Source: https://boa.vlex.es/vid/ley-ordenacion-territorio-15244081
Timestamp: 2019-10-16 05:26:23
Document Index: 320293858

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 148', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 2', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 14', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 25', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 39', 'artículo 9']

LEY 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio. - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 15244081
Norma citada en: 11 sentencias, 19 artículos doctrinales, 42 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Se trata de una idea que justifica, por tanto, la intervención no sólo de los poderes generales del Estado, sin también y específicamente de los autonómicos. Es, en concreto, el artículo 35.1.3º del Estatuto de Autonomía de Aragón el que, en concordancia con el artículo 148 de la Constitución Española, atribuye a esa Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
A su vez, se establece, pasando al plano de la ejecución, que las previsiones contenidas en las Directrices Parciales y, excepcionalmente, en las Generales de Ordenación del Territorio se ejecutarán mediante Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial y se agilizarán coordinando la gestión de las administraciones públicas mediante procedimientos de gestión coordinada; los primeros definirán las actuaciones concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sector y periodo de tiempo, así como la forma de financiación de las mismas, y los segundos facilitarán la adecuada coordinación entre los distintos ámbitos de la administración necesaria en el proceso de gestión del territorio.
En su Título II, la Ley introduce asimismo medidas de fomento del desarrollo socioeconómico equilibrado de Aragón, en forma de ayudas y beneficios de índole urbanística, en función del uso del territorio, para conseguir la conservación de la población, la mejora de la accesibilidad o el acceso a la vivienda. Asimismo introduce medidas de fomento para la ejecución de programas sectoriales destinados a la recuperación de la población. del medio natural y del patrimonio arquitectónico.
La utilización de una estructura supramunicipal que permita resolver la gestión de asuntos de incidencia territorial referentes a la dotación de accesibilidad, al abastecimiento y depuración de aguas, al tratamiento de residuos, a la preparación de suelos productivos y a la elaboración y gestión de programas específicos de desarrollo comarcal.
Asimismo, la Ley establece plazos para la tramitación de programas específicos de financiación de instalaciones de depuración de aguas. de distribución del territorio en unidades de gestión de residuos y de adecuación de las necesidades de Aragón a la legislación vigente.
TITULO PRELIMINAR Artículo 1. 1. La presente Ley tiene por finalidad la regulación de las bases en las que se apoya el ejercicio de la competencia exclusiva para la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2. Son objetivos fundamentales de la ordenación del territorio:
e) Identificar las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por su riqueza paisajística, ecológica o cultural, deban ser objeto de especial protección y ser sometidos a gestión sectorial específica en desarrollo de la legislación agraria de protección del medio natural o del patrimonio cultural.
Artículo 3.--El análisis del territorio de Aragón debe considerar al menos los elementos siguientes:
La población y su distribución. El medio natural de Aragón. Los sistemas generales, servicios, infraestructuras, equipamientos y comunicaciones de interés supramunicipal. Los sistemas económicos, entendiendo como tales aquellas instalaciones industriales, comerciales o turísticas que dan carácter e influyen de forma importante en la actividad socioeconómica de Aragón.
c) Las áreas funcionales, expresadas en cada momento del proceso de comercialización de Aragón.
d) El modelo de ocupación urbanística del territorio, desarrollado por: La delimitación del suelo urbano y del suelo protegido. Las magnitudes básicas de intensidad, densidad y ocupación del suelo. Las tendencias del desarrollo urbano.
Artículo 4. 1. El cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo anterior es responsabilidad de todas las administraciones públicas. A esos efectos, las administraciones públicas actuantes en el territorio de Aragón procurarán que se alcancen los objetivos propuestos en la presente Ley estableciendo las medidas oportunas. dentro de las competencias que a cada una le correspondan.
Artículo 5. 1. A los efectos de una mejor coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas, podrán celebrarse toda clase de acuerdos, convenios o conciertos con la Administración del Estado y con las entidades integrantes de la Administración local.
3. Asimismo, por Decreto de la Diputación General, podrá autorizarse la creación de entidades sometidas al derecho privado en las que pueda delegarse la formulación de proyectos, así como el desarrollo y explotación de aquéllas actividades que incidan en la estructura del territorio.
Artículo 6. 1. La ordenación y coordinación en contenido y plazos de las distintas intervenciones y procedimientos administrativos que inciden sobre los usos y actividades y proyectos que transforman el territorio se realizarán mediante convenios entre administraciones, que regularán la prioridad de las intervenciones de las distintas administraciones y establecerá reglas dirigidas hacia la unidad de los expedientes y resoluciones, asegurando que las decisiones de los distintos organismos de la Administración autonómica se coordinen y se agilicen.
Artículo 7. 1. El Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio de Aragón, órganos colegiados de carácter activo y consultivo en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio cultural, serán los órganos competentes para la coordinación de las acciones de los Departamentos de la Diputación General que incidan sobre la estructura territorial de Aragón y del resto de las administraciones públicas, y asumirán las competencias que se les asignan en la presente Ley y en las normas que la desarrollen, sin perjuicio de las funciones de asistencia, asesoramiento y evacuación de consultas que les sean requeridas por el Presidente de la Comunidad o el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y de las demás funciones que tengan encomendadas.
2. La composición y régimen de funcionamiento del Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio en Aragón se regularán mediante reglamento de la Diputación General, asegurando en todo caso una presencia institucional que permita la coordinación de los distintos Departamentos de la Administración autonómica con otras administraciones públicas con competencias sobre el territorio y contando, con la posible aportación de expertos y especialistas en estas materias.
Artículo 8. Se creará un Centro de Documentación Territorial de Aragón destinado a reunir, sistematizar, ordenar, sintetizar e investigar documentación c información sobre el territorio de Aragón, preparando los medios adecuados para que esta información esté actualizada y disponible para los usos necesarios en el análisis, investigación, planeamiento y gestión territorial, y para la promoción y coordinación de otros centros comarcales de documentación territorial de Aragón.
TITULO I INSTRUMENTOS DE ORDENACION Y GESTION DEL TERRITORIO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 9. La ordenación del territorio aragonés se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos específicos:
a) Directrices Generales de Ordenación Territorial. b) Directrices Parciales de Ordenación Territorial. c) Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial. d) Procedimientos de Gestión Coordinada.
Artículo 10. 1. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial son el instrumento básico de ordenación conjunta e integrada de la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 11. 1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial son instrumentos de desarrollo de las Directrices Generales, a las que se ajustarán; podrán ser Directrices de Ambito Territorial, referidas a partes determinadas del territorio aragonés, o Directrices Sectoriales, referidas a aspectos concretos y específicos comprendidos entre los objetivos fundamentales recogidos en el artículo 2 de esta Ley.
Artículo 12. 1. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ambito Territorial son instrumentos de ejecución de las previsiones contenidas en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial, mediante la definición de las actuaciones concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sector o sectores y periodo de tiempo, así como de la forma de financiación y organización de las mismas.
Artículo 13. 1. Los Procedimientos de Gestión Coordinada son instrumentos de coordinación, en un ámbito territorial específico, de la gestión de órganos de diferentes administraciones públicas en actuaciones con incidencia sobre la estructura territorial de Aragón o de sus áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas o funcionales, así como de coordinación de decisiones administrativas sectoriales, con incidencia territorial, tendentes al desarrollo socioeconómico o a la protección del medio natural y del patrimonio cultural.
2. Con objeto de permitir la coordinación en contenido y plazos de las distintas intervenciones y procedimientos administrativos que inciden sobre los usos, actividades y proyectos que transforman el territorio, las administraciones pública podrán establecer convenios para la utilización de procedimientos de gestión coordinada capaces de ordenar las intervenciones de las distintas administraciones en la tramitación de expedientes y resoluciones, o dirigidos a la mejor gestión de infraestructuras.
