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Timestamp: 2017-02-28 05:35:18
Document Index: 14943700

Matched Legal Cases: ['artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 31', 'artículo 310', 'artículo 33', 'artículo\n390', 'artículo\n849']

con más tiempo, entraremos a un análisis de los distintos tipos penales;
dejamos el enlace a la norma y los distintos artículos con sus reformas.
Las disposiciones relativas a
la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al
Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que
ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de
Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten
servicios de interés económico general.
(Delito contra la Hacienda Pública):
que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica,
foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se
hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente
devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que
la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente
obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la
pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada
cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos
del apartado 4 del presente artículo.
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no
excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la
durante el período de tres a seis años.
determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:
a) Si se trata de tributos,
retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración
periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de
declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo
defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en
los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo
criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una
actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será
perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el
b) En los demás supuestos, la
cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que
un hecho imponible sea susceptible de liquidación.
3. Las mismas penas se
impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se
cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía
defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No
obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo
en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que
actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de
forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se
alcance la cantidad fijada en este apartado.
excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año
o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de
4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se
haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de
la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya
notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a
la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el
caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el
Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la
Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o
denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez
de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal
de la iniciación de diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo
anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez
prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía
La regularización por el obligado tributario de su situación
tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades
contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a
la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido
con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito
contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los
conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito
contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el
posible delito contra la Hacienda Pública.
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior
seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios
de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de
aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible
delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto
establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a
lo que se decida en el proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la
Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por
parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones
dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte,
hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa
prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte,
excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o
parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños
irreparables o de muy difícil reparación.
6. Los Jueces y Tribunales
podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en
uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la
citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca
judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de
otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del
delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas
para la identificación o captura de otros responsables, para el completo
esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio
del obligado tributario o de otros responsables del delito.
los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la
ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el
importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya
liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la
Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de
demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la
Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo
de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.
1. El delito contra la
Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y
multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se
a) Que la cuantía de la cuota
defraudada exceda de seiscientos mil euros.
b) Que la defraudación se
haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
c) Que la utilización de
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos,
negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula
tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado
tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía
defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del
2. A los supuestos descritos
en el presente artículo les serán de aplicación todas las restantes previsiones
contenidas en el artículo 305.
En estos casos, además de las penas
señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a
ocho años.»
El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales
de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a
cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado
3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los
fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados
u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su
concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena
de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada
Si la cuantía defraudada o aplicada
indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro
mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto
al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a
1. El que, por acción u
omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta
y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de
las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de
forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las
devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será
castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al
séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante
la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo.
La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad
Social durante el período de tres a seis años.
determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe
total defraudado durante cuatro años naturales.
3. Se considerará
regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por
el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de
la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones
inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que
tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o
el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél
dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen
anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad
Social una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en
La regularización de la situación ante la Seguridad Social
impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades
la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter
previo a la regularización de su situación.
4. La existencia de un
procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el
procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída
con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de
garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte,
el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con dispensa
total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución
pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La
liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el
5. Los Jueces y Tribunales
podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito
la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos
meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad
Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente
aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la
Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la
obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros
responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para
la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de
otros responsables del delito.
importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya
liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de
Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento
prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar
garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar
la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que
apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy
difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo
que se decida en el proceso penal.
podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la
pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos
meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la
Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será
igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del
deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren
activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o
captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos
delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la
Seguridad Social o de otros responsables del delito.
1. Quien obtenga, para sí o
para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la
prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del
error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la
ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando
con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena
de seis meses a tres años de prisión.
Cuando los hechos, a la vista del importe
defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del
autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa
del tanto al séxtuplo.
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los
2. Cuando el valor de las
prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido
cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del
apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis
años y multa del tanto al séxtuplo.
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al
responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho
a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante el período de cuatro a ocho años.
3. Quedará exento de
responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los
apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la
prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés
legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que
las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones
de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales
actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el
Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la
Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o
denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de
Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de
la iniciación de diligencias.
La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo
anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades
instrumentales que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas
objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la
regularización de su situación.
procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este
artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por
vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que
deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la
Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la
Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro
salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la
suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no
se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá
acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare
que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil
5. En los procedimientos por
el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y
de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de
los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por
6. Resultará
aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.
1. El que obtenga
subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un
valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas
para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con
la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su
importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de
2. Las mismas penas se
impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o
parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una
cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para
los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro
a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
3. Además de las penas
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos
fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
4. Para la determinación de
la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de
subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada
subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades
5. Se entenderá realizado el
reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de la
subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas
indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora
aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se
lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de
comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el
caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio
Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración
autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél
diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las
posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda
objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a
la regularización de su situación.
6. La existencia de un
vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El
importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la
Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que
el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de
las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere
prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la
suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la
ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
7. Los Jueces y
Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno
o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación
judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado
5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable
respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o
del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas
decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el
completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del
patrimonio del obligado o del responsable del delito.
310 bis Cp (Corporate defense en delitos de esta
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una
persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le
a) Multa del tanto al doble de la cantidad
defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona
física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al
cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito
cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de
c) Multa de seis meses a un
año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica
responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la
Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.
Atendidas las reglas establecidas en el
recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.»
311 Cp: (delito contra los derechos de los
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis
años y multa de seis a doce meses:
1.o Los que, mediante engaño
o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio
condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o
restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales,
convenios colectivos o contrato individual.
2.o Los que den ocupación
simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el
régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber
obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de
trabajadores afectados sea al menos de:
a) el veinticinco por ciento,
en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores,
b) el cincuenta por ciento,
en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no
más de cien, o
c) la totalidad de los
mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más
3.o Los que en el supuesto de
transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en
los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por
4.o Si
las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con
violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa
con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de
suspensión de seis meses a dos años.
Este precepto no será aplicable a los
certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
433 bis Cp (falseamiento de contabilidad por
funcionarios públicos)
1. La autoridad o funcionario
público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad
pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo
390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación
económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez
2. Con las mismas penas se
castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar
un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a
terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o
alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.
se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas
de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.
La reforma entra en vigor a los 20 días de su publicación (y el BOE
es de fecha 27-XII-2012).
Derecho penal/delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social,
Estas Navidades: The good wife y La costilla de
Aunque no es un artículo estrictamente jurídico, en
este breve post navideño vamos a recomendar una magnífica serie norteamericana
de ambientación legal. “The good wife” se basa en el siguiente argumento
Chris Noth (Law
& Order, Sex & the city) encarna a Peter Florrick, un Fiscal del
condado de Cook, para que nos entendamos Chicago. Lleva a cabo varias
operaciones anticorrupción relacionadas con el urbanismo previo a la
preparación de la campaña de la candidatura de Chicago para las Olimpiadas
2016. Este Fiscal cosecha notables éxitos en relación, como decimos, con
delitos urbanísticos hasta que se cruza en su camino una prostituta de lujo que, a
través de una campaña bien orquestada acaba provocando que pierda su posición
el Fiscal y con una condena de 9 años.
Margulles encarna a la mujer del anterior (Alicia Florrick) que se tiene que
sobreponer a la situación de la prisión de su marido, la llevanza de una casa
con dos hijos y el deshonor que la prostituta ha provocado en su matrimonio. Es
fichada por Josh Charles (Will Gardner en la serie), antiguo compañero de
facultad de Derecho, donde entra en el competitivo mundo del derecho penal y de
lo que en España serían las acciones colectivas de consumidores.
destripar los muy interesantes casos que plantea en capítulos que no pierden su
frescura con el paso de las temporadas, siendo muy interesante, a nuestro
juicio uno con Michael J Fox como abogado tramposo de la contraparte en un
capítulo relativo a un medicamento en mal estado. También es chocante, para lo
que se ve en España, que los juicios se reparten por sorteo justo antes de
empezar el acto, circunstancia que, evidentemente, dificulta “tocar” al juez
que va a conocer del caso. También los asuntos civiles se deciden por jurado
(como asuntos de derecho al honor o de consumidores y usuarios en cuanto
acciones colectivas).
prefiera el cine más clásico “La costilla de Adán” (“Adam’s Rib”, 1949), con
Katherine Hepburn y Spencer Tracy, respectivamente abogada y fiscal que están
casados entre sí y se encuentran en un juicio en el que ella defiende a una
mujer que ha disparado a su marido, que le era infiel, mientras su marido
ejercita la acción pública. Es una película muy irónica sobre la doble moral
masculina. Felices fiestas para todos.
funciones internas más interesantes del blog es que permite estudiar datos de
lo más variado, desde qué tipo de navegador usan tus visitantes, a el país de
procedencia de la visita, las franjas horarias de mayor impacto de búsqueda o
qué palabra o combinación de palabras se ha usado para llegar hasta el blog.
