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Timestamp: 2019-05-24 15:28:19
Document Index: 373706084

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 95', 'artículo 632', 'artículo 636', 'artículo 1758', 'artículo 636', 'artículo 1604', 'artículo 26', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95']

﻿ SENTENCIA SIN NÚMERO DE ABRIL 23 DE 1941
SENTENCIA SIN NÚMERO DE 23 DE ABRIL DE 1941
CONTENIDO:PERJUICIOS MORALES. SE TIENE QUE ELLOS DEBEN REPARARSE, EN GENERAL, MEDIANTE SU OBJETIVACIÓNY QUE PARA EL DAÑO NO OBJETIVABLE SE ADMITE UNA PEQUEÑA SATISFACCIÓN PECUNIARIA QUE SE GRADÚA PRUDENCIALMENTE POR EL JUEZ SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, DENTRO DE LA CUANTÍA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES
Sentencia sin número de abril 23 de 1941
Dr. Aníbal Cardoso Gaitán
Bogotá, veintitrés de abril de mil novecientos cuarenta y uno.
El doctor Francisco José Ocampo, como apoderado de María Rosa Gómez. v. de Urrea, en su nombre y en representación de sus hijos menores José J. y Rosalía Urrea, y como apoderado también de Jesús Antonio, Mercedes, Inés y Ana Francisca Urrea, demandó por los trámites ordinarios al departamento de Caldas, para que, con citación y audiencia del Fiscal del Tribunal Superior, se le condene a pagar a sus mandantes, a título de indemnización de perjuicios, la cantidad que en el curso del juicio se establezca por medio de peritos, que valen los daños causados por la muerte trágica de Elías Urrea. Subsidiariamente solicitó que se condene al Departamento de Caldas a pagar a la sucesión del señor Elías Urrea, la cantidad que en este juicio se demuestre, por medio de peritos, como valor de los perjuicios aludidos en la petición principal.
Son hechos de esta demanda:
“Primero. Los señores Elías Urrea y María Rosa Gómez, mis mandantes, fueron casados legítimamente por los ritos de la religión católica, y de este matrimonio nacieron sus hijos Jesús Antonio, Mercedes, Inés, Ana Francisca, José J. y Rosalía Urrea G. El señor Elías Urrea falleció el día 9 de mayo de 1937, en el siniestro del cable aéreo del Norte acaecido en las inmediaciones de la población de Aranzazu.
“Segundo. El día 9 de mayo pasado, en las horas del mediodía tomaron pasaje en la población de Aranzazu para (sic) el cable aéreo del Norte, entre esa estación y la de Muelas, los señores Luis M. García, Elías Urrea, José Eudoro Vásquez y José Abel Cardona, quienes viajaban juntos en una misma vagoneta de pasajeros.
“Tercero. La vagoneta en que viajaban los cuatro pasajeros nombrados salió normalmente de la Estación de Aranzazu y así viajaba en dirección a Muelas, cuando pocos momentos después una vagoneta de carga, despedida mal e imprudentemente de la Estación, se deslizó por la pendiente que allí existe y alcanzó a la góndola de pasajeros a los pocos metros, produciéndose un choque violento a consecuencia del cual se fueron ambas a tierra, ocasionando la muerte trágica de todos los pasajeros señores García, Urrea, Vásquez y Cardona.
“Cuarto. El terrible siniestro en que perecieron de manera tan trágica los cuatro honrados ciudadanos citados, se debió a descuido, culpa e imprudencia de la Empresa del Cable Aéreo del Norte, porque de acuerdo con la técnica y las necesidades del servicio del cable, en cada estación deben existir permanentemente y mientras funciona la aerovía, dos empleados despachadores constantes, uno encargado de recibir las vagonetas que llegan y otro encargado de despachar las que salen, pues las entradas y salidas tienen apenas interrupción de segundos, y en el momento de suceder este accidente en la Estación Aranzazu no había sino un carrero despachador, pues el otro se había ausentado dizque a tomar el almuerzo, por cuya falta la vagoneta de carga que chocó con la góndola de pasajeros y la echó a tierra, desde grande altura, salió de la estación mal despedida, no enganchó cuidadosamente en el cable y se deslizó vertiginosamente produciendo la catástrofe.
“Quinto. La Empresa del Cable Aéreo del Norte es de propiedad del Departamento de Caldas y se explota y administra directamente por el Gobierno Departamental.
“Sexto. La Empresa del Cable Aéreo del Norte, no obstante lo peligroso de este sistema de transporte, no puso toda la diligencia, cuidado y actividad que se requería para que el accidente del 9 de mayo no se presentara, sino que obró con imprudencia, negligencia, y descuido por cuya causa se presentó el siniestro que produjo la muerte de cuatro distinguidos ciudadanos a cuyas familias y deudos se ocasionaron ingentes perjuicios morales y materiales que debe reparar justa y legalmente”.
El señor Fiscal 2º del Tribunal Superior contestó la demanda aceptando los hechos 1º y 5º, negando el 3º, el 4º y 6º, y afirmando no constarle el 2º.
El Tribunal Superior de Manizales, en sentencia fechada el 13 de febrero de 1939 absolvió al Departamento de todos los cargos que le fueron formulados en la parte petitoria del libelo, dando como fundamento de su fallo el no estar demostrado el hecho generador de la imputabilidad y responsabilidad del Departamento y de la indemnización de perjuicios cuyo pago se demanda, o sea, la muerte de Elías Urrea por causa del accidente.
Personería de los actores
Acreditada aparece en los autos la personería de los demandantes. Adjuntos a la demanda presentó el apoderado la partida de matrimonio de origen eclesiástico de Elías Urrea y María Rosa Gómez y las partidas de nacimiento, de igual origen, de Jesús A., Mercedes, Inés, Ana Francisca, José J., y Rosalía Urrea.
El siniestro causa del daño
El hecho del siniestro en el cable aéreo, ocurrido el 9 de mayo de 1937, en el cual perdió la vida el señor Elías Urrea, quien viajaba en ese vehículo, está plenamente establecido en el juicio.
El señor Rafael Giraldo, testigo citado por el señor Fiscal, declaró: “Sé y me consta por conocimiento directo y personal, pues me encontraba presente en la Estación Aranzazu el día 9 de mayo del año en curso y en las horas del mediodía, que el carrero de la Empresa del Cable Aéreo del Norte señor Gerardo González despachó personalmente y hacia la Estación de Muelas la vagoneta de pasajeros en la cual viajaban los señores Elías Urrea, José Abel Cardona y José Eudoro Vásquez”.
En la diligencia de levantamiento del cadáver, practicada por el señor Alcalde Municipal de Aranzazu se lee:
“El nueve de mayo de (1937) mil novecientos treinta y siete, siendo las doce y quince minutos de la tarde, el suscrito Alcalde Municipal de Aranzazu en asocio de su Secretario y de los señores Tomás Ocampo B. y Abel Betancur, quienes fueron nombrados peritos, se trasladó al frente del cementerio entre las torres diez y nueve y veinte en el trayecto de Muelas a Aranzazu, con el fin de practicar el levantamiento de los cadáveres de algunos señores quienes sufrieron muerte violenta a consecuencia del siniestro acaecido en el día de hoy. Los testigos juraron y bajo su gravedad prometieron cumplir bien y fielmente, a su leal saber y entender el cargo en referencia y a continuación se procedió al levantamiento del cadáver en la siguiente forma: Entre las torres 19 y 20 próximamente treinta metros de la 19 se encontraron dos vagonetas, una de carga y otra de pasajeros, distante la una de la otra cuatro metros y medio. La de carga estaba en dirección perpendicular a la línea del cable, completamente apachurrada y con el cabezote en dirección a la estación de Arazazu. La de pasajeros a unos cuatro metros y medio de la de carga y unos dos metros hacia afuera, parte occidental de la línea del cable, con el cabezote en dirección a una cañada que hay a unos doce metros más o menos. Esta vagoneta estaba completamente destrozada; dentro de ella había cuatro personas en una masa confusa, pues daba la impresión de un trabadillo los cuales todo ostentaban heridas fuertes. Todos estos individuos, a excepción de un niño, de unos catorce años de edad más o menos estaban complemente muertos. Inmediatamente fue abierta la vagoneta para lo cual hubo que voltearla, pues estaba de lado y sacados los cadáveres se halló que uno de ellos era el señor… El otro cadáver es de Elías Urrea, natural de Carmen (A.) y vecino de este municipio y de unos sesenta años, hijo de Antonio Urrea (el nombre de la madre se ignora) el cual presenta completamente reventada la caja del cuerpo y en la frente una fuerte contusión… El Alcalde, Cesáreo González B. Los peritos, Abel Betancur. Tomás Campo B. El Secretario, José Luis Ramírez A.”.
Esta diligencia aparece en el expediente sobre averiguación de las causas del siniestro ocurrido en Aranzazu el día 9 de mayo de 1937, radicado en el Juzgado 1º Superior de Manizales, cuya copia obra en el presente juicio, pedida como prueba, durante la segunda instancia. Igualmente fueron compulsadas de tal expediente, autorizadas por el respectivo funcionario y pedidas como pruebas durante la misma etapa procesal, copias de las diligencias de inspección ocular practicadas por el Juez de Aranzazu en el lugar del siniestro los días 9 y 10 de mayo, de la diligencia de autopsia de Elías Urrea y de las declaraciones de Misael Marmolejo, Guillermo Torres, Luis Alfonso Zuluaga y Luis Eduardo Correa, de cuyas deposiciones se desprende el hecho y detalles de la tragedia ocurrida el 9 de mayo de 1937. Además, Zuluaga y Correa afirman que Elías Urrea se encontraba entre las víctimas de tal suceso. El hecho de que Urrea murió a consecuencia del siniestro quedó confirmado con parecer de los doctores Ricardo Mejía Jaramillo y Angel M. Riveros, quienes reconocieron el cadáver y ratificaron dentro del juicio sus conceptos.
