Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-404-98.htm
Timestamp: 2019-09-21 21:16:39
Document Index: 80284726

Matched Legal Cases: ['artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8']

C-404-98
Demandante: Alberto Franco.
Magistrados Ponentes: CARLOS GAVIRIA DIAZ y
Santafé de Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
1. Intervención del Defensor del Pueblo
En efecto, "históricamente, al menos dentro de la cultura occidental, la institución de la familia ha evolucionado según las condiciones políticas, económicas y culturales de cada época. Así, partiendo de un estado de promiscuidad absoluta, propia de los primeros tiempos, …, se ha llegado a la forma de sociabilidad más elevada conocida hasta el momento: el de la pareja, y en torno a ella, la de la familia nuclear, esto es, la conformada por padres e hijos." La decantación de este proceso histórico, no fue ajena a las instituciones jurídicas, y es por eso que en nuestros días encontramos múltiples normas que buscan preservar la institución de la familia como aquéllas que establecen impedimentos para contraer nupcias o celebrar contratos dentro del matrimonio, o las que penalizan conductas como el incesto, la bigamia, el matrimonio ilegal o la supresión del estado civil. La existencia de tales normas se justifica, porque si bien en principio las relaciones que se desprenden de la institución de la familia hacen parte de la esfera privada de las personas, la mayoría de las veces "traspasan los límites de lo público, concretamente cuando comprometen las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la institución que se define como básica y núcleo de la sociedad."
2. Intervención de la Ministra de Justicia y del Derecho
- Es posible afirmar que entre las diferentes culturas existe un acuerdo sobre el "rechazo moral" de los comportamientos incestuosos. Tales razones que también son de buenas costumbres, de ética en las relaciones sexuales y armonía familiar, han influido en el pensamiento del legislador, hasta el punto de penalizar el incesto como una forma de garantizar la protección integral del núcleo familiar. Porque es evidente: "las relaciones sexuales entre miembros de una familia pueden menoscabar la honra y dignidad del ambiente al interior de la misma, …, siendo razonable y proporcionado el hecho de que se penalice la comisión de esta aberrante y desviada conducta".
3. Intervención del Fiscal General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación presentó un escrito en el cual solicita a la Corte declarar constitucional la disposición demandada. Los argumentos para fundamentar su posición, son los siguientes:
El Magistrado Sustanciador, Carlos Gaviria Díaz, mediante auto del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), solicitó concepto especializado a profesionales en diferentes áreas sobre aspectos concretos relacionados con la conducta incestuosa. A continuación se transcriben las preguntas que formuló la Corte, y una síntesis de lo expuesto por cada uno de los expertos.
1. A los doctores EMILIO YUNIS TURBAY y RAFAEL ELEJALDE, médicos genetistas:
a. ¿Es posible afirmar, con fundamento científico que las uniones sexuales entre los parientes por consanguinidad, en los grados que señala la norma transcrita, pueden dar lugar a concebir hijos con deficiencias físicas o psicológicas?
b. ¿Es posible determinar cuánta probabilidad hay de que tales deficiencias se den? ¿Cuáles son las más frecuentes?
c. ¿Existen estudios sociológicos en Colombia o en algún otro país, sobre lugares o regiones donde las relaciones incestuosas (entre personas que se encuentren dentro de los grados de parentesco indicados) sean frecuentes? ¿Corroboran esos estudios la afirmación contenida en la primera pregunta?
d. Dentro del contexto señalado en las preguntas anteriores se puede exponer todo lo que juzgue pertinente acerca del asunto.
1.1. Concepto del Dr. Emilio Yunis Tejada.
"Los catálogos de alteraciones por genes recesivos no ligados al sexo, señalan un número conocido superior a 2000. La frecuencia mayor o menor de esas enfermedades depende de los genes en la población, la que varía con gran amplitud… Como una consecuencia lógica de lo anterior, mientras más infrecuente el gen, mayor la probabilidad de que los afectados por esas patologías sean el producto de uniones consanguíneas."
1.2. Concepto del Doctor Rafael Elejalde, Director Médico del Medical Genetics Institute, S.C.
- En relación con estudios sociológicos, cabe citar el de Semanova, que estudió 213 casos de hijos de relaciones incestuosas, 23 de los cuales habían muerto y 60 de los 138 sobrevivientes, eran severamente anormales "(Semanova E.A study of children of incestuos matings. Human Heredity 21:108, 1971)". En los Estados Unidos, Adams y Neel indicaron que aproximadamente 20 casos de incesto eran reportados por año, en una población de 8 a 9 millones de habitantes "(Adams MS, Neel JV. Children of Incest. Pediatrics 40:55, 1967)". Por su parte Lukianovwicz estudió una población de pacientes psiquiátricos en Irlanda, de los cuales 25 de 650, habían tenido relaciones incestuosas del tipo padre e hija y 29 de 700, de otro tipo "(Lukianowicz N. Incest. Brit. J. Psychiat 120:301, 1972)". En Inglaterra Jancar J. Johonson, estudió 38 casos de hijos de relaciones incestuosas, de los cuales 15 tenía retardo mental severo "(Jancar J. Johnson SJ. Incest and Mental Handicap. J. Ment Defic Res 34: 483-490, 1990)".
2. A las sociólogas LIGIA ECHEVERRY ANGEL y VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA:
a. ¿Es frecuente el incesto en Colombia entre parientes dentro de los grados señalados por la ley?
b. ¿En qué clase de comunidades o regiones se presenta el fenómeno con mayor frecuencia?
c. ¿Se han identificado los factores, de cualquier orden, incidentes en esa conducta?
d. ¿Qué clase de efectos genera el hecho dentro de la comunidad familiar donde se presenta?
e. Hay conciencia, en general, dentro de las comunidades donde es frecuente el incesto, de que esa conducta es delictiva?
f. ¿Qué consecuencia traería, en su opinión, la despenalización del incesto?
g. Dentro del contexto señalado en las preguntas anteriores, se puede exponer todo lo que juzguen pertinentes acerca del asunto.
2.1. Concepto de la Socióloga Ligia Echeverry Angel
3. Al psicoanalista GUSTAVO ANGEL VILLEGAS y a la psicóloga MARGARITA SIERRA DE JARAMILLO:
a. ¿Tiene consecuencias negativas, desde el punto de vista psicológico, las relaciones incestuosas, para las personas que han tenido esa experiencia?
b. ¿Pueden diferenciarse esas consecuencias, según haya sido o no consentida la relación?
c. ¿Pueden asociarse esos efectos con las creencias religiosas o con la moral social o con el hecho de estar jurídicamente sancionada esa conducta?
d. En términos generales, y desde su perspectiva científica, ¿piensa usted que la despenalización del incesto produciría efectos nocivos o provechosos?
e. Dentro del contexto señalado en las preguntas anteriores, se puede exponer todo lo que juzguen pertinentes acerca del asunto.
3.1. Concepto del Psicoanalista Gustavo Angel Villegas
- La despenalización y permisividad del incesto traería efectos nocivos para la salud emocional y mental de las personas. La prohibición que existe actualmente, tiene una razón de ser, evitar el aislamiento de la familia. "En efecto, descartada la hipótesis de los daños genéticos del incesto, o la de Havelock Ellis sobre la ausencia de atracción sexual entre los miembros de una familia, o la de Malinowski sobre el trastorno de la estructura interna de la familia, lo más admitido hoy en día es la teoría de Claude Levi Strauss, para quien la prohibición del incesto es una precaución, no contra el desorden interno de la familia, sino para evitar que se aísle de los demás núcleos familiares".
3. 2. Concepto de la Psicóloga Margarita Sierra de Jaramillo.
-Desde el punto de vista psicológico varias consecuencias negativas se siguen para las personas que mantienen relaciones incestuosas. En efecto, innumerables trabajos muestran los efectos negativos que se producen en los niños cuando experimentan relaciones incestuosas. El primero en hablar de este trauma psíquico fue Freud "quien lo equiparó al trauma físico y utilizó tres concepciones básicas: un choque violento, una efracción y una consecuencia sobre el conjunto de la organización". Por su parte, "el modelo neuropsicosocial enfatiza en que el sistema se sobrecarga de información de tipo traumático, se altera la respuesta a la situación y se responde con disociación o insensibilidad al evento. El proceso disociativo impide el desarrollo de procesos de información necesarios para la intencionalidad, la responsabilidad personal y el sentido de control sobre los acontecimientos. Cuando se pierde la relación de confianza con una persona importante, como en estos casos, se produce una restricción del sistema cognitivo y por tanto una restricción de los patrones de interacción aún en la intimidad".
4. A los antropólogos ESTHER SANCHEZ y GUILLERMO PARAMO
a. ¿Son frecuentes las relaciones sexuales dentro de los grados de parentesco consagrados en la norma transcrita, en algunas etnias en Colombia?
b. ¿Si en algunas se prohibe esa conducta qué consecuencias tiene la transgresión?
c. ¿Qué consecuencias se seguirían de la despenalización de esas relaciones?
d. ¿Dentro del contexto señalado en las preguntas anteriores, puede exponer todo lo que juzgue pertinente acerca del asunto?
4.1. Concepto del antropólogo Guillermo Páramo Rocha.
- Un primer punto a tratar es la tesis de la universalidad del tabú del incesto y su papel en la fundamentación de la cultura. En primer, lugar debe señalarse que "independientemente de las orientaciones teóricas y metodológicas y del ámbito histórico o etnográfico a que han dedicado su trabajo, los estudiosos de la cultura han coincidido en señalar que la existencia de alguna forma de prohibición de las relaciones sexuales dentro del grupo familiar, sobre todo del primario, representa una de las características más fuertes, conspicuas y extendidas de las sociedades humanas, aunque para algunos la prohibición no sea universal (…)"
En efecto, si bien no puede afirmarse que existe un consenso entre los autores sobre la universalidad del tabú del incesto, si es posible señalar que éste rige en la mayoría de sociedades de las cuales se tiene noticia y que en aquellos casos excepcionales donde se registra la "tolerancia social de relaciones sexuales entre madres e hijos, padres e hijas o hermanos y hermanas,(…),parece estar siempre asociada a prácticas rituales, a estados de desintegración cultural o singularidades culturales en la identificación de afines y consanguíneos en el sistema de parentesco". Estos hechos han contribuido a fortalecer la tesis de la universalidad del incesto hasta el punto de llegar "a adquirir el carácter de un supuesto en la construcción de la teoría social y cultural". "La fuerza de la tesis de la universalidad es tal que para numerosos teóricos ha representado una verdadera marca de la existencia de cultura, comparable al empleo de instrumentos y al lenguaje articulado. LEVI-STRAUSS, por ejemplo, encuentra en ella la frontera (o puente) que separa (o une) lo cultural y lo natural. Así mismo, otros autores clásicos como WESTERMARCK, FRAZER, MORGAN, DURKHEIM, "han establecido desde diferentes perspectivas fuertes vínculos teóricos entre la presencia del tabú del incesto y el origen de los fundamentos de la cultura."
Por otra parte, los ejemplos de incesto ritual y presencia en mitos de relaciones incestuosas, presentados por algunos estudiosos para rebatir la tesis de la universalidad del incesto, no debilitan sino más bien refuerzan la hipótesis de la vigencia transhistórica y transcultural de la prohibición. Por ejemplo, tanto en los incas, como en los egipcios y los hawaianos se presentan relaciones incestuosas, pero referidas a los monarcas o soberanos. Por lo tanto, de acuerdo con estas prescripciones rituales "la relación con el objeto tabú puede ser un factor de poder … La divinidad debe estar por encima, más allá de la cultura, más allá de los toscos y ordinarios seres que conforman la humanidad (…) Más exactamente, la violación impune del tabú termina por elevar al infractor por encima de la norma cultural violada y por asimilarlo a los seres para los cuales no existe tabú." Es claro que la presencia de incesto en el mito, "subraya, pues, el vínculo que hay entre el tabú, la prescripción, la clasificación y la cultura y apuntan hacia la universalidad de ese mandato prohibitivo."
Ahora bien, el hecho de que en la mayoría de las sociedades exista una prohibición del incesto, no significa que su "forma y función" sean iguales en todas las sociedades, pues ellas "varían enormemente de una cultura a otra, en sociedades pequeñas y grandes, simples y complejas". Es decir, y recogiendo la definición circular planteada por Sumner, "incesto" es lo que considera "incesto" una particular cultura.". "El asunto de su universalidad estaría en establecer si todas las culturas introducen alguna clase de estipulación de este tipo y si las diferentes alternativas adoptadas por ellas tienen alguna área de traslapo."
Por ejemplo, "las comunidades tucano-orientales que habitan en la región del Vaupés colombiano y el Uapés brasileño, se identifican tradicionalmente por la lengua. La lengua es una marca de pertenencia a un grupo exogámico que prohibe la unión matrimonial entre un hombre y una mujer del mismo grupo lingüistico (…) La unión prohibida tiene el carácter de una unión incestuosa entre hermanos, que son clasificados según vínculos agnáticos asociados a la lengua. Por estas razones, que al tiempo trazan los rasgos genéricos y subrayan la especificidad, es perfectamente explicable que se ligue la presencia del tabú del incesto con la existencia de la cultura."
4.2. Concepto de la Antropóloga Esther Sánchez Botero
Para la antropóloga Esther Sánchez, el incesto es la infracción del tabú que pesa sobre las relaciones sexuales entre dos miembros y por lo tanto, "como entidad "tabú" es adecuada para mostrar que su transgresión va acompañada de sentimientos de intenso horror, es social más que legal, ya que no en todas las sociedades se sanciona legalmente".
1. El Fiscal General de la Nación, ALFONSO GOMEZ MENDEZ, reiteró los argumentos expuestos en el memorial que presentó a esta entidad, atendiendo la invitación hecha por el Magistrado Sustanciador para participar en el proceso, que aparecen transcritos en el acápite correspondiente a las intervenciones.
2. Monseñor BERNARDO SABOGAL VIANA, en representación de la Conferencia Episcopal, intervino en la audiencia, para defender la exequibilidad del artículo 259 del Código Penal. En primer lugar, manifestó que la tipificación del delito de incesto hace parte de un conjunto de disposiciones, tanto civiles como penales, que protegen a la familia y, en consecuencia, en virtud de la unidad normativa, la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de la disposición demandada, necesariamente deberá recaer sobre las demás. En seguida señaló, que la competencia del legislador para determinar cuáles comportamientos merecen reproche penal, escapa al control de la Corte Constitucional y, por tanto, esta Corporación en su análisis debe únicamente considerar si "son socialmente reprochables las relaciones entre parientes cercanos" y si la sanción penal es contraria a la libertad personal. No obstante, para Monseñor, estas dos circunstancias no se pueden demostrar, porque el incesto es un comportamiento que atenta contra la "moralidad pública" y el "valor social de la familia", y la libertad personal no puede ser entendida como la posibilidad ilimitada de elegir, sino como un derecho que permite tan sólo "poder elegir aquello que corresponde".
3. El Doctor JAVIER TOBO, Delegado de la Procuraduría General de la Nación, después de hacer un pequeño recuento histórico de la prohibición del incesto, manifestó su desacuerdo con la afirmación del demandante, en el sentido de que el Estado no puede intervenir en ningún caso en el fuero interno del individuo. Al respecto señaló, que en los Estados de derecho prima siempre el interés colectivo sobre el interés individual y por tanto, en ciertos casos, es posible establecer límites a la libertad personal. Para ilustrar su afirmación, pone como ejemplo la imposibilidad de que una mujer pretende casarse, pueda suscribir una "cláusula" mediante la cual permita al futuro esposo incumplir los deberes del matrimonio, pues en eventos como éste, "el derecho civil se impone sobre su derecho al libre desarrollo de la personalidad".
4. El Delegado del Defensor del Pueblo, Doctor ALVARO LEAL OBANDO, consideró que el actor, de acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, está equivocado, pues olvida que las relaciones de la familia no son "unilaterales" sino "bilaterales" y por tanto, pueden ser reguladas por el derecho. En el caso de la prohibición del incesto, señaló entonces, que la intervención del Estado se justifica para proteger la institución de la familia exogámica, reconocida constitucionalmente como núcleo esencial de la sociedad.
5. El filósofo GUILLERMO HOYOS VASQUEZ, analizó diferentes argumentos desde el punto de vista ético para estudiar la prohibición del incesto. Al respecto señaló, que los argumentos "contra natura" ya no son adecuados y es pertinente en cambio mirar aquellas razones "contra mores".
A continuación, citó varios argumentos expuesto por Ronad Dworkin en su escrito "Comunidad Liberal", a propósito de un debate frente al caso de sodomía presentado en Estados Unidos, conocido como Bowers vs. Hardwick. Según este autor, es posible encontrar diferentes argumentos a saber:
a) Argumento de mayorías: La comunidad puede usar la ley para defender la decencia. Una mayoría tiene el derecho de plasmar la vida moral de la comunidad, incluso mediante instrumentos legislativos y jurídicos.
b) Argumento paternalista: En una comunidad política genuina cada ciudadano es responsable del bienestar de sus congéneres y, por tanto, debe utilizar el poder político para reformar a quienes con sus prácticas defectuosas pueden arruinar sus vidas.
c) Argumento desde el interés individual: no se debe aceptar el ostracismo individual porque las personas necesitan de la comunidad. El individualismo liberal va reduciendo a la comunidad a los mínimos de su funcionamiento y debilita así sus vínculos con el comportamiento de las personas en la sociedad civil.
d) Argumento integracionista: "La tolerancia liberal depende de una distinción ilegítima entre las vidas de los individuos de la comunidad y la vida de la comunidad como un todo. Desde esta perspectiva, el valor bondad de la vida de cualquier ciudadano es tan solo un reflejo y función del valor de la vida de la comunidad dentro de la cual vive".
El profesor Hoyos tomó partido por ésta última tesis, pero señaló que los argumentos para aceptar o desechar la penalización de la conducta del incesto deben ser suministrados por las ciencias sociales.
6. La socióloga LIGIA ECHEVERRY ANGEL y la antropóloga ESTHER SANCHEZ BOTERO, reiteraron lo expuesto en su escrito de intervención que se encuentra resumido en el acápite IV. de esta providencia.
7. Finalmente, la socióloga ARGELIA LONDOÑO VELEZ, en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, consideró que en el estudio del artículo 259 del Código Penal, la Corte debe diferenciar entre el incesto contra menores de edad y el incesto consentido entre mayores.
2. El asunto que debe examinarse
3. EL TIPO PENAL. El artículo 259 del Código Penal Colombiano tipifica el delito en lo siguientes términos:
4. El bien jurídico protegido. La norma transcrita está inserta en el capítulo primero del Título IX del Código, que trata de los DELITOS CONTRA LA FAMILIA.
Más allá de toda disputa científica, la proscripción de las relaciones sexuales endogámicas aparece como una constante social desde tiempos remotos, en las más diversas culturas. En Totem y tabú, Freud lo considera el crimen primigenio por excelencia, asociado al parricidio, e ilustra su tesis con ejemplos contemporáneos extraídos de observaciones empíricas de comunidades australianas bastante primitivas, de las que pudiera afirmarse que reducen su "moralidad" a esa prohibición. Desecha la utilidad genética como razón (¿inconsciente?) justificativa de la prohibición, pues no excluye a quienes se encuentran en imposibilidad de engendrar. Sus reflexiones en torno al fenómeno se articulan perfectamente con sus hipótesis sobre el complejo de Edipo y el sentimiento ambivalente de deseo y horror conjugados ante el objeto "tabú" (que no puede tocarse, según el vocablo polinesio de donde deriva la palabra universalmente usada).
También los trabajos investigativos de Malinowski y de Margaretti Mead, hecha la salvedad sobre las diferencias de enfoque y los factores que a uno y otro les interesa destacar, permiten concluir que mediante la prohibición del incesto, las diferentes comunidades observadas persiguen crear condiciones propicias para la convivencia de sus miembros, independientemente de la raíz que a la institución se le atribuya.
a. Las sociólogas que intervinieron, reconocidas autoridades en el tema de la historia, estructura y evolución de la familia colombiana, en sendos documentos enviados a la Corporación afirman sin la más mínima vacilación que las relaciones incestuosas son definitivamente nocivas para la institución familiar. La socióloga Ligia Echeverry Angel, por ejemplo, puso de presente cómo las relaciones incestuosas más frecuentes, se presentan como formas arbitrarias de poder en aquellos lugares donde existe una idea arraigada de que el padre es el dueño de los hijos y puede hacer con ellos lo que a bien tenga. Las consecuencias negativas de los comportamientos incestuosos, la llevan a concluir que no es pertinente eliminar el único mecanismo con el que se cuenta para evitarlo. Por su parte, la socióloga Virginia Gutiérrez de Pineda, comparte esta opinión, porque el "incesto comporta la quiebra de la estructura familiar, que se fundamenta en la exogamia bilateral y en el principio de solidaridad altruista, altera el vínculo de pareja y el sistema filial, contrapone el status y los roles de padres e hijos y distorsiona el sistema de relaciones psico-afectivo y sexual entre los miembros de la familia".
b. El antropólogo Guillermo Páramo Rocha, muestra cómo la prohibición del incesto está en el origen mítico o histórico de la enorme mayoría de sociedades y es "una premisa cultural tan fuerte como la de "no matarás" o "no devorarás a tus hijos". De acuerdo con su concepto, si bien la prohibición de las relaciones incestuosas está definida en términos del parentesco, que varía según el tipo de sociedad, generalmente persigue regular las formas de violencia y de poder en un conglomerado, así como la de garantizar la socialización, la educación, la intimidad y la libertad de sus miembros. Concluye, entonces, que si la Corte declarara inexequible la prohibición del incesto, "pasaría a ser legal en Colombia la transgresión de un mandato de la cultura que, con sólo matices de excepción, cabe considerar una de las manifestaciones universales de ella".
La antropóloga Esther Sánchez Botero, afirma también que la prohibición del incesto es una constante social, que funciona a modo de supuesto de la cultura, y aporta desde su especialidad un ejemplo significativo: "En ninguno de los 82 pueblos indígenas de Colombia, se permiten las relaciones sexuales entre parientes."
c. El psicoanalista Gustavo Angel Villegas y la psicóloga Margarita Sierra de Jaramillo, anotan cómo las personas involucradas en conductas incestuosas sufren de complejos de culpa, que se manifiestan en "depresiones, estado de angustia, fobias, neurosis de fracaso, búsqueda inconsciente de autocastigo, etc". Cuando en ellas concurren menores de edad, sus conclusiones son aún más alarmantes, pues los niños "pierden la posibilidad de desarrollar procesos de información necesarios para la intencionalidad, la responsabilidad personal y el sentido de control sobre los acontecimientos".
d) Por su parte, los argumentos de las ciencias naturales, y en especial de la genética, si bien no son el fundamento de la penalización del incesto en Colombia, coadyuvan a su prohibición. En efecto, tanto el Dr. Emilio Yunis Turbay, como el Dr. Rafael Elejalde, médicos genetistas, ponen de presente cómo los hijos engendrados por padres consanguíneos corren un riesgo mayor de sufrir enfermedades genéticas como "mucopolisacaridosis, homocistinuria, fibrosis quística, sordomudez y retraso mental". No se trata simplemente de casos aislados, pues tal como lo afirma el Dr. Elejalde, estas enfermedades afectan a por lo menos el 44% de los individuos engendrados como consecuencia de una relación incestuosa.
"El argumento basado en la sanidad de la familia no es sólo moral, es ético en el sentido amplio del "ethos" de una sociedad, el cual no se caracteriza sólo desde la reflexión filosófica, sino desde las demás ciencias sociales y desde algunos aspectos de las ciencias naturales (biología). (…) En el caso que nos ocupa, la filosofía debe reconocer los argumentos antropológicos, culturales, psicológicos, jurídicos que aconsejan o desaconsejan determinados comportamientos humanos."
Cabe recordar el tenor literal del artículo 16 de la Carta: "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico". Como tantas veces lo ha expresado esta Corporación, de dicha norma se desprende el reconocimiento de la persona como autónoma, con capacidad plena para elegir dentro de todo un universo amplio de opciones de vida, cuál es la más adecuada para darle sentido a su existencia.[1] No obstante y en armonía con el texto Constitucional, este ámbito de libertad que se confiere al sujeto no es absoluto y, por tanto, es posible que el legislador pueda imponer límites, en aras de garantizar la convivencia pacífica que debe reinar entre sus asociados.
La jurisprudencia de este Tribunal, ha señalado con atino, que los límites al libre desarrollo e la personalidad, "no sólo deben tener sustento constitucional, sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente su modelo de realización personal."[2] Por tanto, cualquier decisión que afecte la esfera íntima del individuo, aquélla que sólo a él interesa, debe ser excluida de cualquier tipo de intervención arbitraria.
8. El tipo penal de incesto y los delitos contra la libertad y el pudor sexuales
9. Anotación
10. Relevancia constitucional de los criterios de moralidad pública que subyacen a una norma legal (aparte de la sentencia escrita por el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz)
1. En principio, una norma que restringe el libre desarrollo de la personalidad sólo es legítima si es útil y necesaria para proteger un bien constitucional de la misma entidad que aquél que se limita. Adicionalmente, la restricción debe ser estrictamente proporcionada respecto de la finalidad perseguida. Siguiendo esta regla, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la limitación de la libertad, con el fin de proteger, entre otras cosas, derechos constitucionales de terceras personas e, incluso, en casos de imposición de medidas de protección, la propia autonomía del sujeto cuya libertad se limita.[3]
3. La ley suele reflejar los principios morales compartidos por las mayorías representadas en el órgano legislativo. Por ello, se afirma que el derecho es moral positivizada. Pero, si los principios morales imperantes en un determinado momento histórico constituyeran un argumento suficiente para justificar cualquier restricción de la libertad, todas las normas jurídicas que reflejaran los valores mayoritarios resultarían constitucionales. De aceptarse esta premisa, la Constitución Política abdicaría de su función protectora de los derechos de las minorías, la tolerancia y el pluralismo y, de otra parte, el control material del derecho legislado, carecería de sentido.
6. La Constitución expresamente señala que los derechos de los demás y el orden jurídico limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En tales condiciones, no puede negarse al legislador la atribución de dictar reglas necesarias a fin de preservar el orden público, uno de cuyos componentes esenciales, fuente legítima de restricciones a la libertad y autonomía de los individuos, es precisamente la moral pública. Así, por ejemplo, el legislador está autorizado para restringir, en nombre de ciertos principios de moralidad pública, la libertad negocial de los individuos o impedir o desestimular la realización pública de ciertos comportamientos que, en virtud de tales principios, se consideran privados.[4]
En este mismo sentido, es necesario indicar que los tratados internacionales sobre derechos humanos, suscritos por el país, con las cautelas y dentro de los límites consustanciales a una sociedad democrática, reconocen a los estados el poder de limitar los derechos de libertad, entre otros motivos, por consideraciones ligadas a la moralidad pública.[5]
No obstante, la regla anterior requiere múltiples precisiones. En efecto, el hecho de que la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos admitan la posibilidad de restringir la libertad en nombre de ciertos principios morales no significa que cualquier regla moral sirva para tales efectos o que toda restricción resulte constitucionalmente legítima.[6] En esta cuestión, como en la mayoría de los asuntos constitucionales, es esencial definir el alcance de cada uno de los términos y realizar tantas distinciones como resulte necesario para no invertir la tendencia pro libertate del modelo constitucional vigente ni violentar el principio de neutralidad que esta regla supone[7].
7. En primer lugar, toda norma jurídica que persiga exclusivamente la defensa de un principio de moral pública debe estar sometida a un juicio estricto de proporcionalidad. En consecuencia, sólo si la finalidad corresponde verdaderamente a un principio de moralidad pública - en el sentido que se precisa más adelante - y, si es útil, necesaria y estrictamente proporcionada respecto de tal finalidad podrá resultar ajustada a la Constitución. En este sentido, se admite, por ejemplo, que la realización de determinados comportamientos o prácticas que pueden afectar gravemente principios de moralidad pública imperantes se vean sometidos a una restricción, consistente, por ejemplo, en limitar su realización a lugares privados o reservados o en someter su difusión pública a ciertas condiciones especiales (franjas, horarios, autorización previa, etc.).
En todo caso, la sanción penal consistente en una limitación a la libertad personal no puede fundarse exclusivamente en la defensa de principios de moralidad pública que, a su turno, no amparen derechos o bienes constitucionalmente protegidos.[8] Ciertamente, una tal restricción resultaría desproporcionada en la medida en que no podría superar el juicio llamado de estricta proporcionalidad.[9] No obstante, lo anterior no implica que un principio de moralidad pública no pueda ser utilizado por el juez constitucional como una razón adicional - mas no suficiente - para justificar la exequibilidad de una norma que establece un tipo penal. En este sentido, el argumento moral constituye un factor que podría contribuir a decidir los casos en los que, por su particular complejidad, el juez debe atender a todas las circunstancias relevantes, una de las cuales, sin duda, es la protección de la llamada moralidad pública.
11. La prohibición legal, en este caso, adopta un criterio de moralidad pública que, desde una perspectiva constitucional, no es irracional. Desde la esfera del deber ser - moral y jurídico -, se ha pretendido influir sobre el comportamiento humano sexual, con miras a desestimular entre los miembros de la comunidad, la realización de un conjunto de conductas que se han demostrado lesivas de la integridad del grupo en todos sus aspectos, lo cual, a la postre, también redunda en una perspectiva diacrónica en menoscabo de los sujetos individuales que lo componen. En esta sentencia ya se ha expuesto el cúmulo de peligros, amenazas y daños, más o menos probables y verosímiles, que históricamente se ha querido evitar con la interdicción del incesto.
Al respecto, la experta Virginia Gutiérrez de Pineda en el concepto enviado a esta Corporación sostiene que, “el incesto comporta la quiebra de la estructura familiar, que se fundamenta en la exogamia bilateral y en el principio de solidaridad altruista, altera el vínculo de pareja y del sistema filial, contrapone el status y los roles de madre e hija y distorsiona el sistema de relaciones psicoafectivo y sexual entre sus miembros”.
Asevera que, en su parecer, “si llegara a despenalizarse el incesto, desaparecería el único recurso de contención legal contra la promiscuidad intrafamiliar, se rompería la unidad de la pareja porque podría encubrir una poliginia o una poliandría, con lo cual desaparecería la unidad conyugal monógama, perdería su vigencia el sistema imperante de parentesco que rige y orienta a la sociedad en la regulación de la herencia y en la posición y el respaldo de los individuos y se rompería el decurso normal de las relaciones hogareñas. La unidad psicoafectiva progenitofilial se transformaría al convertirse el hijo o la hija en rivales potenciales del padre o de la madre, y los lazos fraternales cambiarían su sentido tradicional al convertirse cada miembro en potencial esposo o esposa de la otra o del otro”.
De otra parte, según el médico Rafael Elejalde del Medical Genetics Institute, S.C. de Milwaukee, Wisconsin, "todos los estudios de hijos concebidos por padres consanguíneos han mostrado que ellos producen un mayor número de hijos anormales que los padres que no son miembros de la misma familia. Mientras más cercana sea la relación familiar, mayor es el riesgo de que los hijos estén afectados por enfermedades genéticas". Anota, además, que los hijos fruto de relaciones entre consanguíneos pueden llegar a padecer enfermedades como la mucopolisacaridosis, la homocistinuria, la fibrosis quística, la sordomudez y el retraso mental. Igualmente, agrega que es posible deducir "que la mitad de los hijos de relaciones incestuosas son anormales y la otra mitad es normal".
El reconocido genetista Emilio Yunis afirma que el homocigotismo de genes recesivos que presentan enfermedad genética tiene mayores posibilidades de aparecer cuando se trata de la unión de dos portadores del gen respectivo. En este sentido, asegura que "a mayor cercanía familiar mayor el número de genes compartidos y mayor la probabilidad del homocigotismo. En genética se afirma, con razón, que las enfermedades por genes recesivos son más frecuentes mientras mayor sea la consanguinidad".
Desde la perspectiva psicológica, el médico psicoanalista Gustavo Angel Villegas sostiene que las relaciones incestuosas sí pueden implicar consecuencias negativas, toda vez que éstas producen sentimientos de culpa conscientes e inconscientes. En este sentido, las patologías psiquiátricas más usuales relacionadas con casos de incesto son: (1) depresiones y estados depresivos menos graves; (2) estados de angustia flotante o asociada con fobias; (3) neurosis de fracaso; (4) búsqueda inconsciente de autocastigo, en accidentes traumáticos, quiebras económicas, rupturas matrimoniales seriadas. De igual forma, indica que estos efectos pueden tener una incidencia mayor en el seducido quien, en algunos casos, puede incluso llegar a padecer una neurosis traumática, especialmente si no consintió en la relación o fue inducido a ella mediante el engaño o la violencia. Advierte que "de todas maneras, salvo manifiestos casos de psicopatía, los dos participantes experimentan la acción perturbadora del superyo o consciencia moral". Señala el experto que las creencias religiosas, la moral social y la amenaza de sanciones jurídicas refuerzan la acción de la consciencia moral sobre las acciones de la persona. Conforme a lo anterior, concluye que, a su juicio, "la despenalización y permisividad del incesto traerían efectos nocivos para la salud emocional y mental de las personas".
En opinión de la socióloga Argelia Londoño Vélez, el incesto contra menores de edad, "constituye en sí mismo una vulneración de la libertad sexual y la dignidad de los menores, además de afectar la convivencia del grupo familiar". Para sustentar su aserto, expone los siguientes argumentos: el trato incestuoso (1) se produce dentro de la familia como expresión de las relaciones desiguales de poder entre adultos, niños, niñas y adolescentes; (2) se ejecuta contra una persona que no tiene capacidad y libertad para otorgar su consentimiento válido; (3) se ejecuta contra una persona que vive en condiciones de subordinación o dependencia respecto del agresor, bien sea física, psíquica o social; (4) se lleva a cabo contra una persona que dadas su historia personal y social es incapaz de oponerse a las pretensiones del agresor; (5) se realiza contra una persona que carece de elementos cognitivos para comprender la relación sexual; y, (6) lesiona gravemente el desarrollo psico-afectivo, la salud mental y la salud sexual y reproductiva de los menores.
12. Es perfectamente racional que el grupo social apele a una estrategia normativa - por tanto valorativa -, para encauzar la acción social en una dirección que le permita impedir efectos perjudiciales en los distintos órdenes de la vida social e individual. La sanción, social o jurídica, cumple la misión de señalizar, de manera no contingente, comportamientos dañinos y, en cierta medida, suple la necesidad de que el sujeto deba en cada caso entrar a determinar cognoscitivamente por sí mismo el universo de efectos que se siguen de su conducta, lo cual aunque deseable no siempre es posible en la práctica social.
15. La prohibición del incesto, al incorporar positivamente un criterio de moralidad pública que se busca mantener en el seno familiar, no ocasiona, por sí misma, en cuanto mandato restrictivo, detrimento a la dignidad de las personas. La Corte quiere puntualizar que la prohibición no se endereza de manera deliberada a causar agravio o lesión a determinadas personas por ser portadoras de determinados rasgos o creencias, ni persigue un propósito discriminatorio e injusto ejercitado y ejecutado por una mayoría contra una minoría o determinadas personas. La renuncia que se sigue a la prohibición, de otra parte, no tiene la entidad de clausura a la satisfacción sexual que en modo alguno se niega si ella se realiza en el ámbito del grupo externo a la familia. El sujeto no queda, por tanto, reducido a objeto ni librado a la ciega instrumentalización por parte de la mayoría, a la cual no puede acusársele de imponer deberes o cargas “supererogatorios”, esto es, excesivos, anormales o descomunales.
16. La materia sobre la que recae la prohibición del incesto, fue tal vez la primera que reivindicó la sociedad como un todo para sí. Recuerda el profesor Guillermo Páramo Rocha, que para Lévi-Strauss la prohibición del incesto representa la “verdadera marca de la cultura, comparable al empleo de instrumentos y al lenguaje articulado”, la cual sirve de “frontera ( o puente ) que separa ( o une ) lo cultural y lo natural”. En el mismo estudio, el ilustre profesor, alude al sistema normativo de los muiscas, y recoge el siguiente testimonio de Fray Pedro Simón: “Si alguno se hallase que tuviese cuenta con su madre, hija , hermana o sobrina, que entre ellos eran grados prohibidos, los metiesen en un hoyo angosto de agua con muchas sabandijas venenosas dentro y cubriéndolo con una gran loza lo dejasen pereciendo allí, y la misma pena se daba a ellos” (Noticias Historiales VI, vii, 3).
En este sentido, el profesor Guillermo Páramo Rocha afirma : “El tabú del incesto, empero, tiene tal fuerza que está imbricado en el tejido de la cultura y en el aparato institucional, legal y moral de muchas, sino de todas las sociedades : regulación de la violencia y el poder, distinción de grupos de edad, protección de la infancia, socialización, educación, grados de intimidad, de libertad, noción de la autoridad, de la identidad, etc., y, por supuesto, sistemas de parentesco y estructura familiar, sin mencionar las ideas relativas a la salud y a la enfermedad, a lo sucio y a lo limpio, lo puro y lo impuro, a la historia y a las líneas de descendencia, a los ancestros, a la esfera de lo religioso, a la concepción del tiempo y del espacio y hasta a la lógica misma del ordenamiento del cosmos”.
Demandante: Alberto Franco
Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ y
Dicen que cuando Laplace explicó a Napoleón la teoría según la cual el sistema solar se habría formado a partir de una nebulosa, el emperador le pregunto: "Y qué lugar ocupa Dios dentro de su teoría?" Y el físico le respondió: "Dios es una hipótesis de la que no he necesitado para formular mi teoría".
A Guillermo de Occam, el filósofo nominalista (monje cristiano, por cierto), le atribuyen el aserto de que para proceder correctamente en el campo del conocimiento, hay que suprimir todas las entidades metafísicas inútiles. Es lo que se conoce como la navaja de Occam. La moraleja es muy simple: si la sola razón y la experiencia pueden darnos cuenta cabal de un fenómeno, ¿para qué apelar a misteriosas entelequias (cuya "existencia" es precisamente el producto de nuestra mente), para explicar lo que ya está explicado?
Unas pocas inquietudes ponen de presente lo que implícitamente se afirma en la pregunta. i) ¿Cómo se reconoce esa "moralidad pública"? ¿Existe algún criterio objetivo para reconocerla, analógo a la regla de reconocimiento propuesta por Hart como instrumento conceptual que permite identificar las normas de un ordenamiento jurídico? ii) Y si tal es el caso, cómo saber con certeza, o con un alto grado de probabilidad, que esa "moralidad pública" que repudia el incesto, clama porque se le desestimule con una sanción penal? Porque bien puede ocurrir que a alguien le pregunten, verbigracia, cómo juzga el adulterio y responda: "me parece censurable". Pero si se le inquiere: "¿y se debe castigar?", conteste: "ese es un asunto de cada uno". ¿Y qué tal el homosexualismo, tan generalmente repudiado, acerca del cual ha dicho la Corte (con el voto favorable de algunos magistrados adalides de la "moralidad pública") que ni siquiera puede consagrarse como causal de mala conducta? iii) Y dentro de una sociedad pluralista como la colombiana, cabe preguntar: ¿Hay una sola moralidad pública, o hay varias? Si hay una sola, ¿quien la determina? y si hay varias, ¿cuál prevalece y por qué?
Tal vez resulte oportuno poner fin a esta aclaración de voto (que no es salvamento, porque la decisión y la primera parte de las consideraciones las acogemos), con esta apreciación de Ernst Tugendhat: "Un concepto de la moralidad que no deja abierta la posibilidad de concepciones variadas de lo moral tiene que parecernos hoy inaceptable"
"Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado por la ley."
[1] Véanse, por ejemplo las sentencias T- 542 de 1992, C-004 de 1993, C-221 de 1994, T-007 de 1998.
[2] Véanse, por ejemplo las sentencias C- 221 de 1994 y C-309 de 1997.
[3] Sobre el concepto de medidas de protección de la autonomía de las personas, véase la sentencia C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[4] Sobre este tema interesa mencionar que la doctrina constitucional alemana ha recalcado que, además de los límites que la Constitución le fija expresamente al ejercicio de los derechos fundamentales, éstos también tienen unas barreras éticas inmanentes. Esta tesis se apoya en la tradición del derecho privado acerca de los límites éticos inmanentes en el ejercicio de los derechos, según la cual el ejercicio de un derecho no puede superar la frontera que le trazan las buenas costumbres y la buena fe. Ver, por ejemplo, el comentario al párrafo I del artículo 2 de la Ley Fundamental alemana, contenido en Maunz, Theodor / Dürig, Günter (1990) : Grundgesetz. Kommentar, Tomo I, p. 61, Munich. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte al admitir ciertas restricciones a la libertad en nombre de principios de moralidad positiva o aceptar la intervención del Estado en cuestiones “morales”. En este último sentido, por ejemplo, en la sentencia T-321 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), se reconoce la competencia subsidiaria del Estado para intervenir en asuntos morales. En efecto, al tenor de la mencionada decisión, “No puede, pues, trasladársele al Estado una responsabilidad (la de orientar moralmente a los hijos), que sólo subsidiariamente le compete, pues es función que ante todo le incumbe a los padres”.
[5] Los principales tratados internacionales de derechos humanos incorporados por Colombia a su derecho interno prevén la posibilidad de restringir ciertos derechos fundamentales (libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y expresión, libertad de reunión, libertad de asociación y libertad de circulación y residencia) por motivos de moralidad pública. En este sentido, véanse, los artículos 12-3, 18-3, 19-3-b), 21 y 22-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), los artículos 12-3, 13-2-b), 15, 16-2 y 22-3 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) y los artículos 10-2, 13-2-b), 14-3 y 15-2 de la Convención sobre Derechos del Niño (Ley 12 de 1991).
[6] A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia proferida dentro del asunto Handyside, el 7 de diciembre de 1976, señaló "no es posible extraer del derecho interno de los Estados contratantes una noción europea uniforme de 'la moral'. De modo que son las autoridades de cada uno de los Estados las que se encuentran en la mejor posición para pronunciarse sobre el contenido preciso de exigencias como la necesidad de una restricción o sanción en casos como el que nos ocupa [prohibición de la circulación de un libro y decomiso de los ejemplares del mismo en razón de su contenido obsceno]. Bien es cierto que el citado artículo 10-2 del Convenio [restricción de la libertad de expresión por razones de moralidad pública] reserva a los Estados contratantes un margen de apreciación. Sin embargo, el citado artículo no atribuye a los Estados un poder de apreciación ilimitado. Por el contrario, el Tribunal, junto con la Comisión, tiene por misión asegurar que dichos Estados respeten sus compromisos, siendo competente para establecer mediante sentencia definitiva si una 'restricción' o bien una 'sanción' pueden conciliarse con la libertad de expresión tal y como es protegida en el artículo 10. El margen nacional de apreciación va, pues, a la par con el control que practica el Tribunal al que concierne determinar la finalidad de la medida litigiosa y su necesidad, lo que le puede llevar tanto a la ley que le sirvió de base como a la decisión que la aplicó, aunque ésta emane de una jurisprudencia independiente. (…). El Tribunal no tiene por tarea sustituir a las jurisdicciones internas competentes, sino apreciar desde el ángulo del artículo 10 las decisiones que adopten en el ejercicio de su poder de apreciación. Su control sería ilusorio si se limitara a examinar las decisiones aisladamente. Por el contrario, el Tribunal debe examinarlas a la luz del conjunto del caso, comprendiendo la publicación de que se trata, así como los argumentos y medios de prueba invocados por el recurrente en el orden jurídico interno e internacional. Incumbe al Tribunal determinar, con base en los diversos elementos de juicio que posee, si los motivos dados por las autoridades nacionales para justificar las medidas concretas adoptadas son pertinentes y suficientes desde el punto de vista del artículo 10-2".
[7] Cabe señalar que en el Estado Social y democrático de Derecho, el principio de neutralidad no tiene el carácter de limitación temática del discurso en el proceso democrático y, por lo tanto, permite que aquello que en principio es reservado al ámbito privado, sea objeto de tematización y crítica pública.
[8] A este respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-239/97 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) ; C-659/97 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Sobre una cuestión semejante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia dictada dentro del asunto Dudgeon, el 22 de octubre de 1981, manifestó: "Como ha puesto de manifiesto el caso Sunday Times, el margen de apreciación no tiene amplitud idéntica para cada una de las finalidades que autorizan a limitar a un derecho, siendo especialmente amplia cuando se trata de proteger la moral. Pero en cualquier caso hay que entender que el margen de apreciación depende no sólo de la finalidad de la restricción sino de la naturaleza de las actividades en juego. En el presente supuesto que tiene por objeto uno de los aspectos más íntimos de la vida privada, deben existir razones particularmente graves para convertir en legítimas las injerencias de los poderes públicos a los efectos del artículo 8-2 [restricción de la intimidad por razones de moralidad pública]. Las motivaciones alegadas por el Gobierno irlandés, sobre el clima moral irlandés contrario a la reforma de dicha legislación y la situación constitucional por la que atraviesa Irlanda, no justifican hablar de 'necesidad social imperiosa'. Los motivos del Gobierno, que se entienden pertinentes, no son suficientes para justificar el mantenimiento de normas en la medida en que tengan por resultado general la prohibición penal de relaciones homosexuales entre hombres adultos capaces de consentirlas. En particular, de la población de Irlanda del Norte, ni las actitudes sobre la homosexualidad masculina en Irlanda del norte, ni la creencia de que una atenuación de dichas penas no conduce a minar los valores morales existentes, no permite en sí mismo una injerencia en la vida privada del recurrente. Despenalizar no significa aprobar, y el temor de que en ciertos ambientes obtengan a este respecto conclusiones erróneas de una reforma de la legislación, no constituye una buena razón para conservarla incluso en sus aspectos injustificables".
[9] Véanse, entre otras, las sentencias C-459/95 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-309/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-067/98 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz); T-124/98 (MP. Alejandro Martínez Caballero).