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Timestamp: 2020-04-05 06:11:33
Document Index: 8695795

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 81', 'ARTÍCULO 82', 'artículo 81', 'artículo 82', 'ARTÍCULO 59', 'artículo 123', 'artículo 28', 'artículo 63', 'ARTÍCULO 63', 'artículo 133', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 138', 'ARTÍCULO 138', 'artículo 140', 'ARTÍCULO 140', 'artículo 141', 'ARTÍCULO 141', 'artículo 142', 'ARTÍCULO 142', 'artículo 143', 'ARTÍCULO 143', 'artículo 147', 'ARTÍCULO 147', 'artículo 148', 'Artículo 148', 'ARTÍCULO 148', 'artículo 149', 'ARTÍCULO 149', 'e contrario', 'artículo 150', 'ARTÍCULO 150', 'artículo 151', 'ARTÍCULO 151', 'ARTÍCULO 177', 'artículo 177', 'artículo 7', 'artículo 569', 'ARTÍCULO 569', 'artículo 52', 'artículo 27', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 43', 'artículo 105', 'artículo 40', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 259', 'artículo 73', 'artículo 292', 'artículo 292', 'Artículo 96', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 81', 'Artículo 535', 'Artículo 536', 'ARTÍCULO 82', 'artículo 150']

Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995) - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 60294722
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
ARTÍCULO 81. GARANTÍAS PROCESALES.
ARTÍCULO 82. CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y DE DECISIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD, TENENCIA O CUSTODIA DE BIENES.
Norma citada en: 1788 sentencias, 197 artículos doctrinales, 138 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 8 noticias
CONTROL SOBRE EL RECLUTAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Texto subrayado declarado exequible por la Sentencia C-326-97 del 10 de julio de 1997,
Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos.
Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así como la dirección, el número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificar la información.
Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración.
En caso de personas jurídicas, el correspondiente certificado que acredite la representación legal, y
Mediante Sentencia C-446-98 del 26 de mayo de 1998, la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia de Constitucionalidad N° 567/97 de Corte Constitucional. Magistrado Ponente, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Inciso 5. declarado inexequible por la Sentencia C-567-97 de 6 de noviembre de 1997,
Artículo declarado exequible por la Sentencia C-446-98 del 26 de mayo de 1998,
Artículo citado en: 73 sentencias, 2 disposiciones normativas
Créase para todas las ramas del poder público, sus organismos de control y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Unico de Información de Personal, como un sistema estructurado para la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y la gestión de la Función Pública, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno.
Artículo modificado por el artículo 81 de la Ley 443 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.320 del 12 de junio de 1998.
La Hoja de Vida de los servidores públicos o de los contratistas de la administración, contendrá las modificaciones sucesivas que se produzcan a lo largo de toda la vida laboral o vinculación contractual, en los términos en que lo establezca el reglamento.
Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 443 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.320 del 12 de junio de 1998.
Artículo citado en: 35 sentencias, 5 artículos doctrinales
El jefe de la unidad de personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo, o quien haga sus veces, dispondrá de un término de quince (15) días para velar por que la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos.
Artículo citado en: 41 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.
Inciso 1. declarado exequible por la Sentencia C-672-01 de 28 de junio de 2001,
Cuando se advierta que se ocultó información o se aporto documentación falsa para sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.
Inciso 2. declarado condicionalmente exequible por la Sentencia C-631-96 del 21 de noviembre de 1996, 'bajo el entendido de que la inhabilidad allí prevista constituye una sanción accesoria que debe ser impuesta a través del correspondiente proceso penal o disciplinario'.
Artículo citado en: 195 sentencias, 10 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas
En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio.
Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto final a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar.
Inciso 2. declarado condicionalmente exequible por la Sentencia C-038-96 de 5 de febrero de 1996, 'pero únicamente bajo el entendido de que la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes no se hayan generado por dolo o culpa imputables al nombrado o al funcionario público a los que se refiere dicho precepto'.
Artículo citado en: 71 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 3 noticias
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley las entidades públicas elaborarán un manual de funciones en el cual se especifiquen claramente las tareas que debe cumplir cada funcionario de la entidad. Aquellas que dispongan de manual de funciones deberán asegurar que respecto de cada servidor público se precisen de manera clara sus funciones.
INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS
Artículo declarado inexequible por la Sentencia C-539-98 del 1 de octubre de 1998,
Las entidades públicas divulgarán en lugar público, o a través de los medios oficiales de comunicación, la identidad de quienes resulten elegidos como mejores empleados.
Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento de su retiro.
Artículo citado en: 12 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
La declaración juramentada deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
Nombre completo, documento de identidad y dirección del domicilio permanente.
Nombre y documento de identidad, del conyugue o compañero(a) permanente y parientes en primer grado de consanguinidad.
Relación de ingresos del último año.
Identificación de las cuentas corrientes y de ahorros en Colombia y en el exterior, si las hubiere.
Relación detallada de las acreencias y obligaciones vigentes.
Calidad de miembro de Juntas o Consejos Directivos.
Mención sobre su carácter de socio en corporaciones, sociedades o asociaciones.
Información sobre existencia de sociedad conyugal vigente o de sociedad de hecho entre compañeros permanentes, y
Relación e identificación de bienes patrimoniales actualizada.
Apartes subrayados declarados condicionalmente EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009,
Artículo citado en: 13 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
Será requisito para la posesión o para el ejercicio de función pública suministrar la información sobre la actividad económica privada del aspirante. En ella se incluirá la participación en sociedades o en cualquier organización o actividad privada de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, dentro o fuera del país. Todo cambio que se produzca, deberá ser comunicado a la respectiva entidad dentro de los dos (2) meses siguientes al mismo.
La unidad de personal de la correspondiente entidad o la dependencia que haga sus veces, deberá recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de que trata la presente ley, y la adjuntará a la correspondiente hoja de vida.
El Código Penal tendrá un artículo con el número 59A, del siguiente tenor:
ARTÍCULO 59-A INHABILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PUBLICAS.
Los servidores públicos a que se refiere el inciso 1. del artículo 123 de la Constitución Política, quedarán inhabilitados para el desempeño de funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio del derecho de rehabilitación que contempla el Código de Procedimiento Penal y en concordancia con el inciso final del artículo 28 de la Constitución Política.
Texto tachado declarado inexequible por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996,
Modificase el artículo 63 del Código Penal, así:
Artículo citado en: 69 sentencias, 2 artículos doctrinales
ARTÍCULO 63 SERVIDORES PÚBLICOS.
Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los Miembros de las Corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Artículo declarado exequible por la Sentencia C-563-98 de 7 de octubre de 1998,
El artículo 133 del Código Penal quedará así:
Artículo citado en: 179 sentencias, 4 artículos doctrinales
ARTÍCULO 133 PECULADO POR APROPIACIÓN.
El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se la haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años.
El artículo 138 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 138 PECULADO POR EXTENSIÓN.
También incurrirá en las penas previstas en los artículos anteriores, el particular que realice cualesquiera de las conductas en ellos descritas sobre bienes:
Que recaude, administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales.
El artículo 140 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 140 CONCUSIÓN.
El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (1 00) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
Artículo declarado exequible por la Sentencia C-472-97 de 25 de septiembre de 1997,
El artículo 141 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 141 COHECHO PROPIO.
El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (1 00) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
El artículo 142 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 142 COHECHO IMPROPIO.
El servidor público que acepte para si o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutaron el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de Ia pena principal.
El artículo 143 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 143 COHECHO POR DAR U OFRECER.
El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (1 00) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término.
Parágrafo declarado inexequible por la Sentencia C-709-96 del 9 de diciembre de 1996,
El artículo 147 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 147 TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA OBTENER FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO.
El que invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
La pena de que trata el delito previsto en el artículo 148 del Código Penal, será de dos (2) a ocho (8) años de prisión, multa equivalente al valor del enriquecimiento e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de Ia pena principal.
Artículo 148 del Código Penal, de que trata este artículo, fue declarado exequible por la Sentencia C-319-96 de 18 de julio de 1996,
El Código Penal tendrá un artículo con el número 148A, del siguiente tenor:
ARTÍCULO 148-A UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
El servidor público o el particular que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública o privada que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años e interdicción de funciones por el mismo término de Ia pena principal.
El artículo 149 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 149 PREVARICATO POR ACCIÓN.
El servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de Ia pena impuesta.
El artículo 150 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 150 PREVARICATO POR OMISIÓN.
El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior.
El artículo 151 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 151 PREVARICATO POR ASESORAMIENTO ILEGAL.
El servidor público que asesore, aconseje o patrocine de manera ilícita a persona que gestione cualquier asunto público de su competencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
ARTÍCULO 177 RECEPTACIÓN.
El que sin haber tomado parte en la ejecución de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.
Texto subrayado declarado exequible por la Sentencia C-133-99 del 3 de marzo de 1999,
El artículo 177 del Código Penal que se modificaba con este artículo fue modificado por el artículo 7o. de la Ley 365 de 1997, publicada en el Diario Oficial No 42.987 de de 1997
Para los delitos contra la administración pública no contemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta será siempre entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con la dosificación que haga el juez.
Artículo citado en: 95 sentencias, 3 artículos doctrinales
Inciso 1. declarado condicionalmente exequible sólo por razones de fondo, por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996, 'pero únicamente bajo el entendido de que la reserva que en ellos se consagra se ha de levantar tan pronto se practiquen las pruebas decretadas en la oportunidad legal y, en todo caso, una vez expire el término señalado en la ley para la investigación'.
Inciso 2. declarado condicionalmente exequible sólo por razones de fondo, por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996, 'pero únicamente bajo el entendido de que la reserva que en ellos se consagra se ha de levantar tan pronto se practiquen las pruebas decretadas en la oportunidad legal y, en todo caso, una vez expire el término señalado en la ley para la investigación'.
PARÁGRAFO 1. La violación de la reserva será causal de mala conducta.
Parágrafo 1. declarado exequible por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996,
Parágrafo 2. declarado inexequible por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996,
PARÁGRAFO 3. En el evento de que se conozca la información reservada, la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho.
Artículo declarado exequible por razones de forma, por la Sentencia C-054-96 del 15 de febrero de 1996, salvo en lo relativo al parágrafo segundo que fue declarado inexequible. En lo demás declarese estese a lo resuelto en la Sentencia de Constitucionalidad N° 038/96 de Corte Constitucional.
Parágrafo 3. declarado exequible por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996,
El artículo 569 del Código de Procedimiento Penal quedará así:
ARTÍCULO 569 REQUISITOS PARA SOLICITARLA.
Sin perjuicio de lo previsto en tratados públicos, cuando contra una persona que se encuentre en el exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva, resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no inferior a dos (2) años de prisión, el funcionario que conociera del proceso en investigación o en primera o única instancia, pedirá al Ministerio de Justicia y del Derecho que se solicite la extradición del procesado o condenado, para lo cual remitirá copia de la providencia respectiva y demás documentos que considere conducentes.
En el evento de bienes cuya mutación de propiedad esté sujeta a cualquier modalidad de registro, respecto de los cuales se hubiere dispuesto su embargo o secuestro preventivos o se hubiere producido su decomiso, se dará aviso inmediato al funcionario competente, quien inscribirá la medida sin someterla a turno alguno ni al cobro de cualquier derecho, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada.
Artículo declarado exequible por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996,
Lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal se aplicará igualmente para garantizar el pago de las multas en los casos en que esta pena se encuentre prevista.
Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1 de la Ley 24 de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio.
Artículo citado en: 160 sentencias, 6 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas
El régimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, a que se hace referencia en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), se aplicará a las personas sometidas a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Valores.
PARÁGRAFO 1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley las personas mencionadas en este artículo establecerán los mecanismos de control y los procedimientos específicos indicados en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).
PARÁGRAFO 2. El control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente disposición se realizará por la respectiva entidad que ejerza vigilancia sobre la persona obligada.
Las autoridades que reciban información de las personas sometidas a inspección, vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria y de Valores y establezcan los supuestos indicados en el artículo 102 literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), deberán informar a la Fiscalía General de la nación sobre los hechos o situaciones advertidos.
PARÁGRAFO 1. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá disponer que la información recaudada por las personas a que se refiere este artículo y el artículo 43 de la presente Ley, sea remitida a la autoridad que el reglamento determine, con el propósito de centralizar y sistematizar la información, en orden a establecer mecanismos de control comprensivos de las distintas operaciones realizadas.
PARÁGRAFO 2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia de esta ley, las Superintendencias Bancaria y de Valores asignarán a una de sus dependencias la función de control de las operaciones de que tratan los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), sin perjuicio de que el Gobierno Nacional cree Unidades Especializadas dentro de ellas, para tal efecto.
Artículo citado en: 9 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa
Quien incumpla la obligación contenida en el último inciso del artículo 105 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), incurrirá en la sanción allí prevista, sin perjuicio de la sanción penal que por tal conducta pueda corresponder.
Cuando se suministre la información de que trata el artículo 40 de la presente Ley, no habrá lugar a ningún tipo de responsabilidad para la persona jurídica informante, ni para los directivos o empleados de la entidad, en concordancia con el artículo 102 del Decreto - ley 663 de 1993.
Artículo citado en: 7 sentencias, 7 artículos doctrinales, 17 disposiciones normativas
Las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno Nacional.
Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006.
Artículo citado en: 9 sentencias, 6 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
Las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por ésta.
Artículo citado en: 12 sentencias, 11 artículos doctrinales
De conformidad con la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional, todas las personas jurídicas y las personas naturales que cumplan los requisitos señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los estados financieros por parte de los entes bajo control.
La entidad sin ánimo de lucro que dé aplicación diferente a los recursos que reciba del Estado a cualquier título, será sancionada con cancelación de la personería jurídica y multa equivalente al valor de lo aplicado indebidamente, sin perjuicio de las sanciones penales que por tal hecho se puedan generar.
El representante legal de una entidad sin ánimo de lucro que reciba recursos del Estado a cualquier título, estará sujeto al régimen de responsabilidad administrativa previsto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para los representantes legales de las entidades del sector público, cuando celebre cualquier tipo de contrato, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
A partir de la vigencia de esta Ley todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán establecer, a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones durante el año siguiente así como los planes que incluyan los recursos presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguir para el logro de esos objetivos, de tal manera que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con los indicadores de eficiencia que se diseñen para cada caso, excepto los gobernadores y alcaldes a quienes en un todo se aplicará lo estipulado en la ley que reglamentó el artículo 259 de la Constitución Política referente a la institución del voto programático.
Parágrafo derogado por el Decreto 19 de 2012
El Fondo para la Participación Ciudadana en coordinación con la Comisión Ciudadana de Lucha contra la corrupción, realizará estudios periódicos con el fin de consultar a la ciudadanía sobre las condiciones de las funciones que desempeñan o los servicios que prestan las entidades del Estado. Los resultados consolidados de estas encuestas serán enviados a los gerentes, representantes legales o directores de todas las entidades públicas donde se encuentren problemas relacionados con el desempeño de la función o la prestación del servicio, con el fin de que éstos tomen las medidas pertinentes.
Los resultados de estos estudios serán publicados en el informe anual de la Comisión a que hace referencia el artículo 73 numeral 7. de la presente Ley.
Con fines de control social y de participación ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública a partir de la vigencia de la presente ley, las alcaldías municipales y distritales y las oficinas o secciones de compras de las gobernaciones y demás dependencias estatales, estarán obligadas a publicar en sitio visible de las dependencias de la respectiva entidad una vez al mes, en lenguaje sencillo y asequible al ciudadano común, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino y el nombre del adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas.
ASPECTOS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Constitución Política, ni los diputados, ni los concejales, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, ni sus delegados, podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio.
La Sentencias C-121-96, C-228-96 y C-230-96 del 21 de marzo y 23 de mayo de 1996 respectivamente, dispuso estarse a lo resuelto en la Sentencia de Constitucionalidad N° 082/96 de Corte Constitucional que declaró exequible el texto subrayado
Texto subrayado declarado exequible por la Sentencia C-082-96 del 29 de febrero de 1996,
Conforme al artículo 292 de la Constitución Política no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.
Artículo derogado por el Artículo 96 de la Ley 617 de 2000, publicado en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000.
Las dependencias a que hace referencia el artículo anterior que reciban las quejas y reclamos deberán informar periódicamente al jefe o director de la entidad sobre el desempeño de sus funciones, los cuales deberán incluir
Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos, y
Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer más participativa la gestión pública.
Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo.
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Artículo citado en: 4 sentencias, 3 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas
Artículo citado en: 6 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas
Los ciudadanos y sus organizaciones podrán ejercer control sobre el cumplimiento de dichos informes a través de los mecanismos previstos por la constitución Política y la ley.
Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado.
Artículo citado en: 14 sentencias, 9 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico
Artículo citado en: 16 sentencias, 10 artículos doctrinales, una disposición normativa
Artículo citado en: 11 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Artículo citado en: 9 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa
El Ministerio de Educación Nacional regulará el contenido curricular en los diversos niveles de educación, de tal manera que se dé instrucción sobre lo dispuesto en la presente Ley, haciendo énfasis en los deberes y derechos ciudadanos, la organización del Estado colombiano y las responsabilidades de los servidores públicos.
Todas las entidades publicas tendrán un programa de inducción para el personal que ingrese a la entidad, y uno de actualización cada dos años, que contemplarán entre otros las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades, las normas que riñen con la moral administrativa, y en especial los aspectos contenidos en esta ley.
El Gobierno Nacional deberá adelantar periódicamente campañas masivas de difusión en materia de responsabilidad de los servidores públicos, deberes y derechos ciudadanos, delitos contra la administración pública y mecanismos de fiscalización y control ciudadano a la gestión pública, sin perjuicio de los cursos alternos que sobre el particular se encomienden a instituciones privadas.
Los empleados y/o contratistas de la unidad de trabajo legislativo de las Cámaras no podrán tener vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con cualquier congresista o funcionario administrativo que intervenga en su designación.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA MORALIZACIÓN Y COMISIÓN CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Capítulo VI derogado por el artículo 14 del Decreto 978 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.603 del 10 de junio de 1999.
Capítulo VI, al cual pertenece este artículo, derogado por el artículo 14 del Decreto 978 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.603 del 10 de junio de 1999.
Artículo derogado por el artículo 5 del Decreto 1681 de 1997, publicado en el Diario Oficial No. 43.072 del 27 de junio de 1997.
DE LA INTERVENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las investigaciones que sobre los actos de las autoridades públicas adelanten los periodistas y los medios de comunicación en general, son manifestación de la función social que cumple la libertad de expresión e información y recibirán protección y apoyo por parte de todos los servidores públicos, y deberán ser ejercidas con la mayor responsabilidad y con el mayor respeto por los derechos fundamentales al debido proceso, honra y buen nombre. Su incumplimiento dará lugar a las acciones correspondientes.
Los periodistas tendrán acceso garantizado al conocimiento de los documentos, actos administrativos y demás elementos ilustrativos de las motivaciones de la conducta de las autoridades públicas, sin restricciones diferentes a las expresamente consagradas en la ley.
En las investigaciones penales la reserva de la instrucción no impedirá a los funcionarios competentes proporcionar a los medios de comunicación información sobre los siguientes aspectos:
Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Sentencia C-038-96 del 5 de febrero de 1996,
Será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
Inciso 2. declarado exequible por la Sentencia C-054-96 del 15 de febrero de 1996,
Inciso 3. declarado exequible por la Sentencia C-054-96 del 15 de febrero de 1996,
DISPOSICIONES SOBRE REVISORES FISCALES
Los Revisores Fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano, ejercerán las siguientes funciones, sin perjuicio de las demás que les señalen las leyes o los estatutos:
Texto subrayado declarado exequible por la Sentencia C-538-97 del 23 de octubre de 1997,
Las demás que les señalen las disposiciones legales sobre esta materia.
ARTÍCULO 81 GARANTÍAS PROCESALES.
Artículo derogado por el Artículo 535 de la Ley 600 de 2000, 'por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal', publicada en el Diario Oficial No 44.097 de 24 de julio del 2000. Según lo dispuesto en el Artículo 536 de la misma ley, ésta rige un (1) año después de su promulgación.
ARTÍCULO 82 CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y DE DECISIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD, TENENCIA O CUSTODIA DE BIENES.
Las medidas de aseguramiento proferidas por la Fiscalía General de la Nación o por sus agentes, una vez que se encuentren ejecutoriadas, podrán ser revisadas en su legalidad por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público. La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública. En ejercicio de dichas facultades no podrá modificar códigos, ni leyes estatutarias u orgánicas.
La Sentencia C-361-96 del 14 de agosto de 1996, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia de Constitucionalidad N° 119/96 de Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Artículo declarado exequible por la Sentencia C-119-96 del 21 de marzo de 1996,
Artículo citado en: 70 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
La Dirección General de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho evaluará los efectos que resulten de la aplicación de la presente Ley. Los resultados de dicha evaluación se consignarán en un informe que será presentado al Senado de la República y a la Cámara de Representantes dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la vigencia de esta Ley.
Resolución número 4495 de 2014, por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Servicio de la Deuda Pública Nacional para la vigencia fiscal de 2014