Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-1037-10.htm
Timestamp: 2017-07-24 14:46:32
Document Index: 272293239

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo\n67', 'artículo 95', 'artículo\n209', 'artículo 259', 'artículo\n1', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 315', 'artículo 94', 'artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 93', 'artículo 103', 'artículo 44']

T-1037-10 Sentencia T-1037/10
ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDIA-Caso en que se prohibió el perifoneo por megáfono de una
campaña de revocatoria de mandato, sobre la base de argumentos de seguridad y
CARACTERISTICAS DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION Y DERECHO A LA INFORMACION-Uso
PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE EXPRESION, A LA INFORMACION Y AL PLURALISMO
INFORMATIVO-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, CON
ESPECIAL REFERENCIA A LA SEGURIDAD Y AL ORDEN PUBLICO-Límites PRINCIPIO DEMOCRATICO, PARTICIPACION
CIUDADANA Y REVOCATORIA DEL MANDATO-Reitera
la Corte que no es suficiente que la limitación constituya una medida adecuada,
sino que esta debe ser necesaria en estricto sentido
USO DEL MEGAFONO-Medida tomada por el municipio resulta desproporcionada USO DEL MEGAFONO-Medida sacrifica definitivamente los derechos
fundamentales a la libertad de expresión y al pluralismo informativo, ya que
impide el ejercicio efectivo de la campaña para revocatoria del mandato
LIBERTAD DE EXPRESION Y CAMPAÑA PARA
REVOCATORIA DEL MANDATO CONTEMPLADA EN LA CONSTITUCION-Se concede el amparo y se ordena al municipio autorice y
permita el uso del megáfono. Referencia: expediente T-2760870
Acción de tutela interpuesta por Jorge Hernando
Niño Aponte, Jairo Antonio Serna Urrego y Héctor Manuel Vanegas Arias contra la
Alcaldía de Montenegro (Quindío). Magistrado Ponente:
D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010).
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente: SENTENCIA
los fallos dictados por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montenegro
Quindío y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, en
el trámite de la acción de tutela interpuesta por Jorge Hernando Niño Aponte, Jairo Antonio Serna Urrego y Héctor Manuel
Vanegas Arias contra la Alcaldía de Montenegro (Quindío). I. ANTECEDENTES.
Los accionantes descritos en
calidad de veedores ciudadanos, interponen la presente acción de tutela contra
del municipio de Montenegro Quindío, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la libertad de expresión, a la igualdad, a la dignidad humana y
a la vida. Para fundamentar la solicitud relataron los siguientes:
1.1. Manifiestan que la alcaldesa del municipio de
Montenegro y el Secretario de Gobierno del referido ente territorial, han
coartado sus derechos fundamentales. Lo anterior, porque el día universal del
trabajo, en su condición de líderes de la comunidad montenegrina, realizaron
una reunión pacífica en la plaza central del municipio, con el fin de
perifonear con megáfono la recolección de firmas de la ciudadanía para la
revocatoria del mandato de la alcaldesa municipal. 1.2. Informan que en desarrollo de esa actividad, el
Secretario de Gobierno en compañía de personal de la policía nacional, prohibió
continuar con la acción, so pena del decomiso del megáfono.
1.3. Explican que lo hacían porque era el día
internacional del trabajo ya que “en todas las partes del mundo hasta en los
Gobiernos más represivos estaban autorizadas las manifestaciones y protestas”.
Sin embargo, después de un acalorado diálogo “nos permitieron continuar con
la recolección de firmas para tal revocatoria, pero, PROHIBIENDO EL USO DEL
MEGAFONO”. 1.4. Precisan que el 07 de abril del año en curso,
ya habían sido interrumpidos en su labor de perifoneo y recolección de firmas,
puesto que miembros de la policía procedieron a capturarlos y conducirlos hasta
la estación de policía de Montenegro. Afirman que allí los requirieron y que se
les realizó la siguiente anotación:
les prohíbe a los señores el uso del megáfono en la actividad que están
desarrollando y si continúan usándolo se les decomisará”. A lo anterior, se oponen sosteniendo que se están
vulnerando sus derechos constitucionales por vías de hecho que la Constitución
prohíbe. Además, esgrimen que otras personas si pueden hacer uso de alta-voces
a favor de un candidato a la presidencia o vender chance, promover, rifas, etc.
A lo cual las autoridades de policía les contestaron que esas personas tenían
permisos otorgados por el municipio.
1.5. Informan que el 03 de mayo de 2010, dirigieron
escrito de petición a la Secretaría de Gobierno de Montenegro con el fin de
conseguir la autorización para usar el megáfono en el proceso de revocatoria de
mandato que adelantan, ya que de forma verbal la entidad les había manifestado
que el 07 de mayo respondería la solicitud. Concluyen que ellos representan a
los habitantes inconformes del municipio de Montenegro que no comparten las
decisiones y el desarrollo del programa de Gobierno de la actual mandataria
municipal, razón por la que se les está coartando el derecho a expresar y difundir
su pensamiento. Por lo descrito, solicitan que: (i)
se tutelen sus derechos fundamentales; (ii) se ordene prohibir a la
alcaldesa municipal y a sus subalternos ejercer medidas coercitivas en contra
de los integrantes del Comité Cívico de Participación Ciudadana; y (iii)
se brinde protección a los miembros del comité promotor, con el fin de evitar
futuras retaliaciones o venganzas. 2. Contestación
de la Alcaldía de Montenegro (Quindío). El Secretario de Gobierno del municipio
de Montenegro responde la presente acción de tutela oponiéndose a las
pretensiones de la misma.[1]
Argumenta que no ha abusado de la posición dominante, ni se ha dificultado el
proceso de revocatoria directa reconocido por la ley.
En cuanto a los hechos acaecidos
el 01 de mayo, precisa que ante la agresividad que se estaba presentando en la
plaza central e incluso frente al palacio municipal, determinó el no uso del
megáfono, ya que: “ (…) el solo hecho de perifonear,
generó en varias de las personas que se encontraban en este sector del
municipio apasionamientos, tanto a favor como en contra, situación la cual, por
el bienestar tanto de quienes se encontraban realizando el perifoneo como de
los funcionarios de la alcaldía, había que frenar, a través de una medida de
policía que buscó como finalidad la seguridad, la tranquilidad de los ya
mencionados y no pretendiendo desde ningún punto de vista situaciones que solo
caben en la idea expresada en el escrito del actor, si bien es cierto la fecha
en que se generó esta situación fue el primero de Mayo, como ya se informó, y
como es de conocimiento público se celebra el día del trabajo; también cabe
recalcar que no era precisamente frases alusivas al trabajo o referencias a
este día lo que se expresaba por parte de quien tenía para ese momento el
megáfono; y no solo ese día sino los días siguientes y en distintos sectores
del municipio, creando una incertidumbre la cual genera en momentos en que se
encuentra demasiado alterado el orden público en nuestro municipio, zozobra y
desconcierto, por lo que se ha considerado pertinente, decir no al manejo de
megáfono; lo cual no riñe desde ningún punto de vista con lo estipulado en el
artículo 20 de nuestra Constitución Política de Colombia, cuando se hace
alusión a la difusión, divulgación, y libre expresión de las ideas; y mucho
menos se puede tomar como un óbice para realizar lo pertinente a la recolección
de firmas para la revocatoria del mandato.”
Expone que la autoridad municipal
conforme a la Constitución, cuenta con poderes de policía, los cuales comprenden
distintas manifestaciones del Estado encaminadas a limitar, regular o
restringir los derechos y libertades con la finalidad de preservar el orden
público. Dicha determinación la sustenta en el informe preparado por el
comandante de la estación de policía de Montenegro, respecto de los homicidios
acaecidos en el municipio durante el año de 2010, suscrito el 13 de mayo de
afirma que se debe tener en cuenta que frente a uno de los argumentos aducidos
por los accionantes, como lo fue la no contestación de un escrito de petición,
éste fue recibido el 03 de mayo de 2010 razón por la que al momento de la
contestación de la acción de tutela no se había vencido el término, por lo que
no se configura la vulneración del derecho. Frente al tema de la propaganda
electoral en lugares públicos, manifiesta que a través del Decreto Núm. 007 de
enero 06 de 2010 la alcaldía determinó límites para el ejercicio de la
publicidad electoral, en cuyo contenido se encuentra que la publicidad mediante
equipos de alto parlante se podrá ejecutar en los siguientes horarios: 9.a.m. a
12 m. y 2.00 p.m. a 5.pm, actividad que requiere permiso previo de la
Secretaría de Gobierno y que se rige por lo estipulado en el Decreto 948 de
1995. Como prueba allega las autorizaciones que se han dado a distintas
personas para que realicen perifoneos en horarios y días determinados, y de contenidos
que no generan alteraciones de orden público de ninguna índole, “ni que
indisponen a la comunidad montenegrina con apasionamientos ni posiciones
radicales contra personas, como si se había hecho con las alocuciones de los
accionantes.” Anexa copia íntegra y autenticada
por el Secretario del Concejo Municipal del Acta Núm. 08 de mayo 10 de 2010 y
de la grabación de la misma como pruebas documentales para que sea apreciada la
preocupación del Concejo frente a la alteración del orden público y la
seguridad ciudadana en el municipio de Montenegro, dada la desinformación de
algunos veedores, los cuales de forma calumniosa se han referido a las
autoridades, con lo cual estima que se está abusando del derecho, faltando a la
veracidad e imparcialidad que imprime como nota característica el artículo 20
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN. 1. Sentencia de primera
instancia El Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Montenegro (Quindío), mediante providencia del 24 de mayo de 2010,
denegó el amparo solicitado. Para llegar a esa determinación se refirió a los
derechos a la libertad de expresión y petición. En cuanto al primero, puso de
presente que el reconocimiento normativo y jurisprudencial ha sido amplio, no
obstante a que dicha garantía puede ser limitada cuando resulta indispensable
garantizar el orden público. Por lo que una vez analizó los informes de policía
anexados a la contestación de tutela, concluyó que las autoridades municipales
actuaron legítimamente en el ejercicio de sus atribuciones, ya que no advirtió
la violación del derecho a la libertad de expresión al decomisar el megáfono,
puesto que tal como lo afirmara el accionante, les permitieron continuar con la
recolección de firmas para tal revocatoria pero prohibiendo el uso del
petición, manifestó que durante el trascurso de la acción de tutela no se había
vencido el término para responder, razón por la cual en la parte resolutiva de
la providencia exhortó al municipio accionado a que en término estudiara y
notificara la respuesta al escrito de petición. Impugnación Inconformes con la decisión,
Jairo Antonio Serna Urrego y Héctor Manuel Vanegas Arias, reiteran los
argumentos expuestos en el escrito de tutela. No obstante, agregaron que una
vez inició el proceso de recolección de firmas para buscar el apoyo de la
población al proceso revocatorio se presentaron “una serie de hechos que han
puesto en riesgo nuestras vidas y libertades”, ya que el señor Hernando
Niño tuvo que huir del municipio y refugiarse fuera de él luego de que fuera
abordado por hombres armados que lo instaron a abandonar en el término de unas
Del mismo modo, señalan que el
señor Héctor Vanegas fue amenazado por sujetos que ingresaron a su casa
portando armas cortas y que lo coaccionaron para que dejara de recoger firmas.
