Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190813s00235697645.html
Timestamp: 2020-08-12 11:54:12
Document Index: 37554528

Matched Legal Cases: ['artículo 168', 'artículo 181', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 47', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 60', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 67', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 116']

23ª Sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2019 - C.SS
N.º 23 - TOMO 598 - 13 DE AGOSTO DE 2019
–	El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con eventuales denuncias referidas al Consulado uruguayo en Berna.
–	El señor senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Minis terio de Defensa Nacional, relacionado con la reglamentación de la Ley n.º 19677, sobre la realización de tareas de vigilancia y seguridad en zonas fronterizas.
–	El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la situación económica del país.
–	El señor senador Cardoso solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Plan CAIF, a la Junta Departamental de Rocha y a la Junta Local de Velázquez, relacionada con la necesidad de instalar un CAIF en la localidad de Velázquez, departamento de Rocha.
7), 11), 13) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Heber, Delgado, Michelini y Besozzi.
–	Quedan convocados los señores senadores Castaingdebat, Draper, Saravia, Gallicchio y Gandini.
8)	Renuncia definitiva del doctor Luis Lacalle Pou a su cargo de senador de la república. Integración del Cuerpo
– Queda convocado el señor senador Saravia.
9)	Estado de la educación en Uruguay
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Codicén, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico Profesional, a los institutos de formación docente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las juntas departamentales y a los gremios de la educación.
10), 12), 14) y 16) Gestión integral de residuos
17)	Régimen de trabajo
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve pasar el segundo punto del orden del día para la sesión del 3 de setiembre, y considerar a continuación el numeral quinto.
18)	Personal dependiente de empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios y extraportuarios
–	Proyecto de ley por el que se asegura un mínimo de jornales.
19)	Modificaciones al Convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata)
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve alterar el orden del día y considerar el proyecto de ley por el que se las aprueba.
•	Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve levantar la sesión.
«Montevideo, 9 de agosto de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 13 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se establecen normas para la gestión integral de residuos;
Carp. n.º 1100/2018 - rep. n.º 903/19 y anexo I
2.º) por el que se establecen medidas para la mejora de las actividades de control y tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles;
Carp. n.º 1347/2019 - rep. n.º 904/19
3.°) por el que se establecen los principios rectores y la regulación general del sistema deportivo del país;
Carp. n.º 1280/2019 - rep. n.º 905/19 y anexo I
4.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia;
Carp. n.º 1126/2018 - rep. n.º 906/19
5.º) por el que se asegura un mínimo de jornales para el personal dependiente de empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios y extraportuarios;
Carp. n.º 1380/2019 - rep. n.º 907/19
6.º) por el que se crea el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública;
Carp. n.º 1041/2018 - rep. n.º 908/19
7.º) por el que se aprueban las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata);
Carp. n.º 1334/2019 - rep. n.º 910/19
8.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de Panamá a la señora María Ramona Franco Oxley;
Carp. n.º 1377/2019 - rep. n.º 909/19
9.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de representante permanente de la república ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad de Nueva York, al señor Carlos Amorín.
Carp. n.º 1373/2019 - rep. n.º 911/19
10) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 15750, de 24 de junio de 1985.
Carp. n.º 1038/2018 - rep. n.º 912/19 y anexo I
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Asiaín, Ayala, Baráibar, Besozzi, Bianchi, Camy, Cardoso, Carrera, Castaingdebat, Castillo, Coutinho, De León, Draper, Eguiluz, García, Garín, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia, Vassallo y Xavier; y, a partir de la hora 12.00, el señor senador Gallicchio.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Bordaberry, Delgado, Heber, Larrañaga y Tourné, y se retiran posteriormente Besozzi y Michelini; y, con aviso, el señor senador Gandini.
•	por el que se designa Obelisco-Batalla de las Piedras el Liceo n.º 3 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
•	Por el que se comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la búsqueda de personas desaparecidas en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se crean normas para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 15750, Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, de 24 de junio de 1985.
La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueban las modificaciones al Convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
Asimismo, eleva informadas las siguientes solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar:
•	en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Gobierno de la República de Panamá a la señora María Ramona Franco Oxley;
•	en calidad de representante permanente de la república ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad de Nueva York, al señor Carlos Amorín.
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se asegura un mínimo de jornales para el personal dependiente de empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios y extraportuarios.
La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informado un proyecto de ley por el que se crea el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública.
El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes presentado por el señor senador José Carlos Cardoso, relacionado con la atención a usuarios del Centro de Atención de Castillos.
OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CARDOSO.
El Ministerio del Interior remite nota acusando recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador José Carlos Cardoso en la sesión de fecha 13 de noviembre de 2018, referentes al sistema antirrobo de cajeros.
El señor senador José Carlos Cardoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Plan CAIF, a la Junta Departamental de Rocha y a la Junta Local de Velázquez, relacionada con la necesidad de instalar un CAIF en la localidad de Velázquez, departamento de Rocha.
SE VA A VOTAR».
«El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con eventuales denuncias referidas al Consulado uruguayo en Berna.
«El señor senador Jorge Larrañaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la reglamentación de la Ley n.º 19677, de 26 de octubre de 2018, sobre la realización de tareas de vigilancia y seguridad en zonas fronterizas.
«El señor senador Luis Lacalle Pou solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la situación económica del país.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.
Se va a votar si se envía al Ministerio de Desarrollo Social y por su intermedio al Plan CAIF, a la Junta Departamental de Rocha y a la Junta Local de Velázquez la exposición escrita presentada por el señor senador Cardoso, relacionada con la necesidad de instalar un CAIF en la localidad de Velázquez, departamento de Rocha.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 8 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Aristimuño, Coutinho y Heber; y, sin aviso, los señores senadores Alonso, Amorín, Camy y Delgado.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 7 de agosto faltó con aviso el señor senador Heber.
A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 5 de agosto faltaron con aviso los señores senadores De León y Lacalle Pou.
A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 6 de agosto faltó con aviso el señor senador López Villalba.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de agosto de 2019
Presidenta de la Cámara de Senadores:
Nos dirigimos a la señora presidenta con el fin de solicitar al Cuerpo que preside licencia por motivos personales los días martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de agosto.
Luis Alberto Heber. Senador».
Se comunica que los señores Julio Silveira, Alexandra Inzaurralde y Jorge Saravia han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 13 de agosto.
8) RENUNCIA DEFINITIVA DEL DOCTOR LUIS LACALLE POU A SU CARGO DE SENADOR DE LA REPÚBLICA. INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase la solicitud de renuncia definitiva al cargo de senador de la república presentada por el señor senador Luis Lacalle Pou.
Por intermedio de la presente, me dirijo a usted para presentar mi renuncia a la banca del Senado para la cual fui electo por el período 2015-2020.
A partir del sábado 10 del presente, se proclamó la fórmula presidencial del Partido Nacional, con lo cual estaremos comenzando una gira por todo el país, que requerirá de todo nuestro tiempo y dedicación.
Me despido de esta casa en la que he servido desde mi lugar a la causa nacional, tratando de interpretar las necesidades, sueños y esperanzas de los uruguayos.
Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y agradecer a los funcionarios del Parlamento, así como también a los compañeros senadores, que aun en los momentos de discordancia supimos mantener el buen relacionamiento que caracteriza nuestra democracia.
Dejo constancia de que no me ampararé al beneficio que otorga la Ley n.º 15900, en cuanto al subsidio especial por renuncia al cargo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de renuncia presentada por el señor senador Lacalle Pou.
Se comunica al Cuerpo que, en virtud de haberse aprobado la renuncia presentada por el señor senador Luis Lacalle Pou, queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador García.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en la tarde de ayer compartimos con el señor senador Lacalle Pou su última participación en la Comisión de Defensa Nacional de esta cámara, en la que hemos trabajado los últimos cinco años, y en la que actualmente estamos analizando el Código Aeronáutico.
Tuvo lugar allí un evento, de esos que se registran en las salas de esta casa, que creo oportuno traerlo a colación a propósito del tema que estamos tratando. En el momento en que mencionamos que era la última sesión del senador Lacalle Pou en esta casa, el señor senador Martínez Huelmo realizó una intervención que habla muy bien de él, como lo dijo el propio senador Lacalle Pou. Que un senador del oficialismo haya destacado el trabajo y el aporte del senador renunciante, así como del buen relacionamiento que se tuvo con él –obviamente que aun en las discrepancias y en las distancias políticas, que son notorias–, creo que habla muy bien de la institucionalidad del país y de nuestra democracia.
En esta sala, desde el Partido Nacional, hemos tenido discrepancias muy profundas –y las seguiremos teniendo; no tengan ninguna duda– con el Gobierno y con la bancada de gobierno; las tuvo el propio senador Lacalle Pou y las tenemos nosotros. Es notorio que la estabilidad del sistema democrático y la vida fértil de la democracia en el Uruguay significan que, por encima de las discordancias, por más profundas que sean, siempre tiene que haber un respeto a la institucionalidad y un respeto hacia las personas. La lucha por las ideas va por un carril que no significa nunca el enfrentamiento personal.
El señor senador Lacalle Pou ha sido una de las personas que ha motivado fuertemente el debate en esta cámara. Y en los próximos días motivará también, como ya lo está haciendo, un fuerte debate, en virtud de que es el candidato de nuestro partido y tenemos la intención legítima y democrática de relevar al Gobierno en el ejercicio a partir del próximo 1.º de marzo. Esto no va a significar nunca desconocer que la construcción del Uruguay democrático se hace a partir de diferentes ideas. Y el querer prevalecer con unas sobre otras no significa nunca ignorar al que defiende ideas diferentes –por más enfrentadas que estén– de las nuestras.
En esta oportunidad, despedimos al señor senador Lacalle Pou y, al mismo tiempo, tenemos la tranquilidad de que se retira con el deber cumplido, con la frontalidad y con la lealtad institucional que corresponden a un senador de la república.
9) ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN URUGUAY
SEÑOR CARDOSO.- Gracias, señora presidenta.
El pasado sábado vivimos con mucho orgullo nuestra condición de pertenecer a un partido que lleva 183 años aportando ideas y energías. Ese día, en unidad, consolidamos la fórmula integrada por dos compañeros que combinan juventud y trayectoria, madurez y capacidad de tender puentes para gobernar el país. Ese esfuerzo lo han hecho a lo largo de toda su vida, y hoy se consolida.
También aprobamos el programa que el Partido Nacional somete a consideración de la ciudadanía. En primer lugar, quedó demostrado que tenemos programa; siempre lo hemos sostenido, a pesar de que algunos lo hayan dudado. En segundo lugar, tras el dictamen de las urnas, tenemos un programa construido en unidad con todos los sectores que hicieron su contribución.
Me referiré al capítulo de la educación que, como ustedes saben, me interesa especialmente. Tras conocer los resultados del Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018, realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, está claro que se ha perdido el tiempo y que este será uno de los temas centrales del próximo Gobierno.
Sorprendentemente, después de tres períodos de gobierno durante los que se contó con mayorías parlamentarias y con recursos presupuestales totalmente suficientes, el informe dice que los desempeños de los estudiantes de tercer año de educación media se encuentran atravesados por una importante inequidad.
Cuando se expresa que con el Gobierno del Frente Amplio se registraron, en muchas familias, las primeras generaciones que ingresaron a la Universidad, se dice una verdad a medias, porque ya en el primer año se verifica el fracaso y un importante abandono educativo a nivel universitario.
Ocurre que la educación media no logra preparar adecuadamente al alumno para que continúe en la educación superior, sino que expulsa a un porcentaje alto de estudiantes, y el propio informe señala textualmente que el abandono constituye un problema.
Se observa, además, inequidades en el acceso, así como relativas al rezago y al egreso, que colocan al país en una situación desventajosa a nivel internacional. No todo se hizo mal, pero a la luz de los resultados está claro que los más vulnerables son los que quedan por el camino.
Esta situación también condicionará su vida adulta, porque las ocupaciones a las que podrán acceder serán de muy baja calificación; serán los puestos de trabajo de los que primero se prescinde a medida que avanza la tecnología o en momentos en que se produce una crisis con respecto al empleo.
Se debe observar la calidad de la formación de los docentes. Somos agentes fundamentales del cambio y de la mejora de la calidad de la educación, por lo que la jerarquización y el fortalecimiento de la formación docente son pilares para alcanzar el mejor nivel educativo posible, cuestión que también se señala en el referido informe.
Desde 2001 hemos presentado reiteradamente, en cada período de gobierno, nuestra propuesta de que la carrera docente tenga rango universitario y pueda ser impartida por varias instituciones acreditadas para ello. En ese sentido, el programa de nuestro partido coincide con nuestra visión al proponer reformar la formación docente avanzando hacia un modelo con diversidad de instituciones formadoras.
En 2012 elaboramos el documento denominado «Veintitrés medidas para la mejora de la educación», siempre con el objetivo de aportar al debate y a la búsqueda de la excelencia. La educación es una de las prioridades del programa del Partido Nacional porque, sin duda, una educación que abra horizontes es la mejor política social.
Más allá de los esfuerzos realizados hasta ahora, las políticas y programas de capacitación, de educación técnica y formación no han logrado conformar una inserción importante de los estudiantes y provocan un retraso importante para el país. Nuestro sistema educativo sigue rezagado en los temas más importantes.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Codicén, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico Profesional, a los institutos de formación docente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las juntas departamentales y a los gremios de la educación.
–18 en 25. Afirmativa.
SEÑORA XAVIER.- Se tendría que revisar la versión taquigráfica porque hay notorias alusiones políticas, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- La secretaría informa que en la media hora previa no se revisan las versiones taquigráficas.
10) GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SEÑORA PRESIDENTE.- EL Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para la gestión integral de residuos. (Carp. n.º 1100/2018 - rep. n.º 903/19 - anexo I)».
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: vamos a informar el proyecto de ley por el que se establecen normas para la gestión integral de residuos, que figura en la carpeta n.º 1100/ 2018.
En primera instancia, quiero señalar que llega al plenario luego de un largo debate –de casi trece meses– en la Comisión de Medio Ambiente. Nos esforzamos permanentemente para tratar de lograr el mayor consenso posible, tanto entre los integrantes de la comisión, como con las diferentes delegaciones que recibimos y que dejaron sus aportes documentados. Como resultado final de todo este trabajo, llega al plenario del Senado un proyecto de ley que cuenta con un grado importante de apoyo, expresado en la votación unánime de casi todos los sesenta y ocho artículos que lo conforman. Solo se votaron por mayoría dos artículos y algunos incisos.
Antes de analizar en detalle el contenido del proyecto de ley, quiero señalar que esta iniciativa tuvo un proceso muy largo de discusión en el ámbito de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente, la Cotama –que inició en el año 2012, se discontinuó, y se retomó en el año 2016–, que procedió a convocar a muchos actores, tanto públicos como privados. Concretamente, se recibió a veintiocho organizaciones, a más de sesenta representantes de empresas, de trabajadores, de la academia, así como de organizaciones no gubernamentales, que fueron dando la discusión para que, en última instancia, se sintetizara lo que fue el proyecto de ley que ingresó al Parlamento a través del correspondiente mensaje del Poder Ejecutivo. Destaco esto porque esta iniciativa ya nace, en su primera redacción –con la que ingresó al Parlamento–, con un aporte muy significativo tanto de actores sociales como gubernamentales, así como de la sociedad civil organizada, que enriqueció el texto con múltiples visiones y puntos de vista y ¡ni que hablar que cuando llegó a esta casa ya tenía algunas aprobaciones generales de su contenido! Sin perjuicio de ello, a lo largo de la discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, esta iniciativa fue enriquecida con la visión de muchos de esos mismos actores –ya la habían expuesto en la Cotama–, que dieron su punto de vista en forma presencial, como por ejemplo el PIT-CNT, representado por la Ucrus, la Cámara de Industrias del Uruguay –a través de su Comisión de Medio Ambiente– y otras cámaras empresariales. Todos ellos ratificaron buena parte de la orientación general del proyecto de ley y en algunos casos aportaron elementos complementarios que se incorporaron al texto que hoy estamos considerando y que, a nuestra manera de ver, han enriquecido el proyecto original ingresado al Parlamento.
La temática central del proyecto de ley es la gestión integral de residuos, y creo que vale la pena dejar planteados, a vuelo de pájaro, algunos indicadores que describen cuál es la problemática que hoy tenemos.
Uruguay tiene algunos indicadores de generación de residuos que son muy parecidos a los de América Latina. Sin ir más lejos, en Montevideo, diariamente se recogen entre 1600 y 2000 toneladas de residuos domiciliarios. Significa que se está recogiendo casi un kilo de residuos por habitante, por día. Insisto en que estos datos son muy parecidos a los que describe el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en los indicadores para América Latina y el Caribe, que concluye que se generan 1040 gramos diarios de residuos por habitante en esta región del mundo.
No obstante esto, siempre hay que tener presente que hay bastantes problemas respecto de la información referente a la gestión de una importante cantidad de residuos –especialmente de los que hasta el momento no han estado bajo la gestión de los Gobiernos municipales ni departamentales–, puesto que los datos relativos a su cuantificación son imprecisos. Y hay que tener en cuenta que la cantidad de residuos que se generan en nuestra región de América Latina, y en el caso concreto de Uruguay, es muy importante.
El otro dato relevante es que en la composición de los residuos predominan los orgánicos: casi la mitad de los residuos que se generan son de naturaleza orgánica, y prácticamente nada de eso se recicla. Los que hoy en día son objeto de alguna acción de reciclaje, en general son los elementos plásticos, metálicos y algunos celulósicos. Los plásticos son en alguna medida los que más se recuperan, pero cuando hacemos el análisis global de la recuperación, nos encontramos con que el 90 % de los residuos hoy en día no son motivo de aprovechamiento, y en el caso específico del Uruguay la cifra muchas veces ni siquiera supera el 5 %. Convengamos en que hay diferente información sobre estas tasas de recuperación, pero en la información aportada por muchas de las visitas que asistieron a la comisión se reiteró bastante el indicador del 10 % o menos de reciclaje.
Por otra parte, sigue habiendo problemas con la gestión de algunos residuos especiales: los que son muy sensibles en cuanto a provocar daños al medioambiente; los que generan mucha sensibilidad desde el punto de vista social, como son los desperdicios de alimentos del consumo humano; y otros que son muy dañinos para el ambiente, como –por mencionar algunos– los electroelectrónicos, las baterías y las pilas, sobre los que muchas veces, hasta el momento, se encuentran exigencias normativas bastante preliminares o muy modestas.
La gestión de los residuos, que muchas veces queda en vacíos importantes, ha dado lugar a que una cantidad significativa sea gestionada en vertederos o en basureros a cielo abierto. En América Latina se ha cuantificado que de las 541.000 toneladas que se generan diariamente, 145.000 –es decir, el 27 %– terminan en basurales a cielo abierto. Eso determina que, además de no haber procesos de aprovechamiento, haya enormes dificultades desde el punto de vista de la contaminación de acuíferos, de emisiones de gases de efecto invernadero y de riesgos a la salud pública. Y lo más terrible de todo: la constatación, muchas veces, de que son lugares donde se observan importantes tasas de trabajo infantil.
Vale la pena mencionar –ya que estamos incorporando el tema del trabajo infantil en las tareas de reciclaje de los residuos– que los procesos de reciclaje han involucrado e involucran a una importante cantidad de trabajadores informales en tareas muy precarias de recuperación de sustancias y materiales que forman parte de los residuos. En el caso concreto del Uruguay, no deja de ser alarmante la cantidad de personas que trabajan en esa tarea. Y nuevamente, como tenemos problemas con los sistemas de información, durante el tratamiento de este proyecto de ley nos hemos encontrado con variaciones –según las cámaras de las empresas o de los trabajadores organizados– en la cuantificación de esta cifra, que ha ido desde 5000 hasta 25.000 personas. Estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que hoy trabajan en esas tareas informales, que siempre tienen en común condiciones de trabajo muy poco dignas y el hecho de que las remuneraciones que reciben por sus trabajos sean directamente deplorables. Estos sectores que obtienen sus ingresos por esas actividades, en general hasta el momento han encontrado que la cobertura de las políticas públicas ha ido progresando poco a poco, pero todavía sigue siendo bastante modesta. Creemos que el proyecto de ley que hoy es motivo de discusión de la cámara establece disposiciones específicas que, a nuestro modo de ver, van a contribuir esencialmente a revertir esta situación de trabajo informal, que en Uruguay se conoce como la de los clasificadores de residuos, algunos de los cuales nos acompañan hoy desde la barra.
Además –ya redondeando la caracterización del asunto–, la problemática actual de los residuos evoluciona a una situación muy compleja, porque la cantidad crece con la mejora de los ingresos. En los últimos años, América Latina ha tenido mejoras en los ingresos promedio de su población, y eso ha redundado en un crecimiento de la cantidad de residuos. En general, ese crecimiento, sumado a que la tasa de aprovechamiento es muy baja, determina que los impactos sobre el ambiente sean terribles. Por eso es que nos parece muy adecuado que hoy estemos tomando la iniciativa de dar prioridad política al tema de la protección del ambiente, y que lo hagamos a través del abordaje de un proyecto de ley orientado a la gestión de los residuos.
Producto de su mal abordaje, la gestión de residuos –y nuevamente insisto en un concepto que ha manejado Naciones Unidas– hoy en día está representando uno de los riesgos mayores para la sostenibilidad de las sociedades en América Latina; la situación se ve comprometida por los efectos de la contaminación ambiental. Con esto queríamos redondear un poco lo que es la caracterización del problema.
Ahora vamos a pasar a la caracterización general del proyecto de ley. Está dirigido a la protección ambiental –insisto: este es un proyecto de ley que está dirigido a la protección ambiental–, y lo hace a través del establecimiento de disposiciones programáticas y regulatorias hacia la gestión de los residuos. No obstante, como bien dice su título, tiene un abordaje integral y sistémico, en el que ha incorporado algunas otras dimensiones que nos parece importante resaltar también en esta presentación general del proyecto.
Cuatro ejes se suman a la protección del medioambiente. Uno es de naturaleza social. Está orientado claramente a la inclusión laboral y social de las clasificadoras y los clasificadores de residuos, y a la mejora de la calidad del empleo y de la remuneración de aquellos trabajadores dependientes de las empresas gestoras de residuos. La idea es tener disposiciones que promuevan la formalización económica, la inclusión laboral y la profesionalización de los trabajadores, y que en este proceso de regularización puedan conseguir, sean clasificadores o trabajadores dependientes de las empresas gestoras de residuos, las posibilidades de mejorar sus ingresos y de contar con mejores condiciones de trabajo.
Creemos que esto es muy importante, porque el hecho de avanzar en procesos de inclusión –que seguramente serán acompañados de otras políticas públicas que el Gobierno ha implementado– va a significar una mejora en la calidad de vida de esos trabajadores y de sus familias. Incluso, a mediano plazo, puede significar una contribución importante para que la base social de este grupo de trabajadores pueda aspirar a lo que nos han planteado hasta los propios clasificadores cuando estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente, que es que puedan tener las condiciones necesarias para que ellos, y especialmente sus familiares y descendientes, queden librados de un tema que mucho les preocupa: el de que sus hijos sean parte de los problemas de convivencia y queden incluidos en la vida delictiva del país. Esto lo resalto con mucha fuerza, porque ahí hemos encontrado una sensibilidad muy especial y han sido muy enfáticos, los clasificadores y su asociación, en tener acciones que eviten estos problemas, que para ellos son de enorme preocupación. Creo que esto hay que decirlo aquí, bien alto y bien fuerte, porque es un compromiso con el conjunto de la sociedad.
El segundo eje complementario es el educativo y cultural. El proyecto tiene disposiciones que tratan de promover acciones educativas que, en última instancia, redunden en mejorar hábitos y conductas. Están orientadas a remover ese paradigma que tenemos incorporado del uso y tiro, un mecanismo muy generalizado en la sociedad y en nuestros hábitos cotidianos de vida. Eso se complementa con la remoción de ese modelo de recolección de residuos –que estamos muy acostumbrados a visualizar– que se concentra en retirar el residuo de la puerta de cada una de nuestras casas y muchas veces ir a tirarlo en un vertedero. Como todos sabemos, esto en última instancia termina siendo un círculo en el que esos residuos acrecientan vertederos que después generan problemas sociales, especialmente con los vecinos de los lugares y zonas circundantes. Entonces, aquí hay apuestas fuertes al segundo eje complementario, relativo a lo educativo y cultural.
En esa visión sistémica e integral el proyecto también incorpora algunos desafíos económicos. Plantea muy fuertemente promover actividades económicas orientadas a la valorización de los residuos, a generar empleos avanzando en la formalización del trabajo y de las empresas que se dedican a la gestión de residuos, a promover su recuperación y valorización en el marco de la generación de una industria del reciclaje y, en esa misma acción, ir tomando distancia de esa costumbre generalizada y naturalizada que tenemos de proceder al entierro de los residuos. En última instancia, muchas veces con esa acción estamos enterrando gran cantidad de riqueza, porque los residuos pueden contener riquezas tan importantes como materias primas para incipientes industrias del reciclaje que podrían estar operando.
El último eje complementario es el institucional. En él se establecen disposiciones específicas con respecto a quienes están en el tema desde el Estado y con respeto a las personas privadas. En el caso concreto del Estado, quienes están obligados a gestionar residuos deben tener planes estratégicos de gestión; el proyecto de ley establece la necesidad de hacerlos y les da plazos. Además, evoluciona y establece, en el caso concreto de quienes gestionan residuos, la necesidad de una masiva gestión de residuos clasificados y sus correspondientes traslados selectivos, así como las obligaciones legales referidas a la clasificación y la disposición segregada de los residuos generados por personas públicas y privadas, como parte de esta apuesta a un eje institucional de mejora en la gestión de los residuos.
Todo esto tiene un gran fundamento y es, en definitiva, que la gestión de residuos que venimos teniendo a nivel social e institucional no da para más. No podemos seguir haciendo crecer cantidades sustanciales de residuos en los basureros a partir del use y tire. No podemos seguir enterrando residuos que tienen un valor económico y social. No podemos seguir con el hecho de que los rellenos de los sitios de disposición final representen un pesado pasivo ambiental. Por todo ello es necesario apartarnos de esa forma que tenemos naturalizada y porque, además, como hemos dicho, en los sitios de disposición final tenemos la sensación de que se entierran los desechos y después los efluentes y las pérdidas de sólidos de esos vertederos terminan convirtiéndose no solo en pasivos ambientales, sino también en sitios contaminantes ambientales. Normalmente, las más afectadas son las cuencas hídricas superficiales, que incluso llegan hasta los océanos; pero también alcanzan reservas subterráneas de aguas y –ni que hablar– muchas veces afectan las actividades económicas, especialmente las que se basan en el uso de recursos naturales. En nuestro caso concreto podríamos citar el ejemplo del turismo, con la estrategia de sol y playa, donde la pérdida de residuos sólidos de los sitios de disposición final termina siendo una afectación a nuestra actividad económica del turismo.
Como contraparte del alejamiento de esa situación, hay que tratar de avanzar hacia el enfoque general de la llamada economía circular y cambiar el concepto de uso y tiro por el de uso y devuelvo. Nos parece que es importante, en primera instancia, jerarquizar la estrategia llamada de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Se trata de reducir la cantidad de residuos, que puede pasar por la reducción del consumo de sustancias que después terminan siendo residuos; de reusar esos mismos elementos directa o indirectamente y, cuando son desechados, hacerlo de tal manera que puedan ser reciclados.
Creemos que desde el punto de vista de los generadores de residuos es necesario avanzar en ese concepto educativo y cultural de que un residuo, en última instancia, es un bien, un producto que en un momento fue de valor para nosotros –para el generador fue un producto que tuvo un valor– y que luego deja de tenerlo y por eso lo desechamos; pero que en la acción de desecharlos, el valor que tenía para nosotros no tiene por qué perderse: en algunas situaciones puede existir la posibilidad de que otros, a través del reúso o del reciclaje, puedan recuperar una parte del valor de ese bien que estamos descartando.
Por eso nos parece que en el tema de los residuos tendríamos que ponernos seriamente a evolucionar hacia el concepto de que, en realidad, cuando estoy desechando algo podría estar devolviendo a la sociedad la parte usable del valor que ese residuo aún tiene. Y esa parte usable de lo que para el generador es un residuo puede ser el soporte, algunas veces, de actividades de revalorización a través del agregado de trabajo a ese bien desechado y, otras veces, directamente la posibilidad de convertirse en materia prima de una industria del reciclaje.
Estas tareas se dicen fácilmente, pero requieren de mucho trabajo de cambio cultural porque, entre otras cosas, para pensar en el reúso y en el reciclaje, es muy importante que el generador inicial proceda a clasificar sus residuos y después a depositarlos en lugares segregados, de manera tal que el lugar que recibe ese depósito segregado pueda ser objeto de procesos de valorización con alta eficacia que, en última instancia, permitan incorporarlos a nuevas cadenas de valor. Insisto en que esto se dice fácil, pero deberemos trabajar mucho social y culturalmente en nuestros hábitos y conductas cotidianas para transitar hacia ese camino. Sin embargo, creo que vale la pena comprometernos desde el punto de vista social y, especialmente, con el medioambiente, para incorporar estas cosas en el debate y en alguna norma y avanzar a pie firme hacia ese gran logro. Creemos que esa es la manera en que podremos contribuir a ese reto que tenemos, que es el que una deficiente gestión de los residuos no se convierta en una amenaza para la sostenibilidad de nuestras sociedades.
Señora presidenta: este es un tema que nos parecía importante y lo queríamos plantear como una reflexión general previa a la introducción del tema central de la discusión: el proyecto de ley que tenemos sobre la mesa y estamos considerando.
Antes de eso, quiero tomarme un breve tiempo para agradecer especialmente a quienes nos visitaron en la Comisión de Medio Ambiente y nos hicieron aportes documentados, que fueron incorporados en el debate y en lo que aprobamos en comisión.
Queremos agradecer a la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, a la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, al Centro de Fabricantes de Licores, a la Cámara de Industrias del Uruguay, a Compromiso Empresarial para el Reciclaje, a la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos, a la Federación Ancap, a la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico y a la Asociación de Fabricantes y Recicladores de Bolsas Plásticas. También, quiero agradecer a la doctora Estradé y al doctor Cousillas, del Centro de Derecho Ambiental de la UdelaR, y al doctor Correa Freitas, del Instituto de Derecho Constitucional, que nos ayudaron muy significativamente en los aspectos de carácter jurídico; a los ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que fueron activos dinamizadores de la discusión y, ni que hablar, a la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y a la División Estudios Legislativos del Senado. Vale la pena reconocer que ellos fueron parte muy activa de la discusión y ayudaron a sintetizar el articulado que conforma este proyecto de ley que luego vamos a presentar brevemente.
Vayamos a los temas centrales del proyecto de ley. Ya lo dije, pero creo que vale la pena insistir en que la iniciativa tiene como objeto general la protección del ambiente; la promoción de un desarrollo sostenible a partir de jerarquizar, por la vía de la declaración de interés general, la gestión de los residuos en el marco de la Ley n.º 17283, de Protección del Medio Ambiente, aprobada en el 2000, y, además, establecer disposiciones para la gestión de residuos orientados a generar valor y empleo de calidad.
También vale la pena decir que entendemos que este proyecto de ley va a superar el actual marco normativo de políticas nacionales en el Uruguay, que ha dado resultados pero tiene mucho por mejorar. Como hemos comentado, creemos que la declaración de interés general para la gestión de los residuos va a ser una importante contribución para la mejora del desarrollo sostenible.
Debemos remarcar que el proyecto de ley está alineado con lo que establece el artículo 47 de la Constitución de la república, en el que la protección del medioambiente es de interés general; y a partir de la modificación de la Ley n.º 17283 también pasará a ser de interés general la gestión de los residuos. Hoy podemos decir con tranquilidad que la gestión de residuos puede estar alcanzada por una ley general, entre otras cosas porque fuimos asesorados –entre otros– por el doctor Correa Freitas, reconocido constitucionalista. Ante la duda de si la regulación de la gestión de residuos invadía competencias de los Gobiernos departamentales, nos expresó que estábamos en buen camino con este proyecto de ley, porque la cátedra de Derecho Constitucional no tiene duda alguna de que el medioambiente es competencia de la ley nacional. Señaló textualmente lo siguiente: «En materia de medioambiente la cátedra de Derecho Constitucional no tiene duda alguna de que es competencia de la ley nacional». Además, agregó: «… es competencia de la ley definir los alcances y los límites en esa materia», por lo que quedó validado que era función del legislador aprobar en la Comisión de Medio Ambiente esta ley y, además, establecer disposiciones específicas. Ello significa que «… no hay colisión ni violación de la autonomía departamental». O sea que estamos estableciendo un marco legal con los resguardos de que no estamos violentando la autonomía departamental.
