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Timestamp: 2018-07-16 19:47:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 774', 'artículo 757', 'artículo 23', 'artículo 97', 'artículo 93', 'artículo 148', 'artículo 13', 'artículo 121']

XI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Bilbao 1997
"La feminización de la pobreza"
CONCLUSIONES APROBADAS DE LA PONENCIA DE DERECHO PENAL
“LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL ESTADO”
PRIMERA.- El Estado, además de proteger la integridad, libertad y seguridad de las personas, está obligado a eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres.
La legislación de Ayuda y Asistencia a las víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual debe contemplar la reparación de todas las consecuencias que este tipo de delitos producen en las mujeres.
También debe tomar en consideración a las víctimas de la violencia familiar que la propia desigualdad deja desprotegidas.
Las conclusiones que se formulan a continuación hacen referencia a la Ley 35/95, de 11 de diciembre, sobre Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 738/97, de 23 de mayo.
SEGUNDA.- Las medidas que prevé la Ley son insuficientes, ya que no responden a un criterio de reparación efectiva del daño causado, sino que se limitan a suplir parte de las deficiencias del sistema público asistencial.
TERCERA.- Consideramos imprescindible hacer extensivas las medidas de ayuda de esta Ley a las víctimas de la violencia familiar, tanto en lo referido a ayudas de tipo psicoterapéutico, como las ayudas de índole económica.
CUARTA.- Siendo una Ley reparadora, es indiferente para la víctima si el resultado lesivo se produce por delito doloso, culposo o negligente, por lo que proponemos que, en el artículo 1 de la Ley, se suprima el calificativo de doloso.
QUINTA.- En relación con el artículo 2 de la Ley 39/95 consideramos que:
1.- El apartado referencia a las/os extranjeras/os no comunitarias/os, como beneficiarias/os de las ayudas contenidas en la presente Ley, tal y como está redactado vulnera los derechos fundamentales de estas personas, por cuanto limita la posibilidad de acceder a dichas ayudas, a la existencia de beneficios análogos para con las/os españolas/os en sus países de origen, lo cual, y partiendo de que se trata de culturas diferentes, es prácticamente imposible.
Por otro lado, la referencia a extranjeras/os que residen habitualmente en el territorio español excluye, por definición reglamentaria, a quienes residen en situación ilegal en España, lo que desaprobamos radicalmente, puesto que las agresiones se sufren y padecen de igual forma se resida en situación legal o ilegal en el territorio español.
2.- Con relación al apartado 3 b entendemos como más adecuado considerar como beneficiarias/os a las/os hijas/os de la persona fallecida, siempre que no tengan independencia económica, pues lo contrario supone dejar fuera del marco de la Ley a las hijas/os de las/os fallecidas/os que no dependieran económicamente de éstas/os.
3.- Relativo al artículo 4 a del Reglamento, entendemos que, en el caso de que concurran como beneficiarias/os indirectas/os la/el cónyuge no separada/o legalmente, debe prevalecer como beneficiaria/o quien conviviere con la víctima del delito en el momento en que tuviere lugar el fallecimiento de la misma.
SEXTA.- Debe suprimirse el artículo 3º de la Ley relativo a los supuestos especiales de denegación o limitación de las ayudas.
SÉPTIMA.- La ayuda de gastos de tratamiento psicoterapéutico debe hacerse extensiva a todas las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Debe ser inmediata, a la solicitud de la víctima, y mientras sea necesaria para reparar el daño causado.
CONCLUSIONES APROBADAS DE LA PONENCIA DE DERECHO CIVIL
“ANTEPROYECTO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN AL DERECHO DE FAMILIA”
PRIMERA.- Aprovechar la modificación del Derecho Procesal (Anteproyecto de la L.E. Civil) para efectuar al mismo tiempo una modificación del derecho sustantivo relativo a los procedimientos de familia.
SEGUNDA.- Necesidad de una regulación específica en materia de liquidación de la sociedad de gananciales.
TERCERA.- Posibilidad de acceso directo al divorcio, sin necesidad del trámite previo de separación, manteniendo el procedimiento de separación como opcional.
CUARTA.- Supresión del requisito del transcurso de un determinado plazo para acceder a la separación.
QUINTA.- Necesidad de que, antes de la celebración del matrimonio, se informe a los miembros de la pareja de los regímenes económicos existentes para que puedan optar por el que más les convenga.
SEXTA.- Necesidad de regular un procedimiento de medidas urgentes para las situaciones de crisis de las uniones de hecho, en concreto, medidas referentes al uso de la vivienda familiar, inventario de enseres de la misma y bienes comunes.
SÉPTIMA.- Obligación del Juez de acordar las Medidas Previas sin necesidad de que se acredite la urgencia.
OCTAVA.- Mantenimiento de las Medidas Previas, no estableciendo un único tipo de Medidas durante todo el procedimiento.
a) Preceptividad de letrado/a en las Medidas Previas.
b) En el caso de nombramiento de letrado/a, por el turno de oficio, será designado/a con carácter inmediato y, será el mismo/a durante todo el procedimiento.
DÉCIMA.- El plazo para la vigencia del Auto de Medidas Previas será el de 30 días hábiles.
UNDÉCIMA.- El artículo 774 apartado 2º, del Anteproyecto de la L.E. Civil, limita la libertad de pacto de cónyuges al establecer que, el Juez, podrá modificar las Medidas Previas adoptadas si juzga que son gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges y completarlas en lo que fuere necesario.
DUODÉCIMA.- En el Anteproyecto de la L.E. Civil, regulación de los procedimientos matrimoniales, podemos apreciar la falta de confianza que la Ley deja traslucir por parte del legislador tanto hacia los abogados/as como hacia las partes. Así, están vetados la renuncia, el allanamiento y la transacción y en algunos casos el desistimiento requiere la conformidad del Ministerio Fiscal.
Por ello, consideramos necesaria la supresión del veto a la renuncia, allanamiento y transacción, y recurso del Ministerio Fiscal en esos casos y en el desistimiento.
DECIMOTERCERA.- El artículo 757, en su apartado 2º omite la posibilidad de que a petición de parte se pueda inscribir la Sentencia en los Registros de la Propiedad y Mercantil. Por lo cual pedimos, que en dicho artículo, se incluya la posibilidad de que, a petición de parte, se pueda inscribir la sentencia en los Registros de la Propiedad y Mercantil.
DECIMOCUARTA.- El art. 775, apartado 4º, del Anteproyecto, relativo a las Medidas Definitivas, establece: “En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el Juez determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico”
Respecto a este apartado 4º del art. 775, instamos:
a) La supresión de toda facultad del Juez en la determinación de cualesquiera medidas respecto de la liquidación de la sociedad de gananciales.
b) Incluir, entre las posibles medidas a adoptar por el Juez, la fijación de la pensión compensatoria.
DECIMOQUINTA.- Se mantenga la redacción actual de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/81, de 7 de Julio, salvo en lo relativo a la exploración judicial de los/as menores por considerar se debe suprimir la facultad del Juez de oír a los/as mismos/a.
DECIMOSEXTA.- El art. 776 del Anteproyecto, relativo a la Modificación de las Medidas Definitivas, faculta al Ministerio Fiscal, habiendo hijos/as menores o incapacitados/as, para solicitar del Juez la modificación de las Medidas siempre que hayan variado, substancialmente, las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. Pero, no limita estas medidas, respecto de las cuales puede el Ministerio Fi8scal pedir la modificación, a aquellas que afecten a los/as menores, sino que lo hace en general, de modo que puede pedir la modificación de cualesquiera medidas, aunque éstas no afecten a los/as hijos/as.
Por lo que instamos la modificación del art. 776,6º en el sentido de que: “El Ministerio Fiscal sólo podrá solicitar la modificación de las medidas relativas a los/as menores e incapacitados/as, siempre que las circunstancias hayan variado substancialmente en perjuicio del/a menor”.
DECIMOSÉPTIMA.- Supresión en el art. 412 del Anteproyecto de la L.E. Civil del extremo siguiente: “También pueden ser testigos los/as menores de 14 años si el Juez considera que tienen el discernimiento necesario”.
DECIMOCTAVA.- Con relación al Recurso de Apelación, introducir la posibilidad de la ejecución provisional de la sentencia, también respecto de la guarda y custodia de los/as hijos/as.
DECIMONOVENA.- Necesidad de creación de Juzgados de familia, tanto en aquello donde no existe como aumentando el número de los ya existentes. Exigir a los Jueces de Familia la debida especialización en Derecho de Familia.
VIGÉSIMA.- Como consecuencia del inadecuado funcionamiento de los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia, solicitamos que la pericial psicológica se realice con las garantías que la Ley establece para la prueba pericial.
