Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-119-de-febrero-22-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421a08f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 05:27:08
Document Index: 181108874

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 241', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 34', 'artículo 148', 'artículo 56', 'artículo 15', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 203', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 58', 'artículo 228', 'artículo 2', 'artículo 228', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA C-119 DE FEBRERO 22 DE 2006
SENTENCIA C-119 DE 22 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:DEPÓSITOS JUDICIALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL INCISO 3 DEL ARTÍCULO 2, EL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 6 Y EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 66 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:TESORO PÚBLICO, DERECHO A LA PROPIEDAD, DEPÓSITO JUDICIAL, TÍTULO REPRESENTATIVO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROHIBICIÓN DE CONFISCACIÓ
Sentencia C-119 de febrero 22 de 2006
Sentencia C-119 de 2006
Ref.: expediente D-5937
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º (parcial), 6º (parcial) y 10 de la Ley 66 de 1993.
A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 40.999 de 20 agosto de 1993 y se subraya lo acusado:
ART. 2º—A los promedios trimestrales de los depósitos judiciales definidos en este artículo, se les aplicará la más alta de las tasas de interés trimestral que se paguen en las secciones de ahorro del Banco Popular o de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
ART. 6º—Los dineros que se reciban con base en lo dispuesto en los artículos anteriores se distribuirán, en un setenta por ciento (70%) para financiar los planes, programas y proyectos de inversión prioritariamente, y los de capacitación que se establezcan en el plan nacional de desarrollo para la rama judicial, y en un treinta por ciento (30%) para los planes, programas y proyectos de rehabilitación y de construcción, mejoras, adecuación y consecución de los centros carcelarios y penitenciarios.
ART. 10.—Los dineros que se recauden según lo previsto en esta ley, deberán ser destinados prioritariamente a la inversión y capacitación en los departamentos donde los mismos se capten.
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.
2. Corresponde a la Corte establecer si las normas demandadas, al disponer que el Banco Popular y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero girarán a la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el producto trimestral de los depósitos judiciales (art. 2º) y señalar la destinación del mismo (arts. 6º y 10) quebranta el derecho de propiedad privada (C. Pol., art. 58), la prohibición de confiscación (C. Pol., art. 34) y el principio de igualdad (C. Pol., art. 13).
Para tal efecto hará unas consideraciones sobre la protección del derecho de propiedad y sobre la prohibición de confiscación en el ordenamiento constitucional y después analizará los cargos formulados.
La protección constitucional del derecho de propiedad
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, reformado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1999, “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.
El derecho de propiedad privada es el prototipo de los derechos patrimoniales y, junto con la libertad de contratación, constituye la expresión más notable de la libertad económica del individuo en un Estado social de derecho como el colombiano, en cuyo ejercicio aquel puede obtener los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades.
El Código Civil lo define como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno” (art. 669) (1) . Esta definición comprende las facultades de uso (usus), goce o disfrute (fructus) y disposición (abusus), que son sus elementos constitutivos desde el Derecho Romano.
Bajo la inspiración del autor francés León Duguit, el Acto Legislativo 1 de 1936 introdujo en el ordenamiento constitucional colombiano la función social de la propiedad, la cual fue reiterada y acentuada en la Constitución de 1991, en el contexto del Estado social de derecho, que dispone al respecto (art. 58):
“Lo primero que debe ser advertido es que el término “social” ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado” (2) .
“Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrada por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y funcionamiento de la organización política” (subraya fuera del texto) (3) ”.
4. No obstante la citada protección constitucional del derecho de propiedad, el mismo artículo 58 de la Constitución, en desarrollo de la función social de aquella y con fundamento en la prevalencia del interés general consagrada en dicha norma y en el artículo 1º ibídem, contempla la figura de la expropiación, o sea, la privación de ese derecho contra la voluntad de su titular, a favor del Estado, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
ii) Que exista decisión judicial o administrativa, esta última sujeta a posterior acción contenciosa administrativa incluso respecto del precio.
iii) Que se pague una indemnización previamente al traspaso del derecho de propiedad a la administración, la cual debe ser justa, de acuerdo con lo previsto en el numeral 21.2 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (4) , y se deberá fijar consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
La prohibición de confiscación en el ordenamiento constitucional
5. Según lo previsto en el artículo 34 superior, “se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.
La confiscación ha sido entendida por la jurisprudencia y la doctrina como el apoderamiento de la totalidad o de parte considerable de los bienes de una persona, por parte del Estado, sin compensación o indemnización.
La Corte Constitucional se ha referido a la prohibición de la confiscación en varias ocasiones, en una de las cuales expresó:
“Es tradicional la cita de la Sentencia 69 del 3 de octubre de 1989 (5) , emanada de la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia, a la sazón encargada de la guardia de la supremacía de la Constitución Política, en la que efectuó quizás el más completo estudio histórico, doctrinal y jurisprudencial de las figuras de la confiscación y el comiso o decomiso penal, a la luz de los límites constitucionales a la protección del derecho de propiedad en la Carta de 1886, en los siguientes términos:
En cuanto a los antecedentes el más completo es el de Academia Colombiana de Historia “Antecedentes de la Constitución de 1886” (Editorial Plaza Janés, Bogotá, 1983, pág. 117), al cual se refiere el colaborador fiscal en los siguientes términos:
“La norma inicial que fue propuesta al Consejo Nacional de Delegatarios (art. 32), era del siguiente tenor: ‘No podrá imponerse pena de confiscación, salvo la que decrete el legislador sobre la aplicación proporcional de los bienes de los cabecillas de rebeldes para la indemnización de actos de guerra”.
“El origen de la disposición vigente, como es bien conocido, está en la intención que tuvo el Constituyente de 1886 de frenar los abusos que se cometieron en el curso de las llamadas “guerras civiles” del siglo pasado que terminaban no solo con la aniquilación física o la prisión del vencido, sino con el despojo absoluto y arbitrario de sus bienes.
‘... Si creyéramos nosotros que las constituciones tienen la virtud de cerrar las guerras civiles; si nuestro país, como casi todos los de Suramérica, no estuviera aún atravesando por la edad de la discordia intestina, pudiera consagrarse este artículo en la esperanza de que jamás llegará el caso durísimo de emplearlo’. Desgraciadamente no es así: son acaso condiciones de raza las que nos hacen confiar el resultado de todas las diferencias al azar de las armas, y una disposición como esta tendrá seguramente aplicación frecuente.
‘No debe olvidarse que el vencedor de ayer es el vencido de hoy, y las leyes de circunstancias que se expiden para castigar hombres o partidos, tienen la propiedad de fomentar la reacción: son tan perjudiciales para quien las impone, como malas para el que las sufre’ (Antecedentes de la Constitución de 1886, Academia Colombiana de Historia, Editorial Plaza y Janés, Bogotá, 1983, pág. 117)” (6) (las negrillas son del texto original).
“La confiscación como tuvo oportunidad de señalarlo la Corte Suprema de Justicia en distintas oportunidades (v. sentencias junio 21/1899, marzo 6/1952, agosto 10/1964 y julio 29 de 1965) es una pena que consiste en “el apoderamiento de todos o parte considerable de los bienes de una persona por el Estado, sin compensación alguna...”.
“Esta institución que según los antecedentes se instituyó como “retaliación política contra los cabecillas de revueltas civiles” fue abolida en nuestro ordenamiento constitucional desde el año de 1830 cuando en la Constitución de esa época se incluyó en el artículo 148 una disposición en ese sentido dejando claro que la abolición de la confiscación de bienes no comprendía la de comisos o multas en los casos que determinara la ley. Esta norma se reiteró en las constituciones de 1832 (art. 192) y en la de 1843 (art. 161). Posteriormente en el Ordenamiento de 1858 aparece prohibida en el artículo 56, en la Carta de 1863 en el artículo 15, en la de 1886 en el artículo 34 y en la Constitución hoy vigente en el artículo 34” (7) .
Exequibilidad de las disposiciones demandadas
6. El demandante plantea que las normas demandadas, al disponer que el Banco Popular y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero girarán a la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el producto trimestral de los depósitos judiciales (art. 2º) y señalar la destinación del mismo (arts. 6º y 10) quebranta el derecho de propiedad privada (C. Pol., art. 58) y la prohibición de confiscación (C. Pol., art. 34), en cuanto jurídicamente los rendimientos de un capital son de propiedad del titular del mismo, y viola el principio de igualdad (C. Pol., art. 13) en cuanto impone una carga económica a los depositantes, por la prestación del servicio de administración de justicia, que no tienen los demás usuarios de este.
