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Timestamp: 2019-09-18 15:48:02
Document Index: 30569199

Matched Legal Cases: ['artículo 403', 'artículo 406', 'artículo 407', 'artículo 203', 'artículo 186', 'artículo 771', 'artículo 26']

Boletin Correspondiente a 2015-04-08Regresar
Me refiero a su escrito enviado a través de la página web de esta entidad y radicado con el número citado, mediante el cual formula una consulta relacionada con el ejercicio derecho de inspección en la sociedades anónimas.
A ese propósito esta Entidad a través del oficio 220-131491 del 16 de septiembre de 2013, expresó:
“…el derecho de inspección permite a los socios o accionistas que son ajenos a la administración, acceder a los documentos de la compañía, para poder enterarse del estado de los negocios sociales, sin que tengan derecho a tomar fotos, copiar por cualquier medio o capturar a su discreción la imagen de tales documentos, pues, como es sabido, el derecho de inspección no puede ir más allá de la posibilidad que tienen los socios de revisar, estudiar y analizar la información respectiva, en los términos y condiciones a que haya lugar según el tipo de sociedad de que se trate.
( 2015-04-08) Consultar
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01-024013, mediante la cual consulta si el precio que se le pague a un grupo de accionistas minoritarios interesados en vender su participación es el mismo que se les debe ofrecer a otro grupo de ellos que más adelante también deseen vender sus acciones, es decir, si existe un derecho de los accionistas minoritarios a que se les compren sus acciones a un mismo valor y, si existen reglas para la compra de acciones de las acciones de los minoritarios por parte de los mayoritarios.
Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 403 del Código de Comercio las acciones son libremente negociables, con las excepciones que la misma disposición legal indica.
Como requisito para llevar a cabo la negociación, el artículo 406 ibídem establece que podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes, pero las condiciones del negocio jurídico, es decir, el precio y la forma de pago serán fijados en cada caso por los interesados y si estos no se ponen de acuerdo, por peritos designados por las partes, como lo establece el artículo 407 ibídem.
Me refiero a su escrito radicado con el No. 2015-01-024917 el 3 de febrero de 2015, mediante el cual consulta si en el caso de una sociedad que tramita su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, un interrogatorio de parte debe ser atendido directamente por el liquidador, o los apoderados o mandatario de éste.
Bajo ese presupuesto y haciendo abstracción de la situación particular a la que su solicitud alude, a título meramente ilustrativo procede señalar que el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil citado en su comunicación claramente determina que si una persona jurídica tiene varios representantes o mandatarios generales, cualquiera de ellos podrá atender la diligencia de interrogatorio de parte, entendidos éstos no como apoderados de la sociedad, sino, como las personas que ejercen la representación legal, como sería el caso del liquidador, quien por efecto de la apertura de la liquidación judicial asume la representación, que de suyo es indelegable.
Consulta si es necesario realizar convocatoria en caso de que los estatutos sociales estipulen que la reunión ordinaria de la junta de socios se llevará a cabo el primer jueves del mes de marzo o al día siguiente hábil si este resultare festivo, a las tres de la tarde, pero no indiquen si debe realizarse o no convocatoria para ese efecto, como sí lo establece para las extraordinarias, y tampoco el medio ni la antelación para efectuarla.
A este respecto es preciso advertir, que de conformidad con el artículo 186 del Código de Comercio “Las reuniones se realizarán en el lugar del domicilio social, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum…”, lo que permite colegir que sería viable la reunión ordinaria de la junta de socios en las condiciones señaladas, en la medida en que efectivamente tiene tal carácter la reunión que se efectúa en la época fijada en los estatutos sociales o, en su defecto, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año para someter a consideración de los asociados el temario respectivo, en donde el asunto esencial a considerar son los estados financieros del ejercicio social anterior.
A escasos días de conocer si la cifra de desempleo vuelve a estar en un dígito en el resultado de febrero, Fedesarrollo indicó que la tendencia del mercado laboral durante este año y el futuro será la de aumentar los contratos temporales, mientras que los empleos permanentes caen.
