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Timestamp: 2019-02-18 08:56:41
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BOE.es - Documento DOUE-L-2018-80487
Documento DOUE-L-2018-80487
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814.
«DOUE» núm. 76, de 19 de marzo de 2018, páginas 3 a 27 (25 págs.)
DOUE-L-2018-80487
(4) En consonancia con el compromiso adquirido por los colegisladores, expresado en la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), todos los sectores de la economía deben contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En virtud del Acuerdo de París, la Unión y sus Estados miembros han fijado un objetivo de reducción para el conjunto de la economía. Los esfuerzos para limitar las emisiones marítimas internacionales a través de la Organización Marítima Internacional (en lo sucesivo, «OMI») están en curso y deben fomentarse. La OMI ha establecido un proceso para adoptar en 2018 una primera estrategia a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional. La adopción de un objetivo ambicioso de reducción de emisiones como parte de esta estrategia inicial se ha convertido en un asunto urgente y es importante para garantizar que el transporte marítimo internacional contribuya en una proporción equitativa a los esfuerzos necesarios para lograr el objetivo de que el aumento de la temperatura se retenga muy por debajo de 2 °C, acordado en el marco del Acuerdo de París. La Comisión debe supervisar de forma periódica esta cuestión y debe informar al menos una vez al año al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances conseguidos en la OMI en pos de un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y de medidas complementarias con objeto de garantizar que el sector contribuya debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos convenidos en el Acuerdo de París. Las acciones de la OMI o de la Unión deben iniciarse a partir de 2023, incluidos los trabajos preparatorios de adopción y aplicación, y prestándose la debida atención por parte de todos los interesados.
(8) La subasta de derechos de emisión sigue siendo la norma general, siendo la asignación gratuita una excepción. La evaluación de impacto de la Comisión especifica que el porcentaje de derechos de emisión para subasta es del 57 % durante el período comprendido entre 2013 y 2020. En principio, esta cuota debería seguir siendo del 57 %. Se compone de los derechos de emisión subastados en nombre de los Estados miembros, incluidos los derechos de emisión reservados para los nuevos entrantes pero no asignados, los derechos de emisión para modernizar la generación de electricidad en algunos Estados miembros y los derechos de emisión que deben subastarse más adelante debido a su incorporación a la reserva de estabilidad del mercado establecida por la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Se deben incluir en este porcentaje 75 millones de derechos de emisión utilizados para apoyar la innovación. En caso de que la demanda de derechos de emisión gratuitos obligue a aplicar un factor de corrección intersectorial uniforme antes de 2030, el porcentaje de derechos de emisión que se han de subastar en un período de diez años que empieza el 1 de enero de 2021 debe reducirse como máximo en un 3 % de la cantidad total de derechos de emisión. Con fines de solidaridad, crecimiento e interconexiones, el 10 % de los derechos de emisión que subasten los Estados miembros debe distribuirse entre aquellos Estados miembros cuyo producto interior bruto (en lo sucesivo, «PIB») per cápita a precios de mercado no superase el 90 % del promedio de la Unión en 2013, y el resto de los derechos de emisión debe distribuirse entre todos los Estados miembros sobre la base de las emisiones verificadas. La excepción para algunos Estados miembros con un nivel medio de ingresos per cápita superior en más del 20 % a la media de la Unión en relación con esa distribución en el período comprendido entre 2013 y 2020 debe finalizar.
(16) Debe establecerse un Fondo de Modernización a partir del 2 % de la cantidad total de derechos de emisión, que debe subastarse de conformidad con las normas y mecanismos relativos a las subastas que se llevan a cabo en la plataforma de subastas común establecida en el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 de la Comisión (8). En función de cuánto se reduzca el porcentaje de derechos de emisión que se hayan de subastar a fin de evitar tener que aplicar un factor de corrección intersectorial uniforme, se debe aumentar el volumen de derechos de emisión disponibles en el marco del Fondo de Modernización hasta en un 0,5 % de la cantidad total de derechos de emisión. Los Estados miembros que en 2013 tenían un PIB per cápita a precios de mercado inferior al 60 % de la media de la Unión deben poder acogerse a la financiación del Fondo de Modernización y tener la posibilidad de no aplicar hasta el año 2030 el principio de la venta completa en subasta para la generación de electricidad, acogiéndose a la opción de asignación gratuita con el fin de promover con transparencia inversiones reales en la modernización de su sector energético, evitando al mismo tiempo distorsiones del mercado interior de la energía. Las inversiones en el marco del Fondo de Modernización destinadas a mejorar la eficiencia energética podrían incluir inversiones en la electrificación del transporte, en particular del transporte por carretera. Las normas por las que se rija el Fondo de Modernización deben proporcionar un marco coherente, completo y transparente para garantizar la aplicación más eficiente posible, teniendo en cuenta la necesidad de facilitar el acceso a todos los participantes y las posibilidades de estimular las inversiones en los Estados miembros. La estructura de gobernanza debe ser acorde con el propósito de garantizar la utilización adecuada de los fondos.
(21) La Directiva 2003/87/CE exige a los Estados miembros que presenten un informe relativo a su aplicación sobre la base de un cuestionario o un esquema elaborados por la Comisión con arreglo al procedimiento contemplado en la Directiva 91/692/CEE del Consejo (9). La Comisión ha propuesto derogar los requisitos en materia de información previstos en la Directiva 91/692/CEE. Por lo tanto, procede sustituir la remisión a la Directiva 91/692/CEE por una remisión al procedimiento contemplado en la Directiva 2003/87/CE.
(24) La Directiva 2003/87/CE debe revisarse a la luz de la evolución de la situación internacional y de los esfuerzos desplegados para alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. Las medidas de apoyo a determinadas industrias de gran consumo de energía que puedan experimentar fuga de carbono a las que se refieren los artículos 10 bis y 10 ter de la Directiva 2003/87/CE deben también quedar sujetas a revisión a la luz de las medidas de política climática de otras economías importantes. En ese contexto, al revisar la Directiva 2003/87/CE se puede considerar si conviene sustituir, adaptar o completar las medidas existentes para evitar la fuga de carbono mediante ajustes de carbono en frontera o medidas alternativas, siempre que dichas medidas sean plenamente compatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio, de modo que en el RCDE de la UE se incluya a los importadores de productos fabricados por los sectores o subsectores determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE. La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo en el contexto de cada balance global acordado en el marco del Acuerdo de París, en particular por lo que se refiere a la necesidad endurecer las medidas y políticas de la Unión, en particular el RCDE de la UE, con vistas a que la Unión y sus Estados miembros consigan las reducciones necesarias de gases de efecto invernadero. La Comisión debe poder presentar propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar la Directiva 2003/87/CE cuando proceda. En el marco de la notificación periódica realizada con arreglo al Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), la Comisión debe también evaluar los resultados del diálogo facilitador de 2018 en virtud de la CMNUCC (diálogo de Talanoa).
(25) A fin de adoptar actos no legislativos de aplicación general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta al artículo 3 quinquies, apartado 3, al artículo 10, apartado 4, al artículo 10 bis, apartados 1 y 8, al artículo 10 ter, apartado 5, al artículo 19, apartado 3, al artículo 22, al artículo 24, apartado 3, al artículo 24 bis, apartado 1, al artículo 25 bis, apartado 1, y al artículo 28 quater, de la Directiva 2003/87/CE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (11). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. En lo que concierne a la delegación en relación con el artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros que no utilicen la plataforma común de subastas deben poder seguir no haciéndolo. Además, la delegación no debe afectar a la facultad de los Estados miembros para determinar la utilización de los ingresos procedentes de las subastas.
(26) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del artículo 10 bis, apartado 2, párrafos tercero a sexto, del artículo 10 bis, apartado 21, del artículo 10 quinquies, del artículo 14, apartados 1 y 2, y de los artículos 15 y 16, y del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, y de los anexos IV y V de dicha Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).
(28) Los actos adoptados en virtud de la Directiva 2003/87/CE sobre las materias para las que la presente Directiva concede a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados o actos de ejecución siguen siendo de aplicación hasta su derogación o modificación. En el caso de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión (13), la última columna del anexo I quedará derogada en el momento en que la Comisión adopte un acto de ejecución con el fin de determinar los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita. Con el fin de aumentar la previsibilidad y de simplificar los procesos administrativos, la Decisión 2014/746/UE de la Comisión (14) debe seguir aplicándose hasta el final de 2020.
(30) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (15), en casos justificados, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.
i) en la letra a), «88 %» se sustituye por «90 %»;
«b) el 10 % de la cantidad total de derechos de emisión por subastar, distribuido entre algunos Estados miembros con fines de solidaridad, crecimiento e interconexiones en la Unión, con lo cual la cantidad de derechos de emisión que subastan esos Estados miembros con arreglo a la letra a) aumenta en los porcentajes especificados en el anexo II bis», y
«b) para desarrollar energías renovables con objeto de cumplir el compromiso de la Unión con las energías renovables y desarrollar otras tecnologías que contribuyan a la transición a una economía hipocarbónica segura y sostenible, y de contribuir al cumplimiento del compromiso de la Unión de aumentar la eficiencia energética a los niveles acordados en los actos legislativos pertinentes;»;
«h) para medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, sistemas de calefacción urbana y el aislamiento de las viviendas o prestar ayuda financiera para abordar aspectos sociales en hogares con ingresos bajos y medios;»;
«j) para financiar acciones en materia de clima en terceros países vulnerables, incluida la adaptación a los impactos del cambio climático;
a) Para el período comprendido entre 2021 y 2025, los valores de los parámetros de referencia se determinarán sobre la base de la información facilitada de conformidad con el artículo 11 para los años 2016 y 2017. Sobre la base de una comparación de esos valores con los valores de los parámetros de referencia recogidos en la Decisión 2011/278/UE de la Comisión (*3), tal como se adoptó el 27 de abril de 2011, la Comisión determinará la tasa de reducción anual para cada parámetro de referencia y la aplicará a los valores de los parámetros de referencia aplicables en el período comprendido entre 2013 y 2020 respecto de cada año entre 2008 y 2023 para determinar los valores de los parámetros de referencia para el período comprendido entre 2021 y 2025.
Cumplimiento a más tardar el 9 de octubre de 2019, con la salvedad indicada.
SE TRANSPONE, por Real Decreto 18/2019, de 25 de enero (Ref. BOE-A-2019-964).
el art. 1 de la Decisión 2015/1814, de 6 de octubre (Ref. DOUE-L-2015-82049).
La Directiva 2003/87, de 13 de octubre (Ref. DOUE-L-2003-81756).