Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00298-1031-2015-de-marzo-8-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_1d29b503751b494f814108a0ad7aefc0&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-14 04:51:32
Document Index: 178660407

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 42', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 76', 'Artículo 1']

﻿ SENTENCIA 2014-00298/1031-2015 DE MARZO 8 DE 2018
SENTENCIA 2014-00298 DE 08 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA VIABILIDAD DE LA PRIMA TÉCNICO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRESTACIÓN SOCIAL. SE EXPLICÓ POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 1042 DE 1978 LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS Y LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONSTITUYEN FACTORES DE SALARIO. ES DECIR, NO ES POSIBLE TENER COMO PRESTACIONES SOCIALES AQUELLAS QUE HAN SIDO ESTABLECIDAS COMO FACTORES SALARIALES A TRAVÉS DEL DECRETO 1042, COMO ES EL CASO DE LA PRIMA TÉCNICA, AUNADO QUE, COMO LO HA SOSTENIDO LA MISMA JURISPRUDENCIA DE ESTA CORPORACIÓN JUDICIAL, LA FACULTAD DE CREAR O EXTENDER AL ORDEN TERRITORIAL PRESTACIONES SOCIALES O SALARIALES ÚNICAMENTE COMPETE AL GOBIERNO NACIONAL. ADICIONALMENTE, CABE SEÑALAR QUE LA PRIMA TÉCNICA COMO UN RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA ATRAER O MANTENER EN EL SERVICIO DEL ESTADO A FUNCIONARIOS O EMPLEADOS ALTAMENTE CALIFICADOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS CUYAS FUNCIONES DEMANDEN LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS O CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS O LA REALIZACIÓN DE LABORES DE DIRECCIÓN O DE ESPECIAL RESPONSABILIDAD, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ORGANISMO. DE IGUAL FORMA, SERÁ UN RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO EN EL CARGO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LA NORMATIVIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, DERECHO LABORAL, ENTORNO DEL SECTOR PÚBLICO, RÉGIMEN DE PRIMA TÉCNICA
Sentencia 2014-00298 de marzo 8 de 2018
Rad.: 73001 23 33 000 2014 00298 01 (1031-2015)
Accionante: Javier Rocha Andrade
SO. 0027
Le corresponde a la Sala establecer si el señor Javier Rocha Andrade tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño, consagrada en la Ley 60 de 1990 y los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y 1724 de 1997(2).
En uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 2º de la Ley 60 de 28 de diciembre de 1990(3), el presidente de la República expidió el Decreto Ley 1661 de 27 de junio de 1991(4) , en cuyo artículo primero definió la prima técnica como «un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Asimismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los términos que se establecen en este decreto». Se señaló además que tendrán derecho a gozar de este estímulo, según se determina más adelante, los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
[...] ART. 2º—Criterios para otorgar prima técnica. Para tener derecho a prima técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios, siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o empleado.
PAR. 2º—La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite [...].
El artículo 3º ibídem señaló que para tener derecho a la prima técnica por el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada se requiere estar desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo. Por otra parte, estableció que la prima técnica por evaluación del desempeño podría asignarse en todos los niveles. A su vez, el parágrafo del mencionado artículo señaló que «En ningún caso podrá un funcionario o empleado disfrutar de más de una prima técnica».
Posteriormente, el Decreto Reglamentario 2164 de 17 de septiembre de 1991(5) señaló que serían beneficiarios de la prima técnica «los empleados de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y unidades administrativas especiales, en el orden nacional. También tendrán derecholosempleadosdelasentidadesterritoriales y de sus entes descentralizados»(6).
[...] ART. 5º—De la prima técnica por evaluación del desempeño. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente decreto, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales, y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%), como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento.
Su cuantía será determinada por el jefe del organismo y en las entidades descentralizadas por las juntas o consejos directivos o superiores, según el caso [...].
[...] ART. 13.—Dentro de los límites consagrados en el Decreto­Ley de 1991 y en el presente decreto, los gobernadores y los alcaldes, respectivamente, mediante decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fije para cada entidad [...].
[...] La potestad reglamentaria, que tiene un origen constitucional, ha sido concebida como la actividad. que realiza el Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debiendo para ello, obrar dentro de los límites de su competencia sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los parámetros establecidos en aquella (...). El decreto que se expida en su ejercicio debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiene que desarrollar y solo puede desenvolver lo que explícita o implícitamente esté comprendido en la ley y, por tanto, no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones (...).
“Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados. Dentro de los límites consagrados en el Decreto­Ley 1661 de 1991 y en el presente decreto, los gobernadores y los alcaldes, respectivamente, mediante decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fija para cada entidad”.
Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y del Decreto 1661 de 1991, en específico de su artículo 9º, con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se advierte, sin lugar a equívocos, como se indicó en la providencia que decretó la suspensión provisional y en el auto que confirmó tal determinación, que se desbordaron los límites de la potestad reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima técnica a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de verdad, la intención del Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue únicamente englobar o comprender a los empleos del sector público del orden nacional [...].
Ahora bien, el Decreto 1919 de 2002 «Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial», dispuso una homologación en materia de prestaciones sociales en el orden local con el sector nacional, de manera que en el sector territorial no es procedente el reconocimiento de prestaciones diferentes a las ordenadas para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional. Al respecto su artículo 1º estableció:
[...] ART. 1º—A partir de la vigencia del presente decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas departamentales, o los concejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales, de las instituciones de educación superior, de las instituciones de educación primaria, secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
Las prestaciones sociales contempladas en dicho reg1men serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidas [...]. (Negrillas de la sala).
[...] No se discute que con la entrada en vigencia del Decreto 1919 de 2002 se extendió a todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, así como el personal administrativo de empleados públicos de las instituciones de educación superior del mismo orden, la aplicación del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional contempladas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, lo que permite afirmar en principio que a partir de la vigencia del Decreto 1919 de 2002, resultarían aplicables a los empleados de las Instituciones de Educación Superior del nivel territorial los regímenes prestacionales de los empleados del orden nacional.
Sin embargo, es necesario decir que —aún con la equiparación realizada por el artículo 1º del Decreto 1919— la bonificación por servicios y la prima de antigüedad constituyen factores de salario conforme se deriva de los literales a) y g) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, y corolario de ello no podrían regirse por el Decreto 1919 de 2002, por cuanto lo único que extendió éste al orden territorial fue el régimen de prestaciones sociales del nivel nacional [...].
En el presente asunto, el señor Javier Rocha Andrade reclama el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño a la que considera tener derecho, en su condición de empleado del Departamento del Tolima, por cuanto durante su vinculación ha recibido calificaciones por encima del 90% o 900 puntos, con lo que cumple con los requisitos establecidos para acceder a dicho emolumento.
Ahora bien, en el presente asunto se advierte que el demandante se desempeña al servicio del Departamento del Tolima, Secretaría de Educación Departamental, en el cargo de auxiliar administrativo, lo que permite concluir que no es plausible reconocerle la prima técnica por evaluación de desempeño, toda vez que, como quedó visto, esta se encuentra prevista únicamente para los servidores del nivel nacional.
Al respecto, es pertinente recordar que en un asunto de similares particularidades al que hoy ocupa la atención de la Sala, esta corporación(9) precisó que «la prima técnica fue concebida exclusivamente para los empleados públicos del orden nacional, teniendo en cuenta que las leyes de concesión de facultades extraordinarias que dieron lugar a la expedición de los decretos que abordaron el tema de la prima técnica eran puntuales en establecer las materias que debían ser reguladas por esta vía extraordinaria, las cuales se referían solo a aspectos relacionados con los empleados del orden nacional».
En este orden de ideas, no es posible beneficiar al demandante con el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, atendiendo a su calidad de empleado del orden territorial.
Por otra parte, el apelante manifestó que debe reconocérsele la prima técnica por virtud del Decreto 1919 de 2002, que equiparó prestacionalmente a los empleados territoriales con los nacionales; al respecto debe esta Sala precisar que dicha norma únicamente extendió el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden territorial; y conforme al literal e) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, la prima técnica es un factor salarial, razón por la cual dicho argumento tampoco tiene vocación de prosperidad.
Por lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó las súplicas de la demanda.
De acuerdo con la posición fijada por esta subsección, si bien el demandante resulta vencido, no se le condenará en costas debido a que no hubo intervención en segunda instancia de la entidad demandada.
CONFÍRMASE la sentencia del 18 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.
Consejeros: Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suárez Vargas—William Hernández Gómez».
2 Como quiera que esta sala de subsección se ha pronunciado recientemente sobre asuntos de similares contornos, se remitirá a lo considerado, entre otras, en la sentencia de 1º de febrero de 2018, Rad. 73001233300020130033701 (1655-14). Actor: Doris Mery Gil Mesa.
3 Ley 60 de 1990 «Por la cual se reviste el Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas en relación con los empleados del sector público del orden nacional».
«ART. 2º—De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para adoptar las siguientes medidas en relación con los empleos de las distintas ramas y organismos del poder público [...]...
3. Modificar el régimen de la prima técnica, para que además de los criterios existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado a la evaluación del desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto, se determinará el campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento, requisitos y criterios para su asignación».
4 «Por el cual se modifica el régimen de prima técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones».
5 «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991».
6 Artículo 1º, inciso segundo.
7 Rad. 11995, Sentencia de 19 de marzo de 1998.
8 Véanse las sentencias del 28 de octubre de 2015, Rad. 2445-2014 y del 30 de julio de ese año, 4251-13.
9 Sentencia del 20 de marzo de 2014, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Exp. 1919-13.