Source: https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-dictan-filiacion-colombiano-familiar-394527113
Timestamp: 2020-07-07 09:29:27
Document Index: 7428769

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 272', 'artículo 284', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 2495', 'artículo 76', 'artículo 33', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 27', 'artículo 63', 'artículo 120', 'artículo 85']

Ley de creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Ley 75 de 1968) - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 394527113
CAPÍTULO I. De la filiación, la investigación de la paternidad y los efectos del estado civil - arts. 1 a 39
CAPÍTULO II. De las sanciones penales y de la competencia - arts. 40 a 49
CAPÍTULO III. Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la campaña nacional de nutrición - arts. 50 a 67
Norma citada en: 1487 sentencias, 121 artículos doctrinales, 73 disposiciones normativas, 2 formularios, 7 noticias
Ley 75 de 1968, por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
CAPÍTULO I De la filiación, la investigación de la paternidad y los efectos del estado civil Artículos 1 a 39
El artículo 2º de la Ley 45 de 1936 quedará así:
En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce.
Por testamento, caso en el cual la renovación de éste no implica la del reconocimiento.
Por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene.
Artículo citado en: 589 sentencias, 7 artículos doctrinales, una disposición normativa, un formulario, una noticia
Artículo citado en: 6 sentencias, 3 artículos doctrinales, un formulario
Artículo derogado por el art. 14, Ley 1060 de 2006.
Artículo citado en: 513 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa
El reconocimiento no crea derechos a favor de quien lo hace sino una vez que ha sido notificado y aceptado de la manera indicada en el título 11 del libro 1º del Código Civil, para la legitimación.
Artículo citado en: 39 sentencias, 4 artículos doctrinales
El reconocimiento solamente podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 336 del Código Civil.
El artículo 4º de la Ley 45 de 1936 quedará así:
En el caso de rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de la concepción.
Si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y parto, demostrado con hechos fidedignos, fuere, por sus características, ciertamente indicativo de paternidad, siendo aplicables en lo pertinente las excepciones previstas en el inciso final del artículo anterior.
Cuando se acredite la posesión notoria del estado de hijo".
En todos los juicios de investigación de la paternidad o la maternidad, el juez a solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia iniciativa, decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características heredobiológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, y ordenará peritación antropoheredobiológica, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales transmisibles, que valorará según su fundamentación y pertinencia.
PARÁGRAFO. El juez podrá también en todos estos juicios pedir que la respectiva administración o recaudación de hacienda nacional certifique si en la declaración de renta el presunto padre hay constancia de que el hijo o la madre o ambos han figurado como personas a cargo del contribuyente.
Artículo modificado por el art. 1, ley 721 de 2001.
Artículo citado en: 825 sentencias, 7 artículos doctrinales, un formulario, 2 noticias
Los jefes de hospitales, clínicas o casas de salud que reciban a una mujer embaraza y los médicos tratantes, tomarán los informes y practicarán los exámenes necesarios para establecer la fecha probable de iniciación del embarazo y las características heredobiológicas de la paciente, a quien indagarán sobre el padre; igualmente, ocurrido el alumbramiento, anotarán los caracteres de la criatura y la duración de su gestación. Todos estos informes serán suministrados al juez de menores, quien los tendrá en cuenta en el proceso de investigación de la ascendencia a que hubiere lugar.
"Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por lo menos.
PARÁGRAFO. Para integrar este lapso podrá computarse el tiempo anterior a la vigencia de la presente ley, sin afectar la relación jurídico-procesal en los juicios en curso".
El artículo 7º de la Ley 45 de 1936, quedará así:
Artículo derogado por la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm. 48489 del 12 de Julio de 2012
Artículo citado en: 653 sentencias, 8 artículos doctrinales, un formulario, una noticia
El defensor de menores que tenga conocimiento de la existencia de un niño de padre o madre desconocidos, ya sea por virtud del aviso previsto en el artículo 1º de esta ley, o por otro medio, promoverá inmediatamente la investigación correspondiente, para allegar todos los datos y pruebas sumarias conducentes a la demanda de filiación a que ulteriormente hubiere lugar.
En los juicios de filiación ante el juez de menores tienen derecho a promover la respectiva acción y podrán intervenir: la persona que ejerza sobre el menor patria potestad o guarda, la persona natural o jurídica que haya tenido o tenga el cuidado de su crianza o educación, el defensor de menores y el Ministerio Público. En todo caso, el defensor de menores será citado al juicio.
En cualquier momento del proceso en que se produzca el reconocimiento conforme al artículo 1º de esta ley, el juez dará aviso del hecho al correspondiente funcionario del estado civil para que se extienda, complemente o corrija la partida de nacimiento, tomará las providencias del caso sobre patria potestad o guarda del menor, alimentos, y, cuando fuere el caso, sobre asistencia a la madre.
Artículo citado en: 33 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa, un formulario
El artículo 13 de la Ley 45 de 1936 quedará así:
"La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.
El artículo 14 de la Ley 45 de 1936 quedará así:
El artículo 15 de la Ley 45 de 1936 quedará así:
Las mujeres pueden ser tutoras o curadoras en los mismos casos que los varones y se habilitan de edad por matrimonio, igual que éstos.
Adiciónase el artículo 64 de la Ley 83 de 1946 así:
Adiciónase el artículo 65 de la Ley 83 de 1946, así:
Lo aquí establecido rige también para el caso de los menores que no hallándose bajo patria potestad ni bajo guarda, deben ser provistos de ésta a petición del defensor de menores o de otra persona".
De las diligencias para la provisión de guardas legítima y dativa de menores conocerán los jueces de menores. En la designación de guardador dativo que éstos deban hacer, preferirán a la persona o personas que indique el defensor de menores.
El Instituto de Bienestar Familiar cuidará de que los menores no colocados bajo patria potestad, o guarda, estén bajo la atención inmediata de las personas o establecimientos mejor indicados para ello teniendo en cuenta la edad y demás condiciones del menor. Los jueces de menores o cualesquiera otras autoridades a cuyo conocimiento llegue un caso de los aquí contemplados darán aviso inmediato a la entidad indicada y pondrán a disposición de ella al menor, para los efectos aquí previstos.
El artículo 272 del Código Civil quedará así:
"El hijo natural podrá ser adoptado por su padre o madre conjuntamente con el otro cónyuge, pero en la sucesión de su progenitor adoptante sólo tendrá los derechos de hijo natural".
El artículo 284 del Código Civil quedará así:
La tasa del impuesto sobre sucesiones y donaciones será la misma para todos los hijos, sean legítimos, naturales o adoptivos. En estos términos queda modificado el artículo 13 de la Ley 63 de 1936. Esta norma será aplicada aún en las liquidaciones de impuestos de las sucesiones y donaciones en que no se haya verificado el pago respectivo.
En las sucesiones que se abran después de la sanción de la presente ley, los hijos naturales concebidos antes de la vigencia de la Ley 45 de 1936 tendrán, aun en concurrencia con hijos legítimos de matrimonios anteriores, los derechos hereditarios que al hijo natural confiere la citada ley. Queda así modificado el artículo 28 de la Ley 45 de 1936.
Modifícanse los artículos 411 del Código Civil y 25 de la Ley 45 de 1936, así:
A los hijos naturales, su posterioridad legítima y a los nietos naturales.
A los ascendientes naturales".
Artículo citado en: 26 sentencias, 4 artículos doctrinales
El defensor de menores promoverá el juicio de alimentos a que se refieren los artículos 69 y siguientes de la Ley 83 de 1946 si se lo solicitare cualquiera de las personas que tienen derecho a fundar la respectiva solicitud, o de oficio.
Adiciónase el artículo 2495 del Código Civil con la inclusión dentro de la quinta causa de la primera clase de créditos, de los alimentos señalados judicialmente a favor de menores.
Cuando conforme a esta ley, el cuidado inmediato del menor se confiare a personas o establecimientos para la salvaguardia de la salud física, la moral y la educación del menor, el juez podrá ordenar que se pague directamente a dichas personas o establecimientos el total o parte de la pensión alimenticia.
El juez de menores podrá conocer del juicio ejecutivo que haya de proseguirse para el pago de los alimentos decretados a favor de un menor o de una mujer grávida, siguiendo el trámite establecido por el título XXXIII del libro 2º del Código Judicial. En tal caso, para los efectos de las apelaciones, se considerará como superior el respectivo tribunal del distrito judicial.
Si al decretarse la orden de prestar alimentos los sueldos, pensiones o prestaciones sociales se encontraren ya embargados, la orden se hará efectiva inmediatamente por la diferencia entre la cantidad embargada y el cincuenta por ciento de que trata el artículo 76 de la Ley 83 de 1946, dejando a salvo en todo caso el privilegio que reconoce el artículo 33 de la presente ley.
