Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2019/T-577-19.htm
Timestamp: 2020-07-11 00:56:37
Document Index: 198540355

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 122', 'artículo 31', 'artículo 76', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 366', 'artículo 3', 'artículo 366', 'artículo 76', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 162', 'artículo 6']

T-577-19
Sentencia T-577/19
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia
DERECHO AL AGUA POTABLE-Vulneración por no suministro del servicio de agua a sujeto de especial protección
Referencia: Expediente T-7.030.965
Acción de tutela instaurada por José Vicente Carvajal Márquez contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo – Socha, Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Alcaldía Municipal de Socha.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
En el trámite de revisión de la Sentencia de única instancia, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha - Boyacá el 13 de agosto de 2018, que resolvió la acción de tutela interpuesta por José Vicente Carvajal Márquez contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo – Socha Boyacá (en adelante la Junta), y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante Corpoboyacá).[1]
1. Hechos relevantes[2] y fundamentos de la solicitud de amparo
El 27 de julio de 2018, el señor José Vicente Carvajal Márquez presentó acción de tutela contra la Junta, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua, los que consideró vulnerados debido a que no se le instaló un punto de agua para uso doméstico en su vivienda. En seguida, se enuncian los hechos relevantes del caso.
1.1. El señor José Vicente Carvajal Márquez reside, junto con su esposa e hijo de 20 años, en la vereda Sagra Arriba ubicada en el Municipio de Socha, Boyacá.[3] Según afirma, lleva siete años solicitando que se le instale un punto de agua para uso doméstico en su vivienda.[4] Al respecto, expresó:
1.2. En un primer momento, el 18 de octubre de 2011, el accionante junto con 11 personas más hicieron la solicitud, por medio de la Personería Municipal de Socha, al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, así:
“… nos inquieta la necesidad de poder contar con un punto de agua para el servicio doméstico y transcurrido más de un año sin obtener respuesta alguna de la propuesta dada por el Ingeniero Delgado de Corpoboyacá, quien manifestó que el Presidente debería elevar la solicitud de cambio de destinación del recurso hídrico de regadío y abrevadero para el servicio doméstico el cual es un derecho fundamental.”[6]
1.3. Luego, el 24 de octubre de 2017, el señor Carvajal presentó la solicitud de un punto de agua para uso doméstico a la Junta,[7] parte accionada en la presente tutela.[8] Justificó su petición en los siguientes términos: “carezco de este servicio desde hace muchos años y me abastezco de una toma que no es apta para consumo humano.”[9] En la acción de tutela presentada, manifestó que “nunca me responden [las peticiones]”.
Además, en el expediente consta que en esa misma fecha, el señor Froilan Niño Rodríguez, en calidad de Presidente de la Junta, pidió a Corpoboyacá la ampliación de la concesión, “atendiendo a que existen nuevos usuarios que solicitan la prestación de este servicio ya que sus predios no cuentan con el mismo.”[10] A esta solicitud anexó el listado de dichas personas, entre las que se cuenta el señor José Vicente Carvajal.
“… las razones por las cuales nos (sic) es imposible vender puntos en el momento ya que podríamos entrar en sanciones con Corpoboyacá por excedernos en el número de usuarios para los cuales nos otorgaron el caudal y que debemos esperar al aumento del caudal, pero como somos conscientes de la necesidad de nuestros vecinos nos saldremos con aprobación de los demás usuarios, decidimos aprobar el compartimiento del recurso con los vecinos más cercanos ya que se propuso compartir los puntos que no están en servicio todos los días pero los propietarios no aceptaron y como no queremos imponerles acuerdos como estos, aceptamos los más cercanos. Así que se elaborarán actas individuales de acuerdos con cláusulas y compromisos de común acuerdo por 3 meses a partir de la fecha.”[12]
1.6. El 13 de abril de 2018, es decir seis meses después, Corpoboyacá dio respuesta a la solicitud de ampliación presentada por la Junta Administradora el 24 de octubre de 2017. En esta le indicó que “para solicitar la ampliación de la concesión de aguas superficiales contenida en el expediente OOCA-0015/13, es necesario presentar a Corpoboyacá debidamente diligenciados en medio físico y magnético los formatos FGP-77 ‘Listado de Suscriptores’ (incluyendo los nuevos usuarios por afiliar) y FGP-89 (Información Costos de Inversión y Operación) a fin de realizar la respectiva liquidación por servicios de evaluación ambiental.”[13]
Además, en esta comunicación, advirtió que el 23 de febrero de 2018, se otorgó una concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17[14] a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha “razón por la cual Corpoboyacá no puede garantizarle si esta fuente podrá sostener la demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside.” Y, en consecuencia, sugirió: “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas para consumo doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud Departamental.”[15]
1.7. El 19 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión entre los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha (ingeniera Sonia Márquez) y los solicitantes de un punto de agua. En esta, se planteó como solución que: “las 30 personas formen su asociación y se solicite una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la captación…” Días después, el 23 de julio, mediante un oficio, la Alcaldía formalizó el acuerdo en los siguientes términos:
“… con el fin de obtener suministro de agua para el consumo humano a los habitantes de la vereda Sagra arriba y Soraqu[í], la administración municipal frente a estos temas, se permite comunicarles que se encuentra evaluando su petición para lo cual se realizar[á] una mesa técnica junto con la corporación autónoma regional de Boyacá “CORPOBOYAC[Á]” sede territorial Socha para evaluar las diferentes posibilidades de las fuentes de abastecimiento para la cual se pueda legalizar la concesión pertinente como se lleg[ó] a un acuerdo en la reunión realizada el día 19 de julio del año en curso [2018] en la vereda Sagra Arriba junto con los usuarios peticionarios.
1.8. El 27 de julio de 2018, el señor José Vicente presentó acción de tutela contra la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo. Invocó la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna y al agua. Solicitó al juez constitucional ordenar a la Junta Administradora accionada la autorización de un punto de agua para su vivienda.
2. Trámite de única instancia y respuesta de los accionados
2.1. El 30 de julio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha admitió la acción de tutela y ordenó vincular al proceso a la Personería de dicho Municipio, como agente del Ministerio Público, y a Corpoboyacá - sede Socha, “por ser una institución que ampara el cuidado y la preservación de los recursos naturales”. Asimismo, corrió traslado a estas autoridades y a la Junta accionada para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.[17]
2.2. Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo.[18] El 3 de agosto de 2018, el señor Froilán Niño Rodríguez, en calidad de Presidente, aclaró que la solicitud del accionante fue conocida el 24 de octubre de 2017, cuando de manera escrita la presentó junto con diez (10) usuarios más. Manifestó, además, que se le comunicó a la comunidad y al señor Carvajal que no es posible acceder a lo solicitado por falta de caudal, ya que “el otorgado en la concesión fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í].”[19] De igual forma, precisó que en las reuniones extraordinarias con la comunidad de las veredas Sagra Arriba y Soraquí “se acordó compartirles de los puntos vecinos ya existentes caudal para sus labores domésticas, mientras se encontraba una posible solución”.[20] Desde entonces, ha estado trabajando en conjunto con la Alcaldía, en particular con la Secretaría Municipal de Obras, Planeación y Servicios Públicos, y Corpoboyacá.
2.3. Corpoboyacá y la Personería Municipal de Socha. Guardaron silencio.
El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha negó el amparo solicitado por el señor José Vicente Carvajal Márquez,[22] por tres razones principales. Primera, la Junta no puede material ni legalmente concederle el punto de agua que requiere, pues no cuenta con el caudal para acceder a su petición. En este mismo sentido, resaltó que existen otras treinta personas que solicitan el mismo servicio y que, si el Acueducto accionado accediera a la instalación del punto de agua solicitado, se desmejoraría la calidad de vida de los demás integrantes de la vereda de Sagra Arriba. Segunda, sostuvo que autorizar dicha instalación desconocería “que el caudal autorizado [por Corpoboyacá] fue de 1.28 litros/segundo para 133 familias, 924 personas de Sagra Arriba y Soraqu[í]”.[23] Y, por último, afirmó que “en la actualidad el Estado adelanta las acciones pertinentes a fin de crear otro punto, para el abastecimiento del vital líquido”.[24] En consecuencia, instó al accionante a “estar pendiente de los trámites a efectuar por CORPOBOYACÁ en asocio con la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos de Socha a fin de que quede incluido en el nuevo punto a crear para el suministro de agua”. [25]
El 23 de enero de 2019, mediante auto, la Magistrada ponente dispuso vincular al proceso a la Alcaldía Municipal de Socha y a la Gobernación del Departamento de Boyacá. Asimismo, ofició a las partes para que informaran acerca del estado actual del suministro de agua potable en el domicilio de accionante y se refirieran a la construcción del nuevo acueducto que, según lo afirmado por la Junta, abastecería la vivienda del señor José Vicente Carvajal Márquez, entre otras.[26]
4.1. El señor José Vicente[27] informó que actualmente, durante el invierno, se abastece del agua que “nace en una finca contigua, donde un vecino (…)”, pues el caudal es suficiente para cubrir las necesidades de 3 familias; “pero, en verano el suministro del preciado líquido es inexistente.”[28] Además, afirmó que no ha “recibido [de parte de la Alcaldía ni de la Gobernación] ninguna respuesta a la solicitud de instalación del punto de agua (…)”; en cuanto a la Junta, dijo que de manera verbal le reiteraron que “el agua no alcanza.”[29] Por último, manifestó que tuvo “conocimiento que la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo, ha vendido derechos a puntos de agua a personas que los solicitaron con posterioridad”[30] a su requerimiento, pero que no tenía cómo probar esta afirmación.
4.2. La Junta [31] afirmó que el suministro de agua en el área “se encuentra en el mismo estado a cuando se respondió la tutela” y que no tienen conocimiento sobre la situación de la vivienda del señor José Vicente, “al no haber disponibilidad de ingresos según resolución de Corpoboyacá.”[32] Explicó que aún no ha podido acceder a las 33 solicitudes, “por la falta de caudal”.[33] También precisó el acueducto Pantano Largo “continua en el mismo estado ya que si se realizan cambios [en la] ampliación del caudal, mediante acto administrativo los haría Corpoboyacá.”[34]
4.3. La Gobernación de Boyacá[35] afirmó desconocer los hechos expuestos por el accionante y solicitó a esta Corporación que declare su falta de legitimación en la causa. Indicó que “el Departamento de Boyacá no funge como autoridad ambiental ni tiene competencia frente a la prestación de servicios públicos en dicho municipio (…)”[36] Argumentó, por una parte, que son las corporaciones ambientales “las encargadas por mandato legal de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales…”[37] Y, por otra parte, resaltó que le corresponde al Municipio asumir la función de garantizar el acceso a los servicios públicos, en los términos de los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, y los numerales 10 y 19 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.[38] Además, manifestó que “ha realizado visitas a las juntas administradoras de los acueductos rurales en el municipio de Socha, para brindar asistencia administrativa en fortalecimiento empresarial y legalización de las juntas, en especial la desarrollada el día 25 de [mayo] de 2018.”[39]
4.4. La Alcaldía de Socha[40] solicitó ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Manifestó que para garantizar el derecho al agua de todos los habitantes del Municipio “construy[ó] una planta de tratamiento de agua potable”, que provee agua apta para el consumo humano.[41] Afirmó que:
“trabaja mancomunadamente con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘Territorial Socha’, ya que ellos son los encargados de supervisar y dar control a las concesiones de agua otorgadas a los acueductos rurales, con la personería municipal dando cumplimiento a los estatutos de las juntas administradoras de los acueductos rurales … con la secretar[í]a de salud del departamento quien realiza la función de vigilancia y control de la calidad del agua a través de visitas periódicas al sistema de suministro.”[42]
“[l]a alcaldía municipal y la unidad de servicios públicos presta el servicio de agua potable a las comunidades rurales aledañas al sector urbano con el fin de garantizar el acceso de agua potable y saneamiento básico a los habitantes que no reciban el servicio por medio de un acueducto veredal, en este sentido se tienen inscritos a la Unidad de Servicios Públicos de Socha 187 HABITANTES DEL ÁREA RURAL.
De igual forma la Unidad de Servicios Públicos de Socha tiene cobertura en todo el centro urbano del municipio, brindando un servicio con calidad y apto para el consumo humano según estudios realizados por la secretar[í]a de salud departamental.
4.5. Corpoboyacá[47] indicó que, mediante Resolución No. 0221 del 17 de febrero de 2014, otorgó concesión de aguas superficiales a la Junta accionada, “con destino a uso doméstico a novecientas veinticuatro (924) personas, a derivar de la fuente denominada ‘Nacimiento Pantano Largo’, ubicada en la vereda Sagra Arriba, en jurisdicción del municipio de Socha, en un caudal de 1,28 L/s.”[48] Informó que, el 24 de octubre de 2017, dicha Junta solicitó la ampliación de la concesión, teniendo en cuenta que existían nuevos usuarios requiriendo la prestación de este servicio.[49] Frente a la solicitud, respondió que era:
“… necesario presentar a la Corporación debidamente diligenciados en medios físicos y magnéticos los formatos FGP-77 ‘listado de suscriptores’ incluyendo los nuevos usuarios para afiliar y FGP-89 ‘información costo, inversión y operaciones’. A fin de realizar la respectiva liquidación por servicio de evaluación ambiental; igualmente se le informó que sobre la fuente hídrica denominada ‘Manantial Pantano Largo’, se encuentra también otorgada una concesión de aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00113/17, razón por la cual CORPOBOYAC[Á] no puede garantizar si esta fuente hídrica podrá sostener la demanda hídrica adicional.
En referencia al expediente OOCA-00113/17 CORPOBOYACÁ expidió la Resolución No. 560 del veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), donde se otorgó concesión de aguas a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES CARVAJAL GOMEZ DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con el Nit. No. 900169280-7, en un caudal total de 0,49 L/s, con destino a uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto, a derivar de la fuente hídrica denominad[a] ‘Manantial Pantano Largo’, en la vereda Sagra Arriba, jurisdicción del municipio de Socha.”[51]
4.6. La Personería Municipal de Socha[52] sugirió que se revise “de manera minuciosa la concesión de aguas otorgada por CORPOBOYACÁ a la Junta Administradora de Acueducto Pantano…”. En concreto, considera relevante “entrar a establecer si esta concesión de aguas otorgada también es para abrevadero o solo consumo doméstico y que si se llegase a establecer que el uso es compartido es decir doméstico y abrevadero, se entraría a implantar qu[é] prioridades existen.” Por último, manifestó: “[s]i bien es cierto el Municipio de Socha se compromete o manifiestan junto con la Junta administradora de acueducto organizar o formar un nuevo acueducto rural, pero esto conlleva tiempo y mientras tanto esta familia estaría sin servicio de agua.”[53]
1. Competencia y procedencia de la acción de tutela
1.1. Esta Corte es competente para conocer la sentencia objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de octubre de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Diez, que decidió escoger para revisión el expediente de la referencia.
1.2. La acción de tutela estudiada cumple con los requisitos de procedibilidad. En cuanto al requisito de legitimación, por un lado, el señor José Vicente puede invocar, en nombre propio, el amparo de sus derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y al agua, en consonancia con lo afirmado en la Constitución, que dice que toda persona tiene la “acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) por sí misma” la protección de sus derechos (Art. 86, Inc. 1º, CP).[54] Y, por otro lado, la solicitud de protección constitucional se puede interponer contra la Junta, dado que se trata de un particular encargado “de la prestación de un servicio público” (Art. 86, Inc. 5°, CP).[55] De igual manera, se encuentra acreditado este requisito respecto de la Alcaldía Municipal de Socha y de Corpoboyacá, ambas de naturaleza pública, pues se trata de entidades susceptibles de ser sujeto pasivo de la acción de tutela (Arts. 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991). Además, se constata, frente a la primera, que es el ente territorial al que le corresponde garantizar el acceso a los servicios públicos dentro de su jurisdicción, en los términos de los numerales 10° y 19 del artículo 3° de la Ley 134 de 1994[56] y el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 142 de 1994.[57] Y, con respecto a Corpoboyacá, por ser la máxima autoridad ambiental, encargada de proteger y administrar los recursos naturales y dar las concesiones de agua (Arts. 23, 31.3 y 31.9 de la Ley 99 de 1993).[58]
1.2.1. También se encuentra satisfecho el principio de inmediatez, pues la acción se interpuso en un término oportuno y razonable, teniendo en cuenta que la misma se radicó el 27 de julio de 2018 y la última actuación de parte del señor Carvajal ocurrió el 19 de julio del mismo año, cuando asistió a una reunión con los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha (ingeniera Sonia Márquez) y los otros usuarios solicitantes de un punto de agua, para buscar de manera conjunta una solución a su situación. Se aclara que si bien el accionante presentó por primera vez una petición similar en el 2011, en dicha ocasión fue ante el Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada. En todo caso, lo más relevante para acreditar el cumplimiento de este requisito es que para el momento de la interposición de la acción de la tutela la situación expuesta por el ciudadano es continua y actual, ya que a la fecha aún no cuenta con un punto de agua y, ello implica, que la afectación de los derechos invocados permanece en el tiempo.[59]
1.2.2. Por último, se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el señor José Vicente Carvajal invoca la protección del derecho al agua para consumo humano en tanto garantía fundamental,[60] no la faceta colectiva susceptible de ser amparado mediante la acción popular. Así, esta Sala reitera la jurisprudencia constitucional que ha considerado que la acción de tutela es procedente cuando: (i) se invoque la protección del derecho al agua para consumo humano como fundamental en su dimensión individual,[61] (ii) el agua solicitada es para consumo humano,[62] no para uso agrícola ni otra destinación;[63] (iii) las circunstancias del actor evidencian que la falta de este recurso puede comprometer otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones dignas y la salud;[64] y, (iv) el accionante adelantó alguna gestión ante las autoridades competentes para que le sea satisfecha la pretensión que ahora plantea ante el juez de tutela.[65]
1.2.2.1. Frente a los criterios enunciados previamente, esta Sala de Revisión considera relevante plantear dos precisiones. Primero, enfatizar que “no toda reclamación que se haga respecto del citado servicio [acceso al agua], puede ser susceptible de acción de tutela, sino solamente aquella que se dirija a garantizar el acceso a dicho líquido, cuando el mismo está destinado al consumo humano, que ha sido entendido como un derecho fundamental.”[66] Es decir que, “para establecer la procedencia de la acción de tutela cuando su pretensión es la protección del derecho al agua, el juez debe verificar que esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental, de lo contrario, se trataría del derecho colectivo al agua y en este caso se debe acudir a la acción popular, consagrada en la Ley 472 de 1998.”[67] Sobre esto, la Sentencia T-381 de 2009 dijo:
1.2.3. En el caso concreto, se constata que, el accionante solicita la protección del derecho fundamental al agua (i) para su propio consumo y el de su familia, no para uso agrícola, (ii) la falta de este recurso puede comprometer otros derechos, dado que en la actualidad suple la necesidad de este recurso “de una toma que no es apta para consumo humano”, lo que, sin lugar a dudas, pone en riesgo su salud y la vida en condiciones dignas, tal y como lo afirma el accionante al invocar también la protección de dichos derechos;[71] y, (iii) el señor José Vicente Carvajal ha adelantado, desde el 2011, actuaciones para resolver su situación. Sobre esto último se resalta que, en dicho año solicitó, por medio de la Personería Municipal al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, luego, en el 2017, a la Junta accionada en este caso; y, si bien pareciera que esta última actuación ha generado resultados positivos, lo cierto es que al día de hoy, no cuenta con un acceso a un punto de agua. Por último, en consideración a lo expuesto previamente, se considera que la acción popular no sería idónea en el caso de la referencia, pues mediante esta solamente podrían protegerse derechos colectivos como el medio ambiente o la salubridad pública, que no son los invocados. En conclusión, se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, por las razones previamente enunciadas.
2.1. Acorde con los antecedentes expuestos, la Sala Segunda de Revisión resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La Junta, la Alcaldía de Socha y Corpoboyacá vulneran el derecho fundamental al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal Márquez,[72] quien durante la época de lluvia se abastece de este líquido de una toma que no es apta para su consumo y que en verano no cuenta con suministro, al no adelantar las gestiones pertinentes para instalar en su vivienda un punto de agua, bajo el argumento de la falta de caudal de la fuente hídrica sobre la que actualmente tiene la concesión de uso de aguas superficiales la Junta, a pesar de que (i) se ha autorizado el uso del caudal para uso pecuario y agrícola[73] y (ii) la Alcaldía asumió un compromiso para adelantar las actuaciones necesarias para encontrar una solución a la situación del accionante?
2.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, (i) se demostrará que el señor José Vicente tiene derecho fundamental al agua para consumo humano; luego, (ii) se explicará que el caso concreto evidencia una tensión entre la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional y la pretensión del accionante, para después pasar a exponer las razones por las cuales se considera que la Junta y la Alcaldía de Socha omitieron cumplir con sus responsabilidades en la garantía de este derecho; y, por último, (iii) se emitirán las órdenes para garantizar la protección de los derechos invocados.
3. José Vicente Carvajal Márquez y su núcleo familiar tienen derecho fundamental al agua para consumo humano; más aún, por tratarse de personas de bajos recursos que viven en un área rural
3.1. El señor José Vicente y su núcleo familiar tienen derecho al agua para su propio consumo, pues se trata de “una garantía inherente a la persona humana (…)”.[74] Ello supone que tengan acceso continuo a la cantidad suficiente y apta para su uso personal y doméstico. Con la protección invocada, el accionante está solicitando el goce de una necesidad básica, de un elemento indispensable para su existencia, dado que es:
3.2. Además, el derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor Carvajal, tiene una naturaleza fundamental que, si bien no está consagrado expresamente en la Constitución, se deduce de una lectura sistemática, “así se concluye si se tiene en cuenta el Preámbulo de la misma, la fórmula política de un estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el goce efectivo del servicio público del agua potable y saneamiento básico.”[76] Es más, se ha considerado que el derecho fundamental al agua para consumo humano tiene sustento en los artículos 365[77] y 366,[78] que establecen:
3.3. Esta Sala de Revisión encuentra relevante precisar que aunque en un principio se comprendió que este derecho era fundamental por tener conexidad con el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas,[81] actualmente, teniendo en cuenta el alcance que se le ha reconocido tanto en tratados internacionales como en la jurisprudencia de esta Corporación, es razonable afirmar que se trata de un derecho fundamental autónomo.[82] Así pues, si bien el accionante invocó también la protección de sus derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas, aún si ello no hubiera sido así, el juez constitucional tendría competencia para analizar su caso, en tanto se trata de una garantía susceptible de ser protegida por medio de la acción de tutela.[83] Pasa la Sala a desarrollar este punto.
“a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades.
d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua.
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles.
f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.
g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua.
h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados.
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.”[109]
En todo caso, esta Sala de Revisión recuerda que el derecho fundamental al agua tiene una componente prestacional, que tal y como se reconoce en la Observación Nº 15 del Comité implica una garantía progresiva, dados los obstáculos que representa la escasez de recursos. En este sentido, si bien el Estado tiene el deber de cumplir con unos mínimos para la materilización de este derecho, la manera cómo lo haga obedecerá a sus propias condiciones. De manera que, “tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas.”[110] Sobre el particular, el citado documento también afirma:
3.4. Con base en lo anterior, se concluye, además, que el derecho al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal implica que se le reconozca, cuando menos, la cantidad mínima de agua, sobre la base de no discriminación, teniendo en cuenta que su núcleo familiar forma parte de un grupo vulnerable por habitar en el área rural del Municipio de Socha y al igual que algunos de sus vecinos se encuentran sin el acceso a este recurso; a pesar, de que otros sí lo tienen y también se han autorizado concesiones de uso del agua destinada a otros fines, como el pecuario. Adicionalmente, lleva esperando por la garantía de este derecho durante muchos años, por lo menos consta que desde el 2011. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha dicho que “[l]as personas que habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos, tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los últimos de la fila’ en acceder al agua potable.”[112] Y, ha resaltado que “[e]l goce efectivo de este derecho debe involucrar igualmente a la población rural y dispersa de las entidades territoriales, pues se trata de grupos poblacionales que generalmente son más vulnerables que los que se encuentran asentados en áreas urbanas.”[113] Entre las últimas sentencias sobre el tema se cuentan las siguientes: T-418 de 2010,[114] T-103 de 2016,[115] T-129 de 2017,[116] T-475 de 2017,[117] T-012 de 2019,[118] entre otras.
3.5. Una consideración adicional para concluir que el accionante tiene el derecho a que se le garantice la protección invocada tiene que ver con que se trata de una persona que ha actuado conforme al ordenamiento normativo colombiano. Es decir, su vivienda no está ubicada en un área que haya sido considerada ilegal por la Alcaldía ni en una zona donde se puedan presentar desastres. Además, el accionante ha procurado canalizar su pretensión por los medios establecidos en dos ocasiones, la primera en el 18 de octubre de 2011, mediante un derecho de petición al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada; y, el segundo, el 24 de octubre de 2017, momento en el que presentó la solicitud ante la Junta accionada. En caso contrario, podría ser otra la conclusión, pues el juez de tutela tendría que analizar tales hechos antes de conceder la protección invocada.[119] A manera de ejemplo, la Sentencia T-546 de 2009 negó la protección del derecho al agua para consumo humano, debido a que el accionante usó “una vía ilegal para obtener el suministro de agua potable” sin que se presentaran razones urgentes y necesarias que explicaran dicha medida.
3.6. Ahora bien, la Sala de Revisión reconoce, como lo ha hecho la jurisprudencia constitucional previamente, que el derecho fundamental al agua para consumo humano tiene una faceta prestacional y, en consecuencia, su garantía es progresiva, “de manera que el Estado además de adoptar medidas inmediatas, debe planear estrategias para asegurar que, de manera progresiva, suministre el líquido a todas las personas. En relación con las medidas inmediatas, recae en las autoridades la obligación de provisión de agua para el consumo humano básico a través de los medios que estime más convenientes. Con respecto a las obligaciones progresivas, es un deber de las autoridades estatales actuar hasta el máximo disponible de sus recursos, y crear planes, programas y políticas que tengan como objeto garantizar la prestación efectiva del derecho al agua.”[120] Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el juez de tutela advierte que existe una afectación desproporcionada de los derechos invocados por la falta de un plan o programa para garantizar en un plazo razonable esta dimensión del derecho al agua para consumo humano, este “puede ordenar que las autoridades accionadas establezcan una hoja de ruta que permita la ejecución de las obras necesarias para acceder a este preciado líquido.”[121] Entre las decisiones de esta Corporación, en las que teniendo en cuenta la dimensión prestacional del derecho al agua para consumo humano, se ha ordenado a las autoridades municipales que diseñen una política para garantizar de manera progresiva su goce efectivo, se resaltan las siguientes: T-312 de 2012,[122] T-028 de 2014,[123] T-733 de 2015[124] y T-129 de 2017.[125]
3.7. En síntesis, el derecho al agua para consumo humano, invocado por el señor José Vicente Carvajal, es fundamental, autónomo y tiene sustento en normas constitucionales. En consecuencia, tanto el Estado como los particulares que presten este servicio tienen la obligación de garantizar “el acceso suficiente, regular, salubre y equitativo al agua potable, con especial atención” al accionante, quien pertenece a una población vulnerable, en tanto es un habitante del sector rural.[126] Además, como se expuso previamente, dicha garantía tiene una faceta prestacional, de la que se deriva la obligación del Municipio de tener un plan escrito que garantice progresivamente, en un plazo razonable el goce efectivo del mismo.
4. La Alcaldía de Socha y la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo vulneraron la faceta de accesibilidad del derecho al agua para consumo humano del señor José Vicente Carvajal Manrique y de su familia
4.1. Desde hace más de 7 años, el señor Carvajal solicitó por primera vez que se le instalara un punto de agua en su vivienda, a pesar de ello, al día de hoy ello no ha sido así. En sus palabras, vive la siguiente situación: en invierno, satisface su necesidad desde un nacimiento de agua de “una finca contigua, donde un vecino (…), pero en verano el suministro del preciado líquido es inexistente.”[127] De manera que, el derecho al agua para consumo humano ha sido desconocido en su faceta accesibilidad física,[128] cuando menos, por dos razones. Por un lado, carece de un punto de acceso al líquido vital en su residencia; y, por otro lado, la manera como actualmente se surte de este líquido no le garantiza el acceso permanente a agua de calidad, esto es apta para consumo humano.
4.2. Ahora bien, la Sala resalta que el caso analizado evidencia una tensión entre (i) la escasez del recurso hídrico, dado que la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para sostener una demanda hídrica adicional, conforme con lo manifestado por Corpoboyacá y (ii) la pretensión del accionante. Si bien dicha tensión no le resta, en lo absoluto, el valor que tiene la garantía del derecho al agua para el consumo humano, pone de presente la necesidad de que el juez de tutela valore, al menos, lo siguiente con el fin de establecer el grado de exigibilidad en cada caso concreto. Si bien esta Sala de Revisión propone los siguientes factores, no se trata de un listado taxátivo, sino enunciativo, como pasa a explicarse:
a. La ubicación geográfica del accionante para determinar en cabeza de quién está la obligación de adelantar las gestiones para garantizarle el derecho fundamental al agua para consumo humano. Por ejemplo, un acueducto veredal, la empresa de servicios públicos correspondiente o el municipio; o, si es el caso, determinar la existencia de una responsabilidad compartida entre estas.
b. La disponibilidad del caudal respecto del cual se pretende tener acceso para el abastecimiento del agua para consumo humano. En este punto, es importante recordar que, conforme con la Ley, existe un orden de prioridad al momento de otorgar las concesiones sobre las fuentes hídricas,[129] de acuerdo con el cual, aquella que es para consumo humano ocupa el primer lugar.[130] En todo caso, las concesiones sobre este recurso también pueden darse para otro tipo de usos, legalmente autorizados,[131] como el agrícola por ejemplo. De manera que, tal y como lo establece el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.2., que compiló el artículo 37 del Decreto 1541 de 1978, “[e]l Suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme al artículo 122 de este Decreto.”
c. La sobresaturación de la demanda, que pone de relieve que el recurso hídrico es finito y, en razón a ello, en sede de tutela las autoridades deben ser cautelosas en la manera cómo protegen el derecho fundamental al agua, si hay lugar a ello. Ello quiere decir que, se debe tener en cuenta la distribución del recurso hídrico frente al cual se plantea la pretensión, con miras a no alterar los derechos adquiridos frente a ésta. Sin embargo, la finitud del agua no puede ser una excusa para que no se adelanten actuaciones con miras a encontrar la alternativa viable para garantizar este derecho.
d. Los requerimientos técnicos particulares y específicos para cada caso. Los que podrían depender, por ejemplo, de la ubicación de la vivienda del accionante; el terreno en el que está ubicada; de la existencia de un sistema de alcantarillado a la cual se pretende tener conexión, pues es diferente solicitar el acceso a una red preexistente frente a una situación en la que ésta aún no ha sido construida o ni siquiera planeada; la distancia entre la vivienda y la red de alcantarillado preexistente; entre otras circunstancias.
e. La capacidad institucional de suministrar el acceso al agua para consumo humano, dependiendo del tipo de institución directamente responsable, bien sea una empresa de servicios públicos domiciliarios, un acueducto veredal o el municipio, en aquellos casos que presta el servicio directamente. En concreto, podría valorarse, por ejemplo, las solicitudes ciudadanos existentes y las políticas públicas vigentes para la garantía del acceso a este servicio público domiciliario. En este escenario, es importante tener en cuenta, tanto aquello que debería ser en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en la materia; así como, la manera cómo efectivamente se está garantizando, es decir, el plan que viene ejecutando la administración local correspondiente. Lo anterior, sin perder de vista la dimensión prestacional que implica garantizar el derecho al agua para consumo humano. Además, le corresponde al juez de tutela ser deferente con las decisiones que tomen los administradores en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si un municipio decide garantizar en un primer momento el acceso al servicio de acueducto atendiendo a unos factores técnicos a determinada zona rural, frente a otra, podría concluirse que dicha decisión es razonable y está justificada si así se demuestra.
4.3. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del accionante, podría pensarse que toda la responsabilidad recae sobre la Junta, debido a que se trata de la organización comunitaria que presta el servicio de acueducto en el área que esta ubicada su vivienda, justamente ello explica que el señor Carvajal Márquez le haya solicitado la instalación de un punto de agua. Ello por cuanto tiene las mismas responsabilidades que una empresa prestadora de servicios públicos en los términos previstos en la Ley 142 de 1994, lo que le impone la obligación de adelantar las gestiones para garantizar el acceso al servicio público de alcantarillado.[132] Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:
4.3.1. No obstante, un análisis integral de los cinco factores mencionados previamente lleva a otra conclusión, esto es que dicha Junta no esta en capacidad de acceder a la pretensión formulada por el accionante en esta ocasión, por las siguientes razones: (i) la concesión de agua que le fue reconocida esta limitada a brindar el servicio a las 924 personas para las que se solicitó inicialmente, (ii) conforme con lo informado por Corpoboyacá, la fuente denominada “Nacimiento Pantano Largo” carece del caudal necesario para soportar una demanda hídrica adicional a la prevista; (iii) carece de los requerimientos técnicos para acceder a lo solicitado por el accionante; y, en este mismo sentido, (iv) no cuenta con la capacidad institucional.
4.3.2. En todo caso, la Sala considera que sí hubo un actuar omisivo de parte de la Junta, que implicó una vulneración del derecho al agua para consumo humano del accionante, pues no adelantó las gestiones pertinentes para que Corpoboyacá estudiara a fondo la solicitud de ampliación de la concesión. Si bien, como se mencionó, el 24 de octubre de 2017, la Junta presentó una petición en dicho sentido, en respuesta a esta se le informó el procedimiento a seguir;[134] sin embargo, no llevó a cabo el trámite indicado. Esta omisión implica un total desconocimiento de su obligación de garantizar el goce de este derecho fundamental. Ahora bien, esta Sala de Revisión precisa que el reproche a la Junta se limita a la omisión de adelantar el trámite correspondiente ante Corpoboyacá para solicitar la ampliación de la concesión; es decir, no se desconoce que el resultado de dicha petición depende de variables ajenas a su competencia y que corresponden únicamente a la Corporación mencionada.
4.4. De manera que, teniendo en cuenta las actuales particularidades del caso, se concluye que la obligación de adelantar las actuaciones necesarias para garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano del accionante está en cabeza de la Alcaldía de Socha. Esta conclusión tiene sustento en la aplicación de los factores mencionados en el fundamento 4.2 de esta providencia y en las normas constitucionales y legales relevantes en el asunto.
4.4.1. Por un lado, en aplicación de los factores, se tiene que la vivienda del accionante se ubica en el área rural del Municipio de Socha (Boyacá), área en la cual el servicio de acueducto no es prestado por una empresa de servicios públicos domiciliarios, sino que en algunos casos se han organizado acueductos veredales, como el accionando. Sin embargo, como ya se dijo, éste carece de los mecanismos para acceder a la pretensión del accionante y, en consecuencia, le corresponde a la Alcaldía asumir las competencias constitucionales y legales en la materia (este punto será desarrollado en detalle en el fundamento siguiente, que corresponde al 4.4.2.). En lo referente a la disponibilidad de caudal y la sobresaturación de la demanda, se trata de un asunto que debe ser determinado por Corpoboyacá, justamente ello explica que en el compromiso asumido por la Alcaldía el 19 de julio de 2018 se haya expresado la necesidad de convocar a una mesa técnica con presencia de dicha institución para determinar la fuente hídrica frente a la cual podría solicitarse la concesión de uso. Ahora, con respecto a los requerimientos técnicos y a la capacidad institucional de suministrar el acceso al agua para consumo humano, la Administración Municipal no planteó un argumento en el que expresará su falta de capacidad institucional ni obstáculos relacionados con requerimientos técnicos particulares y específicos. Por el contrario, existe una plena voluntad de dicha Alcaldía de dar cumplimiento a sus obligaciones, tal y como se comprometió en la reunión del 19 de julio de 2018.
4.4.2. Conforme con lo establecido en la Constitución y la ley, la primera autoridad pública que tiene la obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos es el municipio.[135] De manera que, en el caso concreto, le corresponde a la Administración de Socha asegurar el acceso al agua para consumo de los habitantes del Municipio, tanto de la cabecera municipal como de aquellos que viven en áreas rurales. Por ello, la Sala responderá negativamente la solicitud presentada por esta autoridad municipal, en el sentido de ser eximida “de toda responsabilidad que se pretenda endilgar.” Lo anterior por cuanto se trata de un mandato de orden constitucional y legal, no susceptible de ser relevado. El incumplimiento del mismo se evidencia en lo siguiente: (i) el deber constitucional y legal que tiene la autoridad municipal no se agota con garantizar el derecho al agua para el consumo humano en la cabecera municipal y a los habitantes aledaños, pues el mismo también es predicable respecto de las personas que viven en el área rural; (ii) a la fecha, ha omitido asumir los compromisos a los que llegó en la reunión del 19 de julio de 2018 con el señor Carvajal y los otros solicitantes de un punto de agua; y, por último, (iii) conforme con lo informado en respuesta al Auto de pruebas, no existe un plan de acción a mediano plazo frente a la población rural.
4.5. La Alcaldía de Socha tiene el mandato constitucional y legal de garantizar a todos los habitantes del Municipio el derecho al agua para consumo humano. Los artículos 365 y 366 de la Constitución Política de 1991 disponen, (i) el deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes de territorio nacional, (ii) la posibilidad de que sean prestados por el Estado de forma directa o indirecta o por comunidades organizadas o por particulares, (iii) la regulación, control y vigilancia de la prestación de los servicios en cabeza del Estado y (iv) el objetivo principal del Estado de implementar soluciones a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Al respecto, la Sentencia C-094 de 2015, en reiteración de lo afirmando en la Sentencia T-740 de 2011,[136] resaltó:
4.5.2. Como acaba de evidenciarse, la Alcaldía de Socha tiene, se insiste, la obligación constitucional y legal de garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano. Bien sea directamente o por medio de empresas prestadoras del servicio de acueducto. En este sentido, la Sala de Revisión resalta que la Administración Municipal, conforme con lo informado en respuesta al Auto de pruebas, ha cumplido este deber frente a los usuarios de la cabecera municipal y algunas comunidades aledañas; ello, por cuanto construyó una planta de tratamiento de agua potable, que conforme con los análisis garantiza que dicho líquido sea apto para el consumo humano. Sin lugar a dudas, ello evidencia el acatamiento de la responsabilidad que tiene frente a dicha población; no obstante, se llega a una conclusión diferente en el caso del accionante, quien es habitante del sector rural.
4.6. A la fecha, la Alcaldía de Socha no ha cumplido los compromisos asumidos en la reunión del 19 de julio de 2018 con el señor Carvajal y los otros solicitantes de un punto de agua. En todo caso, la Sala resalta que además de incentivar la creación de juntas administradoras, en el caso concreto se evidencia que la autoridad municipal accionada sí asumió, en la reunión del 19 de julio de 2018, un compromiso que evidencia su intención de cumplir cabalmente su obligación legal y constitucional. El mismo incluía las siguientes actividades: (i) realizar “una mesa técnica junto con la corporación autónoma regional de Boyacá ‘CORPOBOYAC[Á]’ sede territorial Socha para evaluar las diferentes posibilidades de las fuentes de abastecimiento para la cual se pueda legalizar la concesión pertinente (…)”; (ii) brindar “los materiales para traer la captación…”; y, (iii) prestar “la asesoría para los trámites pertinentes en caso de realizar la concesión así mismo con el suministro de tubería.” Desafortunadamente, no se ha ejecutado ninguna de ellas.
4.6.1. Con base en el material probatorio obrante en el expediente, incluyendo la respuesta de la Alcaldía Municipal de Socha, se concluye que lo que sucedió es que dicha Autoridad dejó en manos de los particulares interesados la completa solución de los problemas que obstaculizan el acceso efectivo al agua potable. Lo que, se insiste, evidencia un incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, dado que:
4.6.2. Y, si bien la Alcaldía anexó los estudios previos para la contratación de los servicios de análisis de agua potable y aguas residuales para el Municipio de Socha, por un valor de nueve millones m/cte (9´000.000), en la descripción de la necesidad de la contratación no se establece si éstos tienen alguna relación con la construcción del nuevo acueducto.[142] Así, se concluye que, al día de hoy los compromisos están incumplidos y se ha delegado, de manera absoluta, a los ciudadanos que asuman las gestiones para garantizarse su acceso al agua. Lo anterior, es contrario a la obligación del Municipio, pues “la autogestión que ellas [las comunidades] despliegan no exonera en manera alguna al Estado de las obligaciones constitucionales y legales frente a la ciudadanía respecto de la oportuna y adecuada prestación del servicio público de agua.”[143]
4.7. La Alcaldía de Socha carece de un plan tendiente a la garantía progresiva del derecho al agua para consumo humano de las personas que viven en áreas rurales. El derecho fundamental al agua, al igual que todos los derechos, tiene una faceta prestacional,[144] que impone al Estado el deber de garantizar su acceso de manera progresiva y programática; en todo caso, se reitera que:
4.7.1. Por lo anterior, le corresponde a la Autoridad Municipal accionada cumplir con la obligación de contar con plan un escrito y público, orientado a garantizar de manera sostenible la faceta prestacional del derecho al agua para consumo humano de manera progresiva. Pues esta faceta no es, de ninguna manera, un permiso para la inacción o para una precaria o irrazonable planeación. Por lo anterior, el Alcalde de Socha, como jefe de la administración local (Art. 314 CP), tiene entre sus atribuciones la de asegurar la prestación de los servicios públicos municipales (Art. 315, Núm. 3 CP) y, por tanto, debe liderar la construcción de un plan estratégico que garantice soluciones concretas para el problema de falta de accesibilidad al agua en el área rural, tal como es el caso del accionante. Ello por cuanto
4.8. Por último, en lo que tiene que ver con Corpoboyacá, la Sala encuentra que ha actuado conforme con sus obligaciones legales. Se recuerda que a esta le corresponde “administrar, dentro del área de su jurisdicción (…) los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.”[149] En concreto, tiene la obligación de analizar las solicitudes de concesiones sobre fuentes hídricas, en los términos del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, que dispone en el numeral 9º:
4.8.1. No obstante, la Sala estima pertinente resaltar dos hechos de la actuación de la Corporación. Primero, que hayan pasado seis (6) meses entre la solicitud de ampliación de la concesión de aguas superficiales, que fue presentada por la Junta el 24 de octubre de 2017, y la respuesta del 13 de abril de 2018. Segundo, a pesar de conocer, desde el 24 de octubre de 2017, que habitantes del sector rural del Municipio de Socha carecían de un punto de agua para consumo humano, el 23 de febrero de 2018, optó por otorgar una concesión sobre la fuente hídrica “Manantial Pantano Largo”, mediante Resolución 560 de 2018, que está destinada para “uso pecuario (Abrevadero) de sesenta y cinco (65) animales bovinos y uso agrícola (riego aspersión) de uno punto cinco (1.5) hectáreas para cultivo de maíz y una (01) hectárea para riego de pasto (…).”[150] Aclara la Sala que no está poniendo en duda que la concesión otorgada mediante Resolución 560 de 2018 se haya dado con el debido cumplimiento de los requisitos para ello.
Sin embargo, llama la atención que a pesar de conocer la necesidad de personas que requieren del servicio de agua para uso doméstico, en su respuesta del 13 de abril de 2018 haya pasado por alto el planteamiento de una alternativa para la comunidad; más aún, cuando es dicha Institución la que cuenta con la información sobre la oferta hídrica disponible en la jurisdicción. Sobre el particular, se limitó a advertir que “Corpoboyacá no puede garantizarle si esta fuente podrá sostener la demanda hídrica adicional requerida por el acueducto que preside” y sugirió “evaluar la pertinencia de buscar fuentes alternas para consumo doméstico y de ser el caso obtener previamente para la fuente seleccionada la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud Departamental.”
4.9. En síntesis, teniendo en cuenta (i) la ubicación geográfica de la vivienda del accionante, (ii) la disponibilidad del recurso hídrico frente al cual el accionante planteó la pretensión, (iii) la sobresaturación de la demanda, (iv) la ausencia de requerimientos técnicos especiales, así como (v) la capacidad institucional, esta Sala de Revisión concluye que le corresponde al Municipio de Socha cumplir con los compromisos acordados en la reunión del 19 de julio de 2018, posteriormente formalizados en un documento con fecha del 23 de julio del mismo año. Adicionalmente, la Alcaldía tiene el deber de cumplir con el mandato constitucional y legal de garantizar la faceta prestacional del derecho fundamental al agua para consumo humano y, en consecuencia, debe contar con un plan escrito y público que garantice el acceso progresivo al servicio de acueducto.
5.1. La Sala concluye, con base en el análisis precedente, que en la actualidad no existe por parte de la Alcaldía de Socha un plan consolidado y definitivo, que le permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a la cantidad mínima de agua que le garantiza su derecho fundamental al agua. No se desconoce que la Alcaldía ha realizado avances en el cumplimiento de su deber de garantizar el acceso a agua potable a los residentes de la cabecera municipal y a las comunidades aledañas a esta; sin embargo, como se explicó su obligación no termina ahí, pues también tiene un deber frente a las personas que viven en áreas rurales.
5.2. En consecuencia, se le ordenará que dé cumplimiento a la estrategia que planteó en la reunión llevada a cabo el 19 de julio de 2018, entre los miembros de la Junta, la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Socha (ingeniera Sonia Márquez) y los usuarios solicitantes de un punto de agua, incluido el accionante. Esto es: (i) brindar la asesoría necesaria para la conformación de una nueva asociación que conforme un nuevo acueducto comunitario y para adelantar los trámites correspondientes ante Corpoboyacá en el proceso de solicitud de concesión de aguas superficiales, (ii) realizar una mesa técnica con Corpoboyacá, para analizar las diferentes fuentes hídricas de abastecimiento e identificar una frente a la cual pueda darse la concesión de uso de aguas superficiales, (iii) disponer de los recursos presupuestales necesarios para garantizar la accesibilidad del agua, tal y como lo dispone el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, que estableció dentro de las competencias de los municipios “directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias (…) 76.1. Servicios Públicos. Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”.
5.3. Como medida a corto plazo, dirigida a conjurar de forma inmediata la falta de acceso a un punto de agua en la vivienda del accionante, se ordenará a la Alcaldía Municipal que analice y determine el medio idóneo para suministrar la cantidad mínima de agua potable en la vivienda del señor José Vicente Carvajal.[151]
En esta sentencia, la Sala Segunda de Revisión analizó si las autoridades públicas, tanto la Alcaldía como la Corporación Autónoma Regional, y un acueducto comunitario desconocen la garantía del derecho al agua para consumo humano cuando no se garantiza la accesibilidad del mismo. Con el fin de resolver el problema jurídico, reiteró las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) el derecho al agua para consumo humano es fundamental, autónomo y con sustento en normas de la Constitución; (ii) la Alcaldía municipal es la principal autoridad, conforme con la Constitución y la Ley, responsable de la garantía de este derecho; (iii) dicha responsabilidad no se reduce, ni siquiera, ante la existencia de acueductos comunitarios.
Primero. - REVOCAR la sentencia del 13 de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha en la que se negó el amparo solicitado por el señor José Vicente Carvajal Márquez; en su lugar, CONCEDER la protección del derecho al agua para consumo humano por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal del Socha que, en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, en caso de no haberlo hecho, elabore un plan de solución definitiva al problema de accesibilidad del accionante, lo que implica el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 19 de julio de 2018, que incluye: (i) brindar la asesoría necesaria para (a) conformar un nuevo acueducto comunitario y (b) adelantar los trámites correspondientes ante Corpoboyacá en el proceso de solicitud de concesión de aguas superficiales, (ii) realizar una mesa técnica con Corpoboyacá, en la que se analicen las diferentes fuentes hídricas de abastecimiento disponibles y se defina aquella que servirá de abastecimiento al nuevo acueducto comunitario; y, (iii) disponer de los recursos presupuestales necesarios para garantizar la accesibilidad del agua.
TERCERO.- ORDENAR como medida de protección inmediata, a la Alcaldía de Socha que, en término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo, analice y determine el medio más idóneo para garantizar la cantidad mínima de agua apta para el consumo humano al accionante.
[1] La Corte Constitucional, mediante Auto del 29 de octubre de 2018 proferido por la Sala de Selección número Diez, conformada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazu Ocampo, seleccionó para revisión el expediente de la referencia, con base en el criterio subjetivo “urgencia de proteger un derecho fundamental” y objetivo “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial.”
[3] Conforme con la información expuesta por el accionante, su vivienda está identificada con la matrícula inmobiliaria No. 094-7219, ubicada en la vereda Sagra Arriba – Sector Catavita, en el Municipio de Socha, Boyacá.
[4] Al respecto, se pueden consultar las peticiones presentadas por el señor José Vicente Carvajal el 24 de octubre de 2017 a la Junta Directiva del Acueducto Pantano Largo y por la Personera Municipal de Socha el 18 de octubre de 2011 al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada (Cuaderno principal. Folios 9 y 10).
[7] Corpoboyacá otorgó la concesión a la Junta el 17 de marzo de 2006, mediante resolución 0330, con destino a uso doméstico de 80 familias. Luego, el 31 de octubre del mismo año, a través de la Resolución 1452, amplió la concesión para 41 familias más.
[8] Si bien el accionante afirma en su escrito de tutela que “desde hace siete años estoy solicitando a la Junta Administradora de Acueducto Pantano Largo…”, una revisión de todos los documentos que obran en el expediente permite precisar que, en realidad, la petición de hace siete años fue presentada al Presidente del Acueducto Frayle La Rinconada, no a la Junta accionada, tal y como se precisa en el punto 1.2. Al respecto, es relevante mencionar que a folio 22 del expediente, la Junta accionada aportó copia de la solicitud de la Personera Municipal de Socha, con una anotación en la que indicó que la misma fue dirigida al Acueducto Frayle Rinconada, no al Acueducto Pantano Largo.
[14] Hace referencia a la Resolución 560 del 23 de febrero de 2018, “por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales”, otorgada a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha.
[18] Junto con la contestación de la acción de tutela, anexó fotocopias de los siguientes documentos: acta de la asamblea general del 15 de noviembre de 2017, donde se dio a conocer la solicitud de punto de agua y la respuesta (folios 17 a 19); acta de la reunión extraordinaria del 4 de diciembre de 2017 (folios 20-21); derecho de petición del accionante, dirigido al Presidente Acueducto Frayle la Rinconada, con la siguiente anotación: “señores del juzgado esta solicitud fue dirigida en el 2011 el 18 de octubre pero al acueducto el Frayle Rinconada no al nuestro a ellos es a quien solicit[ó] hace 7 años sin respuesta nosotros s[í] hemos respondido”; solicitud escrita que presentó el accionante el 24 de octubre de 2017 (folio 23); acta de la reunión del 19 de julio de 2018 (folio 24-25); acuerdo con la Oficina de Planeación Municipal, suscrito por la Ingeniera Diana Marcela Dallos (folio 27); listado de solicitantes del nuevo acueducto (folio 26).
[21] Ver copia del Acta No. 1 del 19 de julio de 2018, en la que se señaló que “siendo las 2:30 p.m. nos reunimos con la ingeniera de planeación y los usuarios y la Junta Administradora del Acueducto Pantano Largo y nos traen una posible solución: Las 30 personas formen su asociación y se solicite una concesión y se compromete la Alcaldía a darles los materiales para traer la captación así como don Olmos solicitó su concesión (…). La Junta como tal les aclaramos, hemos estado en acompañamiento con ellos pero nos ha sido imposible venderles porque ya no tenemos caudal para ofrecerles” (Cuaderno principal. Folios 24 y 25).
[22] Cuaderno principal. Folios 28 al 39. El Juzgado Promiscuo Municipal de Socha reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud y su relación con el suministro de agua potable. Sobre el particular, afirmó: “[p]ara nadie es desconocido que todo ciudadano Colombiano tiene derecho a la salud y de contera al suministro de agua potable, y si no está en condiciones de costeársela por sus escasos recursos es el Estado a quien le corresponde velar por este derecho.” Luego, sostuvo que tanto la prestación del servicio de salud como de agua debe prestarse de manera ininterrumpida, precisó que este deber está en cabeza del Estado y resaltó que “también tienen la obligación (…) las entidades privadas que se comprometen a garantizarlos y prestarlos.”[22] Más adelante, se refirió al derecho al agua y su relación con el derecho a la salud. En particular, se refirió a la Sentencia T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se señalaron los aspectos que el juez constitucional debe tener en cuenta a fin de garantizar el goce pleno del derecho al agua para consumo humano, es decir, la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Cuaderno principal. Folio 33.
[26] El Auto de pruebas obra en los folios 17 a 19 del Cuaderno de revisión. Dado que no hubo respuesta por parte del accionante y la accionada, el 14 de febrero de 2019, la Sala Segunda de Revisión ordenó suspender los términos hasta tanto las pruebas fueran debidamente recaudadas (Cuaderno de revisión. Folios 153-156).
[36] “[en consecuencia] no podría considerarse autoridad ambiental ni sujeto pasivo que le habilite otorgar, fiscalizar, vigilar, ni controlar los trámites para autorizar el punto de agua en el municipio de Socha.”Cuaderno de revisión. Folio 30.
[37] Cuaderno de revisión. Folio 30 (reverso). Más adelante, reiteró que Corpoboyacá “tiene funciones de máxima autoridad en el área de su jurisdicción” y la competencia para otorgar concesiones, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
[38] Esta afirmación la realizó nuevamente en los siguientes términos: “corresponde a la Alcaldía Municipal de Socha asegurar que se presten a sus habitantes los servicios domiciliarios de acueducto…” Cuaderno de Revisión. Folio 41.
[40] Anexó copias de los siguientes documentos. (i) La sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que se ordena el archivo definitivo de las diligencias dentro de la acción popular Nº 2004-563 (folio 127-129). El 8 de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió las siguientes órdenes: “PRIMERO: Declárese la vulneración del derecho colectivo al GOCE DE UN AMBIENTE SANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS y a la SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLCIA, por parte del municipio de Socha. || SEGUNDO. Ordénese a la Secretaría de Salud de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 41 del Decreto 475 de 1998, con relación a sus funciones, que en el términos de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente fallo, realice visita de vigilancia y control al agua que se suministra para consumo humano en el municipio de Socha en donde se analicen mínimo cuatro puntos estratégicos y se obtengan las muestras así: i) A la salida del sistema de tratamiento, ii) La red de distribución, iii) dos residencias del municipio y iv) verificar la necesidad de la utilización de cloro residual; entre otras.” El 12 de diciembre de 2018, el Despacho N° 1 del mismo Tribunal declaró el cumplimiento de las órdenes emitidas en sentencia del 8 de septiembre de 2005, pues se certificó la potabilidad del agua para consumo humano, “dado que los resultados obtenidos arrojan un índice de riesgo equivalente al 0.00% que lo cataloga como ‘sin riesgo’, sin que ello sea óbice para que continúe con las inversiones y gestiones tendientes a mantener tales condiciones.” Cuaderno de Revisión. Folio128. (ii) Los estudios previos de selección de mínima cuantía, cuyo objeto de contratación es la prestación de los servicios de análisis de agua potable y aguas residuales para el Municipio de Socha, por un valor de nueve millones m/cte (9´000.000) (folios 120-125). En la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, se expresa que en cumplimiento de las estrategias de vigilancia, prevención y control planteadas por el Ministerio de la Protección Social y la Secretaría de Salud Departamental, se deben “realizar muestras, contra muestras, caracterizaciones y asesoría en el tratamiento haciendo seguimiento de los diferentes puntos de muestreo autorizados y concertados… Además que en el primer trimestre y en el tercer trimestre del presente año se deben tomar muestras de demanda de cloro y mostraje de captación (agua cruda), ubicadas en el ojo de agua, pozo de las hojas y en la bocatoma de la quebrada del tirque, así como la toma de muestras de aguas residuales de la Quebrada Chiniscua o Soraqui, Quebrada Santa María y Quebrada Honda. || Actualmente en la Unidad de servicios Públicos se encuentran adscritos 1465 usuarios, que requieren de agua potable de calidad y sin riesgo por parte del Municipio, para lo cual el Municipio de Socha no cuenta con el personal de planta ni con la infaestructura y equipos adecuados para desarrollar directamente esta actividad de toma de muestras y en consecuencia tiene la necesidad de contratar la prestación de servicios externos con personas idóneas, avaladas por la Secretaría de Salud. || Es conveniente, por higiene, por tratarse de un tema de salud pública, porque los servicios públicos domiciliarios son de primera necesidad para la población, la ejecución de este proyecto de agua tratada y cruda. Que este proyecto se deberá encontrar dentro del Plan de Desarrollo municipal ‘SEGUIMOS TRABAJANDO POR UNA ADMINISTRACIÓN SOCIAL 2016-2019’. En razón a que el proceso de contratación da solución a esta problemática, son necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo, por anteriormente descrito, se procede a iniciar con la misma para que esta sea satisfecha, ya sea con una persona natural o jurídica, que sea idónea teniendo en cuenta la experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente la obra, con el mínimo riesgo y los mejores resultados de cumplimiento y responsabilidad” Cuaderno de Revisión. Folio 120 (reverso). (iii) La disponibilidad presupuestal Nº 2019020012 (folio 126). (iv) Los análisis de agua potable del Municipio de Socha realizados por la Secretaría de Salud de Boyacá durante el 2018 (folios 130-146).
[48] Cuaderno de revisión. Folio 78. Señaló que dicha concesión fue solicitada el 21 de diciembre de 2012, mediante formulario radicado bajo número 17416. Además, precisó que con base en dicha solicitud se “dio apertura al expediente OOCA-0015-13; y mediante Auto No. 0189 del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), CORPOBOYACÁ admitió solicitud de la referida concesión de aguas” También refirió que “mediante Auto No. 1446 del once (11) de agosto de dos mil quince (2015), CORPOBOYACÁ no aprobó memorias, cálculos y planos del sistema de captación de la concesión de aguas presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con Nit: 900036656-1, teniendo en cuenta que las mencionadas memorias, cálculos y planos del sistema de captación no tienen correlación y no garantizan derivar el caudal de 1.28 L/s”
[50] Más adelante, sostuvo que “la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO VEREDA SAGRA ARRIBA DEL MUNCIPIO DE SOCHA, identificada con Nit: 900036656-1, no ha radicado nuevas solicitudes de modificación o ampliación de la concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica denominada ‘Nacimiento Pantano Largo’, ni ha solicitado la inclusión de una fuente hídrica alterna.” Cuaderno de revisión. Folio 78 (reverso).
[58] Corpoboyacá es un ente de carácter público. Se trata de una Corporación Autónoma Regional, encargada “por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables (…)” (Art. 23, Ley 99 de 1993). El artículo 31 dispone: “Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…) 3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; (…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; (…)”
[59] Esta subregla jurisprudencial también fue aplicada en la Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En esa ocasión, la Sala de Revisión afirmó, frente al expediente T-6.470.199, que: “los accionantes consideran que la vulneración a sus derechos fundamentales se viene produciendo desde hace varios años debido a la completa inexistencia de los servicios de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Bocachica de la isla de Tierra Bomba. La omisión de las entidades accionadas genera afectaciones individuales y desconoce derechos fundamentales como el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Adicionalmente, el abandono de los accionantes y su comunidad por parte de las autoridades públicas es una circunstancia continua y actual. Por lo anterior, la Sala advierte que la afectación de los derechos fundamentales permanece en el tiempo, manteniéndose una vulneración que hace necesaria su protección por vía de tutela.” De igual manera, se aplicó en las siguientes sentencias, en las que también se invocó la protección del derecho fundamental al agua: T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-218 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo.
[60] Es decir, se invoca la protección de la dimensión subjetiva del derecho. Sobre esto, la sentencia C-220 de 2011 aclaró: “…como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección por medio de la acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y colectivo.” Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[61] La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se constata que la protección pretendida busca salvaguardar el derecho al agua en su connotación fundamental, la acción de tutela es el mecanismo indicado para el efecto; de lo contrario, se debe acudir a la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998, para la protección de los derechos colectivos. Esta regla ha sido aplicada para analizar el requisito de subsidiariedad en las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, en esta última se concluyó: “los accionantes no se limitan a solicitar el acceso al servicio público de agua y/o acueducto (como derecho colectivo), sino que centran su petición en la protección inmediata (i) del derecho fundamental al agua, en su dimensión subjetiva, ya que buscan la garantía indispensable para la supervivencia y la realización de otros derechos fundamentales, relacionada con el consumo humano mínimo; y (ii) las condiciones de vida digna afectadas por la desconexión del suministro del recurso hídrico por parte de la empresa accionada, respecto de los cuales ellos acreditan una afectación directa que requiere de medias urgentes e inmediatas. Por ello, para esta Sala la tutela, en este caso, es el medio más idóneo y eficaz de protección.” De igual manera, este criterio fue aplicado en las siguientes sentencias: T- 223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-188 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-325 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-532 de 2016. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-093 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-642 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-362 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; T-242 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-752 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas; entre otras.
[62] La Sala reitera que, tal y como se dijo en la Sentencia T-348 de 2013, el juez constitucional al asumir un examen de esta naturaleza debe “verificar que [la protección del derecho al agua para consumo humano que se invoca] esté destinada al consumo humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental” Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido, se enfatiza que el agua para consumo humano es: “una garantía que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’, para lo cual, en la Ley 142 de 1994, el legislador dispuso del servicio de acueducto, incluyéndolo dentro de la categorización de los servicios públicos domiciliarios. Precisamente, al definir el alcance del citado servicio, el artículo 3 del Decreto 302 de 2000 dispone que: ‘servicio público domiciliario de acueducto (…). Es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.’” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. El criterio que recalca la necesidad de que el juez de tutela verifique en el análisis de procedencia que se trata de agua para consumo humano ha sido aplicado en varias sentencias, entre las que se cuentan: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas; T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; entre otras.
[63] Así, por ejemplo, la Sentencia T-358 de 2018 concluyó que no se encontraba cumplido el requisito de subsidiariedad, pues no se demostró que “los accionantes requieran de la conexión del servicio de acueducto para acceder al agua como líquido vital.” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Asimismo, la Sentencia T-099 de 2017 concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto: “las peticiones están dirigidas a lograr un cometido esencialmente patrimonial, que tiene que ver con uno de los varios trámites que debe hacer la empresa constructora para asegurar que las viviendas que edifica cuenten con un sistema de acueducto y alcantarillado.” Sentencia T-099 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En este mismo sentido, la Sentencia T-504 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, afirmó que en dicho caso no se cumplió el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, declaró la improcedencia de la acción, por cuanto se comprobó que el inmueble no estaba siendo habitado y, de hecho, se destinaba a actividades comerciales.
[64] Esta Corporación, desde su inicio, recalcó que la falta del derecho al agua, en su dimensión subjetiva, pone en riesgo otros derechos, así, por ejemplo, la Sentencia T-578 de 1992 afirmó: “[e]n principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela.” Sentencia T-578 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este mismo sentido, se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-022 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-207 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; entre otras.
[65] Sentencia T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En el mismo sentido, se pronunció la Sentencia T-163 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[66] Sentencia T-358 de 2018. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este caso, la Sala de Revisión declaró la improcedencia de la acción, porque no se demostró que el agua se solicitara para consumo humano.
[67] Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[68] Sentencia T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Esta consideración ha sido reiterada en las siguientes sentencias: T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[69] Sobre el particular, la Sentencia T-103 de 2017 afirmó: “[e]sta Corporación ha reconocido la naturaleza subjetiva de ese derecho, [se refiere al agua para el consumo humano] al aceptar que es fuente de vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana. || De esta forma, el agua para el consumo humano ha sido comprendida como una necesidad personal que permite gozar de condiciones materiales de existencia, así como un presupuesto esencial del derecho a la salud y del derecho a gozar de una alimentación sana.” Sentencia T-103 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 resaltó “desde los primeros años de este Tribunal, la Corte entendió que la ausencia del agua para su consumo afecta la vida de las personas y su salud, por lo que procede la acción de tutela como remedio judicial, al entender que se está en presencia de una garantía inherente a la persona humana.” Sentencia T-358 de 2018. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[70] Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. De igual manera, las siguientes sentencias han afirmado que el derecho al agua para consumo humano es autónomo y justiciable en sí mismo, al respecto se sugiere consultar las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas Silva; T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-028 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.
[73] En concreto, se hace referencia a la concesión reconocida el 23 de febrero de 2018, a la Asociación de Suscriptores Carvajal Gómez del Municipio de Socha.
[74] Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[75] Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[76] Sentencia T-028 de 2014. M.P. María Victoria Cale Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[79] Sentencia T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[80] Sentencia T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. De igual manera, la Sentencia T-358 de 2018 indicó que “esta Corporación se ha referido al agua para el consumo humano, como una garantía que subyace al mandato que la Constitución Política dispone en el artículo 366, por virtud del cual se señala que uno de los objetivos esenciales de los servicios públicos ‘es la solución de las necesidades insatisfechas’, entre otras, en lo referente al acceso al ‘agua potable’.” Sentencia T-358 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Una comprensión en este mismo sentido del derecho al agua se expone en las siguientes sentencias: T-100 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-028 de 2014. M.P. María Victoria Cale Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.
[81] Así, por ejemplo, la Sentencia T-891 de 2014 afirmó: “(i) El agua para consumo humano es un derecho fundamental, pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna y a la salud (...)” Sentencia T-891 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. En este mismo sentido se pronunciaron las sentencias: T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-227 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; T-413 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-140 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-431 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-539 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-578 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón; entre muchas otras.
[82] En este sentido se ha pronunciado recientemente esta Corporación, sobre el particular se sugiere consultar las siguientes sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas Silva; T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-028 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre otras.
[83] Sobre este punto, la Sentencia T-223 de 2018 sostuvo: “[a]unque el derecho al agua no fue establecido taxativamente en la Carta Política, la jurisprudencia, los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y los órganos que los interpretan, lo han reconocido como un derecho humano autónomo.” Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[85] Tal y como lo afirmó la Sentencia T-297 de 2018, “la Sala considera necesario recordar que por mandato constitucional (Articulo 93, adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2001), los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por Colombia; El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo que las observaciones efectuadas por el órgano competente, constituye en criterio válido de interpretación del mismo y complementando el marco normativo de los derechos fundamentales de la Constitución.” Sentencia T-297 de 2018. Gloria Stella Ortiz Delgado. Entre las sentencias que sustenta el carácter fundamental del derecho al agua en tratados internacionales se cuentan: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-100 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[89] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo. Esta consideración también fue tenida en cuenta en las sentencias: T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez;
[90] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[92] Este “fue el primer llamamiento a los Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus recursos hídricos y desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas a satisfacer las necesidades de agua potable de toda la población. También reconoció que todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[93] En este “se reiteró que el derecho al agua es un derecho fundamental y advirtió sobre la amenaza que suponen la escasez y el uso abusivo del “agua dulce” para el desarrollo sostenible, para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, para el desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[94] Se“elaboró paralelamente al Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, constituyen uno de los principales instrumentos internacionales que regulan el derecho al agua. En este se resaltó la importancia del agua para la vida y la necesidad de su preservación, el capítulo 18 consagra como objetivo general velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta, conservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua (…)” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[95] Este Programa “también hace una clara referencia al derecho al agua en el principio número 2, el cual sostiene que: ‘los seres humanos […] tienen el derecho a un adecuado estándar de vida para sí y sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados’.” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[99] Esta Agenda “reconoció que el acceso universal al agua y saneamiento es uno de los 17 Objetivos Globales. El objetivo referente al acceso al agua -el número 6- dispone que los Estados deben unificar esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles para todas y todos para el año 2030.” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[100] Contenido en el “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”. Tal y como lo señaló la Sentencia T-012 de 2019: “es importante reiterar que la Observación General No. 15 del CDESC ha sido admitida por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias como referente para delimitar el contenido del derecho de acceso al agua potable. De acuerdo con la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que forman parte del bloque de constitucionalidad –y con ello del ordenamiento interno– los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales deben integrarse en los términos en que han sido desarrollados por sus intérpretes autorizados. Estas interpretaciones, por tanto, deben ser atendidas por el Estado como consecuencia de haber aceptado la competencia de dichas instancias. (…) Tal y como lo afirma la Sentencia T-012 de 2019: “[u]na de las decisiones precursoras en explorar el contenido del derecho al agua según lo establecido en la Observación General No. 15, fue la sentencia T-270 de 2007. Es de destacar que el acceso al agua como derecho fundamental había sido abordado en otros pronunciamientos, no obstante, es reciente la utilización de la Observación General No. 15 como fundamento jurídico central. En efecto, académicos expertos sobre la integración del derecho humano al agua en el ordenamiento jurídico han señalado que “para determinar el marco dentro del cual se puede mover la regulación económica colombiana es fundamental conocer los pronunciamientos de los intérpretes autorizados de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y la forma como los ha incorporado la CCC [Corte Constitucional colombiana]. Por su obligatoriedad, ya no es admisible que un operador jurídico no incluya en sus análisis estos pronunciamientos. (Subrayado fuera del texto original)”. López Murcia, J. y L. García Daza, La obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: el caso de los servicios públicos en Colombia, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, Vol. 6, n° 12, 2008, p. 237. Recuperado: http//: revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13926” Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Entre las sentencias que han usado esta Observación como referente para delimitar el contenido del acceso al agua, se cuentan las siguientes: T-398 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-297 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-118 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-325 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-140 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez; T-790 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-028 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-541 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-980 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-546 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[108] Entre los ámbitos de protección del derecho al agua mediante la acción de tutela se cuentan: ““A la luz del orden constitucional vigente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho al agua comprende, entre otras las siguientes protecciones: (i) cuando la prestación del servicio se vuelve dramáticamente intermitente y esporádica, afectando los derechos fundamentales de las personas; (ii) cuando una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para el consumo humano –concretamente ha tutelado el derecho a tener un acueducto, tanto en su faceta positiva como negativa–; (iii) el derecho a acceder y disponer de agua con regularidad y continuidad, en especial si se deterioraron las condiciones básicas de prestación del servicio; (iv) el derecho al acceso al agua de una o varias personas, cuando se toman acciones positivas que implican limitar la disponibilidad o el acceso a la misma y cuando las autoridades dejan de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe; (v) que la disposición y acceso al agua no se suspenda en condiciones de urgencia; (vi) el acceso al agua sin discriminación; (vii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de alcantarillado, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; (viii) cuando se cuenta con un inadecuado servicio de acueducto, que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas; y (ix) cuando los reglamentos, procedimientos o requisitos establecidos son usados como obstáculos que justifican la violación del derecho al agua.” Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[112] Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo. En esa oportunidad la Sala consideró que “la administración municipal de Arbeláez y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.” Esta consideración ha sido reiterada en las sentencias: T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, T-532 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[113] Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[114] . En esa oportunidad la Sala consideró que “la administración municipal de Arbeláez y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’.”
[115] En el análisis del caso concreto, se desestimaron los argumentos presentados por la autoridad municipal accionada, mediante los que buscó explicar la situación. Estos fueron presentados en los siguientes términos: “(i) por la lejanía de las veredas La Venta y El Saladito, ellas gozan de un acueducto veredal y su funcionamiento es responsabilidad propia. Con la precisión de que la administración, a través de las empresas de servicio públicos, se encarga únicamente de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el casco urbano; y (ii) que si la comunidad quiere solucionar la contaminación que afecta el sistema de captación, debe iniciar un proceso de servidumbre de agua contra el dueño del predio colindante hacia el que presuntamente se movería la fuente.” Frente a ello, la Sala de Revisión consideró que “[l]a administración tenía, sin embargo, el deber de asumir la responsabilidad por la inacción ante una situación como la indicada. Primero, por virtud de los artículos 366 y 367 de la Constitución, y el desarrollo que de esas disposiciones contiene la Ley 142 de 1994, la provisión de agua potable es responsabilidad del ente territorial en cualquiera de sus modalidades, en este caso, de la Alcaldía Municipal de Urrao y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 que estableció que a los municipios les compete promover, financiar o cofinanciar proyectos de construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. Segundo, el agua potable es un derecho fundamental que convoca a todas las entidades del Estado para su protección, y en particular, en un caso como este, a las que constituyen la administración pública del lugar. Resulta entonces naturalmente extraño al orden constitucional que las autoridades públicas adopten una actitud de abstención notoria frente a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada, que pone en riesgo objetivo sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud.” T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Alejandro Linares Cantillo.
[116] En esta decisión, la Sala de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[117] En esta Sentencia, la Sala de Revisión consideró que las autoridades vulneraban el derecho fundamental al agua de las familias campesinas habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua pertenecientes al Municipio de La Mesa, que fueron afectados con la ola invernal del 2010, que produjo la caída de la infraestructura de la boca-toma que abastecía el Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima. En el análisis del caso, se comprobó que la conducta de las entidades accionadas -los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima- había sido negligente, por dos razones: (i) no cuentan “con verdaderas estrategias de diseño e implementación de la prestación del servicio de acueducto que impacten en el plano material el goce efectivo del derecho al agua” y (ii) omitieron adoptar alguna medida efectiva para garantizar a los habitantes la satisfacción de sus necesidades básicas. Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[118] En el análisis del caso concreto, la Sentencia T-012 de 2019 afirmó: “[e]l olvido institucional de la accionante, su familia y su comunidad se ve reflejado en las cifras de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en las áreas rurales del departamento de Bolívar. Según el Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 “Bolívar Sí Avanza”, mientras que el servicio público domiciliario de agua potable solo cubre el 35% de las áreas rurales, en la actualidad no se tienen cifras sobre la cobertura del servicio de saneamiento básico (lo que indica una probable inexistencia absoluta del servicio). Específicamente, el Plan de Desarrollo refiere que en la actualidad un total de 232 corregimientos y una población de 115.824 habitantes rurales carecen por completo de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. || 5.6.11. Lo anterior representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada por esta Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado de la accionante, su familia y comunidad es el reflejo del olvido al han sido relegados los habitantes rurales del departamento de Bolívar, en clara contradicción de las prioridades establecidas en la Constitución Política y los fines del Estado Social de Derecho. Resulta alarmante constatar la actitud de abstención notoria adoptada por las autoridades territoriales frente a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada y a condiciones ambientales insalubres.” Y, en consecuencia, concluyó: “es claro que ninguno de los componentes esenciales del derecho fundamental al agua potable se encuentra satisfecho, por lo que resulta esencial garantizar a la accionante, su familia y comunidad el acceso continuo y suficiente, tanto físico como económico, a agua apta para el consumo humano.” Sentencia T-012 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[119] Al respecto, como lo sintetizó la Sentencia T-374 de 2018: “en los casos en que existe una conexión ilegal al sistema de abastecimiento de agua potable, la Corte ha establecido que no puede pasar por alto esa conducta, y ha adoptado diferentes tipos de decisiones. || De un lado, en un primer escenario estimó que esa situación le impedía amparar los derechos invocados y resolvió negar el amparo, postura que evolucionó, y atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad y el contexto propio de cada caso, ha considerado procedente conceder la protección de los derechos reclamados cuando con ello se afectan las condiciones de sujetos especialmente protegidos. || De otro lado, cuando ha evidenciado situaciones de violencia para impedir la suspensión del servicio y abuso del derecho que se refleja en la afectación cierta de derechos de terceros, ha modulado su postura, dictando fallos que sin perjuicio de las consecuencias de las vías de hecho usadas, propenden por la superación de la falta de agua potable para los actores.” Sentencia T-374 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[120] Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Una consideración en sentido similar ha sido planteada en las sentencias: T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras. Al respecto, la Sentencia T-475 de 2017 afirmó: “como sucede en el caso de los derechos fundamentales en general, garantizar la faceta positiva del derecho al agua puede implicar acciones complejas, como la construcción de obras necesarias para el suministro del líquido, con las implicaciones presupuestales que esto conlleva. Teniendo en cuenta la complejidad de las medidas necesarias para garantizar esta faceta, es razonable que el Estado las desarrolle de manera progresiva (...).” Además, expuso un recuento de algunas decisiones que se han proferido en sede de tutela para garantizar el derecho fundamental al agua para consumo humano. Precisó que en algunas ocasiones esta Corporación ha señalado la obligación que tienen las autoridades estatales de “adelantar el diseño de una política pública”, y dijo, con fundamento en la Sentencia C-251 de 1997, que ello es así “para garantizar de manera progresiva el derecho al agua cuando es necesario construir o reparar un acueducto veredal o municipal que no presta adecuadamente sus servicios. Ello ha sido así debido a que la Corte atendiendo la doctrina internacional más autorizada sobre la materia señaló que dicho carácter progresivo ‘no implica que los Estados pueden demorar la toma de medidas necesarias para hacerlos efectivos. Por el contrario, el deber de adoptar todas las medidas posibles es inmediato, ya que tienen la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el Pacto.’” Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[121] Sentencia T-475 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo. Más adelante, en esta misma decisión judicial, se reiteró: “Así las cosas, la obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho.”
[122] En esta decisión, se concluyó que los derechos fundamentales al agua, a la salud, a la vida y a la dignidad de los habitantes de las comunidades residentes en las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos se encontraban vulnerados, en tanto no garantizaron la disponibilidad mínima del agua. Por lo anterior, la Sala de Revisión ordenó: “a las alcaldías de los municipios de Apulo y Tocaima que, inicien el diseño de una política pública que esté encaminada a superar la situación de abastecimiento de agua potable a las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos, para lo cual cuentan con un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de ésta sentencia. En ésta se deberán adoptar las medidas que sean necesarias para el efecto, tales como la construcción de acueductos veredales, la conexión a otros acueductos ya existentes, o el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento con los que cuentan los actores, entre otros. Así mismo deberán realizar las apropiaciones presupuestales necesarias. Una vez diseñado el plan deberán iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma incluido en él, y en todo caso la implementación del mismo tendrá que comenzar a más tardar un año después de la notificación de ésta sentencia.” Sentencia T-312 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[123] En esta Sentencia se concluyó que: “[t]oda persona tiene derecho a que la Administración asegure un mínimo vital de agua en condiciones adecuadas de disponibilidad, regularidad y continuidad y a que por lo menos, exista un plan de acción debidamente estructurado que asegure, progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión del derecho y que posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan.” Sentencia T-028 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[124] En esta ocasión, se evidenció que la Alcaldía Municipal de Cali carecía de “un plan consolidado y definitivo, que le permita al accionante y su familia, acceder, así sea progresivamente, a su derecho al agua. Si bien se cuenta con algunos avances, respecto a cómo proceder, en términos generales no hay aún un plan de acción debidamente diseñado y consolidado para atender y asegurar las necesidades de la comunidad a la cual pertenece el accionante. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la carencia de un plan o de un programa de acción implica que los residentes de un corregimiento no van a poder asegurar el goce pleno y efectivo de una dimensión positiva o prestacional del derecho fundamental, en este caso el de agua potable.” Sentencia T-733 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[125] En esta decisión, la Sala de Revisión concluyó: “[l]a Administración municipal viola el derecho al agua y a una vida digna de las personas, en especial de sujetos de especial protección constitucional, cuando carece de planes y programas que se estén implementando, para progresivamente garantizar el goce efectivo del derecho al acceso al agua potable de sus habitantes. Especialmente grave es la violación de los derechos de las comunidades rurales que se abastecen de fuentes naturales, y el que las entidades territoriales no las apoyen con medios o herramientas que les permitan captar y almacenar agua de forma digna.” Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[128] La Corporación también ha abordado el tema de la falta de provisión de agua potable debido a la inexistencia de red de acueducto o del líquido. Así, en la Sentencia T-381 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub decidió el caso de un grupo de ciudadanos que vieron desaparecer un conjunto de manantiales de los que se surtían de agua potable las parcelas de su propiedad, debido a la construcción de un túnel vial, en detrimento de su derecho fundamental al agua potable. La Corte Constitucional concedió la tutela y ordenó que se conformase un comité técnico para determinar en un plazo de seis (6) meses cuál era la solución idónea para garantizar el suministro definitivo de agua y se ejecutase la decisión acordada. Ver en el mismo sentido, por ejemplo, las sentencias T-143 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo; T-091 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo; y, T-616 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[133] “44. La Sala destaca que los acueductos comunitarios son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad económica en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad. || 45. En este orden de ideas, los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada. Constituyen la materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.” Sentencia T-223 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[135] Frente a la prestación de servicios públicos, por una parte, los departamentos tienen las funciones de apoyo y coordinación, en los términos previstos en el Artículo 7° de la Ley 142 de 1994, que afirma: Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos. “Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas || 7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. || 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. || 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, <sic> la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.” Por otra parte, la Nación tiene las siguientes competencias, en los términos del artículo 8 de la Ley 142 de 1994, “8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético. || 8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas. || 8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. || 8.4. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos y a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas asociativas de naturaleza cooperativa. || 8.5. Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios. || 8.6. Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley. || 8.7. Las demás que le asigne la ley.” Además, el numeral 5 del artículo 162 establece que: “El Ministerio de Desarrollo*, a través del Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, ejercerá las siguientes funciones, además de las competencias definidas para los Ministerios en esta Ley, en relación con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas aquellas que las complementen. || 162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades nacionales y seccionales.”
[136] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[137] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[138] “<Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde al municipio: (…) 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. (…) 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. (…)”
[140] Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez. En este mismo sentido, las respectivas salas de revisión se pronunciaron en las sentencias Ver por ejemplo las sentencias: T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo; y, T-139 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[141] Sentencia T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo. En esta decisión, se concluyó: “[c]on fundamento en los artículos 366 y 367 de la Constitución y la ley 142 de 1994 que los desarrolla, la administración municipal debe velar por el adecuado funcionamiento de los acueductos de la zona de su jurisdicción, tanto de los relacionados con el sector urbano como rural, como aquellos que por razón de la distancia geográfica con el casco urbano, sean administrados por comunidades rurales o veredales. Este deber implica el apoyo técnico y jurídico a las comunidades para la operación del acueducto, y en caso de que el abastecimiento comunitario no sea de calidad, garantizar a todas las personas el mínimo de agua diario potable que requieran para suplir sus necesidades básicas.”
[143] Sentencia T-338 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. En este mismo sentido, la Sentencia T-245 de 2016 afirmó: “los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se involucra en el manejo de los recursos hídricos y en el suministro del recurso vital a los usuarios de una zona determinada. Constituyen una materialización de los principios de participación ciudadana en la toma de decisiones de su interés y deben contar con el apoyo de las autoridades del Estado en los aspectos necesarios para garantizar el suministro del líquido a todas las personas ubicadas en su área de funcionamiento.” Sentencia T-245 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[144] Así, por ejemplo, la Sentencia T-388 de 2013 afirmó que el carácter progresivo de la garantía de la faceta prestacional de un derecho supone, en todo caso, un contenido básico exigible judicialmente “no sometido a debate en una democracia, a saber: el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando. Cuando el juez de tutela constata que una política pública desconoce abiertamente alguno o varios de estos parámetros mínimos, estará ante una violación a la Constitución Política.” Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo. En esta, la Corte resolvió nueve expedientes de tutela de acciones de tutela instauradas por personas privadas de la libertad, debido a las condiciones indignas e inhumanas de reclusión, en las cárceles de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, y la de Barrancabermeja por la vulneración de los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en especial, por el grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones. La Corte concluyó que el Sistema penitenciario y carcelario se encontraba nuevamente en un estado de cosas inconstitucional, entre otras cosas, por una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia para aliviar la situación de vulneración de derechos en el Sistema penitenciario; así como una ausencia de coordinación de entidades llamadas a solventar la problemática. En particular, la Sala de Revisión consideró que en los casos en que las facetas prestacionales de un derecho fundamental sean de carácter progresivo “las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté implementando”. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta parámetros de estructura, proceso y resultado, en el planteamiento de la política de intervención. Esta consideración fue reiterada en la Sentencia T-276 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
[145] Sentencia T-129 de 2017 dijo: Sentencia T-129 de 2017. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez. Esta consideración también fue planteada en la Sentencia T-245 de 2016, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[146] Sentencia T-103 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Alejandro Linares Cantillo.
[151] Según la OMS, una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas y evitar afecciones de salud. Sin embargo, esta cantidad es indicativa y depende del contexto particular. Por ejemplo, las madres lactantes y las personas enfermas de VIH/SIDA requieren de más de 100 litros de agua diarios. Para mayor información, consultar: Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35. 2010. p. 9. Asimismo, en varias sentencias de la Corte Constitucional, esta Corporación ha ordenado el suministro de esta cantidad de agua diaria para proteger el derecho al agua potable de los accionantes. Al respecto, consultar las sentencias T-012 de 2019, M.P. Cristina Pardo; T-575 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-641 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otras.