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Timestamp: 2019-08-25 11:17:17
Document Index: 33718386

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 76', 'Artículo 76', 'artículo 79', 'Artículo 79', 'artículo 83', 'artículo 178', 'artículo 178']

ICEDA Bufete de Abogados : Sentencia Consejo de Estado. Improcedencia Llamamiento a Calificar Servicio, trayectoria profesional
Sentencia Consejo de Estado. Improcedencia Llamamiento a Calificar Servicio, trayectoria profesional
ACTA DE LA JUNTA ASESORA - Es un acto preparatorio o de trámite / ACTO PREPARATORIO O DE TRAMITE - No es demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa
En la demanda se solicita la nulidad de la citada acta mediante la cual se sugirió el retiro del actor. Al respecto se anota que dicha recomendación no se erige en un acto administrativo que pueda ser objeto de una pretensión anulatoria pues tan sólo se constituye en una propuesta que formula un grupo asesor a través de la cual se sugieren ascensos y retiros del personal policial. Es decir, es un acto preparatorio o de trámite de la decisión contenida en el decreto No. 776 de 24 de abril de 1998 del Gobierno Nacional. Esta Corporación se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, advirtiendo que éstos son meros actos de trámite sin vocación decisoria alguna y por lo tanto no son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa.
LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIO - Improcedencia dada la adulteración del acta de la junta asesora / DESVIACION DE PODER - Configuración. Toda vez que el acto acusado fue expedido con desviación de las atribuciones, al demostrarse que hubo sustitución del acta suscrita por la junta asesora / JUNTA ASESORA - El acta expedida fue allegada al proceso y no fue tachada como falsa en su oportunidad / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIO - Existencia de irregularidades. Demostración de inconsistencia en el acta de recomendación mediante declaraciones / IDONEIDAD Y BUEN DESEMPEÑO LABORAL - Estas circunstancias por sí solas no generan fuero de estabilidad, pero en el presente caso se resalta la sobresaliente trayectoria profesional del demandante / REINTEGRO - Procedente / INDEXACION - Procedente
Corresponde al demandante demostrar la invalidez del acto que impugna. Para lograrlo planteó en el presente caso como fundamento de la nulidad la desviación de poder, aduciendo como razones que dieron lugar al retiro del servicio la sustitución del acta suscrita por la Junta Asesora de la Dirección General en la que fue propuesto para adelantar el curso de actualización requerido para el ascenso al grado de Coronel. Ciertamente, obran en el expediente dos actas, debidamente signadas por los miembros de la Junta Asesora de la Dirección General, en las que se adoptan determinaciones diferentes respecto del llamamiento a curso del demandante. De los testimonios, se establece que los declarantes hicieron parte de la Junta Asesora de la Dirección General que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1997, reconocieron haber suscrito dicho documento, pero no compartieron su contenido, por cuanto uno de los puntos aprobados, fue la recomendación del actor para ser llamado a curso de actualización y no la determinación que aparece en el acta No. 245. Sin duda alguna, una de las razones que dio lugar a la remoción del actor, fue la inconsistencia presentada con su recomendación para ser llamado a curso, ya que inicialmente fue propuesto, tal como se desprende de las declaraciones de los oficiales (r) Teodoro Ricaurte Campo Gómez y Hugo Rafael Martínez Poveda, y del acta que fue aportada al expediente, la cual fue tenida como prueba y no fue tachada de falsa en su oportunidad. Así como una retaliación por haber acudido a los altos mandos y la instancia Ministerial para que se revisara su caso. En cuanto a la trayectoria profesional del demandante: Aunque la Sala ha considerado en varias oportunidades que la idoneidad para el ejercicio del cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, ni constituye, por sí sola, causal de anulación del acto, en este caso, resulta necesario resaltar la sobresaliente trayectoria profesional del demandante, la cual se evidencia en su hoja de vida y en el cuadro comparativo de los Tenientes Coroneles que, en su oportunidad, también estuvieron aspirando y fueron convocados a curso de ascenso. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, decretará la nulidad del acto acusado, ordenará el reintegro del demandante y el llamamiento a curso de actualización. No sin antes, compulsar copias a los entes respectivos para que investiguen la anomalía puesta de presente.
