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Timestamp: 2017-09-26 21:55:08
Document Index: 215277034

Matched Legal Cases: ['Artículo 143', 'artículo 151', 'artículo 149', 'artículo 144', 'artículo 143', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 143', 'artículo 144', 'artículo 143', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 143']

Autonomía de Segovia, Portal Fuenterrebollo
Autonomía de Segovia
Estatuto Castilla-León
Filatelia Segovia
Ley Orgánica 5/1983
Tribunal Constitucional, Sentencia 100/1984
El Autogobierno de las Comunidades Autónomas viene recogido en el Capítulo Tercero de las Comunidades Autónomas de la Constitución de 1978.
A la Autonomía se puede acceder mediante dos formas:
<a> Una forma reducida prevista en el Artículo 143, diseñada para comunidades 'no históricas', es decir, aquellas comunidades que no habían aprobado un Estatuto de Autonomía durante la IIª República. En este apartado, se encuentran las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica.
En esta vía, la iniciativa corresponde a las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplimentados en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
<b> Las comunidades consideradas como 'nacionalidades históricas', como Galicia, Cataluña y el País Vasco, acogiéndose al artículo 151 de la Constitución pueden tener acceso a la autonomía plena.
Este proceso es distinto, el Proyecto de Estatuto lo realizan los Diputados y Senadores provinciales constituidos en Asamblea, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
Los Estatutos de Autonomía tienen rango de Ley Orgánica, en consecuencia necesitan una votación favorable por mayoría absoluta sobre el total de miembros del Congreso de los Diputados.
Los Estatutos, como todas las leyes, están subordinados a la Constitución y en ningún momento pueden obtener las competencias recogidas en el artículo 149.
En sesión de 7 de julio de 1982, la Asamblea de Diputados Nacionales, Senadores y miembros de las Diputaciones Provinciales aprobaron el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, publicado el 24 de julio de 1982 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León se encontraba para su aprobación en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, cuando el 27 de agosto de 1982 fueron disueltas las Cortes Generales por Real Decreto 2057/1982.
Por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, el 3 de diciembre de 1982 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales que se tenía por presentado el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
La aprobación final del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se produce por Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero de 1983, y aprobación por motivos de interés nacional de la Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo de 1983, de aplicación del artículo 144. c de la CE a la provincia de Segovia.
En el Estatuto de Autonomía de Castilla y León cabe destacar:
La Junta de Castilla y León está formada por nueve provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora).
La elección de Procuradores queda supeditado a la circunscripción electoral provincial, asignándose a cada provincia un mínimo de tres Procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500 habitantes.
Castilla-León, Sumario (1983-1986):
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue aprobado en el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 1983, con la abstención de Alianza Popular.
El Rey sanciona la Ley Orgánica 3/1983, de 1 de marzo de 1983, por la que la provincia de Segovia se incorpora a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El Estatuto de Castilla y León entra en vigor el 2 de marzo de 1983, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Conforme a los resultados de las Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982, el Pleno del Consejo se remodela el 4 de marzo de 1983. El Pleno del Consejo se reúne en el Castillo de Monzón de Campos (Palencia), prologándose durante cuatro jornadas no sucesivas. El abulense Daniel de Fernando, del Centro Democrático y Social (CDS), es nombrado presidente de la mesa provisional.
En las Elecciones Autonómicas de Castilla-León, de 8 de mayo de 1983, sobre un total de 84 procuradores, El PSOE alcanza el triunfo al conseguir 42 procuradores, frente a 39 de AP-PDP-UL, 2 del CDS y 1 del PDL.
El 21 de mayo de 1983, se constituyen las Cortes de Castilla y León en la capilla del Convento de Las Claras de Tordesillas (Valladolid). El socialista Dionisio Llamazares es elegido primer presidente del Parlamento Autonómico.
El procurador socialista por Zamora, Demetrio Madrid López, el 23 de mayo de 1983, es investido en Tordesillas como primer presidente de la Junta de Castilla y León.
El 3 de junio de 1983 tiene lugar la toma de posesión de los Consejeros del Gobierno de Castilla-León en el Palacio de La Isla de Burgos.
El 20 de junio de 1983 se constituye la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta Castilla-León.
Las Cortes de Castilla-León, el 6 de Julio de 1983, fijan su Sede Provisional en el Castillo de Fuensaldaña de Valladolid.
El 12 de agosto de 1983, la Junta de Castilla-León fija su Sede Provisional en el antiguo Colegio de la Asunción de Valladolid.
Las Cortes de Castilla-León, el 23 de noviembre de 1983, acuerdan por unanimidad, tal como había aprobado la Junta diez días antes, personarse ante el Tribunal Constitucional y formular alegaciones a los recursos presentados por el Gobierno y el Parlamento del País Vasco contra el Estatuto de Castilla-León respecto del Condado de Treviño.
El 29 de julio de 1983 se promulga la Ley de Gobierno y Administración de Castilla-León.
El 13 de octubre de 1983 se aprueban los símbolos y utilización de los símbolos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El 28 de diciembre de 1983 se sanciona la Ley reguladora de la cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Castilla-León.
El Tribunal Constitucional, el 28 de septiembre de 1984, confirma la permanencia de la provincia de León en la Comunidad Autónoma.
El Tribunal Constitucional, el 8 de noviembre de 1984, confirma la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad Autónoma.
Según lo previsto en el Estatuto de Autonomía, el 22 de mayo de 1985, culmina el proceso de transferencia de competencias y funciones del Estado a la Comunidad de Castilla-León.
El 17 de abril de 1986 se declara por ley que la Fiesta de la Comunidad de Castilla-León se celebra el 23 de abril, en conmemoración de la derrota de los Comuneros por las tropas de Carlos I en el año 1521 en la localidad vallisoletana de Villalar.
El 6 de junio de 1986 se sanciona la Ley reguladora de las relaciones entre la Comunidad de Castilla-León y las Entidades Locales, conocida como 'Ley Nalda'.
El Tribunal Constitucional, el 14 de julio de 1986, confirma la permanencia del Condado de Treviño en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
El presidente Demetrio Madrid dimite como presidente de la Junta de Castilla y León el 29 de octubre de 1986.
El 14 de noviembre de 1986, el socialista vallisoletano José Constantino Nalda García, hasta entonces Consejero de Gobierno Interior y Administración Territorial, es investido nuevo presidente de la Junta por las Cortes de Castilla y León.
En las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, en la provincia de Segovia los senadores electos fueron: Julio Nieves Borrego (UCD), Luciano Sánchez Reus (UCD), Emilio Zamarriego Monedero (UCD) y Santiago Ballesteros de Rodrigo (PSOE).
En el Congreso de los Diputados, los congresistas electos fueron: Modesto Fraile Poujade (UCD), Carlos Gila González (UCD) y Luis Solana Madariaga (PSOE).
El 3 de abril de 1979, tras la dictadura franquista, los ayuntamientos españoles tuvieron que votar a sus representantes municipales. En Segovia, tras un índice de participación del 65%, el resultado fue el esperado, UCD (56,2%), PSOE (32,1%), PCE(7,2%), MC sin representación, lo que asignó 13 concejales a UCD, 7 concejales al PSOE y 7 concejales al PCE.
El 19 de abril de 1979 se celebró la sesión de investidura del ucedista don José Antonio López Arranz, como primer alcalde de Segovia en la actual etapa democrática.
La Elaboración del Texto Base del Estatuto de Autonomía de Castilla-León coincidió con el proceso de remodelación del Consejo General de Castilla y León, en julio de 1980 la presidencia del ente fue ocupada por el burgalés don José Manuel García-Verdugo y Candón.
El nuevo presidente tuvo que hacer frente a los problemas territoriales que habían quedado abiertos, entre ellos, la autonomía de Segovia, y la esperanza de que Logroño y Santander quedasen de alguna forma vinculadas a la autonomía castellano-leonesa.
En ningún momento cesaron los esfuerzos para que Segovia se uniese al proceso autonómico de Castilla-León. Mientras que la izquierda criticaba la salida de Segovia del proceso, importantes sectores de la UCD castellano-leonesa no compartían la postura independentista adoptada por Modesto Fraile Poujade y sus compañeros - señalar que con la autonomía de Segovia se defendía, evitar el centralismo y propugnar la solidaridad e igualdad de todas las provincias. -
De otra parte, la situación política española estaba marcada por la crisis que había entrado en la UCD y el controvertido liderazgo de Adolfo Suárez tras las elecciones de marzo de 1979. Las diferencias programáticas entre los sectores socialdemócratas y democratacristiano de la UCD se agudizaban día a día.
En abril de 1980, en Segovia fue admitida la renuncia de don Carlos Gila González como presidente de la UCD de Segovia, siendo sustituido por el senador don Julio Nieves Borrego. No obstante, el diputado segoviano no se desvinculó de la política, pasando a encabezar un sector crítico dentro de la organización provincial, enfrentado tanto al presidente como al secretario provincial.
En junio de 1980, las encuestas de opinión daban ventaja al PSOE sobre el partido gubernamental de la UCD. Ante la patente pérdida de liderazgo, Suárez tuvo que ceder ante los barones del partido.
En septiembre de 1980, Adolfo Suárez formó nuevo gobierno incluyendo a hombres importantes de UCD, Rodolfo Martín Villa volvió a ocupar la cartera de Administración Territorial.
Desde el primer momento, Martín Villa intentó definir el mapa autonómico de España.
