Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-00611-de-agosto-26-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8f0b01eea0cfd0fce0430a010151d0fc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 09:48:53
Document Index: 13573659

Matched Legal Cases: ['artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 35', 'artículo 238', 'artículo 392']

﻿ Sentencia 2005-00611 de agosto 26 de 2010
SENTENCIA 2005-00611 DE 26 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDAD PELIGROSA. QUIEN EJERCITA ACTIVIDADES DE ESTE GÉNERO ES EL RESPONSABLE DEL DAÑO QUE POR OBRA DE ELLAS SE CAUSE Y POR LO MISMO LE INCUMBE PARA EXONERARSE DE ESA RESPONSABILIDAD, DEMOSTRAR LA FUERZA MAYOR, EL CASO FORTUITO O LA INTERVENCIÓN DE UN ELEMENTO EXTRAÑO QUE NO LE SEA IMPUTABLE. LA CARGA DE LA PRUEBA NO ES DEL DAMNIFICADO SINO DEL QUE CAUSÓ EL PERJUICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES, MODALIDADES DE CULPA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:468 DE DICIEMBRE DE 2010, PG.2061
Sentencia 2005-00611 de agosto 26 de 2010
Ref.: Expediente 4700131030032005-00611-01
1. Como están reunidos los presupuestos procesales y no hay motivo de nulidad que imponga retrotraer lo rituado a etapa anterior, se procede a continuación a desatar la alzada.
2. El promotor de las reclamaciones estudiadas, en su condición de padre del fallecido Luis Eugenio Polanco Alvarado, aspira a que los referidos accionados, por ser los responsables del suministro y control de la energía eléctrica, de su instalación o beneficiarios de su uso sean condenados a reconocerle y a pagarle los perjuicios materiales y morales que se le causaron como secuela de la muerte trágica de su hijo por electrocución; igualmente se depreca en el libelo el resarcimiento de los últimos también para la “hija” y “los hermanos del occiso 500 gramos oro para cada uno de ellos, para un total de 6500 gramos oro, esto con relación al parentesco”.
3. En los autos están demostrados los siguientes hechos con incidencia en la decisión que se está adoptando:
a) Que Luis Eugenio Polanco Alvarado nació el 2 de mayo de 1980 (fl. 1) y falleció el 26 de abril de 2001 (fl. 18).
b) Que la muerte de Luis Eugenio se produjo por haber recibido una descarga eléctrica, conclusión que extrajo la Corte cuando dijo:
“De la declaración de Salomé Rico brota claramente que el deceso se produjo por una descarga eléctrica; pues narra que tras de compartir unos minutos con su primo, se retiró, y al regresar lo halló sin vida sobre una cerca, con quemaduras en el cuerpo, por lo que es lógico deducir que su deceso ocurrió por el motivo atrás indicado. De allí que el razonamiento del tribunal para desechar este medio probatorio vertido por uno de los ahora demandados, en el trámite penal respectivo, y en el que advirtió la existencia de cables galvánicos alrededor de la valla, resulte absurdo, máxime cuando el documento contentivo de la necropsia practicada al occiso daba cuenta de que el óbito sobrevino por tal razón, sin que se pudiera dejar de apreciar por el “hecho de no haberse aducido al proceso con el lleno de los requisitos de ley correspondientes a la prueba trasladada” lo que en este elemento probatorio no aconteció, pues dejó de lado que se trata de un documento público que presta fe frente a todos, y que además fue remitido por el Instituto de medicina legal a instancia oficiosa del juzgador”.
c) Que Alberto Polanco Rocha es el padre de Luis Eugenio Polanco Alvarado (fl. 1).
d) Que el predio La Granja, localizado en el sector de La Gaira, departamento del Magdalena, en la fecha en que sucedió el hecho trágico en el que perdió la vida Luis Eugenio Polanco Alvarado, 26 de abril de 2001, era de propiedad de Aura Hernández Díazgranados, lo que no fue discutido ni controvertido al contestarse la demanda y así consta en el folio de matrícula inmobiliaria.
e) Que igualmente, el citado inmueble lo tenía en su poder como arrendatario Álvaro Ceballos Angarita, quien a su vez había conseguido como su trabajador para que lo administrara a Salomé Rico Ramos, calidades que son admitidas por estos al responder los interrogatorios decretados como prueba de oficio por la corporación.
f) Que Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe” era la entidad que prestaba el servicio público de “electricidad” domiciliaria en la región, específicamente en el sector de localización del referido bien raíz y encargada por lo tanto de su mantenimiento, conservación, control, vigilancia y seguridad.
g) Que ninguna persona presenció el instante en que la descarga de energía eléctrica causó su óbito.
h) Que Salomé Rico Ramos fue quien bajó el cuerpo sin vida de Luis Eugenio Polanco Alvarado de la cerca que servía de lindero al fundo La Granja y al contiguo.
i) Que la compañía Generali Colombia Seguros Generales S.A., había celebrado por esa época contrato de seguros con la codemandada “Electricaribe”.
4. Frente a la acción ejercida por el reclamante, en la sentencia que quebró la del ad quem se anotó por la Corte lo siguiente:
“Esta corporación a partir de los fallos proferidos el 14 de marzo, 18 y 31 de mayo de 1938, hizo las precisiones que se destacan en relación con las actividades peligrosas.
“A través de dichas providencias puntualizó que la carga de la prueba en asuntos de esta naturaleza, no es del damnificado sino del que causó el perjuicio, pues “... quien ejercita actividades de ese género es el responsable del daño que por obra de ellas se cause y por lo mismo le incumbe para exonerarse de esa responsabilidad, demostrar la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño que no le sea imputable...” (G.J., t. XLVI, págs. 216, 516 y 561).
“Aunque el Código Civil Colombiano, no define la “actividad peligrosa”, ni fija pautas para su regulación, la Corte ha tenido oportunidad de precisar que, por tal, debe entenderse aquella que “... aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños...” (G.J., CXLII, pág. 173, reiterada en la CCXVI, pág. 504), o la que “... debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que —de ordinario— despliega una persona respecto de otra”, como recientemente lo registró esta corporación en sentencia de octubre 23 de 2001, Expediente 6315.
“Importa señalar respecto de la prestación del servicio de energía eléctrica, en cuanto que la acción realizada por dichas entidades reviste peligrosidad “le basta al actor demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica” pudiendo liberarse aquellas del efecto indemnizatorio únicamente “en tanto prueben el concurso exclusivo de una causa extraña...” (sent. oct. 8/92, CCXIX, pág. 523).
Igualmente debe precisarse, que la sentencia de casación de 24 de agosto de 2009, Expediente 01054-01, contiene una rectificación doctrinaria, tal como aparece en su motivación y la parte resolutiva, circunscrita exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico equivocado que le dio el tribunal al aspecto atinente a la “concurrencia de culpas” en el ejercicio de actividades peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la Sala referente a que estas se examinan bajo la perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no “objetiva”.
La corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre este y la conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero.
Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace muchos años y no existe en el momento actual razón alguna para cambiarlo, y en su lugar acoger la tesis de la responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa que ampara a los perjudicados con el ejercicio de actividades peligrosas frente a sus victimarios les permite asumir la confrontación y el litigio de manera francamente ventajosa, esto es, en el entendido que facilita, con criterios de justicia y equidad, reclamar la indemnización a la que tiene derecho.
La interpretación judicial de la Sala que se ha consignado en innúmeros fallos de la Corte, emana del texto mismo del artículo 2356 del Código Civil cuando dispone que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta”, lo que significa sin lugar a dudas que los calificativos de la conducta del actor enmarcan dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse por el accionar culposo de una determinada persona en su vida social y en las relaciones con sus semejantes cuando excediendo sus derechos y prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa menoscabo en otras personas o en el patrimonio de estas.
Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el mero daño que se produce ni el riesgo que se origina por el despliegue de una conducta calificada como actividad peligrosa la que es fuente de la responsabilidad civil extracontractual de indemnizar a quien resulta perjudicado, sino que es la presunción rotunda de haber obrado, en el ejercicio de un comportamiento de dichas características con malicia, negligencia, desatención incuria, esto es, con la imprevisión que comporta de por sí la culpa.
En adición, no debe pasarse por alto que desde un principio el artículo 2341 del Código Civil se encarga de iniciar el estudio del tema a partir del título XXXIV del Código Civil, bajo la denominación de “responsabilidad común por los delitos y las culpas”, o sea, la que tiene como su fuente el dolo o las diversas clases de “culpas”, desarrollo con el que destaca como elemento esencial el postulado de la culpabilidad, situación que como es natural acepta salvedades que se construyen cuando se presentan hechos diferentes a los que normalmente tienen ocurrencia, como serían la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.
Además, no es posible dejar de destacar que es la propia normatividad prevista en el Código Civil, respaldada por la jurisprudencia de esta corporación, la que gobierna la materia examinada y a la que forzosamente ha de aplicarse el brocárdico latino “lex non omiti incaute, sed quia dictum noluit”, es decir, no es, que la ley haya omitido regular el punto sino que no fue su voluntad que fuera dicho, de donde se concluye que si la intención del legislador hubiera estado encaminada a dejar por fuera el elemento culpa de la responsabilidad extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas, sin duda alguna y muy seguramente habría efectuado tales precisiones conceptuales explícitas en el texto del ya referido artículo 2356 ibídem.
En suma, no se puede desconocer el postulado propio de la culpa que se halla ínsito en la norma ya citada que es clara, inequívoca y contundente en determinar que la indemnización o el reconocimiento del monto de los daños padecidos tiene como causa el ejercicio de una actividad peligrosa como la de conducción de energía eléctrica, sin incurrir en desconocimiento de la voluntad expresa de la ley.
5. El punto relativo a la legitimación en la causa por activa no ofrece ninguna discusión, en atención a que promueve la acción resarcitoria Alberto Polanco Rocha, en su calidad de padre de Luis Eugenio Polanco Alvarado, condición que lo habilita para deprecar el reconocimiento y pago de la indemnización que pretende personal y directamente.
No acontece lo mismo respecto del pedimento formulado en la demanda dirigido a obtener también la reparación del daño moral padecido por “la hija” y “los hermanos” de Luis Eugenio Polanco Alvarado, porque, no se otorgó mandato al apoderado que lo auspicia en este litigio con tal finalidad; fuera de lo anterior no aparecen debidamente identificadas dichas personas que enuncia de modo abstracto, mucho menos, en relación con ellos demuestra tener su representación judicial para actuar en nombre de los mismos; además, no basta allegar el registro civil de nacimiento para acreditar determinado parentesco que no ha sido expresa y debidamente aducido en la descripción fáctica del libelo introductor.
La “legitimación en la causa” por pasiva en lo que atañe a los contradictores se analizará a continuación, en la medida en que se vaya abordando el estudio de las reclamaciones respectivas y partiendo de la acusación específica que en la demanda se les hace por haber omitido actuaciones o actividades propias de la calidad en que se les cita.
6. Debe resaltarse, de conformidad con las súplicas deprecadas, que la que se busca establecer en lo que atañe a la persona jurídica por ser titular de la actividad peligrosa de conducción de energía eléctrica es la denominada “culpa presunta”, en la que el accionante está relevado de probar este elemento, siéndole suficiente establecer los dos restantes, como son el daño y el nexo causal. Por el contrario, la que se ejercita frente a los otros tres codemandados es la que alude a la “culpa probada”, cuyo debate probatorio, además de los dos últimos requisitos, también involucra el primero, es decir, la “culpa”.
