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Timestamp: 2018-11-15 16:36:15
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TEORÍA DE LA PENA Y FINES DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
Las consecuencias jurídicas del delito. Concepto de pena y medida de
Las consecuencias jurídicas del delito más importantes en el Derecho
penal moderno son la pena y la medida de seguridad. La diferencia entre
ambas radica en que la primera responde a una finalidad retributiva a modo
de castigo, en función de la culpabilidad por el hecho –delito- cometido, esto
es, responde a un supuesto específicamente penal: a una acción u omisión
típica, antijurídica y culpable; mientras que la segunda ostenta una finalidad
preventiva, para evitar futuros hechos delictivos, en virtud de la peligrosidad
criminal, ya sea ante o post-delictual.
De entre ambas instituciones, la pena es la más clásica y relevante.
Como afirmara Cuello Calón la pena, con finalidades diferentes, feroz o
moderada, ha existido siempre, en todos los pueblos y en todos los tiempos.
La pena es un hecho universal. Se trata de una especie dentro del género de
las sanciones jurídicas, constituyendo la más grave de las del ordenamiento
jurídico. Materialmente consiste en una privación o restricción de bienes
jurídicos o derechos, impuesta conforme a la Ley por los órganos
jurisdiccionales, al responsable de una infracción penal. La pena tiene un
carácter aflictivo, por cuanto supone un mal para el infractor de la norma
penal, así como las consecuencias dañinas de la imposición y ejecución de la
pena también se revisten de un carácter informal. La simple condición de
imputado en un proceso penal conlleva un impacto social muy negativo y un
efecto estigmatizante.
Como institución de Derecho público, la pena constituye en todo caso
una garantía para el procesado y/o condenado, pues protege a éste frente a
la reacción vindicativa desproporcionada, propia de la antigua justicia
privada. La evolución en la absorción competencial del ius puniendi por parte
del Estado ha dado lugar a una suerte de progresiva incapacitación en las
posibilidades de actuación de la víctima, consecuencia que intentan hoy
superar la Victimología y la Victimodogmática.
Las medidas de seguridad son una respuesta al espacio de impunidad
que generó la incorporación de la culpabilidad como presupuesto de la pena.
Si ésta sólo podía imponerse a quienes pueden ser objeto de reproche por su
conducta o a quienes la merecen, de este modo se encuentra un nuevo
formato de respuesta penal para quienes cometen delitos demostrando alguna
incapacidad que permite disculpar su conducta.
Tiene, por ello, como fin primordial la prevención especial (en sus
modalidades de advertencia individual, corrección o enmienda del infractor, o
esto es. por cuanto la probabilidad de delinquir es un juicio sobre un futurible. mientras que la pena va referida a un hecho pasado. y ello supone que surjan en este ámbito dificultades para aplicar las garantías del proceso penal a estos supuestos diversos. por lo cual el delito sirve como índice de la peligrosidad criminal de un sujeto. Tal principio de proporcionalidad supone que en Alemania se haya rechazado la aplicación de custodia de seguridad a los delincuentes habituales de criminalidad leve y suprimido el internamiento en casas de trabajo. una cierta fiabilidad en su comportamiento. pero se considera que existe una gran probabilidad de que vayan a realizarla en un futuro. de 12 de enero-) se utiliza. no han de ser proporcionadas a la gravedad del delito cometido. sino únicamente a la peligrosidad del delincuente (Cerezo Mir). Medidas de seguridad pre-delictuales -muy cuestionables. Las medidas de seguridad postdelictuales se establecen para los supuestos de peligrosidad manifestada por la realización de una conducta delictiva. A este respecto. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica inocuización) y se aplican de ordinario a sujetos peligrosos. La justificación ética de las medidas de seguridad puede hallarse únicamente en el interés social preponderante de la prevención del delito (Stratenwerth). Por tanto. en España las medidas de seguridad no puedan resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido según el Código penal. y deviene del comportamiento del sujeto en el ámbito de la ejecución de la pena. se aplican las medidas de seguridad a aquellas personas que han cometido una infracción penal y muestran unas tendencias delictivas que les convierten en sujetos criminalmente peligrosos. En este sentido. para la represión de conductas de los menores infractores (Ley penal del menor –L. Los ordenamientos penales modernos incluyen entre sus consecuencias jurídicas únicamente las medidas de seguridad postdelictuales. parece criticable la previsión normativa que en este último país. a diferencia de las penas.Máster en Derechos Humanos. las medidas de seguridad tienen un mayor contenido de indeterminación en su aplicación. El concepto de peligrosidad penitenciaria es diverso de éste.O. si guarda proporción con la gravedad de los delitos cometidos y con aquellos cuya comisión se quiere precaver y con la peligrosidad del delincuente.son las que se establecen y se aplican a las personas que no han realizado aún una conducta delictiva. presentan un índice de concreción mucho más impreciso que las penas. en los que cabe apreciar una probabilidad mayor. de delinquir en el futuro. Por su propia naturaleza. Fundamento y fines de la pena 2 . esto es. ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. así como de otro modo planteado. usualmente durante su estancia en un establecimiento penitenciario. por cuanto las medidas de seguridad. 5/2000. sólo estará éticamente justificada una medida de seguridad.
La imposición penal se muestra así como una necesidad ética. En cambio. decantándose en mayor medida por concepciones correccionalistas o preventivo especiales. constituyendo por tanto un elemento nuclear en la teoría de la pena (Gracia Martín). es decir. La pena. lo que ha contribuido a una mala imagen de acuerdo con la sensibilidad y las concepciones valorativas de nuestro tiempo. si bien por caminos diferentes. las teorías retributivas han encontrado suficiente apoyo en los últimos 3 . para Hegel (“Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho”. y c) Teorías eclécticas o unitarias. las ideas retributivas recibieron un claro impulso por parte del pensamiento cristiano. tendría que ser antes ejecutado. para que a cada cual le suceda lo que merece por sus hechos”. Para el primero. en la aplicación de la pena no cabe aceptar otra cosa que la reafirmación del ordenamiento jurídico. si el pueblo que habita una isla acordase dispersarse y esparcirse por todo el mundo) el último asesino que se encontrara en la prisión. que en puridad alude a la justificación o legitimación de la misma. Se ha asociado de modo reduccionista tal concepto históricamente a la Ley del Talión. la pena sería la negación del delito y en cuanto tal. es mera retribución. No obstante. tanto por parte de la Iglesia protestante como de la Católica. de pensamiento menos empírico y más idealista que el kantiano. Las teorías absolutas han sido asumidas no obstante por algunas corrientes relativamente recientes entre las teorías sociológicas del Derecho. es tan antigua como la pena misma y se mantiene en la actualidad. el derecho canónico defendió la retribución en mayor medida en un sentido espiritual como proceso expiatorio del pecado. b) Teorías relativas. si bien pueden agruparse en tres grandes grupos: a) Teorías absolutas. un menoscabo en su dignidad humana. mantenida hoy por una parte de la doctrina. En la historia de la penalidad. a) Las teorías absolutas tradicionales encuentran la justificación de la pena exclusivamente en el delito cometido (punitur quia peccatum est). según esta concepción. siendo diversas y múltiples las propuestas explicativas doctrinales al respecto. 1797): “Incluso si la sociedad civil se disolviera con el consentimiento de todos sus miembros (por ejemplo. la ley penal es un imperativo categórico (como retribución moral). la afirmación del Derecho (teoría de la retribución jurídica).Máster en Derechos Humanos. Históricamente. con sus más claros exponentes en Kant y Hegel. Las modernas teorías retributivas o absolutas de la pena no aparecerán hasta el idealismo alemán. surgen como reacción a las concepciones utilitarias de la pena mantenidas en la Ilustración. Por otro lado. Se vislumbra claramente en el supuesto que planteara en estos conocidos términos (“Metafísica de las costumbres”. es decir por razones utilitarias. se estaría utilizando al delincuente como instrumento para la consecución de fines sociales lo cual implicaría un exceso invasivo. De acuerdo con la moderna concepción de la retribución. 1821). compensación del mal causado por el delito. Los representantes de las teorías absolutas estiman que si se justificase la pena por sus efectos preventivos. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica La polémica sobre el fundamento y fines de la pena. quienes vienen a coincidir en una concepción puramente retributiva de la pena. una exigencia absoluta de la justicia.
Al Estado de Derecho no se le reconoce legitimidad para incidir en el fuero interno de las personas mediante el castigo. corregir al culpable. Por otra parte. en Roma (1704). donde se grababa: “Poco sirve castigar a los delincuentes si no se les mejora con la educación”. Como consecuencia final y práctica del planteamiento retributivo resulta la esterilidad del tiempo penitenciario. La pena se justifica así. reapareciendo tal semilla en la filosofía de las Casas de corrección de Ámsterdam así como en los teólogos y moralistas del siglo XVI y XVII. criticando los esfuerzos terapéuticos en relación con el alto coste para el erario público. y ello es predicable igualmente de las teorías preventivas correccionalistas. revestida de un fin trascendente) y fundamentan la misma y su necesidad en el fin de evitar la comisión de delitos futuros (punitur ut ne peccetur). y hay que hacerle mejor. Espinoza y Locke plantearán igualmente otros fines que el mero retributivo del castigo divino. años en los que tal actividad se estructuraba con base en criterios preventivos. los procesos interiores de expiación personal de la culpa no pueden elevarse a fines de la pena. por cuanto la inexistencia de contenidos y directrices de política penitenciaria únicamente reconduciría la ejecución penal al peor pasado de los centros penitenciarios. El Derecho penal no ha de confundirse con la moralidad (García Valdés). Tan antigua como la idea retributiva. o cuando expresaba: “Es menester. hasta llegar a la Ilustración. como rechazo a los modelos de ejecución penitenciaria de la década de 1960. con blandura y con vigor. con amonestaciones y a la fuerza. Por otra parte. como lugares destinados únicamente a la retención y custodia y al abandono de los penados (Mapelli Caffarena). b) Las teorías relativas son concepciones utilitarias de la pena (lo que significa que ésta ha de ser útil. quien citara a Platón en estos términos: “Nadie prudente castigaría porque se ha pecado. como apuntara Beccaria. Será en cualquier caso en la Ilustración cuando las ideas iluministas se dirigen a buscar una finalidad positiva y trascendente para la 4 . por sus efectos preventivos. sino para que no se peque”. Hobbes. los fines retributivos han de ser absolutamente cuestionados por cuanto prescinden del carácter específicamente social que caracteriza tal concepción estatal.Máster en Derechos Humanos. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica decenios en la política criminal de los EEUU de América. es simplemente crueldad. Desde una concepción del Estado como Estado Social de Derecho. Sandoval o Cerdán de Tallada. La crisis del ideal rehabilitador igualmente haría surgir movimientos semiretribucionistas en los países escandinavos (new crime control policy). Posteriormente. tanto para sí como para los otros”. no parece adecuado añadir al mal del delito el mal de la pena ni existen medidas válidas para cuantificar el tanto de retribución. pues. la teoría preventiva se reconoce en clásicos como Séneca. recogen tales inclinaciones preventivas que dejan también su huella en manifestaciones prácticas como el frontispicio del Hospicio para jóvenes de San Miguel. Los juristas abogados de presos del XVI como Chaves. La pena socialmente inútil.
Teorías relativas de la pena. Y ello cuando se trate de delincuentes de difícil reinserción social (por esta vía se vislumbra hoy la aplicación de recientes y restrictivas legislaciones antiterroristas y contra otros delincuentes “enemigos del estado”. la consecución de la corrección o enmienda del delincuente o. por un lado. cuya conducta se explica a partir de factores físico-psíquico-social-antropológicos. al menos. Para estos teóricos la pena tiene como única misión neutralizar la peligrosidad de los criminales aprovechando las aportaciones de las ciencias médicas y biológicas. A diferencia de la teoría preventiva que parte de la prevención teórica. Se mantienen. o un ser anormal.Máster en Derechos Humanos. Bentham. La prevención especial supone una actuación sobre la persona del delincuente penado. Filangieri. capaz de vivir respetando la ley penal. Roxin). Dentro de las teorías preventivas suelen distinguirse la prevención general y la prevención especial. Lardizábal. la teoría preventiva parte de la imperfección de la realidad sobre la cual debe operar la pena. la obra de Manuel de Lardizábal resulta indispensable. y. pero también lo fueron las que mantuvieron los representantes de la Escuela positivista italiana (Lombroso. las que defendieron los penalistas ilustrados (Beccaria. por algunos autores (Mayer. para que sea. en fin. Como últimas consecuencias el hombre se venía a convertir en un animal de laboratorio sobre quien se podría 5 . la función de ejemplaridad de la pena. la amenaza y la aplicación de la pena pueden infundir temor a los posibles delincuentes y motivarles a abstenerse de cometer delitos. por otro lado. para evitar que vuelva a delinquir en el futuro. realizando el Derecho penal una función pedagógica o formativa. la consistente en la separación o inocuización (conformando la denominada prevención especial negativa). Dentro de la teoría de la prevención especial se distinguen tres posibles direcciones o fines a perseguir al influir sobre el sujeto penado. En materia de privación de libertad. pues mediante la segregación se impide o dificulta considerablemente la realización de nuevos delitos. partiendo de la idea del delincuente como sujeto socialmente defectuoso. su readaptación social (prevención especial positiva). Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica pena. un demente. los aspectos de la advertencia o intimidación individual (consecuencia del cumplimiento de la pena). y distinguiéndose de la simple intimidación (también conocida como prevención general negativa) una denominada prevención general positiva o integradora. con la idea de la pena como instrumento disuasorio. en último término. Antón Oneca. que consiste en el robustecimiento de la conciencia jurídica general mediante la satisfacción del sentimiento jurídico. falto de libertad personal. se identifica usualmente con la intimidación. eran como se ha señalado. La primera. esto es. Feuerbach). Romagnosi. que causan su degeneración y lo convierten en un enfermo. Ferri y Garofalo) que vinculaban la pena a la peligrosidad del delincuente y le asignaban como fin primordial el de la prevención especial. En la prevención general se incluye también. un fin socialmente útil. Así. que ponían el acento en la prevención general. como se verá infra).
en los últimos años del s. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica experimentar todo tipo de tratamiento. entre los principios sugeridos para ser sometidos a consideración ya se apuntaba. parecería. vinculado con tales movimientos pero aportando novedosos caracteres al sentido de la ejecución penal. en el congreso penitenciario de Cincinnati de 1870. y su asimilación al entorno penitenciario. pero al que añade la expiación cristiana. de ahí su especial trascendencia en la particular vida penal española. directamente vinculada a la citada visión positivista. asimismo integrable entre las teorías relativas. A partir de Krause y especialmente de Roeder (1839). Con posterioridad. sino curar y reformar a los delincuentes”. Tomando como válida una parte de esa teoría. anexo al correccionalista en algunas consideraciones. la idea de un tratamiento penal individualizador. una responsabilidad que asumía un 6 . con iniciativas de corte criminológico. se delimitan los postulados filosóficos de esta nueva e influyente teoría. nacida Madrid en 1903 bajo su inspiración. que las sentencias indeterminadas deberían sustituir a las fijas. en el plano teórico. de alguna de las indicaciones del Congreso penitenciario de Estocolmo de 1878 (con anterioridad. es de resaltar por cuanto tendrá su difusión posterior en los modelos latinoamericanos.Máster en Derechos Humanos. sobresale en España la figura de Concepción Arenal. desde entonces. Directamente relacionada y como reacción a la escuela positivista igualmente surge en Italia la denominada tercera escuela o del positivismo crítico italiana (Alimena y Carnevale). enderezando su voluntad pervertida” -trasladada su doctrina al entorno hispano en 1862 por Romero y Girón-. “El visitador del preso”. en noveno lugar. el Estado debe aspirar con la pena a llegar a la voluntad de los delincuentes. XIX surge en Alemania la denominada teoría “correccionalista”. sino su interior enmienda. condensa un pensamiento pietista. o de obras significativas como las de Saleilles en Francia resaltando la necesidad de la indeterminación y de un procedimiento de individualización administrativa. desde el meramente psicológico al quirúrgico. quien opta por no llamar pena a la sanción por entender que cumple una función de saneamiento social de profilaxis ajena a cualquier finalidad represiva. una extensión necesaria. y ello a partir de la asimilación. En el ámbito penitenciario español. Su emblemática y madura obra. la figura de Rafael Salillas y su influencia en esta materia mediante la Escuela de Criminología. Uno de los más reputados exponentes de esta nueva línea es Dorado Montero. Se respiraba por entonces un ambiente transformador de ciertas categorías penales. en cambio adquiere su mayor relevancia en España. o de Dorado Montero en España. si bien no puede entenderse –como se ha afirmado en ocasionesseguidora absoluta de la misma. “no son los delitos los que hay que castigar. pasado el primer tercio del s. En su concepto. para corregirla ajustándola a Derecho. que si bien no tiene gran difusión en Alemania. XIX y primeros del XX. y se hacía un paralelismo de la reforma de los delincuentes con la curación de los dementes). El luminoso estudio de éste vino especialmente a impulsar. quien afirmara que “el Estado debe proponerse no solamente la adaptación del delincuente a la vida social. en determinados círculos científicos y prácticos. Según la misma.
por cercana a estos propósitos. Tres cuartos de siglo más tarde la Ley penitenciaria española integrará. de la mano de García Valdés. llegando a plantearse la lógica de que tan relevante es la gravedad del hecho cometido como las posibilidades del condenado de resocializarse.Máster en Derechos Humanos. sustitución de la pena. cuyo fundador es Von Liszt cuya aportación a la ciencia penal moderna es determinante. lo que influirá en varias décadas de impulso preventivo-especial. delineando distintos contenidos de la misma dependiendo del perfil del delincuente sobre el que se aplica. mientras que si se trata de delincuentes irrecuperables. suspensión de la ejecución. aquellos presupuestos científico-individualizadores. Su idea de la prevención especial se publica en 1882 bajo el nombre de Programa de Marburgo. la pena de convierte en un instrumento inocuizador. Las Naciones dejando constancia delito y tratamiento Tratamiento de los posterior en Europa Unidas se involucran activamente en este movimiento. Liszt defiende la vigencia de la culpabilidad como barrera infranqueable. elaborando unas Reglas Mínimas para el Reclusos (1957). que tuvieron seguimiento y desarrollo mediante las Reglas del Consejo de Europa de 1973. Con posterioridad. si se trata de delincuentes con antecedentes pero con posibilidad de cambio. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica visionario Salillas desde sus posibilidades administrativas (impulsando esencialmente el Decreto de tutela correccional de 18 de mayo de 1903). así 7 . consecuencia ineludible. Ancel. pues no se limita a fijar unos fines para la pena. Graven). libertad condicional. Su relevancia no puede orillarse por cuanto un Derecho penal orientado a la prevención especial. Si bien no aporta nuevas ideas a las tesis preventivas. según se trate de delincuentes ocasionales. también entre las relativas preventivo-especiales sobresale la teoría de la “nueva defensa social” (Gramatica. sino que partiendo de una visión integradora de todo el sistema penal elabora una nueva política criminal. sí supone un movimiento de aspiraciones internacionalistas que nace en la postguerra mundial (1947) y que servirá para debatir reformas penales orientadas a los fines preventivos. En cambio. la pena cumple una función resocializadora. significó una fuente inagotable de inspiración para transformaciones muy notables en el ámbito de la ejecución de la pena privativa de libertad (remisión de la pena.). La condena indeterminada vendría a ser otro horizonte. asimismo ha de nombrarse la que procede de la denominada Escuela sociológica alemana. Así. etc. mostrándose partidario de mantener un dualismo diferenciador entre penas y medidas. era no obstante conocedor de los riesgos de las teorías preventivo especiales llevadas al extremo sobre las personas. de su interés al fomentar la fórmula “prevención del del delincuente”. Entre las teorías relativas. Los fines resocializadores suponen un modo de reconciliación de la pena con la sociedad. la pena cumple una función intimidatoria. incluso frente a las aspiraciones preventivas. es decir a lograr la reinserción pacífica del delincuente en la sociedad. Partidario de la creación de un amplio espectro científico en el que concurrieran las diferentes ramas del saber para afrontar conjuntamente la lucha contra la delincuencia.
De igual modo. Tal sistema de 8 . tales fines reinsertadores se integrarán definitivamente en numerosas legislaciones (con su mayor exponente en el artículo 5. De esta forma se evitan las críticas relativas a la utilización de la persona de manera instrumental. La teoría de la prevención especial no sólo ha servido como motor para dinamizar el sistema de penas sino que aleja al Derecho penal de cualquier otra pretensión que no sea la de cumplir con su función de proteger los bienes jurídicos necesarios para la vida en sociedad y cumplir con los cometidos del Estado social. Como consecuencia la influencia de las normas de la ONU. la pena justa. cuando hay razones de prevención especial que lo justifiquen. las penas privativas de libertad están usualmente orientadas hacia la reeducación y reinserción social (rehabilitación. lo que supone la prelación de los principios de prevención especial positiva. así en un tope superior determinado por la culpabilidad y otro inferior. La pena se enmarca. desde un contenido de mínimos. Fines resocializadores (Prevención especial positiva) El fin reinsertador de la pena privativa de libertad.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos). constitucionalmente. Tales teorías permiten que la pena quede por debajo de la magnitud que recomienda la pena merecida. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica como las de 1987 hasta llegar a la última redacción de las Reglas penitenciarias europeas de 2006. Así. persigue hoy el regreso del penado a la sociedad. resocialización). En otros términos (Gracia Martín). El sistema progresivo de cumplimiento de condenas es el utilizado en la mayor parte de los sistemas penitenciarios. o incluso puede dejar de ser aplicada cuando así esté indicado por razones de prevención general o de prevención especial. En este sentido. ya que el máximo de la pena impuesta es la pena merecida. por ser ambas modalidades compatibles entre sí. española o portuguesa. en el ámbito latinoamericano. la pena puede ser inferior a la medida de lo injusto o de la culpabilidad. aquella que corresponde aplicar al condenado de acuerdo con su responsabilidad. diversas normas constitucionales vinieron a incluir durante la década de 1970 tales principios y fines resocializadores.Máster en Derechos Humanos. como así ocurría con la ley italiana. y este fin preventivo-especial será el que en mayor o menor medida ha venido a impregnar las normativas y los instrumentos internacionales en los últimos decenios. c) En tercer lugar. y en virtud de lo dispuesto en los Códigos penales y las normativas penitenciarias (leyes y reglamentos). con la capacidad de vivir respetando la ley penal. diferenciándose etapas de cumplimiento (con diferentes denominaciones) por las que ha de transcurrir la vida penitenciaria de los reclusos. Se han perdido en el camino otros fines con mayor carga moralista. se orienta a los fines de la prevención general y de la prevención especial. las teorías unitarias o eclécticas (Roxin) defienden que el sistema penal puede orientarse en su conjunto hacia la prevención –general y especial-.
los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990 establecen en su Principio 10º que con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales. sino también que sea capaz de hacerlo”. situaciones éstas que son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad 9 . prestándoles asistencia para su futura readaptación social (regla 80). el Comité de Derechos Humanos muestra su preocupación al constatar la falta de programas educativos de reinserción por lo que recuerda a los Estados que deben adecuar las condiciones de encarcelamiento a lo dispuesto en el artículo 10. informa de igual modo los sistemas penitenciarios iberoamericanos. debido a las condiciones de encierro. “en definitiva. Portugal. El Salvador). exista un deterioro de la integridad física.1).Máster en Derechos Humanos. “si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr. educativos. espirituales y de otra naturaleza.3: “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. psíquica y moral”. morales. proteger a la sociedad contra el crimen” y que se alcanzará este fin.3 del Pacto. preceptuando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en su Regla 58 que el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son. En América Latina. sufrimientos. La Corte Interamericana por su parte ha señalado que las lesiones. tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica cumplimiento y en algunos supuestos en su variante perfeccionada de progresivo técnico o sistema de individualización científica (España. “pueden llegar a constituir una forma de trato o pena cruel cuando. “se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles”. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos preceptúan además que la finalidad del régimen carcelario es la de ayudar a los reclusos a vivir conforme ley y a mantenerse con el producto de su trabajo después de concluir su condena (Reglas 65 y 66. “el régimen penitenciario debe emplear. que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades. todos los medios curativos.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. en lo posible. según la Regla 59. y con el debido respeto de los intereses de las víctimas. De ahí que el Relator Especial para las Personas Privadas de Libertad haya expresado su preocupación por la falta de supervisión judicial y de proyectos específicos dirigidos a la rehabilitación de los reclusos. Al respecto. daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad. Por su parte. las penas privativas de libertad “tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. de conformidad con el artículo 5. y todas las formas de asistencia de que puede disponer”. Para su consecución. En lo que respecta a las penas privativas de libertad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pronuncia sobre la reinserción social como finalidad de la pena. por lo que dispone en su artículo 10.
3. En todo caso. el Convenio Europeo de Derechos Humanos permite las penas privativas de libertad (art.1. La V Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas se refirió a la profundización de las funciones de rehabilitación y reinserción social del individuo. esto es. Por lo que las “autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas”. siempre que se garantice el fin último del artículo 5. se señaló asimismo que uno “de los mayores retos que enfrentan nuestras sociedades es el de lograr sistemas penitenciarios y carcelarios que. al referirse al examen médico establecen en la Regla 42. que el médico debe proceder “a la identificación de problemas de salud física o mental que pudieran ser un obstáculo a la reinserción del interesado después de su liberación”. En las conclusiones de la I Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas. en condiciones adecuadas. en la regla 6. se 10 . hay que tener presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (como sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no establece límites ratione temporis ni ratione personae a las penas privativas de libertad. y como resalta la Regla 83.a).h). que sí lo hacen. tomando en cuenta los respectivos sistemas jurídicos y estructuras constitucionales. que “deben tener en cuenta las necesidades que entraña lograr la reinserción de los detenidos en la sociedad como fin de la pena”.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. añadiendo la Regla 72. permitan la rehabilitación y reinserción plena a la sociedad de aquellos que hayan sido sancionados por los tribunales de justicia”. No obstante. a diferencia del citado artículo 10. y en relación con las autoridades penitenciarias.3. respecto del personal penitenciario. 5. como tampoco lo está el cumplimiento de pena privativa de libertad a personas septuagenarias. En el ámbito europeo.b) “especialmente lo concerniente a asumir la responsabilidad de su reinserción”. de la reinserción social se ocupan las Reglas Penitenciarias Europeas en su Preámbulo. en su artículo 5. Este tratado no se pronuncia sobre la reinserción social como finalidad de la pena. por lo que la cadena perpetua no está prohibida (como se verá infra). las autoridades judiciales en asuntos penales examinen las prácticas actuales en materia de detención preventiva y penas privativas de la libertad. así como al regular determinadas materias. a través del mejoramiento de las condiciones de privación de la libertad y el estudio de nuevos estándares penitenciarios.6. Asimismo. éstas deben llevar a efecto una buena coordinación de todos los servicios que aseguren la prestación destinada a los detenidos. Y la VI Reunión impulsó. se solicitara que. en lo posible. Por ejemplo. “el intercambio de experiencias nacionales y la cooperación técnica en materia de política carcelaria y penitenciaria”. “proteger al individuo de la arbitrariedad”. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica cuales son “la reforma y la readaptación social de los condenados”. por lo que recomendó promover en el marco de la Organización de Estados Americanos.Máster en Derechos Humanos.
civiles. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica hace referencia a la ayuda especial que ha de prestarse a los reclusos antes de ser puestos en libertad y con carácter especial a los que cumplen penas de larga duración (Regla 107). El problema de la duración de la misma no deja de ser parte nuclear en la polémica acerca de su uso. por sus efectos negativos desocializadores. Penas de prisión de diversa duración. de derechos de los reclusos. del respeto a la dignidad de la persona humana. según la moderna concepción de la pena de prisión. se han criticado las penas cortas de prisión (entendidas como tales aquéllas inferiores a seis meses). así como al libre desarrollo de su personalidad. se aprecia una tendencia lenta pero permanente a reducir el tope máximo de duración de las penas privativas de libertad. predicando la exigencia de acudir a la misma cuando es absolutamente necesario. La Cadena perpetua Si bien se señaló (Ihering) que la historia de la pena de prisión es la historia de su constante abolición. Lo adecuado. manteniéndose las alternativas a la misma para los delitos de menor importancia. es evolucionar en la dirección de recortar los tiempos máximos y mínimos de estancia real en el establecimiento penitenciario. Por otro lado. pues la misma se vislumbra todavía en la mayor parte de los ordenamientos como un instrumento imprescindible y principal en la lucha contra la criminalidad media y grave (como un “mal necesario” según la define. a modo de ejemplo. para delitos menores. Las penas privativas de libertad de larga duración también se hallan sometidas a constante crítica por cuanto plantean graves consecuencias en materia de humanidad en la ejecución de las penas. etc. A ello ha de añadirse (Mir Puig). la Exposición de motivos de la Ley penitenciaria española). su familia.). esto es. así como supone implicar a los reclusos en la subcultura carcelaria y en la influencia negativa de los demás delincuentes profesionales y habituales. de otra parte. por un lado. En los modernos ordenamientos. y de su trabajo. podría hoy afirmarse que más bien refleja su constante evolución. principalmente. que producen un desarraigo del delincuente al separarle de su entorno social más directo. El fundamento principal en la crítica de las penas cortas vendría impulsado por el Derecho penal moderno que señala el carácter de la pena en general como ultima ratio en la defensa del orden social. desde finales del siglo XIX. estigmatizándole al fin. reducir a lo 11 . se argumenta que no permiten llevar a cabo una labor eficaz preventivo-especial.Máster en Derechos Humanos. tales penas suponen una dirección contraria a la búsqueda y aplicación de alternativas. Las razones se apoyan en criterios de sensibilidad histórica que hoy admiten que basten para la función de la prevención general penas menos graves que en épocas anteriores. Los argumentos en contra han sido. por lo que finalmente supone un gravamen para el Estado superior al de otras clases de penas. De modo sintético. las razones propias de la prevención especial. cuando no es posible acudir a otro tipos de sanciones (administrativas. en el impulso de la reinserción social.
No obstante. Así. no llegando a causar efectos tan devastadores en el condenado como para provocar. su irrecuperabilidad social. se impide su aplicación con base en principios constitucionales. a centenares de años de reclusión. Lo usual será que obtengan algún tipo de liberación. sin prohibición expresa. en esencia. Ante las dificultades que plantea esta medida penal. se incluye en la categoría de penados a largas condenas a todos aquellos que cumplen penas superiores a seis meses. lo que en la práctica supone o ha de suponer un tratamiento específico para con los internos en esta situación. Por otro lado. en 12 . hay diferentes visiones para interpretar lo que es pena de prisión de larga duración. La pena perpetua se constituye. uno de los más graves problemas que llevan consigo las penas privativas de libertad perpetuas o de muy larga duración es el potencial daño para el bienestar mental de los penados. esto es. así.Máster en Derechos Humanos. por ejemplo. en muchos países. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica imprescindible. en algunos de los países escandinavos. en diversos países se ha consolidado constitucionalmente la prohibición de la cadena perpetua. en Portugal. hay condenados de por vida. la instauración de la cadena perpetua. Brasil o Colombia se prohíbe tal pena. constituyendo una modalidad de sentencia indeterminada. Y es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos) no establece límites ratione temporis ni ratione personae a las penas privativas de libertad. En algunos ordenamientos (Europa oriental) por ello los tribunales han decidido que los reclusos que anteriormente hubiesen. en Europa oriental se entiende por larga condena aquella que suponga una reclusión de más de diez años. en la más grave sanción penal tras la pena capital. tras un largo período de reclusión. sido condenados a la pena capital. por la gravedad de sus delitos –frecuentemente asesinatos-. En contraste. deberán hoy pasar un mínimo de veinticinco años en prisión (con los diez primeros en confinamiento solitario). en muy pocos casos pasarán los condenados toda su vida en prisión. Consecuencia de la abolición de la pena de muerte ha sido. por parte de las Administraciones penitenciarias. De hecho. condicional o definitiva. La institucionalización como nocivo proceso que la administración penitenciaria debe intentar evitar. En todo caso. como consecuencia de la magnitud de sus condenas o de la incertidumbre sobre la fecha de su futura puesta en libertad. No obstante. mientras en otros como España se advierte por la doctrina penal que la pena perpetua sería inconstitucional por cuanto la Constitución reconoce la obligación de las prisiones de proporcionar a los reclusos penados la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. aquellas medidas que resulten suficientes para ejercer la función de prevención general (en la duración mínima). por ejemplo. en los EEUU de América. en Europa. habida cuenta de su duración máxima. en la mayor parte de los Estados que la aplican. Así. En muchas de tales jurisdicciones el carácter de la cadena perpetua es. mientras que en otros. O en Noruega. indefinido. donde es el propio Código penal el que niega tal posibilidad.
existen diversas disposiciones en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 65 y 66). de conformidad con la resolución 62/148 de la Asamblea. Todo ello sin perjuicio de que haya cuestionado las penas de duración indeterminadas en términos generales. No obstante. como veremos infra. en las que se establece que el trato propiciado a los condenados tendrá por objeto alentar el respeto hacia sí mismos y desarrollar su sentido de responsabilidad. tanto por correspondencia como mediante visitas. así como la posibilidad de realizar trabajo remunerado. bajo la debida vigilancia. deportivas y de ocio”. estudios y actividades religiosas. pudiendo en tales circunstancias condenarse a pena de reclusión a perpetuidad (artículo 77 del Estatuto). culturales. la reclusión en régimen de aislamiento debe prohibirse totalmente en los casos de condenados a muerte y a cadena perpetua. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto que. en determinadas circunstancias. acerca de las penas de larga duración. Particularmente. con su familia y con amigos “de buena reputación”. el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha observado que en muchos países europeos el número de reclusos condenados a este tipo de penas (cadena perpetua y penas de larga duración) “es cada vez mayor” y ha considerado que “no puede justificarse de ningún modo la aplicación indiscriminada de restricciones a todos los reclusos que deban cumplir un tipo particular de sentencia”. tanto la cadena perpetua como las penas de larga duración. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica el resto de las naciones donde sí se prevé legislativamente. tal cadena perpetua funciona de iure pero no de facto. El único Tratado internacional de Derechos humanos que prohíbe la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación es la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37. salvo cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. recientemente informaba (28 de julio de 2008) que. así como se señala en su Regla 37 el derecho de tales reclusos a comunicarse periódicamente. a partir de sus recomendaciones específicas acerca de la cadena perpetua. el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles. Por su parte. La Corte Penal Internacional puede. instan que los Estados ofrezcan a los condenados a esta pena “oportunidades para la comunicación y la interacción social”. pueden plantear problemas desde la perspectiva del artículo 3. las Naciones Unidas. A fin de paliar estos 13 . Tales posibilidades han de proveerse. condenar a penas privativas de libertad (así como a otras penas) con el límite de 30 años. respecto de los menores de 18 años. no obstante. por sus efectos dañinos.Máster en Derechos Humanos. recientemente. Asimismo entre los instrumentos de Naciones Unidas. inhumanos o degradantes. En el ámbito global internacional. en relación con los reclusos condenados a cadena perpetua o a penas de larga duración. para los demás condenados a penas de larga duración. entre ellas. de igual forma. el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación cuando no existe ningún espíritu de poder beneficiarse de medidas como por ejemplo la libertad condicional.
y ello no debe acompañarse de ulteriores y añadidas privaciones gratuitas. la cuestión a valorar es la relativa al contenido sustancial de la pena y que ésta pese a 14 . y que supongan aún un alto índice de peligrosidad penitenciaria (a distinguir de la denominada peligrosidad criminal propia del momento del delito). Permitida la cadena perpetua en algunas legislaciones e incluso en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. su estancia en prisión suele ser tranquila. tendentes a una futura reinserción. Su alto perfil político y su capacidad mediática condicionan en numerosas ocasiones la actividad de la Administración penitenciaria. desde el entendimiento de que de lo que se priva es de la libertad. La condena perpetua no supone peores comportamientos o problemas disciplinarios en la práctica prisional por parte de los condenados. En la realidad penitenciaria se rompe la presunción de que todos los reclusos condenados a penas prolongadas son peligrosos en prisión. la primera relativa (en su apartado octavo) a la atención particular que debe prestarse a los proyectos de ejecución de la pena y al régimen de quienes han sido penados a penas de prisión de larga duración o de cadena perpetua. que establece que para las condenas prolongadas debe dárseles a los penados la oportunidad de hacer algo útil y que éstos han de ser “tratados calculando una posible puesta en libertad y reinserción en el mundo exterior”. lo que deja su reflejo especialmente en las citadas Reglas 103 y 107. definidos como enemigos del Estado. En las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006 se tuvo en cuenta lo aprobado en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa.Máster en Derechos Humanos. de 17 de julio de 1998. Otra dificultad surge en el tratamiento de los reclusos terroristas. que ante la presión política únicamente podrá ofrecer humanidad y profesionalidad. entre ellas el Rec (2003) 23. en su apartado 2º. y la segunda. que cumplen largas condenas –en muchas ocasiones perpetuas-. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica problemas se propone una serie de medidas para que se fomente en dichos reclusos “su sentido de la autonomía y de la responsabilidad personal”. éstos no suelen aceptar el hecho de estar en prisión ni colaboran de los tratamientos previstos en la legislación. al igual que aquella que predica que todos los reclusos condenados a tales penas son peligrosos. la Administración penitenciaria habrá de buscar soluciones para su retención y custodia. para aquellos condenados por crímenes especialmente cruentos. A diferencia de la mayoría de los reclusos. que tratan aspectos específicos de la política y la práctica penitenciarias. concerniente a la gestión por la Administración penitenciaria de las condenas a perpetuidad y a otras penas de larga duración. lo que exige una atención particular por parte de las Administraciones penitenciarias (Andrew Coyle). dignas para tales reclusos. relativo a las medidas que supongan un acercamiento progresivo a la libertad cuando prescribe: “Especialmente en los casos de penados a penas de larga duración estas medidas deben ser aplicadas para permitir un retorno progresivo a la vida en libertad”. Habida cuenta de que su buen comportamiento a la larga conllevará en la práctica la posibilidad de adelantar su salida. No obstante.
en cumplimiento real para determinados supuestos (“Derecho penal del enemigo”). 15 . Así lo han entendido los Tribunales Constitucionales de diversos países europeos cuyos ordenamientos contemplan la pena en cuestión. disfrutando de la libertad condicional tras alcanzar un tope mayor o menor de cumplimiento. En la realidad penitenciaria. por cuanto una reclusión así no da lugar a que el penado. prevén asimismo expresamente la posibilidad de que el condenado alcance la salida del establecimiento anticipadamente. distinto y superior al que suele llevar la simple imposición de una condena”. Mapelli Caffarena). previendo la posibilidad de alcanzar la libertad condicional a los treinta y cinco años. por cuanto en otros lugares como Italia la cadena perpetua permite la liberación condicional o el indulto a los veintiséis años. a modo de ejemplo. ha de relativizarse tal concepto previsto en el entorno europeo. de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado. Alemania o Francia. como se señaló más arriba. así como sucede en Alemania a los quince años (constatándose el indulto de casi todos antes de los veinticinco años y tan sólo un 0. una vez cumplida la pena. se encuentra una proscripción expresa de la cadena perpetua (artículo 29. pueda rehacer su vida. como es el caso de Italia. siempre deba llevar aparejada la posibilidad de una libertad anticipada. En todo caso. la cadena perpetua.1). Pudiera servir de indicador la conclusión del Tribunal Constitucional español a este respecto. Las penas de muy larga duración también dificultan el cumplimiento de tal compromiso legal. nadie en Europa es condenado irremediablemente a pasar el resto de su vida en prisión. cuando vincula la calificación de una pena como inhumana o degradante no tanto a su duración sino a su contenido material. según una gran parte de la doctrina penal-penitenciaria ni la prisión perpetua ni las penas de larga duración debieran tener cabida en un sistema penitenciario inclinado hacia la resocialización (García Valdés. Por otro lado. Como se ha afirmado supra. incluso superándola en rigor. aun prevista en algunas legislaciones. pero que en puridad se confunden con la cadena perpetua. algunas investigaciones recientes han demostrado que los largos períodos de reclusión provocan en quienes los sufren daños irreversibles en su personalidad. si por ello se entiende como de por vida. por lo que la condena conlleva la destrucción del sujeto como ser social (muerte civil). Tan sólo en la Constitución portuguesa. que pueden convertirlos a la postre en tratos inhumanos o degradantes. afirmando que “depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste. que aspire a crear unas expectativas para una futura reincorporación pacífica del penado en la sociedad. Los ordenamientos que contienen en sus textos punitivos dicha pena. Tal fin es inviable con la reclusión perpetua. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica ser perpetua o de muy larga duración. en la mayor parte de los casos su cumplimiento no termina de llevarse a cabo íntegramente. En los peores casos existen normas con topes de cumplimiento de cuarenta años como en caso español (tras la Ley 7/2003 de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas).6 % aproximadamente llega a los treinta años de reclusión efectiva).Máster en Derechos Humanos. Así.
se presenta una falta de garantías procesales. ha venido a desembocar en lo que se ha denominado “populismo punitivo”. la defensa de la conveniencia de penas más largas por parte de un sector de la doctrina. entre otras posibilidades. se encuentran en toda su geografía jurídica. Así. 16 . la detención de un extranjero durante siete días. En Europa. Esta tendencia impregnará paulatinamente las legislaciones a ambos lados del Atlántico de norte a sur. que permitía. los reflejos de este “derecho penal reaccionario” (Téllez Aguilera). pero ha encontrado un importante eco en todos los países del ámbito occidental. se esconden motivaciones políticas y que una sociedad bien informada se vuelve más tolerante y proclive a soluciones reparadoras. El impulso que esta tendencia recibe en los Estados Unidos de América a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 es determinante. el terrorismo o el narcotráfico. Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica Existe. Surgía a partir de entonces lo que vino a llamarse Derecho penal (y penitenciario) del enemigo. mucho más cuando se sabe. cuyo más claro exponente lo fue la Patriot Act de 26 de octubre de 2001. basado en razones de prevención general y de oportunidad. una tendencia relativamente reciente a condenar a penas de prisión de muy larga duración. si bien tales condenados constituyen un porcentaje muy minoritario en el número total de los reclusos. que los índices de criminalidad no varían por muy duras que sean las penas. así como incrementos desmedidos en la cuantía de las penas privativas de libertad unidos a una restricción sin precedentes de los beneficios penitenciarios y las posibilidades de adelantar la libertad de los penados. con alto grado de fiabilidad. El sustento empírico que reivindique tal posibilidad es mínimo. Y en todas las normativas reformadas según estos criterios regresivos (por cuanto suponen. siempre que existiera una mínima sospecha de vinculación terrorista.Máster en Derechos Humanos. sin necesidad de presentar cargos contra él. sin embargo. una vuelta a los postulados penales del siglo XIX). Investigaciones criminológicas demuestran (Mapelli Caffarena) que tras dichas corrientes de opinión. Se reclama en este sentido mayor dureza represiva frente a un incremento de la criminalidad y frente a fenómenos recientes y de gran alarma social cuales son el crimen organizado. en fin.
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