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Timestamp: 2019-08-22 05:47:44
Document Index: 257132978

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 107', 'artículo 88', 'artículo 26', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

STS, 30 de Mayo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 24310448
Número de Recurso: 4930/2004
SERVICIOS PORTUARIOS. TARIFA PORTUARIA T-3. COBERTURA LEGAL. Se impugnan liquidaciones giradas en concepto de Tarifa Portuaria T-3. Si se tiene en cuenta que la sentencia de 20 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, al haberse calificado la tarifa T-3 como un precio privado cuando es así que debe de ser reputada como un tributo y, en concreto, como una tasa, la liquidación o liquidaciones objeto aquí de controversia (giradas después del 1 de enero de 2001) carecen de predicamento, en cuanto contrarían el principio de reserva material de Ley (por falta de una adecuada cobertura legal). En primera instancia se rechaza la demanda. Se estima el recurso de casación.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de casación número 4930/2004, interpuesto por la entidad "Mafusa, Consignaciones y Tránsitos, S.A.", representada por la Procuradora Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistida de Letrado, contra la sentencia, de fecha 1 de marzo de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Octava - en el recurso de dicho orden jurisdiccional número 1432/2002, en el que se impugnaba la resolución presunta de la Administración General del Estado y posterior expresa de fecha 7 de mayo de 2003, referente a liquidaciones de la Tarifa Portuaria T-3 por servicios prestados por la Autoridad Portuaria de Tarragona, con posterioridad a la entrada en vigor, el 1 de enero de 2001, de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social .
En el recurso contencioso administrativo número 1432/2002, seguido ante la Sección Octava de la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, se dictó sentencia, con fecha 1 de marzo de 2004 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de "Mafusa, Consignaciones y Tránsitos, S.A." contra las resoluciones anteriormente mencionadas, sin que proceda la imposición de las costas procesales devengadas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de la entidad "Mafusa, Consignaciones y Tránsitos, S.A.", se preparó el presente recurso de casación y, una vez tenido por preparado, se las emplazó para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala del Tribunal Supremo.
Esta declaración de inconstitucionalidad debe extenderse también al apartado 1 del mismo precepto legal, en tanto que califica como «"precios privados" los que, como hemos señalado, constituyen verdaderas "prestaciones patrimoniales de carácter público"» a las que hace referencia el art. 31.3 CE. En la STC 185/1995, de 14 de diciembre , señalamos que en «uso de su libertad de configuración, el legislador puede crear las categorías jurídicas que considere adecuadas. Podrá discutirse en otros foros la corrección científica de las mismas, así como su oportunidad desde la perspectiva de la política legislativa; sin embargo, en un proceso de inconstitucionalidad como el presente sólo puede analizarse si la concreta regulación positiva que se establece de esas categorías respeta los preceptos constitucionales que les sean aplicables» [FJ 6 a)]. Sin embargo, en el presente caso, y a diferencia del supuesto analizado en la Sentencia citada, en el que se examinaba la constitucionalidad de una nueva categoría jurídica creada por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, «los precios públicos», el legislador no crea ninguna categoría jurídica nueva, sino que se limita a calificar a las contraprestaciones devengadas por la prestación de servicios portuarios como «precios privados», una categoría preexistente que predetermina el régimen jurídico que es de aplicación a dichas contraprestaciones, excluyendo las exigencias que derivan del principio de reserva de ley establecido por la Constitución para las prestaciones patrimoniales de carácter público (arts. 31.3 y 133.1 CE ).
El único motivo de impugnación de las liquidaciones practicadas por la Autoridad portuaria, es la nulidad de pleno derecho, por falta de cobertura legal, de la Orden de 30 de julio de 1998 en que las mismas se basan, acudiendo al recurso "per saltum", al amparo del artículo 107.3 de la Ley 30/92 .
Como ya hemos señalado, las liquidaciones impugnadas se practicaron por servicios portuarios prestados tras la entrada en vigor de la Ley 14/2000 , que introduce una nueva Disposición Adicional Vigésimo Segunda a la ley 27/1992 y da nueva redacción a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 62/97, de modificación de la Ley 27/1992 , clarificando los elementos de la tarifa y elevando el rango normativo de la regulación contenida en la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998 , de manera que su contenido en relación con la definición, estructura y elementos esenciales de las tarifas gozan de rango de Ley formal, y por tanto, no atacables en base a los argumentos esgrimidos por la parte actora.
Por tanto, tras la entrada en vigor de la citada Ley, las liquidaciones practicadas por servicios portuarios prestados después del 1 de enero de 2001 al amparo de la misma, no pueden ser anuladas por falta de cobertura legal de la Orden de 30 de julio de 1998, en los términos a que hacía referencia la Sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional .
En virtud de lo expuesto, procede desestimar el recurso interpuesto, en línea con la doctrina de esta Sala ya iniciada en las sentencias de fecha diecisiete de julio de 2002 (recursos 1480/2001 y 2265/2001) y 17 de septiembre de 2002 (recurso 1454/2001) entre otras , sin que proceda el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000 por los propios argumentos expuestos en la fundamentación jurídica de la presente sentencia.
La parte recurrente alega, en síntesis como motivo casacional, con fundamento en el artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, 29/1998, de 13 de julio, la infracción de la Constitución (artículos 9 y 31.3 ), la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, la Ley General Tributaria (artículo 26.1), la ya citada Ley 14/2000 , la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 y la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 que anuló la Orden ministerial de 30 de julio de 1998 (reguladora de las tarifas aquí cuestionadas), con base en los siguientes y esquematizados argumentos:
La tesis de la recurrente es contraria a toda lógica, pues lo por ella propugnado supondría que el legislador ha querido dar rango de Ley a los elementos esenciales de las tarifas portuarias en el caso de que sus liquidaciones hubieran sido anuladas y no en el supuesto de que las tarifas no hubieran sido impugnadas o se hubieran liquidado por primera vez después del 1 de enero de 2001; lo cual sería un absurdo legal.
Procede, sin embargo, estimar el presente recurso de casación, porque, con abstracción de los argumentos apuntados por la parte recurrente, es evidente que, si se tiene en cuenta que la sentencia de 20 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional, como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta resolución, ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992 , al haberse calificado la tarifa T-3 como un precio privado cuando es así que, según la sentencia 185/1995 del mismo Tribunal Constitucional (y una ya reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo), debe de ser reputada como un tributo y, en concreto, como una tasa, la liquidación o liquidaciones objeto aquí de controversia (giradas después del 1 de enero de 2001) carecen de predicamento, en cuanto contrarían el principio de reserva material de Ley (por falta de una adecuada cobertura de naturaleza legal), habida cuenta que:
Tampoco es aplicable al caso lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000 , que da nueva redacción a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 62/1997, de modificación de la Ley 27/1992 , en el sentido de que: "Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley que regule la libertad tarifaria y la modificación de los aspectos económico-financieros de los Puertos del Estado que de ella se deriven (acontecimiento que ha tenido lugar con la Ley 48/2003, de 26 de noviembre , de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general), resultará plenamente aplicable en cuanto a la definición, estructura y elementos esenciales de las tarifas lo dispuesto en esta Ley, en las demás Leyes reguladoras y en la Orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, por la que se establece el régimen de las tarifas por servicios portuarios prestados por las Autoridades Portuarias, cuya modificación sólo podrá hacerse por una norma con rango de Ley ... ". Y es que, en efecto, PRIMERO, la "Ley 14/2000", ni en el Capítulo III de su Título Primero, artículos 9 y siguientes, relativo a las tasas estatales, ni en sus Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima, hace referencia a las tarifas portuarias que se devenguen y liquiden, como ocurre en el presente caso, a partir del 1 de enero de 2001 (cuando además continúan conceptuándolas como precios privados); SEGUNDO, "las demás Leyes reguladoras" de la tarifa T-3 objeto aquí de controversia no pueden ser más que la Ley 27/1992 y la que la modifica, 62/1997 (que son las únicas que se refieren, implícitamente, a través de las sucesivas Órdenes ministeriales de desarrollo, a esa Tarifa T-3, propiamente dicha), y, respecto a ellas, la sentencia de 20 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional ya ha declarado que los preceptos, sobre todo el artículo 70. 1 y 2, de la primera de esas normas, que se refieren a la mencionada tarifa, son inconstitucionales y, por tanto, son nulas las liquidaciones que intenten basarse en ellos; TERCERO, la Orden de 30 de julio de 1998, que contiene el régimen específico de las tarifas portuarias, con un rango que, como todas las Órdenes que la precedieron, carece del pertinente carácter legal, impidiendo así su aplicación al caso, ha sido declarada nula de pleno derecho por la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 , confirmada, en casación, por la sentencia de esta Sección y Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2005 ; y, CUARTO, no resulta factible considerar que dicha Orden de 30 de julio de 1998 (ni la de la misma fecha por la que se determinan los límites máximos y mínimos de las cuantías de las tarifas) haya adquirido rango legal por mor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000 , pues, además de lo antes expresado y de que tal Disposición no convalida, como podría haber hecho, la mencionada disposición ministerial (sino que se limita a mencionar que la misma resultará aplicable, apartándose así de la técnica legislativa normal en casos semejantes, como ocurrió con el Decreto-Ley 2/1996 , que convalidó las tasas afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995), es evidente que no cabe tampoco entender que la Disposición Transitoria haya asumido su contenido, dándole la cuestionada naturaleza legal, habida cuenta que, en especial, la Orden de 30 de julio de 1998, que ha sido definitivamente anulada por las ya referidas Sentencias de la Audiencia Nacional y de este Tribunal Supremo, se está refiriendo (según su preámbulo) a las tarifas portuarias en su condición de precios privados y no de contraprestaciones de carácter público o de tributos (tasas), y, por ello, por más que se especifíque en su articulado la estructura y elementos esenciales de tales precios privados, ello no implica, después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2005 (que vino a reputar carentes de virtualidad, por infringir el principio de reserva material y formal de Ley, todas las Órdenes ministeriales derivadas de la remisión prevista en el artículo 70 de la Ley 27/1992 , modificada por la Ley 62/1997), que las tarifas (y, en concreto, la T-3) puedan ser reputadas, en las circunstancias del caso que aquí se analiza, como una propia contraprestación de carácter público, con el alcance que la sentencia de instancia y el Abogado del Estado pretenden atribuirle (sin que, en consecuencia, los argumentos de ilogicidad y de enriquecimiento injusto aducidos por éste último gocen de la pertinencia que al respecto se propugna).
SAP Jaén 100/2007, 24 de Abril de 2007
SAP Castellón 51/2005, 14 de Marzo de 2005