Source: http://paisajeyterritoriorural.org/integracion_del_paisaje_en/infraestructuras.html
Timestamp: 2018-09-18 17:36:07
Document Index: 315382722

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 149']

En la legislación estatal, la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras y Caminos en su artículo 9, introduce la perspectiva medio ambiental en la valoración del posible perjuicio que la construcción de carreteras y caminos puede tener sobre este bien jurídico:
Asimismo el Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 señala en su artículo 31.2: las actuaciones no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente que modifiquen el trazado de la carretera preexistente en una longitud acumulada de más de 10 kilómetros, incluirán asimismo la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
Esta evaluación del impacto ambiental (según el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 Enero, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos) identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
a) El ser humano, la fauna y la flora. b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
En la legislación andaluza, nos encontramos con la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, la cual va más allá que la ley estatal, ya que establece la incorporación del impacto paisajístico en la planificación y ejecución de obras de carreteras. El artículo 31 de dicha Ley incorpora el denominado Proyecto de restauración paisajística que se utilizará para la ejecución de la revegetación del dominio público viario y de su entorno, sin que necesariamente tenga que estar vinculada su redacción y ejecución a las obras de carreteras ni a la contratación del proyecto de ejecución. Dicho estudio contendrá el diseño completo de la adecuación paisajística y de determinadas medidas correctoras de carácter medioambiental de la ejecución de obras de carreteras, con el detalle necesario para hacer factible la ejecución de la correspondiente restauración paisajística del dominio público viario y del entorno afectado.
- Reforzar la atención a la integración paisajística de las carreteras y sus instalaciones asociadas (p.e. áreas de descanso).
- Promover la realización de carreteras con aspectos paisajísticos, por ejemplo mediante recorridos panorámicos.
- Elaborar un manual específico para los elementos de la carretera (señalizaciones, medianeras, glorietas, vallas acústicas,…).
En la legislación estatal, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, establece el régimen jurídico de las vías pecuarias. Según el artículo 1 es objeto de dicha Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, el establecimiento de la normativa básica aplicable a las vías pecuarias. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Refiriéndose explícitamente al paisaje como elemento que ha de ser respetado en el mantenimiento y conservación de las mismas.
Dada la vasta extensión de la red de vías pecuarias albergan un enorme potencial para la valorización paisajística y turística.
Desde la óptica de actuación de las Comunidades Autónomas, sobre las vías pecuarias, ha de perseguir el objetivo de asegurar la adecuada conservación de las mismas, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos. Sin embargo, no se ofrece mecanismo alguno en virtud del cual la Comunidad Autónoma se vea limitada en su decisión de creación, desafección o modificación del trazado de una vía pecuaria, en la cual se incorpora el paisaje como elemento realmente definitorio, ya que únicamente en el supuesto de los usos complementarios se prevé que si pueda resultar incompatible con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas o prácticas deportivas tradicionales, se establezcan determinadas restricciones temporales a dichos usos (art. 17.3).
De esta forma y, aunque se menciona inicialmente como criterio general, el paisaje no se incorpora realmente como elemento que pueda condicionar esos usos más allá de lo que pueda suponer la posible declaración de impacto medio ambiental, pero tampoco como criterio que impida una desafección (art. 10) o una modificación del trazado generado como consecuencia de una nueva ordenación territorial (arts. 11 y 12). No obstante en estos dos últimos artículos se refieren a la integridad superficial e idoneidad de los itinerarios trazados como elementos que deberán asegurarse en dichas alteraciones, lo que de alguna forma constituyen elementos integradores del paisaje.
Atención: Constituyen una vía de protección medio ambiental del paisaje las vías pecuarias consideradas corredores ecológicos, protección de los hábitats derivada de la red natura 2000 (establecida por la directiva 92/43/CEE) y que integra la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Los corredores verdes se han impulsado en nuestro país con fines básicamente turísticos, introduciendo las cualidades paisajísticas para la realización de itinerarios continuos en todo el territorio nacional, aunque no es la protección del paisaje el objetivo directo de su creación.
En cuanto a la legislación andaluza, el Decreto 155/1998 de 21 Julio, por el que se desarrolla el Reglamento de Vías Pecuarias, no introduce ninguna novedad en materia de protección del paisaje respecto la legislación estatal.
La Ley 39/2003, de 27 de noviembre, del sector ferroviario prevé varias fases en relación con la construcción de infraestructuras ferroviarias que resulten ser integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General (art. 7).
La planificación requiere de un estudio informativo que comprende el análisis y la definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales, de las opciones de trazado de una actuación determinada y, en su caso, de la selección más recomendable como solución propuesta. Este informe incluye un estudio de impacto ambiental y constituye el documento básico a efectos de la correspondiente evaluación ambiental prevista en la legislación ambiental.
La proyección y construcción de infraestructuras ferroviarias se deberá hacer conforme disponga la correspondiente resolución del Ministerio de Fomento.
Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de infraestructura tendrán la consideración de obras de interés general y sus proyectos son, previamente a su aprobación, comunicados a la administración urbanística competente a efectos de que se compruebe su adecuación al correspondiente estudio informativo y emita el correspondiente informe.
Ninguna de estas fases ni controles integra el impacto paisajístico de la construcción ferroviaria, más allá del particular que se remite a la legislación medio ambiental en relación con los paisajes especialmente singulares desde esta perspectiva y, de otro lado, en el ámbito de los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística a los que se remite la propia Ley del sector ferroviario, en la medida en que no se pueden perturbar o impedir el ejercicio de las competencias atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias.
La única referencia al paisaje que aparece en dicha Ley es el art. 15.2 el cual establece:
La instalación de sistemas de telecomunicación no es una excepción a la afirmación general de que las obras de infraestructura afectan al paisaje. En la medida en que la protección del paisaje se integra en otros ámbitos del Ordenamiento Jurídico, como el medio ambiente (ya que dicho paisaje reúne las condiciones naturales para ello) o el patrimonio histórico (porque el paisaje constituye desde la legislación sectorial correspondiente, un entorno digno de protección), entre otros, esas obras e instalaciones, por razón de la naturaleza del paisaje afectado, se deben ajustar a los requerimientos de las correspondientes leyes sectoriales. Pero además de ello, la legislación de telecomunicaciones tiene alguna previsión al respecto, no tanto en la dirección de proteger el paisaje, como de agrupar los sistemas por razones de limitación de espacio.
La actual Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, no hace referencia expresa al paisaje. En su art. 30, se refiere a la ubicación compartida de las infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada, las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada. Cuando los operadores tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada y no puedan ejercitar por separado dichos derechos, por no existir alternativas por motivos justificados en razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial, la Administración competente en dichas materias, previo trámite de información pública, acordará la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras en que se vayan a apoyar tales redes, según resulte necesario. A falta de acuerdo, las condiciones del uso compartido se establecerán, previo informe preceptivo de la citada Administración competente, mediante Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Va a ser el planeamiento urbanístico y territorial el que limite la instalación de redes de telecomunicaciones. Para ello ha de solicitarse a la Administración General del Estado, el oportuno informe relativo a las necesidades de redes públicas de comunicación electrónicas en el ámbito territorial a que se refieren (art. 26.2 de la Ley General de telecomunicaciones). En este mismo artículo se establece que los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas contenidas en los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y garantizarán la no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector. En este sentido, el Tribunal Supremo viene interpretando que los diferentes municipios pueden condicionar la instalación de redes de telecomunicaciones en el planteamiento urbanístico, estableciendo los requisitos y condiciones para su obra e instalación, siempre y cuando no se traduzca ello en restricciones al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten desproporcionadas.
El Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación, hace referencia al uso común de infraestructuras, pero no hace mención alguna al paisaje. Su objetivo fundamental es el de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomunicaciones.
- Considerar el paisaje en el despliegue en el territorio de las instalaciones de telecomunicación (antenas, cableado, …)
- Siempre que resulte posible, optar por el soterramiento o antenas colectivas
- Reducir la contaminación visual existente en la fachada de los edificios