Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2004/06/registro-oficial-10-de-junio-del-2004
Timestamp: 2019-08-19 12:50:10
Document Index: 310151771

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'artículo 29', 'artículo 62', 'artículo 95', 'artículo 276', 'artículo 95', 'artículo 163', 'artículo 4', 'artículo 257', 'artículo 257', 'artículo 4', 'artículo 90', 'artículo 98', 'artículo 257', 'Artículo 104']

Registro Oficial. 10 de JUNIO del 2004
Jueves, 10 de junio del 2004 - R. O. No. 353
1708\n Autorízase\n el viaje y confórmase la comitiva oficial que acompañará\n al Primer Mandatario de la República, a la ciudad de Guadalajara,\n México.
1710 Nómbrase al doctor Marcelo\n Antonio Batallas Espinosa, para desempeñar las funciones\n de Gobernador de la provincia del Azuay
1711\n Desígnase\n al abogado Carlos Pólit Faggioni, Secretario General de\n la Presidencia de la República; y, al ingeniero Carlos\n Vega Martínez, Presidente del Consejo Nacional de Modernización\n - CONAM, para que integren el Comité de Supervisión\n y Seguimiento del proceso de concesión previsto en el\n Convenio de Cooperación Técnica y Financiera.
1712 Modifícase el Decreto\n Ejecutivo No 1697 de 18 de mayo del 2004.
1713 Renuévase la declaratoria\n del estado de emergencia y determínase como zona de atención\n prioritaria, a las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.
1714 Nómbrase al doctor Carlos\n Játiva Naranjo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario\n Concurrente del Ecuador ante la República de Letonia..
1715 Nómbrase al doctor Carlos\n Játiva Naranjo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario\n Concurrente del Ecuador ante la República de Islandia..
1716\n Ratifícase\n el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos\n Persistentes - COPS".
1719\n Mientras dure\n la ausencia en el país del Presidente Constitucional de\n la República, Coronel ingeniero Lucio Gutiérrez\n Borbúa, delégame atribuciones al doctor Alfredo\n Palacio Gonzáles, Vicepresidente Constitucional de la\n República.
389-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la demandado amparo constitucional\n formulada por Teodoro Segundo Guajardo Gaete.
0482-2003-RA\n Revócase\n la resolución venida en grado y deséchase la demanda\n de amparo constitucional formulada por Fabio Eduardo Moreno Charme.
505-2003-RA Confírmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el señor Jorge Antonino Martínez Cabrera.
549-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Hernán Maura Ruiz.
703-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora María del Pilar Mendoza Cedeño.
721-2003-RA\n Confírmase\n la resolución adoptada por el Juez de instancia y niégase\n el amparo solicitado por el CBOS de Policía Wilmer Osear\n Rodríguez Pazmiño.
826-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el licenciado Carlos Julio Cervantes Balanzateguí, por\n improcedente
844-2003-RA Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de\n Guayaquil, que declara sin lugar la acción de amparo constitucional\n planteada por el señor Teófilo Baque Zorrilla.
002-2004-CI Emítese dictamen favorable,\n previo a la aprobación de la "Convención de\n las Naciones Unidas contra la Corrupción" para que\n se continué con el trámite correspondiente
014-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la demanda de amparo constitucional\n presentada por la señora Alba Rocío Naranjo Freiré.
015-2004-RA Confírmasela resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el señor Roberto Gustavo Garzozi Bucaram, por improcedente
029-2004-RA\n Revócase\n la resolución del Juez de instancia e inadmítese\n la presente acción, por falta de legitimación pasiva,\n interpuesta por Julio Ricardo Aguilar Sánchez y otro.
0054-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y recházase la acción de amparo\n propuesta por el Dr. Roque Mero Mera.
083-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia e inadmítese la acción de\n amparo constitucional presentada por el doctor David Alejandro\n Herrera Trujillo.
100-2004-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n constitucional presentada por el señor Luis Heraldo Ramírez.
0554-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por el Cabo Segundo de Policía Octavio Humberto\n Guamán Bayas.
0582-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Carlos Alberto Aráuz Cadena.
0599-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Juan Pastor Sanmartín Quezada.
610-2003-RA Confírmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y niégase la acción\n de amparo solicitada por Teodoro Esteban Ullauri Donoso, por\n improcedente.
814-2003-RA Confírmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Ángel Benigno Benítez Guamán.
0819-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado e inadmítese por improcedente la acción\n planteada por el señor Víctor Manuel Alarcón\n Villacís y otro.
828-2003-RA Revócase la decisión\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo''\n solicitada por Sonia Alicia Silva Hernández.
0001-2004-RS Deséchase el recurso\n (fe apelación interpuesto por Alfonso Burbano Aráuz\n y confírmase la resolución impugnada..
0004-2004-RS Confírmase la resolución\n del Consejo Provincial de Los Ríos venida en grado, la\n cual a su vez confirmó la resolución del Consejo\n Municipal de Urdaneta y deséchase el recurso de apelación\n interpuesto por Vicente Peña Pastor.
0013-2004-HD Confírmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el recurso de babeas data\n planteado por. Marco Tulio Lossa EIdrege
0022-2004-HD Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase el recurso de babeas data\n interpuesto por Segundo Elías Ramón Mora.
059-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo planteado por\n Fredy Fernando Argoti Terán.
203-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Sandra Álvarez Monsalve.\n \n
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el viaje y conformar la\n comitiva oficial que acompañará al Primer Mandatario\n de la República, a la ciudad de Guadalajara, México,\n del 27 al 30 de mayo del 2004, a la "III Cumbre América\n Latina y El Caribe - Unión Europea":
· Doctora XIMENA BOHORQUEZ DE GUTIÉRREZ, Primera\n Dama de la Nación.
· Embajador PATRICIO ZUQUILANDA, Ministro de Relaciones\n Exteriores.
· Señora YOLANDA TORRES, Secretaria General\n de Comunicación.
· Licenciado JORGE DAVILA. Secretario Particular de\n la Presidencia de la República.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Mientras dure la ausencia del titular\n de Relaciones Exteriores, se encarga dicha Cartera de Estado,\n al Embajador Edwin Johnson, Viceministro.
ARTÍCULO TERCERO.- Los gastos de representación\n y viáticos del Canciller, se aplicarán al presupuesto\n del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, de los funcionarios\n de la Presidencia de la República, al presupuesto de dicha\n institución, no se hace constar pasajes por cuanto viajarán\n en el avión presidencial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 25 de mayo del 2004.
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al doctor Marcelo Antonio\n Batallas Espinosa, para desempeñar las funciones de Gobernador\n de la provincia del Azuay.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de mayo del 2004.
No\n 1711
Que la República del Ecuador y la República\n Federal de Alemania el 9 de diciembre del 2003, suscribieron\n un Convenio de Cooperación Técnica y Financiera\n con el objeto de brindar una solución integral y mejorar\n los procesos de control de carga, contenedores, camiones llenos\n y vacíos que entran y salen a través de los distritos\n de aduana del Ecuador (puertos, aeropuertos, zonas fronterizas,\n zonas francas y zonas especiales);
Que el Convenio de Cooperación Técnica y Financiera\n señalado en el párrafo anterior, en la cláusula\n octava prevé la conformación de un comité\n de supervisión y seguimiento, con el propósito\n de garantizar la seriedad y transparencia del proceso de concesión\n previsto en este instrumento; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 171 numeral 9 de la Constitución Política de la\n República; y, el literal f) del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo Uno.- Designase al abogado Carlos Pólit\n Faggioni, Secretario General de la Presidencia de la República;\n y. al ingeniero Carlos Vega Martínez, Presidente del Consejo\n Nacional de Modernización ­ CONAM, para que integren\n el Comité de Supervisión y Seguimiento del proceso\n de concesión previsto en el Convenio de Cooperación\n Técnica y Financiera, suscrito entre la República\n del Ecuador y la República Federal de Alemania el 9 de\n diciembre del 2003.
Artículo Final.- El presente decreto ejecutivo entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1697 de 18 de mayo del\n 2004, se declaró en comisión de servicios en la\n ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,\n a los señores abogado Carlos Pólit Faggioni y doctor\n Carlos Larrea Estrada, Secretario General de la Presidencia de\n la República y Subsecretario General Jurídico de\n la Presidencia de la República, respectivamente, por el\n período del 18 al 23 de mayo del 2004;
Que es necesario rectificar las fechas de la comisión\n de servicios en el exterior de los mencionados funcionarios;\n y,
Art. 1.- Sustitúyanse las fechas constantes en los\n artículos 1 y 3 del Decreto Ejecutivo No. 1697 de 18 de\n mayo del 2004 de comisión de servicios en el exterior,\n por las siguientes:
"del 19 al 23 de mayo de 2004, Abg. Carlos Pólit\n Faggioni, Secretario General de la Presidencia de la República\n y del 19 al 24 de mayo de 2004, Dr. Carlos Larrea Estrada, Subsecretario\n General Jurídico de la Presidencia de la República".
Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Que el día 11 de marzo del 2004 se produjo un deslave\n de gran magnitud que destruyó la infraestructura vial\n del Nororiente del país, con incidencia en todas las provincias\n de la zona Norte de la Amazonía y afectó seriamente\n al Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano-SOTE, por lo que, mediante\n Decreto Ejecutivo No. 1503, publicado en el Registro Oficial\n No. 298 de 23 de marzo de 2004, se declaró el estado de\n emergencia y determinó zona de atención prioritaria\n a las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana;
Que es deber del Estado Ecuatoriano ante la persistencia del\n peligro que amenaza a esa zona adoptar las medidas necesarias\n para prevenir peligros inminentes o reparar daños causados\n a la población y a la infraestructura del sector afectado,\n con la finalidad de evitar que se agrave la situación\n económica y social de la misma y del país;
Que según lo establece el inciso segundo del Art. 182\n de la Constitución Política de la República\n cuando las causas que motivaron la declaratoria de emergencia\n persistieren, se podrá renovar el decreto por el cual\n se declaró la emergencia; y,
Art. 1.- Renuévase la declaratoria del estado de emergencia\n y determínase como zona de atención prioritaria,\n a las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana y en consecuencia,\n dispónese que el Ministerio de Obras Públicas y\n Comunicaciones,, de inmediato, se encargue de efectuar los trámites\n necesarios y los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación\n Pública y su reglamento, requeridos para estos casos,\n en la ejecución de los trabajos que sean necesarios a\n fin de dar atención a la vialidad en las carreteras, caminos\n y puentes que necesiten de rehabilitación, ampliación\n o reconstrucción según fuere del caso, para solucionar\n los embates de la naturaleza y el peligro inminente que constituye\n ciertamente una amenaza latente para tan importante y estratégica\n región.
Art. 2.- Se faculta al Ministro de Obras Públicas y\n Comunicaciones, a celebrar en nombre y representación\n del Estado Ecuatoriano y bajo su responsabilidad, los contratos\n que sean necesarios para ejecutar las obras y adquirir los bienes\n y servicios para conjurar la emergencia, para cuyo efecto podrá\n ampararse en las disposiciones constantes en el Art. 6 literal\n a) de la Ley de Contratación Pública y de su reglamento.
Art. 3.- La calificación de la causa y exoneración\n del cumplimiento de los trámites precontractuales y contractuales\n establecidos en la Ley de Contratación Pública\n y su reglamento, para que la entidad contratante pueda acogerse\n al régimen de excepción previsto en el Art. 1 del\n presente decreto, serán de exclusiva responsabilidad del\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
Art. 4.- Autorízase al Ministro de Economía\n y Finanzas para que realice las reasignaciones presupuestarias\n correspondientes con el objeto de financiar los contratos que\n sean necesarios para ejecutar las obras y adquirir los bienes\n y servicios para atender la emergencia.
Art. 5.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárgase a los ministros de Economía\n y Finanzas y de Obras Públicas y Comunicaciones.
El beneplácito otorgado para la designación\n del doctor Carlos Játiva Naranjo como Embajador Extraordinario\n y Plenipotenciario Concurrente del Ecuador ante la República\n de Letonia, con sede en Estocolmo, Suecia; y,
El artículo 171, numeral 10 de la Constitución\n Política de la, República y los artículos\n 2 y 56 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior,
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al doctor Carlos Játiva\n Naranjo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente\n del Ecuador ante la República de Letonia, con sede en\n Estocolmo, Suecia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encárgase de la ejecución\n del presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
f.) Edwin Johnson López, Ministro de Relaciones Exteriores,\n Enc.
El beneplácito otorgado para la designación\n del doctor Carlos Játiva Naranjo como Embajador Extraordinario\n y Plenipotenciario Concurrente del Ecuador ante la República\n de Islandia, con sede en Estocolmo, Suecia; y,
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al doctor Carlos Játiva\n Naranjo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente\n del Ecuador ante la República de Islandia, con sede en\n Estocolmo, Suecia.
Que, el 28 de agosto del 2001, el Ecuador suscribió\n ante el Director del Departamento de Tratados de las Naciones\n Unidas, Nueva York, el "Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes\n Orgánicos Persistentes - COPS", adoptado en la ciudad\n de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo del 2001;
Que, el convenio tiene por objeto proteger la salud humana\n y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos\n persistentes;
Que, la Asesoría Técnico Jurídica del\n Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante dictamen 293/ATJ\n de 4 de julio del 2002, consideró que este convenio debe\n ser aprobado o improbado por el Honorable Congreso Nacional,\n en razón de que recae en el numeral 5 del artículo\n 161 de la Constitución Política del Estado;
Que, el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n número 002-2003-CI de 1 de abril del 2003, de acuerdo\n a las disposiciones de los artículos 162 y 277, numeral\n 5 de la Constitución Política del Estado, dictaminó\n la conformidad de dicho instrumento internacional con la Ley\n Suprema de la República;
Que, el Honorable Congreso Nacional, a través de Resolución\n R-25-142 de 5 de mayo del 2004, en aplicación de los artículos\n 161 y 130, numeral 7 de la Constitución Política\n de la República, aprobó el mencionado convenio;
Que, luego de examinar el referido instrumento internacional,\n lo considera conveniente para los intereses del país;\n y,
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratifícase el "Convenio\n de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes\n - COPS", suscrito por el Ecuador el 28 de agosto del 2001\n en la ciudad de Nueva York.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Precédase a depositar el\n instrumento de ratificación respectivo ante el Secretario\n General de las Naciones Unidas (ONU), a efectos de dar cumplimiento\n a lo dispuesto en el artículo 29 del citado convenio.
ARTÍCULO PRIMERO.- Mientras dure la ausencia del país\n del Presidente Constitucional de la República, Coronel\n ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, en Guadalajara,\n México, del 27 al 30 de mayo del 2004, delégase\n al señor doctor Alfredo Palacio Gonzáles, Vicepresidente\n Constitucional de la República, el ejercicio de las atribuciones\n a las que se refieren los artículos 153, 180, 181 y 182\n de la Constitución Política de la República.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de mayo del 2004.
Nro. 389-2003-RA
En el caso Nro. 389-2003-RA
ANTECEDENTES: Eleodoro Segundo Guajardo Gaete, a nombre y\n representación de ELIO IMPORT S.A., presenta acción\n de amparo constitucional ante el Juez Vigésimo Octavo\n de lo Civil de Guayaquil, en contra del Gerente del Primer Distrito\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por haber expedido\n la resolución de 7 de noviembre de 2002, que rechazó\n el reclamo administrativo de pago indebido Nro. 385-2002, de\n la tasa de salvaguardia a varias importaciones que realizara\n su representada.
El accionante manifiesta que el Ecuador como miembro del Pacto\n Andino se halla obligado a acatar las decisiones expedidas por\n la Comisión del Acuerdo Cartagena, entre ellas, la Nro.\n 370 que estableció el Arancel Externo Común. Sin\n embargo de ello, el Gobierno Nacional expidió el .Decreto\n Ejecutivo Nro. 609 de 19 de febrero de 1999, publicado en el\n Suplemento al Registro Oficial Nro. 140 de 3 de marzo del mismo\n año, mediante el cual estableció el cobro de una\n tarifa de salvaguardia a las importaciones de bienes originarios\n de otros países. Que con tal decreto, el Gobierno Nacional\n violó las normas andinas tales como: los Arts. 90 y 98\n del Acuerdo de Cartagena; el Art.: 5 del Tratado de Creación\n del Tribunal Andino de Justicia. Igualmente ha violado el Art.\n 23, numerales 16, 26 y 27 de la Constitución Política\n de la República; los Arts. 1 y 21 de la Ley de Promoción\n y Garantía de las Inversiones; los Arts. 4 y 30 de la\n Decisión 472 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena\n y otras disposiciones contenidas en el Código Tributario\n y en la Ley Orgánica de Aduanas.
El Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil declara\n con lugar la acción de amparo constitucional, en razón\n de que el Ecuador, como miembro de la Comunidad Andina, debe\n respetar sus compromisos con la Comunidad Internacional, compromisos\n que han sido violados por el funcionario aduanero.
Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen\n los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución,\n en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62 de\n la Ley del Control Constitucional.
Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez.
Que, el artículo 95 de la Constitución de la\n República establece, en la parte pertinente al presente\n caso, que "Cualquier persona, por sus propios derechos o\n como representante legitimado de una colectividad, podrá\n proponer una acción de amparo ante el órgano de\n la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta\n acción, que se tramitará en forma preferente y\n sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes\n destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente\n las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos\n de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier\n derecho consagrado en la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace\n con causar un daño grave". Los lineamientos de la\n acción de amparo se encuentran claramente determinados\n en esta norma constitucional, texto del cual se descubre que\n el fin último de este mecanismo de garantía es\n la tutela de los derechos fundamentales. Sin embargo, el reconocimiento\n del amparo como garantía constitucional no obsta a que\n el Legislador, muchas veces en consideración a la especialidad\n de las materias y a las particularidades que presentan determinados\n asuntos, pueda establecer o establezca mecanismos específicos\n de garantía con unos procedimientos propios, lo cual implica\n incluso una determinación de competencias administrativas\n y jurisdiccionales que no es posible invadir.
Que, el Derecho Constitucional Tributario trata sobre los\n principios y normas que rigen las potestades tributarias y garantizan\n los derechos fundamentales de los contribuyentes. Al respecto,\n la Constitución de la República ha instituido en\n nuestro ordenamiento jurídico los principios básicos\n de legalidad, igualdad, proporcionalidad y generalidad, de conformidad\n a los artículos 256 y 257. Además, ha reconocido\n el derecho de propiedad para el pleno desenvolvimiento material\n y moral que deriva de la naturaleza de la persona.
Que, el pago indebido comporta una situación que, en\n principio, pugna y atenta contra dichos principios constitucionales\n y contra el derecho fundamental de propiedad, el mismo que únicamente\n puede ser limitado por la ley y en la justa medida que ella impone.\n No obstante, el cometido de precisar la existencia del pago indebido\n en un caso concreto, exige de un análisis específico\n sobre la normativa tributaria, así como de diversas circunstancias\n de hecho y de derecho que llevarán a determinar, a la\n luz de dicha normativa, si una actividad se amolda o no al hecho\n generador del tributo, o si amoldándose, generó\n una obligación tributaria que se pagó en su justa\n medida legal. Toda esta labor de discernimiento implica, junto\n al análisis jurídico, el que es propio de otras\n disciplinas (como la contabilidad), lo cual constituye razón\n para que se hayan previsto procedimientos especiales y especializados.
Que, en los artículos 323 y 325 del Código Tributario\n se señalan las circunstancias en que se da lugar a un\n pago indebido, y precisamente para determinar si aquéllas\n se han producido, se requiere del análisis referido en\n el considerando anterior. Por otra parte, el citado artículo\n 323 define procedimientos y concreta la competencia administrativa\n y jurisdiccional de quienes deben conocer las reclamaciones y\n demandas por pago indebido, esto es, las administraciones tributarias\n a las que se refieren los artículos 63, 64 y 65 del Código\n Tributario, y el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Este último,\n al tenor de los artículos 234 numeral 7 y 235 numeral\n 5 del citado código tiene competencia propia para conocer\n sobre demandas de pago indebido.
Que, de la reseña que se ha hecho en los considerandos\n anteriores, puede verse un evidente contraste entre las competencias\n y procedimientos que el Código Tributario ha previsto\n para el pago indebido, y las competencias y procedimientos que\n establecen la Constitución de la República y la\n Ley para el Tribunal Constitucional, quien de conformidad con\n el artículo 276 de la Norma Suprema, no es competente\n para decidir si existió pago indebido, ni para determinar\n la cuantía del exceso en el pago de la obligación\n tributaria. Por otra parte, conocer sobre situaciones de pago\n indebido es extraño a los fines claramente delineados\n para la garantía constitucional que comporta el amparo.
Que, en la especie, el demandante acusa la negativa en que\n incurrió la autoridad demandada en relación a la\n reclamación de pago indebido, por las que solicita la\n devolución de US $ 37.960,10 (treinta y siete mil novecientos\n sesenta dólares americanos con diez centavos) más\n intereses devengados hasta la devolución. El demandante\n presenta una tabla en que constan las declaraciones que ha hecho\n y el fundamento de su demanda se centra en el incumplimiento\n en que el Ecuador habría incurrido respecto del arancel\n externo común y en la cita de normas constitucionales.\n Sin embargo, en atención a la específica materia\n sobre la que versa la demanda, y teniendo presente las reflexiones\n anteriores, no se trata directamente de un asunto de constitucionalidad\n que determine la competencia de este Tribunal, o de materia propia\n del amparo constitucional.
Por los considerandos expuestos, y en ejercicio de sus atribuciones\n constitucionales y legales, el Tribunal Constitucional,
1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n desechar la demanda de amparo constitucional formulada por Teodoro\n Segundo Guajardo Gaete, en su calidad de representante de ELIO\n IMPORT S.A.
2.- Dejar a salvo los derechos que pudiere tener el demandante\n para que los haga valer en las instancias competentes.
3.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución. Notifíquese.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con cinco\n votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Rene de la Torre Alcívar, Enrique Herrería\n Bonnet, Mauro Terán Cevallos y Simón Zavala Guzmán\n y cuatro votos salvados de los doctores Miguel Camba Campos,\n Genaro Eguiguren Valdivieso, Jaime Nogales Izurieta y Oswaldo\n Cevallos Bueno, en sesión del día martes cuatro\n de mayo de dos mil cuatro.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MIGUEL CAMBA CAMPOS, GENARO EGUIGUREN
\n VALDIVIESO. JAIME NOGALES IZURIETA Y OSWALDO CEVALLOS BUENO EN\n EL CASO SIGNADO CON EL NRO. 389-2003-RA.
Quito, D.M., 4 de mayo de 2004.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver la presente causa, de conformidad con los artículos\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República\n y 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial que influya\n en la decisión de la causa, por lo que el proceso es válido\n y así se lo declara.
TERCERO.- El artículo 95 de la Constitución\n de la República determina que la acción de amparo\n es procedente frente a un acto u omisión ilegítimos,\n en principio, de autoridad pública, que siendo viólatenos\n de un derecho reconocido por la Constitución o un instrumento\n internacional vigente, causen o amenacen causar, de modo inminente,\n un daño grave. Estos presupuestos deben existir de modo\n simultáneo y unívoco.
CUARTO.- El accionante impugna las resoluciones dictadas por\n el Gerente del Primer Distrito y por el Gerente General de la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana de 4 de diciembre de\n 2002, por medio de las cuales se declara sin lugar el reclamo\n que había presentado con la finalidad de que se le devuelva\n lo que había pagado en concepto de tarifa de salvaguardia,\n sobre mercancías declaradas en varios documentos únicos\n de importación. La impugnación tiene su fundamento\n en el incumplimiento de normas internacionales sobre arancel\n externo común, contenidas en el Acuerdo de Cartagena,\n el Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia,\n así como las decisiones 370 y 472 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena. Señala el accionante que el\n Tribunal Andino de Justicia declaró el incumplimiento\n del Gobierno Ecuatoriano por haber impuesto un arancel que difiere\n del que se comprometió a establecer como parte de la Comunidad\n Andina, producto de las tarifas de salvaguardia establecidas\n en el Decreto No. 1207, publicado en el Registro Oficial 285\n de 27 de marzo de 1998, tarifas que continuaron con el Decreto\n Ejecutivo No. 609, publicado en el Registro Oficial 140 de 3\n de marzo de 1999, norma esta que sirvió de base para el\n cobro de las tarifas que pagó el accionante.
QUINTO.- El artículo 163 de la Constitución\n dispone que "Las normas contenidas en los tratados y convenios\n internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial,\n formarán parte del ordenamiento jurídico de la\n República y prevalecerán sobre leyes y otras normas\n de menor jerarquía". En íntima relación\n con esta norma, el artículo 4 numeral 5 ibídem\n postula que el Ecuador, en sus relaciones con la comunidad internacional,\n "Propugna la integración, de manera especial la andina\n y latinoamericana".
SEXTO.- Es un principio de interpretación constitucional,\n continuamente reiterado por este Tribunal, el que indica que\n la Constitución es un todo orgánico y que entre\n sus partes debe haber la debida correspondencia y armonía.\n En efecto, las normas constitucionales no deben ser analizadas\n aisladamente y fuera de su contexto, sino en concordancia lógica\n entre todas ellas (jura juribus concordan debet). En tal virtud,\n si bien el inciso final del artículo 257 de la Constitución\n de la República establece que "El Presidente de la\n República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias\n de aduana", debe tenerse presente el ya citado artículo\n 4 numeral 5 que se refiere expresamente a la integración\n andina y el articuló 163 ibídem. Por consiguiente,\n las normas comunitarias, cuya validez está expresamente\n reconocida, constituyen un límite a la facultad establecida\n en el artículo 257 de la Norma Suprema.
SÉPTIMO.- En su calidad de miembro de la Comunidad\n Andina de Naciones, la República del Ecuador tiene la\n obligación de observar las decisiones que integran el\n derecho comunitario andino, y en particular, las que versan sobre\n el arancel externo común. El artículo 4 del Tratado\n de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina\n (Registro Oficial No. 363 de 18 de enero de 2000) dispone que\n "Los Países Miembros están obligados a adoptar\n las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento\n de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de\n la Comunidad Andina.- Se comprometen, asimismo, a no adoptar\n ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o\n que de algún modo obstaculice su aplicación".\n El artículo 90 de la Decisión 406 del Acuerdo de\n Cartagena, la cual está publicada en el Registro Oficial\n No. 158 de 23 de septiembre de 1997, dice que "Los Países\n Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel\n Externo Común en los plazos y modalidades que establezca\n la Comisión". Por su parte, el artículo 98\n ibídem dispone que "Los Países Miembros se\n comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes\n que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo.\n Igualmente, se comprometen a celebrar las consultas necesarias\n en el seno de la Comisión antes de adquirir compromisos\n de carácter arancelario con países ajenos a la\n Subregión. La Comisión, previa propuesta de la\n Secretaría General y mediante Decisión, se pronunciará\n sobre dichas consultas y fijará los términos a\n los que deberán sujetarse los compromisos de carácter\n arancelario".
Sin embargo, y como consta de folios 23 a 30 de los autos,\n el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró\n que la República del Ecuador ha incurrido en grave incumplimiento\n de las normas comunitarias relacionadas con el arancel externo\n común, el 21 de julio de 1999, dentro del proceso 07-AI-98.
OCTAVO.- El inciso primero del artículo 257 de la Constitución\n de la República dispone que "Sólo por acto\n legislativo de órgano competente se podrán establecer,\n modificar o extinguir tributos". Esta norma consagra el\n principio de reserva de ley en materia tributaria, el cual es\n recogido por el Código Tributario en su artículo\n 3, cuando determina que "La facultad de establecer, modificar\n o extinguir tributos es exclusiva del Estado, mediante Ley; en\n consecuencia, no hay tributo sin Ley". Ahora bien, el establecimiento\n de un tributo implica la determinación de sus elementos\n esenciales, a saber, el objeto imponible, los sujetos activo\n y pasivo, la cuantía o la forma de establecerla, y las\n exenciones y deducciones, tal como lo prevé el artículo\n 4 del Código Tributario.
Tal determinación de elementos constituye una exigencia\n que impone, no una norma específica, sino el ordenamiento\n jurídico todo. En efecto, si en éste se encuentran\n incorporados derechos fundamentales, y si el actuar de los poderes\n públicos está condicionado por la legalidad y la\n legitimidad, jurídicamente la aplicación práctica\n del tributo reclama definiciones. Tal es una exigencia de la\n seguridad jurídica, del respeto al derecho de propiedad\n y de la subordinación de la administración tributaria\n al derecho, conforme a los artículos 23 numerales 23 y\n 26 y 119 de la Constitución de la República.