Entre las prioridades de su ministerio figuraba concluir la formación de las Comunidades Autónomas a finales de 1982 o principios de 1983, asegurar un ritmo adecuado de transferencias de servicios a las autonomías, establecer la igualdad de competencias entre todas las autonomías, y evitar en lo posible consultas electorales (evitar el artículo 143 de la C.E). Elaborar leyes de amortización y crear el Fondo de Compensación Interterritorial.
En los últimos meses de 1980 hubo importantes avances en la consolidación del Estado Autonómico. El 22 de septiembre de 1980 fue aprobada la Ley Orgánica 8/1980, esto es, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Por su parte, el presidente de la UCD segoviana, don Julio Nieves Borrego, informaba que el derecho de autonomía de Segovia de momento seguiría transitoriamente suspendido.
Al mes siguiente de tomar posesión, Martín Villa se reunió con los parlamentarios segovianos, exponiendo la tesis de incorporar a Segovia a la Autonomía de Castilla-León mediante el artículo 144 de la C.E. Además, informó que en el futuro Estatuto castellano-leonés no habría una representación paritaria, sino que se instalaría un sistema proporcional.
El 12 de octubre de 1980, el Consejo Político Provincial de la UCD de Segovia llegó a un acuerdo. En rueda de prensa, Julio Nieves Borrego, Modesto Fraile Poujade y Luis Pérez de Cossio (secretario de UCD) presentaron una ponencia donde reafirmaban su postura en contra de la integración de Segovia a la autonomía castellano-leonesa, aunque no descartaban llegar al artículo 144 de la C.E. para sacar adelante el proceso autonómico de la provincia.
El sector 'crítico' encabezado por don Carlos Gila consiguió un notable éxito político, donde las tensiones y desafíos para la dirección del partido cada vez eran más importantes. Los 'críticos' pedían la democratización del partido criticando el excesivo presidencialismo suarista (aunque podían querer dar un giro hacia la derecha a la política gubernamental, considerándola escorada hacia la izquierda). El sector crítico consiguió imponerse a la lista 'oficialista', integrada por el senador Emilio Zamarriego Monedero, José Antonio López Arranz 'Alcalde de Segovia', Rafael de las Heras 'Presidente de la Diputación' y el Secretario Provincial de UCD.
A mediados de octubre de 1980, don Rodolfo Martín Villa en las Cortes Generales contestaba a don Luis Solana Madariaga, diputado socialista de Segovia, que para el gobierno la solución más lógica para la provincia de Segovia era la reincorporación a la autonomía castellano-leonesa.
Ante la posibilidad de que el gobierno decidiera integrar a Segovia en la futura Comunidad Autónoma de Castilla y León, los ucedistas Modesto Fraile Poujade y Carlos Gila González presentaron un escrito en el Congreso de los Diputados donde rechazaban la utilización del artículo 144 de la C.E. para resolver el problema autonómico segoviano. En paralelo, Modesto Fraile dimitió como miembro de las Comisiones de Administración Territorial, Presidencia e Interior.
Al finalizar 1980, la crisis de la UCD segoviana quedó agudizada con la dimisión de diez miembros del Comité Ejecutivo.
En medio de la crisis de UCD, los socialistas segovianos no habían cejado en su empeño de promover la adhesión de Segovia a la futura Autonomía de Castilla-León. En noviembre de 1980 habían comenzado un ciclo de conferencias en apoyo a la integración de Segovia. Entre los ponentes, Gregorio Peces Barba (diputado por Valladolid), Luis Solana Madariaga (diputado por Segovia) y Santiago Ballesteros (senador por Segovia).
La situación de la UCD segoviana continuó agravándose hasta que Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente de gobierno el 29 de enero de 1981.
El 17 de febrero de 1981, Rodolfo Martín Villa respondió por escrito al diputado socialista Luis Solana respecto a la Autonomía de Segovia. La respuesta del Ministro de Administración Territorial no fue recogida de la misma forma por los diputados socialistas y ucedistas.
A partir de este momento, los miembros de la UCD, Modesto Fraile y Carlos Gila, entendiendo que el gobierno no podía adoptar una postura unilateral sobre esta cuestión, comenzaron a trabajar para conseguir la autonomía de Segovia.
Cuando se trataba de defender la Autonomía de Segovia, los ucedistas segovianos no se encontraron solos. En abril de 1981, se constituyó una plataforma a favor de la vía uniprovincial, con la participación de dirigentes de la comunidad castellana, presidentes de la Cámara de Comercio, Cámara Agraria y de la Federación Empresarial de Segovia, empresarios, ganaderos y representantes de la Federación de Amas de Casa.
En definitiva, Segovia se encontraba dividida, de una parte, la Autonomía de Segovia era defendida por la mayor parte de la UCD segoviana, Comunidad Castellana y empresarios. Por otro lado, la izquierda y diversos grupos culturales defendían la integración de Segovia a la Comunidad de Castilla y León.
El Ayuntamiento de Cuéllar votó a favor de la Autonomía Uniprovincial de Segovia.
Tras el pronunciamiento de Cuéllar, casi todos los ayuntamientos de Segovia votaron en el mismo sentido, cumpliéndose el artículo 143. 2 de la CE.
En 1981 el Congreso de los Diputados rechazó el Estatuto de Autonomía de Segovia, apoyándose en el artículo 144 c): 'Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143'.
El 8 de noviembre de 1984, el Tribunal Constitucional resuelve con sentencia 100/1984, desestimando el recurso interpuesto por representantes de la provincia de Segovia contra la Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo, argumentando que el Estatuto no viola el artículo 144 c) de la CE cuando rechazó el Estatuto de Autonomía de Segovia.
AUTONOMÍA DE SEGOVIA - LEY ORGÁNICA 5/1983
1. Por razones de interés nacional y al amparo de lo dispuesto en el artículo 144. c) de la Constitución, se incorpora la provincia de Segovia al proceso autonómico de Castilla y León, actualmente en curso.
AUTONOMÍA DE SEGOVIA, SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia del Tribunal Constitucional 100/1984, de 8 de noviembre de 1984, sobre el recurso de inconstitucional presentado sobre la incorporación de Segovia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Filatelia Autonomías
En el recurso de inconstitucionalidad número 380/1983, promovido por don Luis Fernández Fernández-Madrid, en su propio nombre y en representación de 53 Senadores más, contra la Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo, sobre incorporación de Segovia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ha sido parte el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, y Ponente el Magistrado don Francisco Tomás y Valiente, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Don Luis Fernández Fernández-Madrid, como comisionado de los 53 Senadores mencionados nominalmente en el encabezamiento de la demanda, interpuso el 1 de junio de 1983 recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núm. 52, de 2 de marzo de 1983) sobre incorporación de Segovia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por considerar que dicha Ley infringe los artículos 2, 143.3 y 144 c) de la Constitución. El contenido del petitum de su demanda consiste en que este Tribunal declare «la inconstitucionalidad de la referida norma en su totalidad y, consiguientemente, la nulidad de pleno derecho de las disposiciones impugnadas». Basan los recurrentes su pretensión en los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos.
1.° El Real Decreto 2/1978, de 13 de junio, aprobó el régimen preautonómico para Castilla y León, incluyendo a la provincia de Segovia, si bien, como se indicaba en su art. 2, sin que ello prejuzgara «la futura organización» de cada una de las provincias en él incluidas. Después de aprobada la Constitución, el Consejo General de Castilla y León, en uso de la disposición transitoria primera de la CE, inició el proceso autonómico con referencia a las provincias integradas en el ente preautonómico, pero los municipios de la provincia de Segovia se manifestaron oportunamente en contra de esta iniciativa autonómica, lo que fue corroborado por la Diputación Provincial en su sesión de 23 de abril de 1980, en la que acordó no ejercer de momento el derecho a la autonomía regulado en el art. 143 de la CE. El proceso autonómico de Castilla-León concluyó con el correspondiente Estatuto de Autonomía, en el que no se incluye a Segovia, aunque «a este contencioso» se refiere su disposición transitoria octava.
3.° Nuestra Constitución, según dicen los recurrentes, no contiene una noción clara de autonomía, pese a lo cual sí parece evidente que ésta está concebida como un derecho y no como un deber, de donde se infiere - siempre según los demandantes- que su ejercicio es voluntario (principio dispositivo o de voluntariedad) y también que «no se puede obligar, jurídicamente hablando, a cualquier territorio a acceder a la condición de Comunidad Autónoma».
El ejercicio de la iniciativa autonómica es la principal manifestación del principio de voluntariedad. La autonomía es un derecho y la adquisición de la condición de Comunidad Autónoma no puede ser nunca una mera concesión por parte del Estado. De ahí que la Constitución deje un amplio margen de libertad a municipios, provincias y entidades preautonómicas para que se manifiesten al efecto y configuren el mapa autonómico, que no viene predeterminado por el Título VIII de la Constitución. Es también cierto que al propio tiempo en el art. 144 «se contempla un sistema de correctivos a este principio de voluntariedad característico de la iniciativa autonómica».
4.° Tras estas consideraciones generales, los demandantes analizan el caso concreto de Segovia. Al no cumplirse respecto a la provincia de Segovia los requisitos del 143.2 de la CE, de ese hecho se derivan dos consecuencias: por una parte, la disolución del ente preautonómico castellano-leones, a tenor de la disposición transitoria séptima b) de la CE; por otra, el fracaso de aquella iniciativa autonómica, a tenor del art. 143.3 de la CE, obliga a esperar a que transcurran cinco años, es decir, hasta el 26 de abril de 1985, «para reiterar el ejercicio de la iniciativa autonómica en dicha provincia», que «quedará así desgajada del proceso autonómico castellano-leonés».
