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Timestamp: 2019-07-22 01:27:50
Document Index: 107293310

Matched Legal Cases: ['artículo 94', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 93']

IVA. Sujeción al Impuesto y régimen de deducciones de sociedad de titularidad municipal que, entre otros, presta servicios de mantenimiento de jardines y parques públicos - El Derecho Local
IVA. Sujeción al Impuesto y régimen de deducciones de sociedad de titularidad municipal que, entre otros, presta servicios de mantenimiento de jardines y parques públicos
DGT 05/10/2018
Se formula consulta formulada por sociedad mercantil de titularidad íntegramente municipal que realiza diversas actividades en favor del Ayuntamiento del que depende, tales como mantenimiento de jardines y parques públicos, alumbrado público, vías urbanas, edificios, etc. En concreto se pregunta por la sujeción al IVA de tal actividad y el régimen de deducciones.
Y la DGT informa en este caso nos hallamos ante una entidad de las llamadas denominados “entes duales” que desarrollan tres tipos de actividades: actividades no económicas, no incluidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto; actividades económicas, incluidas, por consiguiente, en el ámbito de aplicación de dicho impuesto, pero exentas del mismo; y actividades económicas gravadas.
Así, la DGT señala que los criterios que deben seguirse para la determinación del régimen de deducciones efectuado por aquellas entidades que, como ocurre entes caso, realizan operaciones sujetas y no sujetas al IVA ya han sido señalados por este Centro Directivo entre otras, en las contestaciones a las consultas de 17 de marzo de 2009, número V529-09, y de 28 de octubre de 2010, número V2353-10, ambas vinculantes, y que son los siguientes:
Del total de cuotas soportadas han de quedar excluidas, de principio, las cuotas que se corresponden íntegramente con la adquisición de bienes y servicios destinados, exclusivamente, a la realización de operaciones no sujetas por aplicación del art.7.8º de la Ley 37/1992. Dichas cuotas no serán deducibles en ninguna proporción.
Dentro de este último grupo y cuando se trate específicamente de cuotas soportadas por adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, el art. 95.Dos de la Ley 37/1992 prescribe que podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:
2ª. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%.
En una segunda fase, las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios que se destinen única y exclusivamente a la realización de operaciones sujetas al Impuesto, más aquéllas que resulten de la aplicación del criterio razonable y homogéneo adoptado por la entidad consultante conforme a lo indicado en los párrafos precedentes cuando se trate de cuotas afectas simultáneamente al desarrollo de operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto, serán deducibles siempre que se cumplan el resto de requisitos que para el referido ejercicio a la deducción se establecen en el capítulo I del título VIII de la LIVA, en particular, que se destinen a la realización de operaciones originadoras del derecho a la deducción de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94.Uno de dicha Ley y que se esté en posesión de una factura que reúna la totalidad de requisitos a que se refiere el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el RD 1619/2012, de 30 de noviembre.
Por consiguiente, las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios que se afecten exclusivamente a la realización de operaciones sujetas al Impuesto serán deducibles si se cumplen los restantes requisitos a que se refieren los arts. 92 y ss LIVA.
Dirección General de Tributos, Consulta, 5-10-2018
V2694-18
Ley 37/1992 arts. 7-8º, 93-cinco
La entidad consultante es una sociedad mercantil de titularidad íntegramente municipal que realiza diversas actividades en favor del Ayuntamiento del que depende: mantenimiento de jardines y parques públicos, alumbrado público, vías urbanas, edificios, etc.
La consultante realiza también ejecuciones de obra para el Ayuntamiento y el servicio de suministro general de agua.
Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de su actividad y régimen de deducciones.
1.- El artículo 4.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) establece que “Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.
Los citados preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a las Administraciones Públicas, a las personas físicas, a las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro o a las sociedades mercantiles que, consecuentemente, tendrán la condición de empresarios cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad.
2.- No obstante lo anterior, el artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (antiguo artículo 4.5 de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva, norma derogada y sustituida desde el 1 de enero de 2007 por la referida Directiva 2006/112/CE), establece lo siguiente:
El mencionado precepto comunitario ha sido objeto de interpretación en diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante, el Tribunal. En este sentido, ha de destacarse la de 11 de julio de 1985, Asunto C-107/84, Comisión contra Alemania, la de 26 de marzo de 1987, Asunto C-235/85, Comisión contra Holanda, o la de 17 de octubre de 1989, Asuntos acumulados C-231/87 y 129/88, así como más recientemente la de 16 de septiembre de 2008, C-288/07, Isle of Wigth Council.
3. - La incorporación del mencionado artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE al Derecho nacional se ha realizado a través del artículo 7.8º de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la redacción dada por la disposición final 10.Uno de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), que entró en vigor el 10 de noviembre de 2017, conforme al cual:
El concepto de Administración pública recogido en la letra B) del número 8º del artículo 7 de la Ley del Impuesto, se aplica a todos los efectos de este número 8º.
De acuerdo con este precepto, no tienen la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales locales como la entidad consultante, sin perjuicio de que puedan quedar no sujetas algunas de las operaciones que realice como, por ejemplo, los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público , salvo que se trate de alguna de las actividades mencionadas en las letras a´) a m´) del apartado F) del artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
Tampoco estarán sujetos los servicios prestados por sociedad consultante a favor de la Entidad Local (Ayuntamiento) de la que depende o de otra Administración íntegramente dependiente de ese Ayuntamiento, salvo que se trate de alguna de las actividades mencionadas en las letras a´) a m´) del apartado F) del artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
4.- Debe tenerse en cuenta que la no sujeción de sus operaciones mencionadas en las letras C), D) y E) del artículo 7.8º alcanza exclusivamente a aquellas que, de conformidad con lo establecido en la Ley 37/1992, tengan la consideración de prestaciones de servicios, sin que la misma sea aplicable a las operaciones que se califiquen como entregas de bienes.
De conformidad con el artículo 11.Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto, “A los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Ley, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes.”.
En este sentido, el artículo 8 de la Ley 37/1992 establece que “Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos bienes.”.
Por otra parte, el apartado dos de este mismo artículo 8 califica, en particular, como entregas de bienes, “Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de esta ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 40 por 100 de la base imponible.”.
El concepto de edificaciones se recoge en el artículo 6 de la Ley del Impuesto, que dispone lo que sigue:
“Uno. A los efectos de este Impuesto, se considerarán edificaciones las construcciones unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente.
Por su parte, el concepto de rehabilitación a efectos del Impuesto se recoge en la letra B) del artículo 20.uno.22º de la Ley 37/1992, el cual señala que, a los efectos de la Ley del Impuesto, son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan los siguientes requisitos:
De todo lo anterior, se pone de manifiesto que cuando las operaciones realizadas por la sociedad consultante en favor del Ayuntamiento del que depende se concreten en la realización de ejecuciones de obra con aportación de materiales cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación de una edificación y el coste de tales materiales aportados por la sociedad mercantil objeto de consulta exceda del 40 por ciento de la base imponible del Impuesto, tendrán la consideración de entregas de bienes, que, en consecuencia, quedarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido,.
No obstante, otras actuaciones que no constituyan ejecuciones de obra sobre edificaciones en los términos señalados tendrán la consideración de prestaciones de servicios cualquiera que sea el porcentaje de materiales aportados por la sociedad mercantil en relación con la base imponible de la referida prestación de servicios, quedando, por tanto, no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
5.- Por otra parte, como señala el artículo 7, 8º de la Ley 37/1992 en su apartado F), en todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que se enumeran, entre ellas se menciona en la letra b´) “distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía.”.
Por tanto, según este precepto, estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones Públicas realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto, aun cuando se lleven a cabo en virtud de encomiendas de gestión, o se presten por entidades íntegramente dependiente de la Administración Pública (un Ayuntamiento en el caso objeto de consulta) entre las que se encuentra la de distribución de agua que, en todo caso, tiene la condición de actividad empresarial aun en los casos en que su contraprestación tenga naturaleza tributaria.
En este sentido, este Centro directivo, en su contestación vinculante de 14 de mayo de 2010, número V1012-10, evidenciaba que la actividad de distribución de agua sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido incluye, además del propio suministro y distribución de agua en sentido estricto, todas las operaciones relacionadas con el denominado ciclo integral del agua (fases de captación, suministro, potabilización, distribución de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales), de tal forma que cuando una Administración Pública realiza la distribución y suministro del agua incluyendo en la contraprestación de sus operaciones, además de la tasa de suministro, la tasa de saneamiento y alcantarillado, estas también deberán formar parte de la base imponible del suministro y distribución de aguas sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido que dicha Administración Pública efectúa.
6.- El ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado podrá efectuarse siempre que se cumplan la totalidad de requisitos y limitaciones previstos por el capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992.
En particular, el artículo 93, apartado Cinco, de la Ley del impuesto, con la redacción dada por la disposición final 10.Tres de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público recoge una norma específica para este tipo de entidades, señalando que:
Debe tenerse en cuenta que este apartado cinco del artículo 93 de la Ley 37/1992 clarifica la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados a la realización de operaciones no sujetas efectuadas por aquellos sujetos pasivos que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En este sentido, los criterios que deben seguirse para la determinación del régimen de deducciones efectuado por aquellas entidades que tienen carácter dual, esto es, que en el ejercicio de su actividad realizan operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a los preceptos señalados, ya han sido señalados por este Centro Directivo entre otras, en las contestaciones a las consultas de 17 de marzo de 2009, número V5299-09, y de 28 de octubre de 2010, número V2353-10, ambas vinculantes, y que son los siguientes: