Source: http://pepe-rodriguez.com/Cristianismo/Apostasia/Apostatar_formulario.htm
Timestamp: 2015-04-27 22:11:10
Document Index: 157258673

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 234', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 100', 'artículo 95', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 234', 'artículo 93', 'artículo 117', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 249', 'artículo 234', 'artículo 234', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 7']

Instrucciones y formulario para apostatar (Web de Pepe Rodríguez)
Novedades en el web Purgatorio virtual Naufragando por la Red Instrucciones, observaciones, datos de interés, aspectos jurídicos y modelo de formulario para apostatar de la Iglesia católica
derivadas de la Sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2008) Proceso para apostatar y tipos de respuestas de los obispos
Desde septiembre de 2008 el Tribunal Supremo impide que la Iglesia deba anotar la fe de apostasía en el libro de bautizos, una sentencia que supone, de facto, la imposibilidad de apostatar, ya que vacía de contenido y soporte legal civil ese derecho. Parque Jurásico no es una película del pasado. Vigila tu cogote.
El documento está en formato .pdf y la redacción del texto está pensada de manera que sirva para ambos sexos sin tener que modificar nada. Bastará con imprimirlo, rellenar la fecha y los datos personales que son precisos para el trámite (ver la última página del documento), así como también anotar los datos del obispo de la diócesis al que se dirigirá el escrito en cuestión. La versión actual está modificada en agosto de 2006, incluyendo algunos matices que perfeccionan su eficacia. Para obtener el documento (4 páginas) en formato .pdf (61 Kb), presione aquí.
Es muy aconsejable entregar en mano el documento con la petición de apostasía en la Secretaría del Obispado y solicitar que sellen como recibido (con sello oficial y reseñando la fecha de recepción) una copia o fotocopia del escrito. En caso de negarse a aceptarlo, algo que sucede con alguna frecuencia, puede hacerse llegar el documento hasta el obispo requerido mediante dos sistemas excelentes que certifican el acuse de recibo del contenido exacto y total del escrito. 1) Mediante un burofax, que tiene un precio muy razonable (si no se conoce este sistema, puede obtenerse información en cualquier oficina de Correos). 2) Mediante la presentación de un requerimiento notarial (que puede hacerse ante cualquier Notaría, pero es un proceso caro y que exige dedicarle más tiempo, por lo que no lo recomendamos como primera opción, ya que no es más eficaz que el burofax).
Una vez entregado el documento con la petición de apostasía, debería recibirse en corto plazo una carta del obispado al que se ha dirigido el trámite certificando que se ha anotado la apostasía en el libro de bautizos de la parroquia adecuada. Un ejemplo de este tipo de escritos lo encontramos en la carta emitida por el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Jaén, en enero de 2008, comunicando que la nota marginal con la apostasía ya ha sido anotada en el libro de bautizos (ver documento), o en la del Arzobispado de Oviedo, de 21 de mayo de 2007, comunicando que se ha ordenado a la parroquia pertinente que realice el trámite e inscriba la nota marginal preceptiva (ver documento).
O esta del Arzobispado de Valladolid, según me confirma un usuario del formulario propuesto en este web: "(...) Lo más sorprendente del asunto es que el proceso ha sido extremadamente rápido en el arzobispado de Valladolid. Envié el formulario por burofax el 8 de agosto [de 2006] y el 31 del mismo mes ya me contestaron para decirme que podía hacer efectiva la declaración de apostasía a partir de ese momento. Finalmente, el 12 de septiembre, y ante un Notario delegado por el Vicario General, pude ratificarme en mi decisión, no sin antes tener que escuchar cosas como "le advertimos de las consecuencias de la apostasía, etc, etc.." (tono el suyo que, por cierto, ha enfadado mucho a mi mujer), obteniendo un documento firmado, rubricado y sellado que certifica que quedo desvinculado de la Iglesia Católica desde ese mismo instante. Ellos lo notificarán al obispado de Palencia, ciudad donde fui bautizado, quiénes anotarán el apunte marginal en el libro registro de bautizados, enviándome finalmente la prueba documental de haber sido realizado dicho apunte.
A pesar de lo eficaz del documento para los fines requeridos, su segunda afirmación es falsa (si la Iglesia, tal como sostiene, no guarda un registro de fieles, no puede "cancelar datos personales" que se supone que no tiene; lo que sí hace es rectificar y actualizar los datos del libro de bautismo con la nota de apostasía), mientras que la primera es un insulto grave al demandante. La Iglesia insulta al demandante porque ordena inscribir su petición como un acto formal de "defección" (concepto que, según el Diccionario de la Real Academia Española significa "traición a una causa o partido; deserción, huida, deslealtad, abandono"), pero quien apostata no traiciona ni huye de nadie, su acto es de apostasía (de abjuración de la fe católica) o, en todo caso, de "desafección" (desafecto es quien se muestra indiferente o contrario a algo o alguien). No debe permitirse que desde la prepotencia clerical se insulte de esta manera a quienes reclamen su legítimo derecho a apostatar.
