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Timestamp: 2017-07-20 21:02:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 22', 'artículo 31']

Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Publicado en BOPA núm. 84 de 12 de Abril de 1997
Vigencia desde 13 de Abril de 1997.
El Jefe del Servicio Jurídico y los Letrados
La Secretaría del Servicio Jurídico
TITULO II. Función Consultiva
CAPITULO I. Informes y consultas en general
CAPITULO II. Informes sobre proyectos de disposiciones de carácter general
CAPITULO III. Bastanteo de poderes
Registro de avalistas
CAPITULO IV. Asistencia a mesas de contratación y a órganos colegiados
TITULO III. Función Contenciosa
CAPITULO I. Actuaciones en representación y defensa del Principado de Asturias
Colaboración con el Servicio Jurídico
Comunicación de sentencias y otras resoluciones judiciales
CAPITULO II. Defensa del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias
Aseguramiento de la defensa
Derecho a la designación de defensor
CAPITULO III. Defensa de las entidades locales del Principado de Asturias
Concesión de la asistencia
Desistimiento y allanamiento
Colaboración de la entidad local
Obligaciones de la entidad local
Preámbulo La primera regulación sobre la organización y funciones del Servicio Jurídico de la Administración del Principado de Asturias tuvo lugar por Decreto 72/1984, de 31 de mayo, y se fue completando sucesivamente por Decreto 140/1984, de 28 de diciembre, que estableció el procedimiento para la ejecución de sentencias recaídas en procesos contencioso-administrativos en los que sea parte la Administración del Principado de Asturias y por Decreto 49/1990, de 17 de mayo, que determinó el procedimiento para la defensa del personal de la Administración del Principado de Asturias en las demandas de pleito civil o procedimiento penal, en razón de actos u omisiones en el ejercicio del cargo.
El Decreto 117/1995, de 27 de julio, sobre estructura orgánica de la Consejería de Cooperación, en la que se integra el Servicio Jurídico, introduce en su configuración un área funcional nueva, la consultiva, que responde a las necesidades demandadas por la Administración en ese momento y que, por tanto, han de tener acogida en dicho Servicio e incorpora al área contenciosa en razón de su especialización la defensa de las Entidades locales en los términos previstos en el Decreto 99/1988, función que hasta esa fecha venía siendo desempeñada por otros órganos de la Consejería.
Estos cambios, unidos a las funciones que atribuye al Servicio Jurídico la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, de contenido diferente o no contempladas en las disposiciones antes citadas, aconsejan por razones de técnica normativa la refundición en un texto único y actualizado de todas las disposiciones sobre la materia en sustitución de los aludidos Decretos, que se derogan por el presente.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Cooperación y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 20 de marzo de 1997,
Dispongo TITULO IDisposiciones Generales
Naturaleza y funciones 1. El Servicio Jurídico del Principado de Asturias es el órgano administrativo que tiene atribuidas las funciones de asistencia jurídica a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como su representación y defensa en juicio.
3. Podrá asimismo asumir la defensa de las entidades locales y del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, en los términos establecidos en el presente Decreto.
Estructura orgánica El Servicio Jurídico, encuadrado orgánica y funcionalmente en la Consejería de Cooperación, está integrado por un Jefe de Servicio y los Letrados adscritos al mismo, así como por una Secretaría y los demás órganos de apoyo administrativo contemplados en la normativa reguladora de la estructura orgánica de la Consejería.
Estructura funcional 1. El Servicio Jurídico se estructura funcionalmente en dos áreas: una consultiva y otra contenciosa.
2. Al área consultiva le corresponden las siguientes atribuciones:
a) La emisión de informes preceptivos y facultativos a que se refiere el artículo 6 del presente Decreto.
c) La asistencia a las mesas de contratación, así como a las reuniones de aquellos órganos colegiados en los que por disposición legal o reglamentaria deba tener presencia el Servicio Jurídico.
