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Timestamp: 2020-04-06 14:45:12
Document Index: 176917002

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 7']

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE SOBORNO TRASNACIONAL – SARS – rics management
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE SOBORNO TRASNACIONAL – SARS
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¿Cómo implementar programas efectivos anticorrupción y antisoborno?
El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el gobierno colombiano, la Ley 1778, por la cual se dictaron normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictaron otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Esto fue un paso importante para la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la lucha contra el soborno y la corrupción.
El artículo 2 de la Ley 1778 estableció:
Parágrafo 2. Lo previsto en esta ley para las personas jurídicas se extenderá a las sucursales de sociedades que operen en el exterior, así como a las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga participación y sociedades de economía mixta.” (el subrayado es nuestro)
Al determinar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, se establecieron unas reglas de juego muy claras para todos los actores que pretenden hacer negocios en Colombia, con los deberes y derechos que eso representa.
El artículo 3 de la Ley 1778 estableció:
La Superintendencia tendrá competencia sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona jurídica o la sucursal de sociedad extranjera presuntamente responsable esté domiciliada en Colombia.” (el subrayado es nuestro)
La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) de acuerdo con las facultades delegadas por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, reglamentó dicha ley mediante la expedición de la Resolución No. 100-002657 del 25 de Julio de 2016 y la Circular Externa No. 100-000003 del 26 de Julio de 2016.
En dicho artículo 23 de la Ley 1778 se estableció lo siguiente:
En el artículo 1º. de la Resolución No. 100-002657, la Superintendencia determinó los criterios que las Sociedades deberían tener en cuenta para adoptar los Programas de Ética Empresarial:
“Estarán obligadas a adoptar un Programa de Ética Empresarial las Sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que en el año inmediatamente anterior hayan realizado de manera habitual, negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado («Negocios Transacciones Internacionales»), siempre y cuando concurra, cualquiera de las situaciones que se mencionan a continuación: (el subrayado es nuestro)
En el cuadro que se presenta a continuación se resumen los criterios relacionados con el monto de los activos, los ingresos, el número de empleados y objeto social de las sociedades sujetas a implementar programas de transparencia y ética empresarial a partir del 31 de diciembre de 2019:
El artículo 2º. de la Resolución No. 100-002657 estableció el plazo para la adopción de los Programas de Ética Empresarial:
Esto quiere decir que el plazo de que disponen las compañías es sólo de tres meses contados a partir del 31 de diciembre de 2019 que se vencerían el 31 de Marzo de 2020.
La Superintendencia de Sociedades en dicha Resolución estableció un compromiso de los Altos Directivos en la prevención del Soborno Transnacional que incluye emitir unas Políticas de Cumplimiento, asegurar el suministro de los recursos económicos, humanos y tecnológicos que requiera el Oficial de Cumplimiento para el cumplimiento de su labor, ordenar las acciones pertinentes contra los administradores y los Asociados que tengan funciones de dirección y administración en la Persona Jurídica, cuando cualquiera de los anteriores infrinja lo previsto en el Programa de Ética Empresarial, liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación eficaz de las Políticas de Cumplimiento y del Programa de Ética Empresarial en los Empleados, Asociados, Contratistas y la ciudadanía en general, adelantar acciones para divulgar la política de prevención del Soborno Transnacional.
En cuanto a sanciones, el artículo 5 de la Ley 1778 estableció:
El valor de la sanción vigente para 2020 es de $175.560.600.000,00 (200.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) multiplicado por $877.803,00 que es el salario mínimo mensual vigente para 2020), multa muy onerosa para cualquier compañía que viole la ley, (aunque existe un criterio de graduación para las sanciones establecido en el artículo 7 de dicha ley) y que de antemano sabe a qué se expone en caso de cometer un delito de soborno en Colombia.
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, mediante Resolución No. 200-002899[1] del 6 de julio de 2018, ya impuso la primera multa por un valor de $5.078.073.000,00 a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A – Inassa, por haber incurrido en la conducta de Soborno Transnacional contemplada en la Ley 1778, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.
Las empresas no solo deberían tener en cuenta las sanciones tan onerosas establecida por la Ley 1778, sino también considerar lo que un caso de soborno como el mencionado anteriormente, significará en su reputación. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia el Riesgo Reputacional se define como:
“La posibilidad de pérdida en que incurre una compañía por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.” (el subrayado es nuestro)
Las empresas al cumplir con esta normativa no sólo deberían emitir políticas, programas, manuales, y procedimientos sino comprometerse a cumplirla al interior de toda la organización y además comprometer a todos sus aliados estratégicos (clientes, proveedores, accionistas, subcontratistas, terceros relacionados, etc.) a cumplir con los mismos estándares éticos, pero, además, debe obligarse a hacer un continuo monitoreo y seguimiento para prevenir esos delitos.
Son muchas las compañías colombianas de todos los tamaños: grandes, medianas, pequeñas (y no únicamente las llamadas multilatinas) y de todos los sectores económicos que han incursionado en todos los mercados del exterior (y no solamente en Latinoamérica) y eso genera el riesgo de corrupción y soborno en el exterior. De acuerdo con estadísticas nacionales e internacionales, el tamaño de la compañía no importa a la hora de cometer un delito.
Estos programas deben ser verdaderas políticas verificables contra la corrupción y el soborno, que garanticen la transparencia en la forma de hacer negocios de las compañías y no simplemente políticas, manuales y procedimientos que nadie cumple al interior de las organizaciones porque priman los intereses comerciales sobre la ética y la transparencia.
Como lo hemos mencionado en diferentes artículos, las empresas deberían establecer un enfoque basado en riesgo (“Risk-Based Approach”) para implementar un Sistema de Administración de Riesgo de corrupción y soborno y aplicar las mejores prácticas utilizadas a nivel internacional, tales como un Sistema de Administración de Riesgo (SAR) basado en el estándar ISO31000 de 2018, Gestión de Riesgo, en el estándar ISO 19600 de 2014 sobre Sistema de Gestión de Cumplimiento y en el estándar ISO 37001 de 2016 Sistema de Gestión Antisoborno.
Los Programas de Ética Empresarial deberían dejar de ser un listado de buenas intenciones y se deberían convertir en la forma práctica de hacer negocios éticos y responsables en todas las jurisdicciones donde operen las compañías, donde la ética y los valores de los empleados de esas compañías sean el común denominador del día a día de las actividades comerciales locales e internacionales.
Las empresas obligadas a cumplir con la Ley 1778 de 2016, no pueden caer en el error (como ha sucedido en el pasado) de pensar que cumplir con una política antisoborno, nombrar un Oficial de Cumplimiento, elaborar un Manual de Cumplimiento y hacer unas capacitaciones sobre el tema, lo volverá inmune al riesgo de corrupción y soborno. Solo con la decidida colaboración de todos y cada uno de los funcionarios de la compañía y el compromiso de sus aliados estratégicos, y el ejemplo de la Alta Gerencia se mitigarán (no se eliminarán) estos riesgos.
Las empresas deberían crear un programa de cumplimiento eficaz, eficiente y transparente que garantice la investigación, detección y prevención de estos delitos.
Las empresas deberían capacitar a todos sus empleados y terceros relacionados en la prevención de la Corrupción y el Soborno y establecer líneas de denuncias eficientes que garanticen que no haya represalias contra aquellos que denuncien alguna anomalía al interior de la organización.
Las áreas de cumplimiento, de auditoría interna y de Revisoría Fiscal deberían capacitarse en los Sistemas de Administración de Riesgo, en su auditoria y en su control y seguimiento. La Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió recientemente el documento “El Papel de la Revisoría Fiscal[2] en la Lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”[3], donde concientiza a los revisores fiscales sobre su rol en la detección y denuncia de los delitos como la Corrupción, el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
En los procesos de fusiones y adquisiciones y de nuevos negocios se deberían establecer procedimientos anticorrupción y antisoborno para mitigar esos riesgos.
Se deberían incentivar más los programas de cumplimiento preventivo contra el soborno y efectuar evaluaciones de riesgo y cumplimiento que incluyan los riesgos y consecuencias del soborno.
El cumplimiento ético debería primar sobre los principios comerciales de las empresas y la cultura de la legalidad debe garantizar una sociedad más responsable y justa donde todos los actores incidan con el compromiso de los valores éticos de cada ciudadano.
Por último, y no menos importante, las empresas obligadas a implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Corrupción y Soborno – SARCS, deberían hacerlo convencidas que esta acción generará un valor agregado para la compañía y las empresas que no cumplen con los topes establecidos por la Superintendencia, deberían establecerlo de forma voluntaria, para mitigar el riesgo de corrupción y soborno.
Para las empresas que ya disponen de un SARCS, deberían contratar una Auditoria de Cumplimiento preferiblemente con una firma externa especializada para garantizar que el modelo anticorrupción y antisoborno funciona y que han sido consideradas todas las regulaciones locales y los estándares internacionales en su implementación.
Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016.
Contador Público con Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión.
Certificate on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, 2016.
[1] Ver noticia completa en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/supersociedades-impone-multa-de-5-078-millones-a-inassa-por-soborno-transnacional.aspx
[2] Concepto de Revisoría Fiscal en Colombia: Es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional de la Contaduría Pública capaz de dar Fe Pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes con destino a las entidades gubernamentales y juzgar sobre los actos de los administradores. En otros países, la figura del Auditor Eterno equivale al Revisor Fiscal.
[3] Ver documento completo: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf