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Timestamp: 2017-06-23 01:30:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 214', 'artículo 214', 'artículo 3', 'artículo 160', 'artículo 3', 'artículo 822', 'artículo 822', 'Artículo 160', 'artículo 341', 'Artículo 214', 'Artículo 822']

Calificación jurídica de los contratos atípicos por la Corte Suprema de Chile | Rafael Durájn - JDSupra
by Rafael Durájn
de determinadas mercancías, quien actuó subrogado por su compañía de seguros, y una empresa de servicios logísticos dedicada, entre otros, al transporte terrestre y custodia de dichas mercancías, en
dependencias de su propiedad.
Se concluye por parte de la Corte, que el contrato tiene el carácter de un contrato de transporte, y en lo que interesa, las disposiciones de dicho contrato se aplican en cuanto al régimen de prescripción procedente.
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INTRODUCCIÓN El fallo que comentamos se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del vínculo que unió a un importador de determinadas mercancías, quien actuó subrogado por su compañía de seguros, y una empresa de servicios logísticos dedicada, entre otros, al transporte terrestre y custodia de dichas mercancías, en dependencias de su propiedad. El fallo establece que el período en que se transportaron las mercancías que existió en los autos, es trascendente para determinar que la naturaleza del vínculo, es precisamente aquel que regla tal contrato y que se contiene entre los artículos 166 al 232 del Código de Comercio, y que en consecuencia, corresponde acoger la excepción de prescripción alegada (art. 214 Nº4 de dicho código), considerando que la demanda fue presentada luego de los seis meses de prescripción que se contemplan dentro de su estatuto legal aplicable (art. 214 Nº4 de dicho código) debe ser desechada. La materia sobre la cual se pronuncia el fallo no es novedosa, por cuanto diversos fallos anteriores del máximo tribunal han arribado a una conclusión similar, aun cuando con matices diferenciadores. (1) En el presente comentario, procuraremos entregar una visión de los hechos alegados en el presente juicio, haciéndonos cargo de la calificación jurídica del vínculo contractual que existió entre las partes, repasando otros casos en que la CS(2) ha ejercido tal labor. Particular referencia efectuaremos a la calificación jurídica en los contratos atípicos y nuestra posición sobre la decisión de la Corte en el presente caso.II.-HECHOS Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. dedujo, con fecha 9 de octubre de 2002, demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual y, subsidiariamente, por responsabilidad civil extracontractual, solicitando se condene a la demandada al pago de US$ 7.186,99.-a favor de la demandante, o la suma que el tribunal fije en moneda extranjera o su equivalente en moneda legal de Chile más reajustes, intereses, reajustes y costas.Funda su petición sosteniendo que, por haber pagado a Whirlpool Chile los perjuicios irrogados por la demandada, por su falta de entrega de las mercancías consistentes en 64 refrigeradores recibidos en depósito para su almacenamiento, y cuya carga se encontraba por ella asegurada, se ha subrogado en los derechos de aquélla. Señala que en el puerto de Itajai-Brasil, se embarcó y transportó por mar hasta San Antonio, Chile, una partida de refrigeradores, carga que fue consignada a Whirlpool Chile, y que arribó el día 27 de octubre de 1999 y fue recibida por los transportistas el día 30 siguiente, verificándose a la llegada de la nave que el sello de los respectivos contenedores no presentaba anomalías, por lo que se entregó la mercancía a la demandada en perfectas condiciones para su almacenamiento y custodia en las bodegas de tránsito de aquélla. Lugar éste en que los dos contenedores que traían la carga, permanecieron hasta los días 11 y 24 de noviembre de 1999, respectivamente, fechas en las que se solicitó el traslado de ellos a las dependencias del consignatario. Añade que al proceder a verificar el estado del contenedor, presentaba sus sellos intactos, sin embargo, los pasadores de las dos palancas de apertura de la puerta derecha no correspondían a los originales, detectándose, al abrir el módulo, un faltante de 64 refrigeradores, de lo cual se dejó constancia en el acta de inspección.Concluye que tal situación generó un perjuicio total de US$ 6880,89 suma que canceló, más US$ 306,10 que se pagaron por concepto de honorarios de los liquidadores. A su turno, la demanda fue notificada a la demandada el día 22 de octubre de de 2003. La demandada, al contestar, solicitó el rechazo de la demanda sosteniendo que si es que existió sustracción de la mercadería, esto sucedió antes del inicio de la órbita de responsabilidad que le corresponde; añadiendo que los contenedores no fueron abiertos dentro de ese tiempo y que recibió el contenedor sellado y en calidad de transportista terrestre, habiéndolo entregado con el mismo sello y en las mismas condiciones. Hace hincapié en que la naturaleza jurídica del contrato en que la actora funda su acción, no es de depósito mercantil, sino de transporte terrestre, por cuanto la demandada recibió un contenedor sellado en San Antonio para su transporte, y no directamente en su recinto de contenedores de San Bernardo, como se da a entender en la demanda. Añade que desde ese recinto de tránsito lo trasladó hasta las bodegas del consignatario a petición del mismo, por sus propias decisiones logísticas. Afirma que la responsabilidad del transportista terrestre por pérdidas, desfalcos y averías se encuentra extinguida de acuerdo a lo previsto en el artículo 214 Nro. 4 del Código de Comercio, norma que establece un plazo de prescripción de seis meses, que debe computarse desde la fecha de la entrega de las mercancías, hecho acaecido el 10 de noviembre de 1999, y hasta la fecha de notificación de la demanda, el 22 de octubre de 2003, por lo que ha transcurrido en exceso el término indicado.En cuanto a la responsabilidad extracontractual demandada, plantea que existiendo contrato, en los términos expuestos, resulta improcedente, razón por la cual pide sea también rechazada(3). III.-DECISIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA INSTANCIA El fallo de primer grado desestimó la demanda principal de indemnización de perjuicios en sede contractual por estimar que no se acreditó la existencia de una relación de esa clase entre las partes, específicamente de un contrato de depósito y acogió, en cambio, la demanda en sede extracontractual, interpuesta subsidiariamente, sólo en cuanto condenó a la demandada a pagar a la demandante la suma de US $ 6880,89 en su equivalente en moneda nacional a la época del pago, sin reajustes y con intereses para operaciones reajustables sólo en caso de mora.Por su parte, la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de la apelación intentada por la parte demandada, decidió revocar la aludida sentencia, y declaró que existiendo un contrato de transporte entre las partes, la acción de indemnización de perjuicios deducida se encontraba prescrita, y por lo tanto, negó lugar a la demanda interpuesta. En contra de esta última sentencia, la demandante interpuso recurso de casación en el fondo para ante la E. Corte Suprema. IV.-MATERIAS A TRATAR Merecen ser comentados al menos dos puntos que el fallo aborda. El primero de ellos, es el reconocimiento expreso que hace el máximo tribunal al indicar que la calificación jurídica de los hechos importa una cuestión de derecho, y por ende, entregado al tribunal supremo. El segundo de ellos, es desde luego, la naturaleza jurídica que el vínculo contractual revistió, y por ende, el estatuto legal aplicable, y en particular el régimen de prescripción. IV.1.CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS Y LA PROCECENCIA DE SU ANÁLISIS POR LA CORTE SUPREMA El fallo hace una reseña breve de la labor jurisprudencial, para indicar enseguida que la labor de calificación de un contrato(4) se encuadra en la labor del máximo tribunal, ya que en definitiva corresponde a la determinación del derecho aplicable a un asunto sometido a su decisión. Así indica: "Que en la resolución de conflictos de carácter jurídico sometidos a la decisión de los tribunales, luego de exponer lo que son las acciones interpuestas, los fundamentos en que descansan, las excepciones que se formulan, sus argumentos y defensas, se desarrolla la labor consistente en: a) establecer los hechos; b) interpretar esos hechos, actos, contratos o convenciones; c) precisar los elementos de relevancia jurídica; d) calificar jurídicamente los hechos; e) determinar el carácter legal de los mismos; f) fijar las disposiciones legales aplicables y g) deducir y declarar los efectos que de tales normas derivan para el caso concreto. En lo referido al establecimiento de los hechos, el tribunal constata los aspectos que se encuentran reconocidos por ambas partes y en los que existe contradicción. Estos últimos son los que le corresponde determinar, para lo cual analizará la prueba ofrecida por las partes, aceptada por el tribunal y rendida válidamente, respetando las reglas de valoración individual y conjunta de cada medio probatorio, como la ponderación comparativa de ellos. En la interpretación de los hechos, actos, contratos o convenciones los jueces deben ceñirse a las disposiciones que establece el legislador, atribuyéndoles y deduciendo los efectos y alcances que sobre la base de tales reglas de interpretación es posible otorgarles. En este sentido debe distinguirse entre lo que es la existencia del contrato y sus estipulaciones propiamente tales, lo que constituye una cuestión de prueba, diferente de la precisión del sentido y alcance de los actos y contratos, que es un aspecto de interpretación, que no deben ser confundidos.En un paso siguiente del análisis, se encuentra la calificación que pueda hacerse de la convención, circunstancia, esta última, que excede la simple interpretación, que como se ha dicho, está referida a determinar su sentido y alcance, sin que deba considerarse para ello los efectos que tendrá. La precisión de los elementos de relevancia jurídica es lo que permitirá efectuar la subsunción de los supuestos de hecho en la norma, y está constituida por el producto de la interpretación de los hechos, actos, contratos o convenciones, por lo que excede esa dicha actividad, al deber precisar los antecedentes o bases aisladas que tienen relevancia en el derecho, pero para un correcto análisis deben ser considerados en su conjunto, no de manera aislada. En la calificación jurídica nos encontramos con la actividad tendiente a aplicar el "derecho a los hechos, con el fin de determinar su naturaleza jurídica, o sea, la denominación atribuida por la ley a una situación de hecho determinada, especialmente e n lo referente a los actos y contratos, en los cuales ella ha dado reglas que deben ser observadas, toda vez que no hayan sido derogadas por acuerdo de las partes, en cuyo silencio entra a suplirlas", cita en elloel máximo tribunal a José Florencio Infante Díaz, Causales de Casación de Fondo en Materia Civil, páginas 98 y 99(5). Debemos anotar, que en diversos fallos pronunciados con anterioridad al que comentamos, la Corte Suprema, ha efectuado consideraciones similares, previas a abocarse al proceso de calificación de la relación que liga a las partes de un conflicto.De esta forma ha indicado: "Que, para resolver la impugnación debe dejarse dicho, además, que constituye un aspecto de derecho y sujeta a la revisión de esta Corte de Casación, lo referido a la calificación jurídica de los hechos, que no es otra cosa que determinar si la hipótesis fáctica establecida por los jueces de la instancia se encuadra o queda subsumida en las normas dadas por el legislador, específicamente, en lo que es materia de la presente litis, las partes se encuentran acordes en que lo pactado por ellas corresponde a gratificaciones, en las cláusulas que se transcribirán más adelante"(6). Merece ser reproducido un voto de minoría del Ministro de la ECS Sr. Muñoz, en que alude a la calificación del contrato: "En este sentido debe distinguirse entre lo que es la existencia del contrato y de sus estipulaciones propiamente tales, que constituye una cuestión de prueba, diferente de la precisión del sentido y alcance de los actos y contratos, que es un aspecto de interpretación, que no deben ser confundidos. En un paso siguiente del análisis se encuentra la calificación que pueda hacerse de la convención, circunstancia, esta última, que excede la simple interpretación, que como se ha dicho, está referida a determinar su sentido y alcance, sin que deba considerarse para ello los efectos que tendrá. La precisión de los elementos de relevancia jurídica es lo que permitirá efectuar la subsunción de los supuestos de hecho en la norma, está constituida por el producto de la interpretación de los hechos, actos, contratos o convenciones, por lo que excede dicha actividad, al precisar los antecedentes o bases aisladas que tienen relevancia en el derecho, pero para un correcto análisis deben ser considerados en su conjunto, no de manera aislada."