3. Al área contenciosa le corresponden las siguientes atribuciones:
a) La representación y defensa de la Administración del Principado de Asturias y, en su caso, de sus organismos autónomos y entes de derecho público, ante toda clase de Tribunales y en toda clase de procesos, incluidos los actos de jurisdicción voluntaria.
b) La defensa del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias en los términos recogidos en el presente Decreto.
c) La defensa de las Entidades locales en los casos en que legalmente proceda.
El Jefe del Servicio Jurídico y los Letrados 1. El Jefe del Servicio Jurídico, además de las funciones de Letrado, ejercerá las propias de su nivel orgánico, pudiendo dictar a tales efectos cuantas instrucciones sean precisas para el correcto funcionamiento del Servicio y para la actuación coordinada de los funcionarios que lo integran.
2. Los Letrados realizarán las funciones de representación y defensa inherentes a su condición en las materias a que se refiere el presente Decreto.
3. En el ejercicio de sus funciones los Letrados del Servicio Jurídico actuarán de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y diligencia.
La Secretaría del Servicio Jurídico Bajo la dependencia directa del Jefe del Servicio, corresponde a la Secretaría la custodia de los expedientes del Servicio, la expedición de certificaciones, la compulsa de los documentos, la relación del Servicio con los Tribunales y Juzgados con sede en Oviedo y, en especial, con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en todo lo relativo a notificaciones, emplazamientos, presentación de escritos procesales y otros documentos y cuantas actuaciones de contenido similar sean precisas para el correcto funcionamiento del Servicio.
TITULO IIFunción Consultiva
CAPITULO IInformes y consultas en general
Informes 1. Será preceptivo el informe del Servicio Jurídico en los siguientes supuestos:
a) Requerimiento suscitado por la Comunidad Autónoma al Estado o a otra Comunidad Autónoma de forma previa al planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.
b) Contestación a requerimientos de incompetencia planteados a la Comunidad Autónoma por el Estado o por otra Comunidad Autónoma.
c) Planteamiento por la Administración del Principado de Asturias de conflictos de jurisdicción y requerimientos de inhibición formulados a la Comunidad Autónoma.
d) Pliegos de cláusulas administrativas reguladores de los contratos sujetos al Derecho Administrativo, así como la modificación y resolución de tales contratos en los términos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Declaración de lesividad de actos administrativos de la Comunidad Autónoma previa a su impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
f) Revisión de oficio de los actos administrativos.
g) Informes sobre reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles o laborales dirigidas contra la Comunidad Autónoma.
h) Cuantos otros asuntos en los que una norma así lo disponga.
2. Con carácter facultativo los titulares de los órganos que se mencionan en el artículo siguiente podrán solicitar informe del Servicio Jurídico en aquellos asuntos no comprendidos en los apartados anteriores en los que su complejidad, apreciada por el órgano solicitante, lo requiera. Podrá, asimismo, recabarse informe sobre las propuestas de disposiciones de carácter general, en los términos establecidos en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
3. Salvo disposición expresa en contrario, los informes que emita el Servicio Jurídico serán no vinculantes.
Solicitudes 1. Las solicitudes de asesoramiento se dirigirán al Servicio Jurídico por los titulares de las Consejerías, de las Viceconsejerías, de las Direcciones Regionales o de las Secretarías Generales Técnicas y en ellas se concretará el extremo o extremos sobre los que se solicite el asesoramiento, citando el precepto que lo exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlo.
2. Las solicitudes, excepto en los supuestos previstos en el artículo 6.1. d), irán acompañadas de un informe emitido por la unidad administrativa correspondiente del órgano que formula la consulta en la que deberá expresarse su punto de vista sobre la cuestión. Igualmente deberá acompañarse el expediente administrativo, o, en su defecto, los antecedentes que permitan la mejor comprensión del asunto que deba ser informado.
3. Las solicitudes de informe que no cumplan los requisitos a que se refieren los apartados anteriores podrán ser devueltas por el Jefe del Servicio Jurídico a quien las haya instado, a fin de que sean subsanados los defectos advertidos en el plazo de tres días. La devolución de la solicitud suspenderá el plazo a que se refiere el artículo 9, reanudándose de nuevo una vez subsanados los defectos que motivaron la devolución.
4. En todo caso, los informes preceptivos habrán de solicitarse una vez instruidos los expedientes y cumplido el trámite de audiencia a los interesados, si fuera exigible.
Contenido de los informes Con carácter general en la redacción de los informes se expondrán separadamente los antecedentes de hecho, las consideraciones de Derecho y la conclusión o conclusiones, las cuales, cuando sea necesario, podrán formularse de modo alternativo o condicional.
Plazos 1. Con carácter general y siempre que una norma no disponga otra cosa, los informes serán evacuados en el plazo de diez días.
2. Cuando el asunto revista especial complejidad dicho plazo podrá ser ampliado motivadamente por el Jefe del Servicio Jurídico.
Procedimiento 1. Recibida la solicitud de consulta, el titular del Servicio Jurídico designará al Letrado que deba evacuar el informe y remitirá éste, una vez elaborado, al órgano solicitante.
No obstante lo anterior, si el Jefe del Servicio apreciase especial complejidad en el asunto, podrá disponer que se elabore y emita de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto. La elaboración y emisión del informe con arreglo a este procedimiento especial será puesta en conocimiento de quien lo haya solicitado.
2. Para asuntos concretos, el Consejo de Gobierno podrá encomendar la elaboración de dictámenes a juristas de reconocida competencia en la especialidad de que se trate.
CAPITULO IIInformes sobre proyectos de disposiciones de carácter general
Solicitud 1. En los casos en que el informe solicitado al Servicio Jurídico tenga por objeto un anteproyecto de Ley o un proyecto de disposición administrativa de carácter general, la petición deberá ser cursada por el titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería correspondiente.
2. El informe del Servicio Jurídico se solicitará una vez que haya sido completado el expediente y, en los casos en que proceda, con anterioridad a la petición de dictamen de otro órgano consultivo.
3. La solicitud vendrá acompañada, además de por el proyecto o anteproyecto de disposición, por los documentos a que se refiere el artículo 32.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Devolución La solicitud de informe podrá ser devuelta por conducto del Consejero de Cooperación a la Secretaría General Técnica correspondiente, a propuesta del Jefe del Servicio Jurídico, si no se efectuase con arreglo al procedimiento establecido en el artículo anterior o no viniera acompañada de los documentos a que dicho precepto se refiere, a fin de que sean subsanados tales defectos en el plazo de tres días. La devolución de la solicitud suspenderá el plazo a que se refiere el artículo siguiente, reanudándose de nuevo una vez subsanados los defectos que motivaron la devolución.
Plazo El Servicio Jurídico dispondrá de un plazo de un mes para emitir el informe. Por razones de urgencia, el Consejero de Cooperación podrá disponer que el informe sea emitido en otro plazo, que en cualquier caso no será inferior a quince días. También podrá señalar un plazo mayor cuando la complejidad del asunto así lo aconseje.
Procedimiento Recibida la solicitud, el titular del Servicio dispondrá su tramitación por el procedimiento general establecido en el artículo 10.1. o, en caso de especial complejidad, que el dictamen se elabore por un Letrado ponente y sea sometido a un trámite de deliberación por una Comisión integrada por el Letrado ponente y cuatro Letrados bajo su presidencia.
Con carácter excepcional, el Jefe del Servicio podrá conceder una prórroga de tiempo en los asuntos especialmente complejos o fijar otro plazo menor en los urgentes.
El informe será remitido por el titular del Servicio Jurídico a quien lo haya solicitado dentro del plazo previsto en el artículo 13.
Informes externos Previo acuerdo del Consejo de Gobierno, los titulares de las Consejerías podrán encomendar a juristas de reconocida competencia en la especialidad de que se trate, la elaboración de estudios, informes o dictámenes sobre proyectos de disposiciones de carácter general.
CAPITULO IIIBastanteo de poderes
Contenido Los bastanteos deberán expresar claramente la suficiencia de los documentos acreditativos de personalidad y representación con relación al fin concreto para el que hayan sido presentados, a cuyo efecto el solicitante del bastanteo deberá expresar su finalidad.
Registro de avalistas En el Servicio Jurídico se llevará un registro oficial de las personas que ostenten facultades, acreditadas en escritura de poder bastanteada, para prestar garantías.
CAPITULO IVAsistencia a mesas de contratación y a órganos colegiados
Mesas de contratación 1. Las citaciones para la asistencia a mesas de contratación serán dirigidas por los Secretarios de éstas al Jefe del Servicio Jurídico, quien designará al Letrado que deba desempeñar la función.
2. Salvo en supuestos de urgencia debidamente motivada, la citación deberá ser notificada al Servicio Jurídico con, al menos, cinco días naturales de antelación a la fecha en que haya de tener lugar el acto de que se trate.
Organos colegiados Cuando por venir así dispuesto en la normativa vigente, sea miembro de un órgano colegiado un representante del Servicio Jurídico, corresponderá al titular de éste la designación del mismo y su comunicación al órgano que la haya solicitado o deba realizar el nombramiento de los miembros del Organo colegiado.
TITULO IIIFunción Contenciosa
CAPITULO IActuaciones en representación y defensa del Principado de Asturias
Notificaciones, citaciones y emplazamientos 1. Salvo que una Ley disponga lo contrario, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualquier otro acto de comunicación que realicen los órganos jurisdiccionales al Principado de Asturias se efectuarán en la sede del Servicio Jurídico.
2. Cuando, no obstante lo anterior, un órgano de la Administración del Principado de Asturias reciba una comunicación de algún Juzgado o Tribunal deberá trasladarla directa y prontamente al Servicio Jurídico, acompañándola de una copia del expediente administrativo, si lo hubiera, así como de un informe del titular del Servicio correspondiente o, en su defecto, de la Secretaría General Técnica, explicativo de su contenido.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será de aplicación en relación con los organismos autónomos y demás entes de derecho público del Principado de Asturias, siempre que los mismos hayan encomendado al Servicio Jurídico, y éste asumido, su representación y defensa en juicio.
Ejercicio de acciones 1. El ejercicio de acciones judiciales en nombre del Principado de Asturias exigirá acuerdo previo del Consejo de Gobierno o resolución de su Presidente, en los términos establecidos en la legislación vigente.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Secretaría General Técnica de la Consejería interesada u órgano correspondiente del organismo autónomo o ente de derecho público remitirá propuesta motivada al Servicio Jurídico, el cual, a su vez, la elevará al titular de la Consejería de Cooperación para su presentación al Consejo de Gobierno. El Servicio Jurídico expondrá, razonado en derecho, su criterio favorable o contrario al ejercicio de la acción. En cualquier caso el titular de la Consejería de Cooperación formulará propuesta al Consejo de Gobierno que resolverá sobre el particular.
En casos de urgencia, el titular de la Consejería de Cooperación formulará propuesta al Presidente del Principado quien resolverá sobre el particular, dando cuenta con posterioridad al Consejo de Gobierno.
Designación de Letrado 1. Recibido el emplazamiento o acordado el ejercicio de la acción, el Jefe del Servicio designará un Letrado que se hará cargo del proceso en todos sus trámites e incidencias hasta su finalización, utilizando cuantos medios jurídicos estén a su alcance para la mejor defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.
2. Para asuntos concretos, el Consejo de Gobierno podrá encomendar la defensa en juicio del Principado de Asturias a Letrados en ejercicio de reconocida competencia en la especialidad de que se trate.
Colaboración con el Servicio Jurídico Cualquier órgano de la Administración del Principado de Asturias que sea requerido para ello deberá facilitar al Servicio Jurídico cuantos informes, datos y antecedentes sean precisos, a juicio del Letrado director del proceso, para la mejor defensa de los intereses que el Servicio tiene encomendada. En los asuntos que tengan por objeto cuestiones de personal informará, en todo caso, la Dirección Regional de la Función Pública y Organización Administrativa.
