Source: https://www.slideshare.net/VernonPRA/ley-de-responsabilidades-de-los-servidores-pblicos-del-estado-y-de-los-municipios
Timestamp: 2017-03-30 17:24:51
Document Index: 335392024

Matched Legal Cases: ['Artículo 146', 'Artículo 29', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 21', 'Artículo 29', 'Artículo 146', 'Artículo 146', 'Artículo 146', 'Artículo 29', 'Artículo 16', 'Artículo 146', 'Artículo 111', 'Artículo 143', 'Artículo 63', 'artículo 68', 'Artículo 65', 'artículo 68', 'artículo 83', 'artículo 94', 'Artículo 65', 'artículo 37', 'artículo 13', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 68']

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de l…
NUMERO 54 EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS TITULO PRIMERO CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1o.- Las responsabilidades de los servidores públicos del Estado y de losMunicipios se norman por las disposiciones de esta Ley, la que tiene por objeto establecer: I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público. II.- Las obligaciones en el servicio público. III.- Las responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos, así como lasautoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones que corresponden a estostipos de responsabilidades. IV.- Las autoridades competentes y las vías para declarar la procedencia del procesamientopenal de los servidores públicos mencionados en el primer párrafo del Artículo 146 de laConstitución Política del Estado. V.- La inscripción y registro ante el Instituto Catastral y Registral del Estado para efectos depublicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos, en caso de ser necesario. ARTICULO 2o.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos mencionados en el TítuloSexto de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquenrecursos económicos estatales o municipales. ARTICULO 3o.- Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley: I.- El Congreso del Estado. II.- El Gobernador del Estado. III.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. IV.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. V.- La Contraloría General del Estado. VI.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del servicio civil, en lostérminos de la legislación respectiva. VII.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. VIII.- Los Juzgados de Primera Instancia; y IX.- Las demás autoridades que señala esta Ley. 2.
ARTICULO 4o.- Cuando los actos u omisiones materia de las acusaciones, quedencomprendidas en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el Articulo 144, de laConstitución Política del Estado, los procedimientos respectivos se desarrollarán en formaautónoma e independiente, según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendolas autoridades respectivas turnar las denuncias y quejas a quien deba conocer de ellas. No podránimponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. ARTICULO 5o.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y con apoyo enpruebas suficientes, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, o ante las autoridadesque señala esta Ley, por cualquiera de las conductas y contra los servidores públicos mencionadosen el Titulo Sexto de la Constitución Política del Estado de Sonora. No se admitirá la intervención de Apoderado Jurídico para la presentación de las denuncias aque se refiere este artículo. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. TITULO SEGUNDO RESPONSABILIDAD POLITICA CAPITULO I SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES ARTICULO 6o.- Son sujetos de juicio político: los Diputados al Congreso del Estado, losMagistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de sus Salas Regionales, y del Tribunal de loContencioso Administrativo, el Procurador General de Justicia y los Subprocuradores, losSecretarios y Subsecretarios, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público,los Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, Secretarios, Tesoreros y Contralores de losAyuntamientos, así como los Directores Generales y sus equivalentes de las empresas departicipación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas,fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y de los Municipios. ARTICULO 7o.- Procede el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidorespúblicos a que se refiere el articulo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicosfundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión deideas. ARTICULO 8o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buendespacho: I.- El ataque a las Instituciones democráticas. II.- El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo y Federal. III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales. IV.- El ataque a la libertad de sufragio. V.- La usurpación de atribuciones. VI.- Cualquier infracción a la Constitución Política Local o a las Leyes Estatales cuandocausen perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus Municipios, o a la Sociedad, o motivealgún trastorno en el funcionamiento normal de las Instituciones. VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los Planes, Programas y Presupuestos delEstado o de los Municipios y a las Leyes que determinen el manejo de los recursos económicosestatales y municipales. 2 3.
ARTICULO 9o.- El Congreso del Estado valorará la existencia y gravedad de los actos uomisiones a que se refiere el Articulo anterior. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso y elservidor público esté comprendido entre los señalados en el Artículo 29 de esta Ley, se formulará ladeclaración de procedencia a que alude esta Ley. De no requerirse declaración de procedencia, seharán del conocimiento del Ministerio Público dichos actos u omisiones, para que proceda conformea sus atribuciones legales. ARTICULO 10.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, sesancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para elejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año a veinte años. CAPITULO II PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLITICO ARTICULO 11.- El juicio político deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor públicodesempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro del año siguiente al de la conclusión de susfunciones. En este último caso, la sanción será la inhabilitación desde un año a veinte años paradesempeñar empleos, cargos o comisiones públicos. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, contado desde quese inicie el procedimiento. ARTICULO 12.- Corresponde al Congreso del Estado substanciar el procedimiento yresolver, en definitiva, y en única instancia, sobre la responsabilidad política de los servidorespúblicos sometidos a este tipo de juicio. ARTICULO 13.- Recibida en el Congreso la denuncia a que se refiere el Artículo 5o. de estaLey, su Presidente la turnará a la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionalesnombrada en los términos de Ley, a fin de que sea ratificada por el denunciante ante dichaComisión, en los tres días hábiles siguientes. ARTICULO 14.- Ratificada la denuncia, la Primera Comisión de Gobernación y PuntosConstitucionales determinará, en un plazo de diez días hábiles, si la conducta atribuida correspondea las enumeradas en el Artículo 8o. de esta Ley; si el inculpado está comprendido entre losservidores públicos sujetos a responsabilidad política y si la denuncia y las pruebas ofrecidasameritan la incoación del procedimiento. Si la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales considera improcedente laacusación, la rechazará fundando y motivando su resolución. ARTICULO 15.- De ameritarse la incoación del procedimiento, la Primera Comisión deGobernación y Puntos Constitucionales solicitará al Congreso, previamente convocado para talefecto, designe entre los miembros de éste, al Diputado Acusador quien fungirá como representantede los intereses públicos, y participará en el procedimiento aportando a dicha Comisión las pruebasque estime pertinentes, así como promoviendo las diligencias que tiendan a esclarecer los hechos. ARTICULO 16.- La Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, asumiendolas funciones de Comisión Instructora, practicará todas las diligencias necesarias para lacomprobación de la conducta que se impute al servidor público, estableciendo las circunstanciasque hubieren concurrido en los hechos. Para este efecto, notificará al denunciado, dentro de los tresdías hábiles siguientes, sobre la acusación y las pruebas aportadas en su contra, haciéndole sabersu garantía de defensa, así como su obligación de comparecer, ante dicha Comisión, dentro de lossiete días naturales que sigan a la notificación, o responder por escrito, nombrando defensor. Apartir de esta notificación el servidor público quedará provisionalmente separado de su cargo. ARTICULO 17.- La Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales abrirá unperiodo probatorio de treinta días hábiles, recibiendo las pruebas que ofrezca el Diputado Acusador,el servidor público y su defensor, así como las que determine la misma Comisión. 3 4.
En todo caso, la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, calificará lapertinencia de las pruebas, desechando las que a su juicio sean improcedentes. Si al terminar el plazo señalado, no se hubieren desahogado las pruebas ofrecidasoportunamente, o fuese necesario allegarse otras, la Comisión podrá ampliar el período probatorio,en la medida que resulte estrictamente indispensable, sin exceder de diez días. ARTICULO 18.- Concluido el período de pruebas, se pondrá el expediente a la vista delDiputado Acusador, para que, en el plazo de cinco días hábiles, formule conclusiones, las que seráncontestadas por el encausado o su defensor en igual término. ARTICULO 19.- El Diputado Acusador podrá formular conclusiones acusatorias o noacusatorias. Cuando de las constancias del procedimiento se desprenda que la conducta no encuadra enlas hipótesis legales de responsabilidad política, o que el encausado es inocente, las conclusionesserán no acusatorias, archivándose definitivamente la causa. ARTICULO 20.- Si las conclusiones son acusatorias, la Primera Comisión de Gobernación yPuntos Constitucionales rendirá su dictamen, atendiendo a las constancias del proceso, en untérmino de cinco días hábiles. El dictamen determinará: a).- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia,haciendo referencia y valorando las pruebas correspondientes. b).- Que existe probable responsabilidad del encausado, especificando los elementosprobatorios que tomó en cuenta para esta conclusión. c).- En su caso, las circunstancias que deben tomarse en cuenta para imponer la sanción. ARTICULO 21.- Presentado el dictamen de la Primera Comisión de Gobernación y PuntosConstitucionales, se dará cuenta con ambos al Presidente del Congreso. Este determinará que elCongreso del Estado, en la fecha y hora que se señale, debe reunirse en sesión y resolver sobre laimputación, erigido en Jurado de Sentencia. De la convocatoria para la sesión del Congreso, sedará copia al servidor público emplazándolo para que comparezca en el día y hora señalados. ARTICULO 22.- La primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales deberápracticar todas las diligencias y formular su dictamen hasta entregarlo al Presidente del Congresoconforme a los Artículos anteriores, dentro del plazo de sesenta días naturales, contado desde eldía siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable yfundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar del Congreso del Estadoque se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazoque se conceda no excederá de quince días. Los plazos a que se refiere este Artículo se entienden comprendidos dentro del períodoordinario de sesiones del Congreso o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que seconvoque. ARTICULO 23.- El día señalado para la sesión a que se refiere el Artículo 21 de esta Ley, elCongreso del Estado se erigirá en Jurado de Sentencia, previa declaración de su Presidente.Iniciada la misma, la Secretaría dará lectura a las constancias del proceso o a una síntesis quecontenga los puntos esenciales; a las conclusiones del Diputado Acusador y al dictamen de laPrimera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Acto continuo, se dará la palabra alDiputado Acusador y, enseguida, al servidor público o a su defensor, para que aleguen lo queconvenga a sus derechos. Si existiera réplica de la parte acusadora, también se concederá alencausado o a su defensor. 4 5.
Retirados el servidor público y su defensor, el Congreso procederá a discutir y votar lasconclusiones y el dictamen respectivo. ARTICULO 24.- La sesión en que el Congreso actúe como Jurado de Sentencia, será públicay en ella tendrá impedimento para votar, el Diputado Acusador. Puede acordarse, por mayoría de las tres quintas partes de los Diputados presentes, que lasesión sea secreta. ARTICULO 25.- El Congreso del Estado, por votación de las terceras partes de susmiembros presentes en sesión, determinará si el servidor público es políticamente responsable delhecho que se le imputa, destituyéndole en caso de ser encontrado culpable, del cargo que veníadesempeñando y, si lo considera conveniente, inhabilitándole para ocupar otro puesto, empleo ocomisión de carácter públicos de uno o veinte años. ARTICULO 26.- Si el Congreso declara que el servidor público no es responsable, éstecontinuará en el ejercicio de su cargo. ARTICULO 27.- Cuando la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, erigida enJurado de Sentencia, resuelva sobre la responsabilidad política del Gobernador del Estado,Diputados Locales o Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, una vez recibida lacomunicación respectiva, el Congreso del Estado, convocado legalmente, procederá de acuerdo asus atribuciones. TITULO TERCERO RESPONSABILIDAD PENAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 28.- Los servidores públicos que cometan delitos de cualquier naturaleza, seránresponsables en los términos de la Legislación Penal del Estado. ARTICULO 29.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, Diputados al Congreso delEstado, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de sus Salas Regionales y del Tribunal de loContencioso Administrativo, Procurador General de Justicia, Secretarios y Subsecretarios,Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, Jueces de Primera Instanciay Agentes del Ministerio Público, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, elCongreso del Estado declarara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión y pordos terceras partes si se trata del Gobernador, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado. ARTICULO 30.- Si a un servidor público de los mencionados en el articulo anterior, se leimputa la comisión de un delito realizado con anterioridad a la fecha en que tomó posesión de sucargo, se observarán también las disposiciones de este Título, si hubiese de ser juzgado durante eldesempeño de dicho cargo. ARTICULO 31.- Si la sentencia en el proceso penal fuese condenatoria y se trata de un delitocometido durante el ejercicio del encargo de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 29de esta Ley, no se concederá a éste la gracia del indulto. Si la sentencia fuese absolutorio elprocesado podrá reasumir su función. ARTICULO 32.- Los delitos cometidos por los servidores públicos, prescribirán en los plazosque señala la Legislación Penal. ARTICULO 33.- Siempre que se trate de delitos cometidos por servidores públicos, de losenumerados en el primer párrafo del Artículo 146 de la Constitución Política Local, no podrá 5 6.
detenerse a éstos, mientras no se emita por el Congreso del Estado la declaración de procedencia yse gire la orden de aprehensión por autoridad competente. ARTICULO 34.- El Supremo Tribunal de Justicia instruirá y sentenciará en única instancia,los procesos penales en contra de los servidores públicos enumerados en el primer párrafo delArtículo 146 de la Constitución Política del Estado, por los delitos previstos en los Títulos Séptimo yOctavo del Libro Segundo del Código Penal, sujetándose a las reglas que establece el Código deProcedimientos Penales del Estado. Las sentencias que dicte el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no admitirán recursoalguno. CAPITULO II PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA ARTICULO 35.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento delMinisterio Público, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de alguno de los servidorespúblicos a que se refiere el primer párrafo del Artículo 146 de la Constitución Política del Estado, seactuará de acuerdo con el procedimiento previsto en este Capítulo. ARTICULO 36.- Presentada la denuncia o la querella o el requerimiento del MinisterioPúblico, el Congreso del Estado formará la Comisión Instructora compuesta de tres Diputados, laque mandará ratificar la acusación dentro de los tres días hábiles siguientes y notificará la denunciao querella al Ministerio Público, para los efectos de su conocimiento e intervención en elprocedimiento. El representante social no necesita ratificar su solicitud. El denunciante tendrá siempre el carácter de coadyuvante del Ministerio Público y podráaportar pruebas por conducto de éste. ARTICULO 37.- La Comisión Instructora determinará previamente, si la conducta que seatribuye al servidor público está considerada por las leyes como delito; si la existencia de ésta estáprobada; si los datos son suficientes, a juicio de la Comisión, para creer que el servidor públicoacusado puede ser autor del hecho criminoso y, por último, si el inculpado está comprendido entrelos servidores públicos a que se refiere el Artículo 29 de esta Ley y debe responder del delito que sele imputa. ARTICULO 38.- Si la denuncia resultase improcedente, la Comisión Instructora lo hará saberal Congreso, a través de su Presidente, para que una vez convocado en los términos de Ley,resuelva si se continúa o se desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento, si posteriormenteaparecen nuevos datos que lo justifiquen. ARTICULO 39.- Si la Comisión considera que la denuncia es atendible, o el Congreso ordenala continuación del procedimiento, se notificará tal decisión al acusado, para que comparezca adefenderse ante dicha Comisión Instructora en la misma forma y términos establecidos en elArtículo 16 de esta Ley en materia de juicio político. ARTICULO 40.- La Comisión podrá hacer comparecer al inculpado y al acusador, paraexaminarles sobre los hechos y practicar las diligencias que estime conducentes, aunque no losoliciten las partes. El Agente del Ministerio Público participará en este procedimiento, aportandolas pruebas que considere pertinentes. ARTICULO 41.- El período probatorio será de treinta días hábiles y podrá ampliarse, a juiciode la Comisión Instructora, excepcionalmente, en diez días hábiles. ARTICULO 42.- Recibidas las pruebas, la Comisión dará un término de tres días al Agentedel Ministerio Público y otros tres días al inculpado para formular alegatos. Recibidos éstos otranscurrido el plazo para presentarlos, la Comisión rendirá su dictamen ante el Congreso en unplazo no mayor de diez días. 6 7.
ARTICULO 43.- En el dictamen respectivo, la Comisión señalará fundada y motivadamente siel hecho que se atribuye al servidor público está o no calificado por la Ley como delito; si se probóla existencia del mismo; si existen datos suficientes para creer que el acusado puede ser el autordel hecho delictuoso; si el servidor público está comprendido entre los señalados en el primerpárrafo del Artículo 146 de la Constitución Política del Estado y debe responder, durante suencargo, del delito que se le imputa. ARTICULO 44.- La Comisión propondrá al Congreso que declare que ha lugar a procedercontra el servidor público inculpado y que debe quedar sujeto a la jurisdicción de las autoridadescompetentes, para que se le procese y castigue de resultar culpable. En su caso, también podráproponer que el Congreso declare que no ha lugar a proceder penalmente contra el inculpado, porlas razones que deberán expresarse en el propio dictamen. ARTICULO 45.- Recibido el dictamen, el Presidente convocará al Congreso para que se erijaen Jurado de Procedencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de dichodictamen, mandando emplazar al inculpado, a su defensor y al Ministerio Público. ARTICULO 46.- Instalado el Jurado de Procedencia, previa declaración del Presidente delCongreso, se dará cuenta con el dictamen de la Comisión Instructora. Acto continuo, se otorgará lapalabra a las partes para que formulen alegatos. Primero hará uso de la voz el representante social.Después, alegarán el inculpado y su defensor. Estos podrán intervenir nuevamente si elrepresentante social hace uso del derecho de réplica. Después de escuchar a las partes, el Congreso del Estado les pedirá se retiren para deliberary resolver. ARTICULO 47.- Si la resolución del Congreso es negativa, se suspenderá todoprocedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delitocontinúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma noprejuzga los fundamentos de la imputación. ARTICULO 48.- La declaración del Congreso de que ha lugar a proceder penalmente contrael inculpado hará que éste quede separado de su encargo y a disposición de las autoridadescompetentes. Tratándose de los delitos comprendidos en los Títulos Séptimo y Octavo del LibroSegundo del Código Penal, instruirá y sentenciará en única instancia el Supremo Tribunal deJusticia. En los demás delitos, conocerán de los procesos correspondientes los Juzgados dePrimera Instancia. ARTICULO 49.- Cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, erigida enJurado de Procedencia, remita la declaratoria a que se refiere el quinto párrafo del Artículo 111 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado, convocadolegalmente, procederá de acuerdo a sus atribuciones. TITULO CUARTO DISPOSICIONES COMUNES A LOS TITULOS SEGUNDO Y TERCERO CAPITULO UNICO ARTICULO 50.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refieren los TítulosSegundo y Tercero de esta Ley, son inatacables. ARTICULO 51.- Cuando alguna de las Comisiones del Congreso, en ejercicio de lasatribuciones que les confiere esta Ley, deba realizar alguna diligencia en la que se requiera lapresencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a losrequerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar porescrito, se entenderá que contesta en sentido negativo. 7 8.
ARTICULO 52.- Unicamente con expresión de causa, podrá el inculpado recusar a losmiembros de las Comisiones a que se refiere esta Ley. Los miembros de éstas, podrán excusarseen los términos del Código de Procedimientos Penales del Estado. El Congreso calificará lasexcusas y resolverá en definitiva sobre las recusaciones. ARTICULO 53.- Tanto en el juicio político como en el procedimiento para la declaración deprocedencia, se aplicará el Código de Procedimientos Penales del Estado, en lo relativo a laadmisión, desahogo y valoración de las pruebas. Asimismo, se aplicarán las disposiciones de éste ydel Código Penal en todo aquello que resulte aplicable. ARTICULO 54.- Las denuncias o querellas, o los requerimientos del Ministerio Público que sepresenten ante el Congreso, se substanciarán por riguroso turno. ARTICULO 55.- Las diligencias que deban practicarse fuera del lugar de la residencia delCongreso del Estado, serán encomendadas a los Jueces de Primera Instancia del lugar quecorresponda. Estos practicarán dichas diligencias, con estricta sujeción a las determinaciones quese les comuniquen. ARTICULO 56.- El Congreso del Estado y las Comisiones a que se refiere esta Ley, por sí oa instancia de los interesados podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copiascertificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento. Si la autoridad de quienlas soliciten no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrán las medidasde apremio a que se refiere el Articulo 60 de esta Ley. ARTICULO 57.- El Congreso del Estado no podrá erigirse en Jurado de Sentencia o deProcedencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor oen su caso el Ministerio Público han sido debidamente citados. ARTICULO 58.- En todo lo no previsto en esta Ley y respecto a las discusiones y votacionesdel Congreso y de las Comisiones, se observarán, en lo aplicable, las normas que establece laConstitución Política del Estado y el Decreto que Reglamenta el funcionamiento y Gobierno Interiordel Congreso del Estado. ARTICULO 59.- Cuando en el curso de un procedimiento, se presentare nueva denuncia encontra del mismo servidor público, se procederá respecto de ella con arreglo a las disposiciones deesta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando de ser posible, laacumulación de los mismos. Si la acumulación fuese procedente, la Comisión respectiva formulará en un solo documentosu dictamen, que comprenderá el resultado de los diversos procedimientos. ARTICULO 60.- El Congreso del Estado y las Comisiones a que se refiere esta Ley podránemplear, para hacer cumplir sus determinaciones, las medidas de apremio que fueren procedentes,mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros. ARTICULO 61.- Las resoluciones del Congreso se comunicarán al Supremo Tribunal deJusticia, cuando el inculpado pertenezca al Poder Judicial; al Ayuntamiento, cuando se trate de unservidor público municipal; y, en todo caso, al Ejecutivo del Estado para su conocimiento. TITULO QUINTO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CAPITULO I SUJETOS Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PUBLICO ARTICULO 62.- Incurren en responsabilidad administrativa, los servidores públicos a que serefiere el Artículo 143 de la Constitución Política del Estado. 8 9.
ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardarla legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en eldesempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y alas sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sinperjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en elservicio. I.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. II.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficienciadel servicio. III.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo,cargo o comisión. IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestoscorrespondientes a su competencia. V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicospúblicos. VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo ocomisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. VII.- Ejercer las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga accesopor sus funciones, exclusivamente para los fines a que estén afectos. VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo ocomisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, lasustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. IX.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto,diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de aquél. X.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato yabstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad. XI.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicosmediatos o inmediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de susatribuciones. XII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten susservicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba. Deberá, de igual manera, proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datossolicitados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que, dicha Comisión puedacumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan. XIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después deconcluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en elejercicio de las mismas. XIV.- Abstenerse de otorgar a sus subordinados licencias o permisos para ausentarse de suslabores con o sin goce de sueldo, salvo lo que prevengan las normas jurídicas aplicables en esterenglón. XV.- Abstenerse de comisionar para el desempeño de cualquier función a sus subordinados,cuando dicha comisión se ordene en contravención de preceptos prohibitivos aplicables. 9 10.
XVI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular quela Ley le prohibida. XVII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación dequien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para ocupar unempleo, cargo o comisión en el servicio público, o sin que llene los requisitos que señalen las leyespara ello. Deberá, asimismo, abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, decelebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones,arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquiernaturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión enel servicio público, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin laautorización previa y específica de la Contraloría, a propuesta razonada, conforme a lasdisposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependencia o entidad de que se trate. Porningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado paradesempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni con las sociedades de quedichas personas formen parte. XVIII.- Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los quetenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algúnbeneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad ociviles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o parasocios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayanformado parte. XIX.- Informar por escrito al Jefe inmediato y en su caso, al Superior Jerárquico, sobre laatención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que seande su conocimiento; y observar las instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación yresolución, cuando a juicio del mismo Jefe inmediato o del Superior Jerárquico el servidor públicono pueda abstenerse de intervenir en ellos. XX.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir por sí opor interpósita persona, dinero u objetos mediante enajenación a su favor, en precio notoriamenteinferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo,cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XVIII de este Artículo, yque procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales oindustriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidorpúblico de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique interesesen conflicto. XXI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficiosadicionales a las contraprestaciones comprobables que reciba legalmente por el desempeño de susfunciones, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XVIII de este precepto. XXII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento,designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquierservidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivaralguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XVIII de esteArtículo. XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba dela dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a lacompetencia de ésta. XXIV.- Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su situaciónpatrimonial y las actualizaciones de la misma en los términos que establece la presente Ley, para 10 11.
efecto de su registro ante la Secretaría de la Contraloría General y su inscripción y registro ante elInstituto Catastral y Registral del Estado para conocimiento público. XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con lasdisposiciones de este articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal,según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir,respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa enlos términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquierdisposición jurídica relacionada con el servicio público. XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del serviciopúblico, cualquier acto u omisión que, dolosa o culposamente, propicie daño a bienes ajenos, a lasinstalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona; y XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. ARTICULO 64.- Para los efectos de esta ley se entenderá: En la Administración Pública Estatal I.- Por Contraloría, la Secretaría de la Contraloría General; y II.- Por Superior Jerárquico, en el caso de las entidades, el Director General o su equivalente. En los Municipios del Estado I.- Por Ayuntamiento, los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. II.- Por Superior Jerárquico en las dependencias, el Presidente Municipal del Ayuntamientorespectivo. III.- Por Superior Jerárquico en las entidades, el Director General o su equivalente. IV.- Por Contraloría Municipal, la unidad administrativa encargada de las funciones delSistema de Control y Evaluación Gubernamental. En aquellos municipios que no se cuente condicha unidad, las funciones serán ejercidas por el Presidente Municipal. CAPITULO II SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS ARTICULO 65.- Los órganos de control interno de las entidades de la administración públicaestatal o municipal, podrán recibir denuncias relativas al incumplimiento de funciones o violacionesa esta Ley y que se presenten contra servidores públicos de la entidad respectiva; pero las turnarána la Contraloría o a las Contralorías Municipales, según corresponda, para que substancien elprocedimiento que establece la Ley. ARTICULO 66.- En las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal ymunicipales, cualquier interesado podrá presentar denuncias contra sus servidores públicos, por elincumplimiento de las obligaciones que se contienen en este Título. La Contraloría, y las Contralorías Municipales, tienen la obligación de respetar y hacerrespetar, el derecho a la formulación y presentación de denuncias, a que se refiere el párrafoanterior y de evitar que con motivo de éstas, se causen molestias indebidas al denunciante. Elservidor público que por cualquier medio, por sí o por interpósita persona, inhiba o pretenda inhibiral denunciante, para evitar la formulación o presentación de denuncias o que, con motivo de ellas,realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida, que lesione o pueda lesionar los 11 12.
intereses de quienes la formulen o presenten, incurrirá en responsabilidad conforme a la presenteLey, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes y reglamentos. ARTICULO 67.- La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá las normas necesarias paraaplicar las sanciones administrativas señaladas en esta ley, a los servidores públicos del PoderJudicial. Lo mismo hará la Ley que corresponda, respecto de los servidores públicos del PoderLegislativo. ARTICULO 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere elArtículo 63, podrán consistir en: I.- Apercibimiento. II.- Amonestación. III.- Suspensión. IV.- Destitución del puesto. V.- Sanción Económica, e VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el serviciopúblico. Será sancionado directamente con la destitución o la inhabilitación previstas por lasfracciones IV y VI que anteceden, o con ambas conjuntamente según la gravedad del caso, elservidor público que teniendo atribución para realizar visitas domiciliarias o de reconocimiento,inspecciones, verificaciones o comprobaciones sobre el cumplimiento de requisitos, obligaciones ocondiciones a cargo de propietarios, poseedores, administradores o encargados de inmuebles,oficinas públicas o privadas, omita realizarlas conforme al programa anual de inspeccionesestablecido o, habiéndolas realizado, asiente falsamente el resultado de la diligenciacorrespondiente, o no reporte en tiempo y forma dichos resultados a su superior jerárquico. De igualforma, será sancionado el servidor público que, teniendo la atribución de emitir resoluciones sobremedidas correctivas y de seguridad con base en los resultados de las precitadas diligencias, notome y mande ejecutar las decisiones correspondientes en los plazos de ley. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique ellucro o cause daños o perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no excedede cien veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado y de tres a diez años siexcede de dicho límite. La Contraloría integrará un registro estatal de servidores públicos inhabilitados paradesempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Así mismo, podrá celebrar convenioscon la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y con los Ayuntamientos del Estado,con el objeto de intercambiar información de los servidores públicos inhabilitados, a efecto de quelas consecuencias jurídicas de la inhabilitación, se actualicen en todos los niveles de gobierno. ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta lossiguientes elementos: I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimirprácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten conbase en ella. II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 12 13.
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios deejecución. V.- La antigüedad en el servicio. VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento deobligaciones. ARTICULO 70.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos ydaños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Articulo 63de esta ley, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados. Las sanciones económicas establecidas en este Articulo se cubrirán una vez determinadasen cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos generales vigentes al día de su pago,conforme al siguiente procedimiento: I.- La sanción económica determinada en cantidad liquida se dividirá entre el salario mínimogeneral mensual vigente en la capital del Estado al día de su imposición. II.- El cociente se multiplicará por el salario mínimo general mensual vigente en la capital delEstado, al día del pago de la sanción. Para los efectos de esta ley, se entenderá por salario mínimo general mensual, el equivalentea treinta veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del Estado. ARTICULO 71.- La aplicación de las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68de esta Ley, le corresponde, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, ala Contraloría, y en las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a laContraloría Municipal. ARTICULO 72.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito ante las autoridades queseñala el Artículo 65 de esta Ley, los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidadadministrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección. De toda denuncia que se reciba en la Administración Pública Estatal, se enviará copia a laContraloría. ARTICULO 73.- La Contraloría y las Contralorías Municipales, en el ámbito de susrespectivas competencias, aplicarán las sanciones correspondientes, a los titulares de los órganosde control interno de las entidades de la administración pública estatal y paramunicipal, cuandoéstas incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa. ARTICULO 74.- Se deroga. ARTICULO 75.- Se deroga. ARTICULO 76.- Si los órganos de control interno tuvieran conocimiento de hechos queimpliquen responsabilidad penal, darán vista de ellos a la Contraloría o a los Ayuntamientos, segúncorresponda, y a la autoridad competente para conocer del ilícito. ARTICULO 77.- Cuando de las investigaciones y auditorías que realicen la Contraloría y lasContralorías Municipales, aparecieron hechos que puedan implicar responsabilidad administrativa,se abocarán a instruir el procedimiento si el asunto es de su competencia; en caso contrario, lopondrán en conocimiento de quien sea legalmente competente, para que proceda conforme con susatribuciones legales. 13 14.
En los casos de la primera parte del párrafo anterior y, tratándose de las entidades de laadministración pública estatal o paramunicipal, se podrá ordenar al órgano de control interno quecorresponda, que coadyuve en la instrucción del procedimiento de determinación deresponsabilidades. ARTICULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y lasContralorías Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 deesta Ley, conforme al siguiente procedimiento: I.- El procedimiento se iniciará con el acuerdo que dicte la Contraloría o la ContraloríaMunicipal, en su caso, teniendo por radicado el procedimiento de la presunta responsabilidadadministrativa. II.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad oresponsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia ysu derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de undefensor. III.- La autoridad instructora, por simple acuerdo, comisionará a quien deba hacer el citatorio,precisando los nombres de dos testigos de asistencia que darán fe de la diligencia. La notificaciónse hará en el domicilio del centro de labores donde el servidor público preste sus servicios y si ésteya no trabaja en el servicio público, en su domicilio particular. El encargado asentará razón de laforma en que se cerciore de la veracidad del domicilio. Si el citado no está presente, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábilesdel día siguiente, con quien esté en el domicilio, y en caso contrario, con el vecino más cercano. Sia la hora fijada no se encuentra el citado, se entenderá la diligencia con quien esté presente y noencontrándose, con el vecino más próximo. El citatorio deberá entregarse con 5 días hábiles deanticipación a la audiencia, por lo menos. El encargado asentará razón en el expediente de todaslas circunstancias de la diligencia de notificación. Para los efectos de esta Ley, las notificaciones que se realicen en forma personal, surtiránsus efectos el mismo día que se lleven a cabo, y las demás notificaciones, al día siguiente que selleve a cabo la diligencia correspondiente. IV.- Si el día de la audiencia no comparece el supuesto infractor sin justa causa, ni personaque legalmente lo represente, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan,debiendo previamente la autoridad instructora cerciorarse de que se le citó conforme a las reglasanteriores y si observara violaciones a éstas, ordenará reponer el procedimiento en forma legal. V.- La autoridad instructora solicitará al titular de la dependencia o entidad donde labora ohubiere laborado el supuesto infractor, que designe un representante para la audiencia, a efecto deque se informe de las constancias del procedimiento y coadyuve en el esclarecimiento de loshechos. VI.- Una vez abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al supuesto infractor o a sudefensor si aquél así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se leimputen, y ofrezca las pruebas que juzgue convenientes. Son admisibles todos los medios de prueba, excepto aquéllos que no tengan relación con loshechos que se investigan. VII.- Concluido el ofrecimiento de pruebas, la autoridad declarará cerrado este período ydictará acuerdo, dentro de los tres días hábiles siguientes, sobre las pruebas que admita y, en sucaso, deberá fundar y motivar debidamente su desechamiento. Una vez cerrado el período deofrecimiento de pruebas, el supuesto infractor, podrá ofrecer únicamente pruebas supervinientes. 14 15.
En el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, se dictarán todas las medidas que seannecesarias para la recepción de las pruebas admitidas y se notificará del mismo al supuestoinfractor. VIII.- Cuando no existan pruebas pendientes de desahogo, la autoridad instructora declararácerrado el período probatorio y dictará resolución dentro de los quince días hábiles siguientes,sobre la inexistencia de responsabilidad administrativa o, en su caso, impondrá al infractor lasanción que corresponda. La resolución se notificará al interesado dentro de los tres días hábilessiguientes, así como a su jefe inmediato, al titular de la dependencia o entidad donde presta o hayaprestado sus servicios y a cualquier otro funcionario que deba conocerla, debiéndose, en todo caso,correr traslado con copia de la misma. IX.- Si durante la instrucción del procedimiento, aparecieron elementos que constituyannuevas responsabilidades administrativas a cargo del supuesto infractor o de otras personas, serealizarán las investigaciones que sean necesarias y se citará para otra u otras audiencias, hastatener elementos suficientes para resolver; y X.- En cualquier momento, previo o posteriormente al citatorio a que se refiere este artículo,la autoridad instructora podrá ordenar la suspensión temporal de los supuestos infractores de susempleos, cargos o comisiones, si a su juicio así conviene para la mejor conducción de lasinvestigaciones. Esta suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se imputa y ladeterminación que la declare lo hará constar así expresamente. La suspensión temporal decretada conforme al párrafo anterior, suspenderá los efectos delacto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momentoen que sea notificada al interesado y cesará cuando así lo resuelva la autoridad instructora,independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento en que se hayadecretado. Si los servidores públicos suspendidos temporalmente no resultaron responsables de la faltaque se les impute, serán restituidos en su puesto y se les cubrirán las percepciones que hubierendejado de recibir, durante el tiempo que hubieren estado suspendidos. Para declarar la suspensión a que se refieren los párrafos anteriores, se requeriráautorización del Congreso del Estado, o en receso de éste, de la Diputación Permanente, si para elnombramiento del servidor público de que se trate, se requirió ratificación de aquél en los términosde la Constitución Política del Estado. Los servidores públicos que sean citados conforme a este artículo, deberán en su primeracomparecencia, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, y en caso de no hacerlo, se lesnotificará por publicación que se realice en las oficinas de la autoridad que los haya citado. Lasnotificaciones siguientes a la primera se harán igual que ésta, en el domicilio que se señale, pero yano será necesario dejar citatorio si el interesado no se encuentra. En el desarrollo y desahogo del procedimiento a que se refiere este artículo y en cuanto a lono previsto, se estará a lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles para el Estado deSonora. ARTICULO 79.- En los procedimientos que se sigan para la investigación y aplicación desanciones de la competencia de la Contraloría y Contralorías Municipales, en su caso, seobservarán las reglas contenidas en el artículo anterior. ARTICULO 80.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen,que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que incurren quienesfaltan a la verdad. Cuando alguien se negare a firmar el acta, se hará constar expresamente esta circunstanciapor la autoridad que la levante. 15 16.
Las actuaciones y notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles. Son días hábilestodos los del año, excepto los sábados y domingos y los que señala la Ley del Servicio Civil para elEstado de Sonora. Serán horas hábiles para llevar a cabo las actuaciones las comprendidas de las7:00 a las 19:00 horas. ARTICULO 81.- El titular de la dependencia o entidad en que preste o haya prestado susservicios el encausado, podrá designar representante para los efectos previstos en la fracción V delArticulo 78 de esta Ley. La falta de designación de representante no interrumpirá el curso normaldel procedimiento, ni impedirá a la autoridad instructora para dictar resolución. ARTICULO 82.- Las resoluciones y acuerdos de las autoridades competentes para aplicar lassanciones constarán por escrito. ARTICULO 83.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, podránser impugnadas por el servidor público afectado mediante recurso de revocación, que seinterpondrá ante la propia autoridad que las haya dictado, dentro de los cinco días hábilessiguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. La tramitación del recurso, se sujetará a las normas siguientes: I.- Se iniciará mediante escrito en el que se señalará la resolución que se ocurre, la fecha enque fue notificada y se expresarán en el mismo, los agravios que a juicio del servidor público se lecausan con dicha resolución. En este escrito, se propondrán las pruebas que el recurrenteconsidere necesario rendir, las cuales deben referirse únicamente a las cuestiones planteadas en elrecurso. II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas,desechando las que no reúnan las características mencionadas en la fracción anterior. Las pruebas admitidas, cuando requieran desahogo posterior, se recibirán en un plazo nomayor de diez días hábiles, el cual podrá ampliarse si a juicio de la autoridad instructora esnecesario para la mejor resolución del recurso; y III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad instructora emitirá resolucióndentro de los quince días siguientes, confirmando, revocando o modificando la resolución recurriday la notificará al interesado dentro de las setenta y dos horas siguientes. ARTICULO 84.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resoluciónrecurrida, si lo solicita el promovente, conforme a las siguientes reglas: I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos quepreviene el Código Fiscal del Estado, y II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si incurren los siguientesrequisitos: a).- Que se admita el recurso. b).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposiblereparación en contra del recurrente, y c).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación deactos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. ARTICULO 85.- La resolución que se dicte conforme al artículo 83 de esta Ley, podrá serimpugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta impugnación tendrá por objetoque dicho tribunal confirme o anule la resolución impugnada, y se substanciará únicamente con elescrito de expresión de agravios y el informe que, junto con el expediente de origen, le remita laautoridad instructora. 16 17.
El servidor público deberá interponer su impugnación, dentro de los tres días hábilessiguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada; la autoridadinstructora deberá rendir su informe en igual término, haciéndolo por escrito y anexando elexpediente de origen, una vez que el tribunal le notifique la interposición de la impugnación.Concluidos los términos mencionados en este párrafo, el tribunal dictará resolución, confirmando oanulando la resolución impugnada. ARTICULO 86.- Las resoluciones anulatorias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,que causen ejecutoria, tendrán el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechosde que hubiese sido privado, por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo queestablecen otras leyes. ARTICULO 87.- Las resoluciones absolutorias que dicte el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, podrán ser impugnadas por las autoridades que hayan impuesto las sanciones. ARTICULO 88.- Las sanciones administrativas impuestas en resolución firme, se ejecutaránde inmediato en los términos que lo dispongan las resoluciones respectivas. La suspensión, ladestitución o inhabilitación que se imponga a los servidores públicos de confianza, surtirá efectos alnotificarse la resolución y se considerarán de orden público. Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución surtirán efectosal notificarse la resolución y se enviará copia de la misma a la autoridad encargada de los recursoshumanos y al sindicato correspondiente, si este dato obrara en el expediente. El apercibimiento, la amonestación y la sanción económica surten efectos al momento denotificarse. ARTICULO 89.- Las sanciones económicas que se impongan, constituirán créditos fiscales afavor del erario estatal o municipal, según corresponda y se harán efectivas por conducto de lasoficinas recaudadoras de la competencia respectiva, mediante el procedimiento económico coactivode ejecución y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a esta materia. ARTICULO 90.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere esta ley, lasautoridades competentes podrán emplear los siguientes medios de apremio: I.- Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en la capital delEstado, en el momento de imponerla. II.- Auxilio de la fuerza pública. Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, seestará a lo que prevenga la Legislación Penal. ARTICULO 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este Titulose sujetarán a lo siguiente: I.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, noexcede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado; y II.- En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se contará a partirdel día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momentoen que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse elprocedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. TITULO SEXTO REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 17 18.
CAPITULO UNICO ARTICULO 92.- La Contraloría General del Estado llevará el registro de la situaciónpatrimonial de los Servidores Públicos, de conformidad con esta ley y demás disposicionesaplicables tanto del Estado y de los Municipios, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de losOrganismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, de los TribunalesAdministrativos y del Trabajo, cuyas declaraciones estarán a disposición pública en el InstitutoCatastral y Registral para su consulta, copia o publicación, según sea el caso, y de estimarsenecesario su publicación, deberá acreditarse el interés legítimo del solicitante que calificará el vocalejecutivo del Instituto. ARTICULO 93.- Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonialante la Contraloría General del Estado, bajo protesta de decir verdad: I.- En el Poder Legislativo: Los Diputados, el Oficial Mayor y el Contador Mayor de Glosa delCongreso del Estado. II.- En el Poder Ejecutivo: Todos los servidores públicos, desde jefes de departamento hastael Gobernador del Estado, los previstos en las fracciones V y VI de este Artículo, los miembros de laPolicía Judicial del Estado y el personal de vigilancia de los Centros de Prevención y ReadaptaciónSocial. III.- En el Poder Judicial: Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de sus SalasRegionales, los Secretarios Generales y Auxiliares del Supremo Tribunal de Justicia, y de sus SalasRegionales, los Secretarios Proyectistas adscritos a los Magistrados, los Jueces de PrimeraInstancia y Locales y los Secretarios y Actuarios de Juzgado. IV.- En los Municipios del Estado: Todos los servidores públicos, desde jefes dedepartamento hasta los integrantes de los Ayuntamientos, los Secretarios y Tesoreros de losAyuntamientos, Comisarios y Delegados Municipales y el personal de los servicios policíacos, detránsito y de bomberos. V.- En los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritarias,Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos, sean Estatales oMunicipales: Los Directores Generales, Gerentes Generales, Subdirectores Generales,Subgerentes Generales, Directores, Subdirectores, Gerentes y Subgerentes. VI.- En los Tribunales Administrativos y del Trabajo: Los Magistrados, miembros de Juntas,Secretarios Generales y Auxiliares, Actuarios y Procuradores e Inspectores de Trabajo. También harán la declaración de que se trata, los demás servidores públicos que determinenel Contralor General y el Procurador General de Justicia del Estado, mediante disposicionesgenerales debidamente motivadas y fundadas. El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltase a la verdad, enrelación con lo que es obligatorio manifestar en los términos de esta Ley, será suspendido, ycuando por su importancia lo amerite, destituido o inhabilitado de tres meses a tres años, sinperjuicio de las investigaciones que el caso pudiere ameritar. ARTICULO 94.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse para su registroante la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en los siguientes plazos: I.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. II.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del empleo, cargo ocomisión, y III.- Durante el mes de junio de cada año deberá presentarse la actualización de ladeclaración de situación patrimonial a que se refiere este Artículo, salvo que en ese mismo año sehubiese presentado la declaración a que se refiere la Fracción I de este precepto. 18 19.
IV.- Presentadas las declaraciones de que se trate para su registro ante la ContraloríaGeneral del Estado, ésta deberá enviar copia fiel de la misma dentro de los próximos 30 díashábiles siguientes, al vencimiento que corresponda, al Instituto Catastral y Registral, para su debidainscripción y registro y demás actos de publicidad que correspondan, de conformidad a loestablecido en la presente Ley y la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. ARTICULO 95.- Si transcurrido el plazo a que se refiere la fracción I del artículo queantecede, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, quedarásin efectos el nombramiento respectivo, previa declaración de la Contraloría. Lo mismo ocurrirácuando se omita la declaración contemplada en la fracción III del artículo que antecede. ARTICULO 96.- La Contraloría General del Estado expedirá las normas y los formatos bajolos cuales el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como losmanuales e instructivos que indicarán los bienes que es obligatorio declarar, mismos que deberáentregar oportunamente, y durante los próximos 10 días hábiles a partir que se actualice cualquierade los supuestos del artículo 94 de la presente Ley. ARTICULO 97.- En la declaración inicial y final de situación patrimonial se manifestarán losbienes inmuebles, con la fecha y valores de adquisición. En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, confecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición. Tratándose de bienes muebles, la Contraloría General decidirá, mediante acuerdo general,las características que deba tener la declaración. ARTICULO 98.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamentesuperiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Contraloría General podráordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías. Cuandoestos actos requieran orden de autoridad judicial, la Contraloría General hará la solicitudcorrespondiente. Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público delos hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquellos consten,para que exponga lo que en derecho le convenga. ARTICULO 99.- El servidor público a quien se practique visita de inspección o auditoria podráaclarar ante la Contraloría General, los hechos contenidos en las actas, mediante escrito quedeberán presentar dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de aquéllas, en el que seexpresarán las razones aclaratorias y ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar orendir dentro de los quince días siguientes a la presentación del escrito. Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el servidorpúblico y los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los testigos se negaren afirmar, el Visitador lo hará constar, sin que estas circuntancias afecten el valor probatorio que, ensu caso, posea el documento. ARTICULO 100.- Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal, losservidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito. ARTICULO 101.- Para los efectos de esta ley y del Código Penal, se computarán entre losbienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan comodueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicosdirectos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos alservidor público. ARTICULO 102.- La Contraloría General del Estado, hará al Ministerio Público, en su caso,declaratoria de que el servidor público sujeto a la investigación respectiva, en los términos de lapresente ley, no justificó la procedencia lícita del incremento substancial de su patrimonio, de los 19 20.
bienes adquiridos o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de suencargo o por motivos del mismo. TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley abroga la Ley Número 139, que reglamenta los Artículos143 y 144 de la Constitución Política Local, sobre responsabilidad de altos funcionarios yempleados del Estado y Municipios, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lapresente ley. ARTICULO SEGUNDO.- Los procedimientos que al entrar en vigor esta ley, se encuentrenpendientes en cualquier instancia judicial, ya sean de orden penal o patrimonial, se continuaránhasta su legal terminación, con arreglo a las disposiciones vigentes antes de la publicación de esteordenamiento. ARTICULO TERCERO.- Las manifestaciones de bienes realizadas ante la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado, con anterioridad a la vigencia de esta ley, tendrán pleno valor sinperjuicio de las actualizaciones que prevé el presente ordenamiento. ARTICULO CUARTO.- Las sanciones previstas en la Ley Número 139 que reglamenta losArtículos 143 y 144 de la Constitución Política Local que se abroga, por falta o retardo en lapresentación de las manifestaciones de bienes, se harán efectivas de acuerdo a las disposicionescontenidas en esta ley. ARTICULO QUINTO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación enel Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO SEXTO.- En tanto se constituyan e instalen los órganos de control interno en lasadministraciones públicas estatal y municipales a que se refiere el Artículo 65 de esta Ley, lasatribuciones de estos serán ejercidas directamente por el Superior Jerárquico que este mismoordenamiento señala. TRANSITORIOS DE LA LEY 220 ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley, entrará en vigor al día siguiente de su publicaciónen el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite ante los Organos deControl Interno de las dependencias de la administración pública estatal, se turnarán a laContraloría, con el objeto de que ésta continúe con los procedimientos correspondientes hasta sutotal terminación. ARTICULO TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite ante las dependencias yentidades de los municipios, y que se refieren a las materias que les corresponda conocer a lasContralorías Municipales, conforme lo establece la Ley Orgánica de Administración Municipal, leserán turnados a ellas con la finalidad de continuar con los procedimientos correspondientes hastasu total terminación. TRANSITORIOS DEL DECRETO 194 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de supublicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los trámites y servicios que se encuentren pendientes de revisión oresolución en la Unidad Estatal de Protección Civil, se seguirán según lo dispuesto en la Ley deProtección Civil para el Estado de Sonora y su Reglamento que se encuentren vigentes al momentode la entrada en vigor del presente Decreto. 20 21.
ARTÍCULO TERCERO.- Los propietarios, poseedores, administradores o encargados deestablecimientos, edificaciones o inmuebles a que se refiere el artículo 37 del artículo primero deeste Decreto, deberán dar cumplimiento a la misma en un plazo no mayor a 180 días, contado apartir del día siguiente al de publicación de este Decreto, a excepción de los señalados en el incisop) de la fracción XIX del artículo 13 del mismo artículo primero de este Decreto, que deberánhacerlo dentro de los noventa días siguientes a su entrada en vigor. En caso de incumplimiento, seaplicarán las sanciones previstas en la propia Ley de Protección Civil. ARTÍCULO CUARTO.- En un plazo no mayor a treinta días contados a partir de la entrada envigor de la presente Ley, el Titular del Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos, en su respectivo ámbitode competencia, deberán realizar las adecuaciones pertinentes y emitir las disposicionesadministrativas necesarias para cumplir cabalmente con las disposiciones de este ordenamiento. APENDICELEY 54.- B.O. No. 29, Sección II, de fecha 9 de abril de 1984.LEY 220.- B.O. No. 33, Sección II, de fecha 26 de abril de 1993, que reforma los Artículos 4o.;6o.; 29; 63, párrafo primero y fracciones XII y XXV; 64, fracciones I y II; 65; 66; 71; 73; 77; 78; 79;81; 83; 85; 88, segundo párrafo; 91, fracción I; 93, fracción III; se adicionan los Artículos 63, fracciónXVII, con un párrafo; 64, tercer párrafo, con una fracción IV; 68, con un tercer párrafo; 80, con unsegundo y tercer párrafos; 91, fracción II, con un párrafo y 93, con un párrafo y se derogan losArtículos 74 y 75.LEY 96.- B.O. No. 48, Sección I, de fecha 14 de diciembre de 1998, que reforma y adiciona losartículos 1º, fracción V; 63, fracción XXIV; 92; 94 y 96.Decreto 194, B. O. No. 18, Sección II, de fecha 31 de agosto de 2009, que reforma la fracciónXXVII del artículo 63 y se adicionan una fracción XXVIII al artículo 63 y un párrafo segundo alartículo 68, recorriéndose en su orden los actuales párrafos segundo y tercero. INDICEL E Y DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOSMUNICIPIOS ......................................................................................................................................... 1TITULO PRIMERO ............................................................................................................................... 1CAPITULO UNICO ............................................................................................................................... 1DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................... 1TITULO SEGUNDO .............................................................................................................................. 2RESPONSABILIDAD POLITICA ........................................................................................................... 2CAPITULO I .......................................................................................................................................... 2SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES .............................................................. 2CAPITULO II ......................................................................................................................................... 3PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLITICO ..................................................................................... 3TITULO TERCERO............................................................................................................................... 5RESPONSABILIDAD PENAL ............................................................................................................... 5CAPITULO I .......................................................................................................................................... 5DISPOSICIONES GENERALES .......................................................................................................... 5CAPITULO II ......................................................................................................................................... 6PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA................................................. 6 21 22.
TITULO CUARTO ................................................................................................................................. 7DISPOSICIONES COMUNES A LOS TITULOS SEGUNDO Y TERCERO .......................................... 7CAPITULO UNICO ............................................................................................................................... 7TITULO QUINTO .................................................................................................................................. 8RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ............................................................................................. 8CAPITULO I .......................................................................................................................................... 8SUJETOS Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PUBLICO ............................................................... 8CAPITULO II ....................................................................................................................................... 11SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS.............................. 11TITULO SEXTO .................................................................................................................................. 17REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. ..................................................... 17CAPITULO UNICO ............................................................................................................................. 18TRANSITORIOS ................................................................................................................................. 20 22 Recommended