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Timestamp: 2018-12-09 22:22:10
Document Index: 397963124

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 58', 'artículo 71', 'artículo 178', 'artículo 9', 'artículo 9', 'in fine', 'artículo 33', 'artículo 37', 'artículo 8']

MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA - PDF
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Alicia Rey Montero
1 2015 ANÁLISIS DEL REAL DECRETO LEY SECRETARÍÍA DE ACCIIÓN SIINDIICAL-- COORDIINACIIÓN ÁREA EXTERNA GABIINETE TÉCNIICO CONFEDERAL 1111 DE MARZO
2 MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Modificación Ley concursal La primera de las modificaciones que se propone se refiere a la Ley Concursal. La ley concursal desde su promulgación en el año 2003, ha sufrido numerosas modificaciones. Desde el mes de septiembre de 2013 inclusive, se modificó en tres ocasiones, dos de las cuales fueron por Real Decreto-Ley, superponiéndose a otro RD-Ley, en materia de acuerdo de refinanciación en la fase preconcursal. Nuestra regulación concursal es claramente deficiente, sin embargo, el Gobierno ha seguido optando por reformas parciales de cuestiones puntuales que políticamente pueden resultar más o menos atractivas, pero que no vienen a resolver el objetivo inicial de la Ley que además, no se ha cumplido: la preservación de la empresa en lugar de su liquidación y por lo tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Desde luego el Gobierno, ni ha desarrollado un proceso de concertación social que promueva una reforma clara y adecuada de la Ley concursal, ni ha dado audiencia a los interlocutores sociales para resolver los problemas que se plantean en sede concursal con los créditos de los trabajadores, y por lo tanto, con respecto a la parte socio laboral de dicha ley, con la que, desde el principio, se han generado graves deficiencias de protección de los trabajadores en sede concursal. El Acuerdo extrajudicial de pagos: El Acuerdo extrajudicial de pagos es un mecanismo alternativo al concurso de acreedores, que ya se determinó en la Ley de apoyo a los emprendedores. No existen en nuestro ordenamiento jurídico, precedentes de este tipo de acuerdos. Su articulación y determinación en dicha ley ha sido tan deficiente, que pese a ser defendido por un sector doctrinal para intentar resolver los problemas de insolvencia empresarial, es objeto constante de críticas, aunque su objeto junto con esta modificación que ahora se produce, lo que pretende es desjudicializar determinados supuestos de crisis de empresarios y consumidores. El art. 21 de la Ley 14/2013 de emprendedores, añadió a la Ley concursal un Titulo X en el que se determinó un procedimiento alternativo al concurso, cuyo cometido es que Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 1
3 el deudor alcance un acuerdo con sus acreedores a partir de la propuesta elaborada por el mediador concursal. Se ha pasado de un sistema basado en la autonomía de la voluntad de las partes del art del CCi a otro en el que las posibilidades de solventar la deuda fuera de un procedimiento judicial, deben seguir un procedimiento, reduciéndose dicha autonomía de la voluntad, y en este caso además, implica a otros sujetos, como son: el registrador mercantil, el notario y el mediador concursal, con determinadas cargas o quehaceres en dicho procedimiento. Ahora por tanto, tenemos dos instrumentos preconcursales: los acuerdos de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos, como alternativas al concurso de acreedores, e incompatibles con la solicitud del concurso inicialmente, e incompatibles entre sí, porque son distintos los fines que se persiguen en ambos. En el acuerdo de refinanciación se persigue superar la insolvencia y en el acuerdo extrajudicial de pagos, se persigue la flexibilización de los pagos. Pero en aquel momento no se incluyó a los consumidores o personas físicas, trabajadores y trabajadoras, que son precisamente los más perjudicados por la situación de crisis económica en la que nos encontramos, que sí se incluyen ahora en un procedimiento que evita acudir al proceso concursal, porque el sobreendeudameinto personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras de este país es un problema social y económico alarmante, pero tampoco soluciona el mismo. Ahora simplemente con el Real Decreto-Ley 1/2015 se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, pero no es un real mecanismo de segunda oportunidad. Las modificaciones vienen referidas a que el deudor persona natural si prevé que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar este procedimiento siempre que la estimación inicial de su pasivo no supere los 5 millones de euros, aunque también lo pueden continuar instando las persona jurídicas que encontrándose en situación de insolvencia cumplan determinadas condiciones. Durante este procedimiento en el que el mediador concursal tiene un papel importante no se devengarán intereses. Las propuestas para llegar a un acuerdo pasan por contener medidas de espera por un plazo no superior a diez años, quitas de parte del crédito o cesión de bienes o derechos a los acreedores, en pago o para el pago de la totalidad o parte de sus créditos, así como la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora en el caso de ser una persona jurídica. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 2
