Source: http://caara.com.ar/memoria-del-ejercicio-economico-financiero-2014-2015/
Timestamp: 2018-10-20 11:52:32
Document Index: 309545146

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 31', 'artículo 54', 'artículo 49', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 22']

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014 / 2015
En el ejercicio económico financiero 2014 / 2015 de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), el sistema del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) continuó fortaleciéndose con respaldos recibidos tanto del orden judicial, incluyendo el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como del administrativo, consolidando al instrumento que lo representa como una eficiente herramienta de política ambiental.
En un pronunciamiento, la Corte Suprema mantuvo vigente la medida cautelar que suspendió los efectos de un decreto y una resolución que habían modificado los objetivos y el espíritu fundacionales del sistema del SAO, concebido originalmente y vigente aún como una herramienta de gestión ambiental con idénticas características y espíritu que los proyectados en su creación.
Por otra parte la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dictó una resolución que confirma que, a fin de obtener su Conformidad Ambiental previa, las Compañías de Seguros “deberán acreditar la capacidad técnica para remediar” mediante la suscripción de contratos back up con reparador acreditado, que es la cuestión de fondo de la causa que llegó a la Corte Suprema a través de un recurso en queja planteado por el Poder Ejecutivo nacional.
Durante el período las autoridades de CAARA continuaron desarrollando una intensa acción de divulgación de las virtudes del SAO y la póliza de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, a través de la participación en congresos, seminarios, programas periodísticos especializados y artículos en publicaciones de circulación nacional y revistas del sector.
El 30 de agosto de 2015 la Asamblea de CAARA aprobó la Memoria y Balance del sexto ejercicio de la entidad, finalizado el 30 de abril de 2014, y dispuso la renovación de sus autoridades, quedando la Comisión Directiva integrada de la siguiente manera: Presidente: Jorge E Furlan (Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.) Vicepresidente: Sr. Claudio Javier Barrios, Secretario: Gustavo Darío Roldan (Testimonio Compañía de Seguros S.A.) Tesorero: Silvia Adriana Wickmann (NGN S.A.) Revisora de Cuentas: Dra. Noemí Griselda Pellegri Directora Ejecutiva: Dra. Roxana Fernández Núñez.
Son Asociados activos de CAARA: Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. Testimonio Compañía de Seguros S.A. y NGN Asesores en Seguros S.A. En tanto que son Asociados Adherentes: Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) – Fianzas y Crédito S.A. – La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada – Triunfo Cooperativa Limitada de Seguros – Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros – RpNews Responsabilidad Profesional – TPC Compañía de Seguros – ARG Group S.A. – Escudo Seguros S.A.
Situación en Argentina durante el período
La actividad aseguradora se desenvolvió en 2014/2015 en un entorno complicado que derivó en un magro crecimiento del PBI de 0,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o una contracción de 2 por ciento, según estimaciones privadas. Los esfuerzos del gobierno por controlar el mercado cambiario, que empezaron con una fuerte devaluación en enero, repercutieron negativamente en el resto de la economía: la inflación subió 10 puntos porcentuales con respecto a la del año anterior, la actividad entró en recesión, el déficit fiscal, sin utilidades del BCRA, pasó de 2 a 3,5% del PBI, y fue cubierto en más de tres cuartas partes por emisión monetaria, y los indicadores sociales (empleo, salarios, pobreza, etc.) empeoraron.
La Proyección de resultados del mercado de seguros a junio/15 muestra un crecimiento del 42% en los ramos patrimoniales y del 32% en los ramos de vida, en relación al cierre del ejercicio de 2014.
El 81% de la producción tiene origen en las coberturas patrimoniales y es el ramo de automóviles el de mayor porcentual dentro de estas coberturas con el 35.23%. Otro ramo que lidera la producción es el de Riesgos del Trabajo que representa dentro de Patrimoniales un 28%.
El resultado técnico del mercado fue perdidoso aunque en menor porcentual que en el año 2014, fue de un -6.5%. También fue inferior al año 2014 el rendimiento financiero de las inversiones del sector que representó un 18% sobre las Primas Devengadas.
Por lo tanto el resultado final del conjunto del mercado fue positivo en un 8.5% sobre las primas devengadas del conjunto de las aseguradoras.
El sistema del SAO
El SAO se encuentra operativo en todo el territorio nacional con carácter de orden público desde el año 2008, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el Art 41 de la Constitución Nacional y en el Art. 22 de la Ley General de Ambiente (LGA) N° 25.675, fueron dictadas las normas regulatorias que le dan sustento y fue aprobada la denominada Póliza de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, que es a la fecha de la presente Memoria el único instrumento que permite cumplir con la ley a los sujetos comprendidos en la obligación.
La normativa en la que se apoya el instrumento contractual del seguro hoy vigente y disponible se basa en lo aprobado por la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, por la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Secretaría de Finanzas de la Nación, respectivamente. La SAyDS es la autoridad de aplicación en materia de medio ambiente y la SSN en el ámbito de seguros.
La LGA establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que deben respetar, como piso o umbral, todas las provincias y municipios. Éstos, a su vez, tienen facultades constitucionales para disponer, mediante normas complementarias, la forma de implementar la exigibilidad y fijar obligaciones adicionales o más estrictas. Las distintas jurisdicciones cuentan así con diversas herramientas sancionatorias, tales como multas, no otorgamiento, no renovación o suspensión de habilitaciones que refuerzan su capacidad en el ejercicio de la exigibilidad.
Los rubros comprendidos por la obligación de contratar el SAO, clasificados según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), han sido definidos en base a un criterio ambiental, y agrupados en tres categorías según su complejidad y riesgo ambiental, y en particular mediante una ecuación polinómica de cinco términos (rubro, efluentes y residuos que genera el establecimiento, riesgos que representa, dimensión del establecimiento y localización) que arroja un índice denominado Nivel de Complejidad Ambiental (NCA). Deben contratar el SAO los establecimientos industriales y de servicios de las categorías 2 (Mediana complejidad) y 3 (Alta complejidad) cuyo NCA sea de 14,5 puntos o más. También aquéllos que así lo disponga la autoridad ambiental local en base a consideraciones sitio específicas.
Estas definiciones están contenidas en las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 177/2007 y sus modificatorias Nº 303/2007, 1639/2007 y 481/2011.
La metodología para determinar en el SAO la suma mínima que asegura la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva producido por un siniestro contaminante (Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente –MMAES) está definida en la Resolución SAyDS 1398/08 y su modificatoria N° 177/2013.
Actualmente el SAO se exige en forma general para todas las actividades ambientalmente riesgosas, que alcancen un NCA determinado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Santa Cruz, y San Luis y con un régimen especial, en la jurisdicción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En forma sectorial, para desarrollar algunas actividades en particular, se lo exige en Tierra del Fuego (minería) y Neuquén (planes de uso de suelo en bosques nativos y proyectos de desarrollos urbanísticos).
La provincia de Santa Fe dispuso la obligación a través del Decreto N° 1879/13, de fecha 17 de febrero de 2014, pero al cierre de esta Memoria postergó cuatro veces consecutivas la puesta en vigencia de la normativa complementaria acorde a lo pedido por sectores empresarios de esa Provincia que invocan, infundadamente, que es limitada la lista de compañías de seguros que ofrecen este tipo de coberturas, cuando la realidad es que la oferta del SAO está absolutamente ajustada al mercado, a través de empresas aseguradoras, brokers y productores asesores capacitados para informar acerca de los alcances del SAO y pactar operaciones.
Se estima que el porcentaje de la superficie del territorio de la Nación en el que se exige el SAO es de 50,2% (considerando a la Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con una superficie de 21.571km2, que corresponden a la Isla Grande, territorio donde es posible aplicar la exigencia). Asimismo se estima que la población de las jurisdicciones en las que se exige el SAO es de 63,5% (sobre el total nacional).
El interés asegurable de este seguro –que hasta la fecha consiste en una caución- es el de la comunidad. Las aseguradoras garantizan que, en caso de incumplimiento de su deber de los tomadores de la póliza, se ejecutarán, ineludible y rápidamente, las acciones que correspondan para recomponer los daños de incidencia colectivas producidos al suelo o al agua, relacionados con su actividad y previstos en la póliza de caución.
En su momento entidades empresariales renuentes hicieron diversas impugnaciones contra el SAO por vías judiciales y administrativas, pero tanto la Justicia como los organismos de aplicación –en particular la SAyDS y la Secretaría de Finanzas- rechazaron de plano los recursos planteados.
En la actualidad, además del SAO, que es el único que cumple con la exigencia del art. 22 de la Ley N° 25675, existen otras coberturas relativas al daño ambiental y que permiten la transferencia del riesgo del sujeto obligado a ese seguro obligatorio. Son las pólizas de “Seguro de Recomposición de Daño Ambiental” (resarcitorio; la aseguradora asume el riesgo de los costos de remediación de siniestros por daños ambientales de incidencia colectiva producidos al agua o al suelo; el asegurado decide el monto del capital que requiera asegurar, y tiene una franquicia establecida a su cargo) y el “Seguro de Responsabilidad Civil por Contaminación” (la aseguradora asiste al contratante de la cobertura, ante un reclamo, en el resultado económico del mismo).
También fueron muy trascendentes para los ámbitos de actuación de CAARA las reiteradas exhortaciones de Su Santidad el Papa Francisco en pos del cuidado del medio ambiente, para la evolución del género humano y las demás especies que habitan la Tierra. Anticipando la que sería su segunda Encíclica, Laudato Si, enteramente dedicada al medioambiente, en la homilía de una misa privada que ofició en febrero de 2015 en la capilla de la casa Santa Marta del Vaticano, recordó que el ser humano es “señor” de la naturaleza y no su “dueño o amo” y pidió “no adueñarse de la creación” sino asumir la responsabilidad de hacerla crecer, de custodiarla y “hacerla ir adelante, fiel a sus leyes”. Planteó que “custodiar la Creación, es nuestra responsabilidad. Un cristiano que no custodia la creación, que no la hace crecer, es un cristiano al que no le importa la obra de Dios, ese trabajo nacido del amor de Dios por nosotros”.
El 21 de mayo, en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, el Papa señaló que “la creación no es propiedad nuestra, ni, menos aún, sólo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si destruimos la creación, la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho: Dios perdona siempre, nosotros, los hombres, perdonamos algunas veces, la naturaleza no perdona nunca si la maltratamos.”
El SAO está vigente como fue concebido en la normativa original
En su fallo del 11 de diciembre de 2014, causa “Fundación Medio Ambiente c/ EN – PEN – Dto. 1638/12 – SSN – Resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma”, Expte. CSJ219/2013 (49-F), la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia de la Sala II de Feria de la citada Cámara, que había ratificado la medida cautelar dictada el 26 de diciembre de 2012 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la Capital Federal en el Expediente Nº 56.432/12, autos “Fundación Medio Ambiente c/ EN –PEN- Dto. 1638/12 –SSN-Resol 37160 s/ proceso de conocimiento”, a la vez que ordenó que el caso sea nuevamente resuelto mediante un pronunciamiento que cuente “con fundamentos razonados que lo sostengan como acto constitucionalmente válido”.
No obstante, en su resolutorio la Corte no analizó ni hizo referencia alguna al fallo de Primera instancia en el que se dictó la medida cautelar cuestionada por el Poder Ejecutivo.
