Source: https://www.scribd.com/document/155321363/Directrices-sobre-la-Funcion-de-los-Fiscales
Timestamp: 2019-01-23 20:31:46
Document Index: 222486092

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 23', 'Artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 1']

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Ley Del Estatuto Del Funcionario Publico
Dictamen 48-98 Tomo 224 Página 284
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Directrices sobre la Función de los Fiscales, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990).
Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, Considerando que en muchos casos la realidad todavía no corresponde a los ideales en que se fundan esos principios, Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad, Considerando que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios mencionados y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos contra la delincuencia, Considerando que es fundamental asegurar que los fiscales posean las calificaciones profesionales necesarias para el desempeño de sus funciones, mejorando los métodos de contratación y capacitación jurídica y profesional, y proporcionando todos los medios necesarios para que puedan desempeñar correctamente su función en la lucha contra la delincuencia, en particular sus nuevas formas y dimensiones, Considerando que la Asamblea General, en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, aprobó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, siguiendo una recomendación del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyese entre sus prioridades la elaboración de directrices sobre la independencia de los jueces y la selección, la capacitación y la condición de los jueces y fiscales, Considerando que el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente aprobó los Principios Básicos relativos a la
Independencia de la Judicatura, que la Asamblea General hizo suyos en las resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985, Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder se recomienda la adopción de medidas en los planos nacional e internacional a los fines de mejorar el acceso de las víctimas de delitos a la justicia y a un trato justo, al resarcimiento, la indemnización y la asistencia, Considerando que en su resolución 7 el Séptimo Congreso exhortó al Comité a que examinase la necesidad de establecer directrices relativas, entre otras cosas, a la selección, la formación profesional y la condición de los fiscales, sus funciones y la conducta que de ellos se espera, los medios de mejorar su contribución al buen funcionamiento del sistema de justicia penal y su cooperación con la policía, el alcance de sus facultades discrecionales y su papel en el procedimiento penal, y a que presentase informes al respecto a los futuros congresos de las Naciones Unidas, Las Directrices siguientes, formuladas para asistir a los Estados Miembros en su función de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento penal, deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los gobiernos en el marco de sus leyes y prácticas nacionales y deben señalarse a la atención de los fiscales y de otras personas tales como jueces, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general. Las presentes Directrices se han preparado básicamente con miras a los fiscales del ministerio público, aunque son asimismo aplicables, cuando proceda, a los fiscales nombrados a título particular. Calificaciones, selección y capacitación 1. Las personas designadas como fiscales serán personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas. 2. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para que: a) Los criterios de selección de los fiscales contengan salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, procedencia nacional, social o étnica, patrimonio, nacimiento, situación económica u otra condición, con la excepción de que no se considerará discriminatorio exigir que el candidato que se postule al cargo de fiscal sea nacional del país; b) Los fiscales tendrán una formación y capacitación adecuadas y serán conscientes de los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección que la Constitución y las leyes brindan a los derechos del sospechoso y de la víctima, y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Situación y condiciones de servicio 3. Los fiscales, en su calidad de miembros esenciales de la administración de justicia, mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión.
4. Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. 5. Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones. 6. Las leyes o las normas o reglamentaciones de conocimiento público se establecerán para condiciones razonables de servicio, una remuneración adecuada y, cuando corresponda, seguridad en el cargo, pensión y edad de jubilación. 7. El ascenso de los fiscales, cuando exista ese sistema, se basará en factores objetivos, especialmente en su idoneidad, capacidad, probidad y experiencia, y las decisiones que se adopten al respecto se atendrán a un procedimiento equitativo e imparcial. Libertad de expresión y asociación 8. Los fiscales, al igual que los demás ciudadanos, gozarán de libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a tomar parte en debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia y el fomento y la protección de los derechos humanos y a adherirse a organizaciones locales, nacionales o internacionales o constituirlas y a asistir a sus reuniones, sin que sufran relegación profesional por razón de sus actividades lícitas o de su calidad de miembros de organizaciones lícitas. En el ejercicio de esos derechos, los fiscales procederán siempre de conformidad con las leyes y los principios y normas éticas reconocidos en su profesión. 9. Los fiscales podrán constituir asociaciones profesionales u otras organizaciones, o incorporarse a ellas, con el propósito de representar sus intereses, promover la capacitación profesional y proteger sus derechos. Función de los fiscales en el procedimiento penal 10. El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales. 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés público. 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:
incluido el ejercicio de la acción o la renuncia al enjuiciamiento. tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima. Alternativas del enjuiciamiento 18. o lo informarán a los tribunales. o bien harán todo lo posible por interrumpirlo.a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política. tratos o castigos crueles. d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder. 14. respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima. abuso de poder. interrumpirlo condicional o incondicionalmente o procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema judicial. c) Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su poder. inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos. cultural. los fiscales considerarán debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento. cuando lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local. religiosa. En los países donde los fiscales estén investidos de facultades discrecionales. social. salvo que requiera otra cosa el cumplimiento de su deber o las necesidades de la justicia. los Estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial no solamente para aliviar la carga . 16. salvo contra quienes hayan empleado esos métodos. cuando una investigación imparcial demuestre que la acusación es infundada. racial. Los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento. 15. De conformidad con la legislación nacional. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso. y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia. y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes. Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delitos. b) Protegerán el interés público. las normas o los reglamentos publicados proporcionarán directrices para promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación. especialmente torturas. violaciones graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional y. prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. sexual o de otra índole. se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona. a la investigación de esos delitos. la ley. Facultades discrecionales 17. actuarán con objetividad. especialmente en los casos de corrupción. A estos efectos.
cuando sea necesario. harán todo lo que esté en su poder por evitar que se infrinjan y se opondrán activamente a ello. la acusación y la condena. así como los posibles efectos adversos de la prisión. los fiscales tendrán especialmente en cuenta las posibles alternativas del enjuiciamiento de conformidad con las leyes y procedimientos pertinentes en materia de justicia de menores. Los fiscales respetarán las presentes Directrices. Cuando se pronuncien. Observancia de las Directrices 23. Se determinarán de conformidad con la ley. los tribunales. 22. 19. Las reclamaciones contra los fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del marco de las normas profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con arreglo al procedimiento pertinente. deberán tenerse especialmente en cuenta el carácter y la gravedad del delito. 24. los fiscales harán lo posible por cooperar con la policía. Los fiscales tendrán derecho a una audiencia imparcial. sino también para evitar el estigma que significan la prisión preventiva. Además. . Actuaciones disciplinarias 21. Los fiscales que tengan motivos para estimar que se ha cometido. Las actuaciones disciplinarias contra los fiscales garantizarán una evaluación y decisión objetivas.excesiva de los tribunales. la protección de la sociedad y la personalidad y los antecedentes del menor. los defensores públicos y otros organismos o instituciones gubernamentales. o que está por cometerse. con facultades en materia de revisión o recurso. A fin de asegurar la equidad y eficacia del procedimiento. Relaciones con otros organismos o instituciones gubernamentales 20. En los países donde los fiscales están investidos de facultades discrecionales para pronunciarse sobre el enjuiciamiento de un menor. una violación de las presentes Directrices lo comunicarán a sus superiores jerárquicos y. Las decisiones estarán sometidas a revisión independiente. el código de conducta profesional y otras reglas y normas éticas establecidas y teniendo presentes estas Directrices. Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán previstas en la ley o en los reglamentos. los abogados. a otras autoridades u órganos competentes. Los fiscales harán todo lo posible por emprender acciones contra menores únicamente en los casos que sea estrictamente necesario.
Por ello la situación de la administración de justicia en el Perú es un tema de interés nacional. a través de mecanismos que la inmoralidad a implantado. que se ha acentuado luego del 5 de abril de 1992. que alargan indefinidamente los procesos judiciales. por los problemas históricos que atraviesa el Poder Judicial. remuneración adecuada y gobierno autónomo. debido a la reducida dotación presupuestal que recibe y que incide en bajas remuneraciones para magistrados y empleados. con una estructura institucional que permita el ejercicio de la administración de justicia que garantice el derecho al debido proceso. Por ello la propia Constitución establece un conjunto de garantías institucionales y principios de su actividad funcional. estan los problemas de lentitud y burocratización. junto a la tarea de administrar justicia. Uno de los problemas que aquejan al Poder Judicial. Otro de ellos. Finalmente. Se han producido una serie de hechos que permiten afirmar la existencia de una injerencia política directa que transgreden seriamente la autonomía. el que mas se menciona. Estos principios constitucionales se complementan con una serie de garantías procesales para un debido proceso. es el económico. mediante las acciones de garantía. la exclusividad judicial y el juez legal. . esto es. Marco Constitucional del Poder Judicial La potestad jurisdiccional otorgada por la Constitución de 1993 al Poder Judicial es amplia. y la tutela de los derechos fundamentales de la persona. A nivel interno se reconoce tres grandes principios: la unidad de la jurisdicción. Así. Junto a ellos. A nivel externo destacan los principios de independencia e imparcialidad. muy mencionado también es la corrupción generalizada.Informe Sobre la Independencia e Imparcialidad de Jueces y Abogados en el Perú Introducción La existencia de un Poder Judicial democrático. atentando contra el principio de la justicia pronta cumplida y que asfixian el mas justo reclamo. le compete el control de la constitucionalidad de las leyes. mediante la inaplicación en casos concretos de leyes incompatibles con la Constitución. resulta condición indispensable para la vigencia del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. a través de cuatro garantías: vinculación del juez al ordenamiento jurídico. inamovilidad del cargo. independencia e imparcialidad del Poder Judicial. que impiden el funcionamiento de una justicia independiente tal como lo exigen los instrumentos internacionales y como la propia Constitución lo establece. la dependencia y subordinación ante el Poder Político.
