Source: https://supremo.vlex.es/vid/funcionarios-eventuales-104-r-lbrl-trrl-p-17447185
Timestamp: 2019-09-18 04:52:59
Document Index: 143959412

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 88', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 140', 'artículo 106', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 15', 'artículo 92', 'artículo 1', 'artículo 104', 'artículo 102', 'artículo 20', 'artículo 104', 'artículo 20', 'artículo 90']

STS, 2 de Septiembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 17447185
Número de Recurso: 3489/1999
FUNCIONARIOS EVENTUALES. Se discute la legalidad de la creación de un específico puesto de trabajo de carácter eventual para el desempeñoo de funciones permanentes. Se afirma que el Ayuntamiento demandado respaldó la creación del polémico puesto en lo que establecen sobre el personal eventual los artículos 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local -LBRL- y 176.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local -TRRL. Todas las potestades de autoorganización de la Administración Local deben ejercitarse dentro del marco legal y con absoluta sujeción a los imperativos del ordenamiento jurídico. El contenido y significación de la expresión "confianza y asesoramiento especial", que legalmente se utiliza para definir y caracterizar al personal eventual, debe determinarse poniendo en relación aquella expresión con el régimen de nombramiento y cese legalmente previsto para el personal eventual. Esta clase de puestos reservados son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de "confianza y asesoramiento especial" que legalmente delimitan esta específica clase de personal público. No se hace lugar al recurso de casación.
Visto por la Sección Séptima de la Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el número 3489/1999 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, representado por la Procuradora Doña María Eva de Guinea y Ruenes, contra la sentencia de 8 de marzo de 1.999 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.
Habiendo sido parte recurrida Don Alberto, quien no se ha personado en esta fase de casación.
"FALLAMOS; "Estimar el recurso interpuesto por Don Alberto representado y defendido por el letrado Don Luis Oviedo Mardones contra la resolución del Ayuntamiento de Burgos objeto del presente recurso por la que se creaba en la plantilla de personal del citado Ayuntamiento, como puesto reservado a personal eventual, el de DIRECCION000 de la sección de centro histórico, considerando que la misma no es ajustada a derecho. No se hace especial imposición de las costas a ninguna de ambas partes. (...)".
"(...) dictar Sentencia que casando, y con revocación de la Sentencia recurrida, desestime el recurso interpuesto por D. Alberto, contra el acuerdo del Pleno Corporativo de 30 de enero de 1.997, que creó como puesto de trabajo reservado a personal eventual, (Funcionario de Empleo), el de DIRECCION000 de la Sección del Centro Histórico, por la conformidad de los actos recurridos con el Ordenamiento Jurídico".
Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 20 de julio de 2004, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
El proceso de instancia se inició por Don Alberto mediante recurso contencioso-administrativo dirigido contra el acuerdo de 30 de enero de 1997, del Pleno del AYUNTAMIENTO DE BURGOS, que creó en la plantilla de la Corporación la plaza de DIRECCION000 de la Sección del Centro Histórico como puesto reservado a personal eventual.
La sentencia aquí recurrida estimó el mencionado recurso jurisdiccional y declaró que esa actuación administrativa impugnada no era ajustada a derecho.
El presente recurso de casación lo ha interpuesto el Ayuntamiento de Burgos y lo apoya en los seis motivos que más adelante se analizarán, todos ellos amparados en el ordinal cuarto del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional -LJCA- de 1956 (equivalente a la letra c) del artículo 88 de la LJCA de 1998).
Y debe adelantarse que coincidiendo este recurso con el recurso número 8216/1998, en cuanto a materia litigiosa y motivos de casación, se va a reiterar sustancialmente lo que sobre todo ello esta Sala y Sección ya razonó en su sentencia de 9 de febrero de 2004.
La sentencia "a quo", cuando delimita los términos de la controversia, afirma que el Ayuntamiento demandado respaldó la creación del polémico puesto en lo que establecen sobre el personal eventual los artículos 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local -LBRL- y 176.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local -TRRL- (Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril).
"cosa que aquí no ha sucedido lo que podría dar lugar a una anulación del procedimiento (...) pero al tratarse de razones de forma que podrían haberse convalidado en la siguiente aprobación de presupuestos se hace necesario examinar si el puesto objeto de controversia, con las funciones que se le atribuyen, es admisible en la relación de personal eventual".
Por tanto, el principal punto de discusión queda concretado en la determinación de si el desempeño de dicho puesto, en razón de las funciones que tiene atribuidas, puede o no ser encomendado a personal eventual.
A esa cuestión la Sala de Burgos le da una respuesta negativa, invocando para ello la sentencia de 12 de diciembre de 1997 de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo (dictada en el recurso de casación en interés de la Ley número 7024/1995) y el criterio en ella seguido sobre la interpretación que ha de darse al párrafo segundo del artículo 15.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública -LMRFP-. Y transcribe lo que en esa sentencia se declara sobre que las tareas que tienen carácter permanente dentro de la organización administrativa no pueden ser asignadas a personal contratado al amparo de ese artículo 15.1.f) de la LMRFP. Con apoyo en ese precedente jurisprudencial, el argumento principal de la sentencia recurrida es que las funciones que el Ayuntamiento de Burgos pretende atribuir al puesto de DIRECCION000 de la Sección del Centro Histórico "son en su mayor parte tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa del Ayuntamiento".
Y se completa lo anterior con el razonamiento de que, aunque la doctrina jurisprudencial invocada se refiere a personal laboral y no eventual, en este último la limitación debe ser aun más restrictiva "ya que implica una diáfana discriminación al puesto funcionarial, no encontrándose siquiera en los supuestos excepcionales que permiten la sustitución funcionarial en el artículo 15.1.c) de la Ley 30/1984, debiendo concretarse según se desprende del propio art. 104 de la LBRL a tareas de confianza o asesoramiento".
El primer motivo de casación denuncia la infracción del artículo 140 de la Constitución -CE-, en relación con los artículos 4.1.a) y 104 de la LBRL.
Tras lo anterior se concluye que la sentencia recurrida ha conculcado ese derecho municipal a la autoorganización so pretexto de la aplicación de normas de carácter supletorio.
Ese primer motivo de casación tiene que ser desestimado. Todas las potestades de autoorganización de la Administración Local deben ejercitarse dentro del marco legal y con absoluta sujeción a los imperativos del ordenamiento jurídico, que no pueden conculcar, correspondiendo a los Tribunales controlar la legalidad de la actuación administrativa (artículo 106.1 CE).
El pronunciamiento de la Sala de instancia no contradice ni ignora ese principio de autoorganización, lo que hace es exteriorizar el control jurisdiccional de su legalidad.
En lo que se refiere a la infracción del artículo 104 de la LBRL, se invoca en su conjunto sin otro razonamiento, lo que ya sería bastante para rechazar el motivo casacional formulado con ese sustento. A ello debe añadirse lo que dice la sentencia sobre que el puesto de trabajo litigioso no cumplió con la exigencias de ser creado al comienzo del mandato de la Corporación, ni con la de que la creación tuviera lugar con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales, lo que descarta que el mencionado artículo 104 de la LBRL haya sido infringido por la sentencia recurrida.
El segundo motivo de casación señala la infracción, por su aplicación indebida, del artículo 15.1.c) de la LMRFP (la referencia hay que entenderla al apartado f, que es sobre el que razonó la sentencia recurrida).
El tercer motivo reprocha la infracción del artículo 92.2 de la LBRL.
Se argumenta que este artículo define las funciones públicas que en el ámbito local quedan reservadas al ámbito estatutario y admite una posibilidad de ampliación en cualquier otra norma futura que se dicte "en desarrollo de la presente"; que no se ha dictado esa norma de desarrollo; y que la sentencia recurrida extiende ámbito estatutario más allá de la definición legal, atribuyéndose así una facultad normativa de la que carece.
El cuarto motivo invoca la infracción del artículo 1.1 del Código civil, en relación con el 90.1 de la LBRL.
Luego se critica que la Sala de instancia omita la eficacia normativa de la Ordenanza y aplique preferentemente un precepto "supletorio".
El quinto motivo de casación denuncia la infracción del artículo 104 (párrafos 1 y 2) de la LBRL, en relación con el artículo 102 del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado; y la infracción también del artículo 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
La infracción del artículo 104 de la LBRL debe ser rechazada reiterando lo que ya se razonó cuando se analizó el primer motivo de casación.
El precepto no es aplicable al caso enjuiciado. El polémico puesto de trabajo no estaba creado al comienzo del mandato de la Corporación, ni dicha creación tuvo lugar con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. Por tanto, no se dan los requisitos para que la norma pudiera ser invocada.
Consiguientemente, no cabe reprochar a la sentencia recurrida que no haya respetado en el Ayuntamiento recurrente la facultad que reconoce artículo 20.2 de la Ley 30/1982 de determinar "el número de puestos (...) reservados a personal eventual".
Ese nombramiento y cese es libre y corresponde a los superiores órganos políticos (Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Presidentes de las Corporaciones Locales) y, por lo que en concreto hace al cese, está establecido que se producirá automáticamente cuando cese la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento (artículos 20.2 LMRFP y 104.2 de la LBRL). Todo lo cual pone de manifiesto que se trata de tareas de colaboración inmediata con quienes ostentan el poder de superior decisión política, en las que predominan las notas de afinidad y proximidad política que es inherente a la "confianza".
El sexto motivo aduce la infracción del artículo 90.2 de la LBRL.
- No haber lugar el recurso de casación interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS contra la sentencia de 8 de marzo de 1.999 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.
SAN, 24 de Octubre de 2007