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Timestamp: 2020-05-26 17:22:46
Document Index: 375671659

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 219', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 214', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 248', 'in fine', 'artículo 213', 'artículo 217', 'artículo 221', 'artículo 222', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 197', 'artículo 392']

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL–Presentada por media hermana pretendiendo las respectivas correcciones en el registro civil de nacimiento y la carencia de vocación hereditaria. (SC5417-2018; 11/12/2018 XE "IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL–Presentada por media hermana pretendiendo las respectivas correcciones en el registro civil de nacimiento y la carencia de vocación hereditaria. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
IMPUGNACIÓN DE LA FILIACIÓN–Tipología de la oportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad. Reiteración de la Sentencia de 16 de agosto de 2012. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "IMPUGNACIÓN DE LA FILIACIÓN–Tipología de la oportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad. Reiteración de la Sentencia de 16 de agosto de 2012. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Sentencia CSJ SC de 1º de noviembre de 2011, rad. 2006-00092.
Sentencia CSJ SC de 16 de agosto de 2012, rad. 2006-1276-01.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL–Deber de aceptar de manera íntegra los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que pueda disentirse de las pruebas recaudadas y su valoración. Reiteración de la Sentencia de 24 de abril de 2012. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL–Deber de aceptar de manera íntegra los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que pueda disentirse de las pruebas recaudadas y su valoración. Reiteración de la Sentencia de 24 de abril de 2012. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Sentencia CSJ SC de 24 de abril de 2012, rad. 2005-00078.
ACTO DE RECONOCIMIENTO–En proceso de impugnación de la paternidad el reclamo debe ceñirse a desvirtuar la implícita aceptación de haber sostenido relaciones sexuales para la época de la concepción, entre la mamá y quien radica en sí la calidad de padre. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "ACTO DE RECONOCIMIENTO–En proceso de impugnación de la paternidad el reclamo debe ceñirse a desvirtuar la implícita aceptación de haber sostenido relaciones sexuales para la época de la concepción, entre la mamá y quien radica en sí la calidad de padre. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Artículos 1 y 5 de la Ley 75 de 1968.
RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD-Implica confesión de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre del reconocido por la época en que se presume la concepción de éste, su impugnación debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realizó el reconocimiento. Reiteración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2003. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD-Implica confesión de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre del reconocido por la época en que se presume la concepción de éste, su impugnación debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realizó el reconocimiento. Reiteración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2003. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Sentencia CSJ SC de 16 de septiembre de 2003, rad. 7609.
CADUCIDAD–Oportunidad y cómputo. Aplicación del Parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060-2006. Reiteración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2003 y 03 de octubre de 2014. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "CADUCIDAD–Oportunidad y cómputo. Aplicación del Parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060-2006. Reiteración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2003 y 03 de octubre de 2014. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Sentencia CSJ SC13490 de 2014, rad. 2004-00197-01.
HERMENÉUTICA–Del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060-2006. Interpretación sistemática. Reiteración de las providencias de 1º de noviembre de 2011, 24 de abril de 2012, 16 de agosto de 2012 y 03 de octubre de 2014. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "HERMENÉUTICA–Del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060-2006. Interpretación sistemática. Reiteración de las providencias de 1º de noviembre de 2011, 24 de abril de 2012, 16 de agosto de 2012 y 03 de octubre de 2014. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006.
Sentencia CSJ SC de 29 de julio de 2009, rad. 2002-00451.
Sentencia CSJ SC de 1º de noviembre de 2011, rad. 2006-00092-01.
Sentencia CSJ SC de 16 de agosto de 2012, rad. 2006-01276-01.
Sentencia CSJ SC5630 de 2014, rad. 2006-01276-01.
