Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-333-de-junio-4-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fc3603caa78e02f6e0430a01015102f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-20 00:35:22
Document Index: 403518508

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 154', 'artículo 143', 'artículo 157', 'artículo 144', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 160', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 129', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 29', 'artículo 35', 'artículo 492', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 7']

﻿ Sentencia C-333 de junio 4 de 2014
SENTENCIA C-333 DE 04 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:CONSTITUCIONALIDAD DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN CON MÉXICO. ESTE INSTRUMENTO ES COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN POR LA IMPORTANCIA DE LA EXTRADICIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. NO SE OPONE A LA SOBERANÍA NACIONAL Y SE ARMONIZA CON LA CONVENCIÓN DE LA NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988 Y LA CONVENCIÓN DE LA NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. SE DECLARÓ EXEQUIBLE EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO, ASÍ COMO SU LEY APROBATORIA LEY 1663 DEL 2013.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXTRADICIÓN, TRATADO INTERNACIONAL
Sentencia C-333 de junio 4 de 2014
Ref.: Expediente LAT 417
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1663 del 16 de julio de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011”.
EXTRACTOS: «1. Texto normativo.
Diario Oficial Nº 48.853 de 16 de julio de 2013
“Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México, el 1o de agosto de 2011”.
“ART. 1º—Obligación de extraditar.
“ART. 2º—Delitos que darán lugar a la extradición.
3. Para los efectos del presente artículo, no importará si la legislación nacional de una de las Partes, señala el hecho o hechos constitutivos del delito por los que se solicita la extradición, con terminología distinta a la de la otra Parte.
“ART. 3º—Delitos fiscales.
“ART. 4º—Causas para denegar una extradición.
e) sí, conforme a las leyes de la Parte requerida, corresponde a sus autoridades judiciales conocer de la infracción por la cual aquella haya sido solicitada.
“ART. 5º—Extradición de nacionales.
“ART. 6º—Principio de especialidad.
“ART. 7º—Extradición sumaria.
“ART. 8º—Documentos necesarios para la presentación de solicitudes de extradición.
“ART. 9º—Detención provisional o captura provisional.
“ART. 10.—Documentos adicionales.
“ART. 11.—Solicitudes concurrentes.
“ART. 12.—Resolución y entrega.
3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que la Parte requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el numeral 1 del presente artículo.
“ART. 13.—Entrega diferida.
“ART. 14.—Entrega temporal.
“ART. 15.—Procedimiento.
“ART. 16.—Entrega de objetos a petición de la parte requirente.
2. La Parte requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo condición de restitución o devolución los objetos a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, cuando puedan quedar sujetos a una medida de aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un proceso penal o de extinción de dominio en curso.
“ART. 17.—Tránsito.
“ART. 18.—Gastos.
“ART. 19.—Consultas y controversias.
2. Las controversias que surjan entre las Partes con motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento de las disposiciones del presente tratado, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
“ART. 20.—Ámbito temporal de aplicación.
“ART. 21.—Entrada en vigor y terminación.
3. El presente tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente artículo.
3.2.1. El control de constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.
3.2.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación de fecha 13 de agosto de 2013 dirigida a la secretaría de la Corte Constitucional(1), indicó que el Tratado en mención fue suscrito en nombre y representación de la República de Colombia, por la señora Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011. Se señaló igualmente que en este caso no se expidieron plenos poderes por parte del Presidente de la República, atendiendo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969(2).
3.2.3. Asimismo, en la comunicación se adjuntó la Aprobación Ejecutiva de fecha 14 de marzo de 2012, por medio de la cual, el Presidente de la República autorizó someter a consideración del Congreso de la República el “Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”(3).
3.2.5 Atendiendo a las consideraciones anteriores es claro que ninguna objeción puede formularse respecto del proceso de suscripción del tratado. En efecto, el mismo fue suscrito por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores, que contaba con plenos poderes para hacerlo y se realizó la aprobación ejecutiva reconocida como una forma de cumplimiento de lo ordenado por el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución.
El Proyecto de Ley 214 de 2012 (Senado) fue presentado el 23 de marzo de 2012, conforme lo establecen el inciso final del artículo 154 de la Constitución y el artículo 143 de la Ley 5ª de 1992, ante la secretaría del Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar y el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra Portocarrero(4).
El texto original del proyecto de ley junto con la respectiva exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República Nº 96 de fecha 23 de marzo de 2012 (págs. 18-24)(5) conforme se establece en el numeral 1 del artículo 157 de la Constitución y el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992.
4.2.1. Primer debate en Senado(6).
La ponencia para primer debate fue presentada por la senadora Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 209 de fecha 8 de mayo de 2012 (págs. 7-12)(7). En esta ponencia se propone aprobar en primer debate el proyecto de ley sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin reservas, enmiendas u observaciones.
— En la sesión del 9 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, tal y como consta en la Gaceta del Congreso 548 de 2012 (p. 17):
Por instrucciones de la señora presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión. (A. L. 1/2003, art. 8º).
— Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicano’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa a la comisión que se convoca sesión para el próximo martes a las 10:00 a. m.”(8).
— En la sesión del 15 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 548 de 2012 (p. 29):
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión.
(…) 2. Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(…) La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa a la comisión: se convoca para mañana a las 9:00 a. m. sesión reservada, vamos a escuchar a los señores militares que están próximos a ascensos. Se levanta la sesión y convoca para mañana a las 9:00 a. m. senadores. Gracias”(9).