Por otro lado, pendiente el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo revocatorio del Ayuntamiento de Cuéllar, no puede decirse si ha prosperado o no el ejercicio de la iniciativa autonómica uniprovincical. Si el recurso prosperara, habría que entender cumplidos los requisitos del art. 143.2 de la CE, a reserva de la posible intervención de las Cortes Generales en aplicación del art. 144 a) de la CE. Si, por el contrario, el recurso se desestimara, la iniciativa habría fracasado, siendo de aplicar la misma solución que en el supuesto anterior, es decir, la imposible reiteración de la misma antes de que transcurran cinco años.
Los recurrentes pasan finalmente a analizar lo que ellos mismos denominaron «sistema correctivo del art. 144 c) de la Constitución», precepto que «convierte a las Cortes Generales, con carácter excepcional, en titulares constitucionalmente legitimados para el ejercicio de la iniciativa autonómica». El art. 144 c) plantea dos cuestiones: el significado de la expresión «sustituir» y el de la apreciación de «los motivos de interés nacional», pero como esta cláusula alude a una decisión política de las Cortes que sólo podrá producirse en el supuesto de que la interpretación del término «sustituir» habilite a las Cortes para tal apreciación, los recurrentes se ciñen exclusivamente al análisis del significado de la expresión «sustituir». De sus dos sentidos posibles (poner la iniciativa de las Cortes en lugar de una iniciativa no ejercida; o, poner en lugar de una iniciativa ya ejercida otra de signo contrario), los recurrentes consideran admisible sólo el primero, y ello por los siguientes argumentos: (1) la autonomía «es un derecho que se concede a los pueblos de España», por lo que el art. 144 c) tiene un carácter excepcional y debe ser interpretado restrictivamente, esto es, sólo para aquellos casos en que no haya habido voluntad de iniciativa; (2) el plazo de los cinco años del 143.3 de la CE impide que la provincia de Segovia pueda reiterar su iniciativa a incorporarse a Castilla-León hasta su transcurso, «y en consecuencia tampoco puede ser sustituida por las Cortes en el sentido de su integración en dicha Comunidad» hasta que transcurra dicho plazo, pues de lo contrario «se estaría haciendo una interpretación fraudulenta de este artículo (el 143.3 de la CE) al utilizarse para evitar el contenido de otra norma». Por último, los recurrentes alegan que la facultad atribuida a las Cortes Generales por el 144 c) de la CE «puede encerrar graves peligros», aunque también puede producir efectos positivos <<en el supuesto de que determinados territorios, por no ejercer la iniciativa autonómica, se quedasen descolgados en la configuración del Estado autonómico, produciéndose con ello una serie de disfuncionalidades importantes». De todo ello deducen que la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, supone una violación de los arts. 2, 137, 143.3 y 144 c) de la CE.
Según el Abogado del Estado la provincia de Segovia se ha visto afectada por tres distintas iniciativas autonómicas: la del Consejo General de Castilla y León al amparo de la disposición transitoria primera de la C. E., la iniciativa autonómica uniprovincial a raíz del acuerdo de la Diputación de 31 de julio de 1981, y finalmente la de las Cortes Generales. La primera no prosperó debido a la falta de adhesión de parte de los Ayuntamientos de la provincia, pero es claro que se tramitó dentro de los cauces del artículo 143.2 de la C. E., y por tanto, al haber fracasado, es necesario que entre en juego la prohibición del 143.3 de la C. E., esto es, el plazo de cinco años. La regla del 143.3 debe impedir, «una vez no prosperada dicha vía», la reproducción del mismo trámite, esto es, de una nueva iniciativa autonómica provincial dentro de los cinco años siguientes. Por consiguiente resultan tachados de invalidez todos los trámites producidos en contravención del 143.3 de la C. E., es decir, la iniciativa autonómica tomada por la Diputación el 31 de julio de 1981 y su tramitación posterior.
Por el contrario, no cabe, a juicio del representante del Gobierno, referir el 143.3 de la C. E. al supuesto de iniciativa de las Cortes Generales que se contiene en el 144 c) de la C. E. En primer lugar porque tanto el sentido literal de aquel precepto como su situación dentro del artículo que regula la iniciativa autonómica de las provincias evidencian que es a ésta y sólo a ella a la que se refiere. En segundo término porque desde un punto de vista lógico la única iniciativa que puede no prosperar es la del 143.2 de la C. E., porque intervienen en ella, además del órgano que la adopta, otros cuya voluntad puede ser discordante con la de aquél y hacer que fracase su impulso inicial, pero este supuesto no se da en el caso del 144 c) de la C. E. porque las Cortes podrán o no tomarla, pero una vez adoptada siempre se perfecciona, porque no hay intervenciones posteriores ni tramitación ulterior, ya que la iniciativa del 144 c) de la C. E. no suple tan sólo el impulso inicial del proceso del 143.2, sino todo el proceso, todos los requisitos que integran el procedimiento del 143.2. La norma del 143.3 es, pues, impeditiva para la provincia, pero no para las Cortes Generales.
Llevando sus alegaciones a otro terreno, el Abogado del Estado coincide con los demandantes en afirmar que la Constitución, además de recoger el llamado principio de voluntariedad, contiene «un sistema de correctivos» de tal principio. La acción del Estado en aras del «interés nacional» invocado por el 144 c) de la C. E. puede operar en tres hipótesis: a) falta de iniciativa autonómica; b) iniciativa tomada, pero que no haya prosperado, y c) iniciativa perfeccionada con todos los requisitos del 143.2 de la C. E. La más débil intervención del Estado sería la relativa a la segunda hipótesis, y ésta es laque se da en el caso de autos, pues lo cierto es que la voluntad provincial invocada por los recurrentes «no se ha acreditado», y en todo caso carece de toda consistencia jurídica.
4. Por providencia del Pleno de fecha 30 de octubre pasado, se señaló el 8 del presente mes de noviembre para la deliberación y votación de esta Sentencia, fecha en la que tuvo lugar.
1. La Sección Cuarta, por providencia de 8 de junio de 1983, acordó tener por presentado el escrito del señor Fernández Fernández-Madrid y requerirle para que en el plazo de diez días acreditara documentalmente que los Senadores mencionados en su escrito manifiesten su voluntad de entablar recurso de inconstitucionalidad en concreto contra la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo. Una vez acreditado este extremo, la Sección Cuarta, por providencia de 22 de junio de 1983, acordó admitir a trámite el recurso, dar traslado de la demanda y de la documentación aneja al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de que pudieran personarse y formular alegaciones, y, finalmente acordó la Sección publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento. Cumplidos los anteriores acuerdos, se personó el Senado a 5 de julio de 1983, aunque no formuló alegaciones, y el Congreso de los Diputados, por escrito de su Presidente de 12 de julio de 1983, comunicó que no haría uso de sus facultades de personación ni de formulación de alegaciones. Ese mismo día 12 de julio presentó las suyas, en nombre del Gobierno, el Abogado del Estado, cuyo escrito resumimos a continuación.
Es, sin embargo, necesario examinar el 143.3 en relación con las facultades que el 144 atribuye a las Cortes, es decir, si el plazo de cinco años del primer precepto afecta o no a las Cortes, y respecto a este problema la solución ha de ser forzosamente negativa. En efecto, la iniciativa a la que se refiere el 143.3 como no reiterable hasta pasados cinco años de su primera formulación es la de los entes a los que se refieren los dos primeros apartados del mismo artículo, y ello es así, no sólo, como afirma el representante del Gobierno, por los criterios de interpretación literal y sistemática que él mismo expone, sino porque sería un contrasentido supeditar «los motivos de interés nacional» que son la única razón de ser de la actuación de las Cortes en el art. 144 de la CE, al transcurso de un largo plazo cuyo término inicial depende de la esfera de decisión de los diversos entes a que se refiere el 143.1 y 2 de la Constitución, lo que equivaldría a dejar en las manos de entes integrantes de la totalidad nacional un mecanismo impeditivo de la defensa directa del propio interés nacional atribuida, en este caso, por el inciso primero del 144 de la CE, a las Cortes Generales que representan al pueblo español, en quien reside la soberanía nacional (artículos 66.1 y 1.2 de la Constitución). En consecuencia, la Ley Orgánica 5/1983 no es contraria al 143.3 de la CE como pretenden los recurrentes.
Es necesario no confundir el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a «las nacionalidades y regiones» que integran la Nación Española (art. 2) y que conectado con el 143.1 (al margen de otros supuestos que no hacen al caso) consiste en el derecho a «acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas», con el derecho de cada provincia a la autonomía «para la gestión de sus respectivos intereses», se entiende, en cuanto provincia (art. 137 de la CE), ni tampoco con el derecho a la iniciativa autonómica. El segundo, que este Tribunal ha distinguido del primero, entre otras, en sus Sentencias 4/1981, de 2 de febrero, y 32/1981, de 28 de julio, no está aquí en juego aunque los recurrentes a veces lo invoquen, ni ha podido ser violado por la Ley impugnada. Del tercero es titular la provincia de Segovia en cuanto ella entienda que reúne los requisitos del 143.1 y 2 para convertirse en Comunidad Autónoma, y, ciertamente sus órganos provinciales y locales han hecho uso de la iniciativa autonómica. Pero ello no significa, sin más, que directamente emanado de la Constitución, Segovia, o cualquier otra provincia, tenga un derecho a constituirse en Comunidad Autónoma uniprovincial, pues han de ser las Cortes Generales las que verifiquen si en Segovia concurre el requisito que el 143.1 de la CE exige al respecto, esto es, si se trata de una provincia «con entidad regional histórica», y si, por otra parte, en su proceso hacia la autonomía se han cumplido las exigencias del 143.2 de la CE. Esta apreciación por las Cortes no ha podido producirse en este caso por la interrupción del proceso iniciado, pero es necesario hacer constar que las Cortes, en la fase del 146 de la CE hubieran podido pronunciarse sobre uno y otro extremo. Es más, incluso en el supuesto de que las Cortes Generales hubieran entendido que Segovia no es una provincia «con entidad regional histórica», habrían podido «autorizar», su constitución en Comunidad uniprovincial por motivos de interés nacional con base en el art. 144 a) de la Constitución. Del anterior análisis se infiere en conclusión que la provincia de Segovia, antes de la Ley Orgánica 5/1983, no era titular de un derecho a convertirse en Comunidad Autónoma directamente emanado del art. 2 de la Constitución, pues esa posibilidad, derivada de su derecho a la iniciativa autonómica, dependía de la apreciación y, en su caso, autorización de las Cortes Generales, por lo que no puede admitirse que haya sido vulnerado en este caso el art. 2 de la Constitución por haber contrariado la Ley impugnada un derecho de Segovia a su autonomía uniprovincial, que en cuanto tal no viene directamente reconocido en la Constitución.
3. Es cierto, como señalan los recurrentes, que la Constitución no define qué es autonomía, pero ello no impide que el contenido y los límites de tal derecho puedan ser inferidos de los preceptos constitucionales por vía interpretativa. Este Tribunal, en cuanto intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la LOTC), ha precisado diversos aspectos concernientes principalmente al derecho a la autonomía, al proceso autonómico y a la delimitación competencial, a través de numerosas Sentencias, algunas de las cuales conviene traer a colación a propósito del caso presente. Muy al comienzo de su andadura este Tribunal hizo ver que «ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía - y aun este poder tiene límites -, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución» (Sentencia 4/1981, fundamento jurídico 3). La raíz misma del Estado autonómico postula la necesaria articulación entre unidad y diversidad, pues el componente diferenciador, sin el cual «no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas ambas que caracterizan al Estado de las Autonomías», tiene límites establecidos por el constituyente, unas veces en garantía de la unidad, otras en aras de una mínima homogeneidad, sin la cual no habría unidad ni integración de las partes en el conjunto estatal [Sentencia 76/1983, fundamento jurídico 2 a)], y otras en función de un interés nacional, que aun siendo compatible en cuanto interés del todo con el de las partes, puede entrar en colisión con el de una determinada Comunidad. Siendo, como es, esto así en la relación potencialmente conflictiva entre tal o cual Comunidad y el Estado o la Nación, con mayor motivo existirán límites en favor del interés nacional frente a la voluntad que una determinada provincia pueda tener de configurarse como Comunidad Autónoma uniprovincial, puesto que las provincias uti singuli no son titulares de un derecho de autonomía en el sentido del art. 2 de la Constitución, sino de un derecho a ejercer la iniciativa autonómica, como ya dijimos al final del fundamento anterior. En consecuencia, la facultad conferida por la Constitución a las Cortes, representantes del pueblo español, titular indiviso de la soberanía, para sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales del 143.2 de la CE, no debe entenderse limitada sólo a los supuestos en que no haya habido tal iniciativa o cuando ésta haya sido impulsada pero se haya frustrado en cualquiera de sus fases, sino que debe considerarse extensible también a la hipótesis en que las Corporaciones del 143.2 de la C. E. excluyeran en algún caso una iniciativa autonómica que las Cortes entiendan de interés nacional. La facultad del 144 c) de la CE es así, como en otro contexto dijimos con referencia al 150.3 de la CE, «una norma de cierre del sistema» [Sentencia 76/1983, fundamento jurídico 3 a)], esto es, una cláusula que cumple una función de garantía respecto a la viabilidad misma del resultado final del proceso autonómico. La Constitución, que no configura el mapa autonómico, no ha dejado su concreción tan sólo a la disposición de los titulares de iniciativa autonómica, sino que ha querido dejar en manos de las Cortes un mecanismo de cierre para la eventual primacía del interés nacional.
Bien entendido que tampoco esta facultad del 144 c) de la CE es ilimitada, pues en el juego de contrapesos propio de la regulación de la autonomía este mecanismo tiene también sus límites, ya que sólo cabe que las Cortes lo ejerzan respecto a las Corporaciones del 143.2 de la CE, esto es, no respecto a los territorios citados en las disposiciones transitorias segunda, cuarta y quinta y sólo por motivos de interés nacional.
4. Sentada ya la compatibilidad con la Constitución de la facultad contenida en el 144 c) de la CE, en los términos y dentro de los límites expuestos en el fundamento anterior, se muestra como irrelevante «a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional» (art. 3 de la LOTC) del caso que nos ocupa, una cuestión pendiente ante la jurisdicción contencioso-administrativa que, de no admitirse como constitucional aquella interpretación del 144 c) de la CE, hubiéramos tenido que resolver como cuestión prejudicial en el marco del art. 3 de la Ley Orgánica de este Tribunal. Nos referimos, como es obvio, al recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día contra el acuerdo del Ayuntamiento de Cuéllar de 3 de diciembre de 1981, revocatorio de otro de 5 de octubre del mismo año. La irrelevancia a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de la Ley Orgánica 5/1983 y del uso realizado por las Cortes del 144 c) de la CE, se pone de manifiesto examinando alternativa y sucesivamente las dos hipotéticas soluciones posibles respecto a la validez del citado acuerdo revocatorio. Si fuera declarado ajustado a Derecho, quedaría invalidado el por él revocado, esto es, el de 5 de octubre, por el que el Ayuntamiento de Cuéllar se adhirió a la iniciativa autonómica uniprovincial, iniciativa que, falta ya del quorum municipal del 143.2 de la CE, habría que considerar frustrada, permitiéndose ante tal situación la actuación de las Cortes con base en la facultad del 144 c) interpretada en uno de los supuestos cuya constitucionalidad nadie discute, y dentro del cual la Ley Orgánica impugnada en modo alguno podría ser tachada de inconstitucional. Si, por el contrario, el acuerdo revocatorio fuera declarado inválido, quedaría firme el acuerdo de adhesión del 5 de octubre y la iniciativa autonómica uniprovincial de Segovia podría continuar su proceso y formalizarse como tal ante las Cortes Generales. Ante esta situación de hecho, sería ineludible plantearse si las Cortes podrían actuar en el sentido en que lo han hecho con la Ley Orgánica 5/1983 contra la voluntad autonómica de la provincia de Segovia, con base en el 144 c). Interpretado este precepto en el sentido expuesto en el fundamento 3 es clara la respuesta positiva, de modo tal que aun en esta hipotética invalidación del acuerdo revocatorio del Ayuntamiento de Cuéllar, el problema constitucional atinente al fondo de este recurso de inconstitucionalidad habría sido el mismo y habría sido resuelto con base en una interpretación del 144 c) de la Constitución que este Tribunal estima conforme con la misma. Siendo, pues, indiferente a tal efecto la validez o invalidez del acuerdo municipal de Cuéllar, no constituye para nosotros una cuestión prejudicial en el sentido del art. 3 de la LOTC, y no tenemos por qué pronunciarnos sobre él. Por lo mismo, cualquiera que sea en su día la solución firme que la jurisdicción contencioso-administrativa dé al caso, ésta será irrelevante respecto al objeto del presente recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 5/1983.
Ante la no formalización de la iniciativa autonómica uniprovincial de Segovia, las Cortes se encuentran a 1 de marzo de 1983 (es decir, diecinueve meses después del acuerdo de la Diputación Provincial de 31 de julio de 1981 que puso en marcha tal iniciativa) con que Segovia es la única provincia que, ante el grado de generalización del proceso autonómico alcanzado en aquella fecha, no está incorporada a una Comunidad, por lo que quedaría como única provincia «de régimen común» (situación por cierto no prevista, aunque tampoco prohibida, en la Constitución que no contiene ningún precepto semejante al art. 22 de la de 1931). Ante esta situación las Cortes invocan «razones de interés nacional» para no prolongarla más y para resolverla en un determinado sentido, que es el de la incorporación de Segovia a Castilla-León, «región a la que está (la provincia de Segovia) conforme a los criterios del art. 143.1 de la Constitución, unida por lazos históricos, culturales y económicos». Por último, son también las Cortes Generales el órgano constitucional del Estado competente para invocar y apreciar la concurrencia en tal situación de «razones de interés nacional», justificativas de la decisión normativa que se contiene en la Ley 5/1983. Este Tribunal entiende que al actuar así, las Cortes no excedieron los límites del 144 c) de la Constitución y que, por consiguiente, la Ley impugnada que, formalmente cumple los requisitos de la disposición octava de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, y que entró en vigor el mismo día que el Estatuto de Castilla-León, no viola el art. 144 c) de la CE, por lo que, como pide el Abogado del Estado, debe declararse plenamente conforme con la Constitución.
Segovia, Comunidad Autónoma (1981)
Cuentan que cuando Hércules, acompañado de Apolo, fue a fundar la ciudad de Segovia, el dios se enamoró de una princesa serrana a la que su padre, un rey celoso, prefirió estrangular con sus manos antes de verla feliz con Apolo.
Apolo para nunca olvidarla, pidió a Hércules que tallase la figura de la princesa muerta en la cresta de Guadarrama.
Tal es el origen legendario de la sierra de la Mujer Muerta, que hoy aparece bella y fantasmal, mientras que media docena de pueblos velan a sus pies.
SEGOVIA CON LA CONSTITUCIÓN DE 1812.-
Proclamación de la Constitución de 1812 en Segovia.
Fernando VII Rey de España desde el 19 de marzo de 1808 hasta su muerte el 14 de septiembre de 1833