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Timestamp: 2018-07-21 11:55:37
Document Index: 194429848

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 236', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 236', 'artículo 34', 'artículo 236', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 239', 'artículo 13', 'artículo 64', 'artículo 42']

DERECHOS LABORALES, AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
T-494/92
Derecho fundamental a la posesión. Sociedad de hecho. Trabajo doméstico "femenino". Derecho a la igualdad. Derechos de compañera permanente que adquirió inmueble como fruto del esfuerzo de su trabajo doméstico. Concedida.
T-22246
Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Discriminación en razón del sexo. Negada. Ver auto 058/96.
Derecho al trabajo. Derecho a la igualdad. Concurso de méritos. Omisión de nombramiento de concursante que obtuvo el primer lugar. Concedida
C-710/96
Primas extralegales. Exequible e inexequible
LAT-091
Ley 319/96. Protocolo adicional a la Convención. Americana de Derechos. Humanos en materia de derechos. Económicos sociales y culturales. Exequible
C-470/97
Código sustantivo del trabajo. Art. 239 ord. 3. Protección de la mujer embarazada. Prohibición de despido por embarazo o lactancia. Exequible
C-622/97
Código sustantivo del trabajo. Art. 342 n° 1 prohibición de trabajo nocturno para las mujeres. Inexequible
C-653/97
Dec. 1305/75. Art. 6 parágrafo. Extinción de la pensión para las viudas de la policía fuerzas militares y personal del ministerio de defensa. Inexequible
C-401/98
Decreto 1042 de 1978 articulo 83. Vinculación de personal supernumerario a la administración pública. Estabilidad laboral de mujer embarazada. Exequible. Inexequible y sentencia inhibitoria
C-199/99
Ley 443 de 1998. Articulo 62 parcial. Protección a la maternidad. Mujer embarazada que está en cargo de carrera. Exequible
C-315/02
Decreto 1214 de 1990. Art. 49 lit. B). (p). Reforma estatuto y régimen prestacional del personal civil del ministerio de defensa y policía nacional. Asignación primas y subsidios. Subsidio familiar. Reconocimiento derechos prestacionales para el cónyuge e
C-152/03
D-4214 Y OTRO
Ley 755 de 2002. Titulo (p.) Art. 1 (p.). Modifica código sustantivo del trabajo. Art. 236 parág. Ley María. Licencia remunerada de paternidad a cargo de eps. Derecho a la igualdad. Principio de pluralismo diversidad cultural libertad religiosa y separación ente la iglesia y el estado
C-273/03
Ley 755 de 2002. Art. 1 inc. 3. Modifica código sustantivo del trabajo. Art. 236 parág. Ley María. Licencia remunerada de paternidad para hijos de cónyuge o compañera permanente con dos años de convivencia. Incompatibilidad con licencia de calamidad domes
T-999/03
Derecho a la seguridad social de mujer embarazada e hijo. Solicitud reconocimiento y pago licencia de maternidad. Allanamiento a la mora. Régimen contributivo. Oportunidad. 1 año y no 84 días. Cambio de jurisprudencia. Concedida
C-1039/03
Ley 790 de 2002. Art. 12 disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan facultades al presidente de la república. No podrán ser retiradas del servicio las madres cabeza de familia sin alternativa económica
Ley 790 de 2002. Art. 12 (p.). Programa de renovación de la administración pública. Retiro del servicio. Protección especial a madres cabeza de familia sin alternativa económica. Igualdad material y de género. Padres cabeza de familia. Acciones positivas
C-227/04
D-4792
Ley 797 de 2003. Art. 9. Parag 4 inc ii (p). Ley 100 de 1993. Reforma sistema general de pensiones. Regímenes pensionales exceptuados y especiales. Pensión especial a madre trabajadora por invalidez física o mental de hijo menor de 18 años. Periodo mínimo
T-529/04
T-847093
Derecho al mínimo vital de diseñadora gráfica e hija. Solicitud reintegro. Pago de acreencias laborales. Salarios y licencia de maternidad. Estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada. Contrato de prestación de servicios. Facultad de educación a distancia.
C-991/04
Ley 790 de 2002 art. 13 (parcial) y ley 812 de 2003 art. 8 literal d (parcial). Disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la república. Aplicación en el ti
C-1128/04
Ley 812 de 2003 art. 8 literal d (parcial). Aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006 hacia un estado comunitario. Descripción de los principales programas de inversión. Renovación de la administración pública. Cosa juzgada respecto del articulo 8
SU.388/05
T-901538 Y OTROS
Protección a la familia y al menor de madres cabeza de familia ex servidoras de Telecom a quienes en aplicación del decreto 190 de 2003 les fueron terminados sus contratos de trabajo en desconocimiento de la protección que les beneficiaba contemplada en la ley 790 de 2002. Solicitan se les asegure su permanencia en el servicio y en consecuencia se inaplique los artículos 14 y 16 del decreto 190 de 2003. Asimismo se ampare a personas con limitación física y próxima a pensionarse. La condición constitucional de las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección desarrollo de acciones afirmativas en su favor y los procesos de reforma institucional. Atribuciones y límites de la administración para adelantar reformas institucionales. Caso específico de las madres cabeza de familia como titulares de acciones afirmativas. Procedencia de la tutela para asegurar el cumplimiento de las medidas de estabilidad laboral reforzada en procesos de reforma institucional. La sala tutelara los derechos invocados revocara los fallos de instancia que negaron el amparo y ordenara el reintegro en sus labores a los demandantes sin solución de continuidad. Al quedar sin efecto el acto de desvinculación sucederá lo mismo con la indemnización habiendo lugar a restituciones y compensaciones mutuas. Alcance de la decisión. Técnica para hacer extensivos los efectos de una decisión de tutela a otros sujetos no vinculados directamente en el trámite de las acciones de tutela objeto de revisión. Concedida
T-664/05
T-1044845 Y OTRO
Derechos de accionantes que se encontraban incluidas en el denominado reten social y que en razón de encontrarse en las mismas condiciones fácticas que motivaron el reintegro de las funcionarias que obtuvieron fallos judiciales a su favor consideran que deben ser reintegradas a sus labores. Cumplimiento de los requisitos establecidos en la sentencia su-388 de 2005 para aplicar la extensión del amparo concedido en el fallo de unificación a los casos objeto de revisión. Concedida
C-989/06
Ley 100 de 1993 articulo 33 parágrafo 4 inciso 2 expresión "madre" modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003. Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Las demandantes afirman que la expresión acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución Política pues desconoce el carácter general y vulnera el derecho a la igualdad de los hombres que se encuentran en la misma situación de la madre. Ausencia de cosa juzgada constitucional absoluta en relación con la decisión adoptada en la sentencia c-227 de 2004. Las acciones afirmativas especiales previstas para los sujetos de especial protección constitucional como es el caso de las personas discapacitadas y de las madres cabeza de familia no implican un desconocimiento del principio constitucional a la igualdad. La extensión de los beneficios previstos por el legislador a favor de las madres cabeza de familia a los padres que se encuentren en las mismas circunstancias tiene por exclusiva finalidad la protección de los hijos menores discapacitados. Exequible en el entendido que el beneficio pensional previsto en dicho artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia con hijos discapacitados que dependan económicamente de el
T-1040/06
T-1420358
Derecho a la vida en condiciones dignas el trabajo la condición especial de la mujer embarazada y el mínimo vital de la peticionaria y de su hijo menor de trabajadora con contrato de trabajo por duración de obra o labor a quien la empresa le dio por terminado su contrato al enterarse que se encontraba en estado de embarazo. Solicita se ordene su reintegro y el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de cancelar. Tutela contra particulares. Procedencia de la acción de tutela contra particulares en casos de subordinación e indefensión. Elementos fácticos que deben demostrarse para la procedencia de la acción de tutela con el fin de garantizar la estabilidad laboral reforzada derivada del fuero de maternidad. Protección a la maternidad en el ordenamiento jurídico colombiano. La estabilidad laboral reforzada derivada del fuero de maternidad como derecho fundamental. Estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada o en periodo de lactancia en empresas temporales bajo la modalidad de contrato de trabajo por duración de obra. La mujer en el periodo de gestación o de lactancia goza de una estabilidad laboral cualificada o reforzada en consecuencia debe garantizarse su derecho efectivo a trabajar independientemente de la clase de contrato esto es de si es a término indefinido o a término fijo o por el tiempo que dure la realización de la obra o por la naturaleza de la labor contratada. El despido de una mujer que se halla en esta condición debe obedecer a una causal objetiva o causa justa debidamente comprobada además de la autorización de la autoridad administrativa competente. El desconocimiento de los requisitos aludidos hace que el despido sea ineficaz y procede el reintegro. Concedida
D-6546
Ley 797 de 2003 artículo 9o parágrafo 4º (parcial). Se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. Excepciones de los requisitos para obtener la pensión de vejez. L demandante considera que las expresiones impugnadas vulneran el preámbulo y los artículos 2 13 47 y 48 de la Constitución. Cosa juzgada constitucional. Estarse a lo resuelto en c-989 de 2006
T-661/07
T-1624934
Derecho al debido proceso la protección a la maternidad y al mínimo vital y los derechos de los niños de docente contratada por el colegio cardenal sancha propiedad de la comunidad de hermanas de la caridad del cardenal sancha por la decisión de la comunidad de darle por terminado su contrato pese a estar informada del estado de gravidez de la docente y sin la previa autorización del ministerio de la protección social aduciendo que la terminación obedecía a la finalización de la labor contratada por vencimiento del periodo escolar por lo que instauro demanda laboral ordinaria contra la comunidad decidida en primera instancia de manera favorable y el tribunal decidió revocar la sentencia aduciendo que no existió despido injusto pues la culminación del periodo académico constituye un modo legal de terminación del contrato y como tal no genera reparación de perjuicios. Solicita se revoque la sentencia del tribunal y se confirme la sentencia del juzgado primero laboral del circuito de Bogotá por cuanto se contradice lo dispuesto en las normas que regulan la materia y la jurisprudencia de la corte constitucional respecto de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Tutela contra providencias judiciales. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Fundamentos normativos de la protección a la mujer y a la maternidad. Protección constitucional y legal. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Contratos de trabajo a término fijo. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que en el caso de las trabajadoras en estado de embarazo cuya relación laboral dependa de un contrato de trabajo a término fijo por obra o labor contratada el vencimiento del termino de dicho contrato no significa necesariamente una justa causa para su terminación por lo que tendrá que solicitar el permiso respectivo ante la autoridad competente. Concedida
T-1652827 Y OTROS
Derecho a la vida digna, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de mujeres afiliadas al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud que solicitan a las diferentes EPS el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad, las cuales han sido negadas bajo el argumento de la falta de cotización al sistema durante el periodo de gestación y/o por pago extemporáneo de las cotizaciones.
La licencia de maternidad como mecanismo de protección a la mujer embarazada y a la niñez. Procedencia y término de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Requisitos legales para que proceda la autorización, el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad, y las excepciones al régimen. El allanamiento a la mora como excepción al contrato no cumplido en el pago extemporáneo de las cotizaciones al sistema de salud. Las funciones y las obligaciones del Fosyga en relación al pago de licencias de maternidad.
Debido a la similitud fáctica de los procesos, el análisis de cada uno de ellos es esquematizado de acuerdo a la situación jurídica particular. En esa medida, se tendrán en cuenta quienes cumplieron con todos los requisitos de ley para acceder a la prestación económica pretendida, aquellas que dejaron de cotizar durante su embarazo por un periodo menor a dos meses, aquellas que dejaron de cotizar por un interregno superior a los dos meses, y las situaciones que corresponden al allanamiento a la mora, embarazos múltiples, muerte del recién nacido y hecho superado por el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Concedida
T-169/08
T-1729104
Derecho al trabajo, la estabilidad laboral reforzada, el mínimo vital y la seguridad social de persona que se desempeñaba como docente mediante contratos escritos a término fijo a quien no le fue renovado su contrato por encontrarse en estado de embarazo.
Solicita se ordene la renovación de su contrato y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir a que tiene derecho. Acción de tutela contra particular. Procedencia de la acción de tutela para la protección reforzada de los derechos laborales de mujer embarazada. Límites constitucionales a la facultad legal con que cuenta el empleador para no prorrogar contratos laborales a término fijo de trabajadoras en estado de gravidez. El principio de estabilidad laboral de las mujeres embarazadas se mantiene, independientemente que su vinculación sea de carácter privado o público, o de la modalidad del contrato; así las trabajadoras vinculadas a una empresa que se encuentren en estado de gravidez gozan de esa garantía de estabilidad por lo que el despido durante el embarazo se presume como una forma de discriminación en su contra salvo que el empleador desvirtúe la presunción. En el presente caso resulta evidente que la accionante sufrió un detrimento en su mínimo vital y la presunción de discriminación no fue desvirtuada por el empleador. Concedida
T-825/08
T-1877448
Derecho a la vida, seguridad social, trabajo, protección reforzada de mujer embarazada y mínimo vital por cuanto fue despedida de su trabajo como cocinera del restaurante de propiedad del demandado estando embarazada, sin que el hubiere cotizado a seguridad social ni en salud ni en pensiones, y a quien verbalmente le había informado de su estado. La actora fue despedida sin autorización de la autoridad competente, ni obtuvo indemnización alguna, ni tampoco el pago de prestaciones. Procedencia de la tutela contra particulares. Procedencia excepcional de la tutela para restablecer derechos que deben ser protegidos por la jurisdicción ordinaria laboral. El deber que tienen los empleadores de afiliar a sus empleados al sistema de seguridad social. Se cumplen en el caso todos los requisitos para proteger los derechos de la accionante, por lo que el demandado deberá reintegrarla, indemnizarla y pagarle los salarios y prestaciones adeudadas. Concedida
Derecho al mínimo vital, seguridad social y vida digna de trabajadora independiente y de su hijo afiliado a la entidad accionada que se niega a hacer efectivo el pago de la respectiva licencia de maternidad. La licencia de maternidad: mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y de la población recién nacida. Reiteración jurisprudencial.
Procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Reiteración jurisprudencial. En suma, el pago de esta prestación configura un derecho fundamental en cabeza de la madre y su hijo que merece protección constitucional.
Requisitos legales para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Reiteración jurisprudencial. Estos fueron sintetizados de la siguiente manera: (i) haber cotizado ininterrumpidamente durante todo el período de gestación; (ii) haber cancelado en forma completa el aporte durante el año anterior a la fecha de la solicitud; (iii) haber cancelado en forma oportuna al menos cuatro aportes durante los seis meses anteriores al momento en el cual se causa el derecho y (iv) no encontrarse en mora en dicho momento.
Alcance de la interpretación de los requisitos legales para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad; el caso del allanamiento en mora. Reiteración jurisprudencial.
En suma, las EPS no pueden abstenerse de reconocer y pagar la licencia de maternidad a las trabajadoras dependientes, así como a las trabajadoras independientes, en los casos en que frente a la cancelación extemporánea de los aportes al sistema de seguridad social en salud han aceptado el pago.
Término para solicitar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad mediante acción de tutela. Reiteración jurisprudencial. Este plazo es de un año a partir de la ocurrencia del hecho del nacimiento. Verificado el lleno de todos los presupuestos previamente expuestos, se ordenó a la accionada cancelar la prestación económica correspondiente. Concedida
T-1223/08
T-1729640 Y OTROS
Derecho a la especial protección a la mujer y a la maternidad de mujeres a quienes las respectivas empresas promotoras de salud les negaron el reconocimiento y pago de la prestación económica por licencia de maternidad por haber cotizado un período inferior al tiempo que duró la gestación.
Los requisitos establecidos en la regulación para el pago de la licencia de maternidad. En resumen, de acuerdo con las normas que regulan la materia, para la obtención de esta prestación es menester acreditar: (i) haber cotizado durante todo el período de gestación; (ii) haber efectuado de manera oportuna y completa el pago de las cotizaciones de al menos 4 de los 6 meses anteriores a la fecha de causación del derecho y haberlo hecho de manera completa durante el año anterior a la causación del derecho, (iii) no tener deudas pendientes con EPS o IPS (iv) haber suministrado información veraz dentro de los documentos de afiliación y de autoliquidación de aportes al sistema y (v) haber cumplido con las reglas de períodos mínimos para movilidad.
Pese la exigencia de tales requisitos, la jurisprudencia constitucional ha planteado ciertas circunstancias exceptivas.
Así, de presentarse cualquiera de las hipótesis constitutivas del fenómeno del allanamiento en mora o en los eventos en los cuales la cotización se hace de manera discontinua o incompleta, las mujeres tienen derecho, bien al pago completo de la licencia o a uno proporcional, siempre y cuando (i) la interesada haya presentado la acción antes de que hubiera transcurrido un año desde el nacimiento de su hijo; (ii) el mínimo vital de la tutelante y su bebé se encuentra amenazado y (3)la responsabilidad por las semanas dejadas de cotizar no sea imputable al empleador, en aquellos casos en que existe vinculación laboral. Los anteriores presupuestos se presentaron en los caso sub examine, salvo en dos de los procesos revisados en los cuales se no encontró vulnerado el mínimo vital de las accionantes.
Por tanto, se ordenó a las accionadas hacer efectiva la cancelación de las mesadas a las que tienen derecho las accionantes.
Ley 755 de 2002 artículo 1° (parcial), “por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del código sustantivo. Del trabajo”.
Arguye el actor que la norma impugnada desconoce los dispuesto en los artículos 5, 13, 44 y 93 de la Constitución Política, pues dispone un trato diferenciado injustificado para el padre cuya esposa o compañera permanente no cotiza al sistema de seguridad social en salud respecto de aquel cuya pareja si lo hace. Breve referencia a la licencia de paternidad en el derecho comparado. Básicamente, se retomó lo estatuido en la recomendación 165 de 1981 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Naturaleza jurídica de la licencia remunerada. Se precisó que la medida que se adopte en seguimiento de este mandato superior no pretende un beneficio exclusivo para el padre, sino que se trata de una institución destinada a realizar los derechos superiores del infante.
Potestad de configuración legislativa en materia de seguridad social.
La sala llego a la determinación de que, si bien la norma acusada se enmarca en los parámetros filosóficos de un sistema de seguridad social, no guarda armonía con el postulado de que este tiene unos valores más humanos, regidos por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, participación y progresividad de los derechos.
Se declaró, entonces, la inconstitucionalidad de las expresiones: …cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el caso que solo el padre este cotizando al sistema general de seguridad social en salud. En el evento en que ambos padres estén cotizando al sistema general de seguridad social en salud, se le concederán al padre…, pertenecientes al inciso primero del artículo 1 de la ley 755 de 2002. Inexequible
Ley 755 de 2002, artículo 1, parcial “por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del código sustantivo del trabajo- ley maría”, el artículo regula la licencia de paternidad y en el aparte demandado dice lo siguiente “para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las cien semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad”, el actor considera que el requisito de las cien semanas, es desproporcionado y discrimina a aquellos menores recién nacidos cuyos padres no han podido cotizar el total de semanas exigidas por la norma para obtener la licencia de paternidad, agrega que el requisito no se encuentra justificado. La corte entra a analizar la naturaleza de la licencia remunerada de paternidad y los objetivos que se persiguen con su reconocimiento, la obligación de cotizar para preservar el equilibrio financiero global del sistema de seguridad social en salud, realiza un test de razonabilidad y proporcionalidad, hace una adecuación de la medida, verifica la necesidad y proporcionalidad estricta de la medida, de lo cual se concluye que la medida que se analiza no resulta estrictamente proporcionada ni tampoco necesaria, por lo tanto la corte condiciona la exequibilidad de la expresión “para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad”, y resuelve declarar inexequible la expresión “cien (100)”.
T-693-09
T-2005078
Seguridad social, mínimo vital. Señala la accionante que era beneficiaria de la pensión de sobreviviente, causada por la muerte de su esposo, pero la contraer segundas nupcias la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dejo de cancelarle dicha pensión, la actora ya agotó la vía ordinaria, sin obtener una respuesta favorable, considera que las providencias judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, desconocieron el precedente jurisprudencial y vulneran de manera directa la Constitución. La Sala entra a estudiar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la vía de hecho por defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial, se concluye que las providencias judiciales censuradas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional que protege el derecho a la sustitución pensional de las mujeres que deciden contraer nuevas nupcias, aún cuando esto haya ocurrido con anterioridad a la Constitución de 1991. Concede.
T-247/10
Trabajo, dignidad, igualdad, no discriminación. La accionante fue postulada para el cargo de vigilante de batería, pero verbalmente le fue comunicado que por políticas de la entidad accionada no se recibían mujeres para desempeñar dicho cargo. La sala se pronuncia sobre el principio de igualdad y no discriminación, prohibición de discriminación en razón de género y acceso a las oportunidades laborales, los derechos fundamentales como parámetro y límite de las relaciones entre particulares, la prueba del hecho discriminatorio, el programa de responsabilidad social de Ecopetrol, se concluye que de las pruebas recaudadas en el expediente se demuestra la utilización del factor género como parámetro de decisión sin ningún tipo de legitimidad para utilizar este supuesto, se ordena realizar la evaluación de la accionante para desempeñar el cargo de vigilante. Concedida
Numeral 4º del artículo 34 de la ley 50 de 1990 modificatoria del artículo 236 del código sustantivo del trabajo, que extiende las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica para la madre adoptante del menor de siete (7) años de edad y al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Para la corte la distinción prevista en la norma no busca una finalidad legítima y contradice principios y derechos constitucionales fundamentales. La exclusión de la referida expresión, posibilita que todas las madres adoptantes de niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años puedan disfrutar de la licencia de maternidad acorde con el derecho a la igualdad de los hijos, niños y niñas consagrados en la constitución. Inexequible la expresión “del menor de siete (7) años de edad
T-629/10
T-2384611
Vida digna, mínimo vital, salud, seguridad social, estabilidad laboral reforzada, dignidad, protección a la mujer en estado de embarazo. La accionante comenta que ingreso a trabajar como trabajadora sexual, mediante contrato verbal, cumpliendo un horario y como contraprestación se le pagaban honorarios, en diciembre de 2008 informó a su empleador que se encontraba en estado de embarazo, a lo cual se le informó que podía seguir trabajando con el horario de costumbre, en enero informó al empleador que su embarazo era de alto riesgo debido a que estaba esperando mellizos, debido a ello se le dio la orden de administrar el bar, sin embargo en febrero se le cambiaron las funciones, y en marzo fue despedida, solicita se ordene a su empleador reintegrarla a su puesto de trabajo, y le sean pagados los salarios y prestaciones dejados de percibir y la afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones de todos los meses laborados y faltantes y también de riesgos profesionales. La sala pasa a resolver si ¿es constitucional el argumento esgrimido por las jueces de instancia según el cual, no obstante las asistencia y protección esmerada que se debe proveer a la mujer embarazad, su reclamo por derechos laborales derivados de la prestación de servicios sexuales por cuenta ajena, no es siquiera admisible ni por tanto debe ser garantizado, en razón de la discriminación negativa que opera por causa su objeto ilícito, en tanto contrario al orden público y las buenas costumbres?, se pasa a realizar un profundo estudio sobre, la igualdad, desigualdad y discriminación en la constitución, la prostitución en el derecho positivo desde el ámbito internacional y en el derecho colombiano, luego se analiza la licitud o ilicitud de la prostitución, la prostitución como una actividad lícita con límites estrechos, se realizan algunas precisiones sobre el contrato de trabajo y el derecho laboral, las condiciones subjetivas del trabajador, en el caso de la mujer embarazada y madre cabeza de familia, el contrato laboral entre la persona que ejerce la prostitución el establecimiento de comercio, en primer lugar se determina que la accionante prestó sus servicios personales de manera subordinada y continua a cambio de una remuneración acordada por lo tanto si existió contrato laboral, como trabajadora sexual y como empleada de oficios varios, además de las pruebas aportadas, también aparece demostrada la subordinación y el pago de un salario como contraprestación a sus servicios, por lo tanto se encuentra clara la existencia de un contrato realidad y que el despido se dio con motivo de su embarazo y sin justa causa, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales de la accionante, se decide otorgar la protección de los derechos invocados, se ordena al dueño del establecimiento de comercio el pago de una indemnización equivalente a sesenta días de salario y a las 12 semanas de descanso remunerado a que tiene derecho y se exhorta a las autoridades administrativas y de policía del distrito capital, y al ministerio de protección social sobre la necesidad de ejercer sus competencias de modo tal que sean protegidos de manera efectiva, los derechos de las personas que ejercen la prostitución en lo que tiene que ver con sus derechos individuales y con respecto al trato igualitario frente al derecho del trabajo y a las garantías que en él se establecen cuando ejercen su actividad por cuenta ajena.
C-776/10
Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 924 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, artículos 13 y 19, el artículo 13 regula las medidas que se deben tomar en el ámbito de la salud, en el caso de violencia contra las mujeres, el aparte demandado es el siguiente “reglamentará el plan obligatorio de salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponden en aplicación de la presente ley, y en particular aquellas definidas en los literales a) b) y c) del artículo 19 de la misma”, y el artículo 19 regula las medidas de atención previstas en la ley para evitar que las atenciones que reciba la víctima y el agresor sean proporcionadas en el mismo lugar, los apartes acusados son los siguientes “a través del sistema general de seguridad social en salud. Las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado” “la aplicación de estas medidas se hará con cargo al sistema general de seguridad social en salud”, la demandante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 48, 49 y 209 de la constitución, ya que los gastos del sector de la salud tienen una sola destinación y las disposiciones demandas confieren a los recursos de salud una destinación diferente a la establecida en la constitución, ya que los servicios de hotelería y comida para la víctima de agresión sexual y sus familiares no guarda relación con la recuperación de la salud por lo tanto considera que el legislador violó la reserva constitucional establecida para los recursos de la seguridad social en salud. La corte se pronuncia sobre la violencia contra la mujer como fenómeno socio-jurídico, la protección a la mujer en el derecho internacional, la protección a la mujer en el derecho colombiano, el ámbito constitucional del derecho a la salud, la potestad de configuración legislativa en materia de seguridad social en salud y las prestaciones de alojamiento y alimentación, la sostenibilidad del sistema general de seguridad social en salud y su impacto en los proyectos de ley, se encuentra que los congresistas presentaron el proyecto de ley con argumentos económicos basados en distintas fuentes, sin embargo el ministerio de hacienda, se opuso a la viabilidad fiscal de la iniciativa, por lo que el congreso decidió disminuir el impacto fiscal mediante la adopción de medidas menos onerosas, los estudios y recomendaciones elaborados por el ministerio de hacienda y crédito público servirán al ministerio de la protección social para expedir los actos administrativos que, se requieren para la implementación de prestaciones de alojamiento y alimentación a favor de las mujeres víctimas de la violencia, se concluye que las expresiones impugnadas no desconocen las previsiones de los artículos 48 y 49 de la constitución política, por cuanto, las prestaciones de alojamiento y alimentación establecidas a favor de la mujer víctima de violencia hacen parte del derecho a la salud y el legislador en ejercicio legítimo de sus potestades, ha decidido que los recursos para proveer tales prestaciones estarán a cargo del sistema general de seguridad social en salud, se decide declarar las normas acusadas exequibles
T-1257967
Derecho al trabajo la seguridad social y del menor por nacer de mujer trabajadora que fue despedida de su trabajo encontrándose en estado de embarazo. Solicita se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando. Protección laboral reforzada a la mujer embarazada. Supuestos facticos para la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada. En razón de que el demandado no realizó ninguna afiliación a una eps para la protección en salud de la actora le corresponderá pagar la licencia de maternidad. Concedida
T-2119463
Derecho al trabajo, vivienda digna y al minino vital que se alegan afectados por la entidad demandada, debido a que no ha sido diligente en la construcción de la vivienda a que tiene derecho como desplazada. Evaluada la situación de la accionante de conformidad con los dispuesto en la sentencia t-025 de 2004 y los autos dictados en su seguimiento, se estableció que la actora ha sido tocada por nueve (9) de las facetas de genero del desplazamiento reunidas en el auto 092 de 2008. Por ende, se decidió ordenar al director de la agencia demandada hacer una entrega completa a la petente de los componente de la ayuda humanitaria que merece.
Mínimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Las accionantes se encontraban vinculadas a las entidades accionadas, mediante distintos tipos de contratos de trabajo y fueron despedidas luego de haber informado a sus jefes sobre su estado de embarazo. La corte realiza reiteración de jurisprudencia sobre, la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se pronuncia sobre la ausencia de aviso sobre el estado de embarazo y su no habilitación al empleador para desvincular a la mujer gestante, el fuero de maternidad el cual opera independientemente del tipo de vinculación, la aplicación directa del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación laboral de la mujer embarazada, derecho a la no discriminación por razón de género, se concluye que los derechos de las accionantes fueron vulnerados y por lo tanto se decide amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante, se ordenan las respectivas reincorporaciones, y su afiliación y a sus hijos por el primer año de vida al sistema integral de seguridad social en salud
T-3266961
Se interpone la acción de tutela invocando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada presuntamente vulnerados por la asociación promotora de proyectos, servicios y asesorías culturales, sociales y administrativas –proactiva-, en tanto decidió no renovar el contrato de prestación de servicios celebrado con la accionante, a pesar de encontrarse ésta en estado de gravidez. La sala concluye que la actuación de la accionada no tuvo fundamento el estado de embarazo de la actora y que, como tal, no fue un acto discriminatorio en su contra. Por el contrario destaca que, dado el carácter netamente civil de la relación contractual entre las partes y al no encontrarse indicio alguno de que se estuviera encubriendo la existencia de una relación laboral entre las partes, la no renovación del contrato tuvo como fundamento una justificación válida, como lo fue la desaparición de la causa y el objeto del contrato. Se decide confirmar la decisión de instancia que negó el amparo solicitado.
T-835/12
T-3522717
En el presente asunto se demandó a Cajanal por la vulneración de derechos fundamentales, al decidir dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con la actora, aduciendo que ésta perdió la calidad de madre cabeza de familia y por tanto, el derecho a continuar formando parte del programa del retén social. La entidad accionada fundamentó su decisión en el hecho de comprobar que tenía una fuente de ingreso diferente a su salario, representada en el vehículo de servicio público de propiedad del padre de sus hijos y en el hecho de no haber demostrado que éste se sustrajo del cumplimiento de su obligación alimentaria, toda vez que no lo demandó judicialmente. La entidad accionada reconoció y pagó a la peticionaria las prestaciones sociales correspondientes y la indemnización por terminación del contrato laboral. La sala se pronuncia sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar la aplicación de las normas del retén social, la compatibilidad con el pago previo de la indemnización por despido, la protección especial de las mujeres cabeza de familia en el marco de los procesos de reestructuración administrativa y las condiciones para pertenecer al retén social. Al comprobarse que la accionante cumple con los requisitos necesarios para ser considerada madre cabeza de familia y formar parte del programa del retén social, la sala considera que su despido implicó una vulneración de derechos fundamentales y, en consecuencia, decide conceder el amparo solicitado.
SU-070/13
T-2361117 Y OTROS ACUMULADOS
Sentencia de unificación. En la presente sentencia se analizan 33 casos, en donde el factor común es que las accionantes son mujeres que, en estado de embarazo o en período de lactancia, fueron desvinculadas de sus actividades laborales y por ello solicitaron a los jueces de tutela la protección laboral reforzada constitucional a la que tienen derecho por su condición particular. Para resolver, se sigue la siguiente metodología: 1º. Análisis de la problemática que presenta cada caso en particular, en relación con las modalidades de contratación, las causas de desvinculación y el conocimiento del empleador. 2º. Los fundamentos normativos de la protección laboral reforzada a las mujeres embarazadas. 3º. La forma en que la jurisprudencia constitucional ha enfrentado este asunto. 4º. El objeto de la unificación como resultado de la problemática descrita y, 5º. El alcance de la protección dependiendo de la alternativa laboral y el conocimiento del empleador sobre el estado de embarazo de la trabajadora al momento de la desvinculación. La corte procedió a establecer criterios que tienen en consideración el conocimiento del embarazo por parte del empleador y la modalidad de trabajo, recalcando que para despedir a una mujer en estas circunstancias el empleador debe demostrar que media una justa causa y contar con el permiso de la autoridad administrativa competente. Las medidas de protección adoptadas consisten en el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad; la orden de reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, siempre que sea posible; y en algunos casos la indemnización prevista en el artículo 239 del c.s.t.
T-2566104
Acción de tutela en contra de la gerencia de espacio público y movilidad de la alcaldía distrital de Cartagena de indias por la presunta vulneración de derechos fundamentales, en virtud de la realización de actuaciones tendientes a la recuperación del espacio público del mercado de Basurto, en donde la accionante tiene un puesto de venta de limones a través del cual obtiene la única fuente de ingresos para ella y para su familia. Se aborda la siguiente temática: 1º. Obligación de las autoridades en un estado social de derecho, de brindar especial protección a los individuos vulnerables, en especial a las mujeres como grupo históricamente discriminado. 2º. Requisitos mínimos constitucionales que deben respetar las autoridades constituidas para diseñar y ejecutar programas, medidas o políticas públicas, específicamente de recuperación de espacio público. 3º. Tensión existente entre el deber del estado de velar por la protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y, 4º. Pronunciamientos de la corporación en torno al censo que se realiza a la población con el fin de acceder al goce efectivo de ciertos derechos. Al concluir que a la actora se le vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y el principio de confianza legítima.
En el presente asunto la accionante, en calidad de magistrada de la sala penal del tribunal de Antioquia, demanda en sede de tutela el acuerdo expedido por la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, mediante el cual se decidió dejar sin efecto la medida de restricción suscrita por el médico laboral de la E.P.S. A la que se encuentra afiliada, consistente en la suspensión del reparto de expedientes de manera temporal, en razón a la “degeneración macular en ambos ojos” que presenta y que inicialmente fue acogida por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura. En su sentir, se revocó de manera unilateral y sin motivación alguna el acto administrativo que ordenó ejecutar la medida laboral a su favor. La sala se pronuncia respecto a los siguientes temas: 1º. El derecho al trabajo y la circunstancia de discapacidad. 2º. El deber de desarrollar acciones afirmativas frente a las personas en circunstancia de discapacidad como manifestación del derecho fundamental a la igualdad real y efectiva y la prohibición de no discriminación establecida en el artículo 13 superior.
LAT- 405
Revisión de constitucionalidad de la ley 1595 de 2012, por medio de la cual se aprueba el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189), adoptado en ginebra, confederación suiza, en la 100ª reunión de la conferencia internacional del trabajo, el 16 de junio de 2001. La corte encontró que la ley aprobatoria del precitado convenio estuvo precedida de un trámite legislativo ajustado a las reglas previstas en la carta política para el efecto. Respecto al ámbito material del tratado encontró la sala que está conformado por reglas dirigidas a la protección de los derechos constitucionales de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Se declara la exequibilidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
T-434/14
T-4252805
La defensora regional del magdalena medio reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física, en favor de una mujer y de sus tres hijas menores de edad que denunciaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, a raíz de los actos de humillación y agresiones verbales y físicas de parte del compañero permanente de la agenciada. Se atribuye la vulneración de derechos a la fiscalía general de la nación, a la policía nacional y a la E.P.S. Cafesalud, por el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con las víctimas de dicha modalidad de violencia. Se abordan los siguientes temas: 1º. La agencia oficiosa. 2º. El principio constitucional de protección especial a la mujer y su fundamentación desde los instrumentos del derecho internacional que lo consagra. 3º. Obligaciones constitucionales e internacionales que se encuentran en cabeza del Estado dirigidas a velar por el cumplimiento de dicho principio, especialmente en escenarios de violencia intrafamiliar. 4º. Obligaciones específicas para con las mujeres víctimas de la citada modalidad de violencia que se encuentran a cargo de la fiscalía general de la nación, la policía nacional, las comisarías de familia, la defensoría del pueblo y el sistema general de seguridad social en salud. Se concede.
T-4558528
T-878/14
T-4190881
La actora trabajó en la fundación universitaria tecnológico Comfenalco de Cartagena durante cinco años, mediante contrato laboral a término indefinido. Fue despedida debido a que fue víctima de violencia por parte de su compañero sentimental, quien es un estudiante de la misma institución y, porque denunció tales hechos ante la autoridad competente. Su jefe inmediato convocó a una reunión con todas las personas que trabajan en su misma área de trabajo, en la que describió las particularidades de las agresiones sufridas, así como de la denuncia penal que interpuso, sosteniendo que se trataba de un hecho grave para la institución. Por su parte, la entidad educativa argumentó que la decisión unilateral de terminar la relación laboral no tuvo relación con lo sucedido y se fundamentó en el artículo 64 del código sustantivo de trabajo. Aclaró que el incidente de violencia en el que estuvo involucrado la accionante fue particularmente escandaloso y atentó contra la confianza social que distingue la institución. Igualmente aseveró, que tal situación permitió establecer que la disminución del desempeño laboral de la peticionaria se había originado en la relación sentimental que sostenía con un alumno y generaba actuaciones ajenas a la corrección, formalidad y actitud ejemplar que debe imperar en el ambiente académico. La sala se pronuncia acerca de la especial protección que merece la mujer víctima de la violencia de género, en el ámbito internacional y en el derecho interno. Se realiza una breve conceptualización de la violencia de género y se indican las obligaciones que le corresponden al estado, la sociedad y, particularmente, a los empleadores de las mujeres víctimas de agresiones. Se analiza el caso en concreto y se realizan algunas reflexiones en torno a la ocurrencia de prácticas discriminatorias, como la utilización de prejuicios y estereotipos de género, en la administración de justicia, debido a las actuaciones de la fiscalía y el juez de tutela que conocieron el asunto. Se concede la protección a los derechos fundamentales a una vida libre de violencia para las mujeres, a la igualdad y a la intimidad y, se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos. Se exhorta al departamento administrativo de la presidencia del república, para que evalúe la facilidad y oportunidad con la que las mujeres agredidas pueden acceder a las ayudas consagradas en el decreto 2734 de 2012, para que, de ser necesario, adopte las modificaciones pertinentes que impidan la revictimización de la población femenina agredida.
T-124/15
T-4573730
Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado interno. En dos acciones de tutela presentadas de manera independiente aducen los actores que la Unidad Nacional de Protección –UNP- violó sus derechos fundamentales, al negarse a brindar las medidas y esquemas especiales de seguridad que requieren con carácter urgente, para precaver los distintos factores de riesgo a los que se han visto sometidos con ocasión de sus actividades sociales como líderes comunitarios. En un caso, la peticionaria es una mujer afrodescendiente y madre cabeza de familia que lidera una asociación dedicada a la protección y defensa de la identidad cultural y los derechos étnicos de comunidades negras. En el otro, el actor es un activista comunitario que a título individual y como representante de organizaciones sociales ha promovido la defensa y reconocimiento de los derechos humanos de campesinos, población desplazada y víctimas del conflicto armado interno por espacio de casi 30 años. Se aborda temática relacionada con: 1º. El alcance del derecho fundamental a la seguridad personal. 2º. La actividad de defensa de los derechos humanos y la condición de género como condicionantes de una especial protección constitucional. 3º. La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. 4º. La escala de riesgos y amenazas que permiten solicitar una protección especial por parte del Estado y, 5º. El procedimiento administrativo para la activación de la presunción constitucional de riesgo y el acceso a medidas de protección en favor de personas, grupos o comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo en razón de sus actividades públicas, sociales o humanitarias.
T-736/15
T-4982494
La solicitud de amparo la promueve una mujer cabeza de hogar, que tiene a cargo dos nietos. Considera que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al sellar el establecimiento desde hace más de 15 años, el cual ha destinado a la prostitución y en el cual trabajan 13 personas que ejercen la profesión, no por gusto, sino por la necesidad de alimentar a sus familias. El sellamiento de produjo a raíz de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permite casas de prostitución en la zona en que se encuentra ubicado el negocio. Considera la demandante que con las nuevas disposiciones del uso del suelo y sin una adecuada reubicación de los establecimientos de comercio denominados de alto impacto, las autoridades infringen el Pacto de Cumplimiento suscrito entre las partes en el marco de una acción popular. Se abordan los siguientes ejes temáticos: 1º. Reiteración de jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo subsidiario. 2º. El derecho a la igualdad como límite y obligación en las actuaciones de la administración que impactan a personas que hacen parte de grupos marginados. 3º. El principio de confianza legítima. 4º. Los trabajadores sexuales como un grupo marginado y discriminado que merece especial protección constitucional. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
SU-214/16
T-4167863
Matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. A través de esta providencia se resuelven seis casos en los cuales se atacan decisiones judiciales que en su orden resolvieron: 1º. Anular el matrimonio igualitario entre una pareja conformada por un transgenerista y una mujer. 2º. Decidir dos acciones de tutela formuladas por el Ministerio Público, en contra de los despachos judiciales que aceptaron peticiones de matrimonio de parejas del mismo sexo y; 3º. Solicitudes de amparo formuladas en contra de Notarios Públicos y un Registrador del Estado Civil, quienes respectivamente se negaron a celebrar matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo y a registrar un matrimonio igualitario. Se planteó como problema jurídico, si el hecho de celebrar un contrato civil entre parejas de mismo sexo, en lugar de una unión solemne innominada, con miras a suplir el déficit de protección declarado por la Corporación en la Sentencia C-577/11, configura una violación al artículo 42 Superior, tal como lo alegaron quienes se negaron a celebrar o registrar dichas ceremonias. Se abordó temática relacionada con: 1º. Acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Ejercicio de funciones públicas de Notarios y Registradores del Estado Civil. 3º. El derecho a contraer matrimonio civil en condiciones de dignidad, libertad e igualdad. 4º. La existencia de un trato discriminatorio entre parejas heterosexuales y del mismo sexo en materia de celebración de matrimonio civil. 5º. El ejercicio de funciones judiciales, notariales y registrales en materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo. 6º. Las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación en relación con la formulación de acciones de amparo. 7º. Los derechos de las parejas del mismo sexo en el derecho comparado y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, 8º. La sentencia C-577/11. Entre las decisiones a destacar en este fallo se tienen: a). la extensión de sus efectos a los pares o semejantes. b). declarar que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados en Colombia, con posterioridad al 20 de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica. c). La consideración que los Jueces de la República que celebraron matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo actuaron en los precisos términos de la Carta Política, de conformidad con el principio constitucional de autonomía judicial. d). La advertencia a las autoridades judiciales, a los Notarios Públicos y a los Registradores del Estado Civil del país y a los servidores públicos que llegaren a hacer sus veces, sobre el carácter vinculante de este fallo de unificación y sus efectos inter pares. e). El exhorto a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que difundan entre los Jueces, Notarios y Registradores del Estado Civil del país el contenido del presente fallo.