a su vez. encargado de la selección y nombramientos de los magistrados. Sin embargo. La Constitución de 1979 disponía una asignación igual al 2% del Presupuesto de la República. los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. . En lo relativo a las remuneraciones. La falta de recursos que sufre el Poder Judicial se explica no solo por la debilidad fiscal del propio Estado. en promedio. mientras observen conducta e idoneidad propias de su función". en el proyecto del Ejecutivo solo se le asigna 288 millones de soles. siendo las cifras de los últimos 25 años bastantes exiguas. Esta situación no presenta visos de mejora. Pero su independencia no solo se asegura a través de esta garantía. Entre la pluralidad de instituciones del Estado. a diferencia de la Constitución de 1979 que establecía que era el Presidente de la República quien nombraba a los magistrados. pues si bien establece que se garantiza a los magistrados judiciales "su permanencia en el servicio. según la secretaria General de la Oficina de Presupuesto y Planificación del Poder Judicial." En lo referente a la inamovilidad del cargo judicial. el principio de unidad de la jurisdicción se ve mediatizado cuando la misma Constitución.Sin embargo. La actual Constitución ha eliminado dicha norma. entre 1970 y 1986. provee de competencia al Fuero Militar para juzgar a civiles en casos de Terrorismo. Situación del Poder Judicial Asignación Presupuestaria Históricamente uno de los problemas fundamentales de la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial es la falta de dotación presupuestaria. esta garantía tiene directa relación con la asignación presupuestaria que recibe el Poder Judicial. pues para 1996 el Poder Judicial ha presentado un proyecto de presupuesto de 850 millones de soles. Este se presenta como uno de los problemas centrales a corregir en la Administración de Justicia. ascendiente a 724 millones de soles. sino que crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles. a su vez se señala que los jueces deben ser ratificados cada siete años. fue recortado por el Poder Ejecutivo a 228 millones de soles. 173° señala que: "En caso de delito de función. en su art. del Presupuesto General de la República. asignación normalmente exigua. como un órgano autónomo. Tal situación se repite para 1995. salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y terrorismo que la ley determina. Así. la asignación que recibieron fue. sino también porque los poderes políticos mantienen un control directo sobre el presupuesto delPoder Judicial y minusvaloran la importancia de la judicatura y la relevancia constitucional de la potestad jurisdiccional. la Constitución se sitúa en el modelo temporal. de 0. Así.45% aprox. el Poder Judicial aparece como uno de los mas franciscanos. El presupuesto presentado por el Poder Judicial.
como es la incorporación a la carrera judicial a los mejores profesionales. entonces no harán suyo el problema. los magistrados no pueden percibir legalmente ningún otro tipo de ingresos ni ejercer otra actividad. no existe relación entre lo que gana un magistrado y otros funcionarios del Estado. A la fecha de elaboración de este informe los magistrados habían realizado una paralización de sus labores de 20 días. Debe tenerse presente que por mandato constitucional. La Morosidad.500. burocratización y corrupción. documentos que se cosen con aguja e hilo y de los cuales dependen la libertad de un ciudadano. ya que los reclamos oficiales se canalizan a través de la Corte Suprema. e impedir que magistrados calificados se aparten de la judicatura al no tener garantía de la satisfacción de sus mínimas necesidades. salvo la docencia fuera de su horario de trabajo. abogados que obsequian papeles y cintas de escribir para las diligencias.00 dólares) ocupando el último lugar en América Latina.Ello trae como consecuencia una incidencia en las remuneraciones y condiciones de trabajo de los magistrados y empleados del Poder Judicial que propicia anécdotas inverosímiles: magistrados que viajan en microbuses con documentos importantes. contando con el apoyo de los fiscales del Ministerio Público. Según señalan los magistrados tal desnivel respondería al interés de dividir al Poder Judicial. sin mengua de la calidad profesional. en reclamo de la homologación de sus remuneraciones. Una óptima política salarial permitirá cumplir varias metas sustanciales del Poder Judicial. 1.00 (aprox. un juez de primera instancia percibe una remuneración de S/. expedientes que deben ser trasladados en movilidad que debe ser proveída por los propios litigantes. supuestamente. el Ministro de Justicia declaró que no era posible atender su reclamo pues ello. como respuesta a su justa demanda. Por su parte. significaría triplicar el presupuesto del Poder Judicial y que sería el próximo año en que podría mejorar las remuneraciones del personal judicial. pues ningún abogado competente tiene interés alguno por la carrera judicial y los jueces en ejercicio se rezagan en sus conocimientos. Ello tiene una vinculación directa con la capacidad y moralidad. la garantía de un recambio del personal judicial. 665. quienes se plegaron a la paralización. el Presidente de la Corte Suprema amenazó con destituir a los magistrados de no suspender la paralización. si sus miembros no son afectados por las bajas remuneraciones. Sin embargo. La necesidad de contar confuncionarios eficientes y con vocación de servicio es mas urgente en el cuerpo judicial. La necesidad de asegurar una remuneración digna a los magistrados es esencial para asegurar la independencia e imparcialidad en su función. Problemas que recibieron los ataques más insistentes antes y luego con el autogolpe del 5 de Abril. cuya remuneración se homologa con la de los Congresistas de la República. y . Hoy. Con excepción de los vocales de la Corte Suprema. Burocratización y Corrupción Otros de los problemas es la morosidad. pues una justicia mal dispensada deslegitima al Estado y cuestiona las instituciones democráticas.
los jueces basan sus resoluciones en proyectos que ellos presentan. Dentro de este marco es que los mecanismos de la corrupción se han implantado. que por tratarse de la tutela de derechos fundamentales deberían ser expeditivos. escritos presentados con plazos vencidos que aparecen con fechas anteriores. Una de la características de la administración de justicia es la lentitud paquidérmica de los procesos judiciales. Actualmente. sin recibir una remuneración. autorizaciones. Pero ello es posible por la burocratización del Poder Judicial. Así.que sirvieron de justificación para el cierre del Poder Judicial. Sin embargo. papeletas. pues tienen una injerencia directa en los procesos. pese ha haber transcurrido seis meses. Los requisitos que se les exigía para ser nombrados estaban el haber culminado la educación secundaria. abonan el camino hacia la corrupción. procesos que en la ley no deben demorar sino semanas terminan demorando meses y los que deben demorar meses terminan en años. de la Revista DEBATE (sobre un totalde mil . Pero también el problema presupuestario y su consecuencia. plazos y prórrogas. sus ingresos superaban a los de un juez. pues por el volumen de trabajo. los auxiliares de justicia tienen una remuneración aún más bajas. copias. éstos pierden los criterios de temporalidad usuales. Con estas calificaciones. realizan labores mas allá de su condición de auxiliares. si ya bastante bajo es el nivel remunerativo de un juez. tasas legales. Sin embargo. De este modo se ha desarrollado toda una filosofía que ha transformado las dádivas en "costos del servicio". firmas. debido a cobros extraoficiales que se abonan con toda naturalidad. De esta situación no se salvan ni las acciones de garantías. Sin embargo. certificados. En abril de este año. En una encuesta en 1993. como medida para evitar estos "costos". los secretarios de los juzgados no se encontraban incluidos dentro del presupuesto y por tanto no percibían sueldo. incluso capacidad resolutiva. entonces. la deficiente preparación de quienes operan el aparato judicial. sentencias que se redactan fuera del Juzgado y así sucesivamente. tener buena letra y ortografía y haber practicado durante tres años en una secretaría de juzgado. Se presentan situaciones de expedientes que se desaparecen y aparecen. los auxiliares de justicia forman parte del presupuesto del Poder Judicial. la destitución de más de un centenar de magistrados y el nombramiento de jueces provisionales. y a su vez remuneraban a su propio personal auxiliar. Todo se mueve mediante papeles. que lo ha convertido en una institución con esquemas de Ministerio no acordes con su misión. Durante largo tiempo. el Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento final sobre el caso. que la población tenga una percepción negativa del Poder Judicial. los abogados de los organismos integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han interpuesto una acción de amparo contra el Ministerio del Interior. No es extraño.
Ello complementaba el actual Código Penal.personas líderes de diversos sectores) respecto a la percepción de la opinión publica sobre el desempeño de las instituciones. la violación de bienes jurídicos como condición indispensable para calificar un comportamiento de delito y la proporcionalidad y humanidad de las penas. Código Procesal Civil. El Código Procesal Penal En abril de 1991. Modificaciones Legislativas En los últimos años se han producido cambios en la estructura legal del país y se implementaron algunos cambios importantes como la Ley Orgánica del Poder Judicial. el Código Penal. pues a través de sucesivas leyes se fue postergando. los militares estan sometidos al Fuero . Sin embargo. al menos si de modernizarlo y hacerlo mas eficaz. la culpabilidad o responsabilidad como fundamento de la pena. nunca llegó a entrar en vigencia. que traía cambios sustanciales en el trámite de los procesos y en el respeto de los derechos fundamentales para el debido proceso. la separación clara de las funciones de investigar y de juzgar. tan pronto como tales cuerpos entraban en vigencia. también promulgado por este Gobierno. al igual que la anterior. no es clara en este punto. este código. que si bien no expresaban una voluntad política de dotar al Poder Judicial de instrumentos legales garantistas de los derechos ciudadanos. el establecimiento del juicio público y contradictorio. Tales modificaciones resultaban ya necesarias puestos que los procedimientos y las normas bajo las cuales se conducían los juicios eran de una excesiva antigüedad y basados en métodos que. Sin embargo. hasta que finalmente el Congreso nombró una comisión revisora para que lo modificara. con un 49% de los encuestados. la restricción severa de la detención previa y la libertad de administrar y apreciar las pruebas. salvo algunas cuantas de sus normas. pues se limita a decir que en los casos de delitos de función. pues según manifestaban debía adecuarse a la nueva Constitución. antes que solucionar problemas. los entorpecían. el reconocimiento del equilibrio de fuerzas de quienes intervienen en el proceso penal. el derecho a la defensa desde la detención practicada por cualquier autoridad. que se caracteriza por consagrar la legalidad de los delitos y de las penas. Sus rasgos mas importantes son la introducción del sistema acusatorio en reemplazo del inquisitivo. se promulgó el nuevo Código Procesal Penal. Uno de los problemas en los procesos seguidos por violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas es el conflicto de competencia que se han suscitado entre el Poder Judicial y la Justicia Militar. el Poder Judicial aparece como la institución más corrupta. La actual Constitución. la designación del Ministerio Público como responsable y director de la investigación con control sobre la Policía. se dictaron otras medidas legales que desdibujaron las reformas.
sorpresivamente el 26 de octubre es promulgada la Ley N° 26373. y como ley orgánica es aplicable en toda clase de procesos judiciales. como los Vocales de las Cortes Superiores de todo el país. La Ley Orgánica del Poder Judicial En noviembre de 1991 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. el cual es un retroceso en relación al anterior. se publicó el proyecto de nuevo Código Procesal Penal. 74°. Esta ley es de suma importancia pues regula la estructura del Poder Judicial y las funciones de los magistrados y sus auxiliares. La primera vez que se iba implementar esta norma era en noviembre de 1994. El Código Procesal Penal de 1991. También traía un proceso de democratización dentro del Poder Judicial. modificada un año después. expresamente establecía en su art. pues señala que el Poder Judicial no es competente en los casos de delito de función para los militares y la Policía Nacional. en un capítulo desarrolla el derecho de defensa. modificando el art. a lo que generalmente el Poder Judicial ha cedido. la representatividad del Presidente de la Corte Suprema. sin señalar en que consiste un delito de función. Así. encargado de la marcha administrativa de manera independiente de la función jurisdiccional.Militar y al Código de Justicia Militar. establecía que el nombramiento del Presidente de la Corte Suprema se realizaría en elecciones en las que participarían tanto los Vocales de la Corte Suprema. Otra de las cosas destacables es la creación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. legitimando así. 14° que: "La Justicia militar está limitada a los delitos directamente vinculados con las funciones militares o policiales. lo que ha dado pie a que la Justicia Militar reclame para sí competencia para juzgar a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. Sin embargo. estableciendo el procedimiento a seguir para la inaplicación de normas por infracción a la Constitución. Entre los elementos mas destacables. elaborado porla comisión revisora. 74°. en especial de las que garantizan una justicia pronta. Bajo este dispositivo era claro que la investigación y procesamiento de las violaciones a los derechos humanos eran de exclusiva competencia de la Justicia Común y no del Fuero Militar. en lo referido a conflictos de competencia entre el Poder Judicial y de la Justicia Militar. a la vez que cumplían funciones jurisdiccionales. en ninguna norma se establece qué es un delito de función. en cuanto afecten bienes jurídicos exclusivamente castrenses y el orden disciplinario de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional". Igualmente. normaba claramente las competencias del Poder Judicial y del Fuero Militar. debían desempeñar tareas administrativas. El art. . Pero. se puede mencionar que contiene el desarrollo de las garantías del debido proceso. pues uno de los problemas era que los magistrados. Sin embargo. fecha señalada por la propia ley para la elección del nuevo Presidente de la Corte Suprema. el 6 de abril. al definir el delito de función.
Las funciones de dichos órganos será asumido por una Comisión integrada por el Presidente de la Corte Suprema y por un miembro designado por el Congreso y otro por el Poder Ejecutivo y tendrá como funciones la calificación. También la elaboración y aprobación de los reglamentos de Organización del Poder Judicial así como de la carrera judicial del personal auxiliar y administrativo. ello por propia iniciativa del Presidente de la Corte Suprema. 2° establece que el Poder Judicial es autónomo en lo político. por un año. sobre el régimen laboral del personal . dos jueces de primera instancia de Lima. 83°. el Presidente de la Corte Superior de Lima y dos vocales de dicha corte. 86° y 87° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. el lento avance en la organización administrativa del Poder Judicial. dos funcionarios del Ministerio de Justicia y un funcionario de Naciones Unidas como "Coordinador del Crédito". disciplinario e independiente en lo jurisdiccional. De tal suerte. Civil y Constitucional de la Corte Suprema. sobre los órganos jurisdiccionales. en especial de los arts. El art. 2° y 6°. igualdad entre las partes. 6° establece como principios procesales la legalidad.Con la modificatoria. También se señala que se evaluara y racionalizará -esto es reducción del personal. El art. el Presidente de la Corte Suprema es elegido solo por los Vocales Supremos. se señala en forma muy breve. 26°. 111°. los arts. Las funciones de esta comisión consultiva serán la de elaborar anteproyectos de leyes para modificar. 84°. quien era Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. entre otros. económico. El pasado 30 de octubre. Con ello la Sala Plena pierde su atribución de iniciativa legislativa. Pese al poco tiempo transcurrido. el actual Presidente de la Corte Supremaes Moisés Pantoja Rodulfo. los que son reemplazados por una Comisión Ejecutiva y una Comisión Consultiva de Emergencia. inmediación. 72°. se ha procedido a declarar en reorganización el Poder Judicial y se ha suspendido las normas sobre gestión y gobierno. formada por los vocales de las Salas Penal. La claridad en cuanto a la racionalización del personal del Poder Judicial como objetivo central del proyecto se hace más claro que en el propio texto. Como órgano auxiliar se crea una Comisión Consultiva de Emergencia. El proyecto. 85°. Así expresamente se señala que se busca "subsanar y/o aclarar" las contradicciones de la Ley Orgánica de los arts. la misma que derivó el Caso La Cantuta al Fuero Militar. el Presidente de la Corte Suprema presentó al Congreso un proyecto de ley que deja en suspenso las atribuciones de los órganos de gestión del Poder Judicial. al Consejo Ejecutivo y a la Sala Plena de la Corte Suprema la dirección del Poder Judicial y establecen su conformación y funciones. deja en suspenso.sustituir o derogar disposiciones que dificulten la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 81°. celeridad. los mismos que señalan que corresponde al Presidente de la Corte Suprema.a los órganos auxiliares y administrativos del Poder Judicial. También se suspende la Gerencia General del Poder Judicial. como fundamento del proyecto de ley. de cinco artículos. evaluación y racionalización del personal auxiliar y administrativo del Poder Judicial. En su exposición de motivos. administrativo.
del cual solo puede ser dispensado por motivos excepcionales. finalmente. Ancash y Arequipa. por lo que el Presidente de la Corte Suprema no podía arrogarse dicha atribución. por lo que un Congresista del gobierno presentó un nuevo proyecto de ley. este proyecto adolece también de una falla procesal: se presentó sin el requisito de presentar la exposición de motivos de la ley que fundamente la necesidad de su aprobación y que debe incluir un "análisis de costo y beneficio". publicado el 21 de noviembre-. ingresando cuando la Comisión de Justicia se encontraba en plena sesión discutiendo el proyecto anterior. La Comisión Consultiva estará formada por los presidentes de las Cortes Superior de Lima. 1). Mediante el Decreto Ley N° 25418 se estableció la reforma del Poder Judicial. con el voto de los congresistas del gobierno. por el mismo plazo. La Comisión de Justicia aprobó este último proyecto. 21° y 80° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los miembros de la Comisión Ejecutiva serán solo los vocales de las Salas Penal. suspendiendo sus actividades por espacio de 10 días. 218°. tal como establece el art. 128°. Proceso similar fue llevado a cabo en el Ministerio Público. Al parecer este problema fue advertido en el Congreso. Luego se dispuso un proceso de investigación de la conducta funcional de todos los jueces de la República a cargo de una comisión de la Corte Suprema. Sin embargo. de acuerdo a los arts. 75° del Reglamento del Congreso. Interferencia del Poder Político Provisionalidad de los Magistrados Luego del autogolpe del 5 de abril de 1992. con similares . el cual repetía textualmente el proyecto del Presidente de la Corte Suprema con un agregado: igual racionalización se efectuaría en el Ministerio Público. 249° y 354°.administrativo. un representante de las facultades de derecho de las universidades con sede en Lima y dos de las universidades del resto del país. 26546. Igual suerte corrieron los Vocales y Fiscales Superiores de Lima. carrera judicial y escalafón del personal judicial. sobre grados. se instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. El Presidente y la Sala Plena de la Corte Suprema conservan sus atribuciones. La Libertad. jornada de trabajo. Su dictamen se limita a hacer un resumen del contenido de los proyectos. Este proyecto de ley no contaba con el respaldo de la Sala Plena de la Corte Suprema ni del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este proyecto no cuenta con tal dispensa. se procedió a la destitución un número importante de Vocales y Fiscales Supremos. Civil y Constitucional. Ello. sin emitir consideración alguna sobre la validez del proyecto. el coordinador de la Unidad de Cooperación Técnica del Poder Judicial. También se propone la derogatoria de la Ley Orgánica en lo referente a distribución de los ingresos propios del Poder Judicial. siempre y cuando no se oponga a la ley. únicos órganos con iniciativa legislativa. pero con varias modificaciones (Anexo No. un representante de los colegios de abogados de Lima y Callao y dos del resto de colegios de abogados del país y. El Congreso finalmente aprobó el proyecto el 20 de noviembre -Ley No. motivo un proceso de ratificación que significó la separación de mas de un centenar de magistrados. Mediante sucesivos decretos leyes.
que no tenían un nombramiento de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales. un Jurado de Honor de la Magistratura transitorio. designados por idéntico mecanismo. mediante ley constitucional. a ordenar la detención aún cuando no haya pruebas-. como el caso de un juez que dictó un auto de apertura de instrucción contra un ciudadano por supuesto delito de Apología del Terrorismo. también por decretos leyes. una vez que una persona es denunciada por delito de Terrorismo. se veía obligado a iniciar el proceso por mandato de la ley. siendo el Congreso Constituyente el que tomaría la decisión final. Las instancias inferiores han sido completadas por magistrados provisionales nombrados por el Poder Judicial. que siguen vigentes pese a las modificaciones introducidas a esta legislación. y que ejercían el cargo con una temporalidad imprecisa en sus términos. Legislación de Emergencia a) Normas Procesales Desde mayo de 1992. Para afrontar esta situación. así como de la mayor parte de los jueces de primera instancia de Lima. es decir por el Poder Ejecutivo. más del 60% de los cargos judiciales estaban cubiertos por magistrados provisionales. en que los magistrados siguen ejerciendo sus cargos en calidad de provisionales. Así. Hasta fines de 1993. se viene aplicando una legislación antiterrorista de emergencia. los jueces de primera instancia tienen que cumplir el lamentable rol de meros tramitadores. el Congreso Constituyente creó.consecuencias. Las vocalías de la Corte Suprema vacantes así como las Fiscalías Supremas fueron llenadas por magistrados provisionales. Hacia fines de 1994 se había concluido con el nombramiento definitivo de los Vocales de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima. su resolución no puede cumplirse si previamente no es confirmada por la Corte Superior. a pesar que en los considerandos de su resolución señalaba que los hechos imputados no constituían delito. Aunque al finalizar la instrucción. a través de sucesivos decretos leyes. el Juez esta obligado a abrir instrucción -aún cuando considere que el hecho denunciado no constituye delito-. que ha significado un recorte en las facultades jurisdiccionales de los magistrados y un recorte de las garantías al debido proceso legal. evaluar a los vocales provisionales y convocar a concurso público de las plazas no cubiertas de la Corte y Fiscalías Supremas. complementado por una proporción mayor de auxiliares de justicia también en calidad de provisionales. puede disponer la libertad incondicional -al final de la instrucción-. Pero ello no ha sucedido así en el resto del país. Así. . Las acciones de amparo contra estos actos fueron prohibidas. encargado de recibir las solicitudes de los magistrados cesados. pero que sin embargo.
