Source: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_honduras.asp
Timestamp: 2017-10-23 17:18:49
Document Index: 381810946

Matched Legal Cases: ['Artículo 222', 'Artículo 232', 'Artículo 233', 'Artículo 222', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 228', 'artículo 59', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 82', 'Artículo 222', 'artículo 30', 'artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'artículo 59', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 13']

OEA :: Secretaría de Asuntos Políticos
OEA » Secretaría de Asuntos Políticos » Departamento para la Gestión Pública Efectiva » Guía » Honduras
Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia
y la Integridad en las Américas
La Constitución de la República de Honduras de 1957 establece la Contraloría General de la República como el órgano encargado de la "fiscalización a posteriori de la Hacienda Pública”. Este nuevo organismo, auxiliar del Poder Legislativo pero con independencia funcional y administrativa, sustituyó al Tribunal de Cuentas, el cual había sido creado en 1928. Con la creación de la Contraloría General se introduce en el país el concepto de fiscalización a posteriori del tesoro nacional.
En la Constitución de la República de 1982, Artículo 222 y Artículo 232, se establecen dos órganos de control auxiliares del Congreso Nacional; la Contraloría General de la República y la Dirección de Probidad Administrativa, ésta última, dependiente de la Contraloría. Igualmente, en el Artículo 233 se incluye la presunción de enriquecimiento ilícito para casos de funcionarios públicos.
Posteriormente, mediante el Acuerdo de Consolidación Democrática, celebrado en 2001 entre las principales fuerzas políticas del país, se conviene reunir las funciones de la Controlaría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa en un sola institución denominada Tribunal Superior de Cuentas, dirigido en forma colegiada por tres miembros electos por el Congreso Nacional.
La Constitución establece la creación de una serie de órganos de control para la administración pública, en base a las leyes e instituciones para la administración pública creadas por el Poder Legislativo. La Constitución de la República de Honduras fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” mediante Decreto No. 131-82, del 11 de enero de 1982 y desde esa fecha hasta la actualidad ha pasado por varias reformas e interpretaciones.
El Tribunal Superior de Cuentas
El Comisionado Nacional de los Derecho Humanos
Comisión Nacional de Banca y Seguros
El control interno en cada dependencia del Estado se realiza a través de unidades de auditoría interna.
Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
El Tribunal Superior de Cuentas fue establecido mediante reforma constitucional, Decreto No 268-2002. Es así como el Artículo 222 reformado señala al Tribunal Superior de Cuentas como “el ente rector del sistema de control de los recursos públicos”.
En el artículo 5 de la Ley Orgánica de Tribunal Superior de Cuentas se establecen los Sujetos Pasivos de la Ley y quiénes están sujetos a las disposiciones contempladas en la misma. Igualmente, el TSC cuenta con el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas dentro del cual establece su organización y estructura interna, con una Dirección de Probidad y Ética y una Dirección de Participación Ciudadana.
El Tribunal, como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional fiscalizar a posteriori los fondos, bienes y recursos administrados por cualquier otra institución o ente público o privado que administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Además, realiza control financiero, de gestión y de resultados para establecer a posteriori la eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad en la administración pública. Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. (Artículo 3 de la Ley Orgánica del TSC)
Como aparece en el Plan Estratégico del TSC 2010-2016, los objetivos generales de la entidad para ese período se pueden agrupar en tres grandes áreas: 1. Dirigir, orientar, organizar, efectuar, supervisar y evaluar el Sistema de Control de los Recursos Públicos; 2. Consolidar un sistema de participación ciudadana en las actividades de control del Estado; 3. Disponer de la estructura legal, administrativa , financiera , técnica y tecnológica requerida para el desarrollo de las funciones asignadas al TSC.
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos SINACORP
El Proyecto: Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP), está enmarcado en el Acuerdo Administrativo No 002-2007 del Tribunal Superior de Cuentas y constituye el “conjunto de principios, preceptos, normas generales, normas técnicas específicas y demás instrumentos y mecanismos que regulan y desarrollan la dirección, orientación, organización, ejecución y supervisión de los controles externo e interno de los recursos públicos”.
El funcionamiento del SINACORP pretende lograr entre otros objetivos: el fortalecimiento la rendición de cuentas; la relación y coordinación entre el control interno y el externo; el fortalecimiento de la capacidad técnica para el ejercicio de las labores de control y auditoría y para la evaluación de la efectividad del control interno; el desarrollo de normas específicas de control interno con base a las normas generales que emita el Tribunal y la promoción de los instrumentos de control de gestión por objetivos o resultados y de transparencia de la gestión.
Para lograr la organización y funcionamiento del SINACORP, el TSC ha venido gestionando ante el Banco Interamericano de Desarrollo y otros cooperantes el financiamiento del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Integral de los recursos Públicos.
Mediante el Decreto Ejecutivo PCM-26-2007 se creó la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno de las Instituciones Públicas, ONADICI, dentro del marco del SINACORP y adscrita a la Presidencia de la República.
El objetivo de la ONADICI, estipulado en el artículo 2 del mencionado Decreto es “asegurar razonablemente la efectividad del proceso de control interno institucional en procura del logro de una gestión de la hacienda pública eficaz, eficiente, responsable, transparente y proba, en el marco de la Constitución y las leyes de la República e instrumentos que las desarrollan”. También potencializar el ejercicio de los servidores públicos, en el marco de las normas del Tribunal Superior de Cuentas.
El Ministerio Público fue creado mediante Decreto de Ley Nº 228-93. Está constituido como “un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado.”
Dentro de sus objetivos tiene a su cargo la representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia especialmente en el ámbito penal llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas, investigar; verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, asimismo ejercitar o instar las acciones legales correspondientes.
El Ministerio Público funciona bajo el mando de un Fiscal General de la República y un Fiscal General Adjunto, electos por el Congreso Nacional, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros (85 diputados de 128 que conforman la Cámara Legislativa), de una nómina de cinco candidatos que se presenta a una Junta Proponente convocada y presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Integrado también por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia nombrado por el pleno de la misma, el Rector de una de las Universidades que funcionan en el país, un representante del Colegio de Abogados de Honduras designado por su Junta Directiva y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República (PGR)
La Procuraduría General de la República tiene su origen en la constitución de 1957. De acuerdo con el Artículo 228 de la Constitución de 1982, constituye la entidad responsable de la representación legal del Estado de Honduras. El Decreto No 74-61 del Congreso Nacional del 11 de marzo de 1961 que su Ley Orgánica. Su ámbito de aplicación y jurisdicción es nacional.
Representa los derechos del Estado en todos los juicios en que éste es parte; promueve demandas ante los Juzgados y Tribunales de la República en defensa de los derechos y bienes del Estado; emite dictámenes y criterios técnico jurídicos que orientan la administración pública.
La PGR está conformada por un Procurador y un Subprocurador General de la República que los elige el Congreso Nacional por cuatro años.
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
La figura del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se creó en Honduras con el Decreto No. 2-95 del Congreso Nacional, mediante la reforma del artículo 59 de la Constitución de la República de 1982. Su objetivo principal es velar por el respeto de los Derechos Humanos en Honduras, de acuerdo con la Constitución de la República, la Ley del Comisionado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados y convenios ratificados por Honduras.
Dentro de sus atribuciones, según el artículo 6 de su Ley Orgánica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos puede dirigirse directamente a cualquier servidor de la administración pública, organismos o instituciones de cualquier naturaleza y sus titulares tendrán la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que se le formulen.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) fue creada mediante Decreto Legislativo No. 155-95. Tiene como finalidad vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones supervisadas de las normas emitidas por el Banco Central de Honduras en materia de política monetaria, crediticia y cambiaria. Asimismo, lleva a cabo la vigilancia, correcta constitución, ampliación de operaciones, la fusión, transformación y cierre de las instituciones supervisadas, así como la extensión de actividades al extranjero.
La CNBS trabaja en estrecha colaboración con el Sistema Financiero Nacional, la Fiscalía contra la Corrupción y otros entes en el país para regular y controlar todas las operaciones bancarias a fin de evitar delitos financieros y la corrupción de servidores públicos.
El objetivo del Tribunal Supremo Electoral es cumplir las funciones propuestas en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto Legislativo No 44-2004) y sus reformas (Decreto No 185-2007) . El Tribunal administra los procesos electorales y consultas populares confiables, promueve y garantiza la participación ciudadana, el libre ejercicio del sufragio y la alternabilidad en el ejercicio del poder utilizando tecnología y personal calificado. Regula todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, es autónomo e independiente y cuenta con personalidad jurídica.
En el artículo 8 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, el Estado, a través del Tribunal Supremo Electoral, prohíbe captar fondos no autorizados producto de contribuciones o donaciones anónimas, contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la administración pública centralizada y descentralizada sin previa autorización, contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan concesiones con el Estado, contribuciones o donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras a fin de regular la corrupción y la competencia entre los partidos políticos.
El Tribunal, según las reformas, es dirigido por tres miembros electos, durante siete años, por los(as) Magistrados(as) Propietarios(as) del Tribunal Supremo Electoral. La Presidencia del Tribunal es de rotación anual entre los miembros electos hasta completar la totalidad del periodo.http://www.tse.hn/web/documentos/Reformas a la Ley Electoral.pdf
Sistema de Administración Financiera Integrada(SIAFI)
La Secretaría de Finanzas, en su calidad de Órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, que le asigna la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 83-2004, es la responsable del desarrollo y funcionamiento del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). El SIAFI se fundamenta en la Ley Orgánica de Presupuesto, que en su artículo 4 establece la conformación de un sistema de administración financiera del sector público y en el Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto (2005) y es operado por la Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas. Más que una herramienta de control presupuestario, se trata de un sistema de información que integra aplicaciones informáticas relativas a la Gestión de todas las instituciones y funciones del Estado, incluyendo: Contabilidad Financiera, Finanzas, Presupuesto, Tesorería, Recursos Humanos, Administración de Bienes, transferencia electrónica de recursos a través del sistema bancario nacional, gestión de proyectos y manejo de cuenta única del tesoro. Integra, de manera simultánea, más de 90 instituciones que conforman el gobierno Central e instituciones descentralizadas. El objetivo del SIAFI es sistematizar las operaciones de programación, administración, evaluación y control de los recursos financieros del Estado. Observa el comportamiento del Sector Público a través de una plataforma en tiempo real usando el internet.
Durante la década de 1980, las acciones gubernamentales en materia de prevención y combate a la corrupción fueron encomendadas a comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo, con el fin de llevar a cabo investigaciones de casos específicos. En marzo de 1994, se suscribe el Decreto Ejecutivo No CM-O2-94, con el cual se crea la Comisión de Prevención y Lucha Contra la Corrupción (COPRELCO), con carácter temporal.
En 1998, Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción; y de acuerdo con lo señalado en el Informe del país correspondiente a la Primera Ronda del Mecanismos de Seguimiento de la Convención (MESICIC), en Marzo de 2005, el gobierno designa al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como autoridad central en lo relacionado con los temas de la Convención. Para ello, se fundamenta en el Reglamento de la Ley Orgánica de dicha institución, el cual, en su artículo 82, dispone que “para sentar las bases de una estrategia participativa y transparente de lucha contra la corrupción, el Tribunal deberá solicitar la participación y colaboración del sector público, la sociedad civil y los medios de comunicación”.
En consecuencia de lo anterior, en el Informe aprobado en la Segunda Ronda del MESICIC (diciembre de 2006) se informa sobre la firma de un convenio, en abril de 2005, entre el Tribunal Superior de Cuentas y la organización no gubernamental ACI-PARTICIPA de cooperación interinstitucional, con el fin de fortalecer al TSC para dar cumplimiento a las funciones que le corresponden como autoridad central de la Convención. En el Convenio suscrito con el Foro Permanente de las Organizaciones de Sociedad Civil, se establece la colaboración entre dichas instituciones y el TSC en “la reproducción, divulgación y enseñanza de los instrumentos esenciales del sistema de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos contra la corrupción,” así como los relacionados con el control social.
En ese contexto, los esfuerzos realizados por Honduras para avanzar en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, han estado estrechamente vinculados al trabajo conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollan acciones en este campo en el país. De esta manera se ha avanzado en la creación de un sistema nacional de integridad con mecanismos de rendición de cuentas, auditoria social, y transparencia a través de la participación ciudadana de manera sistemática. A continuación se presentan iniciativas gubernamentales implementadas en el país de manera sistemática.
El Tribunal Superior de Cuentas se estableció mediante reforma constitucional, Decreto No 268-2002. Es así como el Artículo 222 reformado señala al Tribunal Superior de Cuentas como “el ente rector del sistema de control de los recursos públicos”.
Dentro de estructura interna, además de las actividades relacionadas con la fiscalización y auditoría de los recursos del Estado y de las restantes áreas operativas, el TSC cuenta con una Dirección de Participación Ciudadana y una Dirección de Probidad y Ética. La primera de ellas tiene entre sus principales objetivos: Fortalecer la capacidad del TSC para dar respuesta oportuna a las denuncias ciudadanas; prevenir la corrupción mediante estrategias de control social y fomentar el trabajo articulado con otras instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales con el fin de aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción
Las acciones de la Dirección de Probidad y Ética, por otra parte, están enfocadas a promover y fortalecer la ética pública y la transparencia entre los servidores públicos de las instituciones del Estado. A través de esta Dirección se lleva a cabo la coordinación de las labores del TSC como ente central del Estado Hondureño para la ejecución e implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Como parte de sus atribuciones relacionadas con la Probidad y la Ética Pública, que incluyen el establecimiento de un Sistema de Transparencia en la gestión de los Servidores públicos, el TSC, a través de la Dirección de Probidad y Ética, promueve la creación de los Comités de Probidad y Ética Públicas en los entes u órganos del sector público, y provee el reglamento para su funcionamiento e integración. Dichos Comités tienen como objetivo promover una cultura de probidad y ética al interior de cada entidad del sector público y conocer de casos de violaciones a las normas de conducta establecidas en la respectiva institución o señaladas por el Tribunal.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se creó por iniciativa del Presidente Carlos Roberto Flores (1998-2001) mediante Decreto Ejecutivo 015-2001. Posteriormente, durante el período de gobierno del Presidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006) se reinstaló el CNA mediante Decreto Legislativo No 07-2005 en marzo del 2005.
El objetivo del CNA es “apoyar al Gobierno y la Sociedad Civil en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoria social, como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción, a través de la formación de valores, canalización de denuncias, investigaciones específicas, actividades de comunicación, educación y organización de redes.
Se trata de una organización con características peculiares dentro del contexto Latinoamericano, puesto que se creó por Decreto del Poder Legislativo, con la obligación legal del Estado de financiar parte de su presupuesto, y está a la vez conformada por 12 organizaciones de la sociedad civil. El órgano rector del CNA es la Asamblea General, la cual está integrada por los representantes de 12 organizaciones de la sociedad civil:
Conferencia Episcopal de Honduras (CEH)
Confraternidad Evangélica de Honduras(CEH)
Foro Nacional de Convergencia (FONAC)
Asociación de Medios de Comunicación (AMC)
Las funciones del CNA están encaminadas a proponer y promover la implementación de estategias y políticas públicas y privadas que establezcan las bases institucionales necesarias para combatir la corrupción en todos los niveles y actividades de la sociedad hondureña. El CNA apoya al Gobierno y a la Sociedad Civil en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoria social como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción, a través de la formación de valores, canalización de denuncias, investigaciones específicas, actividades de comunicación, educación y organización de redes, entre otras.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 30 establece que le corresponde al CNA velar por la correcta aplicación de lo estipulado por ella.
Constituido mediante el Decreto Legislativo No 170-2006, el Instituto de Acceso a la Información Pública entró en funcionamiento el 17 de agosto de 2007, con posterioridad a la publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en diciembre de 2006.
En el artículo 8 de esta Ley se establece que el Instituto “es un órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública. Trabaja en conjunto con la Presidencia de la República actuando como enlace la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia”.
Está integrado por tres comisionados, electos por el Congreso Nacional, escogidos de una terna de diez candidatos propuestos por el Presidente de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Los comisionados son electos por un período de cinco años. Sus funciones tienen alcance nacional.
De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son funciones y atribuciones del IAIP las siguientes:
Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley;
Establecer los manuales e instructivos de procedimiento para la clasificación, archivo, custodia y protección de la información pública, que deban aplicar las instituciones públicas conforme las disposiciones de la Ley;
Apoyar las acciones del Archivo Nacional en cuanto a la formación y protección de los fondos documentales de la Nación;
Establecer los criterios y recomendaciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de Información;
Aplicar el marco sancionatorio de la Ley;
Realizar las gestiones estrictamente administrativas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos;
Reglamentar, planificar, organizar y llevar a cabo su funcionamiento interno;
Presentar un informe de actividades en forma semestral a la Presidencia de la república y al Congreso Nacional;
Realizar actividades de promoción y divulgación en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Operar un sistema de información en relación a su funcionamiento, y,
Otras afines y necesarias para alcanzar las finalidades del IAIP.
Garantizar que se publique la información que debe ser difundida de oficio según el Artículo 13 de esta Ley
Otras iniciativas a escala Local
La figura del Comisionado Municipal de Transparencia se crea mediante el artículo 59 de la Ley de Municipalidades (Decreto No 127-2000) con el fin de evitar la corrupción en el ámbito local y también para “velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos y las ordenanzas municipales” entre otras funciones.
Comisión Ciudadana de Transparencia en cada municipio
Se establece la creación de estas Comisiones con base legal en el Capítulo III de la Ley de Municipalidades (Decreto No 127-2000), conformada por un mínimo de cinco ciudadanos(as) representantes de las organizaciones comunitarias, gremiales, empresariales y todas aquellas de carácter social existentes en el término municipal.
Esta permite la participación ciudadana, orientada a vigilar los procesos de la gestión pública para que aseguren la ejecución transparente de programas y proyectos, así como la prestación de servicios públicos de manera eficaz.
Políticas Gubernamentales para el Control de la Corrupción, la Transparencia y la Integridad
Año de la Transparencia y Rendición de Cuentas
A través del Decreto Ejecutivo No PCM-006-2010, El Poder Ejecutivo declaró el año 2010 “Año de la Transparencia y Rendición de Cuentas”.
La finalidad de la declaración es fomentar la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo administrativo de los recursos del Estado, el acercamiento y control ciudadano de los acatos del Poder Ejecutivo.
Coordinación Interinstitucional Anticorrupción (CIAH), Resolución No 1-2010
La Mesa de la Coordinación Interinstitucional Anticorrupción de Honduras (CIAH) se constituye con el objetivo de velar por una mejor implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción, y para fortalecer los órganos de control superior del Estado. El Comité está integrado por la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Consejo Nacional Anticorrupción; a fin de crear un frente común entre los diferentes entes contralores y fiscalizadores de los recursos públicos en el Estado para fomentar la transparencia de la gestión pública.
El 5 de agosto de 2010, El Comité Interinstitucional Anticorrupción adoptó y presentó la “Agenda de Implementación del Plan de Acción Contra la Corrupción” (PAC). El cronograma de actividades cuya implementación inició el 01 de julio anterior y finalizará en junio de 2011 con un informe de evaluación de la agenda y las acciones a futuro, incluye la presentación, en el Congreso Nacional, del Anteproyecto de Política Integral Anticorrupción de Honduras (PIAH). La agenda se divide en dos partes: responsabilidades de cada miembro de la CIAH y responsabilidades de la Coordinación Interinstitucional, que comprenden, en forma ordenada, acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, y el grado de cumplimiento.
Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia
El Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) es la unidad administrativa dependiente de la Corte Suprema de Justicia responsable de analizar, clasificar y divulgar información electrónica sobre leyes, reglamentos, sentencias, entre otras. Es un centro virtual/electrónico que le permite al ciudadano acceder a la información pública de manera virtual bajo el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Consolidada desde 2004, la ONCAE es la instancia responsable de la divulgación de procesos de contratación y del trabajo en conjunto con entes contralores y con el Instituto de Acceso a la Información Pública.
La Oficina fue creada en base al artículo 30 de la Ley de Contratación del Estado del 2001 y está adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. El funcionamiento de ONCAE está regulado en su Reglamento Interno, Acuerdo Ejecutivo No 012-2004 del 10 de mayo de 2004.
La ONCAE dicta normas y establece instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación, estandariza documentos y mantiene actualizado el registro de proveedores y contratistas, entre otras funciones. Se encarga de administrar Honducompras.
El Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (HONDUCOMPRAS), se estableció mediante Decreto Ejecutivo 10-2005.
Es la difusión y gestión electrónica de los procedimientos de contratación del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado. Honducompras contiene información sobre licitaciones y contratos, facilita a la ciudadanía y a proveedores del Estado acceso a evaluaciones, adjudicaciones, contratos y participación en las licitaciones públicas. Está administrada por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Incluye el registro de proveedores y contratistas, licitaciones, e información sobre el proceso de registro y una forma para cada trámite.
Sistema de Información y Administración Financiera (SIAFI)
El SIAFI se fundamenta en la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto No 83-2004) (en su artículo 4 que establece la conformación de un sistema de administración financiera del sector público), Normas Técnicas y Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto. El objetivo del SIAFI es sistematizar las operaciones de programación, administración, evaluación y control de los recursos financieros del Estado.
Este sistema ofrece información en tiempo real y control sobre los recursos financieros del Estado, determinando el comportamiento financiero del sector público, también permite evaluar la gestión de los funcionarios responsables de las entidades del Estado a través de una plataforma en internet.
Está adscrito a la Secretaría de Finanzas y conectado con el Tribunal Superior de Cuentas.
Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH)
Es una oficina virtual donde el contribuyente puede realizar cualquier trámite concerniente a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), el ente recolector de los tributos fiscales, ya sea para importaciones o exportaciones.
Instancias Multilaterales en materia de Gobierno Electrónico
Declaración de Tegucigalpa sobre Gobierno Electrónico 2002
El gobierno de Honduras firmó la Declaración de Tegucigalpa de 2002 durante la Conferencia sobre Tecnología de la Información y Comunicación y Gobierno Electrónico para el Desarrollo e Integración Regional en Centroamérica.
En esta Declaración, los representantes de los países centroamericanos y la República Dominicana acordaron elaborar una propuesta para la creación de un Grupo de Trabajo Centroamericano sobre Gobierno Electrónico que sirviera como “mecanismo para coordinar y promover una estrategia política de planificación, desarrollo, e implementación de estrategias de gobierno electrónico en todos los países de la región centroamericana.”
Red de Lideres de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC)
La Red GEALC es una iniciativa creada en el 2003 por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) para promover la “cooperación horizontal entre América Latina y el Caribe en el uso de las nuevas tecnologías de la información TICs.”. La Red GEALC sirve además como mecanismo de soporte técnico y financiero para las iniciativas de gobierno electrónico que se llevan a acabo en los diversos países de la región. Algunas de las actividades de cooperación en la que han participado los países a través de la red son las siguientes:
Creación de una base de datos de expertos en gobierno electrónico
Creación del Fondo de Cooperación Horizontal FOCOH
Grupos de trabajo virtual
Cursos en gobierno electrónico
Mecanismo de monitoreo sobre iniciativas en gobierno electrónico
Adscrito a la Red GEALC es el eGobex que es una herramienta de intercambio entre los gobiernos de las Américas sobre el gobierno electrónico.
Para obtener más información haga clic.
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo fue adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile en el año 2007. Es un compromiso entre los países miembros para fortalecer las instituciones públicas y promover la modernización de los mecanismos de gestión. Las finalidades de los objetivos de la Carta incluyen incrementar los servicios y productos públicos para mejorar la eficiencia; y la eficacia y la transparencia en la administración pública gracias a la ayuda de las TIC.
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH)
Surgió en 1995, a iniciativa de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG). Es una organización de sociedad civil que trabaja sobre el tema de la deuda externa, corrupción y sus repercusiones en el país. FOSDEH presentó un informe denominado Apuntes sobre la Corrupción en Honduras durante el 2007, dando a conocer algunos casos de corrupción concernientes a ese año.
FOSDEH reivindica el derecho de la sociedad civil para cuestionar la forma en que históricamente ha sido manejada la deuda externa por parte del Estado. Así también resalta la necesidad de presentar propuestas alternativas viables, a fin de que los recursos técnicos y financieros se utilicen e inviertan racionalmente. FOSDEH en 2009 publica Honduras: Balance de la Corrupción 2009, tocando tópicos como la captura del Estado, la transparencia y la rendición de cuentas.
Es una asociación civil creada para fortalecer las capacidades institucionales de las ONG afiliadas, con el propósito de consolidar un espacio de representación y coordinación entre las organizaciones inscritas, el Estado y la cooperación internacional. Constituye una red civil de 80 ONG, que ofrecen alternativas de desarrollo a la sociedad hondureña.
“La Federación es una red plural que respeta la diversidad de metodologías y enfoques institucionales de las ONG miembro, promueve la participación social en la democracia y el estudio de la trasparencia en las instituciones públicas”.
FOPRIDEH presentó el “II Informe Sobre el Estado de los Casos de Corrupción en Honduras 2006” en agosto de ese mismo año, como un aporte al tema transparencia y rendición de cuentas.
Se creó en el año 2003 para promover los derechos humanos en Honduras y la participación ciudadana, respecto a la toma de decisiones de interés común en los espacios de representación política. Actualmente, la Asociación ha participado en el seguimiento de la “Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción”.
Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF)
Fue creada en 2005 y tiene dentro de sus objetivos desarrollar mecanismos para la participación ciudadana, identificar modelos de acción que hayan tenido éxito en otros países y experimentar con nuevos modelos que puedan contribuir a resolver problemas sociales específicos en áreas de medio ambiente, transparencia y anticorrupción. Dentro de sus ejes de trabajo ha levantado campañas a favor de la aplicación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Es una organización, creada en el año 2007, que se preocupa por el monitoreo, la auditoría y control de los procesos electorales. Su objetivo es monitorear el proceso político electoral de las elecciones primarias e internas. Otra de sus metas es fortalecer las capacidades de la sociedad civil para monitorear y observar las campañas electorales e impulsar el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para mejorar y fortalecer la democracia hondureña.
Instancias Regionales en materia de Organizaciones de la Sociedad Civil
Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información
La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información investigó y publicó el reporte ‘Saber Más’, en el Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública. El informe trata de la situación actual del derecho a la información pública en Latinoamérica.
El Alfa-Redi es una coalición regional de las sociedades civiles de Centroamérica, México y República Dominicana. Su meta es defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la información. Investiga y formula propuestas en las siguientes áreas: (1) políticas de sociedad de la información, (2) marco regulatorio de la sociedad de la información, (3) nombres de dominio, números IP e ‘internet governance’ en América Latina, (4) aplicación de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) en proyectos de desarrollo humano.
El Periodismo por el Acceso a la Información Pública es una red de organizaciones no gubernamentales, donde periodistas de diversos países latinoamericanos trabajan para “la promoción del derecho de acceso a la información pública y el fortalecimiento de las normas que regulan la materia”.
Según la información que provee la organización, más de 20 organizaciones y 70 periodistas en 15 países de America Latina, incluyendo El Salvador, se encuentran actualmente trabajando en la promoción del derecho de acceso a la información pública como instrumento periodístico.
Es la norma vigente que rige todo el ordenamiento jurídico y la convivencia democrática del país. Esta norma constitucional plantea que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura y que son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Decreto No 74-61)
Esta ley, ha pasado por reformas por el Congreso Nacional a través del Decreto No 175-2000. La Ley Orgánica establece que la Procuraduría General de la República tiene la potestad de representar y sostener los derechos del Estado, se ubica en la cúspide de la pirámide de las instituciones encargadas de controlar la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por el Estado y todas las instituciones.
Ley General de la Administración Pública (Decreto No 146-86)
De manera general, regula el ingreso a la carrera pública, la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado y las funciones de las Secretarías de Estado, entre otras. Su ámbito de aplicación son las instituciones del Estado.
La Administración Pública centralizada y descentralizada.
Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto No 152-87)
01 de diciembre de 1987
Los órganos y entidades de la Administración Pública
Regula todos los actos administrativos de los funcionarios públicos, a fin de llevar a cabo los procesos administrativos de manera correcta y evitar caer en malos manejos de los procesos públicos.
Ley del Ministerio Público (Decreto Legislativo No 228-93)
06 de enero de 1994
Fue creado en 1994 y tiene como obligación la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución Pública y las leyes, constituyéndose en el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y en auxiliar de los tribunales.
Código Procesal Penal (Decreto No 9-99)
Tipifica los delitos y las penas a las que serán expuestos los funcionarios y jueces, por actos de corrupción. Fue emitido mediante Decreto 9-99 del 19 de diciembre de 1999 y vigente desde el 20 de enero de 2002. Ejerce la acción judicial orientada a lograr la aplicación de penas a quienes incurran en actos delictivos, como la restitución del patrimonio o los beneficios obtenidos mediante prácticas corruptas. Su ámbito de aplicación es nacional.
Ley de Municipalidades (Decreto 127-2000)
Reforma la antigua Ley de Municipalidades (Decreto 134-90). Regula la administración del municipio y en el marco de su competencia se manda la creación de la Comisión Ciudadana de Transparencia en cada municipio, con base legal en el artículo 59 de la Leyde Municipalidades. Cada municipio, en base a la Ley, tiene la obligación de poner en marcha iniciativas de transparencia y rendición de cuentas.
Ley de Contratación del Estado (Decreto No 74-2001)
Regula todos los actos en materia adquisiciones por parte de los funcionarios públicos trabajando en armonía con la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), reemplazando la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 145-85).
Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios de consultoría de los órganos de la Administración Pública o cualquier organismo estatal que se financie con fondos públicos según lo establece el artículo 1.
Ley del Consejo Nacional Anticorrupción (Decreto No 7-2005)
Esta Ley le da potestad al Consejo Nacional Anticorrupción de apoyar a los entes contralores del Estado en el combate de la corrupción y accesar a los presidentes de los Poderes del Estado a fin de indagar en relación con asuntos de su competencia. El Consejo Nacional Anticorrupción está conformado por diferentes entes de sociedad civil.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto No 7-2005)
07 de mayo de 2005
Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. En el artículo 13 establece que toda institución está en el deber de difundir de oficio y actualizar a través de medios electrónicos cierta información que es obligatoria.
Ley de Participación Ciudadana (Decreto No 3-2006)
Tiene como objeto promover, regular y establecer las instancias y mecanismos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su regulación con los órganos del Estado conforme a la Constitución de la República y demás leyes. Su ámbito de aplicación es nacional siempre enmarcada dentro de la función pública.
AInstrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Honduras.
1. Organización de los Estados Americanos (OEA)
Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1998 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Los objetivos de la Convención son promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, entre los Estados Miembros.
El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental, mediante el cual se brinda apoyo a los Estados Miembros en el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención.
Para ver los informes de avance en la implementación de las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC, haga clic en los siguientes enlaces:
1ª Ronda de análisis
2ª Ronda de análisis
2. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Ratificado por Honduras en 2005, los objetivos de la Convención son los siguientes:
1) Prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción
2) Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos
3) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos
3. Declaración de Guatemala “Por una Región Libre de Corrupción”
En el mes de noviembre de 2006 con la participación de delegados de 120 países, se celebró en la ciudad de Guatemala la 12ª Conferencia Internacional Anticorrupción, con el lema: “Hacia un mundo más justo ¿Por qué la corrupción sigue bloqueando el camino?”.
En este marco, la Región Centroamericana, por medio de sus Presidentes y los Representantes Oficiales de Belice y República Dominicana, firmaron la Declaración de Guatemala “Por una Región Libre de Corrupción”, que expresa la voluntad política de continuar el combate contra la corrupción y la generación de condiciones adecuadas para una gestión estatal transparente, eficiente y eficaz.
Cabe destacar que existe un mecanismo de seguimiento a la Declaración, a través del cual los países firmantes – Belice, Costa Rica, Honduras, la República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá - comparten sus experiencias sobre los retos y desafíos que han experimentado en el proceso de implementación de esta Declaración.
En 2008, tuvo lugar la Tercera Reunión de Seguimiento a la Declaración.
B. Programas de Cooperación con Honduras financiados por Organismos Internacionales
1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Honduras
Los principios y objetivos fundacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fundada en 1945 y compuesta por 192 países de todas las regiones del mundo, se implementan a través de las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, siendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una de sus agencias de cooperación de mayor importancia e impacto. El PNUD trabaja promoviendo los principios fundamentales del Sistema, como son la universalidad y presencia internacional, el acceso al conocimiento, la neutralidad, transparencia y dedicación a las naciones más vulnerables.
En la República de Honduras, la labor del PNUD se rige bajo el Acuerdo PNUD - Gobierno de Honduras, suscrito el 17 de enero de 1995. Cabe agregar que el PNUD propone la guía de gestión de proyectos, dirigida a los organismos gubernamentales en el País que actúan como Organismo Nacional de Ejecución de proyectos, y que rigen sus actividades dentro del marco del acuerdo entre el País y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La guía presenta las normas y procedimientos aplicables para la obtención de los objetivos y la gestión de los insumos necesarios de los proyectos mismos.
Licitaciones Públicas (PNUD)-Honduras
Las instituciones estatales pueden firmar un documento o convenio con dicho Programa a efecto de que los procesos de licitaciones públicas nacionales o internacionales o licitaciones privadas se realicen dentro del marco regulador del PNUD.
Transparencia Electoral (PNUD)-Honduras
El PNUD trabaja a fin de elevar el nivel de transparencia, legitimidad y credibilidad en las elecciones a cargos de representación popular, buscando constituir un aporte en la consolidación democrática y en la estabilidad política en el país. El esfuerzo del PNUD se materializa, en el año 2007, con la creación del Mirador Electoral, instancia que, desde la sociedad civil organizada, busca a través del monitoreo y de actividades de educación para la democracia, fortalecer y afianzar el sistema político electoral hondureño.
Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán (PNUD)-Honduras
Este proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene como objetivo de impulsar la participación ciudadana en esta municipalidad, para desarrollar la transparencia y gestión institucional, de forma de orientar de forma más eficiente y eficaz los recursos públicos, respondiendo a las necesidades locales.
2. Fondo Monetario Internacional (fmi)
Informe sobre la Observancia de Padrones y Reglas-Módulo de Transparencia Fiscal-2002 (FMI)
Este Informe proporciona una evaluación de las prácticas de transparencia fiscal en Honduras, comparándolos con los requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional.
El documento está dividido en dos fases: la primera fase fue preparada en base a la consulta con autoridades y otra información disponible, contiene la descripción de dichas prácticas en Honduras. En la segunda parte del informe se exponen los cometarios y recomendaciones del FMI sobre el tema de la transparencia fiscal en el país.
Haga clic para ver una actualización del año 2005 del Informe.
3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Estrategia de País con Honduras (BID)
Este documento identifica los principales retos del gobierno durante el periodo 2008–2011 y desarrolla estrategias para apoyar y realizar reformas. Una de las áreas de enfoque es mejorar la transparencia en las relaciones fiscales intergubernamentales.
El tema de la transparencia está desarrollado en diversos puntos del documento, siendo destacable señalar la sección “Consolidar un marco macroeconómico estable”, donde se aborda el tema de la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Por otra parte, en la sección “Apoyar aumentos en la eficiencia de la gestión financiera pública”, se menciona el tema de mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos del sector público. El BID lo respalda a través de la ejecución de nuevas operaciones como el Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), y el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Fiscal. También respalda iniciativas para optimizar el intercambio de información entre los niveles de gobierno y así aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.
TC0107026: Apoyo al Consejo Nacional Anticorrupción (BID)
Este proyecto incluyó la preparación de un borrador de estrategia y un Plan de Anticorrupción para Honduras, enmarcado en el sector de Reforma y Modernización del Estado entre el período de 2001 a 2005.
Programa de Apoyo a la Modernización de la Administración de Justicia. Etapa II (BID)
Dentro del Programa, el BID en el 2002, desarrolló el proyecto HO0210 Modernización del Sistema Justicia Etapa II en Honduras, teniendo como objetivo seguir apoyando al proceso de modernización institucional y de reforma judicial en curso en Honduras, bajo criterios de rapidez, equidad y transparencia, garantizando el acceso a la justicia para todas las clases sociales y etnias del País. Además se enfoca en la eficiencia y transparencia del sistema judicial a través de la capacitación y el control de los jueces, la administración de los despachos judiciales y la infraestructura del Poder Judicial.
HO-L1015: Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal (BID)
Este programa del año 2008 busca consolidar y fortalecer los avances y reformas llevados a cabo en el sistema de recaudación de tributos internos, en el sistema de gestión municipal en relación a su gasto, en la Administración Financiera Pública y en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).
HO-0176: Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones (BID)
El Gobierno de Honduras suscribió con el BID este programa, número de operación 1059/SF-HO, en el mes de junio de 2002 luego del cumplimiento por parte del Gobierno de las respectivas condiciones previas, entre ellas la promulgación de una nueva Ley en materia de compras y contrataciones, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la transparencia en las adquisiciones del Estado.
Este Programa incluye el fortalecimiento de los sistemas de control interno y de gestión en las principales entidades del Sector Público. Se destaca que la Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) es el organismo ejecutor de la Unidad Ejecutora del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (UPET) adscrita a dicha Comisión. Dicho proyecto culminó en 2008.
H00223: Programa de Reforma de la Gestión Pública (BID)
El programa empezó en el año 2006 y duró dos años para ser completado. Apoya reformas en las siguientes áreas: desarrollo de mecanismo de planificación de la inversión pública, la ejecución presupuestaria del sector público, la mejora de la competencia de funciones en la Secretaria de Finanzas y la capacitación gerencial que maneja la gestión de los recursos públicos.
Para más información acerca de los proyectos del BID en otras áreas en Honduras, haga clic.
4. Banco Mundial (BM)
Proyecto No P081516 de Modernización del Órgano Judicial (BM)
El proyecto tiene como objetivo mejorar la Administración de la Justicia y la Administración Pública, donde con el financiamiento del Banco Mundial busca modernizar el Poder Judicial, administrado por la Corte Suprema de Justicia. Como resultado de la implementación de este proyecto, se han equipado oficinas y construido edificios para albergar a los operadores de justicia.
Informe de Evaluación de Adquisición del País: República de Honduras (BM)
Este Informe analiza, entre otros, reformas al sistema de adquisiciones públicas y del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Dentro de este ámbito, destaca los temas de transparencia y rendición de cuentas en el capítulo I y en el capítulo III aborda el tema del programa de adquisición de eficiencia y transparencia de gobierno y su ejecución actual.
Para más información sobre los proyectos del Banco Mundial, haga clic.
5. Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development (USAID))
Uno de los programas del USAID es apoyar la labor de la Democracia en su enfoque por potencializar la gobernabilidad. El trabajo del USAID en esta área incluye respaldar al proceso de descentralización y, a la vez, la promoción de transparencia y de anticorrupción de las instituciones nacionales de control, como el Tribunal Superior de Cuentas.
Reporte de Información sobre Honduras, 1996-2009 (Country Data Report for Honduras, 1996-2009) (Banco Mundial)
Ver>> (en inglés)
Publicado en 2009, este indicador es el resultado de la opinión de personas que trabajan en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. Las fuentes de información son aportadas por una diversa variedad de institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que brindaron información sobre aspectos relevantes en alguno de los seis ejes específicos, tales como la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la eficacia gubernamental, el estado de derecho y el control de la corrupción.
Buena Gobernabilidad y Transparencia en Honduras tras el Huracán Mitch (2001) (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
Tras el impacto del Huracán Mitch en Honduras, en 1998, se realizó la encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los hondureños con la iniciativa de reconstrucción, e investigar temas específicos de gobernabilidad y transparencia. Se buscaba obtener la perspectiva ciudadana en relación a la naturaleza y la vigencia de la corrupción, así como de la relación entre la corrupción y la gobernabilidad democrática.
La encuesta demuestra en términos generales que entre los ingresos y la victimización existe claramente una relación lineal negativa: quienes perciben mensualmente un ingreso total de familia igual o inferior a 1000 lempiras, tienen un puntaje de 10 por ciento o menor en el índice, mientras que aquellos cuyos ingresos se registran en la cima de la pirámide salarial se encuentran tres veces más expuestos a la corrupción.
Cultura política de la democracia en Honduras, 2008: El impacto de la gobernabilidad (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
El estudio forma parte de Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre corrupción, percepción de la democracia, gobernabilidad en Honduras, entre otros.
Está compuesto por nueve capítulos, los primeros dos analizan los datos de la encuesta del Barómetro y sus implicaciones para la consolidación de la democracia en el país. El capítulo 3 menciona los resultados de la relación entre la exposición al crimen y los ‘”elementos de una cultura política democrática”. El capítulo 4 destaca la importancia del papel de la participación local en su contribución hacia una democracia estable. El capítulo 8 aborda el tema de expandir el rol del Estado y de mejorar la eficacia y transparencia del gobierno local. Un tema central del informe es la declinación del nivel de apoyo a las instituciones políticas y el bajo nivel de tolerancia política.
Para más informes sobre Honduras, haga clic.
Herramientas Internacionales
Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial, 1996-2008 (Banco Mundial)
Mediante la aplicación de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad, se estudiaron las seis dimensiones que definen el nivel de gobernabilidad en 212 países alrededor del mundo, entre los años 1996 y 2008. El estudio recogió las opiniones de expertos sobre la gobernabilidad en el sector público, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como las de miles de ciudadanos y firmas privadas encuestadas en todo el mundo.
Los indicadores que miden la percepción de la gobernabilidad fueron clasificados como se indica a continuación:
Participación ciudadana y rendición de cuentas: mide el grado de libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobiernos y las libertades de expresión, asociación y prensa.
Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo: mide el grado de inestabilidad política del gobierno y la posibilidad de derrocar al gobierno mediante medios inconstitucionales o violentos.
Eficacia gubernamental: mide la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos; la administración pública y el nivel de independencia de las instituciones respecto del poder político; los procesos de formulación e implementación de políticas; y la credibilidad del Gobierno en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.
Calidad de la regulación: mide la habilidad del Gobierno para formular e implementar políticas y normas sólidas que permiten y promueven el desarrollo del sector privado.
Estado de Derecho: mide el nivel de confianza y sujeción a la ley que observan los ciudadanos, en particular, el cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la obediencia a la policía y a las cortes, así como los niveles de crimen y violencia.
Control de la corrupción: mide la magnitud en la cual el poder público es ejercido para la obtención de beneficios privados, incluyendo los pequeños y grandes niveles de corrupción, así como el control del Estado por parte de élites y conglomerados privados.
Barómetro Global de la Corrupción (2006)
El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta de opinión realizada por Transparency Internacional. (TI). El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. Este informe se diferencia del estudio “Índice de Percepción de la Corrupción”, ya que este último está basado principalmente en percepciones del sector privado, mientras que el Barómetro se enfoca en las percepciones y opiniones del sector del público.
Es una encuesta de opinión pública realizada por la organización Gallup International, que mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros.
Políticas de Lucha contra la corrupción en Centroamérica y República Dominicana (2007)
El estudio fue realizado por la Unidad de Políticas Comparadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2007. Es un documento que permite comparar las acciones en torno a la lucha contra la corrupción en los países de la región.
La investigación se enfoca en las siguientes áreas para proponer soluciones al problema de la corrupción: causas y consecuencias de la corrupción; las fortalezas y debilidades de la infraestructura ética en la región. En la conclusión, se hace una síntesis de las iniciativas, el diagnóstico y las propuestas de las lecciones aprendidas en materia de lucha contra la corrupción.
Herramientas para medir la Corrupción y la Gobernabilidad en Países Centroamericanos (2008)
Constituye un mapeo elaborado por la organización, Transparency International, a petición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tuvo por objetivo la identificación y presentación de las herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad.
Índice de Percepción de la Corrupción (2009)
Esta es una herramienta de análisis que mide el nivel percibido de la corrupción del sector público en aproximadamente 180 países, incluyendo Latinoamérica. El indicador es realizado por la organización Transparency International y es el resultado de la aplicación de diferentes investigaciones elaborados por empresas e instituciones del sector público y privado.
De los 180 países incluidos en el estudio, Honduras ocupa el lugar 130 y tiene una puntuación de 2,5. Nueva Zelandia está ubicada en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
Para más información, haga clic (en inglés).
Informe Latinobarómetro de la Corrupción (2009)
Para la elaboración del Informe 2009 se realizaron alrededor de 20.204 encuestas aplicadas en 18 países de América Latina representando a más de 500 millones de habitantes. Hay versiones de estudios de años anteriores disponibles en la página web.
Las encuestas buscan captar las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los ciudadanos en torno a varios temas incluyendo la corrupción a través de una unidad metodológica y técnica que permite la representación de las opiniones, actitudes, comportamientos y valores de los elementos medidos.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Honduras del progreso en la reducción de la corrupción queda 12 puntos bajo el promedio de 39. En primer lugar quedó Uruguay, con una puntuación de 56 y Argentina con el menor puntuación de 13. No obstante, Honduras quedó con una puntuación de 9 ante la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses. El promedio fue 13 y en primer lugar se ubicó Brasil con una puntuación de 34 y El Salvador quedó en el último lugar con una puntuación de 5.
Esta edición ofrece el Ranking Global 2009 “Democracia, Mercado y Transparencia”.Según este informe, para alcanzar el progreso político, económico e institucional, se deben garantizar tres ejes: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental.
Para la elaboración de este informe se utilizan los datos que aparecen en las ediciones 2009 de las siguientes publicaciones: Freedom in the World, de Freedom House; Index of Economic Freedom, de The Heritage Foundation y Wall Street Journal; y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International 2009.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Honduras, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 90º de los 168 países en el índice.
Global Integrity Index (Índice de Integridad Global) (2009)
El índice es desarrollado por la organización Global Integrity (Integridad Global) y está enfocado en la calidad de la rendición de cuentas, la transparencia y el control social. Además, evalúa la existencia, la efectividad y la accesibilidad de los mecanismos de anticorrupción implementados por el Gobierno. Cuenta con más de 300 indicadores de integridad para cada país, los cuales se obtienen a partir de entrevistas.
Para acceder al documento en Excel que especifica los indicadores de integridad a evaluarse para determinar el Índice de Integridad Global, haga clic.
El Informe ofrece importante información sobre la percepción de los ciudadanos sobre tolerancia política, participación ciudadana, corrupción, rol de la mujer y apoyo a sistemas democráticos o autoritarios, entre otros temas. Los informes se realizan en los países de la región evaluando actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros.
En este estudio de los países de la región, la organización Transparency International evalúa la integridad, transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno, sociedad civil, comunidad empresarial y otros sectores, proporcionando información pertinente sobre la eficacia de los esfuerzos nacionales en la lucha contra la corrupción.
Analizan las instituciones y prácticas que funcionan de manera interrelacionada para proteger a la sociedad de la corrupción. Los SNI ofrecen un nuevo enfoque de diagnóstico y una potencial solución para la corrupción. En lugar de analizar instituciones por separado, estudian las interrelaciones, la interdependencia y la efectividad combinada en un enfoque integral.