Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_03_2013/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:36:44
Document Index: 285490176

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 80', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 155', 'artículo 136', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 306', 'artículo 300', 'artículo 297', 'artículo 300', 'artículo 99', 'artículo 49', 'artículo 149', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 138', 'artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 42', 'artículo 177']

Doctora CARMEN AMPARO PONCE DELGADO -Presidente -
Doctor NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ –Vicepresidente-
Doctor CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO
Doctora MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO – Magistrada por descongestión-
Doctor PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE – Magistrado por descongestión-
El actual Presidente del Consejo de Estado, Doctor Alfonso Vargas Rincón, manifiesta que “el juez debe ser un hombre discreto”. Lo menciona en el siguiente contexto:
“La legitimidad del Consejo de Estado a los ojos de la sociedad debe basarse en su credibilidad y en la función que cumple. La dificultad es que, a través de la historia, el papel que cumple el juez no se ve, porque él debe ser un hombre discreto. El funcionario judicial no debe estar con sentido protagónico a toda hora, sino que su tarea debe cumplirse de manera abnegada, discreta y permanente lo que repercutirá en la sociedad. El valor supremo de una sociedad es la justicia, y si hay justicia, hay paz (…) Me califican de ser muy apegado al ordenamiento jurídico y tienen razón, porque lo concibo al servicio de la sociedad (…) la paz se logra a veces sin palabras, dando ejemplo, cumpliendo la tarea, siendo diligentes, serios y siempre prudentes. Por eso, si esta pregunta se le hiciera al Consejo de Estado como si se tratara de un ser individual, respondería que una gran institución también debe ser seria, firme, independiente y prudente. Esas serían las reglas para contribuir a la paz”. [1]
Señala el Consejero de Estado su concepción frente a la labor del operador jurídico judicial y dentro de ese marco, resalta como el cumplimiento, la diligencia, la seriedad, la independencia y la prudencia se convierten en estandartes de su trabajo. El comentario resulta más que pertinente y realista teniendo en cuenta que la Rama Judicial se ha destacado por su trabajo callado pero esforzado. Y es que, sin lugar a equívocos, sobre la estructura de la Rama reposa gran parte del cuidado del Supra principio Estado social de Derecho.
Lo anterior, de por sí, marca en la organización judicial una característica palpable. El análisis detenido de la Rama frente a las problemáticas sociales reflejadas en lo jurídico, demanda de sus órganos y de sus operadores un cuidado especial. Corolario de ello es como la Jurisdicción Administrativa en el Cauca ha sobresalido por su responsabilidad y por su laboriosidad, sin buscar protagonismos, pero sí expresando por medio de su labor, estar a la vanguardia de las decisiones judiciales.
Ponemos a disposición de la sociedad una selección de cuarenta y cuatro (44) pronunciamientos judiciales de esta Corporación con el fin de que sean analizados y debatidos en sus respectivos despachos y oficinas con la seguridad de que aportarán criterios serios y necesarios para coadyuvar en la construcción del pretendido Estado social de derecho.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO y MARZO DE 2013.
1. EXEQUIBILIDAD/ Acuerdo 013 del 7 de septiembre de 2012, proferido por el Concejo Municipal de Timbiquí - Cauca /Únicamente los Concejos Municipales, a nivel territorial, tienen competencia funcional recibida directamente de la Constitución Política y desarrollada por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para expedir e introducir modificaciones en el presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia/No puede trasladarse al alcalde tal facultad/Declara no ajustado a la Constitución y a la ley/ Declara no ajustado a la Constitución y a la ley/19001233300220120064800/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
2. ACCIÓN POPULAR/ Aprobación de pacto de cumplimiento/Financiamiento para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales/ 19001230000020110038301/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
3. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Jurisdicción indígena/Falta de notificación de decisiones adoptadas por cabildo indígena / Confirma y adiciona decisión del a quo que accedió a pretensiones/ 19001233100620120022701/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Incapacidad económica para asumir los costos de los medicamentos prescritos por el médico tratante/Régimen contributivo/ Prueba suficiente de la incapacidad económica del accionante/Concede/19001233300220130006400/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ No se debe exigir el agotamiento del trámite ante los Comités Técnico Científicos para el suministro de los medicamentos excluidos del POS/Concede/19001233300220130007600/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Área de sanidad de la Policía Nacional/Tratamiento odontológico/ No están acreditados los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para autorizar en sede de tutela tratamientos excluidos del POS/Deniega/ 19001233300220130008600/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ Dragoneante del INPEC/ Calificación de no apto por talla baja/ Deniega/ 19001233300320130004600 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Sujeto de especial protección constitucional/ Entrega de medicamentos e insumos prescritos por el médico tratante/Concede/19001233300320130008700/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ El derecho a la salud de los pacientes con trastornos mentales, y el principio de solidaridad frente a la protección especial de disminuido psíquico/Concede/19001233300420130009500/MP David Fernando Ramírez Delgado.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Pago oportuno de pensiones/ Sustitución de asignación mensual de retiro/ La respuesta de la Entidad de que se pagará al beneficiario no cesa la vulneración del derecho/Concede/19001233300420130014400/ MP David Fernando Ramírez Delgado.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Solicitud de reparación administrativa ante la Agencia Presidencial para Acción Social/ Le corresponde a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas determinar cuáles son las medidas de reparación que proceden en este caso particular/ Solicitud hecha en vigencia del Decreto 1290 de 2008/Modifica decisión del a quo/190013331001020120029101/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Cambio a fase de confianza/Es competencia exclusiva del INPEC/ El juez de tutela no es competente para decidir sobre cambio de fases de los Internos/Revoca decisión del a quo/19001333100120120029501/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Derechos fundamentales de petición y debido proceso/ Acción constitucional no puede ser un nuevo escenario para debatir si la notificación de acto administrativo se hizo de manera regular/Carencia actual de objeto/Revoca/19001333100120130000901/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Obligaciones dinerarias/ El accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el rembolso de gastos en que debió incurrir en la prestación de los servicios de salud/Confirma y adiciona decisión del a quo. 19001333100320130000501/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
15. ACCIÓN DE TUTELA/Internos/ Derecho de petición y debido proceso/ Beneficios administrativos son competencia del Juez de Ejecución de Penas/El Director del INPEC debe tramitar la solicitud/Confirma/1900133310052012002440/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Prestaciones asistenciales/ Suspensión de tratamiento farmacológico/Hecho superado/Adiciona sentencia del a quo/19001333100620120022101/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
17. ACCIÓN DE TUTELA/ Tema pensional/ Improcedencia/Modifica decisión del a quo/ 19001333100620130001101/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
18. ACCIÓN DE TUTELA/ Seguridad social/ Pago de incapacidades/ Se encuentra acreditado que la entidad accionada avaló la renuencia y extemporaneidad en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud/Confirma fallo del a quo que concedió/19001333100720120024601/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
19. ACCIÓN DE TUTELA/Improcedencia/ Para obtener refinanciación de créditos/Revoca decisión del a quo/ 19001333100820120019101/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
20. ACCIÓN DE TUTELA /Liquidación y pago de cesantías/Sanción moratoria/ Debe acudirse a la vía ordinaria/ Confirma decisión del a quo/ 19001333100820120023701/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
21. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/ Compañía Energética de Occidente/Falta de notificación de actuación administrativa/Confirma/19001333100820120025401/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
22. TUTELA/ Derecho a la salud/ Orden judicial para que un grupo médico multidisciplinario decida el tratamiento médico a seguir/Revoca/ 19001333100820130002201/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad / Proceso tramitado en vigencia del actual sistema penal acusatorio - Ley 906 de 2.004 / Funciones de la Fiscalía General de la Nación y del juez de conocimiento/La Fiscalía formula la preclusión y el Juez de Conocimiento la declara/ Es necesario verificar en cada caso a quién le resulta atribuible el daño alegado/Concede/19001230000120100008200/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
24. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/Caducidad de la acción/ El término se cuenta desde la fecha de ejecutoria de la providencia/Prospera excepción/Se deniegan pretensiones/19001230000120100027700/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
25. REPARACIÓN DIRECTA / Responsabilidad médica/ A la paciente se le brindó una atención oportuna y adecuada/Falencias probatorias para demostrar falla en el servicio/Deniega/ 19001230070120040123600/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
26. REPARACIÓN DIRECTA/ Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia/Actuación tardía al dictarse sentencia/Secretario no pasa el expediente a despacho del juez sin reparar que el término de prescripción de la acción penal seguía corriendo/Concede/19001233170120050088700/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
27. REPARACIÓN DIRECTA / Lesiones personales a causa de mina antipersona/No se demostró nexo causal/ Deniega/ 19001233170120080031600/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Secuestre/Daños por no pago del servicio de parqueadero/ No hay bases suficientes para establecer el monto de los perjuicios materiales/ Condena in genere/19001233170120080034800/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
29. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de particular en manos del Ejército Nacional/ Faltan elementos probatorios/Recortes de prensa no bastan para acreditar daño antijurídico/Deniega pretensiones/ 19001233170120080042800/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
30. REPARACIÓN DIRECTA/ Indebido funcionamiento de la administración de Justicia/ Dilaciones en el tiempo fueron propias del proceso/ El Juzgado mostró siempre diligencia para tratar de agotar el procedimiento/Deniega/ 19001233170220060106900/MP Magnolia Cortés Cardozo
31. REPARACIÓN DIRECTA/Caducidad/ Retardo injustificado en la entrega real, material y definitiva de vehículo / Cuando se trata de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, sino que opera desde el mismo momento en que efectivamente se haya inferido el daño/ La caducidad de la acción operó incluso para cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría/Se declara probada la excepción/Deniega/19001233170220090028900//MP Magnolia Cortés Cardozo.
32. REPARACIÓN DIRECTA/ Adquisición de vivienda/Convenio Constructora Los Faroles y Municipio de Popayán/ El término de caducidad no se puede contabilizar a partir del momento en que fueron proferidos los actos administrativos relacionados con el siniestro y la liquidación unilateral del contrato ya que son actuaciones posteriores al hecho dañoso/ El daño se hace evidente al vencerse el plazo establecido para la entrega de la vivienda sin que ésta se efectuara/Revoca decisión del a quo/19001333100220030010101/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
33. REPARACIÓN DIRECTA/”Fuego amigo”/ Falta al deber u obligación de cuidado/ Falla en el servicio o táctica militar/ Fuerza Aérea Colombiana, -Ejército Nacional/Modifica decisión del a quo/19001333100420050085101/MP Pedro Javier Bolaños Andrade
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Inepta demanda/ El actor erró en la individualización del acto acusado omitiendo incluir como demandado el acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo/ Revoca decisión del a quo/19001230000420070030002/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
35. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación de pensión/ Prescribieron las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2003 / Erró el a quo al indicar que se encontraban prescritas las causadas con anterioridad al 7 de julio de 2005 / No se modifica la sentencia toda vez que el apelante único es CAJANAL y no se le puede hacer más gravosa su situación/19001230000420080022901/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
36. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Grado Jurisdiccional de Consulta/Asignación mensual de retiro/ Aplicación del IPC como factor de reajuste/ El precedente judicial vertical apunta a determinar cuál es el sistema más favorable y no cuál es el porcentaje más favorable ya que implicaría la aplicación simultánea de dos sistemas de reajuste/ Al demandante le resulta más favorable el reajuste de su asignación de retiro con base en el sistema de la Ley 100 de 1993, artículo 14 y no con base en el sistema oscilatorio en los años 2002, 2003 y 2004/Confirma y modifica parcialmente sentencia del a quo/1900123000420070003001/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
37. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Asignación de retiro/ Policía Nacional / Situación consolidada conforme a normas expedidas con anterioridad a la vigencia del Decreto 4433 de 2004/Confirma decisión del a quo/19001233170120080035501/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
38. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Sustitución pensional/ La actora no solicitó en su oportunidad procesal copia auténtica del acto administrativo por el cual CASUR la reconoció como beneficiaria/Carga de la prueba/Confirma sentencia del a quo que deniega/19001233170220080006001/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
39. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Retiro del servicio/Facultad discrecional/No se demostraron razones para desvirtuar el mejoramiento del servicio/Confirma decisión del a quo/ 19001233170220080022501/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
40. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensión de jubilación/ Prima de actividad/ situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 2863 de 2007/Confirma decisión del a quo/19001233170220090031401/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
41. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Grado Jurisdiccional de Consulta/Asignación mensual de retiro/ Aplicación del IPC como factor de reajuste/ El precedente judicial vertical apunta a determinar cuál es el sistema más favorable y no cuál es el porcentaje más favorable ya que implicaría la aplicación simultánea de dos sistemas de reajuste/ Al demandante le favorecía más el sistema oscilatorio y no el del IPC/ La favorabilidad o desfavorabilidad se debe cuestionar en relación al sistema y no al porcentaje. Revoca decisión del aquo/ 19001333100120070014101/ MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
42. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Supresión del cargo/ Desviación de poder/Faltan elementos probatorios para demostrarla/ No se desvirtuó presunción de legalidad/Revoca parcialmente sentencia del a quo/19001333100520050138701/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
43. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Supresión del cargo/Indemnización/ Hospital San José/ Vinculación en provisionalidad/ Decreto Ley 1750 de 2003/Confirma fallo que deniega pretensiones/19001333100820070018001/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
44. CONSEJO DE ESTADO- Sección primera / CONFIRMACIÓN DE SENTENCIA DE HABEAS CORPUS / La privación de la libertad no se ha prolongado de manera ilegal/ Cualquier inconformidad con las actuaciones u omisiones procesales debe surtirse al interior del proceso penal/Confirma decisión del Tribunal Administrativo del Cauca.
Acción: Exequibilidad
Sentencia: 01 de febrero de 2013
Expediente: 19001233300220120064800
Tema tratado: Acuerdo 013 del 7 de septiembre de 2012, proferido por el Concejo Municipal de Timbiquí – Cauca/ Únicamente los Concejos Municipales, a nivel territorial, tienen competencia funcional recibida directamente de la Constitución Política y desarrollada por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para expedir e introducir modificaciones en el presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia/No puede trasladarse al alcalde tal facultad/
“Así las cosas, a partir del contenido de los artículos 345 y 352 de la C.P. y de su interpretación, según la cual en ellos se encuentra el principio de legalidad del gasto público, la Sala concluye que únicamente los Concejos Municipales, a nivel territorial, tienen competencia funcional recibida directamente de la Constitución Política y desarrollada por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para expedir e introducir modificaciones en el presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia. De igual manera y al tenor del artículo 80 del Decreto 111 de 1996 el Gobierno tiene la iniciativa para presentar al Concejo Municipal el proyecto de acuerdo sobre presupuesto y los proyectos relativos a las modificaciones presupuestales, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, de inversión y servicio de la deuda. En el Acuerdo demandado, en el artículo 1° se autoriza al Alcalde para crear rubros, realizar adiciones hasta del 20% y traslados presupuestales, conducta que viola las normas citadas por cuanto es de exclusiva competencia de los Concejos expedir el presupuesto municipal y sus modificaciones y por ningún motivo puede trasladarse en el mandatario local tal facultad, por lo que prospera el cargo y se declarará la ilegalidad del Acuerdo”.
Sentencia: 20 de febrero de 2013
Expediente: 19001230000020110038301
Tema tratado: Aprobación de pacto de cumplimiento/Financiamiento para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
“En suma del cronograma, se evidencia la decidida participación del municipio de Miranda y la Empresa de Servicios Públicos de Miranda -EMMIR-, para la formulación del proyecto para lograr financiar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que implica asumir las obligaciones allí impuestas en cuanto a la compraventa del lote de la PTAR y la realización del proyecto. Por tanto, el pacto de cumplimiento suscrito entre las partes cumple con lo establecido en el inciso 4° del artículo 27 de la ley 472, toda vez que en él se determina la forma de protección de los derechos e intereses colectivos y además está acorde con lo pedido en la demanda, consecuencia se procederá a su aprobación. No está por demás manifestar que el Municipio deberá seguir con el proyecto relacionado con la construcción del alcantarillado en la zona norte del municipio, obra de la cual ya existen los estudios correspondientes, debidamente concertados con el municipio de Miranda, en orden a la obtención de recursos y desarrollo del mismo, toda vez que estos ya vienen diseñados aún antes de la presentación de esta acción popular, la cual fue presentada por el actor el 13 de mayo de 2011”.
Providencia: Tutela
Sentencia: 05 de febrero de 2013
Expediente: 19001233100620120022701
Tema tratado: Debido proceso/ Jurisdicción indígena/Falta de notificación de decisiones adoptadas por cabildo indígena / Confirma y adiciona decisión del a quo que accedió a pretensiones.
“Por tanto deberá el Cabildo Indígena de Rioblanco en garantía del derecho de defensa y contradicción tal como lo ha señalado el A quo notificar en debida forma los actos administrativos contentivos de la decisión adoptada en Acta Comunitaria del Asentamiento Indígena de Miraflores, la respuesta de 17 de octubre de 2012 y la Resolución No. 006 de marzo de 2012. Frente los problemas jurídicos planteados todo indica que la falta de comunicación y notificación al accionante de las decisiones adoptadas por el Cabildo en asamblea de 6 de junio de 20012, y del derecho de petición constituyen una violación de los derechos fundamentales reclamados; y no podrá el Juez constitucional dejar sin validez la decisión como tal, ya que todo apunta a que se ha surtido de acuerdo con los usos y costumbres. Lo que se observa es la falta de adecuada notificación. En consecuencia se confirmará y adicionará la Sentencia No. 045 de 5 de diciembre de 2012”.
Sentencia: 19 de febrero de 2013
Expediente: 19001233300220130006400
Tema tratado: Derecho a la salud/ Incapacidad económica para asumir los costos de los medicamentos prescritos por el médico tratante/Régimen contributivo/ Prueba suficiente de la incapacidad económica del accionante/Concede
“La accionante manifestó su incapacidad económica para asumir los costos de los medicamentos que fueron prescritos por el médico tratante, afirmación que se encuentra demostrada dentro del sub lite, pues la tutelante está afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo en el Nivel 1 del Sisben, lo cual se considera como prueba suficiente de la incapacidad económica del accionante. Adicionalmente, se debe precisar que la incapacidad económica del accionante no fue controvertida por la entidad accionada, teniendo la oportunidad procesal para hacerlo. iv) El medicamento requerido por el accionante, haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS.De conformidad con la fórmula médica aportada con la demanda, se observa que la tutelante fue valorada en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. por el médico fisiatra, Régulo Andrés Vidal Barragán, en calidad de afiliada de la ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR E.S.S, lo cual se demuestra la relación existente entre el galeno que formuló los medicamentos y la entidad accionada. Teniendo en cuenta lo anterior, concluye la Sala, que en el asunto de autos se configuran los cuatro requisitos exigidos por la Corte Constitucional para el suministro de los medicamentos excluidos del POS, razón por la cual se amparará el derecho a la salud del accionante (…)”
Sentencia: 22 de febrero de 2013
Expediente: 19001233300220130007600
Tema tratado: Derecho a la salud/ No se debe exigir el agotamiento del trámite ante los Comités Técnico Científicos para el suministro de los medicamentos excluidos del POS/Concede.
“Respecto del planteamiento formulado por la entidad accionada referente a la necesidad de agotar el trámite ante los Comités Técnicos Científicos Regionales para el suministro de los medicamentos que se encuentran excluidos del POS, es preciso señalar que las entidades prestadoras de salud no deben establecer procedimientos adicionales o engorrosos que afecten los derechos de los pacientes. Considera la Sala que someter la autorización de la entrega de un medicamento que fue ordenado por profesional de la salud para garantizar la vida o preservar la salud del paciente al concepto del Comité Técnico Científico, que a criterio de la Corte Constitucional “no es en estricto sentido un órgano de carácter técnico,” se transgreden los derechos fundamentales de los pacientes, más aún cuando se trata de un sujeto especial de protección, como lo es una persona de la tercera edad. Así las cosas, la Sala no comparte la posición asumida por la entidad accionada respecto a la necesidad de que la accionante presente ante el Comité Técnico Científico Regional la solicitud de autorización de los medicamentos excluidos del POS, pues como se decantó previamente, éstos fueron ordenados por el profesional de la medicina que conoce y ha manejado la patología que sufre la señora CARMEN ELENA PIEDRAHITA CACERES”.
Sentencia: 25 de febrero de 2013
Expediente: 19001233300220130008600
Tema tratado: Derecho a la salud/Área de sanidad de la Policía Nacional/Tratamiento odontológico/ No están acreditados los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para autorizar en sede de tutela tratamientos excluidos del POS/Deniega.
“Así las cosas, y en razón a que no se encuentra acreditado el requisito de incapacidad económica del accionante o que la asignación básica que recibe como jubilado de la Policía Nacional no sea suficiente para asumir el valor del tratamiento odontológico consistente en la instalación de núcleo y corona sin afectar su mínimo vital, no se accederán a las pretensiones de la demanda, pues no están acreditados los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para autorizar en sede de tutela tratamientos excluidos del POS. Por último, respecto del tratamiento de conductos que requiere el accionante, la Sala observa que de conformidad con lo expresado por el Área de Sanidad de la Policía – Cauca, tanto en la respuesta al derecho de petición de 31 de enero de 2013, así como en el informe de la odontóloga y en el informe de la tutela, en ningún momento se le ha negado la prestación de este servicio odontológico, y por el contrario, se le ha instado para la realización del respectivo procedimiento, razón por la cual, no se vislumbra vulneración al derecho a la salud respecto de este tratamiento”.
