Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/contencioso-administrativo/sentencia-tribunal-supremo-num-5632010-07-02-2013
Timestamp: 2016-10-28 02:27:59
Document Index: 290787375

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 62', 'artículo 24', 'artículo 150', 'artículo 41', 'artículo 7', 'artículo 102', 'artículo\n88', 'artículo 128', 'artículo 103', 'artículo 42']

Sentencia Tribunal Supremo num. 563/2010 07-02-2013
Portada > Informaci�n Jur�dica > Jurisprudencia > Contencioso-administrativo	El TS confirma la destitución del secretario de San Bartolomé.
El Tribunal Supremo confirmó ayer el procedimiento disciplinario que llevó en 2005 al Ministerio de Administraciones Públicas a destituir al secretario municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a prohibirle desempeñar ese cargo durante un periodo de seis años. Sentencia Tribunal Supremo num. 563/2010 07-02-2013
Marginal: PROV\2013\61306
Recurso contencioso-administrativo n�m. 563/2010
Ponente: Nicol�s Maurandi Guill�n
NULIDAD-ANULABILIDAD DE ACTUACIONES: Revisión de oficio de actos en via administrativa: nulidad: solicitud de revisión de oficio para la declaración de nulidad de resoluciones administrativas que imponen sanciones: improcedencia: las resoluciones administrativas ya fueron recurridas por el interesado mediante recurso ordinario, y tras no obtener judicialmente la nulidad en su día interesada no puede ahora volver a pretender tal nulidad mediante el recurso de revisión.
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a siete de Febrero de dos mil trece.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
constituida por los señores arriba anotados, el recurso
contencioso-administrativo que con el número 563/2010 ante la misma pende de
resolución, interpuesto por don Jose Luis , representado por la Procuradora doña
María del Carmen Palomares Quesada, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 3 de diciembre de 2010, por el que se inadmite la solicitud de revisión de
oficio de la resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 3 de noviembre de 2005 [por la que se le impuso la sanción de destitución
del cargo de Secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las
Palmas) con prohibición de obtenerlo durante el plazo de tres años] y de la
resolución, desestimatoria del recurso de reposición, dictada por la Secretaría
General Técnica de dicho Ministerio el 11 de mayo de 2006. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada
PRIMERO Por la representación de don Jose Luis se interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros antes
mencionado, el cual fue admitido por la Sala, motivando la reclamación del
expediente administrativo que, una vez recibido, se entregó a la parte recurrente
para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que
verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y
alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó con este SUPLICO
"(...) dicte sentencia por la que:
a) Declare nulo, anule o revoque y deje sin efecto el acto objeto de
b) Por principio de economía procedimental, y atendidas las
circunstancias, entre en el fondo y se pronuncie sobre las alegadas NULIDADES.
c) Subsidiariamente, declare la nulidad de actuaciones y ordene a la
Administración se proceda a la tramitación de la solicitud de revisión de
oficio, desarrollando todo el procedimiento, con dictamen del Consejo de Estado
y dicte una resolución sobre el fondo del asunto".
SEGUNDO El señor Abogado del Estado, en representación de la
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, se opuso a la demanda mediante escrito en el
que, después de exponer cuanto estimó conveniente en defensa de la posición por
el defendida, terminó suplicando: "(...) dictar sentencia desestimando el recurso".
