Source: https://boe.vlex.es/vid/hipotecario-extrajudicial-hipotecas-18150918
Timestamp: 2019-07-22 01:17:35
Document Index: 107106067

Matched Legal Cases: ['Artículo 234', 'artículo 129', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'artículo 234', 'artículo 236', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'artículo 236', 'Artículo 236', 'artículo 132', 'artículo 236', 'artículo2']

Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo, por el que se modifica el Reglamento hipotecario en materia de ejecución extrajudicial de hipotecas. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18150918
Fecha de Entrada en Vigor: 14 de Mayo de 1992
Marginal: BOE-A-1992-8906
Norma citada en: 30 sentencias, 68 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 24 resoluciones administrativas
El incremento del crédito hipotecario en nuestro país en estos últimos años ha sido de tal volumen que puede considerarse cómo uno de los fenómenos más significativos de nuestra expansión económica. En efecto, la cartera de créditos con garantía Hipotecaria se ha cuadruplicado en el período 1982-1989.
Está circunstancia, que por un lado pone de manifiesto el vigor del crédito territorial, determina, por otro, una enorme presión sobre la administración de justicia que, a la postre, puede poner en peligro el dinamismo de un sector de Vital importancia para la cobertura de necesidades tan básicas de los ciudadanos cómo son las relativas a la adquisición de viviendas. Es precisó, por ello, desviar parte de las ejecuciones hipotecarias del cauce judicial, tal y cómo se ha hecho en otros países con Resultados esperanzadores. La gran certeza que ofrecen la documentación pública y la publicidad registral de las relaciones hipotecarias hacen que esté objetivo sea plenamente viables sin merma de las debidas garantías del deudor. Ha de tenerse en cuentas, por otra parte, que la ejecución de la hipoteca constituye el ejercicio de un Derecho privado el Derecho del acreedor a la enajenación de la cosa hipotecada que puede efectuarse privadamente cuándo así se ha pactado.
Por ello, ante la necesidad de agilizar las ejecuciones hipotecarias y de remover los obstáculos procedimentales que pudieran constreñir la expansión del crédito territorial, se ha considerado oportuno revisar la disciplina del denominado ‹procedimiento ejecutivo extrajudicial›. El propósito no ha sido otro que el de arbitrar un dispositivo viable, equilibrado y seguro que ofrezca un cauce alternativo para la satisfacción del Derecho del acreedor.
Desde el punto de vista técnico, la revisión ha procurado la armonización de los distintos intereses en juego. En esté aspecto ha de destacarse que la dirección y ordenación notarial de la actividad realizatoria se cohonesta con una minuciosa regulación de los trámites a seguir y de las incidencias que eventualmente puedan aparecer; que la posible colisión entre los derechos del acreedor y los de terceros se resuelve por el exclusivo criterio de la prioridad registral, de sencilla constatación por parte del notario, sin perjuicio del establecimiento de un caude adecuado para resolver posibles tercerías de mejor Derecho, que no paraliza la enajenación del bien y que la regulación de la suspensión del procedimiento (por las mismas causas previstas para el procedimiento judicial sumario en La Ley hipotecaria), se conjuga con la debida salvaguarda del Derecho de impugnación de la hipoteca objeto de ejecución en tanto ésta no se haya consumado.
En su virtud, a propuesta del ministro de justicia, previó informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con El Consejo de estado y previa deliberación del consejo de ministros en su reunión del día 27 de marzo de 1992
‹Artículo 234. 1. La tramitación de la ejecución extrajudicial prevista por el artículo 129 de La Ley requerirá que en la escritura de constitución de la hipoteca se haya estipulado la sujeción de los otorgantes a esté procedimiento y que consten las siguientes circunstancias:
1. El valor en que los interesados tasan la finca para que sirva de tipo en la subasta. Dicho valor no podrá ser distinto del que, en su casó, se haya fijado para el procedimiento judicial sumario.
2. La estipulación en virtud de la cuál los otorgante hayan pactado la sujeción al procedimiento de ejecución extrajudicial de la hipoteca deberá constar separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura.
Artículo 236. 1. La realización extrajudicial de la hipoteca se llevará a Cabo ante el notario hábil para actuar en el lugar dónde radique la finca hipotecada y, si hubiese más de uno, ante el que corresponda con arreglo a turno.
Cuándo sean varias las fincas hipotecadas y radiquen en lugares diferentes, podrá establecerse en la escritura de constitución cuál de Ellas determinará la competencia notarial. En su defecto, ésta vendrá determinada por la que haya sido tasada a efectos de subasta con un mayor valor.
3. El acta a que se refiere el apartado anterior no requiere unidad de acto ni de contexto y se incorporará al Protocolo en la fecha y bajo el número que corresponda al momento de su terminación o, en su casó, de su suspensión, sin perjuicio de que, en esté último supuesto, pueda reanudarse y concluirse en fecha y bajo número posterior.
Artículo 236-C. 1. Si de la certificación registral no resultan obstáculos a la realización Hipotecaria solicitada, el notario practicará un requerimiento de pago al deudor indicándole la causa y fecha del vencimiento del crédito y la cantidad reclamada por cada concepto y advirtiéndole que de no pagar en el término de Díez días se procederá a la ejecución de los bienes hipotecados siendo de su cargo los Gastos que ello ocasione.
Transcurridos Díez días desde el requerimiento sin que éste hubiere sido atendido, el notario procederá a notificar la iniciación de las actuaciones a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio, si fuese distinta del deudor, así cómo a los titulares de cargas, gravámenes y asientos posteriores a la hipoteca que se ejecuta, para que puedan, si les conviene, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del crédito y de los intereses y Gastos en la parte asegurada por la hipoteca.
Si los domicilios fueran desconocidos, si no resultase posible la notificación por cédula o por correo con acuse de recibo, o si el notario dudase de la efectiva recepción de aquélla, se procederá a la notificación por medio de anuncios, que se fijarán en el tablón del Ayuntamiento y del Registro de la propiedad y se insertarán, cuándo el valor de la finca, a efectos de subasta, exceda de 5.000.000 de pesetas, en el ''boletín Oficial'' de la Provincia o de la Comunidad autónoma correspondiente.
3. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, cualquier adquirente de un Derecho Real, carga o gravamen que recaiga sobre un bien hipotecado podrá hacer constar en el Registro un domicilio en territorio nacional en el que desee ser notificado en casó de ejecución. Está circunstancia se hará constar por nota al margen de la inscripción del Derecho Real, carga o gravamen del que sea titular.
Artículo 236-E. 1. Si el tercer poseedor Paga el importe reclamado en la parte que esté garantizado con la hipoteca, el notario dará por terminada su actuación y por conclusa el acta con la diligencia de haberse efectuado el pago. Dicha acta podrá servir, en su casó, para la cancelación de la hipoteca.
En casó afirmativo, se continuarán éstas, ocupando el que pagó la posición jurídica que correspondía al acreedor satisfecho.
En otro casó, se darán por terminadas las actuaciones y por conclusa el acta con la diligencia de haberse efectuado el pago. Dicha acta será título bastante para la consignación en el Registro de la subrogación del pagador en todos los derechos del acreedor satisfecho.
3. Los anuncios se fijarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y del Registro de la propiedad y se insertarán en el ''boletín Oficial'' de la Provincia o de la Comunidad autónoma en que se practique la ejecución y en el de aquélla o aquéllas en que radiquen las fincas, si el valor que sirve de tipo para la subasta excede de 5.000.000 de pesetas. Si el valor excede de 12.000.000 de pesetas, se publicarán, además, en el ''boletín Oficial del estado''. Asimismo, a petición y a Costa del interesado que lo solicité, podrá publicarse en cualquier otro medio.
4. En los anuncios se expresará, de forma concisa, la identificación de la finca, el lugar, día y hora en que ha de celebrarse la subasta, el tipo que servirá de basé a la misma y las circunstancias siguientes: Que la documentación y la certificación del Registro a que se refieren los artículos 236-A y 236-B pueden consultarse en la notaría; que se entenderá que todo licitador acepta cómo bastante la titulación; y que las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes.
Artículo 236-G. 1. Las subastas se celebrarán en la notaría dónde se sigan las actuaciones o en el local señalado por el notario al efecto. Cuándo hubiere varias notarías en el lugar de radicación de la finca, la junta directiva del colegio notarial podrá facilitar un local dónde puedan efectuarse las subastas.
6. Si el acreedor tampoco hiciese uso de esté Derecho, se celebrará la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 7.
Celebrada la tercera subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la segunda, el acreedor que no hubiese sido rematante, el dueño de la finca o un tercero autorizado por ellos podrán mejorar la postura en el término de cinco días. Si en esté plazo no se fórmula ninguna petición, la finca quedará adjudicada al rematante.
Cuándo pidan la mejora, deberá consignar cada uno de aquéllos, excepto el acreedor, el 50 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la segunda subasta, y el notario, seguidamente, abrirá nueva licitación entre estos postores y quedará la finca adjudicada al que hiciese la proposición más ventajosa. La licitación se realizará el día señalado por el notario dentro de los cinco siguientes a aquél en que se hubiera mejorado la postura. Si el primer postor, en vista de
La mejora hecha por el segundo, manifestare que renuncia, se prescindirá de la licitación y la finca quedará rematada a favor del segundo.
1. El acreedor podrá concurrir cómo postor a Todas las subastas y no necesitará consignar cantidad alguna para tomar parte en la licitación.
3. En las subastas, desde el anunció hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previó. Los pliegos se conservarán cerrados por el notario y serán abiertos al comienzo del acto de licitación, no admitiéndose ya posturas verbales inferiores a la mayor de aquéllas.
4. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero. El rematante que ejercitare está facultad habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el notario ante el que se celebró la subasta, con Asistencia del cesionario, quién deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del resto del precio del remate.
2. En el mismo plazo deberá aceptar la adjudicación el rematante que hubiere hecho la postura por escrito y, en su casó, efectuarse la cesión del remate.
3. Si el rematante fuera el mismo acreedor, sólo consignará la diferencia entre el importe del remate y la cantidad a que ascienda el crédito y los intereses asegurados por la hipoteca, sin perjuicio de que, cuándo se practique la liquidación de los Gastos de la ejecución, se reintegre al acreedor, con lo que haya consignado, del importe de los originados, hasta la cantidad asegurada por la hipoteca.
4. Del mismo modo se procederá cuándo el acreedor hubiera pedido que se le adjudique la finca o fincas y el importe asegurado por la hipoteca sea inferior al fijado cómo tipo para la subasta.
2. Si en el plazo fijado no consignase el rematante el complementó del precio, se considerará sin efecto el remate principal y se estimará realizado en favor del postor que le hubiese seguido en el orden de su postura, siempre que se hubiese producido la reserva y la aceptación prevista en el apartado anterior y que la cantidad ofrecida por éste, sumada a las consignaciones pérdidas por los rematantes anteriores, alcancen el importe del remate principal fallido.
4. Los depósitos constituidos por el rematante y, en su casó, por los postores a que se refiere el apartado anterior se destinarán, en primer término a satisfacer los Gastos que origine la subasta o subastas posteriores y el resto, si lo hubiere, al pago del crédito, intereses y demás Gastos de la ejecución.
5. En el casó de ser el propio acreedor ejecutante el rematante o adjudicatario, y de no consignar la diferencia entre el precio del remate o de la adjudicación y el importe del crédito y de los intereses asegurados con la hipoteca en el término de ocho días, contados desde que se le notifíque la liquidación de está diferencia, se declarará también sin efecto, el remate, pero responderá el acreedor de cuántos Gastos originen la subasta o subastas posteriores que sea precisó celebrar y no tendrá Derecho a percibir intereses de su crédito durante el tiempo que se emplee en verificarlas.
2. El sobrante, si hubiere acreedores posteriores, se consignará en el oportuno establecimiento público quedando afectó a las resultas de dichos créditos. Está circunstancia se hará constar en el Registro por nota marginal.
Artículo 236-1. Verificado el remate o la adjudicación y consignado, en su casó, el precio, se procederá a la protocolización del acta y al otorgamiento de la escritura pública por el rematante o el adjudicatario y el dueño de la finca o la persona designada conforme al artículo 234.
2. En la escritura se harán constar los trámites y diligencias esenciales practicados en cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores y, en particular, que se practicaron las notificaciones prevenidas en los artículos 236-C y 236-D; que el importe de la venta o adjudicación fue igual o inferior al importe total garantizado por la hipoteca y, en casó de haberlo superado, que se consignó el sobrante en la forma prevista en el apartado segundo del artículo 236-K.
3. La escritura será título bastante para la inscripción a favor del rematante o adjudicatario así cómo para la cancelación de la inscripción de la hipoteca ejecutada y de todos los asientos de cargas, gravámenes y derechos consignados en el Registro con posterioridad a élla. Se exceptúan aquéllos asientos ordenados por la autoridad judicial de los que resulte que se halla en litigio la vigencia misma de la hipoteca.
Artículo 236-M. El adjudicatario podrá pedir la posesión de los bienes adquiridos al juez de Primera instancia del lugar dónde radiquen.
Artículo 236-ñ. 1. El notario sólo suspenderá las actuaciones cuándo se acredite documentalmente la tramitación de un procedimiento criminal, por falsedad del título hipotecario en virtud del cuál se proceda, en que se haya admitido querella, dictado Auto de procesamiento o formulado escrito de acusación, o cuándo se reciba la comunicación del Registrador de la propiedad a que se refiere el apartado tercero del artículo 236-B.
Artículo 236-O. En cuanto a las demás reclamaciones que puedan formular el deudor, los terceros poseedores y los demás interesados se estará a lo dispuesto, en cuanto sea de aplicación, en los cinco últimos párrafos del artículo 132 de La Ley Hipotecaria.›
Las Disposiciones del Reglamento hipotecario modificadas e introducidas por el presente Real Decreto se aplicarán exclusivamente a las ejecuciones extrajudiciales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del mismo, cualquiera que fuere la fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitución de la hipoteca.›
El domicilio establecido a efectos de requerimientos y notificaciones para el procedimiento judicial sumario en las escrituras otorgadas antes de la entrada en virtud de esté Real Decreto servirá igualmente para los requerimientos y notificaciones que hayan de practicarse en el seno de la ejecución extrajudicial.
Primera. Se autoriza al ministro de justicia para actualizar las cuentías previstas en el apartado 2 del artículo 236-D y en el apartado 3 del artículo2 236-F, a partir de las cuáles se impone la publicación de anuncios en los boletínes oficiales a que dichas Disposiciones se refieren, de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo.
Segunda. Se autoriza al ministro de justicia para dictar las Disposiciones que sean precisas para el desarrolló de las normas reguladoras de la ejecución extrajudicial de hipotecas.
DECRETO 8/1993, de 28 de enero, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo abscritos a Funcionarios Publicos.