VIGESIMOPRIMERA.- Regulación única en el procedimiento relativo a los/as hijos/as.
CONCLUSIONES APROBADAS DE LA PONENCIA DE DERECHO CIVIL II
“CUESTIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA EN LAS CRISIS MATRIMONIALES ESPECIAL ATENCIÓN AL ARTICULO 97 DEL CÓDIGO CIVIL: SU COMPATIBILIDAD CON OTRAS PRESTACIONES Y LA LIQUIDACION DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO”.
“SOBRE EL RÉGIMEN DE BIENES EN EL MATRIMONIO: EL DERECHO FORAL DEL PAÍS VASCO, LOS DERECHOS DE ATRIBUCIÓN PREFERENTE EN EL CÓDIGO CIVIL”.
PRIMERA.- Reiterar la necesidad de que, al hacer el expediente matrimonial en los Registros civiles y en los centros de todas las confesiones religiosas, se facilite información escrita sobre el Régimen Económico Matrimonial aplicable y su posible modificación.
El Registro tendrá la obligación de hacer constar el Régimen Económico bajo el que se ha contraído el matrimonio.
SEGUNDA.- Exigir que en las actuaciones con transcendencia económica, los Fedatarios públicos e Intermediarios Financieros, deberán exigir la justificación del Régimen Económico Matrimonial que se manifieste.
TERCERA.- Hacer constar la necesidad de una regulación específica aplicable en la Liquidación y Adjudicación de bienes gananciales, para evitar los conflictos que se crean por la actual remisión a las normas de la Herencia.
Fijamos como valor de realización del bien el del momento de la Liquidación
CUARTA.- Manifestar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ante el Consejo General del Poder Judicial, la incorrecta interpretación y aplicación, por determinadas Audiencias Provinciales, del artículo 23 de la Ley de Relaciones Patrimoniales entre Cónyuges, de 30 de septiembre de 1993, al hacerle incompatible con la Pensión Compensatoria del artículo 97 del Código Civil.
Instar al Ministerio Público para que, sistemáticamente, recurra en Casación todas estas sentencias restrictivas en interés de Ley.
QUINTA.- Denunciar la no-aplicación por los Tribunales de la legitimación activa del cónyuge solicitante de la pensión de alimentos a favor de los hijos mayores de edad que conviven con él, establecido en el párrafo 2º del artículo 93 del Código Civil, lo que contribuye a la feminización de la pobreza.
SEXTA.- Denunciar la no-aplicación del artículo 148 del Código Civil en los procesos matrimoniales en cuanto al devengo de Alimentos desde la interposición de la demanda.
SÉPTIMA.- Exigir que la Actualización de las pensiones sea automática y de oficio.
OCTAVA.- Denunciar que los Empleadores e Intermediarios Financieros contribuyen a la feminización de la pobreza mediante la connivencia con los obligados al pago de estas pensiones para eludir el pago de las mismas.
NOVENA.- Denunciar la pasividad de los Jueces y Tribunales ante estas conductas delictivas, y EXIGIR que cuando se tenga conocimiento de estas prácticas se deduzca tanto de culpa ante la Jurisdicción Penal.
Desgraciadamente, hemos de denunciar que “seguimos asistiendo (a menudo demasiado pasivamente) a las habituales campañas en los medios de comunicación en las que se nos repite sistemáticamente la idea de la privilegiada y abusiva situación que tienen las mujeres separadas en relación con los hombres, mostrando a éstos como la parte perjudicada en las separaciones cuando la realidad cotidiana nos demuestra aplastantemente que eso no es cierto; ya que en general, ellos no salen empobrecidos sino liberados de las cargas familiares”.
Presentado por la Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques. Membre de la Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques. C/Londres, 84, entl. 1ª - Tel/Fax: 322 06 17
En el umbral del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, constatamos con horror que en el mundo entero la violencia contra las mujeres sigue constituyendo el primer y más importante atentado contra los Derechos Humanos.
Sin ninguna distinción por razón de edad, clase, raza, cultura, educación o grado de desarrollo, en todos los países del mundo las ciudadanas y ciudadanos quedamos igualados por este ignominioso dato.