Allanamiento y desistimiento 1. El Letrado de la Administración del Principado de Asturias no podrá allanarse a las demandas dirigidas contra la Administración Autónoma ni desistir de las acciones que en nombre de ésta se hayan ejercitado sin estar autorizado para ello por el Consejo de Gobierno o, en los casos en que proceda, por su Presidente.
2. Si estimare que la pretensión del Principado de Asturias no habría de prosperar lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente por razón de la materia, mediante comunicación razonada, en orden a la adopción del acuerdo que se estime procedente, en cuyo caso podrá solicitar la suspensión del proceso por treinta días.
Comunicación de sentencias y otras resoluciones judiciales 1. Las sentencias y cualquier otra resolución judicial que ponga fin al proceso serán comunicadas por el Servicio Jurídico al titular de la Consejería de Cooperación y a la Secretaría General Técnica de la Consejería interesada. A esta última se comunicarán, asimismo, las resoluciones judiciales que pongan fin a los incidentes que pudieran surgir durante la sustanciación del proceso, en los supuestos en que tales resoluciones exijan algún tipo de actuación administrativa u obliguen a su suspensión o cese. En la comunicación de las resoluciones a que se refiere el presente apartado se indicará si son o no firmes y, en su caso, el recurso que proceda.
2. Cuando se trate de sentencias que contengan algún pronunciamiento desfavorable para el Principado de Asturias se hará constar en la comunicación dirigida al titular de la Consejería de Cooperación el criterio del Letrado director del proceso sobre la existencia o no de fundamento jurídico suficiente para interponer el recurso que proceda. En el caso de que aquél no diera instrucción expresa, se actuará conforme a tal criterio.
Ejecución de sentencias 1. Con carácter general la ejecución de las sentencias firmes, así como la ejecución provisional en los casos en que legalmente proceda de las sentencias que no hayan adquirido firmeza, se llevará a cabo por el órgano competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado. Cuando la sentencia afecte a varias Consejerías o a actos del Consejo de Gobierno, la ejecución se llevará a cabo, en un caso, por el órgano del que ha emanado el acto impugnado y, en otro caso, por el titular de la Consejería que haya formulado la propuesta o al que corresponda la ejecución del acto.
2. Cuando el órgano a quien corresponda ejecutar la sentencia lo considere oportuno y, en todo caso, en el supuesto regulado en el apartado siguiente, el Servicio Jurídico informará sobre las medidas de todo orden que la ejecución requiera.
3. En los supuestos en que la ejecución de la sentencia exigiera la adopción de medidas que rebasen las competencias de la Consejería o las atribuciones del Consejero correspondiente, éste elevará al Consejo de Gobierno, junto con los informes de la Secretaría General Técnica y del Servicio Jurídico, la propuesta de acuerdo que estime pertinente.
4. Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías competentes en cada caso velarán para que por los Servicios o dependencias se lleven a efecto sin dilación las actuaciones necesarias para dar cumplimiento en sus propios términos a las resoluciones de ejecución de sentencias.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ejecución de las sentencias recaídas en recursos contencioso-administrativos se iniciará una vez recibido del Tribunal el testimonio de la sentencia y el expediente administrativo, mediante resolución del órgano competente que dispondrá la ejecución. La resolución deberá ser adoptada en el plazo de dos meses contados desde la fecha en que se reciba el expediente y el testimonio de la sentencia y será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
CAPITULO IIDefensa del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias
Procedencia 1. Cuando el personal al servicio de la Comunidad Autónoma sea demandado en pleito civil, en virtud de actos u omisiones en el ejercicio de su cargo en los que no se aprecie que haya actuado con culpa o negligencia graves, o hubiere cumplido orden de autoridad competente, aunque haya sido demandado como particular ante los tribunales de justicia, podrá ser defendido por los Letrados del Servicio Jurídico de la Administración del Principado.
2. Igualmente podrá ser defendido el aludido personal por los Letrados del Servicio Jurídico, cuando contra el mismo se inicie procedimiento penal en razón de actos u omisiones en el ejercicio del cargo, en los que no hayan sido vulneradas las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trate, o cuando hayan cumplido orden de autoridad competente.
Procedimiento 1. Para el ejercicio de la defensa, será necesaria autorización expresa del titular de la Consejería de Cooperación al que, por la Secretaría General Técnica de la Consejería a la que el personal afectado se halle adscrito, se formulará propuesta razonada previo examen de los antecedentes y remisión de los documentos que el demandado haya recibido del Juzgado o Tribunal.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, en los casos de detención, prisión o cualquier otra medida cautelar por actos u omisiones en que concurran los requisitos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el personal afectado podrá solicitar directamente del Servicio Jurídico ser asistido por Letrado del mismo, produciendo su decisión efectos inmediatos, sin perjuicio de que por el Jefe del aludido Servicio se formule propuesta a los efectos previstos en el apartado anterior.
3. El titular de la Consejería de Cooperación acordará que el Servicio Jurídico se aparte de la defensa cuando, previo informe del Letrado encargado de ésta, considere que en los hechos que han dado lugar a la actuación judicial no concurren los requisitos previstos en el artículo 27 de este Decreto o cuando los intereses del defendido colisionen con los de la Administración del Principado de Asturias.
Aseguramiento de la defensa La asistencia letrada que se regula en el presente Título podrá ser también dispensada mediante la contratación de pólizas de seguro que cubran tales riesgos, así como, en su caso, la prestación de las correspondientes fianzas y abono de las indemnizaciones a que pudiera haber lugar.
Derecho a la designación de defensor Lo dispuesto en los artículos precedentes no afectará al derecho de los interesados a designar a su costa defensor o a que se designe de oficio.
CAPITULO IIIDefensa de las entidades locales del Principado de Asturias
Beneficiarios 1. El Principado de Asturias podrá dispensar a las entidades locales radicadas en su ámbito territorial que así lo demanden, asistencia letrada para la defensa en juicio de sus bienes, derechos e intereses.
2. Podrán solicitar la asistencia letrada los concejos, comarcas, agrupaciones, mancomunidades y las parroquias rurales legalmente reconocidas.
3. No podrán acceder a la asistencia letrada:
a) Los concejos con población de derecho superior a 20.000 habitantes.
b) Las entidades locales que en sus plantillas de personal tengan previsto el puesto de trabajo de Abogado consistorial o similar.
Contenido La asistencia letrada se extenderá a la defensa de los acuerdos emanados de los órganos de administración y gobierno de las entidades locales y de las resoluciones administrativas de las autoridades municipales.
Supuestos excluidos En ningún caso será prestada asistencia letrada a las entidades locales para:
a) El ejercicio de acciones judiciales contra el Principado de Asturias, sus organismos autónomos y demás entes públicos o empresas dependientes.
b) El ejercicio de acciones en las que la entidad local mantenga posturas divergentes o contrarias a los intereses de la Administración del Principado de Asturias.
c) Los procesos incoados a instancia de la Administración del Principado de Asturias o del Estado, en impugnación de actos o acuerdos municipales.
d) La impugnación de actos o acuerdos locales por parte de los miembros de las corporaciones respectivas.
e) Las cuestiones penales en que sean parte las autoridades y el personal de las entidades locales.
f) El ejercicio de acciones judiciales de cualquier clase contra otros entes locales radicados en el ámbito territorial del Principado de Asturias, o los organismos autónomos y empresas de ellos dependientes.
g) El ejercicio de acciones judiciales de cualquier clase contra la Administración del Estado.
h) El ejercicio de acciones con carácter temerario, manifiestamente infundadas o contrarias al ordenamiento jurídico.
Prestación de la asistencia La asistencia letrada se prestará por los Letrados del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. No obstante, con carácter excepcional, en aquellos supuestos que las circunstancias lo aconsejaren, el Principado de Asturias podrá encomendar la defensa de la entidad local en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 22.
Solicitud y documentación 1. La solicitud de asistencia letrada se formalizará mediante petición firmada por el Alcalde o Presidente de la entidad local correspondiente dirigida al titular de la Consejería de Cooperación en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 31.3 e irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Informe o dictamen emitido por el Secretario de la entidad local en el que se consignen con claridad y precisión los hechos, la legislación aplicable al caso, así como la adecuación de la actividad administrativa a dicha legislación. Asimismo, se justificará la conveniencia o necesidad del ejercicio de la acción y de la asistencia letrada a la entidad local.
b) Poder general para pleitos a favor de Procuradores de los Tribunales. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que no considere imprescindible la intervención de Procurador, el titular de la Consejería de Cooperación, podrá autorizar que la representación de la entidad local sea encomendada por ésta al Letrado que haya de asumir la defensa.
c) Copia compulsada del expediente administrativo, debidamente foliado y demás antecedentes documentales relativos al asunto. Se remitirán además todos los antecedentes, documentos o informes complementarios que soliciten los letrados encargados del asunto.
2. Cuando la asistencia que se solicite tenga por objeto el ejercicio de acciones, deberá asimismo acompañarse certificación del correspondiente acuerdo del Pleno de la Corporación o decreto del Alcalde o Presidente, en caso de urgencia.
3. En los recursos contencioso-administrativos, la documentación que se relaciona en los apartados anteriores, deberá remitirse a la Consejería en el plazo de diez días desde que el expediente administrativo fuera reclamado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
4. Cuando a la solicitud de asistencia letrada no se acompañe la documentación a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, se requerirá al Alcalde o Presidente de la Entidad para que los aporte en plazo idóneo que permita la preparación de la defensa, con apercibimiento de los perjuicios que, en su caso, pudieran derivarse para el ejercicio de la acción o de la posibilidad de denegar la asistencia.
Concesión de la asistencia 1. Recibida la solicitud de asistencia letrada y documentación complementaria, se dará traslado de la misma al Servicio Jurídico a fin de que por tino de sus Letrados se emita informe respecto a la posibilidad de formulación de la acción que se pretenda, o la viabilidad de la oposición o defensa de las acciones contra la entidad local ejercitadas.
2. Evaluado el anterior informe y a su vista, el titular de la Consejería de Cooperación, a propuesta de la Dirección Regional de Cooperación Local, resolverá acerca de la definitiva concesión de la asistencia letrada solicitada. De la resolución se dará traslado inmediato a la entidad local interesada.
Desistimiento y allanamiento El Letrado en defensa de las entidades locales no podrá desistir ni allanarse en las contiendas planteadas, salvo en aquellos casos en que así lo acuerde el órgano competente de las mismas, por los trámites y cauces legalmente establecidos y con la notificación de la resolución o acuerdo a la Consejería de Cooperación.
Colaboración de la entidad local 1. El Letrado encargado de la asistencia jurídica de la entidad local podrá solicitar, consultar y, en su caso, examinar en las dependencias de ésta cuantos datos y antecedentes estime convenientes para la defensa encomendada.
2. La entidad local, despachará con carácter prioritario, la remisión de los antecedentes, documentos e informes complementarios que soliciten los Letrados encargados del asunto con el fin de que puedan cumplimentar en tiempo y forma los trámites procesales oportunos.
Obligaciones de la entidad local En todo caso correrá a cargo de la entidad local respectiva tanto el nombramiento de Procurador y abono de sus honorarios, como la asunción de los gastos que ocasione la práctica de la prueba y cualesquiera otros que se ocasionen en el pleito.
- El Decreto 72/1984, de 31 de mayo, por el que se regula el Servicio Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de la Presidencia.
- El Decreto 140/1984, de 28 de diciembre, por el que se establece el procedimiento a seguir para la ejecución de las sentencias recaídas en procesos contencioso-administrativos en los que sea parte la Administración del Principado de Asturias.
- El Decreto 99/1988, de 29 de septiembre, por el que se regula la asistencia letrada a las entidades locales del Principado de Asturias.
- El Decreto 49/1990, de 17 de mayo, por el que se establece el procedimiento para la defensa por el Servicio Jurídico del personal de la Administración del Principado de Asturias, en las demandas de pleito civil o procedimiento penal, en razón de actos u omisiones en el ejercicio del cargo.
Por la Consejería de Cooperación se dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.