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Timestamp: 2017-09-21 06:37:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 147', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'artículo 174', 'artículo 130', 'Artículo 188', 'artículo 187', 'Artículo 189', 'de lege ferenda', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 239', 'artículo 240', 'artículo 239']

Blog de la Cátedra Derecho Informático de la FDyCS - UNA: junio 2008
PROCESO TÉCNICO – ACADÉMICO PARA ELABORAR UNA MONOGRAFÍA
· Definición de monografía
· Objetivos de la monografía
PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA MONOGRAFÍA
· I. Selección del tema
· II. Limitación del tema
· Ejemplo limitación del tema
· III. Lecturas preliminares
· IV. Formulación de hipótesis
· Ejemplo de una hipótesis
· V. Búsqueda y recopilación de datos
· VI. Tomar notas
· VII. Preparación del bosquejo
· Tipos de bosquejos
· VIII. Redacción del trabajo
· Citas directas
· Citas directas en APA
· IX. Preparación de la bibliografía
· Partes de la Monografía
· FDyCS - UNA
· La meta te espera
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Publicado por Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA en 19:04 No hay comentarios:
ESTADO DE LA LEGISLACION CONTRA LA "DELINCUENCIA INFORMATICA" EN EL MERCOSUR
DOCUMENTO BASE PARA EL “ESTUDIO COMPARADO”
AR: Revista de Derecho Informático: ISSN 1681-5726 – Edita: Alfa-Redi (No. 116 - Marzo de 2008)
2. MODELOS LEGISLATIVOS COMPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA INFORMÁTICA.
3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS PLENOS DEL MERCOSUR.
4. ALGUNOS PROBLEMAS SIN RESOLUCIÓN CLARA.
5. EL POSIBLE NUEVO MIEMBRO PLENO: VENEZUELA.
6. LA CUESTIÓN EN LOS PAÍSES UNIDOS POR COMPROMISO DEMOCRÁTICO AL MERCOSUR.
Trabajo presentado originalmente en el VI Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal/1º Jornada de Profesores de Derecho Penal del Mercosur, publicado en el libro de dicho evento académico.Por Marcelo A. Riquert
En agosto de 2004 fue inaugurado en Asunción el Tribunal Permanente del MERCOSUR, órgano encargado de dirimir los conflictos referentes a disputas comerciales entre los países miembros, integrado por cinco juristas, se trata de un cuerpo arbitral permanente nacido a propuesta de Argentina (febrero de 2002) que plasmara en el Protocolo de Olivos.
Puede actuar como tribunal de única instancia entre los Estados parte o en doble instancia (una “ad-hoc” y otra como Tribunal Permanente de Revisión, en causas referentes a problemas de índole comercial)[11].
v Comisión Parlamentaria Conjunta: representa a los Parlamentos de los Estados-parte en MERCOSUR, procura la armonización de las legislaciones conforme requiera el proceso de integración. Sobre su base comenzará a funcionar en los próximos meses y comienzos de 2007 el Parlamento del MERCOSUR, para el que se elegirán representantes en forma directa en 2010.
v Foro Consultivo Económico-Social: hace recomendaciones al Grupo Mercado Común
v Secretaría del MERCOSUR (sede permanente en Montevideo): órgano de apoyo operativo, se ocupa de la prestación de servicios a los demás órganos del MERCOSUR.
1) Dictado de Ley Especial: Venezuela y Chile (fuera de MERCOSUR: Estados Unidos, Alemania)
2) Modificación del Código Penal:
a. Difuminada: Paraguay (fuera: España)
b. Concentrada en un capítulo especial: Bolivia (ídem.: Francia)
3) Mixto (anárquico, combina 1 y 2): Argentina y Brasil (ambos, además, tienen al momento de redactarse este trabajo proyectos de ley especial con media sanción de la Cámara de Diputados y, en el primer caso, un proyecto de Código Penal en discusión que llevaría la situación al rubro 2.1.)
3.1. La primera norma considerando las nuevas tecnologías de la información fue la Ley N° 24.766 (1997) de “Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”. Introdujo la protección del secreto de las informaciones de personas físicas o jurídicas almacenadas en medios informáticos (bases de datos), penándose su ilegítima divulgación conforme las penalidades del Código Penal para el delito de violación de secretos (art. 156: multa de $ 1.500 a $ 90.000 e inhabilitación especial de seis meses a tres años). El art. 2° dice: “La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos, ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares”. La protección es sólo de la información contenida en bases de datos no estatales. Estableció la protección de la información secreta, confidencial, de la empresa y personas físicas.-
Esta ley fue sancionada para cumplir con el art. 39 del Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual, suscripto por nuestro país, y aprobada por Ley 24.425[15]. Su art. 12 dice “Quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito”. Básicamente, las acciones típicas son:
a) usar la información confidencial sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que la guarda o de su usuario autorizado;
b) revelar la información confidencial sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que la guarda o de su usuario autorizado[16]. La pena prevista es de multa de $ 1500 a $ 90000 e inhabilitación especial de 6 meses a 3 años (cf. art. 156 CP).