2) No debe aceptarse que el acto se celebre solemnemente ante notario eclesiástico y menos todavía con la parafernalia de la presencia de dos testigos, basta con entregar el escrito de petición de apostasía con todos los datos que se especifican en el mismo formulario bien cumplimentados e identificarse adecuadamente ante quien reciba la petición. Lo que se solicita es el cumplimiento de un derecho irrenunciable, eso es que sean rectificados y/o cancelados los datos del registro de bautizados que mantiene la Iglesia católica, ya sea en una parroquia o en cualquier otro lugar. A esta rectificación obliga el artículo 4.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, que establece que «Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado», lo que, en el caso que nos ocupa, según reiterada resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, debe verificarse mediante una anotación marginal en la partida de bautismo del reclamante, a fin de que se haga constar el ejercicio del derecho de cancelación. No hay nada que discutir, y cualquier incumplimiento o dilación de la Iglesia católica en efectuar la anotación de apostasía exigida (el plazo que determina la Ley citada es de 10 días) debe ser notificado y denunciado, tan pronto haya vencido el plazo citado, ante la Agencia de Protección de Datos, que en todas sus resoluciones falla a favor del derecho del demandante a obtener tal inscripción. En el web de la Agencia de Protección de Datos pueden consultarse muchas resoluciones en este ámbito. Un ejemplo de ellas es la resolución que adjuntamos en documento pdf (ver documento), de 9 de mayo de 2006.
Es doctrina de la Iglesia católica afirmar que �Los Libros de Bautismos no son un registro de católicos, sino que contienen actas de hechos, que hacen referencia al hecho histórico del bautismo de una persona (...), entendemos que no procede la destrucción ni la rectificación de sus asientos�.
El hecho de haber recibido el bautismo no es un mero «hecho histórico, que no prejuzga nada», tal como sostiene la Iglesia católica frente a las peticiones de apostasía; antes al contrario lo prejuzga todo al ser el bautismo, precisamente, el acto que, per se, convierte en miembro de la Iglesia católica. En el Catecismo actual se afirma en muchos de sus puntos que el bautismo supone la incorporación a la Iglesia (así, por ejemplo, en el párrafo nº 1267 se dice que «El Bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo (...) El Bautismo incorpora a la Iglesia...»; en el nº 1273 se dice «Incorporados a la Iglesia por el Bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano...»
Y en el Código de Derecho Canónico vigente, en su Título I, denominado «De las obligaciones y derechos de todos los fieles», se enumeran las obligaciones que le corresponden a todo bautizado... En resumen, que el bautismo convierte a quien lo recibe en miembro activo de una organización que tiene derechos y deberes a partir del acta de aceptación de membresía (bautismo). Y sigue siendo miembro de la Iglesia católica tanto si practica como si no esa fe. Para dejar de ser miembro de la Iglesia católica, según sus propias normas canónicas, hay que renunciar expresamente al bautismo y sus consecuencias, lo que conlleva, entonces sí, la exclusión como miembro. Y eso sólo se logra a través de la apostasía (o de la pena de excomunión impuesta desde la jerarquía católica).
Según razona la Audiencia Nacional (por ejemplo en su Sentencia de 10 de octubre de 2007, Recurso 199/2006, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª): "La Directiva 95/46 /CE lo define [se refiere al concepto de fichero] en su artículo 2 y nuestra Ley recoge tal concepto, en su artículo 3 como"b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso."
De todo lo cual esta Sala concluye, necesariamente, y conforme a lo argumentado en la demanda, que la Iglesia católica sí posee ficheros de datos personales." 3) Los datos contenidos en el fichero católico denominado "Libro de Bautismo" deben ser cancelados por rectificación, no por eliminación física.
Sentencia judicial favorable a la inscripción de la nota de apostasía en el libro de bautismos: El 23 de octubre de 2007 la Audiencia Nacional, resolviendo el Recurso nº 343-05, emitió una sentencia en la que, entre sus fundamentos de derecho, puede apreciarse los diferentes puntos de vista de las partes implicadas (la persona que ejerce su derecho a la apostasía, la Agencia de Protección de Datos, la Iglesia católica/Arzobispado de Madrid y la Abogacía del Estado) y, obviamente, el marco legal en que debe abordarse esta cuestión según la doctrina jurídica en la que se basó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
En relación con la aplicación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, debemos señalar que efectivamente estamos ante un Tratado Internacional, cuyo texto ha sido aprobado por las Cortes Generales y publicado oficialmente, lo que significa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la CE, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, en un lugar subordinado a la Constitución, atendida su posición en el sistema interno de fuentes del Derecho y atendidos los efectos previstos en los artículos 94 y 95 de la CE. Sentada esta posición del Tratado, en el sistema de jerarquia normativa, la regulación contenida en el mismo ha de ser interpretada conforme a la Constitución, concretamente confomie al derecho fundamental a la protección de los datos.
Sentencia del Tribunal Supremo que impide anotar la apostasía en el libro de bautizos Sin embargo, esta sentencia de la Audiencia Nacional, que interpretaba de modo adecuado el espíritu y la letra de la actual LOPD, ha sido dinamitada por otra sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19 de septiembre de 2008, que, haciendo una lectura profundamente discutible de la LOPD e interpretando de un modo que, como poco, resulta pintoresco, la definición de lo que es o no es un fichero según la LOPD, ha devuelto a la Iglesia católica su tradicional desprecio hacia los derechos civiles de la ciudadanía, una prepotencia y desprecio que, como siempre, viene avalada desde el poder. La tal Sentencia del Tribunal Supremo, que todos estamos obligados a acatar, se entiende perfectamente en virtud de los méritos y curriculos de quienes la forjaron, aunque no fue una sentencia unánime y uno de los miembros del Tribunal añadió un voto particular contrario a la resolución tomada por mayoría de los magistrados.
La Agencia Española de Protección de Datos, en una nota informativa publicada tras la Sentencia de 19 de septiembre de 2008, manifestó que:
El Tribunal Supremo no admite la cancelación de datos en libros de bautismo
� Revoca la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 2007 por la Audiencia Nacional que ratificaba el criterio mantenido por la AEPD.
(Madrid, 30 de septiembre de 2008). El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 19 de septiembre de 2008, ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que reafirmaba el criterio mantenido por la AEPD desde el año 2004 respecto a la consideración de los libros de bautismo como ficheros, en cuanto a conjuntos organizados de datos de carácter personal, y en la aplicación a los libros de bautismo del principio de calidad de los datos en relación, a la actualización y exactitud de los
En base a estos criterios la AEPD entendió que las reclamaciones de los ciudadanos deberían dar lugar a una anotación marginal en los Libros de Bautismo que reflejara el ejercicio del derecho de cancelación. Asimismo, la Audiencia Nacional en su primera Sentencia establecía que deberá atenderse la pretensión de quien, en el ejercicio de su libertad de conciencia, se sienta inquietado por el contenido del Libro de Bautismo y desee dejar constancia de su criterio contrario a ser considerado miembro de la Iglesia
El Tribunal Supremo, sin embargo ha entendido que los libros de bautismo no pueden ser considerados como ficheros puesto que según cita la sentencia, �los Libros de Bautismo, son una pura acumulación de datos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo�.
Asimismo, señala el Tribunal Supremo que en los �Libros de Bautismo no cabe apreciar ninguna inexactitud de datos, en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico cierto, salvo que se acredite falsedad, cual es el referente al bautismo de una persona�.
Al texto completo de la Sentencia puede accederse desde el web del Tribunal Supremo. Los datos son:
Id Cendoj: 28079130062008100296 -- STS 4646/2008 Tipo órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Municipio: Madrid -- Sección: 6 Ponente: MARGARITA ROBLES FERNANDEZ Nº Recurso: 6031/2007 -- Fecha resolución: 19/09/2008 Tipo resolución: Sentencia Resumen: Los datos personales recogidos en los Libros de Bautismo no son ficheros, no constituyen un
conjunto organizado, sino que resultan una pura acumulación de tales datos que comportan una difícil
búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados alfabéticamente, ni por fecha de
nacimiento, sino sólo por fechas de bautismo. Por otra parte, en los Libros de Bautismo no cabe
apreciar ninguna inexactitud de datos, en cuanto en ellos se recoge un dato histórico cierto -salvo que
se acredite la falsedad-, cual es el referente al bautismo de una persona, por lo que cuando se solicita
la cancelación de ese hecho no se pretende la corrección de una pretendida inexactitud, sino que lo
que en definitiva se solicita es un sistema nuevo y diferente de registro de nuevos datos personales.
En consecuencia, no procede imponer al Arzobispado la obligación de práctica de anotación marginal
en la partida de bautismo del hecho de que se ha ejercitado el derecho de cancelación.
Por su gran interés como razonamiento jurídico, y porque se le ha querido hacer pasar inadvertido desde los medios, aportamos seguidamente el voto particular de un magistrado del Tribunal discrepante con la Sentencia:
VOTO PARTICULAR que, al amparo de lo establecido por los artículos 260 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio ) y 205 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento civil (BOE de 8 de enero ), formula el Magistrado don Joaquín Huelin Martínez de Velasco a la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2008, en el recurso de casación 6031/07 , interpuesto por el Arzobispado de Valencia contra la sentencia que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional pronunció el 10 de octubre de 2007, en el recurso contencioso- administrativo 171/06.
