Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20001185
Timestamp: 2020-01-28 03:56:00
Document Index: 290011672

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 243', 'in dubio', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 243', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 28', 'artículo 366', 'artículo 368', 'artículo 365', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 365', 'Artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 7']

C-30 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020001185CC-SENTENCIAC30200328/01/2003CC-SENTENCIA_C_30__2003_28/01/2003200011852003SENTENCIA C-030/03 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Alcance Como lo ha señalado en forma reiterada la Corporación, l a cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política y mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto. De ella surge igualmente la prohibición para el Legislador de reproducir el contenido material de una norma declarada inexequible, evento en el cual la nueva norma debe ser igualmente declarada inexequible. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Modulación de operancia La Corte ha precisado que en el proceso constitucional es necesario modular la operancia de la cosa juzgada conforme a un análisis que considere la posibilidad de que se planteen nuevos cargos, no tenidos en cuenta por el juez constitucional, o que el examen de las normas demandadas se haya limitado al estudio de un solo asunto de constitucionalidad, o que no se haya evaluado la disposición frente a la totalidad de la Carta, o que exista una variación en la identidad del texto normativo. En eventos como estos, no obstante existir ya un fallo de constitucionalidad, podría abrirse la posibilidad de realizar una nueva valoración de la norma acusada. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Categorías conceptuales que delimitan alcance COSA JUZGADA APARENTE -Alcance COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL -Alcance y distinción COSA JUZGADA MATERIAL -Elementos El fenómeno de cosa juzgada material supone como lo ha señalado la Corporación la ocurrencia de cuatro elementos a saber: 1 . Que una norma haya sido previamente declarada inexequible. 2. Que la disposición demandada respecto de la cual se predica la existencia de cosa juzgada material tenga el mismo contenido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca lo que implica que el contenido material del texto demandado sea igual a aquel que fue declarado inexequible. Cabe precisar que dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. En el mismo sentido si el texto es el mismo pero el contexto normativo en el que se le reproduce es diferente no cabe predicar dicha identidad. 3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por "razones de fondo", lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haberse fundado en un vicio de forma. 4 Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental. LIBERTAD PROVISIONAL CON CAUCION PRENDARIA -Preclusión de investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria en primera instancia LIBERTAD PROVISIONAL CON CAUCION PRENDARIA -Presupuesto para carácter definitivo ante preclusión de investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria en primera instancia PRESUNCION DE INOCENCIA -Alcance Este derecho que tiene rango de derecho fundamental acompaña, como ha precisado la Corte, al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. PRESUNCION DE INOCENCIA EN DETENCION PREVENTIVA -Alcance DERECHO A LA LIBERTAD -No es absoluto Referencia: expediente D-4129
LUCIA ESMERALDA RESTREPO GOMEZCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisAcción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 3° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"D7046Identificadores20020001186true10752Versión original20001186Identificadores
Norma demandada: Acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 3° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
El fenómeno de cosa juzgada material supone como lo ha señalado la Corporación la ocurrencia de cuatro elementos a saber: 1 . Que una norma haya sido previamente declarada inexequible. 2. Que la disposición demandada respecto de la cual se predica la existencia de cosa juzgada material tenga el mismo contenido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca lo que implica que el contenido material del texto demandado sea igual a aquel que fue declarado inexequible. Cabe precisar que dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. En el mismo sentido si el texto es el mismo pero el contexto normativo en el que se le reproduce es diferente no cabe predicar dicha identidad. 3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por "razones de fondo", lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haberse fundado en un vicio de forma. 4 Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental.
ACCIÓN PÚBLICA de inconstitucionalidad contra el numeral 3° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Lucía Esmeralda Restrepo Gómez demandó el numeral 3° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria."
En primer lugar, manifiesta que la norma demandada desconoce el derecho a la libertad -artículo 28 C.P.-, porque pese a la terminación del proceso, en virtud de haberse proferido en primera instancia auto de preclusión de investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, no se le otorga al sindicado el derecho a la libertad definitiva, sino a la provisional, y por consiguiente, condicionada a que preste una caución prendaria -artículo 366 Ley 600 de 2000-. Así mismo, porque para gozar de dicho beneficio, debe firmar un acta de compromiso del cumplimiento de ciertas obligaciones que, igualmente, limitan su libertad injustificadamente -artículo 368ibidem-.
El numeral 3º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", establece como una de las causales para que el sindicado tenga derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución que se haya proferido en primera instancia, auto de preclusión de investigación o de cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.
A juicio de la demandante, tal disposición contraviene el artículo 28 de la Constitución porque pese a que con las decisiones a que se ha hecho mención el servidor judicial competente decide que una persona no debe seguir sujeta al poder punitivo estatal, la existencia de la causal acusada implica que se condicione el derecho a la libertad de quien resulte beneficiado por tales decisiones al pago de una caución y al cumplimiento de ciertas obligaciones contenidas en un acta de compromiso -artículos 366 y 368 Ley 600 de 2000-. Circunstancia que en su concepto desconoce además la garantía de la presunción de inocencia del sindicado y la presunción de legalidad de que gozan las decisiones judiciales -artículo 29 C.P.-.
" a) De la cosa juzgada aparente.
Ha dicho la Corte que la cosa juzgada es apenas aparente, cuando la declaratoria de constitucionalidad de una norma, carece de toda motivación en el cuerpo de la providencia. En estos eventos "...la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado..."[3], tiene como consecuencia que la decisión pierda, "...la fuerza jurídica necesaria para imponerse como obligatoria en casos ulteriores en los cuales se vuelva a plantear el asunto tan sólo supuesta y no verdaderamente debatido..."[4]. Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a "... a resolver de fondo sobre los asuntos que en anterior proceso no fueron materia de su examen y en torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o la unidad normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.."[5]
La cosa juzgada formal se presenta "...cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio..."[6], o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual[7]. Esta evento hace que " ...no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado.."[8]
Por su parte, la cosa juzgada material, "...se [ presenta] cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica..."[9].
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de "Constitución viviente" puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica[10].
-Explícita, cuando "...la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro.."[11], es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada "...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta..."[12].
-Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, "...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos..." [13]. Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: '. el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..'[14]. "[15].
"Noveno: Declárese EXEQUIBLES los artículos 354, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366 y 367 de la Ley 600 de 2000, por los cargos formulados por el actor." -Subrayas fuera de texto-.
3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por "razones de fondo", lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haberse fundado en un vicio de forma.
"...El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales…"[29].
Para la actora el carácter provisional de la libertad así concedida y las limitaciones que ello implica -prestar caución y cumplir las obligaciones señaladas en el acta de compromiso a que aluden los artículos 366 a 369 de la Ley 600 de 2000[30]- constituye una restricción irrazonable del derecho a la libertad, que califica incluso de "detención arbitraria".
"Los tratados internacionales de derechos han declarado expresamente que los acusados por delitos y los condenados pueden obtener su libertadbajo las condiciones y garantías que les exija el Estado."[35]
DeclararEXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", por los cargos analizados en esta sentencia.
[1]Ver Sentencia C-774/01 M. P. Rodrigo escobar Gil . A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2]Al respecto, pueden verse las Sentencias C-113/93, C-925/00 y C-774/01, entre otras.
[3]Sentencia C - 700 de 1999. En el mismo sentido C - 492 de 2000.
[4]Sentencia C - 700 de 1999.
[5]Sentencia C - 700 de 1999.
[6]Sentencia C - 489 de 2000.
[7]Sentencia C - 565 de 2000.
[8]Sentencia C - 543 de 1992.
[9]Sentencia C - 427 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10]En la sentencia C - 447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero la Corte expuso: "...Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica - pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez....Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y ante deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias....Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica - que implica unos jueces respetuosos de los precedentes - y la realización de la justicia material del caso concreto - que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas -....".
[11]Sentencia C - 492 de 2000.
[12]Sentencia C - 478 de 1998.
[13]Sentencia C - 478 de 1998.
[14]Auto 131 de 2000.
[15]Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[16]Al respecto, ver, entre otras las Sentencias C-113/93, C-925/00 y C-774/01.
[17]La demanda en esa oportunidad -Expediente D-3271- se dirigió contra los artículos 388, 396 a 400, 403 a 409, 417 y 418 de la Ley 599 de 2000 y los artículos 354 a 367 de la Ley 600 de ese mismo año.
[18]Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.
[19]ver Sentencia C-228/02 M.P. Manuel José Cepedaa Espinosa Y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. Jaime Araujo Rentería.
[20]Ibidem ver Sentencia C-228/02 M.P. Manuel José Cepedaa Espinosa Y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. Jaime Araujo Rentería.
[21]Artículo 39. Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento. En cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal general de la nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante providencia interlocutoria.
[22]Cabe precisar al respecto que contra los autos interlocutorios de cesación de procedimiento o preclusión de la investigación caben los recursos de reposición, apelación y queja (artículo del Código de Procedimiento Penal) y que contra la sentencia de primera instancia cabe el recurso de apelación y eventualmente el recurso extraordinario de casación.
[23]"Articulo 29, inciso 4Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho."
[24]La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
[25]La ley 600 de 2000, en su artículo 7º expresa: " Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado...".
[26]Ver Sentencia C- 774/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[27]Sent. C-689 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[28]Ver Sentencia C-549/97 M.P. Carlos Gaviria Diaz.
[29]Sentencia C - 634 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[30]ART. 366.-Momento de la libertad bajo caución. Cuando exista detención preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la caución prendaria y una vez suscrita la diligencia de compromiso.
ART. 367.-Revocatoria de la libertad provisional. En cualquier momento se podrá revocar la libertad provisional, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del Fiscal General de la Nación o su delegado, cuando el sindicado violare cualquiera de las obligaciones contraídas en la diligencia de compromiso.
ART. 368.-Diligencia de compromiso. En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones:
PAR.-Si se incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el acta, el funcionario judicial escuchará en descargos al sindicado y si encontrare mérito impondrá como sanción una multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que la imponga.
ART. 369.-De la caución prendaria. Consiste en el depósito de dinero o la constitución de una póliza de garantía, en cuantía de *(uno (1))* hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se fijará de acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible.
[31]Ha señalado esta Corte que los derechos fundamentales ".. no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles...".Sentencia C-578/95 M.P.
[32]Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz
[33]"La consagración por parte del legislador de causales en las que no procede la libertad provisional, no puede considerarse lesiva del derecho a la libertad, pues la restricción de esta garantía deriva de la comisión de hechos ilícitos, que la Constitución no debe permitir y, mucho menos, amparar." Sentencia C-716/98 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[34]Ibidem Sentencia C-716/98 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[35]Sentencia C-008 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver la Sentencia C-716/98 M.P. Carlos Gaviria Díaz.