La causa del accidente se debió a que en los momentos de la tragedia no actuaba en la estación de Aranzazu más que un solo empleado despachador y recibidor, siendo necesarios para el buen servicio dos, máxime en horas —como aquéllas— de recargo en el tráfico, lo cual determinó que la vagoneta de carga que chocó con la de pasajeros y la arrojó a tierra desde grande altura, saliera mal despedida, no enganchara debidamente en el cable y se deslizase vertiginosamente produciendo la catástrofe.
Que no había en el momento del siniestro más que un solo empleado atendiendo al servicio, lo afirma Ramón Giraldo P. y Ramón López, este último empleado del cable a quien correspondía prestar en compañía de Gerardo González las funciones de carrero.
Los peritos Tomás Botero F. y Rafael Bayer, en su dictamen, pedido a solicitud del Fiscal, afirman: “Al punto a) La causa más probable para que las uñas de una vagoneta en perfecto estado no agarren el cable en el momento de despedirla es la de que por un descuido la vagoneta queda mal impulsada y que por oscilación de la misma tropieza, da un salto y caiga en las poleas por donde rueda al entrar y salir de las estaciones; esto puede ocurrir coincidencialmente pues puede caer en el intermedio entre las uñas y las poleas en el cable o bien al suelo. Al punto b) El motivo del deslizamiento de la vagoneta de carga fue el de haber salido rodando en las poleas y no en las uñas”.
De lo anterior se concluye que el accidente hubiera podido evitarse si la dirección de la empresa establece vigilancia estricta sobre la manera como sus empleados ejercían sus funciones.
Se tiene en cuenta para fundamentar este fallo la diligencia de levantamiento del cadáver de Elías Urrea practicada por el Alcalde Municipal de Aranzazu en asocio de su Secretario y de los señores Tomás Ocampo B. y Abel Betancur en calidad de peritos, el día del siniestro. Tal diligencia fue traída a los autos en copia autorizada por el secretario del Juzgado 1º Superior de Manizales, durante el período probatorio de segunda instancia, y por solicitud del apoderado de la parte actora. El señor Procurador considera que ésta como las demás piezas traídas del expediente que se formó a causa de la investigación del suceso, no debe tomarlas en cuenta el juzgador por cuanto ellas se produjeron sin citación de parte contraria. Se expresa así el citado funcionario: “Los piezas traídas del proceso penal en averiguación de las causas del siniestro constituyen lo que los expositores han llamado pruebas trasladadas. Se ha discutido si esas pruebas pueden producir efectos en el proceso al cual se trasladan. No puede proclamarse una norma general y absoluta al respecto. Pero lo cierto es que no podrán generar tales efectos si los elementos de prueba trasladados no fueron producidos en el proceso a que pertenecían con intervención de la parte a quien se oponen. Si así no fuera se violaría el principio básico de que toda prueba debe ser producida con audiencia de la contraparte para que a su vez pueda producir efectos contra ésta”.
Las ideas generales contenidas en el anterior aparte corresponden en un todo a la ciencia probatoria, pero no es menos cierto que el concepto de la prueba trasladada se refiere casi exclusivamente al testimonio, el cual si ha sido recibido en un juicio distinto y se precisa de él en un segundo o tercer juicio, es menester su ratificación durante el período probatorio de aquél en que se quiere que surta sus efectos.
Muy distinto es el caso si se trata, no ya de un testimonio, sino de un documento auténtico, de aquellos que enumera el artículo 632 del C. J. Su operancia en juicio está condicionada al trámite procesal especialmente señalado por el legislador en el artículo 636 del mismo código. La diligencia practicada por el alcalde de Aranzazu, a que se ha hecho referencia, debe calificarse como documento auténtico porque contiene los supuestos exigidos por el artículo 1758 del C. C. para adquirir tal categoría probatoria, esto es, haberse autorizado con las formalidades legales por un funcionario competente. Y la manera como se ha traído al presente juicio está ceñida en un todo al mandamiento procesal establecido por el citado artículo 636 del C. J.
Responsabilidad civil del demandado
Que Elías Urrea viajaba como pasajero del Cable cuando el siniestro ocurrió es un hecho que se halla establecido con las pruebas ya examinadas anteriormente, y que se complementa con la consideración que aquí se agrega de que Urrea tomó puesto en una vagoneta de pasajeros que fue despachada con ese carácter de la estación de Aranzazu.
Aunque el demandante cita como fundamento de derecho, para asentar legalmente la responsabilidad del demandado, las disposiciones del Código Civil que se refieren a la culpa aquiliana, extracontractual, no puede la Corte desconocer que como origen de culpa y de responsabilidad se presenta y acredita la muerte de Elías Urrea cuando viajaba en su condición de pasajero del Cable Aéreo del Norte. Había, pues, en el momento del accidente, relaciones contractuales de acarreador y de pasajero, entre la empresa y la víctima del siniestro. Relaciones que no niega, sino que antes bien afirma el demandado y que se demostraron plenamente en el proceso. La omisión del actor, el no aducir como apoyo jurídico de su demanda la responsabilidad contractual, no le quita al caso del juicio su peculiar característica de consistir en la violación posible de las obligaciones emanadas del contrato de transporte. Y por lo mismo la Sala adelanta el estudio que le corresponde hacer, sobre esa base necesaria en el pleito. A lo cual procede teniendo en cuenta, además, el principio de jurisprudencia que ordena al juez aplicar el derecho cuando el hecho se halla acreditado.
Es obligación del transportador de personas la de conducirlas y ponerlas salvas y sanas en el lugar de su destino (artículos 2,072 y 2,073 del C. C. y 306 del C. de Co.), por lo cual pesan sobre él las llamadas obligaciones de seguridad, de las cuales sólo podrá eximirse probando la ausencia de culpa. “Quien contrata y asume así las respectivas obligaciones —ha dicho la Corte, G. J., número 1943, página 411— afronta su cumplimiento y por lo mismo echa sobre sus hombros la carga de probarlo cuando por incumplimiento se lo demande”. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla (artículo 1604 C. C.).
La Empresa del Cable Aéreo estaba obligada a conducir al pasajero Elías Urrea sin daño para su persona. Si el accidente que le ocasionó la muerte se produjo no obstante la diligencia y cuidado del acarreador, a éste le correspondía comprobar en el juicio los hechos constitutivos de tal modalidad. Y ello no se hizo. Por lo cual está en pie en el juicio la presunción legal de que la muerte de Urrea se ocasionó por culpa del transportador.
Aparece, en cambio, en el proceso establecida la falta de cuidado de la Empresa del Cable, por haber despachado en las circunstancias en que lo hizo, el día 9 de mayo de 1937, de la estación de Aranzazu hacia Muelas, una vagoneta de carga sin las condiciones de seguridad requeridas para evitar que se produjera el choque con la vagoneta de pasajeros, que causó el siniestro.
También se halla fundada en derecho la responsabilidad de la Compañía del Cable en la disposición del artículo 26, ordinal e) de la Ley 76 de 1920; conforme a la cual las empresas férreas —a las cuales se asimilan las de cables aéreos por virtud del Decreto 1741 de 1932— deben indemnizar los daños que se causen a las personas que vayan en los trenes o estén en las inmediaciones de las vías, motivadas por descuidos, omisiones, o, impericias de tales empleados.
Se halla comprobado igualmente que el Cable Aéreo del Norte es propiedad del Departamento de Caldas.
Y es jurisprudencia reiterada de la Corte la de que las entidades de derecho público deben responder por los daños provenientes de actos u omisiones de sus agentes, de la clase del que motivó el accidente de Aranzazu.
La demanda reclama como perjuicios la cantidad que se establezca por medio de peritos como valor del daño causado por la muerte de Elías Urrea a su viuda y a sus hijos.
El dictamen pericial fija el monto de la indemnización en la cantidad de $ 3,578 de los cuales han de corresponder $ 1,078 a perjuicios materiales y $ 2,500.00 a perjuicios morales.
Conviene traer aquí la parte principal del dictamen de los peritos:
“Siete años son los fijados como supervivencia probable por las tablas de las Compañías aseguradoras para los individuos comprendidos entre los sesenta y setenta años. En nuestro medio un peón común gana un jornal de cincuenta centavos diarios y es de suponerse que Urrea debía trabajarlos; los jornales que de acuerdo con los trescientos sesenta días del año menos los cincuenta y dos domingos de las semanas que él tiene, o sea trescientos ocho anuales, son los que resultan de la multiplicación de esos trescientos ocho días por los siete años de supervivencia ya explicada y que a razón de cincuenta centavos diarios dan la cantidad de mil setenta y ocho pesos que es el resultado de multiplicar los dos mil ciento cincuenta y seis jornales por los cincuenta centavos precio de cada uno.
“Ahora bien: Como la indemnización de perjuicios por daños causados debe tener por objeto el que con el dinero se procure al lesionado una satisfacción, ya que en la vida ordinaria éste tiene la función de proveer no solamente a las necesidades materiales del hombre, sino que con él se satisfacen también necesidades de otro orden, y siendo como era un padre de familia numerosa, es de entenderse que si bien el dolor experimentado por la muerte de Urrea y el desamparo de su familia no puede repararse con bienes materiales, sí se aminoran abriéndoles, gracias al dinero, una nueva fuente de alivio y bienestar.
“En otros dictámenes rendidos en negocios parecidos por la muerte de los señores José Abel Cardona, y José Eudoro Vásquez, no hicimos apreciación separada de los daños morales, porque consideramos que ellos quedaban satisfechos en el valor de los perjuicios materiales, pero como en el caso presente se trata de un padre de familia numerosa, y hemos visto que el valor de mil setenta y ocho pesos que de acuerdo con las cuentas hechas es la posible utilidad del finado, nos atrevemos a aumentar en la suma de dos mil quinientos pesos, que sumada a la anterior consideramos justa para que la familia Urrea, sienta siquiera resarcida en algo la terrible pena causada con la muerte de su padre.
“Por lo expuesto avaluamos en la cantidad de tres mil quinientos setenta y ocho pesos ($ 3,578.00) lo que debe pagarse a la familia de Urrea por la muerte de su padre Elías Urrea en el siniestro del Cable Aéreo del Norte el 9 de mayo del año pasado”.
La muerte de Elías Urrea privó a su familia, en el orden material, de la asistencia o apoyo que él le prestaba. La finalidad de la ley y la de su aplicación no son otras sino las de restablecer el equilibrio perturbado por el hecho culposo, sustituyendo o reemplazando la prestación que venía haciéndose por la víctima directa del accidente en beneficio de sus allegados. La ley actúa, en orden al resarcimiento del daño, imponiendo una reparación que corresponda al bien de que se priva a los lesionados. La indemnización se dirige a obtener para aquéllos las mismas condiciones en que se hallarían si no hubiese ocurrido el hecho ilícito. En el caso que se considera, la indemnización se concreta a procurar a los deudos cierto bienestar que reemplace el que les arrebató la muerte de Elías Urrea. No es la vida de la víctima lo que se indemniza, sino el perjuicio que la falta de ella ocasiona a sus deudos.
El daño material sufrido por la viuda y los hijos de Elías Urrea, a causa de la muerte de éste, consiste en la privación del apoyo que él les prestaba a todos para su sostenimiento y en el eventual referente a la educación de sus hijos. La indemnización del perjuicio debe ordenarse a reemplazar esa asistencia del jefe del hogar.
Para lograr ese propósito es procedente el reconocimiento pedido en la demanda y que se hará teniendo en cuenta el avalúo pericial sobre el género de daño de que se trata, estimación que la Sala encuentra acertada, en razón de los cómputos y apreciaciones que allí se hacen. Debe, por tanto, satisfacer el demandado, por el concepto de daño material una prestación que asciende al valor del salario que recibía Elías Urrea, o mejor expresado, al que corresponde a los siete años de supervivencia calculada para él. El monto de esta indemnización es la cantidad de mil setenta y ocho pesos.
Es cierto que, por regla general, no es admisible que en casos como el que se analiza se compute para el cálculo respectivo el valor total de las entradas o ingresos que la víctima del accidente recibía por su trabajo, ya que, en buena lógica, si viviera tendría que destinar una parte de aquéllas para atender a sus gastos propios. Pero por tratarse aquí de un salario muy reducido, el de cincuenta centavos ($ 0.50), estima la Sala como natural considerar que tan pequeña suma no admitió división en la práctica, sino que se aplicó en su integridad por Urrea para atender a las necesidades de su familia.
Los peritos estimaron en siete años la supervivencia de Urrea, en relación con la fecha del accidente y porque según las tablas de las compañías aseguradoras esa es la más probable para las personas de una edad comprendida entre los sesenta y los setenta años. Tal apreciación es acertada, porque en nuestro medio es lo común que a la edad de setenta años sobrevenga la incapacidad total para el trabajo.
El expediente contiene la comprobación bastante de que Urrea era excelente miembro de familia, que cumplía a cabalidad con sus deberes de esposo y padre.
El daño moral ofrece dos aspectos diferentes según sea una persona atacada en su honor, su reputación, su consideración, en su patrimonio moral propiamente dicho; o bien en sus afecciones, en la parte afectiva del patrimonio moral. Se acepta de ordinario que el interés comprendido en la primera categoría, el interés moral, se halla jurídicamente protegido: la ley sobre prensa, que prevé y reprime la injuria y la difamación, así lo demuestra. Pero que el simple interés de afección justifique una reparación de orden pecuniario no es tesis que se admita generalmente.
La ley civil patria previene que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Daño es toda lesión en el patrimonio, y este comprende bienes materiales y morales, derechos patrimoniales, propiamente tales y derechos extrapatrimoniales. El daño material y el moral, como lesiones del derecho, deben repararse.
Mas este postulado, tan fácilmente enunciable, de la reparación del daño moral, ofrece serias dificultades en su aplicación.
El presente fallo exige el examen, siquiera sea somero, de este tema, en orden a decidir con acierto sobre la petición de la demanda en que se reclama el pago de perjuicios por daño moral.
Refiriéndose al daño moral el notable expositor Georges Ripert, en su obra “La régle morale dans les obligations civiles”, edición de 1935, se expresa así:
“No hay hoy ninguna duda en la jurisprudencia sobre el principio de la reparación del perjuicio moral. Los contornos de la teoría permanecen imprecisos, aunque con la norma de que es necesaria la reparación”.
Sin embargo, el propio autor, admitiendo, como otros expositores admiten, que es necesaria la reparación del daño moral, parece manifestarse contra ella en estos términos:
“El daño moral resulta en realidad de la receptividad de la víctima. Es su sensibilidad la que lo determina. Un estoico de corazón duro no sufrirá por la muerte de un pariente; un amigo de corazón, experimenta un dolor extremo con la muerte de un amigo. Es por esto por lo que el número de víctimas en el daño moral es ilimitado; cada uno se cree víctima. La jurisprudencia se ha hallado en presencia de este problema a propósito del daño causado por la muerte y consistente en el ataque a los sentimientos de afección. Se ha encontrado seriamente embarazada. Si la pena experimentada constituye un daño que puede ser reparado por la indemnización, va a ser indispensable conceder reparación a todos los que sufran con la muerte e invitarlos a fijar ellos mismos la cifra que les parezca una suficiente compensación a su dolor!...
