Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S10-04.html
Timestamp: 2015-12-01 12:56:23
Document Index: 235159644

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 46']

Fadua Aucar Daccach v. Ecuador, Caso 71/02, Informe No. 10/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 306 (2004). INFORME Nº 10/04
2. En este informe, la Comisión analiza la información recibida y, conforme a lo establecido en la Convención Americana, concluye, sin prejuzgar el fondo del asunto, que la petición cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 46 de dicho instrumento. En consecuencia, la Comisión decide declarar el caso admisible, notificar a las partes de la decisión y continuar con el análisis del fondo de las alegaciones con relación al artículo 21 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión, a motu propio, analizará si existe una posible violación de los artículos 8, y 25(3), conjuntamente con la violación de la obligación genérica de respeto y garantía de los derechos dispuesta en el artículo 1(1) de la Convención Americana, dado que esos artículos están implicados en la descripción de los hechos de la denuncia a pesar de no haber sido señalados por la peticionaria explícitamente. Finalmente, la Comisión decide notificar a las partes y publicar este informe en su Informe Anual.
17. En su réplica, del 24 de junio de 2002, el Estado sostuvo que los peticionarios no habían agotado los recursos internos disponibles.
18. El artículo 46 de la Convención Americana especifica que, para que un caso sea admitido, se requerirá: “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del Derecho Internacional”. Este requerimiento existe para permitir que el Estado tenga la oportunidad de resolver disputas dentro de su propio marco legal. Por ello, el Estado solicita que la presente petición sea declarada inadmisible.
19. El Estado informó que de acuerdo con el informe remitido a la Procuraduría General del Estado por el Registrador de la Propiedad de Guayaquil, constan la inscripción y las notas marginales sentadas en los folios 176.817 al 176.880 del Libro de Registro del año 1992, que el Dr. César Moya, quien en su calidad de Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil, se negó a inscribir el auto de adjudicación a favor de la señor Fadua Aucar (Vda. de Nogales).
20. El Estado explicó que posteriormente el Juez Sexto de lo Civil, mediante auto dictado el 19 de agosto de 1992, dejó sin ningún efecto la orden de que se inscribiera la escritura pública de adjudicación otorgada a la señora Fadua Aucar y el señor Registrador canceló la inscripción practicada. Más tarde, mediante auto de 23 de julio de 1993, la señora Jueza Undécima de lo Civil, subrogante del Juez Sexto de lo Civil del Guayas, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia del 19 de agosto de 1992, y, por lo tanto, quedó con plena y absoluta validez y eficacia jurídica la resolución ejecutoriada de 30 de julio de 1992; el Dr. Moya procedió a la inscripción del auto de nulidad. Sin embargo, esta última providencia no quedó firme porque fue concedido el recurso de apelación en providencia dictada el 16 de agosto de 1993.
27. La Comisión tiene competencia ratione loci, por cuanto todas las supuestas violaciones fueron cometidas dentro de la jurisdicción de la República del Ecuador.
28. La Comisión tiene competencia ratione materiae, por cuanto la peticionaria denuncia violaciones al artículo 21 de la Convención Americana. B. Otros requisitos para la admisibilidad
33. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de las peticiones el previo agotamiento de los recursos internos. Para que la Comisión determine si se han agotado los recursos internos, el Estado que alega el no-agotamiento tiene que probar que quedan recursos internos por recorrer y que los mismos son efectivos.[1] 34. El artículo 46(2) establece que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando:
37. En este orden de ideas, como quiera que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su carga procesal de señalar los recursos internos específicos, disponibles y eficaces, que la presunta víctima debió interponer para que se ejecutaran los mencionados fallos del Tribunal Constitucional de fechas 6 de septiembre de 1995 y 7 de mayo de 1998, la Comisión considera que en el presente caso se configura la excepción contemplada en el artículo 46(2)(a) de la Convención, conforme a la cual el requisito de agotamiento de los recursos internos de la jurisdicción interna previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención no es aplicable cuando "no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos violados".
40. La Comisión entiende que la sustancia de la petición no se encuentra pendiente ante otra instancia internacional y que no es sustancialmente igual a ninguna otra petición previamente analizada por la Comisión u otro órgano internacional. De modo que se han cumplido los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.
43. Sobre la base de las consideraciones legales y de hecho señaladas, la Comisión concluye que el caso en cuestión satisface los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana, y sin prejuzgar sobre el fondo del caso.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 26 días del mes de febrero de 2004. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Viepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sergio Pinheiro, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.
[1] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1. Párr. 88.
16. El peticionario sostiene que la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de junio de 1992 es de obligatorio cumplimiento, sin requerir de recurso alguno para su ejecución. Agrega que fue reincorporado y nuevamente pasado a retiro el 28 de diciembre de 1995, y que a pesar de que en la legislación peruana no se requiere de recurso alguno para ejecutar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el señor Cabrejos Bernuy solicitó la ejecución de la mencionada sentencia ante el 5° Juzgado Civil de Lima, y luego ante la Corte Superior, en donde se declaró inaplicable la segunda resolución administrativa que dispuso su pase a retiro.
17. El peticionario refiere que en vista de lo anterior, la Policía Nacional lo reincorporó en su cargo para inmediatamente pasarlo nuevamente a retiro, a través de una tercera resolución de idéntico contenido a las anteriores.
19. La Comisión observa que "cuando un Estado sostiene que un peticionario no ha observado el requisito de agotar los recursos de la jurisdicción interna, éste tiene la carga de señalar los recursos específicos disponibles y eficaces" [Citando CIDH, Caso María Eugenia Morales de Sierra, Informe Nº 28/98, Caso 11.625 (Guatemala), publicado en el Informe Anual de la CIDH 1997, párr. 28. Véase también, el artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión, y, por ejemplo, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1. Párr. 88.] En el caso bajo estudio, el Estado sostiene que para agotar los recursos internos la víctima debió intentar una nueva acción de amparo contra la tercera resolución de pase a retiro. La CIDH considera infundado el mencionado argumento del Estado. En efecto, la denuncia del peticionario no se refiere al tercer pase a retiro del señor Cabrejos Bernuy, efectuado el 26 de marzo de 1997, sino al incumplimiento continuado de la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de junio de 1992, que ordenó su reincorporación.
20. En este orden de ideas, comoquiera que el Estado peruano no ha cumplido con su carga procesal de señalar los recursos internos específicos, disponibles y eficaces, que la presunta víctima debió interponer para que se ejecutara la mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de junio de 1992, la Comisión considera que en el presente caso se configura la excepción contemplada en el artículo 46(2)(a) de la Convención, conforme a la cual el requisito de agotamiento de los recursos internos de la jurisdicción interna previsto en el artículo 46 (1) (a) de la Convención no es aplicable cuando "no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos violados".