Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-335-13.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:35:22
Document Index: 165725292

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 94', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 62', 'artículo 639', 'Artículo 119', 'Artículo 288', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 193', 'Artículo 195', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 154', 'artículo 117']

C-335-13
Sentencia C-335/13
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Exequibilidad
En primer lugar, las sanciones sociales no requieren estar consagradas necesariamente por el ordenamiento jurídico, sino que surgen en la sociedad como formas de control social informal en la familia, la educación, la cultura y las relaciones sociales, por esta razón no tienen que ser tipificadas ni se encuentran sometidas al principio de legalidad. En segundo lugar, las sanciones sociales no son penas estatales, sino mecanismos de condicionamiento social que buscan que el sujeto imite o repita las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y evite cometer las que tengan consecuencias negativas al interior de la propia sociedad, a través de mecanismos que son impuestos en la familia, la educación, el trabajo o las interacciones sociales, pero que no dependen del Estado, pues son informales. En este sentido, los mecanismos de control social informal son plenamente válidos en un Estado social de Derecho, pues no implican la privación de derechos fundamentales, sino que simplemente tienen por objeto aplicar estímulos o desestímulos a conductas socialmente relevantes. En este sentido, las “sanciones sociales” a las que se refiere la expresión demandada no se dirijan a la descalificación de personas en concreto, ni a la afectación de sus derechos, sino que se trata de medidas para reforzar la desaprobación social de conductas de discriminación y violencia contra las mujeres. En tercer lugar, la norma demandada tampoco vulnera los artículos 113, 116, 228 y 229 de la Constitución Política que establecen la titularidad del Estado de la administración de justicia, pues por el contrario permite que se establezcan mecanismos para mejorar esta función. En este campo, las sanciones sociales son complementos muy importantes de los instrumentos de control social formal pues: (i) facilitan el aprendizaje de la lesividad de la discriminación y la violencia al interior de la familia, la educación y de las relaciones sociales, (ii) reprimen desde la propia educación comportamientos discriminatorios o violentos, y (iii) facilitan la denuncia generando respuestas inmediatas en otros miembros de la sociedad de apoyo a las víctimas y de divulgación de los abusos a la justicia y a los medios de comunicación. Por lo anterior, la norma tampoco pone en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos, pues las sanciones sociales no implican la privación de derechos fundamentales, sino la desestimulación de conductas lesivas para la sociedad, mediante respuestas de intolerancia hacia la violencia y la discriminación. En este sentido, las sanciones sociales son procesos normales propios del control social informal que son aplicados en todas las sociedades y que son independientes del control social formal del Estado. Finalmente, la expresión demandada no vulnera el principio de culpabilidad, pues no consagra sanciones, sino que permite que aquellas que se generen al interior de la sociedad tengan una mayor eficacia.
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Definición
La "discriminación contra la mujer" se ha definido a nivel internacional como toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición/VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Modalidades
La violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer tiene diversas modalidades que han sido definidas por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas: La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Relación
La discriminación y la violencia están íntimamente ligadas, pues la primera tiene un componente afectivo muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo cual la discriminación causa violencia y la violencia a su vez es una forma de discriminación, generando actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad humana de muchos grupos de la sociedad. La discriminación y la violencia contra la mujer están a su vez fundados sociológicamente en prejuicios y estereotipos de género que han motivado la idea de la independencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre y de la emotividad, compasión y sumisión de la mujer, situación que ha causado una desafortunada discriminación de las mujeres en roles intelectuales y de liderazgo que históricamente ha sido reforzada mediante la violencia, a través de la agresividad masculina aprendida en la infancia como estereotipo y luego desarrollada como forma de dominación.
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA-Reseña histórica
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Protección a través de mecanismos internacionales
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA MUJER EN COLOMBIA-Desarrollo normativo
CONTROL SOCIAL-Definición
El control social se define como el conjunto de formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indeseables de una u otra manera.
SANCION SOCIAL-Definición
La sanción social es una forma de control social de reaccionar a un comportamiento y es definido por la sociología como cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma.
CONTROL SOCIAL-Tipos
Este control puede ser a su vez formal o informal: el formal se ejercita a través de instancias formales específicamente concebidas y disciplinadas para el control como la policía, los tribunales de justicia, la cárcel, mientras que el informal opera mediante el condicionamiento de los miembros del grupo social, de adaptarle a las normas sociales a través de un largo y sutil proceso que comienza en sus núcleos primarios (familia), pasa por la escuela, la profesión y la instancia laboral, interiorizando el individuo las pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos.
IUS PUNIENDI-Corresponde al Estado/IUS PUNIENDI-Titularidad
Cuando las sanciones formales se aplican por el Estado corresponden al llamado Ius Puniendi, que se utiliza para perseguir y sancionar aquellas conductas que atentan contra bienes jurídicos estimados valiosos o causan daño a los derechos de los asociados. El Estado, como titular del ius puniendi, es el llamado a fijar los lineamientos de la política criminal que han de aplicarse para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores, derechos y garantías ciudadanas, tomando como referente válido las circunstancias históricas del momento y las diversas situaciones de orden coyuntural que se generan al interior de la comunidad, atribuibles a una dinámica social, política, económica e incluso cultural de permanente cambio y evolución.
CONTROL SOCIAL FORMAL Y CONTROL SOCIAL INFORMAL-Relación
La relación entre el control social formal y el control social informal es integral, siendo mecanismos complementarios para contrarrestar los comportamientos que atacan a la sociedad: el control social informal realizado a través de la familia, la educación y la cultura es fundamental para difundir las normas propias del control social formal y asegurar su aplicación, pues si éstos no operan se genera una anomia que produce el desconocimiento o el rechazo a la norma. Así mismo, los mecanismos de control social formal complementan al control informal, pues establecen sanciones mucho más fuertes que garantizan la prevención general de las conductas más lesivas a la sociedad. En conclusión, la relación entre los mecanismos de control social formal e informal es interdependiente, pues el éxito de unos depende completamente de los del de los otros: un control social formal sin uno informal eficaz genera anomia y un control social informal sin uno formal no tiene la coercibilidad suficiente como para ser eficiente.
1.1. El dieciséis (16) de noviembre de 2012, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano EDISON HERNANDO ACOSTA BECERRA, demandó la expresión “medidas para fomentar la sanción social” consagrada en el numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008. A esta demanda se le asignó la radicación D- 9415.
1.3. El ciudadano Edison Hernando Acosta Becerra, considera que la expresión “medidas para fomentar la sanción social” consagrada en el numeral 5º del artículo 9 de la Ley 1257 de 2008 vulnera el preámbulo y lo artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la Constitución, por las siguientes razones:
1.4.2.6. Manifiesta que la expresión “sanción social” que contiene la norma demandada se debe entender en su acepción sociológica donde es considerada como un término para describir las diferentes reacciones sociales frente a determinados comportamientos negativos, los cuales necesariamente reciben una sanción social pero no siempre una sanción jurídica.
