Source: https://www.scribd.com/document/126025471/Sent-Scj-15-02-13-Inconstituc-Ley-18876-Icir
Timestamp: 2018-04-26 12:02:22
Document Index: 95115983

Matched Legal Cases: ['artículo 283', 'artículo 297', 'artículo 297', 'artículo 298', 'artículo 297', 'artículo 298', 'artículo 297', 'artículo 297', 'artículo 297', 'artículo 297', 'artículo 240', 'artículo 4', 'artículo 238', 'artículo 297', 'artículo 297', 'artículo 10', 'artículo 297', 'artículo 10', 'artículo 297']

Sent Scj 15-02-13 Inconstituc Ley 18876 Icir
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Sentencia No.17 MINISTRO REDACTOR: DOCTOR JORGE T.
LARRIEUX RODRÍGUEZ
Montevideo, quince de febrero de dos mil trece VISTOS: Para sentencia estos autos caratulados: “G. M., L. Y OTRA C/ PODER LEGISLATIVO – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 2, 10 Y 11 DE LA LEY NRO. 18.876”, IUE 1-48/2012. RESULTANDO QUE: I) A fs.4 y siguientes los
comparecientes, propietarios de inmuebles rurales que totalizan una superficie de 3.075 hás 1.330 mts. Índice Coneat 100, promueven acción de declaración de
inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 10 y 11 de la Ley Nº 18.876, por la que se creó el impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), señalando su contradicción con la norma consagrada en el art. 297 de la Constitución de la República. Acreditan su calidad de
titulares de un interés directo, personal y legítimo en obtener la declaración de inconstitucionalidad, y su
consiguiente inaplicabilidad por ser sujetos pasivos del referido impuesto, expresando, en síntesis, los
impuesto adicional, sino, no sólo
ICIR es
no un no un
impuesto es una hecho
departamental, obligación
generador propio, no se le determina tomando como base de cálculo la cuantía de la obligación preexistente (la contribución inferior al inmobiliaria del rural), y su monto al no es que
supuestamente accede. Surge, además, del
mensaje y exposición de motivos con el que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto de ley, así como de todo su trámite parlamentario, durante el cual nadie sostuvo que el ICIR fuera un adicional de la contribución
inmobiliaria rural. - Tanto el ICIR (desde que sus sujetos activos son los Gobiernos Departamentales, conforme art. 10 de ley impugnada), como la contribución inmobiliaria rural, son impuestos departamentales que gravan una misma manifestación de riqueza, al decir de Valdés Costa y que, por tanto, acentúan la presión
fiscal respecto de los mismos sujetos pasivos, y sobre una idéntica manifestación de capacidad contributiva. - El art. 7, cuyo “nomen juris” es “exoneraciones genéricas”, es
inconstitucional, puesto que las normas que interpreta,
y establece no rigen para el ICIR (arts. 39 y 43 de la Ley Nº 15.939), crearon derechos subjetivos perfectos a favor de los propietarios de tales inmuebles rurales. Derechos adquiridos que no pueden desconocerse durante el lapso señalado sin arrasar con el derecho
constitucional a la seguridad jurídica y económica (art. 7 de la Carta). Los firmantes no realizan explotaciones forestales en los inmuebles de que son titulares, pero ello no borra la inconstitucionalidad flagrante del art. 7 de la Ley impugnada. - En la especie se da la superposición impositiva prohibida por el art. 298 de la Lex Magna, pues el art. 1 de la Ley Nº 18.876 crea un impuesto cuyo hecho gravado es el mismo que el de la contribución inmobiliaria rural. A saber, la propiedad de inmuebles rurales, si bien en el ICIR esos inmuebles deben tener más de determinada superficie, estimada
según índice CONEAT 100. impuesto que grava la Siendo de el ICIR un
inmuebles rurales, lo dispuesto en los arts. 10 y 11 de la norma impugnada colide con el proemio y con el
numeral 1 del art. 297 de la Constitución. Indica concretos favorable: en los que se haría valer como la casos sentencia
- acciones o demandas de devolución o restitución de sumas pagadas indebidamente (arts. pasivos 1312 de o un 1318 del Código Civil), como sujetos
promovidas ante la justicia ordinaria; - juicios ejecutivos promovidos por el cobro del impuesto creado por la ley cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita; - y acciones de nulidad de decretos reglamentarios de la ley impugnada, o de actos administrativos de determinación del impuesto de que es contribuyente la actora en esta litis, promovidas ante el T.C.A. - En cumplimiento del art. 512 del C.G.P., indica que las normas impugnadas coliden con el principio indiscutido de que los Gobiernos
departamentales gozan de una autonomía muy amplia frente al Estado Central, la cual, en materia financiera y tributaria, se consagra con ciertas limitaciones en el art. 298 de la Carta. Ello sucede por la
incondicionalidad de sus arts. 10 y 11, con el proemio del art. 297. - Según las normas cuestionadas, la Administración del ICIR se desplaza
inequívocamente de cada Gobierno Departamental, a una comisión Sectorial de la que forman parte delegados “de
los Ministerios competentes”, y que depende la O.P.P., la cual a su vez, “dependerá directamente de la
Presidencia de la República” (art. 230 inciso primero). Ni siquiera del Poder Ejecutivo. impuesto que grava la Siendo de el los ICIR un
rurales, es uno de los recursos cuya administración el proemio del art. 297 de la Carta asigna a los Gobiernos departamentales, contra lo dispuesto por dichos arts. 10 y 11 en forma flagrantemente inconstitucional. - Lo propio cabe decir de la recaudación de ese impuesto, cometida a los Gobiernos Departamentales por el num. 1 del art. 297, que el art. 11 de la Ley No. 18.876 transfiere y a la a un fondo
multicitada
Comisión Sectorial del art. 230 de la Carta. - En segundo término, el art. 1 de la Ley No. 18.876, al crear un nuevo impuesto a la propiedad de inmuebles rurales, cuyo hecho gravado coincide, por tanto, con el de la contribución
inmobiliaria rural, incurre en superposición impositiva y, por consiguiente, viola lo dispuesto por el art. 298 de la Constitución. - Si con el ICIR se crea un nuevo impuesto departamental, cuyo presupuesto de
hecho grava la misma manifestación de riqueza que la
contribución inmobiliaria rural, como fue la evidente intención del Poder Ejecutivo, amplía las fuentes sobre las que pueden recaer los tributos departamentales, pero incurre en superposición impositiva, prohibida por el num. 1 del art. 298 de la Carta. - Si no fuere así, el ICIR debería ser un impuesto adicional rural, ni lo de nacional que su no a la de
contribución ninguno de
inmobiliaria sus
surge 10,
inconstitucionalidad resultaría de tener una cuantía muy superior a la de dicha contribución inmobiliaria. - Por lo que, no siendo el ICIR un adicional a la contribución inmobiliaria rural, se trata de un impuesto a la propiedad de inmuebles rurales de más de determinada superficie, que incurre en la inconstitucional superposición impositiva prohibida por el art. 298 de de la Carta, que al gravar la la misma
inmobiliaria rural. - Por último, sus arts. 1 y 2, al no definir con precisión el hecho gravado y sus sujetos pasivos, vulneran el principio de libertad,
resultante del inciso segundo del art. 10 de la Lex Magna. En el art. 2, que
enuncia los sujetos pasivos del ICIR, resulta que su
taxativa,
considera contribuyentes de este impuesto a los “demás titulares de los inmuebles gravados no comprendidos en los anteriores literales”. Dicho vacío podrá ser
colmado por el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria, transgrediéndose así el principio de legalidad, o sea, el art. 10 de la Constitución. De allí, entonces, la inconstitucionalidad del literal D) del art. 2 de la Ley No. 18.876. En suma, solicita se
declara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 7, 10 y 11 de la Ley Nº 18.876, así como su inaplicabilidad respecto del núcleo familiar de los comparecientes. II) Conferida vista al Sr.
Fiscal de Corte éste, por los fundamentos expuestos en dictamen No. 2507/12 (fs. 34-35), entendió corresponde desestimar la acción de declaración de
inconstitucionalidad promovida. CONSIDERANDO: I) mayoría de sus La Corporación, naturales, por
inconstitucional y por ende, inaplicables al caso, los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 18.876, desestimando la
pretensión en lo demás. II) Para los Sres. Ministros
Dres. Ruibal y Chediak, así como para el redactor, en cuanto respecto a la al legitimación activa, por esta corresponde de
inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la citada norma, no con relación a los arts. 10 y 11, ya que sobre este aspecto compete a los interesados incoar, por si directamente lo de estiman autonomía
(Gobiernos pertinente,
Departamentales), eventual acción
(art. 283 de la Constitución). En efecto, como sostuviera la Corporación de la en la reciente alegada de fallo lesión No. de 564/2012, autonomía de los
“...respecto departamental,
promotores resulta clara. En Sentencia No. 171/2005, la Corporación reiterando la especificidad de la acción de lesión de autonomía departamental explicitada en
pronunciamiento No. 737/94, señaló: “…El constituyente asignó a la autonomía de los gobiernos departamentales, en ciertas y determinadas áreas, una especial relevancia y, paralelamente, quiso instituir un medio especifico que viabilizara la protección de la autonomía de la autoridad municipal tanto frente al administrador, como al legislador y al propio juez. Como se expresara en
Sentencia de la Corporación, No. 26/91, entre otras:
forma uniforme la amplitud de la acción de amparo de la autonomía provenir municipal, tanto de aceptando un acto que la de lesión un puede o,
indistintamente de cualquier acto administrativo, de una Ley e incluso de una sentencia judicial (Conf. J.
Jiménez de Aréchaga, La Constitución Nacional, t. 9, pág. 151; Sayagués Laso, Derecho Administrativo, cit. en consulta del Prof. Cagnoni a fs. 213; Carrara, Lanzaro y Brito, Gobiernos Departamentales, t. 2, pág. 82, F.C.U., 1971; Prat, Derecho Administrativo, t. 5, vol. 2, pág. 100)”. De la simple lectura del artículo 283 de la Constitución de la República surge que quienes pueden accionar ante esta Corporación ‘…por cualquier lesión que son se los infiera a la autonomía o las del
departamento…’,
Departamentales y no los particulares, circunstancia que determina la falta de legitimación de los actores y, por consiguiente, el rechazo del planteo efectuado en cuanto a la infracción de lo dispuesto en los arts. 262, 273 y 274 de la Carta.” Por su parte, respecto del art. 7 de la Ley No. 18.876, en tanto elimina a los efectos del pago del ICIR las exoneraciones tributarias previstas para la actividad forestal por los arts. 39 y
43 de la Ley No. 15.939, el accionante tampoco cuenta con legitimación activa, ya que alega no realizar
explotaciones forestales en los inmuebles de los que es titular, por lo que carece de interés directo (art. 258 Const., y 509 num. 1 C.G.P.). III) Con relación a la alegada inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 18.876, los Dres. Ruibal, Chediak y el redactor
entienden que esta resulta de recibo, por violentar la normativa impugnada los nums. 1os. de los arts. 297 y 298 de la Constitución. El inciso 1 del art. 1º de la Ley No. 18.876 establece la creación del impuesto, el que “...recaerá sobre los inmuebles rurales que, en su conjunto, excedan por titular las 2.000 hectáreas índice CONEAT 100 o equivalentes”. El literal A del art. 2 de la Ley Nº 18.876 determina que serán sujetos pasivos del impuesto “Las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, siempre que sus inmuebles
rurales al cierre del ejercicio excedan en su conjunto las 2.000 hectáreas índice CONEAT 100 o equivalentes”. A su vez, debe tenerse
presente que, en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de la citada ley, los sujetos activos de la relación
tributaria serán los Gobiernos Departamentales.
Como sostuvo la Corte en Sentencia No. 262/2004, “En primer lugar corresponde
determinar la naturaleza jurídica del tributo contenido en la normativa o impugnada, no a fin de a de las los dilucidar su
facultades Gobiernos
Departamentales por el art. 297 de la Carta en tanto dispone que serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos: "1o.) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada
dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales
establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos
Departamentales respectivos...". El mencionada disposición alcance de resultó la una
temática debatida ampliamente en doctrina en función de la variación de la redacción operada entre la
Constitución de 1952 y la de 1967. El texto constitucional de 1952 otorga a las Juntas Departamentales una autonomía
financiera medida que
restringida los
encuentran habilitados para crear tributos en los casos expresamente autorizados para ello, regulándose mediante los arts. 297 y 298 las fuentes sobre las cuales pueden legislar los gobiernos departamentales, así como el
régimen aplicable respecto de las fuentes nacionales. El referido texto
constitucional expresaba: "Serán fuentes de recursos de los Gobiernos por Departamentales, éstos: 1) Los decretados sobre y la
propiedad inmueble situada dentro de los límites de su jurisdicción, excluidas las mejoras de la propiedad raíz rural y con excepción de los adicionales nacionales
establecidos o que se establecieren". Addy Mazz, en "Curso de
Derecho Financiero y Finanzas", estudiando el alcance de la referida disposición señala que: "La expresión
‘impuestos sobre la Propiedad Inmueble’ daba lugar a tres interpretaciones: a) Se entendían por tales, los impuestos sobre la propiedad y todos los tributos cuyo hecho imponible lo constituye la posesión de la tierra, por ejemplo, la antigua sobretasa, basada en la tenencia de los bienes. ni No el comprendería impuesto la trasmisión mayor de la que
correspondería al Gobierno Nacional; b) Para la segunda
tesis, la expresión comprendería todo tipo de gravamen a los inmuebles, fuera la posesión, las mutaciones del dominio, clásica intención la era de valorización; que el c) Finalmente, habría la la tesis la
constituyente sólo a
Inmobiliaria y al hablar de impuestos quiso referirse a todas las contribuciones inmobiliarias de todos los
Departamentos...". En la Constitución de 1967 se advierte una modificación en la redacción en tanto se establecen como fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales creados y administrados por éstos
‘...los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana...’, impositiva encontrando su limitación a los la facultad
nacionales que ya existieren o que se crearen en el futuro. Otra limitación impositiva refiere a los impuestos sobre la propiedad inmueble
rural en tanto pasa a ser fuente de recursos nacional al establecerse que ‘... No serán fijados su por el Poder Ley se
Legislativo...’.
