Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/222/009.html
Timestamp: 2019-08-20 18:40:33
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BOC - 2015/222. Lunes 16 de Noviembre de 2015 - Anuncio 5072
2015/222. Lunes 16 de Noviembre de 2015
BOC Nº 222. Lunes 16 de Noviembre de 2015 - 5072
BOC-A-2015-222-5072. Firma electrónica - Descargar
Examinada la iniciativa de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE) sobre la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones para la impartición de programas formativos con compromiso de contratación para el ejercicio 2015 y teniendo en cuenta los siguientes
Primero.- Mediante Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE nº 87, de 11 de abril de 2007), integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Segundo.- El citado Real Decreto 395/2007 fue desarrollado por la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal (BOE nº 182, de 31.7.07); y por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE nº 67, de 18.3.08), modificada por Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE nº 186, de 4.8.12).
Tercero.- Una de las iniciativas del subsistema de formación profesional para el empleo es la formación de oferta, que comprende, entre otras, las acciones formativas con compromiso de contratación de trabajadores desempleados.
Cuarto.- El citado Real Decreto 395/2007 determinaba que la ejecución de las programaciones de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación, se financiarán mediante subvenciones públicas concedidas por el órgano competente de a respectiva Comunidad Autónoma en régimen de concesión directa.
En el mismo sentido se pronunciaba el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y la formación profesional ocupacional, y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
Quinto.- Las citadas subvenciones para la impartición de acciones formativas con compromiso de contratación de trabajadores desempleados tienen el carácter de subvenciones gestionadas que recoge el artículo 3.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya regulación plena o básica corresponda al Estado y cuya gestión sea competencia total o parcial de otras Administraciones públicas.
La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
La Disposición final tercera de la citada Orden habilita a los órganos competentes de las Administraciones Autonómicas a dictar, en sus respectivos ámbitos competenciales, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación de la misma.
Sexto.- Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE nº 217, de 10.9.15) introduce un cambio en el procedimiento de concesión de las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación, al establecer en su artículo 6.5.b) la aplicación del régimen de concurrencia abierta a las empresas y entidades que comprometan la realización de los correspondientes contratos en los términos que reglamentariamente se establezcan. El citado artículo resulta de aplicación directa desde la entrada en vigor de la Ley conforme a lo dispuesto en su disposición transitoria primera apartado 1.a).
Séptimo.- Ante la situación transitoria por la ausencia de desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley por parte del legislador estatal, el SCE debe proceder a adaptar el procedimiento de concesión a los principios de publicidad y concurrencia, aplicando la vigente normativa reglamentaria estatal de formación para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en todo aquello que sea compatible con la Ley 30/2015, regulando unas bases para el ejercicio 2015 que aseguren la máxima eficacia en la gestión de dichas subvenciones.
Octavo.- Debe tenerse en cuenta la especial naturaleza de las subvenciones para la impartición de acciones formativas con compromisos de contratación, que constituyen una formación a medida, en función de las concretas y específicas necesidades de las empresas en un momento concreto del tiempo, condicionadas por las políticas empresariales de inversión, expansión y apertura de centros de trabajo, así como por necesidades específicas de cualificación de la oferta de trabajo a sus especificidades de organización, ventas, distribución, etc.
Noveno.- Los antecedentes expuestos hacen aconsejable un procedimiento simplificado de concesión en concurrencia competitiva.
Décimo.- La Disposición Adicional Séptima (Gestión de subvenciones estatales) del precitado Decreto el Decreto 36/2009 determina que a las subvenciones establecidas en materias sobre las que el Estado ostente en exclusiva la potestad legislativa les será de aplicación el citado Decreto en los aspectos organizativos y procedimentales derivados de las peculiaridades de la organización propia.
Primera.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC de 28.4.03), según redacción dada por la Ley 3/2011, de modificación de aquella (BOC de 2.3.11), corresponde a este organismo, en materia de empleo, la gestión de las políticas activas de empleo, entendiéndose como tales, el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas solicitantes de empleo en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, así como fomentar, mejorar y promover el empleo en nuestro ámbito territorial, luchar contra el desempleo y cubrir las necesidades de formación de los trabajador/es desempleados y ocupados.
Segunda.- La presente iniciativa está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el ejercicio 2015, aprobado por Orden de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio, nº 113/2015 de fecha 12 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el ejercicio 2015, cumpliéndose con ello los requerimientos establecidos en el artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercera.- La presente resolución se tramita de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009 de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La ausencia de desarrollo reglamentario por parte del legislador estatal y el carácter temporal de esta circunstancia justifican la acumulación de las bases reguladoras y convocatoria en un mismo acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009 de 31 de marzo.
Cuarta.- Los artículos 3 y 9 del precitado Decreto 36/2009, que establecen que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma serán competentes para conceder subvenciones, así como para aprobar las oportunas bases reguladoras.
Quinta.- Por su parte, el artículo 7.1.g) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, según redacción dada por la Ley 3/2011, de 18 de febrero, determina que es competencia de la Presidencia del SCE, la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones, así como las correspondientes convocatorias, cuya publicación en el Boletín Oficial de Canarias implicará el inicio del procedimiento de concesión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 14 Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
En virtud de lo anterior, y dado el interés público de las acciones contempladas, vistos los informes emitidos por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Intervención General, y en uso de las competencias que tengo legalmente atribuidas en virtud del artículo 7.1.h) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del SCE.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las competencias atribuidas por la normativa vigente,
Primero.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de programas formativos con compromiso de contratación.
Segundo.- Convocar para el ejercicio 2015 en régimen de concurrencia competitiva, el procedimiento de concesión de subvenciones para la financiación de programas formativos con compromisos de contratación, de acuerdo a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Tercero.- Autorizar el gasto por importe de dos millones (2.000.000,00) de euros con cargo al crédito presupuestario consignado en el presupuesto de gastos del SCE en la partida 2015.50.01.241H.470.00, Línea de actuación 50400001 denominada "Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados/as" .
Cuarto.- Delegar en la Dirección del SCE la modificación de la presente Resolución y de los plazos establecidos en la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP).
Quinto.- Facultar a la Dirección del SCE para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Resolución y dictar cuantas Resoluciones se precisen en aplicación y desarrollo de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley Territorial 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como en el artículo 13.1 de la LRJAP.
Sexto.- La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Patricia Hernández Gutiérrez.
1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de subvenciones para la financiación de programas formativos con compromiso de contratación de trabajadores desempleados, de acuerdo con las vigentes bases reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en todo aquello que no contravenga las disposiciones de aplicación directa de la Ley 30/2015.
2. Las acciones formativas que se subvencionen irán dirigidas a trabajadores desempleados con el fin de proporcionarles la cualificación profesional para desempeñar una ocupación adecuada a las a las necesidades de cualificación profesional y a las demandas de profesionales del mercado de trabajo.
Las subvenciones previstas en la presente Resolución se financiarán con cargo al crédito presupuestario consignado en el presupuesto de gastos del SCE en la partida 2015.50.01.241H.470.00, Línea de actuación 50400001 denominada "Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados/as" por un importe de dos millones (2.000.000,00) de euros, si bien la determinación final del importe quedará condicionada al reparto de fondos que se determine en Conferencia Sectorial, en aplicación del artículo 72 de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015 (BOC nº 253, de 31.12.14), que establece que podrán tramitarse anticipadamente los expedientes de gasto que se prevean financiar con los mismos, quedando sometido el nacimiento del derecho del tercero a la condición suspensiva de la disponibilidad del crédito.
El volumen total de las subvenciones a conceder dentro de este ejercicio presupuestario no superará la citada consignación salvo que se produzca un incremento del importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, por el que se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 58, punto 2, apartado 4º, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En este supuesto, el órgano concedente publicará la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva en el Boletín Oficial de Canarias, con carácter previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad implique la apertura del plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo computo de plazo para resolver.
1. Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria:
a) las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos y entidades dependientes o vinculadas cuya titularidad corresponda íntegramente a las mismas.
b) Las entidades que en los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud hayan reducido el número total de trabajadores, en cuantía igual o superior a un 10% en ocupaciones directamente relacionadas con la especialidad impartida en la acción formativa correspondiente a las contrataciones. A los efectos del cómputo de reducción de trabajadores no se tendrán en cuenta las extinciones de contrato por causas objetivas o despido disciplinario declarados o reconocidos como procedentes, por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por expiración del tiempo convenido del contrato o realización de la obra o servicio pactados.
c) Las entidades que en el momento de la solicitud estuvieran incursas en expediente de regulación de empleo en ocupaciones directamente relacionadas con la especialidad impartida en la acción formativa correspondiente a las contrataciones, condición que deberá mantenerse en el momento de la concesión de la subvención.
3. En cualquier caso no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La justificación de no hallarse incurso en ninguna de dichas circunstancias se efectuará mediante la presentación, junto con la solicitud de concesión de subvención, de declaración responsable al efecto, según lo establecido en el artículo 71 bis de la LEJAP "se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio", y, en el artículo 16 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, entendiendo como declaración responsable aquel "documento suscrito por el interesado en el que se declare, bajo su responsabilidad, que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa reguladora de aplicación".
Cuarta.- Requisitos de las acciones formativas. Compromiso de contratación.
Las acciones formativas que se aprueben al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar a partir de la publicación de la Resolución de Concesión y hasta el 30 de septiembre de 2016.
Al menos una acción formativa del programa formativo deberá iniciarse en el año 2015.
El Director del SCE podrá autorizar la prórroga del plazo de finalización, previa solicitud motivada de la entidad responsable de la ejecución del plan formativo, si las circunstancias concurrentes durante el periodo de ejecución de los planes así lo aconsejaran, por razones de eficacia y eficiencia y siempre que ello no lesione derechos de terceros, por un plazo no superior a tres meses respecto de la fecha de finalización.
El porcentaje mínimo de personas a contratar será de un 60% de los alumnos/as que finalicen cada acción o proyecto formativo. El compromiso de contratación se realizará por acción formativa, sin que pueda admitirse compensaciones entre acciones para cumplir el porcentaje.
Quinta.- Cuantía máxima de la subvención.
Se establece un límite máximo de subvención por entidad de quinientos mil (500.000,00) euros, incluido el coste de la auditoría.
Sexta.- Solicitudes. Plazo y lugar de presentación.
La presentación de la solicitud presumirá la aceptación expresa, formal e incondicional de las bases y la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2015.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en cualquiera de las sedes del SCE, sitas en la Avenida Doctor de la Rosa Perdomo, nº 2, Ofra, 38071-Santa Cruz de Tenerife, o en la calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria. También podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la LRJAP. Si se opta por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia quede fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Séptima.- Documentación a presentar con la solicitud.
Las solicitudes de subvención deberán ajustarse al modelo contemplado en el Anexo I de la presente Resolución e ir acompañadas de la siguiente documentación:
1. Documentación acreditativa de la personalidad del/de la solicitante, aportando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar fotocopia del C.I.F. de la entidad, escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
2. Documentación acreditativa de la representación del firmante de la solicitud, aportando fotocopia del D.N.I. de los/as representantes de la entidad y fotocopia compulsada de los poderes. La documentación acreditativa de la representación no precisará el bastanteo del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias salvo que el órgano instructor lo considere necesario por la complejidad de la documentación presentada.
3. Declaración responsable, contemplada en el Anexo II de la presente Resolución, comprensiva de los siguientes extremos:
d) No haber reducido el número total de trabajadores, en cuantía igual o superior a un 10% en ocupaciones directamente relacionadas con la especialidad impartida en la acción formativa correspondiente a las contrataciones, en los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. A los efectos del cómputo anterior no se tendrán en cuenta las extinciones de contrato por causas objetivas o despido disciplinario declarados o reconocidos como procedentes, por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por expiración del tiempo convenido del contrato o realización de la obra o servicio pactados.
4. Fotocopia del alta de tercero en el Sistema Informático contable de la Comunidad Autónoma de Canarias (en caso de tener varias cuentas dadas de alta en dicho sistema se deberá designar en la solicitud la cuenta donde se quiere que se haga efectiva la transferencia de la subvención).
5. Acreditación de que la entidad que pretende desarrollar la actividad formativa figura acreditada/inscrita en la especialidad de que trae causa la acción formativa, o se acreditará la solicitud de acreditación/inscripción.
En el supuesto de que las acciones formativas a impartir no tengan correspondencia con las especialidades del Fichero de Especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal, se deberá cumplimentar la solicitud de inclusión de la especialidad, acompañada del correspondiente programa e informe de necesidad, con el formato y contenido establecido en la Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal (BOE nº 72, de 24.3.10). Incluida la especialidad en el fichero, la entidad que impartirá la acción formativa procederá a solicitar la autorización del SCE para la inscripción de la especialidad e impartición de la misma.