4 liquidación global del patrimonio del deudor para satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo que los acreedores consientan. El mediador concursal podrá solicita la declaración de concurso si, o bien no se decide continuar con las negociaciones, o si el deudor se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. Específicamente para las personas naturales no empresarios se establece un procedimiento específico ante el notario del domicilio del deudor que deberá impulsar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores salvo que se estime que se nombre un mediador concursal. El plazo de suspensión de las ejecuciones será de dos meses salvo que con anterioridad se adopte o se rechace el acuerdo extrajudicial de pagos o tenga lugar la declaración de concurso. Requerimiento de la UE Pero no ha sido una propuesta ni novedosa, ni social del Gobierno, sino un requerimiento de Europa, ya que desde hace prácticamente un año, concretamente el 12 de marzo de 2014, la Comisión Europea instó a España y a los pocos países de la UE que no han adoptado aún un marco regulador adecuado, a reconocer la insolvencia de personas físicas y jurídicas, y a la posibilidad de darles una segunda oportunidad reduciendo el sobreendeudamiento. 1 La Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial se centraba básicamente en las empresas, pero también invitaba a los estados miembros a aplicar medidas relativas a las familias sobreendeudadas, porque las bases de la Recomendación son las mismas para unos y para otros, según la UE. Continuando con los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decretoley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta de la Ley. 1 Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 3
5 Como elementos principales del nuevo régimen como ya alguno hemos señalado están: la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los Notarios, si se trata de personas naturales no empresarios. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores personas naturales en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración se basa en: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio, lo que realmente es un procedimiento límite pero no de segunda oportunidad, puesto que no se elimina el sobreendeudamiento, sino que se establece una fórmula de pago de los créditos no satisfechos, por lo siguiente: porque, el deudor puede ver efectivamente eliminadas sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios, pero se puede continuar con por parte de los acreedores con las ejecuciones singulares sino se reabre el concurso o se declara uno nuevo. Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo importante para ello. Pero en todo caso cualquier acreedor concursal puede solicitar que se revoque el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor durante esos cinco años, se encuentre en alguna de las circunstancias que establece la norma: fundamentalmente que mejore sustancialmente su situación económica de tal manera que pueda pagar todas las deudas pendientes. Aunque el juez podría autorizar la exoneración de todas las deudas no satisfechas si durante los cinco años mencionados Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 4
6 hubiese destinado a su cumplimento al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo, que no tuviesen la consideración de inembargables. En todo caso sea como fuere no es un procedimiento de segunda oportunidad para los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente por que la norma señala que si el concursado es persona natural el juez designará un administrador que deber liquidar los bienes existente y pagar los créditos, y una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del Concurso. Luego en este aspecto de nuevo se rompe el equilibrio y la finalidad de la ley concursal en cuanto a que si con respecto a las empresas, su objetivo es el mantenimiento de la misma, con respecto a una persona física, el objetivo es que cobren los acreedores, y si no hay más bienes, se puede pedir que se rompa el obligación civil del deudor de carácter ilimitado y universal con la cual debe responder de sus deudas presentes y futuras, salvo en el caso de que venga a mejor fortuna en cinco años, que de nuevo tal responsabilidad universal vuelve a surtir sus efectos. Medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos Se mejora el llamado Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. La situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país ha llevado a que se adoptaran, aunque parcialmente, sin carácter de globalidad, y con la naturaleza de parcheado continuo y a destiempo, una serie de medidas de protección de aquellos deudores hipotecarios, con dificultades para hacer frente al pago de sus viviendas, medidas que en realidad deben tener en cuenta el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tal como consagra la Constitución en su artículo 47. Así se promulgaron: el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que contiene un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, y el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 5
7 Estas medidas totalmente insuficientes, dieron lugar a la necesidad de aprobar la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Con respecto al Código de Buenas Prácticas inicial es necesario señalar que su ámbito de aplicación ha sido muy reducido no solo por la falta de interés de los Bancos, sino por los requisitos tan restrictivos que determina, ello se pone de manifiesto en la propia Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España del año 2012 cuando señala lo siguiente: En otras ocasiones, desde un principio se puso de manifiesto que los reclamantes no se encontraban situados en el umbral de exclusión que establece el Real Decreto Ley, por cuanto quedaba patente que no se daban todas las circunstancias que se exigen y, por tanto, no resultaban aplicables a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria las medidas previstas en la norma. Así, las entidades reclamadas pusieron de manifiesto que los reclamantes estaban excluidos del colectivo al que les resultaban de aplicación las medidas contempladas en el Código, por cuanto estos eran perceptores de rentas derivadas del trabajo, habiendo informado de ello a sus clientes. No obstante, en algunos de estos supuestos las entidades indicaron a sus clientes el procedimiento que se había de seguir para obtener una resolución de la entidad y/o estudiar una refinanciación( ). 2 Esto pone de manifiesto lo que desde UGT hemos venido denunciado, que cada vez más en nuestro país, hay trabajadores pobres que pese a seguir teniendo recursos no han podido hacer frente a sus deudas por múltiples cuestiones, en el ámbito relativo a los servicios bancarios, por numerosos productos bancarios abusivos, o cláusulas abusivas en préstamos ordinarios, y que sin embargo, no ven posible una solución a su sobreendeudamiento. En este sentido, se amplía el ámbito subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años, e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos, aunque esta ampliación es mínima y no 2 ciones/12/msb_2012.pdf Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 6
8 ampliará en demasía el colectivo de personas físicas afectadas, continuado por tanto sin solucionarse el problema de los trabajadores y trabajadoras pobres de esta país. Esta modificación legislativa en realidad es mínima porque las entidades bancarias no están de acuerdo en desarrollar el Código de Buenas Prácticas y casi por obligación han tenido que adherirse a él, las entidades que se han adherido. Además, se introduce la inaplicación indefinida (y por lo tanto, se entiende que definitiva) de las cláusulas suelo incluidas en los contratos hipotecarios, lo que en realidad es acoger las últimas resoluciones del Tribunal Supremo que daban la razón a los afectados, señalando la abusividad de estas cláusulas. 3 Por otra parte se amplía hasta 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenidos en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida. La falta de Trasposición de la Directiva 2014/17/UE Es importante señalar que está pendiente de trasposición la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento nº 1093/2010, que ha venido a establecer la nueva normativa hipotecaria europea a fin de dotar al consumidor de mayor protección. Las autoridades europeas vieron que se habían producido situaciones contractuales abusivas en relación con la irresponsabilidad de los bancos, en la concesión y contratación de préstamos hipotecarios, como los créditos suscritos en moneda extranjera por los consumidores sin una información adecuada sobre el riesgo del tipo de cambio que conllevan, así como la ineficacia de los regímenes aplicables a las entidades de crédito, por lo que vieron la necesidad de elevar la protección de los consumidores, estableciendo una regulación para que las entidades de crédito se comporten de manera profesional y responsable. Las cláusulas abusivas están reguladas en la Directiva 93/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 19937, en los contratos celebrados con los 3 Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013, 3088) Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 7
9 consumidores, Directiva que introduce el concepto de buena fe y que fue aplicada en un supuesto de ejecución hipotecaria de España por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (TJCE 2013, 89), asunto Aziz (C- 415/2011, señalando que dicho sistema se oponía a la misma, ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, no determina la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual. Tampoco permitía al juez adoptar medidas cautelares como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando la adopción de dichas medidas hubiera sido necesaria para garantizar la plena eficacia de los derechos. La Directiva se aplica a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable en un Estado miembro sobre bienes inmuebles de uso residencial, no a los de finalidad comercial, a los créditos destinados a la renovación de bienes inmuebles residenciales no incluidos en la Directiva 2008/48/CE y a los contratos de crédito cuya finalidad sea la de adquirir o conservar derechos de propiedad sobre fincas o edificios construidos o por construir, con independencia de que el prestamista sea persona física o jurídica, salvo que el Estado miembros en cuestión haya limitado la función del prestamista únicamente a personas jurídicas o determinadas formas de personas jurídicas y sin perjuicio de que, los Estados miembros hagan extensivo a otros inmuebles las medidas adoptadas en la misma para proteger a los consumidores. La protección se hace extensible a los contratos de