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Timestamp: 2017-10-19 09:02:34
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Conflicto de Leyes Interprovincial | Fernando Villarreal Gonda
Conflicto de Leyes Interprovincial
ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Base General: Base I
Bases de Excepción: Bienes: Base II
Bases de Excepción: Sentencias: Base III
Bases de Excepción: Actos del Estados Civil: Base IV
Bases de Excepción: Títulos Profesionales: Base V
CÓDIGO CIVIL DE NUEVO LEÓN (MÉXICO)
DERECHO EXTRANJERO SOBRE REMISIÓN A ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PLURILEGISLATIVOS
En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: (…)
Article IV, Section I, of the Constitution of the United States of America
Full faith and credit shall be given in each State to the Public Acts, Records and Judicial Proceedings of every other State. And the Congress may by general law prescribe the manner in which such Acts, Records and Proceedings shall be proved and the effect there of.
Arellano García comenta que se debe reglamentar este artículo, y no dejar a las legislaturas estatales, puesto es propio de la solución de conflictos interprovinciales que sea una ley superior la que dé las pautas de solución pues, de no ser así, se equipararían los conflictos internos a los internacionales
¿Deben los Estados dar entera fe y crédito a los actos del Distrito Federal?
¿Deben los Estados dar entera fe y crédito a los actos de la Federación?
¿Debe la Federación dar entera fe y crédito a los actos de los Estados?
¿Debe la Federación dar entera fe y crédito a los actos del Distrito Federal?
¿Debe el Distrito Federal dar entera fe y crédito a los actos de los Estados?
¿Debe el Distrito Federal dar entera fe y crédito a los actos de la Federación?
REPRESENTACIÓN ANTE AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU VALIDEZ, NO VULNERA NI RESTRINGE LA SOBERANÍA Y AUTONOMÍA DE LOS ESTADOS, NI TRANSGREDE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.De lo dispuesto en el precepto constitucional aludido, se desprende que la obligación que prevé, consistente en que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de las demás entidades federativas, se impone únicamente a los Estados miembros de la Federación, lo que implica que dichos actos, registros y procedimientos de un Estado tendrán validez en los otros, siempre y cuando se ajusten a las leyes de la entidad en la que se realicen; sin embargo, en lo tocante al orden normativo federal no rige ese imperativo constitucional, por lo que no podría estarse a lo regulado en la legislación de cada Estado, esto es, cuando se trata de una materia reservada a la Federación, debe atenderse al orden normativo federal y aplicarse las reglas, requisitos y formalidades previstos en la ley especial respectiva, con independencia de la legislación establecida en los Estados en las materias reservadas a éstos, que rige en lo concerniente a su régimen interior, aun cuando ambos tipos de normatividad coexistan. En consecuencia, el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, al establecer los requisitos para que sea válida la representación de las personas físicas y morales ante las autoridades fiscales, no vulnera o restringe la soberanía y autonomía de los Estados, ni transgrede lo dispuesto por el referido artículo 121 constitucional, ya que se trata de una materia que le corresponde en exclusiva a la Federación, máxime que dicho precepto legal no priva de competencia a los Congresos Locales para crear su propio orden jurídico, ni incide en su facultad para legislar en las materias no reservadas expresamente a la Federación.