6. Memoria justificativa del proyecto formativo, comprensiva de los siguientes extremos:
a) Descripción detallada de las acciones formativas a realizar, incluyendo el contenido de sus módulos, su duración en horas y su calendario de ejecución y la totalidad del personal necesario para realizar la acción formativa. En el caso de que se corresponda con una especialidad ya dada de alta en el fichero de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal, bastará con citar su código de especialidad y su calendario de ejecución.
b) Informe motivado de necesidades de formación en la especialidad formativa en relación con el mercado de trabajo en general y con la actividad de la empresa en particular.
c) Número máximo de participantes de las acciones formativas
d) Compromiso de contratación de los participantes en la formación, incluirá el porcentaje de contratación, el nº de contratos a realizar, el tipo, modalidad y la duración de los mismos.
e) Condiciones de la póliza de accidentes de los alumnos.
f) Presupuesto detallado que contenga todos los gastos a subvencionar.
g) Planificación, si procede, de las prácticas no laborales.
h) Solicitud de abono anticipado.
7. Cuando la contratación no la realice la entidad solicitante, se deberá adjuntar Relación de personas físicas o jurídicas que formalizarán los contratos objeto de la subvención, el número de trabajadores/as que se compromete a contratar cada una y el compromiso de contratación suscrito por las personas físicas o jurídicas.
8. La presentación de la solicitud otorga la autorización de la entidad, al SCE, para requerir directamente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Administración Tributaria Canaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, la información relativa a que la entidad está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo manifestación expresa en sentido contrario, en cuyo caso el solicitante deberá aportar los oportunos certificados.
En el supuesto de que alguno de los documentos que deben acompañarse a la solicitud de concesión de la subvención ya estuvieran en poder de la Administración actuante, la entidad podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la LRJPAC, siempre que se haga constar la fecha, el órgano del SCE al que fueron dirigidos, y la identificación del procedimiento en el que obren, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 21 de julio de 2008 (BOC nº 153 de 31.7.08), del Consejero de Empleo, Industria y Comercio por la que se crea el Registro de Solicitantes de subvenciones al SCE, en cuyo caso no será necesaria la presentación de los documentos señalados en los puntos 1 y 2.
En el caso de que el solicitante esté inscrito en el Registro de solicitantes de subvenciones, creado mediante Orden de 21 de julio de 2008, Boletín Oficial de Canarias nº 153, de 31 de julio, estará exento de aportar el documento 1 y 2.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección de Formación del SCE, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución de concesión.
Recibida la solicitud, se comprobará que reúne los requisitos exigidos, así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y que viene acompañada de la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane o complete los documentos o datos indispensables, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la LRJPAC.
El requerimiento de subsanación se notificará a través de su publicación en los tablones de anuncio de las dependencias centrales del SCE en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de anuncios de la página Web del SCE.
Serán objeto de desestimación aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos para su concesión.
La valoración de las solicitudes se realizará mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la base tercera para ser beneficiarios.
En el caso de que la disponibilidad presupuestaria sea inferior al importe total de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos, el SCE priorizará las propuestas atendiendo a los siguientes criterios de prelación que se aplicarán sucesivamente en caso de empate en el criterio anterior:
1) Mayor número de contrataciones a realizar por proyecto formativo.
2) Tipología de los contratos laborales que se celebrarán, priorizando los contratos indefinidos sobre los contratos temporales.
3) Eficacia o menor coste de la acción formativa, entendiendo por tal el coste medio del alumno.
4) Fecha de presentación de la solicitud.
La Resolución de concesión incluirá, en su caso, una relación ordenada de todas las solicitudes que cumpliendo los requisitos exigidos para adquirir la condición de beneficiario/os/as, no hayan sido seleccionadas por rebasar la cuantía máxima del crédito fijado, en función de los criterios de desempate señalados.
Décima.- Concesión sin trámites de resolución provisional y aceptación.
Cuando la resolución de concesión propuesta coincida en todos sus términos con el contenido de la solicitud del beneficiario, el órgano concedente aprobará la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.
Décimo primera.- Concesión con trámites de resolución provisional y aceptación.
1. Propuesta de resolución provisional.
El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución de concesión provisional que se publicará en los tablones de anuncio de las dependencias centrales del SCE en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de anuncios de la página web del SCE.
El interesado en plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación, deberá aceptar la subvención.
2. Reformulación de solicitudes.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se ofrecerá al interesado la posibilidad de reformular su solicitud, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley General de Subvenciones.
El plazo para presentar la solicitud reformulada será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución provisional. En caso de no reformular la solicitud, deberá presentar, dentro del mismo plazo, la aceptación expresa de la subvención propuesta. En caso contrario se entenderá que no acepta la subvención.
3. Propuesta de resolución de concesión.
El órgano instructor, antes de dictar la propuesta de resolución definitiva, comprobará que el beneficiario se mantiene al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, para con la Administración de la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Verificado los extremos citados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución de concesión definitiva a la Dirección del SCE.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión y se haya efectuado la aceptación expresa de la misma.
Décimo segunda.- Resolución de concesión.
La Dirección del SCE, una vez instruido el expediente, dictará la resolución de concesión, de conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 9.2.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
La Resolución de concesión se notificará al interesado mediante su publicación en los tablones de anuncio de las dependencias centrales del SCE en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del SCE.
Contra la resolución de concesión, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, que por turno corresponda, o potestativamente, recurso de Reposición ante la Dirección del SCE, en el plazo de un mes, computados en los términos citados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la LRJAP. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar su modificación. Esta modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. Para su resolución se observarán los requisitos y el procedimiento establecidos en el artículo 13.2 de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo.
1. Con objeto de contribuir a una utilización eficiente de los recursos públicos destinados a esta convocatoria se establece la posibilidad de que el solicitante desista de la solicitud de subvención, mediante escrito presentado al efecto.
2. Así mismo, una vez notificada la Resolución de concesión de la subvención, cabrá renuncia de la misma. Esto da lugar a la asignación de la subvención al siguiente de la lista de reserva por orden que dio lugar la valoración siempre y cuando quede crédito suficiente.
Décimo tercera.- Plazo máximo para resolver y notificar.
El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la Resolución de concesión será de tres (3) meses contados desde la presentación de la solicitud.
Décimo cuarta.- Medios de notificación.
1. Serán objeto de publicación en los tablones de anuncio de las dependencias centrales del SCE en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del SCE:
- Los requerimientos de subsanación y aportación de documentación al interesado.
- La declaración de desistimiento de solicitudes.
- La aceptación de renuncias.
- La desestimación de solicitudes.
- La propuesta de resolución provisional.
- La resolución de concesión.
2. Serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias
- Las modificaciones de la presente Resolución.
- Los incrementos de importe del crédito presupuestario disponible.
Décimo quinta.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y demás normativa de aplicación, son obligaciones de las entidades beneficiarias:
1. Someterse y colaborar activamente en las actuaciones de evaluación, control y seguimiento de las acciones formativas promovidas por el SCE y los órganos de control, facilitando en todo momento la información y datos requeridos.
2. Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución y liquidación de las acciones formativas, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia de las personas participantes a las acciones formativas, debidamente firmados por las mismas y según los requisitos mínimos que se establezcan.
3. Realizar la actividad formativa que fundamenta la concesión de la subvención de acuerdo con las condiciones y requisitos formales y materiales de la convocatoria, así como con las condiciones de aprobación que sirvieron de base para determinar la subvención a conceder.
4. Comprobar que los participantes disponen de los requisitos de acceso o de las competencias clave para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma.
5. Cooperar en la tramitación de las ayudas al alumnado.
6. Informar al alumnado sobre la correspondencia de la acción formativa con un certificado de profesionalidad (CP) o una acreditación parcial acumulable (APA).
7. Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para las personas participantes en las acciones formativas de esta convocatoria, sin que puedan percibir cantidad alguna del alumnado.
8. Cumplir, por sí mismas o a través de sus miembros o asociados, el compromiso de contratación de las personas que finalicen cada una de las acciones formativas.
9. Mantener el empleo de los trabajadores contratados en los términos establecidos en la base vigésimo cuarta de la presente convocatoria.
10. Comunicar al SCE la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
11. Hacer constar en todas las actividades de información y publicidad de las acciones amparadas en esta convocatoria, la financiación pública de las mismas y la Administración que subvenciona.
Décimo sexta.- Destinatarios de las acciones formativas. Criterios para su selección. Obligaciones del alumnado.
1. Podrán ser destinatarios de las acciones formativas las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias inscritas en el SCE como demandantes de empleo desempleados al inicio de la formación.
No podrán ser destinatarios de las acciones formativas trabajadores ocupados, ni aún aquellos que estuviesen inscritos en el SCE como demandantes en mejora de empleo.
2. Los destinatarios han de reunir, además, los requisitos específicos de acceso que en su caso se establezcan para cada programa formativo.
3. Las condiciones y requisitos para ser destinatario de la acción formativa se han de acreditar en el momento de presentar la solicitud y cumplirse al inicio de la acción formativa.
4. La preselección de los candidatos se realizará por el SCE, de conformidad con el artículo 19.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Asimismo la selección de entre los preseleccionados se llevara a cabo por la entidad beneficiaria de la subvención.
5. A fin de garantizar el acceso a la formación de trabajadores desempleados con mayor dificultad de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, se deberá tener en cuenta tanto en la fase preselección como en la de selección de candidatos lo establecido en el artículo 5.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y en el artículo 6 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo relativo a los colectivos prioritarios a participar en las acciones formativas.
Se consideran colectivos prioritarios, los siguientes:
* Víctimas de violencia de género. La situación de violencia de género, se acreditará a través de sentencia condenatoria, o a través de la resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de la víctima o bien a través de la orden de protección acordada a favor de la víctima o, excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
* Personas con discapacidad. Se consideran discapacitados, aquellas personas que tengan reconocida y acreditada por el organismo correspondiente, una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento y/o pensionistas que tengan reconocida una incapacidad permanente en grado de total y así quede reflejado en su demanda de empleo.
* Personas de baja cualificación. A tal efecto, se considerarán trabajadores de baja cualificación aquellas personas que en el momento de su incorporación a la acción formativa estén incluidas en uno de los siguientes grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10. En el caso de tratarse de personas desempleadas o de trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
* Personas desempleadas de larga duración. Se considerarán desempleados de larga duración aquellas personas que lleven inscritas como demandantes en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores al día de su incorporación a la acción formativa.
* Personas mayores de 45 años. Se tendrá en cuenta la edad el día de incorporación del participante a la acción formativa.
* Jóvenes menores de 30 años. Se tendrá en cuenta la edad el día de incorporación del participante a la acción formativa.
6. Se deberá comunicar a la entidad beneficiaria su obligación de velar, a través de un adecuado proceso de selección, para que los alumnos/as seleccionados estén preparados para superar con éxito la fase de formación y que su número permita alcanzar el porcentaje de contratación del proyecto.
7. El número máximo de alumnos que participarán en cada curso será de veinticinco. No obstante, dicho número vendrá determinado por la capacidad de las instalaciones en donde se impartirá la formación.
8. En ningún caso, un alumno/a podrá iniciar un curso sin que la entidad haya suscrito una póliza de seguro del alumnado participante.
La póliza de seguros cubrirá como mínimo los riesgos de accidentes y por responsabilidad civil, que pudieran derivarse como consecuencia de la asistencia a las acciones formativas incluida la fase de realización, en su caso, de prácticas profesionales no laborales y que incluyan los trayectos de ida y vuelta («in itinere») al lugar de impartición de las clases, y limitándose estrictamente en su duración al período de celebración de la acción formativa.
9. Solo se permitirá la participación de un mismo alumno/a en una acción formativa con compromiso de contratación perteneciente al mismo proyecto formativo subvencionado, salvo en el caso de que el proyecto subvencionado se trate de un itinerario formativo.
10. Una vez comenzada la acción formativa, se permitirá la incorporación de nuevos alumnos/as, con los siguientes requisitos:
a) Haber superado el proceso de selección realizado por la entidad beneficiaria.
b) No haber superado el 25% de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente de admitirá la sustitución siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los cinco primeros días lectivos desde el inicio de la acción formativa.
11. El alumnado deberá asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. Constituyen causas de exclusión de los alumnos/as, las siguientes:
- Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.
- No seguir con aprovechamiento la acción formativa.
- Dificultar el normal desarrollo de la acción formativa.
- La falta de respeto o consideración a los profesores, los compañeros o al personal de la entidad o centro de formación.
- La utilización de forma inadecuada de las instalaciones y equipamientos de la entidad o centro de formación.
La exclusión de los alumnos/as deberá ser propuesta por el centro de formación, el cual podrá proponer, además, la suspensión cautelar de la asistencia del alumno/a. En caso de peligro para las personas o cosas, el centro podrá acordar la suspensión cautelar de la asistencia del alumno/a, debiendo, en este supuesto, comunicarlo inmediatamente al SCE, para que por la Dirección General del mismo se ratifique o anule dicha suspensión.
Dicha propuesta será comunicada al alumno/a, manifestándole los hechos que la fundamenten y acordando las medidas provisionales procedentes.
En estos casos se le dará al alumno/a un plazo de cinco días para formular por escrito las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que tenga por oportunos, transcurrido ese plazo, se resolverá lo procedente.
Décimo séptima.- Requisitos de las instalaciones.
