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Timestamp: 2016-12-04 16:13:50
Document Index: 283852255

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[Sentencia C-987/10]- Constitucionalidad contra los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991- se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política | laboralparatodos.com
[Sentencia C-987/10]- Constitucionalidad contra los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991- se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
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A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada y se subrayan los apartes demandados. DECRETO 2591 DE 1991
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. ARTICULO 33. REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses. III. LA DEMANDA
El demandante explica que tanto el artículo 32 como el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, hacen referencia al carácter eventual de la selección de las tutelas para revisión por parte de la Corte Constitucional. En efecto, el artículo 32 en mención hace referencia a la obligación del juez que conoce de la impugnación de la acción de tutela de enviar dicho fallo a la Corte Constitucional, con el fin de que este Tribunal considere su eventual selección para revisión. De otro lado, el artículo 33 referido describe parte del proceso que la Corte deberá adelantar para la selección de las tutelas que serán objeto de revisión, del cual se concluye por supuesto, que algunas tutelas no se seleccionarán. En el anterior contexto el actor afirma que el hecho de que la revisión de los fallos de tutela sea eventual, es decir que se seleccionen sólo algunos fallos para revisar y otros no, implica una clara vulneración del principio de igualdad. Para el ciudadano demandante “todos los ciudadanos colombianos tenemos pleno derecho a exigir la revisión, sin exclusión de una tutela”.
ARTICULO 33. REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses. IV. intervenciones
No obstante lo anterior, el Interviniente afirma que si la Corte Constitucional encuentra que no hay lugar a la inhibición, entonces sobre los contenidos demandados por las razones que describen el cargo, se ha configurado cosa juzgada, a partir de las sentencias C-018 de 1993, C-054 de 1993 y C-1716 de 2000 mediante las cuales la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 32 y 33 hoy acusados. Así, la intervención consigna in extenso los apartes de dichas sentencias en los se explica que ninguna cláusula constitucional establece la obligatoriedad de la selección de todas las tutelas para efectos de revisión, y por el contrario la misma Constitución establece que la revisión será eventual. De otro lado, los mencionados precedentes explican que la eventualidad de la revisión no significa que la selección de casos para revisión sea al azar, sino que a la selección subyace un proceso de análisis a partir del cual se decide cuáles casos se revisan y cuáles no. De lo que se concluye que la selección de casos singulares no es un derecho de ninguna de las partes del proceso de tutela, ni tampoco de los jueces que los han decido. De otro lado, la función integradora y unificadora de la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantiza el respeto por el principio de igualdad, pues en virtud de él existe la obligación de aplicar la jurisprudencia constitucional a casos iguales. Por lo anterior el Ministerio del Interior solicita que la Corte se esté a lo resuelto en las sentencias C-018 de 1993, C-054 de 1993 y C-1716 de 2000.
De otro lado recalca que lo anterior tiene como fundamento establecer la revisión eventual como mecanismo de unificación y producción de jurisprudencia constitucional, y no la consideración de que se requiera una tercera instancia para la acción de tutela. Tanto es así –continúa- que recientemente el legislador dispuso la misma modalidad para el Consejo de Estado en relación con las acciones populares y de grupo. 3.- Intervención del Instituto colombiano de Derecho Procesal.
Para el Instituto interviniente, el actor confunde el hecho de que la Corte Constitucional decide de manera discrecional cuáles sentencias revisa y cuáles no. 4.-Intervención ciudadana.
Explica el ciudadano que el sentido de la revisión de tutelas corresponde a la misión de nuestro tribunal constitucional de unificación jurisprudencial y el correspondiente establecimiento de precedentes, para lo cual no se requiere que la selección de fallos se disponga en todos los casos. En este orden, recuerda que es la misma Constitución la que dispone que el carácter de revisión sea eventual, así que establecer una modalidad distinta como la que pretende el demandante, implicaría vulnerar el artículo 86 Superior. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En opinión de la Vista Fiscal, el problema planteado por el actor, consistente en que se vulnera el principio de igualdad al permitir que se revisen sólo algunas tutelas y otras no, ya fue resuelto por la Corte en las sentencias mencionadas C-018 de 1993 y C-1716 de 2000, en sentido de declarar su exequibilidad. Por lo que es deber de este Tribunal aplicar el principio de stare decisis, ante la configuración del fenómeno de Cosa Juzgada. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
6.- De lo anterior se concluye en primer término que el actor ha logrado plantear un problema de constitucionalidad, a partir del cual se configura un cargo, en los términos planteados en el párrafo anterior por lo cual no procede la solicitud de los intervinientes que solicitan un pronunciamiento inhibitorio. En segundo término, ante la conclusión de la mayoría de quienes intervinieron en el proceso, y así del Ministerio Público, sobre la existencia de cosa juzgada en relación con la norma y el cargo propuesto en la actualidad; antes de establecer si el actor tiene la razón o no, esta Sala Plena debe previamente determinar si sobre las normas acusadas, en relación con el cargo propuesto en la actualidad, la Corte ya se pronunció. Esto con fin de aclarar si existe Cosa Juzgada.
Para la anterior se recordará primero brevemente la descripción del fenómeno de la Cosa Juzgada en materia de control de constitucionalidad y luego de ello se estudiará si el problema propuesto en la presente oportunidad ya fue resuelto por esta Corte, y si ello es así se consignará qué términos se hizo. Cosa Juzgada en materia de control de constitucionalidad
6.- En términos generales ha dicho la Corte Constitucional que existe Cosa Juzgada “… cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a estudio…” . Frente a lo que al Juez constitucional no se le permite volver a estudiar la norma. Sin embargo, la Corte ha insistido también en que si en la declaratoria de exequibilidad se expresa la limitación de su pronunciamiento a los cargos estudiados, entonces la norma pueda ser considerada nuevamente en aquellos aspectos que no hicieron parte de los cargos del primer estudio .
De este modo, según la jurisprudencia de la Corte, el fenómeno de Cosa juzgada se configura bajo dos requisitos: (i) que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior; y (ii) que se proponga dicho estudio por las mismas razones (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), ya estudiadas en una sentencia anterior. Esto es, sólo en presencia de estas dos condiciones se genera a su vez una obligación, cual es la de estarse a lo resuelto en la sentencia anterior . Configuración de Cosa Juzgada en el caso objeto de estudio.
En primer término se ha dicho que “es más importante, en razón de su contenido y alcances, la revisión eventual que la obligatoria, porque justamente la labor de la Corte en materia de tutela es de orientación, consolidación de la jurisprudencia y pedagogía constitucional, todo lo cual se logra más eficientemente con unos fallos preseleccionados por su importancia y su carácter paradigmático, que con toda una suerte de sentencias obligatorias y numerosas, la mayoría de las cuales terminarían siendo una repetición de casos idénticos, que convertirían a la Corte Constitucional en una tercera instancia ahogada en un mar de confirmaciones de sentencias.” De otro lado el demandante se queja de que queda sin revisión una cantidad importante fallos, sobre lo que ha dicho la Corte que “ello no quiere decir que los involucrados en esos casos estén ´en el limbo a donde no llega la aplicación de justicia´, pues las razones para ‘descartar’ un expediente, tal y como puede deducirse de la explicación anterior, no tienen que ver con criterios discriminatorios, el azar o la ligereza en el examen de los casos.” 9.- En este orden, en la sentencia C-1716 de 2000 se explicó lo siguiente: “Cada uno de los fallos que llega a la Corte es estudiado, pero no todos ameritan revisión, y la razón es simple: la gran mayoría de ellos contiene decisiones de instancia que son correctas, y la protección de un derecho, o su negación, han sido ordenadas de acuerdo con la Carta y la jurisprudencia de esta Corporación. En esa medida, resultaría inoficioso, y contrario a los principios de igualdad, economía y eficiencia, que la Corte se pronunciara expresamente sobre cada uno de los casos que le son remitidos. Con esta explicación se aclara entonces, el error en que incurre el demandante cuando estima que, al no pronunciarse la Corte sobre cada uno de los casos, se está aplicando la justicia selectiva y discrecionalmente, y nunca se sabrá si los jueces de instancia actuaron de acuerdo con la Constitución cuando profirieron aquellas decisiones que la Corporación no revisa profundamente; a través del mecanismo descrito, la Corte revisa a fondo cada una de las decisiones que a ella llegan y, si detecta la vulneración de algún derecho o principio fundamental, que no fue identificada por el juez de instancia, o la orden impartida por este último no restablece por completo los derechos vulnerados, retoma el caso y se pronuncia expresamente para subsanar el error.” En el mismo sentido se sostuvo:
En esas ocasiones, el efecto jurídico de la no selección es concretamente el de la firmeza del fallo correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado.” 11.- Por último en la citada sentencia C-1716 de 2000, se sistematizaron las razones por las cuales el carácter eventual de la revisión de los fallos de tutela no vulnera el principio de igualdad y resulta acorde a la Constitución:
“…cada uno de los expedientes de tutela que se presenta en el país, es examinado por la Corte; cuando en el caso, por ejemplo, el juez de instancia ha estimado que las pretensiones del actor no proceden porque existe otro mecanismo para la solución de la controversia, la Corte no “pasa de largo”; ha reiterado “que frente al objetivo prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por vía judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal, que compararla con los postulados de la Constitución. La existencia del medio judicial alternativo, suficiente para que no quepa la acción de tutela debe apreciarse en relación con el derecho fundamental de que se trata, no respecto a otros. Es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisión, en el caso concreto cual es el derecho fundamental sujeto a violación o amenaza para evitar atribuirle equivocadamente una vía de solución legal que no se ajusta, como debería ocurrir, al objetivo constitucional de protección cierta y efectiva.” Es así como la Corte en revisión ha revocado innumerables fallos de instancia que negaban la protección por existencia de un medio judicial ordinario, pues resulta ineficaz, ya que la espera que tendría que soportar el afectado es excesiva, o el resultado previsible no compensa el daño sufrido en los derechos fundamentales del actor. En segundo término, el hecho de no pronunciarse de fondo sobre cada uno de los casos que se presenta en el país, no viola la igualdad pues, como se explicó anteriormente, no se justifica hacerlo en todos los casos, porque no todos están en idénticas o siquiera similares condiciones: algunos son fallados en contra de la Constitución o la doctrina de la Corte, y otros no y, por lo tanto, sólo los segundos merecen una nueva sentencia. Tercero, cuando las pretensiones en un caso de tutela se desestiman por razón de existir un mecanismo ordinario idóneo para dirimir la controversia planteada por la demanda, y la Corte considera que la decisión se ajusta a derecho, no se viola derecho o principio alguno sino, por el contrario, se cumple la ley y se desarrolla la Constitución. Como se dijo anteriormente, la tutela tiene carácter subsidiario (art. 86 C.P. y art. 6 D. 2591) y por esta característica de su naturaleza, sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial apto para obtener la protección de su derecho. No es una instancia paralela ni adicional, ni puede ella suplantar los mecanismos especiales existentes, sino debe respetarlos, y es preciso que el juez reconozca que hay un procedimiento previsto por el legislador que impide la aplicación de la tutela, so pena de vulnerar la Constitución. Esta Corte ha reiterado que el núcleo esencial del debido proceso consiste en el respeto de las formas propias de cada juicio; es “el conjunto de garantías que procuran la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio y se logre la aplicación correcta de la justicia. Para que la protección del debido proceso sea efectiva, es necesario que las pautas procesales estén previamente definidas por el legislador, pues, de lo contrario, la función jurisdiccional quedaría sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de solucionar los conflictos de los asociados y de resolver sobre la interdependencia de sus derechos. La previa definición legal de los procedimientos que constituyen el debido proceso ha sido llamada por la Carta Fundamental como “formas propia de cada juicio”, y constituye la garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces o de la administración, se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”. De tal manera que, cuando el juez y la Corte encuentran en la ley un mecanismo especial idóneo para restablecer el derecho del actor o hacer efectivas sus justas pretensiones, deben remitirlo a hacer uso de él, para preservar el orden jurídico y la especialidad de la jurisdicción, pero sobre todo, el debido proceso. Las anteriores consideraciones aclaran las inquietudes del demandante sobre el proceso de selección de las tutelas en la Corte Constitucional, y refuerzan los argumentos expresados en su oportunidad sobre la exequibilidad de la palabra “eventual” que pertenece al artículo demandado.” 12.- Con base en los anteriores argumentos, tanto en la sentencia C-018 de 1993 como en la C-1716 de 2000 se resolvió declarar exequibles los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991 en los siguientes términos:
ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-018 de 1993 y C-1716 de 2000, en las que se declararon EXEQUIBLES los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.