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Timestamp: 2019-08-22 21:55:34
Document Index: 59405447

Matched Legal Cases: ['artículo 219', 'artículo 159', 'artículo 15', 'artículo 113', 'artículo 15', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 217', 'artículo 419', 'artículo 217', 'artículo 218', 'artículo 83', 'artículo 137', 'artículo 44', 'artículo 83', 'artículo 181', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 1', 'artículo 247', 'artículo 203', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Acuerdo y Sentencia 590/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 590/18
EXPEDIENTE: “UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO C/ RESOLUCIÓN EXPRESA O TÁCITA DE LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN”
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, MIRYAN PEÑA CANDIA, y CARMELO CASTIGLIONI, quienes integran la Sala Penal, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver el recurso de apelación y la nulidad interpuesta contra el Acuerdo y Sentencia N° 236 de fecha 30 de setiembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PEÑA, y CASTIGLIONI.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: El fallo impugnado por el Abogado del Fiscal, con patrocinio del Abogado del Tesoro, dispuso la procedencia de la presente acción contencioso administrativa, fundando la nulidad invocada por su parte, en la remisión a los escritos de presentación de demanda, como en la contestación por la cual quedó trabada esta litis, denunciando la discordancia entre lo planteado por las partes contendientes y lo resuelto por el Tribunal de Cuentas. Considerado vulnerados los artículos 15 y 404 del Código Procesal Civil, reforzando su argumentación con cita de respetada doctrina nacional y argentina de la materia procesal, a lo que agrega que también resultó quebrantado el principio de congruencia, por haber sido dictada una resolución judicial sin el cumplimiento de indispensables requisitos formales. En breves expresiones, el nulidicente sostiene que el Tribunal a quem omitió lo sostenido por su parte en dicha instancia, sin que ello haya resultado negado por la parte actora, que resulta pretendido en autos volver a aprovechar un crédito fiscal ya utilizado en sus asientos contables. Cuestiona que la universidad actora - parte apelada en autos - pretenda la devolución de un monto en concepto de Impuesto al Valor Agregado - I.V.A que había sido trasladado a sus alumnos a través del monto de las cuotas y otros conceptos. En dicha situación, reconoce conforme al artículo 219 de la Ley N° 125/91 como sujeto legitimado al recupero fiscal, al alumno que finalmente soporto el sacrificio económico del impuesto en cuestión, y no a la universidad, desarrollando la idea que de confirmarse el fallo atacado de nulo, se generaría una situación de enriquecimiento sin justificativo. Solicita la anulación del Acuerdo y Sentencia impugnado, con costas.
CONTESTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ACTORA.
Tras breve relato de la situación de la unidad académica accionante en la presente acción del fuero contencioso administrativo, considera contradictoria la posición fiscal, que tras someter a un procedimiento en sede administrativa por 60 días, en el que reconoce el pago del impuesto aquí disputado, posterior a dicho estadio procedimental, busca desconocer el derecho a la devolución del crédito demandado, con pretexto basado en normas infra constitucionales. Afirma como confusión de la nulidicente lo que plantea como "falta de fundamentación" con la no cita de disposiciones normativas, siendo que la referencia numerológica a tal o cual disposición normativa, no constituye una fórmula sacramental de la sentencia. La devolución por pago indebido del I.V.A a instituciones educacionales no es una cuestión novedosa, pese a los múltiples intentos fiscales para conculcar tal incentivo constitucional, la que ha sido amparada por la Corte Suprema de Justicia a través de innumerables fallos. En respuesta al supuesto traslado del tributo reclamado en el presente juicio a los dicentes cursantes de la institución actora, argumento que no fue incluido en instancia de origen al contestar la demanda, sino inserto recién en el presente recurso, realiza la descripción de la mecánica recaudatoria del I.V.A, con la correspondiente aclaración que el crédito fiscal demandado en la presente acción, resulta de la adquisición de bienes y servidos por parte de la universidad recurrida, a lo que responde con expresa aclaración que resulta una cuestión no propuesta con anterioridad a la presente instancia, que toda facturación independientemente al concepto que fuere de parte a la universidad para con los universitarios en ella matriculados, resulta libre de todo gravamen, siguiendo la previsión constitucional de inmunidad fiscal respecto a la educación. En cuanto a la imposibilidad material que proveedores y prestadores de servicios de la universidad, facturen sin I.V.A, motiva la solicitud de recupero de crédito fiscal, aquí disputada. Solicita el rechazo de la nulidad.
ANÁLISIS DE LA NULIDAD.
De la revisión solicitada por la representación fiscal en cuantos a los actos de promoción y contestación de demanda, cotejada con la parte medular del fallo atacado de nulo, no encuentro discordancia entre las alegaciones cumplidas por las partes contendientes, con lo finalmente resuelto, con el oportuno recordatorio que el artículo 159 del Código Procesal Civil autoriza al juzgador a la omisión de lo que considere impertinente para la resolución de la cuestión sometido a control jurisdiccional.
Encuentro una especial y atípica situación procesal, por cierto indisimuladamente contradictoria, que resulta en el hecho que pese a la fundamentación de la nulidad, el Abogado Fiscal, en el petitorio obrante a fojas 377, expresamente DESISTE de lo que él mismo entiende como recurso de nulidad, con expresa referencia al recurso de apelación, solicitante también con sobrada claridad la revocación - y no la anulación - del fallo puesto en crisis.
El artículo 15 del Código Procesal Civil, específicamente el literal "d" del referido articulado dispone como deber del magistrado: "... pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales...". Cabe hacer la correspondiente mención que dicha norma, fue invocada por el mismo abogado nulidicente, por lo que resulta plenamente consciente de las consecuencias de tal incumplimiento.
Es decir, si por razón alguna, esta Sala Penal pasa a la resolución de la nulidad, cuyo desistimiento fue peticionado, sin que haya sido detectada alguna causal que justifique un pronunciamiento oficioso en los términos del artículo 113 del plexo procesal, la resolución dictada sería visiblemente nula, por quebrantar al literal d) del ya antes citado artículo 15.
Tampoco es posible al magistrado - sea del juzgado, tribunal o en el presente caso, la máxima instancia judicial enmendar errores de las partes, si así resultase, ello implicaría una grave ruptura de la imparcialidad y como lo enseña Adolfo Alvarado Velloso también la imparcialidad, requerida para el acto sentencial.
Resta desestimar a instancia de parte la nulidad. Es mi voto.
A SUS TURNOS, LOS MINISTROS PEÑA y CASTIGLIONI, MANIFESTARON SUS RESPECTIVAS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: Al sustanciar el recurso de apelación, la representación fiscal trascribe inicialmente el voto que hizo mayoría (fs. 365/368) en el fallo apelado, para seguidamente tomar como propio el voto disidente (fs. 368/369), agregando el Tribunal basó la cuestionada decisión, en el artículo 83 de la Constitución Nacional que lo trascribe, pero destaca que dicho artículo constitucional contempla el requisito de una norma reglamentaria para dicha exoneración, distinguiendo de la inmunidad fiscal, la que no tolera incidencia fiscal ni municipal también prevista en el referido artículo, a diferencia de la exoneración, la que sí, pero requiriendo de reglamentación legal para hacer efectiva la dispensa prevista a los objetos, publicaciones y actividades de difusión cultural o actividades deportivas. Cuestiona la jurisprudencia tanto de los Tribunales de Cuentas, como de la Corte Suprema de Justicia indicadas como aplicables al caso, las que reconoce como provenientes de labor humana, por lo que no están exentas de errores y contradicciones. También asume el valor referencial de los precedentes jurisprudenciales, pese a los errores contenidos, pero aclara que tales fallos no tienen la virtualidad de modificar leyes ni a la propia constitución, como tampoco cambiar lo que en derecho corresponda. También se remite a la facultad de interpretación de la Constitución Nacional que pesa sobre el Poder Judicial, pero sostiene que este no tiene la fuerza de dejar sin efecto disposiciones constitucionales, como afirma sucedió en el caso. En cuanto a la inmunidad dispuesta por el artículo 83 de la Carta Magna, la que cataloga de aparente, ya que dispone que la misma sea aplicada a los objetos, publicaciones que posean valor significativo, sin embargo cuestiona que los intérpretes judiciales hayan obviado desentrañar el significado de dicha frase, y con mayor insistencia, que el hecho no resulta aplicable a todos los objetos, que al no haber sido previstos, a decir del recurrente, los mismos pasan a ser materia a ser reglamentada. Posteriormente desarrolló la argumentación recursiva, todo lo referente a la inconstitucionalidad de la norma y sus efectos, como también la normativa reguladora sobre exoneraciones. Continuo en su fundamentación cuestionando la consistencia del crédito fiscal reclamado como repetidle, ya que proveedores ni quienes habían cumplidos con prestaciones de servicios a la misma, no cumplieron con sus obligaciones fiscales, encontrándose adeudados los tributos percibidos por los mismos, rememorando sobre el particular el criterio de la SET, por el cual se procederá a la repetición solicitada en la medida que los proveedores y prestadores de la universidad contribuyente, vayan ingresando a las arcas fiscales los montos adeudados, sea por iniciativa propia o acciones coactivas contra los mismos. Impone como requisito para la repetición prevista en el artículo 217 de la Ley N° 125/91, el efectivo ingreso del tributo a ser repetido. En su cuestionamiento incluye lo que considera una intromisión del órgano jurisdiccional en roles propios de la autoridad administrativa tributaria, en el sentido de convalidar importes rechazados por la administración, violando con el ello el principio de división de poderes del Estado. Solicita la procedencia del recurso intentado por su parte.
CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN.
Inicia su contestación al traslado que le fue dirigido, señalando el incumplimiento a la previsión del artículo 419 del Código Procesal Civil, ya que de las 19 páginas de la fundamentación del recurso, se limitó a reiterar cuestiones ya antes interpuestas ante el Tribunal de grado, sin señalar agravio alguno proveniente del fallo apelado. En cuanto a la denuncia de errores, sostiene que nuestro sistema procesal, tolera dos tipos de imprecisiones, las que afectan al fondo de la cuestión y otra sobre cuestiones meramente formales, una reparable por vía de la aclaratoria y la última aclaratoria mediante. Solicita la declaración de deserción del recurso de apelación. En cuanto al origen de la repetición, sostiene que ello proviene de la inmunidad tributaria con raíz constitucional (art. 83 C.N) por lo que observa que el artículo 217 de la Ley N° 125/91 es aplicable en ausencia de otro procedimiento administrativo específico, remitiendo su contra argumentación al artículo 218 de la misma norma tributaria, que contempla el derecho a repetir una vez efectuado el pago del tributo a ser repetido, situación que plantea como no controvertida por la administración tributaria, por lo que afirma, defendiendo la desafectación impositiva a la universidad por todo pago del I.V.A que soporte la misma. En cuanto a la distinción entre la inmunidad y exoneración fiscal, a más de la distinción doctrinaria ya desarrollada por la apelante, genera a la vez en el sujeto afectado situaciones de privilegio y por ende, con consecuencias dispares entre los contribuyentes y los no incididos por la tributación, ya que el sujeto exento es quien ha cumplido el hecho generador, pero la ley perdonó el cobro del tributo; a diferencia del caso de inmunidad fiscal, en que ni siquiera se reconoce como nacida a la obligación tributaria, por ende, no existe perdón fiscal, ya no existe causal a ser dispensada. Con la expresión "No se gravarán con impuestos fiscales ni municipales" a decir de la representación apelada, se excluye cualquier chance de incidencia impositiva, por lo que niega posibilidad por disposición constitucional, que la educación resulte gravada por impuestos. En cuanto a las supuestas inconsistencias, se remite al Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 03 de mayo de 2011, por el cual la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las proveedoras son responsables de dichas inconsistencias y el adquirente del bien no tiene culpa que cargar sobre tal ilícito. Desconoce la procedencia del recurso, solicitando la confirmación del fallo apelado, con la especificación de la suma reclamada en la instancia anterior que rola a fojas 385, con los accesorios legales correspondientes.
Es bien formada la opinión sostenida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fundada en el artículo 83 de la Constitución Nacional del año 1.992, que por su relevancia resulta trascripto: "DE LA DIFUSION CULTURAL Y DE LA EXONERACION DE LOS IMPUESTOS" cuyo acápite refleja la intención del constituyente, que a modo de fomento por sus benéficos efectos, busco por medio del artículo de referencia, la expansión cultural con afectación a la educación.
El contenido del mismo, resulta: "Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero." (Sic.)
De modo genérico, fueron insertos al texto supra trascripto los objetos, las publicaciones y actividades de contenido educacional, como cultural. Las que al no haber resultado discriminado por el constituyente cuales, debe obligadamente ser entendida que todas las que resultan de tales contenidos.
Lo que el constituyente no discriminó, mal podría el intérprete hacerlo, con menos razón, cuando este resulte de orden infra constitucional. Es así, que el mandato constituyente, no puede resultar retasado por el legislador, como impropiamente resulta sostenido por el apelante.
Lo sostenido en el párrafo anterior es resultado de la aplicación del artículo 137 de la Constitución Nacional, que en la determinación de la verticalidad jerárquica del sistema positivo paraguayo, posiciona a la Súper Ley por sobre las previsiones de la Ley N° 125/91 y, agrega en su párrafo conclusivo que "Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución."
Por tanto, si la Constitución Nacional impidió que a educación soporte impuesto alguno, mal puede posteriormente, acto reglamentario legal mediante, quedar sin efecto dicha desgravación, para pasar a resultar materia tributante.
El apelante reconoce que el texto constitucional en el articulado de referencia contiene dos institutos propios de la materia tributaria, i) la inmunidad fiscal y ii) la exención impositiva, asume también que la génesis de la primera es de orden constitucional, pero en errada interpretación, asume que la misma resultará objeto de regulación por la vía legal.
El artículo 44 de nuestra Constitución contiene lo que en la materia tributaria resulta el principio de legalidad, por el cual, la ley resulta el único instrumento factible para crear tributos, contribuyentes, alícuotas, sanciones e incluso las desgravaciones, pero también es privativo de la ley, regular cuestiones que correspondan a la competencia legal, sin que por ella resulta posible levantar restricciones constitucionales, como lo sostiene la representación fiscal respecto al artículo 83 de la norma máxima, que expresamente impide que la educación ni la cultura soporten cargas tributarias, pero en razonamiento fiscal, ello resulta factible, por una errónea interpretación en la que no resultan distinguidos los institutos de la exención de la exceptuación impositiva, cuando que la primera debe necesariamente ser prevista por ley, no así la segunda que para el caso concreto de la educación, no resiste posibilidad de aplicación de impuestos, por imperativo constitucional.
La motivación de tan considerable tratamiento otorgado por el constituyente, responde al hecho que busca beneficiar incentivándola de manera directa la educación, por los notables beneficios de esta para la sociedad toda y no de manera antojadiza, libre, ni mucho menos arbitraria, resultando dicho estimulo impositivo sincronizado con el principio de igualdad, otro principio tributario constitucional, previsto en el artículo 181.
Me permito la correspondiente aclaración, que tal beneficio fiscal - resulta parcial - pues es limitado a todo impuesto, no así a los demás tributos, pudiendo la educación verse incidido por tasas y contribuciones, por no haber sido los mismos previstos por el constituyente.
Lo que el apelante considera jurisprudencia cargada de errores en las decisiones asumidas en las mismas, debiendo considerarse jurisprudencia al conjunto de dos o más precedentes judiciales de la misma instancia, que sobre una misma materia, resultaron resueltos de igual modo; el apelante no individualiza caso alguno, sino hace una mención inespecífica, sin mencionar caso ni resolución, como tampoco si resulta de esta u otra instancia, cuando que cada justiciable cuenta con el derecho de impugnar toda decisión que no resulta ajustada a la Constitución, a las leyes o en la que la valoración no haya sido la correcta, desfigurando con ello la decisión final del juzgador. Quien no es parte del proceso, carece de toda legitimación a la impugnación de los pronunciamientos dictados en los mismos, por lógicas razones, como tampoco es inequívoco cuestionar tales sin razones en otros juicios fuera de los que fueron dictadas tales resoluciones.
Sobre lo que la parte apelante denomina "inconsistencia de crédito fiscal" por incumplimiento de la obligación fiscal de un proveedor de la universidad que solicite repetir el impuesto abonado en la adquisición del bien o servicio en el desarrollo educacional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya acumuló importante repertorio, independiente a cualquier otro precedente invocado o no por la representación convencional de la parte actora de esta litis, ello encuentra solución en el artículo 180 de la Ley N° 125/91, que establece: "Infractores. La responsabilidad por infracciones tributarias independientemente de su tipificación y sanción en la legislación penal, es personal del autor, salvo las excepciones establecidas en esta ley."-
Del artículo 180 trascripto, con destaque en negritas, resulta que el no pago de sus obligaciones fiscales por parte del proveedor, no puede pesar ni comprometer el crédito fiscal de quien, con buena fe, contrató o adquirió el bien, siempre que la operación haya sido instrumentada con el correspondiente documento contable y éste cumpla con las formalidades dispuestas por la legislación y la reglamentación.
Así es que el no pago de obligaciones tributarias de terceros a la universidad solicitante de la repetición de crédito fiscal, no constituye impedimento fundado para la procedencia de tal repetición, ni puede supeditar al pago del moroso sea por decisión propia o por haber sido competido por el fisco, ya que de ser así, la pasividad de la autoridad, podría comprometer el derecho a repetir de quien pago correctamente, por lo que tampoco resulta fundamento procedente en el recurso en dilucidación.
En cuanto a la supuesta intromisión del órgano jurisdiccional a cuestiones de competencia exclusiva de la autoridad administrativa, resulta conveniente aclarar que en el fuero de lo contencioso administrativo no se asumen decisiones propias de la administración, si no las resoluciones dictadas por esta, resultan objeto de revisión judicial, por lo que pueden resultar anuladas, confirmadas o revocadas, según los méritos en cada caso.
Dicho control es considerado uno de los más grandes logros, a modo de contra peso respecto al poder de las autoridades para con los sujetos particulares, lo que permitió la transición del Estado policial, que no toleraba cuestionamientos a las disposiciones del jerarca, al Estado Social de Derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
La revocación de resoluciones administrativas, no puede calificarse como intromisión de un poder en otro, cuando a ella precedió un proceso judicial desarrollado con todas las reglas que lo hacen y de éste resultó el dictado de una sentencia del juez natural competente de la materia y territorio, como lo establece el artículo 247 de la Carta Magna.
Mi voto es por el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado de la Sub Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, y la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 236 de fecha 30 de setiembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con costas conforme al literal a) del artículo 203 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA PEÑA CANDIA SOSTUVO: Disiento con el voto emitido por el Ministro Preopinante, porque considero que corresponde hacer lugar al Recurso de Apelación y Revocar el Acuerdo y Sentencia N° 236 del 30 de setiembre de 2016, porque si bien correspondería la devolución del IVA solicitado por la Universidad del Pacífico, dicha devolución es en cuanto actividades directamente relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos educativos y culturales, sobre los cuales la Constitución y la ley libera de cargas tributarias porque tienen un impacto social y benefician a la sociedad en su realización.
Es por ello necesario, que se realice la distinción de las operaciones realizadas sobre las cuales se tributó el IVA y son ellos quienes deben demostrar que dichas compras hayan generado crédito fiscal a su favor.
La parte actora fundamenta su pedido de Repetición por pago indebido del Impuesto al Valor Agregado, por el monto de Gs. 946.660.904 (Guaraníes novecientos cuarenta y seis millones seiscientos sesenta mil novecientos cuatro) abonado en los periodos fiscales Enero a Agosto del año 2010, en el Art. 83 de la Constitución Nacional y en el Art. 83, primera parte, de la Ley N° 2421/04. Asimismo, presenta sendos Acuerdos y Sentencias, favorables a otras Universidades, en donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del numeral 4 del art. 83 de la Ley N° 2421/04. Sin embargo, tanto la Constitución como la Ley aplicable excluye de las exoneraciones concedidas a las inversiones lucrativas realizadas por las entidades beneficiarías, cuyo campo de aplicación debe circunscribirse dentro del sistema tributario general, deber que tienen todos los miembros de la sociedad, sean personas físicas o jurídicas, de proporcionar recursos económicos al Estado.
Respecto a la exoneración del Impuesto al Valor Agregado la última parte del numeral 4 del Art. 83 de la Ley N° 2421/04 establece: "Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de aplicación a la importación y la compra local de bienes, así como la contratación de servicios que realicen las entidades mencionadas precedentemente, quedando sometidas a las obligaciones tributarias del importador o del adquirente". Con lo cual vemos que las exenciones establecidas por el orden jurídico, no son ilimitadas, sino enmarcadas en el ámbito previsto por la ley y aplicadas al fin para el cual han sido constituida.
Las entidades sin fines de lucro, a los efectos de esta Ley, que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter permanente, habitual y estén organizadas en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestación de servidos, quedarán sujeto a los impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Quedan excluidas de la precedente disposición, y consecuentemente exoneradas del presente impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la enseñanza escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley de la Nación, las que tendrán, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentación legal pertinente.
Las normas aplicadas disponen la exoneración objetiva a favor de entidades sin fines de lucro, siempre que las enajenaciones de bienes o las prestaciones de servicios de que se trate estén destinados únicamente al cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas. No obstante, ello no implica que las operaciones de inversión realizadas por tales entidades estén beneficiadas con las mismas exenciones, puesto que la norma es clara al disponer que no se exonera del tributo al sujeto obligado sino en cuanto realice ciertas actividades en particular.
En este punto debemos aclarar que, en la presente causa no existió control de constitucionalidad sobre el Art. 83 de la Ley N° 125/1991, o sea, no existe un pronunciamiento sobre su constitucionalidad o no, tal como lo pidiera el Abogado del Tesoro al tiempo de contestar la demanda contencioso administrativa; por tanto, mal podrían los magistrados intervinientes basar su decisión en otros fallos dictados por la Sala Constitucional cuando dichas sentencias son dictadas en el caso concreto y no con alcance general.
Las Universidades despliegan varias actividades que puedan no estar directamente relacionadas con su objetivo, es por ello que al comprar y enajenar bienes, la Universidad podría producir otro tipo de HECHO GENERADOR, y que no comprendan entre las exoneraciones EXPRESAMENTE establecidas, ya que dicha actividad queda excluida cuando sus servicios tienen carácter social porque son prestados tomando en consideración la capacidad de pago del beneficiario.
A fs. 291/296, obra el informe DGGC/DCFF/C.N° 739, de fecha 11 de julio de 2014, con relación al Expediente N° 20143015947, de fecha 18/06/2014, manifestando que al valorar la verificación de los comprobantes presentados por el contribuyente, los mismos representan el 100% del total de las compras gravadas informadas en las Declaraciones Juradas informativas respectivas, pues surgieron comprobantes que no guardan relación con la actividad económica principal. El contribuyente según afirma la SET, presenta los contratos de alquiler de los edificios arrendados en contestación a los requerimientos mencionados precedentemente, tales documentos se tuvieron en cuenta para la verificación de las facturas correspondientes a los servicios públicos, siendo consultado con el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu - Validez del Timbrado, surgiendo del mismo, comprobantes inválidos registrados. Cabe acotar que los antecedentes administrativos arrimados por los representantes de la Sub secretaria de Estado de Tributación no fueron refutados en el expediente, quedando por acreditados por la parte actora, al ofrecer pruebas a fs. 341.
El deber de contribuir está dirigido a proporcionar ingresos económicos al Estado, y las exoneraciones están íntimamente ligadas al cumplimiento del objetivo de beneficiar a la población con su realización. Es por ello que la Administración Tributaria es la encargada de verificar la procedencia de la devolución del IVA pagado por los organismos que en principio gozan de dicha exoneración.
Por lo dicho, considero que la sentencia recurrida debe ser revocada. Es mi voto.
A SU TURNO, EL DOCTOR CARMELO CASTIGLIONI MANIFETÓ SU ADHESIÓN AL VOTO DEL MINISTRO SINDULFO BLANCO POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Asunción, 30 de octubre del 2018.
CORTE SUPREMA DEJUSTICIA,
NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fiscal contra el Acuerdo y Sentencia N° 236 de fecha 30 de setiembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el que debe ser confirmado en todos sus puntos.