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Timestamp: 2016-12-06 20:00:39
Document Index: 130920024

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 33', 'artículo 49', 'artículo 39', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'in fine', 'ARTÍCULO 104', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 39', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5']

⭐REPORTE POR PAÍS COSTA RICA
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Agustín Álvarez Naranjo
1 REPORTE POR PAÍS COSTA RICA2 Agradecimiento Deseamos agradecer a Virginia Rojas, Gloriana Picado, Ana Cristina Mora, Andrea Sandoval, Sophia Murillo, Gabriela Quiros, Diego Alexandré-Garcia, Gloriana Alvarado, Giancarlo Andreoli, Manuel Santos y Alberto Peralta del estudio Costarricense BLP Abogados por su trabajo desarrollando este recurso. 23 REPORTE Introducción Costa Rica es un país ubicado en Centroamérica que se rige bajo el sistema de democracia. La democracia se deriva de las palabras demos (pueblo) y kratos (poder), en otras palabras es el poder del pueblo. El vivir en un estado democrático implica que cada ciudadano participa libremente para elegir a sus gobernantes y para la toma de decisiones que pueden afectar su vida en sociedad. Se ha establecido que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos aunque pertenezcan a diferentes grupos, diferentes creencias o tengan diferentes ideales. La Constitución Política de Costa Rica es la norma fundamental del país porque su autoridad tiene más peso incluso que la de las propias leyes del país. Dicho documento establece los deberes y derechos de cada uno de los ciudadanos así como también establece las normas por las que se rige el país incluyendo a los extranjeros y todo lo esencial. El país cuenta con un Poder Judicial que es el encargado de brindar y garantizar el acceso a la justicia cuando esta ha sido irrespetada. Existe una Comisión dentro del Poder Judicial especializada en eliminar todo tipo de barreras y lograr que el acceso a la justicia se mucho más fácil. Han tenido un importante avance en mejorar la capacitación en el tema de Derechos Humanos de las personas en condición de discapacidad y la no discriminación, y el dictado de lineamientos por parte de las autoridades institucionales. Para el ejercicio profesional en el campo jurídico se tiene por requisitos haber aprobado los cursos de licenciatura en derecho, estar inscrito en el Colegio de Abogados, tener la capacidad de resolver cualquier tema sobre el cual la ley tenga jurisdicción y poder asesorar y aconsejar a las personas que lo necesiten en temas legales. 34 Actualmente por la forma en que se están eligiendo los jueces y cómo están desempeñando su función no es tan palpable que su función cumpla con el principio de justicia pronta y cumplida establecido en la Constitución Política debido a los cuestionamientos y una serie de factores. Un aspecto que ha sido cuestionado en la judicatura actual ha sido el proceso de selección de los jueces que ha llevado a fuertes cuestionamientos que son aspectos que deben mejorarse y al que se debe prestar especial atención porque representan la base de la confianza y la credibilidad que los ciudadanos tienen de un estado democrático en donde la administración de justicia es un pilar esencial para el resguardo de esa democracia. Se debe lograr brindar una administración judicial de calidad, por lo que los jueces deben mantener estándares altos. Estructura y composición de la profesión En Costa Rica existe un ente que es el encargado de regular toda la actividad de la abogacía, dicho ente es el Colegio de Abogados. Es aquí donde se agremian los abogados en nuestro país con el fin de poder ejercer. Es requisito esencial estar colegiado para poder ejercer la profesión en nuestro país. a. Número de Escuelas de Derecho En la actualidad encontramos que la oferta académica referente a Derecho es bastante escasa, debido a que contamos con 18 Universidades que brindan el Bachillerato o La Licenciatura en Derecho. De estas 18 Universidades, únicamente 1 de ella es universidad pública (UCR ) Adicionalmente encontramos que la mayoría de esas Universidades brindan alguna maestría o especialidad en alguna rama del derecho. b. Cantidad de Abogados Durante la existencia del Colegio de Abogados se han registrado alrededor de veinte mil abogados. Dicho registro es un requisito esencial para poder ejercer la profesión en nuestro país. 45 Sin embargo para el periodo 2009, se encontraban activos abogados en total. c. Densidad de los Abogados En la actualidad nuestro país no cuenta con un estudio de la densidad geográfica de los abogados, sin embargo es claro que la mayoría de los profesionales se encuentran ubicados en la provincia de San José, debido a que es en esta donde se realizan la mayoría de los negocios del país. d. Cantidad de Mujeres Ejerciendo el Derecho Según las cifras del Colegio de Abogados de Costa Rica alrededor de un 47 % de los abogados inscritos y activos en el Colegio son mujeres. Sin embargo en los últimos años el número de mujeres colegiadas ha venido en crecimiento y estas representan casi el doble de los abogados hombres en el país. e. Cantidad de Jueces en el Poder Judicial Actualmente en el Poder Judicial, ente encargado de dictaminar justicia en Costa Rica, cuenta con 1120 jueces propietarios. A la vez dicha corte cuenta con 22 Magistrados Propietarios y 27 Suplentes. Los Magistrados son los jueces encargados de dirigir las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia. Información respecto de necesidades legales A la fecha, no existe un estudio que trate a cabalidad las necesidades legales que los grupos de riesgo enfrentan en nuestro país, ni tampoco existe una justificación para su inexistencia; sin embargo, la evidente necesidad de mejorar los medios de protección o de crear otros nuevos, se puede extraer de estadísticas realizadas por instituciones públicas o privadas, organizaciones fines de lucro o de las lagunas que el derecho ha creado al momento de legislar determinada temática. En esta parte del trabajo se pretende dar un breve panorama de cuál es la realidad de 56 los grupos más vulnerables de la sociedad, para así identificar aspectos que nos puedan ayudar a alcanzar una mayor igualdad social. a. Derechos de la mujer: Hay varias leyes que actualmente protegen a las mujeres en los diferentes aspectos sociales que le pueden crear desventaja, como es el caso de la discriminación laboral, esta se regula en el Código de Trabajo, que como ejemplo, como garantía laboral exige el pago de incapacidad por maternidad (4 meses con goce de salario); sin embargo, esta garantía laboral produce muchas veces discriminación en el proceso de contratación, ya que los patronos prefieren contratar hombres que correr el riesgo de que una de sus empleadas quede embarazada. Otro aspecto a mencionar es la violencia doméstica, donde a pesar de leyes como la Ley contra la violencia doméstica del año 1996; según estadísticas 1 del Poder Judicial de Costa Rica, en nuestro país, durante el año 2006 se levantaron 9719 informes policiales por violencia doméstica y en el 2007 el número de informes aumentó a b. Situación de niños y adolescentes: Según una encuesta realizada por la UNICEF cerca del 30% de la población costarricense conoce al menos a una persona menor de 15 años que está siendo prostituida en su comunidad. Sin embargo, poco menos de la mitad de las personas entrevistadas opinó que denunciaría a una persona adulta que estuviera prostituyendo a personas menores de edad, señal inequívoca de la necesidad de gestar y profundizar un cambio cultural de largo aliento. Los mayores logros alcanzados forman parte de la respuesta del Poder Judicial ante este problema, especialmente de la Fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar por su desempeño en la tramitación e investigación de los delitos sexuales. Este estudio nos crea un panorama de la problemática tan profunda a la que se enfrenta Costa Rica relacionado con la explotación sexual comercial de personas menores de edad, temática, 1 67 regulada en nuestro país desde el año 1999 por la Ley contra la explotación sexual de las personas menores de edad. c. Situación de los discapacitados: La ley ha intentado implementar la igualdad social de las personas con capacidades limitadas, como ejemplo la obligatoriedad de tener infraestructura adecuada en todas las instituciones públicas, educativas, y muchas municipalidades solicitan como uno de sus requisitos para aprobar el funcionamiento de una empresa, que el solicitante mediante una declaración jurada, exprese que su infraestructura cumple con los requisitos que la Ley exige. A esto se le suma vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional Costarricense y desarrollo legislativo y ejecutivo como decretos, circulares y leyes. Sin embargo, a pesar de que en teoría la ley declare de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos v deberes que el resto de los habitantes 3, la realidad es que solo una minoría de sus necesidades son atendidas, como ejemplificación, se debe rigidizar en temas de transporte público, porque la mayoría de los buses no cuentan con sistemas especiales para que personas discapacitadas puedan