1.4.3.2. Señala que el actor interpreta de manera incorrecta la expresión “sanción social” al considerarla como una sanción penal y por esa razón las conclusiones a las que llega el demandante son erróneas. De acuerdo a lo anterior, el representante de la Defensoría del Pueblo señala que debido a la incorrecta interpretación del actor la demanda está viciada ya que no recae sobre un contenido real.
1.4.4.5. Indica que no se puede entender la “sanción social” como una herramienta para facilitar la justicia aplicada por particulares, pues el objetivo real de este tipo de sanción es iniciar cambios culturales dentro de la sociedad haciendo visibles estas conductas violentas y discriminatorias contra la mujer.
1.4.5.6. Manifiesta que la expresión demandada es legítima frente a los parámetros de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y las recomendaciones del Comité de la misma Convención, ya que el fin de la norma es la sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer. Así mismo, indica que la norma es conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos humanos que buscan prevenir y erradicar dichas conductas.
1.4.5.8. Recuerda que, la Relatora para los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana, ha señalado que en la región se requiere el fortalecimiento de las políticas de prevención con un enfoque integral, así por ejemplo son conducentes las “medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar los derechos de las mujeres en materia civil, política, económica, social, cultural, sexual y reproductiva”, así como son pertinentes las “iniciativas para difundir la información disponible al público general en un formato sensible a las necesidades de una diversidad de audiencias y poblaciones de distintos niveles económicos y educacionales y de diferentes culturas y lenguajes. La seguridad y la privacidad de las víctimas deben constituir una prioridad en este proceso de difusión”
1.4.6.2. Manifiesta que la demanda no cumple con los requisitos que la misma Corte Constitucional ha solicitado para poder emitir un fallo de fondo en una demanda de inconstitucionalidad según la sentencia C-013 de 2010, que señala que “la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que para poder pronunciarse de fondo en una demanda de inconstitucionalidad es necesario que esta contenga cargos que sean “claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes””.
2.1. Manifiesta que de acuerdo al numeral 4° del artículo 241 de la Constitución, al artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y a la jurisprudencia constitucional, en especial la Sentencia C-1052 de 2011, la demanda de inconstitucionalidad sub examine no cumple con los requisitos sustanciales mínimos que permiten y justifican activar la jurisdicción constitucional.”[1]
2.4. Indica igualmente que los argumentos no van en contra de la expresión demandada sino que se dirigen contra una deducción hecha por el actor según la cual “el hecho de que el Gobierno Nacional deba implementar “medidas para fomentar la sanción social […] de las prácticas discriminatorias y violencia contra las mujeres” equivale a otorgar una competencia amplia y general al Gobierno Nacional para sancionar estas prácticas sin ninguna consideración por lo establecido en la Ley o que la sociedad o los particulares puedan juzgar y sancionar estas conductas de cualquier forma”[2]
2.6. Señala que esos argumentos son ““vagos, indeterminados, indirectos, abstractos, y globales [,] que no se relacionan concreta y directamente” (Sentencia C-1052 de 2011)”[3] frente a la expresión que se demanda ya que se derivan de principios o normas constitucionales que no se relacionan con el problema jurídico que plantea.
3.2.3. En este caso, el actor indicó con precisión el objeto demandado, el cual corresponde a la expresión “medidas para fomentar la sanción social” contemplada en el numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008; señaló las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente y; explicó el concepto de la violación al expresar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la Constitución, por cuanto considera que permite la aplicación directa de sanciones por la sociedad, lo cual vulneraría el principio de legalidad y la seguridad jurídica al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos.
En torno al significado de la expresión sanción social debe señalarse que la misma corresponde a “cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma”[6], lo cual comprende las sanciones impuestas directamente por el conglomerado social (control social informal)[7], por lo cual el actor no confundió la sanción social con el régimen penal, sino que dirigió su reproche directamente a cuestionar que puedan existir mecanismos de sanción social distintos al Derecho penal a través de los cuales se puedan imponer sanciones sin cumplir estrictamente con los principios de legalidad, culpabilidad y debido proceso. En este sentido, las sanciones sociales corresponden a reacciones de la comunidad y no conllevan una sanción que limite derechos fundamentales sino un reproche, una reacción negativa de la comunidad a una determinada práctica.
En este sentido, la suficiencia hace referencia simplemente a que las razones de las demanda “contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado”[8]. Por lo anterior, la Corte Constitucional en una línea consolidada y reiterada muy recientemente[9] ha señalado que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo para privilegiar la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte:
“3.3. No obstante, también ha resaltado, con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[10]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[11]; en tal medida, “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”[12]
El ciudadano Edison Hernando Acosta Becerra, considera que la expresión “medidas para fomentar la sanción social” consagrada en el numeral 5º del artículo 9 de la Ley 1257 de 2008 vulnera el preámbulo y lo artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la Constitución, por cuanto considera que permite la aplicación directa de sanciones por la sociedad, lo cual vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica al no determinarse los criterios para la imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos al permitirse que los particulares apliquen estas sanciones.
3.4.1.1. La "discriminación contra la mujer" se ha definido a nivel internacional como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”[13].
3.4.1.2. Por su parte, la violencia contra la mujer se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”[14]. La violencia contra la mujer tiene diversas modalidades que han sido definidas por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas:
“108. Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”[19].
“La incapacidad de los hombres para desempeñar su papel tradicionalmente machista de proveedores de sustento conduce al abandono familiar, la inestabilidad en las relaciones o al alcoholismo, lo que a su vez hace más probable que se recurra a la violencia. Incluso los casos de violación y asesinato pueden interpretarse como intentos desesperados por aferrarse a normas discriminatorias que se ven superadas por las cambiantes condiciones socioeconómicas y el avance de los derechos humanos”[21].
3.4.1.7. Pero además, tal como lo destacó la Recomendación General No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, posición también señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[24]. Al respecto, se ha reconocido que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de la prohibición de no discriminación derivada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por ello su eliminación ha sido un compromiso de la comunidad internacional[25].
La mujer ha padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo[27]. Hasta hace solamente algunas décadas, las mujeres en Colombia tenían restringida su ciudadanía, se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia, entre otras limitaciones[28].
(i) En materia civil, el Código Civil señaló que la niña que contraía matrimonio siempre se encontraba sometida a la repre­sen­tación legal de otro hombre: primero de su padre, después de su mari­do[29] . Se entendía que el padre “faltaba”, entre otras razones, cuando se le había privado de la patria potestad; en cambio, se entendía que la madre “faltaba” cuando se le había inha­bi­li­tado para intervenir en la educación de sus hijos “por su mala conduc­ta”.[30] Adicionalmente, la madre tenía la patria potestad tan sólo en caso de la ausencia del padre.[31]
(ii) En materia de familia, las diferencias entre los cónyuges eran muy claras. Mientras el marido le debía “protec­ción” a la mujer, ésta le debía “obediencia” a aquél.[32] La mujer, además de no compartir la patria potestad sobre sus hijos, estaba some­tida a la potestad marital,[33] y tenía obligaciones específicas de “seguirlo”, sin que estas fueran recíprocas; tan sólo se le daba el derecho a ser admitida en la casa del marido.[34] Por otro lado, la capacidad de la mujer en el manejo de los bienes era limitada, mientras que los hombres, desde los 18 años, ya no requerían curador para admi­nistrar su sociedad conyugal.[35]
(iii) En el campo laboral, la posibilidad de trabajar de toda mujer casada se encontraba some­tida a la autorización del marido. El que una mujer ostentara pública­mente la condición de trabajadora, es decir, que ejerciera una profesión o un oficio de forma reco­no­­cida, otorgaba a la mujer una condición especial en la sociedad; se entendía tácitamente autorizada por su marido, a menos que éste se manifestara en contra.[36]
“La violencia contra la mujer suele estar vinculada con causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas, que operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada como una persona vulnerable y, en esa medida, sujeto de especial protección tanto en el derecho internacional como en el ordenamiento jurídico interno de los Estados”[41].
“El 72.5 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de control por parte de su esposo o compañero y el 26 por ciento es víctima de violencia verbal. El 37 por ciento de las mujeres de Colombia sufre algún tipo de violencia física por parte de su pareja, este porcentaje disminuyó dos puntos porcentuales con respecto al 2005. Las agresiones más comunes son: empujones, golpes con la mano, patadas y violación. Entre quienes sufren violencia física por parte de su esposo o compañero un 10 por ciento señala haber sido violada por él. Un 6 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual”[42].
En este sentido, esta Corporación ha expresado que se han identificado “un número significativo de riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, que son a su vez factores específicos de vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina, en el marco de la confrontación armada interna colombiana. Dentro de esos riesgos detectados, por su relación con este caso, se destacan: “…) (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social”[44].
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”[45].
3.5.1.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla diversas disposiciones en contra de la discriminación en las cuales cabe señalar el artículo 3º que señala que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”[46] y el artículo 20 según el cual: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”[47].
3.5.1.3. La Convención Americana de Derechos Humanos señala por su parte que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”[48]. Adicionalmente, esta convención también establece que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”[49].
3.5.2.1. El 7 de noviembre de 1967 se aprobó en el seno de las Naciones Unidas la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la cual se declaró que la discriminación contra la mujer es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre[50].
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”[58].
3.5.3.4.Así mismo, señala que se deberán adoptar medidas para impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, tales como “a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella”[64].
3.5.3.8.Medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y en especial: “a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.”[68].
El 20 de diciembre de 1993 en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”[70].
Por su parte, también se reitera que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole: “a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la igualdad 7/; c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; d) El derecho a igual protección ante la ley 7/; e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/; f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar 9/; g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/; h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 11/”[71].
3.5.5.2. El documento hace énfasis en la existencia de graves situaciones de discriminación en la educación[85], la salud[86], el trabajo[87], la sociedad y la economía[88], por ello señala que “La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”[89].
3.5.5.4. En virtud de lo anterior, el informe exige la adopción de múltiples medidas como “Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad”[91].
3.5.6.1. El 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Esta convención comienza por definir la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[92]. Así mismo señala las formas en las cuales se presenta la violencia contra la mujer:
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”[93].
h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”[94].
3.5.7.1.La Recomendación General No. 12 sobre Violencia contra la mujer en la cual se exige a los Estados Partes que se incluya en sus informes periódicos información sobre: “1. La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.); 2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia; 3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos; 4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia”.
3.5.7.2.La Recomendación General No. 13 sobre “Igual remuneración por trabajo de igual valor”, en la cual se alienta a los Estados Partes que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio Nº 100 de la OIT, a fin de aplicar plenamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
3.5.7.6.La Recomendación General Nº 17 sobre medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto que recomienda a los Estados Partes para que Alienten y apoyen las investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer.
3.5.7.7.La Recomendación General Nº 18 sobre mujeres discapacitadas que “Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación y de empleo, servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la vida social y cultural”
3.5.7.8.La Recomendación General no. 19 sobre violencia contra la mujer que comienza por reconocer que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre[95]. En relación específica con la violencia la comisión recomendó que “los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”.
3.5.7.10. La Recomendación General Nº 23 sobre “vida política y pública” aconseja a los Estados parte que tomen las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: “a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país”.
3.6.1. La Ley 8ª de 1922 comenzó con un reconocimiento legislativo de los derechos civiles y patrimo­niales de la mujer[99], declarando que la mujer casada tiene la administración y uso libre de los bienes (1) “determinados en las capitula­ciones matrimoniales” y (2) “los de su exclusivo uso personal, como sus ves­ti­dos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges, cualquiera que sea su valor.”[100] Adicionalmente, la Ley reconoció a las mujeres, a la par con los hombres, la posibilidad de ser testigos en los actos de la vida civil[101].
3.6.2. La Ley 28 de 1932, realizó diversas modificaciones que hicieron que de una familia caracterizada por el gobierno y la admi­nis­tración del padre y la incapacidad de la mujer, representada jurídi­camente por su marido, se pasara a una familia en la que la mujer también era capaz, ya no la representaba el marido, y la administración de los bienes era conjunta.[102]
3.6.3. El Decreto 1972 de 1933 que permitió a las mujeres acceder a la Universidad: “Las señoritas que aspiren a obtener certificado de segunda enseñanza de cultura general y de ingreso a las Facultades universitarias, deberán hacer sus estudios, o en el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, o en las Escuelas Normales Departamentales, o en los colegios particulares o privados, siempre que éstos últimos establezcan el plan de estudios de que trata el artículo 3º de este Decreto. Las alumnas provenientes de establecimientos particulares deberán presentar su examen de cultura general, en el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, o en las Escuelas Normales, como lo prescribe el Decreto número 1575 de 1929, para tener derecho al examen de admisión en las Universidades, y al certificado oficial de institutoras”[103].
3.6.8. El Decreto 2820 de 1974, “por el cual se otorgan iguales de­re­­­chos y obligaciones a las mujeres y a los varones”, en uso de las facul­ta­des conferidas por la Ley 24 de 1974 reformó varios artículos del Código Civil en aras de eliminar las diferencias contempladas por el Código en varios aspectos.[105] Este Decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, la de vivir con él y la de seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia.
