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Timestamp: 2019-11-12 16:47:19
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Boletín de Pequeñas Noticias Nº 401
Miércoles 7 de Abril de 2010 - Nº: 401
Seis entidades de consorcistas
Presentaron sus recomendaciones de reglamentación
Seis entidades de consorcistas enviaron una carta al director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA con recomendaciones para la reglamentación de la Ley 3.254 (Registro Público de Administradores) Solicitaron que "se privilegie la atención a los consorcistas", para que "el procedimiento de denuncias sea ágil" Indicaron que "teniendo como objetivo fomentar la autoadministración [...] los requisitos exigibles a este tipo de administradores no deben resultar un obstáculo".
[BPN-07/04/10] Seis asociaciones de consorcistas enviaron una carta al Dr. Juan Manuel Gallo, director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, "con el fin de solicitarle tenga a bien evaluar nuestras recomendaciones respecto a la reglamentación de la Ley Nº 3.254" <ver texto original>. Esta ley –sancionada en noviembre del año pasado- modificó el funcionamiento del Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA) regulado por la Ley Nº 941.
En sus considerandos, los firmantes estimaron que "la reglamentación debe producirse de forma tal que la autoridad de aplicación privilegie la atención a los consorcistas, permitiendo que el procedimiento de denuncias sea ágil" y que...
El seguro de caución debería costar entre el 1 y el 1,5%
El director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA aseguró que "si las compañías de seguros quieren cobrar el 4 o el 5%, tomaré todas las medidas que hagan falta" También declaró que "algunas administraciones grandes están tratando de borrar del mercado a las chicas" Por último, afirmó que "no me va a temblar el pulso si tengo que hacer cambios en la reglamentación" para proteger a los pequeños administradores.
"La Ley 3.254 es discriminatoria por excelencia"
David Villarreal, el abogado de la CAPHyAI que lleva adelante el amparo contra la Ley 3.254 declaró que ésta "es impracticable desde lo material" y que con la Cámara están yendo "contra toda la ley" Aseguró además que la norma afecta "el derecho del trabajo y el de igualdad" y que "evidentemente tuvo algún tipo de apoyo de algún monopolio".
Los profesionales no tendrán que realizar el curso
Los contadores Graciela Angélica Núñez, Jorge Alberto Geiler y Domingo Juan Leto, miembros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, declararon que -por sus gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- lograron que los profesionales en ciencias económicas no tengan que realizar un curso para inscribirse en el Registro Público de Administradores También aseguraron que "el Consejo está siempre atento y vigilante en todos los aspectos" que atañen a sus matriculados.
A partir de Julio de 2010 todos en el SUAF
Entre marzo y julio de 2010, la Administración Nacional de la Seguridad Social incorporará automáticamente al SUAF a todas las empresas Ya no se abonarán las asignaciones familiares con el sueldo del trabajador ni se compensará a través del Formulario 931.
Para los integrantes de la redacción de Pequeñas Noticias el suceso más importante del mes de marzo fueron los recursos judiciales que decidieron presentar ante la justicia la CAPHyAI y el AIERH A estos se sumó una corriente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad que presiona para que su entidad también se dirija a la Justicia Por último, el Dr. Eduardo Awad declaró que la mayoría de los abogados del Instituto de la Propiedad Horizontal consideran esta ley inconstitucional.
Doy clases de Inglés a 5 niños
Quisiéramos cambiar la administración
En el mes de abril cumple 60 años
Estoy obligado a contar con el 66% de las firmas
Me taparía la luz y el aire
La idea es adelantar el dinero para las reparaciones
Juan Manuel Gallo respaldó a Gabriela Saldivia
La coordinadora del Registro Público de Administradores de la CABA recibió un fuerte respaldo del director general de Defensa y Protección al Consumidor Gallo consideró injustas las críticas de algunas entidades de consorcistas hacia Saldivia "por el hecho de haber sido administradora".
Cr. Catalino Núñez
"El profesional en Ciencias Económicas esta capacitado para administrar consorcios"
El candidato a presidente para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA –por la Lista Naranja- afirmó que si el profesional tuviera que hacer un curso, debería ser sólo en relación a temas "que no hayan sido abordados durante su carrera" También aseguró que "el lugar por naturaleza para dictar un curso es la universidad" Sin embargo, señaló que "es un tema muy nuevo" y que aún "no se ha planteado" en el Consejo.
IRAM contra el fuego
El día 19 de marzo se presentó –tras 13 años de estudio- un paquete de normas IRAM que se ocupan de sistemas contra incendios Consta de tres partes principales: su construcción, su auditoría y su mantenimiento En la exposición estuvieron autoridades de la Cámara Argentina de Seguridad, miembros de la Agencia Gubernamental de Control y empresarios del sector.
Sueldos Abril/10
En el mes de abril todo sigue igual al mes anterior y no hay cambios que reflejar en los haberes del sector Lo único que puede modificar parcialmente las liquidaciones son la Ayuda Escolar y algunas vacaciones tardías.
Alcances del nuevo Certificado Único de Discapacidad
Horas extras I: un grupo electrógeno
Horas extras II: retiro de residuos
Horas extras III: relación con las asignaciones familiares
¿Jornalizado o suplente de media jornada?
En la nota se hicieron recomendaciones sobre la reglamentación de 11 artículos de la ley 3.254.
En sus considerandos, los firmantes estimaron que "la reglamentación debe producirse de forma tal que la autoridad de aplicación privilegie la atención a los consorcistas, permitiendo que el procedimiento de denuncias sea ágil" y que "refleje la facultad que los consorcistas individualmente poseen para radicar su denuncia ante el Registro Público de Administradores".
Asimismo señalaron que "teniendo como objetivo fomentar la autoadministración, y de esta forma también la participación de los consorcistas, entendemos que los requisitos exigibles a este tipo de administradores no debe resultar un obstáculo". "Es nuestra opinión que la reglamentación de la norma debe permitir que el autoadministrado pueda inscribirse de forma simple y rápida", agregaron.
La obligación que impone el inciso f) del artículo 4º de la Ley 3.254 establece que para inscribirse los administradores deben presentar un "certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal".
Sobre este inciso los firmantes consideraron que "es ineludible la oferta de cursos gratuitos por parte del Gobierno de la Ciudad" y agregaron que "entendemos que los mismos –para ser reconocidos por la autoridad de aplicación- deben contener una cantidad mínima de horas cátedra, programa, currícula y un listado de docentes que dictarán el curso".
Las entidades recomendaron que "el personal docente debe consistir en profesionales del área de cada módulo específico y que el curso debería contener de forma obligatoria el estudio de la Ley Nº 941 modificada por la Ley Nº 3.254, como también contenidos legales, administrativos-contables, técnicos, humanos y éticos".
Por otra parte, las entidades le propusieron al Dr. Gallo que "debe eximirse la aprobación de materias correspondientes a la currícula específica de los profesionales aspirantes". Con lo cual los abogados quedarían exceptuados de rendir temas relacionados con los aspectos legales, los profesionales en ciencias económicas de los contables y los arquitectos de lo cercanos a su profesión.
Esta última excepción ofrecería una respuesta al reclamo de una parte de los matriculados del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) de exceptuarse de este curso por considerarse suficientemente capacitados para administrar consorcios.
Al artículo 10º que establece los requisitos puntuales de lo que debe contener una expensa –en su documento- las entidades participantes agregaron que "no podrá incluirse en las expensas gastos del administrador relacionados con la inscripción en el Registro Público de Administradores, a la contratación del seguro [de caución] al que refiere el Art. 12 inc. e), ni por trabajos contables, procesamiento de datos, liquidación de expensas, ni ningún concepto que no sea inherente al mantenimiento del edificio y de su administración".
El documento -fechado el 31 de marzo- fue firmado por FEDECO (Federación de Asociaciones de Consorcios), ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista), LCPH (Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal), DCPI (Defensa del Consumidor Propietario de Inmueble), ACCABA (Asociación de Consorcistas de la CABA) y APBR (Asociación de Propietarios de Bienes Raíces).
No participaron de esta iniciativa ni UCRA (Unión de Consorcistas de la República Argentina), ni la FAC (Federación Argentina de Consorcios), ni ADEPROH (Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal).
Efemérides consorciales: el 4/04/2006, por primera vez, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias convocó a los propietarios a debatir sobre cuál sería su posición en las negociaciones del CCT.
