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Timestamp: 2018-06-19 06:28:13
Document Index: 301236833

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 386', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 85', 'artículo 2591', 'artículo 86']

Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS.
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil (2000).
Ref. : Expediente No. 76001221000020001437-01
Se resuelve sobre la impugnación formulada contra el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 15 de septiembre de 2000, que negó la tutela promovida por el señor OSCAR RINCON BONILLA, contra el JUEZ SEXTO CIVIL MUNICIPAL Y QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.
1.- En escrito dirigido al Tribunal antes mencionado Oscar Rincón Bonilla, quien actúa en su propio nombre, interpone acción de tutela contra los jueces señalados, por considerar que vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, al proferir las sentencias de primera y segunda instancia dentro del proceso ejecutivo singular de menor cuantía promovido por Mario Rodrigo Bonilla Velasco en su contra y de Javier Gilberto Borrás Cifuentes y Rubén Darío Narváez, sin haber notificado en legal forma a éste último y en consecuencia solicita decretar la nulidad de todo lo actuado y ordenar dicha notificación.
2.- Los hechos y afirmaciones que sirven de fundamento a la presente acción de tutela pueden resumirse de la siguiente manera:
a) Manifiesta el accionante que en el Juzgado Sexto Civil Municipal se adelanta un proceso ejecutivo singular de menor cuantía entablado el 28 de junio de 1995 por Mario Rodrigo Bonilla Velasco en su contra, y de Javier Gilberto Borrás Cifuentes y Rubén Dario Narváez con base en un contrato de arrendamiento y facturas por servicios públicos y otros rubros.
b) Precisa que por auto del 1º de agosto de 1995 se ordenó requerir a los deudores para constituirlos en mora de pagar la cláusula penal pactada en el referido contrato de arrendamiento materia de recaudo ejecutivo.
c) Indica el accionante que a Rubén Dario Narváez y Javier Gilberto Borrás se les emplazó para notificarles el auto que los citaba a dicha diligencia previa, y que como no comparecieron, se les designó cuarador ad-litem mediante proveído de 26 de junio de 1997, auto en el que solo se hace referencia al señor Borrás y omitió nombrar curador al señor Narváez, lo que a su juicio configura la causal de nulidad prevista en el artículo 140 numeral 8° del C. P.C., máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia proferida el 24 de enero de 2000 se indica que los dos demandados están representados por curador, providencia en la que se ordenó seguir adelante la ejecución, dispuso la liquidación del crédito, el pago al acreedor con el producto de los bienes retenidos, condenó en costas a los demandados y ordenó la consulta de la sentencia.
Afirma que apeló la sentencia de primera instancia, recurso que correspondió resolver al Juez Quinto Civil del Circuito, quien pese a las irregularidades presentadas en el trámite del proceso, la nulidad existente, y la ineficacia del título ejecutivo, la confirmó en toda sus partes, mediante proveído del 19 de julio de 2000.
Obra en el expediente a folios 6 a 14 copia de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 19 de julio de 2000 en el grado jurisdiccional de consulta en aplicación de lo dispuesto por el artículo 386 del C.P.C.. En dicha providencia considera el ad-quem que la apelación concedida por el juez de conocimiento y que inicialmente fue admitida por el despacho a su cargo era improcedente, y en consecuencia advierte que procede a pronunciarse sobre la consulta y deja establecido desde el inicio de la parte considerativa, que tal como lo estimó el a-quo no existe la alegada nulidad planteada por el apoderado del demandado Oscar Rincón Bonilla, toda vez que si bien es cierto que en el auto del 26 de julio de 1997 que designó curador ad-litem para el demandado Javier Borrás Cifuentes omitió el nombre de Rubén Darío Narváez, “ el efecto que es el que cuenta, es decir si se violó o no el derecho de defensa, fue de tal naturaleza que al segundo de los mencionados demandados, no se le dejó sin defensa pues el emplazamiento se surtió para él, y la curadora designada para el caso se notificó en nombre y representación del mismo, así igual el escrito presentado lo fue en nombre de éste y otro de los miembros de la parte pasiva”.
Se refiere así mismo el accionante a deficiencias en el título ejecutivo aducido en el proceso para concluir que no es claro, expreso ni exigible, porque, entre otros factores, no todos los rubros que se cobran corresponden a servicios públicos domiciliarios.
El Juez Sexto Civil Municipal de Cali, en oficio dirigido al Tribunal manifiesta que el accionante no es la persona directamente afectada por la supuesta nulidad a que hace referencia, ni se colige del escrito de tutela que Rubén Dario Narváez le haya otorgado poder en circunstancias apremiantes, o hubiera comparecido a ratificar lo manifestado por éste en su nombre, en el supuesto caso de que actuara como su agente oficioso.
Agrega que a pesar de que en el auto en que se designó curador ad litem no se incluyó el nombre de dicho demandado por omisión del Juzgado, esto sí se hizo en la comunicación que se libró al auxiliar de la justicia designado, en su escrito de aceptación y en el reconocimiento y posesión del mismo, y agrega que tal irregularidad no afecta el debido proceso pues se garantizó el derecho de defensa de demandado por medio de dicho curador y afirma que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para entrar discutir aspectos que fueron debatidos en el proceso por el trámite ordinario establecido.