3.6.9. El artículo 94 Decreto Ley 999 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido del esposo: “La mujer casada podrá proceder, por medio de escritura pública, a adicionar o suprimir el apellido del marido precedido de la preposición "de", en los casos en que ella lo hubiere adoptado o hubiere sido establecido por la ley”[106].
3.6.19. La Ley 1009 de 2006 creó el observatorio de asuntos de género con carácter permanente a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el objeto de “identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia”[139].
“(i) El artículo 1º de la Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. (ii) El artículo 2º consagra como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y dispone inequívocamente que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (iii) El artículo 5º dispone que el Estado “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”. (iv) El artículo 13 establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”, y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, así como a adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. (v) El artículo 22 consagra el derecho a la paz. (vi) Y el artículo 43 dispone inequívocamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”, y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”, obligando al Estado a prestar especial protección a la maternidad y a las mujeres cabeza de familia”[166].
3.8.1. El control social se define como el conjunto de «formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indeseables de una u otra manera»[167]. Por su parte, la sanción social es una forma de control social de reaccionar a un comportamiento y es definido por la sociología como “cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma”[168].
3.9.1.3. Las sanciones sociales corresponden a “cualquier tipo de reacción que tienen los demás ante el comportamiento de un individuo o grupo y que pretende garantizar que se cumpla una determinada norma”[180]. Estas sanciones pueden ser formales o informales
(i) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados parte: “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer”[181]. Por su parte, en relación con la discriminación exige: “a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil”[182].
(ii) La Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer exige a los Estados parte “Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia”[183].
(iii) La Cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en Beijing (China) señala que los Gobiernos deben adoptar: “Medidas que han de adoptar los gobiernos: (…) Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad”[184] así mismo “Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias”[185].
h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”[186].
(vi) La recomendación general no. 19 sobre violencia contra la mujer exige a los Estados que : “adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo”[188].
En este sentido, “si bien no existen cifras unificadas sobre la violencia sexual en Colombia ni sobre la magnitud del subregistro, varias encuestas han intentado mostrar la dimensión del problema. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud[191] señaló que el 73% de las mujeres maltratadas físicamente no denunciaron la violencia a la cual se vieron enfrentadas (PROFAMILIA, 2010, p. 388). Para la Defensoría del Pueblo[192], el 70% de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7% de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión (2008, pp. 164 y 176). Específicamente en materia de violencia sexual en el conflicto armado, la Primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual impulsada por OXFAM y realizada por la Casa de la Mujer encontró que el 82,1% de las mujeres encuestadas no denunciaron los hechos de los que fueron víctimas (2010, p. 26).”[193].
A LA SENTENCIA C-335 DE 2013
SANCIONES SOCIALES COMO MEDIDAS PARA PREVENIR LAS PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Procedencia siempre que respeten la Constitución, la Ley y los derechos fundamentales (Aclaración de voto)
Si bien este Magistrado comparte la sentencia en cuanto a la propuesta de exequibilidad de la expresión “medidas para fomentar la sanción social” contemplada en el numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008 por los cargos analizados, considero necesario presentar una aclaración en cuanto al alcance y límites constitucionales de las denominadas sanciones sociales de que trata la norma acusada, pues se ha debido realizar un mayor análisis y énfasis constitucional respecto de que las sanciones sociales o la sanción social informal, es constitucional siempre y cuando, se cumpla con la condición categórica e imperativa, o con el requisito sine qua non, de que dichos reproches o medidas adoptadas por la sociedad en general, en el seno de los diferentes grupos, comunidades o sectores sociales, se enmarquen estrictamente dentro de las fronteras y los límites que plantea el respeto de los valores, principios y derechos fundamentales de la Constitución y de la ley. Así pues, se debió expresar clara y ampliamente, que desde el punto de vista constitucional, no son admisibles prácticas de sanción social que terminen por reemplazar la sanción social formal o institucional del Estado, que impliquen justicia privada, o que vulneren los derechos fundamentales de las personas que se acusan de violar los derechos de las mujeres.
REF.: Expediente: D-9415
José Ignacio Pretelt Chaljub
Con el debido respeto por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia, con fundamento en las consideraciones que paso a exponer a continuación:
1. En esta sentencia la Corte decidió declarar la exequibilidad de la expresión “medidas para fomentar la sanción social” contemplada en el numeral 5º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008 por los cargos analizados. Los argumentos esgrimidos en contra de la expresión acusada se presentaron por vulnerar el Preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113, 116, 228 y 229 de la Constitución Política, al considerar que la aplicación de sanciones sociales vulneraba los principios de legalidad y seguridad jurídica.
2. La sentencia hace mención (i) a la discriminación y la violencia contra las mujeres; (ii) la protección de la mujer contra la discriminación y la violencia a nivel internacional, mediante mecanismos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la mujer -1967-, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer -1979-, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer -1993-, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer -1995-, la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer -1994-, las recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas; (iii) la evolución del reconocimiento de los derechos de las mujeres en Colombia; (iv) la protección de la mujer por la jurisprudencia constitucional, como sentencias sobre fuero laboral, licencias de maternidad, protección reforzada a mujeres cabeza de familia, miembros de minorías étnicas y víctimas del conflicto armado, entre otros; y (v) termina mencionando la naturaleza del control social y las sanciones sociales en el Estado Social de Derecho.
Al respecto, en este fallo se concluye que la expresión demandada es constitucional por cuanto (i) el control social en un Estado constitucional de Derecho es tanto de tipo formal como informal. El primero de ellos hace parte del ius puniendi del Estado y es totalmente legítimo, y el segundo, hace parte de la ética, la cultura, la educación, que se refuerza en los espacios de la familia, el colegio y las diferentes expresiones comunitarias de la sociedad. En relación con el control social informal y las sanciones que éste puede imponer, tales como el reproche social o la intolerancia frente a actos de discriminación contra la mujer, el fallo concluye que es plenamente constitucional, y menciona marginalmente que lo anterior es así, siempre y cuando este tipo de manifestaciones de sanción social sean respetuosas de la Constitución, la ley y los derechos humanos.
3. Así las cosas, si bien este Magistrado comparte la sentencia en cuanto a la propuesta de exequibilidad de la expresión demandada, y en cuanto al desarrollo considerativo y motivo de la misma, ya que se realiza un recuento bastante completo y suficiente respecto de la discriminación histórica que ha sufrido la mujer, y el proceso de reconocimiento de sus derechos a nivel internacional y a nivel interno; así como también respecto de las apreciaciones que se desarrollan en relación con el concepto de control social y su legitimidad dentro de un Estado Social de Derecho; considero necesario presentar una aclaración en cuanto al alcance y límites constitucionales de las denominadas sanciones sociales de que trata la norma acusada.
