Source: http://brujulainternacional.net/comunicado-amnistia-internacional/
Timestamp: 2020-03-30 01:05:15
Document Index: 387733238

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 218', 'artículo 218', 'artículo 155', 'artículo 5', 'Artículo 218', 'Artículo 143', 'Artículo 155', 'Artículo 5']

Comunicado Amnistía Internacional – Brujulainternacional
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El gobierno quiere destruir los derechos humanos. No tengo dudas. Es una intención dolosa muy evidente y planificada. Me explico: al salir de la OEA, nos sacan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] (Comisión IDH). Es algo automático e irremediable.
Sacarnos de la OEA es destruir lo esencial de la Constitución: la aceptación de los Tratados Internacionales de derechos humanos en el Derecho interno. Destruir cualquier derecho es algo peor que violarlo: al destruirlo, nada hay que hacer, el derecho deja de existir. Es la nada. Los venezolanos no podemos permitirlo.
El retiro de la OEA implica, simultáneamente, el retiro inmediato de la Comisión IDH y, en consecuencia, la destrucción[1] del derecho de acceso[2] a los mecanismos de la justicia interamericana y a todos los demás derechos que estos tutelan. Ya esto tuvo un precedente nefasto con la denuncia inconstitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos[3]. El efecto inevitable es la destrucción de derechos humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo prohíbe a los estados destruir cualquiera de los derechos humanos de esta manera categórica: Artículo 5 del Pacto de DICYP: “1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.” (Subrayado nuestro)
La ratificación de la carta de la OEA en 1951[4] solo pudo realizarse luego de la correspondiente autorización de parte del Poder Legislativo de entones (Congreso de la República) y su publicación en Gaceta Oficial. Ningún pacto internacional puede ser ratificado por el Poder Ejecutivo sin la correspondiente Ley Aprobatoria.
Ello obedece al necesario control legislativo de todo acto político de la República[5] dentro del esquema fundamental de división de poderes del Estado, de lo contrario un gobernante irreflexivo podría firmar tratados de total inconveniencia para la Nación[6], como por ejemplo aislarla del mundo[7], llevarla la guerra por razones ideológicas o personales o destruir algún derecho humano, como es el caso presente.
El artículo 218[8] de la Constitución establece de forma categórica (cláusula pétrea) que las leyes solo pueden ser derogadas por otra ley o abrogadas por referendo.
En consecuencia, para retirar a Venezuela de la Carta de la OEA se debe derogar la Ley Aprobatoria de la Carta de la OEA abrogarse por referendo, lo cual está expresamente prohibido por el artículo.
Efectivamente, para poder retirar a Venezuela de la OEA debe hacerse el trámite legislativo correspondiente de derogar la Ley Aprobatoria. De lo contrario existirá una situación contradictoria e irresoluble constitucional y legalmente.
Denunciar[9] la carta de la OEA sin el trámite legislativo de derogar la Ley Aprobatoria, trae como efecto la nulidad de esa denuncia.
Argumentos a favor y en contra de denunciar la Carta de la OEA sin trámite parlamentario:
Como argumento en favor se puede decir que la Constitución no establece literalmente el procedimiento de denuncia, por tanto, el Presidente puede denunciar el Tratado sin importarle que se derogue o no la Ley Aprobatoria. En este sentido, el Presidente podría denunciar la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma y cualquier Tratado Internacional que le parezca, de forma discrecional, en cualquier momento y sin control parlamentario alguno ni consulta refrendaria a los ciudadanos. Esta interpretación rígida de la constitución es lo que se ha venido aplicando en varios casos (retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Centro de Arbitraje del Banco Mundial y el Pacto Andino)
Como argumento en contra se puede decir que esa exigencia de derogar o abrogar por referendo toda Ley Aprobatoria no era necesaria escribirla, está implícita. Basta con aplicar el principio pétreo de derogabilidad de las leyes (artículo 218 constitucional) por otras leyes. También que el sistema jurídico no puede tener ese tipo de lagunas, ello expondría al país a ser aislado por denuncias irreflexivas, caprichosas e inconsultas de todos los tratados internacionales y crear un caos jurídico debido a que muchas leyes que se han producido durante varias décadas se apoyan en estos tratados. Ejemplos: el COPP, el Código Penal, la Ley de Derecho Internacional Privado, la Ley Penal del Ambiente, entre muchos otros.
Dispone el artículo constitucional que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.” En tal sentido. El constituyente de 1999 constitucionalizó tales tratados, en el sentido re-afirmativo de lo suscrito, aprobado por ley y luego ratificado ante la OEA al consignar el instrumento de su ratificación. Todo ese trámite se realizó impecablemente.
Violar un tratado internacional es un delito según el artículo 155[10], ordinal 3° del Código Penal, cuando comprometa a la República. Destruir un tratado de derechos humanos, como se pretende hacer, está en lo más agravado de la conducta típica subsumida en el delito.
El retiro de la Carta de la OEA implica la separación inmediata del sistema interamericano en 2 años a partir de la denuncia, con implicaciones directas en los derechos humanos al separarse, simultáneamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión IDH”).
Mientras tanto, el Gobierno venezolano debe seguir cumpliendo con todas sus obligaciones respecto del sistema interamericano: pago de cuotas atrasadas[11], pago de cuotas venideras, presencia en las reuniones de la OEA y todas sus instancias decisorias y de debate, etc.
Una vez que transcurra el lapso de 2 años y se realice el trámite legislativo de derogar la Ley Aprobatoria como pienso que debe hacerse, Venezuela cesará de forma automática en todas las instituciones y documentos fundamentales del Sistema Interamericano, a saber:
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[12]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH)
Comisión Interamericana Contra de las Drogas (CICAD)
Retirar a Venezuela de la Comisión IDH es lo más grave[13] que puede hacerse en materia de Derechos Humanos luego de la, también, denuncia inconstitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos sin derogar ni abrogar por referendo la Ley Aprobatoria correspondiente, por cuanto, luego del trámite de la Asamblea nacional y transcurridos los 2 años, se cancelaría la posibilidad de dar salida a graves violaciones de derechos humanos y no obtener respuesta alguna. Las víctimas son las que pierden.
Ello equivale a suprimir el derecho de acceso a organismos internacionales que tiene todo venezolano, cuando quiera que las autoridades venezolanas no resuelva su petición, demanda o querella.
Destruiría un derecho y se violaría el artículo 5del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[14] .
En caso de que se elijan unas nuevas autoridades según el calendario electoral, las actuales autoridades salientes no tendrían defensa de sus derechos humanos, en caso de que sean perseguidas por motivos políticos.
Los otros organismo multilaterales en los cuales Venezuela ha hecho parte, últimamente, son:
Mercosur (suspendido). Carece de mecanismos de tutela de los derechos humanos
CELAC (en formación, sin sede). Carece de mecanismos de tutela de los derechos humanos
Pacto Andino (denunciado sin haber cumplido el trámite parlamentario correspondiente). Carece de mecanismos de tutela de los derechos humanos
No ejecutar su amenaza de retirar a Venezuela de la Carta de la OEA por los graves efectos adversos sobre los derechos humanos, particularmente, la destrucción del derecho humano de acceso a la justicia internacional, lo cual impedirá la protección internacional de los mismos.
Revocar la decisión respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos y regresar a la jurisdicción de la Corte IDH.
Ejercer su control parlamentario sobre el acto anunciado de denunciar la Carta de la OEA. Debe ser claro en evidenciar los graves efectos que habrá sobre los derechos humanos.
Declarar la plena vigencia de la Ley Aprobatoria de la Carta de la OEA mediante un Acuerdo Parlamentario, exponiendo que la misma no ha sido derogada por acto legislativo alguno ni abrogada por referendo.
Hacer lo mismo respecto de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En fin, si los venezolanos queremos vivir en un clima de seguridad jurídica y personal, libertad y pleno disfrute de todos los derechos humanos estamos en el deber y la necesidad de oponernos al retiro de la OEA que quiere ejecutar el gobierno. No queda más remedio: hay que oponerse. Es un imperativo, es nuestro desafío.
[1] Destruir un derecho humano es algo peor que violarlo, significa que dicho derecho no existe. Es la antesala de cualquiera de los crímenes atroces: lesa humanidad, genocidio o de guerra.
[2] Si se destruye este derecho y, de paso, en Venezuela no están garantizados los derechos humanos por causa de la política del Estado, todos los demás derechos humanos no podrán ser tutelados internacionalmente.
[3] El gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos /Pacto de San José y privó a los venezolanos del acceso a la CorteIDH; ahora al anunciar su retiro de la OEA priva a los venezolanos de la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[4] Ver: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA_firmas.asp
[5] Venezuela abandonó el sistema monárquico absolutista y se constituyó en República en 1810, al dejar de ser colonia de la Corona española.
[6] El anuncio de retirarse de la OEA pretende excluir a Venezuela del escrutinio internacional, demuestra su poco respeto por el derecho internacional y profundiza el aislamiento internacional del gobierno venezolano.
[7] Al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el gobierno venezolano dijo que se mantendría en los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, sin embargo tampoco ha cumplido con ellos.
[8]Artículo 218 de la Constitución: Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.
[9] Artículo 143 de la Carta de la OEA: Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta.
[10]Artículo 155 del Código Penal: Incurren en pena de arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo
de uno a cuatro años: … Los venezolanos o extranjeros que violen las convenciones o tratados
celebrados por la República, de un modo que comprometa laresponsabilidad de ésta.
[11] El gobierno venezolano debe pagar sus deudas (8 millones de USD) con la organización; en medio de una crisis humanitaria alimentos/medicinas. Venezuela debería usar sus pocos recursos para enfrentarla.
[12] Ver: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
[13][13] Como argumento a favor esté el principio del Ius Cogens y del derecho consuetudinario internacional. Sin embargo, en la práctica se hace imposible el ejercicio del derecho para víctimas de violaciones de derechos humanos.
[14]Artículo 5 del Pacto de DCYP: 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.