Por ende, continúa vigente la suspensión de los efectos del Decreto 1638/12 y de la Res. SSN 37160 -que modificaban los objetivos y el espíritu fundacionales del sistema, concebido como una herramienta de gestión ambiental, para transformarlo en un mero e ineficiente sistema indemnizatorio.
A su vez, continúan vigentes las normas reglamentarias originarias del SAO, que determinan que, a la fecha, el único instrumento que permite cumplir con la obligación del Art. 22 de la Ley 25.675 es la Póliza de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.
La primera información sobre el fallo, distribuida por el Centro de Información Judicial (CIJ), incluyó errores e inexactitudes que fueron repetidos por la prensa generalista. Los errores incluían al propio título de la información, que decía que la Corte restableció “la vigencia del seguro ambiental” cuando el SAO nunca perdió vigencia. Afirmaba además el CIJ que la Corte “revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental”. Esto es incorrecto por cuanto la medida cautelar fue dispuesta en Primera Instancia, cuestión que no fue mencionada en el resolutorio de la Corte. Por ende, como se dijo, la medida cautelar no fue revocada por la CSJN y, en consecuencia, sigue vigente la suspensión de los efectos del Dcto 1638/12 y la Res. SSN 37160.
A raíz de que el fallo de la Corte fue difundido e interpretado erróneamente por diversos medios y asesores legales de empresas obligadas a la contratación del seguro, el presidente de CAARA, Sr. Jorge E. Furlan, envió una Carta de Lector aclaratoria al diario La Nación, que la publicó en toda su extensión en la edición del 9 de enero de 2015.
Carta aclaratoria al diario La Nación
En una editorial sobre Navegación en el Riachuelo publicada en la edición del diario La Nación del día 2 de enero, se indicó que el marco regulatorio del seguro ambiental obligatorio fue reinterpretado ilegítimamente por la Justicia Federal a partir de la petición de una fundación de dudosos intereses, hasta que recientemente la Corte ordenó volver al régimen del derecho vigente”. (Faltó agregar comillas al inicio de la transcripción)
Esta aseveración mereció la correspondiente réplica a través de una Carta de Lector firmada por el presidente de CAARA, Sr. Jorge E. Furlan, que fue publicada en la edición del 9 de enero de 2015, en la que se dejó constancia que “en su Fallo CSJ 219/2013 (49-F) del 11 de diciembre de 2014 en el expediente ‘Fundación Medio Ambiente c/ EN – PEN – dto. 1638/12 – SSN – resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma’, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no derogó la medida cautelar dictada el 26 de diciembre de 2012 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9 en la causa Nº 56.432/12, ‘Fundación Medio Ambiente c/ EN –PEN- Dto. 1638/12 –SSN-Resol 37160 s/ proceso de conocimiento’, mediante la cual este juzgado suspendió la aplicación del Decreto 1638/2012 y de la Resolución SSN 37160 con los cuales el Gobierno Nacional había ordenado la modificación y derogación parcial de las normas del sistema del SAO, declinando una sana herramienta de política ambiental a favor del establecimiento de un régimen puramente resarcitorio. Tal cautela fue ratificada el 29 de enero de 2013 por la Sala II de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Como consecuencia del fallo de segunda instancia, el Estado Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Superintendencia de Seguros de la Nación) interpuso un recurso extraordinario que fue denegado por la Cámara; posteriormente recurrió en queja ante la Corte Suprema.
En su fallo la Corte dejó sin efecto la sentencia de Segunda instancia y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que resuelva nuevamente en la causa, pero no hizo referencia alguna al fallo de Primera instancia en el que se dictó la medida cautelar cuestionada por el Poder Ejecutivo. Por ende, por imperio de tal medida cautelar, continúa vigente la suspensión de los efectos del Decreto 1638/12 y de la Res. SSN 37160, manteniéndose en consecuencia la Póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva como único instrumento válido para cumplir con el objetivo del Art. 22 de la Ley 25.675 (de política ambiental) en materia de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
Otros fallos judiciales vigentes de Primera y Segunda instancia, resoluciones y medidas administrativas concordantes y numerosas legislaciones provinciales respaldan lo aqui afirmado, al reconocer que el SAO es una herramienta de gestión ambiental cuya finalidad es garantizar que quienes en su afán productivo produzcan daños de índole ambiental a bienes de propiedad pública, se harán cargo en forma inmediata de su remediación Lamentablemente una comunicación errónea distribuida por el Centro de Información Judicial (CIJ) acerca del referido fallo de la Corte Suprema ha inducido a medios periodísticos a informar confusa y/o equivocadamente sobre la materia”.
Resolución SAyDS 999/14
Previamente, en septiembre de 2014 mediante el Art 1° de la Res 999/14, la SAyDS ratificó que las aseguradoras deben acreditar capacidad técnica para remediar. El organismo de aplicación confirmó así que a los fines de obtener la Conformidad Ambiental previa, en los términos de la Resolución Conjunta Nº 98 de la Secretaría de Finanzas Públicas, y Nº 1973 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del 6 de diciembre de 2007, las Compañías de Seguros “deberán acreditar la capacidad técnica para remediar” mediante la suscripción de contratos back up con operadores y transportistas de residuos peligrosos, debidamente inscriptos en el Registro creado por la Ley nacional Nº 24051, de Residuos Peligrosos.
La Res. SAyDS 999/14 resulta revalidada si se hace extensivo el criterio expresado por la Procuradora General en su dictamen en la mencionada causa ante la Corte, según el cual el principio republicano de división de poderes (que el máximo tribunal también destaca en su sentencia) “el acierto o desacierto de este criterio evaluativo, basado en cuestiones técnicas y de versación propias de los organismos reguladores, no puede ser revisado por los jueces, salvo que ellos pretendan suplir las funciones de aquéllos, lo cual les está vedado”.
