Source: http://legislacion.derecho.com/ley-10-1992-de-medidas-urgentes-de-reforma-procesal
Timestamp: 2016-10-22 08:07:10
Document Index: 314869606

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 74', 'artículo 83', 'artículo 430', 'artículo 432', 'artículo 437', 'artículo 439', 'artículo 447', 'artículo 449', 'artículo 453', 'artículo 456', 'artículo 460', 'artículo 463', 'artículo 473', 'artículo 480', 'artículo 483', 'artículo 484', 'artículo 704', 'artículo 719', 'artículo 721', 'artículo 724', 'artículo 727', 'artículo 715', 'artículo 496', 'artículo 785', 'artículo 786', 'artículo 911', 'artículo 965', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 524', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 484', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 484', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 410', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 526', 'artículo 53', 'artículo 733', 'artículo 67', 'artículo 142', 'artículo 64', 'artículo 135', 'artículo 175', 'artículo 420', 'artículo 684', 'artículo 716', 'artículo 790', 'artículo 109', 'artículo 789', 'artículo 789', 'artículo 791', 'artículo 793', 'artículo 790', 'artículo 963', 'artículo 964', 'artículo 966', 'artículo 968', 'artículo 277', 'artículo 962', 'artículo 970', 'artículo 984', 'artículo 60', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 979', 'artículo 131', 'artículo 478']

LEY 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal	LEY 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal Mis Leyes
LEY 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal Estado	:
BOE 108/1992	Fecha Disposición	:
05/05/1992	Órgano Emisor	:
JEFATURA DEL ESTADO	Exposición de motivos Capítulo I Reforma de los procesos civiles Sección 1. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil Artículo primero. Sección 2. Modificación de otras normas procesales civiles Artículo segundo. Modificación del Decreto de 21 de noviembre de 1952 Artículo tercero. Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos Artículo cuarto. Artículo quinto. Modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial Capítulo II Reformas del proceso penal Artículo sexto. Capítulo III Reformas del proceso contencioso-administrativo Artículo séptimo. Modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Disposición transitoria primera. Procesos civiles en tramitación Disposición transitoria segunda. Régimen de recursos en el orden civil Disposición transitoria tercera. Régimen de recursos en el orden contencioso-administrativo Disposición derogatoria primera. Derogación de preceptos del Decreto de 21 de noviembre de 1952 Disposición derogatoria segunda. Derogación de normas reguladoras del proceso contencioso-administrativo Disposición derogatoria tercera. Disposición final primera. Modificación de la Ley Hipotecaria Disposición final segunda. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal Disposición final tercera. Modificación de la Ley General de Cooperativas Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica Procesal Militar Disposición final quinta. Entrada en vigor
Tal posibilidad se da, especialmente, en los supuestos en los que el imputado ha sido sorprendido <in fraganti> y en los que existe carga probatoria más que suficiente para proceder, sin mayores dilaciones, al enjuiciamiento. La experiencia dicta que, en estos casos, una más inmediata celebración del juicio no siempre es practicable debido a la existencia de algunos obstáculos de menor índole.
En el aspecto procedimental se regula el trámite de admisión, de particular importancia en un orden jurisdiccional en que son frecuentes las impugnaciones masivas que tienen identidad de soluciones, sin perjuicio de las demás finalidades que persigue este instrumento de depuración que libera al Tribunal de toda la tramitación de un procedimiento cuando carezca, <ab initio>, de sentido, en detrimento de su dedicación a aquellos que, sea cual sea su destino final, merezcan la atención del Tribunal.
Capítulo I Reforma de los procesos civiles
Sección 1. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1. El número 2. del párrafo primero del artículo 4 queda redactado de la forma siguiente:
<2. En los juicios verbales, en los de cognición y en los de desahucio, salvo cuando éstos se refieran a locales de negocio, establecimientos mercantiles o fabriles o fincas rústicas.>
<Sólo se exceptúan los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la Ley disponga expresamente que se practiquen a los mismos interesados en persona.>
3. Los números 2. y 3. del párrafo segundo del artículo 10 quedan redactados de la forma siguiente:
<2. Los juicios verbales y los de desahucio, salvo cuando se funden en la falta de pago de la renta de locales de negocio.
3. Los actos de jurisdicción voluntaria de cuantía determinada que no exceda de 400.000 pesetas, así como los que tengan por objeto la adopción de medidas urgentes o que deban instarse en un plazo perentorio.>
<Tanto los Procuradores como los Abogados podrán asistir con carácter de apoderados o con el de auxiliares de los interesados a los actos de conciliación y a los juicios a que se refieren las excepciones del número 2. del párrafo segundo del artículo anterior, cuando las partes quieran valerse espontáneamente de ellos.>
5. En la regla 5. del artículo 63 se suprime la expresión <o municipales>.
6. La regla 10. del artículo 63 queda sin contenido.
7. La regla 11. del artículo 63 tendrá la siguiente redacción:
<Para los juicios de desahucio será competente el Juez de Primera Instancia del lugar en que esté sita la finca.>
8. En la regla 12. del artículo 63 se suprime la expresión <y a prevención en los casos de urgencia, del Juez municipal del pueblo en que se hallaren>.
9. La regla 13. tendrá la siguiente redacción:
<En las demandas en que se ejerciten acciones de retracto, será Juez competente el del lugar en que estuviere sita la cosa litigiosa o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.>
10. La regla 20. del artículo 63 queda sin contenido.
<Las reglas establecidas en los artículos anteriores, se entenderán sin perjuicio de lo que disponga la Ley para casos especiales.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será de aplicación a los juicios universales ni a los interdictos de obra nueva y obra ruinosa.>
12. En el último párrafo del artículo 74, la expresión <igual facultad tendrán las Audiencias y Tribunal Supremo> se sustituye por <igual facultad tendrán las Audiencias, los Tribunales Superiores de Justicia, en su caso, y el Tribunal Supremo> y la expresión <motivo primero> se sustituye por <motivo segundo>.
1. Los Juzgados de Paz.
2. Los Juzgados de Primera Instancia.
3. Las Audiencias.
2. Los Juzgados de Paz podrán plantear cuestión de competencia a otros Juzgados de Paz del mismo partido judicial.
Cuando no concurriera esta circunstancia, los Juzgados de Paz tramitarán la cuestión al Juez de Primera Instancia que resolverá sobre la procedencia o no del planteamiento de la cuestión.>
14. En el párrafo segundo del artículo 83, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
<Los Ponentes, sin embargo, podrán cometer dichas diligencias a los Jueces de Primera Instancia, cuando deban practicarse en pueblo que no sea el de su residencia.>
<Las citaciones y los emplazamientos de los que, siendo parte en el juicio, estuvieren representados por Procurador o, cuando la Ley lo autorice, por Abogado, se harán por medio del representante.>
<También podrá acordarse cuando la parte interesada lo solicite, que se remita por conducto personal, en cuyo caso se aplicará lo previsto para los exhortos.>
31. En el artículo 430 se suprime la expresión <y en todo caso entre las diversas escribanías de cada Juzgado>.
32. En el artículo 432 se suprime la expresión <y escribanía>.
34. En el artículo 437, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
35. En el artículo 439, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
36. En el párrafo segundo del artículo 447, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
37. En el número 4. del artículo 449, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
38. En el párrafo tercero del artículo 453, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
39. En el párrafo primero del artículo 456, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
40. En el párrafo primero del artículo 460, la expresión <Distrito> se sustituye por <Primera Instancia>.
41. En el artículo 463, la expresión <Distrito> se sustituye por <Primera Instancia>.
42. En los artículos 465 a 468, la expresión <Distrito> se sustituye por <Primera Instancia>.
43. En el artículo 473 se suprime la expresión <municipal>.
44. En el artículo 480 se suprime la expresión <de Distrito y>.
45. El número 1. del artículo 483 queda redactado de la forma siguiente:
<1. Las demandas cuyo valor o interés económico exceda de 160 millones de pesetas.>
46. El número 1. del artículo 484 queda redactado de la forma siguiente:
<1. Las demandas ordinarias cuyo interés económico pase de 800.000 pesetas y no exceda de 160 millones de pesetas.>
<Toda cuestión entre partes cuyo interés pase de 80.000 pesetas y no exceda de 800.000 se decidirá en juicio de cognición, y en juicio verbal si no supera las 80.000 pesetas.>
<Lo dispuesto en los artículos que preceden se entenderá sin perjuicio de lo establecido para los juicios ejecutivos y en disposiciones especiales.>
<El término extraordinario de prueba será de cuatro meses si hubiese de ejecutarse en Europa y de seis meses en cualquier otra parte del mundo.>
<El litigante a quien se hubiere concedido el término extraordinario y no ejecutare la prueba que haya propuesto, será condenado a pagar a su contrario una indemnización que no podrá bajar de 10.000 pesetas ni exceder de 100.000, a juicio del Juez que conozca de los autos, salvo si apareciere que no ha sido por su culpa, o si desistiere de hacer dicha prueba antes de que transcurra el término ordinario.
Esta indemnización se impondrá en la sentencia definitiva.>
53. En el artículo 704 se suprime la expresión <Territorial>.
<Los Jueces de Primera Instancia serán competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no exceda de 80.000 pesetas. Los Jueces de Paz conocerán, por los mismos trámites, de las demandas cuya cuantía no exceda de 8.000 pesetas.
No se admitirán en estos juicios reconvenciones ni tercerías por cuantías que excedan de las señaladas en el párrafo precedente.>
<El Juez examinará de oficio su propia competencia objetiva y territorial, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Sección segunda del Título II del Libro primero. De estimarse incompetente dictará auto declarándolo así. Este auto será apelable en ambos efectos.>
56. En el artículo 719, la expresión <Distrito> se sustituye por <Primera Instancia>.
57. En el artículo 721 se suprime la expresión <de Distrito o de Paz>.
58. En el artículo 724 se suprime la expresión <de Distrito o de Paz>.
59. En el artículo 727 se suprime la expresión <de Distrito o de Paz>.
<Si no compareciere el demandante en el día y hora señalados, se le tendrá por desistido de la celebración del juicio, condenándole en todas las costas y a que indemnice al demandado que hubiere comparecido los perjuicios que le haya ocasionado.
En el acta que se extenderá, el Juez, oyendo al demandado, fijará prudencialmente y sin ulterior recurso el importe de dichos perjuicios, sin que puedan exceder de 4.000 pesetas cuando entendieren los Jueces de Paz y de 20.000 pesetas cuando los de Primera Instancia, a no ser que aquél renuncie a los mencionados perjuicios. No renunciándolos, se exigirán con las costas por la vía de apremio.>
<Las sentencias dictadas en los juicios verbales a los que se refiere el artículo 715 de esta Ley no serán susceptibles de recurso de apelación cuando hayan resuelto sobre acciones personales basadas en derechos de crédito.
Contra las sentencias dictadas en procesos, distintos de los mencionados en el párrafo anterior, que deban seguirse por los trámites del juicio verbal, podrá interponerse el recurso de apelación en ambos efectos dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación, desde el cual se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes.>
<El recurso se interpondrá por escrito que se presentará ante el órgano que hubiese dictado la resolución que se impugne, en el que se expondrán las alegaciones en las que se base la impugnación. Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que hayan causado la indefensión del recurrente en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión, acreditando haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubiesen cometido en momento en el que fuese ya imposible la reclamación.
En el escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que le hubiesen sido indebidamente denegadas, siempre que hubiese formulado en su momento la oportuna reserva, y de las admitidas que no hubiesen sido practicadas por causas que no le sean imputables.>
<Admitida la apelación, el Juez dará traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días y transcurrido el mismo, se hayan o no presentado escritos de impugnación o adhesión, elevará en los dos días siguientes al órgano competente, los autos originales con todos los escritos presentados.
En los escritos de interposición del recurso o de impugnación o adhesión del mismo fijarán las partes un domicilio para notificaciones en la sede del órgano competente para conocer del recurso.>
<Denegada la admisión de la apelación, si dentro del día siguiente al de la notificación el apelante manifestare por escrito su propósito de recurrir en queja, se le expedirá certificación del auto denegatorio, con emplazamiento por diez días, en cuyo término el apelante, con presentación de testimonio, podrá alegar por escrito ante el Juez o la Audiencia las razones por las que la apelación debiera ser admitida y el órgano judicial, previo informe del Juez, resolverá sobre ello dentro del segundo día.
Desestimada o desierta la queja, se pondrá en conocimiento del Juez para ejecución de la sentencia.>
<Recibidos los autos por el órgano competente para decidir la apelación, si no se hubiese propuesto prueba, dictará sentencia en el plazo de diez días, confirmando o revocando la apelada con imposición de las costas al apelante en el primer caso, o haciendo, si corresponde, la declaración de nulidad que previene el artículo 496 y mandará devolver aquellos al Juez.
Cuando estime que ello es necesario, podrá acordar la celebración de vista, citando a las partes. Si el recurso contiene proposición de prueba, se resolverá en tres días sobre la admisión de la propuesta, y en el mismo acto se señalará día para la vista dentro de los quince siguientes. En este caso la vista se celebrará empezando por la práctica de la prueba. A continuación las partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.>
<Cuando corresponda conocer de la apelación a la Audiencia Provincial, ésta se consitituirá con un solo Magistrado.>
<Si en la ejecución de la sentencia se entablare tercería de dominio o de mejor derecho sobre los bienes embargados, la decidirá el mismo Juez por los trámites anteriores establecidos para el juicio verbal cuando el valor de lo reclamado no exceda de la cuantía límite de su competencia. Si excediere de 8.000 pesetas conocerá el Juez que resulte competente por la cuantía, por los trámites del juicio que corresponda a la misma. En este caso, entablada la tercería ordenará al inferior que suspenda el procedimiento hasta que recaiga sentencia en el juicio de tercería, si ésta fuere de dominio, y si ésta fuere de mejor derecho, que consigne en la entidad de crédito correspondiente el importe de los bienes, si se enajenaren.>
70. En el artículo 785, la expresión <municipales> se sustituye por <de Paz>.
71. En el artículo 786, la expresión <municipal> se sustituye por <de Paz>.
73. En el artículo 911, la expresión <municipal> se sustituye por <de Paz>.
75. En el artículo 965, se suprime la expresión <, o el municipal, en su caso,>.
<La declaración de que determinadas personas, que sean descendientes, ascendientes o cónyuge del finado, son los únicos herederos abintestato se obtendrá mediante acta de notoriedad tramitada conforme a la legislación notarial por Notario hábil para actuar en el lugar en que hubiere tenido el causante su último domicilio en España y ante el cual se practicará la prueba testifical y documental precisa.>
<Los demás herederos abintestato podrán obtener la declaración en vía judicial justificando debidamente el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate y su parentesco con la misma y, con la certificación del Registro general de actos de última voluntad y con la información testifical, que dicha persona ha fallecido sin disposición de última voluntad, y que ellos solos, o en unión de los que designen, son sus únicos herederos.
También se practicará el cotejo de los documentos presentados con sus originales cuando lo pidiere el Fiscal o el Juez lo estimare necesario.>
<Practicadas por el Secretario las diligencias a que se refieren los artículos 980 y, en su caso, 984, el Juez, a propuesta de aquél, dictará auto haciendo la declaración de herederos abintestato si la estimase procedente, o denegándola con reserva de su derecho a los que la hayan pretendido para el juicio ordinario.
Este auto será apelable en ambos efectos.>
<Si, a juicio del Fiscal o del Juez, hubiere motivos racionalmente fundados para creer que podrán existir otros parientes de igual o mejor grado, el Juez mandará fijar edictos en los sitios públicos del lugar de su sede y en los pueblos de fallecimiento y naturaleza del finado, anunciando su muerte sin testar, y los nombres y grado de parentesco de los que reclamen la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el Juzgado a reclamarlo dentro de treinta días.
También se insertarán en el ''Boletín Oficial del Estado'' si, a juicio del Juez, las circunstancias del caso lo exigiese.>
<Corresponderá a los Jueces de Primera Instancia decretar los embargos preventivos.
Si la deuda no excede de 8.000 pesetas podrá decretarlo el Juez de Paz competente cuando se pida al tiempo de proponer la demanda reclamando el pago de aquélla.>
85. En el párrafo primero del artículo 1.411 se suprime la expresión <por cantidad superior a 500.000 pesetas>.
86. En el párrafo primero del artículo 1.418 se sustituye la expresión <Juez municipal> por la de <Juez de Paz>.
87. Se añade un apartado 7. en el artículo 1.429 con la redacción siguiente:
<7. Los certificados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión.>
<En los casos a los que se refiere el párrafo anterior, la entidad acreedora deberá notificar previamente al deudor o al fiador el importe de la cantidad exigible.>
<La demanda ejecutiva se formulará en los términos prevenidos para la ordinaria en el artículo 524 y se interpondrá ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar del cumplimiento de la obligación, según el título, o ante el del domicilio del demandado o de alguno de ellos, o ante el del lugar en que se encuentren los bienes inmuebles especialmente hipotecados, si los hubiere, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Sección segunda del Título II del Libro primero.>
<El Registrador deberá comunicar al órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado.>
91. El número 1. del artículo 1.489 tendrá la siguiente redacción:
<1. Que se expida mandamiento al Registrador de la Propiedad para que libre y remita al Juzgado certificación en la que conste la titularidad del dominio y de los demás derechos reales de la finca o derecho gravado, así como las hipotecas, censos y gravámenes a que estén afectos los bienes, o que se hallan libres de cargas.>
<El Registrador de la Propiedad comunicará a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que consten en asientos posteriores al del gravamen que se ejecuta, el estado de la ejecución para que puedan intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere.
La comunicación se practicará en el domicilio que conste en el Registro por correo o telégrafo. En la certificación a que se refiere el artículo anterior se expresará el haberse practicado esta comunicación.>
<Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del resto del precio de remate.>
94. En el párrafo primero del artículo 1.500 se suprime la expresión <en la mesa del Juzgado o>.
<El acto del remate será presidido por el Secretario. Se dará principio leyendo la relación de bienes y las condiciones de la subasta. Se publicarán las posturas que se admitan y las mejoras que se vayan haciendo, y se terminará el acto cuando, por no haber quien mejore la última postura, el Secretario lo estime conveniente.
Cuando el adjudicatario hubiere hecho la postura por escrito y no asistiere al acto del remate, se le requerirá para que en plazo de tres días acepte la adjudicación. Si no lo hiciere, perderá la cantidad consignada y se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1.500.>
<Fuera de los casos a que se refieren los tres artículos anteriores, verificado el remate en cualquiera de las subastas, lo aprobará el Juez en el mismo o al siguiente día, mandando, si fueren bienes muebles o semovientes, que se entreguen al comprador, previa la consignación del precio, dentro del tercer día.
A dicho fin se dará la oportuna orden al depositario y se hará constar en los autos la consignación del precio y la entrega de los bienes, cuyo recibo firmará el comprador.>
<Al aprobar el remate se mandará al comprador que, dentro de un breve término que no podrá exceder de ocho días, consigne el precio de aquél.>
<Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
El precio del remate se destinará sin dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobrante se entregará a los acreedores posteriores o a quien corresponda, depositándose, entre tanto, en el establecimiento destinado al efecto.>
<Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio expedido por el Secretario, con el visto bueno del Juez, comprensivo del auto de aprobación del remate, y en el que se exprese que se ha consignado el precio así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.>
<Con el testimonio a que se refiere el artículo anterior se entregarán al comprador los títulos de propiedad y se pondrán los bienes a su disposición, dándose para ello las órdenes necesarias.>
<A instancia del comprador se cancelarán la anotación o inscripción del gravamen que haya dado lugar a la ejecución del bien adjudicado así como de los posteriores a que estuviere afecta la finca, expidiéndose para ello mandamiento al Registrador de la Propiedad, en el que se expresará que el importe de la venta no fue suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, o que tal importe se destinó íntegramente a cubrir el crédito del ejecutante o que se ha depositado el sobrante a disposición de los interesados.>
<En el caso de haberse adjudicado la finca al ejecutante en pago de su crédito se aplicará igualmente lo dispuesto en los artículos anteriores.>
104. En el párrafo primero del artículo 1.520 se suprime la expresión <salvo lo prevenido en los artículos 1.516 y 1.517.>
<El desahucio por falta de pago de las rentas del arrendamiento de un establecimiento mercantil o fabril podrá ser enervado por el arrendatario mediante la consignación de las rentas adeudadas y de las costas causadas, si fueren conocidas y, en su caso, por la cantidad alzada que al efecto se fije por el Juzgado, durante el período comprendido entre su citación y el día señalado para la celebración del juicio verbal.>
109. La Sección segunda del Título XVII del Libro II se denominará <Del procedimiento para el desahucio>.
<El juicio de desahucio se sustanciará por los trámites establecidos para los verbales con las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.>
<La sentencia será apelable en ambos efectos para ante la Audiencia Provincial, pudiendo interponerse la apelación dentro del tercer día, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 733 y siguientes.
Si la apelación se hubiera interpuesto por el demandado, el Juez no admitirá el recurso si no hubiere cumplido lo que se previene en el artículo 1.566.>
<Admitida la apelación, se remitirán los autos, en el día siguiente, a la Audiencia Provincial.>
<Cuando el demandado limite su reclamación a lo que resulte del avalúo conocerá de ella en juicio verbal el Juez que haya conocido del desahucio.>
<Corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación en los supuestos de infracción de las normas del derecho civil, foral o especial propio de las Comunidades Autónomas en cuyo Estatuto de Autonomía se haya previsto esta atribución, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección novena de este Título.>
<Son susceptibles de recurso de casación:
1. Las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias Provinciales en los juicios declarativos ordinarios de mayor cuantía y en los de menor cuantía siguientes:
a) Aquellos a los que se refiere el número 2. del artículo 484.
2. Los autos dictados en apelación, en los procedimientos para la ejecución de las sentencias recaídas en los juicios a que se refiere el número anterior, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.
3. Las sentencias dictadas por las Audiencias en los juicios de desahucio que no tengan regulación especial y las recaídas en los juicios de retracto, cuando en ambos casos alcancen la cuantía requerida para esta clase de recursos en los declarativos ordinarios.
4. Las resoluciones para las que expresamente se admita en las circunstancias y conforme a los requisitos que vengan establecidos.>
<El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:
1. Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.
2. Incompetencia o inadecuación del procedimiento.
4. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.>
<El recurso de casación se preparará, mediante escrito que se presentará dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente al de la notificación de la resolución, ante el mismo órgano jurisdiccional que la hubiere dictado. En dicho escrito se manifestará la intención de interponer el recurso, con exposición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigidos, solicitando que se tenga por preparado en tiempo y forma y que se remitan a la Sala Primera del Tribunal Supremo los autos originales y, en su caso, el rollo de apelación y que se emplace a las partes.
Transcurrido el plazo de los diez días sin presentar el escrito, la sentencia o resolución quedará firme.>
<Al mismo tiempo se emplazará a las partes para su comparecencia ante la Sala Primera del Tribunal Supremo en el plazo improrrogable de treinta días, si bien sólo la parte recurrente está obligada a tal comparecencia para interponer el recurso.>
<El recurso de queja se interpondrá ante la Sala de lo Civil del Tribunal S upremo, dentro del plazo señalado en el artículo 1.698, acompañando la copia certificada del auto denegatorio, y, en su caso, de las sentencias dictadas en ambas instancias.
La Sala sin más trámites o previa reclamación de los autos al Tribunal ante el que se preparó el recurso, dictará la resolución que proceda contra la cual no se dará recurso alguno.>
<El que hubiere preparado el recurso de casación, si ha de interponerlo y no se encuentra en la situación legal de justicia gratuita, debe constituir previamente un depósito de 50.000 pesetas en el establecimiento destinado al efecto si las sentencias o resoluciones recaídas en primera y segunda instancia son conformes de toda conformidad, teniendo este carácter, aunque difieran en lo relativo a imposición de las costas.
En el supuesto del recurso de casación directo previsto en el artículo 1.688 no será necesaria la constitución del depósito.>
<La parte que hubiese preparado el recurso presentará ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, el escrito de interposición, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del emplazamiento.>
<Dentro del plazo expresado en el artículo anterior, la parte recurrente puede personarse y pedir que se le comuniquen los autos.>
<En el escrito de interposición del recurso de casación se expresarán el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas.
En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con los motivos que la Ley permite.>
<Interpuesto el recurso de casación se pasarán las actuaciones al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para que, además de cumplir en lo que fuera pertinente la misión que le incumbe dentro del proceso, en defensa de la legalidad, los intereses públicos y sociales, se pronuncie sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso o de alguno de sus motivos.
De estimarlo admisible en su totalidad, devolverá las actuaciones con la fórmula de ''visto''. En caso contrario, emitirá dictamen razonado del que se dará copia literal a las partes.>
<1. Devueltas las actuaciones por el Fiscal, se pasarán al Magistrado Ponente, a fin de que se instruya y someta a deliberación de la Sala lo que haya de resolverse conforme a las siguientes reglas:
1. De no haberse presentado cualquiera de los documentos comprendidos en los números 1. a 3. del artículo 1.706 o apreciándose en ellos algún defecto, se concederá a la parte recurrente el plazo que la Sala estime suficiente, en ningún caso superior a veinte días, para que aporte los documentos omitidos o subsane los defectos apreciados.
2. También dictará la Sala auto de inadmisión, con los mismos efectos previstos en la regla anterior si, no obstante haber tenido por preparado el recurso, estimase en este trámite la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 1.697 y 1.707; si las normas citadas no guardaran relación alguna con las cuestiones debatidas y si, siendo necesario haber pedido la subsanación de la falta, no hubiere en los autos constancia de haberse hecho.
3. Asimismo dictará la Sala auto de inadmisión, con idénticos efectos, cuando el recurso carezca manifiestamente de fundamento o cuando se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales. En este caso, puesta de manifiesto la causa de inadmisión, se oirá a la parte recurrente por plazo de diez días antes de resolverse definitivamente. Para denegar la admisión del recurso por esta causa será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad.
4. Se inadmitirá el recurso, con iguales efectos que los prevenidos en las reglas anteriores, cuando no se hubiese determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables si la Sala considera que, notoriamente, no supera los límites que establece el número 1. del artículo 1.687.
