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Timestamp: 2018-06-18 16:48:11
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Logocracia: El recurso contra la sentencia en materia de amparo.
El recurso contra la sentencia en materia de amparo.
El derecho al recurso, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano sobre el amparo.
RESUMEN: El Tribunal Constitucional ha acogido como criterio sobre del derecho al recurso en materia de amparo la reciente doctrina de la Suprema Corte de Justicia, la cual desconoce el alcance de la jurisprudencia interamericana sobre la materia.
SUMARIO: I.- Antecedentes, II.- Síntesis de la decisión, III.- El aspecto jurídico a dirimir, IV.- Análisis de la sentencia, V.- Conclusiones.
1.- En una de sus primeras sentencias, la No. 07-2012, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció una serie de “criterios de relevancia”, a partir de los cuales determinará la admisibilidad de las revisiones de decisiones en materia de amparo.
2. - Con tres votos disidentes, el Tribunal Constitucional suscribió, del mismo modo, la doctrina que en los últimos años ha sido enarbolada por la Suprema Corte de Justicia sobre la “configuración meramente legal” del Derecho al Recurso, una de las garantías procesales establecidas en la Constitución de 2010, así como la doctrina de la “no constitucionalidad” del recurso de apelación.
3.- El caso en cuestión enfrentó a una pareja de esposos, uno de los cuales –el marido, Víctor Radhamés Severino Fornet- reclamaba la protección de varios derechos fundamentales relacionados con el goce del patrimonio común, para lo cual interpuso un recurso de amparo que le fue declarado inadmisible por la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, amparada en el art. 70.2 de la Ley No. 137-11, bajo la premisa de que los hechos que constituían una alegada vulneración de sus derechos ocurrieron hace cuatro años.
II. Síntesis de la decisión.
4.- El Tribunal Constitución mediante la sentencia bajo análisis declaró inadmisible el recurso de revisión por dos motivos: a) porque el recurso de revisión carecía de especial trascendencia y relevancia constitucional, debido a que “el recurrente en revisión no ha establecido ante el Tribunal Constitucional las razones por las que, en su caso, queda configurada la especial transcendencia o relevancia constitucional con los elementos anteriormente descritos¨, y b) porque “la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación, con para dirimir conflictos inter partes”, considerando el Tribunal que mientras “sea adecuado y efectivo, especialmente en cuanto a su acceso, el recurso de revisión de sentencias de amparo cumplirá con su finalidad y, por ende, satisfará las condiciones propias del derecho fundamental de recurrir ante este Tribunal Constitucional, dentro de los parámetros establecidos en nuestro orden constitucional y los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Dominicano”, c) el tribunal considera que esa concepción que ha asumido del recurso de revisión no vulnera el derecho fundamental de recurrir ante un juez o tribunal superior, “ya que este derecho no debe interpretarse en el sentido de consagrar la obligatoriedad del recurso de apelación en todas las materias, incluyendo la revisión de las sentencias ante el tribunal constitucional”, añadiendo el máximo interprete de la Constitución que de la lectura de los artículos 69.9 y 149, Párrafo III de la Constitución, y en especial de las reservas de que el recurso sea “de conformidad con la ley” y “sujetos a las condiciones que establezcan las leyes”, se infiere “que nuestra Carta Magna ha dejado al legislador la posibilidad de regular, limitar e incluso restringir el derecho a un recurso mediante una disposición de tipo adjetivo”.
5.-En adición a lo anterior, el Tribunal Constitucional consideró que el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) “consagra un derecho genérico a recurrir que no implica necesariamente un recurso de apelación”, al igual que el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que a juicio del Tribunal “consigna la posibilidad de someter el asunto a la consideración” de un “tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Según el TC, “se colige entonces que ambos tratados internacionales, ratificados por la República Dominicana, disponen que el Estado habilite un recurso ante el juez o tribunal superior, sin llegar a requerir la adopción de una naturaleza procesal particular, dejando a la ley interna la facultad de establecer su reglamentación. Por tanto, como se ha señalado, el Estado puede regular ese recurso e incluso limitarlo y restringirlo”.
6.- Para apuntalar su concepción sobre no ¨falta de obligatoriedad del recurso de apelación en todas las materias”, el Tribunal Constitucional citó algunos de los numerales de la memorable sentencia del caso “Herrera Ulloa vs Costa Rica”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa decisión el tribunal citó que “El derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.” (sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158); y, de otra parte, que: “Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida.” (ibid., párr. 165)”.
7.- En base a esas citas de Herrera Ulloa vs Costa Rica, el Tribunal Constitucional dominicano estableció que “se advierte en dicho fallo que el recurso persigue la protección del derecho de defensa para contrarrestar la posibilidad de perjuicios a los derechos fundamentales del recurrente, sin referirse al tipo de recurso ni a su denominación ni ámbito sino a su alcance”.
8.- En el mismo empeño por justificar la inadmisibilidad de la revisión del amparo sometida a su consideración, el Tribunal Constitucional citó tres sentencias de la anterior Suprema Corte de Justicia, en las que el alto tribunal negó el carácter constitucional del recurso de apelación. Las sentencias citadas fueron: a) la sentencia de fecha 12 de agosto de 2009, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia indicó que “no existe ningún texto constitucional que prescriba como regla general los dos grados de jurisdicción en ninguna materia”, y que, “en consecuencia, el doble grado de jurisdicción no reúne las características necesarias para alcanzar la categoría del orden constitucional”; b) la sentencia del 2 de junio de 2010, en la que la Sala Penal de la SCJ “indicó que el recurso de apelación no tiene categoría constitucional; criterio que, según dicha Sala, no colide con lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto la instancia revisora más elevada no necesariamente debe ser una corte de apelación”; c) y, la sentencia de fecha 11 de agosto de 2010, la misma Sala Penal reiteró el criterio de que el recurso de apelación no tiene carácter constitucional, ya que “en virtud de la ley, el tribunal superior que debe examinar la sentencia, en la especie, es la Suprema Corte de Justicia, y no una corte de apelación; por lo que procede rechazar la solicitud de inconstitucionalidad propuesta”, agregando que dicho parecer “no colide con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que toda decisión judicial debe ser objeto de examen por un tribunal superior, en razón de que esa instancia revisora más elevada no necesariamente debe ser una Corte de Apelación, como algunos sostienen, sino que podría estar reservada esta misión a la Suprema Corte de Justicia.”
9.- Finalmente, el máximo interprete de la Constitución y del Bloque de Constitucionalidad del país concluyó la sentencia estableciendo que “en consecuencia, este Tribunal Constitucional estima atinado el principio jurisprudencialmente admitido y reiterado por la Suprema Corte de Justicia, del cual se infiere que para satisfacer los requerimientos del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es necesario que el Tribunal Constitucional funja como “tribunal de apelación”, sino que basta con que se revise efectivamente la sentencia impugnada y verifique que no exista violación a los derechos fundamentales en la especie”.
III.- El aspecto jurídico a dirimir.
10.- En su sentencia 07-2012, el Tribunal Constitucional ha establecido un criterio sumamente preocupante para el ejercicio del derecho fundamental al recurso en la República Dominicana, pues el guardián de la Constitución ha suscrito la doctrina sobre el derecho al recurso elaborada en los últimos años por la Suprema Corte de Justicia, y que, como vamos a demostrar, se aparta de los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
11.- Aparentemente reaccionando a planteamientos que luego se materializaron en el voto disidente de los jueces Hermógenes Acosta de los Santos, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Jottin Cury David, el Tribunal Constitucional ha insistido en la sentencia comentada en la “configuración legal” del recurso contra las decisiones judiciales, la “no constitucionalidad” del recurso de apelación; que ese recurso “persigue la protección del derecho de defensa” e, incluso, que basta que el recurso sea “adecuado y efectivo”, en cuanto a su acceso, para que satisfaga las condiciones propias del derecho fundamental a recurrir.
12.- Es evidente, que resulta necesario analizar, a la luz de los precedentes citados en la propia decisión del Tribunal Constitucional, en especial de “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, si la doctrina sobre la naturaleza del derecho al recurso que se ha planteado en esta sentencia es concordante y satisface los requerimientos establecidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que interpreta y aplica el Pacto de San José, y cuyas decisiones son de aplicación directa e inmediata en la República Dominicana.
IV.- Análisis de la sentencia
13.- En su sentencia, el Tribunal Constitucional recogió en forma muy parcial los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs Costa Rica”, citando únicamente dos párrafos, los números 158 y 165, para de esa forma “fundamentar” su rechazo al criterio que permitiera asimilar la revisión de una sentencia en materia de un amparo a un recurso de apelación.
14.- El Tribunal Constitucional obvió citar el párrafo 161 de la citada sentencia, en el que la Corte, con sede en Sam José, Costa Rica, estableció lo siguiente: “De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual el juez o tribunal superior procure la corrección de las decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de un recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos”. (Subrayado nuestro)
15.- Es decir, que para la Corte Interamericana el recurso contra la sentencia condenatoria tiene que ser un recurso ordinario y, aunque la Corte se cuida de no formular el nomen juris del recurso, sin embargo, reconoce que el recurso de casación existente para entonces en Costa Rica –similar al recurso de apelación del Código Procesal Penal dominicano- no satisfacía los requisitos del art. 8.2.h de la Convención Americana, en tanto no permite un examen integral de la sentencia, sino un examen limitado.
16.- Como se sabe, la sentencia Herrera Ulloa cita los precedentes de los dictámenes del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, en los casos de Gómez Vásquez vs. España, del año 2000, y Sineiro Fernández vs España, del año 2003, en los que establece que el recurso de casación, en la medida en que sólo permite la revisión de los aspectos formales, la quaestio juris, los errores in procedendo e in judicando de las sentencias, no satisface los requisitos del derecho al recurso contemplado en el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
17.- La propia cita realizada por el Tribunal Constitucional del párrafo No. 165 de la sentencia Herrera Ulloa debió alertar al máximo interprete de la Constitución dominicana de que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el recurso debe “garantizar un examen integral de la decisión recurrida”, se refería, sin mencionarlo, a un recurso que, como el de apelación, permita la revisión de los hechos y el derecho de la decisión impugnada.
18.- La sentencia Herrera Ulloa, de julio de 2004, trajo como consecuencia inmediata que Costa Rica, al año siguiente aprobara la denominada “Ley de Apertura de la Casación” -el único recurso existente en esa época contra las sentencias-, quedando insatisfecha posteriormente la Corte con los resultados de esa reforma, que no sentaron las bases para la revisiones amplias e integrales de las sentencias en esa nación. Finalmente, Costa Rica, a mediados de 2010, aprobó la ley que creó el recurso de apelación y los tribunales de apelación, los cuales comenzaron a operar el 11 de diciembre de 2011.[i]
19.- Es decir, que aunque la sentencia Herrera Ulloa no dice, en forma expresa, que el recurso contra la sentencia debe ser un recurso de apelación, al indicar que este debe ser un recurso ordinario, que permita debatir todas las cuestiones planteadas en el juicio, de forma amplia e integral, está dejando claro que si un recurso, no importa el nombre que lleve, no permite la revisión del cuadro fáctico de la sentencia, no satisface los requisitos del 8.2.h. de la Convención.
20.- A diferencia de lo que ha acontecido en nuestro país, en la República de Argentina, la sentencia “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, fue inmediatamente asimilada jurisprudencialmente en varios fallos de la Corte Suprema de esa nación, especialmente en el memorable “Fallo Casal”, así como en los fallos “Romero Cacharane” y “Martínez Areco”, entre otros. Argentina también códigos procesales penales de única instancia, con juicio oral y casación, pero allí los jueces han comenzado a revisar los hechos de las sentencias cuando son propuestos por las partes.
21.- Así, al cerrar filas con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia sobre la naturaleza “no constitucional del recurso de apelación”, el Tribunal Constitucional se ha adherido a una concepción del recurso que más que recoger el sentido y alcance que le ha atribuido la Corte Interamericana a esa garantía judicial, se inscribe y remonta a una vieja polémica entre ex jueces del más alto tribunal del orden judicial sobre la estirpe constitucional de la apelación y que en nada han beneficiado al “derecho de defensa de los derechos fundamentales”, que buscaría proteger la garantía constitucional que entró a nuestro bloque de constitucionalidad de la mano del PIDCP y de la CADH.
22.- A nuestro modo de ver, el rango constitucional del recurso de apelación se deduce del hecho de que, aún sin mencionarlo, la Corte Interamericana ha descartado al recurso de casación como compatible con el 8.2.h de la Convención, estableciendo que el recurso contra la sentencia debe ser ordinario y que permita la revisión de los aspectos de hecho y de derecho de la decisión impugnada. ¿Existe un recurso diferente al de la apelación tradicional que cumpla con ese cometido?.
23.- La resistencia de amplios segmentos judiciales en reconocer que la “apelación” del Código Procesal Penal es una casación pura y simple, y no una “mini-casación”, como eufemísticamente se le denomina, y que, por consiguiente, no satisface los requisitos establecidos en Herrera Ulloa para que respete el derecho al recurso, a la luz de la Convención, mantiene incólume el sistema de única instancia penal establecido por el CPP.[ii]
24.- Del mismo modo, la afirmación del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 07-2012, en el sentido de que “el Estado puede regular ese recurso e incluso limitarlo y restringirlo”, ya había sido respondida en 2004, cuando la CIDH estableció que “si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de un recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo”.[iii]
25.- A ésta altura del análisis, lo que deberíamos preguntarnos es si, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH) y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los criterios de relevancia constitucional y su concepción del recurso de revisión de las sentencias de amparo, satisfacen los requisitos establecidos en ese tratado y por la misma Corte sobre el recurso de amparo.
26.- Como se sabe, la CADH establece, en su artículo 25, que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.[iv]
27.- En virtud de ese artículo, los Estados partes de la CADH, entre los que se encuentra la República Dominicana, se han comprometido a hacer lo siguiente:
28.- Para la doctrina latinoamericana de los Derechos Humanos, el “recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo” que sirvan para “amparar contra actos que violen sus derechos fundamentales”, no es otra cosa que el recurso de amparo, aunque algunos autores consideran que el de habeas corpus cumple con la misma función, en los casos en los que el derecho fundamental conculcado o amenazado sea la libertad.[v]
29.- “El artículo 25 (de la Convención) consagra el derecho de un individuo a que sus derechos humanos sean protegidos en el ámbito nacional, de una manera sencilla, rápida y efectiva, lo que se conoce en nuestro continente como el derecho a un recurso de amparo”, ha sostenido la jueza Medina Quiroga, de la Corte Interamericana.[vi]
30.- Ese recurso rápido, sencillo y efectivo ha sido consagrado por la Constitución dominicana de 2010, en su artículo 72, que establece lo siguiente:
Art. 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por al hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantiza los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”.
31.- Es decir, que el artículo 72 de la Constitución de 2010 ha recogido, bajo el nomen juris de amparo, a ese recurso rápido, sencillo y efectivo que ya formaba parte del ordenamiento constitucional dominicano, por la vigencia de la Convención Interamericana, y que legalmente había sido organizado por la Ley sobre Amparo.
32.- La competencia del Tribunal Constitucional para conocer de los amparos contra sentencias definitivas, en única instancia, o de las revisiones de sentencias de amparos ordinarios o de cumplimiento, en segunda instancia, no le viene dada por la constitución, sino por la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
33.- Ahora bien, la Corte Interamericana, desde la década de los novena, ha venido sosteniendo que el artículo 25 de la CADH (fundamento convencional del amparo) forma un “todo inescindible” con el artículo 8 del Pacto de San José, que establece las garantías judiciales de la que son titulares todas las personas que habitan en las naciones que han ratificado la Convención.[vii]
34.- En ese sentido, en el caso “Hilaire, Constantine y Benjamin vs. Trinidad y Tobago”, la Corte IDH expresó que:
“…para que se preserve el derecho a un recurso efectivo, en los términos del artículo 25 de la Convención, es indispensable que dicho recurso se tramite conforme a las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de la Convención, incluyendo el de la asistencia letrada”. [viii]
35.- El criterio de la inseparabilidad de los art. 25 y 8 de la CADH, ya había sido planteado por la Corte IDH en las opiniones consultivas OC-9/87, sobre “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, del 6 de octubre de 1987, y la OC-16-99, sobre “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal¨, del 1ro. de octubre de 1999.
36.- Del mismo modo, la Corte ha reiterado la necesidad que los Estados cumplan con su obligación de respetar y garantizar todos y cada uno de los derechos consagrados en la Convención. En el caso “Barrios Altos vs. Perú”, la Corte Interamericana expresó:
“La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones consagradas en los artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención”.[ix]
37.- Del mismo modo, en el caso el ex juez y presidente de la Corte IDH, Antonio Cancado Trindade, ha planteado que la vínculo existente entre el recurso efectivo (amparo) y el debido proceso, forman parte del jus cogens[x], y lo plantea de la manera siguiente:
“La indisociabilidad que sostengo de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías en el sentido de los artículos 25 y 8, tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualquieras circunstancias, conforma un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens) y acarrean obligaciones erga omnes de protección”.[xi]
38.- Lo que la Corte y la doctrina han dicho, en otras palabras, es que la efectividad del recurso previsto en el artículo 25 de la Convención (que la Constitución dominicana denomina amparo) “depende de su trámite a la luz del respeto de las garantías judiciales señaladas en el artículo 8”.[xii]
39.- Una de las principales garantías judiciales establecidas en la Convención Americana es el “derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior”[xiii], garantía que, como bien se señala en la sentencia 07-2012 del Tribunal Constitucional dominicano, ha sido definida en sus alcances por la sentencia “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”.
40.- Pero, como bien la señalado la Corte, no basta con que el recurso exista, de manera formal, sino que el recurso debe ser efectivo, y su efectividad está vinculada a que la decisión del juez o tribunal pueda ser revisada, en forma amplia e integral, en hechos y el derecho, por un juez o tribunal superior.
V.- A modo de conclusión.
41.- Aunque en los párrafos anteriores, no hemos analizado los criterios de ¨relevancia constitucional” que el legislador dominicano ha puesto como requisito de admisibilidad del amparo contra sentencias y para la revisión de las sentencias de amparos ordinarios, lo que debería el Tribunal Constitucional preguntarse es si ese ¨requisito”, copiado de la larga experiencia constitucional del Tribunal Constitucional de España, no podría considerarse como uno de los obstáculos que el art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos ordena remover a los Estados para ¨hacer efectivos” los derechos y libertades consagrados en la CADH.
42.- Ahora bien, si resulta necesario que se discuta y precise si la concepción del Tribunal Constitucional de que el recurso de revisión de las sentencias de amparo, incoados en virtud de lo establecido en la Ley 137-11, “no representa una segunda instancia” o “recurso de apelación”, porque esto pudiera suponer un desconocimiento de las garantías judiciales establecidas en el art. 8 de la Convención y el contenido que a las mismas les ha conferido la Corte IDH, sobre todo en relación con el “recurso efectivo”, que en nuestro caso es el amparo.
43.- Particularmente, entendemos que el recurso de amparo ha sido concebido para resolver los casos concretos de violación o de amenaza de vulneración de derechos fundamentales, provengan de agentes del Gobierno, de los propios jueces y de particulares. Y que, tal como se ha establecido en la jurisprudencia interamericana, ese “recurso rápido y sencillo”, para que sea materialmente efectivo se tiene que instruir respetando todas las garantías procesales, entre ellas la posibilidad de que la primera decisión que intervengan sobre el caso sea revisada amplia e íntegramente por un juez o tribunal superior.
44.- Y en ese sentido, estimo que, a la luz de lo precedentemente expuesto, queda claro que los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para rechazar la revisión del recurso de amparo incoado por el señor Víctor Radhamés Severino Fournet, sobre la base de que no ese recurso no es una ¨doble instancia”, plegándose a la deficiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la ¨no constitucionalidad” de la apelación y la supuesta compatibilidad de esta con la Convención Americana, se aparta y desconoce, como lo hemos demostrado en los párrafos anteriores, el alcance de la jurisprudencia interamericana le ha conferido al “derecho a un recurso efectivo” y a las “garantías judiciales”, y se distancia mucho del sentido que la Corte IDH le ha dado a “inescindible relación” que existe entre los artículos 25 y 8 de la Convención, que forman parte del derecho interno dominicano, como normas de rango constitucional.
[i] Costa Rica presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre de 2011, su informe de cumplimiento definitivo de la sentencia “Herrera Ulloa”, que le ordenó adecuar su recurso contra la sentencia penal a los requisitos establecidos en el art. 8.2.h, de la CADH.
[ii] El CPP estableció un sistema de instancia única, con juicio oral y revisión de los aspectos formales de la sentencia. En la “apelación” dominicana no se revisan los errores de hecho o la determinación de los hechos probados, sino simplemente los errores de procedimiento (error in procedendo) y el error en la aplicación de una norma jurídica (error in judicando), que son los errores a los que siempre se ha limitado la casación.
[iii] Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párrafo 161.
[iv] El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su art. 2.3. a) ha establecido que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.
[v] Acosta Alvarado, P. El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia interamericana, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Bogotá, 2007, pág. 55.
[vi] Corte IDH, Caso Gómez Palomino vs. Perú, voto concurrente, párr. 3.
[vii] República Dominicana no sólo ratificó la CADH, el 19 de abril de 1978, sino que reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el 25 de marzo de 1999, por lo que las sentencias de ese órgano del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, forman parte de nuestra jurisprudencial y sus interpretaciones son de aplicación directa e inmediata en el país.
[viii] Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, del 21 de junio de 2002.
[ix] Corte IDH, caso Barrios Altos vs. Perú, párrafo 43.
[x] La expresión “jus cogens” alude a normas de derecho internacional que se consideran imperativas y que tornan nulas cualquier otra norma o actuación que se les opone o las limita.
[xi] Citado por Acosta Alvarado, op. cit., pág. 89
[xii] Acosta Alvarado, op. cit., pág. 38
[xiii] Art. 8.2, h de la CADH.