Source: https://medioambiente.uexternado.edu.co/category/noticias-juridico-ambientales/
Timestamp: 2018-06-21 12:32:54
Document Index: 370098109

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 332', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 1']

Noticias Jurídico Ambientales – Derecho del Medio Ambiente
Categoría: Noticias Jurídico Ambientales
El Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio del Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes, profirió una sentencia en la cual se discutió como problema jurídico central si la realización de informes técnicos en la etapa primaria de planeación de un proyecto puede considerarse como amenaza de derechos colectivos. Se determinó que el alcance del estudió técnico no es adoptar la decisión final y definitiva respecto del lugar de la realización del proyecto, sino valorar y presentar las opciones, debido a que la materialización del proyecto depende estrictamente de los procedimientos administrativos y contractuales correspondientes ante autoridades municipales y departamentales. Es por esa razón que un estudio técnico no es hecho generador de un daño contingente que anteceda directamente a la concreción de la vulneración de derechos colectivos.
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La Resolución 2657 de 2017 “Por la cual se asigna el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) para el año 2018 entre los barcos atuneros de cerco de bandera colombiana mayores de 400 toneladas de capacidad de acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO)” proferida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, estableció los límites de mortalidad de estas especies acuáticas de conformidad con los parámetros señalados por la Comisión Internacional del Atún Tropical. Lo anterior, se desarrolló en el marco del manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros que tiene como objetivo asegurar su aprovechamiento sostenido.
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El Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio de la Concejera Ponente María Elizabeth García González, profirió sentencia en la que el problema jurídico predominante era determinar el alcance de la cosa juzgada dentro de las acciones populares que involucraran una posible afectación a los derechos colectivos de carácter ambiental. Se esclareció que así como lo establece el artículo 35 de la Ley 472, la sentencia dictada dentro de un proceso de acción popular tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y el público en general. Armonizando lo anterior, con el artículo 332 del Código General del Proceso se establecen 3 requisitos para la configuración de la determinada cosa juzgada. Estos son: que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, que se funde en la misma causa que el anterior y que exista entre ambos identidad jurídica de las partes.
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El Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio del Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes, profirió una sentencia en la que se buscó responder principalmente a dos preguntas, la primera es que si las inversiones realizadas antes de la entrada en vigor del Decreto 1900 de 2006, se deberá tener como válida para acreditar el cumplimiento de la inversión forzosa del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Sobre esto se determinó que no es jurídicamente admisible pues el enunciado del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 señala la necesidad de que la administración determine específicamente las obras y las actividades de recuperación, preservación y conservación de la cuenta en las que se deba invertir el dinero correspondiente a la inversión forzosa. La segunda pregunta constaba sobre la legitimidad de considerar que las inversiones efectuadas en el Plan de Manejo Ambiental no eran admisibles para acreditar el cumplimiento de la inversión forzosa del 1%. Esto también se encontró jurídicamente inadmisible pues eso sería tornar como superflua la clara distinción de ley sobre el Plan de Manejo Ambiental como institución y la carga administrativa de la inversión forzosa del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Sus alcances, orígenes, objetos y finalidades son totalmente diferentes.
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Resolución 1500 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 1257 del 28 de junio de 2017 y se establecen otras disposiciones”
La Resolución 1500 de 2017 “Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 1257 del 28 de junio de 2017 y se establecen otras disposiciones” expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, realizó algunas modificaciones en la ejecución del salvoconducto o guía de movilización para el transporte de recursos y/o productos pesqueros, con la finalidad de iniciar un plan piloto pedagógico en cuatro departamentos considerados estratégicos para para dicha implementación: Arauca, Guainía, Vichada y Amazonas, en los cuales a partir del 15 de agosto de 2017 entrará en vigencia el salvoconducto o guía de movilización con carácter pedagógico hasta el 31 de enero de 2018, aclarando que las autoridades civiles, militares, administrativas y de policía, no podrán proceder con los decomisos, ni retención de productos y/o recursos pesqueros y de la acuicultura por falta del salvoconducto o guía de movilización, pudiendo sí, verificar in situ los productos y/o documentos a que haya lugar como parte de sus funciones.
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La Resolución 353 de 2017 “Por la cual se determina el valor promedio nacional de los costos totales netos de establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque plantado, se fija la cuantía máxima porcentual que se reconocerá por concepto de Certificado de Incentivo Forestal, el Incentivo por árbol y se fija el incentivo por mantenimiento de una hectárea de bosque natural incluida en un plan de establecimiento y manejo forestal, para el año 2018” publicada en el diario oficial por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, materializa una de las potestades que tiene este ministerio para fijar la política pública de los cultivos forestales con fines comerciales de especies introducidas o autóctonas.
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