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Timestamp: 2019-09-18 07:38:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 99', 'artículo 266', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 39', 'artículo 175', 'artículo 99', 'artículo 107', 'artículo 17']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-11362
Documento BOE-A-2019-11362
«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2019, páginas 83688 a 83709 (22 págs.)
BOE-A-2019-11362
Primero.–Con fecha doce de Marzo del año dos mil diecinueve fue presentada en este Registro de la Propiedad, dando lugar al asiento de presentación 299 del libro Diario 114, Certificación del Acta de Adjudicación expedido por Doña V. C. R., Secretario de la mesa de Subasta, de la Dependencia Regional de Recaudación. Y Mandamiento cancelación de cargas posteriores expedido por doña M. P. A. C., Técnica de Hacienda de la Dependencia Regional de Recaudación.
Segundo.–En el citado acta se adjudica a R. R. G. C., la finca número 43387 del término municipal de Daimiel.
Tercero.–En el día de la fecha el documento al que se refiere el apartado anterior ha sido calificado por la Registradora que suscribe apreciando la existencia de defectos que impiden la solicitud de inscripción, con arreglo a los siguientes
Segundo.–En el presente caso se observan los siguientes defectos:
El artículo 107 del RGR, tras la reforma citada, dispone que "1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados: a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar, b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente, c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente.
La Disposición Transitoria Cuarta dispone que "Las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018".
Esta última interpretación resulta conforme, además, con los criterios interpretativos que determina nuestro legislador en el apartado primero del artículo 3 del Código civil, a los que a su vez se remite el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al disponer que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Si la dicción literal de la Disposición Transitoria 4.ª del RGR no deja lugar a dudas de que únicamente queda diferida al 1 de septiembre de 2018 la aplicación de las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subastas -entre las cuales no pueden entenderse comprendidas las normas relativas a una fase del procedimiento distinta de la subasta, como es la adjudicación directa, la interpretación teleológica de la reforma de este precepto, que -como bien señala la Exposición de Motivos-, no es otra que la de "simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad", debe conducir a que, en caso de duda sobre qué régimen aplicar a las adjudicaciones directas que se dicten como resultado de quedar desierta la subasta en licitaciones acontecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de septiembre de 2018, se prefiera aplicar el régimen nuevo, por ser éste más transparente y ágil y por potenciar la concurrencia.
Todo lo anterior no supone calificar el fondo de una resolución administrativa, sino calificar que la referida resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido y, por ende, los trámites e incidencias esenciales del mismo, no excediendo dicha calificación, por tanto, de los límites que previene el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 99 de su Reglamento de desarrollo. Así lo entiende la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que estima que la calificación de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y de los trámites e incidencias esenciales del mismo, "no supone pronunciamiento definitivo alguno en cuanto a la validez intrínseca del acto administrativo cuya inscripción se pretende, que queda reservado a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Véanse, por recientes, las Resoluciones de dicho Centro Directivo de 29 de julio de 2016, 13 de octubre de 2016, y, muy en concreto, 2 de abril de 2018 - Boletín Oficial del Estado de 13 de abril de 2018
2.º Estando el adjudicatario de los bienes casado en régimen de separación de bienes, no se ha acreditado la preceptiva previa inscripción de si régimen económico matrimonial en el Registro Civil. Dispone el artículo 266 del Reglamento del Registro Civil de 14 de Noviembre de 1958 que "(...) En las inscripciones que, en cualquier otro Registro, produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho. Se acreditarán los datos exigidos por certificación, por el Libro de Familia o por la nota a que se refiere el párrafo anterior, y de no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto subsanable (…)". Asimismo, el artículo 1.333 del Código Civil dispone que "en toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquéllas o éstos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y efectos previstos en la Ley Hipotecaria".
Daimiel. La registradora, María Fernández Cora (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Cora [sic] Fernández registrador/a de Registro Propiedad de Daimiel a día nueve de Abril del año dos mil diecinueve.»
«El Abogado del Estado, en la representación y defensa que le es propia de la "Agencia Estatal de Administración Tributaria" (en adelante, "AEAT" o "Agencia Tributaria"), ante ese Registro de la Propiedad para ante la Dirección General de los Registros y del Notariado respetuosamente comparece y, como mejor en Derecho proceda, dice:
Que, con base en el art. 324 LH ("Ley Hipotecaria"), viene a interponer recurso gubernativo contra la calificación de la Sra. Registradora de la Propiedad de Daimiel sin fecha y de la que ha tenido conocimiento extraprocesal la AEAT por la que se deniega y deja y en suspenso la inscripción derivada de la Expediente Administrativo de apremio consistente en la Certificación del acta de adjudicación expedida por D.ª V. C. R., Secretario (sic) de la mesa de subasta, de la Dependencia Regional de Recaudación y del mandamiento de cancelación de cargas posteriores expedido por D. M. P. A. C., Técnica de Hacienda de la Dependencia Regional de Recaudación a favor de D. R. R. G. C., la finca número 43387 del término municipal de Daimiel.
Único.–Presentado por D. R. R. G. C. a la inscripción la finca número 43386 del término municipal de Daimiel fruto de la certificación del acta de adjudicación expedida por D.ª V. C. R., Secretario (sic) de la mesa de subasta, de la Dependencia Regional de Recaudación y del mandamiento de cancelación de cargas posteriores expedido por D. M. P. A. C., Técnica de Hacienda de la Dependencia Regional de Recaudación.
De carácter adjetivo
De orden sustantivo
Así, el artículo 18 LH dispone que "Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro." Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que "La calificación registral de documentos administrativos se extenderá. en todo caso. a la competencia del órgano, a su congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la: relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro."
"2. Como cuestión previa, de.be recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad. ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección" (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005).
En el mismo sentido incide la más reciente Resolución de 29 de julio de 2016, incongruentemente citada por el registrador [sic] en su nota, ya que abiertamente secunda la tesis que venimos defendiendo, y concluir que no puede mantenerse la existencia de defecto esencial ostensible en la resolución administrativa que ampara las operaciones contenidas en el documento calificado, en un supuesto de calificación de una licencia de segregación en la que como consecuencia de la misma la parcela originaria, ocupante por una edificación, resultaba disconforme con los usos e intensidades edificatorios permitidos por la ordenación urbanística en vigor, quedando en situación equiparada al régimen fuera de ordenación. Y ello por el hecho clave de que "el titular registral tiene pleno conocimiento de la situación de fuera de ordenación".
4. Así pues, la Sra. Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten., salvo que en ellos se disponga otra cosa") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso­-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso­-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
La interpretación sistemática de la DT 4.ª RGR exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados (siendo evidente, en este punto, que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª (enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 o 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018.
En efecto, de acuerdo con la Sra. Registradora, a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, corno señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, "La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad."
Segundo motivo.–Defecto relativo al régimen económico matrimonial.
Tercer motivo.–Defecto por falta de correspondencia entre el mandamiento de cancelación y el acta de adjudicación puesto que el primero no comprende la cancelación de la propia carga que motiva el procedimiento de apremio –infracción del art. 107.9 RGR.
Así, no es de extrañar que el art. 134 LH ordena por sí mismo la cancelación de la anotación o inscripción que asegura el crédito del ejecutante: en el Reglamento General de Recaudación tiene lugar en la forma que prevé el art. 107.7 RGR que necesariamente se debe conectar con la norma de la subasta, que es de aplicación supletoria en virtud del art. 107.9 RGR, que ordena extender un acta ordenando la cancelación de la anotación o inscripción y, por otra parte, si bien en el mismo documento público, ya que constituye una unidad, íntegra e indivisible, en el mandamiento solo se hará constar "3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª, del Reglamento Hipotecario".
Los documentos aportados cumplen con la exigencia del art. 327 LH, así en los de carácter administrativo, por la Diligencia de Embargo, pues se trata de un documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009 en su art.21.c) cuya autenticidad es verificable mediante Código Seguro Verificación o "CSV" (…) en www.agenciatributaria.qob.es, así como la calificación emitida por la Sra. Registradora de la Propiedad recibido por la AEAT y cotejable a través del CSV reflejado en tal documento.
– La Mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 25 de enero de 2019 la enajenación directa y la adjudicación del bien.
– El bien adjudicado estaba valorado en 18.107,23 euros y fue adjudicado a don R. R. G. C. por 1.200 euros
El recurrente se opone a la citada calificación por dos motivos: en primer lugar, por considerar que la registradora se extralimita en sus funciones calificadoras y, en segundo lugar, por considerar que la interdicción de la enajenación directa como procedimiento posterior y subsiguiente a una subasta desierta sólo rige a partir del 1 de septiembre de 2018, según resultaría, a su juicio, de una interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, conforme a la cual "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018».
2. En relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar la certificación del acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo, cuestionada por el recurrente, hay comenzar recodando, conforme a reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los "Vistos»), que la calificación registral de los documentos administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario).
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 18.107,23 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 1.200 euros, es decir algo más del 6,63% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».
En cuanto al defecto apreciado con el número tres de la nota de calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación (artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los argumentos del recurrente en cuanto a este punto.