especifica por parte de la disposición constitucional que su recaudación así como la totalidad de su producido -excepción hecha de los adicionales actuales o futuroscorresponde a los gobiernos departamentales respectivos,
circunstancia citada-
señala de
llevaron a la unificación de los gravámenes respecto a la propiedad inmueble rural (Cfme. Addy Mazz, ob. cit., pág. 103)”. En encontraríamos propiedad claramente rural, ante y no con el un un la caso impuesto a nos la en
Inmobiliaria Rural. Analizando la naturaleza
de los impuestos “adicionales” previstos en el num. 1º del art. 297 de la Constitución, cuya fijación es
competencia del Estado Central, la Corte en la citada sentencia No. 262/2004 expresó que: “Asiste Costa cuando a sostiene un que para no es razón a Valdés como
catalogar un
‘adicional’
indispensable que el presupuesto de hecho del mismo esté constituido por la determinación o el pago de la
obligación preexistente, ya que ‘...el legislador tiene libertad para relacionar el nacimiento de la nueva
obligación, tanto al presupuesto de hecho del tributo principal, como al pago del mismo, o a otra
circunstancia de hecho escogida discrecionalmente por él...’ (Valdés Costa: "Manual de Derecho Financiero -
F.C.U.,
Tributario", -Ed. Depalma - Temis - Marcial Pons - Bs. As. - Santa Fe de Bogotá - Madrid - Año 1996, pág. 96). Lo que sí se exige, es que el nacimiento de la nueva obligación (adicional) se
relacione ya sea con el presupuesto de hecho del tributo principal, ya sea con el pago del mismo o con otra circunstancia. El Dr. Giampietro Borrás, en su obra ‘Contribución Inmobiliaria en el Uruguay’ indica que en cierta medida los adicionales tributarios poseen individualidad en tanto constituyen siempre figuras ubicadas
singularizables,
dentro del marco de la accesoriedad a otro tributo que las caracteriza. Indica asimismo que poseen una magnitud económica propia, poseyendo determinados elementos como
formales relativos a su liquidación y pago. Precisa accesoriedad de los adicionales no asimismo significa que que la el
hecho generador matriz deba ser adoptado integralmente con todos los elementos que lo componen, sino que para que nos encontremos en presencia del adicional puede adoptarse sin desnaturalizarse, comprendiendo aspectos o elementos diversos a los del hecho generador el tributo matriz al que accede, peculiaridades que sólo
constituyen variantes parciales del hecho generador de referencia que no alteran su estructura orgánica en
cuanto se mantienen los elementos esenciales del mismo.” De la lectura de las
normas contenidas en los arts. 1 y 2 de la Ley No. 18.876 surge que no nos encontramos ante un impuesto adicional al departamental, ya que si bien el
presupuesto de hecho (hecho generador) es similar en ambas especies tributarias, lo cierto es que el ICIR termina por regular una absolutamente independiente del impuesto municipal (Contribución Inmobiliaria Rural). En efecto, el ICIR
presenta claramente un hecho generador independiente del regulado en la Contribución Inmobiliaria Rural, aunque la materia imponible sea similar (la propiedad de
inmuebles rurales), por lo que no puede categorizárselo como adicional. De esta forma, la norma contraría el límite a la potestad tributaria contenido en el num. 1º del art. 297 de la Constitución. Véase que en primer lugar, el ICIR grava al propietario de inmuebles rurales de más de 2000 hectáreas índice Coneat 100 (o “equivalente”), difiriendo simplemente de la grava Contribución la Inmobiliaria Rural que
proporcionalmente a su extensión, y separadamente por cada padrón individual.
Es decir, ambos impuestos gravan una misma aunque manifestación mediante la de capacidad de
hechos generadores diversos, que determinan, a la vez, la no adicionalidad y la superposición impositiva del ICIR respecto de la Contribución Inmobiliaria Rural. A cálculo también es su vez, puesto se mide la que la base en de la
diferente, Rural al
Contribución contributiva
Inmobiliaria atendiendo
propiedad, mientras que el ICIR, en su art. 4, utiliza una escala progresiva de alícuotas absolutamente
independiente del valor del inmueble gravado, aplicando a cada una de ellas un valor impositivo en Unidades Indexadas, determinado únicamente en base a la
superficie del inmueble, que deberá tener índice Coneat 100 o “equivalente”. Por último, el ICIR
persigue una finalidad extrafiscal propia, de evitar la concentración de tierras por un mismo titular, que
resulta ajena a la finalidad exclusivamente fiscal de la Contribución Inmobiliaria Rural. De esta forma, podemos
sostener sin hesitaciones que los arts. 1 y 2 de la Ley No. 18.876 violan el límite constitucional impuesto por el num. 1º del art. 297 de la Carta, que, aunque
implícitamente,
superposición impositiva entre Gobiernos Departamentales y Estado Central, al requerir que los impuestos
nacionales sobre la misma materia impositiva que gravan los departamentales sean de carácter adicional. Este sido planteado y en discutido la que por se problema la ya había de los
“Comisión la
Veinticinco”,
Constitucional de 1952 (Carta en la que se da texto original al art. 297), temática analizada por Jiménez de Aréchaga en “La Constitución del Uruguay de 1952” (Notas taquigráficas..., publicación del Centro de Estudiantes de Derecho, Mdeo. 1965). Jiménez de Aréchaga,
citando estas discusiones, expresaba: “...el Dr. Ferrer Serra dejó claramente establecido que el propósito de ellos era establecer en forma enumerativa las fuentes de los recursos departamentales y fundamentalísimamente
atribuirle a ellos el recurso del impuesto a la tierra. El diputado Vasconcellos
durante la discusión planteó el siguiente problema: el inciso primero del art. 297 llegaría a impedir en el futuro un plan de reforma agraria por medio de una ley nacional, dado que el único medio de realización de ese plan de reforma agraria sería el impuesto a la tierra... Más adelante, el Dr.
Ferrer Serra, aludiendo a ese problema dijo que la única solución adelante sería un que la de ley dicha al nacional naturaleza impuesto a pudiera llevar los
inmueble.” (op. cit., pág. 888). En mérito a tales
fundamentos, Jiménez de Aréchaga, concluye: “Dados los términos en que está redactado el inciso 1º, en un
sentido categórico de atribución al Departamento de la fuente impositiva inmobiliaria, nos parece que la
soluciona que aludía el Dr. Ferrer Serra es la correcta. El único medio que podrá tener en el futuro el legislador nacional para
implementar un régimen de reforma agraria será el de la creación de impuestos adicionales a los impuestos de naturaleza inmueble departamental. Pero el legislador nacional desconocería la Constitución si, bajo el rótulo de la sanción de impuesto adicional, estuviera
sancionando en realidad verdaderos impuestos autónomos a la propiedad inmueble departamental.” (op. cit., pág. 888). IV) Ahora bien, despejado el
tema de la adicionalidad, la que ya quedó descartada, resta desarrollar los argumentos sobre la existencia de superposición impositiva entre el ICIR y la Contribución Inmobiliaria Rural, como adelantaran los Dres. Ruibal,
Chediak y el redactor en el numeral precedente. La Corte, analizando la
superposición impositiva a la luz del art. 298 de la Constitución, sostuvo en Sentencia Nº 3.319/2011 que: “Para que exista
superposición impositiva, se requiere ‘...la incidencia de dos gravámenes sobre la de misma esta fuente manera o la materia regla
violentándose
edictada por el art. 298 de la Carta...’ (Cfe. Sentencia No.264/1998). Tal Ministro Dr. Leslie Van como en sostuvo el Sr. No.
233/2002 “...el hecho generador del tributo es aquella hipótesis o supuesto descrito en forma abstracta por la Ley, en virtud de cuya disposición, cuando en el mundo fenoménico ocurre un hecho nace que la coincide relación con el
tributaria que tiene por objeto a la deuda tributaria (Cfme. José Luis Shaw “Impuesto al valor agregado” – hecho generador -Ed. Acali- 1978, pág. 11). Autor que, asimismo, expresa: “...forzoso resulta admitir que la hipótesis tributaria o hecho generador tributario sólo nos proporcionará los criterios para identificar el
hecho al cual se imputa la consecuencia del surgimiento de la relación jurídica tributaria. En otros términos, sus diferentes aspectos sólo referirán a ese hecho y no
consecuencia normativa de su acaecimiento...” (op. cit. Pág. 15)”. Como ya se adelantara, en el caso, tanto el ICIR como las Contribución
Inmobiliaria Rural, gravan la misma materia imponible, por lo que tienen en cuenta la misma expresión de
capacidad contributiva (propiedad inmobiliaria rural). Aunque determina un hecho generador con en el ICIR se
diversas al de la Contribución Inmobiliaria Rural, ello no tiene la virtualidad necesaria para eliminar la doble imposición. En suma, con la creación del ICIR, se vulnera también el num. 1º del art. 298 de la Constitución, ya que, extendiendo la esfera de
aplicación de los tributos departamentales (el sujeto activo es el Gobierno Departamental, según lo establece el art. 10 de la ley impugnada), al de se está generando nuevo de
superposición impuesto capacidad
impositiva, la base
constituirse la misma
contemplada en la Contribución Inmobiliaria Rural. Un impuesto como el ICIR solo sería procedente si se
estableciera en carácter de adicional nacional, lo que, como ya se dijera, tampoco es el caso, vulnerándose así
prohibición en el num.
superposición del art.
contenida de la
tácitamente Constitución.
El Sr. Ministro Dr. Julio
César Chalar, sin perjuicio de compartir los argumentos relativos existencia a de la inconstitucionalidad impositiva derivada que de la de
exponerse (en tanto se grava una misma manifestación de capacidad contributiva), entiende que la
inconstitucionalidad de los artículos 1° y 2° de la Ley No. 18.876 surge también de otros argumentos, que se desarrollan seguidamente. Así, comparte lo expresado por el Prof. Horacio Cassinelli Muñoz al señalar que “cuando se trata...de hacer valer el interés legítimo que tiene el habitante de que el o ejercicio de de la sus
derechos fundamentales sea legítimo, es decir que el legislador cuando regule o limite los derechos
fundamentales lo haga sin violar la Constitución, ahí estamos ante una situación de lesión de interés
legítimo, y eso dará lugar a la utilización de las vías que la Constitución prevé para esta hipótesis, que son en el caso uruguayo la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia” (Los límites de los derechos humanos en la Constitución Nacional, en
Cursillo sobre los derechos humanos y sus garantías, Cuadernos de la Facultad de Derecho, segunda serie, No. 13, 1990, pág. 188). Conforme conceptos promover transcriptos, la la surge de los para
pretendida in folios es incuestionable. Por otra parte, señala que no se trataría éste de un temperamento
novedoso de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, en reiteradas oportunidades en que la Corporación consideró la vulneración de la potestad tributaria departamental, se admitió el interés habilitante del contribuyente
actor. Entre tales antecedentes: i) Sentencia No. 55/1993, de
1 de noviembre de 1993, por la cual la Suprema Corte declaró inconstitucional un impuesto a los vehículos con motor a gas oil, creado por la Ley No. 16.170 (artículos 619 y siguientes); ii) 26 de abril de 2004, en Sentencia No. 115/2004, de la cual se impugnó la
inconstitucionalidad del llamado “impuesto de primaria” por contribuyentes del mismo, y en la cual expresamente se expresó: “en primer lugar, la legitimación activa de los accionantes se encuentra acreditada por el hecho de ser contribuyentes del impuesto de enseñanza primaria, establecido por disposiciones legales que ellos reputan
inconstitucionales”; iii) Sentencia No. 54/2009, de 20 de marzo de 2009, normas en la cual se de declararon Canelones y
Montevideo en acciones deducidas por los contribuyentes. Ingresando al fondo del
asunto, a juicio del Sr. Ministro Dr. Chalar, se impone declarar la inconstitucionalidad propuesta, ya que el impuesto creado por los artículos 1 y 2 no es un
impuesto departamental ni un impuesto adicional, únicas formas autorizadas por la Constitución para gravar la propiedad inmueble rural. Asiste razón a la parte
actora en cuanto a que el impuesto creado por Ley No. 18.876, viola lo dispuesto por el artículo 297 numeral 1 de la Constitución, lo que determina ante la acción planteada la procedencia de declarar su inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad al caso de autos. Para ción del caso, entiendo que la se debida impone dilucidapartir de
establecer cuál es el marco de la potestad tributaria del Legislador nacional para gravar la propiedad
inmueble rural. Determinado el alcance de dicha potestad tributaria, y cotejado éste con el impuesto creado por las normas impugnadas, el resultado es el ya anunciado. Los límites de la potestad
tributaria inmueble
Constitución, en primer término y de manera principal, por el artículo 297 en su inciso inicial y sus numerales 1 y 3. Adicionalmente debe considerarse lo establecido por el artículo 298, también en su numeral 1. Cabe transcribir en lo que resulta relevante estas normas. El artículo 297 de la Carta establece que “serán fuentes de recursos de los Gobiernos por Departamentales, 1º) Los y decretados y administrados la propiedad de los
límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad
inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos
adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos impuestos con destino departamental. con destino a ... los 3°) Los
Departamentales y los que se creen por ley en el futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artículo”. Por otra parte, el artículo 298 dispone:
“[l]a
Ejecutivo y por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, podrá: 1°) Sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación ampliar recaer”. De las normas mencionadas se extrae como primera conclusión relevante que el de los tributos sobre departamentales, las cuales así como
legislador nacional, en materia de impuestos que graven la propiedad inmueble rural, únicamente está habilitado por la Constitución a “fijarlos”, a crearlos; esto es, es el único titular de la potestad tributaria a ese respecto. El constituyente buscó
asegurar uniformidad en la tributación a recaer sobre la propiedad o posesión de los inmuebles rurales. Por ello otorgó al Poder Legislativo la potestad exclusiva de crear impuestos sobre la propiedad inmueble rural
(numeral 1 del artículo 297 de la Constitución). De esta forma, la regla general enunciada en el inciso inicial de la norma (“[s]erán fuente de recursos y de los
por éstos:...”) se limita por el constituyente. En impuestos sobre la propiedad efecto, inmueble en lo que a
(“decretados” por el
Departamental. Pero esa limitación, como se analizará luego, no modifica la inalienable potestad de
administración del impuesto por el Gobierno Departamental, que el constituyente consagró. Una relevante citadas sobre que surge al se de las segunda conclusión
constitucionales de la fuente al
refiere la cual
alcance otorga
territorial potestad
legislador. En efecto, el impuesto departamental que se proponga crear el Poder Legislativo no puede gravar
cualquier propiedad inmueble rural, sino sólo aquella comprendida dentro de los límites de la jurisdicción del Gobierno Departamental. Como apunta el Profesor Gustavo Rodríguez Villalba: “SAYAGUES LASO destacó la existencia de ciertas fuentes ‘que necesariamente tienen que
adjudicarse a algunas de esas entidades territoriales, por que es lo que corresponde por lógica y sentido
común’, como por ejemplo la riqueza inmobiliaria” (La Potestad Tributaria de los Gobiernos Departamentales, F.C.U., primera edición, páginas 205 y ss.). Existe que surge de las normas un tercer aspecto
decisivo para resolver este caso, y es el que refiere al alcance de la autonomía tributaria de los Gobiernos
Departamentales que se deduce del artículo 297 numeral 1. Debe tenerse presente que, fuera de la potestad de creación del impuesto, que se atribuye al legislador nacional, titularidad cada Gobierno la Departamental inmueble mantiene rural la como
fuente de recursos. Ello surge de la recta lectura del artículo 297, que en su inicio establece con carácter general qué fuentes de recursos podrán “decretar y
administrar” los Gobiernos Departamentales. A su vez, cuando el constituyente otorgó la potestad tributaria sobre la propiedad inmueble rural, seguidamente precisó: “pero su recaudación y la totalidad de su producto, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos
adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental”. Es decir que por expreso mandato propiedad gestionado constitucional, inmueble rural cualquier debe y impuesto sobre para única la ser y (a se que el
estructurarse recaudado)
(administrado por los con más el
exclusivamente excepción de
Departamental o que
adicionales ciertas
establecieren analizaremos
características, en otras palabras,
adelante);
impuesto debe estructurarse por el legislador de modo
que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria sea el Gobierno Departamental (lo cual, vale la pena anotarlo, según nuestro Código Tributario en su artículo primero, inciso 3, constituye la definición de tributo departamental: “[s]on tributos departamentales aquellos cuyo sujeto activo es una administración departamental, cualquiera fuere el órgano competente para su creación, modificación o derogación”). Como se ha señalado en
doctrina “[t]odos los impuestos a la propiedad inmueble, tanto urbana, como suburbana y rural pertenecen a los ‘Gobiernos Departamentales respectivos’ ‘con excepción en todos los o casos, se de los adicionales (Manual nacionales de Derecho y Juan
establecidos Financiero,
establecieren’” por Ramón
Carlos Peirano Facio, Volumen I, F.C.U., pág. 70). Si se crea un impuesto
sobre la propiedad inmueble rural cuya administración, recaudación y/o se destino viola no la se asigna al Gobierno la
excepción de que se trate de un impuesto adicional). En expuesto, se advierte que si función se de lo antes la
propiedad inmueble rural con ajuste a la Constitución, el legislador nacional tiene dos opciones. La primera opción sería
crear un impuesto departamental, con al menos las notas antes señaladas: i) debe comprender propiedad inmueble rural situada dentro de la jurisdicción del Gobierno Departamental de que se trate -no puede ser un impuesto que debe grave inmuebles que en la distintos departamentos-; ii) y
destino de “la totalidad” de lo recaudado corresponde de principio al Gobierno Departamental, esto es, que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria debe ser el Gobierno Departamental -no puede ser un impuesto gestionado por una entidad distinta del Gobierno
Departamental, ni dejar de asignarse su recaudación o la determinación del destino a éste-. La crear un impuesto adicional segunda opción con sería las
características que establece la Carta, esto es, cuya cuantía “no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental” (artículo 297 numeral 1 de la Constitución). Sentadas esas premisas, a continuación se constata que el ICIR no se encuentra comprendido en esas categorías, es decir, no es un
impuesto departamental ni tampoco un adicional nacional. En primer lugar, y
revalidando anterior jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, coincidente con prestigiosa doctrina, ha de
concluirse en que el ICIR no es un impuesto adicional que corresponda a la potestad tributaria que la Carta atribuye al legislativo nacional. En tal sentido, cabe tomar en cuenta lo expresado en su Sentencia No. 410/2003: “en definitiva se entiende que el impuesto de enseñanza
primaria posee naturaleza jurídica de adicional nacional al de la Contribución Inmobiliaria departamental al
reunir los requisitos de accesoriedad reclamados por la Carta Magna, en tanto carece de un hecho generador
propio al participar del impuesto matriz al que accede, y en tanto los aspectos atinentes a su individualidad no alteran los de impuesto adicional, habiendo sido creado por la autoridad competente en la esfera tributaria
conforme a la normativa superior”. En esa sentencia se establecen, como que de inmediato debe reunir se un advierte, impuesto las para
calificar como “adicional”. Características que, como se desarrolla ICIR. En su obra “La Potestad a continuación, no están presentes en el
Tributaria de los Gobiernos Departamentales”, el Prof. Gustavo Rodríguez consiste sobre Villalba en la la sostiene aplicación del que de el una impuesto alícuota al que
accede; sostiene este autor que “[s]e trata de un caso
típico de sobreimposición, admitida por la Constitución, ponderando la trascendencia que tiene la tributación de esta riqueza, ya se trate de bienes urbanos, suburbanos o rurales. En lo económico, la incidencia del sector primario en el desarrollo las del país es
significativa...Pero
denuncian la intención de preservar la fuente, en lo esencial, al legislador departamental, conteniendo los impuestos naturaleza primarios y en su que estarán a los condicionados en su En
ausencia de una definición legal de impuesto adicional, podemos recurrir, como indicio primario, a la definición de la Academia: adicional es ‘lo que se suma o añade a alguna cosa’. Esta noción supone un encadenamiento entre un hecho prexistente con otro que lo sucede, hallándose implícita la idea de accesoriedad, dado que no puede existir conceptualmente un nuevo tributo sin otro que lo anteceda” (obra citada, F.C.U., primera edición, páginas 205 y ss.). El eventual carácter de
adicional del ICIR debe analizarse en relación a la contribución inmobiliaria rural, impuesto revisado en la Ley No. 13.637, que lo denomina “impuesto de
contribución inmobiliaria a la propiedad rural”, y en cuyo artículo 240 establece: “[e]ste impuesto sustituye a todos los tributos decretados y administrados por los
Gobiernos Departamentales, sobre la propiedad inmueble rural, que no sean, estrictamente, contribuciones de
mejoras, tasas o precios”. En doctrina se señalan dos técnicas legislativas mediante las cuales puede
establecerse un impuesto adicional. En tal sentido, Valdés
Costa señala al analizar el presupuesto de hecho del tributo adicional que “este se relaciona necesariamente con el tributo anterior”. Y esa relación, explica, puede darse: (i) por la vinculación del impuesto adicional al mismo presupuesto de hecho del tributo principal, “en cuyo caso ambos tendrían el mismo presupuesto”; ó, (ii) por la vinculación con la determinación, liquidación, o el pago del tributo principal, (Curso de Derecho
Tributario, segunda edición, Depalma - Temis - Marcial Pons, 1996, pág. 96). Pues bien: ninguna de esas técnicas se verifica en el caso del ICIR. Comenzando por el
requisito de la identidad de presupuesto de hecho, se ha de partir de que, como señala el Prof. Andrés Blanco, “el presupuesto de hecho de una norma tributaria deberá contener sin excepción la descripción de un acto, un hecho o una situación vinculables a un sujeto. ... la norma jurídica descriptora del hecho generador
tributario necesita de un elemento material u objetivo, so pena de no ser norma jurídica...” (El impuesto al valor agregado, capítulo I “El hecho generador:
cuestiones generales”, F.C.U., 2001, págs. 16 y 17). En igual sentido se pronunció antes el Prof. José Luis Shaw, quien señaló además la conveniencia de usar la expresión “hecho “hecho generador” “hecho en lugar o de otras como de
gravable”,
gravado”
“presupuesto
hecho” (Impuesto al valor agregado – hecho generador, capítulo 1 Teoría general del hecho generador
tributario, Acali, 1978, págs. 12 y 13). El cualquier fenoménico, tributo sucede se produce hecho cuando, generador en el en de
mundo forma
abstracta en la norma legal que hace nacer la relación jurídico tributaria que tiene por objeto la deuda
tributaria -artículos 24 y 14 del Código Tributario(cf. José Luis Shaw, La clasificación de los hechos generadores tributarios en función de su aspecto
temporal, Revista Tributaria, T. VI, No. 28, pág. 37). Es que en definitiva, como expone Blanco con claridad: “el concepto de hecho
generador tributario no es más que una manifestación específica del concepto más general de presupuesto de hecho jurídico. Siguiendo a Kelsen, el contenido de
cualquier norma jurídica (en sus elementos explícitos e
implícitos) compuesta de
reconducirse elementos: un
estructura fáctico
descripto abstractamente, y un efecto (sanción) previsto para el caso en que realmente se verifique un hecho coincidente con aquella descripción abstracta, efecto este último que no se vincula con el presupuesto en términos de causalidad (dado a es b) sino de imputación (dado a tiene que ser b)” (obra citada, pág. 11; en un sentido muy similar se expresa José Luis Shaw en “El Impuesto al Valor Agregado. Hecho Generador”, Acali
editorial, Montevideo, 1978, págs.14 y 15). Aplicando al caso, es de destacar que, rural por tiene esos un conceptos lado, como la
generador la posesión al 1º de enero de cada año, a cualquier título, de bienes inmuebles rurales,
cualquiera sea su extensión y calidad. Por el contrario, el hecho generador del ICIR es la propiedad de cierta extensión y calidad de tierra (aquella que exceda dos mil hectáreas índice Coneat 100 o su equivalente). Es decir, que el ICIR,
primero, no toma en cuenta la calidad de poseedor a cualquier título, sino únicamente la de propietario, sin interesar si se tiene o no la posesión del inmueble. Y segundo y quizá más
claro aún: el ICIR considera y grava la concentración de la propiedad rural, a en partir tanto de cierta la extensión y
inmobiliaria, bien por el contrario, grava la posesión de cualquier inmueble rural, sin considerar a priori su extensión ni aptitud productiva. Tampoco se verifica en el caso la concurrencia de la segunda técnica (de creación de un impuesto adicional) antes referida, por la cual se vincula el presupuesto de hecho del adicional con la determinación, liquidación o el pago del tributo
principal. No es tal el caso del ICIR, en el cual la Ley fijó un monto por hectárea en Unidades Indexadas, que aumenta progresivamente según tres franjas (artículo 4). No vinculación entre la hay, pues, de la ninguna cuantía
progresiva del ICIR y la de la contribución inmobiliaria (que se fija en un 2% del valor imponible de cada
inmueble, artículo 238 de la Ley No. 13.637). Véase que tampoco se
utiliza para liquidar el ICIR, como base de cálculo de éste, la cuantía de la contribución inmobiliaria rural, otro de los presupuestos previstos por doctrina y
jurisprudencia. Como se señaló supra, la Suprema Corte de Justicia ha delineado, en anteriores
pronunciamientos, el alcance de la categoría “impuesto adicional” (la ya citada Sentencia No. 410/2003, sobre el “impuesto de enseñanza primaria”). A diferencia de lo que acontece con el impuesto de enseñanza primaria, en el caso del ICIR no hay accesoriedad alguna (ni carece el ICIR de un hecho generador propio, ni accede a la contribución inmobiliaria rural). Lo expresado hasta aquí en orden a descartar que el ICIR sea un adicional en el sentido del art. 297 de la Carta, cuenta además con el apoyo de la opinión del Prof. Valdés Costa, quien muchos años antes de suscitarse la cuestión de obrados
