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Timestamp: 2019-12-07 04:35:36
Document Index: 371904503

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 43', 'artículo 149', 'artículo 81', 'artículo 107', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 59', 'Artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 40', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 18', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'artículo 149', 'artículo 12']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 82-1, de 31/03/2006
Núm. 82-1
121/000082
Proyecto de Ley de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Educación y Ciencia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 21 de abril de 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De la protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el ámbito del deporte. ... (Página )
De la organización administrativa. ... (Página )
De la obligación de someterse a controles de dopaje y sobre el alcance y las garantías que éstos deben cumplir.
- Sección Primera.- De los obligados al control.
- Sección Segunda.- De los controles y de la responsabilidad de su realización.
Del régimen sancionador en materia de dopaje en el deporte.
- Sección Primera.- De la responsabilidad en materia de dopaje en el deporte.
- Sección Segunda.- Del procedimiento para la imposición de sanciones en materia de dopaje en el deporte.
- Sección Tercera.- De la revisión de las sanciones en materia de dopaje en el deporte.
De las relaciones con las federaciones deportivas internacionales y con las demás organizaciones y entidades que rigen, en el ámbito internacional, la actividad deportiva.
Del tratamiento de los datos relativos al dopaje en el deporte.
- Sección Primera.- De la confidencialidad de los datos relativos al dopaje y a la protección de la salud en el deporte.
- Sección Segunda.- De la cesión de datos relativos al dopaje en el deporte.
De las medidas de control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales, que contengan sustancias prohibidas en la actividad deportiva.
Del control de los productos susceptibles de producir dopaje en la actividad deportiva.
De las condiciones de utilización de los productos susceptibles de producir dopaje en la actividad deportiva.
De la tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte.
Del sistema de información en materia de protección de la salud y de lucha co.ntra el dopaje en el deporte.
No obstante, los primeros pasos para establecer controles antidopaje en nuestro sistema deportivo se dieron en la década de los años 60 del pasado siglo. La adopción de iniciativas en este terreno por parte del Consejo de Europa y del Comité Olímpico Internacional (COI), impulsó la participación de España en la primera reunión del grupo de estudio especial sobre Dopaje de los atletas, que se celebró en 1963 a propuesta del organismo
europeo. Como consecuencia de ello, se creó el actual laboratorio del CSD para el control del dopaje, que comenzó a funcionar a finales de esa década, muy poco tiempo después de que iniciarán su actividad los primeros laboratorios europeos de control del dopaje en París, Roma y Londres. Homologado internacionalmente por el COI desde 1982, forma parte de la red internacional de 33 laboratorios de control del dopaje acreditados hasta ahora por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
La celebración en Lausana, en 1999, a iniciativa del COI, de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, puso de manifiesto la necesidad de profundizar en la colaboración entre poderes públicos y organizaciones deportivas; ello supuso un cambio de rumbo en la forma de abordar el problema del dopaje en el deporte, poniendo el acento en la necesidad de crear un organismo internacional independiente, que estableciera normas comunes para combatir el dopaje y coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de los poderes públicos.
En este contexto, el régimen novedoso introducido en nuestro país por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, aparece hoy día necesitado de reformas y actualizaciones para conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el dopaje, en cumplimiento del artículo 43 de nuestra Constitución, que, después de reconocer el derecho a la protección de la salud, señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, correspondiendo, igualmente, a los mismos, fomentar la educación física y el deporte. Los poderes públicos obligados por este mandato constitucional son tanto la Administración
General del Estado como las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en los respectivos ámbitos de sus competencias exclusivas. En el marco de las competencias del Estado, inciden en esta Ley distintos títulos competenciales. Además de la competencia autoorganizativa que al Estado le corresponde, así como aquella de que dispone sobre los intereses que afectan, inseparablemente, al deporte español en su conjunto, concurren en esta Ley diversas competencias específicas, entre las que cabría destacar las relativas a bases y coordinación general de la sanidad, legislación penal, Administración de justicia, seguridad pública, relaciones internacionales o estadística para fines estatales, todas ellas derivadas del artículo 149.1 de la Constitución.
Partiendo de estas dos líneas centrales de regulación, algunas normas que la presente Ley introduce están afectas a la reserva de ley orgánica, proclamada en el artículo 81 de nuestra Constitución. Otras, menos sustanciales y que no afectan al contenido esencial de los derechos fundamentales, encuentran un camino adecuado de regulación en ley ordinaria.
En relación con la citada organización administrativa y en el marco de la norma reguladora de las Agencias Estatales, la Agencia Española Antidopaje (AEA), una vez culminado el proceso de su creación con la aprobación de su Estatuto, será el organismo que asuma un importante protagonismo en el desempeño de diversos aspectos relacionados con una acción integral de los poderes públicos y de las organizaciones deportivas a favor de un deporte sin dopaje.
Este órgano asume la mayor parte de las competencias que, hasta este momento, estaban repartidas entre la Comisión Nacional Antidopaje y la Comisión Nacional para la Protección de la Salud del Deportista. De esta forma, se intenta facilitar a la nueva organización nacional contra el dopaje una visión de conjunto, consustancial al modelo que diseña la presente Ley. En él, rechazo y tolerancia cero hacia el dopaje en el deporte tienen, básicamente, un componente de salud individual y de salud pública, pero también una dimensión inequívoca de compromiso con los valores del juego limpio y la libre competición entre iguales, considerados como fundamentos del deporte actual.
Asimismo, el nuevo órgano del CSD asume funciones de gran relevancia en materia de protección de la salud de los deportistas, tanto en lo referido al deporte profesional de alta competición como a la práctica deportiva de base que, con carácter recreativo y saludable,
desarrollan en nuestro país millones de personas. Vincular muy estrechamente la lucha contra el dopaje a la protección de la salud de los deportistas es una recomendación expresa de la AMA y la orientación seguida en los países de nuestro entorno cuando han abordado recientes reformas de sus respectivas legislaciones contra el dopaje en el deporte.
El otro gran bloque de reformas, incluido en este Titulo I, implica una nueva configuración de la potestad sancionadora en la materia. Las novedades contempladas son muy diversas. En primer término, se garantiza el cumplimiento del principio de reserva de ley, en tanto en cuanto todas las infracciones y sanciones, así como las causas modificativas de la responsabilidad se contemplan en la norma eludiendo la remisión reglamentaria, en una materia como la sancionadora, que puede ser ciertamente compleja en términos constitucionales. Asimismo, se desarrolla en este apartado una necesaria armonización de nuestras disposiciones legales con lo establecido al respecto por el Código Mundial Antidopaje y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Esta medida se completa con el incremento y la redefinición de los tipos infractores y sancionadores, además de ofrecer una definición más exacta del conjunto de obligaciones y derechos de los deportistas, pero también del conjunto de profesionales que intervienen desde su entorno más cercano.
A este fin, con el amparo previsto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley instaura un sistema de revisión administrativa especial que, con fórmula arbitral, sustituye al recurso administrativo clásico. Esta fórmula arbitral descansa, en el plano orgánico, en una sección específica del Comité Español de Disciplina Deportiva, órgano que por su independencia funcional cumple los requisitos establecidos en la Ley procedimental común.
En este aspecto, la Ley también contempla la creación de una Tarjeta Sanitaria del Deportista, que permitirá acumular, de forma exhaustiva, confidencial y segura, de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, un conjunto de informaciones relevantes sobre el deportista, a efectos de realizar un seguimiento preventivo de la evolución de su salud y de sus parámetros vitales más importantes, máxime tras una dedicación tan exigente como la impuesta por la alta competición a la elite deportiva profesional.
La regulación propuesta, con el reforzamiento de la tutela penal, la sistematización de los procedimientos disciplinarios, la determinación de las responsabilidades en su tramitación y la aclaración del sistema de infracciones y sanciones en su conjunto, permite actualizar la normativa preexistente y adecuar nuestro régimen sancionador al recogido en la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO y en sintonía con el de los países que, en los últimos años, han reformado sus políticas para conseguir una mayor eficacia en la represión del dopaje en la actividad deportiva.
La incidencia, mediante las medidas de control y supervisión del Título II, en el ámbito de las actuaciones que puedan realizarse en relación con la actividad deportiva no competitiva constituye, sin embargo, una novedad en nuestro país. Se trata de sistematizar y adaptar a la lucha contra el dopaje en el deporte un conjunto de medidas de las que ya disponen las autoridades en materia de seguridad pública.
2. El ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley se extiende a deportistas con licencia federativa, de ámbito estatal, o con licencia autonómica homologada, que habiliten para participar en competiciones deportivas organizadas en España.
3. El ámbito objetivo de aplicación de esta Ley está determinado por las competiciones deportivas oficiales, que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
4. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la aplicación de esta Ley a las actividades deportivas que se realicen en España, en los términos previstos en los artículos 30 y siguientes de la presente Ley.
5. De igual forma, será de aplicación a las personas que incidan, por cualquier medio, en la realización de la actividad deportiva y que incumplan alguna de las obligaciones previstas en el Título II y concordantes de esta Ley.
7. Corresponde al Consejo Superior de Deportes, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, promover e impulsar la realización de una política de prevención, de control y de represión de la utilización de productos, sustancias y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte.
8. Corresponde al Consejo Superior de Deportes, en coordinación y colaboración con el resto de órganos competentes de la Administración General del Estado, impulsar una política de lucha contra la utilización de esos productos, sustancias, y métodos en los restantes ámbitos de la actividad deportiva. A tal fin, podrá adoptar medidas que contribuyan a evitar su comercialización, dispensación o utilización por cualquier medio no previsto en la normativa correspondiente.
9. El Consejo Superior de Deportes promoverá los mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas para armonizar criterios de aplicación de la normativa contra el dopaje, cumplir las obligaciones internacionales asumidas por España y lograr la mayor coordinación posible de las actuaciones en la materia por parte de los poderes públicos. Asimismo, promoverá mecanismos de colaboración con las federaciones deportivas españolas e internacionales, así como con las organizaciones deportivas profesionales para el fomento de prácticas deportivas saludables, capaces de evitar tanto los riesgos que supone el dopaje para la salud de los deportistas, como el fraude que comporta para la buena fe de los consumidores de servicios deportivos.
1. Las competencias de la Administración General del Estado en materia de protección de la salud y en el control y represión del dopaje en el deporte se ejercen por el Consejo Superior de Deportes, a través de su Presidencia, y de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, así como por la Agencia Española Antidopaje, en los términos previstos en esta Ley y en el conjunto de normas que regulan, respectivamente, el desempeño de sus funciones y competencias.
2. Corresponde a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes el diseño e impulso, en coordinación con las diferentes Administraciones Públicas, de una acción integral contra el dopaje en el deporte por parte de los órganos competentes en esta materia.
La determinación de sus competencias concretas se establecerá reglamentariamente, e incluirá, en todo caso, la facultad de instar al Comité Español de Disciplina Deportiva cuando, conforme a lo que dispone el artículo 27.4 de esta Ley, deba actuar como órgano sancionador.
3. Corresponde a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje la determinación de los controles a realizar, el seguimiento de la actuación de las federaciones deportivas españolas en materia de control y represión del dopaje, así como la instrucción y fallo de los expedientes disciplinarios en los supuestos previstos en el artículo 27.3 de esta Ley.
4. Corresponde a la Agencia Española Antidopaje la realización de las actividades materiales que se le encomienden en relación con la prevención y el control de la salud y del dopaje en el deporte.
La Agencia Española Antidopaje se creará conforme a lo previsto en la legislación reguladora de las Agencias Estatales.
a) Proponer acciones preventivas en materia de educación e información sobre la salud y la práctica deportiva, tanto en competiciones oficiales como en pruebas de carácter popular y recreativo.
b) Informar sobre las condiciones de los reconocimientos médicos de aptitud para la práctica deportiva a los que se refiere el artículo 59 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y, asimismo, determinar los que deben realizarse en cada modalidad deportiva, indicando los estándares que, respectivamente, deben cumplir.
d) Informar la homologación de las pruebas y protocolos que integran los reconocimientos médicos de aptitud para la práctica deportiva en competición, de acuerdo con las exigencias de las modalidades deportivas.
g) Realizar propuestas sobre los dispositivos mínimos de asistencia sanitaria en las competiciones deportivas oficiales.
a) Planificar y programar la distribución de los controles de dopaje a realizar.
Artículo 4. Agencia Española Antidopaje.
1. La Agencia Española Antidopaje es el organismo por medio del cual se realizan las actividades materiales de prevención, de control y de investigación sobre la salud y el dopaje en el deporte.
2. Las funciones de la Agencia Española Antidopaje serán las que determine el Estatuto por el que se rija la misma.
En todo caso, corresponderá a la Agencia Española Antidopaje la interposición de solicitud de revisión ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, en los términos previstos en esta Ley, cuando estime que las resoluciones adoptadas por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje no se ajustan a Derecho.
3. La estructura orgánica y funciones de la Agencia Española Antidopaje se determinará conforme a lo dispuesto al respecto en la legislación reguladora de las Agencias Estatales.
En todo caso, la Agencia Española Antidopaje contará con un órgano de participación e información en el que estarán representados los órganos y organismos competentes en materia de deportes de las Comunidades Autónomas.
4. Para la realización de las funciones que le atribuya su Estatuto, la Agencia Española Antidopaje podrá formalizar convenios o conciertos con cualesquiera entidades públicas o privadas, de conformidad con lo establecido en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. Sin perjuicio de las especificaciones contenidas en este precepto, la Agencia Española Antidopaje está sujeta al régimen jurídico de organización y de funcionamiento previsto en la legislación reguladora de las Agencias Estatales.
1. Todos los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales, de ámbito estatal, tendrán obligación de someterse a los controles en competición y fuera de competición que determine la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
Los controles fuera de competición pueden realizarse por sorpresa o previa citación. En el primer supuesto, la obligación a que se refiere este artículo alcanza al sometimiento de los mismos y, en el segundo, a la obligación de comparecer y al sometimiento a los mismos. Los términos de ambas modalidades se determinarán, reglamentariamente, procurando una adecuada ponderación de los derechos de los deportistas y las necesidades materiales para una efectiva realización de controles fuera de competición.
4. Los deportistas, sus entrenadores, médicos y demás personal sanitario, así como los directivos de clubes y organizaciones deportivas indicarán, en el momento de pasar los controles de dopaje, los tratamientos médicos a que estén sometidos, los responsables de los mismos y el alcance del tratamiento, salvo que los deportistas negaren expresamente la autorización para tal indicación.
5. Los controles para los que hayan sido citados, los realizados y los resultados de los mismos se incluirán en la tarjeta sanitaria del deportista, en los términos de la regulación de la misma contenidos en el artículo 49 de esta Ley.
6. Podrán ser sometidos a control los deportistas con licencia no española que participen en competiciones que se celebren en territorio español. La tramitación de los expedientes disciplinarios que pudieran derivarse de los mismos se realizará en la forma que establezca la correspondiente normativa internacional. Asimismo, podrán ser sometidos a controles fuera de competición cuando se encuentren entrenando en España, a instancia de la federación u organismo internacional competente.
2. Los controles de dopaje fuera de competición en España no podrán realizarse durante una franja horaria, que se determinará reglamentariamente y que comprenderá, en todo caso, las horas habitualmente destinadas al descanso nocturno. Durante esas horas no podrá realizarse en territorio español ningún control de dopaje, con independencia de que este haya sido ordenado por una autoridad administrativa, federación deportiva u organismo internacional.
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje velará en el ejercicio de sus funciones, que se detallan en el artículo 3 apartado 2 de esta Ley, para que las condiciones de realización de los controles de dopaje en España se realicen siempre, con independencia de quien las ordene, respetando estas limitaciones horarias.
3. Los deportistas serán informados en el momento de recibir la notificación de control y, en su caso, al iniciarse la recogida de la muestra, de los derechos y obligaciones que les asisten en relación con el citado control, de los trámites esenciales del procedimiento y de sus principales consecuencias, así como del tratamiento y cesión de los datos previstos en la presente Ley, además de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
1. Los clubes, organizaciones, grupos y demás entidades deportivas están obligados a llevar un libro, debidamente registrado en la Agencia Española Antidopaje y del que exista garantía de su integridad en el que harán constar los tratamientos médicos y sanitarios que hayan prescrito a los deportistas bajo su dirección, siempre que estos autoricen dicha inscripción.
Los deportistas tendrán derecho a solicitar, en el momento de su inscripción en el libro, que se les entregue una copia del asiento o que el dato en cuestión sea incorporado a su tarjeta sanitaria.
3. En los deportes individuales, esta obligación recaerá sobre el deportista o sobre la correspondiente federación en la forma que se indica en el apartado anterior.
4. Las autorizaciones de uso terapéutico que se expidan según lo normativamente dispuesto, así como las documentaciones complementarias correspondientes, deberán quedar en custodia de la Agencia Española Antidopaje.
En caso de que se haya expedido una autorización por parte de un organismo internacional a un deportista con licencia federativa para participar en competiciones de ámbito estatal, el deportista o la persona que se designe para ello está obligado a remitir una copia a la Agencia Española Antidopaje para su registro, desde el inicio de la validez de la misma.
Los órganos disciplinarios deportivos no podrán considerar válidas las autorizaciones de uso terapéutico que no se encuentren debidamente registradas en la Agencia Española Antidopaje.
A los efectos de esta Ley, se entienden como controles de dopaje el conjunto de actividades materiales realizadas por médicos y personal sanitario habilitados, por la Agencia Española Antidopaje y por un laboratorio de análisis, debidamente homologado y autorizado, cuya finalidad es constituir un dato de afirmación de la presencia o no de alguna sustancia prohibida susceptible de producir dopaje o de la utilización de un método no reglamentario, detectados mediante procedimientos estandarizados en una muestra extraída a tal efecto. En todo caso, quedan incluidos en el ámbito de los controles de dopaje la planificación necesaria para su realización con garantías, la selección de los deportistas a quienes efectuar los controles y bajo qué modalidad, la recogida y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, así como la gestión y custodia de los resultados obtenidos.
Las muestras a que se refiere el párrafo anterior serán de orina, sangre o cualquier otro fluido o muestra corporal de carácter menor, en la forma que se determine reglamentariamente. Esta determinación incluirá la forma en que se validan, a estos efectos, los procedimientos analíticos.
Se entiende por controles y actividades de protección de la salud, a los efectos de esta Ley, el conjunto de actuaciones que la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje considere oportunas para mejorar, controlar y prevenir los efectos contrarios a la salud que pueda producir la actividad deportiva.
