Source: https://es.scribd.com/document/91018739/Demanda-por-inconstitucionalidad-LeyLleras2-0
Timestamp: 2019-08-21 11:22:23
Document Index: 89129631

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 20', 'Artículo 29', 'Artículo 158', 'in fine']

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La Ley Lleras 2.0, aprobada y sancionada con extrema rapidez, tanto por el Congreso de la República como por el Presidente Juan Manuel Santos, es demandada ante la Corte Constitucional por el Senador Camilo Romero, por vicios de fondo que ponen en riesgo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Las normas constitucionales vulneradas por la Ley 1520 de 2012 son: EL Artículo 13 sobre el derecho a la igualdad, el Artículo 15 sobre el derecho a la intimidad, el Artículo 20 sobre libertad de expresión, el, Artículo 29 sobre el debido proceso y el Artículo 158 sobre unidad de materia. El día martes 17 de abril, el Senador Romero se presentó ante la Corte Constitucional para radicar la demanda a la Ley 1520/12, esperando que se analice con detalle los vicios de fondo que la hacen perjudicial para la sociedad colombiana.
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El Debido Proceso y La Tutela Jurisdiccional Efectiva
Unidad 2 La revuelta de los comuneros - Paula Andrea Salcedo Gómez
Bogot D.C abril 17 de 2012
Honorables MAGISTRADOS CORTE CONSTITUCIONAL Ciudad Ref.: Demanda de Accin Pblica de Inconstitucionalidad de conformidad al Decreto 2067 de 1991. Yo, CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO, ciudadano colombiano, identificado con la cdula de ciudadana nmero 98.394.084 de Pasto, con domicilio en la ciudad de Bogot, en uso de mis derechos y deberes ciudadanos consagrados en los artculos 40 numeral 6 y 95 numeral 7 de la Constitucin Poltica, me dirijo a ustedes para interponer accin pblica y demandar por inconstitucionalidad algunos artculos de la Ley 1520 de 2012 publicada en el Diario Oficial 48400, debido a que el poder legislativo al decretar esta ley sobrepas los lmites consagrados en la Constitucin Poltica. Me permito describir esta solicitud de la siguiente manera: 1. NORMAS ACUSADAS COMO INCONSTITUCIONALES Las normas que acuso como inconstitucionales son las siguientes de la Ley: Los Artculos 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 19 y 21 de la Ley 1520 de 2012 por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promocin Comercial, suscrito entre la Repblica de Colombia y los Estados Unidos de Amrica y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la poltica de Comercio exterior e integracin econmica. 2. TRANSCRIPCIN DE NORMAS INCONSTITUCIONALES EN LA LEY QUE SE ACUSAN COMO
Artculo 2. Artculo 2 El artculo 8 de la 23 de 1982 quedar as: "Artculo 61. Para los efectos de la presente ley se entiende por: Lucro: Ganancia o provecho que se saca de algo. Fijacin. Incorporacin de signos, sonidos o imgenes, o de la representacin de stos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo. Artculo 3. La Ley 23 de 1982 tendr un artculo nuevo l0A el cual quedar as: "Artculo 10A. En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho de autor y los derechos conexos se presumir, en ausencia de prueba en contrario, que la persona natural o jurdica cuyo nombre es indicado de la manera usual, es el titular de los derechos de la obra, interpretacin o ejecucin o fonograma. Tambin
2 se presume que, en ausencia de prueba en contrario, el derecho de autor o derecho conexo subsiste en relacin con la obra, interpretacin o ejecucin o fonogramas". Artculo 6. El artculo 27 de la Ley 23 de 1982, quedar as: "Artculo 27. En todos los casos en que una obra literaria o artstica tenga por titular una persona jurdica, el plazo de proteccin ser de 70 aos contados a partir del final del ao calendario de la primera publicacin autorizada de la obra. Si dentro de los 50 aos siguientes a la creacin de la obra no ha existido publicacin autorizada, el plazo de proteccin ser de 70 aos a partir del final del ao calendario de la creacin de la obra". Artculo 13. No obstante la posibilidad que tiene el Estado de establecer limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos previstos en la legislacin nacional sobre derecho de autor y derechos conexos, no se permite la retransmisin a travs de Internet de seales de televisin, sean terrestres, por cable o por satlite, sin la autorizacin del titular o titulares del derecho del contenido de la seal y, si es del caso, de la seal. Artculo 14. Independientemente de que concurra una infraccin al derecho de autor o a los derechos conexos, incurrir en responsabilidad civil y deber indemnizar los perjuicios que ocasione quien realice cualquiera de las siguientes conductas: a) Sin autorizacin eluda las medidas tecnolgicas efectivas impuestas para controlar el acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones artsticas o ejecuciones, fonogramas o emisiones radiodifundidas; b) Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al pblico, proporcione o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al pblico proporcione servicios que, respecto de cualquier medida tecnolgica efectiva: Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propsito de eludir dicha medida; o Tengan un limitado propsito o un uso comercial significativo, diferente al de eludir dicha medida; o Sean diseados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusin de dicha medida; o c) Suprima o altere cualquier informacin sobre la gestin de derechos; d) Distribuya o importe para su distribucin, informacin sobre gestin de derechos sabiendo que dicha informacin ha sido suprimida o alterada sin autorizacin; e) Distribuya, importe para su distribucin, transmita, comunique o ponga a disposicin del pblico copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la informacin sobre gestin de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacin". Pargrafo. Salvo orden judicial, ninguna autoridad administrativa podr requerir que el diseo o la seleccin de las partes y componentes para un producto de consumo electrnico, de telecomunicaciones o de computacin, responda a una medida tecnolgica en particular, a condicin de que dicho producto no viole de alguna otra forma las disposiciones estipuladas en este artculo. Artculo 15. Las siguientes son excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a) y b) del artculo anterior y ser aplicada en consonancia con los pargrafos de este artculo.
3 a) Actividades no infractoras de ingeniera inversa respecto a la copia de un programa de computacin obtenida legalmente, realizadas de buena fe con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computacin que no han estado a la disposicin inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el nico propsito de lograr la interoperabilidad de un programa de computacin creado independientemente con otros programas; b) Actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador apropiadamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, interpretacin o ejecucin no fijada o muestra de una obra, interpretacin o ejecucin o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorizacin para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el nico propsito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologas para codificar y decodificar la informacin; c) La inclusin de un componente o parte con el nico fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en lnea en una tecnologa, producto, servicio o dispositivo que por s mismo sea diferente de los mencionados en el literal b) del artculo 14 de la presente Ley; d) Actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de cmputo o red de cmputo con el nico fin de probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cmputo o red de cmputo; e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas, sin fines de lucro, a una obra, interpretacin o ejecucin o fonograma a la cual no tendran acceso de otro modo, con el nico fin de tomar decisiones sobre adquisiciones; f) Actividades no infractoras con el (mico fin de identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recoleccin o difusin de datos de identificacin personal que reflejen las actividades en lnea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra; g) Usos no infractores de una obra, interpretacin o ejecucin o fonograma, en una clase particular de obras determinadas por la ley y teniendo en cuenta la existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no infractores. El Gobierno Nacional har una revisin peridica de dicho impacto, en intervalos de no ms de cuatro aos, para determinar la necesidad y conveniencia de presentar al Congreso de la Repblica un proyecto de ley en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la excepcin prevista en este literal; h) La actividad legalmente autorizada de investigacin, proteccin, seguridad de la informacin o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para los efectos de este literal, el trmino "seguridad de la informacin" significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cmputo o una red de computo gubernamentales. Pargrafo 1. Todas las excepciones a las conductas establecidas en el presente artculo aplican para las medidas tecnolgicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretacin ejecucin o fonograma. Pargrafo 2. A las actividades relacionadas en el artculo 252bis literal b), cuando se refieran a medidas tecnolgicas que controlen el acceso a una obra, interpretacin, ejecucin o fonograma, solo se aplicaran las excepciones establecidas en los literales a), b), c), d) del presente artculo. Pargrafo 3. A las actividades relacionadas en el artculo 252bis literal b), cuando se refieran a medidas tecnolgicas que controlen usos no autorizados de una obra,
4 interpretacin, ejecucin o fonograma, solo se aplicar la excepcin establecida en el literal a) del presente artculo. Artculo 16. El artculo 2 de la Ley 1032 de 2006 que reform el artculo 271 de la Ley 599 de 2000, quedar as: "Artculo 2. Violacin a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrir en prisin de cuatro (4) a ocho (8) aos y multa de veintisis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorizacin previa y expresa del titular de los derechos correspondientes: Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carcter literario, cientfico, artstico o cinematogrfico, fonograma, videograma, soporte lgico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importante, exporte, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribucin, o suministre a cualquier ttulo dichas reproducciones. Represente, ejecute o exhiba pblicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematogrficas, o cualquier otra obra de carcter literario o artstico. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lgicos u obras cinematogrficas. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones pblicas de obras teatrales o musicales. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicacin, fijacin, ejecucin, exhibicin, comercializacin, difusin o distribucin y representacin de una obra de las protegidas en este ttulo. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusin. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisin por suscripcin". Artculo 17. El artculo 3 de la Ley 1032 de 2006 que modific el artculo 272 de la Ley 599 de 2000, quedar as: "Artculo 3. Vio/acin a los mecanismos de proteccin de derecho de autor y derechos conexos/ Y otras defraudaciones. Incurrir en prisin de cuatro (4) a ocho (8) aos y multa de veintisis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia econmica privada, actuando sin autorizacin de los titulares de derecho de autor y derechos conexos y salvo las excepciones previstas en la ley: 1. Eluda las medidas tecnolgicas efectivas impuestas para controlar el acceso o los usos no autorizados de las obras, interpretaciones artsticas o ejecuciones, fonogramas o emisiones radiodifundidas. 2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al pblico, proporcione o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al pblico o proporcione servicios que, respecto de cualquier medida tecnolgica efectiva: Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propsito de eludir dicha medida; o tengan un limitado propsito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha medida; o sean diseados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusin dicha medida.
5 3. Suprima o altere cualquier informacin sobre la gestin de derechos. 4. Distribuya o importe para su distribucin informacin sobre gestin de derechos abiendo que dicha informacin ha sido suprimida o alterada sin autorizacin. 5. Distribuya, importe para su distribucin, transmita, comunique o ponga a disposicin del pblico copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la informacin sobre gestin de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacin. 6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la funcin principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificacin de una seal codificada de satlite portadora de programas codificados sin la autorizacin del distribuidor legtimo de dicha seal. 7. Recepcione o posteriormente distribuya una seal de satlite portadora de un programa que se origin como seal por satlite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin la autorizacin del distribuidor legtimo de la seal. 8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudacin, liquidacin o distribucin de derechos econmicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos. Pargrafo. Los numerales 1 a 5 de este artculo no sern aplicables cuando se trate de una biblioteca sin nimo de lucro, archivo, institucin educativa u organismo pblico de radiodifusin no comercial. Artculo 19. Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 33 de la Constitucin Poltica, las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales y las autoridades judiciales competentes para resolver los procesos de infraccin en materia de propiedad intelectual, estarn facultadas para ordenarle al infractor que proporcione cualquier informacin que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infraccin, as como de los medios o instrumentos de produccin o canales de distribucin utilizados para ello. Artculo 21. El pargrafo del artculo 4 de la Ley 680 de 2001 que modific el artculo 33 de la Ley 182 de 1995, quedar as: Pargrafo. En sbados, domingos y festivos el porcentaje de produccin nacional ser mnimo del 30% en los siguientes horarios: De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A). De las 22:30 horas a las 24:00 horas. De las 10:00 horas a las 19:00 horas.
6 3. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS Las normas constitucionales vulneradas por la Ley 1520 de 2012 son: EL Artculo 13, el Artculo 15 sobre el Derecho a la intimidad, el Artculo 20 sobre Libertad de Expresin, el, Artculo 29 sobre el debido proceso y el Artculo 158 sobre unidad de materia. ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirn la misma proteccin y trato de las autoridades y gozarn de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacin por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religin, opinin poltica o filosfica. El Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condicin econmica, fsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ARTCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades pblicas y privadas. En la recoleccin, tratamiento y circulacin de datos se respetarn la libertad y dems garantas consagradas en la Constitucin. La correspondencia y dems formas de comunicacin privada son inviolables. Slo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspeccin, vigilancia e intervencin del Estado podr exigirse la presentacin de libros de contabilidad y dems documentos privados, en los trminos que seale la ley. ARTCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacin veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicacin. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificacin en condiciones de equidad. No habr censura. ARTCULO 29. Nadie podr ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por l, o de oficio, durante la investigacin y el juzgamiento; a un debido proceso pblico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
7 ARTCULO 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y sern inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisin rechazar las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones sern apelables ante la misma comisin. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicar en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. 4. RAZONES POR LAS CUALES DICHOS TEXTOS SE ESTIMAN VIOLADOS VICIOS DE FONDO EN LA LEY 1520 DE 2012 ARTCULO 2. LAS DEFINICIONES DE LUCRO Y FIJACIN.
Con respecto a la definicin de LUCRO, es inconstitucional debido a que su aplicacin viola el derecho a la libertad de expresin y el acceso a la informacin y no garantiza el acceso universal a internet. Aprobado este Artculo, cualquier uso o disfrute de una obra as no sea econmico, se considerara un delito. Es decir, si un usuario copia una pelcula para su disfrute personal es un criminal, porque se considerara lucro solamente el goce de la obra. As las cosas en este caso, un juez aplicando este concepto de manera general puede obligar a un usuario a indemnizar los perjuicios al supuesto dueo de la obra y a pagar de 4 a 8 aos de crcel en concordancia con el Artculo 16 de esta misma ley. La ley aprobada hipertrofia el concepto de lucro, llevndolo hasta comprender cualquier clase de provecho sin limitarlo a la naturaleza econmica, en beneficio particular del titular del derecho de autor y restringiendo de manera absoluta el derecho colectivo a la informacin. De esta manera la ley resulta desproporcional porque protege un derecho individual a lmites de vulnerar un derecho colectivo, siendo lo protegido de entidad menor a lo amenazado. Lo mismo ocurre con la definicin de FIJACIN que aparece en el mismo artculo y con la cual el juez debe interpretar y determinar quin es el infractor. El problema de esta definicin es que no especifica el tiempo que es necesario para que la fijacin sea estable y lo suficientemente permanente como para ser percibida, reproducida o comunicada por un periodo mayor a la duracin transitoria. Esto para determinar si en un caso especfico existe vulneracin a los derechos de autor. Tal y como se aprob esta norma, los casos en donde las seales aparecen brevemente en la TV, otras pantallas o en la memoria de un computador no quedan cubiertos por la definicin y podran llegar a considerarse un delito vulnerando la libertad de expresin en internet del usuario y condenndolo a penas privativas de la libertad. La fijacin, tal y como qued aprobada criminaliza al usuario de la informacin prohibiendo el desempeo normal de los cibernautas al penalizar el uso y la guarda de imgenes u obras, como por ejemplo, lo que ocurre en la memoria cach de los computadores o en las pginas web. Accin que es natural al uso del computador y al acceso de la informacin. Sin embargo, la persona podra ir presa de 4 a 8 aos vulnerando de nuevo el derecho a la libertad de expresin el acceso a la informacin.
8 La ley no establece ninguna clase de cualificacin para hacer incurrir una conducta en el rea penal. Violando el principio de tipicidad penal que se constituye como de naturaleza constitucional y dejando al arbitrio de los jueces determinar en cada caso la comisin o no de un delito. Resulta riesgoso y exagerado que la utilizacin de un medio tecnolgico en pro de la ciencia y el conocimiento genere un alto riesgo para los usuarios, que por motivos de operaciones automticas de sus computadores pueden incurrir en la violacin de la ley penal sin mediar hechos de su voluntad. De esta manera, es claro que los alcances de estas definiciones tienen repercusiones en la aplicacin de la ley y en la afectacin negativa a derechos fundamentales. ARTCULO 13. PROHIBICION DE LA SEAL DE TELEVISION EN INTERNET Este artculo es inconstitucional porque penaliza al usuario que enlace un noticiero o cualquier programa de televisin para ser publicado y retrasmitido en un blog o en una pgina web, violando de manera flagrante el derecho a la libertad de expresin y pensamiento en medios masivos de comunicacin como internet. Adems vulnera el derecho a la informacin pues no contiene la debida ponderacin entre los derechos de autor y los derechos fundamentales en relacin. Esta disposicin tal y como est aprobada criminaliza cualquier tipo de expresin audiovisual con la posibilidad de ir a la crcel de 4 a 8 aos pena que se encuentra en el artculo 16 de esta ley. Es claro entonces, que los Artculos 2 y 13 de la ley demandada vulneran los derechos a la libertad de expresin y el acceso a la informacin, importantes en s mismos, cmo herramienta esencial para la defensa de todos los dems derechos y como elemento fundamental de la democracia de nuestra Constitucin Nacional. Al respecto la Declaracin conjunta sobre la libertad de expresin e Internet de , la ONU, la OEA, la OSCE y la CADHP, afirma: a. La libertad de expresin se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicacin. Las restricciones a la libertad de expresin en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estndares internacionales que disponen, entre otras cosas, que debern estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legtima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita"). b. Al evaluar la proporcionalidad de una restriccin a la libertad de expresin en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restriccin podra tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresin respecto de los beneficios que la restriccin reportara para la proteccin de otros intereses. c. Los enfoques de reglamentacin desarrollados para otros medios de comunicacin como telefona o radio y televisin no pueden transferirse sin ms a Internet, sino que deben ser diseados especficamente para este medio, atendiendo a sus particularidades. d. Para responder a contenidos ilcitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y especficos que se adapten a las caractersticas singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a travs de Internet.
9 e. La autorregulacin puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida. f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciacin destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autnomo, independiente y responsable de Internet ("alfabetizacin digital"). Al respecto la Corte ha manifestado lo siguiente: Sentencia T-391/07 Elementos normativos que conforman el Artculo 20 de la Constitucin Poltica El artculo 20 de la Carta Poltica consagra simultneamente varios derechos y libertades fundamentales distintos, y en virtud de lo dispuesto en los artculos 93 y 94 de la Carta Poltica, se ha de interpretar a la luz de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan a Colombia y que contienen disposiciones sobre el particular. A la luz de tales instrumentos internacionales, se tiene que el artculo 20 de la Constitucin contiene un total de once elementos normativos diferenciables: (a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitacin de fronteras y a travs de cualquier medio de expresin sea oral, escrito, impreso, artstico, simblico, electrnico u otro de eleccin de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de expresin stricto senso, y tiene una doble dimensin la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se est expresando. (b) La libertad de buscar o investigar informacin sobre hechos, ideas y opiniones de toda ndole, que junto con la libertad de informar y la de recibir informacin, configura la llamada libertad de informacin. (c) La libertad de informar, que cobija tanto informacin sobre hechos como informacin sobre ideas y opiniones de todo tipo, a travs de cualquier medio de expresin; junto con la libertad de buscar informacin y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de informacin. (d) La libertad y el derecho a recibir informacin veraz e imparcial sobre hechos, as como sobre ideas y opiniones de toda ndole, por cualquier medio de expresin. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de informacin. (e) La libertad de fundar medios masivos de comunicacin. (f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios masivos de comunicacin, con la consiguiente responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificacin en condiciones de equidad. (h) La prohibicin de la censura, cualificada y precisada por la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, (i) La prohibicin de la propaganda de la guerra y la apologa del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y la Convencin internacional sobre la eliminacin de todas las formas de discriminacin racial, (j) La prohibicin de la pornografa infantil, y (k) La prohibicin de la instigacin pblica y directa al genocidio. De igual manera la sentencia T-679-05 afirma: La libertad de expresin constituye una de las conquistas ms valiosas que ha realizado la humanidad a lo largo de su historia. Por medio de la libertad de expresin el individuo est en la posibilidad de exteriorizar sus pensamientos libre de presin o de coaccin. De esta manera, puede confrontar sus propios pensamientos con los pensamientos de los dems y, as, con base en el contraste permanente de ideas, est en la posibilidad de asumir
10 posturas crticas y autocrticas que le hacen factible avanzar en el conocimiento de s mismo y del mundo que lo rodea. La libertad de expresin no slo es valiosa para el ser humano como individuo. Ella configura, adems, la conditio sine qua non para que la democracia exista. Sin libertad de expresin no podra existir democracia o al menos no el tipo de democracia que se relaciona con la posibilidad de realizar los derechos humanos y de hacer efectivas la justicia y la equidad. 4.1.1.- La libertad de expresin fue proclamada en el artculo 11 de la Declaracin de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de las lamentables experiencias vividas alrededor y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el artculo 19 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948 tambin le confiri un lugar de suma importancia a la garanta del derecho a la libertad de expresin. Esta garanta se vio confirmada por lo dispuesto en el artculo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos suscrito por Colombia el 16 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de noviembre de 1969 por medio de la ley 74 de 1968. El artculo 13 de la Convencin Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica) suscrita en San Jos de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada en 1973 que entr en vigor en Colombia el 18 de julio de 1978 le confiere al derecho a la libertad de expresin una especial garanta. 4.1.2.- La importancia de las disposiciones sealadas en prrafos anteriores se ve realzada por lo establecido en el artculo 93 de la Constitucin colombiana: Los tratados y convenios internacionales [aprobados] por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohben su limitacin en los estados de excepcin, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarn de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (nfasis fuera de texto) Esta Corte ha aceptado de manera reiterada la importancia que tienen los pactos internacionales sobre derechos humanos aceptados por Colombia para efectos de interpretacin de las disposiciones que contienen derechos constitucionales fundamentales y el alcance que en tal contexto tiene la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4.1.3.- En relacin con la interpretacin del derecho fundamental a la libertad de expresin, juega un papel clave la Declaracin de Principios sobre la Libertad de Expresin establecida en el marco de la Organizacin de los Estados Americanos. As tambin lo ha reconocido la Corte Constitucional colombiana De modo reiterado la Corte Interamericana por medio de su jurisprudencia ha insistido en la necesidad de aplicar las disposiciones ms favorables a la garanta del derecho a la libertad de expresin, muy en el sentido de lo dispuesto por el inciso (b) del artculo 29 de la Convencin Interamericana:
11 Si a una misma situacin son aplicables la convencin Americana y otro tratado internacional debe prevalecer la norma ms favorable a la persona humana. Si la propia Convencin establece que sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos an podrn traerse restricciones presentes en esos instrumentos pero no en la convencin para limitar el ejercicio de los derechos y libertades que esta reconoce De acuerdo con esta lnea de argumentacin, la Corte Interamericana pone nfasis sobre la doble dimensin que le subyace al derecho a la libertad de expresin contenido en el artculo 13 de la Convencin Interamericana de Derechos Humanos: una dimensin individual y una dimensin social. Desde el punto de vista individual, la libertad de expresin significa que nadie puede ser menoscabado o impedido para manifestar su propio pensamiento. Desde el punto de vista colectivo, significa el derecho (...) a recibir cualquier informacin y a conocer la expresin del pensamiento ajeno[14]. La perspectiva individual no se agota en el reconocimiento terico del derecho de hablar, escribir, sino que comprende, adems, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor nmero de destinatarios. En este sentido, la expresin y la difusin del pensamiento y de la informacin son indivisibles de modo que una restriccin de las posibilidades de divulgacin representa directamente, en la misma medida, un lmite al derecho a expresarse libremente[15]. La Corte Interamericana subraya que la libertad de expresin es un instrumento para hacer efectivo el intercambio de ideas y de informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano comn, insiste la Corte Interamericana, tiene tanta importancia el conocimiento de la opinin ajena o de la informacin de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. La Corte Interamericana considera que ambas dimensiones deben ser garantizadas en forma simultnea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresin en los trminos previstos en el artculo 13 de la Convencin. La Corte Interamericana estima tambin que la libertad de expresin representa la piedra de toque de una sociedad democrtica y es condicin esencial para que sta disponga de suficiente informacin. En este sentido se expresa en la Opinin Consultiva nmero 5 de 1985 al afirmar que: La libertad de expresin es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrtica. Es indispensable para la formacin de la opinin pblica. Es tambin conditio sine qua non para [que] los partidos polticos, los sindicatos, las sociedades cientficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condicin para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones est suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no est bien informada no es plenamente libre. A este respecto cita la jurisprudencia sentada por la Corte Europea de Derechos Humanos cuando en interpretacin del artculo 10.2 de la Convencin Europea sostiene que lo establecido en esa disposicin es vlido no slo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino tambin
12 para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fraccin cualquiera de la poblacin. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrtica, enfatiza la Corte Europea y aade: Esto significa que [...] toda formalidad, condicin, restriccin o sancin impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legtimo que persigue. Aqu se privilegia el derecho del autor de una obra, que es individual no fundamental, generado por razones de lucro o de ganancia, sobre el derecho que tiene el colectivo de los ciudadanos a ser informados y a informar a los otros, cuando el medio que se est utilizando como es el internet es un bien pblico. La ley pretende proteger el derecho del titular de un copy rigth, para convertir en ilite la conducta que amenace o vulnere este derecho. Para hacerlo limita la posibilidad que tienen los ciudadanos para retrasmitir la informacin a otros ciudadanos, olvidando que este derecho, a ser informado es fundamental, e incluye el derecho a enterarse de aquello que otros saben. El Derecho a ser informado no solo es fundamental sino colectivo que est en cabeza de todos, pues es un derecho difuso. En tales condiciones amparar un derecho individual no fundamental en desmedro de un derecho colectivo de naturaleza fundamental resulta irracional, porque lo protegido es de menor entidad que lo desprotegido. Lo anterior, sin tener en cuenta que el medio utilizado para la difusin y el lucro del titular del derecho es un bien pblico, como lo es el internet, entonces, se da la paradoja de restringir el uso de un bien pblico en beneficio individual del titula de derecho, lo que lo hace adems, desproporcionado. ARTCULO 3. PRESUNCION DE TITULARIDAD DEL AUTOR DE LA OBRA
Este artculo es inconstitucional ya que vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa en un Estado Social y Democrtico de Derecho en el que se debe comprobar la culpabilidad y se debe presumir la inocencia. El artculo en cuestin tiene un impacto desproporcionado a derechos fundamentales, al afirmar que en un proceso de derechos de autor, siempre se presumir que la persona que interponga la demanda es el autor de la obra. As el ciudadano demandado es infractor y culpable desde el inicio de proceso porque se presume que la obra no es de titularidad suya. Al creer de primera mano que el demandante es el que ostenta el derecho de autor de la obra, se est desconociendo que esta situacin no necesariamente se da en todos los casos y que la titularidad de los derechos de autor debe probarse.
13 Al respecto la Corte ha dicho lo siguiente: Sentencia T-258/07
El derecho al debido proceso comprende la posibilidad de acceder de manera libre y en condiciones de igualdad a la justicia a fin de obtener por parte de los jueces decisiones motivadas y comprende, de igual modo, la posibilidad de impugnar tales decisiones, cuando se est en desacuerdo con ellas ante un juez de superior jerarqua, as como el derecho a que se d debido cumplimiento a lo determinado en los fallos. El derecho al debido proceso implica de suyo la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial con aplicacin de todos los instrumentos legtimos para hacerse or en juicio y obtener una decisin favorable. Asuntos tan neurlgicos como los relacionados con "el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparacin de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las dems personas que intervienen en el proceso", forman parte del derecho al debido proceso. A lo anterior se suma la exigencia segn la cual los procesos deben ser pblicos y han de desenvolverse dentro de un lapso razonable sin dilaciones injustificadas o inexplicables. El derecho al debido proceso puede verse vulnerado no nicamente cuando se deja de observar determinada regla procesal. La Corte Constitucional ha sido muy clara al sealar que la violacin del derecho al debido proceso "tambin ocurre por virtud de la ineficacia de la misma [regla procesal] para alcanzar el propsito para el que fue concebida. As, en la medida en que el derecho sustancial prevalece sobre las formas procesales (C.P., art. 288), como mandato que irradia todo el ordenamiento jurdico y, muy especialmente, las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, es que las formas procesales que la rijan deben propender al cumplimiento de los propsitos de proteccin y realizacin del derecho material de las personas y a la verdadera garanta de acceso a la administracin de justicia (C.P., art. 229 Cualquier forma procesal que impida ejercer el derecho de defensa como lo garantiza la Constitucin, ha dicho la Corte, obliga al juez de conocimiento a buscar los medios necesarios "para remover el obstculo y volver procedente dicha forma procesal, en concordancia con el fin que debe cumplir dentro del respectivo proceso o actuacin." Tal sera el caso, por ejemplo, de una forma procesal que impida a los interesados conocer de manera idnea la realizacin de una actuacin determinada o la existencia de una decisin que los afecta.
En este sentido, al presumirse la titularidad del derecho en cabeza del denunciante, e imponerse al sindicado en materia penal la carga de demostrar la no titularidad del denunciante, se coloca a aquel en una condicin de desigualdad dentro del proceso penal que equivale a presumir su responsabilidad, violando de esa manera el debido proceso, pues el sindicado al igual que ocurra en la edad media se encuentra en la necesidad de probar su inocencia.
14 LITERAL A DEL ARTICULO 14 La proteccin absoluta sobre las Medidas de Proteccin Tecnolgica vulnera el derecho de acceso a la informacin y al conocimiento. Con esta disposicin se podra penalizar la realizacin de una copia privada de cualquier obra. El artculo aprobado permitira que pasar un CD a MP3 se considere violacin a derechos de autor con la imposicin de la correspondiente pena y multa. Resulta preocupante que los derechos de autor reciban una proteccin especial por encima de los derechos de los dems. A razn de esto, es necesario que existan lmites a esa proteccin creando un equilibrio con los derechos de los usuarios de la informacin en la actual sociedad de conocimiento. En esta norma no existe proporcionalidad alguna, porque se trata del uso de un bien pblico como lo es el internet, por tanto quien accede a un bien pblico y lo usa para la difusin de su pensamiento se est colocando voluntariamente en situacin de riesgo, y colocando a los usuarios en situacin de incurrir en ilcitos, resultando desproporcionada la proteccin del autor, que ha consentido colocarse en esa situacin de riesgo de manera voluntaria y consciente. ARTCULO 16 y ARTCULO 17
Los artculos 16 y 17 del citado proyecto son inconstitucionales, porque sealan sanciones a las infracciones del derecho de autor desconociendo el derecho a la libertad de expresin, el derecho a la informacin y al conocimiento en internet. Estas normas penalizaran cualquier tipo de uso justo y excepcin que debiera existir a la proteccin absoluta del derecho de autor. No es claro el alcance de las prohibiciones y si es restrictiva en lo referente a las garantas de los derechos fundamentales referidos. Como fundamento a las disposiciones contenidas en el literal a del Art 14 y los Artculos 16 y 17 es claro que en pleno siglo XXI se hace necesario que haya flujos libres de informacin y conocimiento. Esto para el uso y aprovechamiento en los procesos formativos, cientficos y polticos. Mencin especial merece internet como una de las bases sobre las que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las dems innovaciones. Pretender impulsar la transnacionalizacin y la innovacin de espaldas a internet es no haber entendido nada. Cualquier limitacin al uso de la informacin en nuestro medio, claro con las excepciones de respeto por los derechos humanos, es un retroceso al momento actual de las sociedades mundiales donde debemos propender por que la informacin sea de dominio pblico y accesible a todas las personas. En este sentido, estos artculos crean barreras para la innovacin y el uso de lo que es pblico. A travs de internet adems, hoy en da se moviliza la sociedad, se dan procesos de participacin ciudadana y se vive una democracia sin los lmites que conocemos en la prctica material. Al respecto ha dicho la Declaracin conjunta sobre la libertad de expresin e Internet de la ONU, la OEA, la OSCE y la CADHP: b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberan tener en cuenta el inters general del pblico en proteger tanto la expresin como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la funcin de "lugar pblico de reunin" que cumple Internet).
Con respecto al derecho de acceso a la informacin Corte ha dicho lo siguiente: SENTENCIA T-511-10 El derecho de acceso a la informacin es reconocido expresamente por el artculo 74 de la Constitucin Poltica en los siguientes trminos: Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos pblicos salvo los casos que establezca la ley. Este precepto est ubicado en el Captulo 2 del Ttulo II de la Constitucin (De los Derechos sociales, econmicos y culturales), no obstante la jurisprudencia constitucional ha reconocido su carcter de derecho fundamental. Este derecho guarda estrecha relacin con el derecho de peticin, el cual a su vez puede ser un mecanismo para acceder a informacin de carcter pblico. El derecho de acceso a la informacin pblica tambin es reconocido en tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales son relevantes para establecer el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Los estndares internacionales en la materia han sido recogidos en el Estudio especial sobre el derecho de acceso a la informacin, elaborado por la Relatora Especial para la Libertad de Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en el ao 2007. Entre ellos cabe destacar los siguientes: Es un derecho de titularidad universal, en consecuencia la informacin debe ser entregada sin que se acredite un inters directo o una afectacin personal. El Estado tiene la obligacin positiva de suministrar la informacin solicitada o de otorgar una respuesta fundamentada ante una solicitud de informacin. Estn obligados a suministrar informacin todos los rganos y poderes del Estado, no slo las autoridades administrativas. El objeto del derecho es la informacin, no exclusivamente los documentos pblicos. La palabra informacin abarca los procedimientos -acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir- as como los tipos- hechos, noticias, datos, opiniones, ideas-; y sus diversas funciones; al igual que los actos considerados como oficiales, correspondencia, memoranda, libros, planos, mapas, dibujos, fotografas, registros flmicos, microfilms, grabaciones, videos y cualquier otro. El acceso a la informacin en poder del Estado se rige por los principios de mxima divulgacin, publicidad y transparencia. Estos principios llevan aparejada la obligacin estatal de producir informacin, conservarla y ponerla oficiosamente a disposicin del pblico interesado. Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la informacin mediante la formulacin de una solicitud, los Estados deben implementar un procedimiento simple, rpido y no oneroso, que en todo caso garantice la revisin por una segunda instancia de la negativa de la informacin requerida. En materia de proteccin judicial del derecho al acceso a la informacin debe existir un recurso sencillo, rpido y efectivo para determinar si se produjo una violacin al derecho de quien solicita informacin y, en su caso, ordene al rgano correspondiente la entrega de la informacin.
16 Las restricciones al derecho deben (i) Estar fijadas por la ley. (ii) Deben perseguir un fin legtimo a la luz de la Convencin Americana de Derechos Humanos (tales como los sealados en el artculo 13 de la CADH: los derechos o reputacin de los dems, la seguridad nacional, el orden pblico, la salud o moral pblica). Especficamente en esta materia el Principio 8 de los Principios de Lima establece, entre otros aspectos, que las restricciones al derecho de acceso por motivos de seguridad nacional slo sern vlidas cuando estn orientadas a proteger la integridad territorial del pas y en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrtico. (iii) La negativa del Estado de suministrar informacin que le es solicitada debe ser proporcional para la proteccin de ese fin legtimo protegido y debe ser necesaria en una sociedad democrtica. (iv) La negativa a suministrar informacin debe darse por escrito y ser motivada. (v) La limitacin al derecho de acceso debe ser temporal y/o condicionada a la desaparicin de su causal. Estos estndares coinciden esencialmente con las reglas elaboradas por la jurisprudencia constitucional en la materia, como se ver a continuacin. La naturaleza, el contenido y el alcance constitucional del derecho Ha correspondido a la jurisprudencia de la Corte Constitucional precisar la naturaleza, el contenido y los alcances del derecho de acceso a la informacin en el ordenamiento jurdico colombiano. En primer lugar ha destacado la relacin existente entre este derecho y el funcionamiento del modelo democrtico. Igualmente ha puesto de relieve los vnculos existentes entre el derecho de acceso a la informacin y los principios de transparencia y publicidad que deben caracterizar la actuacin de los poderes pblicos en un Estado de Derecho ya que contribuye al control ciudadano sobre las agencias estatales al obligarlas a explicar pblicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos pblicos, se convierte por lo tanto en un instrumento para combatir la corrupcin y para hacer efectivo el principio de legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores pblicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho. Finalmente se ha convertido en una herramienta esencial para la satisfaccin del derecho a la verdad de las vctimas de actuaciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho a la memoria histrica de la sociedad . Las principales reglas jurisprudenciales sobre el alcance del derecho de acceso a la informacin pblica son las siguientes: Se trata de un derecho cuya titularidad es universal, pues puede ser ejercido por personas naturales y jurdicas, nacionales y extranjeras. Como obligacin correlativa al derecho de acceder a la informacin pblica, las autoridades tienen que entregar, a quien lo solicite, la informacin que tenga carcter pblico. Las informaciones suministradas deben ser claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas. La informacin solicitada debe ser suministrada de manera fcil de entender. Este derecho comprende la expedicin de copias. Los documentos pblicos no se limitan a aquellos que son producidos por rganos pblicos, sino que se extiende a aquellos documentos que reposan en las entidades pblicas, los producidos por las entidades pblicas y documentos privados que por ley, declaracin formal de sus titulares o conducta concluyente, se entienden pblicos.
17 La informacin personal reservada que est contenida en documentos pblicos, no puede ser revelada. Respecto de documentos pblicos que contengan informacin personal privada y semi-privada, el ejercicio del derecho al acceso a documentos pblicos se ejerce de manera indirecta, por conducto de las autoridades administrativas o judiciales (segn el caso) y dentro de los procedimientos (administrativos o judiciales) respectivos. Slo los documentos pblicos que contengan informacin personal pblica puede ser objeto de libre acceso. Estn obligados a suministrar informacin las autoridades pblicas, pero tambin los particulares que prestan servicios pblicos o cumplen funciones pblicas cuando sea informacin de inters pblico. La jurisprudencia constitucional no ha descartado su procedencia respecto de organismos internacionales Las normas que limitan el derecho de acceso a la informacin deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitacin debe estar adecuadamente motivada. A este respecto la Corte ha sealado que existe una clara obligacin del servidor pblico de motivar la decisin que niega el acceso a informacin pblica y tal motivacin debe reunir los requisitos establecidos por la Constitucin y la ley. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva, por esta va el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. Los lmites del derecho de acceso a la informacin pblica debe estar fijados en la ley, por lo tanto no son admisibles las reservas que tienen origen en normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo actos administrativos. No son admisibles las normas genricas o vagas en materia de restriccin del derecho de acceso a la informacin porque pueden convertirse en una especie de habilitacin general a las autoridades para mantener en secreto toda la informacin que discrecionalmente consideren adecuado. La ley debe establecer con claridad y precisin (i) el tipo de informacin que puede ser objeto de reserva, (ii) las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridades que pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razn permanecen reservadas. Los lmites al derecho de acceso a la informacin slo sern constitucionalmente legtimos si tienen la finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como (i) la seguridad nacional, (ii) el orden pblico, (iii) la salud pblica y (iv) los derechos fundamentales y si adems resultan idneos (adecuados para proteger la finalidad constitucionalmente legtima) y necesarios para tal finalidad, es decir, las medidas que establecen una excepcin a la publicidad de la informacin pblica deben ser objeto de un juicio de proporcionalidad. As, por ejemplo, se han considerado legtimas las reservas establecidas (1) para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una informacin; (2) para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de carcter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con el fin de garantizar secretos comerciales e industriales. La reserva puede operar respecto del contenido de un documento pblico pero no respecto de su existencia. La reserva debe ser temporal. Su plazo debe ser razonable y proporcional al bien jurdico constitucional que la misma busca proteger. Vencido dicho trmino debe levantarse. La reserva puede ser oponible a los ciudadanos pero no puede convertirse en una barrera para impedir el control intra o interorgnico, jurdico y poltico, de las decisiones y actuaciones pblicas de que da cuenta la informacin reservada.
18 La reserva legal slo puede operar sobre la informacin que compromete derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional pero no sobre todo el proceso pblico dentro del cual dicha informacin se inserta. Existe una obligacin estatal de producir informacin sobre su gestin necesaria para permitir el control ciudadano, al igual que de mantener la informacin disponible y en buen estado para que pueda ser consultada. Durante el periodo amparado por la reserva la informacin debe ser adecuadamente custodiada de forma tal que resulte posible su posterior publicidad. La prdida o deterioro de los documentos en los que reposa esta informacin puede dar lugar a graves sanciones disciplinarias e incluso penales y por ello las entidades que custodian la informacin as como los organismos de control deben asegurarse que dicha informacin se encuentre adecuadamente protegida. El principal cuerpo normativo que regula este derecho es la Ley 57 de 1985. A pesar de su carcter preconstitucional la Corte ha considerado constitucionalmente admisible el procedimiento de acceso a informacin fijado por esta ley, por lo tanto tales reglas deben ser tenidas en cuenta por el juez constitucional a la hora de definir si en un determinado caso existe vulneracin del derecho fundamental bajo estudio. Los artculos 21 al 25 de la Ley fijan el procedimiento administrativo y el recurso judicial para el ejercicio del derecho de acceso a la informacin. Respecto al procedimiento administrativo estas disposiciones sealan que las personas interesadas ejercen este derecho mediante una solicitud dirigida a la Administracin para que permita la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos. Esta solicitud supone a su vez el ejercicio del derecho de peticin, lo que ha llevado a la confusin entre ambos derechos a pesar de que tengan un contenido autnomo diferenciado. La peticin puede presentarse y tramitarse directamente por los particulares o por medio de apoderado debidamente constituido y acreditado y deber resolverse por las autoridades correspondientes en un trmino mximo de diez (10) das. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entender, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento ser entregado dentro de los tres (3) das inmediatamente siguientes. Es decir se trata de una previsin expresa de la configuracin del silencio administrativo positivo. La Administracin slo podr responder negativamente mediante providencia motivada que seale su carcter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. La negativa de la autoridad competente de permitir el acceso a la informacin de carcter pblico da lugar a la activacin del mecanismo judicial previsto por la Ley 57 de 1985 para proteger el derecho objeto de estudio, el cual ha sido denominado recurso de insistencia. En este evento, si la persona interesada insiste en su solicitud, corresponder al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdiccin en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en nica instancia si se acepta o no la peticin formulada o si se debe atender parcialmente. Para tales efectos el funcionario respectivo enviar la documentacin correspondiente al Tribunal para que ste decida dentro de los diez (10) das hbiles siguientes. Se interrumpir este trmino en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgacin deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente. Ahora bien, la competencia para conocer de este recurso fue modificada por el artculo 134-A del Cdigo Contencioso Administrativo (adicionado
19 por el artculo 42 de la Ley 446 de 1998), segn este precepto los jueces administrativos conocen en nica instancia del recurso prescrito por los artculos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o Distrital. Igualmente resultan relevantes en materia de regulacin del derecho de acceso a la informacin otras disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 130 de 1994, la Ley 594 de 2000 y la Ley 850 de 2003. En consecuencia esta norma no establece cualificacin alguna de las conductas, generando un riesgo de inseguridad jurdica y de falta de configuracin de los elementos del tipo penal, dejando la violacin de la conducta y su penalizacin a una total e indiscriminada consideracin del juez. Lo que se constituye en una situacin de falta de certeza jurdica que el mbito penal se constituye en vicio constitucional y vulneracin al Estado Social de Derecho. ARTICULO 15. El artculo 15 es inconstitucional porque vulnera el derecho a la igualdad, la libertad de expresin y el acceso a la informacin, al no contemplar como excepciones aquellas que protejan usos justos de obras como el prstamo pblico, la parodia, el uso incidental y la posibilidad de que las personas con discapacidad visual puedan traducir al braille las obras para tener acceso a la informacin y al conocimiento, logrando as un verdadero equilibrio en la valoracin de los derechos de autor y los derechos a la libertad de expresin y el acceso al conocimiento y la informacin. El artculo 15 de la ley considerara los anteriores ejemplos como delito, siendo inconstitucional por vulnerar los derechos fundamentales sealados. Al respecto La Declaracin Universal de Derechos Humanos (1948), estableci:
Artculo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estn de razn y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El Artculo 15 no abarca la totalidad de las conductas que deberan estar exencionadas, por la misma falencia de la normativa general que no es cualificada ni limitada generando desproporcionalidad e incertidumbre. Por tanto es necesario resaltar del uso del bien pblico, en beneficio de un derecho colectivo como lo es el de acceso a la informacin, que excepcionalmente sirve para un particular se lucre o difunda su pensamiento. En tales condiciones la regla general debera ser el acceso ilimitado y sin barreras y lo excepcional la prohibicin de acceder. Sin embargo la ley invierte los valores y establece como regla general el provecho individual y excepciona algunas de las munchas conductas en beneficio colectivo o de bien comn, las que no contemplan todas las que la cotidianeidad impone. Adicionalmente, al otorgarle una iniciativa de orden legislativo de manera privativa al gobierno nacional para que presente proyectos de ley en la revisin cada cuatro aos, restringe la iniciativa parlamentaria en cualquier momento, incurriendo en inconstitucionalidad.
20 EL ARTCULO 19.
El Artculo 19 contempla que las autoridades administrativas podrn tener acceso a datos personales del supuesto infractor. Esto es inconstitucional porque vulnera derechos como el de la intimidad de las personas, informacin que debe entregarse solamente a travs de una orden judicial. Al respecto la corte ha sealado lo siguiente: Sentencia T-729 de 2002
Para la Sala, reiterando la Jurisprudencia de la Corte, el proceso de administracin de los datos personales se encuentra informado por los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporacin, finalidad, utilidad, circulacin restringida, caducidad e individualidad. De conformidad con la citada sentencia, el principio de libertad consiste en que los datos personales slo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular, de tal forma que se encuentra prohibida la obtencin y divulgacin de los mismos de manera ilcita (ya sea sin la previa autorizacin del titular o en ausencia de mandato legal o judicial).
Entonces, la Corte ha establecido que las personas antes de ser reportadas tienen el derecho y las entidades el deber de solicitar la autorizacin del titular del dato. Esta norma constituye una flagrante violacin al derecho de la informacin, al habeas data, y a la separacin de las ramas del poder pblico. El habeas data es un derecho de carcter fundamental, individual. Que le permite a cada ciudadano acceder a toda la informacin que haya sobre l y a mantener en secreto cuando as le parezca. Esta regla solo tiene una excepcin que es cuando media una solicitud de un juez de la repblica. Desde tiempos inmemoriales esa facultada de intervencin est reservada a las autoridades del poder judicial, con el fin de evitar el abuso del poder de polica. Por tanto, al otorgar a la autoridad administrativa o de polica la facultad de interferirla o de acceder a ella, se viola esta regla inmemorial trasladando una funcin privativa del juez a una autoridad administrativa. Artculo 21.
Este artculo es inconstitucional porque vulnera la disposicin de unidad de materia consagrada en la Constitucin Poltica, debido a que incluye en la ley de implementacin de compromisos adquiridos con el TLC y Derechos de autor, regulacin y reforma de la Ley 182 de 1995 sobre televisin, disposicin que no mantiene ni respeta la unidad de materia que debe existir en los proyectos de ley. Este artculo 21 referente a televisin no se encuentra sustentado en la exposicin de motivos, no tiene relacin con los derechos de autor, con el Tratado de Libre Comercio ni con los compromisos adquiridos en virtud de este. La Corte ha explicado las razones por las cuales, la vulneracin del principio de unidad de materia es un vicio de fondo. En sentencia C-531 de 1995, esta Corporacin expres:
21 () la ley es pues formalmente inatacable, sin embargo, algunos de sus artculos pueden ser declarados inexequibles por violar la regla de unidad de materia, si su contenido normativo no tiene una conexidad razonable con la temtica general de la ley. Y sin embargo, se repite, la ley es formalmente inatacable, pues se surti de manera regular de todo el proceso de aprobacin, sancin y promulgacin. Esto significa entonces que el vicio de inconstitucionalidad de esos artculos, por desconocer la regla de unidad de materia, no puede ser formal pues la forma no ha sido cuestionada. El vicio deriva entonces de que el Congreso no tena competencia para verter esos contenidos normativos en esa forma particular, eso es, en esa ley especfica, y por ello son inconstitucionales, a pesar de que el trmite formal de la ley fue ajustado a la Constitucin.
5. SEALAMIENTO DEL TRMITE IMPUESTO POR LA CONSTITUCION PARA LA EXPEDICION DEL ACTO DEMANDANDADO Y LA FORMA COMO FUE QUEBRANTADO
Artculo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de eleccin directa representan al pueblo, y debern actuar consultando la justicia y el bien comn. El elegido es responsable polticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Artculo 157. Ningn proyecto ser ley sin los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisin respectiva. 2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisin permanente de cada Cmara. El reglamento del Congreso determinar los casos en los cuales el primer debate se surtir en sesin conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cmaras. 3. Haber sido aprobado en cada Cmara en segundo debate. 4. Haber obtenido la sancin del Gobierno. Artculo 160. Entre el primero y el segundo debate deber mediar un lapso no inferior a ocho das, y entre la aprobacin del proyecto en una de las cmaras y la iniciacin del debate en la otra, debern transcurrir por lo menos quince das. Durante el segundo debate cada Cmara podr introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cmara plena para segundo debate, el ponente deber consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisin y las razones que determinaron su rechazo.
Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deber tener informe de ponencia en la respectiva comisin encargada de tramitarlo, y deber drsele el curso correspondiente. En concordancia con los artculos 129 y 130 de la Ley 5 de 1992
ARTCULO 129. VOTACIN ORDINARIA. Se efecta dando los Congresistas, con la mano, un golpe sobre el pupitre. El Secretario informar sobre el resultado de la votacin, y si no se pidiere en el acto la verificacin, se tendr por exacto el informe. Para la interpretacin de la frase final de este inciso debe tenerse en cuenta la modificacin al Artculo133 de la Constitucin Poltica, introducida por el Artculo 5o. del Acto Legislativo 1 de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47.410 de 14 de julio de 2009 ARTCULO 130. VOTACIN NOMINAL. <Ver Notas del Editor> Si la respectiva Cmara, sin discusin, as lo acordare, cualquier Congresista podr solicitar que la votacin sea nominal y siempre que no deba ser secreta, caso en el cual se votar siguiendo el orden alfabtico de apellidos. En estas votaciones se anunciar el nombre de cada uno de los Congresistas, quienes contestarn, individualmente, S o No. En el acta se consignar el resultado de la votacin en el mismo orden en que se realice y con expresin del voto que cada uno hubiere dado
La forma como fueron quebrantados estos artculos. Estos artculos no se cumplieron a cabalidad porque, en la votacin de segundo debate en plenaria de Senado, el da 10 de abril de 2012, el Senador Camilo Romero propuso votacin nominal y no en bloque de los artculos 19 y 21. Sin embargo estos se votaron el bloque, a pesar de que la solicitud fue de votarlos nominalmente y artculo por artculo. Siendo que en la sesin se acord, por el congreso en pleno votar nominalmente y uno por uno los artculos, esto no se cumpli, violndose en la expedicin de esta ley el reglamento que es norma estatutaria, y resultando de esta manera violado el articulado 160 de la Constitucin. Con respecto a la competencia de la comisin primera y la comisin segunda se vulneraron los siguientes artculos. Artculo 158 C.N. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y sern inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisin rechazar las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones sern apelables ante la misma comisin. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicar en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.}
23 Ley 3 de 1992. De las Comisiones Funcionamiento y composicin. Constitucionales Permanentes.
Artculo 2o. Tanto en el Senado como en la Cmara de Representantes funcionarn Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia. Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cmaras sern siete (7) a saber: Comisin Primera. Compuesta por 19 miembros en el Senado y 33 en la Cmara de Representantes, conocer de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organizacin territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratacin administrativa; notariado y registro; estructura y organizacin de la administracin nacional central; de los derechos, las garantas y los deberes; rama legislativa; estrategias y polticas para la paz; propiedad intelectual; variacin de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos tnicos. Comisin Segunda. Compuesta de trece miembros en el Senado y diecinueve miembros en la Cmara de Representantes, conocer de: poltica internacional; defensa nacional y fuerza pblica; tratados pblicos; carrera diplomtica y consular; comercio exterior e integracin econmica; poltica portuaria; relaciones parlamentarias internacionales y supranacionales, asuntos diplomticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migracin; honores y monumentos pblicos; servicio militar; zonas francas y de libre comercio; contratacin internacional. Pargrafo 1o. Para resolver conflictos de competencia entre las Comisiones primar el principio de la especialidad. Pargrafo 2o. Cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley, no est claramente adscrita a una Comisin, el Presidente de la respectiva Cmara, lo enviar a aquella que, segn su criterio, sea competente para conocer de materias afines. La forma como fueron quebrantados estos artculos. Teniendo en cuenta lo anterior, el trmite del proyecto 201 por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo de Promocin Comercial, suscrito entre la Repblica de Colombia y los Estados Unidos de Amrica y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la poltica de Comercio exterior e integracin econmica, no deba haberse dado a travs del la Comisin Segunda Constitucional sino en la Comisin primera Constitucional por tratarse de temas relacionados con la propiedad intelectual de competencia, reitero, de la Comisin Primera Constitucional y no de la Comisin Segunda.
24 6. RAZONES POR LA CUAL LA CORTE ES COMPETENTE PARA CONOCER CASO. EL
Conforme a los artculos 241 de la Constitucional Poltica y 43 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremaca de la Constitucin, y con tal fin, cumplir la funcin de Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formacin. Por su parte, el Decreto Legislativo 2067 de 1991 establece el rgimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. Son ustedes, entonces, competentes. Honorables Magistrados, para conocer y fallar sobre esta demanda. Notificaciones El suscrito recibe notificaciones en la Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso de la Repblica de Colombia, oficina Mezzanine Sur, telfono 3823183-84, en la ciudad de Bogot. De los Honorables Magistrados, Con todo respeto:
CAMILO ROMERO Senador de la Repblica
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