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Timestamp: 2019-03-18 18:35:42
Document Index: 236137925

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 1', 'in fine', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 76', 'in fine', 'Artículo 81']

Acuerdo y Sentencia 238/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 238/17
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de agosto de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "ARNALDO ANTONIO CABALLERO contra Resolución Ficta, dictada por el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL".
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Sr. Arnaldo Antonio Caballero, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, a promover demanda contencioso-administrativa contra la Resolución dictada por el Instituto de Previsión Social. Funda la demanda en los siguientes términos: "QUE; trabajé y aporté al Instituto de Previsión Social (IPS), primeramente por una empresa privada del ramo de la Construcción. En dicha época, allá por el año 1979, sufrí un accidente en el trabajo (caída desde el techo), sufrí una lesión grave y fui operado de la columna, dejándome secuelas hasta hoy día, estoy en una silla de ruedas por lesión en la columna desde los 20 (veinte) años. Todo se puede leer en los antecedentes administrativos y, las diversas JUNTAS MEDICAS al que fui sometido y, que agrego a esta presentación como documental, (que también solicito se intime a la demandada a que presente). Accedí a una jubilación por incapacidad del 60% según Resolución RDGA N° 1490/79, concediéndome una jubilación por incapacidad permanente. A esa edad de 20 años, postrado en una cama y a veces en silla, no tenía ánimo de seguir viviendo, sin embargo, amparado en DIOS y con ayuda de seres queridos salí adelante, preparándome en un oficio como Técnico en Electrónica, pues tenía movilidad de mis miembros de tronco para arriba. Esto me valió para acceder a un puesto laboral dentro de la ANTELCO, en el año 1993. Antes de mi reinserción laboral, el 8 de mayo de 1990, había solicitado la jubilación por invalidez ante el I.P.S. y, me fue otorgado conforme la Resolución DABJPC N° 1912 del 8 de noviembre de 1994, con efecto retroactivo. Es decir, solicité mi jubilación por invalidez, pues soy inválido (no lo digo con orgullo) atado a una silla de ruedas, en el año 1990 y me reintegré al mundo laboral recién en enero de 1993, en la ANTELCO, empresa del ESTADO. Me pregunto y se pregunta mucha gente.. EL INVALIDO, NO DEBE BUSCAR UN MEDIO LABORAL DONDE DESEMPEÑARSE SEGÚN SU INCAPACIDAD???? EL I.P.S. DISCRIMINA??? EL I.P.S. NO DEBIÓ CONTROLAR MI SITUACIÓN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS JUBILACIONES?. V.V.E.E., mis beneficios por jubilación, son resultados del accidente en el trabajo, y lo venía percibiendo en forma mensual, señalando que el mismo es UNA MISERIA, UNA BOFETADA A LA DIGNIDAD HUMANA, Gs. 700.000?? puede alguien vivir con eso? No debe uno, buscar donde pueda obtener lo que con el fruto de una actividad lícita honorable consiga en concepto de salario para el sustento propio y de la familia? Por ser incapacitado supuestamente según I.P.S. debo quedarme en un rincón en MI SILLA DE RUEDAS? En el año 1979, fui "beneficiado con esa jubilación de incapacidad, luego en el año 1990 solicité nuevamente, por invalidez PUES SOY INVALIDO -NO CAMINO-, recién el en año 1994 se me otorgo el pedido de jubilación, con efecto retroactivo es verdad. Recién en el año 1993, en enero para ser preciso, me reinserté a la vida laboral. NO ES QUE ME REINSERTE A LA VIDA LABORAL PRIMERO Y DESPUÉS PEDÍ MI JUBILACIÓN, como quieren hacer notar algunos funcionarios de la Previsional.-APORTE NUEVAMENTE, por ANTELCO y luego con el cambio de denominación por COPACO, por más de 20 años al seguro de I.P.S. (véase extracto), sin embargo, el tema de estar jubilado por una empresa privada, que me descontaba de mi sueldo y pagaba mi seguro y, nuevamente pagar el seguro por una empresa del estado, escapaba de mi inteligencia y, supongo de la inteligencia de los de ANTELCO y mucho más de la gente del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.), pues ingresé al circuito laboral con una jubilación otorgada por el I.P.S., volviendo a pagar un aporte obrero-patronal por más de 20 años, sin que nadie diga nada, hasta que, HABIENDO SUFRIDO UN ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, del cual fui sometido nuevamente a una cirugía, según documentaciones que están en conocimiento de todo el ente previsional y que también agrego copias, solicité en dicho año, jubilación por mi aporte de COPACO, creyendo estar en mi derecho de hacerlo, después de haber aportado nuevamente por 20 años. No se puede acaso aportar por dos empleos... yo no sabía que estaba prohibido, cobrar jubilación por invalidez y aportar por veinte años por otra empresa, pues en mi mente estaba el hecho de mi derecho al trabajo y, mi derecho a cobrar esa jubilación por invalido pues soy INVALIDO y, aporte antes para ese beneficio. Ahora manejo ciertos términos jurídicos antes no, ni conocía la ley y creo que el I.P.S. tampoco, por eso no advirtieron allá por el año 1993 que no podía aportar estando con un supuesto beneficio por invalidez. Mi intensión JAMAS fue estafar o cobrar algo