4. Los Procedimientos de Gestión Coordinada deberán ser utilizados para la autorización de usos del suelo mediante actuaciones de interés social, con independencia de los procedimientos regulados en la legislación urbanística, en la forma en que ello sea permitido por las Directrices de Ordenación Territorial dentro del respeto a la normativa sectorial.
Artículo 14. 1. En los instrumentos de ordenación del territorio de Aragón se distinguirán con precisión aquellos de sus contenidos que tengan carácter de determinaciones vinculantes de ordenación territorial de aquellos otros que posean solamente naturaleza de directriz orientativa.
Artículo 15. 1. Los instrumentos de ordenación del territorio deberán contener un análisis de los efectos que las actuaciones previstas hayan de producir, tanto en el medio económico y social como en el medio ambiente natural; encaminado a prever, valorar y adecuar la posible incidencia que aquellas hayan de tener sobre un ámbito espacial determinado.
Artículo 16. 1. La Diputación General, a propuesta del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio y oídas las corporaciones locales afectadas, trámites que habrán de evacuarse en un plazo máximo de dos meses desde su propuesta, podrá acordar la suspensión parcial de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial o la suspensión total o parcial de los Programas Específicos de Gestión o Actuación Territorial o de los Procedimientos de Gestión Coordinada, a fin de proceder a la revisión o modificación de cualquiera de estos instrumentos o a la elaboración de uno nuevo que lo sustituya.
5. El acuerdo de suspensión se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón" y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia o provincias afectadas y se comunicará a las corporaciones locales interesadas.
CAPITULO II DIRECTRICES GENERALES DE ORDENACION TERRITORIAL Artículo 17. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
Artículo 18. 1. En la indicación de las áreas geográficas a que se refiere la determinación f) del artículo anterior se establecerán, como mínimo, las siguientes categorías:
3. Esta delimitación servirá de base para el proceso de definición concreta de los límites geográficos de las áreas de gestión que se establecerán para el proyecto, construcción, explotación y conservación de diferentes servicios, actividades y equipamientos, teniendo en cuenta que los límites podrán ser diferentes para cada servicio, actividad o equipamiento, aún cuando debe tenderse hacia un proceso de aproximación de los distintos límites.
Artículo 19. En la clasificación de espacios, elementos naturales y bienes culturales protegidos se diferenciarán tres formas de protección: Activa, pasiva y preventiva.
1) La protección activa se reserva para aquellos espacios naturales, bienes naturales y económicos sometidos a protección específica en ejecución de la legislación sectorial correspondiente.
2) La protección pasiva se aplicará a las áreas del territorio delimitadas por las Directrices Parciales de Ordenación Territorial en atención a sus valores urbanísticos.
medioambientales, culturales o económicos.
Artículo 20. El procedimiento de elaboración de las Directrices Generales es el siguiente:
c) Dentro del mismo plazo fijado en el apartado anterior y durante dos meses, el Avance será sometido a información pública, mediante los oportunos anuncios en el "Boletín Oficial de Aragón" y en uno, al menos, de los periódicos de mayor difusión en cada una de las tres provincias.
Artículo 21. A partir de la entrada en vigor de las Directrices Generales de Ordenación Territorial, la Diputación General presentará anualmente a las Cortes de Aragón una memoria relativa al cumplimiento de las previsiones de estas Directrices Generales de Ordenación Territorial y a su desarrollo, en su caso, por otros de los instrumentos de ordenación del territorio regulados en esta Ley. En el supuesto de desarrollo, la memoria contendrá también información sobre la ejecución de los instrumentos formulados.
Artículo 22. 1. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida salvo que en su propio texto se indique lo contrario.
Artículo 23. 1. La revisión de las Directrices Generales de Ordenación Territorial se llevará a efecto cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
e) Transcurso de diez años desde la entrada en vigor de las Directrices Generales de Ordenación Territorial o, en su caso.
del menor plazo que las propias Directrices establezcan.
Artículo 24. Al margen de las circunstancias que imponen la revisión de las Directrices, éstas podrán, simplemente, ser modificadas. La modificación se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:
b) Una vez elaborado por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes el proyecto de modificación, se someterá a información pública por término de un mes, mediante los oportunos anuncios en el "Boletín Oficial de Aragón" y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia o las provincias a las que la modificación se refiera, sin perjuicio de que, en atención a sus características, pueda someterse, además, a la consideración de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Diputación Provincial y ayuntamientos directamente afectados.
Artículo 25. 1. Salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, las Directrices Generales de Ordenación Territorial vincularán a las administraciones públicas y a los particulares.
CAPITULO III DIRECTRICES PARCIALES DE ORDENACION TERRITORIAL Artículo 26. 1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
e) Estudio económico de viabilidad de las medidas que vayan a ser ejecutadas o gestionadas en los primeros dos años 2. Asimismo, atendiendo a las características y objetivos de las Directrices Parciales de ámbito territorial, podrán éstas contener, en su caso, las determinaciones siguientes:
Artículo 27. 1. Con la colaboración de los restantes Departamentos y administraciones públicas, corresponde al Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes la elaboración y formulación de los Proyectos de Directrices Parciales de Ordenación Territorial, bien por su propia iniciativa, bien por orden de la Diputación General.
4. Confeccionado el Proyecto, en cuya elaboración se tendrán en cuenta las previsiones y objetivos que se conozcan de las entidades locales afectadas, se someterá a la consideración del Consejo de Ordenación Territorial, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad. Y de cuantas corporaciones, entidades y organismos se juzgue necesario, en función de los intereses afectados, todos los cuales podrán formular alegaciones al Proyecto en el plazo de dos meses a contar desde la recepción del preceptivo comunicado, en el que se contendrá la advertencia de que, transcurrido el mencionado plazo, sin respuesta, se entenderá informado favorablemente.
5. Dentro del mismo plazo fijado en el apartado anterior. el Proyecto será sometido a información pública, mediante los oportunos anuncios en el "Boletín Oficial de Aragón" y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia o provincias afectadas.
Articulo 28. 1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que en su propio texto se indique lo contrario.
3. Su modificación se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento :
b) Una vez elaborado el Proyecto de modificación, por acuerdo de la dirección general correspondiente, se someterá a información pública por término de un mes, mediante los oportunos anuncios en el "Boletín Oficial de Aragón " y en uno de los periódicos de mayor circulación en la provincia o provincias a que la modificación se refiere, sin perjuicio de que, en atención a sus características, pueda someterse, además, a la consideración de la Delegación de Gobierno y de la corporación o corporaciones directamente afectadas.
c) Con las alegaciones recibidas o, en su caso, una vez transcurrido el plazo de un mes sin haberse formulado alegación alguna, se elaborará el proyecto definitivo de modificación, el cual, previo informe preceptivo el Consejo de Ordenación del Territorio, se someterá a la Diputación General para su aprobación mediante decreto.
Artículo 29. 1. A salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, las Directrices Parciales de Ordenación Territorial deberán ser respetadas por las administraciones públicas, los particulares, los Programas Específicos de Actuación Territorial y los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística en los mismos términos contemplados para las Directrices Generales en el artículo 25 de la presente Ley.
CAPITULO IV PROGRAMAS ESPECIFICOS DE GESTION O ACTUACION DE AMBITO TERRITORIAL Artículo 30. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de ámbito territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:
Artículo 31. 1. Corresponde al Departamento o Departamentos competentes por razón de la materia, en coordinación con el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, la iniciativa en la elaboración y formulación de los Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial, por acuerdo de la Diputación General.
Artículo 32. 1. Corresponderá al Departamento o Departamentos que tengan atribuida la iniciativa en la elaboración y formulación de los programas la verificación anual de su grado de cumplimiento, así como la propuesta motivada de actualización, adaptación o modificación de aquéllos, tanto en lo que concierne a los plazos de desarrollo de las actuaciones programadas como en lo que afecta a las previsiones financieras.
Artículo 33. 1. Las actuaciones previstas para cada año en los Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial habrán de ser tenidas en cuenta necesariamente por la Diputación General en la elaboración del proyecto anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma, a remitir a las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva.
a) Servirán de base para la celebración de convenios y acuerdos de cooperación con las entidades locales; b) Servirán asimismo de base para la celebración, en su caso, de convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado; c) Servirán de base para la implantación de procedimiento de gestión coordinada.
Artículo 34. 1. La Diputación General podrá suscribir convenios con las restantes administraciones públicas en orden a la elaboración y desarrollo conjunto de Programas Específicos de Gestión o Actuación de ámbito territorial.
Artículo 35. La aprobación de un Programa Específico de Actuación o Gestión de Ambito Territorial que haya sido sometido a información pública en forma reglamentaria llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación respecto de las obras, instalaciones y servicios comprendidos en las actuaciones programadas y la autorización reglamentaria para la constitución de los entes creados al efecto por los Programas.
CAPITULO V PROCEDIMIENTOS DE GESTION COORDINADA Artículo 36. 1. Con objeto de coordinar la gestión de los distintos órganos de las administraciones públicas en los aspectos de incidencia sobre el territorio se podrán establecer convenios específicos entre las distintas administraciones para agilizar y coordinar su gestión administrativa, en un ámbito territorial concreto o para un determinado tipo de proyecto, reduciendo la gestión a:
a) Las impuestas por la legislación de ordenación territorial y por las Directrices. b) Las impuestas por la legislación urbanística.
Artículo 37. 1. Se establecerá un procedimiento de Gestión Administrativa coordinada en los asuntos de incidencia urbanística, medioambiental, cultural u otros análogos, en que deban intervenir el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
a) La población y su situación socioeconómica. b) El medio natural. c) El patrimonio cultural.
Artículo 38. 1. Para la gestión adecuada de infraestructuras, servicios y equipamientos de interés o ámbito supramunicipal, podrán establecerse mediante convenio procedimientos de gestión coordinada, que facilitarán el proyecto, la aprobación, la ejecución y la financiación de soluciones de gestión, de ámbito supramunicipal y gestión competitiva.
Artículo 39. 1. A solicitud de los ayuntamientos afectados, y mediante un procedimiento de gestión administrativa coordinada, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes podrá declarar el interés social de un uso, actividad, construcción o implantación en suelo no urbanizable, fuera del suelo sometido a protección por el planeamiento o normativa urbanística o territorial, cuando se justifique para la realización de programas de viviendas sociales o para la implantación de actividades motoras de la economía comarcal de significada trascendencia.
2. En estos casos, las transformaciones de suelo no urbanizable en suelo apto para urbanizar podrán realizarse directamente mediante una tramitación municipal en un único expediente de modificación del instrumento municipal de planeamiento en vigor y del planeamiento de desarrollo que se requiera (plan parcial, estudios de detalle y proyectos de urbanización); todo ellos sin perjuicio de que, cuando la legislación urbanística lo requiera, la revisión o modificación del planeamiento urbanístico municipal sea objeto de la preceptiva aprobación por la Administración autonómica.
3. Esta potestad se ejercerá a través de un procedimiento en el que, como mínimo, se abrirá un periodo de información pública y se requerirá informe previo del Consejo o de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio respectivas.
f) Viabilidad económica, justificada mediante la aportación de avales y garantías suficientes, fijadas reglamentariamente, al objeto de que el proyecto sea concluido y conservado adecuadamente.
Artículo 40. 1. Se podrá establecer mediante convenio un procedimiento de Gestión Administrativa Coordinada para la transformación de suelo no urbano en nuevos asentamientos de desarrollo en aquellos ámbitos territoriales en los que así se determine por las Directrices Parciales de Ambito Territorial, o por los planes urbanísticos de ámbito municipal, por gestión concertada de la Administración autónoma y la municipal o supramunicipal .
4. Las convocatorias de estos concursos serán publicadas en el "Boletín Oficial de Aragón" y en los periódicos de mayor tirada.
