Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=646488
Timestamp: 2019-05-26 22:48:37
Document Index: 117299296

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 548', 'artículo 171', 'artículo 38', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'artículo 331', 'artículo 19', 'Artículo 493', 'Artículo 493', 'Artículo 493', 'Artículo 493', 'artículo 493', 'Artículo 493', 'artículo 58', 'Artículo 58']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 69
NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A PADRE JOHN JOSEPH REILLY
INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
CONTRATO ESPECIAL DE TRIPULANTES DE VUELO Y TRIPULANTES AUXILIARES DE AERONAVES COMERCIALES
INTERVENCIÓN : Andres Allamand Zavala
INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
INTERVENCIÓN : Soledad Alvear Valenzuela
INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
INTERVENCIÓN : Guillermo Vasquez Ubeda
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON HERBERT ALBERT BECKER RAUW
SOLICITUD DE SUPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN DE JUECES Y FUNCIONARIOS DE TRIBUNALES DE FAMILIA. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE MEDIDAS POR PARTE DE CORTE SUPREMA FRENTE A MUERTE DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR EDUARDO FREI MONTALVA. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE MEDIDAS PARA MAYOR PROTECCIÓN A ESPECIE NATIVA CIPRÉS DE LAS GUAITECAS. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE ERRADICACIÓN DE PENA DE MUERTE EN CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO DE ACADÉMICOS EN UNIVERSIDADES ESTATALES. PROYECTO DE ACUERDO
APOYO A MEDIDA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONTRA CORPRIDE DE CURICÓ. PROYECTO DE ACUERDO
VII. INCIDENTES
PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
PETICIÓN DE OFICIO : Guido Girardi Lavin
PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
PETICIÓN DE OFICIO : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
PÉRDIDAS EN FONDOS PREVISIONALES DE TRABAJADORES EN CHILE. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LA HONORABLE SENADORA MATTHEI Y LOS HONORABLES SENADORES CHADWICK, LARRAÍN, LONGUEIRA Y PÉREZ VARELA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE REAJUSTABILIDAD Y PAGO RETROACTIVO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. (6202-07)
Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
Hernan Larrain Fernandez
Pablo Longueira Montes
Victor Perez Varela
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR ÁVILA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN MATERIA DE DAÑOS MEDIO AMBIENTALES.(6204-07)
LEGISLATURA 356ª
Sesión 69ª, en martes 18 de noviembre de 2008
(De 16:18 a 17:45)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN , PRESIDENTE, y
BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV.	CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote John Joseph Reilly (5668-17) (se aprueba en general y particular)¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre contrato especial de tripulantes de vuelo y tripulantes auxiliares de aeronaves comerciales de pasajeros y carga (5820-13) (se aprueba en particular)¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote y educador señor Herbert Albert Becker Rauw (5842-17) (se aprueba en general y particular)¿¿..
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Solicitud de suplementación de dotación de jueces y funcionarios de tribunales de familia. Proyecto de acuerdo (S 1063-12) (se archiva)¿¿¿¿.
Solicitud de medidas por parte de Corte Suprema frente a muerte de ex Presidente de la República señor Eduardo Frei Montalva. Proyecto de acuerdo (S 1095-12) (se aprueba)¿¿¿..
Solicitud de medidas para mayor protección a especie nativa ciprés de las Guaitecas. Proyecto de acuerdo (S 1117-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿
Solicitud de erradicación de pena de muerte en Código de Justicia Militar. Proyecto de acuerdo (S 1122-12) (se archiva)¿¿¿¿
Solicitud de plan de incentivo al retiro de académicos en universidades estatales. Proyecto de acuerdo (S 1123-12) (se aprueba)¿¿¿¿.
Apoyo a medida de Ministerio de Educación contra CORPRIDE de Curicó de ley. Proyecto de acuerdo (S 1124-12) (se aplaza su votación)¿¿..
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿.
Pérdidas en fondos previsionales de trabajadores en Chile. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)
--Pérez Varela, Victor
--Vásquez Úbeda, Guillermo
Concurrieron, además, el Ministro subrogante del Trabajo y Previsión Social , señor Mauricio Jelvez Maturana y el asesor de ese Ministerio, señor Francisco del Río Correa.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Las actas de las sesiones 66ª, especial, y 67ª, ordinaria, en 11 de noviembre, y 68ª, ordinaria, en 12 de noviembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).-
Siete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
2.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (boletín Nº 4.970-04).
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones (boletín Nº 5.434-13).
Con el quinto hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea sobre la participación de la República de Chile en la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (boletín N° 5.853-10).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales para otorgar a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones (boletín Nº 1.707-18).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último retira la urgencia que hizo presente acerca del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República con el objeto de continuar integrando la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (Operación ALTHEA) (boletín N° S 1.128-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución).
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
Con el primero comunica que aprobó en los mismos términos en que lo hizo el Senado el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en la ciudad de Santiago en memoria de las víctimas del Holocausto (boletín N° 5.748-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el segundo y el tercero informa que prestó su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que establece que la declaración de candidaturas a consejeros regionales deberá ser realizada por los partidos políticos (boletín N° 6.026-06) (con urgencia calificada de "suma").
2.- Proyecto de acuerdo que aprueba las enmiendas al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación, adoptadas en la Tercera y Cuarta Reuniones de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, Suiza, el 22 de septiembre de 1995, y Kuching, Malasia, el 27 de febrero de 1998 (boletín N° 2.518-10) (con urgencia calificada de "simple").
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra del inciso primero del artículo 548 del Código de Procedimiento Penal; de la frase final del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, y del artículo 38 Bis, N° 8, de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Prokurica, Larraín, Ávila, Coloma, García, Gómez, Kuschel, Longueira, Muñoz Barra, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y Vásquez, mediante el que se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República disponer un estudio destinado a proponer medidas que permitan solucionar la deuda adquirida por el Estado de Chile con los profesores (boletín N° S 1.115-12).
Dos del señor Ministro de Obras Públicas , con los que contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la construcción de un camino en el sector de El Rincón y de la rampa y muelle para Caleta Tortel, y a las obras de encauzamiento y defensa del río Blanco o Chaitén, respectivamente.
De la señora Ministra de Salud subrogante , con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, relativo al aumento de patologías oncológicas y de deformaciones que se ha observado en la zona sur del país y su probable relación con el uso de plaguicidas en la agricultura y la industria forestal.
De la señora Ministra de Agricultura , con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Larraín, referido a la aplicación de la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la adopción de una norma de televisión digital.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, atinente a la creación de un banco genético en Chile.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, respecto del accidente causado por una avioneta de Carabineros de Chile que impactó a varias personas en un centro deportivo de la comuna de Peñalolén.
Del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, sobre financiamiento del retiro programado de los académicos del Consorcio de Universidades Estatales que se encuentran en condiciones de jubilar.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Girardi, concerniente a la existencia de autorizaciones para la generación, tratamiento o evacuación de residuos como parte de las faenas y obras que la empresa HidroAysén o sus contratistas ejecutan en la zona del río Baker.
Del señor Intendente de Arica y Parinacota, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la empresa multinacional Syngenta.
Del señor Secretario General Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta , con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, acerca de la situación que afecta a doña Neda Simunovic.
Del señor Director de Obras Municipales de Antofagasta , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a la contaminación acústica asociada a la construcción y habilitación del edificio ICONO.
Del señor Presidente Ejecutivo de CODELCO , con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Zaldívar, referido al precio de venta del ácido sulfúrico fijado por CODELCO para la pequeña y mediana minerías.
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (boletín N° 4.970-04) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional (boletín N° 5.929-10).
De los Senadores señora Matthei y señores Chadwick, Larraín, Longueira y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley sobre reajustabilidad y pago retroactivo de las pensiones alimenticias (boletín N° 6.202-07).
Del Senador señor Ávila, con la que inicia un proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de daños medioambientales (boletín N° 6.204-07).
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los Comités, en sesión celebrada hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Dejar sin efecto la sesión especial que estaba convocada para mañana con la finalidad de tratar el proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor GÓMEZ.-
Lo que ocurre es que no habrá llegado todavía dicha iniciativa desde la Cámara de Diputados, señor Senador.
2) Citar a sesión especial para mañana, miércoles 19, de 12 a 14, con el propósito de ocuparse de las pérdidas que los fondos previsionales han sufrido durante el presente año.
A esa sesión se invitará a los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social y a la señora Superintendenta de AFP.
3) Convocar para el próximo jueves, 20 de noviembre, a una sola sesión especial para tratar el proyecto de Ley de Presupuestos, desde las 10:30 hasta el total despacho de la iniciativa, ampliando hasta el inicio de esa sesión el plazo que habían fijado los Comités para presentar indicaciones y reiterando el acuerdo anterior en el sentido de que la Secretaría no podrá admitir indicaciones después de esa hora.
Por último, se acordó que las Comisiones no podrán sesionar en forma paralela con la Sala mientras se esté tratando el proyecto en cuestión.
La tiene, señor Senador.
Señor Presidente , la semana pasada se fijó el 1° de diciembre como plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación.
Como se trata de una iniciativa de mucho contenido -la he estado estudiando-, solicito ampliar dicho término en dos semanas.
Proponga una fecha, señor Senador.
El señor CHADIWCK.-
El 15 de diciembre.
Si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo el lunes 15 de diciembre, a las 12.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, quiero referirme a las resoluciones adoptadas para el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos.
Es probable que los Comités tengan que volver a reunirse y revisar los acuerdos que adoptaron hoy, porque no sabemos a qué hora la Cámara de Diputados despachará la referida iniciativa. Puede que lo haga en la madrugada del jueves, caso en el cual no vamos a tener tiempo para revisar qué indicaciones fueron aprobadas, cuáles se rechazaron y en qué términos viene el proyecto. Porque quiero recordar que la Cámara Baja puede introducirle un sinnúmero de modificaciones.
En definitiva, deseo advertir que no sería extraño que la Sala del Senado tuviera que sesionar el viernes próximo.
Prefiero decirlo claramente y que se considere esa posibilidad, porque es muy factible que necesitemos mayor tiempo para formular nuestras indicaciones. También la Secretaría requerirá un término más amplio para ordenarlas, pues no solo se tratará de las de la Alianza, sino de las que cualquier Senador, en uso de su derecho, decida presentar.
Así que no creo que vaya a haber un despacho tan rápido y expedito del proyecto de Ley de Presupuestos.
En último término, todo dependerá -como dije- de lo que ocurra en la Cámara de Diputados.
En ese entendido tomaron su acuerdo los Comités: revisarlo y, eventualmente, sesionar el viernes.
La otra posibilidad, Senador señor Bianchi, era sesionar la próxima semana.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
Señor Presidente , para la sesión especial de mañana, cuyo objeto es analizar las pérdidas que enfrentan los fondos previsionales en nuestro país, ¿están invitados solo los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social y la señora Superintendenta de Pensiones? ¿No se podría invitar también al Presidente de la Asociación de AFP, don Guillermo Arthur?
No formó parte del acuerdo, señor Senador. Y entiendo que a este tipo de sesiones nunca se ha invitado a privados.
Ahora, me parece que la Superintendencia de Pensiones es la que debe velar por los intereses de los usuarios del sistema.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote John Joseph Reilly, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5668-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
Derechos Humanos, sesión 68ª, en 12 de noviembre de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía da cuenta en su informe de que el padre John Reilly se encuentra en Chile desde 1985 realizando una labor dirigida a la formación de la juventud, la que se ve reflejada en la puesta en marcha de diversos establecimientos educacionales. Asimismo, indica que ha participado en fundaciones como Gente Nueva, Familia Unida y Generación Empresarial, y que desarrolla actividades en programas de radio, en medios de comunicación escritos y en un canal de televisión.
La Comisión informante sometió a votación esta iniciativa y la aprobó tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chadwick, Horvath y Kuschel), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
En discusión general y particular.
Señor Presidente , en forma muy breve, solo quiero respaldar la decisión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
En efecto, el padre Reilly es una persona destacadísima en el plano de la educación en Chile. Ha desarrollado una actividad fundacional, focalizando su labor en distintos colegios: Cumbres, Everest , Highlands, Mano Amiga (de Recoleta), Santa Teresa de Los Andes (de La Pincoya). Y, sin duda, se ha caracterizado por una cercanía muy fundamental con la juventud.
Quiero recordar el triste accidente ocurrido a un grupo de niñas del Colegio Cumbres en el norte de Chile. En él el padre Reilly tuvo una sobresaliente actuación para conseguir algo bastante difícil: confortar a los familiares de las víctimas.
El padre Reilly, de origen irlandés, es el mayor de nueve hermanos. Hijo de padres agricultores, su infancia transcurrió cerca de Dublín. Y, siendo una persona muy joven, sus méritos resaltan con luces propias.
Por consiguiente, en mi concepto, el Senado se prestigia al otorgar la nacionalidad chilena por especial gracia a ese gran sacerdote: John Joseph Reilly.
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes el proyecto que otorga por especial gracia la nacionalidad chilena al sacerdote John Reilly , recogiendo una moción presentada por Diputados de distintas bancadas -entre ellos, los señores Accorsi , Álvarez , Ceroni , Saffirio , Venegas y Sabag - y que fue aprobada por consenso en la Sala de la Cámara Baja.
Dentro del marco que el Senado se ha dado a los efectos de tener una guía u orientación para el otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia, llegamos a la conclusión de que el padre John Reilly cumple cabalmente los criterios allí contenidos. Ello, fundamentalmente, porque es una persona a la que por más de 25 años le ha correspondido liderar en Chile, desde su origen y hasta el día de hoy, un proyecto educativo que, a través de distintos establecimientos educacionales, no solo ha alcanzado niveles de excelencia destacables, sino que, además, ha conllevado una acción social muy significativa al tener dos instituciones de enseñanza que atienden gratuitamente a niños y jóvenes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: Mano Amiga, de la comuna de Recoleta, y Santa Teresa de Los Andes, de La Pincoya.
Por lo tanto, se ha desarrollado mediante aquel proyecto una acción social tremendamente significativa para llevar educación de calidad y gratuita a sectores que no disponen de recursos para acceder a ella.
De igual manera, dicho sacerdote ha tenido una labor muy relevante en la formación valórica y en la asistencia espiritual a muchos jóvenes de distintos establecimientos educacionales del país, incluidos planteles de educación superior, universidades.
Y, como muy bien recordaba el Senador señor Romero , quizás la impronta de esa formación quedó marcada -y ha sido conocida por todo Chile- en el dramático accidente que hace poco tiempo costó la vida a nueve jóvenes de uno de los colegios de este proyecto educativo. En efecto, ese hecho reflejó, por una parte, todo el dolor que puede significar para los padres la pérdida de hijas de tan corta edad; pero, al mismo tiempo, una esperanza y fe realmente impactantes.
Además, el sacerdote John Reilly participa ahora en proyectos a nivel de educación, no tan solo básica o secundaria, sino también universitaria, para desarrollarlos en beneficio de los estudiantes y la buena calidad de la enseñanza en nuestro país.
Por eso, señor Presidente , en la Comisión aprobamos unánimemente, en la misma forma en que lo hizo la Sala de la Cámara de Diputados, la concesión de la nacionalidad chilena, por gracia, al padre John Reilly .
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (26 votos afirmativos y 2 abstenciones), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick , Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
Se abstuvieron los señores Naranjo y Núñez.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre contrato especial de los tripulantes de vuelo y tripulantes auxiliares de aeronaves comerciales de pasajeros y carga, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5820-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 13ª, en 16 de abril de 2008.
Trabajo, sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
Trabajo (segundo), sesión 68ª, en 12 de noviembre de 2008.
Sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008 (se aprueba en general).
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 152 ter A, letra f), no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado.
--Se aprueba, reglamentariamente.
Antes de que prosiga la relación, solicito la autorización de la Sala para que pueda asistir a la sesión el señor Francisco del Río Correa, asesor del Ministro del Trabajo y Previsión Social.
La Comisión realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas ellas acordadas en forma unánime, por lo que, de acuerdo con el Reglamento, deben ser votadas sin debate.
Las modificaciones introducidas en el segundo informe, en resumen, son las siguientes:
-Consagrar, en el nuevo Capítulo que se agrega al Libro I del Código del Trabajo, la regulación especial del contrato laboral de los tripulantes de vuelo y de cabina, sin perjuicio de que les sean aplicables las normas generales de dicho cuerpo legal.
-Permitir al empleador modificar los roles de vuelo en tanto no se afecten los días libres programados del trabajador. En caso de que ello signifique menos horas de vuelo y la remuneración se base en ese factor, deberá pagarse la cantidad original de horas programadas.
-Establecer con precisión la jornada laboral y el descanso correlativo.
-Reconocer a la trabajadora el derecho a alimentar al hijo menor de dos años y contemplar la obligación de convenir entre las partes la forma de ejercerlo.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, las cuales transcriben el proyecto aprobado en general, las modificaciones propuestas en el segundo informe y el texto final que resultaría si se aprobaran las enmiendas.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , solo voy a formular algunos breves comentarios.
En primer lugar, hago presente que la iniciativa concitó una especial unanimidad, desde el punto de vista del trabajo legislativo, lo que se refleja en la forma en que se acogieron en la Comisión las diversas indicaciones.
Al mismo tiempo, el proyecto y sus perfeccionamientos son el resultado de un arduo trabajo con los sindicatos de las empresas aeronáuticas, el Ministerio del Trabajo y estas últimas entidades.
En consecuencia, estamos frente a un proyecto que se destaca por la unanimidad lograda entre los actores de la industria y quienes desempeñamos el rol legislativo propiamente tal.
En seguida, quiero hacer un par de consideraciones generales que estimo importantes.
Cabría preguntarse por qué se requiere un contrato especial para pilotos y tripulantes de cabina. Es algo que ya tuvimos presente durante la discusión general. La razón es muy simple: hoy día, las normas del Código del Trabajo no dan cuenta de las particularidades de esta actividad. En consecuencia, el que se tenga que elaborar una legislación singularizada demuestra, de algún modo, que el país debe avanzar en la idea de ir despejando el desfase legislativo entre el Código del Trabajo y los tiempos que corren; la velocidad de los negocios; las especificidades de algunos de estos últimos y, en definitiva, los beneficios del propio sector laboral.
Todas las normas de la iniciativa apuntan a equilibrar protección y flexibilidad. Establecen derechos mínimos obligatorios, pero siempre buscan formas novedosas de ejercerlos, para no caer en rigideces que puedan afectar el empleo o, derechamente, a la misma industria. Por lo tanto, desde el ángulo legislativo, aquí hay una apuesta a la madurez de esta última y de las organizaciones de trabajadores, habiendo convenido uno y otro sector en el texto que nos ocupa.
Voy a exponer dos consideraciones más, señor Presidente .
La primera de ellas tiene que ver con la distribución de la jornada. En nuestra legislación, ese es uno de los asuntos que revisten mayor complejidad. Es preciso recordar que 70 por ciento de las denuncias que se reciben en la Dirección del Trabajo se refieren precisamente a infracciones en ese ámbito.
Lo cierto es que el proyecto, asumiendo la particularidad de la industria, acoge una solución que determina, por ejemplo, períodos de servicio de vuelo que no deben extenderse por más de doce horas, pero que pueden comprender más de un vuelo, todo ello debidamente compensado con jornadas de descanso contempladas en el propio texto.
No se genera aquí, bajo ninguna circunstancia, desprotección alguna para los trabajadores. Por el contrario, hay una flexibilidad que permite el mejor ejercicio de los derechos laborales y, al mismo tiempo, la proyección de la industria.
Cabría preguntarse cuántos otros sectores podrían desarrollarse de manera más conveniente si se contara con esa flexibilidad, pactada entre empresarios y trabajadores.
Hoy, por ejemplo, aunque exista acuerdo entre unos y otros, no es factible extender las jornadas más de 7,5 ó 9 horas, dependiendo de los días de la semana en que se labora. El Código del ramo no lo autoriza y la Dirección del Trabajo lo sanciona.
