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Timestamp: 2018-09-19 17:28:02
Document Index: 318078604

Matched Legal Cases: ['artículo 1546', 'artículo 1546', 'artículo 305', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 1960']

﻿ Sentencia SC14207-2014 de octubre 17 de 2014
SENTENCIA SC14207-2014 DE 17 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA DEBE HACERSE EN CONJUNTO Y RACIONALMENTE. CUANDO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA NO ES CLARO O LAS PETICIONES FORMULADAS EN ELLA SON CONTRADICTORIAS, EL JUEZ DEBE INTERPRETARLA, CON EL FIN DE ESTABLECER QUÉ SE SOLICITÓ CONCRETAMENTE. SEGÚN LA PROVIDENCIA, ESA LABOR HERMENÉUTICA DEBERÁ REALIZARSE EN CONJUNTO, PUES LA INTENCIÓN DEL DEMANDANTE NO SIEMPRE ESTÁ INDICADA EN LA PARTE PETITORIA, SINO TAMBIÉN EN LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO. ASÍ MISMO, EL ESCRITO DEBE SER ANALIZADO CON LÓGICA Y RACIONALIDAD Y NO DE FORMA MECÁNICA NI SUJETA A UN EXCLUSIVO CRITERIO GRAMATICAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:HERMENÉUTICA JURÍDICA, DEMANDA, ERROR DE HECHO, JUEZ, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia SC14207-2014 de octubre 17 de 2014
SC14207-2014
Radicación 11001-31-03-033-2000-05923-01
Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil catorce.
La acusación se erigió sobre un único cargo, en el que, bajo el amparo de la causal primera, se denunció la violación directa del artículo 1546 del Código Civil como consecuencia del error de hecho supuestamente cometido por el sentenciador en la interpretación de la demanda, que lo llevó a desestimar las pretensiones tercera y cuarta principales y subsidiarias de ese libelo, referentes a la condena a pagar unas sumas de dinero.
El Tribunal habría incurrido en la señalada infracción —sostuvo el censor— al considerar que dichas peticiones se formularon como “consecuenciales de la nulidad o la simulación invocadas o bien de la pretensión segunda, esto es, de la invalidación de los pagos que la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. hizo a la UNIÓN TEMPORAL BODEGA POPULAR CORABASTOS”(1).
Por el contrario —continuó— no fueron desacertadas las motivaciones del juzgador para fundar su negativa en relación con las pretensiones primera y segunda de la demanda, por lo que las conclusiones a las que arribó frente a esa parte del libelo no constituyen objeto de la crítica casacional.
Las peticiones de condena (tercera y cuarta principales y subsidiarias), en criterio de la recurrente, no recibieron de parte del juzgador consideraciones claras y puntuales como las que se efectuaron respecto de las relativas a la nulidad y a la simulación del acto de cesión de las rentas y flujos de caja correspondientes a los arriendos, repagos y demás ingresos inherentes a la operación de la Bodega Popular.
El ad quem —sin razón válida— entendió que las súplicas de condena a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. eran consecuenciales o dependientes de las referentes a la nulidad o a la simulación, o de la pretensión segunda principal en la que se solicitó la invalidación de los pagos efectuados a la UT Operación Bodega Popular Corabastos y por lo tanto estaban supeditadas al resultado de aquellas. Tal errada comprensión no se desprendía de las peticiones elevadas ni de los hechos que les sirvieron de sustento.
El genuino sentido del libelo —expuso la impugnante— evidenciaba que por medio de esas solicitudes se había ejercido la acción de cumplimiento prevista en el artículo 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio respecto del contrato de concesión 047-97 en relación al pago de las obligaciones contraídas por Corabastos a favor de la UT A. Muñoz, que cedió los derechos pecuniarios correlativos a la demandante, acto que se notificó debidamente a la citada corporación.
La inexistente relación de dependencia advertida por el Tribunal lo llevó a considerar que los dos grupos de pretensiones formuladas se referían al mismo concepto económico; empero, la lectura del libelo muestra que en tanto la declaración de invalidez de los pagos (pretensión segunda principal y subsidiaria) se solicitó respecto de los efectuados por la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. a la UT OBPC como consecuencia de la cesión realizada el 23 de septiembre de 1998, las condenas solicitadas en las peticiones tercera y cuarta principales y subsidiarias versaron sobre los valores pendientes a cargo de la misma corporación y a favor de la actora, derivados del primer acto de cesión que tuvo lugar el 6 de agosto de 1998, por lo que si bien no estaba facultada para reprochar la validez de aquellos, si tenía interés para reclamar los últimos.
Al no utilizar la expresión “como consecuencia” que acompañó a la pretensión segunda, se quiso denotar el carácter que de principales tenían los pedimentos tercero y cuarto, de ahí que el fallador debió prodigarles un estudio que reconociera su carácter autónomo e independiente de las demás solicitudes.
La recurrente concluyó que el yerro en la labor interpretativa fue manifiesto y trascendente, toda vez que el ad quem “a la ligera y sin ninguna justificación, asignó a la demanda un sentido que no tiene, dejando de ver el que sí poseía, amalgama de desatinos que provocaron la tergiversación de ese libelo introductorio, defecto constitutivo del error de hecho aquí denunciado”, el cual incidió en la resolución del litigio, pues determinó la negativa del derecho otorgado por los artículos 1546 del Código Civil y 870 del estatuto mercantil para que se cumpliera el contrato de fiducia y se indemnizaran los perjuicios irrogados(2).
Como consecuencia de los planteamientos expuestos, solicitó casar la sentencia proferida por el Tribunal en lo referente a la denegación de las pretensiones tercera y cuarta (principales y subsidiarias) de la demanda e imponer, en sede de segunda instancia, las condenas allí solicitadas con fundamento en las premisas que fijó el fallo en lo que no fue objeto de reproche.
1. La labor de la Corte en el examen de la sentencia impugnada se circunscribirá a establecer si el juzgador incurrió en el yerro de facto que se le atribuyó en la interpretación del libelo con el cual la demandante planteó sus pretensiones a la jurisdicción, dado que la acusación se dirigió únicamente a controvertir la negativa al pago de las sumas de dinero reclamadas tanto en las pretensiones principales como en las subsidiarias.
2. La demanda —se ha entendido— es el acto procesal más importante del proceso, pues constituye la base sobre la cual se adelanta este; en su texto se concretan las pretensiones del actor que, dicho sea de paso, limitan los poderes del juzgador, ya que la sentencia debe referirse concretamente a la causa petendi y al petitum aducidos en la misma, como así lo preceptúa el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
La parte demandada se encuentra en la obligación de pronunciarse expresamente sobre los pedimentos y los hechos de ese libelo, con indicación de los que admite, niega o no le constan (art. 92 num. 2º ejusdem), y la falta de manifestación es apreciada como indicio grave en su contra (art. 95 ib.); además, solo puede producirse la prueba sobre los hechos articulados en el escrito introductor del juicio, su réplica y los que el funcionario judicial considere de oficio, por cuanto únicamente ellos constituyen la materia de la litis (art. 178 ib.).
El papel trascendental que se le ha asignado a la demanda, ha llevado al legislador a consagrar varios requisitos que debe contener para que sea procedente su admisión.
Entre esos requerimientos se encuentra el previsto en el numeral 5º del artículo 75 del estatuto adjetivo que reclama la exposición de lo “que se pretenda, expresado con precisión y claridad”, exigencia que no puede considerarse como una simple formalidad carente de sentido sustancial, dado que existe una vinculación esencial entre la demanda y la sentencia que ha de proferir el juez, de tanta relevancia procesal que la legislación instrumental ha establecido que no “podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta” (CPC, art. 305).
2.1. En algunas ocasiones, al pronunciarse sobre la admisión del libelo incoativo, el funcionario judicial no advierte que el actor no ha guardado una debida precisión y claridad en sus pretensiones ni en los supuestos fácticos que sirven de apoyo a tales súplicas, requerimientos sustanciales y formales establecidos por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al momento de dictar sentencia de mérito se encuentra con la oscuridad de dicho escrito que no le permite entender cabalmente cuál ha sido la causa petendi o cuáles las peticiones que se formularon, o puede encontrar también una contradicción entre tales elementos.
2.2. En esos eventos, el administrador de justicia necesariamente debe adelantar una labor de hermenéutica con el fin de dilucidar qué fue concretamente lo pedido, tarea que —sostuvo la doctrina jurisprudencial de la Corte— debe hacerse “en conjunto, porque la intención del actor no está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho” (XLIV, 527) y no “mecánicamente, ni mucho menos hacerse con el exclusivo criterio gramatical que impongan los términos, palabras o expresiones en que la demanda se halle concebida; para que esté de acuerdo con su naturaleza y fin propios se impone una interpretación racional, lógica y ceñida al principio de que la demanda es el escrito a través del cual se busca la efectividad de los derechos subjetivos” (CLIX, p. 160).
3. A partir de esas premisas y con el fin de determinar si el ad quem cometió el desacierto que denunció la censura, es necesario detenerse en primer lugar, en el análisis y estudio de los pedimentos de la actora, que son del siguiente tenor literal:
I. PRINCIPALES
1. Se declare la nulidad absoluta de la cesión hecha por la UNIÓN TEMPORAL A. MUÑOZ, conformada por las sociedades ALFREDO MUÑOZ Y CÍA. LTDA. Y ALFREDO MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A., a título de compraventa, a la UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR, conformado por las sociedades ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA. y SCHMEDLING ASOCIADOS & CÍA. LTDA., el 23 de septiembre de 1998, en lo que hace referencia a las rentas y flujos de caja correspondientes a arriendos, repagos y demás ingresos inherentes a la operación de la Bodega Popular, por haber sido cedidos con anterioridad a la FIDUCIARIA CÁCERES Y FERRO S.A. “En liquidación” con el fin de pagar las obligaciones contraídas con los beneficiarios del patrimonio autónomo FIDEICOMISO CORABASTOS.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad se deberán tener por no válidos los pagos hechos por la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ, CORABASTOS, a la UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR conformado por las sociedades ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA. y SCHMEDLING ASOCIADOS & CÍA. LTDA., por arriendos, repagos y cualquier otro pago inherente a la operación de la Bodega Popular.
3. Se condene a la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A., CORABASTOS, a pagar a la FIDUCIARIA CÁCERES Y FERRO S.A. “En liquidación” a órdenes y con destino al patrimonio autónomo FIDEICOMISO CORABASTOS la suma de $ 9.898.365.325 mcte., sumas correspondientes a las rentas y flujos de caja por arriendos, repagos y demás ingresos inherentes a la operación de la Bodega Popular, o lo que resulte probado, como consecuencia de la cesión hecha a la citada Sociedad Fiduciaria.
4. Condenar a la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A., CORABASTOS, a pagar a la FIDUCIARIA CÁCERES y FERRO S.A. “En liquidación”, el lucro cesante correspondiente al no pago oportuno de las sumas cedidas a la FIDUCIARIA CÁCERES y FERRO S.A. “En liquidación” y con destino al patrimonio autónomo FIDEICOMISO CORABASTOS, correspondiente a los intereses moratorios, liquidados a la máxima tasa autorizada por la ley, sobre las sumas cedidas, causadas desde la fecha en que debieron ser pagadas a la Sociedad Fiduciaria y hasta cuando efectivamente se verifique su pago.
5. Condenar a la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A., CORABASTOS, a pagar las costas y agencias en derecho que se causen por el presente proceso.
1. Se declare que la cesión hecha por la UNIÓN TEMPORAL A. MUÑOZ, conformada por las sociedades ALFREDO MUÑOZ Y CÍA. LTDA. Y ALFREDO MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A., a título de compraventa, a la UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR, conformado por las sociedades ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA. y SCHMEDLING ASOCIADOS & CÍA. LTDA., el 23 de septiembre de 1998, es simulada absolutamente y por tanto deberá ordenarse que se devuelvan las cosas a su estado anterior.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria de simulación se deberán tener por no válidos los pagos hechos por la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ, CORABASTOS, a la UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR conformado por las sociedades ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA. y SCHMEDLING ASOCIADOS & CÍA. LTDA., por arriendos, repagos y cualquier otro pago inherente a la operación de la Bodega Popular.
5. Condenar a la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A., CORABASTOS, a pagar las costas y agencias en derecho que se causen por el presente proceso(3).
3.1. Del análisis de los pedimentos de la demanda con la cual se inició el litigio, encuentra la Corte que —al contrario de lo que aseveró la recurrente— en dicho libelo no se precisó que la actora incoaba dos acciones diversas, una de cumplimiento del contrato y otra encaminada a lograr la nulidad absoluta o la simulación de la cesión efectuada el 23 de septiembre de 1998 entre la UT A. Muñoz y la UT Operación Bodega Popular Corabastos (UT OBPC).
El petitum de la demanda se limitó a dividir las súplicas en dos segmentos en los que se enlistaron unas peticiones principales y otras subsidiarias; en ambos fueron reclamadas similares declaraciones y condenas, con excepción de la primera pretensión de cada uno de esos grupos, en las que se deprecó, en su orden, la nulidad y subsidiariamente, la simulación del acto de cesión de los derechos pecuniarios derivados del contrato de concesión 047-97. En ninguna de tales peticiones se pidió declarar que en virtud de la cesión realizada a la Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., tenía derecho a recibir de Corabastos S.A. las sumas de dinero a que se contrajeron los pedimentos de condena contenidos en los numerales 3º y 4º del petitum.
Las solicitudes de imponer una obligación de pago a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. —por la manera en que fueron redactadas y ubicadas en el libelo—, quedaron subordinadas, de una u otra forma, a la nulidad o a la simulación de la cesión a la UT OBPC, y así no se haya utilizado la expresión “como consecuencia de lo anterior”, “en consecuencia”, “consecuentemente” o alguna similar, de modo razonable el sentenciador podía colegir que no eran súplicas autónomas o independientes de los otros pronunciamientos allí pedidos.
3.2. En la causa para pedir expuesta en el escrito incoativo, tampoco aparece algún supuesto fáctico que, de manera diáfana, permitiera concluir que la sociedad actora estaba ejerciendo una acción de cumplimiento del contrato de fiducia, además de la de nulidad o simulación de la segunda cesión relacionada con la concesión 047-97.
En efecto, en los hechos del libelo, la actora afirmó que:
(i) La UT A. Muñoz y Corabastos celebraron el precitado convenio de concesión, cuyo objeto era el de “elaborar los estudios, diseños definitivos, construcción, explotación, conservación y suministro de equipos, operación técnica y administrativa, elaboración del estudio, diseño y construcción de la vía de tráfico pesado semiperimetral de la denominada Bodega Popular” (hecho 1º);
(ii) La parte demandante y la UT A. Muñoz acordaron, mediante contrato de fiducia irrevocable de administración y fuente de pago, que la fiduciaria obtendría recursos económicos de algunos inversionistas (beneficiarios de la fiducia), obligándose al pago de las obligaciones contraídas por la fideicomitente por una cantidad aproximada de $ 2.500.000.000,oo (hechos 2º y 3º);
(iii) La señalada unión temporal transfirió los derechos pecuniarios que obtuviera del contrato de concesión 047-97 a la actora, con el propósito de que esta pagara las sumas de dinero adeudadas a los beneficiarios de la fiducia (hecho 4º);
(iv) Corabastos no estuvo de acuerdo con el contenido de la cesión ni con el negocio fiduciario, frente a los cuales expuso sus inconformidades (hechos 5º y 6º);
(v) La UT A. Muñoz ratificó la comentada transferencia de derechos económicos a través de comunicación que el 14 de septiembre de 1998 le remitió a Corabastos (hecho 7º);
(vi) La deudora cedida (Corabastos) fue notificada del acto de cesión mediante cartas enviadas el 28 de agosto y el 14 de septiembre de 1998, quien manifestó objeciones improcedentes en tanto lo cedido no fue el contrato, sino las rentas que el mismo le representaba a la UT A. Muñoz (hechos 8º, 9º y 10);
(vii) El 23 de septiembre de 1998, la UT A. Muñoz cedió todo el contrato a la UT OBPC, integrada en esa misma fecha por las sociedades Representaciones Pradilla Ltda. y Schmedling Asociados & Cía. Ltda. con el fin de operar la Bodega Popular, cesión que el mismo día se notificó a Corabastos, aceptándola el 25 de septiembre de 1998 (hechos 11, 12, 13 y 14);
(viii) La segunda cesión verificada está viciada de nulidad y tiene visos de haber sido simulada, de acuerdo con los indicios que resaltó la actora (hechos 15 y 16);
(ix) La Superintendencia Financiera tomó posesión de los bienes y activos de la sociedad fiduciaria Cáceres y Ferro S.A., cuyos beneficiarios se encuentran en una situación muy grave, dado que los fondos destinados para el pago de las deudas a su favor, han sido recibidos por la UT OBPC, por lo que ellos no recibieron los réditos de sus aportes a pesar de que los pagos realizados por Corabastos a esa unión temporal carecen de validez en los términos del artículo 1960 del Código Civil (hechos 17, 18 y 19).
3.3. El compendio precedente de los hechos en los que se apoyaron las pretensiones de la actora, permite establecer que en ninguno de esos elementos integrantes de la causa petendi se afirmó por la demandante que a la par de las acciones de nulidad y de simulación, ejercía también la de cumplimiento del contrato de fiducia, lo que no puede derivarse de la mera alusión a la transferencia de derechos económicos a favor la entidad fiduciaria contenida en el numeral 4º de ese capítulo de la demanda.
Si bien en los tres últimos hechos se hizo referencia a los dineros recibidos por la Unión Temporal Operación Bodega Popular Corabastos (UT OBPC) y a los perjuicios sufridos por los beneficiarios del encargo fiduciario, tampoco se señaló que la corporación mencionada estuviera obligada a pagar las cantidades monetarias reclamadas en las pretensiones tercera y cuarta (principal y subsidiaria) de la demanda como consecuencia de la cesión realizada por la UT A. Muñoz a favor de la fiduciaria Cáceres y Ferro S.A. de los flujos de caja consistentes en arrendamientos, repagos y demás ingresos que la unión temporal recibiera de la citada Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
En suma, con la causa petendi del libelo introductorio del juicio tampoco podía demostrarse que el Tribunal hubiera incurrido en el error de hecho que denunció la casacionista.
Por último, en el capítulo dedicado a los fundamentos de derecho de la acción, no se mencionó un solo precepto que sirviera de pie de apoyo para abonar la tesis del recurrente de que —en los términos expresados en la demanda— se ejerció la acción de cumplimiento de contrato consagrada en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, pues en tal acápite solo se citaron los artículos 396 y siguientes del estatuto de procedimiento civil y “demás normas concordantes y complementarias”(4), que no sirven para el enunciado propósito de sustentar el ejercicio de pretensiones relacionadas con hacer efectiva la cesión efectuada a su favor con la indemnización de perjuicios correspondiente.
3.4. En ese orden de ideas, aun interpretándose la demanda con criterio de amplitud, como un solo escrito integrado y no considerándose en forma separada o aislada las atestaciones y peticiones allí contenidas, no podría llegarse a la conclusión que planteó la impugnante en el cargo, pues ningún elemento de la misma permite inferir que la promotora del juicio también ejerció la acción de cumplimiento de contrato a la cual aludió en esta sede extraordinaria.
Contrario sensu, de modo razonable podía deducirse que la parte demandante quiso que una vez producida la declaratoria de nulidad o de simulación respecto de la cesión verificada el 23 de septiembre de 1998 entre la UT A. Muñoz y la UT Operación Bodega Popular Corabastos, se condenara a la Corporación de Abastos de Bogotá a pagarle los valores que de manera ilegal había cancelado a la última unión temporal citada, montos constitutivos de los perjuicios que estimó causados.
Lo anterior se corrobora con varias de las afirmaciones consignadas en el alegato de conclusión que presentó la sociedad demandante, en el que expresó:
La cesión a título de compraventa de la posición contractual verificada el 23 de septiembre de 1998, entre la UNIÓN TEMPORAL A. MUÑOZ, conformada por las sociedades ALFREDO MUÑOZ Y CÍA. LTDA. y ALFREDO MUÑOZ CONSTRUCCIONES S.A. y la UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR CORABASTOS, es la génesis de los perjuicios que en la presente causa (sic) depreca y la causa de un desmedro patrimonial de terceros inversionistas quienes de buena fe invirtieron sus ahorros, esperando parte de la rentabilidad del contrato de concesión.
Este artificio es reprochado por el derecho subjetivo, en la medida en que además de desconocer derechos adquiridos, produce incumplimiento contractual sobre el negocio jurídico que válidamente se celebró (Caso del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable)(5).
En el caso particular la cesión hecha a la UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN BODEGA POPULAR, conformado por las sociedades ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA. Y SCHMDEDLING ASOCIADOS & CÍA. LTDA. no solo es nula, por haberse cedido, los derechos de crédito con anterioridad al Fideicomiso CORABASTOS, sino que es una cesión simulada, en perjuicio del fideicomiso y de los intereses de sus acreedores y beneficiarios, a quienes de esta manera se les sustrajo ilegalmente, la fuente de pago de los dineros que entregaron a la fiduciaria.
Perjuicio que no se puede ignorar pues al desconocerse por la segunda cesión la hecha en su momento de manera irrevocable por el contrato de fiducia, causa de manera mal intencionada el detrimento patrimonial de los terceros(6).
Solicito a usted se acceda a las pretensiones de la demanda y, se siente un precedente como no lo ha habido en la jurisdicción ordinaria, en contra de quienes prevalidos de oscuros intereses en la contratación pública, en evadir sus obligaciones, en simular contratos, causaron inmensos y cuantiosos perjuicios a quienes confiados en la calidad de entidades financieras como FIDUCIARIA CÁCERES Y FERRO S.A. acudieron a depositar en muchos casos, los ahorros de toda su vida(7).
3.5. En varias y reiteradas ocasiones ha señalado esta Corporación —en el ámbito de la causal primera— que el error de hecho en la interpretación de la demanda requerido para casar una sentencia ha de tener las características de ser ostensible, evidente, protuberante o manifiesto amén de trascendente. Con otras palabras, ha de tratarse de una equivocación de tal entidad que, a primera vista, permita evidenciar una absoluta y total discordancia con el contenido objetivo de ese libelo.
Por lo anterior, ha dicho la Sala que las “dudas o vacilaciones sobre la inteligencia de una demanda están indicando de suyo que la prevalencia de una cualquiera de sus aceptables interpretaciones no puede lógicamente estimarse como algo manifiestamente erróneo, porque si ninguna de ellas desborda el objeto jurídico que con dicho libelo el demandante busca que se le tutele, la elección que haga el sentenciador en nada contradice la evidencia que dicho escrito indica” (LXVII, 434; CLIX, p. 160).
4. En la hermenéutica de la demanda y según lo que en sana lógica se desprende de los elementos de juicio mencionados, la Sala no advierte que el sentenciador hubiera cometido un equívoco de las dimensiones que estructuran el error de hecho al considerar que las pretensiones tercera y cuarta (principal y subsidiaria) de ese libelo tenían el carácter de consecuenciales en relación con las peticiones de declaratoria de la nulidad de la cesión hecha a la UT Operación Bodega Popular Corabastos o de que aquel acto era simulado, porque la interpretación que realizó de tal escrito no se evidencia totalmente discordante con lo que la actora planteó en el mismo.
Ante el fracaso de la impugnación, se condenará a la demandante al pago de las costas causadas en esta sede.
Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 16 de marzo de 2012 por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario de la referencia.
Costas del recurso extraordinario a cargo de la impugnante. Inclúyase la suma de $ 6.000.000 como agencias en derecho a favor de las sociedades Constructora AMCO Ltda., Alfredo Muñoz Construcciones S.A., Asesorías y Representaciones Pradilla Ltda. y Schmedling Asociados y Cía. Ltda., por cuanto presentaron oposición a la demanda de casación.
(1) Folio 10, cdno. Corte.
(2) Folio 19, cdno. Corte.
(3) Folio 90, cdno. 1.
(4) Folio 92, cdno. 1.
(5) Folio 1535, cdno. 1.
(6) Folio 1536, ib.
(7) Folio 1552, ib.