Source: https://consultas.grupolexa.com/buenos-dias
Timestamp: 2019-09-21 15:12:44
Document Index: 351202894

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 3', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'artículo 82', 'artículo 37']

Consulta LEXA | Buenos Días:
13/02/2019 usuario937
14/02/2019 despacho1
Epígrafe en el que la empresa se encuentre dada de alta en el IAE. Código o códigos CNAE que la empresa tenga declarados.La comunicación de apertura de centro de trabajo a la Autoridad Laboral, donde consta cuál es la actividad económica de la empresa.La inscripción de la empresa en la Seguridad Social.El objeto social definido en la escritura de constitución de la empresa o en sus Estatutos.Las funciones concretas desarrolladas por los trabajadores. - Los materiales empleados en el proceso productivo.Las cifras económicas de la empresa. (…)La plantilla destinada a cada actividad. El tipo de producto utilizado o el principal servicio ofrecido.”
Así, ha sido un criterio que viene manteniendo la jurisprudencia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Recurso nº 923/2015, de 28 de diciembre de 2015
“El legislador ha optado por dar preferencia al resultado de una negociación descentralizada sobre el resultado de una negociación centralizada, en uno y otro caso, entre los “representantes de los trabajadores” y los empresarios, asumiendo como de mayor validez el criterio de la cercanía del representante a la empresa, sobre el de su lejanía, cuando se trata de regular condiciones de trabajo afectantes a determinadas materias”.
Por ello, en cuanto a la cuantía del salario y de los complementos se refiere, puede decirse que opera la regla de prioridad aplicativa en tanto en cuanto la cuantía del salario ha sido fijada por el referido Convenio.
De otro, que el Convenio de empresa sea extraestatutario, en cuyo caso no gozarán de prioridad aplicativa, pudiendo aplicar el Convenio que corresponda según la actividad principal pues carecen de esa eficacia normativa. Y así ha sido reiterado por la jurisprudencia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 7348/2003, de 20 de noviembre de 2003, al señalar lo siguiente:
“Tradicionalmente se ha venido admitiendo que, junto a los convenios colectivos de eficacia general regulados en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, existen otros pactos, también colectivos, negociados al margen de las exigencias y formalidades previstas para los estatutarios; así lo proclamó el Tribunal Constitucional en las sentencias 39/86, 104/87, 9/88 y en la de 8 de junio de 1999, al declarar que "la negociación extraestatutaria está constitucionalmente protegida, al menos cuando quien negocie es un sindicato"; en la sentencia de esta Sala de 8 de junio de 1999 ya se puso de relieve que "el artículo 37.1 de la Constitución ampara por igual a los convenios colectivos estatutarios y a los extraestatutarios", ahora bien, como se dice en nuestra sentencia de 18 de febrero de 2003, la eficacia general se reconoce solamente a los convenios colectivos estatutarios, según lo dispuesto en los artículos 37.1 de la Constitución y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que no es posible una equiparación absoluta de ambas especies de pactos puesto que, dada su peculiar naturaleza y el proceso que se sigue para la negociación, no tienen los extraestatutarios fuerza normativa con carácter de generalidad, sino simplemente obligacional entre quienes los conciertan y sus representados y los que puedan adherirse al pacto. La consecuencia que de todo esto se deduce es que, en el orden jerárquico de fuentes de la relación laboral que contiene el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, el puesto que corresponde a los convenios colectivos extraestatutarios es el tercero, es decir, después de las normas legales y reglamentarias y de los convenios colectivos de eficacia general, situándose al mismo nivel que el contrato de trabajo,”
Así como la Sentencia del Tribunal Supremo 2966/2013, de 14 de mayo de 2013, que se pronuncia en el mismo sentido:
“Los pactos cuestionados, alcanzados en años sucesivos, entre la empresa y la representación de los trabajadores han venido complementando o precisando lo establecido en los sucesivos convenios colectivos estatutarios de aplicación, pero no constituyen, lo que asumen las partes, un verdadero convenio colectivo, sino pactos incluibles entre los denominados extraestatutarios. Como destaca el Ministerio Fiscal en su informe, en el que propugna la desestimación del recurso, los sucesivos pactos tienen una concreta vigencia temporal expresamente pactada, y por su naturaleza extraestatutaria no cabe entenderlos sometidos a "ultra actividad" y no generan condiciones más beneficiosas en los términos del art. 41 ET .
Esta línea interpretativa es la proclamada por la jurisprudencia de esta Sala, como se refleja y sintetiza, entre otras, las SSTS/IV 29-marzo-2010 (rco 37/2009 ) y 12-abril-2010 (rco 139/2009 ). En la primera de ellas se afirmaba que " como recuerda la STS/IV 9-febrero-2010 (rco 105/2009 ), la jurisprudencia social (en interés de ley y luego en casación unificadora y ordinaria) ha abordado la problemática esencial de los pactos o convenios extraestatutarios, -- entre las primeras, en sus SSTS/Social 16- enero-1986 , 30-mayo-1991 (rco 1356/1990 ), 29-septiembre-1993 (rco 880/1992 ), 28-marzo-1994 (rco 3352/1992 ), 22-enero-1994 (rco 2380/1992 ), 17- octubre-1994 (rco 2197/1993 ), 14-noviembre-1994 (rco 708/1993 ), 21-diciembre-1994 (rco 2734/1993 ), 27- marzo-1995 (rco 618/1994 ), 18-julio-1995 (rco 949/1994 ), 13-febrero-1996 (rco 2183/1993 ), 14-febrero-1996 (rco 3173/1994 ), 4- mayo-1995 (rco 346/1992 ), 10-junio-1996 (rco 2582/1995 ), 24-enero-1997 (rco 2833/1995 ), 10-junio-1998 (rco 294/1998 ) --, partiéndose, en esencia, de su regulación por la normativa civil de obligaciones y de su valor convencional (no normativo); de que dichos pactos de eficacia limitada no se integran en el sistema de fuentes de la relación laboral al no estar incluidos en el art. 3.1 ET , lo que comporta una serie de consecuencias derivadas de trascendencia jurídica, entre otras, -- en cuanto más directamente nos afecta --, el que, por su contenido de carácter exclusivamente obligacional, no gozan del efecto de ultraactividad propio de las cláusulas normativas de los convenios colectivos estatutarios ex art. 86.2 y 3 ET”
En segundo lugar, a la hora de aplicar un Convenio Colectivo debe ser tenido en cuenta tanto el ámbito funcional de cada uno de ellos ya que éste hace referencia a los sectores, sector o rama de actividad económica y productiva, empresa, entre otros, como el ámbito personal el cual se referirá a las clases o grupos de trabajadores a los que el Convenio resulta de aplicación o no. Y así lo determinan los artículos 82.2 y 83.1 ET, en los siguientes términos:
“Artículo 82
2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad”
“Artículo 83
Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden”
Pues, siendo criterio unánime la delimitación de la actividad principal conexa con el ámbito funcional, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 313/2017, de 6 de abril de 2017, que señala lo siguiente:
“Para la determinación de cuál sea el Convenio Colectivo aplicable,(…), cabe examinar el ámbito funcional de los convenios implicados”
En vuestro caso, se contemplan dos posibilidades concurrentes al caso planteado:
1. Existencia de un Convenio Colectivo Estatutario, recogido y regulado en el artículo 82 ET, cuyo contenido y eficacia se va a extender a nivel general.
2. O bien, presencia de un Convenio Colectivo Extraestatutario, el cual no se ajusta a lo recogido y regulado en el propio Estatuto sino que opera bajo el amparo del derecho a la negociación colectiva del artículo 37.1 CE. Por ello, en cuyo caso, no va a desplegar igual eficacia, al no gozar de la prioridad aplicativa reconocida y que caracteriza al primero.
En el primer caso, habida cuenta de la regla de prioridad aplicativa del Convenio Colectivo de empresa de carácter estatutario, habrá varios conceptos, legalmente establecidos, que podrán ser negociados, entre ellos, el referido a la materia salarial por ende existiendo un Convenio Colectivo de este tipo, la aplicación de éste en las materias que contempla, va a tener una prioridad aplicativa. Por tanto, al contemplarse tal posibilidad, las materias en él reguladas van a ostentar una prioridad aplicativa a pesar de que las tarifas resulten elevadas y con cargas sociales, dado que han sido resultado de una previa negociación.
En el segundo caso, si se tratase de un Convenio Colectivo extraestatutario, éste no va a gozar de eficacia normativa, pudiendo aplicar el Convenio que corresponda según la actividad principal y concurrente con su ámbito correspondiente. Sin embargo, esto constituiría un cambio en las condiciones aplicables que habría de articularse mediante una Modificación sustancial.
Lo que desde luego no puede hacerse, es escoger el Convenio que a la empresa más convenga, y aplicarlo por decisión unilateral de la dirección, ya que primero debe aplicarse el Convenio sectorial que corresponda a la empresa en función de cual sea la actividad principal de esta, y en aquellas materias sobre las que tiene prioridad la aplicación del Convenio de empresa, habrá de aplicarse éste.