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Timestamp: 2017-03-26 05:26:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 1101', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 9', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 13', 'artículo 6', 'Artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 10', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 121', 'artículo 292']

ABELEDO ABOGADOS. | BLOG DE LUIS ABELEDO
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16 diciembre, 2014 · 11:01	DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN	Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
“La doctrina del Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido de la garantía de presunción de inocencia señalando como elementos del mismo: 1o) que exista una mínima actividad probatoria ; 2o) la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación. Así́ pues la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre si los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de contradicción, igualdad y publicidad; 3o) que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado; 4o) la motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio; 5o) a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria , siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano. Así lo han recordado las Sentencias Tribunal Constitucional n 22/2013 de 31 de enero , citando la doctrina que arranca ya de la STC no 31/1981 de 28 de julio y la STC no 142/2012 de 2 de julio que recuerda la sentencia Tribunal Constitucional no 128/2011 . Tal general doctrina ha de completarse con alguna precisión de esos no del todo determinados parámetros del canon constitucional. Al efecto decíamos en nuestra Sentencia no 592/12 de 11 de junio:
Suele decirse que no corresponde a este Tribunal seleccionar entre inferencias o conclusiones valorativas alternativas. Y que la de instancia debe ratificarse si es razonable. Incluso si lo fuere la alternativa. Sin embargo esa hipótesis resulta conceptualmente imposible desde la perspectiva de la garantía constitucional. Porque si la hipótesis alternativa a la imputación es razonable, las objeciones a la afirmación acusadora lo son también. Y entonces falta la certeza objetiva. El Tribunal, cualquiera que sea su convicción subjetiva, está en ese caso obligado constitucionalmente a dudar. Puede decirse, finalmente, que, cuando existe una duda objetiva , debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado. Sin que aquella duda sea parangonable tampoco a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y c) El control de la inferencia en el caso de prueba indiciaria implica la constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente probados y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados.
La razonabilidad de esta inferencia exige, a su vez, que se adecue al canon de su lógica o coherencia , siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente , excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia ( STC no 117/2007 ). El control de la motivación ha de valorar si el razonamiento expuesto en la resolución recurrida está asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, “en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”. ( Sentencias TS núms. 762/12 de 26 septiembre , 638/12 de 16 de julio y 648/12 de 17 de julio , reiterando lo dicho en la núm. 542/12 de 21 de junio, resolviendo el recurso no 1358/2011 y SSTS núms. 122/2012 de 22 de febrero , 103/12 y 99/12 de 27 de febrero , 1342/11 de 14 de diciembre , 1370/11 y 1432/11 de 16 de diciembre , 1385/11 de 22 de diciembre , 1270/2011 de 21 de noviembre , 1276/11 de 28 e noviembre , 1198/11 de 16 de noviembre , 1192/2011 de 16 de noviembre , 1159/11 de 7 de noviembre ). Sin duda está es una sentencia que todos podríamos tener en un cajón de la mesa de trabajo para orientar y fundamentar el Derecho a la presunción de inocencia.
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¿INDEMNIZACIÓN CON IVA Y BENEFICIO INDUSTRIAL?	El supuesto de hecho es una condena que trae origen en una reclamación de una indemnización en la que se incluye el IVA y el 19 % de beneficio industrial.
“La sentencia impugnada, ante las distintas soluciones que se han adoptado por las Audiencias Provinciales para tales casos, opta por excluir dichos conceptos y por ello estima parcialmente el recurso de apelación. Dicha cuestión ya ha sido abordada por esta Sala en reciente sentencia núm. 347/2014, de 26 junio (Recurso núm. 1688/2012 ). En ella se dice que la indemnización de daños y perjuicios no devenga IVA según lo previsto en el artículo 78.3.1o de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , reguladora del impuesto sobre el valor añadido, pero no es lo mismo la aplicación del impuesto a una indemnización que la inclusión en la misma de lo que el perjudicado ha de pagar por ello a un tercero que realiza el servicio de que se trata, pues en tal caso el IVA va comprendido necesariamente en la propia indemnización de daños y perjuicios ya que, de no ser así, la misma no sería íntegra como requiere el artículo 1101 y concordantes del Código Civil ; y se añade que efectivamente al tratarse de la reparación de unos vicios o defectos constructivos, el importe de la indemnización debe fijarse teniendo en cuenta el importe total que el perjudicado debe abonar para la reparación de los vicios y defectos constructivos, sin que en este caso se pueda plantear el posible enriquecimiento injusto de la comunidad de propietarios; en cuanto dicha comunidad, carente de personalidad jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto y por tanto no puede compensar en declaración tributaria lo abonado. Los mismos razonamientos cabe aplicar a la cantidad establecida por beneficio industrial, por cuanto lo indemnizable ha de ser la cantidad que finalmente habría de satisfacer el perjudicado si procediera a la reparación de los daños, pues esa es la prestación debida al mismo por el responsable de tales daños, sin consideración a la actuación posterior de dicha parte perjudicada que podrá optar por llevar a cabo o no la reparación en las condiciones que estime oportunas. “
15 noviembre, 2014 · 19:14	22 octubre, 2014 · 8:58	NULIDAD DE LICENCIAS, SERVIDUMBRE DE VISTAS, RESPONSABILIDADES VARIAS Y OTROS DETALLES.	El post de hoy es de servidumbres de luces y vistas. Si, después de tantos años, después de Castanes y otros libros y manuales el 3-10-2014 sale una recentísima STS que nos remite al art 582 y 584 de nuestro añejo Código Civil.
