Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0266_ES.html
Timestamp: 2019-10-14 01:06:46
Document Index: 162215642

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 99', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 218', 'artículo 83', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 83', 'artículo 83']

Procedimiento : 2016/0062(NLE)
Ciclo relativo al documento : A8-0266/2017
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sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
Ponentes: Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt
– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2016)0109),
– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul (en adelante, «Convenio de Estambul»),
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 8, 19, 157 y 216 y su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a),
– Vistos los artículos 21, 23, 24, 25 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010) y Beijing+20 (2015),
– Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular los que se refieren a los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo facultativo, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que es parte la Unión, incluidas las Observaciones finales de 2015 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas a la Unión, en las que se pide a la Unión que se adhiera al Convenio de Estambul como forma de proteger mejor de la violencia a las mujeres y niñas con discapacidad,
– Visto su informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se aboga por que la Unión se adhiera al Convenio de Estambul como un paso más para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad,
– Vista la Observación general (General Comment) de 26 de agosto de 2016 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el artículo 6 («Mujeres y niñas con discapacidad») de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
– Vistas sus Resoluciones, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(2), de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(3), y de 6 de febrero de 2013, sobre el 57.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas(4),
– Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres(5) y la evaluación del valor añadido europeo,
– Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica(6),
– Vistas las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,
– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea(7),
– Vista la declaración del Trío de Presidencias del Consejo de la Unión Europea constituido por los Países Bajos, Eslovaquia y Malta, de 7 de diciembre de 2015, sobre la igualdad de género,
– Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(8),
– Vista la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección(9) y el Reglamento (UE) n.º 606/2013, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil(10),
– Vista la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas(11) y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo(12),
– Vistas la Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), y la Directiva 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, en las que se definen los términos «acoso» y «acoso sexual » y se condenan los actos conexos,
– Vista la hoja de ruta de la Comisión sobre la posible adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, publicada en octubre de 2015,
– Visto el tercer informe trimestral de actividad del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 16 de noviembre de 2016, en particular sus reflexiones en relación con la definición de violencia por razones de género en el Convenio de Estambul,
– Vista la declaración conjunta de la Presidencia del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo adoptada en Malta el 3 de febrero de 2017, en la que se pide la rápida adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,
– Vistas su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015(13), y su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(14),
– Visto el estudio de 2016 de su Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales sobre el papel de la defensa personal en la prevención de la violencia contra las mujeres («Knowledge and Know-How: The Role of Self-Defence in the Prevention of Violence against Women», Conocimiento y pericia: el papel de la autodefensa en la prevención de la violencia contra las mujeres), en particular en relación con la pregunta de hasta qué punto puede contribuir la formación en defensa personal a la aplicación del artículo 12 del Convenio de Estambul,
– Visto el artículo 99, apartado 5, de su Reglamento interno,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0266/2017),
A. Considerando que la igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales y debe respetarse, promoverse y aplicarse en su integridad tanto en la legislación como en la práctica, la jurisprudencia y la vida cotidiana; que hasta ahora no se ha alcanzado plenamente la igualdad entre hombres y mujeres en ningún país de la Unión, según el índice de igualdad de género; que la violencia de género es tanto causa como consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres;
B. Considerando que la trata de seres humanos y las formas modernas de esclavitud, que afectan principalmente a las mujeres, todavía persisten en la Unión;
C. Considerando que los Estados miembros deben reconocer que, una vez que se ha recurrido a la violencia, la sociedad no ha cumplido su primera y principal obligación, es decir, la protección y que, a partir de ese momento, la única alternativa posible consiste en medidas reactivas, como una compensación a las víctimas y el enjuiciamiento de los agresores;
D. Considerando que la Unión debe adoptar todas las medidas necesarias, en cooperación con los Estados miembros, para promover y proteger el derecho de las mujeres a vivir a salvo de la violencia física y psicológica tanto en el ámbito público como en el privado;