TERCERO No hubo recibimiento a prueba y, una vez conclusas las
actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 12 de
diciembre de 2012, pero la deliberación hubo de continuarla el 23 de enero de
2013 debido al elevado número de asuntos conocidos por la sección. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la
PRIMERO El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto
por don Jose Luis , se dirige contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3
de diciembre de 2010, por el que se inadmite la solicitud de revisión de oficio
de la resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 3 de
noviembre de 2005 [que le impuso la sanción de destitución del cargo de
Secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) con
prohibición de obtenerlo durante el plazo de tres años] y de la resolución,
desestimatoria del recurso de reposición, dictada por la Secretaría General
Técnica de dicho Ministerio el 11 de mayo de 2006. SEGUNDO Son hechos relevantes para un adecuado entendimiento de la
cuestión litigiosa los siguientes: 1.- En virtud de Orden de 3 de noviembre de 2005 se impone a don Jose
Luis , funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional y, en esa fecha, Secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana (Las Palmas), la sanción disciplinaria de destitución del cargo con
prohibición de obtener nuevo destino durante seis años y seis meses, como
responsable de dos faltas disciplinarias muy graves de incumplimiento de las
normas sobre incompatibilidades tipificadas en el artículo 31.1.h)RCL 1984\2000 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (
RCL 1984\2000 , 2317 y 2427) , de
Medidas para la Reforma de la Administración Pública, correspondiente con la
prevista en el artículo 6 h del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero ( RCL 1986\148 ) , por el que se aprueba el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la
Administración del Estado, aplicable supletoriamente a los funcionarios de la
Administración Local; así como de una falta grave de incumplimiento
injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga un mínimo de
diez horas al mes, tipificada en el artículo 7.1.I) del Real Decreto 33/1986,
de 10 de enero . La resolución, recurrida en reposición, fue confirmada el 11 de mayo de
2.- Contra las citadas resoluciones don Jose Luis , interpuso recurso
contencioso administrativo, a través del procedimiento de Protección de
Derechos Fundamentales, ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo nº 5, el cual, en virtud de sentencia de 16 de mayo
de 2007 , estimó en parte el recurso. No obstante, impugnada dicha sentencia ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dicha Sala, en virtud de
Sentencia de 23 de enero de 2008 , revocó aquel fallo del Juzgado Central
confirmando las resoluciones del Ministerio de Administraciones Públicas. 3.- Paralelamente, don Jose Luis interpuso recurso, por el
Procedimiento Abreviado del art. 78RCL 1998\1741LJCA
( RCL 1998\1741 ) , ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, dictándose por el Juzgado n° 3
sentencia desestimatoria el 28 de septiembre de 2009 . Sentencia contra la que de nuevo se acude en apelación ante la Audiencia
Nacional que, en virtud de sentencia de 20 de julio de 2011 , desestima el
recurso de apelación con imposición de costas al recurrente. 4.- Asimismo, don Jose Luis formuló recurso de revisión contra
aquellas resoluciones sancionadoras, recurso extraordinario que resulta
desestimado, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, el 30 de
julio de 2010. 5.- Finalmente, el 13 de abril de 2009, el demandante formuló, al
amparo del art. 102RCL 1992\2512Ley
30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992\2512
, 2775 y RCL 1993, 246) , pretensión de nulidad de dichas resoluciones
solicitando la iniciación de procedimiento de revisión de oficio, pretensión
que se declara inadmisible por acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de
diciembre de 2010, el cual es objeto del presente contencioso- administrativo. TERCERO El acuerdo aquí impugnado destaca que la denuncia de
vulneración de esos derechos fundamentales [ artículos 18 , 24 y 25 de la Constitución
] ya fue examinada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de
2008 , por lo que aprecia cosa juzgada y entiende, en consecuencia, que no
procede entrar en la revisión de oficio de las resoluciones administrativas
citadas que se planteaba con fundamento en el motivo del artículo 62.1.a) de la
Ley 30/92 ( RCL 1992\2512 , 2775 y RCL
1993, 246) (actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional). También se pronuncia respecto de la causa fundada en el art. 62.1.b)
[incompetencia del órgano que acordó la incoación del procedimiento], y sobre
las amparadas en el art. 62.1.e) [como son la falta de notificación al
interesado del acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario; que el
nombramiento de Instructor y Secretaria del expediente no se ajustó al
procedimiento establecido; o que la recusación presentada frente al Alcalde no
fue resuelta].
Dice que esos motivos fueron analizados por la sentencia del Juzgado Central
núm 3 y que, acreditada la existencia de una identidad de partes, objeto y
fundamento entre ambas pretensiones (la ejercitada en el proceso contencioso
administrativo abreviado y la ejercitada en la solicitud de revisión de
oficio), resulta improcedente entrar a examinar la revisión de oficio planteada
por el interesado al haber recaído ya una sentencia judicial previa sobre las
causas invocadas que, pese a no ser firme, no impide apreciar la
Explica la resolución recurrida que también solicita el interesado que se
declare la nulidad de las resoluciones objeto de la solicitud de revisión de
oficio por el motivo previsto en el art. 62.1.c) de la Ley 30/92 (actos que
tengan un contenido imposible), pero dice que las cuestiones en que se ampara
(por ejemplo, la imposibilidad material de ejecución de la resolución
sancionadora por ser la fecha de acuse de recibo de la notificación por el
Ayuntamiento de Santa Brígida anterior a la propia fecha de ésta y a la que
figura en el sello de correos) son ajenas a los vicios de nulidad radical del
art. 62.1 y, más concretamente, a los del motivo c); y que, por ello, carece
manifiestamente de fundamento esta solicitud. Respecto de la nulidad que se pretende amparar en el art. 62.1 d) [actos que
sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta],
la resolución recurrida argumenta que es preciso un previo pronunciamiento de
la jurisdicción penal que así lo declare, y no existe en este caso; y de ahí la
inadmisión de la solicitud de revisión con fundamento en esta causa.
Finalmente, la resolución recurrida argumenta, respecto de la solicitud de
compatibilidad que plantea el interesado, que este asunto no forma parte del
objeto de la revisión de oficio porque trasciende del estricto límite de las
causas de nulidad de pleno derecho que contiene el art. 62.1 de la Ley 30/1992
. Con base en todo lo anterior, concluye la resolución de 3 de diciembre de
2010 que no cabe entrar en el examen de la solicitud de revisión de oficio de
la Orden de 3 de noviembre de 2005, por lo que la declara inadmisible.
CUARTO El recurrente argumenta en la demanda que entre las
pretensiones cuya sustanciación se plantea ahora y las pretensiones en su día
desestimadas no es de apreciar la triple identidad, personal, causal y real que
ha sido considerada por el acuerdo recurrido para apreciar la existencia de
cosa juzgada. Apunta para ello que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de
2008 desestimó el recurso y revocó la sentencia de instancia del JCCA n°5,
porque entendió que el actor había planteado, en realidad, cuestiones de mera
legalidad ordinaria que excedían del estrecho cauce del procedimiento especial
de Protección de Derechos Fundamentales; y esto significa que no se puede decir
que hayan sido rechazadas, en el fondo, las pretensiones concretas articuladas
en la demanda de aquél procedimiento especial. Además, respecto de esa Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de
2008 , sostiene que el efecto de cosa juzgada vendría circunscrito a los
concretos derechos fundamentales allí alegados [citando al respecto la
Sentencia del T.S. de 30 de enero de 1998 ], pues los motivos o causas de
nulidad de pleno derecho instados en la solicitud de revisión de oficio exceden
a los planteados y decididos por aquella sentencia. En concreto se dice que la vulneración del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, ex artículo 24.1 de la C.E , no fue objeto de la sentencia
de 23 de enero de 2008 . Se argumenta también que esa resolución impugnada tampoco cita la
vulneración del principio de presunción de inocencia, y que tal causa de
nulidad no fue, tampoco, objeto de alegación, examen y pronunciamiento
Se rechaza, así mismo, el argumento de la resolución impugnada de inadmitir
a trámite la revisión por entender que concurre litispendencia respecto de
algunas causas de nulidad [como la falta de competencia del Alcalde para la
incoación del expediente disciplinario y el nombramiento del Instructor y la
secretaria del expediente así como la omisión del procedimiento legalmente
establecido]; y se invocan con esta finalidad los dictámenes del Consejo de
Estado 2.635/96, 1.496/97 y 2.784/97 y 1906/1996, de 13 de junio, que permiten
la compatibilidad de la revisión y la vía judicial contencioso administrativo.
Se concluye que, entre las nulidades que han sido alegadas, existen muchas
que no tienen identidad con las que lo fueron en el procedimiento judicial; y
se refiere a la decisión final del procedimiento disciplinario a pesar de no
haber sido resuelta -y ni siquiera tramitada- la recusación oportunamente
formulada en el procedimiento, así como a la inexistencia de notificación
adecuada de la incoación del procedimiento disciplinario y de la resolución
final sancionadora.
QUINTO El Abogado del Estado se opone al recurso e interesa su
desestimación. Argumenta que de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de
2008 , dictada por el Procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales, se
deduce que las resoluciones sancionadoras lo fueron sin quiebra alguna de
dichos derechos; y señala la inviabilidad de la acción de nulidad cuando la
misma tiene por objeto actos que han sido objeto de control jurisdiccional,
citando a tal efecto las sentencias de esta Sala de 18 de mayo de 2010 y de 21
de julio de 2003 . Rechaza las alegaciones relativas a la presunta incompetencia del Alcalde
para la incoación del expediente o la omisión del procedimiento legalmente
establecido, pues respecto de ellas ya se ha pronunciado la sentencia de la
Audiencia Nacional de 20 de julio de 2011, que confirma, en apelación, la del
Juzgado Central n° 3 de 28 de septiembre de 2009. Se refiere también a la denuncia de la incompetencia del Alcalde para el
nombramiento de funcionarios de la Comunidad Autónoma como instructor y
secretaria del expediente disciplinario, con base en que el Alcalde sólo puede
nombrar a funcionarios locales y, dentro de éstos, tan sólo a los
correspondientes de dicho Ayuntamiento; y explica que esa cuestión, al igual
que las anteriores, ha sido abordada de forma correcta y muy razonada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 del Texto Refundido de
Régimen Local . En cuanto a la indefensión sufrida por la omisión del trámite de audiencia
contemplado en el artículo 41 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los
funcionarios de la Administración del Estado [aprobado por Real Decreto
33/1986, de 10 de enero ( RCL 1986\148 )
], destaca los reiterados intentos de notificación del acuerdo de incoación y
de citación para que el ahora recurrente declarase en el expediente; y señala
que, en definitiva, ha sido el recurrente quien con su propia conducta ha
motivado que las notificaciones de las citadas resoluciones se tuvieran que
realizar de la forma en que se hizo, y que su incomparecencia para prestar
declaración sólo a él es imputable, por lo que no puede ahora alegar
indefensión. Sobre los vicios de nulidad referidos a la propuesta de resolución, destaca
el Abogado del Estado que se le notificó esta y efectuó alegaciones a la misma
- folios 157 y siguientes del expediente-.
Rechaza, asimismo, la posibilidad de apreciar la vulneración del principio
acusatorio por la resolución administrativa inicialmente impugnada, pues no ha
existido alteración de esos datos fácticos, que es lo relevante a estos
efectos; y aduce que el hecho de que el instructor del expediente calificase la
conducta como una falta del artículo 7 del citado Reglamento, apartado p) y el
órgano resolutorio en el apartado 1) del mismo precepto, es decir, permaneciendo
inalterable la gravedad de la infracción, no supone alteración de la imputación
ni vulneración, en consecuencia, del principio acusatorio.
SEXTO Lo primero que conviene precisar, a la vista de las
pretensiones formuladas por el recurrente en su escrito de demanda, es que el
objeto del presente recurso queda limitado a resolver si el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 3 de diciembre de 2010, por el que se inadmite la solicitud de
revisión de oficio de las resoluciones sancionadoras antes descritas, es o no
conforme a Derecho. Lo cual significa que, de merecer ser considerado ilegal dicho acuerdo,
procedería la anulación de la resolución y la tramitación de la solicitud, pero
en ningún caso esta Sala puede, como se pretende y por razones de economía procedimental,
pronunciarse sobre las nulidades denunciadas.
Lo anterior comporta también que nuestro enjuiciamiento se realiza
exclusivamente sobre la resolución recurrida y en función de las razones que
ésta invoca; sin que proceda, como ha intentado el recurrente, realizar una
revisión general de todo el procedimiento sancionador, ni tampoco la
incorporación de hechos nuevos (algunos posteriores, incluso, a la resolución
impugnada) para intentar justificar la necesidad de la revisión de oficio.
Y ésa es la razón por la que, mediante providencia de fecha 27 de noviembre
de 2012, se denegó la aportación de documentos (entre los que, por cierto, el
recurrente no cita la sentencia de 20 de julio de 2011, de la Audiencia
Nacional , que desestima el recurso de apelación del Sr. Jose Luis contra la
dictada por el Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 3). SÉPTIMO A partir de todo lo que acaba de exponerse, la cuestión que
aquí ha de decidirse es si procede tramitar una solicitud de revisión de oficio
de una resolución administrativa cuando el interesado ya reaccionó frente a la
misma interponiendo el oportuno recurso contencioso administrativo o, como aquí
sucede, uno ordinario y otro a través del procedimiento de derechos
fundamentales. La cuestión ha sido resuelta por la doctrina de esta Sala, de la que es
muestra la sentencia de 18 de mayo de 2010 ( RJ
2010\3647 ) , rec. 3238/2007 , (citada también por la resolución
recurrida) que la resuelve de la manera que sigue: « en caso de ejercerse una acción ordinaria (y en este caso la sociedad
Ernst & Young ejerció dos acciones, la ordinaria contencioso administrativa
y la del procedimiento contencioso-administrativo especial en defensa de los
derechos fundamentales- el actor tiene la carga de agotar todos los motivos de
nulidad o anulabilidad en que haya incurrido a su entender el acto impugnado,
so pena de dejar consentidos tales vicios. Hay que tener en cuenta que la
acción de nulidad regulada en elartículo 102RCL
1992\2512 de la Ley 30/1992 ( RCL
1992\2512 , 2775 y RCL 1993, 246) constituye un procedimiento
consistente en la declaración de oficio por parte de las Administraciones
Públicas, a iniciativa propia o a solicitud de interesado, de la nulidad de
actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo. Ya este tenor del precepto deja sentado con toda claridad
que no procede la revisión de oficio en el caso de que un interesado hubiera
entablado en plazo el correspondiente procedimiento contencioso administrativo,
puesto que en tal supuesto o bien la Administración hubiera podido allanarse, o
bien la resolución judicial habría resuelto sobre la nulidad pretendida por
dicho interesado.
No cabe en cambio que un interesado, tras no obtener judicialmente dicha
nulidad, solicite la nulidad de oficio por las mismas u otras causas a la ya
alegadas ante la jurisdicción contencioso administrativa. Frente a lo que opina
la sociedad recurrente, para quien ha interpuesto un recurso contencioso
administrativo finalizado por sentencia firme existe ya cosa juzgada que no
puede replantear mediante la acción de nulidad, exactamente igual que -tal como
ocurrió en el presente supuesto- no puede plantear en casación lo que no
hubiese formulado ante la instancia, por mucho que lo no alegado en el momento
procesal oportuno fuese una causa de nulidad de pleno derecho.
En el presente supuesto y como ya se ha indicado, la actora interpuso dos
recursos contencioso administrativos, que fueron desestimados el primero
-entablado por la vía especial de protección de derechos fundamentales- porSentencia
de esta Sala (Sección Séptima) de 12 de enero de 2.000; el segundo recurso
contencioso administrativo ordinario fue desestimado por Sentencia de esta
Sala y Sección de 27 de octubre de 2.004 (RC 4.571/2.001 ), frente a la que
se intentó un recurso de amparo inadmitido por el Tribunal Constitucional con
fecha de 24 de junio de 2.005. Es evidente con lo dicho anteriormente expuesto
que la entidad recurrente ha obtenido una efectiva tutela judicial.
Lo anterior no resulta enervado por el hecho de que lo que ahora se trata
de replantear mediante el recurso de revisión fuese una causa de nulidad que no
fue planteada en su momento en la instancia contencioso administrativa, lo que
determinó que en laSentencia de esta Sala de 27 de octubre de 2.004antes
mencionada, se rechazase el motivo pertinente en los siguientes términos:
" (...) .- El motivo decimosexto, formulado al amparo del artículo
88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , denuncia la infracción por la Sentencia
recurrida de los artículos 25.1 y 9.3 de la Constitución , en
relación con elartículo 128.1RCL 1992\2512
de la Ley 30/1992. Esta infracción se debería a que se confirma una
resolución administrativa que impone una sanción de multa inexistente en el
momento en que se cometió la supuesta infracción.
Pues bien, tal y como señala el Abogado del Estado en su escrito de
oposición, tal cuestión no se planteó ante la instancia, constituyendo ahora -
como en el caso del motivo quinto- una cuestión nueva que no puede abordarse ex
novo en casación, lo que determina la inadmisión del dicho motivo.
Ello no obstante, cabe señalar que la imposición de dicha sanción por
parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se debió a la
aplicación de una norma sancionadora posterior por resultar en el caso concreto
más favorable para la entidad sancionada. Por otra parte, frente al argumento
de la actora de que la norma anterior contenía una sanción más favorable que la
de multa (la de amonestación pública), es evidente, por la motivación expresa
de la resolución sancionadora, que dicho organismo hubiera escogido del elenco
de sanciones previstas en la misma para las infracciones graves una sanción
menos favorable que la de multa. Esto es, cuando a la vista de los cuadros de
sanciones para infracciones graves de ambos textos legales la Administración
sancionadora afirma que aplica como más favorable la norma en vigor en el
momento de dictar la resolución, ello supone, por el propio argumento empleado,
que de aplicar la norma anterior hubiera impuesto alguna sanción más grave que
la que efectivamente impuso." (fundamento de derecho decimotercero).
Siendo por tanto que la recurrente había ya agotado infructuosamente su
pretensión de nulidad jurisdiccional del acto administrativo sancionador,
respecto al cual y respecto a la entidad actora obraban los efectos de cosa
juzgada, resulta conforme a lo previsto por elartículo 103.3RCL 1992\2512 de la Ley 30/1992que la
Administración considerase manifiestamente carente de fundamento la solicitud
de revisión de oficio y la declarase inadmisible » .
OCTAVO En el actual litigio, la demanda sostiene que hay cuestiones
que no han sido abordadas por las sentencias ya dictadas, y esto justificaría,
en su criterio, la revisión de oficio basada en la nulidad por vulneración de
derechos fundamentales. Alude así a la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, pero
omite que la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de julio de 2011 le
recuerda expresamente que, habiendo sido ya examinada y con carácter definitivo
la vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento especial, no
pueden volver a enjuiciarse en el procedimiento ordinario y, con mayor razón,
en un procedimiento de revisión de oficio. La referencia a esta última sentencia (omitida por el recurrente, pese a sus
sucesivos escritos pidiendo a la Sala incorporar los documentos) es aquí
obligada porque el propio Acuerdo recurrido se refiere a una serie de causas de
nulidad que fueron rechazadas por el Juzgado Central 3, y entiende que respecto
de ellas concurre la excepción de litispendencia al estar pendiente de dictarse
la sentencia de la Audiencia Nacional que resuelve el recurso de apelación.
Pues bien, esta sentencia de 20 de julio de 2011 rechaza cualquier motivo de
nulidad, ya que al final de su Fundamento de Derecho Quinto detalla cómo el
recurrente "pudo alegar y aportar las pruebas que tuvo por pertinentes
tanto en vía administrativa como judicial (..) siendo ilustrativa la prueba
testifical practicada y analizada por la sentencia apelada. (....) ...no cabe
hablar de vulneración del principio de audiencia ni, en definitiva de
indefensión material y efectiva generadora de indefensión...." . Destaca que "la propuesta de resolución contiene una descripción
precisa de los hechos, con referencia a los elementos probatorios que les
sirven de sustento... " . Y advierte que cumple escrupulosamente con los requisitos exigidos por el
artículo 42 del Reglamento de Régimen Disciplinario . Luego, tras analizar otras vulneraciones invocadas, concluye dicha sentencia
de la Audiencia Nacional que la sentencia del Juzgado Central nº 3 "ha
dado respuesta a todas las cuestiones suscitadas por el recurrente, sin que
pueda hablarse de incoherencia, incongruencia y falta de motivación y que en la
celebración de la vista no se ha producido ninguna irregularidad,
garantizándose en todo momento el derecho de defensa y la tutela judicial
efectiva" . NOVENO Lo que antecede pone de manifiesto que en ese proceso
jurisdiccional se analizaron todos los motivos impugnatorios deducidos por el
recurrente, quedando desestimados por sentencia ya firme, y esto supone que, en
el caso de haber sido omitido alguno, no cabe invocarlo ahora como causa de
nulidad en el procedimiento de revisión de oficio una vez que la resolución
sancionadora quedó firme tras el procedimiento judicial. La razón de que así deba ser es la naturaleza y finalidad que corresponde al
procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno
derecho, pues éste se configura como un remedio extraordinario y, como tal,
subsidiario de los instrumentos procedimentales ordinarios de impugnación de
actos administrativos; de modo que no resulta viable cuando para hacer valer la
pretendida nulidad ya se han utilizado los cauces procedimentales ordinarios,
el acto dictado ha sido impugnado ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y este proceso jurisdiccional ha terminado por
En este sentido, puede verse, también, la sentencia de 12 de julio de 2012,
rec. 2358/2009 . DÉCIMO Procede, pues, desestimar el recurso
contencioso-administrativo; y no se aprecian razones para hacer una expresa
imposición de costas procesales ( art. 139.1RCL
1998\1741 de la LJCA ( RCL 1998\1741
) ). FALLAMOS
1 Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Jose Luis contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de
2010, por el que se inadmite la solicitud de revisión de oficio de la
resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 3 de
noviembre de 2005, y de la resolución de 11 de mayo de 2006 (desestimatoria del
recurso de reposición planteado contra la anterior), al ser conformes a Derecho
en lo que se ha discutido en el actual proceso. 2 No hacer especial pronunciamiento sobre costas. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado
Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del
Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.