Source: http://www.slideshare.net/PerezEsquer/iniciativa-reforma-art-6-lfpa-nulidad-anulabilidad
Timestamp: 2016-06-27 10:51:04
Document Index: 398629398

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 113', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 3']

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iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para corregir las nociones de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
MARCOS PÉREZ ESQUER Diputado FederalINICIATIVA DE REFORMA A LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 6 DE LALEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SUSCRITA POR EL DIPUTADOMARCOS PÉREZ ESQUER DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓNNACIONAL.El suscrito diputado federal Marcos Pérez Esquer, integrante del grupo parlamentario delPartido Acción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamentoen lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, concordantes con el diverso 6 fracción I del Reglamento dela Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito presentar para suanálisis y dictamen la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformanlos párrafos segundo y tercero del artículo 6 de la Ley Federal de ProcedimientoAdministrativo, al tenor de la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.La presente Iniciativa tiene como propósito subsanar una deficiencia normativa existenteen el precepto que se pretende reformar, y con ello, otorgar seguridad jurídica a lasrelaciones de los particulares y la administración, particularmente, sobre los alcances,efectos y consecuencias que genera un acto administrativo cuando se emite de formairregular y se declara su nulidad.Sobre el particular, se parte de considerar que la actividad de la administración pública sesustenta jurídicamente en tres conceptos básicos: la potestad administrativa, el actoadministrativo y el procedimiento administrativo.La potestad administrativa hace referencia a los “poderes” o “facultades” que permiten ala administración pública condicionar, aumentar, disminuir o afectar la esfera jurídica delos administrados. El acto administrativo es el producto del ejercicio de esa potestad enun caso concreto; en tanto que el procedimiento administrativo es el iter, el camino que laadministración pública debe seguir para transformar la potestad genérica en un actoadministrativo concreto que incida en la esfera jurídica del gobernado. 1
La propuesta se vincula estrechamente sobre la eficacia y validez del acto administrativo,el cual puede definirse como “la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o dedeseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distintade la potestad reglamentaria”.1Por supuesto, al igual que la potestad, el procedimiento administrativo está regido pornormas y su finalidad principal es la individualización y fijación de los hechos, de lasnormas jurídicas aplicables y, en suma, de la decisión que debe adoptarse, esto es, delacto administrativo.De la observancia de los actos procedimentales necesarios para su emisión y de loselementos y requisitos propios de la decisión administrativa, depende la validez y eficaciade los actos de la administración pública.En sentido contrario, todos los supuestos de incorrecto ejercicio de la potestadadministrativa, conlleva un actuar de la administración que “infringe” el ordenamientojurídico.En este caso, cuando la administración pública incumple algún precepto o las reglasjurídico-formales que condicionan el ejercicio de la actividad administrativa, susdecisiones -los actos administrativos-, son inválidos.La invalidez, sin embargo, no implica las mismas consecuencias jurídicas ni fácticas. En elmomento en que hay actuación irregular, esto es, no conforme con las reglas establecidasen la ley respectiva, se violenta el principio constitucional de legalidad, y consecuencia deello, los acuerdos o decisiones de la administración adolecen de vicios que afectan suvalidez, sea de manera total o parcial, y susceptible o no de subsanarse (convalidarse).Luego, es patente la importancia de una debida regulación de los tres aspectos: facultadadministrativa, procedimiento administrativo y acto administrativo, pues sólo así laautoridad emisora y el gobernado destinatario del acto administrativo, se encuentran enaptitud de determinar con toda claridad la validez de tal determinación o en su caso, sufalta de eficacia.En abril de 1992, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por conducto de laSubcomisión de Justicia Administrativa, aprobó la formación de un grupo plural de trabajointegrado con representantes de los tres poderes de la Unión, con el fin de expedir, en sumomento, una Ley Federal de Procedimiento Administrativo.La conjunción de esfuerzos tenía por objeto materializar y sistematizar en un soloordenamiento las reglas y garantías básicas –de legalidad y seguridad jurídica- delgobernado en sus relaciones con la administración, configurando así un basamento común1 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón; Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas,Undécima edición; Madrid, 2002, pág. 544. 2