Asimismo, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje determinará, en los términos que establezcan las normas de desarrollo reglamentario de esta Ley, aquellos supuestos en los que proceda la suspensión de la licencia federativa a un deportista por razones de salud.
Incurrirán en las responsabilidades que se deduzcan de la aplicación de esta Ley, los deportistas a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, así como los profesionales que colaboren en la atención de aquellos.
Cuando la insuficiencia de medios o la estructura de la propia federación así lo justifique, ésta podrá solicitar, mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración, que dicha función sea, íntegramente, realizada por la Agencia Española Antidopaje.
3. Asimismo, surtirán efecto en los procedimientos administrativos que se tramiten en España los análisis realizados por los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje, siempre que los mismos
cumplan con las determinaciones de la presente Ley y que se encuentren dentro de los previstos en la letra g) del apartado 2.2 del artículo 3 de esta Ley.
En el marco de los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por España, el Consejo Superior de Deportes publicará en el Boletín Oficial del Estado, mediante Resolución de su Presidencia, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta publicación tendrá carácter periódico y se producirá, en todo caso, cuando se introduzcan cambios en la misma.
4. Los deportistas, sus entrenadores, médicos o personal sanitario, directivos, dirigentes, así como los clubes y equipos deportivos, responderán por el incumplimiento de las disposiciones que regulan la obligación de facilitar a los órganos competentes información sobre las enfermedades del deportista, tratamientos médicos a que esté sometido, alcance y responsable del tratamiento, cuando aquel haya autorizado la utilización de tales datos.
c) la resistencia o negativa, sin justa causa, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, cuando sean exigidos o requeridos por los órganos o personas competentes; así como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás conductas que, por acción u omisión, impidan, perturben o no permitan atender los requerimientos formulados por órganos o personas competentes para la recogida de muestras o para la realización de otras actuaciones de los procedimientos de control y represión del dopaje;
e) el incumplimiento de las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos y obtención de autorizaciones para el uso terapéutico a que hace referencia el artículo 13.4 de esta Ley, así como la
vulneración de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente Ley;
2. Por la comisión de las infracciones graves contempladas en las letras a), b) y c) del apartado segundo del artículo 14 de esta Ley, se impondrá la sanción de multa de 1.500 a 6.000 euros. Cuando se incurra por segunda vez en alguno de los ilícitos antes referidos, la
conducta será calificada como infracción muy grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones de multa de 6.001 a 24.000 euros y, en su caso, pérdida de puntos o puestos en la clasificación o descenso de categoría o división. Si se cometiere una tercera infracción, la sanción pecuniaria únicamente podrá tener carácter accesorio y se sancionará con multa de 24.001 a 50.000 euros.
4. Las personas o entidades que realicen las conductas tipificadas como infracciones en la presente sección, sin disponer de licencia federativa o de habilitación equivalente, pero prestando servicios o actuando por cuenta de federaciones deportivas españolas, ligas profesionales o entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, o de personas o entidades integradas dentro de dichas organizaciones, no podrán obtener licencia deportiva o habilitación equivalente, ni ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva por un período equivalente a la duración de las sanciones de inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos, privación o suspensión de licencia deportiva o habilitación equivalente.
1. Los médicos de equipo y demás personal que realice funciones sanitarias bajo licencia deportiva o habilitación equivalente y que incurran en alguna de las conductas previstas en las letras c), e), f), g) y j) del apartado primero del artículo 14 de esta Ley, serán sancionados con privación o suspensión de licencia federativa durante un período de dos a cuatro años y multa económica de 6.001 a 24.000 euros. Cuando en las referidas conductas esté involucrado un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 19 de la presente Ley.
2. Los médicos de equipo y demás personal que realice funciones sanitarias bajo licencia deportiva o
habilitación equivalente y que incurran en alguna de las conductas previstas en las letras h) e i) del apartado primero del artículo 14 de esta Ley, serán sancionados con privación o suspensión de licencia federativa durante un período de cuatro a seis años y multa económica de 3.001 a 12.000 Euros. Cuando en las referidas conductas esté involucrado un menor de edad, o cuando se cometan por segunda vez, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria, de acuerdo lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 19 de la presente Ley.
2. Adicionalmente, y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 26 de esta Ley, la graduación de las sanciones se hará atendiendo al criterio de proporcionalidad y de las circunstancias que concurran en cada caso, específicamente las que se refieren a la existencia de intencionalidad, conocimiento, grado de responsabilidad de sus funciones y naturaleza de los perjuicios causados, así como las demás que puedan servir para la modulación de la responsabilidad.
1. Las sanciones personales de multa, en los casos de deportistas, solo podrán imponerse cuando estos obtengan ingresos, que estén asociados a la actividad deportiva desarrollada.
3. El producto de las multas recaudado por el procedimiento previsto en el apartado anterior constituye un ingreso de derecho público que se afecta al cumplimiento de los fines de investigación indicados en el artículo 4 y que permitirán generar al Consejo Superior de Deportes los créditos necesarios para el desarrollo
de dicha actividad, cuya realización material se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley.
3. Cuando por la naturaleza de la infracción sea posible, toda sanción que se impusiere llevará consigo el comiso de las sustancias y útiles que hayan producido o sean susceptible de producir dopaje en el deporte. Las sustancias y útiles que hayan sido definitivamente decomisados por resolución sancionadora serán adjudicados a la Agencia Española Antidopaje, hasta que, reglamentariamente, se determine el destino final de los mismos, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley para el decomiso como medida cautelar.
1. La imposición de sanciones relacionadas con el dopaje en el deporte constituye un supuesto de inhabilidad para obtener o ejercer los derechos derivados de la licencia deportiva en cualquier ámbito territorial, en los términos previstos en el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
No obstante, cuando la sanción haya sido impuesta por un órgano diferente de los previstos en la presente Ley, los deportistas podrán instar del Comité Español de Disciplina Deportiva la declaración de compatibilidad de la sanción impuesta con el Ordenamiento Jurídico español, en lo que se refiere a los principios que informan la potestad sancionadora pública.
2. Los deportistas que hayan sido sancionados en materia de dopaje deberán someterse a un control previo para la obtención de una nueva licencia o la reanudación de la actividad deportiva, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5.2 y 14.1.c) de la presente Ley.
c) Colaboración en la detección, localización y puesta a disposición de los organismos competentes de las personas o los grupos organizados que suministren, faciliten o proporcionen el uso de sustancias o la utilización de métodos prohibidos en el deporte por ser causantes de dopaje.
Los términos de la extinción de esta responsabilidad se determinará conforme a los criterios de los artículos 19 y 26 de esta Ley.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los dos años. Las sanciones
impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años y las impuestas por faltas graves a los dos años.
1. El deportista podrá quedar exonerado de responsabilidad administrativa y, en su caso, no será sometido a procedimiento sancionador si denuncia ante las autoridades competentes a los autores o cooperadores, personas físicas o jurídicas, o coopera y colabora con la Administración competente, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el procedimiento o proceso correspondiente contra aquellos. Para la aplicación de esta previsión la denuncia y, en su caso, las pruebas que se acompañen, deberán tener entidad suficiente para permitir la incoación de procedimiento sancionador o, en su caso, la iniciación del correspondiente proceso judicial.
1. El procedimiento se inicia por resolución del órgano disciplinario de la correspondiente federación deportiva española, como consecuencia de la comunicación
que haga, de forma directa, el laboratorio de control del dopaje actuante al órgano disciplinario de la correspondiente federación. Una vez recibida dicha comunicación, se procederá a la apertura inmediata del procedimiento disciplinario, sin que los análisis y demás elementos de la comunicación del laboratorio puedan ser conocidos por ningún otro órgano federativo distinto al disciplinario.
3. No obstante lo anterior, podrá denunciarse ante la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje las conductas de dopaje de las que se tenga conocimiento. Admitida la denuncia por la Comisión, ésta podrá ordenar la realización de controles a los deportistas afectados, con carácter de medida previa a la incoación del correspondiente expediente disciplinario.
6. La incoación del procedimiento y la resolución que ponga fin al mismo deberá ser objeto de comunicación a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Cuando sea éste órgano el que deba actuar como órgano sancionador, la incoación del procedimiento y la resolución que ponga fin al mismo deberá ser objeto de comunicación a la Agencia Española Antidopaje.
2. Cuando la solicitud de revisión sea formulada por la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje o por la Agencia Española Antidopaje, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
La revisión administrativa especial, con fórmula arbitral, tendrá por objeto la determinación de si la resolución dictada por los órganos disciplinarios se ajusta a Derecho, o si dentro de los términos que determina esta Ley procede
otra diferente, o el sobreseimiento del procedimiento. La resolución puede suponer la confirmación de la sanción, su modificación, su reducción o revocación, dentro de los términos sancionadores que se fijan en esta Ley.
1. La responsabilidad de la ordenación y realización de controles de dopaje en las competiciones internacionales celebradas en España corresponde al Comité Olímpico Internacional o a las federaciones deportivas o instituciones internacionales que, respectivamente, las organicen o a aquellas federaciones en las que éstas deleguen la citada organización..
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, al igual que la Agencia Española Antidopaje, podrán ordenar la realización de controles fuera de competición a deportistas extranjeros que se encuentren en España y utilicen centros e instalaciones de entrenamiento de titularidad pública.
Artículo 32 . Controles de dopaje fuera de competición realizados en España a deportistas con licencia española por parte de organizaciones internacionales.
1. La realización de estos controles exige que, con carácter previo, se notifique a la Agencia Española Antidopaje la propuesta de realización de los mismos y las condiciones materiales de su realización.
Solo podrán llevarse a cabo estos controles de dopaje si cumplen los requisitos establecidos en los artículos 8 y concordantes de esta Ley.
2. Las organizaciones deportivas internacionales y la Agencia Española Antidopaje podrán suscribir acuerdos y convenios de colaboración para que sea ésta última quién realice, materialmente, los controles de dopaje que aquellas tengan que llevar a cabo en España.
1. Los equipos que participen en competiciones que se celebren en territorio español están obligados a llevar un libro de registro, en los términos que reglamentariamente se determine, en el que quede constancia fehaciente de los productos que se han dispensado o recetado a los deportistas, el médico que ordena u autoriza dicha utilización, periodo y forma de prescripción.
2. Los deportistas, equipos o grupos deportivos y los directivos extranjeros que los representen están obligados, cuando entren en España para participar en una actividad deportiva, a remitir a la Agencia Española Antidopaje, debidamente cumplimentados, los formularios que la misma establezca, en los que se identifiquen los productos que transportan para su uso, las unidades de los mismos y el médico responsable de su administración.
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá solicitar de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como de la Agencia Española de Seguridad Alimentaría, que se identifiquen las medidas necesarias para conocer, en todo el ciclo productivo y de dispensación y comercialización, aquellos productos susceptibles de producir dopaje en el ámbito del deporte, considerando que, por sus circunstancias intrínsecas y su potencial afección a la salud pública, deban ser objeto de un especial seguimiento para facilitar el régimen de control que se prevé en esta Ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los casos en que sea aplicable, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Servicios de Inspección Sanitaria del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por su propia iniciativa o a instancia de la Agencia Española Antidopaje, podrán inspeccionar los botiquines y demás instrumentos que permitan custodiar o albergar los productos y sustancias susceptibles de dar positivo en un control de dopaje.
Las sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el deporte y en la actividad deportiva y los instrumentos o útiles empleados a tal fin podrán ser objeto de decomiso por las autoridades administrativas que inicien los correspondientes procedimientos sancionadores, como medida cautelar dentro de los mismos o previa a aquellos. En este segundo supuesto, el órgano instructor deberá ratificar esta medida en el curso de la tramitación del expediente.
El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá, de común acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, mecanismos de información y de publicidad específicos de los productos nutricionales que, sin ser medicamentos, puedan producir en el ámbito del deporte un resultado positivo de dopaje.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley para quienes tengan licencia deportiva, los profesionales sanitarios y cualesquiera otros profesionales que faciliten, colaboren, prescriban o dispensen sustancias y productos susceptibles de producir dopaje en el ámbito de la actividad deportiva, o propicien la utilización de métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte, sin cumplir con las formalidades prescritas en sus respectivas normas de actuación y en las previstas en esta Ley, incurrirán en responsabilidad disciplinaria. Las conductas descritas anteriormente son constitutivas de infracción muy grave y serán sancionadas de acuerdo con las respectivas normas de sus Colegios Profesionales.
1. Los que, sin justificación médica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados
a aumentar artificialmente sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años.
1. El Consejo Superior de Deportes establecerá un sistema de información acerca de la protección de la salud y contra el dopaje en el ámbito del deporte, que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de deporte y actividad física.
El objetivo general del sistema de información será responder a las necesidades de los siguientes colectivos, con la finalidad que en cada caso se indica:
3. El Consejo Superior de Deportes, oída la Agencia Española de Protección de Datos y previo acuerdo de su Comisión Directiva, establecerá la definición y normalización de datos, la selección de indicadores y los requerimientos técnicos necesarios para la integración de la información, con el fin de lograr la máxima fiabilidad de la información que se produzca.
4. El sistema de información estará a disposición de sus usuarios, que serán las Administraciones Públicas deportivas y sanitarias, los gestores y profesionales del deporte y de la sanidad, así como la propia ciudadanía, en los términos de acceso y de difusión que se acuerden en la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.
5. Las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado y las Corporaciones Locales aportarán a este sistema de información los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del mismo modo, la Administraciones General del Estado y las Comunidades Autónomas tienen derecho de acceder y disponer de los datos que formen parte del sistema de información y en la medida en que, estrictamente, lo precisen para el ejercicio de sus competencias.
6. El tratamiento y la cesión de datos, incluidos aquellos de carácter personal necesarios para el sistema
de información, estarán sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a las condiciones acordadas en la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Artículo 47. Estadísticas de interés general.
1. El sistema de información contemplará, específicamente, la realización de estadísticas de ámbito estatal en materia de protección de la salud y acerca del dopaje en el deporte, así como las de interés general y las que se deriven de compromisos con organizaciones internacionales. Estas estadísticas se realizarán siempre previa disociación de los datos de carácter personal y se llevarán a cabo con arreglo a las determinaciones metodológicas y técnicas que establezca el Consejo Superior de Deportes, consultada su Comisión Directiva.
2. La información necesaria para la elaboración de estadísticas acerca de las actividades desarrolladas se recabará tanto del sector público como del sector privado.
Artículo 49. Tarjeta sanitaria del deportista.
1. La tarjeta sanitaria del deportista es un documento público, que expide el Consejo Superior de Deportes a quienes tienen, específicamente, reconocida la condición de deportista de alto nivel, así como al resto de deportistas federados, en el marco de los convenios específicos que a tal efecto se realicen por parte de las federaciones deportivas españolas.
La tarjeta sanitaria tiene como finalidad que el deportista y el personal sanitario que le atiende dispongan de la mejor información clínica posible en el momento de decidir el tratamiento aplicable ante una dolencia.
La tarjeta sanitaria contendrá la información referida al conjunto de reconocimientos médicos, controles de salud y de dopaje, realizados al deportista desde la obtención de la correspondiente licencia federativa, el resultado de los mismos y las determinaciones médicas a tener en cuenta para una adecuada atención sanitaria del mismo.
3. Los datos contenidos en la tarjeta sanitaria solo podrán ser utilizados por los deportistas titulares de la tarjeta y, con su consentimiento, por el personal sanitario que le atienda.
4. Los datos que contienen la tarjeta sanitaria serán suministrados por el personal sanitario que les atienda, los órganos disciplinarios competentes y los equipos por los que tengan suscrita la licencia correspondiente.
El Consejo Superior de Deportes establecerá y será responsable del mantenimiento, con las debidas garantías
de seguridad, del soporte digital que posibilite la recogida e intercambio de datos, así como de que su utilización sea conforme a las previsiones de esta Ley.
5. Será de aplicación al sistema que confeccione y permita la utilización de la tarjeta sanitaria las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
El Gobierno elaborará y remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley por el que se adapte el régimen de obligaciones y controles que se contienen en esta Ley a los animales que participen en alguna actividad deportiva.
Disposición adicional segunda. Controles de dopaje en los campeonatos deportivos juveniles y universitarios.
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá ordenar la realización de controles de dopaje durante las fases finales de los campeonatos deportivos juveniles y universitarios en la forma que, reglamentariamente, se determine. A efectos legales, para la realización de estos controles, el título de inscripción en los correspondientes campeonatos tendrá la consideración de licencia deportiva.
Disposición adicional cuarta. Aplicación efectiva del sistema de información administrativa y de la tarjeta sanitaria del deportista.
El Consejo Superior de Deportes fijará un calendario para la implantación efectiva y coordinada del sistema de información administrativa y de la tarjeta sanitaria del deportista, en función de las disponibilidades presupuestarias y de los convenios que puedan suscribirse para implementar estas iniciativas.
Disposición transitoria tercera. Ejercicio transitorio de las competencias hasta la creación de los nuevos órganos previstos en esta Ley. ...
(Página ) de la Salud y el Dopaje serán ejercidas hasta su efectiva creación, respectivamente, por la Comisión Nacional Antidopaje y la Comisión Nacional de Salud del Deportista.
"4. Para la participación en competiciones deportivas oficiales, de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva, expedida por la correspondiente federación deportiva española, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. Las licencias expedidas por las federaciones de ámbito autonómico habilitarán para dicha participación cuando estas se hallen integradas en las federaciones deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico que fijen éstas y comuniquen su expedición a las mismas.
Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva los deportistas que hayan sido sancionados por dopaje, tanto en el ámbito internacional o nacional, como en el autonómico, mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impide, igualmente, que se reconozca o mantenga la condición de deportista de alto nivel.
Asimismo, no podrán obtener licencia federativa aquellas personas que se encuentren inhabilitadas, como consecuencia de las infracciones previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte."
Tercera. Modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
"q) La incitación al consumo, en establecimientos dedicados a actividades deportivas, de productos que contengan sustancias prohibidas en el deporte por ser
susceptibles de producir dopaje, declaradas como tales de conformidad con su legislación específica."
e) La disposición final tercera, que se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
- artículos 9 al 35, ambos inclusive, excepto el párrafo primero del artículo 12, que si tiene carácter orgánico;
- artículos 38, 40 al 43, ambos inclusive;
- artículos 45 al 49, ambos inclusive;
- las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta;
- las disposiciones finales primera, segunda, tercera -salvo en su apartado tres, que si tiene rango orgánico-, cuarta, sexta, séptima y octava.