5. Contra los autos a que se refieren las reglas anteriores no se dará recurso alguno.
2. De admitirse el recurso por todos o algunos de los motivos, se entregará copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas, para que formalicen por escrito su impugnación en el plazo común de veinte días. Durante dicho plazo se les pondrán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.>
<Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, se hayan presentado o no los escritos de impugnación, la Sala señalará, dentro de los noventa días siguientes, día y hora para la celebración de vista o, en su caso, para la votación y el fallo.
Para la celebración de vista se citará a las partes con quince días, al menos, de antelación, durante los cuales podrán tomar instrucción complementaria de las actuaciones en la Secretaría.>
<Para la vista y decisión del recurso se constituirá la Sala con tres Magistrados, salvo cuando el proceso verse sobre derechos fundamentales o se refiera a las cuestiones que relaciona el número 2. del artículo 484, en cuyo caso formarán la Sala cinco Magistrados.>
<La Sala dictará sentencia dentro de los quince días siguientes al de terminación de la vista o, de no celebrarse ésta, al de la celebración de la votación.>
<1. Si se estimase el recurso por todos o algunos de los motivos, la Sala en una sola sentencia, casando la resolución recurrida, resolverá conforme a derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. De estimarse algún motivo amparado en los números 1. y 2. del artículo 1.692, se dejará a salvo el derecho a ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado.
2. De estimarse motivos comprendidos en el número 3. del artículo 1.692 que se refieran a transgresiones o faltas cometidas en los actos y en las garantías procesales, se mandarán reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta.
3. De ser estimados motivos de infracción comprendidos en el número 4. y en el primer inciso del 3. del artículo 1.692, la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate.
3. Si no se estimase procedente ningún motivo, la sentencia declarará no haber lugar al recurso, con imposición de las costas al recurrente y la pérdida del depósito constituido.>
134. En el párrafo primero del artículo 1.718, la expresión <motivo 5. > se sustituye por <motivo 4. >.
135. La Sección novena del Título XXI del Libro II pasa a denominarse: <Del recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia>.
<La competencia atribuida a los Tribunales Superiores de Justicia en la letra a) del apartado 1 del artículo 73 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ejercitará con arreglo a las normas precedentes, sobre el recurso de casación con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes, debiendo entenderse las referencias de aquéllas a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo como hechas a la de lo Civil y Penal del correspondiente Tribunal Superior de Justicia.>
<Cuando el recurso de casación se fundamente conjuntamente en infracción de norma de Derecho civil común y de Derecho civil foral o especial propio de la Comunidad, corresponderá entender de él a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, excepto si se fundamenta en la infracción de un precepto constitucional, supuesto en que la competencia corresponderá a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Si se preparasen por la misma parte sendos recursos de casación contra una misma resolución para ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y para ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, se tendrá el primero de ellos por desistido en cuanto se justifique esta circunstancia, con los efectos prevenidos en el artículo 410, párrafo segundo.>
<En el trámite previsto en el artículo 1.709, el Ministerio Fiscal, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, si entendiera que corresponde conocer de él a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el caso de que se hubiese interpuesto ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, o a ésta, en el caso inverso, lo expondrá por escrito razonado, y la Sala, oídas las partes, resolverá por auto lo que corresponda, con remisión de las actuaciones y rollo de apelación, en el plazo de cinco días, y emplazamiento a las partes para que comparezcan ante la Sala que correspondiera, en el plazo de diez, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Las dudas sobre competencia que pudieran suscitarse entre la atribuida al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia se resolverán aplicando lo que disponen los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 81 a 83 de ésta, entendiéndose referido a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia lo que el último de los citados preceptos dispone con respecto a las Audiencias.>
<Si el Tribunal Supremo, en la decisión del recurso, estimase que no concurre la infracción del precepto constitucional invocado, si además se hubiese fundado en infracciones de norma de Derecho civil, foral o especial, remitirá las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia que corresponda, en el plazo de quince días, con emplazamiento de las partes por plazo de diez días.>
140. En el párrafo primero del artículo 1.799, la expresión <12.000 pesetas> se sustituye por <50.000 pesetas>.
<El recurso de revisión se interpondrá ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. No obstante, cuando la sentencia firme impugnada hubiese sido dictada por un Juzgado o Audiencia con sede en una Comunidad Autónoma cuyo Estatuto de Autonomía así lo haya previsto, del recurso de revisión conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo previsto en este Título.>
142. En el artículo 1.804 se suprime la expresión <en la Sala Tercera del Tribunal Supremo>.
Sección 2. Modificación de otras normas procesales civiles
Artículo segundo. Modificación del Decreto de 21 de noviembre de 1952
<Los procesos de cognición que no tengan señalada una tramitación especial y cuya cuantía exceda de 80.000 pesetas sin pasar de 800.000, se sustanciarán ante los Juzgados de Primera Instancia en la forma que se determina en los artículos siguientes.>
2. El número 6. del artículo 29 queda redactado de la forma siguiente:
<6. También se fijará la cuantía litigiosa. En todo caso, habrá de limitarse a 800.000 pesetas, con renuncia expresa al exceso si sobrepasara dicha cantidad.>
<Asimismo examinará el Juez de oficio su propia competencia objetiva por razón de la materia y por razón de la cuantía, e igualmente la territorial, cuando se invoque por el actor la sumisión expresa de las partes, conforme a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1948; si estimare que no tiene competencia, oído el Ministerio Fiscal, dictará, en el término de tercero día, auto absteniéndose de conocer. Contra este auto cabe el recurso de apelación en ambos efectos, en el plazo de tres días; si la Audiencia confirmare dicha resolución, se impondrán las costas al apelante.>
<Si el Juez fuera competente, en el término del tercer día mandará emplazar al demandado o demandados y les conferirá traslado de la demanda con sus copias, para que comparezcan y contesten, si lo creyesen oportuno, en el plazo improrrogable de nueve días, salvo lo dispuesto en el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el que haya de ser emplazado no resida en el lugar del juicio.>
<Cuando el demandado sea emplazado por edictos se le señalará el plazo de nueve días improrrogables para comparecer. Si comparece, se le concederán tres días para contestar, entregándole las copias de la demanda y documentos, en su caso, al notificarle la providencia en que se le tenga por personado.>
<La reconvención se formulará en el mismo escrito de contestación, pero con la debida separación en cuanto a los hechos, fundamentos y pretensión que se formule. No se admitirá reconvención por cuantía superior a 800.000 pesetas y tampoco cuando haya de tramitarse por un procedimiento especial. No obstante, podrán acumularse aquellas acciones que debieran tramitarse por el procedimiento del juicio verbal.>
<Si no hubiese conformidad en los hechos y lo solicitase una parte, al menos, el Juez recibirá el juicio a prueba por término que no podrá exceder de veinte días, practicándose, desde luego, aquellas probanzas que puedan llevarse a cabo inmediatamente, entre ellas las de confesión judicial si la parte o partes que hayan de absolver posiciones estuvieren presentes.>
<El Juez declarará la pertinencia o impertinencia de los medios de prueba propuestos, llevándose a cabo su práctica en una o varias audiencias, sin que en ningún caso pueda demorarse más del término de los veinte días a que alude el artículo 53.>
<El recurso de apelación se interpondrá por escrito y con firma de Abogado en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación, en la forma que dispone el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La apelación y, en su caso, la queja se tramitarán y resolverán conforme a lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de dicha Ley.>
<Deberá suspenderse el curso de los autos cuando por el demandado se plantee, con los requisitos legales, alguna de las cuestiones siguientes: La acumulación de autos, que será tramitada conforme a lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la recusación del Juez; el planteamiento de una cuestión prejudicial excluyente, y la cuestión de competencia por inhibitoria, desde el momento que el Juez requerido recibe el oficio de inhibición con el testimonio prevenido, en cuyo caso se seguirá la tramitación de los artículos 89 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.>