NOTA DE RELATORIA: Con aclaración de voto del ponente en el sentido de no compartir la posición mayoritaria de la Sección, en cuanto a la orden de los descuentos por considerar que los salarios y prestaciones dejados de percibir durante la fecha de su desvinculación constituye el resarcimiento del perjuicio por el acto ilegal declarado nulo.
Radicación número: 25000-23-25-000-1998-03480-01(2802-04)
Actor: GERMAN TORRES RODRIGUEZ
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Germán Torres Rodríguez, actuando mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita que se declare la nulidad del acta No. 468 de 13 de abril de 1998 y del decreto No. 776 de 24 de abril del mismo año, actos proferidos por la Junta Asesora para la Policía y el Gobierno Nacional, por medio de los cuales fue retirado del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
A título de restablecimiento del derecho pide, en síntesis, el reintegro al mismo cargo del cual fue separado o a otro de superior categoría; así mismo, reclama el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejó de percibir, desde el momento de su desvinculación hasta cuando sea reintegrado. Además, solicita que se declare que no habido solución de continuidad y que se dé aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo (fl. 65).
El demandante, como hechos en los cuales fundamenta sus pretensiones, manifiesta que ingresó al servicio de la Policía Nacional como alumno el 14 de enero de 1974 y que durante su trayectoria “tuvo cargos de gran responsabilidad no sólo a nivel operativo, sino también a nivel administrativo, como se desprende de la lectura del Curriculum vital que se acompaña a la demanda” (fl. 65).
Señala que en el año de 1993 ascendió al último grado que obtuvo dentro de la institución (Teniente Coronel) y que en diciembre de 1998 le correspondía ascender al grado inmediatamente superior, vale decir, el de Coronel.
Afirma que “los oficiales que van a ser ascendidos al Grado de Coronel, la Dirección General de la Policía Nacional ha diseñado un curso de actualización, al que la Junta Asesora de la Dirección General convoca un año antes, luego de analizada la trayectoria profesional de los Oficiales” (fl. 66).
Que el 15 de septiembre de 1997 la Junta Asesora lo seleccionó para realizar el curso de actualización, tal como se desprende del acta informal que se anexa “y que debía corresponder a la No. 245, firmada por todos y cada uno de los Oficiales Generales que a ella asistieron”.
Narra que cuando la mencionada acta No. 245 se hizo pública, inexplicablemente apareció diferente, por cuanto a varios oficiales que no se les había aprobado su trayectoria profesional fueron seleccionados y viceversa.
Comenta que solicitó a la Junta Asesora que rectificara la medida adoptada, sin obtener respuesta. Sólo logró presiones para que solicitara la baja, pero como no lo hizo, “la solicitud de reconsideración es respondida directamente por el Director General de la Policía Nacional mediante Oficio No. 2084 del 5 de Noviembre de 1997”, en la que se le informa que la determinación fue tomada conforme las facultades conferidas por el artículo 43 del decreto 41 de 1994.
Expresa que dirigió varias comunicaciones al Ministro de Defensa en las que cuestionó su retiro, las que fueron absueltas por el Director General de la Policía Nacional mediante oficio No. 819 de 21 de mayo de 1998.
Dice que se hizo merecedor a más de 70 felicitaciones, varias condecoraciones y menciones honoríficas (fl. 68)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las súplicas de la demanda (fl. 208).
Señaló, en síntesis, que del extracto de la hoja de vida del actor se establece que para la fecha del retiro contaba con 24 años, 3 meses y 10 días, es decir, que el llamamiento a calificar servicios se ajustó al tiempo exigido por la ley.
Precisó que el retiro del demandante contó con el concepto previo de la Junta Asesora para la Policía, la cual constituye la única formalidad exigida para el efecto.
Manifestó que “lo relacionado con la inexplicable modificación realizada al Acata No. 245 del 15 de septiembre de 1997, mediante la cual la Junta Asesora de la Policía Nacional seleccionó al actor para adelantar el curso de actualización para acceder al grado de Coronel, y que es corroborada por el Mayor General Martínez y el Director General de la Policía Nacional Mayor General Campo, quienes señalan que el actor fue seleccionado para adelantar el curso de actualización previo al ascenso, informando además que la modificación sufrida en el acta no les fue notificada, ni ellos firmaron una nueva acta, sino que las firmas colocadas en el acta que seleccionaba al actor para el curso, son las mismas que aparecen en el acta modificada” (fl. 207).
Concluyó que “no se encuentran probados los hechos que constituyen las afirmaciones hechas por el actor, en cuanto a que su retiro por llamamiento a calificar servicios obedeció a circunstancias diferentes a la eficiente prestación del servicio”.
La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda (fl. 224).
Manifiesta que el actor “durante todo el tiempo que permaneció en el Grado de TENIENTE CORONEL, invariablemente fue calificado en LISTA UNO y con los adjetivos de ´Excelente`, ´Sobresalente`, ´Eficiente`, etc.., vale decir que el buen comportamiento en el Grado, tratándose de UNA CARRERA, debía servir para permanecer en servicio, por tener a su favor su excelente Hoja de Vida, y, además, para ser llamado a adelantar el curso de actualización, previo al ascenso al Grado de Coronel” (fl. 222).
Afirma que en este caso se configuró una desviación de poder, por cuanto el llamamiento a calificar servicios fue usado “luego de sustituir el Acta en la que el actor si se encontraba inscrito para ser llamado a adelantar el curso previo al ascenso al Grado de Coronel, como fue probado con las declaraciones de los Generales TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ y HUGO RAFAEL MARTTINEZ (sic) POVEDA”. Reitera que la “no autenticidad del acta atacada, se encuentra suficientemente probada en el proceso” (fl. 223).
En este caso, se debate la legalidad del acta No. 468 de 13 de abril de 1998 y del decreto No. 776 de 24 de abril del mismo año, actos proferidos por la Junta Asesora para la Policía y el Gobierno Nacional, por medio de los cuales fue retirado el actor del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
1. En cuanto al acta No. 468 de 13 de abril de 1998, proferida por la Junta Asesora para la Policía Nacional:
2. Normas en que se apoya el decreto acusado:
El acto acusado se fundamenta en los artículos 76-1.c y 79 del Decreto 41 de 1994, modificados por los. 7-1. b y 8 del Decreto 573 de 1995, normativa que dispone:
“Decreto Ley 573 de 1995
Art. 7°. El artículo 76 del Decreto 41 de 1994 quedará así:
Artículo 76. Causales de retiro. El retiro del servicio activo del personal de oficiales y suboficiales, se produce por las siguientes causales:
Art. 8º. El artículo 79 del Decreto 41 de 1994 quedará así:
Artículo 79. Retiro por llamamiento a calificar servicios. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional sólo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios después de haber cumplido quince (15) años de servicio.
Al ajustar las normas transcritas al caso concreto, se deduce que dentro de las causales para efectuar el retiro del personal de oficiales de la Policía, está la relativa al retiro temporal con pase a la reserva por llamamiento a calificar servicios que dispone el Gobierno Nacional, siempre y cuando haya transcurrido un tiempo de labor en la institución igual o superior a quince (15) años y medie la recomendación previa de la Junta Asesora.
3. Argumentos de la impugnación:
Considera la parte demandante que el acto acusado es ilegal porque se profirió con desviación de poder, al sustituirse el acta que había convocado al actor a curso de actualización, requisito previo para el ascenso al grado de Coronel. Señala que su excelente hoja de vida evidencia que debía continuar en servicio activo.