Por su parte el Juez Quinto Civil del Circuito de Cali doctor Julián Alberto Villegas, considera que en su actuación en el proceso, al confirmar en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia dictada por el Juez Sexto Civil Municipal de la misma ciudad , en ningún momento vulneró el derecho de defensa del accionante y anota que es ilógico que después de tres años de proferido el auto que designó curador ad-litem, argumente para lograr el propósito de que declare que se ha incurrido en la nulidad contemplada en el numeral 8° del artículo 140 del C. P. C. lo cual no deja de ser una marcada negligencia de acatar los fallos de la jurisdicción, lo cual ya se habría demostrado a lo largo de todo el proceso, y puesto de manifiesto con los innumerables recursos que interpuso.
Agrega en su escrito que quien promueve la tutela no está legitimado para hacerlo ya que no ha demostrado que el directo afectado con la omisión que se endilga a los funcionarios judiciales accionados se encuentre impedido para ejercer su propia defensa, ni mucho menos que obre como su agente oficioso.
El Tribunal niega por improcedente el amparo invocado luego de aludir al carácter subsidiario de la acción de tutela y a su procedencia cuando se dirige contra providencias judiciales por considerar que en el caso bajo estudio la alegada nulidad podría hipotéticamente afectar los intereses de Rubén Darío Narváez y no del accionante quien en el trámite del proceso fue notificado y tuvo oportunidad de defender sus derechos, sin que pueda perderse de vista que en materia de nulidades procesales existe un régimen especial establecido en los artículos 140 y siguientes del C.P.C. conforme al cual no sólo son taxativas las causales que las determinan, sino que de acuerdo con el artículo 143 de dicho ordenamiento “ la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada.”.
Añade el Tribunal que resulta entonces irregular pretender por vía de tutela la declaratoria de una nulidad procesal, como quiera que es al interior del respectivo proceso donde debe postularse el reclamo, por la parte afectada desde luego, y dentro de la oportunidad prevista al efecto por el inciso tercero del artículo 142 ibídem y que las restantes alegaciones enderezadas a cuestionar la virtualidad del contrato de arrendamiento que sirve de apoyo a aquella ejecución, han debido proponerse ante el juez ordinario que adelante el proceso ejecutivo y no ante esta jurisdicción constitucional, como quiera que la acción de tutela no puede tomarse como una tercera instancia, por ser subsidiaria ya que el artículo 85 de la Carta condiciona su viabilidad a que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, a menos que se proponga como mecanismo transitorio, que no es precisamente lo solicitado en esta oportunidad y anota que el accionante pudo controvertir el título ejecutivo dentro de la ejecución misma y en consecuencia mal podría intentarlo por vía de tutela.
El accionante impugna la decisión del Tribunal, pues contrariando lo dicho por el Juez Sexto Civil Municipal de Cali, manifiesta que tiene todo el derecho de solicitar la presente tutela como demandado en el mismo proceso y que en consideración a lo previsto en el artículo 2591 de 1991 está en capacidad de obrar en su propio nombre como directo afectado.
Puntualiza que los jueces accionados incurrieron en verdaderas vías de hecho al admitir la existencia de anomalías y de irregularidades procesales que se ventilaron durante el proceso ejecutivo en primera y segunda instancia y que en forma caprichosa y arbitraria se negaron a declararlas, lo que constituye razón para solicitar retrotraer el proceso al momento en que se presentó la nulidad a la que ha hecho referencia.
1.- Como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, si de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso, y a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, pero sólo en los casos expresamente previstos por el legislador.
2.- De otra parte cabe anotar que cuando se trata de revisar por esta vía providencias judiciales, se ha repetido insistentemente que la labor del juez de tutela se debe centrar en el análisis de la conducta desplegada por los funcionarios jurisdiccionales que administran justicia, y que se refleja en los autos o sentencias atacados como ilegales y presuntamente violatorias de un derecho constitucional, y que solamente si de su apreciación se desprende que la conducta reviste el carácter de abusiva, caprichosa o arbitraria, de forma tal que vulnere alguno de tales derechos y siempre que no se disponga de otros medios de defensa judicial, puede admitir la tutela, en razón de que se configuraría una vía de hecho.
En consecuencia, si la decisión sometida a crítica no representa una agresión brutal al ordenamiento, o si está provista de justificación jurídica, o si la valoración que se hizo de las pruebas no riñe abiertamente con la lógica aplicable, lo natural es que la decisión resulte invulnerable a la acción de tutela, tal como acontece cuando el pronunciamiento del sentenciador obedece a la apreciación de los elementos de juicio de que dispone o a una interpretación normativa que no es opuesta a la razón.
3.- En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala es claro que el accionante, con el argumento de que los despachos judiciales accionados han quebrantado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, pretende en últimas que se ordene decretar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, solicitud que resulta a todas luces improcedente, toda vez que las alegadas irregularidades referentes al nombramiento de curador ad-litem para Rubén Darío Narváez, de existir, sólo podrían ser alegadas por éste, y las deficiencias en cuanto al título ejecutivo, han debido ser ventiladas por el accionante en el proceso mediante la proposición de excepciones y omitió hacerlo luego mal puede acudir a la tutela para subsanar tal omisión, pues al respecto la Corte Constitucional indica en uno de sus fallos que: "quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por lo tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal." (Sentencia T-520 de 10.6 de septiembre de 1992).
Es por las razones expuestas que debe negarse la solicitud de amparo y recibir confirmación el fallo impugnado.