PRIMERO.- La sentencia impugnada, casada por la decisión de la que disiento, considera que los
libros de bautismo son «ficheros» a los efectos de la normativa sobre protección de datos de carácter
personal, a los que, por consiguiente, se les aplica la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre ), y obtiene las oportunas consecuencias en orden a la constancia en tales archivos
parroquiales de la voluntad del bautizado de apostatar, esto es, de negar la fe recibida en el sacramento y de abandonar la Iglesia Católica (fundamentos quinto y sexto).
A renglón seguido razona que la normativa española sobre la materia no colisiona con el artículo 1,
apartado 6 , del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado en la
Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 (instrumento de ratificación publicado en el BOE de 15 de
diciembre de dicho año), y resuelve que, en el conflicto entre el derecho de la Iglesia Católica a
autoorganizarse, manifestación de su libertad religiosa, y decidir cómo llevar sus libros, archivos y registros, y los derechos fundamentales de don Víctor a la libertad de conciencia y a la protección de sus datos personales, deben prevalecer estos últimos (fundamentos séptimo y octavo).
En franca correspondencia con ese hilo argumental, el Arzopispado de Valencia opone en el recurso
de casación, aunque no con el mismo orden, que la noción de «fichero» prevista en la Ley Orgánica
15/1999 no conviene a los libros en los que los párrocos dejan constancia de los bautismos que administran (tercer motivo); que, no obstante, el Acuerdo bilateral de 1979 prevalece sobre la regulación interna española, de modo que ninguna autoridad de nuestro país puede ordenar su modificación o enmienda (primer motivo); y que, en cualquier caso, si alguna constancia ha de dejarse de la apostasía, es a la propia Iglesia Católica a la que corresponde determinar la manera de hacerlo, en el ejercicio de su libertad religiosa (segundo motivo).
La sentencia mayoritaria concluye que los libros bautismales no son «ficheros» en el sentido de la
regulación sobre protección de datos de carácter personal y que, en consecuencia, no cabía instar al
Arzobispado de Valencia para que, en virtud de esta regulación (artículo 4, apartado 3, de la Ley Orgánica 15/1999 ), anotara el ejercicio por el Sr. Víctor del derecho a que sus datos fueran cancelados del correspondiente libro parroquial. La mayoría de la Sala no alberga «ninguna duda» (segunda línea del
undécimo párrafo del fundamento cuarto) porque, en su opinión, los repetidos archivos «son una pura
acumulación de [datos personales] que comporta una díficil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo,
siendo absolutamente necesario el conocimiento previo de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no
resultando además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo» (párrafo sexto del mismo fundamento).
Pues bien, mi desacuerdo no se dirige contra esta conclusión y el razonamiento que la sustenta,
irrelevantes a los efectos de este voto particular, sino que se detiene en un estadio preliminar. En mi
opinión, la Sala, antes de pronunciarse, debió dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, en virtud del artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (texto consolidado publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea, serie C, número 321 E, de 29 de diciembre de 2006), interrogarle a título prejudicial sobre la interpretación de los conceptos de «fichero de datos personales» y «tratamiento de datos personales», para, una vez obtenida respuesta, resolver en consecuencia el conflicto que subyace en este recurso de casación.
SEGUNDO.- La Ley Orgánica 15/1999 no se limita a desarrollar el artículo 18, apartado 4, de nuestra
Constitución («La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos»), sino que también transpone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995 , relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, número 281, de 23 de noviembre de 1995, página 31) "en lo sucesivo, «la Directiva»", que aspira a realizar una armonización completa (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, asunto C-101/01, apartado 96 ).
Para esta norma de derecho comunitario derivado, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior hacen necesaria la libre circulación de datos personales de unos Estados miembros a otros, sin menoscabo de la protección de los derechos fundamentales (tercer considerando). Como quiera que las diferencias existentes en la tutela dispensada por los distintos países, achacables a la disparidad de
las disposiciones nacionales sobre el particular, son susceptibles de obstaculizar esa libre transmisión de datos, la Directiva aspira a equiparar los niveles de protección entre todos los Estados miembros,
coordinando sus legislaciones, de modo que dispensen una protección equivalente, sin perjuicio de
reconocerles un margen de maniobra, que han de ejercer de conformidad con el derecho comunitario y
dentro de los límites de la propia Directiva (considerandos septimo a noveno, artículo 5 y sentencia
Lindqvist, ya citada, apartado 97 ).
Con ese propósito, obliga a los Estados miembros a garantizar, con arreglo a su texto, las libertades y
los derechos fundamentales de los individuos en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, sin que les quepa restringir ni prohibir la libre circulación de esos datos por motivos relacionados con tal tutela (artículo 1º, cuyo apartado 1 se transpone en el artículo 1º de nuestra Ley Orgánica 15/1999 ). Para facilitar la tarea armonizadora, el legislador comunitario suministra las definiciones precisas. Así, considera «datos personales» toda información sobre una persona física identificada o identificable [artículo 2 , letra a)]; estima «tratamiento de datos personales» a cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción [artículo 2 , letra b)]; y, en fin, conceptúa como «fichero de datos personales» a todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica [artículo 2 , letra c)].
