Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl2202-2015-45102-de-febrero-18-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_6a461791e50b40e287f78470fbb623d5&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 19:57:05
Document Index: 63593181

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 87', 'ARTÍCULO 60', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 90', 'artículo 51', 'artículo 162', 'e contrario', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 379']

SENTENCIA SL2202-2015 DE 18 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:ERROR DE DERECHO NO SE CONFIGURA EN EL RECONOCIMIENTO DE CONFLICTOS COLECTIVOS. SEGÚN EL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO, EL ERROR DE DERECHO SE PRESENTA CUANDO SE HAYA DADO POR ESTABLECIDO UN HECHO CON UN MEDIO PROBATORIO NO AUTORIZADO POR LA LEY, POR EXIGIR ÉSTA AL EFECTO UNA DETERMINADA SOLEMNIDAD PARA LA VALIDEZ DEL ACTO, PUES EN ESTE CASO NO SE DEBE ADMITIR SU PRUEBA POR OTRO MEDIO Y TAMBIÉN CUANDO DEJA DE APRECIARSE UNA PRUEBA DE ESTA NATURALEZA, SIENDO EL CASO DE HACERLO, PARA PROBAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UN CONFLICTO COLECTIVO, LA LEY NO EXIGE UNA FORMA INSTRUMENTAL DETERMINADA, POR TANTO, PUEDE ACREDITARSE POR CUALQUIER OTRO MEDIO PROBATORIO PREVISTO LEGALMENTE, TENIENDO EN CUENTA, EL PRINCIPIO DE LA LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO. SIN QUE SE PUEDA ADUCIR ERROR DE DERECHO PARA SU RECONOCIMIENTO. EN LOS PROCESOS LABORALES LOS FALLADORES DE INSTANCIA GOZAN DE LIBERTAD PARA APRECIAR LAS PRUEBAS, POR LO QUE SI BIEN EL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO LES IMPONE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR TODAS LAS ALLEGADAS EN TIEMPO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO, ERROR DE DERECHO, SOLEMNIDAD CONVENCIONAL, PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LA PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, LIBERTAD DE LA PRUEBA, APORTACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIO ERROR COMMUNIS FACIT IUS
Sentencia SL2202-2015/45102 de febrero 18 de 2015
Rad.: 45102
SL2202-2015
EXTRACTOS: « IV. Recurso de casación. Interpuesto por sociedad convocada al proceso, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, y «absolver a la demandada de todos los hechos y pretensiones de la demanda».
Con fundamento en la causal primera de casación propuso tres cargos, que fueron replicados de manera simultánea y que la Corte estudiará en su orden.
Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por falta de aplicación, los artículos 62, 64, 66 y 69 del Código Contencioso Administrativo.
Controvierte el desconocimiento de las normas en precedencia que refieren la firmeza, validez y efectos en el tiempo de los actos administrativos.
De la Resolución 069 de 5 de diciembre de 2000 proferida por el Ministerio de la Protección Social - Dirección Territorial de Bolívar, señala que su naturaleza jurídica es la de un acto administrativo de carácter declarativo, que contiene juicios de valor sobre la existencia o inexistencia del conflicto colectivo y sobre todas las relaciones que se derivan de tal entendimiento.
Afirma que el sentenciador debió entender que la inexistencia del conflicto colectivo fue un hecho declarado y que el acto no creó una nueva situación jurídica, por el contrario, reconoció, con poder vinculante, la preexistencia de las situaciones de hecho que se oponían al entendimiento de la existencia de aquél; que la demandada, motivada en la ley, consideró que no estaba en la obligación de negociar un «pliego presentado de forma irregular y soportado en documentos cuestionables», de ahí que instaurará la querella administrativa que solo se resolvió cuando la autoridad competente declaró fundada la negativa de la empresa empleadora a negociar y que tal declaración, tiene poder vinculante para la autoridad judicial.
Afirma que la decisión del tribunal omitió las normas jurídicas que regulan la teoría del acto administrativo y desconoció los efectos de éste, al entender que la resolución sólo rige a partir de su notificación, «desconociendo el carácter retroactivo de las declaraciones de certeza de la administración que se contenían en la precitada resolución» y, que si bien por regla general los actos administrativos producen efectos hacia el futuro, el Consejo de Estado en «Sentencias del 11 de junio de 1993, Expediente 4642, sección cuarta; del 25 de julio de 1997, Expediente 8323, sección cuarta; del 19 de abril de 1990, Expediente E 346, sección quinta; del 20 de marzo de 1992, Expediente 1424, Sección Primera, entre otras.... (...) ... Sala de Consulta y del Servicio CMI, en Concepto del 7 de febrero de 1975, reiterado en el concepto de septiembre 7 de 2000, Radicación 1294, Consejero Ponente: Dr. Flavio Augusto Rodríguez...», ha admitido que este principio admite excepciones, como es «surtir efecto con anterioridad a su vigencia... siempre con base en una autorización legal». Transcribe apartes de un pronunciamiento del «Alto Tribunal» que no identifica.
VII. La réplica conjunta a los tres cargos.
Afirma el opositor que el censor no logra demostrar, a partir de la carga argumentativa, los yerros que le endilga a la sentencia del Tribunal y que centró su ataque en la valoración de los testimonios, siendo que no constituye prueba calificada en casación.
Asevera que se encuentra plenamente establecido que la asociación sindical, al presentar el pliego de peticiones, estructuró respecto de la demandada un conflicto colectivo y dentro del término de éste, despidió al actor de manera unilateral e injusta y que la protección contenida en los decretos 2351 de 1965, artículo 25 y Decreto 1373 de 1966, artículo 10, surge «desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, su fuere pertinente o en aquellos casos, en donde se verifique la terminación anormal del conflicto colectivo».
Reiteradamente ha sostenido esta Sala, que la Corte no está habilitada para juzgar el pleito, sino que su labor, en sede de casación —a partir de los planteamientos de la demanda que sustenta la impugnación—, consiste en confrontar la sentencia gravada con la ley. De manera que corresponde al recurrente derruir la presunción de acierto y legalidad, conforme las reglas que imperan en el recurso, lo cual, no aconteció en el presente asunto.
Así, se tiene que los desaciertos técnicos en el cargo son tan notorios que, aún si se actuara con laxitud, no permitirían su estudio, tal como a continuación se explica.
Las demandas de casación fundadas en la causal primera, —con independencia de la vía que se acoja para su acusación—, tienen como requisito esencial el señalamiento de cualquiera de las normas sustanciales del orden nacional que se consideren vulneradas. Sin embargo, en el caso que ocupa la atención de la Sala, el casacionista omite la obligación de denunciar alguna disposición que tenga por objeto crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas ni del desarrollo del cargo le es posible inferir a la Corte, el mandato que a juicio del impugnante haya sido vulnerado.
En efecto, el censor denuncia la falta de aplicación de los artículos 62, 64, 66 y 69, del Código Contencioso Administrativo —que en su orden, se refieren a la firmeza, ejecutoria, pérdida de fuerza ejecutoria y causales de revocación de los actos administrativos—, deficiencia técnica que resulta insuperable, pues la acusación no cumple con la exigencia mínima contemplada en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 90 y si bien, el Decreto 2651 de 1991, artículo 51, numeral 1º, convertido en legislación permanente por él la Ley 446 de 1998, artículo 162, morigeró las exigencias frente a la integración de la proposición jurídica, el señalamiento de al menos una norma sustancial atinente al derecho reclamado, es requerido por la citada normativa.
Ahora bien, en cuanto a la alegación del recurrente según la cual, la Resolución 069 de 5 de diciembre de 2000 constituye un acto administrativo de carácter declarativo que definió la inexistencia del conflicto colectivo, el tribunal refirió que tal argumentación era ajena a la defensa plasmada en la contestación de la demanda, por cuanto de la respuesta dada a los hechos 5º, 6º, 10 y 11 del escrito inaugural, dedujo que la enjuiciada aceptó que recibió el pliego de peticiones y que despidió el actor durante el conflicto colectivo, aun cuando alegó que el retiro obedeció a una justa causa.
Igualmente, señaló el ad quem que lo resuelto por el Ministerio del Trabajo en el referido acto administrativo no desvirtuaba el despido del demandante durante el aludido conflicto, por cuanto aquel ocurrió el 2 de junio de 1999, mientras que la resolución que se pretendía oponer data de «diciembre de 2000», de donde concluyó que las partes tenían pleno conocimiento de encontrarse en conflicto para la época de la terminación unilateral del vínculo laboral.
Pues bien, el recurrente tenía la obligación de confrontar y destruir en su integridad las anteriores premisas, que el juez de segundo grado expuso para no atender su inconformidad; no obstante, omitió cumplir con tal deber procesal. Luego, cada una de ellas sostiene la decisión impugnada, por lo que esta mantiene vigente la presunción de legalidad y acierto.
Y es que contrario al cumplimiento de tal carga, la censura ataca la decisión con argumentos relativos a la firmeza, validez, ejecutoria, efectos y naturaleza jurídica de los actos administrativos, en este caso, de la Resolución 069 de diciembre de 2000, que en su sentir desconoció el fallador de segundo grado, motivo por el cual, las conclusiones a las que arribó el Tribunal, se mantienen incólumes.
Atribuye a la sentencia recurrida la violación de «los artículos 405, 406, 408, 410-modificado por el Decreto 204 de 1957 y 433 del Código Procesal Laboral, así como los artículos 62, 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma indirecta, por error de derecho o error en la valoración de la prueba».
Acusa como prueba erróneamente apreciada la Resolución 069 del 5 de diciembre de 2000.
Reprocha la valoración que hizo el tribunal respecto de la anterior prueba, pues considera que tiene «la idoneidad jurídica para resolver sobre la existencia o inexistencia del conflicto colectivo, y en el mismo orden, si eran aplicables al caso concreto las reglas sobre el fuero sindical circunstancial».
Sostiene que hubo desconocimiento de normas de índole probatoria como los artículos 264, 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, y que en tal sentido, el documento emitido por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención, es plena prueba y su fuerza incluye al juez ordinario, quien no puede «dudar» de su contenido, menos restarle valor probatorio.
Reitera los argumentos esgrimidos en el cargo anterior, al señalar que la resolución desconocida por el ad quem es de contenido declarativo, lo que de paso conllevó a que desatendiera la validez y firmeza del acto y el cual constituye «un pronunciamiento con idoneidad para determinar en todos los escenarios si existía o no conflicto colectivo».
X. Consideraciones de la Sala.
Independientemente de las falencias técnicas de las que adolece el cargo, lo que en esencia plantea el recurrente, es que el tribunal incurrió en «error de derecho», al apreciar indebidamente la Resolución 069 del 5 de diciembre de 2000, pues en su sentir, ésta tiene «la idoneidad jurídica para resolver sobre la existencia o inexistencia del conflicto colectivo».
Pues bien, se lo primero señalar que según el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, el error de derecho se presenta «cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo».
De ahí, que no pueda predicarse que el tribunal haya incurrido en error de derecho alguno, pues para probar la existencia o inexistencia de un conflicto colectivo, la ley no exige una forma instrumental determinada, por tanto, puede acreditarse por cualquier otro medio probatorio previsto legalmente, teniendo en cuenta, el principio de la libre formación del convencimiento.
Entonces, si lo pretendido por la censura era cuestionar la valoración o apreciación por parte del Juez Colegiado de la prueba que le sirvió de base para establecer la existencia del conflicto colectivo y la injusteza del despido del actor, debió ventilar esa argumentación mediante la formulación de errores de hecho.
Lo anterior, por cuanto la primera de las inferencias señaladas, se fundamentó en la confesión de la empresa accionada al contestar los hechos de la demandada, en tanto aceptó que recibió el pliego de peticiones y que el despido ocurrió durante el conflicto colectivo, lo cual llevó al tribunal a no atender la alegación del apelante, frente a la inexistencia del mismo, conforme lo decidido en la Resolución 069 de 2000 emanada del Ministerio de la Protección Social.
Y, en lo que a la segunda de las conclusiones en que se sustentó el fallo fustigado respecta, esto es, la inexistencia de la justa causa alegada para despedir al actor, el ad quem le restó credibilidad a la prueba testimonial por no encontrar certeza en la declaración rendida por Dalis Quintero Ramos y por no hallar coincidencia de tiempos en el testimonio de Lercy Mier Montes de Oca.
No obstante, en el ataque no se relaciona el error o los errores en que pudo incurrir el tribunal, menos aún cómo se originaron, ni tampoco contiene el ejercicio tendiente a demostrar en qué consistieron estos y cómo determinaron la decisión del tribunal.
Adicionalmente, cumple advertir que el argumento del censor en cuanto al tema relativo a la autenticidad e idoneidad jurídica de la Resolución 069 de 2000, constituye una alegación jurídica que no es dable plantearlo por la vía de los hechos y en lo que tiene que ver con la errada valoración de la misma, debe reiterarse lo sostenido en las consideraciones plasmadas en el primer cargo, esto es, que el ad quem advirtió que lo alegado por la demandada respecto a tal acto administrativo, no se avenía a lo informado por la accionada en la contestación de la demanda, donde sostuvo que recibió el pliego de peticiones y que el despido del demandante ocurrió durante el conflicto, pero con justa causa comprobada.
De lo antes dicho, se concluye que el tribunal le otorgó mayor poder de persuasión a la confesión de la convocada a juicio, apreciación probatoria que no puede ser constitutiva de un desacierto evidente de hecho, pues, como lo ha explicado esta Sala de la Corte, en virtud de lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 61, en los procesos laborales los falladores de instancia gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 de ese estatuto les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo «cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus», pues en tal caso «no se podrá admitir su prueba por otro medio», conforme literalmente lo dice la primera de dichas normas.
XI. Tercer cargo.
Acusa la sentencia de violar «los artículos 62, 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 379 y 410 del Código Procesal Laboral de forma indirecta, por error de derecho en la valoración de la prueba».
Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas, los testimonios «rendidos por las señoras Dalis Quintero Ramos, vertida a folio 35 al 37 y por Lercy Mier Montes de Oca, palpable a folios 39 al 40 del expediente», así como el documento obrante a folio 19, «reconocido por su creadora, la señora Dalis Quintero Ramos, tanto en su contenido como en su firma, de fecha 31 de mayo de 1999, en donde dirige al Ministerio de la Protección Social, (…) denuncia acerca del acoso laborales del cual estaba haciendo (sic) víctima por parte de sus compañeros (…) Wilfrido Ramos. Situación que a la postre originó el despido justo por parte de la empresa».
Luego de realizar un recuento del análisis que efectuó el tribunal respecto de las declaraciones rendidas en el curso de la etapa probatoria, le endilga la comisión de «error de derecho al asumir que, en razón a que las testigos habían terminado sus relaciones laborales con Seatech en 1998, su dicho no tiene la suficiente convicción para edificar un despido por justa causa, porque no coinciden el tiempo en que prestaron sus servicios con la fecha del despido. Debe pues, tenerse en cuenta que las testigos, a pesar de que no pertenecían luego a la nómina, sí realizaban sus labores en las instalaciones de Seatech, en su calidad de enviadas en comisión por parte de servicios empresariales, empresa contratista de Seatech, de lo cual se da cuenta en las declaraciones de la señora Lercy Montes de Oca, continuada en fecha 20 de Febrero de 2002 y documentos vertidos en el expediente y el hecho de que fueran sometidas a acoso no tiene nada que ver con que en la práctica ellas pudiesen o no pertenecer a un sindicato, y porque a pesar de estar vinculadas a través de una empresa de servicios temporales, no les quitaba la característica de ser compañeras de trabajo del señor Wilfrido Ramos».
Señala que existe prueba suficiente del acoso del demandante a las trabajadoras mencionadas y que ese desconocimiento probatorio fue lo que llevó al Tribunal a incurrir «en el error de derecho» que se le atribuye. Destaca que el sentenciador colegiado trasgredió el Código de Procedimiento Civil, artículos 187, 252, y 279.
Frente a la alegada comisión de un «error de derecho» por parte del tribunal, fundamentado en la indebida apreciación de las declaraciones rendidas por Dalis Quintero Ramos y Lercy Mier Montes de Oca, la Sala se remite a los argumentos expuestos en el cargo anterior.
Aunado a ello, es preciso recordar que la prueba testimonial no es calificada en casación, por tanto, la Corte no puede asumir su estudio si previamente no se demuestra la existencia de un error de hecho respecto de una prueba que si lo sea, lo que claramente no ocurrió en el sub lite y, en consecuencia, resultan infructuosos los cuestionamientos que el cargo sostiene respecto de ellos.
Y, en cuanto al documento obrante a folio 19, denunciado por el casacionista como mal apreciado, encuentra la Sala que la decisión del tribunal no se fundamentó en la denuncia que por acoso laboral digiriera contra el actor, su entonces compañera Dalis Quintero Ramos, pues al analizar su testimonio, señaló que esta «reconoce el documento que figura a folio 19 tanto en el contenido como la firma, de fecha mayo 31 de 1999, dirigido a la Oficina del Trabajo de Bolívar, en el que manifiesta el acoso de que estaba siendo víctima por parte de sus compañeros (...) y Wilfrido Ramos, sin acordarse del tiempo en que estos hechos sucedieron (...)”.
Así las cosas, al efectuar el análisis de la prueba testimonial, el juez colegiado advirtió que la declarante reconoció tal documento en su contenido y firma. En tal medida, se tiene que la instrumental denunciada no fue soporte de la decisión impugnada, luego, resulta lógico que el tribunal no pudo cometer error alguno con ocasión de su apreciación.
Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandada recurrente. Se fija como agencias en derecho, la suma de seis millones quinientos cincuenta mil pesos ($6.500.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 18 de noviembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Wilfrido Ramos Cortés contra Seatech International INC.