Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931017.html
Timestamp: 2019-11-20 02:12:44
Document Index: 104131561

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'in fine', 'artículo 220', 'artículo 252', 'artículo 184', 'artículo 42']

as201931017
Expediente: 482/2017-S
Demandante: César Quispe Laruta.
Demandado: Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. “COTEL Ltda.”
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 476-478, interpuesto por Marco Antonio Cauna Bautista, representante de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda., “COTEL LTDA.”, en su condición de Director Jurídico, en mérito al Poder especial y bastante Nº 720/2017 de 27 de agosto de 2017 franqueado ante la Notaría Nº 23 de la ciudad de La Paz, a cargo del Abogado Gonzalo A. Chacón Silva, que cursa de fs. 264 a 275, contra el Auto de Vista Nº 105/17 de 24 de abril, cursante de fs. 261 a 262 de obrados, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social de pago de quinquenios seguido a demanda de César Quispe Laruta, contra la entidad que representa el recurrente, el Auto Supremo de 16 de febrero de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 295 y vta.) y,
Tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia de Nº 058/2016 de 06 de junio (fs. 221 a 224), declarando PROBADA la demanda de fs. 9 a 10, ratificada a fs. 17 y modificada a fs. 20 de obrados, disponiendo que la entidad demandada COTEL LTDA., cancele al actor la suma de Bs. 264.440,86 por tres quinquenios y la multa del 30%, más la actualización que prevé el Decreto Supremo (DS) Nº 522 de 26 de mayo de 2010.
En de apelación, promovida mediante escrito de fs. 237 a 238 vta., por el representante de la entidad demandada, el tribunal de alzada, conformado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 105/17 de 24 de abril, cursante de fs. 261 a 262, CONFIRMÓ la Sentencia apelada Nº 058/2016 de 06 de junio de 2016.
Contra el referido Auto de Vista, el representante de la entidad demandada, Marco Antonio Cauna Bautista, por escrito de fs. 276 a 278, interpuso recurso de casación en el fondo, que luego de ser respondido por el demandante, mediante escrito de fs. 280 a 282 vta., fue concedido por Auto Nº 265/2017 SSA-III de 18 de septiembre de 2017, cursante a fs. 283; por lo que una vez radicado el expediente en este Tribunal, por Auto Supremo de 16 de febrero de 2017 (fs. 295 y vta.), se declaró admisible, consiguientemente, se pasa a considerar y resolver el recurso:
El recurrente, luego de apersonarse, afirma que el Tribunal de alzada, apreció de manera alejada a la verdad el escrito de apelación, porque afirmó que carecía de requisitos para su consideración, pese a que se encontraba correctamente fundamentado.
En ese entendido, reiteró el argumento que la sentencia es contradictoria e imprecisa, porque refirió que se pronunció sobre la procedencia o improcedencia de dos quinquenios y luego concedió tres quinquenios en la parte resolutiva, incumpliendo las previsiones de los arts. 202 y 252 del Código procesal del Trabajo y 213 del Código Procesal Civil (CPC-2013), al no contener decisiones claras positivas y precisas.
Afirma que se incumplió el art. 117 d) del CPT, porque no se especificó en la demanda la cuantía demandada, aspecto que debió ser observado oportunamente y ordenar que se enmiende antes de emitir el fallo, aspecto que constituye una vulneración y errónea interpretación de la norma.
Refiere que COTEL LTDA., argumentó oportunamente en aplicación del art. 123 de la Constitución Política del Estado, que las normas no son retroactivas; y en el caso presente se ha aplicado indebidamente las previsiones del DS Nº 0522 de 26 de mayo de 2010, respecto de hechos acontecidos desde el 20 de diciembre de 1989, treinta años a la promulgación del aludido DS, por ello, es que transcribiendo parte de la SCP, 0009/2013-L de 15 de febrero de 2013 y la SC 0636/2011-R de 3 de mayo, considera que los efectos de dicha norma deben ser modulados a partir de su promulgación y no aludir a los hechos de la demanda, evidenciándose una errónea interpretación de la norma.
Finalmente afirma que la multa del 30% impuesta a favor del trabajador, no puede aplicarse al caso presente, porque no se encontraba prevista en el DS Nº 11748, por consiguiente, no pudo aplicarse retroactivamente la multa impuesta por una norma posterior, demostrando que se incurrió en errónea interpretación y aplicación de esa norma.
Concluyó señalando que interpone recurso de casación en el fondo, solicitando que se “…disponga la remisión al Tribunal Supremo de Justicia para que emita el correspondiente auto supremo que disponga la nulidad del auto de vista Nº 105/17 de fecha 24 de abril de 2017 cursante a fs. 262 y 262 de obrados y la consecuente Sentencia Nº 058/2018 de Fs. 221 a 224 de fecha 06 de junio de 2016 por lo cual se deberá declarar improbada la demanda.”(Textual).
El recurso de casación, fue contestado por el demandante por memorial de fs. 280 a 282 vta., indicando que:
En la suma se alegó que se recurría contra un Auto de Vista que no se encuentra dentro del expediente.
También afirmó que en el recurso, no se ha identificado en qué consistiría la interpretación errónea o la aplicación indebida de las normas citadas, más aun si la entidad demandada, no objetó oportunamente las presuntas irregularidades que alega.
Refirió que se aplicó de manera correcta las previsiones del DS Nº 0522, porque el art. 4 de esta norma, regula la continuidad de la relación laboral, cuyo párrafo tercero en relación al primero, es aplicable retroactivamente, solo cuando el pago del quinquenio haya implicado interrupción de la relación laboral, situación distinta en el caso de autos.
Por último afirmó que la multa se encuentra correctamente impuesta, porque la entidad empleadora, no canceló de manera oportuna los quinquenios demandados, habiéndose aplicación de manera correcta el art. 9 del indicado DS., por lo que concluyó afirmando que al no haberse identificado de manera las normas presuntamente infringidas, pidió que en aplicación de los arts. 272-2) y 273-3) del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), se declare IMPROCEDENTE el recurso.
Así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 214 a 217, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Conforme ha establecido este Tribunal Supremo en abundante Jurisprudencia, el recurso de casación, se sustenta en la violación, aplicación indebida e interpretación errónea de normas sustantivas, infracciones legales deben estar necesariamente identificadas en el recurso y no en escritos anteriores y posteriores; conforme refieren los arts. 271-I y 274 del CPC; por otra parte, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley; (arts. 60 y 158 CPT); en mérito a ello, es que las dudas que surjan en el curso del proceso, respecto de la interpretación y aplicación del Código Procesal del Trabajo, debe resolverlas el juez, acudiendo a los principios generales del Derecho Procesal del Trabajo, para el logro de la finalidad especial que tienen, cual es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial (arts. 58 y 63 CPT).
Respecto del pago de los quinquenios, este Tribunal ha establecido lo siguiente:
“En ese propósito, existe la necesidad de señalar la normativa que regula su tratamiento, empezando por el art. 48 de la CPE, que establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; que los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles; también se tiene el art. 1 de la Ley de 23 de noviembre de 1944, que establece, que el tiempo de servicios para empleados y obreros se computará a partir de la fecha en que fueron contratados, verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba; el art. 3 del DS Nº 11478, de 16 de mayo de 1974, que dispone, que los empleadores deben efectuar sus reservas para el pago de beneficios sociales con carácter obligatorio y a fin de no inmovilizar esos montos, podrán invertirlos en el giro de la empresa; el art. 36 del DS Nº 21137, de 30 de noviembre de 1985, que prohíbe el pago de cualquier anticipo de beneficios sociales en las entidades y empresas del sector público, en tanto no concluya la relación laboral; el art. 4 del DS Nº 110, de 1 de mayo de 2009, modificatorio del art. 2 del DS Nº 11478, que determina, que los derechos adquiridos por las trabajadoras y los trabajadores cada cinco (5) años serán acumulados, por lo que la pérdida de los beneficios sociales en aplicación de las causales señaladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y art. 9 de su Decreto Reglamentario sólo se aplicará al quinquenio vigente sin afectar a los anteriores; finalmente, el DS Nº 522, de 26 de mayo de 2010, que establece el procedimiento para el pago del quinquenio de forma obligatoria en el sector privado a requerimiento de la trabajadora y el trabajador, por ser un derecho consolidado y adquirido”.
“Debe quedar anotado, que el quinquenio no constituye sino la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios al cumplimiento de cada cinco (5) años de trabajo de manera continua, así se encuentra definido en el art. 2 del DS Nº 522; de modo que, dicha institución jurídica está relacionado directamente con el tiempo de prestación de servicios del trabajador, siendo sus características principales: i) que no interrumpe la relación laboral, iii) debe ser un pago único y no fraccionado, iiii) que su pago a solicitud escrita del trabajador, es considerado como un pago definitivo”.
“De la interpretación histórica y contextualizada sobre la normativa que regenta el instituto del quinquenio, no es difícil concluir que su finalidad no es otra que evitar que el trabajador pierda su derecho a la indemnización por tiempo de servicios”.
“Para mejor comprender dicho instituto, se debe partir de la premisa que el pago de la indemnización por tiempo de servicios, ante la eventualidad del distracto laboral, constituye un pago definitivo y consolidado si la misma se encuentra conforme a derecho, cuyo pago, antes de la vigencia del DS N° 1592, sólo procedía en tanto se hubiese producido la desvinculación laboral y, es recién a partir de la regulación introducida por el art. 3 de dicho decreto supremo, que nuestra legislación admite el pago de la indemnización por tiempo de servicios (quinquenio) garantizando la continuidad laboral”.
“Conviene aclarar, que dicha indemnización resultaba exigible en tanto las causas de la desvinculación laboral no tengan origen en la conducta del trabajador o, dicho de otro modo, en tanto no sean imputables a él y, sólo en caso de haber consolidado un total trabajado de 5 años, se hacía exigible en caso de renuncia voluntaria, pero siempre, en ambos casos, en línea de principio, se producía ante el distracto laboral, ya sea por causas imputables al empleador o ya sea por renuncia. Y es sobre ésta realidad vigente que el citado art. 3 del DS N° 1592 y, posteriormente, el art. 1 del DS N° 11478 de 16 de mayo de 1974, introducen la garantía de la continuidad laboral, previo acuerdo de partes”.
“Así entonces, el trabajador, luego de haber cumplido cinco años de trabajo, bien podía renunciar a su fuente laboral y exigir el pago de la indemnización (quinquenio) o continuar prestando sus servicios con la garantía de que los mismos quedaron consolidados, y la consiguiente seguridad que le serán cancelados al momento del distracto”.
“Asimismo, bien podía, previo acuerdo con el empleador, recibir tal indemnización y continuar trabajando, para lo que tenía que cumplirse la formalidad de solicitar voluntariamente el mencionado pago, (…). Ahora, los efectos, en éste caso, entrañan la obligación de iniciarse un nuevo cómputo de antigüedad, ergo, la consolidación como pago definitivo de lo recibido, por cuanto para la eventual futura indemnización se computará el tiempo de servicios a partir de la fecha de aquella liquidación”.
“Del mismo modo se debe tener en cuenta, que conforme a los fundamentos del DS N° 11478, el pago del denominado quinquenio tiene la finalidad de garantizar al trabajador la posibilidad de gozar de sus beneficios emergentes, en el plazo más breve posible y compensar de algún modo el costo de vida”.
“El citado Decreto, en su considerando señala: “Que, se requieren medidas colaterales que compensen el costo de vida permitiendo a la clase trabajadora hacer uso, a breve plazo y en forma efectiva, de los beneficios reconocidos por las disposiciones legales de carácter social; Que el término para acogerse al retiro voluntario debe reducirse a un lapso más racional en función de la vida activa del trabajador y de la posibilidad de gozar de sus beneficios emergentes; Que, la facultad de recibir la indemnización por retiro voluntario debe mantenerse como un derecho adquirido, en el transcurso del tiempo, sin lugar a revisión ni pérdida por causas producidas después de haberse consolidado”.