E. Considerando que el problema de la violencia de género, que afecta solo en la Unión Europea a 250 millones de mujeres, no debe tomarse a la ligera ni postergarse, debido a su enorme repercusión en la sociedad por el aumento consiguiente del miedo y la polarización, así como del estrés y las enfermedades mentales, tanto más cuanto amenaza la seguridad de la mitad de la población; que el EIGE estima que el coste para la sociedad provocado por la violencia de género en la Unión es de 226 000 millones EUR anuales;
F. Considerando que la violencia contra las mujeres(15) y la violencia de género —física y psicológica— sigue siendo un fenómeno muy extendido en la Unión y que debe calificarse como una forma extrema de discriminación y una violación de los derechos humanos, que afecta a mujeres de todos los estratos de la sociedad, con independencia de su edad, nivel educativo, ingresos, posición social y país de procedencia o residencia, y que representa un impedimento de primer orden a la igualdad entre mujeres y hombres, también desde el punto de vista económico y político; que es necesario adoptar medidas adicionales que alienten a las mujeres víctimas de la violencia a denunciar estas experiencias y buscar ayuda, y que garanticen que reciben un apoyo adecuado y acorde a sus necesidades e información sobre de sus derechos, que les permitan acceder a la justicia a fin de que los agresores sean enjuiciados;
G. Considerando que, según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Violence against women: an EU-wide survey» (Violencia contra las mujeres: un estudio a escala de la UE), publicado en marzo de 2014, un tercio de las mujeres en Europa ha sufrido actos de violencia física o sexual al menos una vez durante su vida adulta, el 20 % ha sido objeto de acoso por internet, una de cada veinte ha sido violada y más de una de cada diez ha padecido violencia sexual;
H. Considerando que una de cada diez mujeres ha sido objeto de acoso sexual o acecho a través de las nuevas tecnologías y que el 75 % de las mujeres en puestos de toma de decisiones tienen que soportar el acoso sexual; que queda claro entonces que ninguna mujer, independientemente de su edad o posición social, está a salvo de la violencia sexual;
I. Considerando que deben adoptarse medidas para abordar el nuevo fenómeno de la violencia de género en línea, incluido el hostigamiento, el acoso y la intimidación, en particular de mujeres jóvenes y niñas, así como de personas LGBTI;
J. Considerando que los ciudadanos y residentes de la Unión no gozan del mismo nivel de protección contra la violencia de género debido a la falta de una estrategia europea, incluido un acto jurídico, y a divergencias en los conceptos y las legislaciones de los distintos Estados miembros en lo que se refiere, entre otros aspectos, a la definición de los delitos y el alcance de la legislación, por lo que cuentan con una protección más limitada contra la violencia; que también existen diferencias en materia de información, oferta de alojamientos seguros y acceso a los mismos, así como de servicios de ayuda y derechos;
K. Considerando que la violencia contra las mujeres está vinculada directamente al desigual reparto del poder entre mujeres y hombres, al sexismo y a los estereotipos de género, que han provocado la dominación de las mujeres y su discriminación por parte de los hombres e impedido el progreso de las mujeres en todos los aspectos;
L. Considerando que la violencia contra las mujeres contribuye a perpetuar las desigualdades de género, al impedir el acceso de las víctimas al empleo, con los consiguientes efectos negativos en su independencia económica y en la economía en general;
M. Considerando que un factor importante por el que las mujeres no denuncian la violencia sexual es su dependencia económica del agresor;
N. Considerando que la extrema pobreza incrementa el riesgo de violencia y otras formas de explotación que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y el logro de la igualdad de género;
O. Considerando que se necesitan mayores esfuerzos para facilitar e impulsar la participación de las mujeres en la vida política, económica y social y aumentar la visibilidad de las mujeres en posiciones de liderazgo, a fin de combatir la cosificación y la cultura de la violencia de género;
P. Considerando que en el Convenio de Estambul se establece que la aplicación por las Partes de todas las disposiciones del Convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o cualquier otra situación;
Q. Considerando que las mujeres con discapacidad corren un peligro entre 1,5 y 10 veces superior de ser víctimas de la violencia de género y que, debido a su relación de dependencia, les resulta especialmente difícil denunciar los actos de violencia; que las mujeres y las niñas con discapacidad no constituyen un grupo homogéneo, sino un grupo de mujeres en situaciones dispares y con estatus diferentes que padecen deficiencias diversas, que pueden ser de naturaleza física, psicosocial, psíquica o sensorial, y con o sin limitaciones funcionales; que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados parte están obligados a adoptar medidas para que las mujeres con discapacidad puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad;
R. Considerando que determinados grupos de mujeres y niñas, como las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres y las niñas con discapacidad, las mujeres LBTI y las mujeres romaníes, corren el riesgo de padecer discriminación múltiple y por tanto, un mayor peligro de ser objeto de la violencia sexista por motivos relacionados con el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia e intersexfobia, así como de sufrir discriminación por motivos relacionados con la edad, la discapacidad, el origen étnico o la religión; que las mujeres en Europa se enfrentan a discriminación múltiple, y a veces interseccional, que les impide acceder a la justicia y a los servicios de apoyo y protección y disfrutar de sus derechos fundamentales; que debe garantizársele a las mujeres el acceso a la asistencia especializada en el marco de la aplicación de las medidas de protección;
