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Timestamp: 2020-08-14 16:57:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 450', 'artículo 2', 'artículo 430', 'artículo 450', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 55', 'artículo 416', 'artículo 55', 'artículo 416', 'artículo 55', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 366', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 65', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 15']

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - Derecho a la educacion – Es un servicio público esencial / servidores del servicio...
La apoderada del ente accionado contestó la demanda dentro del término legal, oponiéndose a todas sus pretensiones.
Afirma que las actas de constatación mencionadas señalan expresamente la hora de inicio y terminación o expresan la hora en que se hizo presente la respectiva funcionaria en la sede donde se presentaron los hechos y la hora en la que se constató el cierre de la empresa.
Agrega que cuando un inspector realiza una diligencia de constatación de cese de actividades, estos asisten a la empresa en cualquier hora de la jornada laboral, lo que no implica que deban permanecer determinado lapso de tiempo o todo el día, ya que es obligación por parte de los trabajadores realizar sus actividades a toda hora, siempre y cuando no haya una razón justificada para la ausencia o parálisis del trabajo. En la diligencia, el funcionario del Ministerio se hace presente en cualquier día hábil de la jornada laboral.
Manifiesta que el fin del acto no es la sanción al derecho de asociación, sino reprochar la parálisis de actividades de los servidores del Estado, que están al servicio de la comunidad y realizan actividades consideras como de servicio público.
Sostiene que el cargo expuesto por el demandante, violación del derecho al debido proceso por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, es un cargo que carece de veracidad y no puede tenerse en cuenta, toda vez que según los artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo, el derecho de defensa de los trabajadores se garantiza en las diligencias de constatación, porque es ahí en donde los miembros del sindicato deben intervenir.
Afirma que a los servidores públicos les está prohibido realizar suspensión de las actividades, presentar pliegos de peticiones y declarar la huelga, además porque el servicio que prestan es considerado como un servicio público.
Cita sentencia4 que hace referencia a la competencia del Ministerio de la Protección Social, frente a la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, ya que los empleados públicos aunque se les garantiza el derecho de asociación, este se limita sólo a presentar peticiones respetuosas.
El apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje, contestó demanda, mediante la cual solicitó negar las pretensiones de la demanda.
Expresa que de acuerdo con la Ley 119 de 1994, artículos 2, 3 y 4, la función primordial del SENA es la de impartir formación profesional integral a través de programas de educación, programa que se encuentra a cargo del Estado, según artículos 27 y 54 de la Constitución Política.
Afirma que las organizaciones sindicales tienen derechos protegidos constitucional y legalmente, y tienen limites, como el establecido en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto a las suspensiones colectivas del trabajo que contiene 7 causales para que la suspensión sea ilegal, entre ellas, cuando se trate de un servicio público esencial, como ocurre en el presente caso.
En cuanto a la constatación directa de los hechos por parte de los inspectores, manifiesta igualmente lo dicho por el Ministerio.
El Ministerio Público sostiene que no era procedente la declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo que adoptó el Ministerio de la Protección Social, por no estar afectada la prestación de un servicio público esencial, además de vulnerarse el debido proceso.
Afirma que el Ministerio de la Protección Social tiene competencia para declarar administrativamente la ilegalidad de una suspensión o un paro colectivo de trabajo, lo cual se realiza verificando el cese de las actividades, por medio de un funcionario que debe diligenciar un acta en la que consten las actividades realizadas que tiendan a demostrar que efectivamente existió o no el cese de las actividades.
Cita sentencia de la Corte Constitucional5 que hace referencia al tema.
Agrega que los artículos 430 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo prohíben la huelga para los servicios públicos, entendiéndose estos como servicios públicos esenciales6.
Aduce que la Ley 119 de 1994, en su artículo 2º, señala como misión del SENA el invertir en desarrollo social y técnico de los trabajadores, ofrecer y ejecutar su formación profesional integral. Con ello, afirma que la entidad demandada no es una empresa que preste un servicio que haya sido definido por el legislador como público esencial, por tal razón no está prohibida la huelga y no hubo ninguna afectación ni suspensión de un servicio público esencial a cargo del SENA, durante los días en que se realizó el cese de actividades.
Arguye que no se encontró probado que la demandada hubiera brindado las garantías necesarias a los trabajadores que estuvieron involucrados en el cese de las actividades, para que fueran escuchados y presentaran pruebas que sustentaran sus reclamos y observaciones, violándose con ello el debido proceso, en apoyo de lo cual cita sentencias7 que hacen referencia al tema.
Se procede a decidir, previas las siguientes,
Se demanda en el presente asunto la Resolución No. 0003164 de 20 de octubre de 2003, por medio de la cual el Ministerio de la Protección Social declaró la ilegalidad del cese de actividades de los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA realizado en diferentes ciudades.
Por ello, la prohibición de los artículos 430 y 450 – numeral 1º) – literal a) del Código Sustantivo del Trabajo, de la huelga en los servicios públicos, varió su intelección, que ha de hacerse en forma consonante con el ordenamiento Constitucional, cuyo límite sólo defirió a los servicios públicos esenciales.
“Con los anteriores criterios, entra la Corte a analizar las normas demandadas. Ellas consagran dos mandatos diversos pero muy relacionados. De un lado, el artículo 430 señala que está prohibida la huelga en los servicios públicos. De otro lado, el artículo 450 establece que es ilegal toda suspensión colectiva de trabajo en los servicios públicos. Por consiguiente, una vez declarada ilegal la suspensión del trabajo en un servicio público, el patrono queda en libertad de despedir a quienes hubieran intervenido o participado en ésta, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá de calificación judicial.
La primera prohibición es constitucional, ya que la huelga no está garantizada en los servicios públicos esenciales; esta prohibición legal se adecua entonces al ordenamiento constitucional, ya que el Legislador puede prohibir la huelga en los servicios públicos esenciales, con el fin de proteger los derechos constitucionales fundamentales de los usuarios de tales servicios” 8
La competencia que según la Carta Política radica en el legislador para establecer qué servicios públicos son esenciales, debe situarse dentro del rigor material que pueda identificar el servicio como esencial, de acuerdo con los parámetros que haya consagrado la misma Carta, de manera que pueda desentrañarse con total acierto el concepto de esencialidad. Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente :
Hasta la presente, han sido definidos como servicios esenciales los siguientes: la actividad de la banca central (inciso 2 del art. 39 de la ley 31 de 1992, declarado exequible según sentencia C-521/94. M.P. Jorge Arango Mejía), los servicios públicos domiciliarios (ley 142/94) y el servicio de seguridad social en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud y con respecto al sistema general de pensiones, "en aquéllas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones" (art. 4o, ley 100/93).
( … ) “9
La Corte Constitucional en sentencia C- 377 de 1998 se pronunció acerca del derecho de negociación colectiva de los servidores del Estado, que si bien es cierto no consideró plena, sí redimió el derecho de participar en la definición de sus condiciones de trabajo, para lo cual estimó pertinente la creación de los mecanismos que hagan posible el derecho constitucional de todas las personas de participar en las decisiones que puedan afectarlas (arts. 2º y 55 C.P.).
“15- Para analizar la constitucionalidad de estos artículos, la Corte considera que es necesario distinguir la situación de los trabajadores oficiales y aquella de los empleados públicos. Así, en relación con los primeros, esta Corporación no encuentra ninguna objeción a esas disposiciones del convenio bajo revisión, ni a los criterios de la recomendación, pues armonizan con los principios y valores constitucionales. Así, el artículo 55 de la Carta garantiza genéricamente el derecho a la negociación colectiva de todos los trabajadores, por lo cual los trabajadores oficiales se encuentran incluidos. Es cierto que esa norma autoriza a la ley a establecer excepciones, pero esto no implica que el Congreso tiene una facultad libre para regular este tema, ya que la posibilidad de limitar el derecho a la negociación colectiva debe ser interpretada en forma sistemática, de conformidad con las otras disposiciones constitucionales. Ahora bien, el artículo 56 superior sólo restringe la huelga en los servicios públicos esenciales, lo cual significa, a fortiori, que la negociación colectiva sólo puede ser limitada en esos campos económicos, pues no tendría sentido que unos trabajadores pudieran decretar la huelga pero no pudieran adelantar negociaciones colectivas, ya que las interrupciones del trabajo son consecuencia de un intento frustrado entre empleados y patronos de llegar colectivamente a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo. Pero es más, conforme a la Carta, todas las personas tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan y es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos laborales colectivos (CP arts 2º y 55). Por ende, conforme a las anteriores disposiciones superiores, es claro que resulta compatible con la Carta que se prevean mecanismos para que los trabajadores oficiales efectúen peticiones y adelanten procesos de negociación con las autoridades, con el fin de llegar a acuerdos sobre las condiciones de empleo. En ese mismo orden de ideas, es natural que, en caso de que estos convenios no se logren, se establezcan mecanismos para dirimir de manera pacífica y consensual la disputa, ya que de esa manera se fomentan las buenas relaciones laborales, tal y como lo ordena la Carta. (CP arts 55 y 56).
