Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-527-09.htm
Timestamp: 2018-12-18 11:21:10
Document Index: 369817346

Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 99', 'artículo 105', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 410', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 228', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 359', 'artículo 528']

T-527-09
Sentencia T-527/09
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto el actor cuenta con el recurso de habeas corpus
ACCION DE TUTELA EN PROCESO PENAL-Improcedencia por cuanto el retraso se encuentra justificado ante la congestión judicial
Referencia: expediente T-2242657
Bajo tales argumentos, señaló como “perentorio otorgar la libertad” al accionante, en aplicación del numeral 2° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, pues de llegar a ser condenado por cualquiera de las conductas imputadas, “en este momento tendría derecho a la libertad por pena cumplida si se computa el término efectivo de detención física a partir del 8 de junio de 2005 y hasta la fecha, adicionándose las horas de estudio y trabajo debidamente certificadas y que se aportan con esta tutela”.
Planteó entonces que al señor Gélvez Colmenares se le ha conculcado el derecho al debido proceso, los términos legales han sido desconocidos y se encuentra detenido arbitrariamente. Así, realzó la obligatoriedad no sólo de que se dicte sentencia, “sino que se le otorgue la libertad provisional para resarcir al menos en un mínimo el daño irreparable que se le ha causado por la negligencia del funcionario que debía haber fallado el proceso hace más de dos años”.
1. Poder otorgado por el señor Rufino Gélvez Colmenares (f. 6 cd. inicial).
2. Audiencia pública celebrada en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja en julio 26, agosto 31 y septiembre 22 de 2006 (fs. 7 a 49 ib.).
3. Certificaciones de trabajo y estudio expedidas por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita (fs. 50 a 56 ib.).
Luego de una incidencia de competencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante auto de enero 13 de 2009 (fs. 66 y 67 ib.), admitió la tutela y ordenó oficiar al juzgado accionado para que informara acerca de algunos aspectos relacionados con el objeto de la misma.
La titular del referido despacho, mediante oficio de enero 19 de 2009 (fs. 72 y 73 ib.), indicó que allí cursa proceso contra Rufino Gélvez Colmenares, como presunto autor de los delitos de secuestro extorsivo, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.
La funcionaria también planteó que el “retardo” para proferir la respectiva decisión, al igual que otras similares presentadas por otros procesados, “obedece precisamente a la carga laboral con la que actualmente cuenta este Juzgado, con conocimiento de sistemas como el previsto en la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004, que no permiten cumplir con los términos legales previstos, pues es hecho conocido que este Juzgado Penal del Circuito Especializado, es el único que funciona con competencia territorial en el Distrito Judicial de Tunja, recibiendo procesos debidamente instruidos por dos Fiscalías Especializadas (Ley 600/2000) y dos Fiscalías Especializadas (Ley 906 de 2004), para trámite ordinario y anticipados, además de algunos procesos instruidos por Fiscalía General de la Nación – UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”. Situación que “se está haciendo saber al procesado en la fecha mediante oficio No. 67.”
Finalmente, aseveró: “Las diligencias con preso más antiguas, observando el orden cronológico de entrada de procesos al Despacho para fallo, registran ingreso en el mes de septiembre de 2005. Y sin preso en el mes de enero de 2004, orden que se observa se respeta, pues la labor en cada uno de los procesos se torna dispendiosa por la naturaleza y número de acusados en los asuntos de competencia de la Justicia Especializada, por lo que deja a consideración de esa H. Sala Penal la decisión pertinente, frente a la acción de tutela promovida por el procesado Rufino Gélvez Colmenares, no sin antes señalar igualmente la labor funcional mixta atribuida a este Despacho Judicial, ahora con desplazamientos al Distrito de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, para atender diligencias del Nuevo Sistema Penal acusatorio.”
A su vez, mediante oficio de enero 20 de 2009 (f. 75 ib.) la secretaria del Juzgado accionado informó al a quo, que mediante auto interlocutorio de enero 19 se “negó la petición de libertad provisional solicitada por la defensora del procesado Gélvez Colmenares” (fs. 76 a 87 ib.).
