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Timestamp: 2017-12-15 19:42:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 39', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 103', 'artículo 77', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 4', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 13']

Dueños de terrenos en la costa reclaman US$ 12 millones.
Escrito por Diario El País - MALDONADO M. GALLARDO	Martes, 05 de Abril de 2016 08:51
DEMANDA EN LA ÓRBITA CIVIL
Juicio millonario contra la Intendencia de Maldonado
Balneario Buenos Aires está localizado sobre ruta 10. Los propietarios de un predio sobre la faja costera del Este, a la altura del balneario Buenos Aires, citaron a conciliación a la Intendencia de Maldonado como paso previo a un juicio por daños y perjuicios por US$ 12 millones. Los demandantes resolvieron iniciar las acciones en un juzgado civil de la capital fernandina al agotar los procedimientos administrativos ante la Intendencia para que esta emita las planillas del impuesto de Contribución Inmobiliaria. Según la demanda, la Intendencia de Maldonado "emitió deuda de Contribución Inmobiliaria sobre dos padrones propiedad de la familia Sagredo desde 1938, sitos en la ribera del balneario Buenos Aires", explicó Federico Graglia, asesor legal de la familia propietaria. Graglia sostuvo que durante la gestión del ex intendente Oscar de los Santos, la dirección de Asesoría Letrada, resolvió por sí suspender la emisión de la planilla de contribución inmobiliaria lo que impidió que sus clientes pudieran hacer pago a los tributos y tasas respectivas. El predio en cuestión tiene una superficie de 25 hectáreas y se encuentra delimitado por el trazado de la Ruta 10 y el Océano Atlántico. En el mismo sector de la costa del departamento de Maldonado, a poca distancia, se encuentran al menos dos fraccionamientos similares cuyos propietarios tienen en venta sus terrenos. Graglia recordó que la administración del ex intendente Oscar de los Santos por la vía de los hechos, decidió que el citado predio "es de naturaleza pública" al suspender la emisión de la Contribución Inmobiliaria. "Se procedió a la estatización mediante una expropiación de facto, desconociéndose el ordenamiento jurídico en forma flagrante", explicó Federico Graglia. La posición de los propietarios se basa también en los pronunciamientos de notorios juristas, como el catedrático Augusto Durán y el propio Colegio de Escribanos, que "se ha pronunciado en forma contundente a favor del derecho de propiedad de la familia Segredo", indicó el representante legal de los demandantes. "Tal actitud antijurídica, ocasiona como es evidente, daños y perjuicios, que son estimados en 12 millones de dólares, y además le impide a la Intendencia recaudar la contribución de esos inmuebles", enfatizó el abogado.
El contribuyente paga. "En definitiva, una vez más el contribuyente de Maldonado va a terminar pagando, una cifra millonaria por decisiones políticas sin sustento jurídico tomadas en un una línea de pensamiento, de la anterior administración comunal", dijo Graglia. Para él, "la solución del problema, y de estricta justicia, es que sencillamente se vuelva a emitir la Contribución Inmobiliaria, lo que no implicaría ningún costo para esta Administración del Intendente Antía", según entiende.
RESOLUCIÓN DEL BCU
Escrito por Administrator	Martes, 05 de Abril de 2016 08:46
El Banco Central (BCU) decidió una nueva prórroga para la obligatoriedad de uso del nuevo formato de cheques y letras de cambio, que seguirán teniendo vigencia en su antiguo diseño hasta fines de octubre. Una resolución divulgada ayer por el BCU, comunica que se extendieron "los plazos establecidos para la entrada en vigencia de los nuevos formatos de los documentos". Ante esto, se informa que el nuevo plazo límite será el 31 de octubre de 2016, fecha que alude a la emisión del documento y no a la fecha de presentación al cobro. De esta forma la autoridad monetaria aplica una nueva prórroga a la Circular Nº 2.175 del 19 de marzo de 2014, que estableció las características que deben cumplir los nuevos documentos y había fijado la caducidad del antiguo formato al final de marzo de 2015. Días antes de ese límite, se resolvió extender el plazo hasta el 31 de marzo de 2016. El documento del BCU establece que durante el período de vigencia de los dos formatos "no se deberán rechazar los documentos por el solo hecho de que correspondan al formato anterior". Tampoco se podrán rechazar los "documentos con el formato vigente pero que hayan sido completados, en forma manual o automática, sin respetar exactamente el espacio previsto para cada dígito en los diferentes campos del documento". El cambio de formato de los documentos bancarios se enmarca dentro del proceso de modernización de la Cámara Compensadora de Cheques (clearing) que desde octubre de 2014 pasó a ser totalmente digital. Según explicó en su momento el BCU, la variación era impulsadas en el marco de una reforma del Sistema Nacional de Pagos con el objetivo de "modernizar y fortalecer" el proceso del clearing para optimizar el servicio a los clientes "minimizando riesgos y reduciendo los costos del sistema". De acuerdo a los datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en 2015 fueron sancionadas 2.144 cuentas bancarias, siendo 1.611 suspendidas y 533 clausuradas. Estas cifras representan un aumento de 35% en relación al año anterior y la mayor cantidad desde 2003.
Cambios en el formato y contenido de cheques y letras de cambio. Se establece un plazo de adaptación en el que el acreedor deberá aceptar tanto el formato anterior como el nuevo y se prorroga la fecha en que será obligatorio utilizar el nuevo formato Recordamos que el Banco Central del Uruguay, en su Circular N° 2.175, del 19 de marzo de 2014, comunicó la Resolución del Directorio que modificó el formato que deben contener los cheques y las letras de cambio, resaltando como principales cambios:
El color de fondo será de un tono claro.
El color de fondo del cheque con provisión garantizada será verde y el del cheque de pago diferido será amarillo en ambos casos en tonalidades tenues.
El color del cheque común será diferente a los indicados y se podrán utilizar tonalidades distintas para diferenciar cheques en pesos y dólares.
El papel y las tintas utilizadas en la confección de los cheques deberán permitir realizar ontroles físicos y lógicos sobre la autenticidad y legitimidad del documento y el papel deberá reunir las características necesarias para su procesamiento mediante el uso de caracteres magnetizables CMC7.
No se podrá perforar el cheque para establecer el número de cuenta, de cheque u otra enunciación.
Las enunciaciones del cheque común y de pago diferido se distribuirán de acuerdo con el modelo que proporcionará el Banco Central del Uruguay según las bases determinadas en la Circular N° 2.175.
En los cheques en moneda extranjera podrá insertarse en forma impresa, en su reverso, la cláusula: “El plazo para el cobro caduca a los ciento veinte días de la fecha de este cheque”.
Corresponde señalar que lo dispuesto aplica a las letras de cambio siempre que no exista una disposición específica a su respecto. La resolución sanciona a las instituciones financieras autorizadas a participar en el sistema electrónico de compensación que no cumplan con los nuevos requerimientos para la emisión de los cheques y letras de cambio, con una multa equivalente al 0,001 (uno por mil) de la responsabilidad patrimonial básica para bancos. Asimismo, el Banco Central del Uruguay a través de la Comunicación N° 2015/041, del 17 de marzo de 2015, comunica la existencia de tres períodos de vigencia, previendo un período de convivencia de los dos formatos hasta arribar a la obligatoriedad del uso del nuevo formato. Es así que se dispone que los cheques y letras de cambio con el formato anterior prorrogan su vigencia hasta el día 30 de setiembre de 2015. En el período abarcado entre el 1° de octubre de 2015 y el 31 de marzo de 2016 se aceptarán ambos tipos de formatos de documentos. Esto es, se aceptarán los cheques con el formato anterior y también con el nuevo formato que no respeten exactamente el espacio previsto para cada dígito en los diferentes campos del documento. Finalmente, a partir del 1º de abril de 2016 sólo se aceptarán los documentos librados con el nuevo formato, debiendo rechazar los que circulen conforme al formato anterior o que estén librados conforme al nuevo formato que no respeten los espacios previstos para los diferentes campos. Es de resaltar que estos requisitos no sólo son importantes para las instituciones emisoras de dichos documentos sino para quienes operen con tales documentos de pago pues un documento emitido en un formato no vigente no constituirá un medio hábil de cancelación de las obligaciones. Ante esto, se informa que el nuevo plazo límite será el 31 de octubre de 2016, fecha que alude a la emisión del documento y no a la fecha de presentación al cobro.
El mercado de la construcción en Uruguay
Escrito por Mauro Mendiburu Benedetto	Jueves, 05 de Noviembre de 2015 15:33
La industria de la construcción representó el 9.6% del PIB uruguayo en el año 2013, pero a partir de inicios del año 2014 ha mostrado un decrecimiento constante. Podemos diferenciar tres subgrupos en el rubro denominado industria de la construcción: por un lado la inversión pública, en segundo lugar la inversión industrial y comercial, y finalmente la inversión residencial. Esta última tiene sus pilares en los tres centros residenciales de desarrollo: Colonia, Montevideo y Maldonado. De acuerdo a los estudios realizados por CPA Ferrer, el Indice Líder en la Industria de la Construcción (que predice el desarrollo de los tres subgrupos acumulados para los siguientes meses) muestra una caída en los últimos 8 trimestres, y anticipa que no habrá recuperación sino al menos hasta mediados de 2016; cuando comiencen a desarrollarse los proyectos de Participación Público Privados (PPP) en inversión pública. En lo que va del 2015, se estima se han perdido unos 19.000 empleos en la construcción, y considerando las perspectivas mencionadas, resulta difícil pensar que se puedan mantener los 54.000 empleos existentes en la actualidad. Para Maldonado, la situación es compleja, ya que no existen muchas posibilidades de que las PPP afecten directamente a nuestro mercado, al mismo tiempo no se está desarrollando un mercado de radicación de inversiones productivas que pudiese impulsar la inversión comercial e industrial, y finalmente la inversión residencial está estancada y no existen políticas efectivas que la puedan estimular. Es que el principal problema de la inversión residencial es el exceso de oferta. Se estima un stock de 7800 viviendas nuevas a la venta. Y considerando una demanda promedio de los últimos años de 2500 viviendas nuevas por año, se necesitarían más de tres años para licuar el stock existente; esto si no se finalizaran las obras en construcción, algo que está ocurriendo. Para colmo de males la demanda ha caído debido a la reducción del precio de los commodities, el incremento de la tasa de desempleo, y la caída de la confianza de los consumidores en adquisición de este tipo de activos, sumado ello al potencial aumento de la tasa de interés internacional que desvía recursos de la inversión inmobiliaria a activos más líquidos. El desequilibrio se podría ajustar con una caída de los precios de los inmuebles, lo cual no ha ocurrido porque los inversores no han encontrado alternativas con altos rendimientos como para liquidar sus posiciones, incluso a pérdida de sus inversiones. Si bien no descartamos que en el futuro pueda producirse dicha liquidación, parece que no existen perspectivas positivas de reactivación de la industria inmobiliaria residencial local. Las autoridades departamentales se encuentran a tal punto confundidas, que apelan a exoneraciones tributarias para estimular la oferta, cuando claramente tenemos un problema de demanda, por lo que nada podemos esperar, sino marginalmente de las mismas. Y las políticas de demanda se deben desarrollar con conocimiento, y con vistas al mediano plazo, con claridad de visión, algo que hasta el momento no parecen tener quienes son responsables de estimular el empleo en el departamento de Maldonado.
Mauro Mendiburu Benedetto. Es Master en Economía Financiera por la Univ. of London-SOAS, UK. Se desempeña actualmente como Profesor de Economía de la Universidad de la República (CURE-Maldonado) y de la Universidad Católica del Uruguay (Sede Punta del Este). Es asesor de inversiones financieras.
Decreto Art 39 Ley 19210
Escrito por Administrator	Martes, 29 de Septiembre de 2015 21:54
VISTO: el artículo 39 de la Ley Nº 19.210 de 29 de abril de 2014
RESULTANDO: que el referido artículo establece el modo en que deberá pagarse el precio en dinero de todo arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso sobre inmuebles cuyo importe supere las 40 BPC (cuarenta Bases de Prestaciones y Contribuciones) en el año civil, o su equivalente mensual, así como las formalidades que deben cumplir los contratos celebrados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la citada ley y las comunicaciones que deben realizarse en el caso de los contratos en curso de ejecución a dicha fecha.
CONSIDERANDO: que se entiende necesario efectuar las adecuaciones normativas que permitan hacer operativo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 19.210 de 29 de abril de 2014.
ARTÍCULO 1° (Pago de arrendamientos, subarrendamientos y créditos de uso).-
A partir del 1º de diciembre de 2015 el pago del precio en dinero de todo arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso sobre inmuebles cuyo importe supere las 40 BPC (cuarenta Bases de Prestaciones y Contribuciones) en el año civil, o su equivalente mensual, deberá cumplirse mediante acreditación en cuenta en una institución de intermediación financiera que tenga como titular al arrendador, subarrendador u otorgante del crédito de uso, por medio de depósito o transferencia electrónica directa a la cuenta.
Cuando el inmueble sea propiedad de más de una persona física o jurídica, la cuenta deberá tener como titular al menos a uno de los arrendadores, subarrendadores u otorgantes del crédito de uso.
En caso que la parte deudora sea un organismo público estatal o cuando la cuenta se encuentre radicada en una institución de intermediación financiera del exterior, la acreditación en cuenta prevista en el inciso primero sólo podrá realizarse mediante una transferencia electrónica de fondos.
Las instituciones de intermediación financiera locales no podrán cobrar cargo alguno por las acreditaciones recibidas como pago por los arrendamientos, subarrendamientos o créditos de uso que se reglamentan.
ARTÍCULO 2º.- (Del administrador de bienes inmuebles).-
Podrán actuar en calidad de administradores de bienes inmuebles, a los efectos de lo previsto en el inciso quinto del artículo 39 de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, aquellas personas físicas o jurídicas que hayan recibido del arrendador, subarrendador u otorgante del crédito de uso el encargo de administrar el bien de referencia.
Los administradores de bienes inmuebles realizarán cobros por cuenta y orden del arrendador, subarrendador u otorgante del crédito de uso, debiendo realizarse la acreditación en cuenta a que refiere el artículo precedente en una cuenta a nombre del administrador.
Cuando durante la ejecución del contrato se proceda a cambiar de administrador, eliminar la participación del mismo o designar la actuación de uno, dicha modificación deberá ser comunicada al arrendatario, subarrendatario o tomador de crédito de uso.
ARTÍCULO 3°.- (Otros medios de acreditación en cuenta).-
Cuando actúe en calidad de administrador de bienes inmuebles un contribuyente perteneciente al grupo CEDE de la Dirección General Impositiva, se admitirán como medios para realizar la acreditación en cuenta en una institución de intermediación financiera, además de los previstos en el artículo 1° del presente decreto, los cheques cruzados no a la orden a nombre del titular de la cuenta y los pagos electrónicos que tengan como destino final la acreditación en la cuenta realizados por los siguientes medios:
a) débitos automáticos en cuentas en instituciones de intermediación financiera;
b) débitos automáticos en instrumentos de dinero electrónico;
c) pagos electrónicos efectuados a través de cajeros automáticos, teléfonos celulares o por interne!, con fondos almacenados en cuentas en instituciones de intermediación financiera o en instrumentos de dinero electrónico;
d) demás pagos efectuados a través de tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico, incluidos aquellos cuya cobranza se realiza a través de agentes regulados y supervisados por el Banco Central del Uruguay cuya actividad principal sea la de efectuar cobros y pagos por cuenta de terceros. Lo previsto en el inciso anterior no será de aplicación cuando la parte deudora sea un organismo público estatal.
El administrador de bienes inmuebles habilitado podrá elegir el o los medios de acreditación en cuenta admitidos a través de los cuales efectuar la cobranza, los cuales deberán ser comunicados al deudor.
Las entidades administradoras de los medios de pago electrónicos admitidos deberán permitir a quien efectúa el pago la identificación de la naturaleza del mismo. Dichas entidades deberán realizar la acreditación de los fondos cobrados por tales conceptos en la cuenta del administrador de bienes inmuebles habilitado o de los agentes previstos en el literal d) precedente cuando la cobranza se realice a través de un tercero, identificando la naturaleza de dicha acreditación. La Dirección General Impositiva podrá solicitar a las entidades administradoras de los medios de pago electrónicos admitidos información relativa a la acreditación en la cuenta correspondiente. Cuando la cobranza se realice a través de un tercero de acuerdo a lo previsto en el literal d) precedente, el agente interviniente deberá realizar la acreditación de los fondos cobrados por tales conceptos en la cuenta del administrador de bienes inmuebles habilitado, identificando la naturaleza de dicha acreditación. La Dirección General Impositiva podrá solicitar a los agentes que realicen la cobranza información relativa a la acreditación en la cuenta correspondiente.
Cuando la cobranza se realice a través de un cheque cruzado no a la orden el administrador de bienes inmuebles habilitado deberá depositar dicho cheque en la cuenta que corresponda, identificando la naturaleza del depósito.
ARTÍCULO 4°.- (Pago conjunto de otros conceptos).-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, en los casos en que participe en calidad de administrador de bienes inmuebles un contribuyente perteneciente al grupo CEDE de la Dirección General Impositiva, los contratos podrán establecer a título expreso que el pago del arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso deba realizarse conjuntamente con el correspondiente a consumos, gastos comunes y otros servicios a los que hace referencia el inciso primero del artículo 77 de la referida norma legal. En estos casos el pago del arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso se tendrá por cancelado únicamente cuando sea acreditado el monto total adeudado asociado al referido pago conjunto.
Los administradores de bienes inmuebles referidos en el inciso anterior deberán suministrar a la Dirección General Impositiva, en los términos y condiciones que ésta determine, la información relativa a los pagos conjuntos recibidos, identificando en cada caso el monto correspondiente a arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso.
En el caso de los contratos en curso de ejecución en los que participen administradores habilitados a realizar el cobro conjunto, los mismos podrán requerir el pago en los términos previstos en el inciso primero. Dicho requerimiento deberá ser comunicado al arrendatario, subarrendatario o tomador del crédito de uso y podrá ser exigible a partir del mes siguiente de realizada la comunicación.
Cuando se establezca el pago conjunto previsto en el presente artículo, el administrador deberá informar al deudor los montos a abonar por tales conceptos con una antelación mínima de cinco días hábiles al vencimiento.
ARTÍCULO 5°.- (Identificación de la cuenta en nuevos contratos).-
La identificación de la cuenta en la cual deberán acreditarse los pagos y la especificación de los medios de prueba de los mismos deberán constar en todos los contratos celebrados con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014.
ARTÍCULO 6°.- (Comunicación de la cuenta en contratos en curso).-
En el caso de los contratos en curso de ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 19.210, de 29 de abril de 2014, que no establecieran como medio de pago la acreditación en cuenta en los términos previstos en la presente reglamentación, la parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o el administrador que ésta determine, deberá comunicar al deudor la cuenta en la cual deberán acreditarse los pagos referidos en el artículo 1º del presente decreto. Dicha comunicación deberá especificar los medios de prueba de los pagos que realice el deudor, así como los medios por los cuales podrá realizarse la acreditación.
En los casos en que no se hubiera realizado la comunicación prevista en el inciso anterior, el arrendatario, subarrendatario o tomador del crédito de uso podrá continuar realizando los pagos en la forma dispuesta originalmente en el contrato, sin perjuicio de las sanciones previstas para la parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o para el administrador que ésta determine, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 1O del presente decreto.
Cuando la parte deudora sea un organismo público estatal, la comunicación a la que refiere el inciso primero del presente artículo se considerará realizada una vez que la parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o el administrador que ésta determine, realice la inscripción de la cuenta en el Registro Único de Proveedores del Estado.
Cuando el arrendatario, subarrendatario o tomador de crédito de uso haya contratado un servicio de garantía de alquileres provisto por la Contaduría General de la Nación o por cualquier otra entidad habilitada a tales efectos que realice las retenciones a que hace referencia el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, la comunicación a la que hace referencia el inciso primero del presente artículo deberá realizarse a la referida entidad.
ARTÍCULO 7°.- (Modificaciones de la cuenta).-
La parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o el administrador que ésta determine, deberá comunicar al deudor cualquier modificación de la cuenta en la que deberán acreditarse los pagos que se reglamentan.
En caso de cesión de los créditos emergentes de un contrato de arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso sobre inmuebles, la parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o el administrador que ésta determine, deberá comunicar al deudor cedido, cuando corresponda, la cuenta a nombre del cesionario en la cual deberán acreditarse los pagos.
Las comunicaciones a que refieren los incisos precedentes deberán realizarse con una antelación mínima de 30 días previos al vencimiento de la obligación.
ARTÍCULO 8°.- (Responsabilidad por el uso de información incorrecta).­
Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte del deudor de información incorrecta proporcionada por el acreedor respecto a la cuenta y a los medios de acreditación, serán de entera responsabilidad de la parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o del administrador que ésta determine.
ARTÍCULO 9º.- (Identificación de movimientos).-
Las instituciones de intermediación financiera deberán permitir la identificación de los pagos que se reglamentan. Dicha obligación no incluirá la discriminación de los conceptos incluidos dentro del pago conjunto previsto en el artículo 4° del presente decreto.
Será responsabilidad del arrendatario, subarrendatario o tomador del crédito de uso, así como de los agentes previstos en el literal d) del artículo 3° del presente decreto, la identificación de dichos pagos.
Las instituciones de intermediación financiera deberán suministrar a la Dirección General Impositiva, en los términos y condiciones que ésta determine, la información relativa a los pagos realizados por los deudores, incluyendo el monto y la identificación de quien realizó la acreditación y del titular o titulares de la cuenta.
Lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo deberá estar operativo antes del 1º de diciembre de 2015.
ARTÍCULO 10.- (Medios de prueba).-
A partir del 1º de diciembre de 2015 los pagos realizados por el deudor solo podrán probarse a través de la presentación del comprobante de depósito o transferencia a la cuenta que corresponda, o por medio de información brindada por la institución de intermediación financiera donde aquella esté radicada.
Cuando el pago se realice mediante cheque cruzado no a la orden, los pagos realizados podrán probarse a través de la presentación del recibo emitido por el administrador de bienes inmuebles habilitado, en el cual deberá identificarse el número de cheque, el nombre a favor de quien se libra el cheque, el monto del mismo y el número de cuenta en la cual deberá depositarse.
Cuando el pago se realice a través de los medios electrónicos admitidos en el artículo 3º del presente decreto, el mismo podrá probarse a través de la presentación del comprobante emitido por la entidad administradora del medio de pago o por medio de información brindada por dicha entidad.
Cuando el arrendatario, subarrendatario o tomador del crédito de uso haya contratado un servicio de garantía de alquileres provisto por la Contaduría General de la Nación o por cualquier otra entidad habilitada a tales efectos que realice las retenciones a que hace referencia el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, los pagos realizados podrán probarse mediante la presentación del recibo de sueldo o pasividad en el que figure la retención efectuada o por medio de información brindada por la entidad garante.
En los arrendamientos o subarrendamientos a los que hace referencia el artículo 11 de la presente reglamentación, los pagos realizados también podrán probarse a través de la presentación del recibo emitido por la parte arrendadora o subarrendadora, o el administrador que ésta determine, en el cual deberá identificarse el monto abonado y el número de cuenta en la cual deberá efectuarse el depósito.
En caso de realizarse el pago conjunto previsto en el artículo 4º del presente decreto, los pagos de los otros conceptos referidos en el inciso primero de dicho artículo podrán probarse del mismo modo que el pago del arrendamiento, subarrendamiento o crédito de uso, de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.
ARTÍCULO 11.- (Alquileres turísticos).-
En aquellos arrendamientos o subarrendamientos con fines turísticos cuyo plazo no exceda los cuatro meses, que estén destinados únicamente a la habitación del turista, que se realicen en alta temporada y sean contratados por personas físicas, se admitirá que el pago en dinero se realice en efectivo, quedando obligada la parte arrendadora o subarrendadora, o el administrador que ésta determine, a depositar dicha suma en la cuenta en la cual deben acreditarse los pagos en un plazo máximo de un día hábil.
ARTÍCULO 12.- (Incumplimientos: sanciones y consecuencias).-
La parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o el administrador que ésta determine, que acepte el pago de su crédito por
medio diverso al previsto en la presente reglamentación, o no cumpla con lo establecido en los artículos 5º, 6° y 11 del presente decreto, deberá abonar a la Dirección General Impositiva, en los términos y condiciones que ésta determine, una multa equivalente a tres veces el precio mensual pactado en el contrato. También será pasible de esta sanción el administrador de bienes inmuebles habilitado que, habiendo realizado la cobranza a través de un cheque cruzado no a la orden, lo deposite en una cuenta diferente a la que corresponda o no identifique la naturaleza del depósito.
No se dará curso a ninguna acción judicial que se funde en alguno de los contratos referidos en el presente decreto hasta tanto se acredite en el primer acto procesal:
a) el cumplimiento de lo previsto en los artículos 5º y 6°; y
b) que los pagos efectuados desde el 1º de diciembre de 2015, o desde la vigencia del contrato si ésta ocurrió con posterioridad, se hayan realizado a través de los medios admitidos y en las condiciones previstas en la presente reglamentación.
En caso de incumplimiento de lo previsto en los literales precedentes, no se dará curso ·a ninguna acción judicial hasta tanto se presente en los autos el comprobante de pago de la multa prevista en el inciso primero del presente artículo.
Quedarán exceptuados de lo previsto en el inciso segundo aquellas acciones judiciales iniciadas por el arrendatario, subarrendatario o tomador del crédito de uso, cuando éste continúe realizando los pagos en la forma prevista originalmente en el contrato, de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 6° del presente decreto.
Queda prohibido a la Contaduría General de la Nación y a toda otra entidad que otorgue garantías de alquileres, conceder la misma cuando en el contrato de arrendamiento no se estipule el pago del precio de acuerdo a lo previsto en el presente decreto. La omisión referida impedirá también que el monto abonado pueda computarse a los efectos de los créditos y deducciones admitidos para la liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.
ARTÍCULO 13.- (Notificaciones).-
A los efectos de las comunicaciones previstas en los artículos 2° a 4°, 6° y 7° del presente decreto, se tendrá como válida la notificación efectuada a través de los medios previstos por las partes en los respectivos contratos. También se considerarán válidas las comunicaciones efectuadas mediante telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, carta certificada con acuse de recibo suscrito por el deudor o notificación personal firmada por el deudor.
En caso que la comunicación se realice mediante telegrama colacionado certificado con aviso de entrega y el deudor no sea ubicado en el domicilio, la constancia del aviso para el retiro del telegrama dejado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) será suficiente para considerar bien realizada la notificación referida.
La notificación personal se practicará en el domicilio de la parte arrendadora, subarrendadora u otorgante del crédito de uso, o del administrador que ésta determine, mediante la comparecencia del deudor.
Escrito por Administrator	Viernes, 11 de Septiembre de 2015 06:52
En el marco de un encuentro internacional de mujeres en Uruguay sobre el acceso a la propiedad, el oficial de la ONU Bahram Ghazi, llegado desde Ginebra, dijo hoy a Efe en Montevideo que la vivienda es tratada como un producto comercial, lo que impide asegurarla como un derecho humano. "Estamos en una situación en la que consideramos la vivienda un objeto, un mercado, y es un tema de dinero. Esa situación lleva a que miremos el tema bajo la perspectiva financiera y eso aparta todos los otros aspectos. La dimensión social desaparece por el tema del dinero", evaluó el especialista de Naciones Unidas. El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) participa esta semana en un encuentro que reúne a activistas de 25 países en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo para promover los derechos de las mujeres respecto a la tierra, la vivienda y la propiedad. Ghazi destacó la vulnerabilidad de las mujeres frente a situaciones de desalojo forzoso, que pueden pasar en los países por distintas razones y en las que se suele manifestar una mala gestión de los Estados.
Para ejemplificar, el oficial suizo-iraní mencionó los casos frecuentes en Estados Unidos en los que personas son echadas a la calle por no haber pagado el alquiler. "No es justificable de que porque el alquiler no esté en día que se eche una familia con niños a la calle. Tal vez haya que trasladar a esa familia a otro lugar, pero todo eso puede ser pensado. No es algo que el Estado no pueda cuidar", aseveró. De acuerdo con el experto, los derechos humanos no dicen que no debería haber ningún tipo de desalojo, sino que debe ser justificado y llevado a cabo de forma respetuosa. "Hay situaciones por las que se tiene que mover a un grupo de personas a otro lugar. Por otro lado, desplazar a miles de familias porque se quiere construir un centro comercial, por ejemplo, es cuestionable. Aunque sea justificable, todavía tiene que respetar la dignidad y los derechos", explicó. En ese sentido, Ghazi mencionó casos de comunidades en Brasil que tuvieron que ser desalojadas para la concreción de proyectos como la hidroeléctrica de Belo Monte (norte), una faraónica obra en la Amazonía brasileña, o en Río de Janeiro por las construcciones vinculadas a las Olimpíadas del próximo año. "En la mayoría de los casos de desalojo forzoso, la justificación que dan es de que se trata del interés público. Pero después no hay una definición de ese interés público. ¿Quién define de quién es ese interés público? Y entonces dicen que es para el desarrollo. Bien, pero ¿quién se está beneficiando de ese desarrollo y quien lo está pagando?", cuestionó.
A su juicio, esas cuestiones deben ser incluidas a dichos proyectos públicos, de forma que permitan desarrollar también las propias comunidades desplazadas. "Hay que preparar la vivienda alternativa, el realojo en donde la gente pueda vivir en dignidad", resaltó. En la entrevista con Efe, el oficial de la ONU lamentó la mirada tecnicista que recibe el tema de la vivienda en la toma de decisiones en los Gobiernos, sin la perspectiva de los derechos humanos. Para Ghazi, la planificación de viviendas no se resume a la construcción de casas, sino que debe asegurar el acceso a otros derechos básicos como agua, educación, salud, justicia, transporte y trabajo, y eso es parte de pensar las ciudades para el futuro. "Los Estados tienen que reconocer que la vivienda no es solo un producto. La vivienda adecuada es un derecho humano. Una vez que eso esté integrado a las legislaciones nacionales, en las políticas públicas, habremos avanzado un gran paso. Siempre habrá desafíos, pero hay que reconocer eso como algo básico", concluyó. Según el representante de Acnudh, el debate que arrancó hoy en la capital uruguaya y se extenderá hasta el próximo viernes aportará al tercer encuentro de la ONU sobre vivienda, organizado cada 20 años -Habitat III-, y previsto para octubre de 2016 en Quito.
IMM tiene 6.500 propiedades pero podrían ser miles más
SUBAS PRESUPUESTALES Y CAUTELA POSTERGAN REFORMAS Y REALOJO DE FINCAS
MONTEVIDEO ES EL 5° MÁS CARO PARA COMPRAR VIVIENDA
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