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Timestamp: 2018-03-23 05:17:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 54', 'artículo 106', 'artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 106', 'artículo 79', 'artículo 84', 'artículo 89', 'artículo 168', 'artículo 149', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 301', 'artículo 39', 'artículo 14', 'artículo 46', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1037', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 92', 'artículo 231', 'artículo 90', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 66', 'artículo 245', 'artículo 245', 'artículo 66', 'artículo 18', 'artículo 66', 'artículo 245', 'artículo 66', 'artículo 245', 'artículo 55', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 245']

ACTIVIDADES | | Página 14
ASOCIATE. Promoción 2018
EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO
17 febrero, 2010 admin	Dejar un comentario
Estela Milagros Ferreirós
1.- CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
Debemos admitir que la legislación argentina, no ha tenido muy en cuenta a los trabajadores, cuando los mismos resultan víctimas de delitos, abarcados en su condición de tales.
A lo dicho hay que adicionar el hecho de que recién ahora, algunos fallos judiciales y parte de la doctrina, han advertido esta falencia.
Con grandes diferencia con otros países del mundo, como España, la Argentina, tiene una legislación y un ejercicio insuficiente del tema.
Pareciera que, al menos en este territorio, la protección constitucional de los trabajadores e incluso del colectivo de ellos, no han atraído debidamente al legislador y se ha quedado estacionado en la defensa de otros bienes jurídicos, como pueden ser la remuneración, la jornada, la estabilidad, etc.
Empero, es del caso tener en cuenta, que tampoco esos bienes, quedan con protección suficiente, si se desdeña o se olvida la creación y aplicación de legislación penal en el ámbito empresarial, sindical, y también en la relación jurídica individual, como en cualquier otro que se deba.
Hay una suerte de déficit legislativo, judicial y doctrinario, con respecto a la aplicación del derecho penal en las relaciones de trabajo.
Es más, algunos se preguntan ¿Para qué un derecho penal del trabajo? Veamos.
Se ha solido señalar en el pasado, que existía un Derecho Penal Social, conceptualizado como un conjunto de normas jurídico-penales, de carácter represivo, desinadas a defender el orden jurídico laboral público contra actividades individuales que alteren arbitrariamente ese orden. De esta manera, se ha hecho referencia a la huelga, al lock-out, al obstruccionismo, a la ocupación de fábricas, al trabajo a desgano, al sabotaje, etc..
Sin entrar en el abordaje de cada uno de los ítems señalados y sus consecuencias, lo cierto es que, en la actualidad, se habla de Derecho Penal del Trabajo, y por él, se entiende, aquel que se ocupa de conductas criminales que, sin dejar de afectar, en ciertos casos, a bienes jurídicos colectivos, tiene más acotado el campo de perjudicados directos. Es que ya no se tiene en frente a víctimas iguales, sino a quienes está en situación de vulnerabilidad, por su estado de dependencia y subordinación. Existe una situación estructural económica y microcósmica que se da en la empresa.
He señalado antes de ahora, que, Vidal Albarracín, hace veinticinco años enseñaba la autonomía de un Derecho Penal Económico, de un Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo. El mismo Tissembaum, se refería a una conexión entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Penal, haciendo hincapié en el Derecho Penal que afecta al ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y las garantías y la convivencia dentro del proceso económico-industrial y que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo , que prevén sanciones penales para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se consignen en sus respectivos textos, con carácter imperativo y de orden público.
En ese andarivel, Terradillos Basoco, ha señalado, en España y en su numerosos viajes a nuestro país, que es pacíficamente admitido que, en lo atinente a los aspectos penales, la existencia de comportamiento ilegales en el seno de la empresa, que se debe, no a la eventual predisposición personal de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del trabajo, las relaciones jerárquicas o el sistema normativo interno.
Es que, hay que tener presente que la distribución fragmentaria de tareas y objetivos, reforzada por el contexto general de la organización a través de mecanismos de premios y castigos, del estímulo económico, de la promoción o de la remoción, puede crear condiciones objetivas que favorecen el desprecio por la norma. Y en la actualidad, se añade a ello, el debate sobre la descentralización del proceso productivo y la toma de decisiones, que provocan una cierta aminoración de las responsabilidad individual sobre los efectos que se producen.
A quien le interese profundizar el tema, incluidas sus raíces históricas, le puede resultar sumamente interesante, las descripciones presentadas en su tesis doctoral, sobre el tema, por López Palomero, cuando nos recuerda el pensamiento de Adam Smith, para quien los bienes tenían valor solo como consecuencia del trabajo humano que incorporaban y que no veía con buenos ojos la separación del trabajador de los frutos de su trabajo; de esta manera, en su “Investigación Sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones”, se adelanta al pensamiento pluralista conflictual de Gino Giugni, que sostenía que los intereses en el contrato de trabajo raramente coinciden.
El operario pretende, en ese tira y afloja, sacar lo más que puede y el patrón pagar lo menos que pueda, y esto es solo un ejemplo de la lucha constante en este tipo de relaciones Es que el trabajo en relación de dependencia aparece como una herramienta del capitalismo, que, a su vez, instala este sitema de competencia en diversos ámbitos.
2.- ALGUNAS FIGURAS ESPECIALES Y BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS.
Bisceglia, en su tesis sobre el tema, “Delitos Contra los Derechos de los Trabajadores en Argentina”, enuncia, en este sentido, como bienes jurídicos protegidos:
La protección de la integridad física del trabajador,
La violación a las normas colectivas de trabajo y la situación del trabajador emigrante,
La restricción del ejercicio de derechos sindicales,
La afectación del sistema de jubilaciones y pensiones,
Las lesiones provenientes de la comisión de delitos comunes, insolvencias, falsificaciones de balances, etc.
En cuanto a la protección de la integridad sicofísica de los trabajadores, no solo ha sido largamente criticada y declarada inconstitucional la LRT, sino que, sino que es del caso, tener presente la ley de Higiene y Seguridad Industrial y su decreto reglamentario, que, con carácter de orden público ordenan que en el concepto de higiene y seguridad, se tenga por comprendidas las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto, proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores.. en su artículo 4, seguido por medidas de igual tenor en los artículo 5 y 8 del mismo cuerpo, empero, en la propia LRT, figuran remisiones a normas penales, tales como al artículo 54 de dicho cuerpo y el artículo 106 del mismo.
Este último se encuentra impuesto en el artículo 32 de la ley especial, cuando los empleadores autoasegurados o las ART o las Cías de Seguros de Retiro incumplan las prestaciones establecidas en el artículo 20 ap. 1, inciso a), (asistencia médica y farmacéutica, será reprimido con la pena prevista en al artículo 106 del CP, donde se tipifica el delito de abandono de persona que puede dar lugar a pena de prisión de 2 a 6 años, que puede ser de reclusión de 3 a 10 años si resultare grave daño a la salud, y de reclusión o prisión de 5 a 15 años si la víctima muriere.
A la vez, el incumplimiento de las prestaciones dinerarias a su cargo., o de los aportes a los fondos creados por esa ley, será sancionado con prisión de dos a seis años y cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión de aplicará a los directores, gerentes o síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.
En los delitos contra las personas, podemos encontrar también el homicidio simple del artículo 79 del CP, el homicidio culposo, del artículo 84, las lesiones dolosas, del artículo 89, las lesiones culposas, y el abandono de persona al cual ya me he referido ( art 106)
A lo dicho debe sumarse, la preocupación constante de delitos contra la vida, que existe en nuestro país, cuando se trata de los eventos ocurridos en la vía pública o son hechos, de lo que se suele denominar “la inseguridad”, empero, rara vez se encuentra una seria preocupación periodística, doctrina , y aun jurisprudencial o legislativa, por las pérdidas de la vida de los trabajadores, con motivo de los accidentes de trabajo.
