Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/23234
Timestamp: 2020-05-31 19:57:47
Document Index: 132301593

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 149', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 79', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 101', 'Artículo 104', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 9']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 4/2013
SENTENCIA 4/2013, de 17 de enero
ECLI:ES:TC:2013:4
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4573-2002 interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los arts. 2, 7.3 a) y 9.5 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. Han comparecido y formulado alegaciones la Junta y la Asamblea de Extremadura por medio de sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 23 de julio de 2002, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2, 7.3 a) y 9.5 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. En la demanda se hace invocación expresa del art. 161.2 CE a los efectos de que se acuerde la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados.
2. Mediante providencia de 17 de septiembre de 2002, la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Asamblea y a la Junta de Extremadura, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. También acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, que produce la suspensión de la vigencia de los preceptos recurridos y publicar la incoación del recurso y la suspensión acordada en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Extremadura”.
3. El día 27 de septiembre de 2002 se registró en el Tribunal un escrito de la Presidenta del Congreso de los Diputados en el que comunicaba que dicha Cámara no se personaría en el proceso ni formularía alegaciones.
4. Mediante fax recibido en este Tribunal el día 3 de octubre de 2002, el Letrado de la Asamblea de Extremadura se personó en el procedimiento solicitando una prórroga del plazo inicialmente concedido para formular alegaciones. Por providencia de 7 de octubre de 2002, de la Sección Primera de este Tribunal Constitucional, se le tuvo por personado y parte, accediéndose, asimismo, a la prórroga en ocho días del plazo inicial.
5. El Letrado de la Junta de Extremadura presentó sus alegaciones el día 14 de octubre de 2002.
6. La Presidenta del Senado, mediante escrito registrado el 16 de octubre de 2002, comunica que la Cámara se persona en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7. El Letrado de la Asamblea de Extremadura evacuó el 18 de octubre de 2002 el trámite de alegaciones conferido.
8. Próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que determina el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, la Sección Primera de este Tribunal Constitucional acordó, mediante providencia de 12 de noviembre de 2002, oír a las partes personadas en el mismo para que, en el plazo común de cinco días, pudieran alegar lo que estimaren pertinente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión. Evacuado por las partes el trámite de alegaciones conferido, el Pleno de este Tribunal, por el ATC 3/2003, de 14 de enero, acordó el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados.
9. Por providencia de 15 de enero de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre y representación del Presidente del Gobierno, tiene como objeto la impugnación de los arts. 2, 7.3 a) y 9.5 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
2. Tratándose de un litigio de carácter competencial, la primera consideración a realizar es la relativa al encuadramiento de los preceptos en cuestión en el sistema material de distribución de competencias. Antes, sin embargo de realizar tal operación, procede en este momento advertir que, durante la pendencia del proceso, el Estatuto de Autonomía de Extremadura ha sido reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por lo que, de conformidad con nuestra doctrina [STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 d)] las cuestiones que aquí se controvierten se decidirán teniendo en cuenta las previsiones del nuevo Estatuto que puedan resultar de aplicación, dado que ese texto ha de servir de referencia para precisar las competencias determinantes del enjuiciamiento.
3. Fijado de esta forma el ámbito material, la cuestión que se suscita en el presente proceso es, por tanto, si los preceptos cuestionados de la Ley de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura pueden ser entendidos en el sentido de establecer garantías adicionales a la calidad del suministro eléctrico que resulten compatibles con lo previsto en las normas básicas estatales en materia de calidad o, por el contrario, ha de considerarse que no se ha respetado tal normativa básica estatal resultando, por ello, los preceptos impugnados vulneradores del orden constitucional de distribución de competencias.
4. De acuerdo con lo anterior, se examina en primer lugar el art. 2 de la Ley de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura, que dispone lo siguiente:
“Los niveles de calidad mínimos del suministro de energía deberán ser iguales para todas las zonas geográficas de la Comunidad Autónoma, independientemente de la empresa distribuidora de energía eléctrica que realice el servicio. Los niveles de calidad mínimos exigidos serán únicos para todo el territorio de Extremadura.”
La concreción reglamentaria reclamada por la Ley del sector eléctrico se contiene en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, declarado básico ex arts. 149.1.13 y 149.1.25 CE conforme a su disposición adicional primera. Así, el art. 99 del Real Decreto 1955/2000 regula el concepto de calidad de servicio, integrado por un triple contenido, objeto de regulación diferenciada a lo largo de los artículos siguientes del reglamento en cuestión. Dicho triple contenido abarca la continuidad del suministro, relativa al número y duración de las interrupciones del suministro; la calidad del producto, relativa a las características de la onda de tensión y, por último, la calidad en la atención y relación con el cliente, relativa al conjunto de actuaciones de información, asesoramiento, contratación, comunicación y reclamación. A su vez, el apartado 3 establece la distinción entre calidad individual (de naturaleza contractual y referida a cada uno de los consumidores) y zonal (referida a una determinada zona geográfica atendida por un único distribuidor), distinguiéndose cuatro tipos de zonas en función del número de suministros, a las que se asignan umbrales de calidad diferenciados para cada una y para cada usuario individual. El art. 104 del Real Decreto 1955/2000, determina dichos umbrales, consistentes en valores máximos relativos al número total de interrupciones y de su duración en horas. Los cuatro tipos de zonas son: la urbana (conjunto de municipios de una provincia con más de 20.000 suministros, incluyéndose las capitales de provincia aunque no lleguen a esa cifra); la semiurbana (municipios con un número de suministros entre 2.000 y 20.000); la rural concentrada (entre 200 y 2.000 suministros), y la rural dispersa (menos de 200 suministros o ubicados fuera de los núcleos de población que no sean polígonos industriales o residenciales).
5. Así expuesta a grandes rasgos la regulación estatal en materia de calidad del suministro eléctrico, se debe determinar a continuación si ha de considerarse básica dicha normativa y, en consecuencia, susceptible de constituirse en parámetro de enjuiciamiento del art. 2 de la Ley de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura para valorar su adecuación al orden constitucional de competencias.
6. A continuación se impugna el art. 7.3 a) de la Ley, el cual, al regular los derechos de los consumidores, una vez determinada la existencia de interrupciones de suministro así como de variaciones de tensión, establece la posibilidad de adoptar la medida siguiente:
“a) A la reducción de la facturación a abonar por los consumidores en la forma siguiente:
Las variaciones de tensión o interrupciones de suministro continuadas y superiores a 1 hora comportarán una reducción de la facturación mensual de un 20 por 100, porcentaje que será elevado en dos puntos porcentuales por cada hora o fracción adicional.”
7. La cuestión controvertida se relaciona con las eventuales consecuencias asociadas a la falta de calidad en el suministro individual de energía eléctrica, por lo que procede examinar las previsiones estatales y autonómicas al respecto.
8. Expuesto el régimen de la normativa estatal que se reputa vulnerada debemos proceder al análisis de los concretos motivos de inconstitucionalidad planteados Hay que señalar, con carácter previo, la queja formulada por el Abogado del Estado sobre la falta de determinación o claridad del precepto impugnado; como con referencia a otras señala la STC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 6, el juicio de constitucionalidad no es un juicio de técnica legislativa, de suerte que “las deficiencias técnicas no representan en sí mismas tachas de inconstitucionalidad; siendo, por otra parte, inherente al valor superior del pluralismo (art. 1.1 CE) que las leyes puedan resultar tan acertadas y oportunas para unos como desacertadas e inoportunas para otros”.
9. El último de los preceptos impugnados es el art. 9.5 de la Ley de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura que dispone lo siguiente:
“El órgano responsable de la Consejería competente en materia de energía exigirá a las empresas distribuidoras y comercializadoras, en los términos que reglamentariamente se determine, el depósito de una fianza anual equivalente al 1 por 100 de la facturación anual de la empresa en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que garantice la calidad del suministro y responda ante la Administración de los daños y perjuicios causados, así como del cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley, pudiendo ser modificada su cuantía mediante Decreto del Consejo de Gobierno, en función de la evolución del sector. Esta fianza será depositada en los quince primeros días del mes de enero en la Cuenta General existente a tal efecto en las Entidades Financieras designadas por la Consejería de Economía, Industria y Comercio, en la Caja de Depósitos de la Tesorería de la Junta de Extremadura, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras, o en su caso, en las cuentas restringidas de las sucursales de la Caja de Depósitos.”
10. En relación con el primer motivo de impugnación de este precepto, relativo al incremento de costes de las actividades de comercialización y distribución de energía eléctrica y su consiguiente incidencia en los conceptos retributivos de tales actividades hemos declarado que el establecimiento del régimen económico del sector eléctrico “constituye uno de los aspectos fundamentales de su ordenación” (STC 18/2011, FJ 8), así como que “la regulación de un régimen económico único para todo el territorio nacional en la materia que nos ocupa tiene naturaleza básica, al ser necesaria esa regulación para calcular la retribución de los distintos operadores que realizan las diferentes actividades destinadas al suministro eléctrico y para repercutir los costes sobre los consumidores” [FJ 21 a)]. Esta retribución se satisface, de acuerdo con el art. 15 de la Ley del sector eléctrico, con cargo a los peajes y precios fijados atendiendo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios que tienen por objeto incentivar la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia económica y técnica de dichas actividades y la calidad del suministro eléctrico. En dicho marco, los concretos criterios para la retribución de la Ley del sector eléctrico actividad de distribución y de comercialización se fijan en los arts. 16.3 y 16.4, respectivamente. Dadas las alegaciones del Abogado del Estado centradas en la repercusión de la regulación autonómica sobre la tarifa eléctrica, hemos de tener presente que, conforme a nuestro reiterado criterio en aquellos casos en los que se haya modificado la norma estatal que se reputa conculcada, este Tribunal ha de realizar el enjuiciamiento valorando la norma vigente en el momento de adoptar la decisión sobre la constitucionalidad de los preceptos recurridos (por todas, STC 18/2011, FFJJ 4 y 17, y doctrina allí citada). Ya recordamos en las SSTC 18/2011, FJ 3, y 148/2011, FJ 4, que la Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la Ley del sector eléctrico para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, reforma la configuración de la actividad de distribución, en la que, desde el 1 de enero de 2009, ya no se integrará la actividad de suministro a tarifa de los consumidores. El suministro a tarifa es sustituido por la denominada tarifa de último recurso, consistente en precios máximos fijados por la Administración para determinados consumidores para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal, mecanismo que ha sustituido a las anteriormente vigentes tarifas eléctricas cobradas directamente a los consumidores por las empresas que realizaban las actividades de distribución en tanto que responsables del suministro a los consumidores a tarifa, suministro que pasa a ser realizado en su totalidad por los comercializadores en libre competencia, siendo los consumidores de electricidad quienes eligen libremente a su comercializador.
11. El segundo motivo de impugnación alegado por el Abogado del Estado consiste en entender que el art. 9.5 de la Ley de Extremadura se superpone al régimen básico previsto por la Ley del sector eléctrico para asegurar que las empresas afectadas se encuentran en situación de cumplir con las obligaciones establecidas en la misma; en concreto, se estima vulnerado el régimen de separación de la información y contabilidad relativas a las actividades de comercialización y distribución de energía eléctrica, establecido en el art. 20 Ley del sector eléctrico, así como también los requisitos de solvencia económica exigidos por los arts. 40 y 44 de la Ley del sector eléctrico para el otorgamiento de la autorización de instalaciones de distribución y de la autorización para ejercer la actividad de comercialización.
1º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar:
A) Que el art. 2 de la Ley de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura, es inconstitucional y nulo.
B) Que el art. 7.3 a) de la Ley de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura, no vulnera las competencias del Estado, interpretado en los términos del fundamento jurídico 8.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 4573-2002
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
La Ley de protección de calidad del suministro eléctrico en Extremadura contiene preceptos que sientan el principio de nivel único de calidad mínima, vinculan la facturación a las interrupciones del suministro así como a las variaciones de tensión, y establecen medidas dirigidas a garantizar la calidad del suministro, reparar los eventuales daños causados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la norma autonómica. Se enjuicia si esta norma autonómica es constitucionalmente admisible en relación con las competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) y de bases del régimen energético (art.149.1.25 CE), establecidas en la Ley del sector eléctrico.
Se estima parcialmente el recurso. El precepto autonómico que establece el principio de existencia de un nivel mínimo de calidad único e igual para todas las zonas geográficas de la Comunidad Autónoma de Extremadura contradice la base estatal, cuyo punto de partida es precisamente el contrario, la diferenciación por áreas y tipología de consumo. La Sentencia realiza una interpretación conforme del precepto que establece una reducción de un 20 por 100 de la facturación a abonar por los consumidores por variaciones de tensión o interrupciones de suministro continuadas y superiores a una hora, “entendiendo que los descuentos a los que da lugar no pueden superar en su importe el porcentaje máximo del 10 por 100 establecido por la norma estatal … de acuerdo con los índices relativos al número y duración de interrupciones y la diferenciación por zonas establecidas en la normativa básica estatal”.
El precepto autonómico que establece un nivel mínimo de calidad único e igual para todas las zonas geográficas de la Comunidad Autonómica de Extremadura en el suministro de energía eléctrica, vulnera el orden constitucional de distribución de competencias siendo, por tanto, nulo e inconstitucional, por cuanto contradice la normativa básica estatal que, diferenciando por áreas y tipología de consumo, establece unas exigencias mínimas de calidad para todo el territorio nacional, si bien ponderadas en función de las correspondientes zonas geográficas, determinadas por la ubicación y densidad de la red de distribución y por la imposibilidad técnica y económica de mantener los mismos niveles de calidad del suministro con independencia de las zonas a las que ese suministro se dirige (STC 148/2011) [FJ 5].
El precepto que establece una reducción de un 20 por ciento de la facturación a abonar por los consumidores por variaciones de tensión o interrupciones de suministro continuadas y superiores a una hora, no vulnera el orden constitucional de competencias, si se entiende que los descuentos a los que da lugar no pueden superar en su importe el porcentaje máximo del 10 por ciento establecido por la norma estatal, al venir motivadas tales reducciones de acuerdo con los índices relativos al número y duración de interrupciones y la diferenciación por zonas establecidas en la normativa básica estatal [FJ 8].
En la labor hermenéutica de los preceptos legales resulta obligado apurar todas las posibilidades de interpretación de conformidad con la Constitución y apreciar la invalidez sólo de aquellos cuya incompatibilidad con la Norma suprema resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación (SSTC 176/1999, 133/2006) [FJ 8].
Las funciones que cumplen las empresas comercializadoras de energía eléctrica determina que la comercialización se ejerza libremente en los términos de la Ley del Sector Eléctrico con la excepción de los comercializadores de último recurso, lo que no vulnera el régimen económico del sector eléctrico ya que el suministro de energía, responsabilidad de estas empresas elegidas libremente por los consumidores, se realiza mediante la libre contratación de la energía y el correspondiente contrato de acceso a las redes, tal y como establece la Ley del sector eléctrico, razón por la cual la retribución de los costes de la actividad de comercialización será la que libremente se pacte entre las partes [FJ 10].
Los comercializadores de último recurso de energía eléctrica son aquellos que tienen la obligación principal de atender las solicitudes de suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores que tengan derecho a acogerse a la tarifa de último recurso que persigue el objetivo de garantizar un precio razonable, transparente y claramente comparable, a determinados clientes, finalidades éstas que no son puestas en cuestión por el precepto autonómico impugnado [FJ 10].
Las empresas distribuidoras tienen como objeto principal la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo en las adecuadas condiciones de calidad, teniendo esta actividad la consideración de actividad regulada, lo que implica el reconocimiento de una retribución fijada administrativamente conforme a los criterios fijados en la Ley del sector eléctrico referentes a costes de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones, energía circulada, modelo que caracterice las zonas de distribución, incentivos que correspondan la calidad del suministro y reducción de las pérdidas, así como otros costes necesarios para desarrollar la actividad, por lo que habiendo de tenerse en cuenta factores relacionados con la calidad del suministro eléctrico la Comunidad Autónoma de Extremadura ostenta también competencias en esta materia [FJ 10].
De las competencias estatales no se puede automáticamente deducir una suerte de prohibición de que las Comunidades Autónomas puedan aportar, pese al expreso reconocimiento estatutario, medida alguna en relación con la calidad del suministro eléctrico, argumentando que tales medidas pueden suponer costes reconocibles para las empresas pues corresponderá al Estado articular los mecanismos que estime precisos para compensar los eventuales costes generados por las exigencias de la normativa autonómica (STC 148/2011) [FJ 10].
En aquellos casos en los que se haya modificado la norma estatal que se reputa conculcada, este Tribunal ha de realizar el enjuiciamiento valorando la norma vigente en el momento de adoptar la decisión sobre la constitucionalidad de los preceptos recurridos (SSTC 18/2011, 148/2011) [FJ 10].
La exigencia de depósito de la fianza anual de la ley autonómica en nada afecta a las obligaciones de contabilidad e información establecidas en el precepto básico de la ley estatal para las entidades que desarrollan las actividades de distribuir y comercializar, pues se refieren a cuestiones distintas, por lo que no es posible apreciar la contravención de la normativa estatal alegada [FJ 11].
Los títulos competenciales que debemos tener en cuenta a la hora de resolver la actual controversia serán los estatales derivados de los arts. 149.1.13 y 149.1.25 CE, a cuyo amparo se ha dictado la normativa básica constituida por la Ley del sector eléctrico y sus disposiciones de desarrollo, que deberán ser puestos en relación con el relativo a la competencia exclusiva autonómica para el establecimiento de normas adicionales de protección de la calidad del suministro eléctrico del art. 9.1.37 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, precepto estatutario que presupone la existencia de normas estatales en la materia [FJ 2].
Una eventual apreciación de la infracción de la normativa básica determinaría un supuesto de lo que nuestra doctrina denomina inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, dado que la normativa autonómica sería contraria al orden de distribución de competencias precisamente por infringir la normativa estatal básica (SSTC 166/2002, 18/2011, 148/2011) [FJ 3].
Doctrina sobre los requisitos y alcance de la normativa básica estatal (SSTC 1/1982, 14/2004) [FJ 3].
Artículo 7.3 a) (interpreta)
Artículo 149.1.25, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 7.1.28, f. 1
Artículo 7.1.33, f. 1
En general, ff. 1, 2, 4, 5, 7 a 11
Artículo 9.1 e), f), f. 10
Artículo 11.3, f. 10
Artículo 16.3, f. 10
Artículo 16.4, f. 10
Artículo 17.4, f. 10
Artículo 18.5, f. 10
Artículos 39 a 43, f. 10
Artículo 41.1 a), f. 10
Artículo 41.1 k), ff. 4, 10
Artículo 41.2 a), b), f. 10
Artículo 48.1, ff. 4, 10
Artículo 48.4, ff. 4, 7, 8
En general, ff. 1, 4, 5, 7
Título VI, capítulo II, f. 6
Artículo 79.2 b), f. 10
Artículo 99, ff. 4, 5
Artículo 99.3, f. 4
Artículo 99.4, f. 7
Artículo 101.1, f. 8
Artículo 104, ff. 4, 5, 7
En general, ff. 2, 3, 7
Artículo 7.3 a), ff. 1, 6, 8
Artículo 9.5, ff. 1, 9 a 11
Decreto de la Junta de Extremadura 58/2007, de 10 de abril. Regula el procedimiento de control de la continuidad en el suministro eléctrico y las consecuencias derivadas de su incumplimiento
Anexo I, f. 10
Artículo 9.1.37, f. 2
Bases de la planificación económicaBases de la planificación económica, ff. 1 a 5
Competencias en materia de energía eléctricaCompetencias en materia de energía eléctrica, ff. 1 a 11
Ordenación general de la economíaOrdenación general de la economía, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Principio de no vaciamiento de competencias autonómicasPrincipio de no vaciamiento de competencias autonómicas, f. 10
Derechos de los consumidoresDerechos de los consumidores, f. 9
Energía eléctricaEnergía eléctrica, f. 5
Legislación autonómicaLegislación autonómica, f. 8
Régimen económico del sector eléctricoRégimen económico del sector eléctrico, ff. 8 a 10
Suministro de energía eléctricaSuministro de energía eléctrica, ff. 1 a 11
ExtremaduraExtremadura, ff. 1 a 11