La inclusión en un plan general de ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación … no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, normas que son de inexcusable observancia, debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los propietarios de suelo urbano por la legislación urbanística, se produce con la correspondiente acta de entrega y recepción, que produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical. Lo cual -tanto la sentencia firme de este proceso como la transcrita de esta Sala- lleva a la conclusión de que la vía que es discutible, franja de terreno entre los EDIFICIO000 ” y ” EDIFICIO001 ” puede ser utilizada por el público, pero no tiene el concepto jurídico de vía pública; es un paso de hecho, propiedad de la comunidad demandada ( EDIFICIO000 “), pero no es vía pública. Se mantiene -como no podía ser menos- la declaración del fallo de las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el actual dominio privado del terreno por la comunidad, aunque incluida en un plan urbanístico, pero es dominio privado sin perjuicio de la transmisión del mismo al Ayuntamiento, en su día y si procede, tal como también declara con carácter general la sentencia dictada de esta Sala.
4.º- Pese que no entra directamente a conocer, la posible responsabilidad del Ayuntamiento, puesto que desde instancia razonan que : “Se trata de determinar si dicha franja de terreno es de propiedad particular del EDIFICIO000 como figura en el Registro de la Propiedad, o si, por el contrario, es una calle pública, como calle peatonal de uso público según consta en el ordenamiento urbanístico desde las normas subsidiarias hasta el actual Plan General de Ordenación Urbana y que por la inactividad del Ayuntamiento no fue objeto de cesión previa a la concesión de la correspondiente licencia de obras a favor de la Comunidad Cervantes.” 5.º- La nulidad de la licencia, de las cédulas, etc con la responsabilidad que ello conlleva ex art 102 LRJPAC.
25 septiembre, 2014 · 19:58	CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.	CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.
29 junio, 2014 · 17:13	¿EL MARKETING FAGOCITA AL ABOGADO O HAY ALGÚN ABOGADO SIN MARKETING DETRÁS?	¿EL MARKETING FAGOCITA AL ABOGADO O HAY ALGÚN ABOGADO SIN MARKETING DETRÁS?
21 junio, 2014 · 11:58	¿TE HAN COBRADO EL IBI COMO URBANO POR SUELO URBANIZABLE? RECURRE!!!	Volvemos en el blog al proceloso y abigarrado mundo del Derecho después de unos post que se han alejado ligeramente del camino.
19 junio, 2014 · 20:30	ESTAFA PIRAMIDAL A LA ESPAÑOLA. BALDOMERA LARRA WETORET	El día de hoy, 19-6-2014, pasará a la historia por celebrar que tenemos un nuevo Rey, Felipe VI. Esta semana pasará a la historia porque la Selección Española de Fútbol ha llevado un varapalo después de haber sido más grande que la Armada Invencible de otro Rey llamado Felipe.
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11 mayo, 2014 · 17:20	CÓDIGOS JURÍDICOS COMENTADOS SIN COPYRIGHT. COMPARTE Y SE AGRADECIDO	CÓDIGOS JURÍDICOS COMENTADOS SIN COPYRIGHT
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4 mayo, 2014 · 16:32	LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN RELACIÓN CON LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS.	LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN RELACIÓN CON LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS.
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2 mayo, 2014 · 7:59	CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA. PERSONAS FÍSICAS. (AVISO: EL POST ESTÁ DESACTUALIZADO. ES DE NORMATIVA DEL AÑO 2006)	Acabo de leer un tuit de Don Iñigo Coello de Portugal @icpmp .Este compañero tuitero creo que no tiene la repercusión que se merece aunque aborda desde una óptica diferente unos temas más que interesantes (además de su calidad como jurista) pero eso es otro tema.
En fin, el tuit aborda una información sobre la evasión fiscal a través de Irlanda y Holanda. Matiza que expasión desconoce que existen convenios de doble imposición.
Eso me recordó que en el año 2006, dentro de los Curso de Doctorado sobre Sistemas Tributarios Europeos, de la Universidad de Santiago de Compostela hice un pequeño análisis del tema.
El trabajo, hoy leído, es igual de malo que en aquella fecha. A pesar de eso, el recuerdo de una buena época puede más así que he decidirlo publicarlo en el Blog. RECORDAD QUE SON DATOS DESACTUALIZADOS.
CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA: PERSONAS FÍSICAS 1.- INTRODUCCIÓN
La globalización es, sin duda, un término difícil de definir pero que, en cualquier caso está definido por dos variables:
a) Por un lado, una globalización financiera donde los avances tecnológicos que permiten la comunicación instantánea entre cualquier parte del mundo y la apertura de mercados que favorecen la importación y exportación mundial facilitan la interdependencia económica entre Estados.
b) Por otro lado, un apertura de fronteras económicas donde existe un importante tránsito de capital humano.
Este facilidad de intercambios comerciales como de capital humano sin tener que establecerse o hacerse nacional del estado receptor, al contrario de cómo ocurrió en las migraciones europeas del siglo pasado, favorece la posibilidad de que una misma persona, por una misma renta y por un mismo período impositivo pueda estar gravada en dos Estados distintos por impuestos similares: en el Estado donde se obtiene la renta y el Estado donde tiene la residencia fiscal el preceptor de la renta.
Así, por ejemplo, la LIRPF Art. 2.1 prevé que las personas que tengan su residencia habitual en España sean gravadas por la totalidad de la renta que obtengan ( criterio de renta mundial) con independencia del lugar en donde se hubiese producido y de cualquiera que sea la residencia del pagador. Esta situación permite que si la política fiscal del Estado residente del pagador obligue a la tributación de rentas obtenidas en ese Estado aun no siendo residente se produciría una situación de doble tributación.
Por ello, parece deseable que esta situación fiscal de sujetos que perciben rentas en países en los cuales no son residentes sea unificada. Para lograr esta unificación diferentes organizaciones han trabajado creando convenios bilaterales e incluso convenios marco que sirvan de modelo para establecer una vía unidireccional de trabajo entre Estados de modo que existan unos principios comunes.
Una de esta organizaciones es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que ha creado sucesivos Modelos de Convenio que constituyen una base de armonización fiscal que han ido actualizando para adaptarlos a las necesidades de la economía mundial. Estos convenios para evitar la doble imposición internacional (CDI) son tratados internacionales que contienen, en particular, medidas para evitar los supuestos de doble imposición.
2.- MODELOS DE CDI
Todos los CDI suscritos por España se configurar en los Modelos de CDI propuesto por la OCDE desde 1963 y sus actualizaciones si bien determinados Tratados pueden incorporar ocasionalmente aspectos procedentes del Modelo elaborado por la ONU.
Los CDI tienen tres bloques normativos fundamentales:
1) Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio.
2) Impuesto sobre las rentas de la navegación marítima y aérea internacional.
3) Impuesto sobre las herencias.
Por el volumen de convenios bilaterales existentes, por la amplitud de sus disposiciones y su práctica los CDI sobre Renta y Patrimonio son los más importantes.
3.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CDI
En cuanto que todo CDI es un Tratado Internacional (todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos comunes, cualquiera que sea su denominación particular[Convenio de Viena art. 2.1, a]) y, por tanto, norma internacional, deber ser interpretado de conformidad con las directrices establecidas por el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de Mayo de 1969, adhesión de España el 2 de mayo de 1972; en particular sus artículos 31 a 33 donde establecen los principios de buena fe y primacía del texto en los particulares de objeto y fin del Tratado.
No obstante, es importante destacar que el Modelo de Convenio de la OCDE (MCOCDE) no es vinculante oficialmente auque si lo es de modo oficioso, en el sentido de que los convenios bilaterales que firman los países respetan tanto en su estructura como en su contenido el esqueleto principal de dicho modelo de convenio.
4.- ÁMBITO JURÍDICO DE TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES.
Debemos diferenciar dos planos normativos: la normativa internacional y la legislación interna.
Respecto a la normativa internacional debemos indicar que existen tres formas de tratados en relación con el ámbito tributario español:
1.- CDI para prevenir la evasión fiscal, de carácter bilateral sobre las materias ya señaladas.
2.- Convenios bilaterales o multilaterales de los que España sea parte y afecten a este ámbito.
3.- Acuerdos suscritos con organismos internacionales que aun tratando de materias distintas contienen disposiciones que afectan al ámbito fiscal.
Por otro lado, la legislación interna española en materia de imposición a no residentes tributarios posee regulación para aquellos supuestos en los que el país de residencia del sujeto pasivo no posea convenio de doble imposición con España. Esta situación se regula a través del Impuesto de la Renta para No Residente (IRNR) y el Impuesto sobre el Patrimonio ( IP).
5.- ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
Existen dos categorías de doble imposición internacional:
– Económica: una renta es sometida a más de un gravamen diferente.
– Jurídica: una renta de un sujeto pasivo es gravada por un mismo hecho imponible en dos países diferentes
La doble imposición jurídica es la fundamental y es la que se intenta evitar a través del establecimiento de los CDI. Puede aparecer, de modo general, en dos supuestos:
a) Conflicto de doble residencia: un contribuyente debe tributar en dos Estados por su renta mundial.
b) Conflicto entre Estado de residencia y el Estado de la fuente: un contribuyente debe tributar en un estado por ser residente y en otro Estado por se el Estado de donde proviene la renta.
El principal objetivo de estos convenios es evitar que se produzcan estos conflictos. Así a través de los convenios cada Estado abandona una parte de esa potestad inherente a su soberanía permitiendo atenuar los efectos de la doble imposición.
6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE
Está estructurado en siete capítulos desarrollados en 30 artículos:
– Capítulo I ( arts 1 y 2): ámbito de aplicación.
– Capítulo II (arts. 3 a5): definiciones generales.
– Capítulo III, IV y V definen las competencias de cada Estado contratante y métodos para evitar la doble imposición.
– Capítulos VI y VII contienen disposiciones acerca de disposiciones procedimentales o aspectos complementarios.
7.- ANÁLISIS DE MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO HISPANO- PORTUGUÉS En este estudio intentaremos llevar a cabo un estudio de el convenio marco de la OCDE en relación con el convenio hispano portugués en un intento de estudiar un CDI como norma y con el particular de la peculiaridad portuguesa, en cuyo caso nos detendremos en su análisis.
a) Ámbito de aplicación. El MC establece en su artículo 1 que:
“El presente convenio se aplica a las personas que son residentes de uno o de los dos Estados contratantes”
El término residente es la clave de este artículo ya que existe la preferencia del término de residente a efectos fiscales ( de acuerdo con la legislación interna de cada Estado) prefiriendo este término antes que otros como nacional o contribuyente.
b) Ámbito objetivo, el artículo 2 del MC:
“El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción”
En este precepto se delimita el ámbito objetivo de los convenios, delimita el sector tributario al que quedan adscritos los Estados contratantes. Además en el MC se define qué son los Impuestos de Renta y Patrimonio:
“Se consideran impuestos sobre la renta y el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe total de los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestso sobre las plusvalías.”
Incluso el MC complementa ésta definición concretando cuales son los impuestos vigentes en cada Estado:
“Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a) En el Estado A:……………………….
b) En el Estado B:……………………….”
Además se incorpora una cláusula que permita la inclusión de nuevos tributos en caso de su creación en uno de los Estados contratantes con el único requisito de su notificación al final de año.
“ El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan producido en sus respectivas legislaciones fiscales.”
Particularidades del Convenio Portugués (CP):
a) Respecto al sujeto activo: se incorpora la referencia a las subdivisiones políticas y administrativas.
b) Materia imponible: menciona exclusivamente la imposición sobre la renta aunque se entienden incluidos el IRPF, IS, IP y los impuestos locales sobre la renta.
c) Comunicación: no impone plazo para la comunicación.
c) Definiciones generales ( artículo 3)
CMOCDE:
“1. A efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
a) el término persona comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
b) el término sociedad significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
c) el término empresa se aplica al ejercicio de toda actividad empresarial o profesional o negocio;
d) las expresiones empresa de un Estado contratante y empresa del otro Estado contratante significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;
e) la expresión tráfico internacional significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
f) la expresión autoridad competente significa:
i) ( en el Estado A):……………,
ii) (en el Estado B):…………….;
g) el término nacional se aplica a:
ii) toda persona jurídica, sociedad colectiva o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante.
h) La expresión actividad empresarial o profesional y el término negocio incluyen la ejecución de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera un interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.”
Sobre este precepto existe una tendencia a una interpretación extensiva de las competencias fiscales.
Particularidades del CP:
En esta fuente también bebe el CP ya que detalla en su artículo 3 cual es su ámbito territorial de aplicación.
“El término España significa significa el Estado español y, utilizado en sentido geográfico, designa el territorio del Estado español incluyendo las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Estado español puede ejercer jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales. El término «Portugal» comprende el territorio de la República portuguesa situado en el continente europeo, los archipiélagos de Azores y de Madeira, el respectivo mar territorial así como otras zonas donde, de conformidad con la legislación portuguesa y el Derecho internacional, la República portuguesa tiene jurisdicción o derechos de soberanía respecto de la prospección, búsqueda y exploración de los recursos naturales del fondo marino, de su subsuelo y de las aguas suprayacentes. d) Residente ( artículo 4):
“1. A efectos del presente Convenio, la expresión “residente en un Estado contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición de ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.”
Primero, la residencia se determina en virtud de la legislación interna de cada Estado contratante. En el caso español la residencia fiscal se regula en el artículo 9 de la LIRPF donde, grosso modo establece que se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en España cuando se de cualquiera de estas circunstancias:
a) Permanencia en España más de 183 días durante el año natural.
c) Existe una presunción iuris tantum de residencia cuando resida en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que de él dependan.
Además existen unos supuestos especiales ya que tendrán consideración de contribuyentes las personas físicas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores que tengan residencia habitual en el extranjero, por su condición de:
a) Miembro de Misiones diplomáticas españolas.
b) Miembro de las Oficinas consulares españolas.
c) Titulas de cargo o empleo del Estado español.
Aunque presentan excepciones:
a) cuando las personas relacionadas anteriormente no sean funcionarios públicos en activo o titulares de cargo o empleo oficial y tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición de cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.
b) Cónyuges no separados legalmente o hijos menores de edad, cuando tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición por el cónyuge, el padre o la madre, de las condiciones enumeradas anteriormente.
La residencia en los convenios.
En todos los CDI suscritos por España para definir la residencia se remite a la legislación interna de cada Estado. Es por ello que puede surgir el problema de una doble residencia si en esas legislaciones internas se establecen criterios distintos para considerar como residente a una persona.
Para evitar esto los convenios establecen una serie de criterios para evitar que una persona se considere residente en los dos Estados. Estos criterios son los siguientes:
“2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:
1.- “Residente en el Estado en el que tenga una vivienda permanente a su disposición, si la tuviera en ambos Estados se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales)”
2.- “Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado contratante donde viva habitualmente. Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional. Si fuera nacional de ambos Estados o no fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los dos Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.”
Entendemos que debemos pararnos a analizar este precepto en relación a explicar el centro de intereses vitales. Por intereses vitales podemos entender los lazos personales ( relaciones familiares y sociales, ocupaciones, actividades políticas, culturales o de otra índole) y económicos ( sede de negocios, lugar donde se administran los bienes, etc). En caso en que no se pueda determinar la residencia con arreglo a los criterios mencionados atenderemos a la estancia habitual y a la nacionalidad. Y, en su defecto, deberá resolverse de común acuerdo entre los Estados contratantes.
Centro de intereses vitales sin duda es un concepto con más importancia de lo que a priori pueda parecer. En primer lugar, porque estamos viviendo el establecimiento de un nuevo marco de convivencia que aglutina los fenómenos migratorios de los países con marcado carácter musulmán junto con la migración proveniente de países subsaharianos.
Sin duda nos encontraremos, en breve espacio de tiempo, con la dificultad de determinar ese centro de intereses vitales para esta nueva población ya que en la mayoría de los casos estos nuevos residentes se convierten en sujetos pasivos de la hacienda nacional pero sus países de origen no son Estados contratantes de convenio alguno para evitar esta doble imposición ni, por otro lado, estos nuevos residentes permanecen legalmente tiempo suficiente para considerar que posean su centro de intereses vitales en el Estado fuente de renta.
Otra cuestión diferente y que plantea otro tipo de problema surge ante la apertura diplomática actual de aceptación de culturas de raíz musulmana ya que se comienzan a escuchar ecos solicitando la poligamia. Esta institución de origen musulmán todavía no reconocida oficialmente en Europa plantea la existencia de núcleos familiares de un hombre desposado con varias mujeres de cada una de las cuales puede o debe engendrar una prole.
Esto es algo que, sin duda, llevará a una revisión en corto-medio plazo del concepto de intereses vitales ya que podría posibilitar la existencia de un sujeto pasivo de un Estado sin convenio, sin poder considerarse residente y sin poder delimitar cual es su centro de intereses vitales ya que en algún supuesto podría establecer diferentes núcleos familiares en diferentes estados.
Este problema ya afecta a Francia ya que su población musulmana aumenta vertiginosamente y aunque no se han planteado los problemas específicos de la determinación del centro de intereses vitales; si se ha planteado en otro plano tributario. Así, en su IRPF, ya se encuentran con la dificultad de establecer los beneficios fiscales para núcleos familiares de un hombre y varias mujeres con su correspondiente descendencia.
Peculiaridades CP:
Si en el MCOCDE “residente en un Estado contratante” se determina según la legislación interna de cada país contratante, el CP, entre otros, desarrolla este concepto delimitándolo de un modo más concreta ya que incluye una cláusula particular donde dispone que la expresión residente en un Estado contratante “no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que posean en el mismo”, situación que atiende al supuesto de personas físicas, particularmente a los agentes diplomáticos y funcionarios consulares extranjeros que prestan servicio en un país extranjero.
8.- TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS AFECTADAS POR LOS CDI
En los artículos 6 a 21 del MCOCDE ( arts 6 a 22 CP) se recogen los criterios de tributación de rentas o patrimonio. De entre todos las clases de rentas sujetas a los CDI sólo entraremos a analizar los rendimientos de inmuebles y las ganancias patrimoniales que tengan como sujeto pasivo a una persona física.
A.- Rendimiento de inmuebles
Artículo 6 CMOCDE:
“1. Los rendimientos que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles( incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y de los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa”
La cuestión principal de este precepto es que posibilita la tributación compartida. Por un lado, el Estado fuente donde están los inmuebles y por otro el Estado de residencia de quien obtiene las rentas. Y será el Estado de residencia el que deba establecer el método para evitar la doble imposición. En este supuesto el Estado donde estén situados los inmuebles será el que tenga preferencia en el establecimiento del gravamen de las rentas que produzcan.
Peculiaridades del CP
En relación con el Convenio Hispano Portugués nos encontramos con que se existe un Protocolo firmado en Madrid del 25 de Octubre de 1995 que dispone:
“En relación con el artículo 6, sus disposiciones se aplicarán igualmente a los rendimientos derivados de los bienes mobiliarios que, de acuerdo con el derecho fiscal del Estado contratante en que tales bienes estuvieren situados , sean asimilados a los rendimientos de bienes inmobiliarios.”
Así, nos encontramos con una extensión de las disposiciones relativas a las rentas inmobiliarias.
b) Rendimientos de inmuebles arrendados.
Como hemos visto, el Convenio nos remite a la legislación interna de cada Estado. En España se regula a través del Impuesto de la Renta de No Residentes. Este tributo no diferencia en la naturaleza jurídica de quien adquiere la renta. Cuando un inmueble sea propiedad de un matrimonio o de una comunidad de propietarios , cada comunero será considerado como un contribuyente independiente y deberán presentar declaraciones separadas.