Por otra parte, el doctor Cousillas y la doctora Estradé, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de la República, nos hicieron algunos comentarios importantes que nos alentaron a pensar que las disposiciones que tiene este proyecto de ley son importantes para la protección del ambiente, ya que establece instrumentos de gestión de los residuos para los Gobiernos departamentales y el Gobierno nacional, en una clara apuesta a la coordinación para proceder a su mejora. La importancia de hacerlo de esta manera brinda la oportunidad de tener una visión integral de la gestión de residuos, ya que recordemos que en general las disposiciones de las autonomías departamentales refieren a procesos de recolección de residuos por razones de salubridad y de buen estado de presentación del espacio público. En este caso, el proyecto de ley claramente centra su foco, no en los temas de salubridad –si bien los atiende–, no en los temas de presentación de los espacios públicos –que también los atiende–, sino en los de protección del ambiente.
Por otra parte, el proyecto de ley establece algunas disposiciones complementarias de la ley de ordenamiento territorial referidas a la localización, especialmente a los sitios de disposición final y, eventualmente, a una futura industria del reciclaje. Quiero mencionar esto porque, en última instancia, tenemos certeza de que estamos ajustados a nuestro régimen jurídico al establecer una ley de esta naturaleza. Es importante insistir y remarcar que hoy estamos planteando que el objeto principal de la ley de gestión de residuos está subordinado a la protección del medioambiente como bien jurídico mayor de nuestro marco jurídico.
Pasamos ahora a referirnos rápidamente a la descripción de algunos contenidos principales del proyecto de ley. Como hemos comentado, se trata de un proyecto integral, con varias dimensiones de los temas que son abordados.
En primera instancia, vamos a mencionar un gran grupo de contenidos que son claramente programáticos y orientan las políticas públicas actuales y, posiblemente, las venideras. En algunos casos, establece disposiciones específicas, pero en otros deja marcadas orientaciones para acciones progresivas que permitan su implementación.
A continuación mencionaré cinco disposiciones específicas. La primera es que tiene una visión sistemática en atender equilibrios entre los aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos, tecnológicos y educativos. La segunda es que la gestión de residuos pasa a tener una visión integral, orientada a reducir, reusar y reciclar, al tiempo de alejarse de las prácticas de relleno en sitios de disposición final como su destino. La tercera es que la gestión de residuos debe promover procesos de generación de valor y empleo de calidad y en condiciones dignas, además de promover el desarrollo de capacidades nacionales para incorporar innovaciones tecnológicas y organizativas en la gestión de los residuos. La cuarta es que los procesos de valorización y disposición final de los residuos deben incorporar procedimientos y técnicas con el fin de contribuir a la protección del medioambiente; es decir que al momento de tratarlos se deben utilizar técnicas que contribuyan a la protección del medioambiente –ya sea que se estén valorizando o siendo destinados a disposición final–, sin perjuicio de que a largo plazo se busca que esa disposición final sea en su mínima expresión. Por último, es necesario propiciar acciones de políticas públicas para promover acciones educativas y de cambio cultural que permitan, en última instancia, hacer posible alguno de los aspectos que mencionamos, que están orientados a mejorar la gestión de los residuos y a reducir las amenazas a la sostenibilidad del ambiente y del bienestar de la sociedad.
El proyecto de ley también tiene disposiciones regulatorias más precisas, y voy a mencionar algunas. 1. Responsabilidad general del generador de residuos en proceder a la clasificación y segregación de los residuos. 2. Establecer obligaciones en abordar los costos de la gestión de los residuos, incluso en el posconsumo. 3. Acciones de promoción de los procesos de valorización, en especial para los procesos de reciclaje con la rápida formalización laboral de clasificadores y su profesionalización, complementado para favorecer el proceso de mayor inclusión económica y social. 4. Contribuir con la formalización de los gestores de residuos y de las actividades económicas que integran mercancías que son residuos o productos del reciclaje de los residuos. 5. Certificar competencias y promover la creciente capacitación de los trabajadores y la aplicación de procesos de gestión de residuos que no amenacen el medioambiente. 6. Implementación de estímulos a las empresas privadas para la incorporación de procedimientos validados e innovadores para la gestión eficaz, eficiente y responsable de los residuos regulados. 7. Establecer obligaciones taxativas en la gestión de los residuos propios. 8. Competencia nacional y departamental de los Gobiernos y las exigencias para la planificación y seguimiento público sobre los resultados en la gestión de residuos. 9. Condiciones que deberán cumplir los sitios de disposición final tanto cuando están operativos como cuando son clausurados y en posclausura. 10. Promover la participación ciudadana y social en el proceso de monitoreo y seguimiento de los sistemas que refieren a la gestión de residuos. Hay varias disposiciones más, pero no me voy a extender.
Hay un conjunto de contenidos principales y vamos a citar algunos muy rápidamente cuando procedamos a presentar los capítulos que conforman el proyecto de ley.
De todas maneras, para terminar con los aspectos generales de la presentación, quiero dejar marcadas tres grandes discusiones que tuvimos en la Comisión de Medio Ambiente, porque me parece que es importante compartirlas con el Cuerpo y con quienes siguen este debate.
Hay una fuerte apuesta a la formalización de los clasificadores de residuos y su rápida inclusión en la cadena de reciclado. Debemos mencionar especialmente que esto se hace sin apartarse del objetivo principal del proyecto de ley, porque en última instancia mejorar y expandir la formalización de los clasificadores –que hacen la recuperación de elementos reciclados y es la razón de sus ingresos– va a significar nada más y nada menos que la recuperación de la riqueza que hoy está incorporada en los residuos y que muchas veces termina en los sitios de disposición final.
Esta formalización del trabajo de los clasificadores va a significar la reducción de materiales en el relleno y la reincorporación de una cantidad muy importante del valor contenido en ellos a actividades económicas. Esto redundará, en primera instancia, en una mejora de las condiciones de los trabajadores directamente afectados y después será motivo dinamizador de otras cadenas productivas que pueden estar vinculadas a la valorización de los residuos. Como ya hemos dicho, en esa formalización de los clasificadores está la opción de pensar en mejorar sus ingresos –y de esa manera su inclusión social y económica– para definitivamente contribuir a que más cantidad de clasificadores y sus familias salgan de la pobreza. Recordemos que hoy una parte importante de la pobreza más dura de nuestra sociedad sigue estando en la cantidad de clasificadores que encuentran en el reciclaje el sustento para su vida, pero que apenas les da para sobrevivir y no para mejorar su condición de vida.
El segundo aspecto central que queremos plantear es que la promoción de los procesos de valorización de los residuos será claramente una oportunidad de generar más empleo e, inclusive, dará la posibilidad de instalar procesos económicos formalizados de valorización. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero creemos que dinamizar la instalación de una actividad…
SEÑORA PRESIDENTE.- Señor senador: le quedan dos minutos y de acuerdo con el nuevo reglamento no tiene prórroga.
SEÑOR GARÍN.- Gracias.
Los procesos de valorización van a contribuir al objeto principal de la futura ley porque, entre otras cosas, recuperan el valor de los residuos.
Por último, quiero dejar planteado un tema central en el que tuvimos diferencias políticas en la comisión. Me refiero al financiamiento, porque todas estas actividades requieren financiamiento.
Quiero decir que el proyecto de ley establece responsabilidad a los generadores; establece obligaciones a los canales de distribución y comercialización para contribuir a la gestión de residuos, y establece responsabilidad extendida de productores e importadores para una gran cantidad de residuos especiales. Tuvimos diferencias importantes en la gestión de algunos bienes con un alto impacto ambiental y en algunos que, por su naturaleza y por los resultados que se han tenido en los últimos años, se procedió a cambiar de ámbito de regulación. Concretamente nos referimos a los envases no retornables. La discusión estuvo centrada en si los manteníamos bajo la responsabilidad extendida…
SEÑORA PRESIDENTE.- De acuerdo con el nuevo Reglamento del Senado usted tuvo cuarenta y cinco minutos, sin prórroga. Como es miembro informante va a tener quince minutos más al final y, por supuesto, la posibilidad de intervenir en la discusión del articulado.
SEÑOR GARÍN.- ¿Puedo redondear el concepto?
SEÑORA PRESIDENTE.- Redondee lo más brevemente posible, señor senador, pues debemos acostumbrarnos a las nuevas normas.
SEÑOR GARÍN.- Había escuchado que me restaban 10 minutos y por eso continué lentamente mi exposición.
Se establece un gravamen a los envases no retornables, con la modalidad de incorporarle el Imesi y pasarlo a una mayor gestión estatal, con asistencia de un Fondo Nacional de Gestión de Residuos, integrado por los sectores público y privado. Además, vale la pena decir que las medidas que hasta el momento teníamos para envases no retornables se ven superadas porque en este caso hay posibilidad de recuperar Imesi, en la medida en que se hagan esfuerzos por parte de los generadores para devolver los materiales de esos envases a la actividad del reciclaje, lo que se haría por la vía de un crédito fiscal.
Señora presidenta: no he podido referirme a los once capítulos ni a los sesenta y ocho artículos en ellos contenidos, pero están reflejados en mucho de lo que dije en mi exposición. En definitiva, creo que estamos ante un muy buen proyecto de ley, que hoy este plenario tiene la oportunidad de aprobar a fin de seguir comprometiéndonos con la gestión del medioambiente, jerarquizando ese bien jurídico.
Muchas gracias y discúlpeme lo extenso de mis palabras.
SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: la bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de quince minutos.
(Así se hace. Son las 10:36).
–Damos la bienvenida a los alumnos de 3.er año del Liceo n.º 19 de la Curva de Maroñas, que nos están visitando.
SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: la humanidad está utilizando, hoy en día, recursos naturales equivalentes a 1,7 planetas Tierra. El consumo mundial de recursos materiales se ha multiplicado por catorce entre 1990 y 2015 y las previsiones apuntan a que se duplicará entre 2015 y 2050. Estos son solo algunos de los datos que pueden ayudarnos a poner en perspectiva el importante reto al que nos enfrentamos y con este marco legal intentamos dar, en el día de hoy, un paso significativo.
Es determinante apostar por la sostenibilidad ambiental y, sin duda, por la economía circular, que es un concepto que va unido al desarrollo de la propuesta que hoy estudiamos. Es fundamental el compromiso de todos los ámbitos del Estado y de los ámbitos sociales con el objetivo del desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030. Todos y cada uno de ellos deben avanzar de manera armónica porque es la única forma de reducir las desigualdades de todo tipo en el mundo. Hoy tendremos este tema específico del ambiente y nos daremos cuenta del alcance que tiene para la vida del planeta hoy, y en particular para las generaciones en el futuro.
Los aspectos referidos al cuidado del planeta deben poner énfasis en frenar las consecuencias del cambio climático que deriva del consumo excesivo de los recursos y de la utilización de energías contaminantes. Queda claro que necesitamos sensibilizar aún más a los sectores sociales sobre los aspectos ambientales. Hay que sensibilizar sobre las decisiones de compra, sobre la responsabilidad del consumo, sobre los valores tras cada producto que elegimos en cada uno de los aspectos de la vida y analizar cómo se rigen esas fábricas que elaboran dichos productos. Obviamente, nos importa que no exista trabajo infantil en esas empresas, pero también nos debe importar la forma de producción que ellas desarrollan.
Hace muy pocos días nos visitaron jóvenes, que en Uruguay forman parte del movimiento Fridays for Future, Juventud por el Clima. Este movimiento internacional juvenil surgió en Suecia, con la joven Greta Thunberg, quien permanentemente reclamaba ante el Parlamento sueco sensibilidad frente a los temas ambientales. También nosotros tenemos un grupo de jóvenes que hace unos pocos días –el miércoles pasado– vino al Parlamento nacional a dejarnos una proclama dirigida al Estado uruguayo, es decir, a todos nosotros: al Gobierno, al Poder Ejecutivo, al Parlamento, al Poder Judicial y a toda la sociedad, para que se tomen medidas y se logre que la problemática ambiental esté en primer lugar del orden del día. Creo que es muy bueno que los jóvenes nos desafíen, en particular a esta casa donde está la mayor representación de todos los sectores políticos y donde las normas tienen que ser construidas. Por eso, me parece importante hacer referencia a que la ley que hoy votemos –y aún le falta el componente de la Cámara de Representantes– tenga detrás organizaciones sociales, organizaciones empresariales y organizaciones de trabajadores, de manera que sea una verdadera construcción social.
Como decía el miembro informante, la comisión trabajó intensamente, hubo diferencias en muy pocos artículos y buscamos la síntesis, pero esta no se pudo lograr. Además, recibimos a diferentes organizaciones del mundo del trabajo que nos mostraron que tenemos que estar viendo el conjunto de los aspectos determinantes en la cuestión ambiental y que debe haber una gestión eficiente y responsable en la cadena de suministro, en la producción, en las emisiones de carbono; en todo lo que supone la larga cadena hasta obtener los residuos. Creemos que las empresas no deben ver esto como una amenaza, sino como un estímulo, y comprender que este es un proceso.
Se nos hablaba de la necesidad de calendarizar la aplicación de esta ley en, por lo menos, cuatro años: un año cero, llegando hasta el tercer año. De esta manera, cada uno de los aspectos desarrollados va generando un proceso de avance, no solo para dar una dimensión nacional a este tema, sino también para que en los aspectos tributarios –los más polémicos, sin lugar a dudas– haya una progresividad que permita la adaptación y que supere lo que hemos venido haciendo, donde, con gran esfuerzo, muchos han conseguido generar procesos ambientalmente sostenibles y socialmente sostenibles, es decir, las dos patas de construcción de este marco legal. Sin embargo, no son suficientes en cuanto al nivel, a la universalidad territorial que se debe lograr y a la producción en una sociedad de mucho consumo, a fin de poder hacerse de todos esos residuos. A mí me parece muy importante que un marco legal de esta naturaleza genera debates y que desde el 6 de junio, cuando el proyecto ingresó, haya promovido un trabajo de borradores, contraborradores y búsqueda de consensos.	Esta iniciativa, por más que sea una continuidad de leyes muy importantes que en materia ambiental se han venido definiendo desde hace ya muchos años, implica, por sobre todas las cosas, una gestión de todos. Nadie estará ajeno a la aplicación de esta ley y tampoco nosotros, como individuos y como parte de este Poder Legislativo que ha hecho intentos para que sus importantes residuos en materia de papel puedan ser reutilizados. En definitiva, nadie está afuera de esto y me parece que Uruguay lograría, por primera vez, una ley integral de gestión de residuos en momentos en que uno ve que el mundo tiene importantes y preocupantes señales de retroceso. El hecho de que la primera potencia mundial se desdiga de compromisos que tanto esfuerzo ha demandado al conjunto de las naciones para lograr mejorar toda la performance ambiental es extremadamente preocupante. El hecho de que nuestros vecinos minimicen la importancia de la deforestación de la Amazonia –con la relevancia que tiene, como pulmón, para todo el planeta– también es preocupante. Entonces, no somos el salmón a contracorriente, sino que hay muchos que quieren y trabajan por la defensa del planeta, pero estos poderosos también están haciendo lo suyo y ello preocupa enormemente.
Hay algunos aspectos en los que quiero hacer hincapié. No voy a referirme al conjunto de la propuesta sino a aquellos aspectos más polémicos que se trataron en la comisión, sin dejar de resaltar –antes de ingresar a ello– que hoy estamos viendo el tema ambiental como una presentación del país en el mundo. Cada acuerdo comercial que suscribimos o ratificamos contiene un capítulo ambiental –así como también de género o de protección de los derechos de los trabajadores– y hoy esta es una nueva forma por la que nuestro país es visto de mejor manera; tiene que ver con cada uno de esos aspectos de la inserción de Uruguay en el mundo. En particular, aquellos países que más han avanzado en materia de protección del ambiente miran esto como una carta de presentación importante.
En consecuencia, como nos advertía el subsecretario de Economía y Finanzas, hay que mantener esto. Si se retrocede, debemos ser conscientes de que Uruguay se negaría un aspecto que no solo estamos convencidos de que debe preocupar, sino que también favorece a una mejor inserción del país en el mundo desde todo punto de vista, y no solo comercial, porque esto excede ese ámbito, aunque todos sabemos que este aspecto fue muy importante en la cuestión con la Unión Europea y que también lo fue en el tratado con Chile. Creo que estos son aspectos que, quizá, no jerarquizamos en el entramado del articulado, pero que tienen ese impacto al que hacemos referencia.