De acuerdo con el informe de mercado laboral del segundo mes del año, el empleo en el país sigue el modelo de las naciones que están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en las cuales entre 2000 y 2010 presentaron un descenso de dos puntos porcentuales en la contratación permanente, frente a un aumento de la misma proporción en los acuerdos temporales.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, resaltó que esa dinámica hace que el empleo en el país vaya hacia la precarización y no hacía la sostenibilidad de los trabajadores.
En ningún caso el empleado debe asumir costos relacionados a exámenes, productos o servicios, porque es responsabilidad exclusiva de la compañía.
Algunas empresas incurren en prácticas ilegales durante el proceso de selección y contratación del recurso humano, como pruebas de embarazo, VIH o polígrafo (en casos específicos), compra de formularios de hoja de vida y productos comerciales y exigir días de trabajo sin remuneración, entre otros.
Cada caso expuesto conlleva acciones que atentan contra los derechos del trabajador, su dignidad y el respeto por sus servicios.
La ley determina que los exámenes médicos de ingreso son obligatorios para conocer el estado físico, mental y social del colaborador en función de la actividad que ejercerá y conocer si puede desempeñar eficientemente las labores sin perjudicar su bienestar o la de terceros, comenta José Luis Cortés, asesor legal y miembro del Colegio de Abogados del Trabajo Colombia.
Esta evaluación médica supone un diagnóstico básico y pruebas de audición, visión, equilibrio, signos vitales, entre otros de acuerdo con la ocupación.
En esa perspectiva, la Ley 361 de 1997 estipula que no puede discriminarse a una persona por alguna limitación física para ser vinculado laboralmente, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
En esta edición se complementará el tema abordado la semana pasada con la retención en la fuente que se viene aplicando en consecuencia a los honorarios percibidos por los profesionales independientes que cumplan las condiciones para pertenecer a esa categoría tributaria de Empleado.
En la edición de CONSULTORIO TRIBUTARIO del lunes anterior (marzo 30), expresamos nuestra opinión de la importancia y preocupación por el impuesto de renta que deben pagar los profesionales independientes a raíz de las modificaciones que introdujo la Ley 1607 de 2012 al estatuto tributario para establecer nuevas reglas de juego para el cálculo del impuesto de renta y complementarios de las personas naturales, en especial a la nueva categoría tributaria de Empleados donde quedaron involucrados, no solamente los asalariados sino también los servicios personales prestados mediante una relación contractual diferente a la laboral.
En esta edición, es para complementar el tema con la retención en la fuente que se viene aplicando en consecuencia a los honorarios percibidos por los profesionales independientes que cumplan las condiciones para pertenecer a esa categoría tributaria de Empleado.
Luego de dos años de negociación, fue eliminado el arancel del 5% para la hulla bituminosa que Colombia le vende a Guatemala.
Así se desprende la Decisión No. 13 de 2015 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y los países del Triángulo Norte, mediante la cual se establece que la medida opera desde el primero de marzo.
Se estima que esto representará un ahorro cercano a los US$5 millones anuales para los exportadores del sector carbonífero colombiano.
En 2014 las ventas de hulla colombiana al mercado guatemalteco registraron un monto de US$102 millones, un incremento del 119% frente a 2013, estimuladas, entre otros factores, por la menor demanda de petróleo en el mercado internacional.
La hulla bituminosa es el cuarto producto en la canasta exportadora de Colombia a Guatemala y representa el 44% de las importaciones que realiza Guatemala de ese bien al mundo.
Se precisa en primer lugar que la acción de tutela no procede para atacar actos administrativos de carácter laboral, pues para tal fin el ordenamiento jurídico ha creado acciones ordinarias, que son consideradas como medios idóneos para la protección de los derechos.
Es decir, que ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la tutela, esta acción constitucional se torna improcedente, salvo que se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se trate de un sujeto de especial protección o la acción ordinaria no sea idónea y eficaz para el amparo de los derechos.
Corresponde referirse concretamente al estatus de prepensionado, el cual ha sido protegido en varias ocasiones por esta Corporación y por la Corte Constitucional, en ejercicio de la acción de tutela, dada la especial condición de quienes tienen una expectativa legítima de que se les reconozca la pensión de vejez.
Para el caso de la implementación del régimen de carrera en una entidad pública, después de adelantado un concurso, es necesario que los nominadores, previo a empezar a nombrar, en periodo de prueba, a quienes figuran en la lista de elegibles, verifiquen si quienes ocupan en provisionalidad los cargos a proveer no sean sujetos de especial protección, como los prepensionados, pues esa condición impide que estos últimos puedan desvincularse de la entidad en forma inmediata.
Los servidores que demuestren que están próximos a pensionarse, entiéndase que se refiere a quienes les falte 3 años o menos para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación, entre otros requisitos, tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada según lo ordena el Decreto 3905 de 2009.
La actora impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el a quo debía, no solo amparar el derecho de petición, sino los demás derechos invocados y, en consecuencia, pidió que se suspendiera provisionalmente la decisión que la retiró del servicio, mientras es incluida en nómina de pensionados…
En el sub lite se advierte que los documentos aportados demuestran la condición de pre pensionada, pues la señora Realpe Ibarra tiene 58 años y 1.109, 31 semanas cotizadas -sin contar el bono pensional al que tiene derecho por haber laborado en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A..
Esa calidad no fue discutida por la entidad nominadora, por el contrario fue reconocida al reportarla a la CNSC en el año 2009 y al pedir la suspensión de la lista de elegibles. De manera que no es consecuente la decisión de declarar insubsistente el nombramiento de la señora Realpe Ibarra, ya que la calidad de prepensionada otorga un tratamiento especial a la persona que desempeña un cargo en provisionalidad, en el entendido de que la entidad empleadora no puede desvincularla hasta cuando sea incluida en nómina de pensionados.
Ese tratamiento surge de lo dispuesto en el Decreto 3905 de 2009, según el cual quien está próximo a pensionarse, esto es que le falten tres (3) años o menos para adquirir ese derecho, tiene una estabilidad laboral reforzada.
En el presente caso la pretensión resarcitoria se originó en los perjuicios causados por la prolongación injustificada de los tramites de nacionalización de la mercancía importada por el actor, lo cual ocurrió entre el 10 de diciembre de 1990 al 2 de febrero de 1993 fecha en que los bienes ingresados al país fueron finalmente entregados al demandante, siendo esta última la fecha a partir de la cual cesó el hecho generador del daño y por tanto, desde cuando debe empezar a contarse el término de caducidad de la acción de reparación directa, lo que significa que tenían hasta el día 3 de febrero de 1995 para presentarla y, como ello se hizo el 7 de abril de 1994 resulta evidente que el ejercicio de la acción ocurrió dentro del término previsto por la ley (Art. 136 del CCA).
Se configuró por retardo de la tramitología de importación del vehículo. Si bien la demanda se dirigió contra el Ministerio Hacienda y Crédito Publico Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y así fue admitida la demanda, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Decreto 1071 de 1991, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El carácter de adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conlleva que el objeto de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- deba cumplirse conforme a los lineamientos de política fiscal que indique el Ministro de Hacienda y Crédito Público y enmarcarse dentro del programa macroeconómico que se adopte por las autoridades competentes.
Sin embargo no puede perderse de vista que la DIAN es un órgano autónomo que puede comparecer al proceso a través de su representante, sin que resulte necesario citar al ente ministerial para que obre en su nombre, pues a pesar de ser un ente adscrito, cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, derivando de allí su capacidad procesal y la posibilidad de responder por las obligaciones emanadas de los litigios adelantados en su contra, de manera que la responsabilidad que aquí será declarada y su consecuencial condena de perjuicios recaerá exclusivamente sobre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En efecto, el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 26 de la Ley de 2010, consagró:
ARTICULO 771-5 MEDIOS DE PÁGO PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE COSTOS, DEDUCCIONES, PASIVOS E IMPUESTOS DESCONTABLES.
Es claro entonces que fue el legislador quien introdujo restricción al flujo de efectivo para efectos fiscales, señalando que para el reconocimiento pleno, los pagos que se pretendan hacer valer por el contribuyente deben realizarse a traves de alguno de los medios que el mismo señalo.