— En la sesión del 16 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 548 de 2012 (págs. 37 y 38):
Por instrucciones de la presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A. L. 1/2003, art. 8º).
(…) La señora presidenta Alexandra Moreno Piraquive, se convoca a sesión para el martes a las 9:00 a. m., arrancamos señor secretario con la proposición que se aprobó el día de hoy, para hablar los temas de los militares; segundo, lo que teníamos agendado anteriormente”(10).
— En la sesión del 22 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 548 de 2012 (págs. 41, 42 y 64):
“El secretario de la comisión, doctor Diego González González, procede con el anuncio de proyectos de ley. Por instrucciones de la presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A. L. 1/2003, art. 8º).
(…) Se cita para mañana a las 10:00 (sic), agradecemos nuevamente al señor secretario y la subsecretaria, buenas tarde para todos”(11).
— En la sesión del 23 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 549 de 2012 (págs. 27-28):
(…) Gracias, señor secretario, citamos para el próximo martes 10:00 a. m. a través de la secretaría avisaremos en qué comisión vamos a sesiona (sic)”(12).
— En la sesión del 29 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 549 de 2012 (págs. 35-36):
(…) 3. Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(…) El señor presidente, senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, informa que se cita para el día mañana miércoles a las 10:00 a. m. en este recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial”(13).
— En la sesión del 30 de mayo de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 549 de 2012 (pág. 49):
Por instrucciones de la presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión, (A. L. 1/2003, art. 8º).
1. Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Agradece al señor secretario, anunciados los proyectos para la próxima sesión, citamos para el día martes 5 de junio, en este mismo recinto, martes 10:00 a. m., 5 de junio”(14).
— En la sesión del 13 de junio de 2012 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente se realizó el último anuncio de la votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la Gaceta del Congreso 21 de 2013 (págs. 2 y 3):
(…) 2. Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Agradece al secretario, en razón que ya han sido anunciados los proyectos que se van a debatir en la próxima sesión, vamos a convocar, citamos para la próxima sesión a las 09:00 de la mañana en el recinto de la Comisión Sexta del Senado. Esta citación se va a hacer a las 09:00 de la mañana del día jueves 14 de junio; es decir para mañana en este mismo recinto. Le ruego señor secretario informarle a los demás miembros de la comisión que no se encuentran presentes”(15).
La cadena de anuncios fue igualmente certificada por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado, en Oficio OPC-149/13 remitido a la secretaría general de la Corte el 20 de agosto de 2013(16).
El día 14 de junio de 2012, la Comisión Segunda del Senado realizó el debate y votación del proyecto, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 549 de 2012 — que contiene el Acta 31 del 14 de junio de 2012. Según el acta, el informe de ponencia fue aprobado por la comisión mediante votación nominal y pública con 7 votos a favor y uno en contra.
De acuerdo con el oficio del 2 de agosto de 2013 enviado a la Corte por el secretario de la Comisión Segunda del Senado(17), “en relación con la solicitud del honorable magistrado de certificar el quórum deliberatorio y decisorio, esta secretaría se permite certificar que el Proyecto de Ley 214/12 Senado fue aprobado por los honorables senadores presentes al momento de abrirse el registro, así: la proposición final fue aprobada conforme al Acto Legislativo 1 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue 07 votos afirmativos y 01 voto negativo. No hubo abstenciones (…) Acto seguido se aprueba la omisión de lectura del articulado y sometido a consideración, discusión y votación el texto del articulado propuesto, fue aprobado conforme al Acto Legislativo 1 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue 07 votos afirmativos y 01 voto negativo. No hubo abstenciones (…) Se da lectura al título del proyecto de ley y sometido a consideración, discusión y votación el texto del articulado propuesto, fue aprobado conforme al Acto Legislativo 1 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue 07 votos afirmativos y 01 voto negativo. No hubo abstenciones (…) Sometido a consideración, discusión y votación si quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate y se convierta en ley de la República, fue aprobado conforme al artículo 129 del Reglamento del Congreso y/o artículo 1º de la Ley 1431 de 2011”.
4.2.2. Segundo debate(18):
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate el 14 de junio de 2012 y abierto a segundo debate el 11 de septiembre de 2012, se cumple con el requisito constitucional de un mínimo de ocho días entre la actuación parlamentaria de la comisión y la de su plenaria (C.P., art 160).
El texto aprobado en primer debate correspondiente al Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 579 de 2012 (pág. 11)(19).
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el senador Edgar Alfonso Gómez Román y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 579 de 2012 (págs. 5 a 10), proponiendo su aprobación en segundo debate sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin modificaciones, reservas, enmiendas u observancia al texto de la convención(20).
El proyecto de ley fue anunciado para segundo debate el día 4 de septiembre de 2012, según consta en el Acta 12 publicada, a su vez, en la Gaceta Nº 797 de 2012 (pág. 18).
(…) Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(… ) Siendo las 6:50 p. m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m.
De la misma manera, el secretario general del Senado certificó mediante Oficio OPC-147/13, remitido a la secretaría de la Corte el 20 de agosto de 2013, que el Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado “fue anunciado según el requisito contemplado en el artículo 160 constitucional, en la sesión plenaria del día cuatro de septiembre de 2012, como consta en el Acta 12, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 797 del 9 de noviembre de 2012 (págs. 1, 17 a 18 y 48)”(21).
El día 11 de septiembre de 2012, la plenaria del Senado realizó el debate y votación del proyecto, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 798 de 2012 — que contiene el Acta 13 de 2012. De acuerdo con el acta el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate mediante votación ordinaria. La presidencia somete a consideración la preposición y, una vez aprobada, los integrantes del Partido Polo Democrático Alternativo y Progresistas, dejan constancia de su voto negativo al Proyecto de Ley 214 de 2012(22).
“Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Dejan constancia de su voto negativo a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia, del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, los integrantes del Partido Polo Democrático Alternativo y Progresistas.
Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
La certificación del secretario general del Senado de la República, en respuesta al Oficio OPC-147/13 enviado al magistrado sustanciador el 16 de agosto de 2013, señaló: “El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate sin modificaciones, con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante el modo de votación ordinaria del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431, como consta en el Acta 13, correspondiente al día once de septiembre de 2012 (pág. 23) publicada en la Gaceta del Congreso Nº 798 del 9 de noviembre de 2012, (págs. 1, 2, 23 y 28) Anexo 3”. Con relación al quórum, se certificó lo siguiente: “El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate sin modificaciones, con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante el modo de votación ordinaria, de conformidad con el del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 y quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 100 senadores. El suscrito secretario general registró los votos negativos de los integrantes del Partido Polo Democrático Alternativo y del Partido Progresistas, y no hubo abstenciones, como consta en el Acta 13, correspondiente al día once de septiembre de 2012, (pág. 23) publicada en la Gaceta del Congreso Nº 798 del 9 de noviembre de 2012”(23).
4.3.1. Primer debate(24).
El texto aprobado en segundo debate en el Senado (sesión plenaria) correspondiente al Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 617 de 2012(25). Se señala allí que el texto publicado fue aprobado en plenaria de Senado el día 11 de septiembre de 2012 sin modificaciones.
La ponencia para el primer debate ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara del Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara, correspondió al representante Eduardo José Castañeda Murillo y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 863 de fecha 30 de noviembre de 2012 (págs. 5 a 9)(26). En la ponencia presentada se propone aprobar en primer debate el proyecto de ley sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin modificaciones, reservas, enmiendas u observancia al texto del tratado.
El proyecto fue anunciado para primer debate el 20 de marzo de 2013 tal como consta en el Acta 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 388 del 7 de junio de 2013 (p. 13)(27). El anuncio previo exigido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 fue formulado en los siguientes términos:
Quinto. Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate en la próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. Este anuncio es para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
(…) Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara, 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Asimismo, en comunicación enviada a la secretaría general de la Corte el 15 de agosto de 2013, en respuesta al Oficio OPC-150/13 y OPC-148/13, la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes certificó: “Certifico: que el anuncio del referido proyecto de ley se hizo en sesión del 20 de marzo de 2013, Acta 25, la cual está publicada en la Gaceta del Congreso Nº 388 del 7 de junio de 2013 páginas 1 a 15 (pág. 13). Anexo Gaceta de la siguiente manera (…)”(28).
Sí señor presidente. Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate. Le recuerdo señor presidente que estamos en la discusión del Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara, 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos.
La votación fue unánime y ordinaria de acuerdo con la certificación sobre el quórum y la aprobación en primer debate, expedida por la secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en los siguientes términos: “Certifico: que en sesión del 03 de abril de 2013, Acta Nº 26, se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011 art. 1º (L. 5ª/92, art. 129), el Proyecto de Ley 142/12 Cámara, 214/12 Senado “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, con la presencia de 17 honorables representantes en los siguientes términos: Leída la proposición con que termina el informe de ponencia, y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. H. R. Eduardo José Castañeda Murillo, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta Nº 863/12, págs. 5 a la 9 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. Leído el título del proyecto y preguntada a la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. La mesa directiva designó al honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo para rendir informe de ponencia en segundo debate dentro del término reglamentario”(29).
4.3.2. Segundo debate(30).
El texto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes correspondiente al Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara, fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 284 de 2013 (pág. 5)(31).
La ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Eduardo José Castañeda Murillo y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 284 de 2012 (págs. 1 a 5)(32).
El proyecto fue anunciado el día 18 de junio de 2013 tal como consta en el Acta 215 de tal sesión, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 751 de 2013 (pág. 121)(33). En la gaceta se indica:
(…) Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara, 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(…) Gracias señora secretaria, simplemente para reconfirmar el anuncio de todos los proyectos. Se cita entonces para el día de mañana 19 de junio a las 8 de la mañana”(34).
De la misma manera, el secretario general del Senado en el Oficio OPC-148/13 que dirigió el 21 de agosto de 2013 a la secretaría general de la Corte certificó lo siguiente: “Que el Proyecto de Ley en comento fue anunciado previamente a la votación en sesión plenaria del día 18 de junio de 2013, según consta en el Acta Nº 215, para la sesión plenaria del día 19 de junio de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política”(35).
El proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara fue debatido y aprobado el 19 de junio de 2013, según consta en el Acta Nº 216 de esa fecha, que consta en la Gaceta del Congreso 757 de 2013 (pág. 137)(36). La aprobación se dio por unanimidad en votación ordinaria.
Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara, 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
En consecuencia de lo expuesto anteriormente y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley me permito proponer a la honorable plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de Ley 142 del 2012 Cámara, 214 del 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011. Firma, Eduardo José Castañeda Murillo.
Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara 241 del 2012 Senado por medio de la cual se aprueba el tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
De acuerdo con la certificación contenida en el Oficio OPC-148/13 remitido el 21 de agosto de 2013 por el secretario general de la Cámara de Representantes a la secretaría general de la Corte: “En sesión plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 19 de junio de 2013, que consta en el Acta Nº 216, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y nueve (159) honorables representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, título y la pregunta ‘Quiere la plenaria que este proyecto sea ley de la República’ del Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara – 214 de 2012 Senado, hoy Ley 1663 de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’ suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011”, habiéndose obtenido en la votación nominal anterior un total de noventa y nueve (99) votos”(37).
Al revisar el acta de la sesión, efectivamente se constata que el anterior proyecto de ley votado (Proyecto de Ley Estatutaria 267 de 2013 Cámara, 209 de 2013 Senado, “Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”), fue aprobado por votación nominal y pública con 93 votos afirmativos y 3 negativos.
El texto definitivo del Proyecto de Ley 142 de 2012 Cámara y 214 de 2012 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 461 del 2 de julio de 2013 (págs. 18-19)(38). El día 16 de julio de 2013 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del tratado objeto de examen. La Ley 1663 de 2013 fue publicada en el Diario Oficial Nº 48.853 de 16 de julio de 2013.
Mediante comunicación de fecha 16 de abril de 2012, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional fotocopia debidamente autenticada de la Ley 1663 del 16 de julio de 2013, “por medio de la cual se aprueba el “Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011. Conforme lo establece el numeral 10 del artículo 241 la remisión se produjo en el plazo establecido de seis días siguientes a la sanción de la ley(39).
En relación con el examen de fondo, se deben examinar las disposiciones del tratado internacional y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones superiores, para determinar si aquellas se ajustan o no a la Constitución Política. Con este propósito, se aludirá al régimen constitucional en materia de relaciones internacionales (5.1). Una vez hecho esto, se expondrán los antecedentes del tratado (5.2). Luego se realizará un breve repaso la extradición en la jurisprudencia constitucional (5.3.). Finalmente se examinará la constitucionalidad del contenido específico del tratado (5.4.).
5.1.1 Desde el preámbulo, la Constitución refleja una inequívoca orientación hacia la participación activa de Colombia en el escenario internacional. Tal y como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional(40), existe un deber del Estado consagrado en los artículos 226 y 227 superiores, de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, como también la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados y dentro de los límites impuestos por la misma Carta.
5.2.2. En tratado de 1928 disponía en su artículo 20, una cláusula de renovación automática cada 10 años, siendo la fecha de la última renovación el año 2007. Tratándose de un tratado vigente en la actualidad (hasta el 2017), el nuevo instrumento establece en el numeral 2 del artículo 21, que su entrada en vigor deja sin efectos el tratado de 1928.
5.3.1. La extradición es un instrumento de cooperación internacional de lucha contra la impunidad, por medio del cual se impide que una persona que ha cometido una conducta delictiva en el exterior, se refugie en un país diferente para evadir su sometimiento a la justicia. Así, en palabras de la Corte “la extradición es un importante instrumento de cooperación internacional que tiene como fundamento el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad. Su finalidad no es otra que la de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia refugiándose en un país diferente a aquel donde ha cometido la conducta punible. Precisamente con tal fin se han suscrito diversos tratados y convenios internacionales en los que, ya sean de carácter bilateral o multilateral, se han señalado las conductas por las cuales procede y los procedimientos y trámites aplicables que deben seguirse para el requerimiento o para el ofrecimiento”(41).
Como consecuencia de este proceso el Estado denominado requirente —parte activa— puede solicitar en extradición al Estado requerido —parte pasiva—, a una persona que haya cometido un delito para permitir su investigación, procesamiento o cumplimiento de la sanción correspondiente cuando esta se encuentra en un territorio diferente de aquel donde se cometió el punible.
Posteriormente, con el Acto Legislativo 1 del 16 de diciembre de 1997, el artículo 35 superior fue modificado y de este modo se autorizó la extradición conforme a los tratados o, en su defecto, a la ley, estableciéndose respecto de los colombianos por nacimiento, adopción y de extranjeros, que esta se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. Asimismo, se dispuso que no procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de dicha norma.
5.3.3. Considerado lo anterior, la Corte ha establecido las siguientes características de la extradición que se desprenden directamente del texto constitucional(42):
(1) Las fuentes formales y materiales de esta figura están expresamente consignadas en la Carta y se encuentran representadas principalmente en los tratados y subsidiariamente en la ley. Por consiguiente, “no es este un asunto que dependa de la voluntad del legislador”(43).
(4) La Carta dispone que la extradición no procede para hechos cometidos antes de la promulgación del Acto Legislativo 1 de 1997 que modificó el artículo 35 superior, de lo cual se colige que no se aplicará para conductas cometidas antes del 16 de diciembre de 1997.
(5) Por vía jurisprudencial, la interpretación sistemática del artículo 29 superior y de los tratados internacionales de Derechos Humanos, ha conducido a establecer que la extradición no procede cuando la persona solicitada por las autoridades de otro Estado es procesada o cumple pena por los mismos hechos delictivos a los que se refiere la solicitud(44).
5.3.4. La jurisprudencia de la Corte ha reiterado que la figura de la extradición no desconoce la soberanía nacional ni supone una injerencia ilegítima en los asuntos internos dado que el Estado es quien decide si otorga la extradición. Adicionalmente, además de las restricciones que impone el artículo 35 constitucional, deben respetarse otras garantías de orden superior tales como “el respeto a los derechos de toda persona, como el derecho a la defensa (art. 29) o al debido proceso (art. 29), así como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de muerte (art. 11) o al sometimiento a tortura (art. 12)”(45).
5.3.5. En cuanto a la naturaleza jurídica de la extradición, es importante resaltar que se trata de un acto administrativo complejo ya que en el mismo concurren el poder ejecutivo —a través del Presidente de la República, el Ministerio de Justicia o la Cancillería— y el judicial —Corte Suprema de Justicia y Fiscalía—(46). En efecto, de conformidad con el artículo 492 de la Ley 906 de 2004, la oferta o concesión de la extradición es facultativa del Gobierno pero requiere previo concepto de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, puede caracterizarse como un proceso breve y sumario en el que no hay lugar a juzgamiento o prejuzgamiento puesto que a los órganos o entidades que tramitan la extradición, no les corresponde resolver si efectivamente se cometió o no el delito, ni quienes fueron sus autores o el grado de participación de los mismos, ni el móvil o la valoración de las pruebas y las penas, siendo esta una competencia exclusiva de las autoridades judiciales del Estado que solicita la extradición(47). En este sentido ha dicho la Corte que, “entrar en una controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, como quiera que es en ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con las normas penales internas del Estado extranjero”(48).
5.3.6. La validez formal del trámite depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, relativos a la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, si es el caso. Una vez recibida toda la documentación referida, el Ministerio de Justicia remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que esta emita su concepto(49). Cumplidos los requisitos formales de la extradición, siempre y cuando el concepto de la Corte Suprema de Justicia sea positivo, corresponde al Presidente de la República, como supremo director de las relaciones internacionales del país, resolver la solicitud de extradición. La Ley 906 de 2004 prevé asimismo la intervención del Fiscal General de la Nación para efectos de la captura en caso de concederse la extradición.
5.3.7. En suma, la extradición se constituye en una eficaz herramienta de cooperación internacional y de lucha contra la impunidad. Así, el principio de soberanía y de territorialidad han evolucionado para hacer posible la protección de bienes jurídicos importantes para la comunidad internacional(50). En este sentido la Corte ha señalado que, “cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que (…) la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”(51).
5.4.2. La Corte encuentra que el preámbulo se ajusta a la Constitución porque fija como justificación del tratado la lucha contra la impunidad y la cooperación internacional coincidiendo con la finalidad que el constituyente le otorgó a la extradición como instrumento de asistencia y solidaridad entre los Estados, sin desconocer la soberanía nacional en los términos del artículo 9º superior. Asimismo, los objetivos que busca lograr el tratado y que se plasman en el preámbulo, son afines a otros instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
La Corte advierte que esta disposición es conforme con el principio de la doble incriminación, reconocido en este tipo de tratados, de acuerdo con el cual la conducta por la cual se solicita la extradición debe considerarse como delito en las legislaciones de ambos Estados. Es este precisamente uno de los asuntos que revisa la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para fundamentar su concepto acerca de la extradición(52). En relación al quantum que consagra la disposición objeto de análisis, ya en otras ocasiones, en las que se ha previsto la procedencia la extradición para delitos que comportaran penas privativas de la libertad similares, la Corte ha reconocido que no se desconoce la Constitución ya que la misma no “establece límites al quantum de la pena y es su texto el que remite de manera directa y como opción primordial al tratado”(53). Por otra parte se destaca que, a semejanza de otros tratados de extradición(54), en el presente instrumento se consagra un sistema de lista abierta que promueve una cooperación más amplia entre las Partes, porque no se limita a señalar de manera taxativa los delitos que serán objeto de extradición. La concesión de la extradición incluso cuando las Partes utilizan una terminología distinta en relación con los hechos constitutivos del delito, permite, por su parte, superar problemas semánticos a la hora de calificar los punibles y hacer efectiva la cooperación entre los Estados.
Ahora bien, es importante dejar claro que respecto de los ciudadanos colombianos, los delitos a los que se refiere este artículo, corresponden a conductas delictivas cometidas antes del 16 de diciembre de 1997, fecha de promulgación del Acto Legislativo 1 de 1997 que modificó el artículo 35 superior.
Tal y como lo ha establecido la Corte al examinar el referido artículo del Código Penal, tanto el retenedor como el autorretenedor “son agentes de recursos estatales que transitoriamente reposan en su esfera de liquidez”(55), pero que le pertenecen al Estado y sirven para materializar sus fines, “servir a la comunidad, redistribuir el ingreso, promover la prosperidad en términos de calidad de vida de todos los habitantes, en fin, para generar condiciones de existencia digna, en pro de lo cual, como es apenas natural, debe protegerse el bien jurídico de la administración pública con las más estrictas garantías, controles y sanciones de carácter penal”(56). Anteriormente, la Corte también había descrito la naturaleza de las obligaciones de la persona natural o jurídica que debe responder por el recaudo del IVA y por la retención en la fuente, estableciendo que su obligación “en manera alguna se asemeja a la de aquella que se encuentra en mora de cubrir una deuda de naturaleza civil y, en menor medida, a la del ciudadano que está obligado a soportar ciertas cargas tributarias que, dicho sea de paso, tienen como objetivo fundamental contribuir a la realización material de los fines del Estado que se concretan en la satisfacción del interés general”(57). De este modo, la ley colombiana considera la omisión del agente retenedor como delito debido a la necesidad de proteger los recursos que sirven al Estado para realizar los fines que establece la Constitución.
5.4.6.1. Las causales obligatorias se refieren a la imposibilidad de conceder la extradición cuando se trate de delitos políticos, excluyéndose de esta categoría el homicidio u otro delito violento contra la persona del Jefe del Estado o de miembros de su familia, el genocidio y actos de terrorismo, de conformidad con los tratados y convenciones multilaterales de los cuales ambos Estados sean Parte, y otros delitos que de acuerdo con los tratados o convenciones multilaterales vigentes entre las Partes, prohíban su consideración como delitos políticos. También deberá el Estado oponerse a la extradición cuando la solicitud se formule para perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad o creencias políticas; cuando se trata de un delito militar; en caso de prescripción de la acción penal o de la pena conforme a la legislación de la Parte requirente; cuando se violen los preceptos de la Constitución de la Parte requerida; en los casos en los que la persona reclamada haya sido condenada o deba ser juzgada en la Parte requirente por un tribunal de excepción; cuando la persona reclamada ha sido sentenciada en la Parte requerida por los mismos hechos que originan la solicitud de extradición; en caso de amnistía o indulto por la misma conducta punible en la Parte requirente o requerida anterior a la solicitud de detención provisional o extradición; cuando la solicitud de extradición carezca de algunos de los documentos que se señalan en el artículo 8º del tratado.
La Carta prohíbe de manera expresa la extradición por delitos políticos en el inciso 3º del artículo 35. De otra parte, Colombia ha establecido a través de diversos tratados revisados por la propia Corte, qué delitos no se consideran políticos para efectos de la extradición, los cuales no han sido incluidos como tales en el presente instrumento(58).
La prohibición de extraditar cuando la solicitud se fundamentara en perseguir o castigar a una persona por razones de raza, sexo, religión o por sus creencias también es acorde con la Constitución que prohíbe cualquier discriminación de trato y que reconoce los derechos inalienables de las personas (C.P., art. 13).
Por otra parte, es conforme a la Carta excluir los delitos militares puesto que se trata de conductas de competencia exclusiva de los jueces nacionales de la jurisdicción penal militar (C.P., art. 116).
Igualmente, se ajusta a la Carta la prohibición de conceder la extradición cuando esto representa la violación de preceptos constitucionales, en virtud del principio de supremacía de la Constitución consagrado en el artículo 4º superior. Por otra parte, la jurisprudencia ha resaltado que el otorgamiento de la extradición, no debe limitarse a lo establecido en el artículo 35 superior, sino también en los demás derechos que consagra la Constitución como “el respeto a los derechos de toda persona, como el derecho a la defensa (art. 29) o al debido proceso (art. 29), así como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de muerte (art. 11) o al sometimiento a tortura (art. 12)”(59).
Es constitucional igualmente la disposición que establece la imposibilidad de conceder la extradición cuando la persona haya sido condenada o deba ser juzgada por tribunales de excepción puesto que por definición, estos se constituyen para estudiar casos particulares después de haberse cometido el punible sin el respeto de las garantías y de los derechos de los procesados y sentenciados. A este respecto cabe reiterar que la evolución en el derecho internacional de los derechos humanos ha llevado a concluir que la facultad que tienen los Estados para extraditar a una persona no es absoluta y que es necesario considerar la situación personal del individuo y los potenciales riesgos para su dignidad humana en el país hacia el cual es enviado(60).
Finalmente, es acertado no otorgar la extradición cuando hagan falta los documentos señalados en el artículo 8º del tratado puesto que estas exigencias hacen parte del derecho al debido proceso y al mismo tiempo consignan los elementos que el mismo instrumento internacional prevé para hacer solicitudes válidas de extradición.
5.4.6.3. El artículo 4º del tratado también contempla unas casuales facultativas para denegar la extradición: cuando la persona esté siendo procesada en la Parte requerida por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de extradición; cuando la entrega de la persona ponga en riesgo su vida en razón de su estado de salud; cuando se requiera a la persona por una infracción parcialmente cometida en su territorio; cuando la infracción por la cual se solicita la extradición haya sido cometida fuera del territorio de la Parte requirente pero el Estado requerido no autorice la persecución de la misma infracción cometida fuera de su territorio; y, si conforme a la legislación de la Parte requerida, la competencia de investigar la infracción corresponde a sus autoridades judiciales.
Ya en otras ocasiones, la jurisprudencia ha expresado que cuando la persona reclamada esté siendo procesada en la Parte requerida por los mismos hechos que motivan la extradición, el Estado requerido puede no extraditar. Esta situación se relaciona con el principio aut dedere aut iudicare, es decir, “sancionar o extraditar”(61). Lo anterior también resulta respetuoso de la soberanía nacional porque faculta al Estado a decidir sobre la extradición en estos eventos.
Sobre la facultad de otorgar la extradición cuando el delito se ha cometido parcialmente en el territorio nacional o cuando corresponda conocer de la infracción a las autoridades judiciales de la Parte requerida, la Corte encuentra que estas disposiciones resultan respetuosas de la soberanía nacional y se ajustan a la legislación interna, en particular al artículo 14 del Código Penal. Precisamente, con respecto a la menciona disposición penal la Corte consideró que esta desarrolla los lineamientos fijados en el artículo 35 superior(62) y se ajusta al principio de territorialidad(63). En la Sentencia C-621 de 2001 se sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en esta materia(64), “la extradición es un instrumento de cooperación internacional que procede tanto por delitos cometidos totalmente en el exterior como por delitos realizados parcialmente fuera del país”. De la misma manera, resulta coherente con la Carta y acorde con el principio de soberanía, el que se prevea la facultad de no extraditar cuando la infracción se cometa fuera del Estado requerido y requirente cuando en este último no se permita la persecución de dicha infracción.
La disposición examinada desarrolla el denominado principio de nacionalidad, de acuerdo con el cual el Estado tiene competencia para investigar, procesar y sancionar a sus propios ciudadanos donde sea que estos se encuentren(65). Adicionalmente desarrolla el principio aut dedere aut indicare conforme al cual si no se extradita a una persona que presuntamente ha cometido un delito, esta debe ser juzgada en el territorio nacional. En este orden de ideas, el artículo examinado resulta acorde con la Constitución y el principio de soberanía al dejar exclusivamente en cabeza del Estado requerido la potestad de conceder la solicitud de extradición de sus nacionales.
5.4.11. El artículo 9º regula la detención provisional y la captura provisional de la persona reclamada. Se establecen los documentos que la Parte requirente deberá adjuntar con la solicitud y que se refieren a la expresión de delito, la descripción de la persona reclama y su paradero, si es conocido, además de la promesa de formalizar la solicitud de extradición y la manifestación de la existencias de una orden de aprehensión expedida por una autoridad competente o se una sentencia condenatoria contra el reclamado. En ese caso, la Parte requerida deberá tomar las medidas para aprehender a la persona reclamada pero si dentro de los sesenta días siguientes a la detención o captura, el Estado requirente no formaliza la solicitud de extradición, esta será liberada. Se considera que este artículo es acorde con la Constitución pues si bien se trata de una aprehensión provisional sin solicitud formalizada de extradición, se respetan los postulados del debido proceso al establecer unas exigencias mínimas para hacer efectiva la detención y se establece un tiempo de espera razonable para mantener detenida a la persona mientras el Estado requirente formaliza la solicitud.
Las solicitudes concurrentes pueden presentarse entonces cuando el inculpado ha cometido delitos en el territorio de dos o más Estados, o puede ocurrir cuando el mismo delito afecta las jurisdicciones de los Estados que lo reclaman y dos o más Estados quieren juzgarlo(66). La Corte estima que la manera como se encuentra regulado el procedimiento de las solicitudes concurrentes en el tratado supone la necesidad de que la Parte requerida considere información de suma importancia necesaria para resolver la solicitud de extradición, sin que lo anterior de ninguna manera contravenga la Constitución ni la manera como el ordenamiento interno regula esta materia. Adicionalmente, se advierte que la disposición es constitucional porque la decisión final corresponderá en todo caso a la Parte requerida lo cual respeta el principio de soberanía.
Por su parte, se prevé la entrega temporal cuando se haya concedido la extradición y la entrega se haya dado con carácter diferido, y cuando a petición —justificada y por un término no mayor a 3 años— de la Parte requirente se entregue de manera temporal a la persona que haya recibido una sentencia condenatoria en la Parte requerida, con el fin de que pueda ser procesada en la Parte requirente durante la ejecución de la sentencia en la Parte requerida. De esta manera, la persona queda bajo custodia de la Parte requirente y deberá ser devuelta a la Parte requerida al término del proceso correspondiente o transcurridos tres años aún si el proceso en la Parte requirente no ha culminado. Se aclara que la entrega temporal solo será procedente cuando el término de la pena privativa de libertad que le falte por cumplir a la persona reclamada en la Parte requerida sea mayor de tres años y se indica también que el tiempo que la persona entregada temporalmente haya permanecido en el territorio de la Parte requirente, será tomado en cuenta para el cumplimiento de su sentencia en la Parte requerida.
5.4.14. El artículo 15 del tratado establece que las solicitudes de extradición se tramitarán según el procedimiento fijado por el ordenamiento interno de cada Estado. La Corte no encuentra ningún reparo frente a esta disposición pues resulta compatible con el principio de soberanía y de autodeterminación del artículo 9º superior.
Respecto de este artículo, es importante destacar que antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 1997 que modificó el artículo 35 de la Constitución, no se preveía la extradición de nacionales colombianos por lo cual, será necesario que el Gobierno formule en este punto una declaración interpretativa en el sentido que la aplicación del inciso 1º del artículo 20 se refiere a los delitos cometidos después de la entrada en vigencia de dicho acto legislativo, o bien luego del 16 de diciembre de 1997.
5. La Corte ordenará, en relación con el inciso 1º del artículo 20, que el Gobierno, en el momento de la ratificación del presente instrumento internacional, realice una declaración interpretativa en el sentido que los delitos a los que se aplica el presente tratado, son aquellos cometidos con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 1 de 1997, es decir, después del 16 de diciembre de 1997.
Primero. Declarar EXEQUIBLE el “Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1663 del 16 de julio de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011”.
Tercero. El Presidente de la República, al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, deberá formular la siguiente declaración interpretativa en relación con el artículo 20: “El Estado de Colombia, en consonancia con las disposiciones de la Constitución Política, manifiesta que el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos suscrito el 1º de agosto de 2011, se aplicará a los delitos especificados en su artículo 2º que hayan sido cometidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1997”.
(1) Oficio S-GTAIL-13-031907. Folios 36 a 40 del cuaderno principal.
(2) 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7º, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. 9. Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un tratado se efectuara por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuara por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. 10. Autenticación del texto. El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y definitivo a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; o b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referendum" o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
(3) Se adjunta copia auténtica de la aprobación ejecutiva del 14 de marzo de 2012, por medio de la cual, el Presidente de la República autorizó someter a consideración del Congreso de la República el “Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”. Folio 40. Cuaderno principal.
(4) Folios 100 a 102. Cuaderno primero.
(5) Se adjunta copia remitida por el secretario general del Senado de la República. Cuaderno primero OPC 149 de 2013. Remitido mediante comunicación de fecha 20 de agosto de 2013. Folios 100-102.
(6) Las gacetas del Congreso del primer debate del Proyecto de Ley 214 de 2012, fueron remitidas a la secretaría general de la Corte Constitucional por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado el 20 de agosto de 2013, mediante comunicación que consta en los folios 1 a 5 del cuaderno primero.
(7) Folios 88-90. Cuaderno primero.
(8) Folio 45 Cuaderno primero.
(9) Folio 51. Cuaderno primero.
(10) Folios 37 y 38. Cuaderno primero.
(11) Folios 57, 68. Cuaderno primero.
(12) Folios 27 y 28. Cuaderno primero.
(13) Folio 24. Cuaderno primero.
(14) Folio 31. Cuaderno primero.
(15) Folios 69 y 70. Cuaderno primero.
(16) Folios 2 y 3. Cuaderno primero.
(17) Folios 1 a 5. Cuaderno primero.
(18) Las gacetas del segundo debate del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado fueron remitidas por el secretario general del Senado a la Corte Constitucional el 20 de agosto de 2013, en respuesta al Oficio OPC-147/13, mediante comunicación que consta en los folios 103 a 108, cuaderno primero.
(19) Folio 82. Cuaderno primero.
(20) Folios 81 y 82. Cuaderno principal.
(21) Folio 105. Cuaderno primero.
(22) Folio 124. Cuaderno primero.
(23) Folio 105. Cuaderno primero.
(24) Las gacetas del Congreso del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fueron remitidas el 15 de agosto de 2013 a la Secretaría General de la Corte Constitucional por el secretario general de la Comisión Segunda, en respuesta al Oficio OPC-150/13. La comunicación consta en los folios 41 y 42 del cuaderno principal.
(25) Folios 19 y 20. Cuaderno primero.
(26) Folios 45 a 47. Cuaderno principal.
(27) Folio 64. Cuaderno principal.
(28) Folio 42. Cuaderno principal.
(29) Folio 42. Cuaderno principal.
(30) Las gacetas del Congreso del trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, fueron remitidas el 21 de agosto de 2013 a la secretaría general de la Corte Constitucional por el secretario general de la Cámara de Representantes, en respuesta al Oficio OPC-148/13. La comunicación consta en los folios 85 a 88 del cuaderno principal.
(31) Folio 91. Cuaderno principal.
(32) Folios 89 a 91. Cuaderno principal.
(33) Gaceta remitida mediante comunicación dirigida a la secretaría de la Corte Constitucional el 9 de octubre de 2012 por parte del secretario general de la Cámara de Representantes, en respuesta al Oficio OPC-148/13. Folio 62. Cuaderno segundo.
(34) Folio 62. Cuaderno segundo.
(35) Folio 87. Cuaderno principal.
(36) Gaceta remitida mediante comunicación dirigida a la secretaría de la Corte Constitucional el 9 de octubre de 2012 por parte del secretario general de la Cámara de Representantes, en respuesta al Oficio OPC-148/13. Folios 138 y 139. Cuaderno segundo.
(37) Folio 87. Cuaderno principal.
(38) Folios 105-106. Cuaderno principal.
(39) Folio 25. Cuaderno principal.
(40) C-750 de 2008.
(41) C-780 de 2004.
(43) C-740 de 2000.
(44) C-622 de 1996.
(45) C-621 de 2001.
(46) C-243 de 2009, C-1106 de 2000.
(47) C-243 de 2009, C-460 de 2008; C-1106 de 2000.
(48) C-1106 de 2000.
(49) C-1266 de 2005.
(50) C-621 de 2001.
(51) C-1055 de 2003.
(52) C-1266 de 2005.
(53) Ver por ejemplo las sentencias C-780 de 2004 y C-011 de 2010.
(54) Ver por ejemplo tratado de extradición con España, C-780 de 2004.
(55) C-009 de 2003.
(57) C-1144 de 2000.
(58) Ver entre otros: Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas examinada en la Sentencia C-620 de 2011; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas examinada en la Sentencia C-580 de 2002; Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997 examinado en la Sentencia C-1055 de 2003; Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado examinada en la Sentencia C-863 de 2004; entre otros.
(59) C-037 de 2004, C-621 de 2001.
(60) C-405 de 2004.
(62) C-621 de 2001.
(63) De acuerdo con la Sentencia C-1189 de 2000, el principio de territorialidad, como base de la soberanía, se define a partir de la posibilidad de los Estados para “prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser este su ‘natural’ ámbito espacial de validez”. Se diferencia entre la “territorialidad subjetiva” —cuando el Estado puede asumir jurisdicción sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro Estado— y la “territorialidad objetiva” —conforme a la cual cada Estado aplica sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio, pero culminaron o tuvieron efectos sustanciales y directos dentro de él—.
(64) Se citaron las siguientes providencias que sostienen esta línea argumentativa: “C-052/93, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein; C-171/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-208/93, M. P. Hernando Herrera Vergara; C-264/95, M. P. Fabio Morón Díaz; C-087-97, M. P. Fabio Morón Díaz; C-351/98, M. P. Fabio Morón Díaz; Sentencia C-397/98, M. P. Fabio Morón Díaz; C-187/99, M. P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano; C-226/99, M. P. Fabio Morón Díaz; C-622/99, M. P. José Gregorio Hernández Galindo; C-740/00, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1106/00, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; C-1189/00, M .P. Carlos Gaviria Díaz; T-1736/00, M. P. Carlos Gaviria Díaz”.
(65) C-1189 de 2000.
(66) Gómez Alonso y Verduzco Robledo. Extradición en Derecho Internacional. Aspectos y tendencias relevantes. Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/26/tc.pdf