Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-10-CO-553.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-07 14:31:56
Document Index: 211954282

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 2']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 553, de 28/04/2014
cve: DSCD-10-CO-553
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 553
- Sobre aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 39/2007 a los suboficiales de la Guardia Real a extinguir. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001432) ... (Página2)
- Sobre desarme nuclear. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002687) ... (Página4)
- Sobre la adhesión de Montenegro a la OTAN. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002647) ... (Página7)
- Sobre la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002681) ... (Página10)
- SOBRE APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA LEY 39/2007 A LOS SUBOFICIALES DE LA GUARDIA REAL A EXTINGUIR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001432).
Celebramos sesión de la Comisión de Defensa para debatir cuatro proposiciones no de ley que han sido presentadas por los grupos y que conforman el orden del día que tienen sus señorías sobre la mesa. Comprenderán que es imposible hacer una previsión exacta de la hora de la votación. En todo caso, calculo que no será antes de las seis de la tarde. Ponemos esta hora para facilitar a los distintos grupos parlamentarios su integridad y la posibilidad de emitir su voto. En ningún caso, sea cual sea la hora a la que terminemos, votaremos antes de las seis de la tarde.
Empezamos con el primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 39/2007 a los suboficiales de la Guardia Real a extinguir, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sixto, por un tiempo de diez minutos.
El señor SIXTO IGLESIAS: No agotaré el tiempo que me concede graciosamente la Presidencia.
Esta proposición no de ley, que mi grupo parlamentario ya ha defendido en legislaturas anteriores, plantea terminar con lo que entendemos que es un agravio, y no solamente nosotros, también lo entienden así los miembros de las Fuerzas Armadas y por eso nos han trasladado esta inquietud. Se trata ni más ni menos que de instar al Gobierno a que proceda a instrumentar las medidas oportunas para alargar hasta el año 2005 la adecuación establecida en la disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007. La extinción de la Guardia Real -algo que desde mi profesión de fe republicana contemplo con agrado- supuso que una parte del cuerpo pasase a engrosar la Guardia Civil y otra parte se mantuviera dentro de las escalas correspondientes al Ejército de Tierra. Lamentablemente, la redacción original de la disposición adicional transitoria séptima de esta Ley 39/2007 ha sido modificada en dos ocasiones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que ha llevado a una reinterpretación de la misma, introduciendo una cuestión de edad a la hora de proveer los ascensos programados dentro de esta disposición transitoria. Esto ha llevado a una situación de indefensión a una parte de las personas a las que les había tocado este ascenso, que han llegado incluso a plantear recursos ante los tribunales, recursos que han sido fallados en contra de las personas que los presentaban, puesto que los tribunales han entendido que no pueden abrir y cerrar puertas indistintamente, porque eso corresponde en todo caso al legislador. Por eso se han dirigido a este grupo parlamentario y este grupo parlamentario se dirige a esta Cámara para que se proceda a una modificación de la ley que haga que todos los suboficiales sean iguales, que lo que se establece para los miembros que han pasado a la Guardia Civil, cuyo ascenso se contempla dentro de la escala hasta el año 2005, se establezca también para el resto de los miembros. Es una cuestión sencilla, que entendemos que sería fácilmente asumible por el Gobierno. Evidentemente, tendría un coste en cuanto a las retribuciones que se tendrían que dar a las personas que accedieran de esta forma a lo que les corresponde, pero, en opinión de este grupo parlamentario, no se puede romper el principio de que los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas se produzcan por antigüedad. En este caso estamos llegando a situaciones en las que en los ascensos se acaba primando la edad de las personas por encima de la antigüedad, que siempre ha primado en las Fuerzas Armadas para proceder a los ascensos. Por todo esto es por lo que este grupo parlamentario piensa que es de justicia plantear al Gobierno la modificación de esta disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007, para conseguir que estos ascensos se produzcan en equiparación al resto de los ascensos del extinto cuerpo de la Guardia Real.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Estamos ante una nueva iniciativa que se refiere al régimen de personal de las Fuerzas Armadas y a un colectivo en particular, al colectivo de suboficiales de la extinta Guardia Real. Es una proposición más referida al desarrollo normativo y a la aplicación de la Ley de la Carrera Militar aprobada en el año 2007, que, como todos los grupos conocen, ha originado una serie de
polémicas, recursos y problemas con algunos colectivos concretos, con algunos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Desde el mismo día de su aprobación se abrió un debate larguísimo acerca de las expectativas y los supuestos agravios que se producían en su aplicación. Es una ley muy compleja, con un régimen transitorio complicado y largo de aplicar; una ley que culmina una serie de reformas del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, que ha ido generando problemas a lo largo de toda la etapa democrática, problemas que probablemente eran difíciles de evitar porque había que promover una grandísima transformación de las Fuerzas Armadas y de su régimen de personal. Es cierto también que la Ley de la Carrera Militar supuso una enorme ventaja para gran parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas y culminó un proceso de modernización en lo que se refiere a la enseñanza y a la integración de escalas. Por tanto, no todo lo que supuso la Ley de la Carrera Militar fue negativo, pero es cierto -insisto- que su aplicación ha generado una serie de inconvenientes y de errores que se han intentado solucionar mediante algunas reformas parciales de su régimen transitorio, como bien decía el ponente de la proposición, vía Ley de Presupuestos y otros instrumentos legales y desarrollos reglamentarios, que solucionaron parcialmente algunos problemas, pero que no fueron capaces de solucionar otros. A lo largo de estos años han sido decenas las reuniones que mi grupo ha mantenido con diferentes colectivos, también con miembros de la extinta Guardia Real, con los que me he reunido personalmente en varias ocasiones para escuchar su problemática. Además, como consecuencia de una disposición en la Ley de Derechos y Deberes, esta Comisión creó una subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, que ha desarrollado sus trabajos en los últimos meses. Han sido muchas las comparecencias de asociaciones, de colectivos, de mandos de las Fuerzas Armadas que han venido aquí a debatir y a proponer alternativas y soluciones para muchas de estas disfunciones. Mi grupo considera que es en ese marco, en el marco de la subcomisión de reforma de la Ley de la Carrera Militar, donde se deben dirimir todas estas reivindicaciones. Como decía, esta es una proposición más referida a la Ley de la Carretera Militar. Desde que soy diputado de esta Comisión ha habido una cierta propensión por parte de la mayoría de los grupos a presentar iniciativas sobre colectivos particulares, dando por supuesto la razón a todos. Cada colectivo que se ha dirigido a los grupos parlamentarios de Unión Progreso y Democracia, de La Izquierda Plural o al propio Grupo Parlamentario Popular ha obtenido una respuesta positiva y una transcripción en forma de proposición no de ley. A lo largo de la pasada legislatura han sido varias las proposiciones, incluso enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que el Grupo Popular presentaba, insisto, dando la razón a todos y cada uno de estos colectivos. Al no haber tenido en cuenta los efectos contrarios e incluso contradictorios entre sí de muchas de estas iniciativas, se ha incrementado la frustración de muchos de estos colectivos y se les han generado muchas más expectativas de las que tenían en el momento de aprobación de esta Ley de la Carrera Militar.
Decía el ponente, y es verdad, que en casi todos los casos han sido las sentencias dictadas por los tribunales las que han quitado la razón a muchas de estas personas, lo cual no quiere decir que no la tengan o que no tengan parte de razón en sus reivindicaciones. Comparto con simpatía parte de lo que piden los miembros de la extinta Guardia Real, en lo que se refiere a la aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley de la Carrera Militar, pero dado que somos -permítanme que lo diga- el único grupo parlamentario que aún mantiene la coherencia en la reforma del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, vamos a derivar este asunto una vez más, como hicimos hace apenas unas semanas con otra iniciativa referida al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas, al dictamen que en las próximas semanas seremos capaces de concluir en la subcomisión de la Ley de la Carrera Militar. Por tanto, sin entrar demasiado en el fondo del asunto y compartiendo parte de las reivindicaciones que hacen los miembros de la escala de la Guardia Real en la iniciativa presentada hoy por La Izquierda Plural, nos abstendremos en esta proposición, esperando y deseando que logremos un acuerdo, no solo sobre este asunto sino sobre otros muchos que afectan a otros colectivos de las Fuerzas Armadas, en la subcomisión de la Ley de la Carrera Militar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Eugenio Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Empezando por las últimas palabras del portavoz socialista, nosotros también comprendemos las legítimas aspiraciones de cada ciudadano a reivindicar lo que puede ser de su interés. Voy a intentar explicar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta proposición no de ley de La Izquierda Plural, pese al fárrago jurídico que pesa sobre la misma, porque cuando uno se pone a analizar la cuestión, ve que desde una perspectiva de técnica legislativa los
legisladores no estamos siempre a la altura y no siempre tenemos la calidad jurídica deseable para que se puedan hacer recordatorios del dicho de in claris non fit interpretatio. Aquí, al final, hay que recurrir a unos análisis para llegar a unas determinadas consecuencias y conclusiones, que tal vez serían evitables con una mejor técnica legislativa. Me hago esta reflexión a mí mismo y a la Cámara en tanto en cuanto todos somos legisladores.
En la iniciativa planteada se solicita la aplicación de lo previsto en la disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007 para los suboficiales de la extinta escala de la Guardia Real. Esta disposición transitoria séptima tiene el antecedente histórico legal previo de la disposición adicional octava de la Ley 17/1999, que a su vez tiene el antecedente legal previo de la disposición transitoria quinta de la Ley 17/1989. La Ley 17/1989, en la disposición adicional sexta, declaró a extinguir la escala de la Guardia Real, por lo que el Real Decreto 994/1992 derogó la orden regulatoria -el reglamento que afectaba a la Guardia Real, del año 1982- por la que ese cuerpo se regía. Esta Ley 17/1989, en la disposición transitoria quinta, a la que he aludido hace un momento, prohibió nuevos accesos a las escalas declaradas a extinguir, como es el caso de la Guardia Real. La Ley 17/1999, en su disposición adicional octava, atenúa aquella prohibición de nuevos accesos a dichas escalas y la Ley 39/2007 mantiene expectativas de ascenso al empleo de teniente, que es lo que en definitiva se postula en la iniciativa parlamentaria de La Izquierda Plural. La finalidad de todas estas disposiciones se basa en el hecho de que antes de la Ley 17/1989 tenían una expectativa, de acuerdo con su normativa, de acceder al empleo de teniente y de que ella se mantuviera una vez pasaran a la reserva. Los requisitos eran pertenecer a la escala de suboficiales y poder cambiar a una escala -subrayo la palabra- distinta a la de procedencia, es decir, a la de oficiales. Por contra, en la escala de la Guardia Real -artículo 33 de la orden de 1982 que he mencionado- desde el guardia primero al comandante son empleo de la misma escala, no de distinta escala. Como se ha dicho, algunos de los miembros de la escala de la Guardia Real se integraron libremente en la Guardia Civil y ahí prosiguieron, de acuerdo con la normativa propia, el sistema de ascensos establecido. Otros continuaron en su escala de origen, por lo que, de acuerdo con la citada orden, continuaron en la misma escala. Por tanto -quiero subrayarlo porque es un elemento importante a la hora de la decisión del voto del Grupo Parlamentario Popular-, existe una importante diferencia entre el colectivo de suboficiales a los que se les permitió la obtención del empleo de teniente previo acceso a una escala distinta y los de la escala a extinguir de la Guardia Real, cuyos sucesivos empleos no requerían cambios de escala alguna; no estaban en una posición fáctica ni jurídica idéntica. A quienes con posterioridad a la Ley 17/1989 continuaron en su escala, declarada a extinguir, no se les produjo ninguna privación de expectativas, ya que tuvieron la opción de integrarse en la Guardia Civil. Quienes no alcanzaron el empleo de teniente no lo hicieron porque no completaron los requisitos de los artículo 56 a 60 de la Orden 116/1982: estar bien conceptuado, estar en una edad entre treinta y cincuenta, tener una antigüedad en el ejercicio del mando, haber sido suboficial durante tres años, etcétera. Esta diferencia jurídica y fáctica entre los distintos colectivos militares excluye el quebrantamiento del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, señor presidente.
Conclusión. Primero: Consideramos que la disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007 no resulta de aplicación al caso de la Guardia Real. Segundo: Dicha disposición se justifica en su ámbito de aplicación personal para los suboficiales a los que la Ley 19/1989 cortó sus legítimas expectativas de acceso a otras escalas, al empleo de teniente. Tercero: Los miembros de la Guardia Real no sufrieron merma en sus expectativas de alcanzar uno o más empleos de oficial, siempre que reunieran los requisitos establecidos, algunos de los cuales acabo de citar hace un momento. Cuarto: Al no tratarse de supuestos idénticos, ni siquiera similares, no hay trato discriminatorio o desigual. Por lo expuesto, sin perjuicio de las conclusiones que puedan derivarse de los estudios de la subcomisión que en este momento atiende estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, votará en contra de la iniciativa.
- SOBRE DESARME NUCLEAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002687).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la adhesión de Montenegro a la OTAN. Su portavoz, don Jordi Xuclà, ha comunicado a la Presidencia que su avión sufre un retraso, por lo que solicita que vayamos avanzando en el orden del día. El problema es que el siguiente punto es la proposición no de ley sobre la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de Defensa, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, que tampoco está presente. Por tanto, señorías, si los grupos están en disposición de ello y su portavoz está presente y en condiciones de defenderla, vamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre desarme nuclear. Después continuaremos con el orden del día en su propio orden, es decir, la proposición no de ley de Convergència i Unió y a continuación la de UPyD. ¿Hay algún inconveniente por parte de los portavoces o de alguna de sus señorías? (Denegaciones). En ese caso, lo haremos así.