(7) En otra prevención del Sr.Muñoz, concurriendo al fallo de mayoría, expresa que: "Por otra parte, indudablemente queda dentro de la competencia de la Corte de Casación la revisión de la calificación jurídica de los hechos, la determinación del carácter legal de los mismos, como de las disposiciones legales aplicables y los efectos que de tales normas derivan para el caso concreto, por cuanto "lo que le corresponde ver a la Corte de Casación es si establecido un hecho cualquiera "éste" reúne los caracteres o requisitos fijados por la ley para que produzca un efecto determinado, y ver si las consecuencias jurídicas que los jueces sentenciadores han sacado de los hechos constatados soberanamente, están ajustadas a derecho, o por el contrario si se han negado a admitir las consecuencias que de ellos se deducen" (J. F. Infante D., obra citada, página 100). En este mismo sentido se expresa Luis Claro Solar al señalar que "todo lo que toca a la calificación legal de los hechos y todo lo que se refiere a las consecuencias de esta calificación legal, bajo el punto de vista de la aplicación de la ley, entra forzosamente en el dominio de la Corte de Casación, porque corresponde al terreno del Derecho" (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo XI, Nº 1032, página 474)(8)" Otro voto de disidencia del mismo Ministro, expresa que: "Sea una actividad previa o esté comprendida en la misma la precisión de la naturaleza jurídica, la calificación jurídica indudablemente lleva a ella.La determinación legal de los hechos, está constituida por la actividad que encierra el establecimiento de todas aquellas circunstancias, condiciones, caracteres, requisitos o elementos que debe reunir un hecho, acto o contrato, encaminados a laproducción que un efecto determinado. La determinación pues, de las disposiciones legales aplicables al caso es una labor que resulta como consecuencia de las actividades anteriores, en que se verá la normativa llamada a ser aplicada al litigio, de la que se presume su mayor conocedor es el juez. Los efectos jurídicos que de tales normas derivan para el caso concreto, son las consecuencias en los derechos de las partes que genera la aplicación de las disposiciones legales, los que serán decididos y declarados por el tribunal como la culminación de la actividad jurisdiccional.(9) (10) En otro plano, don Jorge López Santa María ha venido expresando que "dentro de los tres aspectos que se distinguen en los litigios, el primero, es decir, la determinación de la existencia o inexistencia de los hechos implica una cuestión de hecho. Todo lo que concierne a este primer aspecto es ajeno a la fiscalización de la Corte de Casación, salvo si se hubiese incurrido en alguna vulneración de las leyes reguladoras de la prueba.En cambio, los otros dos, la calificación de los hechos y las consecuencias o efectos que de ellas se derivan en vistas de la aplicación de la ley, importan cuestiones de derecho, que, como tales, pueden examinarse en casación"(11).En consecuencia, "toda errónea calificación de los contratos, desde que involucra un vicio en una cuestión de derecho, autoriza a la parte agraviada para deducir el recurso de casación en el fondo contra la sentencia en que se cometiera el desatino".(12) (13) O bien como indican otros autores, "apreciar si un hecho es un contrato o no y qué tipo de contrato es (calificarlo), no puede ser una materia que quede entregada puramente a los jueces del fondo, desde el momento que por la mala apreciación de esos hechos ha quedado sin aplicación una norma estrictamente legal. Apreciar si un determinado supuesto fáctico, que es inamovible como fenómeno, es o no un contrato, es materia que cae en el ámbito de la casación, por falta de aplicación del art. 1545 del CC"(14). Don Enrique Paillás expone que la teoría del control general de las calificaciones fue efectuada por Desiré Dalloz en 1847, quien expuso que "el principio e la institución de la Corte Suprema no le impide apreciar los elementos de un acto y ver en esos elementos otros caracteres que los que una Corte real les haya atribuido.Si un fallo, después de haber reconocido que un acto que le es sometido presenta los caracteres constitutivos de tal o cual contrato -por ejemplo, un consentimiento, una cosa y un precio, que son las tres condiciones esenciales y constitutivas de la venta -declara, sin embargo, que este acto no es una venta y le da los efectos de otro contrato, es indudable que en ese caso no hay solamente falsa apreciación del acto y una resolución evidentemente equivocada, sino también violación de los principios y de las disposiciones del Código civil que definen el contrato de venta y lo hacer consistir en el consentimiento de las partes sobre la cosa y sobre el precio..."(15) Sin dejar de lado la cuestión de la calificación del contrato, creemos que uno de los puntos más interesantes que se presentan, es el relativo a si dicha calificación puede exceder del marco de las alegaciones de las partes, o bien debe atenerse a éstas sin exceder su marco, ya que de lo contrario se incurriría en ultrapetita. A continuación nos abocaremos a la segunda de las materias a tratar, esto es la relativa a la naturaleza jurídica del vínculo que unió a las partes, para luego volver sobre la cuestión recién enunciada sobre el marco en que la calificación del tribunal puede recaer (no solo de la Corte Suprema). IV.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL VÍNCULO EXISTENTE ENTRE LAS PARTES DEL JUICIO. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE Desde luego, determinar la naturaleza jurídica del contrato que unió a las partes es trascendente para los efectos de fijar el régimen jurídico que sea aplicable a dicho contrato. Como hemos indicado, la demandante accionaba contractualmente fundada en la existencia de uncontrato de depósito.A su turno, frente a los hechos arriba descritos, la demandada se excepcionó perentoriamente, alegando la prescripción de la acción interpuesta, puesto que, alegaba, que la naturaleza del vínculo correspondía al de un contrato de transporte terrestre, y que en consecuencia, habiendo transcurrido el plazo de seis meses, establecido en el artículo 214 N° 4 del Código de Comercio, la acción deducida se encontraba prescrita. Frente a estas alegaciones la Corte Suprema anota que "resulta imperioso resulta imperioso anotar primeramente que convención es la que se ha surgido a partir de la vinculación instituida entre los contratantes señalados precedentemente -teniendo además presente que las partes no han discutido la existencia de un contrato sino sólo la calificación jurídica de aquél..."(16) Enseguida, analiza los contratos de depósito y transporte, para concluir que en los hechos analizados se está frente a un contrato de transporte. El raciocinio de la Corte, puede resumirse en el siguiente: i.