7. Según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 66 de 1993, las cantidades de dinero que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes deben consignarse a órdenes de los despachos de la rama judicial, se depositarán en la sucursal del Banco Popular de la localidad del depositante.
Por su parte, el artículo 8º de dicha ley establece que en los lugares donde el Banco Popular no tenga oficina, el depósito de que trata la misma se hará en la sucursal de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
A este respecto debe precisarse que la entidad que tiene a su cargo en la actualidad la obligación de girar el producto trimestral de los depósitos judiciales a la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el Banco Agrario, con motivo de la privatización del Banco Popular y la liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, conforme a lo dispuesto en los artículos 203 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, y 1º del Decreto 2419 de 1999, en virtud de los cuales:
Ley 270 de 1996, artículo 203:
“ART. 203.—Las cantidades de dinero que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deban consignarse en el Banco Popular a órdenes de los despachos de la rama judicial, autoridades de policía y, además las sumas que los arrendatarios consignen en favor de sus arrendadores, con base en las normas que existen sobre el particular, se depositarán en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, a partir del momento en que se produzca la reducción de participación de la Nación en el capital del Banco Popular.
“Igualmente, los depósitos antes mencionados recibidos hasta este mismo momento por el Banco Popular, serán transferidos por dicha institución a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, de acuerdo con el programa de desmonte que señale la Superintendencia Bancaria.
“La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, continuará dando cumplimiento a las disposiciones legales que regulan las obligaciones relacionadas con el manejo, disposición y el destino de los depósitos mencionados en este artículo”.
Decreto 2419 de 1999, artículo 1º:
“ART. 1º—Depósitos judiciales, consignación de multas y de cauciones. Las funciones de recibo, depósito y administración de los dineros que por mandato legal se depositaban en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. en liquidación, serán asumidas por el Banco Agrario de Colombia S.A. el cual sustituirá a la caja en los derechos y obligaciones inherentes a dichas funciones.
“La cesión de los derechos y obligaciones derivados de los depósitos judiciales que en la actualidad poseen los establecimientos bancarios distintos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. en liquidación y el Banco Central Hipotecario, se hará al Banco Agrario de Colombia S.A.”.
8. Diversas disposiciones legales sobre procedimientos judiciales establecen a cargo de sujetos del proceso la obligación de depositar sumas de dinero a órdenes del Despacho judicial en el cual cursa aquel, por variados conceptos.
La misma Ley 66 de 1993, de la cual forman parte las disposiciones demandadas, contempla algunos casos, como son las sumas correspondientes a multas que impongan las autoridades judiciales (art. 3º), los valores que se giran a la Nación cuando en un proceso penal se debe hacer efectiva una caución prendaria por incumplimiento de las obligaciones impuestas (art. 4º) y las sumas a título del impuesto del 3% sobre el valor final de un remate en los procesos ejecutivos (art. 5º), establecido en el artículo 7º de la Ley 11 de 1987. En estos casos se trata de sumas de dinero que pertenecen al Estado, razón por la cual no son predicables de ellas los cargos de la demanda.
En otros casos, en cambio, las sumas de dinero depositadas no pertenecen al Estado, sino a los particulares que son sujetos del proceso judicial respectivo, pero su asignación queda librada a la decisión del funcionario competente, conforme a las normas legales, según el objeto del depósito y el desarrollo y la culminación del proceso. Ello ocurre, por ejemplo, con las sumas depositadas para hacer postura en un remate o para completar el precio de este (CPC, arts. 526 y 529); con las sumas depositadas en establecimientos bancarios y similares que han sido materia de embargo, las cuales deben ser depositadas por aquellos en la cuenta de depósitos judiciales (CPC, art. 681, num. 11); con las sumas depositadas por el arrendatario en el proceso de restitución de un inmueble arrendado (CPC, art. 424), o con las sumas depositadas por concepto de honorarios de auxiliares de la justicia (CPC, art. 388), entre numerosos casos. A tales casos únicamente se refieren los cargos de la demanda.
9. Las operaciones en el campo financiero tienen por esencia un fin de lucro, tanto para las entidades que colocan los recursos captados del público como para los depositantes de los mismos, mediante las diversas formas de los llamados contratos bancarios, que celebran las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Sin embargo, los depósitos judiciales de que tratan las normas demandadas no tienen para los depositantes dicha finalidad de lucro, sino la de cumplir una obligación legal para el desarrollo y culminación de los procesos judiciales, con el propósito de resolver los conflictos jurídicos de la vida social y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como valores fundamentales y fines esenciales del Estado, por causa del interés general, de conformidad con lo previsto en el preámbulo y en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política. Ello explica que los depositantes en este caso no celebren contrato con el establecimiento bancario, pues es el Estado quien lo celebra con antelación, para efectos del cumplimiento de dicha obligación por parte de aquellos.
Por esta razón, los depositantes en los depósitos judiciales no adquieren derecho alguno a los rendimientos financieros de las sumas depositadas, el cual, por el contrario, adquieren al realizar las operaciones ordinarias de la actividad financiera mediante la celebración de los contratos bancarios. Por consiguiente, con fundamento en la garantía de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, consagrada en el artículo 58 superior, solo tienen el derecho a la entrega, a ellos mismos o a otros sujetos del proceso, de la cuantía depositada, según la decisión que en su oportunidad adopte el funcionario judicial competente de conformidad con las normas legales aplicables.
Lo anterior no impide que el Estado obtenga con base en esos depósitos los rendimientos que ordinariamente se obtienen en las actividades financieras, ni que el legislador disponga en los artículos 6º y 10 demandados que dichos rendimientos se destinan en un setenta por ciento (70%) para financiar los planes, programas y proyectos de inversión y de capacitación que se establezcan en el plan nacional de desarrollo para la rama judicial y en un treinta por ciento (30%) para los planes, programas y proyectos de rehabilitación y de construcción, mejoras, adecuación y consecución de los centros carcelarios y penitenciarios, prioritariamente en los departamentos donde los mismos se capten, ya que todo ello, con un criterio visiblemente razonable, guarda una relación directa con la organización y el funcionamiento de la administración de justicia, en cuyo marco se han realizado los mencionados depósitos, y con los fundamentos y fines constitucionales de la misma, antes indicados.
En este orden de ideas, no es válido afirmar que las normas acusadas vulneran el derecho de propiedad privada de los depositantes, ni, tampoco, la prohibición de la pena de confiscación, por no existir privación de aquel por parte del Estado. Por las mismas razones, no es admisible tampoco la aseveración de que aquellas generan un enriquecimiento injustificado del Estado y un empobrecimiento correlativo de los depositantes.
A este respecto cabe señalar que aunque la Constitución garantiza la propiedad privada, como se señaló en estas consideraciones, no garantiza el máximo beneficio de ella, por no ser un derecho absoluto y ser, por el contrario, una función social que implica obligaciones y limitaciones, las cuales puede imponer el Estado en desarrollo de la dirección general de la economía y de su potestad de intervención por mandato de la ley, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 334 superiores. Por ello, el legislador puede destinar los frutos de la propiedad privada al cumplimiento de fines legítimos, como lo es la prestación del servicio de administración de justicia.
En este tema debe tenerse en cuenta que en virtud de lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de justicia es función pública, llamada a permitir el logro de un orden político, económico y social justo, como uno de los valores fundamentales del Estado colombiano y uno de sus fines esenciales, de acuerdo con lo contemplado en el preámbulo y en el artículo 2º del estatuto superior.
En este sentido, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, establece que “la administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional” (art. 1º)
“Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de estas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no solo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además, respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver.
“Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección. Así, entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el artículo 228 del estatuto fundamental. Significa lo anterior que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados; en otras palabras, que esta no sea simple letra muerta sino una realidad viviente para todos.
“Por interpretar apropiadamente los postulados contenidos, entre otros, en el preámbulo y en los artículos 1º, 2º y 228 del estatuto superior, la norma bajo revisión será declarada exequible” (8) .
10. De otro lado, es oportuno señalar que la obligación a cargo de las entidades financieras de girar los rendimientos de los depósitos judiciales con destinación a la administración de justicia fue establecida por primera vez en la Ley 11 de 1987, que antecedió a la Ley 66 de 1993, esta última contentiva de las normas impugnadas.
Conforme a lo establecido en el artículo 2º de la citada Ley 11 de 1987, las entidades financieras allí señaladas debían girar al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, el monto resultante de aplicar, a un porcentaje del saldo de los depósitos judiciales que registraran a 30 de junio de 1986, deducido el monto del encaje, las tres cuartas (3/4) partes de la tasa de interés establecida como remuneración para los depósitos de las secciones de ahorro de los bancos comerciales. Dichos rendimientos debían pagarse en relación con el año 1986 sobre el diez por ciento (10%) de los depósitos, con un incremento porcentual progresivo de esta base en los cinco (5) años siguientes, hasta alcanzar la totalidad de los mismos en el año 1991 (9) .
Dichos recursos económicos debían destinarse en forma prioritaria a la compra, construcción, adecuación, reparación, dotación y mantenimiento de los despachos de la jurisdiccional y del Instituto de Medicina Legal y complementariamente podían destinarse para el cumplimiento de los objetivos y programas de la escuela judicial, defensoría pública y para el desarrollo de programas de vivienda, capacitación académica y de seguridad social de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, según lo previsto en el artículo 6º de la Ley 11 de 1987.
Con posterioridad, por medio de la ley de la cual forman parte las normas acusadas se aumentó el monto de los rendimientos que debían pagar las entidades financieras al Estado, al establecer en el inciso 1º del artículo 2º, no demandado en este asunto, que a los promedios trimestrales de los depósitos judiciales definidos en ella, “se les aplicará la más alta de las tasas de interés trimestral”, que se paguen en las secciones de ahorro del Banco Popular o de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
En este sentido, en el proceso de formación de la Ley 66 de 1993 se expresó:
“El espíritu que anima el presente proyecto es que, con base en una nueva reglamentación del manejo financiero y del aprovechamiento de los dineros que constituyen depósitos judiciales, la justicia vea incrementados sus recursos.
“Durante los últimos años, la principal fuente de recursos para la inversión de la rama judicial y de las entidades de la justicia, han sido los rendimientos financieros generados por estos depósitos a partir de la reglamentación que sobre el manejo de los mismos se expidió a través de la Ley 11 de 1987.
“Hoy podríamos decir que con las normas consagradas en dicha ley, se inició el rescate financiero de la rama judicial. No obstante, después de seis años de vigencia y frente a los retos que las circunstancias y la nueva Constitución han impuesto a la justicia colombiana, es necesario que los recursos que ha venido recibiendo la rama judicial tengan un incremento sustancial.
“Conservando el espíritu de esta ley, que fundamentalmente buscó dar a la justicia participación dentro de los recursos de los cuales es generadora, lo que se pretende con el nuevo proyecto es dejar sentadas las condiciones para que los depósitos judiciales reciban, en el futuro cercano, el tratamiento de cualquier otro depósito de ahorro en el mercado financiero.
“Lo propuesto, que se ha planteado buscando un punto medio en el cual las entidades financieras del orden nacional que recaudan tales depósitos sigan beneficiándose con la colocación de estos recursos en el mercado, significará, en el plano (sic) inmediato, la duplicación de los recursos para la justicia por concepto de rendimientos de los depósitos judiciales y en el mediano plazo, la multiplicación de los mismos” (10) .
Se observa así que con anterioridad a la vigencia de la Ley 11 de 1987 las entidades financieras que recaudaban los depósitos judiciales eran las beneficiarias, en forma exclusiva, de los rendimientos de aquellos, y que aquella ley estableció una participación del Estado en ellos, con destino a inversiones para el cumplimiento de la función pública de administración de justicia y que mediante la Ley 66 de 1993 se buscó aumentar sustancialmente los ingresos del Estado por dicho concepto, con la misma destinación general.
La Corte encuentra que dicha medida, en lo previsto en las disposiciones demandadas, es razonable y proporcionada, ya que evidentemente se trata de un fin constitucionalmente legítimo, como es la administración de justicia, en beneficio de toda la comunidad, por ser esta integralmente usuaria actual o potencial de sus servicios y en ella están comprendidos los depositantes, medida que el legislador puede adoptar válidamente en ejercicio de su libertad de configuración normativa consagrada en los artículos 114 y 150 superiores, siempre y cuando respete los valores, principios y derechos constitucionales como ocurre en este caso.
No obstante, debe advertirse que la medida adoptada no excluye que en el futuro el legislador, en ejercicio de la misma libertad y con los mismos límites, pueda beneficiar a los depositantes con los mencionados rendimientos financieros.
Por estas razones, los cargos por violación del derecho de propiedad privada y de la prohibición de confiscación no pueden prosperar.
11. Por otra parte, el demandante sostiene que las disposiciones impugnadas infringen el principio de igualdad (C. Pol., art. 13), en cuanto imponen una carga económica a los depositantes, por la prestación del servicio de administración de justicia, que no tienen los demás usuarios de este.
A este respecto debe señalarse que, por una parte, conforme a lo anotado, las normas acusadas no imponen a los depositantes la carga económica a que se refiere el cargo, ya que estos no adquieren un derecho a rendimientos financieros por causa de los depósitos efectuados y, por consiguiente, no son privados del mismo; por otra parte, si existiera la imposición de dicha carga, el juicio de igualdad al que se ha referido en múltiples ocasiones esta corporación únicamente procedería en relación con otros depositantes de sumas de dinero en las cuentas judiciales, que no fueran sujetos pasivos de la misma, y no respecto de los sujetos procesales que no tienen dicha calidad como lo plantea el demandante.
En consecuencia, el cargo carece de fundamento.
12. Finalmente, es oportuno señalar que uno de los intervinientes plantea que el giro del producto trimestral de los depósitos judiciales a la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es una contribución parafiscal, lo cual excluye, por tanto, la figura de la confiscación, con fundamento, a su juicio, en lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 111 de 1996, que contiene el estatuto orgánico del presupuesto, cuyo texto es el siguiente, en el cual se subraya el aparte específicamente invocado por aquel:
Se observa que, en forma evidente, esta norma establece que a los rendimientos y excedentes financieros de las contribuciones parafiscales debe aplicarse el mismo manejo, administración, ejecución y destinación que a aquellas, pero no establece que los rendimientos y excedentes financieros de todo capital constituyen contribuciones parafiscales. Por tanto, dicho argumento no tiene ninguna validez.
Por las razones anteriores la Corte declarará exequibles las normas demandadas, por los cargos analizados en esta sentencia.
DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta sentencia, el inciso 3º del artículo 2º, el inciso 1º del artículo 6º y el artículo 10 de la Ley 66 de 1993.
Magistrados: Manuel José Cepeda Espinosa, Presidente—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltran Sierra—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.
(1) Mediante la Sentencia C-595 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, fue declarado inexequible el adverbio “arbitrariamente” contenido en el inciso 1º de esta disposición, cuyo texto era: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.
(2) Corte Constitucional Sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(4) Dicho artículo establece, en lo pertinente: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
(5) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Sentencia 69 de octubre 3 de 1989, M.P. Hernando Gómez Otálora (q.e.p.d.), citada por la H. Corte Constitucional en sentencias C-176 de abril 12 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-389 de septiembre 1º de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(6) Sentencia C-677 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
(7) Corte Constitucional. Sentencia C-076 de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. Sobre el mismo tema se puede consultar también la Sentencia C-066 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, entre otras.
(9) Según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 11 de 1987, “El Banco Popular, y la Caja Agraria en su caso, girarán trimestralmente al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, una suma equivalente al monto resultante de aplicar las tres cuartas (3/4) partes de la tasa de interés establecida como remuneración para los depósitos de las secciones de ahorro de los bancos comerciales, al saldo que registren a 30 de junio de 1986 las cuentas de depósitos judiciales de dichas entidades financieras deducido el monto del encaje. Para el primer semestre, esto es para el período comprendido entre 1º de julio de 1986 y el 31 de diciembre del mismo año, el pago debe efectuarse sobre el 10% del referido saldo, incrementándose anualmente a partir del 1º de enero de 1987, en 18 puntos porcentuales hasta haber incluido, en 1991, la totalidad del mismo. Adicionalmente, el Banco Popular y la Caja Agraria girarán, en los mismos términos generales previstos en el inciso 1º, las sumas que correspondan al incremento acumulado del promedio trimestral que, a partir del saldo a 30 de junio de 1986, registren sus cuentas de depósitos judiciales, deducido el monto del encaje. Dicho pago se realizará desde el segundo semestre de 1986. Los giros que, de conformidad con lo previsto en el presente artículo, deban efectuar el Banco Popular y la Caja Agraria, se harán durante el mes siguiente al respectivo trimestre. Los revisores fiscales de tales entidades, certificarán trimestralmente el incremento de que trata el inciso anterior.
“PAR.—Las demás entidades financieras que, por cualquier motivo, tengan depósitos judiciales, girarán al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia las sumas a que se refiere el inciso 1º del presente artículo, en los mismos términos generales que se señalan para el Banco Popular y la Caja Agraria”.
(10) Ponencia para segundo debate en el Senado de la República, Gaceta del Congreso 145, mayo 21 de 1993, p. 18.