Source: https://www.slideshare.net/espaciopublico/demanda-por-arbitrariedad-en-las-acreditaciones-a-la-prensa-extranjera/1
Timestamp: 2018-07-19 10:25:37
Document Index: 44834758

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 146', 'in fine', 'Artículo 62', 'Artículo 132', 'Artículo 141', 'artículo 62', 'artículo 147', 'artículo 150', 'artículo 281', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 19', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 98', 'artículo 436', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 174']

Espacio Público y Expresión Libre exigen al Tribunal Supremo de Justicia ordenar al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información:
Abstenerse de utilizar el sistema de otorgamiento de acreditaciones a periodistas extranjeros de manera arbitraria con el fin de impedir y/o limitar su acceso al país evitando que ejerzan en la práctica su labor periodística.
Reconocer públicamente la responsabilidad institucional por el manejo arbitrario de este mecanismo y hacer un llamado a favor del respeto y garantía plena del trabajo periodístico de los medios extranjeros y la libertad de expresión de todo aquel que desee informar y/u opinar sobre Venezuela como principio fundamental para la existencia de un Estado democrático.
1. 1 Ciudadanos y ciudadanas, PRESIDENTA Y DEMÁS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS SALA CONSTITUCIONAL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Su Despacho.- Nosotros, RICARDO FELIPE ROSALES ROA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. 20.220.638, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 272. 271, actuando a título personal, en mi carácter de representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO1 ; representación que consta en documento poder debidamente autenticado2 ; y en representación de la ASOCIACIÓN CIVIL EXPRESIÓN LIBRE3 , representación que consta en documento poder debidamente autenticado4 ; AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 24.311.045, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 264.080; actuando a título personal, comparecemos ante este Tribunal, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre 1 Anexo 1: Documento Constitutivo Estatutario de la Asociación Civil Espacio Público, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha veinte (20) de febrero de 2003, inscrita bajo el No. 28, Tomo 02, Protocolo Primero. / Anexo 2: Reforma Estatutaria de la Asociación Civil Espacio Público, protocolizada ante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha tres (03) de julio de 2006, bajo el No. 08, Tomo 04, Protocolo Primero. / Anexo 3: Última renovación de cargos de la Asociación Civil Espacio Público en acta de asamblea que se encuentra protocolizada por ante el Registro Público del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha veintiuno (21) de enero de 2014, bajo el No. 27, Folio 155, Tomo 38 del Protocolo de Transcripción del año 2014. 2 Anexo 4: Documento poder autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha nueve (09) de junio de 2017, bajo el N° 31, Tomo 292, Folios 134 hasta 136, de los Libros de Autenticaciones llevados en dicha Notaría. 3 Anexo 5: Documento Constitutivo de la Asociación Civil Expresión Libre, autenticado ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda de fecha veinte (20) de septiembre de 2002, bajo el No. 08, Tomo 88 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría. / Anexo 6: Acta de Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil Expresión Libre, protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda en fecha veintisiete (27) de octubre de 2015, bajo el No. 35, Folio 274, Tomo 49 del Protocolo de Transcripción del año 2015 4 Anexo 7: Documento poder de la Asociación Civil Expresión Libre, autenticado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao en fecha 13 de octubre de 2017, bajo el No. 28, Tomo 186, Folios 96 hasta 98
2. 2 Derechos y Garantías Constitucionales, con el objeto de interponer DEMANDA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES DIFUSOS, conjuntamente con una solicitud de AMPARO CAUTELAR, contra JORGE RODRIGUEZ GÓMEZ en su carácter de MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (MINCI), por la violación al derecho a la libertad de expresión e información establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, evidenciada a través de las prácticas y políticas restrictivas contra la cobertura periodística de trabajadores de medios extranjeros. Estas prácticas arbitrarias consisten en: i) la falta de oportunidad, transparencia, y objetividad en el proceso de tramitación de la acreditación de prensa extranjera; ii) falta de respuesta a la solicitud de acreditación por parte del MINCI; iii) obstaculización indebida de la cobertura periodística a reporteros de medios extranjeros, por medio de actos de intimidación, hostigamientos verbales, restricciones administrativas, retención ilegítima de equipos y medios de trabajo y deportaciones arbitrarias por otros órganos del Estado desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a causa de no poseer la acreditación del MINCI. A tal fin, exponemos lo siguiente: I COMPETENCIA La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en su artículo 146 que “Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional, su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional…” En el presente caso estamos ante una afectación de derechos con trascendencia nacional, puesto que, tal y como será explicado más adelante, la opacidad, subjetividad y falta de respuesta oportuna en el otorgamiento de la acreditación a la prensa extranjera, aunado a restricciones administrativas, detenciones arbitrarias, retención de equipos y medios de
3. 3 trabajo y deportaciones arbitrarias, en un contexto caracterizado por la falta de ventanas informativas, afecta gravemente la dimensión social de la libertad de expresión. Esto limita las posibilidades de la sociedad venezolana en su conjunto tanto de expresarse como de acceder a la información de forma oportuna, libre y plural, como establece la Constitución. En consecuencia, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien tiene competencia para conocer de esta acción. Solicitamos que así sea decidido. II JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES DIFUSOS Los aspectos relacionados con las acciones por derechos colectivos y difusos fueron establecidos en la Sentencia No. 3.648 del 19 de diciembre de 2003, caso “Fernando Asenjo Rosillo y otros”. Al respecto, esta Sala estableció el concepto de los derechos o intereses difusos, señalando que: Se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En relación con los requisitos establecidos para que se configure un reclamo por derechos o intereses difusos, es necesario que se trate de un bien que atañe a todo el mundo, no conformando un sector poblacional identificable e individualizado y que, sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. El derecho a la libertad de expresión es reconocido como “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” (Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas, cit., párr. 70.), así como ha sido declarado que el ejercicio de este derecho debe estar abierto a cualquier medio de comunicación, pues “[s]on los medios de comunicación
4. 4 social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión” ( Corte IDH, OC-5/85, párr. 34). En este caso en concreto estamos ante la violación del derecho a la libertad de expresión e información, reconocido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerando que la falta de otorgamiento y respuesta oportuna de la acreditación a medios internacionales constituye una restricción de facto a los periodistas extranjeros que buscan cubrir e informar sobre los acontecimientos que ocurren actualmente en nuestro país, en especial dentro de un contexto signado por la alta conflictividad política y crisis económica durante el año en curso. De igual forma, la falta de objetividad, transparencia y diligencia del MINCI en la aplicación del procedimiento de otorgamiento de acreditaciones se ve reflejada a través de la omisión en responder las peticiones de información enviadas a este ministerio, construyendo así una política estatal opaca y discrecional a la hora de otorgar estas acreditaciones. Resulta menester señalar que dichas peticiones fueron realizadas en el ejercicio de nuestro derecho a acceder a la información pública –de interés nacional en este caso-, derecho enmarcado en los artículos 51 y 143 de nuestra Constitución Nacional. Adicionalmente, la violación al derecho se materializa por medio de las decenas de periodistas víctimas de intimidaciones, hostigamientos verbales, detenciones arbitrarias, retención ilegítima de equipos y medios de trabajo y/o que han sido expulsados del país (deportaciones arbitrarias) so pretexto de no poseer acreditación del MINCI. A la luz de estas prácticas y políticas restrictivas, el conjunto de limitaciones a la libertad de expresión e información encabezada por el MINCI afectan a la sociedad en su conjunto, sin ser posible identificar o individualizar a un sector poblacional determinado y lesionan y amenazan a nuestra sociedad de otras violaciones. Las restricciones denunciadas vulneran la dimensión social de la libertad de expresión, consistente en el derecho que tienen todas las personas de conocer libremente las informaciones, ideas y opiniones transmitidas por terceros, especialmente si refieren a
5. 5 temas de interés público asociadas al contexto de crisis económica y conflictividad política en Venezuela, dimensión social que se encuentra actualmente comprometida. De esta forma, resulta incuestionable que nos encontramos ante un caso de violación a derechos o intereses difusos y solicitamos respetuosamente que así sea declarado. III LEGITIMIDAD DE LOS ACTORES La Sentencia No. 3.648 del 19 de diciembre de 2003, caso “Fernando Asenjo Rosillo y otros”, estableció los criterios de legitimación para incoar una acción por intereses difusos en los siguientes términos: …no se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales (consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o interés compartido con la ciudadanía, porque participa con ella de la situación fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos, y que genera un derecho subjetivo comunal, que a pesar de ser indivisible, es accionable por cualquiera que se encuentre dentro de la situación infringida. La acción (sea de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indemnización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona domiciliada en el país, salvo las excepciones legales. En este sentido, los requisitos para incoar esta acción incluyen: (i) estar domiciliada en el país; (ii) que la persona actúe como miembro de la sociedad o de sus categorías generales (consumidores, usuarios, etc.); (iii) que invoque su derecho o interés compartido con la ciudadanía, porque participa con ella de la situación fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos. En el presente caso, todas las personas y organizaciones que incoan esta demanda están domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela; todas actúan como miembros de la sociedad venezolana y en su carácter de usuarios y titulares del derecho a la libertad de expresión e información; y todos invocan su derecho o interés compartido con la ciudadanía, manifestando estar lesionados en la garantía del ejercicio de sus derechos y reclamando así, tanto para sí como para la colectividad la reparación del mismo.
6. 6 A continuación se especificarán uno a uno los actores de esta acción a manera de resaltar el interés particular de los mismos en este caso y la invocación de su derecho o interés compartido con la ciudadanía: 1. Del interés de la Asociación Civil Espacio Público y de la Asociación Civil Expresión Libre Espacio Público es una asociación civil, sin fines de lucro, no gubernamental, independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno, que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos constitucionales a la libertad de expresión e información, así como la promoción de la responsabilidad social en los medios de comunicación. Esto se constata en el objeto de esta Asociación Civil, el cual está contemplado en la Cláusula Cuarta del documento constitutivo estatutario, el cual cursa en autos, el cual señala expresamente que: El objeto de la Asociación es la promoción de una práctica de comunicación social, pública y privada de calidad que contribuya a fortalecer una sociedad democrática y participativa. En este sentido, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria realizará acciones de investigación y difusión de la situación de los medios de comunicación; formación y capacitación de comunicadores y ciudadanos; promoción de políticas públicas y legislación relacionada con el ejercicio del periodismo y la comunicación social, así como la intercomunicación para el diálogo, el debate y la revisión de temas claves relacionados con la práctica comunicativa, en general, con fines esencialmente educativos, así como ejercer la representación de firmas y asociaciones extranjeras cuya actividad fundamental sea la promoción y el fortalecimiento de la práctica de una comunicación social de calidad, todo ello a fin de contribuir con la educación en esta área esencial para una sociedad democrática y participativa. El objeto antes descrito es meramente enunciativo más no limitativo en modo alguno, pues podrá lograr sus fines, ejercer cualquier acto de lícito comercio sin que por ello perdiere su carácter de no perseguir fin lucrativo alguno como persona jurídica de conformidad con las leyes vigentes de la República. (Subrayado y negritas añadidas) Apreciamos en este texto que esta asociación civil tiene la finalidad de promover la práctica de la comunicación social que contribuya a fortalecer una sociedad democrática y participativa, y promover políticas públicas relacionada con el ejercicio del periodismo y la comunicación social, así como la intercomunicación para el diálogo, el debate y la revisión de temas claves relacionados con la práctica comunicativa.
7. 7 En este sentido, y como se argumenta, Espacio Público como organización de derechos humanos, pretende defender la libertad de expresión y el derecho a la información, y promover buenas prácticas en la materia. Una vez más conviene mencionar que los hechos que en esta causa se alegan afectan la práctica de la comunicación social en Venezuela, el acceso a la información a través del internet y resulta necesario que este Tribunal corrija las violaciones de derechos humanos ocurridas y establezca criterios para su garantía. De forma similar, la Asociación Civil Expresión Libre tiene por objeto lo siguiente: “1.- Divulgar el concepto de la libertad de expresión y propiciar la defensa absoluta de dicho concepto como derecho de toda sociedad democrática; 2.- La participación de sus miembros en la investigación, el análisis y la evaluación de hechos y propuestas de carácter político, social, gremial, económico y cultural, vinculados con el objeto principal de la Asociación; 3.- La promoción, difusión y ejecución de actos que enaltezcan la discusión política, social, gremial, económica y social del país; 4.- La ejecución de actividades en el área de la comunicación social que propenda hacia una sociedad participativa, justa y democrática; 5.- El fortalecimiento del movimiento de comunicadores como éticos forjadores de opinión en una sociedad libre, pluralista y democrática; 6.- La protección y auxilio de la actividad profesional de los comunicadores en cualquiera de sus manifestaciones; 7.- La promoción de reformas legislativas o iniciativas que tiendan a la educación, información y la superación de los ciudadanos.” Consideramos oportuno en este punto traer a colación el principio de democracia participativa y protagónica con el cual fue fundada esta República y para ello citamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Preámbulo El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad… (Subrayado y negritas añadidas)
8. 8 Este preámbulo debe concatenarse con los artículos 62, 132 y 141 del texto constitucional que a continuación se transcriben: Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. (Subrayado y negritas añadidas) Observamos en el citado preámbulo y en los artículos referidos que los constitucionalistas venezolanos concibieron la República con el propósito de procurar una efectiva garantía de los derechos humanos, y para esto consideraron como un elemento fundamental la participación ciudadana en los asuntos públicos, y en especial los que conciernen a los derechos humanos. Establece el mencionado artículo 62 que es un deber del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para la práctica de esta participación en asuntos públicos. De esta manera, tanto la Asociación Civil Espacio Público como la Asociación Civil Expresión Libre, como organizaciones de la sociedad civil organizada, especializadas en temas de libertad de expresión, insisten en el cumplimiento de este importante deber constitucional de participar en las políticas públicas y la efectiva garantía de los derechos humanos, ésta vez a través de la exigencia de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela.
9. 9 2. Del interés de los ciudadanos Ricardo Rosales y Amado Vivas Los ciudadanos AMADO VIVAS Y RICARDO ROSALES, anteriormente identificados, son abogados de profesión y defensores de derechos humanos, miembros del Capítulo Venezolano de Internet Society (en adelante ISOC) y miembros activos de la sociedad civil venezolana, quienes se ven también lesionados en su derecho a buscar, recibir y transmitir información y expresiones debido al deterioro progresivo del ecosistema de medios. Tal y como ha sido expuesto, todos los actores de esta demanda poseen legitimidad para su ejercicio, y solicitamos que así sea decidido. IV ADMISIBILIDAD Esta acción cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y además no incurre en ninguna de las causales de inadmisión establecidas por el artículo 150 del mismo texto normativo, pues: - No existen demandas o pretensiones mutuamente excluyentes o de procedimientos incompatibles. - Todos los actores poseen legitimidad para el ejercicio de esta acción, tal y como ha sido establecido ut supra. - No existe cosa juzgada ni litispendencia de acuerdo a este asunto. - Esta es la única vía para satisfacer esta pretensión, pues se trata de un reclamo desde la sociedad civil que tiene restricciones indebidas para el ejercicio adecuado de su derecho a la libertad de expresión e información. - El conocimiento de esta pretensión no corresponde al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral. - Este escrito no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos en forma alguna. Al respecto del lapso para el ejercicio de la acción, la Sala Constitucional a través de la ya aludida sentencia No. 3.648 del 19 de diciembre de 2003, caso “Fernando Asenjo Rosillo y otros”, estableció que:
10. 10 [L]os derechos e intereses colectivos y difusos, son de eminente orden público, por ello a las acciones incoadas para su protección no les es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el amparo, razón por la cual no corre el transcurso de seis meses desde que surge la violación a la calidad de vida; y de invocarse, tampoco es aplicable el criterio de que la inactividad procesal del actor por seis meses, conllevará la declaratoria de abandono del trámite, como en materia de amparo constitucional lo ha declarado esta Sala, a partir de la sentencia dictada el 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) y publicada en la Gaceta Oficial n° 37.252 del 2 de agosto de 2001, salvo lo concerniente a la perención prevista en el Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la presente demanda atañe al orden público ya que la prohibición de ingreso y cobertura a medios internacionales de la situación venezolana constituye una limitación al ejercicio de la libertad de expresión de la población, cercena las ventanas informativas disponibles para los venezolanos y marginaliza la situación de grave crisis política y económica que vive el ciudadano común. Es por ello que refiere a situaciones colectivas a las cuales no le es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el amparo. Por estos argumentos, este recurso resulta admisible, y solicitamos que así sea declarado. V PROCEDIMIENTO Y LAPSOS APLICABLES Al respecto del tipo de acción que se incoa y la idoneidad de la misma, la sentencia No. 3.648 del 19 de diciembre de 2003, caso “Fernando Asenjo Rosillo y otros”, estableció que: TIPO DE ACCIÓN: Las acciones provenientes de derechos e intereses difusos y colectivos, son siempre acciones de condena, o restablecedoras de situaciones, y nunca mero declarativas o constitutivas. La posibilidad de una indemnización a favor de las víctimas (en principio no individualizadas) como parte de la pretensión fundada en estos derechos e intereses, la contempla el numeral 2 del artículo 281 de la vigente Constitución; pero ello no excluye que puedan existir demandas que no pretendan indemnización alguna, sino el cese de una actividad, la supresión de un producto o de una publicidad, la demolición de una construcción, etcétera. (…) IDONEIDAD DE LA ACCIÓN: Si lo que se pretende es enervar una lesión que proviene de violaciones a derechos y garantías constitucionales, la vía procedente es la acción de amparo para restablecer una situación jurídica ante esas infracciones. Si lo que se pretende es exigir resarcimientos a los lesionados, solicitar el cumplimiento de obligaciones, prohibir una actividad o un proceder específico del demandado, o la destrucción o limitación de bienes nocivos, restableciendo una situación que se había convertido en dañina para la calidad común de vida o que sea amenazante para esa misma calidad de vida, lo procedente es incoar una acción de protección de derechos cívicos (colectivos o bien sea difusos), en cuyo fallo se podrá condenar al demandado a realizar determinadas obligaciones de hacer o no hacer, y hasta indemnizar a la colectividad, o a
11. 11 grupos dentro de ella, en la forma como ordene el juez, con señalamiento de cuáles instituciones sociales o públicas, o cuáles personas, serán acreedoras de la indemnización. (Subrayado y negritas añadidas) En el presente caso, incoamos una acción de derechos e intereses difusos, enmarcada dentro de una acción de amparo, tomando en cuenta que existen violaciones a derechos y garantías constitucionales y con la pretensión de reestablecer el efectivo ejercicio de los derechos menoscabados. En este caso no se pretende indemnización a favor de las víctimas, sino el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En este sentido, solicitamos que esta acción por tratarse de una demanda de protección de derechos e intereses difusos, se rija por el procedimiento establecido en los artículos 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece el procedimiento específico para estas demandas en concreto. Adicionalmente, por tratarse de una demanda en la cual se alegan violaciones a derechos y garantías constitucionales, solicitamos se aplique el procedimiento y los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines de ordenar al MINCI agilizar y responder debidamente todas las solicitudes de acreditaciones para periodistas extranjeros, así como de abstenerse de obstaculizar, impedir o de alguna manera condicionar la actividad informativa de la prensa extranjera mientras se lleva a cabo el trámite anterior, sobre la base de la obligación del Estado venezolano de respetar y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Solicitamos esto con arreglo a lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así pedimos sea reconocido.
12. 12 VI HECHOS A. Deportaciones y trabas a la prensa extranjera durante 20165 En un contexto de alta convulsión política, la prensa extrajera también ha sufrido las consecuencias de la censura para evitar su cobertura. El Gobierno a través de diversas instancias públicas impidió el trabajo de 17 comunicadores en dos meses. En agosto de 2016, la oposición convocó a una movilización masiva que se llamó La Toma de Caracas. La actividad generó una gran expectativa. En esa oportunidad 10 periodistas de medios internacionales resultaron afectados. El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país. Las deportaciones y expulsiones son ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y continuaron en el contexto de otra movilización masiva: La Toma de Venezuela. En esta oportunidad, impidieron la entrada a los periodistas Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Armando Muñoz, de la cadena mexicana Televisa y al fotógrafo Rodrigo Abad, de la agencia AP, lo retuvieron el 26 de octubre y luego le permitieron la entrada al país. Los periodistas de Radio y Televisión Española (RTVE) y Washington Post, llegaron al país con la finalidad de hacer una cobertura especial del llamado a marchar al Palacio de Miraflores, entre otros eventos. En el caso de Ramos y Franco, de RTVE, se les permitió la entrada al país, tras 15 horas de esperar en la zona de tránsito, sin sus pasaportes ni equipaje 5 Espacio Público. Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela durante 2016. Disponible: http://cdn.espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-EP-2016-situaci%C3%B3n-del- derecho-a-ala-libertad-de-expresi%C3%B3n-en-Venezuela.pdf
13. 13 y vigilados permanentemente. Partlow por su parte abandonó el país en el primer vuelo que salió a Miami, Estados Unidos, el día martes 1 de noviembre, a horas de aterrizar en el país. El 11 de diciembre de 2016 fue el turno del periodista francés Bernard de la Villardière, del canal de televisión M6, quien había viajado al país con un equipo de cinco periodistas (cuatro franceses y un camarógrafo suizo) para realizar un reportaje sobre la vida cotidiana en Caracas, pero tuvo que tomar un avión de regreso, pues le negaron la entrada al país. Como les habían negado el visado de prensa, el periodista y su equipo esperaban pasar con visa de turistas.6 B. Deportaciones y trabas a la prensa extranjera hasta septiembre de 2017 Se mantiene la discriminación contra la prensa internacional. Durante el 2017, catorce corresponsales extranjeros fueron expulsados del país, impedida su entrada, o detenidos por varias horas, e incluso incomunicados durante interrogatorios por servicios de inteligencia para luego ser deportados. El gobierno alega la ausencia de acreditaciones por parte del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI). Sin embargo, los periodistas señalan haber iniciado la solicitud pero nunca reciben respuesta. En otros casos se exige una visa especial para periodistas, figura que no existe en la legislación venezolana. Según un comunicado publicado por la organización Reporteros sin Frontera7 desde agosto 2016 hasta marzo 2017 un total de 20 periodistas y colaboradores de medios extranjeros de nueve nacionalidades diferentes han visto impedida su entrada a territorio venezolano o han sido expulsados del país al llegar. Ello confirma la tendencia hacia las prácticas y políticas destinadas a impedir la cobertura a periodistas y colaboradores de medios extranjeros en Venezuela, aduciendo problemas migratorios y la falta de la acreditación del MINCI. Asimismo, en un comunicado de prensa de fecha 29 de julio de 2017, la Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió las prácticas discriminatorias del Estado 6 IFEX (red global en defensa de la libertad de expresión). Los periodistas extranjeros, persona non grata en Venezuela. Disponible: https://www.ifex.org/venezuela/2017/03/23/periodistas-extranjeras/es/ 7 Ibídem. “El periodista extranjero, persona non grata en Venezuela” 22 de marzo de 2017. Disponible: http://www.rsf-es.org/news/venezuela-los-periodistas-extranjeros-personas-non-gratas-en-venezuela
