Source: https://es.scribd.com/doc/53436314/46/d-6-El-testimonio-de-Hector-Damian-Albornoz
Timestamp: 2016-02-10 11:18:21
Document Index: 36984064

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 391', 'artículo 391', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 391', 'artículo\n391', 'artículo 14', 'artículo\n391', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo\n29', 'artículo 391']

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Situación de Fabiana Gabriela Fiszbin4.b. Situación de Ana María Fernández4.c. Situación de Gustavo Juan Torres8. Omisión de aplicar el principio “in dubio pro reo”10. Error de hecho y de derecho11. Culpa con representación. Análisis necesario12. Cohecho: errónea valoración de la prueba13. Formula reserva del caso federalG. La defensa de Diego Marcelo Argañaraz2.c. Estructura decisional. Errónea valoración2.g. Presunción de legalidad. Omisión de valorar2.k. Contradicción. Impronta pirotécnica-cacheo intensoH. La defensa de Carlos Rubén Díaz3.a.1. Folleto Rockmañón3.a.2. Declaración testimonial de Víctor Ramón Fajardo3.a.5. Declaración indagatoria de Diego Marcelo ArgañarazI. El Representante del Estado Nacional3.a.5. Declaración testimonial de Víctor Ramón FajardoJ. La defensa de Raúl Alcides Villarreal4. No aplicación del principio “in dubio pro reo”K. La defensa de Fabiana Gabriela Fiszbin3.e.3. El ocultamiento de la Policía Federal Argentina3.e.6. El control realizado en el año 2004. Contradicción3.r. La denuncia de Omar Fernández4.d. Violación al principio “in dubio pro reo”L. La defensa de Ana María Fernández5.g. Violación del principio “in dubio pro reo”M. La defensa de Maximiliano Djerfy2. Sociedad Civil. Construcción arbitrariaO. El representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de3. Ejercicio de poder de policía. Errónea valoración5. Tasa de interés. Errónea aplicaciónP. La traductora pública Karina Alejandra D’EmilioTERCERO:CUARTO:1.d. Tratamiento desigualitario y actuación de la OFAVIQUINTO:SEXTO:SEPTIMO:OCTAVO:1.d.1. Folleto “Rockmañon”1.d.2. Testimonio de Víctor Fajardo. Omisión de valorar1.d.6. El testimonio de Héctor Damián Albornoz1.d.9. Competencia Funcional. Carlos Rubén DíazNOVENO:DÉCIMO:1. Situación de Raúl Villarreal1.a. Coautoría. Inexistencia de requisitos básicosDÉCIMO PRIMERO:DÉCIMO SEGUNDO:3.b.2. Ana María Fernández3.c.2. Ana María FernándezDÉCIMO TERCERO:1.a. Omar Emir Chabán2. Reenvío. Pautas para la fijación de pena2.d. Raúl Alcides VillarrealDÉCIMO CUARTO:2.d.1. Omar Emir Chabán2.d.2. Raúl Alcides Villarreal3.c. Intervención de Carlos Rubén Díaz en el hecho4.b.2. Ana María FernándezPRIMERO:3. Tratamiento desigualitario y actuación de la OFAVI2. Agravios con relación a Chabán4. Integrantes de la banda “Callejeros”4. Miembros del conjunto “Callejeros”1. Sobre las anotaciones en el “folleto Rockmañón”3. Sobre la validez del testimonio de Ana María Sandoval5. Críticas al testimonio de Héctor Damián Albornoz8. Participación de Díaz (sobre los días que trabajó)10. Sobre las del contravenciones el 30 de diciembre de11. Agravios sobre el grado de participación de12. Alegado “tratamiento desigualitario”13. Impugnación sobre los hechos tenidos por no14. Impugnaciones respecto de los miembros de15. Sobre el 30 de diciembre de 200416. ConclusiónSÉPTIMO:2. Intervención de ArgañarazSituación de los funcionarios del Gobierno de la C.A.B.A2. Situación de Ana María Fernández4. Situación de Gustavo Juan Torres3. Miembros del grupo “Callejeros”
Otro agravio expuesto por las partes es el atinente a las
consideraciones efectuadas por el Tribunal en relación a la
declaración de Héctor Damián Albornoz en función de lo declarado
por Viviana Cozodoy.
Así, afirman respecto del nombrado Albornoz que era “el
único testimonio que podía ligar a Díaz con los supuestos pagos
que se hacían a la Policía Federal Argentina” y pese a ello el
Tribunal sentenciante descarta un tramo de la declaración que hace
referencia a la escena relacionada a la entrega de dinero de parte
de Omar Emir Chabán al Subcomisario Carlos Rubén Díaz, puesto que
de aceptarlo sería contradictorio con lo manifestado por la
testigo Viviana Cozodoy. Cuestionan la mutilación parcial del
testimonio, pues el Tribunal mantuvo la validez del resto de la
declaración como prueba de cargo.
El Tribunal sentenciante analizó “in extenso” la versión
vertida por el empleado del local “República Cromañón” y concluyó
que “Las expresiones de Albornoz durante la audiencia nos
persuaden que en el caso se ha dado una confusión en la retención
de la percepción y su evocación, sea en cuanto al día de
ocurrencia del episodio, las condiciones de visibilidad del
momento, o el evento mismo del pasamanos de “algo color violeta”.
“Esta confusión a nuestro entender se ha dado en un grado
suficiente para que no podamos considerar como prueba de cargo
este episodio (la escena del ‘pasamanos’ del billete), como
ocurrida el día 29 de diciembre, sin perjuicio de resultar
verosímiles las manifestaciones del testigo en su conjunto”.
En primer término, y a fin de valorar el razonamiento
utilizado por el Tribunal, corresponde previamente delimitar las
reglas generales de mensuración de la prueba testimonial.
A fin de apreciar debidamente el mencionado medio de
prueba, y determinar el alcance del mismo corresponde ubicarse
mentalmente en la posición del testigo al momento de percibir los
hechos, imaginándose las situaciones en que se presentaba el
mismo, remontándose y recreando el momento, tiempo, lugar y demás
circunstancias que se desprendan tanto del relato del testigo como
de las demás pruebas (conf. en este sentido JAUCHEN, Eduardo, ob.
cit., p. 359).
Asimismo, como principio, debe tomarse como valedera la
declaración de un testigo, no obstante ello, es imprescindible
verificar si su relato se corrobora con el resto del material
Ahora bien, con el objeto de obtener una valiosa
ponderación de este medio de prueba, corresponde tener en
consideración los principales elementos psicológicos del
testimonio, que la doctrina los clasifica de la siguiente manera:
a) la percepción; b) la memoria y c) la deposición (JAUCHEN,
Eduardo M., ob. cit., pág. 360).
Corresponde entonces, en lo que aquí interesa, referirnos
a los dos primeros. Así, podemos definir a la percepción como la
realización de la operación propia de cada sentido (ver, escuchar,
oler, degustar y tocar) en virtud de la cual el testigo se
interioriza de lo que ocurre en la realidad exterior.
Dicha operación difiere en cada sujeto y guarda relación
con las aptitudes y cualidades de cada individuo, a su curiosidad,
a su situación personal, a su conexión afectiva con la relevancia
del hecho, a su sensibilidad, su disposición mental, a su
impresionabilidad, a las condiciones de modo, tiempo y lugar,
tales como la iluminación, la distancia y la velocidad, como así
también con todas aquellas circunstancias que rodean a cada caso
Es decir que, a fin de analizar un testimonio resulta
relevante tener en consideración la totalidad de las cuestiones
apuntadas, atento a que las mismas determinan o condicionan la
forma en que la persona percibe, mediante sus sentidos, un
Y tan esenciales resultan los condicionantes apuntados
precedentemente que la doctrina refiere que “Toda percepción es un
análisis parcial de la situación, de la cual se acentúa un aspecto
en detrimento de otros.” (JAUCHEN, Eduardo M., ob.cit., pág. 360).
Con respecto a la memoria, esta importa un proceso mental
complejo que requiere necesariamente la conservación de lo
percibido mediante los sentidos y luego su evocación como
mecanismo psíquico que implica traerlo nuevamente a la conciencia
mediante el recuerdo de aquello que se ha percibido. El proceso de
recuerdo requiere un trabajo de coordinación, selección e
interpretación y difiere en la capacidad de cada persona.
No sólo el objeto y el modo de percepción influyen en el
proceso amnésico de conservación y evocación en el testimonio,
sino que también la capacidad y actividad que la persona
Ahora bien, sentado lo expuesto veamos en el caso como se
conjugan los parámetros fijados.
Del confronte del testimonio en análisis, y tal como lo
señalara el Tribunal, se advierte la existencia de un relato
confuso, ya sea por un error en la percepción como por error en la
Las manifestaciones vertidas por el testigo denotan una
clara indeterminación de su ubicación espacial los días 28 y 29 de
diciembre de 2004. Pues por un lado, ubicó haber visto la entrega
mentada en la puerta de la oficina en la que se realizaban las
liquidaciones en ocasión de haber ido a buscar vino al depósito y,
por otro, relató que en las tres fechas que tocó la banda
“Callejeros” no se movió de la barra porque no necesitó reponer
bebidas y señaló también que no se desplazó atento a la cantidad
de concurrentes. Asimismo, existe confusión sobre los objetos,
pues mientras manifestó que en el local se expedían diversas
bebidas, no señaló como una de ellas a la que generó el motivo de
su desplazamiento hacia el depósito. También la sentencia hizo
referencia a los términos de la comunicación telefónica mantenida
con un compañero de trabajo y a los dichos de Viviana Cozodoy.
Héctor Damián Albornoz transmitió, el día de la audiencia,
los datos recabados por medio de sus sentidos. Pero evidentemente,
de su propio relato se advierte una falta de armonía en los
extremos señalados.
Ahora bien, y tal como lo sentáramos al referirnos a las
consideraciónes generales de valoración de la prueba testimonial,
corresponde señalar cual fue el motivo de las apuntadas
Evidentemente las condiciones en las que se desplegó la
entrega relatada no le permitieron ver con precisión cual era el
objeto de la dación. La luz que existía en el lugar y la ocasión
en la que se produjo el encuentro resultan condicionamientos más
que suficientes. Tampoco se puede determinar de sus dichos la
fecha precisa de la escena. El tiempo transcurrido entre la fecha
de la percepción y la evocación incidieron negativamente a los
efectos del recuerdo. Pero el transcurso del tiempo, que para la
parte puede parecer escaso, no resulta el único elemento a tener
En este sentido, corresponde destacar la gravedad
excepcional de lo ocurrido la noche del 30 de diciembre de 2004.
Las vivencias sufridas la trágica noche, no sólo por la extensión
de la tragedia y la cantidad de víctimas, sino por la forma y la
velocidad en la que se sucedieron los hechos, deben ser
consideradas al momento de valorar los dichos del declarante.
Evidentemente, un evento de las magnitudes como el que nos convoca
en la presente causa, es motivo más que suficiente para perturbar
la retención de algún dato puntual.
Asimismo resulta determinante, a los fines analizados, la
conexión afectiva del testigo con la relevancia del hecho. En el
caso, el deceso de una compañera de trabajo como la pérdida de la
fuente de trabajo, evidentemente también afectaron la memoria del
Por último, tampoco existe concordancia entre el objeto de
la busqueda y las bebidas que se expedían en el local de baile.
Por ello, compartimos lo expuesto por el Tribunal de
Juicio en cuanto a la existencia en el testimonio de Héctor Damián
Albornoz de “…una confusión en la retención de la percepción y su
evocación…”.
Pues, efectivamente, la mente humana es falible por
múltiples motivos y razones, siendo en consecuencia absolutamente
normal y lógico que cualquier individuo pueda errar acerca de
algun detalle o circunstancia.
Lo expuesto, en modo alguno importa una actitud mendaz ni
invalidante de las adecuadas evocaciones efectuadas en el resto de
Por consiguiente, el testimonio es divisible y puede
descartarse aquello que es fruto de meras equivocaciones o errores
involuntarios, conservando el remanente como válido, si a su vez
del juicio crítico se comprueba su veracidad.
Tal como lo sostiene la doctrina “la indivisibilidad del
testimonio, (…), es un resabio del antiguo principio falsus uno,
falsus omnibus que no se compadece con la realidad ni con el
sistema de la libre convicción como sistema de valoración
probatoria” (JAUCHEN, Eduardo M., ob.cit., p. 370).
En el caso, y conforme las reglas de la sana crítica la
sentencia sostiene que “Las dudosas condiciones de visibilidad del
episodio –transmitidas por el propio testigo-, la circunstancia de
que haya podido ver sólo ´algo de color violeta´ y la palabra
´vino´, sin saber si se trataba especialmente de esta bebida –
pues no está entre las que se expedían-, o si se trataba de una
referencia a bebidas alcohólicas en general, nos persuaden de la
imposibilidad de valorar su testimonio en este tramo (…)
Sin embargo, y a excepción de este episodio, que no será
objeto de consideración, (…) el resto de sus manifestaciones se
ven corroboradas por la prueba producida”.
El fallo analiza detalladamente los restantes extremos de
la declaración de Albornoz que mantiene vigentes. Así refiere que
se encuentra acreditada la presencia de Díaz en el local vestido
de traje, que se preguntaba por la cantidad de asistentes a
“República Cromañón” y que se entregaba dinero a la policía por
seguridad; y contrasta expresamente cada una de las afirmaciones
con la prueba corroborante.
Es decir, que mantiene el resto de los dichos del testigo
en relación a los aspectos señalados, por encontrar respaldo
Dicho proceder resulta correcto y ajustado a las reglas de
la sana crítica, pues aún en el hipotético caso de efectuar el
ejercicio mental de suprimir la totalidad de la declaración
cuestionada, en nada incide en la decisión final adoptada por el
La exclusión o apartamiento del testigo cuestionado no
conlleva a modificar el razonamiento adoptado en la sentencia,
pues el resto del material probatorio permite sostener firmemente
Los extremos vertidos por el testigo Albornoz se
verifican, en lo pertinente y con el alcance asentado en la
sentencia, con las declaraciones de Viviana Cozodoy, de Marío
Alfredo Díaz, de Ana Sandoval, de Eduardo Daniel Sempé, como así
también con las anotaciones de la agenda y la declaración de Diego
Marcelo Argañaraz y el folleto “Rockmañon”.
Por consiguiente, y en virtud de las argumentaciones
expuestas, no se advierte agravio alguno en relación a la
consideración parcializada de la declaración en análisis.
Ahora bien, las partes cuestionan que “…solamente se
descartan aquellas apreciaciones que se contradicen con lo
manifestado por Cozodoy…”, pero en realidad lo que neutraliza el
Tribunal es aquello que resulta confuso o incongruente,
independientemente de la incidencia o relación que ello tenga en
la cuestión. Los restantes elementos que pudieron ser verificados,
ya sea mediante la prueba testimonial o documental, fueron
mantenidos y valorados.
En esa inteligencia, no debe perderse de vista que la
veracidad del testimonio de Viviana Cozodoy se encuentra
ampliamente acreditada en autos como analizamos en el acápite que
1.d.7. Incorporación por lectura del testimonio de Ana
En lo que respecta a dicha incorporación efectuada por el
Tribunal de Juicio e impugnada recién en esta etapa procesal por
la defensa de Omar Chabán, entendemos que resulta acorde a
derecho, en tanto que el planteo luce claramente extemporáneo.
Ello así dado que de la compulsa del acta de debate del 22 de
agosto de 2008, surge que en dicha oportunidad y otorgada que le
fuera la palabra para que se manifestara con relación al punto, la
parte no dedujo oposición alguna por lo que la cuestión quedó
definitivamente zanjada.
Entonces, la incorporación al debate del testimonio
referido resulta legítima, por cuanto se ha respetado el derecho
de defensa del acusado; el defensor es soberano en la
planificación de su estrategia.
En dicho sentido, puede afirmarse que el control de la
prueba constituye un derecho del que puede desistir el interesado,
en el caso, a través de su silencio (NAVARRO, Guillermo Rafael -
DARAY, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis
doctrinal y jurisprudencial”, t. II, 2ª ed., Hammurabi, Buenos
Aires, 2008, p. 1135), por lo que no advertimos que lo decidido
por los magistrados de la instancia anterior vulnere el derecho de
En el caso, ante la imposibilidad de interrogar a Ana
María Sandoval fundado en uno de los extremos previstos
expresamente por el inciso 3° del artículo 391 del código de forma
(su fallecimiento) y no habiendo oposición de parte, se ordenó la
introducción por lectura al debate de los testimonios vertidos en
la sede instructoria.
En relación a la normativa citada, cabe recordar el
criterio que sostuviéramos como integrantes de la Sala III al
votar en los autos n° 7246, caratulada: “ZABALA, Gastón Enrique
s/recurso de casación” (Reg. 130/07 del 21/02/07) en el cual
memoramos lo resuelto “…en las causas N° 2251 ‘Fuñoli Salazar,
José s/ rec. de casación’ (Reg. N° 651/99 del 26/11/99), N° 2622
‘Novoa, Jorge s/ rec. de casación’ (Reg. N° 430/2000 del
10/8/2000), N° 3631 ‘Ramírez, Carlos s/ rec. de casación’ (Reg. N°
316/02 del 11/6/2002), y causa N° 4919 ‘Taboada, Arturo Valeriano
s/ rec. de casación’ (Reg. N° 447/04, del 25/08/04), en cuanto a
que ‘Los principios de inmediación, contradicción y oralidad -que
rigen la recepción de la prueba en el debate- encuentran su
excepción en las previsiones del artículo 391, que autoriza a
suplir los testimonios directos por la incorporación por lectura
de aquellos recibidos durante la instrucción cuando las partes
fueren contestes al prestar su conformidad a tales efectos (inciso
1°); cuando se pretenda poner de relieve contradicciones o
variaciones entre unas y otras, o para ayudar a la memoria del
testigo (inciso 2°); cuando el testigo hubiere fallecido,
estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se
encontrare inhabilitado para declarar (inciso 3°); o cuando lo
hubiere hecho por exhorto o informe (inciso 4°). Es condición para
la sustitución que autoriza esta norma, que en las declaraciones
prestadas durante la etapa investigativa e incorporadas al debate
se hayan observado las formalidades de la instrucción’; y que ‘La
excepción contenida en el inciso 3° de la norma referida, es una
consecuencia directa del principio fundamental de la búsqueda de
la verdad real o histórica que domina el procedimiento penal, y
que impone a los Tribunales de Justicia el deber de incorporar al
debate todo elemento de prueba o dato objetivo que haya sido
introducido legalmente al proceso y que sea susceptible de
producir en el ánimo de los sujetos procesales un conocimiento
cierto, o por lo menos probable acerca de los extremos fácticos de
la imputación delictiva (conf. nuestro voto en la causa N° 1391
caratulada ‘PAZOS, Juan Carlos y otros s/ recurso de casación’,
Reg. N° 596/98, Rta. el 28/12/98)’.
En efecto, si bien es cierto que la regla general es que
debe darse al acusado oportunidad adecuada e idónea para poner a
prueba, confrontar e interrogar a un testigo de cargo, ya sea en
el momento en que el testigo estuvo haciendo la declaración o en
una etapa posterior, es decir, durante la investigación o en el
juicio (ver sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
los casos ‘Van Mechelen vs. Países Bajos’, ‘A.M. vs. Italia’,
‘Unterpertinger c. Austria’ y ‘Saïdi c. Francia’, entre muchos
otros citados por Luis M. García en ‘El derecho a interrogar a los
testigos de cargo’, publicado en Suplemento de Jurisprudencia
Penal de La Ley, septiembre de 2002, pág. 3 y ss.), como así
también que el derecho de toda persona acusada de un delito ‘...a
interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo...’ tiene
rango constitucional (conf. artículo 14. 3. ‘e’ del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 del
16/12/1966; artículo 8. 2. ‘f’ de la Convención Americana de
Derechos Humanos; y artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna); no
es menos cierto que los referidos pactos -al igual que todos los
otros tratados internacionales que han sido incorporados al texto
de la Constitución Nacional por la reforma de 1994, en las
condiciones de su vigencia-, ‘... tienen jerarquía constitucional
...’ pero ‘... no derogan artículo alguno de la primera parte de
esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos ...’ (artículo 75 inciso
22 de la Ley Fundamental).
Siendo ello así, el derecho consagrado en los pactos
citados ‘supra’ (que no constituye una cláusula directamente
operativa, toda vez que, por ejemplo, el artículo 2 inciso 2° del
propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
claramente establece que ‘...Cada Estado Parte se compromete a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en
el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter...’) debe
armonizarse con el conjunto del ordenamiento jurídico de nuestro
país y, consiguientemente, recibir para su goce la reglamentación
que -como se verá- exclusivamente puede establecer el Honorable
Congreso de la Nación, de modo que sólo podrá efectivizarse ‘...
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...’ (artículo 14
de la Constitución Nacional); siendo justamente el artículo 391
del Código Procesal Penal de la Nación el llamado a considerar la
hipótesis de excepción que se verificó en el caso bajo estudio, el
cual reconoce (sin alterar) el invocado derecho en análisis de
interrogar a los testigos en el debate, permitiendo la
incorporación por lectura de sus testimonios cuando se dan los
supuestos especiales previstos y exigidos por la misma norma.
Por ello, la excepción consagrada en el comentado artículo
391 del ritual no resulta arbitraria ni contraria a un derecho
consagrado constitucionalmente, toda vez que el artículo 14 de la
Carta Magna, en palabras de Joaquín V. González (‘Manual de la
Constitución Argentina’, Estrada, Buenos Aires, 1983, pág. 110),
ha investido al Congreso Nacional ‘... con la potestad de dictar
todas las restricciones que nacen de la misma naturaleza de la
sociedad, de los principios eternos de justicia y de moral, y del
conjunto de medios y recursos ideados por la Constitución para
afianzar la justicia, consolidar la paz, proveer a la defensa
común, procurar el bienestar de todos y asegurar la libertad ...’
(el resaltado nos pertenece). Y es precisamente en virtud de tales
principios de verdad, de moral y de justicia que deben regir a
toda sociedad civilizada, que se justifica cabalmente la
existencia de la norma concebida por el legislador en el artículo
391 referido; toda vez que en las circunstancias establecidas
resulta irrazonable conceptualizar tan imprudente estado de
indefensión social y consagrar así el consecuente grado de
impunidad frente al hecho fortuito de la desaparición del testigo
El referido criterio que deriva de la ley y que
consecuentemente observamos, sin duda alguna, asegura la
realización del derecho penal sobre la base de criterios ciertos
de razonabilidad y justicia, y en definitiva nos permite aventar
todo interés que pudiera tener quien hubiese delinquido en
procurar la ausencia o cualquier forma de desaparición física de
los testigos que le pudieran resultar desfavorables y así obtener
un pronunciamiento absolutorio en el juicio. En el mismo sentido
se ha expedido el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de
esta ciudad, expresando que ‘... de asentar el criterio de que no
pueden incorporarse testimonios por lectura cuando estamos ante
los supuestos que la ley expresa y taxativamente enumera en el
art. 391 inciso 3°, se estaría actuando en contra de los artículos
79 y 80 del C.P.P. puesto que de ello podría surgir una incitación
a la amenaza, la privación de libertad e incluso el homicidio de
un testigo o de una víctima a fin de aprovechar el supuesto
resultado nulificante de su no presencia en el momento del debate
...’ (conf. voto del doctor Martín Federico en la causa n° 354
‘Rebello, Sebastián y otros s/ inf. ley 23.737’, Reg. N° 967 de
ese tribunal, de fecha 8/10/99).
Por lo demás, advertimos que no obstante que el texto del
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos no define
limitaciones a los derechos en él consagrados; sí lo hacen otras
convenciones y tratados internacionales anteriores y posteriores
de igual jerarquía. En efecto, cabe mencionar a modo de ejemplo:
a) que el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (Bogotá 2/5/1948) establece que ‘Los derechos
de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar
general y del desenvolvimiento democrático’ (el resaltado es
nuestro); b) que el artículo 32. 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica
(22/11/1969) dispone que ‘Los derechos de cada persona están
y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad
democrática’ (el resaltado nos pertenece); y c) que el artículo
29. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Resolución n° 217 A de las Naciones Unidas, del 10/12/1948 -de la
que deriva la norma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en comentario) ordena que ‘En el ejercicio de sus
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática’ (el resaltado lo agregamos nosotros).
Conforme con ello, no dudamos en afirmar que el derecho de
interrogar a los testigos de cargo no es directamente operativo,
sino que tiene limitaciones objetivas impuestas por la ley que
regula el ejercicio de dicha facultad, con miras a cumplir fines
superiores de una sociedad democrática como la nuestra, esto es
‘... afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los
beneficios de la libertad ...’. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación lleva dicho reiteradamente sobre el particular que ‘Los
derechos civiles, políticos y sociales que la Constitución
Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a
limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles
entre sí y con los que corresponde reconocer a la comunidad’
(Fallos: 191:139; 253:133; y 315:380, entre otros).” –confrontar
en igual sentido causa n° 10698, caratulada: “Vildoza, Federico
Jonathan s/rec. de casación” Reg. 1298/09 rta. el 22/09/09 de esta
Por todo lo expuesto, consideramos que el caso en estudio
no puede ser tomado como una violación al derecho de interrogar al
testigo de cargo -Sandoval- consagrado en los pactos
internacionales mencionados; toda vez que nos encontramos
indiscutiblemente ante uno de los supuestos excepcionales y
taxativos previstos por la ley procesal (artículo 391 inciso 3°
del Código Procesal Penal de la Nación) que hacen legalmente
admisible la incorporación por lectura al debate de las
declaraciones testimoniales brindadas por la nombrada.
1.d.8. Confabulación de los testigos Ana Sandoval, Viviana
Cozodoy y Héctor Albornoz en contra de Omar Chabán. Hostilidad de
Aquí debemos descartar el planteo efectuado por la defensa
de Chabán en relación a la hostilidad del testigo mencionado y a
la confabulación llevada adelante por tales personas, con la
finalidad de “hundir” a Omar Chabán, por cuanto ninguno de tales
extremos fueron verificados en autos.
precedentemente, los dichos de los testigos cuestionados se
encuentran corroborados con los restantes elementos probatorios
incorporados a la causa.
Por otra parte, no se observa en las declaraciones de los
nombrados la existencia de un acuerdo previo efectuado con el
objetivo señalado por la defensa. Pues, más allá de las normales
reuniones mantenidas antes de las declaraciones como compañeros de
trabajo, lo cierto es que si efectivamente hubiera existido una
confabulación ilícita, se hubiera observado una identidad de
relato entre los involucrados, lo que no ocurrió sino que, si bien
fueron contestes entre sí en las cuestiones centrales, lo cierto
es que se han dado matices en algunos aspectos ya tratados que
tienen que ver con la propia y personal apreciación de cada uno,
lo que da por tierra con la vigencia de la mentada conspiración o
Sostener la tésis planteada por la defensa no sólo escapa
a la realidad de los hechos sino que implicaría concluir que la
referida confabulación fue mayor, pues en la maniobra pretendida
habrían intervenido no sólo los empleados del local de baile, sino
también la policía y el manager de la banda, entre otros.
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