A este respecto, considero que en la sentencia se ha debido realizar un mayor análisis y énfasis constitucional respecto de que las sanciones sociales o la sanción social informal, es constitucional siempre y cuando, se cumpla con la condición categórica e imperativa, o con el requisito sine qua non, de que dichos reproches o medidas adoptadas por la sociedad en general, en el seno de los diferentes grupos, comunidades o sectores sociales, se enmarquen estrictamente dentro de las fronteras y los límites que plantea el respeto de los valores, principios y derechos fundamentales de la Constitución y de la ley. De esta manera, encuentro que se debió expresar clara y ampliamente, que desde el punto de vista constitucional, no son admisibles prácticas de sanción social que terminen por reemplazar la sanción social formal o institucional del Estado, que impliquen justicia privada, o que vulneren los derechos fundamentales de las personas que se acusan de violar los derechos de las mujeres. En este punto, considero que la Corte debe tener mucha prudencia con avalar las sanciones sociales de manera general, y ser muy categórica al afirmar que las prácticas de sanción social informal son aceptables dentro de un marco y contexto muy estricto que es el que fija el Estado Social democrático y Constitucional de Derecho, esto es, si y solo si no resultan de ninguna forma y manera contrarias o violatorias de la Constitución, de la ley y de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, incluyendo los de los sospechosos, imputados o procesados por delitos en contra de los derechos de las mujeres.
Con base en las consideraciones expuestas aclaro mi voto a la presente providencia judicial.
A LA SENTENCIA C-335/13
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Se debía considerar con mayor detenimiento la relación y las diferencias que existen entre los conceptos de “control social” y “sanción social”, así como las afectaciones a derechos fundamentales que pueden llegar a derivarse del recurso a sanciones sociales y los límites que éstas deben respetar para ser constitucionalmente admisibles (Aclaración de voto)
CONTROL SOCIAL Y SANCION PENAL-Distinción (Aclaración de voto)
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Debieron fijarse los límites al tipo de sanciones sociales que el Gobierno Nacional podrá fomentar (Aclaración de voto)
MEDIDAS PARA FOMENTAR LA SANCION SOCIAL Y DENUNCIA DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-Cuestión planteada en este juicio de constitucionalidad obligaba a tomarse en serio no sólo el propósito de poner fin a la discriminación y violencia en contra de las mujeres, sino además el cuidadoso examen de los medios que la sociedad está dispuesta a utilizar y la Constitución le permite emplear para lograr tal propósito (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-9415
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, a continuación expongo las razones que me llevan a aclarar el voto.
Como bien se identifica en la sentencia, el problema jurídico que plantea esta demanda es “si es posible que existan en un Estado Social de Derecho mecanismos de control social informal que permitan la aplicación de sanciones directamente por la sociedad”. La respuesta a este problema requería considerar con mayor detenimiento la relación y las diferencias que existen entre los conceptos de “control social” y “sanción social”, así como las afectaciones a derechos fundamentales que pueden llegar a derivarse del recurso a sanciones sociales y los límites que éstas deben respetar para ser constitucionalmente admisibles.
Aunque esta sentencia asume como punto de partida la distinción entre “control social” y “sanciones sociales”, en el desarrollo de la argumentación termina por equiparar ambos conceptos cuando, por el contrario, deberían ser distinguidos. El control social incluye mecanismos de muy diverso tipo, ejercidos en el seno de varias instituciones (familia, escuela, trabajo, iglesia, asociaciones, etc.) orientados a reforzar los valores y normas que ordenan la convivencia social. Como se indica en la sentencia, éste incluye estrategias que van desde la socialización, la prevención, la imposición de consecuencias positivas (premios, ascensos, distinciones), hasta la imposición de consecuencias negativas y represivas.
El concepto de “sanción social” sirve para nombrar a estos mecanismos de control social orientados en esta última dirección, es decir, aquellos que buscan desincentivar la comisión de una conducta dañina a través de la imposición de una consecuencia negativa a quien es señalado como responsable de cometerla. Aunque el concepto de “sanción” admite ser utilizado no sólo en un sentido “negativo” (privación de un bien a quien es señalado como responsable de cometer una conducta dañosa), sino también en sentido “positivo” (otorgamiento de un bien a quien realiza una conducta valiosa), lo cierto es que tanto en la teoría jurídica como en el lenguaje ordinario el concepto de sanción suele emplearse en su sentido negativo[200].
Al traer esta distinción al tema objeto de controversia, se concluye que la promoción de sanciones positivas, tales como el establecimiento de estímulos, premios o algún tipo de distinciones para quienes realicen labores meritorias para erradicar las prácticas de discriminación y violencia contra la mujer, no merece ningún reparo constitucional. El problema que no se aborda en la sentencia es el impacto en los derechos fundamentales que puedan llegar a tener las sanciones negativas. Si se tiene en cuenta que, por definición, estas últimas implican la privación de bienes (que pueden estar protegidos por derechos fundamentales), y que su cumplimiento descansa, a su vez, en la posibilidad del uso de la coacción para hacerlas efectivas, no es posible excluir de manera categórica, como se afirma en la sentencia, que el recurso a las sanciones informales pueda llegar a afectar derechos fundamentales.
Sobre este riesgo llama la atención Luigi Ferrajoli cuando señala que la justificación del castigo estatal no puede estar cifrada tan sólo en el fin de prevenir delitos, sino también de otro tipo de mal que suele ser olvidado o subestimado:
“Este otro mal es la mayor reacción – informal, salvaje, espontánea, arbitraria, punitiva pero no penal – que a falta de penas podría provenir de la parte ofendida o de fuerzas sociales o institucionales solidarias con ella. Es el impedir este mal, del que sería víctima el reo o incluso personas ligadas a él, lo que representa (…) el segundo y justificador fin del derecho penal. Pretendo decir que la pena no sirve sólo para prevenir los injustos delitos, sino también los castigos injustos; que no se amenaza con ella y se la impone sólo ne peccetur, sino también ne punietur; que no tutela sólo a la persona ofendida por el delito, sino también al delincuente frente a reacciones informales, públicas o privadas”[201]
Si se admite que no sólo el derecho penal sino, en general, el derecho sancionador comparten el doble fin de prevenir tanto la violencia social procedente de los delitos y de las faltas, como la violencia que puede desencadenar la reacción social desproporcionada contra aquellos, es posible comprender por qué el sometimiento de la coacción y de la sanción (en tanto implica de manera latente o efectiva a la primera) a los límites establecidos por el Derecho y su progresivo monopolio en manos del poder público representa una importante conquista civilizatoria que no debería ser subestimada.