No hay dudas acerca de que se trata, en principio, de delitos civiles; delitos que cuando la consecuencia es la muerte, resultan homicidios culposos. La gran pregunta es si se puede sostener que quien viola las normas de seguridad e higiene, no debe representarse ese resultado, ya que si así fuera, estaríamos en presencia de un dolo eventual, en el territorio de la responsabilidad penal.
De lo que creo que no hay dudas, es si en el caso de repetirse el mismo siniestro en las mismas circunstancias, no estamos en presencia de un homicidio que raya en lo doloso.
En otro orden de ideas, se pueden dar con cierta frecuencia en el ámbito del trabajo, delitos de amenaza, coacción o extorsión. Sabido es que en ocasiones, se producen conductas aprehendidas por el artículo 168 del CP, en situaciones de despido, que son precedidas por indiscutible extorsión.
Dicha norma señala que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar o poner a disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Igual pena se impondrá si por los mismos medios o con violencia, se obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligaciones o de crédito.
En este territorio podríamos también señalar otras normas penales, como el artículo 149 bis, referido a amenazas para alarmar o amedrentar; situaciones que vemos con cierta frecuencia en el medio de conflictos laborales.
En otro andarivel, y en la actualidad, se habla con frecuencia, por hechos que han surgido en los últimos tiempos, de la “trata de personas”
El Convenio N 2RO/363 del año 2004, se acoge el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
La tipología del ilícito, se describe como la captación, el transporte o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Por otra parte, cualquiera sea el tipo de explotación, no se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima.
Este Protocolo, deja a cada Estado Parte las medidas de penalización que considere necesarias, de manera que nuestro país ha dictado la ley 26.364 que concreta cuatro supuestos de explotación.
En este sentido se debe tener en cuenta la violación de la libertad en el trabajo independiente y el respeto por la dignidad humana.
Son elementos de la trata de personas, esta suerte de esclavitud: lo que se denomina “el acto propiamente dicho”, es decir, “el hacer”, cuando se capta, traslada, transporta, etc; también, un segundo elemento es “la forma”, ya que se puede utilizar la coacción, el fraude, el rapto, el engaño, el abuso, etc; y finalmente el tercer elemento, es “la causa fin”, entendida en el contesto de la teoría hilemórfica de Aristóteles, que dentro del causalismo, incluye cuatro causa, una de las cuales es, justamente la causa fin: ¿para qué está hecha la cosa? . Bueno, en nuestro caso, está llevada a cabo la trata, para la explotación con beneficio propio abusivo. Todo esto, gira alrededor de un eje que conlleva, necesariamente la violación de la dignidad humana, inherente a toda persona.
Por otra parte, el artículo 145 bis del Código Penal, que establece para estos casos, pena de prisión de tres a seis años, con agravantes, en caso de parentesco o pluralidad de víctimas o autores.
También el artículo 145 ter, que aumenta las penas sobre la base de la edad y, por otra parte, la nueva normativa innova, como es lógico, en el Código Procesal Penal, complementando es aspecto adjetivo de lo expuesto.
Otro ilícito a no olvidar, es el de la discriminación, contemplado, fundamentalmente en la ley 23.592, de aplicación ya en el fuero del trabajo de todo el país, pero que requiere una tipología penal de la que carece, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo.
En un trabajo de esta naturaleza, es imposible abarcar todo el espectro penal de nuestra disciplina y que para muchos ha pasado desapercibido.
Así, la ley 23.551 que establece diversas multas, para casos especiales.
El artículo 301 del Código Penal, señala, también, que será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio…….
En suma, que la violación de la ley o de los estatutos, pueda acarrear algún perjuicio, indica la configuración del ilícito con la mera posibilidad de causar el mismo, “a sabiendas”, es decir, con verdadero dolo.
Tampoco podemos obviar, todo el acogimiento de legislación penal en los delitos contra el régimen previsional, que destaca Olavarría y Aguinaga, en la obra que comparte, sobre fraude, con López Palomero, Vázquez y esta autora (El fraude y sus consecuencias jurídicas, ediciones La Rocca)
Este trabajo solo se presenta como una muestra de la enorme y poco advertida relación profunda entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Penal.
Relación, que en ocasiones ha alcanzado tal compenetración, que fue dando lugar, al nacimiento de una nueva rama de nuestra disciplina, como es: El Derecho Penal del Trabajo.
En ese andarivel, he tenido el honor de dictar el primer curso sobre Derecho Penal del Trabajo, en nuestro país y más precisamente el Facultad de Derecho de la UBA. Muchos otros siguieron luego y esto quiere decir que a nivel académico se está comprendiendo la importancia del tema.
Empero, no es fácil, la comprensión legislativa, como ha ocurrido en otros países, como España, México, Chile, países nórdicos europeos, etc, ni tampoco la comprensión jurisprudencial, a cargo de los jueces
Es más, algunos se preguntan, como ya dije: ¿Para qué un Derecho Penal del Trabajo?. Con el mismo criterio deberíamos preguntarnos para qué un Derecho Constitucional del Trabajo? o ¿Para qué un derecho administrativo o tributario del trabajo?
En este sentido, me gusta recordar, que lo expuesto sobre Vidal Albarracin, hace más de treinta años, cuando enseñaba la autonomía del Derecho Penal Económico, del Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo, explicando, a la vez, al igual que Tissembaum, una concexión entre el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo, que se manifiesta en delitos previstos en el Derecho Penal y que se refieren a hechos que afectan el ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y garantías y la convivencia dentro del proceso económico industrial, que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo, que prevén sanciones penales para el caso e incumplimiento de las obligaciones de hacer, de dar, o de no hacer que se consagran en sus respectivos textos con carácter imperativo y en resguardo del orden público laboral.
Se trata de un territorio en el que las conductas humanas, no responden solo a disposiciones personales de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del trabajo, la seguridad personal, las relaciones jerárquicas con subordinación y un escenario de lucha entre los protagonistas de la relación laboral individual y colectiva, donde las apetencias económicas están legitimadas, pero viven en estado de enfrentamiento. El mismo, no podemos desconocerlo, tiene consecuencias, en la sociedad toda.
SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL 3° CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y RELACIONES DEL TRABAJO
El Congreso dejó algunas consideraciones, que, a nuestro modo de ver, debieran tenerse encuentra en un futuro próximo a los efectos de modernizar y profundizar el Derecho Laboral, la Seguridad Social y las Relaciones del Trabajo.
1.- Se hace necesaria una consideración sobre el cómputo de los intereses en las sentencias tanto de la Justicia Nacional, como de las distintas provincias, sobre todo la de Buenos Aires, no solo por razones de justicia y equidad, sino también para una justa distribución del las causas que afecta el buen desempeño de los jueces.
2.- Sería bueno hacer un nuevo enfoque de temas que aparecen en la actualidad como antiguos, a los efectos de un debate más moderno.
3.- Corresponde darle a los reclamos por incapacidad síquica una mayor atención
4.- Debe seguirse con cuidado la necesaria buena salud del sistema del régimen jubilatorio argentino porque se encuentran en juego derechos humanos
5.- Se impone la modificación del régimen legal de riesgos y accidentes de trabajo con una reforma legislativa que parta de los fundamentos de los fallos de la CSJN.
6.- Es fundamental la aplicación de las normas de Derechos Humanos
7.- Se requiere un régimen especial sobre la discriminación y con atención expresa de la exclusión del trabajo infantil
8.- La tercerización debe ser motivo de una regulación especial cuidadosa para no caer en el fraude.
9.- La reinstalación ha sido acogida por la jurisprudencia de la CSJN, para el caso de configurarse un despido discriminatorio.-
10.- El fraude es un verdadero daño que debe excluirse de las relaciones laborales
11.- La mejora en la calidad del empleo es la demanda social más acuciante en la región
12- Las políticas de empleo, deben proyectarse teniendo en cuenta la dignidad de los trabajadores. La informalidad refleja subdesarrollo. Es síntoma de políticas laborales y de gestión ineficaces.