La exoneración de responsabilidad en tratándose de la “culpa presunta” tiene un escenario restringido que queda circunscrito a la ruptura de la relación de causalidad por ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor o “culpa exclusiva de la víctima”; mientras la que se origina en la “culpa probada” tiene un campo de acción mayor, ya que la demandada tiene a su alcance para liberarse la posibilidad adicional de aducir y comprobar que obró sin negligencia, descuido o incuria.
También, de ser viable y en el evento de deducirse alguna obligación por la que deba responder “Electricaribe”, se examinarán los compromisos que frente a esta tendría la compañía aseguradora llamada en garantía.
7. Se parte en este evento de la comprobación indiscutible de la muerte de Luis Eugenio Polanco Alvarado el 26 de abril de 2001 a causa de la descarga eléctrica que sufrió.
A continuación, se reitera, se hará el escrutinio de la “responsabilidad” que le pueda caber por los hechos luctuosos a cada uno de los sujetos procesales frente a los cuales se ha ejercido la presente acción.
8. A juicio de la Sala es importante revisar la prueba recaudada, tanto la practicada en las instancias como la que se decretó y obtuvo de oficio luego de casarse el fallo del tribunal.
a) Interrogatorios de parte de los accionados
1) Álvaro Ceballos Angarita: conoce a Aura Hernández Díazgranados “porque le tomé en arriendo un lote rural en el corregimiento de Gaira, y a Salomé Rico porque era el trabajador de La Granja que tomé en arriendo”, desde “el 98 o 99 al 2001” y “cuando murió Luis Eugenio Polanco era el arrendatario. Lo que no sé es si él murió en la propia finca, no me consta, porque allá hay un lindero con una finca vecina y el señor apareció entre la cerca de la finca vecina y la de la señora Aura Hernández”; el finado había llegado al fundo a visitar a su “primo Salomé Rico” pero no era su trabajador; antes de los hechos, le ordenó a su empleado ir a recoger comida para los cerdos, “de pronto sentí un grito fuerte de Salomé llamando a su señora María, entonces yo acudí a ver que le pasaba, porqué estaba pegando ese grito tan fuerte, y encontré a Salomé llorando y lamentándose frente a ese joven que estaba tirado en el suelo. Salomé me explicó que lo había recogido en la cerca y lo había corrido un poco para ponerlo bajo un palo de mamón”; al verlo inconsciente se fue a llamar a la policía; el predio si tenía cercas y alambres de púas pero no le consta que estuvieran electrificadas; “todas esas cercas son lindantes, no hay cercas interiores”; sabe “que había un poste ubicado casi al centro de la granja y de ahí como que se hacía el reparto para la casa y para un cuarto que tenía en el fondo, en un extremo de la granja. Allí como que hubo una explotación agrícola, y me imagino que ese era el reparto eléctrico que en alguna época existió para esos galpones. Cuando yo llegué allí encontré sin techo la mayor parte, sin paredes, mallas o muros esos galpones. También había un interruptor o una cuchilla en el poste que mencioné que estaba ubicado en el centro de la granja, me imagino que allí se encendía el sistema de luces para la casa. También vi líneas eléctricas que pasaban para otras fincas vecinas, me imagino que eran para dar luz a esas otras fincas. Los vecinos eran Foción Rico y Lázaro Hernández”; no sabe quién hizo tales trabajos; el administrador del fundo era Salomé Rico Ramos que atendía todas las labores que se debían realizar, “también se encargaba de prender la luz de la casa, que era lo clave”; no hizo solicitudes o reclamos a Electricaribe sobre las “instalaciones eléctricas” ni nunca se enteró que hiciera mantenimiento a las redes existentes en el lote, aunque algunas veces vio a funcionarios de esta afuera del predio pero sin saber qué estaban haciendo; “el poste que yo vi allá siempre, parecía era el que recibía toda la fuente de energía, estoy casi seguro era de madera, no sé para las zonas rurales cuál es el legal, no conozco las normas de seguridad de Electricaribe y esas cosas, pero estoy seguro que el poste era de madera. Era un poste que no era redondo, era como cuadrado más bien, tan alto no era, pero no sé la altura oficial tampoco para decir es bajo o alto en relación con aquel”; desconoce si la única forma de utilizar el servicio público era a través de las cuerdas que salían del poste y que se controlaba con la cuchilla, “sé que Salomé operaba el sistema”; no pagaba directamente la luz porque le entregaba el dinero a la dueña para que ella lo efectuara; cuando devolvió el lote a la propietaria le comentó que había una deuda de dos meses pendientes (fls. 315 a 319, abr. 14/2009).
2) Salomé Rico Ramos: era pariente de Luis Eugenio Polanco Alvarado, “en el Banco nos decimos primos por cuestión de familia, pero en sí no sé si somos primos realmente, la mamá del finado Luis Eugenio es sobrina de mi abuela, y nos enseñaron a tratarnos como familia”; trabajó en el cuidado de cerdos durante la época de la muerte de este en la finca La Granja dependiendo de Álvaro Ceballos; el día de la tragedia salió con el occiso a cazar conejos pero se tuvo que devolver porque llegó su empleador y este lo mandó a conseguir alimento para los animales, “cuando salí a buscar las cepas fue que encontré a Luis Eugenio en la cerca de alambre de púas, estaba metido dentro de la cerca, tenía una pierna de un lado y con la otra de otro, quedó con palo en la mano y un mango, y otro mango en el otro bolsillo. Así lo encontré y lo saqué, le avisé al señor Álvaro que se había fregado mi primo que estaba en la casa. El señor Álvaro fue a avisarle a la policía y yo le avisé a un sobrino de nombre Lázaro”, “lo hale como un metro”; ese día no llovía y hacía brisa; el predio sí tenía cerca con alambre de púas, “pasaban unos cables eléctricos de la finca de Lázaro hacía La granja todos los cables que pasan por La granja vienen de donde Julio Carbonó, ellos vienen de finca en finca. En la cerca no habían cables eléctricos, ahí lo que hay son alambres de púas (...) los cables que van por la finca todos eran pelados, no tenían forros, van desde un poste que es de material hasta la casa y de la casa es que se reparte para el patio. Los únicos que tenían forritos eran los cables delgaditos, los que están en la casa. Pero los largos no tenían forros”; había dos postes, “el de madera está cerca de la casa que es donde yo bajaba la palanca para quitar el fluido del patio. El de concreto está donde Lázaro hacia acá donde cayó el finado, el siguiente es el de madera. Cuando yo entré a la finca habían cuatro postes, y por donde nosotros pasábamos había otro que era como un palo cuadrado. El otro poste que está donde Lázaro también es de madera”; la luz se quitaba a las seis de la mañana y se volvía a poner a las seis de la tarde para que iluminara durante la noche, “era como una palanquita pegada sobre una tabla, sino la prendía yo la prendía mi compañera María. Cuando yo llegué había unos galpones de pollo, yo tenía pero pollos criollos”; el interruptor estaba adherido al poste que se encontraba dentro de la parcela; no sabe quién hizo la instalación porque cuando llegó estaban ahí; “la cerca no estaba electrificada, la luz no le daba ni a los cerdos porque estos se mantenían sin luz”; cuando murió Luis Eugenio “él venía de la finca ajena para la nuestra y le quedó una pierna del lado de la finca ajena y la otra del lado de la nuestra, quedó con el palo y un mango en las manos. La cerca no sé a quién le pertenece porque todo ese sector es de finquitas”; en el lugar en que halló al finado “había un palo de matarratón recostado a la cerca, cerca del matarratón hay un poste de madera que está dentro de la granja hasta ahí llegaban unos cables, en ese palo hay unos cablecitos pequeños uno rojo y otro azulito, la gente me decía que esos cables tenían corriente, pero yo los tocaba y no sentía la corriente. Cuando yo saqué al finado estaba en chancleta y tocaba los cables y no había corriente, los que llegaron ese día me dijeron que sí había corriente, y como para ese tiempo había bastante brisa. Esos cablecitos vienen desde el poste donde yo apagaba la luz. Pero cerca al lugar del accidente había un poste de concreto”; Electricaribe no hacía mantenimiento y una vez que solicitó que arreglaran un problema porque en las horas nocturnas se iba la luz por la brisa le respondieron “que no se metían hasta allá porque esas eran fincas privadas”, tampoco en ninguna ocasión le llamaron la atención por alguna cosa relacionada con la electricidad; la propietaria no visitaba la finca; no le hizo comentario sobre los cables que se hallaban en las proximidades del matarratón a su patrón Álvaro, “esos cables partían desde el poste donde yo bajaba la palanca, pasaban por varios palos de níspero y mango, y en cada palo tenían una crucetita de madera para separar los cables del árbol, seguían su camino hasta el palo de matarratón donde había otra crucetita de madera, de esos cables uno era más largo que el otro y cuando llegaban al palo de matarratón quedaban sueltos”; no sabe si los cables tenían energía o no “yo bajaba mi palanca aquí y no sabía si cogían corriente o no. Cuando yo entré a la finca ya los cables estaban así, no sé si tendrían o no tendrían corriente”; los “cables parten del poste de madera, porque el de concreto está por acá donde cae el finado. Eso es, como se dice uno por allá, una sola enreda la pita. Del poste de concreto viene otro poste de madera, el finado calló (sic) cerca del poste de concreto. A lo que él cae lo halo para acá. Los cablecitos azul y rojo no pasan por el poste de concreto, porque esos vienen de otro lado, vienen del poste de la casa en donde yo bajo la palanca. Pero todo es la misma corriente, es una enreda la pita entre el poste de concreto y los de madera, y esos postes de madera vienen de las otras fincas, la de Lázaro y de donde el doctor Julio Carbonó y llegan hasta el poste donde yo bajaba la palanca y hasta ahí llegaban” (fls. 320 a 324, abr. 14/2009).
3) Luis Carlos Cruz Ríos, representante legal de Electricaribe expresó: sobre La Granja no existe servidumbre eléctrica a favor de la entidad mencionada, como se puede observar en el certificado de tradición del mismo Nº 08049796, Aura Hernández; la empresa no realiza mantenimiento a las instalaciones internas de ningún predio; nadie vinculado con la referida finca solicitó verbalmente o por escrito la revisión; en algunas ocasiones se cortó el servicio por falta de pago y los usuarios hicieron reconexiones sin autorización, haciéndolo “en forma rudimentaria y con violación de la ley”; cuando se detecta una conexión fraudulenta se inicia la correspondiente actuación administrativa; desconoce “cómo estaban constituidas las instalaciones eléctricas internas del predio denominado La granja”; este aparece registrado como cliente para la fecha del accidente y no estaba en mora (fls. 349 a 353, mayo 5/2009).
4) Aura Hernández Díazgranados: tenía setenta y dos años de edad cuando rindió testimonio; es la propietaria del bien La Granja, el que arrendó a Alberto Ceballos, convenio que subsistía en el momento en que falleció Luis Eugenio Polanco Alvarado, pero no presenció el accidente y se enteró del mismo después de su ocurrencia; “en ese lugar donde está la finca cuando yo la compré no había luz y entonces se llevó la luz con postes nuevos y alambres nuevos y por esta razón nunca hubo problemas de nada porque tenía sus instalaciones nuevas, yo no le he hecho ninguna reforma porque los postes y alambres que se pusieron eran nuevos”; no sabe qué es una cuchilla; no concedió autorización para que la cerca fuera electrificada, “cómo se le ocurre, no, no. Yo no sé nada de luz, cómo si yo entendiera de luz, me van sacando de ese lío”; no le ha formulado ninguna petición a Electricaribe “porque allá no había problemas”; quien dio la orden para instalar la luz fue “el papá de mis hijos” que se llamaba José Alejandro Martínez, pero no sabe quién hizo los trabajos (fls. 369 a 371, mayo 5/2009).