Particularmente curioso se me hace que cada vez hay más entradas porque alguien
ha escrito en google acoso +, por
ejemplo, Policía, Guardia Civil, Secretario Judicial, acoso sexual en el
ejército, etc. Realmente, si cualquier pudiera manejar ese tipo de datos se
daría cuenta del enorme y real problema que suponen las distintas conductas de
acoso, sea real o simplemente sentido por el cibersearcher, como el sexual, el laboral o mobbing, el escolar o bullying, el psíquico en relaciones de vecindad o pareja, etc.
tuve una conversación con una amiga en común de otra chica y esta me hizo
referencia a que la tercera en cuestión estaba siendo objeto de acoso sexual
por parte de cierto superior. Debemos necesariamente ponernos en antecedentes:
hay cierto cuerpo en nuestro país de rancio abolengo, pues surgió ni más ni
menos que de un admirado Duque, que se caracteriza, entre otras muchas y muy buenas
cosas por tener árboles genealógicos que llegan hasta el mismísimo Duque;
familias que presumen de haber sido hijos y nietos del Cuerpo y así
sucesivamente. Evidentemente, esto genera unos lazos de lealtad a la
resulta que desde hace unos cuantos años la mujer puede acceder en igualdad de
condiciones al hombre a tan distinguido Cuerpo. Y es en este punto donde surgen
los problemas que dan lugar a nuestra historia. Esta historia, como todas las
relacionadas con un acoso, tiene más tintes de tragedia que de ópera bufa.
actores, como casi siempre, podrían ser señalados como los siguientes:
Los compañeros que pasan de todo porque ya se sabe que
la porquería salpica.
Los, escasos, compañeros que apoyan a la acosada y
normalmente a escondidas, no sea cosa que los vean juntos.
Los “asuntos internos”, maestros en el arte del
palote, que nunca hacen nada y mucho menos en tiempo. ¡Ah sí! Le abren un
expediente disciplinario por desacato a la acosada.
Al borde de una baja laboral por depresión severa y
sin nadie que, de verdad, le de una ayuda debe barajar sus opciones. Estudiemos
para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o
de prestación de servicios, continuada o habitual, y
con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y
gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como
autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de
seis a 10 meses.
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el
hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la
víctima un mal relacionado con
las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada
3. Cuando la víctima sea especialmente
vulnerable, por razón de su edad,
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa
de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de
seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este
artículo. Pues bien, como se puede observar, los requisitos
exigidos por el Código penal 1) Solicitar favores de índole sexual
(cualesquiera) + 2) Existencia de relación laboral, docente o la más genérica
prestación de servicios + 3) Que la solicitud de favores sexuales sea
continuada o habitual, en otras palabras no basta una sóla vez; continuada en
otros delitos, como la violencia psíquica de género continuada jurisprudencialmente
exige sólo 2 actos, + 4) Provocar en la víctima una situación objetiva y a la
par subjetiva intimidatorio, hostil y humillante.
El apartado segundo agrava los hechos con una
miserable a todas luces pena de prisión de hasta 7 meses, o multa ojo, cuando
haya prevalencia o jerarquía. Vamos, que sale más caro en nuestro país el
romper la ventanilla de un coche y llevarse el radio CD que el acoso sexual por
el superior jerárquico continuado en el tiempo.
El apartado tercero prevé la misma miserable pena
cuando el acoso se produzca hacia una persona especialmente vulnerable.
Recordemos que cada vez más empresas tienen a disminuidos de cualquier tipo
trabajando en las mismas, con lo que no es tan inimaginable el supuesto.
Como hay que contar, salvo excepcionalísimas
circunstancias, con la ausencia de todo apoyo procedente del exterior, una
opción que debe manejar el acosado, de cualquier tipo y aquí el sexual, es
grabar con audio/vídeo al acosador, ser paciente y obtener pruebas del acoso.
Existen grabadoras muy apañadas de audio por 30 € y su uso es absolutamente
legal. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional, desde su sentencia
114/1984, de 29-XI, ha dicho expresamente que “no constituye contravención
alguna del secreto de las comunicaciones, la conducta del interlocutor en la
conversación que graba ésta”, doctrina seguida por el Tribunal Supremo de forma
Evidentemente pueden ser un apoyo, si bien no una
prueba definitiva, los informes periciales de psicólogo o psiquiatra expresamente
Aunque no es habitual, la testifical, si existe, es
una prueba bien recibida.