SENTENCIA SUSTITUTIVA–Que declara fundada la excepción de caducidad propuesta por la convocada en proceso de impugnación de la paternidad extramatrimonial. (SC5417-2018; 11/12/2018) XE "SENTENCIA SUSTITUTIVA–Que declara fundada la excepción de caducidad propuesta por la convocada en proceso de impugnación de la paternidad extramatrimonial. (SC5417-2018\; 11/12/2018)"
Se impugna la paternidad de media hermana ante la muerte de su padre y apertura de proceso sucesorio, pretendiendo las respectivas correcciones en el registro civil de nacimiento y la carencia de vocación hereditaria de la convocada. El a quo atendió las súplicas del libelo inicial, decisión confirmada por el Tribunal en consideración a prueba científica de paternidad practicada. Formulado el recurso extraordinario la Corte CASÓ la sentencia al acreditarse la violación directa de la norma sustancial en cuanto ad-quem aplicó un precepto que jurídicamente no subsumía el litigio, esto es, el parágrafo transitorio del artículo 14 de la citada Ley 1060 de 2006, así como jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria que tampoco lo enmarcaba, dictando sentencia sustitutiva que declara fundada la excepción de caducidad propuesta por la convocada.
SC5417-2018
Radicación n.º 68001-31-10-003-2006-00600-01
(Aprobado en sesión de veinte de junio de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).-
Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por la demandada frente a la sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario seguido por Eliana Puentes Gómez contra Martha Cecilia Puentes Castaño.
La promotora emprendió juicio de conocimiento en el que pretendió declarar que su hermana media no es hija de quien funge como padre de ambas, con las consecuentes correcciones en el registro civil de nacimiento y la carencia de vocación hereditaria respecto de él.
Como respaldo de sus aspiraciones, sostuvo[1], que Heladio Puentes Pino contrajo matrimonio con su progenitora el 12 de agosto de 1972 y de esa unión nacieron Adrián, Eliana, Luz Mary y Alba Rosa Puentes Gómez. Agregó que el padre falleció el 30 de diciembre de 2000, y que la cónyuge supérstite otorgó poder a un profesional del derecho en octubre de 2005 para iniciar la sucesión, pero encontró que los bienes dejados por aquél ya estaban cautelados en un juicio iniciado con el mismo fin por Martha Cecilia Puentes Castaño, quien acreditó ser la primogénita del causante. Continuó narrando que se enteró de los anteriores hechos en el mes de marzo de 2006 cuando «logró acceder al protocolo notarial», por lo que su reclamación es oportuna conforme a la Ley 1060 de 26 de julio de 2006.
Aseguró que el reconocimiento de la convocada «no se puede tener como prueba» porque aparece suscrito por «Luis M. de Font» y no por el supuesto papá. Además, que su interés radica en impedir el menoscabo de la masa herencial que dejó su progenitor y que se mancille el nombre de él toda vez que se le quiere hacer pasar por hombre que abandonó a sus hijos. Como, también, que Martha Cecilia no puede ser descendiente inmediata del de cujus porque él estuvo dedicado completamente a su esposa, a la crianza de su familia matrimonial y nunca informó que tuviera otra hija al margen de tal alianza, lo que aceptó tácitamente al abandonar el proceso de sucesión que comenzó.
Finalizó exponiendo cómo Martha Cecilia sólo utilizó el apellido materno en el plantel educativo donde cursó sus estudios y que fue reconocida cuando tenía 15 años de edad sin que reclamara alimentos, lo que ratificó su madre en conversación telefónica sostenida con el apoderado judicial de la solicitante.
Notificada del auto admisorio, la encausada se opuso y formuló las excepciones de «cesación de la acción incoada por reconocimiento expreso de hijo en documento público», «caducidad» y «prescripción por no accionar en término legal art. 2512 y 2535 del Código Civil y Ley 1060 de 2001 (sic) artículo 7 quedando el artículo 219 solo con 140 días para impugnar»[2].
El a quo accedió a los ruegos y tuvo por infundadas las defensas propuestas[3], decisión que recurrida fue confirmada por el superior.
Inició afirmando que la legitimidad de la reclamante fue demostrada con la copia de su registro civil de nacimiento, el cual evidencia el parentesco que invocó respecto de Heladio Puentes Pino. Asimismo, expuso, no hay duda de que la recurrente no es hija de él, pues, la prueba científica de paternidad practicada la excluyó y ella no la cuestionó. Únicamente criticó la forma en que el Juzgado aplicó el ordenamiento en lo que al aspecto temporal refiere, el que, aduce, venció.