indebido del I.P.S., al contrario, tuve dos patrones en mi vida laboral, de los que me descontaron y aporte al I.P.S., entonces, no tuve conocimiento por mi nivel de instrucción quizá, o por mis ganas de SEGUIR VIVO, que para mí NO ESTABA HACIENDO NADA CONTRA LA LEY, al contrario todos me felicitaban, tanto en la ANTELCO como en mi círculo de vida, por andar atado a una silla de ruedas, pero seguir luchando. EXCELENTÍSIMOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, según documentaciones obrantes en el I.P.S., me trataron de delincuente, de estafador, fui creo sometido a sumario, luego de un ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, caramba, se me condenó a devolver más de CIENTRO TRECE MILLONES DE GUARANÍES (GS. 113.000.000) y figura en mi boleta de cobro el descuento para ese efecto "fraude-cobro indebido" de 25%NUNCA tuve a la vista la resolución por la que se ordenó el descuento, el monto que debo reponer Gs. 113.000.000., como para poder revisar si es o no legal o autoritario. ACUDÍ hasta la dirección de jubilados, sin embargo no me han entregado la Resolución peticionada, donde se expongan los fundamentos para el pago de la suma que hoy vengo percibiendo en concepto de jubilación que los considero ofensivo, por el monto digo. LOS COBRE PORQUE NECESITO EL DINERO QUE ES MIÓ, sin embargo, la papeleta o notificación que me dieron el 7 de abril de 2016, es de fecha 01/04/2016 COMUNICACIÓN DE BENEFICIO. No se me entregó toda la resolución solo la segunda parte a partir del art. 2 Conceder y abonar a los siguientes solicitante los beneficios de... Según lo que se me explicó, en mayo de 2014, se dejó sin efecto las resoluciones de jubilación de los años 1979 y 1994, desde el año 1993 y, se me ordenó a devolver todo lo que por esos conceptos venía percibiendo. Se me concedió la jubilación por un año por mi enfermedad ACV, debiéndose abonar una suma de Gs. 2.800.000, y se ordenó además descontar de mis aportes la suma de 113.000.000 millones a ser descontados de la jubilación por invalidez, supongo que es la que fuera otorgada por un AÑO? Todo mal??? Según me informaron en la COPACO y, así lo estuve haciendo, debí seguir trabajando, y lo hice hasta este marzo de 2016 estuve haciendo oficina, ya no doy más mis piernas y glúteos duelen mucho, necesito estar en cama más tiempo. Desde marzo de este año deje de acudir a la COPACO. No entiendo más que debo hacer. Ir a la COPACO a trabajar, no me da el cuerpo, no estoy jubilado ni por las anteriores ni por esta de COPACO, pues según se me ha informado la resolución que anulo las anteriores del 79 y del 94, solo me otorgó por un año. SOLICITE PUES AL SEÑOR PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S); pongan un manto de claridad a mi situación, pues NUNCA ME HAN NOTIFICADO CONVENIENTEMENTE de nada, solo me enteré según los extractos de sueldo, y lo que me dijeron algunos funcionarios que se apiadan de mi situación, que cobré indebidamente algo y ahora estoy jubilado, extremo éste negado categóricamente. ENTONCES PRESENTE EL CORRESPONDIENTE RECURSO ADMINISTRATIVO, ANTE EL PRESIDENTE DEL ENTE, sin que a la fecha hayan contestado mi recurso desde el 11 de abril de 2016, por cuanto, se halla expedita la vía para ocurrir ante V.V.E.E. SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, fui condenado por estafador. Fui sancionado con la devolución de 113.000.000. CIENTO TRECE MILLONES. Quienes me juzgaron. Quien ordenó el sumario. Se practicó auditoria en cuanto al supuesto fraude. Quienes o quien tiene la culpa según auditoria. Yo voy a pagar en ventanilla el aporte. ESTAR EN UNA SILLA DE RUEDAS, me condena? APORTE POR DOS EMPRESAS DIFERENTES, una constructora privada y, la otra empresa del Estado COPACO, debo acceder entonces a la jubilación pertinente??? FUI JUBILADO POR ACCIDENTE DE TRABAJO?? Pedí nuevamente jubilación por aportar 20 años por la COPACO habiendo sufrido un ACV???- Solicito en consecuencia, se tenga por presentado el presente JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) sobre nulidad de la resolución del 1 de abril de 2016, cuya copia no me fue entregada ni notificada convenientemente, por la que se me condena a devolver la suma de dinero y se me otorga jubilación, además de revocar las anteriores.- CONCLUSIÓN: SOLÍCITO a VVEE, hagan lugar a mi demanda contencioso-administrativa, que promuevo contra el Instituto de Previsión Social I.P.S., condenándola con la revocatoria de la resolución del 1 de abril de 2016, sobre comunicación de concesión de beneficio, que me fuera notificada recién el 7 de abril de 2016. Ordenándose la revocatoria de la medida tomada por el IPS, en cuanto a la supuesta deuda por cobro indebido en que he incurrido al cobrar mi jubilación por invalidez desde el año 1979, y porincapacidad desde el año 1994, cuyo monto asciende a la suma de Gs. 113.000.000, pues, como se ve en el informe de auditoría no fue mi causa la que produjo supuestamente el error de derecho. Asimismo solicito a VVEE, ordenen nueva liquidación conforme al tiempo de servicio en la COPACO, el aporte y el salario percibido por mi parce, para una conveniente jubilación a consecuencia de que ya no puedo trabajar por mi situación a partir del ACV que se produjo en mi persona y, cuya constancia obran en los archivos del IPS".
Termina solicitando que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Sentencia revocando las Resolución impugnada haciendo lugar a la presente demanda, con costas.
Por Providencia de fecha 10 de mayo de 2016, se reconoce la personería del recurrente y se libra oficio al Instituto de Previsión Social para que remita a este Tribunal, copias autenticadas de los antecedentes administrativos relacionados con la resolución impugnada (fs. 46 vlto.).
Por Providencia del 26 de julio de 2016, conforme a los antecedentes administrativos traídos al Tribunal de Cuentas, se tuvo por iniciada la presente demanda, corriéndose traslado a dicho ente para que conteste dentro del término de Ley (fs. 54 vlto.).
Que, en fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciséis (fojas 71/79 de autos), se presento ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Abogada María Verónica Alegre Gentile, bajo patrocinio de los Abogados Andreas Ohlandt B. y Rodrigo Cañete Centurión, en representación del Instituto de Previsión Social, a contestar la presente demanda contencioso administrativa. Fundan la contestación en los siguientes términos: “Intervención: Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a tomar intervención en los autos caratulados: "ARNALDO ANTONIO CABALLERO C/ RES. FICTA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA"; y a tal efecto solicito el reconocimiento de mi personería en el carácter invocado y la constitución de mi domicilio en el lugar señalado.- No existe resolución administrativa: Al respecto, señalamos que el actor demanda una resolución ficta inexistente. Ello es así pues no se ha agotado la vía administrativa previa pese a expresas disposiciones legales que así lo exigen, ni tampoco se ha dictado resolución administrativa expresa o ficta que autorice la promoción de esta demanda contencioso administrativa.- Los antecedentes de esta cuestión son como sigue: el actor Arnaldo Antonio Caballero fue sancionado por la Resolución C.A. N° 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014 POR LA QUE SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO EN AVERIGUACIÓN Y ESCLARECIMIENTO DE LA SUPUESTA PERCEPCIÓN IRREGULAR DE BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL ASEGURADO ARNALDO ANTONIO CABALLERO, CON C.I. N° 2.093.637. Posteriormente, 2 años después, en fecha 11 de abril de 2016 el actor presentó un recurso jerárquico en contra de la Res. C.A. N° 017-041/14. El actor, antes de que el IPS se pronuncie sobre su recurso, promueve la presente acción contencioso administrativa sin haber agotado previamente la instancia administrativa.- Así pues, la parte actora promueve acción contenciosa administrativa sin esperar que el IPS se pronuncie sobre su pedido de pago de beneficio, incumpliendo así lo dispuesto por la Ley 1462/35, que exige el dictado de una resolución administrativa para acudir al Tribunal de Cuentas.- Al respecto, el art. 40 de la Constitución Nacional establece: Del derecho a peticionar a las autoridades. Toda persona individual o colectivamente, y sin requisitos especiales tiene el derecho a peticionar a las autoridades, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo. En ese sentido señalamos que la petición presentada por la parte actora no está sujeta a plazo alguno para su respuesta, ya que no se halla reglamentada. Por lo que al no estar determinado dicho plazo no puede configurarse la denegatoria ficta.- En este punto señalamos que no existe acto administrativo en esta cuestión. Al respecto, claramente el art. 3 de la Ley 1462/35 refiere que: La demanda contencioso administrativa podrá deducirse por un particular o por una autoridad administrativa, contra las resoluciones administrativas que reúnen los requisitos siguientes:... ¿Cuál es la resolución administrativa que se demanda? Insistimos que en el presente caso no existe resolución ficta, en razón de que no existe plazo para que mi parte se expida. Al respecto de la necesidad de un acto administrativo individual para acudir al Tribunal de Cuentas manifiesta V1LLAGRA MAFFIODO lo siguiente: "...Así pues, el particular que se vea afectado por una Ley o reglamento no lo puede impugnar directamente sino que debe esperar a que se le aplique mediante un acto administrativo individua! o, si no desea permanecer en la incertidumbre, provocar su aplicación para recurrir contra la resolución respectiva...". En estas circunstancias, podemos concluir con facilidad que la instancia administrativa no ha acusado estado, ya no existe acto administrativo propiamente dicho que inviste a la actora de legitimación particular para concurrir ante este Excmo. Tribunal, por lo que no se cumplen los requisitos para instaurar la presente demanda exigidos por el art. 3 de la Ley 1462/35.- De lo dicho precedentemente dicho surge que: No existe resolución administrativa: la parte actora promueve una demanda contra una supuesta resolución ficta, cuando la misma no ha aguardado que el IPS se pronuncie sobre su solicitud.- No existe rechazo ficto: no existeplazo para el pronunciamiento por parte del IPS en esta cuestión, por lo que no puede considerarse que exista rechazo o resolución ficta en los términos del art. 40 de la Constitución Nacional.- La resolución que declara el fraude al seguro social del IPS se encuentra firme y no fue cuestionada: Señalamos que la Resolución No. 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014 dictada por el Consejo de Administración del IPS, que declara el fraude al seguro social del IPS en razón de la percepción irregular de beneficios por parte del actor Arnaldo Antonio Caballero no fue cuestionada y por ende se encuentra largamente firme. Es sabido que en la demanda contencioso administrativa deben individualizarse expresa y positivamente todos los actos administrativos cuestionados, de manera a brindar certeza a las partes para el caso de que estos actos sean revocados. Igualmente, recordamos que el Tribunal únicamente puede fallar sobre lo que le es planteado, de conformidad al art. 15 inc. "d" del C.P.C., por lo que va de suyo que no puede revocarse de oficio un acto administrativo no cuestionado, lo que en su caso conllevaría la nulidad de la resolución según el art. 15 in fine del C.P.C. Así pues, que aun en el hipotético e improbable caso de que esta demanda resulte procedente, no sería revocado el acto administrativo que declara el fraude al seguro por parte del actor (Resolución No. 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014 dictada por el Consejo de Administración del IPS), el mismo no podría ser revocado por no ser materia de esta demanda. Por ende, como no fue cuestionado, se encuentra largamente firme. El actor señala que no tuvo acceso a las actuaciones administrativas cuestionadas; lo que resulta increíble dado que intervino en el sumario iniciado al mismo como consta en la Resolución que declara el fraude al seguro (Resolución No. 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014 dictada por el Consejo de Administración del IPS). Por otro lado, aún de ser este el caso, el mismo contaba con la posibilidad de ampliar la demanda luego de que el Tribunal solicitara los antecedentes de esta cuestión, etc. Sin embargo, como la presente demanda ya fue notificada, la misma no puede ser modificada, ampliada, etc. de conformidad al art. 217 del Código Procesal Civil. Insistimos en que el art. 215 inc. "i" del Código Procesal Civil exige la petición en términos claros y positivos en el escrito de demanda. Al respecto, en ninguna parte del escrito del cual se nos corrió traslado se hace mención a la revocación de la Resolución No. 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014 dictada por el Consejo de Administración del IPS, acto administrativo que por ende no fue cuestionado en esta demanda y se encuentra absolutamente firme. Sin embargo a pesar de lo claro y contundente de lo expresado hasta aquí aún quedan otros argumentos a ser tomados en consideración en este caso.- Acerca del fondo de la presente demanda: En referencia a la materia propiamente dicha de la presente demanda, referimos cuanto sigue: De ios antecedentes acompañados a la presente, VV.EE. podrán corroborar que el procedimiento sumarial se resolvió conforme a las normas establecidas para el efecto, en estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, Leyes y reglamentos que rigen al Instituto de Previsión Social.- El asegurado Arnaldo Antonio Caballero, con C.I. N° 2.093.637, se hallaba en goce de una pensión por accidente de trabajo - Ley N° 375/56, otorgada por Resolución N° 1490/79, gozando, asimismo, de una jubilación por invalidez derivada de accidente de trabajo, conforme a la Ley N° 430/73, Resolución DGABjPC N° 1912/94. Ambos beneficios fueron a causa de una invalidez declarada por junta Médica de fecha 18 de setiembre de 1979, donde le declararon una incapacidad permanente del 100% (ciento por ciento). De conformidad con el informe de la junta Médica de referencia, el actor se encontraba incapacitado en forma total y permanente para todo tipo de trabajo; sin embargo, se verificó que con posterioridad a la concesión de los citados beneficios el mismo ingresó y aportó como trabajador asegurado de las patronales 0002-73-0001 (Anteleo) y luego 0002-73-0011 (Copaco S.A.), acumulando un total de 968 (novecientas sesenta y ocho) semanas de cuotas equivalentes a 19 años y 4 meses de aportes, situación que contradice su condición de incapacitado total y permanente en un 100% (ciento por ciento).- En fecha 09 de noviembre de 2012, el Sr. Arnaldo Antonio Caballero presentó una tercera solicitud de jubilación de invalidez derivada de enfermedad común (Exp -0000-2012-094029), donde la Junta Médica integrada en fecha 14 de diciembre de 2012 dictaminó lo siguiente: Paciente de 53 años de edad, con antecedente de accidente cerebro vascular hemorrágico, operado en mayo de 2012, quedando con secuela grave. Paciente portador de paraplejia por lesión de columna lumbar de larga data, corresponde invalidez temporal por el término de un año, a partir del último beneficio otorgado. El art. 81 del Decreto Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56, solo permite el goce conjunto con otros beneficios jubilatorios de la jubilación por invalidez derivada de incapacidad parcial permanente, por lo que la situación del asegurado Arnaldo Antonio Caballero no se encuadra dentro de la excepción prevista al haber sido declarado por Junta Médica con incapacidad total y permanente con grado de 100% (ciento por ciento). El art. 81 del Decreto Ley 1860/50 dispone lo siguiente: Si una misma persona tuviere derecho a dos o más pensiones de seguro recibirá únicamente la de mayor cuantía entre ellas. Se exceptúan los casos de beneficiarios de pensión por incapacidad permanente parcial a que se refiere la letra d.) del art. 41, quienes podrán gozar a la vez de dicha pensión y de aquellas a que tengan derecho por las cuotas correspondientes a trabajos que efectúen siendo beneficiarios de la primera. Como se viene diciendo, el caso del actor es de incapacidad total y permanente, por lo que no se encuadra dentro de la excepción prevista en la Ley. La Dirección de Administración de Jubilaciones solicitó al Consejo de Administración del Instituto, la instrucción de un sumario administrativo en averiguación y esclarecimiento de los hechos referidos, en el cual se determine la eventual aplicación de lo dispuesto en el art. 73 del Decreto Ley N° 1860/50: Los fraudes, alteraciones de documentos o declaraciones falsas que se hagan para obtener indebidamente beneficios, irrogarán la pérdida de los derechos a los mismos, sin perjuicio de las sanciones que acuerden otras leyes por tales hechos. Igualmente, la solicitud de jubilación por invalidez derivada de enfermedad común del actor quedó suspendido a las resultas del sumario administrativo iniciado en la cuestión.- Por Nota Interna SC N° 104/13, de fecha 18 de abril de 2013, la Secretaria del Consejo de Administración, por instrucciones del Consejo de Administración en Sesión N° 030/13, de fecha 16 de abril de 2013, solicitó a la Auditoría Interna la realización de una auditoria al expediente referente a la supuesta percepción irregular de beneficios a favor del Sr. Arnaldo Antonio Caballero.- Por Providencia de fecha 24 de julio de 2013, la Auditoría Interna elevó la Nota Interna AI/DGE/N° 0239/13, de fecha 19 de julio de 2013, del Departamento de Auditoría de Gestión, por el cual se remitió el Informe de Auditoría N° 0038/13 "Supuesta percepción irregular de beneficios Sr. Arnaldo Antonio Caballero".- La Auditoría Interna realizó la siguiente observación: "Conforme a las situaciones observadas, desde el punto de vista Institucional, se evidencia la falta de Coordinación entre la Dirección de Aporte Obrero Patronal y la Dirección de Administración de Jubilaciones, en razón que desde un primer momento se contaba con la información suficiente, competente y relevante para poder detectar y aplicar acciones correctivas a partir del registro de entrada del Sr. Arnaldo Antonio Caballero como cotizante en fecha 7 de diciembre de 2001 en la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones (COPACO S.A.) con N° de Empleador 0002-73-0011".- Por otro lado, en el referido informe, la Auditoría Interna concluyó cuanto sigue: "Se visualiza vulnerabilidad del sistema de control interno, por no detectarse en tiempo y forma solicitudes de concesión de beneficios jubilatorios cuyos alcances colisionan entre si, ya que habiendo sido concedido conforme a normativas aplicables, concesión de pensión por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo (Ley N° 375/56) y jubilación por invalidez (Ley N° 430/73) originados según el informe de la Junta Médica de fecha 18 de setiembre de 1979, en el que determina que el grado de incapacidad del Sr. Arnaldo Antonio Caballero era del cien por ciento (100%), surge posteriormente una (nueva) solicitud realizada por el recurrente según Expediente MEM-0008-2013-000161, en el que requiere inspección para Jubilación de Invalidez por Enfermedad o Incapacidad por accidente en su condición de trabajador asegurado por las firmas patronales (N° 0002-73-0001 y 0002-73-0011 ANTELCO Y COPACO), con el agravante que el mismo en su condición de jubilado realizó aportes como asegurado activo por un lapso de 19 (diecinueve) años y 04 (cuatro) meses, situación que colisiona con los beneficios otorgados con antelación, en similares circunstancias (enfermedad) y considerando la condición de aparente invalidez de» asegurado. La legislación vigente solo prevé el aporte de un trabajador que fue beneficiado con la percepción de una jubilación por incapacidad parcial permanente; en el caso en cuestión, el asegurado fue favorecido con el pago de una incapacidad total permanente, originado por un accidente laboral. No es posible establecer o deslindar responsabilidades de los funcionarios, por el hecho de no detectarse en tiempo y forma y consecuente anulación de los pagos realizados en concepto de aportes por parte de jubilado (19 años y 4 meses) por los años transcurridos y por no existir registros físicos o escaneados que individualicen a los funcionarios involucrados en dichos actos administrativos".- En consecuencia el Consejo de Administración del IPS dictó la Resolución C.A. N° 062-012/13 de fecha 30 de julio de 2013, que dispuso entre otras cosas lo siguiente: 1°) Disponer la instrucción de Sumario Administrativo en averiguación y esclarecimiento de la situación que involucra al asegurado Arnaldo Antonio Caballero, con C.I. N° 2.093.637, a sus respectivos empleadores y/o funcionarios de las Áreas Institucionales que resultaren partícipes de dicha situación.- 2°) Disponer que el asegurado Arnaldo Antonio Caballero, en atención al Dictamen de la Justa Médica de fecha 14 de diciembre de 2012, que refiere un Accidente Cerebro Vascular (ACV) hemorrágico, operado en mayo de 2012, y con secuelas graves, continúe percibiendo el monto de la Jubilación por Invalidez otorgadas por Resoluciones N° 1490/79 y N° 1912/94, hasta la conclusión del Sumario Administrativo dispuesto en el artículo 1° de esta Resolución, oportunidad en que el Consejo de Administración determinará las medidas y/o sanciones que correspondan.- 3°) Suspender los trámites administrativos del Expediente N° 0000-2012-094029, de Solicitud de Jubilación de Invalidez derivada de Enfermedad Común, del Sr. Arnaldo Antonio Caballero, a la espera de las resultas del Sumario Administrativo.- El Sumario Administrativo realizado se ha ajustado a las reglas del DEBIDO PROCESO, y en cumplimiento de dicho principio se ha dado participación activa al actor de esta demanda, Arnaldo Antonio Caballero, y a su patronal COPACO S.A., garantizando el derecho a la defensa de ambos. Se le ha proporcionado copias de todos los antecedentes del presente sumario y se le ha brindado las oportunidades pertinentes para el ejercicio de su defensa, ofreciendo los elementos probatorios pertinentes a los efectos de demostrar la regularidad de los incrementos salariales obtenidos dentro del periodo investigado.- La Resolución N° 017-041/14, de fecha 25 de febrero de 2014, dictada en consecuencia del sumario administrativo, resolvió cuanto sigue: "...3° Disponer la aplicación del Art. 73° del Decreto Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56, que copiado a la letra dice: "Los fraudes, alteraciones de documentos o declaraciones falsas que se hagan para obtener indebidamente beneficios, irrogaran la pérdida de los derechos a los mismos, sin perjuicio de las sanciones que acuerden otras leyes por tales hechos"; y en consecuencia, se proceda a la devolución de los beneficios por parte del sumariado Arnaldo Antonio Caballero, con C.I. N° 2.093.637, de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente Resolución; y 4° Encomendar a la Dirección de Administración de Jubilaciones, que proceda a realizar el cálculo que implica los aportes realizados por el Sr. Arnaldo Antonio Caballero, por una parte y por otra determinar el haber jubilatorio que le corresponde al mismo, con respeto a la actual solicitud de Invalidez derivada de Enfermedad Común, según Expediente N° 0000 - 2012 - 094029, MEM - 0008 - 2013 - 000161, de fecha 09 de noviembre de 2012...".- En cumplimiento con el art. 4 de la resolución citada ut supra, la Dirección de Administración de Jubilaciones dictó la Resolución PIDAJ N° 332/2014 de fecha 13 de mayo de 2014 QUE CONCEDE JUBILACIÓN DE INVALIDEZ TEMPORAL ENFERMEDAD LEY 98/92 Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN D.G.A.B.J.P.C. N° 1490/79 Y RESOLUCIÓN D.G.A.B.J.P.C. N° 1912/94, que dispuso, entre otras cosas cuanto sigue: 1°. Dejar sin efecto la Resolución D.G.A.B.J.P.C. N° 1490/79 y la Resolución D.G.A.B.J.P.C. N° 1912/94 a partir del 01/01/93.- 2°. Conceder al asegurado CABALLERO, ARNALDO ANTONIO una Jubilación de Invalidez Temporal por Enfermedad, correspondiente al 74% (setenta y cuatro por ciento) a partir del 09/11/12 al 08/11/13 de conformidad al considerando de la presente resolución y a las disposiciones de la Ley 98/92.- 3°. Abonar mensualmente la suma de G 2.868.816 (Guaraníes dos millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos dieciséis) en concepto de lo concedido en el artículo anterior.- 4°. Descontar los aportes abonados por Resolución D.G.A.B.J.P.C. N° 1490/79 y Resolución D.G.A.B.J.P.C. N° 1912/94, a partir del 01/01/93.- Establecer el importe de la deuda de QJ 113.666.254 (Guaraníes ciento trece millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro) que será descontado de la Jubilación por Invalidez, el 25% mensual hasta su cancelación.- Como se viene diciendo, el Consejo de Administración del IPS se ajustó a las normas legales vigentes, en ningún momento se actuó con intención de perjudicar o realizar actos contrarios a las normas prescriptas, como lo señala el actor en su demanda.- De los haberes percibidos irregularmente: Cabe mencionar lo dispuesto en el art. 56 in fine del Decreto Ley 1860/50: Carácter Provisorio o definitivo de la pensión. (...) El beneficiario menor de sesenta (60) años que recupere más del cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de trabajo, dejará de percibir la pensión de invalidez, pero el Instituto podrá continuar pagándola hasta por seis (6) meses si con ello facilita la readaptación del asegurado al trabajo.- Esta norma es clara en el sentido que de pleno derecho deja sin efecto los beneficios otorgados por invalidez, una vez que el beneficiario recupera más del 50% de la capacidad laboral, lo que aconteció en el presente caso, pues el actor siguió aportando y continuó trabajando en COPACO S.A., por lo tanto, de pleno derecho, debió dejar de percibir su pensión por invalidez permanente.- La norma citada concuerda con los arts. 60, 61 y 76 del Decreto 10.810/52 "POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS REGLAMENTOS DEL DECRETO-LEY N° 1860, DE FECHA 1° DE DICIEMBRE DE 1950", que disponen: Artículo 60°.- Las pensiones de invalidez por enfermedad podran ser provisorias o definitivas. La pensión provisoria se concederá hasta un período de cinco (5) años. Durante este período el asegurado estará obligado a someterse a los exámenes y tratamientos médicos que le indiquen; si se negare a hacerlo, perderá el derecho al pago de la pensión, que ello le dé derecho a recuperar la pensión no devengada durante todo el tiempo que haya sido suspendida. También el que goza de invalidez definitiva está obligado a someterse a las prescripciones médicas que disponga el Instituto. Artículo 61°.