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Timestamp: 2018-09-24 20:19:14
Document Index: 204471780

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 116', 'artículo 55', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 26', 'artículo 163']

CÁmara de diputados del congreso de la unióN, CÁmara de senadores del congreso de la unióN, presidente de los estados unidos mexicanos, secretario de
título CÁmara de diputados del congreso de la unióN, CÁmara de senadores del congreso de la unióN, presidente de los estados unidos mexicanos, secretario de
__________________________ Y OTROS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA: ______________
REGIÓN: __________________________
Los que suscribimos, CC. __________________________________________, mexicanos, en pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos, personalidad que acreditamos con la presentación de los comprobantes originales de percepciones y deducciones correspondientes a la primera quincena de diciembre de dos mil doce y con la copia simple de la Credencial para Votar expedida en nuestro favor por el Instituto Federal Electoral, ambos documentos de todos y cada uno de los que suscribimos la presente vía constitucional, por nuestro propio Derecho; señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en Calle Quiches, Número 11, Colonia La Raza, Código Postal 02990, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, México; autorizando para tales efectos, en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los CC. Eduardo Pérez Saucedo, Arturo Ascencio Salazar García, Gerardo Fierros Romero, Arturo Ávila Cruz, Sergio Justo Salazar García, Miguel Ángel Ramírez Basurto, Pedro Pérez Saucedo, Josué Jair Muñoz Hernández, Melquiades Contreras Plata y Flor Edith González Pardo; y señalando como representante común, en los términos del artículo 20 de la Ley citada, al C. _______________________________, con el debido respeto, comparecemos ante ese H. Juzgado, para exponer lo siguiente:
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I; 22, fracción I; 114, fracción I; 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; venimos en tiempo y forma a interponer el presente Juicio de Garantías, solicitando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, por violación en nuestro perjuicio de los Derechos Humanos consagrados en nuestro beneficio por los artículos 1, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 25, 26, 123 Apartado A, Fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI y XXIX, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundándonos en lo previsto por la fracción I del artículo 1 de la Ley citada y formulando esta demanda en el orden establecido por el artículo 116 del mismo ordenamiento en los siguientes términos:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS: El nombre de todos y cada uno de los quejosos y el domicilio convencional para oír y recibir cualquier clase de documentos y notificaciones, quedaron expresados en el proemio de la presente vía constitucional.
1.- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías;
2.- CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías;
3.- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Es responsable de promulgar el Decreto de reforma de la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías;
4.- SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. Es responsable de refrendar el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías.
COMO AUTORIDADES EJECUTORAS:
5.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Es responsable de ejecutar en el ámbito administrativo, el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías. Aclarando que al día de hoy, no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad;
6.- PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Es responsable de ejecutar en el ámbito jurisdiccional, el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías, Aclarando que al día de hoy, no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad; y
7.- DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Es responsable de publicar el Decreto que contiene las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate en el presente juicio de garantías.
Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce; particularmente por lo que hace a los artículos: 2, 3, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 22 Bis, 25, 28, 28-A, 28-B, 35, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 39-F, 47, 48, 50, 56, 56 Bis, 83, 101, 127, 153-D, 153-E, 153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-U, 153-V, , 154, 159, 173, 174, 175 Bis, 176, 279, 279 Bis, 279 Ter, 280, 283, 311, 333, 336, 343-A, 343-E, 357, 364 Bis, 365 Bis, 366, 371, 373, 377, 391 Bis, 424 Bis, 527, 692, 1004-B, 1004-C y Artículos Transitorios.
Dichos artículos, violentan disposiciones legales del Orden Nacional, y diversos tratados internacionales, y al ser estos artículos de naturaleza autoaplicativa, se hace valer el interés legítimo colectivo que concierne a los quejosos.
Estado Mexicano está obligado a armonizar el sistema jurídico legal interno al internacional, toda vez que la violación de derechos humanos no sólo se da por acción, sino también por omisión, como en el caso que nos ocupa; porque al aprobar, expedir, promulgar, refrendar, ejecutar y publicar el Decreto que contiene las reformas a los numerales de la Ley Federal del Trabajo, se materializa la violación de los derechos humanos de los quejosos.
En virtud de que el acto reclamado es de carácter autoaplicativo, la presente instancia de garantías deberá admitirse y dársele curso para que en su oportunidad se declare la inconstitucionalidad e in-convencionalidad de las disposiciones combatidas y que, por tanto, deberán quedar sin efecto alguno para los quejosos, al efecto, sirve la siguiente interpretación del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:
Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez. Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Disidentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 112/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, de la Ley de Amparo y el artículo 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ese H. Juzgado es competente para conocer la presente demanda de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, pues la expedición del decreto de reformas, afecta los derechos humanos laborales consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales adoptados por el Estado Mexicano.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, procede en tiempo y forma a reclamar la inconstitucionalidad de los artículos, mediante la presente demanda de amparo, misma que se promueve dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
Es menester precisar que el acto reclamado no se combate con motivo de algún acto de aplicación, toda vez que al tratarse de una norma autoaplicativa, por la naturaleza de las disposiciones que contiene que con su simple entrada en vigor, generan afectación a las garantías sociales de los quejosos.
Sirven de apoyo las siguientes interpretaciones del Poder Judicial de la Federación:
El acto reclamado en el presente juicio de garantías es violatorio de derechos humanos laborales, que como parte de la obligación que le impone al Estado Mexicano la Constitución y normas internacionales de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad ajustándose a dichos dispositivos internacionales y así asegurar al ser humano una adecuada reparación de sus derechos humanos mediante un recurso sencillo, rápido y eficaz
En virtud de que el acto reclamado es de carácter autoaplicativo, la presente instancia de garantías deberá admitirse y dársele curso para que en su oportunidad se declare la inconstitucionalidad e in-convencionalidad de las disposiciones combatidas y que, por tanto, deberán quedar sin efecto alguno para los quejosos, tanto en su aplicación actual como futura, debiendo restituírsele en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales respecto de todos esas disposiciones. Al efecto es aplicable, en lo que hace al supuesto que se refiere a las leyes autoaplicativas.
Con respecto al plazo para la interposición de la presente vía constitucional, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia provista por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice:
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.
Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por "el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones", toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Contradicción de tesis 8/2003-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Octavo Circuito, Primero en Materia Civil del Segundo Circuito, Primero en Materia Civil del Sexto Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 18/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de marzo de dos mil tres.
Nota: La tesis P./J. 5/95 citada aparece publicada con el rubro: "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES.".