Con relación a la alzada, prosiguió, Martha Cecilia alegó que las normas aplicables en el sub lite son los artículos 219, sin la modificación que le introdujo el artículo 7º de la Ley 1060 de 2006, y 221 del Código Civil vigente para cuando feneció su progenitor (30 de diciembre de 2000) y, por tanto, el plazo para promover la causa era de sesenta (60) días contados desde dicho óbito. Pero que, de aceptarse tal mutación con efectos retroactivos, el nuevo término de ciento cuarenta (140) días allí regulado debía calcularse desde la misma fecha. Así, como el libelo fue presentado el 26 de septiembre de 2006, se configuró la caducidad invocada. De contabilizarse ese lapso desde cuando se tuvo conocimiento de su existencia la conclusión no sería distinta puesto que la madre de la demandante se enteró del trámite sucesorio de Heladio Puentes Pino en octubre de 2001 y en esa fecha se lo debió comunicar a sus descendientes. Igual sucede si se computa desde cuando la accionante fue reconocida en esa mortuoria, ya que el proveído que así lo dispuso data del 17 de noviembre de 2005.
Para resolver como se indicó, calificó de acertado el proceder del Juzgado cuando consideró que, sin tener en cuenta el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, en principio, la reclamación estaría caducada por no haber sido promovida dentro de los ciento cuarenta (140) días previstos para ello, partiendo de cualquiera de las tres épocas alegadas por la apelante. Sin embargo, como aquél acogió el criterio que de antaño venía sosteniendo el Tribunal, según el cual la nueva oportunidad para impugnar la paternidad, prevista en esta norma, no sólo es aplicable a quienes habían perdido previamente otro proceso de igual naturaleza por haber sido declarada la caducidad, sino a quienes no lo intentaron, no avistaba razones para revocar.
Lo anterior, aunado a que no se justificó motivo alguno para cambiar ese precedente, el que concuerda con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia de 1º de noviembre de 2011, rad. nº 2006-00092-91, y toda vez que la reforma citada empezó a regir el 26 de julio de 2006, al consagrar el término de ciento ochenta (180) días para la radicación de la reclamación paternal adicional, esto es, hasta el 26 de enero de 2007, se colige que no se configuró la caducidad porque el libelo fue presentado el 26 de septiembre de 2006[4].
Un embate planteó la censora invocando la causal primera.
Acusó, por vía directa, la vulneración del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, por indebida aplicación, y la de los cánones 221 del Código Civil vigente para la época y 40 de la Ley 153 de 1887, por omitirlos.
Expuso, como apoyo, que la primigenia disposición contempla dos requisitos para que sea posible impugnar la paternidad por segunda vez, esto es, que un inicial reclamo hubiese sido tramitado por la misma persona y que éste culminara desestimatoriamente por configurarse la caducidad. Por lo que al evidenciar que esas exigencias no se encuentran cumplidas porque la peticionaria no tramitó otra reclamación como la presente y por ende no obtuvo fallo alguno, el ad quem erró en aplicar el referido precepto y de paso también tergiversó el fin del legislador, consistente en proteger a quienes mostraron diligencia para clarificar una situación filial dudosa que los afectaba.
Afirmó que esa interpretación generó que fuera omitido el empleo del segundo mandato legal implorado, que tuvo vigencia hasta que fue derogado por la Ley 1060 de 2006, a cuyo tenor los herederos del supuesto progenitor y las demás personas con interés contaban con sesenta (60) días para iniciar el proceso, calculados desde la muerte de aquél o del conocimiento del nacimiento del hijo, respectivamente (arts. 219 y 220, C.C.).
Por manera que como aquello ocurrió el 30 de diciembre de 2000 y esto en octubre de 2001 al ser enterada Eliana Gómez Arenas de la iniciación del proceso de sucesión de quien fue su esposo, lo que se supone comunicó a sus descendientes, o el 17 de noviembre de 2005 cuando la gestora fue reconocida como heredera en tal causa, transcurrieron en silencio esos sesenta (60) días.
1. Si se alega la afectación directa de la ley sustancial, deben aceptarse de manera íntegra los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que pueda disentirse de las pruebas recaudadas y su valoración, porque la crítica debe estar enfocada a desvirtuar los juicios hechos en relación con las normas que gobiernan el caso, ya porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, no eran las aplicables o, a pesar de serlo, las interpretó de forma extraña a su verdadero alcance.
Al respecto tiene dicho la Corte que
(…) al acudir en casación invocando la violación directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptación íntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicción recaudados, debiéndose limitar la formulación del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. nº 2005-00078).
2. Reiteradamente esta Corporación ha considerado que la impugnación de la filiación corresponde a la oportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad; afincada en tres tipologías: i) la que se dirige en contra de la presunción regulada en el artículo 214 del Código Civil, según la cual los nacidos durante la vigencia de un vínculo de pareja debidamente constituido serán hijos de ésta; ii) la «impugnación de reconocimiento», que tiende a desconocer la expresión discrecional de quien acepta ser padre, sin que se configure ánimo de permanencia en la relación; y iii) la que tiene como propósito repeler la maternidad por tratarse de un falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero (SC 1º nov. 2011 rad. 2006-00092, reiterada SC 16 ago. 2012, rad. 2006-1276-01).
Para los últimos dos supuestos la Ley 75 de 1968, en su artículo 5º, establece que «[e]l reconocimiento sólo podrá ser impugnado por las personas, en los términos, y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil», advirtiendo que, en su texto original, el inciso final de la primera de las normas citadas contemplaba que «[n]o serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho».
Partiendo de la base de que, como lo infiere el sentido lógico y a modo de regla general, el acto de «reconocimiento» en los términos del artículo 1º de la precitada ley lleva implícita la aceptación de haber sostenido relaciones sexuales para la época de la concepción, entre la mamá y quien radica en sí la calidad de padre, el reclamo debe ceñirse a desvirtuarlo, razón por la que sólo se legitime a quienes tengan un interés actual, que se presume de entrada en los ascendientes de quien unilateralmente asumió tal responsabilidad.
En tal sentido la Corte expuso que
(…) como el reconocimiento de la paternidad por cualquiera de los medios señalados en el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, implica confesión de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre del reconocido por la época en que se presume la concepción de éste, su impugnación debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realizó el reconocimiento. Por esto, el artículo 248, in fine, del Código Civil, legitima para impugnar el reconocimiento únicamente a los que ‘prueben un interés actual en ello’, así como a los ‘ascendientes legítimos’ del padre o madre que reconoce, (…) Desde luego que la expresión ‘ascendientes legítimos’ no debe entenderse referida a la familia originada en el matrimonio, sino a cualquier ascendiente, natural o legítimo, en consideración a que conforme a la Constitución Política, ambas familias se encuentran en el mismo plano de igualdad, así no se haya decidido sobre su exequibilidad. (…) Por lo demás, el ‘interés actual’ para la prosperidad de la pretensión de impugnación, en los términos como está concebida la norma, no está vinculado a ambos grupos de personas, como bien se colige de la forma como se computa el término de caducidad con respecto a unos y otros, pues mientras que para el primero este corre desde el instante en que ‘tuvieron conocimiento’ del reconocimiento, para el segundo el mojón de partida lo determina la ‘fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho’. (…) Claro está que si el interés es un presupuesto que concierne a toda legitimación por vía de principio general, lo expuesto a propósito de la norma en comentario no significa que de los ascendientes esté ausente el interés en relación con la pretensión impugnativa. Otra cosa es que ese interés lo suponga la propia ley, en tanto se entiende implícito, dado que el reconocimiento de un hijo es una cuestión moral que incumbe a toda la familia y que eventualmente puede afectar el honor y aún la misma tranquilidad del núcleo. (CSJ SC 16 sep. 2003, rad. C-7609).
Consecuentemente, conforme al conjunto regulativo expuesto, el acto voluntario de «reconocimiento» únicamente puede ser repelido por los ascendientes de quien lo hizo o por las personas que acrediten un «interés actual», quedando incluidos entre ellos sus herederos por obvias razones sucesorales. Así lo ha sostenido la Sala al indicar que
]e]l ordenamiento civil prevé en el artículo 213 que el hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre al esposo, presunción legal susceptible de ser discutida para establecer que quien se reputa como tal, no es el verdadero progenitor, porque no existe vínculo filial entre ellos. Para ese propósito, el legislador consagró la acción de impugnación de la paternidad, y específicamente el artículo 217 del Código Civil, antes de la reforma de la Ley 1060 de 2006, facultaba al marido para que reclamara contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre y cuando lo hiciera ‘dentro de los sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto’. Sin embargo, muerto el consorte, los herederos y ‘las demás personas interesadas’ podían promover la referida acción judicial en un término igual, contado desde que supieron del deceso del presunto padre o del nacimiento del hijo, este último evento, aplicable únicamente cuando ese hecho ocurría después de expirados los 300 días subsiguientes a la disolución del matrimonio, conforme lo estipulaba el artículo 221 ejusdem; plazo similar se otorgó a los ascendientes del cónyuge (artículo 222). (CSJ SC-13490 de 2014, rad. nº 2004-00197-01).
Como se desprende, dicha facultad impugnadora estaba limitada temporalmente porque se preveía, para promoverla, el término de sesenta (60) días para los ascendientes legítimos de quienes concibieron al hijo y de trescientos (300) para los demás interesados.
Ese plazo sufrió alteración tras la expedición de la sentencia C-310 del 31 de marzo de 2004, emanada de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el vocablo «trescientos días» del aludido artículo 248 del Código Civil y exequible el aparte «aquellos en los ( ) días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho en el entendido que será el mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código Civil».
Posteriormente fue adoptado el de ciento cuarenta (140) días con la modificación que al artículo 248 citado introdujo la Ley 1060 de 2006.
En efecto, por medio de ésta última compilación se insertaron cambios a las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad, modificando en su artículo 11 el referido 248, cuya principal reforma fue incrementar en el inciso final el plazo concedido para accionar en los siguientes términos: «No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad».
Sin embargo, el parágrafo del artículo 14 contempló que «dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia (…), las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 5° de la presente ley».
Una inicial interpretación de ésta norma dejó ver que era necesario el cumplimiento de dos requisitos para hacer uso de la nueva oportunidad allí concebida, esto es, la existencia de un proceso anterior de impugnación y que haya terminado por haber sido declarada su caducidad.
Sobre tal canon la Corte, prohijando un entendimiento sistemático del ordenamiento, razonó que esa posibilidad de instaurar nuevamente la pretensión de impugnación también debía extenderse a quienes acudieron a la administración de justicia y que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1060 de 2006 o dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes, no habían obtenido pronunciamiento definitivo por causas ajenas a ellos.
Lo contrario implicaba desconocer que el fin de la expedición del parágrafo del mencionado artículo 14 fue proteger a las personas que habían acudido al poder judicial del Estado para clarificar una situación filial dudosa que los afectaba, y no habían obtenido ese resultado por motivos de congestión judicial o dilación de la parte contraria, entre otros.
Además, porque tal concepción desarrolla el principio de economía procesal toda vez que resultaba ilógico que la acción primigenia fuera declarada caducada con base en el ordenamiento anterior a la expedición de la Ley 1060 de 2006, para que a continuación el extremo allí demandante volviera a promoverla, esta vez prevalida de la nueva ocasión consagrada en el parágrafo del artículo 14 de ésta.
Así fue expuesto en fallo sustitutivo de 29 de julio de 2009 (rad. 2002-00451), donde se indicó que
[a]nalizado literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no podría ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumpliría el requisito de que tuviera decisión adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico el término rehabilitado ya estaría fenecido (…) La situación no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el parágrafo transitorio tiene que extenderse en un escenario lógico y racional, lo que impide que su aplicación sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de análisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en concreto (…) Aquí la demanda de impugnación se presentó en 1998, mucho antes de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagró la posibilidad descrita, hasta el punto de que apenas en la fecha de hoy (la de esta sentencia), se está decidiendo la discusión planteada por el demandante frente a los reparos que viene formulando desde aquélla época respecto de la paternidad que expresamente reconoció frente a las menores accionadas (…) La demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo no puede acarrearle la pérdida de sus derechos ni alternativas legales, mucho más cuando no ha sido por hechos imputables a su dejadez o abandono, sino por el funcionamiento interno del aparato judicial y, como si lo anterior fuera poco, por la actitud abiertamente dilatoria y obstaculizadora que observó en el curso de la instrucción la progenitora y representante legal de sus supuestas hijas, quien siempre eludió la práctica de la prueba genética (…) Por consiguiente, en aras de una solución acorde con la voluntad del legislador y armonizando la situación específica de quien, como acá ocurre, por no habérsele decidido la controversia antes de que se agotara el término complementario otorgado por el legislador en la ley referida no tuvo posibilidad cierta de ajustar su comportamiento a dichos lineamientos legales, deberá analizarse el problema como si dicho tiempo adicional todavía no estuviera corriendo, y además, atendiendo el contenido de la ‘prueba genética’ que es categórica en el sentido de concluir que frente a dicho menor se presenta la exclusión o incompatibilidad de la paternidad.