El empleador privado o pagador de la administración pública que habiendo recibido orden judicial de embargo de sueldo, pensión o prestación social del trabajador a su servicio, por concepto de alimentos, no la cumpliere, responderá solidariamente con el deudor de las cantidades que deje de retener.
Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez de menores, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un juicio concurrente, aprehenderá el conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimenticias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.
Las disposiciones de la Ley 83 de 1946 respecto del promotor curador de menores y del Decreto 1818 de 1964 referentes al asistente legal, se entienden estatuidas para el defensor de menores del presente estatuto.
CAPÍTULO II De las sanciones penales y de la competencia Artículos 40 a 49
Quien se sustraiga, sin justa causa, a las obligaciones legales de asistencia moral o alimentaria debidas a sus ascendientes, descendientes, hermanos o hijos adoptivos, o al cónyuge, aun el divorciado sin su culpa o que no haya incurrido en adulterio estará sujeto a la pena de seis meses a dos años de arresto y multa de mil pesos a cincuenta mil pesos.
PAR. La acción penal sólo recaerá sobre el pariente inmediatamente obligado, cuando no se trate de ascendencia o descendencia legítima.
El que malverse o dilapide los bienes que administre, en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, o los bienes del cónyuge que le hayan sido confiados en cualquier forma para su administración, estará sujeto a la pena de seis meses a dos años de arresto y multa de mil pesos a cincuenta mil pesos.
En el caso previsto en el artículo 40 se suspenderá la acción penal a petición del querellante en cualquier estado del proceso, hasta por un lapso equivalente al máximo de la pena allí señalada, si el procesado garantiza bajo caución el cumplimiento de sus obligaciones.
Podrá suspenderse la ejecución de la condena hasta por el tiempo que le falte para cumplirla, si el condenado garantiza bajo caución la prestación de las obligaciones cuya violación configuró el delito.
Las disposiciones de los artículos 40 y 41 no serán aplicadas cuando el hecho se hallare previsto como delito más grave, por otra disposición legal.
Las figuras delictivas previstas en los artículos 40 y 41, quedan incorporadas al Código Penal como capítulo V del título XIV del libro segundo bajo la denominación de "Delitos contra la asistencia familiar".
La acción penal del delito previsto en el artículo 40 sólo podrá iniciarse a solicitud de la persona ofendida o de la quien represente legalmente. Si aquélla fuere menor y no tuviere representante legal, la querella puede ser presentada por el defensor de menores.
Los delitos de abandono de los deberes familiares y de dilapidación, de que tratan los artículos 40 y 41 de la presente ley se investigarán y fallará por los trámites señalados en el Código de Procedimiento Penal, y conocerán de ellos, en primera instancia, los jueces municipales de la residencia del titular del derecho y, en segunda, los jueces penales del circuito respectivo. Si el procesado fuere menor de dieciséis años la competencia corresponde al juez de menores y se aplicarán las medidas de seguridad de que trata el artículo 35 de la Ley 83 de 1946.
Para todos los efectos legales de orden penal relacionados con menores de edad, ésta queda reducida al máximo de dieciséis años. Quedan así modificados los artículos 30 del Código Penal y 12 y 14 de la Ley 83 de 1946.
Derógase el artículo 27 del Decreto 1699 de 1964.
CAPÍTULO III Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la campaña nacional de nutrición Artículos 50 a 67
Créase el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como establecimiento público, esto es, como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Suprímense el consejo colombiano de protección social del menor y de la familia, los comités seccionales, los comités municipales que se hubieren creado y la división de menores del Ministerio de Justicia, de que trata el Decreto Extraordinario 1818 de 1964, entidad que seguirá funcionando como hoy hasta que el gobierno la incorpore definitivamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
PAR. Las partidas presupuestales destinadas a inversiones y al funcionamiento de los organismos que se suprimen serán incluidas de ahora en adelante en el presupuesto nacional con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el momento en que pasen al citado instituto.
El Instituto Nacional de Nutrición será una dependencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al cual quedará incorporado. La orientación técnica de esta dependencia estará a cargo de un comité técnico de nutrición. Los recursos, rentas, bienes muebles e inmuebles, así como las obligaciones contractuales de aquella entidad, se traspasan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual ejercerá las funciones que le asignó el Instituto Nacional de Nutrición, la Ley 14 de 1964, sobre investigación de los problemas de alimentación y nutrición del país; preparación y capacitación de personal técnico en estos campos, planeación, desarrollo y evaluación de programas de nutrición aplicada a escala nacional, en coordinación con otras entidades gubernamentales y privadas; y supervisión del programa de yodización de la sal. En el ejercicio de estas funciones se continuará dando preferencia al mejoramiento de la nutrición de los niños y de las mujeres en período de gestación y lactancia.
