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Timestamp: 2019-01-20 00:47:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 92', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 35', 'artículo 53']

1.1. Estructura de gobierno
1.2. Gobierno federal
1.4. Fuentes y jerarquía del derecho
1.5. Papel de la legislatura en la elaboración de las leyes
1.7. Papel de los tribunales
1.1 Estructura de gobierno
Canadá es una federación formada por un gobierno central (federal) y diez gobiernos regionales (provinciales). Cada nivel de gobierno consta de tres ramas principales: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial (véase el apartado 1.2). La Constitución canadiense (artículos 91 al 95) enumera los distintos poderes legislativos que se confieren exclusiva o conjuntamente en ambos órdenes de gobierno. Los territorios canadienses están supeditados al Poder Legislativo federal.
La Constitución define las áreas de la autoridad legislativa del gobierno federal y de los gobiernos provinciales, y éstas incluyen: educación, propiedad y derechos civiles, administración de la justicia, servicios de salubridad, recursos naturales dentro de los límites nacionales, seguridad social e instituciones municipales. Los asuntos de envergadura nacional -defensa, comercio interprovincial e internacional, sistema bancario y monetario, derecho penal y pesca- competen al Parlamento federal. Confiere también al gobierno federal la autoridad residual para legislar en asuntos no asignados específicamente a uno u otro nivel de gobierno. El Parlamento y las asambleas legislativas provinciales se dividen las facultades en materia de agricultura, inmigración y algunos aspectos de recursos naturales. Sin embargo, en caso de conflicto, tiene prelación la legislación federal. Cada nivel de gobierno cuenta con su propio sistema impositivo. La disparidad de riqueza entre las provincias se compensa con los pagos de igualamiento del gobierno federal a las provincias más pobres.
La Constitución canadiense no prevé expresamente la protección del medio ambiente. El Parlamento y las legislaturas provinciales comparten también jurisdicción en casos de materia ambiental, de acuerdo con la competencia de cada uno al respecto (véase el capítulo 3 para una presentación más detallada sobre el tema).
La división de poderes entre el gobierno federal y cada una de las provincias es muy compleja y ha sido objeto de numerosas interpretaciones judiciales, así como de diversos acuerdos y protocolos. De hecho, aunque un nivel de gobierno no pueda transferir ninguna de sus facultades a otro, sí es posible delegar la administración de una ley. El gobierno federal y la mayor parte de los gobiernos provinciales tienen un ministerio de relaciones intergubernamentales.
La Constitución estipula que el Parlamento de Canadá está constituido por tres componentes: un jefe de gobierno, el Senado y la Cámara de los Comunes. Canadá es una monarquía constitucional y por ello el jefe de Estado oficial es su Majestad la Reina en Derecho sobre Canadá, quien delega todos sus poderes al Gobernador General de Canadá (artículo 9 de la Constitución). Aunque el Gobernador General es oficialmente el jefe de Estado, no hace uso de ninguna iniciativa personal en el ejercicio de su poder de gobierno, excepto para algunos "poderes de reserva" o "prerrogativas personales" que, en su mayor parte, ya no se ejercen. La función del Gobernador General es en buena medida protocolaria; lo nombra su Majestad según la recomendación del Primer Ministro de Canadá, por un mandato de cinco años. El Gobernador General tiene poderes para nombrar a los miembros del Senado y para convocar a los miembros de la Cámara de los Comunes para una legislatura. En la práctica, el papel del Gobernador General (y de los gobernadores en las legislaturas provinciales) consiste en actuar por recomendación del gobierno. El Gobernador General es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas canadienses, aunque, de nueva cuenta, se trata de una posición protocolaria.
El Senado, o Cámara Alta, está formada por 104 miembros nombrados por el Gobernador General por recomendación del Gabinete. Los senadores representan básicamente las cuatro grandes distritos de Canadá: las provincias marítimas, Quebec, Ontario y las provincias del oeste. El nombramiento de los miembros del Senado es inamovible, pero pueden ocupar un escaño hasta los 75 años de edad. El Senado tiene las mismas facultades que la Cámara de los Comunes, salvo en algunas excepciones. Actualmente, la Cámara de los Comunes está conformada por 301 diputados, a quienes se elige mediante sufragio universal y representan cada una de las 301 circunscripciones electorales. Por lo general, los diputados militan en algún partido político reconocido. El gobierno se forma con el partido que obtenga el mayor número de escaños. El Gobernador General solicita al líder de dicho partido ocupar el cargo de Primer Ministro. De acuerdo con la Constitución canadiense, se debe elegir una nueva Cámara de los Comunes por lo menos cada cinco años. No obstante, el Primer Ministro puede solicitar al Gobernador General la disolución del Parlamento en cualquier momento. Los miembros de la Cámara de los Comunes también pueden destituir un gobierno con un voto en favor de esta propuesta. En ambos casos, el Gobernador General convocará a elecciones generales.
El Gabinete (Cabinet o Cabinet), presidido por el Primer Ministro, es el que sustenta el Poder Ejecutivo. Una vez nombrado por el Gobernador General, el Primer Ministro selecciona a los ministros que integrarán el Gabinete y aconseja al Gobernador General que proceda a su nombramiento. Por lo general, los ministros son diputados miembros del partido gobernante. El Gabinete federal agrupa a cerca de 30 ministros, la mayoría de los cuales tiene una "cartera", es decir, es responsable del departamento que se les asignó ante la Cámara de los Comunes. El Gabinete también cuenta con ministros sin cartera (que no son responsables de ningún ministerio) o con ministros de Estado, que pueden encargarse de algún elemento en particular dentro de un departamento o incluso de alguna dependencia que no reúna todas las características para alcanzar el rango de ministerio.
El Consejo Privado está formado por todos los miembros del Gabinete en funciones, ex ministros y ex primeros ministros, el juez de la Suprema Corte de Justicia, la más alta instancia judicial del país, y sus predecesores, presidentes de la Cámara de los Comunes, al igual que ciudadanos eméritos nombrados por el Gobernador General, con frecuencia por recomendación del Primer Ministro. El Consejo Privado completo como tal nunca se ha reunido. El Gabinete es el órgano activo del Consejo.
El Gobernador en Consejo está representado fundamentalmente por el Gobernador General, quien actúa por recomendaciones que le hace el Gabinete.
La administración está formada por los funcionarios asignados a los diferentes ministerios del gobierno federal y las personas que colaboran en las distintas instancias creadas dentro del marco legislativo por el Parlamento, para garantizar la instrumentación, aplicación e implementación de la legislación. Cada ministerio está presidido por un ministro. El viceministro es el funcionario de más alto rango de cada ministerio y constituye el enlace entre el ministro y la burocracia. El Gobernador General nombra al viceministro siguiendo la recomendación del Primer Ministro.
En Canadá se alcanza el estado de derecho (rule of law) mediante el principio de independencia del Poder Judicial. La Constitución estipula que casi todos los tribunales deben crearse dentro de las legislaturas provinciales; sin embargo, también prevé que compete al gobierno federal, con algunas excepciones, designar a los jueces de los tribunales de la nación. Asimismo, precisa que los jueces de los tribunales superiores provinciales (Tribunal Superior de Quebec, las supremas cortes en las demás provincias y todos los tribunales de apelación provinciales) pueden destituirse únicamente a través de una solicitud de ambas Cámaras del Parlamento al Gobernador General. Los estatutos que prevén la creación de la Suprema Corte de Canadá y el Tribunal Federal contienen disposiciones similares. Jamás se ha destituido de su cargo a un juez de un tribunal superior canadiense.
La instancia jurídica más alta es la Suprema Corte de Canadá, que se creó en 1875. La Suprema Corte es la instancia de apelación final tanto en materia civil como penal y sus decisiones son vinculantes para los demás tribunales canadienses. Desde 1949, la Suprema Corte está integrada por nueve jueces, nombrados por el Gobernador en Consejo. La legislación prevé que tres de los nueve jueces provengan de Quebec y sean, por consiguiente, de tradición civilista. Por lo general, el gobierno federal nombra a tres jueces de Ontario, dos de las provincias del Occidente y uno de las provincias del Atlántico. El Tribunal Federal sólo tiene competencia en materia de legislación federal.
Nunavut, Yukón y los Territorios del Noroeste tienen gobiernos creados por estatutos federales y carecen del estatuto constitucional independiente del que gozan las provincias. El Parlamento federal tiene plenos poderes legislativos sobre los territorios, pero ha delegado a éstos los poderes extensivos de autogobierno.
La Ley de los Territorios del Noroeste (Northwest Territories Act o Loi sur les Territoires du Nord Ouest) y la Ley de Yukón (Yukon Act o Loi sur le Yukon) establecen un consejo territorial para cada territorio y confieren al Consejo el poder de establecer "ordenanzas" para asuntos que correspondan aproximadamente a los temas que son de la jurisdicción de las provincias (artículo 92 de la Constitución). Estos dos territorios tienen un sistema judicial similar al de las provincias. Estos sistemas fueron creados por el gobierno federal, que delegó su jurisdicción en materia de administración de la justicia a los Consejos territoriales. Sin embargo, las supremas cortes (tribunales superiores) de Columbia Británica y Alberta hacen las veces de tribunales de apelación para Yukón y los Territorios del Noroeste, respectivamente.
Las legislaturas provinciales tienen autoridad para crear gobiernos locales o municipales. En virtud de la legislación provincial, dichos gobiernos tienen poder para aprobar ordenanzas encaminadas a reglamentar asuntos dentro de sus límites. No obstante, el ejercicio de estas facultades deberá respetar las modalidades legislativas provinciales que las habilitan. La fuente de la mayor parte de los poderes municipales emana de estatutos provinciales que se refieren específicamente a los gobiernos municipales o a la legislación relativa a la planificación.
Los gobiernos locales con poder de legislar están subordinados a la autoridad provincial, que les ha delegado su autoridad; ésta puede, en todo momento, anular, alterar o controlar los poderes transferidos. En Canadá, la estructura de los gobiernos locales está supeditada a cada legislatura provincial. Para casi todo Canadá, la estructura básica es aplicable a villas, municipalidades, pueblos, condados, municipalidades regionales y ciudades de tamaños diversos.
Gobiernos autóctonos y comunidades indígenas
Los pueblos originarios de Canadá son las Primeras Naciones (comunidades indígenas), los inuit (esquimales) y los métis (descendientes de los indios y de los colonos y comerciantes franceses). En total, forman una población de cerca de 700,000. Los indígenas componen 11 grupos de lenguas distintas, desde el océano Atlántico hasta el Pacífico y casi todos residen por abajo del límite forestal septentrional. Los inuit viven en las regiones del norte del país. Los métis suelen habitar las provincias de las planicies (Alberta, Saskatchewan y Manitoba). La Constitución [artículo 91(24)] confiere al Parlamento federal el poder de legislar en lo que se refiere a los indígenas y las tierras reservadas para ellos. En consecuencia, sólo los indígenas están regidos por la Ley de Asuntos Indígenas (Indian Act o Loi sur les Indiens). La posición legal del gobierno de Canadá es que no cuenta con la autoridad constitucional para legislar sobre los métis como un grupo diferenciado. El artículo 91(24) se aplica a diversos asuntos. En términos generales, el gobierno federal considera que tiene la autoridad para legislar sobre las comunidades indígenas en aspectos que de otra manera se encontrarían más allá de la competencia legislativa y sobre los que no podría legislarse en el caso de comunidades no indígenas. Las leyes provinciales de aplicación general se suelen aplicar a los indios y a las tierras que les son reservadas, excepto si contravienen las disposiciones de un estatuto federal, interfieren con los derechos de un tratado o entran en conflicto con la Ley de Asuntos Indígenas. El Ministerio Federal de Asuntos Indígenas y de la Región Norte (Department of Indian and Northern Affairs o ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien) ofrece servicios a los indígenas registrados y coordina las políticas y programas federales en el norte. Sus responsabilidades incluyen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de tratados, la Ley de Asuntos Indígenas y otras disposiciones jurídicas.
En 1982, se reconocieron en la Constitución (artículo 35) los derechos que ya tenían las comunidades indígenas y que figuraban en los tratados. Los derechos indígenas consisten en el mantenimiento de algunas costumbres y tradiciones que han sido válidas desde que se ejerció la soberanía europea. Los derechos adquiridos por tratados consisten regularmente en obligaciones o responsabilidades del Parlamento federal ante las comunidades indígenas a cambio de la renuncia a sus derechos territoriales. En los últimos años, dichos derechos han sido objeto de numerosas decisiones de la Suprema Corte de Canadá.
Algunas provincias han adoptado también códigos de derechos humanos aplicables a las autoridades provinciales y que establecen las relaciones entre individuos. Dichas cartas provinciales se adoptan por ley y están sujetas a revocaciones o modificaciones.
En Canadá, los tratados internacionales no se convierten automáticamente en parte del derecho. Suelen ponerse en vigor mediante la adopción de leyes, en caso de ser necesario, por parte de la entidad legislativa nacional correspondiente. Esto requiere la adopción de nuevas leyes o enmiendas a las vigentes en los ámbitos federal o provincial, según el tema de que se trate.
Si la legislación canadiense no está conforme con un tratado obligatorio, se le puede acusar de no cumplir sus obligaciones internacionales. En el caso de una clara incompatibilidad entre una ley y un tratado internacional, prevalecerán las disposiciones de la ley canadiense (federal o provincial).
Leyes federales y provinciales
Los canadienses son gobernados en parte por leyes y reglamentos adoptados por cada entidad legislativa (el Parlamento y las legislaturas provinciales), y en parte por el derecho consuetudinario (common law). Las intenciones de los gobiernos pueden expresarse mediante documentos de diversos efectos jurídicos. Los estatutos, reglamentos y decretos se consideran ley. Las directivas, reglas, usos, políticas y procedimientos con frecuencia incluyen más bien lineamientos, no reglas de aplicación de la ley. Dichos documentos son adoptados por distintas autoridades, organismos o ministerios gubernamentales en todos los niveles de la estructura estatal de Canadá. La mayor parte de los textos legislativos puede consultarse en la Internet, en los sitios de los distintos departamentos de justicia o de los editores oficiales.
En todas las provincias canadienses, salvo Quebec, que se rige en gran parte por una código civil tradicional, la jurisprudencia constituye una parte importante de la interpretación de la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las sentencias judiciales pueden encontrarse en los informes oficiales de cada entidad (Suprema Corte, Tribunal Federal, Tribunales de Apelación provinciales, Tribunales Superiores provinciales y Tribunales Inferiores provinciales), así como en algunos informes publicados comercialmente. Las decisiones de la Suprema Corte de Canadá son obligatorias en todos los niveles inferiores de los tribunales. Las decisiones de un tribunal provincial de apelaciones son obligatorias en territorio de la provincia y serán consideradas de valor persuasivo en otras provincias. En algunas instancias los tribunales canadienses se refieren a las decisiones de los tribunales del Reino Unido, otros países de la Commonwealth y Estados Unidos.
Las tres entidades que conforman el Parlamento, que son el Gobernador General, el Senado y la Cámara de los Comunes, deberán otorgar su aprobación para que un proyecto se convierta en ley. Por lo general, los proyectos de ley que son del interés público los presenta un ministro en la Cámara de los Comunes, una vez que los aprobó el Gabinete. Asimismo, los diputados (miembros del Parlamento) tienen la oportunidad de presentar proyectos de ley, que reciben el nombre de proyecto de ley de iniciativa parlamentaria. El artículo 53 de la Constitución estipula que los senadores pueden presentar un proyecto de ley que no implique ninguna consecuencia de tipo financiero. La aprobación de una ley federal requiere tres lecturas en la Cámara de los Comunes y el Senado. La primera es una presentación formal sin debate. El debate comienza en la segunda lectura, en la cual se decide si se adopta o no el principio del proyecto de ley. Se envía entonces el proyecto de ley a un comité permanente que lo estudia, primero como un todo y luego sección por sección; con frecuencia el comité escucha a testigos. Luego pasa el informe a los Comunes o el Senado, a veces con recomendaciones para enmendar la iniciativa de ley. De esta manera, los miembros del Parlamento, los senadores y el público pueden participar en el desarrollo de una legislación. Después de la tercera lectura se procede a la votación de la Cámara de los Comunes o el Senado para adoptar o rechazar el proyecto de ley tal como se haya enmendado. Si un proyecto se aprueba por los Comunes y se envía al Senado y el Senado lo enmienda, entonces el proyecto regresa a los Comunes. Una vez aprobado por ambas cámaras del Parlamento, el proyecto requiere la sanción real del Gobernador General. Además, en muchas leyes se especifica que no entrarán en vigencia oficial sino hasta que hayan sido así proclamadas por el Gabinete federal. Cabe destacar que incluso cuando la Constitución otorga las mismas facultades al Senado que a la Cámara de los Comunes, se reconoce que la función del Senado está subordinada a la Cámara de los Comunes, ya que los senadores no se eligen democráticamente. Por consiguiente, el Senado rechaza o enmienda sustancialmente un número muy reducido de proyectos de ley.
Las leyes provinciales se adoptan sustancialmente de la misma manera que las federales. Sin embargo, sólo la Asamblea Legislativa de la provincia estará llamada a votar y, en el ámbito provincial, no existe el equivalente del Senado. Las leyes provinciales aprobadas han de recibir la aprobación real del Gobernador antes de surtir efecto.
En el ámbito federal y en todas las provincias, excepto Quebec, los tribunales funcionan con base en el sistema consuetudinario (common law). Quebec tiene una tradición de derecho civil de origen francés. Debido a la dualidad del sistema judicial canadiense, el papel de los tribunales depende del sistema que se haya de aplicar. La característica principal del derecho consuetudinario es la aplicación de decisiones previas (jurisprudencia o precedentes) de los tribunales en los casos posteriores que se abordan en las cortes. Por el contrario, la aplicación del código civil en Quebec está más bien centrada en la interpretación de las leyes codificadas. (El término "ley civil" no ha de confundirse con el litigio civil. Al igual que en la mayoría de los países, los tribunales en Canadá tratan dos clases de casos: las acciones criminales y el litigio civil.) Los tribunales de Quebec pueden recurrir únicamente a disposiciones legales, ya sea en el Código Civil o en algún otro estatuto, para sancionar alguna conducta o actividad, o bien para imponer alguna penalización. El derecho penal es uniforme en todo el territorio canadiense porque fue codificado. Los principales deberes que han de cumplir todos los tribunales canadienses son el respeto de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms o Charte canadienne des droits et libertés) y la interpretación de las leyes u otras legislaciones. Los tribunales respetarán también la división de poderes entre los dos órdenes de gobierno (federal y provincial) al decidir si una determinada ley entra en la jurisdicción conferida por la Constitución.
La jurisdicción del Tribunal Federal de Canadá (Federal Court o Cour fédéral) se limita a resolver los casos civiles que provienen de la jurisdicción federal, tales como impuestos e ingresos, derechos de autor, marcas registradas, patentes, asuntos marítimos y ciudadanía. Este tribunal tiene también el poder de revisar las decisiones de los organismos y de los funcionarios federales, así como el de admitir reclamaciones para obtener compensaciones en lo que respecta, por ejemplo, a la aeronáutica, las empresas interprovinciales y algunos tipos de documentos comerciales.
El Tribunal de Apelaciones (appeal courts o cours d'appel), la instancia judicial más alta en las provincias, tiene como función abordar las apelaciones de los tribunales inferiores, tanto en materia civil como en materia criminal o penal, dentro de lo que marca la ley.
La segunda instancia judicial es el Tribunal Superior (superior courts o cours supérieures), tribunal de derecho común que aborda los litigios ajenos a la jurisdicción de otro tribunal u organismo. Este tribunal también ejerce la facultad de vigilancia y reforma de los demás tribunales u organismos de la provincia, a excepción del Tribunal de Apelaciones.
Como última instancia se encuentran los tribunales inferiores (provincial courts o cours provinciales), comúnmente conocidos como tribunales provinciales. Éstos constan de un conjunto de tribunales regularmente especializados con órdenes específicas y abordan ofensas criminales de poca monta, así como algunos aspectos del derecho familiar, pequeñas reclamaciones, litigios municipales, asuntos relativos a la juventud, entre otros.
Los juzgados administrativos son órganos de decisión establecidos por ley. Funcionan un poco como los tribunales, pero se centran en áreas especializadas como apelaciones ambientales, relaciones laborales, instalaciones públicas y disputas entre propietarios de inmuebles. En los pasados 30 años creció de manera considerable el número de juzgados administrativos. Las decisiones de éstos están sujetas a la revisión de tribunales de mayor jerarquía o del Tribunal Federal.