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Timestamp: 2019-07-19 08:18:01
Document Index: 162585824

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 18', 'artículo 50', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 53']

Decreto-Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda (Vigente hasta el 21 de Diciembre de 2013).
Publicado en BOCL núm. 149 de 05 de Agosto de 2013
Vigencia desde 06 de Agosto de 2013. Esta revisión vigente desde 06 de Agosto de 2013 hasta 21 de Diciembre de 2013
Artículo 8 Modificaciones sobre requisitos de los destinatarios
Artículo 11 Medidas para facilitar el pago de las cuotas de compra
SECCIÓN 1. Medidas en relación con las viviendas de protección pública ya calificadas
SECCIÓN 2. Medidas en relación con las viviendas de protección pública sin calificar
Artículo 28 Reducción de los precios máximos de venta y alquiler
Artículo 29 Racionalización de estándares constructivos
--> R Cortes 28 Ago. 2013, CA Castilla y León (convalidación del Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda)
Véase la Res [CASTILLA Y LEÓN] 28 agosto 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda («B.O.C.L.» 11 septiembre).
DLey [CASTILLA Y LEÓN] 1/2013, 31 julio, derogado por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 10/2013, de 16 diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda («B.O.C.L.» 20 diciembre) el 21 de diciembre de 2013. Véase la Res [CASTILLA Y LEÓN] 28 agosto 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda («B.O.C.L.» 11 septiembre).-->
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de julio de 2013
Este decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de carácter urgente en materia de vivienda, con especial atención a las viviendas de protección pública, con el fin de responder a la situación de extraordinaria dificultad sobrevenida que atraviesan las personas y familias residentes en Castilla y León para ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; a tal efecto regula:
Este decreto-ley será de aplicación a las siguientes viviendas:
Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado del siguiente modo:
1. La duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública, contada en todo caso desde la fecha de otorgamiento de la licencia de primera ocupación, será:
1. Mientras dure el régimen legal de protección, el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, tanto en primera como en segunda y posteriores transmisiones, así como el precio de referencia para el alquiler de la vivienda, en ambos casos por metro cuadrado de superficie útil, se determinarán aplicando los coeficientes establecidos por orden de la consejería competente en materia de vivienda al módulo básico estatal vigente, o cualquier otra denominación que le sustituya, o en su defecto al precio básico autonómico que se establezca, en su caso, mediante la citada orden.
Se modifica el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
1. Mientras dure el régimen legal de protección, las transmisiones de viviendas de protección pública y los contratos de arrendamientos de las mismas, así como de sus anejos, vinculados o no, deberán presentarse para su visado ante la consejería competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de 15 días desde su formalización. Los obligados a presentar la solicitud de visado son, en caso de compraventa, el adquirente, y en caso de arrendamiento, el arrendador.
1. Para las viviendas de protección pública de promoción pública el plazo citado en el artículo anterior será de 10 años.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, y que en la fecha de entrada en vigor de este decreto-ley tengan aún cantidades pendientes de pago, podrán solicitar a la administración enajenante la adopción de las siguientes medidas:
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con una administración pública o con una entidad del sector público para el arrendamiento de una vivienda de protección pública de promoción pública, que en la fecha de entrada en vigor de este decreto-ley se encuentre vigente, podrán solicitar a la administración o entidad propietaria la adopción de las siguientes medidas:
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, la Administración de la Comunidad y las administraciones locales de Castilla y León que sean titulares de viviendas de protección pública deberán reservar viviendas para la atención a colectivos en riesgo de exclusión social, tales como personas en riesgo de desahucio o víctimas de violencia de género. A tal efecto:
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los Ayuntamientos con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán reservar para la integración en su respectivo parque público de alquiler social, al menos el 30 por ciento de las viviendas de protección pública desocupadas de su titularidad o de sus entidades dependientes. Este porcentaje se aplicará a las viviendas ya construidas o rehabilitadas que se encuentren desocupadas, a las que estén en construcción o rehabilitación y a las que se construyan o rehabiliten en el futuro, sea por las propias administraciones o por sus entidades dependientes.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, para la primera transmisión de las viviendas de protección pública de promoción pública que ya estén calificadas provisional o definitivamente a la entrada en vigor de este decreto-ley, el precio máximo de venta se modifica aplicando un coeficiente reductor de 0,8 a los precios que hubieran sido determinados por la aplicación de los coeficientes establecidos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, que en la fecha de entrada en vigor de este decreto-ley tengan aun cantidades pendientes de pago, podrán solicitar a la consejería competente en materia de vivienda el pago anticipando con una rebaja sobre las cantidades pendientes de pago, determinada conforme a la siguiente escala:
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el arrendamiento de una vivienda de protección pública de promoción directa, podrán solicitar la compra de dicha vivienda a la consejería competente en materia de vivienda, conforme a las siguientes reglas:
Medidas en relación con las viviendas de protección pública ya calificadas
1. Si durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley se ampliara el período de amortización de un préstamo hipotecario constituido en el marco de los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad con las entidades financieras para la financiación de la compra de viviendas de protección pública, no se exigirá la previa autorización administrativa para llevar a cabo dicha ampliación.
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley:
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor, podrán ser adquiridas o alquiladas por cualesquiera personas físicas, unidades familiares o unidades de convivencia, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, conforme a la redacción dada por este decreto-ley, con independencia de las condiciones establecidas en la calificación provisional o en la calificación definitiva de las viviendas o en su caso en la correspondiente convocatoria.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como «vivienda joven» al amparo de lo dispuesto en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León:
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, a quienes adquieran en primera transmisión una vivienda de protección pública calificada provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor y se comprometan a destinarla durante al menos 5 años al alquiler, no se les exigirá el cumplimiento de ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, para la adquisición de una vivienda de protección pública. A tal efecto se aplicarán las siguientes reglas:
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, los arrendatarios de una vivienda joven o de una vivienda de precio limitado para familias que hayan suscrito un contrato de arrendamiento con opción a compra sobre tales viviendas podrán ejercer la opción de compra antes de que transcurran los diez años previstos en su calificación siempre que exista acuerdo entre el arrendatario y el propietario de la vivienda. En tal caso:
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas de protección pública destinadas al arrendamiento que estuvieran calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor, podrán ser arrendadas por personas que no cumplan los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública cuando estas deban cambiar de provincia de residencia por motivos laborales, tales como los supuestos de movilidad geográfica prevista en el Estatuto de los Trabajadores, o por haber obtenido un puesto de trabajo en una provincia diferente al de su residencia habitual y permanente.
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, la duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor podrá reducirse a 10 años, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor podrán ser objeto de descalificación, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Medidas en relación con las viviendas de protección pública sin calificar
El Plan Integral de Calidad previsto en el artículo 18 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, así como en general las normas de diseño y habitabilidad de las viviendas de protección pública se adaptarán a las condiciones derivadas de lo dispuesto en este decreto-ley, en particular en cuanto a los efectos de lo previsto en el artículo anterior.
A efectos de lo dispuesto en este decreto-ley, se entiende por:
En los procedimientos regulados en este decreto-ley, la Consejería competente en materia de vivienda, previa autorización expresa del solicitante que se hará constar en el modelo de solicitud, podrá obtener directamente y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas administraciones públicas, la información necesaria para la comprobación de los datos de identidad del solicitante y de propiedad de la vivienda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y las características de la unidad familiar o de convivencia. En otro caso el solicitante estará obligado a facilitar dichos datos.
Las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente antes de la entrada en vigor de este decreto-ley se sujetarán al régimen jurídico al amparo del cual se calificaron, a excepción del régimen sancionador, que será el previsto en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, así como en cuanto resulten afectadas por las medidas previstas en los capítulos III y IV de este decreto-ley.
Los procedimientos de calificación de viviendas de protección pública así como del resto de actuaciones en materia de vivienda iniciados al amparo de la normativa anterior continuarán rigiéndose por la misma hasta su finalización, salvo en cuanto resulten afectados por las medidas previstas en los capítulos III y IV de este decreto-ley. En particular, para las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente a la entrada en vigor de este decreto-ley, los plazos citados en el artículo 50 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, se contarán desde la fecha de calificación definitiva.
Hasta que se determinen los municipios a que se refiere el apartado 5 del artículo 45 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, se entenderá que dichos municipios son todos los de Castilla y León excepto los citados en la Orden HAC/17/2013, de 21 de enero, por la que se da publicidad a la relación de municipios a que se refiere el artículo 9.1.c) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.
1. Para determinar los precios de las viviendas de protección pública que se califiquen a partir de la entrada en vigor de en este decreto-ley se aplicará el módulo básico estatal establecido en el artículo 9 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, o en su caso el índice que le sustituya.
b) El Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, junto con los Decretos 83/2003, de 31 de julio, 64/2006, de 14 de septiembre, y 64/2009, de 24 de septiembre, que lo modifican. --> D 52/2002 de 27 Mar. CA Castilla y León (plan director de vivienda y suelo 2002-2009) --> D 83/2003, de 31 Jul. CA Castilla y León (se garantiza el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en los supuestos previstos en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009) --> D 64/2006 de 14 Sep. CA Castilla y León (modificación del D 52/2002 de 27 Mar., de desarrollo y aplicación del plan director de vivienda y suelo de Castilla y León 2002-2009) --> D 64/2009 24 Sep. CA Castilla y León (modifica el desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009)
1. Las referencias a la «calificación provisional» de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que no son objeto de modificación en este decreto-ley, así como en la restante normativa de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán hechas a la «calificación» de las viviendas de protección pública regulada en el artículo 53 de la citada Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley.
1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León y al titular de la consejería competente en materia de vivienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este decreto-ley. En particular, por orden de la consejería competente en materia de vivienda podrán modificarse los órganos competentes para ordenar, tramitar y resolver los procedimientos regulados en este decreto-ley, así como, en cuanto al régimen de las viviendas de protección pública, las excepciones a los límites de superficies y a los requisitos de los destinatarios, las especialidades del visado de las transmisiones y los contratos de arrendamientos y los supuestos de autorización de cambio de uso.
Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».