No obstante, podrán efectuarse declaraciones de carácter colectivo en las que se pueden incluir varios devengos de rendimientos de un mismo contribuyente o de varios contribuyentes, producidos en un trimestre natural. En el caso de que la declaración colectiva contenga rendimientos de distintos contribuyentes, el presentador debe ser un representante común, un mismo responsable solidario de las deudas tributarias (pagador, depositario o gestor) de todos ellos o un mismo retenedor (en el supuesto de arrendamiento de locales a empresarios o profesionales
c) Inmuebles no arrendados
Cuando el propietario es persona física, estudio que ahora nos ocupa, y sea utilizado o esté a disposición de su propietario; se prevé la sujeción a rentas imputadas, cuya cálculo procederá de conformidad por lo regulado en el artículo 87 de la LIRPF, son la excepción de si esa renta provenga de un bien rústico o solar urbano.
El cálculo se produce proporcionalmente al período del año en que el propietario haya mantenido la titularidad y conforme a dicha norma.
El tipo será del 25 %.
El devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año.
Mención especial corresponde al aprovechamiento por turno de inmuebles (time- sharing) ya que la LIRPF en su artículo 87.3 no imputa renta inmobiliaria cuando estos derechos no alcanzan más de dos semanas al año. Aunque ciertos CDI extienden a cuatro las semanas de aprovechamiento mínimo como sucede con el Reino Unido.
B.- Ganancias Patrimoniales. Impuesto de la Renta de No Residentes.
Se recoge la regulación de estos ingresos en el artículo 13 de CMOCDE:
“ 1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el artículo 6, situados en le otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
“ 2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante para la presentación de trabajos independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente( sólo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional, de embarcaciones utilizadas en la navegación interior, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques, aeronaves o embarcaciones, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
4. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos 1, 2 y 3 sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.”
Ganancia de capital son las ganancias que un residente obtenga por la enajenación de un bien. En este caso, enajenación sería la transmisión efectiva mediante venta, permuta, expropiación, aportación social, donación o transmisión por causa de muerte.
Todos los CDI siguen las siguientes directrices:
a) Las obtenidas por un residente en un Estado contratante pueden gravarse en el Estado donde se encuentren los bienes inmuebles enajenados.
b) Las derivadas de cualquier otro bien podrá gravarse en el Estado donde resida el transmitente.
i) Ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte de un activo de un Establecimiento Permanente o base fija.
ii) Los procedentes de la enajenación de buques, aeronaves, o embarcaciones explotadas en el tráfico internacional, sólo pueden someterse a imposición en el Estado donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresas.
En los supuestos a) y b) la doble imposición se produce en el primero de ellos, siendo el Estado de residencia el obligado a eliminarla por le método de exención o imputación.
Las plusvalías mobiliarias se gravan por un único Estado evitando así el riesgo de doble imposición.
Los CDI se limitan a establecer la potestad del gravamen de cada Estado sobre las ganancias patrimonial, siendo la legislación interna la que decida su conveniencia y su formulación. Por eso, aun cuando exista CDI, la tributación de ganancias patrimoniales por no residentes se hace de acuerdo con lo regulado por la LIRNR.
Impuesto de la Renta de No residentes El IRNR constituye un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas o entidades no residentes en el mismo. Su regulación se encuentra recogida en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado mediante el RDLeg. 5/04 (LIRNR), en vigor desde el 13/3/04. La ley se encuentra desarrollada por un Reglamento aprobado por el RD 1776/04 (RIRNR), en vigor desde 6/8/04. Los parámetros por los que se rige ya han sido mencionados pero a modo de recordatorio señalamos:
NO residencia fiscal,
Rentas obtenidas en territorio español,
Concurrencia establecimiento permanente o no y
CDI aplicable.
Las ganancias derivadas de la venta de inmuebles constituye una renta sometida a gravamen como consecuencia de dicha venta. Con carácter general, las ganancias se determinarán por diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición.
El valor de adquisición estará formado por el importe real por el que se adquirió el inmueble, al que se sumarán el importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición satisfechos por el ahora transmitente. En función del año de adquisición a este valor se le aplicarán unos coeficientes correctores para facilitar la actualización de ese valor.
El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se haya efectuado, minorando el importe de los gastos y tributos inherentes a la transmisión que haya sido por cuenta del vendedor.
Una excepción importante es aplicable a las personas físicas ya que si el inmueble fue adquirido con anterioridad del 31 de diciembre de 1994, la ganancia previamente hallada se reducirá en un 11, 11% anual por cada año de permanencia en el patrimonio que exceda de dos.
Las ganancias patrimoniales tributan (LIRNR art. 24.4, 25.1, f) y DT Única), en general, por las normas del IRPF.
El devengo, se produce en el momento de la alteración patrimonial.
La base imponible será la diferencia entre el valor de adquisición del elemento patrimonial y su valor de transmisión.
En relación al caso de las personas físicas, que ahora analizamos, existe un criterio diferencial con las entidades. Esta diferencia consiste en que si el inmueble fue adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, la ganancia previamente hallada se reducirá en un 11, 11% anual por cada año de permanencia que exceda de dos. A efectos de computar dicha permanencia , se tomará el número de años que median entre la fecha de adquisición y el 31 de diciembre de 1996, redondeadas por exceso. El importe de la ganancia sometida a gravamen puede determinarse aplicando la ganancia previamente calculada el siguiente porcentaje:
Hasta 31/12/96
Una vez finalizada la determinación de la base debemos aplicar el tipo impositivo que para el caso que estamos estudiando, personas físicas, será del 35 %.