abordarlos. d. Situación de las comunidades indígenas: Las comunidades indígenas actualmente viven en condiciones altas de pobreza y desventaja en relación con los servicios públicos básicos, como pueden ser agua potable, electricidad, educación entre otros. Uno de los problemas más importantes, es el impacto que ha tenido en su cultura, alimentación y lenguaje, el despojo de sus tierras ancestrales. Actualmente, los protege la ley 5251, la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas; sin embargo, son de los sectores de la sociedad que más necesidades legales tienen. Un ejemplo a seguir en este tema, es la Constitución Boliviana, la cual figura entre sus pilares la conservación de la población indígena en todos sus aspectos. 2 Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 3 Artículo 1, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 78 e. Derechos de los inmigrantes: Para el 2008, aproximadamente un 7,3% de la población era inmigrante. La mayor parte de los inmigrantes son provenientes de Nicaragua. Sin embargo hay otros países como Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Panamá que también tienen sumas importantes de gente que migra hacia Costa Rica. Los inmigrantes, principalmente los nicaragüenses y los colombianos, son víctimas de mucha discriminación y xenofobia por parte de la sociedad costarricense. No existe una situación de igualdad entre los trabajadores costarricenses y los extranjeros. f. Situación de las minorías sexuales: En Costa Rica ha habido casos de discriminación sexual, por ejemplo en el ámbito laboral. Las minorías sexuales no cuentan con muchos derechos. En Costa Rica no es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se reconocen los derechos civiles de las personas del mismo sexo, entre ellos los derechos a recibir herencias, bienes gananciales, etc. g. Situación de personas de la tercera edad: Costa Rica ha ido aumentando su expectativa de vida considerablemente, por lo que cada vez la población de la tercera edad aumenta. Los ciudadanos de la tercera edad son considerados Ciudadanos de Oro, y gozan de ciertos privilegios entre ellos los de ser atendidos con mayor brevedad, y descuentos en medios de transporte entre otros. 89 La proporción de la pobreza es mayor en la población de la tercera edad que en la población total. Los adultos mayores, siendo más propensos a padecer de problemas de salud, no están asegurados en su mayoría. Existe agresión a los adultos mayores y se les descuida o abandona en cierta medida por lo menos. Existe una gran brecha tecnológica con las personas de la tercera edad, por lo que se les dificulta el acceso a todo tipo de beneficios que brinda el mundo digital h. Seguridad Social: Aproximadamente un 23% de la población ocupada no cuenta con seguro de salud Existen grandes atrasos en consultas médicas y citas para intervenciones quirúrgicas de los asegurados Urgencia de mejora en especialidades médicas, falta de recursos para equipos i. Tortura: Sobre la tortura y métodos abusivos en los Centros de Detención, Costa Rica se rige bajo el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles 4. Como resultado de esta normativa se ha reconocido a la Defensoría de los Habitantes de la República Mecanismo Nacional de Prevención para la inspección de Centros Nacionales de Detención. De la regularidad de estas inspecciones depende el mejoramiento o deterioro del trato y condiciones de los centros. 4 Ley Nº 8459, Ley Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 910 El reconocimiento a la Defensoría para ejercer funciones de control y prevención sobre los Centros de Detención fue otorgado por Decreto Ejecutivo 5, mientras que el Protocolo Facultativo al ser una norma internacional cuenta con fuerza supralegal, por lo que se requiere armonizar la normativa existente, a través de un proyecto de ley para designar a la Defensoría de los Habitantes como Mecanismo de Prevención, y asignarle sus competencias. Así mismo el Estado se comprometió a proveer los recursos necesarios para el funcionamiento de esta dependencia, lo cual no ha sucedido a la fecha. j. Libertad de prensa: Según encuesta de la empresa Unimer 6 un 49% de los encuestados afirmó que las leyes que rigen el ejercicio del periodismo en el país limitan su acción, y un 54% manifestó que la Asamblea Legislativa debe reformar las actuales leyes sobre prensa. Desde el 2001 la Asamblea Legislativa ha estudiado iniciativas de reformas legales para lograr un mejor ejercicio de la libertad de expresión y prensa 7, la Comisión a cargo de estos estudios se pronunció favorablemente sobre los cambios, sin embargo no se les ha dado mayor seguimiento, por lo que los proyectos se encuentran estancados. Normas relacionadas al acceso a la justicia a. Derechos constitucionales En Costa Rica el acceso a la justicia de los ciudadanos se encuentra tutelado por dos normas de rango constitucional. En concreto, la norma que con mayor claridad regula este derecho, es el artículo 41 de la Constitución Política, el cual reza: Ocurriendo a las leyes, todos han de 5 Decreto Ejecutivo N RE-MSP-G-J del 19 de Febrero de Encuesta en la que se incluyeron preguntas sobre periodismo, prensa y libertad de expresión, realizada entre el 8 y el 20 de Enero de 2010, a 1210 personas en todo el territorio nacional con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales y con un nivel de confianza de 95%. 7 Proyecto Ley de Libertad de Expresión y Prensa, Expediente N11 encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Al respecto, nuestra Sala Constitucional ha indicado en reiterada jurisprudencia de aplicación erga omnes, que: En la base de todo orden procesal está el principio y el derecho fundamental de acceso a la justicia, entendido como la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, sea, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-; lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales independientes, objetivos, imparciales y especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida social, en forma civilizada y eficaz. El artículo 41 dela Constitución Política garantiza el acceso a la justicia pronta y cumplida, en favor de quienes han sufrido un daño que merece ser reparado. (Voto ). Aunado a lo anterior, en Costa Rica a partir del año 2006, se amplía el acceso a la justicia; ya que por interpretación del mismo tribunal constitucional, se otorga la posibilidad de los administrados, de escoger entre acudir a la vía judicial, la administrativa o ambas, dentro de los límites de la ley, con el fin de solventar sus reclamaciones. Señala el voto : En suma, el carácter electivo de la vía administrativa, resulta absolutamente congruente con los derechos fundamentales de los administrados de acceso a la jurisdicción, a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política), a la igualdad (artículo 33 de la Constitución Política) y a controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 de la Constitución Política). Ahora bien, debe resaltarse que tan constitucional es que el administrado opte por acudir directamente a la vía jurisdiccional, sin agotar la vía administrativa, como cuando elige hacerlo. 1112 Jurisprudencialmente también se ha derivado la existencia de un derecho a la doble instancia en materia recursiva, del artículo 39 constitucional, el cual es conteste con el principio de inocencia que ampara a los ciudadanos, y que establece: A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. El derecho de acceso a la justicia se encuentra acuerpado adicionalmente por el acatamiento a las normas que sobre este aspecto contienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Costa Rica, especialmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica ). En este punto, resulta relevante hacer ver que, de acuerdo con el mismo pacto constitucional, las normas contenidas en tratados internacionales referentes a derechos humanos, poseen rango constitucional (y como tal, superior a las restantes leyes del Ordenamiento Jurídico vigente). En relación con lo anterior, vale traer a colación el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del año 2002, mediante la cual se ordenó al Estado costarricense a modificar la legislación penal, con el propósito de adecuarla a los principios contenidos por la Convención Americana en cuanto al examen integral de las sentencias penales combatidas en segunda instancia. La resolución, de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense, resuelve: Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. 1213 b. Normas de las asociaciones de abogados Las asociaciones de abogados, como podrían ser por ejemplo la Asociación costarricense de la defensa, entre otros, no cuentan con regulaciones específicas en relación con el acceso a la justicia. Es por este motivo que consideramos de suma importancia que se realicen un cambio en el que las mismas asociaciones de abogados impulsen la integración de normas que protejan el acceso a la justicia. c. Códigos de ética En los distintos códigos de ética costarricense, el tema del acceso a la justicia, se ve regulado específicamente en el código de ética judicial, el cual en su artículo cinco, inciso uno, reza: 1. Todo servidor, dentro de los canales establecidos, debe generar o ser receptivo a una apropiada discusión de cuestiones jurídicas y de organización dentro del Poder Judicial, como una forma de contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, particularmente en lo que atañe a la agilidad de los procesos y simplificación del acceso a la justicia para los ciudadanos. Debe restringir a lo indispensable, toda formalidad en los asuntos que ante él pendan y, siempre que no haya norma prohibitiva, deberá promover un acercamiento entre las partes, o, al menos, una atemperación de la fuerza del litigio. Mediante este artículo se detalla la obligación con la que cuentan los funcionarios judiciales, para promover el acceso a la justicia de los ciudadanos costarricenses. d. Cursos regulares en escuelas de derecho La mayoría de las universidades públicas y privadas del país contemplan cursos de ética y derechos humanos dentro de sus programas académicos. También es parte de la educación de los abogados un curso de principios éticos impartido por el Colegio Profesional de Abogados al momento de su incorporación. Igualmente, en algunas universidades se han tomado una serie de políticas de interés público, tal como es el caso de los programas de trabajo comunal universitario (TCU) y los Consultorios 1314 Jurídicos. Mediante el TCU los estudiantes son requeridos a realizar 300 horas de actividades interdisciplinarias como forma de vinculación dinámica y crítica con los diferentes sectores de la comunidad. Así las cosas, se busca despertar conciencia social en los estudiantes, ayudar a las comunidades a identificar sus problemas y juntos desarrollar soluciones, y sensibilizar a los estudiantes para que fortalezcan procesos de retribución hacia las comunidades. Por su parte, los Consultorios Jurídicos constituyen oficinas de asesoría y representación legal a los ciudadanos que no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear un abogado; todo lo cual tiene como efecto una formación, que más allá de constituirse en una práctica profesional, tiene como fin primordial propiciar una visión humanitaria y de participación social en los estudiantes. No obstante lo dicho se considera que las escuelas de Derecho son ineficientes en contar con una doctrina educacional relacionada con principios éticos, responsabilidad social y de asuntos de interés público. Normas relacionadas con servicios legales para los pobres / aclarar si existen o no mecanismos de provisión de fondos y dar ejemplos de programas a. Rol del gobierno y programas gubernamentales: La Defensa Pública de Costa Rica es parte del Poder Judicial y le corresponde el ejercicio de la defensa técnica legal de las personas que no cuentan con recursos económicos para pagar éstos servicios, en las diversas materias legalmente asignadas. Su papel es satisfacer el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, por medio de una labor de patrocinio letrado o asesoría jurídica en favor de las personas usuarias de sus servicios. Dicha labor surgió y gira alrededor de la idea de dar asistencia legal a personas de escasos recursos, que por ello se ven imposibilitados de contratar servicios particulares. Lo que no limita a prestar servicios a personas que cuentan con recursos suficientes para el pago de abogados particulares y que aún así prefieren el servicio de la Defensa Pública. En el caso anterior mencionado, sí procede el cobro de honorarios a favor de la institución. 1415 Esta institución cuenta con 38 oficinas en todo el país, además de contar con participación en todos los circuitos judiciales del territorio. Las oficinas están conformadas de forma tal que todos los servicios de la Defensa Pública están disponibles en cada una de las oficinas, brindando servicios legales en las siguientes ramas del derecho: (i) derecho penal de adultos; (ii) derecho penal juvenil; (iii) pensiones; (iv) ejecución de la pena; (v) procesos administrativos disciplinarios contra funcionarios judiciales son cuestionados por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones; (vi) derecho agrario; (vii) penalización de violencia contra las mujeres, y; (viii) materia contravencional. (fuente: Defensa Pública de Costa Rica. b. Rol de las asociaciones profesionales y sus programas: El Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su publicación Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza, una ruta por construir en el sistema Interamericano, como estrategia para el combate a la pobreza desde los derechos humanos establece que De igual importancia es estructurar mecanismos alternativos de resolución de disputas y el afianzamiento de organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios legales a los pobres, para que estos puedan ganar acceso a los beneficios y protección del sistema legal, dentro y fuera de las cortes. La idea es cimentar una cultura de derechos en las personas y colectividades pobres, que cambie su auto percepción con respecto a las no pobres. La persona pobre es titular de derechos y no una persona necesitada de ayuda.... En Costa Rica existen comisiones que se dedican a efectuar labores pro bono. El Colegio de Abogados de Costa Rica cuenta con una comisión llamada Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados. El rol de esta Comisión es actuar como nexo entre los bufetes registrados como proveedores de servicios Pro Bono ante la Comisión y las personas o entidades sin fines de lucro que soliciten servicios legales gratuitos en asuntos de interés público, de impacto general, o que causen un efecto social o jurídico importante, los cuales serían los beneficiarios de dicha organización. Esta Comisión cuenta con ciertos Bufetes registrados los cuales son: Aguilar Castillo Love, Arias & Muñoz, Batalla Asociados, BLP Abogados, CIS Love Group, Consortium Laclé & Gutiérrez, 1516 Facio & Cañas, Fragomen, Global Legal Group, Jurisis, Oller Abogados, Pacheco Coto, Pacheco, Odio & Alfaro, Quirós & Asociados Reyes Consultores, Tompson, Barrientos, Obando y Asociados, Víquez Jara y Asociados, Zurcher, Odio & Raven y Esquivel y Asociados. La única función de la Comisión es facilitar al beneficiario Pro Bono el proceso de selección y contacto con un Bufete, pero no implica de manera alguna participar o interferir en la relación profesional planteada entre Beneficiario y Bufete. La inscripción dentro del registro de la Comisión implicará para el Bufete el compromiso de manejar los asuntos Pro Bono con la misma seriedad, atención y cuidado con que trata los asuntos remunerados y la asignación de al menos un Socio (o figura similar en caso de que no existan Socios) para supervisar y coordinar la atención de los casos referidos por la Comisión. c. Rol de las ONGs, instituciones pro-bono, organizaciones de ayuda legal y fundaciones: En Costa Rica existen diferentes organizaciones las cuales se dedican a brindar ayuda a las personas de escasos recursos, sin embargo, actualmente, son pocas las organizaciones que se dedican a brindar ayuda legal y servicios profesionales a los pobres o a personas que por sus condiciones económicas no pueden acceder a servicios de esa índole. d. Organizaciones establecidas en Costa Rica: Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) Una de las principales organizaciones con fines sociales es la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), la cual es una organización sin fines de lucro que promueve la Responsabilidad Social Empresarial en Costa Rica y sirve como canal para que las empresas realicen una inversión social estratégica en temas prioritarios para el desarrollo nacional a través de la Alianza Público Privada. AED y sus empresas asociadas entienden la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como: El compromiso permanente de las empresas para aumentar su competitividad mientras contribuyen activamente al desarrollo sostenible de la sociedad 1617 costarricense mediante acciones concretas y medibles dirigidas a solucionar los problemas prioritarios del país. La misión de AED es promover una nueva cultura de Responsabilidad Social Empresarial, que permita, por medio de participación directa, voluntariado, alianzas y fortalecimiento de instituciones sin fines de lucro, fomentar el desarrollo humano sostenible del país. AED cuenta con alianzas internacionales y es el capítulo de Costa Rica de tres reconocidos organismos internacionales: WBCSD: Es una coalición de 180 compañías internacionales unidas para promover al desarrollo sostenible con desarrollo económico, equilibrio ecológico y progreso social. Representa a más de 30 países y 20 sectores industriales de los más importantes del mundo (12% del PIB mundial). Forum Empresa: Es una alianza hemisférica de organizaciones empresariales de 20 países que promueven la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las Américas, reúne a empresas. United Way: Es una red global de organizaciones sin fines de lucro que funcionan en 45 países con el propósito de unir esfuerzos y recaudar recursos para contribuir a solucionar los problemas de las diferentes comunidades. BLP Probono: Asimismo la firma de abogados denominada BLP Abogados creó la fundación BLP Probono. La meta general de la Fundación es ofrecer servicios legales gratuitos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros sectores de la sociedad. Promueve proyectos de bien social, particularmente, las áreas claves de la Fundación BLP Pro- Bono son la educación, juventud, medio ambiente y la comunidad. 