14. 14 Venezolano a la hora de permitir el ingreso de periodistas extranjeros al territorio nacional8 . En lo sucesivo se transcribe parte del comunicado oficial: “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena restricciones arbitrarias de la Libertad de Expresión y de Reunión en Venezuela 29 de julio de 2017 Washington DC., La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela, dirigidas a impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y a prohibir el ejercicio del derecho a manifestarse y a la reunión pacífica en el contexto del proceso electoral convocado el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. La Relatoría Especial hace un llamado urgente al Estado venezolano a dejar sin efecto estas medidas y a ajustar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos. Un proceso electoral de esta naturaleza, que busca la adopción de una nueva Constitución y cuyo retiro ha sido solicitado por millones de venezolanos, partidos de oposición, asociaciones ciudadanas y académicas, así como por países miembros de la Organización de los Estados Americanos, no puede llevarse adelante bajo restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica que impidan, de forma arbitraria, la amplia difusión de todas las opiniones políticas. Restricciones arbitrarias al ejercicio del periodismo En la mañana del 28 de julio, las autoridades migratorias habrían denegado la entrada al país del periodista de investigación argentino, Jorge Lanata, por no contar con una visa de periodista. En la ocasión, habría estado detenido incomunicado en instalaciones del aeropuerto de Caracas por varias horas e interrogado por oficiales del Ejército y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hasta que fuera deportado. El incidente habría tenido lugar un día después de que los reporteros portugueses Luis Garriapa y Odacir Junior, de Sociedade Independente de Comunicação (SIC), fueron declarados inadmisibles en territorio venezolano por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) por supuestamente no reunir los requisitos establecidos para su ingreso legal al país. Asimismo, el 26 de julio la embajada de Venezuela en México denegó la acreditación y visado para trabajar al país a los periodistas mexicanos Lourdes Murguía y Antonio Mandujano, del canal Imagen televisión. Estos hechos se suman a los casos de al menos 6 periodistas extranjeros expulsados de Venezuela en 2017. Asimismo, el día 27 de julio se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría denegado credenciales a organizaciones de prensa de atestada relevancia local como el Correo del Caroní y El Pitazo. La libertad de expresión protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin condición de fronteras. Atendiendo al importante papel de control que desempeñan los periodistas y los medios de comunicación en el 8 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena restricciones arbitrarias de la Libertad de Expresión y Reunión en Venezuela” 29 de julio de 2017. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1071&lID=2
15. 15 sistema democrático, esta Relatoría ha sido enfática al afirmar que a los periodistas no se les debe exigir licencia o registro para ejercer su labor. Los esquemas de acreditación y registro de periodistas solo son apropiados si son necesarios para proveerles acceso privilegiado a lugares o a eventos, dichos esquemas deben ser supervisados por órganos independientes y por decisiones sobre esta acreditación, teniendo un procedimiento justo, basado en criterios claros, razonables, transparentes y publicados con anterioridad. Además, las decisiones sobre la acreditación deben ser neutrales frente a los contenidos y no pueden discriminar en razón de la línea editorial o tipo de cobertura”.9 C. Las peticiones de información realizadas al MINCI: sin responder En fechas 01 de julio de 2017 y 22 de agosto de 2017 fueron enviadas al MINCI sendas peticiones de información, amparadas en el derecho de acceso a la información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dichas comunicaciones estaban destinadas a los despachos de la institución señalada como DEMANDADA y contenían las siguientes solicitudes de información: “Ciudadano: ERNESTO VILLEGAS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Su despacho.- Un caluroso saludo. Nosotros, CARLOS JOSÉ CORREA BARROS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad V- 8.317.640 actuando como Director Ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público y a título personal, AMADO JESUS VIVAS GONZALEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad V-24.311.045, actuando en este acto a título personal, RICARDO FELIPE ROSALES ROA venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad V-20.220.638, actuando en este acto a título personal, , y OSWALDO RAFAEL CALI HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-18.185.049, actuando en este acto a título personal, en ejercicio legítimo de nuestro derecho al acceso a la información consagrado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ; en razón de su cargo como MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN , le solicitamos la siguiente información referente a la acreditación para enviados especiales de medios internacionales : 1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 numeral 4 de la Ley de Extranjería y Migración que establece que los trabajadores de medios de comunicación internacionales deben estar acreditados para ejercer sus labores informativas, solicitamos: a. Informe sobre los requisitos para solicitar la mencionada acreditación. b. Informe sobre los lapsos manejados por el MINCI para otorgar la mencionada acreditación. Esto en vista de que la mayoría de los periodistas expulsados alegan que iniciaron el procedimiento de acreditación pero nunca recibieron respuesta del Ministerio. 9 OEA. Comunicado de Prensa R109/17 “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena restricciones arbitrarias de la Libertad de Expresión y de Reunión en Venezuela”. 29 de julio de 2017. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1071&lID=2
16. 16 c. Informe sobre cuantos procedimientos de otorgamiento de esta acreditación se encuentran abiertos actualmente, cuantos periodistas de medios internacionales han solicitado dicha acreditación y a cuantos se les ha dado respuesta positiva y negativa. 2. En atención a los periodistas de medios internacionales que han sido expulsados del país en el último año por falta de la debida acreditación solicitamos la siguiente información: a. Cuantos periodistas han sido expulsados por falta de esta acreditación b. En caso de expulsión, ¿se ha respetado el derecho al debido proceso a estos periodistas y se ha realizado el procedimiento de deportación de acuerdo al artículo 41 y siguientes de la Ley de Extranjería y Migración? 3. Durante la realización del período de audiencias 163 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, informó que el Estado Venezolano estaba al tanto de las fallas de procedimiento de acreditación actual y que se estaba trabajando en una reestructuración de dicho proceso, en virtud de esto solicitamos: a. Informe sobre los adelantos en la mencionada reestructuración en la cual se está trabajando. b. Envíe copia del proyecto que se maneje para realizar dicha reestructuración. La información solicitada la utilizaremos para realizar contraloría social según los preceptos constitucionales establecidos, en vista de que en los últimos meses una gran cantidad de periodistas han sido expulsados del país por falta de dicha acreditación y en razón de la labor de la ONG Espacio Público como defensora y promotora del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H, La Hoyada, Caracas. y a las siguientes direcciones de correo electrónico: avivas@espaciopublico.org , ocali@espaciopublico.org Sin más a que hacer referencia, quedamos a la espera de su respuesta. Ciudadano: ERNESTO VILLEGAS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Su despacho.- Un caluroso saludo. En fecha 14 de julio de 2017, desde la Asociación Civil Espacio Público a través de su Director Ejecutivo Carlos Correa y los ciudadanos Amado Jesús Vivas González y Ricardo Felipe Rosales Roa solicitaron a este ente del Estado la siguiente información, haciendo alusión a los derechos constitucionales al acceso a la información pública: 4. Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 numeral 4 de la Ley de Extranjería y Migración que establece que los trabajadores de medios de comunicación internacionales deben estar acreditados para ejercer sus labores informativas, solicitamos: a. Informe sobre los requisitos para solicitar la mencionada acreditación. b. Informe sobre los lapsos manejados por el MINCI para otorgar la mencionada acreditación. Esto en vista de que la mayoría de los periodistas expulsados alegan que iniciaron el procedimiento de acreditación pero nunca recibieron respuesta del Ministerio. c. Informe sobre cuantos procedimientos de otorgamiento de esta acreditación se encuentran abiertos actualmente, cuantos periodistas de medios internacionales han solicitado dicha acreditación y a cuantos se les ha dado respuesta positiva y negativa. 5. En atención a los periodistas de medios internacionales que han sido expulsados del país en el último año por falta de la debida acreditación solicitamos la siguiente información: a. Cuantos periodistas han sido expulsados por falta de esta acreditación b. En caso de expulsión, ¿se ha respetado el derecho al debido proceso a estos periodistas y se ha realizado el procedimiento de deportación de acuerdo al artículo 41 y siguientes de la Ley de Extranjería y Migración? 6. Durante la realización del período de audiencias 163 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo informó que el Estado Venezolano estaba al tanto de las fallas de procedimiento de acreditación actual y que se estaba trabajando en una reestructuración de dicho proceso, en virtud de esto solicitamos: a. Informe sobre los adelantos en la mencionada reestructuración en la cual se está trabajando. b. Envíe copia del proyecto que se maneje para realizar dicha reestructuración.
17. 17 Hasta la fecha actual este ente responsable no ha emitido respuesta alguna con respecto a dicha solicitud, actuando de forma contraria al artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual establece taxativamente que: “a falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a la administración pública y que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos”. Por ende, reforzamos nuestra petición y demostramos como Organización nuestro interés en conocer la actual situación sobre la acreditación de periodistas extranjeros en Venezuela, por ende solicitamos respuesta a la brevedad posible. Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la dirección Av. Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, Edificio Centro Empresarial, Piso 12. Oficina H. Caracas. Telf.: 02125417002 / 02125418122.” Resulta indispensable acotar que a la fecha de interposición de esta demanda no existe respuesta del MINCI a las peticiones de información enviadas, con lo cual este órgano convalida la opacidad y falta de objetividad que acompañan a las prácticas y políticas denunciadas. De esta manera el MINCI refuerza la lógica de violencia institucional contra la libertad de expresión, en particular a la prensa extranjera como alternativa informativa. VII CONTEXTO Las prácticas restrictivas al ingreso, permanencia y trabajo informativo de periodistas extranjeros en territorio nacional se circunscriben a un contexto de conflictividad política que reproduce casos de restricciones arbitrarias y censura en manos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (en adelante “CONATEL”) y el Complejo Editorial Alfredo Maneiro. A continuación se presenta una síntesis de las últimas violaciones del Ejecutivo Nacional al derecho a la libertad de expresión e información en perjuicio de la sociedad en su conjunto. SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Abajo se presentan cuadros representativos realizados por la ONG Espacio Público y otras organizaciones de la sociedad civil en los cuales se ilustra los datos de escasez de papel prensa entre los años 2013 y 2017 bajo la responsabilidad del Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Estos datos demuestran una tendencia creciente de obstaculización y restricción oficial a la hora del desarrollo y continuación de distintos diarios a nivel nacional. Datos de escasez de papel prensa entre julio de 2013 y febrero de 2016
18. 18 Cuadro 1. Medios con reducción de formato Cuadro 2. Medios fuera de circulación de forma indefinida desde el año 2013 hasta la actualidad A nivel nacional, entre los años 2013 y 2017, once (11) medios impresos salieron de circulación de forma indefinida. Esta crisis de suministro de papel periódico se ha agudizado y sigue vigente hasta el presente año,
19. 19 Cuadro 3. Medios que salieron, parcial o temporalmente de circulación durante 2017 (hasta octubre) Conclusiones A la luz de este contexto nacional, el Ejecutivo Nacional mediante el Complejo Editorial Alfredo Maneiro controla el mercado de provisión de papel periódico como mecanismo de restricción indirecta a la libertad de información. Este control es utilizado para discriminar la venta de papel periódico a medios cuya línea editorial no es favorable al Ejecutivo, lo cual desemboca en una serie de medios regionales de menor tamaño que se han visto forzados a reajustarse para seguir en funcionamiento e incluso en algunos casos que han tenido que cerrar completamente. Esto no sólo afecta los derechos económicos y comerciales de dichos medios, sino que, esencialmente, viola el derecho a recibir información de manera libre, oportuna y diversa a los habitantes de todo el país.
20. 20 SOBRE LA SALIDA DEL AIRE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS En este apartado se procede a realizar un desarrollo del histórico de 2 canales de televisión sacados del aire sin respetar los estándares de libertad de expresión en un contexto de alta conflictividad política: la censura de NTN24 por cubrir las protestas del 2014 y la censura de CNN en Español por la difusión del documental/investigación “Pasaportes en Sombra”. Sobre la censura de NTN24 en el contexto de manifestaciones públicas El día 11 de febrero de 2014, CONATEL, a través de su Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión emitió un comunicado y a través de una rueda de prensa ofrecida por William Castillo, antiguo Director General de CONATEL, en el que textualmente señaló lo siguiente: “EL DIRECTORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO y TELEVISIÓN ANTE LA COBERTURA MEDIÁTICA DE LA ACTUAL COYUNTURA NACIONAL 1.- El Directorio de Responsabilidad Social en radio y televisión, saluda a la juventud venezolana en ocasión de conmemorarse 200 años de la Batalla de la Victoria y Día de la juventud venezolana, y reconoce el hermoso legado histórico de lucha de nuestros jóvenes, que ha permitido la construcción de una patria, libre, independiente y soberana. 2.- El Directorio, como cuerpo colegiado y plural, en el que participan representantes de los diversos sectores de la colectividad nacional, se suma al llamado realizado por el ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la pacificación y a la construcción de la paz en Venezuela, a través del diálogo, el debate creador y el respeto a la ley. Todas y todos podemos convivir con nuestras diferencias y enfoques, siempre sobre los postulados de la Constitución Bolivariana y en aras de contribuir al progreso y bienestar de la nación. 3.- El Directorio observa con preocupación que la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares específicos del país, por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos, pudiese ser considerada violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública. El Directorio considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a caotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífica de los conflictos.
21. 21 4.- En consecuencia, el Directorio hace un firme exhorto a todos los prestadores de servicios audiovisuales y medios electrónicos al estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, sin menoscabo del derecho que tienen a darle cobertura comunicacional a hechos significativos de la vida nacional. El Directorio reitera que la violación o desconocimiento de la Ley acarrea penas y sanciones claramente establecidas y conocidas por todos y todas. 5.- El Directorio de Responsabilidad social en radio y televisión se declara en sesión permanente para atender esta situación y dictar las medidas que garanticen el cumplimiento de la Ley y la defensa del orden constitucional. 6.- Finalmente, el Directorio hace un llamado a todas y todos, ciudadanos y ciudadanas de esta patria, a brindar sinceramente sus mejores esfuerzos para contribuir a la paz, al respeto a la Constitución, y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 11 de febrero de 2014”10 (Subrayado y negritas añadidas) Luego de que el medio de comunicación de noticias colombiano, NTN24 decidiera transmitir los hechos vinculados con las protestas ocurridos el día 12 de febrero de 2014, ese mismo día, CONATEL decidió acatar la decisión del presidente de la república, Nicolás Maduro, y ordenar, en consecuencia, la salida del aire del canal de noticias NTN24 de las operadoras de televisión por cable así como del bloqueo de sus páginas web. Esta decisión fue tomada sin procedimiento administrativo ni judicial. El día 16 de septiembre de 2014 fueron bloqueados otros dominios principales del canal de noticias NTN24: www.ntn24.com,www.canalntn24.tv;www.ntn24noticias.com;www.portalntn24.com;www. portalntn24.tv;www.canalntn24.com,www.canalntn24.info,www.ntnve.com;www.portalntn 24.net;www.ntn24ve.com,www.ntn24venezuela.com;www.ventn24.com Hasta los momentos NTN24 no puede transmitir en Venezuela ni por televisión por cable ni a través de las mencionadas páginas web. Sobre la censura de CNN en Español El día 15 de febrero de 2017, CONATEL, a través de un comunicado oficial el cual fue difundido ampliamente por medios de comunicación11 , hizo público la apertura de un 10 Este comunicado fue difundido a través de la página web de CONATEL y dado a conocer en rueda de prensa el día de su publicación. Recuperado el 23.01.2015 desde: http://www.conatel.gob.ve/directorio-de- responsabilidad-social-se-declara-en-sesion-permanente/
22. 22 procedimiento administrativo sancionatorio y adoptó medidas cautelares contra CNN en Español para suspender su transmisión. Dicho comunicado fue del siguiente tenor: “Se hace del conocimiento de la opinión pública que en la presente fecha esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a fin de garantizar a los ciudadanos la existencia de las condiciones para desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de seguridad, paz y confianza, en el que impere el orden y los valores fundamentales de un estado social, de derecho y de justicia, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y otras leyes aplicables, inició procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares, en virtud de la transmisión de la señal de CNN EN ESPAÑOL. Tal procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de noticias de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia. Puesto que sin argumento probatorio y de manera inadecuada difaman y distorsionan la verdad, dirigiendo las mismas a probables incitaciones de agresiones externas en contra de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y el estamento de sus instituciones; lo cual es atentatorio al ordenamiento jurídico que rige la nación. Tales hechos constituyen presuntas violaciones flagrantes a la garantía constitucional prevista por el Constituyente Patrio en el artículo 58, el cual es del siguiente tenor: “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”. Es por todo lo antes expuesto que esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó como medida preventiva la suspensión y salida inmediata de las transmisiones del Canal de Noticias CNN en Español en el territorio nacional. Así mismo, resulta propicio instar a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas, corresponsales y en general, a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión, a ofrecer a nuestro pueblo información veraz y oportuna, ajustada a los valores propios de la sociedad venezolana, cuyos mensajes obedezcan fielmente a los hechos suscitados. En la ciudad de Caracas, a los 15 días del mes de febrero de 2017. Andrés Eloy Méndez González Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Según Decreto Nº 2.494 GO Nº 41.014 de fecha 21 de Octubre de 2016” (Subrayado y Negritas Propias) Ante la publicación del presente comunicado las operadoras de televisión por cable acataron la orden de CONATEL y sacaron de la parrilla de programación la señal de CNN en Español. Esta medida fue producida luego de que el Ejecutivo Nacional, Nicolás 11 El Nacional (15 de febrero de 2017). Conatel ordenó salida de CNN en Español de las televisoras nacionales. Recuperado el 09.03.2017 desde: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/conatel-ordeno- salida-cnn-espanol-las-televisoras-nacionales_81132
23. 23 Maduro, ordenara la salida inmediata del aire de la señal de CNN en Español en alocución oficial de fecha doce (12) de febrero de 2017. La medida de censura se produce luego de que la cadena internacional de noticias realizara un trabajo de investigación sobre la supuesta venta ilegal de pasaportes venezolanos a figuras vinculadas al terrorismo. El reportaje titulado “Pasaportes en la sombra” fue transmitido el 6 de febrero de 2017. Su contenido poco importa para el fondo de esta demanda, ya que el reclamo versa sobre el hecho de que no se puede censurar un medio informativo por difundir una noticia que el Estado considera negativa o dañina, y menos si este medio y sus oyentes no tuvieron derecho a un procedimiento ajustado a derecho. A la presente fecha no existen avances en este procedimiento administrativo que desembocó en la salida cautelar de CNN de las parrillas de televisión por cable. La medida cautelar impuesta a CNN en Español se ha extendido en el tiempo y se ha convertido prácticamente en una sentencia de facto. La falta de transparencia, objetividad y controles efectivos en este procedimiento hace incierto si a futuro se podrá acceder a la información que transmite este canal, tomando en cuenta el record de actuación de CONATEL. SOBRE LOS CIERRES A ESTACIONES DE RADIO EN TODO EL PAÍS Se cierra este contexto restrictivo con un cuadro/registro relativo a todas las emisoras de radio que han sido cerradas durante visitas “técnicas” de CONATEL. Cuadro representativo de emisoras de radio cerradas en 2017 (hasta agosto 23)
25. 25 Conclusión Estos casos concretos construyen un patrón en la línea de funcionamiento y control que ha llevado CONATEL en los últimos años, perdiendo así su carácter técnico y reservándose un uso estrictamente político para castigar líneas independientes o críticas al Ejecutivo Nacional. Asimismo se evidencia que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro y el MINCI reproducen lo propio en el ámbito de sus respectivas competencias. El resultado es un ecosistema de medios alineado al gobierno nacional en mengua de la libertad informativa. Este contexto restrictivo, al cual se suma las limitaciones arbitrarias a la prensa extranjera, configura una violación al derecho de la sociedad a recibir información libre, oportuna y diversa, según imponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. VIII DERECHO A. El Derecho a la Libertad de Expresión y la Garantía de Universalidad El derecho a la libertad de expresión e información se encuentra consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y establece: “Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.” (Subrayado y cursivas propias)
26. 26 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 19: “Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” (Subrayado, negritas y cursivas propias) Por su parte, el artículo 2 del anterior tratado internacional precisa: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Subrayado y cursivas propias) Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Subrayado y cursivas propias) A continuación, se señalan una serie de principios contenidos en la Declaración de Principios del Derecho a la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “La Declaración” o “Declaración). El primer principio contenido en la Declaración establece: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.” (Cursivas y subrayado propios)
27. 27 El segundo principio contenido en la Declaración señala: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Cursivas y subrayado propios) El cuarto principio contenido en la Declaración consagra: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.” (Cursivas y subrayado propios) Para finalizar, el quinto principio contenido en la Declaración establece: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.” (Cursivas y subrayado propios) La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 25 “Colegiación Obligatoria de Periodistas” dejó por sentado la importancia del periodismo libre para los Estados democráticos: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública… Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus funciones, esté suficientemente informada12 .” (Cursivas y subrayado propios) En este sentido, “…El mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso 12 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Opinión Consultiva OC-5/85 “La Colegiación Obligatoria de Periodistas”. 13 de noviembre de 1985. Párr. 70. 13.
28. 28 a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre… También interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.13 ” (Cursivas, negritas y subrayado propios) Este párrafo aclara dos puntos importantes: i) la necesidad y carácter esencial de la difusión de información para nutrir el debate público y; ii) el carácter inherente del derecho a la libertad de expresión a todo ser humano como derecho a gozar y ejercer libremente sin consideración de fronteras, nacionalidad o cualquier otro aspecto. Articulando lo establecido con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que los Estados contratantes se comprometen a garantizar el goce de los derechos contenidos en el pacto a toda persona bajo su jurisdicción, independientemente de su origen nacional, se debe necesariamente concluir que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información en su posición de garante del ejercicio de la libertad de expresión y de la pluralidad informativa en el país, debe obligatoriamente -a la luz de los pactos internacionales suscritos y ratificados por la República- garantizar a todo ciudadano, incluyendo extranjeros que busquen ingresar al país, el ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión en los términos establecidos en el artículo 19 del PIDCP y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. B. Violación al derecho a la Libertad de Expresión en el caso concreto: El derecho humano a la libertad de expresión es inherente a toda persona, independientemente de su nacionalidad. El Estado venezolano, como ya hemos reiterado, se encuentra en la obligación –de acuerdo por los términos establecidos en el artículo 2 del PIDCP- de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y social. Ese derecho humano establece que toda persona, sea trabajador de medio de comunicación o no, tiene derecho a ejercer efectiva y plenamente su libertad de expresión sin consideración de fronteras. Esto significa que al cruzar la frontera a otro país, incluyendo a 13 Ibídem, párr. 69.
29. 29 Venezuela, el Estado receptor no puede violar este derecho. De manera que independientemente de la regulación local para acreditar a medios extranjeros, los procesos, trámites y mecanismos que se establezcan no pueden tener por objeto ni resultado limitar arbitrariamente la libertad de expresión de quien funge como trabajador de un medio extranjero. En rigor, la libertad de expresión se predica de la condición de ser humano. Sin embargo, la figura de la acreditación para trabajadores extranjeros de la información funge en la práctica como una traba indirecta para evitar la cobertura y transmisión de información de parte de medios internacionales. En específico, al no ser otorgada o negada la acreditación por el MINCI, los corresponsales, enviados especiales y/o trabajadores asociados a medios extranjeros se ven imposibilitados de cumplir su rol social, afectando en un mismo acto al derecho de nuestra sociedad de recibir la información, opiniones e ideas del pensamiento ajeno. Tanto más si la libertad de expresión debe ejercerse sin “consideración de fronteras” y plenamente a todas las personas sim importar su condición social, según impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta actuación por parte del Ejecutivo Nacional constituye una pieza más de la opacidad informativa, expresada en un ecosistema de medios censurado y vigilado por el poder, que se ha venido agudizando en los últimos años, tal y como se argumentó en la sección de CONTEXTO. En este sentido, el impedimento de ingreso y permanencia en el país de periodistas extranjeros, mediante hostigamientos, restricciones administrativas, retenciones de equipos, detenciones arbitrarias y/o deportaciones, no sólo constituyen casos individuales, sino muestran una política del Estado contraria a la presencia y actuación de medios extranjeros, por lo cual el mecanismo de la acreditación es un medio indirecto que evita de facto el ejercicio de labores informativas de los medios sus representantes, lo cual constituye una violación al derecho a la libertad de expresión de todas las personas en su dimensión social: el derecho a recibir libremente información. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-5/85 estableció la importancia del derecho a la libertad de expresión y el periodismo en el desarrollo de la sociedad democrática y expresó también que el periodismo representa por excelencia el ejercicio de este derecho, aunque no exclusivamente. Esto trae como consecuencia que la actividad periodística realizada por cualquier persona no se reduzca a
30. 30 la prestación de un servicio privado, sino al ejercicio de un derecho humano fundamental que coadyuva a la sociedad a expresarse, recibir y difundir diversas ideas. Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria, por el mero hecho de ser “extranjero”, al ser negadas respuestas o solicitar requisitos extraordinarios para ejercer la función periodística de estas personas. Esta política de acreditaciones carece asidero jurídico legítimo porque no se puede condicionar la actividad periodística a requisitos extraordinarios, licencias o permisos previos del Gobierno. Aun en el caso de que el sistema de acreditaciones gozara de legislación y finalidad legítima en sentido estricto, la legalidad no otorga legitimidad a estas restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, sobre todo cuando la regulación en la práctica es interpretada parcialmente, alterada o, incluso, omitida. Es una tergiversación burocrática del sistema de acreditación, ya que el Ejecutivo retarda o niega sin motivo –dentro de su propia lógica legal– un requisito que él mismo exige. Por consiguiente, la creación y/u omisión deliberada de procesos opacos, subjetivos y dilatados para exigir una acreditación que nunca llega o si acaso desigualmente, revela el uso arbitrario de las instituciones y recursos públicos con fines político-partidistas para evitar el acceso a la información como dispositivo de censura. En síntesis, existe una violación a la libertad de expresión porque en la práctica el sistema de acreditaciones no permite el ejercicio de este derecho; más bien, lo impide arbitrariamente. Y ello viola el derecho a la sociedad venezolana en su dimensión social. En otra línea argumentativa debe invocarse el siguiente estándar establecido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas: “El Estado Parte debería conceder acceso a su territorio a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a otros órganos internacionales de forma ordinaria, cuando lo soliciten, y garantizar el acceso a la información indispensable sobre la promoción y protección de los derechos humanos.”14 (Cursivas, negritas y subrayado propios). 14 Comité de Derechos Humanos. Observaciones Finales a la República Popular Democrática de Corea. U.N. Doc. CCPR/CO/72/PRK (2001), párr. 11
31. 31 Resulta evidente entonces que en el Siglo XXI la difusión de información atiende también a las necesidades propias del fenómeno de la Globalización, que requiere que toda sociedad moderna se encuentre comunicada y presente en el plano internacional y que los Estados no restrinjan arbitrariamente el libre flujo de información propio de nuestra época, en obsequio de los principios de pluralidad informativa y acceso libre a la información. En tal sentido, la entrada y labor al país de trabajadores de medios extranjeros constituye un hecho que debe ser considerado como normal y rutinario en sociedades democráticas, orientadas a su fortalecimiento y preservación. La eventual existencia de legalidad para que los trabajadores ejerzan sus labores informativas no legitima su uso restrictivo ni discriminatorio. Por ello y además la parte demandada con sus acciones y omisiones arbitrarias frente al sistema de acreditaciones compromete el derecho a la libertad de expresión en sus dos dimensiones en perjuicio de la sociedad venezolana. En razón de estos hechos, contexto y argumentos se solicita a la Sala Constitucional que declare la violación al derecho a la libertad de expresión de parte del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, mediante un sistema de acreditaciones que opera como restricción indirecta, en perjuicio de los ciudadanos Ricardo Rosales, Amado Vivas y la sociedad local en su conjunto. IX AMPARO CAUTELAR DE RESTABLECIMIENTO INMEDIATO - Del Amparo Cautelar - La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece en su artículo 2: “La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente”. La acción de amparo constitucional que se intenta, al interponerse de manera conjunta con una demanda de protección de derechos e intereses difusos, como es el presente caso, tiene
32. 32 una naturaleza netamente cautelar, con operatividad inmediata, para impedir que se extienda en el tiempo la lesión del derecho constitucional violado o que el efecto de dicha lesión continúe afectando la esfera subjetiva de los derechos, mientras dure el proceso principal. - De la tramitación y procedencia del amparo cautelar – Los artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa establecen el procedimiento a seguir en materia de medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo cautelar. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa ya ha señalado que dicho trámite no es el más idóneo cuando la medida solicitada es un amparo cautelar, por cuanto su examen debe realizarse de forma expedita. En este sentido, la Sala ha reiterado su criterio sobre la oportunidad de decidir la medida cautelar de amparo, como es en el momento de la admisión de la causa principal (ver sentencia de Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 2 de agosto de 2011, caso Luis Germán Marcano, Magistrada Ponente Evelyn Marrero, consultada en original). En lo que respecta a los requisitos de procedencia de una medida cautelar de amparo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha expresado: “En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante. En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in limine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación”. (Sentencia de Sala Político-Administrativa del 2 de agosto de 2011, antes citada). (Subrayado propio).
33. 33 De la sentencia citada se desprende que para determinar la procedencia del amparo cautelar sólo es necesaria la demostración del fumus boni iuris o presunción de buen derecho. - Del fumus boni iuris o apariencia o presunción del buen derecho En términos generales el fumus boni iuris supone la apariencia o presunción del buen derecho que se reclama en el fondo del proceso de que se trate, es decir, la existencia de una presunción seria de que el solicitante cuenta, al menos en apariencia, con un derecho que le será reconocido por la decisión final del proceso en curso. El fumus boni iuris implica la existencia de una apariencia de que quien solicita tiene la razón en el derecho que alega y en consecuencia el órgano encargado de acordar o dictar una medida cautelar debe realizar “una valoración prima facie de la petición principal, de forma tal que debe otorgar la tutela cautelar a quien tenga apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), es decir, cuando dicho órgano aprecie que el derecho alegado por la parte es verosímil”. (Subrayado nuestro) (Orlando Cárdenas Perdomo, Medidas Cautelares, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1998, pág.30). En el caso que nos ocupa, el requisito del fumus boni iuris se desprende de las afectaciones constitucionales en que incurre el MINCI al omitir los lapsos adecuados de otorgamiento de acreditación a periodistas extranjeros y utilizar este silencio como pretexto para impedir la entrada al país y cobertura de hechos noticiosos a estos periodistas. Estas acciones desembocan en violaciones al derecho a la libertad de expresión e información, particularmente en su dimensión social, en perjuicio de la sociedad en Venezuela en su conjunto. Adicionalmente, ya se ha establecido en la secciones de CONTEXTO y DERECHO que existen prácticas regresivas en la promoción, defensa y garantía de la libertad de expresión desde el Ejecutivo Nacional. - Del periculum in mora El periculum in mora o peligro en la tardanza, el cual suele equipararse con el requisito de la urgencia, se deriva en este caso claramente de la propia afectación del texto constitucional y los derechos fundamentales que detentan los seres humanos, como es el
34. 34 caso de la libertad de expresión e información. El requisito del peligro de daño para la procedencia de las medidas cautelares se encuentra íntimamente ligado al derecho a la tutela judicial efectiva, derecho ampliamente desarrollado en la doctrina extranjera, y ahora de consagración expresa en el texto constitucional en su artículo 26. Ambos están íntimamente relacionados porque precisamente para que se decrete una medida cautelar es preciso estar ante una situación que implique que, de no ser dictada una medida que provisionalmente proteja al solicitante, los daños que se le ocasionarían por la tardanza del juicio serían irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva. En el caso, al estar presentes ante una afectación de la libertad de expresión e información, y ser este derecho una piedra angular de la democracia, resulta imperioso que se detengan los efectos de una conducta omisiva y discriminatoria del MINCI de forma inmediata en pro del ejercicio ciudadano de la libre expresión y de la tutela democrática en el país. En conclusión, solicitamos que a través del presente amparo cautelar se ordene al MINCI, que tramite las acreditaciones futuras en condiciones de publicidad, celeridad, transparencia, objetividad e igualdad, así como se abstenga de impedir o condicionar la libertad de expresión de medios extranjeros en Venezuela mientras el trámite de acreditaciones se resuelve, de manera que ordene a órganos e instituciones del Estado respetar y garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión y el valor democrático de pluralismo y diversidad de ideas en beneficio de la sociedad en su conjunto. X PROMOCIÓN DE PRUEBAS De acuerdo con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos se ordene al Ministerio para el Poder Popular de Comunicación e Información que exhiba los siguientes documentos que se encuentran en su poder:| Comunicación recibida en fecha 01 de julio de 2017, en la cual se expresa:
35. 35 Ciudadano ERNESTO VILLEGAS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN Su despacho.- Un caluroso saludo. Nosotros, CARLOS JOSÉ CORREA BARROS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-8.317.640 actuando como Director Ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público y a título personal, AMADO JESUS VIVAS GONZALEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad V-24.311.045, actuando en este acto a título personal, RICARDO FELIPE ROSALES ROA venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad V-20.220.638, actuando en este acto a título personal, , y OSWALDO RAFAEL CALI HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-18.185.049, actuando en este acto a título personal, en ejercicio legítimo de nuestro derecho al acceso a la información consagrado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ; en razón de su cargo como MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN , le solicitamos la siguiente información referente a la acreditación para enviados especiales de medios internacionales : 1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 numeral 4 de la Ley de Extranjería y Migración que establece que los trabajadores de medios de comunicación internacionales deben estar acreditados para ejercer sus labores informativas, solicitamos: a. Informe sobre los requisitos para solicitar la mencionada acreditación. b. Informe sobre los lapsos manejados por el MINCI para otorgar la mencionada acreditación. Esto en vista de que la mayoría de los periodistas expulsados alegan que iniciaron el procedimiento de acreditación pero nunca recibieron respuesta del Ministerio. c.Informe sobre cuantos procedimientos de otorgamiento de esta acreditación se encuentran abiertos actualmente, cuantos periodistas de medios internacionales han solicitado dicha acreditación y a cuantos se les ha dado respuesta positiva y negativa. 2. En atención a los periodistas de medios internacionales que han sido expulsados del país en el último año por falta de la debida acreditación solicitamos la siguiente información: a. Cuantos periodistas han sido expulsados por falta de esta acreditación b. En caso de expulsión, ¿se ha respetado el derecho al debido proceso a estos periodistas y se ha realizado el procedimiento de deportación de acuerdo al artículo 41 y siguientes de la Ley de Extranjería y Migración? 3. Durante la realización del período de audiencias 163 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo informó que el Estado Venezolano estaba al tanto de las fallas de procedimiento de acreditación actual y que se estaba trabajando en una reestructuración de dicho proceso, en virtud de esto solicitamos: a. Informe sobre los adelantos en la mencionada reestructuración en la cual se está trabajando. b. Envíe copia del proyecto que se maneje para realizar dicha reestructuración. La información solicitada la utilizaremos para realizar contraloría social según los preceptos constitucionales establecidos, en vista de que en los últimos meses una gran cantidad de periodistas han sido expulsados del país por falta de dicha acreditación y en razón de la labor de la ONG Espacio Público como defensora y promotora del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina
36. 36 H, La Hoyada, Caracas. y a las siguientes direcciones de correo electrónico: avivas@espaciopublico.org , ocali@espaciopublico.org Sin más a que hacer referencia, quedamos a la espera de su respuesta. Comunicación recibida en fecha 22 de agosto de 2017, en la cual se insiste en el interés de la parte actora por conocer información relacionada con el otorgamiento de acreditaciones para periodistas extranjeros.15 El propósito de estas pruebas es demostrar las gestiones de la Asociación Civil Espacio Público ante el MINCI para obtener información acerca de la justificación, características y modo de funcionamiento del sistema de acreditación a trabajadores de medios extranjeros. XI PETITORIO Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, se solicita al Tribunal: 1. Se declare COMPETENTE para conocer el presente caso. 2. ADMITA la presente demanda de protección de derechos e intereses difusos. 3. DICTE medida cautelar de restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, ordenando al MINCI a suministrar en forma oportuna, pública, transparente, objetiva y eficaz las acreditaciones presentes y futuras solicitadas por medios extranjeros que pretendan ingresar a Venezuela con el fin de cubrir eventos noticiosos, en garantía de la libre, diversa y amplia circulación de información, opiniones e ideas. 4. DECLARE CON LUGAR el presente recurso y en consecuencia ordene al MINISTRO PARA EL PODER POPULAR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: a. Abstenerse de utilizar el sistema de otorgamiento de acreditaciones a periodistas extranjeros de manera arbitraria con el fin de impedir y/o limitar su acceso al país evitando que ejerzan en la práctica su labor periodística 15 Se solicita que la parte demandada consigne las originales de ambas peticiones de información.
37. 37 b. Responder oportuna y adecuadamente las solicitudes de acreditación pendientes y futuras tomando en cuenta las fechas para las cuales se solicitan y el tiempo de estadía del periodista extranjero solicitante. c. Adoptar y materializar buenas prácticas en el proceso de otorgamiento de acreditaciones, tomando en cuenta los principios de la actividad administrativa de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad y las tendencias mundiales con respecto al acceso a la información y cobertura periodística desarrolladas a lo largo del escrito. d. Reconocer públicamente la responsabilidad institucional por el manejo arbitrario de este mecanismo y hacer un llamado a favor del respeto y garantía plena del trabajo periodístico de los medios extranjeros y la libertad de expresión de todo aquel que desee informar y/u opinar sobre Venezuela como principio fundamental para la existencia de un Estado democrático XII DOMICILIO PROCESAL En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, se indica como agraviante al MINISTRO PARA EL PODER POPULAR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, ubicado en: Final de la avenida Panteón, Diagonal al Panteón Nacional, Distrito Capital. Asimismo, se expresa como agraviados a la Asociación Civil Espacio Público y la Asociación Civil Expresión Libre y los ciudadanos Amado Vivas y Ricardo Rosales y se indica como domicilio procesal la siguiente dirección: Avenida Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, Edificio Centro Empresarial, Piso 12, Oficina H, La Hoyada Parroquia. Catedral, Municipio Libertador, Caracas, Venezuela; Teléfono 02125418122. Dirección de correo electrónico: rrosales@espaciopublico.org; avivas@espaciopublico.org Es Justicia que esperamos en la Ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.