14. En el párrafo segundo del artículo 67 se suprime la expresión <de Distrito>.
Artículo tercero. Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos
<Los Jueces de Primera Instancia conocerán de cuantos litigios se promuevan en ejercicio de las acciones que se funden en derechos reconocidos por esta Ley.>
<Cuando la acción ejercitada sea distinta de la que trata el artículo anterior, el proceso se sustanciará por las normas establecidas para los juicios de cognición.>
<Cuando se accione de retracto, el procedimiento será el del Título XIX, del Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ajustándose a lo prevenido en esta Ley especial de Arrendamientos Urbanos.>
<1. Sin otra excepción que en los juicios de desahucio por falta de pago, podrá el actor acumular las acciones contra los distintos inquilinos de una misma finca, aunque lo sean por contratos diferentes, siempre que aquéllos se fundamenten en hechos comunes a todos ellos.>
<El demandado podrá formular reconvención sobre materia propia de esta Ley, salvo que el juicio fuere de desahucio por falta de pago de las rentas o de las cantidades que a ellas se asimilan. Formulada la reconvención, se dará traslado al actor por plazo de tres días para que conteste concretamente sobre la reconvención así planteada.>
<Contra la sentencia dictada se dará recurso de apelación.>
<Contra la sentencia que dicte la Audiencia Provincial no se dará ulterior recurso. Por excepción, en los litigios sobre contratos de arrendamiento de local de negocio, cuya renta contractual exceda de un millón de pesetas, se dará el recurso de casación por las causas y trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se dará recurso de casación cuando la sentencia se haya dictado en juicio de desahucio por falta de pago.>
11. En el artículo 142, la expresión <Sección cuarta> se sustituye por <Sección tercera>.
<En los restantes casos, la sentencia se ejecutará conforme a lo dispuesto en la Ley procesal común.>
Podrá el actor acumular las acciones que le asistan contra el mismo demandado. Se exceptúan de la norma anterior los juicios de desahucio por falta de pago y los de retracto.>
<Los Jueces de Primera Instancia conocerán de cuantos litigios se promuevan en ejercicio de acciones que se funden en derechos reconocidos por esta Ley.>
<Los juicios no comprendidos en las normas anteriores se sustanciarán por las normas del juicio de cognición con las siguientes particularidades.>
<Contra las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales en los litigios en que se ejercite la acción de retracto, en los que tengan por objeto obtener la anotación de crédito refaccionario indicada en el artículo 64 de esta Ley o en los que se funden en derechos reconocidos en esta Ley, siempre que su cuantía exceda de un millón de pesetas, podrá interponerse recurso de casación.>
6. El número 1. del artículo 135 queda redactado de la forma siguiente:
<1. Serán de tramitación preferente tanto en los Juzgados de Primera Instancia como en las Audiencias Provinciales y ante el Tribunal Supremo.>
Artículo quinto. Modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial
Capítulo II Reformas del proceso penal
1. En el número 5.
del artículo 175 la expresión <de 25 a 250 pesetas> se sustituye por <de 5.000 a 25.000 pesetas>.
2. En el artículo 420 la expresión <de 25 a 250 pesetas> se sustituye por <de 5.000 a 25.000 pesetas>.
<El registro se practicará a presencia del Secretario o, si así lo autoriza el Juez, de un funcionario de la Policía judicial o de otro funcionario público que haga sus veces, que extenderá acta que firmarán todos los concurrentes.>
4. En el artículo 684 la expresión <de 25 a 500 pesetas.> se sustituye por <de 5.000 a 25.000 pesetas.>.
5. En el artículo 716 la expresión <de 100 a 1.000 pesetas.> se sustituye por <de 5.000 a 25.000 pesetas.>.
<El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento y, en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 790.>
<1. Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada y fuera necesaria la asistencia letrada, la Policía judicial, el Ministerio Fiscal o la Autoridad judicial recabarán del Colegio de Abogados la designación de un Letrado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado.>
<En igual caso deberá realizarse la instrucción al perjudicado de sus derechos prevista en el artículo 109 de esta Ley, así como del derecho a nombrar Abogado. Dicha instrucción la podrá realizar la propia Policía judicial, informando de que aun no haciéndose la citada designación, el Ministerio Fiscal ejercitará las acciones civiles correspondientes si procediere. No obstante, si no se hubiese practicado la referida instrucción, ello no impedirá la continuación del procedimiento, si bien por el medio más rápido posible, incluso telegráficamente, deberá instruirse al perjudicado de su derecho a personarse en la causa.>
<No obstante, tan pronto como el Juez de Instrucción considere que existen elementos suficientes para formular la acusación por haberse practicado, en su caso, las diligencias a que se refiere el apartado 3 del artículo 789, el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y partes acusadoras podrá efectuarse de forma inmediata, incluso en el propio servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.
En este caso, el Ministerio Fiscal, en atención a las circunstancias de flagrancia o evidencia de los hechos, alarma social producida, detención del imputado o el aseguramiento de su puesta a disposición judicial, podrá presentar, de inmediato, su escrito de acusación y solicitud de inmediata apertura del juicio oral, y simultánea citación para su celebración.>
<El Juez de Instrucción, si estimara justificada la solicitud prevista en el párrafo tercero del apartado 1 de este artículo, recabará la presentación urgente, dentro del plazo no superior a tres días que el propio Juez señale, del escrito de la acusación particular que faltare y mandará convocar al acusado y las demás partes personadas para la celebración del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial, en el día y hora que señale, en ningún caso antes de que transcurran diez días, y dentro de los predeterminados a este efecto por los propios órganos judiciales ante los que haya de celebrarse el juicio oral, de acuerdo con las normas que se establezcan por quien corresponda según la legislación orgánica.
En los supuestos de conformidad con los hechos a que se refiere la regla 5. del apartado 5 del artículo 789 y de conformidad con la pena a que se refiere el apartado 3 del artículo 791, la citación ante el Juez de lo Penal o, en su caso, la Audiencia Provincial podrá realizarse por el Juzgado de Instrucción, incluso en su servicio de guardia, de la forma más inmediata posible y sin atenerse, necesariamente, al plazo previsto en el párrafo quinto de este apartado.>
<Si la defensa no presentare su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se opone a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse de acuerdo con lo previsto en el Título V del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Transcurrido dicho plazo, la defensa sólo podrá proponer la prueba que aporte en el acto del juicio oral para su práctica en el mismo, sin perjuicio de que, además, pueda interesar previamente que se libren las comunicaciones necesarias, siempre que lo haga con antelación suficiente respecto de la fecha señalada para el juicio, y de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo siguiente. Todo ello se entiende sin perjuicio de que si los afectados consideran que se ha producido indefensión puedan aducirlo de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 793.>
<3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación sin perjuicio de lo establecido para el supuesto previsto en el párrafo quinto del apartado 6 del artículo 790.>
<Por el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, se podrán dictar las instrucciones oportunas al efecto de la habilitación de los días y horas inhábiles en las actuaciones judiciales a las que se refiere el presente Título.>
<Están legitimados para promover e interponer, en su caso, el recurso de revisión, el penado y, cuando éste haya fallecido, su cónyuge, o quien haya mantenido convivencia como tal, ascendientes y descendientes, con objeto de rehabilitar la memoria del difunto y de que se castigue, en su caso, al verdadero culpable.>
<La Sala, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará o denegará la interposición del recurso. Antes de dictar la resolución, la Sala podrá ordenar, si lo entiende oportuno y dadas las dudas razonables que suscite el caso, la práctica de las diligencias que estime pertinentes, a cuyo efecto podrá solicitar la cooperación judicial necesaria. Los autos en los que se acuerde la autorización o denegación a efectos de la interposición, no son susceptibles de recurso alguno. Autorizado el recurso, el promovente dispondrá de quince días para su interposición.>
<El Fiscal General del Estado podrá también interponer el recurso siempre que tenga conocimiento de algún caso en el que proceda y que, a su juicio, haya fundamento bastante para ello, de acuerdo con la información que haya practicado.>
<Luego que el Juez competente tenga noticia de haberse cometido alguna de las faltas previstas en el Libro III del Código Penal o en leyes especiales que pueda perseguirse de oficio o previa denuncia del perjudicado, mandará convocar a juicio verbal al Fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al presunto culpable y a los testigos que puedan dar razón de los hechos, señalando día y hora para la celebración del juicio. Asimismo se indicará en la citación que las partes pueden ser asistidas por Abogado.
Siempre deberán transcurrir, cuando menos, un día entre el acto de la citación del presunto culpable y el de la celebración del juicio, si el citado reside dentro del término municipal, y un día más por cada cien kilómetros de distancia si residiera fuera de él.>
20. En el artículo 963 se suprime
la expresión <municipal>.
21. En los párrafos primero y segundo del artículo 964 se suprime la expresión <municipal>.
23. En el párrafo segundo del artículo 966 se suprime la expresión <municipal>.
24. En el artículo 968 se suprime la expresión <municipal>.
<El juicio será público, dando principio por la lectura de la querella o de la denuncia, si las hubiere, siguiendo a esto el examen de los testigos convocados, y practicándose las demás pruebas que propongan el querellante, el denunciante y el Fiscal, si asistiere, siempre que el Juez las considere admisibles. La querella habrá de reunir los requisitos del artículo 277, salvo que no necesita firma de Abogado ni Procurador.
El Fiscal asistirá a los juicios sobre faltas siempre que a ellos sea citado con arreglo al artículo 962. Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención al interés público, los Fiscales podrían dejar de asistir al juicio, cuando la persecución de la falta exija la denuncia del ofendido o perjudicado. En esos casos la denuncia tendrá valor de acusación, sin perjuicio de entender, si el denunciante no califica el hecho denunciado o no señala la pena con que deba ser castigado, que remite ambos extremos al criterio del Juez, salvo que el Fiscal formule por escrito sus pretensiones.>
26. En el artículo 970, la expresión <Juez municipal> se sustituye por <Juez>.
27. En los artículos 971 y 972 se suprime la expresión <municipal>.
<Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia.>
<La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. Durante este período se hallan las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes.
El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de esta Ley.>
<Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia no habrá lugar a recurso alguno. El órgano que la hubiese dictado mandará devolver al Juez los autos originales, con certificación de la sentencia dictada, para que proceda a su ejecución.>
33. En el párrafo primero del artículo 984 se suprime la expresión <de la Justicia municipal>.
Capítulo III Reformas del proceso contencioso-administrativo
Artículo séptimo. Modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
<1. La resolución de la Administración autora del acto o la disposición impugnadas por la cual se acuerde la remisión del expe diente administrativo al Tribunal, se notificará de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días. Practicadas las notificaciones, se enviará el expediente administrativo al Tribunal, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
3. La publicación de los anuncios ordenada en el artículo 60 servirá de emplazamiento de aquellos interesados que no hubieran podido ser emplazados personalmente.>
<1. Los demandados y coadyuvantes podrán personarse en los autos dentro del término del emplazamiento. Si lo hicieran con posterioridad, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento.
2. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.>
3. El Capítulo II del Título IV de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, queda redactado en los términos siguientes: <Capítulo II. Recursos contra providencias, autos y sentencias>.
4. La Sección 1. del Capítulo II del Título IV se denominará <Recursos contra providencias y autos>.
<1. El recurso de súplica será admisible contra las providencias y autos que dictaren los órganos de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Del escrito de interposición se dará traslado a las demás partes, por término común de tres días, a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con o sin alegaciones, el Tribunal decidirá.>
6. La Sección 2. del Capítulo II del Título IV se denominará <Del recurso de casación>.
<1. Las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y las dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.>
<1. También serán susceptibles de recurso de casación, en los mismos casos previstos en el artículo anterior, los autos siguientes:
2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el número anterior es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica.>
<1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:
3. Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.
4. Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
2. La infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que producen indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia de existir momento procesal oportuno para ello.>
<1. El recurso de casación se preparará ante el mismo órgano jurisdiccional que hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo de diez días, computado desde el siguiente a la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos.
4. Transcurrido el plazo de diez días sin haberse preparado el recurso de casación, la sentencia o resolución quedará firme.>
<1. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y se refiere a una resolución susceptible de recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia lo tendrá por preparado y, dentro del plazo de cinco días, remitirá los autos originales. Al mismo tiempo emplazará a las partes para su comparecencia, mediante Procurador, en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
2. Si no se cumplen los requisitos señalados o la resolución impugnada no es susceptible de recurso de casación, dictará auto motivado en el que denegará la remisión de los autos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el emplazamiento de las partes. Contra el auto denegatorio podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil.>
<1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida.
2. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, cuando tenga por preparado un recurso de casación, dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida para proceder a su ejecución.>
<1. Dentro del término del emplazamiento, el recurrente habrá de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposición del recurso, en el que se expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.
Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el escrito de interposición en el plazo antes señalado, se declarará desierto.>
<1. Interpuesto el recurso de casación, se pasarán las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y dé cuenta a la Sala, sometiendo a su deliberación lo que haya de resolverse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso interpuesto.
a) Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se estimare en este trámite la inobservancia de las previsiones de los artículos 96 ó 97 o el carácter no recurrible de las resoluciones a que se refiere.
5. Contra los autos a que se refiere el presente artículo no se dará recurso alguno.>
<1. De admitirse el recurso por todos o algunos de sus motivos, se entregará copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposición en el plazo de treinta días. Durante dicho plazo se les pondrán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.
3. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista o del señalado para la votación y fallo.> 16. El artículo 102 tendrá la siguiente redacción:
<1. Si se estimare el recurso por todos o algunos de los motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la recurrida, resolverá conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. De estimarse por los motivos 1. y 2. del apartado 1 del artículo 95, se anulará la sentencia o resolución recurrida, dejando a salvo el derecho de ejercitar las pretensiones ante quien corresponda o por el procedimiento adecuado.
2. De estimarse la existencia de las infracciones procesales mencionadas en el motivo 3. del apartado 1 del artículo 95, se mandarán reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo si la infracción consistiera en vulneración de las normas reguladoras de la sentencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el número siguiente.
3. En los demás casos, la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.
3. Si no se estimase procedente ningún motivo, la sentencia declarará no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.>
17. La Sección 3. del Capítulo II del Título IV se denominará <Del recurso de casación para la unificación de doctrina>.
<1. Serán recurribles en casación para la unificación de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos sin existir doctrina legal sobre la cuestión.
6. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver estos recursos en ningún caso alcanzarán las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada. Si la sentencia declara que ha lugar al recurso, casará y anulará la impugnada y resolverá el debate planteado con pronunciamientos ajustados a derecho, modificando las declaraciones contenidas y las situaciones creadas por la sentencia impugnada. Lo mismo hará, resolviendo las cuestiones objeto del recurso conforme a Derecho, cuando no haya doctrina previa.>
19. Se crea una Sección 4. del Capítulo II del Título IV, que se denominará <Del recurso de casación en interés de la Ley>.
<1. El Abogado del Estado, así como las Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo y tuviesen interés legítimo en el asunto, podrán interponer recurso de casación en interés de la Ley contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia no susceptibles de recurso de casación, cuando estimen gravemente dañosa para el interés general y errónea la resolución dictada.
4. La sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuera estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal.>
21. Se crea una Sección 5. del Capítulo II del Título IV, que se denominará <Del recurso de revisión>.
3. El recurso de revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.>
Disposición transitoria primera. Procesos civiles en tramitación
Disposición transitoria segunda. Régimen de recursos en el orden civil
2. En los recursos de casación en trámite, en los que no se hubiere resuelto sobre su admisión, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, o, en su caso, la del Tribunal Superior de Justicia podrá inadmitir el recurso por los motivos señalados en la redacción dada por esta Ley al artículo 1.710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A este efecto, tanto los motivos en que se funde el recurso de casación, como los límites a los que se refiere la regla 4. del número 1 del mencionado artículo serán los determinados por la legislación vigente en el momento de la interposición del recurso. Cuando la Sala considere que puede existir causa de inadmisión, procederá en la forma prevista en aquel precepto.
Disposición transitoria tercera. Régimen de recursos en el orden contencioso-administrativo
1. El régimen de recursos regulado en esta Ley será de plena aplicación a las resoluciones judiciales que se dicten por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con
posterioridad a su entrada en vigor y a las que siendo de fecha anterior no hayan ganado firmeza por no haber transcurrido el plazo establecido en la normativa precedente para interponer el recurso de apelación cuando procediera. En este último caso, el plazo para la formulación del escrito de preparación del recurso de casación, si procediere, comenzará a contarse a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición derogatoria primera. Derogación de preceptos del Decreto de 21 de noviembre de 1952
Disposición derogatoria segunda. Derogación de normas reguladoras del proceso contencioso-administrativo
<El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, la declaración judicial de herederos abintestato o el acta de notoriedad a que se refiere el artículo 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.>
2. La regla 1. del artículo 131 queda redactada de la forma siguiente:
<1. Será Juez competente para conocer del procedimiento, cualquiera que sea la cuantía de la obligación, el de Primera Instancia del partido en que radique la finca y si ésta radicare en más de uno, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juez de Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante. El Juez examinará de oficio su propia competencia territorial, sin que resulten aplicables las normas generales sobre sumisión expresa o tácita de la Ley de Enjuiciamiento Civil.>
Disposición final segunda. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal
<Los acuerdos de la junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga.>
Disposición final tercera. Modificación de la Ley General de Cooperativas
<3. Todos los libros sociales serán legalizados por el Registrador Mercantil del domicilio de la Cooperativa en los términos prevenidos por el Reglamento del Registro Mercantil.>
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica Procesal Militar
<Contra las sentencias y los autos a que se refiere el artículo 478 dictados por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por un Tribunal Militar Territorial cabrá el recurso de casación regulado en la Sección segunda del Capítulo II del Título IV de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se interpondrá ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
El recurso se sustanciará por los mismos motivos y trámites que se señalan en los artículos 93 a 102 de la mencionada Ley, con la salvedad de que no se impondrán costas.>
LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministrativaLEY 22/1995, de 17 de julio, mediante la que se garantiza la presencia judicial en los registros domiciliariosREAL DECRETO 1368/1992, de 13 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario y del Reglamento NotarialRESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por "Banca Catalana, Sociedad Anónima", contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Pineda de Mar, don Antonio García Conesa, a inscribir un auto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, en virtud de apelación del recurrenteLEY 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviadoRESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Manuel Domingo Martínez Ortega, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Montánchez al diligenciado de un libro de actas de una comunidad de propietariosRESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad nº 2 de Majadahonda, a la legalización de un libro de actas de una comunidad de propietarios de un local-garajeRESOLUCIÓN de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valoria la Buena, a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante convenio regulador de divorcio aprobado judicialmente	Derecho.com
LEY 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal	Trámites