13.- La Argentina se debe un debate sobre la actualización del Derecho Colectivo del Trabajo
14. El régimen de las obligaciones es una base jurídica indispensable para un derecho del trabajo sano y moderno.
15.- El Derecho Procesal del Trabajo es una base especifica del Derecho del Trabajo, cuyos temas deben ser estudiados con atención porque significan la posibilidad de la vigencia del derecho sustantivo.
LA SITUACION ACTUAL DE ALGUNOS DE LOS INSTITUTOS DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
17 febrero, 2009 admin	Dejar un comentario
Por Pedro Fernando Nuñez
Me parece apropiado debatir, una vez más, algunos temas relativos a la Ley de Riesgos del Trabajo, más allá de que ya ha sido analizada -y, podríamos decir, “descuartizada”- por todos los especialistas en el tema cada vez con más fuerza, lo que paradójicamente en lugar de llevarla más rápidamente al rincón de los objetos inservibles la revitaliza en su aplicación a una realidad que ya no puede cubrir.
Todos sabemos y es innecesario insistir en tal temática cual ha sido la historia de la protección en la Argentina de los infortunios laborales, a partir de la sanción de la primera norma protectora en 1915 – la ley 9688- que en su momento constituyera un avance más de nuestro país en el ámbito de las relaciones del trabajo y que se constituyera durante casi ochenta años en un hito de aplicación obligatoria, sin prácticamente opiniones en contrario y que finalizara su vigencia con la entrada en vigencia de la ley 24.028, que subsistió hasta el año 1996, en medio de una ola de la denominada normatividad neoliberal, que pretendió incidir en todos los institutos del derecho del trabajo y que llevó a muchos colegas a preguntarse si no había llegado el “fin del derecho del trabajo” como disciplina autónoma.
Esta primera ley protegía en forma amplia, por decirlo así, los infortunios ocasionados no solamente en el trabajo, sino en lo que se denominó la doctrina “accidentes in itinere” que eran los que se sucedían en el trayecto seguido por el trabajador desde su domicilio a su trabajo y regreso al mismo.
Por otra parte, la jurisprudencia con el correr del tiempo introdujo la figura de la “enfermedad accidente” y dio lugar a la teoría de la “indiferencia de la concausa” que fuera tan resistida por muchos, principalmente porque colocaba en cabeza de la responsabilidad del empleador el pago de indemnizaciones que no eran causadas en el mundo laboral, sino que eran preexistentes al mismo en muchos casos, lo que aumentaba los costos empresariales.
Otro de los factores que redundaron en que la vieja ley 9688 fuera derogada y reemplazada por la ley 24.028, en el año 1991. fue -se dijo entonces- la cuantía en el monto de los juicios, y las -según algunos- abultadas sumas que se pagaban en concepto de honorarios a los letrados de las partes intervinientes y a los peritos.
Es así que llegamos al 13 de septiembre de l995 en que se sanciona la ley 24.557, fruto de un acuerdo celebrado entre la Unión Industrial Argentina y otras entidades empresarias y la Confederación General del Trabajo, se promulga el 3 de octubre del mismo año y se publica el 4 del mismo mes y año, pero recién comienza a regir el 1º de julio de 1996.
Esta ley, para distinguirla de toda la legislación existente hasta ese momento, se la denomina Ley de Riesgos del Trabajo, con el objeto -según se dijo entonces- de que surgiera un nuevo enfoque en la materia que estaba mucho más referido a la prevención de los siniestros que a la reparación del daño que ellos provocan.
Y efectivamente, la ley enunciaba entre sus contenidos prioritarios la “reducción de la siniestralidad laboral, a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo” y se fijaba además como otro hecho novedoso la “reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado y luego promover su recalificación y recolocación”.
Finalizaba la enunciación de sus objetivos con la afirmación de que se “promovería la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras”.
Desgraciadamente, podemos afirmar con plena convicción, que ninguno de estos enunciados fue cumplido en su totalidad y eso hizo que la ley cada vez más provocara incumplimientos y sus consecuentes sanciones de inconstitucionalidad decretados por diversos tribunales de nuestro país.
Es así que en medio de lo que podemos calificar como una desordenada aplicación de la nueva norma y en medio de centenares de inconstitucionalidades decretadas con referencia sobre todo a la aplicación entre otros, de los artículos, 39 inc. 1º, 46 y 14, inc.2 b, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2000, en el expediente “Gorosito v. Riva S.A s/ daños y perjuicios”, contra viento y marea, reafirma la validez de la cuestionada normativa, que había previamente sido declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Neuquén, basándose en que el sistema de reparación de daños establecido en la ley 24.557 era adecuado y no vulneraba principio constitucional alguno. Confirmó la constitucionalidad de la norma objetada, que era el art. 39, inc 1º, afirmando que lo percibido por el actor constituía una reparación integral.
No obstante ello siguieron declarándose las inconstitucionalidades sobre algunos de los artículos de la ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos del mes de septiembre y octubre del año 2004, ya prácticamente en su actual composición, resolvió en tres sentencias paradigmáticas – a las que le siguieron luego otras más- los temas siguientes.
En primer lugar, con respecto al art. 39, inc 1º que había sido objeto de fuertes cuestionamientos, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, declaró que si bien podían existir sistemas de reparación de daños que fueran diferentes a los establecidos en las normas del Código Civil, ello era posible, siempre que se lograra una reparación integral del daño en cada caso concreto.
En una sentencia de importante contenido jurídico y social, en el caso “Aquino, Isacio, v. Cargo s/ daños y perjuicios” declaró -en abstracto- la inconstitucionalidad del artículo 39, inc. 1º, de la Ley de Riesgos del Trabajo y amplia la doctrina de la reparación integral que establecen los artículos 1109 y 1113 del Código Civil y expresa demás que la “norma objetada es contraria a la dignidad humana”, al convertir al trabajador en una mercancía dentro del sistema productivo. El pronunciamiento en cuestión se complementó luego con otros dallos del Alto Tribunal, que reafirmaron el derecho del trabajador a la reparación plena en diversos supuestos, entre los que pueden citarse el caso “Díaz, Timoteo v. Vaspia” (CSJN, 7/3/2006), “Silva” (CSJN, 18/7/2007), “Soria” (CSJN, 10/4/2007), “Llosco” y “Cachambí” (CSJN, 16/6/2007), y “Arostegui” (CSJN, 8/4/2008).
Otro tema importante tratado por la Corte afecta el pago de las prestaciones dinerarias en cuotas, pues la ley establecía en su texto original, reformado por el Decreto 1278/2000, el pago de la indemnización resultante de acuerdo al dictamen de las Comisiones Médicas o en el caso de fallecimiento en prestaciones dinerarias mensuales.
Así, el 26 de octubre del 2004, en la causa “Milone v. Asociart”, el máximo Tribunal dispone la inconstitucionalidad del artículo 14, 2b de la Ley de Riesgos del Trabajo al ordenar en el caso de un taxista que no tenía posibilidades de seguir con su trabajo, el pago en una única vez de la indemnización correspondiente, fijando asimismo el criterio de que el pago en cuotas, sólo era posible, cuando de las circunstancias, le permitiera al trabajador afectado, reformular su proyecto de vida. La posibilidad de reclamar la indemnización en una sola vez fue luego reafirmada en el fallo “Suarez Guimbard” (CSJN, 24/6/2008), aplicable a los infortunios acaecidos luego del dictado del decreto 1278/200.
En el último de los supuestos que queremos analizar con respecto a las principales inconstitucionalidades de la Ley de Riesgos del Trabajo, nuestra Corte Suprema resolvió las contradicciones que planteaba el artículo 46, inciso 1º, al hacer intervenir a la justicia federal en el tratamiento de las apelaciones presentadas contra los dictamenes de las Comisiones Médicas provinciales, y en cuanto a la constitucionalidad misma del procedimiento administrativo previo.
En el fallo “Castillo, Angel Santos v. Cerámica Alberti S.A.”, proveniente del Superior Tribunal de la Provincia de Mendoza, la Corte, al confirmar la decisión apelada resolvió la inconstitucionalidad de dicho artículo resolviendo que dichos recursos debían ser tratados por los juzgados locales pues la justicia federal estaba para temas que no tenían nada que ver con los accidentes y enfermedades del trabajo. En cuanto a la constitucionalidad de las resoluciones de las comisiones médicas, el procedimiento administrativo, y la limitación de la responsabilidad de las ART, también se expidió la Corte, en los sonados casos “Saldaño” (9/8/2005), “Venialgo” (13/3/2007), “Marchetti” (4/12/2007), “Busto” (17/4/2007), y “Galván” (30/12/2007), entre otros.
Como hemos podido ver, analizando solamente una limitada porción del articulado de de la Ley de Riesgos del Trabajo, y sin dejar de considerar que en el resto de su articulado abundan las normas cuestionadas tanto por la doctrina y la jurisprudencia, la arquitectura jurídica de dicha norma ha sufrido y sigue sufriendo fuertes reproches sobre la constitucionalidad de sus disposiciones afectando en el terreno práctico su aplicación y funcionamiento.
¿No será hora de que cumplan, de una buena vez, las continuas promesas de su reforma o mejoramiento, teniendo en cuenta sobre todo los pensamientos doctrinarios expresados por nuestro Tribunal Supremo?
Tanto los empleadores como los trabajadores se merecen que estas normas tan necesarias dentro de las relaciones laborales sean perfeccionadas mirando el futuro, y no hacía el pasado.
EL FRAUDE A LA LEY – LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA – LA ETICA
por Estela Milagros Ferreirós
QUÉ ES LA LEY Y QUE ES EL FRAUDE A LA LEY.
Se suele afirmar, a mi modo de ver, con bastante acierto, que la ley es un precepto común, justo, estable y promulgado. En suma, encierra igualdad de tratamiento en situaciones iguales; se formula en términos generales y está establecido por la autoridad competente.
De tal manera, encontramos en ella, obligatoriedad, generalidad, justicia y autenticidad.
Entre ellas existen algunas que excluyen la voluntad privada, y a aquellos que, en determinadas circunstancias quedan aprehendidos por ellas, se les impone, sin que puedan modificarla o sustraerse a su designios y consecuencias. He allí las leyes imperativas, a las que gran parte de la doctrina identifica con las leyes de orden público, de gran importancia en el Derecho del Trabajo. Empero, es importante tener presente, que no es tan así y que si bien toda norma de orden público es imperativa, no toda ley imperativa es de orden público, como las que imponen formas solemnes para determinados actos.
Lo cierto y que nos importa especialmente, es que, hoy por hoy, la doctrina es unánime en sostener que el juez puede decir que una ley es inderogable para los particulares, con lo cual la incluye entre las normas imperativas, una de cuyas especies es, sin lugar a dudas, el orden público
Cuando nos encontramos con leyes imperativas abundantes, como las que se advierten en el Derecho del Trabajo, suele ocurrir que no siempre esa imperatividad, sea aceptada de buen grado por todos los ciudadanos, más allá de que sea lo mejor para el conjunto social.
Es importante tenerlo en cuenta, habida cuenta que podemos considerar una serie de enfoques que conducen a una importante clasificación de las leyes en general, dando lugar a que podamos considerar las leyes en sentido material y formal, abarcando el primer concepto toda norma general y obligatoria, mientras el segundo refiere a aquellas que han sido sancionadas por el Congreso de la Nación.
También podemos referirnos a las leyes de derecho estricto y de derecho equitativo, siendo en las primeras, el precepto taxativo, sin dejar margen para apreciar las circunstancias del caso concreto ni graduar sus consecuencias, mientras en las segundas, resultan menos indeterminados los requisitos del caso regulado, dejando un cierto margen para regular las circunstancias de hecho, situaciones en las que el legislador da margen para una posible graduación de la sanción.
Encontramos, las leyes imperativas y las supletorias, en las cuales, las primeras, como dije, excluyen o suprimen la voluntad privada, imponiendo su regulación a los interesados, que no pueden modificarlas, ni sustraerse a sus consecuencias. Las supletorias, en cambio, respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares o permiten introducir efectos de una regulación complementaria, para los casos en que esa voluntad no se haya exteriorizado.
Se puede hablar también, de leyes perceptivas y prohibitivas, dentro de las leyes imperativas; la primera es la que ordena una consecuencia jurídica forzosa, imponiendo determinados actos o prestaciones, como los alimentos; y las leyes prohibitivas; son las que prohiben algo sin pronunciar una norma jurídica positiva que haya de regir en lugar de lo prohibido.
Y dentro de las leyes supletorias, encontramos, las leyes complementarias y las interpretativas. Las complementarias suplen la falta o carencia de la expresión de voluntad de las partes, y las segundas, son las que tienden a determinar la voluntad de las partes cuando ella se ha manifestado de manera dudosa o incompleta.
Por otra parte, las leyes pueden ser imperfectas, cuando no consignan sanción; perfectas cuando sí la consignan y más que perfectas, cuando a la sanción común acumulan la nulidad del acto.
La importancia de poseer un cabal conocimiento de la ley y sus distintos tipos, nos ayuda, no sólo a interpretarla, sino a tener una clara visión de cuándo y cómo se ha violado.
Y es también central, para el tema que abordamos, comprender claramente uno de los conceptos más difíciles del derecho, tal como es el orden público. Tan compleja es su conceptualización, que a su alrededor se han elaborado una serie de doctrinas no muy claras. Empero, puede arrimarse uno a tal conocimiento, señalando que, en la actualidad, el orden público coincide con lo que interesa al orden social, o a las instituciones fundamentales del Estado.
Por eso, es absurdo pensar, que el orden público puede ser, jamás, un concepto ajeno al mundo jurídico, aclaro esto, porque en épocas recientes, se ha intentado introducir el concepto de orden público económico, sin advertir que la economía es una ciencia instrumental, que no pertenece al núcleo de lo institucional, sino que ayuda a su funcionamiento, y todo lo que es orden público, es núcleo.
En rigor de verdad, es imposible hablar de actos contrarios a la ley, como es el fraude, sin una cercanía a la ley misma, acerca de la cual, se explayaran, Platón, Aristóteles y Montesquieu mismo, cuando elabora: “Del Espíritu de las Leyes”, y se refiere a ellas como elementos de pacificación, al expresar que: “Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y cominenza el estado de guerra…, la ley, en general, es la razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos de la tierra; las leyes políticas y civiles de cada nación, no deben ser más que los casos particulares, a los que se aplica la razón humana.”
Siguiendo la idea de Montesquieu, y la del propio Platón, la ley, resulta un elemento conductor de pacificación entre los hombres, a los que el propio Hobbes, consideró como “lobos”, por el deseo de dominarse los unos a los otros.
De tal manera, propiamente en la naturaleza humana, yace la imperfección, que trae, necesariamente, aunque también excepcionalmente, actos contrarios a la ley.
De tal manera, la consecuencia de la infracción a la ley, es aplicar la sanción que ella misma señala, a los efectos de retornar al orden jurídico, que se ha visto perturbado y desestabilizado, con clara tendencia, por lo expuesto desde antiguo, a la ruptura de la pacificación
Es que la violación de la ley, irrumpe en el mundo jurídico, como un elemento de destrucción del tejido social; y desde siempre, el legislador, ha sabido de sus efectos altamente dañinos, tanto, para los directamente afectados, como para la sociedad toda, que aparece amenazada en su riqueza vital.