¿Y qué pasa con el descanso dominical? Constituye otro aspecto bastante complejo. Hoy, en el mejor de los casos, un conjunto de actividades requieren a lo menos dos domingos al mes como descanso obligatorio. Pero todos sabemos que en muchas situaciones ello rigidiza la gestión de las empresas; en otras, obliga a una sobredotación que perjudica a los propios trabajadores, y, a veces -¡por qué no decirlo!-, hace inaplicable el derecho.
Aquí, en forma muy concreta, se ha adoptado una solución novedosa: se otorga tal derecho bajo la modalidad de cuatro días continuos de descanso en el mes calendario, los cuales deben incluir, a lo menos, días sábado y domingo. En la actualidad, en muchas actividades solo existe la posibilidad de dos descansos dominicales en el mes. La opción contemplada en el texto, lejos de perjudicar a los trabajadores, los beneficia.
En consecuencia, señor Presidente , nuestra impresión -y por eso los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar a favor- es que se trata de un muy buen proyecto; de una apuesta al entendimiento entre sindicatos responsables, bien organizados, y las empresas, y de una posibilidad de avanzar en la flexibilidad sin desproteger los derechos de los trabajadores. Y no cabe duda de que aquí hay un germen de lecciones que debieran extraerse y extenderse a otros sectores de la actividad económica nacional.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , estimados colegas, esta iniciativa reviste una tremenda importancia para una industria donde los sindicatos han demostrado madurez y capacidad de promover y construir un acuerdo de mucha trascendencia.
Me refiero a una actividad a la que no le va mal en lo económico, sino extraordinariamente bien. Es más: la principal empresa nacional ocupa una posición bastante monopólica y sus tarifas, si se comparan con las del resto del mercado de América Latina y del mundo, se hallan sobre los precios que pagan muchos de los usuarios.
Aquí se busca establecer un equilibrio en el cual se les reconocen y garantizan derechos a los trabajadores, en materias tanto de jornada laboral cuanto de descanso. De ese modo, se les asegura aquel que les asiste a la convivencia con sus familias, sumamente necesario, al regularse en forma adecuada los tiempos de descanso con las necesidades de la industria, donde muchos de los tripulantes, tanto de vuelo como de cabina, pasan largas horas fuera del hogar.
Se fija como criterio general una jornada laboral de hasta 160 horas al mes, distribuida en los roles de vuelo, y la posibilidad de flexibilidad. En cuanto a este último punto, quizás tengamos cierto matiz de diferencia, ideológico o lingüístico, con el Senador señor Allamand , pues se establece un equilibrio más adecuado y, diría, una flexibilidad excepcional. En efecto, la normativa en análisis señala que solo en situaciones de excepción se podrán alterar los períodos de descanso a los cuales tienen derecho los trabajadores. Es importante que quede consignado en la historia de la ley que ello dice relación a empresas más bien pequeñas -quiero subrayarlo-, en las cuales, por la carga laboral, por el tipo de caso de que se trate, se puede vulnerar o alterar el derecho a descanso de fin de semana o de cuatro días continuos. Ello, por cuanto todos queremos que se trabaje para vivir y no que se viva para trabajar.
Se trata de una industria que presenta sus complejidades, pero queremos que rija esa garantía. Y ese es el gran logro de la iniciativa, porque establece una compatibilización de la industria y del compromiso de los trabajadores, tanto tripulantes de vuelo cuanto de cabina, a quienes les corresponde el derecho a horas de descanso, a compartir con sus familias. Es decir, media el reconocimiento a una función. Y, por ello, el texto en estudio reviste una tremenda importancia.
Ha sido posible avanzar en esta normativa porque los sindicatos fueron capaces de negociar con sus empleadores y fijar un marco. Por tal motivo, nos resultó más fácil progresar en la discusión y evitar que se dieran interpretaciones que no vienen al caso y que no corresponden a la intención de nadie. Pero, por sobre todo, cabe destacar el que se reconozca un equilibrio distinto.
Y el hecho de que se acojan estas normas es muy importante para otras empresas que participan en nuestro país. Algunas de las grandes -no solamente las chicas- no siempre tienden a respetar los derechos de los trabajadores. Esperamos que con estas normas demos pasos hacia adelante.
Por último, quiero señalar lo siguiente.
La reforma laboral de los años ochenta buscó homogeneizar los derechos de los trabajadores y establecer normas generales para ser aplicadas a toda la realidad en ese ámbito. Con el paso del tiempo se ha ido demostrando la necesidad de dictar normas específicas para diferentes actores del mundo del trabajo. Aquí se reconoce la particularidad de los contratos de los tripulantes de vuelo y tripulantes auxiliares de las aeronaves comerciales. Eso es muy importante. Antes se han fijado criterios respecto de los trabajadores agrícolas de temporada. En otro momento avanzamos en lo que dice relación a los derechos de la gente de mar.
Espero, señor Presidente, que con este acuerdo que se ha construido -por cierto, vamos a aprobarlo- también nos abramos a reconocer las particularidades de otros trabajadores.
Hace poco lo hicimos con quienes laboran en el sector del comercio, quienes, por desgracia, por carecer de la misma fuerza de los sindicatos que hoy nos ocupan, todavía no pueden negociar, a mi juicio. Es mi opinión. Y no han podido convenir en forma adecuada un equilibrio para proteger un bien que también es de interés de todos, cual es el de estar con sus familias durante los fines de semana.
Espero que algún día podamos avanzar más en materia de descanso dominical, pues a otros sectores todavía no se les garantiza en forma adecuada.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, creo que estamos frente a una iniciativa legal de real importancia, porque viene a resolver un asunto largamente postergado.
Tal como se señaló en la Sala, la labor realizada tanto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social cuanto con los propios sindicatos, contando con la extraordinaria colaboración del Ministerio del ramo, nos ha permitido lograr una buena normativa, que se estructura sobre la base de garantizar derechos laborales mínimos compatibles con la naturaleza de la actividad y el incentivo a pactar en forma colectiva mejores estándares. Es un mínimo que se establece para este tipo de trabajadores.
En primer lugar, se determina un rol de vuelo mensual como documento vinculante de las obligaciones en materia de jornada. Se trata de planificar mensualmente la jornada laboral y clarificar los servicios que debe prestar el trabajador, y solo puede tener lugar una modificación por contingencias climáticas, médicas o de mantenimiento de la aeronave.
Se dispone que la jornada laboral mensual no puede exceder de 160 horas, la cual se divide en ordinaria (hasta 12 horas) y especial (de 12 a 20 horas en un lapso de 24 horas), vigente esta última para vuelos de largo alcance. Esas jornadas pueden destinarse a un período de servicio de vuelo o a un período de servicio en tierra.
En este contrato no se pactan horas extraordinarias.
De otro lado, la iniciativa establece el retén o turno de llamada de alerta, que no es jornada y se asimila a los tiempos de espera en el transporte de carga terrestre. El trabajador, en tal caso, está alerta a un llamado, por un tiempo indeterminado, pero tiene un límite de 12 horas continuas, y ello se encuentra planificado en el rol mensual de vuelo.
Por otra parte, se establecen sistemas objetivos y racionales de descanso semanal y diario, sobre la base de una tabla que se encuentra concordada con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la que, por cierto, resguarda las condiciones de seguridad en el vuelo.
Tales descansos se enmarcan también en la línea de compatibilizar algo muy importante y que constituye una demanda permanente de los tripulantes de vuelo, cual es compatibilizar convivencia familiar con empleo, pues puede darse la condición de trabajadores que tengan hasta cuatro días completos de descanso.
Además, se considera una nueva modalidad para ejercer el derecho a descanso dominical. Cada mes calendario el empleado tiene derecho a lo menos a cuatro días continuos libres que incluyan sábado y domingo, transformándose, en el fondo, en un fin de semana largo, algo tan importante para estos trabajadores.
También se establece el derecho al día libre compensatorio por trabajo en feriados.
Para los efectos de la planificación de roles de vuelo, se considera un máximo de 18 noches en las que el empleado puede estar fuera de su domicilio. Ello garantiza 12 noches en casa, además de los cuatro días de feriado compensatorio del descanso dominical.
El presente proyecto incluye una norma que posibilita el acuerdo para que en el período posterior al posnatal las labores permitan ejercer de la mejor forma el derecho a alimentar al niño menor de dos años. La regulación general no es aplicable, pues considera un número de horas al día para estos efectos. Como estos trabajadores no poseen jornada diaria, se establece un sistema especial.
Finalmente, quiero señalar que, fruto de la participación activa de las diferentes organizaciones sindicales, nos encontramos ante un buen proyecto, una buena propuesta. Y, como se ha mencionado aquí, cuando se logran acuerdos tan amplios y transversales ganan al mismo tiempo los trabajadores y la industria a la que pertenecen.
Por lo anterior, creo que debemos apoyar el articulado que se propone, por unanimidad.
Ojalá que este esfuerzo entre los sindicatos, las empresas, el Ministerio del Trabajo y la Comisión de Trabajo del Senado, sirva como un buen ejemplo para futuras iniciativas orientadas a situaciones laborales particulares, que podrían terminar con la misma suerte con que espero concluya este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señor Presidente , me gustaría que se aclarara a qué tipo de tripulantes y de pilotos rigen estas disposiciones. Porque el artículo 152 ter dice: "Las normas del presente Capítulo, se aplicarán al personal tripulante de vuelo y de cabina de las empresas que presten servicios de transporte de pasajeros o carga".
¿Pero a qué empresas se refiere? ¿A las constituidas en Chile? ¿A las que vienen de paso a nuestro país? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los tripulantes de LAN Chile contratados en Alemania? Quisiera saber cómo opera esto, porque se realizan muchos viajes. Si los tripulantes de American Airlines permanecen tres días en Chile -por transporte de carga-, ¿se les aplican estas normas o las de su país? Si un vuelo de LAN Chile va a Australia y permanece cinco días allá, ¿sobre su tripulación operan estas disposiciones o las australianas?
En síntesis, no me queda claro a quiénes se aplican estas normas.
El señor JELVEZ ( Ministro del Trabajo subrogante ).-
Señor Presidente , este reglamento se aplica a todos los trabajadores cuyo contrato haya sido cursado en Chile. O sea, el contrato corresponde, en este caso, al país de origen, independiente de si se desempeña en una empresa extranjera o nacional. Si el contrato se ha ejecutado en Chile, los cubre.
¿Me concede una interrupción?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra, Su Señoría.
Entonces, si los trabajadores celebran un contrato, por ejemplo, en Alemania, ¿no les rigen estas normas?
El señor JÉLVEZ ( Ministro del Trabajo subrogante).-
Sería bueno que el señor Ministro recogiera primero todas las dudas e inquietudes de los señores Senadores, para que haya unidad en la discusión. Si no, vamos a estar en un verdadero pimpón.
Senadora señora Matthei, usted se encontraba haciendo uso de la palabra.
El señor LETELIER.-
Hice la contrapregunta porque no me quedó clara la respuesta a la consulta que había efectuado.
Es mejor que el señor Ministro conteste al término del debate todas las preguntas o inquietudes que se le planteen. De otra forma, esto se transformará en un diálogo.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO .-
Señor Presidente , no iba a intervenir sobre el punto a que se ha hecho referencia; pero, respondiendo a lo consultado por la Senadora señora Matthei , se aplica la legislación del país donde se extiende el contrato de trabajo. Vale decir, los empleados de LAN de Alemania se rigen por la legislación alemana; los de LAN Argentina, por la del país vecino, y lo mismo sucede con LAN Perú o LAN Ecuador .
Este nuevo contrato especial para pilotos y tripulantes de cabina era una aspiración antigua, que venían solicitando los pilotos de líneas aéreas nacionales más o menos desde 1996.
Deseo destacar que gracias a una muy buena voluntad de las empresas involucradas, de los sindicatos y también del Ministerio del Trabajo se logró consensuar un proyecto que aborda una serie de características muy especiales de estos contratos de tripulantes de vuelo y de cabina. Por otra parte, el consenso que se produjo en torno a esta iniciativa constituye una buena señal para otros problemas, que pueden ser resueltos cuando se conversa y se llega a amplios acuerdos.
Finalmente, hago presente que esta es una señal de flexibilidad de la jornada laboral pactada entre empresas y trabajadores, lo que habla muy bien de que la flexibilidad establecida en nuestro Código del Trabajo puede extenderse a través de estos acuerdos.
No quiero hablar más respecto al proyecto en análisis, ya que fueron muy explícitos los Senadores que me precedieron, quienes entregaron bastantes antecedentes acerca del contenido de la iniciativa, que no me cabe la menor duda aprobaremos esta tarde.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
Señor Presidente , solicito una interrupción, porque creo que de verdad hay un problema.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , con mucho gusto concedo la interrupción.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
El problema es que la disposición señala: "Las normas del presente Capítulo, se aplicarán al personal tripulante de vuelo y de cabina de las empresas que presten servicios de transporte de pasajeros o carga".
Pero no dice dónde están contratados, ni nada.
Pregunto lo siguiente. Supongamos que las normas chilenas fueran mejores para el empleador que las norteamericanas. ¿Podría American Airlines contratar a todos sus trabajadores en Chile? ¿Podría LAN Chile contratar a todo su personal en el Perú si la norma de esa nación fuera mejor que la nuestra?
Entonces, tengo la impresión de que hay cosas poco claras en el texto.
Por ejemplo, de interpretarse en forma literal el artículo 152 ter, que establece: "Las normas del presente Capítulo, se aplicarán al personal tripulante de vuelo y de cabina de las empresas que presten servicios de transporte de pasajeros o carga¿," ello debería implicar que si los tripulantes de Lufthansa permanecen tres días en Chile tendrían que regirse por estas normas.
En mi opinión, aquí hay un lío.
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
Con mucho gusto, si el señor Presidente lo permite. Yo no soy la dueña de la palabra.
En el fondo, solo quiero preguntar si una empresa chilena puede ejecutar todos sus contratos en otro país, o si una extranjera puede hacerlo en Chile.
Señor Presidente , quiero hacer presente que la iniciativa modifica el Código del Trabajo de la República de Chile. En consecuencia, obviamente se aplica lo dispuesto en su artículo 7º -y de ahí hacia adelante- a todos los trabajadores contratados en nuestro país.
Con todo, deseo referirme a una cuestión distinta de la tratada acá.
Me alegra mucho que efectivamente se estén regulando las labores del personal de vuelo contratado en Chile -y ojalá respecto de todas las empresas que operan en el territorio-, porque estas normas superan las condiciones que establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Por lo tanto, nos encontramos ante una materia diferente del mero contrato de trabajo, que se relaciona con las disposiciones de seguridad en los vuelos.
No por casualidad se dispone un máximo de horas de vuelo para la tripulación al mando de la aeronave, así como también una obligación de descanso.
Por mucho que hoy los aviones comerciales de las empresas más importantes funcionen en forma casi automática, el cuidado y la precaución del tripulante de vuelo significan una permanente tensión y deben estar acordes con los requerimientos que implican la seguridad de quienes viajan como pasajeros y tripulantes. Esta concordancia hace que nos encontremos a la vanguardia de las normas de seguridad en Chile.
Quiero recordar que en nuestro país prácticamente no existen accidentes aéreos -que sí ocurren en otras naciones latinoamericanas-, debido tanto a las obligaciones que establece la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto del mantenimiento de las aeronaves como del tratamiento que debe darse al personal de vuelo y de cabina, en lo relativo a las horas de descanso y a las habilitaciones y rehabilitaciones que se efectúan permanentemente en su reentrenamiento.
Luego de revisar esta materia, y por conocer algo de aeronáutica, puedo señalar, sin duda alguna, que en Chile estamos otorgando una experiencia de competitividad con relación a lo que otras líneas aéreas ofrecen a nuestros pasajeros.
Por consiguiente, en función de tales normas de seguridad, que incluso van más allá de las disposiciones laborales, que ya por sí mismas tienen valor, anuncio mi voto favorable.
Señor Presidente , este proyecto ecuménico, en que todos los actores terminan celebrando con una ronda alrededor de sus disposiciones, despierta sospechas precisamente por eso.
Me imagino que debe ser porque era absolutamente indispensable la homologación de las condiciones que había en Chile con las que rigen en otros países. De lo contrario, me gustaría saber sobre la base de qué circunstancias surge este acuerdo que aquí se ha resaltado con mucha razón.
El señor VÁSQUEZ .-
El Honorable señor Vásquez me va a aclarar, aparentemente, el asunto, con el beneplácito del señor Presidente .
Su Señoría, podríamos sentar un mal precedente con tanto diálogo. Estaríamos igual que en Comisiones.
¡Ello siempre es más saludable que el monólogo!
¡No nos disgusta el suyo, señor Senador!
En todo caso, supongo que el Honorable señor Vásquez se encargará de esclarecer el punto en privado.
Entonces, nos encontramos ante el hecho de haber conformado un tipo de legislación que -según indican- sería pionera, porque no existe en otras líneas aéreas. Y esa duda, a lo mejor, nos la puede aclarar el representante del señor Ministro en su intervención. De modo que le agradecería que tuviera la bondad de abordar las dos inquietudes que he manifestado.
Señor Presidente, pido recabar el asentimiento del Senado para que pueda intervenir sobre la materia el asesor del Ministro del Trabajo.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Tiene la palabra el señor Del Río.
El señor DEL RÍO (Asesor del Ministro del Trabajo ).-
Señor Presidente , solo deseo aclarar las dudas manifestadas por la Honorable señora Matthei sobre la aplicación territorial de la ley.
En principio, no hay dos lecturas sobre el texto del proyecto, por lo siguiente. La ley laboral chilena se aplica a los contratos de trabajo celebrados en Chile con trabajadores chilenos o extranjeros y que dependan de empresas chilenas o extranjeras.
En el caso puntual consultado por la señora Senadora , al trabajador contratado en Chile, que efectúa labores para una empresa aérea nacional o extranjera y realiza viajes por todo el mundo, le sigue siendo aplicable la ley que rige el contrato celebrado en nuestro país.
A su vez, al trabajador francés contratado por Air France, que entre sus rutas considera el paso durante dos, tres o cinco veces al mes por Chile, se le sigue aplicando la ley gala, independientemente de su calidad laboral en esa empresa extranjera, durante el cumplimiento de sus roles de vuelo. Con ello se copan todas las posibilidades.
Igualmente, al trabajador chileno que realiza viajes de largo alcance y pasa diez días en Australia durante su período de descanso se le aplica la ley de acuerdo con su contrato de trabajo, ya que una parte de sus funciones, que se encuentran radicadas en un contrato de trabajo celebrado en nuestro país, consiste en permanecer en otro territorio.
--Se aprueba en particular el proyecto (36 votos favorables) y queda terminada su discusión.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor JELVEZ ( Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante).-
Señor Presidente , solo quiero agradecer al Senado la votación alcanzada -efectivamente, se trata de una modalidad inédita la que contiene el proyecto- y, también, celebrar el hecho político y simbólico que significa el haberlo aprobado en forma unánime.
Doy las gracias a esta Corporación.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote y educador señor Herbert Albert Becker Rauw, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5842-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 5 de agosto de 2008.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía deja constancia en su informe de que el señor Becker arribó a Chile en 1969, desarrollando desde ese momento una labor educativa con numerosas generaciones de jóvenes compatriotas. Es así como permaneció seis años, desde 1970, en la Parroquia San José Obrero de Rancagua, y luego, siete años en la Parroquia del Carmen, de Osorno.
En 1984 asumió la Rectoría del Liceo Alemán en Santiago, y en 1990 fue nombrado Rector del Colegio Verbo Divino.
Seguidamente, ha cumplido distintas tareas de carácter educativo y de formación en la Comunidad Religiosa del Liceo Alemán del Verbo Divino, de Chicureo.
