Source: http://diputadocarlosangulo.blogspot.com/2015/01/
Timestamp: 2019-09-17 14:12:43
Document Index: 116184891

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 284', 'artículo 17', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 84', 'artículo 8', 'artículo 40', 'artículo 51', 'artículo 26']

El Blog del Diputado Carlos Angulo: enero 2015
Aprueban diputados establecer en Código Civil Federal que el orden de los apellidos en actas de nacimiento de una persona será a elección de los padres
Palacio Legislativo, 15-12-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, para establecer que en el acta de nacimiento el orden de los apellidos de una persona podrá ser a elección de los padres.
Se precisa que el orden de los apellidos deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación.
El dictamen surge de una iniciativa que la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) presentó en septiembre de 2013, fue aprobado por 234 votos a favor, 72 en contra y 23 abstenciones y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Un servidor votó en contra.
Determina que el Juez pondrá el primer apellido de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca, en el orden que se disponga, si éste a su vez llevase uno solo podrá duplicar dicho apellido.
El acta de nacimiento que contiene, entre otros, el nombre y apellidos de una persona, deberá incluir “el primero apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que de común acuerdo determinen, el orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación”.
En las consideraciones del dictamen se refiere que “los apellidos son un medio de identificación personal y de vínculo familiar, y vienen de generación en generación como consecuencia de un atributo común a un conjunto de miembros que integran lo que desde el punto de vista social y jurídico constituye la familia”.
“Si bien es cierto que el Código Civil Federal se refiere a la determinación de éstos, no manda expresamente el orden en el cual deban inscribirse; sin embargo, la costumbre ha imperado en el sentido de que el orden de los apellidos sea primero el paterno”, se indica.
La Comisión de Justicia, que elaboró el dictamen, presentó un agregado con el propósito de perfeccionar el contenido del dictamen con adecuaciones a los artículos 58, 389, 395, así como al transitorio tercero, del Código Civil Federal.
Con estos cambios se precisa que para el caso de desacuerdo en el orden de los apellidos entre los padres o de quienes estén facultados para llevar a cabo el registro; se mantendrá en primer término el apellido paterno.
Asimismo, en el caso de la persona adoptante, quien dará nombre y apellidos al adoptado, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 58 del presente Código.
También se establece que deberán adecuarse aquellas disposiciones que se opongan al presente dictamen.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Código Civil Federal, Orden de los apellidos de una persona
Aprobamos establecer como delito y sancionar la cobranza extrajudicial ilegal
En la sesión ordinaria del 15 de diciembre, los diputados aprobamos un dictamen de la Comisión de Justicia para establecer en el Código Penal Federal el delito de cobranza extrajudicial ilegal y sus sanciones, y lo turnamos al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El documento, que reforma el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal y deriva de una iniciativa presentada en noviembre pasado por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), fue avalado con 338 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones.
De acuerdo con el dictamen, se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos.
Dicho delito se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, indica.
Si, como parte de la cobranza extrajudicial ilegal se utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, agrega.
Explica que, muchas veces, los despachos de cobranza incurren en medios ilícitos e ilegítimos como el engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación para el cobro de saldos vencidos, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Asimismo, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Cobranza extrajudicial, Código Penal Federal
Aprobamos reforma para regular principios que deben orientar a los tres niveles de gobierno para el adecuado desarrollo de los asentamientos humanos
Les quiero informar que en la última sesión del periodo ordinario del tercer año legislativo, los diputados aprobamos un dictamen que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de regular y explicitar los principios que deben orientar los tres niveles de gobierno para el adecuado desarrollo de las zonas habitadas por los ciudadanos.
El documento surge de una iniciativa presentada el pasado 30 de abril por los diputados priistas Jorge Herrera Delgado, Abel Guerra Garza y María Velázquez Díaz, fue avalado por 301 votos a favor, 26 en contra y una abstención y se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
En las consideraciones, se expone que la reforma busca mejorar los mecanismos de coordinación entre municipios, estados y gobierno federal, así como la vinculación entre los planes y programas generados en cada nivel, para efecto de que haya congruencia entre ellos.
Prevé un mecanismo de planeación del desarrollo de largo plazo y mejora los instrumentos y mecanismos de participación de la sociedad, para efecto de que las políticas en la materia tengan una mejor articulación con las necesidades e intereses de las comunidades.
Establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desarrolle nuevos instrumentos de política pública e instancias de deliberación que garanticen una política de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial eficaz y bien informado.