En ese orden de ideas, al abordar el control constitucional de normas que proponen estimular el uso de sanciones sociales como mecanismo para reforzar la efectividad de las sanciones legales ya previstas en contra de la violencia de género, no debe obviarse el riesgo de que, en aras de alcanzar un fin cuya legitimidad está fuera de duda, aquellos límites a la reacción social contra conductas socialmente dañosas puedan llegar a ser desbordados[202].
Por tanto, debería haber sido acogida la recomendación formulada por la Universidad del Rosario en su intervención, en el sentido de fijar los límites al tipo de sanciones sociales frente a las conductas de discriminación y violencia contra la mujer que el Gobierno Nacional podrá fomentar. Entre estos límites debieron considerarse los siguientes:
a) Procurar que las “sanciones sociales” a las que se refiere la expresión demandada no se dirijan a la descalificación de personas en concreto, sino que se trate de medidas para reforzar la desaprobación social de conductas de discriminación y violencia contra las mujeres. Este límite se justifica para evitar que los poderes públicos, en este caso el Gobierno Nacional, estimulen formas de sanción social difusa que, en aras de lograr el fin legítimo de promover una cultura de respeto por la equidad de género y evitar que se naturalicen patrones de discriminación y violencia contra las mujeres, patrocinen reacciones de repudio desproporcionadas que conduzcan al ostracismo, al linchamiento físico o moral de los infractores y, por esta vía, a la victimización de los victimarios.
b) Estimular el recurso a sanciones positivas o bien otras formas de control social no sancionatorias. De hecho, buena parte de los ejemplos que se incluyen en la sentencia no constituyen medidas sancionatorias en sentido propio (sanciones negativas), sino más bien medidas de control social más amplias o, incluso, medidas que estimulan no el uso de sanciones sociales difusas sino el recurso a los mecanismos de investigación y sanción formal previstas en el ordenamiento jurídico.
En definitiva, la cuestión planteada en este juicio de constitucionalidad obligaba a tomarse en serio no sólo el propósito de poner fin a la discriminación y violencia en contra de las mujeres, sino además el cuidadoso examen de los medios que la sociedad está dispuesta a utilizar y la Constitución le permite emplear para lograr tal propósito.
[4] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.”
[5] Ver entre otras las Sentencias de la Corte Constitucional: C – 480 de 2003, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; C – 675 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C – 647 de 2010, M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y C – 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[6] Gid. 269.
[7] GIDDENS, Anthony: Sociedad, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pág. 269.
[8] Sentencias de la Corte Constitucional C-929 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-149 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-646 de 2010, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-819 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-913 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C- 055 de 2013, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[9] Sentencia de la Corte Constitucional C - 892 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] Sentencia de la Corte Constitucional C- 012 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11] Sentencia de la Corte Constitucional C- 814 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[12] Sentencias de la Corte Constitucional C- 413 de 2003, M.P. Rodrígo Escobar Gil y C-892 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] WORCHEL, S.: Psicología. Prentice Hall, Madrid, 2001, 661; HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicologia social, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, 351.
[17] COOPER, J. / WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J.: Psicología Social, Thomson, México 2002, 208 y 209; HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicologia social, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, 350.
[18] COOPER, J. / WORCHEL, S. / GOETHALS, G. / OLSON, J.: Psicología Social, Thomson, México 2002, 208 a 210.
[19] Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs. México.
[23] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Campo Algodonero vs. México: “1.5. Violencia basada en género.
129. El Estado señaló que los homicidios “tienen causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias muy distintas y con patrones criminales diferenciados, pero se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”. Según el Estado, uno de los factores estructurales que ha motivado situaciones de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez es la modificación de los roles familiares que generó la vida laboral de las mujeres. El Estado explicó que desde 1965 empezó en Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora, el cual se intensificó en 1993 con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Señaló que, al dar preferencia a la contratación de mujeres, las maquiladoras causaron cambios en la vida laboral de éstas, lo cual impactó también su vida familiar porque “los roles tradicionales empezaron a modificarse, al ser ahora la mujer la proveedora del hogar”. Esto, según el Estado, llevó a conflictos al interior de las familias porque la mujer empezó a tener la imagen de ser más competitiva e independiente económicamente112. Además, el Estado citó el Informe del CEDAW para señalar que “[e]ste cambio social en los papeles de las mujeres no ha sido acompañado de un cambio en las actitudes y las mentalidades tradicionales -el cariz patriarcal- manteniéndose una visión estereotipada de los papeles sociales de hombres y mujeres”.
[24] Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs. México: “120. Como ha sido señalado anteriormente por este Tribunal, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sostenido que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque [i)] es mujer o [ii)] le afecta en forma desproporcionada”. Asimismo, también ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.
Voto concurrente del Juez Diego García Sayán en el caso Caso Campo Algodonero vs. México: 1. La violencia contra la mujer es un drama con varias dimensiones y expresiones. Es, sin duda, una de las manifestaciones persistentes de discriminación más extendidas en el mundo, que se refleja en un abanico que va desde expresiones sutiles y veladas hasta situaciones cruentas y violentas.
[25] ORJUELA RUIZ, A.: Discriminación, violencia y justicia de género, Análisis a la luz del caso de El Salado, Tesis, Universidad Nacional, 2012, 43 y ss.
[27] Sentencias de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-540 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] Sentencias de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[29] Artículo 62 del Código Civil (ya derogado): ‘Son representantes legales de una persona, el padre o marido bajo cuya potestad vive, su tutor o curador, y lo son de las personas jurídicas los designados en el artículo 639.’ [modificado por el Decreto 2820 de 1974 y Decreto 772 de 1975 y revisado en la sentencia C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño) En este caso la Corte resolvió declarar exequible palabra “sordomudo” conteni­da en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, e inexequible la expresión “por escrito” contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo Código.]
[30] Artículo 119 del Código Civil (ya derogado): ‘Se entenderá faltar asimismo el padre que ha sido privado de la patria potestad y la madre que por su mala conducta ha sido inhabilitada para intervenir en la educación de sus hijos.’ [modificado posteriormente por el Decreto 2820 de 1974]
[31] Artículo 288 del Código Civil (ya derogado): “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce al padre legítimo sobre los hijos no emancipados. || Muerto el padre ejercerá estos derechos la madre legítima mientras guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. || (…)”.
[32] Artículo 176 del Código Civil (ya derogado): “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. || El marido debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al marido”
[33] Artículo 177 del Código Civil (ya derogado): “La potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer”
[34] Artículo 178 del Código Civil (ya derogado): ‘El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirlo a dondequiera que traslade su residencia. || Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. || La mujer, por su parte, tiene derecho a que su marido la reciba en su casa.’ [modificado posteriormente por el Decreto 2820 de 1974]
[35] Artículo 193 del Código Civil: ‘El marido menor de dieciocho años necesita de curador para la admi­nistra­ción de la sociedad conyugal” [derogado por la Ley 28 de 1932]
[36] Artículo 195 del Código Civil, decía el: ‘Si la mujer casada ejerce públicamente una profesión o industria cualquiera (como la de directora de colegio, maestra de escuela, actriz, obstetriz, posadera, nodriza), se presume la autorización general del marido para todos los actos y contratos concernientes a su profesión o industria, mientras no intervenga reclamación o protesta de su marido, notificada de antemano al público, o especialmente al que contratare con la mujer” [derogado por la Ley 28 de 1932]
[37] Art. 729 del Código penal de 1837: “La muger casada que cometa adulterio, perderá todos los derechos de la sociedad marital, y sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido con tal que no pase de diez años. Si el marido muriere sin haber pedido la soltura, y faltare mas de un año para cumplirse el término de la reclusion, permanecerá en ella la muger un año después de la muerte del marido, y si faltare menos tiempo acabará de cumplirlo” (la ortografía corresponde al castellano de principios del siglo XIX).
[38] Art. 713 del Código penal de 1890: “El cómplice en el adulterio sufrirá arresto por el tiempo de la reclusión de la mujer. Después de cumplir esta pena, será desterrado a diez miriámetros, por lo menos, del lugar en que se cometió el delito, o del de la residencia de la mujer, por el tiempo que viva el marido, si éste lo pidiere; pudiendo en cualquier tiempo levantarse el destierro a solicitud del mismo”.
[39] Art. 688 del Código penal de 1890: “Si la ofendida fuere mujer pública conocida por tal, sufrirá el reo arresto de uno a tres meses”.
[40] Art. 321 del Código penal de 1936: “Las penas señaladas en los Capítulos anteriores serán disminuidas hasta en la mitad si la víctima de los delitos allí previstos fuere una meretriz o mujer pública. En este caso no se podrá proceder sino a virtud de petición o querella de parte”.
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-776 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[43] ORJUELA RUIZ, A.: Discriminación, violencia y justicia de género, Análisis a la luz del caso de El Salado, Tesis, Universidad Nacional, 2012, 62; CÉSPEDES – BÁEZ, Lina: La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano, Revista de Estudios Socio-Jurídicos., Bogotá (Colombia), 12(2): 273-304, julio-diciembre de 2010. Véase también sobre la gravedad de las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres en el conflicto armado: BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía: El relato visceral en lo criminal, Grupo Editorial Ibáñez – Uniediciones, Bogotá, 2013.
[44] Sentencia de la Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[72] Art. 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer.
[73] Numerales 47 a 68 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[78] Numerales 150 – 180 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[79] Numerales 181 – 195 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[80] Numerales 196 – 209 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[81] Numerales 210 – 233 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[82] Numerales 234 – 245 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[83] Numerales 246 – 258 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[84] Numerales 259 – 285 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[99] La Ley 8ª de 1922 reconoció en su artículo 1° a la mujer casada la administración y uso libre de los bienes (1) “determinados en las capitula­ciones matrimoniales” y (2) “los de su exclusivo uso personal, como sus ves­ti­dos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges, cualquiera que sea su valor.” La Ley reconoce a las mujeres, a la par con los hombres, la posibilidad de ser testigos en los actos de la vida civil. [Ley 8ª de 1922, artículo 4°- Con los mismo requisitos y excepciones de los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil.]
[101] Art. 4° de la Ley 8ª de 1922: “Con los mismo requisitos y excepciones de los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil”
[102] Art. 1° de la Ley 28 de 1932: “Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación. || artículo 5°- La mujer casada, mayor de edad, como tal puede comparecer libremente en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia del juez, ni tampoco el marido será su representante legal”. (La Ley 68 de 1946 limitó los efectos de la ley a las sociedades conyugales posteriores al 1° de enero de 1933).
[104] Sentencia de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[105]Algunas de las modificaciones fueron las siguientes: (1) La edad a partir de la cual se puede contraer matrimonio, libremente, se igualó, es decir, se mantuvo la misma para la mujer y se redujo en tres años para el hombre, de 21 a 18. Para entonces, la mayoría de edad se alcanzaba aún a los 21 años. (2) Se igualaron los deberes conyugales, suprimiendo las dife­ren­cias manifiestas que existían entre el hombre (deber de protección) y la mujer (deber de obediencia), y se estableció la dirección conjunta del hogar. En este sentido se reconoció la paridad en el manejo de los hijos, tanto en la dirección de su educación como en su corrección y crianza en general. (3) Se otorgó la patria potestad y la representación legal de los hijos menores de edad (menores de 21 años) por igual, al padre y a la madre; antes sólo lo hacía ésta en ausencia de aquél. La tutela y la curatela de menores de 21 se daban en ausencia de toda patria potestad. A este respecto, ahora se entendía que la madre “faltaba” en el mismo supuesto que se consideraba que faltaba el padre, a saber, en el evento de haber sido privada de su patria potestad. (4) Se indicó que “para efectos” de las dos primeras causas de divorcio contem­pladas en el artículo 154 del Código Civil, se deberían tener en cuenta las relaciones sexuales extramatrimoniales de cualquiera de los cónyuges, y (5) se derogó la expresión “y estando discordes prevalecerá en todo caso la voluntad del padre” del artículo 117 del Código Civil, según el cual las niñas mayores de 12 y los niños mayores de 14 requieren permiso expreso de sus padres para poder contraer matrimonio. Ahora la mujer, en igualdad de condi­ciones a su marido, participa en la decisión.
[128] Cap. 5 de la Ley 731 de 2002.
[129] Cap. 6 de la Ley 731 de 2002.
[147] Sentencias de la Corte Constitucional C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[148] Sentencias de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[149] Sentencia de la Corte Constitucional T-247 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[150] Sentencia de la Corte Constitucional T-624 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[151] Sentencia de la Corte Constitucional T-322 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[152] Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[153] Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[154] Sentencia de la Corte Constitucional C-1032 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[155] Sentencia de la Corte Constitucional C-082 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[156] Sentencia de la Corte Constitucional C-101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[157] Sentencias de la Corte Constitucional T-653 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; T-771 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-161 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-028 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-900 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[158] Sentencias de la Corte Constitucional T-375 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[159] Sentencias de la Corte Constitucional T- 606 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[160] Sentencias de la Corte Constitucional T-656 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[161] Sentencia de la Corte Constitucional C-157 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[162] Sentencias de la Corte Constitucional C-722 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[163] Sentencia de la Corte Constitucional T- 943 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[164] Sentencia de la Corte Constitucional C-776 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[165] Sentencia de la Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[166] Sentencia de la Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[167] COHEN, Stanley: Visiones de control social. PPU. Barcelona, 1988, pág. 15.
[168] GIDDENS, Anthony: Sociedad, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pág. 269.
[169] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 196.
[170] Sentencia de la Corte Constitucional C-157 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-762 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[171] Sentencia de la Corte Constitucional C-762 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[172] Sentencia de la Corte Constitucional C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[173] Sentencias de la Corte Constitucional C-372 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[174] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 195.
[175] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 195.
[177] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 195.
[178] GARCÍA PABLOS- De Molina, Antonio: Tratado de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 791.
[184] La Cuarta conferencia sobre la mujer Art. 124.c)
[186] La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” Art. 7
[187] “a)Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
[190] Auto 092 de 2008 Auto 082 de 2008: “(i) la desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia, principalmente por su inefectividad en la investigación y juzgamiento de este tipo de casos, así como por el trato irrespetuoso o degradante que puede proveer a las víctimas durante las investigaciones y las arduas cargas psicológicas que implica para la afectada el presentar una denuncia y adelantar las distintas diligencias que la configuran, sin acompañamiento y asesoría especializada en términos legales y emocionales;
(ii) el miedo justificado a las amenazas de retaliaciones contra quienes denuncien lo ocurrido por parte de los perpetradores o miembros de su grupo, aunado a la falta de acompañamiento y protección estatal para las víctimas y sus familias ante a estos riesgos, que ubican a las víctimas en situación de imposibilidad de denunciar a quienes forman parte de un grupo armado que ejerce actos de violencia y frente al que están en indefensión; en este sentido, debe tenerse en cuenta que “las que sobreviven a los abusos sexuales suelen recibir amenazas de muerte de los grupos armados, dirigidas contra ellas o sus familias”[190], y que una característica frecuente en los casos sobre los que ha informado a la Corte “es que la víctima vive aterrorizada por estas amenazas, en un estado de temor y angustia constantes, especialmente dadas las grandes probabilidades de que la amenaza se haga realidad”.[190]
(iii) el sub-registro oficial de los casos, por (a) quedar enmarcados dentro de situaciones de orden público de mayor alcance; (b) porque el eventual homicidio de la víctima y su registro como tal invisibiliza los demás actos criminales de contenido sexual cometidos antes del asesinato – por la omisión por parte de las autoridades médico-legales y judiciales en adelantar los procedimientos necesarios para confirmar que las víctimas de homicidio han sido víctimas, además, de actos de violencia sexual, hace que este tipo de crímenes quedan ampliamente sub-registrados y subsumidos bajo la categoría de “homicidios”, o en algunos pocos casos como “tortura”; (c) por la inexistencia de sistemas oficiales operantes de monitoreo y documentación de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que se refleja –entre otras- en que las estadísticas generales de violencia sexual realizadas por la Policía Nacional y Medicina Legal no están desglosadas indicando la proporción de casos derivados del conflicto armado, en que no hay protocolos para detectar la realización de estos crímenes a nivel de informes de necropsia, o en que los formatos de recolección de información oficial no contienen una categoría correspondiente a este tipo de delitos[190];
(xi) el hecho de que en términos reales, las víctimas de la violencia sexual en el país ven dificultado su acceso a los servicios básicos por factores adicionales tales como la falta de recursos económicos –puesto que la inexistencia de servicios gratuitos genera costos para las víctimas en pruebas de ETS, pruebas de embarazo y anticoncepción de emergencia, que no tienen cómo sufragar-, la lejanía geográfica frente a los centros de atención –que genera un obstáculo enorme para las víctimas más vulnerables-, o la simple la ignorancia sobre la existencia de estos servicios”.(PROFAMILIA, 2010, p. 397)
[194] Mesa de seguimiento al auto 092 de la Corte Constitucional. Anexo reservado. Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto informe de seguimiento al auto 092 de la Corte Constitucional. Bogotá. 2011. Pág. 34: “Respecto a los casos de violencia sexual que son denunciados o conocidos por las autoridades públicas, la mayoría de ellos no logran culminar de manera satisfactoria. Gran parte de las investigaciones que por violencia sexual se adelantan no presentan avances substanciales o terminan sin una sentencia de fondo, generando así una situación de impunidad. Este escenario imposibilita el acceso a la justicia en un sentido material, entendido como la garantía que tienen las víctimas de satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en los procesos judiciales (Saffón y Guzmán, 2008).”
[195] Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. La situación de las mujeres víctimas de violencias de género en el sistema penal acusatorio. Serie acceso a la justicia. Bogotá, 2008, pág. 69: “sólo cuenta con 137 puntos de atención situados en las ciudades capitales y en los principales municipios del país y cubre 121 municipios, siendo Bogotá y Cali las ciudades con más centros de atención. Es decir que en el 89% de los municipios las pruebas materiales relacionadas con violencia cometida contra las mujeres por razones de género recaen en manos de otras entidades que no siempre tienen la pericia y equipos que se requieren para que los exámenes cumplan con los parámetros necesarios de una prueba judicial”
[196] “Las mujeres desplazadas, según se ha documentado contundentemente ante la Corte, están mayormente expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales, así como a la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con la Encuesta de Profamilia de 2005[56], el 8.1% de las mujeres desplazadas ha sido violada por personas distintas a su esposo o compañero, entre las cuales el 27% han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.
“Numerosas entidades nacionales –públicas y privadas-, así como múltiples organismos internacionales de derechos humanos, han resaltado de manera constante que el desplazamiento forzado en Colombia impacta con especial severidad a las mujeres, quienes representan una proporción numérica excesiva del total de personas desplazadas en el país. Si bien –como es sabido y ha sido resaltado anteriormente por esta Corporación- existen serias discrepancias en cuanto a la medición cuantitativa del fenómeno del desplazamiento interno en el país, especialmente entre los sistemas oficiales y extraoficiales de registro, la mayoría de las fuentes de la información disponible coinciden en el hecho incontrovertible de que la proporción de mujeres, niñas y adolescentes frente al total de la población desplazada es alarmante.
[198] GARCÍA PABLOS- DE MOLINA, Antonio: Tratado de criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 196.
[200] Norberto Bobbio, “Las sanciones positivas”, en Contribución a la Teoría del Derecho, A. Ruiz Miguel (edit.), Valencia, Fernando Torres Editor, 1980, p.p. 383 y ss; Jerónimo Betegón, “Sanción y coacción”, en El Derecho y la Justicia. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, E. Garzón Valdés y F. Laporta (edits.), Madrid, Trotta, 1996, p.p. 355 y ss.
[201] Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. 5ª. ed, Madrid, Trotta, 2005, p. 332.
[202] Un ejemplo elocuente del daño que las sanciones sociales difusas pueden llegar a causar no sólo en la vida del presunto infractor, sino en la de todos los integrantes de una comunidad, lo ofrece el cineasta danés Thomas Vinterberg en su película The Hunt (La Caza), donde ilustra hasta dónde puede llegar la reacción social de una comunidad en contra un profesor acusado de pederastia.