La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Chadwick, Horvath y Kuschel, aprobó el proyecto tanto en general cuanto en particular, en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
En discusión la iniciativa.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (23 votos a favor y 3 abstenciones) y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, Horvath, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Muñoz Barra, Núñez y Vásquez.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señora Matthei y señores Allamand, Chadwick, Espina, García, Larraín, Pérez Varela y Romero, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que someta a trámite legislativo una iniciativa que suplemente la dotación de jueces y funcionarios de los Tribunales de Familia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1063-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 17ª, en 6 de mayo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe señalar, señores Senadores, que se dio cuenta de este proyecto de acuerdo en mayo del presente año, momento en el cual se encontraba en tramitación una iniciativa que modificaba los Tribunales de Familia. Ella se aprobó y su texto fue publicado el 15 de septiembre como ley de la República. Ahí se consigna el suplemento de la dotación de jueces y funcionarios que se solicita a través del proyecto de acuerdo.
En consecuencia, la Mesa propone su archivo, pues su finalidad es innecesaria.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se archivará el proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Ávila, Bianchi, Cantero, Girardi, Gómez, Letelier, Ominami y Pizarro.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1095-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 40ª, en 30 de julio de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a la Excelentísima Corte Suprema la adopción de las medidas que sean necesarias para determinar en forma clara las razones de la muerte del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (24 votos favorables y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Frei, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo la señora Matthei.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo suscrito por los Senadores señores Navarro, Ávila, Naranjo y Vásquez.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1117-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 56ª, en 1 de octubre de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar al Ejecutivo la inclusión de la especie nativa ciprés de las Guaitecas entre las especies protegidas, sin afectar, en todo caso, su uso sustentable por parte de las comunidades de las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aisén y Magallanes.
El señor LETELIER.- ¿Se puede argumentar, señor Presidente?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No se puede usar de la palabra durante el Tiempo de Votaciones, señor Senador.
El señor LETELIER.- Pero no solamente hay ciprés de las Guaitecas en esa zona del país. Por eso, a mi juicio, se está planteando una restricción absurda, porque también se da, por ejemplo, desde la Sexta a la Octava Regiones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Entre otras, Su Señoría.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos favorables).
Votaron la señora Alvear y los señores Allamand, Ávila, Espina, Frei, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo suscrito por los Senadores señores Naranjo, Muñoz Aburto, Navarro y Ominami.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1122-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 60ª, en 14 de octubre de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto ingresó a tramitación legislativa el 14 de octubre del presente de año. Posteriormente, el 29 del mismo mes los Honorables señores Naranjo y Ominami presentaron una moción que modificaba el Código de Justicia Militar, eliminando la pena de muerte.
En consecuencia, como se refiere a una materia ya tratada en la iniciativa de los mencionados Senadores, parecería prudente proceder al archivo del proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se archivará.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Navarro, Ávila, Cantero, Muñoz Aburto, Ruiz-Esquide y Ominami.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1123-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 62ª, en 28 de octubre de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar al Ejecutivo que considere el planteamiento del Consorcio de Universidades Estatales respecto de la renovación de los cuadros académicos y administrativos para respaldar la puesta en marcha del Plan de Incentivo al Retiro.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (18 votos a favor).
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Ávila, Escalona, Frei, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo de los Honorables señores Navarro, Ávila Bianchi, Cantero, Muñoz Aburto y Ominami, que tiene como objetivo respaldar la medida del Ministerio de Educación respecto de la Corporación Privada de Desarrollo Social de Curicó y solicitar que la administración delegada de los establecimientos educacionales sea incluida en el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la educación pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1124-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se ha pedido aplazamiento de la votación de esta iniciativa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se les dará curso en la forma Reglamentaria.
A los señores Contralor General de la República y Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicitándoles INVESTIGACIÓN URGENTE DE HECHOS RELACIONADOS CON PROYECTO "VIVIR LA INFANCIA", DE FUNDACIÓN EL PEREGRINO.
A los señores Fiscal Nacional del Ministerio Público y Ministro de Salud , pidiéndoles INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES NEGLIGENCIAS Y ERRORES EN MUERTE DE DOÑA LUZ ACUÑA GUTIÉRREZ EN HOSPITAL DE COLLIPULLI (Región de La Araucanía).
Del señor FREI:
Al señor Ministro del Interior , solicitándole información sobre REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE EXONERADO POLÍTICO DE DON SEÑOR OMAR BARRERA POBLETE.
A la señora Ministra de Educación , para que emita opinión en cuanto a PETICIÓN DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE COLEGIO ESPECIAL PHILLIPS CLARET DE CURICÓ.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para que informe acerca de PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN COMUNAL DE EX TRABAJADORES DE PEM Y POJH DE LUMACO y CASO RELATIVO A PRIVACIÓN DE MONTEPÍO A DOÑA MARÍA MARCHETTI ORTEGA.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole su opinión respecto de POSTULACIÓN DE COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN "PASAJE GUNCKEL" DE VALDIVIA y DEPARTAMENTOS PARA ALLEGADOS EN COMUNA DE LA GRANJA (Región Metropolitana).
Al señor Subsecretario del Interior , con el objeto de dar respuesta a interesados en relación con APROBACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS COMUNITARIOS EN COMUNAS DE LOTA Y CONCEPCIÓN.
Y al señor Subsecretario de Salud, a fin de que proporcione información sobre INCLUSIÓN DE DON EDUARDO JAVIER TRINAS ROSAS EN PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES.
Del señor GIRARDI:
Al señor Intendente de Valparaíso, con el objeto de consultar sobre AVANCES DE DIVERSAS DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS EN QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y a la señora Directora Ejecutiva de la ONEMI , a fin de pedirles RECURSOS ECONÓMICOS PARA CLUBES AÉREOS DE AISÉN.
A los señores Ministro de Relaciones Exteriores y Director del Instituto Antártico Chileno, para que expresen MOLESTIA Y PREOCUPACIÓN DE CHILE ANTE ENTREGA DE INFORMACIÓN FALSA SOBRE LÍMITES POR ORGANISMOS OFICIALES ARGENTINOS.
Y a los señores Ministros de Economía y de Educación, con respecto a NO IMPLEMENTACIÓN DE BECA PATAGONIA AYSÉN Y ADELANTO DE PLAZO PARA MEJORAS DE BECA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL.
Del señor ROMERO:
Al señor Contralor General de la República , sobre RECONOCIMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL A OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS OTORGADO CONFORME A LEY Nº 18.962.
Del señor ZALDÍVAR (don Adolfo):
A la señora Ministra de Educación , acerca de REVISIÓN DE CÁLCULO PARA OTORGAMIENTO DE INCENTIVO ECONÓMICO POR EXCELENCIA ACADÉMICA.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Los Comités Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , lo ocurrido en los últimos meses con 9,5 millones de trabajadores en Chile representa una verdadera catástrofe para los fondos de pensiones y los ahorros de millones de personas reunidos durante largos años de sus vidas.
Quizás la crisis no sea tan evidente, ya que pocos -muy pocos- han tenido posibilidad de revisar su cartola para saber exactamente cuánto ha disminuido el monto de sus fondos. No estamos hablando de que haya caído la rentabilidad por ganar menos intereses, sino de que se ha producido una catástrofe financiera, cuyos resultados y consecuencias van a hacer historia dentro de la clase trabajadora.
26 mil millones de dólares es la cifra que todos los especialistas nacionales e internacionales señalan como la pérdida total que han sufrido los fondos de los cotizantes.
Esta grave situación provocada por la implementación del actual sistema de pensiones en Chile se agrava con la crisis económica que enfrenta el país y que nos fuerza a tomar decisiones. Creo que el Gobierno está obligado a adoptar medidas inmediatas para proteger los fondos, y entregar información oportuna a todos los afiliados.
El lunes pasado se conoció el informe correspondiente al mes de octubre de 2008 que nos entrega la situación del monto total acumulado en los fondos de pensiones y en la rentabilidad de estos.
Por desgracia, las noticias son muy malas y a la vez impactantes para nuestros compatriotas, como el Senador que habla lo venía anunciando desde hace meses. Decíamos: "Viene la ola; viene la ola". Pero los salvavidas, la Superintendencia de AFP y la propia industria del sector -donde los ahorrantes depositan su plata de buena fe, pidiendo: "Cuídenmela; háganla producir"-, o callaron o no supieron medir la envergadura de la catástrofe. Por lo tanto, no advirtieron a los "bañistas" que podían cambiarse de fondo, porque, en verdad, la "ola" era gigantesca.
Dicho informe consigna: "El valor de los Fondos de Pensiones alcanzó a US $ 69.084 millones al 31 de octubre del 2008. Con respecto a igual fecha del año anterior, el valor de los Fondos disminuyó en US $ 25.168 millones, equivalente a -26,7 %". ¡menos 26,7 por ciento y una pérdida bruta total de 25 mil 168 millones de dólares!
La cifra clave ¿omitida en el resumen del informe de la Superintendencia (cosa rara y grave, porque esta tiene que tener claridad en las cifras), pero contenida en el texto completo-, representa al 30 de octubre de 2008 las perdidas en doce meses. Las cantidades alcanzan a menos 45,07 por ciento, menos 34,18 por ciento, menos 22,5 por ciento, menos 12,08 por ciento y menos 0,88 por ciento para los Fondos A, B, C, D y E, respectivamente. Es decir, el Fondo A ha tenido una pérdida -¡por favor!- de 45,07 por ciento; o sea, casi la mitad de lo acumulado.
En mi opinión, el manejo irresponsable de los dineros de todos los chilenos y chilenas hecho por las AFP y validado por el Ministerio de Hacienda -según declaraciones realizadas durante el último año-, ha tenido la trágica consecuencia, según lo publicado el lunes último por la Superintendencia, de que todos los trabajadores que depositan su dinero mes a mes en las AFP han sufrido una pérdida en su patrimonio de 26,7 por ciento y en doce meses una rentabilidad negativa que, en el caso del Fondo A, llega a 45,07 por ciento.
