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Timestamp: 2016-10-27 14:44:58
Document Index: 30032267

Matched Legal Cases: ['artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 235', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 235', 'artículo 235', 'artículo 56']

PARALIZACIÓN DE EJECUCIONES EN MEDIACIÓN CONCURSAL | Lealtadis Abogados
PARALIZACIÓN DE EJECUCIONES EN MEDIACIÓN CONCURSAL 23 diciembre, 2015 | 0
PARALIZACIÓN DE EJECUCIONES EN MEDIACIÓN CONCURSAL
El acuerdo extrajudicial de pagos se regula en el título X de la Ley Concursal (LC en adelante), que fue introducido en septiembre de 2013 por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Por medio del acuerdo extrajudicial de pagos se habilita un trámite no judicial de mediación destinado a que el deudor pueda llegar a acuerdos con una parte de sus acreedores, habida cuenta que el acuerdo no afectará:
1º.- En ningún caso, a los acreedores públicos que tienen un régimen especial de aplazamientos que no se ve sometido al acuerdo extrajudicial.
2º.- En principio tampoco tienen porqué verse afectados los acreedores con garantías reales.
El ámbito subjetivo queda definido por el artículo 231 LC, que ha sido reformado por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, ampliando la posibilidad de acogerse a este trámite cualquier persona física –tanto empresarios como no empresarios- o jurídica, siempre y cuando su pasivo no supere los cinco millones de euros.
Así pues, el procedimiento se iniciará cuando el deudor, encontrándose en situación de insolvencia o previendo que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, y siempre que la estimación inicial de su pasivo no supere los cinco millones de euros, solicite la designación de un mediador concursal ante el notario de su domicilio –quien puede incluso llegar a asumir el propio cargo- o, en su caso, si el solicitante es persona jurídica o natural empresario, ante el Registrador Mercantil, correspondiente al domicilio del deudor o bien Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que hayan asumido funciones de mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
Así pues, el receptor de la solicitud tiene que comprobar el cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el artículo 231 LC, junto con los datos y la documentación aportados por el deudor, y si estima que la solicitud o la documentación adjunta adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no podrá exceder de cinco días, pudiendo incluso inadmitir la solicitud cuando el solicitante no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, sin perjuicio de que el deudor, en su caso, presente una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos requisitos.
Fuera de los supuestos previstos en el párrafo precedente, el receptor de la solicitud procederá al nombramiento de mediador concursal. Asimismo, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el órgano al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal, deberá comunicar de oficio la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.
Pues bien, en lo que aquí interesa respecto a los efectos de la iniciación del expediente la letra a) del apartado 2 del artículo 235 LC, prevé que desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses.
Como decimos, se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual, así como acreedores que dispongan de garantía personal para la satisfacción de su crédito, quienes también podrán ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido
Por su parte, en el último párrafo del apartado del referido precepto, se prevé que practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público.
Pues bien, de la lectura del referido precepto, nos surge obligatoriamente el siguiente interrogante, ¿qué se entiende por “bien necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial”? Y al hilo de ello, cabría preguntarse ¿a qué tipo de bienes expresamente se refiere la Ley Concursal?
Cabe indicar que el concepto de bien necesario es un concepto claramente concursal, referido tanto en el artículo 55 como en el artículo 56 LC, que implica la concurrencia de una serie de requisitos para que el bien sea calificado como necesario. Atendiendo a la doctrina mayoritaria, podemos distinguir en concreto los requisitos que a continuación enumeramos:
Que el deudor tenga actividad empresarial o profesional.
A excepción de lo previsto en el tan referido artículo 235 LC, que establece que la comunicación del nombramiento de mediador tiene el efecto de suspender temporalmente la ejecución sobre la vivienda del deudor.
Cabe resaltar que no se trata de identificar bienes necesarios para la subsistencia del deudor, sino para la subsistencia de su actividad.
Que el deudor no haya cesado en su actividad.
No se trata de que el deudor pueda reanudar una actividad que había concluido. El mantenimiento de la actividad es importante en la medida en la que con esa actividad el deudor puede generar recursos que le permitan alcanzar un acuerdo con sus acreedores.
Que el deudor acredite la necesidad de los bienes o derechos.
Para ello deberá acreditar si esa necesidad se deriva de que el bien es imprescindible para realizar una actividad industrial o profesional –por ejemplo una máquina sometida a arrendamiento financiero–, o si esa necesidad se deriva de que el deudor cuente con la realización de ese bien para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, o si puede constituir garantías sobre el mismo que puedan convencer a los acreedores más remisos al acuerdo.
De lo expuesto se desprende que el artículo 235 LC se está refiriendo a la posibilidad de suspender la ejecución respecto a bienes garantizados que se consideran imprescindibles para la subsistencia de la actividad empresarial, sin ser suficientes que se integren en ella. Por tanto, a modo ilustrativo, traemos a colación los siguientes ejemplos:
No serían necesarios para la actividad empresarial o profesional los bienes que constituyen inversiones realizadas por la concursada, como la adquisición de unos valores que fueron pignorados – vid. Auto Juzgado de lo Mercantil Pontevedra 31 de mayo de 2010- o la vivienda habitual del empresario persona física, donde no desarrolla ninguna actividad vinculada.
Por el contrario, tratándose de empresas dedicadas a la promoción y construcción inmobiliaria sí se consideran que las viviendas, aun no terminadas, constituyen bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial -Auto de la AP Barcelona de 17 de abril de 2009 -.
Así pues, por un lado, los acreedores no pueden iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales y, por otro lado, las ejecuciones en curso quedan temporalmente suspendidas una vez que el deudor o, en su caso, el mediador concursal, lleven a cabo la labor de proceder a comunicar la resolución del Letrado de la Administración de Justicia sobre el inicio de acuerdo extrajudicial de pagos, a los acreedores o a los órganos judiciales o extrajudiciales que estén llevando a efecto la ejecución singular.
Por tanto, el efecto inmediato es la suspensión de las ejecuciones, sin embargo, como es sabido, bien los acreedores, bien el órgano ejecutante, pueden solicitar al juzgado mercantil que se pronuncie sobre el carácter necesario o innecesario del bien o derecho objeto de ejecución.
Caber resaltar que a partir de la modificación de la Ley Concursal, introducida en virtud de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que entró en vigor el 2 octubre del año 2014, y más concretamente con la nueva redacción otorgada al apartado 5 del artículo 56, se atribuye expresamente la competencia para determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor al juez del concurso.
A mayor abundamiento, a raíz de la última modificación de la Ley Concursal, mediante la entrada en vigor de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, se facilita todo ese cometido del Juez, habida cuenta que ha venido a establecer que será el propio deudor quien en su comunicación indicará qué ejecuciones se siguen frente a su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, haciéndose constar en la resolución del Letrado de la Administración de Justica tenga por efectuada la comunicación del expediente. En todo caso, si existiera controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir aquella resolución ante el juez competente para conocer del concurso.
No obstante lo anterior, hay que poner de manifiesto que la solicitud de suspensión de ejecuciones por el deudor, no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos o, haya transcurrido el plazo de tres meses desde la comunicación desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado. Así pues, transcurrido el término del antedicho plazo, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.
En conclusión, de lo aquí expuesto se desprende que el acreedor con garantía real está facultado a iniciar en todo caso el trámite de ejecución, sin perjuicio de que pueda suspenderse brevemente el curso de las actuaciones ejecutivas, siempre y cuando tuvieran por objeto bienes necesarios para la continuidad de la actividad del deudor.