Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2013/04/18/es-desajustada-a-derecho-la-comunicacion-rescisoria-que-refiere-a-sanciones-anteriores-sin-precisar-las-fechas-y-causas-que-motivaron-las-mismas/
Timestamp: 2020-08-08 12:15:28
Document Index: 10448874

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 243', 'artículo 242', 'artículo 67', 'artículo 45', 'artículo 80', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1']

Es desajustada a derecho la comunicación rescisoria que refiere a sanciones anteriores sin precisar las fechas y causas que motivaron las mismas. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 18 abril 2013
Partes: Poggi Sebastián Adolfo y otro c/ Panatel S.A. y otros s/ despido
Cita: MJ-JU-M-77870-AR | MJJ77870 | MJJ77870
Es imprecisa y por tanto desajustada a derecho la comunicación rescisoria que refiere a sanciones anteriores sin precisar las fechas y causas que motivaron las mismas.
1.-La imprecisión de la comunicación, en cuanto a la parte que expresa: …a lo que se suma el hecho de haber sido sancionado ya en reiteradas oportunidades por inconductas de similares características… , incumple con lo normado por el art. 243 de la LCT.. En la decisión rupturista, el demandado hizo referencia a demás sanciones, sin precisar en qué días fueron y en consecuencia de qué.
2.-Por otra parte, los hechos endilgados en la carta rescisoria, no configuran injuria suficiente de conformidad a las previsiones del art. 242 de la LCT., que imposibilitaran la continuación de la relación. Así en el caso de que fueran acreditadas las ultimas llegadas tarde, ello no significa necesariamente que el despido fuera la única reacción posible frente a esas circunstancias.
3.-Una de las notas de la doctrina y la práctica judicial indican como requisitos de la procedencia del ejercicio del poder disciplinario la contemporaneidad y la proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción. Es el empleador, quien en virtud de los poderes jerárquicos otorgados en la empresa y que emergen de las facultades de dirección y organización (arts. 64 y 65 de la LCT.) y como contrapartida de los deberes de diligencia y obediencia del trabajador (artículos 84 a 86 de la LCT.), el ordenamiento jurídico le otorga la potestad de corregir los incumplimientos contractuales y faltas que cometa a través de sanciones previstas en la ley (art. 67 de la LCT.).
4.-El mismo contaba con la posibilidad de intimar al trabajador para que cesara en una conducta que podía afectar al funcionamiento de toda la empresa, pero omitió tal decisión. No advirtiendo conducta alguna del actor que pudiese haber actuado como desencadenante de la cesantía, supuesto en el que sí podría haberse considerado sus antecedentes, propiciaré la confirmación del fondo de la controversia.
5.-El actor postula la revisión de la decisión desestimatoria de la multa del art. 1° de la ley 25323 argumentando que se encuentra acreditado que las horas extras realizadas no habían sido abonadas. Tal situación constituye el incorrecto registro de la relación laboral que sanciona la norma. Así lo sostengo ya que, si bien la descripción del presupuesto de la sanción en discusión, en principio, sólo comprende la omisión de registro o el registro legalmente deficiente, considero que, si bien para dilucidar el significado deficientemente registrada es correcto acudir a su antecedente normativo (ley 24013 ); lo cierto es que este precedente no es limitativo ni excluyente de otros supuestos en donde el trabajador estuvo incorrectamente registrado
6.-La multa del art. 2° de la ley 25323, si bien la demandada pagó una suma que atribuía a la liquidación final de la actora -v. informe contable fs. 290-, este pago no fue en base a las indemnizaciones por despido (arts. 245 , 231 y 232 de la LCT.),
7.-La parte final autoriza a reducir parcialmente el importe de la agravación si hubiesen existido causas que justificaren la conducta del empleador. Se debería entender que la justificación podría surgir de la imposibilidad, material o jurídica, de satisfacer los créditos, o de la plausibilidad de la justa causa de despido invocada, judicialmente desechada.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral viene apelada por ambas partes y, disconforme con la regulación de su honorario, por la perito contadora. Para así decidir la señora Jueza a quo hizo mérito del material probatorio colectado en la causa y concluyó que el despido del actor no fue ajustado a derecho y en consecuencia, tornó viables las pretensiones del inicio.
II.- Por razones de orden metodológico trataré en primer término el recurso de la accionada, quien a fs. 510/516, se queja fundamentalmente de la decisión de la sentenciante de grado en el sentido que consideró no acreditada la causal invocada como rescisoria de la relación laboral existente entre las partes.
Adelanto mi opinión en el sentido que el recurso no obtendrá favorable andamiento.
