Source: https://asmedasantioquia.org/2019/03/26/las-pensiones-en-el-plan-de-desarrollo/
Timestamp: 2020-07-09 01:08:16
Document Index: 12033476

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'Artículo 119', 'Artículo 113', 'Artículo 117', 'Artículo 59', 'Artículo 183', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 150', 'Artículo 119']

Las pensiones en el Plan de Desarrollo : ASMEDAS Antioquia
marzo 26, 2019 4:00 pm
Escondidos entre los muchos artículos del Plan de Desarrollo y sin ninguna claridad, el gobierno propone cambios que afectarían seriamente el fisco y el bolsillo de los cotizantes. Aquí están explicados esos cambios
Tomado de: www.ens.org
Profesora Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia
1. Facultades al Gobierno para intervenir el sistema pensional (artículos 57 y 183);
2. No reconocimiento simultáneo de la pensión de vejez e invalidez (artículo 58, que reforma la Ley 100 de 1993);
3. Mayor carga del Estado para cubrir los riesgos judiciales o por aumentos del salario mínimo (Artículo 119, que modifica la Ley 100);
4. Adopción de un “Piso Mínimo de Protección” mediante el mecanismo de “Beneficios Económicos Periódicos” (BEPS, Artículo 113);
5. Devolución de saldos en los fondos de pensiones a través de BEPS (Artículo 117);
6. Acciones frente al reconocimiento irregular de prestaciones en el sistema general de pensiones (Artículo 59).
El artículo despierta muchas dudas porque Colpensiones —que administra el sistema público o el régimen de prima media— es una empresa del Estado organizada como entidad financiera y sujeta por lo tanto al Estatuto Financiero y a vigilancia de la Superintendencia Financiera. Entonces ¿hasta dónde —y cómo— afectaría al sistema público de pensiones la nueva intervención del Estado o el papel adicional de la Superfinanciera?
También sucede que el Artículo 183 del mismo PND deroga parte del Estatuto Financiero en materias referentes a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez. De esta manera el Artículo 57 podría dar facultades amplísimas al Gobierno, incluyendo el cambio mismo de los planes pensionales.
O sea que el Gobierno podría cambiar, entre otras cosas, las condiciones para acceder a la pensión, puntos tocantes a la independencia de los fondos y el patrimonio de administradoras, traslado entre fondos, o las normas para intervenir o liquidar los fondos o las sociedades administradoras —abriendo de contera una ventana para salvar fondos privados que resulten incapaces de pagar las pensiones futuras—.
Respecto de este Artículo 57, debe notarse que el Artículo 150 de la Constitución asigna al Congreso la facultad de “regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público”. Si el presidente Duque está pensando en reformas de calado, debería presentar un proyecto de ley independiente sobre este complejo y delicado asunto.
Estas pensiones, por supuesto, cubren dos riesgos diferentes y, por tanto, la una se financia a través del sistema general de pensiones y la otra a través del sistema de riesgos laborales. La concesión simultánea de las dos pensiones ha sido admitida por la jurisprudencia (v.gr. Sentencia 34820 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia), y cada una de ellas es además cubierta por dos cotizaciones separadas.
El Plan de Desarrollo extiende esta garantía a las administradoras de fondos de pensión que atienden por ejemplo las pensiones bajo la modalidad de retiro programado —un tipo de pensiones que en últimas acaban en un salario mínimo—. Teniendo en cuenta que cerca del 70 por ciento de las pensiones otorgadas por el sistema privado son del salario mínimo —y que las demás modalidades tienden a parar en lo mismo— este Artículo 119 implicaría que el Estado cubra todo el ajuste por alzas del salario mínimo que excedan la inflación de todas las pensiones otorgadas por el sistema privado —y además las adiciones que resulten de los riesgos por fallos judiciales—.
Por todo lo anterior, ya sabemos que el costo sería enorme a medida que aumente el número de personas en edad de pensión adicionando ahora el costo de fallos judiciales. El Decreto 036, que apenas entró en vigencia en 2016, ha generado los siguientes pagos del gobierno:
Como antes dije en Razón Pública, el BEPS no conlleva una pensión subsidiada por el fisco y no podría llamársele piso de protección social. Es un sistema de ahorro con algunos incentivos que, por demás, resulta costoso de administrar y cuyos beneficios no llegan a la línea de pobreza. Hasta hoy las entregas mensuales promedio del sistema a sus beneficiarios han sido de 80.490 pesos.
A otros les preocupa que los ahorros devueltos se “conviertan en dinero de bolsillo, lo cual va en contra de la protección social”. Lo que va contra esa protección es un sistema que no otorga pensiones, sino que —por el contrario— acaba devolviendo los saldos.
Lo anterior sencillamente viene a confirmar la importancia y la necesidad de analizar y discutir públicamente estas reformas que afectan el sistema de pensiones para los colombianos. En lugar de esconderlas dentro de un largo Plan de Desarrollo, el gobierno tendría que presentar, explicar, determinar el alcance y tramitar a plena luz cada uno de las medidas que menciono en este artículo.
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