Pasamos al punto quinto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre desarme nuclear.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Intervengo en esta ocasión para defender la proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre desarme nuclear.
Hace apenas quince días tuve el honor de participar en un curso que organizaban el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y la Cruz Roja española, bajo los auspicios del general retirado Rodríguez-Villasante. Gracias a aquel debate y a la iniciativa del general, adquirimos el compromiso de traer una proposición a esta Comisión de Defensa que significara un pronunciamiento firme del Parlamento de nuestro país sobre desarme nuclear. Por eso estamos hoy aquí. Hoy nos encontramos ante una gran aspiración mundial en la que nuestro país debe jugar un papel. Nuestra vocación por un mundo sin armas nucleares está muy clara, pero pasar de las musas al teatro es otra cuestión. Por eso planteamos esta proposición, en la que pedimos que nuestro país apoye las iniciativas de la comunidad internacional y de la sociedad civil para lograr mundo sin armas nucleares, que promueva activamente los objetivos del Tratado de no proliferación en la conferencia que tendrá lugar en el año 2015 y que impulse la entrada en vigor del Tratado para la prohibición completa de ensayos nucleares y el Tratado para la prohibición de la producción de materiales fisibles. Pasar de la utopía de un mundo sin armas nucleares a la realidad es harina de otro costal, pero no creo que esta aspiración sea imposible, sobre todo si tenemos en cuenta la gran fortaleza del movimiento cívico en el que están las organizaciones sociales y las ONG, aunque requiere también la ayuda de un compromiso firme y una hoja de ruta clara del concierto internacional. Esta iniciativa surge de la actuación política necesaria en las instituciones internacionales, pero también de potentes iniciativas civiles, en las que se encuentran algunas ONG, como la Cruz Roja, Amnistía Internacional o las englobadas en la iniciativa ICAN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. De todas ellas es el mérito de esta iniciativa, por su compromiso y por su trabajo. Nuestro país ha sido pionero durante muchos años en estas materias y esto es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos como país. El año pasado se aprobó por fin el Tratado internacional de comercio de armas, un avance muy significativo y que ha contado con un papel político activo de nuestro país. España fue uno de los primeros países en firmarlo y en ratificarlo, lo que nos coloca en la vanguardia internacional. Hablo de este tratado como ejemplo de dos cosas: la primera, la posibilidad real de alcanzar acuerdos internacionales en asuntos tan complejos cuando existe una voluntad firme y se acompaña de un respaldo social mayoritario -esto nos debe servir de ejemplo para el desarme nuclear- y, la segunda, la política que desarrolla nuestro país, que no debe apartarse de este rumbo en el futuro. España tiene una de las legislaciones más potentes del mundo en materia de control del comercio de armas; un sistema que, además, es muy transparente y que, como saben ustedes, se aprobó en una ley del año 2007. Pondré más ejemplos. Las minas antipersonas se prohibieron en 1998, pero España ya había establecido una moratoria en el año 1994. En el año 2009 se prohibieron las bombas de racimo, pero un año antes nuestro país ya había paralizado su fabricación y su comercio. Estos son síntomas, como decía, de un fuerte compromiso en el que se antepone el derecho humanitario a cualquier otro condicionante, incluso, como no puede ser de otra manera, el económico o el comercial.
Yo me pregunto en voz alta: si fuimos capaces de hacer esto, por qué no vamos a ser capaces de lograr un mundo sin armas nucleares. Es verdad que del famoso discurso de Praga en el año 2009 y de la declaración conjunta de Obama y del presidente ruso en Londres, en la que hacían un alegato por un mundo sin armas nucleares, hemos pasado a la crisis de Ucrania donde, una vez más, se han utilizado, entre otros instrumentos de presión, los acuerdos para la inspección de armas nucleares. Pero también es cierto que después de aquella declaración del año 2009 en la conferencia de examen del Tratado de no proliferación que se celebró en Nueva York en el año 2010 se lograron avances significativos, aunque, desde luego, fueron insuficientes.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que en esto nos jugamos mucho. Creo que un mundo sin armas nucleares probablemente sea uno de los mejores legados que podemos y debemos dejar a las
próximas generaciones. Nadie duda ya de las terribles consecuencias humanitarias que tienen las armas nucleares. Durante estas semanas, preparando ese curso del Instituto Gutiérrez Mellado y esta proposición, he releído algunos artículos escritos tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y, desde luego, nadie con un poco de corazón puede negar la aspiración de que crear un mundo sin armas nucleares es absolutamente imprescindible por las catastróficas consecuencias humanitarias que estas armas tienen, por la imposibilidad de que si se producen este tipo de desastres se pueda dar una respuesta humanitaria adecuada, por la incompatibilidad, desde mi punto de vista, del uso de estas armas con las normas de derecho internacional humanitario.
En todo caso -así lo creo-, la sociedad española es muy poderosa cuando se moviliza en pro de un objetivo común, y así el movimiento en el que trabajan las ONG, el compromiso político de los grupos que hoy estamos aquí y, desde luego, la acción de los sucesivos Gobiernos que antes, ahora y después dirijan España, creo que es un punto a favor para avanzar en este objetivo imprescindible. Hace poco leí un libro que me dejó mi compañero José Enrique Serrano en el que el politólogo Ralf Dahrendorf decía que para que cayera el muro de Berlín en 1989 hacía falta una generación que no supiera que aquello era imposible. Creo que debe ser esta generación la que consiga de nuevo un imposible, que es lograr un mundo sin armas nucleares.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: España es un país que ha firmado el Tratado de no proliferación y ha renunciado a fabricar y a almacenar armas nucleares. Es un país comprometido con la disminución del riesgo procedente del armamento nuclear -también queremos un mundo sin armas nucleares- y hemos apoyado la universalización del régimen de salvaguardia de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el protocolo adicional que apoya la entrada en vigor del Tratado para la prohibición completa de ensayos nucleares, el mecanismo de verificación, y, por último, también hemos apoyado el inicio de los trabajos relativos a un tratado de prohibición de la producción de material fisible para la fabricación de armas nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares. Todo esto que estoy comentando no es nuevo, sino que es un brevísimo resumen de lo que expuso en Nueva York el 17 de octubre de 2013 nuestra ministra consejera ante Naciones Unidas, doña Victoria González-Román. Pero podemos ir un poco más lejos. España es un colaborador activo y reconocido por la Organización Internacional de la Energía Atómica. A nivel nacional ha colaborado con el organismo en la difusión del conocimiento de las áreas de seguridad nuclear ante los riesgos de proliferación del terrorismo en determinadas áreas, principalmente de Iberoamérica y África. España, como muestra de su compromiso con la OIEA, organiza reuniones de trabajo de expertos de alto nivel, como la prevista para el otoño de 2014, seguridad de instalaciones nucleares, estudios forenses nucleares, etcétera. España aporta el 9% de los fondos de la Unión Europea dedicados a la cooperación con la OIEA en cuestiones de seguridad nuclear. También el Ministerio de Defensa contempla la proliferación nuclear como una de las principales amenazas para la paz y la seguridad mundiales, por lo que apoya todas las iniciativas tendentes a limitar la proliferación de armas de destrucción masiva y avanzar, como no puede ser menos, en el desarme nuclear.
En la posición mantenida por España durante el debate sobre la revisión de la postura de disuasión y defensa de la OTAN, aprobada en la Cumbre de Chicago en mayo de 2012, figuraban el respeto a los principios esenciales del concepto estratégico del Tratado de no proliferación y de la Declaración de Lisboa, así como la necesidad de crear las condiciones que permitiesen materializar el objetivo de un mundo libre de armas nucleares, como es el Global Zero. En el documento final de dicha revisión quedaron reflejados los puntos principales de la postura española. El citado objetivo es un mundo libre de armas nucleares y se hace referencia a la seguridad corporativa como factor contribuyente a la credibilidad de la postura aliada. Es decir, el Gobierno de España está comprometido con los esfuerzos de nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro. Por tanto, alguna de las peticiones de esta proposición no de ley ya son políticas activas de este Gobierno, por lo que nos encontramos con que en realidad se pide continuar con la política que en este momento ya está llevando el Gobierno del Partido Popular o seguir realizando lo que ya se está haciendo.
No obstante, estos esfuerzos deben ser realistas y compatibles con nuestra política, con nuestras alianzas y con nuestros compromisos internacionales, en concreto con el Consejo Estratégico de la OTAN. España, como miembro solidario que es de la Alianza Atlántica, sigue comprometida con el mantenimiento de la disuasión nuclear creíble, como parte del mix de capacidades nucleares convencionales y de defensa
antimisiles, al menor nivel posible de fuerzas nucleares, y de conformidad con los objetivos del Tratado de no proliferación.
Vamos a votar favorablemente la proposición no de ley que trae hoy el Grupo Socialista, pero me gustaría matizar dos cuestiones. En primer lugar, que el punto 1 no debe entrar en conflicto con los compromisos adquiridos por España en sus relaciones internacionales y, en particular, con sus aliados, ni en la disuasión internacional de la OTAN incluida en el concepto estratégico. En segundo lugar, que el desarme nuclear tiene sus orígenes en los acuerdos internacionales y no en el derecho internacional humanitario.
El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos agotado el orden del día.
El Portavoz del Grupo de Convergència i Unió me comunica que está en un atasco y que va a pedir a otro diputado de su grupo que baje a defender la proposición no de ley. Como falta una hora para la votación, hasta que estén en disposición de conseguir el número de diputados suficientes para que hagamos la votación, suspendemos la sesión durante diez minutos. Si en este tiempo aparece un diputado de CiU que pueda defender la proposición, y les parece oportuno, la debatiríamos. (Pausa).
- SOBRE LA ADHESIÓN DE MONTENEGRO A LA OTAN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002647).
El señor PRESIDENTE: Debatimos, a continuación, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, relativa la adhesión de Montenegro a la OTAN.
¿La señora Surroca va a dar por defendida la proposición?
La señora SURROCA I COMAS: Damos por defendida la proposición no de ley de Convergència i Unió y excusamos la asistencia de mi compañero, el señor Xuclà, que por problemas técnicos no puede estar aquí.
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley queda defendida en sus propios términos.
Abrimos el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Chaves.
El señor CHAVES GONZÁLEZ: No sé qué es lo correcto en estos momentos, si dar por defendida nuestra posición o entrar en el fondo del asunto. Entendemos perfectamente las circunstancias que han impedido al compañero de la señora Surroca estar aquí, pero creo que por el fondo de la cuestión y también por respeto a la iniciativa habría que explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros nos vamos abstener en la proposición no de ley y queremos explicarlo. Entendemos perfectamente, según señala la PNL de Convergència i Unió, que Montenegro es un candidato oficial al ingreso en la OTAN y, al mismo tiempo, que ya ha entrado en la segunda fase del plan de adhesión, y consideramos que ha cumplido casi todas las condiciones para aspirar a su ingreso. Sin embargo, el problema radica en si la Cumbre de Gales, como plantea la iniciativa de Convergència i Unió, es el momento oportuno para tomar la decisión del ingreso de Montenegro en la OTAN y en las consecuencias que esto puede acarrear. Según las informaciones que tenemos no hay unanimidad entre los países miembros de la OTAN para aprobar el ingreso de Montenegro. También creo recordar que el secretario general de la OTAN, en una entrevista en la capital de Montenegro con el primer ministro de este país, señaló que Montenegro tenía que seguir impulsando los trabajos en las cuatro áreas que se necesitaban reformar para aspirar a su ingreso. Entre ellas, había una muy importante, que era la explicación de los efectos que la integración de Montenegro en la OTAN tenían en la opinión pública. Según las últimas encuestas que se han hecho en ese país, no llega al 40% la población que es partidaria del ingreso en la OTAN.
Sin embargo, hablando de cuestiones de oportunidad, creo que hay que tener en cuenta los efectos que el hipotético anuncio en la Cumbre de Gales sobre el ingreso de Montenegro en la OTAN pudieran tener en la crisis de Ucrania. Creo que eso habría que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente la Cumbre de Gales -quizá me adelante o me equivoque- tendrá que entrar en una redefinición del papel de la OTAN a partir de la crisis de Ucrania y, en consecuencia, sobre los efectos que tiene el ingreso de Montenegro. Comento esto porque el artículo 5 del Tratado entra en una discusión absolutamente diferente, y se está planteando ya la posible territorialización europea de la defensa colectiva de la OTAN ante la aparición de un nuevo adversario, también militar, que parecía dormido, y no estoy hablando en estos momentos de una política de bloques, sino de la redefinición de cuál puede ser
la estrategia de la OTAN, en un momento en el que puede variar el concepto que hasta ahora se ha tenido del artículo 5 del Tratado. Hemos oído en algunas ocasiones al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, al señor Margallo, defender con mucha contundencia la necesidad de que la crisis de Ucrania pase, lógicamente, por un acuerdo pacífico, dialogado y negociado que no solo tenga en cuenta los intereses de Ucrania sino también los de Rusia. En este contexto, el ingreso de Montenegro es una iniciativa que puede favorecer o perjudicar una solución negociada y acordada de la crisis de Ucrania.
Quiero recordar aquí, porque me parece importante -no he leído las memorias porque no sé inglés y todavía no está traducido el libro al español, pero sí he visto algún resumen-, las memorias de Robert Gates, que fue secretario de Defensa con Bush hijo y con Obama, en las que señalaba que la política de puertas abiertas de la OTAN, después del desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dio lugar a una política de expansión de la OTAN hacia el este y también a la inclusión de bases militares en los Estados fronterizos con Rusia que fue apresurada y provocadora. Quizá aquí podamos encontrar la raíz de la crisis de Ucrania. También quiero recordar que el que fue embajador de Estados Unidos en Rusia, entre los años 1981 y 1991, dijo -lo he leído también en algún medio de comunicación nacional- que detrás de Crimea se esconde la reacción a la política de hostilidad de la OTAN hacia Rusia tras la desintegración de la URSS.
Esta es la situación. No creo que en estos momentos un reforzamiento político o militar de la OTAN con la integración de un nuevo país pueda favorecer esa solución negociada del conflicto de Ucrania. Nosotros nos abstendremos por un problema de oportunidad, porque tenemos dudas sobre que el anuncio del reforzamiento de la OTAN con un nuevo país pueda favorecer una solución pacífica de la crisis de Ucrania.
La señora FERRANDO SENDRA: Es cierto, como decía el señor Chaves al inicio de su intervención -a pesar de la Comisión tan atípica que estamos celebrando, con tantas ausencias-, que este tema merece ser defendido por los grupos que estamos presentes.
Esta proposición no de ley que nos trae CiU solicita el compromiso del Gobierno de España a la adhesión de Montenegro a la OTAN en la Cumbre de Gales que se celebrará los próximos días 4 y 5 septiembre. En el Consejo Atlántico, a nivel de embajadores, con el primer ministro de Montenegro, que celebró hace escasamente un mes, el 25 de marzo, hubo coincidencia de todas las delegaciones aliadas que intervenían, entre ellas la de España, en expresar su apoyo a las perspectivas de ingreso, reconociendo, sobre todo, los avances que ya ha realizado Montenegro. Es cierto que en la exposición de motivos Convergència i Unió ya plantea algunos de esos avances, pero yo voy a mencionar más. Ha contribuido activamente a la seguridad de la región en los Balcanes. Ha participado en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, lo que supone un 11% de su presupuesto militar. De acuerdo, además, con declaraciones gubernamentales, Montenegro ha confirmado su participación en la misión post 2014 en Afganistán. También ha realizado una modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, con el fin de que se puedan cumplir los estándares de la OTAN. Además, en estos momentos -creo que el portavoz socialista lo ha mencionado- casi la mitad de la población de Montenegro apoya la adhesión a la OTAN.
Sin embargo, señorías, en el consejo también se señaló que todavía quedan importantes desafíos por afrontar para su incorporación a la OTAN. El secretario de la OTAN, después de describir a Montenegro como un socio importante para la Alianza, ha dicho que quedan retos clave que aún deben ser afrontados, incluyendo el refuerzo del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y la búsqueda de los recursos para modernizar las Fuerzas Armadas del país. Junto con estas palabras del secretario general de la OTAN, que están publicadas, hay otras cuestiones que añadiría como explicación para los ciudadanos de la importancia de la integración euroatlántica: el refuerzo de las instituciones democráticas y, por supuesto, un mayor control de las fronteras.
Lo que no podemos olvidar es que la Organización Atlántica es una alianza política y civil con una vertiente militar, pero sobre todo y ante todo es una alianza de valores que incluye un régimen de gobernanza y el requisito de modelo democrático. La incorporación de nuevos miembros en la Alianza debe redundar siempre en un incremento de la seguridad de los países aliados y, por tanto, su ingreso debe basarse en el cumplimiento de las condiciones establecidas. La decisión política de la aceptación de nuevos miembros debe ir precedida de un proceso de adaptación de los países y del cumplimiento de los criterios. Actualmente somos veintiocho los países que formamos parte de la OTAN y cuatro los que han
sido invitados oficialmente a adherirse a la organización. Para Europa es importante la adhesión de nuevos países, por un lado, porque se garantiza la seguridad y la defensa de sus miembros ante cualquier eventual riesgo para la seguridad y bienestar de sus ciudadanos y, por otro lado, porque hay que hacer una Europa fuerte y unida en todos los ámbitos: político, militar y económico. La tendencia actual es que hay que ir hacia la integración y nunca hacia la disgregación. España, y su Gobierno, es favorable a una política de puertas abiertas a la Alianza Atlántica. Como dijo el presidente del Gobierno hace escasos días, para llegar lejos es mejor viajar acompañados. Mi grupo es favorable a la adhesión de Montenegro, y entiende que habría que esperar a que se cumplieran algunos requisitos, porque posiblemente no todas las condiciones están aprobadas. Vamos a ver si a lo largo de esta sesión Convergència i Unió realiza alguna modificación para que mi grupo pueda aprobar la proposición no de ley.
Les tengo que decir es que de cara a la próxima Cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Gales, como he dicho al principio, los días 4 y 5 de septiembre, está previsto que en el mes de junio el secretario general presente, en una reunión con todos los ministros de Exteriores, un informe que servirá para saber si realmente Montenegro cumple las condiciones, y en función de los méritos los países aliados tomarán una decisión. Repito que nuestra posición y la del Gobierno español siempre ha sido favorable a la incorporación. Esta decisión se tomará en la cumbre por consenso de todos los miembros aliados.
La preocupación que actualmente existe en la OTAN es la desestabilización que sufre Ucrania. Según su secretario general, la OTAN aportaría una defensa efectiva, porque aunque es cierto que Ucrania no forma parte de la OTAN como miembro sí coopera en los programas de seguridad y defensa. Como ha denunciado algún país, su inestabilidad podría trasladarse a otros países que sí forman parte de la OTAN, lo que constituiría un riesgo para la Alianza.
Voy a finalizar, señor presidente, diciendo que mi grupo parlamentario, si Convergencia i Unió introdujera alguna modificación y se pudiera llegar a un acuerdo, votaría a favor de la proposición no de ley. No queremos que sea un apoyo político explícito en estos momentos, porque falta, como digo, que se celebre la reunión del mes de junio en la que se va a decidir, pero sí quiero manifestar nuestro apoyo a la adhesión de Montenegro a la OTAN en el momento en el que cumplan todos los requisitos y nuestro reconocimiento a los avances realizados. En definitiva, la posición del Gobierno de España siempre es favorable a la política de ampliación de la Alianza. Por tanto, sin ese condicionamiento de los plazos que establece CiU de que se haga en la próxima Cumbre de Gales los días 4 y 5 de septiembre, se podría aprobar la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Xuclà quiere hacer una aclaración puramente técnica. Tiene la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad.
Se trata de una simple corrección técnica, porque fruto del contexto geopolítico que se vive en estos momentos en los Balcanes y en el este de Europa, como muy bien ha apuntado la portavoz del Grupo Popular, no parece oportuno hacer referencia a la Cumbre de Newport en Gales. La corrección técnica consiste en someter a votación estrictamente el petitum, la primera parte del texto de la proposición no de ley. Si me lo permite, voy a leer la frase exacta para que quede más claro: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la incorporación como miembro de pleno derecho de Montenegro a la OTAN.
El señor PRESIDENTE: Señor Chaves.
El señor CHAVES GONZÁLEZ: Señor presidente, además de una apreciación técnica, ha habido un cambio sustancial en la PNL de Convergència i Unió. Yo también voy a hacer una apreciación técnica, si me lo permite. A raíz de esta apreciación técnica, vamos a cambiar y pasaremos de la abstención al voto favorable, entendiendo que la retirada del párrafo que hace referencia a la Cumbre de Gales está en relación con el preámbulo de la ley, es decir, que la referencia que se hace en el preámbulo a la Cumbre de Gales ya no es tal referencia, sino que la posible entrada de Montenegro en la OTAN se entiende en un sentido temporal indefinido.
El señor PRESIDENTE: Esta aclaración se la hace la Presidencia. Las exposiciones de motivos no son objeto de decisión por parte de la Comisión. En todo caso, queda hecha la observación. (La señora Ferrando Sendra pide la palabra).
¿La señora Ferrando hará otra apreciación técnica?
La señora FERRANDO SENDRA: Una apreciación muy corta. En vista de lo que han expuesto tanto el portavoz de Convergència i Unió como el del Grupo Socialista, mi grupo apoyará el petitum exacto que ha leído el portavoz de Convergència i Unió, en esos extremos, manifestando que después de la reunión que haya en junio se tomarán por consenso en la cumbre los acuerdos oportunos.
El señor PRESIDENTE: Quiero dar especialmente las gracias a la señora Surroca, que en unas condiciones no fáciles ha permitido el debate de un asunto de bastante importancia. Los miembros de esta Comisión le debemos estar agradecidos por haber permitido el debate. (Aplausos).
- SOBRE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UN ADECUADO DESARROLLO LEGISLATIVO PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002681).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la defensa. Para su defensa, tiene la palabra doña Irene Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, el conflicto de intereses es una de las situaciones que mayor desconfianza pueden infundir en los ciudadanos respecto a la actuación de sus representantes públicos. En estos momentos de desapego ciudadano por la política y de crisis institucional, los ciudadanos tienen a menudo motivos para sospechar que los servidores públicos pueden estar actuando movidos por intereses particulares y no por el interés general. Uno de los conflictos de interés más frecuentes y más dañinos es el fenómeno llamado puerta giratoria, ese fenómeno por el cual altos cargos de la Administración, políticos y también no políticos, pasan de tener un puesto en esa Administración pública y por tanto de trabajar al servicio del interés público, a desempeñar un puesto en una empresa privada y por tanto al servicio de un interés privado, absolutamente legítimo, pero distinto del interés público y que en ocasiones puede colisionar con él.
Resultaría ingenuo pensar que el despilfarro, el abuso y el fraude que han sido detectados en los ejércitos en numerosos países de nuestro entorno y en los ministerios de Defensa de distintos países no existen en el nuestro. Es destacable el hecho de que en Estados Unidos la cultura y las políticas de transparencia comenzaran precisamente cuando se empezaron a detectar comportamientos fraudulentos o de abuso o de despilfarro en las propias Fuerzas Armadas. En nuestro país, en el caso de la defensa nacional, nos encontramos con un presupuesto escaso, demediado por los recortes y lastrado por el pago de la factura de los programas especiales de armamento, algunos de ellos útiles, necesarios y bien concebidos, pero otros no tanto, aunque esto sería materia de otra iniciativa que no es la que mi grupo pretende debatir hoy. Lo cierto es que ese presupuesto tan insuficiente está reduciendo al mínimo el adiestramiento y las prácticas y además es incierto, porque no sabemos verdaderamente el presupuesto con el que podemos contar para los asuntos de defensa si no se administra bien hasta el último euro público. Se da la circunstancia de que este Gobierno ha llevado a cabo recientemente una renegociación de la factura de los programas especiales -que asciende nada menos que a cerca de 30.000 millones- que el ministerio debe a las industrias de armamento. Se da también la circunstancia de que el ministerio, según han publicado ciertos medios de comunicación, está planeando el lanzamiento de nuevos programas especiales y por tanto el desembolso de nuevas cantidades, probablemente grandes, de dinero.
La puerta giratoria de la política es la que ha traído hasta el ministerio hoy al señor Morenés y al señor Argüelles, casos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones y de los que probablemente tengamos que seguir hablando. Sin embargo, la iniciativa que traemos hoy no quiere abordar los casos de puerta giratoria de la política, sino los de puerta giratoria en lo militar. Pretendemos con esta iniciativa evitar los conflictos de interés en la cúpula de las Fuerzas Armadas y el trasiego de esa cúpula a la industria militar sin ningún tipo de restricción ni regulación. De hecho, ese trasiego de lo público a lo privado existe en las Fuerzas Armadas y por citar un solo caso que fue muy sonado haré alusión al del general Carlos Villar, que cesó como jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en julio de 2008 y tan solo unos meses después estaba trabajando como responsable de estrategia del área de negocios de una empresa de la industria militar. Este tipo de contrataciones casi nunca busca nutrirse del conocimiento o el know how de la figura militar en cuestión, aunque desde luego hay honrosas excepciones que sí atienden a ese principio
y se nutren de ese conocimiento, sino que con frecuencia, lo que se busca cuando se contrata a altos mandos de la cúpula militar son los contactos que ese militar deja en el ejército, para que actúen como palanca fundamental para obtener nuevos contratos en el futuro, condiciones ventajosas o acceso a información privilegiada. Lo mismo cabe decir de los altos funcionarios, tanto del ejército como del ministerio, involucrados especialmente en los proceso de adquisiciones, que son los que más nos deben preocupar y que son siempre estrechamente vigilados en los países de nuestro entorno que quieren garantizar el buen uso del dinero público y tienen una regulación adecuada de los conflictos de interés. En el caso español, es obvio que habría que modificar la ley para aplicar restricciones claras tanto a quienes trabajan en programas de adquisición en el ministerio, por ejemplo, en la Dirección de Armamento y Material, como en los distintos cuarteles, bases o, en general, en cualquier centro militar, por pequeño que sea, donde se tomen decisiones respecto del presupuesto público, a veces tan aparentemente nimias como remodelar una vivienda, en las que se pueda estar incurriendo en despilfarro, abuso o fraude.
Resulta llamativo, desde el punto de vista de mi grupo, que desde el año 2006, cuando se aprobó la Ley de conflictos de intereses del sector público, no se haya llevado a cabo ningún desarrollo legislativo para el caso específico de las Fuerzas Armadas. No sucedió así con la anterior legislación respecto a incompatibilidades, pues se aprobó en el año 1984 una legislación y dos años después vio la luz un real decreto relativo exclusivamente a las incompatibilidades del personal militar, por cierto, real decreto que tampoco ha sido modificado desde ese año y que también sería buena idea revisar. Planteamos, señorías, algo tan sencillo como desarrollar la Ley de Conflictos de Intereses del año 2006 para las Fuerzas Armadas. Es especialmente importante introducir criterios de transparencia, limitaciones en las comunicaciones que pueden establecer desde el sector privado quienes hayan trabajado previamente en lo público. Creemos que es especialmente relevante en el sector de la defensa, porque es un sector particularmente proclive a la opacidad, tanto en el ministerio como en las propias Fuerzas Armadas, como en la industria. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la confidencialidad y la reserva que debe guardarse respecto a la defensa nacional en ningún caso puede constituir un parapeto para ocultar comportamientos corruptos. Constituiría un doble fraude, pues además de la corrupción en sí misma, estaría utilizándose un principio político que protege el interés general para abonar intereses particulares espurios. Además habría que regular especificidades como la incompatibilidad y los conflictos de intereses en situación de reserva. Permitiría también este desarrollo de la Ley de Conflictos de Intereses -y consideramos que es muy importante- subsanar deficiencias de esta ley, que se ha demostrado ya que han ocurrido, por ejemplo, la disfuncionalidad, la inoperancia de la Oficina de conflictos de intereses. Es una oficina que no actúa con autonomía, como no puede ser de otra forma -y así lo han señalado los expertos en distintas ocasiones- al depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es decir, del mismo Gobierno al que debe controlar. Creemos que en nuestro ordenamiento jurídico no hay una respuesta clara, por la diversidad normativa, la imprecisión de los textos legales y, en algunos casos, la falta de previsión de situaciones concretas. Consideramos que se necesitan reglas claras y estables, publicidad y transparencia hasta donde sea posible y en su grado máximo y sobre todo la convicción política de recuperar la confianza ciudadana y que los ciudadanos sepan que cuando se ocupa un cargo público, sea en la Administración civil o en la militar, se defiende siempre el interés público y no los intereses privados.
El señor XUCLÀ I COSTA: Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia por un motivo muy sencillo. Sus señorías saben que en estos momentos -la semana pasada y esta mañana- se están produciendo en la Comisión Constitucional las comparecencias de expertos para la tramitación de tres leyes enmarcadas dentro de una propuesta formulada por el Gobierno, una propuesta de pacto de Estado para un plan de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Precisamente una de las tres leyes que van dentro de ese paquete legislativo es el proyecto de ley de altos cargos, que contempla la creación de una oficina de conflicto de intereses. De acuerdo con una primera lectura de este proyecto de ley, los altos cargos de todos los ministerios -también los del Ministerio de Defensa- están incluidos dentro del ámbito subjetivo de control de esta ley. En estos momentos también estamos discutiendo en la Comisión Constitucional un plan de regeneración democrática, que podría considerar algunos de los planteamientos del grupo proponente. Asimismo, el próximo miércoles, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se va a ver una moción del grupo proponente, que tiene alguna enmienda del grupo de la mayoría, para fijar unos criterios sobre la
regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Podríamos tomar en consideración el discurso, aislado y fuera del contexto de los trabajos parlamentarios, pero creemos que es mucho mejor no aprobar proposiciones no de ley e ir del gris al rojo, de lo etéreo, que es la proposición no de ley, a lo concreto, que es la articulación legislativa que espero que se dé en los próximos meses.
El señor MORLÁN GRACIA: Permítanme que antes de iniciar mi intervención sobre esta proposición no de ley muestre las condolencias de mi grupo a los familiares de los cuatro militares fallecidos en el SAR 802 en días pasados.
Paso a la proposición no de ley. Antes de decir cuál es el sentido de nuestro voto y a la vista del contenido de la exposición de motivos y de lo que ha planteado la portavoz de UPyD, me gustaría destacar una serie de aspectos que he observado en esta proposición no de ley. Hay dos leyes que hablan de incompatibilidades: la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que se desarrolla mediante dos reales decretos-leyes -uno que hace referencia a las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y otro que hace referencia explícitamente al personal militar- y la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, desarrollada por el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba su reglamento. Por esta razón, cuando ahora hablamos de altos cargos, lo estamos haciendo de acuerdo con lo que dice el artículo 3 de la ley, es decir, nos estamos refiriendo a un conjunto de miembros del Gobierno -secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales-, que conforman una lista muy prolija, con un punto último que hace referencia a los titulares de cualquier otro puesto de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por Consejo de Ministros. Es decir, ya existen dos leyes que hablan de incompatibilidades, con dos reales decretos-leyes que las desarrollan, y existe una ley que hace referencia al conflicto de intereses, con un real decreto que la desarrolla. No sé si el ámbito de aplicación de la ley es suficiente o no de acuerdo con lo que ha planteado la señora Lozano, no sé si tienen que estar afectados por ese conflicto de intereses los generales de división o los generales de brigada, pero lo cierto es que están afectados los altos cargos del Ministerio de Defensa y todos aquellos que sean considerados como tales. Aquí no hay ninguna excepción. El resto, por ejemplo, un general de división o un general de brigada, son funcionarios y por tanto se les aplican los mismos criterios que afectan al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado. Si se quiere modificar el contenido de la ley, me parece muy bien, pero ya existen unas leyes y un desarrollo normativo de las mismas. Indudablemente el cómo se apliquen, que es donde puede haber algún problema, puede ser objeto de análisis y de revisión.
Se ha referido a la especificidad del Ministerio de Defensa por los PEA. ¡Hombre! También podría haberse referido al Ministerio de Industria, porque al fin y al cabo es quien está dando las subvenciones a las empresas para que acudan a la financiación de esos programas, o al Ministerio de Fomento, que tiene unos contratos importantes a la hora de adjudicar las obras públicas. En cada área existen una serie de aspectos equiparables a lo que puede estar pasando en el Ministerio de Defensa, pero el conjunto de los altos cargos y funcionarios de la Administración pública, del que forman parte también los militares, está ahora mismo regulado. Otra cosa es que deseemos que se profundice más, que esa necesidad de buscar un mayor apoyo social y de recuperar la confianza en la política y en los políticos plantee un debate más profundo y que esta Cámara entienda que debe haber medidas que abarquen a otro conjunto de funcionarios o altos cargos. Para eso -lo ha dicho el señor Xuclà- lleva una semana y media funcionando la Comisión Constitucional, con el desarrollo de una serie de comparecencias de personalidades destacadas del mundo de la Judicatura, del mundo de la Fiscalía y del mundo de la Universidad. Esta mañana han tenido lugar las comparecencias de catedráticos de universidad y de representantes de otros colectivos interesados en estas tres iniciativas legislativas que ha lanzado el Gobierno para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, en especial el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica o financiera de los partidos políticos. Sería bueno que esta iniciativa que se plantea formara parte del debate que se ha generado como consecuencia de esas comparecencias y de esa nueva regulación que se pretende en ese conjunto de materias, que sin lugar a dudas se ven afectadas por lo que ha planteado la señora Lozano. Sería bueno que esta proposición entrara dentro de ese debate y esos análisis que se están llevando a cabo en la Comisión Constitucional, para que consiguiéramos elaborar unas normas que afecten al conjunto de la Administración pública, también a las empresas públicas. Esto contribuiría a avanzar en todos aquellos hechos que son objeto de análisis, de reflexión y
de debate en la Comisión Constitucional. Indudablemente, en estos momentos es un poco precipitado definir cuáles van a ser, pero estoy seguro de que el paso que se ha dado con estas comparecencias en la Comisión Constitucional y el posterior debate en la misma conseguirán que existan unas normas que den solución a las dudas que ha planteado la señora Lozano y que los demás grupos también tenemos.
El señor Xuclà ha dicho que si fuera un tema más concreto que se refiriera a este aspecto y no estuviera abierto el debate en la Comisión Constitucional daría su apoyo a esta iniciativa. Nosotros vamos a votar a favor. ¿Por qué? Porque lo que ha planteado UPyD, que está resuelto actualmente, puede ser analizado ante la nueva perspectiva social que tenemos en España, puede ser entendido y regulado de otra manera y puede ser objeto de una decisión de este Parlamento. Aunque estos temas están aprobados por ley y desarrollados por reales decretos, entendemos que pueden ser objeto de alguna modificación positiva que nos ayude a conseguir que los objetivos de regeneración democrática que todos pretendemos sean una realidad.
El señor PRESIDENTE: Pido disculpas a los miembros de la Comisión por el ruido ambiental, pero para terminar de completar los acontecimientos del día ha desaparecido la cerradura de la sala y no se puede cerrar la puerta, que se abre sola.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Voy a empezar por lo último que se ha planteado aquí -lo ha dicho el señor Xuclà y lo ha dicho también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, que son los trabajos que se están realizando en la Comisión Constitucional. Quizás lo que ocurra no es que al Grupo de UPyD no le parezcan suficientes, sino que no saben ni siquiera que están, porque creo que no van demasiado a la Comisión Constitucional. (Aplausos.-La señora Lozano Domingo: Si no nos hubierais vetado quizás iríamos). En cualquier caso, tengo que rechazar su intervención desde el principio hasta el final y rogaría a la señora Lozano que la releyera detenidamente, ya que la ha traído escrita. No puedo aceptar ninguna de las aseveraciones que ha deslizado respecto a la corrupción de las Fuerzas Armadas. Usted las ha dejado aquí caer y no las puedo admitir. Por supuesto, de rondón ha metido al ministro y al secretario de Estado. Ha dejado ver que en las Fuerzas Armadas no hay control y que en cualquier estamento -ha llegado a hablar incluso de obras en las casas- se puede estar produciendo eso. Precisamente si hay alguna institución en España en la que no se ha producido hasta el día de hoy ningún escándalo de corrupción -puede aparecer, como en cualquier institución en la que hay seres humanos, porque los seres humanos, por desgracia, somos consustancialmente débiles en esas cuestiones- son las Fuerzas Armadas. Usted ha hablado de las norteamericanas y yo, como no las conozco, no quiero hablar, pero desde luego en las españolas no se ha producido. Son ejemplares. Los ciudadanos, que es verdad que nos exigen y que están bastante desilusionados de muchos ámbitos de la política, tienen mejor criterio que la señora Lozano en las valoraciones que hacen de las Fuerzas Armadas y las ponen en la cumbre de las mismas, porque por ahora -insisto- han tenido un comportamiento ejemplar. Además, si alguien se ha apretado el cinturón y ha aplicado los principios de reducción de presupuesto sin el más mínimo problema y con la máxima eficiencia y la máxima eficacia han sido nuestras Fuerzas Armadas y sus altos mandos y sus altos cargos.
Le voy a precisar algo más, porque ha mezclado todo, cosa que es bastante propia de ustedes, que uno no sabe si van o si vienen, en este tema tampoco. Otros compañeros se lo han dicho ya muy claro: La Ley 5/2006 aclara perfectamente la regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos. Además, el Real Decreto 452/2012 desarrolla en su artículo 2 la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa y define exactamente qué son altos cargos dentro del mismo, aparte de los civiles: el ministro, el secretario de Estado y el subsecretario. Dentro de las Fuerzas Armadas lo precisa muy claro: Tienen consideración de alto cargo exclusivamente el jefe del Estado Mayor de la Defensa, con rango de secretario de Estado, y los tres jefes de Estado Mayor, con rango de subsecretario. Ustedes mezclan los altos mandos. Pues mire, altos mandos es un término jurídicamente indeterminado, porque en la Ley de Defensa y en la Ley de la Carrera Militar no se precisa qué es un alto mando. Para mí un alto mando puede ser un coronel que manda un regimiento -es un alto mando para sus subordinados-, pero no está definido jurídicamente. Aquí hemos hecho un totum revolutum. Hay otra cosa que está muy clara y que le han dicho también. Además de existir esta ley, que regula perfectamente qué son los altos cargos, tanto civiles como militares -que a usted le preocupan tanto-, dentro del Ministerio de Defensa -aquí caben todos, Fomento, Vivienda, porque todo afecta a todo-, hay un real decreto que regula la obligación de los militares en activo y en reserva. Usted ha dejado caer lo de la reserva. Pues eso está regulado.
¿Que le puede parecer antiguo? No digo que no, pero está en el decreto del año 1986 que cualquier militar, en activo o en reserva, que pasa a la actividad privada tiene que pedir una autorización, como habrá sido el caso del señor Villar. Si se la han concedido, el Gobierno que estaba en aquel momento sabrá cuáles eran sus razones. Desde luego, escándalos no ha habido después de la actuación de don Carlos Villar. A ustedes les puede parecer bien o mal, pero si se ha ajustado a los procedimientos, porque ha pedido su autorización y se la han concedido, no vamos a sembrar aquí dudas sobre los procedimientos que están aprobados, que son legales y que introducen transparencia en todas esas cuestiones. Vamos a ver si hablamos con rigor de las cosas.
Este Gobierno ha sido el primero que ha elaborado una Ley de Transparencia y, como han explicado muy bien el señor Xuclà y el portavoz del Grupo Socialista, hay un plan de regeneración democrática que se está debatiendo en la Comisión Constitucional. Señoría, en este momento la cuestión a la que usted se está refiriendo en el petitum está absolutamente regulada y tiene sus cauces de control. Efectivamente, si ahora, con el plan de regeneración democrática y transparencia, se quiere modificar o modernizar se podrá hacer. Nuestro grupo va a votar en contra, rechazando desde el principio hasta el final la intervención de la señora Lozano y todas las cuestiones que ha dejado caer aquí subliminalmente y rechazando el petitum de la PNL, que además tiene bastantes inexactitudes en cuanto a la definición de lo que es un alto mando y, por tanto, bastante indefinición jurídica. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Aunque hemos tenido un debate un tanto caótico en cuanto al orden, la votación se hará siguiendo estrictamente el orden del día.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural, relativa a la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 39/2007 a los suboficiales de la Guardia Real a extinguir.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la adhesión de Montenegro a la OTAN, con la corrección de errores expuesta por el señor Xuclà. En consecuencia, se vota la frase tal y como él ha leído y como consta en el "Diario de Sesiones".
Sometemos a votación la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de llevar a cabo un adecuado desarrollo legislativo para prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la defensa.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre desarme nuclear.