la legislación antiterrorista también ha significado un recorte de las facultades de los Fiscales. entonces. ante sentencias que condenan a campesinos sobre la base de actas de incautación confeccionadas irregularmente por militares. lo que ha transformado a los magistrados en simples acusadores.Los juicios se realizan a través de jueces sin rostro. tiempo que no permite al abogado conocer a su patrocinado e intercambiar argumentos propios de la defensa. Nos encontramos. . b) Derecho de Defensa Otra de las garantías violadas es el derecho a la defensa. al no realizar una aplicación razonable de la legislación de emergencia. Ello se complementa con la concesión de competencia para conocer casos de Terrorismo a todos los vocales superiores de un distrito judicial. Así. Así. sin importar su especialidad. ausencia de pronunciamiento sobre las irregularidades en las investigaciones practicadas por las Fuerzas Armadas. cuya identidad es desconocida. no hay exigencia de prueba mínima para la incomunicación y traslado de detenidos por parte de la Policía. lo cual es una limitación al derecho de defensa. aún cuando de las investigaciones se deduzca su inocencia. convirtiéndose los Fiscales en meros testigos de su actuación y tramitadores de atestados policiales. para conformar las salas se procede a un sorteo entre todos ellos. la dirección en la investigación policial. Pero. los detenidos deben esperar. en salas especiales dentro de los establecimientos penitenciarios y. al igual que los magistrados. Uno de los problemas es la entrevista entre el Abogado defensor y su patrocinado en los penales. la eventual renuncia de a la valoración de los límites en la recolección probatoria policial y la aplicación retroactiva de la legislación antiterrorista. Ello ha permitido que los magistrados sin rostro releguen su posición de garantes de la democracia y su compromiso con los derechos fundamentales de la persona. hasta 3 años para que se realicen las audiencias. Los Fiscales Superiores. también son secretos y estan obligados por mandato de la Ley a formular acusación contra los procesados. sean estos magistrados civiles penales o laborales. limitándose a un proceso escrito. atentando contra la especialidad de los magistrados. que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público corresponde a los Fiscales. queda a cargo de la propia Policía. Los recursos de nulidad ante la Corte Suprema también son resueltos por magistrados sin rostro y en esta instancia no existe audiencia -ni siquiera privada-. en algunos casos. aún cuando la ley establece plazos muy breves. La entrevista esta limitada a un plazo no mayor de 15 minutos por abogado por las autoridades penitenciarias. que no le restan valor probatorio a manifestaciones prestadas en recintos castrenses o que hacen referencia a vínculos de parentesco con supuestos terroristas para imponer penas. Así.
c) La Legislación sobre Arrepentimiento Sin embargo. debido a que la sentencia condenatoria debe entenderse como aquella contra la que no quepa ningún recurso. acusándolas de colaboración con la subversión. Tal ley ha provocado dos situaciones. en muchos casos. los funcionarios penitenciarios están restringiendo el derecho de defensa más allá de lo que la propia legislación especial permite. En nuestro concepto. En la mayoría de los casos los sentenciados apelan de la sentencia y solicitan. el más perverso de los instrumentos legislativos antiterroristas. Tal impedimento para entrevistarse con los condenados por los tribunales superiores no tiene sustento legal. han declarado contra personas inocentes. Tanto el Código de Ejecución Penal como la Ley Orgánica del Poder Judicial contiene normas que permiten viabilizar el ejercicio del derecho de defensa. ya que no hay canales por los cuales el sonido pueda pasar. Leg. muchas veces como acto de venganza. constituye el único medio por el cual el abogado puede conocer a su patrocinado y recoger en forma directa la versión de lo sucedido. La entrevista se realiza en locutorios que tienen un vidrio grueso que separa al abogado del procesado. derecho que no puede ser suspendido ni intervenido. pues los locutorios están ubicados uno junto al otro. 40° del Código de Ejecución Penal vigente (D. En efecto. si un abogado solicita entrevista con dos o tres detenidos. tendrá que dividir los 15 minutos entre ellos. En efecto. subversivos capturados por la Policía. Por ello la comunicación resulta defectuosa. que establece beneficios hasta de libertad para los miembros de los grupos subversivos que brinden información sobre su organización. con el fin de obtener su libertad. por un lado. Ello ha producido la prisión injusta de cientos de inocentes implicados en delito de Terrorismo por la sola declaración de supuestos arrepentidos no comprobados debidamente.Esta limitación es entendida por los agentes penitenciarios como aplicable al abogado. La entrevista es una de las formas concretas en que se expresa el ejercicio del derecho de defensa y. pues las entrevistas se realizan simultáneamente. También se ha imposibilitado la entrevista con los condenados cuya sentencia todavía no ha sido ejecutoriada. La situación se torna más complicada. la legislación antiterrorista no se refiere expresamente a la entrevista del abogado con su patrocinado en el Penal. 654) señala que el interno tiene derecho a entrevistarse y comunicarse en privado con su abogado defensor. para impedir la comunicación escrita. Esta comunicación también se ve limitada por las condiciones en que se realiza. en un ambiente adecuado. el art. Así. ha sido la llamada Ley de Arrepentimiento. y . Los agentes penitenciarios señalan que "por disposición superior" no es posible la entrevista entre abogado y condenado y solicitan se muestre algún documento que acredite que el proceso se encuentra pendiente de nulidad o revisión según sea el caso. la asesoría de los organismos de derechos humanos a nivel de Corte Suprema. en muchos casos.
. ya no se justifica la existencia de Jueces sin Rostro para el juzgamiento de los que incurran en delito de terrorismo.." Es de verse pues. (. que se han visto obligados bajo tortura a arrepentirse y dar nombres de personas. a la vez que se da paso al principio de responsabilidad judicial. Ello es posible (... es la figura de los "Jueces sin Rostro. el Congreso (. debido a que el terrorismo está siendo derrotado en todo ámbito del país. El valor seguridad -de los integrantes del sistema de administración de justicia penal-cede ahora al valor garantía de los derechos individuales.La primera institución susceptible de modificación. 2). En abril..) ha (sic) iniciativa del Gobierno ha venido aprobando diversas normas de flexibilización de la legislación antiterrorista.. emitió su informe señalando que: "(... (. dadas las actuales circunstancias y al éxito alcanzado en la política de pacificación implementada por el Gobierno. Esta propuesta eliminaba los jueces sin rostro desde el 15 de mayo..). dar un paso más en la normalización de la legislación penal flexibilizando el procedimiento por los delitos de terrorismo (. el Poder Ejecutivo sometió a consideración del Congreso una propuesta para modificar la legislación antiterrorista.. permitiéndoles controlar su imparcialidad y sus condiciones de independencia. 3.. Luis Serpa Segura. (. en las actuales circunstancias. Según lo expresado por el Poder Ejecutivo.). En el caso del Poder Judicial.En la medida que el proceso de pacificación dió sus frutos.por otro personas inocentes. La necesidad que determinó su implementación (irremediables problemas de seguridad) ya no se justifican en las actuales circunstancias... de suerte que los sujetos procesales conozcan quien es el juez.). los tribunales sin rostro serían desactivados recién el 15 de octubre. d) Modificaciones a la Legislación Antiterrorista El 15 de febrero de 1995. 4. esta propuesta fue aprobada con una modificación." .. (. que el propio Gobierno reconoce que la existencia de los tribunales sin rostro constituyen una clara violación de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. es decir..)..).Corresponde.. el Vocal Consejero. en la exposición de motivos de la propuesta modificatoria (Anexo No.).. (. que el terrorismo está siendo derrotado en todos los frentes. Dr. Para aprobar esta modificación. las razones de ser de la misma sería que: "2.. En ambos casos se pronunciaron por la eliminación de los jueces sin rostro. muchas de ellas amigos o conocidos... el Congreso solicitó la opinión del Poder Judicial y el Ministerio Público.).) como consecuencia del éxito alcanzado en la política de pacificación implementada por el Gobierno.
.. aduce razones contradictorias a las que señaló para su eliminación." . repetimos. (.1 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" y..). resulta atinado por razones fácticas y legales. artículo 14.).. si el Estado que está actualmente empeñado en un proceso de consolidación de la Pacificación Nacional. artículo XXVI de la "Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre" y artículo 8.).. con la observación del señor Consejero doctor Carlos Ernesto Giusti Acuña. el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.El proyecto concuerda la legislación anti-terrorista con las exigencias de los principios y directivas de la Constitución (..). (.). y para garantizar la paz social y la tranquilidad del país diese en estos momentos un paso atrás (. solicito que se prorrogara losjueces sin rostro hasta abril de 1996 (Anexo No. señala que: "El artículo propuesto en el Proyecto (..1. Para justificar esta medida.. entre los motivos señalan que: "(.) la implementación de los "Jueces sin rostro" significa la contravención a los principios de Independencia e Imparcialidad de la función Jurisdiccional. contenidos en (.." Igualmente la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de la Nación. artículo 10 de la "Declaración Universal de Derechos Humanos".). expresó su conformidad al proyecto. también coincidió en los mismos criterios.. donde Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru no están totalmente desarticulados y aún mantienen una peligrosa capacidad destructiva. en cumplimiento de la Estrategia Contrasubversiva. sino ante un Poder Judicial y un Ministerio Público -una de cuyas misiones constitucionales es precisamente velar por la independencia de la función jurisdiccional y la recta administración de justicia.).) la actual situación de la violencia en el país. en sesión ordinaria del 28 de marzo. por tanto. que luego de los triunfos innegables del proceso de pacificación se redujo significativamente y. (.. pese a ser conscientes de que la legislación antiterrorista violaba las garantías legales mínimas del debido proceso.. Así en su informe.disminuídos. El Gobierno ha dado marcha atrás en esta modificación y a fines de setiembre. estaría dentro de las circunstancias actuales en que vivimos. incurriendo en un grave error e imprudente retroceso cuyas consecuencias podrían ser altamente negativas (." En suma. (... 3).. que. estaríamos. nos encontramos no solo ante la arbitrariedad del Gobierno.. Así. por los mismos fundamentos del Vocal Consejero y dado que: "(. de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos"...) y del derecho internacional. la aplican sin mayor criterio. poco antes de que entrara en vigencia. en el sentido de que la legislación anti terrorista implica serias limitaciones al derecho de defensa. Por ello.. diseñada por el Señor Presidente de la República.. resulta innecesario continuar como (sic) medidas de seguridad que sacrifican la vigencia de principios legales reconocidos en nuestro texto constitucional e instrumentos internacionales..".)..
