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Timestamp: 2019-07-15 22:38:53
Document Index: 216247480

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 47', 'artículo 25', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17']

BOE.es - Documento BOE-A-1997-7856
Documento BOE-A-1997-7856
Ley 1/1997, de 21 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda.
«BOE» núm. 89, de 14 de abril de 1997, páginas 11702 a 11706 (5 págs.)
BOE-A-1997-7856
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1997/02/21/1
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la Ley siguiente:
La Generalitat Valenciana goza de competencia exclusiva en materia de vivienda, de conformidad con lo previsto por el artículo 31.9 del Estatuto de Autonomía. En desarrollo de este título competencial se han dictado numerosas disposiciones que, junto a la legislación estatal vigente, regulan el acceso a la vivienda de los sectores de población más desfavorecidos.
El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, estableciendo que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo.
La necesidad de proporcionar viviendas a las unidades familiares con menor poder adquisitivo ha sido motivo de un gran esfuerzo por parte de los poderes públicos, que se han preocupado de idear un sistema administrativo de fomento en forma de exenciones fiscales, ayudas directas, préstamos cualificados y otros, que exigía, como contrapartida, la indispensable asunción de determinados compromisos por parte de sus destinatarios.
Sin embargo, la conducta tanto de promotores como de usuarios no siempre ha permanecido fiel a la finalidad social que ha inspirado el régimen de protección pública de la vivienda.
Por ello, frente a los diversos comportamientos abusivos que se han venido produciendo, la Administración está obligada a reaccionar con el máximo rigor. La función tuitiva que desarrolla la acción administrativa en este ámbito exige velar activamente por la adecuada utilización de las prestaciones otorgadas y ejercer la potestad sancionadora cuando éstas se disfrutan indebidamente.
Por otro lado, la rigurosa definición de las conductas ilícitas y de las sanciones imponibles constituye un imperativo a la luz del principio de legalidad penal ínsito en el artículo 25.1 de la Constitución, extensible a los procedimientos administrativos sancionadores.
Así de este derecho fundamental se deduce una doble garantía: en primer lugar, la exigencia de que la potestad sancionadora de la Administración encuentre cobertura en norma con rango legal; en segundo término, se requiere la rigurosa predeterminación normativa de las conductas ilícitas como consecuencia de la especial relevancia del principio de seguridad jurídica en los ámbitos restrictivos de la libertad individual, así la presente Ley contempla la tipificación básica de las conductas que pueden ser merecedoras de sanción.
La presente Ley pretende, en el marco de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, una completa ordenación jurídica de las infracciones administrativas en materia de vivienda, incluyendo para ello una casuística pormenorizada y renovada de los distintos tipos legales y de sus correspondientes sanciones, la definición concreta de las medidas complementarias que coadyuven al logro de una mejor protección de la legalidad y el régimen de la prescripción, tanto de las infracciones como de las sanciones. Completa el cuadro la remisión en bloque de toda la materia relativa al procedimiento sancionador a la normativa que en su momento establezca por vía reglamentaria el Gobierno Valenciano o, en su defecto, al regulado con carácter general por la legislación estatal.
La presente Ley tiene por objeto garantizar en todo el territorio de la Comunidad Valenciana:
a) El cumplimiento de las normas reguladoras de las viviendas de protección oficial.
c) El cumplimiento de las normas técnicas necesarias para la obtención de la cédula de habitabilidad.
Artículo 2. Responsabilidad.
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa a que se refiere la presente Ley las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
Si la infracción administrativa se imputa a una persona jurídica, pueden ser consideradas como responsables las personas físicas que integren sus organismos rectores o de dirección, en el caso de que así se establezca en las disposiciones del régimen jurídico de la respectiva forma de personificación.
1. No exponer en sitio visible, durante el período de construcción, el cartel indicador, según modelo oficial, de estar acogida la construcción al régimen de viviendas de protección oficial.
2. La inexistencia en sitio visible, en los inmuebles acogidos al régimen de viviendas de protección oficial, de la placa acreditativa de su condición, conforme al modelo oficial.
3. La inexistencia del libro de órdenes y visitas en las obras de edificación de viviendas de protección oficial.
4. La ocupación de las viviendas de protección oficial antes de la calificación definitiva, sin la autorización de la Administración competente.
5. El suministro por parte de las compañías suministradoras de agua, gas o electricidad a usuarios de viviendas, sin la previa presentación de la cédula de habitabilidad o de la cédula de calificación definitiva, en el caso de primera ocupación en viviendas de protección oficial.
7. La omisión del visado por la Administración de los contratos de viviendas de protección oficial.
1. No incluir en los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas de protección oficial las cláusulas establecidas como obligatorias en las disposiciones legales, así como la omisión del visado por la Administración, cuando los contratos infrinjan la normativa vigente.
2. Dedicar las viviendas de protección oficial a usos no autorizados o alterar el régimen de uso y utilización de las mismas establecido en la calificación definitiva.
3. No destinar a domicilio habitual y permanente, o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses, las viviendas de protección oficial, así como aquéllas en que se hubiese obtenido financiación pública, manteniéndose esta exigencia durante el plazo establecido en sus normas específicas.
4. La utilización de más de una vivienda de protección oficial, salvo cuando se trate de titulares de familia numerosa en los términos autorizados por la legislación vigente.
5. La ejecución por el promotor de obras en viviendas de protección oficial, sin la previa autorización del órgano competente de la Administración, que modifique el proyecto aprobado, aunque se ajusten a las ordenanzas técnicas y normas constructivas que sean aplicables.
7. El incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones establecidas en resoluciones firmes dictadas en procedimientos administrativos referentes al régimen legal de viviendas de protección oficial, financiación protegida y cédulas de habitabilidad. Cuando medie reincidencia o mala fe podrá calificarse dicha conducta como muy grave.
9. No mantener asegurados los inmuebles destinados a viviendas contra el riesgo de incendio, en tanto permanezcan acogidas al régimen legal de viviendas de protección oficial.
4. No ajustar la ejecución final de las obras de protección oficial al proyecto calificado provisionalmente por la Administración, en lo relativo a superficies, diseños y habitabilidad, de manera que impida la obtención de la calificación definitiva.
6. La percepción de sobreprecio, prima o cantidad en virtud de compraventa o arrendamiento de viviendas de protección oficial, que supere los precios o rentas máximas establecidos en la legislación vigente.
7. Percibir de los compradores de viviendas de protección oficial cantidades a cuenta del precio, sin autorización expresa de la Administración o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente.
8. La transmisión por actos ínter vivos de terrenos incluidos en los proyectos de construcción, así como la cesión de la titularidad del expediente de promoción de viviendas de protección oficial, sin haber obtenido la autorización expresa de la Administración.
10. Las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección oficial, que diesen lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas.
Artículo 7. Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.
Artículo 8. Multas y su graduación.
c) La reiteración o reincidencia por comisión del hecho en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme, aunque la comisión de los hechos se llevara a término en obras diferentes de protección oficial, por el mismo promotor, constructor, facultativo o propietario de la vivienda.
Artículo 9. Medidas complementarias.
b) Pérdida y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas, así como al régimen legal de viviendas de protección oficial.
c) Inhabilitación temporal de uno a cinco años para intervenir en la redacción de proyectos o en la construcción de viviendas de protección oficial o rehabilitación de viviendas con algún tipo de ayuda técnica o financiación protegida en calidad de técnicos, promotores y constructores.
Artículo 10. Cese de conductas infractoras.
Artículo 11. Naturaleza independiente de las sanciones.
Artículo 12. Desahucio o pérdida del derecho de uso.
Artículo 13. Ejecución de obras.
Artículo 14. Ejecución forzosa.
Artículo 15. Condonación.
Artículo 17. Órganos competentes.
Valencia, 21 de febrero de 1997.
(Publicada en el «Diaro Oficial de la Generalitat Valenciana» número 2940, de 27 de febrero de 1997)
Fecha de publicación: 14/04/1997
Publicada en el DOCV núm. 2940, de 27 de febrero de 1997.
Fecha de derogación: 21/04/2005
SE DEROGA con efectos desde 21 de abril de 2005, por Ley 8/2004, de 20 de octubre (Ref. BOE-A-2004-19752).