Considero que la iniciativa fue mejorando, y en esto destaco dos cosas a las que el miembro informante hacía referencia: una, cómo trabajó la comisión –con todos sus componentes, de manera armónica y sostenidos por el equipo de la secretaría– y, además, cómo citamos y recibimos a mucha gente interesada en este tema, con lo cual logramos mejorar muchos de los alcances del proyecto de ley original, como siempre se hace en la labor legislativa. Por ejemplo, en cuanto a qué era lo gravable, concretamos un cambio sustantivo que fue planteado, pasándose de una propuesta original en la que se gravaba el valor del contenido, a una definitiva en la que se grava el tipo de envase más allá de su contenido, centrando el gravamen en la capacidad contaminante del material. Creo que en cada uno de los capítulos podemos tomar en cuenta cómo incidió positivamente todo el trabajo y la escucha que se hizo en esta materia.
Se establece, para el financiamiento, el concepto de impuesto y no el de tasa –aspecto sumamente discutido–, a efectos de mostrar claramente que el fin es estimular las políticas establecidas por la ley. La carga económica no está pensada solo para financiar la gestión de los residuos, sino –fundamentalmente– según un criterio de premio y castigo hacia las empresas que producen o importan sustancias generadoras de residuos.
Hoy existen algunos planteos muy sectoriales. Hay empresas que generan un esfuerzo y un avance tecnológico importantes y de lo que se trata acá no es de desechar esos avances sino de generalizarlos para poder lograr que el conjunto de la economía y de los eslabones de la cadena actúen de manera sinérgica para alcanzar el objetivo en el menor tiempo posible. Si Uruguay avanza en materia económica o de producción lo tiene que hacer con otro modelo, no con el lineal con el que hasta ahora hemos venido transitando, en el que vemos, en cada uno de sus eslabones, consecuencias negativas; lo debemos hacer con nuevas formas que nos den posibilidades de un mejor presente y futuro.
Se genera un esquema de incentivos para que el sector privado se haga cargo de la autogestión de los residuos o participe en el proceso de su gestión y, a su vez, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a descontar del Imesi. Esto también fue una construcción colectiva en la que tomamos en cuenta que debíamos afectar lo menos posible la producción; en momentos en que se discutía el proyecto de ley estábamos no solo con disminución de la inversión sino también con una transformación de la tecnología que nos supera y que deriva en la consecuencia negativa de que muchas personas quedan sin empleo.
Impuesto y no tasa: la idea es que los recursos se vuelquen a rentas generales y que en la aplicación del presupuesto –en el que todos estamos– se establezcan los recursos para financiar las políticas de gestión de residuos. Conceptualmente, el Imesi está más vinculado al consumo de bienes suntuarios y también al de aquellos que socialmente no son deseables como, por ejemplo, el tabaco. ¿Quién puede desconocer que en este tema se llevó adelante una práctica que está dando un retorno, en materia de cuestiones de salud, absolutamente imprescindible para que mejore la condición sanitaria de nuestra población? Los residuos especiales tienen que estar gravados por un Imesi –también pretendemos dar ese mensaje–, lo que permite un mejor control al aplicarse a los fabricantes o importadores de los bienes gravados en el momento de la venta o ingreso al país.
Por definición y de acuerdo con el Código Tributario, la tasa es un tributo cuyo producido no puede desvincularse del servicio público correspondiente y debe guardar equivalencia con sus necesidades. En suma, si lo que cobro es una tasa, tengo que montar un servicio específico para la gestión de residuos y, además, el costo de la tasa tiene que tener equivalencia con ese servicio que brindo. Este no es el fin de la ley, aunque lo incluye; pero además, tiene un cometido de estímulo y desestímulo, de premio y de castigo para poder avanzar. Si aplico un impuesto no estoy obligado a dar una contraprestación por el monto de lo recaudado. Esto me permite aplicar la gestión en consonancia con las políticas y, además, no me limita en el monto para ejercer una verdadera regulación. Es algo muy importante y basta recordar cómo hemos manejado, en materia tributaria la política contra el tabaco; me parece que allí se muestra un modelo eficiente del Estado que regula, en función del bien público, un aspecto particular.
En la comisión se planteó que no habrá estímulo para el cambio de conducta. Sin embargo, creo que la reciente ley de bolsas plásticas ha demostrado que el cobro es un estímulo superlativo en nuestra sociedad para el cambio de conducta. Efectivamente, las empresas tuvieron que ajustarse, cambiar de materiales y de modelos de gestión, pero eso no se desecha sino que en cada año de aplicación de la ley –como decíamos hoy– habrá que ir adecuando los procesos porque, una vez que se promulgue, esta ley no va a empezar a regir con todos sus aspectos en funciones. Tendrá una aplicación gradual, progresiva e incremental que se traducirá, por ejemplo, en la aplicación gradual del Imesi, que en el proyecto de ley se fija en sus tasas máximas, pero puede tener, incluso, tasa cero. Es en esa gradualidad –que es difícil de trasmitir al Cuerpo, aunque quienes discutimos artículo por artículo podemos tener un concepto más claro– que queremos insistir, en particular para la sociedad, porque se trata de un proceso con aplicación gradual, incremental, que eventualmente se podrá reducir si en algunos casos es necesario.
El artículo 41 establece la responsabilidad extendida del fabricante y del importador en la gestión de los residuos especiales. Deberán hacerse cargo de la gestión de los residuos y no pagarán Imesi. Aquellos que empiecen a pagar este impuesto quedarán comprendidos en el artículo 42 que grava a los fabricantes e importadores de los bienes que allí se detallan; se grava por un monto fijo por unidad o la tasa que fije el Poder Ejecutivo.
Insisto en que se gravan los envases y reitero que esto se transformó porque era una preocupación de importantes sectores productivos. También se agrega en este artículo: «El impuesto se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física enajenada, cuyo valor máximo será de 10 (diez) Unidades Indexadas por kilogramo».
Es importante decir que respecto a lo anterior se excluyen ciertos bienes cuya tasa máxima –repito: una tasa máxima– ya se fija por ley. Por ejemplo, cuando decimos que las bandejas y cajas descartables tendrán un 180 % de tasa máxima, significa que es una posibilidad, no que ese porcentaje será aplicado de primera –por decirlo de alguna manera–, aunque tal vez sí. Hemos visto que muchos países –a punto de partida de leyes generales, también llamadas leyes «paraguas»– van incorporando algunos de estos elementos tan extendidos, como consecuencia de que hoy comemos, al paso, bebidas y minutas que vienen acompañadas de objetos extremadamente contaminantes, así que en cada momento habrá que graduar ese porcentaje, esa tasa. Por ejemplo, al film plástico se le aplicará una tasa máxima del 20 %, mientras que a los vasos, platos, cubiertos, sorbetes y demás vajilla descartable, una tasa máxima de 180 %.
Parece importante ver cómo, a lo largo del tiempo, a través de los estímulos y desestímulos vamos cambiando nuestro comportamiento que, en definitiva, es de lo que se trata. Este mismo artículo expresa: «Las tasas a que refiere el literal B) se aplicarán sobre el precio de venta sin impuestos del fabricante o importador». Además, El Poder Ejecutivo queda facultado a determinar la base de cálculo de los bienes referidos en dicho literal.
En la importación de los bienes envasados estarán gravados los envases que los contengan, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo. Este último aspecto es importante porque, además del fabricante o importador, abarca el envase de productos elaborados. Se faculta a otorgar el crédito fiscal a los fabricantes o importadores de bienes que utilicen envases retornables y también a aquellos que implementen sistemas de recolección o reciclaje.
Hay un segundo aspecto que fue sumamente discutido, y me parece muy importante hacer una recopilación de todas las expresiones vertidas por los diferentes expertos porque nos refuerzan la certidumbre de que no estamos violando la autonomía departamental ni generando inconstitucionalidades, como siempre fue planteado en la discusión.
Por un lado, me parece bueno recordar lo que se dice en el artículo 47 de la Constitución, al que ya se hizo referencia: «La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever las sanciones para los transgresores». Precisamente, estamos hablando de la aplicación de esta norma en otra pieza legislativa.
Tenemos un gran respaldo para todo esto y, aunque la iniciativa haga referencia a ello –incluso hace modificaciones–, hay que tener bien claro que la Ley n.º 17283, Ley de Protección del Medio Ambiente, de noviembre del año 2000, es clave y tiene muchos aspectos sobre situaciones que, en algunos casos, los integrantes de la comisión se preguntaban si quedaban sin bloquearse. Creemos que hay que ver este proyecto de ley en conjunto con la ley del año 2000 porque le da la integralidad que se necesita concebir para su aprobación.
El artículo 1.º establece que el objeto de la ley es la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible en concordancia con lo establecido en la ley del año 2000, que es a lo que hacíamos referencia. Hay necesidad de cambiar ese modelo lineal por un modelo circular donde en cada una de las cuestiones se tenga, de principio a fin, la concepción de cuidar el ambiente.
Me parece importante hacer una enumeración de las expresiones vertidas por aquellos expertos que nos dieron mayor claridad y certidumbre sobre estos aspectos constitucionales. El doctor Cousillas, en representación del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, decía: «Efectivamente, creemos que el artículo 1.º trata de situar el objeto específico de la ley. En realidad, lo que plantea es cómo la gestión de los residuos se vincula con un objeto mayor, que es el medioambiente o su protección. Desde hace muchos años el derecho ambiental en el mundo –y también en nuestro país– considera el ambiente como un bien jurídico único, como un bien digno de protección más allá de sus componentes. Es un verdadero sistema integrado por todos los elementos: aire, agua, suelo, fauna, flora, etcétera. En consecuencia, la regulación de los residuos evidentemente puede tener otras finalidades. Puede tener como finalidad el embellecimiento de un área, la producción de energía y otras –incluso económicas y sociales–, pero claramente la regulación de los residuos más integral y reconocida en la legislación y en el derecho comparado es la que proviene del derecho ambiental y que tiene como objeto la protección del ambiente considerada en un sentido amplio, donde se protegen no solamente aspectos naturales, sino también aspectos sociales y culturales construidos. [...] Por otra parte, destaco que en el mismo artículo en que se hace referencia a que el objeto, el fin último de la ley, es la protección del ambiente, se habla de que la vía para ello sea la de propiciar un modelo de desarrollo sostenible. Es decir que hoy se concibe la protección del medioambiente vinculado con una nueva mirada del desarrollo mismo».
Y continúa: «… ciertamente, la materia de esta ley es la regulación integral de los residuos en el país. Por su parte, el objeto, el fin último al que apunta, es la protección del ambiente como valor o bien superior…».
El artículo 2.º de este proyecto de ley modifica el primer inciso del artículo 21 de la Ley n.º 17283 e incorpora la palabra «generación», que estaba ausente –sí figura en el inciso segundo de dicha disposición– y nos da idea de esa continuidad de los diferentes eslabones de la cadena.
La doctora Mariana Estradé, también del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, planteó en la comisión: «Con respecto a la declaración de interés general –que se regula en el artículo 2.º del proyecto de ley–, entendemos que se intenta ajustar la redacción y actualizarla –para adaptarla a una declaración de interés general que ya estaba contemplada en la ley de protección del medioambiente–» –del año 2000– «para incluir allí aspectos de la vida cotidiana, como son los residuos, que inicialmente no estaban contemplados en esa ley general. Dicha normativa se refería únicamente a la afectación respecto a la generación y disposición final pero, obviamente, teniendo ahora una visión integral de la gestión de los residuos, en definitiva, se aclara la redacción.
En cuanto a la duda con respecto a si esto está contemplado en el artículo 47 de la Constitución de la república –que declara de interés general la protección del medioambiente–, es claro que aunque la basura o los residuos no estén expresamente mencionados en la Constitución –tampoco lo está, por ejemplo, el aire–, al tender este proyecto de ley a la protección del medioambiente quedan abarcados por esa declaración y, por tanto, el proyecto se encuentra habilitado a restringir derechos basándose en el artículo 47 de la Constitución de la república».
Me referiré ahora al señor Ruben Correa Freitas, aunque veo, señora presidenta, que se enciende la luz indicadora del tiempo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Correspondería votar la prórroga del tiempo de que dispone la miembro informante para hacer uso de la palabra. Hay que acostumbrarse al nuevo reglamento; la señora senadora tiene media hora, que ya utilizó, más quince minutos.
Se va a votar la prórroga.
Puede continuar la señora senadora Xavier.
SEÑORA XAVIER.- Agradezco a la señora presidenta y al Cuerpo, pero considero que no serán necesarios los quince minutos.
El constitucionalista doctor Ruben Correa Freitas –quien además habló sobre las bondades de la ley–, específicamente con respecto al artículo 2.º, sobre el interés general, plantea: «… debo decir que es compatible con lo que dispone en este tema el artículo 47 de la Constitución de la república, en la redacción dada por la reforma constitucional de 1997, cuya primera oración es la siguiente: “La protección del medio ambiente es de interés general”. Quiere decir que el concepto de interés general está en la Constitución uruguaya. Y el artículo 2.º del proyecto de ley, que tiene que ver, justamente, con el tema de los residuos y la protección del medioambiente, claramente se afilia y respeta lo que dice el artículo 47 de la Constitución de la república».
Además, indica: «Es difícil interpretar qué se entiende por interés general. Es un concepto jurídico indeterminado que no está precisado en la Constitución de la república y al que la doctrina y la jurisprudencia le han dado diferentes interpretaciones».
Señala que el concepto de interés general es utilizado en diversos artículos de la Constitución –como los artículos 7, 32 y 47–, y cita a Justino Jiménez de Aréchaga, quien en su clásica obra La Constitución Nacional, al estudiar en particular el artículo 7.º de la Constitución, dice que en esta no hay una definición del concepto de interés general y que «el interés general deberá ser apreciado según un juicio de razonabilidad».
Por otra parte, el doctor Correa Freitas citó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 26 de noviembre de 1986, que expresa que el interés general a que se refiere la Constitución «no significa el interés de todos los habitantes de la república, sino el de los grupos o sectores dignos de esa protección de la ley por encontrarse enfrentados a determinadas situaciones que deben ser contempladas por la justicia».
Finalmente, cierra su exposición haciendo referencia a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1986, sobre el alcance del concepto de interés general previsto en el artículo 7.º de la Constitución. Dicho organismo, en la opinión consultiva de 9 de mayo de 1986 –OC-6/86–, en el párrafo 29, dijo lo siguiente: «El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general (artículo 30 de la Convención) significa que deben haber sido adoptadas en función del “bien común” (art. 32.2), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es “la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”».
Tal como dije, no voy a utilizar los quince minutos de prórroga.
Considero que este es un paso muy importante y que el compromiso debe estar presente en cada uno de los habitantes del país para lograr que efectivamente seamos conscientes de que, si no cambiamos nuestros hábitos, no solo comprometemos el futuro, sino también el presente.
SEÑORA PRESIDENTE.- Nos visitan alumnos de 3.er año de la Escuela n.º 183 de la UTU. Sean bienvenidos.
La bancada del Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley de gestión integral de residuos, totalmente identificada con el espíritu plasmado en su artículo 1.º, que señala el objeto de la norma: la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible –en concordancia con las normas ya establecidas– mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, el manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar valor y empleo de calidad.
Los objetivos centrales que inspiran esta legislación son absolutamente compartibles y constituyen una contribución más al cuidado del medioambiente. Y me refiero al medioambiente concebido no como un fin en sí mismo, sino en cuanto sirve al ser humano, a los hombres y mujeres que habitamos el planeta, y –por qué no– también al resto de las criaturas; se trata del ser que cuida su casa y la creación.
El doctor Cousillas, especialista en derecho ambiental –mencionado por la señora senadora Xavier–, siempre ha recalcado el siguiente principio: el cuidado del medioambiente es porque sirve al ser humano. En ese sentido, también se alude a la responsabilidad del ser humano y del Estado, como administrador del bien común, y se concibe al medioambiente como un bien jurídico objeto de tutela.
Este proyecto de ley también hace honor a los principios señeros del derecho ambiental –como el principio precautorio–: diseñar estrategias y medidas que tienden a prevenir el daño posterior, el daño más grande. Se trata de una suerte de profilaxis donde, como Estado y como particulares, nos hacemos cargo de nuestros residuos.
La bancada del Partido Nacional acompaña el espíritu de esta norma y votará en general este proyecto de ley, pero no apoyará los artículos que crean nuevos gravámenes para los particulares, ya sean considerados individualmente o como personas jurídicas, porque aunque estén nominados como tasas u otros gravámenes, en realidad son verdaderos impuestos.
En ese sentido, oportunamente pediremos el desglose de algunos artículos, particularmente de aquellos que aluden al financiamiento o a tasas.
Se decía que se grava a los envases. En realidad, el sujeto pasivo del impuesto nunca es un envase ni un objeto, ya que lo paga la persona. Por eso, nos preocupa la creación de nuevos impuestos. Creemos que la carga impositiva no resiste mayores gravámenes, razón por la cual no vamos a acompañarlo.
También nos preocupa lo establecido en el artículo 42 del proyecto de ley. Allí, luego de establecerse que el Poder Ejecutivo otorgará un crédito fiscal a los fabricantes o importadores de bienes que utilicen para su comercialización envases retornables, se expresa: «Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las entidades que implementen sistemas de recolección o reciclaje de los bienes referidos en el inciso primero». Estos recolectores no son sujetos pasivos de este impuesto; entonces, ¿cómo van a recibir un crédito fiscal cuando no estaban llamados a esa contribución con las cargas públicas? ¿Se trata de una dádiva? Y si realmente estaban comprendidos como sujetos pasivos del hecho generador, los comprendía el inciso anterior. Esto también nos crea algún desconcierto.
El último de los incisos del artículo 42 dice: «Los créditos fiscales a que refieren los incisos anteriores no podrán superar el Impuesto Específico Interno…». Es decir que se topea el crédito fiscal. Por lo tanto, se desalienta la actividad que se había estimulado: la implementación de sistemas de recolección o reciclaje de los residuos.
Por los mismos motivos, en su momento pediremos el desglose de aquellos artículos que fijen otras tasas.
En definitiva, dejando a salvo las normas que crean nuevos gravámenes a cargo de los contribuyentes, se trata de un proyecto de ley que será acompañado por la bancada del Partido Nacional.
Algunas consideraciones tienen que ver con que hoy el concepto de contaminador-pagador ha sido desechado o superado a nivel del estado del arte en el ámbito internacional, y se considera inaceptable la idea de que el pago de un impuesto pueda dar permiso para contaminar el ambiente en alguna manera.
Asimismo, se considera que la responsabilidad extendida del fabricante y exportador debería generalizarse y que la recaudación debe ser destinada al servicio y ajustada a sus necesidades.
En estos últimos tres puntos, me ciño a los criterios compartidos por quien ocupa esta banca, que ha dedicado parte de su labor legislativa al celo por el medioambiente: la señora senadora Aviaga.
Insistimos en que, dejando de lado aquellos artículos que crean gravámenes, el espíritu, el sentido y el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que se establecen en este proyecto de ley, son absolutamente compartibles por la bancada del Partido Nacional.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 13 de agosto de 2019
Por la presente y de acuerdo a la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día de hoy, 13 de agosto de 2019, a partir de las 12:00.
12) GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero expresar que el proyecto de ley que vamos a votar en la mañana de hoy es, sin duda –desde nuestro punto de vista–, uno de los más importantes que se han votado en esta legislatura.
Asimismo, felicito el trabajo previo realizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente con organizaciones sociales y organismos del Estado para llegar a la elaboración de este proyecto de ley. Creo que fue un trabajo fundamental que facilitó el proceso de discusión que tuvimos posteriormente en la comisión, junto con las organizaciones que vinieron a participar del mismo. Ese es un elemento fundamental que quiero recalcar.
En segundo término, creo que es un proyecto de ley en el que hubo una participación muy importante de los distintos sectores políticos que participaron en su rica discusión.
Sin lugar a dudas, votar la creación de una ley de gestión integral de residuos –que, en definitiva, es un plan de gestión integral de residuos, por lo que decía el miembro informante, en cuanto a que hay aquí aspectos programáticos– era una deuda pendiente, algo que el país necesitaba. Es muy importante para el país gestionar este tema, que se enmarca en una política ambiental, e incluir y no olvidar un elemento central –que debe tener toda política vinculada al medioambiente–: el ser humano. Precisamente, hay un capítulo central que tiene que ver con los trabajadores y con la gente vinculada a la gestión de residuos en el Uruguay.
Me gusta mucho lo que dice Lucía Fernández Gabard, arquitecta docente de la Facultad de Arquitectura, cuando en un artículo de prensa menciona que el primer vertedero, denominado «vaciadero», fue en la playa del Buceo en 1914. Concretamente decía: «La historia de Montevideo y su basura es una sumatoria de acciones para correr de lugar un problema sin poder realmente entenderlo, tratarlo o modificarlo profundamente, asociando en particular el problema de la visibilidad de dicha basura con la pobreza urbana.
Su preocupación parece más bien centrada en aspectos de higiene y salubridad pública, creyendo que existe un mejor sitio […] quizás para evitar decir que el gran problema parece ser de clases sociales disputando el espacio en una misma ciudad. Pero la basura no es solo un problema a erradicar lo más lejos posible de la vista del ciudadano. Una fracción importante de estos residuos que producimos en los domicilios y entidades comerciales son también un recurso que le da de comer a miles de personas. Sin embargo, al mismo tiempo que la Intendencia de Montevideo recolecta los residuos y los entierra en disposición final a un costo de 64 millones de dólares anuales, miles de ciudadanos dedicados a la clasificación de residuos se han visto imposibilitados de apropiarse de los materiales recuperables para su sustento…».
A mi juicio, es una buena síntesis de la situación que tenemos hoy en el país porque, en líneas generales, es lo que sucede en Uruguay respecto a los residuos sólidos urbanos que tratan esta ley, es decir los residuos domiciliarios. Salvo algunas situaciones excepcionales, podríamos decir que Uruguay tiene un debe muy grande, a nivel social, con relación a este tema.
Este plan se basa –como recién decíamos– en la gestión integral de residuos. Y ¿qué es la gestión integral de residuos? Es bueno definirla porque, si no, estamos hablando de algo cuyo significado no somos capaces de entender. Como señalaba el señor senador Garín y también la señora senadora Xavier –que destacaba algunos artículos–, se trata de un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, directrices, proyectos, actividades y disposiciones, encaminado a dar a los residuos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamientos, posibilidades, etcétera.
Este es un plan de gestión integral de residuos que tiene como base fundamental el concepto de economía circular, otro concepto moderno que es bueno conocer porque es un nuevo paradigma que promueve la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes de energía y los desperdicios. Se propone un modelo en el que los productos, procesos y servicios se diseñan especialmente para optimizar los recursos utilizados y minimizar la generación de residuos. Los principios básicos de la economía circular son: reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un círculo continuo.
Hemos escuchado y leído en la prensa en los últimos días que lo que quiere el Estado es recaudar y quitar competitividad a algunos sectores empresariales. Creo que ha quedado claro aquí que no hay forma de implementar un proyecto de estas características, un plan tan ambicioso como este, si no hay mecanismos para lograr el financiamiento a fin de llevarlos adelante; es imposible llevar adelante un plan de gestión integral de residuos si no tiene financiamiento. Lo que se hizo en comisión fue cambiar las palabras. Hemos hablado de impuestos, de tasas, algunos hablaron de tarifas, pero los integrantes de todos los partidos políticos hemos entendido la necesidad de financiar esto de alguna manera.
Este proyecto de ley ofrece dos caminos. Uno de ellos es que se financien las actividades contempladas en el proyecto de ley que vamos a votar en el día de hoy bajo una gestión centralizada, en la que tanto actores privados como públicos –que son los verdaderos gestores– serán los que puedan desarrollar lo que se planifique en los distintos lugares –en un municipio, en una intendencia, en un barrio– para la gestión del residuo o del conjunto de residuos que se defina. Pero también está el otro camino: el de la responsabilidad extendida. ¿Qué es? La responsabilidad extendida refiere a que el fabricante o el importador que traiga determinado producto que tenga un solo uso será, a su vez, el responsable de la gestión para recuperar ese material. En ese sentido hay experiencias de todo tipo, e incluso algunas nefatas, como por ejemplo la vinculada al proyecto de ley sobre envases. ¡Lamentablemente lo decimos! Los datos se han hecho públicos: en diez años, el sistema de responsabilidad extendida solo se aplicó en seis departamentos y se ha recuperado nada más que el 4 %. Es decir que, en este caso, ese camino no funcionó. Hay otros ejemplos, como el de las cubiertas, cuyos porcentajes de recuperación son mayores. En los hornos de las cementeras se utilizan las cubiertas como combustible.
Este proyecto de ley de gestión integral de residuos ofrece los dos caminos y los define claramente.
Otro de los objetivos de esta norma es eliminar los oligopolios, que hoy –mientras estamos discutiendo este proyecto de ley– aún existen. Hay miles de personas que muchas veces terminan trabajando para un puñado de oligopolios que se aprovechan y benefician de su trabajo. Hay un capítulo entero dedicado a promover, fortalecer, respaldar y dar cobertura al conjunto de trabajadores vinculados al proceso de gestión de residuos, y también a promover, a través de organismos y de instituciones públicas, la creación de cooperativas y de empresas que, además de participar del trabajo que hoy vienen haciendo –reciclaje, reutilización y recuperación de residuos–, puedan comercializar, para de esa manera romper los oligopolios que hoy existen en el país, que perciben cientos de millones de dólares. Y estamos hablando solo de los residuos sólidos urbanos; si habláramos del conjunto de los residuos que se generan en nuestro país, las cifras serían aún mayores. En definitiva, hay que promover la formalización, las cooperativas y las pequeñas empresas. Todo eso está planteado en este proyecto de ley.
También hay que valorizar. Voy a decirlo claramente: la verdad es que si pasamos por la usina Felipe Cardoso –cito este ejemplo para que no crean que estamos hablando de un tema político-partidario– no quedamos conformes: no quedamos conformes cuando vemos que para ahí van materiales que podrían ser reciclados y reutilizados, y que podrían generar trabajo para mucha gente; no quedamos conformes porque la materia orgánica –que es el 50 % de la basura que generamos en nuestros domicilios– va para esa usina y no es gestionada como se debe, cuando con ella se puede producir biogás y captarlo para producir energía. En Uruguay necesitamos cada vez más energía, y si es renovable, mejor aún. A veces escuchamos que no es necesario tener más energía por todo lo que se ha hecho. ¡Grave error! Es como si en un país petrolero dijeran que no quieren tener más petróleo, que ya está. Nosotros necesitamos energía para dársela a las pequeñas empresas; necesitamos energía renovable y barata para las pequeñas industrias y para los parques industriales. Si hacemos una buena planificación de residuos vamos a tener un potencial enorme. En el caso de los residuos urbanos, el 50 % es materia orgánica, y si se gestionara adecuadamente se podría captar biogás para producir energía.
Otro aspecto son las quemas. Muchas veces escuchamos a grupos ambientalistas que, con razón –lo compartimos–, están preocupados por muchos emprendimientos, por las quemas y las incineraciones, etcétera, etcétera. Cuando recorremos el país vemos basurales en los que se está quemando a cielo abierto, cuando todos sabemos el impacto negativo que tienen las quemas desde el punto de vista ambiental y de la salud de la gente.
Por lo tanto, ¡si será importante apoyar este plan, estas directrices, y todo lo que está definido y contenido en el proyecto de ley que vamos a votar en el día de hoy!
De la materia orgánica podemos sacar energía, pero también compost para sustituir fertilizantes y sustratos para la producción de plantas. Estamos hablando de la posibilidad de recuperar y valorizar muchos de los productos, lo que hoy, lamentablemente, no se está haciendo.
Este es un proyecto de ley ambientalista. Es un proyecto cuyo mayor componente es ambiental, y nos felicitamos por eso, pero con una visión integral, porque incorpora lo económico, lo productivo, el trabajo y la calidad del trabajo.
Como señalábamos al principio, creemos que este es uno de los proyectos de ley más importantes que van a votarse en esta legislatura.
Este proyecto tiene un capítulo dedicado a los trabajadores y otro dedicado al financiamiento. ¿Por qué tiene un capítulo referido al financiamiento? Porque se crean organizaciones que van a llevar adelante el proyecto.
En primer lugar se crea el Fondo Nacional de Gestión de Residuos y se constituye un fideicomiso. Cuando hoy definamos que a algunos de los materiales de un solo uso se les va a cobrar el Imesi, es porque va a haber un fideicomiso de administración, el Fonagres –Fondo Nacional de Gestión de Residuos–, que tendrá un consejo de dirección integrado por organismos del Estado y también por organizaciones sociales, ya que fue propuesta la participación del PIT-CNT y de la Cámara de Industrias del Uruguay.
Ese fondo va a servir para contribuir al financiamiento de los sistemas de recolección selectiva, la clasificación, el transporte, la valorización de residuos y la asistencia técnica y financiera para la mejora de la gestión de esos residuos que realizan los Gobiernos departamentales y municipales. También va a ser destinado para lograr la sostenibilidad económica y financiera del sistema de gestión de residuos mediante la adecuada estructuración de los costos y la sistematización de su financiamiento; para mejorar los procesos de gestión actuales; para ejecutar proyectos de disposición final en rellenos sanitarios; para la promoción de la inclusión social, laboral y productiva; para el desarrollo de campañas de comunicación educativa e informativa.
Los recursos para la financiación de ese fondo van a provenir, fundamentalmente, de lo que se recaude por el Imesi, pero también de los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas, de los pagos y devoluciones correspondientes a los reintegros de los programas y proyectos que sean financiados por el fondo, etcétera.
A su vez, también se va a crear el Programa de Valorización de Residuos (Provar), en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Personalmente, hubiera querido que este programa quedara dentro de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación –ANII–, pero no fue así; la mayoría estuvo de acuerdo y finalmente votamos este artículo. Este programa va a tener como fin la promoción de los procesos de valorización de residuos a nivel nacional y el desarrollo de nuevos productos tendientes a minimizar la generación de residuos. Quiere decir que el impuesto que va a cobrarse es, claramente, de tipo ambiental.
Reitero que se trata de un impuesto ambiental. La ciudadanía, la sociedad, tiene cada vez más sensibilidad por estos temas, y está ávida de que este asunto de la basura, de los residuos sólidos urbanos, se resuelva definitivamente en el país. El tema no refiere solamente a la recolección y a que la ciudad se vea limpia –como decía la arquitecta antes mencionada–, sino a que esto tenga una valorización y se mejore la calidad del trabajo de la gente que está vinculada a él; a que se le agregue conocimiento, tecnología e innovación, con el fin de lograr un proceso de valorización importante, que signifique equidad social, equilibrio ambiental, y que definitivamente se transforme en algo sustentable.
Por último, quiero señalar que el proyecto de ley tiene una estructura muy bien definida en cuanto a las directrices departamentales y nacionales, deja claramente definido cada uno de los pasos que deben darse en la gestión de estos residuos y establece qué tipo de residuos van a manejarse, que obviamente son los domiciliarios.
Hay un aspecto importante a tener en cuenta: van a tomarse como residuos domiciliarios los que generan los pequeños comercios y las pequeñas empresas, que muchas veces tienen sobrecostos porque están fuera del sistema que hoy tiene la recolección y gestión de residuos domiciliarios; obviamente, también los espacios públicos. Se consideran como excepción –es decir, no van a estar incluidos en este proyecto de ley– los residuos radioactivos y los generados en la exploración o explotación minera. Esos dos tipos de residuos son los únicos que van a quedar fuera de este Plan Nacional de Gestión de Residuos de nuestro país.
Por otra parte, están los residuos considerados especiales. Dentro de este tipo se incluyen los residuos de envases y embalajes, cualquiera sea su origen y función; otros residuos plásticos distintos; las baterías y pilas; los residuos electroelectrónicos; los neumáticos fuera de uso; los aceites usados –comestibles y no comestibles–, y los vehículos fuera de uso.
Otro aspecto que nos parece importante señalar es el vinculado al Imesi.
Como todos sabemos, hace pocos meses, en este Parlamento se aprobó un proyecto de ley relativo a las bolsas plásticas. Considero que lo ideal habría sido que no se votara y que esperáramos la aprobación de este otro, ya que en él está incluida la gestión de las bolsas plásticas. Pero con relación a la ley que aprobáramos quiero señalar que ha tenido un aspecto positivo y otro negativo. El primero es que, por esa sensibilidad que tiene el país en los aspectos ambientales, según datos ofrecidos por Cambadu y otras organizaciones se ha disminuido en un 80 % el uso de las bolsas plásticas, sean del tipo que sean –para la gente no importa si son biodegradables o de la industria petroquímica; simplemente, dejó de usarlas–; en lo personal, creo que lo hicieron por la sensibilidad frente a los temas ambientales, más que por los $ 4 que hoy están cobrando los supermercados. Pero quiero señalar algo que hemos hablado en comisión y también con las autoridades de los ministerios. En el artículo 42 del proyecto de ley a consideración se dice que las bolsas plásticas de un solo uso para transportar y contener bienes, incluidas las definidas en la ley que acabo de mencionar, podrán tener una tasa máxima de hasta el 180 %. Nosotros creemos que esto deberá quedar establecido en la reglamentación del Poder Ejecutivo. No puede ocurrir que los ciudadanos tengamos que seguir pagando los $ 4 que hoy cobran los hipermercados –creo que no va a afectar su rentabilidad que no lo sigan cobrando–, pero creemos que sí se debe cobrar el Imesi a esas bolsas plásticas, a los porcentajes o tasas que el Poder Ejecutivo entiendan adecuados –que tal vez sea equivalente a los $ 4 actuales–, y que ese dinero debe ir al fideicomiso que va a gestionar integralmente los residuos que antes mencionábamos.
Me parece que este tema quedó sin resolver de manera adecuada en la ley relativa a las bolsas plásticas y en el proyecto de ley que estamos considerando hoy.
En definitiva, este es un muy buen proyecto: viene a proteger el medioambiente; viene a promover un modelo de desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación de residuos, y viene a mejorar su manejo, así como todas las etapas de gestión. Sin duda, tiene que generar empleo de calidad y, fundamentalmente, valorización de todo lo que hoy se genera como residuo en el país, que no solo lo vemos en las ciudades –que tal vez sea el modelo más fácil para entender y explicar este proyecto–, sino también en el campo, como los envases de los agrotóxicos o los plásticos de los invernaderos, que muchas veces no se gestionan de manera adecuada y creemos que son ejemplos de lo que tendría que estar dentro del concepto de responsabilidad extendida. Quien vende el plástico al agricultor debería ser el responsable de retirarlo luego de su uso y de reciclarlo con la empresa que se va a dedicar a ello. Lo mismo se aplica para el caso de los envases: deberían quedar comprendidos dentro del concepto de responsabilidad extendida esos envases de fertilizantes, de agroquímicos, de agrotóxicos que van al campo. Quien importa o quien fabrica acá esos envases tendrá que ser el responsable de su recolección.
Por todo esto, vamos a votar con decisión, muy convencidos de la importancia que tiene este proyecto. Esperamos que en los próximos días, antes de que comience el receso parlamentario, sea aprobado por la segunda cámara y se convierta en ley en este período de gobierno.
Por la presente, solicito ante la Cámara de Senadores licencia, por motivos particulares, desde las 12:00 del día de hoy hasta el día 15 de agosto.
Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña y Eber da Rosa han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Gandini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
14)	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa la consideración del primer punto del orden del día.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: sin duda alguna, es necesario contar con una ley para la gestión de los residuos de manera integral, que tenga por objeto la protección del medioambiente y como estrategia la economía circular, y que optimice el uso de los materiales por medio del reciclaje para, de ese modo, aumentar las tasas actuales de recuperación de residuos, que están en una cifra muy baja, en el entorno del diez por ciento. También es importante contar con nuevos lineamientos orientados a establecer sitios de disposición final adecuados en cada uno de los departamentos, con condiciones mínimas tanto para su locación, como para su diseño y operación.
Sin embargo, señora presidenta, no compartimos que el financiamiento de este sistema sea por medio de recaudación de impuestos. Se prevé eliminar de la gestión al sector privado, pasar a gravar con un impuesto los productos y generar un fideicomiso que financiará todo el sistema de recolección y tratamiento de residuos. La herramienta tributaria no es la adecuada y, además, va a contramano de cómo se está regulando este tema a nivel mundial.
Tampoco compartimos que no se muestre avance en el concepto de responsabilidad empresarial extendida, ya sea en su forma total, es decir, en la que el productor se hace cargo de todas las etapas –de la recolección en origen, con sistemas de clasificación; del transporte; de la clasificación y de la transformación de este material en bienes útiles nuevamente–, o en su versión parcial, en la que la sociedad o el organismo público se hace cargo de una parte y el productor de otra.
En definitiva, con este sistema, quien coloque en el mercado un producto con potencial de generar residuos por su consumo debe implementar las medidas necesarias para recuperar esos residuos, asumiendo la responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, el mecanismo de la responsabilidad empresarial extendida es mucho más exigente con respecto a quien produce objetos que generan daño ambiental, que la idea de gravar. Lo que esto hace, en realidad, es no involucrar a los productores, que simplemente trasladarán el impuesto al consumidor final. En definitiva, es el ciudadano el que terminará pagando este diseño que se ha propuesto en la elaboración de este proyecto de ley. El sentido debería ser que quien produce objetos que afectan el medioambiente tenga un interés real en la participación en el sistema, y que esto redunde en mejorar el rediseño de sus productos para que se generen menos residuos y menor daño ambiental.
Contrariamente a como está planteado, sería saludable que no se concentrara la responsabilidad en un solo actor –que sería regulador, implementador y controlador del sistema–, sino que la propuesta involucrara a todos los partícipes desde los distintos roles, sumando diferentes capacidades: empresas generadoras de los productos, gestores de residuos, Estado, ciudadanos y destino de valorización de residuos. Por ejemplo, podría ser un esquema en el que el Poder Ejecutivo tuviera la responsabilidad de fijar objetivos en términos de tasas de recuperación de diferentes materiales, y de controlar que se cumplan tal como fueron fijados –y en caso de incumplimiento, aplicar las sanciones correspondientes–, y el generador fuera el responsable de operar el sistema para lograr esos objetivos. De esa manera, el sistema se transformaría en un círculo virtuoso y los valores por tonelada de material recuperado se irían reduciendo significativamente a lo largo del tiempo, que es el gran objetivo. Con este proyecto de ley el impacto es tributario y se traslada al consumidor, dejando fuera de la responsabilidad a los productores de los objetos que generan daño, que, reitero, lo que van a hacer es trasladar el impuesto al consumidor.
También pensamos que se debería legislar por el sentido positivo, incentivando o generando beneficios a la utilización de productos realizados con materiales reciclados o retornables, para reducir así la cantidad de residuos destinados a la disposición final y promover la generación de valor de los residuos por medio del reciclaje y el reúso.
Para pensar en un sistema de estas características, además, señora presidenta, primero se debe poner en marcha un sistema de clasificación diferenciado, con clasificación de origen y con los canales adecuados para que los diferentes materiales sean reciclados. Todos sabemos que hoy, en el país, esto tiene un nivel de implementación considerablemente escaso. Se necesita una política muy fuerte de promoción, comunicación, sensibilización y educación, que en el proyecto de ley tampoco está recogida. Debe haber una sociedad formada para la participación de la ciudadanía en el sistema de gestión de residuos en los hogares y en la ciudad, y para ello los Gobiernos departamentales deben poner en marcha –en muchos casos no lo han hecho– un sistema de recepción de residuos con clasificación diferenciada. Y se debe poner énfasis en la responsabilidad del consumidor para apostar a modificar su comportamiento y compromiso frente a una problemática como la del tratamiento de los residuos y su clasificación.
Por esto, señora presidenta, es que nosotros vamos a votar afirmativamente en general, pero vamos a solicitar el desglose de los artículos 19, 41, 42 –que son los que crean el impuesto–, 45 al 48 –que regulan el producido del impuesto a través de un fideicomiso– y 67, que establece una recategorización del suelo rural, que no identificamos bien por qué es necesario hacer. Por lo tanto, repito, vamos a votar en general, aunque creemos que el camino elegido no es el correcto y no es el que se está llevando adelante en las sociedades más avanzadas. Además, mediante la vía de pagar el impuesto, deja descolgados de la responsabilidad efectiva a quienes producen este tipo de productos.
Por allí van las consideraciones que queríamos hacer, señora presidenta.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: voy a tratar de ser muy breve, porque comparto los fundamentos que se han vertido aquí sobre la necesidad y la oportunidad de aprobar este proyecto de ley.
Luego de que se aprobó el proyecto de ley relativo a las bolsas plásticas, quedó demostrado que, como dijo la señora senadora Xavier, los incentivos negativos –en este caso, el costo de la bolsa– desencadenan comportamientos ambientalmente más seguros que los que tendríamos si no existieran. Lamentablemente, el ser humano reacciona a estos incentivos.
El proyecto de ley que estamos considerando se enmarca en una agenda ambiental de desarrollo sostenible que el Gobierno del Frente Amplio ha buscado, ha impulsado, ha incentivado, y que también se expresa en el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Se trata, a la vez, señora presidenta, de seguir insistiendo en el consenso científico de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global que va a provocar impacto sobre la tierra, sobre los sistemas socioeconómicos, y va a conducir al agotamiento o la inutilización de los recursos naturales. Hay que seguir insistiendo en que la cultura del consumo que sustenta la hiperproducción del capitalismo tardío es una cultura basada en el use y tire, en la obsolescencia programada, en la comodidad. Se le llama «la crisis de la comodidad» porque es la crisis a la que nos lleva la comodidad; ¡y somos cada vez más cómodos! Debemos llamar la atención en cuanto a que las empresas de productos de consumo rápido conforman una de las industrias más grandes del mundo, que crece entre un 1 % y un 6 % por año, y su empleo de plástico de un solo uso está aumentando en paralelo con su crecimiento. Y hay que recordar, también, que a nivel global solo se recicla el 9 % del total de los plásticos.
Sobre la gestión de residuos tenemos todas las recomendaciones de Naciones Unidas, que fundamentan que el Gobierno, y en particular esta bancada, tomen para sí este tema como un aspecto central.
En América Latina el tema de la gestión de residuos es un aspecto central de la agenda medioambiental. Un tercio de los residuos de América Latina y el Caribe terminan en basurales o en el medioambiente; y el peor dato es que el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician o se desechan cada año. En América Latina –lo dijo el señor miembro informante– cada uno de nosotros generamos un kilo de residuos al día, y cuarenta millones de personas carecen de acceso a recolección de residuos. El 90 % de los residuos no se aprovechan.
De manera que aquí la idea es reducir, reutilizar, reciclar, recuperar; debemos aplicar la lógica de las cuatro erres. Y hay que tener en cuenta, también, el tema de la economía circular, que hizo muy famoso a Obama en su momento. Me refiero a la economía verde, a la economía circular y la atención a los problemas del medioambiente, al cambio climático.
En definitiva, la gestión de residuos está entre los objetivos de desarrollo sostenible; está en las metas del Uruguay 2030. Aunque estamos en el último año, me parece un excelente proyecto.
Ahora me voy a referir muy brevemente a sus aspectos económicos.
Las recomendaciones de Naciones Unidas para la gestión de residuos se han considerado una prioridad regional urgente. Nosotros necesitamos al Mercosur en esto; necesitamos una agenda medioambiental para la región. ¡Solos no podemos! Debemos promover la economía circular, abordar la gestión de residuos, promover la separación en origen. Los uruguayos reciclan poco. Estamos muy atrás con relación a muchas ciudades y países en cuanto al reciclaje en el lugar de origen. Necesitamos una cultura ciudadana que venza la cultura de la comodidad.
Pero, sobre todo, quiero decir que son muy importantes los estímulos económicos. Justamente, entre las recomendaciones de acción de Naciones Unidas está: «Promover un conjunto adecuado de políticas, normativas e instrumentos económicos». Sin instrumentos económicos esto no se puede implementar. Y luego, entre las recomendaciones específicas, se propone: «Implementar instrumentos económicos tales como tarifas por la prestación del servicio, impuestos a la disposición final en rellenos sanitarios de residuos y tarifas por reciclaje avanzado…». Además, se señala que es necesario determinar los costos financieros y económicos asociados a la gestión de residuos, así como diseñar alternativas para su recuperación. Pero el documento es muy enfático respecto de la necesidad de los instrumentos económicos. Y este proyecto determina algunos, los posibles, en materia de gestión de Estado y privados. Insisto: sin instrumentos económicos y sin instrumentos económicos específicos, esto no se puede hacer.
Sobre el proyecto de ley, creo que se caracteriza por una amplitud de acción en los campos ambiental y social. Tiene énfasis programáticos que hacen a la conducción humana del trabajo de clasificación de residuos –muy importante en Uruguay– y, por otro lado, al sistema ambiental. El proyecto busca desacoplar el crecimiento económico del deterioro ambiental. Es una necesidad la de desacoplar el crecimiento y el desarrollo económico, para que no esté vinculado al deterioro ambiental. También estipula las regulaciones del Estado en los niveles de responsabilidad en el manejo de residuos; propone una idea incipiente de economía circular, e incluye una demanda específica de los y las clasificadoras. Hay normas sobre regulación laboral, derechos y salud de los trabajadores, inclusión social, realización del censo de trabajadores en la clasificación de residuos. Me parece que todo esto va en línea con lo que ha sido la protección de los derechos de los trabajadores y la inclusión social que merecen.
De manera que creo que este es un gran paso, que debe ser destacado, resaltado. Espero que todos los diarios hablen mañana de que estamos votando una ley de gestión integral de residuos que cumple con las normativas de Naciones Unidas y las metas de desarrollo sostenible. A su vez, nosotros cumplimos con esta demanda de tener un desarrollo sustentable. Ya vemos cómo anda el mundo; tratemos de andar mejor nosotros. El Uruguay sí puede y debe hacer su pequeña e indispensable parte en todo esto.
SEÑORA EGUILUZ.- Señora presidenta: vamos a hacer algunas consideraciones en lo que tiene que ver con este proyecto de ley de gestión integral de residuos.
Como todos saben, estamos haciendo la suplencia del señor senador Bordaberry, que no integra la Comisión de Medio Ambiente, pero sí estuvo en todo el proceso de discusión que se llevó adelante sobre este proyecto de ley –quiero resaltar su trabajo en ese sentido–, que tiene relación con otro proyecto que se ha mencionado bastante en el día de hoy: el relativo a las bolsas de residuos. Todos sabemos de su iniciativa y de su trabajo al respecto. Por lo tanto, hoy, cuando se habla de tantas cuestiones que tienen que ver con los intereses generales, quiero remarcar la tarea desarrollada por el doctor Pedro Bordaberry, que ha trabajado insistentemente en todos los temas que tienen que ver con el medioambiente. De manera que voy a basarme en los planteos que hizo en la comisión para realizar mis apreciaciones sobre la norma.
Nuestra postura tiene que ver con el apoyo en todos los temas relacionados con el medioambiente. Nadie discute los objetivos generales de esta norma –lo hablaba hace un rato con algunos legisladores– en lo relativo a la importancia de la salud de nuestro mundo, de nuestro planeta. Precisamente, la salud tiene que ver con el medioambiente, y también con intereses generales que van mucho más allá de las políticas de un Gobierno puntual. Están vinculados a las políticas de Estado que debe llevar adelante un país como el nuestro, que tiene que ser ejemplo en todos estos aspectos.
Específicamente, en lo que tiene que ver con el marco legal que establece este proyecto de ley, si bien compartimos los objetivos y vamos a votar en general afirmativamente, no acompañamos la forma de instrumentar la recaudación a través de los mecanismos que establecen los sistemas de financiamiento regulados por esta iniciativa. Si nos focalizamos en el análisis de los objetivos que se pretenden lograr vemos que la intención es que haya menos residuos y contaminación y que, de alguna manera, todos estemos en esa línea. Lo que sucede es que se establecen mecanismos de recaudación que no van específicamente en esa línea, sino en el sentido de recaudar. Se discutió si se iba a tratar de una tasa o de un impuesto y quedó muy claro por parte del Estado que es un impuesto, una aplicación más del Imesi. Como bien manifestaron algunos señores senadores, este impuesto será trasladado a todos los ciudadanos, que pagaremos por los objetos que utilizamos. Todo sistema retributivo o tributo que aplica el Estado recae sobre un sujeto pasivo en forma directa, pero este lo traslada; ese es el motivo por el cual decimos que se trata de un instrumento recaudador.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con los objetivos, pero entendemos que los instrumentos no son los más adecuados. Por eso no vamos a acompañar lo vinculado a los mecanismos de financiamiento que se establecen en este proyecto de ley. Tenemos una diferencia sustancial en cuanto a su instrumentación por medio de un impuesto que, en definitiva, se va a cobrar a los que importen y a quienes hagan la primera venta de los productos que se mencionan en esta ley, ya que se va a cobrar Imesi.
Además de la creación de este Imesi específico para los reciclajes, en esta norma también se genera un crédito fiscal, que es una especie de zanahoria por la que muchos van a trabajar –y seguramente ese es el espíritu– a fin de obtener dicho crédito. Respecto a esto queremos hacer una observación –seguramente algunos señores senadores podrán aclararlo– que tiene que ver con el crédito fiscal que se va a otorgar a quien pague el impuesto, al sujeto pasivo del Imesi. En el artículo 42 se establece que este proyecto de ley va a facultar al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las entidades que implementen sistemas de recolección o reciclaje de los bienes a que refiere el inciso primero. Está claro que, en la práctica, las empresas que van a pagar el Imesi no serán las mismas que van a cumplir con la tarea de recolección y reciclaje, que es lo que establece esta ley. Por lo tanto, entiendo que allí seguramente hay una incongruencia y quizás se pueda hacer alguna aclaración sobre esto.
En lo que tiene que ver con la referencia a los Gobiernos departamentales, si bien todos entendemos el interés general de este proyecto de ley y el hecho de que el medioambiente es un tema de interés general, también debemos tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico marca y establece cometidos que son específicos de los Gobiernos departamentales. En consecuencia, creo que en el momento de poner en práctica esta especie de simbiosis que deberá existir entre los objetivos de la ley y los cometidos de los Gobiernos departamentales, seguramente surgirán escollos prácticos, como ha sucedido con otras normas, como por ejemplo la relativa a la recalificación de suelos y a otros temas que luego tuvieron que derivar en leyes interpretativas que mejoraran este aspecto.
¿A dónde irá lo que se recaude por este impuesto? A rentas generales, porque si bien es verdad que se crea un fondo que, además, va a tener la regulación de un fideicomiso que se va a integrar con varios actores, lo recaudado por este impuesto, que se va a trasladar a los ciudadanos, va a terminar allí. ¡Esa es la realidad! Luego, rentas generales, de acuerdo con un artículo que contiene esta iniciativa, establecerá cuánto va a transferir a ese fondo. Lo cierto es que este impuesto que hoy se crea para financiar el plan integral de residuos va a ir a rentas generales, y esto es lo que adelantamos que no vamos a acompañar.
¿Cuál fue el planteo que se hizo para sustituir esto de alguna forma? Se propuso que si no hay interesados en hacer la tarea de reciclaje se ocupe el Estado, pero cobrando una tasa. Fue entonces cuando se habló de este concepto de tasa, no como forma de recaudar de todos, a través de un impuesto, en la primera venta o en la importación, sino con una contraprestación por parte del Estado. El objeto es que esto no se termine transformando en un impuesto verde y que alguien pueda decir que ensucia, paga y se va. Reitero que esto termina siendo un impuesto verde. Pensamos que el mensaje debería ser que a quien ensucia, el Estado le va a cobrar. Si esto fuera una tasa, como contraprestación el Estado cumplirá una función que no está presente en este impuesto. Con este proyecto de ley, al final del día el que paga se va. Por eso entendemos que la definición de «tasa» o «impuesto» no es solamente una cuestión de palabras, sino un aspecto muy conceptual y profundo, que tiene que ver con una contraprestación que entendemos no existe en esta iniciativa. Por eso no acompañamos este mecanismo, que al final del día termina siendo recaudatorio.
Por otro lado, en cuanto a su implementación, también nos preocupan las funciones, entre ellas, la de la Dinatra. Hoy existe y se aplica la responsabilidad extendida y hay algunas operativas en las que esta dirección no interviene. Se mencionaron algunos números en esta sesión, como por ejemplo el 5 % en recuperación y gestión de envases, lo que se tomó como algo malo y negativo. Sin embargo, hay que decir las cosas como son, porque hay responsabilidad extendida con relación al porcentaje de recuperación de las baterías, que hoy está en un 97 %, y de neumáticos, que alcanza el 62 %. Esto hoy lo hacen los privados y es parte de la responsabilidad extendida. En consecuencia, queremos que esto conste entre las consideraciones de lo que vamos a votar.
Si se va a hacer un análisis posterior, esperamos que sea riguroso en cuanto a cuál será el impacto real del proyecto de ley que se va a votar hoy. Sería bueno saber cuál será el impacto con relación a la recuperación de residuos, para que haya menos envases, y no centrarse solamente en cuánto se va a recaudar, cuánto va a ir a rentas generales, cuánto al fideicomiso y cuánto vuelve a este famoso sistema integral para mejorar el medioambiente.
En consecuencia, compartimos el pedido de desglose que han hecho algunos señores senadores.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: quiero reafirmar que hoy estamos tratando un proyecto de ley de enorme significación e importancia para lo que podamos hacer como nación y como país con relación a las políticas de preservación ambiental.
Este es un tema de gran sensibilidad y ha generado demandas por parte de numerosos colectivos de la sociedad. Sin embargo, paradojalmente, el asunto también plantea algunas tensiones y controversias, o, incluso, acciones duales de las propias personas. Nos sensibilizamos ante la necesidad de mejorar nuestro ambiente, de disminuir la contaminación por el plástico, pero como contracara, nos molesta cuando se generan impuestos –como en este caso– que tienen que ver, justamente, con crear herramientas que disuadan la utilización de elementos que son netamente contaminantes y que hoy proliferan en la sociedad.
Señora presidenta: frente a esto, quiero rescatar algunas cosas. La primera tiene que ver con una obra pictórica de Goya llamada La letra con sangre entra, que es, precisamente, una crítica a la educación de aquel momento, en la que hasta el apremio corporal era utilizado para que los gurises y las gurisas aprendieran. Hoy en día, a través del refranero, esto se ha ido poniendo en práctica para innumerables cosas. Cuando acá se aplicó una restricción muy fuerte y se estableció la prohibición de fumar en los lugares cerrados fue cuando realmente se cambió la cultura de este país vinculada al vicio del cigarro. A veces hay que establecer algunas prohibiciones o regulaciones como las que se introducen a través de este proyecto de ley.
En torno a cómo nos posicionamos frente a los temas ambientales y cuáles son las reacciones naturales que a veces se tienen, quiero rescatar algo que dijo en la comisión el señor Ramada, integrante de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT cuando nos visitó en la comisión. Con esa sabiduría que enseña la escuela de la vida, él dijo textualmente: «Y si los paga el consumidor, mejor, así trata de consumir más razonablemente». Esta es la realidad que tenemos: el consumidor cae en el facilismo del consumo sin pensar, al que luego se antepone cuando se generan acciones coercitivas por parte de las políticas públicas, como en este caso lo es el impuesto.
Yo creo que toda mejora que podamos tener mediante una norma como la que se está planteando tiene que ir acompasada con algo que es muy necesario y que Uruguay ha empezado a hacer, aunque todavía tenemos que avanzar mucho más; me refiero a la educación ambiental. Y me refiero a la educación ambiental de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también de los mayores, de la población adulta. Creo que en este aspecto la propia Universidad de la República ya ha incursionado en opciones de especialización en educación ambiental y en ambiente. Como dijeron los representantes del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, la propia Universidad tiene, desde el 2014, ese centro. Si bien estamos avanzando en esta materia, tenemos que avanzar mucho más, porque la promoción de la participación, así como el involucramiento de la sociedad y de la gente que se plantea en el artículo 60 de la ley, lógicamente se puede lograr a través de una educación ambiental generalizada.
A efectos de no hacer tan extensa nuestra exposición y de aplicar una economía de tiempo, quisiéramos destacar que este proyecto de ley tiene un capítulo dedicado a la inclusión de los clasificadores de residuos. Se trata de un capítulo que, además de sus disposiciones generales, regula los procesos de inclusión, los roles que van a tener, cómo se va a encarar el tema de los registros, la certificación de la competencia, el estímulo para la creación de emprendimientos colectivos, las acciones del Estado en apoyo a estos emprendimientos y al desarrollo de la clasificación a través del Fondes y del Inefop. También es cierto –y fue claramente planteado en la comisión por los representantes de los clasificadores– que hay una función social en esto, la que lógicamente tiene que ser elevada en su dignidad y en su consideración por la sociedad. Creo que este es un estigma que hay en la sociedad respecto a ciertas tareas que hoy se realizan en nuestro país.
Los representantes de los clasificadores nos dijeron que hay unos 2800 clasificadores afiliados al sindicato y que hay más de 25.000 clasificadores en todo el país. Por lo tanto, es una porción importante de la población la que está teniendo un rol social y económico que muchas veces es estigmatizado, desconocido o desvalorizado. Y esto lo señaló la señora Gutiérrez en la comisión: «También nos faltan el respeto y eso es lo más triste para un ser humano; si nosotros les faltamos el respeto, como somos pichis terminamos en la comisaría donde nos muelen a palos, pero no importa porque somos pichis. Y no puede ser así porque somos seres humanos como cualquier otro, y también somos trabajadores como el resto, porque una persona que gracias a su trabajo puede llevar el alimento a su casa es un trabajador…». Ellos nos dicen que en nuestra sociedad hay alrededor de 25.000 personas que realizan esta tarea. ¡Vaya si es importante desde el punto de vista social y económico! Entonces, el hecho de que esta norma tenga un capítulo dedicado a la inclusión nos parece sustantivo para que podamos tener un involucramiento mayor de la sociedad en algo tan importante como es el tema del manejo de los residuos para proteger nuestro ambiente.
Señora presidenta: finalizo señalando el gran desafío que vamos a tener al aprobar este proyecto, que es constitucional –como muy claramente lo explicó el doctor Correa Freitas en la comisión– y que no colide con los derechos y las obligaciones de los Gobiernos departamentales. Justamente, hay un artículo 8.º que establece la competencia nacional; un artículo 9.º que establece la competencia departamental; un artículo 14 que crea un Plan Nacional de Gestión de Residuos, y un artículo 15 que habla de los planes de gestión departamentales. Es decir que hay una armonización en un tema que es importante para el conjunto del país. Por todo esto, queda claro que es una norma que viene para apoyar y ayudar el desarrollo de las políticas nacionales, incluyendo a los Gobiernos departamentales y municipales.
Por último, reafirmo que al aprobar esta iniciativa el país va a tener el gran desafío de construir las herramientas de fiscalización, control y aplicación de estas normas, para que realmente tengamos un desarrollo armónico y de protección de nuestro medioambiente.
SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Señora presidenta: voy a tratar de ser breve.
Como dijo nuestra coordinadora, vamos a acompañar en general este proyecto de ley. Es cierto que lo estuvimos discutiendo, porque conceptualmente nos cuesta dar nuestro voto a una iniciativa que prevé crear nuevos impuestos y aumentar la carga tributaria a una actividad productiva. Indudablemente, una posición conceptual puede ser defendida con argumentos tan válidos como los de la posición que sostiene el partido de gobierno, en el entendido de que considera que hay espacio para seguir gravando las actividades productivas de este país. También es cierto que debe ser más fácil para nosotros hablar desde la oposición y no desde el lugar de responsabilidad de llevar adelante el Gobierno.
Permítame, señora presidenta, dejar algunas sugerencias en el entendido de que este no es un problema nuevo ni un problema del Uruguay, y que no se va a solucionar luego de que votemos este proyecto de ley. Si bien todos hemos adelantado que vamos a votar esta iniciativa, tenemos que tratar de que no se convierta en una más de las siete mil leyes que tiene este país, en el que la gran mayoría no se aplica porque es imposible. Recién escuché a un señor senador decir que es necesario establecer la fuente de financiamiento mediante carga tributaria e impuestos porque si no esto no funcionará. Tenemos un doble problema: estamos votando una norma que está supeditada a que ese financiamiento se consiga; de lo contrario, fracasará, como lo hará también algún artículo relacionado con la inclusión social y con los miles de uruguayos que viven en torno a esto.
En Uruguay hay emprendimientos que han funcionado sin inventar impuestos, sin aumentar la carga tributaria, y lograron su cometido. Tuvieron un origen diferente. De la lectura del articulado y del título de este proyecto de ley se desprende que la gran preocupación es la gestión de residuos y hacer frente a un problema que lamentablemente estamos corriendo de atrás.
Hace catorce años comenzamos al revés. Entendimos que si bien había que solucionar la gestión de los residuos, el mayor problema eran los uruguayos que no estaban viviendo en forma digna, que lo estaban haciendo muy mal en torno a toda esta problemática, con una agravante que aprendimos en el camino: las familias de hurgadores dejan familias de hurgadores. Ese problema se fue dando en todo el mundo. Entendimos que para llevar adelante la gestión de residuos y lograr resultados, primero teníamos que atender a los directamente involucrados y tratar de solucionar ese eslabón de la cadena. Si lo hacíamos, íbamos a terminar con lo que realmente nos preocupaba, que en ese momento –hace catorce años– no era el plástico –dentro de unos años no sabemos qué va a ser–, sino las latas y el vidrio. Después sobrevino la expansión agrícola y se empezó a hablar de los fitosanitarios y de los envases de agrotóxicos.
Este proyecto comenzó, indudablemente, con un subsidio estatal, con un subsidio por parte de la intendencia. Aquí también quiero hacer mías palabras de los señores senadores. A lo largo de este proyecto, o de cualquier solución que se quiera encontrar para esta problemática, hay que buscar el subsidio de alguien, y el Frente Amplio eligió hacerlo a través de la creación de impuestos, de tasas y del aumento de la carga tributaria. La experiencia en nuestro país, a otra escala –porque los problemas son a escala y las soluciones también son a escala–, se encontró por otro lado. En un principio se contó con un gran apoyo del Gobierno departamental, que entendió que dentro de su propia responsabilidad social estaba brindar ayuda en ese sentido, pero cuando sus números flaquearon apareció la responsabilidad social de los actores privados, sin necesidad de exigírsela.
Uno de los argumentos que se manejó en su momento para no votar este proyecto de ley fue la disconformidad de las cámaras. Esto puede ser relevante o no, pero si queremos encontrar una verdadera solución a la problemática, necesitamos su colaboración, así como la de todos los actores privados, a no ser que lo que estemos haciendo sea votar una más de las tantas leyes que tiene este Parlamento.
No iba a hablar, pero en un momento miré hacia la barra y vi gente que vivió este proceso que, como señalé, comenzó como una iniciativa departamental que, al revés del proyecto que estamos considerando, en vez de generar una normativa para gestionar los recursos, comenzó por tratar de mejorar la vida de aquellos que viven alrededor del circuito de los residuos. Es bueno reconocer que, a través de diferentes organismos o estamentos –como los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuyo ministro veo en este momento; de Desarrollo Social y de Salud Pública– el Estado fue poniendo patas y mejorando ese proceso. Y, sinceramente, en catorce años, a ninguno se le ocurrió inventar impuestos o tasas.
Queríamos compartir estas palabras, porque estamos seguros de que este tema no termina ahora; tal vez después de octubre tengamos la posibilidad de mejorar esta iniciativa, pero eso dependerá de la población.
Antes de hablar me preguntaba si las mayorías parlamentarias le hacen bien al sistema político del país. Creo que este es un claro ejemplo de que quienes tienen la mayoría saben que la norma se aprobará de cualquier forma y los que no la tenemos vamos a tratar de subirnos al proyecto. Sé que me van a decir que hace mucho tiempo que se está discutiendo, pero quizás no se advirtieron las experiencias exitosas que había en este país para encontrar una buena solución sin la necesidad de seguir aumentando la carga tributaria o impositiva a la actividad productiva. Vuelvo a decir que, en lo personal, tengo una posición conceptual sobre el tema y sentí la necesidad de compartirla con los señores senadores.
Por supuesto, queda hecha la invitación; muchos de los presentes han conocido y visitado el departamento de Flores y saben que, una vez que la experiencia comenzó en Flores, se dijo que eso en Montevideo no se podía hacer. Sin embargo fueron, copiaron la máquina que se utilizó en el departamento y la multiplicaron por quince o veinte centros. Ahora bien, en Montevideo no funciona porque hay otros problemas que debemos encarar y en este proyecto de ley no se abordan. Hay mucho dinero en juego e intereses relacionados con el negocio de la basura; son temas sobre los que en algún momento tendremos que conversar.
Señora presidenta: queremos dejar constancia de que vamos a apoyar en general el proyecto de ley, pero entendemos que hay mejores alternativas sin necesidad de seguir gravando la actividad productiva. ¡Acá nadie me puede decir que esta no es una actividad productiva! Aquí hay actores privados que invierten y arriesgan en agregar valor a algo que tiramos, que es la basura. Por lo dicho al principio, este es un negocio muy cambiante y nos tendremos que ir preparando para descubrir lo nuevo que va a venir a contaminar.
SEÑOR DE LEÓN. ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Con mucho gusto.
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: brevemente quiero decir que cuando hicimos nuestra intervención señalamos que había experiencias, contadas pero importantes, y una de ellas es la del departamento de Flores, que reconocemos, al igual que el trabajo llevado adelante por el exintendente.
Creo que todos hemos repetido lo mismo: la importancia de este proyecto de ley, que era un debe que teníamos en el país. De una manera u otra, sabemos –y así lo hemos planteado– que todas las experiencias han tenido que contar con financiamiento, sea un subsidio, sea un impuesto, sea una tasa o sea una tarifa. No hay forma de llevar adelante un plan de estas características –llámese de la manera que sea– sin recursos económicos. Obviamente, nadie quiere fijar impuestos –es una palabra que no se puede mencionar–, pero está claro que si estamos comprometidos con los temas ambientales, si la sociedad está cada vez más consciente de ellos y, además, estamos hablando de aspectos laborales y de la mejora de las condiciones de la gente, la forma de lograrlo es mediante mecanismos que permitan que este fondo habilite el desarrollo de todo lo que dispone este plan y lo que hemos destacado –tanto en la comisión como en el plenario– de este proyecto de ley que votaremos hoy.
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, del 28 de setiembre de 2004, por motivos personales por el día 14 de agosto.
16) GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del primer punto del orden del día.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.
SEÑOR GARÍN.- Quisiera mencionar rápidamente tres conceptos.
Aquí se ha discutido bastante sobre la fijación de un impuesto –regulado en el artículo 42–, pero creo que es muy importante volver a insistir en el establecimiento de un sistema de incentivos a través de la devolución mediante el crédito fiscal. Lo quiero manifestar porque me parece que la intención es bien notoria: seguramente esto se sume a la iniciativa sobre la responsabilidad social de las empresas, que apunta a utilizar el crédito fiscal para tomar acciones proactivas y así contribuir al reciclaje de los materiales que son gravados por el Imesi.
En segundo lugar, deseo aludir rápidamente –porque aquí también se mencionó– al hecho de que este proyecto de ley no innova en la responsabilidad extendida del productor y del importador. Sí creo importante resaltar que muchos de los residuos especiales, que hasta ahora venían siendo gestionados bajo normativa de decreto, por la responsabilidad extendida pasarán a estar alcanzados por una norma legal.
El tercer concepto que quiero exponer es que este proyecto de ley tiene claramente aspiraciones programáticas. Sin ningún lugar a dudas debemos dejar planteados los temas educativos, así como que va a ser necesario trabajar mucho en los ámbitos del Gobierno nacional y de los Gobiernos departamentales con respecto a las acciones de clasificación y de recolecta selectiva de residuos. No obstante, el proyecto de ley deja establecida a título expreso la necesidad de proceder a una planificación en ese sentido.
Por último, quisiera hacer un comentario general. Creo que es una buena noticia que hoy en la protección del medioambiente incorporemos la gestión de residuos desde un abordaje integral. Es el desafío que tenemos como sociedad de dar sostenibilidad, no solo a nuestro diario vivir, sino al conjunto de los seres vivos que forman parte de nuestra tierra.
Además, como este proyecto de ley tiene bastantes desafíos programáticos, quiero dejar constancia de que lo considero una buena iniciativa sobre la que quizá se pueda hacer un abordaje de evaluación en un plazo no muy lejano. En los últimos tiempos nos ha pasado que en leyes con enfoque programático hemos dialogado sobre virtudes y defectos, pero no dejamos establecidos tiempos de revisión. Aliento a que, en breve, podamos incorporar como norma en las leyes de esta naturaleza una cláusula que indique que al cabo de un tiempo deberá ser revisada.
Finalizo diciendo que hoy es un buen día y que tenemos un muy buen proyecto de ley para aprobar.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Garín.
SEÑOR GARÍN.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, sin perjuicio del desglose ya anunciado de algunos artículos.
Los artículos cuyo desglose ha sido solicitado son: 19, 41, 42, 45, 46, 47, 48 y 67.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto del articulado.
En consideración el artículo 47.
En consideración el artículo 48.
En consideración el artículo 67.
SEÑORA MOREIRA.- Solicito la postergación del asunto que figura en segundo término del orden del día –proyecto por el que se establecen medidas para la mejora de las actividades de control y tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles– y se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del 3 de setiembre.
A su vez, solicito que se altere el orden del día y que el quinto punto –proyecto por el que se asegura un mínimo de jornales para el personal dependiente de empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios y extraportuarios– se pase a discutir a continuación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la señora senadora Moreira.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se asegura un mínimo de jornales para el personal dependiente de empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios y extraportuarios. (Carp. n.º 1380/2019 - rep. n.º 907/19)».
SEÑOR CASTILLO.- Gracias, señora presidenta.
En nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social traemos al pleno de esta sesión la aprobación de una iniciativa que remite el Poder Ejecutivo con la firma del ministro de Trabajo y Seguridad Social, ámbito donde se desarrollaron las negociaciones.
Recordemos brevemente que estamos haciendo referencia al artículo 116 de la Ley n.º 19535. Desde su aprobación, en setiembre de 2017, estuvo en debate una sucesiva cantidad de prórrogas que fueron aprobadas por el Parlamento a los efectos de permitir un mejor debate entre los actores de la actividad portuaria, es decir, el sector empleador, los operadores portuarios, los trabajadores en sus sindicatos –Supra y la central sindical– y el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La negociación fue liderada por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Hubo muchos debates y discusiones, a tal punto que en uno de los informes que nos envió la subdirectora nacional de Trabajo se indica que se llevaron a cabo cincuenta reuniones, producto de la sugerencia realizada por el Parlamento de mantener ámbitos tripartitos para encontrar una solución que contemplara la legítima demanda de ambos sectores. Eso finalmente ha ocurrido y con fecha 31 de julio se firmó en la Dirección Nacional de Trabajo –Dinatra– un convenio colectivo que refiere a todos los contenidos en materia de regulación de los jornales del trabajador y la trabajadora eventuales en empresas operadoras del puerto de Montevideo. En este extenso convenio han arribado a un acuerdo muy importante, han previsto una cantidad de elementos que hacen a la forma de convocatoria, a tener en cuenta las distintas empresas según sean operadoras portuarias del puerto de Montevideo o de los distintos puertos del interior del país, han tenido en cuenta hacia dónde desarrollan la actividad preferencial, han medido los alcances, las distintas iniciativas, las convocatorias garantidas que deben realizar, cómo se tienen que hacer los regímenes de convocatoria y, finalmente, han hablado de la vigencia, de la forma, de los contenidos e incluye, también, una cláusula de paz.
En ese convenio colectivo firmado también vuelven a informar –tanto al Poder Ejecutivo como en la nota que hicieran llegar a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado– sobre la necesidad de que, al mismo tiempo, se ampare el proyecto con un rango legal y se derogue, en el mismo momento, el artículo 116 de la Ley n.º 19535. Esto fue motivo esencial de debate en esa discusión que se ha venido promoviendo en estos casi dos años. En virtud de que fueron contempladas muchas de las demandas y que también fueron evacuadas las diferencias dentro del ámbito de negociación, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social sugiere al pleno que apruebe el proyecto de ley en consideración.
Debemos dejar constancia de que, en la forma en que remitimos la semana pasada a este plenario la discusión de la ley, senadores de distintos sectores no están de acuerdo con los artículos 1.º y 2.º de esta iniciativa y que, básicamente por unanimidad, solamente respaldan la derogación del artículo 116, pero fue parte del acuerdo al que llegó la comisión en su conjunto, luego de debatir con varias de las visitas que sucesivamente fue recibiendo a lo largo de estos dos años. Formaba parte de un capítulo general la manera en que nosotros respaldábamos y asegurábamos que efectivamente se cumpliera todo lo consagrado en el artículo 116 original, así como también lo incluido por el convenio colectivo que fuera aprobado por unanimidad. Siendo fiel a esta iniciativa, nosotros lo trasladamos con el aval mayoritario para que el plenario del Senado lo apruebe definitivamente en el día de hoy.
Por tanto, sin más, estamos sugiriendo al plenario la aprobación del proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo, para que pase de inmediato a la Cámara de Representantes. Simplemente, recuerdo que la vigencia de la última prórroga que aprobó este Senado culmina el 29 de agosto y que nos queda una sola sesión hasta esa fecha, por lo que no resta mucho margen de tiempo.
Este es un tema de larga data. Hace dos años que estamos votando prórrogas en espera de que haya un acuerdo de partes. Y, efectivamente, en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha habido un avance significativo entre las partes, particularmente entre el Centro de Navegación y el Sindicato Único Portuario. Lo que ocurre es que en el texto se incorpora nuevamente la misma disposición que había sido objeto de debate y de postergación. En realidad, en la medida en que se arribó a un acuerdo de partes con el aval del Poder Ejecutivo, no es necesario en absoluto que se establezca por ley una afirmación que, justamente, contradice lo que en definitiva fue el motivo de la postergación, es decir, que esto fuera negociado. Entonces, por los artículos 1.º y 2.º –que refieren justamente a la afirmación del criterio que estaba establecido en el artículo 116– resulta que se ratifica por vía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el que envía el proyecto al Parlamento, y luego sí, en el artículo 3.º, se deroga el artículo 116.
Nosotros vamos a votar la derogación del artículo 116 y, asumiendo que hay acuerdo de partes, no vamos a votar los dos primeros artículos que, en realidad, son sobreabundantes. Por lo tanto, no votamos en general el proyecto de ley, pero sí el artículo 3.º, que vamos a pedir que sea desglosado.
SEÑOR SARAVIA.- Gracias, señora presidenta.
En la misma dirección, planteamos lo mismo que nuestros compañeros en comisión: ya que hay un acuerdo de partes, no entendemos que se continúe por el mismo proceso que viene de largo tiempo. Por lo tanto, vamos a votar en contra los artículos 1.º y 2.º y a favor el artículo 3.º.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1°. (Derecho al trabajo) Las empresas que realicen las actividades clasificadas dentro del Grupo 13 de Consejos de Salarios (Transporte y Almacenamiento), sub grupo 10, capítulo “Operadores y Terminales Portuarias” y “Depósitos Portuarios y Extraportuarios”, asegurarán a todos los trabajadores comprendidos, un régimen de convocatorias garantidas a trabajar bajo la condición que exista una operativa de buques en la empresa».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º. (Negociación colectiva) El derecho al trabajo y la convocatoria a trabajar garantizado por la presente ley se reglamentará por negociación colectiva celebrada por las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas del sector, pudiendo hacerse por la vía del Consejo de Salarios o por convenio colectivo. En tanto no exista otra regulación pactada de acuerdo a los procedimientos indicados precedentemente, regirá el sistema acordado en acta de 31 de julio de 2019 registrada y publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La regulación negociada evitará en todo caso la ausencia de reglas en esa materia en el sector referido».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 3º. (Derogación) Derógase el artículo 116 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017».
SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: solicito que se altere el orden del día y de inmediato, en los quince minutos restantes de sesión –si la Mesa considera suficiente ese tiempo–, se pase a considerar el punto séptimo del orden del día.
–19 en 23. Afirmativa.
El Senado pasa considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban las modificaciones al Convenio constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). (Carp. n.º 1334/2019 - rep. n.º 910/19)».
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: en aras de que nos hemos propuesto aprobar el proyecto de ley en este breve plazo es que voy a hacer una exposición muy resumida.
Cuando tratamos de ampliar la información sobre esta experiencia, vimos que el repartido que todos tienen en sus mesas prácticamente contiene la totalidad de la información. O sea que puedo ser breve en la exposición pero, en definitiva, es muy pormenorizada la información que contiene el repartido, que incluye el mensaje del Poder Ejecutivo, la Resolución n.º 169 de la Asamblea de Gobernadores del Fonplata y el texto de las modificaciones al convenio constitutivo, la Resolución n.º 170 de la Asamblea de Gobernadores del Fonplata y el texto del Reglamento, y la Resolución n.º 171 de la Asamblea de Gobernadores del Fonplata y el texto de la normativa general para la incorporación de nuevos miembros.
Como se dice en la exposición de motivos, el convenio constitutivo de Fonplata fue originalmente suscrito por los Gobiernos de la República Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay en la ciudad de Buenos Aires, el 12 de junio de 1974, durante la VI Reunión Ordinaria de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata.
Uruguay es miembro del Fonplata desde hace más de cuatro décadas y su convenio constitutivo fue aprobado por el Decreto Ley n.º 14368, de 6 de mayo de 1975. El organismo comenzó a operar en 1977, al entrar en vigencia el convenio de sede con el Gobierno de Bolivia.
Actualmente, Uruguay posee una participación del 11 % del total del capital accionario de la institución.
El convenio constitutivo capitalizó inicialmente a Fonplata en USD 100:000.000, que se ampliaron posteriormente a USD 200:000.000; una tercera parte del capital fue aportada por Argentina, otra por Brasil y el tercio restante por Bolivia, Paraguay y Uruguay por partes iguales.
Desde el inicio de sus actividades Fonplata ha otorgado a nuestro país diecinueve préstamos por un monto total de USD 472:373.116 y tres cooperaciones técnicas, por un monto total de USD 488.600.
Durante el año 2018, la cartera de préstamos se incrementó en USD 110:000.000 como resultado de la aprobación de dos nuevas operaciones que serán elegibles para desembolso en el 2019, lo que da actualmente una cartera total de USD 346:000.000, compuesta por siete operaciones.
En los últimos años, los gobernadores del fondo acordaron iniciar un proceso de reforma institucional del organismo cuando coincidieron en la reunión de la Asamblea de Gobernadores, celebrada en Buenos Aires el 10 de mayo de 2010, por la necesidad de dotar al organismo de un nuevo modelo de gestión institucional lo que incluía, entre otros aspectos, la creación del cargo de presidente ejecutivo.
Asimismo, durante el ejercicio 2011, la Asamblea de Gobernadores aprobó los lineamientos del Plan Estratégico Institucional que contemplaba la revisión de la visión, objetivos e indicadores de verificación de resultados de su implementación; una nueva estructura organizacional y la revisión del ciclo de proyectos y la propuesta de nuevos productos y servicios financieros.
En el marco de la implementación del nuevo modelo de gestión institucional aprobados por la asamblea, y según los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Fonplata, se consideró necesario dotar de una mayor solidez financiera al organismo para aumentar su capacidad prestable en forma sostenible y poder atender, de ese modo, la creciente demanda estimada de los países miembros de operaciones a ser financiados por el fondo.
En la 11.ª Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores, de 20 de junio de 2013, se aprobó la primera fase del aumento de los recursos de capital del Fonplata según las condiciones establecidas en el acta de la mencionada reunión y se planteó la necesidad de realizar una evaluación a los tres años de comenzado el proceso de integración de capital a fin de analizar los requerimientos de incrementos adicionales de capital del fondo para cumplir las metas establecidas por los gobernadores.
La primera fase del aumento de recursos antes indicada fue aprobada por la República Oriental del Uruguay en la Ley n.º 19213, de 22 de mayo de 2014, según la cual se autorizó el aumento del capital accionario de la República Oriental del Uruguay en el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata por un monto de USD 1.150:000.000, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Gobernadores por Resolución A.G. 138/2013, de fecha 1.º de agosto de 2013.
La segunda fase del aumento de recursos antes indicada fue aprobada por la República Oriental del Uruguay, por la Ley n.º 19433, de 21 de setiembre de 2016, según la cual se autorizó el aumento del capital accionario de la República Oriental del Uruguay en el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
La exposición de motivos de este proyecto continúa, pero estamos contra reloj y sería bueno que el Senado lo aprobara. En la Comisión de Asuntos Internacionales presentamos un resumen que estuvo en manos de todos sus miembros y fue aprobado por unanimidad. Por tanto, sugerimos al Cuerpo la aprobación del mensaje del Poder Ejecutivo para que se pueda remitir a la Cámara de Representantes.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), el cual fuera originalmente aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.368, de 6 de mayo de 1975, de conformidad con el texto propuesto por dicho organismo, y según lo resuelto por la Asamblea de Gobernadores por Resolución ASG/RES Nº 169/2018, de fecha 9 de noviembre de 2018, cuyo texto se adjunta como Anexo al presente proyecto y que forma parte del mismo».
SEÑORA MOREIRA.- Formulo moción para que se levante la sesión, ya que no resta tiempo para considerar otro proyecto de ley.
De acuerdo con lo resuelto, se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 13:22, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Baráibar, Camy, Carrera, Castillo, De León, Draper, Eguiluz, Gallicchio, Garín, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia, Vassallo y Xavier).