Esa posición fue reiterada, entre otras, en providencias de 1º de noviembre de 2011 (rad. 2006-00092-01), de 24 de abril de 2012 (rad. 2005-00078), 16 de agosto de 2012 (rad. 2006-01276-01) y CSJ SC-13490 de 2014 (rad. 2004-00197-01) en la que se precisó cómo
[l]o anterior significa que la prerrogativa contemplada en el parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, tiene efecto inmediato y gobierna los asuntos promovidos antes de su vigencia, en los que el demandante resultó vencido en juicio, caducándole su derecho, siempre y cuando el nuevo trámite se adelante entre el 26 de julio de ese año y el 26 de enero de 2007. Además, en una interpretación sistemática de la norma, la Corte admitió también la concesión de una nueva oportunidad, restringida en el tiempo, para quienes tenían procesos en curso, estando configurada dicha figura extintiva, pero sin decisión judicial, en aras de garantizar el derecho a la defensa y el principio de economía procesal. En esa línea de pensamiento, un juicio iniciado antes de la vigencia de la Ley 1060 de 2006, en el que por no aplicar inmediatamente el precepto bajo análisis, se declaró la caducidad de la acción, forzaría al demandante a promover nuevamente la impugnación, durante el término de los 180 días siguientes a la vigencia de la norma, para remover los efectos jurídicos de esa decisión, haciendo más gravosa su situación. También puede ocurrir, -como aconteció en el sub judice- que al entrar en vigor la disposición, aún se encontrara en trámite la actuación judicial, y por causas no atribuibles a la parte actora, verbi gracia la demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo, viera cercenado su derecho a impugnar, para poner fin a un vínculo filial que biológicamente no existe, pues para el momento en que se profiriera la decisión, el plazo concedido por el legislador, ya estuviera fenecido.
Incluso, en un caso en el que el juzgador de segundo grado no empleó el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, bajo el criterio que la primigenia demanda incoada por el allí peticionario había terminado tras la prosperidad de la excepción previa de indebida representación de él y no por haber sido declarada la caducidad, la Corte casó tal fallo y dictó sentencia sustitutiva aplicando a ese supuesto el canon mencionado (CSJ SC 16 ago. 2012 y SC-5630 de 2014, ambas en rad. 2006-01276-01), con apoyo en la misma interpretación que en esta oportunidad se reitera.
Así las cosas, se concluye que la línea hermenéutica admitida por la Sala, para posibilitar el provecho del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, requiere del acatamiento de dos exigencias, esto es, que el demandante haya adelantado una acción de impugnación de la filiación y que esta haya sido decidida adversamente a sus intereses o, en su defecto, que no esté definida mediante decisión en firme para la fecha de entrada en vigencia de ese ordenamiento o dentro del lapso de ciento ochenta (180) días mencionado.
3. De allí se desprende el yerro del juez de segunda instancia al sostener, invocando un precedente jurisprudencial que no refleja lo afirmado, que la prerrogativa legal a que se viene aludiendo, conforme a la cual era procedente la instauración de un nuevo juicio como el de autos para quienes ya lo habían iniciado y lo perdieron porque caducó, entre otros requisitos, también se aplicaba a quienes omitieron acudir al estamento jurisdiccional previamente.
Por tanto, prospera la acusación examinada habida cuenta que, como lo aduce el recurso bajo estudio, solo es posible ignorar la caducidad configurada en relación con la impugnación filial, por mandato del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1060 de 2006, en aquellos eventos en que, entre otros presupuestos, el extremo activo del litigio había movido la administración de justicia a través de la proposición de una inicial reclamación, exigencia que en el sub lite no fue cumplida por la peticionaria y que, por ende, imponía el estudio de fondo de ese medio exceptivo, interpuesto por la opositora.