Manifiestan que los argumentos
del juez no se acompasan con las garantías de una democracia participativa, ya
que la alteración del orden público no fue por motivo de la iniciativa del
proceso de revocatoria, sino que viene de tiempo atrás y precisamente ese tipo
de problemáticas son las que quieren discutir con la comunidad.
Afirman que las declaraciones
sostenidas por los funcionarios accionados, son inexactas y “rayan con las
normas penales”. De otra parte, argumentan: “se dice que las
declaraciones realizadas a través del megáfono por los tutelantes eran ajenas
al día internacional del trabajo. Obvio, pues, se estaban recogiendo firmas
para apoyar el revocatorio”. Agregan que la Ley 134 de 1994
permite a los promotores de la revocatoria del mandato adelantar una campaña
publicitaria para convencer a los electores de las bondades de la propuesta,
razón por la que no entienden por qué si la norma permite el uso de medios
masivos de comunicación como emisoras y televisión, ellos no pueden utilizar un
modesto megáfono para exponer la iniciativa de revocatoria del mandato, que
adelantan en beneficio de su pueblo y de sus más profundas convicciones.
En cuanto a los argumentos
sostenidos por los accionados en cuanto a la difamación y mentiras en sus
declaraciones, estiman que para ello existe “el recurso legal de acudir ante
el juez penal para que dirima las controversias que se hayan suscitado.
Nuestros argumentos se basan en documentos, informes y actuaciones de la propia
administración”. Por último, enfatizan que su
solicitud no solo está enfocada a la autorización del uso del megáfono, sino a
la búsqueda de una solución por el acaecimiento de hechos graves que impiden el
libre ejercicio de sus derechos e incluso ponen en riesgo sus vidas. 2. Sentencia de segunda
2.1 En el interregno de la
impugnación de la sentencia de primera instancia, el Secretario de Gobierno
Municipal allegó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de
Armenia Quindío, copia de la respuesta al escrito de petición presentado por
los accionantes.
En resumen, la petición de
permiso para perifonear con megáfono la campaña de revocatoria directa fue
negada sobre la base de los mismos argumentos expuestos por la entidad en la
respuesta a la presenta acción de tutela, en especial por los argumentos de
orden público que aquejan al municipio. 2.2 La Jueza Cuarta Penal
del Circuito de Conocimiento de Armenia Quindío, en providencia del 30 de junio
de 2010, confirma la sentencia impugnada. Reitera que la medida se
encuentra proporcionada, ya que está enfocada a proteger la seguridad tanto de
los promotores como de la ciudadanía, puesto que entre los partidarios de una y
otra opinión se podrían generar encuentros belicosos.
seguridad de los accionantes, respecto de las denuncias por amenazas a su vida
y libertad, sostiene que deben acudir a la Fiscalía General de la Nación a
denunciar lo afirmado e incluso allí solicitar la protección de víctimas, ya
que ésta no es una función del juez de tutela.
petición, considera que éste no fue vulnerado conforme a la prueba allegada por
la alcaldía en el trámite de estudio, ya que dentro del término legal se les
dio respuesta de fondo a lo solicitado.
relevantes aportadas al expediente.
- Fotocopia del acta de constitución del comité cívico, “Los Comuneros”.
(Folios 8, 9 y 10). - Fotocopia del informe preparado por el comandante de la estación
de policía Montenegro, respecto de los homicidios acaecidos en el municipio de
13 de mayo de 2010. (Folios 31 a 40).
- Relación de permisos emitidos por la alcaldía de Montenegro
autorizando el perifoneo y venta de boletas a partir de mayo 12 de 2010. (Folio 71).
- Fotocopia del acta Núm. 048 de mayo 10 de 2010, del Concejo
Municipal de Montenegro Quindío. (Folios 72 a 76).
- Fotocopia del Decreto Núm. 00007 de enero 06 de 2010 expedido por
la alcaldía de Montenegro, “por medio del cual se dictan normas sobre la
publicidad electoral”. (Folios 77 a 79). - Grabación en Casete de la sesión plenaria del Concejo Municipal
de Montenegro (Quindío), en cuanto al Acta Núm. 048 de mayo de 2010. (Folio 87).
- Fotocopia de la respuesta hecha por el municipio a la petición de
los accionantes, relativa a la expedición del permiso para uso del megáfono. (Folios
125 a 128). 2. Actuación
en sede de revisión. Uno de los accionantes, allega a
esta Corporación escrito en el cual reitera los hechos ya denunciados en la
demanda de tutela y presenta nuevos hechos relacionados con la problemática
sometida a revisión.
Sostiene que la alcaldesa del
municipio de Montenegro, a través de emisoras como Montenegro Estereo, Caracol
TV, CNC.TV de la ciudad de Armenia, ha calificado a los promotores de “enemigos
y difamadores del Gobierno Municipal”; “soñadores y revoltosos sin oficio
alguno”; “muertos de hambre que pululan por las calles recolectando firmas,
deberían estar haciendo otra actividad…”. Así mismo expone que al director
de la emisora comunitaria le han solicitado de forma verbal y por escrito, que
se les dé la oportunidad de exponer sus ideas en la emisora. Estima que lo cruel de todas las
calumnias e injurias, es que una vez el grupo logró reunir 3.200 firmas de
apoyo, el día anterior a que se fueran a entregar a la Registraduría del Estado
Civil, nos visitaron a cada uno de los miembros del Comité Cívico, “unos
sicarios a sueldo”, los cuales nos advirtieron que si continuábamos con dicha
actividad esto es la recolección de las firmas, nos matarían a cada uno.
“(…) dichos sicarios me ordenaron que abandonara el
pueblo o de lo contrario, volarían mi casa y a todos los que allí residíamos.
Por tal razón me encuentro hoy día engrosando el número de “Desplazados
Victimas de la Violencia” que en la actualidad azota a nuestro país. La
Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, la Contraloría, ya tienen el
conocimiento pleno de este acto criminal”.
De otra parte señala que tanto la
alcaldesa del municipio, como el secretario de gobierno municipal deberán
aclarar si hubo participación suya o no en esos hechos, ya que a 3 de los
delincuentes sospechosos los capturaron. Al escrito, allegó fotocopias de
algunas de las firmas recolectadas, escritos de petición a la registradora del
municipio, relativo a la aprobación de firmas recolectadas, y denuncia ante la
Fiscalía por los hechos afirmados.[2]
conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Conforme a los antecedentes descritos, corresponde a esta
Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Un municipio vulnera los derechos fundamentales a la
libertad de expresión, a la información y al pluralismo informativo de un grupo
de veedores ciudadanos, al prohibir el perifoneo por megáfono de una campaña de
revocatoria de mandato, sobre la base de argumentos de seguridad y alteración
de orden público?
el problema jurídico planteado, estima la Sala preciso referirse a los temas
concernientes a: (i) la protección constitucional de los derechos
fundamentales a la libertad de expresión, a la información y al pluralismo
informativo; (ii) los límites del derecho a la libertad de expresión,
con especial referencia a la seguridad y el orden público; (iii) el principio
democrático, la participación ciudadana y la revocatoria del mandato; y por
último (iv) el análisis del caso concreto.
3. Protección constitucional de los derechos
informativo. Reiteración de Jurisprudencia.
20 de la Constitución de 1991 estipula: “ART. 20.
— Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” La libertad
de expresión puede ser entendida como el derecho fundamental que tienen todos
los individuos a manifestar o recibir de forma individual o colectiva ideas,
pensamientos o similares, a través de los medios y los instrumentos elegidos
para un fin determinado o indeterminado. En otras palabras, es el derecho a la
libre expresión de la opinión.[3]
el marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión, éste
cuenta con dos dimensiones (individual y colectiva); la dimensión individual,
consiste “en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos,
ideas e informaciones, y [la] colectiva o social, consistente en el derecho de
la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada”. Partiendo de
esta doble connotación, se ha explicado por la jurisprudencia que la libertad
de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las
personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica
tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las
informaciones u opiniones, como el derecho de todos a recibir y conocer tales
puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos o noticias, libremente y sin
interferencias. Sobre este punto se ha precisado que para el ciudadano es tan
importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen
otros, como el del legítimo derecho a difundir la propia.