5) Alberto Polanco Rocha padre de Luis Eugenio Polanco Alvarado asevera: Salomé Rico le contó que su hijo murió por una descarga de electricidad que “bajaba de un poste de madera” que estaba en el predio La Granja; también “se me hizo como grande pensar que esa luz la ponen en la tarde o por la noche y la quitan en la mañana temprano a esa hora no había por qué tener luz ahí a pleno día”; no tiene conocimiento de más (fls. 11 a 12, cdno. 4, feb. 20/2003).
b) Declaraciones de terceros
1) Duván Angehyelo Ruiz Salamanca: empleado público de cuarenta años, investigador criminalístico de la fiscalía, se ratifica ante la Corte en el informe suscrito por él, distinguido con el Nº 449 de 4 de junio de 2001; cuando llegó al lugar del accidente ya no estaba allí el occiso; en el documento, al que se remite, hace la descripción de cómo estaban los cables y la existencia de un interruptor; localizó el sitio haciendo pesquisas, esto es, investigando; no hizo ninguna clase de experimento en el lugar de los hechos; no recuerda más de lo que consignó en su escrito porque lo sucedido ocurrió hace unos nueve años y a él se atiene (fls. 186 a 194, abr. 27/2009).
2) Francisco Armando Uribe Pinto: funcionario del CTI de la fiscalía de cincuenta y cuatro años de edad; era el jefe de la sección de investigaciones de la entidad cuando se produjo el deceso de Luis Eugenio Polanco Alvarado; reconoce la firma y el contenido del informe sobre los hechos suscrito por “el investigador Duván Ruiz”; no participó en dicha labor, limitándose a recibir el trabajo de su subalterno, “solamente asigné la misión de trabajo y certifiqué que el señor Duván Ruiz era miembro activo en ese momento”; nunca fue al “lugar de los hechos” y “me quedaría bastante difícil a cada investigador verificar el procedimiento que adelantó en su investigación. Presumo que es cierto porque todos están en la capacidad de adelantar una investigación de ese tipo y las misiones de trabajo se asignan de acuerdo al perfil del investigador. Estoy seguro que el procedimiento que adelantó fue el correcto”; “en materia de electricidad no puedo decir qué experiencia tiene” Duván Ruiz; el volumen de “informes” que debía leer y revisar era elevado; cuando notaba alguna inconsistencia “o notaba algo fuera de órbita, llamaba al investigador para que aclarara la diligencia o que se dirigiera ante el fiscal para que coordinaran el paso a seguir. Si no le daba el visto bueno y pasaba a la autoridad comitente”; su intervención frente al trabajo que le presentaba el investigador consistía en “que lo que él estaba planteando en el informe era bajo la gravedad del juramento y se presumían como ciertos. Además, de que era miembro activo de la institución y adscrito a esa unidad”; nada puede decir sobre la existencia de postes o cables porque nunca concurrió al sitio (fls. 287 a 291, cdno. de la Corte, abr. 2/2009).
3) Andrés Vélez Martínez: abogado pensionado de sesenta y siete años de edad expresa no conocer a las partes del proceso y solo de nombre a Aura Hernández, quien por intermedio de su suegro fallecido ya, Alejandro Martínez Pinedo, le arrendó una parcela para el negocio de engorde de pollos, la cual no tenía nombre, “nunca lo supe por un documento, pero nunca me constó a través de un título de propiedad que eso fuese de ella. En el contrato ella firma como arrendadora, mas no sé si ella era la propietaria”; se enteró cuando lo citaron a declarar la vez pasada del deceso de Luis Eugenio Polanco Alvarado, a quien tampoco distinguió y tiene entendido que murió allí. Añade: “mientras lo tuve arrendado jamás sus cercas fueron energizadas, ni tampoco tuve información al respecto porque yo me limitaba a atender el negocio, no tuve contacto con los vecinos”; después de la finalización del convenio nunca volvió a visitar el bien (fls. 303 a 306, abr. 3/2009).
4) Ramón Palacio Better: arquitecto de sesenta años y docente universitario; su padre era dueño de una parcela en la vía a Gaira y supo “que se había electrocutado alguien pero fue un comentario callejero, pero, de que me consten circunstancias de modo, tiempo y lugar no” (fls. 342 a 344, mayo 4/2009).
5) Foción Rico Quintana: trabajador independiente de cincuenta años de edad y residente en Gaira; conoce a Aura Hernández como la propietaria del predio denominado La Granja, que está en las vecindades donde tuvo un cultivo y a Salomé Rico por ser su primo tercero; no presenció la muerte de Luis Eugenio Polanco Alvarado pero acudió al sitio cuando le avisó un muchacho llamado “Papayita”, al que no le sabe el nombre, pero al llegar “ya se lo habían llevado (...) el cadáver no estaba, encontré la cantidad de curiosos, los comentarios de la gente era que lo había matado la corriente, habían unos postes de madera o de concreto, no estoy muy seguro, que tenían corriente pero no me consta, no me acuerdo del estado del tiempo, si había llovido o no había llovido (...) cables sí habían, pero no sé si tenían corriente”; desconoce si las cercas se energizaban y qué entidad prestaba el servicio de electricidad; cuando ingresaba al citado inmueble “lo hacía por unos alambres de la cerca que estaban flojos, era un portillo, en la misma cerca estaba ese portillo”, pasaba por allí en el día sin que le pasara corriente, pero “no sé si lo hacían en la noche”; desconoce si los lotes se dividen por una sola cerca (fls. 345 a 348, mayo 4/2009).
6) Julio Manuel Carbonó Díazgranados: médico general de cuarenta y nueve años, residente de Gaira y vecino de la finca de Aura Hernández; se enteró de la muerte del “muchacho” por comentarios pero no presenció el hecho, no sabe las circunstancias en que ocurrió, “conozco que se electrocutó pero no sé cómo, no sé sinceramente qué pasó”, los colindantes del predio de aquella son “por el sur camino Real, por el este no recuerdo, es una finca que no le sé el nombre era de Ramón Palacio y la finca de la familia Díazgranados Lara, por el norte colinda con las tierras de Rosario Sandoval Gómez y por el oeste la finca de Nadres Camargo y la de Esperanza Carbonó, esos más o menos son los límites” (fls. 19 a 20, cdno. 4, jun. 4/2003).
c) Dictámenes periciales recaudados
1) El rendido por el ingeniero electricista Jorge Aycardi Abello (fls. 36 a 42, cdno. 4, sep. 29/2003), en el que expresamente afirma que su concepto técnico lo hace remitiéndose “específicamente a los informes y pruebas que reposan en el juzgado, habida cuenta a que las condiciones actuales en cuanto a infraestructura eléctrica del predio han cambiado. En este orden de ideas, nos hallamos ante unas muy pobres instalaciones eléctricas en lo que tiene que ver con los requerimientos técnicos exigidos por las normas técnicas de Electricaribe, que es la única empresa que regula este tipo de normas en la región. Observamos cables antitécnicamente conectados, con diferentes calibres, desnudos, sin respetar distancias mínimas de instalación, y sin ningún tipo de señalización que haga sospechar por ellos, bajo ciertas condiciones, circula la corriente eléctrica”.
El experto, luego de hacer una larga exposición concluye así:
“Independientemente de la forma en que el señor entró en contacto con el elemento energizado, en este caso, supuestamente la cerca de púas, y basados en las observaciones y análisis de las pruebas aportadas, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
“1. Aparentemente, la cerca de púas presentó una condición de altísima peligrosidad de choques eléctricos al contacto, al estar energizada por cualquier razón, y originada por un evidente contacto con las instalaciones eléctricas externas.
“2. Que la condición anterior de peligrosidad se pudo haber debido, ya sea a una acción intencional (alguien energizó la cerca para espantar intrusos, etc.), o una acción accidental (contacto accidental entre cables, desprendimiento de los mismos, etc.) que de todas formas conduce a la conclusión a que se debió a negligencia manifiesta de los usuarios, o del propietario del, (sic) al no adelantar ninguno de los tres tipos de mantenimiento descritos anteriormente, que hubiesen conducido a garantizar la seguridad e integridad física de sus usuarios.
“3. Aún en el supuesto de que se hubiese adelantado algún tipo de mantenimiento, la empresa suministradora de energía debió corregir la anomalía o, al menos, notificar a los usuarios sobre dicha condición, para que estos adelantaran la acción. En todo caso, la empresa debió, porque es su obligación, suspender el servicio, hasta tanto dichas condiciones se corrigieran” (sic).
2) El presentado por el profesional Omar Scott López, decretado dentro del trámite de la objeción por error grave formulada respecto del primero de los peritajes. Se destaca de él lo que a continuación se reproduce (fls. 71 a 74, cdno. 4, abr. 29/2004):
“Las condiciones técnicas en materia de conexiones en el predio La Granja son en términos generales muy deficientes y aún cabe la denominación de antitécnica en la visita realizada el 20 de abril del 2004; como se puede apreciar en el registro fotográfico, donde se observan apoyos de redes en mal estado, es decir, postes de madera que no reúnen las mínimas condiciones de altura, diámetro, consistencia, etc.; además de lo anterior, los accesorios que sujetan los cables o donde rematan los mismos no están en condiciones técnicas adecuadas lo que las hace potencialmente peligrosas, además de ello, algunas de las instalaciones se hacen fuera de ellas; es decir, se ejecutan directamente en el poste conllevando peligrosidad a través de ellos; y aún, los cables bajantes, de manera como directos, antitécnicas, lo hacen también peligrosos a los postes y colgando las líneas de arriba (apreciar especialmente fotografías 1 y 2).
“Con respecto a la electrificación de la cerca, no se observó tipo de existencia al respecto al momento de la visita, pero sí se observa cable aéreo de líneas por encima de ellas, que desprendiéndose del poste Nº 3, se dirigen hacia una parcela contigua.
“Además, como lo establece la cláusula sexta que autoobliga a la empresa: esta, sin previo aviso siquiera puede hacer mantenimiento a las redes del usuario que nada le cuesta; porque esto lo pagará el usuario; también porque la empresa es la portante del condicionamiento, las normas, los elementos, dispositivos y formas y métodos para eliminar riesgos, para estos menesteres, que conllevarían en su beneficio, a evitar pérdidas de corriente eléctrica por fugas, que se traducen en pérdida de energía; y por qué no decirlo, evitaría pérdida de vidas”.
Requerido el auxiliar para que aclarara y complementara su trabajo expuso (fl. 83, cdno. 4, jun. 22/2004):
“(...) la responsabilidad es una sola, refiriéndome a la empresa prestadora del servicio; ya que las redes todas, aun cuando siendo de propiedad del usuario, no requiere su consentimiento previo para realizarle cualquier mantenimiento o reparación por parte de la empresa prestadora del servicio.
“(...) efectivamente estoy rindiendo un informe relacionado con un experticio y como me corresponde hablar con la verdad, mal podría emitir juicios o conceptos acerca de hechos ocurridos tres años atrás. No obstante, los registros fotográficos tomados por la Fiscalía General de la Nación que reposan en el expediente de marras, testimonian de la presencia de tales cables en contacto con los alambres de la cerca con la que tuvo contacto el occiso al momento de la muerte. También cabe decir, como lo dije en el literal E del anterior informe que independientemente de la capacidad de corriente del conductor, llámese cable o alambre número 10, 12 o 14 AWG, el mínimo nivel de voltaje que se maneja en la granja (110 voltios), es suficiente para producir lesiones graves y aun la muerte a cualquier persona, previo que haya contacto físico con el portante del voltaje a través de cualquier parte del cuerpo”.
d.) La prueba traslada del expediente penal tramitado por la fiscalía obrante en el cuaderno 3 del proceso, folios 10 a 56, no puede ser estimada por cuanto no satisface los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, toda vez que no aparece autorizada mediante auto por el respectivo funcionario judicial, puesto que es insuficiente e ineficaz la simple participación del secretario en el trámite y la remisión de la misma, tal como se observa ocurrió en este caso al darse cumplimiento incompleto cuando dicho empleado manifestó que “adjunto al presente remito a usted, las fotocopias autenticadas de las diligencias previas de la referencia, seguidas en averiguación, por el punible de homicidio, lo anterior a su solicitud, mediante oficio 7 de 13 de los cursantes” (fl. 10, cdno. 3).
Sobre las formalidades que debe reunir dicha probanza se pronunció la Sala en fallo de 22 de abril de 2002, Expediente 6636, en los siguientes términos:
“Se trata, entonces, de un acto mixto o si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar —mediante providencia previa— que la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo Juzgado, quien cumple la función de `extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello´, precisando `que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista´, según lo establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha (...) Establecidas, pues, las condiciones bajo las cuales debe producirse este tipo de prueba, para que ella tenga mérito probatorio, se requiere que exista constancia de que los dos actos se verificaron, esto es, tanto el relativo a la orden del juez, como el concerniente a la autorización del secretario, dada la estrecha y acerada vinculación que existe entre uno y otro”.
9. De los medios de convicción acabados de relacionar se pueden dar por establecidos los siguientes hechos esenciales.
a) Que la muerte de Luis Eugenio Polanco Alvarado ocurrió estando en el predio La Granja cuando fue sorprendido por una descarga eléctrica, hasta el punto de que su cuerpo quedó sobre la cerca que servía de límite entre aquel y el siguiente.
b) Que Electricaribe, empresa encargada de suministrar el servicio público domiciliario de electricidad en el sitio donde murió el occiso y sectores aledaños, no se preocupó en ningún momento por solucionar los problemas existentes hasta el punto de que los postes externos que servían para llevar e ingresar la energía a dicho inmueble y a los demás del vecindario eran rudimentarios y sin mayor seguridad, lo que le correspondía realizar dada su condición de titular del control de la actividad peligrosa de conducción de electricidad. Baste al efecto tener en cuenta la situación que encontraron los dos expertos que intervinieron y que visitaron el sitio y sus vecindades varios años después, tal como ha quedado referido en su momento.
10. Habiendo sucedido la muerte de Luis Eugenio Polanco Alvarado en la forma en que ha quedado descrita, es inequívoco para la Sala, que no hay prueba en el expediente que sirva para dar por establecido o demostrar que se rompió el nexo causal vinculante entre la empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP, en su calidad de suministradora y prestadora del servicio de energía eléctrica, respecto de la muerte de Luis Eugenio Polanco Alvarado.
Consecuentemente, la electrificadora, frente a la cual se presume la responsabilidad por ser la encargada de la actividad peligrosa de conducción de la “energía eléctrica” está en la obligación de reconocer los perjuicios causados al demandante ante el fallecimiento de su hijo Luis Eugenio Polanco Alvarado
No se halla en los autos forma de deducir que se quebró la relación de causalidad entre dicha situación y la ocurrencia del hecho dañoso, ya que no hay manera de dar por comprobado que el plurimencionado óbito se presentó por caso fortuito, fuerza mayor o por culpa exclusiva de la víctima.
En relación con la propietaria, el arrendatario y el administrador de La Granja, que se vinculan por “culpa probada”, no se halla en el plenario medio probatorio que lleve a la convicción de que el accidente fatal en referencia se produjo por hecho que les sea imputable, toda vez que la simple circunstancia de la existencia de unas instalaciones rudimentarias dentro del predio no puede llevar a la deducción inexorable de que la descarga eléctrica que originó el deceso de Luis Eugenio Polanco Alvarado, provino de estas.
11. En lo que atañe a las defensas propuestas en tiempo por los contradictores se tiene:
a) Dada la exoneración que recae sobre Álvaro Ceballos Angarita, Salomé Rico Ramos y Aura Hernández Díazgranados no es procedente examinar frente a ellos ninguna clase de excepción.
b) La Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe” formuló a título de lo que denominó “excepciones de fondo” las defensas de “inexistencia del nexo causal”, “falta de personería sustantiva en el demandado” y “cualquier otra que resulte probada dentro del proceso”.
Teniendo en cuenta que el manejo, dirección y control de la energía eléctrica, aspectos que hacen parte sin lugar a dudas del objeto social de esta empresa, es una actividad peligrosa, no le asiste la razón cuando aduce que en el caso presente se encuentra roto el nexo causal entre el deceso de Luis Eugenio Polanco Alvarado, pues, se reitera, no logró verificar ninguno de los hechos previstos para su liberación, como son el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima.
Complementariamente, no puede aceptarse la ausencia de “legitimación pasiva” alegada por dicha persona jurídica para afrontar el presente litigio, la que no constituye una excepción, si se repara en que la conducta omisiva y culposa que se le censura se encuentra presumida, tal como ha quedado destacado dada la clase de responsabilidad que le es propia por ser la titular de la conducción de la energía, y la que se reitera, no pudo desvirtuar en forma idónea.
12. Por lo anterior, se confirmará parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto absolvió a Aura Hernández, Álvaro Ceballos Angarita y Salomé Rico Ramos.
13. Estando demostrados el daño y el nexo causal y que este no se quebró, subsigue el estudio de la cuantificación de los perjuicios que le corresponden al demandante, en su calidad de progenitor del fallecido Luis Eugenio Polanco Alvarado.
a) En los hechos de la demanda se afirmó que el finado había acabado de terminar la prestación del servicio militar y que era su intención proseguir esa carrera. Ambas aseveraciones quedaron huérfanas de prueba.
Empero, atendiendo la jurisprudencia, debe apreciarse que el muerto era una persona mayor de edad, puesto que tenía al momento del deceso veinte (20) años, once (11) meses y veinticuatro (24) días y que normalmente estaba en disposición de trabajar, debiendo recibir cuando menos una remuneración igual al salario mínimo vigente para la fecha del óbito el 26 de abril de 2001, que era de doscientos ochenta y seis mil pesos ($ 286.000) mensuales.
Los daños materiales reclamados por el progenitor se concretan a “la suma de ciento sesenta y un millones trescientos sesenta mil cuatrocientos pesos ($ 161.360.400) correspondientes a la expectativa de vida del fallecido”, puesto que la muerte abrupta del hijo hizo que se desvanecieran “las esperanzas de un hijo por ayudar a su padre y de un padre por ver surgir a su hijo, cada uno cumpliendo con su deber”.
El daño que se le causa a una persona debe ser cierto, real y no eventual o hipotético, por consiguiente su padecimiento tiene que ser acreditado para que pueda operar su reconocimiento. No se trata de posibilidades sino de certezas.
En este preciso evento, se aduce que con la muerte trágica de Luis Eugenio Polanco Alvarado se truncaron unas expectativas o esperanzas, pero en ningún momento se explica, demuestra y fundamenta de qué manera salió perjudicado patrimonialmente su padre con dicho deceso. Por consiguiente, no hay lugar a imponer condena por este concepto.
b) Ya se dijo en cuanto al perjuicio moral solicitado en la demanda que únicamente puede exigirse la condena deprecada por el poderdante y no los de otras personas, como “la hija” y los “hermanos” del occiso, que no otorgaron mandato al apoderado judicial que la presentó, bien sea directamente o por intermedio de sus representantes legales.
En el hecho quinto del libelo introductorio se dice lo siguiente por el vocero judicial de Alberto Polanco Rocha:
“Mi mandante, como consecuencia de la muerte violenta e inesperada de su hijo y por la forma como sucedieron los hechos ha sido afectado moral y emocionalmente, su estado y su aflicción lo han sumido en una intranquilidad y sosiego (sic) familiar que inexorablemente redunda en su vida cotidiana, que exige una indemnización integral a los responsables”.
No hay ninguna duda que el fallecimiento de un hijo, y especialmente, en las condiciones en que tuvo ocurrencia el de Luis Eugenio Polanco Alvarado, genera en su padre dolor, aflicción y desasosiego que debe ser reparado, si bien no tiene la finalidad de reemplazar la pérdida o desaparición del ser querido, sí sirve para morigerarla o atemperarla.
Siguiendo las pautas jurisprudenciales se fija el monto de estos perjuicios morales en cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) que deberán ser cancelados por la persona jurídica codemandada.
La anterior suma de dinero devengará intereses a la tasa del seis por ciento (6%) anual a partir de la fecha de ejecutoria del fallo y hasta cuando se realice el pago definitivo.
14. En lo que atañe a la obligación de la aseguradora llamada en garantía para responder por la condena impuesta a Electricaribe, debe concluirse con vista en el texto de la póliza respectiva, folios 69 a 78, que no contiene compromiso alguno consagrando amparo o protección por concepto de perjuicios morales —que fueron los únicos reconocidos—, puesto que únicamente regula las indemnizaciones originadas en daños materiales que la asegurada tuviera que asumir.
Consecuentemente, deberá absolverse a esta persona jurídica.
15. Finalmente, por mandato de lo reglado en el artículo 238, numeral 6º, del Código de Procedimiento Civil, se declarará no probada la objeción por error grave del primer dictamen pericial, toda vez que el yerro de esta naturaleza no se estructura en este caso, si se repara en que las críticas formuladas no tocan con la esencia del dictamen sino con aspectos relacionados con los conocimientos del experto, que quedaron indemnes con el estudio y las conclusiones que extrajo la segunda experticia.
16. De conformidad con lo reglamentado en el artículo 392 ibídem y dados los resultados del recurso, el demandante pagará las costas a Aura Hernández Diázgranados, Álvaro Ceballos Angarita y Salomé Rico Ramos y, la Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe” las reconocerá en beneficio de Alberto Polanco Rocha en un cincuenta por ciento (50%).
1. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia de 10 de mayo de 2005 dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso ordinario promovido por Alberto Polanco Rocha contra Empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe”, quien llamó en garantía a la compañía Generali Colombia Seguros Generales S.A.; Álvaro Ceballos Angarita; Salomé Rico Ramos y Aura Hernández Díazgranados, en cuanto absolvió a las tres últimas personas de todos los cargos y a la primera del reconocimiento y pago de perjuicios materiales.
2. Revocar el fallo en cuanto negó los “perjuicios morales” a cargo de Empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe”.
3. Condenar a la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe” a pagarle a Alberto Polanco Rocha, una vez ejecutoriada esta providencia, la suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) por concepto de daños “morales”.
PAR.—A partir del momento en el que quede en firme esta decisión la anterior cantidad de dinero percibirá intereses a la tasa del seis por ciento (6%) anual y hasta cuando se produzca la solución definitiva de la misma.
4. Desestimar las excepciones formuladas por la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe”.
5. Declarar no probada la objeción del dictamen pericial.
6. Imponer las costas de la primera instancia así:
a) A cargo de Alberto Polanco Rocha y a favor de Aura Hernández Díazgranados, Álvaro Ceballos Angarita y Salomé Rico Ramos.
b) En beneficio de Alberto Polanco Rocha y en contra de Empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe” en un cincuenta por ciento por ciento (50%).
c) A favor de compañía Generali Colombia Seguros Generales S.A. y a cargo de Empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP “Electricaribe”.
Liquídense en su momento por la secretaría respectiva.
7. Sin costas en segunda instancia.