Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com/2012/03/otra-de-chapucerias-la-tasa-judicial.html
Timestamp: 2017-11-19 02:53:03
Document Index: 363724958

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 117', 'artículo 460', 'artículo 3', 'artículo 452', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 452', 'artículo 460', 'artículo 452', 'artículo 460']

Otra de chapucerías: la “tasa judicial catalana” y la “ilegalidad” de la intervención de los Secretarios Judiciales (i).
Una de las incorrecciones políticas al uso es el intento de análisis de cualquier cosa que publiquen los partidos nacionalistas en los diarios oficiales; no hablemos ya de la crítica, prohibida por razones culturales y de legitimidad histórica y, que no he encontrado en los libros de historia, ni como vecinos de la analogía en el artículo 4 CC; serán principios generales del derecho del Estatuto Catalán – entro ya en materia- que se me han escapado o que quizá encuentre en el manual de la Alianza de las Civilizaciones, otro prodigio del Derecho cercano a las obras de Justiniano, pero en contemporáneo.
Resulta que la LEY 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos de la Generalidad de Cataluña, se ha sacado de la manga o de la toga lo que sigue:
La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, que se crea al amparo de la letra f del artículo 104 del Estatuto de autonomía de Cataluña, se impone por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, manifestada por la realización de determinados actos, a diferencia de la tasa estatal, cuyo hecho imponible es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, de modo que la coincidencia meramente temporal en la producción de actos que constituyen por disposición legal manifestación de los hechos imponibles respectivos no comporta en ningún caso su identidad. Al contrario, el hecho imponible de la tasa estatal lo constituye el ejercicio de la potestad jurisdiccional stricto sensu, que se identifica con la función de “juzgar y hacer cumplir lo que haya sido juzgado” del artículo 117.3 de la Constitución; mientras que, en la tasa autonómica, el hecho imponible lo constituye el conjunto de actuaciones del personal que apoya a los órganos jurisdiccionales, así como la utilización de los elementos materiales necesarios, siempre y exclusivamente de competencia de la Generalidad.
Dejaré para mejor ocasión el examen del último párrafo, que no sostiene salvo en las Sentencias del Tribunal Constitucional y que rompe la unidad jurisdiccional y, nos centraremos en la gestión del pago, porque ahí la Ley catalana, retuerce el deber de colaboración que tenemos los Secretarios Judiciales con las Comunidades Autónomas y por mor de alguna fórmula mágica que ignoro, lo transforma en obligación, con o sin sanción y en deberes de vigilancia – sin sanción, aclaro- sobre el demandante.
¿Qué quiero decir?. Dos cosas: no está en la Ley Orgánica del Poder Judicial el deber de colaboración que se refiere por Cataluña (échenle un vistazo luego al artículo 460 LOPJ) y no hay sanción procesal (¡faltaría!) para el demandante que no quiera pagar la Tasa Catalana. A sensu seguido, que no contrario, la Generalidad podrá cobrar lo que quiera y cuando quiera, como también gastó lo que quiso, como quiso y cuando quiso sin que nadie levantara la mano para corregir desmanes, pero no por medio de los Secretarios Judiciales.
Veamos. La novedad supone la adición del título III bis al texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, entre los que encontramos el artículo 3bis.1-7. Gestión
2. De acuerdo con el deber de colaboración al que se refiere el artículo 452.3 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, los secretarios judiciales llevan a cabo las siguientes actuaciones: a) Comprueban la incorporación del justificante de autoliquidación a cualquier escrito de los establecidos por el apartado 1 del artículo 3bis.1-1 y cumplimentan, en el ejemplar para el departamento competente en materia de justicia, los datos relativos a la identificación del órgano judicial, el número del expediente, el tipo de proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de interposición, y hacen constar en el mismo, si procede, la concurrencia de la exención subjetiva establecida por la letra a del punto 2 del artículo 3bis.1-3. b) Remiten al departamento competente en materia de justicia, dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, el ejemplar de cada una de las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos dentro del trimestre natural anterior, y ponen en conocimiento del departamento mencionado el incumplimiento, por parte de los sujetos pasivos, de la obligación de presentar los justificantes de la autoliquidación de la tasa, en los supuestos a los que se refiere el artículo 3bis.1-6.
Para mayor claridad expositiva (sic) el artículo 452.3 LOPJ dice esto
Y el artículo 460 LOPJ esto otro:
Los secretarios judiciales colaborarán con la Administración tributaria en la gestión de los tributos que les sea encomendada en la normativa específica
No hay que darle muchas vueltas al asunto:
a) Se colabora en la gestión de los medios personales y materiales (artículo 452.3 LOPJ), no en la gestión tributaria (artículo 460 LOPJ).
b) No hay obligación legal para el Secretario Judicial de colaborar en la gestión de un tributo autonómico.
c) Ninguna administración autonómica puede atribuir competencias u obligaciones a los Secretarios Judiciales.
d) No puede aplicarse por analogía la normativa que regula la tasa judicial.
e) No hay sanción procesal para el demandante que no aporta el modelo o impreso autonómico.
f) No puede incluirse en la tasación de costas.
g) Todo esto es ficción y un ejercicio de interpretación jurídica. Verán bien pronto cual es la realidad.
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