Sentencia: 12 de febrero de 2013
Expediente: 19001233300320130004600
Tema tratado: Concurso de méritos/ Dragoneante del INPEC/ Calificación de no apto por talla baja/ Deniega.
“…la Sala no encuentra vulneración alguna de los derechos fundamentales del tutelante pues la exclusión del concurso abierto de méritos adelantado por la CNSC obedeció a que fue calificado como NO APTO debido a que no cumplía con el requisito de estatura mínima requerida, situación calificada como inhabilidad en el profesiograma adoptado por el INPEC para el empleo de Dragoneante, sin que se pueda realizar ninguna clase de reproche a la administración, toda vez que se dio a conocer las reglas que regulaban la convocatoria. Las anteriores razones son suficientes para no acceder a las pretensiones de amparo, pues no es posible dar un tratamiento preferente al accionante sin un fundamento válido y legítimo que lo sustente, vulnerando de esta forma el derecho a la igualdad de los demás participantes”.
Expediente: 19001233300320130008700
Tema tratado: Derecho a la salud/ Sujeto de especial protección constitucional/ Entrega de medicamentos e insumos prescritos por el médico tratante/Concede.
“Así las cosas, se encuentra demostrado que (…) Carlos Orlando Moreno presenta una discapacidad física, paraplejía, debido a un trauma raquiomedular. Es decir es un sujeto de especial protección constitucional y por tanto el tratamiento que se le debe brindar debe responder a las particularidades que su condición reviste. Aunado a lo anterior en los últimos meses ha sufrido una infección urinaria recurrente que ha llevado a que recibiera atención medica en reiteradas oportunidades, en las cuales le han sido recetados variados medicamentos para tratar la enfermedad que padece e insumos médicos necesarios por su condición, los cuales no se han entregado de manera completa por parte de la entidad accionada, situación que evidencia la vulneración de su derecho fundamental a la salud. En este sentido, no existe justificación para no entregar los medicamentos e insumos prescritos, ya que el médico tratante desde su conocimiento profesional determinó cuáles de éstos eran necesarios para tratar los problemas de salud que presenta el paciente. La vulneración de los derechos es evidente, toda vez que Carlos Orlando Moreno no puede costear directamente los medicamentos recetados, debido a que no posee la capacidad económica para ello, afirmación indefinida, que se debe tener como cierta toda vez ésta invierte la carga probatoria hacia el demandado, quien para el caso concreto no desvirtuó la capacidad económica de la accionante”.
Sentencia: 28 de febrero de 2013
Expediente: 19001233300420130009500
Tema tratado: El derecho a la salud de los pacientes con trastornos mentales, y el principio de solidaridad frente a la protección especial de disminuido psíquico/Concede
“Los disminuidos psíquicos forman parte del grupo de sujetos especiales de protección constitucional y por tanto sus derechos deben ser protegidos por el Estado, toda vez que la situación de indefensión manifiesta en que se encuentran hace que estén en posición de desigualdad material con relación al resto de la población. El derecho a la salud tiene el carácter de fundamental respecto de este grupo de personas, dada la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran sus derechos fundamentales: así entonces, tal situación, los hace merecedores de atenciones especiales, tal como lo avala la H. Corte Constitucional, al reconocer los derechos especiales de estas personas para su atención prioritaria. El artículo 13 de la Constitución Política, en su inciso final, dispone que, es deber del Estado proteger de manera especial a todas aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”.
Sentencia: 21 de marzo de 2013
Expediente: 19001233300420130014400
Tema tratado: Pago oportuno de pensiones/ Sustitución de asignación mensual de retiro/ La respuesta de la Entidad de que se pagará al beneficiario no cesa la vulneración del derecho/Concede.
“Pretende la entidad accionada que la respuesta que allegó al proceso sea tenida en cuenta como prueba del cumplimiento a lo requerido por el tutelante, por configurarse hecho superado, con la sola afirmación de que materializará el pago los días 26 y 27 de marzo del 2013, situación que NO SATISFACE lo perseguido en esta tutela. De lo anterior se concluye que no existe carencia actual de objeto por hecho superado, como lo pretende la entidad. Al no estársele cancelando se le vulnera el derecho a la seguridad social, del pago oportuno de las pensiones. La Sala resalta la obligación del señor José Gerardo Navia Astudillo de aportar la documentación requerida, para efectos de acreditar su estado de invalidez y continuar gozando de la cuota pensional. Se conmina a la entidad para que efectivamente realice el pago de las mesadas adeudadas el día 26 de marzo de 2013, según el ofrecimiento allegado”.
Expediente: 190013331001020120029101
Tema Tratado: Solicitud de reparación administrativa ante la Agencia Presidencial para Acción Social/ Le corresponde a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas determinar cuáles son las medidas de reparación que proceden en este caso particular/ Solicitud hecha en vigencia del Decreto 1290 de 2008/Modifica decisión del a quo.
“Ahora bien, no es cierto que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas haya efectuado una respuesta de fondo, congruente y completa respecto de la petición elevada por la accionante, toda vez que en el oficio radicado No 220127206868021 de 9 de octubre de 2012 (Fl. 26) no se informa cuáles son las razones de la dilación en el pago de la indemnización a que tiene derecho por ser víctima de los grupos armados al margen de la ley, es más ni siquiera se hace relación al expediente número 125557, bajo el cual se tramita la indemnización correspondiente por la muerte de Pedro Nel Montoya Valencia, sino a otro identificado bajo el número 125540 (Fl. 39-42). En efecto, del oficio de 28 de abril de 2010 se desprende que la accionante presentó solicitud de reparación administrativa ante la Agencia Presidencial para Acción Social, el 15 de octubre de 2008, es decir bajo la vigencia del Decreto 1290 de 2008, por el homicidio de Pedro Nel Montoya Valencia, su padre(…) Debido al cambio normativo anteriormente referido, en la actualidad le corresponde a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas determinar cuáles son las medidas de reparación que proceden en este caso particular. Por tanto, se modificará la sentencia objeto de revisión el sentido de ordenarle a la entidad accionada que defina e informe a la accionante cuáles son las medidas de reparación a que tiene derecho por la muerte de su padre Pedro Nel Montoya Valencia. Finalmente, la Sala advierte que a la reclamación administrativa de la accionante se le debe dar prioridad por cuanto la misma fue presentada en vigencia del Decreto 1290 de 2008, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 155 de esta norma”.
Expediente: 19001333100120120029501
Tema tratado: Internos/ Cambio a fase de confianza/Es competencia exclusiva del INPEC/ El juez de tutela no es competente para decidir sobre cambio de fases de los Internos/Revoca decisión del a quo.
“Respecto de la pretensión formulada por el actor en su impugnación, relacionada con que en sede de tutela se ordene el cambio a la Fase de Confianza, la Sala precisa que este es un trámite administrativo que le corresponde adelantar a la entidad tutelada conforme a los procedimientos preestablecidos internamente para verificar si se cumplen o no los requisitos exigidos por la Ley para tal efecto. Al respecto, la Ley 65 de 1993 determina las condiciones y procedimientos que deben surtirse para garantizar el tratamiento penitenciario con el objetivo de “preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad”. Así mismo, la Ley prevé el establecimiento de los Consejos de Evaluación y Tratamiento, los cuales determinarán los condenados que requieran tratamiento penitenciario. En razón a lo anterior, el juez constitucional carece de competencia para adoptar decisión alguna relacionada con la reclasificación de las fases del tratamiento penitenciario que requiera el interno, pues esta competencia radica exclusivamente en el los Consejos de Evaluación y Tratamiento del INPEC, razón por la cual, no se accederá a la pretensión invocada por el actor sobre este aspecto”.
Sentencia: 04 de marzo de 2013
Expediente: 19001333100120130000901
Tema tratado: Derechos fundamentales de petición y debido proceso/ Acción constitucional no puede ser un nuevo escenario para debatir si la notificación de acto administrativo se hizo de manera regular/Carencia actual de objeto/Revoca.
“En este entendido, la Sala observa que esta acción constitucional no puede ser un nuevo escenario para debatir si la notificación del Decreto 295 del 12 de septiembre de 2011 se hizo de manera regular, puesto que del escrito contentivo de la impugnación, claramente se determina que esta discusión ya se planteó ante el Juez de lo Contencioso Administrativo que al rechazar por caducidad la demanda incoada contra dicho acto administrativo, necesariamente debió determinar cuál había sido la fecha de comunicación del mismo, considerando que en los términos del numeral 2 del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984 y el literal d), numeral 2 del art. 164 de la Ley 1437 de 2011, la caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a la respectiva comunicación. Por lo anterior, dada la naturaleza subsidiaria y residual de la presente acción, al inferir que el Juez Contencioso Administrativo ya analizó lo relacionado con la fecha de comunicación del Decreto 295 del 12 de septiembre de 2011 y que el único hecho que podía dar origen al amparo del derecho fundamental de petición, ya ha sido superado, es del caso revocar la decisión impugnada para en su lugar declarar la carencia actual de objeto”.
Sentencia: 11 de marzo de 2013
Expediente: 19001333100320130000501
Tema tratado: Improcedencia/ Obligaciones dinerarias/ El accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el rembolso de gastos en que debió incurrir en la prestación de los servicios de salud/Confirma y adiciona decisión del a quo.
“Así las cosas, el accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el reembolso de los gastos asumidos en la prestación del servicio de salud que requirió su cónyuge en el Hospital Susana López de Valencia, pudiendo entonces presentar la correspondiente reclamación ante la NUEVA EPS, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución No. 5261 de 1994. Por último, es preciso señalar que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales ante la vulneración o amenaza por parte de las autoridades públicas o los particulares, resultando improcedente para resolver controversias sobre derechos prestacionales u obligaciones dinerarias, como lo pretende el accionante dentro del sub lite. Por las razones de hecho y de Derecho, concluye la Sala que la presente acción resulta improcedente para solicitar el recobro de los gastos médicos que debió asumir en la prestación del servicio de salud de la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO, en razón a que la acción de tutela no fue adoptada como un mecanismos para demandar el reconocimiento de derechos económicos o prestacionales, y adicionalmente, el actor dispone de otros mecanismos ordinarios previstos por la Ley para reclamar estas pretensiones, motivo por el cual, se confirmará el numeral primero de la sentencia impugnada, por los motivos expuestos en esta providencia”.
Sentencia: 04 de febrero de 2013
Expediente: 19001333100520120024401
Tema tratado: Internos/Derecho de petición y debido proceso/ Beneficios administrativos son competencia del Juez de Ejecución de Penas/El Director del INPEC debe tramitar la solicitud/Confirma
“Se debe tener en cuenta, que si bien los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios no son competentes para resolver sobre los beneficios administrativos de las personas privadas de la libertad, pues tal competencia radica en los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo cierto es que a estos funcionarios sí les corresponde darle trámite a estas solicitudes, razón por la cual, la posición pasiva y retardatoria del EPCAMS de darle trámite a la solicitud del beneficio administrativo solicitado por el interno JHON JAIRO ESPINOSA RIVERA, resulta violatoria de sus derechos fundamentales de petición y del debido proceso”.
Sentencia: 28 de enero de 2013
Expediente: 19001333100620120022101
Tema tratado: Derecho a la salud/Prestaciones asistenciales/ Suspensión de tratamiento farmacológico/Hecho superado/Adiciona sentencia del a quo.
“Efectivamente, al haber cesado por parte de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, la vulneración de los derechos fundamentales del actor, se confirmará el fallo de primera instancia pero se declarará hecho superado, sin que ello obste para compulsar copias a la Superintendencia Nacional de Salud por las posibles omisiones y/o conductas dilatorias en que haya podido incurrir la ARL accionada respecto de las prestaciones asistenciales. Finalmente, se le informa al señor Tito Yesid Medina Gómez, que de haber incurrido en gastos de competencia de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, tales como, compra de medicamentos formulados por la médico tratante en relación con las secuelas del accidente de trabajo, podrá presentar cuenta de cobro a dicha entidad para su devolución. En el evento de que ésta se rehúse, con los debidos soportes documentales, podrá acudir a los canales ordinarios”.
Sentencia: 12 de marzo de 2013
Expediente: 19001333100620130001101
Tema tratado: Tema pensional/ Improcedencia/Modifica decisión del a quo.
“En razón a que no se cumplen los requisitos de procedibilidad exigidos por la Jurisprudencia de Corte Constitucional para ordenar como medida transitoria la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora RUBY STELLA SANDOVAL en sede de tutela, considera la Sala que es inconducente pasar a analizar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del accionante, amén de que la discusión de naturaleza legal sobre el monto de su pensión debe ser dirimida por la jurisdicción competente. Por lo anterior, concluye esta Corporación que la decisión que debió adoptar el A Quo dentro del sub examine, no debió ser la de negar por improcedente la presente acción, sino la de declarar exclusivamente la improcedencia del derecho de amparo, pues no se debatió si las entidades tuteladas vulneraron o no los derechos fundamentales incoados por la accionante en el escrito de tutela”.
Expediente: 19001333100720120024601
Tema tratado: Seguridad social/ Pago de incapacidades/ Se encuentra acreditado que la entidad accionada avaló la renuencia y extemporaneidad en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud/Confirma fallo del a quo que concedió.
“Ahora bien, en lo que tiene que ver con el pago extemporáneo de los aportes por parte de la actora al Sistema General de Seguridad Social en Salud, situación aducida por la entidad tutelada, la H. Corte Constitucional ha establecido que cuando este hecho se presenta y la EPS no ha hecho un requerimiento de cobro o no se ha abstenido a aceptar los pagos, se entiende que se ha allanado a la mora y que en consecuencia, no se puede negar a reconocer las prestaciones alegando la cancelación extemporánea de los mismos, razón por la cual, teniendo en cuenta que el proceso no obra prueba que demuestre que la Nueva EPS realizó dicho requerimiento o se abstuvo de recibir los dineros, se concluye que a pesar de que la señora Gerardina Guevara efectuó de manera tardía los pagos, la entidad accionada debe proceder a realizar el pago de las incapacidades comprendidas entre el 1 de octubre al 30 de octubre de 2012 y del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2012, tal como lo dispuso el A Quo en la sentencia impugnada (…) En este orden de ideas, de acuerdo con el análisis realizado sobre los supuestos fácticos del sub lite puesto en conocimiento de esta Corporación, se concluye que la NUEVA EPS, con su actuar omisivo frente a la solicitud de reconocimiento de las incapacidades, ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante, motivo por el cual se procederá a confirmar la sentencia impugnada”.
Sentencia: 18 de enero de 2013
Expediente: 19001333100820120019101
Tema tratado: Improcedencia/ Para obtener refinanciación de créditos/Revoca decisión del a quo.
“….no es procedente la acción de tutela para obtener la refinanciación de créditos adquiridos por la Sra. Maya Tobar, en especial por que los asumió de manera libre y espontánea. Permitir lo solicitado pro al accionante de paso castigaría los acreedores que todo indica actuaron de buena fe. En consecuencia, habrá de revocarse la sentencia impugnada que había negado las pretensiones. La refinanciación u otro mecanismo que escoja, es un trámite que deberá adelantar ella misma con sus acreedores directamente, igual que cuando solicitó los créditos y acordó unas cuotas de pago, sabiendo cuál era su salario y su ya restringida capacidad de pago. Así es de Derecho revocar el fallo de primera instancia”.
Expediente: 19001333100820120023701
Tema tratado: Liquidación y pago de cesantías/Sanción moratoria/ Debe acudirse a la vía ordinaria/ Confirma decisión del a quo.
“La Sala encuentra que en el caso concreto no existe vulneración actual de derechos fundamentales por parte del Departamento del Cauca. La liquidación y pago del auxilio de cesantías definitivas de carácter retroactivo es una discusión de índole legal que debe ventilarse ante la autoridad competente, la que además se genera cuando el empleado termina su vinculación laboral. De contera, no se dispondrá sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, porque se trata de una situación jurídica diferente que se dio con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, que no tiene que ver con el tiempo de desvinculación discutido y definido en ella, sino una situación que se dio al reingreso de la actividad laboral, y por tratarse de una sanción y no de una prestación social, la cual deberá reclamarse bajo las formas propias establecidas por la Ley”.
Sentencia: 18 de febrero de 2013
Expediente: 19001333100820120025401
Tema tratado: Debido proceso/ Compañía Energética de Occidente/Falta de notificación de actuación administrativa/Confirma.
“Dado lo expuesto, frente a los problemas jurídicos planteados, ellos son contestados en el sentido de que se encuentra probada la vulneración del derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política del actor; ello debido a que a que la Compañía Energética de Occidente no notificó al accionante adecuadamente, conforme a los términos del Código Contencioso la actuación administrativa que dio inicio al proceso administrativo en contra del señor José Vicente Bonilla. En consecuencia la sentencia del A quo ha de ser confirmada”.
Sentencia: 13 de marzo de 2013
Expediente: 19001333100820130002201
Tema tratado: Derecho a la salud/ Orden judicial para que un grupo médico multidisciplinario decida el tratamiento médico a seguir/Revoca.
“….dado que los jueces de la República no están instituidos para sustituir a los profesionales de la salud, ni disponen de los conocimientos técnico-científicos para prescribir un determinado servicio médico o decidir cuándo resulta idóneo o no, en sede de tutela se tiene la posibilidad de ordenar que las EPS y su grupo de médicos adscritos demuestren que han cumplido con las garantías constitucionales, de forma que los pacientes conozcan la eficacia de cada una de las alternativas terapéuticas prescritas, los riesgos o posibles consecuencias, máxime cuando las conductas de los galenos tratantes han sido cuestionadas por el usuario del servicio, evidenciando un deterioro en la relación de confianza médico- paciente. Ahora, dada la pluralidad de patologías y/o sintomatología padecidas, plasmadas en la historia clínica obrante en el expediente, y con fundamento en las afirmaciones indefinidas de la demandante, que no fueron desvirtuadas, particularmente sobre la falta de atención y fallas en la prestación del servicio, se ordenará a la NUEVA EPS que un grupo médico multidisciplinario adscrito a esa entidad, previa revisión de la historia clínica, valore a la señora Olga Nelly González Guetia y decida el (los) tratamiento (s) médico (s) que requiere, en especial sobre los medicamentos formulados”.
Sentencia: 06 de febrero de 2013
Expediente: 19001230000120100008200
Tema tratado 1: Privación injusta de libertad / Proceso tramitado en vigencia del actual sistema penal acusatorio - Ley 906 de 2.004 / Funciones de la Fiscalía General de la Nación y del juez de conocimiento/La Fiscalía formula la preclusión y el Juez de Conocimiento la declara/ Es necesario verificar en cada caso a quién le resulta atribuible el daño alegado/Concede.
“Según se advirtió en acápites anteriores, está probado en el expediente que la imposición de la medida de aseguramiento respecto de la demandante Marcia Milagros Valencia Landa corrió por cuenta de la decisión adoptada en audiencia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suarez Cauca con funciones de control de garantías. Ninguna duda hay entonces de que el proceso penal se tramitó en vigencia del actual sistema penal acusatorio, esto es la Ley 906 de 2.004. Al punto, debe reiterarse que en este nuevo sistema a la Fiscalía General de la Nación y sus delegadas les corresponde detectar, proteger e identificar los elementos físicos de las evidencias y conseguir información general sobre un hecho delictivo o en general diseñar el programa metodológico de la investigación con el propósito de inferir que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga y proceder a formular una imputación ante el juez de control de garantías (art. 286). En ese momento, la Fiscalía debe describir al imputado, dar su nombre y/o número de identificación y condiciones civiles como profesión, estado civil, nombre de los padres, ciudad donde es oriundo y demás, para identificarlo plenamente. Así mismo, relatar claramente los hechos y solicitar la medida de aseguramiento que le corresponde imponer al juez de control de garantías, como lo señala el artículo 306 de la Ley 906 de 2.004. Posteriormente, la Fiscalía puede formular la acusación o preclusión de la investigación, decisión que es adoptada por el juez de conocimiento –art. 331 Ley 906 de 2.004-; es decir, el juez es el destinatario de toda la actividad probatoria y adopta las decisiones relacionadas con la privación de la libertad y absolución o condena a los procesados. Por lo tanto, el Fiscal dirige, coordina, controla y ejerce verificación técnico científica sobre la investigación y las actividades de policía judicial; sin embargo, no tiene la facultad de privar de la libertad a las personas, salvo las excepciones contempladas en la ley (artículo 300), pues dicha función le corresponde al Juez de Control de Garantías por solicitud del Fiscal, como se establece en su artículo 297 y siguientes, y por tal en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2.004, las decisiones que impliquen la privación de la libertad de una persona, únicamente corresponde adoptarlas a los jueces en función de control de garantías, ya sea al legalizar una captura cuando ésta ha sido efectuada por otra autoridad, incluso en aquellos eventos en que el Fiscal hace uso de la facultad excepcional conferida en el artículo 300, o al ordenar la imposición de una medida de aseguramiento. Es preciso advertir, que a pesar de no tener la Fiscalía General de la Nación, bajo el nuevo Código de Procedimiento Penal, la facultad de decidir sobre la restricción de la libertad de una persona implicada en un proceso penal, ésta entidad puede en el ejercicio de la facultad excepcional antes referida (art. 300 C.P.P.), o en el ejercicio de sus funciones como ente instructor, encaminar la decisión que pueda adoptar el juez en relación con la privación de la libertad de un sindicado, y por tal, eventualmente, puede incluso llevar o inducir a error al juez, hipótesis en la cual cabría el análisis de corresponsabilidad; por ello siempre será necesario verificar en cada caso a quién le resulta atribuible el daño alegado”.
Tema tratado 2: Privación injusta de libertad / El Fiscal General lleva la representación de la Nación - Fiscalía General de la Nación, entidad que goza de autonomía tanto administrativa como presupuestal/No se demostró responsabilidad de la Fiscalía pero sí de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
“Por otro lado, debe indicar la Sala que en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1.996), la representación judicial de la Nación – Rama Judicial, para todo tipo de procesos se fijó en el Director Ejecutivo de Administración Judicial; pero, en tratándose de la Fiscalía General de la Nación, dicha representación varió a partir de la vigencia del artículo 49 de la Ley 446 de 1.998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, conforme al cual, si bien por regla general esa representación en materia contencioso administrativa sigue en cabeza del Director Ejecutivo de Administración Judicial, ahora el Fiscal General lleva la representación de la Nación - Fiscalía General de la Nación, entidad que goza de autonomía tanto administrativa como presupuestal. Por tanto, en tratándose de la persona jurídica denominada Nación, se tiene que ésta es una sola, quien en la relación jurídico-procesal de este asunto, ocupa la posición de demandada, pero, por determinación del legislador, ha de estar representada de modo diferente según sea la rama de poder, órgano o dependencia a quien de manera específica se atribuya el acto objeto de juzgamiento, o el hecho, omisión u operación administrativa en que se funde la demanda de responsabilidad extracontractual que se le impute al Estado. Pues bien, en el caso bajo estudio el proceso penal iniciado en contra de la actora se adelantó en vigencia de la Ley 906 de 2.004, por lo que precisamente en la audiencia preliminar celebrada el 30 de marzo de 2.008 (fl. 313 ss c.pbas), la legalización de la captura y la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la realizó el Juez Promiscuo Municipal de Suarez (C) con funciones de control de garantía, previa solicitud del Fiscal correspondiente; es decir, que la decisión relacionada con la privación de la libertad, es privativa del funcionario judicial, lo cual nos lleva a concluir que la responsabilidad sobre la restricción de la libertad finalmente estuvo en cabeza de la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial; además, la lectura del proceso penal no permite colegir que en la determinación de la procedencia e imposición de la medida de aseguramiento, la Fiscalía hubiera podido inducir en error al Juez. Por tanto, en el presente asunto se negarán las pretensiones respecto de la Fiscalía General de la Nación”.
Magistrado Ponente: PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE
Expediente: 19001230000120100027700
Tema tratado: Privación injusta de libertad/Caducidad de la acción/ El término se cuenta desde la fecha de ejecutoria de la providencia/Prospera excepción/Se deniegan pretensiones.
“…como la acción de reparación directa, caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos se concreta mediante la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión- privación de la libertad-; que para el sub judice considera la Sala lo constituye la ejecutoria de la providencia del 29 de diciembre de 2006, la cual, a pesar de no constar en el expediente la ejecutoria, se tiene que la misma fue archivada el 17 de enero de 2007. Por lo tanto al ser presentada la demanda el día 20 de mayo de 2010, la misma ya se encontraba más que caducada, sin que incluso la solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial – 10 de marzo de 2010-, alcanzara a suspender dicho término. En consecuencia prospera la excepción de mérito propuesta por la parte demandada y por tanto se deniegan las pretensiones”.
Expediente: 19001230070120040123600
Tema tratado: Responsabilidad médica/ A la paciente se le brindó una atención oportuna y adecuada/Falencias probatorias para demostrar falla en el servicio/Deniega.
“Se tiene entonces, de conformidad con las anotaciones de la historia clínica y los testimonios rendidos que, contrario a lo afirmado en el libelo, a la paciente se le brindó una atención oportuna y adecuada, teniendo en cuenta el cuadro clínico que presentaba al momento de su ingreso al Hospital Local de Balboa - sangrado vaginal profuso. Ahora, independientemente de la causa que pudo haber originado dicho sangrado, lo cierto es que la conducta médica adoptada en ese primer momento fue la pertinente, cual era haber tratado de controlar la hemorragia, mientras se disponía su traslado a un nivel III de atención. Es así como sobre los argumentos expuestos en la demanda de que el daño acaeció debido a que la paciente fue diagnosticada de manera desacertada - hemorragia vaginal severa producto de un aborto séptico y/o de un embarazo ectópico - y de que el personal médico actuó con impericia y falta de cuidado al no realizarle una ecografía previa a la remisión para evaluar su verdadero estado de salud - quistes en uno de sus ovarios que supuestamente provocaban la hemorragia - no aparecen demostrados dentro del expediente, como para colegir que se encuentra configurada la falla en el servicio”.
Sentencia: 22 de marzo de 2013
Expediente: 19001233170120050088700
Tema tratado 1: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia/Actuación tardía al dictarse sentencia/Secretario no pasa el expediente a despacho del juez sin reparar que el término de prescripción de la acción penal seguía corriendo/Concede.
“En este orden de ideas, se tiene que si bien la actuación tardía del Juez Segundo Penal del Circuito en haber dictado la sentencia de segunda instancia aparece justificada en razón al alto volumen de trabajo que tenía y producción acreditada para los años 2001 y 2002, como lo señaló el Consejo Superior de la Judicatura en el fallo absolutorio, lo que se corrobora con los informes estadísticos del citado juzgado para los referidos años y que obran en el expediente, no así el proceder de uno de los empleados del despacho judicial, concretamente del secretario, quien - como ya se observó - desde el mismo momento que el expediente se radicó en el juzgado para conocer del recurso de apelación - 16 de julio de 2001 - y hasta cuando decidió pasarlo a despacho para el estudio del juez - 9 de octubre de 2002 -, se limitó a dejar en el expediente un cúmulo de constancias sobre asuntos que tenían prelación, en su gran mayoría tutelas, para justificar así el por qué no se había pasado el asunto a despacho, sin haber reparado que el término de prescripción de la acción penal seguía corriendo y se acercaba a su final y no alcanzaría el señor juez a estudiar el asunto y proferir fallo con la suficiente antelación. Esa desatención en las funciones a cargo del empleado del juzgado conllevó a que la sentencia de segunda instancia se hubiera dictado solamente el 19 de diciembre de 2002, días antes de ocurrir la prescripción de la acción penal, la cual se dio el 2 de enero de 2003 con la resolución de acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación. Y si a ello se suma que la notificación personal del fallo de segunda instancia a la mayoría de los sujetos procesales se llevó a cabo el 14 de enero de 2003 y la notificación por edicto se surtió entre el 16 y 20 del mismo mes, se tiene que para este momento procesal la prescripción de la acción ya había operado. Con mayor razón aún para el 19 de mayo de 2003 cuando fue recibido el expediente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para surtirse el recurso extraordinario de casación interpuesto en tiempo oportuno por la parte condenada. Lo anterior, conlleva a la Sala a colegir que se encuentra configurada la responsabilidad de la entidad demandada a título de falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en razón a haberse proferido con tardanza la sentencia de segunda instancia, hecho originado en las actuaciones secretariales del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán, que no permitieron que el titular del despacho hubiera entrado a estudiar y decidir el proceso con la suficiente antelación, evitando así la prescripción de la acción penal”.
Tema tratado 2: Error judicial/ Presunta falta de aplicación de la normatividad que regula el recurso extraordinario de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia/Declaración de prescripción de la acción penal antes de haber abordado el estudio de la admisión del recurso extraordinario de casación excepcional está ajustada a derecho/No prospera cargo.
“La Sala, contrario a lo expresado por el demandante, estima que la decisión de la Alta Corte de declarar la prescripción de la acción penal, antes de haber abordado el estudio de la admisión del recurso extraordinario de casación excepcional se ajustó a derecho, pues ante la evidente configuración de la prescripción de la acción desde el mismo momento que el expediente se recibió en la Secretaría de la Sala Penal, resultaba inane cualquier manifestación sobre si el recurso reunía o no los requisitos de ley para proceder a su admisión o rechazo. Avizorado el fenómeno procesal desde el primer instante, lo lógico y procedente era decretarlo. El fenómeno de la prescripción, tal como lo señala la Corte Suprema de Justicia, implica que la facultad punitiva del Estado se extingue por el transcurso del tiempo, de manera que el único pronunciamiento posible es el acaecimiento de ese fenómeno y el correlativo efecto procesal, que ya había acontecido cuando el expediente fue remitido a la Corte para considerar el recurso de casación discrecional. Así, no podía ser otro el pronunciamiento, más que declarar la ocurrencia de la prescripción, tal como ocurrió, por lo que la Sala observar que respecto a la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no se advierte error judicial. En consecuencia, al no estructurarse los requisitos necesarios para que se configure la responsabilidad de la entidad demandada por error judicial, este cargo será desechado”.
Sentencia: 15 de febrero de 2013
Expediente: 19001233170120080031600
Tema tratado: Lesiones personales a causa de mina antipersona/No se demostró nexo causal/ Deniega.
“Si bien es cierto, obra la respuesta contenida en el oficio N° 02581 del 16 de septiembre de 2009, suscrita por el Comandante del Departamento de Policía Cauca, en la que de manera muy general se refiere que esa entidad tiene a cargo la función de velar por la seguridad de los erradicadores manuales, tal como se vio supra, no existen en el expediente medios probatorios que permitan afirmar que para el día 8 de septiembre de 2006, miembros de la Policía Nacional prestaron seguridad al grupo que iba a realizar la labor de erradicación manual de cultivos ilícitos, o que siendo conocedores de que debían prestar dicha seguridad no lo hicieron, y por ende, no puede predicarse que dicha institución incurrió en una omisión en el cumplimiento de sus funciones. Así las cosas, partiendo del hecho cierto de que un artefacto explosivo sembrado por un tercero ajeno a la administración causó el daño hoy deprecado, es claro para la Sala que no existe el nexo causal entre el referido daño antijurídico ocasionado al demandante y la omisión en que presuntamente incurrió la Policía Nacional; lo que en definitiva lleva a despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001233170120080034800
Tema tratado: Secuestre/Daños por no pago del servicio de parqueadero/ No hay bases suficientes para establecer el monto de los perjuicios materiales/ condena in genere.
