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Timestamp: 2020-07-10 16:58:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 21', 'artículo 37', 'artículo 21', 'artículo 1333', 'artículo 1097', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1091', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 44']

LA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA Y LA EMERGENCIA POR EL CÓVID-19 | Blog de Mario Alva Matteucci
Cobranza dudosa / cadena de pagos / deudas / proveedor /cliente / provisión de deuda /dificultad financiera
Dentro de la mecánica normal de la economía, en la cual se encuentran inmersos los negocios, existen los proveedores de bienes o servicios y los clientes de los mismos, ambos forman parte de un engranaje que funciona de manera armónica.
Cada uno de ellos tiene intereses que se relacionan y se contraponen, toda vez que los proveedores esperan que a la culminación de la venta de bienes o la prestación de servicios, éstos puedan recuperar los gastos y costos que incurrieron para ofrecerlos, además de obtener un margen de ganancia.
En el caso de los usuarios, se aprecia que estarán atentos a observar el resultado de los servicios ofrecidos o verificar la calidad del bien que fue adquirido, para poder desembolsar el dinero respectivo, el cual constituye el valor de la prestación del servicio ofrecido o del bien que fue materia de venta.
Lo descrito en los párrafos precedentes, hace referencia a un tema que está relacionado con la cadena de pagos, en el que se observa un flujo de ingresos que va directamente a los proveedores y que sale de los usuarios. Ello refleja el circuito económico que también se sustenta en la confianza.
Es importante indicar que todo lo que observamos en este esquema tiene cierta relación. Por ello, se NICOLE ROLDAN precisa que “Como parte del circuito económico, las familias pagan por los bienes y servicios que producen las empresas.
Asimismo, las empresas también pagan a las familias por el trabajo o los activos que ofrecen. Así, retribuyen con salarios a los empleados, con intereses a los ahorristas o inversionistas, y con rentas a los propietarios de tierras o bienes muebles alquilados.
Las familias y el Estado también se relacionan. Las familias pagan impuestos al gobierno, mientras que este les entrega bienes, servicios y ayudas sociales.
De la misma forma, las empresas y el Estado se vinculan entre sí. Las compañías pagan impuestos al gobierno y este les ofrece bienes, servicios y en algunos casos subsidios o apoyos”[1].
El problema que puede presentarse es cuando esta cadena de pagos, dentro del flujo de ingresos se interrumpe, lo cual puede perjudicar mayormente al proveedor, puesto que ya no contará con la liquidez suficiente o apreciará que la expectativa de recaudación de ingresos será menor.
En este sentido, al existir dificultades económicas por parte de los usuarios de los servicios o los vendedores de bienes, los cuales no podrán cumplir con el pago de sus obligaciones a los proveedores, estos se preguntan si esa deuda que no ha podido ser cobrada o saldada podrá ser reconocida como gasto tributario para efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría.
EL CONTEXTO ACTUAL DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA Y LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL ABSOLUTA
El brote del Coronavirus (COVID – 19) fue calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, por medio del cual se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario.
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose un aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19. Dicho plazo fue ampliado posteriormente hasta en dos oportunidades, siendo su último vencimiento el próximo domingo 10 de mayo de 2020, salvo alguna prórroga expresa más que se dicte antes de dicha fecha.
La inmovilización social obligatoria, impide que las personas puedan circular libremente, salvo en el caso de la adquisición de alimentos, realizar alguna operación en una oficina bancaria o la compra de medicinas. Ello ha determinado que se cierren muchos negocios ya que no pueden recibir público. De este modo, las empresas y diversos negocios al no tener personal que labore de manera física, ello ha impedido también que realicen actividades económicas, por lo que no se han generado ingresos.
Aparte de ello, los empleadores han debido considerar inicialmente una licencia con goce de haber a sus trabajadores, lo que implicaba que debían pagar sueldos a sus trabajadores sin percibir ingresos a cambio, lo que provocó una dificultad financiera elevada.