SEGUNDA SALA Amparo directo en revisión 230/2003. Thedal Internacional, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar. [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Junio de 2003; Pág. 302
SEGUNDA SALA Amparo en revisión 524/96. Patricia Elena Caballero Salazar y otros. 27 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Noviembre de 1996; Pág. 243
NOTARIOS PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE NO RECONOCEN VALOR LEGAL A LOS ACTOS PROTOCOLIZADOS POR FEDATARIOS QUE NO PERTENEZCAN A DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL. El mencionado precepto constitucional establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros, y que el Congreso de la Unión por medio de leyes generales prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos sujetándose a la base que en el mismo se indican. Ahora bien, si del análisis de los artículos 18, 52, fracción XVIII, 56, 67, 70, 71, 72, 81, 100, 101, 107, 109, 115 y 116 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se advierte que sólo tendrán validez las protocolizaciones efectuadas por notarios públicos del Estado de México respecto de los actos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población de dicha entidad, es evidente que tales disposiciones contravienen lo establecido en el artículo 121 de la Ley Fundamental, al no reconocerles validez legal a los actos de protocolización que se realicen por fedatarios públicos de las demás entidades federativas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Amparo en revisión 319/2002. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Felipe Mata Hernández. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, Julio de 2003; Pág. 1161
SOCIEDADES CIVILES. EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE ESTABLECE EL LUGAR EN EL QUE DEBE OTORGARSE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LAS MISMAS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL. Este precepto de la Ley Fundamental dispone que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los demás, en tanto que el diverso dispositivo de la legislación sustantiva civil estatuye que el acto jurídico por el que se constituya una sociedad, debe constar en escritura pública otorgada ante notario que tenga su adscripción en el domicilio de dicha persona moral; luego, es claro que este último numeral no vulnera la citada previsión constitucional, toda vez que de lo que señala no se advierte que contemple regulación alguna referente a los actos por los que se haya constituido una sociedad civil que se hubiesen llevado a cabo en distinta entidad federativa, ya que aparte de que no hace alusión al respecto, tampoco niega la validez de los que se celebren en el exterior; conclusión que se corrobora por el hecho de que, atendiendo al principio de territorialidad de la norma, el indicado arábigo local únicamente es aplicable a los actos jurídicos que se celebren en el Estado de Jalisco, dado que precisamente éste constituye el ámbito espacial de validez del código sustantivo en comento, como se desprende de su propia denominación.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Amparo en revisión 23/2008. Carlos Estrella Quintero y otros. 6 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Edgar Estuardo Vizcarra Pérez. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Abril de 2008; Pág. 2436
INSTRUMENTOS PÚBLICOS, LEGALIZACIÓN DE LOS. EL ARTÍCULO 330 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ES INCONSTITUCIONAL, AL CONTENER UNA DISPOSICIÓN CONTRARIA A LO PRECEPTUADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al disponer el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, el requisito de legalización de los instrumentos públicos expedidos en otro Estado o en el Distrito Federal, para que surtan efectos jurídicos dentro de su territorio, es contradictorio y se opone a lo establecido en el primer párrafo del artículo 121 constitucional, ya que demanda el cumplimiento de un requisito que la propia Carta Magna no lo exige; por lo tanto, la codificación adjetiva civil del Estado de Tlaxcala no puede contravenir la obligación que la Constitución Federal impone a los Estados de dar entera fe y crédito de los actos públicos efectuados por los demás, quedando comprendidos dentro de éstos los instrumentos o documentos públicos, lo que implica la obligación para cada Estado del país de aceptar los actos provenientes de las otras entidades federativas, y reconocerles los efectos jurídicos correspondientes; por lo que si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo exige ni mucho menos la ley reglamentaria del aludido precepto constitucional, la que a la fecha no existe por no haber sido aún expedida por el Congreso de la Unión, es incuestionable que el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala es inconstitucional, al contener una disposición contraria a lo preceptuado por el primer párrafo del artículo constitucional de referencia.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Amparo directo 270/2000. Jesús Laija Rodríguez. 26 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Marzo de 2001; Pág. 1766
Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
PODERES NOTARIALES OTORGADOS EN EL DISTRITO FEDERAL. ES INCONSTITUCIONAL LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. El artículo 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla como factor de equilibrio de las entidades que componen el federalismo mexicano, que en cada Estado se dé entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros, reservando al Congreso de la Unión la facultad de expedir las leyes generales que habrán de regir para establecer el ámbito de validez espacial de las leyes locales a efecto de determinar un sistema que propicie la seguridad jurídica debido a la diversidad de normas que en uso de sus facultades pueden emitir. Luego, dado que la fracción II del artículo 15 del Código Civil del Estado de Jalisco, prevé que: "La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: ... II. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del Estado y que deban ser ejecutados dentro de su territorio, se regirán por las disposiciones de este código.", ello significa que los poderes (igual que los demás actos y contratos) que se celebren fuera del Estado de Jalisco, para que puedan surtir efectos dentro de éste, deben cumplir con la legislación estatal; por tanto, contraviene lo establecido en el invocado precepto de la Carta Magna, puesto que sus consecuencias legales no se constriñen a los límites territoriales del Estado, ya que condiciona los actos jurídicos que se pacten en otra entidad federativa. En consecuencia, son inaplicables a un poder otorgado ante un fedatario público en el Distrito Federal los cinco años de vigencia que estableció el legislador jalisciense para los expedidos en su territorio, como lo dispone el artículo 2214 del referido Código Civil.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Amparo directo 28/2008. Central de Autobuses Guadalajara, S.A. de C.V. y otro. 9 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: Jacqueline Ana Brockmann Cochrane. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Pág. 1829
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EL ARTÍCULO 2o. DEL CÓDIGO CIVIL PARA ESE ESTADO QUE PREVÉ LA FORMA PARA QUE SURTAN EFECTOS EN ESA ENTIDAD, VIOLA EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Fundamental, advirtió que se reserva al Congreso de la Unión la facultad de expedir las leyes generales que prescriben la manera de probar los actos públicos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, para unificar el valor o fe y crédito que merecen, lo que se traduce en que los Estados miembros de la Federación carecen de la facultad de legislar sobre esta materia. En congruencia con lo anterior, debe decirse que el artículo 2o. del Código Civil para el Estado de Michoacán, al establecer que los actos y contratos verificados fuera de ese Estado, para producir efectos en el territorio de éste, se regirán por las disposiciones del propio código, viola el precepto constitucional mencionado. Ello es así, porque si bien la norma textualmente contiene un aspecto limitativo a su propio territorio, lo cierto es que el mismo precepto se refiere a una conducta ajena, es decir, a los requisitos que deben cumplir los actos realizados en otra entidad federativa para surtir efectos en Michoacán, por lo que sus consecuencias legales no se limitan a su territorio, esto es, aun cuando el citado artículo no niega la fe y crédito que se debe dar a los documentos públicos provenientes de otra entidad federativa, sí los condiciona a que cumplan con los requisitos establecidos en el propio código, por lo que con tal prevención, el órgano legislativo del mencionado Estado ejercitó una facultad reservada al Congreso de la Unión, al legislar en relación con la forma de probar los actos y contratos celebrados de otra entidad federativa.
PRIMERA SALA Amparo en revisión 6669/80. Inmobiliaria Sicartsa, S.A. 4 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Mayo de 2001; Pág. 276
EMPLAZAMIENTO, EL REALIZADO FUERA DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA QUE LO REALIZA, VIOLA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL. La fracción I del artículo 121 constitucional establece que las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio; es decir, circunscribe el ámbito espacial de validez de la legislación al principio de territorialidad para su vigencia y su aplicación práctica indica que un Estado de la Federación no debe realizar actos de soberanía en el territorio de otro Estado de la República, pues si lo hace viola una regla fundamental que rige el Pacto Federal. Consecuentemente, constituye una violación a la Carta Magna que un Estado de la Federación, a través de uno de sus órganos, envíe a sus empleados a territorio de otra entidad federada para emplazar a una persona que no está en su territorio, pues invade la jurisdicción de dicho Estado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER CIRCUITO Amparo en revisión 263/2003. Álamos Transportación y Maquinaria, S.A. de C.V. 9 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, Noviembre de 2003; Pág. 962
COMPETENCIA. LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN RESPECTO DE BIENES INMUEBLES, SE REGIRÁN POR LA LEY SUSTANTIVA DEL LUGAR DE SU UBICACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS PARTES SE SOMETAN EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE DETERMINADOS TRIBUNALES (ARTÍCULO 121, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
El artículo 121, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las leyes de un Estado sólo tienen efectos en su propio territorio y que los conflictos que se susciten respecto de bienes inmuebles, se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Luego, si las partes en un contrato se sometieron expresamente a la competencia de determinados tribunales y el inmueble materia de la litis tiene su ubicación en distinto Estado al señalado por la competencia, en términos de lo dispuesto por el artículo citado, la controversia se debe regir por la ley sustantiva del lugar de su ubicación. Es así, porque la prescripción en el cobro de rentas reclamadas y sus aumentos, es un derecho sustantivo que debe ser regulado por la legislación de la entidad en la que se ubica el bien inmueble materia del contrato base de la acción. El derecho sustantivo es el que trata sobre el fondo de la cuestión, reconociendo derechos y obligaciones, motivo por el cual la institución de la prescripción pertenece a esta clase de derechos. En tanto que la norma procesal va encaminada a resolver el conflicto, como conjunto de operaciones dentro del proceso. Bajo este contexto, si en el caso el hecho generador de las obligaciones cuyo cumplimiento se demandó, se verificó en su totalidad en el Estado de México, sólo que por razón de competencia correspondió conocer del litigio a los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, es inconcuso que la legislación que se debió aplicar, en cuanto al derecho sustantivo, era la del Estado de México y no la del Distrito Federal, porque dicho precepto constitucional así lo autoriza. De modo que la Sala incurrió en un error formal al citar disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, cuando el aplicable es el Código Civil del Estado de México, teniendo en cuenta que tanto por disposición constitucional los actos públicos, registros y procedimientos judiciales, llevados a cabo en una entidad federativa, tendrán entera fe y crédito en cualquier otra, como que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
Amparo directo 840/2014. Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega Mondragón.
Tesis: I.3o.C.221 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009756 1 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III Pag. 2162 Tesis Aislada(Constitucional, Civil)
PRÓRROGA DE LA JURISDICCIÓN RESPECTO DE BIENES INMUEBLES. ESTÁ AUTORIZADA POR EL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática y teleológica de las fracciones I y II de esta disposición constitucional, encuentran su fundamento en el principio de territorialidad. Estas cláusulas constitucionales fueron diseñadas para preservar la soberanía de los Estados en el sistema federal, previniendo la injerencia extraterritorial de las legislaciones abusivas de un Estado en el territorio de otro. En consonancia con ello, la fracción II recoge el principio estatutario "lex rei sitae", conforme al cual, los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación. Sin embargo, esta restricción constitucional no constituye obstáculo alguno para que de conformidad con la fracción III del citado precepto, se prorrogue la jurisdicción en cuanto a conflictos que involucren bienes inmuebles, siempre y cuando el Juez del conocimiento aplique la ley sustantiva del Estado en que se ubique el predio o la finca de que se trate, porque la prórroga sólo opera respecto de la jurisdicción mas no respecto de la ley. La integridad territorial de un Estado queda protegida mediante la aplicación de sus propias leyes con independencia de que la controversia pueda ser juzgada en otro Estado, porque el Pacto Federal no sólo garantiza la autonomía de las entidades federativas sino que también procura la cooperación entre ellas en beneficio de la población. Visto de esta manera, no existe contradicción alguna entre las fracciones I, II y III del artículo 121 constitucional sino que, por el contrario, todas ellas se complementan ya que las primeras dos fracciones establecen la legislación conforme a la cual deberá resolverse la controversia mientras que la fracción citada en último término reconoce la fuerza ejecutoria a las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro, a condición de que se observen las prescripciones constitucionales en cuestión.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 822/2011. Mari Carmen Orraca Ibarrondo. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretaria: Nashieli Simancas Ortiz. Amparo directo 580/2011. Buner Systems International de Juárez, S.A. de C.V. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. Secretaria: Rubisela González Rojas. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 3; Pág. 2037
PRÓRROGA DE LA JURISDICCIÓN TRATÁNDOSE DE BIENES INMUEBLES. EL FONDO DE LA CONTROVERSIA DEBE RESOLVERSE CONFORME A LA LEY SUSTANTIVA DEL LUGAR DE SU UBICACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL PROCEDIMIENTO PUEDA LLEVARSE CONFORME A LA LEY ADJETIVA DEL ESTADO A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN LAS PARTES.
Este tribunal ha sostenido que de acuerdo a la interpretación armónica, sistemática y teleológica del artículo 121, fracciones I, II y III de la Carta Magna, en tratándose de bienes inmuebles, la prórroga opera exclusivamente respecto de la jurisdicción y nunca respecto de la ley, porque el Pacto Federal protege la integridad territorial de los Estados de la aplicación de leyes de otros Estados, que pudieran modificar o alterar el régimen interior o los límites geopolíticos de las entidades federativas mediante su apropiación, adjudicación o incluso cambio de destino. Sin embargo, es conveniente aclarar que esta finalidad constitucional se consigue, ordinariamente, mediante la aplicación de la legislación sustantiva del lugar de la ubicación de los bienes, por lo que, en principio, la restricción constitucional no alcanzaría a la legislación adjetiva, siempre y cuando existiera coincidencia entre las disposiciones procesales correspondientes en cuanto al punto jurisdiccional controvertido y, bajo esta perspectiva, no habría obstáculo para que el procedimiento pudiera llevarse conforme al ordenamiento procesal del Estado a cuya jurisdicción se sometieron las partes, ya que este tipo de códigos normalmente se limitan a establecer los términos que permiten respetar el derecho al debido proceso por lo que incluso llegan a ser muy similares a las del resto de las entidades federativas. Es claro, no obstante, que si alguna legislación adjetiva desbordara este propósito y además de regular los aspectos del debido proceso se inmiscuyera en situaciones sustantivas que pudieran afectar al régimen o destino de los bienes inmuebles, se tornarían inmediatamente inaplicables exclusivamente en estos aspectos.
Amparo directo 822/2011. Mari Carmen Orraca Ibarrondo. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretaria: Nashieli Simancas Ortiz.
Amparo directo 580/2011. Buner Systems International de Juárez, S.A. de C.V. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. Secretaria: Rubisela González Rojas.
Tesis: I.4o.C.2 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001161 17 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro X, Julio de 2012, Tomo 3 Pag. 2038 Tesis Aislada(Constitucional)
Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. EL ARTÍCULO 136, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VULNERA EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los antecedentes del indicado precepto constitucional se advierte que el Poder Constituyente no estableció en él una norma de competencia territorial, sino reglas de colaboración entre entidades federativas; concretamente, en su fracción III, prevé la regla para que pueda ejecutarse la sentencia dictada por un Juez de una entidad federativa en otra. Por ello, en ese numeral fundamental se confiere al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre la forma en que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros, sujetándose a las bases que limitativamente señala, de entre las que destaca la concerniente a que las sentencias sobre derechos personales sólo se ejecutarán en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la jurisdicción del Juez que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Consecuentemente, el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, conforme al cual la competencia por territorio para demandar en materia de seguros será determinada, a elección del reclamante, en razón del domicilio de cualquiera de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no vulnera el artículo 121, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues este precepto no puede servir de parámetro para ponderar la constitucionalidad del supuesto normativo previsto en el precepto secundario, en virtud de que ambos artículos regulan supuestos jurídicos diferentes.
PLENO Contradicción de tesis 7/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de febrero de 2012. Mayoría de nueve votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 3/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de mayo de dos mil doce. [J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1; Pág. 5
COMPETENCIA POR RAZON DE TERRITORIO. ES VALIDA AUNQUE EL ACTO JURIDICO QUE DIO ORIGEN AL JUICIO Y EN EL QUE FUE PACTADA SEA CONTRARIO A UNA DISPOSICION DE ORDEN PUBLICO DE LA ENTIDAD EN QUE SE OTORGO. La prórroga de competencia por razón de territorio es válida cuando las legislaciones procesales de los Estados correspondientes coincidan en el punto controvertido, sin que obste a lo anterior que el acto jurídico sea contrario a una disposición vigente en la entidad en que se otorgó, respecto de la que no exista similar en la legislación del Estado en el que se tramita el juicio, pues en tal evento, conforme a lo dispuesto por el artículo 121 constitucional, el juez que conozca del negocio, al sentenciar, necesariamente deberá analizar si el acto de que se trata se otorgó conforme a las leyes del lugar en que se dio, para derivar de ello su eficacia o ineficacia.
TERCERA SALA Contradicción de tesis 10/92. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 20 de septiembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretario: Jorge Carreón Hurtado. Tesis de Jurisprudencia 18/93. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal, en sesión del veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. [J]; 8a. Época; 3a. Sala; Gaceta S.J.F.; Núm. 71, Noviembre de 1993; Pág. 18 Genealogía Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, Materia Civil, tesis 158, página 108.
Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las otras.
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL DISTRITO FEDERAL. TIENE VALIDEZ EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONFORME AL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Conforme al sistema federal, las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, aunque gozan de una independencia limitada en tanto deben respetar en todo momento el Pacto Federal; por tanto, el hecho de que en una entidad se regule de determinada manera una institución civil, no significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar, como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para legislar en sentido diverso a las restantes, por lo que si bien es cierto que el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal sólo tiene obligatoriedad en dicho territorio, en virtud de que cada entidad legisla para su propio ámbito territorial, también lo es que la regla contenida en la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los actos del estado civil que se encuentran ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, implica el reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil que se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, será válido en las demás, aun cuando no guarde correspondencia con su propia legislación. En tal sentido, es el propio artículo 121 constitucional el que, en aras de salvaguardar el federalismo y la seguridad jurídica de los gobernados, prevé el deber constitucional para los demás Estados de otorgar dicho reconocimiento.
PLENO Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 12/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once. [J] ; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 875
SALUD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 271 DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO INVADE EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional faculta a los estados para determinar en sus leyes cuáles profesiones requieren título para su ejercicio, las condiciones para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo, lo cual es congruente con la fracción V del artículo 121 constitucional, que señala que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, deben ser respetados en los otros. Lo anterior permite que las legislaturas de las entidades federativas determinen los procesos y requisitos necesarios para el desempeño de las profesiones, pero no las faculta para normar sobre la materialidad e impacto de las actividades concretas desempeñadas con base en dichos títulos. Esto es, la regulación de los documentos habilitantes para el ejercicio de las profesiones es de titularidad estatal, mientras que la referida a la salubridad general es de competencia federal, conforme a los artículos 4o. y 73, fracción XVI, constitucionales. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, al establecer los requisitos que deben cumplir los profesionales en esta materia para realizar cirugías estéticas y cosméticas, no invade el ámbito competencial de titularidad estatal contenido en el artículo 5o. de la Constitución Federal, pues no regula alguna condición de acceso a la profesión médica, sino que, por un lado, se refiere en forma abstracta a los "profesionales de la salud", categoría que se determina e individualiza según la legislación de cada estado y, por el otro, constituye un instrumento para asegurar y proteger a quienes reciben servicios de salud en materia de cirugías estéticas y cosméticas.
PRIMERA SALA Amparo en revisión 173/2008. **********. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Amparo en revisión 115/2008. Elizabeth Castro Mercado. 21 de mayo de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Amparo en revisión 274/2008. Silvia Margarita Olivas Enríquez. 3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 932/2008. Janet Andrea Galicia Rosete. 12 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Amparo en revisión 1070/2008. María de Jesús Cruz Campos. 26 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante Juárez. Tesis de jurisprudencia 44/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de primero de abril de dos mil nueve. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 514
Art. 14, in fine: “Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación”
21 bis IX. Si en una remisión o reenvío se determina el derecho de un Estado extranjero con dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos órdenes jurídicos, parciales, como en una Federación los códigos locales, sin que en esta determinación conflictual se señale concretamente la unidad correspondiente, se elegirá ésta conforme al sentido y la finalidad de tal determinación conflictual o según la reglamentación interlocal del país extranjero, pero siempre con observancia al principio de la relación más estrecha. Si se remite al derecho mexicano sin que se exprese en la remisión la entidad federativa mexicana cuyas leyes deban ser aplicadas, la determinación de las últimas, se efectuará de conformidad conducente con los otros medios establecidos en la parte final del párrafo anterior, entrando, sin embargo, en lugar de la reglamentación interlocal extranjera la mexicana y en el lugar de la determinación mexicana la extranjera.
Se aplicará lo dispuesto en los Artículos 21 bis, 21 bis II, 21 bis III, 21 bis IV, 21 bis V, 21 bis VI, 21 bis VII; en lo que se estime conducente.
Las normas de una entidad federativa sólo tendrán efectos en su propio territorio, no siempre en consecuencia obligatoria fuera de él.
Art. 15. § 1er. Lorsque la présente loi désigne le droit d'un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, chacun d'eux est considéré comme le droit d'un Etat aux fins de la détermination du droit applicable.
Article 41 of the Bulgarian Private International Law Code:
Art. 41. (1) Where the State whereof the law has been determined as applicable by this Code has several territorial units with separate legal systems, the law of that State shall determine which of the said systems shall apply.
(2) Where a State has several territorial units each having its own legal regulation of contractual and non-contractual relationships, each territorial unit shall be treated as a separate State upon determination of the applicable law under Chapters Ten and Eleven herein.
(3) Where the State whereof the law has been determined as applicable by this Code comprises several legal systems applicable to different categories of persons, the law of that State shall determine which of the said systems shall apply.
(4) Where the law of the State referred to in Paragraphs (1) and (3) does not lay down criteria for determination of the applicable legal system, the legal system with which the relationship has the closest connection shall apply.
Artículo 87 de la Ley Nº 544-14 de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, de 15 de Octubre de 2014:
Art. 87. Si en el ordenamiento del Estado designado por esta ley coexisten más de un sistema normativo con competencia territorial o personal, la ley aplicable se determina según los criterios utilizados por el ordenamiento del Estado designado.
Si los criterios establecidos en este artículo no pueden ser individualizados, se aplica el sistema normativo con el cual el caso concreto presente el vínculo más estrecho.
Artículo 12.5 del Código Civil Español:
Art. 12. 5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado.
Article 4 of the Introductory Act to the Civil Code (Germany):
Art. 4. (3) If referral is made to the law of a country having several partial legal systems, without indicating the applicable one, then the law of that country will determine which partial legal system shall be applicable. Failing any such rules, the partial legal system to which the connection of the subject matter is closest shall be applied.
Artículo 18 de la Ley Italiana de Derecho Internacional Privado. Ley No. 218 del 31 de mayo de 1995:
Art. 18. 1. Si en el ordenamiento del Estado designado por las disposiciones normativas de la presente ley coexisten más de un sistema normativo con competencia territorial o personal, la ley aplicable se determina según los criterios utilizados por aquel ordenamiento.
2. Si tales criterios no pueden ser individualizados, se aplicará el sistema normativo con el cual el caso concreto presente el vínculo más estrecho.
Article 9 of the Act of 4 February 2011 Private International Law (Poland):
Art. 9. If within the country whose law is applicable there are in force several distinctive legal systems, then the law of this country shall specify which of these systems shall apply. In the absence of such a specification, the legal system which is most closely connected with the given relationship shall apply.
Artículo 2.2 de la Ley General de Derecho Internacional Privado (Uruguay):
Art. 2.2. Cuando el derecho extranjero corresponda a un Estado cuyo orden jurídico se compone de varias legislaciones, el derecho de ese Estado determina cuál de ellas es aplicable. En su defecto, debe aplicarse la legislación de la unidad territorial en cuya jurisdicción se realiza el punto de conexión.