[BPN-07/04/10] El director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo, aseguró que "el mercado de seguros tiene que cubrir [el seguro de caución] a un costo de entre el 1 y el 1,5%. No puede ser más que eso" y advirtió que si las empresas quisieran cobrar "el 4 o el 5%, tomaré todas las medidas que hagan falta" para corregir esta situación.
"Junto con la Superintendencia de Seguros de la Nación, estoy pidiendo informes e intercambiando notas porque el seguro de caución es un producto nuevo y creado por una nueva ley con lo cual los costos pueden ser desmedidos. La idea es que no sea un producto muy oneroso aunque algunas empresas ya están viendo el lucro y eso no puede pasar", recalcó Gallo.
"Si las empresas actúan de esa manera vamos a buscar la forma de corregirlo", advirtió el director de Defensa al Consumidor y añadió que espera que el mercado asegurador "esté a la altura de las circunstancias". Recalcó que confía que "las compañías nacionales se comporten de mejor manera que las extranjeras" y reflexionó que éstas "son las que podrían –inclusive- hasta crecer con esta oportunidad".
Gallo declaró, no querer que, a causa del seguro de caución, lleguen a desaparecer las administraciones chicas y cree que "algunas grandes están tratando de borrarlas del mercado con la excusa del seguro de caución, porque a río revuelto, ganancia de pescadores". Así lo dijo en una entrevista que se le realizó el pasado viernes 26 durante el programa Hablemos de Consorcios por AM 1010 Onda Latina.
El funcionario declaró que "desde la dirección de Defensa al Consumidor vamos a hacer todo lo posible para que el administrador pequeño no desaparezca" y agregó que "si tengo que hacer cambios [en la reglamentación de la Ley 3.254] no voy a tener problemas en hacerlos y no me va a temblar el pulso".
"No forma parte de mi ideología que desaparezcan las administraciones chicas", reiteró el director de Defensa al Consumidor porteño y remarcó que habló con el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) que le expresó que comparte esta misma idea.
La obligación de tomar un seguro de responsabilidad profesional surge del inciso e) del artículo 12º de la Ley 3.254 que modificó la Ley 941 (Registro Público de Administradores).
La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA estableció en la disposición 6013 (BO: 18/12/2009) que el monto asegurado por el seguro de caución será del 33% del total de las expensas anuales y los administradores tendrán tiempo para cumplir esta obligación hasta el 30/06/2010.
Efemérides consorciales: el 06/04/2006 el presidente Néstor Kirchner presidió la firma del Convenio Colectivo de Trabajo. En casa de Gobierno, el AIERH, UADI y FATERyH sellaron el acuerdo. La CAPHyAI fue el único miembro paritario que no firmó.
[BPN-07/04/10] El director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo, expresó su apoyo al trabajo que realiza Gabriela Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) y consideró injusto que algunas entidades de consorcistas la critiquen "por el hecho de haber sido administradora".
Gallo declaró: "tengo que reconocer el trabajo y la actividad que está haciendo Gabriela Saldivia en el registro" y amplió que también "hay que confesar el esfuerzo que hace su gente que a veces es blanco de un montón de críticas aunque ponen la cara y trabajan muy bien". Estas declaraciones las realizó el pasado viernes 26 durante el programa de radio Hablemos de Consorcios que se emite por AM 1010 Onda Latina, todos los viernes a las 19 horas.
Sobre Saldivia, Gallo declaró que "a veces me llegan notas de algunas entidades, sobre todo de consorcistas, que hacen alguna queja hacia ella por el hecho de haber sido administradora. La verdad es que está haciendo un trabajo excelente y me gustaría que esas entidades lo vean porque en definitiva es un prejuicio pensar que -por el hecho de que haya trabajado en cierto lugar antes- ahora no va a poder hacer bien su trabajo".
Además, el funcionario afirmó que le parecen injustas estas acusaciones: "porque sino yo sería la primer persona en decir que no me gusta como está trabajando" y añadió que de su parte siente que "es una entrega total y estoy muy conforme con su trabajo".
Por su parte, Saldivia –que acompañó al Dr. Gallo al programa Hablemos de Consorcios- remarcó que desde que llegó al registro "pedí un montón de cosas y me las están proporcionando" aunque resaltó el hecho de que "el tema del espacio es lo más complejo porque se están atendiendo alrededor de 100 personas por día".
Sin embargo, tanto Saldivia como Gallo subrayaron que casi duplicaron la cantidad de personal para atender al público: "ahora son 14 personas, contra 8 que había antes [...] y tenemos más computadoras", bromeó Saldivia.
En otro orden de cosas, trascendió que en un futuro no lejano el RPA se estaría mudando a instalaciones más modernas y amplias aunque todavía no se pudo precisar en forma oficial ni dónde, ni cuándo se efectuaría ese cambio.
Perlitas: Los discípulos son la mejor biografía del maestro (Domingo Faustino Sarmiento).
Dr. David Villarreal.
[BPN-07/04/10] David Villarreal, abogado patrocinante de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), declaró que la Ley 3.254 -modificatoria de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- "es impracticable desde lo material y es discriminatoria por excelencia porque afecta el derecho del trabajo y el de igualdad".
"Evidentemente esta ley tuvo algún tipo de apoyo de algún monopolio, porque si yo elimino a los pequeños administradores no cabe duda de que me quedo con todo y el negocio de la administración es un negocio importante. En consecuencia, esto está amparado por algunos sectores que, desde las sombras, están haciendo presión desinteresándose totalmente por aquellos que no tienen esa capacidad. Acá se olvidó por completo al pequeño y mediano administrador que dignamente trabaja y vive de su actividad", denunció Villarreal.
En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, el abogado declaró que "nosotros vamos contra toda la ley. Este famoso Registro Público de Administradores -que creó en su momento la Ley 941- no debió haber existido. De prosperar esta acción, la jueza que entiende en el caso va a decidir si encuentra o no mérito para que la Cámara y todos los administradores, consorcistas y consorcios miembros, queden fuera del alcance de la ley y no tengan que inscribirse en el Registro. En el caso de los ya inscriptos, el Registro no los regirá más hasta que ella no resuelva sobre el fondo de la cuestión", aseguró Villarreal.
Sin embargo, el abogado explicó que aunque la gente llama "recurso de amparo" a la acción que él presentó en nombre de la CAPHyAI, en realidad –hablando con propiedad- se denomina "acción declarativa de certeza".
"Esta acción -si bien no es de amparo propiamente dicha- tiene un rasgo amparista por cuanto es rápida y expedita. Su objetivo es que el juez dictamine cuál es el alcance de esta ley, si violenta o no la Constitución Nacional y de que manera debe entenderse", expuso.
Villarreal también explicó que las cuestiones que se consideraron al hacer la presentación en la justicia tuvieron que ver con que "la Ciudad exige cursos que no brinda, aparece un excesivo costo en el ejercicio de la profesión, la impronta de la ley está puesta en recaudar y no en mejorar la situación de los administradores, aparece una lesión al régimen del mandato por la durabilidad del administrador, aparece una clara violación al principio de igualdad frente a otras actividades, entre otras cuestiones".
El abogado afirmó que "no estamos atacando la capacidad del órgano que dictó la norma porque la Legislatura porteña tiene todo el derecho de ejercer el poder de policía que tiene sobre las actividades que se ejercen en el ámbito de la CABA. Lo que no puede hacer es ir más allá de ese espíritu reglamentista".
"Yo entiendo que deberíamos tener el éxito total. Hay muchos jueces y juezas muy buenos en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, que se dedican mucho, no sacan resoluciones a la ligera y tienen menos compromiso político", señaló Villarreal.
Sin embargo, añadió que "la que decide finalmente es la jueza cuando firme la resolución, tanto cautelar como definitiva. Allí se verá si la ley efectivamente tiene defectos que hay que mejorar y si suspende sus efectos en relación a todos los beneficiados con el fallo, como señal de alerta al Poder Legislativo para que modifique la norma, con arreglo a la Constitución Nacional", concluyó.
Perlitas: El crítico de arte es el peor enemigo del arte (Wasily Kandinsky).
Cr. Catalino Nuñez.
"El profesional en Ciencias Económicas está capacitado para administrar consorcios"
[BPN-07/04/10] Catalino Núñez, candidato a presidente para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) –por la Lista Naranja- afirmó que "el profesional en Ciencias Económicas tiene una alta preparación y está bien capacitado y preparado para administrar un consorcio" y aseguró que, de tener que realizar el curso que la Ley 3.254 –modificatoria de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- exige, tendría que ser "en algún tema que no haya sido abordado durante su carrera".