Ante la pasividad de los Estados y la escasa sensibilidad y falta de interés y preparación de los servicios judiciales y policiales, millones de mujeres y niñas son víctimas de la violencia de género. Las cifras son escalofriantes. Indicamos algunas:
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->En E.E.U.U. cerca de dos millones de mujeres al año son golpeadas por sus compañeros (Informe O.N.U. febrero 1996)
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Un 80% de las mujeres presas en Turquía son víctimas de agresiones sexuales y violaciones (dato facilitado por la Asociación de Derechos Humanos de Turquía). Un estudio americano sobre 11 prisiones de mujeres en E.E.U.E., afirma sin precisar cifras que muchas de las reclusas son violadas sistemáticamente por sus guardianes (Human Rights Watch).
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->El tráfico de mujeres es un floreciente comercio que mueve miles de millones de pesetas y que convierta a miles de mujeres en esclavas del hombre que la adquiere (Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la O.N.U. para la violencia contra las mujeres). Sólo en la U.E. se calcula que 500.000 mujeres fueron obligadas a prostituirse en el año 1995 (Informe de la Organización Internacional de Emigración).
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Cada minuto cinco niñas sufren mutilación genital, mutilación que afecta a 114 millones de mujeres en el mundo (Medicus Mundi).
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Más de un millón de niños, predominantemente niñas, se ven obligados a prostituirse cada año.
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Durante la guerra en la antigua Yugoslavia y sólo en Bosnia-Herzegovina fueron violadas más de 40.000 mujeres, y en Ruanda, 15.000 en sólo unos meses.
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Según un reciente informe del Parlamente Europeo la violencia contra las mujeres, especialmente en el hogar, es un delito cotidiano (en Portugal un 52% de las mujeres confiesan haber sido objeto de violencia doméstica; en Suecia cada 10 días muere una mujer a causa de malos tratos; en Alemania una de cada tres mujeres ha sufrido violencia doméstica).
En el Estado Español el problema es igual de candente. En el año 1996 murieron 50 mujeres víctimas de sus maridos o compañeros sentimentales; se presentaron 6.000 denuncias por agresiones sexuales y 17.000 por malos tratos. A la fecha, primeros de diciembre de 1997 , con 57 mujeres muertas, ya hemos sobrepasado las víctimas del último año.
Hablar de violencia contra las mujeres es entrar en una inmensa zona de baja visibilidad. Sólo se denuncian un número ínfimo de malos tratos. Se calcula que en el Estado español, durante el año 1996, sufrieron violencia doméstica unas 800.000 mujeres. En Catalunya un recientísimo informe presentado a finales del pasado mes de noviembre por Instituto Catalán de la Mujer, afirma que un 10% de las Mujeres Catalanas son o han sido víctimas de violencia doméstica.
El problema es de tal magnitud que la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se vio obligada a declarar que los derechos de las mujeres y las niñas son una parte inalienable, integral e indivisible de los Derechos Humanos universales. Actualmente la O.N.U. esta preparando un protocolo adicional a la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (1979) que trata sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Pese a los esfuerzos y avances de la Comunidad Internacional para extirpar esta lacra, la violencia contra las mujeres continúa siendo un fenómeno universal y casi siempre incuestionable.
Apuntamos como causas de este fenómeno un ansia irracional de control sobre la mujer, falsamente estereotipada como un ser inferior y la prevalencia de valores culturales erróneos e indignos pero profundamente enraizados en la conciencia social.
Cambiar la situación generalizada de violencia que sufren las mujeres no se consigue sólo con medidas represivas de castigo individual. Sólo cuando puedan subvertirse los valores sociales: cuando las mujeres consigan la igualdad real; cuando la jerarquía familiar y social no sea predominantemente masculina, la violencia contra las mujeres será considerada como un extraño anacronismo.
Pero entre tanto y ante las dimensiones de esta tragedia cotidiana, es necesario arbitrar aquí y ahora medidas sociales y jurídicas urgentes para la protección de las mujeres que impliquen a todos los sectores sociales y a las Administraciones Públicas.
Por tanto, proponemos la adopción de una batería de 10 medidas urgentes:
1ª.- Que las Administraciones Públicas promuevan campañas publicitarias informativas y de prevención y sensibilización social.
Es imprescindible que estas campañas lleguen de forma amplia y directa a las ciudadanas de los ámbitos sociales más desfavorecidos, a través de anuncios televisivos y edición de trípticos al alcance de las mujeres, en ambulatorios de la Seguridad Social, Asociaciones de Vecinos, etc.
2ª.- Extensión a todo el territorio estatal de los Servicios policiales de atención a la mujer, y creación del mismo servicio en la Guardia Civil y Policías Autonómicas, con personal convenientemente formado en todos los casos.
3ª.- Impulsar la creación de nuevas casas de acogida a mujeres y de servicios específicos de atención psicológica, social y jurídica para mujeres víctimas de violencia doméstica.
4ª.- Creación de una Fiscalía especial para violencia doméstica a mujeres y a menores que implique la obligatoria comparecencia de un/a representante del Ministerio Público en todos los juicios por malos tratos.
5ª.- Que los Colegios de Abogados creen un Turno de Oficio específico de asistencia inmediata y asesoramiento de mujeres maltratadas, con cursillo previo de formación sobre violencia doméstica. El asesoramiento debe ser integral, incluida la defensa en los juicios de faltas.
6ª.- Reformar el art. 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suprimiendo las referencias a los malos tratos inferidos por los maridos a las mujeres y la desobediencia de las mujeres y los malos tratos de éstas hacia los maridos, como supuestos que sólo pueden ser perseguidos a instancia de los perjudicados.
7ª.- Aplicar y desarrollar el art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé como primera medida a adoptar por el juez que tenga conocimiento de una acción delictiva la de dar protección a las/os perjudicadas/os.
En este punto es necesario denunciar una cierta inercia judicial en la escasa o nula aplicación de este precepto. La protección a las perjudicadas puede comportar entre otras la adopción de las siguientes medidas:
a) Expulsión temporal del domicilio familiar.
b) Prohibición de acercarse a la mujer a una cierta distancia kilométrica predeterminada, a su domicilio, lugar de trabajo o lugares públicos donde se encuentre.
c) Retención de armas.
d) Protección policial, etc., etc.
La vulneración de las medidas protectoras debe comportar una medida aflictiva para el infractor.
8ª.- Que todos los procedimientos judiciales, sean civiles o penales, donde existe un principio de prueba sobre malos tratos a mujeres o a menores se tramiten por la vía de urgencia, con especial referencia a las medidas provisionales o provisionalísimas en el ámbito del Derecho de Familia y los juicios de faltas por amenazas o violencia doméstica.
9ª.- Introducir la violencia psíquica como hecho punible en todos los delitos y faltas de lesiones y malos tratos.
10ª.- Iniciar una reflexión sobre la conveniencia de introducir en nuestro sistema judicial la figura de los jueces especializados en violencia doméstica.
El Pleno, del día 7 de diciembre de 1998, del XI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, se adhiere al Manifiesto.
Resulta alarmante que las únicas soluciones ofrecidas por el legislador, para abordar el terrible problema de las consecuencias lesivas o letales de la violencia doméstica contra las mujeres, sean puramente compensatorias del daño producido.
Las decenas de muertes que anualmente se producen de mujeres a manos de sus maridos o compañeros, no se evitan con normas como éstas.
Es urgente que las fuerzas policiales, el Ministerio Fiscal, y los jueces y magistrados, pongan fin de inmediato a la inaceptable pasividad de la que vienen dando muestra. En muchos casos, los homicidios y asesinatos de mujeres, son la crónica de una muerte anunciada.
Así, se debe aplicar por los jueces el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite la adopción de cuantas medidas sean precisas para proteger a la víctima. Para que la invocación por aquellos a las presuntas exigencias del principio de legalidad no sea óbice para su aplicación, deberán regularse expresamente dichas medidas, tales como la expulsión del agresor del domicilio conyugal y la prohibición de que se acerque a cierta distancia de donde se encuentra la agredida.
En el caso de que una mujer llegue a padecer lesiones graves o fallezca, tras haber solicitado el amparo del Estado, a través de las correspondientes denuncias, sin que se hayan tomado las medidas de protección necesarias, deberá considerarse al Estado como responsable civil subsidiario. Para ello, habrá de modificarse el artículo 121 del Código Penal.
La Comunicación ha sido leída en el Pleno por la compañera de Madrid, Begoña Lalana.
COMUNICACIÓN SOBRE EL ALARDE PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENARIO DEL XI CONGRESO ESTATAL DE MUJERES ABOGADAS.
El XI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas reunido en Plenario manifiesta:
Su solidaridad y apoyo a los colectivos de mujeres de Irún y Hondarribia que reivindican su participación en los desfiles del Alarde de estas localidades, por entender que reclaman el ejercicio de un derecho fundamental amparado constitucionalmente y su reconocimiento efectivo resulta, por tanto, inexcusable para lograr que la condición de la mujer como ciudadana de pleno derecho llegue a ser una realidad.
Bilbao, diciembre de 1997