17- La Corte encuentra que esa armonización es posible, por cuanto la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados públicos en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto, se busquen, hasta donde sea posible, soluciones concertadas, tal y como lo establece el artículo 55 superior. Esto significa que nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede llegar a afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de mecanismos que permitan a los empleados públicos, o sus representantes, participar en la determinación de sus condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se entienda que en última instancia la decisión final corresponde a las autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al Presidente en el plano nacional, y a las asambleas, a los concejos, a los gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para el efecto obran autónomamente. Con esa misma restricción, es igualmente legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar una solución negociada y concertada entre las partes en caso de conflicto entre los empleados públicos y las autoridades.”10
Por su parte, en sentencia C- 1234 de 2005 la Corte declaró exequible la expresión contenida en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones colectivas”, bajo el entendido de que para hacer efectivo el derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros mecanismos que garanticen las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que formulen tales sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para tal efecto.
“4.3 Lo que se puede concluir de lo dicho por la Corte en relación con el derecho de sindicalización de los empleados públicos y del derecho de negociación colectiva de tales servidores, a la luz de lo dicho por las Convenciones y las sentencias que los declaró ajustados a la Constitución.
De conformidad con lo expuesto, a modo de resumen se tiene : (i) hacen parte de la legislación interna del país los Convenios 151 y 154 de la OIT, incorporados a través de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999; (ii) se despejan las dudas que pudieren existir respecto de la garantía constitucional sobre el derecho de sindicalización de los empleados públicos, en el sentido de que indiscutiblemente tienen derecho a hacerlo; (iii) también se despejan las dudas respecto del derecho de los empleados públicos de realizar negociaciones colectivas, pues gozan del ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídas y tenidas en cuenta; (iv) los empleados públicos si bien no gozan de los plenos derechos de asociación y convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales, la Constitución y los Convenios sí les permiten participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se entienda que en última instancia, la decisión final corresponde al Congreso de la República y al Presidente, en el plano nacional, y a las asambleas, concejos, gobernadores y alcaldes, en el plano territorial; (v) que los objetivos de la negociación colectiva se centran en la concertación voluntaria y libre de las condiciones de trabajo, en la necesidad del diálogo encaminado a afianzar el clima de tranquilidad social, en la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la defensa de los intereses comunes, en la garantía de ser oídos y atendidos los representantes de las partes; (vi) que el concepto de empleados públicos excluidos del derecho de sindicalizarse es restringido. Esto quiere decir, que la regla general es la libertad de sindicalizarse, y la excepción al goce de tal derecho, sólo comprendería a servidores de “alto nivel que tengan poder decisorio o desempeñen cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial.” Además, se excluye a las fuerzas armadas por expresa prohibición constitucional (arts. 39 y 218 de la Carta).
Aunado a lo anterior, la declaración de exequibilidad de la prohibición para los sindicatos de empleados públicos de presentar pliegos de peticiones o de celebrar convenciones colectivas, radicó principalmente en la consideración de que el artículo 416 del Código laboral era una de las excepciones de que trata el artículo 55 de la Constitución, argumento que queda sin piso, por la sencilla razón de la existencia de las Leyes en mención.”11
Sobre el carácter de este derecho, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, concluyendo que se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, es así como en sentencia T- 423 de 1996, señaló:
“Desde el preámbulo enunciado en nuestra Carta Fundamental, el constituyente de 1991 destacó el valor esencial de la educación al consagrar como elementos que caracterizan el Estado Social de Derecho, la igualdad y el “conocimiento”, cuyos bienes afianzan y consolidan la estructura de un marco jurídico tendiente a garantizar la existencia de un orden político, económico y social justo, en aras de la prevalencia del interés general sobre el de los particulares. (art. 1º CP.).
Por su parte, el artículo 67 de la Carta Política, que constituye el pilar esencial de la educación advierte que, ésta “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”, para la adecuada formación del ciudadano.
De acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Política, “el Estado tiene el deber primordial de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” (lo subrayado es de la Sala).
Así pues, a juicio de esta Sala, en su función de intérprete de los preceptos superiores a efectos de proteger adecuadamente, mediante el mecanismo de la acción de tutela, los derechos fundamentales constitucionales, es dable entender que dentro de los objetivos fundamentales de la actividad del Estado y las finalidades sociales inherentes a éste, encaminadas al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable, constituyen servicios públicos esenciales de regulación constitucional. Por consiguiente, el mismo Estado está en la obligación de asegurar su prestación eficiente y permanente para todos los habitantes del territorio nacional, dentro del espíritu de las finalidades sociales del Estado, preferenciadas en el artículo 366 de la CP., que para este caso permite la prevalencia del interés general sobre el particular por encontrarse en juego el valor del conocimiento, que según se dijo por la Corte desde 1992, en la sentencia No. T-02 de 1992, MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero
De esta manera, no cabe duda que fue el mismo Constituyente quien por encima de cualquier determinación legislativa calificó la actividad de la educación, la salud, el saneamiento ambiental y el suministro de agua potable como servicio público y objetivo central y fundamental de la finalidad social del Estado, con el carácter de permanente en su prestación, en cumplimiento de las normas constitucionales mencionadas, las que resultan aplicables a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ”12.
Del Derecho de Defensa.
“La vigilancia y el control del cumplimiento de las normas de este Código y demás disposiciones sociales se ejercerán por el Ministerio del Trabajo en la forma como el Gobierno, o el mismo Ministerio, lo determinen.”
Si bien es cierto que la norma no especificó dentro del breve trámite dispuesto, la forma como habría de correrse traslado de la actuación a las otras partes interesadas, en ausencia de tal previsión bien procedía acudir a las disposiciones generales que regulan la forma como se vincula a los interesados dentro de las actuaciones administrativas, de manera que pudiera ser garantizado el derecho de defensa de los trabajadores de la entidad, permitiéndoles ejercer el derecho de contradicción, garantía básica y primordial dentro del Estado Social de Derecho, elevada a canon constitucional contenido en el artículo 29 y desarrollado dentro del procedimiento contencioso administrativo en los artículos 14, 28, 35 y 43 a 48 del C.C.A.
La Corte Constitucional, en sentencia C- 432 de 1996 se pronunció sobre el tema, en los siguientes términos:
Al respecto cabe anotar que las normas legales que fijan los parámetros que guían la decisión administrativa, consagran como requisito de legalidad de la misma el que se haya dado al particular la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, como se explicó arriba. En consecuencia, ya sea que la decisión de declarar ilegal una suspensión colectiva del trabajo se derive de una petición elevada en interés particular o de la actividad oficiosa de la administración, ésta siempre deberá consultar los intereses de las partes que pudieran resultar afectadas. Esta garantía, que implica la posibilidad del administrado de ser escuchado y de presentar pruebas que sustenten su reclamo, es suficiente para afirmar que dentro del procedimiento administrativo se ha otorgado el lugar debido al derecho de defensa.”13
Ha de aclararse que no es el procedimiento previo de verificación del cese lo que requería citación, pues resulta apenas lógico que se faculta a la administración para llegar intempestivamente, de manera que pueda constatar integralmente cuál es la situación que se vive en la empresa, diligencia para la cual lo estipulado era la exigencia de la presencia de un representante sindical. La omisión que subraya la Sala está relacionada con el procedimiento que desencadena la petición de declaratoria de ilegalidad del cese o su inicio en forma oficiosa porque es aquí donde comienza la disquisición administrativa que culminará con una decisión que afecta a terceros.”14
DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 0003164 de veinte (20) de octubre de dos mil tres (2003), por medio de la cual el Ministerio de la Protección Social declaró la ilegalidad de los ceses de actividades realizados por los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– en las ciudades y en las fechas señalados en el acto que se anula.
NO SE RECONOCE personería a la abogada BETTY CERON GÓMEZ para actuar dentro del presente proceso en representación de la entidad demandada, por cuanto la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social no acreditó tal condición.
Expediente No. 3920-04 Actor: SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA.
1 Ley 119 de 1994, artículo 2; Ley 50 de 1990, artículo 65, literal a).
2 Sentencia de la Corte Constitucional 7-423 de 1996.
3 T-568 de 10 de agosto de 1999, M.P Carlos Gaviria Díaz.
4 T-432 de 1996.
5 T-509 de 2005.
6 Ley 31 de 1992, artículo 39 inciso 2; Ley 100 de 1993, artículo 4; Ley 142 de 1994, artículo 15; Ley 633 de 2000; sentencia de la Corte Constitucional C450 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
7 Sentencia de la Corte Constitucional C432 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia del Consejo de Estado de 6 de marzo de 2008, radicado No: 3536 de 2004, M.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
8 Sentencia de la Corte Constitucional C-473 del 27 de octubre de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
9 Sentencia C- 450 de 1995.
10 Sentencia C-377 de 27 de julio de 1998, M.P Alejandro Martínez Caballero.
11 C- 1234 de 29 de noviembre de 2005, M.P Alfredo Beltrán Sierra.
12 T- 423 de 11 de septiembre de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.
13 C- 432 de 12 de septiembre de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
14 Sentencia Consejo de Estado de 6 de marzo/08 Exp. 3536-04.Secc. 2ª Subs. A. M.P. Gustavo Gómez Aranguren