se abrieron dos procesos judiciales. por lo que tuvo que recurrirse al procedimiento de discordia. Gral EP Julio Salazar Monroe. sin pronunciarse sobre su constitucionalidad o no. yendo mas allá que el propio Poder Ejecutivo. el mismo que cometió el crimen de La Cantuta. Gral. publicada el 13 de octubre de 1995). derivando el caso La Cantuta al Fuero Militar. sobre el asesinato de 15 civiles. La Sala Penal aplicó la ley. incluso con dictamen favorable de la Comisión de Justicia.para pronunciarse en los casos de contiendas de competencias entre el Poder Judicial y la Justicia Militar y que la ley era aplicable para los casos en que se encontraba en pleno trámite. Debe tenerse presente que. La votación fue bastante dividida. La Ley de Amnistía y el Caso de Barrios Altos Situación similar ocurrió cuando se venía ventilando el caso de Barrios Altos. Sin embargo. pero la amplió hasta octubre de 1996 (Ley N° 26537. tres vocales votaron a favor de la justicia militar y dos a favor de la justicia común. Esta norma resultó cuestionada por todos los sectores de la sociedad. sobre los cuales no hay pronunciamiento. Asimismo. pues representaba una injerencia política directa en los asuntos propios del Poder Judicial. EP Nicolás de Bari Hermoza Ríos. La Impunidad El caso de La Cantuta A raíz del secuestro y posterior asesinato de un profesor y nueve alumnos de la Universidad la Cantuta. ocurrido en noviembre de 1991.La mayoría oficialista del Congreso. ante el fuero común se había denunciado al Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. ya desde noviembre de 1994. se dispuso la comparecencia del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo el mismo día que tenía que definirse esa situación entró en vigencia la Ley 26291 que modificaba la exigencia de los cuatro votos conformes. en el cual estaban involucrados varios de los integrantes del grupo paramilitar "Colina". aprobó la prorroga solicitada. disponiendo que bastaba una mayoría simple -tres votos. En este caso también hubieron dos procesos paralelos. presidida en ese entonces por el actual Presidente de la Corte Suprema. . existe un proyecto de Comisión Revisora. Esta última planteó una contienda de competencia quedebería ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema. los congresistas del oficialismo ofrecieron crear mecanismos de revisión de sentencias para personas injustamente condenada. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial. luego de que el Ministerio de Justicia se opusiera al proyecto. pero que ha sido archivado. se han amontonado una serie de proyectos. y del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Para aplacar las severas críticas que tal medida produjo. debía alcanzar 4 votos conformes de un total de 5 para pronunciarse. uno en la justicia común o otro en la justicia militar.
se vería limitado de dar leyes que propenden a lograr una tranquila convivencia en paz y desarrollo económico. prisión o pena privativa de la libertad. al tener orden de detención en el proceso seguido por el caso de Barrios Altos. el 15 de junio la Juez emitió una resolución declarando inaplicable la ley de amnistía por ser inconstitucional y disponiendo la continuación del proceso (Anexo No. en horas de la madrugada y en forma sorpresiva. la mayoría oficialista aprobó la Ley N° 26492. la ley disponía archivamiento definitivo de todos los procesos judiciales. la mayoría oficialista del Congreso aprobó la Ley N° 26479 (Anexo No. aplicable la ley de amnistía al caso de Barrios Altos. artículos 138° y 201°. Contra todo pronóstico y a diferencia de la conducta del Consejo Supremo de Justicia Militar.y al Tribunal Constitucional -de manera general-. es decir cualquier caso deviolación de los derechos humanos que no se haya conocido y que no se sepa quienes hayan sido sus autores. mediante la cual se concedía amnistía al personal militar. la libertad de los integrantes del Grupo "Colina". 4). Cuando la resolución de la juez era materia de apelación ante la 11° Sala Superior Penal de Lima y el Fiscal Superior se había pronunciado por la inaplicabilidad de la ley.El 14 de junio de 1995. la ley establece la prohibición de revisión judicial de la Ley de Amnistía. Con ello. por mayoría. policial o civil. (. detención. autores del crimen de La Cantuta. el 28 de junio. lo que virtualmente es una declaración de constitucionalidad de la ley. . ya sea que estuviera sufriendo arresto. policial o civil involucrado en violaciones a los derechos humanos cometidos desde 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley. 6). pese a que debieron ser puestos a disposición del Fuero Común. en su art. mal llamada ley de interpretación de la ley de amnistía (Anexo No.. ya sea que estuvieran en trámite o con sentencia. en primer orden. lo cual impide que quien se considere vulnerado en su derecho pueda acudir a los tribunales para defenderse. Finalmente. que de acuerdo a la Constitución Peruana. miles de casos de desapariciones. 5). afirmando que de ello "resultaría que el Poder Legislativo. Asimismo. se negaba validez a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos y su preeminencia sobre las leyes. corresponde al Poder Judicial -en cada caso concreto. medida que fue inmediatamente aplicada por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Entre sus fundamentos.). En su artículo 2°. sin importar ya si siquiera exista denuncia presentada. efectuada por el Presidente de la República el mismo día. 3 la ley amplía la concesión de la amnistía para todo el personal militar. 7). que dispuso. político y social que reclama la Nación en las actuales circunstancias" (Anexo No. y la prohibición de reiniciar nueva investigación sobre los mismos hechos. La Decimoprimera Sala Superior Penal de Lima declaró.. Finalmente. En su artículo 1° declara que la ley de amnistía no interfiere en la función jurisdiccional ni vulnera la obligación del Estado de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. se dispone la inmediata libertad de todo aquel que estuviera privado de su libertad. torturas y ejecuciones extrajudiciales quedarán en el olvido.
surgió una disputa por el cargo entre los Fiscales Miguel Aljovin Swayne y Blanca Nélida Colán Maguiña. en el que resultaron muertas al menos 12 personas. toda vez que el nombramiento era por votación de los Fiscales Supremos. Sin embargo. En esta última ley. y su duración es de tres años. también en calidad de provisional. Esta misma Fiscal se pronunció contra las denuncias por torturas. en inusual conferencia de prensa. sin realizar investigaciones y luego de una visita guiada por el Ejército. departamento de Huánuco. En ese entonces. La Fiscal de la Nación hizo una defensa cerrada de las Fuerzas Armadas. lo que benefició a la actual titular de la Fiscalía de la Nación. en forma rotativa. En esa fecha. órgano constitucionalmente autónomo cuya función es la de promover la acción de la justicia. Debe tenerse presente asimismo. el Congreso aprobó una ley por la cual se establecía que en caso de empate el cargo correspondía al Fiscal Supremo más antiguo. por haber declarado inconstitucional la ley. quien fue nombrada como Fiscal de la Nación. en el marco de un amplio operativo militar denominado "Aries". Resulta inexplicable que para acceder al cargo. también ha sido objeto de interferencia del poder político. . La Fiscalía de la Nación es ocupada por el Fiscal Supremo más antiguo. cargo que luego se volvió definitivo. el 19 de junio. la defensa de la legalidad y la de velar por la recta administración de justicia. incluida la Doctora Blanca Nélida Colán Maguiña. Blanca Nelida Colán Maguiña se dictó poco días después que élla. cuando el mandato de la Fiscal de la Nación estaba por expirar y debía serocupado por el Fiscal Supremo Miguel Aljovín Swayne. se señala que no debe tomarse en cuenta como parte de su mandato el tiempo que actuó como Fiscal de la Nación Provisional y se permite que su mandato se prorrogue por dos años más adicionalmente. todos los Fiscales quedaron en calidad de provisionales. hizo una defensa pública de la Ley de Amnistía y amenazó con denunciar a la Fiscal Provincial y a la Juez por delito de prevaricato. violación y asesinato contra campesinos en Moyuna y Moena. 4 en total. ocurridos de marzo a abril de 1994. Después del autogolpe de 1992. con lo que su mandato expirará recién en 1999.El Ministerio Público Otro componente importante dentro de la administración de justicia es el Ministerio Público. se haya tomado en cuenta el tiempo que actuó como Fiscal provisional y hoy que debe concluir su mandato se diga que ese tiempo ya no es válido. debiéndose sumar para tal efecto el tiempo como provisional. Desde este contrasentido resulta claro que ambas leyes se expidieron para favorecerla. que la ley que prorroga el mandato de la Dra. En junio de este año. habiendo empatado en sucesivas votaciones. el Congreso aprobó una ley interpretativa ampliando el mandato de la Doctora Blanca Nélida Colán Maguiña. pasada las 9 de la noche.
otras normas del mismo cuerpo legal establecen su dependencia del Poder Ejecutivo y la ausencia de personal profesional. varios son los requisitos que la justicia militar debe cumplir para ser considerada como independiente e imparcial.. (. Ello. Nada de esto se cumple.El Fuero Militar El constitucionalismo contemporáneo postula la limitación de la competencia del Fuero Militar al personal militar y policial en actividad por conductas punibles o disciplinarias que afecten exclusivamente bienes jurídicos castrenses. Los magistrados militares. (. salvo el Fiscal y el Auditor.) Artículo 23°. vía recurso de casación.. El Fiscal General y el Auditor General son miembros del Cuerpo Jurídico Militar. (. pues cada vez amplía más sus funciones. por estar en actividad. estánsujetos al Código de Justicia Militar y.)." Como puede verse la propia ley reconoce que la Justicia Militar forma parte del aparato militar. pues como señaláramos.está en armonía con esa tendencia. (. en su título Preliminar. por la Corte Suprema.. siendo nombrados por el Poder Ejecutivo. parte de la propia Constitución. que es autónoma y no depende de autoridad administrativa alguna en el ejercicio de la función jurisdiccional.El Consejo Supremo de Justicia Militar se compone de diez Oficiales Generales en Situación de Actividad. . De otro lado.). le atribuye competencia para conocer casos de Terrorismo. desplazando al Poder Judicial. que esté servida por personal profesional estable y en línea del cuerpo jurídico militar y que esté sujeta a control.. esto último para cumplir con el principio de unidad jurisdiccional.).). ninguno pertenece al cuerpo jurídico.. Los Tribunales de Justicia Militar constituyen un alto Organismo de los Institutos Armados (. Artículo 6°.. Aunque la propia Ley Orgánica de Justicia Militar establece. En esa perspectiva el artículo 14° del Código Procesal Penal de 1991 -que no entró en vigencia.... luego de establecer el carácter de excepcionalidad de la justicia militar. Así.). Entre ellas podemos mencionar la necesidad de que sus magistrados esténdesligados de los mandos militares. (... podemos mencionar las siguientes normas de la Ley Orgánica: "I. empezando por su calidad de jurisdicción excepcional...El Presidente y los Vocales de los Consejos [Superiores de Guerra] serán nombrados por Resolución Suprema refrendada por el Ministro del Sector pertinente..
Pocos han sido los casos en que la Justicia Militar ha condenado a los autores de crímenes contra los derechos humanos. mediante la aplicación de las sanciones que ésta señala. el Código de Procedimientos Penales de 1942. lo cual parecería indicar que asume la función de casación. congresistas. el artículo 3° limita sus funciones a dirimir las contiendas de competencias. el orden y el decoro de las Fuerzas Armadas. la moralidad. tal es el caso de la masacre de 7 campesinos en julio de 1992 por una patrulla del Ejército. 361°. Sobre este punto. departamento de Piura. El Código de Procedimientos Penales data de 1942. en la localidad de Sóndor. que fue transferida al fuero militar y permanece sin sentenciarse. cualquiera que sea el fuero que las emita. Tribunales Militares y violaciones a los derechos humanos Otra de las contradicciones de las normas militares tiene que ver con su competencia. Sin embargo. quien declaró a una comisión parlamentaria que pagó a altos oficiales militares para operar . el orden y la disciplina. Tribunales Militares y narcotráfico Pero el Fuero Militar ha sido usado no solo para encubrir a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. mientras que el Código de Justicia Militar fue promulgado en 1980 y fue una de las últimas normas dictadas por el Gobierno Militar. Sin embargo. Tal fue el caso de la exigencia del Congreso Norteamericano de aclarar 15 casos de violaciones a los derechos humanos para poder recibir ayuda económica de dicho gobierno. entre ellos Demetrio Chávez Peñaherrera. entre otros. reprimiendo su quebrantamiento en los casos previstos por la Ley Penal.La Ley Orgánica establece en su artículo 1° que el poder de administrar Justicia Militar también es ejercido por la Corte Suprema. pronunciarse en los pedidos de extradición y conocer originariamente los procesos de competencia del Fuero Militar contra el Presidente. ésta se ha debido a la presión internacional. establece que es competencia de la Corte Suprema resolver los recursos de revisión de sentencias condenatorias de última instancia." De ello se desprende que sólo se contempla la competencia disciplinaria de la justicia militar. miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar... Varios narcotraficantes. Sin embargo. y en donde ha habido condena. sino para encubrir la colusión de militares con el narcotráfico. con lo cual incluye al Fuero Militar. (. el Fuero Militar ha desplazado al Fuero Civil para conocer casos de violación de los derechos humanos contra civiles por parte de militares. art.). el propio Código de Justicia Militar establece su propio mecanismo de revisión de sentencias. Según el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de la Justicia Militar: "Los Tribunales de Justicia Militar están encargados de mantener en dichas fuerzas. toda vez que el fin de la justicia militar es mantener la disciplina. ministros.
Así tenemos que personas que han sido absueltas en primera y segunda instancia. cuando se hizo público que el Gral. sino que carece de imparcialidad. que no han sido de conocimiento del acusado. al tener que decidir sobre situaciones en las que los militares han participado como protagonistas o como víctimas. por la cual se disponía que fuera juzgado por el Poder Judicial y no por la Justicia Militar. a diferencia de la Justicia Común. bajo el pretexto de haber colaborado económicamente con Sendero Luminoso. Esto se debe a que la Corte Suprema. en los casos mas graves. De acuerdo al Decreto Ley N° 25659. Tal situación cuestiona seriamente la independencia e imparcialidad de la administración de justicia. se tipifica como delito de Traición a la Patria las formas agravadas del delito de Terrorismo y se establece que la jurisdicción militar es la competente para juzgar. 173 de la Constitución Política de 1993). Sin embargo. líder del grupo subversivo "Sendero Luminoso". tal regla no es aplicada por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Sin embargo. lo condenó a cadena perpetua. lo más grave de ello es que en muchos casos su resolución no se dicta en función de las pruebas actuadas en juicio. sino en atestados policiales ampliatorios. finalmente son condenadas en última instancia. La condena así dictada se fundamenta entonces en la sola denuncia policial.impunemente desde 1990. Ello viola el derecho de defensa. se ha otorgado atribución al Fuero Militar para juzgar a civiles por delito de Terrorismo. a quien en primera y segunda instancia se declaró fundada una excepción de naturaleza de jurisdicción. en que la Corte Suprema. el cual . es decir que no son independientes del Poder Político. en estos casos asume una función de casación. quien antes se desempeñara como Jefe Político Militar del Frente Huallaga. al no permitir contradecir el documento policial. atribución que ha sido elevada a rango constitucional (art. se convierten en juez y parte. fueron derivados al fuero militar y condenados a cadena perpetua por Traición a la Patria en un juicio privado. Ello se hizo evidente. Como se ha señalado. fue uno de los magistrados que condenó a Abimael Guzmán Reynoso. Sin embargo. Pero además. condición fundamental de la administración de justicia. de no estar conforme con una sentencia absolutoria deberá ordenar nuevo juicio. que los puede remover en cualquiermomento. ya que es un tribunal de apelación y no de juicio. EP Alberto Arciniega. Tal es el caso del ciudadano chileno Alejandro Luis Astorga Valdez. amparado en un atestado ampliatorio de la Policía Antiterrorista (DINCOTE). por lo que mal puede condenar a una persona que ha sido absuelta. y ello se evidencia en su actuación judicial. los magistrados del Fuero Militar son militares en actividad y dependen del Poder Ejecutivo. La legislación sobre Traición a la Patria Por otro lado. ya sea por su falta de idoneidad como por la ausencia de un debido proceso judicial. el Consejo Supremo de Justicia Militar. los magistrados militares. por estar en actividad. Pero la Justicia Militar no sólo no es independiente.
que con referencia al debido proceso indican "se ha señalado que los oficiales han sido juzgados por tribunales que no son imparciales por hechos que no constituyen delito de acuerdo a la Constitución Nacional del Perú y sobre la base de confesiones extraídas mediante la tortura de. remitió un atestado policial ampliatorio. cuatro de ellos". Este caso ha sido materia de pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. en sus domicilios no se halló material alguno y así consta en las actas de registro. La prueba de su responsabilidad sería el acta de incautación. Así. Ello sirvió para presentar un recurso extraordinario de revisión que fue declarado fundado. todas las instancias son con jueces secretos y con plazos sumarísimos. obteniendo su libertad. el Consejo Supremo de Justicia Militar debió disponer que el proceso judicial se reinicie ante un juez militar. por un intento de derrocamiento de del régimen. Poco después de la condena. Además existe un recorte del derecho de defensa: la participación del abogado se limita a su presencia durante el interrogatorio del inculpado y a presentar un alegato oral en cada instancia. . Mal podía haber hecho alegato alguno contra una acusación que no era de su conocimiento. Sólo se le permite el acceso al expediente judicial un solo día. Sin embargo. y que sirvió para acusarlos de innumerables atentados. La legislación sobre Traición a la Patria es más restrictiva de derechos que la de Terrorismo. tal hecho era falso. 24 ó 48 horas antes de que se dicte sentencia. convictos y confesos. En igual sentido se ha pronunciado el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. El acta en que se ampara la Sala correspondía a otros inculpados y no a la de ellos. En este caso el Consejo Supremo de Justicia Militar los condenó a 30 años de prisión. Situación similar ocurrió con los ciudadanos peruanos Clavio Huerta Estrada y Ada Nivin. El señor Astorga presenta efectivamente una cicatriz en la pierna. lo cual no permite una adecuada preparación de la defensa. por ser un elemento distinto a las pruebas actuadas en juicio. en el que informaba que los verdaderos responsables de los atentados habían sido capturados. Fue la propia policía la que los salvo de esta injusticia. es otro caso de violación del debido proceso. según la cual se le habría hallado en sus domicilios abundante material explosivo. al menos. En este caso. quien afirmaba que aquel participó en un atentado.concluía por su responsabilidad. en el que habría sufrido una herida en la pierna por laexplosión de una granada. siendo aplicable la legislación militar de guerra. El caso de los oficiales detenidos el 13 de Noviembre de 1992. Persecusión y recorte de la libertad de expresión Pero no sólo en este tipo de procesos existe una interferencia por parte del Ejecutivo en la Justicia Militar. pero por disparo de perdigones durante la dictadura del General Pinochet. para que el acusado pudiera hacer su descargo. absueltos en primera y segunda instancia. en base a la declaración de un arrepentido.
Victor GRANDA CHUNGA.Igualmente. Posteriormente. Dra. señalando únicamente que tal información es requerida por el Ministerio del Interior. Norma ROJAS NORIEGA Abogada del Instituto de Defensa Legal IDL. Dr. Victor ALVAREZ PEREZ Abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz FEDEPAZ. Abogados de la Comisión Episcopal de Acción Social CEAS. Nino ALARCON TORRES. mediante el cual solicitan información sobre la afiliación de los 267 abogados. todos son Abogados de planta y colaboradores de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH. Gloria Margarita CANO LEGUA. para lo cual se utilizó la ley de arrepentimiento. Tal es el caso del General EP Rodolfo Robles Espinoza. firmado por el Coronel PNP Alfonso Chavarry Plaza. Dr. El 11 de febrero de 1994 el Colegio de Abogados de Piura recibió el oficio N° 207 de la Jefatura Sistémica de Seguridad contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Piura. y en esa condición defender a personas acusadas de esos delitos. la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior hizo llegar iguales solicitudes con listas a los Colegios de Abogados de Lima y del Callao. Dra. Liliana RODRIGUEZ FLORES. bajo la acusación de ser integrantes de la "Asociación de Abogados Democráticos". Dr. e incluso. Cecilia POLACK BOLUARTE. En esta lista encontramos a los siguientes profesionales: Dr. Víctor MAMANI RODR+GUEZ. Varios abogados han sido procesados por supuesto delito de Terrorismo. se conoció que el Ministerio del Interior investigaba a más de 250 abogados de causas de Terrorismo. RELACION ADICIONAL". organismo de Sendero Luminoso. Eduardo TORRES VEGA. En el mes de abril de este año. la Justicia Militar ha sido utilizada para recortar la libertad de expresión. Magaly OROSCO LOYOLA. quien denunció el caso de La Cantuta y que tuvo que exiliarse a la Argentina. quienes fueron condenados por haber expresado críticas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en el Conflicto con el Ecuador. a abogados de oficio que son profesionales designados por el Ministerio de Justicia y que realizan su labor en los Juzgados o Tribunales de Justicia en todo el país. Dra. Varios militares en situación de retiro han sido condenados por insulto al superior y ultraje a las Fuerzas Armadas por haber denunciado casos de violación a los derechos humanos y por haber expresado su opinión en relación al papel de las Fuerzas Armadas en el Gobierno y en el conflicto militar con el Ecuador. El Ejercicio del Derecho de Defensa El ejercicio del derecho de defensa contra los abogados que defienden a víctimas de violaciones de los derechos humanos a personas acusadas por delito de Terrorismo y Traición a la Patria es objeto de acoso y hostilización. Norbel MONDRAGON HERRERA Abogado del Instituto de . La lista lleva el sello de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y el término "SECRETO. Dra. Dra. a abogados particulares que por su profesión han asesorado a alguna persona vinculada a casos de terrorismo. La lista comprende a Abogados de Organismos defensores de los derechos humanos de varios puntos del país. y de los Generales EP Walter Ledezma Rebaza y Carlos Mauricio. Dr. Dr.