-Contrato de depósito: Luego de definirlo(17), siguiendo las normas del Código Civil y de anotar su carácter de contrato real(18), la CS agrega que es un contrato de carácter unilateral y naturalmente gratuito, puesto que si se estipula una remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito degenera en arrendamiento de servicio(19). De esta forma, acude al análisis del arrendamiento de servicios y a sus diversas clases, para centrarse en el arrendamiento de servicios de transportes, apuntando que el depósito civil remunerado deviene en arrendamiento de servicios inmateriales, por lo que descarta tal calificación e indica que en el presente caso correspondería asimilar el contrato existente entre las partes a un arrendamiento de transporte(20). Sin embargo, entiende la Corte que, por el giro y naturaleza de los servicios, "resulta evidente que las normas que rigen las relaciones de las partes son las de carácter mercantil, debiendo recurrirse a dichas leyes"(21). De esta forma, entra de lleno a las normas del Código de Comercio.En este estadio acude primeramente a las normas propias del depósito mercantil(22), deteniéndose en la segunda de éstas: "los derechos y obligaciones del depositante y depositario de las mercaderías son los mismos que otorga e impone este Código a los comitentes y comisionistas(23)" En esta búsqueda de las disposiciones aplicables, por la remisión a las normas de la comisión, se encamina la Corte entonces a los preceptos del mandato comercial, y en particular de la comisión, a saber una de las clases de mandato comercial, junto con el mandato de los factores y mancebos o dependientes de comercio y de la correduría(24). Entre las clases de comisión, se enfoca en las normas relativas a los comisionistas de transporte por tierra, lagos, ríos o canales navegables(25). Se reproduce la definición del comisionista de transporte (aquel que en su propio nombre pero por cuenta ajena, trata con un porteador la conducción de mercaderías de un lugar a otro(26)), y de otras normas de esta reglamentación, para concluir que "la actividad a que alude el Código en relación con el comisionista de transporte podría diferir de la realizada por el demandado, por lo que más propiamente constituye un contrato de transporte, descartando, por lo mismo, el simple depósito(27)". De esta forma, se concluye en definitiva que el contrato celebrado revistió el carácter de uno de transporte. Pero la Corte, no se queda en aquello, sino que agrega que "el depósito mercantil, la comisión de transporte y el contrato de transporte, se rigen, en general por iguales normas en relación a la responsabilidad de las partes, en especial las obligaciones de conservación y custodia, por lo que pierde relevancia la calificación ya dada, como que dicho contrato de transporte se rige, en definitiva, por las disposiciones contempladas para el transporte, contrato este último que constituye un acto de comercio, conforme lo dispone el artículo 3º Nº 4 del Código del ramo"(28) ii.-Contrato de transporte:Habiendo efectuado el análisis anterior y concluir en que el contrato revestía el carácter de un transporte, la Corte se limita a reproducir algunos de los preceptos que reglan este contrato dentro del Código de Comercio(29), haciendo especial hincapié en la obligación de custodia yconservación de las mercancías del porteador(30)(31). De esta forma, para la Corte, la naturaleza jurídica del contrato no varía por el hecho que el transporte no se realizó con entrega inmediata de las mercancías al consignatario o destinatario final de las mismas, ya que recordemos, dichas mercancías luego de ser recepcionadas por el demandado en el puerto de San Antonio, fueron trasladadas hasta bodegas de su propiedad, en donde permanecieron entre 15 y 20 días aproximadamente, para luego ser trasladadas hasta su destino final. La CS entiende que la guarda y custodia de las mercancías, en el tiempo en que éstas estuvieron en dependencias de la demandada, forma parte del contrato de transporte(32). Sin embargo, el principal raciocinio adoptado, es que el objeto principal del contrato celebrado entre las partes, "constituido por la prestación que se debe, el que determina además, la calificación del mismo, que en el caso de autos es el traslado de la mercadería desde el puerto de San Antonio hasta dependencias de Whirlpool Chile Ltda., puesto que son obligaciones que integran el contrato de transporte las relativas a la conservación y custodia de las especies transportadas, pero a las cuales queda igualmente vinculado el transportista"(33). Enseguida es fácil concluir que la Corte concluye que la acción interpuesta se encontraba prescrita, por aplicación del art. 214 Nº4 del Código de Comercio. V. COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRATOS Y DE AQUELLA EFECTUADA POR LA CORTE SUPREMA AL CASO EN PARTICULAR V.1.Calificación jurídica de los contratos Generalmente, en las oportunidades en que la Corte Suprema ha calificado contratos conociendo de recursos de casación en el fondo, ha analizado las alegaciones realizadas por las partes en el período de discusión y en el recurso pertinente, a la luz de los de los hechos asentados por los tribunales de la instancia, para decantarse por una de las posturas planteadas por las partes. Es decir, en los casos que conocemos y que han llegado a la CS, ésta ha calificado jurídicamente el contrato según las alegaciones planteadas, sea por el demandante o por el demandado, sin postular una tercera opción de calificación. Considerado desde el punto de los antecedentes fácticos asentados por los jueces del grado, teóricamente nada impediría al máximo tribunal postularse por una calificación diversa a la seguida por las partes. El asunto es que, eventualmente, dicha calificación realizada dentro de dicho fallo podría incubar una hipótesis de ultra petita, al extenderse sobre un punto no sometido a la decisión del tribunal, y por ende faltar a la debida congruencia que debe mantener la sentencia de casación con las alegaciones formuladas por las partes(34), sin perjuicio, que lógicamente el fallo no sea atacable considerando la sede en que fue dictado. Con todo, debe reconocerse que si la calificación envuelve un asunto netamente jurídico que pretende desentrañar la real naturaleza del contrato que vincula a las partes, y que por ende su fin no es más otro más que buscar lo que las cosas realmente son, sin importar los nombres que las partes les hayan dado, creemos que nada limita a la Corte Suprema para calificar el acuerdo de voluntades que ha existido de la forma que sea más acorde con los hechos previamente asentados por los jueces del grado.En este caso, la CS no se extendería a un punto no sometido a su decisión, ya que la función misma de la Corte, sino de todo tribunal, es decir el derecho, lo que precisamente se alcanza, entre otros aspectos, con la calificación jurídica del contrato(35). En consecuencia, se trata de una labor privativa de todo tribunal y especialmente de la CS, en que propiamente no se extiende a un asunto diverso sometido al su decisión, ya que si bien las partes expresamente no se lo solicitan, es un tema inherente a su labor. En un fallo arbitral, dictado por don Juan Carlos Dör Zegers, en calidad de árbitro arbitrador(36), se calificó jurídicamente un contrato de forma diversa a lo que alegaban ambas partes. Citamos dos de sus considerandos:"Vigésimo Primero: Que, el contrato que es objeto del presente juicio reúne todas y cada una de las características del denominado contrato de distribución y existen antecedentes en el proceso que demuestran que, independientemente de la calificación que las partes hacen en su texto -caracterizándolo como contrato de compraventas o suministro-ellas mismas entendieron que XX pasaba a ser distribuidor de determinados productos de ZZ, con exclusividad, en el territorio de Chile, con determinadas exclusiones zonales..." "Vigésimo Segundo:Que, en consecuencia de lo expresado, el sentenciador concluye que el contrato es un característico contrato de distribución, calificación jurídica que corresponde al sentenciador efectuar, toda vez que se trata de una cuestión de derecho y no de hecho y, al hacerlo, no violenta la voluntad de las partes del contrato, ni lo modifica, porque en derecho, como lo expresa el elemental aforismo, "las cosas son lo que son cosas son lo que son independientemente de lo que las partes expresen"(37). En este último aspecto confirma la opinión de autores nacionales como López Santa María y Alessandri, Somarriva y Vodanovic(38). Creemos que el tribunal efectivamente es soberano para calificar el contrato de forma diversa a la efectuada por las partes, en tanto se respete el mérito del proceso. En otros términos, será posible hacerlo siempre que no se contravenga el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil (39)(40). Sin embargo, no podemos desconocer la enorme complejidad de la materia, y cumplimos con hacer ver que hay doctrina procesalista nacional que se ha hecho cargo del asunto(41). V.2.Calificación jurídica del contrato celebrado en el fallo comentado Como hemos indicado, la CS ha calificado el contrato como uno de transporte, en desmedro de la tesis del actor quien postulaba que se trataba de uno de depósito. Sin embargo, creemos que en el caso comentado propiamente se celebró un contrato atípico, de los denominados mixtos o complejos, esto es una combinación de dos o más contratos reglamentados por la ley, para diferenciarlo del contrato atípico propiamente tal, en que se está frente a un contrato inédito, en el sentido que en nada o caso nada corresponden a los regulados por el legislador en códigos o leyes especiales.(42) La doctrina extranjera ha indicado que se trata de un contrato atípico, al que se le denomina contrato de logística, el que se define como aquel contrato en virtud del cual un sujeto, denominado "operador logístico", se compromete frente a otro, denominado "usuario", a llevar a cabo la prestación de aquellos servicios de contenido logístico que son requeridos por este último, a cambio del pago de una contraprestación económica(43). Como regla general en esta case de contratos, el operador logístico se compromete a una actividad de transporte de mercancías, desde los proveedores hasta el usuario, y/o desde el usuario hasta los destinatarios de sus productos, así como a una actividad de almacenamiento de mercancías (warehousing), que se lleva a cabo en unas determinadas instalaciones o "plataforma logística", entre otras(44). Este contrato encuadra dentro de la figura del acto complejo, siempre y cuando, las actividades a cuyo respecto se hubiese obligado el demandado, sean categorizables dentro de contratos típicos, lo que en la práctica no siempre sucede.Como se ha indicado, la complejidad de todo contrato de prestación de servicios logísticos viene determinada por el hecho de que, por lo general, integra un contrato de transporte de mercancías, un contrato de depósito y, en ocasiones, otras figuras contractuales accesorias.(45) En el caso comentado, el operador logístico fue el demandado Sitrans, y el usuario la empresa en cuyos derechos se subrogó legalmente el actor. Creemos que es forzar demasiado las normas del transporte, el concluir que reviste tal naturaleza, el contrato celebrado en que una de las partes se comprometió, junto con trasladar las mercancías de un lugar a otro, a mantenerlas depositadas en sus propias dependencias (plataforma logística), por varios días, y luego, ante la solicitud del usuario a entregárselas en el lugar acordado. Por cierto, tampoco es posible afirmar que se trataba de un contrato de depósito a secas. Es simplemente una suma de ambos contratos y más.Ciertamente, la segmentación de una y única actividad en, al menos, dos figuras contractuales típicas plantea, graves problemas interpretativos e indeseables consecuencias prácticas para las partes contractuales en un contrato de prestación de servicios logísticos. Problemas de interpretación y de ejecución que vienen identificándose, al menos, en relación con algunas de las más importantes previsiones que todo contrato de prestación de servicios logísticos ha de incorporar, tales como el régimen de responsabilidad aplicable al operador logístico(46). Sin embargo, tales problemas no se pueden soslayar por la vía de intentar encuadrar la relación de las partes en una figura contractual típica.En esto no puede olvidarse que las cosas son lo que son, y en ese sentido es útil acudir a la propia publicidad que la demandada realiza de sus servicios, al autodenominarse como un operador logístico. De esta forma, creemos que en el fallo comentado, la CS al calificar el contrato, perfectamente pudo haber indicado que este revestía el carácter de un contrato atípico, mixto o complejo, compuesto, al menos, por un contrato de transporte y por uno de depósito, sin perjuicio de otras obligaciones asumidas por la demandada, pero no podemos desconocer que si las partes nada de ello alegaron, y encontrándonos frente a un contrato de relativa novedad en nuestro derecho, es comprensible que la Corte haya seguido las alegaciones de las partes. Llegados a este punto, y considerando que la naturaleza jurídica del contrato, en nuestro concepto, es de los denominados de logística, nos enfrentamos con la misma valla, a saber el estatuto de responsabilidad aplicable. Para salvar este escollo, la doctrina comparada ha indicado que en los casos en que no existe un contrato escrito en que se aborde este aspecto, que existen diversas posibilidades. Como indican Alvear y López(47), una primera consistiría en determinar cual de ambas relaciones, depósito o transporte, ha de prevalecer sobre la otra (teoría de la absorción). Desde este prisma, podría decirse que el usuario o cliente busca en el operador logístico un prestador de servicios integrados pero fundamentalmente un transportista capaz de trasladar las mercancías a los distintos puntos de entrega, requiriéndole una organización suficiente para, de manera auxiliar y asociada al principal elemento del contrato -que no sería otro que la entrega-, asegurar que la cadena logística sea ejecutada en todo momento de acuerdo con las condiciones de custodia, seguridad y plazo de entrega pactadas.Siendo así la relación contractual de transporte preferencial respecto de la de depósito, que podría calificarse entonces como de actividad (o incluso relación contractual) auxiliar en el ámbito del contrato de prestación de servicios logísticos, el régimen de responsabilidad aplicable sería el exigible al porteador. Sin embargo, en opinión de los autores referidos, y que por cierto compartimos, esta solución debe ser descartada pues parte de la errónea idea de que, en la operativa logística, la actividad principal es siempre la de transporte. Como quiera que el operador logístico desarrolla actividades de diversa naturaleza, desde un punto de vista jurídico, y a falta de un régimen de responsabilidad legal uniforme para toda la cadena logística, una segunda posibilidad consistiría en atender al momento en que acaece el hecho generador de la responsabilidad del operador -es decir, si trae causa de las actividades llevadas a cabo durante el depósito de las mercancías o, por contra, en el curso de la ejecución del transporte-y aplicar, en cada caso concreto, uno u otro régimen de responsabilidad (teoría de la combinación)(48)(49)(50). De cualquier forma, las soluciones propuestas, la complejidad del asunto, y en particular la prescripción aplicable como consecuencia de la determinación del régimen legal procedente, no son sostenibles a la luz del considerando 8º del fallo comentado, al señalar que "el depósito mercantil, la comisión de transporte y el contrato de transporte, se rigen, en general por iguales normas en relación a la responsabilidad de las partes, en especial las obligaciones de conservación y custodia, por lo que pierde relevancia la calificación ya dada, como que dicho contrato de transporte se rige, en definitiva, por lasdisposiciones contempladas para el transporte, contrato este último que constituye un acto de comercio, conforme lo dispone el artículo 3º Nº 4 del Código del ramo", ya que debe considerarse, desde luego, que una cuestión son los derechos y obligaciones de las partes, en que efectivamente tratándosede los contratos indicados por la CS se rigen por idénticas normas, y otro asunto es el estatuto de prescripción aplicable, en que por cierto las soluciones legales son diversas, ya que el contrato de transporte conlleva un régimen excepcional(51), y el de transporte deriva al general(52). Siendo un asunto en que no hay ninguna claridad, creemos que no puede en definitiva optarse por aquel régimen excepcional, a saber el del transporte, dejando de lado aquel general como sucede en materia de depósito mercantil, en el que al no contemplarse norma especial, rige la general del artículo 822 del Código de Comercio, la que en definitiva debió ser aplicada. En otros términos, enfrentados a la calificación jurídica de un contrato atípico de aquellos mixtos o complejos, que involucren transporte y depósito, creemos que es aplicable el régimen general de prescripción del referido artículo 822, no porque se califique el contrato como uno de depósito, sino precisamente por el carácter general de la norma. Volviendo sobre la normativa aplicable a los contratos atípicos, el profesor López Santa María bien ha expresado que el criterio que se ha impuesto es el de la asimilación del contrato atípico al contrato o contratos más parecidos, a fin de aplicarle al primero las reglas legales de los últimos(53). Sin embargo, cuando las reglas de los contratos típicos contienen regímenes diversos de prescripción, y uno de ellos es el general, creemos que debe optarse por esta opción. Ello nos motiva a inclinarnos por la aplicación prioritaria de las normas generales de los contratos y obligaciones a aquellos innominados, especialmente cuando esta en juego una institución tan vinculada a la seguridad jurídica como la prescripción.En este sentido, debe considerarse que autores como Alterini, indican, y por cierto fundamentan su postura, que en la actualidad existe una preeminencia de aplicar las normas generales de las obligaciones y contratos a aquello atípicos por sobre las normas de los contratos típicos que más se le parezcan. se reconoce la preeminencia de las normas generales relativas a obligaciones y a contratos. Cita al efecto a las directivas del Código Civil del Distrito Federal mexicano (art. 1858), reiteradas por el Código Civil de Louisiana de 1984 (art. 1915), por el Código Civil de Québec de 1992 (art. 1377) y por el Código Civil de Mongolia de 1994 (art. 169, inc. 2o)(54). En el mismo sentido Lorenzetti(55). Por ende, finalizamos el presente comentario, indicando que en el caso presentado ante la CS, esta tenía la facultad de calificar jurídicamente el contrato de forma diversa a las alegaciones de las partes, lo que por cierto no realizó. En ese escenario, debió considerarse la naturaleza atípica de la relación contractual de las partes, y optar por el régimen general de las obligaciones y contratos, como se ha sostenido por un sector de la doctrina, lo que en el presente caso revestía especial importancia, particularmente en lo que respecta al estatuto de prescripción aplicable. NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. * Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Asociado en Araya & Cía. a cargo de las áreas de Derecho del Transporte y Seguros; rduran@araya.cl (1)Pueden verse los siguientes fallos: Ace Seguros S.A. con Servicios Integrados de Transporte, Rol ECS 3816-07, descriptor MicroJuris MJJ18925 ; Ace Seguros S.A. con Servicios Integrados de Transporte, Rol ECS 2426/2008, descriptor MicroJuris MJJ23447 ; Ace Seguros S.A.con Servicios Integrados de transporte, Rol ECS 6575-06, descriptor MicroJuris MJJ17882 . También es relacionado con los hechos del presente caso, el fallo dictado en la causa, Chilena Consolidada con Servicios Integrados de Transporte, Rol ECS 953-07, descriptor MicroJuris MJJ18214, aún cuando en este caso la Corte Suprema no entró en el fondo del asunto de la naturaleza de la relación contractual, ya que tanto el plazo de prescripción de seis meses emanado del contrato de transporte, como el de cuatro años, que deriva de la normativa mercantil general, se encontraban en exceso cumplidos al momento de la notificación de la demanda. (2) Corte Suprema. (3) Considerando 2º del fallo de la E. Corte Suprema. (4)Vease a Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos. Editorial Rubinzal -Culzoni, 1999, t. I, p. 28, y la doctrina allí citada. Indica que calificar un contrato consiste en determinar la naturaleza jurídica de una determinada relación jurídica, a efectos de ubicarla dentro de las categorías existentes. Cita a Galgano Francesco, El negocio jurídico, trad. de Blasco Gaseó y Prats Albentosa, Tirant lo Blanch, 1992, p. 436. (5) Corresponde a la publicación de su memoria de prueba. Memoria de Prueba, Universidad de Chile, Valparaíso, Chile, Sociedad Impr. y Litogr. Universo, 1933. (6) Banco Bhif con Inmobiliaria Costanera, Rol 2.667 -96, Descriptor MicroJuris MJJ971. (7) Polanco Arévalo, Riola y otros con Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, Rol 1824-06, fallo de 16/06/2008, descriptor MicroJuris MJJ17331 (8)Varady-Szabo Bokor, Klara con Caja de Compensación de la Defensa Nacional, Rol 1249-07, descriptor MicroJuris MJJ17900 (9)Coexpan Chile S.A. con Banco Security, Rol 7104-07 descriptor MicroJuris MJJ19726 (10)Adicional a los fallos parcialmente reproducidos, véase el de 10 de marzo de 2010, dictado en los autos Banco de Crédito e Inversiones con Comercial Traim Alimentos S.A.y otros (Rol 4626-08, identificador MicroJuris MJJ23483 ), en que la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante y calificando jurídicamente un contrato estableció que su naturaleza era el de un contrato de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra y no de un contrato complejo de leasing integrado por dos convenciones diversas, como lo sustentaba el veredicto cuestionado (considerandos 4º y 5º del fallo de casación). En otros casos, se fallado por la CS que para objetar la calificación jurídica a través del recurso de casación, el recurrente debe "desvirtuar cada uno de los fundamentos que condujeron a los jueces del fondo para concluir en la caracterización a que arribaron, impugnación que el ocurrente no realizó, lo que obsta a la posibilidad de modificar la apreciación por ellos alcanzada acerca de la naturaleza de la relación jurídica contractual de que se trata". Así en Burger Rojas, Raúl E. con Consorcio Febrag S.A., fallo de 2 de diciembre de 2009 dictado en los autos rol 3710-08, MJJ22508 , considerando 7º). Otro fallo, en que la CS al parecer confunde la calificación del contrato con un ataque a los hechos fijados por los tribunales de la instancia, y por ende rechaza el recurso, es el dictado en Bodevin con Indumotora Automotriz S.A. y otra, de fecha 22 de mayo de 2007, rol 633-07, descriptor MicroJuris MJJ10089 , ya que la Corte liga los hechos acreditados con la calificación jurídica otorgada a un contrato (comodato de uso de marca y un mandato mercantil o comisión para vender) e indica que la pretensión de modificar tal calificación importa un intento de modificar los hechos asentados y en consecuencia rechaza el recurso. (11) López Santa María, Jorge: Los contratos. Parte General, Editorial Jurídica de Chile, 4ª edición,2005, tomo II, p. 523 -524, quien cita diversos fallos.(12)Otros fallos pueden encontrarse en Somarriva Undurraga, Manuel, Las obligaciones y los contratos ante la jurisprudencia, Editorial Nascimiento, 1939, pp. 152-154 (13)El mismo autor cita diversos fallos que establecen que la calificación jurídica de los contratos es una cuestión de hecho y enseguida, otros, que establecen la denominada sana doctrina, que postula lo contrario. Vid. ob. cit. Pp. 526-529. (14) Romero Seguel, Alejandro, et. al. : "Revisión crítica de la causal fundante del recurso de casación en el fondo en materia civil", en Ius et Praxis, Año 14, Nº1, p. 249. (15)Paillás, Enrique, El recurso de Casación, Editorial Jurídica Conosur Ltda, tomo I, pp. 145-146. (16)Considerando 7° del fallo de casación en el fondo. (17)Art. 2211 del Código Civil. (18) Art. 2212 del Código Civil. (19)Art. 2219 del Código Civil. (20) Reglado en los artículos 2214 , 2215 y 2216 del Código Civil, en lo relativo a las obligaciones del acarreador. Sin embargo, apuntamos que, en realidad, dichas obligaciones se contienen en los arts. 2014, 2015 y 2016 del citado código, y no en los preceptos indicados. (21) Considerando 8º. (22) Artículos 807 al 812 del Código de Comercio. La primera de estas normas preceptúa que "El depósito mercantil se constituye en la misma forma que la comisión." (23)Art. 808 del Código de Comercio. (24)Art. 234 del Código de Comercio. (25)Esta es el nombre que se entrega de ellos en el art. 236 del Código de Comercio. Sin embargo, en párrafo 6, Título VI del Libro II del mismo Código, se elimina la referencia a los comisionistas por lagos. (26)Art. 318 del Código de Comercio. (27) Considerando 8º. (28) Ibídem. (29) Artículos 166 a 232 del Código de Comercio.(30) Artículos 199 y 167 del Código de Comercio. (31) Considerando 9º. (32)Considerando 10º. (33) Considerando 11º.(34) Artículo 160 del Código de Procedimiento Civil. (35)Vid. Ormazabal Sánchez, Guillermo, Iura Novit Curia. La vinculación del juez a la calificación jurídica de la demanda, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2007. (36)Calidad que ciertamente no permite extrapolarlo a otros casos, ni siquiera en cuanto a la ratio contenida en el. (37)Sentencia del 22 de julio de 2007 dictada en Rol Nº 456, seguida ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Disponible en http://www.camsantiago.cl/sentencias/indice2003_2006/456.pdf Accesado por última vez el 03.06.10. (38) Alessandri et. al, Tratado de Derecho Civil: Partes preliminar y general, Editorial Jurídica de Chile, 6ª ed., 1998, t. II, p. 515. (39) Sin embargo, creemos que pueden presentarse casos en que el tribunal de casación al calificar el contrato de una forma diversa a las calificaciones otorgadas por las partes, puede dejar a alguna de ellas en una especie de indefensión, si, por ejemplo, con su calificación establece que si bien el contrato reviste una naturaleza determinada, no se acreditó tal o cual elemento para que éste llegase a perfeccionarse. O bien que a la luz de la calificación otorgada, el régimen de responsabilidad sea más severo que aquellos contratos sobre los cuales debatieron las partes en la etapa procesal respectiva.(40)Es interesante anotar que en el Código Procesal Penal chileno, al igual que otros de su misma especie, establece en el artículo 341 inciso segundo y tercero que "Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta que aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siembre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella". Comentando esta norma Horvitz y López, indican que en caso de otorgar a los hechos una calificación jurídica se respeta la congruencia que debe existir en materia procesal penal, entre acusación y sentencia ya que los hechos son los mismos, pero que hay una afectación, menor, del derecho de defensa, y la norma se justifica ante "la necesidad de resguardar en forma óptima dicho derecho y evitar las sorpresas determinaron la introducción de una norma que matiza las facultades del tribunal". Vid. Horvitz, María Inés et. al.: Derecho Procesal Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, Tomo II, pp. 341-342. (41)Vid. especialmente a Hunter Ampuero, Ivan, "El poder del juez para rechazar in limine la demanda por manifiesta falta de fundamento. Ius et Praxis [online]. 2009, vol.15, n.2, pp. 117-163. Disponible en http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v15n2/art05.pdf visitado por última vez el 7.06.10. En particular, merece consideración para estos efectos, la relación existente entre el principio dispositivo con el Iura Novit Curia, este último principio y la imparcialidad del juzgador, y el principio referido analizado a la luz del derecho a defensa del demandado. En Hunter Ampuero, Ivan, cit., pp. 134-145. (42) López Santa María, Jorge: Los contratos.Parte General, Editorial Jurídica de Chile, 4ª edición, 2005, tomo I, p. 139 y la doctrina y casos que allí se indican. (43)Juan y Mateau, Fernando, Los contratos de logística, Marciel Pons, 2009, p. 21.(44) Idem. (45)De Alvear Trenor, Inés, et. al, Algunas notas para el estudio del contrato de prestación de servicios logísticos, en http://www.uria.com/esp/actualidad_juridica/n10/quiroga.pdf Visitado por última vez el 7.06.10. (46)De Alvear Trenor, Inés, et. al, La responsabilidad del operador logístico en los contratos de logística en http://www.cnc-logistica.org/congreso-cnc/documentos/128.pd . Visitado por última vez el 7.06.10. (47) Idem. (48) Idem. Como anotan los mismos autores, esta solución, sin duda más respetuosa que la anterior con el concepto de almacenista-distribuidor, además de compleja, choca con el interés de ambas partes contratantes por conocer, desde un primer momento, los riesgos a que, durante una operativa considerada como una unidad -y no como una serie de operaciones diferenciadas-, están expuestas tanto las mercancías como el patrimonio del operador. Además, puede prestarse al fraude según interese hacer valer uno u otro régimen jurídico. (49) Para otras soluciones de lege fere nda, Vid. De Alvear Trenor, Inés y López Quiroga, Julio, La responsabilidad del operador logístico en los contratos de logística, en http://www.cnc-logistica.org/congreso-cnc/documentos/128.pdf Accesado por última vez el 8.06.2010. (50) Para una explicación general sobre ambas teorías, véase a Diez -Picaso, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Volumen Primero. Introducción a la teoría del contrato, Editorial Civitas, 5° ed., 1996, pp. 391 -392. (51)Artículo 214 Nº4 del Código de Comercio. (52) Artículo 822 del Código de Comercio. (53)López Santa María, Jorge: ob. cit, tomo I, p. 141. (54) Vid. Alterini, Atilio, Contratos civiles, comerciales, de consumo. Teoría general, Abeledo Perrot , Reimp. 1° ed., 1999, p. 189.Concluye que esta clase de contratos están regidos en este orden de prioridad: 1°) Por la voluntad de las partes; 2°) Por las normas generales imperativas sobre contratos y obligaciones; 3°) Por las normas generales supletorias sobre contratos y obligaciones; 4°) Por las disposiciones correspondientes a los contratos típicos afines que sean compatibles con la economía y la finalidad del contrato atípico. Ídem, p. 191. (55)Lorenzetti, Ricardo Luis, cit., p. 29, quien indica que la doctrina clásica establecía que se aplicaba primero la norma correspondiente al tipo especial más afín, mientras que ahora se acepta que debe tener preeminencia la parte general de las obligaciones y contratos. (56)Todos los fallos en que se indica el descriptor Microjuris pueden encontrarse en http://cl.microjuris.com A.-Doctrina Alessandri et. al, Tratado de Derecho Civil: Partes preliminar y general, Editorial Jurídica de Chile, 6ª ed., t. II, 1998.De Alvear Trenor, Inés, et. al, Algunas notas para el estudio del contrato de prestación de servicios logísticos, en http://www.uria.com/esp/actualidad_juridica/n10/quiroga.pdf De Alvear Trenor, Inés, et. al, La responsabilidad del operador logístico en los contratos de logística en http://www.cnc-logistica.org/congreso-cnc/documentos/128.pd . Diez -Picaso, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Volumen Primero. Introducción a la teoría del contrato, Editorial Civitas, 5° ed., 1996. Horvitz, María Inés et. al.: Derecho Procesal Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, Tomo II, 2005. Hunter Ampuero, Ivan, "El poder del juez para rechazar in limine la demanda por manifiesta falta de fundamento. Ius et Praxis [online]. 2009, vol.15, n.2, pp. 117-163. Disponible en http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v15n2/art05.pdf Juan y Mateau, Fernando, Los contratos de logística, Marciel Pons, 2009. López Santa María, Jorge: Los contratos. Parte General, Editorial Jurídica de Chile, 4ª edición, 2005. Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos. Editorial Rubinzal -Culzoni, t. I. 1999. Ormazabal Sánchez, Guillermo, Iura Novit Curia.La vinculación del juez a la calificación jurídica de la demanda, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2007. Paillás, Enrique, El recurso de Casación, Editorial Jurídica Conosur Ltda, tomo I, 1999. Romero Seguel, Alejandro; et. al.: "Revisión crítica de la causal fundante del recurso de casación en el fondo en materia civil", en Ius et Praxis, Año 14, Nº1, pp. 225-259. Somarriva Undurraga, Manuel, Las obligaciones y los contratos ante la jurisprudencia, Editorial Nascimiento, 1939. B.-Jurisprudencia(56) Ace Seguros S.A. con Servicios Integrados de Transporte, Rol ECS 3816-07, descriptor MicroJuris MJJ18925 . Ace Seguros S.A. con Servicios Integrados de Transporte, Rol ECS 2426/2008, descriptor MicroJuris MJJ23447 . Ace Seguros S.A. con Servicios Integrados de transporte, Rol ECS 6575-06, descriptor MicroJuris MJJ17882 . Banco Bhif con Inmobiliaria Costanera, Rol ECS 2667 -96, Descriptor MicroJuris MJJ971 . Banco de Crédito e Inversiones con Comercial Traim Alimentos S.A. y otros, Rol 4626-08, identificador MicroJuris MJJ23483 . Bodevin con Indumotora Automotriz S.A. y otra, Rol CS 633-07, descriptor MicroJuris MJJ10089 . Burger Rojas, Raúl E. con Consorcio Febrag S.A., Rol CS 3710-08, descriptor MJJ22508 . Chilena Consolidada con Servicios Integrados deTransporte, Rol ECS 953-07, descriptor MicroJuris MJJ18214 . Polanco Arévalo, Riola y otros con Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, Rol CS 1824-06, descriptor MicroJuris MJJ17331 . Varady-Szabo Bokor, Klara con Caja de Compensación de la Defensa Nacional, Rol CS 1249-07, descriptor MicroJuris MJJ17900 . Coexpan Chile S.A. con Banco Security, Rol CS 7104-07 descriptor MicroJuris MJJ19726 Sentencia del 22.07.2007 dictada en Rol Nº 456, seguida ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Disponible en http://www.camsantiago.cl/sentencias/indice2003_2006/456.p f
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