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Timestamp: 2019-07-22 03:40:52
Document Index: 3767953

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 137', 'artículo 80', 'artículo\n19', 'artículo 18', 'artículo 11', 'artículo 62', 'artículo 24', 'artículo 20']

sentencias interesantes - CannabisCafé - AICC
16/07/2007, 19:56
He estado leyendo con cierto detenimiento algunas sentencias que hay en este cuarto sobre multas. La idea que tengo es ir colgando en los sucesivos post la información destacable de cada sentencia y adjuntar el texto completo por si alguno quiere consultarlo. Mi intención es empezar colgando las que ya están disponibles en este cuarto, tratando de ordenarlas y facilitar el acceso. La idea es ir adjuntando posterirmente otras sentencias de interés en el tema que vayamos encontrando.
Espero que lo veais bien y sea de ayuda
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 16/07/2007, 20:11 .
16/07/2007, 20:16
Re: sentencias interesantes
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra estima el recurso judicial contra una multa impuesta por la incautación de 0,9 gramos de hachis y 0,8 gramos de cocaína.
El motivo de estimación es la ilegalidad de la actuación policial ya que lo que comenzó con una prestación de auxilio a un vehículo averiado derivó en un cacheo de sus ocupantes no autorizado. En el expediente la Administración no aclara por qué motivo se procedió a tal cacheo ni si concurrían o no las tasadas circunstancias en que la propia Ley en su art. 19.2 autoriza los cacheos, esto es, el "descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social...". ?Ello autoriza a pensar que no se investigaba ningún hecho delictivo o, lo que es lo mismo, que no concurrían al efectuarse el registro estas circunstancias que legalmente lo autorizan.?
?El paradigmático Auto de la Sala 2ª del TS de 18 de junio de 1992 (RJ 1992\6102)- que establece que la declaración de nulidad de una prueba arrastra la de aquellas otras que traen causa directa o indirecta de la misma. Y en nuestro caso no es que la ilegal actuación policial derive sólo en la obtención de una prueba en el contexto de un expediente administrativo o investigación ya en marcha en el seno de la cual pueden obtenerse lícitamente otras pruebas independientes de aquella que permitan la conclusión sancionadora. En nuestro caso es la actuación policial lo que origina la incoación del expediente sancionador (en cuyo curso se produce el reconocimiento de los hechos) por lo que, en aplicación de aquella doctrina, tal incoación debe reputarse nula al ser nulo el acto del que deriva.?
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 1996.doc (34.0 KB, 1 vista)
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 31/07/2007, 17:29 . Razón: adjuntar sentencias
16/07/2007, 20:17
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 15 de septiembre de 1998 estima el recurso contencioso administrativo presentado por la imposición de una multa por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española que prohíbe la indefensión. El Tribunal considera que “La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo”. Del expediente se desprende que el interesado propuso la prueba testifical y que la Administración “ni siquiera ha declarado improcedencia de la prueba propuesta por D. José María. Más sencillamente, ni la denegó, ni la admitió, ni la practicó.”
No existe un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.
Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.
Ahora bien, en todo caso, cuando se declare la improcedencia de la prueba propuesta deberá efectuarse mediante resolución motivada -artículo 137.4, párrafo segundo, en relación con el artículo 80.3 de la Ley 30/92-.
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Baleares 15 septiembre 1998.doc (31.5 KB, 1 vista)
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 31/07/2007, 17:23 .
16/07/2007, 20:18
Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 25 de enero de 1999 estima un recurso judicial y considera que ha habido indefensión en el procedimiento al no haber prestado la Delegación del Gobierno en Toledo ninguna atención a las alegaciones presentadas por el interesado ya que dictó la resolución al día siguiente de haberse presentado dichas alegaciones.
“El actor alega también que se le ha producido indefensión; esta alegación sí debe ser estimada. En efecto, de acuerdo con el documento 3 del expediente administrativo, el día 12 de Febrero de 1.996 se concede al recurrente, con traslado de la denuncia, un plazo de cinco días para alegaciones. En realidad, para comenzar, este plazo debió de ser similar al inicialmente concedido, es decir, de quince días, pues se trataba de subsanar la inicial ausencia de traslado de la denuncia; no obstante, aun admitiendo que el plazo se redujera a cinco días, resulta que, recibido el traslado el día 12, como se ha dicho, el 13 la Administración dicta la correspondiente resolución, con lo cual vacía completamente de contenido el trámite de defensa. Sin que pueda acogerse la afirmación del Abogado del Estado de que el escrito de alegaciones fue presentado fuera de plazo, pues con su demanda el actor aportó la prueba documental de que lo certificó el día 16 de Febrero de 1.996. En suma, la Administración vulneró el art. 24 de la Constitución Española y la resolución es nula de pleno derecho (art. 62.1.a) Ley 30/92, de 26 de Noviembre).”
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla La Mancha 25 de enero de 1999.doc (33.0 KB, 1 vista)
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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 2 de noviembre de 1999 estima el recurso interpuesto por el recurrente porque el artículo
19.2 de la Ley 1/1992 exige, para autorizar un control superficial de los efectos personales puramente preventivo, que el control preventivo esté establecido para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social.
En el caso planteado, “se detiene el vehículo de los sancionados por un motivo totalmente diverso de aquél por el que finalmente se les sancionó, a saber, porque se había sustraído un vehículo, cosa que finalmente nada tenía que ver con los recurrentes; y una vez descartado que el vehículo pudiera ser el robado, la Guardia Civil, al observar que alguno de ellos (no se sabe si los recurrentes u otros de los ocupantes) tenía los ojos rojos, brillantes y con las pupilas dilatadas, decide registrar el automóvil. Pese al resultado negativo de este registro, se decide registrar a los ocupantes, registro superficial que de nuevo puso de manifiesto la ausencia de droga que pudiera tener un destino delictivo, pese a lo cual se decide incluso el registro de las carteras de los interesados, de cuyo registro, ahora sí, se desprende la posesión de 0,6 y 0,2 gramos de cocaína en dos de los seis registrados.
Todo ello en un lugar aséptico desde el punto de vista antes mencionado (se trataba simplemente de una carretera), a raíz de una diligencia encaminada completamente a otro fin y sin que constasen antecedentes de ningún tipo de los registrados que pudieran justificar la intervención personal. A la vista de todo ello, la decisión de registrar a los recurrentes se considera no proporcionada a la situación indiciaria; en resumen, se trata de responder a la pregunta de si es admisible un registro personal y el examen del contenido de la cartera personal de un ciudadano teniendo como único y exclusivo indicio de infracción o criminalidad unos ojos brillantes y rojos (que pueden responder obviamente a otros motivos que el de haber consumido drogas ilegales), sin que ello venga apoyado por elemento alguno complementario o adicional de situación, entorno, antecedentes, actitud del individuo, etc.; pregunta a la que debe responderse negativamente.
En suma, el registro personal vulneró en este caso lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Española, de modo que las pruebas obtenidas no pueden ser hechas valer (artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), deviniendo la sanción impuesta carente de prueba de cargo y por tanto nula de pleno derecho (artículo 62.1.a de la Ley 30/92, de 26 de diciembre en relación con el artículo 24 de la Constitución Española). Es preciso, por tanto, estimar el presente recurso contencioso-administrativo.”
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 2 de noviembre de 1999.doc (46.0 KB, 1 vista)
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 31/07/2007, 17:25 .
16/07/2007, 20:19
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 8 de octubre de 1999 estima el recurso interpuesto por el recurrente y anula la multa por vulneración del procedimiento legalmente establecido. La sentencia tiene tres cuestiones interesantes:
La primera de ellas es la afirmación de que la labor de los tribunales de lo contencioso administrativo revisar que el procedimiento legalmente establecido se respeta y “el examen de estas cuestiones de procedimiento debe realizarse de oficio, cuando las propias partes recurrentes no las han suscitado, y ello en base a que tales prescripciones constituyen normas de orden público, imperativas, en cuanto aparecen dirigidas tanto ha garantizar un mayor acierto en la resolución, como a proteger y salvaguardar los derechos e intereses legítimos comprometidos en el expediente administrativo.”
Otra cuestión importante es estimar el recurso en base a que se constata en el expediente “dos períodos en que estuvo paralizado el expediente administrativo, por causa no imputable al denunciado, es decir, del 5 de septiembre de 1996 hasta el 18 de diciembre siguiente (3 meses y 13 días), y desde el 9 de enero de 1997 hasta el 5 de mayo siguiente (3 meses y 26 días)”. Ambos períodos suman seis meses por lo que se produce la caducidad del procedimiento administrativo.
Por último, la sentencia señala la inexistencia de la ratificación de los agentes de la autoridad -sólo se hace referencia a la misma en el informe del Jefe Superior de Policía, que presenciaron los hechos ante la negativa del actor de reconocimiento de la infracción imputada -art. 37-. Inexistencia de este trámite que obliga a determinar la no acreditación de la infracción imputada, pues el Acta-denuncia iniciadora de las actuaciones administrativas carece de valor probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia del denunciado.
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Baleares 1999.doc (32.5 KB, 1 vista)
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 08/10/2007, 19:52 .
16/07/2007, 20:20
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 10 de febrero de 2000 también estima un recurso interpuesto por el sancionado en base a la vulneración del procedimiento legalmente establecido y consiguiente indefensión del interesado.
En esta ocasión el sancionado solicitó en el procedimiento administrativo que “se practicara prueba testifical sobre la real posesión de las instancias alucinógenas que se encontraron bajo el chasis de su vehículo, tras ser requeridos por los componentes de la Benemérita”. “Esta prueba -no se olvide nadie que el inculpado iba acompañado por el que dijo arrojó las sustancias- se denegó sin razones convincentes en vía administrativa”.
De esta manera se faltó a un trámite esencial en el procedimiento administrativo sancionador al no quererse practicar la prueba testifical tantas veces solicitada, lo cual vicia a lo actuado de nulidad radical ex art. 62.1.a) y e) de la Ley de Régimen Jurídico... de 26 de noviembre en relación con sus correlativos de Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por R.D. 1.398/1993 de 4 de agosto (art. 17) y lo mismo en la normativa específica antes afrontada.
Ya bastaría ello para estimar la demanda; pero lo mas grave del caso es que, en este pleito se ha practicado la tan denostada e inconsistente prueba, a ojos de la Administración, relativa a la testifical del acompañante del acusado, el cual sin duda alguna declara bajo juramento y ante este Tribunal que las "bolsitas" encontradas fueron arrojadas por él mismo, exclusivamente él, siendo el que las poseía y no precisamente el hoy inculpado e indebidamente sancionado.
”Todo este largo proceso, todo este gasto inútil, todo este recargo de trabajo para este Tribunal (Poder Judicial) se hubiera evitado con la adopción de la mínima diligencia en la tramitación del expediente administrativo y sin sancionar a la ligera como se hizo, lo cual hace merecedora a la Administración demandada de ser condenada en costas por su evidente temeridad al oponerse a la acción hoy ejercitada, ello arrastrado por lo indebidamente realizado en vía administrativa, siendo de loar el enorme esfuerzo dialéctico, intelectual y jurídico ejercitado por la Abogacía del Estado en este territorio, en defensa de lo indefendible.”
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Navarra 2000.doc (32.0 KB, 1 vista)
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 31/07/2007, 17:28 .
16/07/2007, 20:21
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de enero de 2000. Estima también el recurso contra denuncia de la Guardia Civil de 29 de julio de 1996, en que el recurrente llevaba en cajetilla de tabaco que estaba cerca de las pertenencias personales del recurrente cuatro gramos de hachís y ello en el lugar Cerro Arena, Bolonia, Tarifa (Cádiz).
El artículo 20 de la Ley 1/1992, dispone en su punto 1, que "los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes ".
Y en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en referido precepto, toda vez que según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, el expedientado, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la ínfima cantidad de hachís que se le intervino, ni menos aun hacía ostentación del mismo; por el contrario, lo que sí se afirma literalmente en aquella sólo estaba cerca de las dependencias personales del recurrente en una cajetilla de tabaco.
Incluso el Tribunal Supremo, en sentencia de 24-2-97, ha considerado discutible la legitimidad del cacheo, como sometimiento a las normas policiales de vigilancia e investigación, en defensa de la legalidad, del orden y de la seguridad ciudadana. Agregando que es un acto "en el que la arbitrariedad y la proporcionalidad se constituirán en definidores de la cuestión...". Y en este concreto caso, se aprecia falta de proporcionalidad entre el servicio de patrulla rural que efectuaba la pareja de la Guardia Civil denunciante (según el oficio dando cuenta de la denuncia al Capitán de la Compañía), y el "registro" que se hizo a las pertenencias recurrente, sin aparente causa que lo justificase, lo que nos lleva a estimar el presente recurso contencioso administrativo, sin entrar en ninguna otra consideración.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 12 enero 2000.doc (27.5 KB, 1 vista)
08/10/2007, 19:57
La Sentencia de 9 de octubre de 2000, creo que de la Audiencia Provincial de Navarra, absuelve a los acusados de delito contra la salud pública en base a que no queda acreditado en el expediente que los 31 gramos de speed y 12 gramos de hachís estuviesen en posesión de los acusados con el fin de destinarlos a su venta a terceras personas.
La sentencia argumenta que en todo momento, en la declaración inicial y en el acto del juicio, se ofreció la misma versión, de la que existen, al menos, “dudas acerca de si realmente se produjo el delito imputado por el Ministerio Fiscal, o si, por el contrario, nos hallamos ante una situación de consumo entre varios consumidores en el que es descartable la posibilidad de transmisión a terceras personas, no existiendo contraprestación y con consumo inmediato por parte de todos los componentes del grupo”
La sentencia valora además la prueba testifical de tres amigos que corroboran la versión de los acusados señalando que seis amigos acordaron adquirir el speed para los días de San Fermín, porque además estaba a muy buen precio.
Además, la detención de los acusados se produce “en atención al único hecho de su posesión de la sustancia de que se trata, sin sospecha previa u observación alguna por parte de los funcionarios policiales en relación con posibles contactos de los mismos con terceras personas que pudieren inducir a valorar la posibilidad de que estuvieren realizando actos de venta”.
A juicio de la Sala concurren los requisitos que la jurisprudencia requiere para la acreditación del consumo compartido:
a) Que los adquirentes y destinatarios de la droga sean consumidores de la sustancia de que se trata.
b) Que el consumo haya de realizarse en un recinto o círculo cerrado
c) Que la cantidad de droga sea escasa.
d) Que los copartícipes en el consumo sean pocos y determinados.
e) Que no exista contraprestación entre los diferentes consumidores.
f) Que se produzca un consumo inmediato de las sustancias adquiridas.
En relación con el hachis la escasa cantidad de la sustancia y el hecho de que todos fueran consumidores impiden atribuir su posesión como preordenada al tráfico siendo perfectamente posible su destino al autoconsumo.
Sentencia Navarra Octubre 2000 Consumo compartido.doc (34.5 KB, 1 vista)
08/10/2007, 20:19
La sentencia del Juzgado de Lo Penal de Huelva del cultivo de los compañeros de la ARSEC de Sevilla de 14 de julio de 2006 absuelve al acusado del delito contra la salud pública tras la incautación de 24 plantas de cannabis con un peso de 15 kilógramos.
La sentencia comienza recordando que el Tribunal Supremo señaló en 1997 que que “el cultivo de las plantas que producen materia prima para el tráfico de las drogas es un acto característicamente peligroso para la salud”. Sin embargo considera que esto no excluye que en cada caso haya de demostrarse el “ánimo de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de la planta cultivada” que requiere el Código Penal en el delito contra la salud pública.
Además, señala como del peso bruto aprehendido en las plantas de cannabis sólo habrá que descontar “aquél porcentaje que corresponde al proceso de secado que se determinará en un 60% del peso bruto y siempre teniendo en cuenta que el pesaje habrá de hacerse respecto de las hojas y flores de las plantas intervenidas, eliminándose del mismo las raíces y los tallos”. También señala como las plantas macho y hembra suelen encontrarse al 50%. El Juzgado concluye que, al no deducirse del expediente que haya sido realizado el pesaje de acuerdo con estos criterios, estos cálculos reduciríal la cantidad de sustancia incautada hasta los 2000 gramos.
El hecho de que quede acreditado que el cultivo de la plantación de 24 plantas de cannabis se hacía para el consumo del acusado y de la asociación ARSEC de Sevilla , que no se haya acreditado que el consumo posterior de la sustancia exceda del citado grupo, el hecho de que no se encontraran en poder del acusado ningún instrumento o útil relacionado con el tráfico y la testifical de los agentes de la guardia civil que señalan que el acusado reconoció en el momento de la incautación que las plantas eran para su consumo y el de su asociación llevan al Juzgado a declarar la absolución del acusado.
Cuelgo el hilo en el que se cuentan más detalles de interés sobre el desarrollo de este proceso
http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...ghlight=alegro
Sentencia Juzgado de lo Penal Huelva ARSEC.doc (39.0 KB, 1 vista)
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 08/10/2007, 20:27 .
Fecha de Ingreso: 07 ene, 07
15/04/2008, 15:20
hola amaralia, tengo una sentencia "interesante" ya que en este foro creo haber leido la recomendacion de no cultivar mas de 6 plantas por el peligro que supone, dicha sentencia es de la audencia provincial de albacete (seccion 1ª) sentencia nº 151/2000 de 29 diciembre JUR/2001/96204.
Voy a comentar la sentencia ya que no se como colgarla.
Dentro del domicilio del acusado sin antecedentes penales, se le aprehendieron 5 plantas de cannabis sativa, con un peso total de 12 kilos cuatrocientos gramos, de los cuales se obtendria el 10 por ciento de marihuana, es decir1240 gramos.
El acusado es condenado a UN AÑO DE PRISION y multa de 400.000 pesetas.
dicha sentencia es recurrida en base a que no se ha acreditado el acto de trafico necesario para la existencia de delito ya que no basta la simple tenencia o cultivo si no que son necesarias otras pruebas o indicios de trafico, balanzas, listas de clientes, dosis preparadas, etc.
El recurso es desestimado aunque no se encuentren estos elementos ya que el juez estima que con los 1240 gramos el acusado tiene para mas de 3 años y dicha cantidad es superior a la que marca la jirisprudencia para consumo propio.
Por lo tanto señores agricultores tengan mucho cuidado con los jueces cada vez mas inclinados hacia la derecha del PP (ejemplo del tribunal constitucional) y si no que se lo digan a este señor por SOLO 5 PLANTAS
poner los numeros de las sentencias, por fechas se tarda años en localizarlas
21/07/2008, 21:33
amaralia ,si no te importa pongo la mia aqui
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21/07/2008, 21:42
Pero vamos bluebeni, si alguno se lo toma a risa pero he tenido orgasmos mucho peores que los que tengo leyendo estas cosas
Como me alegro, coñooooo
Editado por última vez por Amaralia; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/1602-amaralia en 21/07/2008, 21:45 .
14/11/2008, 18:00
Estimada compañera me gustaría poder enviarte sentencias que tengo, para que puedas publicarlas, un consejo, si me lo permites, intenta borrar los datos personales de las partes afectadas, aunque las sentencias sean públicas, quizá a las personas implicadas prefieran mantener el anonimato.
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