Fallo de la Justicia Federal del Chaco
En marzo de 2014 la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco había dictado sentencia en autos “N.G.N. Asesores en Seguros S.A. c/Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación – Superintendencia de Seguros de la Nación y Alba Compañía Argentina de Seguros s/incidente de apelación de la medida cautelar”, Expte. Nº 51543, confirmando la medida cautelar dictada en Primera Instancia por la que se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que se abstuviera de autorizar pólizas a aseguradoras que no cuenten con contratos back up, así como la emisión y comercialización de pólizas de tales aseguradoras.
El fallo tiene consecuencias en relación con dos cuestiones en particular: a) respecto de la póliza de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva de la codemandada Alba Cía. Argentina de Seguros (ALBA) y b) respecto de toda póliza de seguro ambiental obligatorio a emitirse.
Dicha apelación, incoada por el Estado Nacional, tuvo por objeto solicitar que se levanten las cautelares dispuestas en Primera Instancia por el Juzgado Federal de Formosa Nº 2 mediante resoluciones N° 143/2012, del 03/04/12, y Nº 171/12, del 03/04/12, “en virtud a que ha variado el sustrato fáctico y jurídico sobre el cual se dispusieron, con el dictado del Decreto 1638/12”.
A través de esos resolutorios, el juez a quo ordenó la suspensión de los efectos administrativos de las Providencias SAyDS Nº 5835/SCAFYPC/11 y Nº 2952/11, y SSN Nº 115649, por las cuales se autorizó oportunamente a ALBA a emitir pólizas de SAO. Asimismo, el magistrado ordenó a la SAyDS que se abstenga, en lo sucesivo, de aprobar conformidades ambientales, en los términos de la Res. Conjunta Nº 1973/07 a compañías de seguro que no cuenten con contratos con empresas remediadoras debidamente habilitadas a realizar acciones de recomposición ambiental (“contratos de back up”); a la SSN, la prohibición de emisión y comercialización de pólizas de tales aseguradoras; y a ALBA, que se abstenga de comercializar la póliza que le había sido autorizada.
Posteriormente, el mismo juez, haciendo lugar a un pedido de la actora de extensión de la cautelar dictada, ordenó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la SAyDS, a la SSN y a todo organismo del PEN, “que se abstengan de dictar o aprobar cualquier acto administrativo que autorice la emisión y/o comercialización de pólizas de seguros ambientales a cualquier compañía aseguradora que no haya acreditado previamente la capacidad técnica para llevar a cabo tareas de recomposición y remediación del ambiente, mediante contratos debidamente suscriptos con empresas habilitadas legalmente para llevar a cabo tales tareas.”
En relación con el fallo de la Cámara de Resistencia que confirmó (y amplió) la cautelar dictada en 1ra Instancia en el caso “ALBA”, el propio Estado Nacional al fundar su apelación reconoció, indirectamente, que “las cautelares dispuestas tienen efecto ‘erga omnes’ e impiden al Estado Nacional autorizar pólizas de seguro ambiental en todo el país que no revistan las características que el fallo impone (contratos de back up)”.
Similar razonamiento surge de la notificación de la SSN a Prudencia Seguros, al comunicarle el resolutorio impugnado de fecha 03/04/12, por el que se le prohibió autorizar la emisión y comercialización de pólizas ambientales a todas las compañías aseguradoras que no hubieran acreditado debidamente su capacidad remediadora.
Ese impedimento al PEN persistiría aún con el fallo de la Corte mencionado anteriormente e incluso aunque eventualmente, en un futuro, se dejara sin efecto la medida cautelar por la que se encuentran suspendidos los efectos del Decreto PEN Nº 1638/12 y la Res. SSN Nº 37160 (normas que prevén pólizas de SAO sin “contratos back up”).
Acorde a la reglamentación del SAO (especialmente Res. Conjunta 1973/07 y Res. SSN 35168), la SSN sólo puede aprobar pólizas que cuenten con la Conformidad Ambiental previa de la SAyDS. Y ésta se otorga según los criterios que la autoridad ambiental fija, lo que no puede discutir otro organismo que no es competente en la materia ni autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente. Por tanto, la SSN no podría válidamente aprobar pólizas que no respeten el criterio ambiental establecido por la autoridad competente (la SAYDS).
A su vez, las legislaciones provinciales y la CABA, en sus exigencias imponen el remediador en las pólizas, y esas normas (complementarias de las de presupuestos mínimos), dictadas en uso de las facultades constitucionalmente atribuidas, pueden contener requerimientos aún más estrictos que la norma nacional (como podría ser el caso de exigir pólizas con remediación).
Nuevo fallo de la Justicia Federal de Formosa
El conjuez Héctor Omar Gutiérrez, a cargo del Juzgado Federal de Formosa, posteriormente, el 26 de agosto de 2014, ratificó la suspensión de los efectos del Decreto Nº 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN Nº 37160/12.
El magistrado, además de confirmar sus anteriores medidas cautelares, ordenó a la SSN y a la SAyDS que impidan la emisión y aceptación de pólizas de aseguradoras que no acrediten capacidad técnica para remediar mediante contratos con operadores habilitados y que no cuenten con la aprobación ambiental de la SAyDS. Asimismo ordenó a una compañía aseguradora que cancele las pólizas que hubiere emitido e informe a los tomadores que esas pólizas no cumplen con los recaudos establecidos por la normativa aplicable.
Mediante su resolución el juez le ordenó a la SSN que adopte las medidas necesarias para que se impida la emisión o comercialización de pólizas del SAO que no cumplan con los recaudos mínimos establecidos en el régimen del SAO que se encontraba vigente hasta el dictado del Decreto 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN 37160/12, normas que ya habían sido suspendidas por una medida cautelar dictada en el mismo juzgado y ratificada luego en segunda instancia.
También, por las mismas razones, el tribunal dispuso que en particular se impida la emisión o comercialización de pólizas que no cuenten con la conformidad ambiental otorgada por la SAyDS y que no hayan acreditado la capacidad técnica para remediar mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados.
En su fallo, dictado en el marco de la causa “N.G.N. Asesores en Seguros S.A. c/Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y otros s/acción declarativa de certeza (incidente de medida cautelar)”, el juez reiteró la efectiva vigencia de las anteriores medidas cautelares (Resoluciones Nº 143/12 y 171/12) dictadas por el mismo juzgado, mediante las cuales ordenó a la SAyDS y a la SSN, respectivamente, que se abstengan de otorgar su Conformidad Ambiental y de autorizar la emisión y circulación de pólizas de aquellas aseguradoras que no hayan acreditado, debidamente, capacidad técnica para remediar a través de empresas legalmente habilitadas para ello.
Además, el magistrado consideró que, a través de las normas suspendidas (Decreto 1638/12 y Resolución SSN 37160), en violación al principio del derecho ambiental de “no regresión”, se dejaba sin efecto la exigencia de garantizar la efectiva remediación del ambiente en los términos del artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675, propiciándose un nuevo régimen que, en principio, se limitaba a brindar una garantía financiera, consistente en entregar una suma de dinero.
En consecuencia, resolvió comunicar a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la SAyDS, a la SSN y a todo organismo del Poder Ejecutivo Nacional la vigencia de las mencionadas cautelares y ordenó a la SSN que adopte las medidas necesarias para hacer cesar a Alba Compañía de Seguros en la emisión y comercialización de pólizas ambientales, imponiendo a esta última las sanciones que a tal efecto prevea la normativa aplicable.
Concordantemente, le ordenó a Alba Compañía de Seguros que cese en la promoción, emisión y comercialización de pólizas ambientales y que cancele inmediatamente las que hubiere emitido hasta la fecha, comunicando fehacientemente a los respectivos tomadores que dichas pólizas no cumplen con los recaudos establecidos por la normativa aplicable.
Asimismo, requirió a la SAyDS que adopte las medidas necesarias para que se impida la aceptación, a los efectos del cumplimiento de la garantía del Artículo 22 de la Ley Nº 25.675, de pólizas que no cumplan con los recaudos mínimos establecidos en el régimen que se encontraba vigente hasta el dictado del Decreto Nº 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN Nº 37160/12 y también, en particular, que se impida la emisión o comercialización de pólizas de aseguradoras que no hayan acreditado la capacidad técnica para remediar mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados.
La Corte Suprema da por desistido un recurso del Estado Nacional
El 10 de febrero de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo sentencia definitiva en los autos “N.G.N. Asesores en Seguros S.A. c/Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Alba Compañía de Seguros s/incidente de apelación de la medida cautelar”, dando por desistida la queja presentada oportunamente por el Estado Nacional contra las medidas cautelares dictadas en Juzg. Formosa)
Otro fallo trascendente
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala 4 revocó el sobreseimiento y ordenó que continúe la investigación contra dos directivos de un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires y un responsable de la empresa contratada para recolectar, transportar, dar tratamiento y disposición final a los residuos patológicos producidos en esa clínica, acusados de infringir la mencionada ley N° 24051. El fallo adquiere singular valor por su alcance respecto de la divulgación de la responsabilidad personal, objetiva y solidaria que la Ley General de Ambiente, N° 25675, y la de Residuos Peligrosos, Nº 24051, asignan a los directivos de empresas en materia ambiental,
El tribunal hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el fallo de primera instancia, dictado por el Juzgado Criminal de Instrucción 12 Sec. 137, y ordenó ahondar la pesquisa y recolectar mayores elementos de prueba para definir la situación procesal de los incriminados, convalidando también así la posición de las defensas en el sentido de que no puede fundarse la imputación en un mero titulo de responsabilidad objetiva derivada del cargo que cada uno ocupaba en las firmas involucradas.
El caso resulta de especial valor para ilustrar al empresariado, que pareciera desconocer la letra y los alcances del Artículo 31 de la mencionada Ley N° 25.675 que establece que “si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable” agregando que “en el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación”.
A su vez, expresamente prevé la responsabilidad personal y solidaria la Ley de Residuos Peligrosos, cuyo artículo 54 establece que “cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 49″, que contempla apercibimiento, multa y suspensión o cancelación en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
También la causa resulta una apelación a las obligaciones con el desarrollo sostenible y la comunidad, derivadas de la Responsabilidad Social Empresaria en relación con el cuidado del ambiente.
La causa se inició a raíz de la actuación de un subinspector de la División Operaciones de la Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, quien el 1 de marzo de 2013 observó que tres contenedores de residuos domiciliarios emplazados frente a una clínica médica de la Ciudad de Buenos Aires contenían bolsas con desechos patológicos, tales como jeringas con líquido en su interior, barbijos con manchas hemáticas, gasas usadas, distintos medicamentos, varias batas, cofias y demás prendas descartables de uso quirúrgico, así como también papeles varios pertenecientes al establecimiento sanitario. Posteriormente los especialistas del Cuerpo Médico Forense catalogaron el material hallado en esa oportunidad como de alta peligrosidad, conforme la resolución 224/94 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (ver fs. 291/296).
Al rechazar los argumentos invocados por el juez de primera instancia para disponer el sobreseimiento, la Cámara indicó que “la mera circunstancia de que se hayan incorporado los protocolos de actuación y manejo de residuos patológicos, así como las constancias de capacitación del personal de la clínica, no acredita por sí sola su efectivo cumplimiento ni que se hayan arbitrado los medios pertinentes para supervisar su correcta implementación dentro del sanatorio, en tanto justamente lo que aquí se está investigando es su desecho antirreglamentario en cestos comunes de basura ubicados en la vía pública.
En tal sentido, puntualizando sobre la responsabilidad de la dirigencia, observó la Cámara que “se ha dicho que toda persona que trabaje con residuos peligrosos es garante de que en el proceso de utilización de esas sustancias no se produzcan riesgos que puedan afectar la salud de terceros o el medio ambiente. Y tal circunstancia –enfatiza el Tribunal- cobra particular relevancia cuando la acción penal se dirige contra quienes cumplen con actividades directivas dentro de la empresa, pues obviamente su relación con el manejo de los residuos sólo resulta mediata, encontrándose presente la injerencia de ellos en el área, a través de la política trazada para la empresa en materia de tratamiento de ese tipo de residuos, la que queda explícitamente plasmada en la contratación de empresas a tales fines, en la existencia de una infraestructura adecuada para el manejo y almacenamiento de dichas sustancias…y finalmente, en el ejercicio de medidas de contralor que garanticen el cumplimiento de todos estos recaudos”. (CCCF, Sala I, causa n° 33.433 “De Vicenzo, Gustavo Alfredo”, rta. 25/10/01).
La Cámara agrega que “en igual inteligencia, la doctrina ha sostenido que la falta de cumplimiento del deber de cuidado y control sobre las cosas peligrosas, hará incurrir a los directivos de las personas jurídicas en el delito contemplado por esta ley, aun cuando hubiera delegación, pues en el caso debieron extremar su deber de cuidado en la elección del personal subalterno y en su supervisión” (Andrés José D´Alessio y Mauro Divito, “Código Penal de la Nación”, t. III Leyes Especiales comentadas, La Ley, Bs. As. 2011, pág. 1198).
El Tribunal asignó “especial relevancia” a la actuación de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, que dejó constancia que a raíz de esta causa a partir de marzo de 2013 “comenzó a auditar internamente y se rotulan todas las bolsas negras con el nombre de la institución” (fs. 142/144).
Secretaría de Juicios Ambientales
Durante el ejercicio comentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso mediante la Acordada Nº 8/15, de fecha 08/04/15 la creación bajo su jurisdicción de la Secretaría de Juicios Ambientales, ante la cual tramitarán todas las causas radicadas en este Tribunal cuyo contenido esté relacionado con cuestiones ambientales, cualquiera sea la materia y el estado en el que se encuentren, y tendrá como misión la gestión de litigios masivos de casos ambientales, cuyo objeto sea el bien colectivo ambiente o alguno de sus componentes, así como coordinar las diversas tareas que ya se están realizando en relación con temas vinculados a la justicia ambiental.
Según los considerandos de la Acordada aludida, la Secretaría creada tendrá como misión la gestión de litigios masivos de casos ambientales, que tengan por objeto el bien colectivo ambiental o algunos de sus componentes, así como coordinar las diversas tareas que ya se están realizando en relación con temas vinculados a la justicia ambiental. En la misma Acordada se designó al Dr. N. Cafferatta como titular de la nueva Secretaría.
Córdoba reglamentó el SAO
El gobierno de la provincia de Córdoba reglamentó, mediante el Decreto N° 288/14, el Seguro Ambiental previsto en la Ley de Política Ambiental de la Provincia (Nº 10208, arts. 8 inc. k y 75) y derogó el Decreto 1130 de fecha 4 de octubre de 2012.
La Ley Nº 10208 (modificada por Ley Nº 10211) fija como un instrumento de política y gestión ambiental el seguro ambiental (art. 8º, inc. k) y, en su Capítulo XIII (“Seguro Ambiental”), art. 75, prevé que la Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- determinará qué persona física o jurídica -pública o privada- por la actividad que realice y que entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos, debe contratar el SAO.
El decreto reglamentario establece la obligación de toda persona física o jurídica, pública o privada, de contratar un seguro por daño ambiental de incidencia colectiva cuando el Nivel de Complejidad Ambiental de la actividad riesgosa para el ambiente que desempeñe, resulte igual o mayor al mínimo establecido por la Resolución de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación N° 177/2007 y modificatorias; o en su defecto, cuando la autoridad de aplicación considere conveniente su contratación, teniendo en cuenta circunstancias especiales como la vulnerabilidad del sitio de emplazamiento del establecimiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de los depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental.
Asimismo ordena la participación de Asesores de Córdoba S.A. en todas las pólizas de Seguro Ambiental.
En marzo de 2015 la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza dio media sanción a una iniciativa por la que se establece el régimen para la identificación y recomposición de los pasivos ambientales en el territorio provincial.
Uno de los puntos más importantes de la ley a sancionar expresa que “las personas físicas o jurídicas que realicen obras o actividades riesgosas para los recursos naturales, los ecosistemas y la salud humana deberán contratar un seguro suficiente que garantice la financiación de la recomposición del daño ambiental que pudiera producir la misma”. Indica además que “la autoridad de aplicación aceptará las pólizas de seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva contratadas con empresas aseguradoras aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación e inscriptas en el Registro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Serán admisibles con igual finalidad la fianza bancaria, el fondo de reparación, la garantía real u otra garantía financiera a satisfacción de la autoridad de aplicación. La reglamentación establecerá los alcances de esta obligación”.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales o quien lo reemplace en el futuro.
Santa Fe reitera las prórrogas
Un año después de haber sido dictado el decreto original, la provincia de Santa Fe postergó por cuarta vez consecutiva la puesta en vigencia de la normativa complementaria que permite empezar a exigir a los obligados la contratación del seguro ambiental obligatorio en esa jurisdicción. La prórroga, por 180 días, fue dispuesta mediante el Decreto Nº 0144/15, de fecha 4 de febrero de 2015, fundada en un pedido de la Federación Industrial de Santa Fe, que invoca que es limitada la lista de compañías de seguros que ofrecen este tipo de coberturas. La prórroga anterior, fue dispuesta por los mismos motivos, mediante el Decreto N° 2267/14, del 29 de julio de 2014.
La realidad es que la oferta del SAO está absolutamente ajustada al mercado, a través de empresas aseguradoras, brokers y productores asesores capacitados para informar acerca de los alcances del SAO y pactar operaciones.
La provincia de Santa Fe dispuso la obligación de contratar ese seguro a través del Decreto N° 1879/13, de fecha 08 de julio de 2013,. Allí estableció que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que deseen obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, Informe Ambiental de Cumplimiento, permisos e inscripciones que otorga el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación y cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) en los términos de la Resolución N° 177/07, modificatorias, ampliatorias y complementarias de la SAyDS sea igual o mayor a catorce (14) puntos, deben acreditar en el plazo de treinta (30) días de publicado el decreto, la contratación de un Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva en observancia a lo establecido por el Artículo 22 de la Ley General del Ambiente -N° 25.675- y las normas reglamentarias. La presentación del seguro es condición previa al comienzo de las actividades en los términos de los Capítulos VIII y X de la Ley N° 11.717, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La primera prórroga por 180 días fue dispuesta a través del Decreto N° 2336/13, de fecha 13 de agosto de 2013. La segunda prórroga fue dispuesta mediante Decreto N° 0277/14 el 6 de Febrero de 2014. La tercera prórroga fue decidida el 29 de julio de 2014, por Decreto N° 2267/14.
Exigen el SAO a Generadores de Residuos Peligrosos
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, mediante Resolución Nº 522/2014, estableció que la inscripción o renovación, según corresponda, para la obtención del Certificado Ambiental Anual de los Generadores Eventuales de Residuos Peligrosos y la conformidad al Generador Eventual y al Operador-Exportador para efectuar la exportación de dichos residuos, se materializará en un único acto administrativo, y en el Anexo I incluyó el SAO en el listado de documentación requerida.
Guía para Auditorías Ambientales
La Sindicatura General de la Nación aprobó mediante la Resolución N° 74/2014 la “Guía para Auditorías Ambientales”, instrumento para la ejecución de auditorías en la temática ambiental por parte de las áreas competentes del organismo y por las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional, orientado a asistir a la gestión y la toma de decisiones, en pos de contribuir al logro de los objetivos de gobierno.
Entre los elementos que, según el alcance determinado para la auditoría, pueden ser considerados en la ejecución de una auditoría ambiental se incluye “la contratación de un seguro de cobertura, con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que por su tipo pudiere producirse”.
ACTUACIONES DE CAARA
Reunión con autoridades de Córdoba
El 14 de octubre directivos de CAARA se reunieron con los asesores del Ministerio de Ambiente de Córdoba y del broker ASECOR, para tratar temas relacionados con la reglamentación de Ley provincial Nº 10208, de Pasivos Ambientales, que exige el SAO.
Informe sobre la denuncia de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido
El 16 de enero de 2015, a pedido de las autoridades de CAARA, la Asesora Legal Ambiental, Dra. María Silvia Raninqueo, presentó en la Cámara un informe relacionado con la denuncia de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido u Otros Combustibles ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, contra Prudencia y Testimonio, de fecha 19 de diciembre de 2014. En la denuncia se solicitó que el organismo nacional “se expida sobre la regularidad de las condiciones en que se comercializan las pólizas o planes de seguros autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.”. El informe en cuestión fue adjuntado y/o transcripto en sendas respuestas de Prudencia y Testimonio a la Comisión de Defensa de la Competencia.
Encuentros con APrA
El Presidente, Jorge Furlan; el Secretario, Gustavo D. Roldan y la Asesora Legal Ambiental de CAARA, Dra. María Silvia Raninqueo, mantuvieron diversas reuniones con el Dr. Federico Gatti Lavisse, Jefe de Gabinete de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APrA), sus asesores y representantes de las estaciones de servicio de CABA, el 06/03/15 y el 17/04/15, para tratar el tema de la exigencia del SAO a ese sector por el Gobierno porteño.
Tucumán se encamina a reglamentar el SAO
La provincia de Tucumán dio indicios de encaminarse hacia el dictado de la normativa complementaria que posibilitará cumplir con la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio en su territorio. Así lo anunció el secretario de Medio Ambiente provincial, Ing. Alfredo Montalván, en la jornada sobre “Seguros Ambientales y Prevención de la Contaminación en la Provincia de Tucumán” organizada por la cartera a su cargo y la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental con auspicio de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.
Montalván informó que la provincia está lista para “impulsar un debate abierto” del que surjan los contenidos de la norma complementaria que se adapte a la realidad provincial y posibilite encuadrar a Tucumán entre las jurisdicciones que ya exigen el cumplimiento de contratación del SAO, tal como lo establece el Artículo 22 de la Ley General de Ambiente N° 25.675.
El encuentro tuvo un verdadero éxito de asistencia con más de 140 profesionales que siguieron a lo largo de la jornada las exposiciones del ingeniero Montalván, del presidente de CAARA, Sr. Jorge Furlan, de las funcionarias provinciales Dra. Florencia Sayago y Dra. Silvina Mendilaharzu, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán y de la Dirección de Minería de la provincia, respectivamente, de la asesora jurídica ambiental de CAARA, Dra. Silvia Raninqueo, y de la asesora externa de CAARA, Ing. Graciela Ayala Flores.
El Sr. Furlan explicó por qué el SAO es una cobertura del ramo caución y lo comparó con otras alternativas de seguros, pero puso especial énfasis al señalar que la caución es un seguro, así definido hace más de 20 años por la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el Ing. Montalván detalló los pasos dados por la provincia en los últimos años en relación con la cuestión ambiental y su involucramiento personal en organismos multiprovinciales.
La póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva es el único seguro habilitado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), que permite cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Ambiente. El Sr. Furlan precisó que existen otros seguros relativos a daños ambientales, que son facultativos y complementarios del SAO pero no permiten cumplir con el art. 22 de la LGA. Asimismo señaló que hay seis compañías y múltiples brokers habilitados para comercializar el SAO.
El Secretario Montalván dijo que desde su área trabajó intensamente para estimular la gestión ambiental desde las empresas y que en el proceso de “trabajar en el sentido del cumplimiento del Artículo 22 (de la Ley 25.675)” ha elegido “el camino de la progresividad y el de la sociedad del conocimiento”. Por su parte la Dra. Sayago, al hablar sobre realidad ambiental y marco legal de los seguros ambientales en Tucumán, afirmó que “no se discute la plena vigencia y operatividad del Art. 22” y que “hoy no hay argumentos, no hay excusas por parte de los obligados” para eludir el cumplimiento de la ley, pero al referirse a la normativa complementaria que aún debe dictar el gobierno provincial, puntualizó que “debe surgir de una mesa multisectorial” y “ser una herramienta que cumpla con la finalidad prevista en la ley”. La Dra. Silvina Mendilaharzu expuso a su vez sobre la importancia de la minería en Tucumán, y cuál sería el universo de sujetos alcanzados por el SAO en ese sector.
La Dra. Silvia Raninqueo realizó una detallada exposición de los orígenes del SAO y del marco jurídico ambiental y principales normativas nacionales, provinciales y de organismos competentes que lo sustentan, mientras que la Ing. Graciela Ayala Flores se refirió a los beneficios que reporta el SAO como herramienta de prevención del daño ambiental y garantías para el Estado.
Tucumán se encuentra en el proceso de evaluación para el dictado de una normativa complementaria que permita poner en vigencia en la provincia el SAO conforme a lo indicado en el artículo 22 de la Ley 25.675 y su reglamentación, que establecen la obligación de quienes realizan actividades riesgosas para el ambiente de contratar un seguro que garantice la recomposición del daño ambiental que pudieren provocar.
CAARA presente nuevamente en Tucumán
Meses después, en noviembre de 2014, CAARA participó en las X Jornadas Argentina Sustentable, mediante una disertación de la Dra. Silvia Raninqueo, Asesora Jurídica Ambiental de nuestra Cámara, dedicada a informar y analizar el marco regulatorio del Seguro Ambiental, su origen y exigibilidad.
En ese marco, la Dra. Raninqueo reseñó el marco jurídico ambiental que regula y sustenta la exigencia del SAO e indicó cuáles son las funciones de ese instrumento de gestión ambiental, los sujetos por él alcanzados, la metodología para calcular el nivel de complejidad ambiental de un establecimiento y el monto mínimo asegurable para actividades fijas y transporte. Asimismo, describió sintéticamente la cobertura brindada a través de la póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, las pautas básicas de sus condiciones contractuales y los requisitos que deben cumplir las aseguradoras para poder operar en el rubro.
Nuevo secretario SAyDS
En marzo de 2015 mediante el Decreto Nº 299/15 fue designado como nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el Dr. Sergio Gustavo Lorusso, cuyo nombramiento fue saludado por CAARA mediante una nota protocolar dirigida por su presidente, Sr. Jorge E. Furlan, deseándole éxito en su gestión. Asimismo, puso a disposición del funcionario todos los trabajos de investigación y divulgación desarrollados por CAARA con el propósito de contribuir al debate y a la formación de las mejores y más convenientes decisiones para la sociedad en un tema de tan alta sensibilidad como es el ambiental.
CAARA participará de una Convención Internacional en Cuba
En el mes de marzo, CAARA confirmó la aceptación de la invitación a participar en carácter de institución expositora en la X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a desarrollarse entre el 6 y el 10 de julio en La Habana, Cuba, para tratar sobre temas de gran vigencia como Cambio Climático, Educación Ambiental, Áreas Protegidas, Gestión Ambiental, Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad, Política y Derecho Ambiental, Ciencia de la Sostenibilidad, Museos de Historia Natural, Riesgos de Desastres, Ordenamiento Ambiental, Manejo Sostenible de Tierra, Regulación y Control Ambiental, Transporte y Medio Ambiente y reducción y eliminación de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. CAARA fue invitada para exponer la experiencia de la instauración en la Argentina del SAO. La Convención es organizada por la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba en conjunto con otras entidades y organizaciones de ese país.
Por la entidad actuará como disertante en el II Congreso de Política, Derecho y Justicia Ambiental, a desarrollar durante la citada Convención, su Asesora Jurídica Ambiental, Dra. María Silvia Raninqueo. Allí presentará, en forma oral, la ponencia presentada, y aprobada por el Comité Científico del mencionado congreso, titulada “Seguro Ambiental Obligatorio en Argentina. Funcionamiento, vigencia y valía de este instrumento de gestión ambiental”.
Ante un artículo publicado en el Suplemento de Derecho Ambiental de la Editorial La Ley que incluía conceptos erróneos que perjudicaban al sistema del Seguro Ambiental Obligatorio, orientando equivocadamente a los lectores, CAARA solicitó ejercer el Derceho a Réplica, que le fue acordado. En consecuencia en la edición siguiente fue incluido un artículo titulado “Acerca del Seguro Ambiental Obligatorio”, escrito por la Asesora Legal Ambiental de CAARA, Dra. María Silvia Raninqueo.
Estados Contables de CAARA al 30/04/2015
El ejercicio económico financiero cerrado el 30/04/2015 muestra un superávit de $ 39.003.65, monto que se genera por haber controlado los egresos dentro de las sumas percibidas por aportes de las entidades activas que son miembro de la Cámara.
No hubo ninguna observación de la auditoría externa, y los gastos efectuados se ajustaron a los que genera la rutina administrativa, ciertos gastos de cortesía o los que tienen origen en los incurridos para atender tareas de difusión.
CABA, 20 de Julio de 2015