III.- Respecto de la controversia de fondo, es decir del despido del actor, la apelante incurre en manifestaciones de disconformidad que distan de constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado, que exige el artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345, para la procedencia del recurso. La quejosa no se hace cargo de los fundamentos expuestos por la magistrada pues insiste en la ponderación de las declaraciones testimoniales para avalar su postura, soslayando los elementos probatorios considerados para arribar a la decisión. En concreto el actor fue desvinculado mediante comunicación telegráfica de fecha 12.08.08 (v. sobre nº 3314 y fs.115 y 118) por “…nuevos incumplimientos, consistente el haber vuelto a llegar tarde a prestar servicio sin aviso ni justificativo alguno los días 7, 8 y 9 de agosto de 2008 (entre diez a once minutos después de su horario de entrada obligando a redistribuir tareas con el consiguiente perjuicio que ocasiona, implicando ello la violación de los deberes laborales (legales y convencionales) a su cargo, circunstancia que se agrava por la específica y delicada naturaleza de las tareas a su cargo, causando además gran daño a la imagen de la Empresa, a lo que se suma el hecho de haber sido sancionado ya en reiteradas oportunidades por inconductas de similares características, sin que haya modificado su actitud, incumplimientos que implican una injuria de tal magnitud que impide la prosecución del vínculo laboral…”.
La a quo concluyó que “…la demandada no ha logrado acreditar la causal de injuria imputada al trabajador, esto es las llegadas tarde de los días 7, 8 y 9 de agosto de 2008 y las sanciones anteriores por idénticos motivos. Ello así toda vez que de las declaraciones testimoniales brindadas por Fiore, Vera, Pablo, Alejandro Vera precedentemente analizadas y transcriptas se encuentra demostrado que la demandada imponía a sus empleados el fichaje de la hora de entrada una vez vestidos para su trabajo, y que esto no era posible de lograr en algunas ocasiones por no encontrar por parte de los trabajadores los elementos necesarios.A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que de los dichos de Cintia Vera surge que si ocurrían estos inconvenientes a la entrada a prestar servicios debían compensar ese tiempo quedándose hasta más tarde de su hora de salida…Por su parte el anexo III de la prueba pericial contable detalla los días trabajados, francos, inasistencias por enfermedad, con aviso, sin aviso y de allí se desprende que el actor sólo fue pasible de cinco días de suspensión, de los cuales tres se corresponden con los del despido y una inasistencia sin justificación, a lo largo de seis años de trabajo….Asimismo, la verificación realizada por el perito calígrafo sobre la documentación identificada en sobre reservado nro. 3314, no resulta coincidente con las fechas impuestas por el perito contador, ya que dichas suspensiones datan del 5.01.04 y 3.01.04 y las del anexo de la pericia contable de abril/07; diciembre/07 y agosto/08…Ante tales circunstancias he de concluir que la demandada no ha logrado probar las imputaciones del telegrama de despido, máxime cuando se trata de un trabajador con una antigüedad importante y la injuria impetrada debe ser valorada con mayor estrictez…”.
Comparto la conclusión a la que arribó la señora Jueza a quo, en cuanto no se encuentra acreditada la causal de despido. Era carga incumplida de la apelante demostrar al tribunal, con precisa referencia al material probatorio acumulado, vicios in judicando derivados de la incorrecta apreciación de la prueba o de la indebida aplicación de las normas jurídicas que gobiernan la cuestión (artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345).
A mayor abundamiento, la imprecisión de la comunicación referida, en cuanto a la parte que expresa: “…a lo que se suma el hecho de haber sido sancionado ya en reiteradas oportunidades por inconductas de similares características…”, incumple con lo normado por el artículo 243 de la L.C.T.En la decisión rupturista, el demandado hizo referencia a demás sanciones, sin precisar en qué días fueron y en consecuencia de qué.
Por otra parte, los hechos endilgados en la carta rescisoria, no configuran injuria suficiente de conformidad a las previsiones del artículo 242 de la L.C.T., que imposibilitaran la continuación de la relación. Así en el caso de que fueran acreditadas las ultimas llegadas tarde, ello no significa necesariamente que el despido fuera la única reacción posible frente a esas circunstancias. Una de las notas de la doctrina y la práctica judicial indican como requisitos de la procedencia del ejercicio del poder disciplinario la contemporaneidad y la proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción. Es el empleador, quien en virtud de los poderes jerárquicos otorgados en la empresa y que emergen de las facultades de dirección y organización (artículos 64 y 65 de la L.C.T.) y como contrapartida de los deberes de diligencia y obediencia del trabajador (artículos 84 a 86 de la L.C.T.), el ordenamiento jurídico le otorga la potestad de corregir los incumplimientos contractuales y faltas que cometa a través de sanciones previstas en la ley (artículo 67 de la L.C.T.). El mismo contaba con la posibilidad de intimar al trabajador para que cesara en una conducta que podía afectar al funcionamiento de toda la empresa, pero omitió tal decisión. No advirtiendo conducta alguna del actor que pudiese haber actuado como desencadenante de la cesantía, supuesto en el que sí podría haberse considerado sus antecedentes, propiciaré la confirmación del fondo de la controversia.
En cuanto a la multa que prevé el artículo 45 de la Ley 25.345, no sólo que no acompañó la totalidad de los certificados que prevé el artículo 80 de la L.C.T., sino que además repárese que el certificado acompañado con la contestación de demanda (v.sobre 3314), el cual la demandada dice haber puesto a disposición del actor, es posterior a la mentada puesta a disposición, por lo que corresponde se confirme dicho rubro en cuestión.
III.- El recurso del actor es procedente.
El actor postula la revisión de la decisión desestimatoria de la multa del artículo 1° de la Ley 25.323 argumentando que se encuentra acreditado que las horas extras realizadas no habían sido abonadas. Tal situación constituye el incorrecto registro de la relación laboral que sanciona la norma. Así lo sostengo ya que, si bien la descripción del presupuesto de la sanción en discusión, en principio, sólo comprende la omisión de registro o el registro legalmente deficiente, considero que, si bien para dilucidar el significado “deficientemente registrada” es correcto acudir a su antecedente normativo (Ley 24.013 ); lo cierto es que este precedente no es limitativo ni excluyente de otros supuestos en donde el trabajador estuvo incorrectamente registrado. En el caso, dicha falencia derivó un perjuicio concreto para el actor y otro tanto para los sistemas fiscales y previsionales, por lo que la conducta evasiva descripta en el artículo 1º se encuentra configurada. La partida asciende a $ 14.513,70.
En cuanto al agravio por la multa del artículo 2° de la Ley 25.323, si bien la demandada pagó una suma que atribuía a la liquidación final de la actora -v. informe contable fs.290-, este pago no fue en base a las indemnizaciones por despido (artículos 245 , 231 y 232 de la L.C.T.), por ello el actor se hace acreedor del rubro que prevé el artículo 2°. Dicha normativa agrava en un 50% de sus respectivos montos las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 L.C.T., 6º y 7º de la Ley 25013, o las que en el futuro las reemplacen, cuando, intimado el empleador fehacientemente a su pago por el acreedor, no lo cumpla y lo obligue a iniciar acciones judiciales o conciliatorias previas. La parte final autoriza a reducir parcialmente el importe de la agravación si hubiesen existido causas que justificaren la conducta del empleador. Se debería entender que la justificación podría surgir de la imposibilidad, material o jurídica, de satisfacer los créditos, o de la plausibilidad de la justa causa de despido invocada, judicialmente desechada. Cuando, como en el caso, no se advierten razones para la exoneración o reducción de la multa, ésta será calculada sobre los rubros que integran su base.Por lo que, la suma asciende a $ 10.663,50.
IV.- Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y se fije el capital nominal en $ 90.902,46 al que accederán intereses en la forma establecida en la sentencia de grado; se confirme el rechazo de la acción interpuesta contra las personas físicas demandadas, se confirmen los pronunciamientos sobre costas y honorarios; se confirme la regulación de honorarios a favor de la perito contadora, ya que luce razonable y no debe ser objeto de corrección; se impongan las costas de alzada a la sociedad demandada; y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior (artículos 68 , 71 y 279 del C.P.C.C.N.; 6°, 7° , 14 y 19 de la Ley 21.839; 3° del Decreto-Ley 16638/57).
Teniendo en cuenta que el criterio mayoritario de la sala, en su actual integración, es el expuesto por mi distinguido colega en el considerando III, por economía procesal, adhiero a su propuesta, dejando a salvo mi criterio de que la indemnización del artículo 1º de la Ley 25.323, solo procede cuando se verifican los supuestos de los artículos 8º a 10 de la Ley 24.013.
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y fijar el capital nominal en $ 90.902,46 al que accederán intereses en la forma establecida en la sentencia de grado; 2) Confirmar el rechazo de la acción interpuesta contra las personas físicas demandadas; 3) Confirmar los pronunciamientos sobre costas y honorarios; 4) Confirmar los honorarios regulados a favor de la perito contadora; 5) Imponer las costas de alzada a la sociedad demandada; 6) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-
LUIS ALBERTO CATARDO.
VICTOR ARTURO PESINO.
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