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Timestamp: 2020-08-09 20:43:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 322', 'artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 159']

BOE.es - Documento BOE-A-2020-7203
Documento BOE-A-2020-7203
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Palencia n.º 1 a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
«BOE» núm. 183, de 3 de julio de 2020, páginas 47060 a 47066 (7 págs.)
BOE-A-2020-7203
Presentada el día 22 de octubre de 2019 copia autorizada de la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Palencia número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
I. Conforme el art. 18.1 de la Ley Hipotecaria los registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
II. Los defectos que impiden la inscripción:
De la interpretación literal de tales preceptos (artículo 3 C.c.), resulta que si la persona a cuyo favor se ha de practicar la inscripción es una persona física casada, hay que determinar si el acto o contrato va a afectar o no a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. Para poder concluir si el acto o contrato inscribible va a afectar o no a tales derechos, lo primero que hay que conocer es cuál es el régimen económico al que se someten las relaciones patrimoniales de ese matrimonio para, de tal manera, poder determinar si la normativa (legal o pactada) aplicable a ese régimen provoca que el acto o contrato afecte o no a los derechos conyugales, exigiéndose, en el caso de que así lo fuera, la identidad del otro cónyuge. Así pues el primer paso es saber el régimen económico matrimonial de esa persona física casada a cuyo favor se va a practicar la inscripción. La determinación de cuál es el régimen que rige ese matrimonio exige que "el notario… despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos..." (Resolución de 15 de junio 2009).
III. La presente nota de calificación se expide por duplicado, para su notificación al presentador del documento, y al funcionario autorizante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 L.H. y artículos 40 y ss. Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1.º Calificar el documento presentado en los términos que resultas de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho reseñados.
2.º Suspender, en consecuencia, el despacho del documento presentado.
3.º Prorrogar el asiento de presentación de conformidad con el art. 323 de la Ley Hipotecaria de forma automática por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de la última notificación, plazo durante el cual podrá solicitarse la anotación preventiva a que se refiere el art 42.9 de la Ley Hipotecaria.
Palencia a siete de noviembre de dos mil diecinueve. La Registradora (firma ilegible) Fdo. Marta Polvorosa Mies.»
Don Fernando Puente de la Fuente, notario de Burgos, solicitó el día 14 de noviembre de 2019 calificación conforme al cuadro de sustituciones, correspondiéndole al registrador de la Propiedad de Tordesillas, don Santiago Blasco Lorenzo, quien emitió la siguiente calificación:
«(…) Fundamentos de Derecho:
El único defecto alegado por la Registradora de la Propiedad en su nota de calificación es que "No consta el régimen económico matrimonial de los otorgantes casados que, según el art. 159 del R.N., se expresará en todo caso, debiendo también constar si el mismo es el legal o pactado..."
Por su parte, el instante de la calificación sustitutoria fundamenta su pretensión de revisión en que no es preceptiva la constancia de dicho régimen, "dado su domicilio en territorio de derecho común y todo ello de conformidad con las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 27 de abril de 1999 y 16 de julio de 2009".
Dispone el artículo 51.9.a) del Reglamento Hipotecario que en la inscripción se haga constar "Si se trata de personas físicas... si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a las derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge..."
Como señala la nota de calificación que es objeto de esta calificación sustitutoria: "De la interpretación literal de tales preceptos (artículo 3 C.c.), resulta que si la persona a cuyo favor se ha de practicar la inscripción es una persona física casada, hay que determinar si el acto o contrato va a afectar o no a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. Para poder concluir si el acto o contrato inscribible va a afectar o no a tales derechos, lo primero que hay que conocer es cuál es el régimen económico al que se someten las relaciones patrimoniales de ese matrimonio para, de tal manera, poder determinar si la normativa (legal o pactada) aplicable a ese régimen provoca que-el acto o contrato afecte o no a los derechos conyugales, exigiéndose, en el caso de que así lo fuera, la identidad del otro cónyuge. Así pues el primer paso es saber el régimen económico matrimonial de esa persona física casada a cuyo favor se va a practicar la inscripción. La determinación de cuál es el régimen que rige ese matrimonio exige que ‘el notario... despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos...’ (Resolución de 15 de junio 2009)."
Debemos partir de la base de que no existe una presunción legal que, ya sea por razón del lugar del otorgamiento del documento en el que se contiene el acto o negocio inscribible, o ya sea por razón del domicilio de los otorgantes, permita concluir cuál es el régimen concreto aplicable a un determinado matrimonio. En este sentido se manifestó la Resolución de 2 de junio de 2010. Se trata pues, como reconoce la jurisprudencia, de realizar, por parte del autorizante del título inscribible una labor de investigación, al tiempo que de asesoramiento, que permita concluir, de manera indubitada, cuál es el régimen económico al que quedan sometidas las relaciones patrimoniales que nacen o han nacido del matrimonio. Esta labor debe tener su correspondiente reflejo en la redacción del instrumento, en el que necesariamente deberá expresarse el régimen económico que rige el matrimonio del compareciente casado, y, así, desde el punto de vista positivo, se podrá concluir sí el acto contrato afecta o no a los derechos de la sociedad conyugal y, desde el punto de vista negativo, se eliminarán las posibles incertidumbres que, en otro caso, podrían concurrir.
Confirmo en su integridad la nota de calificación negativa extendida el día 7 de noviembre de 2019 por la Sra. Registradora de la Propiedad de Palencia 1, Dña. Marta Polvorosa Mies, en relación con la escritura autorizada el día 25 de septiembre de 2019 por el Sr. Notario de Burgos, Don Fernando Puente de 14 Puente, número 1.407 de su protocolo (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Santiago Blasco Lorenzo registrador/a de Registro Propiedad de Tordesillas a día cinco de diciembre del año dos mil diecinueve.»
Contra la nota de calificación sustituida, don Fernando Puente de la Fuente, notario de Burgos, interpuso recurro el día 19 de diciembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero El fundamento de la calificación que se recurre radica en que la señora Registradora considera que, compareciendo en la escritura una persona casada, debe consignarse en todo caso el régimen económico de su matrimonio. Para ello se apoya en la "interpretación literal", dice, de los artículos 59.1.a del Reglamento Hipotecario y del 159 del Reglamento Notarial. Sin embargo, lo cierto es que indicados preceptos no avalan la interpretación que de los mismos hace la Registradora, sino que "literalmente establecen una excepción, de forma que no en todo supuesto en el que comparezca una persona casada debe consignarse el régimen económico de su matrimonio, sino solo cuando el acto o contrato que se inscriba afecte a los derechos presentes y futuros de la sociedad conyugal.
Segundo. La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la cuestión objeto del presente recurso, avala sin paliativos la no necesidad de consignar el régimen económico matrimonial y el nombre del otro cónyuge, en aquellos supuestos de comparecencia de una persona casada en una escritura, cuando el acto o contrato a otorgar no afecte a los derechos de la sociedad conyugal, como sucede cuando se trata de una adquisición mortis causa.
Tercero. Por su parte, la RDGRN de 15 de junio de 2009, presentada por la Registradora como soporte de su argumentación y calificación negativa, no se sostiene para el caso que nos ocupa, toda vez que se refiere a un supuesto de hecho radicalmente diferente al del presente recurso, ya que la indicada Resolución no trata de una escritura de adjudicación de herencia, sino de una escritura de compraventa (que efectivamente puede afectar a los derechos de la sociedad conyugal de la compradora), y en la calificación registral no se cuestiona la consignación o no en la escritura del régimen económico matrimonial, que sí figura, sino que lo que se discute es la necesidad de reflejar si constituye un régimen legal o paccionado. Con especial relevancia en este caso, dado que se manifestó que el régimen matrimonial era el de gananciales, cuando en ese momento en Valencia, el legal supletorio era el de separación de bienes.
Cuarto. Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe señalar que la doctrina sentada por la Dirección General de los Registros y del Notariado a la que se dirige este escrito, concluye que no es preciso consignar en la escritura de adjudicación de herencia otorgada por un heredero casado, ni el régimen económico de su matrimonio, ni el nombre y apellidos del cónyuge, toda vez que dicha adjudicación hereditaria no afecta a los derechos de la sociedad conyugal del casado compareciente, tal y como establecen los artículos 59.1.a del RH y 159 del RN para ese supuesto".
Mediante escrito, de fecha 3 de enero de 2020, la registradora de la Propiedad elevó el expediente, con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
1. En este expediente debe decidirse si en una escritura de manifestación y adjudicación de herencia aceptada pura y simplemente por quienes son casados y tienen vecindad civil de Derecho común, en territorio en que es éste de aplicación, es o no necesario expresar el régimen económico matrimonial de tales herederos.
2. Según el artículo 51.9.a) del Reglamento Hipotecario, «si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten"; y, según el 159 del Reglamento Notarial, "si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, y el acto o contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del cónyuge a quien afectase o pudiese afectar, así como el régimen económico matrimonial».
3. La cuestión objeto de debate ha sido resuelta por la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus Resoluciones de 27 de abril de 1999 y 16 de julio de 2009.
Según la primera, «en el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la base de que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquella exigencia del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo modo que el artículo 159 del Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia impone que conste el estado civil, tan solo exige la constancia del nombre y apellidos del cónyuge en el supuesto de que el acto o contrato afectare a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. Caben, ciertamente, supuestos excepcionales en los que por ley o pacto exista entre los cónyuges una comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han de ser objeto del mismo tratamiento, de suerte que es lo excepcional lo que ha de declararse y no la exclusión de lo ordinario».
Madrid, 5 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.