“se tiene que no aparece prueba en el expediente de que el actor hubiera continuado siendo el propietario del “Parqueadero Santa Cruz” durante el transcurso del presente proceso de reparación directa y que el automotor secuestrado continuara guardado en el lugar con posterioridad al 7 de julio de 2009, fecha última de actuación judicial dentro del proceso ejecutivo y de la que se infiere que el automotor aún continuaba depositado en dicho parqueadero, para de esta forma tener la certeza del derecho que le asiste a reclamar perjuicios, y por ende la cuantía de los mismos. Ahora, de los testimonios recepcionados no es factible colegir que para la fecha en que se rindieron - 30 de septiembre de 2010 - el actor aún continuara siendo propietario del Parqueadero “Santa Cruz”, pues mientras uno de los testigos señala que CARLOS FERNANDO VILLA es el propietario del mismo, otros dos declarantes manifiestan que lo fue. JOSÉ SILVIO URBANO, quien señaló ser el propietario del inmueble donde está ubicado el parqueadero, testifica tenerle arrendado el predio al actor; mientras LUCIO HERNAN ALVAREZ, quien manifestó ser vigilante en el citado parqueadero, declara que el actor fue propietario del mismo; y SARA DANGELY PEREZ testifica en igual sentido. Así las cosas, no hay bases suficientes para establecer el monto de los perjuicios materiales a los que tendría derecho el actor por concepto del servicio de parqueadero prestado y no cancelado. En consecuencia, procederá el Tribunal a efectuar condena in genere, para que mediante trámite incidental posterior, la parte actora demuestre el monto de dichos perjuicios”.
Expediente: 19001233170120080042800
Tema tratado: Muerte de particular en manos del Ejército Nacional/ Faltan elementos probatorios/Recortes de prensa no bastan para acreditar daño antijurídico/Deniega pretensiones.
“En cuanto hace relación a los recortes de prensa que la parte actora allegó con la demanda, con los que pretende demostrar la actuación del personal del Ejército Nacional en los hechos en los que se afirma fue muerto MILTON JOSE VELASCO RIVERA, es de indicar, como ya lo ha precisado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, que no pueden valorarse como prueba testimonial al carecer de los requisitos necesarios que identifican a dicho medio de prueba, y si bien podrían apreciarse como prueba documental al dar cuenta de la información dada por un tercero - el periodista -, no ocurre lo mismo con la veracidad de su contenido. De conformidad con lo anterior, al no encontrarse acreditado el daño antijurídico como elemento de la responsabilidad estatal, ni mucho menos la imputabilidad del mismo en cabeza de la entidad demandada, se impone negar las pretensiones de la demanda”.
Magistrado Ponente: MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO
Sentencia: 21 de febrero de 2013
Expediente: 19001233170220060106900
Tema tratado: Indebido funcionamiento de la administración de Justicia/ Dilaciones en el tiempo fueron propias del proceso/ El Juzgado mostró siempre diligencia para tratar de agotar el procedimiento/Deniega.
“Al revisar el trámite del proceso penal, del que podría comportar la falla por el indebido funcionamiento de la Administración de Justicia, exactamente en lo relacionado con la prueba que señala el demandante, es preciso indicar que el proceso penal se prolongó por más de cuatro años, por causas no imputables a la Administración de Justicia, sino a la dinámica del proceso mismo que tuvo el curso normal de esa clase de litis, donde las partes objetan los dictámenes periciales, como en efecto sucedió, solicitando adición o aclaración de los mismos, en aras de ejercer el derecho de contradicción de la prueba. (…) Por ello, haciendo nuestros los argumentos sostenidos por la Máxima Instancia de lo Contencioso Administrativo cuando indica que, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla, esta Sala estima que la duración del proceso penal objeto de estudio, no constituyó una dilación injustificada. El Juzgado mostró siempre diligencia para tratar de agotar el procedimiento, dar trámite a las solicitudes presentadas por las partes en relación con las pruebas decretadas y practicadas y oír a los testigos, con el fin de obtener los elementos de juicio que le permitieran establecer la veracidad sobre los hechos que serían materia de juicio. En consecuencia, considera la Sala que en el caso concreto, la duración del proceso penal, no constituyó una dilación injustificada, que de lugar a la reparación de los perjuicios que adujo haber sufrido el demandante”.
Expediente: 19001233170220090028900
Tema tratado: Caducidad/Retardo injustificado en la entrega real, material y definitiva de vehículo/ Cuando se trata de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, sino que opera desde el mismo momento en que efectivamente se haya inferido el daño/ La caducidad de la acción operó incluso para cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría/Se declara probada la excepción/Deniega.
“Dentro del proceso quedó demostrado que el actor hubo de interponer acción de tutela contra las demandadas, para lograr la entrega efectiva de su vehículo, actuación que si bien era la procedente en protección de sus derechos fundamentales vulnerados, no tiene la entidad para concluir que el término de caducidad iniciaba a partir de ese extremo ( La entrega se hizo efectiva en cumplimiento del fallo de tutela de fecha 12 de junio de 2007, por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de Resolución No. 0677 del 20 de junio de 2007) porque lo cierto es que, en aplicación a los criterios jurisprudenciales que refieren que, aun cuando se trate de una actuación dañosa cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se extiende indefinidamente, sino que opera desde el mismo momento en que ésta ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el daño, el término de caducidad de la acción demandada, habría empezado a correr desde el día 28 de noviembre de 2006 que se repite corresponde a que en esa fecha se expidió el oficio # 788 dentro del trámite del tercero incidental mediante el cual se ordenaba a la Dirección Nacional de Estupefacientes dar cumplimiento a la providencia que resolvió la entrega del vehículo de placas VAF – 978 a su propietario FELIX MARIA VALENCIA ASTUDILLO y es a partir de ese momento, entonces, en que se consolidó la omisión atribuida a las enjuiciadas. De lo anterior se colige que si el término de caducidad empezó el 28 de noviembre de 2006, el día cierto para iniciar el cómputo del término de caducidad de que trata el artículo 136 del código contencioso administrativo, por lo tanto, los dos años de que trata la norma en cita, vencieron al día siguiente del hecho, es decir el 29 de noviembre de 2008, que por ser un día sábado (No hábil), se extendería al siguiente hábil, día lunes 1 de diciembre del citado año. Considerando lo expuesto y al tenor de la norma arriba citada, referente al agotamiento del requisito de procedibilidad, se tiene que la parte actora presentó la solicitud de conciliación el día 14 de abril de 2009, lo que quiere decir que el fenómeno procesal de la caducidad de la acción, había operado incluso para cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría, sin que se lograra en consecuencia, suspender con ella, el término consagrado en el art. 136 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa, por lo cual y en razón a que la demanda fue presentada con posterioridad, el 10 de junio de 2009 (fl. 46 c. ppl), es claro que la acción se encontraba caducada. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Sala declarará probada la excepción propuesta por la Dirección Nacional de Estupefacientes de caducidad de la acción incoada y como consecuencia de esa declaración, negará las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001333100220030010101
Tema tratado: Adquisición de vivienda/Convenio Constructora Los Faroles y Municipio de Popayán/ El término de caducidad no se puede contabilizar a partir del momento en que fueron proferidos los actos administrativos relacionados con el siniestro y la liquidación unilateral del contrato ya que son actuaciones posteriores al hecho dañoso/ El daño se hace evidente al vencerse el plazo establecido para la entrega de la vivienda sin que ésta se efectuara/Revoca decisión del a quo.
“No obstante lo anterior, es preciso aclarar, que no se puede contabilizar el término de caducidad a partir del momento en que fueron proferidos los actos administrativos relacionados con el siniestro y la liquidación unilateral del contrato, en tanto se trata de actuaciones posteriores a la configuración del hecho dañoso, cual es la omisión de la Administración de dar cumplimiento a una obligación, consistente en la entrega de la vivienda adquirida por la parte actora, pues, el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo es claro al establecer que el término de caducidad de la acción de reparación directa principia al día siguiente de la ocurrencia del hecho, omisión, operación, entre otros. Se debe resaltar, que la configuración del hecho dañoso no se puede condicionar en el presente asunto, a la expedición de un acto por parte de la administración como lo consideró el A quo, en tanto ello implicaría afirmar que la existencia del daño depende de la voluntad de la administración de emitir o no un acto administrativo, siendo que la declaratoria del siniestro por incumplimiento (fecha a partir de la cual el juez de instancia inicia el conteo de caducidad) puede ser declarado o no por la Administración dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del mismo. En este orden, considera la Sala que el daño alegado por la parte actora se hace evidente al vencerse el plazo establecido para la entrega de la vivienda sin que ésta se efectuara, esto es el 8 de enero de 2001, resultando ser este el momento en donde se concretó el incumplimiento generador del daño. En consecuencia, dado que en el sub judice es manifiesto el daño y la ubicación temporal en que ocurrió, 8 de enero de 2001, y no como lo consideró el A quo, el término de caducidad de la acción principiará desde el día siguiente a dicha fecha, hasta los dos años siguientes. Como la demanda se interpuso el 07 de febrero de 2003 (Fl. 49 C. ppal 1), concluye la Sala que la acción fue interpuesta por fuera de los 2 años que otorga la ley, cuando ya se encontraba caducada la acción, en consecuencia, procederá la Sala a revocar la sentencia proferida el 17 de marzo de 2010 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, y en su lugar se declarará probada la excepción de caducidad”.
Expediente: 19001333100420050085101
Tema tratado: “Fuego amigo”/ Falta al deber u obligación de cuidado/ Falla en el servicio o táctica militar/ Fuerza Aérea Colombiana, -Ejército Nacional/Modifica decisión del a quo.
“Dicho de otra manera, la falta de comunicación y coordinación entre las diferentes fuerzas fue determinante en la materialización de los nefastos hechos que hoy se demandan, por lo que es menester de esta Sala recalcar que no puede justificarse una situación de esta naturaleza con el argumento de que el interfecto era soldado profesional y que en razón a ello se encontraba sometido a este tipo de riesgos, pues como se expuso fue debido a una clara falla en el servicio o táctica militar que se presentó el hecho dañino. Atenta contra la los principios rectores del Estado Social de Derecho, pretender que siempre que resulte muerto o herido un miembro de la fuerza pública se afirme que ese era el riesgo al que estaba sometido, sin que se analicen las circunstancias en las sobrevino la materialización del mismo, toda vez que debe indagarse la naturaleza o génesis del hecho dañoso. Se itera, que un ataque por fuego amigo - tal como el que hoy se demanda – en forma alguna puede ser enmarcado bajo el precepto de un riesgo propio del servicio militar, pues si bien cuando se acepta formar parte de las fuerzas del Estado, sus miembros se someten a la posible materialización de un riesgo mayor al de los demás administrados – civiles -, como lo sería la posible muerte o lesiones personales en ejercicio de sus funciones, lo que no resulta aceptable es que puedan ser ocasionadas por las propias tropas, sin que se pueda derivar responsabilidad alguna afirmando que encaja dentro del riesgo propio del servicio. En criterio del Tribunal, está plenamente demostrado que la causa adecuada del daño, entendida ésta como aquella idónea o eficiente para la producción del mismo, está constituida por la falla del servicio en la cual incurrió tanto la Fuerza Aérea Colombiana, como el Ejército Nacional. Por lo tanto, existe un claro nexo de causalidad entre las conductas Estatales y el daño ocasionado a la parte actora, pues si no se hubiera faltado al deber u obligación de cuidado que les era exigible, se habría interrumpido el proceso causal que desencadenó en la muerte del soldado JHON FREDY DE JESÚS ARIAS. Si bien es cierto la conclusión a la que se llegó en el proceso penal militar y disciplinario, adelantado en contra del comandante de la aeronave y del comandante de la Compañía Antílope, terminó con la cesación de todo procedimiento en su contra, teniendo en cuenta que habían actuado bajo pleno convencimiento de estar atacando al enemigo, configurándose el error invencible como causal eximente de responsabilidad, esta Sala de decisión precisa que ello no es óbice para declarar la responsabilidad administrativa del Estado, pues el estudio de los hechos desde la perspectiva del derecho penal - militar en este caso -, no limita el análisis del sub judice desde los aspectos de responsabilidad extracontractual por falla en el servicio militar. Por lo expuesto, en criterio de esta Corporación, se encuentra debidamente probada la responsabilidad de las demandadas en los hechos que dieron lugar al fallecimiento del soldado profesional JHON FREDY DE JESÚS ARIAS”.
Expediente: 19001230000420070030002
Tema tratado: Inepta demanda/ El actor erró en la individualización del acto acusado omitiendo incluir como demandado el acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo/ Revoca decisión del a quo.
“En este orden, considera la Sala que la parte demandante erró en la individualización del acto acusado, configurándose de este modo una inepta demanda, toda vez que se demandó en acción de nulidad y restablecimiento de derecho, la Resolución No. 19950 del 8 de octubre de 2003, y se omitió incluir como demandado, el acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo frente a la omisión de la entidad accionada de resolver la solicitud elevada por la actora el 22 de junio de 2007, el cual como ya se indicó, de conformidad con el artículo 138 del CCA, debió ser objeto de solicitud de nulidad, pues considera la Sala que en el evento en que se decretara la nulidad del acto acusado, este es la Resolución No. 19950 del 8 de octubre de 2003, -el cual es preciso indicar, desapareció de la vida jurídica toda vez que sus efectos estaban condicionados a la interposición de la respectiva acción dentro de un término perentorio-; quedaría vigente el acto administrativo ficto o presunto en el que se negó la reliquidación de la pensión gracia, el cual surgió con posterioridad al acto acusado en la demanda, por lo que no podría válidamente emitirse juicio alguno frente a la ausencia de la proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la pretensión de nulidad, situación procesal que conduce sin lugar a dudas a un fallo inhibitorio (…) Así las cosas, se tiene que el defecto antes anotado es un aspecto que atañe al objeto de la pretensión, asunto exclusivo de la órbita del demandante, quien debe indicar con claridad los actos administrativos frente a los cuales pretenda su nulidad. Por tanto, si bien conforme al artículo 37 del C.P.C. el juez debe buscar los medios que le impidan llegar a un pronunciamiento inhibitorio, no es dable que tal potestad trascienda el querer de la parte demandante, exigiéndole al actor que incluya en su demanda una nueva pretensión de nulidad. Así entonces, al encontrar la Sala que en el presente caso la parte actora no dirigió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo idóneo, es del caso revocar la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito De Popayán, y en su lugar declarar se oficio la excepción de inepta demanda y en consecuencia la Sala se inhibe para pronunciarse de fondo”.
Expediente: 119001230000420080022901
Tema tratado: Reliquidación de pensión/ Prescribieron las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2003 / Erró el a quo al indicar que se encontraban prescritas las causadas con anterioridad al 7 de julio de 2005 / No se modifica la sentencia toda vez que el apelante único es CAJANAL y no se le puede hacer más gravosa su situación.
“Sobre el término de prescripción aplicado en la sentencia de primera instancia, observa la Sala que por medio de la Resolución No. 54124 de 18 de octubre de 2006, la Caja de Previsión Social - CAJANAL, resolvió negar la reliquidación de la pensión solicitada por el demandante el 31 de mayo de 2006, siendo interrumpida la prescripción por un término de 3 años, por lo tanto, al ser presentada la demanda el 7 de julio de 2008, se tiene que prescribieron las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2003, y no como lo consideró el A quo al indicar que se encontraban prescritas las causadas con anterioridad al 7 de julio de 2005. No obstante lo expuesto, la Sala se abstendrá de modificar la parte resolutiva de la sentencia apelada sobre este punto, toda vez que en el presente asunto figura como apelante único la Caja Nacional de Previsión Social, a quien en virtud del principio de la reformatio in pejus, no se le puede hacer más gravosa su situación. En este orden, procederá la Sala a confirmar la sentencia del 23 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán”.
Expediente: 1900123000420070003001
Tema tratado: Grado Jurisdiccional de Consulta/Asignación mensual de retiro/ Aplicación del IPC como factor de reajuste/ El precedente judicial vertical apunta a determinar cuál es el sistema más favorable y no cuál es el porcentaje más favorable ya que implicaría la aplicación simultánea de dos sistemas de reajuste/ Al demandante le resulta más favorable el reajuste de su asignación de retiro con base en el sistema de la Ley 100 de 1993, artículo 14 y no con base en el sistema oscilatorio en los años 2002, 2003 y 2004/Confirma y modifica parcialmente sentencia del a quo.
“Al respecto es preciso recordar, que el Consejo de Estado en sentencia de 17 de mayo de 2007, con ponencia del magistrado Jaime Moreno García, en la que se accedió a aplicar el IPC como factor de reajuste, se estableció que no se trataba de hacer una comparación de los porcentajes de ajuste, sino de aplicar íntegramente cada sistema a todos los períodos reclamados, para de allí sí comparar los valores absolutos resultantes, puesto que lo que se pretendía determinar era, cuál era el sistema más favorable y no cuál era el porcentaje más favorable en cada período, puesto que ello implicaba la aplicación simultánea de dos sistemas de reajuste. Es verdad que existen varios fallos del Consejo de Estado, que si bien citan como precedente la sentencia del magistrado Moreno García, avalan la aplicación del sistema de IPC, a partir de la interpretación normativa y jurisprudencial y no necesariamente del análisis comparativo de los sistemas de reajuste. Igualmente hay otras providencias, donde la favorabilidad pareciera determinarse a partir de la comparación horizontal de porcentajes y no de sistemas lo que ha llevado a algunos operadores jurídicos a concluir erradamente que el principio de aplicación de la norma laboral más favorable para estos casos, implica necesariamente ordenar el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, sin previamente hacer el ejercicio comparativo de los sistemas a lo largo de los diferentes períodos. No obstante se debe aclarar que, de conformidad con la sentencia del magistrado Moreno García, el análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste en cada caso, no se puede limitar a comparar porcentajes de ajuste anuales, toda vez que la favorabilidad o desfavorabilidad se debe cuestionar en relación al sistema conforme a valores absolutos y no al porcentaje. Así entonces, dado que en las fuerzas militares y de policía el ajuste de las asignaciones de retiro durante los años 1996 a 2004, es diferente según los grados y categorías, es decir, no se usa un mismo porcentaje por año para todo el personal retirado, no es posible determinar a priori, que el ajuste general de la Ley 100 sea más favorable para dichos períodos, fundamentando la decisión únicamente en el precedente conceptual, pues, una adecuada aplicación del precedente jurisprudencial conlleva el necesario ejercicio comparativo vertical y horizontal de los dos sistemas, para de allí, si concluir, cuál es el sistema más favorable. Anotado lo anterior, la Sala de decisión acogiendo la tesis expuesta por el H. Consejo de Estado anteriormente referida, tesis según la cual, en cada caso se debe determinar que norma resulta más favorable al demandante, a efectos de ordenar el reajuste de la asignación de retiro por uno u otro sistema (Régimen de oscilación – IPC), se tiene que, en el asunto objeto de estudio, la entidad demandada al negar el reajuste de la asignación de retiro del actor con base en el IPC, quebrantó los principios de favorabilidad e igualdad, puesto que tal y como antes se demostró, al demandante le resulta más favorable el reajuste de su asignación de retiro con base en el sistema de la Ley 100 de 1993, artículo 14 y no con base en el sistema oscilatorio en los años 2002, 2003 y 2004”.
Expediente: 19001233170120080035501
Tema tratado: Asignación de retiro/ Policía Nacional / Situación consolidada conforme a normas expedidas con anterioridad a la vigencia del Decreto 4433 de 2004/Confirma decisión del a quo.
“Sobre el tema sub examine, esta Corporación en providencias anteriores ya se ha pronunciado en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, cuando se demostraba que el demandante ya tenía una situación definida y consolidada conforme a normas expedidas con anterioridad a la vigencia del Decreto 4433 de 2004, sin que pudiera entenderse la afectación de un derecho adquirido, pues la prestación le había sido reconocida bajo normas vigentes para la época de su causación, derecho que a su vez le fue respetado con la expedición de normas posteriores. Además, se negaba dicho reconocimiento al evidenciarse que el reajuste de la asignación de retiro solicitado tenía como fundamento un incremento en la prima de actividad del personal activo, que es el presupuesto que consagra el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 para que proceda la aplicación del principio de oscilación. Así pues, itera la Sala, que el reconocimiento de la asignación de retiro del señor GUIDO BERNARDO BURBANO es una situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 4433 de 2004, cuyos efectos no son retroactivos, sin que pueda entenderse la afectación de un derecho adquirido, pues precisamente esta prestación le fue reconocida bajo las normas vigentes para la época de su causación, derecho que ha sido respetado con la expedición de normas posteriores. En consecuencia, conforme a lo descrito y teniendo en cuenta que la sentencia objeto apelación está acorde con las disposiciones legales que regulan la materia y la jurisprudencia del H. Consejo de Estado a la que se hizo referencia, se impone su confirmación”.
Expediente: 19001233170220080006001
Tema tratado: Sustitución pensional/ La actora no solicitó en su oportunidad procesal copia auténtica del acto administrativo por el cual CASUR la reconoció como beneficiaria/Carga de la prueba/Confirma sentencia del a quo que deniega.
“Así las cosas, le correspondía a la actora allegar o solicitar en el momento procesal adecuado copia auténtica del acto administrativo mediante el cual CASUR la reconoció como beneficiaria de la sustitución pensional del extinto JULIO MUÑOZ PEREZ, pues dicho documento es el único que constituye prueba suficiente para acreditar la titularidad del derecho que hoy se reclama. Como lo ha precisado la máxima corporación, en varias oportunidades, la carga de la prueba compete a quien alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C., sin que le corresponda al Juez en ejercicio de su facultad oficiosa, asumir las cargas propias de las partes. La carga de la prueba es una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de fundamento a las normas jurídicas cuya aplicación se reclaman, aparezcan demostrados y que además le indica al juez como debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. La carga de la prueba indica que la parte interesada debe tener una actitud proactiva y expresa igualmente una determinada conducta procesal. En el caso en comento salta a la vista la omisión en que ocurrió la demandante de aportar el elemento probatorio demostrativo de la legitimación que le asistía como titular del derecho, razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda como lo hizo la A quo, sin necesidad de realizar otra consideración al respecto”.
Expediente: 19001233170220080022501
Tema tratado: Retiro del servicio/Facultad discrecional/No se demostraron razones para desvirtuar el mejoramiento del servicio/Confirma decisión del a quo.
“De lo expuesto se concluye que el material probatorio no es suficiente para deducir que el retiro del servicio activo del actor, con fundamento en la facultad discrecional de la entidad, contravenga los postulados legales establecidos para tal fin, ni tampoco se probó la existencia de un nexo causal que haya ocasionado su salida, distinta al mejoramiento del servicio que presupone este tipo de actos, más aún cuando los argumentos presentados por el apelante, hacen referencia únicamente al buen ejercicio de su cargo que es lo mínimo que se espera de un funcionario o empleado público en el ejercicio profesional de sus labores. En virtud de lo expuesto se confirmará el fallo proferido por la A quo que negó las súplicas de la demanda, en tanto no se enervó la presunción de legalidad del acto acusado”.
Expediente: 19001233170220090031401
Tema tratado: Pensión de jubilación/ Prima de actividad/ situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 2863 de 2007/Confirma decisión del a quo.
“Así las cosas es claro que el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor NELSON JIMENEZ CALVACHE constituye una situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 2863 de 2007, y sus efectos no pueden aplicarse de manera retroactiva, por ende no corresponde aplicar el Decreto 2863 de 2007, toda vez que esa norma empezó a regir a partir del 27 de julio de 2007 y no consagra ningún incremento en las asignaciones de retiro del personal retirado antes de la vigencia de la mencionada norma. En consecuencia, estima la Sala que el demandante no tiene derecho a que se le reconozca la prima de actividad conforme a lo solicitado en la demanda, debido a que en la fecha de su retiro se encontraba vigente el Decreto 1214 de 1990, y para la misma fecha, los porcentajes a liquidar las prestaciones sociales, en vigencia de la norma, aún no habían sido modificadas. Esta circunstancia en modo alguno implica vulneración al derecho a la igualdad invocado por el actor, pues es claro que el Decreto 2863 de 2007 rige hacia futuro y se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, sin que las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad se vean afectadas por la misma, ni pueda predicarse la igualdad de condiciones jurídicas entre sujetos sometidos a regímenes pensionales distintos, tal como lo manifestó la H. Corte Constitucional en la sentencia citada en precedencia, pues no puede desconocerse que el derecho a la igualdad sólo aplica entre iguales”.
Expediente: 19001333100120070014101
Tema tratado: Grado Jurisdiccional de Consulta/Asignación mensual de retiro/ Aplicación del IPC como factor de reajuste/ El precedente judicial vertical apunta a determinar cuál es el sistema más favorable y no cuál es el porcentaje más favorable ya que implicaría la aplicación simultánea de dos sistemas de reajuste/ Al demandante le favorecía más el sistema oscilatorio y no el del IPC/ la favorabilidad o desfavorabilidad se debe cuestionar en relación al sistema y no al porcentaje. Revoca decisión del a quo.
“Al respecto es preciso recordar, que el Consejo de Estado en sentencia de 17 de mayo de 2007, con ponencia del magistrado Jaime Moreno García, en la que se accedió a aplicar el IPC como factor de reajuste, se estableció que no se trataba de hacer una comparación de los porcentajes de ajuste, sino de aplicar íntegramente cada sistema a todos los períodos reclamados, para de allí sí comparar los valores absolutos resultantes, puesto que lo que se pretendía determinar era, cuál era el sistema más favorable y no cuál era el porcentaje más favorable en cada período, puesto que ello implicaba la aplicación simultánea de dos sistemas de reajuste. Es verdad que existen varios fallos del Consejo de Estado, que si bien citan como precedente la sentencia del magistrado Moreno García, avalan la aplicación del sistema de IPC, a partir de la interpretación normativa y jurisprudencial y no necesariamente del análisis comparativo de los sistemas de reajuste. Igualmente hay otras providencias, donde la favorabilidad pareciera determinarse a partir de la comparación horizontal de porcentajes y no de sistemas lo que ha llevado a algunos operadores jurídicos a concluir erradamente que el principio de aplicación de la norma laboral más favorable para estos casos, implica necesariamente ordenar el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, sin previamente hacer el ejercicio comparativo de los sistemas a lo largo de los diferentes períodos. No obstante se debe aclarar que, de conformidad con la sentencia del magistrado Moreno García, el análisis comparativo de los dos sistemas de reajuste en cada caso, no se puede limitar a comparar porcentajes de ajuste anuales, toda vez que la favorabilidad o desfavorabilidad se debe cuestionar en relación al sistema conforme a valores absolutos y no al porcentaje (…) En este orden, debe precisar la Sala que no comparte el análisis comparativo realizado por A quo de los dos sistemas de reajuste para cada uno de los años en cuestión, toda vez que éste se limitó a comparar porcentajes de ajuste anuales, a pesar de que, se reitera, la favorabilidad o desfavorabilidad se debe cuestionar en relación al sistema y no al porcentaje. En consecuencia, la Sala concluye que la pretensión de nulidad del Oficio 1481/OAJ del 14 de febrero de 2007, no está llamada a prosperar, por no encontrarse demostrado ninguno de los cargos de violación planteados contra el acto acusado, razón por la cual se revocará la decisión de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001333100520050138701
Tema tratado: Supresión del cargo/ Desviación de poder/Faltan elementos probatorios para demostrarla/ No se desvirtuó presunción de legalidad/Revoca parcialmente sentencia del a quo.
“De acuerdo con la doctrina, la desviación de poder hace relación a la existencia de fines extraños al buen servicio y a la satisfacción de los intereses generales como los que justifican la expedición del acto administrativo. En ese sentido se tiene que todo acto administrativo tiene un fin inmediato, que es el resultado más directo y específico que se busca por disposición de la ley o el reglamento, atendiendo las circunstancias que le dan origen; un fin mediato, que, por lo tanto, tiene un alcance más general, y existe un fin último, al cual se presume que debe tender todo acto administrativo, y es el de satisfacer los cometidos estatales, que confluyen en el interés social y en un orden justo, fines que le dan contenido a lo que originariamente es el interés general. De esta manera, el fin está dado por una cadena de fines, en la que el inmediato debe tributar o estar ligado a la consecución del mediato, y ambos al fin último; y cuando no es fácilmente identificable o verificable el primero, a efectos del control del acto, cuentan el segundo y subsidiariamente el tercero, ya que un acto administrativo al menos debe tender a satisfacer el interés general. Frente a las acusaciones del actor en este punto, advierte la Sala que ningún esfuerzo hubo de su parte en orden a demostrarlas. En efecto, no fueron traídos al plenario medios de convicción que dieran cuenta de esos otros fines perseguidos con su retiro; al contrario, los testimonios de los señores Jaime Mezu y Pastora Lazzo Ortiz (f. 353-351), ésta última funcionaria de la alcaldía de Caloto para la época de los hechos, dan cuenta que efectivamente se suprimió el cargo que ocupaba el actor, pero que en su reemplazo no hubo ninguna vinculación, ni siquiera por vía contractual. En conclusión, al confirmarse que no logró desvirtuarse la presunción de legalidad del Decreto No. 237 de 30 de diciembre de 2.004, por virtud del cual se suprimió el cargo del demandante, la Sala confirmará la decisión de primera instancia”.
Expediente: 19001333100820070018001
Tema tratado: Supresión del cargo/Indemnización/ Hospital San José/ Vinculación en provisionalidad/ Decreto Ley 1750 de 2003/Confirma fallo que deniega pretensiones.
“Así las cosas, es claro que la demandante no es beneficiaria de la indemnización por supresión del cargo que reclama, ni por aplicación de la Ley 443 de 1998, en tanto tenía una vinculación en provisionalidad y no en la propiedad de la carrera administrativa, como lo prevé la norma, ni por aplicación de la jurisprudencia constitucional, ni del Decreto Ley 1750 de 2003, relacionados con el proceso de escisión y las situaciones laborales del Instituto de Seguros Sociales. Sin desmedro de la conclusión antes expuesta, es menester de la Sala hacer precisión respecto del memorial presentado por la parte demandante el día 31 de enero de los corrientes, junto con el cual anexa la copia de la sentencia proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, en la que se declaró la nulidad del Acuerdo No. 124 de 24 de agosto de 2001, expedido por la Junta Directiva del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. En ese escrito, solicita que sea remitido el presente proceso al Juez Laboral del Circuito de Popayán, pues en su criterio la sentencia de nulidad antes referida, afectó la competencia radicada en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa. Contrario sensu concluye la Sala, si bien el actor hace mención en los hechos de la demanda a la acción de nulidad que se había instaurado contra el Acuerdo No. 124 de 2001 y que estaba pendiente de decisión ante el H. Consejo de Estado, lo cierto es que este acto administrativo no fue objeto de demanda en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como tampoco se pidió su inaplicación o se formuló excepción de ilegalidad. El tema aquí discutido –como quedó visto en precedencia- se centra exclusivamente en la definición sobre la legalidad de un acto administrativo que negó a la demandante el reconocimiento de una indemnización por supresión del cargo, al invocar derechos de carrera administrativa. Las conclusiones extraídas imponen la confirmación de la sentencia proferida por la jueza de primera instancia, quien acertó al negar las pretensiones de la demanda”.
TÍTULO 44 CONSEJO DE ESTADO
Recurso: Habeas Corpus – segunda instancia
Sentencia: 16 de abril de 2013
Expediente: 19001233300020130015801
Tema tratado: La privación de la libertad no se ha prolongado de manera ilegal/ Cualquier inconformidad con las actuaciones u omisiones procesales debe surtirse al interior del proceso penal/Confirma decisión del Tribunal Administrativo del Cauca.
“…la falta de razones jurídicas, sumada a la ausencia de una base fáctica adecuada, permiten concluir que en el presente caso la privación de la libertad no se ha prolongado de manera ilegal. De conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, el hecho de encontrarnos en presencia de un proceso penal debidamente instruido, en el cual fueron oportunamente atendidas las cargas correspondientes a las autoridades responsables de su impulso procesal y la ausencia de una causal de libertad aplicable al caso, lleva a afirmar que cualquier inconformidad con las actuaciones u omisiones procesales debe surtirse al interior del proceso. En consecuencia nos e observa una vulneración de las garantías de la libertad individual; razón suficiente para desestimar la solicitud habeas corpus y confirmar la providencia impugnada”.
[1] Entrevista a Alfonso Vargas Rincón en Ámbito Jurídico, No. 369, 13 al 26 de mayo de 2013, página 17.