Source: https://es.scribd.com/doc/78959157/20/II-ELEMENTOS-PERSONALES-DE-LA-EMPRESA
Timestamp: 2016-02-06 07:39:09
Document Index: 340395759

Matched Legal Cases: ['artículo 281', 'artículo 290', 'artículo 281', 'artículo\n290', 'artículo 280', 'artículo 281', 'artículo 282', 'artículo 91', 'artículo 283', 'artículo\n286', 'artículo 286', 'artículo 284', 'artículo 288', 'artículo 287', 'artículo\n280', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 2', 'artículo\n1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo\n1', 'artículo 2', 'artículo 81', 'artículo 292', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 14']

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1) Nociones introductorias.
Los elementos personales de la empresa son evidentemente los más im-
portantes, puesto que sólo ellos son capaces de desarrollar la actividad de
producción y oferta de bienes y servicios en el mercado.
El empresario, esto es, el titular de la empresa es el elemento fundamen-
tal, puesto que es él el que puede realizar los actos jurídicos necesarios para
que la empresa funcione y pueda operar en el mercado. Sin empresario no
puede haber una empresa que participe en el mercado, pero el empresario
se distingue de la empresa; es el titular de ésta. Por ello una misma empresa
puede tener sucesivamente distintos titulares, que tendrán cada uno de ellos
la consideración de empresario. Al estatuto jurídico del empresario ya se ha
Ese empresario podrá ser tanto una persona física como una persona
jurídica. En este último caso la actividad empresarial tendrá que ser desarro-
V. La empresa: elementos y negocios sobre la misma
liada por las personas físicas a las que corresponda la representación legal
de la persona jurídica, esto es, a sus administradores.
Normalmente no es posible que una sola persona física pueda desarro-
llar la actividad empresarial, aunque no es imposible y puede ocurrir así en
las que podríamos denominar «miniempresas». Pero lo normal es que el
empresario cuente con el trabajo de otras personas físicas integradas en la
empresa a través del correspondiente contrato laboral.
El aspecto interno de las relaciones laborales dentro de la empresa no
es objeto de estudio por parte del Derecho Mercantil, sino que ese estudio
corresponde al ámbito del Derecho Laboral.
Para el Derecho Mercantil es, sin embargo, relevante la actuación que
puedan tener los trabajadores de la empresa, en la medida en que esa actua-
ción tenga incidencia jurídica directa en las relaciones de la empresa con
otros participantes en el mercado, sean éstos empresarios, otros operadores
económicos o consumidores. En definitiva, al Derecho Mercantil le interesa
la regulación legal de quienes estando vinculados al empresario por un con-
trato laboral actúan en el tráfico económico, frente a los restantes participan-
tes en el mismo, con una actuación a la que se vinculan efectos jurídicos
Estos colaboradores, integrados como elementos personales de la em-
presa, son los que se denominan habitualmente como «auxiliares del comer-
ciante», o con una terminología más moderna y adaptada a la realidad actual,
como «auxiliares del empresario».
Junto a los «auxiliares del empresario» en sentido estricto hay que consi-
derar a otras personas físicas vinculadas laboralmente al empresario y dedica-
das a promover la realización de operaciones mercantiles con terceros. Se
trata de los denominados «viajantes de comercio» o simplemente «viajantes».
Existe, además, otro aspecto en el que la relación entre empresario y los
elementos personales de la empresa tiene también relevancia para el Dere-
cho Mercantil. Se trata de aquellos aspectos de esas relaciones que pueden
tener también la incidencia en el mercado por afectar a la atribución de
titularidad sobre derechos de propiedad industrial o de derecho de autor
sobre bienes inmateriales creados dentro de la empresa o por afectar directa-
mente a la posición competitiva de ésta.
A. HERCOVlT/. RODRÍGUE/.-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
2) Auxiliares del empresario.
El empresario, esto es, el titular de la empresa en cuyo nombre personal
se establecen las relaciones jurídicas con los terceros, puede ser tanto una
persona física como jurídica y no tiene que ser necesariamente propietario
de los bienes integrados en la empresa, ni propietario del conjunto organi-
zado que es la empresa, puesto que puede disponer de la empresa en base a
un título jurídico distinto de la propiedad, como puede ser el arrendamiento
o el usufructo de la empresa.
Por supuesto, el empresario persona física y el empresario persona jurí-
dica a través de las personas físicas a las que esté atribuida su representación
legal pueden realizar, en el desarrollo de la actividad empresarial, todo tipo
de actos con efectos jurídicos frente a terceros.
Pero raramente puede desarrollarse la actividad empresarial exclusiva-
mente por medio del empresario persona física o de los representantes lega-
les del empresario persona jurídica. Tanto aquél como éstos se sirven habi-
tualmente de la actuación de personas físicas a las que tienen encargada de
manera permanente determinadas actuaciones que producen efectos jurídi-
cos frente a los terceros. Estos son los denominados «auxiliares del empresa-
A ellos se refiere el CCom en su artículo 281 cuando dispone que «el
comerciante podrá constituir apoderados o mandatarios generales o singula-
res para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta en todo o en
parte, o para que le auxilien en él».
Así pues, los auxiliares del empresario son personas físicas nombradas
directa o indirectamente por el empresario, subordinadas a él y a las que
tiene encomendadas con carácter estable determinadas actuaciones que tie-
nen frente a terceros los mismos efectos jurídicos que si hubieran sido reali-
zadas por el propio empresario.
En primer lugar, los auxiliares del empresario tienen que ser personas
físicas. Las personas jurídicas pueden establecer relaciones contractuales de
colaboración con el empresario, pero no pueden ser auxiliares del mismo.
Son personas físicas nombradas por el empresario para desempeñar la
actuación que les cualifica como auxiliares. Cuando se trata de un empresa-
rio individual, esto es, empresario persona física el nombramiento lo hace él
mismo. Si el empresario es una persona jurídica, entonces el nombramiento
V. La empresa: elementos v negocios sobre la misma
lo realizará el órgano de administración al que esté atribuida la representa-
ción legal. El artículo 290 reconoce que el poder del factor puede haber sido
otorgado por el empresario mismo, el principal, o por otra persona física,
como podría ser el administrador del empresario social.
Ahora bien, ese nombramiento no siempre será directamente realizado
por el empresario mismo o su representante legal, sino que frecuentemente
los auxiliares de menor nivel, como pueden ser por ejemplo los mancebos o
las personas encargadas de recibir las mercancías, son nombradas por otros
auxiliares de nivel superior, como pueden ser los factores, dentro del ámbito
de competencias que tienen atribuido.
Los auxiliares del empresario están subordinados al mismo en virtud de
una relación laboral, cuyo régimen jurídico puede variar según las funciones
que se le encomienden. Puede tratarse de una relación laboral normal regida
por el Estatuto de los Trabajadores; pero puede ser una relación laboral
especial, bien la que establece el RD 1382/1985, de 1 de agosto, por el que
se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta direc-
ción, bien la establecida en el RD 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de las personas que interven-
gan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin
asumir el riesgo y ventura de aquéllas.
No son, por tanto, auxiliares del empresario quienes realizan actuacio-
nes a favor o por cuenta del empresario pero sin estar subordinados laboral-
mente a él. Así, por ejemplo, no lo son los fedatarios públicos que realizan
actuaciones profesionales a petición del empresario, ni los agentes o comisio-
nistas, que actúan por cuenta del empresario en virtud de un contrato que
no tiene carácter laboral.
Tampoco son auxiliares del empresario las personas físicas que ostentan
la representación legal o forman parte del órgano de administración del
Estas distinciones son importantes porque sólo a los auxiliares del em-
presario en sentido estricto les son aplicables las normas del Código de Co-
mercio dedicadas a los mismos en los artículos 281 a 302.
Esa subordinación al empresario, que implica la obligación de seguir las
instrucciones y directrices que aquél le imparta, no precisa hacerse efectiva
sólo y de forma directa con el empresario mismo o su representante legal,
sino que se hará efectiva según el organigrama y organización jerárquica de
A. BERCOVE1V. RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
Esta subordinación jerárquica aparece claramente impuesta en el ar-
tículo 297 CCom, que hace responsable al auxiliar por haber procedido en
el desempeño de sus funciones con «infracción de las órdenes o instruccio-
nes que hubieren recibido».
La característica básica común a todos los auxiliares del empresario con-
siste en que todos ellos tienen atribuidas funciones para actuar, en nombre
y por cuenta del empresario (art. 281 CCom), con efectos jurídicos frente a
terceros; por lo tanto todos ellos tienen una representación del empresario,
con contenido más o menos amplio.
Puesto que el centro jurídico de atribución de obligaciones y derechos
de la empresa es la persona del empresario, aunque los auxiliares son ele-
mentos personales integrados en la organización empresarial, son auxiliares
del empresario, pues tienen la representación, con ámbito mayor o menor,
del empresario que es quien tiene la personalidad jurídica, y no de la em-
presa que carece de ella.
El hecho de que la característica básica de los auxiliares del empresario
consista en la representación que ostentan para el desarrollo de la actividad
empresarial implica que los terceros que participan en el tráfico económico
tienen que tener un medio fácil y seguro de conocer el carácter representa-
tivo de los auxiliares y el ámbito de la representación que ostentan.
Ello plantea un problema básico de publicidad de esa representación,
por cuanto esa publicidad tiene que respetar las exigencias de la protección
de los terceros de buena fe y de la forma habitual de actuación en la modali-
dad del tráfico económico en la que participe la empresa. Esa representación
no puede regirse por los criterios estrictos y formalistas del mandato civil
(arts. 1709 y ss.), sino que en ella cumple una función fundamental la apa-
riencia generada por la forma habitual de actuación del personal de la em-
presa en el tráfico económico y por la tipicidad del ámbito de representación
vinculado al desempeño de determinados cargos dentro de la empresa.
A tales efectos coexisten dos medios fundamentales de publicidad, cuya
importancia relativa es diferente según el ámbito de representación atribuido
al auxiliar. Por un lado, existe la publicidad del Registro Mercantil, que de-
sempeña un papel importante para los supuestos de poderes generales de
representación (factor); y por otra parte, es también especialmente relevante
la publicidad que genera la forma habitual de actuación del empresario y
personal de la empresa en el tráfico económico.
Como ya se ha señalado, la posibilidad de que el empresario encargue
a determinadas personas la realización de actuaciones por su cuenta y en su
nombre, dentro del tráfico económico, aparece establecida con carácter ge-
neral en el artículo 281 CCom. Y en la misma Sección 20 del Título III del
Libro Segundo del CCom, titulada «De otras formas del mandato mercantil.
Factores, dependientes y mancebos», se establecen otras normas que afectan
a los auxiliares del empresario en general.
Así, se les prohibe delegar en otras personas, sin autorización del empre-
sario, el encargo recibido. Si delegan sin contar con ese consentimiento,
responderán personalmente de las gestiones de los sustitutos y de las obliga-
ciones contraídas por éstos (art. 296 CCom).
Los auxiliares no sólo están sometidos a la prohibición de competir con
su principal, sino que no pueden realizar operaciones mercantiles por cuenta
propia sin conocimiento y licencia del principal (art. 300.2a
). La prohibición
de competencia es especialmente importante para los apoderados generales
(factores) (art. 288 CCom).
Y, por supuesto, los auxiliares responden en general por los perjuicios
que ocasionen a los intereses del principal si hubieren procedido en el des-
empeño de sus funciones con malicia, negligencia o infracción de las órdenes
o instrucciones que hubieren recibido (art. 297 CCom).
Por lo que se refiere a la extinción del apoderamiento conferido al auxi-
liar, parece que debe generalizarse a todos ellos lo dispuesto en el artículo
290 CC para el factor, esto es, que los poderes subsisten aunque muera el
empresario o la persona que hubiere otorgado el poder (art. 290 CCom).
Esta norma no es sino una manifestación concreta de una especialidad del
mandato mercantil o comisión frente al mandato civil (art. 1732.3a
CC), por
cuanto el artículo 280 CCom dispone que «no se rescindirá el contrato de
comisión por muerte o inhabilitación del comitente».
En cualquier caso, no debe olvidarse que el elemento más relevante del
régimen jurídico de los auxiliares del empresario es que se atribuyen al pro-
pio empresario los actos realizados por ellos dentro del ámbito de sus funcio-
nes representativas.
Cabe distinguir fundamentalmente dos clases de auxiliares del empresa-
rio, según el ámbito de las funciones que les han sido asignadas y del apode-
ramiento vinculados a tales funciones. Por ello diferencia el artículo 281
CCom entre apoderados o mandatarios generales y singulares.
Apoderados generales son los auxiliares a los que el empresario ha enco-
mendado que hagan en su nombre y por su cuenta todos los actos correspon-
dientes al tráfico de la empresa. Son los que el CCom denomina factores
(art. 283).
Por el contrario los apoderados singulares tienen encomendada la repre-
sentación del empresario no para todo el giro o tráfico de la empresa, sino
para un tipo de operaciones determinadas y con distinta amplitud según los
casos. Como apoderados singulares el CCom se refiere a los dependientes
(art. 292) y a los mancebos (art. 293).
B) Factor.
El CCom (art. 283) denomina factor al gerente de una empresa o esta-
blecimiento, que actúa por cuenta ajena y está autorizado para administrarlo,
dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él. Así pues, lo que carac-
teriza al factor es su condición de apoderado general que tiene facultades
para realizar actuaciones jurídicamente vinculantes para el empresario en
todo lo referente al giro o tráfico de la empresa o del establecimiento cuya
dirección y administración tiene encomendadas.
Operaciones pertenecientes al giro o tráfico de la empresa o del estable-
cimiento son aquellas que son habituales dentro de la actividad que en ellos
se desarrolla y que son consideradas como normales por los terceros como
parte de esa actividad.
Por tanto, para delimitar el ámbito de representación del factor es im-
portante lo que en el sector económico en el que opera la empresa o el
establecimiento se considera que es habitual en la actividad empresarial co-
El término «factor» utilizado por el Código de Comercio es evidente-
mente arcaico. El propio CCom utiliza como equivalente el término «ge-
rente» (art. 283), pero lo importante es sobre todo la idea de apodei amiento
general conferido, en el que se incluyan las funciones de administrar, dirigir
la empresa o establecimiento, y contratar con terceros en todo lo referente
al giro o tráfico de aquéllos. Por ello, en la práctica son habituales los térmi-
nos gerente, director, director general, director gerente y otros similares para
designar al que el CCom denomina factor.
Es interesante destacar que el propio CCom prevé que el factor pueda
serlo de un establecimiento o de una empresa fabril o comercial (arts. 283 y
286). Por supuesto el calificativo de «fabril o comercial» hay que interpre-
tarlo hoy en sentido amplio, esto es, como equivalente a empresa o estableci-
miento donde se produzcan u ofrezcan bienes o servicios para el mercado.
Pero la referencia diferenciada a empresa y establecimiento es impor-
tante, porque pone de manifiesto que el factor puede serlo de toda la em-
presa o solamente de un establecimiento determinado perteneciente a la
misma. Esta distinción se percibe con toda claridad con referencia a las sucur-
sales, al frente de las cuales habrá normalmente un factor (arts. 295 y 297.41
En el caso del factor encargado de dirigir un establecimiento concreto
de la empresa lo relevante, para delimitar el ámbito de su apoderamiento,
será el giro o tráfico de ese establecimiento, teniendo en cuenta la actividad
a que esté destinado, y no el giro o tráfico general de la empresa a la que
El nombramiento del factor corresponde normalmente al propio empre-
sario, pero también puede ser nombrado por otra persona que tenga atribui-
das por el empresario facultades para realizar esos nombramientos. Piénsese,
por ejemplo, en el director general de una empresa con facultades para
nombrar directores de las sucursales.
Cuando el empresario individual sea un menor o esté incapacitado será
su guardador o representante legal quien pueda nombrar al factor o factores
(art. 5 CCom en relación con los arts. 88.2 y 91 RRM).
En el caso de los empresarios personas jurídicas será el órgano de admi-
nistración y representación el que deba realizar ese nombramiento. Es pre-
ciso distinguir la representación que por disposición legal corresponda al
órgano de administración de la persona jurídica, de la representación volun-
taria que se le atribuye al factor.
En cualquier caso, lo que es evidente es que el factor no es el empresa-
rio, por lo que cuando actúa en nombre del empresario y dentro de su
ámbito de representación no asume ninguna responsabilidad personal frente
a terceros; de esas obligaciones responde exclusivamente el empresario (arts.
284 y 285 CCom).
Por supuesto, la persona física que vaya a ser nombrada como factor
debe tener no sólo capacidad de obrar general, sino que, además, no debe
estar incursa en ninguna de las prohibiciones que impiden el ejercicio del
comercio. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 282 en relación con los
artículos 13 y 14 CCom y el artículo 91.2 RRM.
A. BKRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
(lomo se ha venido exponiendo, lo fundamental del factor es el ámbito
general de la representación que tiene atribuida. Por ello tiene la mayor
trascendencia determinar el medio de publicidad a través del cual puedan
los terceros que participan en el tráfico económico conocer el poder de
representación del factor, y consiguientemente, el ámbito de esa representa-
Esa publicidad del poder del factor puede producirse por dos medios
distintos: a través de la publicidad legal del Registro Mercantil, y a través de
la publicidad de hecho que resulta de la actuación del factor en el tráfico
Por lo que se refiere a la publicidad legal, el CCom prevé la inscripción
en el Registro Mercantil de los poderes generales que otorguen los empresa-
rios, tanto individuales como sociales (art. 22 CCom).
Ahora bien, para poder inscribir el poder del factor es requisito previo
que esté inscrito el empresario que otorga el poder (art. 11.1 RRM). Esta
exigencia tiene particular importancia por lo que se refiere al empresario
individual, porque la inscripción de éste no es obligatoria, sino potestativa
(art. 19.1 CCom). Así ocurre que de hecho en la inmensa mayoría de los
casos los empresarios individuales no están inscritos en el Registro Mercantil,
lo cual tiene como consecuencia que no pueden inscribir los poderes de los
factores (art. 19.1 CCom). En esos supuestos, por tanto, el único medio de
publicidad será el de la actuación del factor en el tráfico económico.
También interesa señalar que para que pueda inscribirse el poder de un
factor encargado de la dirección de una sucursal, será necesario que previa
o simultáneamente se inscriba la sucursal de que se trate (arts. 296 y 297
Partiendo, pues, de esa alternativa existente en cuanto al medio de publi-
cidad del poder del factor (publicidad legal y publicidad de hecho), se plan-
tea una cuestión fundamental, esto es, cuál sea el ámbito de la representación
que ostenta el factor, esto es, si ese ámbito está fijado legalmente con un
contenido inderogable o si, por el contrario, el ámbito de representación
que le corresponde podrá ser delimitado libremente por el empresario que
Como punto de partida para solucionar la cuestión planteada, debe te-
nerse en cuenta que el artículo 283 CCom, al establecer la noción del factor
prevé expresamente que haya sido nombrado «con más o menos facultades,
según haya tenido por conveniente el propietario». Parece, pues, claro que
el factor puede tener «más o menos facultades» en el poder que ostenta.
Pero esta norma hay que coordinarla con lo dispuesto en el artículo
286 CCom, referido al denominado «factor notorio», en el que se obliga al
empresario por los actos realizados por ese factor notorio aun cuando se
alegue abuso de confianza o transgresión de facultades.
La interpretación conjunta de ambos preceptos se relaciona necesaria-
mente con el medio de publicidad a través del cual se haya dado conoci-
miento a los terceros del poder del factor.
Cuando la publicidad del nombramiento del factor es exclusivamente
una publicidad de hecho, basada en la apariencia que genera la forma de
actuar el factor en el tráfico, entonces rige plenamente lo dispuesto en el
Como declara la STS de 28 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 6273), en
el Caso UAP Ibérica, en el caso del factor notorio «la apariencia jurídica
creada con su comportamiento frente a terceros de buena fe explica también
la vinculación del comitente con los terceros de buena fe en otras decisiones
que constituyen una línea jurisprudencial bien consolidada (Sentencias de
22 de junio de 1989 [RJ 1989, 4776], 13 de mayo de 1992 [RJ 1992, 3923],
18 de noviembre de 1996 [RJ 1996, 8361], 27 de diciembre de 1999 [RJ 1999,
9750], 7 de noviembre de 2005 [RC 1433/99-RJ 2005, 8069], 7 de noviembre
de 2005 [RC 1439/95-RJ 2005, 7720], 6 de marzo de 2006, 27 de marzo de
2007 [RJ 2007, 1864], etc.), «siempre que los negocios concertados se refie-
ran al propio giro o tráfico de la empresa».
Así pues, cuando una persona actúa habitualmente en el tráfico, de
forma notoria, esto es, con conocimiento de todos los que se relacionan con
esa empresa, como factor (director o gerente) de la misma, entonces la ley
impone un ámbito de representación mínimo inderogable: obliga al empre-
sario por todos los actos y contratos que «recaigan sobre objetos comprendi-
dos en el giro o tráfico del establecimiento» (STS 19 junio 1981 [RJ 1981,
2530]). Puede tratarse tanto del factor notorio de un establecimiento con-
creto, como del de la empresa. Y el factor notorio puede serlo tanto de un
empresario individual como de un empresario persona jurídica (STS 7 mayo
1993 [RJ 1993, 3462]).
Aun cuando el supuesto típico de factor notorio es aquel en que su
posición en la empresa es conocida por la generalidad de quienes se relacio-
nan con ella, la notoriedad puede darse también por las circuntancias osten-
sibles en que una persona actúa como director de una empresa o estableci-
miento (p. ej., ocupando el despacho del director, poniéndolo en las tarjetas
de visita y en la correspondencia, etc. ...). Esta precisión es importante para
que la normativa del factor notorio pueda ser aplicada cuando una persona
empieza a actuar como director o gerente, en momentos en que por tanto
no es conocido como tal por muchos de los que se relacionan con la em-
presa. Pero también en ese supuesto debe operar la publicidad de hecho,
valorando cuidadosamente las pruebas de cada caso.
Lo importante en el caso del factor notorio es si el acto realizado puede
incluirse dentro de la actividad habitual desarrollada por la empresa o el
establecimiento frente a los terceros en el tráfico económico.
En tal caso el ámbito mínimo del poder del factor lo impone la ley con
carácter inderogable, para la seguridad del tráfico. Ese ámbito comprende
todos los actos y contratos realizados en relación con el giro o tráfico de la
empresa o establecimiento, y por tanto obligan, dentro de ese ámbito del
poder, al empresario, aunque el factor no haya expresado que actuaba por
cuenta del empresario, «o se alegue abuso de confianza, transgresión de fa-
cultades o apropiación por el factor de los efectos objeto del contrato».
Ese factor notorio no obligará al principal, sin embargo, cuando «haya
contratado fuera de aquel círculo de las operaciones propias de la empresa,
rompiendo flagrantemente los límites de una normal administración» (SSTS
25 abril 1986 [RJ 1986, 2001] y 7 mayo 1993 [RJ 1993, 3462]).
Así pues, la publicidad de hecho resultante de la notoriedad de la actua-
ción de una persona como directora o gerente de una empresa o estableci-
miento le atribuye legalmente un poder mínimo de obligar al empresario
por los actos relacionados con el giro o tráfico del establecimiento o empresa,
aunque el factor no haya expresado que actúa en nombre y por cuenta de
aquél y cualesquiera que sean los pactos o relaciones internas existentes entre
el empresario y el factor. Naturalmente ese ámbito legal mínimo de represen-
tación sólo opera frente a los terceros de buena fe; no podrá invocarse para
una actuación dolosa en que el tercero y el factor se hayan confabulado de
Ese ámbito de representación mínimo no impide que el factor pueda
obligar al empresario por actos que exceden de ese poder, cuando «resultare
que el factor obró con orden del comitente, o que éste aprobó su gestión en
términos expresos o por hechos positivos» (art. 286 CCom). Pero en estos
casos, la obligación la asume el empresario porque ha consentido expresa-
mente, no por el ámbito típico de la representación del factor notorio fijado
en el propio artículo 286 CCom.
Situación distinta es la que se produce cuando el apoderamiento del
factor se pone en conocimiento de los terceros por medio de la publicidad
legal del Registro Mercantil.
Como se ha indicado anteriormente, los poderes generales que otorgue
el empresario están sujetos a inscripción en el Registro Mercantil (arts. 22
CCom y 87.21 y 94.51 RRM), siendo requisito previo para esa inscripción la
del propio empresario individual o social.
Pues bien, cuando el apoderamiento del factor se da a conocer a los
terceros por medio de su inscripción en el Registro Mercantil, entonces sí
que podrá hacerse constar en esa inscripción si el empresario ha otorgado
al factor «más o menos facultades» (art. 283 CCom). Hay que concretar, sin
embargo, cuál es el contenido que debe darse a esa expresión, esto es, «más
o menos facultades».
Para que el factor o gerente pueda ser considerado como tal es preciso
que su poder sea general para dirigir, administrar y contratar sobre las cosas
concernientes a la empresa o establecimiento de que se trate. Y la inscripción
registral sólo está prevista para los «poderes generales» que otorgue el empre-
Por consiguiente, esa delimitación de «más o menos facultades» no
puede hacer que el poder deje de ser general para dirigir, administrar y
contratar sobre las cosas concernientes a la empresa o establecimiento. En
definitiva, el poder general del factor tiene que comprender todos los actos
incluidos en el giro o tráfico de la empresa o establecimiento, porque si
tuviera atribuidas menos facultades, entonces ya no podría considerarse legal-
mente como factor.
Por tanto, la propia utilización en el poder del término factor u otro
equivalente (gerente, director, etc.) implica que el poder otorgado com-
prende todo lo relativo al giro o tráfico de la empresa o establecimiento.
La expresión «más o menos facultades» no puede significar que se pueda
otorgar un poder general a un factor que no le autorice a contratar sobre lo
que es el giro o tráfico de la empresa o establecimiento.
Evidentemente el poder podrá comprender más facultades. Piénsese en
un poder que incluya la facultad de disponer sobre la empresa o estableci-
A. BKRCOV1T/. RODRJCUE/AANO: Apuntes de Derecho Mercantil
miento, o parte de los mismos, enajenándolos, arrendándolos o dándolos en
Y en el poder podrán delimitarse las facultades del factor de manera
que quede claro que determinadas operaciones no se integran en el giro o
tráfico de la empresa; es decir, que el enunciado de facultades excluidas
puede servir para definir más claramente lo que comprende el giro o tráfico
de la empresa o establecimiento, pero no para excluir del poder la facultad
de contratar en todo lo relativo a ese giro o tráfico.
Esa delimitación de facultades puede servir para dejar claro que no se
incluyen en el giro y tráfico de la empresa o del establecimiento, y por tanto
quedan excluidas del ámbito de representación del factor determinadas ope-
raciones por su carácter especial o marginal al giro y tráfico o por su cuantía
o la duración del contrato que exceda notablemente de la de las operaciones
habituales en ese tipo de actividad empresarial. O también cuando la em-
presa desarrolle sus actividades en sectores diversos, para limitar el poder del
factor al giro o tráfico de un sector determinado de la actividad empresarial.
Así pues, la inscripción del poder del factor en el Registro Mercantil
permite una delimitación de facultades más pormenorizada que cuando se
trata del factor notorio. Ahora bien, el poder del factor, por definición de-
berá comprender las operaciones normales en el giro o tráfico de la empresa
o establecimiento de que se trate.
No puede considerarse, sin embargo, que el régimen jurídico del poder
del factor notorio y del poder del factor inscrito en el Registro Mercantil
sean compartimentos estancos, sin posibles interferencias entre sí. Por su-
puesto, es común a ambos la exigencia de que el tercero que contrata con el
factor actúe de buena fe, para que le sean de aplicación las normas favorables
relativas al ámbito de representación de aquél.
Ahora bien, la delimitación de facultades mediante la inscripción en el
Registro Mercantil exige también, para su efectividad, un comportamiento
coherente y de buena fe por parte del propio empresario. Ello significa que
las limitaciones regístrales no podrán ser invocadas por el empresario si han
sido sistemáticamente ignoradas en la actuación del factor y en la ejecución
de los compromisos contraídos con los terceros. El empresario debe ser con-
secuente con las limitaciones inscritas y preocuparse, en caso necesario, de
que sean respetadas por el factor. Sería, en efecto, contrario a la buena fe que
el factor se extralimitara habitualmente en la realización de determinadas
operaciones excluidas en el poder inscrito y después, para una operación
concreta, se invocara la limitación que de manera habitual había sido igno-
rada. Podría invocarse en tal caso, la doctrina jurisprudencial de los actos
propios del empresario vinculada a la exigencia de un ejercicio de los dere-
chos conforme a la buena fe (art. 7 CC). Es obvio que la inscripción registral
no puede utilizarse por el empresario para ser aplicada arbitrariamente en
contra de la apariencia creada por la actuación habitual del factor y consen-
tida, cuando menos por su falta de actuación y de vigilancia, por el propio
El factor, para actuar como tal, debe expresar que actúa en nombre
del empresario en las operaciones que realice. Habitualmente pondrá en la
antefirma su condición de director, gerente o similar de la empresa, mencio-
nándola en la forma en que sea conocida habitualmente en el tráfico. Esta
exigencia de que el factor negocie y contrate en nombre de su principal y
exprese en todos los documentos que suscriba el poder del empresario, per-
sona individual o sociedad representados, viene exigida por el artículo 284
Cuando el factor actúa de la manera que acaba de mencionarse, todas
las obligaciones contraídas recaen sobre la persona del empresario, cuyos
bienes responderán del cumplimiento de aquéllas. El factor no responde
personalmente, a no ser con los bienes que estén confundidos con los de su
principal (art. 285 CCom).
Puede ocurrir, sin embargo, que el factor no exprese que contrata en
nombre de su principal y que, por consiguiente contrate en nombre propio.
En tal caso, el factor responde personalmente del cumplimiento de las
obligaciones asumidas; pero si la negociación se hubiere hecho por cuenta
del principal, entonces el tercero podrá dirigir su acción contra el factor o
contra el principal (art. 287 CCom), pudiendo demandar conjuntamente a
A los efectos de la aplicación de esa norma, deberá presumirse que la
negociación se hizo por cuenta del empresario cuando pertenezca al giro o
tráfico de la empresa o establecimiento para el cual se ha otorgado poder al
factor. Debe tenerse en cuenta, en efecto, que según el artículo 288 CCom
el factor sólo puede realizar operaciones del mismo género que las que haga
a nombre del empresario, si cuenta con el consentimiento de éste.
Así pues, si el acto realizado en su propio nombre por el factor corres-
pondiente al giro o tráfico de la empresa del principal, será este quien tendrá
que probar que la operación no se hizo por su cuenta. La STS de 31 de mayo
A. HERCOV/TZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
de 2002 declara que es intrascendente que el factor no hubiera expresado
en la antefirma la condición con que actuaba, si se trataba de operaciones
relacionadas con el giro o tráfico de la empresa.
Ahora bien, si el factor es notorio, entonces aunque al actuar haya omi-
tido mencionar que lo hace en nombre del empresario, y aunque el factor
se haya apropiado de los efectos del contrato, en todo caso responderá el
empresario, que no podrá exonerarse de responsabilidad por los actos reali-
zados por aquél en nombre propio, cuando tales actos pertenezcan al giro o
tráfico de la empresa o establecimiento (art. 286 CCom) (STS 28 de septiem-
bre de 2007 [RJ 2007, 6273]). Esa responsabilidad del empresario no excluye
la que corresponda al factor en virtud de lo dispuesto en el artículo 287
También responde el empresario de las sanciones económicas que pue-
dan imponerse por actuaciones ilegales realizadas por el factor en su actua-
ción en condición de tal (art. 289 CCom).
El factor está sujeto a la prohibición de competir con el empresario en
negociaciones del mismo género que la empresa o establecimiento para cuya
dirección ha sido nombrado. Sólo podrá hacer esa clase de negociaciones
con la autorización expresa del principal (art. 288 CCom).
Esa prohibición comprende cualquier negociación realizada directa-
mente por el factor, a través de un tercero o asociado a otras personas o por
medio de una sociedad interpuesta.
Si el factor realiza la negociación por su cuenta, con consentimiento
expreso del empresario, entonces tanto las ganancias como pérdidas del ne-
gocio corresponderán exclusivamente al factor.
Si, por el contrario, el factor realiza negocios prohibidos, sin contar con
la autorización expresa del empresario, entonces éste podrá beneficiarse de
las ganancias, pero no deberá soportar las pérdidas si las hubiere.
La prohibición de competir cesa al extinguirse el contrato laboral, a no
ser que se haya suscrito expresamente un pacto de no concurrencia que no
podrá tener una duración superior a dos años y que sólo será válido si el
empresario tiene un efectivo interés comercial o industrial en esa prohibi-
ción de concurrir y si se ha satisfecho al factor una compensación económica
adecuada (RD 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial del personal de alta dirección, art. 8).
Prevé expresamente el CCom un supuesto especial, pero que puede
darse con alguna frecuencia en la práctica, esto es, que el empresario interese
al factor en alguna operación, es decir, que le permita participar en la realiza-
ción de la misma tanto para la financiación como para la distribución de
beneficios y pérdidas. En tal caso dispone el CCom que, salvo pacto en con-
trario, se distribuirán las ganancias -y por tanto las pérdidas- en proporción
al capital aportado. Ahora bien, si el factor no aporta capital entonces se le
considera socio industrial, esto es, socio que aporta sólo trabajo y no participa
en las pérdidas (art. 141 CCom).
En el caso de que el empresario dé al factor participación no en alguna
operación aislada, sino con carácter más general, esa relación podría ser
considerada como una sociedad, siempre que el factor participe también en
las pérdidas y aporte algún capital. Si lo que ocurre es simplemente que el
empresario da al factor una participación en los beneficios como parte de
su remuneración, entonces esta situación, que es muy frecuente, no podrá
considerarse en ningún caso como sociedad. Ahora bien, si toda la remunera-
ción del factor por su trabajo como tal consiste en una participación en los
beneficios entonces sí que estaremos ante una sociedad, en la que el factor
será el socio industrial.
Por último, en cuanto a la extinción del poder del factor establece el
CCom una regla de la mayor importancia, esto es, que la muerte del empresa-
rio o de la persona que haya otorgado el poder no supone la extinción del
mismo, el cual sigue subsistente hasta que no sea expresamente revocado
(art. 290 CCom). Esta regla es contraria a la que rige para el mandato civil
(art. 1732.3a
CC) y sigue el mismo principio que se manifiesta en el artículo
280 CCom respecto de la comisión mercantil.
La revocación del poder o la enajenación del establecimiento extinguen
evidentemente el poder del factor, pero los actos y contratos celebrados por
éste, antes de que haya tenido noticia de esas causas de extinción por un
medio legítimo, obligan al empresario. Y esos mismos actos son también váli-
dos en relación con los terceros mientras no se haya inscrito la revocación
del poder en el Registro Mercantil y se haya publicado en el Boletín Oficial
de ese Registro (art. 291 CCom).
En el caso del factor notorio, será necesario que los terceros puedan
conocer con certeza la revocación como cuestión de hecho, que consistirá
normalmente en la sustitución del factor como director de la empresa o
establecimiento. Esa publicidad de hecho puede reforzarse en caso necesario
por medio de comunicaciones públicas o dirigidas a quienes tienen relación
de negocios con la empresa o establecimiento de que se trate.
C) Dependientes y mancebos.
Junto al factor, cuyo apoderamiento es general, el CCom regula dos
clases de auxiliares con apoderamientos singulares: los dependientes y los
Los dependientes tienen un poder singular que comprende todas las
operaciones propias del ramo de actividad que se les hubiere encomendado
(art. 292 CCom). Y los mancebos son personas que tienen poder para realizar
operaciones determinadas propias del giro o tráfico del establecimiento (art.
293 CCom).
En concreto el CCom menciona como supuestos concretos de mancebos
a los encargados de vender al por menor o por mayor en los locales del
establecimiento (art. 294 CCom) y al encargado de la recepción de las merca-
derías (art. 295 CCom).
Si es un mancebo encargado de la venta al por menor en un estableci-
miento abierto al público, se considera que tiene poder para cobrar el im-
porte de lo vendido y expedir, en nombre del empresario, el recibo corres-
pondiente (art. 294, párr. 11).
Si el mancebo está encargado de las ventas en un almacén al por mayor,
también se reputa que tiene poder para cobrar y expedir recibos siempre
que la venta sea al contado y el pago se realice en el propio almacén; no se
considera que tenga poder para hacer cobros fuera del almacén o de ventas
hechas a plazos (art. 294, 21 párr.).
Si el mancebo está encargado de recibir las mercaderías, la recepción
realizada por él tiene los mismos efectos que si la hubiere hecho el principal
(art. 295 CCom). Esta norma tiene importancia a los efectos de la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 336 CCom, en materia de compraventa mercan-
til, según el cual «el comprador que al tiempo de recibir las mercaderías las
examinare a su contento no tendrá acción de repetir contra el vendedor
alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías». La recep-
ción por parte del mancebo servirá también como «dies a quo» para el
cómputo del plazo de cuatro días que el propio artículo 336 CCom otorga
al comprador para reclamar por defecto en la cantidad o calidad de las mer-
caderías recibidas enfardadas o embaladas.
Obsérvese que el poder del mancebo en este caso se refiere a la recep-
ción de mercaderías propias del giro o tráfico del establecimiento, pero no
de otros bienes muebles como puedan ser maquinaria o aparatos que no sean
objeto de comercio por el establecimiento en el que se hace la recepción.
Como habrá podido apreciarse, lo primero que llama la atención es la
terminología obsoleta utilizada por el CCom, que da lugar a una indudable
confusión si se tiene en cuenta la terminología utilizada habitualmente en la
práctica. En efecto, el CCom denomina «mancebos» a los que normalmente
se llaman «dependientes», que están en un establecimiento abierto al pú-
blico, para atender a éste y realizar las operaciones propias del establecimien-
Aparte de la confusión terminológica mencionada, tampoco aparece
clara en el propio CCom la distinción entre dependientes y mancebos. En
efecto, los dependientes pueden tener encomendadas «alguna o algunas ges-
tiones» o las operaciones propias de un «ramo» de actividad del estableci-
miento (art. 292 CCom). Pero los mancebos pueden tener encomendada
«una operación mercantil, o alguna parte del giro o tráfico de su principal»
Lo único que está claro es que el CCom denomina «mancebos» a los
encargados de vender en el establecimiento abierto al público o de venta al
por mayor, y también al encargado de la recepción de las mercaderías.
Y en cuanto a la publicidad del apoderamiento por avisos públicos o
circulares, establecida para los dependientes (art. 292 CCom), se dispone
que es igualmente aplicable a los mancebos (art. 293 CCom).
A la vista de esta regulación legal tan poco clarificadora, parece opor-
tuno intentar una interpretación de los preceptos que facilite su aplicación
con un mayor rigor que el que resulta de su simple literalidad.
Ante todo, hay que insistir en que tanto los dependientes como los man-
cebos son apoderados singulares, lo que implica que sus poderes no son
inscribibles, puesto que sólo los poderes generales tienen acceso al Registro
Mercantil (art. 22 CCom).
No es cierto, sin embargo, que el poder del factor haya de inscribirse, a
diferencia del poder del dependiente, puesto que el factor notorio tiene un
poder cuya característica es precisamente su falta de inscripción.
Lo que hay que destacar es que la publicidad del poder del dependiente
o del mancebo, no es una publicidad registral, sino una publicidad de hecho
y que, por tanto, la condición de dependiente o de mancebo, así como el
ámbito de su poder, dependerá de lo que resulte de esa publicidad de hecho.
Esa publicidad de hecho puede producirse por medios diversos, te-
niendo en cuenta que el pacto por el que se otorga el apoderamiento puede
ser «escrito o verbal» (art. 292 CCom). Puede ser por medio de circulares o
por avisos públicos (art. 292 CCom). Ciertamente la forma más segura de
controlar el ámbito del poder otorgado es a través de uno de los medios
mencionados, que implican la comunicación por escrito a los terceros del
ámbito de ese poder.
Pero cabe también que exista una publicidad de hecho que no implique
una comunicación expresa por medio de circulares o avisos (STS 5 abril 1982
[RJ 1982, 1940]). Piénsese en quien actúa notoriamente como jefe de com-
pras de una empresa, haciéndolo constar así en su antefirma o en su corres-
pondencia. Si las obligaciones que asume en su condición de tal son habitual-
mente cumplidas por el empresario, sería contrario a la buena fe rechazar
ese ámbito de representación como dependiente para una operación deter-
minada. La forma de actuar notoria equivale ciertamente a la publicidad por
circulares o avisos públicos.
Parece que lo que caracteriza al mancebo es que el poder que tiene
atribuido para vender en el establecimiento o recibir las mercaderías, según
los casos, deriva de la publicidad de hecho que resulta de estar en el estableci-
miento o almacén aparentemente dedicado a vender o recibir mercaderías.
La simple apariencia resultante de la situación y actitud de la persona, dis-
puesta a atender a los clientes o dedicado a recibir las mercaderías, es la
publicidad de hecho a la que CCom vincula el poder del factor notorio. Igual
que hay que considerar que quien está sentado en la caja del establecimiento,
por ese solo hecho, tiene poder para efectuar los cobros.
Ciertamente que ese poder opera frente al tercero de buena fe que
actúa con la diligencia normal exigible para el desarrollo de las operaciones
de que se trate, según las circunstancias e importancia de las mismas. No se
puede exigir al tercero, especialmente para operaciones habituales en ese
tipo de establecimiento, que tenga que investigar los poderes de quien apa-
rentemente está allí empleado para realizar tales operaciones.
Ahora bien, tratándose de un poder que la ley atribuye al mancebo por
la simple apariencia de la función que tiene encomendada, ese poder puede
ser suprimido o matizado mediante una publicidad de hecho expresa; por
ejemplo, mediante avisos al público en el establecimiento o mediante una
organización determinada del establecimiento, que permite que los clientes
sepan quién puede cobrar las mercaderías que se venden. Si en un estableci-
miento hay avisos que indican que todos los pagos han de hacerse en caja, o
en un hipermercado, es obvio que sólo podrán pagarse las compras válida-
mente en las cajas.
D) Operadores económicos y auxiliares del empresario.
Parece que las normas que regulan los auxiliares de los empresarios han
de ser igualmente aplicadas a los restantes operadores económicos que ac-
túan en el mercado, con las adaptaciones impuestas por la diferente actividad
Ciertamente que las normas que el CCom establece sobre los auxiliares
se refieren a los comerciantes o empresarios; pero no cabe la menor duda
de que se trata de una regulación que responde a las exigencias de rapidez,
buena fe y seguridad del tráfico económico. Por tanto su razón de ser exige
su aplicación a todos los operadores económicos que participan en ese tráfi-
Por supuesto, cuando los operadores económicos desarrollan actividades
empresariales han de ser considerados empresarios y en cuanto tales les serán
directamente aplicables, como tales empresarios, las normas sobre los auxilia-
Pero aunque los operadores económicos no realicen actividades empre-
sariales de producción u ofrecimiento de bienes o servicios para el mercado,
también han de serles aplicadas las normas sobre los auxiliares del empresa-
rio a los efectos de dar seguridad a los terceros que se relacionan con esos
operadores dentro del tráfico económico que tiene lugar en el mercado.
Esta aplicación es especialmente importante por la relevancia que en
el régimen jurídico de los auxiliares del empresario tiene la publicidad de
Así, parece indudable que habrá de considerarse factor, con el poder
general correspondiente, a quien dirija la actividad de un operador econó-
mico y contrate notoriamente en nombre de él, sin tener la representación
legal del mismo. Ciertamente que el ámbito del poder no podrá delimitarse
por el giro o tráfico de una empresa inexistente, sino que se delimitará por
la clase de actividad desarrollada por el operador económico de que se trate.
Así, por ejemplo, el director gerente de una Fundación o de una Asociación
que actúe como tal con carácter notorio, deberá ser considerado con poder
general equiparable al del factor notorio para obligar a la persona jurídica
en el ámbito de las actividades que desarrolle habitualmente.
Al no tener acceso al Registro Mercantil, en general, los operadores
económicos que no son sociedades mercantiles surge la dificultad para la
publicidad legal de los poderes generales.
Podrán inscribirse en los registros correspondientes al tipo de persona
jurídica de que se trate, pero sería deseable facilitar su conocimiento a través
de un Registro centralizado o de coordinación, aparte de atribuir a la inscrip-
ción los efectos de la denominada publicidad material frente a terceros de
En tanto esa coordinación de inscripciones regístrales no se produce
habrá que atribuir la mayor importancia a la publicidad de hecho resultante
de la notoriedad, o de otros medios de publicidad como las circulares o
avisos públicos.
Y esa publicidad de hecho debe servir para atribuir igualmente apodera-
mientos singulares equiparables a los de los dependientes o mancebos según
los casos. Piénsese en el poder que corresponde a quien actúa públicamente
como cajero o tesorero de un operador económico.
En definitiva, por tanto, hay que concluir que las normas sobre los auxi-
liares de los empresarios son igualmente aplicables a todos los operadores
económicos en relación con las actividades que realicen, a los efectos de dar
seguridad, conforme a las exigencias de la buena fe, a las actuaciones de esos
operadores que les relacionan con otros participantes en el mercado.
3) Viajantes de comercio.
A) Viajantes de comercio y auxiliares del empresario.
Ocupan un lugar especial entre los colaboradores del empresario y, por
tanto, entre los elementos personales de la empresa, los denominados viajan-
tes de comercio. Son en efecto elementos integrantes de la empresa puesto
que tienen una relación laboral, aunque especial, con el empresario y se
relacionan con los terceros, puesto que su función es la de promover opera-
ciones comerciales con los terceros. Pero hay un factor que los diferencia de
los auxiliares del empresario regulados en el CCom, y que consiste en que
los viajantes de comercio no tienen necesariamente atribuida la representa-
ción del empresario para contratar con terceros, siendo así que el apodera-
miento que se les atribuye es el elemento definidor común de los auxiliares
Por el contrario, el viajante de comercio puede tener atribuida la repre-
sentación del empresario o puede no tener tal representación, situación esta
última que se da con la mayor frecuencia.
B) Viajantes de comercio y agentes comerciales.
Es normal que los empresarios se sirvan de personas dedicadas a promo-
cionar la realización de contratos con los clientes fuera de los locales de su
propio establecimiento. La característica común de esos colaboradores del
empresario radica, por una parte, en que actúan fuera de los locales del
establecimiento; que esa actuación consiste en promocionar la realización de
contratos del empresario con los clientes, y que esa actuación es continuada.
Atendiendo a la relación interna entre el empresario y el colaborador,
se han distinguido tradicionalmente dos supuestos distintos: por una parte,
el supuesto que se produce cuando esa relación es laboral, y por otra, el que
tiene lugar cuando se trata de una relación contractual caracterizada como
contrato de agencia. En virtud de este contrato, el de agencia, un empresario,
denominado agente, se obliga a promocionar de forma continuada la realiza-
ción de contratos con los clientes a favor de otro empresario a cambio de
remuneración por parte de éste.
La situación es muy diferente en los dos casos mencionados. Si la rela-
ción es laboral, el colaborador será un empleado del empresario. Pero si
la relación consiste en un contrato de agencia, el agente es un empresario
Tanto en el caso de los viajantes de comercio como en el caso de los
agentes comerciales, la actuación frente a terceros puede ser de distinta natu-
raleza. Pueden ostentar una representación que les permita contratar en
nombre del empresario; pero en otras ocasiones, y esto es lo más frecuente,
deben limitarse a enviar al empresario la oferta del contrato, es decir, el
pedido del cliente, para que sea el propio empresario quien perfeccione el
contrato, al confirmar el pedido o aceptar la oferta realizada.
Por esta razón, la denominación «representantes de comercio», que se
utiliza también en la práctica con referencia, a lo que aquí llamamos viajantes
de comercio es muy equívoca, pues es normal que el denominado represen-
tante no tenga poder de representación, en el sentido de no estar facultado
para concertar en firme las operaciones con los clientes en nombre del em-
Los que denominamos viajantes (y a los que la derogada Ley de Relacio-
nes Laborales de 8 de abril de 1976 llamaba representantes de comercio en
A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-VANO: Apuntes de Derecho Mercantil
su art. 31) aparecen definidos en la actualidad en el artículo 2, apartado 1,
letra f), del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980 (Texto
Refundido aprobado por RDLeg 1/1995, de 24 de marzo), que considera
relación laboral de carácter especial «la de las personas que intervengan en
operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el
riesgo y ventura de aquéllas». Esta relación laboral de carácter especial ha
sido regulada reglamentariamente por el Real Decreto 1438/1985, de 1 de
agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las
personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o
más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas.
Por el contrario, el propio Estatuto de los Trabajadores, en el artículo
1, apartado 3, letra f), no considera actividad laboral «la actividad de las
más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder
del buen fin de la operación, asumiendo el riesgo y ventura de la misma».
Así pues, según el Estatuto de los Trabajadores, si quien interviene en
las operaciones mercantiles por cuenta de otros empresarios asume el riesgo
y ventura de las mismas, su relación con esos empresarios no es laboral; pero
en el caso de que no asuma ese riesgo y ventura, estaremos ante una relación
laboral especial.
Por su parte, el contrato de agencia está regulado por la Ley 12/1992,
de 27 de mayo, sobre Régimen Jurídico del Contrato de Agencia.
La diferencia entre agentes comerciales y viajantes de comercio radica
en la consideración de los agentes comerciales como empresarios indepen-
La diferencia entre agentes comerciales y viajantes basada en la idea de
que el agente es un comerciante independiente, mientras que el viajante no
lo es, ha sido establecida por el legislador español en el Real Decreto de 1
de agosto de 1985 con gran claridad.
En efecto, en el artículo 1, apartado 2, letra b), se excluye del ámbito
de aplicación de la nueva disposición legal, y por lo tanto, quedan excluidos
de la relación laboral de carácter especial:
Qiiienes se dediquen a promover o concertar operaciones mercantiles de forma
continuada por cuenta de uno o más empresarios, como titulares de una organización
empresarial autónoma, entendiendo por tal aquella que cuenta con instalaciones y personal
Este precepto se completa, con el mismo planteamiento por lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley 12/1992, sobre el Contrato de Agencia, al exigir
que el agente tenga independencia laboral respecto del empresario para el
que actúa. Se dispone por ello que «no se considerarán agentes a los repre-
sentantes y viajantes de comercio dependientes ni, en general, a las personas
que se encuentren vinculadas por una relación laboral, sea común o especial,
con el empresario por cuya cuenta actúan».
Y el mismo artículo 21 incluye la presunción de que existe dependencia
«cuando se dedique a promover actos u operaciones de comercio por cuenta
ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, no
pueda organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma
conforme a criterios propios».
Esta presunción afecta fundamentalmente a los trabajadores que tienen
su lugar de trabajo en los propios locales de la empresa, pero no a los viajan-
tes de comercio, con relación laboral especial, puesto que éstos no están
sujetos a un horario o jornada laboral concretos (art. 4.1, RD 1438/1985) y
también pueden organizar su actividad conforme a criterios propios, puesto
que pueden ser viajantes simultáneamente de varios empresarios distintos
(art. 1.1, RD 1438/1985).
C) Noción legal ele los viajantes de comercio.
Atendiendo a la normativa legal establecida en el Real Decreto de 1 de
agosto de 1985, y muy particularmente a lo dispuesto en su artículo 1.1, cabe
establecer la siguiente definición del viajante de comercio:
"Viajante de comercio es toda persona natural, que, sin ser titular de una organiza-
ción empresarial autónoma, se obliga con uno o más empresarios, y a cambio de una
retribución, a promover personalmente, deforma continuada, operaciones mercantiles por
cuenta de los mismos, con distribución o reparto de bienes o sin ella, fuera de los locales
de la empresa y sin tener en ellos su puesto de trabajo, sin asumir el riesgo y ventura de
tales operaciones».
Esta noción se articula en torno a dos elementos fundamentales: a) la
actividad a desarrollar por el viajante, y b) las condiciones jurídicas de quien
desempeña la actividad.
a) Actividad característica.
La actividad característica del viajante consiste en promover personal-
mente de forma continuada operaciones mercantiles por cuenta de uno o
A. HERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
más empresarios fuera de los locales de las empresas de aquéllos y sin tener
en tales locales su puesto de trabajo.
Esa actividad es común con los agentes comerciales, excepto en la mati-
zación consistente en que la promoción se ha de hacer personalmente. Ya
que si el agente se caracteriza por ser un empresario independiente, esto
implica que la obligación asumida por él se entenderá, salvo pacto en contra-
rio, que podrá ejecutarla por medio de su organización empresarial.
Evidentemente, la labor de promoción de operaciones puede tener di-
verso contenido. El viajante puede limitarse, como es habitual, a promover
los pedidos de los clientes, para su envió al empresario mandante, con el fin
de que éste los acepte o los rechace; o, por el contrario, puede contratar en
firme, en nombre del empresario principal, e incluso puede entregar los
bienes objeto del contrato y cobrar el precio.
Todas esas posibilidades de la actividad de los viajantes están contempla-
das en el Real Decreto, y por ello se dispone que en el contrato deben figurar
«las facultades atribuidas al trabajador» (art. 2, ap. 2).
En efecto, entre las obligaciones del empresario, figura la de proporcio-
nar al viajante «noticia inmediata de la aceptación o rechazo de las operacio-
nes propuestas» [art. 7c)].
Pero se prevé también que el contrato establezca si el trabajador «puede
concertar o no operaciones en nombre del empresario» (art. 2, ap. 2).
E igualmente se admite que el hecho de que el viajante se haga cargo
de la distribución o reparto de los bienes (art. 1, ap. 1) no afecta a la existen-
cia de la relación laboral.
De la misma manera que se prevé la posibilidad de que en el contrato
se pacte la obligación del trabajador de gestionar el cobro de las operaciones
mercantiles en que directa o indirectamente hubiese intervenido [art. 9 d)].
Por todo ello resulta equívoco, atendiendo a las razones ya expuestas, la
designación de este tipo especial de trabajador, como «representante», por-
que es claro, a la vista de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, que
este trabajador puede tener o no la representación del empresario siendo lo
habitual que carezca de tal representación.
Es irrelevante, por lo demás, la denominación que se utilice para desig-
nar a este tipo de trabajador, según dispone muy correctamente el artículo
1. Nunca puede condicionar el régimen jurídico aplicable a una relación
V. La empresa: elementos y negocios sobte la misma
jurídica la denominación que se le otorgue. Lo importante es el contenido
mismo de la relación. Así lo declaró también, con referencia a la distinción
entre agentes comerciales y los denominados representantes de comercio, la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3) 2 enero 1984 (RJ 1984, 43).
La exigencia de que la actividad de promoción sea continuada se esta-
blece para distinguirla de los encargos para actos concretos de promoción,
que como actos aislados no podrán servir de base para una relación laboral
Exige el Real Decreto que la labor de promoción se refiera a operacio-
nes mercantiles y habrá que entender éstas como aquellas que suponen la
venta, adquisición o intercambio de bienes o servicios en el mercado.
El Real Decreto excluye expresamente de la normativa especial a las
personas naturales incluidas en el ámbito de la normativa específica sobre
producción de seguros, puesto que la actividad de estos últimos está regulada
por la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros
Una última característica de la actividad de los viajantes consiste en que
se realiza fuera de los locales de la empresa a favor de la cual se efectúa la
labor de promoción y sin tener en ellos un puesto de trabajo, ni estar sujeto
al horario laboral de la empresa [art. 1.2 a) del RD 1438/1985].
b) Condiciones jurídicas de quien desempeña la actividad.
El otro elemento integrante de la noción de viajante se refiere a las
condiciones jurídicas de quien desempeña la actividad de promoción de ope-
La primera exigencia consiste en que se trate de una persona natural,
lo cual es lógico, ya que difícilmente se podría establecer una relación laboral
con una persona jurídica.
Es preciso, además, que esa persona natural no sea titular de una organi-
zación empresarial autónoma. En cierto modo puede decirse que este requi-
sito es el núcleo de las condiciones jurídicas exigidas para el viajante.
Igualmente esa condición de que el viajante no sea titular de una em-
presa independiente se manifiesta en la exigencia de que desempeñe perso-
nalmente su actividad de promoción.
.4. BERCOVITZ RODRÍCUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
D) Forma y duración del contrato,
La forma del contrato aparece regulada en el artículo 2 del Real De-
creto, que exige que el contrato se formalice por escrito y por triplicado.
En el caso de que no se respete la exigencia de hacer por escrito el
contrato, la consecuencia será, no la nulidad del contrato, sino que se presu-
mirá que ha sido celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario
que acredite la naturaleza temporal del mismo. Así resulta de lo dispuesto
en el artículo 81, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores.
Además de la identificación de las partes, deben hacerse constar, como
) El tipo de operaciones mercantiles que deberá promover o concer-
tar el trabajador, con expresión de los productos o servicios a los que se
) Las facultades atribuidas al trabajador, en especial si puede concer-
tar o no operaciones en nombre del empresario.
Esta mención tiene la mayor importancia para determinar si el viajante
tiene la representación del empresario para concertar operaciones con los
clientes. Si puede actuar en nombre del empresario, tendrá la consideración
de «dependiente» en virtud de lo dispuesto en el artículo 292 del Código de
Pero, además, de la referencia al eventual carácter de representante,
deben precisarse las restantes facultades que se otorguen al viajante. En parti-
cular será preciso determinar, en su caso, si está encargado de la distribución
o reparto de los productos, a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, o si
tiene que gestionar el cobro de las operaciones mercantiles en las que hu-
biese intervenido, según prevé el artículo 9, apartado d).
) Si el trabajador se obliga o no a trabajar en exclusiva para el empre-
sario. En el caso de que se obligue en exclusiva, eso significa que no podrá
ser viajante de ningún otro empresario, sea competidor o no del empresario
con el que se celebra el contrato. La obligación de no prestar servicios a
empresas competidoras está expresamente establecida en el artículo 9, apar-
tado Di y no precisa, por tanto ser incluida en el contrato.
) La delimitación de la zona, demarcación o categoría de los clientes
con relación a los cuales haya de prestar sus servicios el trabajador, seña-
lando, en su caso, si el empresario le otorga o no la exclusiva para ese ámbito
) El tipo de retribución acordado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8, podrá consistir en la percepción de comisiones, en una cantidad
fija, o en una combinación de esas dos modalidades de retribución, esto es,
la percepción de una cantidad fija por una parte y por otra de comisiones.
Al tratar de la retribución deben mencionarse también los incentivos y com-
pensaciones que se pacten, entre los que destaca, en su caso, la importancia
de las compensaciones por gastos de desplazamiento, tanto en lo referente
al kilometraje como a las dietas, cuestión a la que se refiere el artículo 8,
) La duración del contrato, que puede ser determinada o por tiempo
indefinido, siendo posible, además, establecer un período de prueba de
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (art. 3, ap. 3).
En el Anexo al contrato deben resumirse, en su caso, los instrumentos
de trabajo que ponga el empresario a disposición del viajante (muestrarios,
relación de productos, etc.), así como los medios que aporte el trabajador
para el desarrollo de su labor (art. 2, ap. 2).
La duración del contrato aparece regulada en el artículo 3 del Real
Decreto, que prevé la posibilidad de que el contrato tenga una duración
determinada, entendiéndose que, a falta de fijación de la misma, el contrato
se pacta por tiempo indefinido (art. 3, ap. 1).
Cuando el contrato se pacta por un plazo inferior a los tres años y lle-
gado a su término, ni es denunciado por ninguna de las partes con un mes
de antelación al término de su vigencia, ni existe acuerdo expreso de pró-
rroga, pero el viajante continúa su prestación, entonces el contrato se pro-
rroga automáticamente hasta el plazo de tres años.
E) Indemnización por clientela.
La regulación contenida en el artículo 11 del Real Decreto otorga al
viajante el derecho a una indemnización especial por la clientela, con total
independencia de que pueda o no corresponderle una indemnización por
Y es que se parte de la idea de que el incremento de la clientela tiene
un valor económico en sí mismo, por lo que debe estar compensado el via-
A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil,
jante, siempre y cuando concurran las dos circunstancias que enuncia el pro-
pio artículo 11, y que son las siguientes:
a) Que la extinción del contrato no se hubiere debido al incumpli-
miento por el trabajador de las obligaciones que le corresponden.
b) Que una vez extinguido el contrato, el trabajador esté obligado a no
competir con el empresario o a no prestar sus servicios para otro empresario
competidor del mismo.
Se vincula, así, el derecho a la indemnización por clientela a la existencia
del pacto previsto en el artículo 10, apartado 4, del Real Decreto, según el
cual el trabajador puede obligarse a no competir con el empresario y a no
prestar sus servicios a otro empresario competidor del mismo para después
de extinguida la relación laboral.
Una norma fundamental establecida por el RD 1438/1985 se refiere a
la regulación del pacto de no competir con el empresario, que puede impo-
nerse en el contrato al viajante para después de la extinción de la relación
Se establece, en efecto, que es válido el pacto en virtud del cual el traba-
jador se obligue a no competir con el empresario ni a prestar sus servicios a
otro empresario competidor del mismo, para después de extinguida la rela-
ción laboral, siempre que concurran los cuatro requisitos:
a) Que la extinción del contrato no sea debida al incumplimiento por
el empresario de las obligaciones que le corresponden.
c) Que se satisfaga al viajante una compensación económica adecuada,
entendiéndose que se ha satisfecho esa compensación cuando el empresario
hubiere indemnizado al viajante por la clientela conseguida por él.
d) Que la duración de la prohibición de competir no tenga una dura-
ción superior a dos años.
4) Aspectos relevantes en el ámbito jurídico-mercantil de las relaciones la-
Conviene tener en cuenta también que algunos aspectos de las relacio-
nes laborales que vinculan a los trabajadores con el empresario tienen espe-
cial relevancia en el ámbito jurídico-mercantil. Se trata de las normas que
regulan la prohibición de competir por una parte, y, por otra, de los precep-
tos que atribuyen al empresario la titularidad de bienes inmateriales resul-
tante de la actividad del trabajador.
Por una parte hay que tener en cuenta que conforme al Estatuto de los
Trabajadores, uno de los deberes laborales básicos consiste en la prohibición
de concurrir con la actividad de la empresa [art. 5 d)]. Esto significa que el
trabajador no puede efectuar su prestación laboral para diversos empresarios
cuando se estime que esa actuación da lugar a competencia desleal, o cuando
se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa
(art. 21 ET). Esta obligación de no concurrencia rige con carácter general
para los trabajadores de alta dirección, salvo autorización expresa o presunta
del empresario (RD 1382/1985, de 1 de agosto por el que se regula la rela-
ción laboral de carácter especial del personal de alta dirección, art. 81). Se
entiende que existe autorización presunta cuando la vinculación del trabaja-
dor de alta dirección a otra entidad fuese pública y no se hubiera excluido
en el contrato especial de trabajo. Ahora bien, lo que es importante destacar
es que la obligación de no competir se extingue, como regla general, al
mismo tiempo que se extingue el contrato laboral, esto es, que una vez extin-
guido éste, el trabajador puede pasar a prestar sus servicios a empresas com-
petidoras de aquella en la que había trabajado anteriormente, o puede pasar
a ejercer él mismo una actividad empresarial competidora con el empresario
para el que trabajó.
Para que esa obligación de no competir subsista después de extinguido
el contrato de trabajo es necesario que así se haya pactado expresamente con
los límites establecidos por la legislación laboral. Esos límites son los siguien-
tes: por una parte en cuanto a la duración que no puede ser superior a dos
años para los técnicos o para los trabajadores de alta dirección y de seis
meses para los demás trabajadores; y por otra parte para que ese pacto de
no competencia sea válido será preciso que el empresario tenga un efectivo
interés industrial o comercial en ello y que se satisfaga al trabajador una
compensación económica adecuada (arts. 21.2 ET y 8.3 RD 1382/1985).
Esto significa, que una vez terminada su relación laboral, el trabajador
que no esté vinculado por una cláusula de no concurrencia podrá seguir
desarrollando una actividad profesional en otra empresa competidora seme-
jante a la que desarrollaba para el anterior empresario o podrá él mismo
desarrollar en su propio nombre y por su cuenta una actividad empresarial
competidora (STS, Sala P, de 11 de octubre de 1999 [RJ 1999, 7873] y de
28 de septiembre de 2005 [RJ 2005, 8889]).
A. BERCOVTTZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
Otro aspecto también importante para la empresa en su ámbito externo,
para las relaciones con los terceros que participan en el tráfico económico,
consiste en las normas que regulan la atribución al empresario de los bienes
inmateriales resultantes de la actividad del trabajador en la empresa.
Como regla general, el empresario tiene derecho a apropiarse de los
frutos obtenidos por los trabajadores como consecuencia de los servicios para
los que han sido contratados. Pero este principio general encuentra matiza-
ciones que deben tenerse en cuenta cuando el resultado del trabajo es un
bien inmaterial susceptible de protección mediante un derecho exclusivo de
Por lo que se refiere a la propiedad intelectual, esto es, al derecho de
autor, se transmiten al empresario los derechos sobre la obra creada en vir-
tud de una relación laboral según lo que se haya pactado en el contrato que
ha de ser por escrito. Y a falta de pacto escrito se presume que los derechos
de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para
el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la
entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral (art. 51 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, modificado por Ley 23/2006, de
7 de julio).
Es importante destacar el principio que se manifiesta en el precepto al
que se acaba de hacer referencia, esto es, que la transmisión de los derechos
de autor que opera a favor del empresario en virtud de la relación laboral
debe interpretarse restrictivamente, es decir, para explotar la obra creada
solamente conforme a lo pactado en el contrato, o a falta de contrato para
la actividad habitual del empresario.
Sin embargo, cuando la obra creada es un programa de ordenador, los
derechos que la ley otorga al empresario son más amplios, puesto que
cuando el asalariado crea un programa de ordenador en el ejercicio de las
funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su em-
presario, la titularidad de los derechos de explotación sobre ese programa,
tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponden exclusiva-
mente al empresario salvo pacto en contrario (art. 97 LPI).
En materia de creaciones industriales, la Ley de Patentes de 20 de marzo
de 1986 dispone que las invenciones, realizadas por el trabajador durante la
vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa,
que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente
constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario (art. 15). Y
esa misma norma es aplicable al derecho a obtener la protección exclusiva
sobre una nueva obtención vegetal, conforme a lo dispuesto en la Ley de 7 de
enero de 2000, sobre Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones
Vegetales, en su artículo 10, apartado 5.
Por su parte la LDI de 7 de julio de 2003 dispone en su artículo 14 que
cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de
sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, el
derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario, salvo que en el
contrato se disponga otra cosa.