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Timestamp: 2018-10-19 09:24:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 23']

﻿ Sentencia 2008-00153 de marzo 22 de 2013
SENTENCIA 2008-00153 DE 22 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. LAS ACCIONES SE CONSIDERAN ACTIVOS FIJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENAJENEN DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DEL CONTRIBUYENTE, CASO EN EL QUE LOS INGRESOS QUE SE OBTIENEN POR SU VENTA NO HACEN PARTE DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRIBUYENTE, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ENAJENACIÓN DE ACCIONES
Sentencia 2008-00153 de marzo 22 de 2013
Nº Interno: 18179
Demandado: Distrito Capital- Secretaría de Hacienda
CIIU-A.C. Distrito Capital Descripción actividad Acuerdo 65 de 2002 tarifa por mil
En el artículo 4º del Acuerdo 28, el Concejo fijó las tarifas para el impuesto de industria y comercio a partir del año 1996, y precisó que las tarifas serían las mismas que venían rigiendo, excepto para la actividad industrial, la que gravó con la tarifa del 8% o.
Conforme con lo regulado en ese acuerdo, se tiene que si bien el código 104 se refería a la impresión de libros, revistas y periódicos, para el tratamiento especial que reguló el Concejo en el parágrafo 2º del artículo 24 del acuerdo solo se consideró la impresión de revistas y periódicos, y dejó por fuera la impresión de libros. En consecuencia, se pudo interpretar que a la actividad de impresión de libros se le aplicaba la regla establecida en el parágrafo primero del artículo 24 del Acuerdo 21 de 1983.
309 Publicación de revistas, libros, 2 por mil
Periódicos, radio y televisión”(6)
Conforme con los antecedentes del acuerdo, quedó claro que el objeto de la reforma fue, en principio, no gravar el porcentaje de edición de periódicos no vendido en Bogotá. Sin embargo, en aras de promover en condiciones de igualdad las actividades que desarrollan los medios de comunicación, se decidió identificar en un mismo código la publicación no solo de periódicos y revistas, sino también la de libros.
301 Transporte; publicación de revistas, libros y periódicos; radiodifusión y programación de televisión...................... tres por mil”
Hasta lo aquí expuesto, se concluye que la intención del Concejo, frente a la actividad de publicación de revistas, libros y periódicos, siempre fue gravarla con la tarifa del 3 por mil, a pesar de que en los acuerdos siempre se especificaron unos códigos residuales correspondientes a “las demás actividades industriales” o “las demás actividades de servicios”.
Ahora bien, conforme se comentó anteriormente, fue a raíz de la expedición del Decreto Ley 1421 de 1993(8) que se facultó al Concejo Distrital para fijar las tarifas del impuesto de industria y comercio. Facultad que ejerció expidiendo el Acuerdo 28 de 1995. Ese acuerdo, como se precisó, adoptó las tarifas para el año 1996 en adelante, pero en estricto sentido lo que hizo fue retomar las que estaban vigentes. La novedad de ese Acuerdo es que aumentó la tarifa para la actividad industrial y para “las demás actividades industriales” al 8 por mil, así:
Así, en el caso de la actividad de “transporte; publicación de revistas, libros y periódicos; radiodifusión y programación de televisión”, mantuvo la clasificación y la tarifa que habían sido fijadas en el artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988 (cód. 301 y tarifa del 3 por mil).
La clasificación industrial internacional uniforme CIIU (Revisión 3 A.C.,) por razones prácticas, solo puede tener un número limitado de categorías, y la realización de una única actividad puede resultar en muchos casos incompatible con la organización de las actividades. Así mismo, la CIIU tiene por finalidad atender las necesidades de quienes precisan datos clasificados por categorías internacionalmente comparables de tipos de actividad económica. Sin embargo, esta clasificación no tiene por objeto ocupar el lugar de las clasificaciones nacionales, sino proporcionar un marco para la comparación internacional de estadísticas nacionales(12).
Se observa entonces que la clasificación que hace el CIIU de la actividad de edición de periódicos y revistas no discrimina si es o no una actividad comercial, industrial o de servicios, sino que simplemente se limita a reunir en un solo concepto la actividad económica que allí se describe.
La Sala resalta que el Decreto 1421 de 1993 solo le otorgó facultades al Alcalde Mayor para expedir la normatividad necesaria para reunir en un solo texto todas aquellas disposiciones que en materia de impuestos distritales se encontraban vigentes en ese momento, pero sin llegar a modificar el contenido y alcance de las mismas.
