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Timestamp: 2020-07-10 19:56:33
Document Index: 229679216

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 39', 'artículo 55', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 85', 'artículo 52', 'artículo 85', 'artículo 53', 'artículo 85', 'Artículo 58', 'artículo 23']

Se añade una nueva disposición adicional, la segunda, a la Ley 25/1985, de 10 de diciembre, de los consejos escolares, con el siguiente texto:
«1. Al Consejo Escolar de la ciudad de Barcelona, dada su singularidad, le es de aplicación el régimen establecido para los consejos escolares territoriales, con la composición específica que se determine por decreto.
«2. El régimen de los consejos escolares de distrito es el que la presente Ley establece para los consejos escolares municipales, con la composición específica que se determine por decreto.»
1. Se modifica el artículo 5 de la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Son también objeto de la presente Ley:
«a) Las encuestas de intención de voto o de la valoración de los partidos políticos.
«b) Los estudios postelectorales.
«c) Los estudios de evaluación de políticas o servicios del Gobierno de la Generalidad y los demás que sean relevantes para la acción de gobierno.
«2. Los estudios y encuestas a que se refiere el presente artículo se llaman estudios de opinión de la Generalidad.»
2. Se modifican los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 39 bis de la Ley 23/1998, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. Las disposiciones del capítulo V no son de aplicación a los estudios de opinión de la Generalidad.
«2. Los estudios de opinión de la Generalidad deben desarrollarse por vía reglamentaria siguiendo los principios establecidos por el presente artículo.
«3. La respuesta de los ciudadanos a las demandas de información para estudios de opinión de la Generalidad es siempre voluntaria.»
«5. Los empleados públicos y los agentes encargados de recoger información para estudios de opinión de la Generalidad deben leer de viva voz la declaración siguiente a las personas a las que se pide información:
«"a. Las informaciones que les pedimos son para elaborar un estudio de opinión oficial.
"b. La Administración y los funcionarios que utilicen esta información están obligados por ley a garantizar su anonimato y al secreto estadístico, o sea, a no divulgar de ningún modo sus respuestas individuales y a no utilizarlas para ninguna otra finalidad que no sea la elaboración de un estudio de opinión oficial.
"c. Tienen derecho a no responder todas o algunas de las preguntas."»
3. Se modifica el artículo 55 bis de la Ley 23/1998, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los estudios de opinión deben archivarse en el Registro Público de Estudios de Opinión una vez concluido el proceso de elaboración técnica de los mismos.
«2. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que lo solicite puede obtener información sobre los estudios de opinión de la Generalidad en las mismas condiciones que la demás información estadística de la Generalidad.
«3. El acceso a los resultados de los estudios de opinión de la Generalidad debe poder realizarse en todo caso en el plazo máximo de tres meses a contar de la fecha de finalización de los trabajos de campo.
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto por los apartados 1, 2 y 3, debe enviarse al Parlamento un avance provisional de los resultados de los estudios de opinión de la Generalidad que se refieran a la intención de voto y a la valoración de los partidos y líderes políticos, en un plazo no superior a dos meses desde la finalización de los trabajos de campo.
«5. El Instituto de Estadística de Cataluña debe trasladar al Parlamento cada tres meses la relación circunstanciada de los estudios de opinión de la Generalidad finalizados y entrados en el Registro.»
3. En el caso de que se viaje sin billete o con un título de transporte no validado, deben adoptarse las siguientes medidas:
a) El personal de la empresa operadora debe requerir a la persona usuaria el abono de la percepción mínima correspondiente, con una bonificación del 50% con respecto a ésta en el caso de pago inmediato.
b) En el caso de que la persona usuaria no efectúe el pago inmediato de la percepción mínima, el personal de la empresa operadora debe solicitarle que se identifique para gestionar el cobro. En el caso de que no se efectúe el pago durante los treinta días posteriores a la intervención, la Administración titular del servicio debe tramitar el procedimiento sancionador correspondiente.
c) Si la persona usuaria se niega a identificarse, el personal de la empresa operadora debe solicitar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que la identifiquen, sin perjuicio de la facultad de requerir a la persona usuaria que abandone el medio de transporte o las instalaciones.
Número 3 del artículo 52 redactado por el número 1 del artículo 52 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
4. En el caso de que se viaje con un título de transporte no válido para las características del trayecto o de la persona usuaria, deben adoptarse las medidas establecidas por el apartado 3. Asimismo, en el caso de que, previa identificación de la persona usuaria, se compruebe que se trata de un título de transporte que no es válido para sus características, o cuando ésta se niegue a identificarse y, por lo tanto, no se haya podido comprobar este aspecto, el personal de intervención debe retener el título y depositarlo en el lugar que se determine para que su titular, previa acreditación, pueda retirarlo.
Número 4 del artículo 52 redactado por el número 1 del artículo 52 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Número 7 del artículo 52 introducido por el número 2 del artículo 52 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Número 8 del artículo 52 introducido por el apartado 2 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).
Número 9 del artículo 52 introducido por el apartado 3 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).
3. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución a la persona denunciada es de seis meses.
Número 3 del artículo 53 redactado por el apartado 4 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).
Los gastos por la realización de actuaciones preventivas programadas por el Departamento de Trabajo e Industria, competente en la ejecución de políticas de prevención de riesgos laborales y en cumplimiento de los mandatos parlamentarios en esta materia, deben ser equivalentes, como mínimo, a las cantidades ingresadas en concepto de sanciones económicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales recaudadas por el citado departamento.
Artículo 58 redactado por el artículo 23 de la Ley [CATALUÑA] 12/2004, 27 diciembre, de medidas financieras («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2005