- El Asegurado pensionado de invalidez por enfermedad que no haya alcanzado la edad requerida para tener derecho al goce de la pensión de vejez o que teniendo la edad no reúna los otros requisitos para ello, y que recupere más del cincuenta (50%) por ciento de la capacidad de trabajo perdido y con ello deja de ser considerado inválido de acuerdo a la definición aceptada en este Reglamento dejará de percibir la pensión de invalidez, pero el Instituto continuará pagándola por un plazo máximo de seis (6) meses si con ello facilita la readaptación del asegurado al trabajo. Artículo 76°.- Al declararse la incapacidad permanente que da lugar a una pensión mayor del treinta (30%) por ciento de lo que habría correspondido en caso de incapacidad total, ésta se concederá por un período de adaptación de dos (2) años. Durante este período el Instituto podrá someter al incapacitado a tratamientos especializados o de readaptación con miras a reducir su incapacidad o de capacitarlo para otros oficios. Así mismo, podrá someterlos de oficio a pedido del accidentado a nuevas inspecciones para determinar si su grado de incapacidad desaparece, disminuye o aumenta con el objeto de establecer la pensión definitiva una vez transcurrido el período de adaptación de dos (2) años. Toda negativa de parte del accidentado a estas disposiciones producirá la suspensión de la pensión, pero ésta se reanudará desde el momento en que el accidentado modifique su conducta, sin que esta circunstancia pueda dar lugar al reintegro de la pensión cuyo pago ha sido suspendido. En el descargo presentado por el actor dentro del sumario administrativo realizado, el mismo afirmó no haber cometido fraude alguno con relación al seguro social, aduciendo que los hechos pudieron haberse generado por algún tipo de error administrativo y que su incapacidad permanente acaecida, era real. Debe tomarse en consideración que en el año 1979, al realizarse la Junta Médica, la incapacidad del actor era total. Esta incapacidad fue disminuyendo por los ejercicios que el mismo actor manifestó haber realizado para recuperar su salud física, lo cual es loable y le permitió volver a trabajar y a aportar al IPS. Sin embargo, al mismo tiempo que recuperaba su capacidad para el trabajo continúo percibiendo su jubilación por invalidez lo que resulta claramente ilegal, como ya vimos más arriba al citar al art. 56 del Decreto Ley 1860/50.-
En este estado de cosas, corresponde asimismo, hacer mención a lo expresado por el actor con respecto al supuesto desconocimiento de su parte de las normas vigentes de la Institución, lo cual no obsta su cumplimiento de conformidad al art. 8 del Código Civil que dispone: La ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la Ley.- Se pudo observar en el sumario administrativo, que el actor reconoció haber percibido los beneficios y solicitado en su momento los mismos ante las oficinas del IPS, así como también el hecho de haber aportado y haber trabajado hasta el año 2012, como funcionario de COPACO SA, como técnico y al mismo tiempo percibiendo un beneficio que constituía un hecho a todas luces contrario a las normas legales vigentes.- Por último, la confesión espontanea del actor en el sumario resulta plena prueba de conformidad al art. 302 in fine del C.P.C., aplicable en subsidio al sumario administrativo por imperio del art. 836 del mismo código. Conclusiones: De lo expuesto en este punto se evidencia que el actor no comunicó la disminución de su incapacidad y el reintegro a su trabajo. Razón por la cual el IPS recibió los aportes del actor por la patronal COPACO S.A. y no suspendió el pago de las pensiones mencionadas, por lo tanto, corresponde a derecho la devolución de los beneficios obtenidos en forma irregular.- Por ello el IPS dispuso la aplicación del art. 73 del Decreto Ley 1860/50, es decir tal como queda determinado en dicho texto legal el actor pierde el derecho a los beneficios obtenidos indebidamente, en este caso, la pensión por accidente de trabajo concedida según Resolución N° 1490/79 y la jubilación por invalidez derivada de accidente de Trabajo, concedida según Resolución DGABJPC N° 1912/94.- Asimismo resulta válida la cuantificación realizada por la Dirección de Administración de Jubilaciones del perjuicio ocasionado al IPS, por los beneficios obtenidos por el actor en forma irregular, a fin de proceder al reintegro de dicho monto, que según la Resolución PIDAJ N° 332/14 asciende a la suma de G 113.666.2544 (Guaraníes ciento trece millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro).- Finalmente, en vista a todo lo expuesto, se puede afirmar sin lugar a dudas, que los argumentos utilizados por el hoy demandante son absolutamente inocuos ya que carecen de sustento legal, por lo que la presente demanda debe ser rechazada".
Terminan solicitando que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Sentencia, rechazando la demanda, con costas.
Por Providencia del 14 de noviembre de 2016, se tiene por contestada la demanda contencioso administrativa, (fs. 69 vlto.).
Por A.I. N° 1359 de fecha 30 de diciembre de 2016 (fs. 72), este Tribunal declaró su competencia para entender en el presente juicio, y existiendo hechos que probar recibir la causa a prueba, por todo el término de Ley.
Que, a fs. 83 vlto, de autos, consta la providencia de fecha 02 de junio de 2017, donde se llama AUTOS PARA ACUERDO Y SENTENCIA.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que en fecha 04 de mayo de 2016 (fs. 43/46), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Sr. Arnaldo Antonio Caballero Gilda, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, a promover demanda contencioso-administrativo contra la Resolución C.A. N° 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014, dictada por el Instituto de Previsión Social.
Que, de los antecedentes agregados, podemos corroborar que el Señor Arnaldo Antonio Caballero se hallaba en goce de una pensión por accidente de trabajo, otorgada por Resolución N° 1490/79, gozando, asimismo de una jubilación por Invalidez derivada de accidente de trabajo, Resolución DGABJPC N° 1912/94. Dichas resoluciones tuvieron como sustento para acreditar dicha invalidez del actor, el informe de la Junta Médica, de fecha 18 de setiembre de 1979, donde declaran una incapacidad permanente del 100%.
Como podemos ver en lo ut supra mencionado, el Sr. Arnaldo Antonio Caballero se encontraba incapacitado en forma "total y permanente” para todo tipo de trabajo; sin embargo, se verifico que con posterioridad a la concesión de los citados beneficios, el mismo ingreso y aportó como trabajador asegurado de las Patronales 002-73-0001 (Antelco) y 0002-73-0011 (Copaco S.A.), acumulando un total de 968 semanas de cuotas equivalentes a 19 años y 4 meses de aportes.
Que la controversia surge entre el acto de esta demanda el Sr. Arnaldo Antonio Caballero y el Instituto de Previsión Social, cuando esta institución, por Resolución C.A. N° 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014, resuelve: "...3° Disponer la aplicación del Art. 73° del Decreto Ley N°1860/50, aprobado por Ley N° 375/56, que copiado a la letra dice: "Los fraudes, alteraciones de documentos o declaraciones falsas que se hagan para obtener indebidamente beneficios, irrogaran la pérdida de los derechos a los mismos, sin perjuicio de las sanciones que acuerden otras leyes por tales hechos"; y en consecuencia se proceda a la devolución de los beneficios por parte del sumariado Arnaldo Antonio Caballero, con C.I. N° 2.093.637, de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente Resolución; y 4° Encomendar a la Dirección de Administración de Jubilaciones, que proceda a realizar el cálculo que implica los aportes realizados por el Sr. Arnaldo Antonio Caballero, por una parte y por otra determinar el haber jubilatorio que le corresponde al mismo, con respecto a la actual solicitud de Invalidez derivada de Enfermedad Común, según Expediente N° G0G0-2012-094029, MEM-0008-2G13-000161, de fecha 09 de noviembre de 2012...".
Que, en efecto, un elemental sentida común, a la luz de las propias leyes que rigen la materia, y las reglas de la sana crítica, nos lleva a la conclusión de que en la cuestión sometida a nuestra consideración, surge que con posterioridad al otorgamiento de la "Pensión por Invalidez", según Resolución mencionada mas arriba, el beneficiario continuaba ocupando otro cargo público rentado.
El Artículo 81° del Decreto Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56 y complementarias, solo permite el goce en conjunto con otros beneficios jubilatorios de la Jubilación por invalidez derivada de incapacidad Parcial Permanente, por lo que la situación del asegurado Arnaldo Antonio Caballero no se encuadra dentro de la excepción prevista al haber sido declarado por junta Médica con Incapacidad total y permanente con grado de 100%.
El Art. 81 del Decreto Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56 dispone: "...Si una misma persona tuviere derecho a dos o más pensiones de seguro recibirá únicamente la de mayor cuantía entre ellas. Se exceptúan los casos de beneficiarios de pensión por incapacidad permanente parcial a que se refiere la letra d) del Art. 41, quienes podrán gozar a la vez de dicha pensión y de aquellas a que tengan derecho por las cuotas correspondientes a trabajos que efectúen siendo beneficiarios de la primera...".
Del texto de la norma transcripta se infiere las condiciones ineludibles para la consolidación de la Jubilación por Invalidez. Por tanto, todas estas condiciones deben coexistir al momento de la cesación de prestación de servicios activos, pues los mismos en conjunto hacen uno solo al efecto de la jubilación por Invalidez. No es posible hacer separaciones de requisitos o previamente de uno y otro, toda vez que la propia Ley no lo hace. En el presente caso vemos, que el beneficiario Sr. Arnaldo Antonio Caballero, fue declarado por Junta Medica con incapacidad total y permanente, por lo que no se encuadra dentro de la excepción prevista en la Ley.
Por los motivos brevemente expuestos, en virtud a las actuaciones y documentos agregados, y por razones de legitimad es del criterio de que la Resolución cuestionada por el actor debe ser CONFIRMADA en todas sus partes, y por lo tanto, corresponde no hacer lugar a la demanda instaurada por el Sr. Arnaldo Antonio Caballero, por su notoria improcedencia.
En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la parte perdidosa, de conformidad al Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firmas los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 16 de agosto del 2.017.
1.-) NO HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Arnaldo Antonio Caballero, y en consecuencia;
2.-) CONFIRMAR la Resolución C.A. N° 017-041/14 de fecha 25 de febrero de 2014, dictada por el Instituto de Previsión Social, de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución.
4.-) ANOTAR, registrar, notificará remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.