destacaba que “... los impuestos nacionales deberán ser adicionales al departamental, no pudiendo por lo tanto crearse impuestos independientes, o sea, con un
presupuesto de hecho diferente, como son los impuestos que gravan la gran propiedad con la finalidad extra fiscal de incentivar la subdivisión, o los impuestos a la tierra improductiva para incentivar su explotación. Esta prohibición resulta claramente de que el principio es el que la fuente y que pertenece la única a los Gobiernos está
constituida por los ‘adicionales’” (Manual de Derecho Financiero, dirigido por Ramón Valdés Costa y Juan
Carlos Peirano Facio, Volumen I, F.C.U., pág. 71). En suma y hasta aquí, el
ICIR no es un adicional admitido por el art. 297 de la Constitución. Corresponde ahora analizar si el ICIR puede ser categorizado como impuesto
departamental sobre la propiedad inmueble rural, y por ello ajustado a la Constitución. Un excluye de plano que primer ante argumento un que
departamental surge ya del hecho que el ICIR grava la propiedad de inmuebles ubicados en todo el territorio nacional. Si se tratara de un
impuesto departamental sólo gravaría propiedad inmueble dentro de la jurisdicción del respectivo departamento, conforme al artículo 297 numeral 1. La sola lectura de los artículos 10 y 11 de la Ley, evidencia la
inconstitucionalidad del ICIR, conforme lo dispuesto por el artículo 297 numeral 1 de la Constitución. Si bien el artículo 10
indica que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Gobierno Departamental, tal afirmación de desvanece y aparece como un mero espejismo conforme se analice la totalidad de lo dispuesto por dichos
artículos 10 y 11. Se viola la norma
constitucional que confiere a cada Gobierno Departamen-
principio, de los impuestos sobre la propiedad inmueble rural (artículo 297, numeral 1). Esto porque el ICIR, en el sistema de la por Así en los por un ley que lo crea, es un al la impuesto Gobierno “será la la del
administrado Departamental. administrado
sujeto lo
establece términos Fondo, en 230 que en el de
establezca marco de B)
reglamentación, Comisión inciso de la
Sectorial quinto del
Literal la
Constitución Y por
Vigente),...”.
otro lado, dispone que lo recaudado por ICIR: “tendrá por objeto fundamental atender los gastos e inversiones derivados de las reparaciones atinentes a la caminería rural departamental y el acceso a los establecimientos industriales y comerciales ubicados en el
departamento”. En valioso análisis,
Domingo Pereira ha sostenido: “Existe consenso a nivel doctrinario relación en cuanto es a que el el sujeto de activo la de la
jurídica del tributo, lo cual comprende, entre otras potestades, la de determinar si se ha configurado el hecho generador del mismo y, por consiguiente, la
existencia y cuantía de la deuda; la recaudación del tributo, establecer la forma de pago, conceder cuotas y
demás facilidades; la de exigir y perseguir el cobro coactivo del tributo, la de administrar y disponer del producido del mismo. Del análisis de los artículos 10 y 11 de la ley resulta evidente que la denominación de los Gobiernos relación Departamentales jurídica como sujetos es activos de la
‘nominal’,
pues éstos no van a ejercer ninguna de las potestades sustanciales propias de un sujeto activo de la relación tributaria” (Apuntes sobre el impuesto a la
concentración de inmuebles rurales, Tribuna del Abogado No. 176, página 21). Asimismo, conforme señaló
también Domingo Pereira, el artículo 10, al establecer que el impuesto se liquidará por declaración jurada, agrega una intromisión del en las que facultades a de los
Gobiernos Departamentales, artículo 297 numeral 1 de la Constitución (op. cit., página 23). La Constitución establece
que la propiedad inmueble rural únicamente puede ser gravada mediante impuestos departamentales o nacionales de carácter adicional de inferior cuantía a los
departamentales. De ello: al no verificarse en el caso ni una ni otra hipótesis, se impone concluir que el impuesto creado por los artículos 1 y 2 de la Ley No. 18.876 ha de tenerse por inconstitucional por apartarse
de la norma del art. 297 numeral 1 de la Constitución de la República, procediendo declararlo así con arreglo a la acción deducida en autos. Por último, el Dr. Chalar refiere al agotamiento del interés de la parte actora respecto del pronunciamiento de la Corporación sobre la alegada inconstitucionalidad de los artículos 10 y 11 de la Ley No. 18.876. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 agota el interés que la parte actora hace valer en autos, por lo que no se justifica extenderse en la consideración de los
artículos 10 y 11, cuya impugnación se agrega en la demanda. VI) desplegada dando por a las partes La ha conducta sido procesal no
correcta, en
causídicos. Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, FALLA: DECLARANDO INCONSTITUCIONALES Y POR ENDE, INAPLICABLES AL CASO, LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY NRO. 18.876, DESESTIMANDO LA ACCIÓN EN LO DEMÁS, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE EN 300 U.R. LOS HONORARIOS FICTOS DEL LETRADO
PATROCINANTE DE LA PARTE ACTORA. COMUNÍQUESE LEGISLATIVO Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE. AL PODER
DR. JORGE T. LARRIEUX RODRÍGUEZ
DR. JULIO CÉSAR CHALAR
DISCORDE DESESTIMO LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CON COSTAS.
Comparto con la que los actores
carecen de legitimación para impugnar los arts. 7, 10 y 11 de la Ley No. 18.876. II) Sostienen los promotores
que el Parlamento no tiene potestad constitucional para crear un impuesto como el ICIR. La Corte ha sostenido
que no existe tal potestad porque al Parlamento le está vedado aplicar impuestos nacionales a la propiedad
rural. Cita discusión en ocasión de la redacción de la Constitución Vasconcellos Aréchaga. Tal discusión está de y 1952 Malet entre y los a Dres. Ferrer Serra, de
referida a impuestos NACIONALES tendientes a objetivos tales como la reforma en la estructura de la propiedad de la tierra, que solamente podrían consagrarse como “adicionales”. El mencionada disposición alcance de resultó la una
temática debatida ampliamente en doctrina en función de la variación en la redacción operada entre la
Constitución de 1952 y la de 1967. El texto constitucional de 1952 otorga a las Juntas Departamentales una autonomía financiera medida que restringida los a determinadas fuentes en la se
encuentran facultados para crear tributos en los casos expresamente autorizados para ello, regulándose mediante los arts. 297 y 298 las fuentes sobre las cuales pueden legislar los Gobiernos Departamentales, así como el
constitucional expresaba: “Serán fuentes de recursos de los Gobiernos por Departamentales, éstos: 1) Los decretados sobre y la
establecidos o que se establecieren”. Addy Mazz, en “Curso de
Derecho Financiero y Finanzas” estudiando el alcance de la referida disposición señala que: “La expresión
correspondería al Gobierno Nacional; b) Para la segunda tesis, la expresión comprendería todo tipo de gravamen a los inmuebles, fuera la posesión, las mutaciones del dominio, clásica intención la era de valorización; que el c) Finalmente, habría la la tesis la
Departamentos...”.
En la Constitución de 1967 se advierte una modificación en la redacción en tanto se establecen como fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales creados y administrados por éstos “... los impuestos sobre la propiedad su inmueble, la urbana y
suburbana...”, impositiva
limitación a los
rural al establecerse que “... serán fijados por el Poder Legislativo...”. No obstante su fijación por ley se especifica por parte de la disposición constitucional que su recaudación así como la totalidad de su producido -excepción hecha de los adicionales actuales o futuroscorresponde a los Gobiernos Departamentales respectivos, circunstancia citadaque a -como se señala de por doctrina fiscal ya que
llevaron a la unificación de los gravámenes respecto a la propiedad inmueble rural (Cfme. Addy Mazz, ob. cit., pág. 103). III) En el caso de autos son
los propios actores, al igual que la ley que califican al impuesto como departamental. Entiendo que el
Parlamento, en las condiciones de iniciativa y mayoría especial establecidas en la Constitución puede dictar normas como las impugnadas. En consecuencia corresponde ingresar a la consideración de si se afectó la
Constitución al establecer un supuesto de “superposición impositiva”. La Corte, confirmando la
posición del Poder Ejecutivo demandado, ha ingresado al estudio de supuestas superposiciones impositivas entre por ejemplo el Impuesto al Patrimonio –nacional- y la Contribución Inmobiliaria (Sentencia No. 3319/2011), ha reconocido que no se lesiona la potestad tributaria
departamental al interpretar la Constitución sobre el hecho gravado en el caso de Patentes de Rodados
(Sentencia No. 1171/2011). La cuestión en autos se
resuelve a mi entender por el hecho de que no constituye superposición departamental impositiva que la creación las de un impuesto tenor
“amplía
constitucional- de los mismos con la definición de un nuevo o diverso hecho imponible: titularidad de 2000 hectáreas índice CONEAT o equivalentes. Más allá de los errores de diseño del tributo a mi criterio, claramente no hay superposición impositiva.
Toda vez que la ley debe ser interpretada conforme a la Constitución, pues como afirma la Corte en Sentencia No. 82/2010: “... siendo posible dos interpretaciones de un precepto, una
ajustada a la Constitución y la otra no conforme a ella, debe admitirse la primera (cf. Guariglia, Presunción de Constitucionalidad de las Leyes, pág. 173). Esto es, una norma infravalente mientras no debe la ser declarada inconstide
lograr una interpretación que pueda conducir a obtener una armonía de dicha norma con la Constitución. El autor de la cita convoca en apoyo a esta tesis la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales español y
alemán y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Como sostiene Larenz
(citado por Guariglia, pág. 173), si una interpretación, que no contradice los principios de la Constitución, es posible según los demás criterios, ha de preferirse a cualquier otra en que la disposición hubiera de ser inconstitucional. Entre varias interpretaciones posibles según los demás criterios, siempre obtiene preferencia aquella que mejor concuerda con los principios de la Constitución. Señala Guastini (ob. cit. pág. 186) que la interpretación conforme es, en suma,
aquella que adecua, armoniza la Ley con la Constitución, eligiendo frente a una doble posibilidad interpretativa el significado o sea la norma que evite toda
contradicción entre la Ley y la Constitución”. Afirmando “En la jurisprudencia de la Suprema más Corte adelante: de los
E.E.U.U., a partir de 1796 (Hylton vs. United States) la tendencia Constitución expresión en de se el la interpretación y halló vs. se conforme su más & a la
consolidó, caso
lúcida Laughlin que el
N.L.R.B. el que
principio cardinal de interpretación de la Ley ‘is to save not to destroy’. La Corte considera que en el caso en que una Ley es razonablemente susceptible de dos interpretaciones distintas, una de las cuales la haría inconstitucional y la otra válida, es su deber adoptar la interpretación que deja a salvo su
constitucionalidad. En opinión de Carpio
(Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio, pág. 162), la calificación relacionada de una la sentencia como de interpretativa una serie de
variables, entre las cuales debe mencionarse: a) que la disposición impugnada b) tenga entre diversos ellos significados sentidos
interpretativos;
hermenéuticos Constitución;
compatibles c) que la
incompatibles para
disposición en el sentido constitucionalmente conforme sea el ‘elemento constitutivo y condicionante’ de la decisión de no expulsar la disposición legal del
ordenamiento jurídico (en nuestro medio desaplicar la norma en el caso concreto). En Alemania, casi desde el inicio de su funcionamiento, siguiendo el ejemplo
trazado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, el Tribunal Constitucional siendo ha la expedido señera del sentencias 7.5.1953,
entendiendo que no debe declararse la inconstitucionalidad de una disposición legislativa si es que entre los posibles sentidos interpretativos que ésta pueda tener, existe al menos uno que permita su lectura en armonía con la Constitución. En su condición de Ley
suprema, la Ley Fundamental de Bonn no sólo constituye un criterio para evaluar la validez de las normas que se encuentren subordinadas a ella, sino también, por lo que se refiere a su contenido, exige que cada una de las normas deba ser interpretada y aplicada en armonía con la Constitución (op. cit. pág. 164). En Ferrand (Der. Constitucional nuestro pág. medio, Risso el
habitualmente en la materia, que no es otro que postular que cuando una Ley sea pasible de más de una
interpretación razonable (que no fuerce ni modifique el texto a interpretar) con de la y una de ellas no implique corresponde sino que una la
contradicción declaración
prescindirse de esa posible interpretación optando por la que permite la compatibilización de la Ley con la Constitución”. Corresponde concluir que
la ley crea un impuesto que afecta no la mera propiedad de inmuebles rurales, sino su concentración coneat igual con o que ser
determinadas superior denotan gravada. a
características: 100 a partir de
índice las
Al respecto son compartibles las consideraciones desarrolladas en las sentencias de la Corte ut supra citadas en otros casos de supuestas superposiciones impositivas. Lo que lleva, a mi
criterio a la conclusión de que la norma impugnada no es inaplicable porque interpretada desde la Constitución conduce a la conclusión de que el hecho gravado y la fuente afectada son diversos y no admite hipótesis de
superposición. Por último y no por ello menos importante, a mi entender la adhesión al tributo de todas las Intendencias Municipales de la República, refuerza la interpretación de la ley conforme a la
Constitución. Máxime teniendo en cuenta que conforme al art. 11 lo recaudado se destinará a la caminería rural, cuyo mantenimiento es competencia específica de los
SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
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