no se cumplen los "Principios Básicos sobre la Función de los Abogados". cumplimiento de las leyes y combatir la delincuencia. a través de su Procurador Público. Antonio Gerardo SALAZAR GARCIA Abogado del Centro de Estudios y Acción para la Paz CEAPAZ. sino con el delito de Terrorismo. El Ministerio del Interior. luego de una serie de maniobras procesales para que se desestime la acción. En tal sentido. A esta relación de Abogados pertenecientes a los Organismos de Derechos Humanos se suman las Doctoras Luz RUGEL MEDINA que es Abogada de la Capellanía del Penal del Lurigancho. calificada como secreta. acosos o interferencias indebidas. Señaló que la lista respondía a constantes denuncias de ciudadanos sobre la proliferación de personas que se dedican al ejercicio ilegal de la abogacía. el Dr. relativas a seguridad interna. que se produjeron inmediatamente después de la decisión de la juez de declarar inaplicable la ley de amnistía. reglas y normas éticas de su profesión. la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior no es la encargada de dichas funciones. negó que se haya pretendido investigar sin fundamento a los abogados y trata de justificar la lista con razones deleznables e infantiles. que nada tiene que ver en una investigación sobre Ejercicio Ilegal de la Profesión. a través de la Dirección de Estafas. sino la Policía Nacional. sus familiares y abogado. la Dra. Pero los abogados también han sido objetos de amenazas directas por el ejercicio de la profesión. La investigación no proviene de mandato judicial alguno y carece de todo sentido en la medida que la asistencia jurídica en procesos por terrorismo no es un ilícito penal. en cumplimiento de las funciones que le corresponde al Ministerio del Interior. obstáculos. función policial. Menos razón tiene de ser que tal lista se envíe a través de la Jefatura Sistemática de Seguridad y Contra el Terrorismo de Piura. abogado del Concilio Nacional Evangélico CONEP. es en si misma una amenaza cierta a la libertad individual. pues la existencia de esta lista. Sin embargo. Nos encontramos frente a un seguimiento hacia los abogados y al ejercicio libre de su profesión. ni persecusiones o sanciones administrativas. económicas o de cualquier otra índole por medidas adoptadas conforme a las obligaciones. Frente a este hecho se ha interpuesto una Acción de Amparo. y a no ser identificados con sus clientes ni con sus causas por el desempeño de sus funciones. Durante el proceso judicial del caso de Barrios Altos. Dr.Educación para la Paz IEDEP -con sede en la Ciudad de Chiclayo-. . y no se necesitaba poner en movimiento al Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior. Y. ni elaborar "listas secretas". Sara CIURLIZZA ROMERO abogada de Oficio en la Corte Superior de Chiclayo. que obliga a los Gobiernos a garantizar a los abogados el desempeño de sus funciones sin intimidaciones. no se hicieron esperar las amenazas contra las víctimas. José Antonio REGALADO GUTIERREZ.
una hoja bond en blanco. un familiar suyo recibió una llamada telefónica de un tal suboficial Wilson Vilcaburu. CUIDATE MUCHO". dejando un número telefónico para que devolviera la llamada. la abogada de la Asociación Nacional de Familiares y Víctimas del Terrorismo. organización miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. conocido como "Chito Ríos". le dijo que había intercedido por ella para que no fuera desaparecida. En un primer momento le ofreció dinero por la información. en actitud intimidatoria. también fue objeto de actos de amedrentamiento desde mayo de este año. pues según le manifestó con eso podía obtener una beca. recibió una llamada telefónica anónima el 10 de julio.40 de la mañana. El número telefónico de la Dra. Tito Guido Gallegos Gallegos recibió una carta y varias llamadas telefónicas anónimas con amenazas de muerte si no detenía su trabajo de defensa legal a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero no son estas las únicas amenazas que se han suscitado luego de la ley de Amnistía. El 4 de junio.Así. te vamos a hacer el amor y vas a saber lo que es bueno". Al devolver la llamada. organización integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ella recibió la visita en su domicilio de Miguel Ríos Saenz. a quien conoció durante sus estudios universitarios. Dra. Por otro lado. mira que te vamos a chapar. en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos. dejaron bajo su puerta una hoja bond con una nota en maquina de escribir que decía "CUIDATE. otra que decía "FALTA POCO TIEMPO". El 22 de junio. el 16 de noviembre de 1995. aproximadamente a las 19. El 20 de mayo. uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos. sin dar razón del suboficial Vilcaburu. ya que tal era la intención del Servicio de Inteligencia. organismo de derechos humanos de la iglesia en Puno. Al verificar el número con la compañía de teléfonos.. El 20 de junio. se recibió de manos de una señora un arreglo floral fúnebre en forma de una cruz. A partir de entonces. Finalmente. El se presentó como personal del Servicio de Inteligencia Nacional y le pidió que le informara sobre el paradero de sus patrocinados. a lo cual se negó. aprox. otra que decía "PROHIBIDO ENSUCIAR PENA DE MUERTE". y le dijeron "No te metas con los militares. Gloria Cano tiene menos de dos meses de instalado y muy pocas personas lo conocían. Gloria Cano Legua abogada de Tomás Livias Ortega. Al no recibir la información. le indicaron que contestaba el Cuartel Militar de Barbones. le indicaron que el número telefónico del Cuartel era otro. Juana Angélica Matías Ronceros. no te metas con los militares. la Dra. El abogado de la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Juli. quien venía patrocinando a dos oficiales militares y un civil contra quienes se había abierto proceso judicial por denunciar actos de corrupción dentro del Ejército. 15 días después. a las 10 am. el cual estuvo acompañado de un sobre conteniendo una tarjeta que indicaba textualmente la amenaza siguiente: INMEMORIAM . empezó a recibir amenazas escritas.
y las leyes de amnistía. CONDOR R. 173 Constitución Política de 1993). Henry Pease y Gustavo Mohme). Por debajo de la Constitución. BENITEZ G. Este el caso de la potestad que otorga a la Justicia Militar de juzgar a civiles. PEASE E. tres dirigentes de organizaciones de derechos humanos(Susana Villarán. Presidente de la Asociación Pro Derechos humanos. S. Director del Instituto de Defensa Legal). Por las características de la amenaza está provenía del grupo paramilitar "Colina". DIEZ CANSECO T.En recuerdo de los que fueron y por la eterna calcinación de sus restos restos: NADA SOMOS. un abogado particular defensor de víctimas de violaciones de derechos humanos (Heriberto Benítez) y un General en retiro del Ejército Peruano que hizo denuncias de violaciones de derechos humanos (Rodolfo Robles). ROBLES H. ORTIZ R. SOBERON H. La Ley "Cantuta" -que impuso la jurisdicción militar para el juzgamiento de los autores del asesinato de un profesor y nueves estudiantes de esa casa de estudios. entre ellas el asesinato múltiple de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta".. y Ernesto de la Jara. Ello se complementa con modificaciones legislativas y . Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. responsable de graves violaciones de derechos humanos. La legislación antiterrorista. impone a los magistrados decisiones determinadas: obligación de abrir instrucción. obligación de acusar y de ordenar la detención de los ciudadanos. 2. MOHME CON MUCHO RECUERDO DE LA COMUNIDAD COLINA En la lista están mencionados tres parlamentarios del sector de oposición (Javier Diez Canseco T. Francisco Soberón. Aunque la Constitución Política establece una serie de garantías para la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y de garantías del debido proceso.           J. VILLARAN F. Conclusiones 1. a su vez establece limitaciones. tenemos a la propia ley como mecanismo de interferencia. aún cuando todas las evidencias apunten a su inocencia. que más que amnistiar prohíbe investigar los crímenes contra los derechos humanos -según la ley 26492 aplica la amnistía aún cuando no haya siquiera denuncia-. es otra forma de imponer una decisión. dos familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos (Gisela Ortiz y Raida Cóndor). DE LA JARA G. De nada vale que se declare la independencia e imparcialidad si los ciudadanos serán juzgados por un ente distinto. como es el caso de delitos de Terrorismo y Traición a la Patria (art. que además de violentar el debido proceso judicial.
conscientes de que violan el derecho de defensa y el debido proceso penal. noviembre de 1995. en que se aplicó la ley 26291. Lo mismo sucedió en el caso de Barrios Altos. También la intervención directa en la designación de quienes dirigen el Poder Judicial y el Ministerio Público ha sido una forma de injerencia. esto sólo ha sido posible gracias a un Poder Judicial que se subordina a la decisiones políticas. 7. Con ello deja de ser la persona humana el fin supremo del Estado y la Sociedad. sino que en la práctica lo ha hecho en casos de violaciones a los derechos humanos.suspensión de la vigencia de leyes. incide directamente en la remuneración de los magistrados y los auxiliares de justicia. para cuya elección y permanencia en el cargo. se han dictado sendas leyes "interpretativas". Pero también incide indirectamente en la calidad profesional y moral de quienes administran justicia: quienes se presenten para ocupar un cargo judicial serán aquellos que no pueden competir en otras actividades. deshaciendo con una mano lo que se había hecho con la otra. contra aquellos que son considerados como opositores al gobierno: militares que critican la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno y delincuencia común vinculada a la corrupción militar. Ello. No sólo ha asumido competencia para los casos de terrorismo. 5. para el personal militar acusado de violaciones a los derechos humanos. para subordinarlo a la razón de estado. narcotráfico y delitos de prensa. Otro de los grandes problemas del Poder Judicial es la dotación presupuestaria. Este el caso del Presidente de la Corte Suprema. Resulta inadmisible considerar la independencia de un Poder Judicial y de un Ministerio Público que aplican una legislación -como la antiterrorista-. en que la Décima Sala Superior Penal anteponía a los tratados internacionales sobre derechos humanos. sin siquiera tomarse la molestia de determinar la constitucionalidad o no de dicha ley. además de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. De esta forma asume dos funciones contradictorias con un Estado de Derecho: de una parte se convierte en fuero privilegiado. las leyes que el gobierno decidiera que fuera lo mejor para la conveniencia y desarrollo del país. Sin embargo. 3. . como el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del CódigoProcesal Penal de 1991. Otra de las formas de dominación ha sido el paulatino desplazamiento del Poder Judicial por la Justicia Militar. 4. Igual situación se ha presentado en el caso La Cantuta. y de la Fiscal de la Nación. Finalmente la amenaza directa se ha utilizado para encaminar los procesos: magistrados amenazados de ser denunciados por prevaricato por el hecho de declarar inconstitucional una ley y abogados y familiares amenazados contra su vida y su integridad por denunciar violaciones a los derechos humanos. Lima. para cuya elección se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial. como señaláramos. y en una especie de tribunal por comisión. Se ha convertido en un rito anual el reclamo del Poder Judicial por que se respete el presupuesto que elabora y el subsecuente recorte que hace el Poder Ejecutivo. 6.
Director Ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz. priman otros intereses. y la magistratura como cuerpo. aunque en menor grado desde la Constitución de 1993. pese al sistema democrático representativo enfrentamos condiciones y adversidades extraordinarias para ejercer la profesión. Estas víctimas se cuentan por miles en el país. Existe el reconocimiento constitucional de los derechos humanos. a veces ni siquiera acceden a un abogado a nivel local. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos Provienen. FEDEPAZ. en general. En verdad. está intervenida. Se persigue a algunos abogados a través de la instrumentalización de la justicia por fines políticos. Los asesinatos de Josué Giraldo Cardona en 1996 y de Eduardo Umaña hace pocas semanas. En ese panorama. Ivan Bazán Chacón Abogado. como pocas veces han existido en la historia contemporánea del Perú. en la aplicación del Derecho. Hay escuchas telefónicas. entre otros letrados defensores de los derechos humanos muertos en la región nos deben llevar a preguntarnos porqué el abogado expone hasta la vida por ejercer su profesión. En la realidad de un contexto violento y crisis del Estado de Derecho y de la democracia representativa. en nuestros países. Hay abogados presos sin que quede claro si se trata de su comprobada responsabilidad penal por ser parte de una organización ilícita o sólo por ejercer su profesión. 25 de mayo de 1998. de los sectores más humildes. Ser abogado en el Perú y América Latina. En la práctica de las entrevistas del abogado con su defendido no hay privacidad en el recinto de la policía antiterrorista en Lima. Los recientes acontecimientos son elocuentes. es lógico que se vea como una esperanza cierta el sistema interamericano de protección. En Perú también hubo asesinato de abogados. como Colombia y Perú. Ponencia en el Panel sobre "El abogado y su responsabilidad en la defensa de los Derechos Humanos".Ser abogado en el Perú y América Latina. carece de autonomía ante el poder político y se desconfía de ella. En los establecimientos penitenciarios de Lima no hay condiciones dignas para que se entreviste el abogado con su cliente. El fenómeno de la desprotección de la magistratura local y las instituciones de control. Los valientes jueces y fiscales que actúan con independencia son sancionados o postergados. seguimiento. Miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el Perú está regulada la protección internacional de los derechos humanos por ser el país Parte de tratados regionales y universales en la materia. XXXIV Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados Lima. Todas eran o son personas con un nombre y un . interceptación de la correspondencia. la abogacía es una actividad de alto riesgo. Sin embargo.
Habían 187 casos de Perú en diciembre de 1996. peruanas La mayoría de estos casos han sido o son patrocinados por ONGs. se ha depositado excesiva responsabilidad en las ONGs. Aún muchos inocentes siguen en prisión acusados o condenados por terrorismo. En esta dinámica. quedó en la Comisión Interamericana por devolución de la demanda por la Corte que invocó supuestos defectos procesales. En su detención o procesamiento difícilmente contrataron a un abogado de su elección para su defensa. internacionales. Se puede formular una solicitud de audiencia. La valoración de la prueba. La intervención como amicus curiae está poco difundida y permite actuar a título individual o institucional e ilustrar a la Corte en puntos de hecho o de derecho. Cantoral. Loayza y Castillo Páez (en reparaciones). con familia y sueños. locales explica parcialmente esta situación. Es un privilegio del cual ha habido poca consciencia. Otros 3 están resueltos: Neira Alegría (en ejecución de sentencia). la delimitación de los derechos vulnerados protegidos por la Convención y el planteo de la estrategia a seguirse es quizá el momento decisivo.rostro. El acceso al sistema interamericano de protección Es limitado. Creo que el mayor trabajo intelectual del abogado se encuentra en la presentación del caso ante la CIDH. En general. Hay que estar abiertos a la posibilidad de llegar a una solución amistosa. pues suscitan continuas emergencias y crean azarosas condiciones para realizar defensas adecuadas. La experiencia de los abogados de las ONGs. Tal como está concebido el sistema. Incluso existe un precedente negativo: el paradigmático caso Cayara. Así se puede contribuir a su importante labor sin necesidad de ser parte en el proceso. El análisis y estrategia para que el caso sea solucionado incluso en la Corte. Chilenos. internacionales y nacionales. me lleva a plantear la necesidad de asumir una lógica diferente a la que hemos aprendido para litigar ante tribunales locales. Cesti). Es obvio el descontento. pero también son factor desestabilizador las continuas violaciones de derechos humanos que las democracias representativas no han prevenido ni solucionado todavía.. pues la desprotección en el ámbito local es una experiencia extendida y común en la región. Solo hay 4 casos en la Corte (Ugarte-Durand. Después vendrán la preparación de los escritos y la réplica a la respuesta del gobierno. El razonamiento. los estándares son otros. hay un creciente interés en el sistema interamericano. con sólida base probatoria. de visita in loco. se requiere de una cierta infraestructura. El límite de recursos de las ONGs. La experiencia personal de haber participado como testigo de la Corte en una audiencia. debe considerarse desde el inicio. . porque hay que esperar un tiempo prolongado e invertir considerables recursos económicos que usualmente los peticionarios no pueden afrontar.
la defensa del Estado Peruano. no hay otros precedentes de cumplimiento por el Estado Peruano. Aún no está permitida la representación independiente de la víctima de la que le ofrece y está facultada a la CIDH. es imperativo seguir buscando justicia. en la región. insuficientes. en este caso. El abogado que asume la representación de las víctimas o su familia no sólo defiende a la persona de carne y hueso en particular que le ha depositado su confianza sino que en cierto modo representa a otro universo de víctimas que tal como van las cosas jamás encontrará protección inmediata ni llegará al sistema interamericano. ha sido posible encontrar protección de la Corte. Una vez que se ha concluido con todo el trabajo.. el producto es el Informe con las Recomendaciones de la CIDH o la sentencia de la Corte. Sin embargo. en base a la formulación inicial planteada por la defensa de la denunciante. pese a ésta y otras limitaciones reglamentarias. Algunas posibles razones para explicar la inoperancia del sistema interamericano pueden ser la falta de una cultura democrática y la débil recepción de la ideología de los derechos humanos en nuestros países. Salvo el caso Loayza Tamayo. el hecho de que las ONGs. que suele asesorarse por el abogado de la víctima. La responsabilidad del abogado no concluye entonces en la lectura de la sentencia o en la publicación de un Informe de la CIDH. Como autocrítica. De otro lado. No obstante ello. tampoco ha permitido un debate jurídico de altura y rigor. antes que la preparación técnica. y la rebeldía del Estado infractor desafía a la propia dignidad de la víctima. Mientras que la naturaleza de los problemas de derechos humanos que se pueden ventilar en tribunales en otras latitudes podrían concluir en discusiones de orden semántico.En los procedimientos actuales ante la Corte. en el que se obtuvo la excarcelación de la indicada persona. sean responsables de asesorar en numerosos casos del Perú ha producido un cierto descuido en la fiscalización cercana a la tramitación de los mismos y obtención de los resultados deseados. Ello no ha sido reconocido en el ámbito interno y el Perú mantiene inalterada la legislación antiterrorista en ese punto al establecer tipos penales difusos y permitir que los tribunales militares juzguen a los civiles. se sigue debatiendo sobre los más esenciales derechos de la persona. Ciertamente . El sistema se encuentra a prueba. a simple vista. Quizá los temas de defensa por emplazamientos al Estado Peruano ante la Corte Interamericana hasta el momento han sido tan básicos. y ello reduce la igualdad de las partes. que no han permitido una reflexión y análisis jurídicos más profundos. En nombre de la víctima o a su lado. Por ejemplo. con el caso Loayza Tamayo la Corte Interamericana reconoció que la práctica de intervención de los tribunales militares y la justicia común en aplicación de la legislación antiterrorista peruana es incompatible con la garantía de protección judicial que prohibe el doble enjuiciamiento por los mismos hechos. La Corte Interamericana dio la razón a la Comisión y al derecho de la víctima. que es agraviada dos veces y pone a prueba la paciencia y la decisión del abogado. la realidad está cambiando. sobre cuestiones de vida o muerte. la víctima es sólo representada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. aquí.
desobedece y fustiga a los órganos del sistema interamericano cuando en las pocas oportunidades que se pronuncian. creatividad y audacia del abogado y las Organizaciones No Gubernamentales para contribuir a elaborar una jurisprudencia más avanzada que desarrolle los preceptos de la Convención y proteja de mejor manera a las víctimas.también hay necesidad de mayor difusión de los temas y procedimientos. El desafío para los abogados y las Organizaciones No Gubernamentales es que el sistema funcione mejor y si es necesario reformarlo. La ética del abogado que asume la defensa de los derechos humanos se apoya en la convicción de unir y exigir el Derecho y la Justicia. desconocimiento clamoroso de las obligaciones internacionales contraídas. a contracorriente del ingreso a un nuevo milenio. La globalización de la justicia Es lógico que en un mundo globalizado en lo económico. pero sobre todo faltan asumir los valores de la Democracia y el Estado de Derecho. más allá de la legalidad impuesta en países como Perú. en tantas áreas incompatible con los valores. Conclusiones Las estrategias en los casos individuales suponen su concienzuda preparación incluso hasta llegar a la máxima instancia del sistema. La situación actual de un país como Perú y del sistema interamericano de protección constituye un reto a la imaginación. las comunicaciones y la cultura. principios y normas de la Declaración Americana de Derechos y Deberes y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El sistema interamericano se encuentra en esa línea pero en distintos ámbitos locales se encuentra seria y obstinada resistencia para admitir que puede haber una justicia supranacional. incluso se aplaude que se suscriban convenios financieros y económicos de todo tipo. es imperativo participar en el proceso para fortalecer el sistema y no para hacerlo más inaccesible. La búsqueda de la solución del problema para la víctima debe contemplar también la posibilidad de una solución amistosa y primero debe dialogarse con el patrocinado o su familia para entonces intentar arribar a un desenlace satisfactorio en la negociación con el Estado. Es una doble moral. aunque sea por voluntad soberana del Estado expresada en la aprobación y ratificación de un tratado de derechos humanos. pero se critica. y una ética personal coherente con la práctica profesional de la abogacía. Es también. también se expanda la justicia. que se decline jurisdicción ante el arbitraje internacional. encuentran responsabilidad en el Estado Peruano. . Se ha logrado poco para la complejidad y magnitud de las violaciones a los derechos humanos en el Perú. lo financiero. Se acepta y tolera. pero sobre todo una concepción autoritaria y cerrada ajena al espíritu abierto de los que confían en el Derecho como instrumento para la convivencia civilizada y la vigencia efectiva de los derechos humanos.
pues cada violación de los derechos fundamentales de una persona es una agresión a toda la comunidad americana y ella no debe permanecer indiferente ni pasiva ante los atropellos. emplear el sistema interamericano de protección es comprometerse en practicar una ética renovada en el ejercicio profesional en defensa de los derechos humanos. Así cobrará mayor sentido conmemorar el cincuentenario de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. .Finalmente.
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