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Timestamp: 2018-04-20 22:21:54
Document Index: 111406028

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 650', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 109', 'artículo 780', 'artículo 650', 'artículo 780', 'artículo 784', 'artículo 969']

cuando se ejerce la acción penal -
1 MOMENTO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
MOMENTO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
Como se desprende del precepto anteriormente citado, artículo 110 de la Ley procesal penal, el momento preclusivo para la personación en el proceso para ejercitar la acción penal es el trámite de calificación del delito, que tiene lugar, en la denominada fase intermedia del proceso penal, mediante los denominados escritos de calificación provisional (artículo 650 de la Ley procesal penal).
Dicha ley procesal, establece como una obligación del órgano judicial penal y de la Policía Judicial, la de realizar el denominado “ofrecimiento de acciones”, o llamada del Juez de Instrucción al ofendido y perjudicado para que manifieste si desea o no sostener la acción penal, debiendo, por tanto, instruir al ofendido y perjudicado por el delito del derecho que le asiste a mostrarse parte en el proceso, mediante el nombramiento de abogado o de solicitar el nombramiento de uno de oficio, en el supuesto de ser titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, y poder ejercitar de esta forma la acción ‘penal, y en su caso, ejercitar también, la acción civil. Dicha obligación legal, se establece también en el seno del procedimiento penal de los menores de edad (artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de Responsabilidad Penal de los Menores). Éste ofrecimiento, ha de realizarse antes del dictado de cualquier auto de archivo o de sobreseimiento, ya que, en cualquier otro caso, se produciría el sacrificio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución (sentencia del Tribunal Constitucional 7/1993, de 8 de febrero de 1993). La omisión del mismo puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones, salvo que el estado procesal del procedimiento permita su subsanación, calificando los hechos y proponiendo prueba. En éste sentido, el auto de 6 de’ abril de 2004 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana indica, que podrá ser subsanada su omisión, ” .. .si el estado del procedimiento permite aún al sujeto afectado el ejercicio eficaz de ese derecho en ese mismo proceso, es decir, comparecer en él en tiempo oportuno para poder conocer el material instructorio, calificar los hechos y proponer la prueba que sea de su interés (artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Pero si ‘no es así, si el procedimiento se encuentra ya en una fase que no permite esa actuación procesal, la situación que con dicha omisión se genera a aquel sujeto es de efectiva y manifiesta indefensión, sin posibilidad de subsanación alguna, pues aunque entonces se incumpliera formalmente en cuanto al artículo 109 establece se trataría de una actuación cornpletamente inútil, vacía e contenido y carente de toda eficacia, ya que de ningún modo podría realizar los actos que son sustanciales para la defensa de sus intereses” . Una vez personada una acusación en el procedimiento, los plazos para la presentación del escrito de acusación, son el de diez días desde el traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, en el denominado procedimiento abreviado (artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), plazo que es común para las acusaciones pública del Ministerio Fiscal, y particular, y de C1l1CO días en el denominado procedimiento ordinario (artículo 650 de dicha Ley procesal). Ahora bien, si meramente se notificó a las acusaciones la resolución que acuerda la realización del escrito de calificación, pero no se verificó el efectivo traslado de las actuaciones, no sería computable dicho plazo, ya que, el dies a quo, o comienzo del cómputo, sólo comienza a correr desde el efectivo traslado, no iniciándose el trámite de calificación mientras la parte a quien se concede no pueda evacuarlo por causas ajenas a su voluntad (Sentencias del Tribunal Constitucional 10111989, 208/1998, y 160/2004, entre otras). En éste sentido, la sentencia 264/2006, de 11 de septiembre, de dicho Alto Tribunal, recogiendo toda la anterior doctrina indica, que ” .. Es, por tanto, evidente que el dies a quo del plazo previsto en el entonces vigente articulo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora regulado en el artículo 780.1 del mismo texto legal, sólo comienza a correr desde que las actuaciones son puestas a disposición de la parte (ya sea acusadora o acusada el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pues únicamente mediante su atenta lectura es posible la correcta ‘redacción de un escrito en el que, como era el caso, se solicita la apertura del juicio oral, se introduce la pretensión penal y se proponen los medios de prueba pertinentes para la defensa”. En el procedimiento penal del Juicio de Faltas, el ejercicio de la acción penal, además de poderse realizar mediante querella o persa nación con abogado y procurador, puede bastar con la presentación de la denuncia, si se trata de juicios de faltas en los que no comparezca el Ministerio Fiscal, al establecer la Ley procesal que en estos supuestos, la declaración del denunciante en juicio, afirmando los hechos denunciados, “tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena” (artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).