Source: https://www.scribd.com/document/370150185/8-acceso-a-la-justicia-pdf
Timestamp: 2019-03-21 17:52:59
Document Index: 103041073

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 55', 'Artículo 106', 'Artículo 43']

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Concejo Electoral 22 Sitionuevo Magd
Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales;
Tomás Vial Solar (editor general) / Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile
Santiago de Chile: la universidad: Centro de Derechos Humanos, Facultad de
Derecho de la universidad, 2017, 1ª edición, p. 472, 15 x 23 cm.
Dewey: 341.4810983
Cutter: In38
Incluye presentación de los Dres. Tomás Vial Solar y Lidia Casas Becerra
directora del Centro de Derechos Humanos de la universidad, notas al pie de página
y biografías de los autores del informe 2017.
Chile. Derechos Humanos.
Derecho al agua potable. Chile.
Empresas, aspectos sociales.
Derechos del niño. Chile
Personas LGTBI. Aspectos jurídicos.
Inmigrantes, situación jurídica.
Multiculturalismo, Chile.
Identidad cultural. Chile.
INFOR ME A NUA L SOBR E DER ECHOS HUM A NOS EN CHILE 2017
©VV.AA.
©Ediciones Universidad Diego Portales, 2017
ISBN 978-956-314-392-8
Teléfono (56-22) 676 2601
Editor general: Tomás Vial
Edición: Vicente Parrini
Diseño: Marisol González
Impreso en Chile por Salesianos Impresores S.A.
Licencia Creative Commons: Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: Los artículos
de este libro se distribuyen bajo una Licencia Creative Commons. Pueden ser reproducidos,
distribuidos y exhibidos bajo la condición de reconocer a los autores / las autoras y mantener
esta licencia para las obras derivadas.
Las opiniones, análisis, conclusiones o recomendaciones expresadas en los artículos correspon-
den a las y los autores.
1	Capítulo elaborado por Macarena Vargas y Ricardo Lillo. Este trabajo contó con la co-
laboración de Claudio Fuentes, profesor Facultad de Derecho Universidad Diego Por-
tales. Agradecemos también la participación de los siguientes alumnos: Giselle Carter,
Ignacio Fuentes, Gabriela González y Daniela Soto.
en consecuencia. PALABRAS CLAVE: acceso a la justicia. un incumplimiento de las obligaciones in- ternacionales asumidas por el Estado. no logran ser conocidos por parte de la justicia ordinaria. justicia civil. y que potencialmente no deberían representar mayor com- plejidad para el sistema. normalmente asociada a la resolución de un conflicto o disputa de relevancia jurídica. Ello representa una seria limitación al derecho de acceso a la justicia y. 355 . una serie de asuntos de alta prevalencia entre la población. es el objetivo del trabajo que a continuación se presenta. por ra- zones de diversa índole. Caracterizar este tipo de conflic- tos y analizar el nivel de cumplimiento de aquellos estándares fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al respecto. necesidades legales insatisfechas. en nuestro país. Sin embargo.SÍNTESIS El acceso a la justicia es un derecho fundamental que exige a los Esta- dos garantizar que todos los ciudadanos que así lo requieran puedan recurrir al sistema de justicia y obtener una respuesta efectiva a una necesidad legal.
2 En el capítulo del año 2008. los que más tarde dieron origen a la elaboración de una serie de mejoras nor- mativas. “Herramientas de Ges- tión Judicial para los Juzgados de Familia”. sino también de su funcionamiento concreto. pp. en 2005. Para mayor información. los Tribunales de Familia. En ese artículo se llamó la atención sobre diversos problemas en su implementación. junto con desarrollar conceptual- mente el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental. 2013. 1. 3	Informe 2008. dejaban en evidencia importantes desigualdades en la cobertura y calidad de sus servicios.3 Finalmente. Se señalaba que las corporaciones de asis- tencia judicial. a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19. 137 a 159. Revista de Derecho (Universidad Católica de la Santísima Concepción). por razones técnicas. Se destacaba. N° 25. operativas y de financiamiento. 175 a 206. En cada uno de ellos se han analizado diversos aspectos del sistema de justicia para brindar un estudio acabado no solo de los estándares normativos. aunque permitieron aumentar los niveles de acceso a sectores desaventajados. se analizaron los diversos mecanismos nacionales para brindar asis- tencia jurídica gratuita. también.968 que creó. 2008 y 2010. Vol. se han destinado ca- pítulos para analizar el cumplimiento de los estándares desarrollados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia. no permitían dar pleno cumplimiento a las normas internacionales y constituciona- les. En el Informe 2007 se examinó la entonces reciente reforma a la justicia de familia.155-181. Pedro García. 357 . 2012. pp. la irrupción de figuras como la Defensa Penal Pública y las Oficinas de Defensa Laboral (ODL) que. véase también: Ministerio de Justicia.INTRODUCCIÓN En los Informes de los años 2007. en el Informe 2010 se evaluó el cumplimiento de están- dares internacionales en materia de acceso a la justicia para mujeres 2	Informe 2007. pp. Antecedentes Generales Ley 20.286. los abogados de turno y el privilegio de pobreza.
Nos centraremos en un aspecto específico y poco explorado en nuestro país: el nivel de acceso al sistema de justicia civil. para la adecuada protección de los derechos de las afectadas no basta solo con la existencia de una ley. en los juzgados de policía local. mientras los casos donde se discuten controversias de ciudadanos comunes y corrientes –como un problema de arriendo– representan una bajísima proporción de la carga de trabajo de los tribunales civiles. por causas de infracción a la ley del tránsito y no pago del peaje electrónico (TAG). por lo general.4 En el actual Informe. no son sensibles o no recogen las particularida- des de este tipo de asuntos. un ciudadano de a pie desconoce. Entendemos por justicia civil en un sentido amplio. mientras que los problemas que afectan a los consumidores –una de las materias de competencia de estos tribunales– no alcanzan siquiera al 1. 183 a 212. a conflictos cotidianos –lo que se ha denominado pequeñas causas– como problemas por productos defectuosos. Nos referimos. sino que es necesario que se produzca un real acceso a la justicia. pp. para cuyos involucra- dos el acceso a la justicia se ve lejano y costoso. permitiendo a las víctimas obtener una respuesta estatal pronta y eficaz. la provisión de servicios legales para casos civiles. principalmente. por regla general. hemos querido revisitar los estándares in- ternacionales en la materia para analizar qué tipo de avances y/o retrocesos ha experimentado el Estado chileno en el cumplimien- to de sus obligaciones. Nos interesa abordar esta área pues. víctimas de violencia doméstica. desde hace años. Así. 358 . Como se señalaba en dicha oportu- nidad. 4 Informe 2010. A ello hay que añadir que existe una amplia gama de conflictos de baja complejidad y poca cuantía que no encuentran hoy en la justicia civil una respuesta ágil y accesible. principalmente por el tiempo y dinero que ello demanda y porque los procedimientos judi- ciales. es probable que quien se vea afectado por un problema de filtración de agua proveniente de la casa vecina lo pensará dos veces antes de acudir a un tribunal a ejercer las acciones legales que la ley le franquea. en alguna medida.0% del total de causas ingresadas. Esta omisión se produce porque acudir al sistema de justicia implica iniciar un pro- cedimiento que. cobro de bajos montos de dinero o conflictos de convivencia vecinal. por ejemplo. por ejemplo. se viene denunciando que la justicia civil se encuentra cooptada por gran- des empresas como la banca y el retail que persiguen la cobranza de sus créditos. cuyo conocimiento hoy se encuentra radicado principalmente en los tribunales de letras con competencia en lo civil y. Algo similar ocurre en la justicia de policía local: se encuentra saturada.