Para la acreditación/inscripción de la especialidad, respecto a entidades/empresas que asuman el compromiso de contratación y cuya actividad principal no sea la formación, y dicha acreditación/inscripción esté vinculada exclusivamente a la formación a impartir, deberán presentar Certificado expedido por un técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, en el que se indique que las instalaciones cumplen con las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por la legislación vigente como centro de formación.
Décimo octava.- Especialidades formativas.
1. Cuando se pretenda impartir especialidades formativas incluidas en el fichero de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad o especialidades de uso general no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, se deberá consignar el código y descripción de la especialidad en la solicitud.
La entidad que ejecutará la actividad formativa habrá de disponer de la condición de entidad acreditada/inscrita en la especialidad de que trae causa la acción formativa a impartir.
En caso de no contar con dicha condición, podrá instar su obtención conforme al procedimiento establecido en el Decreto 122/2011, de 17 de mayo, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regulan los procedimientos para la inscripción y/o acreditación de las entidades y centros de formación (BOC nº 113, de 9.6.11).
Las entidades que vayan a impartir especialidades formativas no dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad, deberán presentar ante el SCE competente una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, que les habilitará para el inicio de la actividad desde el momento de la presentación. El SCE procederá a inscribir de oficio a la entidad de formación en el registro sobre la base de la declaración responsable presentada, sin perjuicio de la supervisión posterior del cumplimiento de los requisitos.
La entidad deberá contar con la correspondiente Resolución de inscripción/acreditación para las correspondientes instalaciones en función de las especialidades a impartir antes de la resolución de concesión.
2. Cuando la especialidad que se pretenda impartir no figure incluida en el fichero de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal por ser de creación propia, la entidad deberá presentar solicitud de inclusión de la especialidad, según modelo oficial de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de especialidades formativas, acompañada del correspondiente programa e informe de necesidad como anexo a la solicitud de inscripción ante el SCE, conforme al procedimiento establecido en el Decreto 122/2011, de 17 de mayo, citado.
3. La suma de las especialidades formativas o sus componentes, que figuren en un itinerario, tendrán la consideración de acción formativa única.
4. Las acciones formativas incluidas en el fichero de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad o especialidades de uso general no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad deberán incluir obligatoriamente el módulo de carácter complementario "Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género", código FCOO03. En el resto de las acciones formativas no incluidas en los supuestos anteriores solo será obligatorias su inclusión cuando tengan una duración superior a 140 horas.
5. Si se considera necesario se incluirá, en función de la formación indicada en el proyecto formativo, otros módulos de formación complementaria que tengan la consideración de prioritarios en la Comunidad Autónoma Canaria.
Décimo novena.- Subcontratación.
1. Las entidades de formación no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa, no considerándose subcontratación, a estos efectos, la contratación del personal docente.
2. Las empresas que asuman el compromiso de contratación, que no sean entidades de formación podrá subcontratar total o parcialmente, por una sola vez, y en los términos establecidos en el artículo 21 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, así como en el artículo único, apartado ocho de la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, la realización de la actividad formativa. La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.
3. La subcontratación deberá constar de forma expresa en la solicitud de subvención; en este caso, la entidad beneficiaria aportará la documentación que acredite que la entidad subcontratada que ejecutará las acciones de formación cumple los mismos requisitos de solvencia que la entidad solicitante, y el original del contrato suscrito entre ambas partes.
Deberá especificarse detalladamente las actividades que serán objeto de subcontratación, desglosando su importe.
Con respecto a lo previsto en este párrafo, la subcontratación y el porcentaje de la misma deberán constar de forma expresa en la Memoria.
En ningún caso podrá subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
4. Serán de aplicación las limitaciones y condiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 68 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley.
Vigésima.- Becas y Ayudas.
1. Los trabajadores desempleados/as participantes en las acciones de formación con compromiso de contratación podrán solicitar las becas y ayudas previstas en el artículo 25 apartados 4 y 5 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y cuyo desarrollo se realiza en los artículos 25 al 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
2. La entidad beneficiaria deberá presentar en el SCE las solicitudes de los alumnos/as en un plazo de un mes una vez iniciada la correspondiente acción formativa. En caso de incumplimiento de dicho plazo por causas imputables a la entidad, se considerará una falta leve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56, letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre General de Subvenciones y podrá iniciarse el correspondiente procedimiento sancionador.
3. La entidad beneficiaria de la subvención será la encargada de presentar las solicitudes en las dependencias del SCE. Para una correcta tramitación de las mismas, la entidad deberá entregar el modelo de solicitud, además de información sobre las condiciones y requisitos para su obtención, a los alumnos/as participantes al inicio de las acciones formativas.
Vigésimo primera.- Abono de la subvención.
Con el fin de facilitar la realización del objeto de la subvención por parte de los beneficiarios, se podrán realizar abonos o pagos anticipados de hasta el 60% del importe concedido para cada acción formativa, que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, cuando la financiación sea necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, observando las siguientes limitaciones:
* Serán requisitos imprescindibles para proceder al abono anticipado la previa presentación por parte del beneficiario, de garantías en la forma prevista en la Orden TAS/1622/2002, de 13 de junio (BOE de 29 de junio), salvo que en aplicación de la legislación vigente se le exonere de tales obligaciones, y que no se encuentre en ninguno de los supuestos previstos en los puntos 4 y 5 del articulo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
* Cuando sea exigible la prestación de garantías para el abono anticipado, se deberá aportar Mandamiento de Constitución de Depósitos-Valores de la garantía depositada en la Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, a favor del SCE, para responder a la correcta aplicación de la subvención, y por la cantidad subvencionada incrementada en un 2%.
Estarán exentos de presentar garantía para el abono anticipado:
a) Las Organizaciones Sindicales y las Asociaciones Empresariales más representativas y las entidades sin ánimo de lucro creadas por las mismas.
b) Las entidades que hayan obtenido asignación de subvención para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación por parte del SCE en al menos tres anualidades durante las cinco últimas, cuyo plazo de ejecución haya finalizado en el momento de la concesión del abono anticipado y que acrediten haber ejecutado, al menos, el 75 % de las acciones formativas incluidas en el proyecto.
c) Las entidades que hayan obtenido abono anticipado en la última convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as.
El abono anticipado requerirá la autorización previa por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2013, relativo a Medidas y Acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas para 2014, que ha sido prorrogado para 2015 por Acuerdo de Gobierno de 23 de diciembre de 2014.
En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria primera apartado 1.c) del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, que establece que será de aplicación, desde la entrada en vigor del mismo, para el pago anticipado de las subvenciones lo recogido en el segundo párrafo del artículo 7.6 del mismo, es decir:
1. Un primer pago anticipado, después de la concesión, hasta el 25 por ciento del importe concedido.
2. Un segundo pago, hasta el 35 por ciento adicional, una vez acreditado el inicio del programa formativo.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.8 de la Ley 30/2015, Los anticipos, tal y como se contempla en el párrafo anterior, se harán efectivos en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la presentación por el beneficiario de la documentación requerida para solicitar dicho anticipo.
El importe restante del 40 por ciento de la subvención concedida, se hará efectivo, una vez emitida la Resolución por la que se declare justificada la subvención y, como máximo, en el plazo de doce meses desde la presentación de la justificación final de la actividad objeto de subvención.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Vigésimo segunda.- Justificación de la subvención.
1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realización de la actividad formativa subvencionada, así como los gastos generados por dicha actividad. Para ello, deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los costes subvencionables y los criterios de imputación establecidos.
2. La justificación por el beneficiario/a del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, regulada en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El auditor será designado por el SCE de forma aleatoria entre los integrantes del censo de auditores previsto en la Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección del SCE, por la que se aprueba la convocatoria para la creación de un Censo de Auditores para la justificación de subvenciones cofinanciadas por el FSE y verificaciones previstas en la normativa comunitaria y, en su caso, la justificación de aquellas otras subvenciones gestionadas por el SCE que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 222, de 13.11.12) o en la norma que se encuentre vigente.
4. El procedimiento para la revisión de la cuenta justificativa será el establecido por la Resolución del SCE, de 2 de noviembre de 2012 por la que se aprueba la Convocatoria para la creación de un Censo de Auditores para la justificación de subvenciones cofinanciadas por el FSE y verificaciones previstas en la normativa comunitaria, y en su caso, la justificación de aquellas otras subvenciones gestionadas por el SCE que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 222, de 13.11.12) o en la norma que se encuentre vigente.
5. El informe de auditoría se realizará con el alcance que se determina en la Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Directora, por la que se regula el contenido y alcance del informe a emitir en el seno de la justificación de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y verificaciones, prevista en la normativa comunitaria y, en su caso, en lo que resulte aplicable, aquellas otras subvenciones gestionadas por el Servicio Canario de Empleo que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº 222, de 13.11.12), o en la norma que se encuentre vigente.
El coste de realización de dicha Auditoría tendrá el carácter de gasto subvencionable y se abonará conforme al apartado sexto de la Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección del SCE, por la que se aprueba la convocatoria para la creación de un Censo de Auditores para la justificación de subvenciones cofinanciadas por el FSE y verificaciones previstas en la normativa comunitaria y, en su caso, la justificación de aquellas otras subvenciones gestionadas por el SCE que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 222, de 13.11.12) o en la norma que se encuentre vigente.
El importe de la auditoría se prorrateará entre todas las acciones formativas que conformen un mismo proyecto.
El periodo elegible para los costes de la auditoría comprenderá desde la presentación de la declaración de compatibilidad del auditor, de la auditora o de la entidad de auditoría designados por el SCE, respecto del/la beneficiario/a de la subvención, con efectos en este caso, a partir de la fecha en que tuvo lugar la recepción de la comunicación o notificación de la designación y hasta la finalización del plazo para presentar la justificación.
6. La Declaración de Gastos, así como la Relación de Justificantes de Gastos Pagados deberá ir firmado y sellado por el Auditor, quien mediante este acto estará dando fe de la autenticidad de los gastos relacionados en ambos documentos, los cuales ha comprobado y verificado a través de sus correspondientes facturas. La entidad beneficiaria deberá aportar inexcusablemente, en formato digital y en soporte CD o DVD las facturas con todos los justificantes de gastos escaneados en formato pdf. Este CD o DVD deberá contener copia del modelo de declaración de gastos y copia de la relación de gastos, al igual que el informe de auditoría en formato pdf. Las facturas deberán estar numeradas cronológicamente tal y como aparecen en la relación de gastos. El soporte vendrá etiquetado indicando; la entidad beneficiaria, el número de resolución de concesión, el código del curso, la denominación, sellado y firmado por el representante legal.
7. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 1.b de la ley 30/2015, solo cabrá la financiación de las acciones formativas realizadas a partir de su concesión o adjudicación.
8. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Los gastos subvencionables serán los establecidos en el Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se desarrolla el Decreto 395/2007, de 23 de marzo, modificado por el artículo único, apartado doce de la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, así como en la Orden TIN 2965/2008 de 14 de octubre por la que se determinen los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2007-2013, modificada por Orden TIN/788/2009, de 25 de enero (BOE nº 79, de 1.4.09) y por Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio (BOE nº 167, de 13 .7.13).
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado y, en particular, cuando exista vinculación entre perceptor y pagador.
b) Los gastos derivados de préstamos o créditos, así como los de apertura y mantenimiento de cuentas corrientes
9. De acuerdo con lo establecido el artículo 7.3 de la ley 30/2015, los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
10. Finalizada la acción formativa la entidad beneficiaria deberá presentar la documentación justificativa de la realización de la actividad en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la acción o proyecto formativo.
En el caso de que, excepcionalmente, exista un periodo de realización de prácticas no laborales en empresa, el plazo de 3 meses empezará a computar desde la finalización del último alumno de prácticas.
11. La documentación justificativa a aportar comprenderá:
Memoria de actividades realizadas y de resultados obtenidos.
Declaración responsable en la que el beneficiario/a indique que ha cumplido con todas las obligaciones impuestas en la concesión de la subvención y en las bases reguladoras y requisitos establecidos en esta convocatoria.
Declaración de gastos y liquidación final de cada una de las acciones formativas realizadas, y, en su caso una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, según modelo normalizado.
Relación de Justificantes de Gastos Pagados.- comprenderá la totalidad de los gastos en que haya incurrido el beneficiario/a según modelo normalizado. La Declaración de Gastos así como la Relación de Justificantes de Gastos Pagados deberá ir firmado y sellado por el responsable de la entidad y por el Auditor.
Certificado de rendimientos financieros según lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de haberlos obtenidos, se invertirá en la actividad subvencionada; o bien se procederá al reintegro de los mismos.
Informe de auditoría suscrito por un auditor de cuentas que será individual por cada curso
Justificantes de gastos, numerados cronológicamente tal y como aparecen en la relación de gastos. Justificantes de pagos.
Declaración de gastos y liquidación final. Declaración responsable.
Certificado de rendimientos financieros.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos de la justificación de la subvención. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la pérdida del derecho al cobro, la exigencia del reintegro en su caso, y demás responsabilidades establecidas en la LGS de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario/a de las sanciones que, conforme a la LGS correspondan.
Vigésimo tercera.- Liquidación de la subvención.
1. La cuantía de subvención aprobada tendrá el carácter de importe máximo.
2. La cuantía de subvención a abonar se concretará, en función de los gastos subvencionables justificados, en el producto del número de horas del mismo por el número de trabajadores que lo finalizan y por el importe del módulo correspondiente.