a todos los actos de las autoridades administrativas y fungiendo como ordenamientosupletorio de las leyes aplicables a los actos administrativos específicos.Con ese propósito, pretendía regular dos aspectos fundamentales: 1) el establecimientode los elementos básicos comunes al procedimiento administrativo, entendido como "laactuación de los particulares ante la Administración Pública Federal, así como los actos através de los cuales se desenvuelven la función administrativa"; y 2) la adopción de unrecurso único, el recurso de revisión, que podrían hacer valer los interesados afectadospor los actos y resoluciones de las autoridades administrativas en el ámbito de aplicaciónde la ley, sin perjuicio del derecho a impugnarlas por la vía judicial.La emisión de una ley de esa naturaleza buscaba fortalecer el equilibrio que debe existirentre autoridad y libertad, entre gobernantes y gobernados, en el ámbito de laAdministración Pública Federal. 2Al seno de ese grupo de trabajo fueron elaboradas siete diferentes versiones del proyectode ley en comento, mismas que fueron enriquecidas con aportaciones de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal participantes, así comocon las contribuciones de distinguidos miembros del foro mexicano.El documento final fue presentado por el diputado Fauzi Hamdan Amad al Pleno de laCámara de Diputados el 28 de junio de 1994, como Iniciativa con proyecto de Decreto quecrea la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.3Conviene precisar que al elaborar el proyecto de Ley, se consideró el esquema de la Leyespañola 30/1992, relativa al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, que fue expedida el 26 de noviembre de 1992;ordenamiento que precisamente entró en vigor durante las actividades del grupo detrabajo, por lo que se pudo conocer y retomar su contenido.La iniciativa de ley fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia de laCámara de Diputados, la cual acordó integrar una Comisión Revisora y Redactora deldictamen4, misma que coincidió con la exposición de motivos y concluyó que esta ley teníapor objeto "…eficientar la actividad del Poder Ejecutivo Federal mediante cambios internostendientes a erradicar viciosas prácticas y simplificar los trámites que ante las diversasinstancias de la Administración Pública Federal presentan los particulares…”; asimismoafirmó que este objetivo sólo podía alcanzarse “mediante la incorporación a nuestro2 Diario de los Debates del Senado de la República, IV Legislatura, Año III, número 29, Segundo Periodo Ordinario, 14 dejulio de 1994, consultable en http://www.senado.gob.mx.3 Ídem.4 La Comisión se integró por legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, delPartido Acción Nacional y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 3
sistema jurídico de una Ley Federal de Procedimiento Administrativo para lograr unaactuación unitaria, congruente y sistemática de la Administración Pública Federal".5La Comisión Dictaminadora propuso modificaciones al contenido de diversos artículos dela Iniciativa, entre ellos, el numeral 3 referente a los elementos y requisitos exigibles parala validez del acto administrativo. Sobre el particular, se hicieron algunas precisiones,como la relativa a "la finalidad de interés público regulado por las normas en que seconcentra" el acto administrativo.Asimismo, la Comisión propuso eliminar el artículo 6 (y efectuar el corrimiento respectivo)y la denominación del Capítulo Segundo del Título Segundo del proyecto de ley.Originalmente, la denominación de ese apartado era "De la inexistencia, nulidad yanulabilidad del acto administrativo"; sin embargo, considerando que los efectosatribuidos en la Iniciativa a la figura de la inexistencia y a la nulidad absoluta eranprácticamente idénticos, se estimó pertinente eliminar las causales de inexistencia ysubsumirlas en las de nulidad absoluta; por consiguiente, se modificó la denominación delCapítulo Segundo para quedar "De la nulidad y anulabilidad del acto administrativo".Con ese y otros cambios, el 14 de julio de 1994, la Cámara revisora aprobó la Minutaenviada por su colegisladora y el 4 de agosto del mismo año, se publicó en el DiarioOficial de la Federación la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entrando envigor hasta el 1 de junio de 1995.Como parte del Título Segundo de la ley “Del Régimen jurídico de los actosadministrativos”, Capítulo Primero “Del Acto administrativo”, los artículos 3, 5, 6, 7 y 8establecen: Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; VI.- Se deroga. DOF 24-12-19965 Ídem. 4
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativoprevistas en esta Ley;VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;X. Mencionar el órgano del cual emana;XI.- Se deroga. DOF 24-12-1996XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación delexpediente, documentos o nombre completo de las personas;XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de laoficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursosque procedan, yXVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes oestablecidos por la ley.Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 3de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, segúnsea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitosestablecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad delacto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lohaya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyocaso la nulidad será declarada por el mismo.El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirálegítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto.Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacerconstar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración denulidad producirá efectos retroactivos.En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derechoretrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiereemitido u ordenado.Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en lasFracciones XII a XVI del Artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del actoadministrativo. 5
El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo. El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiere sido válido. Artículo 8.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.De estos preceptos se aprecia que la Ley –construida a semejanza de la española-establece en primer término, los elementos y requisitos del acto administrativo; yconsiderando la naturaleza de cada uno de ellos, sanciona con la nulidad o anulabilidad laomisión o irregularidad en el cumplimiento de dichos requisitos y elementos, segúncorresponda; precisando los efectos de una y otra.Asimismo, se advierte que el acto administrativo será declarado nulo por autoridadadministrativa o jurisdiccional, ante la omisión o irregularidad de cualquiera de loselementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la Ley. En cuyocaso: 1. El superior jerárquico de la autoridad que lo emitió, hará la declaratoria de nulidad, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, supuesto en el cual será declarada por él mismo; 2. El acto será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable y no será obligatorio su cumplimiento por los particulares; 3. La omisión o irregularidad será subsanable, aunque también podrá expedirse un nuevo acto; 4. Los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa; 5. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos; y 6. En caso de que se hubiera consumado, o bien, sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado.Por otro lado, el acto administrativo será declarado anulable ante la omisión oirregularidad en los elementos y requisitos señalados en las fracciones XII a XVI delartículo 3 de la Ley. En ese supuesto: 1. El acto se considerará válido, gozará de la presunción de legitimidad y ejecutividad; 2. La omisión o irregularidad será subsanable por los órganos administrativos, mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para su validez y eficacia; 6
3. Los servidores públicos y los particulares tendrán obligación de cumplirlo; y 4. Una vez subsanada la irregularidad u omisión, el acto producirá efectos retroactivos y se considerará como si siempre hubiere sido válido.De lo anterior es posible advertir las deficiencias de las que adolece la regulaciónnacional sobre la validez y eficacia del acto administrativo, particularmente, en losefectos o consecuencias previstos por el legislador para la declaratoria de nulidad acargo de la autoridad administrativa o jurisdiccional.Para comprender los yerros existentes en la ley que se pretende reformar, debe tomarseen cuenta que la regla general en el Derecho Administrativo, es que los actos de laadministración pública se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que sedicten, lo cual ha sido identificado como una presunción de validez que permite al actoadministrativo desplegar todos sus posibles efectos en tanto no se demuestre su invalidez,trasladando así al particular, destinatario o gobernado, la carga de impugnarlo en la víaadministrativa o contencioso-administrativa.6Sin embargo, tal presunción de validez no es absoluta, pues para que opere es necesarioque el acto administrativo reúna condiciones externas mínimas de legitimidad, lo cualacontece cuando proviene de autoridad legítima.Por tanto, cuando el acto proviene de una autoridad manifiestamente incompetente ocuando ésta ordena conductas imposibles de realizarse o delictivas o bien, la decisión esresultado de un total y absoluto olvido o transgresión al procedimiento legal dispuestopara su emisión, se considera que el acto es absoluta y radicalmente nulo (de plenoderecho) y consecuentemente, no es susceptible de producir efecto alguno, lo queconstituye por tanto, una excepción a la regla general de eficacia inmediata y presunciónde validez.Dicho de otro modo, los actos administrativos contrarios a la ley, en principio, sonanulables y sólo en supuestos excepcionales expresamente previstos por la Ley, tienelugar su nulidad (conocida como “radical”, “absoluta” o “de pleno derecho”).7Ello explica que conforme a la legislación mexicana, la declaratoria de nulidad se reservapara aquellas “omisiones o irregularidades” de mayor entidad que atentan contra los6 García de Enterría Eduardo y otro, Op. Cit. Pág. 579.7 Asimismo, hay infracciones simples carentes de trascendencia invalidatoria, tales como el defecto de mera forma queno priva al acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin ni provoca indefensión en el gobernado, así como laactuación administrativa fuera de tiempo; en estos casos, la doctrina y la jurisprudencia han construido el concepto de“irregularidades no invalidantes” que incluso ya ha sido retomado en algunas legislaciones como la española en susartículos 63.3 y 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común. 7
derechos fundamentales de los gobernados, mismos que es menester preservar yreestablecer a toda costa, como son las siguientes: • Emisión del acto por órgano incompetente, o sin reunir las formalidades legales cuando se trate de órganos colegiados; • Carecer de objeto o tener alguno imposible o sin precisión de las circunstancias de tiempo y lugar; • Carecer de una finalidad de interés público prevista en ley; • No constar por escrito o carecer de firma autógrafa de la autoridad que lo expida; • Carecer de una debida fundamentación y motivación; • Inobservar el procedimiento administrativo previsto en Ley para su emisión; • Presentar error en el objeto, causa o motivo, o fin del acto; • Haber sido expedido con dolo o violencia; y • Omitir el señalamiento del órgano del cual emana.Por el contrario, la calificación de “anulabilidad” del acto administrativo aplica en caso deinobservancia o insatisfacción de meros requisitos formales indispensables para alcanzarsu fin o el debido conocimiento por parte de los interesados.Así, por ejemplo, habrá anulabilidad cuando: • Exista error en la identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; • Se omita señalar el lugar y fecha de emisión; • No se notifique adecuadamente o al hacerlo, no se indique la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo; • No se indique el recurso que proceda; y • Omita referirse a todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.Por su naturaleza, la nulidad radical o de pleno derecho produce efectos ex tunc (desdeentonces), es decir, borra desde el origen del acto cualquier efecto producido; en tanto 8
que la anulabilidad sólo produce efectos ex nunc (desde ahora), es decir, desde elmomento en que se declara la anulación del acto, a partir de cuyo momento dejan deproducirse los efectos del acto, siendo válidos los ya producidos.Visto así, un acto o negocio es nulo (de manera absoluta o de pleno derecho) cuando suineficacia es intrínseca y por ello carece -desde su expedición- de efectos jurídicos, sinnecesidad de previa impugnación. “Este supuesto máximo de invalidez o ineficaciacomporta una serie de consecuencias características: ineficacia inmediata, ipso iure, delacto, carácter general o erga omnes de la nulidad y la imposibilidad de sanarlo porconformación o prescripción”.8De estas características destaca para el tema que nos ocupa, la imposibilidad de subsanarpor confirmación o convalidación la irregularidad de la que adolece el acto administrativodeclarado nulo, lo cual obedece a que tal situación no depende de la autonomía de lavoluntad, sea del emisor o de su destinatario, verbigracia, la incompetencia de unaautoridad para dictar determinada providencia no puede subsanarse mediante unconvenio entre autoridad incompetente y gobernado, pues aún con ese pacto el actocarece de validez por mandato legal, es decir, resulta nulo de pleno derecho.La trascendencia de esa irregularidad o vicio conlleva la nulidad de los actos posterioresque tengan como causa el acto nulo, sin otra limitación que la relativa a los terceros debuena fe que hayan podido confiar en la validez del acto.La anulabilidad (o nulidad relativa) tiene, por el contrario, unos efectos más limitados. Surégimen estás marcado por dos aspectos: el libre arbitrio del afectado y la seguridadjurídica; de acuerdo con estos presupuestos, el o los afectados por un acto anulable -ysólo ellos-, pueden pedir la declaración de nulidad en un cierto plazo, de ahí que si no seejercita la acción respectiva, el vicio de nulidad queda purgado.Además, dada la naturaleza meramente formal de la irregularidad, es convalidable por elautor del acto aún antes de transcurra ese plazo o se otorgue el consentimiento por partedel afectado, sin más requisito que subsanar la omisión o infracción legal cometida.9La convalidación permite aprovechar aquellas actuaciones de los órganos administrativosque son jurídicamente correctas dentro de un procedimiento viciado.Mediante la convalidación, los órganos de la Administración Pública pueden ratificar unaactuación o decisión subsanando los vicios de que adolezcan los actos anulables; empero,-se insiste-, para ello, es menester que los vicios del acto recaigan sobre aspectosformales. Luego, la posibilidad de convalidación aplica sólo para los actos anulables, y nopara los que son nulos de pleno derecho.8 Ibídem. Pág. 612.9 Cfr. Ibídem. Págs. 612 y 613. 9
Todo lo anterior pone de relieve las deficiencias normativas que existen en el artículo 6de la Ley, pues este precepto en su párrafo segundo indica: “El acto administrativo quese declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; serásubsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto”.En ese tenor, el legislador federal previó incorrectamente para los actosadministrativos nulos, un efecto jurídico semejante al de los actos anulables, los cualespor el carácter meramente formal de la irregularidad de que adolecen sí sonsubsanables o convalidables por la autoridad que los emitió, contrario a los actos nulos,cuyo vicio no es susceptible de ser subsanado, sea por convalidación o consentimientodel afectado.Este yerro legislativo ha sido señalado por diversos estudiosos del DerechoAdministrativo, por ejemplo, el Doctor José Antonio Lozano Diez10, quien en su ensayotitulado “La Nueva Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, sobre el tema que nosocupa concluye lo siguiente: “De esta manera, en el propio artículo 3 se establecen, de la Fracción I a la XV, requisitos que podríamos denominar «de fondo»; y de la Fracción XII a la XVI, requisitos «de forma». Por lo que se refiere a los efectos jurídicos que puede suponer la omisión de alguno de estos elementos y requisitos del acto administrativo, la nueva ley hace una distinción por demás novedosa en nuestro sistema administrativo entre nulidad y anulabilidad y que en cierta medida nos recuerda la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa del Derecho Civil. Sin embargo, la ley no es clara al establecer los efectos jurídicos de la nulidad y la anulabilidad; pareciera ser que lo único que queda claro es que la declaración de nulidad a diferencia de la de anulabilidad produce efectos retroactivos. Aun con lo anterior, el artículo 6 de la ley establece que el acto nulo será subsanable, lo cual nos parece un absurdo ya que además de dejar al particular en estado de incertidumbre va en contra del criterio tan insistentemente emitido por el Poder Judicial sobre la nulidad de los actos viciados de origen.” 11Otro error grave presente en el artículo 6 en comento, consiste en limitar los efectos yacciones a favor de los particulares afectados con un acto administrativo declarado nuloque se consuma de manera irreparable.En efecto, el último párrafo de este artículo señala que “En caso de que el acto sehubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos,10 Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y Doctor por la Universidad de Navarra. Profesor de DerechoAdministrativo y Derecho de Competencia e Introducción al Derecho en la Universidad Panamericana; y Miembro delSistema Nacional de Investigadores del CONACYT.111 Ensayo publicado en la Revista Latin American and Caribbean Law and Economics Association, Enero 1994, págs. 410 y411; consultable en http://works.bepress.com/jose_antonio_lozano_diez/1 10
sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido uordenado”, lo cual excluye indebidamente la posibilidad que tiene el gobernado dereclamar, adicionalmente, otros tipos de responsabilidad, verbigracia, la patrimonial delEstado en términos de la ley de la materia.12La Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue emitida en 1994 y entró en vigor en1995, esto es, cuando aún no se reconocía constitucional y legalmente el derecho de losgobernados a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por actos u omisionesque lesionen su esfera jurídica y que no estén obligados a soportar, lo cual tuvo lugarhasta que se reformó el artículo 113 Constitucional, cuyo Decreto se publicó en el DiarioOficial de la Federación el 14 de junio de 2002 y que entró en vigor hasta el 1 de enero de2004, es decir, 10 años después de la expedición de la Ley que nos ocupa.Con dicha modificación, se estableció el carácter objetivo y directo de la responsabilidaddel Estado por los daños que cause en los bienes o derechos de los particulares por suactividad administrativa irregular, en cuyo caso, los gobernados tendrán derecho a unaindemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes,federal y locales; de ahí que, por lo mismo, no es factible ni constitucional o legalmenteadmisible que un precepto de la legislación secundaria, en este caso, de la Ley Federal deProcedimiento Administrativo, restrinja o limite la responsabilidad que puede surgir anteun acto de la administración pública de naturaleza irregular que se consume de manerairreparable y cuyos efectos no puedan retrotraerse con la declaratoria de nulidad depleno derecho.En este supuesto, es claro que con independencia de la responsabilidad administrativa enque hubiere incurrido el servidor público emisor del acto administrativo declarado nulo,el gobernado también puede reclamar del Estado su responsabilidad patrimonial por eldaño causado en su esfera jurídica y que no está obligado a soportar.Congruente con la anterior argumentación, se propone reformar los párrafos segundo ytercero del artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con elpropósito siguiente: 1. Para no generar confusiones sobre los efectos de los actos administrativos declarados nulos, suprimir la expresión “no se presumirá legítimo o ejecutable”, pues como se ha señalado, la presunción de validez no es absoluta, y para que opere es necesario que el acto administrativo reúna condiciones externas mínimas de legitimidad, las cuales lógica y evidentemente, no están presentes en aquellas determinaciones que son nulas de pleno derecho;12 La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 dediciembre de 2004 y entró en vigor el 1 de enero de 2005. 11
2. Con el mismo fin de dar claridad a la norma y corregir los yerros de los que adolece, establecer que tratándose de los actos administrativos afectados de nulidad (radical o de pleno derecho), no serán subsanables los vicios o irregularidades que presenten, pues como se expuso, esto escapa a la voluntad de la autoridad creadora y del destinatario; manteniendo la expresión “sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto”, pues es claro que la declaratoria de nulidad en modo alguno limita la facultad de la autoridad administrativa para emitir una nueva resolución, lógicamente, cumpliendo los requisitos legales; 3. Finalmente, precisar que tratándose de actos declarados nulos cuyos efectos no sea posible retrotraer por haberse consumado, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que hubiere incurrido el servidor público que lo hubiere emitido u ordenado, el gobernado podrá reclamar otro tipo de responsabilidad que en Derecho corresponda, verbigracia, la de carácter patrimonial en los términos de la Ley de la materia.Consecuentemente, se somete a la consideración de esta soberanía el siguienteproyecto deDECRETO.Artículo Único.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 6 de la LeyFederal de Procedimiento Administrativo, para quedar en los siguientes términos: Artículo 6.- … El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no será legítimo ni ejecutable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos. En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, dará lugar a las responsabilidades que correspondan de conformidad con la ley aplicable. Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2011. 12
Diputado Marcos Pérez Esquer ________________________________________ (rúbrica) TEXTO VIGENTE TEXTO CON MODIFICACIÓN PROPUESTAArtículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera Artículo 6.- …de los elementos o requisitos establecidos en lasfracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley,producirá la nulidad del acto administrativo, la cualserá declarada por el superior jerárquico de laautoridad que lo haya emitido, salvo que el actoimpugnado provenga del titular de unadependencia, en cuyo caso la nulidad serádeclarada por el mismo.El acto administrativo que se declare jurídicamente El acto administrativo que se declare jurídicamentenulo será inválido; no se presumirá legítimo ni nulo será inválido; no será legítimo ni ejecutable,ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevopueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no acto. Los particulares no tendrán obligación detendrán obligación de cumplirlo y los servidores cumplirlo y los servidores públicos deberán hacerpúblicos deberán hacer constar su oposición a constar su oposición a ejecutar el acto, fundando yejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. motivando tal negativa. La declaración de nulidadLa declaración de nulidad producirá efectos producirá efectos retroactivos.retroactivos.En caso de que el acto se hubiera consumado, o En caso de que el acto se hubiera consumado, obien, sea imposible de hecho o de derecho bien, sea imposible de hecho o de derechoretrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la retrotraer sus efectos, dará lugar a lasresponsabilidad del servidor público que la hubiere responsabilidades que correspondan deemitido u ordenado. conformidad con la ley aplicable. Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 13
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