“Así entonces, se deberá considerar que, en el espíritu de la norma, cuanto más breve sea el tiempo en que se pague tal beneficio, mayor el beneficio para el trabajador y, siendo así, el hecho de que ante el pedido del trabajador, el empleador cancele la indemnización (quinquenio) al cumplimiento de los cinco años, aún la norma para el sector público no lo autorice, no puede considerarse como un despropósito o un acto lesivo a los intereses del trabajador, por cuanto, en el espíritu de la ley, en términos históricos, la tendencia se orienta a reducir dicho término, a tal grado que, de 15 años se redujo a 8, luego a 5 y, por último, a 3 meses, ello en cuanto se refiere a la indemnización por tiempo de servicios”.
“Por otro lado se debe tener en cuenta que, a emergencias del DS N° 16187, de 16 de febrero de 1979, que en su art. 4, establece: “Las indemnizaciones por tiempo de servicios, pagadas por terminación de contratos suscritos a plazo fijo para ocupaciones permanentes, se reputarán como anticipo de liquidación final, siempre que no hubiere discontinuidad alguna entre uno y otro contrato, considerándose como fecha original la de la primera contratación”, se vino distorsionando el verdadero sentido del instituto del quinquenio, considerándolo como pago a cuenta de liquidación final, por lo que se tuvo que aclarar sus alcances mediante el DS N° 21431 de 10 de noviembre de 1986, con el siguiente texto:
“Artículo 1°.- Se aclara que las disposiciones del decreto ley 16187 de 16 de febrero de 1979 son de aplicación exclusiva a los contratos y relaciones de trabajo a plazo fijo y no alcanzan a la situaciones propias del retiro voluntario, haya o no discontinuidad entre una y otra prestación de servicios, institución jurídica que está normada específicamente por la ley de 21 de diciembre de 1948 y decretos supremos 1592 de 19 de abril de 1949, 7850 de 1º de noviembre de 1966 y 11478 de 16 de mayo de 1974”.
“Con lo que se consolidó el verdadero sentido del instituto del quinquenio, en sentido a que no puede considerarse como pago a cuenta de liquidación final, lo que supone que en el caso de haberse cancelado la indemnización por tiempo de servicios sin interrupción de la relación laboral, al momento de producirse la desvinculación laboral y si correspondiere el pago de la indemnización, el cómputo de la misma se hará sin consideración del período cubierto por aquella, es decir, a partir del día siguiente de la fecha en que se hubiese pagado la indemnización (quinquenio) con recontratación inmediata”.
“Por último, se debe precisar que, conforme a la inteligencia de la normativa glosada, en el caso del quinquenio o el pago del indemnización con recontratación inmediata, la carta de renuncia del trabajador o la solicitud de pago de indemnización, no tiene otra finalidad que no sea la de habilitar formalmente el pago del quinquenio y, el inicio del nuevo cómputo de tiempo trabajado, y así garantizar la continuidad laboral o, dicho de otro modo, mantener los efectos del vínculo laboral vigente, conforme lo establece el art. 3 in fine del DS N° 1592, al señalar que: “…el patrono y el trabajador podrán acordar válidamente el pago de la indemnización por tiempo de servicios, manteniendo en sus efectos el contrato de trabajo con un nuevo cómputo del tiempo de servicios”.
“Así entonces, para la realización del instituto o el perfeccionamiento del pago del quinquenio, será suficiente que se demuestre la voluntad del trabajador de cobrar la indemnización por el quinquenio correspondiente, y la continuidad de los servicios”.1
En el caso presente, revisando detenidamente el recurso de casación, se advierte que el recurso no es muy claro al momento de presentar su fundamentación, habiéndose mezclado los argumentos referidos a algún error in procedendo, o causal de nulidad y los errores in judicando o casuales de casación del Auto de Vista impugnado; sin embargo, pese a esa falencia, corresponde resolver punto por punto los argumentos que contiene:
1.- Respecto de la contradicción e imprecisión en la Sentencia, que constituyó un argumento del recurso de apelación, se establece que el Tribunal ad quem, resolvió este punto, que el objeto del proceso es el pago de los quinquenios, sin haber aclarado respecto a lo argumentado en la Sentencia de primera instancia.
Revisando la Sentencia de fs. 221 a 224, cuando se analizó la procedencia de los quinquenios, se advierte que se incurrió en un lapsus cálami; o error de Taypeo, por que se consignó que se refería a “dos quinquenios” y se refería a “los quinquenios”, pues en el mismo acápite, se explicó claramente que el actor demandó el pago de “tres quinquenios”, dilucidando cualquier duda respecto del número de quinquenios que son objeto del proceso, aspecto que también ha sido ratificado de manera clara y concreta en la parte resolutiva, estando totalmente desvirtuado el hecho que se hubiese incurrido en contradicción o imprecisión de la sentencia, no habiéndose vulnerado las previsiones de los arts. 202 y 252 del CPT y 213 del CPC-2013, normas adjetivas referidas al contenido de las Sentencias y la aplicación de manera supletoria de las normas del CPC-2013.
2.- En aplicación de los arts. 3 inc. e) y 57 del CPT, rige dentro de los procesos laborales, el principio de preclusión, por los que cuando no se ha cumplido un acto del proceso, dentro del tiempo conferido por ley, se establece la clausura de esa fase o etapa del proceso no pudiendo retrotraerse el trámite a un periodo o fase anterior.
En autos el recurrente argumenta que no se habría cumplido con las previsiones del art. 117 inc. b) del CPT, referido al requisito de la demanda a identificar la cuantía del proceso. Este aspecto debió ser oportunamente observado por la representación de la entidad demandada y al no haberlo hecho, este aspecto se encuentra subsanado, pues se ha emitido ya Sentencia, estando el proceso en casación, no pudiendo retrotraerse el proceso a un estadio inferior; además que esta presunta omisión, de manera alguna afecta al actor, al no habérsele provocado indefensión, único aspecto por el que se podría determinar la nulidad de obrados, conforme instituye la última parte del art. 105-II del CPC-2013, aplicable al caso por la permisión del art. 252 del CPT.
3.- Respecto de la presunta irretroactividad e inaplicabilidad de las previsiones contenidas en el DS Nº 0522, tanto respecto del pago de los tres quinquenios demandados, como de la imposición de la multa del 30% impuesta en la Sentencia y ratificado en el Auto de Vista, este Tribunal, conforme refirió en la doctrina aplicable al caso, ha relacionado las características de este derecho consolidado que corresponde a los trabajadores y que pueden ejercerlo en cualquier tiempo de la relación laboral, siempre y cuando se hubiese cumplido necesariamente algún quinquenio.
No puede establecerse que esta norma no pudiese aplicarse de manera retroactiva, respecto al reconocimiento y pago de este derecho, emergente de relaciones laborales iniciadas anterior al 26 de mayo de 2010, pues conforme se hizo constar el pago de los quinquenios consolidados, ya se encontraban previstos por la normativa citada supra, “DS Nº 11478, de 16 de mayo de 1974”, mientras que el DS. Nº 522, tan sólo emitió normas procedimentales para efectivizar este derecho (art. 1), sin que hubiese creado o modificado la naturaleza o características del derecho al pago de los quinquenios consolidados, habiendo ratificado la característica de irrenunciable de este derecho y que debe ser cancelado en el plazo perentorio de 30 días de la solicitud de su pago, bajo alternativa de su actualización en UFV’s y pago de la multa del 30%, (arts. 3-IV DS 0522), siguiendo la misma hermenéutica seguida para el pago de los beneficios sociales devengados, previstos por los DS Nos. 22081 de 07 de diciembre de 1988, 23381 de 29 de diciembre de 1992 y 28699 de 1 de mayo de 2006, sin que evidencie vulneración al principio de irretroactividad de la norma, consagrado en el art. 123, al tratarse, conforme se señaló precedentemente, de disposiciones procedimentales para efectivizar un derecho ya reconocido por la normativa vigente al momento de la contratación del demandante.
En ese marco legal, se concluye que los argumentos del recurso no son suficientes para determinar la casación del Auto de Vista y menos aún la nulidad de obrados correspondiendo, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO, el recurso de casación fs. 476-478, interpuesto por Marco Antonio Cauna Bautista, representante de COTEL LTDA., contra el Auto de Vista Nº 105/17 de 24 de abril, cursante de fs. 261 a 262 de obrados, emitido por la Sala Contenciosa y contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado del actor en Bs. 1.000, que mandará pagar el Juez a quo.
1 Auto Supremo Nº 446 de 30 de junio de 2015, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera de este Tribunal Supremo de Justicia.