3.1 En cuanto a la desviación de poder alegada:
El Gobierno Nacional tiene sobre el personal de oficiales de la Policía Nacional según los reglamentos, la facultad de retirarlos del servicio activo sin que requiera explicitar de otro modo sus móviles. Estos decretos se asumen como proferidos en ejercicio de sus potestades sobre la fuerza pública y en beneficio de la misión constitucional y legal del servicio público a su cargo. Por lo tanto, se presumen ajustados a la normatividad, a menos que se demostrare en juicio, conforme al inciso 2º del artículo 83 del C.C.A, que se infringieron las normas en que debería fundarse o fueron expedidos irregularmente, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones, o cuando se procede con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.
Corresponde al demandante demostrar la invalidez del acto que impugna. Para lograrlo planteó en el presente caso como fundamento de la nulidad la desviación de poder, aduciendo como razones que dieron lugar al retiro del servicio la sustitución del acta suscrita por la Junta Asesora de la Dirección General en la que fue propuesto para adelantar el curso de actualización requerido para el ascenso al grado de Coronel.
Ciertamente, obran en el expediente dos actas, debidamente signadas por los miembros de la Junta Asesora de la Dirección General, en las que se adoptan determinaciones diferentes respecto del llamamiento a curso del demandante.
- La primera acta no tiene número, aparece calendada con fecha de 15 de septiembre de 1997 y en cuanto a la propuesta de oficiales para ascenso en el año de 1998, dispuso:
“ 1. Los integrantes de la Junta de Generales efectuaron las evaluaciones de la trayectoria profesional de los Señores Tenientes Coroneles que cumplen antigüedad en al (sic) año 1998 proponiendo a la Dirección General el llamamiento a curso de los siguientes oficiales:
GERMAN TORRES RODRIGUEZ
2. No proponer el llamamiento a curso de que trata el numeral anterior a los siguientes Señores Tenientes Coroneles:
MARIO FERNANDO RAMIREZ SANCHEZ
DIONICIO FERNANDEZ MEDINA
ABDON ALDANA AVILA
FILIBERTO SALCEDO RODRIGUEZ
JORGE HERNAN VALENCIA MARULANDA
RUBEN CARRILLO VANEGAS
JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO
JULIO CESAR MORENO LLANOS” (Resaltado fuera del texto - fl. 36)
- La segunda acta aparece con el número 245 de 15 de septiembre de 1997 y en cuanto a la propuesta de oficiales para ascenso en el año de 1998, señaló:
“ 1. Los integrantes de la Junta de Generales efectuaron la evaluación de la trayectoria profesional de los Señores Tenientes Coroneles que cumplen antigüedad en al (sic) año 1998 proponiendo a la Dirección General el llamamiento a curso de actualización profesional a los siguientes oficiales:
JULIO CESAR MORENO LLANOS
2. No proponer el llamamiento a curso de que trata el numeral anterior, a los siguientes Señores Tenientes Coroneles:
ABDON ALDANA AVILA” (Resaltado fuera del texto - fl. 39)
Sobre esta situación, los oficiales (r)Teodoro Ricaurte Campo Gómez y Hugo Rafael Martínez Poveda, una vez reconocieron sus firmas y constataron que hicieron parte de esta Junta Asesora, manifestaron:
1. Declaración de Teodoro Ricaurte Campo Gómez:
“…Aparece mi firma y es la que utilizo en todos los actos públicos y privados. Con relación al texto que en ella aparece, hay una situación que encuentro no de acuerdo con la realidad del momento, puesto que en la página segunda al folio 39, se menciona como en el punto 2 de la propuesta de oficiales para ascenso, como no proponer el llamamiento a curso a los señores Tenientes Coroneles HERNAN TORRES RODRIGUEZ y ABDON ALDANA AVILA. Si mi memoria no me falla, en esa ocasión se propusieron para no ascender entre cinco a siete oficiales y entre los que se propusieron para ascender se encontraba el señor Coronel GERMAN TORRES RODRIGUEZ. No recuerdo haber sido citado a una segunda sesión de esta Junta para modificar la decisión que tomamos en principio, pero sí reconozco que la página que figura en el folio 40 contiene mi firma………………………………………………………………………….. comparando las dos actas o mejor, comparando