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Timestamp: 2018-12-15 22:44:32
Document Index: 296261619

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 203', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 203', 'artículo 181']

Juicio Justo - Exposición del periodista Franklin Carvajal B.
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DEBATE PRENSA – INSPECCION JUDICIAL
Por otra parte, en cumplimiento del mandato de la Corte Plena, funcionarios de la Inspección Judicial se apersonaron a la redacción del diario La Nación para indagar a una periodista del medio sobre las fuentes informativas que le permitieron elaborar sus reportajes sobre el caso.
Ese hecho provocó un conato de debate público entre el jefe de redacción de ese medio y el Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, que desgraciadamente no tuvo la necesaria continuidad, pero dejó al descubierto un problema real atinente a los derechos individuales, por una parte, y al secreto de la fuente informativa, por otro.
De parte del personero del periódico se levantaron las siguientes argumentaciones a favor de lo actuado por ese medio informativo:
a) El secreto de la fuente informativa es un Derecho Humano consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos que, de acuerdo a nuestro Ordenamiento, tienen rango superior a la ley. Al respecto, alude el artículo 13 de dicha Convención que textualmente establece que la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
b) La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece, en el principio octavo, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
c) En el marco propiamente del debate, el vocero de la Nación califica de “papelón” la entrevista provocada por los funcionarios judiciales, la que estima como persecución “a periodistas para que le cuenten lo que ocurre en sus propias narices”.
d) Agrega el periodista que “el compromiso de los periodistas con la patria consiste en publicar informaciones, no en ser auxiliares del Poder Judicial. Para obtener informaciones, los periodistas deben respetar un marco ético que incluye el secreto de las fuentes, sin el cual la labor de investigación sería imposible”.
Más explícitamente agrega: “El periodista tiene el deber y el derecho de mantener en secreto sus fuentes. El deber está incorporado a todos los códigos de ética y el derecho lo reconocen explícitamente la mayoría de las legislaciones modernas, así como la ley y la jurisprudencia internacionales.
Los argumentos de respuesta planteados por el Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial pueden resumirse de la siguiente forma:
• El artículo 203 del Código Penal tipifica el delito de “divulgación de secretos”, cuando puedan causar daños y se revelen sin justa causa.
• Como complemento, el mismo legislador estableció en el inciso 2), artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la prohibición a los servidores judiciales de suministrar datos, mostrar expedientes, documentos u otras piezas a quienes no están autorizados, bajo pena de destitución del cargo.
• Esa prohibición va dirigida, no a impedir el derecho de información que tiene la ciudadanía, sino a salvaguardar la confidencialidad de los asuntos que no están destinados a ventilarse públicamente, como un derecho constitucional a la privacidad y a un debido proceso.
• Agrega el funcionario, algo muy importante. En su criterio, el desacato de un funcionario judicial a esa prohibición, no puede verse de otra forma, sin pecar de ingenuidad, sino como un acto de corrupción, pues nadie se expondría a sanciones tan drásticas sin mediar ventaja, beneficio, prerrogativa o retribución a cambio, lo cual lleva a diferenciar entre actos lícitos e ilícitos. De estos últimos, ni la normativa legal, como la invocada, puede cobijar actuaciones derivadas de ellos, otorgando derechos a quienes se valen de vías prohibidas, so pretexto de hacerlo por un fin legítimo. Como es sabido, todo ordenamiento jurídico moderno desconoce las acciones derivadas de un abuso del derecho.
A esas argumentaciones, me planteo yo la siguiente interrogante: ¿Cabe, en este contexto preguntarse, tendrá un periodista, un trabajador de la comunicación que vive de su salario, capacidad económica para ofrecer una prebenda, suficientemente atractiva, como para que un funcionario judicial se atreva a poner en entredicho su estabilidad laboral?, o, ¿no será más bien un asunto de tal dimensión resorte de las autoridades periodísticas o empresariales de un medio?
OTROS EXTREMOS DE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE
¿Y qué dicen sobre estos temas medulares los cuerpos jurídicos vigentes en el país?
El artículo 24 de la Constitución Política dice: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo”.
Las excepciones al derecho a la privacidad y a las comunicaciones quedan a cargo exclusivamente de los Tribunales de Justicia, mediante una ley que debe ser aprobada por dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa.
La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11 sobre Protección de la Honra y de la Dignidad, establece en su punto 2: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.
En la misma dirección, el artículo 203 del Código Penal, en materia de “divulgación de secretos”, establece: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revele sin justa causa”
“Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además, inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años”.
El Código Procesal Penal, en el artículo 181 sobre Legalidad de la Prueba, dice: “Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio LICITO e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código. Y agrega, A menos que favorezca al imputado, NO PODRA UTILIZARSE INFORMACIÓN obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas”.
De la argumentación y la prueba expuesta, en el caso presentado, resulta evidente que existe una clara contradicción entre el principio general de “respeto a la fuente informativa” y derechos fundamentales de las personas.
De acuerdo a la realidad de nuestro tiempo, con la existencia del “espionaje electrónico” y las posibilidades que la tecnología brinda para violentar la privacidad de las personas, sobre todo en el campo de las comunicaciones, se plantean retos importantes que deben ser abordados en el ámbito de los Derechos Humanos, la juridicidad, la academia y el debate político.
La historia de la humanidad, y en particular la del pasado siglo, es abrumadoramente elocuente y dolorosa en ejemplos de cómo, privilegiar el interés general, por razones reales, ideológicas o imaginarias, en detrimento de derechos fundamentales de la PERSONA puede acarrear irreparables pérdidas y un retroceso sustantivo en civilidad.
Concluyo con una reflexión muy personal. Si en tiempos de Cristo, cuando el Procurador Romano Poncio Pilatos, preguntó a la multitud: ¿a quién queréis que suelte, a Barrabas o a Jesús?, hubiera existido prensa costarricense, seguramente hubieran crucificado a Jesús, a Barrabás y hasta al mismo Poncio Pilatos.