Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/07/registro-oficial-21-de-julio-del-2000
Timestamp: 2019-12-08 17:55:16
Document Index: 132369290

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 420', 'artículo 491', 'artículo 420', 'artículo 426', 'artículo 358', 'artículo 296', 'artículo 563', 'artículo 1610', 'artículo 358', 'artículo 200', 'artículo 377']

Registro Oficial. 21 de JULIO del 2000
Viernes 21 de Julio del 2000
FUNClON\n EJECUTIVA
\n 336\n Ratifícase la Convención Interamericana contra\n la Corrupción lnstrumento lnternacional aprobado por el\n H. Congreso Nacional
\n 2000412\n Desígnase\n al Sr. Ab. Rafael Trujillo Bejarano, Subsecretario de Recursos\n Pesqueros como delegado ante el Consejo del Instituto Nacional\n Galápagos (INGALA)
\n 2000413 Desígnase al\n Sr. Mario José Mancino Valdivieso como delegado ante el\n Comité Especial para la concesión de estímulos\n tributarios para la provincia de Loja
0333\n Apruébase\n la Estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría\n Técnica de Fijación y Revisión de Precios\n de Medicamentos de Uso Humano
2000124 Exonérase del pago de la tasa\n por licencia anual única de funcionamiento por el año\n 2000 y hasta que se
\n levante la alerta naranja, a los establecimientos turísticos\n catastrados como tales en el cantón Baños de la\n provincia de Tungurahua
\n CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
\n 0527\n Deléganse\n atribuciones a la Gerencia de Asesoría Jurídica\n y modificase la Resolución No. 105, expedida el 29 de\n junio de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 253 del 12\n de agosto de 1999
DIRECCION\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LlTORAL:
39/2000 Establécense las tarifas\n que deben cobrar los armadores de la embarcaciones que prestan\n servicio de
\n transporte de pasajeros y carga entre Santa Cruz y Baltra a través\n del canal de ltabaca
\n 40/2000 Establécense\n las tarifas que deben cobrar los armadores de las embarcaciones\n que prestan servicio de
\n transporte de carga y pasajeros entre muelles y/o buques fondeados\n en la Bahía Academi, Isla Santa Cruz (Galápagos)\n
CONTRALORIA\n GENERAL DEL ESTADO
Lista de personas naturales\n y jurídicas que han incumplido contratos con el Estado,\n que han sido declaradas como adjudicatarios fallidos y que han\n dejado de constar en el Registro de Contratistas lncumplidos\n y Adjudicatarios Fallidos
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL
\n 222-99RM Karla Liliana Vallejo\n y otra en contra del Dr. Luis Eduardo Vivanco Celi
\n 235-99-OR José Apolinario\n Crespo Crespo en contra de Armando Javier Quimí Guevara\n
\n 241-99-MA Ing. Guillermo Valencia\n Ortiz en contra de Laura Ballagán de Bonifaz
\n 317-99-MS Fanny Margoth Mardonaldo\n Marcalla de Betancourt en contra de la Lcda. Zoila Trellez Astudillo\n
\n 342-99-RM Arq. Marco Antonio\n Urresta Burbano en contra de Elsa Mariana Obando Cadena
\n 347-99-RM Yolanda Irene Barreno\n en contra de Rita Hinojosa de León y otra
\n 378-99-JOC Econ. Cecilia Calderón\n de Castro en del Dr. Fabián Alarcón Rivera y otro\n
\n 384-99-MS Dr. Juan Falconí\n Puig en contra del Dr. Hugo Guerrero Gallardo
\n 425-99-MA Dr. Fernando Ordoñez\n Albornoz en contra de Carlos Julio Jarama Zhinin y otra
\n 428-99-MA Lidia María\n del Carmen Vargas Almeida en contra de Albania Jaqueline Ouichimbo\n Carrillo
N°\n 336
Que el Honorable Congreso Nacional, en ejercicio de las facultades\n que le confiere el literal i) del articulo 82 de la Constitución\n de la República, ha aprobado la Convención Interamericana\n contra la Corrupción, suscrita en Caracas el 29 de marzo\n de 1996. (Resolución del H. Congreso Nacional del 13 de\n mayo de 1997),
ARTICULO PRIMERO: Ratificase el precitado instrumento internacional\n aprobado por el H. Congreso Nacional.
ARTICULO SEGUNDO: Procédase a efectuar el respectivo\n depósito del instrumento de ratificación.
ARTICULO TERCERO: El Ministro de Relaciones Exteriores, ordenará\n la publicación en el Registro Oficial del mencionado instrumento.
ARTICULO CUARTO: Encárguese de la ejecución\n del presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 23 días\n del mes
\n de mayo de mil novecientos noventa y siete.
f) Doctor Fabián Alarcón Rivera, Presidente\n Constitucional
\n de la República.
f.) Embajador Diego Rivadeneira, Ministro de Relaciones Exteriores,\n encargado.
N0 2000412
Que según el Art. 5 de la Ley de Régimen Especial\n para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia\n de Galápagos, publicada en el Registro Oficial N0 278\n de 18 de marzo de 1998, el Consejo del Instituto Nacional Galápagos\n (INGALA) está integrado, entre otros, por el titular de\n esta Secretaria de Estado o su delegado;
Que es necesario designar tal delegado para que integre el\n mencionado Consejo; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el articulo 35\n de la Ley de Modernización del Estado, promulgada en el\n Registro Oficial N0 349 de diciembre 31 de 1993,
Artículo Unico. - Designar al Sr. Ab. Rafael Trujillo\n Bejarano, Subsecretario de Recursos Pesqueros de este Ministerio\n como delegado ante el Consejo del Instituto
\n Nacional Galápagos (INGALA), en representación\n del titular de este Ministerio.
Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 12 de julio del 2000.
f) lng. Roberto Peña Durini.
Comprada esta copia con el original, es igual. Lo certifico.
f) Director Administrativo (E), MICIP.
No. 2000413
Que de conformidad con el Art. 4 del Decreto Ejecutivo No.\n 1514, publicado en el Registro Oficial No. 328 de 29 de noviembre\n de 1999, el Comité Especial para la Concesión de\n Estímulos Tributarios para la provincia de Loja está\n conformado, entre otros, por un delegado de esta Secretada de\n Estado;
Que es conveniente designar a tal delegado para que integre\n el mencionado Comité Especial; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 35 de la Ley de Modernización del Estado, promulgada en\n el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993,
Artículo Unico. - Designar como delegado ante el Comité\n Especial para la Concesión de Estímulos Tributarios\n para la provincia de Loja y en representación de este\n Ministerio, al señor Mano José Mancino Valdivieso.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 13 de julio del 2000.
f). Ing. Roberto Peña Durini
comparada esta copia con el original, es igual.- Lo Certifico
Que, la Constitución Política de la República\n en su articulo 42 dispone que el Estado garantizará el\n derecho a la salud, su promoción y protección:
Que, en el Registro Oficial No. 59 del 17 de abril del 2000,\n se publicó la Ley de Producción, Importación,\n Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos\n de Uso Humano;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 392 de 17 de mayo del\n 2000, se expide el Reglamento de Aplicación de la Ley\n de Producción, Importación, Comercialización\n y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, publicado\n en el Registro Oficial No. 84 de 24 de los mismos mes y año;
Que, el artículo 3 del reglamento antes invocado dispone\n que el Ministerio de Salud Pública, designará al\n Secretario Técnico del Consejo y organizará la\n Secretaria del Consejo Nacional de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano; y,
Art. 1. Aprobar la Estructura Orgánica y Funcional\n de la Secretada Técnica de Fijación y Revisión\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano.
El presente acuerdo, entrará en vigencia a partir de\n la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado, en Quito, a 11 de julio del 2000.
f) Fernando Bustamante Riofrío, Ministro de Salud Pública.
Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.-\n Lo certifico.
En Quito, a 12 de julio del 2000.
No. 2000124
Que, la actividad del volcán Tungurahua ha causado\n graves estragos en la vida de algunas poblaciones de las provincias\n de Tungurahua y Chimborazo;
Que, la economía de la ciudad de Baños, basada\n exclusivamente en el quehacer turístico, se ha visto seriamente\n afectada por la emergencia;
Que, el Congreso Nacional, mediante Ley No. 2000 - 2, publicada\n en el Registro Oficial No. 29 de 2 de marzo del 2000, expidió\n la ley que favorece a la población y sectores turístico,\n artesanal. comercial, agrícola, avícola, pecuario\n y ganadero de las zonas de influencia del volcán Tungurahua;
Que, es deber del Ministerio de Turismo, colaborar con los\n empresarios turísticos de la ciudad de Baños; y,
Art. 1 . - Exonérense del pago de la tasa por licencia\n anual única de funcionamiento por el año 2000 y\n hasta que se levante la alerta naranja, a los establecimientos\n turísticos catastrados como tales por el Ministerio de\n Turismo en el cantón Baños de la provincia de Tungurahua.
Art. 2. - Exonérese del pago de cánones de arrendamiento\n por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999 y de\n enero y febrero del año 2000 a los arrendatarios de los\n cubículos de venta de caña de azúcar de\n propiedad del Ministerio de Turismo en Baños.
Art. 3 - De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción,\n sin perjuicio de so publicación en el Registro Oficial,\n encárguese al señor delegado del Ministerio de\n Turismo en la provincia de Tungurahua.
Dado en Quito. a 5 de julio del 2000.
f) Rocío Vázquez Alcázar, Ministra de\n Turismo.
Certifico que el presente acuerdo es copia del original que\n reposa en Documentación Archivo del Ministerio de Turismo.
Quilo, a 10 de julio del 2000.
f) Jefe de Documentación.
LA GERENCIA GENERAL DE LA CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA
Que la Corporación Aduanera Ecuatoriana se encuentra\n empeñada en el proceso de modernización y descentralización\n de funciones, con el único objetivo de facilitar y agilitar\n los trámites presentados ante la Gerencia y brindar así\n un oportuno servicio a sus usuarios;
Que la desconcentración administrativa es un proceso\n mediante el cual instancias superiores de un ente o institución\n publica transfiere el ejercicio de una o más facultades\n a otras instancias que forman parte del mismo ente u organismo\n (Corporación Aduanera Ecuatoriana) debido a la importancia\n económica y jurídica que ello representa para la\n institución y del Estado dentro de su estructura; y,
Por los considerandos expuestos, en uso de las facultades\n y atribuciones constantes en el articulo 56 del Estatuto Jurídico\n de la Función Ejecutiva en concordancia con el articulo\n 35 de la Ley de modernización e inciso final del artículo\n 30 de su reglamento y la Ley Orgánica de Aduanas vigente,
1. Delegar a la Gerencia de Asesoría Jurídica\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana Las atribuciones\n del Gerente General constantes en el Capítulo I y II del\n Título II del Código Tributario, en cuanto se refiere\n al conocimiento, sustanciación y resolución de\n los reclamos administrativos que surgen de las rectificaciones\n de tributos o actos determinativos de obligación tributaría\n por verificación de una declaración, estimación\n de oficio o liquidación.
2. La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha de suscripción de esta resolución,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
3. Modifíquese la Resolución No. 105, expedida\n el 29 de julio de 1999, publicada en el Registro Oficial No.\n 253 del 12 de agosto de 1999, de la siguiente manera:
> DONDE DICE: Dirección de Asesoría Jurídica.
> DEBE DECIR: Gerencia de Asesoría Jurídica.
> DONDE DICE: Dirección Técnica.
> DEBE DECIR: Gerencia Técnica.
> DONDE DICE: Dirección Administrativa.
> DEBE DECIR: Gerencia Administrativa.
Por Lo demás, la Resolución No. 105 antes anotada,\n seguirá vigente en todas sus partes.
Dado en Guayaquil, a 4 de julio del 2000.
f) Lic. Luis Hidalgo Vernaza, Gerente General, Corporación\n Aduanera Ecuatoriana.
No. 39/2000
Que es necesario actualizar las tarifas de fletes vigentes\n para el transporte de pasajeros y carga de Santa Cruz hacia Baltra\n y viceversa, a través del Canal de Itabaca, aprobada mediante\n Resolución No. 681/99 del 29 de abril de 1999 y publicada\n en el Registro Oficial No. 208 del 9 de junio del mismo año,\n debido a las variaciones económicas como consecuencia\n de la aplicación de la nueva Ley de Transformación\n Económica del País; y,
En uso de la facultad que le concede el Art. 7°, literales\n k) y l) de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial,
Art. 1°.- Establecer las siguientes tarifas que deben\n cobrar los armadores de las embarcaciones que prestan servicio\n de transporte de pasajeros y carga entre Santa Cruz y Baltra\n a través del Canal de Itabaca.
RUTA: CANAL DE ITABACA SUCRES/U. S.D.
- Pasajeros 7.500 / 0.30
\n - Carga (por cada quintal) 5.000 / 0.20
Art. 2°.- Las personas de la tercera edad y los menores\n de 12 años, pagarán el 50% de la tarifa establecida\n en el Art. 1°.
Art. 3°.- Las tarifas fijadas incluyen el derecho de todo\n pasajero a transportar hasta un máximo de 50 libras como\n equipaje personal.
Art. 4°.- Los transportistas o armadores deberán\n colocar obligatoriamente en lugar visible de la embarcación\n una copia completa de la presente resolución.
Art. 5°.- Se prohíbe cualquier tipo de discriminación\n en el transporte de pasajeros y de su equipaje.
Art. 6°.- El Capitán de Puerto de Seymour será\n el encargado de hacer cumplir la presente resolución.
Art. 7°.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir del 15 de julio del 2000 sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Art. 8°.- Derógase la Resolución No. 681/99\n del 29 de abril de 1999.
Dado en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral a los siete días del mes de julio\n del año dos mil.
No. 40/2000
Que es necesario actualizar las tarifas de fletes para el\n transporte de pasajeros y carga en la Bahía Académica,\n Isla Santa Cruz - Galápagos, aprobada mediante Resolución\n No. 683/99 del 29 de abril de 1999, publicada en el Registro\n Oficial No. 208 del 9 de junio del presente año, debido\n a las variaciones en la economía nacional como consecuencia\n de la aplicación de la nueva Ley de Transformación\n Económica del País; y,
En uso de la facultad que le concede el artículo 7°.\n literales k) y l) de la Ley General del Transporte Marítimo\n y Fluvial,
Art. 1°.- Establecer las siguientes tarifas que deben\n cobrar los armadores de las embarcaciones que prestan servicio\n de transporte de carga y pasajeros entre muelles y/o buques fondeados\n en la Bahía Academia. Isla Santa Cruz (Galápagos).
RUTA BAHIA ACADEMIA SUCRES / U.S.D
- Pasajeros 7.500/0.30
\n - Carga (por cada quintal) 5.000/ 0.20
Art. 2-. - Las personas de la tercera edad y los menores de\n 12 años, pagarán el 50% de la tarifa establecida\n en el Art. 1°
Art. 5°. - Se prohíbe cualquier tipo de discriminación\n en el transporte de pasajeros y de su equipaje.
Art. 6°. - El Capitán de Puerto de Puerto Ayora\n será el encargado de hacer cumplir la presente resolución.
Art. 7°. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir del 15 de julio del 2000 sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Oficio N° S6E.N.D 194 96
Sección: Secretada General
Quito, 12 de julio del 2000.
De conformidad con lo prescrito en el articulo 138 del Reglamento\n General a la Ley de Contratación Publica, agradeceré\n a usted disponer se publique en un ejemplar del Registro Oficial\n la lista de personas naturales y jurídicas que han incumplido\n contratos con el Estado, que han sido declaradas como adjudicatarios\n fallidos y que han dejado de constar en el Registro de Contratistas\n incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.
(Anexo 21JLT1)
\n Dios, Patria y Libertad.
\n Por el Contralor General del Estado.
No. 222 - 99 - RM
Quito, 22 de marzo del 2000; las 18h00.
VISTOS: El querellado señor doctor Luis Eduardo Vivanco\n Celi interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja,\n que le condenó a pagar cuarenta sucres de multa, más\n las costas, daños y perjuicios, en el juicio penal instaurado\n en su contra, por injurias calumniosas y no calumniosa grave\n a Karla Liliana Blacio Vallejo y Letty del Rocío Blacio\n Vallejo, trámite que por sorteo correspondió a\n esta Sala en la que se agotó la sustanciación legal\n de la impugnación, por lo que para decidir, considera:\n PRIMERO. - Este Tribunal Supremo de Casación tiene jurisdicción\n y competencia para resolver el recurso, de conformidad con las\n normas de la Constitución Política de la República,\n del Código de Procedimiento Penal y la regla vigésima\n del artículo 7 del Código Civil, cuyas disposiciones\n han sido aplicadas en la sustanciación del recurso, sin\n que exista causa alguna de nulidad. SEGUNDO. - La dignidad, consustancial\n a la existencia y naturaleza del ser humano es de la esencia\n de la persona, de la cual dimana la obligación de protegerla,\n por mandato de la Constitución Política de la República\n que - como derecho fundamental del hombre - garantiza su hora,\n buena reputación y su integridad, cuanto por el Código\n Penal que tipifica como delito las expresiones, publicaciones,\n imágenes, gestos y manifestaciones similares que produzcan\n descrédito o menosprecio de la persona. - El derecho a\n la libertad de opinión y de expresión del pensamiento\n a través de los medios de comunicación también\n está garantizado por la Constitución, pero no puede\n colisionar con el derecho a la honra y dignidad de la persona,\n tanto que el numeral 9 del artículo 23 de la Carta Política\n preceptúa que la persona agraviada en su honra por informaciones\n o publicaciones, hechas por la prensa u otros medios de comunicación\n social, tendrá derecho a la rectificación correspondiente\n en forma obligatoria, inmediata y gratuita, sin perjuicio de\n las responsabilidades previstas en la ley; y, para el juzgamiento\n de los delitos, entre ellos los de injuria, que se cometan por\n los medios de comunicación social, el Código Procesal\n Penal señala un procedimiento especial, contenido en el\n Parágrafo Primero, de la Sección Segunda del título\n VI del Libro Cuarto, ordenándose en el artículo\n 415 de este código, aplicar tanto las reglas propias del\n trámite ordinario, en lo que corresponda, y además,\n las reglas previstas en el procedimiento especial. TERCERO. -\n El recurrente impugna la sentencia dictada en su contra, alegando\n que en ella se ha violado la ley por haberse aplicado las normas\n del Segundo Parágrafo de la Sección Segunda del\n Título VI del Libro Cuarto del Código de Procedimiento\n Penal, que según él solo rigen para el juzgamiento\n de los delitos pesquisables de oficio, porque se le ha condenado\n sin haberse comprobado, conforme a derecho, su culpabilidad en\n el delito de injurias imputado, y por no ser el Director del\n diario La Hora que se edita en la ciudad de Loja; y finalmente\n porque entregó el original de la grabación magnetofónica\n de lo expresado por Karolina Rodríguez, que dio origen\n a la nota periodística, lo que a su entender le exonera\n de toda responsabilidad. CUARTO. - Del examen de la sentencia\n impugnada aparece que Karla Liliana Blacio Vellejo y Letty del\n Rocío Blacio Vallejo se querellan en contra del doctor\n Luis Eduardo Vivanco Celi, expresando que en el diario La Hora,\n editado en Loja el día 17 de febrero de 1998, en su página\n número 27, se publicó una nota periodística\n atribuyéndoles el robo de un pasaporte, la práctica\n de la prostitución clandestina, citas con homosexuales\n y cometimiento de otras incorrecciones en contra de la moral\n y las buenas costumbres, afectando así su honra, su buena\n reputación y el derecho a la intimidad personal y familiar,\n y causándoles perjuicio en su medio social, particularmente\n en la universidad en la que estudian, y que la querella se formuló\n en contra del Director del diario La Hora por no haber presentado\n el original de la nota periodística - a que estaba obligado\n para no incurrir en responsabilidad personal - según lo\n que manda el artículo 420 del Código de Procedimiento\n Penal. - QUINTO. - La Sala observa que en la nota o crónica\n que se estima lesiva a la hora de las querellantes, no hay nombre\n alguno del cronista responsable de la versión que se dice\n se realizó a partir de una grabación magnetofónica\n de terceros, que tampoco identifica con sus nombres para credibilidad\n de la noticia y amparo legal del periodista, que jamás\n puede apartarse de las normas éticas de su ejercicio profesional\n para obrar con objetividad, responsabilidad y certidumbre de\n lo que difunde, resguardando no solo su fuente informativa en\n casos de excepción, sino también la hora y buena\n fama de las personas aludidas en la información, contra\n quienes no se puede dar por ciertos hechos referenciales de terceros\n que vulneran la dignidad de las personas. En este ámbito,\n la conducta antiética, violatoria de las normas constitucionales\n y legales de reporteros y jefaturas de redacción de medios\n de comunicación masiva, desnaturaliza su trascendental\n labor frente a la comunidad. Quienes ejercen en los medios de\n comunicación, la autocensura de sus contenidos informativos\n antes de difundirlos, deben también sancionar en su régimen\n interno a quienes transgreden los códigos deontológico\n del periodista, la Constitución y las leyes. SEXTO. -\n Consta de autos, a fojas 19 del proceso, que el doctor Eduardo\n Vivanco Celi comparece en calidad de "Director de Diario\n La Hora" y atendiendo el requerimiento hecho por el Juez\n Cuarto de lo Penal de Loja, que tramitó la diligencia\n previa para exhibición del original del artículo\n publicado en el diario La Hora de la ciudad de Loja, entregó\n copia de la grabación, de la que se extrae la noticia\n publicada y cuyo original, de esa grabación magnetofónica,\n - dijo - "reposa en este Diario y que fuera presentada por\n la señorita Karolina Rodríguez, motivo de la nota\n periodística de la edición del Diario La Hora de\n martes 17 de febrero de 1998, página 27". - Contradiciendo\n la afirmación del procesado en el escrito de fojas 19,\n consta, a fojas 131, certificación conferida por el doctor\n Alfonso Vivanco Riofrío sobre que el Director del diario\n La Hora en la ciudad de Loja es el señor Nicolás\n Kingman Riofrío. Esta certificación se encuentra\n expedida en Quito el 27 de julio de 1998, y concuerda con la\n información que trae el mismo periódico en la página\n 4 de la edición correspondiente al 17 de febrero de 1998,\n dando cuenta que el Director del diario La Hora, en su edición\n lojana, es el señor Nicolás Kingman Riofrio. -\n De fojas 1 a 16 del cuaderno de primer nivel se ha incorporado\n la edición número 195 - año 1 - del diario\n La Hora, que se publica en la ciudad de Loja, en cuya página\n 27 (16 de los autos) se constata la existencia de la nota periodística,\n bajo el título "Denuncian Prostitución Clandestina",\n en la cual se reproduce la versión de varios inquilinos\n que viven en una casa de departamentos ubicada en la calle Imbabura\n y Lauro Guerrero de la ciudad de Loja sobre que las hermanas\n Blacio Vallejo serian las autoras del robo de un pasaporte perteneciente\n a Karolina Rodríguez, quien les había encargado\n su departamento y que lo habrían sustraído porque\n una de ellas "está tramitado papeles para viajar\n a España". "Esto hace pensar - dice la nota\n periodística - que es probable que se aproveche de la\n identidad de Carolina Rodríguez para cometer algún\n acto delictivo"... "Asimismo, - continúa la\n nota - agregaron que en el interior del inmueble de estas chicas,\n suceden cosas negativas, al parecer practican la prostitución\n clandestina, en razón de que aparecen un sinnúmero\n de preservativos que son lanzados a los demás departamentos\n por parte de estas señoritas... Los inquilinos aseguraron\n que las autoras del robo son las tres chicas que se quedaron\n a cargo del inmueble, en razón de que son las únicas\n que ingresaban al local durante el día y la noche... Los\n denunciantes expresaron que en el departamento de estas muchachas,\n atinan toda clase de escándalos, se producen roturas de\n vidrios, cita con jóvenes y homosexuales, que da lugar\n a que se altere la tranquilidad de los habitantes de este edificio".\n SEPTIMO. - Tomando la publicación que obra en autos como\n prueba de la existencia material de la infracción, y bajo\n la consideración de que el procesado no entregó\n el original de la nota periodística firmada por su autor,\n lo que hace responsable de la infracción al Director del\n diario en que se la publicó, el Juez Tercero de lo Penal\n de Loja impone al procesado la pena de cuarenta sucres de multa,\n más costas, daños y perjuicios. por encontrarle\n responsable como Director del diario La Hora, de los delitos\n de injuria calumniosa y de injuria no calumniosa grave, tipificados\n en los artículos 489 y 490 del Código Penal, cometidos\n en la circunstancia del artículo 491 ibídem, -\n injurias hechas mediante impresos - y aplicando lo dispuesto\n en los artículos 81 y 73 del mismo código, para\n en base a éste último modificar la pena. imponiéndole\n sólo multa. - La Tercera Sala de la Corte Superior de\n Justicia, mediante sentencia dictada el 6 de abril de 1999 confirmó\n en su integridad el fallo del Juez Tercero de lo Penal. que le\n subió en grado por recurso de apelación. OCTAVO.\n - Esta Sala de Casación encuentra que tanto el Juez de\n primera instancia como la Corte de Apelación tomaron en\n cuenta para sancionar al procesado lo dispuesto por el artículo\n 420 del Código de Procedimiento Penal, según el\n cual; en el caso de delitos cometidos por los medios de comunicación\n social según responsables de la infracción: el\n director, el dueño o la persona responsable de la administración\n de la imprenta, si no se pusiere de manifiesto el original firmado\n por el autor. el reproductor o la persona que se haga responsable\n de la publicación. - Esta disposición legal rige\n para el juzgamiento de los delitos cometidos por los medios de\n comunicación social, ya se trate de infracciones pesquisables\n de oficio, ya de las que solo pueden juzgarse por acusación\n particular. El Juez Tercero de lo Penal de Loja y la Tercera\n Sala de la Corte Superior de ese distrito han interpretado correctamente\n las disposiciones legales para el juzgamiento del delito de injurias\n imputado en la presente causa, aplicando en lo pertinente el\n procedimiento especial establecido para el juzgamiento, cuando\n el delito se comete por un medio de comunicación social,\n y además el procedimiento de los juicios que se siguen\n por acusación particular. Su interpretación fue\n la correcta, tanto que por resolución del Tribunal del\n Pleno de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial número 236 de 19 de julio de 1999,\n se sustituyó la resolución que con anterioridad\n había expedido el Plena de la Corte Suprema, publicada\n en el Registro Oficial 230 del 11 de julio de 1989, declarando\n que los artículos 420, 422 del Código de Procedimiento\n Penal se refieren tanto a los juicios que deben perseguirse de\n oficio, como a los que se tramitan mediante acusación\n particular. NOVENO. - En el presente caso, cuando el Juez Penal\n en diligencia previa le requirió al procesado que le remita\n el original de la nota periodística firmada por quien\n la preparó, el doctor Eduardo Vivanco Celi - asumiendo\n la calidad de Director del diario La Hora - le remitió\n la copia magnetofónica de una grabación contentiva\n de las expresiones que fueron publicadas, incumplimiento así\n la norma del artículo 420 del Código de Procedimiento\n Penal que le obligaba a remitir el original firmado por el autor\n de la nota en que se reprodujo las versiones de los inquilinos;\n sin que sea aplicable lo dispuesto por el artículo 426\n ibídem, como pretende el procesado, porque las injurias\n se profirieron no a través de un medio de radiodifusión\n o televisión, sino a través de un periódico,\n medio de comunicación a que se refiere el artículo\n 420 ibídem, porque la publicación en tal caso se\n la hace por la imprenta. - Al incumplir lo dispuesto por al artículo\n 420 del Código de Procedimiento Penal, el director del\n medio de comunicación es el responsable del delito; más,\n en el presente caso si bien se ha comprobado conforme a derecho\n la existencia material de las injurias, no se ha comprobado la\n responsabilidad del procesado, por no ser el Director del diario\n La Hora en Loja, como se acredita con la certificación\n de fojas 131 y con la información del propio diario sobre\n que su Director es el señor Nicolás Kingman, según\n aparece a fojas 2 vuelta de los autor; ni haberse comprobado\n en forma alguna que el procesado sea el autor de la nota periodística\n tantas veces referida. - Al comparecer el señor Edmundo\n Vivanco Celi como Director del diario La Hora habría inducido\n a engaño a la justicia, presentándose en una calidad\n que no tenia. De no haber procedido así el procesado,\n se habría dictado el auto cabeza de proceso en contra\n del verdadero Director del diario La Hora, cuestión que\n la Sala observa a efectos de lo que se dispone en la parte resolutiva\n de este fallo. DECIMO. - El señor Ministro Fiscal General\n en su dictamen de fojas 14 a 18 del cuaderno de casación\n se contradice, pues expresa que "el Juez no ha aplicado\n correctamente la sana crítica en la valoración\n de la prueba" , y enseguida manifiesta que "debe declararse\n improcedente el recurso de casación interpuesto por el\n querellado, por no haber demostrado que el juzgador haya violado\n las disposiciones legales". - Una de las disposiciones legales\n que debe cumplir el juzgador es valorar la prueba de acuerdo\n a las reglas de la sana crítica, que incontrastablemente\n no han sido consideradas por el Juez Tercero de lo Penal de Loja,\n ni por la Tercera Sala de la Corte Superior de ese distrito,\n al dar al procesado la calidad de Director del diario La Hora,\n cuando la evidencia aportada demuestra lo contrario. - No siendo\n el señor Eduardo Vivanco Celi, Director del diario, ni\n autor de la nota periodística contentiva de injurias,\n mal puede ser responsable de ese delito por la publicación\n hecha en tal periódico; y por ello estimando procedente\n el recurso de casación deducido en esta causa, de conformidad\n con lo dispuesto por el artículo 358 del Código\n de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial número 360 de 13 de enero del año en curso,\n esta Primera Sala de Casación Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la\n sentencia impugnada, y declara absuelto al procesado doctor Luis\n Eduardo Vivanco Celí. - Mas como según se expresa\n al final del considerando noveno de este fallo, el procesado\n habría inducido a error a la justicia en el escrito de\n fojas 19, con el que compareció como Director del diario\n La Hora, se dispone que uno de los señores jueces de lo\n Penal de Loja examine los actos del procesado para determinar\n si procede o no su enjuiciamiento por el delito tipificado en\n el artículo 296 del Código Penal. - La Sala estima\n que la acusación particular se la dedujo de buena fe contra\n quien había acreditado su calidad de Director responsable\n del diario, y carece de malicia o temeridad. - La Sala deja a\n salvo la facultad de las accionantes para ejercer sus derechos\n que estimen del caso con sujeción a la ley. - Devuélvase\n el proceso el inferior para los efectos legales. Notifíquese.
f) Doctor Eduardo Brito Mieles, Magistrado.
f) Doctor Carlos Xavier Riofrío Corral, Magistrado.
f) Doctor Hernán Donoso Velasco, Magistrado - Conjuez.
Corte Suprema de Justicia, 1ra. Sala de lo Penal. - Es fiel\n copia de su original. - Quito, 5 de julio del 2000
No. 235\n - 99 - OR
Quito, 16 de junio del 2000; las diez\n horas quince minutos.
VISTOS: José Apolinario Crespo Crespo en su acusación\n particular de fs. 3 manifiesta al Juez Penal de Los Ríos\n que sin poder precisar la fecha exacta, en todo caso a comienzos\n de junio de 1995, recibió en la ciudad de Cuenca, una\n llamada telefónica del señor Armando Javier Quimí\n Guevara, comerciante radicado en Santo Domingo de los Colorados\n y quien le solicitó el despacho de varias mercaderías\n por un valor total de S/. 35'000.000,oo entregándole,\n en la ciudad de Quevedo el cheque de fs. 1 por treinta y cinco\n millones de sucres de La cuenta corriente No. 5806012.0 del Filanbanco,\n cuenta de pertenencia del girador documento que al ser presentado\n para su cobro a la cámara de compensación ésta\n la protestó por "Cuenta Cerrada". Que como lo\n relatado constituye infracción penal pesquisable de oficio\n se querella contra el emitente del cheque y deduce formal acusación\n particular en contra de Armando Javier Quimí Guevara a\n fin de que en sentencia se le imponga la pena que determina La\n ley, se le condene al pago de daños, perjuicios y de costas\n judiciales. El Juez Séptimo de lo Penal de Los Ríos\n con sede en Quevedo, dictó el 7 de julio de 1995 auto\n cabeza de proceso y al terminar el sumario el 13 de octubre de\n 1997 dictó auto de apertura del plenario en contra del\n acusado, considerándole presunto autor del delito tipificado\n y reprimido en el artículo 563 del Código Penal,\n esto es por estafa. ordenando en el mismo acto procesal su detención.\n Al concluir el proceso, el Tribunal Penal Segundo de Los Ríos\n absolvió de la instancia al encausado calificando de maliciosa\n y temeraria la acusación particular deducida. Se fundó\n el Tribunal Penal básicamente en la circunstancia de no\n haberse probado ni la materialidad de la infracción ni\n la responsabilidad del condenado. José Apolinario Crespo\n interpuso recurso de casación por el cual la causa ha\n venido en grado. Para resolver lo que fuere de ley, se consignan\n las siguientes consideraciones: PRIMERA. - Esta Sala dispone\n de conformidad con la Constitución de la República\n y el Código de Procedimiento Penal de facultades suficientes\n para resolver la impugnación del acusador particular.\n SEGUNDA. - La causa ha sido sustanciada conforme a las reglas\n de procedimiento que le son propias, sin que exista omisión\n de solemnidad alguna que la invalide. TERCERA. - A fs. 57 a 58\n de los autos obra el poder conferido por José Apolinario\n Crespo Crespo a favor del abogado Marco Aníbal Galeas\n facultándole intervenir en esta causa. CUARTA. - Tal como\n se señala en la sentencia del Tribunal Penal de las pruebas\n del proceso no ha podido establecerse la existencia material\n del hecho acusado, ya se examine el testimonio instructivo de\n José Apolinario Crespo, ya el testimonio indagatorio de\n Armando Javier Quimí Guevara. El primero de los nombrados\n manifiesta que se afirma y ratifica en todos y cada uno de los\n hechos consignados en su acusación particular, en cuanto\n a la venta de mercadería y en cuanto a la entrega fraudulenta\n del acusado de un cheque sin fondos. Este último se limita\n a señalar en su testimonio indagatorio que durante varios\n años ha mantenido con el acusador múltiples negocios\n de compra de mercadería habiendo utilizado la modalidad\n de pagar su precio con Letras de cambio a plazo y con cheques.\n Vale la pena señalar que ambas partes están de\n acuerdo en el cúmulo de relaciones que han mantenido bajo\n este concierto; sin embargo José Apolinario Crespo Crespo\n a fs. 26 manifiesta que el cheque materia de la acusación\n le fue entregado en garantía del pago de una deuda a plazos\n por mercaderías, motivo por el cual, tal deuda se ha novado\n habiéndole el deudor firmado una letra de cambio por setenta\n y un millones ochocientos treinta y tres mil setecientos sesenta,\n la misma que "correrá a partir del 5 de agosto de\n 1995". Si se considera que el cheque de fojas uno fue girado\n el 12 de junio de 1995 y que su novación tuvo lugar el\n 5 de agosto del propio año, es evidente que la obligación\n que representaba el cheque quedó extinguida, pues conforme\n al artículo 1610 del Código Civil, este es uno\n de los modos de extinguir Las obligaciones. SEXTA. - El articulo\n 183 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable\n al caso dispone que "La nulidad o falsedad manifiesta de\n un instrumento lo invalida, sin necesidad de prueba". Al\n analizar con detenimiento el cheque de fs. 1 en que apoya su\n acusación particular Crespo Crespo, sin esfuerzo se deduce\n que es un instrumento de elaboración sucesiva, es decir\n que se ha vuelto sobre él varias veces ya para escribir\n con tinta el nombre del beneficiario y su monto ya para escribir\n a máquina datos tan importantes como la fecha de emisión.\n En la parte superior tanto el número de cuenta como el\n número de cheque han sido alterados, por manera que ningún\n mérito puede prestar la orden de pago de fs. 1, en lo\n que a su autenticidad se refiere y, si a ello se suma la petición\n expresa del acusador de que no prosiga la causa, pues a ello\n equivale el desistimiento de su acción, es forzoso llegar\n a concluir que no se ha demostrado la existencia material de\n la infracción, toda vez que el acreedor expresamente consigna\n que ha sido novada. SEPTIMA. - José Apolinario Crespo\n Crespo a fs. 4 de las actuaciones de esta instancia no hace otra\n cosa que repetir los fundamentos de hecho se su acusación\n particular, señalar que la utilización dolosa de\n cheques girados en cuenta cerrada constituye un delito; impugnar\n que el cheque fuese entregado en garantía y alegar finalmente\n que la sentencia del Tribunal Segundo de lo Penal de Los Ríos\n viola la ley pero sin consignar de modo claro y preciso los requisitos\n de la fundamentación para que esta sea admisible. OCTAVA.\n - En su dictamen la señora Ministra Fiscal General solicita\n que se case la sentencia, lo cual para la Sala es inadmisible\n una vez que se ha reconocido en los considerandos precedentes\n que no existe de autos prueba material de la infracción.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala Especializada en cumplimiento\n de lo dispuesto por el artículo 358 del Código\n de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 360 de enero 13 del 2000, declara improcedente el\n recurso de casación interpuesto por el acusador particular\n José Apolinario Crespo Crespo en contra de Armando Quimí\n Guevara por estafa. Devuélvase el proceso al órgano\n jurisdiccional de origen para que se ejecute la sentencia. -\n Notifíquese.
f.) Carlos Riofrío Corral. Magistrado. Certifico.
En Quito, hoy viernes, dieciséis de jumo del dos mil,\n a las diecisiete horas notifico con la anota de relación\n y sentencia que anteceden al señor Ministro Fiscal General,\n por boleta dejada en el casillero No. 1207, a Amando Quimí\n Guevara le notifico en el casillero No. 1901, a José Apolinario\n Crespo y a su apoderado judicial Dr. Marco Aníbal Galeas\n les notifico en el casillero No. 1877.
Corte Suprema de Justicia, 1ra. Sala de lo Penal. - Es fiel\n copia de su original. - Quito, 5 de julio del 2000.
No. 241\n - 99 - MA
Quito, 26 de enero del 2000; las 09h55.
VISTOS: En su denuncia y acusación particular, presentada\n la primera ante el Comisario Nacional de Policía del cantón\n Riobamba y la segunda ante el Juez de lo Penal de Chimborazo,\n el ingeniero Guillermo Valencia Ortiz manifiesta que el 25 de\n octubre de 1994 vendió un lote de ganado de su propiedad\n a Laura Ballagán de Bonifaz quien, como parte del precio\n le entregó un cheque por el valor de un millón\n de sucres girado contra la cuenta corriente de la emitente que\n la tiene en Filanbanco, documento bancario que al ser presentado\n a su cobro fue protestado por insuficiencia de fondos. Que una\n vez notificada legalmente la libradora, como lo manda la ley,\n ésta no ha cubierto su valor como consta de la certificación\n de fs. 2 vta, de los autos suscrito por el Secretario de la Comisaría\n Nacional. El 1ro. de febrero de 1995 el Juez Cuarto de lo Penal\n de Chimborazo, dictó auto cabeza de proceso en contra\n de la giradora ordenando todas las diligencias pertinentes para\n el esclarecimiento de la infracción. Terminada la etapa\n del sumario y con la acusación fiscal, el Juez Penal dictó\n auto de llamamiento a plenario en contra de Laura Ballagán\n de Bonifaz imputándole ser responsable de la infracción\n prevista y reprimida en el Art. 368 del Código Penal,\n esto es el giro de cheque sin fondos, providencia que fue confirmada\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Riobamba. El Primer\n Tribunal Penal de Chimborazo, en la sentencia de 13 de agosto\n de 1997 declaró a Laura Ballagán de Bonifaz, responsable\n del delito antes señalado y de conformidad con el Art.\n 368 del Código Penal, le impuso la pena de tres meses\n de prisión correcional sin admitir atenuantes. La sentenciada\n interpuso el recurso de nulidad que fue negado por la Corte Superior\n y dedujo, además, el recurso de casación. Para\n decidir la impugnación, este Tribunal consigna las consideraciones\n de orden legal que siguen: PRIMERA. - Por lo dispuesto en el\n artículo 200 de la Constitución Política\n de la República y el Código de Procedimiento Penal,\n esta Sala por el sorteo respectivo asume competencia para resolver\n el recurso; SEGUNDA. - La causa ha sido tramitada conforme a\n las reglas de procedimiento que le son propias y no existen omisión\n alguna de solemnidad que la invalide; TERCERA. - Si bien la giradora\n del cheque no consignó en el proceso su declaración\n indagatoria, de manera reiterada ha reconocido, a través\n de varios escritos que el hecho que se le imputa es verdadero\n y que, en efecto, entregó al vendedor y acusador particular\n el cheque de fs. 1 que fue protestado por el banco, sin que lo\n hubiera cancelado después de la notificación judicial\n pertinente. Esta circunstancia llevó al Tribunal Penal\n a considerar que se había cumplido los requisitos del\n Art. 157 del Código Penal, esto es la existencia de una\n infracción punible y la responsabilidad de su autora,\n por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 368\n del Código Penal le impuso la pena precisada que aparece\n en el fallo recurrido, en el cual, con fundamento, se rechazan\n las atenuantes, teniendo en cuenta la conducta anterior de la\n enjuiciada y el hecho de que por actos de idéntica naturaleza,\n mantiene varios juicios en diversos juzgados del distrito; CUARTA.-.\n En el escrito de fundamentación de la sentencia presentada\n ante la Corte Suprema la recurrente se imita a analizar los considerandos\n del fallo condenatorio del Tribunal Penal, haciendo mención\n expresa de las diligencias del proceso, ninguna de las cuales\n le favorece, ni puede favorecerle dado su expreso y reiterado\n reconocimiento de que cometió el hecho ilícito\n por el que se le enjuicia. No rinde prueba admisible alguna de\n las diversas relaciones comerciales mantenidas con el acusador\n particular, ni aporta demostración de pago, sin que su\n argumentación, además cumpla con las prescripciones\n legales en lo que se refiere a la fundamentación como\n lo determina el artículo 377 del Código de Procedimiento\n Penal; QUINTA. - La señora Ministra Fiscal General en\n su dictamen manifiesta que el recurso de casación interpuesto\n por la sentenciada Laura Ballagán de Bonifaz, a más\n de insuficiente, carece de fundamento, por lo que opina que la\n Sala debe declararlo improcedente. En consecuencia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n esta Sala Especializada en ejercicio de sus atribuciones y en\n acatamiento de lo que dispone el Art. 382 del Código de\n Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación\n interpuesto por Laura Ballagán de Bonifaz sobre el fallo\n condenatorio expedido por el Primer Tribunal Penal de Chimborazo,\n en el juicio penal seguido en su contra por el ingeniero César\n Guillermo Valencia, limitándose a disponer la devolución\n del proceso al órgano jurisdiccional de origen para los\n efectos legales consiguientes. Notifíquese.
Certifico. - f.) Secretario Relator.
En Quito, a los veinte y seis de enero del dos mil, a las\n diez horas con diez minutos, por boletas notifiqué con\n la nota en relación y sentencia que antecede, a la señora\n Ministra Fiscal General, en el casillero No. 1207, a Laura Ballagán\n Aucancela, en el casillero No. 629, al Mg. Guillermo Valencia\n no se le notifica por no haber señalado casillero judicial\n en esta instancia para el efecto.