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Timestamp: 2018-07-18 02:55:09
Document Index: 177742859

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 317', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 324', 'artículo 299', 'artículo 326', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 328', 'artículo 333', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Las claves para invalidar o desacreditar las pruebas en soportes tecnológicos de la parte contraria | E&J
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Las claves para invalidar o desacreditar las pruebas en soportes tecnológicos de la parte contraria
Albert Chiva Espejo. Abogado Privacidad Digital Abogados
Jesús Soler Puebla. Abogado Privacidad Digital Abogados.
En un futuro no muy lejano, la administración de justicia podrá trabajar sin papel y todo el procedimiento se desarrollará electrónicamente, debiendo aportar al juicio toda la documentación en soporte electrónico. Además, casi el 90% de la información y documentación que se aporta como pruebas, provienen de soportes electrónicos: extractos bancarios descargados de internet, copias de emails, pantallazos de WhatsApp, fotos y videos obtenidos por móvil, grabaciones de audio, grabaciones de cámaras de videovigilancia y un largo etcétera de evidencias que, o bien han sido generadas electrónicamente, o bien han pasado por un soporte o almacenamiento electrónico.
Frente a esta situación, estudiaremos las claves para desvirtuar o impugnar las evidencias electrónicas presentadas, puesto que en la esfera digital hay herramientas suficientes para alterar estas evidencias, al menos a simple vista, sin dejar un rastro cierto y con la intención de obtener ventaja en las negociaciones y los procesos judiciales.
La prueba en la normativa vigente
Clases de documentos privados presentados en soporte electrónico
Política de gestión de evidencias electrónicas
La Ley de Enjuiciamiento prevé diferentes medios de prueba de los que se podrán hacer uso en juicio, de los que cabe destacar los documentos públicos, el dictamen de peritos y los documentos privados.
El Código Civil, en su artículo 1.216, considera que son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, requiriendo las solemnidades oportunas para la validez de cada uno de ellos, ampliando esta regulación lo establecido en el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por su parte, el artículo 1.225 del Código Civil regula que el documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito. Por ello, y en aras de lo establecido en el artículo 1.218 del Código Civil, los documentos públicos, y en extensión, los documentos privados, hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. Añadir que se considerará documento privado todo aquél que no se encuentre recogido en artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citado con anterioridad.
De esta manera, y en relación a lo establecido en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se estipula que la prueba presentada en un proceso judicial con carácter de documento privado, tendrá consideración de documento público, con todas las consecuencias legales que ello implica, siempre y cuando éste se encuentre perfectamente constituido y validado por las partes. En caso contrario, y para desvirtuarla, será necesario la impugnación de la misma, a través de cuántos dictámenes periciales se crean oportunos, siguiendo los cauces establecidos en el artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación al artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica.
En este sentido, la regulación actual permite presentar tantos documentos privados se crean oportunos para apreciar la pretensión de fondo de la parte, incluyendo para ello, las pruebas presentadas en soporte tecnológico.
Si la parte a quien perjudica la presentación de un documento en soporte tecnológico impugna la exactitud de la misma, se determinará su valor probatorio según las reglas de impugnación que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil, resultando, imperiosa, la presentación de un informe pericial desvirtuando la misma.
Al tratarse de una prueba presentada en soporte tecnológico, al momento de impugnarla, pongamos, por ejemplo, por la autenticidad de la misma, serán necesarios todos aquellos conocimientos científicos, técnicos o prácticos para valorar los hechos o circunstancias que atañen a la prueba que justificaría la intervención, en el proceso, de los peritos oportunos para delimitar el objeto y cumplir con la finalidad del informe.
En el caso de impugnar un documento firmado electrónicamente, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 3.8 de ley de Firma Electrónica, que impone la prueba de la autenticidad a quien ha presentado el documento en soporte electrónico (por otra parte, lógico, ya que sólo él puede obtener la prueba). Señalar que, si el tribunal de turno considera que la impugnación se ha formulado con temeridad por la contraparte, se impondrá, a parte de los costes derivados de dicha acción, una multa de hasta 600 Euros.
Tal y como hemos expuesto con anterioridad, el documento privado presentado como prueba en un juicio contradictorio puede sustentarse en infinidad de supuestos, y más, teniendo en cuenta la evolución constante de la técnica.
Por ello, y teniendo en cuenta el estado de la práctica procesal actual, enumeramos el tipo de prueba en soporte tecnológico más común en los juzgados:
Electrónicas (en soportes electrónicos, volcado de discos duros, etc)
Documentos electrónicos (contratos firmados a través de firma electrónica, estudios, proyectos que incluyan modelos industriales, etc.)
Mensajería (SMS, Whatsapp, email)
Aquellas partes que intervengan en un proceso judicial pueden solicitar la exhibición de los documentos que no se hallen en su disposición, incluida la presentada en soporte informático, en virtud de lo establecido en el artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A fin de conseguir una copia de aquellos documentos que se aportan de forma electrónica, será necesario estarse a lo convenido en el artículo 333 del mismo texto legal, por lo que se considerará copia auténtica toda copia realizada por la oficina judicial, aunque será necesaria la presencia del secretario judicial que dará fe de ser fiel y exacta a la reproducción del original (importante el cotejo de documentos cuando lo que vamos a recibir son copias escaneadas de los documentos originales y muchos de estos documentos pueden no tener la calidad del mismo original del que han sido escaneados).
Cuando lo que se reciban sean copias de documentos electrónicos (PDF, Words, Excel fotografías, vídeos o audios), no está de más comprobar las propiedades del documento, a fin de revisar los metadatos que lo componen, y que nos darán pistas de la fecha de creación y del autor o equipo que generó el documento y nos servirá de base para decidir su impugnación.
Para presentar un documento privado que tenga plena consideración como prueba electrónica será necesario cumplir con una serie de requisitos que, en caso de incumplimiento, pueden comprometer la estimación de las pretensiones de las partes en caso de impugnación de la misma.
Centrándonos en lo definido en el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se considerará documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, en relación a lo establecido en la letra c del apartado 6 del artículo 3 del mismo texto legal.
Por ello, y en relación a lo establecido en el apartado 7 del artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, los documentos electrónicos tienen el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.