En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, Núñez -que se desempeña actualmente como secretario de graduados y relaciones institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remarcó que "la UBA y las otras universidades son el lugar apropiado por naturaleza para dictar un curso porque son los ámbitos que hacen a la educación" y agregó que "el día que asumamos en el Consejo Profesional [NR: se refiere a las elecciones de junio] vamos a discutir el tema y seguramente, si nos ponemos de acuerdo con la universidad, el Consejo podría ser otro ámbito en donde se podría dictar".
"Consideramos que el curso, de ser necesario realizarlo, debería ser gratuito para los profesionales en Ciencias Económicas y con un arancel mínimo para los que no lo sean. Este arancel buscaría cubrir los costos administrativos y los honorarios de un profesor, que en definitiva, le dedicará su tiempo y su experiencia a esta capacitación", explicó Núñez.
"El Consejo Profesional no se dio cuenta de lo que representa para los contadores/administradores esta exigencia de realizar un curso para inscribirse en el Registro Público de Administradores (RPA) porque sino –me imagino- tendría que haber actuado rápidamente", declaró Núñez.
Soy Contador Publico y licenciado en Administración de Empresas de la Faculta de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También soy MBA –Magíster en Administración de Negocios- de la UBA. Actualmente soy doctorando, es decir, alumno del doctorado en el área de administración.
También soy profesor de las materias Dirección General y Comercialización y del Seminario de Integración y Aplicación, que es una de las últimas materias de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas.
Trabajo en la Secretaría de Graduados y Relaciones Institucionales de la facultad y, desde 1993, armo proyectos para profesionales en ciencias económicas. Además, creé la Red Solidaria de Inserción Laboral, hace 7 u 8 años, que es gratuita y que tiene como tarea fundamental la inserción laboral de los graduados y de los estudiantes de las últimas materias de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Esta red tiene contacto con más de 500 empresas que no solo contratan a jóvenes sino también ahora a adultos de más de 45 años, que es una de las nuevas vertientes que estamos inaugurando.
El secretario de graduados subrayó, además, que "es un tema muy nuevo, que todavía no se ha planteado ante el Consejo. Pero si eso llega a pasar nosotros, desde la minoría, defenderemos las incumbencias de nuestros profesionales promoviendo , en este sentido, no solo proyectos propios sino también aquellos que nos acerquen nuestros compañeros".
Naranjas vs. Azules
"El 23/06 se realizarán las elecciones para renovar la totalidad del Consejo Directivo del CPCECABA y los integrantes de la nueva gestión permanecerán –por estatuto- tres años en funciones", declaró Núñez, que se postula para ocupar el cargo de presidente del Consejo por la Lista Naranja.
Esta lista se presentó por primera vez en las elecciones para el Consejo Directivo del 2004 en donde salió tercera, con el 21,1%, debajo de la Lista Azul –oficialista- y del Frente Profesional Renovador que nuclea a las listas Blanca, Afirmación Profesional y Profesionales Porteños.
Ya en el 2007, la Lista Naranja, aunque no ganó, salió segunda, por debajo de la Lista Azul, con el 36, 2% contra el 38,2%. En estos comicios "una gran cantidad de votantes adhirió y apoyó a la Lista Naranja lo que fue una gran sorpresa. Estuvimos a dos puntos de ganar el Consejo Profesional", señaló Núñez y agregó que "en números, nosotros sacamos alrededor de 9 mil votos y la Lista Azul cerca de 9.500".
"Si bien el padrón de matriculados es de aproximadamente 60 mil personas, los activos no llegan a ese número, por lo cual nosotros estimamos que en esta elección van a votar alrededor de 30 mil profesionales, lo que significa una alta participación", explicó Núñez.
En cuanto a sus iniciativas, el candidato a presidente señaló que "proponemos un Consejo Profesional abierto y participativo, que permita la interacción de las distintas generaciones de profesionales, que se escuchen sus propuestas, sus reclamos, sus ideas y que el Consejo Profesional actúe rápidamente en su defensa".
"Actualmente, hay un reclamo generalizado de los profesionales en ciencias económicas que no se sienten representados ni defendidos por la entidad que los nuclea y eso es algo que nosotros vamos a hacer desde el primer día que asumamos", prometió Núñez.
Perlitas: La pintura es más fuerte que yo, siempre consigue que haga lo que ella quiere (Pablo Picasso).
Cra. Graciela Angelica Nuñez.
[BPN-07/04/10] La contadora Graciela Angélica Núñez, vicepresidenta primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA), declaró que los profesionales en ciencias económicas no tendrán que realizar el curso que exige la Ley 3.254 –que modificó la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- ya que con una simple certificación -expedida por el Consejo a cada profesional que así lo requiera-, se podrán inscribir en el RPA.
En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, Núñez, Jorge Alberto Geiler -Consejero Titular de la entidad- y Domingo Juan Leto –Gerente Coordinador de Temas Académicos- aseguraron que "ante la detección de ciertas situaciones este Consejo, en forma inmediata y sin que fuera requerido oficialmente por nadie, comenzó a realizar una serie de acciones que incluyeron el envío de varias notas a la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA".
Cr. Jorge Alberto Geiler.
"Ante la falta de respuesta nos dirigimos por carta al Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Horacio Rodríguez Larreta y -debido a estas gestiones- hemos alcanzado una solución al problema de los contadores/administradores: la instrucción a través de una certificación que nosotros expediremos al respecto a cada uno de los profesionales que lo requieran. Con esta nota, el profesional se puede inscribir [en el RPA]", señalaron los contadores.
Además, Núñez afirmó que "este Consejo está siempre atento y vigilante de todos los aspectos que atañen a los profesionales en ciencias económicas". La vicepresidenta primera también hizo referencia a las quejas de un grupo de matriculados, que presentaron una carta en mesa de entrada de la entidad, el pasado 26/03, exigiéndoles defendieran los derechos de los profesionales matriculados y presentaran un amparo contra el artículo 3 inc. F de la Ley 3.254 que establece la obligatoriedad de aprobación de un curso de capacitación para inscribirse en el RPA.
"Este Consejo está permanentemente atento a las circunstancias que se dan en el ejercicio profesional. Nuestra misión está cumplida cabalmente", insistió Núñez y agregó que "nuestros matriculados, por el simple hecho de haber cursado una carrera universitaria desde el ámbito de las ciencias económicas están por sí habilitados para ejercer este tipo de función práctica, incluso por la Ley Nacional de Ejercicio Profesional –la 20.488- y por la 466 que es la que regula las actividades del Consejo en la Ciudad de Buenos Aires".
Por su parte, Geiler subrayó que "algunos colegas pensaban que esta era una tarea que el Consejo no estaba realizando y en realidad, éste comenzó a moverse de inmediato. Lo que pasa es que hay cosas que no se publican".
Por último aclaró que este beneficio es para sus matriculados y que "otras profesiones van a tener que cumplir [con el curso] porque no están capacitados".
Aclaración del Consejo Profesional de Ciencia Económicas
Hoy jueves a las 17 hs. llegó a la redacción de Pequeñas Noticias una aclaración del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre esta nota que, por su importancia, justificó su inclusión en el boletín y la publicación de una segunda edición Esta modificación no se reflejará en los boletines ya despachados.
Señor Editor Responsable de
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en función del reportaje realizado oportunamente y que fuera publicado en la fecha.
Al efecto, solicitamos tenga a bien aclarar, ampliar y orientar la información en forma precisa de la nota publicada, relacionada con la búsqueda de una solución al Curso exigido para los Administradores de Consorcio.
Sobre este particular, corresponde aclarar mediante una publicación al respecto, que la solución al problema planteado, se resolvería gracias a la buena predisposición del Director de Defensa y Protección al Consumidor, Dr Juan Manuel Gallo, en reunión que mantendrá con las autoridades del Consejo para resolver la situación a nuestros matriculados que actúen en la Administración de Consorcios.
Esta información, se realiza a los efectos de esclarecer en forma indubitable la buena predisposición y diálogo que existe entre el mencionado funcionario del área y este Consejo en la búsqueda de soluciones.
Contadora Graciela Angélica Nuñez
Vicepresidente 1 °
Auditoría de gestión de consorcios
Perlitas: Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado le hará (Aristóteles).
El objetivo del paquete de normas es atender las necesidades de todos los sectores y buscar la protección de la sociedad.
[BPN-07/04/10] El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) presentó el pasado 19 de marzo un paquete de normas que se ocupan de sistemas contra incendios para tener en cuenta al momento de construirlos, auditarlos y mantenerlos. La norma "buscó cubrir todos los aspectos que rodean al fuego", aseguró Osvaldo Petroni, director de Servicios de Formación y Divulgación del IRAM.
Representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo presente en el acto el Dr. Leandro Sayans, de la Agencia Gubernamental de Control.
"Hace 13 años empezamos con la labor de generar este grupo de normas, que llamamos trilogía", aseguró Daniel Kerner, coordinador del Organismo de Estudio y quien preside el comité que se encarga de estos temas. "Comenzamos con la norma IRAM 3.501 (parte 1) que es la de construcción e instalaciones nuevas, seguimos con la IRAM 3.619 que tiene que ver con las auditorías de certificación -para controlar las instalaciones y poder demostrar si cumplen con todos los requisitos- y, por último, desarrollamos la IRAM 3.546 que es una norma de mantenimiento de todo aquello ya instalado", agregó Kerner.
El coordinador del organismo de estudio afirmó que el objetivo del paquete de normas "es atender las necesidades de todos los sectores y buscar la protección de la sociedad a través de la certificación que es el mecanismo por el cual una organización independiente y confiable como es el IRAM da confianza en que un servicio o producto cumple con una norma".
Agencia Gubernamental de Control: Dr. Leandro Sayans.
Petroni también remarcó que "hoy por hoy, es una norma voluntaria en la cual todavía no hay ningún tipo de obligatoriedad de aplicación".
Por un lado, Raúl Martínez, gerente de la Cámara Argentina de Seguridad, declaró que "nosotros estamos llevando adelante gestiones destinadas a que todo lo que esté vinculado con elementos de protección contra incendios deba ser certificado, porque no podemos dejar que esos elementos queden en manos de quienes anteponen beneficios económicos antes que la salud o el riesgo que corre el usuario".
Alfredo Cabrera, en representación de una empresa aseguradora, señaló que "esta norma va a mejorar muchísimo el mercado porque realmente falta mantenimiento en la mayoría de todo tipo de instalaciones contra incendio. Por ejemplo, nosotros realizamos verificaciones todos los días y 2 de cada 3 no funcionan".
También Leonel Romero Silva, especialista en matafuegos, declaró: "estimo altamente positivo el hecho de que las empresas estén certificadas y deban ser responsables ante otras empresas privadas y los entes de gobierno".
Por su parte, Guillermo Barisone, jefe de Emergencias y Riesgos Especiales de Metrovías, aseguró que su empresa ya esta aplicando la norma y que esto tuvo que ver "con la reflexión y la llamada de conciencia". "La IRAM 3.546 nos permite delegar la seguridad, pero a su vez, controlar a la persona que hace el control. Es decir, nos permite tener todas las herramientas para estar tranquilos y saber que todos los sistemas de lucha contra el fuego están funcionando".
"Celebro esta norma porque cuando me hice cargo del servicio de mantenimiento tuvimos que empezar a ver las instalaciones y nos encontramos con que no había ninguno", afirmó Horacio Montero, jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Hospital Italiano.
"Nosotros hicimos nuestra propia norma casera, con las cosas que empezamos a exigir para que todo se vaya cumplimentando. Así que yo estoy de acuerdo con esto porque ahora vamos a poder estandarizar el mantenimiento", finalizó Montero.
Perlitas: Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos (Bertrand Russell).
Carlos D’Alessio: "el público inversor se volcó a comprar departamentos de uno o dos ambientes para alquilarlos y obtener una renta".
[BPN-07/04/10] Las escrituras de propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crecieron, en los primero meses del 2010, un 33,35%. Eso representa 3.431 escrituras que corresponden al total de las operaciones inmobiliarias comparadas con las de enero y febrero del año pasado. Estas cifras las dio a conocer en marzo el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presidente del Colegio, Carlos D’Alessio, contó a varios medios nacionales que el público inversor "se volcó a comprar departamentos de uno o dos ambientes para alquilarlos y obtener una renta" y agregó que "hay más transparencia porque hay más control, en cuanto a la valuación real de los inmuebles en el momento de la escrituración".
Las escrituras que se realizaron hasta $250 mil fueron 1.827 y subieron un 53,24%. Aquí fue donde la demanda se focalizó. También se realizaron 1.370 escrituras de departamentos de entre $250 mil y $900 mil, que aumentaron un 39,93%, mientras que las compras exclusivas fueron de aquellos inmuebles de más de $900 mil (alrededor de 234 escrituras) y se incrementaron en un 6,82%.
El consultor inmobiliario Damián Tabakman, declaró a varios medios nacionales que el resultado del estudio del Colegio de Escribanos no le sorprende: "Hay una tendencia clara en cuanto a la demanda de inversores a considerar la adquisición de propiedades como refugio de valor [...]. El que compra el departamento pequeño en general no lo usa para mudarse sino para alquilarlo", señaló.
Por su parte, Germán Gómez Picasso, director de la consultora Reporte Inmobiliario, precisó a los medios nacionales que tampoco se puede hablar de un momento excepcionalmente bueno. "Cuando se comparan datos más allá de 2009, se descubre que no estamos ante el mejor año del mercado", remarcó.
Perlitas: No quiero ir nada más que hasta el fondo (Alejandra Pizarnik).
[BPN-07/04/10] Los precios de los alquileres en los barrios más económicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentaron un 25%, con respecto a marzo del 2009. Estos son datos de un relevamiento hecho por varios medios nacionales. Sin embargo, los especialistas observaron una baja en los alquileres de los barrios más caros, lo que produjo un acercamiento entre los valores de los barrios de alta gama y los de las zonas más baratas.
Medios especializados informan que una de las causas de estos aumentos se debe al ajuste que debieron hacer muchos inquilinos de clase media que abandonaron los edificios en las zonas de más demanda (Palermo, Barrio Norte, Belgrano), para buscar precios más bajos de alquiler, de expensas y de servicios. Por otra parte observaron que en los barrios más caros hay una mayor oferta de unidades.
Barrios como Nueva Pompeya, Constitución, La Boca y Barracas -considerados los más económicos para alquilar- sufrieron considerables aumentos, que en algunos caso llegaron hasta casi el 25% respecto del mismo período del año pasado. No obstante, los especialistas observaron que los barrios más cotizados -como Recoleta, Barrios Norte, Puerto Madero o San Telmo- registraron aumentos mínimos o algunas bajas.
Un ejemplo que ha sido analizado por los distintos medios es que el alquiler de un departamento usado, pero en buen estado, de dos ambientes en Recoleta costaba un promedio de $1.750 hace un año y hoy, en cambio, costaría alrededor de $1.630 (lo que mostraría una baja de casi un 7%). En el mismo período, alquilar un inmueble similar en un barrio como Nueva Pompeya, paso de costar $825 a $1.030, lo que representa un aumento de casi el 25%.
Además mencionaron que la suba de precios muestra que los incrementos son menores en comparación con otros períodos. Mientras los alquileres promedio para un departamento de dos ambientes pueden variar entre un mínimo de $960 y un máximo de $1.630 (con un 70% de diferencia), según el barrio, las diferencias entre el más caro y el más barato eran de un 112% en marzo del 2009.
En cuanto a los departamentos de tres ambientes, los especialistas observaron que la caída superó el 12% y que para los monoambientes, el precio bajó casi un 8% con respecto a marzo del año pasado.
Perlitas: Aunque el tiempo desgaste muchas cosas, te sigue faltando algo cuando acaba un amor (Alejandro Sanz).
[BPN-07/04/10] La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó en su sitio web, que entre marzo y julio de 2010 incorporará al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a todos los empleadores que todavía no estaban incluidos en este sistema.
Para averiguar si ya están incorporados, se puede ingresar al sitio web www.anses.gob.ar, luego acceder a la Autopista de Servicios, Servicios Corporativos y luego Empresas incorporadas al SUAF. Allí pide solamente el CUIT del empleador –en este caso el del consorcio- y luego informará a partir de qué mes se lo incorporó al sistema.
En el mismo sitio, en la sección Empresas, se pueden consultar las obligaciones y la documentación que debe presentar el empleador al momento de incorporarse al SUAF:
Notificar a todos sus trabajadores, dentro de los diez (10) días hábiles de su incorporación al SUAF, las nuevas normas del Régimen de Asignaciones Familiares –Ver Formulario PS.2.61 - "Notificación del Régimen de Asignaciones Familiares – Sistema Único de Asignaciones Familiares"
En el caso de producirse el ingreso de un nuevo trabajador, también debe notificarlo del nuevo Régimen de Asignaciones Familiares dentro de los diez (10) días hábiles de su ingreso.
Esta notificación debe realizarse en duplicado, entregando un ejemplar al trabajador y anexando el otro ejemplar en el legajo del mismo obrante en la empresa, y debe ser exhibida ante esta ANSES cada vez que la misma lo requiera.
Incorporar a través del Programa de Simplificación Registral (PSR), toda la información relacionada con los datos del trabajador y sus vínculos familiares.
También debe informar, a través de este Programa (PSR), todas las novedades del grupo familiar de algún trabajador, como aquellas que emerjan de la relación laboral de un nuevo trabajador.
Asimismo se recomienda que una vez transmitida la información verifique en su ventanilla electrónica la existencia de inconsistencias o rechazos a fin de subsanar los mismos.
Presentar ante ANSES el medio de pago elegido por sus trabajadores tengan o no cargas de familia:
·1 Boca de Pago (cobro por ventanilla): Nota con carácter de Declaración Jurada donde conste Apellido/s y Nombre/s, CUIL, Provincia, Localidad o Código Postal del lugar de cobro elegido. –Ver Bocas de Pago vigentes.
2 Cuenta Bancaria propia o Cuenta sueldo: Nota con carácter de Declaración Jurada donde conste Apellido/s y Nombre/s y Número de CUIL, adjuntando Constancia emitida por el Banco o Copia del Extracto Bancario del que surja CUIL o DNI, Apellido/s y Nombre/s y Número de CBU correspondiente.
Si en el mes de incorporación de la Empresa a SUAF, el empleador contara con trabajadoras que se encuentren gozando o que inicien su Licencia por Maternidad o Maternidad Down, deberá continuar abonando todas las Asignaciones Familiares a dichas trabajadoras hasta la finalización de la Licencia por Maternidad o Maternidad Down, debiendo en estos casos presentar ante cualquier Unidad de Atención de ANSES, dentro del mismo mes de incorporación de la empresa al SUAF, una Nota con carácter de Declaración Jurada, en la que informe:
· CUIT de la Empresa
· CUIL de la trabajadora
· Apellido y Nombre de la trabajadora
· Tipo de Licencia (Maternidad o Maternidad Down) que se encuentra gozando o debe iniciar la trabajadora al momento de la incorporación de la Empresa en SUAF
· Períodos y montos ya abonados
· Períodos y montos a abonar (desde el mes de incorporación en adelante).
· Nombre/s y Apellido/s, CUIL o Documento Nacional de Identidad del Embargado
· Nombre/s y Apellido/s, CUIL o Documento Nacional de Identidad del/los relacionado/s por el/los cual/es se libra el Oficio Judicial.
· Fecha de Oficio (fecha de emisión del Oficio Judicial).
· Fecha de Sentencia (no es obligatorio).
· Período Desde (fecha a partir de la cual debe hacerse efectivo el Depósito Judicial).
· Jurisdicción, Juzgado, Carátula –Autos-, Nombre y Apellido del Juez o Secretario del Juzgado interviniente.
· Medio de Pago del Embargante: CBU, Cuenta Judicial o Boca de Pago.
· Firma del Juez o Secretario del Juzgado interviniente.
El sitio agrega una nota importante: "En el mes de incorporación de la Empresa al SUAF es el Empleador el responsable de presentar ante ANSES los Formularios que avalen el pago de las Asignaciones Familiares a cada uno de sus trabajadores dependientes, siendo luego exclusiva responsabilidad de estos últimos presentarlos en tiempo y en forma ante ANSES personalmente o a través de un "Representante" designado para tal fin.
ANSES procederá a liquidar las Asignaciones Familiares a los trabajadores en base a la información suministrada por el Empleador a través del Programa de Simplificación Registral y la registrada en la base Administrador Datos de Personas de la ANSES, en base a la Declaración Jurada mensual presentada por el Empleador ante AFIP, en función a los Formularios presentados para cada Novedad y a los datos relacionados con el medio de pago elegido, quedando bajo exclusiva responsabilidad del Empleador la falta de liquidación de Asignaciones Familiares que ANSES no pudiera efectuar a sus trabajadores dependientes por incumplimiento de sus obligaciones.
En la sección Trabajadores en Actividad, Asignaciones Familiares, Trabajadores pertenecientes al SUAF, los empleados pueden conocer sus derechos, obligaciones y documentación a presentar para la percepción de cada una de las asignaciones familiares.
Por último, el ANSES informa que "con el SUAF, el Estado abona directamente las Asignaciones Familiares al trabajador, a través de bancos, correos, o mediante la acreditación en una cuenta bancaria, que puede ser la misma cuenta sueldo".
Perlitas: Aquello que sale del corazón, lleva el matiz y el calor de su lugar de origen (Oliver Wendell Holmes).
[BPN-07/04/10] La confección de los sueldos del mes de abril tampoco tendrá modificaciones ni agregados. Habrá que reflejar, como en el mes de marzo, los importes básico que surgen de la escala salarial del mes de diciembre de 2009 y los adicionales que a cada trabajador le correspondan.
En estos meses, la liquidación se puede ver modificada por el pago de la Ayuda Escolar de $170 por cada hijo y algunos días de vacaciones tardías.
Feriados de Abril:
Viernes 2 , Viernes Santo y día de los caídos en Malvinas.
Perlitas: No voy a la playa para ponerme morena, me gusta ser rubia (Marilyn Monroe).
El resultado de las acciones interpuestas en la justicia podrían cambiar el mapa político de toda la comunidad consorcial.
[BPN-07/04/10] Para la redacción de Pequeñas Noticias el hecho más importante de febrero fueros las acciones que comenzaron con la decisión de la CAPHyAI (Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) y del AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) de presentarse ante la Justicia contra la Ley 3.254 que modificó la Ley 941.
Por otra parte, un grupo de contadores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) se reunió en la UBA (Universidad de Buenos Aires) para presionar a su entidad con el objeto de que –defendiendo a sus colegiados- presente un amparo contra el artículo 3º inc. F de la Ley 3.254 que les impone un curso obligatorio de administración de consorcios para inscribirse en el Colegio Público de Administradores de la CABA.
Por último, el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto de la Propiedad Horizontal del CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) aseguró que "en el instituto hay una mayoría de los miembros que piensan [que la Ley 3.254], es inconstitucional". Aclaró que están trabajando en el tema y que estarían dispuestos a pasar a la acción cuando sea el "momento oportuno".
Del 1º al 31 de marzo, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas del Google Analytics- tuvo 24.708 visitantes (+38.22%). A su vez estos visitantes realizaron 28.991visitas (+39.83%) y consultaron 57.566 páginas (+40.10%).
El promedio de permanencia en el sitio de cada visita fue de 1:42 (+0,20%) minutos. A su vez el promedio de páginas vistas fue de 1.99 por visita.
Buenos Aires es la zona que lidera la cantidad de visitas con un 63,84% del total. A continuación se ubican los rosarinos con 1.270 visitas, seguidos por los cordobeses con 1.131 visitas.
Es interesante observar que aunque Buenos Aires lidera la tabla, Mar del Plata no se queda atrás con 595 visitas, justo por encima de Mendoza con 483 visitas.
Durante el mes anterior al cierre de esta edición, en www.pequenasnoticias.com.ar hubo picos máximos con 28 usuarios en línea (on-line) al mismo tiempo los días 10 y 17 de marzo (dos días miércoles) mientras que durante los días 2 y 3 de abril (Semana Santa) el máximo se ubicó en los 10 visitantes al mismo tiempo.
Durante el mes de marzo, Pequeñas Noticias no realizó la producción de videos nuevos. Sin embargo los videos de meses anteriores fueron reproducidos en 84 oportunidades.
Perlitas: Es mejor ser pirata que alistarse en la marina (Steve Jobs).