NOVENO.- En la especie, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente,\n el cobro legítimo de un arancel aduanero, y en general\n el de todo tributo, debe hacerse sobre la base de una cuantía\n establecida por la ley (o por un instrumento normativo vigente)\n y en una justa medida. El tributo importa una restricción\n al derecho de propiedad, por cuanto el ente público acreedor\n se sustrae a su favor algo del patrimonio del contribuyente,\n y en un Estado de Derecho, ello será legítimo cuando\n se lo haga de conformidad con una norma que autorice la exacción\n y determine su monto. Lo contrario, significa una violación\n al derecho de propiedad, bien por imponérsele una limitación\n jurídicamente no autorizada, bien por disminuírsele\n en una medida que no es la aprobada por el ordenamiento jurídico.\n De esta manera, el principio de reserva de ley comporta una garantía\n del mencionado derecho. Lo es, además, de la seguridad\n jurídica, pues el contribuyente tiene derecho de conocer,\n con certeza, lo que será reducido de su patrimonio por\n concepto del tributo.
DÉCIMO.- Respecto a la imposición de tarifas\n de salvaguardia; la Ley de Comercio Exterior e Inversiones tiene\n normas que establecen cuándo proceden las mismas, entre\n ellas, el Art. 8 dispone: "Las exportaciones están\n exoneradas de todo impuesto, salvo las de hidrocarburos.
Las importaciones no estarán gravadas con más\n impuestos que los derechos arancelarios, en caso de ser exigibles,\n el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales,\n los derechos compensatorios o antidumping o la aplicación\n de medidas de salvaguardia que con Carácter temporal se\n adopten para prevenir prácticas comerciales desleales\n en el marco de las normas de la OMC, según corresponda\n y las tasas por servicios efectivamente prestados". Asimismo,\n el Art. 11 ibídem que señala las atribuciones del\n Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, establece en el literal\n j): "Imponer temporalmente derechos Compensatorios, antidumping\n o aplicación de medidas de salvaguardia para corregir\n prácticas desleales y situaciones anómalas en las\n importaciones que lesionen a la producción nacional con\n observancia de las normas y procedimientos de la OMC". Es\n decir, las medidas de salvaguardia en el caso establecido por\n las normas citadas, tienen como finalidad evitar situaciones\n anómalas o corregir prácticas desleales que afecten\n a la producción nacional.
UNDÉCIMO.- Para el caso de imposición de medidas\n de salvaguardia a los productos provenientes de la Comunidad\n Andina, el Art. 102 de la Codificación del Acuerdo de\n Cartagena establece lo-siguiente: "Cualquier País\n Miembro podrá aplicar, en forma no discriminatoria, al\n comercio de productos incorporados a la lista a que se refiere\n el Artículo 104, medidas destinadas a: a) Limitar las\n importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de\n producción interna; y b) Nivelar los precios del producto\n importado a los del producto nacional. Para la aplicación\n de dichas medidas, cuando sea del caso, los Países Miembros\n ejecutarán acciones por intermedio de agencias nacionales\n existentes, destinadas al suministro de productos alimenticios\n agropecuarios y agroindustriales". El Art. 104 dispone:
"Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión,\n a propuesta de la Secretaría General, determinará\n la lista de productos agropecuarios para los efectos de la aplicación\n de los Artículos 102 y 103. Dicha lista podrá ser\n modificada por la Comisión, a propuesta de la Secretaría\n General" (el resaltado es nuestro).
DUODÉCIMO.- El Art. 107 del Acuerdo de Cartagena, establece\n la posibilidad de imponer medidas correctivas a las importaciones,\n cumpliendo determinados requisitos, señalando expresamente:\n "Un País Miembro que haya adoptado medidas para corregir\n el desequilibrio de su balanza de pagos global, podrá\n extender dichas medidas, previa autorización de la Secretaría\n General, con carácter transitorio y en forma no discriminatoria,\n al comercio intrasubregional de productos incorporados al Programa\n de Liberación. Los Países Miembros procurarán\n que la imposición de restricciones en virtud de la situación\n del balance de pagos no afecte, dentro de la Subregión,\n al comercio de los productos incorporados al Programa de Liberación.\n Cuando la situación contemplada en el presente artículo\n exigiere providencias inmediatas, el país Miembro interesado\n podrá, con carácter de emergencia, aplicar las\n medidas previstas, debiendo en este sentido comunicarlas de inmediato\n a la. Secretaría General, la que se pronunciará\n dentro de los treinta días siguientes, ya sea para autorizarlas,\n modificarlas o suspenderlas. Si la aplicación de las medidas\n contempladas en este artículo se prolongase por más\n de un año, la Secretaría General propondrá\n a la Comisión, por iniciati