En conclusión, se presentó la transgresión anunciada porque el ad-quem aplicó un precepto que jurídicamente no subsumía el litigio, esto es, el parágrafo transitorio del artículo 14 de la citada Ley 1060 de 2006, así como jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria que tampoco lo enmarcaba.
El cargo, por tanto, prospera.
4. Desvirtuado el sustento basilar del fallo combatido, corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelación interpuesto por la accionada contra la sentencia de 14 de abril de 2011, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga.
1. Conforme se dejó expuesto con anterioridad, el artículo 5º de la Ley 75 de 1968 consagra que «[e]l reconocimiento sólo podrá ser impugnado por las personas, en los términos, y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil», al paso que el inciso final de la primera de esas dos disposiciones contemplaba que «[n]o serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho».
El vocablo «trescientos días» del aludido canon 248 fue declarado inexequible con la sentencia C-310 de 31 de marzo de 2004, de la Corte Constitucional, y exequible el aparte «aquellos en los ( ) días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho en el entendido que será el mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código Civil».
Fluye de lo anterior, que los «ascendientes» y los terceros con «interés» para el momento en que no había generado efectos la ley 1060, contaban con el lapso de 60 días desde que surgió aquél para fustigar el vínculo filial, so pena de que dicha oportunidad feneciera por voluntad del legislador y por ende se concretara frente a ellos ese statu quo.
Tales son los mandatos con base en los que será dirimida la caducidad planteada en la presente contienda, vigentes cuando la solicitante conoció de la existencia de la convocada, dado que no había entrado en vigor la Ley 1060 de 2006 que modificó el referido periodo y, por contera, resulta ajena a la presente controversia.
2. En este asunto, está acreditado por confesión hecha por la demandante en el líbelo inicial, a voces del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, cómo luego de que falleció su progenitor y de haber intentado iniciar el proceso mortuorio correspondiente, fue hallado uno idéntico promovido por la demandada «en calidad de hija»; hecho, junto con otros posteriores con los que corroboró esa calidad, que conoció en el mes de marzo de 2006.
En efecto, textualmente dijo en el numeral décimo (10º) del acápite fáctico de su demanda que fue «enterada de estos hechos en el mes de marzo de este año [2006], cuando se logró acceder al protocolo notarial y luego de las conversaciones sostenidas con la mentada señora»[5].
Se concluye, entonces, que el plazo de sesenta (60) días, aplicable para tal época (31 marzo de 2006), venció el 10 de julio siguiente, contabilizado desde el primero hábil de abril de esa anualidad, debido a que la demandante no se refirió a uno específico del mes de marzo, lo que traduce que ocurrió la caducidad excepcionada, pues el libelo genitor de este litigio fue radicado el 25 de septiembre inmediatamente posterior.
3. Con respaldo en lo señalado, esto es, constatado que Eliana Puentes reivindicó sus derechos cuando ya se había extinguido el intervalo para ello, aflora evidente la revocatoria de la sentencia apelada para, en su lugar, declarar próspera la excepción de caducidad propuesta y denegar las pretensiones de la accionante.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil que establece la «condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación» y dados los resultados de la actuación, la demandante pagará las de ambas instancias a favor de su antagonista.
En virtud a la misma preceptiva se fijarán en esta providencia las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia de conformidad con los lineamientos de los acuerdos 1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, que las contempla en «hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes».
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 19 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido por Eliana Puentes Gómez contra Martha Cecilia Puentes Castaño, y en sede de instancia,
REVOCAR en su integridad el fallo de primera instancia de 14 de abril de 2011, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, dentro del ordinario del que da cuenta esta providencia, para, en su defecto,
Primero. Declarar fundada la excepción de caducidad propuesta por la convocada.
Segundo. Denegar, consecuencialmente, todas las pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas en ambas instancias a la peticionaria. Las de segundo grado serán liquidadas por la Secretaría del a quo incluyendo la suma de dos millones de pesos ($2’000.000) por concepto de agencias en derecho.
Cuarto. No imponer costas en casación, ante la prosperidad del recurso.
[1]folios 8 a 14, cuaderno 1.
[2]folios 1 a 2, cuaderno 2.
[3]folios 167 a 190, cuaderno 1.
[4]folios 28 a 49, cuaderno 6.
[5]Folio 10, C 1.