El documento señala que la planeación y regulación de los asentamientos humanos deberán considerar la accesibilidad a servicios, para garantizar que las personas reciban servicios públicos básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público; limpia, recolección, traslado de residuos; calles y seguridad pública.
También se deberá propiciar el crecimiento ordenado de los centros de población, conurbaciones y las zonas metropolitanas, con relación a la capacidad de carga y las relaciones económicas, demográficas, sociales, territoriales, ambientales y todas las demás que determinen la situación y potencialidades de cada región.
La planeación y regulación de los asentamientos humanos deberá preservar y respetar el entorno ambiental, social, económico y cultural, aprovechando los recursos disponibles bajo un modelo de desarrollo tendiente a la mejora de la calidad de vida, sin comprometer la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras.
Subraya que a la Sedatu le corresponde coordinar las políticas nacionales de asentamientos humanos, suelo urbano y vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, metropolitano, regional y para el ordenamiento territorial.
Deberá elaborar y ejecutar programas para el establecimiento de reservas territoriales, a fin de impulsar el adecuado desarrollo de conurbaciones y zonas metropolitanas, evitando su ubicación en zonas de riesgo, en tierras consideradas de alto valor ambiental o en la que sea necesaria para la preservación de los recursos naturales o la producción agropecuaria y forestal.
A las entidades federativas les corresponden aspectos respecto a la planeación y desarrollo regional, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, así como en materia de coordinación y gestión para la planeación y desarrollo de conurbaciones y zonas metropolitanas.
Asimismo, deberán evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales, al impacto urbano o regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la entidad.
Los municipios, tendrán la obligación de formular, aprobar, administrar, cumplir y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven.
Esta tarea la deberán realizar en congruencia y vinculación con los programas estatales y con otros niveles de planeación, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
Mediante un artículo transitorio, se expone que las erogaciones que se generen con la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los recursos con los que cuenta la Sedatu para el ejercicio de sus funciones, por lo que no se requerirán transferencias presupuestales para su cumplimiento.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Ley General de Asentamientos Humanos
Avalan diputados reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pendiente desde 2009
Quiero comunicarles que en la Cámara de Diputados se avaló el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuya expedición está pendiente desde agosto de 2009.
El documento se aprobó con 266 votos a favor, 92 en contra y ocho abstenciones, y se turnó al Senado de la República para su eventual ratificación. Un servidor votó en contra.
Señala que la Unidad de Evaluación es el órgano técnico especializado encargado de apoyar a la Comisión de Vigilancia de la ASF en el cumplimiento de sus competencias relativas a evaluar el desempeño de la Auditoría Superior y vigilar el cumplimiento de las funciones a cargo de sus servidores públicos.
Dicho reglamento debió actualizarse a más tardar el 27 de agosto de 2009, tras la publicación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El nuevo reglamento, propuesto en octubre de 2013 por la Comisión de Vigilancia de la ASF, que preside el diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), integra diversas unidades administrativas, sus funciones y los procedimientos que habrá de desarrollar la Unidad de Evaluación y Control.
Consta de cinco capítulos, relativos a la competencia y organización de la Unidad, las atribuciones de su titular, de las unidades administrativas que la conforman, el régimen laboral de sus trabajadores, así como las suplencias del titular y directores en casos de ausencia temporal.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Aprobamos en sus términos minuta que regresó el Senado sobre Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la envía al Ejecutivo para su publicación
Les quiero informar que en la Cámara de Diputados avalamos en sus términos la minuta que regresó el Senado de la República con cambios, y que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. La turnamos al Ejecutivo para su publicación.
Esta reforma tiene el objetivo de regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación.
El documento, que fue aprobado este lunes por 339 votos a favor, 35 en contra y mueve abstenciones, otorga nuevas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para impulsar y modernizar este medio de transporte.
El pasado 4 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, en su calidad de cámara de origen, el cual proviene de dos iniciativas presentadas por los diputados Fernando Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza, ambos del PRI, así como Esther Quintana Salinas (PAN).
Entre las modificaciones propuestas por la cámara alta y que fueron aceptadas por los diputados destacan las siguientes:
Puntualiza que el Estado, al ejercer sus funciones de rectoría, garantizará también la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario.
Incorpora a nivel de ley, las definiciones de interconexión, derecho de paso y derecho de arrastre, así como la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario como órgano desconcentrado de la SCT, y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios.
Faculta a la nueva Agencia para garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, además de fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva;
Asimismo, fija los alcances del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
Aprobamos en lo general y en lo particular, dictamen que expide la Ley de Transición Energética y lo turnamos al Senado para su análisis y eventual ratificación
Por este medio quiero comunicarles que aprobamos en lo general y en lo particular, un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual expide la Ley de Transición Energética, y lo turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
El documento deriva de una iniciativa presentada en octubre pasado por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) y otros legisladores de ese grupo parlamentario. Es reglamentario de la reforma constitucional en materia energética, promulgada en diciembre de 2013.
El dictamen fue aprobado en lo general por 299 votos a favor, 83 en contra y tres abstenciones. Tras rechazarse de manera gradual las reservas presentadas a 10 artículos, fue avalado en sus términos en lo particular con 294 votos a favor, 91 en contra y cero abstenciones.
En el texto se explica que la nueva legislación que se expide tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, y las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
Otorga facultades a la Secretaría de Energía y a otras autoridades, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para facilitar el cumplimiento de metas de energías limpias y eficiencia energética.
La nueva legislación tiene como propósito “reducir de forma eficiente y al menor costo posible para la sociedad, los efectos negativos ambientales y de salud que la generación de energía eléctrica pudiese eventualmente producir”.
“Al mismo tiempo, se propone que el diseño de la estrategia a seguir en materia de transición energética y las medidas necesarias para fomentar el aprovechamiento sustentable de la energía, se ejecuten como un ejercicio democrático inscrito en una visión a mediano y largo plazos”, agrega el texto.
La Ley de Transición Energética establece tres instrumentos de planeación que buscan desarrollar la política nacional en materia de regulación de aprovechamiento sustentable de la energía, de obligaciones de energías limpias y de obligaciones de reducción de emisiones contaminantes para la industria eléctrica.
El primero de ellos es la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, misma que señalará las metas de energías limpias y eficiencia energética, reportará el avance de su cumplimiento.
En segunda instancia, se crea el Programa Especial de la Transición Energética, el cual establecerá las actividades y proyectos derivados de la Estrategia Nacional en la materia, señalando las obras de infraestructura requeridas y las actividades necesarias para cumplir con las metas en materia de energías limpias.
Por último, se instaura el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía (Pronase), el cual determinará las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia Nacional, que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética.
La ley plantea que el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease) tendrá por objeto captar y canalizar recursos financieros púbicos y privados, nacionales e internacionales, para instrumentar acciones que sirvan para contribuir a la realización de la Estrategia Nacional en la materia.
También prevé que el financiamiento para el aprovechamiento sustentable de la energía no sea necesariamente a cargo del erario público, sino admite convenios entre usuarios finales y financiadores.
Además, instituye el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias, el cual reportará sobre las zonas del país con alto potencial de energías renovables, sus variables climatológicas e información detallada sobre localización, capacidad y condiciones de operación de plantas generadoras.
Asimismo, transforma al Instituto de Investigaciones Eléctricas en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, se encargará de la investigación en la materia, de brindar apoyo técnico a la Secretaría de Energía y otras dependencias del Estado, así como al sector privado.
Finalmente, en los artículos transitorios del decreto se estipula que la Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica de un 25 por ciento para el año 2018, de un 30 por ciento para 2021 y de 35 por ciento para 2024.
Al inicio de la discusión en lo general del dictamen, los diputados aprobaron un agregado de las comisiones dictaminadoras.
Los cambios avalados buscan garantizar que la nueva ley fomente el uso de energías limpias y coadyuve en la disminución de emisiones contaminantes sin menoscabo de la productividad y manteniendo la competitividad en el sector.
Entre las modificaciones hechas al dictamen también se encuentra que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía establecerá incentivos y reconocimientos a los sujetos regulados que mantengan altos estándares de eficiencia energética, conforme a la normatividad existente o las mejores prácticas existentes.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Ley de Transición Energética
Reformamos diputados Ley Agraria para agilizar requisito de notificación a ejidatarios que pretenden enajenar derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados
Quiero compartirles que, el 11 de diciembre, aprobamos un dictamen que reforma el inciso b del artículo 80 de la Ley Agraria, con el objetivo de agilizar y facilitar el requisito de notificación a los ejidatarios que pretenden enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados.
El dictamen surge de una iniciativa que presentó la diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT), el 30 de abril de 2014, fue aprobada por 350 votos a favor, CERO en contra y OCHO abstenciones y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El documento señala que en el actual procedimiento agrario mexicano existen juicios que se han eternizado ante la falta de reglas claras procedimentales o bien ante la falta de disposiciones expresas que den solución a los conflictos que a diario surgen en los ejidos y comunidades del país.
Estos conflictos, con las actuales transformaciones sociales, han aumentado en número y complejidad.
Como ejemplo menciona que cuando el ejidatario pretende enajenar sus derechos agrarios, se encuentra obligado a notificar a su cónyuge, concubina o hijos, a efecto de que éstos, dentro del término de 30 días, haga valer su derecho del tanto y no haciéndolo en dicho plazo, perdieran ese derecho, o bien, si el ejidatario omitía la notificación, la enajenación sería nula.
El derecho del tanto es una figura legal que tiene como objetivo final preservar la línea familiar de los propietarios de una parcela o terreno ejidal, proporcionándoles el beneficio de la preferencia ante otros compradores en el caso de que esa tierra o derecho parcelario sea puesta en venta por su propietario original.
Con esta reforma, en el inciso b del artículo 80 se agrega que: En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley;
Ese tercer párrafo establece que: la notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Ley Agraria
Aprobamos prohibición del uso de ejemplares de vida silvestre en circos de todo el país, con multas de hasta tres millones 364 mil pesos a quien viole la legislación
Quiero comunicarles que aprobamos, el 11 de diciembre, una minuta del Senado que prohíbe el uso de ejemplares de vida silvestre en circos de todo el país, con multas de hasta tres millones 364 mil pesos a quien viole la legislación y la turnamos al Ejecutivo para su promulgación.
Finalmente, considera que el uso de animales en espectáculos circenses no proporciona ningún valor educativo a los espectadores, ni cumple funciones de conservación de la fauna.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General de Vida Silvestre
Aprobamos que investigadores en ciencia y tecnología de instituciones públicas puedan ampliar sus vínculos con sectores público, privado y social
Quiero informarles que en la sesión del 11 de diciembre, los diputados aprobamos un dictamen para fortalecer los vínculos de los investigadores de las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal con los sectores público, privado y social.
Se plantea que estas instancias puedan promover conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.
Con las modificaciones a los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también se otorga a los investigadores el carácter jurídico de “servidores públicos”.
Originalmente la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 40 Bis, sólo permitía la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, a las universidades e instituciones de educación pública superior y a los centros públicos de investigación.
En el artículo 51 de esa ley únicamente se consideraba a los centros públicos de investigación como responsables de promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas y nuevas empresas privadas de base tecnológica.
Sin embargo, con las reformas aprobadas este día ahora se incluyen a todas las entidades e instituciones, cuyo fin sea realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico o innovación.
El dictamen surge de una iniciativa presentada, en septiembre pasado por los diputados priistas Alejandro Rangel Segovia, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Irazema González Martínez Olivares y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, fue aprobado por 373 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones. Se turna al Senado para su análisis.
Con esta reforma se permite a los investigadores de instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal, que realicen actividades de vinculación con los sectores público, privado y social.
Las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se constituyan como entidades paraestatales.
También podrán promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado que los haya generado hasta 70 por ciento de las regalías que obtengan.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Los diputados aprobamos reforma constitucional para desvincular salario mínimo a ciertos supuestos y montos y crea nueva unidad de cuenta y la turnan al Senado
En la sesión ordinaria del pasado 10 de diciembre, los diputados aprobamos un dictamen que reforma la Constitución para desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en leyes federales, estatales y del Distrito Federal, y crea una nueva unidad de cuenta.
Ésta es la primera medida para establecer políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada de más del 70 por ciento por más de 30 años.
El dictamen modifica los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política y surge de sendas iniciativas presentadas por los coordinadores del PAN, PRD, MC y PT, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) y el Ejecutivo federal, entre el 11 de septiembre y el 5 de diciembre de 2014.
El documento fue aprobado por mayoría calificada con 372 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones y se turna al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la facultad de establecer el valor de la UMA, aplicando el procedimiento previsto en el régimen transitorio, el cual toma como base la inflación, a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Asimismo, con la finalidad de respetar la utilización del peso como única moneda de curso legal en el territorio nacional, se propone que el artículo 26 de la Constitución establezca que las obligaciones y supuestos previstos en los distintos ordenamientos jurídicos que se denominen en la UMA, se deberán solventar entregando su equivalente en moneda nacional.
Etiquetas: 1er Periodo del 3er Año de la LXII Legislatura, Salario mínimo