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Timestamp: 2020-07-10 00:29:17
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Sentencia nº 826 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 386707520
Número de Expediente: 05-0553
Expediente N° 05-0553
El 17 de marzo de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por los abogados L.P., L.A.P.M. y NINOSKA GONZÁLEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 80.750, 4.353.915 y 6.095.891, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 005, 39.555 y 39.606, respectivamente, actuando en sus propios nombres, contra el parágrafo único del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial N° 3.970 Extraordinaria del 13 de marzo de 1987.
El 18 de marzo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Mediante diligencia interpuesta el 25 de octubre de 2006, el abogado L.P., anteriormente identificado, ratificó el interés en la causa y solicitó pronunciamiento con relación a la admisión de la misma.
Esta Sala mediante decisión N° 2.535 del 20 de diciembre de 2006, admitió el recurso de nulidad interpuesto; y ordenó las notificaciones respectivas.
El 10 de enero de 2007, se dejó constancia de la recepción del expediente por parte del Juzgado de Sustanciación de esta Sala.
Por auto del 7 de febrero de 2007, el Juzgado de Sustanciación ordenó notificar del contenido de la decisión N° 2.535/2006, a los abogados L.P., L.A.P.M. y Ninoska González, en su carácter de autos.
El 8 de febrero de 2007, el abogado L.P., en su carácter de autos, se dio por notificado del fallo de esta Sala N° 2.535/2006.
Por auto del 29 de marzo de 2007, el Juzgado de Sustanciación, ordenó las citaciones del Presidente de la Asamblea Nacional, Procuradora General de la República y a la Fiscal General de la República, así como el emplazamiento de los terceros interesados mediante cartel. En ese mismo auto se estableció que, vencido el lapso de comparecencia, se fijaría el acto de informes.
Verificadas como fueron las citaciones ordenadas, el 29 de marzo de 2007, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
El 17 de abril de 2007, el abogado L.P., actuando en su carácter de autos, retiró el cartel de emplazamiento.
El 19 de junio de 2007, el abogado L.P., actuando en su carácter de autos, consignó la publicación del cartel de emplazamiento.
El 11 de julio de 2007, la abogada N.J.M.D., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.270, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, consignó escrito emanado de dicho organismo en que sustituye poder de representación para actuar en el presente recurso de nulidad.
El 30 de enero de 2008, la abogada Semira C.L.U., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 62.681, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, consignó escrito emanado de dicho organismo en que sustituye poder de representación para actuar en el presente recurso de nulidad.
El 5 de agosto de 2008, el abogado L.P., en su carácter de autos, solicitó se pasara el expediente a la Sala.
El 7 de mayo de 2009, oportunidad fijada para la celebración del acto de informes orales, se dejó constancia de la comparecencia de los representantes de la Asamblea Nacional, Procuraduría General de la República y del Ministerio Público; así como de la incomparecencia de la parte recurrente.
En esa misma fecha, los referidos organismos, consignaron sus escritos de opinión respectivos.
El 20 de mayo de 2009, se recibió en Sala, proveniente del Juzgado de Sustanciación el presente expediente, y se ratificó la ponencia en la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.
El 8 de julio de 2009, se dijo “Vistos” en el presente expediente.
Constituida esta Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.569, del 8 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman la causa de marras, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
Que “(…) el legislador procesal limitó a dos casos el objeto de esta acción: a) a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho; y b) a la mera declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica”.
Que “[e]l artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece -conditio sine qua nom- (sic), que al intentar una demanda el actor debe demostrar que tiene un interés jurídico actual. Esta exigencia, que viene a ser el pruis (sic) de todo proceso, está cargada de mucha subjetividad, ya que el interés debe tener dos características: a) que sea jurídico; y b) actual. Tal peculiaridad descarta, tajantemente, cualquier otro que pudiera tener su raíz o afincarse en el pasado; o, que eventualmente, engendrarse (sic) en un hecho futuro o por venir”.
Que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no impuso impedimento alguno para el ejercicio del derecho de acción, sólo basta que el recurrente acuda a los órganos de administración de justicia, siempre y cuando su demanda no sea contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, para que “(…) el Tribunal competente le admita su querella”.
Que los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en primer lugar, desarrollan el derecho de acción contemplado en el artículo 26 del Texto Constitucional, garantizando la tramitación y resolución de un p.j. con las debidas garantías constitucionales.
Que “[s]i la intervención del Juez sólo es permitida cuando el expediente ya está en estado de sentencia, mal puede, de oficio, ab initio, no admitir la demanda de mera declaración porque, en su criterio, ‘el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente’”.
Finalmente, solicita la nulidad del parágrafo único del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que “(…) es contrario al espíritu, propósito y razón de los artículos 26, 49, 60, 115 y 257 de la Constitución (…)”.
En la oportunidad de la celebración de los informes orales, los abogados M.E.G.B., C.E.F.D. y J.A.S.F., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 24.994, 66.384 y 109.373, respectivamente, actuando en su carácter de representantes legales de la Asamblea Nacional, presentaron opinión por escrito en la que solicitaron la declaratoria sin lugar del recurso de nulidad, con base en las siguientes consideraciones:
Que “(…) refutamos en todas y cada una de sus partes los alegatos interpuestos por los recurrentes, toda vez que la parte final del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, relativo a las acciones mero declarativas, se encuentra en completa sintonía con los preceptos establecidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, aprobada por el soberano, mediante referendo constituyente celebrado el 15 de diciembre del mismo año y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre del mismo año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 del 24 de marzo del (sic) 2000”.
Que “(…) las demandas mero declarativas forman parte de ese conjunto de procedimientos o mecanismos previstos en el Código de Procedimiento Civil Venezolano, las cuales tienen como finalidad la protección de los sujetos que se encuentran en una situación de incertidumbre o duda respecto a la existencia o no de un derecho o de una relación jurídica, que de no ser resuelta por el juzgador podría lesionar la esfera de los derechos de las personas involucradas, característica fundamental de esta institución jurídica”.
Que “[l]as acciones mero declarativas, como su denominación lo indica, solamente conllevan al juzgador a emitir un pronunciamiento respecto de una situación confusa o al dilema planteado por el accionante sobre la existencia o inexistencia de un derecho o una relación jurídica, no pudiéndose pretender mediante esta acción que se declare por ejemplo el incumplimiento de una obligación porque de esa manera desnaturalizaría la finalidad del reconocimiento vinculante de la acción de certeza, por cuanto los conceptos sobre los cuales versa el petitorio de la demanda se refieren a hechos que sólo pueden ser resueltos en otro procedimiento”.
Que “[a] pesar que el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece como causal de inadmisibilidad la existencia de una acción diferente mediante la cual se pueda obtener la completa satisfacción del interés del demandante, no significa ello que se vulnere el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente a la Tutela Judicial Efectiva, ya que la misma norma impugnada dispone la existencia de otra acción en el ordenamiento jurídico, con la cual el demandante puede acceder a los órganos jurisdiccionales para obtener la plena y total satisfacción de alcanzar una justa decisión”.
Que “(…) los argumentos en los cuales se basan los recurrentes para señalar una supuesta vulneración (…) al debido proceso (…) son exigu[os] e incoherentes debido a que no se observan razones de fondo que hagan pensar en una aparente inconstitucionalidad de la norma adjetiva por este motivo”.
Que “[e]n conclusión, la acción es de orden público y constituye una garantía fundamental, que inclusive en los casos de no admisión frente a una pretensión mero declarativa supone su ejercicio, sin el cual jamás se pronunciaría el órgano jurisdiccional competente. En tal sentido, no se puede pretender que por la no idoneidad de una pretensión contenida en la acción, se pretenda socavar la potestad jurisdiccional mediante una denuncia de inconstitucionalidad como la plantea la parte recurrente, es de suponer que resulta improcedente tales denuncias de presuntas infracciones constitucionales, toda vez que la pretensión ejercida mediante la acción determina los procedimientos y estos están preestablecidos en la ley dentro del proceso, como único instrumento para hacer valer un derecho, sea este mero declarativo, constitutivo o de condena, dependerá en todo caso del planteamiento formulado ante el órgano jurisdiccional”.
En razón de todo lo anterior, se solicitó declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto.
En la oportunidad de la celebración de los informes orales, la abogada M.O.P.d.F., actuando en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público, designada para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, presentó opinión por escrito en la que solicitó la declaratoria sin lugar del recurso de nulidad, con fundamentos en los siguientes argumentos:
Que “[d]el texto de la norma transcrita se desprende claramente que, su contenido no es contrario a lo que dispone el artículo 26 constitucional, puesto que esa causal de inadmisibilidad para las pretensiones de mera declaración, no constituye un obstáculo para el acceso a los órganos de administración de justicia, sino que, por el contrario, el Juez en este particular caso, le está indicando al accionante cuál es la acción idónea que debe intentar para la completa satisfacción de su interés”.
Que “(…) el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el tribunal admitirá la demanda ‘si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley’. Así, en el caso que nos ocupa, el Juez tiene la obligación de pronunciarse sobre la licitud o ilicitud de la pretensión, es decir, debe revisar la pretensión jurídica para conocerla y declarar que la misma es admisible o no de acuerdo con lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, si el Juez niega la admisión de la demanda de mera declaración, expresará los motivos de su negativa y la acción que en su lugar deba intentarse. Aunado a ello, cabe destacar que, tal como lo contempla la mencionada norma, que del auto mediante el cual el Juez niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación en ambos efectos, suspendiéndose así la ejecución de la sentencia o la tramitación del juicio”.
Que “(…) esta representación del Ministerio Público considera que la última parte de la norma cuya nulidad se solicita, tampoco es contraria a lo dispuesto en el artículo 257 del Texto Fundamental, pues la causal de inadmisibilidad que contempla no puede ser entendida como una formalidad no esencial”.
Que “[a] mayor abundamiento, cabe destacar que la última parte de la norma impugnada, atiende a razones de economía procesal, pues con la inadmisibilidad de la acción mero declarativa por existir otra que puede satisfacer completamente el interés del particular, se evita activar el aparato judicial para culminar con una sentencia que no va a lograr su objetivo. Es por ello que, el principio de economía procesal es fundamento del proceso, al tratar de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de la actividad procesal”.
OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL
En la oportunidad de la celebración de los informes orales, la abogada D.A.B., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 73.400, actuando en su carácter de Sustituta de la Procuradora General de la República, presentó opinión por escrito en la que solicitó la declaratoria de improcedencia del recurso de nulidad, argumentando para ello lo siguiente:
Que “[a] juicio de esta representación judicial de la República, por constituir la parte in fine del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, una causal de inadmisibilidad prevista en la Ley, no vulnera los artículos de la Carta Magna referidos a la tutela judicial efectiva (artículo 26); derecho a ser oído (artículo 49, numeral 3); derecho a la protección del honor y la reputación (artículo 60); derecho a la propiedad privada (artículo 115) y debido proceso (artículo 257)”.
Que “(…) esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe tener en consideración que la admisión de la demanda constituye desde el punto de vista procesal, el análisis previo mediante el cual, el juez examina lo relativo a su adecuación al orden público, la ley y las buenas costumbres. (…) El mecanismo de admisión de las acciones judiciales representa el límite legítimo del derecho fundamental al libre acceso a la justicia, en el entendido de que se ha delegado a la Ley la función de establecer los extremos básicos que apuntalan la viabilidad de la acción propuesta. De ahí que se haya establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil que presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley”.
Que “(…) las causales de inadmisibilidad de la demanda en todo juicio, como la causal establecida en la parte in fine del referido artículo 16, constituye el límite razonable a los derechos de tutela judicial efectiva y al debido proceso, para evitar que se instaure un proceso que desde el inicio resulta evidente su improcedencia con el respectivo costo procesal que se erigiría, bajo tal supuesto, como inútil. Sostener lo contrario, como lo propone el recurrente, condenaría al juzgador a esperar la fase de decisión definitiva para declarar retroactivamente inadmisible una acción, aún cuando desde el comienzo del proceso existiese suficiente evidencia de la imposibilidad de admitir la acción”.
Que “(…) no resultaría factible que la parte in fine del ya indicado artículo 16 vulnere el derecho a ser oído por la inadmisión que declare el juez, ya que tal decisión puede ser apelada y deberá ser oída en ambos efectos, a tenor de lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil”.
Finalmente, “(…) cabe indicar que carece de sentido lógico-jurídico la indicación de la parte recurrente de que la norma impugnada por inconstitucionalidad vulnere el derecho a la protección del honor y la reputación (artículo 60 de la Constitución) y el derecho a la propiedad privada (artículo 115 de la Constitución), toda vez que el recurrente sólo procedió a mencionar los artículos en el petitorio sin expresar las razones y fundamentos por los cuales considera que se está alegando tal vulneración”.
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la nulidad del parágrafo único del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido observa lo siguiente:
Así, el criterio que fue vertido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que está sometida a revisión, obvió una interpretación que realizó esta Sala en el marco del principio pro actionae, el cual impone la exigencia de la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual incurrió en omisión de la aplicación de la norma constitucional en cuestión y así se declara. Por tal razón, se declara que ha lugar a la solicitud de revisión que se examina y a.y.e.c., se anula el fallo que el mencionado tribunal dictó el 6 de noviembre de 2001, y se ordena que se pronuncie una nueva decisión, en segunda instancia, en el p.d.a. que se inició con ocasión de la demanda de amparo constitucional que intentaron Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A.
Por otro lado, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 708/01, caso “Juan A.G. y otros”, interpretó con carácter vinculante los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así:
En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual si bien no ha sido alegado por los accionantes, puede ser a.d.o.p.e. juez constitucional, tal como ya lo ha dicho esta Sala en numerosos fallos
Así pues, de las reseñas efectuadas supra se desprende, que los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso, y el principio pro actione, están ampliamente protegidos por nuestra legislación, y tal resguardo ha sido ratificado por este M.T., en aras de salvaguardar dichas garantías superiores, tendiendo en esencia, a su amparo como gran recelo.
En tal sentido, la Sala destaca que uno de los principios rectores en materia adjetiva es el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los actos del proceso deben practicarse de acuerdo con las formas consagradas en el ordenamiento jurídico, para producir los efectos que la ley le atribuye; al respecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que ‘los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley (...)’. Vistas las consideraciones anteriores, es necesario precisar que, si bien del artículo 257 constitucional deriva el principio antiformalista, según el cual no se sacrificará la justicia por formalismos inútiles, el mismo ‘no quiere decir que las formas procesales carezcan de significación en la ordenación del proceso, pues no puede dejarse al arbitrio de las partes ni su cumplimiento ni la decisión del momento en que van a cumplirlas’. (Cf. F. Garrido Falla y otros: Comentarios a la Constitución, 3ª edición ampliada, Madrid, Civitas Edic., 2001, p. 539)
Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente
En abundancia sobre este tema, el Tratadista H.C., en su texto Derecho Procesal Civil, Tomo I, explica que:
Las características de la sentencia declarativa son: a) No requiere ejecución; b) Despeja la duda y la incertidumbre sobre ciertos derechos subjetivos y aleja la amenaza o el peligro sobre situaciones jurídicas conflictivas (sentencias interdictales de amparo o restitución), y c) Produce retroacción al estado inicial que declara existente o extinguido (…)
Así pues, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que ‘(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia’ (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1.064/2000 del 19 de septiembre).
Así, en el mismo sentido que lo ha realizado esta Sala, ha sido analizado por el Tribunal Constitucional Español cuando ha determinado que: ‘(…) el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente cuando los órganos judiciales dictan resoluciones apreciando la concurrencia de un motivo legalmente previsto que impide el examen del fondo, de tal forma que una resolución de inadmisión o meramente procesal es un principio constitucionalmente admisible, si bien la interpretación judicial del correspondiente obstáculo procesal debe guiarse por un criterio pro actione que, teniendo siempre presente la ratio de la norma y un criterio de proporcionalidad entre la entidad del defecto advertido y la sanción derivada del mismo, no impida la cognición del fondo de un asunto sobre la base de meros formalismos o de entendimiento no razonables de las normas procesales’. (Vid. G.P., Jesús, ‘El Derecho a la Tutela Jurisdiccional’, Editorial Civitas, Tercera Edición, 2001, p. 37).
‘Por otra parte, este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 8 de agosto de 2000 dictada por la Sala Político-Administrativa, ha precisado que el derecho al debido proceso (artículo 49 de la Constitución de 1999) es un derecho complejo que encierra un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, de acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las sentencias, entre otros que se vienen configurando en la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (Sentencia nº 1.614 del 29.08.01).’ (…)
De ahí, que con base a lo anteriormente expuesto, y visto que el parágrafo único del artículo 16 eiusdem, no resulta violatoria los derechos garantizados por la Carta Magna, esta Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por los abogados L.P., L.A.P.M. y Ninoska González, antes identificados. Así se decide.
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por los abogados L.P., L.A.P.M. y NINOSKA GONZÁLEZ, antes identificados, contra el parágrafo único del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de junio de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
Exp. N° 2005-0533