Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2004/T-083-04.htm
Timestamp: 2017-11-22 19:54:08
Document Index: 254348393

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 86', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 13', 'artículo 279', 'artículo 289', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 62', 'artículo 230', 'artículo 12', 'artículo 62', 'artículo 57', 'e contrario']

T-083-04
Accionantes: Juan Lozano Provenzano y Carlos Villamil Chaux
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil cuatro (2004).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil – Presidente -, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,
en el proceso de revisión de las sentencias de tutela dictadas en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de las acciones de tutela promovidas en forma individual e independiente por Juan Lozano Provenzano y Carlos Villamil Chaux contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A través de apoderado judicial, los señores Juan Lozano Provenzano (expediente T-692.859) y Carlos Villamil Chaux (expediente T-693.615), promovieron en forma independiente acción de tutela contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por considerar que dicha entidad ha venido amenazando sus derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, subsistencia digna, debido proceso, petición y mínimo vital, al haber liquidado sus aportes al sistema de pensiones sobre un ingreso base de cotización inferior al que realmente devengaron cuando laboraron en el servicio exterior.
El señor Juan Lozano Provenzano (expediente T-692.859), interpuso la acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el día 11 de octubre de 2002 (folio 52) y su conocimiento fue avocado por la Corporación el día 17 del mismo mes y año (folio 54). Por su parte, el señor Carlos Villamil Chaux (expediente T-693.615) también interpuso la acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el día 3 de octubre de 2002 (folio 1) y su conocimiento fue avocado por la Corporación el día 4 de octubre del mismo mes y año (folio 72).
- El señor Juan Lozano Provenzano nació el 31 de julio de 1936, por lo que en la actualidad tiene 67 años de edad.
- Mientras estuvo vinculado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Lozano Provenzano devengó su salario en dólares. Sin embargo, el ministerio liquidó sus aportes a la Caja Nacional de Previsión Social (durante el 30 de junio de 1990 y el 25 de agosto de 1995) y al Instituto de Seguro Social (entre el 15 de octubre de 199 y el 18 de julio de 2002), sobre un ingreso base de cotización en pesos inferior al que realmente percibía, aduciendo haberlo hecho con base en los artículos 76 del Decreto 2016 de 1968 y 57 del Decreto - Ley 10 de 1992, que en materia salarial prevén el establecimiento de equivalencias entre los cargos en el servicio exterior y los cargos en planta interna.
- El señor Carlos Villamil Chaux nació el 31 de julio de 1937, por lo que en la actualidad tiene 66 años de edad.
- Mediante la Resolución No. 002518 del 16 de febrero de 1999, el Instituto de Seguro Social le reconoció al señor Villamil Chaux la pensión de vejez por valor de $1´463.825 mensual.
2. Demandas y pretensiones
En relación con este tema, el apoderado del señor Lozano Provenzano asegura que la liquidación de aportes con base en los ingresos de un cargo equivalente genera una situación inconstitucional de acuerdo a la Sentencia C-292 de 2001. Así mismo, sostiene que el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992 no podía ser aplicado, como quiera que dicha disposición había sido derogada tácitamente por los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993.
Por lo tanto, como consecuencia de la actuación del ministerio, la pensión del señor Villamil Chaux fue reconocida por un valor inferior al que considera tiene derecho, implicando la vulneración a su digna subsistencia y al derecho a la seguridad social. Por su parte, y a pesar de que para el momento de presentación de la acción de tutela el derecho pensional del señor Lozano Provenzano es incierto, advierte que sus derechos se ven gravemente afectados, toda vez que con la pensión que en el futuro le será reconocida “no podrá gozar de las condiciones mínimas, respetables y dignas que mantuvo durante su vida laboral, ya que del único ingreso del que depende actualmente para subsistir, es de su pensión de vejez o jubilación.”
2.3. Por otra parte, el señor Villamil Chaux considera que sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso han sido igualmente vulnerados por la entidad accionada, al resolver sus solicitudes de forma contraria a los imperativos constitucionales.
Finalmente, y en relación con la solicitud presentada por el señor Lozano Provenzano, la entidad accionada argumentó que no procede la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, como quiera que el actor cuenta con solvencia económica para garantizar su subsistencia mientras tramita un proceso ordinario laboral.
Frente al caso concreto del señor Villamil Chaux, el interviniente destacó que muchos de sus aportes fueron realizados antes de la existencia del Decreto Ley 10 de 1992, por lo que resultaría contrario a derecho inaplicar con efectos retroactivos el art. 57 por vía de excepción, toda vez que no fue dicha disposición la que se aplicó en el momento de liquidar las cotizaciones del actor.
1. Expediente T-692.859 (actor: Juan Lozano Provenzano)
a) Decisión de primera instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sentencia del 31 de octubre de 2002, declaró improcedente la protección constitucional solicitada por el señor Juan Lozano Provenzano.
b) Impugnación
c) Decisión de segunda instancia
2. Expediente T-693.615 (actor: Carlos Villamil Chaux)
a) Documento relevante aportado por la parte actora.
b) Documento relevante aportado por la parte demandada.
c) Prueba decretada de oficio por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
- Declaración del Señor Juan Lozano Provenzano el día 6 de diciembre de 2002, decretada por el juez de tutela para el esclarecimiento del asunto litigioso. De esta declaración se destaca el anuncio de haber solicitado el reconocimiento de la pensión el 24 de octubre de 2002 ante el Seguro Social y la afirmación juramentada de no recibir ingresos diferentes de los que se derivarían del reconocimiento de la pensión de jubilación, excepto aquellos provenientes de trabajos temporales.
d) Documentos relevantes allegados al proceso durante el trámite de Revisión.
- Memorial dirigido por la apoderada de la parte accionante, de fecha 07 de mayo de 2003, en el cual solicita a esta Sala de Revisión que confirme el fallo proferido en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiterando los argumentos expresados en la acción de tutela. Así mismo, destacó la diferencia fáctica existente entre los expedientes acumulados, en el sentido que mientras al señor Villamil Chaux ya le fue definida su calidad de pensionado, la solicitud del señor Lozano Provenzano se encuentra en trámite y no se cuenta con ningún otro medio de defensa para controvertir la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Copia de la Resolución No. 013075 del 3 de julio de 2003 a través de la cual se le reconoce al señor Lozano Provenzano su pensión de jubilación y se ordena su pago, con base en los salarios reportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el oficio CNP 21775.
a) Documento relevante aportado por la parte demandante.
b) Documentos relevantes allegados al proceso durante el trámite de Revisión.
3. Pruebas ordenadas y recaudadas en sede de Revisión
3.1. Expediente T-692.859 (actor: Juan Lozano Provenzano)
Mediante Auto de veintiuno (21) de mayo de 2003, esta Sala de Revisión le solicitó al Subdirector General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social que informara si los aportes a pensión que por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo el señor Lozano Provenzano a esa Caja, fueron liquidados con base en el oficio suscrito por el Coordinador de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, enviado a dicha subdirección el 16 de diciembre de 2002. Al respecto, la entidad manifestó no haber encontrado ninguna petición a nombre del actor en su base de datos y no tener conocimiento de la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores identificada en el Auto.
Por Auto del seis (6) de junio de 2003, la Sala solicitó al accionante que informara si adelantó los trámites para la obtención del reconocimiento de su pensión de jubilación ante el Seguro Social antes o después de la presentación de la acción de tutela y si su derecho pensional ya le había sido reconocido. Conforme a los solicitado, el señor Lozano Provenzano indicó que presentó su solicitud ante el fondo de pensiones el 24 de octubre de 2002, con anterioridad a la presentación de la acción de tutela, sin que hasta el momento se le hubiere dado respuesta a su petición.
Posteriormente, en oficio del 4 de julio de 2003, el Instituto de Seguro Social remitió a esta Sala de Revisión una copia de la Resolución No. 013075 del 3 de julio de 2003, a través de la cual se le reconoce al señor Lozano Provenzano su pensión de jubilación y se ordena su pago con base en los salarios reportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el oficio CNP 21775.
3.2. Expediente T-693.615 (actor: Carlos Villamil chaux)
En cumplimiento de lo anterior, el señor Villamil Chaux respondió que para el 12 de junio de 2003 no le había sido notificado ninguna decisión en relación con la reliquidación de su pensión.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver los conflictos relacionados con el reconocimiento o la reliquidación de prestaciones sociales.
3.1. De acuerdo con la doctrina de este Tribunal[1], en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones. Según lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo, la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa según el caso, siendo entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso que se logre demostrar su amenaza o violación.
“...el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente.” (Sentencia T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón).
“...la jurisprudencia de esta Corporación sostiene que la acción de tutela procede a pesar de existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral,[2] o ii) éste no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una protección inmediata...” (Sentencia T-076 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
3.4. De este modo, lo ha señalado esta Corporación, “aunque en principio la existencia de otros medios de defensa judicial hace improcedente la acción de tutela, la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada”[3]. En realidad, para poder determinar cuál es el medio adecuado de protección, se hace imprescindible que el juez constitucional entre a verificar si, cumplidos ciertos condicionamientos, “las acciones disponibles protegen eficazmente los derechos de quien interpone la acción o si, por el contrario, los mecanismos ordinarios carecen de tales características, evento en el cual el juez puede otorgar el amparo.”[4]
4. Condiciones de procedibilidad de la tutela para obtener la reliquidación de la pensión.
4.1. Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, la acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela est[aría] obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.”[5]
4.2. Con base en ello, este alto Tribunal ha sostenido que la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de reconocimiento o reliquidación de pensiones, adquiere cierto grado de justificación cuando sus titulares son personas de la tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición económica, física o mental se encuentran en condición de debilidad manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial más digno y proteccionista que el reconocido a los demás miembros de la comunidad[6]. Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales.
4.3. No sobra aclarar, sin embargo, que la condición de persona de la tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la procedencia de la acción de tutela en estos casos. Reiterando la hermenéutica constitucional sobre la materia, para que el mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la vía judicial ordinaria o contenciosa, es también condición necesaria acreditar que el daño impetrado al solicitante afecta materialmente sus derechos fundamentales o aquellos que lo son por conexidad - como la dignidad, el mínimo vital, la salud y la subsistencia digna -, e igualmente, que darle trámite al litigio por el otro mecanismo de defensa hace temporalmente nugatorio el ejercicio y disfrute de tales derechos, haciendo mucho más gravosa la situación particular del actor. En este sentido se pronunció la Corte en la Sentencia T-634 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), al manifestar:
“...en cuanto tiene que ver con pensiones de jubilación, es muy común que quienes interpongan la solicitud de amparo sean personas de la tercera edad, hecho éste que los convierte en sujetos de especial protección. Pero esa sola circunstancia no hace procedente la tutela, pues es necesario demostrar que en el caso concreto el perjuicio sufrido afecte la dignidad humana[7], la subsistencia en condiciones dignas[8], la salud[9], el mínimo vital[10], que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales[11], o que se acredite que someter a la persona a los trámites de un proceso judicial ordinario sería excesivamente gravoso[12]. Solamente en estos eventos la tutela puede desplazar al mecanismo ordinario de defensa, en la medida que aquel pierde su eficacia material frente a las particulares circunstancias de la persona y evidencia un daño irremediable.”
5. Los aportes para pensión de los funcionarios públicos que laboraron por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores en el servicio exterior debe hacerse conforme al salario realmente devengado por éstos.
En efecto, en las Sentencias T-1016 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-534 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-620 de 2002 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), T-634 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-1022 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), esta Corporación tuvo oportunidad de referirse al tema, tanto en lo referente al aspecto de fondo: liquidación y reliquidación de aportes de funcionarios del servicio exterior por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como en lo referente al aspecto de la procedibilidad de la tutela en dichos casos, en este último evento, señalando los criterios específicos que determinan la viabilidad del mecanismo de amparo constitucional.
Concretamente, respecto al alcance dado al artículo 57 del Decreto 10 de 1992, el cual autorizaba al Ministerio de Relaciones Exteriores para liquidar las pensiones de quienes prestaron sus servicios en el exterior con base en salarios equivalentes en Colombia, sostuvo la Corte que, al margen de su evidente inconstitucionalidad, el mismo se encontraba derogado tácitamente por la Ley 100 de 1993, cuyas disposiciones pertinentes ordenan tener en cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la liquidación de las prestaciones sociales (arts. 17 y 18). En este sentido, se anotó en la citada Sentencia T-1016 de 2000 que, conforme con la Constitución Política, el legislador está plenamente habilitado para establecer los porcentajes sobre los cuales ha de pagarse la pensión y el monto de la mismas, pero no para “excluir el salario del trabajador como elemento calificador del monto pensional”. Por ello, concluyó que aun antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 no podía ser aplicado, ya que éste establecía una clara discriminación en perjuicio de los funcionarios públicos del servicio exterior, contraria al principio de igualdad expresamente consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991. En relación con el punto, dijo la Corte:
“Para el caso materia de la presente tutela hay que decir que los funcionarios del servicio exterior no se hallan dentro de las excepciones del artículo 279 de la ley 100 de 1993 y que el artículo 289 de la misma ley establece: “La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2° de la ley 4ª de 1966, el artículo 5° de la ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7° de la ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen”.
Pero aún antes de la expedición de dicha ley 100, hay que considerar que la norma del decreto 10 de 1992 no se ajustaba a la Constitución porque ésta consagró el derecho de igualdad (que no se había incluido en la Constitución de 1886) y estableció la universalidad como principio de la seguridad social (ya se dijo que la universalidad excluye la discriminación, artículo 2° de la ley 100) y por consiguiente no podía haber trato discriminatorio para los funcionarios como los embajadores. Si hay discriminación establecida en una norma y ésta en gracia de discusión estuviere vigente, esa norma se inaplica por la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Carta).”
Manteniendo este criterio de interpretación, a propósito de la declaratoria de exequibilidad de parte del parágrafo del artículo 12 y del literal e) del artículo 62 del Decreto - Ley 274 de 2000[13], en la Sentencia T-534 de 2001 se aclaró que, aun cuando la Corte avaló el establecimiento de equivalencias entre cargos en el servicio exterior y en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, permitiendo así que un embajador pueda ser designado en un cargo equivalente o en el inmediatamente inferior, dicha equivalencia solo tiene cabida en cuanto busca “evitar una nominación en planta interna en un cargo que no guarde correspondencia con la investidura del cargo que se ejerce en planta externa”, por lo cual resulta constitucionalmente inadmisible utilizarla para “perjudicar los derechos del servidor de tal manera que la pensión a que tenga derecho termine liquidándose con un salario base que no corresponde al cargo ejercido en planta externa sino a uno en planta interna con una remuneración inferior”.
Cabe precisar que, a un cuando el artículo 230 de la Carta Política le reconoce a la jurisprudencia el alcance de criterio Auxiliar, una interpretación sistemática del mismo ordenamiento permite concluir que la línea doctrinal fijada por el órgano a quien se asigna la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, tiene un efecto vinculante para todas las autoridades públicas en cuanto por su intermedio se delimita el sentido y alcance de la normatividad Superior. De esta manera - lo ha dicho la Corte -, cuando las autoridades a través sus actuaciones u omisiones ignoran o contrarían la doctrina constitucional, no solo se están apartando “de una jurisprudencia - como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar”[14].
Ciertamente, con base en el criterio general según el cual, la acción de tutela es procedente para reconocer derechos pensionales únicamente cuando el juez constitucional llegue a la convicción que es necesario brindar una protección urgente e inmediata que no es posible lograr a través del mecanismo ordinario de defensa, la jurisprudencia reiterada[15] ha señalado que la viabilidad del amparo en esos casos exige la acreditación de un perjuicio irremediable; circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del juez de ciertos factores relacionados con: (i) la edad para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos. Teniendo en cuenta estos presupuestos generales, en el caso específico de la reliquidación pensional, las sentencias citadas han fijado como condiciones específicas de procedibilidad de la acción de tutela, las siguientes:
6. Aplicación de los criterios jurisprudenciales a los casos concretos.
6.4. En consecuencia, considerando que el derecho a la pensión de vejez de los dos demandantes se causó con posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993[16], e incluso que el ejercicio de sus cargos en el citado ministerio se desarrolló estando ya vigentes dichos Estatutos[17], es claro que por el aspecto de fondo el amparo solicitado estaría llamado a prosperar. Como ha quedado definido por la jurisprudencia, para que se entienda garantizado el principio de igualdad y los objetivos superiores que informan el derecho a la seguridad social, la liquidación de aportes para pensión debe llevarse a cabo con base en el salario real recibido por el trabajador y en ningún caso con base en un salario inferior; criterio éste que, aun cuando fue conocido previamente por la entidad acusada, no lo tuvo en cuenta para el caso de la liquidación de aportes a favor de los actores.
6.5. No obstante, a pesar de encontrarse acreditada en estos casos la afectación de garantías constitucionales, el carácter subsidiario de la acción de tutela y el hecho de que el ordenamiento jurídico tenga estatuidos otros procedimientos judiciales para garantizar la defensa de los derechos violados, en principio descartan que sea el juez de tutela el llamado a proferir la orden de protección. De acuerdo con los criterios hermenéuticos descritos en el punto anterior, en materia de reliquidación pensional y de reliquidación de aportes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la posibilidad de que el amparo constitucional prospere es excepcional y extraordinaria, en cuanto depende de que concurran en cada caso los requisitos de procedibilidad previstos en la jurisprudencia. Dicho en otras palabras, la reliquidación de aportes para pensión puede ser ordenado por vía de tutela, únicamente “cuando la ponderación de todos los factores relevantes para apreciar la existencia de un perjuicio irremediable lleve al juez [constitucional] a la convicción que de no brindarse la protección urgente e inmediata de los derechos del peticionario éstos se verían vulnerados o continuarían siendo gravemente amenazados[18]”
6.7.1. En el caso del proceso T-693.615, cuyo demandante es el señor Carlos Villamil Chaux, la Sala considera equivocada la decisión adoptada por el fallador de segundo grado, que revocó el amparo otorgado en primera instancia y denegó la acción de tutela, bajo la consideración de no haber encontrado acreditadas las circunstancias especiales que determinan la existencia de un perjuicio irremediable. Para esta Sala de Revisión, una evaluación juiciosa de los distintos factores de ponderación fijados por la jurisprudencia de este Tribunal, llevan a la conclusión contraria: que el peticionario enfrenta la posibilidad cierta e inminente de sufrir un perjuicio irremediable, lo cual justifica conceder la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que se han visto afectados con la actuación ilegítima que adelantó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
2) También se encuentra plenamente acreditado en el proceso[19], que la liquidación de aportes por parte de la entidad acusada se hizo con base en un salario inferior al realmente devengado, y que contra la resolución que reconoció su derecho a la pensión de vejez, el actor interpuso los recursos de la vía gubernativa. Igualmente, existe plena certeza de que con antelación a la interposición de la acción de tutela, el demandante presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando la reliquidación de sus aportes con base en el salario realmente devengado durante el tiempo que laboró al servicio de la entidad; solicitud que fue negada por la aludida entidad mediante oficio DTH.7253 de julio 17 de 2002.
4) En lo que se refiere a la afectación de sus derechos fundamentales, se tiene que en el año 1999, al actor se le reconoció la pensión de vejez por un valor de $1’463.825 pesos, monto que con los respectivos incrementos de ley, actualmente es manifiestamente inferior a lo que en derecho le corresponde, y sobre todo, a la suma recibida por algunos ex diplomáticos a quienes incluso les fue reliquidada la pensión por orden judicial proferida en sede de tutela. Esta circunstancia específica supone un trato discriminatorio y, además, violatorio de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, en cuanto sin duda, desde el punto de vista cualitativo, tal circunstancia desmejora la calidad de vida del demandante y de quienes dependen económicamente de él; básicamente, en la medida en que sus expectativas presentes y futuras y los compromisos adquiridos, acordes con sus condiciones de vida, pueden verse afectados. Sobre este particular, ha dicho la Corte que “[l]a dimensión de lo justo, en la liquidación de una pensión, afecta la calidad de vida del aspirante a pensionado, acostumbrado en su actividad laboral a recibir un salario que le ha permitido fijarse metas y compromisos[20]”.
Y es que, como igualmente lo ha definido la jurisprudencia, el derecho al mínimo vital se evalúa a partir de una dimensión cualitativa y no cuantitativa, de manera que su posible violación se mide conforme con las condiciones personales de cada trabajador y el nivel de vida adquirido por éste. El concepto de un mínimo de condiciones de vida -vgr. Alimentación, educación, salud, vestido y recreación -, entonces, “no va ligad[o] sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida[21].” Tratándose del actor, éste se desempeñó en el cargo de Cónsul General, al tiempo que también ocupó otras posiciones en los sectores público y privado de cierta importancia y categoría, por lo que la liquidación de su pensión por debajo del monto al que tiene derecho y, en todo caso, al que habría de derivarse del salario devengado, genera una afectación de sus derechos a una vida digna y al mínimo vital, máxime si provee su subsistencia de dicha prestación y no existe prueba de que percibe ingresos adicionales.
6) Esta mismas circunstancias fácticas permiten concluir, sin perjuicio de que el actor se encuentre en tiempo de iniciar una acción judicial y de que haya desplegado una actividad procesal mínima, que no resulta constitucionalmente válido someterlo al trámite de un proceso ordinario cuya duración haga más gravosa su situación personal, e incluso, termine por hacer nugatorio en el tiempo el ejercicio real y material de las garantías superiores vulneradas. En relación con la existencia de un término de caducidad para promover la acción judicial tendiente a obtener la reliquidación pensional, cabe recordar que, conforme con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación[22], el reconocimiento de la pensión y lo atinente a su reajuste o reliquidación, constituye un derecho imprescriptible del titular en atención a los mandatos constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Carta. En esa medida, al margen de la que la Sala considere ineficaz el medio judicial ordinario por no garantizar una protección efectiva de los derechos, el factor de ponderación exigido por la jurisprudencia en materia de cierto despliegue judicial se encuentra cumplido, no solo por dicha razón, sino también por cuanto estaría vigente la posibilidad del actor de reclamar por vía judicial la protección de sus derechos.
6.7.3. En consecuencia, dentro de una evaluación razonable de los distintos factores de ponderación, la Sala encuentra que en el caso del señor Carlos Villamil Chaux (proceso T-693615) se configura la existencia de un perjuicio irremediable, por cuanto: (i) se trata de una persona de la tercera edad mayor de 66 años sujeta a protección especial, (ii) gozaba del status de pensionado al momento de solicitar el amparo constitucional, (iii) desplegó una actividad procesal mínima en busca de la reivindicación de sus derechos, (iv) la asignación pensional reconocida es sustancialmente inferior a la que le correspondía de acuerdo con el salario devengado y menor a la recibida por algunos de sus pares, (v) sus ingresos laborales se vieron reducidos sustancialmente, y (vi) no esta demostrado que recibe ingresos adicionales para mantener sus condiciones de vida y la de su familia.
6.7.4. Con base en estos motivos, la Sala considera que hay lugar a reconocer la protección de los derechos fundamentales amenazados y violados. Por tanto, en la parte resolutiva del presente fallo, procederá a revocar la decisión adoptada en segunda instancia que a su vez revocó el fallo del a quo y negó la tutela, para en su defecto confirmar la Sentencia dictada en primera instancia, modificando la orden de protección en el sentido de ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores que, si aún no lo ha hecho, envíe nuevamente al Seguro Social la información que constitucionalmente corresponde para la pensión de vejez del señor Carlos Villamil Chaux, como son los salarios que realmente él devengo en su cargo de Cónsul General de Colombia en Berlín - República Federal de Alemania -, haciendo la conversión de la moneda extranjera con la cual le fueron cancelados los salarios a moneda colombiana, para que esta nueva circunstancia material sea tenida en cuenta por el Seguro Social en una correcta liquidación de la pensión de vejez del actor.
Igualmente, considerando que los aportes remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores al I.S.S. correspondieron a un salario menor al devengado por Villamil Chaux, que el I.S.S tiene derecho a que se le paguen los aportes bien liquidados según el salario real del trabajador, y que dicha obligación es compartida por el empleador y el trabajador, se dispondrá que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el señor Carlos Villamil Chaux quedan obligados a cancelar al I.S.S., en la proporción que les corresponda, la parte no aportada de las cotizaciones, a lo cual se procederá una vez el I.S.S. indique a cada uno la suma que adeudan por concepto de aportes, sin que dicha suma incluya los valores correspondientes a sanciones ni a intereses de mora.
6.8.1. En lo que se refiere al proceso T-692859, en el que actúa como demandante el señor Juan Lozano Provenzano, la situación fáctica y jurídica es sustancialmente distinta a la analizada por la Corte en el punto anterior. Veamos.
6.8.3. Sin embargo, para la fecha de presentación del amparo constitucional, el actor no gozaba del status de pensionado, en cuanto ni siquiera había solicitado el reconocimiento de la pensión ante la entidad de seguridad social correspondiente. En efecto, tal como aparece acreditado en el expediente, el demandante, a través de apoderado judicial, presentó la acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el día 11 de octubre de 2002[23], mientras que sólo hasta el 24 de octubre de ese mismo año -13 días después- radicó ante I.S.S. la petición de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación[24].
6.8.4. Bajo ese entendido, mal podría argüirse que la tutela promovida por Lozano Provenzano buscaba evitar o prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable y la protección inmediata de sus derechos fundamentales, en particular del mínimo vital, ya que para esa época el mismo no recibía ninguna erogación a título de mesada pensional, y la posibilidad de que le fuera reconocido su derecho a la pensión constituía tan sólo una simple expectativa.
6.8.7. Dentro de ese orden de ideas, la medida a adoptar por la Sala debería ser la de revocar el fallo de segunda instancia que amparó los derechos del actor y, en su defecto, proceder a declarar la improcedencia de la acción de tutela. No obstante lo anterior, cabe destacar que en el transcurso del proceso constitucional, el I.S.S. remitió con destino a esta Sala de Revisión copia de la Resolución No. 013075 del 3 de julio de 2003[25], mediante la cual se concede al señor Juan Lozano Provenzano su pensión de vejez. Pensión que a su vez, según lo señala la propia resolución, se liquidó con fundamento en el oficio CNP.21775 de diciembre 16 de 2002, en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores informa al I.S.S. “sobre los salarios real y efectivamente devengados por el acto (sic) JUAN LOZANO PROVENZANO durante los dos períodos en los que se desempeñó en el servicio exterior en el cargo de Cónsul General, bien en la moneda extranjera o su equivalente en pesos colombianos de acuerdo con la tasa representativa del mercado a la fecha del pago correspondiente...”
Según lo ha sostenido esta Corporación en abundante y reiterada jurisprudencia, cuando “la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser..”[26]. Si como ocurre en el presente caso, se ha proferido un acto administrativo que acoge en su integridad el criterio de interpretación constitucional sobre la materia, y que agota en su totalidad las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la promoción de la solicitud de amparo, la Sala considera, sin entrar a controvertir o juzgar la legitimidad del acto, que no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo pues se encuentra ante un conflicto jurídico ya superado.
6.8.9. En consecuencia, a pesar que en el asunto bajo Revisión el ad quem no tuvo en cuenta las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala procederá a confirmar la decisión de segundo grado, en razón de haber operado el fenómeno jurídico del hecho superado y estar acorde dicho fallo con los valores constitucionales que la doctrina de esta Corporación ha prodigado en materia de liquidación de aportes para pensión de quienes laboraron en el servicio exterior[27].
SEGUNDO. Por las razones expuestas en el apartado 6.7 de la parte considerativa del presente fallo, REVOCAR la Sentencia proferida el día 10 de diciembre de 2002, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela T-693615. En su defecto, CONFIRMAR la Sentencia dictada el 15 de octubre de 2002 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en la que se dispuso CONCEDER la tutela invocada por el señor Carlos Villamil Chaux, modificando parcialmente la medida de protección en el sentido de ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que, si aún no lo ha hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, proceda a enviar nuevamente al Seguro Social la información que constitucionalmente corresponde para la pensión de vejez del señor Carlos Villamil Chaux, como son los salarios que realmente él devengo en su cargo de Cónsul General de Colombia en Berlín - República Federal de Alemania -, haciendo la conversión de la moneda extranjera con la cual le fueron cancelados los salarios a moneda colombiana, para que esta nueva circunstancia material sea tenida en cuenta por el Seguro Social en una correcta liquidación de la pensión de vejez del actor.
Igualmente, considerando que los aportes remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores al I.S.S. correspondieron a un salario menor al devengado por el señor Carlos Villamil Chaux, que el I.S.S tiene derecho a que se le remitan los aportes bien liquidados según el salario real del trabajador, y que dicha obligación es compartida por el empleador y el trabajador, DISPONER que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el señor Carlos Villamil chaux quedan obligados a cancelar al I.S.S., en la proporción que les corresponda, la parte no aportada de las cotizaciones, a lo cual procederán una vez el I.S.S. indique a cada uno la suma que adeudan por concepto de aportes, sin que dicha suma incluya valores correspondientes a sanciones ni a intereses de mora.
TERCERO. Por las razones expuestas en al apartado 6.8 de la parte considerativa del presente fallo, CONFIRMAR la Sentencia proferida el día 10 de diciembre de 2002, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela T-692859, en el que actúa como demandante el señor Juan Lozano Provenzano.
[1] Cfr. las Sentencias T-371 de 1996, T-7|8 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T- 634 de 2002, entre otras.
[2] Por ejemplo, sobre la ineficacia de ciertos mecanismos ordinarios de defensa para la protección de derechos fundamentales, la Corte ha determinado que la acción electoral y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho carecen de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral en los casos en que no se ha proveído un cargo en la rama judicial al primero en la lista de elegibles. Al respecto, ver SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-388/98. M.P. Fabio Morón.
[5] Sentencia T-076 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[6] Cfr. las Sentencias T-111 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-292 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-489 de 1999 (M.P. (e) Martha victoria Sáchica de Moncalenao) y T- 076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), entre otras.
[7] Cfr. Sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998.
[8] Cfr. Sentencias T-042 de 2001, T-481 de 2000, T-099 de 1999, T-351 de 1997, T-426 de 1994 y T-116 de 1993.
[9] Cfr. Sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000.
[10] Cfr. Sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997.
[11] Cfr. Sentencias T-755 de 1999, T-753 de 1999 y T-569 de 1999.
[12] Cfr. Sentencias T-482 de 2001, T-1752 de 2000, entre otras.
[13] En la Sentencia C-292 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte declaró exequible la parte demandada del parágrafo del artículo 12 y el literal e) del artículo 62 del Decreto-Ley 274 de 2000, “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular.”
[14] Sentencia T-260 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-131 de 1993 y C- 083 de 1995.
[15] En reciente pronunciamiento de la Sala Plena, Sentencia SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte hizo expresa referencia a estos criterios de ponderación en matera de reconocimiento de derechos pensionales por vía de tutela, consolidando el precedente fijado por la propia jurisprudencia en un sinnúmero de fallos dictados por las distintas Salas de Revisión.
[16] En el caso del señor Juan Lozano Provenzano (T-692859), éste solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez ante el I.S.S., el día 24 de octubre de 2002. Y en el caso del señor Carlos Villamil Chaux (T-693615), la solicitud de reconocimiento de su pensión de vejez ante el I.S.S. fue hecha el 16 de febrero de 1999.
[17] El señor Juan Lozano Provenzano (T-692859), desempeñó el cargo de Cónsul General de Colombia en Río de Janeiro, en un primer periodo, entre el 30 de junio de 1990 y el 25 de agosto de 1995, y en un segundo periodo, entre en 15 de octubre de 1999 y el 18 de julio de 2002. En el caso del señor Carlos Villamil Chaux (T-693615), éste desempeñó el cargo de Cónsul General de Colombia en Berlín entre el 1° de marzo de 1991 y el 8 de abril de 1993.
[18] Sentencia SU-975 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[19] A filos 32 y siguiente del expediente, aparecen copias de las actuaciones adelantadas por Villamil Chaux ante el I.S.S. y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la respuesta de esta última entidad (oficio DTH.7253 de julio 17 de 2002) en el sentido de informar al actor haber liquidado sus aportes “tomando como base el salario del cargo equivalente en planta interna según lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992...”.
[20] Sentencia T-631 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[21] Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[22] La posición de la Corte en torno a la imprescriptibilidad del derecho a la pensión aparece consignada en las Sentencias Sentencia C-230 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara), reiterada con posterioridad en las Sentencia C-198 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)y C-624 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). El carácter de imprescriptibilidad del derecho al reajuste de la pensión, lo destaca la Sentencia C-624 de 2003, citando a su vez una Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la identificada con el Número de Radicación 14.184 de 26 de septiembre de 2000, M. P. Luis Gonzalo Toro Correa.
[23] Folios 44 a 52.
[24] En la declaración rendida por el señor Juan Lozano Provenzano ante el juez de segunda instancia, se lee: “PREGUNTADO: sírvase indicarle al despacho si ha iniciado los trámites correspondientes con miras a obtener la pensión de jubilación. En caso afirmativo ante que entidad, en qué fecha y cúal es el estado de dicha petición. CONTESTO: ‘si señor y aquí traigo el documento que comprueba ya que ha sido solicitada (El declarante exhibe fotocopia autenticada del ‘COMPROBANTE PARA EL SOLICITANTE’. De 24 de Octubre de 2002, No. 379401 del Seguro Social)...’ ”. igualmente, en la Resolución No. 013075 del 3 de julio de 2003, mediante la cual se le reconoce la pensión al actor, se afirma que: “el día 24 de octubre de 2002, asegurado JUAN LOZANO Provenzano identificado con la cédula No. 2.884.371, afiliación No. 010325612 de la Seccional Cundinamarca, solicitó PENSION DE JUBILACIÓN...”
[25] A folio 106 a 109 del 2° cuaderno del expediente.
[26] Sentencia T-495 de 2001 Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. Se pueden consultar también, entre otras, las Sentencias T-027 de 1999, T-1055 de 2002, T-1006 de 2002 y T-001 de 2003.
[27] La técnica empleada por la Corte para los casos de hecho superado es la de proceder a confirmar el fallo objeto de Revisión, salvo que dicho fallo resulte contrario a la Constitución, caso en el cual se procede a su revocatoria y se declara la carencia actual de objeto. En este sentido se puede consultar la Sentencia T-271 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.