Para más datos nos remitimos a lo ya dicho en http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/2012/09/mobbing-o-acoso-laboral-prueba-y.html
Actualmente la jurisprudencia es escasa, si bien, a
priori, nada debería obstar a plantear añadidamente los delitos de lesiones
dolosas o imprudentes (a mi humilde juicio dolosas, por dolo eventual, ya que
el acosador se puede representar que su conducta puede ocasionar el derrumbe
psíquico de la acosada, o el estrés, o la depresión, etc.), desde el momento en
que el Código penal, en su art. 147 recoge expresamente la posibilidad de las
lesiones somáticas e incluso el tipo penal del acoso laboral (173 Cp).
STS 3442/2012 de 26-IV-2012, ponente Excmo. Luciano
Varela Castro. Enlace: http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6392314&links=28079120012012100356&optimize=20120604&publicinterface=true
Aquí nos encontramos con una sentencia en la que se
confirma la condena a un Comisario del Cuerpo Nacional de Policía por un delito
de acoso sexual absolviéndole del acoso a otra Policía, imponiéndole 20.000 €
de responsabilidad civil, con responsabilidad subsidiaria del Estado y pena de
alejamiento respecto a la que sí obtuvo la condena.
Debemos destacar que en el caso de la absolución se
hace porque tanto para el órgano de instancia como para el TS, que lo confirma,
hubo prescripción del delito (la Policía tardó demasiado en denunciar los
Los hechos probados, respecto a la agente por la que
se produce la condena son los siguientes:
“Entre Julio y Diciembre de 2005 la inspectora Paula trabajó
en comisión de servicios en la UCCI, y, siguió haciéndolo tras prórroga de seis
trabajo, al tiempo que le pidió que le
invitase a cenar, a lo que Paula, sorprendida y desconcertada, pues nunca
había recibido una queja por su trabajo, accedió. Durante la cena, que tuvo
lugar en un restaurante de Madrid, el acusado siguió criticando a Paula por
razones laborales, hasta que fueron a tomar una consumición a un local próximo,
donde el acusado cambió radicalmente de actitud, y le dijo que en ese momento
eran Lucas y Paula, y le dio un beso en la boca, contra la voluntad de ésta, exponiéndole sus gustos sexuales, diciéndole que
tenía que ser muy buena en la cama y haciéndole otros comentarios tendentes
a establecer relaciones sexuales, lo que fue rechazado por Paula .
Posteriormente el acusado llevó a Paula a su casa.- A partir de ese momento el
acusado se mostró despótico y despreciativo con Paula descalificando su
trabajo, pero al mismo tiempo, en dos ocasiones en el mismo mes de Marzo el
acusado le invitó a cenar, a lo que Paula se negó, y posteriormente, el día
24 de ese mes, estando la inspectora Paula en servicio de tarde a solas en
su despacho, se presentó allí el acusado, y, tras preguntarle si no llevaba
nunca falda y halagar lo bien que le quedaban las gafas, le propuso que le
acompañara a tomar algo a un bar y, más tarde, a cenar con él, insistiendo en
tales propuestas a pesar de la negativa de la inspectora, y reaccionando de
forma hostil a la negativa última de la misma a acompañar al acusado a una cena
a solas con el mismo, ante lo que Paula accedió a tomar un refresco en un bar
próximo, donde el acusado le cogió la mano, que fue retirada por Paula,
ante lo que el acusado reaccionó de manera muy enfadada, diciéndole que ya no
era nada para él y que habían acabado.- Esta situación produjo en Paula, que
estaba sujeta a los poderes directivos y sancionadores del acusado y
dependiendo su situación administrativa de las facultades de propuesta del mismo
en orden a su nombramiento y cese, un estado de fuerte estrés, angustia, miedo
y ansiedad, por las insinuaciones sexuales de que fue objeto y el posterior
desprecio y hostilidad que recibía por parte del acusado, y no saber como salir
de esta situación, llegando a padecer un trastorno adaptativo mixto
(ansioso-depresivo) crónico, por el que recibió tratamiento psicológico que no
ha sido concretado y durante un periodo de tiempo que no ha sido determinado, y
sin que conste si estuvo impedida para sus ocupaciones, y en su caso, la
duración del impedimento.- Ante la negativa de Paula a acceder a los deseos
sexuales del acusado, el 31 de Marzo el acusado llamó por teléfono al jefe
de servicio desde Turquía, a donde se había desplazado por motivos de trabajo,
Menudo pieza. Una de las cuestiones que
podemos apreciar, pero para la que sería importante examinar la sentencia de la
primera instancia, es que se dice que no se concreta el tratamiento
psicológico, su duración y demás extremos de importancia por lo que, muy
probablemente por esta razón, se produjo la absolución de los delitos de lesiones
y trato degradante (173 Cp).
El Tribunal Supremo ni entra a valorar
posibles dudas respecto a los hechos dada la mala construcción del recurso. En
cuando al Derecho sí que aporta lo siguiente:
siquiera el recurso pone en cuestión que tales hechos sean constitutivos del
delito imputado. La minuciosa exposición que la sentencia recurrida hace en su
fundamento jurídico sexto hace inútil cualquier cuestionamiento al respecto:
No es dudosa que la relación entre denunciante y acusado tiene una naturaleza de trabajo
profesional de prestación de servicios que
constituyó el contexto o ámbito del
comportamiento imputado. Ni siquiera se requiere que el sujeto activo del
El comportamiento típico consiste en una
directa e inequívoca solicitud a la
víctima de comportamientos cuya administración le corresponde en su autonomía
sexual. Es de subrayar que esa solicitud no tiene que ser necesariamente
verbalizada, bastando que se exteriorice de manera que así pueda ser entendida
por la persona destinataria. Y basta, para que la actitud requirente sea
típica, que se produzca no obstante el rechazo del destinatario o destinataria.
De tal suerte que el delito se consuma desde su formulación, de cualquiera
manera que sea, si le sigue el efecto indicado, pero sin que sea necesario que
alcance sus objetivos. Es más, de alcanzarlos, podría dar lugar a
La víctima pasó a una situación que, más
allá de la susceptibilidad subjetiva de ésta, debe objetivamente considerarse
no solamente de indudable hostilidad ,
sino humillante y generadora de temor. Lo primero por la actitud mantenida de descalificación
del trabajo de Paula. Lo segundo porque enmarcar la pretensión de actuaciones
en lo sexual en el ámbito de una relación de supremacía, con ese acompañamiento
de descalificaciones, hiere objetivamente la dignidad de la persona requerida.
Y además genera temor por el indudable protagonismo decisivo que puede tener la
intervención del requirente en la situación profesional de la requerida, temor,
por otra parte, lamentablemente, confirmado más allá de su mera posibilidad. No
requiere el tipo penal que la víctima sucumba y padezca más trastornos que la
mera ubicación en una situación que merezca aquellas calificaciones. Existe
pues responsabilidad penal aunque la entereza de la víctima le permita afrontar
sin otros daños la situación indicada. Desde luego no es necesario que como
efecto de dicha situación la víctima padezca estrés alguno, por más que en el
caso que juzgamos además concurra éste.
Tampoco cabe ninguna duda que el temor y
la humillación, así como la hostilidad, tuvieron objetivamente como causa el
comportamiento del acusado del que, por ello, cabe predicar la suficiente gravedad
como para atribuirle esa eficacia.
asimetría de la relación entre acusado y víctima se traducía en una indudable
superioridad del acusado de la que éste hizo abuso a los fines de favorecer la
formulación de sus solicitudes sexuales con pretensión de aceptación por la
Por todo ello consideramos adecuadamente hecha la
calificación de los hechos como constitutivos, al menos, de este delito.” Interesante y por eso lo añadimos,
respecto a la responsabilidad civil (indemnización) y su cuantificación señala:
en el motivo quinto discute el recurrente el importe de la cantidad que se fija
el recurrente en negar el hecho que dio lugar a la responsabilidad penal de la
que deriva la civil, lo que está vetado en el cauce casacional del artículo
849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
niega la existencia de todo perjuicio moral porque, según llega a decir, la
víctima es ahora feliz fuera del trabajo profesional del que disfrutaba cuando
fue acosada, viviendo en Alemania, siendo su excedencia voluntaria.
Es doctrina jurisprudencial reiterada que
el quantum de la indemnización por las responsabilidades civiles ex delicto no
pueden ser sometidas a la revisión casacional y sí solo las bases sobre las que opera el juzgador para fijar el monto de esas
indemnizaciones ( STS de 14 de diciembre de 20011 resolviendo el recurso
855/2011 ) por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o
reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y
daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante ( STS 06
de Julio del 2010 resolviendo el recurso 10206/2010 ).
referencia específica a la determinación de la reparación del daño moral sólo
puede ser objeto de control en el recurso de casación cuando resulta manifiestamente
arbitraria y objetivamente desproporcionada (
del "quantum", en sede casacional, si se constata que la cuantía
3.- Es obvio que
actos como el que se imputan al recurrente producen por su mera existencia un
daño moral ínsito en la humillación y el temor que ocasionan. Pero, además, en
este caso la sentencia ha declarado concurrente un efecto de estrés en la
víctima que no cabe desconocer como precedente fáctico en la determinación de
la responsabilidad civil.”