Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-188-de-1995-ley-188-de-1995?documento=legcol&contexto=legcol_759920414857f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 09:07:10
Document Index: 104439110

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 276', 'artículo 276', 'artículo 165', 'artículo 332', 'artículo 276', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 355', 'artículo 39', 'artículo 160']

﻿ LEY 188 DE 1995
LEY 188 DE 02 DE JUNIO DE 1995
CONTENIDO:PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIONES, SANCIONADO PARA EL PERÍODO 1995-1998
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1026, JULIO 15 DE 1995, PG. 1032
DIARIO OFICIAL N°:41876 DE JUNIO 5 DE 1995
VIGENCIA:DEROGADA POR LA LEY 1450 DE 2011 ARTÍCULO 276.
LEY 188 DE 1995
“Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998”.
(Nota: Derogada por la Ley 1450 de 2011 artículo 276)
ART. 1º— El plan nacional de desarrollo y de inversiones 1995-1998, El salto social, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objeto orientar la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el crecimiento integral de la persona humana y el desarrollo solidario de la comunidad colombiana.
ART. 2º— Apruébase como integrante de la parte general del plan nacional de desarrollo e incorpórese como anexo de la presente ley, el documento el salto social, elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, con todas las modificaciones, adiciones y orientaciones generales contenidas en la ponencia para segundo debate y en las otras proposiciones aprobadas por el Congreso de la República.
Téngase como anexo de la presente ley, los documentos: Todas y todos somos Nación del Consejo Nacional de Planeación, El desarrollo está en sus manos, elaborado por la comisión séptima del Senado y las demás contribuciones de las comisiones y de los parlamentarios aprobadas por el Congreso de la República, que no figuran en el articulado de esta ley.
ART. 3º— Son propósitos del pueblo colombiano, por medio del plan nacional de desarrollo el salto social:
1. Contribuir con el desarrollo integral de la persona y de la comunidad colombianas.
2. Buscar, unido con las demás pueblos de buena voluntad del mundo, un humanismo capaz de impregnar con espíritu fraterno a la civilización mundial que se está gestando para el próximo milenio, de modo que el hombre moderno se halle a sí mismo en el gozo de su auto realización por el servicio y la solidaridad.
3. Lograr un aumento del crecimiento económico que permita obtener mayor riqueza y distribuirla en forma más equitativa.
4. Promover la productividad y la competitividad de la economía colombiana para responder con éxito a las exigencias de la economía internacional.
5. Orientar la economía colombiana hacia el servicio del hombre.
6. Participar con dignidad y justicia en la vida y el progreso de la comunidad colombiana y de la sociedad internacional.
ART. 4º— Para realizar los propósitos del plan, el Estado y la sociedad civil deben aunar sus esfuerzos con el fin de formar un nuevo ciudadano colombiano, más productivo en lo económico; más solidario en lo social; más participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes; más integrado en lo cultural y, por tanto, más orgulloso de ser colombiano.
ART. 5º— Fíjanse como objetivos nacionales de largo plazo del plan salto social, uno de carácter cualitativo que consiste en el diseño y aplicación de un modelo alternativo de desarrollo y otros de orden cuantitativo que se expresan en montos de inversión y en metas sectoriales.
ART. 6º— El Estado y la sociedad civil funcionalmente organizada, diseñarán y aplicarán un modelo alternativo de desarrollo humano integral que movilice permanente y participativamente al pueblo colombiano y organice sus recursos y medios para lograr los propósitos del plan salto social, orientados hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano.
ART. 7º—Los principios que deben orientar la construcción y funcionamiento del modelo alternativo de desarrollo, además de los contemplados en la Ley 152 de 1994, son:
1. La equidad y la solidaridad son valores esenciales de la política económica y social, y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.
2. La movilización, permanente y participativa, del conjunto de la sociedad civil y del Estado, es necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento del modelo alternativo.
3. Las ventajas competitivas son esencialmente creadas, por lo cual el mayor dinamismo económico no es un resultado automático del libre juego de las fuerzas del mercado.
4. El crecimiento económico depende no sólo de la inversión de los distintos agentes individuales, sino también de la acumulación, tanto de capital social como del cívico e institucional.
5. El reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural y regional es condición para el desarrollo.
6. La dinámica de concertación debe superar progresivamente a la dinámica del conflicto en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y entre los agentes e instituciones de esta última entre sí.
7. El desarrollo debe ser integral para que abarque las dimensiones materiales, espirituales y trascendentales de la persona y humanicen todas las estructuras que componen el sistema social del país.
ART. 8º— El modelo alternativo de desarrollo humano integral, debe ser:
— Moderno. Que responda los desafíos de la época con visión futurológica y prospectiva, a partir de las experiencias positivas y valores perennes realizados por el pueblo colombiano en el pasado, aunados a los que portan otros modelos de desarrollo contemporáneos.
— Auténtico. Que no sea imitativo de otros pero sí capaz de hacer una síntesis creadora entre la identidad de la cultura colombiana y la experiencia universal.
— Funcional. Que articule al Estado y a la sociedad civil estructuralmente organizada dentro del proceso de desarrollo.
ART. 9º— Reconózcase y promuévase el espacio de participación ciudadana como el ámbito de encuentro del espacio público propio del Estado con el espacio privado propio de la sociedad civil, con el fin de propiciar la concertación y la acción de ésta y de aquél en el proceso de desarrollo.
ART. 10.—Las estrategias económicas, para la formación del nuevo ciudadano colombiano más productivo en lo económico, se orientarán hacia la promoción y el estímulo del trabajo nacional con el fin de lograr más y mejores empleos. Las principales estrategias económicas serán:
1. La estrategia macroeconómica, para asegurar el crecimiento y la estabilidad económica del país, así como la generación de empleo productivo, que garanticen (sic):
2. La estrategia de competitividad para la internacionalización, para optimizar las fortalezas de la estructura productiva colombiana y de su infraestructura física con el objeto de hacer frente a las exigencias de la economía mundial.
3. La estrategia de economía solidaria, para introducir la solidaridad en la economía y en los procesos productivos dándole prioridad al trabajo asociado.
ART. 11.— Las estrategias sociales para la formación del nuevo ciudadano más solidario en lo social, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes, más integrado en lo cultural, y por tanto más orgulloso de ser colombiano, buscarán que el país aprenda a ser comunidad educativa total. Las principales son:
1. La estrategia salto educativo y cultural, para universalizar la educación básica, fomentar la educación superior, organizar la educación extraescolar de la niñez y la juventud y promover el deporte, infundir el espíritu de la educación en todas las estructuras del sistema social, y dinamizar la cultura como fundamento de la identidad nacional.
2. Las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida, para asumir una opción preferencial por los pobres, dar prioridad a la inversión social y superar la marginalidad social.
— Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental.
— Extensión de la cobertura de la seguridad social integral.
— Mejoramiento del hábitat.
— Disminución de la desnutrición.
— Generación de empleo e ingresos por medio de programas especiales para poblaciones vulnerables.
— Acceso de pequeños productores urbanos y rurales a los recursos productivos y servicios sociales.
3. Estrategia de fortalecimiento de la familia, para formar a la niñez y a la juventud, impulsar la educación continuada de los adultos, asimilar la sabiduría de quienes han llegado a la edad avanzada, garantizar el equilibrio ético y afectivo de la sociedad, y brindarles estabilidad y dinamismo a los procesos de personalización e integración comunitaria.
4. Estrategia de pueblos y comunidades afrocolombianas y raizales, para que comunidades confundantes de la nacionalidad colombiana sean autoras de su propio progreso y creadoras de un mundo cultural acorde con su identidad y puedan, en diálogo fecundo con otros núcleos sociales configurantes de la Nación, brindar sus valores y sabiduría y recibir justo apoyo.
5. Estrategia de migraciones y asentamientos humanos, para ordenar los flujos migratorios de la población en el territorio nacional y en el exterior, e incidir sobre sus causas y efectos en la vida rural y urbana.
ART. 12.— Estrategia de información y comunicación social, para garantizar a las personas, a los grupos y a las instituciones el ejercicio del derecho a brindar y recibir información, a intercomunicarse usando los avances tecnológicos y a participar en la formación de la opinión pública.
ART. 13.— Las estrategias para el desarrollo humano integral sostenible deben encaminarse hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano más consciente del valor de la naturaleza y, por tanto, menos depredador, conocedor de los recursos del ecosistema que son patrimonio del pueblo colombiano y que las generaciones de hoy deben utilizar racionalmente para el desarrollo, y que deben cultivar y embellecer para entregárselo a las que vendrán en el mañana. Las principales son:
1. Estrategia de ecología ambiental.
2. Estrategia de ecología humana.
ART. 14.— Estrategia del buen gobierno, para la formación del nuevo ciudadano, más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de los derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes. Las principales son:
1. Apoyo a la descentralización y el ordenamiento territorial.
2. Fomento de la participación de la sociedad civil.
3. Mejoramiento de la gestión pública.
4. Fortalecimiento de la justicia.
5. Protección de los derechos humanos.
6. Seguridad ciudadana.
ART. 15.— Estrategias de la agenda internacional, para que Colombia, aunando sus esfuerzos con los de otras naciones, contribuya a elevar las condiciones de vida materiales y espirituales de la humanidad y a infundir el humanismo integral en el desarrollo económico y social a escala internacional con el fin de construir la paz en la justicia y la solidaridad. Las principales son:
1. Fomento del desarrollo económico y social de las regiones fronterizas.
2. Respeto al derecho de los estados y trabajo por la justicia social internacional.
3. Promoción de la cooperación entre los pueblos y las culturas especialmente a nivel regional y continental.
4. Colaboración a nivel nacional e internacional en la lucha contra el consumo y el tráfico de estupefacientes y drogas ilícitas.
5. Apoyo a integración con los colombianos que viven en el exterior.
ART. 16.— Estrategia ética y de valores espirituales, para elevar la conciencia moral de las personas y de la comunidad colombiana, hacer frente a los fenómenos de corrupción, violencia y hedonismo, generar actitudes de solidaridad y honestidad.
ART. 17.— Coherencia y flexibilidad. La ejecución del plan salto social debe ser coherente con los propósitos y objetivos nacionales y flexibles en la determinación de las estrategias y en su aplicación a través de programas, subprogramas y proyectos. El Estado y la sociedad civil en la esfera de sus propias actividades dentro del modelo alternativo de desarrollo, podrán introducir nuevas estrategias o modificar las contempladas en el presente plan con el objeto de alcanzar sus objetivos.
El Gobierno Nacional podrá hacer los ajustes necesarios en los cálculos financieros para que correspondan a lo establecido en esta ley.
ART. 18.— Evaluación cualitativa y cuantitativa. Las autoridades del Estado e instancias de la sociedad civil evaluarán el plan de desarrollo salto social, en lo cualitativo, para apreciar los cambios progresivos que conduzcan al desarrollo humano integral en las distintas áreas de la vida social, y en lo cuantitativo, para examinar el cumplimiento de las inversiones y los resultados obtenidos con ellas. Para este efecto, entre otros medios, se emplearán los indicadores de orden cualitativo y cuantitativos apropiados.
ART. 19.— El plan nacional de inversiones públicas 1995-1998 tendrá un valor de $ 38.121.116 millones, a pesos constantes de 1994, financiados de la siguiente manera:
Ahorro corriente del gobierno central y de las entidades descentralizadas sin incluir Fondo Nacional del Café, Fondo de Estabilización Petrolera, ni gobiernos y empresas regionales y locales: $ 30.553.330 millones.
Endeudamiento neto del gobierno central y de las entidades descentralizadas: $ 4.218.681 millones.
Recursos de carácter contingente (tributarios, crediticios, ingresos propios de las entidades descentralizadas) $ 3.349.105 millones.
ART. 20.— La descripción de los principales programas y subprogramas que el Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del plan nacional de inversiones 1995-1998 es la siguiente:
1.1. Agua potable y saneamiento básico
1.1.1. Aumento de coberturas y mejoramiento de la calidad del agua. Se ejecutará bajo la responsabilidad local en la gestión de los servicios. El plan busca obtener coberturas regionales con promedios del 90% en acueducto y 77% en alcantarillado en 1998. Los recursos se dirigirán, prioritariamente, hacia tal objetivo. El programa beneficiará adicionalmente a 6.8 millones de habitantes con agua potable y 6.7 millones con sistemas de disposición de aguas residuales; elevará la calidad del agua suministrada para la totalidad de los habitantes con servicio, disminuirá la vulnerabilidad de los sistemas y prever el manejo sostenible de las aguas con participación ciudadana.
Para optimizar el uso del recurso y proteger las fuentes de abastecimiento se impulsarán los siguientes subprogramas: a) disminución de pérdidas de agua mediante la rehabilitación y optimización de los sistemas, reduciendo el agua no contabilizada del 50% al 33%; b) mejoramiento de la calidad ambiental para reducir la generación de efectos negativos en los cuerpos de agua receptores, y c) identificación y uso racional de las aguas subterráneas, a través de la exploración y cuantificación de las fuentes en 70.000 km2.
Los recursos de este plan de inversiones se complementarán con crédito de Findeter, generación interna de recursos de las empresas regionales de servicios públicos y participación del sector privado.
En municipios pertenecientes a las categorías 1 y 2, las contrapartidas locales totales exigidas para la financiación de los proyectos de acueducto y alcantarillado, no podrán ser mayores al 50% de aquella participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación que la Ley 60 de 1993 asigna exclusivamente a este tipo de proyectos. Para los municipios pertenecientes a las categorías 3 y 4, este porcentaje no podrá ser superior al 100%. Cuando los proyectos de los municipios pertenecientes a las categorías 1, 2, 3, 4 requieran de crédito para completar su financiación, no podrá comprometerse como servicio de la deuda en los años sucesivos porcentajes superiores a los señalados. Para estos efectos, la categorización utilizada es la aprobada por el comité de administración del fondo de cofinanciación para la infraestructura urbana el 27 de febrero de 1995.
Las entidades encargadas de la gestión del servicio del acueducto promoverán programas, contratarán servicio y establecerán estímulo entre las comunidades rurales asentadas en las zonas de influencia de las fuentes de abastecimiento, con miras a asegurar su preservación. Del mismo modo, se fortalecerán los programas de tratamiento de aguas residuales con miras, entre otros, a disminuir los impactos negativos sobre las zonas rurales.
1.1.2. Modernización institucional. El Gobierno Nacional orientará la inversión a crear un marco tarifario que refleje el costo de los servicios y focalice los subsidios en la población más pobre; definir los criterios de evaluación de las empresas que prestan el servicio para el seguimiento estricto de sus planes de gestión; dar asistencia técnica a los prestadores del servicio para su modernización, definiendo reglas que permitan la vinculación del sector privado; y diseñar el plan estratégico del sector para orientar su desarrollo integral en el largo plazo. El Gobierno Nacional mediante convenio prestará apoyo técnico a las diferentes instancias públicas y privadas, comprometidas en los servicios de agua potable.
1.2. Cultura, recreación y deporte
1.2.1. Cultura. Comprende las acciones dirigidas a la reforma institucional y la descentralización cultural; al fomento, creación, e investigación artística y cultural, a la ampliación de las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales, y a la protección y difusión del patrimonio cultural colombiano, conformado por bienes inmuebles e intangibles. Para la preservación de estos últimos, y por ser bienes de carácter público, se apoyará la labor de las entidades que conforman el colegio máximo de las academias. Se incluyen programas cofinanciados de apoyo a la infraestructura cultural nacional y local.
1.2.2. Monumentos nacionales. En este programa se llevarán a cabo las obras de restauración y mantenimiento de las construcciones que, por sus características, han sido clasificadas como monumentos nacionales.
1.2.3. Deporte y recreación. Comprende las acciones dirigidas, prioritariamente, a estimular el deporte formativo y la amplia participación de la comunidad en actividades recreativas y deportivas. Contempla, además, el apoyo al deporte asociado y de alto rendimiento y a la adecuación y conservación de zonas de recreación y esparcimiento.
El Gobierno Nacional y las entidades territoriales con el apoyo del sector privado y la participación de la comunidad crearán escuelas masivas de deporte competitivo en las regiones de planificación, que incluyan diversas disciplinas deportivas.
1.2.4. Participaciones municipales, cultura y deporte. Este programa financiará programas de cultura y deporte de acuerdo con las disposiciones de la Ley 60 de 1993.
1.3. Juventud. Consiste en el diseño y puesta en marcha de una política integral que coordine los esfuerzos sectoriales en favor de esta población y desarrolle, además, acciones específicas orientadas a la prevención de la drogadicción y a la consolidación de espacios para la participación democrática de los jóvenes en la vida pública del país.
Se promocionará la organización de programas de los jóvenes rurales mediante el fomento y fortalecimiento de sus asociaciones y la creación de nuevas asociaciones y formas de participación. El Gobierno Nacional promoverá su participación en el programa de reforma agraria, crédito, microempresas y economía solidaria.
La política de juventud debe incluir en las entidades territoriales la organización de los siguientes programas: círculos de participación juvenil y clubes estudiantiles democráticos.
1.4. Educación
1.4.1. Educación preescolar, básica y media. Con este programa se ampliarán las oportunidades de acceso de la población, incluyendo la integración educativa de los niños con necesidades educativas especiales en razón a problemas de discapacidad. Las acciones previstas permitirán elevar el promedio de escolaridad, mediante la creación de 300.000 nuevos cupos en preescolar y 600.000 en la básica, así como del mejoramiento de la retención y la promoción de los estudiantes en un 50%. Comprende los siguientes subprogramas:
Conjuntamente los ministerios de Agricultura, Educación y las secretarías de educación de las entidades territoriales en coordinación con las secretarías de agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de proyectos institucionales de educación ajustados a las particularidades regionales y locales de la población rural. Los estudiantes de las instituciones de educación superior y de establecimientos de educación formal relacionados con aspectos agropecuarios, agroindustriales o ecológicos prestarán asesoría y apoyo a los proyectos educativos institucionales y de capacitación a la población campesina de las zonas rurales.
1.4.1.1. Mejoramiento de la calidad. Además de la dotación de establecimientos públicos y de centros de recursos educativos con textos, laboratorios y materiales, este subprograma apoyará el diseño y desarrollo de los proyectos educativos institucionales, la mejor formación de los docentes en servicio y la evaluación continua de la calidad de la educación. Se dotará con guías pedagógicas a los docentes estatales y con textos educativos aproximadamente a 6 millones de estudiantes, incluyendo los niños con discapacidad.
1.4.1.2. Infraestructura y dotación. Consiste en la construcción, ampliación y reparación de establecimientos educativos, así como su dotación básica, respetando las tradiciones arquitectónicas de cada región. Se otorgarán subsidios para incrementar la oferta educativa por la vía de la ampliación de infraestructura.
1.4.1.3. Desarrollo institucional. Incluye acciones dirigidas a mejorar la capacidad de gestión educativa de los niveles central, departamental, municipal y de establecimiento educativo, mediante la implantación de sistemas de información, de evaluación, asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios para elaborar, ejecutar y evaluar proyectos educativos.
1.4.1.4. Subsidios. Con este subprograma se facilitará el acceso y permanencia en el sistema educativo a los estudiantes provenientes de familias de escasos recursos económicos. Se buscará que el subprograma tenga un desarrollo concreto en áreas rurales, incluyendo los estudiantes matriculados en los institutos técnicos y en los colegios departamentales agrícolas.
1.4.1.5. Fondo educativo de compensación. Mediante este fondo se proveerán recursos a los departamentos y distritos, con el fin de lograr una mayor equidad en la distribución de las asignaciones regionales y compensar los aumentos en los costos de la educación asociados a incrementos en la remuneración del personal docente. Se dará prioridad en la asignación a los departamentos y distritos deficitarios y con alta proporción de población pobre que muestren en sus planes educativos acciones precisas encaminadas a mejorar la calidad y a ampliar la cobertura del servicio educativo en las zonas rurales y urbano-marginales y a mejorar tanto la relación alumno-docente como la distribución territorial de personal docente. La asignación estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional.
1.4.2. Educación superior. Incluye programas orientadas a corregir la inequidad, tanto en el acceso a este nivel, como en la distribución de los costos para los alumnos; para tal fin se otorgarán 180.000 créditos a estudiantes de escasos recursos económicos y se distribuirán los costos de acuerdo con las capacidades económicas de los estudiantes y de sus familias. La inversión se orientará también al fortalecimiento institucional de las entidades públicas de educación superior y a su vinculación a un sistema universitario estatal. Se pondrá en marcha, además, el sistema de acreditación como mecanismo para promover y reconocer la calidad de los programas y las instituciones de este nivel. Conjuntamente con el sistema de ciencia y tecnología, se adelantarán acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones para la docencia y la investigación científica y tecnológica.
El Gobierno Nacional a través del Icfes y los CRES (comités regionales de educación) realizará, con la participación de las universidades y del sector privado, estudios tendientes a evaluar el estado de los planes curriculares en las ciencias agropecuarias y su cobertura, con la debida correspondencia entre el perfil profesional y las realidades del sector agropecuario y rural.
1.4.3. Otros programas de educación. Corresponde a los programas educativos desarrollados por el plan pacífico, así como por los institutos Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Incluye también las acciones del INCI y del Insor dirigidas a la población discapacitada, los programas de la Biblioteca Pública de Medellín, y las acciones del Ministerio de Educación para prevenir el maltrato del menor.
1.5. Empleo
1.5.1. Capacitaciones e intermediación laboral - SENA. El SENA deberá aumentar su cobertura y hacer más relevante su formación, para lo cual coordinará con otras instituciones las actividades de formación profesional. Dará prioridad, en términos cuantitativos y cualitativos, a los cursos completos (largos) en los centros, elevando su cobertura a 50.000 alumnos en 1995, y readecuando su orientación, metodología y contenidos de acuerdo con las exigencias del sector productivo.
En el marco de la red de solidaridad social, desarrollará acciones de capacitación para el trabajo con subsidio al desempleo. El objetivo de este subprograma es entregar apoyos de sostenimiento a desempleados pobres durante su período de calificación, para combatir el desempleo estructural, relacionado con problemas de capacitación y el desempleo friccional debido a la inadecuada información. Los beneficiarios del programa serán los desempleados (aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socio económicos uno y dos.
Con el objetivo de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la información para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de trabajo, el SENA ampliará su cobertura y modernizará los mecanismos de intermediación laboral. El principal instrumento será la extensión de los servicios regionales de empleo del SENA, mejorando los flujos de información hacia los desempleados y las empresas con vacantes y fortaleciendo los mecanismos para identificar las necesidades de formación de los inscritos.
1.5.2. Programas especiales de empleo
1.5.2.1. Subprogramas de empleo rural. Consiste en generar empleos directos para la población pobre, no calificada, afectada por el desempleo y el subempleo. Se desarrollará en municipios con una alta vocación agropecuaria, afectados severamente por la crisis rural de los últimos años y en regiones en donde más del 50% de los hogares reciben ingresos por debajo de la línea de indigencia.
1.5.2.2. Subprograma de empleo urbano. Consiste en apoyar proyectos de servicios comunales, sociales y de infraestructura, que permitan el desarrollo de la población. Los principales beneficiarios de este plan serán las mujeres y jóvenes pobres con escasos niveles educativos.
1.5.3. Economía solidaria. Se apoyará la integración del sector a la ejecución de los programas prioritarios de política social y se impulsará la creación y el fortalecimiento de las organizaciones existentes, incluyendo las relacionadas con los sectores agropecuarios y agroindustrial.
Las entidades territoriales promocionarán la puesta en marcha de las cooperativas juveniles productivas.
1.5.4. Artesanías. Con el fin de mejorar la calidad del empleo de los artesanos y contribuir a la generación de más puestos de trabajo, se fortalecerá la organización gremial y empresarial del sector artesanal y se dará asistencia técnica a los artesanos.
1.5.5. Plan nacional para el desarrollo de la microempresa. Este plan contempla un subprograma de crédito, que consiste en asegurar créditos a través de fin urbano para microempresarios con el fin de fomentar la generación de empleo y aumentar la productividad de las microempresas, de tal manera que se logre una mayor competitividad de sus productos, procurando tecnologías apropiadas y ambientalmente sanas.
En segundo lugar, el subprograma de servicios tecnológicos apoyará a las microempresas en el proceso de gestión tecnológica que involucra las áreas de comercialización, producción, gestión, organización e información, tendientes a aumentar su competitividad y productividad. Se financiarán la capacitación empresarial con contenidos, métodos y medios de formación gerencial con participación del SENA y las ONG; centros de desarrollo productivo encargados de brindar asistencia técnica puntual a empresarios, alquilar maquinaria y dar orientación en tecnología, diseño de prototipos, desarrollo de productos y auditoría ambiental, entre otros; se fortalecerán las comercializadoras existentes y se impulsarán las agencias promotoras de comercialización para cubrir capitales de departamento y municipios en donde exista infraestructura para ello, con la participación del Ministerio de Desarrollo, las ONG, las cámaras de comercio, los gremios y los gobiernos locales; y se dará apoyo a la corporación mixta con la que se contratará la ejecución cofinanciada de los programas que hacen parte del programa de servicios tecnológicos, la cual actuará como instancia de concertación y coordinación del programa de servicios tecnológicos, siendo promotora de las acciones a nivel regional en interacción con Finurbano.
Para apoyar la modernización de la sociedad rural, se impulsarán programas de gestión empresarial, con el fin de apoyar la generación de ingresos extraprediales en actividades productivas, de comercialización, transformación, turismo y artesanías.
1.5.6. Tercera edad. Con los recursos de la Nación, y los aportes de las entidades territoriales, el programa Revivir apoyará 240.000 ancianos indigentes, complementado con planes de atención que pondrán en marcha los municipios. Serán beneficiarios los ancianos que cumplan con los requisitos definidos en la Ley 100 de 1993 y que se encuentren en condiciones de pobreza o indigencia.
El Fondo de Solidaridad Pensional otorgará subsidios a más de 350.000 trabajadores de bajos ingresos, prioritariamente del sector informal, con el fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de inserción en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a la tercera edad. Este programa incluirá a los trabajadores del sector rural.
1.6. Gasto social rural
1.6.1. Reforma agraria. La reforma agraria se desarrolla a través de los siguientes programas: adquisición, adjudicación y titulación de tierras, titulación de tierras baldías y saneamiento y ampliación de resguardos indígenas. Se redistribuirán un millón de hectáreas entre 70 mil familias campesinas; se titularán cinco millones de hectáreas que beneficiarán a 178.400 familias; y se sanearán 3.500 mejoras en resguardos indígenas.
1.6.2. Desarrollo rural campesino e indígena. Este programa está dirigido a facilitar a los pequeños productores campesinos, quienes también tendrán preferencia en los programas de riego y drenaje del plan nacional de adecuación de tierras; el acceso a los recursos productivos, a los servicios sociales básicos y a fortalecer su capacidad técnica y empresarial, para lo cual el fondo DRI, cofinanciará proyectos en asistencia técnica (apoyando a las unidades municipales de asistencia técnica), organización y capacitación, manejo de microcuencas, pesca y acuicultura, mujer campesina, infraestructura para la comercialización, construcción y mantenimiento de vías de acceso veredal, acueductos y saneamiento básico, pequeña irrigación y electrificación rural.
Mediante los proyectos de asistencia técnica se atenderán 1.86 millones de usuarios; en los proyectos de organización y capacitación participarán 292 mil campesinos; los programas de manejo de microcuencas tendrán una cobertura de 242 mil hectáreas; en proyectos de pesca y piscicultura se beneficiarán 63.800 familias; los programas de mujer rural permitirán beneficiar a 46 mil campesinos; se construirán 1.168 kilómetros de nuevas vías de acceso veredal y se mejorarán 13.000 kilómetros de las existentes; los proyectos de saneamiento básico llegarán a 85.500 viviendas rurales y se harán 27.600 nuevas conexiones a la red eléctrica; finalmente, mediante programas de pequeña irrigación serán beneficiadas 6.580 hectáreas de pequeños productores campesinos.
La ejecución de los proyectos de organización y capacitación campesina, que se financien a través del fondo de organización y capacitación campesina “Capacitar”, se apoyará en las organizaciones campesinas e indígenas y en las ONG que estén en capacidad de hacerlo, incluyendo las vinculadas a la juventud rural.
1.6.3. Vivienda social rural. Este programa que hace parte de la red de solidaridad social, busca facilitar la construcción, adquisición, reubicación, mejoramiento y habilitación de viviendas en zonas rurales del país, mediante un subsidio directo. La meta es otorgar 271.000 subsidios de vivienda a campesinos pobres durante el cuatrienio.
1.6.4. Subprograma de desarrollo alternativo. El programa de desarrollo alternativo tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las zonas de economía campesina e indígenas afectadas por la presencia significativa de cultivos ilícitos, a través de acciones que permitan prevenir y reducir dichos cultivos, al mismo tiempo que se establecen las bases para el desarrollo local y regional, dentro de criterios de sostenibilidad ambiental. Se ejecutarán proyectos de titulación de baldíos, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas, desarrollo rural y vivienda social rural. Así mismo se establecerán programas especiales de subsidio al crédito para pequeños productores campesinos y de garantía a la compra de cosechas en las zonas del programa.
1.7. Salud
1.7.1. Acceso universal a servicios de salud preventivos y curativos
1.7.1.1. El gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a la seguridad social. A través del régimen subsidiado, impulsará la afiliación de 12 millones de personas de los grupos de población más pobre y vulnerable. A través del régimen contributivo, se extenderá la cobertura de la seguridad social a 15 millones de personas.
La asignación departamental y municipal de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía de Salud destinada a la afiliación y prestación de servicios de salud de la población objetivo del régimen subsidiado de salud, tendrá como criterio fundamental las diferencias de la disponibilidad per cápita departamental y municipal de los recursos del situado fiscal, de las participaciones municipales y las rentas cedidas, buscando compensar estas diferencias, a fin de obtener una mayor equidad en la distribución de las asignaciones para la prestación de los servicios de salud a toda la población objetivo del régimen subsidiado social en salud.
La meta del PAMI es el 100% de las mujeres embarazadas y lactantes y sus hijos menores de un año, sean afiliados al régimen subsidiado o vinculados al sistema de seguridad social en salud.
1.7.1.2. En el marco del plan de atención básica, en coordinación con las empresas promotoras de salud y las entidades territoriales, se adelantarán acciones dirigidas a la prevención de enfermedades transmisibles y perinatales, al control de enfermedades crónicas y a la prevención del trauma. El plan de atención básica, PAB, contemplará las acciones orientadas por el artículo 165 de la Ley 100 de 1993.
1.7.2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios
1.7.2.1. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de la instituciones públicas del primer nivel de atención, así como ponerlos en condiciones de competir con las instituciones privadas del sistema de seguridad social en salud. Se dotará y recuperará la planta física de 1.500 centros de salud y hospitales locales.
1.7.2.2. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las instituciones públicas de segundo y tercer nivel de atención, incluyendo los servicios de rehabilitación, así como ponerla en condiciones de competir con las instituciones privadas en sistemas de seguridad social. Se mejorará la infraestructura y dotación de 150 hospitales de segundo nivel, 22 del tercer nivel y 11 hospitales universitarios, así mismo, al finalizar el cuatrienio, la totalidad de hospitales públicos deben haberse transformado en empresas sociales del Estado.
1.7.2.3. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales desarrollarán acciones encaminadas a mejorar la capacidad técnica y administrativa de la totalidad de dichas instituciones, dotándolas de instrumentos como sistemas de costos y facturación.
1.7.2.4. Las inversiones del ISS se orientarán a la finalización de las obras iniciadas y al mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones hospitalarias.
1.7.3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector. Este programa busca fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para manejar los recursos y desempeñar adecuadamente las competencias que la ley les asigna, con énfasis en la administración del sistema de seguridad social. El Ministerio de Salud dará especial atención a las acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las instituciones del sistema. Al final del cuatrienio el 100% de los departamentos y al menos el 80% de los municipios deberán haber alcanzado este objetivo.
1.7.4. Garantía de calidad de los servicios de salud
1.7.4.1. El Gobierno Nacional conformará una misión para la evaluación del estado de la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre el perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país. También diseñará y difundirá instrumentos que permitan una mejor selección de los profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de servicios.
Los recursos serán utilizados, además, para la elaboración de protocolos de atención, estándares de atención y programas de educación continua del personal de salud. El 30% de los recursos contemplados en este rubro, será destinado a la creación de estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación territorial del personal de salud.
1.7.4.2. El sistema de garantía de calidad tendrá como objetivo brindar a los usuarios la confianza en el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de calidad, así como identificar y eliminar los factores que afectan la prestación de los servicios de salud. La Superintendencia Nacional de Salud creará el sistema de garantía de calidad y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para las instituciones. Así mismo, diseñará los mecanismos de vigilancia y control que garanticen la financiación, la correcta aplicación de los recursos del sistema y los aspectos de calidad mencionados. Aquí se contemplan los recursos del ISS, destinados a diseñar e implantar los sistemas de información y monitoreo de la prestación de servicios de salud.
1.7.4.3. Estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación. El objeto de este programa es promover entre el recurso humano, la eficiencia y calidad de los servicios de salud en el régimen subsidiado y estimular la reubicación del personal de salud en las zonas más apartadas, marginadas y azotadas por la violencia. El modelo de estímulo será diseñado por el Ministerio de Salud y Planeación Nacional. Estos estímulos no constituirán factor salarial.
Este rubro se nutrirá del 1% de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, subcuenta de solidaridad, y del 30% del rubro 1.7.4.1. Recursos humanos, de que trata la presente ley.
1.7.5. Ciencia y tecnología para la salud. En el marco del sistema nacional de ciencia y tecnología, el Ministerio de Salud promoverá y apoyará financieramente la investigación básica y aplicada en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud, así como el desarrollo y adaptación de tecnología médica, incluyendo medicina tradicional de las comunidades. Atención especial merecerá la investigación en el campo de la biotecnología.
El Instituto Nacional de Salud invertirá en ciencia y tecnología recursos no inferiores a $ 15.000 millones para fortalecer la investigación biomédica, biotecnología en vacunas, epidemiología, etiología de la violencia como causa de la morbimortalidad en Colombia, entre otras, y en el mejoramiento de los recursos físicos para el desarrollo de ésta.
1.7.6. Otros programas del sector salud
1.7.6.1. El Gobierno Nacional promoverá la creación de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) privadas a través de créditos otorgados por el IFI, en modalidades subsidiadas y no subsidiadas.
1.7.6.2. Se incluyen los siguientes programas: remodelación de la sede del Ministerio de Salud, reorganización del programa de atención de emergencias y desastres y atención del programa de discapacitados.
Además se incluyen aquellos programas que realiza el Instituto Nacional de Salud para mantenimiento y dotación; el Instituto Nacional de Cancerología para campañas de prevención y control y compra de equipos; y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para infraestructura y dotación, entre, otros.
1.7.7. Transferencia y situado del sector salud. Los recursos provenientes de estas fuentes se destinarán para la atención en salud y la cofinanciación de los programas del plan de atención básica, estudios de preinversión, dotación y mejoramiento de la infraestructura.
Estos recursos podrán utilizarse en el pago de salarios y honorarios del personal de la salud, adquisición de medicamentos, prótesis y aparatos ortopédicos y demás acciones definidas en la Ley 60 de 1993.
1.7.8. Protección y bienestar social ISS. Contempla acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los afiliados al ISS, como programas de crecimiento y desarrollo del niño, salud reproductiva, control de factores de riesgo, control perinatal, control de cáncer de cuello uterino y participación comunitaria. De igual manera, incluye acciones de apoyo en salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.
1.8. Niñez
1.8.1. Movilización en torno a la niñez. Consiste en crear una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños, generando actitudes y comportamientos de respeto, valoración, protección de los menores en la familia y la comunidad.
1.8.2. Protección, desarrollo de la niñez. A través de este programa se entregará complemento nutricional a 230.000 mujeres gestantes y lactantes y a sus hijos entre los 6 y 24 meses. Igualmente, se mejorará el componente nutricional de 900.000 beneficiarios de los hogares comunitarios de bienestar y se asignarán subsidios alimentarios a 140.000 niños pobres en las zonas rurales.
1.8.3. Menores en situación irregular. Consiste en desarrollar acciones específicas dirigidas a los menores maltratados, trabajadores, menores de la calle y a jóvenes infractores.
El Gobierno Nacional y las entidades territoriales teniendo en cuenta las necesidades de los beneficiarios adelantarán evaluación y seguimiento a las ONG que trabajen con niños en alto riesgo social con el fin de medir el alcance de sus objetivos y su impacto en la población afectada.
1.8.4. Desarrollo institucional. Consiste en la redefinición de competencias del sistema nacional de bienestar familiar, comprometiendo política, técnica y financieramente a las administraciones territoriales en la planeación y ejecución de programas dirigidos a la niñez y promoviendo su inclusión en los planes territoriales de desarrollo.
1.8.5. Hogares de bienestar. Busca el desarrollo armónico e integral de los menores de siete años de los sectores más pobres y vulnerables de extrema pobreza. Además, se incluyen los programas de jardines, atención al escolar y adolescente, hogares infantiles que están orientados a la prevención de la mal nutrición en la población infantil del país. Con estos programas se alcanzará una cobertura aproximada de 3 millones de menores. En este componente se incluyen los recursos destinados a sufragar los ajustes en las becas de las madres comunitarias.
1.8.6. Otros programas de niñez. Incluye los programas destinados a la protección de menores, orientaciones e intervenciones en familia, adopciones, asistencia socio-legal al menor y a la familia en procesos civiles, entre otros.
1.9. Vivienda social urbana
1.9.1. Vivienda red de solidaridad social:
a) El subprograma de mejoramiento de la vivienda y el entorno se apoya en el subsidio otorgado por el Inurbe y se complementa son recursos de los municipios, de los fondos de cofinanciación (FIS y FIU) Fondo de Inversión Social y Fondo de Infraestructura Urbana y de la red de solidaridad social. Se adjudicarán 258.500 subsidios para beneficiar a 775.000 hogares. El municipio, con el apoyo de los fondos, tendrá a su cargo las obras de acceso al asentamiento, las redes de servicios públicos, grandes obras de mitigación de riesgos y proyectos dirigidos a la adecuación de zonas verdes y demás elementos del espacio público, y
b) El subprograma de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades básicas. Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que contemplen los instrumentos de la reforma urbana y la zonificación del uso del suelo. Se realizarán 158.000 soluciones de vivienda nueva, apoyadas con subsidio para familias de menos de dos salarios mínimos mensuales de ingreso.
Este subprograma podrá contemplar, además, la vivienda-empleo, que consiste en planificar desde un principio en los nuevos desarrollos populares, la construcción selectiva de vivienda-tiendas, viviendas-talleres, viviendas-huertos, viviendas-escuelas y en general viviendas-microempresas. El Inurbe tomará las medidas adecuadas para la administración de este subprograma.
1.9.2. Vivienda no cubierta red de solidaridad social. Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos legales mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán 190.000 soluciones, de las cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el subsidio familiar de vivienda, y el resto a través de crédito del Fondo Nacional de Ahorro y del sistema financiero.
Los recursos de este plan de inversiones se complementarán con recursos propios de los municipios, crédito de Findeter, subsidios de las cajas de compensación familiar y créditos del sector financiero.
1.10. Apoyo al desarrollo urbano
Se fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades y poblaciones en el diseño de instrumentos de regulación y normatividad urbana, manejo del suelo, planificación territorial sostenible, desarrollo de proyectos de vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos, transporte y equipamiento. Se establecerán indicadores ambientales y estándares para garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano.
Se proveerá a las ciudades de un marco legal e institucional que oriente la acción de la administración local.
Se impulsarán los programas para apoyar técnicamente a los municipios en aspectos como actualización de bases gravables, niveles adecuados en tarifas, utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel de eficiencia en el recaudo y administración de tributos. Se promoverá que las ciudades sean accesibles en sus diseños urbanísticos a las personas con discapacidad y a la tercera edad.
2. Sector justicia
2.1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial. Se creará una estructura gerencial que le permita a la rama judicial incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de información y racionalización de archivos.
2.2. Acceso a los servicios judiciales, administración de justicia y derecho. El Estado facilitará al acceso a la vía judicial y promoverá diferentes alternativas para el tratamiento de los conflictos.
2.3. Prevención del delito y atención a las víctimas. Este programa hará énfasis en la investigación de las causas del delito, sus soluciones, la atención a los menores infractores y la resocialización del delincuente. Así mismo, se iniciará el desarrollo de un sistema de atención a las víctimas de conductas punibles con el fin de disminuir los efectos negativos de estas conductas y promover la solidaridad de la comunidad en la lucha contra el delito.
2.4. Detención, cumplimiento de pena y rehabilitación. Mejoramiento de las condiciones de las personas que deban ser puestas a disposición de la autoridad judicial, mediante alternativas a la detención, mejoramiento de las condiciones de los locales y asistencia judicial eficiente. Así mismo, el desarrollo de procedimientos para que la pena privativa de la libertad se transforme en un tratamiento para la rehabilitación y resocialización.
2.5. Apoyo a las acciones para la superación del problema de la droga. El programa tiene como objetivo enfrentar y reducir progresivamente las causas y manifestaciones del problema de la droga, mediante la aplicación de mecanismos de participación comunitaria que vinculen efectivamente a la sociedad civil en su solución. Comprende el desarrollo de estrategias para la prevención integral, el tratamiento y la reinserción social, y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Para ello se desarrollarán proyectos de investigación y divulgación y de asistencia a personas afectadas por el problema de la droga, así como de concertación y coordinación interinstitucional.
3. Sector defensa y seguridad
Incluye todos los programas desarrollados por las fuerzas militares, la Policía Nacional y las entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa. Del monto total asignado, le corresponderá un mínimo del 18% a la Policía Nacional.
4.1. Energía
4.1.1. Petróleo. Los objetivos de los programas para el desarrollo de la actividad petrolera, incluyen el incremento de la actividad exploratoria, asegurar la autosuficiencia, el adecuado y oportuno abastecimiento de combustibles líquidos y derivados del petróleo, así como el mejoramiento de la posición exportadora del país, promoviendo la participación de la iniciativa privada en las actividades: exploración, explotación, transporte, petroquímica, distribución y comercialización y gestión ambiental. El programa estará enmarcado dentro del concepto de propiedad estatal del subsuelo establecido en el artículo 332 de la Constitución Nacional.
4.1.1.1. En la actividad de explotación básica de petróleo se ha previsto perforar 40 pozos exploratorios, con recursos de Ecopetrol durante el período.
4.1.1.2. En producción de petróleo se proyecta, por parte de Ecopetrol, incrementar la producción de crudos de 378 kbpdc (miles de barriles de petróleo por día calendario) en 1995 a 615 kbpdc en 1998.
4.1.1.3. En refinación y petroquímica dentro de los principales proyectos que se desarrollarán con participación del sector público, está la ampliación de la capacidad de refinación en el complejo industrial de Barrancabermeja, CIB, y Cartagena, con lo que se incrementará la capacidad de refinación del país de 262 kbpdc actuales a 323 kbpdc en 1998. Se prevé que la mayor parte de las inversiones en petroquímica sean desarrolladas por el sector privado, principalmente en producción a través de la construcción de una planta de olefinas.
Así mismo, el gobierno promoverá la construcción, por parte del sector privado de refinerías, para el consumo interno y la exportación, y que sirvan a su vez para la elaboración de bases para la industria petroquímica.
4.1.1.4. En transporte de petróleo, entre los principales proyectos a ser desarrollados en los próximos años están la construcción del oleoducto entre el campo de Cusiana y el puerto de Coveñas, en el cual hay gran participación del sector privado. Los recursos públicos destinados a estas actividades permitirán incrementar la capacidad de transporte de oleoductos y poliductos del país en 614 kbpdc con respecto a la capacidad actual.
4.1.1.5. En otras inversiones del sector petrolero se contempla principalmente la investigación y desarrollo tecnológico y, el almacenamiento de crudo y derivados.
4.1.2. Gas. La utilización de las importantes reservas de gas natural del país es uno de los objetivos prioritarios de la política energética. Para cumplir con este propósito se adelantan los programas de producción, transporte y distribución. Los recursos públicos que se invertirán en el subsector de gas se destinarán principalmente a la conformación de la red troncal que será utilizada para todos los usuarios del país.
La producción de gas de Ecopetrol se incrementará de 260 mpcd (millones de pies cúbicos por día ) en 1994 a 386 mpcd en 1998. Las obras de transporte de gas contemplan la construcción de gasoductos en grandes troncales y su distribución a las entradas de la ciudad para llevar el gas del pozo hasta los sitios de consumo. Así, la capacidad de transporte de gas se incrementará de 1394 mpcd a 1694 mpcd. Los programas de distribución de gas están destinados al suministro de gas a usuario final, realizados principalmente por el sector privado. El desarrollo del programa de masificación de gas permitirá en los próximos años llevar este energético a 108 municipios adicionales y atender 1.2 millones de suscriptores en cerca de 350 municipios.
4.1.3. Electricidad. El desarrollo de la infraestructura eléctrica contempla, prioritariamente, la reducción de la vulnerabilidad del sistema generación-transmisión, la reducción de las pérdidas de energía, la extensión de la cobertura y el mejoramiento de la calidad del servicio.
4.1.3.1. Generación eléctrica: se ejecutarán, por parte de empresas públicas, los proyectos de Urrá I, Miel I y los proyectos de generación térmica que no sean adelantados oportunamente a través de esquemas de participación privada. Se adelantarán el estudio de impacto ambiental y el diagnóstico de alternativa de la hidroeléctrica Arrieros del Micay, y, si es ambientalmente viable, su diseño técnico estructural.
4.1.3.2. Interconexión eléctrica: los proyectos que se ejecutarán a través de ISA permitirán incrementar la capacidad de transporte de 4.314 k en 1994 a 5.279 k en 1998, consolidando la red de transporte nacional.
4.1.3.3. Transmisión y distribución eléctrica: con las inversiones previstas se propone incrementar la cobertura del servicio de un 87% en 1994 a un 90% en 1998, lo cual supone atender 700 mil nuevos usuarios.
4.1.3.4. Electrificación rural: en la asignación de estos recursos se dará mayor participación a las regiones con menor cobertura en el servicio eléctrico rural, con el objetivo de obtener una cobertura rural más igualitaria en el país, en los términos establecidos en las Leyes 141 y 143 de 1994. Se prevé atender 100 mil nuevos suscriptores durante el período. De esta partida $ 10.000 millones se destinarán a la electrificación rural de Urabá y el nordeste antioqueño para ser ejecutada a través de la Empresa Antioqueña de Energía, EADE.
4.1.3.5. Inversión social (subsidios): es un programa destinado a cubrir el valor de los subsidios por consumo de electricidad y hasta el consumo de subsistencia, de los usuarios ubicados en los estratos socioeconómicos I, II, y III, y en un todo de acuerdo con lo estatuido en la Ley 143 de 1994. Para tal efecto mantengase en los 200 kw/hm el consumo de subsistencia para los usuarios del sector eléctrico en todo el territorio de la Nación, exceptuando aquellas entidades territoriales que desde antes del 1º de noviembre de 1994 estuvieran, y a la fecha de la promulgación de esta ley continúan, aplicando un consumo de subsistencia inferior, y hasta tanto, por ley, cuyo proyecto presentará el gobierno dentro de los próximos cuatro (4) meses, se fijen, teniendo en cuenta los distintos factores que inciden en el uso de la energía, el consumo de subsistencia para cada una de las regionales del país.
4.1.3.6. Uso racional de energía: consiste en un plan dirigido al ahorro, conservación y uso eficiente de los recursos energéticos del país.
4.1.4. Carbón. Los recursos públicos de este subsector se destinarán principalmente a fomento de la pequeña y mediana minería del carbón, en las diferentes zonas productoras.
4.1.4.1. Explotación básica de carbón: incluye las actividades dirigidas a establecer la potencialidad y existencia de yacimientos carboníferos, sus reservas y posibilidades de explotación, actividades que serán realizadas principalmente por Ecocarbón.
4.1.4.2. Desarrollo de proyectos carboníferos: es la realización de actividades previas necesarias para poder adelantar las labores de explotación en los proyectos de pequeña, mediana y gran minería.
4.1.4.3. Producción carbonífera: son programas que incluyen las labores de explotación y extracción racional de los yacimientos con miras a la comercialización del recurso.
4.1.4.4. Promoción minera del carbón: este subprograma tiene como finalidad fomentar la explotación tecnificada del carbón, con el fin de aumentar los niveles de productividad, mejorar la calidad de vida de los mineros, la adecuada gestión ambiental, incentivar el consumo de carbón, el desarrollo del mercado carbonífero y la utilización de briquetas de carbón cuando esto sea aplicable.
4.1.4.5. Gestión ambiental del carbón: se destacan es esta actividad la elaboración del perfil ambiental del proyecto, el diagnóstico de alternativas y los estudios de impacto ambiental en aquellas zonas productoras y con grandes problemas de contaminación.
4.1.4.6. Asistencia técnica para el carbón: el objetivo de este subprograma es conseguir que la explotación del carbón se realice de manera eficiente, con un mínimo impacto ambiental y deterioro de los yacimientos.
4.1.4.7. Desarrollo de infraestructura carbonífera: son programas para adelantar el mejoramiento de la infraestructura física y social en las zonas mineras, así como promover el desarrollo de infraestructura de transporte y embarque para fortalecer la capacidad exportadora.
Dentro de esta última actividad, se ha identificado la necesidad de contar con nuevas facilidades portuarias consistentes en un terminal marítimo carbonífero de gran calado, en el departamento del Atlántico o Magdalena y un terminal fluvial en Tamalameque, para satisfacer las necesidades de exportación en los carbones del Cesar, diferentes a los del proyecto de la loma-Drummond, que dispone de su propio puerto.
El terminal marítimo atendería también la exportación de otros carbones del interior del país y tendría la potencialidad de convertirse posteriormente en un gran puerto de propósito múltiple.
Para impulsar el desarrollo de estos proyectos, que deberán ser adelantados principalmente por el sector privado, Ecocarbón destinará para su promoción, durante el cuatrienio 1995-1998 el diez por ciento (10%) de la porción de las regalías que la Ley 141 destinó para el sector carbón.
4.2.1. Exploración básica en minería. Busca extender la cobertura de la exploración básica de un 20% a un 40% del territorio nacional durante el período mediante labores de prospección e investigación geológica y geofísica.
4.2.2. Evaluación y desarrollo minero. Incluye las actividades dirigidas a establecer la potencialidad y existencia de yacimientos, sus reservas y posibilidades de explotación, así como las actividades previas a la explotación del recurso.
4.2.3. Gestión ambiental minera. Se destacan las acciones tendientes a mejorar los procesos de beneficio de minerales, los estudios y acciones para mitigar el impacto ambiental en zonas productoras.
4.2.4. Asistencia técnica y seguridad minera. Son programas que tienen como propósito capacitar y entrenar personal minero para reducir el riesgo de la minería, prevenir la ocurrencia de siniestros y atender los casos de emergencia y desastres mediante la operación de estaciones regionales y puntos de salvamento minero.
4.2.5. Investigación y desarrollo tecnológico minero. Su objetivo es el desarrollo y divulgación de tecnologías apropiadas para las actividades de exploración, producción y mejoramiento de los procesos de beneficio de tal manera que se pueda incrementar la productividad del recurso.
4.2.6. Promoción y contratación minera. Esta actividad tiene como finalidad la modernización del entorno jurídico sectorial y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de las empresas industriales y comerciales del Estado, en exploración y explotación de áreas. En este proceso se vincularán más de 800 solicitudes de contratación, de las cuales cerca del 50% pasarán a la fase de contrato.
4.3. Telecomunicaciones
4.3.1. Telefonía local. En el cuatrienio las empresas públicas del orden nacional ampliarán la capacidad instalada en más de 350 mil líneas, con inversiones por más de 500 mil millones de pesos, de acuerdo con la demanda de sus zonas de influencia. En particular, Telecom instalará directamente más de 176 mil líneas locales.
4.3.2. Telefonía de larga distancia. Telecom fortalecerá su participación en proyectos de cable submarino para incrementar en por lo menos 5.300 circuitos la capacidad instalada para comunicaciones internacionales. Se desarrollará el proyecto de fibra óptica a nivel nacional que unirá las dos costas y las principales ciudades del país, con al menos 18 pares de fibra óptica, con capacidad de 2 giga bits por segundo. Adicionalmente, se realizará un plan de redes complementarias para descongestionar la red, ampliando el sistema en al menos 39.000 troncales. La inversión en este servicio atenderá las necesidades regionales según sus requerimientos de tráfico.
4.3.3. Telefonía social. Para garantizar la universalización del servicio, el fondo de comunicaciones cofinanciará la instalación de 105 mil líneas telefónicas y 5 mil puntos de servicios de telecomunicaciones de atención al público, en los municipios que actualmente no cuentan con el servicio y en las zonas más deprimidas del país. Así mismo, se ejecutarán los planes especiales de telefonía celular en los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas. Adicionalmente, se incluyen $ 9.918 millones para telefonía social en la costa Pacífica, que serán ejecutados por el Plan Pacífico.
4.3.4. Televisión. Con base en la ley de televisión, se fortalecerá la televisión estatal modernizando la infraestructura, dando cubrimiento nacional a las tres cadenas actuales de Inravisión con programación continua y estableciendo un nuevo canal educativo.
4.3.5. Correos y otros. La Nación, a través de sus empresas, realizará inversiones en los servicios de correos para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia y en la prestación de los servicios de valor agregado.
Adicionalmente, se realizarán inversiones que mejoren y fortalezcan la regulación y planeación sectoriales a través del Ministerio de Comunicaciones, el fondo de comunicaciones y la comisión de regulación de telecomunicaciones.
4.4.1. Carreteras
4.4.1.1. Red troncal y transversal: la Nación, a través del Instituto Nacional de Vías, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación, mantenimiento y construcción de la infraestructura vial de la red troncal y transversal a su cargo, teniendo en cuenta criterios ambientales. Estos proyectos incluirán los proyectos de concesión en los que la Nación tenga participación.
Dichos proyectos incluyen, además del mantenimiento de la infraestructura, la rehabilitación de 2.300 k y la construcción de 2.200 k de vías. Los recursos también se destinarán para programas de inversión en puentes, en estudios y diseños de los proyectos, y en programas de prevención y atención de emergencias. Incluye la participación de la Nación en proyectos que se llevarán a cabo bajo el esquema de concesión. A través de dicho programa se rehabilitarán 2.000 k y se construirán 800 k adicionales. El programa garantizará el mantenimiento de las vías por parte del concesionario. Los recursos asignados en cada uno de los siguientes subprogramas podrán ser aportados por el sector público en proyectos mixtos de concesión.
4.4.1.1.1. Subprogramas rehabilitación y mantenimiento: este subprograma garantizará la recuperación de la red troncal y transversal y permitirá realizar las labores de mantenimiento de manera continua minimizado los costos de transporte.
4.4.1.1.2. El subprograma construcción y pavimentación permitirá ampliar la red actual a través de nuevos tramos y de vías de acceso a las troncales y transversales. Así mismo, descongestionará los accesos a las principales ciudades a través de variantes, que al mismo tiempo evitarán la entrada de los vehículos de carga a la zona urbana.
4.4.1.1.3. Subprograma participación pública en concesiones: es la base para que algunos proyectos financiados con recursos del sector privado sean rentables para los inversionistas, sin la necesidad de establecer tarifas de peajes elevadas. Dichos proyectos necesitan el apoyo de recursos públicos debido a sus altos costos de construcción. Los recursos asignados en este programa podrán ser utilizados para financiar temporalmente la adquisición de predios requeridos por los proyectos viales a concesionar. Los recursos públicos para la compra de predios alimentarán, según las normas que rijan la materia, un fondo o cuenta rotatoria, la cual será realimentada por los recursos privados invertidos en las concesiones correspondientes.
4.4.1.1.4. Subprograma otras inversiones red troncal: corresponde principalmente a los recursos que invertirá el Invías en revisión y reparación de puentes, en programas de emergencias, en gastos recurrentes, y en estudios.
4.4.1.2. Sector red secundaria y terciaria: se culminará el proceso de descentralización de vías de la red secundaria y terciaria, a través de su transferencia a las entidades territoriales. La transferencia de la red terciaria será completada en 1995 y la de la red secundaria en 1996. Bajo este esquema se mejorarán las condiciones de la red secundaria y terciaria a lo largo de 14.000 k y se dará mantenimiento a la totalidad de la red.
4.4.1.2.1. Subprograma red secundaria a cargo del Instituto Nacional de Vías: está dirigido a la transferencia de las carreteras de la red secundaria a las entidades territoriales. Durante dicho proceso, los recursos que se transferirán a las entidades como respaldo de las vías recibidas, se canalizarán a través del instituto. Adicionalmente, se incluyen los recursos que destinará el instituto a las vías de la red de las entidades territoriales mientras se realiza la transferencia.
4.4.1.2.2. Subprograma construcción red terciaria: está dirigido a cofinanciar la construcción de carreteras de red terciaria en las regiones a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y/o del fondo de cofinanciación de vías terciarias.
4.4.1.2.3. El subprograma fondo de cofinanciación de vías-mantenimiento: garantizará el mantenimiento del total de la red a transferir a las entidades territoriales. Los cupos por entidad se establecerán aplicando indicadores que aseguren la equidad y bajo el principio de autonomía de las entidades territoriales.
4.4.1.2.4. El subprograma fondo de cofinanciación de vías-rehabilitación mejoramiento y construcción: garantizará los recursos necesarios para que los entes territoriales adelanten proyectos de rehabilitación y mejoramiento de las redes a su cargo. Así mismo, permitirá que se amplíe la cobertura de las redes secundarias, y, especialmente terciaria (caminos veredales).
4.4.1.2.5. Subprograma fondo de cofinanciación de vías-transferencia: corresponde a los recursos incluidos en el presupuesto del fondo que serán utilizados para el proceso de transferencia de las carreteras de la red secundaria y terciaria a los entes territoriales.
4.4.2. Vías férreas. Se promoverá la participación del sector privado en la rehabilitación, mantenimiento y operación de la totalidad de red económicamente viable. A su vez, el concesionario será responsable por el mantenimiento y operación de dicha red y deberá incluir mecanismos que incentiven la utilización de la red ferroviaria y que permitan el libre acceso a los operadores en condiciones fijadas en el contrato de concesión. El plan incluye la rehabilitación de 1.900 k de vías férreas.
Mientras se realiza el proceso de concesión, la Empresa Colombiana de Vías Férreas deberá modificar el esquema de contratación, reduciendo el número de contratos que maneja. Ferrovías se encargará exclusivamente del mantenimiento de la red. Una vez se haya establecido el plan de concesiones, la empresa podrá adelantar los programas de rehabilitación que se consideren necesarios para adelantar dicho plan, teniendo en cuenta criterios ambientales.
4.4.3. Transporte aéreo
4.4.3.1. Subprograma aeronáutico: las acciones del sistema aeronáutico se concentrarán en aumentar la cobertura y modernizar el sistema de ayudas a la navegación y de control del espacio aéreo.
4.4.3.2. Subprograma aeroportuario: en el sistema aeroportuario se emprenderán acciones para garantizar la seguridad del sistema integrado mejorando la totalidad de las pistas que se encuentren en mal estado dotando de unidades de rescate a los aeropuertos que lo requieran e instalando cerramientos en el 75% de los aeropuertos a cargo de la Nación.
4.4.4. Puertos marítimos. Mediante el dragado de canales de acceso se adecuará el canal de acceso marítimo al puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de profundidad y se realizarán los dragados de mantenimiento en los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Tumaco.
En infraestructura portuaria se adelantará un seguimiento cercano al comportamiento de la demanda y se continuarán los estudios y acciones necesarias para garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales y, especialmente considerando las alternativas existentes en la costa Pacífica.
4.4.5. Transporte fluvial. Se culminarán las labores de rehabilitación de la parte navegable del río Magdalena. En particular se garantizará la navegabilidad del río en el tramo Barrancabermeja Calamar y los accesos al mar Caribe. Se establecerán las condiciones necesarias para realizar los dragados en estos tramos, a través de la participación del sector privado. Se fortalecerá la navegabilidad en las arterias fluviales de los territorios nacionales y del litoral Pacífico. Se rehabilitarán 800 k.
4.4.6. Transporte urbano. Este programa incluye el mejoramiento de la infraestructura vial urbana, particularmente la optimización de los sistemas de transporte masivo en Bogotá y Cali, el desarrollo de la accesibilidad al transporte para los discapacitados así como el impulso a la utilización de combustibles alternos en los vehículos de transporte público de pasajeros.
5.1. Adecuación de tierras. Durante el cuatrienio se adecuarán 203 mil hectáreas, de las cuales 42 mil corresponde a pequeño riego, 111 mil a proyectos de mediana irrigación y 50 mil hectáreas a rehabilitación de distritos ya existentes. Además, por medio del incentivo a la capitalización rural se podrán atender proyectos individuales de adecuación de tierras hasta por 48 mil hectáreas.
5.2. Capitalización y financiamiento. La política de crédito para el sector agropecuario se orienta a garantizar recursos suficientes para la financiación de sus actividades de producción, mercadeo y procesamiento, mejorar las condiciones de acceso a financiación para los pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para la capitalización del campo. Se capitalizará el fondo agropecuario de garantías y se fortalecerán el incentivo a la capitalización rural, el certificado de incentivo forestal y el fondo Emprender.
A través de Finagro se otorgarán 5.200 certificados de incentivo a la capitalización rural; el certificado de incentivo forestal se aplicará al establecimiento de 143.800 hectáreas y al mantenimiento de otras 121.800 hectáreas.
El incentivo a la capacitación (sic) rural se hará extensivo a la compra de maquinaria agrícola, adecuación de tierras, actividades de reconversión tecnológica, entre otros, en cuantía hasta el 40% del valor de los proyectos objeto del incentivo. Igualmente, el fondo Emprender ampliará la escala de aportes de capitalización y de financiamiento de la preinversión en los proyectos que sean de su competencia.
5.3. Comercialización y agroindustria. Los proyectos incluidos en este programa buscan mejorar la infraestructura para la comercialización agropecuaria y fomentar la organización de los productores campesinos para realizar dicha actividad. Así mismo, se brindará capacitación a quienes intervienen en el proceso de comercialización. De otro lado, se mejorará la difusión y los canales de información de precios, mercados y volúmenes transados tanto nacional como internacionalmente, con el fin de obtener información más veraz y oportuna.
A través del fondo Emprender se crearán o fortalecerán 64 empresas agroindustriales y se llevarán a cabo los estudios de preinversión para 120 empresas. El Ideam construirá diez nuevos centros de acopio y los dotará con equipos para el manejo adecuado de los productos. A través de la Promotora de Empresas Agroindustriales, Promagro S.A., se llevarán a cabo cuatro grandes proyectos de desarrollo agroindustrial para la exportación y el mercado interno. Se impulsarán los convenios de absorción de cosechas durante el cuatrienio.
5.4. Manejo de riesgos. Se pondrá en funcionamiento el seguro agropecuario que protegerá la inversión de los productores del agro contra eventos naturales. Además, se diseñará y operará un sistema para la prevención de riesgos y manejo de crisis en el sector agropecuario.
El Estado concurrirá al pago de las primas que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro agropecuario, en un porcentaje que fijará la comisión nacional de crédito agropecuario.
5.5. Apoyo y fortalecimiento institucional. Los recursos asignados a este programa se orientarán a ejecutar proyectos tendientes a mejorar el nivel de capacitación de los funcionarios de las entidades que integran el sector, para realizar la planificación sostenible, seguimiento y la evaluación de las políticas sectoriales.
De igual forma, se busca mejorar la infraestructura física de las entidades con relación a la dotación de parque automotor, equipos para laboratorios, sistematización, etc. Así mismo, contratar asesorías para el diseño y posterior formulación de las políticas del sector.
El objetivo de este programa es alcanzar la eficiencia y eficacia de la gestión pública. Las juntas directivas y sus comisiones deberán hacer un seguimiento a la gestión de las entidades. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá la coordinación entre las instituciones públicas consecuente con los objetivos y programas sectoriales.
6. Administración del Estado
6.1. Agenda internacional. Comprende todas las inversiones de apoyo a la ejecución de la política internacional colombiana, en particular lo relacionado con los temas económicos y de la nueva agenda internacional como el perfil social de la política exterior, el medio ambiente, los derechos humanos, las drogas ilícitas y la integración con los colombianos en el exterior. Incluye la apertura de nuevas sedes consulares y diplomáticas e inversiones en demarcación y desarrollo de las fronteras.
6.2. Modernización de los sistemas de identificación ciudadana e inscripción electoral. Este programa busca mejorar la gestión y garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil tecnificará y modernizará los sistemas de registro civil e identificación, el sistema de almacenamiento, administración y operación de archivos y el sistema de inscripción electoral. Igualmente, se adelantarán acciones masivas e integrales de documentación que incluyan la expedición del registro civil, la cédula de ciudadanía y las libretas militares, dirigidas a zonas alejadas, pueblos indígenas y comunidades de escasos recursos.
6.3. Participación de la sociedad civil. Este programa incluye exclusivamente el conjunto de inversiones que en cabeza del Ministerio de Gobierno, la red de solidaridad-PNR y la registraduría, están destinadas a completar y difundir los mapas institucionales que den a conocer los ámbitos de participación, a garantizar la difusión de la información que se requiere para participar y aumentar la capacidad de los ciudadanos y sus organizaciones. Sin desmedro de otras iniciativas sectoriales del Estado que se lleven a cabo para fortalecer la participación de la sociedad civil tales como salud, educación y medio ambiente, etc., las contiendas en este programa están orientadas a promocionar los mecanismos de participación ciudadana y apoyar el proceso de consolidación institucional de las organizaciones civiles, y en particular de las comunitarias, con criterios de legitimidad, racionalidad y gobernabilidad. El programa incluye además acciones de planeación y gestión participativa en zonas marginadas, desarrolladas en el marco del PNR.
6.4. Derechos humanos-poblaciones desplazadas y damnificadas por la violencia. En este campo se elaborarán diagnósticos y análisis sobre la situación de los derechos humanos y formulación de propuestas de política, normativas y de reforma institucional para mejorar esa situación; se ejecutarán acciones y proyectos de protección con el fin de eliminar situaciones de violación de los derechos humanos o mitigar sus efectos; se creará una red informática de comunicación entre entidades con competencia sobre el tema para el trámite de quejas; se protegerán testigos; se fortalecerán las instancias de control en los organismos de seguridad del Estado; se harán proyectos de protección al menor maltratado y acciones de promoción y difusión de los derechos humanos mediante procesos de pedagogía y de comunicación para la convivencia y para el respeto de los derechos humanos.
También se dará impulso a programas para la centralización de información sobre personas desaparecidas y cadáveres N.N., a la atención y asistencia humanitaria de urgencia a la población desplazada y a acciones destinadas a prevenir las situaciones que generan el desplazamiento, así como acciones orientadas a proteger al desplazado por la violencia y a facilitar su retorno, reubicación y reinserción social y laboral.
6.5. Desarrollo y modernización institucional (Mingobierno, Presidencia). Incluye recursos para adecuar las instituciones a las nuevas realidades constitucionales y legales. Se destacan las acciones orientadas a consolidar la nueva estructura institucional del Ministerio de Gobierno para que se adecue a las nuevas funciones y competencias señaladas en el proyecto de ley que lo transforma en Ministerio del Interior. Hacen parte de este programa las acciones destinadas a sistematizar los procedimientos administrativos y operativos de los órganos públicos.
6.6. Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales. Se desarrollarán acciones tendientes a fortalecer la capacidad de planeación y gestión de las entidades territoriales para que puedan acometer con éxito las nuevas funciones y competencias en el marco del proceso de descentralización política y administrativa.
Incluye acciones de preinversión con el fin de subsanar las deficiencias de algunos municipios para acceder a recursos del sistema nacional de cofinanciación y capacitación y acompañamiento legal en temas relacionados con competencias, recursos, planeación, gestión, ejecución, fiscalización y administración de recursos así como lo relacionado con la ley de ordenamiento territorial.
6.7. Reinserción y convivencia ciudadana. Este programa busca generar espacios propicios para la convivencia pacífica entre los colombianos mediante la promoción de metodologías y la creación de una nueva cultura de solución pacífica de los conflictos. Incluye también el necesario apoyo a los reinsertados para que puedan retornar a la vida civil.
6.8. Pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y raizales (Mingobierno). En reconocimiento a la diversidad e identidad étnica y cultural de la población colombiana, se buscará el desarrollo social e institucional y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales en los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y raizales. Capacitación en desarrollo institucional y legal, formación intercultural a los pueblos y comunidades y a los diversos agentes del Estado y sectores sociales, en relación con la política del gobierno y el nuevo marco constitucional y legal. Realización de diagnósticos e investigaciones sobre los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Diseño y desarrollo de campañas de promoción y divulgación de temas relacionados con la diversidad cultural y étnica.
También contempla la coordinación y articulación de las distintas instituciones sectoriales y territoriales para la ejecución de una política unificada, la capacitación de funcionarios y coordinación de acciones con instituciones y entidades para la atención de los pueblos y comunidades víctimas de desastres, la definición y ejecución de una política de fomento y de coordinación bilateral o multilateral para la protección de los pueblos indígenas de las zonas fronterizas y el mejoramiento de infraestructura sectorial para el desarrollo de los planes y programas.
6.9. Atención y prevención de desastres. Constitución de una partida con destino al Fondo Nacional de Calamidades, cuyo objeto es prevenir y atender oportunamente las emergencias y desastres sin generar mayores traumatismos presupuestales. Incluye además las partidas destinadas a la rehabilitación de la zona del desastre de Cauca y Huila a través de la corporación Nasa Kiwe.
6.10. Conservación y difusión del patrimonio documental. Recuperación, prevención, conservación y microfilmación de documentos y archivos. Implantación de programas de manejo de documentos públicos y asistencia a las tareas archivísticas. Creación de un sistema nacional de archivos y divulgación del patrimonio documental de Colombia.
6.11. Sistema nacional de evaluación de resultados. El sistema nacional de evaluación de resultados será el programa a través del cual se evaluará la gestión de la administración pública en torno al cumplimiento de los objetivos del plan nacional de desarrollo.
6.12. Trato hecho. Este programa tiene como objetivo hacer explícitas ante la ciudadanía las metas de servicio de las instituciones del Estado y crear mecanismos de interlocución sobre el cumplimiento de dichas metas entre los usuarios y los directivos de las instituciones
6.13. Discapacidad. La coordinación de la política de prevención y atención a la discapacidad estará a cargo de la vicepresidencia de la República, entidad que adicionalmente promoverá la investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas, desarrollará sistemas de información y hará campañas masivas que contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo a los discapacitados.
Se pretende lograr la integración social y el reconocimiento de la dignidad humana de aquellas personas con limitaciones físicas, sensoriales o síquicas. Se adelantarán acciones preventivas para disminuir las causales de limitación; se adoptarán medidas de tránsito; el plan obligatorio de salud y el plan de atención básica incluirán acciones encaminadas a la detección temprana y a la intervención oportuna de la limitación, y los programas de salud ocupacional incluirán la seguridad laboral. El sector educativo garantizará el acceso para personas con limitación; condiciones adecuadas para el acceso a créditos y becas educativas y la presentación de exámenes de Estado. El SENA facilitará el acceso de esta población a los programas de formación y de orientación e intermediación laboral. El sistema Coldeportes desarrollará programas de recreación y deportes dirigidos a la población con limitaciones. Se impulsarán programas de rehabilitación integral, funcional y profesional. Se brindará información y orientación familiar sobre el tema. Se establecerán normas urbanísticas de accesibilidad en colegios, universidades públicas y privadas, escenarios deportivos y culturales así como escuelas de cualquier índole a nivel nacional, y normas de transporte que faciliten el acceso de las personas con limitaciones. Se promoverá la incorporación de esta temática en los planes de desarrollo departamental y municipal.
6.14. Mujer. Se promoverán acciones orientadas hacia la equidad y participación de la mujer. El Gobierno Nacional contará con una instancia con autonomía administrativa y patrimonio propio encargada de desarrollar la política de participación y equidad para la mujer. Se apoyarán las iniciativas legislativas y reglamentarias orientadas hacia los anteriores propósitos y se promoverán actividades a nivel territorial. La directora nacional tendrá asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
La dirección nacional para la equidad, dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá por objeto la planificación, seguimiento y coordinación permanente de las acciones que desde los distintos entes se adelantarán en beneficio de la equidad y participación de la mujer.
El Gobierno Nacional en los tres (3) meses de vigencia del plan de desarrollo determinará la estructura y funciones específicas de la dirección nacional para la equidad.
6.15. Programas de entidades del sector. Se agrupan bajo este rubro los programas de las entidades que pertenecen al sector administración del Estado y que no están incluidos en otros sectores.
7. Sector medio ambiente
7.1. Protección de ecosistemas estratégicos. El subprograma de ecosistemas estratégicos para el desarrollo está orientado a identificar y establecer programas de manejo de ecosistemas estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Se dará especial atención a los sistemas de abastecimiento de agua potable y energía.
El subprograma de consolidación del sistema de parques nacionales naturales y conservación y uso sostenible de la biodiversidad busca fortalecer y consolidar el actual sistema de parques nacionales naturales mediante una nueva categorización, el saneamiento legal territorial de sus áreas, la formulación de planes de manejo, la reglamentación y ordenación de sus zonas de amortiguación y la vinculación directa de la sociedad civil particularmente las comunidades indígenas y negras y organizaciones no gubernamentales en el manejo y la conservación de estas áreas. Se priorizará el manejo de los parques nacionales y reservas forestales en las zonas de páramo y subpáramo, el macizo colombiano, el Chocó biogeográfico, Amazonia, serranía de Abibe y Ayapel, parque de los Nevados, Sierra de la Macarena y Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy o Güicán. También se apoyarán las actividades de investigación básica y aplicada de flora y fauna silvestre, y la formulación de planes de manejo y políticas de conservación, así como actividades de fomento como la zoocría y la acuicultura. Se adelantarán acciones de conservación de las especies; se controlará el comercio ilegal de especies, se reglamentará el acceso a los recursos de la biodiversidad y se fortalecerá el uso sostenible de la biodiversidad y se apoyará la formulación de planes de manejo y políticas de conservación.
7.2. Mejor agua. Se buscará mantener la productividad de los sistemas hídricos y mejorar la eficiencia en el uso del agua. El gobierno establecerá una política de asignación de las concesiones de agua que sea económicamente eficiente. Se modernizará el manejo del recurso hídrico y se actualizará y sistematizará la información de oferta y demanda de agua a nivel de cuencas, acuíferos y humedales. Se establecerán procedimientos expeditos y transparencia para la asignación de las concesiones de agua. Se fijarán las tasas retributivas y compensatorias y de uso del agua.
Se garantizará la disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano y otros usos, mediante planes de control de erosión, de recuperación y manejo de las cuencas hidrográficas. Con este fin se adelantarán actividades de recuperación y manejo de 300 mil hectáreas de microcuencas que abastecen sistemas de acueducto. Se mejorará la calidad del agua, en especial en los ríos Cauca y Magdalena.
El subprograma de protección de humedales se dirige a identificar, formular y poner en marcha un plan nacional para recuperar y proteger los humedales más importantes del país, entre otros el complejo cenagoso de Zapatosa y Teca, la ciénaga de La Virgen, la ciénaga grande de Santa Marta y las lagunas de Tota, La Herrera, La Cocha, Fúquene y Cucunubá.
El subprograma mares y costas limpias llevará a cabo acciones de recuperación y mejoramiento ambiental en las zonas costeras y en los terminales marítimos más contaminados. Se realizará un monitoreo de los fenómenos oceánicos y costeros. Se establecerá un plan nacional de recuperación de las áreas de manglar y coral y se diseñará y se pondrá en marcha un plan de manejo ambiental de la zona de influencia del canal del Dique, para lo cual se contratará un empréstito internacional.
Se formulará y pondrá en marcha un plan nacional de manejo de aguas subterráneas que se orientará prioritariamente a aquellos sistemas de provisión de agua potable y garantizar el uso eficiente de los principales acuíferos nacionales, específicamente Riohacha, la sabana de Bogotá, Palmira, Valledupar, Caimito-Sucre, Tunja, San Andrés, sierra Morroa, Cúcuta, y la zona del canal del Dique.
Este programa llevará a cabo acciones de recuperación y mejoramiento ambiental en las zonas costeras y en los terminales marítimos más contaminados. Se realizará un monitoreo de los fenómenos oceánicos y costeros. Se establecerá un plan nacional de recuperación de las áreas de manglar y coral, y se diseñará y pondrá en marcha un plan de manejo ambiental de la zona de influencia del canal del Dique, para lo cual se contratará un empréstito internacional.
7.3. Más bosques y servicio forestal nacional. Se impulsará un estatuto forestal único orientado a contrarrestar la alta deforestación y la presión sobre los bosques naturales del país, mediante la formulación y puesta en marcha de una política forestal, que incluirá la reforma al sistema de concesiones y permisos forestales, la reglamentación y cobro efectivo de las tasas de aprovechamiento forestal y el montaje de incentivos para mejorar la reforestación y la eficiencia en el aprovechamiento de los subproductos del bosque.
Los programas de reforestación buscarán en su diseño asegurar un adecuado seguimiento. Se privilegiará la participación y la contratación de las comunidades y ONG del área de influencia. Se reforestarán 160 mil hectáreas de bosque protector-productor, plantaciones a través del certificado de incentivo forestal. Se reforestarán como mínimo 40 mil hectáreas de bosque protector. Se montará un programa de sustitución de leña por fuentes alternativas de energía, así como combustibles, como briquetas de carbón y gas natural. Se pondrá en marcha el servicio forestal nacional y se elaborará el plan de ordenamiento forestal. Adicionalmente, se montará un programa de prevención de incendios forestales.
7.4. Mejores ciudades y poblaciones. Se crearán y fortalecerán las unidades de gestión ambiental urbanas en las ciudades de más de un millón de habitantes. Para este fin se contratará un empréstito externo para su fortalecimiento institucional. Mediante sistemas de cofinanciamiento, se realizarán planes de acción ambiental para las ciudades y poblaciones, incluidas Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Buenaventura, Pasto, Pereira centro-occidente y Barranquilla. Se establecerán instrumentos económicos para la protección ambiental, dando especial énfasis al diseño y puesta en marcha del sistema de cobro de tasas retributivas y compensatorias y tasas por uso de recursos naturales.
Se promoverán sistemas de control de la contaminación por fuentes móviles y el uso de combustibles menos contaminantes que la gasolina, como el gas natural. Se diseñarán y cofinanciarán proyectos piloto de transporte urbano sostenible. Se apoyará la implementación de sistemas no motorizados de transporte.
Se establecerá la red nacional de medición de la calidad del ambiente, dando prioridad a los centros industriales con mayores índices de contaminación. En particular Bogotá-Soacha, Medellín-valle de Aburrá, Cali-Yumbo, Barrancabermeja, Cartagena-Mamonal, Barranquilla-Soledad, entre otros. El Ideam establecerá el sistema de información ambiental. Se cofinanciarán proyectos de control de la contaminación hídrica generada por desechos tóxicos y patógenos. Se apoyarán proyectos de control de contaminación atmosférica, residuos sólidos y peligrosos. El Ministerio del Medio Ambiente liderará una campaña de control de la contaminación debida al ruido ambiental.
Se promoverán acciones regionales y locales para la minimización, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos, particularmente los que tengan características tóxicas dando participación a los modelos de manejo comunitario y propendiendo por la cultura del reciclaje.
Se cofinanciarán proyectos de establecimiento y recuperación de zonas recreativas y proyectos de arborización y aumento de la cobertura vegetal.
Se cofinanciarán proyectos de desarrollo urbano que mejoren la accesibilidad a la población discapacitada.
7.5. Política poblacional. Se adelantarán acciones de coordinación interinstitucional para avanzar en la consolidación de una política de población sostenible que incida sobre las tendencias de las migraciones y asentamientos humanos. Se adelantará un plan de investigaciones en población y asentamientos humanos, dirigido a controlar la colonización y el crecimiento urbano.
7.6. Hacia una producción limpia. Se fomentará la sustitución de los combustibles hacia aquéllos menos contaminantes como el gas natural para uso industrial y domiciliario. Se fomentará la eficiencia energética, el manejo para la reducción de la demanda final de energía y el empleo de energías no convencionales.
Se dará énfasis al apoyo en la protección del entorno natural de áreas de influencia de pequeñas y medianas explotaciones mineras. Se desarrollará un plan de ordenamiento ambiental del sector minero y se expedirá un plan de ordenamiento de las industrias extractivas de la sabana de Bogotá. Se estimularán procesos de reconversión tecnológica y se pondrá en marcha un programa interinstitucional de asistencia técnica y educación ambiental.
Se adelantarán acciones para la mitigación de impactos ambientales. Los ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas garantizarán el cumplimiento de los planes de manejo exigidos en la licencia ambiental para proyectos de infraestructura física.
Se establecerán proyectos de asistencia técnica e instrumentos dirigidos a la reconversión y optimización de procesos para minimizar la generación de residuos, emisiones y descargas, que incluirán centros de acopio a tecnologías limpias. Se formulará y pondrá en marcha una política estatal de compra de productos manufacturados ambientalmente sanos. Se cofinanciarán las acciones de reciclaje de lubricantes usados y otros materiales residuales que efectúen empresas comunitarias. Se promoverán las exenciones tributarias para inversiones ambientales contempladas en el estatuto tributario y se estudiará la posibilidad de ampliar dichas exenciones a otros sectores. Ecopetrol retirará de operación su planta de alquilos.
Se promoverán reservas campesinas en zonas de amortiguación de sistema de parques nacionales, así como reservas a favor de entidades sin ánimo de lucro. Se brindarán incentivos para la capitalización rural en el uso de tecnologías de agricultura y ganadería sostenibles. Se promoverá el control biológico de plagas. Se reglamentará y controlará el uso inadecuado de agroquímicos y se montará un programa de control de la contaminación de fuentes no puntuales producida por actividades agrícolas. Se establecerán los cupos globales de pesca y se actualizarán las tasas de aprovechamiento pesquero y el sistema de otorgamiento de permisos.
Se adelantarán programas para el manejo adecuado de los residuos tóxicos y patógenos generados en los centros hospitalarios.
Se emprenderán acciones para reducir el impacto ambiental de los grandes proyectos turísticos. Los ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Económico promoverán el ecoturismo, para lo cual se emprenderán proyectos pilotos.
7.7. Educación y concientización ambiental. Se incorporará la educación ambiental en la educación formal y en la no formal. Se capacitarán en el tema ambiental a 5.000 docentes, 3.000 extensionistas, 1.650 profesionales, 3.500 funcionarios del SINA y 800 representantes de la sociedad, alcaldes y personeros municipales. Se reglamentará y pondrá en marcha el servicio ambiental obligatorio y se impulsará una campaña masiva de educación ambiental. Se cofinanciarán proyectos ambientales educativos del sector no gubernamental así como la participación ciudadana.
7.8. Fortalecimiento del sistema nacional ambiental, SINA. Se pondrán en marcha todas las entidades gubernamentales que conforman el sistema nacional ambiental y se fortalecerán las entidades existentes. Igualmente se reglamentará y se constituirá el fondo nacional ambiental, Fonam, como parte del sistema de cofinanciación. Se incorporarán dentro del sistema nacional de evaluación a la gestión pública programas y planes de acción adelantadas por las entidades gubernamentales.
7.9. Información e investigación ambiental. Como apoyo a las entidades del sistema nacional ambiental y a la ciudadanía se pondrá en funcionamiento el sistema de información e investigación ambiental. Se realizarán investigaciones para ampliar el conocimiento del patrimonio natural, evaluar y monitorear el estado de los recursos naturales y del ambiente. Igualmente se desarrollarán indicadores de calidad ambiental.
7.10. Planificación y ordenamiento ambiental. Se iniciará el programa de ordenamiento ambiental del territorio, mediante el desarrollo y consolidación de herramientas para este fin. Se desarrollarán en coordinación con las entidades territoriales y las corporaciones autónomas regionales programas de identificación de áreas vulnerables a desastres naturales. Se fortalecerá la planificación ambiental mediante el uso de los instrumentos previstos por la ley como el diagnóstico ambiental de alternativas y los estudios de impacto ambiental. Se identificarán las zonas básicas de conservación y se determinarán las restricciones ambientales de uso del territorio. Se pondrán en marcha las disposiciones contenidas en la Ley 70 sobre ordenamiento y manejo de recursos naturales en las áreas del medio ambiente.
8. Sector ciencia y tecnología
8.1. Fortalecimiento de la capacidad nacional de ciencia y tecnología. Este programa busca consolidar el sistema nacional de ciencia y tecnología, aumentando la capacidad global de manejo de recursos financieros. Se apoyará la formación de investigadores e ingenieros, la creación y consolidación de centros y grupos de investigación y su participación en programas y redes internacionales.
8.2. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico. Este programa pretende fomentar el desarrollo de redes de innovación que faciliten el vínculo entre empresas, centros de desarrollo tecnológico, universidades y otras entidades de apoyo al cambio técnico, orientadas a promover procesos de innovación en el sector productivo. Se apoyará la consolidación del sistema nacional de normalización, certificación, metrología, con el fin de que el sector productivo compita con éxito en los mercados interno y externo. Además, se adelantarán acciones en el desarrollo de la propiedad intelectual y la creación de sistemas de información.
8.3. Ciencia y desarrollo social. El objetivo de este programa es el apoyo y la consolidación de la investigación en temas estratégicos para el desarrollo social y económico del país como análisis de factores que inciden sobre la pobreza, el funcionamiento de la economía, las nuevas formas de acción e intervención del Estado, la relación de éste con la sociedad civil, la gobernabilidad, el conocimiento de nuestra historia y heterogeneidad étnica y cultural. Se fomentará la creación de espacios sociales y foros para el debate público y se adelantarán acciones tendientes a apoyar la eficiencia y la efectividad de las políticas y los programas sociales.
8.4. Medio ambiente y hábitat. El objeto de este programa es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la investigación sobre los ecosistemas que albergan la biodiversidad terrestre y marina, las especies que la integran y sus usos sostenibles; además, el manejo de los recursos naturales y la recuperación del medio ambiente urbano y el desarrollo de patrones de urbanización sostenibles en el largo plazo.
8.5. Sistemas de información e integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad colombiana. El objetivo central de este programa es que la ciencia y la tecnología se incorporen firmemente en la cultura nacional. Para este fin, se adelantarán acciones en la enseñanza y popularización de la ciencia y la incorporación agresiva de la informática y de las redes de información nacionales e internacionales.
Del total del programa de ciencia y tecnología, se destinarán como mínimo $ 25.000 millones a las zonas de frontera.
9. Industria, turismo y comercio externo e interno
9.1. Bancoldex. Este programa pretende apoyar la participación de la industria nacional de bienes de capital y servicios técnicos en licitaciones internacionales y nacionales en condiciones financieras competitivas con las de los demás países. Se destinarán recursos anuales para compensar los menores ingresos provenientes de créditos otorgados a las empresas colombianas en licitaciones antes mencionadas.
9.2. Proexport. El objeto de este programa es fortalecer las actividades relacionadas con la promoción de las exportaciones de bienes y servicios y la ampliación de sus actividades a nivel nacional, haciendo especial énfasis en los pequeños exportadores.
9.3. Industria, turismo y comercio externo e interno. La finalidad de este programa es apoyar una serie de proyectos de los ministerios de Desarrollo y Comercio Exterior, como el sistema nacional de calidad y patentes coordinado por la Superintendencia de Industria y Comercio; los proyectos tendientes a apoyar la competitividad del sector turismo; los proyectos del sector industrial (subcontratación y diseño); los proyectos del sistema de información del Ministerio de Comercio Exterior, los proyectos dirigidos a apoyar el sector de comercio interno; y proyectos de transferencia tecnológica.
Las acciones que se desarrollen en el sector turismo se encaminarán a fortalecer su competitividad, de tal forma que se generen condiciones favorables para su desempeño, con la clara preservación de los valores sociales, culturales y ambientales del país.
Las estrategias que permitan concretar los anteriores objetivos se centrarán en: impulso a la competitividad, apoyo a la descentralización y la promoción de la imagen, la cual incluirá el análisis del mercado y del producto, fortalecimiento de la promoción y la inclusión del turismo receptivo dentro del plan estratégico exportador.
Por último se impulsará una serie de acciones tendientes a brindar apoyo a la actividad. Ellas son: la cooperación técnica y la integración internacional, consolidación de las zonas francas turísticas y el mejoramiento de la infraestructura física.
9.4. Consejo nacional de competitividad. El objeto de este proyecto es apoyar la estrategia de productividad, competitividad y calidad, fundamentalmente en el desarrollo de acuerdos tripartitos y el diseño y regionalización de la estrategia nacional de competitividad.
ART. 21.— Los valores asignados en el plan nacional de inversiones públicas 1995-1998 para los principales programas y subprogramas descritos en el artículo anterior expresados en millones de pesos de 1994, son los que se relacionan a continuación:
Sector Presupuesto inversión nacional Empresas públicas Transferencias inversión social Total plan
1. Social 9.257.714 424.862 12.165.094 21.847.670
1.1. Agua potable y saniamiento 326.290 347.421 673.711
1.1.1. Aumento de coberturas y mejoramiento de la calidad del agua 317.302
1.1.2. Modernización institucional del sector agua potable 8.988
1.2. Cultura, recreación y deporte 304.122 285.610 589.732
1.2.1. Cultura 139.913
1.2.2. Monumentos nacionales 63.847
1.2.3. Deporte y recreación 100.362
1.2.4. Participaciones municipales Cultura y deporte 285.610
1.3. Juventud 24.474
1.4. Educación 1.502.057 7.997.622 9.499.679
1.4.1. Educación preescolar, básica y media 1.077.892 7.997.622
1.4.1.1. Mejoramiento de la calidad 313.241
1.4.1.2. Infraestructura y dotación 184.491
1.4.1.3. Desarrollo institucional 58.899
1.4.1.4. Subsidios 194.063
1.4.1.5. Fondo Educativo de Compensación 327.199
1.4.2. Educación superior 410.087
1.4.3. Otros programas de educación 14.078
1.5. Empleo 1.420.034 26.355 1.446.389
1.5.1. Capacitación e intermediación laboral —SENA— 775.956
1.5.2. Programas especiales de empleo 205.084
1.5.2.1. Plan de empleo rural —RED— 88.066
1.5.2.2. Plan de empleo urbano —RED— 117.018
1.5.3. Economía solidaria 4.992
1.5.4. Artesanías 6.907
1.5.5. Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 95.553
1.5.6. Tercera edad 331.542 26.355
1.6. Gasto social rural 1.113.484 1.113.484
1.6.1. Reforma agraria 469.997
1.6.2. Desarrollo rural campesino e indígena 374.118
1.6.3. Vivienda social rural 219.416
1.6.4. Subprograma apoyo al desarrollo alternativo 49.954
1.7. Salud 1.889.071 398.507 3.534.441 5.822.019
1.7.1. Acceso universal a los servicios de salud preventivos y curativos 1.285.299
1.7.1.1. Seguridad social subsidiada 1.086.348 856.829
1.7.1.2. Plan de Atención Básica, PAB 198.951 210.639
1.7.2. Mejoramiento de la calidad de oferta pública de servicios 445.169
1.7.2.1. Infraestructura y dotación 1 nivel 113.275
1.7.2.2. Infraestructura y dotación 2 y 3 nivel 304.084
1.7.2.3. Gestión 27.810
1.7.2.4. Infraestructura ISS 150.682
1.7.3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector 29.222
1.7.4. Garantía de calidad de los servicios de salud 38.065
1.7.4.1. Recursos humanos 26.609
1.7.4.2. Desarrollo sistemas de información y monitoreo 11.458 43.326
1.7.5. Ciencia y tecnología para la salud 28.804
1.7.6. Otros programas sector 62.512
1.7.6.1. Subsidio tasas de interés créditos IFI 39.400
1.7.6.2. Otros 23.112
1.7.7. Transferencias y situado del sector salud 2.466.973
1.7.8. Protección y bienestar social ISS 204.499
1.8. Niñez 1.612.761 1.612.761
1.8.1. Movilización en torno a la niñez 9.574
1.8.2. Protección y desarrollo de la niñez 221.734
1.8.3. Menores en situación irregular 131.980
1.8.4. Desarrollo institucional 5.536
1.8.5. Hogares de bienestar 994.905
1.8.6. Otros programas niñez 249.032
1.9. Vivienda social urbana 1.060.534 1.060.534
1.9 1. Vivienda red de solidaridad social 503.182
1.9.2. Vivienda no cubierta red de solidaridad social 557.351
1.10. Política de apoyo al desarrollo urbano 4.886 4.886
2. Justicia 364.758 364.758
2.1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial 219.065
2.2. Acceso a servicios judiciales, administración justicia y derecho 6.100
2.3. Prevención del delito y atención a las víctimas 6.209
2.4. Detención, cumplimiento de pena y rehabilitación 126.783
2.5. Apoyo a las acciones para la superación del problema de la droga 6.600
3. Defensa y seguridad 1.015.000 1.015.000
4. Infraestructura 6.200.999 5.583.311 11.784.310
4.1. Energía 724.061 4.547.867
4.1.1. Petróleo 2.493.413
4.1.1.1. Exploración básica de petróleo 187.181
4.1.1.2. Producción de petróleo 1.413.547
4.1.1.3. Refinación y petroquímica 667.595
4.1.1.4. Transporte de petróleo 183.014
4.1.1.5. Otros petróleo 42.076
4.1.2. Gas 295.880
4.1.3. Electricidad 667.070 1.725.149
4.1.3.1. Generación eléctrica 138.662 593.641
4.1.3.2. Interconexión eléctrica 338.569
4.1.3.3. Transmisión y distribución eléctrica 144.342 792.939
4.1.3.4. Electrificación rural 77.522
4.1.3.5. Inversión social (subsidios) 300.795
4.1.3.6. Uso racional de energía 5.747
4.1.4. Carbón 56.991 33.425
4.1.4.1. Exploración básica de carbón 4.076
4.1.4.2. Desarrollo de proyectos carboníferos 7.786
4.1.4.3. Producción minera del carbón 5.546 24.035
4.1.4.4. Promoción minera del carbón 15.947
4.1.4.5. Gestión ambiental del carbón 9.390
4.1.4.6. Asistencia técnica para el carbón 14.767
4.1.4.7. Desarrollo infraestructura carbonífera 8.869
4 2 Minería 55.216 9.421
4 2 1. Exploración básica en minería 4.454 3.385
4 2.2. Evaluación y desarrollo minero 13.397 5.336
4 2.3. Gestión ambiental minera 9.812
4.2.4. Asistencia y seguridad minera 5.632
4.2.5. Investigación y desarrollo tecnológico minero 12.209 700
4.2.6. Promoción y contratación minera 9.712
4.3. Telecomunicaciones 257.512 1.026.023
4.3.1. Telefonía local 521.456
4.3.2. Telefonía larga distancia 492.663
4.3.3. Telefonía social 145.722
4.3.4. Televisión 42.270 6.237
4.3.5. Correos y otros 69.520 5.667
4 4. Transporte 5.164.210
4 4 1. Carreteras 4.382.978
4.4.1.1. Red troncal y transversal 3.425.065
4.4.1.1.1. Rehabilitación y mantenimiento 878.438
4.4.1.1.2. Construcción y pavimentación 1.370.339
4.4.1.1.3 Participación Pública en concesiones 495.282
4.4.1.1.4. Otras inversiones red troncal 681.006
4.4.1.2. Red secundaria y terciaria 957.913
4.4.1.2.1. Red secundaria a cargo del Invías 147.313
4.4.1.2.2. Construcción red terciaria 71.413
4.4.1.2.3. Fondo de Cofinanciación de Vías-Mantenimiento 305.613
4.4.1.2.4. Fondo de Cofinanciación de Vías-Rehabilitación, mejoramiento y construcción 396.391
4.4.1.2.5. Fondo de Cofinanciación de Vías-Transferencias 37.184
4.4.2. Vías férreas 285.324
4 4 3. Transporte aéreo 163.464
4 4 3.1. Aeronáutico 62.746
4.4.3.2. Aeroportuario 100.717
4.4.4. Puertos marítimos 78.698
4.4.5. Fluvial 89.153
4.4.6. Transporte urbano 164.594
5. Agrícola 965.987 965.987
5.1. Adecuación de tierras 448.234
5.2. Capitalización y financiamiento 278.645
5.3. Comercialización y agroindustria 161.794
5.4. Manejo de riesgos 35.265
5.5. Apoyo y fortalecimiento institucional 42.049
6. Administración del estado 684.843 684.843
6.1. Agenda internacional 9.689
6.2. Modernización de los sistemas de identificación ciudadana 40.634
6.3. Participación de la sociedad civil 43.415
6.4. Derechos humanos-poblaciones desplazadas damnificadas por la violencia 20.158
6.5. Desarrollo y modernización institucional mingobierno 3.194
6.6. Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales 8.977
6.7. Reinserción y convivencia ciudadana 6.561
6.7. Pueblos indígenas y comunidades afro-colombianas y raizales mingobierno 12.493
6.9.A Tensión y prevención de desastres 23.640
6.10. Conservación y difusión del patrimonio documental 2.178
6.11. Sistema nacional de evaluación de resultados 1.537
6.12. Trato hecho 690
6.13. Discapacidad 4.827
6.14. Dirección nacional para la equidad de la mujer 7.388
6.15. Programas de entidades del sector 499.463
7. Medio ambiente 510.645 510.645
7.1. Protección ecosistemas estratégicos 72.163
7.2. Mejor agua 96.661
7.3. Mas bosques y servicio forestal nacional 25.896
7.4. Mejores ciudades y poblaciones 127.788
7.5. Política poblacional 3.546
7.6. Hacia una producción limpia 21.059
7.7. Educación y concientización ambiental 47.313
7.8. Fortalecimiento sistema nacional ambiental 102.401
7.9. Información e investigación ambiental 7.997
7.10. Planificación y ordenamiento ambiental 5.820
8. Ciencia y tecnología 848.518 848.518
8.1. Fortalecimiento capacidad nacional de ciencia y tecnología 201.175
8.2. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico 361.870
8.3. Ciencia y desarrollo social 87.717
8.4. Medio ambiente y hábitat 48.088
8.5 Sistema de información e integración ciencia y tecnología a la sociedad colombiana 149.667
9. Industria, turismo y comercio externo e interno 99.387 99.387
9.1. Bancoldex 19.700
9.2. Proexport 44.325
9.3. Industria, turismo y comercio externo e interno 31.520
9.4. Consejo nacional de competitividad 3.842
Total plan 19.947.849 6.008.173 12.165.094 38.121.116
*Nota: Derogada por la Ley 1450 de 2011 artículo 276)
ART. 22.—Los principales proyectos de inversión del plan nacional de inversiones públicas 1995-1998 son los siguientes (cifras en millones de pesos de 1994).
Red troncal 3.425.065
Rehabilitación y mantenimiento 878.438
Troncal de Occidente (Rumichaca-Calamar) 267.416
Troncal de Occidente (Calamar-Barranquilla) 34.000
Troncal del Magdalena 44.271
Troncal Central 32.957
Troncal del Eje Cafetero 36.139
Transversal del Caribe 67.353
Transversal Medellín-Cúcuta-Puerto Santander (incluyendo puente Unión sobre el río La Grita) 49.470
Transversal Buenaventura-Villavicencio (incluyendo variantes de Buenaventura y la vía Armenia-Ibagué) 115.334
Transversal Tumaco-Mocoa 35.975
Transversal Medellín-Bogotá 52.598
Puerto Boyacá-Chiquinquirá-Tunja-Ramiriquí-Miraflores-Monterrey 19.680
Cali-Loboguerrero 18.794
Sisga-Guateque-El Secreto 11.404
Villagarzón-Villavicencio 31.121
Mariquita-Manizales 27.375
Pamplona-Saravena 5.728
Aguaclara-Ocaña-Cúcuta 27.100
San José del Guaviare-Calamar 1.723
Construcción y pavimentación 1.370.339
Carmen-Bosconia-Valledupar-Badillo-San Juan-Maicao (incluye puente Plato-Zambrano) 72.698
Medellín-Turbo 65.930
Variante La Romelia-El Pollo 26.310
Troncal del Llano (Villavicencio-Yopal-Saravena) 112.972
Accesos túnel Medellín-Santa Fé de Antioquia 39.006
Puerto Triunfo-Puerto Olaya-San Alberto 43.038
Viaducto Pereira-Dos Quebradas 24.822
Puente G.L. Valencia Río Ariari 8.267
Puente Río Guaviare en Puerto Arturo 8.854
Bucaramanga-Alto El Escorial-Cúcuta 47.459
Turbo-Puerto Rey 24.750
Sogamoso-Aguazul 22.632
Altamira-Florencia 44.143
Variante Mamonal-Gambote y variante de Cartagena 36.787
Mocoa-Pitalito 19.143
Granada-San José del Guaviare 14.230
Quibdó-Medellín (sector Quibdó-Ciudad Bolívar) 26.087
Paso por la Cordillera Central (transversal Buga-Chaparral-Melgar y/o Ibagué-Armenia) 59.100
Puerto Rey-Montería (incluido el acceso a Montería y rehabilitación puente sobre el Río Sinú) 45.202
Cartagena-Lomita Arena 15.532
Puerto Berrío-Cisneros 30.498
Mocoa-San Francisco-El Encano 7.359
Anserma Nuevo-La Virginia-lrra 37.565
Neiva-San Vicente (Subbase) 15.234
Asia-Apía-Las Animas-Quibdó y La Virginia-Apía 39.293
Circuito Ecoturístico Huila-Cauca 47.280
Popayán-Puracé-La Plata-Laberinto 25.610
Popayán-lnzá-LaPlata 11.820
San Agustín-Pitalito-Isnos-Popayán 9.850
Transversal Depresión Momposina (Puerta de Hierro-Mompox-Banco-Arjona-Cuatro Vientos-Codazzi) 50.766
Lorica-San Bernardo del Viento-Momtos-Santa Lucía 27.088
Las Animas-Nuquí 7.051
Puente San Miguel-Villagarzón-Mocoa 15.646
La Espriella-Río Mira-Río Mataje 12.261
Acceso a la Mojana (Majagual-San Marcos-El Viajano) 19.700
Santa Fé de Antioquia-Puerto Valdivia 20.222
Popayán-Tambo-Pacífico 6.895
Puerto López-Puerto Gaitán-Puerto Carreño 9.850
Troncal Central del Norte (Duitama-Soatá-Málaga-Pamplona) 37.430
Circunvalares de San Andrés y Providencia 14.775
Variantes y accesos 214.464
Variante de Mirolindo (Variante de Ibagué) 3.940
Anillo Vial de Cúcuta 9.850
Variante de Riohacha 4.925
Variante de Tunja 9.850
Neiva-Surabastos (Variante de Neiva) y puente sobre el río del Oro 3.448
Intercambiador Puerta del Sol (Bucaramanga) 3.940
Circunvalar Barranquilla 10.000
Accesos y variantes de Cali 59.100
Acceso Transversal Carmen-Bosconia (Santana-La Gloria) 5.910
Accesos Troncal de Occidente (La Ye-Ciénaga de Oro-Cereté, Córdoba) 1.970
Accesos Troncal de Occidente (Chinú-San Andrés-Lorica, Córdoba) 3.940
Variante Sur Espinal 2.970
Circunvalar Galeras 19.700
Troncal Alterna del Norte (Pasto-Buesaco-Mojarras) 19.700
Accesos a Pasto por Oriente y Occidente-Puentes vía Panamericana 3.448
Variante de Ipiales 985
Paralela del río Magdalena (Palermo-Pedraza-Plato) 37.430
Variante de Chiquinquirá 1.478
Vía alterna al Puerto de Santa Marta 7.880
Variante Calacarcá-Circasia (sector Chagualá-La Cabaña 4.000
Participación pública en concesiones 495.282
Bogotá-Villavicencio 108.153
Bogotá-Puerto Salgar 52.517
Vías de acceso del Sur y Sur-Occidente de Bogotá 19.700
Vía alterna Buga-Buenaventura 70.329
Túnel Santa Rosa Armenia-Pereira-Manizales 16.535
Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá) 83.164
Pasto-Aeropuerto 4.925
Otras concesiones 139.959
Otras inversiones red troncal 681.006
Petróleo 1.647.909
Desarrollo petrolífero de Cusiana 966.462
Ampliación refinerías Barrancabermeja y Cartagena 599.747
Poliducto del Pacífico, que se extenderá hasta los Departamentos de Cauca y Nariño, incluyendo la ciudad de Pasto 81.700
Gas 246.334
Desarrollo gasífero de Opón 65.362
Desarrollo gasífero de Volcanares 180.972
Electricidad 644.160
Central Hidroeléctrica de Urrá 350.846
Central Hidroeléctrica de Miel I 160.955
San Carlos-San Marcos 132.359
Telefonía de larga distancia 140.000
Red de fibra óptica 140.000
Plan maestro Acueducto y Alcantarillado de San Andrés y Providencia 61.070
Dragado e interconexión de los cuerpos de agua El Guájaro, Luruaco, Tocagua y Totumo y adecuación de tierras en el departamento del Atlántico 19.800
Encauzamiento, regulación y control de los arroyos Don Juan, El Salao y El Platanal en Barranquilla y Soledad, departamento del Atlántico 10.450
Estadio Alfonso López 985
ART. 23.— Para la ejecución del plan nacional de inversiones el Gobierno Nacional emprenderá acciones para atraer inversión extranjera, asociarse con particulares tanto nacionales como extranjeros y crear estímulos para que el sector privado realice actividades que pueda ejecutar eficientemente.
En tal sentido el Gobierno Nacional promoverá con el sector privado los siguientes proyectos de concesiones incluidos en el plan vial nacional:
Buga-Tuluá-La Paila
Armenia-Pereira-Manizales
Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)
Bogotá-Puerto Salgar
Vía alterna Buga- Buenaventura
Cali-Palmira-Buga
Girardot-Ibagué (incluye la construcción de la variante de Gualanday)
Chusacá-Girardot
Medellín-La Pintada
Briceño-Villapinzón-Tunja-Sogamoso
Túnel Medellín Santa Fe de Antioquia
La Paila-Cartago-Pereira
Cartagena-Turbaco
Ciénaga-Barranquilla
Patios-La Calera-Guasca
El Cortijo-El Vino
Santa Marta-Paraguachón
Barranquilla-Cordialidad
Medellín-Valle del Rionegro
Espinal-Neiva
La Paila-Armenia-Calarcá
Cali-Mediacanoa
Planeta Rica-Coveñas
San Gil-Bucaramanga
Zipaquirá-Chiquinquirá
Santander de Quilichao-Popayán
Segunda calzada Bello-Barbosa
Vías de acceso al sur y sur-occidente de Bogotá
Pasto-Aeropuerto.
Para emprender aquellas actividades que deba realizar de manera independiente, el Estado hará esfuerzos para racionalizar la estructura tributaria y aumentar la eficiencia en la administración de los tributos, garantizando así el debido recaudo.
Al mismo tiempo, controlará la eficiente y racional aplicación del gasto público. Para alcanzar este cometido además de garantizar los niveles de participación y transferencias a las entidades territoriales, fortalecerá los mecanismos de cofinanciación de actividades propias de estas entidades; asignará a las entidades estatales claras responsabilidades sobre ejecución y resultados; mejorará la coordinación intra e interinstitucional y aplicará el sistema nacional de evaluación de resultados, coordinado por el Departamento Nacional de Planeación. Durante los años 1996, 1997 y 1998, no menos del 90% de los recursos de libre asignación a que se refiere el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos de educación.
ART. 24.— La distribución de recursos por $ 886.500 millones de pesos de 1994, los cuales incluyen los subprogramas: red secundaria a cargo del Instituto Nacional de Vías (4.4.1.2.1), fondo de cofinanciación de vías-mantenimiento (4.4.1.2.3), fondo de cofinanciación de vías, rehabilitación, mejoramiento y construcción (4.4.1.2.4), fondo de cofinanciación de vías transferencia (4.4.1.2.5), se hará mediante cupos indicativos a los departamentos, distritos y municipios categorizados. Los porcentajes correspondientes a dichos cupos son los siguientes:
Depto/Distrito Categoría Cupo (%) Depto/Distrito Categoría Cupo (%)
Antioquia 3 5.89 Quindío 3 1.88
Atlántico y DEIP de Barranquilla 2 4.19 Risaralda 3 2.28
Bolívar y DTC de Cartagena de Indias 1 3.16 Santander 3 5.24
Boyacá 2 9.24 Sucre 1 2.05
Caldas 3 2.85 Tolima 2 7.26
Caquetá 1 2.07 Valle 3 4.38
Cauca 2 4.15 Arauca 2 1.23
Cesar 2 2.73 Casanare 1 1.84
Córdoba 1 2.90 Putumayo 1 0.77
Cundinamarca 2 6.71 San Andrés 2 0.77
Chocó 1 2.60 Amazonas 1 0.33
Huila 2 3.50 Guailúa 1 0.25
Guajira 2 1.50 Guaviare 1 0.66
Magdalena y DTCH de Santa Marta 1 5.10 Vaupés 1 0.41
Meta 2 3.22 Vichada 1 0.35
Nariño 1 3.65 D.C. Santafé de Bogotá 4 2.16
Norte Santander 2 4.68
El fondo de cofinanciación de vías garantizará que al menos el 15% de los cupos indicativos señalados para cada departamento o distrito se destinen a inversiones en construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de carreteras de la red terciaria.
Para acceder al fondo, los entes territoriales deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Los proyectos correspondientes serán presentados al fondo de cofinanciación de vías (al Instituto Nacional de Vías en el caso del subprograma 4.4.1.2.1). Dichos proyectos deberán contemplar las asignaciones y las metas físicas respectivas especificando si se trata de obras de mejoramiento, pavimentación, rehabilitación construcción, o mantenimiento de las redes, estudios de preinversión, asistencia técnica o capacitación. Así mismo, los proyectos especificarán si se trata de obras de red secundaria o red terciaria. El fondo revisará entre otros, la consistencia de los costos de las obras, con los parámetros técnicos existentes. Los proyectos considerarán la implantación de esquemas fiscales de recaudo de valorización cuando las obras lo permitan.
2. Incluir en el plan los siguientes porcentajes de participación de los entes regionales en la cofinanciación, según la categorización de los departamentos y distritos señalada anteriormente. El aporte promedio de la entidad territorial según su categoría será:
Categoría 1 10%
Categoría 2 20%
Categorías 3 y 4 30%
Los municipios pertenecerán a la categoría del departamento en el cual se encuentren localizados.
3. En el caso de los departamentos, cumplir con el programa de transferencia de vías establecido por el Gobierno Nacional.
A partir de 1996, el fondo de cofinanciación de vías transferirá, al inicio de cada año, el 30% de los recursos programados para cada proyecto en el año correspondiente. Los desembolsos posteriores para ese año serán autorizados para cada proyecto con base en la ejecución de las obras financiadas; y el cumplimiento de los aportes locales. El incumplimiento en la programación anual de la ejecución de los proyectos, será sancionada por el fondo de acuerdo con la reglamentación que establezca su comité de administración.
Los desembolsos destinados a obras de construcción, pavimentación, mejoramiento y rehabilitación, se realizarán una vez la entidad territorial cuente con los estudios de diseño e ingeniería correspondientes, así como con las licencias ambientales expedidas por la entidad competente.
Con los recursos establecidos en este artículo se financiarán, entre otras, obras de construcción, pavimentación, mejoramiento y rehabilitación de los siguientes proyectos:
Leticia-Tarapacá
Porce-Remedios-Zaragoza-Caucasia
La Unión-Sonsón
La Pintada-Bolombolo-Santa fe de Antioquia
Puerto Berrío-Remedios
Porce-Troncal de la Paz
Intersección Troncal de la Paz-Zaragoza Caucasia
La Ye-Vegachí
Jardín-Riosucio
Variante de la troncal occidental en el municipio de Bello
Yolombó-Fraguas (Segovia)
Frontino-Nutibara-Dabeiba
Frontino-Musinga-Carauta
Valparaíso-Caramanta
La Ceja-Las Colmenas-Abejorral
Bolombolo-Concordia-Betulia-Urrao
Ebéjico-Partida vía al mar
Segovia Alto Bagre-Puerto López (municipio Bagre)
Segunda calzada eje bananero Chigorodó Turbo
Turbo-Valencia-Montelíbano-Ayapel
Anillo vial Peñalisa-Tarso-Pueblo Rico-Jericó-Támesis-Valparaíso-Caramanta
Santa fe de Antioquia-Caicedo-Urrao
Angelópolis-Amagá
Arauca-Cravo Norte
Arauca-Tame-La Cabuya-Sácama-Socha Belén
Santa Verónica-Juan de Acosta-Baranoa Polo nuevo-Santo Tomás
San Estanislao-Las Piedras-Arjona
Santa Rosa-San Estanislao
Turbana-Turbaco
Zambrano-Córdoba-Magangué
El Guamo-Desconsolado-Intersección troncal de occidente
Magangué-San Martín de Loba-Santa Rosa Simití-San Pablo
Turbana-Ballestas
Turbaco-Cañaverales
Canabate-La Pacha (municipio Alto Rosario)
Barranco de Loba-San Antonio (municipio Barranco de Loba)
Barranco de Loba-Alto Rosario (municipio Barranco de Loba-Alto Rosario)
Puerto Venecia-Río nuevo (municipio de Achí)
Achí-Sincerín (municipio de Achí)
Tiquisio-Puerto Rico-El Juclán-Ventura Quebrada del Metí
Charalá-Duitama
Chiquinquirá-Otanche-Puerto Boyacá
Tunja-Ramiriquí-Miraflores
Tunja-Jenesano-Tibaná-Garagoa-Las Juntas
Guayatá-Guateque-Sutatenza-Tenza-Garagoa
Togüí-Moniquirá
Curubito-Muzo-La Mina-Quipama-Río Guaquimay
Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leyva-Arcabuco
Chiscas-El Espino-Panqueva-Güicán; La Palmera-El Espino; El Cocuy-Panqueva
Soatá Boavita-San Mateo-Guacamayas-El Espino
Tibaná-Turmequé-Villapinzón
Paipa-Toca-Tunja
Puente Boyacá-Samacá
Jenesano-Tierranegra
Vado Real-Gámbita-Palermo-Paipa
Sotaquirá-Avendaños
Circuito turístico, perimetral lago de Tota Aquitania-Tota-Cuítiva-Iza
Corrales-Busbanzá-Floresta-Santa Rosa de Viterbo
Páez-Chámeza
Salamina-Pácora-Aguadas-La Pintada
Dorada-Norcasia-Florencia
Perico-Victoria-Marquetalia-Manzanares Neira-Manizales
Victoria-Cañaveral-La Miel
Las Ceibas-Guacamayas-Algeciras y acceso a Santana Ramos
Campo Hermoso-Betania
Las Sombras-Llanos de Yarí
San José del Fragua-Curillo
La Nevera-Orocué
Paz de Ariporo-La Hermosa
Puente sobre el río Cusiana, Aguazul Recetor
Trinidad-Bocas del Pauto
Aguazul-Maní
Yopal-Tilodirán
Popayán-Rosas-San Sebastián-Río Villalobos
Piendamó-Morales-Suárez-Timba
El Bordo-Bolívar-San Sebastián
Puerto Tejada- El Palo-Toribío
Silvia-Piendamó
San Roque-Codazzi
Valledupar-Pueblo Bello
Valledupar-Atánquez
Cuatro Vientos-Los Venados-Caracolí
La Gloria-La Mata
El Tres-San Pedro-Valencia-Montelíbano Caucasia
La Apartada-Ayapel
K-15-Tierralta
Tuchín-Chimá-Corozalito-Punta de Yanez Ciénaga de Oro
San Carlos-Intersección:Cereté-Ciénaga de Oro
Montería-Corregimiento El Sabanal
Montería-Corregimiento Villavicencio
Usme-San Juan de Sumapaz-Colombia
Guayabal-Cambao-Armero
La Palma-Yacopí-Pto. Salgar
Cáqueza-Fosca
Río Guaquimay-Pacho
Subachoque-Tablazo
Vía el resguardo-carretera Panamericana
Variante tráfico pesado Piamonte-La Portada El Triunfo
Inspección La Trinidad-Vereda El Carmen
Troncal del Llano
Bogotá-Choachí-Ubaque-Fómeque-Puente Real-Cáqueza
Los Alpes-Quipile
Gama-San Roque-Gachalá
Silvania-Los Puentes-Bermejal
Nocaima-Vergara
Gachetá-Gama
Guaduas-Guaduero-Dindal-Caparrapí
Pacho-Supatá-Vergara-Tobia
Girardot-Cambao-Puerto Chaguaní-Puerto Salgar
Bogotá-Chipaque-Cerezos-Ubaque
Bogotá-Une-Gutiérrez-Cáqueza
Medina-Gachalá
Galápagos-Nóvita
San Lorenzo-La Ye-Tribugá
Riohacha-Pájaro-Manaure-Uribia
Distracción-Tomarrazón
Cuatro Vías-Uribia-Puerto Bolívar
San José-Charras
El Retorno-La Unilla
Garzón-Agrado-Pital-La Plata
Yaguará-Iquira
Cucará-Villavieja
Gigante-Silvania-Garzón
Palermo-Teruel
Río Neiva-Algeciras
Suaza-Acevedo-Pitalito
Altamira-Tarqui-Pital
Baraya-Colombia
Fundación-Pivijay-Salamina
Guamal-Astrea-Arjona
San Juan de Arama-Vista Hermosa
San Juan de Arama-Mesetas
La Unión-Taminango
Túquerres-Samaniego-Sotomayor
El Tambo-Corregimiento de Nariño
La Cruz-San Pablo-Higuerones
Barbacoas-Junín
Guaitarilla-Chirristés
Cumbal-Chiles
Ocaña-Convención-El Tarra
Puente Gómez-Gramalote-Alto Chiquito
Puente Gómez-Salazar
Villa del Rosario-Ragonvalia-Chinácota
Chinácota-Toledo
Orito-Monopamba
Puente San Miguel-La Hormiga-Orito
Calarcá-Armenia-Quimbaya-Alcalá-Cartago
Calarcá-Circasia
Pereira-Marbella-Chinchiná
Barbosa-Landázuri-Cimitarra-Puerto Araujo
Bucaramanga-La Gómez
La Renta-San Vicente, Girón-Zapatoca, Barranca-Pto. Wilches
Socorro-Simácota
Los Curos-Málaga
San Gil-Mogotes
Llano de Palma-Rionegro-Santa Cruz
Contaderos-La Tigra-Sabana de Torres
La Ye-La Corcobada-Llaneros-San Rafael
La Belleza-Florián-Jesús María-Puente Nacional
Vado Real-Suaita-San José de Suaita
San Vicente-Ye de Barranca
Zapatoca-San Vicente
Bucaramanga-Sabana de Torres
Oiba-Guadalupe-Contratación-Guacamayo
Berlín-Galán
Ovejas-Chalán-Coloso-Toluviejo
Santiago Apóstol-Sucre
Betulia-Sincé-Galeras
San Marcos-Sampués
San Benito abad-Sampués
San Antonio-Sucre
Líbano-Murillo-Manizales, Rovira-Ibagué
Cunday-Villarrica
Saldaña-Purificación-Prado
Pandi-Icononzo-La Aurora-Villarrica
Prado-Dolores
Rioblanco-Puerto Saldaña-Herrera
Chaparral-Rioblanco
Ataco-Coyaima
Gaitania-Planadas-Santiago Pérez-Ataco
Ortega-San Luis-Valle de San Juan-Payandé-Buenos Aires (vía panamericana punto de intersección Ibagué-Cementos Diamante)
Castilla-Coyaima-Chaparral
Olaya Herrera-Chaparral
Natagaima-Alpujarra
Payandé-San Luis
Guamo-Ortega
El Paso-Suárez-Purificación
San Luis-Guamo
Chaparral-Tulumí-Las Señoritas
Chaparral-Amoyá-Ataco
Espinal-Coello (punto de intersección con municipio de Flandes)
Espinal-La Chamba (Guamo)
Loboguerrero-San Marcos-Mulaló-Palmira Palermo-Neiva
Crucero-Villa Rodas (Cartago)
Segunda calzada autopista Cali-Yumbo
Argelia-Toro
El Viento-La Primavera-Sta. Rosalía-Guacacías
Santa Rita-Puerto Nariño
Puente sobre caño Dagua
Puente sobre caño Mesetas
Puente sobre río Bita
Vientos-Santa Rita
Las carreteras aquí enunciadas serán las prioritarias para la ejecución en cada departamento o distrito.
PAR.—De los recursos asignados a Boyacá en este artículo, señálese la suma de $ 35.000 millones para la vía Puerto Boyacá-Chiquinquirá-Tunja-Ramiriquí-Miraflores-Monterrey, con un coeficiente de cofinanciación no menor del cinco por ciento (5%).
ART. 25.—En cada presupuesto anual, aprobado durante la vigencia de este plan de inversiones, la proporción de la inversión apropiada en su conjunto para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, excluidos el situado fiscal y las participaciones municipales, será como mínimo el 1%. Así mismo, para Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Valle de Guamuez en el departamento de Putumayo, la inversión será de un 0.1% excluidos al situado fiscal y las participaciones municipales. El Conpes hará las distribuciones correspondientes.
ART. 26.— Para la vigencia de este plan de inversiones, la inversión apropiada al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, excluidos el situado fiscal y las transferencias municipales, será como mínimo de $ 130.000 millones.
ART. 27.— Política fronteriza. Con este objetivo, se fortalecerá la infraestructura productiva y de servicios de los principales centros fronterizos, para lo cual se aplicarán medidas que estimulen la inversión privada en las zonas de frontera y se promoverá igualmente la consolidación de los principales puertos terrestres que faciliten el comercio binacional.
A las zonas de fronteras se les apoyará con programas especiales de desarrollo institucional y capacitación por medio de una consejería de fronteras, con participación de las administraciones locales.
Para la atención de la población fronteriza, se promoverá la identificación, formalización y ejecución conjunta de planes, programas y proyectos de carácter binacional mediante el impulso de la legislación requerida.
Para lograr los objetivos básicos de la política fronteriza se destinará un 8% del total regionalizado del Plan Nacional de Desarrollo.
ART. 28.— El Gobierno Nacional realizará las reservas presupuestales necesarias y dispondrá de los cupos de endeudamiento internos y externos suficientes tanto para el Gobierno Nacional como para la administración distrital, que permitan la contratación del metro de Bogotá antes del 20 de junio de 1997, sujetándose a los topes máximos de participación de la financiación del proyecto que fija la ley.
Así mismo, el Gobierno Nacional presentará al Congreso simultáneamente con el proyecto de ley presupuesto general de la Nación 1997, el “Plan de financiamiento preliminar para la construcción del metro de Bogotá”, en el cual se especificarán las fuentes de financiación previstas para asegurar los aportes del Gobierno Nacional al proyecto de construcción del metro de Bogotá, y se precisará el monto anual de dichos aportes durante los años de duración de la obra conforme a la participación del Gobierno Nacional dispuesta por la ley.
Al tiempo con la presentación del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 1998, el Gobierno Nacional presentará al Congreso el “Plan de financiamiento definitivo para la construcción del metro de Bogotá”.
ART. 29.—Dentro del presupuesto de inversión Nacional se asegurarán recursos a los pueblos indígenas de la siguiente manera: como mínimo el dos por ciento (2%) de los siguientes programas y subprogramas: a) reforma agraria (1.6.1); b) los programas sociales, excluidos los programas especiales de empleo urbano (1.5.2.2), vivienda social (1.9), política de apoyo al desarrollo urbano (1.10), reforma agraria (1.6.1), situado fiscal y participaciones municipales y de los resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la Nación, y c) los programas de medio ambiente, excluidos los subsectores de mejores ciudades y poblaciones (7.4), política poblacional (7.5), hacia una producción limpia (7.6), y sistema nacional ambiental (7.8).
ART. 30.— Durante los años 1996, 1997, y 1998, no menos del 75%, de los recursos de libre asignación a que se refiere el parágrafo primero del artículo 10 de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos de educación, incluyendo lo referente al incremento salarial de los maestros.
ART. 31.—Durante la vigencia de este plan, los municipios con más de cien mil habitantes podrán concurrir con los departamentos y la Nación, a la cofinanciación de obras de infraestructura y dotación de hospitales públicos que presten atención de segundo y tercer nivel, para lo cual utilizarán recursos hasta concurrencia de los diez (10) puntos destinados a inversión en el sector, sin afectar en ningún caso los quince (15) puntos que la ley prevé, para el pago de los subsidios.
Igualmente los departamentos podrán utilizar para el primer, segundo y tercer nivel de atención un porcentaje superior al 50% previsto en la ley, durante la vigencia del presente plan de inversiones, siempre y cuando los requerimientos del primer nivel de atención estén satisfechos.
ART. 32.—En los años 1995 y 1996 los recursos excedentes del fondo de solidaridad y garantía, FSG, en el año inmediatamente anterior, podrán destinarse a la cofinanciación de inversiones de la infraestructura y dotación hospitalaria identificadas como prioritarias en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Estos recursos deberán ejecutarse a través del Fondo de Inversión Social, FIS, mediante convenios con el fondo de solidaridad y garantía, FSG, del Ministerio de Salud.
También podrán ser utilizados en el pago de servicios asistenciales a la población de bajos recursos económicos (NBI), mediante el sistema de facturación.
ART. 33.—El Gobierno Nacional procederá en los próximos seis meses a constituir un fondo prestacional especial que absorba, en el término de diez años, el pasivo pensional acumulado en la Caja de Crédito Agrario.
El Gobierno Nacional fortalecerá la Caja de Crédito Agrario con aportes presupuestales y acciones oportunas para compensar el costo de su labor de fomento social y la prestación de servicios en regiones apartadas en todo el territorio nacional. Para estos propósitos la caja suscribirá convenios de desempeño que aseguren el cabal cumplimiento de su objetivo.
ART. 34.—Para asignar eficientemente el gasto social y garantizar que beneficie a la población que más lo necesita, los subsidios en los servicios públicos domiciliarios se otorgarán a las personas de menores ingresos, determinados a través de la estratificación socio-económica. Para esto, los municipios tendrán que hacer sus estratificaciones urbanas y rurales antes del 30 de junio de 1996 y obtener certificación del Gobierno Nacional que las hicieron aplicando correctamente la metodología suministrada por el Departamento Nacional de Planeación.
ART. 35.—El Gobierno Nacional a través de Ecopetrol promoverá la construcción de centros de acopio para combustibles en la costa pacífica, con el propósito de reducir su costo a los usuarios de dicha región.
ART. 36.—La Nación, a través del Instituto Nacional de Vías y sus seccionales, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación, hará mantenimiento y construcción de la infraestructura vial de la red troncal y transversal a su cargo, y hará el seguimiento de los proyectos de concesión de vías nacionales.
El gobierno reglamentará y organizará cada seccional del Instituto Nacional de Vías para su buen funcionamiento, que corresponda a los actuales distritos de obras.
De la misma manera, el Gobierno Nacional reorganizará dentro de los próximos seis meses, a partir de la vigencia de la presente ley, el fondo nacional de caminos vecinales y sus correspondientes seccionales para que, sin perjuicio del proceso de descentralización establecido en la Constitución, dicha entidad continúe atendiendo con recursos del programa de construcción de red terciaria (4.4.1.2.2) y del fondo de cofinanciación de vías, la construcción, conservación y mantenimiento de la red terciaria, hasta tanto los departamentos y municipios demuestren que pueden asumir dichas funciones.
Suspéndese el proceso de liquidación que se viene adelantando. La comisión del Congreso de la República encargada de vigilar el cumplimiento del plan nacional de desarrollo se encargará específicamente de vigilar todo el proceso de reorganización del fondo nacional de caminos vecinales.
ART. 37.—En el evento en que los ingresos descritos en el artículo 19, no alcancen los niveles allí señalados, el Gobierno Nacional, mediante decreto, deberá reducir o eliminar, anualmente, algunos de los programas y subprogramas del plan nacional de inversiones públicas 1995-1998, teniendo en cuenta el peso relativo que cada uno tenga en las inversiones de las entidades afectadas por la disminución de dichos ingresos y su composición regional.
En tal eventualidad se requerirá concepto previo de la comisión de seguimiento.
ART. 38.—Cuando la liquidez de la Tesorería General de la República lo permita, podrán anticiparse los giros correspondientes a la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.
Igualmente, la Tesorería General de la República podrá pactar condiciones preferenciales con las instituciones financieras que permitan compensar los servicios que dichas instituciones prestan a las entidades territoriales en el manejo de los recursos.
ART. 39.*—Los recursos propios del fondo nacional de regalías harán parte del presupuesto general de la Nación e ingresarán a la tesorería general, la cual, dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, deberá girarlos a favor del fondo nacional de regalías y su manejo estará a cargo de la comisión nacional de regalías. El no giro de estos recursos, dentro del término aquí fijado, será causal de mala conducta.
ART. 40.—La Nación-Ministerio de Defensa y Seguridad y sus entidades adscritas y vinculadas, podrán vender sus activos con el fin de financiar proyectos suplementarios o extraordinarios de inversión a los contemplados en este plan.
ART. 41.—Para posibilitar la descentralización que ordena la constitución política de Colombia, el Gobierno Nacional firmará convenios con las gobernaciones, alcaldías y entidades territoriales, con el fin de ayudar a la Nación a ejecutar la inversión ordenada en este plan.
ART. 42.—Los programas, subprogramas y proyectos que conforman el plan nacional de inversiones públicas 1995-1998 podrán ejecutarse mediante la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política.
PAR. 1º—Los programas de subsidios de la red de solidaridad social, serán ejecutados preferencialmente por las juntas de acción comunal con personería jurídica y entidades de economía solidaria.
PAR. 2º—los programas para los pueblos indígenas serán ejecutados prioritariamente por las autoridades indígenas debidamente reconocidas y por las asociaciones de éstas de que trata el Decreto 1088 de 1993.
ART. 43.—Modernización institucional y participación ciudadana. Las entidades, asociaciones o agremiaciones que de acuerdo con la ley administren recursos parafiscales deberán elegir sus representantes y directivos por medios democráticos, incluyendo los mismos adoptados para la rama del poder legislativo.
ART. 44.—La ejecución del plan de inversiones 1995-1998 se hará de acuerdo con el documento Conpes que se produzca en los treinta (30) días siguientes a la vigencia de la ley del plan de desarrollo y de inversiones, el cual tendrá como base la regionalización indicativa producto de la concertación con las regiones.
ART. 45.—El consejo nacional de planeación ejercerá sus funciones de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. Para el cumplimiento de sus funciones el DNP prestará al consejo el apoyo administrativo y logístico.
ART. 46.—Comisión de seguimiento. Habrá una comisión parlamentaria de seguimiento al cumplimiento de la ley del plan de desarrollo y plan de inversiones, compuesta por cuatro senadores y seis representantes a la cámara designados por las comisiones económicas.
ART. 47.—La presente ley rige desde la fecha de su publicación y deroga, modifica o suspende las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Santiago de Cali, a 2 de junio de 1995.
(Nota: Con excepción del artículo 39, la presente Ley fue derogada por la Ley 508 de 1999* artículo 160).