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Timestamp: 2018-07-23 04:11:01
Document Index: 415546470

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 33', 'artículo 56', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'artículo 38', 'Artículo 9', 'artículo 70', 'Artículo 10', 'artículo 70', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 12', 'artículo 42', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 7', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 5', 'Artículo 17', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 49', 'artículo 5']

DECRETO 93/1999, DE 29 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS
La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecución de la legislación del Estado en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud, de acuerdo con el artículo 34.1.1.ª de su Estatuto de Autonomía, en su redacción dada por Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero.
Previamente y mediante el Real Decreto 2559/1981, de 19 de octubre, se transfirieron al entonces Consejo General de Castilla y León determinadas competencias, funciones y servicios en materia de sanidad, entre las que se encuentra el otorgamiento de la autorización oportuna para la creación, construcción, modificación, adaptación o supresión de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, determina en su artículo 29 que los centros y establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel y categoría o titular, precisarán autorización administrativa previa para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones que respecto de su estructura y régimen inicial puedan establecerse. Del mismo modo, su artículo 30 dispone que todos los centros y establecimientos sanitarios, así como las actividades de promoción y publicidad, estarán sometidos a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes.
En el referido marco competencial, se promulgó la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, destacando en su artículo 33, entre las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma en relación con las actividades públicas y privadas que puedan repercutir en la salud individual y colectiva, la exigencia de autorización administrativa y registro previo para la creación, funcionamiento, modificación o supresión de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios de cualquier nivel, categoría o titularidad, a la vez que atribuye, en su artículo 56, a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, la competencia de control de dichas actividades.
La importancia social de las actividades propias de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, ya resaltada por la legislación precedente, hace preciso disponer de una regulación suficiente que garantice a los ciudadanos la calidad de los servicios que prestan, mediante el establecimiento del régimen jurídico y procedimiento para su preceptiva autorización administrativa y registro, una vez han sido consultadas las Entidades Administrativas y Corporativas afectadas. Del mismo modo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.9 de la Ley 1/1993 de 6 de abril, el proyecto del que trae causa la presente disposición, fue objeto de conocimiento por parte del Consejo Regional de Salud.
A tal finalidad responde el presente Decreto que, además de clarificar los centros, servicios y establecimientos incluidos y excluidos en su ámbito de aplicación, establece unas exigencias comunes para ellos, entre las que destacan las condiciones de su autorización previa y de funcionamiento, a la vez que se facilita, mediante determinada comunicación, la regularización de las consultas de profesionales sanitarios con equipamiento simple.
De otra parte y como instrumento de publicidad y ordenación, se crea el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de Castilla y León, en el que se habrán de inscribir las autorizaciones, renovaciones y comunicaciones previstas en el propio Decreto.
Finalmente y al objeto de regularizar todas las situaciones que presenta la especial problemática de centros con y sin autorización, pero en funcionamiento, las Disposiciones Transitorias del presente Decreto permiten en plazos prudenciales su pertinente adecuación y registro.
En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 29 de abril de 1999,
1. En los términos previstos en la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, el presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico y el procedimiento a seguir para la obtención de las preceptivas autorizaciones administrativas para la creación, funcionamiento, modificación o supresión de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios de cualquier nivel, categoría o titularidad, así como la creación del Registro correspondiente.
2. Los referidos centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León quedarán sujetos a lo previsto en este Decreto, a las disposiciones que se dicten para su desarrollo, así como a la normativa específica que en cada caso resulte aplicable, sin perjuicio de lo que pueda disponer la especial normativa que se dicte para los de carácter sociosanitario.
TIPOS DE CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y
SOCIOSANITARIOS Y EXCLUSIONES
Artículo 2.º Inclusiones.
A los efectos de este Decreto se consideran centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, los siguientes:
1. Los centros de asistencia hospitalaria, generales o especiales, así como las unidades que los componen y los centros sociosanitarios con internamiento.
2. Los centros sin internamiento, como son:
a) Los asistenciales extrahospitalarios: Centros de salud, equipos de salud mental y centros-hospitales de día, centros de medicina general y de especialidades.
b) Centros de radiodiagnóstico.
c) Centros de radioterapia.
d) Bancos y depósitos de sangre.
e) Centros de hemodiálisis.
f) Laboratorios de análisis clínicos.
g) Centros relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida.
h) Bancos de tejidos.
i) Centros para la práctica legal de interrupción del embarazo.
j) Centros de planificación familiar.
k) Centros de rehabilitación y fisioterapia.
l) Establecimientos de óptica y optometría y secciones de esta especialidad en otros establecimientos.
m) Establecimientos de ortopedia y secciones de esta especialidad en otros establecimientos.
n) Clínicas dentales.
ñ) Centros de reconocimientos médicos para la obtención de permisos de conducir y de armas.
o) Centros de cuidados paliativos.
p) Servicios sanitarios situados en residencias geriátricas o en cualquier otro centro de atención social.
q) Enfermerías de espectáculos públicos.
r) Servicios sanitarios de centros penitenciarios.
s) Servicios sanitarios situados en balnearios.
t) Transporte sanitario.
u) Unidades móviles destinadas a la atención sanitaria.
v) Centros se investigación sanitaria.
w) Centros y servicios que desarrollen actividades sanitarias en materia de salud laboral.
3. Todos los no incluidos en los apartados anteriores, que por su finalidad principal o por razón de las técnicas que utilizan, tenga carácter sanitario o sociosanitario.
Artículo 3.º Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto y se regirán por su normativa específica, las autorizaciones referidas a los siguientes centros, establecimientos o servicios:
a) Laboratorios de salud alimentaria.
b) Laboratorios y centros o establecimientos de elaboración de drogas, productos estupefacientes, psicotrópicos o similares, especialidades farmacéuticas y sus materias primas y material instrumental médico, terapéutico o correctivo.
c) Oficinas de farmacia, botiquines rurales, servicios de farmacia de las estructuras de Atención Primaria y demás servicios de farmacia hospitalaria y especializada, así como los almacenes mayoristas.
d) Los centros de atención a drogodependientes.
e) Entidades, centros y servicios de carácter social regulados en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales.
REQUISITOS Y OBLIGACIONES COMUNES
Artículo 4.º Requisitos y obligaciones comunes.
Serán requisitos y obligaciones comunes para todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto:
a) La autorización administrativa previa para su creación, modificación, supresión o cierre.
b) La autorización administrativa de funcionamiento, una vez comprobado, previa inspección, el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización previa y normativa específica de aplicación, así como su correspondiente inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos de la Comunidad de Castilla y León.
c) El sometimiento, en cualquier momento, al control e inspección de sus actividades, incluidas las de promoción y publicidad.
d) El cumplimiento continuado tanto de los mínimos, como de las condiciones y requisitos técnicos que establezcan las normas específicas vigentes según los tipos de centros, servicios o establecimientos.
e) La obligatoriedad de elaborar y comunicar a la Administración Sanitaria las informaciones y estadísticas sanitarias que les sean solicitadas, sin perjuicio del derecho a la intimidad de las personas.
f) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los principios de coordinación, solidaridad e integración sanitaria, tales como la colaboración en el fomento y protección de la salud y prestaciones en casos de emergencia sanitaria o de peligro para la salud pública, en cuyos supuestos podrán ser sometidos a regímenes temporales y excepcionales de funcionamiento.
g ) El disponer de medios de información accesible para los usuarios sobre datos relativos a la identificación del centro, servicio o establecimiento, normas de utilización, y derechos y deberes de los usuarios en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
h) La identificación del personal del centro, servicio o establecimiento que deberá exhibir en lugar visible de su indumentaria su profesión y categoría.
i ) Habilitar hojas de reclamaciones y sugerencias a disposición de los usuarios en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 5.º Comunicación de las consultas de profesionales sanitarios.
1. Los requisitos de autorización previa y de funcionamiento previstas en los apartados a) y b) del artículo anterior se entenderán obtenidas y cumplimentadas mediante el régimen de comunicación previsto en el apartado siguiente de este artículo, en los siguientes supuestos:
a) Consultorios locales.
b) Consultas de profesionales sanitarios con equipamiento simple, actividad quirúrgica básica y/o con equipos de radiografía de carácter dental e intraoral.
c) Otras consultas de profesionales sanitarios sin actividad quirúrgica, con equipamiento simple y que no dispongan de equipos emisores de radiaciones ionizantes o de alta tecnología.
2. Previamente al ejercicio de su correspondiente actividad sanitaria, dichas consultas de profesionales sanitarios estarán obligadas, para su inscripción en el Registro, a comunicar a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, su apertura o traslado. Asimismo deberán comunicar su cierre.
Las referidas comunicaciones se realizarán a través del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social correspondiente, mediante el modelo de Hoja de Comunicación contenido en el Anexo I de este Decreto, a la que se acompañará, en su caso, relación de aparataje e instalaciones, así como copias compulsadas de los títulos académicos de la plantilla sanitaria existente.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las consultas de profesionales sanitarios que utilicen técnicas de diagnóstico o tratamiento que puedan implicar riesgos para la salud de los usuarios o profesionales que desarrollen su actividad en las mismas, podrán ser sometidas por el órgano competente de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, al mismo régimen de previa autorización administrativa que los centros, servicios y establecimientos previstos en el artículo anterior.
RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE LAS
Artículo 6.º Régimen jurídico y procedimiento.
El régimen jurídico y procedimiento para las autorizaciones administrativas previstas en el artículo 1.º de este Decreto se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, en el presente Decreto y su normativa de desarrollo, en la normativa específica aplicable según los tipos de centros, servicios y establecimientos, así como en las normas generales de procedimiento administrativo previstas en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 7.º Competencia y recursos.
1. Corresponde al Consejero de Sanidad y Bienestar Social, a propuesta del Director General de Salud Pública y Asistencia, el otorgamiento o denegación de las autorizaciones administrativas relativas a los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios a que se refiere el apartado 1 del artículo 2.º del presente Decreto.
2. Corresponde al Director General de Salud Pública y Asistencia el otorgamiento o denegación de las autorizaciones administrativas relativas a los restantes centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios a que se refiere el artículo 2.º del presente Decreto y que no estén incluidos en el apartado anterior.
3. En los procedimientos anteriormente relacionados el plazo máximo, en el que debe notificarse la correspondiente resolución expresa, será de seis meses.
4. Las resoluciones del Consejero de Sanidad y Bienestar Social agotarán la vía administrativa y contra las resoluciones del Director General de Salud Pública y Asistencia, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 8.º Autorización previa y requisitos.
1. La persona física o, en su caso, el representante legal de la persona jurídica que pretenda crear, modificar o suprimir un centro, servicio o establecimiento sanitario o sociosanitario de los contemplados en este Decreto, vendrá obligado a solicitar la oportuna autorización previa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las solicitudes y documentación se presentarán en los correspondientes Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social, que procederán a la ordenación e instrucción del procedimiento resultante, para su elevación, junto con un informe-propuesta, a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia.
Artículo 9.º Creación de centros, servicios y establecimientos.
La solicitud de creación, además de reunir los requisitos contenidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación que ostente. Si el solicitante es una persona jurídica, deberá adjuntar una copia de los Estatutos de la Sociedad, además de una copia certificada del acuerdo de creación del centro, servicio o establecimiento de que se trate.
b) Documento acreditativo de la titularidad del centro, servicio o establecimiento.
c) Memoria expositiva de la naturaleza, fines, actividades y necesidades que se tratan de satisfacer con el proyecto presentado.
d) Oferta de servicios prevista y previsiones de plantilla de personal, desglosada por grupos profesionales.
e) Proyecto básico o proyecto de ejecución firmado por técnico competente.
f) Previsión de supresión de barreras arquitectónicas conforme a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras y normativa de desarrollo.
g) Equipamiento y tecnología.
h) En caso de unidades móviles de atención sanitaria el proyecto técnico incluirá una memoria con las especificaciones técnicas de los vehículos donde se proyecte prestar los servicios.
Artículo 10.º Modificaciones de centros, servicios o establecimientos.
1. A los efectos del presente Decreto se considerarán modificaciones de un centro, servicio o establecimiento, las siguientes:
a) La variación de la naturaleza, fines o actividades sanitarias o sociosanitarias.
b) Los traslados.
2. La solicitud de modificación, además de reunir los requisitos contenidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentación relativa a la personalidad del solicitante y a la titularidad del centro, servicio o establecimiento, en los términos previstos en los apartados a) y b) del artículo anterior.
b) La documentación especificada en los apartados c), d), e), f) y g) o en su caso h) del artículo anterior, toda ella referida a la modificación propuesta en relación con la estructura y régimen inicial.
c) Estudio justificativo de la modificación propuesta, así como una relación de medidas a adoptar para que su ejecución afecte lo menos posible al funcionamiento del centro, servicio o establecimiento.
3. Los responsables de los centros, servicios o establecimientos inscritos en el Registro, deberán comunicar a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, a través de los Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social correspondientes, los cambios en la titularidad y denominación de los mismos, adjuntando la documentación acreditativa correspondiente. Asimismo, deberán comunicar las modificaciones de equipamiento, tecnología o plantilla que no supongan cambios estructurales o funcionales.
Artículo 11.º Supresión o cierre de centros, servicios o establecimientos.
1. En el supuesto de supresión o cierre, el titular deberá solicitar autorización administrativa previa, que se acompañará del calendario propuesto para llevarlo a cabo.
2. Para proceder a la baja en el Registro de un centro, servicio o establecimiento, será necesaria la confirmación del cierre mediante la correspondiente inspección.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a las consultas de profesionales sanitarios incluidas en el artículo 5.º1, que únicamente estarán obligadas a comunicar a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, a través de los Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social correspondientes, su supresión o cierre.
Artículo 12. Subsanación de documentación.
Si la documentación acompañada a la solicitud de autorización administrativa previa es incompleta o no reúne los requisitos exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en el término de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano competente, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
Artículo 13. Caducidad de las autorizaciones administrativas previas.
1. Las autorizaciones administrativas previas concedidas de conformidad con lo dispuesto en este Decreto, caducarán, si, previa advertencia y transcurrido un año desde su concesión y por causa imputable al titular, no se hubiesen iniciado las obras necesarias o, habiéndose iniciado las mismas, llevasen más de un año interrumpidas.
2. La caducidad será declarada de oficio y se notificará a la persona, organismo o entidad interesada.
3. Las autorizaciones caducadas no podrán ser objeto de rehabilitación, debiendo procederse, en su caso, a la solicitud y obtención de una nueva.
Artículo 14. Autorización de funcionamiento y requisitos.
1. Una vez concedida la anterior autorización previa y ejecutado el proyecto, como requisito previo e imprescindible a la apertura al público o inicio de la actividad de los centros, servicios o establecimientos sanitarios o sociosanitarios contemplados en este Decreto, deberá solicitarse y obtenerse la autorización de funcionamiento.
A tal efecto, los citados centros, servicios y establecimientos deberán acompañar a la solicitud de autorización de funcionamiento la documentación o memoria que acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos que derivan de la autorización previa, además de la siguiente documentación si anteriormente no hubiese sido presentada:
a) Fotocopia compulsada de la titulación académica que habilite para llevar a cabo las actividades que se han de autorizar.
b) Documentación preceptiva en el caso de instalaciones con radiaciones ionizantes.
c) Certificación de Industria sobre instalaciones eléctricas de baja tensión en las instalaciones tecnológicas que las requieran y de instalación de elementos elevadores si los tiene.
d) Documentación que proceda sobre el cumplimiento de la normativa sobre seguridad e incendios.
e) Plan Interno de Gestión de Residuos, conforme a lo previsto en la Orden de 31 de enero de 1996, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que desarrolla el Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios.
f) Plan de emergencias que proceda.
g ) Memoria acreditativa de los medios personales y materiales previstos para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias del público, que se presentará acompañada de un ejemplar de la Guía de información al usuario y de las hojas de reclamaciones y sugerencias.
2. Recibida la anterior documentación y previa inspección e informe de los correspondientes servicios de inspección sanitaria, el órgano competente previsto en el artículo 7.º de este Decreto, podrá otorgar o denegar las autorizaciones de funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario o sociosanitario.
3. Si la resolución es denegatoria, podrá determinarse en la misma un plazo para la ejecución de las reformas requeridas, con independencia de las medidas que conforme a la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León se puedan adoptar, tras el cual con la mera solicitud que acredite la subsanación de los defectos apreciados y la correspondiente inspección previa, podrá concederse la resolución de autorización de funcionamiento.
Dicho plazo, que nunca podrá ser superior a tres años, se determinará en cada caso en atención al fin superior de protección de la salud, a la entidad de las obras que puedan ser precisas para la adecuación de estructuras, así como a las necesidades sanitarias que estén siendo cubiertas por cada centro, servicio o establecimiento sanitario o sociosanitario.
Artículo 15. Vigencia y renovación de la autorización de funcionamiento.
La autorización de funcionamiento tendrá una vigencia de cinco años. Con una antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización de su vigencia, el interesado deberá solicitar su renovación, la cual será concedida tras comprobar, mediante la correspondiente acta de inspección, que se cumplen las condiciones y requisitos exigidos por la legislación vigente.
DEL REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y
Y SOCIOSANITARIOS
Artículo 16. Creación del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios.
1. Como instrumento de publicidad y ordenación, se crea el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de Castilla y León, adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y en el que se habrán de inscribir la autorización de funcionamiento y renovaciones administrativas previstas en este Decreto, así como las comunicaciones a que hace referencia su artículo 5.º.
2. El Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de Castilla y León tiene carácter público, obligatorio y gratuito, debiendo, en su caso, respetar lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal y el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla determinados aspectos de dicha Ley Orgánica.
3. La inscripción en el Registro se efectuará de oficio una vez concedida la autorización o renovación de funcionamiento, así como realizada la comunicación correspondiente, no suponiendo ningún trámite adicional.
4. Los datos registrados podrán ser objeto de publicaciones y estadísticas por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 17. Organización y funcionamiento del Registro.
Por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se regularán las características, organización y funcionamiento del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de Castilla y León, así como las anotaciones, asientos y cancelaciones que puedan practicarse.
1. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto podrá dar lugar, previa instrucción del expediente oportuno, a la aplicación del régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 1/1993, de 6 de abril, de ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, en relación con lo dispuesto a tal efecto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
2. Los órganos competentes para imponer las sanciones correspondientes serán los previstos en la citada Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en el Decreto 184/1993, de 29 de julio, sobre desconcentración de competencias de régimen sancionador del Consejero de Sanidad y Bienestar Social en materia sanitaria.
3. No tendrán carácter de sanción, la clausura o cierre de centros, servicios y establecimientos sanitarios o sociosanitarios que no cuenten con las preceptivas autorizaciones o comunicaciones previstas en este Decreto, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para su instalación y funcionamiento.
Los Ayuntamientos, como requisito indispensable para la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización municipal, ya sea para la realización de obras por creación, ampliación, modificación, traslado o cierre, o para el funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios o sociosanitarios, incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, exigirán constancia en el expediente municipal, de la autorización sanitaria correspondiente otorgada por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios comprendidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, que, a su entrada en vigor, se encuentren en funcionamiento sin autorización sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo o de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, dispondrán del plazo de dos años desde dicha entrada en vigor, para solicitar la autorización administrativa de funcionamiento regulada en el presente Decreto, quedando exceptuados de la autorización previa. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado a petición de los interesados, por un periodo de tiempo que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. A tal efecto, los titulares de los citados centros, servicios y establecimientos, además de presentar la solicitud de autorización de funcionamiento en el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social correspondiente, deberán acompañar la documentación que se especifica en los apartados a), b), c), g) y h) del artículo 9.º y 1.a) del artículo 14 de este Decreto, además de la relación de servicios que prestan.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios comprendidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, que, a su entrada en vigor, dispongan de autorización sanitaria concedida por el Ministerio de Sanidad y Consumo o por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, deberán adecuarse a lo establecido en este Decreto, en el plazo de dos años desde dicha entrada en vigor, mediante la formulación de solicitud de convalidación. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado a petición de los interesados, por un periodo de tiempo que no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. A tal efecto, además de la solicitud de convalidación anterior, se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Copia fehaciente o compulsada de la autorización sanitaria concedida. A dichos efectos y para los centros, servicios y establecimientos de titularidad pública, dicha autorización podrá sustituirse por copia o certificación del acuerdo de su creación emitida por órgano competente.
b) Memoria sucinta de actividades y medios materiales y personales.
3. Examinada la solicitud de convalidación y la documentación presentada, y sin perjuicio de las oportunas comprobaciones de los servicios de inspección sanitaria, el órgano competente podrá otorgar la convalidación exigida e inscripción en el Registro, requiriendo en su caso al titular del centro, servicio o establecimiento para que, en el supuesto de que las instalaciones o servicios no cumplan los requisitos exigidos en el presente Decreto y en la normativa específica de aplicación, se lleven a cabo las adaptaciones precisas dentro del plazo que en cada caso se determine y sin que éste pueda exceder de 18 meses a partir de dicho requerimiento.
Los titulares de las consultas de profesionales sanitarios referidos en el artículo 5.º de este Decreto y que estén en funcionamiento a la entrada en vigor del mismo, deberán presentar la comunicación prevista en dicho artículo, en un plazo no superior a un año a partir de la citada entrada en vigor.
Transcurridos los plazos establecidos en las Disposiciones Transitorias anteriores, sin que los titulares de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios comprendidos en el ámbito de aplicación de este Decreto hayan presentado las correspondientes solicitudes de autorización, convalidación o comunicación, se procederá, conforme a las disposiciones aplicables, a la clausura o cese de sus actividades, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente expediente sancionador.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y hasta tanto se lleven a efecto sus previsiones de aplicación, conservará validez el sentido del silencio administrativo negativo establecido para los procedimientos regulados en el presente Decreto, en el apartado 16 del artículo único del Decreto 183/1994, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y León.
Quedan derogados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto, y especialmente para establecer y exigir, de acuerdo con la normativa básica del Estado que sea de aplicación, los requisitos técnicos mínimos y cualesquiera otra condición que, por su naturaleza y razones de sanidad, higiene o seguridad, deban reunir los distintos centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios.
El presente Decreto será de aplicación supletoria para todos aquellos centros, servicios y establecimientos sanitarios no incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, pero cuya preceptiva autorización sea competencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y no tengan previsto un procedimiento específico de autorización.
Valladolid, 29 de abril de 1999.