Como no podía ser de otra forma, la Ley Orgánica 15/1999 reproduce estos conceptos, con las mismas palabras o parecidas, en el artículo 3 , letras a), c) y b), respectivamente. Otros Estados miembros han hecho lo propio. Por ejemplo, Francia, con la Ley número 2004/801, de 6 de agosto de 2004 (Journal
Officiel de la République Française, número 182, de 7 de agosto de 2004 , página 14063), que, en su
artículo 1º da nueva redacción al artículo 2, de la Ley número 78/17, de 6 de enero de 1978 , relativa a la
informática, a los ficheros y a las libertades. Del mismo modo, Bélgica, mediante la Ley de 11 de diciembre de 1998 (Moniteur belge, número 23, de 3 de febrero de 1999 , página 3049) modificó en el artículo 2, para adaptarlo a la Directiva , el artículo 1º de la Ley de 8 de diciembre de 1992 , sobre la protección de la vida privada frente al tratamiento de datos de carácter personal. En igual sentido la británica Ley de Protección de Datos de 1998 (The Data Protection Act 1998 "C9"), Parte I, sección 1ª , «normas básicas de interpretación».
No desearía que se entendieran estas referencias como un ejercicio gratuito de erudicción, sino como
expresión de que los Estados miembros están obligados a incorporar, porque así lo exige la Directiva
(artículo 32, apartado 1 ), esas definiciones a sus ordenamientos domésticos, creando un sustrato común que permita un desarrollo armónico de las legislaciones nacionales a fin de otorgar una protección
equivalente en la Unión Europea, evitando las barreras que las disparidades regulativas pueden erigir a la
libre circulación de los datos personales. Nos encontramos, pues, ante auténticas nociones de derecho
comunitario, que no deben interpretarse desde las singularidades de los sistemas nacionales, sino en
función de las exigencias propias del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Su aplicación uniforme
requiere, salvo que se remitan expresamente al derecho de los Estados miembros, una interpretación
autónoma por el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo
perseguido (sentencias de 19 de septiembre de 2000, Linster, asunto C-287/98, apartado 43, y de 11 de
marzo de 2003, Ansul, asunto C-40/01, apartado 26 ; en semejantes términos se ha expresado el abogado general Ruiz-Jarabo Colomer en las conclusiones que presentó el 25 de marzo de 2004, en el asunto C-382/02, Cimber Air, punto 41).
TERCERO.- La Directiva se aplica al tratamiento, total o parcialmente automatizado, de datos personales, así como al no automatizado de los contenidos o destinados a ser contenidos en un fichero
(artículo 3, apartado 1 ). Sólo quedan al margen de su ámbito, además del tratamiento efectuado por una
persona física en el ejercicio de tareas exclusivamente personales o domésticas (artículo 3, apartado 2,
segundo guión), el llevado a cabo en actividades ajenas al derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, el que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades en materia penal (artículo 3, apartado 2 , primer guión).
Puesto que cualquier dato personal puede circular entre los Estados miembros, para el Tribunal de
Justicia (sentencia de 20 de mayo de 2003, Rechnungshof, asunto C-465/00, apartados 40 a 43 ) la
Directiva impone, en principio, el respeto de las normas de protección a todo tratamiento de los mismos, tal como lo define en su artículo 3 , sin que quepa exigir un vínculo efectivo con la libre circulación
intracomunitaria de cada una de las situaciones contempladas, pues lo importante es que la Directiva
(adoptada sobre la base del artículo 100 A, actual artículo 95 , del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea) tiene por objeto la mejora de las condiciones de establecimiento y de funcionamiento del mercado interior. Añade en la misma sentencia que la no exigencia de un vínculo directo con el ejercicio de las libertades fundamentales de circulación garantizadas por el Tratado se confirma con la redacción de las excepciones del artículo 3, apartado 2 , de la que se deduce que la disciplina común se aplica a situaciones no suficientemente relacionadas con dicho ejercicio.
Una interpretación contraria podría hacer que los límites de su ámbito de aplicación se volviesen
particularmente inciertos y aleatorios, lo que sería contrario a su objetivo esencial consistente en la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros con el fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior derivados precisamente de las
disparidades entre las ordenaciones domésticas. En este contexto, no resulta apropiado dar a la expresión «actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho comunitario» un alcance tal que resulte necesario comprobar caso por caso si la actividad concreta afecta directamente a la libre circulación entre los Estados miembros. La excepción del primer guión del artículo 3, apartado 2 , únicamente se aplica a las actividades que menciona expresamente y a las que puedan incluirse en las mismas (sentencia Lindqvist, apartados 41 a 44).
