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Timestamp: 2020-01-20 21:50:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 201', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 204', 'artículo 8', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA T-466 DE JUNIO 13 DE 2002
SENTENCIA T-466 DE 13 DE JUNIO DE 2002
CONTENIDO:PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS. PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA DESPUÉS DE HABERSE AGOTADO LA VÍA ORDINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCESADO, PERJUICIO IRREMEDIABLE
Sentencia T-466 de junio 13 de 2002
Sentencia T-466 de 2002
Ref.: T-574129
Peticionario: Segundo Noé Ruano Santacruz y Melquicedec Castañeda Prieto
1. Manifiestan los señores Segundo Noé Ruano Santacruz y Melquicedec Castañeda Prieto, actuando por medio de apoderado, que el 21 de septiembre de 2000 fueron capturados en virtud del transporte de municiones y granadas de fragmentación.
2. Su situación jurídica fue resuelta mediante resolución proferida por la fiscalía delegada-unidad de terrorismo el 26 de septiembre de 2000.
3. Mediante memoriales de 4 de octubre de 2000 y enero 5 de 2000, los sindicados solicitaron sentencia anticipada del proceso adelantado en su contra.
4. La audiencia de sentencia anticipada fue realizada el 12 de marzo de 2001.
5. El proceso fue conocido por el Juez Segundo Especializado de Bogotá quien el 6 de agosto de 2001 procedió a dictar sentencia condenatoria imponiendo una pena de 72 meses de prisión. Tal providencia fue apelada por los accionantes. En el caso de Melquicedec Castaña, el recurso no fue sustentado.
6. En el estudio de la apelación impetrada, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en fallo del 16 de noviembre de 2001, considerando necesario ajustar la pena a la legalidad, agravó la condena a 93 meses 10 días de prisión. El tribunal, a pesar de declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor Castañeda, por la falta de sustentación, también ajustó su condena al monto arriba señalado, so pretexto de la ilegalidad de la condena impuesta en primera instancia.
7. Los accionantes consideran que la actuación del tribunal vulnera su derecho al debido proceso en lo referente a la no reformatio in pejus ya que el recurso de uno de ellos fue declarado desierto no siendo viable modificar la condena y el otro actuó como apelante único.
8. En consecuencia, solicitan se declare la existencia de vía de hecho en la mencionada sentencia del tribunal.
La procedencia de la casación se da en el caso porque los accionantes fueron condenados por el delito de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de la fuerza pública, agravado por la causal primera del artículo 201 del Código Penal de 1980 normas que determinan una pena de 6 a 13 años de prisión. Por tanto, al proceder la casación para delitos cuya pena máxima exceda de 8 años, como en el caso de los accionantes, éstos contaban con otro medio de defensa.
El Consejo Superior de la Judicatura, en Sentencia de febrero 21 de 2002, modificó el fallo del a quo en el sentido de considerar improcedente la tutela por deficiencias formales. Estimó el Consejo que en la SU-542 de 1999 la Corte Constitucional había establecido que el recurso extraordinario de casación era mecanismo idóneo para la protección de derechos fundamentales. En el caso bajo conocimiento se había logrado probar que el señor Ruano Santacruz interpuso recurso de casación lo cual hacía improcedente la tutela.
La Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disintió de la mayoría por estimar que una vez determinada la vulneración del principio de no reformatio in pejus era preciso conceder la tutela porque, como lo había expuesto la Corte Constitucional en la SU-327 de 1995, en materia de protección al principio de no reformatio in pejus, cuando se trataba de modificaciones encuadradas dentro del respeto del principio de legalidad, la casación no era un medio idóneo de protección, porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, contrario a lo sostenido por la Corte Constitucional —cuyo juicio debe prevalecer en materia de derechos fundamentales—, había sostenido de manera uniforme que el respeto al principio de legalidad era límite de la garantía consagrada en el artículo 31 constitucional.
1. Sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá de agosto 6 de 2001. En el acápite referente a la dosificación punitiva expresó el juzgado: "Es claro que en el presente caso se procedería a determinar la sanción dentro del cuarto máximo, que realizando la respectiva operación aritmética éste oscilaría entre ciento treinta y cinco meses (135) y ciento cincuenta y seis (156) meses". Posteriormente, añadió el juzgado que en el presente caso se presentaba la circunstancia de agravación punitiva de coparticipación criminal y se partiría del mínimo de 140 meses. Decidió con posterioridad que la sanción procesal a imponer a los procesados era 108 meses de prisión, monto al cual se le aplicó la disminución punitiva correspondiente al sometimiento a sentencia anticipada concluyendo que a la pena de 108 meses se le descontaría la tercera parte; es decir, 36 meses. Por tanto, el castigo definitivo para los ahora accionantes se fijó en 72 meses de prisión.
2. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, del 16 de noviembre de 2001 en la cual se consideró:
1. Con referencia al recurso de apelación interpuesto por Melquicedec Castañeda Prieto, por no haberse sustentado, se debería declarar desierto.
2. "Correcta fue la decisión del a quo, hasta cuando afirmó que no partiría del mínimo de 135 meses sino de 140. Después, inexplicablemente, considera la Sala que por error, descuido o ignorancia, dijo que partiría de 108 meses, a los cuales les aplicó la rebaja de la tercera parte para un total de 72 meses, lo que no podía hacer teniendo en cuenta el mínimo del cuarto máximo ya establecido.
Es por ello por lo que el tribunal, para ajustar la pena a la legalidad, tendrá que redosificar de acuerdo con la ley, así: a los 140 meses, le aplicará una rebaja de 1/3 parte por la sentencia anticipada para un total de pena de prisión por imponer de 93 meses y 10 días (...)".
En consecuencia, resolvió modificar la sentencia de primera instancia y condenar a Segundo Noé Ruano Santacruz y Melquicedec Castañeda Prieto a la pena de 93 meses y 10 días.
En el presente caso la Sala debe decidir si procede la tutela como mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los accionantes —principio de no reformatio in pejus como parte integrante del debido proceso— a pesar de ser posible la interposición del recurso extraordinario de casación.
1. Fundamento normativo y jurisprudencial de la prohibición de reformatio in pejus.
La Constitución consagra en su artículo 31, parágrafo segundo, sin establecer limitante alguno, que "el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único". Por su parte, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 204 establece que "cuando se trate de sentencia condenatoria el juez no podrá en ningún caso agravar la sanción, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte civil, teniendo interés para ello, hubiera recurrido".
La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que este concepto normativo tiene varios fines: en materia penal, el límite que conlleva la prohibición de la reformatio in pejus obedece al hecho de que la competencia del juez esté determinada por las pretensiones que involucra la impugnación, aspecto relacionado con el principio de congruencia de la sentencia; por otro lado, este principio se fundamenta en la protección al derecho de defensa del sindicado ya que de permitirse la reforma en perjuicio, se sorprendería al recurrente quien no ha tenido posibilidad de controvertir y conocer la nueva y más grave sanción (1) .
(1) Ver Sentencia T-474 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz (en esta ocasión se concedió la tutela al accionante en virtud de que en el proceso penal adelantado en su contra, él había apelado la decisión del a quo, en segunda instancia había sido absuelto por el ad quem, pero por interposición del recurso extraordinario de casación por la parte civil, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, había casado y condenado al accionante. Se estimó por parte de la Sala que al darse apelación por la parte civil, sólo se restringía la protección emanada del principio de no reformatio in pejus en lo referente a la responsabilidad civil).
