Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-03-18 12:32:36
Document Index: 380711517

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INFORME EN DERECHO SOBRE MOCIÓN PARA RESTABLECER LA PENA DE MUERTE PARA DETERMINADOS DELITOS
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000200008
INFORME EN DERECHO SOBRE MOCIÓN PARA
RESTABLECER LA PENA DE MUERTE PARA
DETERMINADOS DELITOS
El presente informe en derecho es emitido a petición del Presidente del Senado de la República, don Andrés Zaldívar Larraín, a propósito del eventual conflicto entre el bloque constitucional del derecho a la vida y las restricciones a la pena de muerte que se deriva del artículo 5 inciso 2 y artículo 19 N1 de la Constitución en armonía con los artículos 1, 2 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y un proyecto de ley que regula el delito de pedofilia y que reintroduce la pena de muerte en el Código Penal, luego de haber sido suprimida tal pena de nuestro ordenamiento jurídico en tiempos de paz, de acuerdo con la Ley N19.734.
El informe se divide en las siguientes partes:
1. Los derechos esenciales, fundamentales o humanos en la Constitución Política de la República.
2. La interpretación del bloque constitucional de derechos y las normas jurídicas que los aseguran y protegen.
3. El derecho a la vida y la pena de muerte en el bloque constitucional de derechos.
4. El sentido y alcance del artículo 4, párrafo 2, in fine, de la Convención Americana de Derechos Humanos dentro del Bloque Constitucional del derecho a la vida.
1. LOS DERECHOS ESENCIALES, FUNDAMENTALES O HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
La Constitución Política de la República establece en su artículo 5 inciso 2 que "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes".
El sentido y alcance de la reforma constitucional de 1989 que agregó al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución, su segunda frase, tuvo por objeto otorgar seguridad jurídica de que los derechos esenciales asegurados y garantizados por nuestra norma fundamental no eran solo los que señalaba el artículo 19 de la Constitución, sino también los que estaban reconocidos en los tratados de derechos humanos que el Estado Chileno ratificara y se encontraren vigentes en el derecho internacional.
De esta manera, la Constitución asegura la existencia de derechos esenciales de la persona humana, en un catálogo integrado por los derechos asegurados por la Constitución misma y los derechos asegurados por el derecho convencional internacional ratificado por Chile y vigente, dentro del cual se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los derechos asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos son derechos esenciales, que el Estado ha reconocido como tales, al ratificar la Convención, y hacer suyo el preámbulo de dicha Convención en sus párrafos primero y segundo que establece que los derechos en ella asegurados tienen su fundamento en los atributos de la persona humana y constituyen derechos esenciales del hombre. Tales derechos integran el bloque constitucional de derechos esenciales que limitan la soberanía estatal.
Todo ello, sin perjuicio, de que nuestra Constitución acepta que este catálogo de derechos es abierto, al reconocerse la existencia de derechos esenciales implícitos, como lo ha determinado nuestro Tribunal Constitucional: "...la doctrina como nuestra Constitución Política reconocen la existencia de derechos, aunque no estén consagrados en el texto constitucional, a menos que esta consagración implique una violación a las normas fundamentales.
"Esta última expresión significa que los hombres son titulares de derechos por ser tales, sin que sea menester que se aseguren constitucionalmente para que gocen de la protección constitucional"1.
Esta perspectiva se complementa armónicamente con el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su literal c), que determina:
c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano, o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) Excluir o limitar el efecto que puede producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".
El artículo 29 literal c) de la CADH, determina el efecto vinculante de otros derechos que, aun cuando no fueron recogidos expresamente por el texto de la Convención y de la Constitución Política respectiva, quedan implícitamente garantizados en virtud de esta norma.
Podemos señalar que dentro de los actos internacionales de la misma naturaleza que señala el artículo 29 literal d de la CADH, se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus pactos complementarios en materia de derechos humanos.