refinanciación u otros contratos de crédito que ayuden al propietario de la totalidad o de parte de un bien inmueble a conservar derechos sobre los inmuebles, y a los créditos utilizados en su adquisición, salvo que los Estados miembros hayan establecido una regulación alternativa y adecuada de los contratos con financiación temporal que abarcan el período comprendido entre la venta de un inmueble y la compra de otro, así como a los créditos garantizados y destinados a la renovación de bienes inmuebles para uso residencial. Además, los Estados miembros quedan autorizados para excluir la aplicación de la Directiva a los contratos de crédito para la adquisición de un inmueble que no puede ser ocupado en ningún momento como vivienda u otro tipo de residencia del consumidor o por un miembro de su familia, y que va a estar ocupado como vivienda u otro tipo de residencia sobre la base de un contrato de alquiler. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 8
10 Cada Estado miembro deberá designar las autoridades nacionales competentes para garantizar la aplicación de la Directiva 2014/17/UE, directamente o bajo la supervisión de las autoridades judiciales, teniendo la obligación de guardar el secreto profesional, y velar por los derechos de los consumidores, personas físicas que actúan con fines ajenos a sus actividades comerciales o a su profesión. Son numerosas las cuestiones que se refieren a la información de los contratos, el asesoramiento adecuado y el adecuado conocimiento de la solvencia del cliente que debe tener el banco para realizar este tipo de contratos, porque el objeto de la Directiva es eliminar el comportamiento abusivo que han tenido los bancos en este tipo de operaciones, que ha llevado a su máxima exposición en las hipotecas multidivisa, que sin embargo, han quedado prohibidas en algunos países de nuestro entorno europeo, para las que esta Directiva establece una consideración propia e independiente. La segunda parte de la Directiva se refiere a la adecuada ejecución de los contratos de crédito y a los derechos conexos, incluida la posibilidad de que el consumidor tenga derecho a una reducción del coste del crédito que comprenderá los intereses y costes correspondientes al tiempo del contrato que quede por transcurrir, si decide amortizarlo totalmente antes de tiempo. Un tema importante en España ha sido el problema de los desahucios, es decir, la pérdida de la vivienda por parte de las familias al no poder hacer frente al pago de las hipotecas, como consecuencia de la crisis financiera y el aumento vertiginoso del paro, lo que motivó que el Estado suspendiera los lanzamientos de las viviendas habituales durante dos años, mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, complementado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 4 El artículo 28 de la Directiva 2014/17/UE, se ocupa de las demoras y la ejecución hipotecaria, partiendo de que los Estados miembros deben adoptar las correspondientes medidas legislativas para alentar a los prestamistas a mostrarse tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución. Respecto de la normativa sobre ejecución de las hipotecas, la Directiva establece una serie de reglas para proteger al deudor hipotecario. En primer lugar, que los Estados 4 BIB 2014\3034 Jesús Félix García de Pablos. La nueva Directiva sobre hipotecas Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 9
11 miembros no podrán impedir que las partes en un contrato de crédito puedan acordar expresamente que la transferencia de la garantía o ingreso derivados de la venta al prestamista basten para reembolsar el crédito. Es decir, que las partes pueden acordar la dación en pago, que la entidad financiera se quede con el inmueble a cambio de quedar saldada la deuda, siempre que figure en el contrato. Las correspondientes medidas legislativas para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva, se deben trasponer a nuestro derecho interno antes del 21 de marzo de No obstante, los efectos de dichas medidas se producirán a partir de dicha fecha y no antes. MEDIDAS FISCALES El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, contiene una serie de medidas tributarias que suponen un suma y sigue de parches frente a la reforma fiscal que necesita nuestro país. Con respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) se han adoptado dos medidas con efectos desde el 1 de enero de 2015: La primera es la ampliación a nuevos colectivos de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, de forma que se amplía la aplicación a dos colectivos: - los contribuyentes que formen una familia monoparental con dos hijos a cargo y que dependan exclusivamente de dicho contribuyente, teniendo derecho a la totalidad del mínimo por descendiente - los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo y pensiones de los regímenes públicos de previsión social y asimilados, con un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo, o sean familia numerosa o formen una familia monoparental como la citada antes El texto establece lo siguiente: 1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones: Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 10
12 a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta euros anuales. b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes previsto en el artículo 59 de esta Ley, hasta euros anuales. c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta euros anuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento. La segunda es que se declaran exentas las rentas que se manifiesten como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas fijadas en un convenio aprobado judicialmente (conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado (artículo 71 bis y disposición adicional cuarta de dicha ley) o bien un acuerdo extrajudicial de pagos (artículo 178 bis de dicha ley), siempre que las deudas no deriven de actividades económicas. En relación al Impuesto sobre Sociedades, y con efectos para para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se exime de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a las entidades hasta ahora parcialmente exentas según el artículo 9 de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. Según los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, las entidades que se ven afectadas por esta modificación son: 2. Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho título. 3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo XIV del título VII de esta Ley: a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior. b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores. d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 11
13 e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades Autónomas, así como las Autoridades Portuarias. 4. Estarán parcialmente exentos del Impuesto los partidos políticos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Dichas entidades no tendrán obligación de presentar la declaración si cumplen los siguientes requisitos: Tener unos ingresos totales inferiores a euros anuales No superar los euros anuales en ingresos relativos a rentas no exentas Tener todas las rentas no exentas que perciban sometidas a retención VALORACIÓN Hoy por hoy parece existir cierto consenso en relación a la necesidad de llevar a cabo una reforma de la fiscalidad en nuestro país. No obstante, también es evidente que cuando se habla de reforma, no todos tenemos la misma idea. En muchos casos, y esta parece ser uno de ellos, el debate está más influido por cuestiones electorales, ya que parece que vende mucho la idea de bajar impuestos sin tener muy en cuenta que los impuestos son necesarios para financiar un determinado modelo de sociedad y de servicios públicos. Los ingresos fiscales deben garantizar la cobertura de los servicios públicos necesarios de calidad, servicios que han sufrido una deterioro sin precedentes derivado de los sucesivos recortes en sanidad, educación o I+D+i. Reducir ingresos fiscales en una situación en que no se cubren los servicios públicos elementales garantiza la insuficiencia y aumenta la injusticia del sistema. En este debate sobre el futuro de la fiscalidad en España, se deberían establecer algunos consensos básicos en función de algunas cuestiones que compartimos la inmensa mayoría del mundo académico, económico y social, lo que debería producir también un acercamiento político. Lo que urge es una verdadera reforma fiscal, y no nuevos parches en forma de incentivos o exenciones fiscales, y mucho menos modificaciones lineales, y no en las tarifas del IRPF. Porque bajar impuestos no es necesario, en cambio equilibrar la carga tributaria sí lo es. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 12
14 Desde UGT no consideramos que sea el momento de renunciar a ingresos fiscales, con el nivel de deuda que tenemos que afrontar y en perjuicio de la prestación de servicios que demanda y necesitan la ciudadanía y los trabajadores de nuestro país. Y en este sentido, para UGT la lucha contra el fraude debe ser prioritaria, vía fundamental de incremento de la recaudación. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (LEY 7/2007) Las modificaciones que se efectúan en esta materia aparecen justificadas en la Exposición de Motivos, concretamente en base a la propuesta efectuada por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado en reunión celebrada el 31 de julio de 2014 en la que: acordaron proponer al Gobierno tres iniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de participación y negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado. La finalidad de dicha propuesta consiste en la introducción de una serie de adaptaciones y mejoras técnicas en las medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Precisamente la próxima celebración de elecciones sindicales en la Administración General del Estado justifica la necesidad de adoptar dichas modificaciones de los instrumentos de participación y negociación existentes, con carácter previo al inicio del proceso electoral. Se trata, en definitiva, de acometer las adaptaciones legales que permitan aclarar y completar la configuración en las unidades electorales, y que resulta preciso efectuar mediante modificación de una norma con rango de ley. Para su adopción, tras el oportuno período de negociación, la propuesta ha contado con el voto favorable de la mayoría de organizaciones sindicales presentes en dichas Mesas y, particularmente, de las organizaciones más representativas: CCOO, UGT y CSIF. El RD-Ley, en su art. 5, modifica el apartado 1 art. 35 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, en el sentido de incluir, además de la referencia al art. 34, también la del art y de la nueva disposición adicional decimotercera, todos ellos del Estatuto Básico del Empleado Público. Se trata de: Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 13
