Source: https://es.scribd.com/doc/44477929/Informe-tesis-para-titulo-de-abogado
Timestamp: 2017-09-21 09:04:25
Document Index: 226366232

Matched Legal Cases: ['artículo 1888', 'artículo 11', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 56', 'artículo 11', 'artículo 261', 'artículo 2596', 'artículo 2613', 'artículo 3', 'artículo 55', 'artículo 80', 'artículo 1179', 'artículo 1185', 'artículo 399', 'artículo 3', 'artículo 1370', 'artículo 1370', 'artículo 1297', 'artículo 1188', 'artículo 1370', 'artículo 11', 'artículo 11']

Informe-tesis para título de abogado
Cargado por Inti Martínez Alemán
Descripción: Este informe-tesis desarrolla mi práctica profesional, así como un tema seleccionado por mí: cómo mejor asegurar el pago de los honorarios profesionales del abogado de Honduras
Este informe-tesis desarrolla mi práctica profesional, así como un tema seleccionado por mí: cómo mejor asegurar el pago de los honorarios profesionales del abogado de Honduras
INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL BUFETE C.F. DÁNZILO Y ASOCIADOS
INTI JORDÁN MARTÍNEZ ALEMÁN
10751012
PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE ABOGADO EN EL GRADO DE LICENCIATURA
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................... iv INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ viii CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL .......................................... 9 1.1 Objetivos de la práctica profesional en la empresa .................................................. 9 1.2 Datos generales de la empresa ............................................................................... 10 CAPÍTULO II: ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA ................................................ 11 CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DE MEJORA PARA LA EMPRESA IMPLEMENTADAS POR EL PRACTICANTE .................................................................................................................... 14 CAPÍTULO IV: EL MANDATO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO, Y LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROTEGERLO ........................................................................................ 17 4.1 El contrato de mandato judicial y el procedimiento para reclamar honorarios devengados impagados. ................................................................................................ 17 4.2 Eficacia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras (2003-2004) ....................................................................................................................................... 27 CAPÍTULO V: PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA REMUNERACIÓN DE HONORARIOS .............................................................................. 32 5.1 Representados que transigen o concilian a espaldas del abogado......................... 32 5.2 Representados que revocan poder de representación, sin causa justificada......... 35 5.3 Interés del representado en desistir de la acción, pero sin interés o capacidad de pagar lo adeudado ......................................................................................................... 37 5.4 Una demanda por pago de honorarios profesionales se tramita en un juicio ordinario y no abreviado, de acuerdo al Código Procesal Civil ..................................... 41 CAPÍTULO VI: PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS PARA ASEGURAR EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO DE HONDURAS ............ 43 6.1 Robustecimiento de los efectos del contrato de servicios profesionales ............... 46
iii 6.2 Al presentar un nuevo poder de representación, la autoridad judicial o administrativa debe requerir a la parte poderdante que acredite ciertos presupuestos ....................................................................................................................................... 51 6.3 El abogado como sucesor de los derechos del representado que desiste ............. 55 6.4 Anotación preventiva en el expediente de vida registral del representado insolvente ...................................................................................................................... 59 6.5 Alerta migratoria para prevenir que el representado salga del país, sin la autorización del abogado .............................................................................................. 61 6.6 Reformas al Código Procesal Civil para que las demandas de pago de honorarios profesionales se tramiten a través de un juicio abreviado ........................................... 64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 67 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 69 AGRADECIMIENTOS........................................................................................................... 71
El presente informe de práctica profesional se divide en dos partes. La primera explica los objetivos, actividades, tareas, resultados, sugerencias de mejoras y demás asuntos que el graduando realizó durante sus 900 horas de práctica. La segunda parte desarrolla un tema seleccionado personalmente por el futuro abogado, por ser un tema de interés gremial y en el cual un sector de la población trabajadora de la República de Honduras está desamparado: el aseguramiento del pago de honorarios devengados por los profesionales del derecho.
La práctica profesional se realizó en el bufete C.F. DANZILO Y ASOCIADOS, empresa capitalina que arrienda sus servicios profesionales en la rama del derecho, a personas naturales y jurídicas que necesitan asesoría legal o ser representadas ante instituciones gubernamentales y órganos jurisdiccionales. Los objetivos de la práctica, en pocas palabras, consisten en hacer del estudiante-abogado menos estudiante de aula y más abogado, à la Couture. Al estar en una firma legal de prestigio en Honduras, con directores reconocidos por su experiencia y conocimiento en muchas áreas del derecho, así como con una ética profesional intachable, lo menos que el futuro abogado puede hacer es aprender de ellos -- tanto en conocimiento como en lo moral.
v La firma legal C.F. DANZILO Y ASOCIADOS se especializa en el derecho corporativo, administrativo, mercantil, fiscal y laboral. Si bien representa en juicio a distintas personas naturales y jurídicas, los litigios no son la fortaleza ni el interés principal de la firma. Es más correcto aseverar que el bufete busca dinamizar el comercio nacional, ya sea de inversionistas nacionales como internacionales, a través de servicios profesionales de representación y tramitación ante la administración pública, registros públicos y demás entes estatales. De esta forma, el inversionista se siente más confiado de invertir en Honduras.
El practicante invirtió 900 horas en conocer más de la labor de un abogado, ya sea administrando un bufete, como asesorando clientes y representándolos en juicio y trámites administrativos. Una de las mejores formas para estar al día con el trabajo y ahorrar tiempo en el manejo de casos, es mantener hojas electrónicas con los datos más importantes de los casos a tratar. En el anexo A se muestra un ejemplo de hoja de datos que sirve para llevar un mejor control de los casos asignados. Este formato fue creado e implementado por el practicante durante su tiempo en el bufete.
En cuanto al tema seleccionado y desarrollado personalmente por el postulante al título de abogado en el grado de licenciatura, es importante resaltar que debería ser de interés del gremio de profesionales del derecho buscar mejores formas para defender
vi sus intereses como obreros, específicamente en el aseguramiento del pago de sus honorarios devengados.
La obra profesional del abogado es casi inmaterial, ya que no tiene culminación física ni un desarrollo que evidencie la cercanía a lograr un cometido. Ser responsable y diligente, velando por los intereses del cliente, no siempre garantiza un beneficio para el abogado o su representado. Es el órgano jurisdiccional o administrativo quien últimamente decide a quién favorecer. Lo ideal sería que el favorecido sea quien tenga el mejor derecho, pero esto no siempre ocurre.
Al no tener el obrero de la juris una certeza de que su obra será culminada a la entera satisfacción del cliente, su trabajo tiende a ser desmeritado. El trabajo del ingeniero civil, el doctor médico o el arquitecto sí tiende a ser correctamente valorado, ya que el resultado de su trabajo usualmente es una obra física observable, o bien una respuesta o estudio cuyo resultado es de cortísimo plazo (e.g., diagnóstico y tratamiento médico, luego de una cita evaluativa), no dando lugar al cliente o paciente a objetar los honorarios o reclamar la devolución de lo pagado, a raíz de un mal servicio profesional o de la obtención de un resultado adverso. De igual forma, es ya una costumbre pagarle a un médico o dentista por una consulta, no así al abogado.
vii Al asegurar el pago de los honorarios profesionales, los abogados se sentirían más motivados a trabajar por un cliente, sin el temor a no ser remunerados por su trabajo. Asimismo, el profesional del derecho se esforzaría en brindar un mejor servicio, estudiar más, ser más diligente y acucioso con los asuntos encomendados.
Para entender y aprender sobre el trabajo de un profesional es necesario examinar su vida, la forma que piensa y la forma en que trata a sus clientes. Una excelente manera de entender y aprender sobre el trabajo de un profesional del derecho es ser el asistente o auxiliar de uno de verdad. La práctica profesional de la cual aquí se informa tuvo varios objetivos, los cuales se realizaron a cabalidad a través de las actividades asignadas al practicante.
Para poder desarrollar un tema académico, el futuro abogado tuvo que ahondar en lo que consiste ser un auténtico profesional del derecho, conociendo sobre sus obligaciones y derechos. El tema aquí tratado pretende ofrecer ideas de cómo mejor asegurar el pago de los honorarios profesionales devengados por el abogado. Si bien es cierto existen leyes y reglamentos para este fin, los mismas son débiles, ya sea por su dudosa coercibilidad o por la falta de instituciones que los apliquen a cabalidad.
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
1.1 Objetivos de la práctica profesional en la empresa
1.2 Datos generales de la empresa
Familiarizar al practicante con las actividades propias de un bufete legal Instruir al futuro profesional sobre los derechos y obligaciones de un abogado Formar al graduando para que conozca el correcto trato con sus clientes, autoridades y colegas Ilustrar al futuro profesor sobre las estrategias y formas de análisis de los casos, para velar por los intereses del cliente o representado Enterar al practicante de las instituciones estatales --administrativas o judiciales-- que existen, así como de las personas que en ellas laboran, para entrar en confianza con la labor que estas personas realizan y saber cómo tratarles
La firma de abogados de C.F. Danzilo & Asociados fue fundada en el año 1995 por Carlos Felipe Dánzilo, Miguel Idiáquez, Rubén Rodezno y Juan Carlos Alvarado, quienes han sido co-directores de la firma y cuentan con una experiencia de más de veinte, quince, trece y doce años, respectivamente, en el ejercicio de la profesión. (C.F. Danzilo y Asociados, 2009). Actualmente, sólo los primeros tres abogados precitados dirigen la firma, con el apoyo de alrededor de seis procuradores, asistentes y demás personal.
El bufete cuenta con un grupo de abogados asociados (procuradores), lo cual permite brindarles a los clientes nacionales e internacionales una amplia gama de servicios y consejos legales de calidad. (C.F. Danzilo y Asociados, 2009) El área administrativa apoya directamente tanto a los abogados directores como a los asociados en brindar a los clientes un excelente servicio profesional.
La firma de abogados C.F. Danzilo & Asociados está comprometida a representar a sus clientes con integridad y eficiencia, contando con abogados altamente capacitados en las diferentes ramas del ejercicio de la profesión, brindando así un servicio de primera al cliente. Se hace uso de la tecnología más moderna disponible, dentro y fuera de las oficinas, con el objeto de poder atender y comunicarse con los clientes de la forma más idónea. (C.F. Danzilo y Asociados, 2009)
CAPÍTULO II: ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA
Se realizaron actividades encaminadas a ser consistentes con los objetivos de la práctica profesional. A continuación se incluyen las actividades realizadas durante el periodo de la práctica, según los objetivos de la misma:
administración de un bufete legal o Asistir a reuniones periódicas de personal y miembros del bufete o Presentar informes a los socios sobre el avance de los casos asignados o Apoyar a los colegas en sus casos, proveyendo acceso a personas contacto que laboran en entes estatales y presentando documentos de ellos, para ahorrarles tiempo (beneficio recíproco)
Formar al graduando para que conozca el correcto trato con sus clientes, autoridades y colegas o Evacuar consultas laborales de jefes de recursos humanos de organismos internacionales o Reuniones con clientes, para conocer sobre sus necesidades y evacuar preguntas o dudas que tengan
12 o Traducir documentos (inglés-español) para clientes y obtener visto bueno de traducción oficial por parte de la Cancillería de la República de Honduras
Ilustrar al futuro profesor sobre las estrategias y formas de análisis de los casos, para velar por los intereses del cliente o representado o Visitas al Registro Mercantil de Francisco Morazán para investigar sobre la administración de sociedades, poderes otorgados o revocados, embargos sobre empresas, previo a acciones judiciales o Elaborar borrador de denuncia contra una sociedad mercantil, ante Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia o Redactar borrador de descargos a presentar ante Inspección General del Trabajo
Enterar al practicante de las instituciones estatales --administrativa o judiciales-- que existen, así como de las personas que en ellas laboran y las funciones que desempeñan o Investigar la existencia y constitución de sociedad mercantiles, inscritas en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, según el índice de sociedades
13 o Revisar expedientes en dos (2) cortes de apelaciones y en la secretaría de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras o Consultas del estatus de expedientes tres (3) juzgados de letras o Cuadrar horarios de trabajo de compañías, previo a la aprobación de reglamentos internos de trabajo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS) o Revisar el estado de expedientes administrativos de procesos que se ventilan en la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC) o Obtener copia de guías de estudio para naturalización de extranjeros en Honduras, provistas por la entonces Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia o Visitas a la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público de Tegucigalpa para averiguar del estado de investigaciones o Asistir a audiencia de remate de un bien inmueble de mayor cuantía o Solicitar la declaración de herencia de un extranjero que enviudó de una hondureña o Viajes hacia el juzgado de Roatán, presentando demanda ejecutiva de pago y dándole seguimiento a la misma
CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DE MEJORA PARA LA EMPRESA IMPLEMENTADAS POR EL PRACTICANTE
Lo más lógico y común es que un practicante profesional aporte poco para mejorar una empresa. Un novato practicante poco puede aportar para mejorar drásticamente un bufete que se maneja con mucha eficiencia y eficacia. La administración del bufete C.F. Danzilo & Asociados se lleva de una forma muy organizada. No se ha hecho indagación en cuanto a las finanzas e ingresos netos al bufete, pero juzgando por los casos discutidos con clientes y colegas, se asume que los ingresos anuales del bufete son de sumas importantes. Lo esencial en este tema es que el nivel de satisfacción de los clientes es muy elevado, teniendo clientes que vuelven al bufete por cualquier tipo de caso o necesidad legal que tengan.
En la presente práctica profesional, el practicante implementó el uso de hojas de Excel para la actualización y seguimiento de los distintos casos asignados. Con las respectivas hojas se le informaba periódicamente al socio del bufete que había asignado el caso, sobre el estatus del caso o casos. Se incluye el número de expediente, el nombre de demandante/recurrente, demandado/recurrido, tipo de demanda, designación del órgano jurisdiccional en que se ventilaba, juez y secretario que conocían del expediente (en lo aplicable), las observaciones o
15 actualizaciones del caso. Este sistema de actualizaciones velaba por el correcto manejo de casos y hacía que el socio interesado tomara las decisiones pertinentes.
Sin error a equivocación, la implementación permanente de las referidas hojas Excel para actualización de casos ayudaría al bufete C.F. Danzilo & Asociados a llevar un control más estricto y cercano de los casos confiados por los clientes. A continuación se presenta un análisis de la implementación de esta propuesta:
3.1 Tiempo: Este factor es el que aparenta ser más escaso en el trabajo de un bufete legal. Si bien es cierto que elaborar las hojas implica mucho tiempo, no es menos innegable el hecho que, una vez elaboradas, las hojas ayudan al abogado o procurador a tener una idea de cómo va avanzando un caso y qué es lo que falta por hacer para dinamizar el trámite del caso.
Si un cliente desea saber cómo va su caso, el encargado del mismo solamente debe abrir el archivo que contiene la información requerida y leer la columna pertinente para informar al cliente sobre lo que le interesa. De esta manera, el bufete se ahorra tiempo en consultar entre miembros para saber qué es lo que se ha hecho en el avance de un caso determinado.
3.2 Dinero: Para una firma legal del tamaño del bufete C.F. Danzilo & Asociados, adquirir software especializado para seguimiento de casos involucraría una
16 inversión de dinero muy elevada e innecesaria. El uso de hojas Excel basta para llevar un orden lógico y eficiente del trabajo ejecutado en el bufete. El programa Microsoft Office Excel ya está instalado en todas las computadoras del bufete C.F. Danzilo & Asociados, por lo que no se requeriría invertir en software nuevo. En caso de querer adquirir una licencia para computadoras nuevas, el bufete C.F. Danzilo & Asociados deberá invertir un estimado de US$279.99 para obtener licencia de uso de Office Home and Business 2010 (Microsoft).
3.3 Efectos deseados: a) Organización de trabajo b) Transparencia en el avance de casos c) Mejor servicio a los clientes d) Privacidad en el manejo de información sobre clientes
3.4 Efectos no deseados: a) Inversión en capacitar personal en el uso profesional de Excel b) Gastos para adquirir licencia de uso de programa Excel c) Posible distribución de información confidencial sobre clientes, si no se maneja el software adecuadamente
CAPÍTULO IV: EL MANDATO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO, Y LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROTEGERLO
4.1 El contrato de mandato judicial y el procedimiento para reclamar honorarios devengados impagados.
4.2 Eficacia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras --
Casi uno de cada tres abogados de Honduras ha sido defraudado por algún cliente o colega, ya sea por el pago incompleto de los honorarios profesionales devengados, transacciones a espaldas del abogado, contratación de un nuevo abogado que ofrece cobrar honorarios inferiores, etc. (ver anexo A) Estos eventos son meras expresiones
18 de deslealtad hacia el abogado, tanto del representado como del colega. La legislación y reglamentación hondureña que trata el contrato de mandato o los poderes de representación en juicio es amplia pero no profunda. El Título IV del Libro IV del Código Civil trata el contrato del mandato, el cual es definido en el artículo 1888 como aquel en que una persona se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra (Cruz López, 2003). Este es un contrato basado en la confianza. El mandato, teóricamente hablando, no es de uso exclusivo de los profesionales del derecho; sin embargo, la costumbre ha equiparado el contrato de mandato con el poder de representación en juicio o el poder para pleitos (general o especial).
Si bien es cierto un poder para pleitos es un tipo de mandato, no todo mandato es un poder para pleitos, ya que existen también los poderes de administración, por ejemplo. En realidad, la simple lectura del Título IV del Libro IV del Código Civil, revela con meridiana claridad que el contrato de mandato se ideó para que una persona se encargara de los negocios y asuntos personales de otra. Este pensamiento o inspiración legislativa es también reconocida en la legislación estadounidense, donde un poder (power of attorney) no es utilizado necesariamente para que un abogado represente a alguien en juicio. El power of attorney, como comenta el doctor Thomas Fuoco de Nueva York, “es utilizado para que un lego gestione o haga las veces de otra persona, quien lo ha autorizado para ello.” (Fuoco, 2010)
19 Ha sido la costumbre centenaria en Honduras la que se ha encargado de darle mayor realce o práctica al contrato de mandato o poder para los profesionales del derecho, que para los comerciantes, gestores de cobros o familiares que representen a otros. Aunada a la costumbre forense precitada, es poco común que una persona comparezca ante un notario para otorgar un contrato de mandato a otra persona. Lo común es que el compareciente otorgue un poder, ya sea para pleitos o administración -- pero no un contrato de mandato, propiamente dicho. El otorgamiento de poder puede hacerse en instrumento público o a través de simple carta (denominada “carta poder” en el foro). Esta última tiende a ser no aceptada en los órganos jurisdiccionales, lo cual es atentatorio a los derechos constitucionales de acción, defensa y petición. Independientemente de su forma de otorgamiento, el poder puede contener a favor del representante ciertas facultades de expresa mención, como ser absolver posiciones, conciliar, aprobar convenios y percibir.
Interesantemente, en Honduras ha sido inveterata consuetudo para muchos abogados litigantes atacar el poder con que actúa un contrincante procesal, a través de la interposición de incidentes de nulidad de previo y especial pronunciamiento, excepciones, recursos, etc. Con el Código Procesal Civil (CPC) se espera que esas prácticas tan dañinas y poco profesionales desaparezcan del foro. De lo contrario, continuaríamos marchitando el sagradísimo derecho de defensa que muchos litigantes y jueces acostumbran irrespetar.
20 Los artículos 79 al 89 del CPC son los encargados de desarrollar el tema de la postulación procesal del abogado. Es obligatorio que en el primer escrito de la parte se presente un poder, ya sea por 1) comparecencia ante el secretario del juzgado o bien 2) en escritura pública. Esta limitación tergiversa y disminuye derechos constitucionales, ya que en el Código de Procedimientos Civiles de 1906 se permitía que la parte interpusiera o contestara una demanda, confiriendo poder al abogado de su elección al final del escrito. Las dos maneras de obtener un poder, de acuerdo al CPC, no son más que formas engorrosas para limitar el acceso a la justicia, ya que no es cualquier persona que puede pagar la autorización notarial de un poder en escritura pública, o transportarse a un juzgado para conferir poder mediante comparecencia (¿Qué tal si el
representado vive fuera de la ciudad y deben presentarse distintas demandas en diferentes tiempos?).
En el CPC se debió abrir las puertas al derecho de acción, dejando a criterio de cada juez, vía reglamento o acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, cómo un abogado acreditará su postulación procesal, siempre y cuando se pueda constatar que la parte procesal efectivamente le otorgó o confirió poder. Considerando que el derecho de acceso a la justicia, derecho de defensa y derecho de acción son derechos humanos, los mismos deben ser progresivos y no regresivos, como lo pretende el Código Procesal Civil, siguiendo las exigencias potencialmente inconstitucionales del artículo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras.
21 Como bien dice el abogado Antonio Ocampo Santos en su libro Código Procesal Civil Hondureño, Para que el poder sea válido hace falta cumplir con los requisitos de legalidad y suficiencia. a) El requisito de legalidad implica que el poder debe otorgarse de alguna de las formas que contempla la ley…en escritura pública ante notario, apud acta o con la demanda o contestación, ante el secretario del juzgado. Mediante ese poder, la parte faculta al procurador para que realice los actos procesales.
b) El requisito de suficiencia implica que el poder debe ser bastante para el procedimiento o acto que se pretende realizar. Esta valoración debe realizarla el tribunal, aunque la otra parte puede también denunciar su falta. (Ocampo Santos, 200-)
Para revocarle el poder a un profesional del derecho, basta con que otro colega se persone y acredite un nuevo apoderado (art. 86.1 del CPC). No hay una tan sola disposición en el CPC que permita al órgano jurisdiccional exigirle al nuevo apoderado que acredite que ya se la pagaron sus honorarios profesionales al abogado a quien se le pretende revocar el poder. No se aclara tampoco si el abogado revocado puede o no continuar actuando sola y exclusivamente para poder reclamar sus honorarios de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 89, en relación con los artículos 222-227 del cuerpo legal ya citado.
De acuerdo al artículo 89 del CPC, si un profesional del derecho pretende reclamar de su cliente el pago de los honorarios devengados en un proceso, presentará minuta detallada al juzgado, manifestando que su cliente está en deuda y especificando los
22 conceptos por los que se reclama. Una vez presentada la acción, se requerirá al deudor para que pague la suma reclamada, o que impugne la misma, en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación alguna. Indica el numeral 6 del artículo predicho que “[e]l pago de los honorarios gozarán de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos”. Este procedimiento y sus beneficios son muy atractivos y beneficiosos para el profesional del derecho. También, los artículos 218-227 del Código Procesal Civil, contentivos de las disposiciones sobre las costas, proveen remedios legales para que los profesionales del derecho reclamen y hagan efectivo el pago de sus honorarios profesionales.
Por su lado, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) en su artículo 56 ofrece cuatro distintas formas de conferir u otorgar un poder a favor de un profesional del derecho: “El nombramiento de Apoderado podrá hacerse por carta-poder autorizada por Notario o Juez cartulario en defecto de aquél, por escritura pública, por declaración escrita o por comparecencia verbal autorizada por quien corresponda”. Esta apertura al correcto respeto del derecho de acción es inexistente en el CPC. La revocación de un poder, no obstante, es similar a la del CPC: un nuevo poder revoca a uno anterior, sin más trámite o formalismo.
Para ser aun más garantista y menos formalista, se podría acotar que un poder puede otorgarse a través de cualquier medio técnico idóneo en el cual se pueda comprobar 1) la identidad del otorgante y 2) su expresión de voluntad. A través de una llamada
23 telefónica, un correo electrónico, serie de mensajes cortos de texto, etc., el órgano jurisdiccional o administrativo puede indagar sobre la identidad del otorgante y su voluntad, hasta que le satisfaga esta comprobación.
Para rematar en el tema de ser más garantista con el derecho de acción de los habitantes de la República de Honduras, se puede afirmar que no debería ser necesaria la comparecencia de un profesional del derecho en un juicio o trámite administrativo, ya que la misma limita varios derechos fundamentales. De acuerdo a una encuesta realizada para este informe, el 29% de los abogados encuestados opinan que el artículo 11 de la LOCAH limita los derechos constitucionales de acción, de acceso a los juzgados y tribunales, y de defensa, ya que en casi todo tipo de juicio o trámite este artículo requiere la actuación exclusiva de un profesional del derecho debidamente colegiado (ver anexo A). Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, no es necesario que un lego tenga un abogado para poder actuar en un juicio o trámite en un órgano jurisdiccional u órgano estatal. Con la simplificación de los juicios y los trámites administrativos en Honduras, esta práctica estadounidense se debería implementar eventualmente. De esta forma, se fomentaría la libre competencia entre abogados colegiados y no colegiados, entre nacionales y extranjeros, entre profesionales y legos. Al final, lo que importa es que todos los habitantes de la República de Honduras tengan el consejero jurídico que ellos deseen y que les sirva mejor para un juicio o trámite determinado, sin importar si el consejero es o no abogado, hondureño, extranjero, colegiado o no colegiado.
Las provisiones del CPC y de la LPA, en ciertas formas son beneficiosas. Empero, todas esas provisiones legales para reclamar el pago de honorarios impagados son fútiles si los clientes o deudores del abogado son insolventes, han transigido con la contraparte o se les ha revocado el poder de representación en juicio. En este último caso, la mayoría de órganos jurisdiccionales entienden que si el poder de un abogado es revocado, el mismo ya no puede seguir actuando en el proceso, ni siquiera para pedir la tasación de sus honorarios profesionales. Dicha interpretación y aplicación del artículo 261 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) es muy restrictiva, mancillando el derecho de defensa del abogado revocado. Se ha acostumbrado remitir a este abogado a que haga uso de otras formas de reclamar sus honorarios profesionales, ya sea extrajudicialmente o a través de una demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales.
El abogado Luis Roberto Luna Reyes del bufete Dávalos y Asociados de México es del criterio que, a la luz del artículo 2596 del Código Civil Federal (CCF), un mandante que estipula en un contrato de servicios profesionales (bilateral) el otorgamiento posterior de un contrato de mandato a favor del abogado, está obligado a respetar dicho mandato, siéndole imposible revocarle el poder. Si el poderdante revoca un mandato, deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por la revocación. El artículo completo reza así:
25 El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como una condición en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir una obligación contraída. En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause.
Como se podrá apreciar, los derechos y obligaciones son exigibles para ambas partes, lo cual es proporcionado para mantener una justa armonía contractual.
También es menester tener en cuenta que no todos los abogados pueden ganar en todos los casos. Por lo tanto, un abogado responsable y diligente debe ser remunerado por su trabajo, independientemente de su resultado; naturalmente, si el resultado es favorable, debería remunerarse con un pequeño recargo adicional. El artículo 2613 del CCF de México señala que “[l]os profesores1 tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario.” Este artículo legislativo es similar al artículo 3 del Arancel del Profesional del Derecho de Honduras que establece: “El Profesional del Derecho devengará y percibirá honorarios de quienes le soliciten sus servicios o se beneficien de ellos, en las oportunidades que correspondan y de conformidad con el presente Arancel, sea cual fuere el resultado del asunto a su cargo.” La diferencia entre el artículo mexicano y el hondureño es que el primero tiene rango de ley (por tanto
Quienes ejercen una profesión
26 obligatorio), mientras el segundo tiene rango de acuerdo emitido por un instituto de derecho público como es el Colegio de Abogados de Honduras.
Se comparte el criterio del tratadista Miguel Ángel Zamora y Valencia quien sostiene: “En el contrato de prestación de servicios profesionales, el profesor se obliga a realizar una actividad del más alto grado de perfección, para hacer posible el logro de los resultados propuestos y ello implica el evitar toda injerencia del cliente en la dirección o en la utilización de medios relacionados con el negocio.” (Zamora y Valencia, 2009)2 Poniendo en práctica esta doctrina, se evitaría que los clientes de los abogados intervinieran en su asunto particular, inconsultamente de su apoderado.
El ejercicio abusivo de un derecho es violatorio a los derechos fundamentales de las personas. El ilustre abogado Marco Tulio Barahona Valle, siguiendo la autorizada doctrina española, enumera como elementos esenciales de la teoría del ejercicio abusivo de un derecho: a) Uso de un derecho objetivamente o externamente legal; b) Daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica; y, c) Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencillamente sin un fin serio y legítimo) o bajo forma objetiva (cuando el daño proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho). (Diez-Picazo, 1973)
Los artículos en que se sustenta más directamente la teoría del abuso del derecho en nuestro ordenamiento jurídico son el 62 y el 70 de la Constitución de la
Cita provista en comunicación con el abogado Luna Reyes
27 República. (Valle, 2010) Si bien es cierto alguien puede contratar a un nuevo abogado, no puede hacerlo en contra de la ley, de la moral y del orden público (art. 1547 del Código Civil). Al abusar del derecho de contratación al transigir a espaldas de un interesado (abogado) o revocar el poder de un buen abogado, el cliente está causando daño a esta persona. La deslealtad es inmoral, por lo que debe ser sancionada con la nulidad de lo actuado.
4.2 Eficacia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras (2003-2004)
Las instituciones que deben velar por cumplir la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras (LOCAH), el arancel y código de ética hacen poco o nada para ese fin, lo cual causa malestar entre los litigantes. Es menester que las normas jurídicas que protegen el trabajo del profesional del derecho sean más comprensivas y menos engorrosas; no obstante, es más importante que cualquier ley o reglamento sea cumplido a cabalidad por las instituciones participantes.
Como expone la memoria 2003-2004 del Tribunal de Honor, entregada a los participantes de la Asamblea General Ordinaria de 2004, entre 2002 y 2003 se resolvieron 248 denuncias. De éstas, el 67% fueron declaradas sin lugar. No se detalla en el documento referido las razones por qué se declararon sin lugar las denuncias, pero ese número es indudablemente muy elevado.
28 En la misma memoria se detallan los resultados del tribunal en el periodo 2003-2004, en el cual el 68% de las 262 denuncias presentadas fueron declaradas sin lugar. Tan alto porcentaje de rechazos de pretensiones no necesariamente implica impunidad, pero no obsta pensar que un fuerte número sí ha resultado en ella.
Para un mejor entendimiento de cómo opera (léase: no opera) el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, se reseña el siguiente caso en el cual se evidencia la debilidad de este órgano:
En agosto de 2010, una abogada que se vio lesionada en sus derechos como profesional presentó formal denuncia ante el Tribunal de Honduras, contra dos abogados ceibeños, una jueza ceibeña y un notario capitalino. En un proceso de solicitud de declaración de herencia, la jueza ceibeña, a pesar de haber transcurrido el plazo de 15 días luego de las publicaciones, y estando firme la sentencia de declaración de herencia, se negó entregarle a la abogada que representaba al heredero la correspondiente certificación de sentencia. Desde 2007 se ha venido insistiéndole a la jueza que entregue la certificación, pero se resiste a resolver los escritos presentados para evitar un recurso de apelación. Con más de 100 denuncias confirmadas por la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales (por diversos casos), la Corte Suprema de Justicia todavía no ha removido a la jueza ceibeña de su cargo.
29 La renuencia de la jueza en resolver lo solicitado se originó porque quería darle oportunidad a un par de abogados a que hicieran un picardía de la cual ella se beneficiaría: Abogado “A” de La Ceiba contrató a abogado “B” para que representara en juicio a la contraparte del primero (un juicio orquestado, maquinado o simulado), revocándole tácitamente el poder a la abogada denunciante. A través de artimañas y ofrecimiento de dinero por parte de los abogados “A” y “B”, el representado le otorgó poder al abogado “B”, quien se personó a un juicio en que el abogado “A” era su contraparte, revocándole el poder de la abogada denunciante. Aquí se violaron los artículos 53 y 54 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho. El abogado “B”, por órdenes del abogado “A”, desistió de retirar la certificación de sentencia, que era lo que la jueza ceibeña ya esperaba. Por otro lado, el notario capitalino tuvo como compareciente al antiguo cliente de la abogada denunciante y nuevo cliente del abogado “B”, autorizando un instrumento público de transacción donde el compareciente renuncia a su estado civil como hijo de un causante X, desistiendo de cualquier acción de investigación de paternidad y derechos hereditarios. Ya sabemos que el estado civil de las personas es intransigible, pero eso no le importó al notario, con tal de agenciarse sus honorarios. Como bien ilustra el Código del Notariado, un notario no solo es un fedatario de la voluntad de sus comparecientes, sino que también un consejero sobre la legalidad de los actos o contratos que autoriza. Un notario jamás debe prestarse a actos ilegales, ni mucho menos a aquellos en que un colega es perjudicado.