Alcances del nuevo Certificado Único de Discapacidad por Raúl Guinzburg
La Ley 22.431 -Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas- decía en su artículo 3º que “la Secretaría de Estado de Salud Pública certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicha Secretaría de Estado indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario invocarla”.
Por ley 25.504 el mismo es modificado y se expresa que “el certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla. Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad) previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan por reglamentación”. Es decir que el precitado artículo otorga idéntica validez en cuanto a sus efectos a los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901. Pero hasta aquí aparentemente la certificación era utilizada, por lo menos en las Provincias, para su uso en la salud. Luego, mediante leyes provinciales, decretos, resoluciones, se fueron ampliando los alcances de la Ley Nacional 22.431 pero con reglamentaciones propias, por lo que en general no existe una unificación de los alcances correspondientes.
En mayo de 2009 se sanciona la Ley Nacional Nº 26.378 en la que se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006 a la cual el Estado Argentino se había adherido.
En mayo del 2009 el Ministerio de Salud de la Nación dicta la Resolución Nº 675/2009 en la que se aprueba un nuevo Modelo Único de Discapacidad y el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad en la que se pone de manifiesto “que la República Argentina adhirió a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) aprobada por la Organización Mundial de la Salud, para la evaluación y certificación de la discapacidad en las respectivas jurisdicciones. Que la precitada Clasificación es la herramienta vigente a nivel internacional aplicable a la evaluación y certificación de la discapacidad. Que los miembros provinciales que conforman la Comisión de Salud del Consejo Federal de Discapacidad, mediante acta acuerdo de 28 de noviembre de 2008, se comprometieron a la implementación de un nuevo protocolo de valoración de la discapacidad, actualizando las herramientas de evaluación acorde a los compromisos asumidos por el país. Que por Actas Acuerdo entre el Servicio Nacional de Rehabilitación y representantes de las provincias ante el Consejo Provincial de Discapacidad, se asumió el compromiso de elaborar un plan de trabajo y acción con la finalidad de implementar la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF)”. Es decir que equipara los beneficios asistenciales provinciales con el nacional y se unifica el pase libre. Pero como el Servicio Nacional de Rehabilitación es el organismo responsable del Registro Nacional de Personas con Discapacidad y resulta necesaria la adopción de criterios uniformes en la evaluación y certificación de la discapacidad a nivel nacional, será ésta quien disponga los medios técnicos necesarios para la preparación del personal a cargo de las certificaciones en las distintas jurisdicciones que adopten el sistema.
El resultado de esta disposición la vemos en la provincia de Buenos Aires, que se suma a otras que ya han realizado convenios con el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Gobierno Nacional a través de los organismos correspondientes, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, la provincia de Santa Fe, etc. en el que se reemplaza el actual documento provincial por el nuevo que tendrá validez en todo el territorio nacional, ampliando el acceso a los beneficios por discapacidad que en general se complica cuando se pasa de un distrito a otro. Entre otros beneficios figura el acceso a la salud, ya sea, mediante la cobertura de obra social (al quedar a cargo de un familiar) o bien a través del sistema público de salud, la gestión de pensiones o fuentes de trabajo, el uso gratuito del transporte público y la eximición de impuestos.
Es de esperar que a esta iniciativa se sumen más estados a fin de tener una unificación real y efectiva para bien de este colectivo tan vulnerable de la sociedad.
( 06/04/10)
Perlitas: Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza (Epicteto).
Mi consulta es la siguiente: ivo en un edificio que no es apto para uso profesional y yo actualmente doy clases de inglés a 5 niños de 8 años en mi departamento.
Yo estudié Inglés durante 20 años pero no soy profesora. En el departamento no instalé aulas, ni contraté a otras profesoras.
Es una ayuda personal. Mi objetivo es ayudar a estos chicos a que aprendan mejor el idioma.
Sin embargo vecinos que se han ocupado de averiguar qué hago le han dicho a la administradora que yo le estoy dando uso profesional al departamento.
¿El uso profesional de un departamento no se refiere a la instalación de consultorios, estudios o negocios?
En general los reglamentos de copropiedad, si impiden el uso profesional de una unidad, al mismo tiempo, dicen que el destino es de vivienda familiar.
Si bien debe entenderse (y la opinión de los jueces va en ese sentido) que en estos casos, sólo se admitirá el destino de vivienda, también es cierto que otros usos pueden ser permitidos o tolerados. Por cuanto, si se trata de una actividad como la descripta -acotada a un pequeño o muy reducido número de personas-, no se trata de un emprendimiento comercial y no produce problemas, conflictos o perturbaciones a otros habitantes o propietarios, así entendido, podría permitirse.
Por estas razones si el consorcio inicia alguna acción, podría entenderse como que obra en exceso o abuso de su derecho.
Esto es obviamente, opinable, lo que sí es cierto es que no debe exceder su actividad de los términos apuntados.
Perlitas: Lo admirable no es que existan las estrellas sino que el hombre haya podido dar cuenta de su existencia (Anatole France).
Después de 15 años quisiéramos cambiar la administración de nuestro consorcio.
¿Cómo tenemos que hacer la asamblea ordinaria? ¿Podemos colocar en el orden del día dicho punto? ¿Cómo sería el texto?
¿Es necesario mencionar al administrador la decisión?
Debo dar por sentado que los consorcistas no sólo ya han decidido remover al administrador actual sino que también tienen elegido quién habrá de reemplazarlo. Esto debe ser así por cuanto no puede producirse un período sin administración, en el cual el edificio no afronte los pagos derivados de su funcionamiento. Como el edificio no para de funcionar, asimismo no para de ser administrado.
Si esto es así, el paso siguiente consiste en estudiar detalladamente el o los artículos del Reglamento de Copropiedad y Administración que se refieran a este tema, puesto que habrá que dar cumplimiento ajustado a todos los pasos y requisitos de procedimiento aplicables.
Como primer paso, es importante determinar cuál es la causal de remoción, si es que ésta existe. Esto es importante, por cuanto la aplicación de las mayorías necesarias tiene relación con la configuración de una causal o no.
En segundo lugar, hay que determinar cuál es la situación legal del administrador frente al consorcio, en cuanto a la vigencia de su nombramiento. Concretamente, hay que saber si tiene mandato vigente o si el mismo, si era a término, está vencido y cuándo.
Si hay un administrador con mandato vigente y no hay otra causal de remoción que la pérdida de confianza, lo que corresponde que se redacte es una nota solicitándole la convocatoria de una asamblea extraordinaria a los fines de tratar su remoción y su reemplazo. Esta nota debe estar firmada por la mayor cantidad posible de propietarios de los departamentos del edificio, y debe ser presentada en las oficinas de la administración, haciéndose sellar una copia de la misma con fecha y hora para constancia de recepción.
Ahí pueden suceder dos cosas: que el administrador convoque o que no lo haga...
Y aquí se terminan las generalidades.
No es posible describir todos los pasos siguientes sin tener a la vista el reglamento.
Por todo lo expuesto, y ante la trascendencia que tiene una decisión como ésta, le sugiero consultar a un abogado que, previo estudio del reglamento, redacte las comunicaciones necesarias y los asesore para que el acta de la asamblea extraordinaria que tome la decisión refleje un acto limpio de vicios y errores, que de existir pueden acarrear serios dolores de cabeza a los consorcistas.
1 cupón invitación de Promo Manía Full Silvina Schwarzböck (DNI ...486)
Perlitas: ¿Saben ustedes que durante una tormenta el león da la cara al viento para que su pelambre no se desordene? Yo hago lo mismo: doy la cara a todos los problemas: es la mejor manera de permanecer peinado (Leopoldo Marechal).
Hola Pequeñas Noticias,
Hace poco que administro consorcios y me encuentro con una situación en la cual me gustaría saber lo que correspondería hacer.
Paso a explicarles: en un edificio falleció el encargado, después de 16 años de servicios.
Se convocó a asamblea extraordinaria para resolver su reemplazo y los propietarios decidieron que quede en su lugar su viuda.
Previo a darle de alta, se le hacen todos los exámenes preocupacionales correspondientes dando como resultado que se encuentra apta, por ende comienza la relación laboral el día 01/01/2010.
La situación es que la trabajadora en el mes de abril cumple 60 años, momento en el cual se le debería enviar la carta solicitándole el inicio de los trámites de jubilación pero, según dichos de la trabajadora, este es su primer trabajo en blanco, de esta manera no cumpliría con los años de aporte para jubilarse.
La pregunta es: ¿cómo debo proceder?, ¿le envío la carta solicitándole el inicio del trámite de jubilación?
En respuesta a su consulta le informo que la Ley de Contrato de Trabajo en el art. 252 establece expresamente cuándo y cómo se debe extinguir el contrato de trabajo por jubilación del trabajador.
El artículo mencionado dispone que "solamente el empleador podrá intimar al trabajador para que inicie los trámites necesarios para obtener el beneficio, cuando éste reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones establecidas en la ley 24.241".
De tal manera el trabajador para obtener la jubilación ordinaria debería tener cumplidos los siguientes requisitos:
-30 años de servicios con aportes y 65 de edad si es varón.
-Para el caso de ser mujer los requisitos serían 30 de servicios con aportes y 60 de edad, pero como la norma dice "salvo el supuesto previsto en el segundo párrafo del art. 19 de la Ley 24.241" -el cual establece que la mujer puede "optar" por continuar prestando servicios hasta los 65 años- nos encontramos que frente a una intimación la trabajadora que tuviera más de 60 y menos de 65 podrá contestar manifestando que hace uso de esta facultad de continuar hasta los 65 años.
Ahora bien en el caso que plantea, la encargada del consorcio que Ud. administra no reúne ninguno de los requisitos mencionados por lo que no debe intimársela para que inicie un trámite que va a ser indefectiblemente denegado.
Su realidad previsional no se ajusta a las disposiciones vigentes.
La única posibilidad factible de intimación para que pueda obtener una de las prestaciones previstas por la Ley 24.241 es que tenga 70 años de edad y solicite la Prestación por Edad Avanzada (inciso incorporado por el art. 3º de la Ley Nº 24.463). O sea que habría que esperar 10 años.
Entiendo que ante la situación planteada es conveniente que convoque a una asamblea extraordinaria para que los copropietarios le den instrucciones precisas y que éstas sean conforme a derecho.
Participarán todos los lectores que nos manden un e-mail a GranSorteo@PequenasNoticias.com.ar con sus datos completos(*) antes del próximo Martes 20 de abril a las 08:00 am y los resultados del sorteo serán publicados en el próximo número de Pequeñas Noticias.
Perlitas: Aprovecha tus abriles y ama al hombre que te quiera, mira que el invierno es largo y corta la primavera (Salvador Rueda).
En mi caracter de presidente del consejo de propietarios de mi edificio solicito me digan acerca de alguien que me asesore para prescindir o cancelar los servicios de la empresa de administración ya que argumentan, que por el reglamento de copropiedad, estoy obligado a contar con el 66,66% de firmas de los vecinos.
Según se desprende de su relato Ud. no contaría con el Reglamento de Copropiedad del Edificio, por lo cual le aconsejo solicite una copia a la administración, a algún vecino o bien, con la escritura de su unidad, puede solicitarlo en el Registro de la Propiedad del Inmueble de su jurisdicción, a los efectos de verificar lo manifestado por la administración y por supuesto para conocer dicho reglamento ya que en él están vertidas las condiciones en las que se desarrollarán las relaciones entre vecinos comuneros y le orientarán en muchas situaciones referidas a su consorcio, en cuanto a derechos y obligaciones que deberán ser respetadas y acatadas en tanto siga vigente el mismo.
En el referido reglamento estarán (en general lo están) las mayorías necesarias requeridas para remover a la administración que en general norman un 66,66% (dos tercios del total del consorcio). Ese porcentaje debe cumplirse a fin de que, de existir tal remoción, la misma se ajuste a derecho.
Algo que es importante destacar es la participación reglamentaria que tiene cada unidad al momento de computar su voto en asamblea. Algunos reglamentos plantean una unidad, un voto. Otros plantean que el voto es el porcentual al que concurre la unidad en los gastos comunes. Esto implica que si en su edificio existen unidades de diferente metraje y por ende diferente porcentual es factible que, de concurrir a la asamblea, las unidades que más porcentual tengan implicaría que se necesitan menos unidades para llegar a los dos tercios habitualmente requeridos para resolver el tema de su consulta.
No obstante lo antedicho, es muy importante dejar sentado que sus derechos pueden (y deben) ser defendidos independientemente de la "mayoría" que pueda estar de acuerdo o no con la administración. Pretendo manifestarle que si Ud. considera que algún derecho suyo ha sido vulnerado, o bien incumplimiento alguno que este dentro de las funciones de la administración, podrá perfectamente intimar a ella al cumplimiento de la misma. Las posibilidades administrativas (y eventualmente legales) son muchas como para que Ud. haga respetar lo normado en el referido reglamento, en la Ley 13.512, en la Ley 941, en el Código Civil, etc.
Al respecto y una vez reglamentada la Ley 3.254 -modificatoria de la ley 941- tal vez pueda resolverse la inquietud de muchos consorcistas de que sería obligatorio que todos los años la administración someta a asamblea la continuidad o no en sus funciones resolviéndose por simple mayoría de los presentes y no se requeriría el "66,66%" que tan difícil es conseguir en muchos casos dada la poca participación de los consorcistas.
Seguramente los profesionales en la materia le aconsejaran al respecto y descuento que si su reclamo y petición es acertada contará con la participación de sus vecinos.
Hola, soy copropietario de una terreno en Lanús con dos casas una arriba -que es la mía- y otra abajo, que es de otra persona.
Esta otra persona ha empezado a construir en la parte de adelante de la casa. Es un terreno de su propiedad pero si edificara a la altura de mi casa me taparía la luz y el aire, no se si me explico bien.
Lo que quiero saber es si puede construir o con quién puedo averiguar cómo son las cosas en estos casos.
En principio debo decirle que no estoy muy familiarizada con la normativa municipal del Partido de Lanús, que es quien va autorizar o no la construcción de lo que pretende realizar su vecino.
Pero, independientemente de ello, trataré de orientarlo para que pueda tener una idea de adónde puede dirigirse para evacuar sus dudas.
Entiendo que uds. han construido bajo las normas de la Ley 13.512, que a pesar de ser tan solo dos propietarios existe un consorcio y que lo único que tienen en común son el terreno y la losa donde está construida su casa, ya que Ud. refirió que está encima.
En atención a ello, y conforme lo normado por la Ley 13.512 ningún propietario puede hacer reformas que afecten al inmueble común sin autorización de todos los propietarios (art. 7º, último párrafo, Ley 13.512).
Necesariamente antes de realizar una reforma, su vecino deberá consultarlo a los fines de encuadrarse en la normativa de la ley citada.
Ante este hecho, de haber iniciado obras que no han sido previamente autorizadas por la comunidad consorcial, Ud. podrá hacer la denuncia ante la Municipalidad de Lanús, a los fines de que intimen a su vecino para que presente la conformidad de los propietarios para poder dar comienzo a las obras y además se ajusten a la normativa vigente.
Independientemente de ello, investigando un poco, el Partido de Lanús tiene la Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires en donde se establecen exactamente cuáles son los requisitos exigidos para poder construir dentro del Partido de Lanús (arts. 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 19º, Ordenanza Nº 5.025/1978, Registro de Obras según Ordenanza 10.450 (vigencia de 90 días a partir del 10 de junio de 2008).
A su pregunta y preocupación le acerco una noticia publicada el día miércoles de 24 de febrero de 2010.
Vecinos de Lanús reclaman por la construcción de edificios
Un grupo de vecinos de Lanús se queja por la construcción de edificios en la zona céntrica de la localidad dado que, según resaltaron "esto está perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos y la identidad de la ciudad". "Las casas linderas pierden valor y algunas ya tienen rajaduras, filtraciones y falta de luz y aireación", denunciaron y agregaron que la contrucción es "indiscriminada". Las torres se erigen sobres las calles Eva Perón, Illia, Sarmiento, O'Higgins y Anatole France, y ellos quieren que se detengan.
"Todos los que vivimos en la zona de Lanús estamos padeciendo hace años la construcción indiscriminada de edificios donde queda claro que se está violando el código de edificación, ya que los últimos edificios que se están construyendo superan las dos plantas por más de diez pisos, entre otras cosas", señaló Alejandro Rivero uno los vecinos que encabeza el reclamo, en diálogo con Info Región.
Según la gente, el problema no es sólo visual: "Los servicios están siendo colapsados, tenemos problemas con la energía eléctrica, disminución de la presión del agua potable y el gas, inconvenientes en los desagües pluviales y cloacales y exceso de residuos que supera la capacidad de recolección", resaltaron.
En este punto, quienes tienen sus casas pegadas a las torres o frente a ellas también mencionan la palabra "intimidad" en su lista de quejas.
"La contaminación visual es terrible, quienes vivimos aquí hemos perdido la intimidad, hay casas que no tienen sol y hasta sufren pérdida estética, ya que tienen en sus patios un paredón como entorno perimetral. El daño y la destrucción de las propiedades linderas a estas grandes obras trae como consecuencia la pérdida patrimonial por desvalorización de los inmuebles", se quejó Ricardo Viales, otro hombre que se manifestó en contra de los edificios.
"Hay familias que viven en casas linderas a las nuevas construcciones de torres y sufrieron innumerables problemas: rajaduras, derrumbes, filtraciones, caída de diversos materiales de construcción en los patios, ruidos molestos, falta de luz y aireación",indicó Rivero.
En este marco, la gente presentó un petitorio al Municipio, pero aseguran que aún no obtuvieron respuesta.
"Esperamos una respuesta del Municipio porque la realidad que estamos padeciendo todos los vecinos es fatal y no lo merecemos. Necesitamos que se tomen medidas urgente y se empiecen a cumplir las leyes y los límites para que todos vivamos dignamente", concluyó Viales.
Espero haberle sido útil.-
Deseo evacuar mis dudas respecto al siguiente caso: Soy propietario de un departamento, ubicado en el último piso del edificio, siendo el techo de mi unidad funcional el del edificio. En el mismo se encuentra el tanque de agua, cuyo caño colector pierde constantemente, deteriorando de esta manera el techo. Asimismo el resto del techo necesita ser impermeabilizado.
He solicitado el arreglo al administrador, quien me contestó que no hay fondos para enfrentar el gasto que asciende a la suma de $ 2.500 aproximadamente.
Actualmente la idea es adelantar el dinero para las reparaciones, imputando el mismo en concepto de adelanto de expensas.
¿Qué datos debería contener el acuerdo para cumplimentar la totalidad de los requisitos legales de modo de hacerlo exigible ante la eventual posibilidd de un incumplimiento?
(18/023/2010)
Como siempre digo, yo soy administrador y con varios años en el ejercicio de la actividad, pero no un abogado que pueda preveer situaciones posteriores o asegurarle de alguna manera el cumplimiento del convenio. Lo que si puedo decirle, con mi experiencia, varios convenios y algunas materias de legales cursadas en la carrera de Contador Publico, es que el convenio a firmar entre Ud. y el administrador, como representante del consorcio, debería contener los siguientes datos:
1º) Nombre, apellido y caracter (propietario y administrador) de cada una de las partes intervinientes en el convenio.
2º) Nombre del consorcio y domicilio,
3º) Detalle de los trabajos a realizar,
4º) Plazo para iniciar los mismos a partir de la recepción del dinero,
5º) Monto del crédito (dinero otorgado como prestamo),
6º) Compromiso de reintegro de dicho monto (Ej.: $2500 que se compensará con las expensas de la UF .... a partir de la expensa con vto 10/04/10 y con las subsiguientes hasta su total cancelación),
7º) Si el punto 4º o 6º no se cumplieren se deja abierta la posibilidad de accionar judicialmente por incumplimientos del convenio.
8º) Fecha y firma de 2 ejemplares (uno para cada parte).
Espero haberlo ayudado y sugiero de todas formas consulte mi asesoramiento con algún abogado.
Vivo en un edificio en el cual hace aproximadamente 10 años se ha instalado un grupo electrógeno. En la liquidación de este mes de un nuevo encargado, se han liquidado (no se especifica monto alguno) 8 hs. por la puesta en marcha del aludido grupo, cuando nunca se había dado nada al otro encargado que se jubiló.
Pregunto: ¿corresponde, por el solo hecho de encenderlo y apagarlo, darle un plus? y ¿dónde figura si el mantenimiento de ese grupo lo hace un service especializado?
Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Los saluda atte.
Hola Ricardo, más que responder a tu consulta voy a hacerme preguntas en voz alta porque no tengo forma de contestarte ya que quedan muchos cabos sueltos.
Vos decís "en esta liquidación" por lo cual entiendo que es la primera vez que se abonan estas 8 horas extras por "la puesta en marcha" del equipo. Me pregunto si esto es por única vez o si se mantendrá. En el primer caso puede ser que el trabajador –fuera de su horario habitual- haya tenido que hacer algo especial por única vez, en el segundo caso y, como vos sugerís, me pregunto si el encendido y apagado lo hace en su horario habitual o fuera de él.
Si lo hiciera en el horario habitual no me parece que debieran pagarle trabajo extra, en el otro caso, sí. De todas formas habría que indagar el porqué del pago y si esto se mantendrá.
Para evitar dudas o problemas –tanto del trabajador como del empleador- es recomendable que quede asentado en el Libro de Ordenes el tiempo por el cual hará las horas extras y el motivo de las mismas para que después, cuando termine la obligación, también terminen las horas extras.
El mantenimiento del equipo es otro tema ya que para ello el personal que lo realiza es especializado y con respecto al monto de las 8 horas, dependerá del sueldo bruto del trabajador en cuestión.
Como ves, son más las preguntas que las respuestas pero quizá te ayuden para resolver tu duda.
¡Hola! Me resulta muy útil el boletín. Quería consultar si a un encargado permanente con vivienda es obligatorio abonarle horas extras por el retiro de residuos de los días domingo.
El encargado de casa tiene una antigüedad de 28 años y hasta ahora nunca reclamó nada pero dice que por ley le corresponde. De ser así, ¿cuántos años de retroactividad hay que pagarle?
Estimada Ana María, el domingo es el día de descanso del trabajador por lo tanto cualquier actividad que realice en ese día corresponde que se le abone con horas extras al 100%.
El trabajador, por ejemplo, podría disponer de ese día para pasear y no tiene la obligación de estar de vuelta a la hora en la que se deben sacar los residuos a la calle. Si lo hace, corresponde abonarle horas extraordinarias.
Estimada redacción: quería hacerles una consulta sobre si para pagar el salario familiar se considera el sueldo bruto, o sea,todos los ítems remunerativos descontando las horas extras o éstas también se incluyen para determinar qué escala se debe abonar.
Como siempre muchas gracias por sus tan valorables aportes a todos sus lectores.
Estimado Julio, las horas extras deben quitarse del sueldo bruto a la hora de calcular el valor de las asignaciones familiares.
Esto surge del artículo 4º de la Ley 24.714 del Régimen de Asignaciones Familiares: "Se considerará remuneración a los efectos de esta ley, la definida por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nº 24.241, artículos 6º y 9º) con excepción de las horas extras y el sueldo anual complementario (SAC).
Los límites que condicionan el otorgamiento de las asignaciones familiares o la cuantía de las mismas, se calcularán, en cada caso, en función de la totalidad de las remuneraciones y prestaciones dinerarias y asignación por maternidad o prestación por desempleo o haberes previsionales correspondientes al período que se liquide, excluyéndose las horas extras y el sueldo anual complementario (SAC) en los casos de trabajadores en relación de dependencia y la prestación anual complementaria en los casos de beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
Quisiera saber si a un suplente de sábados y domingos media jornada se lo puede poner como jornalizado o como suplente con horario por día ¿qué es lo correcto? E.
Estimado E. me parece que corresponde categorizarlo como Suplente de Jornada Completa o de Media Jornada, según corresponda.
El convenio de la actividad, en el artículo 7º inciso g), define al Suplente de jornada completa como "quien reemplaza al/la titular cuya jornada de trabajo sea de 8 horas diarias, durante el descanso semanal de éste/a, vacaciones, enfermedad y/o cualquier licencia que contemple el presente Convenio y/o la legislación laboral vigente. El/la suplente del descanso semanal, adquiere estabilidad en su cargo a los 60 días corridos desde su ingreso. La jornada laboral de este personal podrá ser igual al del/la titular, percibiendo los importes que fije la escala salarial vigente" y, en el inciso h), define al de media jornada como "quien reemplaza al/la titular. Respecto de este personal rigen las mismas condiciones que la del suplente de jornada completa y percibirá el 50% del valor diario establecido para el mismo".
Número de Edición: 401 (2º edición)