Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-618-de-agosto-5-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8f4a661ebb00b0a6e0430a010151b0a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 11:36:28
Document Index: 159433663

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 53', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 31', 'Artículo 52', 'Artículo 59', 'artículo 64', 'artículo 60', 'Artículo 90', 'Artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 7']

﻿ Sentencia T-618 de agosto 5 de 2010
SENTENCIA T-618 DE 05 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN. PLANTEAMIENTOS JURISPRUDENCIALES UNIFICADOS SOBRE EL TRASLADO DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA EN EL CASO DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Sentencia T-618 de agosto 5 de 2010
Sentencia T-618 de 2010
Ref.: Expediente T-2538309
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el 28 de agosto de 2009, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, el 30 de noviembre de la misma anualidad, que resolvieron la acción de tutela promovida por Gloria Osorio Portela contra el Instituto de Seguro Sociales e ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Fue vinculada oficiosamente en sede de revisión la AFP BBVA Horizonte.
El 14 de agosto de 2009, la señora Gloria Osorio Portela instauró acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales e ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., por considerar que estas con sus actuaciones le vulneran los derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad, a la seguridad social y a la vejez en condiciones dignas, atendiendo los siguientes hechos:
1.1. La accionante nació el 12 de octubre de 1952(1), dice ser beneficiaria del régimen de transición que establece la Ley 100 de 1993 y se encuentra afiliada a la Administradora de Fondo de Pensiones ING.
1.2. Ante la pérdida evidente de varios beneficios, solicitó el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida que administra el Instituto de Seguro Social, pero en la oficina de afiliación y registro de la seccional Risaralda de dicho instituto, se negaron a recepcionar la solicitud “aduciendo que me faltaban menos de 10 años para cumplir la edad mínima, además que no acreditaba 15 años de cotización al 1º de abril de 1994”.
1.3. Mediante derecho de petición fechado el 13 de mayo de 2009 y dirigido al jefe nacional de afiliación y registro del Instituto de Seguros Sociales(2), la actora solicitó nuevamente el traslado de régimen pensional de la AFP ING al ISS, con fundamento en que al 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, cumplía con uno de los requisitos exigidos en el artículo 36, cual es, tener 35 años de edad. Indica que si bien no cumplía con los 15 años de cotizaciones, no puede perderse de vista que “los requisitos para el traslado son disyuntivos”.
1.4. En respuesta al derecho de petición(3), el jefe del departamento nacional de afiliación y registro del Instituto de Seguros Sociales, mediante oficio VA-DNAYR Nº 2009-6775 del 9 de julio de 2009, le informó a la accionante que no era viable el traslado de régimen pensional porque le faltaba menos de 10 años para cumplir la edad mínima para tener derecho a la pensión de vejez.
1.5. La actora considera que el Instituto de Seguros Sociales desconoció los precedentes jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional, según los cuales “los beneficiarios del régimen de transición que se habían trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, podrían regresar al régimen de prima media con prestación definida, o sea que podrían regresar de las administradoras de fondos pensionales al seguro social en cualquier tiempo antes de pensionarse y que el único requisito era trasladar lo que tenían ahorrado en esos fondos al seguro social, independientemente que les faltara menos de 10 años para pensionarse”. Al no darse aplicación a tal precedente, estima que no se le respetó el derecho a disfrutar de las condiciones laborales que le son más beneficiosas, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
2.1. Mediante escrito del 24 de agosto de 2009 y recibido en la misma fecha en la secretaria del juzgado a quo, la gerente de ING Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías, solicitó al juez constitucional declarar improcedente la acción de tutela porque “ING autorizó el traslado de la señora Osorio al ISS y trasladó los aportes de la accionante a dicho Instituto”.
Resaltó que ING Pensiones efectuó el 23 de agosto de 2005 la consignación de los aportes en la cuenta del Banco de Occidente reportada por el ISS para tal efecto, por valor de $ 3.697.565(4). Así mismo, que el traslado de los aportes lo reportó al ISS mediante el aplicativo SIAFP, medio idóneo de comunicación entre las administradoras de pensiones y aplicativo exigido por el ISS para validar la historia laboral(5).
2.2. A pesar de estar debidamente notificado mediante oficios 0381, 0382 y 0383 del 18 de agosto de 2009, recibidos en las instalaciones de la entidad el 21 de agosto de la misma anualidad, el Instituto de Seguros Sociales guardó silencio frente a la solicitud tutelar.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en sentencia del 28 de agosto de 2009, negó por improcedente la tutela presentada por la actora, al considerar que esta cuenta con otro mecanismo de defensa para ventilar la controversia del cambio de régimen pensional, como es acudir al juez ordinario laboral. Sumado a ello, precisó que no existe un perjuicio irremediable que habilite el amparo transitorio de los derechos constitucionales invocados. Finalizó diciendo que la accionante no puede trasladarse de régimen pensional porque no cumple con el requisito de haber cotizado un mínimo de 15 años en el fondo y porque le restan menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez.
La accionante impugnó el fallo adverso arguyendo para tal fin que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece que son beneficiarios del régimen de transición las mujeres que hayan acreditado 35 años de edad y 40 años de edad en el caso de los hombres, o 15 años de servicios cotizados. Estimó que tales requisitos son disyuntivos y, por ende, basta que se configure uno de ellos para que se haga efectiva la aplicación del régimen de transición y se estructure un derecho adquirido a favor del afiliado. Así, consideró que el Instituto de Seguros Sociales incurrió en una vía de hecho al negarse el traslado de régimen pensional, desconociéndole el derecho adquirido que le asiste por haber acreditado 35 años de edad al 1º de abril de 1994.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, en sentencia del 30 de noviembre de 2009, confirmó el fallo denegatorio de amparo constitucional, esgrimiendo que la accionante no pertenece a la población de la tercera edad, no ha hecho uso del mecanismo ordinario con el fin de retornar al régimen de prima media solicitado y no existe prueba en el expediente sobre la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que torne procedente la tutela. Concretamente, frente al tema de traslado de regímenes pensionales en caso de personas beneficiarias del régimen de transición, indicó que la accionante si bien contaba al 1º de abril de 1994 con 42 años de edad, no tenía los 15 años de servicios cotizados ya que su primera cotización al sistema de pensiones apenas inició en abril de 1998.
III. Pruebas decretadas por la sala de revisión.
3.1. En auto del 25 de marzo de 2010, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, dispuso que a través de la secretaría general de la corporación, se oficiara al Instituto de Seguros Sociales para que remitiera certificación en la que conste la relación de aportes mensuales en materia de pensiones que efectuó la accionante a esa entidad antes del 1º de abril de 1994.
Así mismo, que informara (i) si en el mes de agosto de 2005 recibió el traslado de los aportes que realizó Gloria Osorio Portela a ING Pensiones y Cesantías S.A., mediante consignación por valor de $ 581.078.231 que incluyen los $ 3.697.565 cotizados por aquella en periodos interrumpidos desde el año 1998 hasta el 2005; y, (ii) si en la actualidad ha recibido algún aporte o cotización pensional de parte de Gloria Osorio Portela.
En escrito recibido en la Secretaría General de la Corte el 21 de abril del año que avanza, el gerente nacional de historia laboral y nómina de pensionados del Instituto de Seguros Sociales, remitió el reporte de semanas cotizadas por la accionante desde el 7 de diciembre de 1970 hasta el 31 de marzo de 1994 a esa entidad, el cual arrojó un total de 1055 semanas(6). Y, respecto a la transferencia de aportes efectuada por el fondo de pensiones ING, indica que remitió por competencia la solicitud de información al departamento de devoluciones de aportes de ese instituto.
Precisamente, mediante oficio ODA 10-07054 del 26 de abril de 2010, el departamento de devolución de aportes del ISS, señaló que en la consignación efectuada por la AFP ING el 23 de agosto de 2005 por valor de $ 581.078.231, no están incluidos el traslado de aportes de Gloria Osorio Portela.
Después de ello, en escrito recibido el 30 de abril de 2010, el jefe del departamento nacional de afiliación y registro del ISS, indicó que la accionante no cumple con el requisito que establece el literal e) del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por cuanto le faltan menos de 10 años para tener derecho a la pensión de vejez y ello se traduce en la imposibilidad de avalar el traslado pensional. Agregó que “verificada la base de datos del Instituto encontramos que la fecha de nacimiento de la accionante fue el 12 de octubre de 1952, el requisito de edad para la pensión de vejez contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el régimen de transición, es de cincuenta y cinco (55) años, razón por la cual con base en el Concepto 7116 del 26 de octubre de 2006 del Ministerio de la Protección Social, no resultaría viable el estudio del traslado a la luz de la Sentencia C-1024 por cuanto ya superó la edad mínima de pensión”.
“a) Si la señora Gloria Osorio Portela, identificada con la cédula de ciudadanía 24.949.805 de Pereira, se encuentra actualmente afiliada a ese fondo de pensiones. En caso negativo, explique hace cuánto tiempo se traslado de régimen o se desafilió del sistema.
b) Si dentro de la consignación que hizo a favor del Instituto de Seguros Sociales el 23 de agosto de 2005 por valor de $ 581.078.231 correspondiente al traslado de aportes pensionales de 71 afiliados, se encuentra incluida la suma de $ 3.697.565 correspondientes a los aportes que realizó en ese Fondo Gloria Osorio Portela de forma interrumpida entre los años 1998 y 2005. En caso de ser positiva la respuesta, deberá aportar la relación completa de los nombres de tales afiliados y de las sumas discriminadas que fueron objeto de consignación.
c) Si el Instituto de Seguros Sociales, ante el rechazo en el traslado de régimen pensional de la afiliada Gloria Osorio Portela, procedió a devolver o restituir el valor de los aportes de esta que fueron consignados en el año 2005 por ING Pensiones y Cesantías S.A.”.
En escrito recibido en la secretaría general de esta corporación el 9 de abril de 2010, el representante legal de ING Pensiones y Cesantías S.A., indicó que la actora radicó el 21 de junio de 2005 solicitud de vinculación ante el Fondo Obligatorio de Pensiones Horizonte, “dicha solicitud de traslado fue aprobada por ING y procedimos al traslado de los aportes a la cuenta individual el día 22 de agosto de 2005 por valor de $ 3.697.565. Así las cosas, confirmamos que la señora Gloria Osorio Portela, se encuentra válidamente vinculada a Horizonte”.
Además, rectificó que en la consignación efectuada al Instituto de Seguros Sociales el 23 de agosto de 2005, por valor de $ 581.978.231 correspondiente al traslado de 71 afiliados, “No se encuentra incluida la suma de $ 3.687.565 correspondiente a los aportes de la señora Osorio, por cuanto dichos aportes fueron consignados en la Administradora de Fondo de Pensiones Horizonte”.
“a) Si la señora Gloria Osorio Portela, identificada con la cédula de ciudadanía 24.949.805 de Pereira, se encuentra actualmente afiliada a ese fondo de pensiones. En caso positivo, informe la fecha exacta de afiliación o de traslado.
En escrito del 11 de mayo de 2010, la abogada de la secretaría general de la AFP BBVA Horizonte, indicó que la accionante se encuentra válidamente vinculada a esa entidad desde el 21 de junio de 2005, y que ING Pensiones y Cesantías les realizó el traslado del saldo de la cuenta individual de Gloria Osorio Portela, correspondiente a $ 3.697.565.
Señaló que si bien en principio la accionante estaría incursa en la prohibición de traslado de régimen señalada en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por estar a menos de 10 años de cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS, no puede perderse de vista que dando cumplimiento al precedente constitucional que permite el traslado de régimen en cualquier momento, según la información de la historia laboral de la accionante emitida por la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gloria Osorio Portela tiene al 1º de abril de 1994 más de 15 años de servicios cotizados, lo que en su sentir habilita la procedencia del traslado. Para acreditar lo anterior, aportó copia de dicha historia laboral.
Concretamente, el sistema general de seguridad social en pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que la misma ley determina, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones(7). Quiero ello decir que garantiza una cobertura universal a todos los habitantes del territorio nacional, dentro de las restricciones que su naturaleza de derecho programático le impone.
El sistema de pensiones en comento se compone por dos modalidades solidarias, excluyentes pero que coexisten(8), como lo son el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Aunque la afiliación a cualquiera de estos regímenes es obligatoria, la selección de uno de estos sistemas es libre(9) y, una vez hecha la selección inicial, los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse de un régimen pensional a otro, con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993(10).
3.2. En el régimen solidario de prima media con prestación definida los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que dado su carácter parafiscal, no pueden ser entendido como dineros pertenecientes a la Nación(11). Con ese fondo común se garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, y además, la obtención de la pensión de vejez, invalidez, o de sobreviviente, o una indemnización sustitutiva de la pensión, para los nuevos afiliados y sus beneficiarios(12).
Este régimen es administrado por el Instituto de Seguros Sociales(13), y por las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en la misma ley. Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de vejez, previamente establecida en la ley, cuando cumplan con los requisitos legales de edad y semanas cotizadas.
3.3. Por su parte, el régimen de ahorro individual con solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados(14). Se basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, los cuales son consignados en la cuenta individual de cada afiliado constituida a título personal, con el fin de garantizar el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, así como las indemnizaciones especiales que consagra este régimen. Por lo anterior, “existe una relación directa entre el capital ahorrado en la cuenta individual de los afiliados y la pensión, lo cual determina que el valor de la pensión sea variable y no previamente definido como en el régimen de prima media. El sistema garantiza la pensión de vejez únicamente a condición de haber reunido en la cuenta individual el capital necesario para financiarla, sin que sea necesario el cumplimiento de una edad determinado o de un número mínimo de semanas cotizadas, requisitos propios del sistema de prima media con prestación definida(15)”(16).
El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituyen un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones(17), que es administrado por entidades privadas especializadas que hacen parte del sistema financiero, y que están sometidas a inspección y vigilancia del Estado(18).
(ii) Que como se desprende de la lectura del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador estableció el régimen de transición en favor de tres categorías de trabajadores que, al momento de entrar en vigor dicha ley, esto es el 1º de abril de 1994, cumplieran con determinados requisitos. Esas categorías son: en primer lugar, los hombres que tuvieran más de 40 años; en segundo lugar, las mujeres mayores de 35 años y; en tercer lugar, los hombres y las mujeres que, independientemente de su edad, tuvieran más de 15 años de servicios cotizados(19).
Ahora bien, en la misma Sentencia SU-062 de 2010, esta corporación señaló que si bien los beneficiarios del régimen de transición tienen libertad para escoger el régimen pensional al que se desean afiliar y también poseen la facultad de trasladarse entre ellos, no puede perderse de vista que la escogencia del régimen de ahorro individual o el traslado que hagan al mismo, trae para ellos la consecuencia que consagra los incisos 4º(20) y 5º(21) del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, la pérdida de la protección del régimen de transición. Ello implica entonces que, para obtener el derecho a la pensión de vejez deben acreditar los requisitos que establece la Ley 100 de 1993 y no los de las normas anteriores, a pesar de ser más favorables para aquellos.
En esa oportunidad, la Sala Plena planteó como problema jurídico si es admisible constitucionalmente que el legislador imponga como requisito para aplicar el régimen de transición que las personas no renuncien al sistema de prima media con prestación definida, a lo cual señaló que el legislador puede imponer ciertos requisitos y restringir con ello el acceso de las personas al régimen de transición, siempre y cuando tales restricciones sean razonables y proporcionadas.
• Sentencia C-1024 de 2004: con ocasión de una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 797 de 2003(22), que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, un ciudadano planteó que la norma acusada vulneraba los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, al restringirle al trabajador el derecho de trasladarse de régimen pensional cuando le falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.
La ratio decidendi de esa decisión se fundamentó en que, si bien es cierto que el periodo de carencia previsto en la norma acusada, esto es, que el afiliado no pueda trasladarse de régimen pensional cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, es razonable y proporcional porque el objetivo perseguido es evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media con prestación definida(23), al igual que es adecuado porque conlleva a un fin constitucionalmente válido como es asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes para garantizar el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, no puede perderse de vista que de acuerdo con los argumentos esbozados en la Sentencia C-789 de 2002, las personas que hayan cotizado 15 años o más al 1º de abril de 1994, tienen un “derecho adquirido a estar o a permanecer en el régimen de transición”, lo que impone que puedan retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida en procura de hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten más beneficiosas.
Partiendo de ese derecho adquirido estimó, como consecuencia lógica, el derecho a trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida en cualquier momento para hacer efectivo el derecho a pensión, pero estableció como única condición “que al cambiarse de régimen nuevamente se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad” (destacado fuera del texto).
Para contextualizar el problema, es necesario que esta Sala mencione que según el texto original del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, se destinaba el 3,5% de la cotización para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, y el porcentaje restante se destinaba para el pago de la pensión de vejez.
Dicho artículo fue posteriormente modificado por el artículo 7º de la Ley 797 de 2003, el cual no cambió la distribución del aporte en el régimen de prima media con prestación definida, pero sí lo hizo en el régimen de ahorro individual. Por consiguiente, a partir de la nueva ley, en el último régimen en mención, el 1,5% de la cotización se destina al fondo de garantía de pensión mínima, mientras que en el régimen de prima media con prestación definida, ese 1,5% se abona para financiar la pensión de vejez del afiliado. Quiero ello decir que, siempre será mayor el porcentaje destinado para la pensión de vejez en el régimen de prima media que en el de ahorro individual.
Revisando el texto del mencionado decreto, la Sala Plena señaló que aquel fija las reglas (i) para escoger uno de los dos regímenes en procura de evitar la multiafiliación en el sistema y (ii) para trasladar allí el ahorro efectuado en el otro. Estimó que a pesar de su objeto, el cual se centra en solucionar la situación generalizada de multiafiliación pensional, “en el artículo final del decreto se prescribió que las reglas para traslado de recursos descritas en el artículo 7º se aplicarían no solo en los casos de multiafiliación pensional sino también en los casos de las personas beneficiarias del régimen de transición que solicitaran regresar al régimen de prima media en los términos de las Sentencia C-789 de 2002 y C-1024 de 2004”(24).
Precisamente, las reglas para el traslado de recursos se encuentran contempladas en el artículo 7º del Decreto 3995 de 2008, y prescriben que cuando se trate de una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad, deberá trasladar el total del saldo que reposa tanto en la respectiva cuenta individual del trabajador, como en el fondo de garantía de pensión mínima del RAIS(25). De esta forma, “[e]l artículo 7 soluciona el impedimento al que alude la Sentencia T-818 de 2007 pues estipula que cuando se realice traslado de recursos del régimen de ahorro individual al régimen de prima media se debe incluir lo que la persona ha aportado al fondo de garantía de pensión mínima. Recuérdese que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de equivalencia del ahorro provenía, precisamente, de que en el régimen de ahorro individual el afiliado destina 1,5% de su cotización mensual al fondo de garantía de pensión mínima, mientras que en el régimen de prima media ese 1,5% se dedica, junto con otro porcentaje del aporte mensual, a financiar la pensión de vejez; pero si al trasladarse de régimen al afiliado le devuelven lo que ha contribuido al mencionado fondo, la distribución del aporte contemplada en la Ley 797 de 2003 ya no obstaculiza el cumplimiento de la exigencia impuesta en la Sentencia C-789 de 2002 por la Sala Plena”(26).
Sentencia T-324 de 2010: esta misma Sala de Revisión tuvo la oportunidad reciente de estudiar el caso de un ciudadano que solicitaba el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida y que no cumplía con el requisito de tener al 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados; por consiguiente, la decisión tomada fue la de confirmar el fallo denegatorio de amparo constitucional.
Sentando un claro precedente frente al tema que merece ser reiterado, en la consideración central de la sentencia, esta Sala señaló, a título de conclusión, que “solo pueden trasladarse, en cualquier momento, del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, las personas que al 1º de abril de 1994, tenían 15 años de servicios cotizados, independientemente de si se tratan de hombres o de mujeres, y de la edad que tenían para esa fecha. Quiero ello decir que, corrigiendo lo que se dijo en la Sentencia T-818 de 2007, la posibilidad de traslado pensional para los beneficiarios del régimen de transición, no admite únicamente el cumplimiento de la edad de 35 años en el caso de las mujeres y 40 años en el caso de los hombre; por ende, no se puede considerar la existencia de requisitos disyuntivos según los cuales, basta el cumplimiento de uno solo de ellos, específicamente el de edad, para poder devolverse al régimen pensional administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Queda claro entonces que, el único requisito que se debe acreditar es el de tener 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994”.
En forma adicional, precisó que quienes son acreedores del traslado pensional, deberán trasladar todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, lo cual incluye el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador en la respectiva cuenta individual y en el fondo de garantía de pensión mínima del RAIS. Dicho ahorro no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido bajo la administración del Seguro Social. Si llegaré a ser inferior solamente por la diferencia de rentabilidad dada entre los fondos (común y privados), se le debe ofrecer al beneficiario la posibilidad de aportar, en un tiempo prudente, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.
Analizando el caso objeto de estudio, en primer lugar, la Sala estima que la acción de tutela se torna procedente para proteger los derechos invocados, habida consideración que si bien la actora cuenta con otro mecanismo de defensa, cual es, aducir a la jurisdicción ordinaria laboral en procura de controvertir la negativa del traslado pensional, no lo es menos que ese mecanismo resulta ser dispendioso y poco efectivo para garantizar en forma inmediata el amparo de sus derechos debido a que, probablemente, en el momento en el cual el juez laboral se disponga a decidir sobre la solicitud de traslado, la negará a causa de que el régimen de transición ya no estará vigente teniendo en cuenta que, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el cual se reformó el artículo 48 superior, se prescribió que este expiraría el 31 de julio de 2010.
Si bien a la fecha de esta sentencia de tutela el plazo señalado ya se cumplió, lo cierto es que la solicitud inicial de traslado pensional data del año 2005 y la negligencia por parte de la administración en concederlo, no puede ser cargada ni lesionar los derechos que le asisten a la actora. Es más, conforme al parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la Constitución, el cual fue incluido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición se extiende por vía exceptiva hasta el año 2014 para los trabajadores que al 25 de julio de 2005 —fecha de publicación del acto legislativo—, tuviesen cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicio, situación que como se verá más adelante, supera con creces la señora Gloria Osorio Portela.
En segundo lugar, la Sala al comprobar si la accionante hace parte o no del régimen de transición que establece el artículo 36 de la ley 100 de 1993, encuentra que la señora nació el 12 de octubre de 1952, es decir que, para el 1º de abril de 1994, contaba con 41 años de edad cumplidos, lo cual la ubica como beneficiaria del mentado régimen. Sin embargo, al tenor de los incisos 4º y 5º del artículo en comento, las mujeres de 35 años de edad o más para esa fecha, que siendo beneficiarios del régimen de transición, se hayan acogido voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad y decidan posteriormente retornar al de prima media con prestación definida, no podrán hacerlo ya que como se explicó, el solo cumplimiento de la edad no los ubica como beneficiarios del cambio de régimen pensional.
En tercer lugar, revisada la historia laboral que anexó el Instituto de Seguros Sociales durante el trámite de revisión surtido ante esta corporación, la Sala constata que la accionante cotizó desde el 7 de diciembre de 1970 hasta el 31 de marzo de 1994 a esa entidad, 1055 semanas que equivalen a 20 años, 6 meses y 5 días aproximadamente. Por consiguiente, la actora cumple con el requisito de tener mínimo 15 años de servicios cotizados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siendo este un presupuesto indispensable para habilitar su regreso en cualquier momento al régimen de prima media con prestación definida.
Así mismo, se le ordenará a la AFP BBVA Horizonte que, en caso de encontrar satisfecho el requisito de la equivalencia del ahorro, inicie los trámites pertinentes para trasladar al régimen de prima media, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, la totalidad del ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad por la señora Gloria Osorio Portela, de conformidad con el artículo 7º del decreto 3995 de 2008, lo cual deberá cumplirse efectivamente en un término máximo de 15 días calendario.
También se le ordenará a la AFP BBVA Horizonte que, en caso de que la exigencia de la equivalencia del ahorro no sea cumplida por la accionante, le ofrezca la posibilidad de aportar, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media; al cabo de lo cual deberá iniciar los trámites pertinentes para trasladar al régimen de prima media, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, la totalidad del ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad por la señora Gloria Osorio Portela y la diferencia aportada por la misma, de conformidad con el artículo 7º del Decreto 3995 de 2008, lo cual deberá cumplirse efectivamente en un término máximo de 15 días calendario.
1. LEVANTAR el término de suspensión para proferir fallo dispuesto en auto del 26 de abril de 2010.
2. REVOCAR las sentencias proferidas el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por Gloria Osorio Portela contra el Instituto de Seguro Sociales e ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., y la vinculada oficiosamente en sede de revisión AFP BBVA Horizonte. En su lugar, CONCEDER el amparo al derecho fundamental a la seguridad social de la actora.
3. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales y a la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Horizonte, que en el término de 8 días calendario contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a verificar, de forma coordinada, el cumplimiento por parte de la señora Gloria Osorio Portela del requisito de la equivalencia en el ahorro, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia.
5. ORDENAR a la AFP BBVA Horizonte que, en caso de que la exigencia de la equivalencia del ahorro no sea cumplida por la accionante, le ofrezca la posibilidad de aportar, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media; al cabo de lo cual deberá iniciar los trámites pertinentes para trasladar al régimen de prima media, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, la totalidad del ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad por la señora Gloria Osorio Portela y la diferencia aportada por la misma, de conformidad con el artículo 7º del decreto 3995 de 2008, lo cual deberá cumplirse efectivamente en un término máximo de 15 días calendario.
6. ORDENAR que por secretaría general de la Corte se remita el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, quien se encargará de vigilar el cumplimiento de la sentencia.
(1) A folio 10 del expediente, aparece fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Gloria Osorio Portela.
(2) Cfr. folios 12 a 13 ibídem.
(3) Cfr. folio 11 ejúsdem.
(4) A folios 25 a 27 del expediente, se observa constancia expedida el 24 de agosto de 2009 por ING pensiones, en la cual indica que la señora Gloria Osorio Portela solicitó traslado al régimen pensional de prima media con prestación definida, trámite que se autorizó y finalizó con la devolución de aportes de su cuenta individual por valor de $ 3.697.565. Dicho valor fue consignado el 23 de agosto de 2005 a la cuenta del Instituto de Seguros Sociales.
(5) A folio 22 ibídem, se observa constancia expedida el 24 de agosto de 2009 por ING pensiones, en la cual indica que la historia laboral de Gloria Osorio Portela fue reportada ante el sistema de información de los fondos de pensiones SIAFP, por los periodos correspondientes de 1998-04 a 1999-06, del 2000-11 al 2001-05, del 2002-07 al 2002-12 y del 2003-03 al 2005-07. Lo anterior para que el Instituto de Seguros Sociales pudiera activar la nueva afiliación.
(6) Nota de redacción: una comunicación similar emanada por el gerente nacional de historia laboral y nómina de pensionados del ISS, fue recibida en esta corporación el 28 de mayo de 2010. Allí nos informan nuevamente el número de semanas cotizadas por la accionante hasta el 1º de abril de 1994 y envía copia del oficio de respuesta expedido por el departamento de devolución de aportes de ese instituto.
(7) Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
(8) Sentencias T-750 de 2006 y T-080 de 2010.
(9) Artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993.
(10) Dicho literal anteriormente indicaba que los afiliados solo podían trasladarse de régimen por una sola vez cada tres años, contados a partir de la selección inicial. Posteriormente, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, aumentando el periodo que deben esperar los afiliados para cambiarse de régimen pensional a cinco años. Además, incluyó una prohibición: el afiliado no podrá trasladarse cuando le falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Prohibición que empezó a regir un año después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003.
(11) Sentencia C-378 de 1998.
(12) Artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
(13) Artículo 52 de la Ley 100 de 1993.
(14) Artículo 59 de la Ley 100 de 1993.
(15) Conforme al artículo 64 de la Ley 100 de 1993, los afiliados tendrán derecho a retirarse a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta les permita obtener una pensión superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente.
(16) Sentencia SU-062 de 2010.
(17) Literal d) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993.
(18) Artículo 90 ibídem.
(19) Estas tres categorías de trabajadores fueron establecidas en la Sentencia C-789 de 2002 y posteriormente fueron reiteradas en las sentencias C-1024 de 2004 y T-1014 de 2008.
(20) Inciso 4º: “Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen de transición tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen”.
(21) Inciso 5º: “Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida”.
(22) “Artículo 2º. Se modifican los literales a), e),i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:
e) Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez (...)”.
(23) Según esta sentencia, la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media con prestación definida tendría lugar cuando: “se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes” (...) “permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al concepto constitucional de equidad (C.P., art. 95), sino también al principio de eficacia pensional”.
(24) “Capítulo VII. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión. ART. 12.—Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del régimen de prima media, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el régimen de transición. La AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda la información necesaria para que el ISS realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7º del presente decreto. Una vez recibida la información contará con 20 días hábiles para manifestar si es viable el traslado”.
(25) “ART. 7º—Traslado de Recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:
Tratándose del régimen de prima media con prestación definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo periodo de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los periodos respectivos.
(26) Sentencia SU-062 de 2010.