Source: https://www.alianzapais.com.ec/2017/12/05/ayuda-memoria-referendo-consulta-popular-2017/
Timestamp: 2017-12-11 18:43:29
Document Index: 207633081

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 9', 'artículo 105', 'artículo 191', 'artículo 104', 'artículo 438', 'artículo 433', 'artículo 127', 'artículo 226', 'artículo 20', 'artículo 191', 'artículo 204', 'artículo 217', 'artículo 431', 'artículo 205', 'artículo 95', 'e contrario', 'artículo 127']

﻿ AYUDA MEMORIA REFERENDO Y CONSULTA POPULAR 2017 - Movimiento Alianza PAIS
AYUDA MEMORIA REFERENDO Y CONSULTA POPULAR 2017
CRONOLOGÍA, ANTECEDENTES DE HECHO Y DE DERECHO
Antecedentes de hecho. –
El lunes 18 de septiembre de 2017, el presidente Lenín Moreno Garcés, anunció su intención de convocar a consulta popular y referendo al pueblo ecuatoriano.
El lunes 2 de octubre de 2017, el presidente Lenin Moreno dio a conocer a través de una cadena nacional el contenido de la consulta popular y el plan de reformas que someterá al pronunciamiento de las y los ecuatorianos en las urnas.
Con oficio Nro. T. 141-SGJ-17-0330, de 2 de octubre de 2017, el presidente, Lenín Moreno Garcés, remitió a la Corte Constitucional, el proyecto de enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador.
El jueves 5 de octubre de 2017, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional integrada por las juezas constitucionales, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote, admitió a trámite las causas Nro. 001-17-CP y 002-17-RC, respectivamente.
Con providencia de 6 de noviembre de 2017, en virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, la jueza sustanciadora Dra. Tatiana Ordeñana Sierra, avocó conocimiento de la causa Nro. 0002-17-RC Reforma a la Constitución de la República; y, convocó a Audiencia Pública el miércoles 15 de noviembre de 2017, con finalidad que las partes dentro del proceso expongan sus argumentos, y de ser el caso, entreguen documentación que consideren necesaria. Asimismo, en virtud de dicha diligencia ordenada de conformidad con el artículo 9 inciso final del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, suspender el decurso de los plazos y términos en la presente causa.
Con providencia de 23 de noviembre de 2017, la jueza sustanciadora Dra. Tatiana Ordeñana Sierra, dispone que una vez celebrada la audiencia pública ordenada en providencia de 6 de noviembre de 2017, y de conformidad con el artículo 9 inciso final del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional se reanuda el decurso de los plazos y términos de la causa Nro. 0002-17-RC.
Con Oficio Nro. 161-PBS-SUS-CC-2017, de 23 de noviembre de 2017 la actuaria de la causa remitió a Secretaría General de la Corte, el proyecto de dictamen.
El 24 de noviembre de 2017, la Secretaría General de la Corte hace conocer la recepción del proceso Nro. 0002-17-RC, previo al conocimiento y resolución del Pleno de la Corte Constitucional.
Con Decretos Ejecutivos Nro. 229 y 230, de 29 de noviembre de 2017, el presidente Lenín Moreno Garcés, previo un proceso de reorganización del Consejo Nacional Electoral, decreta convocar a las y los ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a referendo y consulta popular. En virtud de lo dispuesto en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Mediante Oficio Nro. T.172-SGJ-17-0488, de 29 de noviembre de 2017, firmado por doctora Johana Pesántez Benítez, Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la República, se argumenta que las convocatorias contenidas en los Decretos No. 229 y No. 330 pueden realizarse en razón de: “[…] la falta de pronunciamiento de constitucionalidad; por lo que, de conformidad con el último inciso del artículo 105 y artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se entiende que se ha emitido dictamen favorable.”
Con fecha 1 de diciembre, el Bloque de legisladores del Movimiento AP, presentaron una demanda de inconstitucionalidad de los decretos 229 y 230, en la que además se solicita como medida cautelar que el CNE se abstenga de convocar a Consulta Popular y el cese de los efectos jurídicos de dichos decretos, puesto que no han cumplido con el control previo de constitucionalidad previstos en los artículos 104 de la Constitución de la República y 184 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia.