De allí, que el artículo 18 del Código Civil, en una norma de aplicación general, señale que: “los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor; si la ley no designa otro efecto para el caso de la contravención.”
Este artículo 18, se está refiriendo, a las leyes prohibitivas imperativas, y les impone la nulidad, la cual consiste en la privación de los efectos normales del acto, como consecuencia de un vicio originario.
Obviamente existen otros tipos de sanciones, ya sean de carácter positivo o negativo, siendo las primeras las que imponen una conducta, y las segundas, las que persiguen por medios indirectos, coaccionar al infractor, al cumplimiento de la norma.
En ese andarivel, es bueno recordar, ya que algunos lo han olvidado, que el citado artículo 18 del CC, al señalar la ausencia de valor de los actos prohibidos por las leyes, se refiere a que carecen de valor como actos jurídicos, dejando abierta la via para la acción que como actos ilícitos pudiera caberles. Por otra parte, lo expuesto debe comparecerse, con el artículo 1037 del mismo cuerpo legal, ya que si este último prohibe a los jueces declarar otras nulidades de los actos jurídicos de las que en este código se establecen, a tal fin, debe tenerse en cuenta que, la nulidad genéricamente establecida en el artículo 18 de referencia, elimina toda posibilidad de contradicción y otorga a los jueces, algo que rara vez se recuerda, que es la facultad de crear nulidades virtuales. Es que la norma de nulidades general, se considera parte integrante de todas las normas de carácter prohibitivo, evitando la necesidad de establecer en cada una de ellas la nulidad correspondiente.
La LCT, detenta el artículo 13, que reza: ” Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por éstas.”
De cualquier manera, y he de volver sobre el tema, existe, dentro del mundo jurídico, un ámbito de ineficacia, donde no sólo encontramos nulidades, sino que éstas, son un territorio, dentro de un contexto más amplio de ineficacia negocial, como concepto más abarcativo, del cual, la nulidad participa.
Allí encontramos también el concepto: ” inoponibilidad”, aparecido recién en el siglo XX, en Francia, con Japiot y Bastian y que refiere a un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz, de sus efectos, respecto de determinados sujetos, a los que la ley dirige su protección. Ese sujeto, especialmente protegido, como es el caso del trabajador, recibe el derecho de ignorar para sí, la existencia del negocio jurídico, impidiendo a otros ejercer las pretensiones jurídicas emanadas del acto, con respecto a él.
Este artículo 13 de la LCT, establece la sustitución de pleno derecho, en un reemplazo automático de la cláusula que se haya introducido en el contrato, modificando en perjuicio del trabajador los mejores beneficios establecidos en la ley, produciendo con dicho reemplazo, la imposición de la norma legal o convencional más favorable, en una operación que se realiza, en conjunción con el artículo 7 de la misma ley.
Claro está que, todo ello, sin perder de vista, que en nuestra disciplina, la nulidad por objeto prohibido está siempre dirigida al empleador, mientras que la nulidad por objeto ilícito, no permite que las partes se reclamen nada con motivo del contrato.
En suma que, en el Derecho del Trabajo, no siempre una nulidad conlleva la cesación de efectos y muchas veces, se trata de la supresión de los efectos aviesos o “in pejus” que se pretenden, con un reemplazo automático de las consecuencias correspondientes.
2.- EL FRAUDE A LA LEY.
Tengo dicho antes de ahora que el fraude a la ley, se produce cuando, en negocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo de una determinada ley vigente, denominada ley de cobertura, se persigue la obtención de un resultado analógico o equivalente al prohibido por otra norma imperativa, denominada ley defraudada. (Conf. Ferreirós-Olavarría- López Palomero, Vaquez; “El fraude y sus consecuencias jurídicas”, Ed La Rocca, Buenos Aires, 2007)
El vicio puede darse, tanto en la interpretación de la ley, en la eficacia o en la aplicación. Y no es lo mismo que la in fracción a la ley, ya que una cosa es el acto “contra legem”, y otra, el acto “fraude legem”
Son elementos insoslayables del fraude a la ley:
– Existencia de un negocio formalmente lícito. Allí se utiliza la norma de cobertura.
– Existencia de una ley imperativa que veda el resultado análogo
No se requiere la intención de defraudar, sino que resulta suficiente que haya una vulneración objetiva de los fines de la norma imperativa. Tal como enseña Mosset Iturraspe, entre otros, no se requiere ningún elemento subjetivo.
En ese andarivel se ha señalado, a mi modo de ver, con acierto, que para determinar si un acto es o no en fraude a la ley, hay que acudir a la causa fin y comparar los fines con los intereses. Si lo fines o los intereses de las partes, son análogos, a los prohibidos por la ley imperativa, el negocio es en fraude a ella, aunque aparezca formalmente lícito, al amparo de la ley de cobertura. Es que no se busca castigar la mala fe, sino, proteger los fines de las leyes y, aunque parezca mentira, esto trae a la mente la idea, anteriormente expresada, de Montesquieu, de cumplimiento para la pacificación, de la postergación de intereses personales, sobre los que prevalecen los intereses sociales.
En suma, debe haber una correspondencia entre el negocio querido por las partes y la razón de ser jurídica del negocio. Hay un tipo, al que se debe responder. Si no es así, si en el tipo legal, que es la razón de ser del negocio, se introduce un defecto que distorsiona la causa, hay fraude.
Así la Corte de Casación Italiana, considera que el contrato en fraude a la ley se caracteriza por las divergencias entre la causa típica del contrato elegido y la determinación causal de las partes enderezadas a eludir la norma imperativa.
CASOS CLAROS DE FRAUDE A LA LEY, FRECUENTES EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS.
A.- EL PERIODO DE PRUEBA.
El artículo 92 bis de la LCT, refiere, en lo pertinente: “Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso (se refiere a los tres meses del período de prueba), sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar, según lo establecido en los artículo 231 y 232.”
En el caso que nos ocupa, nadie discute que el contrato de trabajo se encuentra con vida desde la celebración misma; empero, el legislador establece un periodo de carencia durante el cual, se encuentra suspendido un efecto del contrato de trabajo, que es la estabilidad. Eso se establece, con la finalidad de que se pueda probar la aptitud, en el caso del trabajador, para la función para la cual se la requiere.
Nos encontramos con una modalidad, que es el plazo por tres meses, que marca el tiempo de carencia del efecto indicado, y dentro del plazo con una condición que por prohibición legal, no puede ser meramente potestativa, porque sería nula; es decir no puede depender la finalidad del instituto, de la sola voluntad del empleador-obligado. La condición es que no sea apto para la función; de lo contrario, no puede aplicarse la licencia que el artículo confiere.
La finalidad del instituto, es la prueba; no el capricho de alguna de las partes, ni, en el caso, del empleador, por eso, ante indicios de que el despido se produce por otro motivo, corresponde la inversión de la carga de la prueba y acreditada una causal distinta de la ineptitud, el instituto cae y el contrato retoma automáticamente la estabilidad, en razón de que la suspensión de ese efecto, desaparece
Se habría producido un fraude a la ley, por la utilización de ella, con una finalidad distinta de la establecida por el legislador. Se estaría violando el artículo 90 de la LCT y el artículo 14 bis de la CN.
B.- EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LCT.
La norma en cuestión, señala, en lo pertinente:”Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo (es decir cuando se produzca el abuso del ius variandi), al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa, o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiendo innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva”.
En estos casos, se suele ver con cierta frecuencia que ante la intimación del trabajador al empleador o ante la promoción de la demanda, el principal acude al artículo 245 de la LCT y despide al reclamante.
En rigor de verdad, la finalidad del novel instituto, es brindar al trabajador una protección especial, mientras se ventila en los estrados judiciales, si existe abuso o no en el ius variandi.
De manera tal, que, si a la vez, se tiene en cuenta, que la norma del artículo 245, tiene por objeto una sanción ante el despido arbitrario como acto ilícito, no es tolerable burlar la protección del artículo 66, segundo párrafo, en su finalidad, acudiendo a la intermediación ilícita.
En rigor de verdad, en este caso, no nos encontramos, ante un despido arbitrario, sino ante un despido fraudulento, que no puede serle oponible al trabajador. El mismo debe caer aprehendido por el artículo 18 del CC, y el trabajador, debe ser reinstalado, por lo menos, hasta que se haya cumplido la finalidad del artículo 66, segundo párrafo que no puede ser burlada, con la utilización de otra norma.
Y por qué digo “por lo menos”; porque podría ocurrir que se despidiera al trabajador, al retomar éste sus tareas
Es oportuno recordar que la sanción que impone el artículo 245, se corresponde con los despidos, según reza la propia ley: “sin justa causa”, pero no incluye los despidos que claramente, se lleven a cabo, como un acto “de fraude” o como una “represalia”, por haber debido cumplir con un precepto legal. Igual situación se produciría, si a penas terminada la gestión de un representante legal, se lo despido sin justa causa.
En estos casos, existe una fuerte presunción de que existe una causa, que no es, por otra parte, discriminación, sino un claro afán de separar de la fuente de trabajo, un dependiente, que ha mantenido una protección especial que le ha brindado la ley, y que ha resultado una imposición no deseada.
En tal caso, la presencia de indicios de esta situación, conlleva, a mi modo de ver, la inversión de la carga de la prueba, y deberá ser el empleador, el que deberá probar, que no lo despidió como “represalia” por la detección inmediata de un derecho protectorio, que le ha molestado.
Después de todo, no olvidemos que el empleador no pose un “derecho a despedir” a cambio del pago de una sanción, porque esto no sería ni jurídico, ni moral, sino que, cuando despide sin justa causa es sancionado con una indemnización de daños y perjuicios, que, en muchas ocasiones es tarifada.
De tal manera, el despido fraudulento, es decir aquel que se produce burlando una ley de cobertura, como en el caso del segundo párrafo del artículo 66 de la LCT, conlleva la reinstalación y el despido represalia también, porque ellos no están contemplados en la sanción del artículo 245 de la LCT, que es sólo para el despido sin causa, según lo expresa la propia ley
Claro está que el trabajador, a los efectos, del “despido represalia”, deberá arrimar los “indicios”, conducentes a la inversión de la carga de la prueba. Es una situación similar a la que suele ocurrir con la discriminación, donde la prueba suele sufrir graves dificultades.
En ese andarivel, es bueno recordar, que el principio protectorio, aunque no se recuerde tanto como se debiera, está también constituido por la regla de “la facilitación de la prueba en el proceso”; y, justamente, allí, es donde cobran especial dimensión las presunciones y los indicios.
Las presunciones, fueron primeramente introducidas por la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo y luego receptadas por la propia ley
Son operaciones intelectuales, nacidas de la observación de la realidad y, en ese sentido, al igual que los indicios, se fundan en la observación de hechos corrientes, de los cuales normalmente se derivan otros. Así, se veo humo, es porque hay fuego; ese es un signo indiciario. Y, por otra parte, si un menor adulto trabaja, se presume que está autorizado.
No termina allí, la cuestión, ya que la propia ley señala que, cuando hay prestación de servicios para otro a título personal, se presume la existencia del propio contrato de trabajo; también se generó una protección especial para la mujer embarazada, porque la realidad ha mostrado que se presume que el empleador tiende a despedirla.
Hasta aquí se trata de presunciones relativas que admiten prueba en contrario, al igual que la que se consigna en el artículo 55 de la LCT, cuando el empleador carece de libros o no los exhibe; asimismo la presunción de que el contrato de trabajo se celebra por tiempo indeterminado (art 90 LCT); de igual manera el silencio del empleador frente a las intimaciones del trabajador, la presunción del despido por causa de matrimonio, etc.
Claro está que también existen en nuestra disciplina, indicios y presunciones absolutas que no admiten siquiera prueba en contrario. En ese sentido el artículo 28 de la LCT, considera que si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, éstos serán considerados como en relación directa con el empleador de aquél salvo excepción expresa prevista por la ley o regímenes legales o convencionales aplicables.
De igual manera, obsérvese, que el artículo 36, reputa, a los fines de la celebración del contrato de trabajo, actos de las personas jurídicas, los de su representantes legales o de quienes sin serlo aparezcan como facultados para ello, Hay muchos otros casos.
En suma, sería bueno recordar, en materia de discriminación y de despido represalia, la regla de la facilitación de la prueba, como parte del principio protectorio, en materia probatoria, lo que le da nivel constitucional.
C.- LA INTERPOSICIÓN DE PERSONAS.
No es ocioso recordar, que el artículo 28 de auxiliares del trabajador; el artículo 29 sobre interposición y mediación, el artículo 29 bis sobre empresas de servicios eventuales, el artículo 30 sobre subcontratación y delegación y el artículo 31|, sobre empresas subordinadas o relacionadas, son verdades normas antifraude, y por eso están, para el caso de su violación, las sanciones con la solidaridad.
Sabido es que, generalmente, la solidaridad legal funciona de manera sancionatoria.
Se trata, en muchos casos, de fraude, a través de las funciones de terceros, que aparecen utilizando normas de cobertura, para violar el orden público laboral. Claro ejemplo de ello, es la utilización de empresas de servicios eventuales, para tareas no eventuales, o la cesión del establecimiento, o la subcontratación para tareas normales y específicas propias del establecimiento, sin ejercer el control, que deseche la violación de las normas correspondientes.
El fraude por interposición de personas, ha sido una vieja y aviesa burla a las leyes imperativas, que encierran nada menos, que la responsabilidad frente al trabajador, cuyo desplazamiento se pretende, a través de una norma de cobertura.
Muchos otros casos de fraude se ven a diario en nuestra disciplina, en un afán dejar de lado el orden público laboral, a través actos burladores, no necesariamente con contenido subjetivo, que van carcomiendo, no sólo los contratos de trabajo, sino, lo que es más grave, el tejido social.
No es ocioso recordar que las empresas buscan resultados económicos, porque poseen fines de lucro, pero es absolutamente necesario, acompañar tal afirmación, con la consideración que le corresponde, en el sentido de que no es ese su único fin, ni está fincada esencialmente allí su responsabilidad.
Recordemos, si no, que Friedman, sostuvo que una empresa sólo tiene una responsabilidad, obtener resultados económicos y que si no logra obtener beneficios, por lo menos iguales al coste de capital, es socialmente irresponsable y despilfarra los recursos de la sociedad. En la actualidad ha sido desplazado este tipo de pensamiento
Es que, pensar así, es renunciar a un razonamiento amplio, fecundo y social
Las empresas, poseen también una responsabilidad, nacida de la influencia que genera en la sociedad su propia actividad, y, por tanto, ellas generan relaciones con los ciudadanos, con la autoridades, con sus dependientes y con las familias de ellos, con el medio ambiente, con los medios de difusión ,etc.
La Responsabilidad Social Empresaria, (RSE), que también tiene que ver con la subsistencia de la democracia, de la educación, de la cultura, de las relaciones nacionales e internacionales, resulta de vital importancia, por su vinculación con la ética, sobre todo cuando entre la década del cincuenta y del sesenta, surge un nuevo modelo de empresa.
La globalización, y las crisis que se viven en distintos países, tienen mucho que ver con esto; tanto, como el alto grado de corrupción que se advierte en vastas zonas del mundo.
La complejidad de la situación, la expansión del hambre y de la pobreza, generaron una demanda social e inclusive una verdadera presión en el seño de algunas de ellas
Ha surgido, entonces, un marco histórico, geográfico, ambiental, social, cultural, que se mueve de manera crítica y reflexiva y que trae nuevas exigencias éticas.
Se comenzó a requerir una gestión orientada a esa ética; una gestión transparente
Así el Instituto Ethos de Brasil, Forum Empresa, como entidad representativa de las responsabilidad social de las Américas, la Fundación Prehumana de Chile, El
Centro Mexicano para la Filantropía de México, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, etc, son instituciones claves, que bregan por el desarrollo de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable, que se preocupan por la preservación del ambiente y de la cultura para las futuras generaciones y una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente
Se busca obtener un amplio “set” de políticas, prácticas y programas que, integrados en la operación empresarial, soportan dignamente el peso de la toma de decisiones, respetando, de la empresa, sus dimensiones económica, social y ambiental y también la participación de grupos de interés, a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.
Se recorre el andarivel de los valores, de la transparencia, de la calidad de vida,, en un triángulo virtuoso de gestionar sustentablemente la relación entre los recursos económicos, ambientales y sociales, aplicados al desarrollo de su actividad
La idea es lograr, una visión de integralidad, un ritmo de gradualidad, una conciencia triple de creación de valor y noción de proporcionalidad, una mirada de totalidad, una orientación estratégica, un modelo de gestión y una lógica de autoaplicación y anticipación.
De esta manera, se reducen los costos operativos, se mejora el desempeño financiero, se fortalece la marca y la reputación, aumenta la lealtad de los consumidores, se incrementan las ventas y la productividad, junto con la calidad; se mejora la capacidad de retener y contratar los mejores empleados, se favorece el acceso al capital, etc.
Hay estudios serios, hecho en nuestro país, donde se concluyó que a la hora de adquirir productos, los ciudadanos evaluaron como importante, el conocimiento de los proyectos empresarios, dirigidos a la infancia, los discapacitados, las comunidades, los pobres, la tercera edad y la drogadependencia, en ese orden
Bienvenidos al mundo jurídico y a la sociedad nacional e internacional, los que creen en la ética para el desarrollo de las empresas y para la convivencia de las mismas con el resto de los ciudadanos.
En cuanto a esa “ética”, dice Aranguren, que el objeto material de ella lo constituyen los actos, los hábitos, la vida en su totalidad unitaria y lo que de ella retenemos apropiándonoslo; es que se trata de una forma de vida.
Uno no puede ser ético como padre y no ético como empresario o como dependiente, o como profesional, abogado, o juez, ya que la virtud, abarca al hombre en toda su dimensión.
Ella refiere necesariamente a la moral o a lo moral y debiéramos preguntarnos, si se puede ser ético ´moral, violando o burlando la ley o cayendo en una anomia destructiva de la sociedad.
Es por eso que el fraude; la burla, la violación de la norma jurídica, destruye el tejido social y la responsabilidad y la búsqueda del cumplimiento son sanadores.
En ese sentido, lo reflejaba bien Ortega, que tenía como centro de su filosofía la tarea o el quehacer y que nos dejó dicho: “La moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado, es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda, ni hinche su destino.”
Tal vez debiéramos abordar una seria reflexión, entre todos, porque la mejor manera de honrar a los demás y honrarse a sí mismo, es henchir ese destino que nos reclama Ortega. No hemos de lograrlo, por el camino de la anomia, ni de la visión fraudulenta de nuestro quehacer, sino, entrando en quicio, en posesión de nosotros mismo, viviendo nuestra vida de manera fecunda.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL VII CONGRESO NACIONAL DE LA SADL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTRA
A continuación, efectuamos una síntesis de las conclusiones de los distintos temas que fueron abordados, desarrollados y debatidos durante el evento, tanto en las sesiones plenarias, conferencias y foros, como en los workshops.
Abarcaron áreas temáticas referidas a la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, políticas de empleo y protección social, relaciones del trabajo comparadas, discriminación y violencia en el contrato laboral, teletrabajo, precarización laboral, nuevas tendencias sobre el empleo, afiliación y negociación colectiva, derecho procesal del trabajo, actualidad de la seguridad social, nueva vigencia del principio protectorio, y los derechos humanos como eje de las relaciones laborales.
En materia de riesgos laborales:
• Se advirtió que los problemas de la legislación en salud y seguridad en el trabajo no se limitan a la Ley de Riesgos, por lo que debe lograrse un texto que aúne los principios en materia de salud y seguridad, lo que permitiría tener un verdadero Sistema Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Se destacó la necesidad de transformar las actuales comisiones médicas en comisiones evaluadoras de la salud dependiendo directamente de la SRT y la necesidad de cumplir con la Declaración de Seguridad y Salud del MERCOSUR, ya que la salud de quien trabaja no es una mercancía para vender sino un bien a defender mediante la prevención.
• Respecto de la responsabilidad de los empleadores y sus aseguradoras de riesgos del trabajo, se sostuvo que la razón de ser por la que debe ser declarada la reparación de las enfermedades no listadas, está en el vínculo entre la indemnidad del trabajador y el daño sufrido y también en relación a otro vínculo determinante, que es el de la relación contractual propia de la relación de trabajo dependiente, tanto en el empleo privado como público.
• Sin perjuicio de lo que al respecto pueda resolverse en una futura reforma legal en el tema (opción excluyente o “cúmulo”), se estableció que actualmente el trabajador puede accionar civilmente contra el empleador sin perjuicio de reclamar por la vía sistémica o judicial a la ART, en forma previa o simultánea, el cobro de las indemnizaciones tarifadas de la LRT, conforme la doctrina “Aquino” y “Llosco” de la C.S.J.N.
• Se reafirmó que las ART también tienen la obligación de prevenir los riesgos laborales, de modo que si se produce un daño como consecuencia de omisiones del empleador en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, que no han sido controladas, fiscalizadas o denunciadas por la ART o no haya capacitado al personal y que dichas omisiones tengan un nexo de causalidad con el accidente acaecido, las ART deberán responder civil e íntegramente por sus omisiones (art. 1074 del Código Civil)
• Se señaló la necesidad de que todas y cada una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tema deba ser contemplada en una futura reforma integral de la LRT, a fin de que no se repitan situaciones de inconstitucionalidad. A tal fin, han de tener especialmente en cuenta lo dicho por la Corte Suprema en el sentido de que, siendo la materia de accidentes del trabajo de naturaleza de derecho común, los legisladores nacionales deben limitarse a regular el contenido material de la ley. El procedimiento y la jurisdicción que intervendrán en la dilucidación de los conflictos, deben quedar reservados para ser legislados por cada una de las provincias.
• En cuanto a la vía administrativa previa se concluyó que -en caso de establecerse una en la nueva normativa- la misma se instrumente de modo tal que no interfiera en el derecho constitucional de acceso directo e inmediato al juez natural.
En relaciones del trabajo comparadas:
• Se destacó la importancia para el mercado de trabajo Italiano, de la certificación de los contratos laborales, como una herramienta que brinde seguridad jurídica tanto al empleador como al trabajador sobre los alcances, modalidades derechos y deberes de las partes y como un medio importante para reducir la conflictividad laboral así como el trabajo no registrado.
• Se abordó la regulación del trabajo económicamente dependiente en Europa, y en forma particular en España, analizando, que tras el aparente equilibrio de la regulación efectuada por la ley española se esconde un cierto temor a los aspectos colectivos, ya sea por sus implicaciones en la competencia mercantil o por dotar a los autónomos de instrumentos que nos les corresponden, configurándose un horizonte legislativo demasiado mercantilista y poco laboralista, más ajustado al autónomo empresario que al autónomo económicamente dependiente.-
• Se sostuvo la posibilidad de adoptar en Colombia y otros países de Latinoamérica ciertas bases de la flexiseguridad entendida como un medio de protección del mercado de trabajo que le permita al trabajador la movilidad a otros puestos, sin descuidar su protección, y que permita generar una dinámica de conocimiento atendiendo a su formación permanente.
• También se nos mostró el exitoso impacto que tuvo la introducción de la oralidad, la mediación, el arbitraje y la utilización de Internet para la gestión y decisión, en el proceso laboral venezolano, como mecanismo para, cambiar la cultura del litigio por la cultura del consenso, en miras de lograr la paz social.
En relación al teletrabajo y las TICs:
• Se destacó la importancia del estudio de las relaciones laborales, como una herramienta que permita analizar los cambios tecnológicos imperantes, los cuales implican nuevas formas de comunicación y otra forma de organizar el trabajo, y que por lo tanto requieren una política legislativa a la altura de las circunstancias.
• Se abordó con profundidad la problemática que involucra la seguridad social en nuestro país, en especial a partir de la entrada en vigencia de la ley del SIPA (ley 26.425), que elimina el Sistema de Capitalización y crea el Sistema Integrado Previsional Argentino; y fue publicada junto al decreto 2103, el cual modifica al decreto 897/07 en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional.
• Se analizaron las distintos escenarios planteados a partir de la eliminación de las AFJP, y el reemplazo del sistema anterior por el Sistema solidario de Reparto, especialmente en lo que hace a los fondos de los beneficiarios destinados al pago de rentas vitalicias y prestaciones dinerarias sistémicas de la ley 24.557.
• Se consideró un hecho positivo la elevación de las asignaciones familiares, y las políticas destinadas a ampliar el universo de sujetos comprendidos en las asignaciones universales.
• Se planteó la necesidad de encontrar una solución definitiva al virtual colapso del fuero de la Seguridad Social a partir de la cantidad de reclamos iniciados a partir del fallo “Badaro”, en el que la Corte sentenció que los haberes debían ser actualizados siguiendo el ritmo del alza de salarios, premisa que no se cumplió para un considerable número de pasivos debido a que históricamente los aumentos fueron otorgados discrecionalmente y en forma diferenciada según el tramo de ingresos. El retraso de poder adquisitivo de haberes generado por tal situación, en algunos casos llegó a ubicarse en el 40 por ciento, y tal distorsión no fue corregida por la ley de movilidad vigente, dado que si bien la norma dispone ajustes automáticos y periódicos de los haberes en función de un índice, rige sólo a partir de marzo último.
Sobre precarización laboral y discriminación:
• Se efectuó un análisis sobre la evolución cuantitativa del empleo privado registrado según la información disponible en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la AFIP, así como de las empresas. Se destacó que a pesar de las políticas activas de regularización se consolidan las tendencias a la disminución de las tasas de crecimiento del empleo registrado, su actual estancamiento, la concentración en empresas medianas y grandes, así como la tercerización, dado que el número de las empresas que más crecen son las de servicios, seguidas por las de comercio y en tercer lugar, las industriales.
• Se analizó la problemática de la discriminación y la violencia en el contrato de trabajo, así como el impacto que tiene en el mismo, la precarización y el fraude laboral. Se analizaron los nuevos regímenes en la Argentina para el contrato de trabajo a tiempo parcial y el régimen de pasantías, concluyendo que, si bien han querido prevenir el fraude en estas figuras, han sido inoportunas en la época que hoy vive el país, puesto que desalientan la utilización de dichos modos contractuales por parte del empresariado, criticándose tanto la flexibilización laboral como el excesivo intervencionismo que lleva a la paralización del mercado de trabajo.
• También se discutió acerca de la utilización de las empresas de servicios eventuales como mecanismo para limitar -o incluso suprimir- los derechos de los trabajadores.
En el área del derecho colectivo:
• Se analizó el rol estratégico que tiene el orden público laboral y el derecho a la información en la negociación colectiva. Se debatió sobre la crisis de legitimidad y eficacia en los organismos, administración y control de los procesos electorales sindicales.
En materia de derechos humanos del trabajo:
• Se destacó la incidencia del principio protectorio en el hombre que trabaja, como médula del Derecho del Trabajo y la justicia social y el principio de progresividad como sinónimos de la libertad del hombre.
• También se abordó la problemática del denominado “solidarismo”, el cual en términos dogmáticos sería positivo, pero que llevado a la práctica sin la debida protección por parte del Estado, se transforma, en mercados de trabajo como el latinoamericano, en un mecanismo para responsabilizar a los trabajadores por la crisis económica que enfrentan sus empleadores.
• Se reflexionó sobre el papel fundamental que tienen los derechos humanos como eje de las relaciones de trabajo, así como el importante papel que cumplen los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados en nuestra Constitución, considerándolos como verdaderos faros que deben iluminar a aquellos encargados de interpretar y hacer cumplir la ley.-
• Se reflexionó sobre el desafío de generar un derecho del trabajo del futuro, enraizado en los derechos humanos y con proyección hacia la vida, siendo ello un verdadero desafío para el Estado, ya que en buena medida el Estado, somos nosotros.
Sobre Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo:
• La estabilidad es positiva para la calidad del empleo y en la reducción de la incertidumbre laboral, y también como estrategia de competitividad empresarial, a diferencia de la situación de alta rotación de mano de obra en la cual la inversión en capacitación es mínima y los trabajadores no se sienten comprometidos con el éxito de la empresa.
• Hay que elevar las competencias laborales de la población y apuntar a la capacitación continua. Es importante que el Estado fiscalice adecuadamente el cumplimiento efectivo de las normas laborales y sancione su incumplimiento.
• Las indemnizaciones en la Argentina no son altas: lo que la torna elevadas son los incumplimientos adicionales del empleador que conllevas diferentes sanciones o agravamientos.
• Se debe fomentar los métodos adecuados de resolución de conflictos y profundizar las técnicas y herramientas para la gestión del conflicto laboral siempre con la debida intervención del Estado para revisar los acuerdos y homologándolos cuando constituyan una justa composición de derechos e intereses.
En materia de discriminación
• Se dejó sentada la problemática de los trabajadores jóvenes, tratados como máquinas de trabajo, lo que es generador de violencia y estrés. La violencia se instala cuando se mueven exigencias o extrema obediencia y sometimiento, cualquiera sea la forma en que esto ocurre, ya sutilmente o brusquedad, y el espacio relacional en que tenga lugar. Sobre la base de una investigación hecha por la periodista Laura Merani en el libro “Alta Rotación”, acerca de sus experiencias laborales en primera persona en determinados ámbitos laborales, de donde surgen las condiciones laborales que viven los jóvenes en ámbitos socialmente percibidos como “precarizados”, como ser el de las promotoras, los call centers, fast foods y las actividades gastronómicas, repositores, etc.
• Se analizaron las causas de la violencia, entre ellos los cambios sociales, de paradigmas, la influencia de los medios de comunicación masiva, y la precarización de las relaciones laborales.
• Se concluyó que lo que se impone es, también en el ámbito del trabajo a domicilio (específicamente se trató el caso de los textiles, signados por la falta de registración y el trabajo de indocumentados en condiciones infrahumanas), un derecho del trabajo con libertad, igualdad, seguridad y dignidad.
• La discriminación también fue enfocada con respecto al derecho a la información y al despido. Y, en este último ámbito se puso el acento en el despido por enfermedad, con respecto al cual, aparentemente, resulta insuficiente y inadecuada la tarifa del artículo 245 de la LCT, debiendo admitirse el reclamo de daños y perjuicios sobre la base del Código Civil.
• Finalmente, se analizó la situación de las mujeres trabajadoras desde una persepectiva de género, concluyendo que la ley 26.485 – inserta en el camino abierto por la Corte- revaloriza la importancia de la persona humana y ensancha el camino abierto por la mujeres que han luchado y lo siguen haciendo, por una igualdad de derechos y oportunidades.
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