T-391 de 2007 consta un amplio estudio relacionado con el derecho a la
libertad de expresión.[4]
En dicha providencia se reiteró y recopiló la doctrina constitucional sentada
por esta Corporación a partir de la interpretación del bloque de
constitucionalidad y la amplia jurisprudencia sobre el tema.[5] En lo que respecta al
alcance del artículo 20 de la Constitución, se concluyó que los
elementos normativos que lo conforman contemplan varios derechos y
libertades fundamentales, las cuales deben ser interpretadas y respetadas conforme
a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan
al Estado colombiano. En la
referida providencia, la Corte puntualizó que el artículo 20 de la Constitución
contiene elementos normativos diferenciables, los cuales se listan a
continuación: “(a) La
libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones,
informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier
medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de
expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien se
expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando. “(b) La libertad de buscar o investigar
información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la
libertad de informar y la de recibir información, configura la llamada libertad
de información. “(c) La libertad de informar, que cobija tanto
información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo,
a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar
información y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de
“(d) La libertad y el derecho a recibir información
veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda
índole, por cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores elementos,
configura la libertad de información. “(e) La libertad de fundar medios masivos de
comunicación. “(f) La libertad de prensa, o libertad de
funcionamiento de dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente
responsabilidad social. “(g) El derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. “(h) La prohibición de la censura, cualificada
y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
“ (i) La prohibición de la propaganda de la guerra
y la apología del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, “(j) La prohibición de la pornografía infantil,
“(k) La prohibición de la instigación pública y
directa al genocidio.” (Subrayados originales del texto). [6]
el titular del derecho fundamental a la libertad de expresión y a la
información es universal, puesto que toda persona, sin discriminación o
distinción alguna, cuenta con esta garantía, ya que así lo quiso el
Constituyente de 1991, contrario a lo dispuesto por el de 1886, que hacía
referencia exclusivamente a la libertad de prensa.[7] En suma, se
trata de un derecho de doble vía, toda vez que puede ser reclamado no sólo por
los emisores o difusores de información (sujetos activos) sino también por los
receptores de la misma (sujetos pasivos). 3.2 Características
(i) Es un
derecho fundamental, ya que se trata de uno de los pilares sobre los cuales
está fundamentado el ordenamiento constitucional, puesto que como derecho
universal, debe ser protegido en todo tiempo y en todo lugar. Corresponde a una
manifestación de la esencia humana, común a todos los individuos, en la que se
satisfacen las inclinaciones humanas naturales al conocimiento y a la
comunicación, sin importar cual sea su condición social, política, jurídica,
económica o el espacio en que se desenvuelva el individuo. Corresponde a
un derecho inalienable, imprescriptible e inviolable, que no puede ser ejercido
en contra del interés general ni el bien común, ni frente a la intimidad
personal, en los casos que corresponda. Lo anterior no significa que sea un
derecho absoluto, puesto que como todo derecho tiene límites, los cuales deben
observarse conforme al caso específico, tema que será tratado más adelante. (ii)) Comprende
la garantía jurídica de informar y ser informado veraz e imparcialmente. El objeto
jurídico protegido es la información y el acceso a la verdad, lo cual presume
la terminante imparcialidad. En ese sentido la Corte ha puntualizado que: “la información como actividad es protegida, pero
también lo es el derecho que tiene toda persona a informarse por sí misma, y
a que la información que recibe sea veraz e imparcial. El conocimiento que
se comunica, o que se adquiere por sí mismo, debe ser protegido por el Estado,
pero siempre y cuando no vulnere valores sustanciales como el buen nombre, la
intimidad, el orden público, y el bien común, que es la expresión del interés
general.”[8]
(Subrayado por fuera del texto original). La
información debe enmarcarse dentro del esquema de la verdad, puesto que se
trata del desarrollo del individuo frente a la sociedad y viceversa, en otras
palabras, exige que quien informe fundamente y describa la información conforme
al principio de veracidad. En este sentido, la Corte no exige una relación
milimétrica entre lo real y lo informado ya que tal ejercicio es
ontológicamente imposible y podría desencadenar problemas irresolubles, sino
que exige que la información se pueda comprobar o esté debidamente contrastada con
fuentes que ameriten rigor y un alto grado de objetividad. Al respecto la
Corte, en la Sentencia SU-1723/00, estableció:
“El principio de veracidad se constituye en
requisito y a la vez límite del derecho a informar que impone al emisor la
obligación de actuar de manera prudente y diligente en la comprobación de los
hechos o situaciones a divulgar. No se exige que la información sea
estrictamente verdadera, sino que comporta la necesidad de haber agotado un
razonable proceso de verificación, aunque la total exactitud sea
controvertible o se incurra en errores circunstanciales siempre y cuando no
afecten la esencia de lo informado. Sobre el particular esta Corte ha dicho
que, “la definición de lo que es veraz puede arrojar muchas dificultades (...)
pero más aún, en muchos eventos puede ser imposible para el informador
determinar con precisión si el hecho que llega a su conocimiento es
absolutamente cierto o no. Si en este último caso se aplicara una noción
absolutamente estricta de veracidad se podría paralizar la actividad
investigativa de los medios de comunicación, con lo cual se afectaría en forma
fundamental su labor de control a las instancias de poder”. Subrayado por fuera del texto original. Teniendo en
cuenta lo anterior, es pertinente afirmar que la veracidad de la información
que se trasmite o recibe dentro de esferas que tienen implicaciones públicas o
interés para un grupo general o particular, es deseable y necesaria. Además,
porque el reconocimiento del ser humano como ciudadano y titular de derechos,
no puede ser entendido como acontece en las artes, ya que allí la mentira, la
falsedad o la fantasía si se quiere, es la materia prima de la producción de
las obras, pero no en cuestiones propias del desenvolvimiento del individuo
como ciudadano, porque la veracidad de la información es la sustancia que
configura el mandato contenido en el artículo 20 de la Constitución.[9]
Tiene como objetivo que la persona juzgue la realidad con conocimiento
información que pretenda trasmitirse ha cumplido con los requisitos señalados
anteriormente, es plausible afirmar que el discernimiento del sujeto receptor frente
a la realidad que lo circunda contribuirá a la conquista y acción real de los
ideales constitucionales; de ahí que esté consagrado expresamente en la
Constitución el ejercicio libre de la expresión y la posibilidad de informar y
recibir información. Por ello, resulta no sólo indeseable sino altamente
rechazable, el que se prive a la comunidad del conocimiento de las actividades
propias de la vida pública y de la realidad que de ella subyace, porque todo
ser humano que vive en sociedad tiene el derecho a manifestar en lo que cree,
por equivocado o heterodoxo que pueda llegar a ser, según la óptica desde la
que se mire, y a saber lo que los demás piensan, todo bajo la premisa
fundamental del pluralismo democrático y la diferencia dentro de un marco de
tolerancia y respeto mutuo. Al respecto, la
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el informe de 2008, frente a la importancia de garantizar
el derecho a la libertad de expresión, recordó: “(…) la Comisión y la Corte Interamericana han
subrayado en su jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión
dentro del catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación
estructural con la democracia. Esta relación, que ha sido calificada por los
órganos del sistema interamericano de derechos humanos como “estrecha”,
“indisoluble”, “esencial” y “fundamental” –entre otras-, explica gran parte de
los desarrollos interpretativos que se han otorgado a la libertad de expresión
por parte de la Comisión y la Corte en sus distintas decisiones sobre el
particular. 9. Es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la
democracia, que según ha explicado la Comisión Interamericana, el objetivo
mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el
funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la
protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y
expresiones de toda índole”. [10] 3.3 Del
la información lo ha entendido la jurisprudencia constitucional como la propensión
innata del hombre hacia el conocimiento de los seres humanos con los cuales se
interrelaciona y de su entorno físico, social, cultural y económico, lo cual le
permite reflexionar, razonar sobre la realidad, adquirir experiencias e incluso
transmitir a otros la información y el conocimiento recibidos.[11]
contenido del derecho a la información trasciende e implica la posibilidad de “recibir,
buscar, investigar, almacenar, procesar, sistematizar, analizar, clasificar y
difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre tanto las noticias de
interés para la totalidad del conglomerado como los informes científicos,
técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos
almacenados y procesados por archivos y centrales informáticas.”[12]
la información está compuesto por dos dimensiones diferentes pero
complementarias: (i) esencial o fundamental, que se traduce en el
ejercicio del derecho a la libertad de información, así como la posibilidad de
difundirla sin que pueda ser censurada directa o indirectamente; y (ii)
estructural, que supone la garantía de las condiciones operativas
necesarias para que la información pueda llegar a todos los habitantes; este
sentido tiene que ver mayoritariamente con el uso de un medio masivo para
garantizar el acceso democrático e igualitario del uso del espectro
electromagnético, en condiciones tales que aseguren la posibilidad de fundar
medios masivos de comunicación libres y con responsabilidad social.
lo anterior, el derecho a la información como está plasmado en la Constitución
y ha sido entendido por este Tribunal, corresponde a lo que suele denominarse
un derecho complejo, puesto que incluye como objeto de protección las
diferentes formas y manifestaciones a través de las cuales los individuos
acceden al conocimiento.
3.4 De la
prohibición de censura, directa o indirecta. La
prohibición de censura contemplada en el artículo 20 constitucional, lejos de
tener un contenido retórico, está instituida principalmente para que la
información no sea objeto del examen y la aprobación previa de un censor
determinado. Dicho de otra manera por medio de esta presunción de rango
constitucional se busca materializar los derechos a la libertad de expresión y
acceso a la información en los principales ámbitos en los que se desarrollan.
Sentencia T-391/07, se puntualizó: “la propia Carta enuncia en forma
contundente una presunción que no admite ser desvirtuada: la censura previa
está prohibida de tal forma que cualquier regulación estatal o decisión de un
funcionario del Estado que constituya censura implica, ipso jure, una violación
del derecho a la libertad de expresión.”
que puede ser entendida como el control por medio de actos de contenido general
o particular sobre la información que se transmite, constituye una forma de
limitación inadmisible de la libertad de expresión y del derecho a la
información por parte de las entidades públicas o aquellas privadas que prestan
un servicio público en general.[13]
de esta Corporación, ha establecido que se configura censura cuando se verifica
“(…) el contenido de [la información] que un medio de
comunicación quiere informar, publicar, transmitir o expresar, con la finalidad
de supeditar la divulgación de ese contenido a su permiso, autorización o
previo examen -así no lo prohíban-, o al recorte, adaptación, adición o reforma
del material que se piensa difundir. Prohibir, recoger, suspender, interrumpir
o suprimir la emisión o publicación del producto elaborado por el medio son
modalidades de censura, aunque también lo es, a juicio de la Corte, el sólo
hecho de que se exija el previo trámite de una inspección oficial sobre el
contenido o el sentido de lo publicable; el visto bueno o la supervisión de lo
que se emite o imprime, pues la sujeción al dictamen de la autoridad es, de
suyo, lesiva de la libertad de expresión o del derecho a la información, según
el caso.”[14]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido dentro de la categoría
de censura proscrita los siguientes actos: “La censura previa, interferencia o presión directa o
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a
través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”.[15] Subrayado por fuera del texto
la censura en los términos de la
Convención Interamericana y del precedente constitucional, tiene lugar cuando por
diversas razones, se impide u obstaculiza gravemente la emisión de un mensaje o
la publicación de un determinado contenido. Este tipo de prácticas se
encuentran expresamente prohibidas por el artículo 20 superior. No obstante,
las limitaciones fundamentadas en la imposición de responsabilidades ulteriores
por la violación de prohibiciones previas, no constituye censura y se encuentran
claramente autorizadas, siempre y cuando representen medidas necesarias para
defender garantías constitucionales. [16]
3.5 Del pluralismo
no es otra cosa que la posibilidad de existencia de variedad de pensamientos o
posturas frente a cualquier tema. Para la Sala es claro que la Constitución
expresamente contempló dicha protección ya que de la lectura sistemática de los
artículos 7º, concerniente a que “el Estado reconoce y protege la diversidad
(…)”, 20 que “garantiza a
toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial(…)”, y en el articulo 75 puesto que “(…) para
garantizar el pluralismo informativo y la competencia (…)”; no queda duda
que el constituyente pensó en dicha protección de forma prevalente. [17]
La garantía del pluralismo informativo constituye
uno de los principales valores constitucionales dentro de la órbita de los
medios y formas de comunicación, pues a través de éstos pueden reproducirse a
pequeña o gran escala las distintas corrientes de pensamiento y expresión que
conviven en una sociedad. Si no existiere o no fuera respetada, no sería
posible que los ciudadanos emisores y receptores de información de cualquier
tipo pudiesen elegir reflexiva y libremente dentro de las alternativas
existentes, qué es lo mejor para sí mismos según sus convicciones, incluso
cuando para algunos o para muchos se consideren contrarias o heterodoxas. De igual manera, el ejercicio del pluralismo
informativo, está ligado intrínsecamente con el principio democrático, puesto
que la existencia de manifestaciones diversas de información se traduce en la
existencia de un público reflexivo y variado, lo que sin duda está en el marco
programático de un Estado social y democrático de derecho que respeta la
libertad y la alteridad. 4. Límites al derecho fundamental de la libertad
de expresión. Análisis sobre la seguridad y el orden público. La libertad
de expresión no puede ser entendida como un derecho absoluto. No. Ante todo su
ejercicio está destinado a reconocer los derechos de los demás y a respetar la
observancia del orden jurídico. Por ello, a la luz de la Constitución, el
ordenamiento jurídico contempla requisitos para recibir, manejar, difundir,
distribuir y transmitir informaciones, con el fin de hacer efectivos los
derechos de todos -tales como la honra, el buen nombre o la intimidad- o con el
objeto de preservar el interés general, la protección de la seguridad y el
orden público, de la salud pública y de la moral pública, entre otros. Igualmente, como
límite al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la jurisprudencia
ha identificado, entra otras, las siguientes prohibiciones:
a la guerra o a la violencia; (ii) Promoción
a la comisión de un delito, como por ejemplo la pornografía infantil, la trata
de personas o el genocidio, entre otros; y/o (iii) Apología del odio.
el ejercicio y disfrute de los derechos, conforme al artículo 95 de la
Constitución involucra responsabilidades y deberes, entre los que se encuentra
el de no hacer uso de ellos abusivamente o con irrespeto de los derechos de los
demás, así como el de obrar conforme al principio de solidaridad social y
conservación de un ambiente sano, por mencionar algunos.
los requisitos básicos que deben contener las limitaciones al derecho a la
libertad de expresión y conexos, como el de información y pluralismo
informativo, para que puedan ser tenidas como constitucionales, en la Sentencia
T-391/07 se estableció como mínimo, los siguientes: “(1)
estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir
el logro de ciertas finalidades imperativas, (3) ser necesarias
para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no
previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus
formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido
de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el
ejercicio de este derecho fundamental, es decir, ser proporcionada.” (Subrayado
es indispensable recordar que de
conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos obligatorios
para Colombia, las limitaciones sobre la libertad de expresión y el derecho a
la información deben estar contempladas de forma previa, clara, expresa,
taxativa y precisa en la ley, por lo que las autoridades que establezcan dichas
limitaciones por fuera de la autorización legal, o sin ella, desconocen los
derechos constitucionalmente protegidos los cuales hacen parte del bloque de
constitucionalidad.[18]
general de las limitaciones admisibles a la libertad de expresión, lo
contemplan los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los
siguientes términos: “(i) El ejercicio del derecho
previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para: (a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás; (b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas. (ii) El ejercicio del derecho
previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
público o la salud o la moral públicas. (iii) Los
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2
(…)”.Subrayados y numeración por fuera del texto original. En lo que específicamente se refiera
al condicionamiento de la libertad de expresión con el fin de conservar la
seguridad o el orden público, esto es, “las condiciones mínimas de
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de
la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad”[19], es
pertinente puntualizar que ello no implica en sí mismo la restricción de los
derechos, sino que supone el ejercicio razonable de las libertades civiles.
C-251/02, la Corte se refirió al punto en los siguientes términos: “(…) un Estado de derecho debe armonizar la
libertad y el orden, de tal forma que para lograr la seguridad no vulnere los
derechos fundamentales y las libertades puedan ser ejercidas dentro de un orden
justo, respetuoso del pluralismo y de la libertad de crítica. Y en eso
consiste el orden público democrático que aspiran a consolidar los regímenes
constitucionales, que fundan su legitimidad en el reconocimiento y garantía de
los derechos humanos. Y nada más y nada menos es eso lo que proclama nuestra
Carta cuando define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático y
pluralista, fundado en el reconocimiento de la dignidad humana y la prevalencia
de los derechos de la persona (CP arts. 1º y 5º).
Ahora bien, esas fórmulas constitucionales básicas,
que definen la naturaleza del Estado colombiano y condicionan la legitimidad
de las políticas de defensa y seguridad, para poder materializarse en la
realidad, requieren de desarrollos institucionales adecuados.” Subrayado
por fuera del texto original.
Conforme a lo descrito, la Corte estima que la protección y garantía de la seguridad de las personas,
necesariamente deben estar irradiadas en las políticas y
determinaciones que las autoridades tengan en materia de seguridad, lo que se afinca
en la dignidad y derechos del ser
humano; entendida así, la preservación del orden público no es una finalidad en
sí misma, sino que constituye un valor subordinado al respeto de la dignidad
humana por el Estado, que está al servicio de los ciudadanos, y no estos a la
defensiva de la seguridad desmedida que pretenda imponer el Estado. En cuanto a
la limitante del orden público, la Corte en la Sentencia T-235A de 2002,
revisó el caso de un fotógrafo que en la zona urbana del municipio de Barbosa
(Antioquia), se encontraba ejerciendo las labores propias de su profesión
cuando fue retenido por las autoridades y llevado al Comando de Policía, donde
se le informó que por razones de seguridad no podía ejercer dicha actividad, ya
que el municipio se encontraba en alerta ante la eventualidad de atentados
armados por parte de grupos armados al margen de la ley. La Corte en
la citada providencia se pronunció sobre el derecho a la libertad de escoger
profesión u oficio y los derechos al trabajo, a la libertad de expresión
artística, a la búsqueda del conocimiento como elementos de la libertad de
expresión y de pensamiento, así como a las limitaciones constitucionales a los
derechos fundamentales y concluyó que si bien la Ley 136 de 1994 autoriza la
adopción de medidas preventivas de seguridad relacionadas con el orden público,
en el caso concreto, la limitación era innecesaria y desproporcionada, porque:
“(...) revisado el contenido de esas facultades, la
Corte no observa que el legislador haya autorizado en forma clara una
limitación a la libertad de expresión, según la cual pueden los alcaldes
prohibir la fotografía y la camarografía, o exigir autorizaciones a todo aquel
que pretenda ejercer dicho oficio en cualquier lugar público. Y si esa facultad
no existe no pueden los alcaldes, aduciendo razones de seguridad, imponer
restricciones en forma genérica, vaga e indeterminada. Eventualmente podrían
hacerlo si una norma previa ha definido con claridad los supuestos para ello,
atendiendo los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad.” Subrayado
por fuera del texto original.[20]
conclusión, la libertad de expresión puede ser objeto de limitaciones cuando
resulta indispensable para garantizar el orden público en un lugar específico
del territorio. No obstante, en ningún evento es válida una restricción genérica,
abstracta e indeterminada, soportada en la afectación del orden público o la
seguridad, no solo por parte del legislador sino de cualquier otra autoridad,
razón por la cual toda medida de limitación deberá contar con los siguientes
elementos: (i) adecuación, puesto que debe constituir un medio idóneo
para alcanzar un fin constitucionalmente imperioso; (ii) necesidad, en
otras palabras, se analiza si la limitación es o no indispensable o si se puede
obtener un resultado similar con un sacrificio menor de principios
constitucionales y que tenga la virtud de alcanzar el fin propuesto; y (iii)
proporcionalidad, para identificar si la limitación no sacrifica valores y
principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los resguardados
con el acto condicionante del derecho a la libertad de expresión y conexos.[21] Por ello, si
bien es cierto que puede existir una autorización relativamente amplia
(limitación a la libertad de expresión por razones de seguridad u orden público),
también lo es que únicamente puede materializarse el condicionamiento cuando
medie otra norma de carácter específico que desarrolle esa autorización en
forma previa, clara y explícita (ordenanza, acuerdo, etc), que además responda
a los parámetros anteriormente señalados.[22]
5. El principio democrático, la participación
ciudadana y la revocatoria del mandato. Reiteración de Jurisprudencia. 5.1 En la Constitución de
1991 el principio democrático está ampliamente reconocido como un eje
fundamental que requiere especial protección, fomento y divulgación del Estado.
Así, desde el preámbulo se fija como derrotero la necesidad de un “(…) marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo”, seguido del artículo 1º que precisa las características
de la organización del Estado Social de Derecho en la democracia al estipular “(…)
Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista”. Del mismo modo, el artículo 2º, relativo a los
principios fundamentales de la Constitución, determina que la democracia es un
fin esencial del Estado en cuanto al deber de fomentarla y protegerla,
procurando“(…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan”. Especialmente, en materia de
participación ciudadana, el artículo 40, determina:
“ART. 40. —Todo ciudadano tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede: (…) 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir
sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos
y en la forma que establecen la Constitución y la ley.[23]
(…)” Subrayado por fuera del texto original. Así mismo, el artículo 41 establece
la obligación de fomentar “(…) prácticas democráticas para el aprendizaje de
los principios y valores de la participación ciudadana”, ligado al artículo
67, relativo al derecho a la educación y la necesidad de formar al colombiano
en el “(…) respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”.
Además, el numeral 5º del artículo 95 de la Constitución prescribe el deber de
toda persona de “(…) participar en la vida política, cívica y comunitaria del
país”. Atado a lo referido, el artículo
209 dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses
generales y que se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. De todo
esto se puede evidenciar que la Constitución de 1991 propugna por un régimen
jurídico que admite el disenso frente a las políticas estatales, pues la
controversia y la deliberación son consustanciales a la democracia
participativa, la soberanía popular y el pluralismo.
Ahora bien, el modelo de
democracia participativa consolidado en la Carta, tiene como propósito concreto
garantizar a los ciudadanos su permanente intervención en todos los procesos
determinantes, tanto electorales como no electorales, que afecten o comprometan
sus intereses, con el fin de robustecer los medios de representación,
democratizarlos y promover un pluralismo balanceado y menos desigual. De modo tal que en la Sentencia
C-251/02, la Corporación determinó: “El Estado democrático pluralista niega que la
política se mueva en una incesante dialéctica amigo enemigo, de tal suerte que
quien no comparta una determinada estrategia política, económica o de seguridad
definida por los órganos políticos pueda ser calificado como un enemigo de la
Nación que debe ser perseguido. (…) Todo esto muestra que la Constitución
opta por un régimen jurídico que admite el disenso frente a las políticas
estatales, pues la controversia y la deliberación son consustanciales a la
democracia y al pluralismo.
Estos rasgos democráticos y pluralistas del Estado colombiano condicionan también la
legitimidad constitucional de las políticas de seguridad y defensa, pues implican
que esas estrategias deben respetar el pluralismo y la participación
democrática, así como la autonomía de la sociedad civil, por lo que no es
válido, ni siquiera en las más graves crisis institucionales, intentar que
ciertos aparatos del Estado, como el ejecutivo, absorban la sociedad para
ponerla integralmente a sus órdenes.” Subrayado por fuera del texto original. Con fundamento en lo hasta aquí
considerado, es plausible afirmar que las autoridades públicas en ejercicio de
sus potestades administrativas tienen el deber de estimular la participación
democrática y la obligación de no obstaculizar su ejercicio. En particular, la Sentencia
C-179 de 2002, expone las consideraciones vigentes sobre la materia, en los
siguientes términos: “(…) la
democracia participativa supone una tendencia expansiva. Esta
característica significa que el principio democrático debe ampliarse
progresivamente a nuevos ámbitos y hacerse cada vez más vigente, lo cual
exige la construcción de una nueva cultura que debe paulatinamente
implementarse en la sociedad política. Se trata pues de una maximización
progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al poder político, y el
ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de decisiones.
Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa
proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la
democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio
de los derechos políticos”. (Subrayado por fuera del original). Del principio democrático subyace
la importancia del debate, puesto que cumple un papel significativo en la
garantía de la democracia, permitiendo la confrontación de diversas corrientes
de pensamiento que coexisten en la realidad política local y global. En el
anterior sentido la Corte ha manifestado que “es inherente al debate la
exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la
confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas
posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las
repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio”.[24] 5.2 Recientemente, esta
Corporación revisó un caso que dio lugar a pronunciamiento sobre un problema
jurídico similar al planteado en esta providencia. La Sala hace referencia a la
Sentencia T-263 de 2010 en la cual se estudió la iniciativa de revocar el
mandato del Alcalde Municipal de Fusagasugá, de quien se pudo establecer que
por intermedio de medios masivos de comunicación como radio y televisión,
adelantó una campaña de desprestigio en contra de los promotores de la
revocatoria, entre otras vicisitudes. Ante la verificación de este hecho y de
la responsabilidad del representante del medio radial local, la Corte ordenó al
alcalde de Fusagasugá: “(…) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, ceda un espacio en cada
uno de los medios de comunicación utilizados por él, para que los gestores del
amparo, si así lo desean, expongan las razones por las cuales iniciaron el
proceso de la revocatoria del mandato. Estos espacios institucionales son
aquellos en los que el Alcalde se refirió, en su programa “Gerencia al Día”, al
comité para la revocatoria de su mandato.”
En la referida providencia, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte se refirió al principio democrático y a la
relación indispensable que tiene con el control ciudadano de los gobernantes,
en armonía con el derecho de participación democrática. En cuanto a esto, es
preciso insistir en que el modelo instaurado por la Constitución de 1991
consagra el voto programático, según el cual el programa propuesto por un
candidato se vuelve obligatorio y vinculante una vez sea elegido, al respecto
el artículo 259 superior, establece: “ART. 259. —Quienes
elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que
presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del
voto programático.”
Como se puede apreciar, la estrategia
constitucional determina tanto para los gobernantes como para los gobernados,
una relación recíproca y de compromiso entre el voto y el cumplimiento del
programa electoral. A diferencia de antaño, las promesas electorales bajo el
nuevo esquema constitucional deben cumplirse, lo cual explica que los
electores puedan adelantar la revocatoria del mandato.[25] Sobre el tema
del control sobre los gobernantes y la revocatoria del mandato, en la Sentencia
C-180 de 1994 se precisó: “El control
sobre lo mandado y sobre el mandatario son las claves de la democracia real.
Ninguna decisión adoptada por el Estado, en lo externo ni en lo interno, deben
escapar al control del elector” y paso seguido, se apuntó que “La
revocatoria es tal vez uno de los derechos políticos de mayor repercusión para
hacer realidad la verdadera democracia participativa, que postula el artículo
1o. de nuestra Carta Política, por cuanto otorga a los electores un importante
poder de control sobre la conducta de sus representantes, con lo que
establece un nexo de responsabilidad entre estos y su base electoral. De ahí
que quienes tienen derecho, jurídica y políticamente a revocar un mandato, sean
las mismas personas que lo confirieron u otorgaron. No quienes son ajenos a la
relación establecida, que en este caso es la de elector-elegido”. (Subrayado
reiterado, es evidente que la Constitución propugna por la existencia de
espacios democráticos en distintos ámbitos; de todos, quizá el más problemático
es el político ya que en éste confluyen las diversas fuerzas que buscan
controlar el poder y todo lo que ello implica. En este aspecto, por definición
no solo en el tema electoral sino en el desarrollo diario de la gestión de los
gobernantes, siempre habrá conformes e inconformes, circunstancia ante la cual la
Constitución contempla, entre otros, el mecanismo de la revocatoria del
mandato, herramienta por medio de la cual se puede materializar el ejercicio de
su control. 4.3 Respecto de la revocatoria del mandato, la Ley 134 de 1994 lo establece
como uno de los mecanismos de participación ciudadana y lo define en el
artículo 6º como “(…) un derecho político,
por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han
conferido a un gobernador o a un alcalde”.
Del mismo modo, en los artículos 64 a 76 describe cuáles son las pautas del
proceso revocatorio. Más adelante consagra de forma general a todos los
mecanismos de participación ciudadana, las reglas para las campañas
publicitarias, en los siguientes términos: “ART. 94. —Reglas para campañas
publicitarias. En las campañas de los procesos de participación
ciudadana de iniciativa popular, toda persona natural o jurídica de derecho
privado podrá contratar publicidad para promover la recolección de firmas, la
participación ciudadana y una determinada posición frente al tema de la
iniciativa. En todo caso, deberá indicarse el nombre de quien financie los
Las afirmaciones falsas sobre el contenido
de una iniciativa o de un referendo serán sancionadas, en el caso de personas
de derecho privado, por el Consejo Nacional Electoral, con multas entre diez y
cincuenta salarios mínimos. En el caso de funcionarios o de entidades públicas,
éstas podrán ser denunciadas ante el Ministerio Público por cualquier
sancionatoria el inciso segundo de la ley contempla la posibilidad de que las afirmaciones
falsas sobre el contenido de la iniciativa, sean sancionadas por el Consejo
Nacional Electoral, si son personas particulares las que efectúan la conducta. Por
el contrario, si se trata de servidores públicos o entidades Estatales, radica
la competencia para sancionarlas en el Ministerio Público, previa denuncia de
cualquier ciudadano.[26]
es claro que en el proceso recíproco del debate, se permite abrir lugar al
pluralismo y a la posibilidad de existencia de los otros tipos de pensamiento;
allí los ciudadanos expresan las divergencias y los gobernantes argumentan los
avances o problemas en la ejecución del programa de gobierno y por último, el
pueblo de forma democrática define la disputa. Ahora, si
bien el inicio de un proceso de revocatoria del mandato, podría interpretarse
como un momento de crisis para una administración, dicha lectura negativa de la
oposición no resulta sana, ya que por el contrario esta es la oportunidad para
que sean confrontadas respetuosamente las distintas posturas sobre un tema
especifico que genere divergencia o en palabras de idea de Eduardo Caballero
Calderón entender que “no se hace un buen gobierno sin tener una buena
por medio del mecanismo del proceso revocatorio se materializa el principio
democrático y de participación ciudadana, en el cual tanto el gobernante como
el ciudadano tienen límites constitucionales y legales, los cuales están
obligados a cumplir y acatar. No obstante, en dicho proceso los servidores
públicos tienen una carga adicional ya que deben prestar la garantía de los
derechos fundamentales y la materialización de los principios constitucionales.
Por esta razón, los posibles abusos o extralimitaciones que un servidor público
en el ejercicio de sus funciones adopte, deberán ser analizados bajo los parámetros
de un juicio estricto por el juez constitucional. 6. Análisis del caso concreto. 6.1 Conforme a los antecedentes y consideraciones
plasmadas en esta providencia, esta Sala de Revisión entrará a resolver si se
vulneran o no los derechos fundamentales a la libertad de expresión y conexos de
un grupo de veedores ciudadanos del municipio de Montenegro (Quindío), a los
cuales se les prohíbe el perifoneo por megáfono de la campaña de revocatoria de
mandato que adelantan en contra de la alcaldesa del mencionado ente
territorial. Adicionalmente, se explorará el estudio de las denuncias relativas
a que una vez iniciado el proceso de recolección de firmas para el proceso
revocatorio, los accionantes recibieron amenazas de muerte por parte de
personas armadas con el fin de que no continuaran con la labor. El Secretario de Gobierno de Montenegro (Quindío) se opone
a la prosperidad de la presente acción de tutela, sobre la base de que el uso
del megáfono ha ocasionado alteraciones de orden público en el municipio, entre
los partidarios de la propuesta y los defensores de la administración. Sumado a
ello, expone que el municipio afronta un duro proceso de delincuencia y
homicidios, motivo por el que la negativa al uso del megáfono fue adoptada con
el fin de brindar seguridad a los accionantes, asegurar el orden público y
proteger la tranquilidad de la comunidad en general. También argumenta que para
el perifoneo se debe contar con un permiso del municipio y ser usado bajo unos
límites, requisito que los accionantes no cumplieron.
Los jueces de instancia para denegar el amparo solicitado,
avalaron los argumentos expuestos por el municipio y pusieron de presente que
el derecho a la libertad de expresión no está siendo vulnerado ya que las
autoridades sí dejaron a los accionantes continuar con el proceso de
recolección de firmas. En cuanto al tema de seguridad de los actores, el juez
de segunda instancia puso de presente que esa competencia corresponde a la Fiscalía
6.2 En armonía con las
consideraciones de esta providencia, el juez constitucional debe aplicar un juicio
estricto sobre la medida que estableció límites o prohibiciones al ejercicio
del derecho a la libertad de expresión. Por ello, a la luz de la jurisprudencia
y como herramienta metodológica de solución del caso, se estudiará si la
decisión del municipio de Montenegro de impedir el uso del megáfono a los
accionantes resulta adecuada, necesaria y proporcionada. Antes de entrar a estudiar de
fondo el presunte caso, la Sala encuentra que si bien al momento de la
presentación de la acción de tutela no se había vencido el término legal para
que el municipio contestara de fondo la petición, la Corte estima que la
protección de derechos fundamentales no puede supeditarse a formalidades
irrestrictas, más cuando de la respuesta misma brindada por la entidad, se
puede advertir por el juez constitucional una solución de fondo a lo pedido en
el escrito de petición. Tal es el caso de la situación sometida a revisión, ya
que en la contestación de la presente acción de tutela, la alcaldía afirmó que
ante la alteración del orden público: “(…)
se ha considerado pertinente, decir no al manejo de megáfono; lo cual no
riñe desde ningún punto de vista con lo estipulado en el artículo 20 de nuestra
Constitución Política”. (Subrayado por fuera del texto original).
De lo anterior, se puede
colegir que la entidad se niega, aduciendo razones de seguridad y orden público
a autorizar el uso del megáfono a los miembros del comité promotor de la
revocatoria del mandato. Sumado a ello, se advierte que durante el transcurso
de la impugnación el municipio allegó copia de la respuesta al juez de segunda
instancia con la trascripción de las mismas razones expuestas en la
contestación de la presente tutela. Por ello, la Sala recuerda que lo que está
de por medio es la presunta vulneración del derecho a la libertad de expresión
y conexos, motivo por el cual la acción de tutela no puede limitarse al
cumplimiento de un término o la verificación de la vulneración del derecho de
petición, cuando de los demás elementos de juicio se advierte la postura de
fondo de la parte accionada respecto de otros derechos fundamentales.
Puesto de presente lo antedicho y
procediendo a aplicar al caso especifico los parámetros referidos, se advierte
que la decisión del ente territorial accionado, de impedir el uso del megáfono
a los accionantes en sus instalaciones, en principio constituye una medida adecuada
porque tiene un fin legítimo y porque resulta idóneo para alcanzarlo, ya que (i)
busca la protección del derecho a la seguridad e integridad tanto de los
accionantes como de la comunidad en general, ante la alteración del orden
público que afronta el municipio; (ii) pretende el bienestar de la
comunidad ya que para el perifoneo con altoparlante existe el prerrequisito de
solicitar a la administración permiso para el uso y al momento del acaecimiento
de los hechos no se había ni siquiera interpuesto la solicitud.
No obstante, reitera la Corte
que no es suficiente que la limitación constituya una medida adecuada sino que
ésta debe ser necesaria en estricto sentido. Sobre este punto, una vez
analizados por la Sala los argumentos expuestos por el ente territorial para
prohibir el uso del megáfono, no se advierte que resulte indispensable la
determinación adoptada por el ente territorial por las razones que pasan a
Por un lado, en lo que
respecta al argumento del orden público, lo sustenta en un informe preparado
por el comandante de la estación de policía de Montenegro, respecto de los
homicidios acaecidos en el municipio a 13 de mayo de 2010. Visto por la Sala el
informe, se constata que al momento de la adopción de la medida, es decir, al
mes de mayo de 2010, se habían presentado 14 homicidios, entre las 7 de la
noche y las 6 de la mañana.[27]
Ahora, si bien esa tasa de homicidios podría considerarse alta para un
municipio de 40.000 habitantes
aproximadamente[28], que se encuentra ubicado en una zona turística
estratégica de la región cafetera del país, no se expone por parte de la
entidad accionada de qué manera se atenta contra la seguridad a partir de las
acciones de los promotores de la revocatoria por el uso del megáfono, ya que la
mayoría de los homicidios han ocurrido en las denominadas zonas de tolerancia a
las que hace referencia el estudio. Además, no se especifica si las causas de la ocurrencia de
los delitos son por razones políticas o similares. Por el contrario de una
búsqueda breve en Internet, se
evidencia en www.cronicadelquindio.com,
referencia a las causas de la delincuencia en el
municipio de Montenegro, en la que se exponen las declaraciones del Coronel de la
Policía Quindío, puntualizando que la principal causa de inseguridad es debida
al microtráfico de estupefacientes.[29] Por lo expuesto, para la Corte la invocación en abstracto
de la protección del orden público para limitar el derecho a la libertad de
expresión se torna genérica, vaga, indeterminada y sin fundamento
Por otro lado, se advierte que el municipio establece
límites al uso de altoparlantes conforme a las pautas dadas en el Decreto 948
de 1995,[30] que plasma en el parágrafo 3º del artículo 9º del Decreto
municipal del 07 de enero de 2001.[31] En este instrumento se
determina que en materia electoral dentro del municipio de Montenegro, la
publicidad electoral se podrá adelantar en los siguientes términos:
“PARAGRAFO 3º: La publicidad
mediante equipos de alto parlante se podrá ejecutar en los siguientes horarios
9:00 AM – 12:00 M y 2:00 PM- 5:00 PM; la misma requiere permiso previo de la Secretaría
de Gobierno y se regirá por lo estipulado en el Decreto 948 de 1995 y demás
normativa legal”. Para la Sala los límites de modo, tiempo y lugar
establecidos por las normas descritas, restringen de forma razonable el uso de
equipos que amplifican el sonido para el ejercicio de la libertad de expresión.
De allí, que si se toma el patrón horario establecido en la norma y el de la
ocurrencia de los homicidios, tampoco se evidencia la imperiosidad de la
prohibición permanente al uso del megáfono en los horarios permitidos por la
Sumado a lo anterior, la Sala encuentra que se
puede obtener un resultado similar con un sacrificio menor de principios
constitucionales y teniendo la potencialidad de alcanzar el fin propuesto. Si
bien se podrían dar los enfrentamientos ideológicos entre los partidarios de la
revocatoria de un lado y del otro los de la administración, se pudo haber
dispuesto el acompañamiento de la fuerza pública, para evitar la alteración del
orden público. En todo caso, esta decisión no puede significar el veto al uso
del altoparlante, que en términos de los accionantes, constituye la
prolongación de su voz.[32]
Por ello, la Sala es
consciente que el derecho a la libertad de expresión se extiende al medio que
la persona considere más idóneo para comunicar y exteriorizar sus ideas,
opiniones o pensamientos. En este caso, el uso de un megáfono para adelantar la
campaña de revocatoria del mandato de la alcaldesa de un municipio del
departamento del Quindío, representa un medio de comunicación de especial
importancia, circunstancia ante la cual la limitación absoluta no resulta
indispensable para garantizar el fin constitucional (seguridad y orden público)
que se pretende hacer prevalecer.
modo, la medida adoptada por el municipio de Montenegro resulta desproporcionada,
ya que el beneficio buscado con la medida sacrifica en alto grado valores y
principios constitucionales sin que medie razón suficiente para hacerlo. No es
preciso, puesto que el beneficio buscado con la decisión de proteger a los
accionantes y a las eventuales personas que pudiesen entrar en conflicto,
aunque es adecuada sacrifica definitivamente los derechos fundamentales a la
libertad de expresión y al pluralismo informativo, ya que impide el ejercicio
efectivo de la campaña para revocatoria de mandato, contemplada en la
Sala, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad de
expresión, la posibilidad de que los ciudadanos disientan de las políticas de
los gobernantes, siempre y cuando la discrepancia se manifieste de manera
pacífica, respetando los derechos de los demás y los obligatorios controles
estatales sobre la observancia del orden jurídico, especialmente, para el
presente caso, las contempladas en el Decreto 948 de 1995, el Decreto 07 de
enero 06 de 2010 del municipio de Montenegro (Quindío) y demás normas
el ejercicio del principio democrático a través de la búsqueda de prosélitos
por perifoneo de megáfono para un proceso revocatorio, constituye un mecanismo
de participación política de la ciudadanía. Por esta razón, pese a que la
recolección de firmas no fue prohibida por la alcaldía, los representantes de
la administración tienen la obligación de permitir el uso del megáfono y no
entorpecer el proceso, ya que este tipo de práctica constituye censura y está expresamente prohibida por el
artículo 20 superior. De ahí, que el control de los ciudadanos en los
asuntos políticos, sea fundamental e indisoluble para hacer de la democracia
una realidad e incluso un espacio para que de forma pacífica se presenten
argumentos a favor y en contra de determinado programa de gobierno y la
ejecución del mismo. Por su parte,
la atribución de conservar el orden público contemplada en el artículo 315-2
de la Carta, corresponde a una competencia constitucional directa que demanda
herramientas mínimas para su cumplimiento, obligación que debe garantizar el
ejercicio del principio democrático, la participación ciudadana y el respeto de
las garantías civiles como los derechos fundamentales a la libertad de
expresión, acceso a la información y pluralismo informativo.
Con fundamento en lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de esta Corporación revocará la sentencia del Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Armenia Quindío, proferida el 30 de junio de 2010, y en
su lugar concederá el amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión
y conexos de los señores Jorge Hernando Niño
Aponte, Jairo Antonio Serna Urrego y Héctor Manuel Vanegas Arias.
consiguiente, ordenará al municipio de Montenegro (Quindío) que, dentro del
término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia
autorice y permita el uso del megáfono a los accionantes de la referencia, con
la observancia de las limitantes contempladas en el Decreto 948 de 1995,
el Decreto 07 de enero 06 de 2010 del municipio de Montenegro (Quindío) y demás
Es pertinente aclarar que el uso
del megáfono en los términos y decibeles contemplados en la normativa, está
ligado al respeto de la tranquilidad pública,
elemento esencial del orden público, por lo que se torna indispensable la adopción
de medidas orientadas a la prevención de conductas o actividades de los ciudadanos,
que quebranten la convivencia pacífica, el descanso, el trabajo y/o el
desarrollo normal de la vida en sociedad. Por ello, en principio, corresponde a
las autoridades administrativas de policía, garantizar a todo miembro de la
comunidad el derecho a no ser perturbado sin justa causa y a que nadie lo
inquiete o le cause perturbación, actuando contra la ley o abusando de sus
derechos.[33]
Sobre la base de lo anterior y
con apoyo en las consideraciones de esta providencia se advertirá a la
alcaldesa del municipio de Montenegro y al Secretario de Gobierno del ente
territorial que en lo sucesivo se abstengan de restringir o impedir el
ejercicio democrático de la revocatoria del mandato, con las salvedades
expresadas en la presente providencia. 6.3 No obstante lo
anterior, la Sala no puede dejar pasar por alto que el inicio de la campaña
revocatoria de mandato al parecer ha implicado persecución ilegal a los
miembros del comité promotor, ya que conforme a lo denunciado por los gestores
del amparo, tanto en la impugnación como en sede de revisión, han sido
amenazados de muerte por sujetos armados. De lo anterior, dan cuenta las
afirmaciones de los señores Jairo Antonio Serna Urrego y Héctor Manuel Vanegas
Arias, las cuales constan en el acápite de la impugnación de los antecedentes
de esta providencia. Sumado a lo afirmado por el señor Jorge Hernando Niño que
reiteró las amenazas en sede de revisión y allegó copia de denuncia de la
persecución presentada ante la Fiscalía General de la Nación.
Por lo anterior, la Corte
encuentra indispensable advertir a la Fiscalía General de la Nación, para que
de inmediato tenga en cuenta lo decidido en la presente providencia y para que
dentro de la órbita de sus competencias y del Programa de Protección y
Asistencia a Víctimas y Testigos de la entidad, estudie la situación de
vulnerabilidad de todos los miembros del comité promotor al que se hace
referencia en esta sentencia, adoptando las medidas que garanticen la
protección efectiva, tanto de sus derechos como la de sus familiares, que
pueden verse vulnerados por las denuncias y por la naturaleza del proceso de
participación ciudadana que adelantan los accionantes de la presente
Del mismo modo, la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General de la Nación por medio de sus respectivas
áreas y funcionarios competentes, tendrán la obligación de apoyar, acompañar y
vigilar el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de
manera efectiva los derechos aquí protegidos y las órdenes adoptadas. Esto, sin
perjuicio de la competencia que tiene el juez de primera instancia conforme al
Del mismo modo y con el fin de
que sean garantizados los derechos aquí protegidos, se dispondrá la remisión al
comandante de la policía en el Municipio de Montenegro (Quindío), de copia de
la presente sentencia para lo de su competencia. 6.4
Por último, para la Sala no es ajeno el hecho de que en desarrollo del proceso
revocatorio las dos partes implicadas en la presente acción de tutela,
manifiesten la existencia de afirmaciones falsas sobre el contenido de la
iniciativa y de la oposición a la misma, al punto que el municipio allegó al
proceso fotocopia del acta Núm. 048 de mayo 10 de 2010, del Concejo Municipal
de Montenegro, en cuanto al testimonio rendido ante esa Corporación por parte
de un ciudadano, relativo a afirmaciones comprometedoras de los promotores de
la revocatoria. Así mismo, se aprecia la denuncia de uno de los accionantes
respecto de aseveraciones de la alcaldesa a través de medios de comunicación
encaminadas, a desprestigiar y descalificar a los miembros del Comité.
probatorio obrante en el expediente de la presente acción de tutela, no se ha
allegado prueba que sustente fehacientemente lo afirmado de parte y parte,
razón por la que la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento al respecto. No
sin dejar de reiterar, conforme a lo plasmado en el fundamento jurídico quinto (5)
de las consideraciones de esta providencia, que la Ley 134 de 1994 en el
artículo 94 contempla sin perjuicio de la acción penal que corresponda, la posibilidad
de que las afirmaciones falsas sobre el contenido de la iniciativa o de la
oposición a la misma sean sancionadas por el Consejo Nacional Electoral, en el
caso de que sean personas de derecho privado las que efectúan la conducta, o si
se trata de servidores públicos, ante el Ministerio Público, previa denuncia de
cualquier ciudadano. V. DECISIÓN.
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento
de Armenia Quindío, proferido el 30 de junio de 2010 que a su vez confirmó lo
decidido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma población del
24 de mayo de la misma anualidad. En su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho fundamental a la libertad de expresión y conexos de los señores Jorge Hernando Niño Aponte, Jairo Antonio Serna
Urrego y Héctor Manuel Vanegas Arias.
SEGUNDO.- ORDENAR al municipio de Montenegro (Quindío) que, dentro del
con apoyo de las consideraciones de esta providencia ADVERTIR la
territorial que en lo sucesivo se abstengan de restringir o impedir el ejercicio
democrático de la revocatoria del mandato, con las salvedades expresadas en el
presente fallo. TERCERO.- ADVERTIR a la
Fiscalía General de la Nación que, de inmediato tenga en cuenta lo decidido en
la presente providencia y para que dentro de la órbita de sus competencias y
del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la entidad,
estudie la situación de vulnerabilidad de todos los miembros del comité
promotor al que se hace referencia en esta sentencia, adoptando las medidas que
garanticen la protección efectiva, tanto de sus derechos como de los de sus
familiares, que pueden verse vulnerados por las denuncias y por la naturaleza
del proceso de participación ciudadana que adelantan.