S. Considerando que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, se estima demasiado a menudo un asunto privado y se tolera con demasiada facilidad; que, de hecho, constituye una violación de los derechos fundamentales producida por el sistema y una forma grave de delincuencia que debe condenarse como tal; que debe ponerse fin a la impunidad, garantizando el enjuiciamiento de los autores y un apoyo y reconocimiento adecuados por parte del sistema judicial a las mujeres y niñas que hayan sobrevivido a la violencia, a fin de romper el círculo vicioso de silencio y soledad de quienes son víctimas de la violencia, con independencia de su origen geográfico o su clase social;
T. Considerando que existen importantes diferencias culturales entre los Estados miembros en relación con la probabilidad de que las mujeres denuncien violaciones o agresiones sexuales y que dicha probabilidad se refleja mejor en las estadísticas oficiales que en las cifras objetivas de violaciones o agresiones sexuales cometidas en un país;
U. Considerando que la mayoría de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus maridos, exmaridos, parejas o exparejas, quienes no aceptan el final de un matrimonio o una relación;
V. Considerando que quien perpetra la violencia de género es a menudo una persona conocida de la víctima y que esta se encuentra muchas veces en una posición de dependencia, lo que acrecienta su miedo a denunciar los actos de violencia;
W. Considerando que los estereotipos de género y el sexismo, incluido el discurso de odio sexista, que tienen lugar en todo el mundo, en el ámbito en línea y fuera de línea, en la esfera pública y en la vida privada, constituyen una de las causas principales de todas las formas de violencia contra las mujeres;
X. Considerando que la exposición a la violencia o a abusos físicos, sexuales o psicológicos afecta gravemente a las víctimas y puede conllevar daños físicos, sexuales, emocionales o psicológicos, y perjuicios económicos; que también las familias y la sociedad en su conjunto sienten esos efectos; que los menores no tienen que verse expuestos directamente a la violencia para ser considerados víctimas, ya que la violencia doméstica también genera consecuencias traumáticas en quien la presencia;
Y. Considerando que en el artículo 3 del Convenio de Estambul se define claramente «violencia contra las mujeres por razones de género» como «toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada» y se define «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta estima propios de mujeres o de hombres»;
Z. Considerando que, al objeto de reducir el número estimado de casos no denunciados, los Estados miembros deben contar con instituciones adecuadas suficientes para que las mujeres se sientan seguras y capaces de denunciar la violencia de género;
AA. Considerando que solo se logrará reducir de forma drástica la violencia contra las mujeres y la violencia de género así como sus consecuencias mediante una combinación de medidas legislativas y no legislativas, por ejemplo en ámbitos como las infraestructuras, el derecho, la justicia, la cultura, la educación, la atención social y la salud, y con medidas que faciliten el acceso de las víctimas a la vivienda y el empleo, incluida la concesión de refugio a las víctimas y la participación igualitaria de las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que la sociedad civil, y las organizaciones de mujeres en particular, contribuyen de manera muy importante a la lucha y la prevención de todas las formas de violencia, y que es preciso reconocer, impulsar y apoyar su trabajo para que puedan llevar a cabo su labor del mejor modo posible;
AB. Considerando que la educación y la formación de las niñas y las mujeres es un importante valor europeo, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para la capacitación de las niñas y las mujeres en los ámbitos social, cultural y profesional, así como para que disfruten plenamente de todos los demás derechos sociales, económicos, culturales y políticos y, en consecuencia, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas;
AC. Considerando que solo los Estados pueden asegurar una enseñanza universal, obligatoria y gratuita, condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades entre géneros;
AD. Considerando que en el Convenio de Estambul también se hace hincapié en la importancia de promover un cambio de mentalidad y de actitud para romper el círculo vicioso de la violencia por razones de género; que a tal fin son necesarias, por tanto, medidas formativas a todos los niveles y para todos los grupos de edad sobre la igualdad entre mujeres y hombres, la desaparición de los papeles estereotipados de los géneros y el respeto de la integridad personal; que los cursos de defensa personal son uno de los instrumentos eficaces para la reducción de la victimización y sus consecuencias negativas, ya que de este modo se cuestionan los estereotipos de género y se refuerzan los derechos de las mujeres y las niñas;
AE. Considerando que la adhesión de todos los Estados miembros al Convenio de Estambul contribuirá a la configuración de una política integrada y a la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres;
AF. Considerando que la Unión debe trabajar por promover la lucha para eliminar la violencia de género en sus países vecinos y en todo el mundo, como parte de los esfuerzos mundiales encaminados a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el uso de la violencia sexual como arma de guerra;
AG Considerando que el Convenio de Estambul es un acuerdo mixto que permite la adhesión de la Unión en paralelo a la adhesión de los Estados miembros;
AH. Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, pero que solo catorce de ellos lo han ratificado; que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de la ratificación nacional de este instrumento;
AI. Considerando que la ratificación del Convenio de Estambul requiere una aplicación adecuada, una implementación eficaz y la asignación de los recursos humanos y económicos necesarios;
1. Se congratula de que, el 4 de marzo de 2016, la Comisión propusiese la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, el primer instrumento completo jurídicamente vinculante sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, incluida la violencia doméstica(16), a escala internacional;
2 Celebra que el Consejo firmase el 13 de junio de 2017 el instrumento de adhesión de la Unión al Convenio de Estambul; lamenta, no obstante, que la limitación a dos aspectos, a saber, las cuestiones relativas a la cooperación judicial en materia penal así como al asilo y la no devolución, provoque inseguridad jurídica sobre el ámbito de la adhesión de la Unión, así como inquietud acerca de la aplicación del Convenio;
3. Condena toda forma de violencia contra las mujeres y lamenta que, a menudo, las mujeres y las niñas estén expuestas a formas graves de violencia doméstica, acoso sexual, violencia física y psicológica, acecho, violencia sexual, violaciones, matrimonios forzados, mutilación genital, abortos forzados, esterilizaciones forzadas, explotación sexual y trata de seres humanos, entre otros tipos de violencia, que constituyen una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres y las niñas; destaca que en virtud del Convenio de Estambul no pueden argüirse la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto «honor» para justificar actos de violencia contra las mujeres; denuncia el hecho de que cada vez más mujeres y niñas son víctimas de la violencia de género en internet y en los medios sociales de comunicación; pide a los Estados miembros que adopten medidas concretas para abordar estas nuevas formas de delincuencia, que incluyen la extorsión sexual, el acoso sexual de menores, el voyerismo y la pornografía de venganza, y para proteger a las víctimas, quienes sufren graves traumas que, a veces, las llevan incluso al suicidio;
4. Reafirma enérgicamente que la denegación de la salud sexual y reproductiva y los derechos y servicios ligados a ella, incluida la interrupción segura y legal del embarazo, constituye una forma de violencia contra las mujeres y las niñas; pone de relieve una vez más en que solo las mujeres y las niñas han de poder disponer de su propio cuerpo y sexualidad; pide a los Estados miembros que faciliten una educación sexual exhaustiva y el acceso de las mujeres a la planificación familiar y a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos modernos y de interrupción legal y segura del embarazo;
5. Hace hincapié en que, en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, se define el embarazo forzado como un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia de género contra las mujeres que constituye una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad de mujeres y niñas;
6. Hace hincapié en que el Convenio de Estambul adopta un enfoque integral, exhaustivo y coordinado, centrado en los derechos de las víctimas, al abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, desde un amplio abanico de perspectivas y al prever medidas como la prevención de la violencia, la lucha contra la discriminación, las medidas penales contra la impunidad, la protección y el apoyo a las víctimas, la protección de los menores y de las mujeres solicitantes de asilo y las mujeres refugiadas, la introducción de mejoras en la recogida de datos y campañas o programas de concienciación, también en cooperación con autoridades nacionales de derechos humanos y organismos que trabajan por la igualdad, organizaciones de la sociedad civil y ONG;
7. Destaca que el Convenio de Estambul ofrece una buena base para cambiar las estructuras sociales que crean, legitiman y perpetúan la violencia contra las mujeres, y proporciona herramientas para introducir medidas a tal efecto; resalta que el Convenio aborda simultáneamente la prevención, la protección y el enjuiciamiento (un enfoque de tres niveles) y adopta un enfoque exhaustivo y coordinado derivado del principio de la diligencia debida, que establece la obligación positiva para los Estados de responder de manera eficaz a todos los actos de violencia (artículo 5 del Convenio);
8. Destaca que la adhesión de la Unión proporcionará un marco normativo europeo coherente para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y para proteger y apoyar a las víctimas en el contexto de las políticas interiores y exteriores de la Unión, y que mejorará la supervisión, interpretación y aplicación de la legislación y de los programas y fondos de la Unión, que suponen una ayuda a la Convención, así como la recogida de datos comparables y desglosados a nivel de la Unión; considera que, mediante su adhesión al Convenio, la Unión se convertirá en un actor mundial más eficiente en el ámbito de los derechos de la mujer;
9. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) instar a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones sobre las ratificaciones y la aplicación del Convenio de Estambul; condenar categóricamente los intentos de retirar medidas ya adoptadas en aplicación del Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres;
b) pedir a la Comisión que entable sin demora ni aplazamientos un diálogo constructivo con el Consejo y los Estados miembros, en cooperación con el Consejo de Europa, a fin de abordar a las reservas, objeciones e inquietudes de los Estados miembros y, en especial, aclarar las interpretaciones engañosas del Convenio de Estambul por lo que respecta a las definiciones de género y de violencia contra las mujeres por razones de género que figuran en el artículo 3, letras c) y d), de conformidad con las observaciones generales del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa;
c) mantener al Parlamento plenamente informado sobre los aspectos relevantes de las negociaciones en todas sus fases, a fin de que pueda ejercer debidamente los derechos que le han sido conferidos en virtud de los Tratados, en particular del artículo 218 del TFUE;
d) garantizar, pese a la firma del instrumento de adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, una adhesión amplia y sin restricción alguna de la Unión a dicho Convenio;
e) asegurar que los Estados miembros aplican correctamente el Convenio de Estambul y que asignan recursos humanos y financieros suficientes a la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, la capacitación de las mujeres y las niñas, y la protección de las víctimas, al objeto de que puedan recibir una compensación, en especial quienes viven en zonas donde los servicios de protección son limitados o inexistentes;
f) invitar a la Comisión a que elabore una estrategia global de la Unión en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que incluya un plan exhaustivo para la lucha contra toda forma de desigualdad por razón de género y concentre los esfuerzos realizados a escala de la Unión para eliminar la violencia contra las mujeres;
g) designar un coordinador de la Unión que represente a la Unión ante el Comité de las Partes del Consejo de Europa tan pronto como la Unión haya ratificado el Convenio de Estambul; dicho coordinador será responsable de la coordinación, aplicación, seguimiento y evaluación de las estrategias y medidas de prevención y lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas;
h) velar por que el Parlamento participe plenamente en el proceso de supervisión de la aplicación del Convenio de Estambul tras la adhesión de la Unión a este instrumento; acordar a la mayor brevedad un código de conducta para la cooperación entre la Unión y sus Estados miembros en cuanto a la aplicación del Convenio, en el que deben participar asimismo organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer;
i) instar a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren directrices prácticas y estrategias para la aplicación del Convenio de Estambul, con vistas a facilitar su correcta puesta en marcha y ejecución en aquellos Estados miembros que ya lo han ratificado, así como responder a las inquietudes de los que aún no lo han hecho y animarles a hacerlo;
j) garantizar que todos los profesionales que tratan con las víctimas de todos los tipos de violencia comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio reciben una formación adecuada, y que disponen de protocolos y directrices al objeto de evitar toda discriminación o una nueva victimización en el marco de los procedimientos judiciales, médicos y policiales;
k) asegurar que se adoptan medidas preventivas que respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables, por ejemplo las mujeres con discapacidad, las refugiadas, las víctimas menores de edad, las mujeres embarazadas, las mujeres LBTI y las personas con necesidades de apoyo adicionales, en especial, servicios de ayuda accesibles especializados junto con servicios de salud adecuados y alojamientos seguros para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y sus hijos;
l) tener en cuenta los casos graves de violencia contra las mujeres y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, en la definición de los derechos de custodia y visita; tomar en consideración asimismo los derechos y las necesidades de los niños, que se convierten en testigos de la violencia, a la hora de prestar servicios de protección y ayuda a las víctimas;
m) promover activamente un cambio de actitud y de comportamiento y luchar contra el sexismo y los estereotipos de género también mediante el fomento de un lenguaje no sexista, con una acción concertada que aborde el papel central que desempeñan los medios de comunicación y la publicidad en este ámbito, y anime a todas las personas, incluidos hombres y niños, a colaborar activamente en la prevención de todas las formas de violencia; pedir a los Estados miembros que adopten y apliquen políticas activas en materia de inclusión social, diálogo intercultural, formación en el ámbito de la sexualidad y las relaciones, educación en derechos humanos y lucha contra la discriminación, así como formación en materia de igualdad de género para los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del poder judicial; recomendar a los Estados miembros que eliminen de sus sistemas educativos todos los obstáculos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y que impulsen plenamente este objetivo;
n) alentar a los Estados miembros a que adopten medidas destinadas a construir una sociedad libre de violencia en todos los sentidos, y utilizar de este modo el Convenio de Estambul;
o) velar por que, en el marco de las medidas preventivas contra la violencia reconocida como relacionada con el género, se ponga de manifiesto que, en realidad, la gran mayoría de los agresores son hombres; animar a los Estados miembros a que desplieguen tácticas de reducción de la violencia basadas en hechos, a fin de atajar este problema;
p) adoptar las medidas necesarias de conformidad con los artículos 60 y 61 del Convenio, que se refieren a la migración y el asilo, y tomar en consideración que las mujeres migrantes, dispongan o no de los documentos pertinentes, y las solicitantes de asilo tienen derecho, tanto en la esfera pública como en la privada, a vivir a salvo de la violencia, y que son especialmente vulnerables a la violencia de género, al tiempo que recuerda que la violencia de género, incluida la mutilación genital femenina, debe reconocerse como una forma de persecución y que, por tanto, permite a las víctimas solicitar la protección que ofrece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; velar por que los Estados miembros apliquen un enfoque con perspectiva de género en todos los procedimientos de asilo y acogida y respeten el principio de no devolución;
q) promover la presupuestación con perspectiva de género en los ámbitos políticos pertinentes como instrumento para prevenir y combatir la violencia de género, y garantizar recursos y financiación para que las víctimas y supervivientes de la violencia puedan acceder a la justicia;
r) mejorar la recogida de datos pertinentes desglosados y comparables sobre casos de todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul, en cooperación con el EIGE, incluidos datos desglosados por edad y sexo del agresor y en función de la relación entre el agresor y la víctima, e impulsar el desarrollo de una metodología común para comparar bases y análisis de datos que permita una mejor comprensión de problema y un aumento de la concienciación acerca de las medidas de los Estados miembros encaminadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y evaluar y mejorar dichas medidas;
10. Destaca que, al objeto de ser más eficaces, las medidas para combatir la violencia contra las mujeres deben ir acompañadas de acciones que aborden las desigualdades económicas en función del sexo y que promuevan la independencia económica de las mujeres;
11. Pide a la Comisión que presente un acto legislativo que apoye la prevención y persecución en los Estados miembros de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y de violencia de género;
12. Pide al Consejo que active la «cláusula pasarela» mediante la adopción a este fin de una decisión unánime que defina la violencia contra las mujeres y las niñas (así como otras formas de violencia de género) como uno de los ámbitos delictivos previstos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE;
13. Insta a la Comisión a que revise la vigente Decisión marco de la Unión relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal, a fin de incluir en ella el sexismo, los delitos motivados por prejuicios y la incitación al odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales;
14. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección, el Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, y la Directiva 2012/29/UE sobre protección de las víctimas, así como la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores;
15. Pide a la Comisión, una vez más, que establezca un observatorio europeo de la violencia de género (en la línea del actual Instituto Europeo de la Igualdad de Género);
16. Insta a la Presidencia estonia a que acelere la ratificación del Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea;
17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
DO C 24 de 22.1.2016, p. 8.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0126.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0451.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0312.
DO L 181 de 29.6.2012, p. 4.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0073.
DO C 316 de 30.8.2016, p. 2.
A los efectos del Convenio de Estambul, el término “mujer” incluye a las niñas menores de 18 años (artículo 3).
Véanse las definiciones recogidas en el artículo 3 del Convenio de Estambul.
Ninguna sociedad civilizada puede tolerar la violencia contra las mujeres ni la violencia doméstica. En todos los Estados miembros de la Unión está penado el comportamiento violento contra las mujeres y los niños, se protege a las víctimas y se realizan esfuerzos constantes para impedir que dicho comportamiento se produzca. A escala de la Unión, el Programa Daphne, centrado en la prevención y protección de las mujeres víctimas de la violencia, constituye la inversión a largo plazo más destacada. Sin embargo, solo la mitad de los Estados miembros de la Unión ha decidido ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ya que sus ciudadanos albergan cada vez más dudas sobre su ambigua redacción y sus posibles consecuencias negativas.
La adhesión de la Unión a este Convenio menoscabaría tanto los Tratados como los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, por ejemplo el derecho de los padres a tener la responsabilidad primordial sobre la educación de sus hijos y el derecho a la libertad religiosa. Por desgracia, las ponentes y las comisiones FEMM y LIBE han decidido acatar el imperativo político de la propuesta de la Comisión. De este modo se arriesgan no solamente a que pueda anularse dicho acto legislativo, sino también a alejarse de los ciudadanos europeos. Por ello, tengo la esperanza de que el Parlamento Europeo rechace en la votación en el Pleno este informe y la propuesta de la Comisión.
Una adhesión de la Unión Europea al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica no se justifica en absoluto ni desde el punto de vista jurídico ni por su contenido.
Las Partes en el Convenio son Estados, y los Estados disponen de medios de Derecho penal para combatir la violencia doméstica; además, son los Estados —con la ayuda del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Grevio)— quienes pueden dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención mediante las otras Partes. En todos los Estados miembros de la Unión Europea se penaliza la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y en todos los Estados miembros la ley protege a las víctimas de la violencia doméstica. Un Estado que tolerase este tipo de delitos no podría ser miembro de la Unión Europea.
La Unión misma no dispone de medios jurídicos para aplicar la Convención. El motivo de una adhesión al Convenio solo puede ser el deseo de contar con otro medio de supervisión de las decisiones de los Estados miembros, lo que excede los derechos de la Unión previstos en los Tratados (lo que es en sí mismo contrario al principio del Estado de Derecho).
Teniendo en cuenta que el Convenio está encontrando resistencias en varios Estados miembros —y no por la evidente necesidad de luchar contra la violencia, sino por la manera como ha de llevarse a cabo esa lucha— el interés de la Unión por adherirse a la Convención supone una interferencia en las discusiones legítimas que tienen lugar en los Estados miembros (incluidos los Estados miembros más antiguos y de mayor tamaño, como Alemania). Se trata, por tanto, de una expresión basada en intereses ideológicos que contraviene el principio del Estado de Derecho y, en particular, el principio de atribución de competencias, según lo establecido en el artículo 5 del TUE.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (31.5.2017)
para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en su informe:
A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental y un objetivo de la Unión, consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), que la Unión se ha comprometido a integrar en todas sus actividades; que los derechos de la mujer son derechos humanos y que la igualdad de género es fundamental para alcanzar los objetivos generales de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento sostenible, empleo digno e inclusión social;
B. Considerando que el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación es un derecho fundamental de importancia crítica que está reconocido en los Tratados;
C. Considerando que la Carta reconoce, además, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona, y prohíbe el trato inhumano o degradante, así como toda forma de esclavitud y el trabajo forzado (artículos 1 a 5 de la Carta);
D. Considerando que, a pesar de que la Unión ha adoptado posiciones firmes(1) en cuanto a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, llevando a cabo campañas específicas y proyectos locales para combatir este fenómeno, y pese a que la actual legislación, por ejemplo en materia de protección de las víctimas de delitos, abusos sexuales y explotación sexual de los niños, asilo y migración, tiene en cuenta las necesidades especiales de las víctimas de la violencia de género, el grado de violencia contra la mujer sigue siendo una grave causa de preocupación en toda la Unión;
E. Considerando que, según el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea «Violence against women: an EU-wide survey» (Violencia contra las mujeres: un estudio a escala de la UE), publicado en 2014(2), la violencia de género sigue siendo un fenómeno generalizado, habida cuenta de que un tercio de todas las mujeres en Europa ha sufrido actos de violencia física o sexual al menos una vez durante su vida adulta, el 20 % de las mujeres jóvenes (de 18 a 29 años de edad) ha sufrido acoso sexual por internet y una de cada cinco (18 %) ha sido víctima de acecho, de que una de cada veinte ha sido violada y más de una de cada diez ha sufrido violencia sexual que implicaba falta de consentimiento o uso de la fuerza, y de que la mayoría de estos incidentes violentos no han sido denunciados a las autoridades;
F. Considerando que, según la Evaluación de la plusvalía europea, el coste anual para la Unión de la violencia contra las mujeres y la violencia de género se estimó en 228 000 millones EUR, de los cuales 45 000 millones correspondían a la financiación de servicios públicos y estatales y 24 000 millones a las pérdidas de producción;
G. Considerando que, en su compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, la Comisión destaca que la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que causan perjuicios para la salud y el bienestar, la vida laboral y la independencia financiera y la economía de las mujeres, son uno de los problemas fundamentales que deben abordarse para conseguir una auténtica igualdad de género;
H. Considerando que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) es el primer instrumento, general y detallado, jurídicamente vinculante internacionalmente sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres a escala internacional, que aborda el problema de la violencia ejercida no solo contra las mujeres, sino también contra los hombres y los niños, sobre la base de los principios de prevención, protección y apoyo, y de la persecución y la eliminación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y que destaca la necesidad de políticas integradas a escala nacional;
I. Considerando que, bajo la Presidencia maltesa, el Consejo ha mostrado su buena voluntad para celebrar y hacer realidad la adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y ha realizado progresos en esa dirección; que el compromiso que el Consejo, la Comisión y el Parlamento adquirieron en La Valeta el 3 de febrero de 2017 respecto a la aplicación de un enfoque de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres y las niñas es una condición ineludible para una aplicación plena y efectiva del Convenio;
J. Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, pero que, hasta la fecha, solo catorce de ellos lo han ratificado;
K. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, cuyas violaciones constituyen una violación de los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad, la no discriminación, la dignidad y la salud, y de los derechos de las mujeres a la libertad y la libre determinación;
L. Considerando que la oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos ha aumentado en Europa y en todo el mundo;
