Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-49714-de-diciembre-4-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f222582562810222e0430a0101510222&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 23:37:46
Document Index: 167546982

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 230', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 230', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 141']

﻿ Sentencia 49714 de diciembre 4 de 2013
SENTENCIA 49714 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA - NORMAS REGRESIVAS. EL JUEZ DEBE ABSTENERSE DE APLICAR DISPOSICIONES LEGALES REGRESIVAS, INCLUSO EN SITUACIONES CONSOLIDADAS ANTES DE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DE ESAS EXIGENCIAS QUE CONSTITUÍAN UN OBSTÁCULO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PENSIONAL. ES VIABLE INAPLICAR POR VÍA DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EL REQUISITO DE FIDELIDAD DE COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, FIJADO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 860 DEL 2003, EN CASOS EN QUE LA INVALIDEZ SE ESTRUCTURÓ DURANTE SU VIGENCIA, ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE JUSTICIA Y EQUIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, SEGURIDAD SOCIAL, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, INCAPACIDAD LABORAL
Sentencia 49714 de diciembre 4 de 2013
SL871-2013
Radicación 49714
La demandante solicitó se le aplique lo contenido en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, y que dada la calificación emitida por la junta de calificación de invalidez del Valle, tiene derecho al reconocimiento de la pensión, la cual reclama a partir del 9 de diciembre de 2004, junto con las mesadas atrasadas, incluyendo las de junio y diciembre, así como los intereses (fls. 9 a 16).
En sustento de lo anterior informó que nació el 8 de diciembre de 1938; que fue dictaminada por la junta de calificación de invalidez del Valle, con pérdida de capacidad laboral del 56.90%, con fecha de estructuración el 9 de diciembre de 2004; que cotizó 154 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de invalidez, y que el Instituto de Seguros Sociales le negó esa prestación por no reunir los requisitos señalados en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.
El demandado se opuso a las pretensiones, e indicó que no se acreditó el requisito de fidelidad del 20%, contado desde que la actora arribó a la edad de 20 años, y la primera fecha de calificación. Admitió los hechos, y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación por carencia de los requisitos legales para otorgar pensión de invalidez, y por haberse reconocido el derecho de indemnización sustitutiva, cobro de lo no debido y prescripción (fls. 33 a 40).
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, por sentencia del 30 de julio de 2010, declaró no probadas las excepciones formuladas por el demandado, y lo condenó a reconocer a la demandante la pensión de invalidez de origen común, a partir del 9 de diciembre de 2004, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, junto con el retroactivo pensional desde el 14 de julio de 2006 al día 30 del mismo mes pero del año 2010, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre, y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; autorizó al Instituto de Seguros Sociales, a descontar de las condenas, la suma de $ 2.022.621, por concepto de indemnización sustitutiva (fls. 142 a 151).
Por apelación de la parte demandada, el ad quem mediante providencia del 22 de septiembre de 2010, confirmó la de primera instancia (fls. 5 a 14, cdno. tribunal).
Para ello, y en lo que interesa al recurso de casación señaló, que frente al requisito de fidelidad al sistema, por el que se negó la prestación, debía aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, tal como lo señaló la Sentencia T-485 del 21 de julio de 2009, la cual transcribió en extenso; luego dijo que “Con este mismo criterio, la Sala considera que en las decisiones para casos con anterioridad al 1º de julio de 2009, que tengan por base el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, respetando que la cosa juzgada constitucional solo opera para el futuro y que no tienen efectos retroactivos, salvo que la misma decisión lo prevea, empero, en el ordenamiento jurídico no pueden haber decisiones proferidas con posterioridad a la sentencia de exequibilidad (C-428, jul./2009) sobre asuntos del pasado aún no fallados, a sabiendas por el juez del conocimiento que ya en calendas existe una decisión que retira del ordenamiento un dispositivo normativo total o parcialmente, para lo cual debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad acudiendo a su sentido de razonamiento, comprensión, coherencia y congruencia con el sistema jurídico, toda vez (sic) la sentencia de inexequibilidad reafirmó que el mandato de progresividad y la prohibición de no regresividad de la legislación implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, el amplio margen de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringido, por lo que en autos, siendo claramente regresivo (ya que viola el Convenio 102 de 1952 de la OIT sobre mínimos de seguridad social) el factor de fidelidad o densidad por invalidez del 20% de las semanas que debió cotizar del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, forzoso es inaplicar, con fundamento en el artículo 4º de la Carta, y de los artículos 48, 49, 46, 47, 53, 93 y 94 ibídem, que obligan al juez a hacer efectivos los derechos fundamentales de la seguridad social en pensiones de la persona, del discapacitado, del adulto mayor, a operar con aplicación del principio de progresividad para dar mayor cobertura a la persona y a la familia en cuestiones de seguridad social en pensiones, y a hacer viables los tratados y convenios internacionales, que amparen a los cotizantes al sistema de seguridad social, por lo que se itera inaplicar el artículo 1º de la 860(sic) de 2003 “y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido ente el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”, y en razón de tal excepción de inconstitucionalidad, se debe exigir como requisito mínimo para la pensión de invalidez en este caso concreto, el de 50 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración determinada por la junta regional de calificación de invalidez”.
Frente a los intereses moratorios, transcribió el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y manifestó que seguiría los lineamientos de la sentencia proferida por esta Sala el 12 de diciembre de 2007, Radicación 32003, de la cual transcribió un aparte; citó la sentencia del 23 de septiembre de 2002, Radicado 18512, y concluyó que los intereses moratorios debían consagrarse como lo indicó el a quo, es decir desde el 14 de julio de 2006 y hasta la fecha del pago efectivo.
Fue propuesto por el demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, el cual procede a resolver.
Pretende que se case totalmente la sentencia del tribunal, y en sede de instancia revoque la de primera instancia, y lo absuelva de todas las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en la causal primera de casación formula cuatro cargos que no fueron replicados.
Acusa la sentencia impugnada por vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 38, 40 y 141 de la Ley 100 de 1993, 4º, 46 al 49, 53, 93 y 94 de la Constitución Política y el Convenio 102 de 1952 de la OIT, lo cual condujo a la infracción directa de los artículos 37 y 45 de la Ley 100 de 1993, 45 de la Ley 270 de 1996, 1º de la Ley 860 de 2003 y 230 y 241 de la Constitución Política.
En la demostración del cargo dice que la norma vigente, y con presunción de constitucionalidad, para el momento de estructuración de invalidez de la actora, era el artículo 1º numeral 2º de la Ley 860 de 2003, la cual no había sido retirada del ordenamiento jurídico, mediante una sentencia de inconstitucionalidad, pues ello ocurrió tiempo después con la Sentencia C- 428 del 1º de julio de 2009, razón por la cual la inaplicación de esa norma va contra lo que señala el artículo 230 superior, toda vez que “... el abuso del control de constitucionalidad difuso, sustrayéndolo del órgano concreto y de cierre en materia constitucional, solo implica que el juez legisla para el caso en concreto, desconoce la normatividad vigente y de obligatorio cumplimiento, y, además se convierte en un Parlamento negativo sobrepoderoso y antidemocrático”; se refirió al artículo 45 de la Ley 270 de 1996, en el sentido que las sentencias emitidas por la Corte Constitucional tienen efectos hacia el futuro, disposición que señala, fue declarada exequible mediante Sentencia C-037 de 1996, y que cuando no se modulan los efectos de una providencia, supletoriamente debe acudirse al artículo antes mencionado, posición que ha sido asumida por esta corporación en sentencia del 11 de mayo de 2000, Radicado 13561, de la cual copió un aparte; por último afirma que la actora no reunió el requisito legal del porcentaje de fidelidad de cotización con el sistema, razón por la cual, no es beneficiaria de la pensión de invalidez de origen común, y que no puede decirse que la norma, frente a la cual se rebeló el tribunal, era inconstitucional desde su promulgación, toda vez que fue declarada parcialmente inexequible por vicios de fondo, y no de forma o creación.
Acusa la sentencia impugnada por vía directa, por aplicación indebida de los artículos 38, 40 y 141 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 860 de 2003, 4º, 46 al 49, 53, 93 y 94 de la Constitución Política y el Convenio 102 de 1952 de la OIT, lo cual condujo a la infracción directa de los artículos 37 y 45 de la Ley 100 de 1993, 45 de la Ley 270 de 1996 y 230 y 241 de la Constitución Política.
En la demostración vierte los mismos argumentos expuestos en el primer cargo, esto es, que la norma vigente y con presunción de legalidad para el momento de estructuración de la invalidez de la actora, era el numeral 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, la cual se cercenó aplicándose indebidamente, y se actuó en contravía del artículo 230 superior, toda vez que esa norma fue declarada inexequible a través de la Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, y por regla general, esas decisiones tienen efectos hacia el futuro.
Conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, se estudian conjuntamente los dos cargos propuestos, por cuanto están dirigidos por la misma vía, comparten similar proposición jurídica, y existe identidad tanto en los razonamientos expuestos como en el fin perseguido.
De acuerdo con la vía directa por la que se orientan las acusaciones, no es objeto de discusión en el recurso, que la demandante presenta una pérdida de su capacidad laboral del 56.90% por enfermedad común, estructurada el 9 de diciembre de 2004; que para ese momento se encontraba afiliada a la entidad de seguridad social demandada; que tenía acreditadas 50 semanas de cotización, todas ellas dentro de los 3 años anteriores a su invalidez; y que no cumplía con el requisito de la fidelidad al sistema que trata el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, norma que era la vigente para el momento en que se estructuró la discapacidad.
Para la Corte, si bien es cierto que en asuntos de similares características se ha exigido el requisito de la fidelidad al sistema a que alude el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en tratándose de casos en los que la estructuración de la invalidez se produjo en vigencia de dicha normativa y antes de la Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, que declaró inexequible la parte pertinente del inciso 1º de la norma en lo que es tema de discusión, la nueva composición de la Sala al reexaminar el tema que suscita controversia fijó mayoritariamente un nuevo criterio a ese respecto, en perspectiva del principio de progresividad de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, en cuanto se ha considerado que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones legales que resulten regresivas, aun frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de aquellas exigencias que constituían un obstáculo para la consolidación del derecho pensional.
Cosa diferente es cuando la Corte Constitucional haya emitido un juicio de constitucionalidad sobre determinada norma, es decir, que la encuentre ajustada a la Carta, porque ya allí no le será permitido al resto de jueces apartarse de tal decisión so pretexto de tener una visión diferente, dado el carácter erga omnes de tal decisión”.
La discrepancia de la recurrente con el fallo acusado estriba, en estricto rigor, en que la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 “genera la inexistencia de la norma hacía el futuro pero no puede desconocer las situaciones fácticas consolidadas durante la vigencia de la norma porque no es el sistema consagrado en nuestra Constitución, para los efectos de la inexequibilidad, en estas circunstancias es indudable que el h. tribunal superior ha debido aplicar el artículo 11 de la Ley 797/2003 que se encontraba vigente el 19 de febrero de 2003, fecha en la cual se estructuró la invalidez por la junta regional de Risaralda y en esa fecha el señor Jaime Londoño Londoño no cumplía con los requisitos que consagraba la ley vigente para el reconocimiento de la pensión de invalidez. No puede darse efectos retroactivos a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional y considerar que la norma aplicable era la consagrada en la Ley 100/93” (fl. 13, cdno. 3).
Y entonces, bajo estos supuestos no existe la menor duda de que el promotor del proceso tiene derecho a pensionarse con fundamento en la norma en precedencia, como acertadamente lo sostuvo el juez colegiado, sin que tenga que cumplir con la densidad de cotizaciones que exigía la mencionada Ley 797, como lo propone la entidad recurrente, por cuanto para la fecha de estructuración de la invalidez —feb. 19/2003— sufragó en su integridad las semanas requeridas por aquella ley, haciéndolo acreedor a la prestación que implora”.
(...) el tribunal concluyó que, como la invalidez del actor se estructuró el 30 de mayo de 2003, la norma vigente en ese momento era el citado artículo y luego de transcribirlo asentó que, como el promotor del pleito cotizó 42 semanas, se “... hace innecesario ubicar en qué tiempo se cotizaron, toda vez que son inferiores a las que se exigen en el artículo citado”. Es claro, así las cosas, que fundó su conclusión en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, lo que hacía ineludible la crítica de esa inferencia y, desde luego, la inclusión del precepto en la proposición jurídica.
Los aludidos preceptos deontológicos surgen de las disposiciones del orden jurídico vigente, tanto de rango legal como supralegal, en la específica materia de la seguridad social. En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda “persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.
Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que <En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación> (resalta y subraya la Sala)”.
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma una visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez.
En ese orden, conforme lo atrás descrito, no pudo haber equivocación del tribunal”.
Como consecuencia de lo anterior, no se configuran las violaciones a las normas legales denunciadas, en cuanto que el tribunal dispensó a la demandante para efectos de acceder a la pensión de invalidez incoada, del requisito de la fidelidad de cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de que trata el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Acusa la sentencia por la vía directa, por aplicación indebida de los artículos 145 y 151 del código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 2539 del Código Civil, 10 de la Ley 794 de 2003 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, violación de medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 37, 38, 40, 45 y 141 de la Ley 100 de 1993, artículo 1º de la Ley 860 de 2003, 4º, 46 al 49, 53, 93 y 94 de la Constitución Política y el Convenio 102 de 1952 de la OIT.
Dice que el tribunal cometió los siguientes errores de hechos:
“• Dar por demostrado, sin estarlo, que el fenómeno de la prescripción solo operó respecto de los derechos causados (“retroactivo pensional” e intereses moratorios) antes del 14 de julio de 2006.
• No dar por demostrado, estándolo, que el fenómeno de la prescripción extinguió cualquier derecho causado con anterioridad al 13 de julio de 2009”.
Señala como prueba apreciada erróneamente la Resolución 10783 del 2005 (fls. 2 y 3).
Para demostrar el cargo dice “que el tribunal condenó al seguro social a cancelarle a la actora unos derechos desde el 14 de julio de 2006 (intereses moratorios y “retroactivo pensional”) equivocadamente. Me explicó: de acuerdo con la Resolución 10783 de 2005 (fls. 2º y 3º, cdno. 1 expediente), evidencia mal estimada por parte del juez de segundo grado, la demandante le solicitó al ISS el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez el 14 de marzo de 2005”, solicitud que fue atendida negativamente, “la cual le fue notificada el 6 de septiembre de 2005, como lo aceptó el juez de apelaciones y no se discute en el cargo, esta presentó una demanda laboral ordinaria el 13 de julio de 2009”; que en aras de discusión, si se acudiera a los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 40 del Código Contencioso Administrativo, a partir del 14 de junio de 2005 se produjo el silencio administrativo negativo, y con él, la interrupción del término prescriptivo, razón por la cual, y tal como lo señala el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la actora tenía 3 años para presentar su demanda; que el Código Sustantivo del Trabajo no es aplicable al caso bajo examen, toda vez que la misma se regula por los artículos 145 y 151 del estatuto procesal del trabajo, 2539 del Código Civil y 10 de la Ley 794 de 2003, y “Solo la presentación de la demanda tuvo la virtud de interrumpir la prescripción, teniendo en cuenta que el auto admisorio de la misma le fue notificado personalmente al ente demandado dentro del año siguiente a su notificación de la demanda”; que si se aceptara que el reclamo escrito presentado ante el ente pensional, una vez transcurridos los 3 meses para que se presentara el silencio administrativo, interrumpió la prescripción, la demanda debió presentarse a más tardar el 14 de junio de 2008, y notificarse al demandado del auto admisorio de la demanda, a más tardar dentro del año siguiente a su notificación, pero la demanda, tal como señaló el ad quem, solo se presentó el 13 de julio de 2009; que “Por lo tanto, únicamente a partir de dicha fecha, insistimos, teniendo en cuenta que se le notificó al ente demandado del auto admisorio de la demanda dentro del año siguiente a su notificación, se produjo la interrupción”, y por ello, cualquier derecho causado con anterioridad al 13 de julio de 2009 se encuentra prescrito.
Acusa la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 2539 del Código Civil, 37, 38, 40, 45 y 141 de la Ley 100 de 1993, 10 de la Ley 794 de 2003, 1º de la Ley 860 de 2003, 4º, 46 al 49, 53, 93 y 94 de la Constitución Política y el Convenio 102 de 1952 de la OIT.
Dice, que se apreció erróneamente la Resolución 10783 de 2005 (fls. 2 y 3).
En su demostración vierte iguales argumentos a los expuestos en el tercer cargo, con la única diferencia que en este señala que “Creemos que las normas sobre la prescripción, al extinguir un derecho, son de carácter sustancial y, por lo tanto, no formulamos este cargo como violación de medio”.
Persigue el recurrente se case la sentencia del tribunal, en lo que tiene que ver con la prescripción de las mesadas pensionales, pues, según manifiesta, la misma debió prosperar frente a cualquier derecho causado con anterioridad al 13 de julio de 2009, fecha en la que se presentó la demanda.
De tal manera, debe recordar esta Sala el carácter extraordinario del recurso, que no lo convierte en una tercera instancia, menos “... está instituido para corregir defectos que tienen sus propios remedios en la ley procesal”, tal como se señaló, entre otras, en sentencia del 16 de octubre de 2012, Radicación 40085; lo anterior, porque aun cuando en el recurso de apelación formulado por el demandado (fls. 152 a 156) se solicitó expresamente que debía prosperar la excepción de prescripción tal como se formuló en el escrito de contestación a la demanda, el ad quem, al momento de proferir su decisión, nada dijo al respecto, pues únicamente se refirió al requisito de fidelidad contenido en el artículo 1º de la Ley 860 de 1993, y a la prosperidad de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Así, al no realizar ninguna inferencia fáctica como la que reprocha la censura, esto es relativa a la prescripción, no hay duda que no incurrió en los errores de hecho que se le enrostraron; además, comoquiera que no se pronunció frente a ese punto específico de la alzada, el demandado debió solicitar la adición o complementación de la sentencia, sin que lo hubiera hecho, y por ello, le estaba vedado acudir al recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario promovido por Micaela Mosquera contra el Instituto de Seguros Sociales.
Téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguro Social a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, conforme al escrito de folios 38 y 39 del cuaderno de la Corte.
Magistrados: Gustavo Hernando López Algarra—Jorge Mauricio Burgos—Ruiz Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.