Artículo 41. Se podrán ejecutar Programas de Gestión Coordinada de las administraciones para el establecimiento de reservas de terrenos con destino a su adquisición de patrimonio público de suelo con objeto de que pueda facilitar actuaciones de objetivo territorial a medio y largo plazo.
TITULO II MEDIDAS DE GESTION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EQUILIBRADO Artículo 42. 1. Con la finalidad de facilitar la consecución de los objetivos perseguidos a través de los instrumentos de ordenación del territorio contemplados en esta Ley. como parte de las estrategias de las Directrices, se podrán conceder ayudas, beneficios fiscales o de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo todos ellos a la legislación vigente, para crear o ampliar actividades públicas o privadas de carácter industrial, artesanal, turístico, agrícola, ganadero, forestal, comercial o cualesquiera otras análogas con incidencia en el territorio, así como para mejorar la productividad de las actividades de la misma naturaleza ya existentes.
Artículo 43. En especial, se podrán conceder subvenciones, beneficios de índole urbanística u otros estímulos, con arreglo a la Ley, aquellas actividades de nueva implantación o de ampliación de las existentes que se localicen en áreas deprimidas, valorando fundamentalmente la creación directa o indirecta de puestos de trabajo motores de la actividad comarcal o cualquier otra circunstancia de específica incidencia en la ordenación del territorio, en función de las previsiones contenidas en los instrumentos respectivos.
Artículo 44. Tendrán consideración de actuaciones especialmente protegibles las siguientes:
Artículo 45. 1. Se programarán acciones específicas para la conservación de la población en áreas geográficas homogéneas supramunicipales seleccionadas, por las Directrices Generales mediante:
a) Promoción de empleo en áreas escogidas mediante la subvención diferenciada para la creación depuestos de trabajo.
TITULO III REGIMEN SANCIONADOR Artículo 46. 1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones que vulneren lo prevenido en la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, fuera exigible.
Artículo 47. 1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso, procedan, el infractor podrá ser obligado por el Consejo de Ordenación del Territorio a la restitución de las cosas reponiéndolas a su estado anterior, con indemnización de los daños irreparables y de los perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.
2. La Administración podrá, subsidiariamente, proceder a la restitución y reposición de las cosas a su estado anterior a costa del obligado. Los gastos devengados por esta actuación subsidiaria, así como el importe de indemnizaciones y multas, podrán detraerse, en su caso, de la fianza establecida, o, de ser insuficiente, ser exigidos por la vía administrativa de apremio.
3. También podrá la Administración imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los requerimientos correspondientes, sin que su cuantía pueda exceder, en cada caso, de quinientas mil pesetas por mes, salvo que el interés legal devengado por el importe del coste presupuestado de tal restitución o reposición, reconocido por el interesado, en dichos lapsos de tiempo, fuera superior, en cuyo caso, el límite máximo de la multa coercitiva será del doble de la cuantía de dicho interés.
Artículo 48. 1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en graves y leves.
f) Cualquier acción u omisión que infrinja las prohibiciones contenidas en los instrumentos de ordenación del territorio o constituya un grave obstáculo a la consecución de sus objetivos, cuando así sea fijada expresamente en las Directrices o en los Planes de Ordenación Urbanística o en otros decretos que desarrollen la legislación territorial, urbanística o medioambiental.
e) Cualesquiera otras acciones u omisiones que infrinjan las previsiones contenidas en esta Ley o en sus instrumentos y que no constituyan grave obstáculo a la consecución de sus objetivos.
Artículo 49.--1. La responsabilidad por las infracciones a que se refiere el artículo anterior será exigible, con carácter solidario, a la persona que ejecuta materialmente la actividad, a quien la promueve o por cuya cuenta se ejecuta y al técnico que la dirige.
2. Cuando se trate de una persona jurídica, la responsabilidad, además de ser exigible directamente de ésta, alcanzará también, con carácter solidario, a quien haya adoptado la decisión y tratándose de un órgano colegiado, a aquellos miembros del mismo que hubieran votado a favor del acuerdo discrepando de informes preceptivos y unánimes en que se hubiera formulado la advertencia expresa de ilegalidad.
Artículo 50. 1. Las infracciones tipificadas en el artículo 48 se sancionarán con multas de las siguientes cuantías:
a) Las graves, con multa de diez millones una a cien millones de pesetas.
b) Las leves, con multa de diez mil a diez millones de pesetas.
2. En la determinación de la cuantía de las multas, se tomará en consideración, como criterios valorativo, la concurrencia o no de las circunstancias específicas de intencionalidad, reincidencia, cuantía de los daños y perjuicios causados e irreparabilidad de los mismos. A tal efecto se establecerá reglamentariamente la graduación y criterios específicos determinantes de las cuantías.
3. La cuantía de las multas podrá ser actualizada periódicamente mediante decreto aprobado por la Diputación General .
Artículo 51. 1. Será competente para la imposición de sanciones por infracciones leves el Consejero de Ordenación Territorial, Otras Públicas y Transportes. En las sanciones por infracciones graves será competente la Diputación General.
Artículo 52. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de dos años; las graves, en el plazo de cuatro años.
DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Las disposiciones de esta Ley se entenderán sin perjuicio de las competencias legalmente asignadas a otras administraciones públicas, con arreglo a las normas específicas que, en cada caso, resulten de aplicación.
Segunda. El Proyecto de Directrices Generales de Ordenación Territorial deberá aprobarse por la Diputación General en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley y remitirse a continuación a las Cortes de Aragón para su tramitación como ley.
Tercera.--En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera, se iniciará la tramitación de unas Directrices Parciales que tengan por objeto:
Cuarta. 1. Los instrumentos de ordenación del territorio contemplados en la presente Ley serán públicos.
Quinta. 1. Los usos, actividades y transformaciones con incidencia en el territorio que impliquen la intervención de diversos órganos o entidades de la Administración autonómica aragonesa se someterán al principio de procedimiento y resolución únicos.
Sexta. 1. Corresponderá al Consejo y, en su caso, a las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio la coordinación de los informes y propuestas de todos lo órganos y entes con competencia sectorial en materias que inciden sobre la estructura territorial y de todas las alegaciones formuladas oportunamente por los particulares afectados, pudiendo adoptarse, en el trámite reglamentario que proceda, en relación al proyecto globalmente considerado, alguna de las decisiones siguientes:
Séptima.--Una vez aceptado el planteamiento urbanístico y los documentos vigentes de protección del medio natural y del patrimonio cultural a lo previsto en las Directrices, y desarrolladas las Directrices Parciales de cada ámbito territorial específico, la gestión, desarrollo y ejecución de las Directrices Parciales Territoriales y de las competencias de planeamiento, ejecución y gestión urbanística, salvo en aquellos extremos que en las mismas se determinan sobre aspectos sectoriales con incidencia territorial, podrán delegarse por los ayuntamientos en el correspondiente órgano de gestión coordinada de ámbito supramunicipal constituido en forma reglamentaria.
Octava. No obstante el carácter vinculante de los instrumentos de ordenación del territorio previstos en esta Ley, en casos de desastres naturales o situaciones de emergencia podrán llevarse a cabo las actuaciones que sean precisas para remediar tales situaciones sin necesidad de ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en aquellos instrumentos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. 1. Los instrumentos de ordenación urbanística actualmente existentes mantendrán plena vigencia y eficacia en tanto no se aprueben las Directrices Generales y, en su caso, Parciales reguladas en esta Ley.
Segunda. Los instrumentos de ordenación urbanística que se encuentren en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley deberán acomodarse a sus principios y objetivos, así como tener en cuenta los documentos y directrices generales o parciales que hayan sido aprobadas, a cuyo efecto se establecerán mecanismos de coordinación e información recíprocos.
Tercera. 1. Por razones de urgencia y causas de interés público debidamente justificadas apreciadas por el órgano competente para aprobarlas, podrán elaborarse Directrices Parciales de Ordenación Territorial antes de la entrada en vigor de las Directrices Generales.
Cuarta. 1. En tanto no se aprueben Directrices Parciales de ordenación Territorial que precisen las condiciones exigibles a las construcciones o usos del suelo que en cada ámbito territorial puedan considerarse de utilidad pública o interés social, y a solicitud de los ayuntamientos afectados, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes podrá declarar el interés social en suelo no urbanizable, fuera del suelo sometido a protección por el planeamiento o normativa urbanística o territorial, cuando se justifiquen las condiciones exigidas en el artículo 39 de esta Ley y se tramite en la forma establecida en el citado artículo.
3. En estos casos, las garantías que se exigirán para la ejecución y conservación de las obras e instalaciones no serán menores del 20 % del coste global de la inversión proyectada, incluida la edificación, valorada por técnico legalmente competente.
Quinta. 1. En tanto no se modifique de forma específica la legislación urbanística, medioambiental o patrimonial, el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio asumirán las funciones que la legislación sectorial establece para los órganos colegiados competentes en estas materias.
Sexta. 1. En tanto no se defina otro criterio más específico en las Directrices Generales o Directrices Parciales de Ordenación Territorial, se considerarán como proyectos, acciones, autorizaciones y licencias con incidencia sobre el territorio supramunicipal, y sujetas a decisión del Consejo o de las Comisiones Provinciales de Ordenación Territorial:
Protección activa, Protección pasiva, Protección preventiva, en función de las directrices de protección del medio natural o del patrimonio cultural, de catálogos contenidos en planes urbanísticos vigentes, de disposiciones relativas a medidas urgentes de protección urbanística de Aragón o de los instrumentos urbanísticos vigentes.
Que su superficie sea superior al 5% de la superficie del suelo urbano vigente.
Que su capacidad relativa en edificabilidad o densidad sea superior en un 20% a la media de las edificabilidades o densidades existentes en el entorno más próximo.
Que cuando la ejecución total de los proyectos pueda producir un ritmo de crecimiento del área territorial, comarca, municipio, núcleo o barrio superior en un 50% al crecimiento medio anual de los cinco últimos años en ese mismo ámbito.
2. A tales fines se considerará entorno la superficie directamente visible, a distancia siempre menor de dos mil metros desde el lugar de la actuación.
Séptima.--Se consideran transitoriamente áreas de protección preventiva, en tanto se precise su delimitación con mayor estudio en las Directrices Parciales o Sectoriales específicas:
b) Las áreas próximas a estanques naturales o a embalses hasta una distancia de doscientos metros respecto de la cota más alta alcanzada por las aguas.
c) Las áreas con pendiente media superior al 25%.
d) El espacio situado en el entorno de las áreas arboladas que forman un ribazo o hilera de arbolado de longitud superior a cien metros, en una anchura de diez metros a cada lado de la hilera.
e) Las áreas arboladas compactas con densidades de arbolado superior a un árbol por cada treinta metros cuadrados.
h) Las áreas de alturas superiores a mil quinientos metros. En las áreas sometidas a protección preventiva, cualquier actividad o uso del suelo deberá ser autorizado por el organismo competente tras analizar su impacto global sobre la situación socioeconómica y el medio ambiente e imponer las medidas correctoras oportunas.
DISPOSICIONES FINALES Primera. 1. Se faculta a la Diputación General para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Segunda.--Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las previsiones contenidas en esta Ley.
Tercera. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón. Zaragoza, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Una vez finalizado el plazo para reclamar contra la exclusión y subsanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma para solicitar tomar parte en el proceso selectivo para la provisión, en propiedad, de tres (3) plazas de delineante, (una (1) por el turno de minusvalia), se hace pública la siguiente Resolución emitida por la Alcaldía-Presidencia en fecha 17 de marzo de 2008; ...
Real Decreto 98/1992, de 7 de febrero, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aceites vegetales comestibles aprobada por Real Decreto 308/1983, de 25 de enero.