M. Considerando que la violencia contra las mujeres o la violencia de género es un delito violento cometido contra una persona como consecuencia de su género, identidad de género o expresión de género o que afecta a las personas de un género concreto de forma desproporcionada; que la violencia de género es tanto causa como consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres;
i) Recuerda que los Estados miembros, instituciones, agencias, organismos y oficinas de la Unión, y la Unión en su conjunto están obligados a garantizar y promover la igualdad entre mujeres y hombres, en virtud de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular de los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), del artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y del artículo 23 de la Carta;
ii) Acoge con satisfacción el hecho de que el enfoque del Convenio de Estambul se ajuste plenamente a la visión poliédrica que la Unión tiene del fenómeno de la violencia de género y al espíritu de las medidas vigentes en virtud de las políticas interior y exterior de la Unión;
iii) Destaca y reitera, en el contexto de la violencia contra las mujeres en cuanto que violación de los derechos humanos y forma extrema de discriminación, que la igualdad de trato y la no discriminación son esenciales para el desarrollo de la sociedad y deben aplicarse en la legislación, en la práctica, en la jurisprudencia y en la vida cotidiana;
iv) Reconoce con profunda preocupación que, a menudo, las mujeres y las niñas están expuestas a formas graves de violencia doméstica, mutilación genital femenina, «delitos de honor», trata de seres humanos vinculada a la prostitución, acoso sexual, violaciones, matrimonio forzado y otros delitos, que constituyen una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres y las niñas;
v) Reconoce que la violencia doméstica afecta de manera desproporcionada a las mujeres, pero que los hombres y los niños también pueden ser víctimas de la misma, incluso como testigos de la violencia en el entorno familiar;
vi) Se muestra preocupado por que la mayor parte de los casos de violencia se consideren un asunto privado y, por tanto, sean tolerados y no se denuncien a las autoridades, lo que demuestra que es necesario adoptar nuevas medidas que alienten a las víctimas a denunciar sus experiencias y buscar ayuda y que permitan a los prestadores de servicios de apoyo responder a sus necesidades e informarlas de sus derechos y de las distintas formas de apoyo disponibles; recuerda que los porcentajes de acciones penales por actos de violencia contra las mujeres son inaceptablemente bajos;
vii) Considera que la firma y celebración del Convenio de Estambul también contribuiría a consolidar el marco jurídico de la Unión y su acción contra la violencia contra las mujeres desarrollando un enfoque mejor coordinado en el plano interno y reforzando su papel en los foros internacionales;
viii) Pide al Consejo y a la Comisión que agilicen las negociaciones sobre la celebración del Convenio;
ix) Insta a la Comisión y al Consejo a que velen por que el Parlamento participe plenamente en el proceso de seguimiento del Convenio de Estambul, tras la adhesión de la Unión al mismo;
x) Recuerda que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de la ratificación nacional de dicho Convenio ni de establecer un plan de acción nacional para luchar contra la violencia contra las mujeres; pide, por tanto, a todos los Estados miembros que velen por establecer un plan de acción nacional para luchar contra la violencia contra las mujeres, y a aquellos Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen plenamente este Convenio;
xi) Destaca que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales que no pueden limitarse por ningún motivo;
xii) Reitera que la Unión goza de competencia exclusiva, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del TFUE, para la celebración de un acuerdo internacional, cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión o sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna, por lo que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul es una competencia jurídica de la Unión que puede afectar a las normas comunes o alterar su alcance en lo que se refiere a las cuestiones relativas a la situación en materia de residencia de nacionales de terceros países y de apátridas, incluidos los beneficiarios de protección internacional y también en lo que respecta a los derechos de las víctimas de delitos;
xiii) Reitera la petición del Parlamento a la Comisión, como ya hizo en su Resolución de 25 de febrero de 2014, que contenía recomendaciones sobre la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres, para que presente un acto legislativo que garantice un sistema coherente de recopilación de datos estadísticos y un planteamiento reforzado por parte de los Estados miembros para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y de violencia de género, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia;
xiv) Toma nota de que la propuesta de la Comisión COM(2016)0109 relativa a la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul señala que el artículo 83, apartado 1, del TFEU establece una base jurídica para las actuaciones relativas a la explotación sexual de las mujeres y los niños; pide, por lo tanto, al Consejo que aplique la «cláusula pasarela», aprobando una decisión unánime que defina la violencia contra las mujeres y las niñas (así como otras formas de violencia de género) como uno de los ámbitos delictivos previstos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE.
Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
Véase, por ejemplo: la Comunicación de la Comisión COM(2010) 491 final –«Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0491&qid=1493108743189&from=ES; y las Conclusiones del Consejo sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea – https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf