Source: http://www.olivares.mx/las-medidas-cautelares-en-la-observancia-de-derechos-de-propiedad-intelectual-en-mexico/
Timestamp: 2018-04-20 16:41:31
Document Index: 106981512

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 244', 'artículo 245', 'artículo 246', 'artículo 252', 'Artículo 251', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 199', 'artículo 149']

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO – OLIVARES
OLIVARES > Knowledge & Resources > Articles > Copyright Law Articles > LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO
OLIVARES » Sin categoría » Copyright Law Articles » LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO
Las medidas cautelares pertenecen a lo que la teoría general del proceso denominaría – “Etapa Preliminar” o previa a la iniciación del proceso civil. Diversos autores mexicanos como Briseño Sierra y Ovalle Favela dividen la etapa preliminar en las tres siguientes partes:
b) Medidas cautelares. Se utilizan para asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. Obviamente, como señala Briseno Sierra, ésta no tiene por propósito ejecutar la sentencia, “sino eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva”.
La doctrina y legislación mexicana ven las medidas en el sentido tradicional del concepto, esto es, como formas de aseguramiento del fallo. Por lo general se imponen en la fase preliminar del proceso, aunque pueden decretarse durante el proceso principal. Los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconocen lo anterior. Asimismo, tanto ley como doctrina señalan que en ningún caso la tramitación de la medida cautelar tiene incidencias sobre el proceso principal o afecta su desarrollo, dado su carácter instrumental o “accidental”, como lo denomina Briseño Sierra. Para él, “la pretensión de la medida cautelar no impide, no prolonga ni interrumpe el procedimiento principal. Esta medida debe seguirse por separado, lo que no obsta para que en su día lo actuado caiga, acceda al procedimiento principal. Este acceder, este caer en el procedimiento conexo, es el que origina el carácter accidental”.
Los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no se refieren a las medidas cautelares como tales. Ambos ordenamientos las llaman “providencias precautorias” y bajo ese rubro establecen una serie de instrumentos enderezados al aseguramiento de la sentencia. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es más exhaustivo que el Código Federal de Procedimientos Civiles, por cuanto al alcance de sus disposiciones. Entiende dicho ordenamiento la diferencia entre medidas de carácter personal, como el arraigo o separación de personas y de carácter real, como el secuestro provisional de bienes. Considera procedente el secuestro provisional “cuando se teme que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real” (articulo 235 fracción II) o “cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene” (artículo 235 fracción III). Asimismo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contempla otras medidas reales, de contenido más especifico, aplicables a acciones particulares como el juicio especial de desahucio, concursal, sucesorio, ejecutivo o hipotecario, además de cierto tipo de interdictos.
En lo referente al procedimiento, el Código Procesal del Distrito Federal obliga al solicitante de la medida o providencia precautoria “acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita” (articulo 239, primer párrafo). La necesidad podrá estar determinada por el peligro de que el bien se pierda en caso de que el procedimiento se demore. Independientemente de la prueba que acredite el derecho y la necesidad de la medida, el solicitante deberá otorgar fianza para “responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya porque entablada la demanda, sea absuelto el reo” (artículo 244). A su vez, el afectado puede otorgar contra garantía para levantar la medida, la cual podrá consistir en fianza o hipoteca (artículo 245). Las providencias precautorias (reales o personales), se decretan siguiendo el principio inaudita altera pars (artículo 246), lo cual significa que el afectado sólo puede hacer manifestaciones después de que la medida se haya decretado (artículo 252). Si la medida es previa al inicio del proceso, el solicitante deberá presentar demanda sobre el fondo de la controversia, a más tardar tres días después de que la autoridad judicial la haya ejecutado (articulo 250). En caso contrario, “la providencia precautoria se revocará luego que lo pida el demandado” (Artículo 251).
En efecto, el articulo 389 del Código Federal establece que “dentro del juicio, o antes de iniciarse éste, pueden decretarse a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y II. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito”. De lo anterior se observa que la noción del Código Federal no se restringe a acciones reales o personales o a juicios de tipo especial como desahucio, concurso, sucesorio, ejecutivo o hipotecario, entre otros. El lenguaje que utiliza el Código Federal permitiría, en principio, considerar su aplicación a embargos efectuados sobre bienes y derechos distintos a los reales o personales, como podrían ser los inmateriales sobre los que recae la protección de la propiedad intelectual.
El mundo se dio cuenta de lo equivocado que resulta el utilizar la copia como estrategia de crecimiento. Lo anterior se dio en forma paralela a la tendencia de cambio sustentada en el fortalecimiento de la economía de libre empresa y comercio internacional. El comercio sano rechaza toda forma de “piratería”, como algunos se refieren al ilícito consistente en la fabricación o comercialización de productos sin la autorización del titular del derecho correspondiente.
Los tratados internacionales de libre comercio como el “General Agreement of Tariffs and Trade” (GATT) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), reconocieron por primera vez, la necesidad de estándares de protección referidos a la observancia de derechos de propiedad intelectual. El objeto general de dichos tratados es el impulso y preservación del comercio internacional, dentro de un marco de protección a los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior se produce en gran medida por la normativa en materia de observancia, motivada por la necesidad de que se brinden remedios que garanticen el comercio de productos legítimos.
En el contexto anterior, surge la medida ”precautoria” -según la denomina NAFTA- o medida “provisional” -según la llama TRIPS-, como instrumento de observancia de derechos de propiedad intelectual. La medida cautelar es la figura central de NAFTA y TRIPS y constituye el eje sobre el que giran dichos instrumentos internacionales. Como diría la doctora Schlatter del Max Planck Institut, citando a su vez a Fernández Novoa, Gómez Segade y otros ilustres profesores españoles y alemanes, “las medidas cautelares representan el corazón de la protección de la competencia desleal y la infracción de derechos de propiedad industrial”. En efecto, como señala Schlatter, la afectación al derecho de propiedad intelectual provocado a través del acto ilícito produce daños inconmensurables, a veces irreparables o difícilmente resarcibles, aun mediante compensación económica o monetaria. El acto ilícito destruye el bien tutelado; lo pulveriza, por lo que a fin de evitarlo, el órgano de justicia debe recurrir a todos los medios al alcance.
El tema de medidas cautelares es equivalente en la normativa de TRIPS y NAFTA. Estos procuran la observancia de derechos a través de medidas “provisionales” -en el caso de TRIPS- y “precautorias” -para NAFTA-, “rápidas y eficaces, tendientes a evitar que se produzca la violación o infracción de derechos y a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción” (artículos 50 de TRIPS y 1716 de NAFTA). Ambos tratados prevén la posibilidad de que la medida se adopte, sin haber oído a la otra parte (artículo 50 (2) de TRIPS y 1716 (4) de NAFTA). Asimismo contemplan la facultad de la autoridad jurisdiccional para exigir al demandante según dice TRIPS o solicitante según dice NAFTA, a que presente las pruebas necesarias para acreditar, presuntivamente (“con un grado suficiente de certidumbre”), que es el titular del derecho infringido y que se han cumplido una serie de supuestos, que varían en uno y otro tratados, tendientes a demostrar que el derecho haya sido o sea inminentemente objeto de infracción (articulo 50 (3) de TRIPS y 1716 (2) (a), (b) y (c) de NAFTA). En relación al procedimiento, los tratados se refieren a la forma de notificación; la oportunidad del demandado a la revisión de las medidas, una vez impuestas, a fin de que se modifiquen o revoquen; el depósito de fianza pan garantizar posibles daños o perjuicios; la obligación de entablar acción en el fondo del asunto, para lo cual se establece un plazo máximo de 20 días hábiles; la obligación a cargo del demandante o solicitante a pagar compensación “adecuada” (así lo dicen los dos tratados), si no se presenta demanda o pierde la acción de fondo (artículo 50 (4), (5), (6), (7) y (8) de TRIPS y 1716 (3), (5), (6) y (7) de NAFTA).
Una acción contemplada en los dos tratados y que es de gran relevancia, es la medida en frontera. A través de ésta las autoridades aduaneras de estados miembros de TRIPS y NAFTA deberán ordenar la suspensión del despacho de mercancías para su libre circulación, siempre y cuando se acredite la presunción de la infracción, se ofrezca la descripción “suficientemente detallada” de las mercancías, la posterior presentación de la demanda y una fianza de garantía (artículos 51, 52 y 53 de TRIPS y 1718 (1), (2), (3), y 4 de NAFTA). El procedimiento establecido en los dos tratados es asimismo muy similar. También hay parecido entre el procedimiento de medidas en frontera y el de medidas en general. Los tratados señalan la obligación a cargo de la autoridad a notificar la medida con prontitud y el derecho del sujeto pasivo de la medida a pedir su revisión.
La autoridad competente puede imponer medidas en frontera actuando de oficio, pudiendo requerir al titular del derecho toda la información que pueda aportar en el desarrollo de la acción. Asimismo, la autoridad competente debe notificar tanto al titular como importador de la ejecución de la medida (articulo 58 de TRIPS y 1718 (II) de NAFTA). A su vez, los tratados confieren al solicitante el derecho a la inspección de los productos retenidos por las autoridades de aduanas; el importador podrá pedir la inspección también (articulo 57 de TRIPS y 1718 (10) de NAFTA). Por último, el procedimiento contempla el derecho del importador a obtener compensación o indemnización “adecuada”, en los casos que no se formula demanda o que la acción se resuelva de fondo en su favor (articulo 56 de TRIPS y 1718 (9) de NAFTA).
En relación al procedimiento de implementación de medidas en este último país, explica la doctora Schlatter, que antes de iniciarse el procedimiento de medidas -de cesación,- se acostumbra el que el posible solicitante envíe un comunicado al presunto infractor, que en alemán se conoce como Abmahnung. Este es necesario para evitar el riesgo de incurrir en la obligación al pago de gastos y costas “cuando al comienzo del procedimiento de medidas cautelares o de la acción principal, el demandado acepta la obligación de cesación mirando solamente el soportar los costos de dicho procedimiento, con el argumento de que no ha dado motivo para comenzar este procedimiento.” Ante el Abmahnung, el demandado puede reaccionar a través de un escrito llamado Schutzschrifft, en el que formula defensas y cuyo propósito es evitar que el juez competente siga el procedimiento inaudita altera pars.
Las medidas cautelares de los procedimientos de propiedad intelectual asimismo se regulan en la Ley de la Propiedad Industrial. En principio, es posible recurrir a aquéllas contempladas en los Códigos Federal de Procedimientos Civiles o de Procedimientos para el Distrito Federal. Sin embargo, por la especificidad de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y por la amplitud de su contenido, resulta innecesario recurrir a los códigos procesales. Según se ha dicho en este trabajo, la visión de los códigos es limitada y no refleja las necesidades que la materia impone. El objeto de la propiedad intelectual es presa fácil del ‘licito y por su naturaleza y características, es susceptible a extinguirse. Por ello la necesidad de que el legislador mexicano trabajan en un ordenamiento que propugnara por la preservación y garantía del objeto de la propiedad intelectual.
Párrafos arriba se hizo mención a las medidas cautelares en función de los estándares de NAFTA y TRIPS. Se decía ahí que los dos procedimientos prevén disposiciones aplicables a medidas, entre otras, referidas a las causas y efectos, a los fundamentos y presupuestos y al procedimiento que las rige. Ninguno de los tratados señala medidas en concreto, con excepción de aquélla que se adopta en frontera. Por lo demás, los estados miembros adquieren la libertad de establecer las medidas que consideren mas adecuadas, siempre y cuando se cumplan los objetivos trazados, como lo es el “evitar que se produzca la infracción”, y en particular, que las mercancías objeto de ilícito “ingresen en los circuitos comerciales”.
Asimismo, TRIPS y NAFTA marcan como parámetro el que los estados parte deban imponer medidas tendientes a la preservación de las “pruebas pertinentes” que se relacionen con la presunta infracción.
“ART. 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:
Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.”
El precepto citado establece las distintas medidas que es posible adoptar en los procedimientos de declaración administrativa, cuyo alcance es muy amplio. El solicitante de la misma está facultado para pedir a la autoridad competente, esto es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo referido por sus siglas “IMPI”), que ordene lo siguiente:
“ART. 199 Bis I.- Para determinar la práctica de las medidas a, que se refiere el articulo anterior, el Instituto requerirá al solicitante que:
“ART. 199 Bis 4.- El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción.”
“ART. 199 Bis 5.- El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas,”
“ART. 199 Bis 6.- En cualquier medida provisional que se Practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. “
“ART. 199 Bis 7.- El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.”
“ART. 199 Bis 8.- En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados”.
El articulo 199 Bis 2 de la ley estipula que “la persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que se refiere el articulo 199 Bis de esta ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida”. Asimismo señala el precepto citado la facultad del IMPI para “modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten”.
“ART 199 Bis 3 –El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el Articulo 199 Bis será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:
ll.– Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida”.
De igual forma, el artículo 199 Bis 4 establece la facultad de IMPI para poner a disposición del afectado la fianza o contrafianza exhibidas originalmente, cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción. Por último, la ley obliga al solicitante de la medida presentar demanda forma de infracción, que verse sobre el fondo de la controversia, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que surte efectos la aplicación de la medida. En caso de no hacerlo, el solicitante de las medidas provisionales “será responsable del pago de darlos y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado”. El precepto en comento no prohíbe al solicitante formular demanda de fondo al momento en que la medida se ejecuta o bien, dentro de los 20 días hábiles siguientes.
“Art. 148. – Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos .
Por otra parte, el artículo 149 aduce lo que el solicitante de la medida en frontera deberá acreditar a fin de que la autoridad competente expida la orden de suspensión de libre circulación de mercancías. De lo anterior se aprecia el carácter restrictivo de los requisitos que la ley pide satisfacer. Obtener la información tan a detalle que la ley señala resulta difícil o casi imposible. Son pocos los casos en los que se cuenta con ella. Ese no es el espíritu de TRIPS o NAFTA, los cuales solo piden que la descripción sea detallada “suficientemente”.
Por fortuna la práctica es distinta a lo que la ley que señala. La autoridad aduanera se ha mostrado interesada por resolver este tipo de problemas y se ha avocado a obtener y revisar los embarques y contenedores que entran al territorio nacional, según lo indique el “semáforo fiscal” o “sistema aleatorio”. Si de la revisión se percata de producto posiblemente infractor, procede a llamar a IMPI o al Ministerio Público. Este último tiene de hecho oficinas en las aduanas, las cuales se encargan de la investigación de delitos tales como narcotráfico, contrabando y piratería. El procedimiento pues se lleva de oficio, casi siempre y bajo los parámetros
Previous Previous post: Protecting patents in Mexico
Next Next post: LEGISLATION AND ENFORCEMENT – COPYRIGHT 2006