Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311326.html
Timestamp: 2019-03-23 12:47:28
Document Index: 154790959

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 370', 'artículo 314', 'artículo 417', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 418']

as201311326
AUTO SUPREMO Nº. 326/2013
Sucre, 13 de noviembre de 2013
EXPEDIENTE: Cochabamba 220/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Benedicto Estrella Rojas, Deicy Marin Galindo, Lizeth Darlen Terceros Soliz
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Deicy Marín Galindo (fs. 336 a 338), Benedicto Estrella Rojas (fs. 344 a 345) y Lizeth Darlen Terceros Soliz (fs. 348 a 352) impugnando el Auto de Vista emitido el 26 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 330 a 334), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Juzgado de Sentencia de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, pronunció Sentencia Nro. 03/2013 de 19 de febrero (fs. 263 a 271), declarando a los imputados autores del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenando a Deicy Marín Galindo a la pena de diez años de presidio, a Benedicto Estrella Rojas y Lizeth Darlen Terceros Solíz, a dieciseis años de presidio a cumplir en el Penal San Sebastián varones y mujeres respectivamente, de la ciudad de Cochabamba.
Contra la citada Sentencia, formularon apelación restringida los acusados Deicy Marín Galindo (fs. 275 a 278), Benedicto Estrella Rojas (fs. 281 a 284) y Lizeth Darlen Terceros Solíz (fs. 307 a 317), resueltos por Auto de Vista de 26 de septiembre de 2013 (fs. 330 a 334), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos de apelación restringida interpuestos por los imputados y confirmó en su integridad la Sentencia impugnada.
Con el Auto de Vista referido, los acusados Benedicto Estrella Rojas y Lizeth Darlen Terceros Solíz, fueron notificados personalmente el 21 de octubre de 2013 (fs. 335 vuelta) y Deicy Marín Galindo el 24 de octubre de 2013 (fs. 335), formulando los recursos de casación, motivo de autos, el 25, 28 y 25 de octubre de octubre de 2013 (fs. 344 a 345, 348 a 352 y 336 a 338 respectivamente).
1. Recursos de casación interpuestos por Deicy Marín Galindo (fs. 336 a 338) y Benedicto Estrella Rojas (fs. 344 a 345). Los recurrentes en sus memoriales de casación presentados de forma individual, pero con idéntico tenor literal, señalan que el Tribunal de Alzada dictó el Auto de Vista impugnado, declarando improcedente el recurso de apelación planteado, sin hacer un análisis correcto bajo el argumento de que no tiene competencia para revalorizar la prueba presentada, sin considerar que lo que se pidió en apelación restringida no fue la revalorización de la prueba, sino que “REVALORICE EL CONTROL, Y CIRCUNSCRIBIENDO AL RAZONAMIENTO EXPRESADO POR EL JUEZ AD-QUO CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA, LA EXPERIENCIA Y LA PSICOLOGÍA, DEBIENDO UNICAMENTE ENMARCARSE A LA COHERENCIA LÓGICA EXPRESADA POR EL JUEZ DE PARTIDO PENAL LIQUIDADOR DE SENTENCIA DE QUILLACOLLO EN EL ANÁLISIS INTELECTIVO DE LA PRUEBA JUDICIALIZADA” (sic).
En sus fundamentos de derecho señalan que se les ha impuesto una condena de diez y dieciséis años de privación de libertad respectivamente, misma que es ilegal porque ellos no cometieron delito alguno y con referencia a la ausencia de valoración objetiva de la prueba, mencionan el Auto Supremo Nro. 111 de 31 de enero de 2007 que refiere, según transcribe el recurrente, que corresponde anular la Sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro tribunal, cuando el Tribunal de Alzada advierta que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión de los artículos 173 y 339 del Código de Procedimiento Penal e incurriendo en el defecto previsto por el artículo 370 inciso 6) del mismo cuerpo legal, a efectos de garantizar que las partes puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o tribunal para que dicte nueva resolución en base a la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.
Posteriormente, realizan una exposición de conceptos relativos a la libre convicción o sana crítica racional, el principio de la lógica, el principio del tercero excluido, y el principio lógico de la razón suficiente y finaliza solicitando se le conceda el recurso de casación, se case el Auto de Vista recurrido y se reponga el juicio ante otro Tribunal.
2. Recurso de casación formulado por Lizeth Darlen Terceros Solíz (fs. 348 a 352) Bajo el epígrafe Fundamentación Jurídica y fundamentación y fijación de la pena, en el punto I.1. respecto al criterio de proporcionalidad de la pena, la recurrente cita el Auto Supremo Nro. 315 de 13 de junio de 2013 y transcribe la parte de la doctrina legal relativa a la relación que debe guardar un comportamiento penal con la sanción que se le asigna, debe ser el resultado de un juicio oral, contradictorio, público e inmediato, que tiene como fin esencial la protección a la que responde la norma sustantiva y a otros fines legítimos que pueda perseguirse con la pena, misma que debe guardar proporcionalidad con el déficit social, además de la exigencia en el ámbito penal, de la aplicación del principio de legalidad y la reserva absoluta de la ley. Mas adelante, en el punto I.2. Obligatoria fundamentación en el quantum de la pena, hace referencia a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Nro. 717/06-R de 21 de julio, señalando que conforme al contenido de la jurisprudencia Constitucional, el Tribunal Supremo ha dispuesto que los tribunales están obligados a motivar y fundamentar el quantum de la pena considerando cuestiones atenuantes y agravantes conforme a los Arts. 37 al 40 del Código Penal. Prosigue sosteniendo que, al respecto el Auto Supremo Nro. 99 de 24 de marzo de 2005 reitera, que en la imposición de la pena, inexorablemente debe aplicarse los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal. Finaliza este acápite, señalando que en el caso a momento de emitirse sentencia, no se consideró los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código penal. Así mismo hace referencia al Auto Supremo Nro. 507/2007 de 11 de octubre, señalando que a momento de la fijación de la sanción, el juez ante la concurrencia de las circunstancias previstas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debe establecer de manera fundamentada si las circunstancias consideradas que modifiquen la responsabilidad del autor, operan como atenuantes o agravantes; finalmente y sobre la misma línea, cita el Auto Supremo Nro. 038/2013-RRC de 18 de febrero y transcribe parte de su contenido relativo a la tendencia de las legislaciones modernas de limitar el amplio arbitrio judicial, que no ocurre en nuestro país pues el Código Penal no establece parámetros para fijar las penas y que esa determinación queda al arbitrio del juez. Además, hace un análisis del contenido de los artículos 37 y 38 del Código Penal y acerca de la fundamentación, que debe ser una exigencia inexcusable para que el condenado sepa porqué ha recibido una determinada pena. Señala que el Tribunal de Alzada, al evidenciar la ilegalidad o incumplimiento de los presupuestos de la fijación de la pena, debe reparar directamente en atención al artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, al respecto cita el Auto Supremo Nro. 038/2013-RRC del cual transcribe parte de la doctrina legal aplicable, relativo a que la decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena tiene líneas de orientación previstas legalmente y que no puede estar sujeta a la discrecionalidad del Juez, además que la individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad.
En el análisis del caso, la recurrente alega que si bien en apelación restringida denunció y observó la excesiva pena impuesta por el Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación dice haber fundamentado su decisión en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, cuando en realidad no fueron verdaderamente considerados, hecho que viola su derecho de que la pena responda a la humanización del derecho penal, no correspondiendo una pena de 16 años para el delito por el que se le juzga. Señala que el Juez de Sentencia no aplicó la doctrina legal aplicable en el país y que el Tribunal de Alzada no dio cumplimiento a los Autos Supremos señalados, ya que en atención a ellos, pudo modificar el quantum de la pena, violando la garantía del debido proceso al haberle impuesto una condena sin la debida fundamentación sobre las razones que agravaron su presunta conducta, infringiendo además los artículos 124 y 370 del Código de Procedimiento Penal, mucho más si se consideró como agravante, su declaración informativa.
Finaliza solicitando que se deje sin efecto la resolución impugnada, con las consecuencias previstas en el artículos 419 del Código de Procedimiento Penal.
Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, las cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las demás Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, e identificar la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la Sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y el agravio hubiere surgido en apelación al dictarse el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.
Que los recursos de casación fueron interpuestos contra el Auto de Vista de 26 de septiembre de 2013, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs.330 a 334) dentro del plazo legal establecido para su presentación, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
La recurrente Deicy Marín Galindo, omitió anexar copia del recurso de alzada, sin embargo, encontrándose en antecedentes la apelación restringida original, se pudo verificar que no invocó precedente alguno. En casación cita el Auto Supremo Nro. 111 de 31 de enero de 2007. Por su parte, el acusado Benedicto Estrella Rojas, si bien adjunta copia del recurso de apelación restringida, se evidencia la ausencia de invocación de precedente contradictorio en esa instancia; en Casación, cita el Auto Supremo Nro. 111 de 1 de enero de 2007. Finalmente, Lizeth Darlen Terceros Soliz, omitió también acompañar copia del recurso de apelación, sin embargo de la revisión de antecedentes se tiene que en apelación restringida invocó los Autos Supremos Nros. 40/2012 de 29 de marzo, 315 de 25 de agosto de 2006, 339 de 1 de julio de 2012, 99 de 24 de marzo de 2005, 451 de 13 de septiembre de 2007; en casación cita los Autos Supremos Nros. 315 de 13 de junio de 2013, 99 de 24 de marzo de 2005, 507 de 11 de octubre de 2007, 038/2013-RRC de 18 de febrero.
a) Respecto a los recursos interpuestos por Deicy Marín Galindo y Benedicto Estrella Rojas, en los que denunciaron que el Tribunal de Alzada, dictó una resolución que declaró improcedente la apelación restringida, con el argumento erróneo de no tener la facultad para revalorizar prueba, siendo que lo que se solicitó no fue la revalorización de la prueba sino que se revalorice el control del razonamiento del juez A-quo, enmarcándose en la coherencia expresada por el juez de sentencia en el análisis intelectivo de la prueba judicializada y que la pena de 10 y 16 años de privación de libertad que se les impuso respectivamente, es ilegal pues ellos no cometieron ningún delito, invocaron con referencia a la ausencia de valoración objetiva de la prueba el Auto Supremo Nro. 111 de 31 de enero de 2007 del que transcribe parte de la doctrina legal aplicable; al respecto se evidencia que, no establecieron de manera precisa y clara el sentido jurídico contradictorio entre ambas resoluciones, pues quien recurre de casación tiene la obligación de verificar que el contenido de los precedentes invocados, contengan hechos similares o análogos resueltos en el precedente y a partir de ello, explicar razonada y fundamentadamente, la forma o manera en que contradice al Auto de Vista impugnado al precedente invocado, no siendo suficiente para el cumplimiento de los requisitos de admisión, la mera cita de los Autos Supremos o Autos de Vista, o la transcripción de una parte de ellos como es el caso, en que los recurrentes se limitan a denunciar que el Tribunal de alzada, dictó una resolución de manera errada, sin precisar cuál fue la norma o derecho vulnerado, ni explicar de manera fundamentada qué forma contradice al precedente invocado, por lo que resulta evidente que el recurso de casación adolece de incumplimiento de los requisitos establecidos para su admisibilidad.
b) Sobre el recurso de casación presentado por Lizeth Darlen Terceros Solíz, en el que inicialmente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 315 de 13 de junio de 2013, 99 de 24 de marzo de 2005, 507 de 11 de octubre de 2007 y 038/2013 de 18 de febrero, transcribiendo la doctrina legal contenida en ellos, bajo el epígrafe análisis del caso, denuncia que el Juez de Sentencia no aplicó la doctrina legal imperante en el país a tiempo de la imposición de la pena y que el Tribunal de Alzada, considerando los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, pudo modificar el quantum de la pena pero no lo hizo, desconociendo lo establecido por los Autos Supremos invocados, además de haberle impuesto una pena sin la debida fundamentación de las agravantes de su condena, violando de esta manera la garantía del debido proceso; si bien este agravio fue denunciado también en apelación restringida, de la lectura del mismo se evidencia que en esa instancia invocó como precedente contradictorio, en este punto de denuncia, el Auto Supremo Nro. 99 de 24 de marzo de 2005, sin embargo en casación, cita además, los Autos Supremos Nros. 315 de 13 de junio de 2013, 507 de 11 de octubre de 2007 y 038/2013 de 18 de febrero. Al respecto, Sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en la Sentencia Constitucional 1401/2003-R de 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional, realizando una interpretación de las normas previstas por el art. 416 del CPP, ha extraído dos subreglas con relación al cumplimiento del requisito procesal previsto por dichas normas, y señala: “1ª. El precedente contradictorio, como requisito para acceder al recurso de casación a que se refiere la ley, no puede ser otro que un Auto de Vista (o Auto Supremo) preexistente, al que la Sentencia impugnada contradice, en cuyo caso será exigible la invocación del precedente contradictorio al tiempo de plantear la apelación restringida; y 2ª. Cuando la Sentencia no contradiga ningún precedente anterior, sino es el Auto de Vista dictado en apelación el que contradice el precedente, la invocación deberá efectuarse a tiempo de presentar el recurso de casación no al plantear la apelación restringida” (sic). De lo que se concluye que al ser la denuncia contenida en este motivo, relativa a un defecto de la Sentencia, el recurrente además de hacer su reclamo en apelación restringida, es en esa misma instancia en que debió invocar todos los Autos Supremos señalados en casación. Ahora bien, respecto al Auto Supremo Nro. 99 de 24 de marzo de 2005 que, si fue invocado en apelación restringida, la recurrente transcribe in extenso la doctrina legal contenida en el y concluye señalando que a momento de emitirse sentencia, no se consideró los Arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal; de la exposición de motivos, y la transcripción de la doctrina legal contenida en el precedente invocado, se entiende cual la contradicción denunciada y la situación de hecho similar, por lo que estando cumplidos los requisitos previstos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, este motivo resulta admisible para verificar la contradicción con el precedente invocado.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Lizeth Darlen Terceros Solíz (fs. 348 a 352), con relación al único motivo a efectos de verificar la contradicción denunciada con el Auto Supremo Nro. 99 de 24 de marzo de 2005 únicamente; asimismo, INADMISIBLES los recursos interpuestos por Deicy Marín Galindo (fs. 336 a 338) y Benedicto Estrella Rojas (244 a 345), recursos que fueron interpuesto contra el Auto de Vista emitido el 26 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 330 a 334), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 con relación al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Por Secretaría de Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal.