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Timestamp: 2020-07-09 21:23:27
Document Index: 8969252

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 1649', 'artículo 404']

Agosto 13 de 2019 Gofer Ediciones
Publicada en 13 agosto, 2019 13 agosto, 2019 por Gofer
Sentencia C 086 de 2019
LA CORTE REITERÓ QUE LA FACULTAD DE ADOPTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA QUE CURSE EN SU CONTRA, INCLUSO SI ES DE ELECCIÓN POPULAR, RESULTA COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta suspensión es una medida de cautelar procesal, que no implica la inhabilidad del servidor, sino que sólo conlleva su no permanencia, por un término breve y reglado, en un cargo, función o servicio público. Solamente recae sobre aquellos que no se hayan retirado del servicio; en cuanto a los hechos, el operador disciplinario debe satisfacer algunos presupuestos, entre estos: Que el servidor público esté en ejercicio de un cargo, una función o un servicio; que se ha iniciado una investigación disciplinaria o se adelanta el juzgamiento disciplinario; y que dicha investigación o juzgamiento se adelanta o tramita por la supuesta comisión de faltas disciplinarias gravísimas o graves. Todo lo anterior puede y debe ser verificado por autoridades disciplinarias, por medio de la consulta o del recurso de reposición y judiciales, por medio de la acción de tutela. Así, la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la Procuraduría General de la Nación y no puede limitarse bajo estados de excepción.
Sentencia C 296 de 2019
PROTECCIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL A CARGO DE PARIENTES CONSANGUÍNEOS, CON PREFERENCIA A LOS PARIENTES CIVILES. El demandante afirma que la expresión “y los parientes consanguíneos a los civiles” contenida en la normatividad descrita, es inconstitucional porque desconoce el principio de igualdad, en la medida en que establece una discriminación por origen familiar. Señala que la norma establece una preferencia de los parientes consanguíneos sobre los civiles en la titularidad de las obligaciones de cuidado de las personas con discapacidad mental. El ciudadano indica que el artículo 42 de la Constitución prohíbe expresamente que el origen familiar sea un criterio para establecer un trato desigual, de manera que las familias que surgen por vínculos civiles se encuentran en un plano de igualdad con las originadas a partir de un vínculo consanguíneo. La Corte estableció que debía adelantar un juicio integrado de igualdad de carácter estricto, debido a que se trataba de una disposición acusada de violar el artículo 13 de la Constitución con base en un criterio sospechoso enunciado explícitamente en la Carta: La discriminación por origen familiar. De este modo, señaló que existía un patrón de igualdad de comparación, debido a que se trata de dos grupos de parientes: consanguíneos y civiles; existía un trato desigual entre iguales, debido a que a pesar de que los parientes consanguíneos y civiles se encuentren en un plano de igualdad, la norma establece que los primeros tienen prelación sobre los segundos respecto al cuidado de sus familiares con discapacidad mental; de conformidad con el carácter estricto del juicio, ya que se trataba de una disposición que materializaba la discriminación por origen familiar, la Corte concluyó que el objetivo de la medida es darles la prelación a los parientes consanguíneos sobre los civiles en el cuidado de sus familiares en situación de discapacidad. Por lo tanto, reiteró que esta finalidad no es legítima, importante ni imperiosa y, por consiguiente, el literal acusado debía declarase inexequible. Además, insistió en que la distinción entre parientes por su origen familiar constituye un medio prohibido expresamente por la Carta, no es efectivamente conducente y mucho menos indispensable, pues existen innumerables alternativas que resultan menos lesivas para los principios y valores constitucionales. Finalmente, decidió integrar normativamente la conjunción “y” que precede el aparte acusado, con el objetivo de mantener el sentido gramatical de la norma. Declarada la inexequibilidad MP Gloria Stella Ortiz Delgado
Expediente 70198 de 2019
¿EN QUÉ SE DEBE FUNDAR LA DIFERENCIA EN LA REMUNERACIÓN POR TRABAJOS EQUIVALENTES?. La Corte manifiesta, que el genuino sentido del artículo 5 de la Ley 6 de 1945, es que la diferencia en la remuneración por trabajos equivalentes, solo podrá fundarse en razones de capacidad profesional o técnica, de antigüedad, de experiencia en la labor, de cargas familiares o de rendimiento en la obra. En consecuencia si se presenta alguno de esos elementos, sera admisible la diferencia en el trato retributivo. De igual modo, esos criterios inexorablemente deben converger para que un trabajador le asista el derecho a la nivelación salarial que pretenda, puesto que si no se estructuran, ello será suficiente para que el juzgador concluya que no existe fundamento para hacerle producir efectos a esa equiparación en la remuneración de los servicios laborales. No casó la sentencia Jimena Isabel Godoy Fajardo
Expediente 6574 de 2019
EXPLICAN CARGA DE LA PRUEBA PARA EXIMIRSE DE COBERTURA DEL SUICIDIO EN CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO. La Corte Suprema de Justicia recordó que el suicidio, al ser un acto que no depende de la autonomía o libre elección de un sujeto, es un riesgo asegurable que se encuentra en el mismo nivel de cualquier otro factor ajeno a la exclusiva voluntad o mera potestad de la persona. En otras palabras, es un riesgo asimilable al accidente o enfermedad que no haya sido declarada como preexistente, por lo que una cláusula de carencia que tenga como fin práctico presumir la mala fe o intención de defraudar a la aseguradora iría en contra de los principios que rigen el derecho de contratos y anularía los principios de eficacia o efectividad de la relación asegurativa. Sin embargo, la aseguradora se puede eximir de responsabilidad siempre y cuando demuestre por cualquier medio la reticencia o la intención fraudulenta del tomador, del asegurado o del beneficiario. Pero, se reitera, esta es su carga probatoria y no puede delegarla al usuario de seguros ni siquiera por un periodo determinado, a través de la inclusión de cláusulas abusivas. Por tal razón, si el suicidio se comete después de que haya vencido el periodo de indisputabilidad o incontestabilidad dispuesto en el contrato, quedará cubierto por el seguro de vida que haya incluido ese riesgo, sin que la aseguradora pueda negar el pago con sustento en la existencia de vicios, reticencias o inexactitudes en la declaración de asegurabilidad. De ahí que la aseguradora interesada en exonerarse de responsabilidad es la que asume las consecuencias sustanciales de no probar las circunstancias excluyentes
Expediente 68463 de 2019
CONOZCA EL LLAMADO DE ATENCIÓN QUE HIZO LA SALA DE LA CORTE A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. La Sala de la Corte manifiesta, que hace un llamado de atención a las AFP, a fin de que no coloquen trabas innecesarias en el reconocimiento de las pensiones de vejez de sus afiliados, pues si ellos arriban a los 57 años si son mujeres, o 62 si son hombres y cuentan con más de 1.150 semana cotizadas o de tiempo de servicios, pero no reúnen el capital mínimo necesario para el financiamiento de su pensión mínima de vejez en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, deben ser pensionados provisionalmente con cargo a los dineros que posean en su cuenta de ahorro individual, luego de lo cual, se constituye en un imperativo legal, que tales administradoras deben realizar las gestiones pertinentes para lograr la garantía de la pensión mínima contemplada por el artículo 65; ya que, se itera, si la administradora no cumple diligentemente tal obligación legal, debe asumir el pago de la pensión mínima de vejez con cargo a sus propios recursos. No casó la sentencia Martín Emilio Beltrán Quintero
Expediente 11001 02 03 000 2016 03590 00 (1722) de 2019
EN COLOMBIA ES PERMITIDO QUE EL ACREEDOR EJECUTE AL DEUDOR INCUMPLIDO, INCLUSO POR EL REMANENTE INSOLUTO DESPUÉS DE CERRADA LA ACCIÓN REAL Y LOS INTERESES CAUSADOS, INCLUSIVE SI SE ORIGINÓ EN EL EXTRANJERO. Entidad financiera extranjera solicita homologación de providencia en que se le reconoció el derecho a recobrar a una ciudadana colombiana por proceso de ejecución hipotecaria y de pago de un saldo insoluto de más de 100.000 dólares más los intereses anuales del 4,75% desde el 4 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre del mismo año fecha a partir de la cual se causará la tasa a la que se refiere en las leyes del Estado de Florida en Estados Unidos de Norteamérica. La deudora no ha satisfecho la condena impuesta allá y por tal motivo se persigue su cumplimiento en Colombia. El fallo a homologar es armónico con las normas de orden público nacionales, pues en Colombia se encuentra permitido que el acreedor ejecute al deudor incumplido, incluso por el remanente insoluto después de ejercida la acción real y los intereses causados, en aplicación del principio de completitud del pago. Para la Sala, la parte actora acudió a principios equivalentes a los mencionados en el Código Civil Colombiano en el artículo 1649 y al 468 del Código General del Proceso, pues pretendió que el juez de conocimiento ordenara el pago integral del crédito hipotecario, que no se solucionó con ocasión de la adjudicación del bien inmueble hipotecado, con la finalidad de tener un título ejecutivo que le permitiera perseguir otros activos del deudor. De igual manera, la condena al pago de réditos o de rendimientos sobre el dinero insoluto, también se encuentra ajustada a las prescripciones laborales sobre evitación de la usura, porque muestra que el interés no supera los topes para los casos de mora en Colombia. Se otorga exequátur MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalv
Expediente 52976 (1864) de 2019
EN RELACIÓN CON ACCIDENTES, LO QUE AFIRMEN LOS AGENTES DE TRÁNSITO NO REPRESENTA TESTIMONIO DE REFERENCIA. De ellos no se puede reclamar que señalen cómo sucedió el accidente; pues no estuvieron presentes en ese momento, sino lo que directamente percibieron respecto de asuntos relevantes fueron la ubicación de los automotores luego del choque, el estado de las vías y la existencia de señales de tránsito. Su trabajo consiste en introducir elementos documentales que corroboren sus dichos, con planos directos del estado de los vehículos, y especialmente la señalización vial. Por consiguiente, la razón la tienen los afectados, pues el vehículo omitió hacer un pare, haciendo que se presentara una colisión intempestiva, porque fueron atropellados sin poder evitarlo. El procesado intentó atribuir algún tipo de responsabilidad en el accidente a la afectada, insinuando que podría haberse desplazado a alta velocidad; lo cierto es que no obra evidencia que soporte dicha afirmación. No casa MP Luis Guillermo Salazar Otero
Expediente 51258 de 2019
JUEZ NO PUEDE FIJARSE ÚNICAMENTE EN LA CANTIDAD DE TESTIGOS QUE APOYAN TESIS DE LA FISCALÍA O LA DEFENSA. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó, con base en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que en el ejercicio de apreciación de un testimonio deben ser atendidos los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria. Lo anterior está especialmente relacionado con la naturaleza del objeto percibido; el estado de sanidad de los sentidos por los cuales se tuvo la percepción; las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió; los procesos de rememoración; el comportamiento del testigo durante el testimonio y el contrainterrogatorio; la forma de sus respuestas y su personalidad. Este fallo asegura que el juez, al valorar la fiabilidad del testigo, debe considerar criterios como: – La ausencia de interés de mentir o la presencia de un motivo para hacerlo. – Las condiciones subjetivas, físicas y mentales del declarante para recordar lo percibido. – La posibilidad de haber percibido los hechos. – La coherencia de su discurso. – La correspondencia con otros datos objetivos comprobables. – La verificación de los asertos con distintos elementos de prueba. – La intención en la comparecencia procesal, entre otros. En ese orden, el fallador penal no puede fijarse sólo en la cantidad de testigos que apoyan la tesis de la Fiscalía o de la defensa, toda vez que “los testigos no se cuentan, sino que se pesan”. Entonces, lo importante no es el número de personas que concurran a afirmar o infirmar un hecho, sino la coherencia y corroboración con las demás pruebas de cada testimonio.
Expediente 11001 01 02 000 2019 01258 00 de 2019
¿CUÁNDO UN DELITO ES COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR?. Para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. La Sala destaca que la Justicia penal militar constituye una jurisdicción especialmente instituida para tramitar los delitos de carácter militar, que sean cometidos por miembros de la Fuerza Pública, siempre y cuando se reúnan los requisitos que para el efecto consagran expresamente la Constitución y a ley, esto es, en servicio activo y con relación al servicio. Asignan conocimiento a la jurisdicción penal militar MAGDA VICTORA ACOSTA WALTEROS
Expediente 11001 03 24 000 2011 00065 00 de 2019
¿CÓMO SE CONFIGURA LA FALSA MOTIVACIÓN COMO CAUSAL DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS?. La falsa motivación se configura cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad. La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable. Entonces, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. Denegar las pretensiones de la demanda Roberto Augusto Serrato Valdés
Expediente 25000 23 42 000 2013 02235 01 de 2019
UNIFICAN REGLAS SOBRE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA BENEFICIARIOS DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL. La Sección Segunda del Consejo de Estado determinó varias reglas de unificación sobre la pensión de sobrevivientes, en relación con los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que han fallecido en simple actividad con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4433 del 2004 y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. En tal sentido unificó: – Con fundamento en la regla de favorabilidad, los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional fallecidos en simple actividad con anterioridad al Decreto 4433 y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 pueden beneficiarse de la pensión indicada, prevista en los artículos 46, 47 y 48 del régimen general contenido en esta última normativa. Este régimen deberá aplicarse en su integridad, para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios – Como consecuencia de lo anterior, y en atención al principio de inescindibilidad normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en virtud de la aplicación de la Ley 100 deberá descontarse lo pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, toda vez que la contingencia que cubre tal prestación es cubierta con el reconocimiento pensional. – Para efectos del descuento indicado con antelación, la corporación indicó que la entidad solo podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de compensación por muerte debidamente indexado. Y en aquellos casos donde el valor actualizado de la compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que debe pagar la entidad será necesario realizar un acuerdo de pago, con el fin de que el beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital. – Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a estos beneficiarios, el término prescriptivo que debe atenderse en relación con las mesadas pensionales es el trienal, de acuerdo con lo previsto por el régimen general que contempla esta prestación. – En ningún caso habrá prescripción de los valores pagados por concepto de compensación por muerte a favor de los beneficiarios que tengan derecho a esta pensión en los términos de la presente providencia. Lo anterior por cuanto el derecho a compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional. Finalmente, aseguró que esta sentencia no es constitutiva del derecho, por lo que las reclamaciones que se hagan con fundamento en ella quedarán sujetas a las reglas de prescripción.
Expediente 25000 23 42 000 2013 05551 01 (2039-15) de 2019
LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA ES OBLIGATORIA PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS LOS ÓRDENES. La Sala del Consejo de Estado manifiesta, que la indexación de la primera mesada puede realizarse en vía gubernativa por la administración y es obligatoria para las pensiones de jubilación de los servidores públicos de todos los órdenes, incluso, quienes cuenten con un régimen especial y adquirieron la pensión con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, habida consideración de que es un derecho que deriva directamente de los postulados y pilares fundamentales del Estado social de derecho que promueven el mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas pensionales, en garantía de los principios de equidad, justicia social y de la protección de que gozan los adultos mayores, derechos de alta relevancia constitucional que no deben ser desconocidos, en virtud del principio pro homine hecho norma de tiempo atrás en tratados internacionales, que impone interpretar y aplicar las normas que sean más favorables a la persona y a sus derechos humanos. Confirma parcialmente la sentencia Carmelo Perdomo Cuete
Expediente 54001 23 33 000 2014 00262 01 (2434-15) de 2019
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN MENSUAL VITALICIA DE JUBILACIÓN POR PARTE DE LOS EMPLEADOS OFICIALES. La Sala del Consejo de Estado manifiesta, que la Ley 33 de 1985 prescribe como requisitos para acceder a la pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de los empleados oficiales, haber servido veinte años continuos o discontinuos y llegado a la edad de cincuenta y cinco años, también determina que la cuantía será del 75% del salario promedio. Confirmó parcialmente la sentencia Carmelo Perdomo Cuéter
Expediente 76001 23 31 000 2010 00374 01 (46295) de 2019
¿SIEMPRE HAY LUGAR A DECLARAR RESPONSABILIDAD ESTATAL EN UNA PRIVACIÓN DE LIBERTAD?. La Sala dispone que para que prospere la responsabilidad estatal es necesario, demostrar el daño antijurídico imputable al Estado, consistente en la privación injusta de la libertad, la cual lo será siempre que se acredite que el afectado no tenía porqué soportar la medida que le fue impuesta, dado que devino de una actuación judicial que es desproporcionada, violatoria de los procedimientos legales, arbitraria e irrazonable. No obstante, si el daño fue causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, en una situación particular, el Estado quedará exonerado de responsabilidad. Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda. Carlos Alberto Zambrano Barrera
Expediente 85001 23 31 000 2010 00052 01 (42828) de 2019
NO HABRÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN ALGUNA A CARGO DEL ESTADO A TÍTULO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PUES NO SE DEMOSTRÓ LA EFICACIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. Si bien el demandante indicó que estuvo privado de la libertad, lo cierto es que la Directora del centro penitenciario y el Coordinador de Policía Judicial del Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario –INPEC- certificaron que no existe registro alguno sobre la detención del actor. Así las cosas, se advierte que en el plenario no existe prueba alguna que demuestre que, efectivamente, se materializó la medida de aseguramiento impuesta al acá demandante, pues, además de las inconsistencias que existen respecto del tiempo de su detención se insiste que en el poder se indicaron unas fechas y en la demanda otras, no se acreditó que hubiera estado detenido como consecuencia de dicha medida, ni siquiera se demostró en dónde lo estuvo hasta que se ordenó su libertad. Por lo anterior, es evidente que los demandantes no demostraron el hecho expuesto en la demanda como causante del daño, es decir, la privación de la libertad que sufrió el actor; por tal razón, es decir, ante la falta de prueba de este hecho, resulta inane cualquier análisis sobre los otros elementos de la responsabilidad, dado que, ante la ausencia de prueba del hecho dañoso, la responsabilidad cuya declaratoria se pretende no se estructura y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. Revoca y en su lugar niegan las pretensiones de la demanda. Carlos Alberto Zambrano Barrera
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta
Expediente 54001 23 33 000 2018 00220 02 de 2019
EL CARGO DE RECTOR DE UNIVERSIDAD ES EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO Y NO TIENE FUNCIONES DE DOCENCIA. La Sala del Consejo de Estado manifiesta, que el cargo de rector de la Universidad Francisco de Paula es eminentemente administrativo, pues si bien es cierto uno de los eventuales requisitos para acceder al cargo es haber sido profesor universitario por 10 años, ello implica experiencia con la docencia, actividad principal de toda universidad, aspecto que debe conocer el rector para poder administrar con eficiencia la universidad y que dichos requisitos no implican que el empleo aludido tenga funciones de docencia. Revocó la sentencia Rocío Araújo Oñate
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera
Expediente 25000 23 41 000 2015 01841 00 de 2019
¿COMO ES EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA?. Se inicia mediante acto administrativo, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos dentro de los 5 días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este acto constituye oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria. En cuanto a la indemnización y forma de pago deberá indicarse el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el que será igual al avalúo comercial es decir, que el precio de adquisición deberá corresponder al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tal valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. si transcurridos 30 días contados a partir de la ejecutoria del acto de oferta de compra sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Expediente 110013 3 36 036 2014 00423 01 de 2019
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DERIVADA DE UN ERROR JUDICIAL POR DESCONOCIMIENTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA CONDENATORIA. Cuando se encuentra demostrada una privación injusta de la libertad, derivada de un error judicial y la persona es privada de su libertad por cuenta de una sentencia condenatoria en la cual se desconoció el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia imponiendo una circunstancia de agravación punitiva que no había sido planteada por el ente acusador, se constituye una vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, impidiendo al afectado tomar el beneficio de los subrogados penales.
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