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Timestamp: 2018-07-19 09:11:20
Document Index: 288181803

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 48', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'artículo 56']

PENSAMIENTO CONTABLE: Proyecto de Ley 77 de 08-08-2012 Senado
Proyecto de Ley 77 de 08-08-2012 Senado
PROYECTO DE LEY 77 DE 2012 SENADO.
Por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan unas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 de 2009 y Ley 43 de 1990.
Artículo 1º. Del contador profesional. El artículo 1º de la Ley 43 de 1990 quedará así: ¿Del Contador Profesional? Se entiende por Contador Profesional la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional, estará facultada para realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, según se establece a continuación:
1. El Contador Profesional encargado de dar aseguramiento sobre la información financiera se denominará Contador Público y estará facultado para dar fe pública de los hechos propios de su profesión y dictaminar sobre estados financieros, así como ejercer cualquier actividad propia de la profesión. El Contador Público deberá ser independiente del ente auditado, de sus accionistas y de las entidades gubernamentales responsables del control y vigilancia de dicho ente.
2. El Contador Profesional que se dedique a otras actividades profesionales relacionada s con la ciencia contable en general, se denominará Contador Profesional Privado y no está facultado para dar fe pública ni para dictaminar sobre estados financieros, a menos que cambie su condición, para lo cual deberá dar cumplimiento y someterse a las pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.
3. El Contador Profesional, preparador de estados financieros para poder certificar los mismos, deberá cumplir con las exigencias de pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.
Artículo 2º. De la inscripción. Para obtener la inscripción como Contador Profesional se requiere el lleno de los requisitos señalados en el artículo 3º de la Ley 43 de 1990, excepto que la experiencia que debe acreditar en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y bajo supervisión de Contador Profesional, será de tres años adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos, esta exigencia aplicará tanto para el contador público como para el contador profesional privado.
Parágrafo. La inscripción como Contador Profesional deberá certificarse cada tres años, acreditando en la forma señalada por el Gobierno Nacional, el haber asistido a cursos de educación continua con una extensión no inferior a 80 horas en ese período, en universidades o en centros de educación no formal aprobados por la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya. Para el caso específico de los Contadores Públicos deberá acreditarse la asistencia a cursos de educación continuada en temas relacionados con estándares internacionales de aseguramiento y audi toría, así como en estándares internacionales de información financiera.
Artículo 3º. Creación de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública. Facultase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses contados a partir de la aprobación de la presente ley transforme la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, donde quedarán integrados el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Artículo 4º. De los bienes y recursos. Son bienes de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título.
Artículo 5º. Constituyen recursos de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, los derivados de:
Artículo 6º. Los ingresos, bienes y recursos de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, percibidos por concepto de la prestación de sus servicios, descritos en el artículo 5º, serán destinados a cubrir sus gastos de funcionamiento de esta unidad administrativa, sin perjuicio de los recursos que le transferirá el Gobierno Nacional para su óptimo funcionamiento.
Artículo 7º. Valor inscripción en el registro profesional. El valor de la inscripción en el registro profesional será equivalente a un salario mínimo mensual vigente (SMMV).
Parágrafo 1º. La Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, mediante reglamento interno, determinará el valor de sus servicios.
Parágrafo 2º. El registro profesional a que se refiere este artículo, aplicará a los contadores y sociedades de contadores que soliciten la inscripción a partir de la expedición de la presente ley.
Artículo 8º. De la naturaleza. El CTCP es el órgano de normalización de estándares de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información y además de orientación profesional en estos campos. En cumplimiento de sus funciones, está autorizado para emitir documentos técnicos y orientaciones en las materias a su cargo, siempre y cuando no excedan o contradigan las normas legales expedidas por el gobierno sobre estos temas.
Artículo 9º. De los miembros. Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán seleccionados así:
Parágrafo 1º. Los dignatarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán de dedicación exclusiva a esta actividad, de tiempo completo y harán parte de las respectivas plantas de personal y, a ellos así como a los funcionarios y asesores de esta entidad, se les aplicarán en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, reglas para manejo de conflictos de interés y demás normas consagradas en la Ley 734 de 2002 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Los dignatarios no podrán ejercer la profesión durante su encargo, con excepción de la docencia.
Parágrafo 2º. El presidente del CTCP será elegido entre sus miembros por un año, pudiendo ser reelegido.
Parágrafo 3º. El período de los miembros del CTCP, será de cuatro años con la posibilidad de reelección por un solo período.
Parágrafo 4º. El CTCP, en coordinación con las Superintendencia y Entidades que en la actualidad emiten los planes únicos de cuentas buscarán los mecanismos para minimizar el número de estos como modelo instrumental de las normas que emitirá esta entidad, sin perjuicio de los reportes y demás información que podrán solicitar las Superintendencia para el adecuado control a sus entes controlados. Finalizado este ejerció los planes únicos de cuentas será administrados por el CTCP.
Artículo 10. El parágrafo del artículo 1º de la Ley 1314 quedará así:
¿las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria ni a la contabilidad financiera gubernamental, de competencia del Contador General de la Nación. En el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta y demás entidades comerciales públicas, aplicarán los estándares de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la Información emitidos por el gobierno nacional en la forma dispuesta en la Ley 1314 de 2009¿.
Artículo 11. Reorganización del CTCP. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública como ente de normalización y orientación, funcionará a través de una sala general y de cuatro salas técnicas, a saber:
Sala de Estándares de Aseguramiento y Auditoría de la Información Financiera, Control de Calidad y Código de Ética, a cargo de otros dos consejeros, elegidos entre los miembros del CTCP Sala de Consultas Técnicas, a cargo del consejero no elegido para las otras tres salas. Esta Sala tendrá la responsabilidad de resolver las consultas que los interesados eleven al CTCP sobre temas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. También tendrá la capacidad de interpretar las normas contables y de aseguramiento de la información, diferentes a los estándares internacionales, que rigen en el país.
Parágrafo. La Sala General será la responsable de aprobar y presentar el Direccionamiento Estratégico del CTCP, así como los Planes de Trabajo, las propuestas de normatividad y toda la información requerida en la Ley 1314 de 2009.
Artículo 18. Régimen disciplinario. El Tribunal de la Contaduría Pública ejercerá la facultad disciplinaria respecto de los contadores públicos, para la investigación y sanción de las faltas disciplinarias gravísimas, graves y leves, tal como se definen en esta ley.
Artículo 20. La culpa y la responsabilidad. Los contadores públicos responderán por sus acciones u omisiones y por las de sus dependientes, cuando se demuestre que han incumplido sus obligaciones, y que el incumplimiento fue culposo o doloso. Las sociedades de contadores públicos responderán por sus acciones u omisiones en relación con su deber de supervisión sobre el revisor fiscal o auditor designado, sus dependientes o empleados.
Artículo 21. Reglas para apreciar la diligencia del contador público. Para valorar los hechos con base en los cuales se cuestione la diligencia del contador público, debe considerarse que sus obligaciones por ser el desarrollo de una profesión liberal son de medio, particularmente cuando el contador público actúa como Revisor Fiscal o auditor externo de un ente económico, con fundamento en lo cual debe tenerse en cuenta que:
Los contadores profesionales, no están obligados a informar hechos irregulares cuando estos ya hayan sido conocidos por quienes tienen interés jurídico en conocerlos, o por las autoridades competentes.
El revisor fiscal o auditor externo no incurre en culpa cuando su incumplimiento se derive de la negativa a darle acceso oportuno a la información completa, o porque esta se le oculte o tergiverse.
El revisor fiscal o auditor externo tienen deber de guardar secreto sobre los asuntos conocidos en ejercicio de su profesión, salvo en las materias, en las oportunidades y respecto de las personas a las que la ley y los contratos dan en forma expresa el derecho a recibir informes de ellos.
