Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-493-de-noviembre-21-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ec62a13f950ece0430a01015150ec&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 04:56:31
Document Index: 358878794

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 365', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 88', 'artículo 34']

﻿ SENTENCIA 493 DE NOVIEMBRE 21 DE 2002
SENTENCIA 493 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:ACCION DE POPULAR CONTRA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, A LA IGUALDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA, RESPECTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL POS
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, MEDICAMENTOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, EXCLUSIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, FINALIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR
Sentencia 493 de noviembre 21 de 2002
Exp. 25000232600020019491 01, nov. 21/2002
M.P. Germán Ayala Mantilla
Nº Interno AP-493
Actor: Germán Rincón Perfetti. Recurso de Apelación. Acción Popular.
Decide la Sala la apelación interpuesta por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, contra la providencia de 4 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por medio del cual se acogieron las pretensiones de la demanda.
El ciudadano Germán Humberto Rincón Perfetti, actuando en nombre propio, instauró acción popular contra el Consejo de Nacional de Seguridad Social en Salud, por considerar vulnerados los derechos colectivos a la salubridad pública, a la igualdad y a la dignidad humana, conforme los hechos que se exponen a continuación:
Señaló el actor que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, es el encargado de determinar el listado de los medicamentos esenciales y genéricos que conforman el plan obligatorio de salud, POS.
Explicó que dentro de los medicamentos existentes para el control de la hipertensión arterial o presión alta, se encuentra el denominado adalat, (que es un desarrollo de la dehidropiridina nefedipina) el cual fue incluido en el listado del plan obligatorio de salud.
Puso de presente que el suministro y utilización de la nefedipina de “acción rápida” es altamente dañina al paciente teniendo en cuenta que acelera el ritmo cardiaco, pudiendo generar un paro cardiaco y causar así la muerte del usuario, motivo por el cual en general, el medicamento se suministra de la forma adalat - oros que es de liberación lenta.
Expuso cómo el comité técnico de medicamentos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud incluyó en agosto de 1999, dentro del listado del plan obligatorio de salud, la nefedipina de 30 y 60 mg., conservando la presentación de 10 mg., esta última retirada en reunión del 1º y 22 de febrero de 2000 por dicho comité.
Mediante Resolución 3010 de 2000, el Instituto de Seguros Sociales expidió la “guía de manejo” para pacientes con hipertensión arterial prescribiendo que el “medicamento a entregar es de dosis diaria y de larga acción (lo que corresponde a la nefedipina adalat - oros)”. (fl. 2).
Consideró que el derecho colectivo a la salubridad pública fue vulnerado debido a que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, representado por el Ministro de Salud, es el encargado de organizar el plan de medicamentos que han de conformar el plan obligatorio de salud, POS, de conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículo 49 donde señala que “La atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a carao del Estado”. (negrillas del texto) (fl. 3); razón por la cual se hace necesaria la inclusión dentro de dicho plan, de los medicamentos idóneos para el manejo de la enfermedad.
Estimó violados los derechos fundamentales a la vida en conexidad con los derechos a la salud y a la seguridad social, pues al no incluir la nefedipina de 30 y 60 mg. dentro de los medicamentos que integran el plan obligatorio de salud, administrándose de la presentación “acción rápida” se está atentando contra la vida de los pacientes que padecen de hipertensión arterial por el posible aumento en la frecuencia cardiaca que éste puede generar.
Por lo demás, la precitada medicina, dijo, es de corta duración dejando de producir efectos en el organismo rápidamente.
Aunque no se presentó de manera clara, el actor adujo encontrar vulnerado el derecho a la igualdad teniendo en cuenta que la citada medicina se encuentra incluida en el plan obligatorio de salud —bajo la denominación de adalat— en la modalidad de “acción rápida” poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
Señaló además que la inclusión del medicamento solicitado evitará que se interpongan tutelas contra el hoy accionado.
Se refirió a la dignidad humana como un derecho que no solo consiste en la protección de la vida en sí misma, sino que atañe todo aquello que sirva de garantía para tener una vida digna acorde con los requerimientos de cada persona.
Por lo anterior, dijo que una de las maneras de garantizar el derecho a la dignidad humana es a través de la inclusión de la nefedipina adalat - oros de liberación osmótica programada, en el manual de medicamentos y terapéutica dentro de los que se tienen como antihipertensivos.
De esta forma, además de lo referido en el párrafo anterior, el actor solicitó la exclusión de la nefedipina (acción rápida) en la presentación de 10 mg. del manual de medicamentos y terapéutica.
La Nación —Ministerio de Salud— Consejo Nacional de Seguridad se opuso a las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:
Señaló claramente que la Constitución del año 1991 estableció la potestad para el ente estatal de desarrollar sus diferentes funciones directa o indirectamente a través de organismos y entidades destinadas a ello.
Dijo que dentro de esas funciones se encuentra una función de carácter económico que, a su vez, se consolida con la realización de otras actividades tal como lo es la provisión de bienes y servicios.
En este orden de ideas, se refirió a lo prescrito en el artículo 365 de la Carta Política que señala que es el Estado el responsable de la prestación de los servicios públicos, ya sea que lo haga —como se dijo anteriormente— de manera directa o indirecta; manteniendo la vigilancia y control sobre la asistencia de los mismos.
Puso de presente que mediante la Ley 100 de 1993 se reguló de forma genérica el sistema de seguridad social en salud, con miras a que el mismo cobijase a todos los habitantes del territorio nacional de acuerdo a la capacidad económica de los usuarios.
La citada ley fue desarrollada por el Decreto 806 de 1998 instituyendo los planes de beneficios que habrían de integrar el servicio de seguridad social en salud: plan obligatorio de salud, POS, correspondiente a las personas vinculadas al régimen contributivo según los lineamientos de la Ley 100, es decir, personas que por tener una capacidad de pago han de hacer aportes al sistema.
El plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, POS, que cobija a los usuarios del llamado régimen subsidiado al que pertenecen aquellas personas que por carecer de capacidad económica para aportar al sistema, sus contingencias son cubiertas a través de lo suministrado por los usuarios del régimen contributivo.
Explicó cómo también se encuentra el plan de atención básico en salud, PAB, el plan de atención en accidentes de tránsito y riesgos catastróficos.
Expuso que dependiendo de si se pertenece al régimen contributivo o subsidiado, en caso de requerir atención respecto de un evento no contemplado en el plan obligatorio de salud, POS, o en el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, POSS, “...corresponderá al afiliado o a la entidad territorial responsable asumir el costo de beneficios no contemplados en el plan obligatorio de salud, contributivo o subsidiado”. (fl. 58).
De lo contrario, explico, es la entidad promotora de salud, EPS, quien debe prestar los servicios solicitados por el usuario, por excepción, cuando se trata de los servicios requeridos no cubiertos por el POS, puede exigirse al beneficiario unos períodos mínimos de cotización, so pena de tener la EPS que cubrir el faltante.
De conformidad con el Acuerdo 83 emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud mediante el cual se “adoptó el manual de medicamentos del sistema general de seguridad social en salud”, en el artículo 8º, se dio la posibilidad que los médicos tratantes recetaran medicamentos no contemplados en el plan obligatorio de salud que, teniendo igual o menor valor a los fármacos previstos dentro del plan debían ser cubiertos por la entidad promotora de salud, EPS, en caso contrario el saldo debía cubrirlo el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.
Señaló que de igual forma, contempló la formación de comités técnico - científicos dentro de las administradoras del régimen subsidiado, ARS, entidades promotoras de salud, EPS e instituciones promotoras de salud, IPS, encargados de “establecer las condiciones y el procedimiento para la prescripción de medicamentos no incluidos en el listado...” (fl. 59).
Aludió que la norma en mención fue reglamentada mediante Resolución 05061 de diciembre 23 de 1997, estableciendo la entrada en funcionamiento de dichos comités, quienes desde entonces les corresponde autorizar o no, previa solicitud del médico o del paciente, del suministro de medicamentos fuera de los contenidos en el plan obligatorio de salud.
De esta forma el accionado consideró que el derecho colectivo que se alega como vulnerado no fue determinado en la demanda, al igual que la supuesta acción causante del daño teniendo en cuenta que la presente acción fue prevista para la protección de situaciones concretas quebrantadoras de los derechos de un grupo.
Estimó que la presente acción no es viable, en tanto que en su parecer, lo que estaba atacando el actor eran los actos administrativos (Acu. 083/97, Res. 5061/97 y 2312/98) razón por la cual las vías correspondientes para combatir tales actos serían la acción de nulidad o de inconstitucionalidad, según corresponda.
Con fecha 29 de octubre de 2001 se llevó a cabo la audiencia especial, a la cual se hizo presente el accionante, Germán Humberto Rincón; el Procurador Once Delegado, no concurriendo la parte accionada, motivo por el cual procedió el tribunal a declarar fallida la audiencia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, accedió a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:
Expuso que conforme la Ley 472 de 1997, se desarrollaron las acciones populares para la protección de los derechos colectivos consagrados no solo en la Constitución Nacional (art. 88), pues en el artículo 4º señaló que “igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia” (fl. 172).
Hizo referencia a la sentencia de 23 de febrero de 2000, Magistrado Ponente doctor Héctor Álvarez Melo, estableciendo los caracteres distintivos de los derechos colectivos “comprenden a todos los asociados sin distingo alguno; cobijan a la comunidad en general y al individuo en particular, pero como componente de la misma sin que pueda determinarse un grupo específico al que están dirigidos, ....De lo anterior se infiere que no se trata de la suma o agregación de muchos intereses individuales sometidos a un mismo régimen legal previo al cumplimiento de una serie de condiciones previstas en la misma ley, sino de los derechos o intereses de la comunidad total ..., en contraposición a las acciones de grupo encaminadas a proteger intereses individuales de sectores específicos de la población” (fl. 173).
Una vez lo anterior, estimó el tribunal que la presente acción no se encontraba dirigida a atacar la legalidad de los actos administrativos como lo afirmó la parte accionada, que lo que busca el actor en sus pretensiones es la protección del derecho a la salubridad pública que se encuentra vulnerada con la inclusión dentro del POS de la nefedipina de acción rápida y la exclusión de la nefedipina adalat - oros de liberación osmótica programada.
Llevó a cabo un análisis del material probatorio allegado a las diligencias, concluyendo que la nefedipina de acción corta, presentación en 10 mg., para el tratamiento de la hipertensión arterial trae mayores efectos nocivos de índole cardiaco, que lo que ayuda a manejar la patología; “..., razón por la cual, en Colombia, la Sociedad Colombiana de Cardiología, ...., ha considerado contraindicada la utilización de tal fármaco y ha recomendado no utilizarlo. Que el mismo concepto sobre el medicamento en mención ha utilizado la dirección científica de un centro clínico especializado de hipertensión arterial y cuidados coronarios y que el ISS, en su guía de manejo del paciente de hipertensión arterial, ha recomendado no utilizarlo” (fl. 174).
El a quo señaló no entender cómo es posible que se haya omitido la inclusión del fármaco nefedipina adalat - oros de liberación programada en la presentación de 20, 30 y 60 mg., existiendo conceptos técnico-científicos que han advertido lo riesgoso que resulta prescribir la nefedipina de acción rápida, poniendo así en peligro la salud de los usuarios, teniendo de esta manera claro el tribunal que, efectivamente, se está causando un perjuicio de carácter colectivo, y no como lo manifestó el accionado, al decir que no había sido determinado el derecho pretendido.
Tampoco compartió lo afirmado por la parte accionada cuando argumentó que era posible recetar medicinas no contenidas dentro del plan obligatorio de salud, siempre y cuando el comité técnico científico de las EPS, ARS e IPS lo autorízase, pues ello sería una prolongación injustificada del suministro de la medicina que podría derivar en un mayor daño al paciente.
Concluyó el a quo accediendo a las pretensiones de la demanda, ordenando al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, dentro de un término de veinte días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, excluir del manual de medicamentos y terapéutica del sistema de seguridad social en salud, el medicamento denominado nifedipina(sic) de acción corta (cápsula de 10 mg.) de la línea de los antihipertensivos. Y en su lugar ordenó, que dentro del mismo término se incluyera en el manual de medicamentos y terapéutica del sistema de seguridad social en salud, el medicamento denominado nifedipina(sic) - adalat - oros de liberación osmótica programada, de la línea de los antihipertensivos. Otorgó un incentivo a cargo de la demandada por el valor de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, mediante representante, interpuso recurso de apelación contra el fallo del a quo, considerando en primer término, que la Ley 100 de 1993 en su articulado (arts. 56, lit. c, 166, inc. 2º, 172, num. 5º) previó el hecho de suministrar a los beneficiarios del sistema de seguridad social en salud los medicamentos esenciales en su modalidad genérica.
Es decir, que el listado de medicamentos que se encuentra establecido en el plan obligatorio de salud, se circunscribe a las presentaciones genéricas de los mismos, motivo que excluye de plano la introducción de la nefedipina adalat - oros, porque “...tal presentación corresponde a un medicamento de marca, es decir que no se trata de presentación genérica...”; de hacerlo se estaría contrariando un mandato legal.
Como nuevo argumento transcribió apartes de la sentencia T-689 de 2001 emitida por la Corte Constitucional, Magistrado Ponente doctor Jaime Córdoba Triviño, con el objeto de señalar lo que jurisprudencialmente se ha dicho respecto del plan obligatorio de salud.
El fallo en mención hace referencia al objetivo pretendido con la creación del sistema general de seguridad social, esto es, llegar a todos los sectores de la población.
Para cumplir con este propósito, fue diseñado el plan obligatorio de salud cuyo contenido es de carácter determinado y limitado ya que, de no ser así, no podría garantizarse una cobertura integra que es el fin último del sistema.
Señala tal providencia que las empresas promotoras de salud deben prestar los servicios de acuerdo a las prescripciones de la Ley 100 de 1993 y los decretos que la reglamentan teniendo en cuenta que no todos los procedimientos y medicinas se encuentran previstos por carecer —el país— de la tecnología y recursos para su suministro.
Se observan entonces las limitaciones que implica la carencia de recursos, la previsión de períodos de carencia —períodos mínimos de cotización al sistema para ser acreedor de una serie de procedimientos médico-asistenciales—, y las exclusiones de medicamentos, intervenciones y procedimientos.
Estos últimos justificados en el hecho de poder garantizar a toda la población una cobertura de mayores proporciones que si se previeran minuciosamente cada caso particular.
Alegó el accionado que no obra prueba que garantice que la nefedipina adalat - oros, tenga efectos favorables comparativamente con la nefedipina que actualmente se encuentra dentro del plan obligatorio de salud.
Además de ser reiterativo en los argumentos expuestos en la oposición de la demanda —fueron íntegramente transcritos—, resaltó nuevamente el hecho de que por no estar previsto cierto medicamento dentro del listado, no significa que no pueda ser prescrito, motivo por el cual no se está atentando contra los derechos alegados.
Advirtió además que “...el tribunal hizo caso omiso a las razones expuestas por el Ministerio de Salud con relación a que el medicamento nefedipina, que sí corresponde a un medicamento de marca, ya fue ordenado incluirlo dentro del plan lo cual a la fecha se encuentra en estudio de aprobación y decisión final,...” (fl. 201).
Posteriormente, procedió a presentar memorial complementando las manifestaciones del escrito de apelación, poniendo de presente que las diferentes pruebas que fueron base de la sentencia del a quo fueron erróneamente apreciadas, pues, en el dicho del accionado, los informes correspondieron a la llamada nefedipina, diferente a la nefidipino, componente activo del adalat - oros.
Indicó que “...el concepto de la dirección científica de la Clínica de Hipertensión Arterial y Cuidados Coronarios de Bogotá D.C., de fecha 12 de febrero de 2002, al que se hace mención en la providencia, al hacer referencia en forma clara y precisa al medicamento adalat - oros, se manifiesta que tal medicamento no debe estar incluido dentro del manual de medicamentos y terapéutica ...” (negrillas del texto). (fl. 208).
Con los anteriores argumentos pretende el actor sea revocado el fallo de primera instancia.
La Constitución Política de 1991 al reconocer los derechos y garantías de los ciudadanos, estableció que corresponde al Estado la protección de una serie de derechos colectivos y estableció en su artículo 88, la acción popular instituida específicamente para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en la ley que reglamenta la materia.
Esta ley reguló las acciones populares, sobre las cuales cabe señalar que tienen un carácter preventivo, como quiera que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. (art. 2º).
Se advierte entonces, que por tratarse de una acción cuya finalidad es velar por derechos colectivos de rango constitucional, se le otorgan al juez amplias facultades de interpretación, para que cumpla su función de hacer efectivos los derechos que encuentre vulnerados con la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, de manera que no se hace necesario que los accionantes invoquen todos los derechos que pueden resultar vulnerados o amenazados, al ser deber del juez al tramitar la acción, aplicar el principio de la prevalencia del derecho sustancial.
Igualmente debe precisarse que el artículo 34 de la referida Ley 472, indica al juez cuál debe ser el contenido de la sentencia, de suerte que de acoger las pretensiones del demandante, esto es, de establecer la vulneración o amenaza de los derechos invocados en la demanda, podrá, sin perjuicio de las acciones contenciosas o constitucionales procedentes, imponer una orden de hacer o no hacer, condenar al pago de los perjuicios cuando se haya causado un daño a un derecho o interés colectivo y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior, si ello fuere posible, para de esta forma garantizar la protección de los derechos colectivos.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, el actor solicita que se garantice la defensa y protección de los siguientes derechos e intereses colectivos, como son la salubridad pública, la vida en conexión con la salud y seguridad social, la igualdad y la dignidad humana, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias de seguridad y salubridad públicas.
Básicamente la amenaza a los anteriores derechos, la deriva el accionante de la exclusión por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud del medicamento adalat - oros de liberación osmótica programada y la inclusión en el mismo de la nifedipina(sic) de acción corta en cápsula de 10 mg.
Sea lo primero advertir que de las pruebas allegadas al expediente, la Sala observa que a folio 30 se encuentra la publicación del Diario Oficial de 15 de septiembre de 2000, Nº 44.162, edición de 28 páginas, en la cual el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 3010 de 2000, por la cual se establece la guía de manejo del paciente con hipertensión arterial, considera que “...Ante las dudas sobre la seguridad del uso de la nifedipina(sic) de acción corta se recomienda no utilizarla y usar en cambio, la nifedipina(sic) de liberación osmótica”.
Igualmente, en la tabla 11 “guías generales para mejorar la adherencia del paciente a la terapia antihipertensiva” recomienda prescribir los medicamentos de acuerdo con los principios farmacológicos, preferir las formulaciones de larga acción.
De otra parte estima necesario tener en cuenta algunas consideraciones especiales del medicamento, como su dosificación (preferiblemente de dosis única diaria).
También observa la Sala, algunas recomendaciones visibles a folio 9 del expediente, en el cual la Sociedad Colombiana de Cardiología, allegó al Ministerio de Salud el formulario Nº 2 de inclusión de medicamentos para el producto nifedipina(sic) de liberación osmótica constante y la solicitud de exclusión de la nifedipina(sic) de acción corta en cápsulas de 10 mg.
No obstante lo anterior, la Sala ordenó al Invima, al coordinador del comité de enfermedades coronarias de la Sociedad Colombiana de Cardiología y finalmente a Ortíz Albán Ltda., medicina especializada clínica de hipertensión arterial y cuidados coronarios, mediante auto de 29 de agosto de 2002, visible a folio 215, la práctica de algunas pruebas, con el fin de aclarar algunos puntos que presentaban duda en el proceso.
Ahora bien, con relación a lo anterior, afirmó la clínica de hipertensión arterial y cuidados coronarios que existen en el mercado múltiples medicamentos que pueden reemplazar a la nifedipina(sic) (adalat) con mejor respuesta farmacológica y menos reacción indeseable, para lo cual allegó los nombres de dichos medicamentos.
Agregó que la nifedipina(sic) es el nombre genérico y el nombre comercial es adalat y que la diferencia entre el adalat 10 mg y el adalat oros retard, es que el primero tiene liberación rápida por lo que su tiempo de vida en sangre es menor al retard por su liberación lenta en el organismo y la diferencia en el adalat oros de 30 y 60 mg. es la dosis que se ajusta de acuerdo a la respuesta observada en el paciente
Por su parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima afirmó que existen aproximadamente “37 registros vigentes de genéricos y otras marcas de nifedipina(sic)”, en diferentes modalidades, los cuales a la fecha se encuentran vigentes.
Manifestó que el principio activo de la marca adalat oros es la nifedipina, la cual tiene una forma farmacéutica (tableta) de liberación programada que hace una liberación sostenida del medicamento en 24 horas, lo cual es la diferencia física.
Para la Sala el presente caso se centra en la protección de la salubridad pública de todas las personas residentes en el país y que padezcan de hipertensión arterial para que en un evento dado puedan ser sujetos activos del medicamento nifedipina de acción corta, lo cual podría colocar en riesgo su salud y su vida.
De las pruebas antes citadas, las cuales son de fuentes de estudios e investigaciones de alta credibilidad sobre la materia sub judice, pues son suscritas, por el Invima, por el ISS y por la Sociedad Colombiana de Cardiología, entre otras, permiten inferir que el medicamento nifedipina de acción corta, podría ser contraproducente para la salud de las personas con problemas coronarios, pues acelera los riesgos adversos de tipo cardíaco. No obstante, no está determinado que pacientes que no sufran de problemas coronarios puedan verse afectados desfavorablemente por su uso, hecho que en opinión de la Sala no puede conducir a su exclusión del POS, toda vez que su formulación queda a criterio de un profesional de la medicina a quien corresponde la evaluación de cada paciente.
En cuanto a la inclusión de medicamentos para los casos de pacientes con problemas coronarios, esta Sala estima que el comité técnico de medicamentos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud debe proceder a analizar dentro del plazo de dos (2) meses y ordenar la inclusión en el POS de por lo menos un medicamento que contenga nifedipina de larga acción, de ser recomendable dentro de los genéricos, lo cual repercute en beneficio del derecho a la salubridad.
Por lo expuesto esta Sala revocará la sentencia impugnada en cuanto ordena de un lado excluir y de otro incluir medicamentos en el POS.
1. AMPÁRASE el derecho a la salubridad pública.
2. REVÓCANSE los numerales 1º y 2º de la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia en consecuencia,
3. ORDÉNASE al comité técnico de medicamentos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, analizar y ordenar en el POS la inclusión de por lo menos un medicamento que contenga nifedipina de larga acción, de ser recomendable dentro de los genéricos.
4. CONFÍRMANSE los numerales 3º y 4º de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.
Magistrados: Germán Ayala Mantilla—Juan Ángel Palacio Hincapié—María Inés Ortiz Barbosa—Ligia López Díaz.