Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6890-de-noviembre-29-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c5bef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 12:48:42
Document Index: 287473482

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 54', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 23']

﻿ SENTENCIA 6890 DE NOVIEMBRE 29 DE 2001
SENTENCIA 6890 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:CALIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. VALIDEZ DE RECLAMACIONES DESPUÉS DE VENCIDO TÉRMINO DE GARANTÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:VEHÍCULO AUTOMOTOR, REGISTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, REVISIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR, VALOR DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR, RECLAMACIÓN DEL DAÑO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:363 DE MARZO DE 2002, PÁG.486
Sentencia 6890 de noviembre 29 de 2001
CALIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES
VALIDEZ DE RECLAMACIONES DESPUÉS DE VENCIDO TÉRMINO DE GARANTÍA
EXTRACTOS: «El eje de la controversia gira en torno a la legalidad de las resoluciones 2167 del 10 de octubre de 1996, mediante la cual la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor impuso a la sociedad actora una sanción consistente en multa por valor de $ 21''318.750, equivalentes a 150 salarios mínimos legales vigentes al momento de concluir la investigación, y de la 67 del 20 de enero de 1997, por la cual se desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, confirmándola.
La sociedad actora fórmula contra las resoluciones impugnadas tres cargos: el primero por violación del artículo 25 del Decreto 3466 de 1982, estatuto del consumidor, porque se le atribuyó incumplimiento de las normas mínimas de calidad e idoneidad ordinarias y habituales del mercado, cuando en realidad las condiciones para vehículos automotores están contempladas en la Resolución 777 de 1993; el segundo, por violación del artículo 24 del mismo estatuto por no graduación de la multa impuesta al tenor de lo dispuesto en el parágrafo de la citada norma, y el tercero por violación al derecho de defensa y al principio de legalidad, por haber negado la entidad demandada la práctica de algunas de las pruebas solicitadas durante el proceso sancionatorio y porque sólo en la resolución impugnada se le precisaron unos cargos que no le habían sido formulados con anterioridad, como ordena la ley.
Por su parte, la entidad demandada defiende la legalidad de las resoluciones impugnadas afrmando que se expidieron con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 3466 de 1982 y conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, que remite al contenido en el Código Contencioso Admnistrativo.
Como quiera que se aportó al proceso el expediente administrativo C-205 de 1995 relativo a los antecedentes de las resoluciones impugnadas, verificado el contenido de los folios 38, 118 y 277 del cuaderno 1, se encuentran solicitudes dirigidas por la entidad demandada a la sociedad actora sobre explicaciones de fallas presentadas por los compradores, que muestran los vehículos, entre las que se encuentran: mal funcionamiento del boster de la puerta trasera y de los frenos, fuga de aceite de los ejes traseros (fls. 38 y 119) hechos denunciados por el señor Pedro Rafael Sarmiento; así mismo los denunciados por la señora Luz Marina Vélez Gómez, en los que se da cuenta de fallas de motor, caja y frenos, clutch, revisión escape de aceite parte trasera caja (fls. 123 y 124); de igual forma, se resumen las quejas formuladas por la sociedad actora Ramírez e Hijos Ltda. que informan que el vehículo presentó problemas de insuficiencia de frenos, fallas en el motor, caja y problemas de homologación (fl. 127), a lo que además se agrega que Auto Beck no entregó manual descriptivo del vehículo en español; denuncia presentada a través de apoderado por los señores Julio César Recio y María Helena Londoño, en la que se reportan fallas en el boster de las puertas, clutch, freno de emergencia y arranque (fl. 278); queja presentada a través de apoderado por el señor Aurelio González. Aparece que se solicitó a través de su apoderado una inspección judicial anticipada con intervención de peritos, que se llevó a cabo en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, en la que se identificaron los vehículos por sus características externas, como color y número, se describió el estado externo indicando que se encuentra la cojinería en buen estado, la pintura en regular estado, y se estableció que presentan dos plaquetas con números diferentes y que no fue posible encontrar los números de motor y de chasis (fls. 278 y 281).
Se reportaron, además, demoras en la ejecución de los trabajos, por parte de Motovalle; se discriminaron con número los reportes reasumidos por la entidad demandada, las órdenes de trabajo realizadas a cada uno de los vehículos a los que se refieren las quejas e, igualmente, que se intercambiaron propuestas para la solución de los problemas.
La superintendencia consideró que las conductas mencionadas constituían violación de lo dispuesto en los artículos 14, 23 y 25 del Decreto 3466 de 1982, así como de los artículos 1º y 3º a 7º de la Resolución 777 de 1993, en concordancia con el artículo 24, del mismo decreto (fl. 129, 235). Debe anotarse que en la primera de las comunicaciones se solicitan explicaciones porque al parecer se han presentado violaciones al Decreto 3466 de 1982, en concordancia con la Resolución 777 de 1993.
La empresa actora respondió los requerimientos hechos por la superintendencia explicando básicamente que como los vehículos estaban destinados para servicio público en la ciudad de Cali, el servicio se coordinó con Motovalle en esa ciudad, quien lo prestó cada vez que los usuarios lo requirieron; no obstante lo anterior, los compradores se colocaron fuera de los términos de garantía, porque incumplieron con las indicaciones sobre revisión periódica e incurrieron en uso indebido ya que permitieron la injerencia de talleres no autorizados para efectos de revisión mecánica de los vehículos, lo que constituye causal de exoneración. Niega, por lo tanto, haber violado las normas que menciona la superintendencia, pues estima que no se incumplieron condiciones de calidad e idoneidad ni los términos de la garantía, toda vez que se prestó en forma gratuita el servicio cada vez que fue requerido (fls. 43, 267 y 287 cuad. 1 exp. administrativo).
En la resolución impugnada, luego de registrar los hechos anteriores y de hacer las consideraciones que se creyeron pertinentes, se concluye que
“... con las conductas anteriores la empresa Auto Beck Ltda infringió el artículo 23 del Decreto 3466 de 1982 en concordancia con los artículos 1º, 2º, 3º, 6º y 7º de la Resolución 777 de 1993.
De conformidad con los artículos 24 y 25 del Decreto 3466 de 1982, esta superintendencia es competente para imponer sanciones pecuniarias a las personas naturales y jurídicas que incurran en violaciones a lo establecido en el citado decreto, así como en otras disposiciones relacionadas con la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen al público” (fl. 96 cuad. ppal.).
De lo anterior se desprende que la sanción se impuso por infracción al artículo 23 del Decreto 3466 de 1982, en concordancia con los artículos mencionados de la Resolución 777 de 1993.
Las disposiciones que consideró infringidas la entidad demandada disponen:
“ART. 23.—Responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios: Respecto de los bienes y servicios cuya calidad e idoneidad haya sido registrada en los términos del presente decreto o respecto de los cuales sea legalmente obligatorio el registro o licencia, o cuya calidad o idoneidad haya sido determinada de conformidad con los términos y condiciones señalados en el registro o licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica, teniendo en cuenta las causales de exoneración previstas en el artículo 26.
Cuando la calidad e idoneidad de los bienes y servicios no haya sido objeto de registro, bastará para establecer la responsabilidad por la mala o deficiente calidad o idoneidad, la demostración del daño, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad señaladas en el citado artículo 26. (...).
Tratándose de bienes importados serán solidariamente responsables el importador y el productor de dichos bienes, solidaridad que se deducirá de conformidad con las normas legales pertinentes”.
La Resolución 777 de 1993 en los artículos mencionados por los actos administrativos impugnados dispone lo siguiente: (fls. 126 a 128 del cuad. ppal.).
“ART. 1º—De la calidad mínima. Las ensambladoras y los importadores de vehículos automotores, directamente o a través de sus distribuidores deberán garantizar al comprador que sus productos satisfacen las especificaciones anunciadas, mediante el otorgamiento de una garantía de calidad, funcionamiento y servicio de post venta.
ART. 2º—De la garantía. La garantía de calidad, funcionamiento y servicio de post venta amparará el producto por defectos de fabricación y asegurará el mantenimiento como mínimo en las siguientes condiciones:
2. Para vehículos de servicio público de transporte de pasajeros intermunicipal, interdepartamental, nacional o internacional por seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original o 50.000 kilómetros de recorrido, lo que primero se cumpla.
3. La identificación del vehículo con las especificaciones técnicas necesarias para su correcta identificación.
6. Las condiciones de atención de la garantía y del servicio de post venta, especificando el lugar donde se hará efectivo.
ART. 6º—Exclusiones de la garantía. Para los efectos del numeral 1 del artículo 4º quedan excluidas de la garantía las partes y piezas que usualmente sufren deterioro o desgaste por la operación normal de vehículo, tales como llantas, neumáticos, correas en bloques y pastillas para frenos, fluidos de fabricación y frenado.
ART. 7º—Efectividad de la garantía. El consumidor podrá hacer uso de la garantía de calidad de funcionamiento y servicio de post venta en cualquiera de los canales de distribución establecidos y autorizados por el productor, importador concesionario o distribuidor.
Para hacer efectiva la garantía de calidad, funcionamiento y servicio de post venta, el comprador deberá haberse ceñido al manual de instrucciones y a las recomendaciones técnicas suministradas por fabricante”.
De conformidad con el contenido de las resoluciones impugnadas y de las normas anteriormente transcritas que en ella se mencionan, la sanción que se impuso a la sociedad actora lo fue por violación al artículo 23 del Decreto 3466 de 1982, que contempla la responsabilidad que le compete a los productores por la calidad e idoneidad de los bienes, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 y 25 del mismo estatuto.
Constituye argumento central del primer cargo planteado por el recurrente, la violación del artículo 25 del Decreto 3466 de 1982 —estatuto del consumidor—, que estima que solamente puede aplicarse en ausencia de norma técnica oficializada, porque la superintendencia aplicó la sanción sin establecer si se habían cumplido las condiciones mínimas de calidad, contempladas en la Resolución 777 de 1993, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que, en su opinión, la parte actora estaba obligada a cumplir, y no las habituales y ordinarias del mercado, como lo estableció dicha entidad.
Sobre el particular, es preciso advertir que deben distinguirse, dos conceptos: el primero, referente a la calidad del bien al momento de la venta y, el segundo, el de la asistencia post venta, es decir, el cumplimiento de los términos de la garantía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 3466 literal e, la idoneidad de un bien o servicio es la aptitud para satisfacer la necesidad para el cual ha sido producido y, de acuerdo con el literal f, la calidad es el conjunto de las propiedades ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan o individualizan.
A juicio de la Sala, la Resolución 777 de 1993, a pesar de que dice fijar requisitos, mínimos de calidad e idoneidad tanto para vehículos ensamblados en el país como importados, sólo se refiere a la calidad que debe garantizarse con el otorgamiento de una garantía y a las condiciones, cláusulas obligatorias, exclusiones y efectividad de la misma que guardan relación con la asistencia post venta y no con la calidad del bien al momento de ofrecerse a la venta y al de la venta misma, para lo cual es procedente exigir las condiciones habituales del mercado, toda vez que en parte alguna se encuentra el señalamiento de tales requisitos mínimos.
Resulta lógico que al momento de la venta los vehículos deben contar con las condiciones de calidad e idoneidad para prestar el servicio para el que fueron adquiridos, y de no ser ello así la sanción a aplicar es la prevista en el artículo 25 del Decreto 3466.
Si bien existe una garantía, es evidente que la misma ampara el vehículo después de su venta y durante un lapso determinado, por lo que de ninguna manera puede entenderse que transcurrido dicho lapso las ensambladoras y los importadores de vehículos automotores quedan exoneradas frente a defectos que presenten los vehículos, aún desde el momento de la venta y que no pudieron ser subsanados durante su garantía, atinentes a la aptitud para satisfacer la necesidad para la cual han sido producidos o al conjunto de las propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan o individualizan. Indudablemente que en estos eventos debe acudirse a las exigencias ordinarias y habituales del mercado.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra demostrado que los vehículos materia de la investigación administrativa fueron adquiridos por los compradores para el servicio público de pasajeros e igualmente que presentaron fallas al momento de entrar en servicio, razón por la cual les fue prestada asistencia a través de Motovalle, como se evidencia de la inspección judicial ordenada en este proceso (fl. 145 cdno. 8), lo que si bien es cierto acredita el cumplimiento de los términos de garantía, que se refieren al servicio post venta, no lo es menos que no desvirtúa el hecho de que al momento de la venta los vehículos no contaban con las condiciones de calidad e idoneidad para prestar el servicio para el que fueron adquiridos, razón por la que no puede predicarse la violación del artículo 25 del estatuto del consumidor, pues es precisamente dicha norma la que regula y sanciona tal situación, luego su aplicación resultó pertinente.
De lo contrario, el consumidor no tendría manera de acudir en reclamo una vez vencido el término de la garantía por la falta de calidad y de idoneidad del bien en las condiciones normales del mercado. De manera que para efectos de sanción por violación al estatuto del consumidor, no resulta cierto que en relación con automotores sólo deba aplicarse la Resolución 777 de 1993, como norma oficializada, ya que cabe en todo caso el examen de las condiciones generales de un producto para satisfacer debidamente el mercado.
Tampoco existe violación del artículo 24 del Decreto 3466 de 1982, predicada por el recurrente en el segundo cargo, en primer lugar, porque del contenido de la norma se desprende la discrecionalidad de la entidad para aplicar la sanción entre un mínimo y un máximo establecidos y, en segundo lugar porque, como se vio, la Resolución 777 de 1993, a pesar de que dice fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad tanto para vehículos ensamblados en el país como de los importados, sólo se refiere a la obligación de cumplir con los términos de la garantía y a las condiciones, cláusulas obligatorias, exclusiones y efectividad de la misma que, como se anotó, atañen a la asistencia post venta y no a la calidad del bien al momento de ofrecerse y al de la venta misma.
Se afirma también por el recurrente que las resoluciones acusadas violan el derecho de defensa y el principio de legalidad, puesto que la entidad sancionadora se negó a practicar las pruebas que le fueron solicitadas y porque no hay congruencia entre los cargos formulados y el contenido de la sanción impuesta. Al respecto, encuentra la Sala que en el expediente administrativo aparece el auto proferido por el jefe de división de protección al consumidor en que se indica que no se accede a la práctica de la inspección solicitada porque los hechos que se pretendía demostrar fueron establecidos en diligencia también de la misma naturaleza practicada por el Departamento de Precios, Pesas y Medidas de Cali y en inspección judicial practicada por el juzgado tercero de la misma ciudad (fl. 301 cuad. expediente administrativo C-202/95); al folio 190 del mismo cuaderno se encuentra la inspección judicial mencionada practicada el 13 de diciembre de 1995, y en ella se da cuenta de la asistencia del Dr. Luis Augusto Cangrejo Cobos, en representación de Auto Beck Ltda; luego, no resulta cierta la afirmación del recurrente en el sentido de que las pruebas fueron recogidas de manera subrepticia y unilateral con exclusión de la parte frente a la que se pretenden hacer valer; en cuanto a la negativa de recibir los testimonios debe decirse que no constituye per se violación al derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de establecer fallas técnicas y mecánicas para lo cual es idónea la intervención de peritos, que fueron citados en este proceso, sin que comparecieran (fls. 266 y 267 cuad. ppal. y 297 cuad. 1 expediente administrativo C-202/95); así mismo quedó establecido que en los pliegos de cargos o solicitudes de explicación formuladas por la entidad accionada a la sociedad actora se consideró que las conductas descritas constituían violación a los artículos 14, 23, 24 y 25 del Decreto 3466 de 1982, en concordancia con la Resolución 777 de 1993, y finalmente los cargos se impusieron por violación del artículo 23 del mencionado decreto, de lo que se deriva que existe congruencia entre la formulación de cargos (fls. 38, 118 y 277 del cuaderno 1 del expediente administrativo), con lo consignado en la resolución que impuso la sanción (fl. 96 cuad. ppal.).
Todo lo anterior lleva a la conclusión de que la sentencia recurrida debe confirmarse, y así se dirá en la parte resolutiva».
(Sentencia de noviembre 29 de 2001. Expediente 6890. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).