El revisor fiscal o auditor externo no serán responsables cuando se utilice un informe suyo para fines distintos de los previamente determinados por las normas legales o, en su caso, acordados con el contratante.
El revisor fiscal o auditor externo no serán responsables de los actos de los administradores del ente económico.
Artículo 22. De las faltas disciplinarias de los contadores públicos. Son faltas disciplinarias las siguientes:
a) Haber sido condenado por delitos contra la fe pública o la propiedad por razón del ejercicio de sus funciones;
b) Haber ejercido cualquiera de sus funciones durante el tiempo en que se le falló una sanción de suspensión o cancelación de la inscripción como contador público;
c) Haber obtenido el nombramiento o la designación o la inscripción de la revisoría fiscal con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados;
d) Haber ejercido funciones cuando pesa sobre el revisor fiscal o auditor una enajenación mental, embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarada, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la revisoría fiscal o la auditoría.
e) Incurrir en la violación de reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de sus funciones;
f) Aceptar dádivas o gratificaciones que puedan comprometer la independencia de sus actuaciones;
g) Violar las normas de ética profesional;
h) Prestar servicios como contador a las personas naturales o jurídicas en donde haya ejercido sus funciones, dentro del término de un año contado a partir de la fecha de la renuncia o remoción de sus funciones;
i) Las previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990;
j) Ejercer las funciones en contravención de las normas o estándares de información financiera, auditoría y aseguramiento de la información;
k) Desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión.
l) Utilizar la persona jurídica como instrumento para la comisión de delitos contra la fe pública.
Parágrafo 1º. También se consideran faltas graves las mencionadas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
Parágrafo 2º. Para las personas jurídicas elegidas para la revisoría fiscal o la auditoría externa así como para las personas naturales elegidas o designadas para actuar como revisor fiscal o auditor externo, cuando se mencionen las normas sobre la manera de ejercer la profesión o las de la ética profesional o las normas legales o jurídicas vigentes, tales expresiones deberán entenderse referidas a los estándares de aseguramiento y auditoría.
Artículo 23. Sanciones por faltas disciplinarias. El Tribunal de la Contaduría Pública podrá imponer las siguientes sanciones:
b) Multas, cuya cuantía máxima no excederá de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
Parágrafo 1º. Las decisiones de Suspensión y de Cancelación de la matrícula profesional a un contador público o a una sociedad de contadores públicos, requiere el voto de siete de los nueve miembros de la Sala General. Las demás decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión.
Parágrafo 2º. Quien se inscriba como contador público no podrá haber sido condenado por delitos contra la fe pública o la propiedad durante los 5 años anteriores a la inscripción.
Parágrafo 3º. Los contadores públicos que a sabiendas actúen en nombre o representación de firmas o empresas que desarrollen actividades propias de la Contaduría Pública sin estar debidamente inscritas ante el TCP, serán objeto de sanción en los términos de la presente ley.
1.2 Guía del reglamento de funcionamiento interno de las actuaciones administrativo disciplinarias del Tribunal de la Contaduría Pública. Los reglamentos de funcionamiento interno que apruebe el Tribunal de la Contaduría Pública ¿ relativos a las actuaciones administrativo-disciplinarias- deberán atender lo previsto en este artículo y en particular los siguientes lineamientos:
a) El traslado al investigado de todas y cada una de las pruebas y su posibilidad de contradicción;
b) La formulación de los cargos imputados deberá contener, de manera clara y precisa, las infracciones disciplinarias en que presuntamente se incurrió por los hechos o conductas objeto de investigación;
c) Las actuaciones administrativo disciplinarias tendrán libertad probatoria. En tal sentido, en los procedimientos disciplinarios podrá emplearse cualquier medio de prueba legalmente recaudado, garantizando el derecho de contradicción respecto de ellas. En este sentido, en el reglamento de funcionamiento interno del Tribunal de la Contaduría Pública se deberá prever que el concepto técnico contable de los funcionarios del Tribunal de la Contaduría Pública no tendrá el carácter de prueba si no se cumplen los requisitos para su práctica y el traslado al investigado para el ejercicio del derecho de contradicción;
d) El pronunciamiento escrito que impone la sanción o exonera al imputado, deberá ser motivado y congruente con todos los cargos formulados;
e) El régimen sancionatorio aplicable a las personas naturales, contadores públicos, no se hará extensivo a las sociedades de contadores públicos, razón por la cual estas serán sancionadas conforme a las normas que expresamente así lo prevean.
