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Timestamp: 2017-04-23 22:14:50
Document Index: 150371402

Matched Legal Cases: ['artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 94', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 132']

Publicado en BOJA núm. 163 de 19 de Agosto de 2011
Vigencia desde 20 de Agosto de 2011
Potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros docentes públicos en relación con los casos a que se refiere el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre
Competencia para la incoación del procedimiento
Nombramiento de instructor del procedimiento disciplinario
Notificación de la incoación del expediente a las personas interesadas
Práctica de oficio de diligencias
Práctica de la prueba solicitada
Remisión del expediente a la persona competente para dictar la decisión
Resolución del expediente disciplinario
Notificación de la resolución que pone fin al procedimiento
Recurso o reclamación contra la resolución sancionadora
Cancelación de las inscripciones de las sanciones
Procedimientos que se encuentran en tramitación en el momento de la publicación de esta Orden
Objeto La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad disciplinaria por los directores y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, atribuida por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Ámbito de aplicación Esta Orden será de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en los siguientes centros docentes públicos de educación no universitaria dependientes de la Consejería competente en materia de Educación de la Junta de Andalucía:
Principios y garantías del procedimiento disciplinario 1. De conformidad con el artículo 94 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los directores y directoras de los centros docentes públicos ejercerán la potestad disciplinaria de acuerdo con los siguientes principios:
Potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros docentes públicos en relación con los casos a que se refiere el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre 1. Los directores y directoras de los centros docentes públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los siguientes casos:
Sanción procedente Las faltas a que se refiere el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, sólo podrán ser corregidas con la sanción de apercibimiento.
Prescripción de las faltas y sanciones Las faltas como consecuencia de los casos a que se refiere el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, prescribirán a los seis meses.
Competencia para la incoación del procedimiento 1. Será competente para ordenar la incoación del procedimiento disciplinario por las faltas leves a que se refiere el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el director o directora del centro docente público donde preste sus servicios la persona a quien se incoe dicho procedimiento.
Nombramiento de instructor del procedimiento disciplinario En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará instructor, que deberá ser una persona funcionaria perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al de la persona inculpada.
Notificación de la incoación del expediente a las personas interesadas 1. La incoación del procedimiento con el nombramiento del instructor se notificará a la persona sujeta a expediente y a la persona designada para la instrucción del mismo.
Práctica de oficio de diligencias La persona designada para la instrucción del procedimiento practicará cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
Pliego de Cargos 1. A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a quince días, contados a partir de la incoación del procedimiento, la persona que lleve a cabo la instrucción del mismo formulará el correspondiente Pliego de Cargos comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de la sanción, de apercibimiento, que pudiera ser de aplicación.
Práctica de la prueba solicitada Contestado el Pliego de Cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, la persona designada para la instrucción del procedimiento podrá acordar la práctica de las pruebas que estime pertinentes, para lo que se dispondrá de un plazo de diez días.
Propuesta de resolución 1. En el plazo de cinco días desde la finalización del plazo de la práctica de la prueba, o, si ésta no se practicara desde la finalización del plazo de alegaciones contra el Pliego de Cargos, la persona que instruye el procedimiento notificará a la persona expedientada la propuesta de resolución.
Remisión del expediente a la persona competente para dictar la decisión Oída la persona expedientada o transcurrido el plazo sin alegación alguna, la persona designada para la instrucción del procedimiento remitirá con carácter inmediato el expediente completo a la persona que haya acordado la incoación del mismo para que proceda a dictar la decisión que corresponda.
Resolución del expediente disciplinario 1. La resolución, que pone fin al procedimiento disciplinario, deberá adoptarse en el plazo de cinco días, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
Notificación de la resolución que pone fin al procedimiento 1. La resolución que pone fin al procedimiento deberá ser notificada a la persona interesada, con expresión del recurso o reclamación que proceda, el órgano ante el que ha de presentarse y el plazo de interposición.
Recurso o reclamación contra la resolución sancionadora Contra la resolución sancionadora que en su caso se imponga, el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, en quien se delega la competencia para resolver dichos recursos de alzada, y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.
Abstención y recusación 1. Serán de aplicación al director o directora las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cancelación de las inscripciones de las sanciones La cancelación de las inscripciones de las sanciones se producirá de oficio o a instancia de las personas interesadas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, 10 de enero. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo.
Profesorado de religión Lo establecido en esta Orden se entenderá sin perjuicio de las peculiaridades previstas para el Profesorado de religión, que estará sometido al régimen disciplinario de los Centros públicos educativos y se regirá por los deberes laborales básicos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y, en su caso, por el Convenio colectivo que le sea de aplicación.
Procedimientos que se encuentran en tramitación en el momento de la publicación de esta Orden Los procedimientos que se encuentran en tramitación en el momento de la publicación de esta Orden se regularán por las disposiciones contenidas en la misma siempre y cuando les sean favorables.