Source: https://www.scribd.com/document/235289791/Compulsoria-injunction-Mudd-Mocion-Urgente-Stewart
Timestamp: 2017-05-24 00:50:51
Document Index: 297772863

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 4']

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MuddPuerto RicoConstitutional RightCommonwealth (U.S. Insular Area)State (Polity)Constitution0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: © All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOTRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE SAN JUAN JOHN E. MUDD y JOHN A. STEWART Demandantes v. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO y COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO Demandados CIVIL NO. SJ2014CV00145 SOBRE: ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE Y SENTENCIA DECLARATORIA MOCION Y MEMORANDO DE DERECHO EN APOYO A SOLICITUD URGENTE DE ENTREDICHO PROVISIONAL Y VISTA DE INJUNCTION PRELIMINAR AL HONORABLE TRIBUNAL: Comparecen John E. Mudd y John Stewart, ambos abogados por derecho propio y muy respetuosamente Exponen, Alegan y Solicitan: 1. En esta misma fecha, los demandantes presentaron una Petición juramentada la cual plantea la inconstitucionalidad de la Ley que hace compulsoria la colegiación de los abogados. Esta moción se basa en la Regla 57.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico y se solicita que se expida una orden de entredicho provisional con el propósito de que se eviten las consecuencias adversas que la implementación de la Ley traerá. I. RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS CONSTITUCIONALES 2. Los demandantes son abogados licenciados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y no son miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico (el Colegio). La Ley esta en conflicto con el derecho constitucional de libre asociación de los abogados aquí demandantes. La Primera Enmienda a la Constitución Federal y el Artículo II, Sec. 6 de la Constitución de P.R., garantizan el derecho a la libre asociación y al derecho a no asociarse de los tecnólogos médicos aquí demandantes. 3. En Colegio de Abogados v. ELA, 181 D.P.R. 135, 137 (2011), el Tribunal Supremo indicó que “[p]or el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de 2 asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés gubernamental apremiante que la hace necesaria.” Énfasis suplido. Más aún, el Diario de Sesiones nos demuestra que la extensión del derecho de asociación era más amplio que el de la Constitución Federal. 4. Al ser este un caso donde están envueltos derechos constitucionales sustanciales, el Tribunal tiene que escrutar la legislación cuestionada con un escrutinio estricto como indica nuestra más alta Curia en el caso del Colegio de Abogados. Este escrutinio estricto pone el peso de la prueba en el Estado para demostrar la existencia del interés gubernamental apremiante que haga necesaria la colegiación compulsoria de los abogados. 5. Es harto conocido que quien regula la profesión de la abogacía en Puerto Rico es el Tribunal Supremo. Este administra los exámenes de reválida, evalúa las solicitudes de licencia, expide y suspende las licencias para ejercer la profesión, establece por reglamento los requisitos de educación continua, determina los Cánones de Ética y atiende las querellas sobre violación de los Cánones de Ética, entre otros. Aunque la Ley autoriza al Colegio a llevar a cabo vistas administrativas sobre querellas que le sometan es el Tribunal Supremo quien tiene la función reguladora ya administrativa de la profesión. Más aún, la Ley requiere a los abogados a colegiarse y pagar una cuota de $250 a la entidad en o antes de noventa (90) días después de aprobada la misma, Artículo 11 de la Ley. Los que no cumplan con la misma podrán ser referidos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, Artículo 9(b) de la Ley, y hasta sanciones criminales, ver Artículo 12 de la Ley. 6. Mediante esta moción, los demandantes solicitan que el Honorable Tribunal, expida una orden de entredicho provisional dejando en suspenso la implementación de la Ley ¿? Ya que si no se hace, los demandantes sufrirían un daño inminente y claro al ser violado sus derechos a libre asociación y estar sujetos a sanciones criminales si no se colegian. Ver Artículo 12 de la ley. II. LA EXPEDICION DEL INJUNCTION SOLICITADO 7. Para que se pueda conceder el remedio de un injunction preliminar, se deben 3 cumplir con lo siguientes criterios: A. la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction; B. su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; C. la probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los méritos; D. la probabilidad de que la causa se torne académica; E. el posible impacto sobre el interés publico
. A-B Naturaleza de los daños y su irreparabilidad 8. Los daños que sufren y sufrirán los demandantes se detallan en la demanda pero es suficiente decir que no quieren asociarse con el Colegio ya que esta entidad tiene políticas y principios encontrados con los suyos. De hecho, el demandante Mudd intervino en el caso de Colegio de Abogados v. ELA, 181 D.P.R. 135 (2011) desde el principio, llevó el caso al Tribunal Apelativo, consiguió la paralización de los procedimientos y eventualmente la desestimación del frívolo recurso del Colegio. Por ende, es para los demandantes una violación a su derecho a no asociarse la implementación de la Ley?? Esta violación de un derecho constitucional es un daño irreparable. Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988). Existen, además, sanciones tales como referir a los que incumplan con la Colegiación a ser referidos a disciplina por el Tribunal Supremo y sanciones criminales y multas. Ver, Artículos 9-12 del Exhibit 1. 9. Además, los demandantes tendrían que pagar $250 que en este momento no tienen que pagar. Esto es un daño económico adicional al de su libertad de asociación. C. Probabilidad de que los demandantes prevalezcan en el caso 10. Claramente los demandantes prevalecerán en el caso. En Colegio de Abogados v. ELA, 181 D.P.R. 135, 137 (2011), el Tribunal Supremo indicó que “[p]or el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés gubernamental apremiante 1
Ver, Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc., v. Asociación de Fomento Educativo, Inc., 173 D.P.R. 304, 319 (2008), énfasis en el original y Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 679-680 (1997). 4 que la hace necesaria.” Énfasis suplido. Más aún, el Diario de Sesiones nos demuestra que la extensión del derecho de asociación era más amplio que el de la Constitución Federal. 11. Al ser este un caso donde están envueltos derechos constitucionales sustanciales, el Tribunal tiene que escrutar la legislación cuestionada con un escrutinio estricto como indica nuestra más alta Curia en el caso del Colegio de Abogados. Este escrutinio estricto pone el peso de la prueba en el Estado para demostrar la existencia del interés gubernamental apremiante que haga necesaria la colegiación compulsoria de los tecnólogos médicos. 12. Como mencionáramos anteriormente, quien regula la profesión de la abogacía en Puerto Rico es el Tribunal Supremo. Este administra los exámenes de reválida, evalúa las solicitudes de licencia, expide y suspende las licencias para ejercer la profesión, establece por reglamento los requisitos de educación continua, determina los Cánones de Ética y atiende las querellas sobre violación de los Cánones de Ética, entre otros. Aunque la Ley autoriza al Colegio a llevar a cabo vistas administrativas sobre querellas que le sometan es el Tribunal Supremo quien tiene la función reguladora ya administrativa de la profesión. Más aún, la Ley ¿? requiere a los abogados a colegiarse y pagar una cuota de $250 a la entidad en o antes de noventa (90) días después de aprobada la misma, Artículo 11 de la Ley. Los que no cumplan con la misma podrán ser referidos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, Artículo 9(b) de la Ley, y hasta sanciones criminales, ver Artículo 12 de la Ley. 13. Como podemos ver, el Estado tiene un procedimiento aparte del Colegio para regular la profesión de abogados. Por ende, el Estado ya esta regulando el ejercicio de la profesión de abogados y notarios y es patentemente claro que no existe ese interés apremiante del estado de regularla ya que la Ley. No lo hace ni lo puede hacer. Ya que no existe ese interés que requiere el obviar los derechos de los demandantes y obligarlos a ser miembros del Colegio, la ley no resiste escrutinio constitucional alguno. Más aún, el Artículo 4 que provee para la investigación de querellas por el Colegio, viola la separación de 5 poderes ya que es el Tribunal Supremo el que investiga y determina, no el Colegio. 14. En ningún momento el Honorable Tribunal Supremo a claudicado ni ha solicitado el ceder a otro organismo su facultad de administrar y regular la profesión de la abogacía. 15. Al ser la ley de colegiación compulsoria en tensión con los derechos constitucionales de los abogados aquí demandantes, la misma debe ser evaluada desde el punto de vista de escrutinio estricto. El estado tiene que demostrar el interés gubernamental apremiante pero no puede ya que no existe. Al no haber un interés gubernamental apremiante para que se requiera la colegiación compulsoria, la misma debe ser declarada inconstitucional. D. La probabilidad de que la causa se torne académica 16. De no emitir el interdicto el Honorable Tribunal, los daños de los demandantes se seguirían acumulando. Tendría que pagar la cuota, soportar a los líderes del Colegio hablar en su nombre y sufrir la vergüenza de pertenecer a una organización que avanza agendas que le son desagradables y no son cónsonas con sus principios y su conciencia. Si no se emite, la controversia podría tornarse académica. E. El posible impacto sobre el interés publico 17. La colegiación ha sido opcional desde el año 2009. El impacto en el interés público ha sido inexistente. Los servicios legales se han continuado brindando de igual manera que antes, los abogados han seguido siendo regulados por el Tribunal Supremo como ha sido siempre. Por el otro lado, los intereses de los demandantes se afectarán gravemente por la colegiación compulsoria. Por ende, el balance de intereses se inclina predominantemente hacia la concesión del remedio solicitado. POR TODO LO CUAL, los demandantes respetuosamente solicitan del Honorable Tribunal que expida una orden provisional dejando en suspenso la vigencia e implementación de la Ley para evitar las graves consecuencias de la misma sobre los demandantes. RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 6 En San Juan, P.R., hoy 28 de julio de 2014. LAW OFFICES OF JOHN E. MUDD P. O. BOX 194134 HATO REY, P.R. 00919 (787) 413-1673 Fax. (787)753-2207 E-Mail jemudd@yahoo.com F/JOHN E. MUDD (RUA 7677) JOHN A. STEWART LAW OFFICE PO BOX 140357 ARECIBO, PR 00614-0357 !" (787) 878-0403 # stewart_j_esq@msn.com F/JOHN A. STEWART (14556) Documents Similar To Compulsoria.injunction Mudd Mocion Urgente StewartSkip carouselDemanda SJ2014CV00145Entrevista a la Lcda. Wanda Vázquez GarcedS2cap6Como Ser Un Abogado Eficiente y No Fallar en El IntentoAcerca Del Ejercicio de La Profesión de Abogado en La República Argentinainforme ley de abogadosEtica1.docxArancel Vigente Colegio Abogados1Guia para prepararte en caso de deportaciónCómo se vulnera la dignidad de la profesión de abogadosNOTA AL NÚMERO III DE FUTUROS ABOGADOS LATINOAMERICANOS, POR PABLO GALLEGOS FEDRIANIDesafioProceso de RedaccionRedaccion Juridica.Derecho Civile Statuto Del AbogadoAbogados Dilatan ProcesoEl Abogado Del Policia Blog
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