismo conforme a su cuota de participación en el inmueble e imponiendo la servidumbre requerida para ello en la lonja propiedad del mismo, conforme al Proyecto elaborado por el Arquitecto Miguel, determinando en la cantidad de 10.000 euros el importe de la indemnización a abonar a dicha propiedad por parte de la Comunidad de Propietarios. Todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas en una y otra instancia».
– Motivo del recurso de casación. Con cobertura en el artículo 477.2º, nº 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Único.- Por infracción, en concepto de vulneración o errónea aplicación del artículo 1, párrafo 3º, en relación con el artículo 9.1c) de la Ley 8/99, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal, y, terminó suplicando a la Sala: » (…) Dicte sentencia estimándolo, casando la sentencia recurrida y, recuperando la instancia, estimando íntegramente la demanda formulada por esta parte contra la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 DE MUTRIKU», con los pronunciamientos a que haya lugar en Derecho, y sin hacer declaración especial respecto de las costas del presente recurso».
– Mediante Providencia de fecha 15 de abril de 2004, la Audiencia tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a las partes personadas en el rollo de apelación el 16 de abril siguiente.
– Recibidas las actuaciones y formado el presente rollo, la Procuradora doña María José Bueno Ramírez en nombre y representación de don Roberto y doña Ariadna presentó escrito, con fecha 13 de mayo de 2005 compareciendo ante esta Sala como parte recurrente. La Procuradora de los Tribunales doña Mª. Leocadia García Cornejo en nombre y representación de «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 DE MUTRIKU» presentó en fecha 14 de mayo de 2004 escrito ante esta Sala compareciendo en concepto de parte recurrida.
– La Sala dictó auto de fecha 20 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva dice literalmente: «1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Roberto y doña Ariadna contra la sentencia dictada, con fecha 30 de enero de 2004, por la Audiencia Provincial de San Sebastián (Sección 2ª) en el rollo de apelación 2289/03 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 323/02 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eibar. 2.- Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría».
Evacuando el traslado conferido, la Procuradora doña María Leocadía García Cornejo, en nombre y representación de «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Nº NUM000 DE LA PLAZA000 » del ayuntamiento de Motrico, formuló, mediante escrito de fecha 8 de enero de 2008, oposición al recurso de casación interpuesto de contrario, suplicando a la Sala, que se dicte sentencia desestimando las pretensiones de los recurrentes, confirmando la sentencia recurrida y condenando a los recurrentes al pago de las costas del presente recurso».
Don Roberto y doña Ariadna, en su condición de representantes legales de don Jaime y doña María Angeles, demandaron por los trámites del juicio ordinario a la «COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA NÚMERO NUM000 DE LA PLAZA000 » del municipio de Motrico, e interesaron las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, a lo que la demandada se opuso, y, además, reconvino con las peticiones que allí quedan expuestas.
El único motivo del recurso acusa la infracción o errónea aplicación del artículo 17.1, párrafo 3º, en relación con el artículo 9.1 c) de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal ; se manifiesta por la parte recurrente que la sentencia recurrida argumenta la desestimación del motivo del recurso de apelación, consistente en la inexistencia de la mayoría legalmente exigible, en base a la remisión genérica del artículo 9.1 c) al artículo 17 en su globalidad al encaje o encuadramiento del servicio de ascensor como servicio común de interés general y dirigido a la supresión de barreras arquitectónicas, sin embargo, debe distinguirse entre la mayoría necesaria requerida para la imposición de una servidumbre forzosa a las mayorías establecidas en el artículo 17, que permitan la modificación del título constitutivo para el establecimiento o supresión de servicios comunes, o la realización de obras que tengan por finalidad la supresión de «barreras arquitectónicas»; se señala que la norma determinante de la obligación de permitir la imposición de servidumbre en una parte privativa es el artículo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal y que, concretamente, el párrafo tercero de la regla 1ª del artículo 17 establece un régimen de mayoría inferior al previsto en el párrafo 2°, pero no deben confundirse ambos supuestos, dado que son jurídicamente diferentes; se indica que, sin perjuicio de que podría debatirse la idoneidad o procedencia de equiparar la instalación del servicio de ascensor con la eliminación de «barreras arquitectónicas» no cabe olvidar que el supuesto contemplado en el párrafo 2º es específico respecto al recogido en el párrafo 3º, y no es posible eludir la aplicación del sistema legal especial para la instalación del servicio de ascensor con la aplicación de un régimen de mayorías más benigno y singularmente diseñado sólo para la supresión de «barreras arquitectónicas»; se aduce que, no obstante, pese a tratarse de una temática controvertida que ha sido objeto de pronunciamientos dispares por las Audiencias Provinciales al resolver la aplicabilidad de los párrafos 2° y 3° para determinar el «quórum» necesario para la válida adopción de un acuerdo de instalación del servicio de ascensor, la cuestión objeto de recurso de casación no incide en la mayoría necesaria para la instalación del ascensor, sino en la precisa para la imposición de una servidumbre; se manifiesta que, sobre esta materia existe tal y como recoge la propia sentencia recurrida cierta doctrina y jurisprudencia menor que considera inaplicable la figura de la servidumbre en los supuestos de ocupación definitiva de parte privativa para instalar el servicio de ascensor por tratarse de una privación del derecho de propiedad; se insiste en que, en cualquier caso, el motivo se centra en la mayoría exigible para la válida adopción del acuerdo de imposición de servidumbre para la creación de un servicio común de interés general.
Por lo que hace mención a la instalación de un ascensor en el edificio comunitario, amén del derecho de que gozan para ello los minusválidos según lo dispuesto en la Ley 15/1995, sin olvidar que esta cualificación la tienen quienes hayan cumplido setenta años de edad en virtud del artículo 1.3 de la referida Ley, dicha cuestión ha sido objeto del artículo 17.1ª, párrafo 2º, en virtud de la Ley 8/1999, a fin de que se pueda acordar, con las obligaciones de todos los comuneros de participación y pago, cuando se alcance el «quórum» determinado en ese precepto, lo que no ha ocurrido en el caso debatido.
Con la reforma introducida mediante la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad, se ha incluido una referencia con los artículos 10 y 11de la Ley de Propiedad Horizontal, con la única diferencia de que en estos preceptos se menciona la «accesibilidad» y en el artículo 17.1ª, párrafo 3º, se hace referencia a la «supresión de barreras arquitectónicas».
Respecto a la posibilidad de instalación del ascensor con la utilización del concepto de «supresión de barreras arquitectónicas», se han dictado varias sentencias por las Audiencias Provinciales, entre las que se encuentran las de Madrid, de 19 de febrero de 2002; Asturias, de 26 de febrero de 2002; Valencia, de 11 de marzo y 14 de septiembre de 2002 ; sin que otras resoluciones se pronunciaran en sentido negativo, salvo cuando se demuestre la incompatibilidad con la configuración del edificio (SAP de Málaga, de 8 de mayo de 2002 ), o se necesite la autorización del propietario afectado (SAP de Asturias, de 15 de abril de 2002 ).
Por lo que hace mención a la constitución de una nueva servidumbre, a tenor del artículo 17 será suficiente la simple mayoría, para la supresión de las «barreras arquitectónicas», que dificulten el acceso y la movilidad de las personas con minusvalía; esta regla permite a la Comunidad imponer esa servidumbre para la creación de servicios de interés general y cuando el acuerdo de la Junta reúna los presupuestos legales, con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios.
Podrá encontrar, además, otras muchas Sentencias de Audiencias Provinciales disponibles en nuestra base de datos (www.sepin.es) en el concepto: «Servituds Instal·lació Ascensor».
La Comunidad puede imponer la servidumbre al propietario del local con el mismo quorum por el que se aprueba el acuerdo de instalación de ascensor, aunque ello suponga privarle de tres metros cuadrados de superficie.
TS, Sala Primera, de lo Civil, 18-12-2008
Constitución de servidumbre para la instalación del ascensor a través del local de la planta baja, fijándose una indemnización a favor del propietario del mismo por los daños y perjuicios ocasionados.
No es necesario el consentimiento del propietario al que la instalación del ascensor supone una afectación de su vivienda cuando esta no comporta la pérdida de habitabilidad y funcionalidad de la misma.
La instalación del ascensor que supone la constitución de una servidumbre en un espacio privativo, siempre que no afecte a la habitabilidad y con la indemnización oportuna, no requiere consentimiento del propietario afectado. Doctrina Jurisprudencial.
No procede la instalación del ascensor con ocupación de una parte del suelo del patio común al no haberse obtenido el consentimiento de la comunera a la que se le privaría de parte de su derecho de uso.
Habiendo aceptado el propietario la constitución de una servidumbre por instalación del ascensor, es acreedor a la indemnización de daños y perjuicios, por lo que, ante la posterior negativa de la Comunidad, no deberá impugnarse.
TS, Sala Primera, de lo Civil, 17-10-2013
topjurídico
LAS SERVIDUMBRES EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS O PROPIEDAD HORIZONTAL
I.- REGULACIÓN NORMATIVA EN LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
II. LAS SERVIDUMBRES DE «ANDAMIAJE Y PASO DE OPERARIOS».
III.- LAS SERVIDUMBRES DERIVADAS DE LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR EN LA FINCA.
A) La primera línea jurisprudencial: negativa a la servidumbre por equiparla a una cesión.
B) Segunda (y definitiva) línea jurisprudencial: aceptación de la imposición de servidumbre derivada de la instalación del ascensor.
C) Evolución de la doctrina jurisprudencial e imposición de límites a la imposición de servidumbres.
IV.- INDEMNIZACIÓN POR LA IMPOSICIÓN DE LA SERVIDUMBRE.
LAS SERVIDUMBRES EN INTERÉS PRIVATIVO.
REGULACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES DERIVADAS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL A RESULTAS DE LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUNYA POR LEY 5/2006 DEL PARLAMENTO DE CATALUNYA.
La LPH de 1960 (Ley 49/1960) reguló lo que procederemos a estudiar como «servidumbre» en el artículo 9.1 del texto legal.
En este artículo, se hace expresa mención a que el propietario del piso o local tiene la obligación de permitir la entrada en el piso o local, a los efectos de permitir las reparaciones que encargue la comunidad de propietarios.
Es decir, el concepto de «servidumbre» viene a suponer una limitación de la propiedad privativa que pasará a tener un gravamen a favor de la finca (dominante), en el sentido que la titularidad de la sirviente ya no es plena, sino compartida con la finca dominante.
En definitiva, el propietario del piso o local deberá consentir una limitación del derecho de propiedad de su entidad, para permitir la realización de obras comunitarias: en el mismo sentido, la Comunidad deberá consentir la limitación de un elemento común si el propietario lo precisa para una obra autorizada.
Estas intervenciones comunitarias encuentran la primera dificultad en la aprobación de dichos acuerdos por parte de las Juntas de Propietarios y, una vez aprobados los acuerdos con el cuórum pertinente, en el oportuno reparto del presupuesto entre los propietarios que conforman la Comunidad y que éstos atiendan las cuotas giradas para esa actuación extraordinaria.
En este caso, la Comunidad de Propietarios puede encontrarse con que la negativa al acceso de la vivienda por parte de un propietario puede llegar a impedir completamente la ejecución de los trabajos aprobados y para los que se giró y cobró la oportuna partida presupuestaria comunitaria.
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) aprobada por Ley 49/1960, de 21 de julio, incluyó, entre las obligaciones de cada propietario relacionadas en el artículo 9, las de: “3.º Consentir en su piso las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas por la creación de servicios comunes de interés general…, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios”.
Previsión que continuó contemplando la LPH de 1999 en el apartado c) del mismo artículo 9.1, si bien efectuando una modificación: la obligación de consentir las reparaciones afecta al propietario del piso o local.
En el actual redactado del artículo 9.1.c), el propietario tiene la obligación de consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios comunes de interés general acordados conforme a lo establecido en el artículo 17, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.
En la constitución de servidumbres, la LPH regula, asimismo, como distinta a la prevista en el apartado c), la de entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los tres apartados anteriores [artículo 9.d)].
LAS SERVIDUMBRES DE «ANDAMIAJE Y PASO DE OPERARIOS»
Como tiene establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales, de la interpretación del artículo 9.1.c) en relación con el artículo 9.1.d), ambos de la LPH, debe entenderse que existe una obligación por parte de los propietarios de consentir que el piso o local, a pesar de ser privativo, pueda ser utilizado por la Comunidad de Propietarios para instalar los sistemas de andamiaje mediante los que se van a ejecutar los trabajos aprobados.
Considera el TS que esa es la interpretación del párrafo c) del artículo 9.1 que entiende íntimamente ligado a la previsión del párrafo d), en el sentido de que sobre esa previa exigencia de la obligación de consentir la instalación de los andamios en la terraza del piso o local resulta consecuente exigir el cumplimiento de la relativa al paso o entrada de operarios con la misma finalidad.
En dicha Sentencia, considera el Alto Tribunal que el anclaje de los andamios en la terraza de los pisos áticos, en ese supuesto de hecho, era el medio más idóneo para la ejecución de los trabajos previstos, dadas las características del edificio y la ubicación y superficie de las terrazas, pues su coste resultaba más económico, permitía ahorrar horas de trabajo en su montaje, ofrecía mayores medidas de seguridad para los operarios y era el que menores perjuicios causaba a la habitabilidad de las viviendas.
Pues bien, el Alto Tribunal, al igual que lo hizo la Sentencia de Apelación dictada por la AP de Alicante, proclama lo que vendrá a denominar «servidumbre de andamiaje y de paso de operarios», la que se interpreta originariamente del artículo 9.3 y 9.4 LPH 1960 y ahora 9.1.c) y d) de la reforma de 1999. Y ello por cuanto, como entiende asimismo la doctrina científica, en el fondo, cada propietario tiene una o varias «servidumbres», como predio sirviente, en relación a la Comunidad, predio dominante, aunque en el régimen de la propiedad horizontal se han venido denominando como «relaciones de vecindad»; se trata de una interdependencia, que es la esencia del régimen de la propiedad horizontal, pues precisamente para cumplir su cometido los pisos y locales gozan de elementos privativos y comunes, los primeros muchas veces sujetos a los comunes, y además, los últimos, que están instalados o pasan por espacios privativos; en definitiva, su existencia es una realidad y deben ser admitidos y respetados por todos los comuneros (en el mismo sentido la STS de 13 de diciembre de 2001).
La SAP Toledo, Sección 1.ª, Sentencia de 15 de marzo de 2002, Rec. 24/2002, define también, incluso con mayor precisión, el contenido de la servidumbre de andamiaje y de paso de operarios, al calificarla como limitación legal del dominio privado de los predios, por razones de interés privado o de buena vecindad, limitación que sería temporal, parcial y meramente transitoria.
En la limitación temporal para el paso de operarios, el concepto no es nuevo, por cuanto desde antiguo el paso por el fundo ajeno con motivo de las construcciones o reparaciones en el propio se ha previsto con fundamento y sujeción en los artículos 565 y 566 del Código Civil.
Queda, pues, configurada y proclamada la obligación de permitir la colocación del andamio en su base, puntos de anclaje laterales o parte superior para andamio colgante, al propietario de la entidad privativa que haya sido elegida por la empresa o técnico que debe asumir o llevar a cabo la actuación de reparación o rehabilitación. En ese mismo piso o local, o en cualquier otro, puede imponerse la entrada y paso de operarios a ese fin, y durante todo el tiempo que perdure la obra en interés comunitario, denominándola “servidumbre de paso de operarios”.
Curiosa es, no obstante, la solución a que llega la AP de Toledo en la Sentencia de 15 de marzo de 2002, que con todo y estimar la imposición de la servidumbre de paso de operarios, la condiciona y limita, por cuanto habida cuenta que el paso que se pretende lo es por la vivienda habitual del demandado, y “siendo el hogar que constituye la sede de la vida doméstica el más sagrado reducto de la intimidad personal”, entiende la Sala que el demandado tiene el derecho de excluir del paso por su domicilio al operario que decida, tanto más cuando en el acto de la vista expresó su enemistad hacia uno de los operarios contratados. Suficiente para la Sala como para negarle a ése la entrada y permitir a que cualesquiera otros puedan efectuar las reparaciones, “operarios que de no existir en el mismo pueblo a buen seguro existen en cualquiera de los limítrofes, sin obligar a grandes desplazamientos que pudieran encarecer desproporcionadamente la obra en cuestión”.
Casuística de interés es la resuelta en la SAP de Barcelona, Sección 16.ª, de 24 de abril de 2007. En ésta, el propietario solicita la extinción de la servidumbre de paso por su entidad a favor de la Comunidad de Propietarios para acceder al cuadro eléctrico y a los cuartos de contadores. La Sentencia si bien reconoce el derecho del propietario de la entidad a que se extinga su servidumbre, establece que los gastos del traslado y de la nueva acometida eléctrica deben correr a su cargo.
Para esa Sala, la demandante está obligada a dejar pasar a la comunidad por su departamento para acceder al cuadro eléctrico y a los cuartos de contadores que pertenecen a la demandada y cuyo uso es necesario. Decir que ello lo hace, simplemente, porque quiere, es inadmisible porque dejaría a todos los propietarios sometidos a la voluntad de uno de ellos respecto al acceso a cosas comunes. Y si eso es así, es que hay una servidumbre, porque en eso consisten precisamente las servidumbres, en que los titulares de una finca han de permitir, obligatoriamente, que los titulares de otra hagan algo en la primera que no tendrían derecho a hacer sin la existencia de la carga: pasar en este caso. La situación es, objetivamente, de servidumbre, dado que lo contrario sería inadmisible. Por ello, ha de mantener la Sala la condena a la comunidad de propietarios a que elimine la situación existente, pero precisándose que ello será a cargo de la demandante.
Sobre este mismo supuesto de hecho: el paso por elemento privativo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9ª, de 7 Nov. 2011, declara la inexistencia de servidumbre de paso al patio interior común, para el depósito diario de los cubos de basura, a través de un piso.
Para la Sala, habiendo adquirido la demandada el piso libre de cargas, la servidumbre no llegó a constituirse, y el paso de los cubos ha sido un acto meramente tolerado, no por la demandada, sino por el anterior ocupante de la vivienda (portero del edificio). No cabe entender que exista signo aparente de servidumbre entre dos fincas cuando incluso se consideraba por las comunidades de propietarios actoras que la finca habitada por el portero era un elemento común, no poseyéndose la misma en modo alguno en concepto de dueño.
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la AP de Zaragoza de 22 de junio de 2009, ante la necesidad de la instalación del ascensor por residir en la comunidad personas que padecen minusvalías.
La jurisprudencia considera que para la interposición de demandas para la imposición de servidumbres temporales (de paso, por ejemplo), no es necesario demandar al propietario y sólo se exige demandar al arrendatario u ocupante. (Ss AP de Pontevedra, Secc. 6ª de 21 de octubre de 2013; Las Palmas, Secc. 4ª de 27 de mayo de 2005; Burgos, Secc. 3ª de 19 de septiembre de 2001; y Madrid, Secc. 19ª de 18 de junio de 1996).
Para el cumplimiento de las pretensiones de la Comunidad de servidumbres comunitarias hay otros ejemplos jurisprudenciales de “sustitución de chimenea por otra de mayor diámetro” (SAP de Asturias de 5 de abril de 2004), y la de paso de tuberías. Y aplicable a las urbanizaciones, la de paso de operarios para reparación de antena comunitaria y estación transformadora (STS 13 de diciembre de 2001).
Asimismo, se ha considerado amparado en la referida servidumbre, la privación durante un período de tiempo de las plazas de aparcamiento privativas de unos propietarios a consecuencia de la necesaria ocupación de las mismas para la realización de obras en el garaje.
Como respuesta a la negativa a la entrada de operarios para la reparación de un elemento comunitario, la AP de Barcelona, Sección 1.ª, en Sentencia de 2 de julio de 2007, considera que los costes que ha supuesto esa negativa deben ser reparados en base al artículo 1902 CC y sufragados a la Comunidad de Propietarios por el que ha mantenido esa actitud impeditiva.
Finalmente, en la Sentencia del TS de 22 de julio de 1994, se condena a un propietario a facilitar al Presidente de la Comunidad una llave que facilitase el acceso al patio interior que era elemento común.
En definitiva, la jurisprudencia es clara y no tiene dudas en considerar al elemento privativo como supeditado al interés comunitario, pudiendo imponer al propietario una limitación en su derecho de propiedad en base a un interés general, o mejor dicho, en base a un interés comunitario.
En estos supuestos, la duda proviene de si debe ser de aplicación el mismo redactado del artículo 9.1.c) de la LPH, y si debe permitirse que la Comunidad pueda imponer la cesión de unos metros cuadrados del local, necesarios para la instalación del hueco y caja del ascensor, y la contraprestación al dueño del local o bien de una cantidad de dinero, o bien de los mismos metros cuadrados en otro lugar común.
En un primer momento, la doctrina jurisprudencial no equiparaba esta ocupación de una parte del local, a los efectos de las servidumbres; y las Sentencias se decantaban por negar esta posibilidad a las Comunidades de Propietarios. Estas soluciones se encontraban en las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Jaén, Sección 2.ª, Sentencia de 20 de mayo de 2003, Rec. 157/2003 (LA LEY JURIS 105/2004); Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 6.ª, Sentencia de 21 de diciembre de 2000, Rec. 3878/1999 (LA LEY JURIS 526109/2000); y Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1.ª, Sentencia de 11 de noviembre de 2004, Rec. 283/2004 (LA LEY JURIS 721/2005).
En todas estas Sentencias, la controversia se planteó en razón del acuerdo adoptado con la mayoría cualificada del artículo 17 de la Ley, y admitiendo la necesidad, tanto de invadir parte del local privativo de su propietario por no existir otra solución arquitectónica o ser ésta la menos gravosa, como el acomodar el edificio y sus servicios a los impedimentos y discapacidades de los moradores. Se trata, en definitiva, de decidir si entre las obligaciones que el artículo 9.1.c) de la LPH impone a todos los copropietarios de permitir en sus elementos privativos (pisos o locales) las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios comunes de interés general previa indemnización de los daños y perjuicios que le ocasionen, está la de soportar obligatoriamente una obra de instalación como la acordada que, por invadir u ocupar con carácter permanente parte de su propiedad privada, le supone la pérdida definitiva de ese espacio y en consecuencia su cesión o venta forzosa sea a cambio de dinero, o de cualquier otra contraprestación de parte de su local.
Las Salas de Apelación resolvieron, en ese momento, que el actual régimen de propiedad horizontal transformado por la Ley 8/1999, avanzando en el principio de la función social de la propiedad y en facilitar entre otros servicios los que entrañen eliminación progresiva de barreras arquitectónicas, de las que ya fueron precursoras la Ley 3/1990, de 21 de junio, y, sobre todo, la Ley 15/1995 de 30 de mayo -referida exclusivamente a espacios comunes-, como desde el ámbito de la Jurisprudencia lo fueron las SSTS 13 de julio de 1994, 5 de julio de 1995, 22 de septiembre de 1997 o 22 de noviembre de 1999, lo que supuso fue suavizar el régimen de adopción de acuerdos de la Junta de propietarios liberalizándola de la exigencia de la unanimidad frente a propietarios insolidarios u opositores a cualquier modificación estructural para permitir la instalación de determinados servicios, entre ellos los de ascensor, portería, vigilancia, consejería, etc., que por incidir en elementos comunes y pudiendo afectar al título constitutivo o a los estatutos, precisaba o quedaba supeditado a la conformidad de todos los propietarios.
Aun así, no se habilitaba una legitimación, con base en los imprecisos términos del artículo 9.1.c), de imposición de obras o servicios que entrañen privación total o parcial de elementos privativos, aun contra la voluntad de su titular, fuera de la obligación genérica del propio precepto -cuya redacción, por cierto, apenas ha sufrido cambio en esta materia desde su instauración por la Ley 49/1960- y que no va más a allá de la de consentir las reparaciones que exige el mantenimiento de los servicios del inmueble o las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios de interés general, concepto y naturaleza de servidumbre en la que, según la posición mayoritaria de los comentaristas más autorizados, no encuentran alojamiento obras como la que tratan de ubicar la caja del ascensor, lo que supone ocupar y abrir hueco dentro del local privativo, en situación de privar a su propietario de una parte del mismo que no sólo invade sino que desmembra, incomunica y hace propio la Comunidad, y entraña la pérdida de su dominio que de privado pasa a ser común.
Esta pretensión era calificada no ya de verdadera servidumbre sino de cesión, venta o expropiación forzosa de índole privada y sobre elementos privativos en uso de una malentendida facultad de disposición que la Ley de ningún modo concede a la Comunidad frente al propietario, amparado en su derecho, no sólo por los artículos 348 del Código Civil y 33 de la Constitución, sino incluso por el contenido del artículo 3.a) y 11.3 de la propia LPH al precisar para su realización el consentimiento de éste.
En este mismo sentido se habían manifestado también la AP de Valladolid (Sección 3.ª) S 24 de noviembre de 1998, Madrid S 30 de junio de 2000 y Sevilla S 21 de diciembre de 2000, que coincidieron con este mismo criterio y solamente cuando la ocupación es mínima o semejante a la que racionalmente es tolerable sin pérdida absoluta de su espacio privado cabe aceptar, del mismo modo o con alcance similar al que genera el encofrado de bajantes, vigas maestras, cables, etc., pero no la ocupación total del espacio suficiente para ubicar el hueco y caja de ascensor, aunque lo sea en poco más de 2 m2.
Sucumbía, pues, en estos casos, la pretensión comunitaria, al impedir estas Salas adoptar en Derecho otra solución distinta, que venza la oposición de los propietarios del local obligándoles a una venta forzosa u ocupación forzosa contra su voluntad, para el caso de que no se alcance un acuerdo que remedie, desde la solidaridad, la situación de conflicto surgida desde lícitas y amparables aspiraciones de los demás copropietarios de poder disfrutar de su vivienda de manera digna y adecuada, tal y como les reconoce el artículo 47 de la Constitución y para cuya efectividad, sin duda, será preciso el remover los obstáculos surgidos desde intereses, en conflicto, más o menos justificados.
B) Segunda (y definitiva) línea jurisprudencial: aceptación de la imposición de servidumbre derivada de la instalación del ascensor.En esta segunda (y definitiva) línea jurisprudencial se sitúa el Tribunal Supremo, quien en Sentencia de 18 de diciembre de 2008, proclama que la comunidad puede imponer la servidumbre al propietario del local aunque ello suponga privarle de tres metros cuadrados de superficie, y no considerarse por el Alto Tribunal que dicha pérdida comporte un perjuicio irreparable que impidiera una obra adecuada para la supresión de barreras arquitectónicas.
El propio Tribunal Supremo, en Sentencia de 24 de marzo de 2011, nos da la solución para entender el cambio de criterio jurisprudencial y para resolver futuras controversias.
Para el Alto Tribunal la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado como de interés general, permite la constitución de una servidumbre para tal fin, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo.
La ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurrirá el consentimiento del vecino afectado, que por tanto no se constituye en presupuesto ineludible en casos como el que se examina, encuentra su límite en el supuesto de que la privación del derecho de propiedad se lleve al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad del espacio privativo.
Sigue esta doctrina la SAP de Barcelona, Sección 17.ª, de 15 de abril de 2010, que constituye una servidumbre derivada de la instalación del ascensor y fija la indemnización en 8.820 €.
Más reciente, y en el mismo sentido, las Sentencias de la AP de Barcelona, Sección 16.ª, de 8 de julio de 2011, y Sección 17.ª, de 14 de julio de 2011, proclamando esta última que el consentimiento favorable de un vecino titular de un bien privativo para instalar un ascensor, sólo es necesario si va afectar a la funcionalidad de ese elemento privativo.
Finalmente, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de julio de 2012, proclama que aprobada la instalación del ascensor con las mayorías exigibles, no es necesario el consentimiento del comunero que ve limitado en un 25% el uso del patio, pero que no queda inservible.
En definitiva, la negativa inicial de la jurisprudencia se ha visto superada, y ahora esa misma jurisprudencia, avalada por la del Tribunal Supremo, admite sin dudar, la imposición de una servidumbre que se materializa en la ocupación de unos metros del local que de privativos pasan a ser comunitarios.
Una vez asentado el criterio que admite la imposición de servidumbres, la jurisprudencia ha seguido el movimiento “pendular” y ahora se decanta por un criterio intermedio, fijando unos límites a la imposición de servidumbres.
En definitiva, se acepta, como criterio general, que las Comunidades pueden imponer las servidumbres derivadas de la instalación del ascensor. Pero esa servidumbre está sujeta a unos limites que no se pueden sobrepasar.
Los límites más frecuentes en la casuística jurisprudencial provienen de los supuestos en los que el ascensor se instala en el patio interior y las viviendas cuya ventilación proviene de este patio, se ven afectadas.
Como criterio general, la jurisprudencia se decanta por admitir la instalación del ascensor en el patio comunitario todo y que, a resultas de ello, las viviendas puedan sufrir una disminución en su ventilación y luminosidad.
En este sentido, la SAP de Barcelona, Secc 16ª, de 8 de julio de 2011, y Sección 17ª de 14 de julio de 2011, proclama que el consentimiento favorable de un vecino titular de un bien privativo para instalar un ascensor, sólo es necesario si va afectar a la funcionalidad de ese elemento privativo.
La cuestión de la instalación del ascensor y la constitución de una servidumbre con oportuna indemnización aunque implique la ocupación de parte del elemento privativo accesorio a una vivienda, ponderándose los intereses en juego ha sido estimada y proclamada por la Sentencia del TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 23/2013, 25 Mar.
En este supuesto, las sentencias de instancia desestimaron la impugnación del acuerdo comunitario de instalación de ascensor en un edificio ocupando parte del patio de luces anexo a la vivienda de los actores, adoptado por la mayoría de propietarios -y, cuotas- (ex art. 553-25.5.a CCCat), disponiendo como indemnización a los mismos la exoneración de sus gastos de instalación.
Para el TSJ, conviene recordar que el art. 553-25.4 CCCat preceptúa que los acuerdos que disminuyen el uso y disfrute de un propietario requieren su consentimiento expreso y, a su vez, que el art. 553-39.2 CCCat dispone que la comunidad puede exigir la constitución de servidumbres permanentes sobre elementos privativos distintos de la vivienda en sentido estricto si son indispensables para los acuerdos de mejora de la junta o para el acceso a elementos comunes que no tengan ningún otro acceso.
Tal afectación de un elemento privativo supone, según la Sala, una verdadera servidumbre, excluyendo su consideración como una expropiación. De todas formas, la servidumbre sólo podrá imponerse cuando sea jurídicamente tolerable, esto es, cuando no produzca perjuicios sustanciales, como sería la grave afectación funcional o económica del elemento privativo, ponderando al efecto los intereses individuales y comunitarios en juego, en función de los criterios de proporcionalidad y de necesidad para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de propietarios, partiendo de que el interés general reside en la instalación del ascensor como elemento esencial de presente y de futuro para favorecer la movilidad de los vecinos y que redunda en beneficio de todos ellos, tanto de quienes por razón de la edad o de las circunstancias físicas, temporales o permanentes, están incapacitados para acceder a las viviendas, especialmente, a las más altas, como del bienestar general y material, en cuanto implica una revalorización del edificio. En autos, efectivamente, la Sala considera que el ascensor se sitúa en elementos de uso privativo diferentes a la vivienda en sentido estricto, al ubicarse en los anexos, que son espacios físicos vinculados de forma inseparable a un elemento privativo, que carecen de cuota especial.
Por todo ello, la Sala declara que procede completar la doctrina legal sentada en la STSJC 15/2012, declarando que la instalación del servicio de ascensor en una finca que careciese de él permite, igualmente, la constitución de una servidumbre con la oportuna indemnización de daños y perjuicios aunque implique la ocupación de parte del elemento privativo anexo o accesorio a una vivienda que viniera determinado como tal en el título de constitución, siempre que el gravamen no suponga una pérdida intolerable de funcionalidad o económica del mismo ponderadas racionalmente las circunstancias del caso y los intereses en juego.
El TSJ Cataluña desestima los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.
En los casos de aceptación de la servidumbre, la Comunidad debe abonar una indemnización al propietario. Pues bien, para el TS esa indemnización puede consistir en exonerarle de los gastos de mantenimiento del ascensor y el acuerdo aprobatorio de la indemnización se fija en base al mismo quórum que para la servidumbre.
Reitera esta doctrina la STS de 15 de diciembre de 2010.
Siguiendo esta doctrina, se ha pronunciado en el mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en su Sentencia, Secc. 1ª de 20 de febrero de 2012, estableciendo el TSJ que pese a que la ocupación de parte del espacio al dueño de la finca no por ello se convierte en una privación definitiva del derecho dominical, toda vez que el uso podría recuperarse si avances administrativos o tecnológicos permitiesen otra ubicación del ascensor y, en cualquier caso, a la extinción del régimen.
Los propietarios afectados por la servidumbre que pretenda imponer la Comunidad de Propietarios para la instalación del ascensor deben impugnar el acuerdo dentro del plazo de los dos meses siguientes a su notificación. A pesar de que les afecte expresamente, el acuerdo no precisa de su conformidad de forma especial. Así lo ha considerado la SAP de Barcelona, Secc. 11ª, de 7 de abril de 2008.
Ahora bien, si se superan los límites que impone la propia jurisprudencia y que versan sobre la imposibilidad de afectación a la habitabilidad de todas las dependencias de la vivienda, existen resoluciones que niegan la constitución de servidumbre a resultas del excesivo menoscabo que se impone al propietario del elemento privativo. Así en la SAP de Barcelona, Secc. 14ª de 31-3-2011, se desestima por el menoscabo enorme que se causa al propietario del local afectado.
En el supuesto resuelto por la AP Barcelona, Sec. 4.ª, 512/2013, en su Sentencia de 4 de noviembre de 2013, se concluye que ha quedado demostrado por medio de pericial que la situación más idónea del ascensor es la que afecta a la vivienda del demandado y no otra también propuesta en el proceso, en el patio de luces.
Y ello por cuanto, para la Sala, la solución de construir el ascensor en el patio del piso bajos segunda implicaría, o bien, una modificación del lado que queda dispuesta la escalera comunitaria con un extremado incremento del coste además de la imposibilidad de acceder a las viviendas durante la realización de las obras de derribo de la escalera hasta la finalización de la nueva, o, en caso de mantenerse la ubicación de la escalera actual, debería procederse a recortar la barandilla de la escalera y se produciría una excesiva proximidad de la puerta del ascensor con la escalera, como reconoce el perito de la parte demandada, lo que incluso podría implicar peligro para las personas que suben por la escalera o para las que salen del ascensor, y, finalmente, por que en la planta baja, el acceso al ascensor se produciría en el estrangulamiento entre las puertas de los bajos y la pieza de bajo escalera.
Por ello, como señala la sentencia recurrida, la opción más idonea es la de ocupar el patio de la izquierda, correspondiente a la vivienda bajos primera propiedad del demandado.
En definitiva, si a la vivienda o local afectados se le causa un menoscabo de tal magnitud, que o bien el local queda muy dañado estructural o arquitectónicamente o una dependencia del piso queda sin ventilación (lo que ocasiona que esa habitación deje de ser habitable) entonces la Comunidad pierde la legitimidad para la imposición de la servidumbre y debe optar por otra solución, aunque sea más cara o menos apta para los propios intereses comunitarios.
En los casos de imposición de esta servidumbre, la Comunidad debe abonar una indemnización al propietario. Y ello por cuanto se considera que es distinta de las demás al convertirse en definitiva.
El paso de operarios, y el andamiaje, no dejan de ser servidumbres temporales y limitadas.
La servidumbre derivada del ascensor supone, en suma, una «expropiación» de una parte mínima del local para la colocación del ascensor.
Pues bien, en estos caso, cabe la indemnización con una cantidad o suma de dinero, sin que por ello deban entrar a consideración precios de mercado, etc.
En primer lugar, el acuerdo aprobatorio de la indemnización se fija en base al mismo cuórum que para la servidumbre. Para el TS si un propietario soporta una servidumbre para permitir el establecimiento de un servicio de interés general autorizada por la mayoría determinada en el artículo 17 de la Ley, la aprobación de la indemnización a percibir por este propietario ha de ser aceptada por idéntica mayoría, y carece de sentido la exigencia de otro cuórum superior, como el de la unanimidad del acuerdo de la indemnización.
En cuanto a la materialización de esa indemnización, para el TS esa indemnización puede consistir en exonerarle de los gastos de mantenimiento del ascensor. Reitera esta doctrina la STS de 15 de diciembre de 2010.
Siguiendo esta doctrina, se ha pronunciado en el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en su Sentencia, Sección 1.ª, de 20 de febrero de 2012, estableciendo el TSJ que pese a que se trata de la ocupación de parte del espacio al dueño de la finca no por ello se convierte en una privación definitiva del derecho dominical, toda vez que el uso podría recuperarse si avances administrativos o tecnológicos permitiesen otra ubicación del ascensor y, en cualquier caso, a la extinción del régimen.
En el supuesto resuelto por la AP Barcelona, Sec. 4.ª, 512/2013, en su Sentencia de 4 de noviembre de 2013, referida anteriormente, se concluye que la opción más idónea es la de ocupar el patio de la izquierda, correspondiente a la vivienda bajos primera propiedad del demandado.
En esta Sentencia, además, se establecen unos parámetros para la cuantificación de la indemnización por instalación del ascensor. Proclama la Sala que la indemnización, en estos casos, debe fijarse en base al valor del metro cuadrado y la pérdida de utilidad de la vivienda.
En ese supuesto en concreto, la sentencia de primera instancia atiende sólo al valor de la superficie afectada por la instalación del ascensor lo que supone la cantidad de 4.217 euros. Dicho pronunciamiento es revisado en Apelación.
La Sala, entiende que debe valorarse el perjuicio real, teniendo en cuenta que no se trata de indemnizar a tanto el metro cuadrado de superficie de la que se va a ver privada esta vivienda, por no tratarse de un precio de expropiación, sino de valorar la repercusión que a la vivienda le va suponer la instalación del ascensor.
Y en este sentido, si bien comparte la Sala, los criterios de la juzgadora de primera instancia de aplicar un importe por metro cuadrado afectado por la servidumbre conforme a la pericial emitida, por ser una valoración más objetiva que la relativa a la depreciación del precio de venta de la vivienda, considera que junto a este cálculo, la instalación del ascensor comporta un perjuicio evidente para el propietario del piso bajos primera, por pérdida de funcionalidad del patio de uso privativo, necesidad de reorganización del espacio destinado a lavadero, por incomodidades, molestias y ruidos y por la pérdida de funcionalidad del paso que comunica la vivienda con el local comercial, perjuicio que valora la Sala en otros 4.000 euros.
Por ello, considera la Sala procedente fijar una indemnización por importe de 8.217 euros.
Interesante por los criterios de cuantificación, resulta también la Sentencia de la AP de Barcelona, Secc. 11ª de 25 de julio de 2013; en la que se cuantifican las distintas depreciaciones que padecerá la vivienda del reclamante a consecuencia de la instalación del ascensor.
En definitiva, la casuística jurisprudencial es variada y admite todo tipo de soluciones para la fijación de la contraprestación a la servidumbre que se impone.
En cuanto a la impugnación de los acuerdos de imposición de servidumbres y de fijación de la indemnización, la jurisprudencia establece que los propietarios afectados por la servidumbre que pretenda imponer la Comunidad de Propietarios para la instalación del ascensor, deben impugnar el acuerdo dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación.
A pesar de que les afecte expresamente, el acuerdo no precisa de su conformidad de forma especial. Así lo ha considerado la SAP de Barcelona, Sección 11.ª, de 7 de abril de 2008.
La pretensión de la actuación también puede ser originaria de un propietario de un piso o local que precise la ocupación de elementos comunes para la instalación de conducciones o elementos que le son básicos para el aprovechamiento del uso que tiene configurado.
El derecho del propietario a la constitución de esa servidumbre tendría su origen en el artículo 7.1 de la LPH, cuando permite al propietario del piso o local, con muchas limitaciones, la modificación de elementos arquitectónicos, instalaciones y servicios de aquél.
La más utilizada, o con mayor número de Sentencias que la amparan, es la “servidumbre de antena”, en virtud de la cual el titular de la licencia administrativa y autorización de montaje por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones puede efectuar la instalación de la antena de radioaficionado sin necesidad de expresa autorización de la Comunidad de Propietarios, al configurarse como una nueva forma de servidumbre, esta vez configurándose el edificio como “predio sirviente”.
La SAP de Barcelona, Sección 1.ª, de 29 de noviembre de 1999 (LA LEY JURIS 66085/1999) ya proclama que la postura jurisprudencial mantenida por las distintas secciones de esta Audiencia es unánime al considerar que el radioaficionado, tanto si es propietario como arrendatario de la vivienda, tiene derecho a realizar la supradicha instalación, sin que el mismo esté condicionado a la autorización o el consentimiento del propietario o Comunidad de Propietarios del inmueble donde radica la vivienda.
Esta misma previsión, por analogía, puede aplicarse, a nuestro entender, al titular de cualquier licencia o autorización administrativa que planee instalar una actividad comercial o profesional en la que precise, de forma condicionada a la licencia, de la colocación de una salida de humos, conducción o chimenea. Es decir, al igual que el radioaficionado, cualquier titular de una licencia en la que se condicione la apertura o la puesta en marcha de la actividad a la existencia de un elemento de conducción o evacuación, no puede quedar condicionado al arbitrio y/o negativa injustificada del resto de propietarios.
Otra Sentencia de la Sección 4.ª de la AP de Barcelona de 25 de septiembre de 1995 establece que se hace necesario conjugar los intereses en posible conflicto entre radioaficionado y propietarios de los inmuebles, y en atención a ello hay que conferir un derecho subjetivo a instalar la antena, si bien haciendo recaer sobre ese propietario las consecuencias derivadas de los daños y perjuicios que se deriven de la instalación, modificación y mantenimiento de la misma, así como a concertar un seguro en los términos reglamentariamente previstos. En definitiva, el derecho del actor se configura como una servidumbre legal que impone a la Comunidad la obligación de soportar la antena.
El artículo 553-39 del Código Civil de Catalunya contiene una previsión similar de las obligaciones comunitarias y privativas, y de la imposición de servidumbres para obras de conservación o de mejora.
Los párrafos c) y d) del artículo 9 LPH están similarmente redactados en los puntos 2 y 3 del artículo 553-39 del Código Civil Catalunya, por lo que, a criterio de este autor, son aplicables los principios jurisprudenciales a que se han hecho referencia en este artículo.
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