2.3 Investigación disciplinaria formal. La decisión de apertura de investigación se notificará de forma personal al investigado; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio. Para la determinación de las faltas disciplinarias se deberán practicar las pruebas de acuerdo con las disposiciones que las regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.
2.5 Período probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que no los cumplan y se ordenará de oficio las que se consideren pertinentes, mediante acto motivado que señalará el término para su práctica.
El acto administrativo que cierre la investigación y corra traslado al investigado o a su apoderado se notificará personalmente o en su defecto por edicto emplazatorio.
2.8 Decisión de la actuación administrativa disciplinaria. La decisión que se adopte por el Tribunal de la Contaduría Pública se notificará personalmente; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio. La Sala Disciplinaria podrá fallar sobre los casos de faltas leves y graves e imponer sanciones de amonestación o multa. Para el efecto, podrá utilizar, según la gravedad, un sistema oral, para lo cual emitirá el reglamento respectivo que deberá ser aprobado en sala plena. Los procesos que impliquen sanciones de suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, deberán ser decididos en sala plena. Contra los fallos emitidos tanto por la Sala Disciplinaria como por la Sala Plena obra el recurso de reposición. Contra los fallos de la Sala Plena, obra también el de apelación.
a) Sanciones de amonestación, multa, suspensión y cancelación de la tarjeta profesional;
b) La decisión que se pronuncia sobre la nulidad;
c) La negación de la solicitud de copias al investigado o a su apoderado;
d) La negación de la solicitud de pruebas en etapa de investigación y en descargos, al investigado o a su apoderado;
e) La decisión de archivo y la decisión absolutoria.
2.13 Reserva. Las actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos disciplinarios que adelante el Tribunal de la Contaduría Pública tendrán el carácter de reservadas frente a terceros, lo cual incluye la persona natural o jurídica que interpone la queja, que es un tercero frente a la actuación administrativa disciplinaria. Las sanciones no serán objeto de reserva una vez en firme, esto es, ejecutoriado el acto administrativo que las impone y sin perjuicio de la aplicación del principio de revelación dirigida hasta tanto el acto administrativo no quede ejecutoriado no podrá considerarse como antecedente disciplinario.
2.14. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por faltas disciplinarias se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:
La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por las normas que rigen el ejercicio de la profesión y los principios que rigen el código de conducta.
La reincidencia en la comisión de la falta disciplinaria.
La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la falta disciplinaria, o cuando se utiliza persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.
El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas de la profesión.
Artículo 25. Régimen de integración normativa. En lo no previsto en esta ley se aplicarán en su orden las siguientes normas:
Artículo 26. Ente económico. Para efectos de la presente ley, se entiende por ente económico, tanto las personas naturales o jurídicas, como las sociedades de hecho, los consorcios, las uniones temporales y las demás empresas organizadas por virtud de contrato de colaboración empresarial así carezcan de personería jurídica.
Artículo 27. Autorización al Presidente de la República. Autorízase al Presidente de la República, para hacer los traslados, suspensiones y creaciones de los cargos que sean necesarios en las diferentes entidades que tocan con esta ley con el fin de optimizar las funciones, consultando los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Artículo 29. De la vigencia. Esta ley rige desde su promulgación y deroga el artículo 56 de la Ley 43 de 1993 y todas las disposiciones que le sean contrarias.
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