Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469969&fecha=26/01/2017
Timestamp: 2020-01-22 15:36:20
Document Index: 377021364

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 105', 'artículo 19', 'artículo 29', 'in fine', 'artículo 76', 'artículo 69', 'artículo 19', 'artículo 76', 'ARTÍCULO 105', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'artículo 19', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 71']

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2016 Y SU ACUMULADA 31/2016
PROMOVENTES: DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro.
5. I. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO (ACCIÓN 30/2016). Señala como artículos constitucionales violados los siguientes: 1; 14; 16; 73, fracción XXIX-V, 102, Apartado B y 133; así como diversos instrumentos internacionales y elabora tres conceptos de invalidez, los cuales se sintetizan a continuación.
de responsabilidad, siendo el término correcto probable responsable, ya que corresponde al órgano interno de control demostrar que a quienes se les imputa una acción y omisión, sí son administrativamente responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de comprobar que indudablemente la realizaron. Cita en apoyo la tesis de rubro: "PRESUNCIÓN DE INONCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES".
12. Lo anterior, porque se dejó de observar el mecanismo de protección no jurisdiccional que el Constituyente Permanente estableció para la defensa y promoción de tales derechos, de conformidad con el artículo 102, apartado B de la Constitución Federal. Deber que se dejó de observar en los artículos 41, fracciones XIX, XXI, 47, 48, fracción V, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 77, 92 de la ley impugnada, al establecer que corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro realizar funciones que en estricto sentido le corresponden al órgano interno de control de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad, en atención a su autonomía como órgano constitucional autónomo. Cita en apoyo la tesis de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS" y "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS".
23. Por último, el artículo quinto transitorio de la ley impugnada al establecer la obligación al titular del Poder Ejecutivo del Estado de expedir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado, viola la autonomía e independencia de los diversos poderes del estado, así como también la de los organismos constitucionales autónomos, pues si bien el artículo 22, fracción VII de la Constitución local, faculta al Gobernador del Estado para expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo,
24. II. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ACCIÓN 31/2016). Señala como artículos constitucionales violados el 16, 102, apartado B, 108, 109 y 113 del Decreto de reforma constitucional publicado el veintisiete de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; y elaboró un concepto de invalidez que a continuación se sintetiza.
25. ÚNICO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Violación a los artículos 14, 16, 102, apartado B, 108, 109 y 113 de la Constitución Federal. Los artículos 5, fracción VII, 41, fracción XIX, 48, fracción V, 49, 50 y 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, son inconstitucionales porque vulneran el principio de legalidad, la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, las bases del sistema nacional anticorrupción y en general el sistema constitucional de responsabilidades de los servidores públicos y de manera particular configuran una violación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos y la tutela de derechos humanos mediante ese sistema.
· Es cierto que se promulgó, refrendó y publicó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro", en el periódico oficial de la entidad el primero de abril de dos mil dieciséis, conforme a los artículos 22, fracción I, 23 y 19, fracción VIII de la Constitución estatal.
· Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, en virtud de la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los
· Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI de la Ley Reglamentaria de la materia, por lo que hace a la demanda presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos, ya que existe un medio de defensa legal que ese organismo debió haber agotado antes de ejercitar la acción de inconstitucionalidad. El artículo 29 de la Constitución estatal establece que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y sus Salas son competentes para, entre otras cosas: a) resolver sobre la constitucionalidad de las leyes en el Estado y b) garantizar la supremacía y control de la referida Constitución, mediante la interpretación de la misma, formando y sistematizando precedentes en materia de control de esta Constitución. Los artículos 77 y 92 de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro establecen la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, las cuales la Defensoría de los Derechos Humanos estuvo en posibilidad de agotar, ya que la mayoría de sus argumentos señala vulneración a su autonomía. Además de que dicha autonomía no deviene directamente de la Constitución Federal sino de la Constitución local.
· El motivo fundamental que impulsó al legislador estatal para emitir la norma impugnada, fue cumplir con el mandato constitucional, homologar el orden jurídico interno de la entidad a las exigencias que reclama la sociedad mexicana.
· Se difiere de las opiniones, criterios y puntos de vista de los promoventes, dado que las disposiciones impugnadas están apegadas a los lineamientos establecidos por el Constituyente Permanente y las Convenciones internacionales en materia de protección a los derechos humanos.
· Es infundado e inoperante lo señalado por la Defensoría de los Derechos Humanos en cuanto a que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro es inconstitucional, ya que el marco normativo que regula al sistema nacional anticorrupción así como al sistema de responsabilidades de los servidores públicos, parte de un conjunto de disposiciones jurídicas coordinadas que integran un sistema unificado de competencias concurrentes que también le reconocen atribuciones en la materia a las entidades federativas; pero además, en este momento no existen motivos fundados y suficientes para considerar que la ley impugnada es inconstitucional, en virtud de que no existe parámetro de comparación que así permita revisarlo.
· Si a la fecha el Congreso de la Unión no ha emitido la Ley General, no existen elementos en este momento para determinar que la ley impugnada es inconstitucional, pues se desconocen los parámetros de regulación que establecerá el Congreso de la Unión, lo que nos permite considerar una duda razonable, pues ante la inexistencia de la Ley General la ley impugnada no puede ser inconstitucional por sí misma, sino que para llegar a esa conclusión es necesario realizar un análisis comparativo entre ambas disposiciones. Además cabe la posibilidad que los temas que regula la ley impugnada sean acordes a los parámetros que al efecto se establecerán en la Ley General.
· De conformidad con los artículos 113 in fine, cuarto y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional, se reconoce competencia a las entidades federativas para establecer sistemas
· El artículo 76 no es inconstitucional, pues sigue los estándares fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte, pues no establece que se presumirá su culpabilidad, ni que correrá a su cargo demostrar su inocencia, ni que será tratado como culpable hasta que se le demuestre lo contrario.
· Los artículos 41, fracciones XIX, XXI, 47, 48, fracción V, 49, 50 a 56, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 77, 92 y quinto transitorio de la ley impugnada, no vulneran la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos, ya que si bien se faculta a la Secretaría de la Contraloría del poder ejecutivo del estado para revisar la manifestación de bienes, los datos personales, la declaración de intereses e investigar actos de corrupción de todos los servidores públicos, incluidos los que pertenecen a la Defensoría, ello responde a una razón constitucionalmente válida.
· Si bien la autonomía que la Constitución otorga a los organismos autónomos, les permite ser independientes en su actuar y conducirse en un plano de coordinación con relación a los tres poderes, también lo es que dicha autonomía no es absoluta e ilimitada, ya que su existencia parte del ejercicio mismo de la soberanía nacional que se deposita en dichos poderes.
· La forma en que se implementará el sistema anticorrupción en las entidades federativas, forma parte de la libertad de configuración normativa de los congresos locales, pues el Poder Constituyente sólo estableció la obligación de cumplir con tal mandato constitucional, pero no el que dicho sistema se acople a cierto modelo o guía, permitiéndole al legislador local prever el mecanismo más idóneo para cumplir tal finalidad.
· Lo que pretende la Defensoría de los Derechos Humanos es que, escudada en su autonomía de gestión, pueda libremente sancionar, vigilar y procesar a sus servidores públicos adscritos a su cargo, como si fuera un ente ajeno al Estado que se gobierna por sí sólo; sin embargo, ello es incorrecto, pues como organismo cuya existencia deviene de la Constitución local, está sujeto a las políticas públicas que éste, por medio del ejercicio de la soberanía popular, tenga a bien implementar para resolver los problemas que presenta el quehacer público.
· La decisión de encomendar tales funciones a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado está justificada y es razonable, ya que este poder tiene encargada originalmente la función administrativa del Estado y en ese sentido, es a éste al que le compete velar porque el ejercicio de los recursos públicos se haga con eficiencia, honradez, imparcialidad, legalidad y eficacia, pues el cuidado del erario público es una de las actividades primordiales de la administración pública. Además de que dicha secretaría es la que cuenta con la competencia legal más adecuada al respecto y el que se hayan asignado tales funciones a dicha secretaría no implica que el ejecutivo esté centralizando la información, sino que ello constituye a la dependencia que coordinará a nivel estatal la implementación del sistema anticorrupción de la entidad.
· La ley impugnada sí establece un sistema coordinado entre instituciones, en el sentido que la Secretaría de la Contraloría del poder ejecutivo local y los órganos internos de control de cada uno de los demás poderes, municipios, organismos constitucionales autónomos, entidades paraestatales y demás instituciones del Estado, son los encargados de implementar los procedimientos para imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en alguna responsabilidad administrativa. Así, de acuerdo con el artículo 69 de la ley impugnada, es facultad de los superiores jerárquicos de cada institución imponer las respectivas sanciones a sus servidores públicos, con lo que, contrario a lo manifestado por la Comisión promovente, es falso que al poder ejecutivo local se le hayan irrogado facultades que excluyan a las demás autoridades de las diversas instituciones del Estado. Dicho sistema local es similar al adoptado por el Constituyente Permanente para el régimen federal.
· Es incorrecto que el Consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos sea un ente consultivo,
· Por su parte, el Poder Legislativo, añadió que el proceso de formación de la ley impugnada satisfizo todas y cada una de las etapas del procedimiento legislativo formal, mismo que se integra por iniciativa, dictamen, discusión, aprobación o rechazo, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia, que contempla el artículo 19 de la Constitución local.
· Es infundada la causal de improcedencia de falta de legitimación de los promoventes, existen diversos precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado respecto de la legitimación de los organismos protectores de derechos humanos, dentro de las que destaca la acción de inconstitucionalidad 22/2009, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que impugnó dos artículos del Código de Comercio. Aunado a que los promoventes consideran que los artículos impugnados vulneran el derecho humano a la presunción de inocencia de los servidores públicos sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa âartículo 76 de la ley impugnadaâ, así como el principio de autonomía de gestión de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y el derecho humano a la seguridad jurídica de los servidores públicos de la Defensoría âartículos 41, fracciones XIX, XXI, 48, fracción V, 49 a 53, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 77 y 92â, por lo que se estima que los promotores se encuentran legitimados para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad.
· Es infundada la causal de improcedencia de falta de definitividad porque los medios de control constitucional locales âacción de inconstitucionalidad y controversia constitucionalâ no constituyen medios de defensa que se deban agotar previamente, ya que son mecanismos de defensa constitucional a nivel local porque toman como norma de regularidad a la Constitución local y no a la Constitución Federal.
· Las acciones de inconstitucionalidad deben ser resueltas con base en los precedentes que existen en la materia de combate a la corrupción, acción de inconstitucionalidad 56/2016 y 58/2016, promovidas por la Procuradora General de la República, al advertir que si a la fecha de la emisión de las normas generales controvertidas no existían las leyes generales de la materia, las autoridades demandadas desbordaron su ámbito competencial al regular aspectos concernientes a la materia de combate a la corrupción.
· Por ello, la Ley impugnada resulta inconstitucional porque a la fecha de su emisión los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de Querétaro, no contaban con las atribuciones para legislar en la materia de combate a la corrupción, en el caso, respecto de las responsabilidades de los servidores públicos.
69. Lo anterior le otorga a la mecánica transicional la peculiar característica de que los artículos que constituyen la base sustantiva constitucional de las leyes generales, no entran en vigor sino hasta la misma fecha en que lo hagan éstas, esto es, entran en vigor de modo simultáneo. Esta mecánica transicional pretende asegurar que tanto en el ámbito federal como en los locales, los órganos pertenecientes al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la distribución de competencias sobre responsabilidades administrativas y sus tribunales, se ajusten y adecuen no solamente a los artículos constitucionales relativos al nuevo sistema anticorrupción y a las nuevas responsabilidades administrativas, sino también al contenido de las leyes generales, como se desprende del contenido literal del artículo SÉPTIMO transitorio de la reforma.(20)
74. De este modo, la mecánica transicional expresamente establecida para el caso, incide fundamentalmente en los contenidos del Sistema Nacional Anticorrupción para su efectiva implementación a través de una articulación de los distintos órdenes de gobierno por conducto de la legislación general expedida por el Congreso de la Unión. En este orden, si una entidad federativa trasgrede los efectos normativos a los que se han referido los artículos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO transitorios de la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince, entendida ésta como una "veda temporal" o condición suspensiva para el ejercicio de la facultad concurrente en los términos de los artículos 73 y 113 fracción II, último párrafo de la Constitución Federal vigente, resulta claro que la normatividad previamente emitida a aquella que deriva de las facultades a cargo del Congreso de la Unión, violenta las bases de coordinación y articulación entre órdenes de gobierno y genera una distorsión en la mecánica transicional establecida por la
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de veinticuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 30/2016 y su acumulada 31/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a trece de enero de dos mil diecisiete.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2016 Y SU ACUMULADA 31/2016.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el voto concurrente formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, en la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 30/2016 y su acumulada 31/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a trece de enero de dos mil diecisiete.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2016 Y SU ACUMULADA 31/2016
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de tres fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el voto concurrente formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek, en la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 30/2016 y su acumulada 31/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a trece de enero de dos mil diecisiete.- Rúbrica.
15 Sirve de apoyo la tesis P./J. 5/2003, de rubro, texto y datos de identificación: âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN III, Y 65, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA ACCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto en los artículos 64, fracción III, y 65, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, se advierte que compete a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado sustanciar los procedimientos en las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra de leyes o decretos contrarios a la Constitución Local, ejercitados por el Gobernador del Estado o cuando menos por la tercera parte de los miembros del Congreso Estatal, así como formular los proyectos de resolución definitiva que someterá al Pleno del citado Tribunal. Sin embargo, si se toma en consideración que para que los sujetos legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentren obligados a agotar, previamente a esta vía constitucional, algún medio de defensa previsto en las leyes secundarias para la solución del conflicto, es presupuesto indispensable que la resolución que en él llegue a dictarse sea susceptible de impugnarse a través de dicho medio de control constitucional, resulta evidente que el citado medio de defensa contemplado en la Constitución Local no puede constituir una vía que deba agotarse previamente a la acción de inconstitucionalidad que establece la Constitución Federal, pues en ésta únicamente puede plantearse la no conformidad de normas de carácter general con la propia Ley Fundamental, pero no así de actos, como lo sería la resolución que llegara a dictar el mencionado Tribunal Superior de Justicia al resolver la acción localâ. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII. Marzo de 2003. Página: 979.
20 SÉPTIMO. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.
23 Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2004. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX. Junio 2004. Página 863, de rubro: âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONEPTOS DE INVALIDEZâ.
25 Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2004, cuyo rubro, texto y datados de identificación son los siguientes: âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentariaâ. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX. Marzo de 2004. Página: 958.
29 ARTÍCULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional