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Timestamp: 2020-01-28 07:34:16
Document Index: 156730238

Matched Legal Cases: ['artículo 200', 'artículo 44', 'artículo 76', 'artículo 74', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 5', 'artículo 70']

04 | diciembre | 2010 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de acción popular
Nota previa: El proceso de acción popular reviste singular importancia en la medida que su regulación constitucional- artículo 200 inciso 5 Constitución 1993- prevé que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
Si bien el proceso de acción popular no es en estricto un proceso de control normativo con las potestades de control concentrado como sucede con los procesos de inconstitucionalidad y competencial, cuya definición está reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional en instancia única, sí podemos afirmar que este proceso representa el control constitucional que hacen los jueces del Poder Judicial de la compatibilidad iusfundamental de las normas reglamentarias que vulneran los principios, valores y directrices contenidos en la Carta Fundamental.
La pregunta de rigor es: ¿ y por qué el Tribunal Constitucional no debería ejercer función revisora en este tipo de procesos? La respuesta es encontrada en el Derecho Comparado( históricamente las Constituciones de Cuba, Honduras, Bolivia, Panamá, El Salvador y Guatemala confieren potestad de conocimiento de esta acción al Poder Judicial). En adición a ello, las Constituciones de Perú de 1933, 1979 y 1993 han regulado que se trata de un proceso que debe ser conocido por el Poder Judicial.
Ahora bien ¿debe ser conocido el proceso de acción popular por el supremo intérprete en tanto los jueces del Poder Judicial pueden equivocarse y debe subsanarse este error por parte del Tribunal Constitucional? A juicio nuestro, debe estimarse, bajo las reglas de la razonabilidad, que en un Estado Constitucional deben delimitarse adecuadamente las competencias y éstas son objetivas en nuestro país en cuanto las normas con rango de ley son objeto de control constitucional por parte del supremo intérprete de la Constitución. A su vez, las normas reglamentarias, como hemos referido supra, deben ser constitucionalmente controladas por el Poder Judicial.
Es importante hacer a un lado la desconfianza kelseniana de que el trabajo de los jueces debe ser objeto de múltiples controles. Y en el hipotético caso de que una sentencia de acción popular fuere contraria a la Constitución, queda plenamente habilitado el proceso constitucional de amparo contra resolución judicial.
EXPEDIENTE No. : 2008-194
DEMANDANTE: ENRIQUE HEBERT GONZÁLES PISFIL
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFÚ
RESOLUCIÓN NUMERO: TRES
En Chiclayo, a los treinta días del mes de enero de dos mil nueve, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Chávez Martos, pronuncia la siguiente resolución:
Con fecha 31 de octubre de 2008, el recurrente Enrique Hebert Gonzáles Pisfil interpone proceso de acción popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía 057-2008-a/MDM, la cual impone el pago de la suma de S/ 70.00 por concepto de renovación de concesión y S/ 10.00 por concepto de solicitud valorada. Alega que la disposición impugnada contiene una imposición de carácter tributario y que no se ha expedido la respectiva Ordenanza Municipal. A su vez, que si se cataloga el pago a efectuar como tasa, que dicho concepto no ha sido consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la entidad demandada, en abierta trasgresión del artículo 44.2 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
El Procurador Público de la Municipalidad, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil ocho, contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Acota que el actor solicitó en su momento la disminución del monto de renovación establecido en el TUPA y que como consecuencia de dicha petición, se expidió la Resolución de Alcaldía materia de esta impugnación, ejerciendo la Municipalidad su potestad de facultad normativa. Por tanto, hubo aprobación de los accionistas al respecto, por lo cual corresponde desestimar la pretensión.
§ Sobre el proceso de acción popular
1. El artículo 76° del Código Procesal Constitucional prescribe que la demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.
2. Corresponde inferir, a partir de lo expuesto, que el Poder Judicial tiene la potestad de determinar si la Administración ha decidido en forma correcta su atribución normativa para regular relaciones de orden administrativo entre particulares. Esta competencia es exclusiva del Poder judicial y como tal, el barómetro de ejercicio de fiscalización e la acción popular supone de suyo examinar lo que ha decidido la Administración.
3. En el caso sublitis una particularidad relevante la constituye si el derecho de renovación de concesión ha sido establecido o no. De no haberse insertado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos o de ser el caso, si no obrara el respectivo Edicto u Ordenanza Municipal para la emisión de una contribución, tasa o impuesto municipal, nos encontraríamos frente a una irregularidad administrativa.
4. A folios treinta y seis obra, como recaudo de la emplazada, que el derecho por concesión ascendente a la suma de S/ 80.00 ha sido fijado por la entidad demandada oportunamente, a mérito de la Ordenanza Municipal 001-06-MDM, de fecha veinte de enero de dos mil seis.
5. Tal como alega la emplazada, la Resolución de Alcaldía materia de impugnación, entonces, obedece a una circunstancia específica de un acuerdo con el actor, a efectos de rebajar el derecho inicialmente fijado de S/. 80.00. En tal sentido, no nos encontramos frente a una incongruencia inmediata, cual sería la no publicación del derecho de concesión, caso en el cual estimaríamos la procedencia de la demanda, sino frente a una determinación administrativa como consecuencia de una disposición autónoma del ente emplazado a efectos de fijar una suma menor a la que fue objeto de reclamo.
6. Por ende, es potestad que en plazo razonable el Municipio demandado regularice la decisión contenida en la resolución impugnada, consignando en el TUPA de su institución el nuevo monto por derecho de renovación. Bajo esta pauta, no apreciamos manifiesta irregularidad en el accionar de la Municipalidad demandada como decisor administrativo.
Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, DECLARA INFUNDADA la demanda de acción popular interpuesta por Enrique Hebert Gonzáles Pisfil contra la Municipalidad Distrital de Monsefú; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley. Interviene el Señor Chávez Martos por haber integrado Sala el día de la vista de la causa.
Chávez Martos
VISTOS; en audiencia pública; y, CONSIDERANDO:
Primero: El Proceso Constitucional de Acción Popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa, y, procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanan siempre que infrinjan la Constitución o la Ley, según sea el caso; de lo que se infiere que tal pretensión puede sustentarse en consideraciones de forma o de fondo;
Segundo: En el presente caso, don Enrique Hebert Gonzáles Pisfil, interpone demanda de Acción Popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú con la finalidad de que el órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad de la Resolución de Alcaldía N° 057-2008-A/MDM, del veintisiete de marzo de dos mil ocho, que impone el pago de la suma de S/. 70.00 por concepto de “Renovación de Concesión de Servicio Moto Taxi” por período de tres años y S/. 10.00 nuevos soles por derecho de presentación de Solicitud Valorada, por contravenir el artículo 74° de la Constitución del Estado que recoge el principio de reserva de ley en cuyo mérito solo puede crearse tributos por ley expresa; por otro lado, dicho tributo tampoco figura en el TUPA del referido Gobierno Local. En tal sentido, resulta pertinente determinar si los montos que deben pagar quienes se dedican a la actividad que se vería supuestamente afectada con la imposición de los gravámenes constituye o no un tributo que haga necesario su establecimiento mediante ley o norma con rango de ley;
Tercero: De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, “Las Municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y la Alcaldía, las funciones ejecutivas”; entre cuyas funciones que le asigna la Carta Magna está la de: “4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad” y “5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones , y ejecutar los planes y programas correspondientes” (artículo 192);
Cuarto: Al respecto, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados, autoriza a las Municipalidades Distritales el cobro al transportador por derechos de trámite relacionados a la prestación del referido servicio que serán fijados en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), de conformidad con la legislación vigente;
Quinto: En consecuencia, el pago de los derechos que la Resolución de Alcaldía objeto de cuestionamiento dispone por Renovación de Concesión de Servicio de Taxi, así como por derecho de presentación de la solicitud respectiva, no constituye un tributo sino un derecho por la concesión de un servicio público establecido en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por otro lado, tal como se puede deducir de la Ordenanza Municipal N° 001-06/MDM, del veinte de enero de dos mil seis, corriente de folios treinta y cuatro a treinta y seis, los referidos pagos han sido dispuestos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad demandada conforme a lo normado por el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776;
Sexto: En consecuencia, los actos administrativos materia de cuestionamiento en modo alguno contraviene la Ley ni ha afectado la garantía constitucional de reserva de ley en su creación, por lo que debe desestimarse le demanda.
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