Las ganancias patrimoniales mobiliarias están exentas del impuesto siempre que el sujeto pasivo sea residente de la Unión Europea.
Retención a cuenta. La persona que adquiere el inmueble, sea o no residente, está obligada a retener e ingresar en el Tesoro Público el 5% de la contraprestación acordada. Esta retención tiene para el vendedor ganancia derivada de la transmisión . Si la cantidad retenida es superior a la cuota a ingresar se podrá obtener la devolución del exceso.
El plazo es de un mes desde la fecha de transmisión del inmueble.
Doña C. S. Residente en Oporto, adquirió el 5 de junio de 1990, un piso en Santiago por importe de 70.000 €, soportando por dicha adquisición los siguientes gastos:
Impuesto sobre el Valor añadido (IVA)——————– 4.200 €
Notarios y Registro——————————————– 820 €
El apartamento no ha estado nunca arrendado.
El 1 de enero de 2004 vendió el apartamento por 120.000 €, abonando en concepto de Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana la cantidad de 3.500 €. Por su parte P.P., adquirente del inmueble, retuvo la cantidad de 6.000 €, importe equivalente al 5% del precio de venta.
Valor de transmisión: 120.000, 00 -3.500,00 €—————————————-116.500,00 €
Valor de adquisición: 70.000, 00 + 4.200, 00+840, 00 €—————————- 75.040, 00 €
Valor de adquisición actualizado: 75.040, 00 € x 1,1461º—————————- 86.003,34 €
Ganancia Patrimonial 116.500,00 –86.003,34 € ————————————– 30.496,66 €
Años de permanencia a 31 del 12 de 96 ————————————– 7 años
Ganancia patrimonial reducida 44,45 % de 30.496,66 €—————————– 13.555, 77 €
Tipo ———————– 35%
Cuota———————- 4.744, 52 €
Retención 5%———— 6.000, 00
Cuota diferencial ——- 4.744, 52 – 6.000 €——————–( – 1.255, 48 €)
º Coeficiente de actualización aplicable para transmisiones de bienes inmuebles adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y realizadas durante el año 2004.
9.- SOLUCIONES: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.
Se recoge la regulación de los métodos para evitar la doble imposición en los artículos 23 A y B del MCOCDE.
A) Método de Exención:
Artículo 23 A: “ 1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio pueden someterse a imposición de otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar dejará exentas tales rentas o elementos patrimoniales, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3.
2. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de los artículo 10 y 11, pueden someterse a imposición de otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá la deducción en el impuesto sobre las rentas de dicho residente de un importe igual al impuesto pagado en ese otro Estado. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en ese otro Estado.
3. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante, o el patrimonio que posea, estén exentos de impuestos en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente.
4. Lo dispuesto en el artículo 1 no es aplicable a la renta percibida o al patrimonio poseído por un residente de un Estado contratante cuando el dicho Estado contratante aplica las disposiciones del Convenio para exonerar de impuesto esa renta o esta fortuna o cuando aplica lo dispuesto por el apartado 2 de los artículo 10 y 11 a dicha renta.”
Este método consiste en que el Estado de residencia del preceptor de las rentas o del titular del patrimonio, deja exentas las rentas o patrimonio que tributarán en el estado fuente.
Tiene dos aplicaciones:
a) exención integra: el Estado de residencia deja exentas las rentas procedentes del extranjero.
b) Exención con progresividad: la renta obtenida en el Estado fuente no se grava en el Estado de residencia que no obstante lo tendrá en consideración en el momento de determinar el tipo de gravamen al resto de la renta.
Con este sistema se corrige la doble imposición al permanecer la renta exenta en uno de los Estados y sometiéndose a gravamen en el otro. En general la exención se aplica en el Estado de residencia del beneficiario y será el Estado de la fuente donde tribute en exclusiva la renta en él obtenida.
Inconvenientes, entre otros:
a) La determinación de importe de renta exenta en el Estado de residencia como consecuencia de deducciones o desgravaciones aplicadas en dicho Estado.
b) En las pérdidas, el Estado de residencia puede admitir o no las mismas.
c) Determinación del mínimo exento en el estado de residencia.
B) Método de Imputación.
Artículo 23 B: “1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá
a) La deducción en el impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en ese otro Estado;
b) La deducción en el impuesto sobre el patrimonio de ese residente de un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en ese otro Estado.
En uno y otro caso, dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o el patrimonio que pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas por un residente de un estado contratante o el patrimonio que posea estén exentos de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente”
Este método consiste en que el Estado de residencia del preceptor de las rentas o patrimonio al calcular la base imponible tiene en cuenta el total de rentas y patrimonio pero deduce los impuestos ya satisfechos en el Estado fuente. Defienden este método los países exportadores de capital.
Al igual que en el método de exención, en el método de imputación puede aplicarse de dos formas:
a) Imputación integral: el Estado de residencia del contribuyente deduce los impuestos satisfechos en el otro estado sin limitación alguna.
b) Imputación ordinaria con deducción limitada: el Estado de residencia deduce los impuestos pero limita esta deducción a la porción del tributo que debería pagar si se hubiesen obtenido en el Estado de residencia del contribuyente.
Peculiaridades Convenio Hispano Portugués
Se regulan los métodos para eliminar la doble imposición en su artículo 23:
“En el caso de un residente de España, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación española (siempre que no contradigan los principios generales establecidos en este apartado), de la siguiente manera: Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Portugal, España permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto efectivamente pagado en Portugal. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en Portugal. Cuando se trate de dividendos pagados por una sociedad residente de Portugal a una sociedad residente de España que detente directamente al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que paga los dividendos, para la determinación de la deducción se tomará en consideración, además del importe deducible con arreglo a la letra a) de este apartado, el impuesto efectivamente pagado por la sociedad mencionada en primer lugar respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya, a estos efectos, en la base imponible de la sociedad que los percibe. Dicha deducción, juntamente con la deducción aplicable respecto de los dividendos con arreglo a la letra a) de este apartado, no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas sometidas a imposición en Portugal. Para la aplicación de lo dispuesto en esta letra será necesario que la participación en la sociedad pagadora de los dividendos sea de al menos el 25 por 100 y se mantenga de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores al día de pago de los dividendos. En el caso de un residente de Portugal, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación portuguesa (siempre que no afecten a los principios generales establecidos en este apartado), de la siguiente manera: Cuando un residente de Portugal obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, Portugal permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto pagado en España. Dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que puedan someterse a imposición en España. Cuando una sociedad residente de Portugal perciba dividendos de una sociedad residente de España en la cual la primera detente directamente una participación de al menos el 25 por 100 del capital, Portugal deducirá, a efectos de determinar el beneficio imponible sujeto al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, el 95 por 100 de tales dividendos, incluidos en la base imponible, en los términos y con las condiciones establecidas en la legislación portuguesa. Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante, estén exentas de impuestos en ese Estado contratante, dicho Estado podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente”
En Portugal se aplica por lo tanto:
a) la imputación limitadas para las rentas.
b) Exención limitadas para dividendos matriz-filial.
a) Imputación limitada para las rentas.
b) Imputación de impuestos subyacentes para dividendos matriz filial.
10.- ÍNDICE
2.- MODELOS DE CDI.
3.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CDI.
5.- ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN.
6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE.
7.- ANÁLISIS DE MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO HISPANO PORTUGUÉS.
b) Ámbito objetivo.
c) Definiciones generales.
d) Residente.
8.- TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS AFECTADAS POR LOS CDI.
A.- Rendimiento de inmuebles.
B.- Ganancias Patrimoniales. Impuesto de la renta de No Residentes. Ejemplo.
A.- Método de exención.
B.- Método de Imputación.
10.- ÍNDICE.
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21 abril, 2014 · 19:30	¿NOS HEMOS CARGADO LA IGUALDAD ENTRE PARTES PROCESALES EN LA LEC? OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA	Este post pretende informar de una situación sin entrar a analizar otra cuestión que la estrictamente de igualdad de armas en un proceso civil. Se que es un tema que ya ha sido analizado por otros compañeros antes como Don Alfredo Herranz y como doña Veronica del Carpio.
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12 abril, 2014 · 9:31	EL ERROR JUDICIAL EXISTE. Resolución administrativa de pensión de jubilación por incapacidad. Dies a quo de Acción Extracontractual art 1902 CCiv, Arts 292 y 293 LOPJ	EL ERROR JUDICIAL EXISTE. DÍA INICIAL PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO, ex art 1902 CC y arts 292 y 293 LOPJ.
El actor interpone demanda por error judicial contra la SAP Valencia, secc 11, de 30-9-2011 al entender que existe un error judicial “”al entender como fecha de inicio de la prescripción, actio nata, la del alta médica con estabilización de sus secuelas, y no la del día en que se produjo la resolución administrativa en que se reconoce su pensión por jubilación por incapacidad (el actor se trataba de funcionario de Correos y tal es la denominación legal de su pensión de incapacidad)”, en contra de la doctrina reiterada de esta Sala relativa a que “el plazo de prescripción no comienza a correr hasta que sea firme la resolución administrativa declaratoria o denegatoria del efecto invalidante ( SSTS 11 de febrero 2011 , 24 de mayo de 2010 y 7 de octubre de 2009 , entre las más recientes)”. La STS de 2-4-2014, que estamos analizando, en primer lugar, expone qué entiende por error judicial “«(e)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 de la CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 de la LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de25 de enero de 2006, EJ núm. 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ núm. 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ núm. 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ núm. 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ núm. 20/2006 , 7de mayo de 2007, EJ núm. 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ núm. 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada.
26 marzo, 2014 · 15:52	TARJETA IKEA, VENTAJA EUROPA SA, EXTRAÑA GESTIÓN E INTERESES INFINITOS	TARJETA IKEA, VENTAJA EUROPA SA, EXTRAÑA GESTIÓN E INTERESES INFINITOS
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