Mediante oficio 244-2017-CCE-P el Presidente de la Corte Constitucional suspendió el 1 de diciembre de 2017, la sesión extraordinaria del pleno de la Corte Constitucional convocado para el día 5 de diciembre para conocer el dictamen, con lo cual pretende legitimar los decretos presidenciales pero a cambio de sacrificar lo dispuesto en la propia norma constitucional. Es necesario recordar, que según dispone el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aún le corresponde el “control automático de las consultas populares” e incluso el control posterior de constitucionalidad que se podría demandar a la Corte
Antecedentes de derecho. –
El Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 613, de 22 octubre de 2015, y vigente desde entonces, regula en su artículo 9, el término de 20 días previsto en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al establecer que los plazos y términos a los que se refiere el citado cuerpo legal se aplicarán a la fase de impulsión judicial que se inicia a partir del día siguiente a que el expediente se encuentre listo para la decisión de las distintas Salas de Admisión, Selección y Revisión, al despacho de la jueza o juez sustanciador o al despacho del Pleno de la Corte, no computándose dentro del cálculo el tiempo durante el cual el expediente no se encuentre en dichas instancias. Asimismo, cuando se ordene la práctica de diligencias se suspenderá el cómputo de los plazos o términos.
Cabe señalar que el referido Reglamento fue expedido por la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución prevista en el numeral 8 del artículo 191 de la citada Ley, al determinar que le corresponde expedir, interpretar y modificar a través de resoluciones los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento.
Al respecto la Constitución de la República determina: El inciso final del artículo 104, dispone que en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. En el mismo sentido, el numeral 2 del artículo 438, al establecer que la Corte emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, el artículo 433 dispone imperativamente, que la Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos para la reforma a la Constitución corresponde en cada caso.
Por su parte, los artículos 82, 226 y 424, determinan respectivamente, que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y, que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
Finalmente, el artículo 127 de la de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la Corte realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. Control que no es mera formalidad, sino que está dirigido “a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento.”
Los Decretos Ejecutivos Nro. 229 y 330 vulneran el principio de legalidad en el ejercicio de las competencias de los órganos públicos, consagrado en el artículo 226 de la Carta Magna, pues el presidente de la República pretende evadir el imperativo del dictamen previo de la Corte para convocar a consulta y calificar el procedimiento respectivo para la reforma constitucional.
Asimismo, vulneran normas constitucionales claras relacionadas al respeto y aplicación de normas jurídicas vigentes y al ejercicio de competencias exclusivamente establecidas por la Constitución y la ley, al omitir el control preventivo de la Corte, atenta abiertamente contra el Estado constitucional de derechos, contra las instituciones democráticas y contra la institucionalidad de la Corte Constitucional.
El viabilizar la aplicación de dichos decretos, produciría daños irreparables a la supremacía de la Constitución a los derechos de los ciudadanos, al sistema democrático, a la separación de poderes y a las sensibles competencias de la Corte Constitucional, ya que una convocaría a referendo de enmienda constitucional sin dictamen previo, permitiría que temas de gran trascendencia pasen sin el filtro y calificación constitucional.
Asimismo, se violaría la libertad del elector, y los considerados y preguntas pasarían sin el filtro y estándares constitucionales y legales. Además de reconocer implícitamente que el presidente de la República está sobre la Constitución y la ley; que puede interferir y anular las competencias exclusivas de la Corte Constitucional sobre el control previo, a pesar de que el término para el dictamen todavía no se ha cumplido para la emisión del dictamen respectivo.
IMPLICACIONES DE DESCONOCER EL REGLAMENTO DE SUSTANCIACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Es necesario evidenciar que desconocer el Reglamento de Sustanciación de la Corte Constitucional, significaría repudiar como nulos 1.892 casos despachados solamente desde la última codificación en octubre del 2015 y publicación del Reglamento de Sustanciación de la Corte, en el Registro Oficial. De tal manera que podrían quedar en cuestión dictámenes y resoluciones emitidos por la Corte, entre ellos:
Convenio Internacionales con Dictamen de la Corte Constitucional (Entre muchos otros el protocolo de adhesión del Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea – Colombia y Perú);
Resoluciones de la Corte Constitucional (Entre muchos otros el Dictamen a la Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales que se sustanció desde el 3 de Octubre al 18 de noviembre de 2016) ;
Dictamen a los Estados de Excepción (Por Volcán Cotopaxi, Terremoto y los ordenados por el propio Presidente Garcés);
Sentencias de la Corte Constitucional;
Acciones Públicas de Inconstitucionalidad;
Acciones Extraordinarias de Protección;
Acciones de Amparo;
Todas estas acciones estarían en el limbo jurídico y con la decisión del Presidente en los Decretos Ejecutivos, estaría desconociendo y calificándolos de inconstitucionales. Por lo tanto, de nulidad absoluta para la Función Ejecutiva, 1.892 resueltos desde 2015, más los miles que se encuentran en sustanciación.
Termina el Estado de Constitucional de Justicia y Derechos; el Estado de Derecho es sustituido por la decisión plasmada en actos administrativos y lo que rige son los Decretos Ejecutivos (que se convierten en Decretos Supremos de una cuasi dictadura), el Presidente de la República sustituye a la Corte Constitucional como única instancia decisoria en compatibilidad normativa, interpretación de la Carta Magna, constitucionalidad de Instrumentos Internacionales y como juez y administrador de la justicia constitucional.
ARGUMENTOS SOIBRE LA REELECCIÓN Y CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ante la preguntra dos: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?
Esta pregunta debió ser sometida a un profundo análisis por parte de la Corte Constitucional, puesto que, en su contenido se están preguntando tres cosas relacionadas, pero diferentes: cesación de los actuales miembros; nominación de un nuevo Consejo y funciones del nuevo Consejo; lo que contradice lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la LOGJCC.
Con ésta pregunta referente al Consejo de Paticipación Ciudadana y Control Social, junto a la destitución de los actuales miembros y la posibilidad de evaluación de las autoridades públicas, se está desestructurando el conjunto de la institucionalidad del Estado de derecho, sin justificción alguna. La referencia a que existe antecedente en el Referéndum del año 2011, mediante el que se eligió un Consejo de la Judicatura transitorio, no responde a la realidad, puesto que en ese caso, se había incumplido ya por casi tres años el mandato del artículo 20 del Régimen de Transición de la Constitución de la República, que había concedido ciento ochenta días (180) para que se proceda con la nominación del nuevo Consejo, sin que se hubiere cumplido dicha norma constitucional.
Además, en ese caso, se realizó una modificación en la conformación del Consejo, pero de ningún modo se establecieron competencias extraordinarias a las que la Constitución establecía para el Consejo de la Judicatura, peor aún poderes que son atentatorios a las atribuciones de otras funciones del Estado o de organismos cuya autonomía esta garantizada por la propia norma contitucional, tal es el caso de la Defensoría Pública, artículo 191; Fiscalía General del Estado, art. 194 y la de todos los órganos de la Función de Transparencia Y Control Social cuya autonomía está garantizada en el artículo 204 de la Constitución. Adicionalmente, con la propuesta presentada por el Ejecutivo podría destituir a los integrantes de la Función Electoral (autonomía garantizada en artículo 217) e incluso a la propia Corte Constitucional, lo cual no sólo que contraviene lo estipulado en los artículos 429 y 430 de la Carta Magna sino el principio fundamental de un estado constitucional, que coloca como organismo de cierre de la constitucionalidad a la Corte.
La enmienda propuesta tiene por objetivo nombrar un Consejo “propio”, con todos los delegados del Ejecutivo y con poderes omnímodos, puesto que se pretende entregar la capacidad de evaluar y destituir al resto de autoridades de control y otras que son nominadas por el CPC y CS, incluyendo la propia Corte. Esta pretensión contradice lo dispuesto en el Art. 120, numeral 9 de la CR, que señala que le corresponde a la Asamblea fiscalizar los actos de las otras funciones del Estado; además de la autonomía consagrada para diferentes instituciones por la propia Constitución. La Corte por ser el organismo de cierre del control constitucional no puede ser objeto de fiscalización, según el mandato del artículo 431 de la Contitución y menos por parte de un Consejo Provisional
La propuesta de referéndum quebranta la estructura del Estado y los preceptos establecidos en una serie de documentos y resoluciones de organismos internacionales y procesos de integración de la región; además generá un dilema jurídico, puesto que la propia Constitución en su artículo 205 prohíbe expresamente que la Asamblea Nacional, “en ningún caso” podrá designar los reemplazos, en caso de cesación de los integrantes del Consejo de Participación Ciuadadna y Control Social.
– Ante la pregunta tres: Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?
El 3 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas a la Constitución que incluían la autorización de la libre postulación y reelección a los cargos de elección popular, previo Dictamen de la Corte Constitucional n.° 001-14-DRC-CC, de fecha 31 de octubre de 2014, relativo al Caso n.° 0001-14-RC. En el mencionado dictamen se incluyeron las consideraciones a las modificaciones propuestas a los artículos 114 y 144 de la Constitución de la República, que ahora nuevamente fueron sometidas a dictamen de la Corte Constitucional.
El debate de la reelección tiene larga data en nuestra región, ya en los años 80 y 90 se desarrolló un profundo debate académico respecto de la mejor forma de gobierno para América Latina, lamentablemente con pocas repercusiones en el plano político. Lo paradójico es que durante estos años e incluso hasta la misma constituyente del 2008, se miraba que algunas de las debilidades del régimen presidencial estaban relacionadas con la rigidez del mandato y la imposibilidad de reelección como mecanismo de control social tanto de los partidos como de los mandatarios
En este contexto garantista de derechos, José Thompson, manifiesta que: “ (…) lo importante – en referencia a la reelección- es analizar qué implicaciones tiene. Así, de qué forma el ente rector de los comicios, sin impedir que la reelección que haya sido aprobada constitucional, o legal, o judicialmente tenga efecto, trata de garantizar condiciones mínimas de equidad.”[1] El mismo autor añade: “ (…) la figura de la postulación debe estar rodeada de mecanismos y garantías que permitan que efectivamente la oposición pueda organizarse, que la oposición tenga una oportunidad real de triunfar, que haya una equidad que permita que el resultado sea impredecible”[2].
Así, el ordenamiento jurídico ecuatoriano establece mecanismos tendientes a garantizar equidad electoral: a) El sistema electoral se concibe como una función autónoma del Estado cuya finalidad es garantizar la efectiva vigencia de los derechos políticos b) Los órganos de control electoral se encuentran sometidos al control social c) Existe límite al gasto electoral d) Rectoría del Estado para el otorgamiento de espacios de promoción para las organizaciones políticas.
Una confusión que no se puede dejar de anotar es, lo que significa la posibilidad de libre postulación y la reelección, que se confunde de manera intencionada en el debate mediático, pero que la Corte Constitucional lo distinguió claramente cuando dictaminó sobre el pedido de las enmiendas el 31 de octubre de 2014. La primera, es el derecho de postularse por parte de quienes han ejercido ciertos cargos, es decir, es un derecho de participación de una minoría; sin embargo, la reelección sólo será posible, si el pueblo así lo decide; es decir tiene que ver con un derecho de los millones de electores que concurren a una determinada elección. Así lo sintetizó la Corte: “Resulta entonces, que la limitación a candidatizarse de las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas, toda vez que el participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio que aquella circunstancia opere.”[3]
Un tema que también se debe considerar es que la Corte Constitucional en el dictamen, el 31 de Octubre del 2014 citado, página 65, señaló categóricamente “que las propuestas de modificaciones en análisis (de la reelección por una sola ocasión) tiene relación con la vida democrática de la sociedad ecuatoriana, y al considerarse que pretenden eliminar las restricciones para la candidatura de representantes elegidos en las urnas, no buscan alterar el carácter democrático del Estado ecuatoriano ni soslayar el principio constitucional de participación ciudadana; por el contrario, se verifica que con tales propuestas se reafirma la existencia de ese nuevo rol de decisión del ciudadano ecuatoriano en la vida política del país para sufragar democráticamente y permitir o no la continuidad de sus representantes o gobernantes, ya que es conocido que solamente la voluntad del pueblo se constituye en fundamento de la autoridad” y posteriormente afirma, en la misma página, “que lejos de una regresión de derechos y garantías las propuestas sugeridas (libre postulación) buscan garantizar el principio constitucional de participación democrática de los ciudadanos previsto en el artículo 95 de nuestra Constitución”
Además, ha sido la propia Corte Constitucional quien en el dictamen ya citado ha señalado: “El asunto medular dentro de la propuesta remitida a la Corte Constitucional por parte de los asambleístas radica en la eliminación de la limitación constitucional existente para la candidatización de una persona que ha desempeñado un cargo de elección popular y que ha sido reelecto por una ocasión”[4] (énfasis fuera del texto) implica un límite a los derechos de participación, “es por ello que el desarrollo de este derecho de participación evidencia una apertura tendiente a permitir que todas las personas ejerzan el mismo de manera amplia y sin limitaciones institucionales no justificadas. En tal virtud, es el Estado el responsable de que estos derechos se garanticen sin discriminación alguna” (énfasis fuera del texto).
Como evidencian las citas de la porpia Corte Constitucional la pretendida pregunta para enmendar la Constitución representa un menoscabo, una restricción a los derechos adquiridos de participación política de los ciudadanos ecuatorianos ya que (…) “la eliminación de la referida restricción a la candidatura de las personas reelectas para un cargo público de elección popular no implica ninguna alteración o regresión a los derechos y garantías constitucionales previstos en nuestra Constitución. Por el contrario, se establece que lejos de poner límites o vulnerar derechos y garantías constitucionales, las propuestas constitucionales sugeridas buscan garantizar el principio constitucional de participación democrática de los ciudadanos” (énfasis fuera del texto).
¿Qué implicación tienen estas declaraciones de la Corte Constitucional? Simplemente que la posibilidad de libre postulación fue considerada por la Corte como una ampliación y efectivización del derecho de participación, por ende, cualquier modificación debería realizarse por Asamblea Constituyente. Ello es así en función del principio de progresividad que se encuentra reconocido en nuestra constitución y en los Tratados Internacionales reconocidos con jerarquía constitucional.
Otro aspecto que ha estado en cuestión es el relacionado con la alternabilidad o alternancia y que esta institución podría verse amenazada con la posibilidad de la reelección. Cabe señalar, que para llegar a esta afirmación se confunden dos principios que están relacionados íntimamente, pero que son diferentes: el principio democrático y el republicano. El primero tiene a su vez dos dimensiones, la formal, que tiene que ver con que en una democracia el pueblo elige a sus gobernantes y la dimensión sustancial, es decir, que esos gobernantes cumplen con las aspiraciones mayoritarias de sus mandantes. En tanto, el principio republicano hace mención con la vigencia de una norma constitucional, un régimen de partidos en el marco del pluralismo político, elecciones periódicas y permanentes, vigencia de derechos y garantías, etc. Por ende, no se afecta la democracia mientras se mantengan elecciones y los gobernantes electos respondan a sus electores; así como tampoco, se atenta contra la alternabilidad o alternancia mientras se realicen elecciones libres que permitan la participación de diferentes fuerzas políticas, entre las cuales, el pueblo puede elegir y ojalá también seleccionar el proyecto que mejor convenga a sus objetivos históricos.
Existe una especie de colonialismo mental en el debate sobre la reelección, por ello, diversos actores políticos y agentes de opinión llaman estabilidad a los procesos europeos que se suceden en el tiempo, mientras aseguran que “la posible reelección indefinida debilita la democracia y –muchas veces- resta eficacia a la gestión pública…”[5] señalan que es antidemocrático e incluso califican de dictadura a la sola posibilidad de continuidad en nuestros países. El argumento de que no es posible la comparación porque estos son regímenes de tipo parlamentarios es inaudito, porque contrario a lo que argumentan, en este tipo de gobiernos el Ejecutivo sólo es posible si existe mayoría y total control del parlamento. En esta especie de colonialismo, de forma retórica se pasan ensalzando el papel de Franklin D Roosevelt, De Gaulle, Eisenhower, o de otros líderes contemporáneos, como Angela Merkel, pero se niegan a reconocer el papel transformador de presidentes, como Correa en el Ecuador o Evo Morales en Bolivia; que más allá de los logros de la gestión han permitido que ecuatorianos y bolivianos recuperen la credibilidad en la democracia y el desarrollo.
No pasa desapercibida la poca confianza en la madurez de la sociedad ecuatoriana que nos ha demostrado que puede discernir, como se evidenció en las elecciones del 23 de febrero del 2014, en las que el 70% de quienes se postularon para la reelección no lograron dicho objetivo. La solo existencia de la figura de la reelección no asegura de ninguna manera la elección.
INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
La motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[6] de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por la razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.[7] La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas. Lamentablemente no existe fundamentación para violentar el estado de derecho.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención.
Los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas deben ser considerados a la hora de analizar la presente ruptura del orden institucional. La cláusula democrática establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de participación en la OEA.
Las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y son necesarias de ser aplicadas o enunciadas mediante comunicados para que el Estado sienta que no puede vulnerar su Constitución y orden democrático porque hay una comunidad internacional atenta a ello.
La desobediencia del Presidente de la República por no dar cumplimiento a la extensión de plazos y términos realizada por la providencia de la Corte Constitucional emitida el día 6 de noviembre de 2017 manifiesta un preocupante desentendimiento del orden constitucional.
Mediante medida cautelar o la medida que se considere pertinente se DEBE insistir en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la pérdida de efectos jurídicos de los decretos mencionados, en atención al pueblo ecuatoriano, que ve limitados sus derechos y vive un golpe institucional; así mismo exigir el control automático de la consulta popular previsto en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Es importante poner en conocimiento de todos los organismos de derechos humanos y regionales la necesidad de que manifiesten su preocupación respecto de inconstitucionalidad llevada a cabo en el Ecuador por parte del presidente Lenin Moreno y la preocupante ruptura del orden institucional ante los Decretos N 229 y 230 que contravienen expresas disposiciones constitucionales y convencionales. No permitir que la Corte Constitucional se pronuncie implica que ya hemos agotado las instancias internas y no tenemos otra opción que recurrir a las instancias internacionales.
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