Pero sería profundamente inmoral decir que el que ha sido atacado en sus sentimientos se consolara de ese ataque gracias a la indemnización que recibiera”. (Obra citada, número 181 y número 182).
Josserand, en el número 442 de su obra “Cours de droit civil”, edición de 1939, dice: “No obstante, nuestra jurisprudencia se halla bien establecida en el sentido contrario: ella estima que el interés de afección, como el interés moral propiamente dicho, pueden revestir el aspecto de un derecho y justificar una reparación pecuniaria”.
Parece ocurrir que la falta de una diferenciación, necesaria e indispensable, entre las diversas clases de daño moral, según la naturaleza de éste, ha llevado confusión a las exposiciones de los tratadistas, por entender a veces el intérprete a la luz de aquéllas que allí se generaliza un concepto sobre todas las clases de daño moral. Esa generalización, que no es fundada filosófica ni jurídicamente, produce oscuridad y dificultad en el examen del asunto. Como no todos los daños morales son de idéntica especie, las normas para hacer su valoración tampoco son las mismas en todos los casos. Conviene detenerse en el estudio de este asunto, para ilustrar el criterio que debe regir la estimación del perjuicio moral.
Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de aquél en forma concreta, determinada o determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados o indeterminables, inasibles y abstractos, perjuicios morales no susceptibles de objetivación.
El daño moral es la lesión del patrimonio moral propiamente dicho o del patrimonio efectivo; de la “parte social del patrimonio moral”, en los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales; de la parte afectiva, en los que hieren los sentimientos de amor en la familia. La injuria al honor o al sentimiento del amor filial puede ocasionar perjuicios morales inestimables por su naturaleza, y repercusiones objetivas del daño moral. El comerciante que pierde su reputación sufre una pena psíquica por la misma causa, daño éste inestimable pecuniariamente, y puede recibir también un daño moral que se manifiesta objetivamente en los menores rendimientos de su negocio debidos a su inhibición para el trabajo, que lo hace menos productivo, y en la baja de sus entradas porque la pérdida de su crédito le trastorna su negocio. El hijo de un hombre que muere en un accidente experimenta el dolor o la pena naturales a la privación del afecto de su progenitor, pena subjetiva, psíquica, no objetivable; pero además puede sufrir, como consecuencia de su estado aflictivo o depresivo, una merma o disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo que reduzcan su esfuerzo y afecten consecuencialmente su patrimonio.
El daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida de su crédito causada por la difamación o por su inhibición para el trabajo; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas.
Pero no puede decirse lo propio del daño moral no objetivado.
Estas diferencias, en lo tocante a la indemnización por el daño moral, sugieren e imponen conclusiones diversas según sea el género del perjuicio.
Las repercusiones objetivas del daño moral han de indemnizarse siempre aplicándoles las normas que regulan la fijación y resarcimiento del perjuicio material. Se procura y se obtiene que ese perjuicio moral se objetiva y concreta, y por esa vía se llega a la reparación debida.
En esta categoría cabe la mayor parte del daño moral; muchos casos de perjuicios de esta clase se comprenden en ella, y por el procedimiento aquí señalado puede alcanzarse su reparación. Al hablarse de la objetivación del daño moral, de sus repercusiones en un orden material, pudiera entenderse que se está desconociendo la existencia del daño moral, que éste no se reconoce y que únicamente el daño material es el que se acepta, desde que se contempla la objetivación de aquél. Pero esto no es así. De las dos grandes categorías en que se dividen los bienes jurídicos de una persona, patrimoniales y extrapatrimoniales, surgen dos géneros de lesiones en ellos: las que afectan derechos patrimoniales y las que hieren derechos o bienes extrapatrimoniales.
Los derechos de este último grupo son inherentes a la persona humana, como la vida, la libertad, el honor, los sentimientos afectivos; los bienes del patrimonio material están situados en un plano distinto, externo y extrínseco, en relación con la persona. El perjuicio moral —como lo ha expuesto la Sala de Casación de la Corte, en sentencia de quince de marzo último, juicio de José Joaquín Landazábal contra el Municipio de Bogotá,— “es el que proviene de un hecho ilícito que ofende, no los derechos patrimoniales ni la persona física, sino la personalidad moral del damnificado hiriendo uno de sus intereses legítimos o bienes no económicos de los que integran lo que generalmente se llama patrimonio moral puede entenderse, de los (sic) maneras que dan lugar a su subdivisión, en perjuicios morales propiamente dichos que son los que afectan la ‘parte social del patrimonio moral’, como los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales, protegidas por las leyes que sancionan la calumnia, la injuria, la difamación; y en perjuicios de afección, que son los que hieren la parte afectiva del patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño a personas queridas, o la destrucción o deterioro de objetos materiales representativos de valor de afección”. De conformidad con esta definición del daño moral, admitida por los más autorizados expositores, hay perjuicio moral cuando se vulneran intereses legítimos o bienes no económicos de los que integran el patrimonio moral de una persona, en su parte social y en su parte afectiva, en su honor, por ejemplo, o en el sentimiento. Es la calidad de los bienes o intereses afectados lo que le comunica su naturaleza propia al daño, y no la circunstancia de que éste pueda tener una manifestación externa o material. Si se lesionan bienes del patrimonio moral hay daño moral; si los del patrimonio material, existe el daño de esta clase. Si se vulneran bienes inmateriales, intrínsecos, inherentes a la persona humana, se produce el daño moral; si se lesionan bienes extrínsecos, no inherentes a ella, se causa el daño material.
De donde se infiere que la objetivación del daño moral, en cuanto pueda hacerse para darle realidad procesal-jurídica, esto es, en sus manifestaciones materiales, constituye daño moral y no daño material.
La enfermedad proveniente de la pena ocasionada por el ataque al sentimiento de afección y la depresión psíquica con el mismo origen y que produce inhibición para el trabajo, que consecuencialmente afectan el patrimonio material, son daño moral objetivado, manifestaciones o afectos materiales de aquél, porque se derivan de una lesión en un bien perteneciente al patrimonio moral. El perjuicio considerado en toda esa gama consecuencial del daño moral es perjuicio moral, aunque se presente en forma objetivada.
Debe observarse que hasta aquí el campo recorrido para la determinación del daño es cierto, seguro y no arbitrario.
No sucede lo mismo cuando se trata del daño moral no objetivado. En él se contempla un perjuicio puramente subjetivo. Es la pena misma, el dolor, el sufrimiento en el sujeto pasivo del daño lo que se considera. Hay en tales circunstancias un daño cierto, evidente, producido por el agente responsable del acto delictual o culposo.
No puede negarse que en las hipótesis ya vistas, de la injuria al honor del comerciante y de la muerte de un hombre, hay un daño de naturaleza subjetiva, el del dolor o la pena causados a la persona que sufre la difamación o a los deudos de quien perece en el accidente. A ese daño, que ataca el sentimiento del honor o el sentimiento de afección, en un orden subjetivo únicamente, cabe bien aplicar las observaciones hechas por Ripert, en forma que adolece de generalidad, pero que son adecuadas e inobjetables cuando se trata de ese género de daño moral. Si se quisiera medir esa pena para avaluarla habría que llegar, como único medio para hacerlo, a la libre y arbitraria apreciación del presunto lesionado, que es quien puede decir la intensidad de su dolor. Cualquiera otra intervención dirigida a lograr ese objetivo sería ineficaz, porque es imposible someter a una escala de medida la personalidad psicológica, compleja y múltiple, de los agentes receptores del perjuicio moral.
Este daño moral no objetivado, inasible por su naturaleza, no puede reducirse a cifras ni traducirse pecuniariamente, si no se quiere caer en la más completa arbitrariedad. Por eso si de reparación del daño moral se trata, ha de admitirse que como tal no es posible lograrla sino en la medida de su objetivación.
En la zona del daño puramente subjetivo y social la reparación no se realiza completamente, porque es imposible alcanzarla, porque los sentimientos no se compran ni se venden, porque la estimación social y pública no es artículo de comercio, y porque el dinero es incapaz de restablecer el equilibrio espiritual alterado por la lesión emanada de esta clase de daño. Admitir el proetium doloris para compensar económicamente el daño subjetivo es aceptar un absurdo en lo moral y en lo jurídico.
Lo que no implica que el daño puramente subjetivo haya de quedar sin una satisfacción de orden pecuniario, como así la llaman Josserand y con él otros expositores.
Tal criterio de la satisfacción por el daño moral es el que se halla consagrado o previsto por la ley colombiana, en relación con la especie de daño de que ahora se trata. En efecto, al decir el artículo 95 del Código Penal que “cuando no fuere fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado por el delito, podrá fijar el juez prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil pesos’’, parte de la base de la imposibilidad que existe de reconocer una indemnización completa del perjuicio, que no la daría el dictamen de terceros, sino la estimación del propio lesionado, ya que el daño moral subjetivo resulta en realidad de la receptividad de la víctima, como lo observa Ripert. En el orden material el perjuicio se avalúa mediante el criterio general y humano; en el subjetivo, para que la reparación fuera completa, debería basarse en la estimación del lesionado. Mas si ésta rigiese, el quantum de la indemnización sería el que por aquel se señalase, y no se hallaría limitado a la suma que fija la ley. Sin embargo, el sistema colombiano es el que mejor armoniza con las concepciones más recientes del derecho y de los principios que dentro de él inspiran la reparación del perjuicio. Como ella no puede alcanzarse en forma completa, y aplicando las reglas ordinarias para la fijación del monto, se pronuncia la justicia ordenando una satisfacción, como se ha dicho, o haciendo la simple afirmación del quebrantamiento del derecho, ya que en el fenómeno Jurídico que se analiza, como con propiedad lo anota Demogue, la indemnización representa “una necesaria afirmación de la injusticia cometida más que la reparación del quebranto causado al derecho de la víctima”, “puesto que se trata de reaccionar contra el acto dañoso y en manera alguna de hacerlo desaparecer con una compensación”. Por ser procedente la satisfacción de que se habla, y no la reparación común y completa establecida en la ley civil como norma general para todos los daños, el concepto de modicidad de la suma que ha de entregarse, según la ley nacional, es también acertado. Y queda, finalmente, por considerar en la norma legal a que se alude, la forma de disposición al arbitrio del juez, que allí establece, en orden al señalamiento del quantum. Este procedimiento es el aconsejable para estos casos, en que, dentro de una suma reducida, podrá el juez apreciar si las circunstancias del lesionado imponen la entrega de la cantidad total o de una parte o si ellas permiten o indican como mejor la mera condenación simbólica aplicada en algunas ocasiones por ciertos tribunales, a una cantidad ínfima, que generalmente es la unidad más pequeña en la moneda respectiva, pero con cuya condenación se obtiene el propósito que se quiere alcanzar, según queda explicado.