1718 La Fundación recibe capital de dos fuentes: Al menos 20 horas profesionales donadas anualmente por más de cincuenta abogados y asistentes legales de BLP Abogados. Efectivo donado por el bufete. Por estos medios, la Fundación BLP Pro-Bono es el vehículo a través del cual BLP Abogados continuará su labor de responsabilidad social. La meta de la Fundación a mediano plazo es buscar la donación de más horas profesionales de otros abogados del país y obtener financiamiento adicional para contratar asesores legales internos con experiencia en otras áreas. Si bien el bufete siempre ha tenido una tradición de servicio voluntario, la Fundación tiene una iniciativa estratégica para motivar a la gente a ofrecerse de voluntarios y compartir su experiencia legal de la manera más eficaz posible. El esfuerzo "pro bono" es una parte esencial de los valores básicos de BLP. Estos tipos de iniciativas promueven el trabajo en equipo y el desarrollo personal integral de los abogados y asistentes legales. Como resultado de los esfuerzos de voluntarios de su grupo, BLP fue calificado como uno de los principales bufetes dedicados al servicio voluntario gratuito en Latinoamérica y el principal en Costa Rica (http://www.latinlawyer.com/article.php?id=12952). A través de los años, el bufete ha participado activamente en proyectos importantes en diferentes áreas, tales como los derechos para las personas con discapacidades, asuntos ambientales, derechos humanos y transparencia. BLP Abogados es el primer signatario de la Declaración Pro-Bono de las Américas, que es una iniciativa continental de esfuerzos pro-bono de diferentes firmas. (http://www.nycbar.org/citybarjusticecenter/). Pro-Bono es la versión corta para el término de una frase latina utilizada, cuyo significado es para el bien o servicio público. Esta expresión es conocida en diversos países del mundo para describir aquellos servicios profesionales otorgados sin costo alguno. 1819 e. Rol de las escuelas de derecho y programas de prácticas necesarias para ser admitido como abogado. No es exigido por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), tener dentro del programa de la carrera de derecho, el requerimiento a los estudiantes de llevar Clínicas Jurídicas o Consultorios Jurídicos disponibles al público para personas con necesidades económicas. En ese sentido, estos programas son una alternativa de las facultades de derecho, y no un requisito ni de graduación de los estudiantes, ni de incorporación al Colegio Profesional de Abogados. No obstante, sí es exigido como requisito de graduación para cualquier carrera universitaria, haber completado 150 horas de Trabajo Comunal Universitario. Esto es un mínimo, siendo que existen universidades, sobre todo las estatales, que exigen para la graduación el doble de horas, sea la prestación de 300 horas de trabajo comunal universitario. En cuanto a las Universidades Privadas, son pocas las que dan la posibilidad de realizar el Trabajo Comunal Universitario en Clínicas o Consultorios Jurídicos propios, y que estén disponibles a la población necesitada de recursos. Entre las pocas que permiten esta posibilidad, destacan la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Escuela Libre de Derecho. Como excepción, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que es Universidad Estatal, exige a sus estudiantes además de las 300 horas de Trabajo Comunal Universitario, la prestación de 210 horas adicionales de Consultorios Jurídicos dirigidos a población con escasos recursos. Para ello, existen distintas oficinas de la universidad abiertas alrededor del país, en las sedes de la facultad de derecho, así como dentro de los propios Circuitos Judiciales. Además, existen convenios para la prestación de estos servicios en distintas instituciones estatales, entre ellas la Defensa Pública, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, la Dirección General de Migración y Extranjería, entre otros. Bibliografía 1920 Normativa: o Constitución Política de la República de Costa Rica o Código de Ética Judicial o Ley Jurisprudencia: o Voto de Sala Constitucional o Voto de Sala Constitucional Sitios Web: o Página de la Defensa Pública de Costa Rica: o o o o o Consultas o Ulacit o Conesup o Universidad Escuela Libre de Derecho o Ulatina o Ulasalle, o Universidad de Costa Rica. o Colegio de Abogados de Costa Rica. 20 Mostrar más
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