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Timestamp: 2020-08-14 23:05:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 52', 'artículo 381', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 11']

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Informe Especial: Memo Legal sobre Ley de Inclusión Financiera
A continuación expondremos los principales puntos de la denominada Ley de Inclusión Financiera (Ley N° 19.210), tal y como fuera aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de marzo próximo pasado y por la Cámara de Senadores el 24 de abril del presente año (en adelante, la “Ley”). A efectos de poder realizar un acercamiento a la Ley, hemos dividido el mismo en 5 capítulos.
La Ley entra en vigencia a los 10 días de publicada en la Capital (se publicó el 9 de mayo de 2014), pero los plazos de entrada en vigencia de los distintos artículos son disímiles, por lo que se debe ver caso a caso si aplica inmediatamente o su entrada en vigencia está dilatada en el tiempo. En general, la Ley ha entrado en vigencia el 19 de mayo de 2014.
Desde ya adelantamos que la Ley remite en muchos casos a la reglamentación por lo que esta resultará muy importante para determinar la forma de aplicación de las disposiciones en cuestión.
Resumen de la Ley 1. Se crea el concepto de “dinero electrónico” en el sistema financiero uruguayo y se faculta a los particulares el establecimiento de instituciones emisoras de dinero electrónico (en adelante, las “IEDE”).
2. Se establecen modificaciones al régimen general de pagos, y en particular en determinados sectores económicos.
3. Se procede a regular al sistema financiero, estableciendo regulaciones mínimas en ciertas cuentas bancarias de las instituciones de intermediación financiera (en adelante, las “IIF”), el establecimiento de medidas inclusivas, modificación en las condiciones de los medios de pagos y en la contratación para la aceptación de estos.
4. Se modifica sustancialmente el régimen de otorgamiento de cierto tipo de créditos y el régimen de retenciones para asegurar su pago.
5. Se fijan medidas fiscales temporales y permanentes. Asimismo, se crean planes sociales de reintegro de fondos para la adquisición de viviendas.
Capítulo 1 – Medios de pago electrónico, dinero electrónico e Instituciones Emisoras de Instrumentos de Dinero Electrónico
Dinero Electrónico e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico
La Ley define a los “medios de pago electrónicos” como “las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, los instrumentos de dinero electrónico y las transferencias electrónicas de fondos, así como todo instrumento análogo que permita efectuar pagos electrónicos a través de cajeros automáticos, por Internet o por otras vías…”, y al “dinero electrónico” como “instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor” y que debe contar con ciertas características particulares como son: ser emitido por un valor igual a los fondos recibidos por el emisor, que no genere intereses, que sea convertible a efectivo por el emisor a solicitud del titular, el valor monetario sea almacenado en medios electrónicos y sea aceptado como medio de pago por personas distintas del emisor con efecto cancelatorio.
En caso de no darse alguna de dichas características y sin perjuicio del análisis concreto que habría que realizar llegado el caso, entendemos que no estaríamos en presencia de “dinero electrónico” y por tanto su uso no tendrá el efecto cancelatorio regulado por la Ley (al que hacemos referencia a continuación), ni tampoco su emisión estaría limitada -en principio- a las IEDE (todo ello sujeto a lo que disponga la reglamentación).
En efecto, la Ley en su artículo 1° establece que el uso de los medios de pago electrónicos (incluido el dinero electrónico) tendrá plenos efectos cancelatorios. En virtud de ello, y como es habitual, las instituciones a través de las cuales se cursen dichos pagos deberán estar particularmente atentas a aquellas solicitudes de cancelaciones de pago o extornos luego de realizado el pago a efectos de evitar fraudes.
La emisión de dinero electrónico se encuentra limitada a las IIF o las IEDE. Las IEDE son instituciones creadas por la Ley, que estarán sometidas a la autorización previa del Banco Central del Uruguay (el “BCU”) para operar (la que podrá ser otorgada por el BCU en base a razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia). El objeto de las IEDE será el de emisión de dinero electrónico, su reconversión a efectivo, operaciones de transferencias, pagos, débitos automáticos y cualquier operación relacionada con el dinero electrónico recibido. Sin perjuicio de lo anterior, la norma no prevé que tendrán objeto exclusivo y agrega “pudiendo efectuar las demás actividades que el Banco Central del Uruguay les autorice o exija de acuerdo a sus facultades”. Les estará expresamente vedado el realizar intermediación financiera, captar depósitos y otorgar créditos. En virtud de lo anterior, habrá que esperar a la reglamentación para ver si el BCU incluye bajo la órbita de las IEDE alguna otra actividad financiera que actualmente se encuentre regulada bajo alguna de las otras licencias del BCU. Las IEDE no están comprendidas dentro de las entidades que deben guardar secreto bancario, pero sí están alcanzadas por el secreto profesional respecto a su actividad.
Al no poder realizar actividad de intermediación, dichas IEDE deberán depositar los fondos en las IIF. Respecto a dichos patrimonios, la IEDE tendrá la responsabilidad de un fiduciario y estarán constituyendo un patrimonio de afectación independiente del propio de éstas. Del artículo 7 de la Ley surge que las IEDE concursan por la ley 13.387 (que regula el concurso de forma administrativa realizado por el BCU), y en dicha situación, los fondos correspondientes al patrimonio de afectación independiente serán entregados a los titulares de los instrumentos de dinero electrónico.
Estas disposiciones entran en vigencia con la Ley en general, sin perjuicio de lo cual será en varios casos necesario el dictado de la reglamentación por parte del BCU.
Modificaciones al pago con tarjetas de débito o dinero electrónico.
Se prohíbe a los comercios cobrar más caro bienes o servicios cuando se paga por tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico que respecto al pago en efectivo y se entenderá que toda promoción de pago en efectivo aplica a las anteriormente mencionadas, salvo que existieran convenios que lo admitieran hasta por 12 meses posteriores a la promulgación de la norma o hasta el vencimiento del convenio (lo que ocurra primero). La violación de esa norma estará sancionada por el Área de Defensa del Consumidor. Así por ejemplo, aquellos comercios que otorgan puntos o millas por compras en efectivo, deberán darlo también a quienes paguen con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico. No se incluye en estas disposiciones a las tarjetas de crédito.
Se prohíbe a las IIF exigir a los comercios aceptar simultáneamente el uso de sus tarjetas de crédito y débito, si estos así no lo desean. La violación de esa norma estará sancionada por el BCU y se prevén sanciones importantes (observaciones, apercibimiento y multas hasta el 10% de la responsabilidad patrimonial para bancos).
Estas disposiciones entran en vigencia con la Ley en general, sin perjuicio de la excepción mencionada de los contratos.
Capítulo 2 – Régimen de pagos
La Ley prevé que todos los trabajadores dependientes, los profesionales, quienes cobren jubilaciones, pensiones o retiros (excepto los que lo hacen actualmente por una vía distinta al pago en cuenta), así como quienes cobren beneficios sociales y otras prestaciones específicas deben percibir dichas prestaciones en cuentas bancarias o en instrumento de dinero electrónico.. Quedan fuera de dicha obligación de recibir sus prestaciones de esta forma los trabajadores fuera de relación de dependencia que no sean profesionales, pero podrá el Poder Ejecutivo incluirlos en el futuro. Los rubros que deberán abonarse en la forma antes indicada y la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones, son en cada caso, los siguientes:
A) Trabajadores en relación de dependencia: (i) Incluye: remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir; (ii) Entrada en vigencia: a partir del momento que fije el Poder Ejecutivo, el que deberá, conforme a la Ley, fijar un cronograma de incorporación que no podrá iniciar antes de 30 días contados a partir de la fecha en que el BCU reglamente la actividad de las IEDE y tendrá una duración de 6 meses, prorrogable por el Poder Ejecutivo por 6 meses adicionales;
B) Profesionales fuera de la relación de dependencia: (i) Incluye: honorarios pactados en dinero por servicios prestados; (ii) Entrada en vigencia: a partir del momento que fije el Poder Ejecutivo, el que deberá, conforme a la Ley, fijar un cronograma de incorporación que no podrá exceder de 2 años contados desde la vigencia de la Ley;
C) jubilados, pensionistas o retirados: (i) Incluye: los ingresos por jubilaciones, pensiones o retiros de cualquier instituto de seguridad social o compañía de seguros; (ii) Entrada en vigencia: (a) los que se encuentren ya recibiendo dichos ingresos al momento de entrada en vigencia de la Ley (19 de mayo de 2014), podrán optar (pero no estarán obligados) en cualquier momento por percibir dichas prestaciones en cuenta o en instrumento de dinero electrónico (el Poder Ejecutivo va a reglamentar la forma en que debe hacerse la elección), y (b) respecto de los que comiencen a recibir dichos ingresos luego de la vigencia de la Ley, les será de aplicación la nueva normativa a partir de la misma fecha de entrada en vigencia prevista para los pago a trabajadores en relación de dependencia antes mencionada. Se exceptúa de lo anterior el caso en que a dicha fecha exista un acuerdo vigente entre el instituto de seguridad social o la compañía de seguros con alguna institución, pudiendo dicho acuerdo mantenerse vigente por un plazo máximo de 1 año o hasta que se extinga el contrato, lo que ocurra primero;
D) Todo receptor de beneficios sociales y otras prestaciones: (i) Incluye: beneficios sociales como ser por ejemplo, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indemnizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes; (ii) Entrada en vigencia: a partir del momento que fije el Poder Ejecutivo, el que deberá, conforme a la Ley, fijar un cronograma de incorporación que no podrá iniciar antes de 30 días contados a partir de la fecha en que el BCU reglamente la actividad de las IEDE y tendrá una duración de 6 meses, prorrogable por el Poder Ejecutivo por 6 meses adicionales.
E) Trabajadores fuera de la relación de dependencia que no sean profesionales y siempre que el Poder Ejecutivo así lo determine y reglamente: (i) Incluye: pagos que se les realice originados en la prestación de servicios personales; (ii) Entrada en vigencia: a partir del momento que fije el Poder Ejecutivo, no pudiendo tampoco el plazo de incorporación exceder de 2 años contados desde la vigencia de la Ley.
Excepción a la entrada en vigencia: sin perjuicio de lo anterior, durante los dos primeros años de vigencia de la Ley (es decir, hasta el 19 de mayo de 2016), en los casos A), C) (jubilados, pensionistas o retirados luego de la vigencia de la Ley) y D) antes mencionados, se podrá optar por abonar dichos rubros a través de medios diferentes a los previstos en la Ley, siempre que exista acuerdo entre el acreedor y deudor. El Poder Ejecutivo puede prorrogar dicho plazo de 2 años por 1 año adicional.
También se prevé el pago de las prestaciones de alimentación reguladas por el art. 167 Ley 16.713 que no sean en especie mediante instrumento de dinero electrónico únicamente a partir de la fecha en que lo disponga la reglamentación.
Para los trabajadores dentro de una relación de dependencia, jubilados, pensionistas, retirados y receptores de beneficios sociales (en adelante, los “Sujetos Beneficiados”), las instituciones que ofrezcan el servicio para el cobro de dichas prestaciones deberán cumplir con una serie de condiciones mínimas exclusivamente para una sola cuenta por Sujeto Beneficiado. No se incluyen en estos beneficios a los profesionales universitarios fuera de la relación de dependencia.
Las empresas de reducida dimensión económica (que se encuentren incluidas en los regímenes de Monotributo y los contribuyentes comprendidos en el Literal E) del artículo 52, Título 4 del Texto Ordenado 1996) podrán optar por abrir una única cuenta en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que los Sujetos Beneficiados, siendo gratuitas en caso de establecerse en IIF.
Estas disposiciones referidas a empresas de reducida dimensión económica entran en vigencia con la Ley en general, sin perjuicio de lo cual también se encuentra previsto que el BCU emita reglamentación sobre el tema.
La Ley prohíbe el pago de productos o servicios por medio de efectivo cuando el monto sea superior a 40.000 UI y una de las partes sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Cuando el monto sea superior a 160.000 UI, sin importar la calidad de las partes, los únicos medios de pago habilitados serán “los medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”. Se excluye de esta disposición a los negocios en que una de las partes sea una IIF, EIDE u otras instituciones controladas por el BCU.
La norma establece que para determinar el monto de una operación se tendrá en cuenta los pagos fraccionados. Sin embargo, no se establece cómo o cuándo se generan los pagos fraccionados, o de qué manera serán determinados por el regulador.
Estas disposiciones entran en vigencia el primer día del mes siguiente del año de vigencia de la ley, o sea, el 1 de junio de 2015.
En el caso de “toda trasmisión de derechos sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI”, así como para la adquisición de vehículos automotores (nuevos o usados) se admitirán para el pago la utilización de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador. Al respecto, la Ley prevé la obligación de individualización en la escritura pública respectiva del medio de pago utilizado. De no hacerse, o de tratarse de un medio de pago distinto a los previstos, la consecuencia es que los escribanos públicos no deben autorizar dichas escrituras o certificar las firmas en documentos privados (de ser el caso) y de hacerlo, se prevé la sanción más grave: la nulidad de los actos, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que le pudieran corresponder a los escribanos en base a la Ley.
En el caso del pago de tributos nacionales y pagos a instituciones de seguridad social (no incluyéndose los tributos departamentales) así como para las devoluciones de impuestos superiores a 10.000 UI, sólo se admitirán para el pago la utilización de medios de pago electrónicos, certificados de crédito emitidos por la D.G.I., cheques diferidos cruzados no a la orden. Cuando se trate de pagos a proveedores del Estado cuyo precio no se pactó al contado y el mismo no supera los $U 82.500, el mismo sólo podrá realizarse a través de acreditación en cuenta en IIF.
Las disposiciones de los tributos entran en vigencia el primer día del mes siguiente del año de vigencia de la ley, o sea, el 1 de junio de 2015 y las referidas al pago de proveedores del Estado, el primer día del mes siguiente de los 180 días de vigencia de la Ley, o sea, el 1 de diciembre de 2014.
Por otro lado, en el caso de los arrendamientos, subarrendamientos y créditos de uso cuyo importe supere las 40 Bases de Prestaciones y Contribuciones en el año civil o su equivalente mensual, se impone la obligación del pago por depósito bancario a nombre del arrendador, subarrendador u otorgante del crédito de uso y se obliga a identificar en los contratos dicha cuenta expresamente. De no cumplirse con dichas obligaciones se tienen una serie de sanciones de distinta naturaleza (por ejemplo, multas o la imposibilidad de iniciar acciones judiciales). Se exige a las IIF que éstas lleven el control e indicación de los pagos y deberán poder brindar herramientas a los clientes con este objetivo. Asimismo, deberán poder brindarle a la Dirección General Impositiva información de dichos pagos, según disponga la reglamentación que la misma establezca. La Ley establece el pleno valor probatorio de los recibos de depósito a los efectos de los juicios de arrendamientos. A efectos probatorios, se deroga el secreto bancario para estas operaciones en procesos judiciales de arrendamientos a solicitud de las partes aceptada por el juez.
Estas disposiciones entran en vigencia, el primer día del mes siguiente de los 180 días de vigencia de la Ley, o sea, el 1 de diciembre de 2014.
Capítulo 3 – Regulación bancaria
Los Sujetos Beneficiados podrán acceder a cuentas bancarias con ciertos beneficios, entre los que se destacan la no discriminación, la gratuidad (“no tendrán costo de apertura, adquisición, mantenimiento ni cierre, ni exigencia de saldos mínimos”, permitirán “realizar consultas de saldo gratuitas ilimitadas, así como un mínimo, en cada mes, de cinco extracciones gratis en el territorio nacional y, en el caso de las cuentas en instituciones de intermediación financiera, ocho transferencias domésticas gratuitas al mismo u otro banco de plaza”, y la emisión sin costo para el titular de “instrumentos de dinero electrónico, las tarjetas de débito y los otros medios físicos que sean necesarios para utilizar los servicios previstos […], así como dos reposiciones” como tampoco tendrá costo su utilización en los comercios) y la accesibilidad (permitirán extracción de fondos en cualquier momento, en múltiples puntos en el territorio nacional, y otorgarán tarjetas de débito en caso de cuentas en instituciones de intermediación financiera).
No es obligatorio para las instituciones ofrecer el servicio para el cobro de las prestaciones de los Sujetos Beneficiados, pero aquellas que lo hagan deberán cumplir con estas condiciones mínimas de forma obligatoria. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones financieras podrán ofrecer a dichos Sujetos Beneficiados servicios adicionales asociados a la cuenta y en tal caso, de contratarlos dicho Sujeto Beneficiado, podrán ser cobrados. El control del cumplimiento de estas condiciones y su reglamentación estará a cargo del BCU.
Un aspecto a tener en cuenta vinculado con estas cuentas especiales que deberán abrir las IIF que ofrezcan el servicio para el cobro de prestaciones de los Sujetos Beneficiados, es el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A diferencia de la situación actual, donde las IIF que brindan servicio de “payroll” conocen a las empresas que pagan las remuneraciones y a sus empleados, bajo el nuevo escenario estarán obligadas a abrir cuentas de personas que no conocen previamente (y cuyos orígenes de fondos no podrán controlar) así como tampoco a los sujetos obligados que pagarán en ellas, ni a las empresas de menor porte que tienen el mismo beneficio. Conforme a lo previsto en la normativa, el BCU reglamentará dicho aspecto, lo cual es de especial relevancia para las IIF conocer.
Los Sujetos Beneficiados deberán optar por alguna de las instituciones habilitadas para abrir cuentas. Una vez realizada la opción, los Sujetos Beneficiados deberán permanecer en la institución donde realizaron la opción durante 1 año, antes de poder cambiar la institución receptora de esta cuenta. En caso que los Sujetos Beneficiados no realizaran la opción, el obligado al pago podrá hacer la opción por él, pero esta decisión podrá ser revertida por los Sujetos Beneficiados con posterioridad.
Los Sujetos Beneficiados gozarán, con independencia del tipo de instrumento en el cual reciban el dinero, de un régimen de inembargabilidad especial, relativo al crédito y no sobre la cuenta. Se deroga el numeral del artículo 381° del Código General del Proceso que hacía inembargables las cuentas para pago del sueldo sin límite de tiempo, y se establece que serán inembargables las sumas acreditadas durante 180 días corridos desde la realización de la acreditación. Se exige a las IIF e IEDE llevar un registro pormenorizado de dichas sumas bajo el artículo 3 de la ley 18.139 (de régimen de pagos de sueldos y pasividades depositados en bancos), y la reglamentación determinará el criterio para computar los saldos como de naturaleza salarial.
La oferta, así como la información sobre el alcance de los servicios y de la Ley se deberán ajustar a las disposiciones de la ley 17.250 (Ley de Relaciones de Consumo), y en particular, ser claras, legibles y de buena fe. El BCU podrá reglamentar la forma para establecer las cuentas y las condiciones informativas a cumplir, en particular en lo referente a las cuentas simplificadas para las empresas de reducida dimensión económica.
El Poder Ejecutivo queda facultado a realizar amplias modificaciones a los mínimos y máximos establecidos a los servicios, así como a las condiciones de acceso a los servicios y a realizar un cronograma de incorporación obligatoria. Es potestad del BCU controlar el cumplimiento de la normativa.
Tengan presente que la Ley prevé que el Poder Ejecutivo podrá regular el precio de las transferencias domésticas entre cuentas dentro de una misma institución o institución distintas y los costos que podrán ser trasladados al público. En particular, el Poder Ejecutivo probablemente monitoreará los costos de las transferencias de una IIF a otra a los efectos del pago de las remuneraciones. Además, se establece que las redes de cajeros automáticos deberán ser interoperables entre redes, en las mismas condiciones que el artículo 14 de la ley 18.910 (Interoperabilidad de los POS) previó para dicha red POS.
Estas disposiciones entran en vigencia con la Ley en general.
Respecto a los débitos automáticos, se impone un régimen a las IIF e IEDE que lo presten, por el cual el consentimiento a los débitos podrá darse de forma contractual, pudiendo optarse por autorizaciones previas (caso a caso, para las cuales el BCU podrá disponer reglas mínimas) o genéricas. En todos los casos los débitos podrán cancelarse hasta el final del día hábil anterior al día del convenio para el débito automático.
Si la operación igualmente se realiza a pesar de carecer de autorización, el ordenante podrá comunicarlo a la IIF o IEDE para que ésta lo rectifique dentro de los cinco días hábiles desde la recepción del reclamo o pruebe que se tenía autorización para el mismo. Vencido el plazo se lo tendrá por aceptado. Este sistema implica una suerte de prueba diabólica para las instituciones, por cuando deberán probar que, teniendo el consentimiento para la operación éste no fue revocado por el cliente. Sin perjuicio de lo anterior, existe el deber de devolver el importe íntegro del débito más los costos financieros y los daños y perjuicios que correspondieren dentro del día hábil desde la confirmación del reclamo.
Estas disposiciones entran en vigencia el primer día del mes siguiente al año de vigencia de la Ley, o sea, el 1 de junio de 2015, pudiendo el Poder Ejecutivo extender dicho plazo por un año adicional.
Se prohíbe a las entidades ofrecer o condicionar la adquisición de productos financieros a la adquisición conjunta de productos no financieros o viceversa, e informarlo al cliente conjuntamente con todos los costos del servicio por escrito. Si la entidad incurriera en infracción, lo abonado se imputará a fin de calcular la tasa de interés implícita de los intereses, así como las sanciones de la ley 17.250.
Estas disposiciones entran en vigencia el primer día del mes siguiente al año de vigencia de la Ley, o sea, el 1 de junio de 2015.
Capítulo 4 – Créditos de Nómina y retenciones – Modificación tope de usura para otros créditos.
La Ley establece un nuevo tipo de crédito, denominado “crédito de nómina” que se puede solicitar a la institución en la cual los trabajadores y pasivos cobren sus haberes. La retención deberá ser autorizada expresamente y mediante documento firmado por el trabajador o pasivo y podrá ser realizada a favor de las IIF (dado que las IEDE no pueden conceder créditos, y por tanto no pueden otorgar créditos de nómina). Se reforman los artículos 1, 2 y 3 de la ley 17.829 (llamada “Ley de Retenciones de Haberes”), de forma tal que el crédito de nómina queda en la misma prelación de retención que los actos cooperativos realizados por sus socios en cooperativas de consumo con autorización legal a retención de haberes. Asimismo, tengan presente que el régimen de intangibilidad de sueldos y pasividades es aumentado progresivamente, desde el 30% del monto nominal actualmente establecido por la ley 17.829, al 50% del monto nominal a partir del 1 de enero de 2018.
El o los créditos de nómina solicitados no podrán significar más del 20% de los haberes mensuales nominales del solicitante, deberán estar nominados en Unidades Indexadas (las “UI”) o en la moneda de pago de los haberes y la tasa de interés implícita no podrá ser mayor a la tasa media de interés de créditos al consumo publicada por el BCU correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación con más un 20% de dichas las tasas medias de interés.
Para los créditos hipotecarios habilitados a retener de haberes y pensiones, el máximo que podrán representar de los haberes mensuales nominales será del 35%. En este caso, y si bien no queda claro que se aplique la misma regla de la tasa media móvil más un 20%, sí se establece que se tomarán los créditos de vivienda y no los de créditos al consumo.
Si bien las disposiciones relativas al crédito de nómina entran en vigencia con la Ley en general, las disposiciones relativas a la facultad de retención sobre sueldo así como su tasa de interés sólo entran en vigencia el primer día del mes siguiente al cumplimiento del año en que se reglamente la Ley.
La operativa del crédito de nómina no impide que las IIF continúen utilizando el mecanismo de débito automático de cuotas de préstamo de las cuentas de clientes en el Banco, pero se generan dudas por el nuevo régimen de débito automático, que permitiría al cliente cancelar dicho débito en cualquier momento.
Como punto importante: siendo aplicable para todos los casos de préstamos inferiores a 2.000.000 UI (excluyendo los créditos de nómina, que tienen su propio topes máximos de interés), la Ley modifica el artículo 11 de la ley 18.212 (llamada “Ley de Usura”) que regula los topes máximos de interés. En efecto, a partir de la Ley la tasa máxima de intereses compensatorios se reduce a la tasa media de interés publicada por el BCU correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación con más un 55% de dichas las tasas medias de interés. Anteriormente dicho máximo era del 60%. Este valor de la UI, así como todos los demás de la Ley, serán referidos al valor de la UI al primer día del mes en que deba ser utilizada.
Estas disposiciones han entrado en vigencia con la Ley en general.
Capítulo 5 – Medidas fiscales, tributarias y Programa de Ahorro Joven
Las instituciones podrán ofrecer abrir cuentas (o convertir cuentas preexistentes) en las nuevas “Cuenta Vivienda” para la participación en el mencionado programa. Estas cuentas no podrán estar en denominadas en moneda extranjera (admitiéndose por tanto la moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables) y para participar en el programa no admitirán retiros desde su apertura hasta su utilización.
Sus titulares deberán ser trabajadores formales (“que esté inscripto en el instituto de seguridad social que corresponda […], ya sea como dependiente o como trabajador que preste servicios fuera de la relación de dependencia”) que tengan entre 18 y 29 años de edad, y deberán depositar mensualmente 500 UI como mínimo durante 18 meses. La normativa no establece en qué condiciones deberá formalizarse el depósito (por ejemplo, si emana de préstamos, pago de nóminas o de depósitos del trabajador).
Estas cuentas podrán ser embargables en la medida que no sean abiertas en el Banco Hipotecario del Uruguay. El programa entrará en vigencia por un plazo de seis años desde la reglamentación de la ley.
Se otorgan subsidios a la adquisición de bienes de confort básico a los tenedores de tarjetas BPS Prestaciones.
Se habilita a las instituciones de seguridad social y a las aseguradoras a obligar a las IEDE y a las IIF a que, cuando ellas paguen indebidamente una prestación de seguridad social, les sean devueltos los fondos acreditados. El artículo no prevé qué entra en el concepto de acreditación “en forma indebida”, por lo que se deberá estar a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Tengan presente que esto podría generar responsabilidad ante los clientes, dado que las IEDE e IIF serán quienes deberán ejecutar la orden.
Respecto a las disposiciones tributarias acompañamos al presente un informe específico sobre dicho tema.
Estamos a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que entiendan conveniente.