Un fundamento fuerte de la consagración del principio en estudio en nuestro ordenamiento normativo se deriva de la naturaleza acusatoria del proceso penal. Así, quien asume la función de acusación es el fiscal y es éste el responsable de la protección de los intereses del Estado reflejados, por ejemplo, en la legalidad del fallo. En esa medida, en caso de que encuentre vulnerados estos intereses deberá apelar o impugnar la decisión de los jueces de instancia. De no hacerlo, y darse la apelación sólo de parte de los sindicados, el juez no puede asumir oficiosamente la tarea del fiscal y pasar por alto la garantía constitucional (2) . El juez, en términos generales, y en concreto en el sistema acusatorio penal, no es el representante de los intereses del Estado ni de las partes, es el garante de la justicia que en el transcurso del proceso particular se plasma, entre otras, en el debido proceso y sus garantías, entre ellas la no reforma en perjuicio.
(2) Ver SU-327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz (en esta ocasión comprobó la reforma en perjuicio que se había dado por parte del tribunal, segunda instancia en el proceso, para ajustar la pena a la legalidad, ya que el a quo había ignorado la existencia de unas circunstancias de agravación. Por otro lado, se determinó que los accionantes no habían hecho uso del recurso de casación. No obstante, la Sala Plena juzgó que esto no era óbice para la procedencia de la tutela por falta de eficacia del otro mecanismo existente).
"Según este principio, cuando la apelación de una sentencia de condena sea interpuesta exclusivamente por el procesado o su defensor, el “a quem” no podrá agravar la situación del recurrente aumentando la pena impuesta por el “a quo”. Eso significa que la situación del apelante podría mejorarse pero jamás hacerse más gravosa, porque se considera, en virtud del principio en cuestión, que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable de la providencia que se recurre. No se puede desconocer que la apelación es un medio procesal mediante el cual, el sujeto afectado con una medida judicial se propone justamente controvertir los fundamentos en que se apoya la decisión para lograr que se mejore, al menos su situación jurídica, si no consigue que la medida se revoque en su integridad. Cuando el procesado es el apelante único de una sentencia de condena, es claro que su objetivo es lograr que se mejore su situación disminuyendo la pena, porque resulta contrario a toda lógica, que lo hiciera para agravar su propia situación. Por eso, en tal caso, el juez debe centrar su decisión exclusivamente en las pretensiones del recurrente, para resolver si son o no conducentes, ya que son ellas las que dan origen al pronunciamiento judicial, de suerte que en el peor de los casos, el recurso no puede desatarse aumentando la pena original" (3)
(3) Ver SU-1722 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas (en esta ocasión se concedió la tutela a los dos actores por vulneración del principio de la no reformatio in pejus por parte del tribunal nacional que había conocido en grado de consulta la decisión de un juez regional, siendo los petentes recurrentes únicos. Uno de los accionantes no había hecho uso del recurso de casación y, no obstante, obtuvo la protección vía tutela. El otro de los peticionarios sí había hecho uso del recurso de casación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 7 de mayo de 2000 había estimado que en materia de consulta no se aplicaba el principio de la no reformatio in pejus si de proteger el principio de legalidad se trataba).
El alcance que la doctrina constitucional le ha dado al principio ha sido tal que inclusive refiriéndose al grado jurisdiccional de consulta, en el cual la ley había permitido que quien conocía de la consulta pudiera ajustar la pena a la legalidad, se estimó que en caso de que el condenado fuera apelante único, el derecho constitucional a que la pena no fuera agravada por el superior primaba sobre la consagración legal que buscaba proteger la legalidad de las penas (4) . Para resolver la colisión entre el principio de legalidad y la no reforma en perjuicio en la manera que lo hizo, esta corporación consideró que:
(4) Ver Sentencia T-533 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en esta ocasión, la Corte estimó que en un proceso conocido por la justicia penal militar en el cual se había apelado y se había modificado en perjuicio la sentencia de primera instancia, era procedente la tutela. Si bien la ley le había consagrado el grado de consulta, para este tipo de casos y en consulta se permitía al juez agravar la pena en virtud del principio de legalidad, esto no se podía hacer cuando se estaba en el estudio de segunda instancia en la cual había apelante único porque se vulneraría derecho fundamental de la no reformatio in pejus).
No puede desconocerse que el principio de legalidad se encuentra originariamente vinculado a la pretensión de limitar el ejercicio del poder en el absolutismo y que en torno a él se configuró una nueva legitimidad para el poder político en cuanto permitió superar las referencias a la divinidad, a la naturaleza, a la historia y a la razón como ámbitos de justificación. Sin embargo, tampoco se puede ser extraño al hecho de que el agotamiento del derecho en la ley evidenció la insuficiencia de ésta para procurar un ejercicio legítimo del poder público y la consecuente necesidad de configurar un ámbito de racionalidad que, sin desconocer el principio de legalidad, planteaba unos nuevos referentes que también lo vincularan. Éste es el contexto en el que se afianza el constitucionalismo. En éste el derecho ya no se agota en la ley pues el universo jurídico se enmarca en un ámbito de racionalidad que también remite a los valores, principios y derechos consagrados en las Cartas Políticas y en el denominado bloque de constitucionalidad.
Entonces, el cúmulo de garantías contenidas en el principio de legalidad que limitan el ejercicio del poder de configurar delitos y penas mantiene su vigencia, sólo que ahora se ve complementado por unos referentes normativos que, como los principios y los valores, no cabían en la estricta lógica del positivismo formalista. Es por eso que el principio de legalidad, si bien sigue siendo una cara garantía con que cuenta el ciudadano para oponer al poder sancionador del Estado, hoy se muestra insuficiente para determinar la racionalidad del poder punitivo y ante ello debe rescatarse el contenido garantista de los derechos fundamentales aun cuando entran en oposición con el principio de legalidad. De ello se sigue que no todo conflicto entre el principio de legalidad y los derechos fundamentales se soluciona sacrificando a estos últimos. Como lo dijera Bachof, en la democracia constitucional es la ley la que vale en el ámbito de los derechos fundamentales y no los derechos fundamentales los que valen en el ámbito de la ley" (5) .
(5) Ver Sentencia T-533 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
2. Jurisprudencia en cuanto a la eficacia de la casación como medio de protección del debido proceso manifestado en la prohibición de reformatio in pejus.
2.1. La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 327 de 1999 precisó que frente a la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en virtud de la cual la prohibición de la reformatio in pejus no ampara actos ilegales, la casación se torna ineficaz para la protección de tal principio en casos en los cuales a pesar de tratarse de una apelación proveniente únicamente del sindicado, se ha modificado la pena en perjuicio de éste con fundamento en el respeto a la legalidad de la pena. Según la Corte Constitucional, debe primar lo fijado por la doctrina de la Corte Constitucional —intérprete con autoridad en materia de derechos fundamentales, y por tanto en lo referente a la no reformatio in pejus— y, en consecuencia, proceder la tutela. Se dijo en la mencionada sentencia:
"En el caso concreto, existe certidumbre sobre la ineficacia del recurso de casación, por la razón anotada (es la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema la que ha sentado la doctrina sobre la violación del principio de legalidad como excepción a la garantía del art. 31). Pero puede agregarse un motivo adicional: si hay discrepancia sobre el sentido de una norma constitucional, entre el juez ordinario (dentro del cual, para estos efectos, hay que incluir al de casación) y la Corte Constitucional, es el juicio de ésta el que prevalece, tal como se desprende, con toda nitidez, del fallo C-083 de 1995 que, al declarar la exequibilidad del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, fijó el alcance de la expresión “doctrina constitucional” en los siguientes términos.
“b) La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen (6) al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley”.
“Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aun la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley”.
“Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido le dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo (C.P., art. 241)” (7) .
(7) Ver SU-327 de 1995, Carlos Gaviria Díaz.
2.2. Sin embargo, en reciente jurisprudencia unificada (SU-1299/2001, M.P. Manuel José Cepeda) esa corporación sostuvo que en virtud del respeto a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, de ser procedente la casación para un caso particular en materia penal, no obstante la vulneración de la reforma en perjuicio en segunda instancia, se debe agotar este mecanismo ordinario existente. Dijo la Corte en esa ocasión:
3. Si se recurre en casación la sentencia penal exclusivamente respecto de la condena a la indemnización de perjuicios y la cuantía así lo permite (8) entonces de nuevo es el recurso extraordinario de casación la vía judicial procedente, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos (CPP, art. 221, subrogado por la L. 553/2000, art. 4º).
(8) según el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º, num. 182, modificado a su vez por la L. 592/2000, art. 1º), establece como cuantía para recurrir en casación el monto equivalente a cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En el caso del Alcalde de Chimá se contaba con las acciones de súplica y de revisión para impugnar la decisión que decretaba la nulidad de una elección, sin que la acción de tutela pudiera tener —dado su carácter subsidiario— la virtualidad de reemplazar los medios judiciales a disposición de los afectados (9) . En el caso de Édgar José Perea, la ley (L. 144/94, art. 17) consagra expresamente el recurso extraordinario de revisión para la protección de los derechos de defensa y debido proceso respecto de las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por lo que la Corte encontró improcedente la acción de tutela interpuesta (10) . En el caso de Carlos Alonso Lucio la Corte rechazó la tutela solicitada, ya que cabe la posibilidad de elevar la acción de revisión para impugnar la pena impuesta alegando la prescripción" (11) .
(9) Sobre el particular sostuvo la Corte: “(E)l actor tenía a su disposición los recursos que le concedía la ley contra el acto proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba y no es excusa de su conducta negligente, el hecho de pretender justificarse en el desconocimiento de la naturaleza del acto de ejecución, ya que el no conocer la naturaleza del acto de ejecución de la sentencia no impedía la interposición de los recursos; pues si el acto era de naturaleza administrativa contra él procedían recursos y si el acto era de naturaleza jurisdiccional, también era susceptible de impugnación. La naturaleza del acto o su variación no impedía que en uno u otro caso existiesen recursos legales contra él y el actor debió interponerlos oportunamente y no dejar vencer los términos, para acudir luego al mecanismo de la tutela que es improcedente en los eventos en que el actor haya dejado vencer los recursos de ley. Basta esta razón para que la tutela sea improcedente”, Corte Constitucional, Sentencia SU-622 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(10) Dijo la Corte en esta oportunidad: “(E)l recurso de revisión, tratándose de los procesos de pérdida de la investidura, ha sido previsto en la ley como especial, con la introducción de dos nuevas causales, la falta del debido proceso y la violación del derecho de defensa. Esas nuevas causales, que en realidad obedecen a un mismo instituto, el debido proceso, abren la posibilidad para que a través de la revisión se impugne la decisión de decretar la pérdida de investidura de un congresista, por consideraciones que, en cuanto que tienen que ver con el debido proceso, son inmanentes al mismo. Así, el recurso de revisión se convierte en vía apta para resolver, no sólo asuntos externos y generalmente sobrevinientes al proceso, sino también aquellos que se deriven del error judicial en el curso mismo del proceso”, Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(11) “La pregunta que surge es si la acción de revisión es el mecanismo idóneo para proteger, en cuanto al tema de la prescripción, el derecho fundamental que el accionante considera pudiera habérsele violado. Al respecto la Corte expresa que existiendo como causal de revisión el que la ación no podía proseguirse por la prescripción, se considera que el accionante puede alegar la presunta violación de su derecho al debido proceso en dicha acción”, Corte Constitucional, Sentencia SU-913 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
En consecuencia, al contemplar la normatividad aplicable al presente caso una causal específica de casación sobre la violación de la prohibición de la reformatio in pejus, causal que pese a su naturaleza civil es aplicable por la justicia penal, la acción de tutela era improcedente. La Corte confirmará el fallo objeto de revisión en cuanto denegó la acción de tutela por improcedente, no sin antes dejar en claro que la acción de tutela podrá ser utilizada posteriormente de presentarse una vía de hecho” (12) (el resaltado es nuestro).
(12) En esta ocasión se estudió el caso de una reforma en perjuicio en la cual si bien no cabía casación en virtud del monto de la pena, ya que era menor a 8 años, sí era procedente para lo atinente a la condena en materia pecuniaria en virtud del monto impuesto en segunda instancia. En consecuencia se negó la tutela.
En el caso bajo estudio, la Sala Sexta de Revisión no concederá la tutela al derecho fundamental al debido proceso del los señores Segundo Noé Ruano Santacruz y Melquicedec Castañeda Prieto en el aspecto atinente a la no reforma en perjuicio porque si bien está comprobada la existencia de modificación en perjuicio en la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, existiendo apelante único, la tutela es improcedente porque frente al fallo cuestionado cabe el recurso extraordinario de casación.
En efecto, como consta en el acápite de pruebas, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en sentencia de noviembre 16 de 2001, modificó la sentencia de primera instancia “para ajustar la pena a la legalidad”. La condena pala los dos sindicados pasó de ser de 72 meses a 93 meses y 10 días. Lo anterior, no obstante, se trataba de un caso de apelante único.
Sin embargo, nota la Sala que por ser la pena impuesta por el ad quem superior a ocho años, sí procede la casación. Es más, en el expediente consta prueba de la interposición del recurso de casación por parte de Segundo Noé Ruano Santacruz (13) . Tal recurso se está surtiendo actualmente. En esta medida al estar pendiente la resolución del recurso, no puede ser concedida la tutela en virtud de su naturaleza subsidiaria.
(13) En el cuerpo de la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura se afirma que según informe telefónico de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se había interpuesto recurso de casación por parte del señor Ruano Santacruz (fl. 8). Dice la providencia: “A manera de verificación del real estado procesal de las sumarias que se siguen en el Tribunal Superior de Bogotá, vía telefónica la oficial mayor de esa corporación, señora Ruth Romero, precisa que a la fecha el señor Segundo Noé Ruano a través de su apoderado interpuso recurso de casación y el condenado Melquicedec Castañeda Prieto, actuando en nombre propio, manifiesta su disenso frente al fallo, estando las diligencias para resolver sobre tales pretensiones”.
Por otra parte, si bien consta la inconformidad con el fallo de segunda instancia por parte del señor Castañeda, no consta que la sentencia del tribunal haya sido recurrida en casación por parte del mismo. En consecuencia, la tutela no puede entrar a suplir la inactividad del accionante en este aspecto ni a revivir los términos que éste dejó vencer.
Interposición de la tutela como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable.
Para estudiar esto, la Sala recuerda que la Corte ha afirmado que la demora en la resolución de los recursos no configura perjuicio irremediable toda vez que esta espera hace parte de las cargas que tienen que asumir las partes dentro del proceso para que éste se pueda surtir con todas las garantías. Dijo la Corte:
“La sola consideración de la demora en la decisión del recurso de casación no puede conducir a la configuración de un perjuicio irremediable por cuanto el proceso judicial, en cualquiera de sus manifestaciones, requiere de un cierto tiempo, determinado, entre otras razones, por la necesidad de garantizar derechos sustanciales de las partes y presenta, de hecho, por razones de congestión demoras que si bien es necesario corregir en la medida de lo posible, imponen para las partes una carga que deben asumir. Máxime cuando se trata de la controversia sobre un daño que versa sobre un interés eminentemente patrimonial, que por antonomasia es susceptible de reparación económica. No puede el juez de tutela, sin violentar el derecho de igualdad y sin un muy sólido sustento en la necesidad de impedir la violación de un derecho constitucional fundamental, alterar esa situación para conceder en sede de tutela, de manera anticipada y sumaria, lo que debe ser objeto de decisión por el juez de casación (14) .
(14) Ver Sentencia T-310 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil (En esta ocasión no se concedió la tutela a la accionante, parte civil en el proceso penal, quien había apelado la condena en perjuicios proferida por el a quo, viéndose disminuido el monto de los perjuicios a los que se condenó al sindicado en segunda instancia. La accionante hasta el momento de la interposición de la tutela no había hecho uso del recurso de casación y de haberse vencido el término para esto sin que se hubiera utilizado este otro medio, la tutela se tornaría improcedente. Además, la Corte adujo que encontrándose ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, la concesión del recurso de casación no impide que la misma se cumpla por tanto no se daría el perjuicio irremediable para la accionante —por la falta de recursos que aducía tener— toda vez que ella podía iniciar un proceso ejecutivo para cobrar la condena en perjuicio del juez de segunda instancia antes de que se surtiera la casación).
Reiterando esta posición, esta corporación consideró:
“Las consideraciones sobre la lentitud y morosidad de los procesos administrativos no pueden conducir a la configuración de un perjuicio irremediable por cuanto el proceso judicial, en cualquiera de sus manifestaciones, requiere de un cierto tiempo, entre otras razones, por la necesidad de preservar garantías constitucionales de las partes. La congestión judicial y demoras de los procesos es una realidad innegable, que aun cuando es necesario corregir en la medida de lo posible, imponen para las partes una carga que deben asumir, salvo en los casos en que excepcionalmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado para la defensa de los derechos fundamentales. No puede el juez de tutela, sin vulnerar el derecho a la igualdad y sin que realmente concurra la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, alterar esa situación para conocer en sede de tutela de manera anticipada y sumaria, lo que debe ser objeto de decisión por el juez ordinario" (15) .
(15) Ver Sentencia T-343 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil (en esta ocasión la Corte negó la tutela como mecanismo transitorio al accionante quien había sido afectado por una medida policiva supuestamente arbitraria. Consideró la Corte que en virtud de la existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, independientemente de la larga duración del mismo, no era procedente la tutela.
En el presente caso la Sala estima que no procede conceder la tutela como mecanismo transitorio porque, por un lado, el señor Melquicedec Castañeda no hizo uso del recurso extraordinario de casación lo que, sin más consideraciones, hace improcedente la tutela. Por otro lado, la posible demora del trámite del recurso de casación interpuesto por el señor Santacruz no es argumento suficiente para conceder la tutela. El señor Santacruz, al igual que todas las personas que hagan uso de este recurso extraordinario, deben respetar los términos procesales establecidos más que como un obstáculo, como una garantía para el debido proceso.
1. CONFIRMAR las sentencias proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 17 de enero de 2002, y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 21 de febrero de 2002.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito aclarar el voto en la sentencia de la referencia. En efecto, aun cuando comparto la decisión adoptada en el sentido de denegar la tutela por improcedente, debo hacer algunas precisiones sobre la prohibición de reformatio in pejus o reforma peyorativa
La institución jurídica de la no reformatio in pejus ha sido reconocida expresamente como una garantía constitucional (C.P., art. 31) que adquiere una triple dimensión: (i) constituye un límite a la actividad del juez de segunda instancia para agravar la situación del imputado; (ii) es una garantía fundamental del debido proceso, en tanto evita que el imputado sea sorprendido con una sanción que nunca tuvo oportunidad de controvertir; y (iii) permite el ejercicio libre del derecho de defensa, pues evita un fallo ex officio, que desborde las pretensiones de quien apela.
La Corte Constitucional ha considerado que en virtud del sistema acusatorio, cuando el fiscal, como titular de la acusación, o el Ministerio Público, en su condición de garante de la legalidad del proceso, no impugnan la sentencia condenatoria, cualquier irregularidad derivada de la sentencia queda automáticamente convalidada. De esta manera, para la Corte, la prohibición de reformatio in pejus es absoluta, razón por la cual el juez de segunda instancia en ningún caso puede agravar la pena impuesta cuando el procesado es apelante único (1) . Para defender esta postura se argumenta también que el condenado no debe soportar la carga del error del juez y la máxima certeza jurídica que ofrece la sentencia.
(1) Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-327 de 1995, T-751 de 199(sic), SU-1553 de 2000 y SU-1722 de 2000, entre otras.
A pesar de su aparente fuerza, considero que esas apreciaciones son erradas, no sólo porque ningún principio puede ser entendido en términos absolutos, según la propia jurisprudencia de la Corte, sino además, porque ello significaría la superioridad de la sentencia de primera instancia sobre la ley e incluso la propia Constitución, como alguna vez lo reconoció la propia Corte (2) .
(2) Corte Constitucional, Sentencia T-155 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
En mi sentir, para que la no reformatio in pejus opere es necesario (i) que la decisión no quebrante el principio de legalidad de las penas y (ii) que el juez se pronuncie sobre todos los elementos integrantes de la sentencia (3) . De esta manera, no todo incremento punitivo en la segunda instancia significa desconocer la prohibición de reformatio in pejus, porque bien pueden existir defectos susceptibles de corrección en segunda instancia, como cuando el a quo olvida imponer penas accesorias, cambia la naturaleza de la sanción (prisión por arresto), omite pronunciarse sobre el pago de perjuicios, o cuando aplica una sanción más benigna pero cuyo sustento normativo ha desaparecido del ordenamiento.
(3) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias de casación del 26 de octubre de 1994 (M.P. Édgar Saavedra Rojas), del 11 de noviembre de 1994 (M.P. Jorge Enrique Valencia), del 29 de julio de 1992 (M.P. Dídimo Páez Velandia) y del 9 de abril de 1992 (M.P. Dídimo Páez Velandia), entre otras.
En primer lugar, es necesario recordar que no existe en Colombia un sistema acusatorio puro donde impere el principio de oportunidad (4) (que permite al fiscal disponer de la acción penal en cualquier etapa del proceso), sino que, por el contrario, en nuestro sistema constitucional está previsto como regla general el principio de legalidad, que exige la sujeción de todo el proceso al ordenamiento jurídico en su integridad. De esta manera, no es de recibo la tesis según la cual todas las irregularidades derivadas de la sentencia quedan convalidadas cuando ni el fiscal, ni el Ministerio Público, ni eventualmente la parte civil impugnan la decisión, porque el principio de legalidad se impone al de oportunidad.
(4) Solamente está reconocido en los juicios que se adelantan en el congreso contra los altos funcionarios del Estado. Corte Constitucional, Sentencia C-062 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
También resulta equivocado el argumento según el cual solamente el Ministerio Público y el fiscal deben asegurar el principio de legalidad. Olvida la Corte que los sujetos procesales no son los únicos encargados de velar por este principio, sino que la propia Constitución encomienda al juez tan importante labor. Si el juez es el director del proceso es éste, inclusive en la segunda instancia, quien debe tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto a la legalidad tanto del proceso como de las decisiones proferidas durante aquel.
En tercer lugar, aun cuando podría aducirse que se trata de un conflicto de derechos fundamentales (libertad del imputado vs. debido proceso y legalidad) que debe ser resuelto a favor del procesado, lo cierto es que ese conflicto sería apenas una apariencia, porque la prohibición de reformatio in pejus sólo se consolida una vez cumplidos los presupuestos de validez de la relación jurídico procesal, incluido obviamente el principio de legalidad. En estas condiciones, la exigibilidad de un derecho está condicionada siempre a la observancia de los requisitos mínimos señalados en el ordenamiento. Lo contrario supondría autorizar un fraude a la Constitución y la ley bajo el manto de una falsa certeza jurídica, pues no puede perderse de vista que el principio de legalidad constituye precisamente una garantía del ciudadano frente a las decisiones judiciales que, por lo mismo, puede y debe ser enderezado por el juez de segunda instancia cuando a ello hubiere lugar.