Mediante providencia de enero 26 de 2009 (fs. 89 a 103 ib.), la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja denegó el amparo solicitado argumentando que no existe vulneración al debido proceso, pues a pesar de que en el proceso que se adelanta contra el demandante no se ha emitido sentencia de fondo, no se demostró que el Juzgado accionado haya actuado con negligencia, falta de diligencia y celeridad en el trámite del expediente o las peticiones elevadas.
Finalmente, ordenó al accionado informar al demandante “cuál es la cantidad exacta de procesos que hay por atender en el Juzgado, cuál es el turno que su proceso tiene para ser fallado, qué circunstancias determinan la asignación de ese turno y cuál sería la fecha en que, conforme a las proyecciones del juzgado, se producirá la sentencia pertinente” (f. 102 ib.).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de marzo 12 de 2009 confirmó la sentencia objeto de impugnación, atendiendo a que en el presente evento la acción es improcedente, como quiera que la tutela se caracteriza por la subsidiariedad y la residualidad, lo cual impide utilizarla como mecanismo para lograr la intervención del Juez constitucional en procesos que se encuentran en trámite.
Así, planteó que el demandante cuenta con medios idóneos de defensa para reclamar la protección de las garantías que considera vulneradas, insistiendo en que se profiera sentencia de primera instancia e impugnarla según el caso. Adicionalmente, puede acudir al instituto de la recusación, en aplicación de los artículos 99 y 105 de la Ley 600 de 2000, “el cual es posible proponerlo cuando el funcionario judicial incurre en mora injustificada para resolver los asuntos sometidos a su consideración…”.
3.1. El inciso 3° del artículo 86 de la Constitución dota la acción de tutela del presupuesto de subsidiariedad, como requisito para su procedencia, esto es, que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los eventos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En desarrollo de la norma superior, en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 taxativamente se consagraron las causales de improcedencia de la acción de tutela, entre otras, cuando para proteger el derecho pueda invocarse “el recurso” de hábeas corpus (num. 2°).
3.2. Varios instrumentos internacionales[1] y en el ordenamiento interno la Carta Política (art. 30) y la Ley 1095 de 2006 (art. 1°) consagran el derecho fundamental al hábeas corpus[2], por tratarse de una garantía intangible[3] y de aplicación inmediata, que resulta ser la más importante forma de protección de la libertad personal.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. 27.417, mayo 2 de 2007, M. P. Yesid Ramírez Bastidas), acogiendo precedentes de la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales referidos, efectuó una interpretación sistemática de esa acción sui generis, sintetizando como características principales las de ser cautelar, preferente, célere, impugnable, controvertible, jurisdiccional, informal, breve y sumaria, sencilla, especifica y eficaz. Igualmente, se precisó que la procedencia para la protección acontece ante la privación o la prolongación ilícitas de la libertad.
Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187 de marzo 15 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández[4], puntualizó que el hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad personal “sino que permite controlar además, el respeto a la vida e integridad de las personas, así como impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que él cumple una finalidad de protección integral de la persona privada de la libertad”.
3.3. Así, la causal de improcedencia de la tutela ante la existencia de otra acción constitucional como el hábeas corpus aplica en aquellos eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo estarlo ilegalmente, por sí o por interpuesta persona acude al amparo al considerar que esa garantía fundamental puede estar siendo vulnerada como consecuencia de una acción u omisión de una autoridad pública. Acorde con la jurisprudencia de esta corporación[5] en esos supuestos el amparo resulta improcedente, aún como mecanismo transitorio, pues el hábeas corpus es un medio idóneo y efectivo, aún más expedito que la tutela, para proteger la libertad, por ser el término de treinta y seis horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 1095 de 2006) más corto para resolver sobre lo pretendido.
Bajo esos supuestos el amparo incoado no supera el presupuesto de subsidiariedad, como quiera que ese principio se encamina a “evitar que la acción de tutela llegue a desarticular el sistema jurídico, pues no debe olvidarse que el primer llamado a proteger los derechos fundamentales es el juez ordinario”[6].
Al igual que la tutela, la acción de hábeas corpus es excepcional, pues no puede ser “un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo de los procesos penales ordinaria y legalmente establecidos como para que a través de ella se posibilite debatir los extremos que son ajenos al trámite propio de los asuntos en que se investigan y juzgan hechos punibles toda vez que se trata de un medio excepcional de protección de la libertad…”. Tampoco puede otorgársele “un alcance y una ilimitación tales que desnaturalice el esquema señalado por el legislador para el trámite de los procesos y en ese orden el Hábeas Corpus no se constituye en medio a través del que se pueda sustituir al funcionario judicial penal que conozca del determinado proceso en relación con el cual se demande el amparo de la libertad, por eso al juez de Hábeas Corpus no le es dado inmiscuirse en los extremos que son esenciales del proceso penal, no le es posible por ello cuestionar los elementos del punible, ni la responsabilidad de los procesados, ni la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, ni la labor que a ese respecto desarrolle el funcionario judicial.”[7]
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha precisado que la acción de hábeas corpus no procede cuando se presenta una ruptura del principio de subsidiariedad. La procedencia está supeditada a que la persona privada ilegalmente de la libertad haya acudido a los medios legales previstos dentro del proceso, previendo así su uso desmedido y la pretermisión de las instancias, pues en caso contrario “el juez constitucional podría incurrir en una injerencia indebida sobre las facultades jurisdiccionales del operador natural de la causa.”[8]
4.1. Como indicará la Corte Constitucional[9] el artículo 29 superior consagra el derecho de todo sindicado a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, que junto con los artículos 28 y 228[10] ibídem fueron desarrollados por la Ley 270 de 1996 donde se señalaron una serie de principios que rigen la administración de justicia, entre ellos la celeridad (art. 4°)[11], la eficiencia (art. 7°) y el respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
En el mismo pronunciamiento que se acaba de referir se explicó (no está en negrilla en el texto original): “Esas normas deben ser interpretadas sistemáticamente, de modo que permiten establecer que los funcionarios judiciales tienen la obligación de adelantar las actuaciones de forma célere y diligente, al tiempo que conlleva la observación de los términos procesales consagrados constitucional y legalmente para el cumplimiento de las actuaciones que se adelantan.”
Las normas arriba referidas cuentan con el respaldo de algunos instrumentos internacionales ya reseñados según los cuales, tratándose de la sustanciación de procesos penales, toda persona privada o no de la libertad tiene el derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas, o a ser puesta en libertad en caso contrario[12].
En estudio de esas disposiciones esta corporación mediante sentencia T-1249 de diciembre 16 de 2004, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, señaló que acorde con el desarrollo jurisprudencial del Comité y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido acogidos los parámetros establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos, según la cual la razonabilidad del plazo que media para resolver un asunto se determina según: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis global del procedimiento.”
En aquella oportunidad, efectuando un recuento de algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, se reiteró que el mero incumplimiento de los términos procesales no constituye per se violación al debido proceso[13], justificándose el retraso cuando la autoridad censurada, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e ineludibles”[14], como el exceso de trabajo, que le impiden cumplir con los plazos fijados en la ley para tal efecto.
4.2. Cabe recordar que en la Ley 446 de 1998[15], se insistió que el incumplimiento de los términos procesales conlleva sanciones a imponer por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura y la vigilancia del cumplimiento de los mismos corresponde a las respectivas Salas Administrativas (art. 17).
Igualmente el inciso primero[16] del artículo 16 de la referida Ley, preceptúa que los Jueces deben dictar las sentencias dentro de los procesos de las diferentes jurisdicciones, “en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda altearse”. Como excepciones para modificar la prelación de ese sistema, únicamente, se consagraron: (i) los casos de sentencia anticipada o de prelación legal; y, (ii) en materia Contencioso Administrativa, en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, por la importancia jurídica y trascendencia social del mismo. En los demás eventos, según el inciso 2° ibídem la alteración de aquel método es causal de mala conducta.
En otras palabras, y como lo destacan varios reconocidos autores foráneos[17], el problema de la mora judicial no depende exclusivamente de los jueces que deben resolver los procesos. Tratándose de la multicausalidad de estas contrariedades es particularmente ilustrativa la exposición de motivos dentro del trámite legislativo que antecedió a la expedición de la Ley Estatuaria 1285 de 2009[18], en la cual se analizaron detalladamente las causas que han hecho crítica la congestión de los estrados judiciales.
Por todo lo anterior, aunque no se desconoce la afectación que para los ciudadanos deviene de las trabas en la resolución de sus conflictos, la forma para mantener la equidad entre aquéllos es la estricta conservación de los mecanismos más ecuánimes para resolver los asuntos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, como es el caso de seguir el estricto orden cronológico de los trámites. Ello, sin menoscabo de aquellas excepciones razonadas, impuestas por la Constitución o la ley, para dar prelación a ciertas acciones, recursos, peticiones o trámites.
Debe recalcarse que la solicitud de libertad efectuada por la defensa del señor Rufino Gélvez Colmenares fue resuelta desfavorablemente, mediante auto interlocutorio de enero 19 de 2009 (fs. 76 a 87 cd. inicial), contra el que procedían los recursos ordinarios, como así se le hiciera saber en esa oportunidad (f. 86 ib.).
Igualmente, como explicó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver la impugnación, podía solicitarse a la señora Juez declararse impedida, acorde con el numeral 7° del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, que establece como causal que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, “a menos que la demora sea debidamente justificada”. Y, en caso de resolverse desfavorablemente acudir a una figura como la recusación, según lo establece el artículo 105 ibídem.
Ahora, como ha establecido la Corte Constitucional en desarrollo del inciso 3° del artículo 86 superior, hay lugar a la procedencia de la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamentó este instrumento de amparo, señala que la existencia de esos medios de defensa principales debe ser apreciada en concreto, en lo que respecta a su eficiencia, frente a las circunstancias particulares en las que se encuentra el solicitante.
Así, el perjuicio irremediable se estructura cuando: “(i) los medios de defensa ordinarios no sean idóneos para evitar o poner fin a la vulneración del derecho fundamental invocado, y (ii) que en el caso concreto se requiera de medidas urgentes e impostergables para evitar la consumación del perjuicio irremediable, así existan otros medios de defensa judicial, pero no expeditos, para la protección de los derechos afectados.[19]”
La importancia de ese estudio preliminar radica en que determinar la procedencia de la tutela antecede al análisis de la presunta vulneración o no de un derecho fundamental, pues son situaciones fácticas y jurídicas distintas el que la acción sea declarada improcedente, a cuando se estudia de fondo el asunto pero se encuentra que no existe la afectación de las garantías que se invocan (T-536A de junio 12 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
En el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, por ser el único despacho judicial de esa categoría en la localidad, se debe atender una carga laboral excesiva, no sólo en el juzgamiento de causas propias de los sistemas procesales contenidos en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, sino en la atención de las diferentes solicitudes que dentro de esas actuaciones deben tramitarse. Sin olvidar que en la mayoría de esos procesos el sujeto pasivo de la acción penal se encuentra cobijado con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva[20] en establecimiento carcelario o domiciliaria. De ese modo los demás enjuiciados por el despacho accionado, en principio, se encuentran en la misma situación del aquí demandante, salvo que hayan obtenido la libertad por alguna de las causales consagradas en el estatuto procesal penal respectivo.
Igualmente como indicó la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, los procesos de competencia de los Juzgados Penales Especializados revisten una gran seriedad y dedicación, propia de cualquier actuación en la que se juzgue una presunta conducta típica, al estar de por medio no sólo la libertad de una persona sino los intereses de las víctimas y de la sociedad, pero de gran relevancia debido a los graves delitos que allí se juzgan[21].
Bajo esos supuestos, acceder a una petición como la elevada por el señor Rufino Gélvez Colmenares, sin observar la particular situación de congestión que se presenta en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, afectaría no sólo los derechos a la igualdad y al debido proceso de los distintos encausado, sino de otros sujetos procesales que, como en el procedimiento consagrado en la Ley 600 de 2000, son la Fiscalía, el Ministerio Público y la parte civil, cuando las víctimas se han constituido como tal.
Si bien el inciso 2° del artículo 410 ibídem establece un término de carácter legal, según el cual una vez finalizada la audiencia pública con la intervención de los sujetos procesales, el Juez decidirá dentro de los 15 días siguientes[22], ese plazo resulta difícil de acatarse en la práctica no sólo por el cúmulo de procesos que se deben adelantar, sino por que existen algunos supuestos que legítimamente relegan ese término. Un ejemplo, consagrado en la Carta Política es la prioridad que el constituyente le otorga a las acciones de hábeas corpus y de tutela, que deben tramitarse de forma preferente.
Otra excepción al término legal referido, consagrada en el estatuto procesal penal del 2000, es la prioridad que se le otorga a los casos en los cuales el procesado, durante la instrucción o el juzgamiento se acoge a sentencia anticipada, reduciéndose el término para resolver de fondo a 10 días (art. 40 inc. 3°).
En asocio a lo anterior, aunque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas transitorias de descongestión[23], exclusivamente para aliviar la carga del despacho accionado, razón le asiste al a quo cuando con total propiedad y conocimiento directo de lo acontecido en el distrito judicial de Tunja, afirmó que esas previsiones no han sido suficientes.
Durante el interregno de la presente acción, mediante Acuerdo Nº PSAA09-5629 de marzo 18 de 2009, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, resolvió crear transitoriamente, a partir de abril 13 y hasta diciembre 18 de 2009, “un (1) cargo de Juez Penal de Circuito Especializado nominado y un (1) cargo de Sustanciador nominado, adjuntos, para trámite y fallo, en el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Tunja” (art. 1º)[24].
Pero, tan exorbitante resulta la situación que acontece en el despacho accionado, que según informó su titular, al momento de contestar la tutela tenía al despacho 138 procesos para trámite ordinario y anticipado con preso y sin preso, encontrándose el expediente del señor Rufino Gélvez Colmenares en el turno de ingreso 90 (fl. 72 cd. inicial). En ese orden cronológico, las diligencias con persona privada de la libertad con ingreso más antiguo corresponden a septiembre de 2005 y sin esa condición datan de enero de 2004, es decir, respectivamente, uno o dos años antes de que culminara la audiencia pública en el proceso seguido contra el hoy demandante.
Como quiera que los retrasos se encuentran debidamente justificados, no hay lugar al amparo del debido proceso invocado; simplemente estamos ante una situación crítica de congestión judicial debido a la problemática de estructura que se presenta, en lo que respecta a las competencias del juzgado accionado, dada la carga laboral de asuntos tan complejos y delicados como los de competencia de un despacho de esa categoría, los cuales son asumidos por un solo Juez.
5.6. Dada la traumática situación evidenciada, se ordenará remitir copias de esta decisión a las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Tunja, y se les instará para que prontamente, de no haberlo hecho aún, adopten las medidas necesarias adicionales a las incluidas en el Acuerdo Nº PSAA09-5629 de marzo 18 de 2009, que consideren necesarias para superar la grave problemática presentada en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de ese Distrito Judicial.
Primero.- CONFIRMAR el fallo de marzo 12 de 2009, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual fue confirmado el de enero 26 del mismo año, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, dentro de la acción de tutela instaurada por Rufino Gélvez Colmenares contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado esa ciudad.
Segundo.- A través de la Secretaría General, REMITIR copias de esta decisión con destino a la Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Tunja, e INSTARLOS para que prontamente, de no haberlo hecho aún, adopten las medidas adicionales a las incluidas en el Acuerdo Nº PSAA09-5629 de marzo 18 de 2009, que consideren necesarias para superar la grave problemática presentada en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de ese Distrito Judicial.
Tercero.- Por la Secretaría General, REMITIR copias de esta decisión a la Procuraduría General de la Nación y al Procurador Judicial Delegado ante el Juzgado Penal del Circuito de Tunja, para que efectúen el seguimiento de las medidas que se adopten para superar la congestión en ese despacho judicial, así como de los trámites dentro de los procesos que allí se adelantan, en particular el del señor Rufino Gélvez Colmenares.
[1] La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 8° y 9°); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (art. XXV); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 9°); la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 7°); y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de 1988 (principio 32).
[2] La Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, define esta figura como un derecho fundamental y, a la vez, como una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de aquélla con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolonga ilegalmente.
[3] El artículo 4° de la Ley 137 de 1994, por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia, consagra el hábeas corpus como un derecho intangible.
[4] En esa oportunidad la Corte Constitucional, entre otras determinaciones, declaró exequible, por carecer de vicios de procedimiento, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 284 de 2005 Senado y No. 229 de 2004 Cámara, “por medio de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, que se convertiría en la Ley 1095 de 2006.
[5] Ver, entre otras, T-839 de octubre 10 de 2002 y T-054 de enero 30 de 2003, ambas con ponencia de Álvaro Tafur Galvis.
[6] T-054 de 2003, previamente referida.
[7] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, rad. 27.660 de junio 7 de 2007, M. P. Alfredo Gómez Quintero.
[8] Rad. 28.747 de noviembre 15 de 2007, M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Sobre el principio de subsidiariedad del hábeas corpus también puede consultarse la sentencia de abril 21 de 2008, rad. 29.638, M. P. Javier Zapata Ortiz, según la cual “si la persona es privada de la libertad por decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de un proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser formuladas inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su negativa deben interponerse los recursos ordinarios, antes de promover una acción pública de hábeas corpus.”
[9] C-1198 de diciembre 4 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[10] El artículo 228 de la Constitución señala que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
[11] El artículo 4° de la Ley 270 de 1996 fue modificado por el artículo 1° de la Ley 1285 de 2009, cuyo inciso primero preceptúa (no está en negrilla en el texto original): “Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar…”. (Mediante sentencia C-713 de julio 15 de 2008, la Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de Ley Estatutaria No. 023 de 2006 Senado y No. 286 de 2007 Cámara que se convertiría en la Ley 1285 de 2009, por carecer de vicios de procedimiento en su formación. En esa oportunidad los incisos 1° y 2° del artículo 1° ibídem fueron declarados condicionalmente exequibles “en el entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con las reglas procedimentales que fije el Legislador.”).
[12] La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXV); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8°); y, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (principio 38).
[13] Parámetro reiterado en la sentencia T-1154 de noviembre 18 de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) siguiendo lo establecido, entre otras, en la T-604 de diciembre 12 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), donde se expresó: “El mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión.” Al respecto también puede consultarse la T-190 de abril 27 de 1995 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), entre muchas otras.
[14] Cfr. T-1154 de 2004, ya referida.
[15] Por medio de la cual se adoptaron como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modificaron otras del Código de Procedimiento Civil, fueron derogadas distintas preceptivas de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modificaron y expidieron normas del Código Contencioso Administrativo y disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
[16] Esa preceptiva fue declarada exequible mediante providencia C-248 de abril 21 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, al considerar que se trata de una medida legítima que busca garantizar el derecho a la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la administración de justicia, al establecer el criterio aplicable para decidir el orden en que se van a proferir las sentencias.
[17] Cfr. sobre este tema, entre otros, Miguel Revenga Sánchez, “Los retrasos judiciales: ¿Cuándo se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones?”, Ed. Tecnos, Madrid, 1992 (pág. 18) y Placido Fernández-Viagas Bartolomé, “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Ed. Civitas, Madrid, 1994 (pág. 98).
[18] Ver Gaceta del Congreso 245 de julio 25 de 2006 (págs. 21 a 27).
[19] T-538 de julio 13 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] Acorde con el artículo 11 del Capítulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000: “En los procesos por delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado se procederá en todos los casos a la privación de la libertad, sin dar aplicación a lo señalado en el inciso 1° del artículo 359 de este código.” Para los delitos cometidos con posterioridad a enero 1° de 2005 se aplicará la Ley 906 de 2004, atendiendo el proceso de implementación establecido en el artículo 528 ibídem.
[21] Los artículos 5° del Capítulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000 y 35 de la Ley 906 de 2004, establecen los delitos que, en primera instancia, son competencia de los jueces penales del circuito especializado.
[22] Cabe recordar que la norma referida contenía un tercer inciso, cuyo tenor era: “En los casos en que el juez tenga certeza a cerca de la responsabilidad o de la inocencia del procesado, al finalizar la audiencia anunciará el sentido del fallo y procederá a su redacción y motivación dentro de los cinco días siguientes”, éste fue declarado inexequible mediante sentencia C-760 de julio 18 de 2001, Ms. Ps. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
[23] La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja (fl. 100 cd. inicial) puntualizó que mediante Acuerdo 4021 de abril 18 de 2007, se crearon transitoriamente, a partir de mayo 1° hasta diciembre 31 de 2007, dos cargos de sustanciador nominado (el primero para elaborar 10 proyectos de sentencias mensuales y el otro 15 providencias interlocutorias, en el mismo lapso). Y, mediante Acuerdo 5301 de noviembre 5 de 2008, se creó transitoriamente un juzgado de descongestión, a partir de noviembre 5 hasta diciembre 31 de 2008, para tramitar diez procesos.
[24] El parágrafo del artículo transcrito preceptúa que el nombramiento se efectuará, “una vez la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja certifique la disponibilidad de espacios físicos y de infraestructura tecnológica”.