30 ¿Cómo resolvió el Tribunal de Honor esta denuncia? Previo a la admisión de la denuncia, el tribunal pidió que la abogada denunciante detallara su petición, ya que el escrito de denuncia carecía de la misma. FALSO. El escrito de denuncia contenía una petición de casi media página de extensión, exigiendo que a los “profesionales” del derecho denunciados se les suspendiera del ejercicio de la profesión. Una vez subsanado el “error”, se inadmite la denuncia en vista que (parafraseando) “la abogada denunciante tiene la vía expedita para ejercitar la reclamación de sus honorarios profesionales a través de los juzgados y tribunales”. ¡Habrase visto tal desfachatez! En ningún momento la abogada denunciante pidió que el Tribunal le resolviera un asunto de honorarios profesionales, sino que sancionara a los infractores del código de ética.
Por las razones precitadas, se duda mucho que el Colegio de Abogados de Honduras esté actuando correctamente en velar por los intereses de sus agremiados. En Honduras, el amiguismo y el nepotismo, como reflejos vivos de la corrupción, se anteponen a la justicia y equidad.
En el siguiente capítulo se presenta una serie de problemáticas que el abogado hondureño enfrenta en el ejercicio de su profesión. Cada uno de estos problemas hace que el ejercicio de la profesión sea más difícil y que disminuya o desaparezca el incentivo de representar a alguien en juicio o en un proceso administrativo. O sea, da menos y menos ganas de ser abogado.
CAPÍTULO V: PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA REMUNERACIÓN DE HONORARIOS
5.1 Representados que transigen o concilian a espaldas del abogado
5.2 Representados revocan poder de representación, a pesar del correcto manejo del proceso por parte del abogado
5.3 Interés del representado en desistir de la acción, pero sin interés o capacidad de pagar lo adeudado
5.4 Una demanda por pago de honorarios profesionales se tramite en un juicio ordinario y no abreviado, de acuerdo al Código Procesal Civil --
33 El abogado Esteban López es contratado por don Justo Ponce para que interponga una demanda ejecutiva de pago contra la señora Angélica Banegas, para que se haga efectivo el pago de L.151,000.00 que ésta adeuda por un préstamo que don Justo le concedió. El abogado no recibe ningún anticipo de su cliente, ya que por norma profesional solamente cobra honorarios al haber resultados para el cliente; pero sí se suscribe un contrato de servicios profesionales. Una vez requerida de pago la deudora-ejecutada, luego de muchos intentos y escabullimientos, y embargados bienes suficientes para saldar la deuda, el abogado López recibe del juzgado civil el aviso para las publicaciones de rigor. Por su lado, la señora Banegas acude a don Justo, con quien dialoga y llega a un arreglo que involucra la dación en pago de un vehículo propiedad de la deudora. Este arreglo es documentado y la deudora presenta oposición a la ejecución, interponiendo la excepción perentoria de pago, a lo que la jueza accede y levanta el embargo decretado sobre los bienes de la demandada. Un par de días antes de la audiencia de remate, el abogado López revisa el expediente pertinente y se da cuenta de lo ocurrido, por lo que llama a don Justo para pedirle explicaciones. Don Justo le pide al abogado que no continúe en el juicio porque la deuda ya estaba saldada. Ante tal exabrupto, el abogado López le exige a don Justo que le pague sus honorarios ya que él invirtió tiempo, empeño y dinero en requerir a la deudora, y avanzar en el juicio. También le recalca a don Justo que sin el trabajo de él, doña Angélica nunca se hubiese visto presionada a pagarle. Don Justo, hombre de negocios, le dice a su abogado que el problema es que el pago que él recibió fue un automóvil, por lo que tendría que esperar un poco de tiempo para que venda el
34 vehículo o tenga ahorros para pagarle al abogado. El tiempo pasa, don Justo no vende el carro que le fue dado en pago, y el abogado Esteban López está cansado de estar llamando a su “cliente” para que le pague más de L.22,000.00 que le adeuda en concepto de honorarios profesionales.
¿Qué puede hacer el abogado López para que se le haga efectivo el pago de sus honorarios? a) Seguir esperando e insistiéndole a don Justo que le pague; b) Promover un incidente de tasación de honorarios profesionales, en vista del documento de transacción que doña Angélica presentó en juicio para sustentar su oposición a la ejecución; c) Promover una demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales contra don Justo, para hacer prevalecer su contrato de servicios profesionales.
Cualquiera de estas opciones es viable y puede que tenga algún tipo de resultado favorable al abogado López. Empero, el solo hecho que el litigante defraudado tenga que esperar tanto tiempo e incluso instar acciones ante un órgano jurisdiccional debería hacer intuir al Legislador que debe haber reformas al ordenamiento jurídico, ya que no está previniendo lesiones a los intereses de particulares, ni tampoco está promoviendo la paz y convivencia que debe primar en el territorio hondureño.
5.2 Representados que revocan poder de representación, sin causa justificada
El señor Geovany Padilla decide contratar verbalmente los servicios legales de la abogada Belinda Andino para que presente una querella contra su vecino, Juan Benítez, por el delito de daños ocasionados a un vehículo que quedó casi inservible y parte de la casa de habitación, ambos propiedad del señor Padilla. Según el análisis del caso, la abogada Andino tiene una acusación bien preparada, alistada con una excelente estrategia para poder cumplir con su cometido: que el señor Benítez sea condenado por el Tribunal de Sentencia a reclusión de 3 a 5 años, y al pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios que ascienden a más de L.500,000.00. Una vez admitida la acusación penal, fracasado el intento de conciliación y propuestas las pruebas de cargo y descargo, la abogada Andino espera ansiosamente el día del debate oral y público. Dos semanas antes del juicio, don Geovany es contactado por un viejo amigo quien es abogado, ofreciéndole sus servicios profesionales y que le cobraría honorarios “preferenciales” (léase: por debajo del mínimo permitido por el Arancel del Profesional del Derecho). Según lo propuesto, en lugar de pagarle a la abogada Andino alrededor de L.150,000.00 en honorarios, le pagaría a su amigo abogado solamente L.75,000.00. Don Geovany accede y le otorga poder a su amigo para que lo represente en la secuela del juicio; asimismo, le informa a la abogada Andino que ha contratado a un nuevo abogado que le cobra menos que ella. Enterándose sobre quién es el nuevo apoderado don
36 Geovany, la abogada Andino considera que el caso está perdido ya que el nuevo apoderado tiene poca experiencia en la materia. Ante tal situación, según la legislación hondureña, la abogada sustituida no puede hacer más en el proceso penal que aceptar la revocación de su poder.
¿Qué puede hacer la abogada Andino para que se le haga efectivo el pago de sus honorarios? a) Reclamarle extrajudicialmente a don Geovany que le pague; b) Promover una demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales contra don Justo, para hacer prevalecer sus servicios profesionales. En vista que no se firmó un contrato para este fin, la demandante deberá presentarle al juez de letras civil una fotocopia autenticada del expediente penal en el que ella actuó a favor de don Geovany; el juez aplicará el mínimo de honorarios señalados en el Arancel del Profesional del Derecho (en lo sucesivo, Arancel). c) Quedar a la expectativa del resultado del juicio penal que ella incoó, para saber si el tribunal condenará en costas y/o si el nuevo apoderado pide la tasación de honorarios profesionales, de los cuales ella puede gozar.
Además, la abogada afectada puede presentar formal denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, contra el abogado que la sustituyó en juicio, por infringir los artículos 53 y 54 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho (en lo sucesivo, Código de Ética). Como resultado, el tribunal
37 apuntado podrá imponerle al abogado entrometido alguna de las sanciones señaladas en el artículo 55 de la LOCAH: a) Amonestación privada de la Junta Directiva por negligencia grave o ignorancia inexcusable, en el ejercicio de la profesión; b) Amonestación pública ante la Asamblea General, por haber faltado a la ética profesional o atentado contra el decoro y prestigio de la profesión; c) Inhabilitación para el desempeño de cargos de elección nombramiento dentro del Colegio, hasta por dos años, en los casos de faltas graves no comprendidas en los números anteriores de este artículo; d) Por vía disciplinaria, multa de cinco a veinticinco lempiras por inasistencias de los miembros a las sesiones de la Junta Directiva, de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias o por falta de cumplimiento en el desempeño de las comisiones o labores que les asigne esta Ley o les encomienden las Autoridades del Colegio; y, e) Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión.
Considerando que el 71.7% de los hondureños viven en pobreza (PNUD), es muy probable que los clientes de la mayoría de abogados de Honduras incluyan gente que vive en la pobreza. La escasez de recursos económicos es un grave problema para un ciudadano que desea que la justicia hondureña le sea impartida. El acceso a los juzgados y tribunales necesariamente implica la contratación de los servicios profesionales de un profesional del derecho, a excepción de las garantías constitucionales de hábeas corpus y amparo, las tramitaciones que terminan o se resuelven en la primera resolución dictada, los asuntos laborales presentados por
38 organizaciones (art. 11 de la LOCAH), los juicios abreviados de cuantía inferior a L.5,000.00 (art. 79.4 del CPC) y demás consignados en el artículo 80 del CPC. Así las cosas, es casi imposible obviar la contratación de un profesional del derecho. Si bien es cierto existen en Honduras consultorios jurídicos gratuitos, y bufetes que tienen como ética profesional o como compromiso de responsabilidad social el servicio ad honorem o pro bono, no es menos sabido que el presente estudio se centra en analizar cómo se puede mejor asegurar el pago de los honorarios de los abogados en el ejercicio privado de su profesión. Por tanto, se ofrece un análisis de la relación entre un abogado de esta calidad con un cliente de escasos recursos económicos.
Eduardo Montes, jornalero que reside el barrio El Pastel de Tegucigalpa, se da cuenta que su padre, Efraín Montes, le dejó una herencia intestada consistente en 2 terrenos de 80 manzanas cada uno, 5 vehículos y un depósito bancario (sin beneficiario) por US$350,000. Eduardo es el único hijo de don Efraín, pero por sus malas decisiones tuvo que alejarse de éste a la edad de 22 años, no volviendo a tener contacto con don Efraín, quien había enviudado al nacer Eduardo. Así las cosas, el heredero con mejor derecho es Eduardo, pero vive en mucha pobreza, es alcohólico, debe mucho dinero en la cooperativa y vive de lo poco que recibe de sus vecinos. Eduardo conoce en su iglesia al abogado Raúl Mencía, quien le interesa el caso y decide financiarle todo el juicio o juicios tendientes a hacer Eduardo tomar posesión efectiva de la herencia que recibiese de su padre, don Efraín. En el plazo de la oposición a la declaratoria de herencia, aparecen un hermano mayor y una hermana
39 menor de don Efraín, quienes alegan tener también derecho a la herencia, no solo como herederos sino también como acreedores, ya que don Efraín les debía mucho dinero y tienen documentos públicos para acreditar la deuda.
Después de 2 años y medio de contienda con sus dos familiares, quienes son representados por un abogado muy aguerrido y hasta malicioso para litigar, Eduardo le avisa al abogado Mencía que ya no le interesa seguir peleando porque el pastor de su iglesia predicó sobre cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eduardo entendió de esta prédica que él debía conformarse con lo poco que tiene y no empeorar las relaciones con sus familiares (aun y cuando nunca los conoció); el heredero también temía por su vida, ya que sus tíos eran muy conocidos en Olancho por mandar a matar a cualquiera que se le oponía en el camino. Ante tal situación, el abogado Mencía no tiene otro remedio que desistir de todas las acciones incoadas a favor de Eduardo, para que así sus familiares tenga el camino allanado para tomar posesión de la herencia que dejase don Efraín. Eduardo no tiene dinero para pagarle al abogado Mencía por el trabajo efectuado, lo cual causa un gravísimo daño al abogado Mencía.
¿Qué puede hacer el abogado Mencía para que se le haga efectivo el pago de sus honorarios? a) Promover una demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales contra Eduardo Montes, con la expectativa de que si algún día éste llega a ser
40 solvente, el abogado Mencía o cualquier sucesor puede reclamar lo adeudado por los juicios en que representó a Eduardo. b) Solicitarle a Eduardo que le firme un pagaré por una suma correspondiente a lo que pudieren ser sus honorarios profesionales. Luego, que Eduardo repudie la herencia intestada de don Efraín (artículo 1179 del Código Civil). De esta forma, el abogado Mencía, como acreedor, podrá pedirle al juez competente poder aceptar la herencia en nombre de Eduardo y así beneficiarse enteramente de la porción hereditaria que tenía derecho Eduardo (artículo 1185 del Código Civil).
La primera opción es muy riesgosa mientras la segunda es muy engorrosa pero completamente viable de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Si el abogado Mencía pudo haber percibido L.10 millones en concepto de honorarios profesionales, podría pedirle a su deudor, Eduardo Montes, que le firme un pagaré con fecha en blanco por la cantidad adeudada. Eduardo luego repudiaría su herencia, en la demanda que el abogado Mencía le promoviese para ese efecto. De esta forma, el abogado Mencía puede aceptar la herencia que le correspondía a Eduardo, por la cantidad que éste le adeuda. Esta opción es larga y tediosa, dando lugar a mucha incertidumbre y posible renuncia de Eduardo a firmar un pagaré o a repudiar en una demanda la herencia. El Poder Legislativo de Honduras, de oficio o a instancia del Colegio de Abogados de Honduras, debe hacer lo conveniente para no dejar desamparados a un
41 gremio de profesionales que tiene el potencial de ayudar a los más necesitados de Honduras de una forma directa, humana y real.
5.4 Una demanda por pago de honorarios profesionales se tramita en un juicio ordinario y no abreviado, de acuerdo al Código Procesal Civil
Este apartado no amerita una vivencia ejemplificativa ya que el análisis puede hacerse con la simple lectura e interpretación del Código Procesal Civil (CPC). Es menester que el Legislador abra las puertas del juicio abreviado a los profesionales (no solo del derecho) que reclaman el pago efectivo de sus honorarios profesionales. Actualmente, a tenor del artículo 399.2 del CPC, cualquier pretensión mayor a L.50,000.00, sin norma por razón de la materia, debe tramitarse en un juicio ordinario. Esta disposición incluye a las demandas por pago de honorarios profesionales que superen la cuantía señalada. Por las razones que se discuten más adelante, este tipo de demandas deben tramitarse en un juicio abreviado.
En caso que el contrato de servicios profesionales contenga una suma líquida, podrá considerarse el contrato de servicios profesionales como un título ejecutivo que tiene
42 aparejada ejecución, por lo que también podría ejecutarse ante un órgano jurisdiccional en un proceso de ejecución de título extrajudicial.
CAPÍTULO VI: PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS PARA ASEGURAR EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO DE HONDURAS
6.1 Robustecimiento de los efectos del contrato de servicios profesionales
6.2 Presupuestos para que una autoridad judicial o administrativa admita nuevo apoderado
6.3 El abogado como sucesor de los derechos del representado que desiste
6.4 Anotación preventiva en el margen de la inscripción de acta de nacimiento del representado insolvente, prohibiendo el goce y ejercicio de ciertos derechos civiles
6.5 Alerta migratoria para prevenir que el representado salga del país, sin la autorización del abogado
6.6 Reformas al Código Procesal Civil
Las propuestas de reforma jurídica que a continuación se desarrollan ayudarán a prevenir el ejercicio abusivo de derechos de contratación, como los que se ejemplificaron en el capítulo anterior. Por simplicidad, se le denominarán a estas propuestas Herramientas de Protección de Abogados (HEPA). Varias de estas proposiciones seguramente causarán revuelo por parte de defensores de derechos humanos y de garantistas procesales. Sin embargo, en el fragilísimo Estado de Derecho de Honduras, es necesario que haya orden, y que el imperio de la ley se imponga sobre las prácticas desleales y dañosas de personas que poco o en nada respetan al gremio de profesionales del derecho de Honduras. En un país serio con gobernantes comprometidos con la paz y cohesión social de la nación, las siguientes sugerencias de reforma no causarían mayor inconveniente; incluso, en muchos países desarrollados, como se discutirá, ya se implementan las siguientes prácticas legales.
Si bien es cierto la legislación y reglamentación hondureña no considera la relación abogado-cliente como una relación laboral propiamente dicha (excepto cuando el abogado trabaja exclusivamente para un cliente, bajo las órdenes de éste), no menos cierto es que ciertas disposiciones y presunciones del derecho laboral deberían implementarse en la relación abogado-cliente, para así prevenir que tanto el servidor como el servido sean beneficiados. Nada limita al Legislador en proteger mejor la relación precitada con disposiciones y presunciones análogas del derecho laboral. Los
45 cambios en nuestro ordenamiento jurídico pueden realizarse mediante reformas parciales a leyes y reglamentos que regulan el contrato del mandato, los contratos de servicios profesionales y la tasación de honorarios profesionales. No obstante, para una más clara y precisa expresión de la voluntad del Soberano, se recomienda la creación de una ley reguladora de los servicios brindados por los profesionales del derecho en Honduras, la cual podría llamarse “Ley Reguladora de los Servicios Profesionales de los Abogados de Honduras”, “Ley de Contratación de los Servicios Profesionales de los Abogados de Honduras”, “Ley de Contratación de los Servicios de los Profesionales del Derecho de Honduras” o simplemente “Ley del Abogado de Honduras”.
En las disposiciones derogatorias de esta ley, se deben incluir expresamente las derogaciones de los artículos de leyes y reglamentos que actualmente regulan, en lo aplicable, los contratos de servicios profesionales, los honorarios de los profesionales del derecho, la tasación de éstos y similares. Esta nueva ley incluirá normas sustantivas y adjetivas, de aplicación general e ineludible cumplimiento por parte de los órganos jurisdiccionales, la administración pública, personas naturales y jurídicas que contratan a un profesional del derecho, y los abogados mismos.
A continuación la primera HEPA:
Actualmente, los contratos de servicios profesionales pueden realizarse en papel simple sin protocolización, en papel simple con protocolización o en escritura pública. Las dos últimas opciones se consideran complicadas por involucrar actuaciones notariales que podrían ser onerosas para los contratantes. Es necesario que la Ley del Abogado de Honduras (LAH) contenga la presunción de que existe un contrato de servicios profesionales cuando un abogado preste sus servicios a una persona natural o jurídica.
No obstante, para evitar malentendidos, deberá ser obligación del profesional del derecho preparar y discutir con sus clientes los contratos de servicios profesionales que con ellos suscriba. De esta forma, queda plasmado por escrito lo pactado por los firmantes. Deberá también presumirse que es válido y legítimo el contrato presentado ante un juzgado por una de las partes (usualmente el abogado), salvo prueba en contrario. De esta manera se evita que un juzgado inadmita una demanda de juicio declarativo o ejecutivo por la falta de un título fundador de demanda o un título indubitado.
47 Las nulidades de pleno derecho en el ordenamiento jurídico hondureño son pocas y contadas. Empero, los órganos jurisdiccionales y la administración pública tienden a respetar la presunción de legitimidad de actos y contratos evidentemente nulos, alegando que prefieren que un sujeto interesado alegue o señale la nulidad, para así evitar ser tildados o denunciados por ser parciales o por litigar en pro de una persona determinada.
Lo correcto debe ser que si una ley declara nulo de pleno derecho (ipso jure) algo, no hay necesidad que se inste a un órgano jurisdiccional o ente administrativo para que declare la nulidad, sino que basta que éste la conozca para así obviar su aplicabilidad y práctica. Por ejemplo, el artículo 3 del Código de Trabajo establece que …[s]on nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.
Esta disposición es más o menos respetada en Honduras, ya que es rara la autoridad judicial o gubernativa considera como válida la renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores, aun y cuando se haya pactado por escrito. Esta inaplicabilidad no requiere un juicio previo o un incidente para declarar la nulidad del pacto, sino que basta incluir la nulidad en la motivación de una sentencia definitiva, para que dicha nulidad tenga efectos ex tunc o retroactivos.
De la misma forma debería operar el contrato de servicios profesionales que usan los abogados en Honduras: cualquier violación a la LAH debe acarrear nulidad absoluta ipso jure de los resultados o efectos de la infracción. Por ejemplo, si es prohibido en la LAH que los clientes o representados transijan o concilien con sus contendores, en fraude de su abogado-acreedor, deberá ser nulo ipso jure la transacción o conciliación, incluyendo cualquier acto o contrato derivado de la misma. Para evitar dilaciones y cargas judiciales, los profesionales del derecho que se consideren agraviados en sus intereses podrán presentar, por ejemplo, ante el Instituto de la Propiedad (IP) el contrato de servicios profesionales donde se pacta el servicio legal de reivindicar un bien inmueble determinado. El IP presumirá, por ministerio de la ley, que es nula cualquier inscripción a favor del cliente del abogado, originado o derivado de un bien propiedad al contendor procesal, un familiar de éste o una persona jurídica del cual éste o un familiar de éste es socio, siempre y cuando la inscripción medie entre la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha de presentación del mismo ante el IP.
Obviar un pronunciamiento judicial de nulidad no viola los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República que facultan al Poder Judicial y sus órganos jurisdiccionales a impartir justicia en nombre del Estado, aplicando las leyes a casos concretos, juzgando y ejecutando lo juzgado. En realidad, casi todos los órganos de la administración pública actualmente someten a juzgamiento o decisión las
49 controversias de particulares. De estar inconforme con una resolución, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo puede revisar al acto administrativo reclamado.
Actualmente existen medios de impugnación de actos fraudulentos, pero los mismos son insuficientes por inútiles. Con la lectura del artículo 1370 del Código Civil se deja claro que “[l]os acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden….también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho”. Esta última es la acción pauliana o revocatoria. Como escribe el abogado Tito Livio Tábora en sus comentarios del Código Civil, “[l]a acción pauliana o revocatoria, tiene su origen en el Derecho romano y fue creada por un edicto pretor para corregir los abusos del deudor, permitiendo que los acreedores impugnaran las enajenaciones fraudulentas de aquél. Esta acción toma su nombre del pretor Paulo que la incorporó a la legislación romana”.
Pareciera que esta disposición legal es correcta y apropiada para impugnar cualquier operación fraudulenta realizada contra un profesional del derecho, pero no lo es. En primer lugar, se debe perseguir los “bienes que el deudor tenga en su poder, y sólo que no los tenga, procede la acción por insolvencia.” (Tábora, 2002) En segundo lugar, no hay ninguna presunción legal a favor del acreedor, por lo que éste tiene un caso “cuesta arriba”, por estar todo en su contra, probatoriamente hablando.
50 Casi de nada sirvió que nuestro legislador haya tomado del Código de España, el instituto de la acción pauliana plasmada en el artículo 1370, si a su vez no quiso tomar de aquél ni de ningún otro Código, la enumeración de los actos o contratos rescindibles y menos la regla de presunción de fraude que el Código español contiene en su artículo 1297. Pero esto no significa que el acreedor esté desamparado; nada más que sin tener ninguna presunción a su favor, la prueba del fraude corre por su cuenta con mayor dificultad. A este respecto, el Código Civil de Guatemala, con más tino, presume el fraude en cuatro casos: a) en los pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra; b) todo gravamen constituido sobre bienes del fallido, por deudas contraídas al tiempo o con anterioridad a la quiebra; c) las enajenaciones a título oneroso o gravámenes hechas por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado sentencia condenatoria con relación a tales bienes; d) las enajenaciones hechas por el fallido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos. (Tábora, 2002)
Pensando en la fuerza legal de un contrato de servicios profesionales, si el mismo contuviese una cantidad de dinero líquida y un término de pago de la misma, deberá considerarse este contrato un título ejecutivo a favor del abogado, que puede ser utilizado para embargar cuentas bancarias, bienes, etc. del poderdante-deudor, previa ejecución del título extrajudicial ante el órgano jurisdiccional competente.
6.2 Al presentar un nuevo poder de representación, la autoridad judicial o administrativa debe requerir a la parte poderdante que acredite ciertos presupuestos
Retomando el ejemplo de don Geovany Padilla, quien contrató los servicios de la abogada Belinda Andino para que interpusiese querella contra su vecino por el delito de daños, podríamos aplicar esta disposición legal al caso. Si el amigo de don Geovany le ofrece sus servicios profesionales por honorarios inferiores a los que la abogada Andino está cobrando, deberá don Geovany pagarle a ésta por los servicios profesionales realizados. En caso que el amigo y nuevo apoderado de don Geovany desee personarse al juicio en representación de éste, deberá el órgano jurisdiccional requerir a don Geovany que acredite cualquiera de los siguientes presupuestos, previo a la admisión del nuevo poder de representación: a) el pago completo o arreglo de pago de los honorarios profesionales adeudados al apoderado cuyo poder se pretende revocar; b) señalamiento de las actuaciones flagrantemente negligentes o lesivas al poderdante, causadas por el abogado cuyo poder se pretende revocar c) Aceptación expresa de la revocación del poder del anterior abogado
52 El primer presupuesto es necesario porque los intereses de la abogada Andino no pueden ser irrespetados por el ejercicio abusivo del de derecho de contratación, por parte de don Geovany. No es necesario que el deudor le pague a su anterior abogada la totalidad de lo adeudado, pero sí se debe formalizar, por lo menos, algún tipo de arreglo de pago que sea conveniente para ambos contratantes. La abogada Andino puede pedir que don Geovany le firme un pagaré junto con una carta de compromiso de pago. La copia original o simple autenticada de estos documentos puede ser presentada por el nuevo apoderado del don Geovany para que la autoridad judicial le dé trámite al nuevo poder de representación.
En caso que la abogada Andino haya sido negligente en su trabajo como profesional del derecho, no se le puede exigir a don Geovany que le pague o arregle un pago por los honorarios adeudados – y menos cuando el daño ocasionado por la negligencia profesional es superior a los honorarios devengados. Ante tal situación, podrá el órgano jurisdiccional determinar si ha habido negligencia por parte de la abogada Andino en la prosecución del juicio. Como pauta, la autoridad determinará la negligencia a) si la apoderada ha dejado transcurrir un plazo sin haber hecho uso del mismo, en perjuicio de su representado; b) si durante las últimas tramitaciones del juicio, el mismo estuviese detenido por razones imputables al apoderado judicial a quien se le pretende revocar el poder. Al verificarse la negligencia, sin más trámite, la autoridad admitirá el poder del nuevo representante.
Puede ocurrir también que la abogada Andino no pretenda cobrar honorarios profesionales por el trabajo legal realizado a favor de don Geovany. En dicho caso, un simple escrito de aceptación expresa de revocación de poder, firmado y sellado por la referida abogada, bastará para que el tribunal acepte el poder del nuevo abogado de don Geovany.
Esta práctica de consulta previa al abogado cuyo poder se pretende revocar serviría mucho para prevenir que los abogados de Honduras sean defraudados por sus clientes, con la asistencia de colegas. Esta HEPA es similar a la práctica forense en los Estados Unidos de América. Cuando un juez recibe un nuevo poder de representación en juicio de otro abogado, previo a admitirlo, le puede pedir a la parte representada que acredite el pago de todos los honorarios profesionales devengados por el abogado cuyo poder se pretende revocar. (Fuoco, 2010) Esta práctica también ha sido experimentada por el abogado Christopher Robbins de St. Petersburgh, Florida. En una reciente entrevista personal, él expresa que puede darse el caso que un cliente requiera la autorización de un juzgado para poder despedir a su abogado y nombrar a uno nuevo. (Robbins, 2010)
54 La deslealtad de un cliente tiende a ser fomentada por la falta de ética y poco profesionalismo de otro u otros abogados. Los artículos 53 y 54 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho rezan: Todo Abogado que sea requerido para encargarse de un asunto, deberá asegurarse, antes de aceptar de que ningún colega ha sido encargado previamente del mismo. Si sustituye a un colega deber cerciorarse de que‚ éste ha renunciado la representación. Sin embargo, en casos urgentes podrá el Abogado prestar su patrocinio pero con la condición de informar rápidamente al Presidente del Colegio. Cuando un Abogado haya de sustituir a un colega precedentemente encargado del asunto o de asuntos conexos, deber ofrecerle sus buenos oficios para que pueda obtener la remuneración justa que le fuere debida, y si no lograre que el cliente satisfaga a su colega, deber rehusar prestarle sus servicios.
No obstante, las prácticas aquí impuestas a los profesionales del derecho son raramente cumplidas. Lastimosamente, es poco común encontrar a un abogado que le consulte a un colega si ya renunció de la representación de su cliente. Por otro lado, las sanciones de la LOCAH para quienes infringen el código de ética precitado son muy leves y casi nunca se suspende a los profesionales del derecho del ejercicio de la profesión. Por tanto, los artículos 53 y 54 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho no tienen la coercibilidad que una ley ofrece.
Es difícil encontrar casos en que un acreedor (abogado) acepte la herencia en nombre de un asignatario que ha repudiado la misma. Para empezar, en Honduras se ha vuelto costumbre que cualquier asignatario siempre busca declararse heredero, aceptando así la herencia (artículo 1188 del Código Civil); es ya una norma social que idealiza una herencia como un conjunto de bienes que hay que sacarles provecho. Sin embargo, en muchos casos esto no es totalmente cierto: cuando las instituciones financieras, como típicos acreedores, buscan que los herederos paguen lo adeudado por el de cujus, es que los sucesores se dan cuenta que la jugosa herencia no dejó más que deudas y obligaciones. Así, repudiar una herencia no es una práctica común en Honduras. Sin embargo, de ocurrir la repudiación de la herencia, un acreedor de quien repudia puede pedirle al juez competente aceptar la herencia en nombre del putativo heredero, para cubrir el monto adeudado y saldar la deuda. Lo que ocurriría sería una acción oblicua o subrogatoria, en la cual el deudor es reemplazado o sustituido en la sucesión, por un acreedor.
El Código Civil contempla otro tipo de acción oblicua, indirecta o subrogatoria en el artículo 1370 que establece que “[l]os acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que
56 sean inherentes a su persona…” La frase “ejercitar todos los derechos y acciones” hace pensar que un acreedor fácilmente puede tomar el lugar del deudor y actuar como derechohabiente y accionante. Empero, hay una acto previo que debe realizare para tomar el lugar del deudor: haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor. Copiando el aforismo citado por abogado Tito Livio Tábora en sus comentarios del Código Civil, “el deudor de mi deudor es también deudor mío”. Este acto previo no es óbice cuando se cuenta con el tiempo y recursos para realizar una averiguación de bienes. El problema con esta disposición legal toma forma cuando, ya iniciado y avanzado un juicio o tramitación, el cliente o representado prefiere no seguir en la litis, ya sea por no tener medios para pagarle al abogado sus honorarios, por no querer seguir en un pleito con resultados inciertos o por haber recibido amenazas por parte de un contra litigante. Ante la premura de las circunstancias, estando el abogado en el predicamento de renunciar o no de la acción, ¿quién tiene tiempo para averiguar y perseguir bienes?
La situación se torna más gravosa cuando el cliente o representado es notablemente de escasos recursos y a todas luces no tiene bienes para saldar la deuda que tiene con su abogado. Finalmente, el abogado se comprometió en financiarle el juicio o tramitación, a cambio de un porcentaje superior al comúnmente cobrado en juicios de esa naturaleza. Es por eso necesario que la LAH tenga disposiciones sobre acciones oblicuas o subrogatorias como las que a continuación se esbozan.
57 Volviendo al caso del abogado Raúl Mencía, quien representa a Eduardo Montes, como heredero de su señor padre, don Efraín, podríamos decir que en el juicio o juicios en que Eduardo es representado, el abogado Mencía debería tener el derecho a continuar con las acciones hasta la finalización de lo contratado. Aun y cuando Eduardo no quisiese continuar en juicio, debería el abogado Mencía poder subrogarse en los derechos de su cliente para poder recuperar no solo los honorarios devengados, sino la totalidad de lo que pudo haber sido de Eduardo, como penalización a éste por haber abandonado a su abogado. El órgano jurisdiccional o administrativo está en la obligación de tener al abogado como sucesor legal de Eduardo, sin oportunidad de que Eduardo pueda impugnar o pedir la nulidad de ese traspaso; tampoco podrá ningún heredero o legatario de Eduardo exigirle al abogado Mencía que le reconozca o devuelva algo de lo obtenido, ya que Eduardo expresamente renunció a su derecho. En otras palabras, si al abogado Mencía le correspondían L.10 millones en concepto de honorarios profesionales, podría cobrar L.25 millones, según cláusula penal pactada en el contrato de servicios profesionales. Es necesario recalcar que este monto final es lo que pudo haber sido de Eduardo si no renunciase a seguir en juicio.
Es importante tener en mente que la presente HEPA no solo aplica en casos de herencias. En realidad, es en casos de herencias cuando el abogado puede correr mayores riesgos, ya que se desconoce por completo las obligaciones que cargan la herencia que el abogado pretende aceptar y recibir. Pensando en un juicio declarativo o ejecutivo de pago, podrá el profesional del derecho tranquilamente arriesgarse a
58 litigar para recuperar una deuda, ya que lo ha de recibir viene libre de todo gravamen, excepto el impuesto sobre la renta.
¿Cómo realizar la sucesión de derechos y acciones entre vivos? El abogado, luego de ser informado por su representado el interés de no continuar en la litis, deberá pedirle a su cliente que haga cualquiera de las siguientes cosas para así poder habilitar al abogado a continuar en el juicio o tramitación, siendo éste el derechohabiente absoluto de lo que se recupere: a) Realizar una comparecencia ante el secretario o receptor del juzgado donde se tramita el juicio del cual piensa retirarse, y declarar lo convenido con el abogado; b) Comparecer ante un notario para que autorice un instrumento público en el cual el cliente abandona la acción y cede irrevocablemente sus derechos a su abogado c) Firmar ante un notario una nota en papel simple en el cual el cliente abandona la acción y cede irrevocablemente sus derechos a su abogado. El notario deberá autorizar un certificado de autenticidad de la firma puesto sobre la nota.
De no querer o poder realizar cualquiera de estas acciones, bastará para la autoridad que el abogado presente y se agregue al expediente el contrato de servicios profesionales, contentivo de la cláusula o cláusulas encaminadas a crear esta HEPA. La causa de la sucesión de derechos es proveer al abogado una forma de
59 indemnización de daños y perjuicios, a través de una cláusula penal contenida en el contrato de servicios profesionales.
6.4 Anotación preventiva en el expediente de vida registral del representado insolvente
Esta es una de las HEPA más radicales e innovadoras. Es radical por modificar el estado civil de una persona; es innovadora por ser un acto o diligencia desconocida en la práctica forense de países latinoamericanos. En Honduras es difícil innovar porque siempre hay prejuicios académicos y culturales. El hondureño es muy conservador y tiende a esperar que otras personas u otros países implementen una práctica o sistema para poder copiarlo. No obstante, los países con mejores índices de calidad de vida se caracterizan por culturas que fomentan la innovación, siempre que se base en patrones lógicos, científicos y prácticos para el desarrollo humano. Se propone que la LAH contenga provisiones que le den la opción al abogado que financia completamente un juicio o trámite administrativo, de exigirle a su representado que se someta a una provisional limitación de sus derechos civiles. Esta HEPA sería una interdicción civil light, ya que el cliente siempre podrá elegir y ser electo; optar a cargos públicos; asociarse para constituir partidos políticos, ingresando o renunciando a ellos; testar; contraer matrimonio; representar a sus menores hijos, entre otros.
60 Lo que no podrán hacer los interdictos light es comprar, vender, recibir en donación, gravar bienes muebles o inmuebles, a nombre suyo o de sus hijos sometidos a su representación legal, sin previa autorización por escrito del abogado; esta limitación incluye abrir o disponer de cuentas de ahorro en instituciones bancarias. El abogado que decide financiarle el juicio o trámite a su representado, ya sea por la dificultad económica de éste o por cualquier motivo de iliquidez, debe tener el derecho que se le consulte si su representado-financiado puede ser el adquirente de bienes, ya sea para sí mismo o para sus hijos.
Esta HEPA previene que el representado-financiado, quien tiene serios problemas económicos, decida recibir --como resultado de una transacción en fraude del abogado-- bienes de la contraparte en juicio, ya sea a nombre propio o de sus hijos. La lógica de esta HEPA es prevenir que la libertad de contratación (art. 331 de la Constitución de la República) y la libertad de terminar un litigio por transacción o arbitramiento (art. 110 de la Constitución de la República) sean abusadas en perjuicio de otra persona -- y mucho menos de aquella que ha decidido financiar un juicio completo, a cambio de un resultado final agradable. Al no tener una libre administración de sus bienes, el cliente financiado en juicio se le sería más difícil serle “infiel” a su abogado, pidiéndole a éste autorización para cualquier acto o contrato de riguroso dominio o de disposición de depósito en bancos, cooperativas, asociaciones de ahorro y préstamo, y similares.
61 Con el avance de la tecnología en Honduras, podremos algún día ejercer la institución del notariado en forma electrónica. De esta forma, el notario podrá tener un vínculo directo con el Registro Nacional de la Personas para saber si la persona que comparece ante él para celebrar algún acto o contrato está habilitada y libre para administrar sus bienes. Un lector de tarjetas de identidad será útil y necesario para que un notario implemente un sistema para conocer sobre las anotaciones marginales realizadas en el expediente de vida registral quien se someta a esta HEPA.
Las alertas migratorias actualmente son establecidas a través de los juzgados en materia penal y niñez. En épocas anteriores, los juzgados de letras en materia de familia podían establecer estas alertas migratorias cuando un caso de alimentos a era sometido a su jurisdicción. No obstante, esta práctica ya no ocurre en estos juzgados, limitándose exclusivamente a los primeros dos ut supra. Al conocer de un requerimiento fiscal o establecerse una medida cautelar sustitutiva de prisión (art. 173.7 del Código Procesal Penal), el órgano jurisdiccional resuelve librar un oficio a la Dirección de Migración y Extranjería (“Migración”), dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población (anteriormente conocida como “Gobernación y Justicia”). Al recibir Migración el oficio emanado del órgano
62 jurisdiccional, anota en su sistema la alerta migratoria que restringe que el sujeto indicado salga del país por las fronteras legalmente establecidas. Igual procedimiento ocurre en materia de niñez, cuando un infractor es prófugo de la justicia, está libre bajo una medida socioeducativa o está en mora en la provisión para sus alimentarios (art. 78 del Código de la Niñez y Adolescencia). Es racional y proporcional limitar a una persona de su libertad constitucional y fundamental de locomoción, cuando otro derecho o libertad ha sido coartado por la misma persona sujeta a la restricción. Si un supuesto homicida anda prófugo de la justicia, el bien jurídico protegido “locomoción” o “libertad personal” puede ser limitado con una alerta migratoria cuando el bien jurídico protegido “seguridad” o “imperio de la ley” está siendo infringido por el supuesto homicida al evadir la impartición de justicia.
Un similar procedimiento debería implementar la LAH para que el cliente de un abogado se someta voluntariamente a esta restricción. Aunque parezca una medida extrema y hasta posiblemente inconstitucional, no lo es. Hay ciencia y razón tras la implementación de esta HEPA, ya que la limitación de la libertad personal no tiene diferentes efectos que los de la inhabilitación de edad para salir del país. De la misma forma en que un niño o niña necesita ser acompañado de sus padres mayores de edad o de persona autorizada para viajar, podría condicionársele al cliente del abogado que le consulte a éste si le autoriza la salida del país.
63 Esta HEPA prevendría a clientes con pocos vínculos con Honduras de marcharse del país por tiempo indefinido, dejando aquí a un abogado con poco o nada de honorarios pagados. Un extranjero que en su momento quería que un abogado le ayudara en un litigio de suma urgencia, ahora no lo importa las resultas del juicio y prefiere irse a su país de origen para rehacer su vida. Tenemos, entonces, a un profesional del derecho que ha quedado burlado, en un juicio en el que él no tiene más interés que defender los derechos de su mandante, causando un posible desprestigio a su imagen profesional. Para prevenir que un representado se marche del país y le cause agravios a su mandatario, esta HEPA debe ser implementada en la LAH.
Esta HEPA se utilizaría cuando el cliente de un profesional del derecho decida someterse a esta restricción, la cual se formalizaría en un instrumento público ante notario o bien en papel común, con un certificado de autenticidad de firma. El documento que formaliza esta HEPA debe llevarse al juzgado de letras o de paz competente en materia civil para que el juez forme un proceso en el cual se resuelve enviar un oficio a Migración para alertar sobre la prohibición de una persona (el cliente del abogado) de salir del país. Esta HEPA debería tener una duración de dos años; después de este tiempo, Migración automáticamente --sin necesidad de mandamiento judicial-- deberá dejar sin valor ni efecto la restricción de salir del país. La restricción puede ser renovada a petición del abogado, ante el órgano jurisdiccional competente, antes o después que transcurran los dos años de vigencia de la medida, siempre y cuando la relación contractual abogado-cliente exista.
6.6 Reformas al Código Procesal Civil para que las demandas de pago de honorarios profesionales se tramiten a través de un juicio abreviado
Esta sugerencia de cambio legislativo no es propiamente una HEPA, ya que no es un mecanismo o una medida propia. Es necesario reformar el CPC para que los juicios de reclamación de pago de honorarios profesionales sean procesos abreviados y no procesos ordinarios, independientemente de la cuantía. En otras palabras, las pretensiones de profesionales (del derecho o de cualquier tipo) deben ser incluidas en la lista de pretensiones que se tramitan con un proceso abreviado en base a su materia.
Según el anexo del dictamen de la Comisión Ordinaria de Asuntos Judiciales, sobre el decreto legislativo 211-2006, contentivo del CPC, los juicios abreviados responden tanto a la simplicidad de la pretensión como a la urgencia de la resolución. Esta aseveración no es del todo correcta ya que los juicios abreviados incluyen juicios con pretensiones no tan simples como ser el resarcimiento o compensación de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito. Esta pretensión urge una resolución, pero para probar la simplicidad de la pretensión, en la mayoría de los casos de este tipo, se ocupa una fuerte de dosis de pericias, reconstrucción de hechos, reconocimientos judiciales, deposiciones de testigos, etc. Por lo tanto, no es del todo acertado que el marco jurídico para que este tipo de pretensiones se ciña a los juicios
65 abreviados. La urgencia, no obstante, podría ser la única razón que salve a las pretensiones derivadas de accidentes de tránsito, de ser tramitadas como un juicio abreviado.
Así como hay juicios abreviados que no ameritan del todo serlo, existen juicios ordinarios que deberían tramitarse como procesos abreviados, ya que poseen pretensiones simples que ameriten una urgente resolución. Uno de estos procesos es el proceso de reclamación de pago de honorarios profesionales. Si bien es cierto este proceso es ordinario o abreviado dependiendo de su cuantía, no es menos innegable que este tipo de procesos --independientemente de su cuantía-- tiene una simplicidad en su pretensión y exige una pronta resolución (por reclamarse los salarios de un obrero).
De igual forma, la proposición y práctica probatoria es mínima, en comparación con la de una pretensión derivada de accidente de tránsito. Basta con la exhibición de un contrato de honorarios profesionales, copias certificadas de los expedientes donde el abogado reclamante actuó a favor del demandado (su cliente) y tal vez, en raras ocasiones, un peritaje por si hubiesen daños directos, indirectos, morales, psicológicos u otros que sean necesarios probar. En caso que la reclamación de honorarios provenga de un médico, un agrónomo, un ingeniero civil o un contador, lo más que necesitaría probar en juicio sería la existencia de un contrato de servicios profesionales
66 y, en su caso, un expediente clínico, un reconocimiento judicial, documentos autorizados por el profesional o un par de fotografías reconocidas en un acta notarial.
Un proceso abreviado para la reclamación de honorarios profesionales debería ser la única forma de ventilar este tipo de juicios, sin importar su cuantía. De esta forma, los profesionales de la República de Honduras y los extranjeros se sentirían confiados de trabajar en este país, sabiendo que si tienen algún problema con el pago de su trabajo devengado, pueden acceder a la justicia sin dilaciones, en juicio breve denominado el juicio abreviado.
Terminar un informe requiere de conclusiones concretas sobre lo discutido. Como se discutió en la introducción de este informe, el mismo se divide en dos partes. Por lo tanto, las conclusiones de este informe deben ser bifrontes.
Por un lado, la práctica profesional fue de mucho provecho ya que los objetivos de la misma fueron alcanzados plenamente. El sistema de electrónico de actualización de casos fue muy útil para tener un mejor control y orden del trabajo encomendado por los clientes del bufete.
La administración de un bufete requiere una alta dosis de organización, confianza y carácter por parte del administrador o administradores. Para dirigir un grupo de personas a servir correctamente a un cliente, es necesario invertir tiempo en seleccionar el personal apropiado e instruirle sobre sus responsabilidades dentro del bufete.
El problema de los clientes o representados que son desleales con su abogado es casi inevitable. No obstante, este informe brinda cinco distintos tipos de herramientas para
68 proteger a los abogados de la deslealtad de sus clientes y de otros colegas (HEPA). También se sugiere modificar el Código Procesal Civil para que los juicios de reclamación de honorarios profesionales sean tramitados a través de un proceso abreviado y no uno ordinario. Las HEPA no son mutuamente excluyentes, pudiéndose aplicar dos o más a la vez, de acuerdo a la necesidad del caso.
Las HEPA aquí brindadas podrían algún día ayudar a que se emita una ley tendiente a regular la relación abogado-cliente. De esta forma, el gremio de los profesionales del derecho se vería mejor protegido, pudiendo brindar un mejor servicio a sus clientes, sin temor a ser defraudados en el pago por los servicios brindados. Se podría escribir un libro completo desarrollando las HEPA aquí propuestas, pero para efectos de este informe hasta aquí se esboza este asunto.
1. Apitz B., J. C. (2000). Los honorarios profesionales de los abogados. Jurídica ALVA. 2. Béjar Fonseca, J. L. (1999). Apología del abogado. Universidad Autónoma de Nayarit. 3. Berizonce, R. O., & Méndez, H. O. (1979). Honorarios de abogados y procuradores. Buenos Aires: Librería Editora Platense. 4. C.F. Danzilo y Asociados. (2009). Inicio. Recuperado el 2 de octubre de 2010, de Bufete C.F. Danzilo y Asociados: http://www.honduraslaw.hn/ 5. Cruz López, R. (2003). Contratos en Particular y Cuasicontratos. Tegucigalpa: Fuego Nuevo. 6. del Rey Guanter, S., & Antrás, B. (2007). La relación laboral especial de los abogados en despachos individuales y colectivos. LA LEY. 7. Diez-Picazo, L. (1973). Estudios sobre la jurisprudencia civil. Madrid: Tecnos. 8. Faría de Lima, J. J. (1979). Honorarios profesionales de los abogados: anotaciones doctrinarias y jurisprudencia. Editorial Jurídica Venezolana. 9. Fuoco, J. T. (4 de Octubre de 2010). Your input for my paper. (I. M. Alemán, Entrevistador) 10. Méndez Tomás, R. M., & Vilalta Nicuesa, A. E. (2001). Acciones sobre el contrato de mandato. Bosch. 11. Microsoft. (s.f.). Buy Office 2010. Recuperado el 9 de October de 2010, de Microsoft Office: http://office.microsoft.com/en-us/buy/ 12. Ocampo Santos, A. (200-). Código Procesal Civil Hondureño. Tegucigalpa. 13. PNUD. (s.f.). PNUD en Honduras, Reducción de Pobreza). Recuperado el 13 de October de 2010, de PNUD en Honduras: http://www.undp.un.hn/reduccion_de_la_pobreza.htm 14. Robbins, C. (20 de Octubre de 2010). Your input for my paper. (I. M. Alemán, Entrevistador)
70 15. Tábora, T. L. (2002). Código Civil. Tegucigalpa: Editorial Universitaria. 16. Ureba, A. A. (2007). Prontuario del abogado. LA LEY. 17. Valle, M. T. (Agosto de 2010). DEMANDA ORDINARIA EN QUE SE EJERCITAN LAS PRETENSIONES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS Y SU ADENDUM, DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS CONTIENEN, DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES SI LAS HUBIERE Y DE TODOS LOS ACTOS.. (J. A. Alemán, Entrevistador) Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. 18. Zamora y Valencia, M. Á. (2009). Contratos Civiles. México, D.F.: Porrúa.
La realización del presente informe fue enriquecida gracias a la colaboración y aporte científico de las siguientes personas e instituciones:
César Ayala – Roldan & Ayala - Abogados Consultores (Ciudad de Popayán, Colombia) – www.ayalanavia.com Christopher Robbins – Lynch & Robbins (St. Petersburgh, Florida, EEUU) – www.floridalawyer.com Guillermo Aldana Ugarte y Alejandro Barrera – Basham, Ringe y Correa, S. C. (Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos) – www.basham.com.mx Gustavo Bueso-Jacquier (Honduras) J. Thomas Fuoco – Law Office of J. Thomas Fuoco, P.C. (Angelica, Nueva York, EEUU) Janeth Suárez Rubiano – Abogados Suárez Rubiano y Asociados (Bogotá, Colombia) - www.suabogadoencolombia.com/ Killa Martínez Alemán – Thomson Reuters (Minneapolis, Minnesota, EEUU) – www.thomsonreuters.com Luis Luna, Sergio Lira, Carlos Dávalos – Bufete Dávalos y Asociados (Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos) – www.bdavalos.com.mx Marco Tulio Barahona Valle (Honduras) Mario Águila Inostroza – Bufete Águila y Cía. “Asesoría en Juicios” (Puerto Montt, Chile) – www.aguilaycia.com Rachel Moran – Defensa Pública – (Chicago, Illinois, EEUU) Rossina Reyes (Honduras)
73 ENCUESTA La presente encuesta es anónima y pretende indagar sobre las experiencias, pensamientos y sentimientos de los abogados de Honduras, en las relaciones contractuales con sus clientes o representados. De acuerdo a una reciente comunicación con una funcionario del Colegio de Abogados de Honduras, un poco más de 6,000 abogados están al día con sus pagos. Por lo tanto, se decidió encuestar a 65 abogados de la ciudad capital de la siguiente forma:
1- ¿Suele usted suscribir por escrito contratos de servicios profesionales con sus clientes o representados? a. Sí 54% b. No 46% Comentarios: 2- ¿Alguna vez algún cliente o representado le ha revocado expresamente el poder en un proceso judicial o administrativo, sin previo aviso, a pesar que usted ha sido diligente en su trabajo como abogado? a. Sí 20% b. No 80% Comentarios: 3- ¿Alguna vez algún cliente o representado le ha revocado tácitamente (otorgando o confiriendo poder a otro abogado) el poder en un proceso judicial o administrativo, sin previo aviso, a pesar que usted ha sido diligente en su trabajo como abogado? a. Sí 29% b. No 71% Comentarios: 4- ¿Alguna vez algún cliente o representado ha transado, transigido o conciliado con la contraparte a espaldas suyas? a. Sí 29% b. No 71% Comentarios: 5- ¿Alguna vez ha promovido usted una demanda por pago de honorarios profesionales contra un cliente o representado que le ha incumplido? a. Sí 27% b. No 73%
74 Comentarios: 6- ¿Alguna vez ha promovido usted un incidente de tasación de costas o de honorarios profesionales contra un cliente o representado que le ha incumplido? a. Sí 20% b. No 80% Comentarios: 7- ¿Cree usted que el ordenamiento jurídico hondureño ofrece los suficientes remedios legales para proteger al profesional del derecho de actuaciones maliciosas de clientes o de otros colegas, en relación al pago de honorarios profesionales? a. Sí 29% b. No 71% Comentarios: 8- ¿Considera usted que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras limita los derechos constitucionales de acción, de acceso a los juzgados y tribunales, y de defensa de los ciudadanos de la República de Honduras? (“La Facultad de representar ante los Tribunales y Juzgados y toda clase de autoridades administrativas…corresponde exclusivamente a los Abogados y Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales colegiados.”) a. Sí 29% b. No 71% Comentarios:
1- ¿Suele usted suscribir por escrito contratos de servicios profesionales con sus clientes o representados?
No 46% Sí 54%
2- ¿Alguna vez algún cliente o representado le ha revocado expresamente el poder en un proceso judicial o administrativo, sin previo aviso, a pesar que usted ha sido diligente en su trabajo como abogado?
3- ¿Alguna vez algún cliente o representado le ha revocado tácitamente (otorgando o confiriendo poder a otro abogado) el poder en un proceso judicial o administrativo, sin previo aviso, a pesar que usted ha sido diligente en su trabajo como abogado?
Si 29%
4- ¿Alguna vez algún cliente o representado ha transado, transigido o conciliado con la contraparte a espaldas suyas?
Sí 29%
5- ¿Alguna vez ha promovido usted una demanda por pago de honorarios profesionales contra un cliente o representado que le ha incumplido?
Sí 27%
6- ¿Alguna vez ha promovido usted un incidente de tasación de costas o de honorarios profesionales contra un cliente o representado que le ha incumplido?
7- ¿Cree usted que el ordenamiento jurídico hondureño ofrece los suficientes remedios legales para proteger al profesional del derecho de actuaciones maliciosas de clientes o de otros colegas, en relación al pago de honorarios profesionales?
8- ¿Considera usted que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras limita los derechos constitucionales de acción, de acceso a los juzgados y tribunales, y de defensa de los ciudadanos de la República de Honduras?
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