Si bien, como lo afirma la administración, de la actividad de “edición de periódicos y revistas” pueden derivarse ingresos por ejecutar la actividad para sí mismo como actividad industrial o por cuenta de otros, como actividad de servicios, la asignación de una tarifa diferente para las dos actividades, se reitera, era de competencia exclusiva del Concejo Distrital y no de la autoridad local”.
Frente a lo anterior, la sociedad demandante sostuvo que la enajenación de acciones no constituye el giro ordinario de sus negocios. Explicó que la sociedad Inversiones cromos le entregó 2.900.000 acciones, con valor nominal de $ 1.000 cada una, por concepto de dación de pago de una deuda que tenía con la sociedad Comunican. Que la propiedad de dichas acciones se originó en la recuperación de una deuda con un tercero, mas no en una inversión en acciones, situación esta que no desvirtúa la naturaleza de activo fijo de las mismas.
La demandante sostuvo que la prueba irrefutable de que las acciones no se adquirieron como inversión en sociedades, sino como resultado del pago de la acreencia a favor de Comunican, son las actas respectivas y las certificaciones de la composición accionaria de Cromos S.A., suscritas por su representante legal, en la que se demuestra que al 29 de marzo de 2004, antes del pago de la obligación, el único socio de Cromos era Primedia LTDA. con el 100% de las acciones; que el 30 de marzo de 2004, fecha de la operación de pago, los accionistas eran Primedia LTDA. con el 3.09% de las acciones y Comunican S.A. con el 96.9% de las acciones, mientras que al 31 de marzo de 2004 los socios eran Primedia LTDA con el 3.091%, Invernac & CIA SCA con el 48.454% y Santo Domingo y CIA S EN C con el 48.54%.
En el caso en examen, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Comunican S.A. señala que el objeto social de la sociedad es “A) la explotación industrial y comercial, en todas sus formas, del negocio de artes gráficas, así como la redacción, edición, publicación, administración, distribución y venta del periódico el espectador y toda clase de periódicos, revistas, libros y folletos, b) la creación, producción, edición, distribución y/o comercialización de contenidos informativos, noticiosos, culturales o de entretenimiento, por cualquier medio, bien sea impreso, en acetato, video, medio magnético o virtual; c) la creación, producción, promoción, distribución y/o comercialización de todas las formas de propiedad intelectual o industrial, de derechos de autor, fonomecánicos, tangibles e intangibles. d) la explotación industrial y comercial de actividades relacionadas con la propaganda y la publicidad. e) la celebración de actos y contratos de representación, agenciamiento, corretaje, intermediación y/o alianzas, convenios, concesiones o uniones temporales para la creación, apoyo, difusión, licenciamiento y/o comercialización de toda clase de eventos informativos, educativos, culturales o para la creación, apoyo, difusión, licenciamiento, transferencia y/o comercialización de eventos, marcas, signos distintivos, obras y creaciones de propiedad industrial o intelectual. f) la inversión de sus fondos o disponibilidades, en activos financieros o valores mobiliarios tales como títulos y papeles, emitidos por sociedades comerciales, instituciones financieras o entidades públicas, así como su negociación, venta permuta o gravamen”.
(...) propongo emitir y colocar de 2.900.000 acciones por valor nominal de $ 1.000 cada una para capitalizar la acreencia a favor de la sociedad Comunican S.A. y a cargo de Inversiones Cromos S.A., por la suma de dos mil novecientos millones de pesos ($ 2.900.000.000) moneda corriente. Dichas acciones serán suscritas únicamente por la sociedad Comunican S.A.”
5. Autorizaciones.
5.1. Negociación de acciones.
Teniendo en cuenta la decisión de la asamblea de accionistas de Inversiones Cromos S.A. celebrada el 30 de marzo de 2004, de capitalizar la acreencia a favor de la sociedad Comunican S.A. y a cargo de Inversiones Cromos S.A., por la suma de dos mil novecientos millones de pesos ($ 2.900.000.000) moneda corriente, la junta directiva adoptó por unanimidad las siguientes decisiones:
Autorizó al representante legal de Comunican S.A. para la cesión de estas acciones así:
1.450.000 acciones a Invernac & CIA S.C.A. para pagar las obligaciones adquiridas por Comunican S.A. a favor de Invernac & CIA S.C.A. por la suma total de 42.027.480.971.
1.450.000 acciones a Santo Domingo y CIA S EN C para pagar las obligaciones adquiridas por Comunican S.A. a favor de Santo Domingo y CIA S en C por la suma total de $ 2.027.480.971”.
Se precisa que, si bien el numeral 5º del artículo 20 del Código de Comercio, incluye como actividades mercantiles “La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones”, lo cierto es que la sociedad actora no tiene como objeto social principal la venta de acciones, ya que al adquirir esporádicamente acciones o cuotas partes sociales, no lo hace con el ánimo de enajenarlas en el giro ordinario de sus negocios, sino para que permanezcan en su patrimonio. Esta posición ha sido reiterada en diversas oportunidades por la Sala(19).
(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 250002327000200601012-02 (17271), Consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, proferida con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad del aparte “Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. Tarifa por mil 11.04” del artículo 1º de la Resolución 219 de 25 de febrero de 2004, proferida por el Secretario de Hacienda del Distrito de Bogotá.
(4) “ART. TRANS. 41.—Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes”.
(6) En los antecedentes del acuerdo se precisó que “...hacer desaparecer la impresión y edición de libros, revistas y periódicos del código 104 del artículo 21 (tarifas industriales) creando el nuevo código 309 del artículo 23 (tarifas de servicio), se convertiría en una herramienta plausible con el fin de no gravar el porcentaje de edición no vendido en Bogotá, acto que tendría que ser realizado por los representantes de cada publicación, en cada municipio, evitando con esto la doble tributación.” (Fuente: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 4 de noviembre de 1994, C.P. Jaime Abella Zárate.)
(7) “Por el cual se reforma la estructura tributaria distrital y se dictan otras disposiciones”.
(8) “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital”,
(9) “ART. 14.—Facultades extraordinarias. Otórganse facultades extraordinarias al Alcalde Mayor de Santa de Bogotá, Distrito Capital, por el término de 6 meses a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, para:
(10) Esta sección en sentencia del 4 de noviembre de 1994, Expediente 5669, C.P. Jaime Abella Zárate, después de efectuar un análisis normativo sobre la evolución del ICA en este tipo de actividades, concluyó que “desde 1985 la actividad de publicación de revistas, libros y periódicos ha sido considerada como de “servicios”, tratamiento que el Concejo conservó después, no obstante la expedición del acuerdo 11 de 1988 reformatorio del acuerdo 21 de 1983, pues las únicas modificaciones que efectuó fueron la recodificación del capítulo de servicios para incluir la actividad de transporte y el aumento de la tarifa (del 2 al 3 por mil)
Posteriormente, se llevó a cabo un trabajo de investigación más exhaustivo que dio como resultado la CIIU Rev. 3 Adaptada para Colombia, que fue entregada a la comunidad estadística nacional, mediante la Resolución 0056 del 23 de enero de 1998. En esta adaptación las secciones y divisiones son idénticas en su nomenclatura, pero o siempre existe identidad en el contenido y nomenclatura de los grupos y clases. De igual manera, en el año 2005 fue necesario realizar una modificación en la estructura de la CIIU Rev. 3 A.C., con el fin de incluir de manera desagregada las actividades de los “profesionales en compra y venta de divisas”, ajuste que se oficializó mediante la Resolución 300 del 13 de mayo de 2005.
La cuarta revisión de la CIIU, que fue entregada a la comunidad estadística internacional en agosto de 2008, refleja de mejor manera la actual estructura de la economía mundial, reconociendo nuevas industrias surgidas en los últimos 20 años, facilitando la comparación internacional a través del aumento en la comparabilidad con las clasificaciones regionales existentes. En la actualidad, el DANE está adaptando esta clasificación a las características de la economía nacional.” (Fuente: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=548%3Aciiu-rev-3-ac-antecedentes-&catid=102%3Ainternacionales&Itemid=1).
(18) Puede consultarse, entre otras, las sentencias del 22 de septiembre de 2004, Expediente 13726, Consejera Ponente María Inés Ortiz Barbosa; del 23 de abril de 2009, Expediente 16789, Consejera ponente Martha Teresa Briceño de Valencia y, del 25 de junio de 2012, Expediente 17761, Consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(19) Consejo de Estado, Sentencia del 3 de abril de 2008, Exp. 16054. C.P. Ligia López Díaz; Consejo de Estado, Sentencia del 16 de noviembre de 2001, Exp. 12299. C.P. Ligia López Díaz y, sentencia del 19 de mayo de 2011, expediente 18263, Consejera Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia.