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Timestamp: 2017-11-24 16:27:35
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Sentencia A.P. Oviedo 347/2013 de 26 de diciembre. Accidente de tráfico. Responsablidad extracontractual. Indemnización. Relación de causalidad. Intereses moratorios. Estimación parcial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Oviedo 347/2013 de 26 de diciembre
Accidente de tráfico: Reclamación de indemnización en concepto de responsablidad extracontractual. Relación de causalidad: Existe entre el siniestro y los daños personales pero, ante la ausencia probatoria, no cabe fijar indemnización por secuelas. Intereses moratorios: Examen de la doctrina aplicable, siendo procedente su imposición ante la ausencia injustificada de consignación.
SENTENCIA: 00347/2013
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000498 /2013
En OVIEDO, a veintiséis de Diciembre de dos mil trece.
VISTOS, por la Ilma. Sra. DOÑA MARÍA PAZ FERNÁNDEZ RIVERA GONZÁLEZ, Magistrado de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en funciones de Tribunal Unipersonal, los autos de Juicio Verbal n.º 270/13, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Avilés, Rollo de Apelación n.º 498/13, entre partes, como apelante y demandada VERTI ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representada por la Procuradora Doña Delfina González de Cabo y bajo la dirección del Letrado Don Carlos González Gutiérrez-Cecchini, como apelado y demandante DON Darío, representado por la Procuradora Doña Isabel García-Bernardo Pendás y bajo la dirección del Letrado Don Fernando Arancón Álvarez-Castelao.
Primero.—Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.
Segundo.—El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Avilés dictó Sentencia en los autos referidos con fecha tres de octubre de dos mil trece, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que ESTIMANDO la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Sr. Casielles Pérez, en nombre y representación de DON Darío, sobre reclamación de cantidad, frente a VERTI ASEGURADORA, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Gutiérrez Alonso,
DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a abonar al demandante, la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS, (3.411,10 €), en concepto de daños personales, más los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro.
Las costas procesales causadas se imponen a la demandada.".
Tercero.—Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C., se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.
Cuarto.—En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.
Primero.—La sentencia de instancia, estimando la demanda formulada por Don Darío contra "Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", condenó a esta última a abonar a aquél la cantidad de 3.411,1 euros en concepto de daños personales derivados del accidente acaecido el 28 de enero de 2.013, más los intereses del artículo 20 de la LCS.
La aseguradora demandada se alza por vía de recurso frente a dicha resolución alegando error en la valoración de la prueba en relación con las lesiones personales sufridos por el actor, disintiendo también de los intereses del artículo 20 de la LCS y con la imposición de costas de la primera instancia, interesando la revocación de la sentencia, dictando otra en su lugar por la que se desestime la demanda.
La parte apelada interesó la confirmación de la sentencia con imposición de costas al apelante.
Segundo.—Así centrados en esta alzada los términos del debate, se debe comenzar examinando, en primer término, el motivo de apelación que versa sobre las lesiones del actor, respecto de las cuales la aseguradora apelante sostiene que no revisten la gravedad establecida en la sentencia, lo que sustenta con apoyo en el informe del perito médico Don Luciano que, con base en el informe biomecánico aportado a autos, en el que considera como velocidad existente en ese tipo de colisión entre 5 y 6 kms/hora, cuestiona que a esa velocidad se puedan producir las lesiones reclamadas, insistiendo en la ausencia de daños del vehículo en ella asegurada y los mínimos rayones que se observaban en el del actor, por lo que dicha falta de relación entre la dinámica del siniestro y los daños reclamados revelan la ruptura del nexo causal entre uno y otro.
Así las cosas, este Tribunal, tras ejercer la función revisora que le es propia, comparte el criterio sentado en la recurrida a propósito de la relación de causalidad existente entre el siniestro acaecido el 28 de enero de 2.013 y la aparición de unas lesiones en la persona del actor, pues en el propio atestado se señala que el vehículo Renault Megane se hallaba parado y resultó golpeado por el Renault Kangoo, debiendo en ese mismo momento ser evacuado el hoy actor en una ambulancia e, inmediatamente, ser atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital San Agustín, y en esa primera asistencia, con exploración de RX, no se observa lesión ósea aguda, pero sí se hace constar, como impresión diagnóstica, cervicalgia postraumática con irradiación MSI y síndrome vertiginoso secundario, pautándole tratamiento consistente en "collarín cervical durante 4-5 días, calor local, Diclofenaco, Diazepán, y Nolotil", estableciendo el seguimiento del paciente.
Al propio tiempo, igualmente consta que días después, concretamente el 1 de febrero, acude nuevamente al Servicio de Urgencias para revaloración, pautando el mismo tratamiento más "Fortecotin y Omeoprazol, y limitando el Nolotil si persiste el dolor", y lo que resulta importante, remitiendo el control y seguimiento por su Mutua de Accidentes y médico de Atención Primaria (folios 15 y 19).
En su consecuencia, a la vista de todo ello, de manera razonable es dable extraer la conclusión de que sí existe una relación de causalidad entre la dinámica del siniestro, tal y como aconteció, y la aparición de unos daños personales, y ello por cuanto, además, los diagnosticados por el Servicio de Urgencias son los que la práctica médica asimila con un siniestro por alcance.
Ahora bien, junto a lo anterior, debe añadirse que, precisamente, los propios informes médicos del Servicio de Urgencia, en lo relativo al tratamiento y seguimiento, y la ausencia de toda referencia al mismo, avalan la tesis de la recurrente en lo relativo a la valoración del período de sanidad y de la secuela, ya que si bien es cierto que existe un informe del médico forense, evacuado de 15 de mayo de 2.013, que de su lectura se desprende que se basa en los referidos dos partes, también lo es que en los tan repetidos partes de urgencia se consigna un exhaustivo tratamiento que no consta que haya sido seguido, por lo que en este trance nos hallamos ante un accidente por alcance sin constancia de seguimiento y con un informe forense en el se relaciona la existencia de otros "Accidentes previos con secuelas previas", por lo que se considera procedente fijar como período de sanidad el de 30 días, por otra parte habitual en la práctica forense en este tipo de siniestros, siendo 10 de ellos impeditivos (en los que llevó el collarín) y el resto, esto es 20, no impeditivos, resultando una cifra de 1.109,20 euros.
Sin que se halle base para apreciar secuela, pues ciertamente no se encuentran en autos datos de los que sea dable inferir la existencia de la que se solicita en la demanda, por cuanto lo único que sí consta es que existían en la persona del demandante accidentes previos y secuelas previas, y en este contexto incumbía a la parte actora discriminar la que podía ser dimanante del siniestro litigioso, lo que no hizo, existiendo respecto a ello tal orfandad probatoria e indefinición, que sólo a él le puede ser imputada por virtud de las reglas de la carga de la prueba del art. 217 de la L.E.C., pues en su mano tuvo la posibilidad de acreditar las eventualidades sucedidas en el período de tratamiento, que se supone realizó entre el día 28 de enero y la fecha en que acudió al forense, el 15 de mayo.
Así las cosas, procede acoger en parte este motivo de apelación para fijar la indemnización litigiosa en la cantidad de 1.109,20 euros.
Tercero.—Sentado lo que antecede, debe ahora ser examinado el motivo de apelación que gira en torno a los intereses del articulo 20 de la LCS, respecto de los cuales considera la parte apelante que se hallaba ante el supuesto de causa justa, contenido en el apartado 8, al considerar como tal las reservas de la aseguradora-recurrente en cuanto a la producción del siniestro y sus consecuencia.
A propósito de la justa causa ya se ha pronunciado esta Audiencia Provincial, entre otras, en su sentencia de 29 de abril de 2.013 de su Sección 7.ª, que dejó dicho: " SEXTO. - Sostiene la parte apelante que no procede en este caso la condena al pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , dadas las especiales circunstancias del caso (no dice cuáles ni por qué han de ser especiales), y que la ausencia de oferta motivada trae causa de la tramitación de este proceso.
A este respecto dice la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.013 , lo siguiente: «TERCERO.- Intereses de demora. Procedencia para su imposición. A) La DA 8.ª de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados , además de cambiar la denominación de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor (que pasó a llamarse Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor), incorporó a esta norma una DA, referente a la mora del asegurador, donde, si bien se remitía en torno a esta cuestión a lo dispuesto en el artículo 20 LCS , reconocía también una serie de particularidades, fundamentalmente la posibilidad de que la compañía de seguros pudiera exonerarse del recargo por mora pagando o consignando judicialmente la indemnización en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de producción del siniestro, especificando que, si no podía conocerse en dicho plazo el exacto alcance de los perjuicios objeto de indemnización, habría de ser el juez el que decidiera sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad consignada, previo informe del médico forense si fuera pertinente, y con arreglo a la cuantía aproximada que pudiera corresponder con arreglo al sistema legal de valoración que incorporaba el Anexo de la citada Ley. Según ha venido entendiendo la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 29 de junio de 2009, RC n.º840/2005 ; 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 , 12 de julio de 2010, RC n.º 694/2006 ; 22 de noviembre de 2010, RC n.º 400/2006 y 28 de junio de 2011, RC n.º 1968/2007 , entre las más recientes), del tenor literal de la norma citada -en su redacción original, aplicable a los siniestros ocurridos durante su vigencia ( SSTS de 26 de marzo de 2009, RC n.º 469/2006 ; de 22 de noviembre de 2010, RC n.º 400/2006 y de 10 de noviembre de 2010, RC n.º 882/2007 , entre otras)-, resulta con claridad que el beneficio de la exención del recargo se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo (tres meses siguientes a la producción del siniestro), y, además, cuando sean daños personales con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado tras la consignación, de que la cantidad se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, siendo este un pronunciamiento que debe solicitar la aseguradora. Faltando estos dos presupuestos, no cabe reconocer a la conducta desplegada por la compañía de seguros los efectos impeditivos de la producción de mora que contempla la norma. Hasta la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley 21/2007 (artículo 7.3 e], en relación con el artículo 9) esta Sala no ha considerado necesario ofrecer al perjudicado las cantidades consignadas para obtener los efectos liberatorios al reconocerle una finalidad estrictamente de garantía ( SSTS de 26 de marzo de 2009, RC n.º 469/2006 , 12 de julio de 2010, RC n.º 694/2006 ). Por otra parte, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8.º LCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados ( SSTS 17 de octubre de 2007, RC n.º 3398/2000 ; 18 de octubre de 2007, RC n.º 3806/2000 ; 6 de noviembre de 2008, RC n.º 332/2004 , 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006 ; 11 de abril de 2011, RC n.º 1950/2007 y 7 de noviembre de 2011, RC n.º 1430/2008 ).En atención a esta jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a los efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para integrar los presupuestos de la norma aplicada. Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituyan causas que justifiquen por sí el retraso, o permitan presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar ( SSTS 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 29 de septiembre de 2010, RC n.º 1393/2005 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ; 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007 ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 y 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 ).Por este motivo, la jurisprudencia no aprecia justificación cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la influencia causal de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de posible concurrencia de conductas negligentes. En el primer caso, porque es relevante que la indeterminación se haya visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido ( SSTS de 1 de julio de 2008, RC n.º 372/2002 , 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007 ), sin perjuicio de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado, y porque la superación del viejo aforismo in illiquidis non fit mora [no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas] ha llevado a la jurisprudencia a considerar la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de indemnizar (entre las más recientes, SSTS de 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 ; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 y 7 de noviembre de 2011; RC 1430/2008 ). En el segundo caso, porque la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su conducción (artículo 1.1 II LRCSVM 1995), de manera que solamente se excluye la imputación del resultado al conductor cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (cuando los daños se deben únicamente a ellas) o una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo ( STS de 16 de diciembre de 2008, RC n.º 615/2002 , entre otras muchas). En particular, la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor ( SSTS de 10 de diciembre de 2009, RC n.º 1090/2005 ; 23 de abril de 2009, RC n.º 2031/2006 ; 29 de junio de 2009, RC n.º 840/2005 y 10 de octubre de 2008, RC n.º1445/2003 , entre otras)».
Pues bien, en el presente supuesto, la aseguradora demandada no ha intentado siquiera consignar cantidad alguna, y la mera existencia del pleito no justifica, conforme a la doctrina que ha quedado expuesta, ni le releva de la necesaria consignación con los efectos liberatorios inherentes, máxime cuando en la sentencia de primer y segundo grado existe coincidencia en la forma y dinámica del siniestro, por lo que procede confirmar la sentencia recurrida en este extremo.
Cuarto.—La estimación parcial del recurso, que conlleva la estimación parcial de la demanda, implica la no imposición de las costas en ninguna de las dos instancias (art. 394 y 398 de la L.E.C.).
Por todo lo expuesto, dicto el siguiente
Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la sentencia dictada en fecha tres de octubre de dos mil trece por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Avilés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA en el sentido de fijar la indemnización a abonar a Don Darío en la cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.109,20 euros), con los intereses del artículo 20 de la LCS.
No procede expreso pronunciamiento respecto de las costas de la instancia ni de esta alzada.
Habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir.
Así, por esta sentencia, juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.