Dedúcese de lo dicho que la ley patria que establece la indemnización del perjuicio moral subjetivo ha introducido en nuestro derecho positivo una reforma que traduce las más modernas concepciones jurídicas y que marca una evolución saludable en el campo complejo y arduo de la responsabilidad civil por los delitos y las culpas.
Resumiendo lo dicho en este capítulo sobre perjuicios morales, se tiene que ellos deben repararse, en general, mediante su objetivación; y que para el daño no objetivable se admite una pequeña satisfacción pecuniaria que se gradúa prudencialmente por el juez según las circunstancias de cada caso, dentro de la cuantía señalada en el artículo 95 del Código Penal.
Es la oportunidad de aplicar al caso del pleito lo expuesto sobre regulación de perjuicios morales no objetivados.
En la parte pertinente de su dictamen expresan los avaluadores cómo el justiprecio lo hacen en la cantidad de dos mil quinientos pesos ($ 2.500,00) teniendo en cuenta que la víctima del accidente era un padre de familia numerosa. Esta consideración no es atendible para fijar el monto del daño, así se trate de perjuicio material o moral, porque, en la primera hipótesis el daño consiste en la privación del apoyo económico que Urrea le prestaba a su familia y que no puede aumentar en cantidad por ser aquella numerosa, ya que la capacidad de producción por el trabajo se hallaba limitada en Urrea al salario que recibía; y porque en la segunda hipótesis, todos los familiares de la víctima forman una sola entidad receptiva del daño.
Obsérvase además que el avalúo hecho por los peritos no es obligatorio, pues la ley (artículo 95 del Código Penal) deja al juez la fijación prudencial de la cuantía.
Se considera asimismo que por tratarse de una satisfacción que ha de reconocerse en favor de los deudos de un trabajador a jornal, que derivaba todas sus entradas pecuniarias, para sí y los suyos, del esfuerzo de su trabajo diario, y que no dejó a su familia bienes materiales de fortuna, la justicia impone no hacer aquí una condenación simbólica o ínfima, que en otras circunstancias económicas de los lesionados sería suficiente satisfacción moral pecuniaria, sino decretar el pago por el monto total de la pequeña suma señalada en la ley.
No contiene el proceso dato alguno sobre perjuicios morales objetivados, y los peritos no aluden a ellos en forma alguna. Por tanto, no procede su reconocimiento en juicio.
Contiene la demanda, como petición principal la de que se condene al Departamento de Caldas a pagar a la viuda de Urrea y a sus hijos que allí se mencionan la indemnización a que haya lugar, y como petición subsidiaria la del mismo pago a la sucesión de Elías Urrea.
El expediente acredita ser la demandante María Rosa Gómez esposa legítima de Elías Urrea e hijos legítimos en ese matrimonio José J., Rosalía, Jesús Antonio, Mercedes, Inés, Ana Francisca Urrea. La demostración de aquellas vinculaciones entre el causante y los peticionarios autoriza a éstos para obtener la indemnización como lesionados con la muerte de Urrea y en su calidad de cónyuge e hijos de éste.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior de Manizales, y en su lugar falla:
1. Condénase al Departamento de Caldas a pagar, seis días después de la ejecutoria de esta sentencia, a María Rosa Gómez v. de Urrea, José J. Urrea, Rosalía Urrea, Jesús Antonio Urrea, Mercedes Urrea, Inés Urrea, y Ana Francisca Urrea, la cantidad de un mil setenta y ocho pesos ($ 1.078.00) moneda legal por concepto de perjuicios materiales.
2. Condénase igualmente al Departamento de Caldas a pagar, seis días después de la ejecutoria del presente fallo, a María Rosa Gómez v. de Urrea, José J. Urrea, Rosalía Urrea, Jesús Antonio Urrea, Mercedes Urrea, Inés, y Ana Francisca Urrea la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000.00) moneda legal en razón de perjuicios morales.
Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase.
Magistrados: Juan A. Donado V.—Aníbal Cardoso Gaitán—Arturo Tapias Pilonieta—Manuel Pineda Garrido—Srio. en ppdd.