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Timestamp: 2014-04-25 04:58:49
Document Index: 44915299

Matched Legal Cases: ['artículo 180', 'artículo 145', 'artículo 196', 'artículo 442', 'artículo 1505', 'artículo 1502', 'artículo 392']

Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 30 de Junio de 2005 - Jurisprudencia
Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 30 de Junio de 2005
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. - sociedades anónimas
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS - la terminación de los contratos
SOCIEDADES ANÓNIMAS - representación legal
SOCIEDADES ANÓNIMAS - La capacidad de la persona jurídica está determinada por su objeto social
SOCIEDAD FINSAL LTDA - inexistencia de perjuicios sufridos CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
Conformación del arbitraje y desarrollo del trámite preliminar.
Las partes del presente trámite, vale decir, Finsal Ltda. Asesores de Seguros, en lo sucesivo la convocante o Finsal, y Aseguradora de Vida Colseguros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A., en lo sucesivo la convocada o Colseguros, celebraron contratos de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros.
En la estipulación décima cuarta de dichos contratos, las partes pactaron cláusula compromisoria, que se transcribe a continuación:
Décima cuarta. Cláusula compromisoria: toda diferencia que surja entre las partes por la interpretación del presente contrato, su ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del mismo, no pudiendo arreglarse entre ellas, será resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo domicilio será la ciudad de Santafé de Bogotá, integrado por un (1) árbitro que será designado conjuntamente por las partes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al envío de la comunicación por correo certificado que una de ellas le haga llegar a la otra solicitando la conformación del tribunal; en caso de desacuerdo o falta de respuesta de la parte requerida, la otra parte podrá solicitar la designación del árbitro a la Cámara de Comercio de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. El tribunal así conformado funcionará en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. y el laudo deberá proferirse en derecho, dentro de un término no mayor a treinta (30) días a partir de la primera audiencia de trámite, sujetándose en un todo al Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991 y la Ley 446 de 1998 o la norma que corresponda .
Dicha cláusula fue modificada por las partes el 26 de julio de 2004, en lo que concierne al plazo para proferir el laudo arbitral, el cual fue ampliado a seis meses (acta 1 fls. 57 a 60 del cdno. ppal. 1).
La modificación de la cláusula compromisoria se hizo con arreglo a la ley, como quiera que fue hecha por los representantes legales de las partes, toda vez que en la audiencia correspondiente al acta citada en el punto anterior intervino la representante legal de la convocante y el apoderado de la convocada con facultades para ese efecto. Adicionalmente, a folio 93 del cuaderno principal 1 obra comunicación proveniente de la representante legal de la convocada en la que ratifica la modificación de la cláusula compromisoria y en particular la extensión del plazo para fallar.
El 28 de mayo de 2004, con fundamento en la cláusula transcrita, Finsal, mediante apoderado judicial designado para el efecto, solicitó la convocatoria del tribunal de arbitramento pactado, con el objeto de que se hicieran las declaraciones y condenas que se transcriben posteriormente.
El 26 de julio de 2004 se llevó a cabo la audiencia de instalación del tribunal de arbitramento en la que se modificó la cláusula compromisoria, se nombró al doctor Fernando Pabón Santander como secretario, quien tomó posesión de su cargo, y se fijaron los honorarios y gastos de funcionamiento del tribunal.
(sic) El 13 de septiembre de 2004 el tribunal admitió la solicitud de convocatoria y demanda arbitral presentada por la convocante y corrió traslado de la demanda a las convocadas por el término de diez (10) días.
El 27 de septiembre de 2004, la convocada, mediante apoderado judicial designado para el efecto, presentó escrito de contestación de la demanda, propuso excepciones de mérito y solicitó pruebas.
El 12 de octubre de 2004 se puso en conocimiento de la convocante el escrito de contestación de la demanda, por el término de tres (3) días.
El 21 de octubre de 2004 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, sin que las partes llegaran a acuerdo conciliatorio alguno. Así mismo, se celebró la primera audiencia de trámite en la que el tribunal se declaró competente para conocer y decidir la controversia. En la misma actuación el tribunal profirió el auto de pruebas del proceso.
Síntesis de las cuestiones objeto de controversia.
Señala la convocante que mediante el reconocimiento del certificado público 26424 y la asignación de una clave para adelantar los negocios de corretaje en los ramos autorizados por parte de las sociedades convocadas, Finsal se desempeñó por más de 25 años como agente colocador de seguros de Colseguros sin que existiera una sola objeción en su contra de parte de aquellas (hechos 1, 2 y 3).
Según la demanda, Finsal, en desarrollo de dicha relación comercial, obtuvo innumerables clientes asegurados con Colseguros , a cambio de los cuales recibió como remuneración las comisiones reconocidas para cada uno de los negocios celebrados (hecho 4).
Señala la demanda que la relación comercial que vinculaba a ambas partes estuvo regulada principalmente, por la práctica generalizada en el sector de seguros en donde los agentes de seguros pueden actuar como intermediarios con el certificado público y la asignación de una calve por parte de las compañías aseguradoras, y en ocasiones por contratos escritos, siendo el último de ellos aquel suscrito en septiembre de 2002 con vigencia hasta diciembre de ese mismo año (hechos 5 y 6).
Durante el año 2003 las partes renovaron de manera tácita el contrato mencionado. No obstante, mediante comunicación de 11 de abril de 2003 suscrita por el gerente de Salud y Vida de Colseguros, el señor Gustavo A. Ospina N., y el gerente administrativo de Colseguros, el señor Darío F. Melo, quienes, según la demanda, no ostentan la calidad de representantes legales de las sociedades convocadas, Finsal fue informado de la terminación unilateral de los contratos y de su vinculación comercial con Colseguros a partir del 15 de abril de 2003 (hechos 7 y 8).
Agrega la convocante que posteriormente, Colseguros canceló la clave que le había asignado a Finsal y dirigió una comunicación a cada uno de los clientes vinculados por aquella, mediante la cual les informaba sobre dicha cancelación y les sugería cambiar de intermediario o manejar las pólizas a través de clave directa con las compañías (hechos 9 y 11).
Según la convocante, los mencionados contratos se encuentran vigentes, toda vez que la comunicación de terminación unilateral no ha producido efectos de manera formal y legal, por cuanto quienes suscribieron tal notificación no tienen capacidad legal para obligar o actuar válidamente en nombre y representación de Colseguros (hechos 10 y 12).
Las pretensiones de la demanda.
Se declare que la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros suscrito entre Finsal Ltda. y Colseguros, comunicada por Colseguros con fecha efectiva del 15 de abril de 2003, no tiene validez alguna, por cuanto dicha comunicación fue suscrita por los señores Gustavo A. Ospina N., y Darío F. Melo, quienes no ostentaban la calidad de representantes legales de Colseguros y por lo tanto no tenían la capacidad legal para actuar válidamente en nombre de la citada aseguradora y producir efectos en el campo jurídico, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Comercio .
Se declare, en consecuencia, que los contratos de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros celebrado entre Fisnal(sic) Ltda. y Colseguros se encuentran vigentes.
Que se condene a Colseguros al pago de las comisiones dejadas de devengar, por los contratos de seguros de los clientes que tenían contratadas pólizas con la sociedad colocadora de seguros Finsal Ltda., desde el momento de la comunicación de terminación unilateral, hasta la fecha de la sentencia, en sumas de dinero debidamente indexadas con la variación del IPC anual, por cada año que transcurra entre el 15 de abril de 2003 y la fecha de la sentencia.
Que se liquide sobre dichas sumas de dinero interés moratorio a la tasa máxima reportada por la Superintendencia Bancaria, para cada período anual en mora de pago.
Que se condene a Colseguros a pagar la suma de sesenta millones de pesos, o la que resulte determinada por actuario que actúe como perito, a favor de Finsal Ltda. a título de indemnización de perjuicios en virtud de las decisiones ilegalmente adoptadas por Colseguros por haberle cancelado unilateralmente los citados contratos, impidiéndole continuar con su labor profesional de promover la celebración de contratos de seguros mediante la vinculación de clientes en los diferentes ramos de seguros que tenía habilitados a comercializar y la renovación de las pólizas con los clientes existentes a abril 15 de 2003, a título de lucro cesante, y como daño emergente el causado en el medio asegurador al cancelarle su vinculación comercial y profesional con las convocadas induciendo a un manto de sospecha acerca de su conducta comercial y profesional.
Se condene en costas y agencias en derecho de este proceso a Colseguros .
El 27 de septiembre de 2004, Colseguros, mediante apoderado judicial designado para el efecto, presentó escrito de contestación de la demanda en el que se pronunció sobre los hechos de la misma y propuso las excepciones que denominó: INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN ALGUNA A CARGO DE LAS CONVOCADAS, DERIVADA DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS, EN TANTO Y EN CUANTO DICHA TERMINACIÓN UNILATERAL ES VÁLIDA Y POR ENDE LEGAL, PUES, FUE REALIZADA POR FUNCIONARIOS DE COLSEGUROS Y RATIFICADA POR UNA REPRESENTANTE LEGAL DE LAS CONVOCADAS; AUSENCIA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA SOCIEDAD CONVOCANTE PARA PRETENDER QUE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS REALIZADA POR LAS CONVOCADAS, NO TIENE VALIDEZ ALGUNA; INEXISTENCIA DE PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA SOCIEDAD FINSAL LTDA. Y A CARGO DE LAS CONVOCADAS POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE; LAS DEMÁS GENÉRICAS QUE SE PRESENTEN EN EL DESARROLLO DE LA CONTROVERSIA (mayúsculas del texto original).
Desarrollo del trámite arbitral.
1.8. El 22 de febrero de 2005, con fundamento en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil , el tribunal de manera oficiosa decretó una complementación al dictamen pericial.
En este orden de ideas, resultando que la relación procesal existente en el presente caso se ha configurado regularmente y que en su desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no aparezca saneado, imponga darle aplicación al artículo 145 del Código de Procedimiento Civil , es de rigor decidir sobre el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las partes y en orden a hacerlo son pertinentes las siguientes
La vigencia de los contratos.
Segunda. Término de duración
El presente contrato tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2002, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda darlo por terminado con anterioridad, sin necesidad de preaviso, mediante comunicación dirigida a la otra parte, en la que le exprese la decisión de darlo por terminado; esta comunicación no requiere de motivación alguna. La decisión unilateral de que trata este numeral no generará a cargo de la parte que decide dar por terminado el contrato indemnización o prestación alguna, no así en caso de que la compañía decida dar por terminado el contrato por cualquiera otra de las causales establecidas en este contrato o por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la agencia de seguros establecidas en este contrato y la ley, en cuyo caso, la agencia de seguros responderá conforme a lo establecido en este contrato y la ley (& ) .
Sra. Salgado: Sí, concretamente el contrato escrito que fue firmado en el año 2002 contemplaba una vigencia hasta diciembre de este año, ese contrato se prorrogó tácitamente, es decir no hubo un nuevo documento en el año 2003, pero se prorrogó tácitamente y estuvo vigente hasta el momento en que la compañía decidió darlo por terminado .
En el mismo sentido, la comunicación de 23 de julio de 2003 suscrita por la doctora Salgado y dirigida a Finsal con ocasión de un requerimiento de la Superintendencia Bancaria a Colseguros, ratifica lo anterior en los siguientes términos:
Aseguradora de Vida Colseguros S.A. suscribió un contrato de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros con Finsal Ltda. Asesores de Seguros, con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2002 (anexo 1).
La aseguradora y el intermediario no firmaron nuevo contrato, pero el vínculo comercial siguió rigiéndose por el aludido contrato, es decir, las partes prorrogaron el contrato de manera tácita .
Así las cosas, el tribunal procede a analizar las circunstancias de terminación de los contratos referidos, lo que constituye el núcleo de las pretensiones de la solicitud del convocatoria arbitral, bajo el entendido que para la época en que se presentaron los hechos que constituyen la causa petendi de la convocante, los contratos que la vinculaban con Colseguros se encontraban vigentes y operantes, hecho que se reitera fue aceptado por ambas partes y no ha sido motivo de discrepancia que deba ser desatada por el tribunal.
La terminación de los contratos.
Ha sido aceptado por la doctrina que la capacidad jurídica tiene dos manifestaciones principales: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera es un atributo de toda persona que consiste en la aptitud legal para ser sujeto de relaciones jurídicas, adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad de ejercicio es la habilidad de esa persona para ejercer o hacer valer sus derechos por sí misma. Sin embargo, en las personas jurídicas la capacidad de ejercicio es restringida en la medida en que aquellas solo operan a través de su respectivo representante legal(1), quien ha sido revestido de facultades para actuar en nombre y representación de la persona jurídica y, por consiguiente, tiene competencia e idoneidad para comprometer la voluntad de dicha persona.
De conformidad con la legislación comercial (C.Co., art. 442), las sociedades anónimas son representadas por las personas que figuren inscritas en el registro mercantil como gerentes principales y suplentes, quienes por disposición del artículo 196 del Código de Comercio ostentan la capacidad para celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad .
La representación se refiere a los actos que la sociedad lleva a cabo con terceros, o a los contratos que celebra, por conducto de la persona natural que la hace presente en unos y otros, pues en las relaciones externas todas las manifestaciones de la actividad jurídica de la sociedad se realizan por intermedio de esa persona que, como órgano de aquella, tiene la función representativa (2).
En ese sentido, la sociedad solo puede obrar por medio de su representante legal, quien es la única persona que puede comprometerla en la medida en que dispone de las facultades legales y estatutarias para ello. Contrario sensu, las actuaciones realizadas por personas que no ostentan la calidad de representantes legales de la compañía no comprometen a la sociedad(3).
& la representación legal surge de una regla de derecho que impone a las personas jurídicas tener un representante, el que constituye un órgano de gestión externa con poderes y facultades limitados o restringidos en los estatutos, presupuesto que determina el límite dentro del cual puede contratar y a partir del cual, sus actos generan directa y eficazmente efectos entre el tercero y la sociedad; a contrario sensu, el acto o contrato no puede vincular al representado, sino al representante, vale decir a la persona que en su nombre se hubiere obligado (4).
& las decisiones de las sociedades comerciales, se toman a través de sus órganos creados para tal fin: su voluntad se realiza o concreta por intermedio de las personas naturales en quienes se ha radicado su representación, a través de los cuales obra. El representante de la persona jurídica, para que pueda obligarla debe actuar sin rebasar el nivel de sus facultades, debe moverse dentro del preciso marco de las potestades que se hayan conferido, pues si al obrar en nombre de la persona moral que dice representar desborda los límites de sus atribuciones, entonces ninguna obligación contrae el ente colectivo en este terreno, por la potísima razón de que el representante suyo solo lo obliga en cuanto actúa dentro del marco de las funciones que se le han otorgado y no cuando obra por fuera de estas. De la misma manera, las potestades que se han discernido a un órgano de la persona moral, solo pueden ser ejercidas por esta y no por otro, a menos que aquel, con facultad para ello, las haya delegado (5).
Por disposición del artículo 442 del Código de Comercio , Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán los representantes de la sociedad para todos los efectos legales . En ese sentido, la representación legal de las convocadas la ejerce de manera exclusiva quienes aparezcan inscritos en el registro mercantil como tales.
Sin embargo, de conformidad con los certificados de existencia y representación legal de Aseguradora de Vida Colseguros S.A. y de Aseguradora Colseguros S.A., expedidos ambos por la Superintendencia Bancaria y que obran a folios 55 y 56 del cuaderno principal, la representación legal de las compañías no la ejercen las personas que suscriben la comunicación de 11 de abril de 2003, sino personas diferentes.
Aunado a lo anterior, en respuesta a la solicitud del tribunal librada a instancias de la convocante de certificar si los señores Gustavo A. Ospina N., y Darío F. Melo ostentaron la representación legal de Aseguradora Colseguros S.A. y/o Aseguradora de Vida S.A., en abril de 2003, la Superintendencia Bancaria mediante oficio con referencia 2004059362-0 que obra a folio 94 del cuaderno de pruebas 1, manifestó lo siguiente:
Sobre el particular, me permito informarle que una vez revisados los archivos que reposan en esta oficina, se encontró que los citados señores no figuran como representantes legales, miembros de junta directiva oficiales de cumplimiento o revisores fiscales de alguna entidad vigilada .
En efecto, es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1505 del Código Civil , que lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de ley para representarla, carece de efectos contra el representado. Este principio, aún de simple razón natural, es apenas una de las primeras aplicaciones lógicas de aquel otro consagrado en artículo 1502 ibídem, básico de toda teoría de las obligaciones, según la cual uno de los cuatro elementos esenciales para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, consiste en el consentimiento del obligado& el consentimiento es, pues, condición indispensable, la primera y la principal de todas, para que un acto o contrato tenga existencia jurídica (6).
No es de recibo para el tribunal el argumento expresado por la representante legal de las convocadas en la declaración de parte al señalar que los señores gerentes administrativo y de salud y vida obraron en nombre y representación de Colseguros en la medida en que tienen una interacción permanente con los terceros y al interactuar con los terceros están obrando en nombre y representación de la compañía que los emplea, en esa medida sus actuaciones tienen efectos frente a los terceros y son las decisiones y la voz de la compañía .
La capacidad de representar a una sociedad no se adquiere por el uso o por la práctica y el desarrollo de las funciones de los empleados de una compañía. En la medida en que la representación de una sociedad implica actuaciones frente a terceros, las normas que regulan esta función, la forma como se delega, los efectos de dicha delegación y en general los aspectos atinentes a dicha representación son principios de orden público(7) erigidos en beneficio de la propia sociedad y de los terceros, que por lo tanto no pueden ser desconocidos por las partes. De ahí que únicamente quienes aparecen inscritos en el registro mercantil como representantes legales de las sociedades convocadas pueden manifestar su voluntad y comprometerlas frente a terceros.
La ratificación de la terminación de los contratos alegada por la convocada.
La inexistencia de un acto jurídico hace referencia a la ausencia de los requisitos o condiciones esenciales exigidos para que dicho acto nazca a la vida jurídica y por ende produzca los efectos que está llamado a generar. Puesto que el acto jamás nació al mundo jurídico, no es necesario que la inexistencia del mismo sea declarada judicialmente. De la misma manera, un acto jurídico que no existe, no es susceptible de ser saneado a través de la ratificación, puesto que no es posible ratificar o validar algo que no existió, lo cual sí es posible para actos que adolecen de vicios o defectos que afectan su validez, como es el caso de las nulidades: por amplio que sea el radio de acción que se le reconozca a la autonomía de la voluntad privada, esta no puede hacer que sea retroactivamente lo que no ha sido (8).
Ahora bien, esta retroactividad sufre una importante excepción a saber: la ratificación del interesado, si se hace con las mismas formalidades que la ley exige para el negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo, salvo en cuanto lesione derechos de terceros (C.Co., art. 844). De acuerdo con el precepto legal citado, si el efecto retroactivo de la ratificación lesiona los derechos del tercero, esta no es procedente, por lo tanto, solo producirá efectos ex tunc , al igual que el acto ratificado.
Sentadas esa breves premisas y de cara al caso bajo examen, en la comunicación GC-057 de 27 de mayo de 2003, que obra a folio 45 del cuaderno de pruebas 1 se ratifica el comunicado de abril 11 de 2003 (& ) donde (sic) se da por terminado el contrato que esta tenía con Aseguradora Colseguros como intermediario , circunstancia que a juicio de la convocada constituye otra manifestación de voluntad de terminar unilateralmente el contrato con la convocante.
Encuentra el tribunal que esta comunicación tampoco puede aceptarse como una manifestación idónea de la voluntad de las convocadas, toda vez que se encuentra suscrita por Francisco Javier Echeverri Mejía, en su condición de gerente comercial , quien tampoco ostenta la representación legal de ninguna de las dos personas jurídicas convocadas al presente trámite arbitral. En consecuencia, con base en las mismas consideraciones jurídicas hechas en esta providencia con respecto a la comunicación de 11 de abril de 2003, y preservando la coherencia en la argumentación del tribunal, se tiene que el documento de 27 de mayo de 2003 que obra a folio 45 del cuaderno de pruebas 1 tampoco constituye una manifestación idónea de la voluntad de la convocada y por lo tanto no produjo efectos frente a la convocante.
Posteriormente, el 23 de julio de 2003 la representante legal de la Aseguradora de Vida Colseguros S.A. remitió a la convocante la comunicación con referencia GJ-PMM 1401 cuya copia obra a folio 72 del cuaderno de pruebas 1, a instancias de un requerimiento administrativo presentado por la Superintendencia Bancaria. En dicha comunicación se hacen algunas observaciones al contrato de agencia de seguros y al desenlace que tuvo dicho negocio jurídico entre las partes, sin que en ella conste una manifestación de voluntad de la representante legal encaminada a dar por terminado el contrato. En efecto, dicho documento lo entiende el tribunal como la respuesta que brindó la aseguradora al requerimiento que le formuló la entidad de vigilancia y control, oportunidad que aprovechó para explicar algunas de sus conductas, entre ellas la pretendida manifestación unilateral de terminación del contrato hecha por quienes no tenían facultad legal para hacerlo, circunstancia sobre la cual el tribunal ya ha hecho las consideraciones pertinentes.
El 5 de septiembre siguiente, mediante comunicación GJ-PMM 1612 que obra a folios 73 y 74 del cuaderno de pruebas 1, de nuevo la representante legal de Aseguradora de Vida Colseguros S.A. dio respuesta a la convocante acerca de la relación contractual entre ellas y concluyó que el contrato terminó por decisión unilateral de la aseguradora, tal como se les informó en su oportunidad .
Con relación a este documento el tribunal estima pertinente precisar que en él encuentra una manifestación real de voluntad de la representante legal de Aseguradora de Vida Colseguros S.A. de tener por terminado el contrato de agencia con Finsal, y de él puede colegirse un claro interés en no permanecer vinculada contractualmente con la convocante, en una relación de agencia de seguros. Así las cosas, como quiera que el contrato bajo examen no exigía requerimiento especial en la comunicación necesaria para que la aseguradora pudiera darlo por terminado, el tribunal concluye que solo con esta manifestación de 5 de septiembre de 2003, Aseguradora de Vida Colseguros S.A. dio cumplimiento a lo estipulado por las partes en punto de la terminación del contrato de agencia con Finsal (cláusula segunda, número 1) y en consecuencia deberá tenerse esa fecha para los efectos a que haya lugar. En suma, la manifestación de voluntad idónea y encaminada a producir efectos jurídicos cobró existencia en esa oportunidad y no antes, razón por la cual no puede aceptarse la ratificación en su sentido legal por cuanto el acto no estaba viciado sino que era inexistente.
La indemnización pretendida.
Para despachar estas pretensiones el tribunal cuenta únicamente con el dictamen pericial cuya contradicción fue surtida en los términos legales sin que se hubiera formulado objeción por ninguna de las partes por cuanto no se halla en el expediente otra prueba de las sumas de dinero que la convocante reclama. En consecuencia, el tribunal se apoyará solamente en aquellas conclusiones ciertas del dictamen pericial, toda vez que muchas de las afirmaciones contenidas en el peritaje corresponden a conjeturas del experto e hipótesis de trabajo, las cuales por no brindar la certeza que se espera de este medio probatorio no pueden constituir fundamento de una decisión judicial.
En mi análisis doy un valor estadístico, que demuestra que efectivamente, se llevaron a efecto contratos de seguros entre Aseguradora Colseguros, y Aseguradora de Vida Colseguros y los clientes que se venían trabajando a través de la intermediación de
Finsal, con posterioridad al 16 de abril de 2003 (fl. 151 del cdno. de pbas. 1).
" Las pólizas de 2002 que fueron renovadas después del 16 de abril de 2003 arrojan, por concepto de comisiones, la suma de $ 7.682.733.
" Las pólizas de 2003, que fueron renovadas después del 16 de abril de 2003 arrojan, por concepto de comisiones, la suma $ 3.775.747.
En armonía con su análisis, el perito concluyó que en efecto, las convocadas sí obtuvieron un beneficio patrimonial al percibir las primas por concepto de las pólizas cuya (sic) fechas de renovación fueron posteriores al 16 de abril de 2003 (fl. 153 del cdno. de pbas. 1).
Las demás cifras que consigna el dictamen pericial no brindan al tribunal mérito alguno para proferir condena, por cuanto se reitera corresponden a hipótesis del perito y no a constataciones científicas y ciertas y por lo tanto no constituyen base de una decisión judicial.
En suma, el tribunal dispondrá el pago de las comisiones causadas a favor de la convocante con posterioridad al 16 de abril de 2003 que están reflejadas en el dictamen y no hasta la fecha de la sentencia como lo demanda la convocante, por cuanto no existe prueba en el proceso de que las comisiones se hayan causado hasta la fecha de esta providencia. En consecuencia, el tribunal ordenará el pago de un monto de $ 12.395.410 por concepto de capital por las comisiones a favor de la convocante.
En lo que se refiere a la actualización solicitada en la tercera pretensión de la demanda, el tribunal se abstendrá de efectuarla desde el 15 de abril de 2003 y hasta la fecha de esta providencia, por cuanto dicha actualización solo procede a partir de la fecha de terminación del contrato celebrado entre Finsal y Aseguradora de Vida Colseguros S.A. (el 5 de septiembre de 2003) y hasta el 13 de septiembre de 2004 (fecha de notificación a la convocada del auto admisorio de la demanda). No se actualizará la suma después de esta fecha, por cuanto sobre ella se liquidarán intereses de mora a la tasa máxima reportada por la Superintendencia Bancaria (cuarta pretensión), índice que incluye un componente de corrección monetaria que no puede aplicarse simultáneamente con la actualización.
En la solicitud de convocatoria del tribunal, la convocante hizo consistir el lucro cesante en los perjuicios que en su entender le fueron irrogados por las decisiones de terminación de los contratos que le impidieron continuar con su labor profesional de promover la celebración de contratos de seguros mediante la vinculación de clientes en los diferentes ramos de seguros que tenía habilitados a comercializar y la renovación de las pólizas con los clientes existentes a abril 15 de 2003 ; y el daño emergente lo concretó como aquel causado en el medio asegurador al cancelarle su vinculación comercial y profesional con las convocadas induciendo a un manto de sospecha acerca de su conducta comercial y profesional (pretensión quinta, fl. 5 del cdno. ppal. 1).
En cuanto al lucro cesante, el tribunal no encuentra probanza que lo lleve a la conclusión de que la convocada no haya podido continuar ejecutando su labor profesional de promoción y venta de contratos de seguros, pues la experiencia y el conocimiento con los que cuenta la convocante pudieron ponerse en beneficio de otra aseguradora(9), hacia donde pudieron desplazarse algunos de los clientes de Finsal. Sin embargo, desde la óptica probatoria, nada puede concluir el tribunal en cuanto a la imposibilidad que haya tenido que afrontar la convocante para continuar ejerciendo su labor y su objeto social, pues esa circunstancia no resultó acreditada en el trámite.
En lo que hace al lucro por las renovaciones de las pólizas correspondientes a clientes de la convocante, este será compensado con las comisiones cuyo pago ordenará el tribunal y que se detallan en el punto inmediatamente anterior de esta providencia. Vale precisar que este valor corresponde al monto demandado en la pretensión tercera de la solicitud de convocatoria, y que encuentra respaldo en el dictamen pericial que obra en el expediente, toda vez que se insiste el tribunal no accederá al pago de las comisiones dejadas de devengar & hasta la fecha de la sentencia , ni mucho menos a las que se hubieran podido causar en los diez años siguientes, sino solamente aquellas respecto de las cuales existe certeza y que fueron objeto de verificación pericial.
El daño emergente que reclama la convocante se encuentra huérfano de toda comprobación, como quiera que el tribunal no infiere que con las comunicaciones que la convocada remitió a los clientes de Finsal y que obran a folios 28 a 44 del cuaderno de pruebas 1, se haya causado un perjuicio al nombre o a la reputación de la agencia, ni tampoco que ellas induzcan a sospechar de la conducta comercial y profesional de la convocante. Dichas comunicaciones contienen una información objetiva relacionada con el vencimiento de las respectivas pólizas y con la expiración de la relación comercial entre la aseguradora y su agente, sin incluir referencia alguna a la conducta ni a la actuación de este último. Se trata, pues, de comunicaciones comerciales informativas remitidas por la aseguradora que, como parte del contrato de seguro, estaba autorizada para comunicarles a sus clientes la situación acaecida con el agente, claro está, sin menoscabo del nombre ni de la reputación de este último. Así mismo, el agente, en desarrollo de su responsabilidad en la preservación y asesoría de sus clientes ha podido igualmente comunicarse con ellos y ofrecerles otras alternativas o productos para no perderlos. Ambas conductas constituyen un desarrollo normal y legítimo de la actuación de un comerciante encaminada a preservar su clientela, y en la medida en que las partes no se causen perjuicios, no merecen reproche alguno del tribunal.
Las excepciones de la convocada
Primera excepción: inexistencia de obligación alguna a cargo de las convocadas, derivada de la terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros, en tanto y en cuanto dicha terminación unilateral es válida y por ende legal, pues, fue realizada por funcionarios de Colseguros y ratificada por una representante legal de las convocadas .
La convocada hace consistir esa excepción en que las personas que remitieron la primera comunicación por medio de la cual se expresaba la intención de dar por terminados los contratos actuaban en nombre y representación de la aseguradora y en desarrollo de las funciones internas de la compañía. Agrega que la decisión de terminación fue ratificada posteriormente por el representante legal de la convocada.
Al despachar la pretensión primera de la demanda el tribunal precisó las consideraciones atinentes a la forma de terminación de los contratos y concluyó que dicha actuación no se hizo con arreglo a los requisitos legales de una manifestación idónea de voluntad de la persona jurídica. Así mismo, en el aparte pertinente de esta providencia el tribunal precisó el alcance y los efectos de la ratificación alegada por la convocada.
En consecuencia, el tribunal solo reconocerá mérito parcial a este medio exceptivo, en lo que atañe a la ratificación alegada en la contestación de la demanda, pero con los alcances y limitaciones establecidas en el presente laudo. En lo demás, la excepción no está llamada a prosperar.
Segunda excepción: ausencia de interés jurídico de la sociedad convocante para pretender que la terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros realizada por las convocadas, no tiene validez alguna .
El desarrollo de este medio exceptivo se contrae a señalar que la convocante no está legitimada y por tanto carece de interés jurídico para atacar la validez de las decisiones relacionadas con la terminación de los contratos de agencia de seguros.
Tercera excepción: inexistencia de perjuicios sufridos por la Sociedad Finsal Ltda. y a cargo de las convocadas por concepto de daño emergente y lucro cesante .
Si bien el fundamento que invoca la aseguradora en este punto es cierto, en la medida en que efectivamente el contrato no dispone la obligación de motivar la decisión de terminación, el tribunal encuentra que no es la falta de motivación la causa de los perjuicios irrogados a la convocante. En efecto, si bien en la demanda que dio origen a este proceso la convocante hizo referencia a que la razón por la cual la aseguradora había decidido terminar los contratos obedecía al trámite, reclamación y solicitud de reembolso por los servicios médicos de un asegurado cuya vinculación se había realizado por la convocante, esa circunstancia no quedó acreditada en el cúmulo probatorio y nada lleva al tribunal a la convicción de que la decisión de la aseguradora haya tenido tal motivación o haya sido el resultado de una retaliación de índole comercial frente al agente. Adicionalmente, no puede perderse de vista que las partes estipularon en el contrato que la decisión de terminarlo unilateralmente por cualquiera de ellas no requería motivación alguna, lo cual, naturalmente no significa que dicha determinación pudiera llevarse a cabo con desmedro de los intereses y derechos del agente.
Por cuanto no prosperan todas las pretensiones de la demanda incoada por la convocante, de conformidad con el artículo 392, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil , se condenará a Aseguradora Colseguros S.A. y Aseguradora de Vida Colseguros S.A. a reembolsar el setenta por ciento (70%) de las costas causadas en favor de la parte convocante, de conformidad con la siguiente liquidación, en la cual se incluirá por concepto de agencias en derecho la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000):
" 100% de los gastos del trámite prearbitral:
$ 415.280
" 50% de los gastos y honorarios del tribunal:
$ 9.500.000.
" 100% de los honorarios del perito a cargo de la convocada:
$ 800.000.
" Agencias en derecho:
$ 5.000.000.
Declarar que la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros celebrado entre Finsal Ltda. y Colseguros S.A. comunicada por esta última con fecha 15 de abril de 2003, carece de validez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Declarar que el contrato de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros celebrado entre Finsal Ltda. y Aseguradora Colseguros S.A. se encuentra vigente, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, condenar a Aseguradora de Vida Colseguros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. a pagar a Finsal Ltda. Asesores de Seguros la suma de dieciséis millones ciento sesenta y un mil ciento sesenta y cinco pesos ($ 16.161.165), por concepto de las comisiones dejadas de devengar por esta última. Dicha suma incluye la actualización y los intereses moratorios de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
No acceder a la pretensión quinta de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Reconocer parcialmente fundamento a la excepción denominada inexistencia de obligación alguna a cargo de las convocadas, derivada de la terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios de agencia colocadora de seguros, en tanto y en cuanto dicha terminación unilateral es válida y por ende legal, pues, fue realizada por funcionarios de Colseguros y ratificada por una representante legal de las convocadas propuesta por la convocada, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Desestimar por falta de mérito las demás excepciones propuestas por Colseguros S.A.
Condenar a Aseguradora de Vida Colseguros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. a pagar a Finsal Ltda. Asesores de Seguros la suma de once millones seiscientos noventa y seis pesos ($ 11.000.696) por concepto de las costas del proceso.
Ordenar que por secretaría se expidan copias auténticas de este laudo arbitral con destino a las partes y que se envíe copia de la misma providencia a la Cámara de Comercio de Bogotá, para sus archivos.
En firme esta providencia, protocolícese el expediente por el árbitro único en una notaría del Círculo de Bogotá, D.C.
Sentencia nº 050013105003 00712 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, 12 de Diciembre de 2012