Source: https://libexmexico.wordpress.com/2012/03/15/aprueba-el-congreso-mexicano-la-federalizacion-de-los-delitos-contra-periodistas-y-medios-de-comunicacion/
Timestamp: 2018-09-20 09:37:02
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Aprueba el Congreso mexicano la federalización de los delitos contra periodistas y medios de comunicación | CEPET - Libertad de Expresión
México, 14 de marzo 2012.- Por unanimidad, 95 miembros del Senado de la República aprobaron en su sesión del 13 de marzo la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dará mayor competencia jurídica a las autoridades federales para atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo.
Con el aval del Senado concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, dado que la reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre de 2011.
Para que la reforma del artículo 73 Constitucional quede totalmente concluida, aún debe ser aprobada en al menos 17 de los 32 los Congresos estatales. Y luego, para su aplicación, deberán primero ser reformadas varias leyes secundarias las cuales no han sido precisadas por el Congreso.
La enmienda constitucional dispone que : “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”.
La reforma en cuestión estuvo en preparación y debates casi tres años en las dos Cámaras del Congreso, dentro de este sexenio del gobierno de Felipe Calderón en el que se han incrementado en intensidad y número las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta que del año 2000 al 2011, diez años de dos gobiernos federales emanados del Partido Acción Nacional, 75 periodistas han sido asesinados en el país y 14 fueron desaparecidos.
Analistas del tema han advertido que el nuevo párrafo del artículo 73 Constitucional es aún insuficiente para tratar los delitos cometidos tendientes a frenar el ejercicio del periodismo, puesto que al establecer que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común”, el verbo poder en tiempo futuro conserva para las autoridades la libre decisión de qué casos ocuparse y de cuáles no, lo que significa que no las obliga a tratar todos los casos.
En los hechos, la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo ha tenido la facultad de atraer para su investigación los delitos que considera de relevancia para la sociedad.
Además, dentro de la estructura de la PGR fue creada en el presente sexenio gubernamental (2006-2012), el 5 de julio de 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), organismo que después de la reforma del artículo 73 Constitucional seguirá a cargo de la investigación de los ataques cometidos contra periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría federal el 13 de marzo.
En su más reciente informe, la FEADLE indica que de 2000 a junio de 2011 se registraron en México 75 homicidios de periodistas y más de la mitad de los casos (54 por ciento) ocurrieron en Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.
En el mismo periodo, según el informe de la institución, se registraron oficialmente 13 desapariciones y 23 atentados contra medios de comunicación en los que se emplearon desde granadas hasta coches bomba.
Con relación a resultados, el documento indica que de septiembre de 2010 a junio de 2011, la FEADLE contaba con 92 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas o medios de comunicación, de las cuales concluyó que había evidencia de ilícitos en 15 expedientes en los que se decretó el ejercicio de la acción penal contra los presuntos responsables y de éstas, 13 fueron sin detenido.
Las cifras de la Fiscalía Especial son por lo menos desalentadoras, pues reflejan su nulo avance en el esclarecimiento de los 111 (la suma de 75 homicidios de periodistas, 13 desapariciones y 23 tentados contra medios de comunicación) delitos de alto impacto cometidos en el último decenio contra periodistas y medios de comunicación reconocidos por la misma institución.
Añade el informe que 30 de las 35 personas consignadas ante un juez por la PGR entre septiembre de 2010 y junio de 2011, como presuntos responsables de delitos cometidos contra periodistas, resultaron ser servidores públicos de los gobiernos federal, estatales y municipales, entre policías locales y federales, incluyendo a directivos de corporaciones policiacas, así como funcionarios de procuradurías de justicia o de ayuntamientos.
“Esta reforma, tardía, no alivia en nada el balance de 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en una década. Un balance agravado aún más, en este mandato presidencial que acaba, por la ofensiva federal contra el narcotráfico (http://es.rsf.org/mexique-campana-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39527.html) que se salda con más de 50.000 muertos. ¿Se hará justicia después de tantos años de impunidad y de sufrimiento? Al futuro gobierno federal, que será electo el 1 de julio de 2012, le corresponderá no olvidarlo. Y, en especial, poner a disposición de la FEADLE verdaderos medios de investigación”, dijo la organización Reporteros sin Fronteras en relación al alcance de la adición al artículo 73 Constitucional.
El CEPET reconoce que esta reforma representa un paso de las autoridades de México hacia una toma de conciencia y una voluntad política de combatir la impunidad en los crímenes y delitos cometidos contra periodistas y los medios de comunicación.
Asimismo, advierte que falta un largo camino por transitar, dado que la próxima etapa de la reforma del artículo 73 Constitucional debe pasar por los matices de los intereses de los gobiernos estatales, además de enfrentar el reto de lograr la modificación de leyes secundarias sin dejar vacíos o ambigüedades que puedan ser utilizados para la protección de los agresores de la libertad de expresión.
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