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Timestamp: 2018-02-25 14:05:42
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Newton Coutinho Mendes et al. v. Brazil, Caso 11.404, Informe No. 33/97, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 56 (1997).
INFORME No. 33/97 CASO 11.405 NEWTON COUTINHO MENDES Y OTROS BRASIL 1 de octubre de 1997
DENUNCIA RECIBIDA POR LA COMISIÓN
a) los asesinatos de João Canuto de Oliveira1, Presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Río María, (STR) el 18 de diciembre de 1985, y de dos de sus hijos, José y Paulo Canuto de Oliveira, el 22 de abril de 1990.
d) el asesinato de Expedito Ribeiro de Souza, Presidente del STR, el 2 de febrero de 1992.2
e) la tentativa de homicidio de Carlos Cabral, también Presidente del STR, el 4 de marzo de 1991.3
31. En setiembre de 1995 el Padre Henri des Roziers pasó a tener protección policial para proteger su vida e integridad personal.4
32. El noviembre de 1995, Wanderley Borges de Mendonça 5 fue detenido preventivamente, acusado de los homicidios de João Martins dos Santos y de su hijo, Gilvan dos Santos. Aún así, huyó el 1º de abril de 1996, conjuntamente con otros 10 reclusos, habiendo sido responsable de las fugas el agente de la policía civil Lucival Haroldo Sampaio Cruz, acusado de haber recibido un soborno de 25.000 reales y un coche cero kilómetro para abrir las celdas y permitir la fuga. Wanderley Borges de Mendonça, conjuntamente con otro preso peligroso, salió por la puerta del frente de la cárcel y fue llevado de allí por Lucival Haroldo, en un coche de la policía.
34. El 10 de julio de 1996, el juez de Xinguara, Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa decretó la suspensión del proceso destinado a determinar la responsabilidad del investigador Lucival Haroldo Sampaio Cruz en la fuga de Wanderley Mendonça y de más de 10 presos y decidió elevarlo al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, solicitando la designación de otro magistrado para su providencia 6. Desde entonces, el referido proceso se encuentra detenido.
36. El Gobierno contestó el 22 de mayo de 1995, tras diversas solicitudes de prórroga del plazo 7que fueron concedidas por la Comisión. En la contestación, el Gobierno informó que en setiembre de 1994 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Pará había decidido el envío de una misión investigadora integrada por funcionarios de la Policía Militar de Pará a la región de Xinguara y de Río María, y que a partir de esa fecha el Padre Ricardo Rezende pasó a contar con protección policial. Que, ante los homicidios de José Martins dos Santos y de su hijo, Gilvan dos Santos, el Ministerio Público estadual había formulado su denuncia contra el hacendado Jerônimo Alves de Amorim, Wanderley Borges de Mendonça, Ademir Rodriguez da Fonseca y Geraldo Mendes. Alegó que, dadas las diversas providencias tomadas, no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna.
39. El 8 de setiembre de 1995 el Gobierno informa adicionalmente que se habían iniciado contactos para establecer un canal directo de comunicaciones entre el Ministerio de Justicia y las autoridades del Estado de Pará a fin de combatir la violencia rural en el sur de Pará. En esa misma fecha se celebró una audiencia 8 sobre el caso y la Comisión se puso a disposición de las partes para intermediar en una solución amistosa de acuerdo al artículo 48.1.f de la Convención. Ese ofrecimiento no logró éxito ya que las partes no llegaron a un acuerdo sobre dicha solución.
60. El 8 de abril de 1996 el Gobierno informó, respecto de las medidas cautelares solicitadas, que el Padre Henri des Roziers contaba con protección policial. Informó también que el hacendado Jerônimo Alves de Amorim seguía prófugo y que él también sería responsable, como autor intelectual, del homicidio del sindicalista Expedito Ribeiro de Souza 9. Informó que respecto de este delito se había condenado a los autores materiales Francisco Ferreira y José Serafim a 21 y 25 años de reclusión, respectivamente. No obstante, el Gobierno no informó si estos dos últimos estaban cumpliendo la pena o en libertad.
La norma del agotamiento previo de los recursos internos permite al Estado resolver el problema conforme a su derecho interno antes de enfrentar un proceso internacional, lo que se aplica especialmente a la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la que ofrece el derecho interno (Convención Americana, Preámbulo). 10
76. Considerando que el Gobierno no opuso objeciones a la mayor parte de las alegaciones de los peticionarios ni justificó su propia demora en decidir respecto de los recursos de la jurisdicción interna, ni su inacción en la mayoría de los casos, y la falta de eficacia de los mencionados recursos, limitándose a informar en forma breve respecto de la conclusión de una indagatoria referente al intento de homicidio de una de las víctimas (el Padre Ricardo Rezende) y de una denuncia formulada por el representante del Ministerio Público de Xinguara, el 5 de diciembre de 1994, referente a dos de los homicidios registrados en el caso en cuestión, la Comisión debe establecer sus conclusiones prescindiendo de una participación más activa de aquél. 11
79. Las excepciones previstas en el artículo 46.2 de la Convención procuran garantizar la acción internacional cuando los recursos de la jurisdicción interna y el propio sistema jurídico interno no son efectivos para asegurar el respeto por los derechos humanos de las víctimas. Siendo así, el requisito formal relativo a la inexistencia de recursos internos que garanticen el principio del debido proceso (artículo 46.2 a de la Convención) no se refiere sólo a la ausencia formal de recursos en la jurisdicción interna, sino también al caso de que los mismo resulten ineficaces. La negación (artículo 46.2 b de la Convención) y la demora injustificada de la justicia (artículo 46.2 c de la Convención), por otro lado, también están vinculadas a la eficacia de los referidos recursos. 12
80. En este sentido, los principios del derecho internacional generalmente reconocidos se refieren tanto a que existan formalmente los recursos internos como a que sean adecuados para proteger la situación jurídica infringida, así como eficaces para producir el resultado para el que fueron concebidos 13. Por tales motivos, su agotamiento no debe ser entendido como la necesidad de realizar mecánicamente tramitaciones formales, sino que en cada caso debe analizarse la posibilidad razonable de obtener una reparación 14. En este mismo orden de ideas, el derecho de aducir falta de agotamiento de los recursos internos como fundamento de una declaración de inadmisibilidad de una petición no puede llevar a que sea "detenida o retardada hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa" 15.
81. En otras palabras, si la tramitación de los recursos internos demora 16 de manera injustificada, se puede deducir que los mismos perdieron su eficacia para producir el resultado para el que fueron establecidos, lo que "torna indefensa a la víctima" 17. En esa instancia es que deben aplicarse los mecanismos de protección internacional, entre otros, las excepciones previstas en el artículo 46.2 de la Convención.
85. Notificar el presente informe al Estado brasileño y a los peticionarios y publicarlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA
1 Este caso está a la vista de la CIDH.
2 En 1995 fueron condenados los autores materiales de este homicidio, Francisco Ferreira y José Serafim, a 21 y 25 años de prisión, respectivamente.
3 El autor material confesó de este crimen, Paulo César Pereira, fue condenado a una pena de dos años que fue suspendida y cumplida en libertad condicional. El peticionario denuncia que, pese a haber existido irregularidades en el proceso judicial, el Ministerio Público no recurrió.
4 Esta protección ya le había sido ofrecida en varias ocasiones de parte del Gobierno del Estado de Pará, luego de las amenazas de que había sido objeto, pero se negó siempre a dicha protección.
5 Wanderley Borges de Mendonça fue condenado a 18 años de prisión en diciembre de 1994 por haber asesinado, en 1988, a un juez en Mara Rosa, Goiás.
6 Proceso penal No. 011/96.
7 Las solicitudes fueron efectuadas el 21 de febrero de 1995, 21 de marzo de 1995 y 27 de abril de 1995.
8 Audiencia celebrada durante el 90º período ordinario de sesiones.
9 El homicidio de esta persona no fue objeto de la denuncia.
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párrafo 61.
11 Vide, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 137.
12 PINTO, Mónica, La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Editores del Puerto, 1993, pág. 64.
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 62-66; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones preliminares, del 15 de marzo de 1989, párrs. 86-90; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párrs. 65-69.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 72; Sentencia Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, 15 de marzo de 1989, párr. 97; Sentencia Godínez Cruz, 20 de enero de 1989, párr. 75.
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 95.
16 Este tipo de demora ejerce un efecto negativo en la eficacia de los recursos de la jurisdicción interna pues da lugar al deterioro de las pruebas, especialmente de las declaraciones de los testigos, los que, transcurridos tantos años, pueden cambiar o tender a olvidar los hechos. Esto, sin duda, socava la eficacia de los procesos destinados a determinar las responsabilidades y condenar a los inculpados.
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, Sentencia del 26 de junio de 1987, párr.95.