Lo anteriormente señalado nos permite afirmar que en nuestro sistema constitucional los derechos esenciales, fundamentales o humanos, no están en las normas jurídicas, los derechos no se constituyen en la norma positiva, ésta solo los asegura, los garantiza y los promueve, como lo afirma la Carta Fundamental en sus artículos 5 y 19, los derechos emanan de la dignidad humana, como lo manifiesta tanto el artículo 1 de la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos en su preámbulo. Los derechos esenciales de la persona tampoco se realizan en las normas jurídicas sino que ellos se concretan en su vigencia sociológica, la que demuestra su práctica efectiva. La norma jurídica sólo indica vigencia normonológica y genera una cierta seguridad jurídica del derecho esencial.
Así en nuestro orden constitucional existe un bloque constitucional de derechos esenciales o humanos, constituido por los derechos expresamente asegurados en el texto de la Carta Fundamental, los cuales se complementan, enriquecen y fortalecen con los enunciados normativos de tratados internacionales que contribuyen a delimitar mejor, a proteger más o a fortalecer los derechos y garantías de los derechos esenciales, fundamentales o humanos, como asimismo, por los eventuales derechos implícitos.
Las fuentes formales internas e internacionales de derechos esenciales se retroalimentan y complementan con el objeto y fin de fortalecer el sistema de aseguramiento, garantía y protección de los derechos, optimizando el sistema de derechos de la persona humana, que es lo que la Carta Fundamental determina. Así el Estado Constitucional chileno interioriza los derechos humanos que le son dados desde fuera, cuando libre y voluntariamente ratifica tratados internacionales que contienen enunciados normativos sobre derechos esenciales o humanos y sus garantías.
2. LA INTERPRETACIÓN DEL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y DE LAS NORMAS QUE LOS ASEGURAN Y GARANTIZAN
Los órganos del Estado y sus agentes de ejercicio están vinculados directamente por la Constitución y deben interpretar el ordenamiento jurídico desde la Constitución como lo dispone el art. 6 de ella, lo que en materia de derechos esenciales lleva a integrar el bloque constitucional de derechos.
Así lo ha determinado la jurisprudencia:
"El principio lleva consigo la necesidad de la aplicación inmediata y directa de la Constitución a una situación de hecho o fenómeno jurídico o derechos determinados. Así se desprende del carácter imperativo de sus contenidos, carácter explicitado a su vez en el inciso 2 del mismo artículo (6 de la Constitución), al prescribir que 'los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo'. Como complemento y exigencia de tal supremacía se alza, en consecuencia, el método de interpretación de las leyes, que obliga al intérprete a que, ante varias interpretaciones posibles de la ley, debe considerarse y aplicarse aquella de las interpretaciones que más se ajuste a la Constitución, lo que obliga a los jueces a interpretar sus contenidos de un modo sistemático tal que el resultado de dicha interpretación conduzca al efectivo reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, fuente primaria en que se asienta el orden jurídico. Este pilar del principio, en derechos humanos, se contiene en efecto en el artículo 5 inciso 2 de la Ley Fundamental"2.
La labor interpretativa constitucional requiere reconstruir todo el contenido que establece el complejo normativo de la Constitución, el que debe ser hecho teniendo en consideración sus valores, principios, fines y razón histórica dentro del contexto del presente, obligando a una interpretación sistemática, integradora y finalista.
A su vez, la integración y confluencia de un bloque de derechos esenciales asegurados por normas de derecho interno y por normas de derecho convencional internacional obliga a unificar el criterio de interpretación del sistema de derechos dándole coherencia y atendiendo a la finalidad de aplicar el enunciado normativo que mejor proteja y garantice los derechos, de acuerdo con el principio favor homine o pro cives, además de hacerlo respetando como mínimo el contenido asegurado por los enunciados normativos de derechos contenidos en el derecho internacional convencional ratificado por Chile y vigente.
El Estado de Chile al ratificar tratados internacionales se compromete a cumplir de buena fe tales obligaciones como lo establece la Convención sobre Derecho de los Tratados en sus artículos 26 y 27, la que ha sido ratificada por Chile y que se encuentra plenamente vigente.
En tal sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha afirmado que la prescindencia de aplicar normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales compromete la seguridad y el honor del Estado de Chile y debilita el Estado de Derecho, no pudiendo invocarse el derecho interno para incumplir obligaciones internacionales:
"Que se comprometería la seguridad y el honor del Estado de Chile ante la comunidad internacional, como se destaca en la sentencia recurrida, si el Tribunal efectivamente prescindiera de aplicar las normas internacionales cuando ello fuera procedente. Pues, es un principio reconocido universalmente que las naciones civilizadas no pueden invocar su derecho interno para eludir las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por dichos tratados, lo que, ciertamente, de producirse debilitaría el Estado de Derecho"3.
Asimismo la Excma. Corte Suprema ha determinado que los tratados deben cumplirse de buena fe, ellos tiene aplicación preeminente y que los derechos esenciales contenidos en ellos constituyen límites al poder estatal, incluido el poder constituyente:
"... ... El Estado de Chile se impuso en los citados convenios internacionales la obligación de garantizar la seguridad de las personas (), quedando vedado por este Convenio disponer medidas que tendieren a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe. Y, en cuanto el pacto persigue garantizar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tiene aplicación preeminente, puesto que esta Corte Suprema, en reiteradas sentencias lo ha reconocido.
"Que en la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional del artículo 5 inciso segundo, queda claramente establecido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce como límite los derechos que emanan de la naturaleza humana; valores que son superiores a toda norma que puedan imponer las autoridades del Estado, incluido el propio Poder Constituyente, lo que impiden sean desconocidos"4 .
Asimismo, el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N 288 sobre acuerdo entre Chile y Argentina sobre límites, ha establecido que "el tratado y la ley son fuentes del derecho diferentes" (considerando 6), como asimismo, que "después de la ratificación formal, el Estado se encuentra obligado a respetar sus cláusulas"(considerando 14)5.
Nuestro sistema de derechos esenciales está estructurado de acuerdo al principio de progresividad o integralidad maximizadora del sistema, que determina que incorporado al sistema un derecho esencial o un elemento que constituya un plus de enriquecimiento o mejor garantía, ello no puede luego desconocerse, ya que lo que se considera como derecho esencial y se incorpora como tal en el enunciado normativo es un atributo del ser humano como tal, sobre lo que no puede retrocederse sin afectar el contenido esencial del derecho, de acuerdo con el artículo 19 N 26 de la Constitución. Asimismo, el principio de progresividad posibilita enriquecer y profundizar los derechos y sus garantías con todos los plus que se vayan incorporando progresivamente, a través de las diferentes fuentes del derecho constitucional, sean internas o internacionales.
Dicho principio se encuentra positivado en nuestro ordenamiento jurídico, al momento de ratificarse la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 29 establece la norma de interpretación en materia de tales derechos, la que en su literal b, determina que, ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de "limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de los Estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados".
En materia de interpretación de tratados nuestro ordenamiento tiene normas especiales al haber ratificado e incorporado al ordenamiento nacional la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece en su artículo 31.1. que los tratados deben interpretarse "de buena fe, conforme con el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin". Asimismo, debe tenerse como medios complementarios de interpretación, en especial los trabajos preparatorios del tratado, los cuales sirven para confirmar el sentido resultante de aquella interpretación o cuando ésta deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, como determina el artículo 32 de dicha Convención.
Además debe tenerse presente que los tratados de derechos humanos, "no son tratados multilaterales de carácter tradicional, concluido en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes", sino que su "objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros estados contratantes", como lo ha determinado la Corte Interamericana en su resolución sobre el efecto de la reservas, párrafo N29.
Finalmente, debe tenerse presente que todo enunciado normativo que limite o restrinja los derechos y sus garantías debe interpretarse restrictivamente. A ello obliga igualmente el artículo 29 de la CADH que prescribe:
"Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupos o personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella".
3. EL DERECHO A LA VIDA Y LA PENA DE MUERTE EN EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE DERECHOS
La Constitución Política asegura "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica" en el inciso primero del artículo 19 N1. La misma disposición señala en su inciso 3 que "la pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado".
El Estado de Chile ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, dictando luego el Decreto N 873 de 5 de enero de 1991, encontrándose dicha Convención en plena vigencia internacional y nacional, habiéndose incorporado al derecho interno.
Dicha Convención establece dos obligaciones para los Estados Partes que el Estado chileno ha aceptado e incorporado a su derecho interno mediante su ratificación y publicación en el Diario Oficial de la República:
A) La primera se refiere al artículo 1 de la Convención que establece: "1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social"6. Esta obligación imperativa del Estado parte indica que los derechos reconocidos y garantizados por la Convención son de ejecución directa e inmediata, no quedando a discrecionalidad del Estado Parte su cumplimiento o su implementación normativa.
B)La segunda obligación la establece el artículo 2 de la Convención y consiste en la obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias si el ordenamiento jurídico estatal no se encuentra adecuado a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos contenidos en la Convención, por tanto, el Estado incumple su deber de respeto e infringe la Convención cuando no adecua su ordenamiento jurídico al respeto irrestricto de los derechos y garantías asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos. El texto de dicho artículo es el siguiente: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades"7. El concepto medidas de otro carácter que emplea el texto se refiere a las medidas administrativas, normativas o jurisdiccionales que debe adoptar todo órgano o agente del Estado destinadas a dar cumplimiento de buena fe a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos que exige la Convención que es parte de nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 4 de la CADH que asegura el derecho a la vida establece en los numerales de interés para este informe lo siguiente:
"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
"2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente.
"3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido.".
Por ley 19.734, se derogó parcialmente la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico en tiempos de paz, manteniendo la pena de muerte para determinados delitos en tiempos de guerra. El proyecto de ley presentado por el senador Juan Hamilton (Boletín 2367-07) buscaba eliminar la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico, sustituyéndola por la de presidio perpetuo en "todas las leyes penales" (art. 5), pero pese a las buenas razones para ello esgrimidas por parlamentarios de todos los sectores representados en el Congreso Nacional, luego de una intervención del Subsecretario de Marina que abogó por mantener la pena de muerte en tiempos de guerra, por ser "de alguna manera útil y necesaria" y dispuesta por "consideraciones de práctica bélica", se logró el consenso necesario para mantener la pena de muerte reducida únicamente "en tiempos de guerra" para delitos del Código de Justicia Militar y de algunas leyes especiales.
En la actualidad dentro del proyecto de ley referente a la sanción del delito de pedofilia se ha planteado una indicación que tiene por objeto restablecer la pena de muerte en el Código Penal, en tiempo de paz, para sancionar a los autores del delito antes mencionado, que además cometan homicidio del menor.
Es claro que en Chile no se ha abolido la pena de muerte, ya que la ley 19.734, la había mantenido vigente para algunos delitos en tiempo de guerra, por lo que no es aplicable al proyecto en trámite la prohibición establecida en el artículo 4 párrafo tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos.
4. EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DENTRO DEL BLOQUE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA VIDA
El punto central de análisis es, por tanto, si a través de la indicación senatorial admitida a tramitación que restablece la pena de muerte en tiempo de paz para la específica hipótesis que se consigna, aprobada por la Comisión de Constitución del Senado por tres votos a dos, se afecta el derecho a la vida y se lo menoscaba más allá del mínimo autorizado por el numeral 2, in fine, del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que determina respecto de la pena de muerte "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se les aplique actualmente".
El análisis del artículo 4 de la Convención Americana tiene como objeto y fin la protección del derecho a la vida. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su O.C. 3/1983, "el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena (de muerte), sea en su imposición, sea en su aplicación"8.
La Corte Interamericana en la opinión Consultiva comentada agregará que, a través del artículo 4.2, in fine, de la CADH, "no se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado dicha determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la suspensión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así la expansión de la lista de crímenes castigado con esa pena"9.
La Corte precisa que en la materia en análisis "la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final"10.
Ello se reafirma con el análisis de los trabajos preparatorios de la Convención, donde en la sesión Plenaria de Clausura, catorce de las diecinueve delegaciones participantes, determinaron que:
"recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos ­ Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América a la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre (Actas y documentos, supra, pág. 467)"11, lo que coincide con el acta del relator de la Comisión I, el que expresó "La Comisión dejó constancia, en este artículo, de su firme tendencia a la supresión de la pena de muerte"12.
De acuerdo con tales antecedentes, teniendo presente el objeto y fin del tratado y la finalidad última del artículo 4 que es la protección de la vida humana y la eliminación progresiva hasta la abolición definitiva de la pena de muerte en los Estados partes, conforme al sentido corriente de las expresiones del artículo 4, párrafo 2, in fine, no cabe duda que dicha disposición determina que un Estado Parte que suprime la pena de muerte en general para todos los delitos en tiempo de paz, como lo hizo el Estado chileno a través de la ley N19.734, dado el sentido de eliminación progresiva de la pena de muerte que contempla la disposición analizada, no puede volver a restablecerla, especialmente si el Estado no hizo reserva oportunamente que excluyera de fuerza obligatoria del artículo 4, párrafo 2, in fine, que pudiere ser considerada compatible con el objeto y fin de la Convención.
Así nuestra opinión en derecho es que el artículo 4, párrafo 2, in fine, de la Convención Americana de Derechos Humanos prohibe a los Estados Partes, y por tanto, al Estado Chileno, el restablecimiento de la pena de muerte como sanción para delitos respecto de los cuales el Estado la había eliminado y actualmente no existe, mientras se encuentre vigente la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyos enunciados normativos del artículo 4, párrafos 1, 2 y 3 forman parte de la delimitación constitucional del derecho a la vida asegurado en el artículo 19 N1 de la Constitución.
En tal perspectiva, un proyecto de ley que lo posibilitara vulnera el bloque constitucional del derecho a la vida determinado por el artículo 19 N1 de la Constitución y 4 de la CADH, además de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En todo caso, si persistiere alguna duda fundada sobre el sentido y alcance del artículo 4 párrafo 2, in fine, de la CADH, por algunos sectores del Senado, sería adecuado y pertinente, en última instancia, cumpliendo de buena fe las obligaciones impuestas por la Convención, solicitar una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención sobre la compatibilidad entre una ley que restablezca la pena de muerte, luego de haber sido eliminada durante la vigencia de la Convención y el artículo 4, párrafo 2, in fine.
No debe olvidarse que la obligación de los órganos del Estado y sus agentes de ejercicio para con los derechos esenciales de la persona humana, no es sólo la de respetarlos, sino también de promoverlos, como señala el artículo 5 inciso 2 de la Constitución, exige ya no sólo un deber de abstención de dañarlos, sino el deber de contribuir a su fortalecimiento y la eliminación de todo obstáculo que lo impida, además de realizar siempre una interpretación acorde con el sentido de la norma y el espíritu del sistema de derechos respetando su objeto y fin, como asimismo, teniendo en consideración el contexto y la razón histórica, lo que implica negar las posiciones reduccionistas, desarrollando una organización institucional y un sistema normativo que asegure el libre y pleno ejercicio de los derechos, desarrollando conductas preventivas de todo acto o norma en contrario.
Por último, es necesario tener presente la responsabilidad internacional del Estado de Chile por los actos de cualquiera de sus órganos que expida o aplique leyes que sean violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos13, sobre lo cual debe valorarse adecuadamente la Opinión Consultiva 14/94 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos14.
(*) Doctor en Derecho, Universidad de Lovaina, Bélgica. Profesor Titular de Derecho Constitucional y Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Chile.
1 Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, Rol N 226, considerando 25, de fecha 30 de octubre de 1995.
2 I. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N 28.075 de 9 de julio de 2001, considerando 16.
3 Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 26 de octubre de 1995, considerando 14.
4 Sentencia de la Excma. Corte Suprema de justicia, Rol N 469-98de 9 de septiembre de 1998. El subrayado es nuestro.
5 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 24 de junio de 1999.
6 Lo destacado es nuestro.
7 Lo destacado es nuestro.
8 Opinión Consultiva 3/83, párrafo 52.
9 Opinión Consultiva 3/83, párrafo 56.
10 Opinión Consultiva 3/83, párrafo 57.
11 Opinión Consultiva 3/83, párrafo 58
12 Opinión Consultiva 3/83, párrafo 58.
13 Ver Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso La última tentación de Cristo, especialmente el voto del Presidente de la Corte, Dr. Cancado Trindade.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N 14/94 de 9 de diciembre de 1994. Responsabilidad internacional por Expedición a aplicación de Leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).