El secreto de empresa en Paraguay tiene protección penal expresa, conforme el Código Penal de 1997 (entró en vigencia a fines de 1998), en el Cap. VII, “Hechos punibles contra el ámbito de la vida y la intimidad de la persona”, en el artículo 147 “Revelación de un secreto de carácter privado”, cuya parte pertinente reza: “1° El que revelara un secreto ajeno: 1. Llegado a su conocimiento en su actuación como, a) médico, dentista o farmacéutico; b) abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; c) ayudante profesional de los mencionados anteriormente o persona formándose con ellos en la profesión; o 2. Respecto del cual le incumbe por ley o en base a una ley una obligación de guardar silencio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. ...3º Cuando el secreto sea de carácter industrial o empresarial, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.
En la reciente ley 25.922 (2004), se define al “software” como “la expresión organizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones, almacenadas en medio magnético, óptico, eléctrico, discos, chips, circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que una computadora o cualquier máquina con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, disponiendo o no de datos, directa o indirectamente” (art. 5º). Ello fijaría al presente el alcance del concepto normativo referido.
En cuanto a Uruguay, en materia de protección penal del software, el proceso parece haber estado teñido por las mismas pinceladas del argentino, partiendo de una inicial aplicación en la primera instancia judicial de una interpretación extensiva de los tipos de la vieja ley de propiedad intelectual. En efecto, por sentencia de primer grado Nº 65, fechada en Montevideo el 20 de noviembre de 1997, el Juez Peduzzi Duhau, en causa individualizada "G. M., H. D.- Edición, Venta y/o Reproducción Ilícita de una obra literaria (Art. 46 Ley 9.739 del 17.12.37", ficha S 070/94, condenó a H.D.G.M. como autor responsable del delito de reproducción ilícita de una obra literaria a la pena de ocho meses de prisión[25].
Resaltando la similitud de situaciones referida, expone la citada, debe tenerse en cuenta que el art. 46 de la ley 9.739 uruguaya es casi idéntico al art. 72 de la ley 11.723 argentina, respondiendo ambos textos a un mismo momento histórico (mediados de la década del ’30)[27] y que, además, en Uruguay se pretendió incluir al software dentro del Derecho de Autor a través del decreto 154/89 que permite su inscripción en el Registro de la Biblioteca Nacional, al igual que en Argentina se lo intentó por el decreto 165/94. Respecto de esto último, mientras el Juez uruguayo cita como fundamento de la sentencia la ley 9729 y sus modificativas, la C.N.Cas.Penal argentina en causa “Autodesk” dijo que es inadmisible entender que el decreto viniera a definir conductas que antes se hallaban penalmente reprimidas y que el Poder Ejecutivo no puede, por vía reglamentaria, conferir protección penal a obras no incluidas en el texto de la ley 11.723.
Ha recibido fundada crítica a raíz de que conforme su ubicación (delitos contra el honor) y descripción típica se pena el insertar o hacer insertar datos falsos aún cuando nadie se perjudique (ya que el inc. 3º considera a esta situación como agravante, lo que importaría que el inc. 1º resultara una figura de peligro abstracto[30]) y, además, de cara al bien jurídico protegido (honor, en su vertiente objetiva) podría darse el caso que el dato falso no lo lesione ni lo ponga en peligro, incluso lo contrario, es decir, el dato falso mejore su crédito o fama.
Bien señala Bertoni que si tomamos el bien jurídico protegido del título en su sentido tradicional la nueva figura se ha de limitar sólo a la inserción de datos falsos que disminuyan el honor o, caso contrario, habrá que reelaborar la interpretación del título por dejar de ser el honor el único bien jurídico tutelado por el ingreso de otros vinculados con el derecho a la información[31]. En este contexto reductor de los alcances de la tipicidad, el primer párrafo resulta una figura de peligro concreto, ya que el insertar o hacer insertar el dato falso en un archivo de datos personales en forma que disminuya el honor del titular del registro falseado, torna cierta la posibilidad de afectar el bien jurídico tutelado por cualquiera que consulte el archivo.
En esta dirección, recuerda Villada que conforme el art. 1º de la Ley 25.326, sus disposiciones pretenden garantizar: a) el derecho al honor e intimidad de las personas, tutela de carácter “subjetivo” dirigida a la persona humana cuyos datos están integrados en archivos o bancos de datos, sean públicos o privados; b) el acceso a la información correcta que sobre las mismas se registre, protección “objetiva”, ya que está encaminada a proteger a los terceros y su confianza en la información que se les proporciona cuando requieren datos, pero que también tiene carácter “subjetivo” si se la enfoca desde el punto de vista de los sujetos que extraen la información y respecto a la persona de quien se requieren los datos para que la falsedad no le resulte perjudicial.
La conducta descripta en el segundo párrafo, cuyo alcance debe guiarse por los cartabones de racionalidad que impone la crítica ya efectuada con relación al primero, puede cometerse tanto por medios informatizados como por cualquier otro medio. Como el verbo típico es proporcionar, se trata de un delito de acción.
Concuerdo con Villada en que, en principio, no exige como resultado que el tercero sepa, lea, se entere o utilice el dato falso o crea en él, pudiendo además la falsa información referirse a cualquier aspecto de la persona titular del archivo de datos[33], pero insisto no puede soslayarse las limitaciones que, al igual que el supuesto anterior, imponen los principios de lesividad, racionalidad y mínima intervención.
A su vez, en Paraguay, el Código Penal de 1997, con previsiones más cercanas a las de Brasil (a las que preceden) que a las argentinas, al regular los delitos patrimoniales incorporó un tipo de alteración de datos (art. 174) y otro de sabotaje de computadoras (art. 175). Su texto es el siguiente: “Artículo 174.- Alteración de datos. 1º El que lesionando el derecho de disposición de otro sobre datos los borrara, suprimiera, inutilizara o cambiara, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º Como datos, en el sentido del inciso 1º, se entenderán sólo aquellos que sean almacenados o se transmitan electrónica o magnéticamente, o en otra forma no inmediatamente visible”; y “Artículo 175.- Sabotaje de computadoras. 1º El que obstaculizara un procesamiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento ajenos, o una entidad de la administración pública mediante: 1. un hecho punible según el artículo 174, inciso 1º; o 2. la destrucción, inutilización, sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos, de una unidad de almacenamiento o de otra parte accesoria vital, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa”. En la “Exposición de Motivos” del propio Código, al referirse a la inclusión de los tipos transcriptos se señala que: “Dada la creciente importancia que tienen la transmisión de datos y las computadoras en la vida cotidiana y en los negocios que se llevan a cabo en la sociedad, y tomando en cuenta el valor patrimonial que actualmente tiene toda información, es menester que el nuevo código penal posea entre sus previsiones, las herramientas eficaces que permitan la sanción de quienes alteraren datos o sabotearen computadoras, ya sea alterando o borrando la información, así como la destrucción de unidades de almacenamiento (discos duros, diskettes, cd rom), o partes accesorias vitales (tarjetas u otro componente del hardware) que imposibiliten el procesamiento de estas informaciones”.
El art. 157 bis dice: “Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: 1º. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 2º. Revelare a otro, información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de una ley. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años”
En este caso no se observan en principio objeciones en cuanto a su ubicación sistemática, ya que las conductas tipificadas en la nueva figura se relacionan directamente con la violación de secretos en general. Como enseñaba el maestro Núñez, el bien jurídico protegido en este capítulo del Código Penal es la incolumidad de:
a) La intimidad de la correspondencia y de los papeles privados y, b) los secretos y la libre comunicación entre las personas[35]. Ahora se incluye: c) la información que se hallare registrada en un banco de datos personales, que se conecta con el primer aspecto (intimidad) en el inciso 1º) del art. 157 bis y el segundo (secreto) en el inc. 2º)[36], tratándose desde el punto de vista del autor de un delito común que prevé como agravante la autoría por funcionario público. Con relación al inciso primero, la acción típica de acceder puede concretarse por cualquier medio ya que no se especifica modalidad de ingreso alguna, aunque el contexto de la reforma es claro en cuanto a que el legislador quiso referirse a los medios informáticos.[37] La señalización de ilegitimidad del acceso importa la falta de consentimiento, lógicamente, de contar con este no estaríamos frente a una conducta punible. El inciso segundo exige que el autor sea alguien obligado a preservar la información. En ambos casos son conductas independientes dolosas[38]. La lesión al bien jurídico protegido se concreta con el mero acceso y la simple revelación, respectivamente[39]. Resulta admisible la tentativa.
Así, por “firma electrónica” se entiende el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación, que carezca de algunos de los requisitos legales para poder ser considerada “firma digital” (art. 5, Ley 25.506), mientras que esta a su vez es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control, susceptible de verificación para identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma (art. 2, Ley 25.506). De tal suerte, cuando un tipo penal integra en su tipo objetivo como elemento normativo “firma” —como los arts. 173 inc. 4º (delitos contra la propiedad: abuso de firma en blanco) y 289 del CP (delitos contra la fe pública), y 135 de la Ley 24.241 (delitos contra la libertad de elección de AFJP) —, o la acción de suscribir (“suscripción”) —art. 168 inc. 2º del CP (delitos contra la propiedad: suscripción de documento mediante violencia, intimidación o simulación de autoridad) —, queda claro que firma digital y firma electrónica no resultan ser sinónimos y que sólo la primera habrá de ser considerada a los fines de la tipicidad penal.
En Uruguay, al decir de Viega, la primera norma vinculada a esta problemática fue la ley Nº 16.002 del 25 de noviembre de 1988, cuyo artículo 130 estableció: “El que voluntariamente trasmitiere a distancias entre dependencias oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda”. Dicha norma y el art. 129 (“La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido”), regulan la autenticidad y prueba de los documentos trasmitidos a distancia por medios electrónicos entre dependencias oficiales. Los delitos aludidos son los que penalizan la falsificación documentaria[45].
Por Ley Nº 16736 (5/1/1996) se amplió dicho art. 129, sustituyéndose el término “medios electrónicos” por “medios informáticos y telemáticos” y eliminando la frase “entre dependencias oficiales”. Esto, dice Viega, convierte a la norma en aplicable para la generalidad[46]. A su vez, el inciso segundo (más amplio que el referido art. 130), establece:
“El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda”.
Por su parte, Montano entiende que la falsificación de documento electrónico se introdujo recién por vía del art. 697 de la Ley 16.736 de Presupuesto.
Luego de señalar sus beneficios en cuanto a cerrar la situación de vacío normativo, opina que la remisión de esta disposición a los artículos 236 a 239 del C.P. ubica a este documento informático dentro de la categoría de documento público porque los tres tipos penales refieren al documento público[47].
A su vez, el decreto 65/998 sobre procedimiento administrativo electrónico introduce en su capítulo III los conceptos de firma electrónica (art. 18) y firma digital (art. 19), con una serie de penalidades en el cap. IV con remisión a los tipos penales antes citados[48].
El fenómeno del robo de identidad se ha ido expandiendo como una plaga asociada al crecimiento de la tecnología digital, indicando noticias periodísticas que según estadísticas de la Comisión Federal de Comercio de USA, sólo en ese país en los últimos cinco años los delitos con datos robados de cuentas bancarias y tarjetas de crédito afectaron a 27 millones de personas.
Dicha Comisión sostiene que casi el 5 % de los adultos norteamericanos ha sido afectado cada año por este tipo de delitos, que ocupan el primer lugar en la lista de los que afectan a los consumidores, calculándose que el perjuicio a las empresas ronda los 50.000 millones de dólares y un 10 % de esa cifra a los consumidores. Gran repercusión se dio en junio de 2005 el descubrimiento de que el mes anterior un hacker había logrado ingresar en los sistemas de seguridad de las empresas Mastercard Internacional, Visa Internacional y American Express, apoderándose de los datos de 40 millones de clientes de esas tarjetas en el país citado[52]. El diario Washington Post proclamó que 2005 es el año de la filtración de datos, en el que por hechos como el referido podría llegar a 50 millones las víctimas de robo de datos. A su vez, el New York Times informó que los usuarios de tarjetas de crédito de Australia, Japón, China y otros países asiáticos fueron alertados de que sus cuentas corrían peligro si las usaban en transacciones con Estados Unidos o con empresas norteamericanas[53].
En Paraguay, el nuevo Código Penal, en su capítulo dedicado a los delitos contra el patrimonio, ha introducido dos tipos específicos vinculados, uno de operaciones fraudulentas por computadora (art. 188) y otro de aprovechamiento clandestino de una prestación (art. 189).
Su texto es el siguiente: “Artículo 188.- Operaciones fraudulentas por computadora. 1º El que con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante: 1. programación falsa; 2. utilización de datos falsos o incompletos; 3. utilización indebida de datos; o 4. otras influencias indebidas sobre el procesamiento, y con ello, perjudicara el patrimonio de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 187, incisos 2º al 4º”; y “Artículo 189.- Aprovechamiento clandestino de una prestación. 1º El que con la intención de evitar el pago de la prestación, clandestinamente: 1. se aprovechara del servicio de un aparato automático, de una red de telecomunicaciones destinada al público, o de un medio de transporte; o 2. accediera a un evento o a una instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otro artículo. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º En lo pertinente se aplicará lo dispuesto en los arts. 171 y 172”.
3.7. Normas vinculadas a la punición de la ciber-pornografía infantil. El problema de la extensión del tráfico de material y producción de contenidos de pornografía vinculada a los menores se ha visto facilitado por las nuevas tecnologías de la información y reflejado, en los últimos tiempos, en el incremento de procedimientos judiciales internacionales sobre los que periódicamente dan cuenta diversos medios periodísticos. Es una actividad gravemente disvaliosa en la que la nota de globalización se ha acentuado justamente por la aparición de herramientas que permiten la configuración de verdaderas “redes” delictivas. Al igual que en los casos anteriores, a nivel regional el estado de la legislación vigente no es parejo.
En Argentina, si bien no hay norma específica, puede señalarse que el 128 del CP (cf. Ley 25087/99) pune al que “produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores” o “organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren menores” de 18 años. También al que “distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores” de 18 años “al momento de la creación de la imagen”, y al que “facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores” de 14 años.
Entendemos que la amplitud de las conductas descriptas permite aprehender sin mayor problema los casos en el que el medio utilizado fuere Internet, aún cuando no sea mencionado en forma expresa pues ningún otro lo ha sido[56]. Por otra parte, el alcance jurídico del concepto de pornografía infantil viene delineado por la Ley 25763[57], cuyo art. 1º aprueba el “Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” (Asamblea General de Naciones Unidas, sesión plenaria del 25 de mayo de 2000). El art. 2º inc. c) dice que “por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o todo representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”. Adviértase la inclusión expresa de las simulaciones de acto sexual explícito de un menor en función de los problemas que pudiera generar conforme anterior explicación en nota al pie[58].
En Argentina, ejemplo de ello es la polémica alrededor del tipo de daño[63]. En efecto, algunos autores estiman que el art. 183 del C.P. al tipificar el daño a una cosa mueble, podría comprender algunas de las nuevas realidades. En este sentido, debe recordarse que nuestros tribunales consideran “cosa” a la electricidad, los pulsos telefónicos y las señales de televisión o de cable (arg. cf. art. 3211 C.C.). De allí derivaría una posibilidad de aprehender típicamente algunas de las actividades que desarrollan los llamados crackers y cyberpunks (vándalos). A efectos de superar naturales objeciones de analogía prohibida, se ha propuesto de lege ferenda como alternativas: a) La reforma de dicho artículo agregando intangible a la lista de elementos pasivos de daño (“...cosa mueble o inmueble o un animal o intangible...”), precisando a su vez en el art. 77 del mismo Código Penal que con este término se hace referencia a datos manejados en sistema informático e incluyendo en el listado de agravantes cuando el daño en el equipo influya decisivamente en lesiones o muerte a una persona (así, Pablo O. Palazzi y Fabián García[64]); b) dictar una nueva ley especial al respecto.
Entiendo que hay otra posibilidad: no ya analizar el objeto sobre el cual recae la acción típica, sino considerar la afectación de la función de la cosa destruida como también la de su valor económico. Si la acción realizada afecta la función que cumple el objeto o su valor económico, se está produciendo un daño efectivo alcanzado por el 183 C.P. No es otra cosa que el criterio de utilidad para describir la acción típica de daño que brinda Creus[66]. La jurisprudencia ha sostenido que el delito de daño no exige que la cosa mueble o inmueble quede totalmente destruido o inutilizado, sino que basta que la restitución del bien a su estado anterior demande algún gasto, esfuerzo o trabajo[67]. En este caso, el esfuerzo o gasto podría consistir en recuperar la información borrada, ya sea por vía de la previsión de haber realizado previamente un backup, volver a instalar los originales o tener que adquirir otros, respectivamente.-
En lo local, superando discusiones doctrinarias y juriprudenciales, a la vez que dando a la “privacidad” como bien jurídico protegido una mayor protección, el tema de la protección penal del correo electrónico es también contemplado en el proyecto de Código Penal presentado en el año en curso (además de tener varios proyectos legislativos independientes en consideración). Los arts. 138, 139, 142 y 143 lo han incluido en su redacción del siguiente modo: art. 138 (figura básica), “…el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico, mensaje de correo electrónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un mensaje de correo electrónico, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o mensaje de correo electrónico que le esté dirigida…”, calificando la conducta “…si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, mensaje de correo electrónico o despacho”; a su vez, el art. 139 califica la acción para “…el que por su oficio o profesión se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia o de un mensaje de correo electrónico.- También si se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto...”.
Aunque no vinculado en forma estricta con la cuestión del correo electrónico, también lucen de interés en la temática que nos viene ocupando, algunas precisiones que formula el proyecto en materia de entorpecimiento de las comunicaciones. Así, pueden destacarse los arts. 228 a 230. El primero dice lo siguiente: “…el que interrumpiere o entorpeciere toda comunicación transmitida por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida”. El art. 229: “…el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico o mecánico de un equipo terminal o de un Módulo de Identificación Removible del usuario, de modo que resulte perjuicio al titular, usuario o terceros”. El último contempla la punición para “…el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de alguna tarjeta de telefonía o accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciatario de Servicios de Comunicaciones Móviles”.
Más reciente, se ha dictado una ley, la Nº 19927 del 14/1/04, modificatoria tanto del código sustantivo como adjetivo en Chile en materia de delitos de pornografía infantil. Mientras que el nuevo art. 366 quater es bastante similar a la ya comentada norma argentina que pena el hacer ver o escuchar o presenciar espectáculos pornográficos a menores de 14 años, el art. 366quinquies pune el participar en la producción de material pornográfico en que usaren menores de 18 años, cualquiera sea el soporte en el que se lo haga. A su vez, el art. 374bis pune el comercializar, importar, exportar, difundir o exhibir, maliciosamente adquirir o almacenar dicho material pornográfico. El art. 374ter señala que el comercio, distribución o exhibición de tal material se considerará cometido en Chile si se realizan por sistemas de telecomunicaciones a los que se tengan acceso desde su territorio. Finalmente, en materia procesal se disponen medidas investigativas específicas, así como para resolver la situación de los menores víctimas de estos delitos.
En el caso de Bolivia, su Código Penal del año 1997 incluyó en Título dedicado a los “Delitos contra la Propiedad”, el Cap. XI “Delitos Informáticos”. El art. 363 bis, “Manipulación informática”, dice: “El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero. Sanción: reclusión de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días”; mientras que el art. 363ter, “Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos”, reza: “El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando un perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa de hasta doscientos días”.
a) La protección penal respecto de la delincuencia informática en el ámbito del MERCOSUR presenta una serie de asimetrías entre los estados miembros con carácter pleno y, además, con aquéllos a los que hayan unidos por el compromiso institucional democrático.
d) El presentado a discusión Proyecto de Código Penal Argentino en el año en curso, aporta en su articulado la solución a algunas de las lagunas de punibilidad en su oportunidad denunciadas en el derecho interno, significando a la vez un avance hacia la armonización legislativa en la materia con otros países del bloque regional que se han ocupado de esta problemática en un modo más integral.
[16] Cf. Palazzi, “Delitos...”, p. 166.
[17] Al respecto, he analizado en extenso de este tipo penal en mi trabajo “Cuestiones de Derecho Penal y Procesal Penal Tributario”, EDIAR, Bs.As., 2º edición, 2004, págs. 139 y ss.
[19] Marco Aurélio Rodrigues da Costa, “El derecho penal informático vigente en Brasil”, pub. en REDI “Revista Electrónica de Derecho Informático”, Nº 13, Agosto de 1999, disponible en el "alfa-redi.org”.
[23] Fuente: página web de la asociación civil “Software Legal” (http://www.softwarelegal.org.ar)/, que indica que la campaña llevada adelante durante el año 2000 en nuestro país ofreciendo una tregua en las acciones judiciales, llevó a que más de 6.000 empresas regularizaran sus instalaciones de software, motivo determinante de la reducción de la tasa de piratería verificada.
[25] El fallo íntegro se encuentra publicado en el medio virtual “ALFA-REDI”, en la sección “Delitos Informáticos”, con comentario de María José Vega, bajo el título “Uruguay: La piratería de software ¿Es un delito?. Análisis de las respuestas dictadas en fallos de Uruguay y Argentina”. En el primer considerando se afirmó “Que el ilícito de autos encuadra en la figura delictiva tipificada en el art. 56 del Código Penal y art. 46 de la ley 9.739 en la redacción dada por el art. 23 de la ley 15.913 (UN DELITO CONTINUADO DE REPRODUCCION ILICITA DE UNA OBRA LITERARIA). En efecto la conducta antijurídica del sujeto activo consistió con unidad de resolución criminal en un lapso que se sitúa entre enero y julio de 1992 en reproducir o hacer reproducir programas de computación, sin autorización escrita de sus titulares”.
[31] Eduardo Andrés Bertoni, “El bien jurídico tutelado en los delitos contra el honor: ¿sigue siendo el mismo aún después de la sanción de la Ley de “Habeas Data”?”, pub. en L.L., Suplemento de Jurisprudencia Penal, 23/3/01, págs. 12/17. Cctes.: Villada, ya citado, pág. 277, donde señala que si la disposición hubiese dicho “el que insertare o hiciere insertar a sabiendas, datos falsos injuriosos o calumniosos, en un archivo de datos personales”, se entendería la inclusión en este título y capítulo, “pero tal como está redactado, pueden anticiparse dolores de cabeza a jueces que apliquen el art. 117 bis y a la doctrina seria que lo comente”; Ledesma, ya citado, pág. 191, donde califica la radicación de “francamente desafortunada”.
[37] Ccte.: Donna, “Derecho Penal. Parte Especial”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, pág. 380. Allí relaciona la figura con la del art. 197.2 del CPE, con cita a Polaino Navarrete en el sentido que todo acceso cognitivo no autorizado al banco de datos reservados implica una lesión del “bien jurídico” intimidad, garantizado al titular de aquellos.
[41] Pub. en el B.O. del 30/6/03. Fuente: Diario Judicial, sección Noticia del Día, correspondiente al 30 de junio de 2003 (http://www.diariojudicial.com.ar/). Mediante ella se aprobó la “clasificación de infracciones” y “la graduación de sanciones” a aplicar frente a las infracciones que atenten contra la LPDP. Entre los objetivos perseguidos con ello, las autoridades han señalado que la disposición obedece a razones de seguridad jurídica, ello en un marco de acciones que tienen como norte la prevención, la difusión y educación de los ciudadanos sobre la protección de los datos personales. La normativa dictada dispone una clasificación de infracciones con sus pertinentes escalas sancionatorias. Las categoriza en leves (desde $ 1000 a $ 30.000), graves ($ 3.000 a $ 50.000) y muy graves ($ 50.000 a $ 100.000).
[47] Cf. Pedro J. Montano, en su artículo “Responsabilidad Penal e Informática”, pub. en la siguiente dirección http://unifr.ch/derecho penal/articulos/pdf/Montano1.pdf.
[48] Según informa Montano (trabajo citado), desde marzo de 2004 hay en tratamiento un proyecto de ley sobre firma digital y prestadores de servicio de certificación. En sus arts. 16 y 17 establece el régimen de sanciones administrativas y delitos de falsificación documentaria, respectivamente. El texto es el siguiente: “Artículo 16.- Infracciones y sanciones administrativas.- Se considera infracción administrativa todo acto u omisión verificado por el prestador de servicios de certificación en contravención a las normas dispuestas en la presente Ley.- En tal taso, la URSEC podrá imponer a dichos prestadores, según la naturaleza y gravedad de la falta así como con arreglo a las normas del debido procedimiento, las siguientes sanciones: a. Amonestación; b. Multas de entre 2.500 U.l. y 250.000 U.l.; c. Suspensión de todas o algunas de las actividades del prestador de servicios de certificación de firma digital; d. Prohibición de la prestación directa o indirecta de la totalidad de los servicios hasta por el término de cinco años” y “Artículo 17.- Delitos de falsificación documentaria.- 1. El particular que proporcione un dato falso al prestador de servicios de certificación, o al tercero encargado de recoger la información, incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 de Código Penal. 2. El que a sabiendas utilizara o se valiera de la firma digital o electrónica de un tercero, sin el consentimiento de éste, será castigado con la pena prevista en el artículo 240 del Código Penal. 3. Aquel que a sabiendas confeccionare una firma electrónica o una firma digital falsas, o adulterare una verdadera, o se valiera de la firma electrónica o digital de un tercero sin consentimiento de éste, o utilizare a sabiendas un certificado digital falso, incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. 4. A los efectos de las figuras delictivas previstas en el presente”.
[51] Toda la discusión previa a esta norma la he largamente expuesto en la citada obra “Derecho Penal de los Negocios” (parág. 120 “Transferencia no consentida de activo patrimonial en perjuicio de tercero mediante manipulación informática”, pág. 334 y ss), a la que remito por razones de brevedad. En concordancia, dice Alejandro O. Tazza que “Los más destacable de esta reforma es que resuelve... el tan cuestionado supuesto que dividía a la doctrina y la jurisprudencia acerca del tipo penal aplicable cuando se obtenía un beneficio económico mediante la realización de una operación automática o mecánica en la que no existía un sujeto pasivo personal que por error provocaba el desplazamiento patrimonial propio de esta figura” (en su trabajo “Estafas con tarjetas de crédito y falsificación de moneda extranjera y otros papeles”, pub. en L.L., diario del 5/5/05, pág. 2).
[56] Este parece haber sido el criterio del Anteproyecto de Código Penal, pues no ha cambiado la redacción del actual art. 128, que allí pasa a ser el art. 161. Pablo Palazzi se ha pronunciado requiriendo una incorporación expresa, señalando que estaba contemplado en el anteproyecto de ley especial de la Comisión Interministerial (Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores) de 2004 y que la punición de la ciber-pornografía está prevista por la Convención de Ciber-delito elaborada por el Consejo Europeo del año 2001, lo que resulta una nota de interés en orden al proceso de armonización (cf. su trabajo “Breve comentario a los proyectos legislativos sobre delitos informáticos”, pub. en la “Revista de Derecho Penal y Procesal Penal”, Lexis Nexis, Bs.As., 2006, fasc. 8, págs.1529/1530.
[58] Vinculado, puede recordarse con Muñoz Conde la modificación del art. 189 del CPE, que en su nuevo parágrafo 7 penaliza la producción o difusión de material pornográfico “en el que no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada”. Es decir, se tipifica la utilización de imágenes virtuales sin ninguna base real, lo que lleva al reconocido profesor a preguntarse si no estamos frente a un nuevo derecho penal de autor, donde lo punible es la tendencia pederasta como tal, aún cuando se traduzca en actos que concretamente incidan directamente en un menor o incapaz (así, en su trabajo “Las reformas...”, ya citado).
[59] Pub. en el medio virtual http://www.eldial.com/, sección el Dial Express, diario del 16/03/06.
[63] En lo que sigue se sintetiza el análisis de la cuestión realizado en el artículo “Algo más sobre el daño y sabotaje informáticos (en función del criterio de la Cámara Federal Criminal y Correccional)”, pub. en la revista “El Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia”, Nº 1 enero de 2006, págs. 5/26. Allí se amplían las referencias bibliográficas que en lo sucesivo se hacen en el texto principal.-
[65] Fallo de la Sala 6º, CNCyCorr., Cap. Fed., 30/4/93. Puede consultarse en “Informática y D.P.A.”, ya citado, págs. 154/155.
[68] Entre sus múltiples publicaciones en el medio virtual pueden citarse la oficial en http://www.jus.gov.ar/guia/content_codigo_penal.htm y la de los sitios “Pensamiento Penal” (http://www.pensamientopenal.com.ar/) y “Derecho Penal Online” (http://www.derechopenalonline.com.ar/) , que han elaborado sendos foros de discusión al respecto con amplia concurrencia e interesantes observaciones.
[69] Así, en su trabajo “Brazil: do delito de dano e de sua aplicação ao Direito Penal Informático”, pub. en el sitio http://www.informatica-juridica.com/, disponible desde el 14/8/03. Allí concluye que el delito de daño del art. 163 CPB es “perfectamente aplicable a la tutela de los datos informáticos, siendo completamente prescindible la creación de un nuevo tipo penal para tal fin. Se trata de la interpretación extensiva de la palabra “cosa”, elemento objetivo del tipo penal” (traducción personal).
[70] Cf. informa Omar Kaminski en su trabajo “Brazil: os virus de computador e a legilação penal brasileira”, disponible en el medio virtual ALFA-REDI, sección “Delitos informáticos”. En cuanto al estado del proyecto de ley sobre delitos tecnológicos en el Senado, uno de sus miembros, Marcelo Crivella, presentó una serie de enmiendas creando nuevas figuras delictivas, en particular, los tipos de falsedad informática (art. 154-C) y de sabotaje informático (art. 154-D), así como la obligación para todos los ISP de almacenar los registros de movimientos de sus usuarios por un plazo de tres años. Señala Democrito Reinaldo que, más allá de los beneficios que pudieran significar las nuevas figuras a la redacción original, sigue retrasándose el proyecto y este, en la redacción del diputado Piauhylino, era un estatuto básico de delitos informáticos que cubre bien ese papel. En su trabajo recuerda que las figuras contempladas en el proyecto originario eran: acceso indebido a medio electrónico, manipulación indebida de información electrónica, pornografía infantil, difusión de virus electrónico, falsificación de teléfono celular por medio de acceso a sistema informático, falsificación de tarjeta de crédito, daño electrónico, además de definir conceptos como “medio electrónico”, “sistema informático” y regular las modalidades de interceptación de comunicaciones telefónica, informática y telemática (cf. su artículo “Brazil: o projeto de lei sobre crimes tecnológicos (PL 84/99). Notas ao parecer do Senador Marcello Crivella”, pub. en el medio virtual www.informatica-juridica.com).
[78] Así, Fernando M. Fernández, en su trabajo “Resumen de la ley de delitos informáticos en Venezuela”, pub. en el portal jurídico “Delitos Informáticos” (http://www.delitosinformaticos.com/), sección “Estafas”.
Publicado por Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA en 18:27 149 comentarios:
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