así como algunas propuestas de re- formas. también. infracciones de tránsito y de cobro de peajes? En este capítulo queremos analizar algunas de las iniciativas im- plementadas en los últimos años. Lo señalado opera –qué duda cabe– como un poderoso desincentivo para acudir al sistema de justicia formal. En segundo lugar. sino que además el Estado en estos últimos años –ha- biendo tenido oportunidades de hacer algunas reformas o plantear propuestas de cambios– no ha explorado la posibilidad de incorporar nuevos procedimientos o instituciones procesales que se hagan cargo de estas necesidades. ¿Qué sucede entonces con este tipo de conflictos? ¿Encuentran solución en el sistema de justicia formal o quedan irresolutos? ¿Qué ha hecho el Estado chileno en los últimos años para abordar este tipo de controversias y cumplir con los estándares internacionales en esta materia? ¿Cumple los estándares internacionales de acceso a la justicia un sistema que conoce principalmente del cobro de deudas de grandes empresas.porque. asimismo. desarrollados en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos y. Finaliza este capítulo con algunas conclusiones y recomendaciones. al Congreso Nacional. como derecho fundamental. se realiza un diagnóstico sobre las principales necesidades legales que plantean los ciudadanos y los caminos que siguen para resolverlas. Por el contrario. con el fin de evaluar de qué manera nuestro país se ha hecho cargo de los problemas de acceso a la justicia civil. además. se analiza el proyecto piloto de Unidades de Justicia Vecinal y el proyecto de ley de reforma a la justicia civil presentado. se analizan los estándares in- ternacionales en materia de acceso a la justicia. En tercer lugar. en 2012. y significará. en primer lugar. en la mayoría de los casos requiere de asesoría letra- da si desea tener éxito en su demanda. en el sistema universal y el europeo. 1. han sido reciente- mente disueltas. ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA El acceso a la justicia. pues 359 . la única experiencia de carácter estatal implementada en esta materia. dis- poner de tiempo para hacer algunas gestiones o asistir al tribunal en caso de audiencias u otras comparecencias. resulta esencial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático de derecho. y a partir de estudios efectuados desde los años noventa en adelante. En este capítulo. las Unidades de Justicia Vecinal impulsadas por el Ministerio de Justicia en 2011. Veremos que los datos existentes muestran un panorama desolador. No solo hay una gran cantidad de necesidades legales insatisfechas en materia civil.
Estudios Constitucionales. Instituto Intera- mericano de Derechos Humanos. p.7 interamericano8 y europeo)9 como a nivel nacional. Análisis Económico de la Justicia y Reforma Judicial. tanto a nivel internacional (sistema universal. Por ejemplo. 59.11 Existen dos formas de comprender este derecho. 2016. Año 11. en virtud de la cual los Estados tienen la obligación de garantizar no solo la posibilidad efectiva de acceder a los tribunales (acceso al 5	Mauro Cappelletti y Bryant Garth. 417. United Kingdom. 6	Haydée Birgin y Beatriz Kohe. Biblos. 2010. p. Luxemburgo. uno de los argumentos del Gobierno era negar la existencia de ese derecho dentro del artículo 6º del Convenio Europeo para la Protección de los De- rechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. “El acceso a la justicia como derecho”. 1996. 2013. 20. “El Derecho a la Tutela Judicial y al Debido Proceso en la Jurisprudencia”. 2006. 21 de febrero de 1975. Instituciones. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. p. 11	Recalcamos este punto porque no ha sido siempre así.6 Más allá de las dificultades dogmáticas para definir el concepto de acceso a la justicia. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales e Instituto de Estudios Judiciales. Golder vs. en Haydée Birgin y Beatriz Kohe. p. 8	Véase: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En un sentido estricto. 4. México. suelen incluirse dentro de este concepto diversas dimensiones: la posibilidad de llegar al sistema judicial con- tando con la representación de un abogado. en el ámbito del Consejo de Europa. la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. 10	Gonzalo García y Pablo Contreras. Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. 360 . párr. acto- res y experiencias comparadas. en el caso Golder vs. Manual Autoforma- tivo sobre Acceso a la Justicia y Derechos Humanos en Chile. 9	Véase: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Buenos Aires. La extrema pobreza y los derechos hu- manos. comp.10 se reconoce que se trata de un derecho humano y como tal entraña obligaciones positivas y negativas para los Esta- dos. 2006. 12	Santos Pastor. Acceso a la Justicia como garantía de igualdad. Fondo de Cultura Económica. si bien ha habido una importante ampliación de los derechos sustan- tivos con el objeto de crear sociedades más igualitarias y justas. pág.12 Otra óptica propone una mirada amplia. el acceso a la justicia es entendido como “…la capacidad para acudir a los tribunales y obtener una resolución justa sobre un conflicto o disputa…”. El acceso a la justicia. Tal como señalan Cappelletti y Garth. Nº 2. entre otras. A/67/278. hoy el desafío es cómo hacer efectivos esos derechos. Handbook on European Law Relating to Access to Justice. de conocer los derechos y los medios para poder ejercerlos y de contar con asistencia jurídica gratuita para los sectores más desaventajados. 22. Valencia.5 Aunque existen diferencias al momento de delimitar conceptual- mente el acceso a la justicia. 2012. Costa Rica.. de obtener un pronuncia- miento judicial en un tiempo prudencial. 246. Consejo de Europa. 7	Véase: Asamblea General de las Naciones Unidas. United Kingdom del Tribunal Europeo de De- rechos Humanos. 229-282. pp. Tirant Lo Blanch. pareciera que lo relevante es que. sirve para garantizar y hacer efectivos los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Véase: Cecilia Medina. Por otra parte. una política de acceso a la justicia implica crear o fortalecer toda instancia. que se combinan con los mecanismos estatales) y también a las iniciativas impulsadas por sec- tores no estatales. Por una parte. como las organizaciones de la sociedad civil. Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia. Buenos Aires. que coadyuve a garantizar el ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta a las demandas de las personas. el estudio de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso a la justicia no puede estar restringido solo a observar lo que sucede en el ámbito judicial exclusivamente (es decir. entonces. 2016. América Latina y el Caribe. reformas de ley u otro tipo de iniciativas. Crucial Rights and Their Theory and Practice. la negociación. estatal o comunitaria. el acceso a la justicia se ha comprendido fundamentalmente a partir de los artículos 13	Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 2016. sino que desde la esfera estatal impor- tará también observar los mecanismos y políticas impulsados por el Ejecutivo a través de proyectos pilotos.15 Asumir una visión amplia del acceso a la justicia tiene dos impor- tantes implicancias. Reino Unido. The American Convention on Human Rights. 16. uni- versidades u otras instancias educativas. dando una mirada a las prácticas y meca- nismos comunitarios que posibilitan o mejoran el acceso a la justicia (como en aquellos casos donde las comunidades han mantenido sus mecanismos tradicionales de ejercer justicia. Handbook on European Law Relating to Access to Justice. como es el caso de la mediación. p. en términos de contenido. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. esta noción obliga a estudiar más allá del estricto ámbito estatal.proceso en un sentido estricto). p. Ediciones del Instituto. sobre todo res- pecto del artículo 25 de la Convención. 15	PNUD. o la conciliación. el Poder Judicial). 14	Así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. se incluye también la noción de una protección o tutela judicial efectiva13 que asegure a los ciudada- nos la posibilidad de obtener una respuesta congruente sobre el fondo del asunto planteado y que. centralizada o descentralizada. Luxemburgo.14 El acceso a la justicia. en especial de aquellas más desfavorecidas. no es solo el poder acceder a los tri- bunales: es el acceso a un remedio eficaz para un problema tutelado por el derecho. de la situación en materia de acceso a la justicia en un país. En este sentido amplio. 365. Consejo de Europa.14. Intersentia. El estudio de las experiencias generadas en estos ámbitos puede ofrecer una visión comprensiva y más rica. p. En este sentido. 361 . 2005. en caso de ser favorable. sino también a otro tipo de dispositi- vos que permitan a las partes resolver sus conflictos en forma directa y colaborativa. sea susceptible de ser efectivamente cumplida.
sino también proveer a los individuos los medios necesarios para poder acceder a dichos procedimientos e instituciones.” 17	El Artículo 25 de la Convención señala: 1. de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Conven- ción a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1. p. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. p.1)”.. según ha sido entendido por la Corte IDH respecto. fiscal o de cualquier otro carácter. párr. 8. establecido con anterioridad por la ley. 20	Ibíd. cit. párr. la ley o la pre- sente Convención. 131. 362 . 18	Cecilia Medina.. 247. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. además. el derecho de acceso a la justicia supone acceder a un proceso judicial con las debidas garantías y debe aplicarse sin discri- minación alguna. por un juez o tribunal competente. laboral. Chile. b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. por ejemplo. a casos de expulsiones administrativas de migrantes o de solicitudes de asilo.18 Ello se observa con claridad en el caso Claude Reyes vs. Chile don- de la Corte IDH señala que “el recurso efectivo del artículo 25 de la Convención debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8.1. a cargo de los mismos Estados.1. todo ello dentro de la obligación general. por las autoridades competentes. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. la CIDH) ha señalado que los Estados tienen la obligación de remo- ver aquellos obstáculos que impidan o limiten el acceso a la justicia 16	El Artículo 8. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. pues la garantía consagrada en el artículo 25 constituye un pilar básico de un estado de Derecho. como ha sido parte de la jurisprudencia de los últimos años. Claude Reyes y otros vs. op.1 de la misma. se exige a los Estados no solo otorgar una serie de garantías judiciales mínimas para la determinación de derechos y obligaciones a través de instituciones y procedimientos que cumplan los requerimientos expresados en el artículo 8. sino que los mismos deben tener efectividad. 2. y c) a garantizar el cumplimiento. 127. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. de la Convención señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída.16-17 De esta manera. y 25 del Pacto San José de Costa Rica. op.19 Recalca. 19 de septiembre de 2006.20 De este modo. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. 19	Corte IDH. independiente e imparcial. que no basta con que los recursos existan formal- mente. 246. 21	Cecilia Medina.21 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante. cit. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.
con la provisión de asistencia jurídica gratuita bajo ciertas condiciones. Para ello. 250. Al respecto. Por ejemplo. en el caso Cantos vs. se trata que los Estados no interpongan barreras o trabas directas o indirectas. señaló en el caso Cantos vs Argentina.23 Por otro lado.25 En este sentido. p. en los momentos preliminares del procedimiento.. 28 de noviembre de 2002. y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia adminis- tración de justicia. Cantos vs. 7 septiembre 2007. Fernández Ortega y Otros vs. párr. 50. México. o ciertas situaciones estructurales de desigualdad pueden afectar la posibilidad de acceder a la justicia y ocasionar la consecuente violación de este derecho fundamental. 23	Corte IDH.L/V/II. la Corte IDH consideró vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la víctima al no haber contado esta. seña- la que los Estados pueden limitar este derecho. 2. OEA/Ser. Todo lo anterior. implicando un menoscabo injustificado en su derecho de acceder a la justicia. Argentina. para que los individuos accedan al sistema de justicia.201. debe entenderse contraria al precitado artículo 8. op. implicó un trato que no consideró la situación de vulnerabilidad de la señora Fernández Ortega. no implique la denegación total de este derecho. párr. sociales y cultura- les. 363 . basada en su idioma y etnicidad. la CIDH ha destacado que contar. y que. Argentina. pág.129. la Corte Intera- mericana de Derechos Humanos señaló que “…los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Doc. en el caso Fernández Ortega vs.1 de la Convención”. 4.24 La Corte IDH también se ha pronunciado sobre las restricciones que los Estados pueden imponer en esta materia. además. entre otros mecanismos. El Acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos. 25	Cecilia Medina. cit.producto de la posición socioeconómica de las personas. son fórmulas adecuadas para asegurar el derecho de acceso a la justicia. con un intérprete provisto por el Estado a fin de presentar su denuncia ni tampoco recibir en su idioma información sobre las actuaciones deri- vadas de su querella.22 En esta dirección. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En estos casos. pero dicha limitación debe guardar una relación de proporcionalidad entre los medios em- pleados y el propósito buscado por la restricción. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales. antes mencionado que “…[c]ualquier 22	CIDH. inicialmente. México. de iure o de facto. ha venido reconociendo que factores como los costos del proceso. la ubi- cación geográfica de los tribunales. 30 de agosto de 2010. con el fortalecimiento de dispositivos comunitarios y la provisión de información sobre los derechos. 24	Corte IDH.
no implicaría que el Estado debería prestarse en todos y cada uno de los asuntos civiles.1 de la Convención”. 16.C and S vs. es importante señalar que las contravenciones al dere- cho de acceso a la justicia no solo pueden provenir de disposiciones legales que la transgredan. Tribunal EDH). 27	Tribunal Europeo de Derechos Humanos.26 Ahora bien. en este caso en particular en que se discutía si la asistencia jurídica gratuita obligatoria pertenecía solo al ámbito penal o si se debía extender también a otras materias. permitiendo a los individuos recibir protección contra vulneraciones a sus derechos fun- damentales. 364 . sino solo en aquellos casos en que las circunstancias lo ameriten como indispensable para un acceso efectivo al tribunal. McVicar vs. Así. Irlanda se destaca que lo relevante es que el acceso –en los térmi- nos del artículo 6. 16 de julio de 2002. United Kingdom. Lo precedente. párr. se le caracteriza como un importante elemento del Estado de Derecho que atraviesa los más diversos ámbitos. 26. reparar ilícitos civiles. 29	Ibíd. 28	Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Consejo de Europa. 7 de mayo de 2002.29 26	Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. p. la aplicación del derecho de acceso a la justicia alcanzará a diversas materias. norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales. 2016.28 Se argumentó que el derecho de acceso. 15 de febrero de 2005. Irlanda. 9 de octubre de 1979. debe entenderse contraria al precitado artículo 8. Luxemburgo. el Convenio)– debe ser efectivo o no ilusorio. párr.27 En el Caso Airey vs. abarcaría no solo el acceso a tribunales o a mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Airey vs. en el marco del Consejo de Europa y. se suele señalar que el acceso a la justicia se debe entender en un sentido amplio. responsabilizar al Poder Ejecutivo y defenderse a través de procedimientos penales. Golder vs. Este argumento sería profundizado en fallos posteriores: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 24. sino también el derecho a obtener una reparación o tutela efectiva en el caso de determinarse que los derechos de un individuo han sido violados. 21 de febrero de 1975. Handbook on European Law Relating to Access to Justice. y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia adminis- tración de justicia. fundamental- mente gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante. Por su parte. United Kingdom. sino también las prácticas de hecho pueden constituir violaciones a los derechos consagrados. Así. United Kingdom. P. Steel & Morris vs. ya sea porque la representación legal en ámbitos civiles sea exigida por el dere- cho interno o como consecuencia de la complejidad del procedimiento o del caso.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante. 26. United Kingdom. Mediante esta concepción. párr.
En este mismo sentido se ha pronunciado el Comité de Dere- chos Humanos. la existencia de tribunales competentes para conocer del asunto en cuestión. 2016. en segundo lugar. los Estados estarán obligados a proveer un mecanismo que haga que el acceso a tribunales sea efectivo y no meramente ilusorio.48. La garantía se infringe si a determinadas per- sonas se les impide entablar una acción contra cualquier otra por razones como raza. Observación General N° 32. Implica. p. Artículo 14. opinión política o de otra índole. 9.31 En otras palabras. disponibilidad de traducción. Se prohíbe también toda restricción relativa al acceso a los tribunales y cortes de justicia que no esté basada en derecho y que no pueda justificarse con fundamentos ob- jetivos y razonables. Handbook on European Law Relating to Access to Justice. Consejo de Europa. 2016. naci- miento u otra condición. idioma. luego. 25. Véase. posición económica. Guidelines on the Creation of Judicial Maps to Support Access to Jus- tice within a Quality Judicial System. 31	Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. religión. en primer lugar. que las condiciones que se creen para la protección de los derechos no sean solo formales. origen nacional o social. por ejemplo: CEPEJ. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. Luxemburgo. más allá del deber de eliminación o la no imposición de ba- rreras u obstáculos que impidan que el individuo pueda llegar a los tribunales. effective remedy). 32	Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahora. El primero de estos elementos se encontraría en el artículo 6 del Convenio y el segundo. el acceso a la justicia busca también garantizar que. párr. sino efectivas en la práctica. 365 . reconociendo que la vulneración de este derecho puede producirse de iure o de facto. Handbook on European Law Relating to Access to Justice. la provisión de un recurso o mecanismo de reparación efectivo. 23 de agosto de 2007. sexo. asistencia jurídica y acceso a la información. hacerse cargo de la ubicación geográfica de los individuos si es que ello impide una efectiva parti- cipación de los ciudadanos. en el ámbito del sistema universal de protección de los DDHH. una vez que el asunto es llevado a las instancias correspondientes sea procesado mediante ciertos estándares mínimos que se traducen en el debido pro- ceso y. en el artículo 13 del mismo instrumento internacional.30 Para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu- ropea el concepto amplio de acceso a la justicia se vincularía con dos elementos centrales: el derecho a un juicio justo (o a un debido proceso) y a una tutela efectiva (en inglés.32 Esta visión integradora de ambos derechos se ve claramente refleja- da en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 30	Comité de Derechos Humanos. color. De este modo. Consejo de Europa. p. el acceso a la justicia comprende. como ha dicho reiteradamente el Tribunal EDH. 2013. CCPR/C/GC/32. Luxemburgo.
2. 14 de marzo de 2013. Unión Europea. para lo cual en este acápite se registran los datos más importantes de investigaciones efectuadas en dos períodos. 366 . los problemas de acceso a la justicia fueron también fuente de preocupación. 34	Tribunal de Justicia de la Unión Europea. siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. El diagnóstico de los años noventa Con el retorno a la democracia comenzó un profundo proceso de reforma a la justicia en nuestro país en las más diversas materias. ¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS? La evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia en Chile exige. El primero implicaría que el derecho doméstico no haga imposible o excesivamente complejo el goce de los derechos y. 50. Caixa d´Estalvis de Catalun- ya. Mohamed Aziz vs. cono- cer cuáles son las necesidades legales que tiene la ciudadanía. Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). qué pro- blemas son los más frecuentes y qué caminos seguir para resolverlos.34 2. respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona podrá hacerse aconsejar. Sin embargo. en los últimos diez años. se ha señalado que la garantía de la tutela judicial efectiva implica una obligación. esta preocupación se concentró casi exclusivamente en una de las dimensiones del acceso a la justicia: la necesidad de eliminar 33	Artículo 47. debido a las graves deficiencias y contradicciones con las obligaciones contraídas por Chile en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. el segundo. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. establecido previamente por la ley. Ello implica analizar los estudios que se han realizado en esta mate- ria. NECESIDADES LEGALES Y ACCESO A LA JUSTICIA. Toda persona cu- yos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva.1. el otro. Esto se basaría en los principios de efectividad y equivalencia. Aun cuando el foco principal estuvo en el área penal. es decir. durante la déca- da de los noventa y. defender y representar. de asegurar una protección efectiva de los derechos de los individuos en las diversas áreas cubiertas por la Unión. párr. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial. para los Estados miembros. primero que todo. requiere que las condiciones de las demandas surgidas del derecho de la Unión Europea no sean menos favorables que las acciones equivalentes o simi- lares de derecho interno. uno inmediatamente después del regreso a la democracia en Chile. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de re- cursos suficientes.33 En el marco de la Unión Europea.
117.23.). 82. la ineficiencia y el carácter discriminatorio de la justicia en contra de los pobres. Centro de Estudios Públicos. Proposiciones para la reforma judicial. la idea que la justicia favorece principalmente a grandes empresas era otro factor que incidía en esta imagen negativa. Proposiciones para la reforma judicial. véase: Cristián Riego y Ricardo Lillo. 1993. Opiniones de los sectores populares urbanos en torno a la justicia. Santiago. los asuntos laborales representaban el 16.las barreras de carácter socioeconómico que limitan el acceso de los grupos más vulnerables. 36	Para un detalle de los estudios realizados en la década de 1990 sobre el acceso a la justicia en Chile. Dentro de esta área. dieron cuenta de la mala percepción y desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema de justicia.38 Las investigaciones de Jorge Correa y Luis Barros. 39	Jorge Correa Sutil y Luis Barros.39 En relación a las necesidades legales. Justicia y marginalidad. Luis Barros. 1996. donde se identificó una percepción negati- va de la justicia. con 35	La verdad es que ya en los años 60 es posible observar la preocupación del sector académico y judicial por la falta de acceso a la justicia. 2015. 1991. pp. respectivamente. los problemas de tipo civil constituyeron el segundo grupo más importante con un 24. 9-54. 1997. véase: Franz Vandeschueren y Enrique Oviedo (ed. Centro de Estudios Públicos. Revista Chilena de Derecho Privado. realizadas en 1993 y 1997. pues estas compañías serían las que utilizarían mayormente el sistema. en general. los que. Sobre estos desarrollos. Los estudios realizados y las iniciativas plan- teadas se centraron principalmente en los mecanismos para proveer asistencia jurídica gratuita a los más pobres. fundamen- talmente porque este no era accesible ni respondía a las necesidades legales de las y los ciudadanos. 367 .2%. 1995. aquellos más relevantes eran los prés- tamos de dinero sin devolución (20. N° 25. Santiago.7%) y el engaño al comprar pro- ductos o contratar servicios (15. 60. Santiago. Corporación de Promoción Universitaria.36 Uno de los análisis más relevantes fue realizado por el Centro de Estudios Públicos en 1991. daban cuenta que la opinión respecto de la justicia era mayoritariamente negativa.35 Una serie de investigaciones de carácter empírico fueron realizados en esa década. p. siendo los más destacados la falta de contrato y/o pago de imposiciones cuando se trabaja de forma dependiente.). Centro de Desarrollo Jurídico Judicial. “¿Qué se ha dicho sobre el fun- cionamiento de la justicia civil en Chile? Aportes para la reforma”.5%. 76 y 77. San- tiago. Acceso de los Pobres a la Justicia. Santiago. particularmente de los sectores pobres. dando como motivos la lentitud.). el estudio de 1993 muestra que fuera de los problemas de carácter penal (que sumaban el 46. p. Asistencia legal en Amé- rica Latina. percepción de los pobres.8%). Véase también: Marco Lillo (ed. p. Corporación de Promoción Universitaria. Santiago. Ediciones Sur. Por su parte.7%).37 Si bien la mayor parte de esta apreciación se refiere a la falta de eficiencia del sistema penal de la época. 37	Eugenio Valenzuela (coord. 38	Eugenio Valenzuela (coord. 19. 1991. CDJ/CPU.8% en 1993 y 88% en 1997. pp.). p.
op.p. p. algo más de la mitad (55.. 40 y siguientes.. op. con un 17%. sino que se trataba más bien de asuntos donde los jueces rea- lizaban gestiones de naturaleza administrativa44 vinculadas. op. Así. por ejemplo. cit. cit. principal- mente. p. un 49. cit.. se agregaba que la ubicación física de los juzgados. generaba un impedi- mento material y económico para llegar a ellos. 46	Vandeschueren y Oviedo.. 148. aunque dirigidas. sin em- bargo.46 40	Correa y Barros. 42	Vandeschueren y Oviedo.3% de los encuestados dijo tener problemas como consumidores y un 47% dijo ser acreedor de deudas impagas. uno de los pocos asuntos que.. Para un análisis de los diversos estudios en esta materia. un 22% de ese total. op. tenían una tasa de denuncia o de presentación a tribunales inferior al 10%. cit. realizado en 1995. cit. p. sobre todo en las grandes ciudades. muy distanciados de los lugares de habitación de los sectores de escasos recursos (generalmente ubicados en la periferia). 43	Barros.43 Otro estudio. 139.41 Esto ocurría principalmen- te en los asuntos no penales. Por último.9% de los ocurridos)– se referían principalmente a casos de pensión alimenticia. véase: Riego y Lillo. los temas de familia ocupaban un 12. 368 . Por su parte. fuese personalmente o por medio de algún familiar.. mostraba que el grueso de las cau- sas ingresadas a los juzgados civiles no revestían un carácter jurisdic- cional. 140-141. 72. 73. El 44. aquellas necesidades legales de carácter estrictamente civil. op. 41	Correa y Barros. y dentro de esta materia los principales eran la custodia de los hijos (10. los temas laborales representan una alta proporción de las demandas o denuncias ante las autoridades. fundamentalmente. y el despido injustificado y sin desahucio. 9-54. op. a materias de orden comercial. Finalmente. cit.. es decir. op.7%) y las pensiones alimenticias (11. no haber hecho denuncia alguna.40 En relación con los caminos seguidos para resolver estas necesida- des. Los problemas legales de familia –que mostraban también una alta tasa de ingreso al sistema de justicia formal (46. 30-31. cit. pp. a la Dirección del Trabajo y no a tribunales.5% del total de problemas legales. no existía un conflicto sometido al conocimiento del tribunal. no requería del patrocinio obligatorio de un abogado para accionar.45 Por otra parte.8% restante manifestó. pp. p. 45	Vandeschueren y Oviedo. cit.42 En la investigación realizada en 1997 se observa que los problemas civiles pasaron a constituir los de mayor prevalencia con porcentajes muy superiores a los del estudio anterior. 44	Vargas y Correa.2%) de quienes registraron haber teni- do problemas legales declaró haber denunciado. en esa época. pp.9%).. op.
Gfk Adimark. 49	Ministerio de Justicia. por el propio Estado. En materia de acceso a la justicia. p. Esta cifra es relevante si se piensa que al menos 4 de cada 10 personas en Chile se encuentran en esta situación y que pueden haber requerido informa- ción legal. 9-54. el 44. cit. Santiago. habrían devenido en un formalis- mo más del proceso.49 Los datos muestran que del total de encuestados. mismos hallazgos A partir del 2000. asesoría jurídica o representación judicial. En ese estudio se entendió como necesidades legales insatisfechas aquellas situaciones que se refieren a un derecho que se encuentra en conflicto producto del choque de intereses entre dos o más partes o bien situaciones en que la gente percibe que sus derechos son o po- drían ser vulnerados por terceros.48 2. probablemente porque la puesta en marcha de reformas procesales –en ámbitos tan diversos como el penal (2000). incluso. Carlos Cerda. FONDECYT. que contó con un universo de 4 mil ca- sos (hombres y mujeres mayores de 18 años) seleccionados aleato- riamente de manera proporcional en las distintas regiones del país. como el llamado a conciliación u otros dentro del procedimiento sumario. véase: Riego y Lillo. 2015. 27.50 47	Por ejemplo: Carlos Cerda. op. op. Santiago. cit. Santiago. p. Informe Final. fue el funcionamiento de la justicia civil.. Duración del procedimiento civil sumario en los juzgados de Santiago. tanto privados como. por existir muy poca inmediación quedando la mayoría de las decisiones en manos de funcionarios inferiores y por un excesivo y siempre demoroso recurso a la segunda instancia.. 39. cit. Informe. pues necesitaban atención en los ámbitos que se señalan en el cuadro que sigue a continuación.47 Trámites que se suponía serían orales. 7.5% declaró que tuvo algún tipo de necesidad jurídica en el último año. destaca la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y Acceso a Justicia realizado en 2015 por el Ministerio de Justicia. Nuevas cifras. 369 . 48	Vargas y Correa. 1993. Duración del procedimiento civil ordinario en los juzgados de Santiago. Otro aspecto considerado en aquella época. Estudios de los años 90 ya caracterizaban los pro- cedimientos civiles como altamente formales.2. no es fácil encontrar estudios sobre acceso a la jus- ticia en nuestro medio. por ser escriturados en casi todas sus etapas. 50	Ministerio de Justicia.. El diagnóstico del nuevo milenio. de familia (2005) y laboral (2007)– orientaron las investigaciones empíricas hacia la obtención de información sobre sus resultados. pp. Para un análisis de los diversos es- tudios sobre la duración de los procedimientos civiles realizados en esa época. 1992. Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia. p. Incluso podría tratarse de personas que de haber tenido la oportunidad estarían dis- puestas a acudir a mecanismos negociados de resolución de conflictos. op.
52 Dichas necesidades no se presentan de manera homogénea dentro de la población. 30. Informe Final.2 Discriminación y vulneración de 5.5%). En rela- ción a la edad. 30. Santiago. En cuanto al grupo socioeconómico.6% del total de nece- sidades legales declaradas por los encuestados. p. Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia.9 Patrimonio Salud 8.3 Economía y 8.7 derechos Seguros de 5. Le siguen los proble- mas sobre temas de trabajo (17. seguros de salud (11.3 Salud Infracciones 4. Así.1%). a menor grupo socioeconómico disminuye el reconocimiento de necesidades jurídicas. 0 5 10 15 20 25 30 35 Penal 15. un mismo individuo podía declarar más de una necesidad legal insatisfecha y en diversas materias. Además del ámbito penal. economía y patrimonio (20%) y salud (18.51 las principales necesi- dades jurídicas en materia civil se dan en temas de vivienda (22. p. Por supuesto.4 Trabajo 8.6 Fuente: Ministerio de Justicia. La pertenencia a pueblos originarios también incide. 30. discriminación y vulneración de derechos (12. 370 . ya que hay un menor nivel de reconocimiento entre quienes presentan más bajo nivel de escolaridad..3 Educación 3.8%) y educa- ción (8. en cuanto a la zona de residencia.9%). familia (14%). p.8%). Cuadro 1: Población con necesidades jurídicas durante 2014. 2015. sino que es posible ver diferencias según variables seg- mentadoras. las urbanas poseen mayor prevalencia de necesidades legales que las zonas rurales..4 Vivienda 10. en tanto quie- nes declaran pertenecer a ellos poseen un mayor reconocimiento de 51	Ibíd. 52	Ibíd. es posible observar una mayor ocurrencia de necesidades jurídicas en la población adulto joven y menor en los adultos mayores.0 Familia 6.9%). que ocupó un 34. Gfk Adimark . La escolaridad también es una variable a considerar.
familia con un 8% contra un 4% de los hombres.53 En términos de duración.. un año y medio (549 días). la actividad laboral. Respecto a las necesidades jurídicas por sexo. ya que quienes trabajan poseen un mayor porcentaje de necesidades jurídicas declara- das que aquellos que no pertenecen al mundo del trabajo remunerado. se señala que las áreas con diferencias significativamente mayores para las mujeres son “salud” con un 10% contra un 7% de los hombres. En relación al sexo de los encuestados. son casos en que las personas conversaron con los involucrados (38%) y aquellos en que no se hizo nada (31%). Respecto de las personas que sí se acercaron al sistema de justicia formal. de personas que no acudieron a ninguna vía formal para resolver sus problemas. sino que intentaron una salida colaborativa o derechamente dejaron el asunto sin resolver. un 7% demandó y un 3% acudió a un método colaborativo. 75. 32 y siguientes.55 En síntesis. 54	Ibíd. un 37%. se destaca la heterogeneidad de los caminos seguidos. Desde el lado de la oferta. daba cuenta de dos aspectos medulares. según la definición an- tes señalada. 53	Ministerio de Justicia. que esos requerimientos en promedio tienen una duración de un año y medio y que poco más de un tercio de las personas consul- tadas (34%) acude al sistema de justicia formal en busca de una solu- ción. Informe op. un 7% pidió consejo legal. 79. p..54 Finalmente. y. 38). un estudio de 2011 (realizado con datos del 2009) elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (en adelante. no existen diferencias estadísti- camente significativas (45% de hombres y el 44% de mujeres afirmó lo mismo). 371 . 55	Ibíd.necesidades jurídicas. es decir. en términos de las acciones tomadas por los encuesta- dos. Lo más grave es que. gran parte de los cuales se encontraba vigente y en espera de resolución. es posible sostener que alrededor de un 50% de los en- cuestados tiene o ha tenido una necesidad legal. Estos resultados pueden complementarse con la proporción de casos solucionados. cit. se observa que un 17% interpuso una denuncia. siendo más prolongadas las relativas a materias de familia y economía y patrimonio. es decir. representativo para la jurisdicción de Santiago. por último. “discriminación y vulneración de derechos” con un 7% contra un 5% de los hombres y “educación” con un 5% contra un 3% de los hom- bres (p. un 62% de los encuestados sostiene que el problema o situación no se ha resuelto. p. en términos generales. mientras que aquellos no resueltos representaban un 62% del total de casos registrados. CEJA). p. salvo respecto de ciertas necesidades jurídicas.. aproximadamente. las necesidades legales declaradas en pro- medio tenían una antigüedad de. Los cursos de acción que muestran una mayor prevalencia. desde la respuesta del sistema de justicia civil a las necesidades de los usuarios. cualquiera sea el camino seguido.
60 La forma de término de los procedimientos ejecutivos se puede apreciar en el siguiente cuadro. en: Fran- cisco Javier Leturia (ed. cit. p. según señala la ley. Informe Final. diseñado precisa- mente para brindar una solución rápida a través de un procedimiento sencillo y verbal. Ediciones LYD. el estudio muestra que el procedimiento ordinario tiene una prevalencia ínfima dentro del tipo de ingresos en tribunales civi- les (1. 479.. op. cit. De ellas. 15. 59	Ibíd. El estudio muestra que el 96.. pp. Santiago. 60	Ibíd. el procedimiento sumario.). p. 372 .56 Ello significa que el porcentaje de causas correspondientes a juicios ordinarios y sumarios no supera al 5% del total de causas ingresadas. No más de un 8% llegan a una sentencia definitiva.. Estudio de análisis de trayectoria de las causas civiles en los Tribunales Civiles de Santiago..61 56	Macarena Vargas. p. Por su parte. casos en que la demanda ejecutiva ni siquiera llega a notificarse. Justicia Civil y Comercial: Una Reforma ¿Cercana?.46%)..45% Ordinario 1. 479. 57	Ibíd. p. p. 2011.98%) del total de causas ingresadas. tal como se observa en la si- guiente tabla. ocupa una proporción aún menor (0. un 30% correspondía a gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y un 61% a procesos de ejecución propiamente tales.57 En efecto. 15.98% Otros 1. Esto se explica princi- palmente por la normativa tributaria vigente que exige a los acreedores para declarar incobrable una deuda haber requerido judicialmente de pago al deudor. 17. Ministerio de Justicia.. Santiago. 58	Centro de Estudios de Justicia de las Américas.4% de las causas terminadas en el año 2009 eran ejecutivas. pp. 471-488. “Reflexiones en Torno a la Figura del Oficial de Ejecución”. El primero de ellos dice relación con la composición de los litigios que llegan a los juzgados civiles. 61	Ibíd. op. 28.11% Total 100% Fuente: CEJA. concentrándose el grueso de las causales de término en las denominadas salidas tempranas. 2011.59 Pero lo más llamativo de estas cifras es la escasa proporción de cau- sas ejecutivas efectivamente terminadas. esto es.58 Tabla 1 Causas terminadas por tipo de procedimiento (2009) Procedimiento 2009 Ejecutivo (y gestiones preparatorias) 96. p.46% Sumario 0. 471-488.
63	Requerimiento de información en poder del autor.8% No da curso a la demanda 26.64 Lo mismo ocurre en el procedimiento ordinario.4% 88. pp. 66	Ibíd. como vemos.8% Demanda sin movimiento 77.Tabla 2 Causas ejecutivas por tipo de término (2009) Tipo de término Total ejecutivo % respecto al total % acumulado Téngase por no presentada la demanda 644. a varios años del estudio del CEJA. el problema no es solo el tipo de causas ingresadas. 28.04% 0. 64	Centro de Estudios de Justicia.19 Total 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Poder Judicial.. Gran parte de las causas ingresadas en el sistema de justicia civil. 63.913 10.5% 97. representan una proporción ínfima del sistema. obtenidos del Poder Judicial.2% Retiro de demanda 11. sino quienes son los litigantes en ellas.4% Fuente: CEJA62 Datos recientes. mientras los ejecutados son principalmente personas naturales. En este sentido. p.0% Sentencia definitiva 2.71% 4.47 % 1.829 0.917 1. aunque. 373 ..63 muestran una tendencia similar en términos de la proporción de causas ejecutivas.. en el estudio del CEJA se obser- va que los ejecutantes son mayoritariamente personas jurídicas del sector terciario. 65	Ibíd. 65-66. p. pues tan- to demandantes como demandados son en su mayoría personas naturales.543 3.75% 93. siguen siendo de tipo ejecutivas y/o gestiones preparatorias.88% 9. rompen la tendencia antes señalada. Agradecemos la respuesta obteni- da de parte de la Unidad de Estadística e Informática del Poder Judicial. donde la gran mayoría de los demandantes eran personas jurídicas mientras que los demandados eran fundamentalmente personas naturales.38% Sumario 1.68% 1. op. cit.906 1.51% Otros 0.166 82. Ahora.7% Pago de crédito 9. en cambio.. Tabla 3 Total de ingresos civiles en jurisdicción de Santiago (2014-2016) Procedimiento 2014 2015 2016 Ejecutivo (y gestiones preparatorias) 93.0% 92. p. esta vez sobre el total del universo ingresado en la jurisdicción de Santiago.92% Ordinario 4. 67.07% 0.65 Los litigantes del procedi- miento sumario.66 62	Ibíd.4% 99.3% 99.4% 96.8% 82.
103-107. Santiago. ¿QUÉ HA PASADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? Frente a los datos antes presentados. ¿qué característica com- parten estas causas? Se trata de ilícitos denunciados por instituciones públicas. para otro tipo de actores. La información respecto a los asuntos que ingresan en esta sede son elocuentes en este sentido. 374 . Tomando como punto de referencia lo analizado en el Informe 2008.67 Luego.6% por infracción a la Ley de Alcoholes. el 53.221. pp. ya sea a través de modificaciones procesales funcionales u orgánicas. Por supuesto. surgen interrogantes respecto de las acciones tomadas por el Estado chileno para hacer frente a este conjunto de necesidades legales insatisfechas. cuando los ciudadanos acuden lo hacen. en calidad de infractores denunciados. área típicamente abordada cuando se intenta mejorar los niveles de acceso a la justicia. las policías. Se conservan los mismos procedimientos y los mis- mos modelos orgánicos sin distinción respecto al tipo de conflicto que se conocen. 3. Justicia.6% (2. a nivel na- cional han ingresado 5. podemos decir que. un 4. 2015. Por el contrario.796. sino. estas grandes cifras nos permiten esbozar esta idea. o por grandes empresas (como las concesionarias de autopistas urbanas en la Región Metropolitana). Una mirada global muestra que la justicia civil se mantiene prác- ticamente igual. no se han llevado a cabo reformas legales destinadas a paliar el déficit en la oferta estatal. por ejemplo.311) en los JPL corresponden a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. De estas causas. el panorama legal y constitucional sobre acceso a la justicia en nuestro país no ha cambiado mucho. por lo general. casi diez años después. solo por nombrar algunas de las más relevantes en términos del ingreso.9% por infracción del TAG. pero al menos. 67	Instituto Nacional de Estadísticas. De acuerdo a datos del INE. difícilmente se podría decir que estos juzga- dos cumplen entonces un rol de protección para la satisfacción de las necesidades legales de la ciudadanía. Bajo estas circunstancias.157 causas. Informe Anual 2014. más bien. en este punto surge la necesidad de una mayor investigación empírica en la materia para testear esta hipótesis. el 48% son por infraccio- nes a la ley del tránsito. 38. En efecto. ni se han introducido cambios en la provisión de mecanismos de asistencia jurídica gratuita. los datos mues- tran otra cosa. De acuerdo a la normativa vigente los conflictos vecinales o de baja complejidad y cuantía son conocidos por los Juz- gados de Policía Local (también JPL) sin embargo. Aproximadamente.
69 que muestran que para ampliar el acceso a la justicia de la ciudadanía en este ámbi- to es necesario contar con procedimientos flexibles. al menos. entonces. Si bien en el caso de los JPL no se requiere de un abogado en algunas materias (como los relativos a la Ley de Protección del Consumidor). Infracción ley de servicio nacional del consumidor 0% Infracción ley de Leyes especiales tránsito 0% 48% Falta al Código Penal Infracción TAG 0% 39% Infracción ordenanzas construcción 0% Infracción ley electoral 1% Infracción Infracción ley de alcoholes ley de rentas Infracción ordenanzas Otros 5% 1% municipales 4% 2% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. los Small Claims Courts de California. California”. pp. que no requieran abogados (pero donde los ciudadanos cuenten con una importante asistencia para preparar sus casos) que establezca. son escritos y altamente mediatizados por los funcionarios judiciales. 955-986. dejar que estos asuntos se sometan a un procedimiento eminentemente escrito y formalista. 118. pero claramente no lo es para los conflictos cotidianos. Revista Chilena de Derecho. 2016. Hay suficientes antecedentes que provienen de experiencias del mundo comparado. una au- diencia donde un juez pueda extraer la información que requiera de los litigantes legos. razonablemente..68 Por su parte. No parece lógico. 375 . la falta 68	Ibíd. El problema es que el procedimiento regulado actualmente para los JPL.Ilustración 2: Ingresos en Juzgados de Policía Local 2014. no pareciera ser una al- ternativa que pueda brindar. Vol. Este último punto es central. 43 N° 3. p. los procedimientos aplicables tanto en los tribunales de letras con competencia en lo civil como en los JPL comparten algunas características comunes. un tratamiento adecua- do para este tipo de asuntos. Puede que si lo sean para lo infraccional. al menos en su funcionamiento práctico. 69	Por ejemplo. “Access to Justice and Small Claims Courts: Supporting Latin American Civil Reforms through Empirical Research in Los Angeles County. véase: Ricardo Lillo. Al respecto.
pese a varios anteproyectos y proyectos de ley que han intentado modificarlas. la negociación u otras fórmulas autocompositivas.966 sobre Régimen de Garantías en Salud. se obser- van dos iniciativas que abren (o abrieron) una ventana de oportunidad para la mejora del acceso a la justicia en nuestro país. sumando los honorarios de un abogado. El problema es que. En lo medular no han sufrido cambios estructurales. Esto termina. pese al auge que en los últimos años han experimentado los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 72	Artículo 55 N° 3 y siguientes de la Ley 20. desde la óptica de la asistencia jurídica gratuita. publicada en el Dia- rio oficial el 30 de septiembre de 2004. por desincentivar el acceso a la justicia de policía local por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. la oferta estatal permanece intacta. sobre pro- tección de los derechos de los consumidores para dotar de atribuciones en materias financieras. 376 .286.72 Por otra parte. no se contemplan dichos mecanismos en ninguna etapa del proceso judicial ni en forma previa a este. en materia de familia70 o daños en salud. desde hace ya un par de décadas. las figuras del abogado de turno y el privilegio de pobreza. la misma orgánica y la misma distribución territorial desde su creación. por ejemplo. es justo reconocer que en algunas áreas han diversificado sus servicios. por una parte. publicada en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2011. en- tonces. modificada por la Ley 20. A ello hay que añadir que. Se mantienen también incólumes. entre otras. Véase también: Reglamento de mediación por reclamos en contra de prestadores institucionales públicos de salud o sus funcionarios y prestadores privados de salud N° 47. la manera en que la prueba es rendida ante un de- legado del juez (un proveedor o actuario). publicada en Diario Oficial el 30 de agosto de 2004. en la práctica hace que sí se requiera de un profesional a cargo. aunque con dudas acerca de su eficacia. resulta que el beneficio esperado no supera de ninguna manera los costos asociados. publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2008.71 ellos no han sido incorporados en los procedimientos de policía local. considerando el tiempo invertido en tramitar un caso. incorporando. 1 de febrero de 2005. al proyecto piloto de las Unidades de Justicia Vecinal 70	Artículo 106 de la Ley 19. Se mantienen las Corporaciones de Asistencia Judicial. Con excep- ción de la conciliación judicial que existe en nuestro ordenamiento jurí- dico desde tiempos inmemoriales. con los mismos objetivos.496. como la mediación fi- nanciera que ofrece el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Con todo. más las notificaciones. de información. mecanismos alternativos de resolución de controversias. sin la debida inmediación y garantías que proporciona un juicio oral.968 que crea los Tribunales de Familia.555 que modifica Ley N° 19. por ejemplo. Nos referimos. la mediación. al Servicio Nacional del Consumidor. salvo por medio de instancias voluntarias y extra judiciales. En un escenario prácticamente estático como el descrito. 71	Artículo 43 de la Ley 19.
. pp. UJV) fueron diseñadas si- guiendo la experiencia norteamericana de los Tribunales Multipuertas. 74.79 73	Para un relato sobre el proceso de creación e implementación de este proyecto. acuerdos y cumplimientos. pp. cit.75 Dependiendo de la elección. 186-196.. A continuación se analiza brevemente cada una de ellas. pese a seguir de cerca al modelo de Tribunales Multipuertas. siendo de mayor prevalencia los casos de arrenda- miento. 385-417. 10-11. pp.1. op. ver: Riego y Lillo. op. 77	Riego y Lillo. a representación judicial ante los tribunales de Policía Local de la comuna. 78	HOLOS-UDP. op. 385-417. pp. 2012. Estudio de evaluación del procesos del estudio práctico de las Unidades de Justicia Vecinal.. destacándose. 75	Riego y Lillo... 3. en caso de ser necesario. 377 .y al proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil 2012. Una vez ingresado un caso o reque- rimiento a la UJV. cit. A esta oferta de mecanismos de solución se sumaba un trabajo en red con los programas y servicios locales sociales y un proceso de seguimiento. Las Unidades de Justicia Vecinal Las Unidades de Justicia Vecinal (en adelante. pp. Santiago. Un estudio realizado en 2012 muestra que las UJV conocían una amplia gama de conflictos. arbitraje y. cit. por ejemplo. op. 74	Para una descripción de los Tribunales Multi puertas. el tipo de mecanis- mo más utilizado y de conflictos que llegaron a su conocimiento. entre los me- canismos ofrecidos. 404-405. un equipo interdisciplinario de profesionales pro- cedía al análisis de las alternativas más adecuadas para la solución del conflicto planteado y luego asesoraban a la o las parte(s) sobre la vía de solución seleccionada. 79	Ibíd.77 Este proyecto piloto fue objeto de múltiples evaluaciones sobre los más diversos aspectos. explicando sus características y posibles resulta- dos. conciliación. cit. La mecánica era la siguiente.74 con el fin de ofrecer a los ciudadanos un espacio donde acceder a diver- sas alternativas –adjudicativas. op. p. véase: Riego y Lillo. 76	HOLOS-UDP.76 Es importante señalar que. cit. a través de los profesionales de la Corpora- ción de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. las UJV no contemplaron en su diseño orgánico una instancia judicial de adjudicación de derechos. pp. mediación.78 Los datos mostraron que los mecanismos autocompositivos en algunas comunas tuvieron una tasa de acuerdos cercana al 80%. 34-39. las partes entonces podían acceder a información y asesoría jurídica. autocompositivas y de orientación legal– para la solución de conflictos vecinales y comunitarios. copropiedad inmobiliaria y ruidos molestos y..73 ambas iniciativas impulsadas por el Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. la mediación destacaba como el más utilizado.
durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet83 y luego retirada. 81	El Mercurio Legal: “Acceso a la justicia y pequeñas causas: la muerte de las Unidades de Justicia Vecinal”. Sostuvo que este modelo era coherente con la recomenda- ción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en esta materia. En su etapa final las UJV fueron integradas dentro de la oferta de servicios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.81 Sin embargo. ellas constituyeron un serio esfuerzo del Estado chileno de dar cumplimiento a los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia para asuntos de baja complejidad y cuantía. de una manera innovadora y multidimensional. Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil.80 Al inicio del proyecto se crearon 4 UJV en las comunas de Paine. Mensaje Presiden- cial N° 432-359. La reforma a la justicia civil A partir del 2005 comienza a gestarse el proceso que daría origen al proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil (en adelante. evaluó positivamente el modelo de las UJV. 80	Ministerio de Hacienda. Por su parte. las que más tarde aumentaron su rango de cobertura territorial recibiendo casos y consultas de otras comunas de la Región Metropolitana. 83	Proyecto ingresado el 16 de junio de 2009 a la Cámara de Diputados. 2013. 23 de enero de 2017. 378 . Macul y Renca. incluyeron en su modelo el apoyo y orientación legal para sus usuarios y propiciaron la construcción de una red de servicios sociales a nivel local. 2012. cuyo objetivo central sería cambiar la cara de la justicia civil.82 Esta propuesta legislativa fue presentada. Santiago. Santiago. como lo son los conflictos vecinales y comunitarios. proyecto de ley NCPC). en 2013. En marzo de este año el Ministerio de Justicia puso término al proyecto piloto de las UJV. 3. 82	Ministerio de Justicia. Boletín N° 6567-07. toda vez que la oferta de distintas alternativas de resolu- ción de conflictos permitía acercar la justicia a las personas. Cerrillos.2. Se atrevieron a ampliar la oferta de tutela de los derechos de las perso- nas a través de mecanismos adjudicativos y alternativos. en 2009. las personas están dispuestas a participar en este tipo de instancias previas antes de acudir al sistema judicial. Informe Final Estudio Práctico de Unidades de Justicia Vecinal. Dichos resultados confirmaron la hipótesis que para conflictos de baja comple- jidad y cuantía. Si bien el modelo de las UJV era perfectible. el trabajo y la experiencia acumulada en los cinco años de funcionamiento de estas unidades no fueron suficientes para convencer al Ejecutivo de mantenerlas e incluso ampliarlas. el estudio realizado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
como ya se ha dicho. más aún tomando en consideración la exigencia de representación profesional en todas las circunstancias. me- canismos alternativos de resolución de conflictos. 86	Ibíd. 20. Uno de los procedimientos especiales que se propone –con el ob- jetivo declarado de ampliar el acceso a la justicia– es el denominado 84	Proyecto ingresado el 13 de marzo de 2012 a la Cámara de Diputados. la que sin embargo. Si bien el proyecto de ley de NCPC modifica sustancialmente la estructura de los procedimientos y los unifica en solo dos de natura- leza declarativa general –con excepción de algunos especiales–. No se contemplan tampoco. publici- dad e inmediación y basada en la realización de una o más audiencias constituyen. se señalaba que la reforma a la justicia civil se llevaría a cabo respondiendo a una visión de política pública en pos de un cambio sistémico e integral destinado a mejorar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Sin embargo. todos ellos mantienen la misma lógica actual sin que se observen cambios en algunos aspectos claves para facilitar la comprensión del sistema judicial por parte de los usuarios o para otorgar mayor ductibilidad y agilidad a los procedimientos. con excepción de la conciliación intraprocesal que mantiene las mismas características que la regulación actualmente vigente. rá- pidos y amigables para aquellos casos cotidianos que reemplacen a los actualmente vigentes. de la masiva inclusión que estos mecanismos han experimentado en los últimos años. desde 2014. salvo el caso del procedi- miento monitorio. 85	Ministerio de Justicia. En el Mensaje Presidencial que acompañó la última versión del pro- yecto de ley. los que resultan muy costosos en términos de tiempos.revisada y vuelta a presentar el año 2012 bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. se encuentra paralizada. a pesar. permitiendo la garantía efectiva de los derechos. Santiago. en forma previa o extrajudicial.85 La nueva propuesta inspirada en los principios de oralidad. p. 11. sin duda. 379 . la defensa de los intereses de las personas en condiciones de igualdad y con posibilidades de un real acceso a la justicia”. 2012.86 En efecto. Así. los procedimientos e instituciones que el proyecto de ley de NCPC contiene no fueron pensados para hacerse cargo de los problemas de acceso a la justicia que la ciudadanía enfrenta en la práctica cotidiana. Mensaje Presiden- cial N° 432-359. un importante avance procesal. se señalaba que: “Los chilenos y chile- nas necesitan mejores y eficientes herramientas para la solución de sus conflictos civiles y comerciales. Boletín N° 8197-07. la propuesta no regula procedimientos simples.. p.84 Ese mismo año se inicia la discusión parlamentaria. Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil. costos de oportunidad y valor monetario.
además del acceso a un proceso judicial. CONCLUSIONES Una concepción amplia de acceso a la justicia –como la que se ha pro- puesto en estas páginas– va más allá de la sola provisión de proce- dimientos e instancias judiciales de resolución de conflictos.. procedimiento monitorio que tiene por objeto el cobro de deudas cuando no provengan de un título ejecutivo perfecto o no se encuen- tren documentadas. Cámara de Diputados. 380 . 16. 7 de mayo de 2014. mecanismos alternativos de resolución de conflictos. disposi- tivos de información y orientación legal y el uso de tecnologías de la información. no han podido aminorar los problemas de acceso a la justicia de ciudadanos que buscan resolver conflictos civiles simples y cotidianos. José Antonio Gómez.87 solo se hace cargo de un tipo de asuntos que afecta a un tipo muy específico de usuarios. Todo lo anterior resulta sorprendente si se piensa que. Los esfuerzos se han centrado en mejorar los mecanismos de asistencia jurídica gratuita para eliminar las barreras socioeconómicas que limitan el ejercicio de este derecho –uno de los estándares exigidos internacionalmente–. pero no se ven cambios legales o institucionales que permitan concluir que estos obstáculos hayan disminuido de manera significativa. Tampoco han podido dar solución a la saturación de los tribunales civiles. p. a solicitud del ministro de Justicia de ese entonces. todos los gobiernos que han estado en el poder –cualquiera sea su color político– si bien han desarrollado iniciativas y proyectos de distinto tipo. Desde el retorno a la democracia. ni de los Juzgados de Policía Local que sufren 87	El recurso extraordinario y la ejecución civil no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. quien solicitó su rechazo. por mencionar algunas formas de expandir el derecho de acceso a la justicia. Un examen acerca del panorama nacional muestra que. Supone también dejar de circunscribirlo a la provi- sión de asistencia jurídica gratuita por parte del Estado y utilizar para su evaluación una mirada comprensiva de las distintas dimensiones que este comprende. el acceso a la justicia sigue sien- do una asignatura pendiente. pese a la enor- me cantidad de reformas procesales que nuestro ordenamiento jurídico ha experimentado en estos últimos años. Sesión 21a. durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley el proyecto piloto de las UJV se ejecutaba por el propio Ministerio de Justicia. Supone integrar dentro de la oferta estatal. producto de la cobranza judicial de grandes empresas que co- pan la agenda judicial. Si bien este procedimiento cumple una impor- tante finalidad en tanto permite obtener un título ejecutivo en forma rápida y sencilla.
no teóricos ni ilusorios. pero en nuestro medio brillan por su ausencia y tampoco se contemplaron en la reforma a la justicia civil de los últimos años. orientación o una alternativa de solución (66%).problema similar con ocasión de las infracciones de tránsito y el co- bro del TAG. Un sistema que se encuentra virtualmente capturado por empresas y personas jurídicas en calidad de demandantes deja poco espacio para conflictos cotidianos y de baja monta que afectan a gran- des sectores de la población. que permitan a todos los ciudadanos el goce pleno de este derecho. A ello se suma una escasa oferta de soluciones amistosas que. Los procedimientos y las ins- tituciones existen. uti- lizar un sistema de formularios para presentar demandas y prescindir en algunos casos de la asistencia letrada. Tal como ha señalado la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Una justicia civil colmada de juicios de cobranza no puede materialmente –aunque quisiera– hacerse cargo de nuevas tipologías de conflictos. a juzgar por los resultados del proyecto piloto de las Unidades de Jus- ticia Vecinal. Lo mismo se puede decir de los dispositivos comunitarios que ofrecen información y orientación de derechos. Podrían haber- se regulado procedimientos simples y flexibles para las pequeñas causas. con excepción de los casos de familia. Claro que ello podría traer aparejado una explosión de la demanda imposible de procesar sin cam- bios estructurales. que podrían ac- tuar como un puente entre las demandas de los ciudadanos y el sis- tema de justicia formal. de eso no hay duda. principalmente personas naturales. los mecanismos alternativos de resolución de controversias hacen parte del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio. Ello pugna con uno de los estándares desarrollados por el Derecho Inter- nacional de los Derechos Humanos que exige a los Estados contar con mecanismos efectivos. Este panorama resulta preocupante si se toman en consideración los estudios recientes que muestran la existencia de un alto porcentaje de necesidades legales no penales insatisfechas (65. La Reforma a la Justicia Civil de 2012 pudo haber sido una excelen- te opción para hacerse cargo de este tipo de conflictos. debiéramos diseñar procedimientos simples y flexibles. aliviando con ello la carga de los tribunales y acercando la justicia a las personas de una manera más amigable y menos rígida. muestran tener un enorme potencial tanto en términos de resultados como de duración de sus procesos y pueden operar como opciones previas al proceso judicial. pero si quisiéramos dar cabida efectiva a los conflictos cotidianos en los tribunales con competencia en lo civil.4%) y que en la gran mayoría de los casos los afectados no acuden al sistema de justicia for- mal en busca de información. como los centros municipales o locales. que contemplaran una fuerte dosis de incentivos para la utilización de 381 .
RECOMENDACIONES 1. pero sin tomar en cuenta los elementos de po- lítica pública que este requiere para mejorar el acceso a la justicia. 6. 5. las que debieran ser. Por ejemplo.	Reformar el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.	Diseñar mecanismos para la ejecución y cobranza de deudas que permitan descongestionar los tribunales civiles de este tipo de causas. se echa de menos un análisis de las necesidades legales que la población enfrenta en este ámbito. No obstante. pero ello no quita que en el futuro –de retomarse nuevamente la discusión parlamentaria– estos tópicos puedan ser incluidos. 4. todo indica que el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil fue pensado desde la lógica de la creación de nuevas instituciones procesales. Hasta el momento estas problemáticas no se consideran en el proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil. 382 . 2.	Incorporar medios alternativos de resolución de conflictos a la par y de manera coordinada con el proceso judicial en la justicia civil y de policía local.	Considerar la comparecencia personal con mecanismos de asis- tencia adecuados para la preparación de litigantes ante reclama- ciones pequeñas.	Incorporar tecnologías de la información bajo una lógica y ter- minología sencilla para mejorar el conocimiento de los derechos y sus formas de ejercicio por parte de ciudadanos comunes y co- rrientes. justamente. tomando en cuenta la experiencia de oralidad de otras reformas. pero con un enfoque en flexibilidad y simpleza. mecanismos alternativos y contaran con el apoyo de sistemas de infor- mación y orientación legal de fácil acceso para los ciudadanos.	Reactivar el impulso por la reforma a la justicia civil ordinaria. in- cluyendo procedimientos sencillos para pequeñas reclamaciones que sean de su competencia. 3. su justificación y fundamento.
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