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Timestamp: 2018-08-15 07:35:52
Document Index: 228991965

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 26']

– en nombre de RegioPost GmbH & Co. KG, por el Sr. A. Günther, Rechtsanwalt;
– en nombre de la Stadt Landau in der Pfalz, por el Sr. R. Goodarzi, Rechtsanwalt;
– en nombre de PostCon Deutschland GmbH, por el Sr. T. Brach, Rechtsanwalt;
– en nombre de Deutsche Post AG, por los Sres. W. Krohn y T. Schneider, Rechtsanwälte;
– en nombre del Gobierno noruego, por la Sra. K. Nordland Hansen y el Sr. P. Wennerås, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Tokár y J. Enegren y la Sra. S. Grünheid, en calidad de agentes;
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 56 TFUE, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1), y del artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114, y corrección de errores en DO 2004, L 329, p. 40, y DO 2004, L 351, p. 44), en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011 (DO L 319, p. 43) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18»).
– por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas pertinentes,
(34) Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia de condiciones de trabajo y de seguridad del trabajo, se aplicarán durante la ejecución de un contrato público, siempre que dichas normas, así como su aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en las que los trabajadores de un Estado miembro prestan sus servicios en otro Estado miembro para la realización de un contrato público, la Directiva [96/71] enuncia las condiciones mínimas que han de respetarse en el país de acogida en relación con dichos trabajadores desplazados. Si el Derecho nacional contemplare disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de dichas obligaciones se podrá considerar una falta grave o un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público.»
10 Con arreglo a la Ley sobre las condiciones de trabajo imperativas aplicables a las prestaciones de servicios transfronterizas (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen — Arbeitnehmer-Entsendegesetz), de 26 de febrero de 1996 (BGBl. 1996 I, p. 227; en lo sucesivo, «AEntG»), el 29 de noviembre de 2007 se celebró un convenio colectivo por el que se fijó un salario mínimo obligatorio en el sector de los servicios postales. Este convenio fue declarado de aplicación general a todas las empresas de ese sector mediante un reglamento de 28 de diciembre de 2007. No obstante, dicho reglamento fue anulado mediante sentencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) de 28 de enero de 2010, de modo que, en el momento de los hechos del litigio principal, no existía un salario mínimo obligatorio en el sector de los servicios postales.
17 El artículo 6 de la LTTG, con el epígrafe «Pruebas y controles», impone ciertas obligaciones al adjudicatario y a los subcontratistas —en relación, en particular, con la conservación y puesta a disposición de documentos y datos— para que el poder adjudicador pueda controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la LTTG.
4. a tener a disposición documentación completa y verificable sobre los trabajadores empleados, a presentarla al poder adjudicador cuando éste lo requiera y a advertir a los trabajadores sobre la posibilidad de una inspección por parte de dicho poder adjudicador.»
31 Pues bien, ese mismo tribunal estima que no puede verificar dicha compatibilidad, ni siquiera teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la sentencia Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189).
37 En relación con las conclusiones que deben extraerse de la sentencia Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189), el tribunal remitente observa que una parte de la doctrina alemana defiende que esa sentencia debe interpretarse en el sentido de que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71 no se opone a una disposición como el artículo 3, apartado 1, de la LTTG, que fija en una disposición legal una cuantía de salario mínimo, aun cuando dicho salario mínimo sólo deba respetarse en el marco de la ejecución de contratos públicos, puesto que la exigencia de una aplicación general no se refiere a las disposiciones legales, sino a los convenios colectivos.
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [96/71], en el sentido de que se opone a una normativa nacional que obliga al poder adjudicador a contratar solamente a empresas que al presentar la oferta se comprometan por escrito, tanto ellas como sus subcontratistas, a pagar a los trabajadores que dediquen a la ejecución del contrato un salario mínimo establecido por el Estado únicamente para los contratos públicos, pero no para los privados, cuando no exista un salario mínimo general legalmente establecido ni un convenio colectivo de validez general que vincule a los potenciales contratistas y a los eventuales subcontratistas?
46 Con carácter preliminar, procede recordar que la circunstancia de que un órgano jurisdiccional nacional, desde un punto de vista formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a este órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles para resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto de datos proporcionados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio (véase, en particular, la sentencia Vicoplus y otros, C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, apartado 22).
47 En este sentido, para poder dar una respuesta útil al tribunal remitente, la primera cuestión prejudicial debe examinarse en primer lugar con arreglo a la disposición del Derecho de la Unión que la rige específicamente, a saber, el artículo 26 de la Directiva 2004/18, norma a la que se refiere además expresamente el tribunal remitente en el marco de su segunda cuestión prejudicial (véase, por analogía, la sentencia Rüffert, C‑346/06, EU:C:2008:189, apartado 18).
57 Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando una norma nacional esté comprendida en un ámbito que haya sido armonizado de modo exhaustivo a nivel de la Unión, dicha norma deberá apreciarse a la luz de las disposiciones de la medida de armonización y no del Derecho primario de la Unión (véanse, en ese sentido, las sentencias DaimlerChrysler, C‑324/99, EU:C:2001:682, apartado 32; Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2007:33, apartado 44, y Comisión/Hungría, C‑115/13, EU:C:2014:253, apartado 38).
62 A este respecto, procede señalar que una disposición como el artículo 3 de la LTTG debe calificarse de «disposición legal» —en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, primer guion, de la citada Directiva— que prevé una «cuantía de salario mínimo» —en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, la letra c), de esa Directiva. En efecto, por un lado, contrariamente a lo que sucedía en la Ley del Land de Baja Sajonia sobre adjudicación de contratos públicos, controvertida en el asunto en el que se dictó la sentencia Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189), una disposición como el artículo 3 de la LTTG fija ella misma dicha cuantía de salario mínimo. Por otro lado, en el momento de los hechos del asunto principal, ni la AEntG ni ninguna otra normativa nacional imponía un salario de importe inferior en el sector de los servicios postales.
66 De todo lo anterior se deriva que el artículo 26 de la Directiva 2004/18, interpretado en relación con la Directiva 96/71, permite al Estado miembro de acogida establecer, en el marco de la adjudicación de un contrato público, una norma imperativa de protección mínima contemplada en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de dicha Directiva, como la controvertida en el asunto principal, que impone la observancia por las empresas establecidas en otros Estados miembros de una cuantía de salario mínimo en favor de sus trabajadores desplazados al territorio del Estado miembro de acogida para la ejecución de ese contrato público. En efecto, tal norma forma parte del nivel de protección que debe garantizarse a dichos trabajadores (véase, en ese sentido, la sentencia Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809, apartados 74, 80 y 81).
67 Esta interpretación del artículo 26 de la Directiva 2004/18 se ve confirmada además por una lectura de esta disposición a la luz del artículo 56 TFUE, dado que esta Directiva tiene como finalidad la consecución de la libre prestación de servicios, que es una de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado (véase, por analogía, la sentencia Rüffert, C‑346/06, EU:C:2008:189, apartado 36).
69 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la imposición, en virtud de una normativa nacional, de una retribución mínima a los licitadores y a sus eventuales subcontratistas establecidos en un Estado miembro distinto del Estado del poder adjudicador y en el que las cuantías de salario mínimo sean inferiores constituye una carga económica adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de sus prestaciones en el Estado miembro de acogida. Por tanto, una norma como la controvertida en el asunto principal puede constituir una restricción en el sentido del artículo 56 TFUE (véase, en este sentido, en particular, la sentencia Bundesdruckerei, C‑549/13, EU:C:2014:2235, apartado 30).
70 Una norma nacional de este tipo puede estar justificada, en principio, por el objetivo de la protección de los trabajadores (véase, en este sentido, la sentencia Bundesdruckerei, C‑549/13, EU:C:2014:2235, apartado 31).
71 No obstante, como ha indicado el tribunal remitente, se plantea la cuestión de si de los apartados 38 a 40 de la sentencia Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189) se desprende que no puede acogerse tal justificación debido a que el salario mínimo que impone el artículo 3, apartado 1, de la LTTG sólo se aplica a los contratos públicos, excluyendo a los contratos privados.
73 En efecto, de los apartados 38 a 40 de la sentencia Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189) se deriva que, aunque al examinar a la luz del artículo 56 TFUE la norma nacional controvertida en el asunto que dio lugar a dicha sentencia el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que dicha norma no podía justificarse por el objetivo de la protección de los trabajadores, el Tribunal de Justicia se basó en ciertas características propias de dicha norma que la diferencian claramente de la norma nacional controvertida en el presente asunto.
74 Así, en la sentencia Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189), el Tribunal de Justicia se basó en la constatación de que el asunto que dio origen a esa sentencia versaba sobre un convenio colectivo que sólo se aplicaba al sector de la construcción, no cubría los contratos privados y no había sido declarado de aplicación general. Por otro lado, el Tribunal de Justicia señaló que la cuantía de salario mínimo fijado en ese convenio colectivo excedía de la cuantía de salario mínimo aplicable en ese sector en virtud de la AEntG.
1) El artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de una entidad regional de un Estado miembro, como la controvertida en el asunto principal, que obliga a los licitadores y a sus subcontratistas a comprometerse, mediante una declaración escrita que deberá presentarse junto con la oferta, a pagar al personal que llevará a cabo las prestaciones objeto del contrato público considerado un salario mínimo fijado por dicha normativa.