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Timestamp: 2019-10-16 14:50:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 18']

﻿ DECRETO 190 DE 2003
DECRETO 190 DE 30 DE ENERO DE 2003
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE REGLAMENTA LA LEY 790 DE 2002, EN LO RELACIONADO CON EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN ESPECIAL A LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA, ENTRE OTROS TEMAS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1209 DE FEBRERO 28 DE 2003, PG.347
DIARIO OFICIAL N°:45081 DE ENERO 30 DE 2003
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002”.
ART. 1º—Definiciones. Para los efectos de la Ley 790 de 2002 y del presente decreto, se entiende por:
1.1. Reconocimiento económico: Suma de dinero equivalente a un porcentaje de la asignación básica mensual, destinada a la rehabilitación laboral, profesional y técnica de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción diferentes al nivel directivo y de carrera administrativa con nombramiento provisional que sean retirados del servicio dentro del programa de renovación de la administración pública, conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 790 de 2002.
1.2. Asignación básica: Remuneración fija u ordinaria que recibe mensualmente el empleado público sin incluir otros factores de salario y que, por ley, es la que corresponde a cada empleo según la denominación y grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos.
1.3. Madre cabeza de familia sin alternativa económica: Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.
Dichos programas deben corresponder a los que ofrecen el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, o las instituciones públicas o privadas de educación superior o de educación técnica no profesional debidamente reconocidas por el Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 790 de 2002; o
c) Copia del comprobante de pago de salarios y de los aportes al sistema de seguridad social integral.
PAR. 1º—El jefe del organismo o entidad que tiene a su cargo el reconocimiento económico, podrá verificar la veracidad de los datos suministrados por el ex empleado o el empleador privado.
PAR. 2º—Los ex empleados cuyos cargos fueron suprimidos entre el 1º de septiembre de 2002 y la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tendrán un término de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto, para acreditar su solicitud de reconocimiento económico, en los mismos términos establecidos en este artículo.
ART. 4º—Reconocimiento del derecho. El jefe del organismo o entidad que tiene a su cargo el reconocimiento económico o en quien éste delegue en los términos de la ley, hará el reconocimiento del derecho de que trata el artículo 8º de la Ley 790 de 2002, mediante acto administrativo motivado conforme se señala en el artículo siguiente.
5.3. Proyectar, para la firma del jefe del organismo o entidad o en quien éste delegue, una resolución debidamente motivada que ordene o niegue el reconocimiento económico. En caso de que se ordene el reconocimiento, la resolución deberá señalar expresamente:
d) Que durante la vigencia del reconocimiento, el organismo o entidad continuará pagando el cincuenta por ciento (50%) del aporte al sistema general de seguridad social en salud, calculado sobre el monto del reconocimiento, siempre que el ex servidor beneficiario acredite mensualmente el pago del cincuenta (50) por ciento que a él corresponde, el cual se descontará automáticamente del reconocimiento económico, previa autorización del beneficiario, y
7.3 Certificación del empleador o de su representante legal, acerca de la continuidad del vínculo laboral, en los mismos términos establecidos en el numeral 3.2 del artículo 3º del presente decreto.
ART. 8º—Variación de las circunstancias. Si durante el término del reconocimiento económico varía la circunstancia con base en la cual se hizo dicho reconocimiento, bien porque el destinatario hubiere acreditado la condición establecida en el literal a) del artículo 8º de la Ley 790 de 2002 y pasa a la señalada en el literal b), o al contrario, tal variación la acreditará conforme a lo establecido en el artículo 3º del presente decreto y, previa modificación de la resolución de reconocimiento, se continuará con el pago de éste por el tiempo que reste de dicho plazo.
a) Madres cabeza de familia sin alternativa económica: Los jefes de personal, o quienes hagan sus veces, verificarán en las hojas de vida de las servidoras públicas, que pretendan beneficiarse de la protección especial y en el sistema de información de la respectiva entidad promotora de salud, EPS, y en las cajas de compensación familiar, que se cumplan las condiciones señaladas en el presente decreto, y que en el grupo familiar de la solicitante no existe otra persona con capacidad económica que aporte al sistema de seguridad social.
13.2. Aplicación d e la protección especial.
(Nota: Se declara la nulidad de la expresión “... En todo caso la estabilidad laboral cesará una vez finalice el programa de renovación de la administración pública, conforme a lo establecido en el artículo 16 del presente decreto. " por la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia 3701-03 de 2005, MP. Ana Margarita Olaya Forero)
ART. 15.— Supresión de cargos vacantes. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 790 de 2002 y sin perjuicio de lo señalado en el capítulo III de este decreto, el empleo del que son titulares los servidores públicos que se jubilen o se pensionen hasta el 6 de agosto de 2006, quedará suprimido y ellos retirados del servicio una vez se haya reconocido o notificado la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones, salvo que el cargo resulte necesario conforme al estudio técnico previo que así lo justifique. El secretario general del respectivo organismo o entidad debe informar este hecho al Departamento Administrativo de la Función Pública dentro de los cinco (5) días siguientes a su ocurrencia.
ART. 16.—(Nulo).* Aplicación en el tiempo. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior sobre la supresión de cargos vacantes y en el capítulo II sobre el reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica, las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a partir del 1º de septiembre de 2002, dentro del programa de renovación de la administración pública del orden nacional, y hasta su culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el 31 de enero de 2004.
*(Nota: Se declara la nulidad del presente artículo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia 3701-03 de 2005, MP. Ana Margarita Olaya Forero)
Dado en Bogotá, D.C., a 30 de enero de 2003.