Quiero señalar que solo el Fondo E tuvo rentabilidades negativas menores a 1 por ciento. La situación de crisis financiera que hoy vivimos venía siendo anunciada en forma diaria por los especialistas desde hace ya varios meses. Las estimaciones de las pérdidas de los diversos mercados eran publicadas todos los días en los diarios especializados.
En una conversación telefónica desde Budapest, hace dos semanas Manuel Riesco me decía que el "Financial Times", uno de los periódicos financieros más importantes del mundo, señalaba en su editorial que la nacionalización constituía la única alternativa para salvar el libre mercado. Y advertía respecto de los riesgos que se cernían sobre las inversiones que muchas naciones tenían en fondos de mucha volatilidad o alto riesgo.
Las estimaciones de los fondos eran publicadas; las AFP contaban con la información, al igual que la Superintendencia. Cabe preguntarse: ¿conocían esos datos los afiliados? ¿Tenían la cartola con las pérdidas que ya comenzaron a ocurrir en septiembre?
Los principales bancos comerciales del mundo -de inversiones e hipotecarios- y las aseguradoras habían efectuado castigos cuyo monto superaba los 390 mil millones, según la lista actualizada del primer trimestre que mantiene el diario "Washington Post".
Con todo lo anterior, parece increíble que las AFP no cambiaran sus políticas de inversión durante estos meses, lo que posibilitó que durante septiembre y octubre de este año se registrara una pérdida -según el informe conocido el lunes por la Superintendencia- de más de 23 mil millones de dólares. ¡23 mil millones!
Señor Presidente , cuando uno observa en la calle el rostro de una persona que no se cambió de Fondo A y que de los 40 millones que tenía ha perdido 17, lo cual equivale a más de 10 ó 12 años de ahorro previsional, se da cuenta de que en verdad estamos en una situación gravísima.
Los chilenos todavía no terminan de dimensionar cuánto les ha afectado. Les pasó una ola por encima, pero no lo saben, porque la cartola cuatrimestral les llegó desfasada. Y, en definitiva, tampoco recibieron advertencias.
No se trata de llorar cuando hay pérdidas (también ha habido ganancias, que el sistema de inversión garantiza), sino de que, ante las evidencias de una crisis, los ahorrantes de los Fondos A, B y C -quienes suman más de 5 millones- hubieran tenido información para cambiarse a tiempo.
Mientras hubo ganancias, por cierto que se debía permanecer en el Fondo A. Pero, ante una crisis, alguien -en mi opinión, la industria de AFP o la propia Superintendencia- debió haber aconsejado cambiarse del A, el B y el C al refugio del D y el E, hasta que pasara el temporal. Sin embargo, se guardó silencio o se formularon declaraciones que llamaron al equívoco: "Esto no afectará a nuestro país"; "Estamos blindados"; "No es cierto que los fondos chilenos estén en riesgo"; "Nuestras inversiones son seguras". Tenemos una larga lista de ellas, entre las que cabe destacar las de Guillermo Arthur, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones , y el silencio de la Superintendencia del ramo.
Hubo tozudez, un poquito de soberbia y, digámoslo francamente, también interés.
Un ingeniero, profesor de Economía de la Universidad de Chile, intentó cambiarse del Fondo A al C el 2 de octubre, por aprensiones. Y no pudo hacerlo sino hasta el 14 del mismo mes, por cuanto el sistema no se lo permitió antes. Pues bien, en ese período anotó una pérdida neta en sus ahorros de 15 millones de pesos. En un e-mail que me envió, me hace la siguiente pregunta: "Si yo, profesor de Economía de la Universidad de Chile, con doctorado, que visualicé el peligro, no pude cambiarme a tiempo entre los fondos de mi AFP, ¿qué queda para el resto de los trabajadores de mi patria?".
Por eso, la demanda que hemos anunciado junto a sindicatos y vastos sectores sociales y ciudadanos debe permitir dilucidar los problemas centrales. Porque el sistema no estaba preparado ni fue activado para que la gente pudiera cambiarse de fondo. Ningún trabajador, desde su fuente laboral, ningún ciudadano de a pie, perteneciente al 70 por ciento que no tiene auto pero sí cotiza en una AFP, estaba en condiciones de cambiarse. ¡Era una mentira que podían hacerlo en busca de mayor seguridad!
Frente a esta situación lamentable, que exige medidas inmediatas -como señalaré al final de mi intervención-, es importante recordar lo deficiente que ha sido el sistema, aun antes de la crisis, lo que hace necesaria una reforma completa al modelo de pensiones en vigencia.
Por ello, quiero mencionar algunos de los elementos que desde hace varios años vienen planteando centros de estudios alternativos como el CENDA:
1) Las investigaciones de dicha entidad indican que la promesa de que la privatización (esto es, el reemplazo del ahorro colectivo a un fondo común por el ahorro individual) disminuiría el gasto del Estado no se ha cumplido.
Entre 1981 y 2006, el Estado ha financiado -escuchen bien Sus Señorías- a 3 de cada 4 pensionados adultos mayores y 4 de cada 5 pensiones mínimas de garantía estatal.
Se nos dijo que el sistema de capitalización individual no iba a costarle plata al Fisco, y resulta que hemos terminado subsidiando el 80 por ciento de las pensiones mediante la garantía estatal, porque de lo contrario ellas no alcanzarían el monto mínimo.
O sea, el comercial que mostraba a una pareja de ancianos de cabellera blanca subiéndose a un avión para ir a disfrutar de sus vacaciones con tranquilidad es una vil mentira. ¡Eso no está ocurriendo!
¡Y lo advertimos!
Durante los doce años en que fui miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados dije mil veces que había que reformar el sistema. Siempre se nos respondió que no estaban los votos para conseguirlo, que lo que había que hacer era facilitar el sistema.
Y la verdad es que alguien tendrá que, no sé si pedir perdón, pero sí dar una explicación a los trabajadores cuando miren sus cartolas.
2) La promesa de mejores pensiones que entregaría el modelo de AFP tampoco se cumplió.
Los datos de las propias administradoras señalan que incluso las pensiones de los cotizantes ejemplares, por así llamarlos, que han contribuido sin fallar un solo mes y siempre por el tope, resultan significativamente inferiores a las que hubieran percibido en el sistema antiguo. Es decir, si aquellos hubieran cotizado por el máximo, permanentemente y sin lagunas en el régimen anterior, tendrían pensiones superiores.
Cabe destacar que la tasa de descuento de quienes se mantienen en el INP es siempre mucho más alta que la aplicada por el sistema de AFP.
3) Las ganancias para las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguros relacionadas han sido gigantescas. Al año 2006, sumaban -escuchen bien Sus Señorías- 9,3 billones de pesos (17 mil 550 millones de dólares), monto equivalente al 33 por ciento de las cotizaciones obligatorias aportadas por los afiliados en igual período. ¡Un tercio de lo depositado, solo como utilidades! O sea, uno de cada tres pesos que los chilenos ahorran en sus cuentas de capitalización va al bolsillo de las AFP. Y no estamos diciendo que las administradoras no deban ganar, sino que es abusivo lo que ganan; incluso, inmoral.
4) La promesa de realizar inversiones diversificadas tampoco fue cumplida. Tanto las inversiones externas como las realizadas en el país han sido extremadamente concentradas.
A enero de 2008, el 70 por ciento de los fondos invertidos en Chile recaía en 10 grupos económicos, donde destacan, por cierto -¡cómo no iban a estar!-, las empresas Endesa y Enersis , del Grupo Endesa España, con 22 por ciento; las empresas Copec , con 12 por ciento, y las empresas Entel y Cencosud, con 6 por ciento cada una, entre otras.
Las inversiones efectuadas en el extranjero tampoco demuestran mayor diversificación, al punto que solo 14 fondos mutuos y de inversión concentran el 49,4 por ciento y únicamente 7 fondos concentran el 33,56 por ciento. Preocupa, por ejemplo, que el principal destino de los dineros continúa siendo el denominado " Dimensional Fund Advisors " o DFA, el cual concentra 937 mil millones de pesos, equivalentes a 1.827 millones de dólares y a 5,4 por ciento de las inversiones externas.
Este fondo, según su propia página web, no exhibe el respaldo de ninguna institución que dé garantías de que los cuantiosos montos de los afiliados allí depositados, dinero de los chilenos, serán recuperados. De este modo, la liquidez de tales inversiones, en el momento actual, parece dudosa. Es necesario que se aclare y que haya mayor información.
Hemos sostenido que debe haber -y ello resulta de toda lógica- un representante de los afiliados en el directorio de cada AFP. Si los chilenos ponen 120 mil millones de dólares en manos de los privados, lo más lógico, justo y necesario es que un representante de los trabajadores vea cómo se manejan los fondos. Si así hubiera sido, esas personas tendrían que haber salido con un megáfono a la calle, al Paseo Ahumada , a pregonar: "Hay que cambiarse de Fondo, porque viene la ola". Como no existen, los trabajadores no tuvieron acceso a la información.
5) La tasa de rentabilidad real de los fondos de pensiones está muy por debajo de lo prometido. Según el informe de la Superintendencia de Pensiones, la tasa promedio anual acumulada entre septiembre de 2002 y octubre de 2008 es la siguiente: del Fondo A, 4,12 por ciento; del Fondo B, 3,42 por ciento; de los Fondos C y D, 3,57 por ciento, y del Fondo E, 2,80 por ciento.
6) La cobertura que se prometió a los chilenos tampoco fue cumplida. Había 27 administradoras; hoy, solo quedan 6. Digámoslo francamente: el negocio se ha concentrado.
Considero vergonzosas las declaraciones de los ejecutivos de las AFP, según las cuales, frente a la actual situación, lo importante es mirar a largo plazo y esperar que la inversión se recupere en el tiempo. No está de más recordar la historia y que se necesitaron más de 15 años para recuperar el valor de las inversiones luego de la crisis de 1929. Ello parece indignante y una falta de respeto para los 320 mil 769 chilenos y chilenas mayores de 55 años, compatriotas de carne y hueso que, con toda seguridad, no tendrán tiempo para recuperar su inversión.
Por eso, solicitamos que se adopten las siguientes medidas:
1.- Que los fondos de pensiones sean intervenidos de manera inmediata, para lo cual proponemos una comisión de expertos donde estén representados todos los sectores políticos y los dueños de los fondos.
2.- Que se realice una investigación que determine la real dimensión de las pérdidas. Nuestros estudios sugieren que parte significativa de los instrumentos se encuentra invertida en fondos con una liquidez actualmente muy discutible.
3.- Dar una solución a todos los chilenos y chilenas próximos a jubilar, es decir, a las 73 mil 810 personas mayores de 55 años que mantienen cuentas en los Fondos A y B, quienes han perdido más de un tercio de sus ahorros, y a las 246 mil 958 mayores de esa edad que mantienen cuentas en el Fondo C, quienes han perdido más de un quinto de lo acumulado.
4.- Creemos que las AFP y el Gobierno deben actuar ahora y hacerse cargo de la pérdida. No es posible que más de 25 mil millones de dólares se esfumen por el mal manejo de las administradoras y no haya información.
5.- Establecer responsabilidades por las infracciones a derechos establecidos en la Ley del Consumidor. Esa será tarea nuestra.
Señor Presidente , ruego hacer llegar esta intervención a la Superintendencia de Pensiones y, en especial, a las centrales de trabajadores. Quiero que la primera informe detalladamente cuál fue el rol que cumplió durante el transcurso de la crisis, así como los antecedentes entregados por las AFP en el mismo período.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Navarro, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Socialista, Demócrata Cristiano y Mixto, ningún señor Senador interviene.
--Se levantó a las 17:45.
1.- ANTECEDENTES GENERALES
A. En relación con la reajustabilidad de las pensiones alimenticias, artículo 7° Ley N° 14.908.
El artículo 7° de la Ley N° 14.908 y sus modificaciones sobre Abandono de familia y pago de pensiones alimenticias consagra la reajustabilidad de las pensiones alimenticias, conforme al alza que haya experimentado el índice de Precios al Consumidor, cuando estas no se fijen en un porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos ni en otros valores reajustables, señalando el inciso final de la citada norma, que "El Secretario del Tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar la pensión alimenticia de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior".
Es decir, es la parte interesada en el reajuste de alimentos que percibe quien debe presentar la petición para que el funcionario citado por la disposición legal proceda a reliquidar la suma ascendente a la pensión alimenticia, conforme a la variación del índice de Precios al Consumidor.
B. En relación con la modificación del artículo 331 del código civil.
El artículo 331 del Código Civil establece que: "Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas. No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido", lo cual implica que los jueces de familia ordenen, en la sentencia definitiva, la restitución de las sumas percibidas por los alimentarios en exceso, para el caso que la pensión alimenticia fijada difiera de aquella determinada en forma provisoria en la audiencia de preparación de juicio de familia.
3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.
A. Respecto al artículo 7° Ley N° 14.908.
Es menester adecuar el actual inciso final de la citada disposición sobre pensiones de alimentos, toda vez que el funcionario a que se refiere, esto es, el Secretario del Tribunal, desapareció como funcionario en la actual organización de los tribunales de familia, dando lugar al llamado "administrador del Tribunal". Conforme a ello, quien debe proceder a realizar la operación de reliquidar las pensiones de alimentos conforme a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor, es el citado funcionario.
Por otra parte, resulta engorroso y dilatador en un procedimiento eficaz, el hecho que esta reliquidación deba ser realizada a requerimiento del alimentario, como lo expresa actualmente el artículo 7° de la citada ley. Por lo que, resulta del todo conveniente, en resguardo del alimentario proceda de oficio a reajustar las pensiones de alimentos, para lo cual debiera llevar un control desde el momento en que se dicte la sentencia definitiva.
B. Respecto al artículo 331 del Código Civil.
Algunos jueces de Familia, aplican dicha norma como fundamento legal para dar efecto retroactivo a la pensión alimenticia decretada en la sentencia definitiva, lo cual muchas veces perjudica sustancialmente los intereses de los alimentarios. El artículo 331 del Código Civil debe interpretarse armónicamente con el principio fundante de toda cuestión y resolución judicial en la que tenga interés los menores, tal es el "INTERÉS SUPERIOR DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE",principio consagrado en el artículo 16 de la Ley n° 19.968, que crea los Tribunales de Familia y regula su procedimiento, como a su vez en un conjunto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran plenamente vigentes, uno de los cuales es la Convención de los Derechos del Niño.
Hasta antes de la dictación de la Ley 19.968, las causas de alimentos se tramitaban en los juzgados de menores pudiendo tales procesos durar por muchos años, jueces de menores que no se encontraban obligados a fijar alimentos provisorios, a diferencia de la situación actual en que los jueces de Familia se encuentran obligados a "pronunciarse" respecto de los alimentos provisorios cuando los requiera el alimentario, lo cual siempre lo hace, y que en el caso de los menores de edad siempre los conceden por aplicación del artículo 3°, según lo dispone el artículo 4° de la Ley 14.908 y que incluso de no cumplirla da derecho a deducir queja, sin necesidad de otro recurso previo, en contra del juez que no cumplió su obligación.
Es decir, una interpretación histórica y armónica de la norma nos lleva a la conclusión de que el legislador, a la luz del antiguo procedimiento, entregaba como contrapartida al no tener, en la mayoría de los casos, alimentos provisorios la de otorgarle efecto retroactivo a los alimentos desde la interposición de la demanda, privilegiando y garantizando de esta forma las necesidades económicas de los alimentarios y sancionando al alimentario que no cumplió con su obligación legal y moral de dar alimentos.
Por lo tanto, la norma del artículo 331 del Código Civil siempre ha sido y seguirá siendo garantista para los alimentarios y sobre todo respecto de los menores de edad, por ende cualquier otra interpretación vulneraria nuestro sistema jurídico imperante en lo que dice relación con los alimentos.
Sin embargo, esta interpretación también debe ser aplicable respecto de aquellas personas que demandan por primera vez alimentos como aquellas que solicitan el aumento de los mismos, ya que en primer lugar encontramos las garantías consagradas en los números 2 y 3 de nuestra Constitución Política de la República y teniendo presente que actualmente las partes siempre pueden solicitar la rebaja, aumento e incluso el cese de los alimentos provisorios.
En cuanto a la situaciones de hecho que se pueden producir al otorgar efecto retroactivo a una rebaja de alimentos, puede llegar al absurdo de que el alimentante tenga un "crédito" en contra de los alimentarios, situación que no puede tener cabida en nuestra legislación toda vez que existen derechos adquiridos sobre los mismos, y muy probablemente los dineros recibidos por el alimentario, a título de pensión de alimentos, ya no exista en su patrimonio. Por lo demás ese "crédito" no lo podía imputar a las pensiones futuras, ni mucho menos dejar de pagar para posteriormente operara una compensación, bambas situaciones claramente prohibidas por nuestra legislación tanto en nuestro Código Civil y en la Ley 14.908.
Conforme a lo expuesto, se hace indispensable, modificar el artículo 331 del Código Civil, a fin de no dar lugar a interpretación alguna y por ende se pueda perjudicar económicamente a los alimentarios.
Articulo 1° Sustituyese el inciso final del artículo 7° de la ley N° 14.908 por el que sigue:
"El Administrador del Juzgado de Familia procederá, semestralmente, a reliquidar, la pensión alimenticia, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, para lo cual deberá mantener el registro de causas, en que se hubieren decretado tales pensiones alimenticias al día."
Artículo 2° Reemplázase el artículo 331 del Código Civil por el siguiente:
"Los alimentos se deberán desde que la sentencia que los ordena pagar quede firme y ejecutoriada. Sin perjuicio de aquellos que se ordenen pagar en forma provisoria, los cuales no estarán sujetos a restitución alguna.
Los alimentos provisorios y los definitivos se pagaran por mesadas anticipadas.".
(Fdo.): Evelyn Matthei Fornet, Senadora.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.- Victor Pérez Varela, Senador
El fin de las normas medio ambientales es establecer cuáles serán las conductas apropiadas para personas, empresas y la sociedad como un todo. Es por eso, que surge necesario crear un sistema orgánico y sistematizado como país, en el cual este tipo de normas vengan reforzadas por la coerción de la fuerza pública para cuando no exista incumplimiento.
Conocidos son ya los casos de Celulosa Arauco, o Enap (San Vicente, Puchuncaví), en los cuales las medidas administrativas y civiles fueron exiguas para prevenir y corregir desastres naturales.
En la sociedad actual, el respeto de los derechos fundamentales de las personas es un tema esencial a la hora de construir un Estado moderno. No nos acercamos al desarrollo, si las garantías mínimas del ser humano no se respetan como tales. Estos derechos no sólo deben concebirse desde una perspectiva clásica, sino que también desde una mirada moderna. Ello, precisa, velar por los derechos denominados de tercera generación, donde se enmarca el derecho a la vida con el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, principio consagrado en la Constitución en su artículo 19 numeral octavo.
Cuando una persona ve afectada la calidad de su entorno, no será capaz de desarrollar el máximo de su potencial genético. En una cuidad cuyas aguas se encuentran contaminadas, las expectativas de vida son bajas, los índices de mortandad infantil se incrementan y las enfermedades asociadas a esos factores tomarán una nefasta vorágine ascendente.
Actualmente, no existe en nuestra legislación normas que castiguen a las personas jurídicas, esto es a las empresas, por los daños que estas realicen al medio ambiente. Las penas, impuestas en casos de grandes desastres medio ambientales se centran en la persona natural, que en un actuar negligente o doloso, vulnera la flora y fauna de una zona determinada. Hoy la empresa, no recibe ninguna sanción de carácter penal.
La empresa tiene un rol destacado dentro de la sociedad. Ella es, a fin de cuentas, el motor esencial de la economía de un país. Pero, eso no las exime de responder penalmente en eventos que atenten contra derechos fundamentales, como es el Derecho a la vida.
Se busca hacer valer el castigo sólo cuando se ponga en peligro la vida, salud y seguridad de personas que se encuentran fuera de la órbita de las actividades normales y dentro del giro que realicen las empresas. Estas, poseen derechos, obligaciones y responsabilidades hacía la sociedad. Una de ellas, es velar por el entorno que las acoge, por ende deben recibir sanciones cuando éste es afectado de manera permanente.
En nuestro ordenamiento legal, estas figuras se encuentran dispersas entre el Título VI y el § 9 del Título IX del actual Código Penal y en numerosas leyes especiales, a saber referidas a la salud pública: las leyes 19.366 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes; 11.564 sobre Mataderos Clandestinos; 16.464, sobre Venta de Productos Alimenticios Adulterados y otras disposiciones legales; 18.455, que fija Normas Sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes Etílicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres; 11.741, sobre Tabacos; 18.302 referidas a la seguridad nuclear; referidas al tráfico rodado, marítimo y aéreo, las leyes del Tránsito, General de Ferrocarriles, de Navegación y el Código Aeronáutico. Vinculadas a la protección del medio ambiente: las leyes 19.473, sobre Caza; 18.892 sobre Pesca y Acuicultura; la Ley de Bosques; el DL 176/1925 sobre seguridad animal; la Ley General de Urbanismo y Construcciones: 17.288 sobre Monumentos Nacionales; 18.362 que crea las áreas protegidas, etc.
Sin embargo, no existe una norma orgánica que regule la materia objeto de este proyecto de ley. Nuestra doctrina penal, lo ha venido tratando de manera dispersa en el correr de los años.
Se pretende regular delitos de Peligro que pongan en riesgo la vida y la salud de las personas. Su principal característica es hacer responsables a los administradores o gerentes de estos hechos, no sólo cuando actúan con dolo sino también en el actuar culposo.
Busca esta iniciativa, establecerlos como garantes de sus actividades frente a la sociedad. También de librarlos de dicha responsabilidad, cuando se hallan opuesto objetivamente a la conducta que cause el daño medio ambiental.
La Ley de Bases del Medio Ambiente, sólo establece un sistema de responsabilidad subjetiva en relación a los daños medio ambientales. Sin perjuicio de lo señalado por los autores, el derecho comparado ha establecido que en este tipo de acontecimientos, la responsabilidad debe ser objetiva, atendiendo al daño material causado, más que a la intencionalidad del agente que provoca el perjuicio.
Delitos de las personas jurídicas en el derecho comparado.
En las primeras codificaciones que se conocen (Código de Hammurabi) ya se establecía la responsabilidad de las personas jurídicas, así como también en el derecho griego. Sin embargo, esta tendencia fue suprimida en el derecho romano con la máxima: “societas delinquere non potest” (las sociedades no pueden delinquir), evolucionando de esa manera a nuestros ordenamientos jurídicos de raíz latina castellana.
Esta última figura, también se mantuvo vigente en los derechos de los pueblos Nórdicos Indoeuropeos.
En la época moderna y producto de las teorías jurídicas francesas, especialmente de Savigny, se dejó de sancionar, ya que se señala que las personas jurídicas sólo son ficciones legales, por lo que es imposible establecer penas para “meras ficciones”.
Capacidad de acción de las personas jurídicas
Un acto, podrá ser calificado penalmente siempre que este sea voluntario. Von Lizt, señala que las personas jurídicas tienen capacidad de acción, ya que ésta en el derecho penal, no es muy distinta a la capacidad del derecho civil. En Holanda, Alemania, Estados Unidos, etc, pueden ser sancionadas punitivamente por sus actos. En Holanda, se exige, para que sea posible castigar a las personas jurídicas, que la actividad causante de daño no sea ajena a su actividad cotidiana. Es decir, que se le sancione por los ilícitos de peligro que se produzcan dentro del desarrollo de las actividades que le son propias.
Es así, como surge la figura de la comisión impropia. Ésta, busca la sanción de los directivos de las empresas en su posición de garantes de las mismas, aunque no hayan intervenido en la infracción penal que causó un grave daño. Deben responder, debido a su jerarquía en el organigrama que los obliga a garantizar la protección del bien jurídico en riesgo.
Soluciones en el derecho comparado.
Ya desde el año 1938 existe un fallo en el derecho Holandés donde sanciona a las personas jurídicas, señalando que: “no sólo es responsable el que materialmente manejaba el autobús ilegal, si no que también el propietario del mismo” incorporándolo finalmente en su Código Penal el año 1976.
El derecho anglosajón, en principio no siguió esta corriente holandesa. Mas, debido al desarrollo industrial y la importancia que adquirieron las corporaciones, reconoció que era necesario sancionarlas cuando cometieran infracciones que pusieran en riesgo a las personas. No sólo por su actuar, sino también por sus omisiones, señalando que no era necesaria la voluntad criminal para poder sancionarlas.
En el derecho Español, se puede llegar a pensar en algo cercano a una responsabilidad por hecho ajeno, ya que no sólo se castiga al administrador de derecho, sin que también al de hecho.
Hoy, los derechos Europeos y Norteamericano, han cambiado drásticamente esta tendencias. Producto de los sendos tratados internacionales sobre temas medio ambientales, es impensable una sociedad moderna que no establezca sanciones a las personas jurídicas.
Así la Convención de Río de 1992, señaló como principio rector la responsabilidad de los agentes industriales en el detrimento paulatino que ha sufrido el medio ambiente, y la necesidad, como Estados partes, de sancionar ese tipo de conductas.
La mayor sanción que se le puede imponer a una persona jurídica es la Cancelación de la personalidad jurídica, como señala Labatut. Ello es la pena de muerte de las corporaciones. Este tipo de sanción las pone en riesgo completo en el evento que cometa un delito grave.
Es necesario señalar que las sanciones que se les pueden imponer a este tipo de entidades sólo deben ser de carácter administrativas, ya que sanciones de otra índole no podrían ser aplicadas, debido a la naturaleza jurídica de las mismas.
Estas deben ir desde la multa a la cancelación de su personalidad, pasando por el cierre temporal. No ocurre lo mismo con los administradores que, al ser personas naturales pueden ser castigados por sus conductas u omisiones con penas privativas de libertad.
La descripción del tipo exacto de conducta delictual, debe quedar entregado a los reglamentos respectivos. No por ello será una ley penal en blanco [1] y por consiguiente inconstitucional. La razón de lo anterior se debe a que la actividad empresarial es sumamente dinámica. Lo que hoy es considerado peligroso, mañana podría no serlo, gracias a la evolución de la tecnología.
PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Primero.- Modifíquese el Código Penal en el siguiente sentido:
1° Agréguese el siguiente inciso cuarto al artículo primero de dicho cuerpo legal:
“Los hechos punibles pueden ser cometidos por personas naturales o jurídicas”
2° Agréguese el siguiente artículo veintiuno Bis al Título III, párrafo 2, del Código Penal:
Las penas que pueden imponérseles a las personas jurídicas por graves daños medioambientales, con arreglo a este código, son:
1° Disolución o cancelación de la personalidad Jurídica
2° Suspensión temporal de las operaciones
3° Multa
4° Comiso
5° Publicación de la sentencia condenatoria.
Segundo.- Agréguese el siguiente título XI “De los delitos medio ambientales relativos a las personas jurídicas”
Artículo 493-A.- El que contraviniendo gravemente las normas primarias de calidad ambiental definidas en la Ley de Bases Generales del Medioambiente, poniendo en riesgo grave la salud de las personas o la flora o fauna de un sector determinado , que establecen los valores de las concentraciones y períodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, será sancionado con la pena de suspensión temporal de las operaciones por un plazo máximo de seis meses si el agente es una persona jurídica, si el que comete el daño una persona natural la sanción será la de presidio menor en su grado medio a máximo.
Si dichas contravenciones se producen por negligencia grave, la pena se rebajará en un grado.
En caso de reincidencia, las penas anteriormente señaladas se aumentarán en un grado.
El Tribunal podrá disponer en todos estos casos la intervención de la empresa, para resguardar los derechos de los trabajadores.
Se entenderá por grave daño, toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido a la salud de las personas, o al medio ambiente, o a uno o más de sus componentes
Artículo 493-B.- Si de la contravención a las normas primarias medioambientales se produce la muerte de una o más personas o una afección irreversible en su salud, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio en el caso de las personas naturales y cancelación o disolución de la personalidad jurídica además de una multa diez mil a veinte a cinco mil unidades tributarias mensuales en el evento que el responsable sea una persona jurídica, pudiendo además el Tribunal disponer la intervención de la empresa, para resguardar los derechos de los trabajadores.
Artículo 493-C. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán a las personas naturales o jurídicas responsables de una actividad que contando con una autorización o certificación de la autoridad correspondiente para sus operaciones, produzcan un grave daño por el incumplimiento de las condiciones o exigencias bajo las cuales se les otorgó la certificación y los permisos correspondientes o que ponga en serio peligro la vida o la salud de una o más personas determinadas o les provoque lesiones o muerte, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas correspondientes, además, el Tribunal dispondrá la intervención de la empresa, para resguardar los derechos de los trabajadores
Artículo 493-D. Los miembros de los directorios, de las personas jurídicas que cometan los delitos contemplados en el artículo 493-B y que consten en las actas de la reunión respectiva, que aprobaron la acción u omisión que provoque el grave daño medioambiental, estarán inhabilitados en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos en otros directorios de empresas afines. Así como también tendrán las mismas penas los gerentes o representantes legales de dichas personas jurídicas que con negligencia o imprudencia dejaron de supervisar a sus subalternos al momento de realizar operaciones riesgosas.
Artículo 493-E. Las penas contempladas en este titulo se impondrán sin perjuicio de otras sanciones y reparaciones que contemple la legislación vigente para las conductas descritas en los artículos anteriores.
Tercero.-. Modifíquese el Código Procesal penal en el siguiente sentido:
1° sustitúyase el artículo 58 del Código Procesal Penal por el siguiente:
Artículo 58 La responsabilidad criminal se puede hacer efectiva tanto en personas naturales o jurídicas.
(Fdo.): Nelson Ávila Contreras, Senador