Source: https://es.scribd.com/document/336112203/Proyecto-de-Acuerdo-de-La-Declaratoria-de-Abandono-de-Cargo
Timestamp: 2018-02-22 22:56:59
Document Index: 51260175

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 311', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 236', 'artículo 333']

Proyecto de Acuerdo de La Declaratoria de Abandono de Cargo
Descripción: Proyecto de Acuerdo de la Declaratoria de Abandono de Cargo de la Presidencia de Nicolás Maduro aprobado el 9 de enero de 2017 durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional con 106 votos de l...
Proyecto de Acuerdo de la Declaratoria de Abandono de Cargo de la Presidencia de Nicolás Maduro aprobado el 9 de enero de 2017 durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional con 106 votos de los parlamentarios.
ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES
CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA
INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere a
la Asamblea Nacional funciones de control sobre el Gobierno y la
Administración Pública Nacional (art. 187, Numeral. 3), las cuales son
manifestación de la institucionalidad democrática que debe en todo
momento ser preservada, de acuerdo con los artículos 2 y 333 de la
Constitución y los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana,
adoptada con el voto favorable del Estado venezolano;
Que esta Asamblea Nacional, en sesión del 13 de diciembre de 2016,
declaró la responsabilidad política del Presidente de la República y se
reservó la posibilidad de evaluar si la ruptura del orden constitucional y
democrático cometida por Nicolás Maduro Moros es de tal magnitud que
implica un abandono de sus funciones constitucionales;
Que el Presidente o Presidenta de la República, a tenor de la
Constitución, “Está obligado u obligada a procurar la garantía de los
derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la
independencia, la integridad, soberanía del territorio y defensa de la
República”, y que “La declaración de los estados de excepción no
(art. 232), lo cual contrasta con una actuación del Presidente de la
República que ha supuesto una violación generalizada de los derechos
humanos, incluyendo una grave vulneración de los derechos políticos,
acompañada del desmantelamiento de la institucionalidad democrática
necesaria para garantizar tales derechos, así como de un atentado
continuo contra la integridad de la República y de su territorio;
Que en sesión del 27 de octubre de 2016 distintos representantes y
voceros de sectores sociales se hicieron presentes en esta Asamblea
Nacional para dejar evidencias de la devastación del orden social y
económico de la República y de las violaciones a derechos humanos
cometidas en el contexto de la represión policial y de la discriminación
por razones políticas, a lo cual se suman los recientes informes
emanados de organizaciones especializadas que demuestran el enorme
aumento en las cifras de criminalidad y violencia que se ha producido en
el país en los últimos años, en medio de la más extendida impunidad;
Que Nicolás Maduro Moros ha gobernado, desde el 14 de enero de 2016,
merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de
la Constitución, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, el cual ha ido
cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y
ha vulnerado derechos fundamentales;
Que dicho estado de excepción se ha prolongado mucho más allá de lo
permitido por la Constitución (art. 338) y no ha quedado sometido a
controles parlamentarios efectivos, a causa de sentencias arbitrarias del
Tribunal Supremo de Justicia que han menoscabado las facultades de la
Asamblea Nacional en la materia, ni a los controles internacionales
previstos en tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela, en
virtud de la omisión de notificación en que incurrió el Presidente de la
República, tal como lo ha denunciado el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
Que Nicolás Maduro Moros ha ordenado el desconocimiento por los
Ministros y otros funcionarios públicos de las solicitudes de
comparecencia emanadas de la Asamblea Nacional o sus comisiones, y
ha ignorado abiertamente la competencia parlamentaria de remover
Ministros o Ministras mediante la aprobación de un voto de censura por
la mayoría calificada de los Diputados y Diputadas de la Asamblea
Nacional, en los términos constitucionalmente establecidos;
Que Nicolás Maduro Moros se ha facultado a sí mismo para aprobar
contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras
o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando
flagrantemente el artículo 150 de la Constitución;
Que el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una
exacerbada concentración de poderes y a un gobierno por decreto que
lesiona severamente la Democracia y favorece la corrupción;
Que en el marco del estado de excepción de facto que nos rige, Nicolás
Maduro Moros omitió la presentación ante la Asamblea Nacional del
Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio Económico Financiero
2017 y acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
que está a su servicio, para que lo autorizara, en contra de la
Constitución y de las garantías democráticas, a dictar mediante decreto
las normas correspondientes en materia presupuestaria y de crédito
Que no ha cesado e incluso se ha acrecentado la persecución política, de
la cual Nicolás Maduro Moros es corresponsable;
Que Nicolás Maduro Moros ha propugnado y consumado la supresión de
la separación de poderes que padecemos, mediante su respaldo a la
ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo
Nacional Electoral;
Que esta ausencia de separación de poderes explica la confabulación
ejecutivo-judicial, constitutiva de un Golpe de Estado, que condujo a la
suspensión de la recolección de las manifestaciones de voluntad
necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio
Que Nicolás Maduro Moros ha pretendido justificar el diferimiento de
procesos comiciales constitucionalmente obligatorios e impostergables,
como la elección de Gobernadores o Gobernadoras que debía celebrarse
en el 2016, invocando argumentos inaceptables en una Democracia y
que de facto colocan en vilo cualquier otro proceso electoral que deba
realizarse en el país;
Que Nicolás Maduro Moros, valiéndose de los poderes ilimitados que ha
secuestrado a costa de la Constitución, ha acudido sistemáticamente a la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con
criterios políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la
Asamblea Nacional que hubieran contribuido a solucionar los problemas
del país, al generar transparencia en el manejo de las finanzas públicas,
facilitar la cooperación internacional para la superación de las crisis
humanitaria, ampliar los derechos sociales de los venezolanos y
venezolanas y adoptar otras medidas beneficiosas para la población y la
institucionalidad;
Que, en medio de estas graves violaciones a los principios democráticos y
a los derechos humanos, promovidas por Nicolás Maduro Moros, se ha
agudizado la crisis económica y humanitaria que aqueja al país en todos
los órdenes;
Que la situación económica y financiera de la República se encuentra
severamente comprometida por una gestión fiscal irresponsable que ha
llevado el déficit fiscal hasta niveles que no se pueden financiar por vías
ordinarias, teniendo el gobierno que recurrir al peligroso mecanismo de la
impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela, de lo cual
se ha derivado una pronunciada depreciación del bolívar y elevadas tasas
de inflación que castigan el ingreso de quienes devengan un salario,
pensión o jubilación y en general de aquellos que viven de su trabajo,
todo lo cual ha estado aunado al definitivo socavamiento de la autonomía
del Banco Central de Venezuela que ha llevado a cabo Nicolás Maduro
Moros;
Que Nicolás Maduro Moros incumplió lo establecido en el artículo 311 de
la Constitución, según el cual la gestión fiscal debe regirse por los
principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y
equilibrio fiscal, ya que la información publicada indica que durante los
años 2014, 2015 y 2016 en lugar de equilibrio fiscal ha habido una
situación de déficit crónico en las cuentas fiscales de la Nación que ha
generado la desvalorización de la moneda, el alza de los precios de los
bienes y servicios y un creciente endeudamiento, tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera;
Que la Unidad del Tesoro es un principio constitucional que contribuye a
darle estabilidad a la gestión económica de la Nación, y que su
incumplimiento sistemático por el administrador de la Hacienda Pública
Nacional ha llevado a la proliferación de un conjunto de fondos
parafiscales que realizan gastos sin ningún tipo de control, lo cual ha
contribuido a agravar el déficit fiscal, al crear un gran desorden y
corrupción en la Administración Pública Nacional;
Que a causa del incumplimiento de sus funciones constitucionales como
administrador de la Hacienda Pública Nacional, Nicolás Maduro Moros ha
provocado una crisis económica sin precedentes en Venezuela, traducida
en una inflación galopante que en 2016 excedió el 500%, una depresión
de la economía reflejada en una caída del producto interno bruto
superior al 12,0% y un grave desabastecimiento de alimentos y
medicinas, conjuntamente con un aumento de la pobreza hasta cifras no
conocidas en el país, todo lo cual implica que, al cierre del 2016 y en
comparación con el 2012, el tamaño de la economía venezolana es
20,0% menor, el poder adquisitivo del salario es 40,0% inferior y los
niveles de pobreza se duplicaron;
Que Nicolás Maduro Moros, de manera errática, anunció el 11 de
diciembre de 2016 la sustitución en un plazo de setenta y dos horas de
todos los billetes de Bs. 100 y la implantación de un nuevo cono
monetario, lo cual provocó una situación de caos en el país, consistente
en disturbios y saqueos de establecimientos comerciales y un saldo
lamentable de pérdida de vidas humanas, de heridos y de detenidos, que
le obligó a posponer dicho reemplazo de los billetes de Bs. 100, primero
hasta el 2 de enero de 2017 y luego, confirmando la absoluta
improvisación e irresponsabilidad del gobierno, hasta el 20 de enero de
Que Nicolás Maduro Moros ha sido negligente respecto a la reclamación
territorial de Venezuela sobre el territorio Esequibo, la cual hasta años
recientes formaba parte de una política del Estado venezolano atenida a
lo previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966, para la búsqueda de una
solución pacífica y práctica de la controversia, mientras que el gobierno
nacional ha actuado con improvisación o pasividad, inacción e indolencia
en la defensa de los intereses de la Nación tanto en el territorio Esequibo
como en la Fachada Atlántica del Delta del Orinoco;
Que Nicolás Maduro Moros se comprometió a cumplir con su obligación
constitucional de resguardar la seguridad ciudadana de los venezolanos y
hoy Venezuela se ha convertido en el país más violento del mundo con
un índice de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes;
Que Venezuela según la Constitución es un estado de derecho y de
justicia donde deben respetarse los derechos humanos de manera
preminente y hoy en Venezuela existen 126 presos políticos así como un
sin número de perseguidos y exiliados políticos;
Que en Venezuela se viola permanentemente la libertad de expresión al
manipular el otorgamiento de papel periódico a la prensa libre;
Primero. Declarar que Nicolás Maduro Moros, invocando el cargo de
Presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que
sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones
constitucionales de la Presidencia de la República, en virtud de la grave
ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos
humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación
y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo.
Segundo. Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos
232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado
el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7
del texto fundamental, el principio del Estado Democrático de Derecho y
de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución, así como las
funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la
República, especialmente la referida a la obligación de cumplir y hacer
cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes, establecida en el
numeral 1 del artículo 236 de la Constitución.
Tercero. Manifestar que la única forma de resolver los graves problemas
que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las
instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y,
por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.
Cuarto. Ratificar su compromiso con la restitución del orden
constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la
Constitución pues la inobservancia de esta se produce no solo por medio
de un hecho de fuerza contra la inconstitucionalidad en el sentido clásico,
sino también cuando desde la Presidencia de la República se hace uso de
la autoridad civil y militar para socavar la Constitución.
Quinto. Reiterar su decisión de acudir a las instancias internacionales
competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los
elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y las
venezolanas, en cuya comisión Nicolás Maduro Moros ha tenido un papel
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas
a los nueve días del mes de enero de dos mil diecisiete. Años 206° de la
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