Más en particular, en esta última sentencia, el Tribunal de Justicia ha considerado que la la Directiva
opera para las actividades voluntarias y religiosas realizadas por una catequista sueca a través de una
Con estas pautas interpretativas parece indiscutible que la disciplina comunitaria rige, en principio,
para los datos mediantes los que queda constancia de la pertenencia de una persona a un credo religioso, máxime si se tiene en cuenta que este tipo de datos se consideran especialmente protegidos por la Directiva (artículo 8 ) y la Ley Orgánica 15/1999 (artículo 7 ).
CUARTO.- La anteriores reflexiones me permiten afirmar que, en el presente recurso, esta Sala se
encontraba llamada a resolver, en casación, un caso sujeto a la Ley Orgánica 15/1999 y, por su cauce, a la Directiva, en el que tenía que manejar nociones de derecho comunitario necesitadas de una interpretación uniforme. La construcción, iniciada hace más de cincuenta años, de un ordenamiento jurídico compartido en el Viejo Continente constituye un impulso en permanente evolución, que debe en gran medida su éxito a la herramienta prejudicial, donde se concilian «la legítima autoridad del juez nacional con la necesaria unidad interpretativa del derecho comunitario» (expresión de Robert Lecourt, presidente del Tribunal de Justicia entre 1967 y 1976) y gracias a la cual las instituciones jurídicas reguladas por el derecho comunitario son entendidas de igual modo en todos los Estados miembros, por muy diversas que sean sus culturas y sus tradiciones jurídicas.
Así las cosas, estimo que esta Sala no podía eludir dirigirse al Tribunal de Justicia suscitando una
cuestión prejudicial de interpretación, pues así se lo impone el último párrafo del artículo 234 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, que forma parte de nuestro sistema de fuentes, en virtud del artículo 93 de la Constitución y de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto (BOE de 8 de agosto). Al no hacerlo así, podría haber vulnerando su obligación de resolver los litigios con exclusivo sometimiento y, por consiguiente, respeto a la ley (artículo 117, apartado 1 , de la Constitución), y podría haber ignorado,
además, el principio de cooperación leal proclamado en el artículo 10 del mencionado Tratado, que
constriñe a los Estados miembros a adoptar las medidas generales y especiales apropiadas para alcanzar los resultados previstos en las directivas, deber que incumbe a todas las autoridades nacionales, incluidas las judiciales (sentencia de 10 de abril de 1984, Von Colson, asunto14/83, apartado 26 ), cuyo desconocimiento manifiesto y reiterado es susceptible de originar la responsabilidad patrimonial por los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de la violación de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico comunitario (sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, asunto C-225/01 ).
La obligación para el órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia de suscitar una cuestión
prejudicial de interpretación no desaparece porque la regulación armonizada se encuentre incorporada al
ordenamiento interno. Las nociones de «fichero», de «datos personales» o de «tratamiento de datos»
contenidas en el artículo 3 de Ley Orgánica 15/1999 , que reproduce las definiciones del artículo 2 de la
Directiva , siguen siendo derecho comunitario necesitado de una interpretación uniforme. Con la
transposición al derecho nacional del contenido de una directiva, los Estados miembros incorporan a su
sistema de fuentes, mediante los procedimientos y por los instrumentos definidos en su derecho
constitucional, una disposiciones que tienen carácter vinculante habida cuenta de su obligatoriedad (artículo 249, párrafo tercero del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea). El objeto del reenvío prejudicial no consiste en que el Tribunal de Justicia le aclare al juez nacional si la normativa doméstica se ajusta a la disciplina comunitaria (sentencia Köbler, ya citada, apartado 60), sino, precisamente lo contrario, indicarle la exégesis de ese derecho compartido (artículo 234, apartado 1 , del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) para que, a la luz de la respuesta y en uso de su potestad jurisdiccional, obtenga las consecuencias debidas en orden a decidir el conflicto jurídico interno que está llamado a resolver. El reparto de papeles en el diálogo prejudicial atribuye al Tribunal de Justicia la interpretación última del derecho comunitario, proporcionando a los jueces nacionales las orientaciones precisas para su aplicación, sin que estos últimos deban inmiscuirse en la tarea hermenéutica ni le quepa a aquel primero implicarse en la labor aplicativa, so pena de desconocer los fundamentos de ese instrumento de colaboración entre órganos jurisdiccionales, que impone un escrupuloso respeto de los ámbitos de competencia de cada uno.
Tampoco cabe argumentar que, como quiera que ninguna de las partes en conflicto ha incorporado al
debate el ordenamiento comunitario y que, por consiguiente, nadie ha pedido el planteamiento de ninguna
cuestión prejudicial, la Sala no está obligada a dirigirse al Tribunal de Justicia. El principio iura novit curia
también opera en este ámbito (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck, asunto C-312/93 , y Van Schijndel y Van Veen, asuntos acumulados C-430/93 y C- 431/93; en el mismo sentido las de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, asuntos acumulados C-240/98 a C-244/98, y de 21 de noviembre de 2002, Cofidis, asunto C-473/00). Conforme a esta jurisprudencia, opera un principio general de aplicabilidad de oficio del derecho comunitario, siempre que el ordenamiento jurídico-procesal interno permita invocar, asimismo de oficio, una norma imperativa interna.
En nuestro orden jurisdiccional, si el juez estima que no se ha planteado la cuestión en la forma debida, ha de dar el golpe de timón necesario a la controversia sin más requisito que, en virtud del principio de
contradicción, oír a las partes para que se pronuncien sobre el particular [artículos 33, apartado 2, y 65,
apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio)].
Opino que, en la jurisdicción contencioso-administrativa, el juez no puede dejar de aplicar a un pleito
una norma comunitaria válida y vigente con el argumento de que no ha sido alegada. Más en particular,
creo que, en sede casacional, si el recurrente invoca como infringida una norma de derecho interno que es transposición de una directiva comunitaria, no le cabe al Tribunal Supremo obviar esta última, debiendo actuar en consecuencia y plantear, si tal es el caso, la pertinente cuestión prejudicial.
QUINTO.- La sentencia de la que disiento desliza una afirmación («La redacción de esa Directiva, por
lo que se refiere a la definición de ficheros en los términos expuestos, no presenta ninguna duda
interpretativa») que delata un entendimiento, a mi juicio, equivocado de la doctrina del «acto claro»,
proclamada en la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982, CILFIT (asunto 283/81 ).
Conforme a esta doctrina, los tribunales supremos nacionales quedan liberados de su obligación de formular un reenvío prejudicial de interpretación, además de en los casos en los que constanten que la cuestión suscitada no es pertinente o que la disposición comunitaria controvertida ya ha sido objeto de análisis por el Tribunal de Justicia, en aquellos otros en los que la interpretación del derecho comunitario se revele con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable sobre su solución. Ahora bien, exige que, antes de constatar esa obviedad, el órgano jurisdiccional esté seguro de que la misma evidencia se impondría igualmente a los órganos jurisdiccionales nacionales de los otros Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia (apartado 16), que no ha abandonado esta doctrina. La sentencia de 15 de septiembre de 2005, Intermodal Transports (C-495/03, apartado 33 ), la reproduce y añade que la existencia de tal eventualidad debe valorarse en función de las características propias del derecho comunitario, de las dificultades concretas que presente su interpretación y del riesgo de divergencias jurisprudenciales dentro de la Comunidad.
La doctrina del Tribunal de Justicia no alude, pues, a una convicción subjetiva del juez, que no alberga duda alguna sobre el alcance que, a su criterio, deba otorgarse a la norma, sino a una condición
objetiva de esta última, cuyo contenido se ofrece tan nítido que permite establecer, con toda evidencia, su exégesis.
Pues bien, a mi entender no cabe sostener en el asunto controvertidio que la interpretación de la
noción de derecho comunitario «fichero de datos personales» no presenta, como se dice en la sentencia
mayoritaria, «ninguna duda interpertativa». Buena prueba es que la Sala de instancia, que no estaba
obligada a dirigirse al Tribunal de Justicia (artículo 234, párrafo segundo , del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea) y cuyos razonamientos, aunque puedan discutirse, aparecen debidamente
aquilatados y trabados, expuestos con un encomiable rigor lógico, estima lo contrario y juzga que los libros parroquiales de bautismo constituyen ficheros a los efectos de la normativa de protección de datos.
Además, no aparece tan indubitada la conclusión de la Sala, para la que tales libros «son una pura
acumulación de [datos] que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están
ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo
absolutamente necesario el conocimiento previo de la parroquia donde aquel tuvo lugar, no resultando
además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de
bautismo».
La Directiva define los ficheros como «todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles
con arreglo a criterios determinados». El bautismo debe ser inscrito, sin demora, por el párroco con
indicación del nombre del bautizado, haciendo mención del sacerdote que lo administró, de los padres, los padrinos y los testigos, si los hubo, indicando el día de la celebración, así como la fecha y el lugar del nacimiento del bautizando (canon 877, § 1, del Código de Derecho Canónico, de 25 de enero de 1983 ). En el libro de bautizados se anota también la confirmación así como el estado canónico de los fieles por razón de matrimonio, anotaciones que han de hacerse constar en la partida de bautismo (canon 535).
Habida cuenta del fundamento de la decisión mayoritaria, de la noción comunitaria de fichero de datos personales y de la ordenación canónica de la inscripción bautismal, me pregunto si los libros que
contienen los bautismos administrados, con indicación del día, del nombre y apellidos del neófito, así como del lugar y de la fecha de su nacimiento dejan de ser ficheros por la circunstancia de que no estén
ordenados alfabéticamente ni por esa última fecha. O, dicho de otra manera, dudo que la ordenación con
arreglo a la jornada en que se celebró el sacramento no sea un «criterio determinado» de acceso,
impidiendo tildar a estos libros parroquiales de «conjunto estructurado de datos». Reconozco que la
búsqueda resulta más fácil cuanto mayor sea el número de parámetros disponibles, pero no sé qué grado
de dificultad en el examen determina que un conjunto estructurado de datos personales deje de
considerarse un fichero a los efectos de someterlo a la legislación comunitaria armonizada. ¿Dónde se fija el umbral?
Creo que existen dudas razonables sobre el alcance de las nociones de derecho comunitario que se
manejan en la sentencia. Tengo la convicción de que los magistrados que defienden la opinión mayoritaria, que no comparten mis dudas, no están, sin embargo, seguros de que los jueces de otros Estados miembros y el Tribunal de Justicia participen de su criterio. Si a lo anterior se añade que la interpretación de dichas nociones tiene directa incidencia en el desenlace de este recurso, pues, según sea la extensión que se les otorgue, los libros parroquiales de bautismo tendrán la consideración de ficheros de datos personales, quedando sometidos a la normativa sectorial, con las consecuencias inherentes, estimo que la Sala, antes de decidir, debió, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, remitirse al Tribunal de Justicia a título prejudicial para preguntarle si, a los efectos del repetido concepto de fichero, que contiene la Directiva:
1º) Las indicaciones personales como las que aparecen en los libros de bautismo constituyen un
conjunto estructurado de datos de esa naturaleza.
2º) La ordenación de un registro con arreglo a la fecha en la que sea realizan los actos inscritos
constituye un criterio determinado de accesibilidad.
3º) Ese modo de estructurar un archivo dificulta de tal manera la búsqueda que impide calificarlo de
«fichero de datos personales».
Si la interpretación facilitada por el Tribunal de Justicia condujera a considerar ficheros los libros
bautismales, habría que preguntarse por la noción de «tratamiento de datos personales» del artículo 2, letra b), de la Directiva , reproducida, con otras palabras, en el artículo 3, letra c), de la Ley Orgánica 15/1999. No queda claro de su redacción si el tratamiento se produce con el mero archivo, registro, conservación o requiere, además, su extracción, cesión, difusión o transferencia y, en este último caso, qué incidencia tiene para dar contenido al concepto que esos datos únicamente puedan extraerse mediando petición del interesado, satisfecha a través de la emisión de una partida o certificación. Dicho de otra forma, resulta indispensable saber si la noción de «tratamiento» requiere que los datos sean efectivamente manejados, cotejados o interconectados, o basta la mera posibilidad de su uso con tal alcance, puesto que, aunque las partidas de bautismo sólo se emiten a instancia de la persona directamente concernida, la práctica cotidiana nos enseña que la consulta de los libros parroquiales por terceros (investigadores, estudiosos o personas con otros intereses legítimos) no es una situación extravagante.
A mi entender, las consideraciones que preceden alcanzan mayor calado y se cargan de razón si se
toma en consideración que el presente recurso de casación se refiere a unos datos que, como las
convicciones religiosas, tocan el núcleo de un derecho fundamental (artículo 16, apartado 2 , de la
Constitución), que la Directiva (artículo 8 ), como la Ley Orgánica 15/1999 (artículo 7 ), considera
Ir al texto de la Sentencia en el Tribunal Supremo
Desde ese momento, la Agencia de Protección de Datos responde a las denuncias contra la oposición de la Iglesia católica a registrar la apostasía de los ciudadanos argumentando que:
"Recientemente, la sentencia de 19 de septiembre de 2008 del Tribunal Supremo recaída en el recurso de casación 6031/07, interpuesto por Arzobispado de Valencia, ha marcado un cambio del criterio mantenido hasta el momento en esta materia al declarar nula la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 10 de octubre de 2007 citada en el párrafo anterior." (...)
"...confirmada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2008, los Libros de Bautismo no constituyen ficheros en los términos en que se consideran por la Ley O. 15/1999 y además, tampoco cabe estimar aplicable el art. 4.3 de la citada Ley, relativo a la exactitud y veracidad de cada momento de los datos, motivo por el que se instaba la anotación marginal en los Libros de la Iglesia."
En resumidas cuentas, la apostasía no es posible en España por imperativo legal... muy discutible desde la doctrina jurídica, pero, por ahora, un impedimento legal e imperativo para todos.
Hay, obviamente, otras opciones para que la apostasía sea posible, pero estas pasan por que nuestros políticos, que son los legisladores, dejen de ser unos completos cobardes ante intereses bastardos que arrasan sin medida los derechos de millones de ciudadanos. Pero esto no parece estar en condiciones de ocurrir, salvo que algún dios (con perdón) lo remedie, o los ciudadanos lo reclamen con la fuerza adecuada y suficiente en las calles.