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Timestamp: 2016-10-28 18:44:35
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 26', 'artículo 26', 'Artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 103', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 14']

LEY 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social	LEY 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social Mis Leyes
LEY 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social Estado	:
TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO DE LA LEY.
Artículo 1. Finalidad de la regulación.
TÍTULO I. DESARROLLO DE LA REGULACIÓN BÁSICA.
CAPÍTULO I. DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
SECCIÓN 1. DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
Artículo 2. Concepto, denominación y domicilio social.
Artículo 4. Requisitos de las mutualidades de previsión social.
SECCIÓN 2. DEL ACCESO A LA ACTIVIDAD DE MUTUALISMO DE PREVISIÓN SOCIAL.
Artículo 5. Autorización administrativa.
Artículo 6. Inscripción de la mutualidad de previsión social y efectos de las mismas.
SECCIÓN 3. ÁMBITO DE COBERTURA Y PRESTACIONES.
Subsección 1. Ámbito ordinario.
Artículo 7. Previsión de riesgos sobre las personas.
Artículo 8. Previsión de riesgos sobre las cosas.
Artículo 9. Extensión de la cobertura y compatibilidad de prestaciones.
Subsección 2. Régimen de ampliación de prestaciones.
Artículo 10. Necesidad de autorización administrativa de ampliación de prestaciones. Requisitos.
Artículo 12. Ejercicio de la actividad aseguradora en régimen de ampliación de prestaciones.
SECCIÓN 4. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.
Artículo 13. Patrimonio y fondo mutual.
Artículo 14. Régimen de supervisión y contractual.
SECCIÓN 5. RÉGIMEN DE INSTRUMENTO DE PREVISIÓN EMPRESARIAL Y DE PREVISIÓN SOCIAL ALTERNATIVA.
Artículo 15. Instrumento de previsión empresarial.
SECCIÓN 6. RÉGIMEN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
Artículo 16. Sometimiento a autorización específica.
Artículo 17. Requisitos y límites.
CAPÍTULO II. AGRUPACIONES Y FEDERACIÓN DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
Artículo 18. Agrupaciones de mutualidades de previsión social.
Artículo 19. Federación Madrileña de Mutualidades de Previsión Social.
Artículo 20. Prestación de servicios comunes a las mutualidades de previsión social.
CAPÍTULO III. DE LOS MUTUALISTAS Y PROTECTORES.
Artículo 21. Condición de mutualista.
Artículo 22. Derechos y obligaciones de los mutualistas.
Artículo 23. De las entidades o personas protectoras.
TÍTULO II. RÉGIMEN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL.
CAPÍTULO I. CONSTITUCIÓN DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
Artículo 24. Número mínimo de mutualistas.
Artículo 25. Escritura de constitución y estatutos.
CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS SOCIALES.
Artículo 26. Órganos societarios de la mutualidad de previsión social.
Artículo 27. Asamblea General. Composición y facultades.
Artículo 28. Clases de Asambleas Generales y régimen de funcionamiento.
Artículo 29. La Junta Directiva: Composición y facultades.
Artículo 30. Requisitos y retribución de los miembros de la Junta Directiva.
Artículo 31. Régimen de funcionamiento.
Artículo 32. Gerencia
TÍTULO III. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN.
CAPÍTULO I. ALCANCE COMPETENCIAL Y REGULACIÓN.
Artículo 33. Mutualidades de previsión social sujetas.
Artículo 34. Normas aplicables y atribución competencial.
CAPÍTULO II. SUPERVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Artículo 35. Control administrativo.
Artículo 36. Coordinación con la Administración General del Estado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de las mutualidades de previsión social.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Planes de reequilibrio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Fondos mutuales de las mutualidades escolares.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Remisión a legislación especial de planes de pensiones y de compromisos por pensiones.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Potestad reglamentaria
Es precisamente esta tradición histórica del mutualismo de previsión social, unido a que su objetivo de protección social excede de los estrictos límites del ámbito asegurador, lo que ha llevado a la Comunidad de Madrid a promulgar la vigente Ley, con la finalidad de fomentar, primero, y facilitar, en segundo término, esta modalidad de aseguramiento voluntario, complementario a la Seguridad Social obligatoria, como eficaz instrumento de previsión social en el seno de la Comunidad.
El título competencial especifico habilitante de la presente Ley está contenido en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, según redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Con arreglo al citado artículo 26: 1. La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: ...1.14. Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integradas en la Seguridad Social, conforme a la legislación mercantil.
Con arreglo a tal doctrina la competencia normativa básica del Estado será aplicable para determinar las bases de la actividad aseguradora, ya que no existen exclusiones a la reserva de competencia estatal fundadas en las peculiaridades propias de la naturaleza de las entidades que realicen tal actividad aseguradora. Pero también las normas básicas de la actividad aseguradora aplicables habrán de respetar las peculiaridades del mutualismo de previsión social y significativamente, tal normación básica no podrá afectar al régimen jurídico estructural y funcional de dichas mutualidades que queda, en virtud de la asunción de competencias exclusivas, dentro el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.
La Ley estatal 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, culmina - al menos, al presente- el camino iniciado por la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y continuado por las modificaciones ulteriores de la misma.
Así, la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados supone la plena incorporación de las mutualidades de previsión social al régimen de entidades aseguradoras, precisa su objeto social definiendo el común asegurador junto al exclusivo de estas entidades de otorgar prestaciones sociales, regula las peculiaridades de su régimen jurídico y, sobre todo, fija en sus artículos 68 y 69 y en la disposición final primera la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Esta distribución competencial inspira la presente Ley, cuyo objeto es doble: La regulación del desarrollo de las bases de la ordenación de la actividad aseguradora de las mutualidades de previsión social contenida en la legislación estatal en lo que a la actividad aseguradora concierne; y la regulación completa y precisa sin perjuicio de su ulterior desarrollo reglamentario-, con competencia exclusiva, del régimen jurídico estructural y funcional de las mutualidades de previsión social, en cuanto tales, de la Comunidad de Madrid.
Con pleno respeto a la distribución de competencias fijadas en la Ley estatal pero también al amparo de las competencias exclusivas que atribuye el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, esta Ley regula en su integridad el mutualismo de previsión social en la Comunidad de Madrid.
Todo lo anterior con el objeto de fomentar dichas entidades, habida cuenta de su especial significación y relevancia como instrumentos de la economía social dentro de lo que ha venido a llamarse, con terminología que ya puede ser considerada acuñada, previsión social complementaria a la Seguridad Social obligatoria.
Los principios informadores de esta Ley son fomentar la libertad de actuación y desarrollo de las Mutualidades de Previsión Social y velar en todo momento por los derechos de los asociados.
El objeto de la presente Ley es la regulación de las mutualidades que ejercen la previsión social en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
DESARROLLO DE LA REGULACIÓN BÁSICA.
DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
Podrá ser realizada directamente por la propia mutualidad o bien a través de la actividad de mediación en seguros, siempre y cuando en este último caso la mutualidad cumpla los requisitos de fondo mutual y garantías financieras que le resulten exigibles.
Además, los mutualistas podrán participar en la incorporación de nuevos socios y en la gestión de cobro de las cuotas, en cuyo caso podrán percibir la compensación económica adecuada fijada estatutariamente.
Asumir directamente los riesgos garantizados a sus mutualistas, sin practicar operaciones de coaseguro ni de aceptación en reaseguro.
No obstante, podrán realizar operaciones de cesión en reaseguro con entidades aseguradoras legalmente autorizadas para ello.
1. La autorización determinará la inscripción en el Registro administrativo de mutualidades de previsión social de la Comunidad de Madrid que se llevará en el órgano administrativo competente y permitirá a las mutualidades de previsión social inscritas practicar operaciones únicamente en las contingencias para las que hayan sido autorizadas, debiendo ajustar su régimen de actuación al programa de actividades y demás requisitos determinantes de la concesión de la autorización administrativa.
Las mutualidades de previsión social se constituirán mediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil.
Con dicha inscripción adquirirán su personalidad jurídica. La solicitud de autorización administrativa regulada en el artículo anterior únicamente podrá presentarse tras dicha adquisición de personalidad jurídica.
Ámbito ordinario.
La cobertura de las contingencias de muerte, viudedad, orfandad y jubilación, así como otorgar prestaciones por razón de matrimonio, maternidad e hijos.
Operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, enfermedad, defensa jurídica, asistencia y decesos.
Prestar ayudas familiares para subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos jurídicos que impidan temporalmente el ejercicio de la profesión.
En las contingencias de muerte, viudedad, orfandad y jubilación a que se refiere el anterior apartado la) y en las operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo y enfermedad las prestaciones económicas que se garanticen podrán serio en forma de capital, que no podrá exceder de una percepción única de 13.000.000 de pesetas, y en forma de renta, que no podrá exceder de 3.000.000 de pesetas como renta anual.
Viviendas de protección oficial y otras de interés social conforme a la legislación reguladora de las mismas. Será requisito necesario para su aseguramiento que esten habitadas por el propio mutualista y su familia.
Maquinaria, bienes e instrumentos de trabajo de mutualistas que sean pequeños empresarios. A estos efectos se entenderá por pequeños empresarios los trabajadores autónomos por cuenta propia que tengan tal consideración con arreglo a la legislación de Seguridad Social y los profesionales, esten o no colegiados, así como los empresarios, incluidos los agrícolas siempre que tales profesionales o empresarios no empleen a más de cinco trabajadores por cuenta ajena.
Cosechas de fincas cultivadas directa y personalmente por el agricultor, siempre que su cobertura no sea posible con arreglo al Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, así como los ganados integrados en la unidad de explotación familiar.
Régimen de ampliación de prestaciones.
1. Las mutualidades de previsión social podrán otorgar la cobertura de riesgos por ramos en los mismos términos que las restantes entidades aseguradoras, sin estar sujetas a los límites cualitativos y cuantitativos impuestos por los artículos 7 y 8 de la presente Ley.
Haber transcurrido, al menos, un plazo de cinco años desde la obtención de la autorización administrativa para realizar la actividad aseguradora y ser titular de una autorización válida en todo el Espacio Económico Europeo.
No haber estado sujeta a medidas de control especial, ni haberse incoado a la misma procedimiento administrativo de disolución o de revocación de la autorización administrativa durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de autorización.
Poseer el mínimo de fondo mutual, margen de solvencia y del fondo de garantía exigibles a las mutuas de seguros a prima fija y tener constituidas las provisiones técnicas en los mismos términos que deben tenerlas dichas mutuas a prima fija.
Presentar y atenerse a un programa de actividades en los ramos de seguro para los que soliciten autorización administrativa de ampliación de prestaciones.
Sujetarse, respecto de la actividad aseguradora que realicen con ampliación de prestaciones, a la clasificación por ramos de seguro, con indicación expresa de los ramos de seguro para los que solicitan autorización de ampliación de prestaciones.
Artículo 11. Procedimiento de obtención de autorización administrativa de ampliación de prestaciones. La solicitud de autorización de ampliación de prestaciones se podrá dirigir a la Dirección General de Seguros o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, y deberá ir acompañada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo precedente.
Podrá operar en dicho ramo de vida y en sus complementarios en los mismos términos que una mutua de seguros a prima fija.
Podrá continuar realizando las operaciones de previsión de riesgos a que se refieren los apartados 1.b) y 1.c) del artículo 7, así como la previsión de riesgos sobre las cosas del artículo 8.
Realizar las operaciones de seguro correspondientes al ramo autorizado y a sus accesorios en los mismos términos que las mutuas de seguros a prima fija.
Solicitar autorización administrativa para extender su actividad a otros ramos de seguro distintos al de vida.
Continuar realizando las operaciones de previsión de riesgos sobre las personas a que se refiere el artículo 7.1.a).
Estarán exentas de la limitación de otorgar únicamente las prestaciones fijadas en los artículos 7 y 8, así como y de hacerlo dentro de los límites cuantitativos fijados en los mismos.
Podrán practicar operaciones de coaseguro y de aceptación en reaseguro.
Deberán disponer del fondo mutual mínimo, margen de solvencia y fondo de garantía exigibles a las mutuas de seguros a prima fija.
Deberán constituir las provisiones técnicas en los mismos términos que las mutuas de seguros a prima fija.
2. Las mutualidades de previsión social deberán acreditar un fondo mutual permanente, aportado por sus mutualidades o constituido con excedentes de los ejercicios sociales, cuya cuantía mínima será de 5.000.000 de pesetas.
3. Las mutualidades de previsión social que sean exclusivamente a prima variable formarán con su patrimonio un fondo de maniobra que les permita pagar los siniestros y gastos sin esperar al cobro de las derramas. Su cuantía no será inferior al importe medio de la siniestralidad del último trienio y su régimen deberá regularse en los estatutos sociales.
Que mantengan la actividad de otorgamiento de prestaciones sociales con absoluta separación económico-financiera y contable respecto de las operaciones realizadas al amparo del objeto social definido en el artículo 3 de la presente Ley.
Que, en todo momento, dispongan del fondo mutual mínimo y tengan adecuadamente constituidas sus provisiones técnicas, margen de solvencia y fondo de garantía o, en su caso, fondo de maniobra, exigible a las mutualidades de previsión social con carácter general. En el supuesto de haber obtenido la autorización administrativa de ampliación de prestaciones, las exigencias de fondo mutual mínimo y garantías financieras serán las que corresponden a las mutuas de seguros a prima fija.
Que los recursos que dediquen a la actividad de prestación social sean de su libre disposición.
AGRUPACIONES Y FEDERACIÓN DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
La constitución tendrá lugar en escritura pública que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil, adquiriendo por tal inscripción personalidad jurídica.
Estarán sujetas a autorización administrativa del Consejero competente, que sólo podrá ser solicitada tras la adquisición de personalidad jurídica.
El ámbito territorial de cada agrupación no podrá exceder del de la Comunidad de Madrid.
La colaboración con la Consejería competente.
El asesoramiento técnico y jurídico a las mutualidades de previsión social incorporadas a la agrupación.
La recopilación en su respectivo ámbito sectorial de cualesquiera datos estadísticos que afecten a las mutualidades de previsión social sujetas a la presente Ley.
La realización de estudios y publicaciones sobre materias propias del mutualismo de previsión social.
2. Podrán integrarse en la Federación Madrileña de Mutualidades de Previsión Social las mutualidades de previsión social y las agrupaciones de mutualidades. La integración en la Federación será voluntaria y las mutualidades de previsión social podrán integrarse en la misma con independencia de que esten, o no, asociadas, a una o varias agrupaciones de mutualidades de previsión social.
Asimismo, las mutualidades de previsión social, sus agrupaciones y la Federación Madrileña de Mutualidades de Previsión Social podrán constituir agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, en este último caso exclusivamente entre si, con arreglo a la legislación general reguladora de las mismas y con sometimiento al control del órgano administrativo competente, además del que prevé dicha legislación.
Directamente por la propia mutualidad.
A través de la participación de los mutualistas, en la incorporación de nuevos mutualistas y en la gestión de cobro de las cuotas, en cuyo caso podrán percibir la compensación económica adecuada fijada estatutariamente.
Mediante la actividad de mediación en seguros privados.
No obstante, este sistema sólo será admisible cuando la mutualidad de previsión social que incorpore mutualistas con la intermediación de mediadores en seguros privados cumpla los requisitos de fondo mutual y garantías financieras exigibles a las Mutualidades de Previsión Social.
1. La mutualidad de previsión social está presidida por el principio de igualdad de obligaciones y derechos para todos los mutualistas.
Los mutualistas tendrán derecho a participar en el gobierno de la mutualidad de previsión social a través de sus órganos sociales.
Los resultados de cada ejercicio económico darán lugar a la correspondiente derrama activa o retorno o, en su caso, derrama pasiva, que deberá ser individualizada y hechas efectivas en el ejercicio siguiente. O bien, se traspasarán a las cuentas patrimoniales del correspondiente ejercicio.
Cuando un mutualista cause baja en la mutualidad tendrá derecho al cobro de las derramas activas y obligación de pago de las derramas pasivas acordadas y no satisfechas.
También tendrá derecho a que, una vez aprobadas las cuentas del ejercicio en que se produzca la baja, le sean devueltas las cantidades que hubiere aportado al fondo mutual, salvo que hubieran sido consumidas en el cumplimiento de la función específica del mismo y siempre con deducción de las cantidades que adeudase a la mutualidad. No procederá otra liquidación con cargo al patrimonio de la mutualidad a favor del mutualista que cause baja.
La responsabilidad de los mutualistas por las deudas sociales no podrá exceder del tercio de la suma de las primas que hubieran satisfecho en los tres últimos ejercicios, con independencia de la prima del ejercicio corriente.
El régimen de aportaciones y prestaciones, que guardará la relación establecida en los estatutos, pólizas de seguro o reglamento de prestaciones con las circunstancias que concurran en cada uno de ellos.
Los mutualistas que hayan realizado aportaciones para constituir el fondo mutual podrán percibir intereses no superiores al interés legal del dinero, y únicamente podrán obtener el reintegro de las cantidades aportadas en el supuesto en que causen baja en la mutualidad de previsión social en los términos y con los requisitos exigidos en la letra c) del precedente apartado 1 o cuando lo acuerde la asamblea general por ser sustituidas con excedentes de los ejercicios anteriores.
En caso de disolución de la mutualidad de previsión social participaren en la distribución del patrimonio los mutualistas que la integren en el momento en que se acuerde la disolución y quienes, no perteneciendo a ella en dicho momento, lo hubiesen sido en el período anterior fijado en los estatutos.
Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los participes en el fondo mutual.
RÉGIMEN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL.
CONSTITUCIÓN DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL.
En la constitución de mutualidades de previsión social deberán concurrir, al menos, 25 mutualistas, si son personas físicas, bastando uno, si es persona jurídica. En este último caso deberá comprometerse a asegurar los riesgos sobre la persona o sobre las cosas que afecten, como mínimo, a 25 personas físicas.
Los nombres, apellidos y edad de los otorgantes, sí éstos fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. Se hará constar con separación quiénes tienen la condición de mutualistas y, en su caso, aquellos otros que son entidades o personas protectoras.
Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la mutualidad de previsión social.
Los nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen inicialmente de la administración y representación de la mutualidad de previsión social, sí fueran personas físicas, o su denominación social si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio, así como las mismas circunstancias, en su caso, de los auditores de cuentas de la mutualidad de previsión social.
Denominación de la mutualidad de previsión social. Objeto social y ámbito territorial y, en su caso, sectorial de actuación.
Derechos y obligaciones de los mutualistas, con indicación de los requisitos objetivos que deberán reunir para ser admitidos como tales así como el alcance de la responsabilidad de los mutualistas por las deudas sociales, caso de existir, que no podrá exceder del límite del fijado en el artículo 24.1.d) de esta Ley.
La censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior de la mutualidad y la decisión sobre la aplicación del resultado.
La modificación de los estatutos sociales, salvo el traslado del domicilio social dentro del término municipal, que podrá acordarse por la Junta Directiva.
El aumento y reducción del fondo mutual o, en su caso, del fondo de maniobra, así como la transformación, fusión, escisión y disolución de la mutualidad de previsión social.
La renuncia a la autorización administrativa concedida para el ejercicio de la actividad aseguradora y la cesión general de cartera que afecte a todas las coberturas de la mutualidad de previsión social o, caso de haber obtenido la autorización administrativa de ampliación de prestación, a todos los ramos en que opere.
La elección o ratificación, en su caso, de miembros de la Junta Directiva en los términos establecidos en los estatutos y el ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad.
La aprobación y modificación de los reglamentos de prestaciones.
El nombramiento de auditores, en su caso.
Cada mutualista tendrá derecho a un voto.
La Asamblea General se entenderá en segunda convocatoria en los supuestos especiales regulados en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas cualesquiera que sea el número de mutualistas concurrente a la misma, salvo que los estatutos sociales fijen un quórum determinado, el cual, necesariamente, habrá de ser inferior al que aquéllos hayan establecido o exija la Ley para la primera convocatoria en los supuestos generales.
En la legitimación de los mutualistas para asistir a la Asamblea General no serán admisibles las limitaciones de los derechos de asistencia y voto recogidos en los artículos 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los estatutos sociales contendrán la previsión del modo de acreditar la condición de mutualistas con anterioridad a la celebración de la Asamblea General.
Los mutualistas podrán hacerse representar en la Asamblea General por medio de otra persona, que deberá reunir necesariamente la condición de mutualista. La representación deberá ser escrita y especial para cada Asamblea General. Los estatutos sociales podrán limitar el número de representaciones que pueda tener un mismo mutualista en la Asamblea General o, en su caso, en las reuniones territoriales.
Las Asambleas Generales se celebraren en la localidad donde la mutualidad tenga su domicilio, salvo que los estatutos prevean, por razones justificadas, otro u otros lugares de celebración.
El Presidente y el Secretario habrán de ser mutualistas. Los restantes miembros de la Junta Directiva también deberán ser mutualistas; no obstante, caso de existir entidades o personas protectoras, los estatutos sociales podrán determinar de que forma los protectores o sus representantes podrán formar parte de la Junta Directiva, sin precisar la condición de mutualista. La participación del protector en la Junta Directiva en ningún caso podrá suponer el control efectivo de este órgano societario en detrimento de su funcionamiento democrático.
2. Son facultades de la Junta Directiva la representación de la mutualidad en todos los actos comprendidos en el objeto social que no estén expresamente reservados por el artículo 29.2 de esta Ley a la Asamblea General.
1. Los estatutos sociales de las mutualidades de previsión social deberán prever la Gerencia como órgano social. No obstante lo anterior, únicamente será necesario su constitución efectiva cuando concurran las circunstancias referidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 30.
2. La Gerencia será desempeñada por una o varias personas, en cuyo caso actuarán mancomunadamente, físicas o jurídicas, que reúnan los requisitos de honorabilidad y cualificación o experiencia profesionales exigibles a los administradores de las entidades aseguradoras y su designación y cese corresponderá a la Junta Directiva.
Si la Gerencia se encomienda a personas jurídicas, éstas deberán designar personas físicas para que las representen en el ejercicio de sus funciones.
3. La Gerencia, cuando sea órgano necesario, desempeñará, por delegación, las facultades que la presente Ley atribuye a la Junta Directiva, salvo la formulación de las cuentas anuales a la Asamblea General, aunque si le corresponderá su elaboración para presentarlas a Junta Directiva. Esta delegación de facultades lo será sin detrimento de las de la Junta Directiva, que las seguirá manteniendo como propias.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN.
ALCANCE COMPETENCIAL Y REGULACIÓN.
La Comunidad de Madrid tendrá competencia respecto de las mutualidades de previsión social cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos, en el caso de seguros distintos del de vida, y asunción de los compromisos, en el supuesto de seguros de vida, que aseguren, se circunscriba al territorio de la Comunidad Autónoma.
1. La relación jurídica entre la mutualidad de previsión social y cada mutualista se regirá:
En lo que al aspecto societario concierne, por sus respectivos estatutos sociales.
En lo que afecta al mutualista como tomador del seguro o asegurado por la Ley de Contrato de Seguro y disposiciones ulteriores complementarias, modificadoras o de desarrollo de la misma. A estos efectos, las mutualidades de previsión social podrán optar por emitir pólizas de seguros o elaborar reglamentos de prestaciones, o ambos simultánea o complementariamente.
En el ámbito normativo se regirán, con competencia exclusiva, por los preceptos sobre régimen estructural y funcional contenidos en el capítulo segundo del título I y en el título II; con competencia compartida, por las bases estatales de la ordenación de los seguros y por las normas de la de esta Ley de desarrollo de dichas bases.
En el ámbito de competencias de ejecución estarán sujetas íntegramente a las de la Comunidad de Madrid, correspondiendo la supervisión a la Consejería competente y, bajo su superior dirección, al órgano administrativo competente.
SUPERVISIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El control ordinario de las mutualidades de previsión social por la Consejería competente se ajustará a la presente Ley, con respecto a las bases de ordenación de los seguros de vida privados contenidas en la Ley estatal 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y normas reglamentarias de desarrollo.
Al objeto del ejercicio por la Administración General del Estado del alto control económico-financiero que le corresponde sobre las mutualidades de previsión social:
La Consejería competente comunicá al Ministerio de Economía y Hacienda cada autorización administrativa que conceda, así como su revocación.
1. Las mutualidades de previsión social dispondrán hasta el 31 de diciembre del año 2000 para adaptarse a los preceptos de esta Ley.
Las mutualidades de previsión social que prevean no alcanzar a 31 de diciembre del año 2000 las exigencias mínimas de garantía financiera deberán solicitar, al menos con seis meses de antelación a dicha fecha, autorización por la Dirección General de Trabajo y Empleo de un plan de reequilibrio.
La Dirección General de Trabajo y Empleo autorizará dicho plan de reequilibrio si del examen económico-financiero de la mutualidad se refiere racionalmente que podrá alcanzar dichas garantías financieras en los plazos máximos que a continuación se señalan, contados a partir del 1 de enero del año 2001:
Cinco años para completar por quintas partes anuales, como mínimo, las cuantías del margen de solvencia y del fondo de garantía.
Quince años para alcanzar la provisión de seguros de vida.
Cinco años para que las inversiones a efectos de cobertura de provisiones técnicas lo sean en activos aptos para las mismas.
Las insuficiencias que se produzcan en la constitución de las provisiones técnicas durante el período transitorio de adaptación no se considerarán como minusvalías a efectos de determinación del margen de solvencia pero las mutualidades de previsión social sometidas a planes de reequilibrio no podrán acogerse al régimen de ampliación de prestaciones hasta que completen dicho plan de reequilibrio y siempre que cumplan además los requisitos exigidos en el artículo 10.3.
Las mutualidades de previsión social escolares no estarán sujetas a la exigencia de fondo mutual que recoge el artículo 14.2 de esta Ley. Deberán acreditar un fondo mutual de 100.000 pesetas cuando la recaudación anual de cuotas sea inferior a 5.000.000 de pesetas; de 500.000 pesetas, cuando la recaudación anual sea superior a 5.000.000 de pesetas y no supere los 25.000.000, y de 1 000 000 de pesetas, en los demás casos.
La gestión de fondos de pensiones por mutualidades de previsión social se regirá por la legislación específica reguladora de los planes y fondos de pensiones.
Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, previa audiencia de la Federación Madrileña de Mutualidades de Previsión Social, desarrollar la presente Ley en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad reglamentaria así como, en general, en todas aquéllas susceptibles de desarrollo reglamentario en que sea preciso para su correcta ejecución, mediante la aprobación de su Reglamento y las modificaciones ulteriores del mismo.
Madrid, a 30 de junio de 2000.
Artículos 10 (apdo. 3.a), 11, 30 (apdo. 1) y 32 (apdo. 1):
Redacción según Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Cerrar
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