Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-341-de-mayo-3-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421f45f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 16:56:41
Document Index: 232387254

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1389', 'artículo 1389', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 365', 'artículo 1382', 'artículo 1602', 'artículo 871', 'artículo 1602', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 83', 'artículo 871', 'artículo 1603', 'artículo 1389', 'artículo 1602', 'artículo 830']

﻿ SENTENCIA C-341 DE MAYO 3 DE 2006
SENTENCIA C-341 DE 03 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 1389 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ACTIVIDAD FINANCIERA, CONTRATO BANCARIO, CUENTA CORRIENTE BANCARIA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Sentencia C-341 de mayo 3 de 2006
Sentencia C-341 de 2006
Ref.: Expediente D-6020
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1389 del Código de Comercio
Demandante: Maximiliano Echeverri Marulanda
“ART. 1389.—Cada una de las partes podrá poner término al contrato en cualquier tiempo, en cuyo caso el cuentacorrentista estará obligado a devolver al banco los formularios de cheques no utilizados.
“En el caso de que el banco termine unilateralmente el contrato, deberá, sin embargo, pagar los cheques girados mientras exista provisión de fondos”.
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de un decreto con fuerza de ley.
2. Corresponde a la Corte determinar si al otorgar la norma demandada a los establecimientos bancarios la facultad de terminar unilateralmente los contratos de cuenta corriente bancaria quebranta los principios del debido proceso (C. Pol., art. 29) y buena fe (C. Pol., art. 83).
Esta regulación sería modificada a partir del Acto Legislativo 1 de 1936, que consagró la función social de la propiedad (art. 10) (1) y creó las bases para la intervención del Estado en las actividades económicas de los particulares (art. 11) (2) .
“la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (C. Pol., art. 1º), lo cual se concreta en el carácter de servicio público” (4) ” (5) .
“Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
El artículo 1º de esta ley consagra los objetivos de la intervención en el sector, entre los cuales señala “que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público” (lit. a) y “que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas” (lit. b).
7. Este tema del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada por parte de las entidades financieras fue tratado por la Sala Plena de esta corporación al resolver, mediante sentencias de unificación, la revisión de fallos de tutela proferidos en casos en los cuales aquellas negaron la prestación de sus servicios a usuarios determinados, por causa de la inclusión de estos en la llamada “Lista Clinton” (6) .
La Corte consideró que dicha negativa puede vulnerar los derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica (C. Pol., art. 14), igualdad (C. Pol., art. 13) y libertad económica (C. Pol., art. 333), este último en conexidad con los anteriores; así mismo dictaminó que la negativa de acceso a los servicios financieros, o su terminación unilateral por parte de las entidades que los prestan, resultan justificadas cuando existen causales objetivas.
“18. En este contexto, si bien las libertades económicas no son derechos fundamentales per se y que, además, pueden ser limitados ampliamente por el legislador, no es posible restringirlos arbitrariamente ni es factible impedir el ejercicio, en igualdad de condiciones, de todas las personas que se encuentren en condiciones fácticamente similares (C.P., arts. 13 y 333). Por consiguiente, es viable predicar la ius fundamentalidad de estos derechos cuando se encuentren en conexidad con un derecho fundamental, esto es, cuando su ejercicio sea el instrumento para hacer efectivo un derecho fundamental. Por lo tanto, es claro que en el presente asunto el derecho a la iniciativa privada de los accionantes se encuentra directa e inescindiblemente ligado con dos derechos fundamentales: el reconocimiento a la personalidad jurídica y el de la igualdad.
“b2. También se presenta el bloqueo financiero cuando el usuario está frente a la imposibilidad de ingreso al servicio público bancario. Por consiguiente, transgreden desproporcionadamente los derechos del cliente, las decisiones en cadena o reiteradas indefinidamente que impiden hacer uso de la banca. Como se observa, si la mayor parte de la banca rechaza las relaciones comerciales con una misma persona, sin causa objetiva válida que le permita desplegar una actividad razonable para evitarlo, se transgrede no solo el núcleo esencial del derecho a la personalidad jurídica sino el derecho a acceder en igualdad de condiciones al servicio público bancario.
“b4. Cuando la negativa de negociación no responde a causas objetivas y razonables que justifican la decisión. Por lo tanto, las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema financiero o pueden terminar contratos bancarios cuando se presentan causales objetivas que amparan la decisión. Por consiguiente, no existe bloqueo financiero cuando las entidades financieras fundamentan su decisión razonablemente. En otras palabras, no se transgreden derechos del cliente cuando existe una causa objetiva que explique la desvinculación o la negativa de negociación. Por el contrario, sería evidente el abuso de la libertad negocial privada, opuesto a los principios del Estado social, si se niega el acceso a la actividad bancaria sin justificación legal o económica alguna (…)” (7) (se resalta).
En este orden de ideas, en la citada sentencia la Corte concluyó, respecto del caso concreto sometido a su examen, que el solo hecho de que una persona figure en la “lista Clinton”, sin que haya sido condenada o esté siendo investigada por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia, es una causal objetiva que autoriza la negación del acceso al sistema financiero. Sobre el particular manifestó:
“¿la inclusión en la lista Clinton es una causal objetiva que autoriza constitucionalmente la decisión de los bancos? La banca colombiana considera que la lista Clinton sí es una causal objetiva que aprueba su decisión, como quiera que el riesgo bancario derivado de la relación comercial con los peticionarios es muy alto, puesto que Estados Unidos sanciona a los norteamericanos que negocian con quienes figuran en la lista. Por ende, si la entidad bancaria colombiana desea mantener relaciones comerciales con personas de esa nacionalidad, no debe ofrecer sus servicios a los presuntos “traficantes de narcóticos”.
El citado criterio de esta Corte, en el sentido de exigir que la negativa de acceso a los servicios financieros o la terminación unilateral de los mismos por parte de las entidades financieras se funde en la existencia de causales objetivas y razonables, guarda armonía con la exigencia legal contenida en el artículo 10, literal e), del Decreto 663 de 1993, por medio del cual se actualizó el estatuto orgánico del sistema financiero y se modificó su titulación y numeración, en cuya virtud, por parte de los establecimientos bancarios, “en caso de terminación unilateral del contrato de cuenta corriente bancaria deberán dejarse consignados expresamente los motivos que la determinaron, los cuales han de corresponder a los definidos en los respectivos manuales del establecimiento bancario”.
Con un criterio lógico, los motivos que determinaron la terminación unilateral del contrato deben “consignarse” expresamente en la comunicación escrita de dicha decisión, que debe hacer el establecimiento bancario al cuentacorrentista (8) .
En caso de que el establecimiento bancario no cumpla con dicho deber legal, el cuentacorrentista puede exigirle que lo haga, para lo cual podrá hacer uso del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 superior, de conformidad con el criterio expuesto por esta corporación en numerosas ocasiones sobre la protección de ese derecho frente a las entidades particulares que prestan servicios públicos, así:
“La acción de tutela procede contra particulares que prestan un servicio público, debido a que en el derecho privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas las personas se encuentran en un plano de igualdad. En consecuencia, si un particular asume la prestación de un servicio público —como de hecho lo autoriza el artículo 365 superior— o si la actividad que cumple puede revestir ese carácter, entonces esa persona adquiere una posición de supremacía material —con relievancia jurídica— frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial” (Sent. C-134/94, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
“Así entonces, las organizaciones privadas que se encuentran incursas en las hipótesis descritas, esto es, —que prestan un servicio público o desarrollan una actividad similar—, están obligadas a dar respuesta oportuna a las peticiones que les sean planteadas. Respuestas que, además, tienen que ser sustanciales en cuanto que deben resolver o aclarar la inquietud formulada” (9) .
8. El demandante considera que la facultad de terminación unilateral del contrato de cuenta corriente bancaria que la norma demandada otorga a los establecimientos bancarios quebranta el derecho al debido proceso del cuentacorrentista (C. Pol., art. 29), en cuanto permite la imposición de una sanción a este sin que pueda ejercer el derecho de defensa, si se tiene en cuenta que la disposición no prevé que aquel pida explicaciones ni que aplique un procedimiento previo, y que viola también el principio de la buena fe (C. Pol., art. 83) en cuanto la entidad financiera puede obrar en forma incorrecta, arbitraria o caprichosa y faltar a la lealtad contractual.
9. La disposición acusada se refiere al contrato de cuenta corriente bancaria, en virtud del cual, conforme a lo previsto en el artículo 1382 del Código de Comercio, el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco.
Por tanto, debe partirse de la base de que se trata de un acuerdo de voluntades obligatorio para las partes, conforme a lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil (10) , y que dicho acuerdo obliga no solo a lo pactado expresamente en él, sino también a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 871 del Código de Comercio. Por ello, la facultad de terminación unilateral de aquel tiene como fundamento jurídico la celebración del mismo y el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada.
10. Igualmente, en lo que concierne a la terminación del contrato, el mismo artículo 1602 del Código Civil establece como regla general que aquel no puede terminarse sino por el consentimiento mutuo de los contratantes o por causas legales.
No obstante, de conformidad con la regulación particular de los diversos contratos y con los conceptos doctrinales, ellos pueden terminarse también en forma unilateral cuando se fundan en la confianza, de los cuales es ejemplo notable el mandato, cuya terminación puede producirse, entre otras causas, por revocación del mandante o por renuncia del mandatario (C.C., art. 2189; C. de Co., 1279 y 1283), y cuando son de duración indefinida, caso en el cual la ley o las partes pueden prever o no la formulación de un preaviso, como ocurre, por ejemplo, en materia de arrendamiento (C.C. art. 2009; L. 820/2003, arts. 22 y 24) y suministro (C. de Co., art. 977).
Así mismo, como se indicó, con fundamento en el interés público de la actividad financiera y en la posición dominante de las entidades que la desarrollan, frente a los usuarios de sus servicios, el artículo 10, literal e), del Decreto 663 de 1993 exige que aquellas consignen expresamente, en la comunicación sobre la terminación unilateral del contrato, los motivos que la determinaron, los cuales deben corresponder a los definidos en los respectivos manuales de la entidad.
En esta forma, el cuentacorrentista, con base en dicha información, puede acudir a la jurisdicción constitucional, en uso de la acción de tutela, si considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica, la igualdad o la libertad de empresa, este último en conexidad con los anteriores, como lo señaló esta corporación en las sentencias de tutela anteriormente indicadas, o acudir a la jurisdicción ordinaria, en uso de la acción respectiva, si considera que ha existido abuso del derecho por parte de la entidad financiera y se le han ocasionado daños patrimoniales, con fundamento en el principio constitucional del orden justo, contenido en el preámbulo y el artículo 2º del estatuto superior y en la prohibición también constitucional del abuso del derecho (art. 95, num. 1º) (11) .
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 superior, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.
En materia contractual, en armonía con la citada norma constitucional, el artículo 871 del Código de Comercio establece que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y el artículo 1603 del Código Civil preceptúa que los mismos deberán ejecutarse de buena fe.
DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 1389 del Código de Comercio, por los cargos examinados en esta sentencia.
(1) “La propiedad es una función social que implica obligaciones”.
(2) “El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho”.
(4) Sentencia T-443 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(6) El 22 de octubre de 1995, el Presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, expidió la orden ejecutiva 12978 titulada “Blocking assets and prohibiting transactions with significant narcotics traffickers” con la finalidad de congelar activos y prohibir transacciones con importantes traficantes de narcóticos. Dicho documento señaló varios nombres de personas presuntamente vinculadas con los llamados “carteles” del narcotráfico y dispuso que, en ese país, serían sancionadas las personas que celebraran negocios con las que figuraran en la mencionada lista.
(7) Sentencia SU-157 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias SU-167 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(8) Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “consignar” tiene, entre otros, el siguiente significado: “Asentar opiniones, votos, doctrinas, hechos, circunstancias, datos, etc., por escrito, a menudo con formalidad jurídica o de modo solemne”.
(9) Sentencia T-693 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; Aclaración de Voto de Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido, Sentencia T-1592 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, entre otras.
(10) Conforme a lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
(11) Conforme a lo dispuesto en el artículo 830 del Código de Comercio, “el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”.