Source: http://jurisnovus.blogspot.com/2010/04/
Timestamp: 2018-03-21 01:15:37
Document Index: 101751114

Matched Legal Cases: ['Artículo 105', 'Artículo 228', 'Artículo 294', 'Artículo 253', 'artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 22', 'artículo 37']

Juris Novus - Análisis del acontencer mundial: 04.10
Piratería y un posible nuevo tribunal internacional
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado de manera unánime la Resolución 1918, en donde exhorta a los países miembros de dicha organización a tipificar el delito de piratería en sus ordenamientos jurídicos internos, y además, hace un llamado al Secretario General, Ban Ki-Moon, para empezar a investigar sobre la posibilidad de crear un tribunal internacional especial para juzgar dicho delito.
Esta situación es producto del creciente problema con la piratería en las costas de Somalia, situación que ya hemos explicado en detalle aquí, pero lo que sorprende es que el Consejo de Seguridad ya ha activado la maquinaria correspondiente para que nazca un nuevo tribunal internacional, especializado en piratería. Cabe destacar, que dicho escenario es consecuencia directa de la falta de acción por parte del gobierno de Somalia y el anuncio de Kenia hace algunos días de que sus tribunales no aceptarán más casos de esta naturaleza, siendo éste último país africano uno de los pocos que, junto a Estados Unidos, había estado verdaderamente dispuesto a juzgar en sus tribunales a los piratas.
A partir de ahora, el Secretario General tendrá un lapso de tres meses para presentar un informe sobre la conveniencia de crear un nuevo tribunal internacional, en lo que constituye uno de los momentos más fructíferos en la lucha contra la piratería en Somalia, puesto que esta semana Naciones Unidas también anunció que invertirán más de 2 millones de dólares en el sistema de justicia somalí para luchar contra los piratas, lo que pasa obviamente porque éstos sean juzgados de conformidad con el Derecho Internacional, lo que en pocas palabras significa que le sean respetados sus derechos humanos.
Cabe destacar, que el derecho internacional y otras resoluciones del Consejo de Seguridad permiten a cualquier Estado capturar y juzgar a piratas. No obstante, el derecho interno de la gran mayoría de países de la comunidad internacional no tiene los mecanismos ni la infraestructura para juzgar a todos los piratas que han sido capturados. Por otro lado, y aunque obviamente los Estados están de acuerdo en que hay que resolver el problema de la piratería, y dichos ciudadanos deben responder ante un tribunal, no hay consenso internacional con respecto a los medios legales que deben ser utilizados, con la mayoría de los Estados prefiriendo que sean tribunales especiales dentro de cada ordenamiento jurídico los que juzguen a estas personas, mientras que Rusia, principalmente, aboga por la idea de que se cree un tribunal internacional especial a tal efecto.
Así, se ha discutido en primer lugar la posibilidad de que los crímenes de piratería sean juzgados por la Corte Penal Internacional. Dicha opción tendría como presupuesto una reforma al Estatuto de Roma o un Protocolo adicional al mismo, en donde se tipifique dicho delito. La opción del Protocolo sería la más adecuada porque podría entrar en vigencia solamente para aquellos Estados que lo ratifiquen y además incluso podría ser ratificado por países que no son parte del Estatuto de Roma, como el caso de Estados Unidos. No obstante, el que la Corte Penal asuma el conocimiento de la piratería, parece no ser la más adecuada en estos momentos en vista de que la Corte ya tiene suficiente trabajo, sus esfuerzos están concentrados en concretar la vigencia definitiva del crimen de agresión, y tal alternativa sería contraria al mandato del propio Estatuto, que no es otro que a la Corte Penal Internacional le corresponde juzgar los crímenes más graves y preocupantes para la comunidad internacional.
La segunda opción es la que ha tenido más seguidores desde hace mucho tiempo, y es aquella que propone que la piratería sea juzgada de conformidad con el principio de jurisdicción universal. Sobre el principio de jurisdicción universal y la piratería ya hemos escrito aquí. Sin embargo, esta opción tiene como deficiencias que depende de la entera voluntad de los tribunales internos de los Estados para que estos crímenes sean juzgados, puesto que la gran mayoría de la doctrina llega a la conclusión de que los Estados pueden juzgar, pero no están obligados a ello, de conformidad con el Artículo 105 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La última opción, y la la cual depende del Secretario General de Naciones Unidas en estos momentos, es la creación de un tribunal internacional especial para que conozca sobre estos crímenes. Esta alternativa sería perfectamente aplicable por el Consejo de Seguridad, y estaría dentro del ámbito de sus facultades, claramente establecidas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. No obstante, la creación de un nuevo tribunal internacional puede significar el inicio de un procedimiento sumamente largo y costoso, en donde no pueda atacarse de manera adecuada y expedita el grave problema de la piratería, que no sólo afecta a los países africanos, sino también a grandes empresas de países del primer mundo que utilizan las aguas internacionales para el comercio internacional. Este escenario significaría un nuevo capítulo dentro de la concretización de un fenómeno que se conoce como la fragmentación del derecho internacional, siendo uno de sus principales atributos la proliferación de tribunales internacionales. Algunos autores han considerado que este fenómeno significa la creciente judicialización en la resolución de los conflictos internacionales, puesto con la creación de múltiples tribunales internacionales se han superpuesto sus diferentes jurisdicciones, surgiendo así jurisprudencia contradictoria sin que se sepa con claridad cuál de todos los tribunales internacionales tiene la última palabra.
No cabe duda de que definir concluyentemente un foro para juzgar la piratería es de suma importancia para atacar este problema, pero hay que recordar que es uno de los muchos elementos que habrá que tener en cuenta para extinguir esta situación. Problemas como la seguridad de los puertos, y la gobernabilidad de países como Somalia, sin duda alguna son contextos que contribuirán con una resolución definitiva del conflicto. Como todo en el derecho internacional, dependerá en última instancia de la real voluntad de cada uno de los países de la comunidad internacional, pero toda solución pasa por el reconocimiento de la piratería como un problema global y el convencimiento de que no se pueden ignorar los derechos humanos de los capturados para poner fin a esta situación que tiene varios siglos de duración en nuestro planeta.
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Paraguay, Estados de Excepción y Derecho Internacional
El pasado sábado 24 de abril de 2010, el Congreso paraguayo aprobó una Ley que declara un estado de excepción en 5 departamentos del norte de ese país, hecho que amplía los poderes presidenciales con el objetivo de contrarrestar a un grupo armado de izquierda, responsable de secuestros y asesinatos.
Así, durante los próximos 30 días, Fernando Lugo, tendrá la facultad de decretar detenciones y traslados sin orden judicial. Este estado de excepción es algo que sin duda alguna preocupa a la comunidad internacional, puesto que cualquier situación de excepción puede traer como consecuencia una alteración de la normalidad democrática. No obstante, el propio Ministro del Interior paraguayo sostuvo que el gobierno tendrá especial cuidado en el respeto de los derechos humanos y anunció reuniones con representantes de las organizaciones para explicar los alcances del operativo.
El grupo en cuestión es el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, quienes no solamente habrían sido entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino que son responsables de al menos 4 secuestros en la última década, entre ellos el de un conocido ganadero que fue liberado en enero tras el pago de un rescate. Desde el año 2008, dicho grupo ha reunido más de 700.000 dólares, principalmente con el secuestro de dos terratenientes. Por su parte, el Congreso podría prorrogar dicha medida por otros 30 días o suspender su vigencia si considera que cesaron las causas que llevaron a su declaración, pero en todo caso, la Ley implica una fuerte presión para Lugo, puesto que el Congreso es en su mayoría opositor, y se verá obligado a mostrar resultados palpables en estos días para evitar que aumenten las críticas en contra de su gobierno.
Cabe destacar, que en este tipo de situaciones es sumamente importante tener en cuenta al Derecho Internacional. En este caso, son varios los tratados de derechos humanos que permiten a los Estados derogar temporalmente sus obligaciones con respecto a los derechos de los ciudadanos, siempre que se verifique una verdadera situación de emergencia. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por todo el continente americano, dispone lo siguiente:
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna del derecho a la vida, integridad personal, prohibición de la esclavitud, servidumbre y prisión por deudas, principio de legalidad con respecto a las penas, reconocimiento a la personalidad jurídica, y su derecho a la libertad de pensamiento, religión, conciencia y expresión.
Así, vemos como existen algunos derechos que son tan importantes que no pueden ser derogados ni siquiera en situaciones de emergencia como la que supuestamente está viviendo Paraguay. Digo esto porque pareciera que no tiene ningún sentido decretar un estado de excepción en 5 departamentos de un país, afectando a millones de personas, cuando el grupo irregular se encuentra apartado en remotas zonas rurales, muy parecido a la situación en que se encuentran las FARC.
Más grave aún es la constitucionalidad de la Ley que declara el estado de excepción, visto que la Constitución de Paraguay es clara en establecer en su Artículo 228 que el estado de excepción sólo es aplicable en caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella. En tal sentido, no pareciera del todo claro que Paraguay esté efectivamente viviendo una grave conmoción interior, sino que el gobierno simplemente quiere mayores facilidades para afrontar un problema puntual, con las consecuencias obvias que esto trae, ya que menores garantías para los ciudadanos dan paso a mayores abusos por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Es así como es importante recordar la definición que en el caso de Lawless v. Ireland diera la Corte Europea de Derechos Humanos, al establecer que por grave conmoción interior debe entenderse un peligro o crisis que es i) presente o inminente; ii) excepcional; iii) afecta a toda la población de una determinada región y iv) constituye una amenaza para la vida organizada de una comunidad. Tal definición, ha sido ampliamente acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tal sentido, los gobiernos latinoamericanos deben recordar que las situaciones de excepción, por su gravedad y afectación importante a los derechos ciudadanos, deben ser de interpretación restrictiva, y cumplir con la notificación a Naciones Unidas exigida por los tratados internacionales, así como con los principios de justificación y juiciosa proporcionalidad. El incumplimiento de todas estas regulaciones, dan paso a la responsabilidad internacional del Estado, el cual no debe hacer uso de estos mecanismos para convalidar la violación a los derechos humanos de sus ciudadanos. Al final, todos debemos recordar que por muy buenas sean las normas, lo más importante es su cumplimiento, principalmente como garantía de la paz y el desarrollo de los países de la comunidad internacional.
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La susceptible y ofendida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
Hace unos meses, el 22 de octubre de 2009, un abogado venezolano interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una demanda para anular el Artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, principalmente porque dicha Ley cambió la fecha de las elecciones para elegir los concejales y los representantes de las juntas parroquiales para el segundo semestre de este año 2010.
Aunque hace unos días dicha Sala admitió la demanda, lo realmente interesante de la sentencia es la increíble susceptibilidad de la Sala con respecto a las solicitudes que hace el abogado. En su escrito de demanda de nulidad, el abogado comentó lo siguiente:
He visto que la Sala se ha dedicado de manera casi exclusiva a conocer en Alzada todas las acciones de amparo, competencia residual, en vez de decidir las demandas de nulidad de los actos jurídicos y legales que afectan la constitucionalidad de los venezolanos, por haber sido verificados en violación de la Constitución.
Pido a esta Honorable Sala que sustancie y decida la acción de nulidad interpuesta, como asunto de mero derecho.
Estas materias deben ser tratadas con la rigurosidad que las caracteriza, impuesta por las normas constitucionales y los Tratados Internacionales de obligatorio cumplimiento.
En base a dichos comentarios, la mayoría sentenciadora se permitió realizar la siguiente precisión:
Con ocasión de las afirmaciones del abogado recurrente resaltadas por esta Sala, cabe precisar que el respeto y el decoro son valores fundamentales en la administración de justicia. La inconformidad con la gerencia judicial que esta Sala le dispensa a las causas no da cabida para que los abogados o las partes recurran a falacias para validar sus argumentos, con la falsa creencia de que ellos es suficiente para obtener la razón procesal; además, conforme lo dispuesto en la parte final del 515 del Código de Procedimiento Civil, los Jueces procurarán decidir las causas en su orden de antigüedad, con lo cual el legislador le da un margen de operatividad a los órganos jurisdiccionales para decidirlas en función del grado de complejidad o de los intereses en conflicto.
Ahora bien, la inclusión de los abogados en el sistema de justicia por parte del Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige que ellos participen en el sistema como operadores de la administración de justicia y contribuyan a enaltecer con su buen proceder los valores del Poder Judicial, conductas como las que aquí nos ocupa deben ser no sólo reprobadas sino sancionadas para evitar que en el futuro las pasiones priven sobre la sensatez, y los juicios dejen de ser un acontecer científico.
Conforme a lo anterior, esta Sala apercibe al abogado, y le advierte que de incurrir nuevamente en expresiones como las aquí censuradas la Sala considerará aplicarle las sanciones a que alude el cardinal 1 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
Sostener que las afirmaciones del abogado constituyen una falacia, es decir, una afirmación con el objeto de engañar a alguien, es probablemente una de las cosas más necias que ha afirmado la Sala en sus más de diez años de existencia. Es por ello que el propio Magistrado Pedro Rondón Haaz, sostiene en su voto concurrente que tales afirmaciones no pueden considerarse una ofensa al decoro y respeto que se le debe al Poder Judicial. Más aún cuando los propios magistrados de la Sala saben que existen múltiples demandas de nulidad que no son decididas puesto que resulta cuesta arriba darle fundamento constitucional a Leyes que sencillamente no lo tienen, puesto que el Poder Legislativo de los últimos años se ha dado a la tarea de legislar violando recurrentemente el procedimiento formal establecido para ello en la Constitución.
Además, para nadie es un secreto el retardo que impera en el sistema de justicia venezolano, en donde un proceso tiene una duración de varios años, y rara vez los lapsos procesales formalmente establecidos en las Leyes son cumplidos por los tribunales. Por otro lado, tiene razón el abogado cuando sostiene que la Sala Constitucional debe actuar con la mayor diligencia posible cuando le es solicitada la nulidad de una Ley por inconstitucional, puesto que mientras mayor sea el tiempo que dicha Ley esté vigente, mayores efectos produce, y dichos efectos, al estar viciada la Ley, probablemente no podrán ser subsanados en beneficio de los ciudadanos, quiénes por la flojera e ineficiencia que reina en el Poder Judicial, tendrán que soportar las consecuencias de una Ley que nunca debió aplicarse.
Por demás, la inclusión de los abogados en el sistema de justicia, inclusión de rango constitucional, no solamente puede estar circunscrita, como cree erróneamente la mayoría sentenciadora, para que contribuyan a enaltecer con su buen proceder los valores del Poder Judicial, sino que precisamente esa inclusión debe servir para que los abogados, principales operadores del sistema, adviertan las fallas del mismo, y propongan soluciones para lograr así una mejoría del sistema. Pretender que los abogados no pueden criticar la gerencia judicial, es el primer paso para prohibir definitivamente que se critiquen las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, aspecto sumamente grave en un Estado de Derecho, en donde precisamente el poder criticar y ejercer los recursos correspondientes contra las decisiones con las que no se está de acuerdo, permite concretar la tan ansiada y obligatoria Justicia a la que hace referencia la Constitución.
Decisiones y sanciones como estas deben llamar la atención de toda la comunidad jurídica, en donde el más alto tribunal de la República se está convirtiendo en el primer censurador de las críticas a su propio actuar. Quizás es hora de que algunos Magistrados estudien la Constitución que los rige, específicamente su Artículo 26:
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Algunas consideraciones sobre el Proyecto de Ley del Tribunal Supremo de Justicia
La Asamblea Nacional actual conoce de la importancia que tiene el Máximo Tribunal de un país. Por tal razón, modificar el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia es una tarea que ningún legislador se toma a la ligera, más aún cuando resulta obvio que lo que finalmente establezca la nueva Ley Orgánica de dicho tribunal, será capaz en buena medida de influir sobre el futuro político de nuestra nación.
El día martes 20 de abril, el Poder Legislativo Nacional ya trabajaba a fondo en la segunda discusión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que muchos consideran el inicio de una carrera para modificar las normas jurídicas más significativas antes de que los venezolanos elijan en septiembre próximo, a nuevos integrantes para conformar dicho Poder.
Aunque la discusión fue diferida, se aprobaron los primeros 52 artículos, en donde se incluyeron varias disposiciones controversiales sobre las cuales vale la pena comentar. En primer lugar, el Artículo 22 del Proyecto de Ley, en donde se incluyen como atribuciones del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia las siguientes:
Ejercer la supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría General del Tribunales, Inspectoría General de Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Asistir a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia en calidad de integrante.
Si bien es cierto que dichas atribuciones no amplían de forma exagerada las atribuciones del cargo que en estos momentos ostenta Luisa Estella Morales Lamuño, lo cierto es que atentan de forma clara y directa a la imparcialidad e independencia que debe existir en todos los organismos jurisdiccionales, sobretodo por el reconocimiento legal de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, que en palabras del ex-Magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz:
Es una comisión integrada por tres diputados de la Asamblea Nacional, dos ministros del Ejecutivo Nacional, la Fiscal General de la República, la Defensora del Pueblo, la Procuradora General de la República, y tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluida la Presidente del mismo. Esta plenipotenciaria Comisión tiene el encargo de dirigir el proceso de transformación de la organización y funcionamiento del Sistema de Justicia.
Con razón, cabría preguntarse qué función puede cumplir la presencia de dos ministros del Ejecutivo Nacional y de la Procuradora General de la República en la transformación de la organización y funcionamiento del Sistema de Justicia, en donde según Apitz, lo que se pretende es entregar definitivamente el control del Poder Judicial, Comisión mediante, a una sola persona y voluntad: la del Señor Presidente de la República.
En segundo lugar, consideraron algunos diputados que la Sala Constitucional tiene demasiadas atribuciones en el proyecto de Ley, y por eso muchas veces las sentencias que emite son interpretadas de manera diferente, a veces hasta contradictoria, por otras Salas del mismo Tribunal. Al respecto, la diputada Iris Varela manifestó que es la Constitución la que le otorga las 23 atribuciones que aparecen en el Proyecto de Ley, lo que no es del todo cierto, puesto que la Constitución únicamente hace referencia a 11 atribuciones. Quizás lo más grave es que la Ley no limita de forma seria y contundente las atribuciones de la propia Sala, la cual, por vía jurisprudencial, se ha otorgado una infinidad de competencias no establecidas expresamente en la Constitución, siendo foco de inseguridad jurídica y desencadenando esto que sea conocida en el foro jurídico venezolano como la “Súper-Sala”, puesto que contra su palabra no hay nada que valga.
En tercer lugar, y quizás lo más grave, es que el artículo 37 del proyecto, aprobada ya en segunda discusión el día de ayer, disminuyó significativamente los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que ya no se exigirá que los posibles magistrados sean especialistas en el área del Derecho de la Sala a la cual están optando. El diputado Tulio Jiménez, Presidente de la Comisión de Política Interior, justificó dicho cambio de la siguiente manera:
El conocimiento para ser magistrado tiene que ser un conocimiento general y las personas aspirarán de acuerdo a las credenciales que tengan. Por eso es que se da la redacción en esos términos, por la alta investidura que representa (un magistrado) y el conocimiento que debe tener.
Dicha justificación es absolutamente absurda, puesto que en tiempos en donde cada vez el Derecho está más tecnificado, al igual que cualquier otra ciencia, resulta inconcebible que una persona pueda ser Magistrado de una Sala con cuya materia principalmente no está especialmente formado. Ello, sin duda alguna, contribuirá a un mayor deterioro del más alto Tribunal del país, sus decisiones, y la confianza que dicha institución debe tener entre los ciudadanos. La importancia y las implicaciones de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia deberían tener como premisa fundamental que las personas que se encuentren decidiendo, sean las más preparadas en el ámbito nacional, y las que tengan un supremo conocimiento jurídico, puesto que, cabe recordar, contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno.
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Es oficial. Hace algunas horas la Corte Internacional de Justicia se pronunció con respecto al caso entre Argentina y Uruguay con respecto a la instalación de unas fábricas de papel en un río fronterizo entre ambos países.
En pocas palabras, es Argentina la que ha salido con las tablas en la cabeza, ya que la Corte, principal órgano judicial de Naciones Unidas, determinó en primera instancia que Uruguay incumplió ciertas obligaciones procedimentales como la de no notificar el proyecto de construcción a Argentina a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. No obstante, la Corte estableció que la fábrica que ya ha sido construida en el pueblo uruguayo de Fray Bentos, puede continuar sus operaciones y que Uruguay no debe ninguna suma económica en compensación a Argentina por el supuesto daño a su agricultura y turismo.
Las principales implicaciones políticas de la decisión están muy bien recogidas por las principales agencias de noticias mundiales aquí, pero quizás lo que más llama la atención del fallo es que la Corte declaró que no tenía jurisdicción para conocer de aspectos como los efectos de la supuesta contaminación del Río Uruguay, alegato que según la Corte, la representación de Argentina no fue capaz de demostrar.
Llama la atención dicha decisión de la Corte con respecto a las solicitudes de ambos países, ya que el Tratado de 1975, objeto del debate judicial, se refiere expresamente a que la administración del suelo y demás minerales por parte de cada uno de los países no debe afectar la calidad del agua del Río Uruguay, y que ambos países están obligados a tomar las medidas necesarias para evitar atentar contra el balance ecológico de la zona.
Interesante esto por demás, porque actualmente se discute si la Corte sería un foro adecuado para conocer las disputas entre países en atención al cumplimiento de tratados relativos al cambio climático, disputas legales que seguramente serán numerosas en los próximos años.
Recordemos que la jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Además, los Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte en casos especiales, ya sea mediante la firma de un tratado o convención en que se estipula que el caso sea sometido a la Corte o mediante una declaración especial en ese sentido. Esas declaraciones de aceptación obligatoria de la jurisdicción de la Corte pueden excluir ciertos tipos de casos.
Habrá que esperar la publicación de los tres votos salvados en los próximos días para entender la discusión que tuvo lugar en la Corte, pero desde ya la mesa está servida para que dos países latinoamericanos demuestren si le tienen respeto al derecho internacional. Principalmente, habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno argentino con respecto a los ciudadanos argentinos que se manifestaron hoy en Gualeguaychú, en donde sostuvieron que mantendrán trancado un puente limítrofe importante en el área.
Por último, hay que destacar que hoy por primera vez en la historia, personas de todo el mundo pudieron observar vía internet el momento en que el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, leyó los aspectos fundamentales del fallo, hecho inédito en la historia de la Corte, que sin duda alguna acercará a ésta a todos los ciudadanos de los países miembros de Naciones Unidas.
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