CUARTO.- ORDENAR a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, por medio de
sus áreas respectivas y funcionarios competentes, que apoyen, acompañen y vigilen
el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera
efectiva los derechos aquí protegidos y órdenes adoptadas. Esto, sin perjuicio
de la competencia que tiene el juez de primera instancia conforme al Decreto
QUINTO.- REMITIR
al Comandante de la Policía en el Departamento del Quindío y al del Municipio
de Montenegro copia de la presente sentencia para lo de su competencia. SEXTO.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria
[1] En la misma fecha, se allegó por parte del municipio
contestación por intermedio de apoderada judicial. [2] Folios 10 a 34 del cuaderno de revisión. [3] El artículo 19 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagra: “Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”En
el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
el artículo 13, establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
cualquier otro procedimiento de su elección.”
[5] Las providencias referenciadas en la providencia fueron las Sentencias
C-010 de 2000, C-650 de 2003, SU-1721 de 2000, SU-1723 de 2000, SU-056
de 1995, T-104 de 1996, T-505 de 2000, T-637 de 2001, T-235A de 2002 y T-1319 de 2001.
[6] Para mayor información, el contenido y fundamento jurídico de cada uno de los
elementos trascritos fue tratado en el Acápite IV-2, el cual está adjunto a la Sentencia T-391/07. [7] El artículo 42 de la Constitución de 1886 contemplaba la libertad de prensa en los siguientes términos: “La prensa es libre en tiempo de paz;
pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las
personas, al orden social o a la tranquilidad pública (…)”. [8] Sentencia C-488/93
[9] Con ánimo de acentuar lo
afirmado, es pertinente recordar las reflexiones del escritor británico Harold Pinter, realizadas en el discurso de agradecimiento
por el Nobel de Literatura de 2005, cuando al inicio del mismo, manifestó: “En 1958, escribí lo siguiente: 'No hay distinciones
concretas entre lo que es real y lo que es irreal, ni entre lo que es verdadero
o falso. Una cosa no es necesariamente verdadera o falsa; ya que puede ser al
mismo tiempo verdadera y falsa. “Creo que estas aseveraciones aún tienen
sentido y aún aplican a la exploración de la realidad por medio del arte.
Entonces, como escritor las mantengo, pero como ciudadano no. Como ciudadano
debo preguntar: ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? [Traducción informal:
“In 1958 I wrote the following: “‘there are no hard distinctions between what
is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing
is not necessarily either true or false; it can be both true and false.' “I
believe that these assertions still make sense and do still apply to the
citizen I cannot. As a citizen I must ask: What is true? What is false?”] Fuente: Nobelprize.org [10] Las citas o referencias al pie del texto trascrito han sido
suprimidas. [11] Sentencia SU-056/95
[12] Sentencia C-073/96. Es aconsejable tener en cuenta que la libertad de
expresión suele estar relacionada con ideas y opiniones propias del individuo y
la libertad de información mayoritariamente sobre hechos o sucesos que se
trasmiten a un grupo social.
Sobre la distinción señalada, pueden confrontarse las Sentencias T-048/93,
T-080/93, SU-056/95 y T-066/98, entre otras.
[13] En cuanto al tema del particular que presta un servicio público, son
perfectamente aplicables las consideraciones hechas en esta providencia
respecto de la procedencia en general de la acción de tutela contra entidades
de dicha naturaleza, las cuales para dichos efectos pueden ser entendidas como
autoridades puesto que prestan un servicio público propio del Estado. [14] Sentencia T-505/00
[15] Principio número cinco (5) de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión. [16] Al respecto pueden consultarse las Sentencias C-010/00 y T-391/07. [17] Relacionado con el tema del pluralismo
informativo, pueden consultarse las Sentencias C-010/00 y C-1153/05.
[18] En lo referente a condicionamientos a la
libertad de expresión, la jurisprudencia ha determinado que estos se integran
al Bloque de Constitucionalidad, al respecto la Sentencia T-1319 de 2001, puntualizó: “(…)
los contenidos normativos
ratificados por Colombia, (…) hacen parte del bloque de constitucionalidad, en
virtud del mandato del inciso segundo del artículo 93, según el cual, los
derechos y deberes constitucionales deben ser interpretados de conformidad con
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
[19] Sentencia SU-467 de 1997 [20] En la Sentencia T-235A de 2002 la Corte resolvió: “(…) CONCEDER al señor (…) la tutela
de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de
escoger oficio. Segundo.- PREVENIR al alcalde municipal de Barbosa y al
Secretario de control y apoyo comunitario del mismo municipio, para que en lo
sucesivo se abstengan de prohibir o exigir autorizaciones a quienes ejerzan la
fotografía y camargorafía, sin que exista previamente facultad legal para ello.
“ [21] Cfr. Sentencia T-948 de 2008. [22] Pueden confrontarse el desarrollo de dichas limitaciones en las
Sentencias C-045/96, SU-467/97 C-010/00, T-505/00,
T-235A/02, C-431/04 y T-391/07, entre otras.
cuanto a la revocatoria del mandato, el artículo 103 superior lo contempla como
un mecanismo de participación del
pueblo en ejercicio de su soberanía. [24] Sentencia C-222 de 1997
[25] En la Sentencia C-011 de 1994, la Corte explicó “(…) el nuevo esquema filosófico de la Carta el ciudadano ya no se limita a
votar para la escogencia del gobernante y luego desaparece durante todo el
periodo que media entre dos elecciones -como en la democracia
representativa-, sino que durante todo el tiempo el ciudadano conserva sus
derechos políticos para controlar al elegido -propio de la democracia
participativa-. El ciudadano no se desentiende de su elección”.
[26] Sobre la constitucionalidad de este artículo, en la Sentencia C-180 de 1994 se precisó que “Esta norma no presenta
ninguna incompatibilidad con la Constitución, pues su objetivo es que quien
participe en estas campañas, lo hagan (sic) cumpliendo una serie de reglas y
mandatos legales, so pena de incurrir en sanciones”.
Concomitante con lo expuesto, existe un
mecanismo de participación administrativa por medio del cual la referida Ley
134 de 1994 democratiza, el control y la fiscalización de la administración
pública, permitiendo que los particulares establezcan
veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los
niveles territoriales, con el fin de inspeccionar la gestión pública, los
resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos.
[27] Folios 61 a 70. [28] Dato basado en el Censo consolidado de
2005 y proyección de población para el 2010. Fuente: www.dane.gov.co [29] El reportaje hace referencia al aumento de
las recompensas en el caso de tres personas identificadas como delincuentes y
de las cuales se afirma tener pruebas de que son quienes se han apoderado del
microtráfico de drogas en el departamento, sobre todo en Quimbaya y Montenegro,
y de allí su responsabilidad en gran parte de los homicidios que se presentan
en estas localidades, haciendo referencia a declaraciones del comandante de la Policía Quindío, el Coronel Luis Enrique Roa Merchán, informa la prensa que para el representante de la fuerza pública en la zona “es claro que
la principal causa de la inseguridad en la región es el microtráfico de
estupefacientes y por ello la lucha es de manera conjunta con todas las
autoridades para combatirlo. Hemos visto la necesidad de conformar una
estructura mayor para dar la lucha en contra de este delito, por eso pasamos de
dos investigadores a 24, haciendo una distribución especial con asignación
particular de comunas y señalando responsabilidades directas”. Indicó que para cada
comuna están disponibles dos investigadores junto con el comandante del
respectivo CAI y el comandante de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín. “Estos uniformados se encargarán, en un trabajo coordinado con la fiscalía,
de reunir los elementos probatorios que permitan adelantar los allanamientos
y capturas en los sitios utilizados para el expendio de alucinógenos”. Subrayado
por fuera del texto original. Al respecto se puede consultar: (http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-como_paso__aumentaron_recompensas_por_delincuentes_quindianos-seccion-la_noticia_como_es-nota-14478.htm)
Consulta efectuada el 07 de diciembre de 2010. [30] “Por el cual se reglamentan,
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”. En
especial el artículo 44, establece: “ART. 44. —Altoparlantes y
amplificadores. Se prohíbe el uso de estos instrumentos en zonas de
uso público y de aquellos que, instalados en zonas privadas, generen ruido que
transcienda al medio ambiente, salvo para la prevención de desastres, la
atención de emergencias y la difusión de campañas de salud. La utilización
de los anteriores instrumentos o equipos en la realización de actos culturales,
deportivos, religiosos o políticos requieren permiso previo de la autoridad
competente.” Subrayado por fuera del texto original.
[31] “Por medio del cual se dictan normas sobre publicidad
electoral”. [32] Ya esta corporación había estudiado un asunto
relacionado con la libertad de expresión y el uso de los medios para ejercerla,
tal es el caso abordado en la Sentencia T-705 de 1996 de un preso que estaba recluido en un centro penitenciario de Mocoa (Putumayo), quien
por medio de una máquina de escribir elevaba quejas y solicitudes, a nombre
propio y de terceros, ante las autoridades penitenciarias. En aquel caso la Corte encontró carente de todo fundamento objetivo y razonable la confiscación y prohibición
de uso de la máquina de escribir y ordenó la entrega de la misma. En la referida providencia, la Corte precisó: “La libertad de expresión abarca, adicionalmente, el derecho
a adoptar el medio que la persona considere más idóneo para comunicar y
exteriorizar sus ideas, opiniones o pensamientos. En consecuencia, la forma de
expresar las ideas o los medios que se utilicen para difundirlas, hacen parte
del este derecho fundamental. En suma, la tenencia de medios útiles para
comunicar el pensamiento - como en efecto lo es una máquina de escribir - se
encuentra, en principio, amparada por el derecho fundamental a la libertad de
expresión.” [33] Sentencias T-112/94 y C-040/06.