15 extender las materias de negociación no sólo a las que afectan al personal funcionario, sino también a las que son comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. De esta forma se pretende dar apoyo legal a lo que hasta ahora es una práctica común en la negociación colectiva: efectuar una negociación global y de conjunto para las distintas tipologías de personal que concurren en la Administración ; garantizar la adecuada representación del personal estatutario del ámbito sanitario, del personal docente no universitario, así como aclarar el correspondiente al personal al servicio de la Administración de Justicia; la nueva disposición adicional contempla la constitución de diferentes mesas de negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario en función de los distintos ámbitos (ámbito sanitario, del personal docente no universitario, así como aclarar el correspondiente al personal al servicio de la Administración de Justicia) Para conformar la representación de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas han tenerse en cuenta sus respectivos ámbitos de negociación en su conjunto y no el de una Administración Pública determinada como sería el caso de las Mesas Sectoriales, al establecerse que: las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación propios del personal en el ámbito específico de la negociación que en cada caso corresponda, considerados a nivel estatal (Disposición Adicional decimotercera,apartado2) Se insiste en que es una iniciativa impulsada por las propias Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado a las que se refieren los artículos 36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que con el acuerdo alcanzado entre la Administración y las organizaciones con mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su aprobación y en que cumple con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, habiendo sido objeto de negociación y acuerdo en el seno de las mismas. Por su parte, la Disposición adicional sexta determina que será la Dirección General de la Función Pública quien represente a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que será la encargada de coordinar e impulsar la negociación- en las Mesas de Negociación del personal docente no universitario, del personal de la Administración de Justicia y del personal estatutario de los servicios de salud. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 14
16 MEDIDAS RELATIVAS AL FOMENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO, EL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL AGRARIA Medidas relativas al fomento del empleo El RD-Ley 3/2014, de 28 de febrero, estableció la llamada tarifa plana de cotización, cuya vigencia finaliza el 31 de marzo de este año. Ahora, el RD-Ley 1/2015 establece un nuevo incentivo con el objetivo de consolidar esta evolución positiva de la contratación indefinida y potenciar su impacto para los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral estable, y en cumplimiento de la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación del 25 de febrero de 2015, mediante el artículo 8 se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores, según reza la Exposición de Motivos. Se trata de la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores. La intención es crear un incentivo de carácter progresivo que reduce en mayor medida las cotizaciones sociales por la contratación estable de trabajadores con menores retribuciones. Con esta medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con más dificultades de inserción estable en el mercado laboral, tales como desempleados de larga duración, trabajadores con escasa formación y jóvenes sin experiencia laboral. Estos colectivos se ven más afectados por el desempleo y la temporalidad. Este es el objetivo declarado. Analicemos si la regulación de la medida se corresponde con el mismo. Las características más importantes que la configuran son las siguientes: Resulta de aplicación en los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades. La norma sólo precisa que si se trata de tiempo parcial, la jornada debe ser al menos del 50% respecto al tiempo completo. No importa la modalidad contractual siempre que sea indefinida, incluyendo, por tanto, el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 15
17 los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente a contingencias comunes quedarán exentos de cotización empresarial (si es a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente). La cifra de 500 euros puede ser determinante en la fijación de una retribución a la baja (tengamos en cuenta que el SMI para 2015 es de 648,40 euros). En caso de que el trabajador sea joven inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, consistirá en una bonificación. Para el resto de trabajadores en una reducción, a cargo del sistema de la Seguridad Social. La aplicación de la medida puede efectuarse con cualquier trabajador. No se ha seleccionado colectivo alguno por lo que no se centra en aquellos con mayores dificultades para su inserción en el mercado de trabajo. Tampoco se hace distinción respecto a las empresas, a excepción de que si al contratar tiene menos de 10 trabajadores la norma amplía la duración del beneficio de la medida (a los 24 meses generales se les suman 12 más si bien en ese último periodo en lugar de los 500 euros la exención se aplica sólo en 250 euros). Por tanto, cualquier empresa puede acogerse a la medida si reúne ciertos requisitos, cuyo incumplimiento tampoco trae consigo efectos graves: estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social si no se cumple se pierde el beneficio de los periodos no ingresados; no haber extinguido contratos injustificadamente en los 6 meses anteriores a la celebración del que da derecho al beneficio. Es decir, no cuentan a estos efectos los despidos objetivos o disciplinarios salvo que hayan sido declarados improcedentes, ni los despidos colectivos salvo que hayan sido declarados no ajustados a derecho. Y si se han declarado improcedentes o no ajustados a derecho, solo provoca la exclusión del derecho a la bonificación o reducción en un número de contratos equivalente al esas extinciones; incrementar el nivel de empleo indefinido y el empleo total de la empresa con esa nueva contratación indefinida. Para su comprobación se establece como referencia el promedio diario de trabajadores en la empresa en los 30 días anteriores a efectuarse la nueva contratación. Ese nivel de empleo indefinido y total de ha de mantener durante 36 meses, revisando su cumplimiento cada 12 meses, tomando el promedio de trabajadores totales del mes en que procesa su revisión. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 16
18 Es decir no se está exigiendo el mantenimiento de empleo a lo largo de todo el tiempo en el que se aplique la medida sino solo en 2 momentos puntuales. A ello se añade que, para tal medición, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos por causas objetivas, los despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por RESOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA. Si ya es más que discutible la concesión de la exención o bonificación a las empresas que han llevado a cabo despidos colectivos, la nula incidencia que tiene resolver el contrato durante el periodo de prueba resulta de una gravedad extrema teniendo en cuenta que el empresario nada tiene que justificar para adoptar esa decisión y que va a tener todo un año de prueba si se trata de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Otro requisito que se exige es no haber cometido infracción, prevista en la LISOS, que dé lugar a la exclusión del acceso a beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo. Se establece una serie de supuestos especificados por la norma en los que no se permite la aplicación del beneficio en la cotización (relaciones laborales de carácter especial, Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes, etc., trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido, ). Además de esas exclusiones se ha fijado la incompatibilidad del beneficio con cualquier otro en la cotización a la Seguridad Social por el mismo contrato salvo en dos casos: bonificación establecida en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo La aplicación indebida del beneficio implica el reintegro de las cantidades no ingresadas con recargo e interés de demora. Pero de nuevo aparece la laxitud de la norma cuando prevé tres tramos diferenciados en orden a las consecuencias de incumplir la exigencia del nivel de empleo y la pérdida proporcional por lo incumplido Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 17
19 no por el total beneficiado. Así el incumplimiento hasta el mes 12 supone reintegrar el 100% de la diferencia. Si se incumple desde el mes 13 al 24, debe reintegrarse desde el mes 13. Si es desde el 25 hasta el 36, desde ese mes 25. La financiación de la medida se realizará: Si se trata de bonificación, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal, y será objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo cuando cumpla con los requisitos establecidos. Si se trata de reducción, por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social. Los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración (Disposición transitoria segunda del RD-Ley 1/2015). Cabe destacar que va a coexistir la nueva medida con la de la tarifa plana (regulada en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero) durante el tiempo que va desde la entrada en vigor del RD-ley 1/2015 y hasta el 31 de marzo de 2015 fecha en la que expira la anterior. Examinada la regulación estamos en condiciones de responder a la cuestión que planteábamos al principio, realmente la regulación de la medida se corresponde con el objetivo buscado conforme se declara en la Exposición de Motivos? Es evidente que no se favorece a los colectivos con más dificultades de inserción estable en el mercado laboral a los que hace referencia la Exposición de Motivos. Es cierto que este incentivo tiene carácter progresivo puesto que su impacto es mayor en las retribuciones inferiores que en las más elevadas (por ejemplo, si es de 800 euros estamos ante un 62,5% de exención en la cotización, mientras que si es de euros supone un 16,6%). O como han dicho fuentes del gobierno, puede suponer hasta un recorte de más del 70% en las cotizaciones empresariales que se pagan para los sueldos más bajos. La consolidación de la evolución positiva de la contratación indefinida de la que habla la Exposición de Motivos, quizás pueda lograrse. Pero será puramente nominal, estadística. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 18
20 La estadística quizás arroje datos que avalen el objetivo declarado sobre el aumento de aquella pero la realidad será otra muy distinta porque: se fomenta la rotación de trabajadores al permitir la utilización de la medida a empresas que previamente han despedido o extinguido contratos o simplemente han prescindido del trabajador durante el periodo de prueba. La exigencia del mantenimiento del nivel de empleo es puntual, no mantenida en el tiempo. Las penalizaciones por incumplimiento de requisitos carecen del nivel adecuado para desincentivar las conductas infractoras. En definitiva estamos ante una medida nada selectiva, que va a acusar lo que se conoce como efecto peso muerto, se van a beneficiar las empresas que realicen contratos que en cualquier caso iban a celebrar, aunque no existiera esta medida, con el peligro de que se produzca otro efecto, el de sustitución de unos trabajadores por otros dada la permisiva regulación efectuada en cuanto a situaciones previas de despidos y extinción de contratos, por lo que solo va a servir como un instrumento de ahorro de costes sociales para las empresas. Es cierto, como también señala la Exposición de Motivos, que se está cumpliendo la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación del 25 de febrero de Sin duda una medida de tintes claramente electoralistas. Medidas relativas al empleo autónomo Para avanzar hacia la convergencia progresiva de los derechos de los trabajadores autónomos en relación con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, según dice la Exposición de Motivos, y conforme a la disposición final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, se ha incluido una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador autónomo. Para ello el art. 9 del RD-Ley modifica el art. 30 de la Ley 20/2007, y establece el derecho, por un plazo de 12 meses, a una bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes para cuidar de menores de 7 años o de familiares en situación de dependencia. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 19
21 Es condición necesaria, además de permanecer de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social por cuenta propia o autónomos, contratar a un trabajador a tiempo completo o parcial durante todo el tiempo que se disfrute de la bonificación. Su incumplimiento se penaliza con el reintegro de la bonificación, pero no se considera incumplimiento la extinción de contrato por despido objetivo, colectivo, etc. si se declara procedente como tampoco si el contrato se resuelve durante el periodo de prueba. Se debe mantener contratado al trabajador al menos 3 meses, de no ser así tendrá que reintegrar la bonificación disfrutada o contratar a otro en el plazo de 30 días. Para acogerse a esta medida se exige no tener trabajadores asalariados tanto cuando se inicie la aplicación de la bonificación como en los doce meses anteriores. A la vista de la regulación, en absoluto se garantiza la creación de empleo y menos aún la calidad del mismo. Medidas relativas a la protección social agraria El art. 10 del RD-Ley establece una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria. Conforme se expresa en la Exposición de Motivos, se trata de una medida que viene justificada por los daños que ocasionó la sequía en la campaña de la aceituna de 2014 en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y que ha supuesto la pérdida de jornadas de trabajo, dificultando que se puedan alcanzar el número mínimo (fijado en 35) de jornadas reales cotizadas requerido para acceder al subsidio por desempleo conforme al Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Se trata de facilitar con carácter urgente, excepcional y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias donde se ha producido un descenso de producción, siguiendo los precedentes de ocasiones anteriores. Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 20
22 Para para poder beneficiarse del subsidio se exigen tres requisitos (art.10.1 del RD- Ley): a) Tener cubierto un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo. b) Reunir el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable. c) Solicitarlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley. Por su parte la Disposición transitoria tercera del RD-Ley extiende la protección, en las condiciones ahora establecidas, a los trabajadores que hubieran presentado entre el 1 de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto ley la solicitud del subsidio por desempleo regulada en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o de la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, siempre que presenten una nueva solicitud a partir de dicha entrada en vigor y dentro de los seis meses siguientes a la misma. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Estas medidas se circunscriben a la modificación del art. 4 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se determinan las tasas para acceder al ámbito de la Administración de Justicia. Ahora se eliminan las mismas en los siguientes supuestos: Desde el punto de vista del procedimiento, o sea las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por: a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral. b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor. c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 21