Source: http://rojasleon.blogspot.com/2013/11/constitucion-y-derecho-internacional.html
Timestamp: 2019-01-19 19:15:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 74', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 74', 'artículo 74']

LA CONSTITUCIÓN Y EL ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL: LA PERSPECTIVA DOMINICANA *
Desde finales del siglo XX y en esta primera década del siglo XXI, el orden jurídico internacional se ha visto considerablemente ampliado y reforzado en la medida en que han proliferado las uniones económicas y políticas, y disposiciones normativas, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, han irrumpido en las constituciones de los estados formando parte, junto a los tratados y convenciones internacionales, de la llamada fuente extra-nacional de la Constitución como señala el profesor Michel Troper.
Conviene recordar que, el orden jurídico internacional está integrado básicamente por los principios del derecho internacional general, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, con fuente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de 1945, la costumbre internacional- los principios generales de derecho reconocidos por las naciones "civilizadas"-. Se trata así, del embrión de lo que el profesor René - Jean Dupuy, maestro del derecho internacional, denominaba el orden jurídico internacional institucional del cual no podía sustraerse ningún estado y que, implicaría determinados niveles de limitación a la soberanía nacional. Por otro lado, en el orden jurídico internacional se verifican relaciones derivadas de tratados y convenios, bilaterales o multilaterales, que reflejan medios de acción de la llamada comunidad internacional entre estados soberanos.
La intervención del derecho internacional, en la determinación de las decisiones del estado relativas a su derecho constitucional, puede versar sea sobre la existencia de normas constitucionales cuyo contenido le sea indiferente, o sea sobre el contenido mismo de las normas.
El artículo 26 de la Constitución de la República, señala que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y a pegado a las normas del derecho internacional.
Entre las consecuencias que se derivan de este principio, en los numerales 1, 2, 3 y 4 del antes referido artículo 26, se lee lo siguiente:
l. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;
2. Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;
3. Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional;
4. En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones.
Los numerales 1 y 2 constituyen un reconocimiento expreso de la aplicabilidad interna de las normas de derecho internacional y de las contenidas en los convenios internacionales una vez ratificados y publicados. En este último aspecto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor señala: "Cuando los tratados internacionales han sido debidamente incorporados son derecho nacional de fuente internacional".
Conviene destacar que, el código procesal penal dominicano, promulgado en el 2002, en el mismo sentido anterior, consagra la obligación de los jueces de velar por la efectiva vigencia de los tratados y de sus interpretaciones de los órganos jurisdiccionales creados por los mismos, reconociendo la aplicabilidad directa e inmediata de sus normas y principios en los casos sometidos a su jurisdicción y que, están colocados por encima de la ley.
Las disposiciones del numeral 4 del referido artículo 26, consagran altruistas aspiraciones de la República Dominicana relativas a un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones.
Principio de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales.
En el artículo 74 de la Constitución dominicana, relativo a la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, en su numeral 3, consagra "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado".
Es evidente que, en esta disposición, se le da un carácter supra legal a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, y una jerarquía constitucional. La pregunta que me surge, ¿el constituyente dominicano adoptó la tesis del voto razonado del juez ad-hoc Figueiredo Caldas en el caso de Gomes Lund versus Brasil del 2 de noviembre de 2010, según la cual "Para todos los Estados del continente americano que libremente la adoptaron, la convención equivale a una Constitución supranacional atinente a los derechos humanos?
Antes que intentar responder esta pregunta, convendría examinar, brevemente, el control de convencionalidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece el control de convencionalidad en 2006, caso Almonacid Arellano y otros versus chile: La Corte lo considera "como la obligación que tienen los jueces de cada uno de los Estados partes, de efectuar no solo control de legalidad y de constitucionalidad en los asuntos de su competencia, sino de integrar en el sistema de sus decisiones corrientes, las normas contenidas en la convención americana. Este control ha dicho la corte es obligatorio para todo el aparato del Estado, no sólo los tribunales constitucionales o supremos, sino para todos los jueces y, debe ser ejercido de oficio", cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana (Cabrera García y Montiel flores 26/ 11/2012).
Comparto la opinión del constitucionalista Patrick Fraisseix de que "si - bien – los derechos convencionales no tienen su equivalente constitucional, en cambio todos los derechos constitucionales relativos a los derechos del hombre tienen su equivalente convencional". Criterio reforzado por el profesor Denys de Béchillon para quien "el examen ordinario de convencionalidad de las leyes conduce a controlar su conformidad a un conjunto de normas cuyo contenido es esencialmente, idéntico a aquel de las reglas incluidas en el bloque de constitucionalidad".
En esa línea de pensamiento, para el profesor Renaud Denoix de Saint-Marc "el establecimiento de un control de convencionalidad de la ley aparece como un control de constitucionalidad por vía de excepción ... control de constitucionalidad aplicado por el juez constitucional y control de convencionalidad realizado por el juez ordinario se convierten en una especie de control sincrético de "fundamentalidad", orientado hacia la finalidad suprema de protección de los derechos fundamentales (Patrick Fraisseix, Droit Constitutionnel, P. 312-313, Viubert, 2011, París). Según este ultimo autor, "La ley declarada por 'inconvencional' no es anulada por el juez ordinario, sino simplemente privada de aplicación en el caso de la especie, que provocó la intervención del juez ordinario".
Ella no es expulsada del ordenamiento y continua produciendo efectos con excepción de aquellos relativos a la situación individual del requiriente.
República Dominicana y el control de convencionalidad
La República Dominicana ratificó el 21 de enero de 1978 el pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptando la competencia obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, de la Corte Interamericana en fecha 25 de marzo 1999.
Para el brillante joven jurista Luis Antonio Sousa Duvergé, en la Constitución dominicana existen una serie de principios que sirven para sustentar la doctrina del control de convencionalidad "estos principios son los de dignidad humana, los principios relativos a relaciones internacionales y derecho internacional, y los principios de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución". A esto habría que agregar, según el mismo autor, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados Internacionales. En efecto, el artículo 5 de la Constitución dominicana, señala que la misma se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, que a su vez es complementado por el principio pro homine según el cual los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuraran armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución. Vimos anteriormente el contenido del artículo 26, numerales 1 y 2, igualmente, los principios consagrados en el artículo 74 de la Constitución.
En el caso de la Convención de Viena, el articulo 26, relativo al principio "pacta sunt servanda" (hay que cumplir los pactos), obliga a los estados signatarios de un acuerdo o tratado internacional a cumplirlo de buena fe.
El articulo 27 de la referida Convención, por su parte, dispone: "El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado."
En mi opinión, una de las cuestiones a determinar en el futuro por la doctrina dominicana es, si los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, en virtud del artículo 74, numeral 3, están por encima de la Constitución u ocupan el mismo rango de la Constitución.
Sobre la integralidad del tema, el magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, Ernesto Jinesta, expresa la siguiente opinión "El control de convencionalidad, desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben ejercer, incluso, de oficio, los Tribunales y Salas Constitucionales de Latinoamérica, le plantea a estos órganos nuevos retos y desafíos en el ejercicio de sus funciones de fiscalización constitucional", agregando "El control de convencionalidad supone un revulsivo en la teoría de las fuentes del Derecho, un replanteamiento de una serie de categorías dogmaticas y el surgimiento de otras absolutamente novedosas. En efecto, ahora podemos hablar de un 'parámetro o bloque de convencionalidad' que debe ser interpretado y aplicado por los jueces constitucionales nacionales, de una mutación positiva del principio de la supremacía constitucional, de la 'inconvencionalidad' de las normas locales y de la 'declaratoria de inconvencionalidad' de una norma o disposición nacional".
Comparto el criterio del magistrado Jinesta, cuando afirma, cito: "En términos generales - en los sistemas jurídicos cuya legislación procesal constitucional admite una legitimación amplia para plantear la acción de inconstitucionalidad, las posibilidades de un control de convencionalidad se ven notablemente aumentadas".
Citando nuevamente al magistrado Jinesta, "El control de convencionalidad implica la necesidad de despojarse de una serie importante de lastres histórico - dogmáticos muy arraigados en la ciencia jurídica, derribar una serie de mitos (v. gr. , la supremacía de la Constitución) y, en definitiva, un nuevo paradigma del Derecho Público de los países del sistema interamericano".
Néstor Sagües señala que el control de convencionalidad es un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los Derechos Humanos incluidos en el parámetro de convencionalidad. No podría ser de otra manera, la relación entre control de convencionalidad y Derechos Humanos, se debe, esencialmente, a que estos últimos constituyen - permítanme utilizar una expresión originaria del derecho del mar – un patrimonio común de la humanidad.
*Charla pronunciada por el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, en la Universidad Iberoamericana.
Publicado por Ricardo Rojas León en 8:58
SUPER NAT 6 de septiembre de 2016, 12:24
Interesante y acertada esta ponencia; sin embargo, curioso como su discurso y las sentencias del Tribunal Constitucional dominicano mutan luego en incongruentes en sí mismas, específicamente, con los juicios plasmados en los fallos TC/0168/13 y el TC/0256/14. Siempre es triste la involución. Empero, la esperanza de recuperar la virtud y el progreso real, permanece intacta.
SUPER NAT 6 de septiembre de 2016, 12:25
¡Ah! Gracias por compartirla.