el acta y el documento aportado en la demanda de los folios 35 a 37, encuentro que hay diferencias en cuanto a las personas que se proponen para el ascenso y para los no ascensos en los casos de los Tenientes Coroneles HUMBERTO PLATA MORENO y GONZALO ALFONSO CORDOBA CORDOBA………………………………..Yo firme como se hace en todas las ocasiones después de un comité de esta naturaleza, el acta donde aparecía como propuesto para curso el coronel GERMAN TORRES RODRIGUEZ. Yo no conocía el acta que me presenta hoy la 245 de folio 38………………………………………….Lamentablemente no fueron firmados los folios anteriores de esta acta, de tal maner (sic) que yo no podría concluir una cosa diferente que no es el resto del cuerpo de la denominada acta 45 (sic), no es la misma que me pusieron presente cuando firme la última página de ese documento….” (Resaltado fuera del texto - fls. 159 y 160)
2. Declaración de Hugo Rafael Martínez Poveda:
“…Si, la firma que aparece en esta Acta es la que utilizo, aunque el contenido en lo que se relaciona al Teniente Coronel GERMAN TORRES RODRIGUEZ no corresponde a lo aprobado en dicha Junta. Es decir, a él le fue aprobado el Llamamiento a curso para Coronel y lo recuerdo porque era mi subalterno y me llamó creo que el mismo día o al otro día de salir de la Junta a preguntarme como le había ido y yo lo felicité y aquí veo que su llamamiento a curso contrario a lo aprobado, no fue aprobado ………………………………Observo en las dos actas que la firma es la mía y es la misma firma, es decir, presenta una línea que la hace única…………… Deduzco que la firma que aparece en el folio 37 y en el folio 40 corresponden a la fotocopia del mismo original, no son firmas para dos actas sino que cambiaron el contenido…………..Pero para éste caso específico donde se habla del curso del Coronel TORRES no hubo nueva Acta haciendo modificaciones …………………………..El no haber sido llamado a curso para su ascenso a Coronel, sí es consecuencia de su posterior retiro, porque quien no es ascendido al grado inmediatamente superior, debe solicitar su retiro de la Institución y si no lo hace la Policía dispone su retiro de acuerdo con el Reglamento……………..el General ROSSO JOSE SERRANO CADENA. Me parece que él había presentado solicitado (sic) de retiro y así iba considerado para esa Junta y lo recuerdo porque el Ministro GILBERTO ECHEVERRI MEJIA le preguntó al General SERRANO en esa Junta qué pasaba con el Coronel TORRES RODRIGUEZ, que había estado hablando con él en su despacho de porque no lo ascendían y el General SERRANO propuso llamamiento a calificar servicios y así quedó aprobado………….Para el caso del Coronel GERMAN TORRES reunía los requisitos, un oficial muy bien calificado, yo hablé en la Junta por ser su jefe directo y por eso fue aprobado al no tener oposición ninguna por parte de los Generales que asistieron………………………………………” (Resaltado fuera del texto - fls. 163 a 166)
De lo anterior, se establece que los declarantes hicieron parte de la Junta Asesora de la Dirección General que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1997, reconocieron haber suscrito dicho documento, pero no compartieron su contenido, por cuanto uno de los puntos aprobados, fue la recomendación del actor para ser llamado a curso de actualización y no la determinación que aparece en el acta No. 245.
Para la Sala las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se plantearon en las declaraciones y que rodearon la expedición del acta de recomendación a curso para ascenso, ofrecen credibilidad y permiten inferir que, efectivamente, lo aprobado ese día por la Junta Asesora no corresponde al texto “presuntamente definitivo” que se allegó al expediente.
De la documentación allegada al expediente, también se desprende que el actor siendo consciente de lo sucedido, solicitó en varias oportunidades al Director General de la Policía y al Ministro de Defensa que revisaran su situación, peticiones que fueron contestadas desfavorablemente por el primero en mención. Posteriormente, fue retirado de la institución por llamamiento a calificar servicios, mediante decreto No. 776 de 24 de abril de 1998 (fl. 3).
Sin duda alguna, una de las razones que dio lugar a la remoción del actor, fue la inconsistencia presentada con su recomendación para ser llamado a curso, ya que inicialmente fue propuesto, tal como se desprende de las declaraciones de los oficiales (r) Teodoro Ricaurte Campo Gómez y Hugo Rafael Martínez Poveda, y del acta que fue aportada al expediente, la cual fue tenida como prueba y no fue tachada de falsa en su oportunidad. Así como una retaliación por haber acudido a los altos mandos y la instancia Ministerial para que se revisara su caso.
3.1 En cuanto a la trayectoria profesional del demandante:
Aunque la Sala ha considerado en varias oportunidades que la idoneidad para el ejercicio del cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, ni constituye, por sí sola, causal de anulación del acto, en este caso, resulta necesario resaltar la sobresaliente trayectoria profesional del demandante, la cual se evidencia en su hoja de vida y en el cuadro comparativo de los Tenientes Coroneles que, en su oportunidad, también estuvieron aspirando y fueron convocados a curso de ascenso (fls. 15 a 18, 60)
Por lo anterior, se precisa que la decisión de retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios se apartó de los parámetros de moralidad, eficiencia y disciplina que deben ser tenidos en cuenta por la Administración para tomar las decisiones relacionadas con el mantenimiento o remoción del personal, en desarrollo de las facultades otorgadas por el Decreto 573 de 1995.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, decretará la nulidad del acto acusado, ordenará el reintegro del demandante y el llamamiento a curso de actualización. No sin antes, compulsar copias a los entes respectivos para que investiguen la anomalía puesta de presente.
Para ajustar las sumas que resulten a favor del demandante, al tenor del artículo 178 del C.C.A., se aplicará la fórmula que de tiempo atrás tiene establecida la Sección Tercera del Consejo de Estado según la cual según el valor presente se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la correspondiente mesada salarial, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada mesada salarial, comenzando por la que devengaba el actor al momento del retiro y para los demás emolumentos, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Por tratarse de una suma fija de dinero la indemnización reconocida se actualizará de la siguiente manera: El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en se efectuó el pago)
Igualmente, de la condena se descontará lo que el actor hubiese percibido del tesoro público durante el tiempo de su desvinculación.
En este punto es preciso advertir que el Consejero Ponente no comparte la posición mayoritaria de la Sección, en cuanto a la orden de efectuar los referidos descuentos, porque considera que los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre la fecha de la desvinculación y la del reintegro no tienen el carácter de retribución en otro “empleo público” u otra asignación que provenga del “Tesoro Público”, sino que constituyen el resarcimiento del perjuicio que el acto ilegal, declarado nulo, le generó al demandante. No obstante, teniendo en cuenta que la tesis mayoritaria de la Sala difiere sustancialmente de la suya, el Ponente acoge la decisión y en consecuencia se ordena descontar las sumas a que haya lugar por tal concepto.
REVOCASE la sentencia de seis (6) de noviembre del dos mil tres (2003), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda incoada por GERMAN TORRES RODRIGUEZ contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL.
1. Decretase la nulidad del decreto No. 776 de 24 de abril de 1998, en cuanto retiró del servicio activo de la Policía Nacional al Teniente Coronel Germán Torres Rodríguez, por Voluntad del Gobierno Nacional.
2. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reintegrar al actor al cargo de Teniente Coronel, con el pago de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que sea efectivamente reintegrado. De las sumas que se ordena pagar se descontará lo que el demandante haya percibido del tesoro público durante este lapso.
3. Ordénase la actualización de la condena en los términos del artículo 178 del C.C.A., dando aplicación a la siguiente fórmula:
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de salarios y prestaciones desde la fecha de retiro hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período como se indicó en la parte motiva de esta providencia.
4. Declárase para todos los efectos legales que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio.
5. Ordenase llamar a curso de actualización al demandante.
6. Compúlsense copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen la anomalía puesta de presente en la parte considerativa de esta decisión.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
ALBERTO ARANGO MANTILLA JAIME MORENO GARCIA
ACLARACION DE VOTO - Se resalta la situación del presente asunto en el sentido de que con las pruebas recaudadas demostraron una eventual adulteración del acta de la junta asesora
Reiteradamente la suscrita Consejera ha avalado la facultad discrecional que ejerce el Gobierno Nacional para llamar a calificar servicios a los Oficiales de la fuerzas militares y de la Policía Nacional en los diferentes grados del escalafón de su organización, pues, por la estructura piramidal de la línea de mando, obviamente, no todos los oficiales tienen el derecho a ser llamados a cursos de ascenso y a ascender efectivamente. Situación diferente sucede en el presente asunto, en el que las pruebas recaudadas ilustraron a la Sala en el sentido de una eventual adulteración del acta sentada el día 15 septiembre de 1997, respecto de la reunión de la Junta Asesora de la Dirección General de la Policía Nacional, celebrada con el fin de determinar qué oficiales del grado de Tenientes Coroneles reunían los méritos para ser llamados a curso de ascenso para Coroneles efectivos, aspecto que no puede ser soslayado por la administración de justicia en general, ni por esta Corporación en particular, ya que implicaría propiciar que en las más altas esferas directivas de las fuerzas militares y de policía se presenten desafueros como el que este caso reporta. La situación probada de la adulteración del acta inicial, con el resultado de excluir a unos oficiales que sí habían sido llamados a curso de ascenso, entre ellos al actor, e inclusión de otros que no lo habían logrado, constituye no solo un típico caso de falsedad material en documento público, que debe ser investigado y juzgado por la autoridad penal competente, sino el soporte indispensable para el posterior retiro del servicio del actor, que se concretó en los actos demandados. Por las anteriores razones la suscrita Consejera, comparte la decisión final que se tomó en el presente caso, que, obviamente, constituye una excepción a la postura que en muchos casos se ha tomado sobre la materia, con fundamento en la razón práctica de la estructura piramidal de la línea de mando en las fuerzas militares y de policía.
ACLARACION DE VOTO DE LA DRA. ANA MARGARITA OLAYA FORERO
Bogotá D.C, once (11) de diciembre de dos mil seis (2006).
Radicación número: 25000-23-25-000-1998-03482-01(2802-04)
Reiteradamente la suscrita Consejera ha avalado la facultad discrecional que ejerce el Gobierno Nacional para llamar a calificar servicios a los Oficiales de la fuerzas militares y de la Policía Nacional en los diferentes grados del escalafón de su organización, pues, por la estructura piramidal de la línea de mando, obviamente, no todos los oficiales tienen el derecho a ser llamados a cursos de ascenso y a ascender efectivamente.
Situación diferente sucede en el presente asunto, en el que las pruebas recaudadas ilustraron a la Sala en el sentido de una eventual adulteración del acta sentada el día 15 septiembre de 1997, respecto de la reunión de la Junta Asesora de la Dirección General de la Policía Nacional, celebrada con el fin de determinar qué oficiales del grado de Tenientes Coroneles reunían los méritos para ser llamados a curso de ascenso para Coroneles efectivos, aspecto que no puede ser soslayado por la administración de justicia en general, ni por esta Corporación en particular, ya que implicaría propiciar que en las más altas esferas directivas de las fuerzas militares y de policía se presenten desafueros como el que este caso reporta.
La situación probada de la adulteración del acta inicial, con el resultado de excluir a unos oficiales que sí habían sido llamados a curso de ascenso, entre ellos al actor, e inclusión de otros que no lo habían logrado, constituye no solo un típico caso de falsedad material en documento público, que debe ser investigado y juzgado por la autoridad penal competente, sino el soporte indispensable para el posterior retiro del servicio del actor, que se concretó en los actos demandados.
Por las anteriores razones la suscrita Consejera, comparte la decisión final que se tomó en el presente caso, que, obviamente, constituye una excepción a la postura que en muchos casos se ha tomado sobre la materia, con fundamento en la razón práctica de la estructura piramidal de la línea de mando en las fuerzas militares y de policía.
De esta manera dejo explicado mi voto favorable a las súplicas de la demanda en el presente caso.