PAR. El Instituto Nacional de Nutrición seguirá funcionando con la misma organización técnica y administrativa y recibiendo la participación establecida en el artículo 63 de la presente ley, hasta el momento en que el Gobierno Nacional determine su incorporación definitiva al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Para el cumplimiento de sus fines esenciales, que son los de proveer a la protección del menor y, en general al mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas, el instituto tendrá, además de las funciones que le corresponde conforme a los artículos anteriores, las siguientes:
Dictar las normas conforme a las cuales deberá adelantarse la actividad enderezada al logro de aquellos fines, coordinando debidamente su acción con la de los otros organismos públicos y privados, tanto en lo que concierne al bienestar material como al desarrollo físico y mental de los niños y el mejoramiento moral de los núcleos familiares;
Asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia de que trata el ordinal 19 del artículo 120 de la Constitución sobre las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los menores;
Recibir y distribuir los recursos y auxilios que se incluyan en el presupuesto nacional con destino a entidades oficiales o particulares que se ocupen de programas de bienestar social del menor y de la familia e inspeccionar la inversión de los mismos;
Promover la formación, en el país y en el exterior, de personal especializado en el manejo de establecimientos de asistencia infantil y de rehabilitación de menores, lo mismo que celebrar contratos de prestación de servicios con instituciones internacionales, fundaciones privadas, congregaciones religiosas u organizaciones de voluntariado social para el manejo científico y administrativo de las campañas y de los establecimientos destinados a la protección del menor y al bienestar familiar;
Crear establecimientos especializados en el manejo y tratamiento de los niños afectados por retardo en su desarrollo mental y establecimientos de rehabilitación de menores, lo mismo que auxiliar técnica y económicamente a los que de esta naturaleza existen ya en el país y dirigir y administrar los de propiedad nacional que hoy funcionan;
Fundar, dirigir y administrar en distintas partes del territorio nacional centros pilotos de bienestar familiar y protección de los menores, con el objeto de investigar la mejor manera de coordinar la acción de los establecimientos públicos y privados en lo tocante a la salud, educación y rehabilitación de los menores, la vinculación de los grupos comunitarios a la protección de la familia y del niño y el ejercicio de la acción tutelar del Estado sobre los menores de conformidad con el capítulo I de la presente ley;
Formular y dirigir la ejecución de programas de prevención de estados antisociales en la población juvenil y de protección de la mujer;
Crear los cargos necesarios de defensor de menores y designar las personas que deben desempeñarlos;
Promover la formación de personal especializado para el ejercicio de los cargos de juez y de defensor de menores;
Formular ante las autoridades competentes quejas contra los jueces de menores por negligencia o culpa en el ejercicio de sus funciones;
Colaborar en la preparación de los reglamentos que fijen las funciones de la Policía Nacional con respecto a la protección infantil, y, llegado el caso, en la de los que creen la policía especial de protección infantil;
Preparar para la aprobación del gobierno proyectos referentes a las normas reglamentarias de las disposiciones legales sobre guarda de menores;
Crear y organizar una dependencia de recursos humanos, conforme a reglamentación que hará el gobierno;
Realizar los demás actos y contratos enderezados al cumplimiento de los fines que se señalan por la presente ley, y
ñ) El Instituto Nacional de Abastecimientos, INA, y la Corporación Proveedora de Instituciones de Asistencia Social, Corporal, participarán en las campañas de salud y nutrición. Dicha participación será determinada cada año en reunión conjunta de sus directivas con la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Los ministerios de Agricultura, Salud y Educación Nacional coordinarán su acción con la del Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar a fin de conseguir especialmente:
Una adecuada asistencia prenatal;
El mejoramiento de la dieta alimenticia de la mujer en el período de lactancia, y del niño en el período preescolar;
La generalización de una organización eficaz de restaurantes escolares o de suministro de suplementos alimenticios;
La prestación de un adecuado servicio de medicina preventiva escolar;
La extensión de los servicios de asistencia hospitalaria a la población infantil y de los servicios de recuperación nutricional de la misma;
La vigilancia de los grupos comunitarios sobre la asistencia escolar y sobre el funcionamiento de las escuelas y colegios, y
El desarrollo de programas de extensión agropecuaria de tipo comunal, familiar y escolar.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá delegar, con la aprobación del gobierno, en organismos oficiales o en funcionarios públicos e instituciones privadas el cumplimiento de las funciones que le están encomendadas cuando ello fuere conveniente para el mejor desempeño de las mismas o para evitar la interrupción de actividades que se hallan actualmente a cargo de organismos o funcionarios diferentes.
El gobierno designará un comité para redactar los estatutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales, una vez aprobados por el mismo gobierno, regirán las actividades de dicho instituto y las facultades y deberes de sus distintos órganos. Los estatutos podrán ser reformados en cualquier tiempo por la junta directiva con la aprobación del gobierno.
El instituto será dirigido y administrado por su presidente, una junta directiva, un director general asesorado por un comité técnico, cuya composición y funciones serán establecidas por el decreto reglamentario de esta ley.
Los delegados de los ministros, sin perjuicio de la asistencia de éstos a la junta directiva, concurrirán a ella por el período que les señalen los respectivos ministros.
La presidencia del instituto será ejercida por la esposa del Presidente de la República o, en defecto de ésta, por la persona que el Presidente de la República designe libremente.
El cargo de presidente del instituto será ad honorem.
Presidir la junta directiva del instituto.
Promover la cooperación social, tanto personal como económica, para el cumplimiento de los fines encomendados a la organización.
Buscar, de acuerdo con la junta directiva y el director general, la cooperación de organismos internacionales y de los gobiernos, fundaciones o personas privadas del extranjero para el lleno de los mismos fines.
Las demás que señalen los estatutos.
La Corte Constitucional en Sentencia C-537 de 1993 declaró inexequible el aparte que dice: "... el cónyuge del Presidente de la República o en su defecto por...".
La junta directiva será el organismo superior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; tendrá las funciones que le señalen los estatutos y todas las demás que no sean asignadas a otra autoridad.
El director general será el representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tendrá las funciones inherentes a dicha representación legal; cumplirá y hará cumplir los estatutos y las decisiones de la junta directiva y ejercerá las demás atribuciones que le confieren los estatutos.
El instituto organizará en los departamentos, Distrito Especial de Bogotá, intendencias, comisarías y municipios, consejos y comités encargados de servir de órganos de coordinación para el desarrollo de las actividades de protección familiar, y de vincular a las juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios de los servicios rurales, asociaciones de padres de familia y cualesquiera otras entidades representativas de grupos comunitarios a las labores contempladas por la presente ley.
El patrimonio del instituto será constituido por:
Las sumas que con destino a él incluyan anualmente en el presupuesto nacional;
Los bonos que con destino al instituto ordena emitir esta ley y el rendimiento de los mismos;
Los bienes y rentas que pertenecen hoy a las entidades que se incorporan al instituto;
El producto de los empréstitos que el instituto contrate o que el gobierno contrate con destino al mismo instituto. Los empréstitos que contrate directamente el instituto de conformidad con las facultades de que para ello queda investido gozarán de la garantía del Estado. El Gobierno Nacional queda autorizado para realizar operaciones de crédito interno con destino al instituto y los contratos que celebre en desarrollo de esta autorización sólo requieren para su validez la aprobación del Presidente de la República previo concepto favorable del consejo de ministros;
El producto de las donaciones, ayudas o subvenciones que les hagan entidades internacionales, gobiernos extranjeros, fundaciones o cualesquiera otras personas naturales o jurídicas;
Los bienes que reciba como heredero o legatario;
Los bienes muebles o inmuebles que adquiera en el ejercicio de sus actividades como persona jurídica independiente;
Los recursos provenientes de lo dispuesto en el artículo siguiente, e
El producto de las multas que se crean conforme a la presente ley.
Artículo derogado por el Art. 140, Ley 6 de 1992
El gobierno emitirá bonos de bienestar familiar por la suma de mil quinientos millones de pesos con el objeto de dotar al instituto de un patrimonio que contribuya a garantizar su adecuado funcionamiento.
El gobierno celebrará con el Banco de la República un contrato para que esta entidad actúe como fideicomisario en la emisión, servicio y amortización de los bonos de bienestar familiar. Dicho contrato sólo requerirá para su validez la aprobación del Presidente de la República, previo concepto favorable del consejo de ministros.
El Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los derechos que hoy corresponden al municipio de la vecindad del extinto de conformidad con el artículo 85 de la Ley 153 de 1887.
Artículo citado en: 10 sentencias, 6 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, una noticia
La vigilancia fiscal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar corresponde a la Contraloría General de la República, que la ejercerá conforme a las leyes a través de un auditor y los demás funcionarios que designe y cuyas remuneraciones están a cargo de la contraloría.