3. El importe del módulo económico de la especialidad formativa o del módulo complementario solicitado será como máximo el establecido en la convocatoria de la presidenta del SCE para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Para las especialidades formativas no incluidas en esa convocatoria el importe del módulo formativo será como máximo de 6,5 euros.
4. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación se considerará que un alumno/a ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa.
5. A efectos exclusivamente de la liquidación de la subvención concedida, si se produjeran abandonos de trabajadores durante el primer cuarto de duración de cada acción formativa, o proyecto de formación cuando se refiera a un itinerario formativo, se promoverá la incorporación de otros trabajadores en lugar de aquellos, siempre que superen una prueba de nivel sobre la parte impartida desde el inicio de la acción hasta su incorporación.
6. Se considerarán como alumno/as finales los trabajadores desempleados/as que tuvieran que abandonarlo por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado el 25 % de la actividad formativa.
7. Si se hubiesen producido abandonos de trabajadores/as una vez transcurrido el primer cuarto de duración de las acciones formativas o los 5 primeros días en el caso de certificados de profesionalidad, se admitirán desviaciones por acción de hasta un 15 por ciento del número de participantes que las hubieren iniciado, teniendo en cuenta las siguientes reglas de redondeo: si la parte decimal es igual o mayor que 5 se suma 1 a la parte entera, y si la parte decimal es menor que 5, la parte entera permanece invariable.
8. La liquidación y el compromiso de contratación se realizarán por acción formativa.
Vigésimo cuarta.- Cumplimiento del compromiso de contratación.
1. La entidad beneficiaria deberá realizar el número de contrataciones que se establezcan en la memoria presentada con la solicitud. En cualquier caso, el porcentaje mínimo de personas a contratar será de un 60% de los alumnos/as que finalicen cada acción o proyecto formativo. El compromiso de contratación se realizará por acción formativa, sin que pueda admitirse compensaciones entre acciones para cumplir el porcentaje.
2. La contratación se realizará conforme a la normativa laboral vigente y el convenio del sector de aplicación en el momento de su realización.
3. El tipo de contrato se determinará en la memoria presentada. Quedando excluido el contrato de formación y aprendizaje.
4. La duración del contrato se indicará en la memoria, debiendo en todo caso ser preferentemente de carácter indefinido, o en otro caso, tener como mínimo una duración no inferior a seis meses.
5. La jornada laboral contemplada en los contratos que se celebren para el cumplimiento del compromiso de contratación serán preferentemente a tiempo completo. En el caso de que sea a tiempo parcial habrán de contemplar al menos el 50 % de la jornada laboral y el contrato, en este caso, tendrá una duración mínima de un año. En caso de jornadas a tiempo parcial de porcentaje superior al 50%, la duración del contrato se alargará de forma proporcional a la reducción de la jornada.
En el caso de trabajadores fijos discontinuos, el compromiso de contratación se verificará con la suma de los periodos de ocupación en el periodo que corresponda según el tipo de jornada, como se indica en el párrafo anterior. El periodo máximo para computar el compromiso de contratación en el caso de trabajadores fijos discontinuos será de 2 años.
6. Las contrataciones se realizarán en ocupaciones directamente relacionadas con la especialidad impartida en la acción formativa correspondiente.
7. La contratación de los alumnos/as formados, incluidas las actividades sujetas a autorización administrativa para su desempeño, deberá producirse, con carácter general, antes de la finalización del plazo de justificación de la subvención, salvo que se amplíe dicho plazo, en cuyo caso la aportación de los contratos se podrá realizar hasta la finalización de la ampliación del plazo.
8. No se podrá contratar a ningún alumno dentro de estas acciones con compromiso de contratación, sin que haya superado el 75 por ciento de su duración.
9. La entidad beneficiaria deberá informar a los alumnos/as, al inicio de la acción formativa, de la posibilidad de ser contratados, del número de contratos previstos en el proyecto, y de las condiciones laborales de la contratación.
10. Al final de la acción formativa o proyecto de formación, la entidad beneficiaria deberá elaborar una relación de los alumnos/as que estén interesados en ser contratados y otra de los alumnos/as que, en su caso, renuncian a ser contratados. La renuncia individual del alumno/a a la contratación, debe estar motivada y firmada por el mismo, y deberán constar las condiciones de la oferta laboral.
11. Se considerará cumplido el compromiso de contratación en los contratos de carácter indefinido cuando hayan transcurrido, al menos, seis meses desde el inicio de la relación laboral en caso de contratos a tiempo completo y el periodo que corresponda en contratos a tiempo parcial. Cuando se haya extinguido la relación laboral por despido disciplinario, se exigirá bien que haya sido declarado procedente por sentencia firme de los tribunales competentes, o bien que el trabajador/a, transcurridos veinte días hábiles desde la notificación del acto de despido, no haya presentado papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
12. En el caso de que alguna de las personas contratadas cause baja durante el periodo indicado en el apartado 2, por causas ajenas a la empresa contratante (baja voluntaria del trabajador o despido disciplinario), la entidad beneficiaria estará obligada, en el plazo de un mes contado a partir de que se haya producido la baja voluntaria o el despido, a presentar la contratación de los siguientes alumnos/as que no fueron inicialmente contratados, por el período restante hasta completar la duración del contrato inicial, respetando el porcentaje de trabajadores/as desempleados/as previsto en el apartado 1 de esta base.
13. Las contrataciones pueden ser realizadas tanto por la entidad beneficiaria como por otras entidades, correspondiendo en todo caso la obligación de reintegro a la entidad beneficiaria de la subvención.
14. El SCE verificará el cumplimiento de los compromisos de contratación. Para ello, los alumnos en su solicitud de participación en las acciones formativas, autorizarán al SCE, para que éste pueda recabar en el plazo de un año a partir de la fecha de la contratación, de las distintas Administraciones Públicas, cuantos datos sean necesarios para verificar el correcto cumplimiento y seguimiento de los compromisos de contratación.
Vigésimo quinta.- Incumplimiento, graduación de incumplimientos y reintegro.
1. Dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, de conformidad con el artículo 34.3 párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Dará lugar al reintegro total o parcial de la misma, y el interés de demora correspondiente desde su abono, el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden TAS/718/2008, de 7 marzo. El incumplimiento del compromiso de contratación dará lugar a la obligación del reintegro total o parcial de la subvención percibida y del interés de demora correspondiente desde su abono de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 de la Orden TAS/718/2008, salvo que medien causas o circunstancias que, apreciadas por el SCE, hayan impedido su cumplimiento.
3. En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la letra n) del apartado 3 del artículo 17 de dicha Ley.
4. Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario/a o, en su caso, el importe a reintegrar, por los incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en estas instrucciones y demás normas aplicables serán respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas.
A) En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por cien de la subvención concedida.
1. Incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención. A tal efecto tendrán esa consideración:
- Si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 35 por ciento de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumno/as formados.
- No alcanzar el 50% del objetivo del compromiso de contratación, esto es, que no alcance al 30% de los trabajadores formados cuando el compromiso adquirido sea del 60%. Si el compromiso de contratación fuese superior al 60%, será la mitad de dicho porcentaje.
- La inexistencia del seguro del alumnado participante en la acción formativa.
- Exigir a los alumno/as cantidad alguna en concepto de matrícula, reserva de plazo u otros conceptos, vulnerándose el principio de gratuidad que para los alumno/as tiene la formación profesional para el empleo.
2. Incumplimiento total de la obligación de justificación de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1, del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, cuando transcurrido el plazo para la presentación de la justificación, ésta no se hubiese efectuado, se acordará el reintegro de la subvención previo requerimiento establecido en el apartado 3, del artículo 70, del citado Real Decreto.
B) En el supuesto de incumplimiento parcial de las obligaciones y condiciones impuestas al beneficiario/a. Tendrá la consideración de incumplimiento parcial, y dará lugar a la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención o al reintegro parcial de la subvención concedida:
1. El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención. Tendrá la consideración de incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención:
- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 395/2007, en los artículos 4 y 31 de la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo.
- La realización de la actividad subvencionada esté comprendida entre el 35 por ciento y el cien por ciento de la subvención concedida, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumno/as formados. Se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.
- La incorrecta suscripción del seguro obligatorio del alumnado participante respecto a los aspectos de: número de alumno/as asegurados, ámbito temporal de la póliza, los supuestos de cobertura y las cuantías mínimas de las indemnizaciones previstas en caso de siniestro. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente en función de los incumplimientos realizados respecto del número de alumno/as autorizados, sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.
- La participación de un mismo alumno/a en varias acciones formativas pertenecientes a un mismo proyecto.
- La existencia de formadores que no cumplan los requisitos exigidos en los módulos programados. La cuantía a reintegrar vendrá determinada por el importe de la subvención que corresponda a las horas impartidas por el docente.
- Cuando la publicidad no se ajuste a los requisitos que se establezcan por el SCE, el gasto ocasionado por dicha publicidad será considerado gasto no subvencionable.
- Con carácter general, si como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control, el SCE detecta anomalías graves que repercutan en el normal desarrollo de la acción formativa, podrá de oficio proceder a la suspensión cautelar de la misma. Esta suspensión será notificada al interesado.
- Cuando, sin llegar al cumplimiento de la totalidad del compromiso de contratación, se supere el 50% del objetivo del mismo, en cuyo caso se detraerá el importe proporcional correspondiente a la justificación de cada alumno según el importe total asignado a la acción formativa, por cada contrato laboral no realizado o que no se ajuste a las condiciones impuestas en dicho apartado.
2. Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. Tendrá la consideración de incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma:
- El falseamiento de los datos suministrados por la misma, que impidan la parcial certificación del buen fin de la subvención concedida.
- El incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de los alumno/as de la actividad subvencionada.
El importe de la reducción se practicará proporcionalmente en función de los incumplimientos realizados respecto del número de alumno/as autorizados, sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.
- El incumplimiento de la obligación de realizar el pago a través de transferencia bancaria o cualquier otro método de pago que quede reflejado mediante apunte bancario, cuando el importe de los mismos supere los dos mil quinientos (2.500,00) euros, conllevará que dicho gasto no sea subvencionable.
3. En caso de incumplimientos de obligaciones formales que no pudieran calcularse en términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte del beneficiario del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de un 3% del importe de la subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda.
Vigésimo sexta.- Devolución voluntaria.
Vigésimo séptima.- Régimen sancionador. Infracciones y sanciones.
Vigésimo octava.- Publicidad.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán informar a los participantes de sus acciones y a la opinión pública en general, del carácter público de la financiación de la actividad subvencionada por el SCE. A tal fin el beneficiario/a deberá incluir en sus actividades de información de las acciones formativas, publicaciones y material didáctico los siguientes elementos:
1) El emblema del SCE.
2) El emblema del Servicio Público de Empleo Estatal.
La estructura y contenido de la cartelería, modelos de prensa escrita, así como de los distintos formatos de material publicitario estará disponible en la "Guía de Información y Publicidad" disponible en la web del SCE.
2. En las instalaciones donde se desarrolle la formación, deberá reflejarse claramente la mención del SCE y del Servicio Público de Empleo Estatal.
3. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y publicidad señaladas en esta disposición será causa de reintegro en los términos del artículo 37.1.d) de la Ley General de Subvenciones.
Vigésimo novena.- Seguimiento, evaluación y control.
1. El beneficiario/a se encuentra obligado a someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
2. Las actuaciones de seguimiento y control de la acción o proyecto formativo se realizarán antes, durante y una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas o proyecto subvencionado.
3. Se realizarán actuaciones específicas de seguimiento y control a raíz de reclamaciones, denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidades en la ejecución de la actividad formativa financiada mediante las subvenciones previstas, así como cualesquiera otra actuación que se considere necesaria realizar.
4. Como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control, el SCE podrá de oficio proceder a la suspensión cautelar del inicio de una acción formativa o de una acción formativa ya iniciada cuando se observen anomalías que puedan repercutir en el desarrollo normal de la impartición de la formación.
5. En el marco de las actuaciones de seguimiento y control una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas subvencionadas, el SCE, exigirá la presentación de los documentos previstos en la Pista de auditoría.
6. El SCE controlará especialmente la calidad de formación mediante la evaluación de cada una de las acciones formativas a través de la realización de encuestas a los alumnos/as y de la valoración realizada por los técnicos del propio servicio.
7. La gestión de las acciones del proyecto formativo se realizará a través de la aplicación de gestión SISPECAN-Formación. Las entidades tendrán acceso a este aplicativo para la gestión de los cursos.
Trigésima.- Normativa aplicable.
Resultará de aplicación a las Acciones de Formación con Compromiso de Contratación,la normativa siguiente:
* Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional.
* Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE nº 217, de 10.9.15).
* Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se regula el contenido y alcance del informe a emitir en el seno de la justificación de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y verificaciones previstas en la normativa comunitaria y, en su caso, en lo que resulte aplicable, aquellas otras subvenciones gestionadas por el Servicio Canario de Empleo que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma Canaria.
Ver anexo en las páginas 30163-30164 del documento Descargar