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Timestamp: 2020-01-17 13:43:58
Document Index: 4014143

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 306', 'artículo 29', 'artículo 206', 'artículo 116']

Casación No. 33. 569 José Antonio Montero Rodríguez
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Casación No. 33.569
José Antonio Montero Rodríguez
Proceso n.º 33569
Aprobado Acta: 101
Bogotá, D. C, veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).
Con el fin de verificar si reúne los presupuestos que condicionan su admisión, examina la Sala la demanda de casación presentada por el defensor de JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ, contra el fallo proferido por el Tribunal de Bogotá1, el cual confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que lo condenó a la pena de 154 meses de prisión, por el punible de tráfico de estupefacientes.
El 9 de febrero de 2000, Jorge Jesit Torres Muñoz y Consuelo Gutiérrez Martínez, piloteaban la avioneta Cessna 210 de matricula HK-1951, la cual aterrizó en el pueblo de San Juan de Tequesquitengo, ubicado en el Estado de Morelos, México; con una carga de 403,760 gramos de cocaína, luego de que la nave fuera interceptada por agentes de la D.E.A. Este episodio dio como resultado que el 18 de julio de 2000, los aviadores fueran condenados por las autoridades judiciales del país aludido, a la pena de 11 años de prisión y 125 días de multa; entre otras pruebas, ellos aceptaron la responsabilidad penal en el delito imputado.
Realizadas las investigaciones respectivas en Colombia con base en los informes allegados de México, la Fiscalía vinculó a la investigación a JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ, cuando estableció que era el propietario inscrito ante la Aeronáutica Civil de la avioneta, en cuyo interior se trasladó la sustancia prohibida.
A C T U A C I Ó N P R O C E S A L
1. El 30 de noviembre de 2006, la Fiscalía 15 Especializada de Bogotá, dictó resolución de acusación contra JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ, por el punible de tráfico de estupefacientes agravado2, en calidad de autor.
2. El 22 de abril de 2007, la Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal de Bogotá, confirmó la imputación recurrida por la defensa técnica.
3. El 8 de julio de 2008, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Especializado, condenó a JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ, a 154 meses de prisión, a la multa de 200 smlmv y, como accesoria, le impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la sanción privativa de la libertad; además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
4. El 2 de junio de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia condenatoria, con ocasión a la apelación que surtiera la defensa.
5. El mismo sujeto procesal, inconforme con la decisión de segundo grado, la recurrió en casación; libelo que hoy califica la Sala.
Bajo la égida de la Ley 600 de 2000, el actor atacó la sentencia de segundo nivel, en tres cargos.
a) Falso raciocinio:
Fue invocado por aplicación indebida del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el canon 33 de la ley 365 de 1997.
Anunció que su ataque estaba dirigido contra los indicios de mala justificación y de mentira construidos por el Juez Plural, quien retomó las consideraciones de la instancia sobre la responsabilidad penal de su prohijado. Así mismo, adujo que los falladores jamás analizaron “los medios probatorios en concreto”; incluso, en tales proveídos se habló de una escritura pública de compraventa falsa “aunque no exista una sentencia judicial que así lo declare”, en donde, se dijo que el hoy condenado quiso que apareciera otra persona como propietaria para la fecha de la aprehensión de la nave en México, esto es, 9 de febrero de 2000.
Indicó que el Tribunal avaló las motivaciones del juzgado por cuanto se correlacionaban con las reglas de la experiencia para deducirle no la calidad de cómplice como lo peticionó la defensa, sino la de coautor, porque el argüido desconocimiento del inculpado “del negocio de la aviación” o la venta de “automotores”, no es un precedente confiable y la capacidad económica del mismo, enseña que ésta “es una exculpación desprovista de asidero demostrativo”. También agregó la magistratura, recordó el memorialista, que el acusado no le contó a la justicia que era propietario de otra aeronave, “por lo que no es de credibilidad que desconociera esta clase de trámites de estos bienes”.
El yerro según el libelista se percibe en los dictámenes periciales allegados a la actuación:
“… estos documentos en su orden lo que señalan es lo siguiente: El primero concluye que la huella impuesta en el documento efectivamente es de mi defendido JOSE ANTONIO MONTERO RODRIGUEZ (sic). El segundo señala que el visto bueno obrante en la escritura es falsificado por imitación al acostumbrado por la funcionaria BEATRIZ HELENA ARBOLEDA. (Pero es que en ningún momento se estaba cuestionando este visto bueno). El tercero habla en la conclusión de un segundo momento escritural (pero esto no implica falsedad); y el cuarto se refiere a documento diferente a la escritura”.
Por último, afirmó cómo deberían haber actuado las instancias y en ese sentido expresó, que si ellas se hubieran “ceñido a la interpretación correcta de los diferentes dictámenes periciales”, su mandante estaría libre, porque, “en últimas el delito no existió”.
b) Falso raciocinio.
Apoyado por falta de aplicación del in dubio pro reo, “predicable igualmente de los mismos medios de prueba referidos en el cargo primero y que ya se relacionaron”. A renglón seguido afirmó que también atacaba la sentencia por “APRECIACION ERRONEA (sic) EN LA PRUEBA DERIVADA EN ESTE CASO POR UN ERROR DE HECHO (FALSO RACIOCINIO)”.
Lo motivó con base en la interpretación dada a los diversos dictámenes periciales y en las versiones de su prohijado, en tanto, el error en las decisiones judiciales tiene que ver con la degradación de responsabilidad penal contra su mandante cuando lo que han debido hacer es aplicar a favor de él, el in dubio pro reo.
Luego, trajo a colación dos párrafos de la sentencia de primer grado, en donde se edificó la prueba incriminatoria contra su prohijado; sin embargo, advirtió que fue condenado con “dudas protuberantes” y el Tribunal ha debido realizar una valoración de los diversos dictámenes como la versión e injurada de su defendido y entrar a aplicar la duda a su favor, como bien lo solicita, se case, por esta razón.
c) Nulidad.
Invocó la causal tercera de casación de la Ley 600 de 2000 y el artículo 306 de la misma normatividad, por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.
Exclusivamente la sustentó con las siguientes palabras:
“En forma oportuna se solicito (sic) la practica de una prueba y el Sr. Fallador (sic) a pesar de haberla decretado no la practicó con el argumento de que la defensa no había traído la dirección. Me refiero a la inspección judicial en la Aseguradora Colseguros con relación a la póliza de la aeronave”.
Con base en lo anterior y en caso de no prosperar los primeros cargos, adujo el libelista que el Juez Colegiado tenía la obligación de declarar la nulidad “para que se practicara la prueba de (sic) oportunamente solicitada”.
1. La Corte advierte que los ataques formulados contra la sentencia de segundo nivel expedida por el Tribunal de Bogotá, no reúnen los mínimos presupuestos de coherencia y lógica-argumentativa descritos por la jurisprudencia para admitir la demanda, pues si bien alegó el profesional del derecho en nombre del inculpado JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ, dos falsos raciocinios, propios de la vía indirecta de violación de la ley sustancial y una nulidad como punto de partida para lograr su infirmación; en el desarrollo y demostración de las censuras incurrió el defensor en graves, múltiples y exacerbadas falencias, las cuales atentan contra la filosofía que inspira el recurso extraordinario de casación.
2. Menos aún puede entenderse los reproches como nueva ruta para confeccionar escritos de libre importe y, ensayar, por ese camino, derrumbar la doble presunción de acierto y legalidad inherente a las decisiones concebidas en los proveídos; tampoco consiste en añadir un cúmulo de ideas disgregadas y fragmentadas en el libelo en búsqueda de fines jurídicos subjetivos o hipotéticos para asegurar un posible éxito, tal como lo plasmó el recurrente.
3. Como metodología, la Sala abordará el estudio de las censuras en bloque, estableciendo aquellos puntos más preponderantes, a fin de determinar de manera precisa los desatinos de mayor impacto, con el objeto de brindarle al jurista suficiente claridad en torno a los dislates presentados en su inconformidad.
4. Son múltiples y complejos los errores detectados en la demanda.
El primero tiene que ver con la vulneración del principio de prioridad, el cual debe ser el norte del jurista, con el objeto de precisar qué ataque de los potencialmente presentados, -entre ellos el o los de nulidad entre sus varias alternativas- tiene mayor entidad o extensión de lesión en el proceso; desde luego, dicha labor es exclusiva del actor, pues de prosperar, por sustracción de materia los demás perderían su identidad demostrativa; también tendrá como labor esencial, pormenorizar las normas sustanciales virtualmente vilipendiadas y, desde luego, mostrar un desarrollo inherente a la legislación base del ataque; indicar la repercusión final y trascendente de cada nulidad propuesta y señalar desde qué instante procesal solicita su declaratoria, sustentando las razones para ello.
Lo precedente, por cuanto, la declaratoria de nulidad es un remedio extremo que busca revertir el derecho quebrantado y dejar incólume la estructura del proceso; entonces, es compromiso del libelista sustentarlo en ilación con las pautas expuestas y demostrar objetivamente la existencia material de la violación junto con la correspondiente consecuencia, pues no cualquier falencia que se alegue rompe la armonía procesal prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
El segundo dislate se concreta en la forma de desarrollar una censura por esta vía de ataque, para ello, se hace imperioso, discernir ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿de qué manera? y ¿quién?, consumó en instancias una vulneración a las garantías constitucionales fundamentales determinadas en alguno de los sentidos expresados por la ley y la jurisprudencia; además, le corresponderá motivar al jurista la influencia dañina del yerro alegado en la decisión impugnada al amparo de instrumentos internacionales, normas nacionales potencialmente vilipendiadas en ilación sustancial con la Constitución Política; presupuestos que no se satisfacen por el sólo hecho de haber sido insinuados por el abogado, como en el caso en estudio.
Aún más: solo presentó el demandante su discrepancia respecto a la prueba que se dejó de practicar, en escasos renglones sin adicionarle nada sustancial a su propuesta, pensando quizás que ella, en si misma considerada, tenía idoneidad manifiesta o de éxito, lo cual es absurdo e ilógico; en tanto, como lo viene repitiendo la Sala desde antaño, el recurso de casación tiene entre sus características el de ser rogado y en sede extraordinaria, lo cuestionado en instancias, no puede ni debe ser presentado con la misma anarquía argumentativa, pues en esos casos, como el de estudio, sus premisas colapsan.
El memorialista debe identificar y establecer, conjuntamente, la clase de nulidad (estructura o garantía), descubriendo las normas sustanciales vulneradas, a fin de explicar por qué su premisa es consecuente con el acontecer procesal y, tampoco puede ignorar los principios que orientan las nulidades: taxatividad, protección, residualidad, finalidad de los actos, entre otros, con el objeto de constatar la infirmación de la sentencia última, puesto que si aplica alguno, como el de convalidación, la embestida se torna insustancial y efímera.
Lo único que se percibe en la demanda es el abandono integral por parte del defensor de los presupuestos enunciados; pues su primer compromiso debió consolidarse en atender el contenido del postulado de prioridad, cuya vulneración es latente; refirió irregularidades sustanciales, pero a la postre ninguna fue sustentada, pues alegó, se repite, que la inspección judicial de la Aseguradora Colseguros en relación con la aeronave, no se practicó a pesar de haber sido decretada; sin embargo, equivocó la vía de ataque, en tanto, era por violación al derecho de defensa (pruebas solicitadas, decretadas y no practicadas) la esencia del ataque que ha debido refutar, no el sentido de la nulidad aquí propuesta.
El tercer desafuero se identifica con la evidente vulneración del postulado de autonomía que rige el recurso de casación, al sustentar el yerro propuesto por falso raciocinio, en un mismo texto argumentativo, con errores propios de la vía directa de violación de la ley sustancial, como fue el caso de la interpretación errónea: combinación letal, por ser excluyentes los presupuestos de unos y otros yerros, lo cual se patentizó en los diversos enunciados de la demanda; por cuanto, en el error de hecho, por ejemplo, se ataca la identidad, existencia o apreciación de los medios y, en el segundo, el juicio en derecho acreditado por las instancias al caso.
Ahora, si el caso era “apreciar” en determinada forma el plexo probatorio, según lo sostuvo, con el fin de atacar los indicios de mala justificación y de mentira construidos por el Juez Plural o quizás aplicar el principio universal de la duda a favor del reo, los yerros son aún más desafortunados: primero, jamás informó exactamente cuál era su descuerdo con los medios por él citados; segundo, tampoco los confrontó con las decisiones objetadas; tercero, no indicó cuál postulado de la lógica, de la ciencia o regla de la experiencia fue vilipendiado con la valoración adoptada por los falladores; cuarto, menos aún realizó la crítica vinculante entre la convergencia o divergencia de los medios denunciados y la valoración judicial frente a sus conclusiones y quinto, debió sopesar, además, todo el conglomerado probatorio, confrontando las pruebas sopesadas por las instancias, para arribar por tal camino demostrativo, a derruir los indicios o la aplicación de la duda.
El cuarto yerro se identifica con la escueta y nula sustentación de los diversos ataques enunciados por el libelista, en tanto, cada uno tiene destinado por la jurisprudencia desde antaño, unas pautas mínimas para hacerlo coherente, lógico y trascendente, las cuales ignoró en su totalidad el recurrente; por ejemplo, el falso raciocinio, debe ser elevado en atención a específicas pautas, sin las cuales la censura se muda en un alegato ligero, general y espontáneo, de ningún recibo en sede extraordinaria.
No se percató entonces que, el error inmediatamente citado, con sólo enunciarlo no suple la debida argumentación ni se entiende vulnerada la ley sustancial; además de ello, es su deber constatar que los medios probatorios allegados al proceso legalmente, al ser sopesados por los funcionarios judiciales en su precisa dimensión fáctica, le asignaron un mérito persuasivo jamás confrontado en la demanda, pues solo realizó una creación subjetiva e individual con el fin de resolver el caso a su favor.
Habida consideración, tendrá como meta didáctica el demandante determinar: i) qué dice de manera objetiva el medio, ii) qué infirió de él el juzgador, iii) cuál valor persuasivo le fue otorgado, iv) indicar la regla de la lógica omitida o apropiada al caso, v) o señalar la máxima de la experiencia que debió valorarse, con el objetivo de probar que el fallo motivo de impugnación tuvo que ser sustancialmente opuesto.
Por tanto, es deber intelectual del actor mostrar cuál es el aporte científico correcto y, por supuesto, la trascendencia del error, para lo cual tiene que presentar un nuevo panorama fáctico, contrario al declarado en instancias; por tanto, el jurista no cumplió ningún paso de los reseñados atrás y por consiguiente inundó su argumentación de conjeturas y suposiciones propias de un escrito elaborado de libre impronta, sin el más mínimo presupuesto casacional.
En este escenario, la Sala tiene el deber jurídico de recordar que en temas de casación ningún supuesto de hecho o de derecho puede ser abordado desconociendo la ley y los presupuestos jurisprudenciales que la vienen desarrollando, pues hacerlo así desquicia el sentido, existencia y finalidad del recurso extraordinario, precisamente, porque en los axiomas que lo gobiernan, se encuentran los de claridad, coherencia, precisión, objetividad, entre otros, los cuales, fueron ignorados en forma absoluta por el censor.
Más aún: la Sala viene exhortando de tiempo atrás que el estudio de la admisibilidad de las demandas, tiene como norte, dos aspectos centrales más: (i) idoneidad formal, requerida por el código instrumental en punto a los principios atrás enunciados, en tanto, se debe exponer cada cargo a tono con la lógica desarrollada por esta judicatura para sustentar cada causal, a fin de hacer más comprensibles, objetivas y eficaces las pretensiones plasmadas por los censores, (ii) idoneidad sustancial, la cual se identifica con la efectividad del derecho material, las garantías debidas a los intervinientes, la unificación de la jurisprudencia y la reparación de los agravios inferidos a las partes; como fines esenciales de la casación, previstos en el artículo 206 de la Ley 600 de 2000.
Siendo ello así, ninguno de los dos presupuestos fue construido por el demandante, donde fue latente la ausencia de ambos en todo el contexto de la demanda, la cual se encuentra inundada de desatinos como el anunciar que los juzgadores “no valoraron las pruebas”, en la sustentación del primer falso raciocinio, contraviniendo el principio de autonomía y, de paso, el postulado de no contradicción; en cuanto, si no se apreciaron los diversos medios probatorios, en la misma línea hermenéutica, de ningún modo, se puede sostener que si lo fueron al cuestionar también el raciocinio judicial aplicado a éstos.
El quinto yerro se concreta a las reglas de la experiencia citadas por el libelista, que a su vez dijo el Tribunal trabajó, pero que él jamás refutó a tono con las pautas jurisprudenciales expuestas; sobre este punto, viene sosteniendo la Sala lo siguiente:
“Las reglas de la experiencia se configuran a través de la observación e identificación de un proceder generalizado y repetitivo frente a circunstancias similares en un contexto temporo - espacial determinado. Por ello, tienen pretensiones de universalidad, que sólo se exceptúan frente a condiciones especiales que introduzcan cambios en sus variables con virtud para desencadenar respuestas diversas a las normalmente esperadas y predecibles.
Así las cosas, las reglas de la experiencia corresponden al postulado "siempre o casi siempre que se presenta A, entonces, sucede B", motivo por el cual permiten efectuar pronósticos y diagnósticos. Los primeros, referidos a predecir el acontecer que sobrevendrá a la ocurrencia de una causa específica (prospección) y los segundos, predicables de la posibilidad de establecer a partir de la observación de un suceso final su causa eficiente (retrospección)”3.
Ahora bien: un nuevo desatino tiene que ver con el principio de trascendencia, puesto que a través de él, se constata la importancia, lesividad y gravedad del error denunciado. No es factible, por ende, repetir o transcribir iguales formulaciones jurídicas tanto en la motivación del cargo como en el apartado destinado a la misma: con el primero la violación a la ley sustancial se identifica, detecta y se acopla a lo que debió ser y no se hizo; bajo el segundo rasero, el yerro alegado se demuestra, verifica y constata señalando en forma concreta el efecto perjudicial y dañino de éste en la decisión atacada: ello tampoco fue realizado por el jurista.
Por tanto, el axioma en estudio, no fue ni enunciado por el defensor quien mostrando y develando aún más sus misceláneos dislates contra lo sopesado por las instancias concluyó que debería casarse el fallo recurrido, precisamente, en esas precarias condiciones argumentativas, lo cual es, insustancial y efímero.
Sin que se entienda como una respuesta de fondo sino en virtud del ejercicio pedagógico que viene realizando la Sala, como una garantía más de los derechos constitucionales fundamentales de las partes, se puntualizaran algunos aspectos inherentes al caso en estudio.
a) En algunos apartes, por ejemplo, el Juez de conocimiento afirmó:
“En efecto, las manifestaciones exculpativas del acusado tienden a establecer que a la sombra de la realidad se está ocultando un hecho, que, con las pruebas existentes, tiene que ver principalmente con el dominio, uso y posesión, no de una sino de dos aeronaves inscritas a su nombre, en especial la que es objeto de este proceso, pues, ente otras cosas, no es creíble la manera como MONTERO RODRÍGUEZ justifica el origen de los recursos con los que adquirió las avionetas, si se tiene en cuenta que la mayor parte de su vida ha sido empleado; ni por qué dejó la administración del bien (HK 1951) en una tercera persona a quien conoció tan solo dos meses antes de la compra, lo que incluía disponer de ella y recibir directamente la utilidad que generaba como taxi aéreo; o por qué ante la Fiscalía ocultó la propiedad de la aeronave identificada con la matrícula HK 2736, la cual fuera vendida en el mes de febrero de 2001, pese a que en la primera declaración se le cuestionara al respecto; a lo que se suma que no recuerda a quién le compró la avioneta HK 1951; que ésta tenía como centro de operaciones la ciudad de Medellín, mientras que él siempre ha vívido en Bogotá; que en enero de 2000 –dos meses después de la aparente venta del bimotor en el que se cometió el delito- contrató directamente con una empresa para el mantenimiento de la aeronave y en el mes de septiembre siguiente solicitó una certificación de inactividad de vuelo con la finalidad de venderla, pese a que supuestamente había transferido el dominio desde el mes de noviembre de 1999 y que, supuestamente, un accidente automovilístico le impedía ejercer labores como la inscripción en el registro de la Aeronáutica Civil del nuevo propietario. He aquí notorias contradicciones; ilógicas referencias históricas a hechos que el procesado expone como justificación de sus omisiones”.
Como lo expresado por el Juez de conocimiento se acopla en un todo a lo expuesto por la magistratura, en tanto sus providencias se consolidan bajo el tamiz del principio de unidad de decisiones; nada de lo sopesado por la instancia fue objeto de reproche alguno por el actor y, menos le asiste razón, cuando anunció que no fueron valoradas las exculpaciones de su prohijado, proponiendo un falso juicio de existencia por omisión probatoria.
b) El Tribunal de Bogotá, por su parte, aseveró:
“De esta forma, también se otea que uno de los presupuestos del ideario delictivo consistía en hacer creíble la apariencia de propiedad y ocultar la dedicación de la aeronave al tráfico de narcóticos, por lo que es admisible sostener que el acusado tenía condominio del hecho y que, por tratarse de más de 403 kilogramos de cocaína, no se duda de que se requería de la interacción de varios sujetos para conseguir y cargar la droga en la avioneta, estando en suelo patrio, pilotear el artefacto, llevar la sustancia ilícita a territorio extranjero y entregarla a los contactos, por lo cual se contempla la necesidad de un plan y de detallado acuerdo entre éstos.
De este modo, la Colegiatura no observa que el a-quo haya incurrido en un cambio de criterio… o que deba predicarse que la coautoría atribuida al procesado no existió, o que su participación sólo alcanzó el grado de complicidad subsecuente, cuando es menester precisar que, a pesar de la impugnación emprendida, no se logró desvirtuar ninguna de las bases o de los hechos indicadores sobre los que el sentenciador de primera instancia edificó y concluyó, respectivamente y de manera acertada, las inferencias y los hechos indicados, sumado a que tampoco se demostró que con su razonamiento hubiese quebrantado las reglas de sana crítica, los principios de la lógica o los datos que surgen de la experiencia común. En este orden de ideas, la Sala encuentra que la duda razonable no se yergue en contra de la certeza a ka que arribó el funcionario judicial de primer grado en lo tocante a la responsabilidad del acusado”. (Todos los subrayados fuera de texto).
En conclusión, el abogado sólo antepone su particular forma de entender el caso para en su lugar atacarlo con simples enunciados desprovistos de verdaderas argumentaciones lógico-jurídicas, pues los funcionarios judiciales respetaron las fronteras de la sana crítica y, en esa medida, prevalece su criterio sobre el de los sujetos procesales, en atención a la presunción de legalidad de sus decisiones; no encaja, entonces, dentro de la temática casacional, las discrepancias explicativas sobre cómo sopesó la magistratura, los diversos medios o, en juicio del actor, cómo deberían haber sido valorados.
Así las cosas y como quiera que el recurso extraordinario de casación está regido, entre otros, por el principio de limitación, las deficiencias de la demanda jamás podrán ser remediadas por la Corte, pues no le corresponde asumir la tarea cuestionable propia del recurrente, para complementarla, adicionarla o corregirla, máxime cuando es antiquísimo el criterio de la Sala, de ser un juicio lógico-argumentativo regulado por el legislador y desarrollado por la jurisprudencia, con el propósito de evitar convertirla en una tercera instancia.
La Sala advierte y lo repite ahora: no es un alegato deshilvanado y fuera de contexto jurídico con el que se pretenda derrumbar la legalidad de un proceso. Se requiere un mínimo esfuerzo lógico argumentativo a tono con la ley y la jurisprudencia, en donde paso a paso se vaya derrumbando la credibilidad otorgada por los falladores a las pruebas, si se selecciona la vía indirecta; o quizás la directa, cuando el recurrente exponga con una temática jurídica contundente que las instancias desbordaron la aplicación o interpretación del derecho en relación con los hechos y pruebas aceptadas, entre otras alternativas.
Otro de los postulados del recurso extraordinario de casación es el dispositivo, con el cual, lo acometido en el libelo convoca inexorablemente a su delimitación. Sin que pueda ni deba hacerse, una readecuación de las censuras y sus fundamentos, para así cumplir con la forma y luego de fondo, dictar la sentencia correspondiente. Esto concitaría a actuar en dos extremos excluyentes y exclusivos, en donde se unificarían las pretensiones contenidas en el escrito con el criterio jurídico de la Sala al enmendarlas, perfeccionarlas y, desde luego, dejarlas trascendentes para fallar en consecuencia. Por tanto, si se admite un libelo que incumpla elementales presupuestos de lógica y debida argumentación, no se combate ningún agravio sino se promueve la impugnación, usurpando facultades inherentes a las partes, en una actuación penal, lo cual es inadmisible.
Por esta potísima razón, se insiste en la consagración de algunos requerimientos sin los cuales el recurso se torna inane y queda convertido en un simple alegato de instancia –como en el caso de análisis- donde sólo impera la exclusiva voluntad del demandante, mas no se exponen de manera trascendente la injuria, vilipendio o afrenta a la ley, la Constitución o al Bloque de Constitucionalidad.
No es que la “técnica” por sí misma tenga como fin enervar los derechos adquiridos a los intervinientes o sujetos procesales, ni pueda reflexionarse siquiera que los yerros conducen a la Corte a desconocer situaciones fáctico-jurídicas de mayor relevancia; por tanto, si la Sala entra a solucionar todos los defectos contenidos en el libelo –admitiéndolo- se le irrogaría a la Judicatura un poder absoluto y arbitrario al reconfeccionarlo y adecuarlo a posturas argumentativas decantadas por los intervinientes en el proceso, para luego entrar a decidir el problema de fondo: lo cual es absurdo, inconveniente e incorrecto.
Se verifica, entonces, que el recurrente presentó una alegación producto de su propia percepción del derecho, los hechos y las pruebas contra lo afirmado por los funcionarios judiciales, sin ninguna prevalencia en la lógica-jurídica requerida para sustentar la censura, con lo cual sus pretensiones se alejan de la filosofía que irradia el instituto casacional.
Por otra parte, no se advierte que con ocasión a la sentencia impugnada o dentro de la actuación hubiese existido violación de derechos o garantías del sentenciado, como para superar los defectos y decidir de fondo, según lo impone la preceptiva consagrada en el artículo 116 de la Ley 600 de 2000.
Por último, estudiado el ataque, sólo conjeturas, suposiciones y especulaciones identifican la censura, sin que se hubiese presentado una motivación coherente con la propuesta casacional, circunstancia por la cual, la Corte inadmitirá el libelo presentado por el defensor a nombre de JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ.
Primero: Inadmitir la demanda de casación presentada a nombre de JOSÉ ANTONIO MONTERO RODRÍGUEZ, en virtud de lo argumentado en párrafos precedentes.
Tercero: Cópiese, notifíquese y cúmplase.
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA Excusa justificada
1 Las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia fueron proferidas el 8 de julio de 2008 y 2 de junio de 2009, respectivamente.
2 Con base en los artículos 33 y 38 de la Ley 30 de 1986, modificada por el 17 de la Ley 365 de 1997.
3 Corte Suprema de Justicia, Casación 19.888 del 28 de septiembre de 2006.