Otro de los elementos que se observa es que luego de varias prórrogas de los plazos de inmovilización, algunas empresas han debido optar por la figura laboral denominada “suspensión perfecta de labores”, hasta por un lapso máximo de noventa días, tiempo en el cual la relación laboral se suspende y el trabajador no está obligado a prestar servicios a su empleador y el empleador no está en la obligación de pagarle su sueldo, ello sin romper el vínculo laboral.
Frente a estas circunstancias, la cadena de pagos tiene que haber sufrido un retraso y en algunas ocasiones, la paralización total de la misma, reduciendo la actividad económica al máximo, por lo que se observa que tanto proveedores como consumidores se verán afectados.
Sobre este tema, el ex ministro de Economía SEGURA VASI indica que “Entonces la cadena de pagos es esta cadena de transmisión de gastos de uno que son ingresos de otros”[2]
Pero ¿qué hacer si el cliente no cumple con el pago al proveedor?, aquí es posible observar la denominada provisión de cobranza dudosa, la cual una vez que se cumplan algunas condiciones señaladas por la legislación del Impuesto a la Renta, puede ser considerada como gasto para efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría.
El primer párrafo del citado artículo indica lo siguiente:
“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”.
En los párrafos siguientes de dicho artículo se incluyen algunos casos de deducción de gastos.
En la doctrina extranjera, el maestro GARCÍA MULLÍN afirma que en “En forma genérica, se puede afirmar que todas las deducciones están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que sólo son admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad.”[3]
Dentro de la doctrina nacional, en palabras de PICÓN GONZALES se considera a la causalidad como “… la relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente que este principio no se considerará incumplido con la falta de consecución del efecto buscado con el gasto o costo, es decir, se considerará que un gasto cumplirá con el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta”[4].
En sentido amplio, podemos entender como deuda de cobranza dudosa a aquella respecto de la cual no existe certeza, convicción, evidencia o seguridad en su posible recuperación, ya sea porque el deudor no se acerca a cancelar su obligación con el acreedor o porque éste se encuentra en una situación de dificultad o falencia económica que le impide ejecutar cualquier tipo de pago de deudas, en perjuicio del acreedor obviamente.
Ello se manifiesta en mayor grado, cuando se interrumpe una cadena de pagos entre usuarios o adquirentes y los proveedores de los servicios o bienes, sobre todo en una coyuntura como la actual, por el COVID-19.
Sobre el tema de la imposibilidad de cobro de deudas, FIGUEROA manifiesta que “es común que, en el devenir de las actividades empresariales, estos ingresos que deben ser reconocidos como gravados en el ejercicio del devengo, no fluyan efectivamente a la empresa debido al incumplimiento de la obligación de pago por parte del deudor”[5].
Es interesante la opinión que menciona HIRACHE FLORES al indicar que “Las cuentas por cobrar que mantiene la empresa están expuestas al riesgo crediticio, por lo que en Estimación de cobranza dudosa cada fecha del estado de situación financiera la empresa debe evaluar si existe alguna evidencia objetiva de que no se puedan cobrar”[6].
Al observar la normatividad contenida en la Ley del Impuesto a la Renta, particularmente el literal i) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta no se define a las deudas de cobranza dudosa, solamente se establece que éstas pueden ser deducibles como gasto siempre que se cumplan las condiciones reguladas en el literal f) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
De este modo, al consultar el literal i) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, se menciona que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden.
(i) Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas[7].
(ii) Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compra venta con reserva de propiedad[8].
(iii) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa[9].
¿CUÁNDO SE DEBE EFECTUAR LA PROVISIÓN POR DEUDAS DE COBRANZA DUDOSA?
Según lo indica el texto del numeral 1) del literal f) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se precisa que, el carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable.
Este simple mandato obliga entonces, a que la provisión deba efectuarse cuando se genera la situación en la cual el deudor no puede pagar o la deuda es potencialmente incobrable.
Observemos que, puede eventualmente surgir una duda respecto del momento en el cual se está produciendo el hecho cierto en el cual se confirme una situación preexistente del deudor, que precisamente le impide cumplir con sus obligaciones. Este hecho objetivo debe ser el elemento que identifique la fecha en la cual se deba efectuar la respectiva provisión.
En un ejemplo podemos observar este tema. Así, si existe un cliente que le deba a una empresa una factura que al cierre del ejercicio 2020 se encuentra impaga y la empresa en el mes de febrero de 2021 toma conocimiento a través de publicaciones económicas que el cliente se encuentra en una situación de dificultad económica muy grave con riesgo elevado de insolvencia, potencialmente lo convierte en un deudor con la empresa, por lo que ésta ha a manera de previsión ha decidido provisionar la deuda contenida en la factura impaga como de cobranza dudosa.
Nuestra duda por resolver es determinar ¿si dicha provisión pertenece al ejercicio gravable 2020 o al 2021?
Al observar con mayor detenimiento, apreciamos que según las disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el hecho objetivo que obligó a la empresa a efectuar la provisión fue en el año 2021, razón por la cual esta corresponde ha dicho ejercicio y no al ejercicio 2020.
Pese a lo indicado anteriormente, mencionamos que existe una opinión minoritaria en el mercado, la cual señala que el período en el que debía ser considerada la provisión por deudas de cobranza dudosa, debe ser el ejercicio al cual la factura es considerada impaga y se refleja en el balance. Los que sustentan esta postura se basan en lo dispuesto en la NIC 10[10], la cual hace referencia a hechos posteriores a la fecha del balance.
Tengamos en consideración que la provisión de cobranza dudosa permite la deducción del gasto, para efectos de la determinación de la renta neta del Impuesto a la Renta. Sin embargo, al ser una acreencia sin posibilidad de efectuar el cobro de la misma, ello califica como un activo, toda vez que se trata de una cuenta por cobrar y tiene influencia en el Impuesto Temporal a los Activos Netos.
Sobre este punto, es interesante revisar la opinión de GASLAC SÁNCHEZ quien indica que “En caso de las cuentas de cobranza dudosa cuya deducción fuera aceptada tributariamente serán adicionadas a efectos del cálculo del ITAN”[11].
En este caso puede tratarse de una factura que un cliente le debe a la empresa y no es cancelada. Ello significa que la provisión debe estar detallada de manera completa a efectos que en posterior oportunidad, el fiscalizador no encuentre dificultad alguna y la empresa evite la contingencia de un reparo.
En este supuesto el legislador ha optado por considerar una serie de supuestos en los cuales el contribuyente que efectúe la provisión, debe por lo menos cumplir algunos de ellos.
a) Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, ello implica por decir una revisión de la cartera de clientes morosos dentro de la propia empresa, para verificar si el cliente cumple con el pago de sus obligaciones, con ciertas dificultades o simplemente no paga.
Aquí, podría ser de utilidad informaciones de la prensa que indique las empresas que aún no pueden realizar operaciones, por el hecho que están prohibidas de prestar servicios porque tienen aglomeración de personas, como es el caso de las empresas que brindan esparcimiento y diversión, como por ejemplo los teatros, los cines, los clubes, los espectáculos públicos, entre otros.
b) Se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, aquí por ejemplo puede presentarse el caso de la emisión de alguna o varias cartas notariales, entregadas al deudor por parte de una Notaría[12] por encargo de la empresa acreedora, en la que se le indica, la existencia de la deuda y la posibilidad de acercarse a regularizar su situación en el más breve plazo, como también las cartas reiterativas o aquellas de tipo conminativo y de exigencia de la deuda bajo amenaza de hincar el proceso judicial correspondiente.
Apreciemos la opinión de BRAVO CUCCI cuando indica que “No obstante que el riesgo de incobrabilidad no es otra cosa que la existencia de indicios que permitan concluir, de manera razonable, que existe probabilidad de no poder realizar la cobranza de la cuenta por cobrar, o que exista riesgo de impago, el fisco viene cuestionando algunos indicios que las empresas consideran suficiente evidencia del riesgo de impago. Lo viene haciendo en casos en los que algunas empresas envían cartas simples en las que, usando un lenguaje amable, les recuerdan a sus deudores que mantienen una deuda con ellos. La Sunat considera que ese gesto amable no es un acto de cobranza (intimidación), tampoco lo son los casos en los que las empresas que brindan servicios masivos, consignan expresamente en sus recibos posteriores la referencia a la deuda pendiente. Para Sunat, no es acto de cobranza”[13].
En este punto encontramos la interesante reflexión que señala GUERRA SOTO al indica que “A efectos de determinar cuándo el deudor de una obligación incurre en mora, resulta necesario remitirnos al CC[14], en lo que resulte aplicable, en virtud de lo dispuesto por la Norma IX del Título Preliminar del CT[15]. De acuerdo al artículo 1333 del CC, en nuestro ordenamiento civil, el sistema de constitución de mora, como regla general, es la mora por intimación, pues se le ordena al acreedor exigir al deudor el cumplimiento de la obligación; y, como excepción, la mora automática (sin intimación), si se cumple alguno de los cuatro supuestos que indica la norma. Asimismo, de dicho artículo se extraen tres requisitos concurrentes para considerar que el deudor ha incurrido en mora; el retardo o retraso (elemento objetivo), la culpabilidad (elemento subjetivo) y la intimación (elemento formal).
La intimación o requerimiento de pago al deudor –elemento formal– es esencial para el nacimiento de la mora del deudor, y debe ser realizada, evidentemente, después de vencida la obligación, pues sería absurdo requerir el cumplimiento una obligación que no se encuentre vencida. Si no hay intimación o requerimiento, no se podrá constituir la mora”[16].
Según lo precisa CASTELLARES AGUILAR “El protesto es una institución jurídica muy antigua y ligada más bien al Derecho Cambiario, mediante el cual lo que se persigue es demostrar en forma fehaciente y formal, el incumplimiento de alguna obligación contenida en un título valor que a la postre se ha resumido en la falta de pago y, en el caso de la Letra de Cambio, además, en su falta de aceptación. Estas son las dos clases de protesto que prevé la legislación peruana: por falta de pago y por falta de aceptación”[17].
Apreciemos la opinión de ESCALANTE quien indica que “En este extremo debemos mencionar que el Tribunal Fiscal mediante la Resolución 8816-9-2018 ha señalado que, para sustentar la realización de acciones de cobro cuando aún no transcurren 12 meses desde el vencimiento de la deuda se debe tomar en consideración lo siguiente:
La solicitud de arbitraje no acredita la gestión de cobranza en tanto no se encuentra dirigida al deudor”[18].
6.3 TERCER REQUISITO: Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y Balances en forma discriminada. En este punto debemos resaltar que la obligación del contribuyente que efectúe la provisión de la deuda de cobranza dudosa deberá efectuarla de manera discriminada y no de manera genérica.
Ello significa que serían reparables aquellas provisiones efectuadas considerando estimaciones o porcentajes que no corresponde a la deuda real que no ha sido cancelada hasta el momento en el cual se realiza la provisión.
Nos preguntamos entonces ¿Qué deberá cumplirse?.
Al revisar la RTF Nº 590-4-2002, apreciamos que allí se precisa que el registro discriminado de la provisión debe efectuarse en el propio libro de inventarios y balances y no en documentos anexos a los mismos.
En el caso de la RTF Nº 06985-3-2007 se confirmó la posición de la Administración Tributaria frente al contribuyente en cuanto al reparo por gastos por provisión de cobranza dudosa debido a que la recurrente no ha detallado los importes que contiene dicha cuenta. Se indica que el listado en hoja suelta presentado por la recurrente fue legalizado con posterioridad a la fecha de notificación del requerimiento, no habiendo presentado la recurrente documentación adicional que sustentara la fehaciencia y pre-existencia de los hechos que el anexo detalla, esto es, documentación que acreditara que al cierre del ejercicio 2001, la provisión de cobranza dudosa se encontraba debidamente discriminada.
Aquí lo que debemos resaltar es el hecho que el contribuyente que realice la provisión de cobranza dudosa, deberá verificar un proceso de conciliación entre las cuentas contables y el aspecto tributario, ya que de no cumplir las condiciones señaladas, el gasto de la provisión será reparable y se generará una diferencia temporal.
El hecho que una persona sea vinculada con otra permite establecer para el fisco cierto nivel de exigencias mayores relacionadas con el tipo de operación que se ejecutará, la aplicación del valor de mercado en ellas y un mayor control de las deducciones de gastos, aparte del tema del control relacionado con los precios de transferencia, de ser el caso.
Es por ello que, no le cabe al legislador que entre parte vinculadas pueda existir endeudamiento, porque de presentarse dicha operación se le aplican las reglas más exigentes para “evitar” un beneficio entre las partes contratantes.
En este punto, en la doctrina peruana PICÓN GONZALES indica que con respecto a las normas reglamentarias “la vinculación entre el deudor y el acreedor podría generarse con posterioridad a la deuda, por lo que la condición resulta determinante para que opere la prohibición: que a la fecha de la provisión, la vinculación exista”[19].
Al respecto es interesante citar el razonamiento lógico planteado por ALVA RODRÍGUEZ cuando precisa la importancia de las garantías reales, a efectos de apreciar que si la parte perjudicada cuenta con las garantías a su favor, frente a un incumplimiento contractual simplemente las ejecuta. Veamos:
Sin embargo, a efectos de garantizar el pleno cumplimiento de determinada prestación, las partes cuentan con el sistema de garantías reales el cual grava determinado bien a efectos de garantizar el cumplimiento de una determinada obligación, puede presentarse un incumplimiento, el acreedor podrá ejecutar su garantía y d ese modo hacerse cobro de su crédito de manera preferente” [20].
Es pertinente mencionar la RTF Nº 1121-4-2001 de fecha 06.09.2001, señala que no procede el castigo por deudas incobrables cuando se trata de letras entregadas en garantía y no por préstamos personales, pues no se ha establecido la existencia de deuda incobrable.
Según lo indica el texto del artículo 1097 del Código Civil de 1984 “Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero.
La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado”.
b) GARANTÍA MOBILIARIA, exclusivamente de bienes muebles. Antes se le conocía por el término “prenda” y se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 1400[21].
El numeral 3.1 del artículo 3° del Régimen de Garantía Mobiliaria, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1400, señala que “La garantía mobiliaria es la afectación que recae sobre cualquier bien mueble mediante acto jurídico constitutivo, con el fin de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones”.
El texto del numeral 3.2 del artículo 3 de la misma norma precisa que “Por la garantía mobiliaria se afecta el bien mueble para garantizar el cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero, de toda naturaleza, presente o futura, determinada o determinable, sujeta o no a modalidad”.
En este punto, consideramos importante citar un pronunciamiento de la Administración Tributaria, cuando emitió el INFORME N°025-2020-SUNAT/7T0000[22], cuyas conclusiones son las siguientes:
En el supuesto en que con posterioridad al otorgamiento de una garantía mobiliaria, pero antes de su ejecución, los bienes que respaldan dicha garantía sufran una pérdida o deterioro que disminuya la probabilidad de recuperación del importe inicial garantizado, no es deducible como provisión de cobranza dudosa el importe de la pérdida o deterioro de tales bienes.
No son deducibles como provisión de cobranza dudosa las deudas contenidas en un Plan de Reestructuración o en un Acuerdo Global de Refinanciación, aprobados de acuerdo con las disposiciones de la LGSC”.
Conforme lo precisa el texto del artículo 1091 del Código Civil de 1984 “Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos”.
Aquí hay que estar atentos a los posibles acuerdos que lleven a cabo las empresas, sobre todo en un proceso de renegociación de los contratos y de las obligaciones de pago, en los cuales muchas veces existe condonación de cierto monto para restablecer las actividades económicas y las obligaciones a cargo de las partes.
Es precisamente este tipo de condonación de montos de obligaciones, los que generan un reparo tributario por parte del fisco, toda vez que el monto condonado implica para quien lo otorga una liberalidad[23] que deberá ser adicionada en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y tributa el 29.5% y para la empresa que recibe la condonación de la obligación, un ingreso extraordinario, el cual también se considera afecto al pago del 29.5% al finalizar el ejercicio gravable[24].
¿QUÉ SUCEDE SI ES QUE DEUDOR CANCELA UNA OBLIGACIÓN QUE FUE PROVISIONADA COMO DE COBRANZA DUDOSA?
Primer supuesto: Si el pago se recibió cuando la provisión fue deducible porque afectó a resultados, en este caso el monto del dinero recibido en la oportunidad de cancelación será gravable con el Impuesto a la Renta.
¿CUÁNDO PROCEDE EL CASTIGO DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA?
Tratándose de Empresas del Sistema Financiero, éstas podrán demostrar la imposibilidad de ejercitar las acciones judiciales por deudas incobrables, cuando el Directorio de las referidas empresas declare la inutilidad de iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Dicho acuerdo deberá ser ratificado por la Superintendencia de Banca y Seguros, mediante una constancia en la que certifique que las citadas empresas han demostrado la existencia de evidencia real y comprobable sobre la irrecuperabilidad de los créditos que serán materia del castigo.
La relación de las facturas que comprenden la provisión por cobranza dudosa debe figurar en el libro de Inventarios y Balances o en listado anexo previamente legalizado.
[1] NICOLE ROLDÁN, Paula. Circuito económico. Publicado en el portal Economipedia. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://economipedia.com/definiciones/circuito-economico.html (consultado el 01.05.2020)
[2] BARRENECHEA ARANGO, Melissa. ¿Qué es la cadena de pagos y qué se ha hecho para evitar que se rompa en este contexto de cuarentena?. Noticia publicada en el portal de RPP noticias, con fecha 01 de abril de 2020. En dicha publicación se entrevistó al ex ministro de Economía Alonso Segura Vasi, quien dio la declaración citada. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-covid-19-que-es-la-cadena-de-pagos-y-que-se-ha-hecho-para-evitar-que-se-rompa-en-este-contexto-de-cuarentena-noticia-1255721 (consultado el 01.05.2020).
[3] GARCIA MULLIN, Juan Roque. Impuesto sobre la Renta. Teoría y técnica del impuesto. República Dominicana. Secretaría de Estado de Finanzas. Instituto de Capacitación Tributaria. Santo Domingo, 1980; página 122.
[4] PICÓN GONZALES, Jorge Luis. “Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial: ¿Quién se llevó mi gasto?. La ley, la SUNAT o lo perdí yo…”. Dogma ediciones. Lima, 2007. Página 29.
[5] FIGUEROA, Jorge. Deducción de la provisión por deudas de cobranza dudosa: Una aproximación al problema de la acreditación de las gestiones de cobranza. Publicado en el portal IUS 360.com, con fecha 30.07.2018. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://ius360.com/publico/tributario/deduccion-de-la-provision-por-deudas-de-cobranza-dudosa-una-aproximacion-al-problema-de-la-acreditacion-de-las-gestiones-de-cobranza/ (consultado el 02.05.2020).
[6] HIRACHE FLORES, Luz. Ajustes contables que se deben tener en cuenta para el cierre del año. Informe publicado en la Revista Actualidad Empresarial correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2013.
[7] El numeral 3 del literal f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta indica que para efectos del acápite (i) del inciso i) del artículo 37° de la Ley, adicionalmente, se entenderá que existe una nueva deuda contraída entre partes vinculadas cuando con posterioridad a la celebración del acto jurídico que da origen a la obligación a cargo del deudor, ocurre lo siguiente:
[8] El numeral 4 del literal f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta indica que para efectos del acápite (ii) del inciso i) del artículo 37° de la Ley:
[9] El numeral 5 del literal f) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta indica que para efectos del acápite (iii) del inciso i) del artículo 37° de la Ley:
[10] La Norma Internacional de Contabilidad 10 – NIC 10, alude a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Si se desea revisar esta norma se puede ingresar al siguiente enlace web: https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_010_2014.pdf (consultado el 02.05.2020).
[11] GASLAC SANCHEZ, Llanet. Adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN: Guía operativa del Contador. Contadores & Empresas. Primera edición. Marzo 2013. Página 15.
[12] En los tiempos en los que existe inmovilización social absoluta y las Notarías se encuentran cerradas, se ve realmente difícil el cumplimiento de este requisito.
[13] BRAVO CUCCI, Jorge. La mora, el riesgo de incobrabilidad y la SUNAT. Publicado con fecha 04.07.2018 en el portal del propio autor. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://www.jorgebravocucci.pe/la-mora-el-riesgo-de-incobrabilidad-y-la-sunat/ (consultado el 02.05.2020)
[14] Las siglas CC aluden al Código Civil.
[15] Las siglas CT aluden al Código Tributario.
[16] GUERRA SOTO, Johnny. Provisión de deudas incobrables o de cobranza dudosa. Demostración de la morosidad del deudor como requisito para efectuar la provisión. Publicado con fecha 18.009.2017 en el portal LP pasión por el Derecho. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://lpderecho.pe/provision-de-deudas-incobrables-o-de-cobranza-dudosa-morosidad/ (consultado el 02.05.2020).
[17] CASTELLARES AGUILAR, Rolando. El protesto notarial. Artículo publicado en la revista Advocatus, número 19. Año 2008. Páginas 415 y 416.
[18] ESCALANTE, Gonzalo. Si se rompe la cadena de pagos, ¿Cómo mitigamos el impacto tributario?. Publicado con fecha 28.04.2020 en el portal ZegarraLAw. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://mercadosyregiones.com/2020/04/28/zegarralaw-si-se-rompe-la-cadena-de-pagos-como-mitigamos-el-impacto-tributario/ (consultado el 02.05.2020)
[19] PICÓN GONALES, Jorge. ¿Quién se llevó mi gasto? La Ley, la SUNAT o lo perdí yo… Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial. Dogma ediciones. Julio 2019.
[20] ALVA RODRÍGUEZ, Sonia. “El tratamiento de las garantías en el Sistema Concursal Peruano”. Este artículo puede consultarse en la siguiente página web: https://docplayer.es/52197270-El-tratamiento-de-las-garantias-en-el-sistema-concursal-peruano.html (consultado el 02.05.2020).
[21] Decreto Legislativo N° 1400. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-aprueba-el-regimen-de-garantia-mobil-decreto-legislativo-n-1400-1689445-5 (consultado el 02.05.2020).
[22] Si se desea revisar el texto completo del Informe de la SUNAT, se puede ingresar a la siguiente dirección web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i025-2020-7T0000.pdf (Consultado el 01.05.2020)
[23] La cual es materia de reparo tributario al amparo de lo señalado por el texto del literal d) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta.
[24] ALVA MATTEUCCI, Mario. Gastos que se incrementarán en el ejercicio gravable 2020. Información publicada en el Blog personal del autor con fecha 14.04.2020. Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2020/04/14/gastos-que-se-incrementaran-en-el-ejercicio-gravable-2020/ (consultado el 02.05.2020).
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