Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1109860
Timestamp: 2019-05-26 20:28:21
Document Index: 312805497

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 37', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 6']

El Decreto 7/2013 tiene por objeto desarrollar el Capítulo III del Título II de la Ley 2/2010, de 11 de marzo , de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, estableciendo el régimen jurídico de la utilización por la Administración Autonómica de medios electrónicos en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con los ciudadanos.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública puede consultarse en el Libro Segundo del Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
La Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, supuso un refrendo decisivo en el desarrollo de la Administración electrónica.
Con anterioridad, en Castilla y León, el impulso de la modernización y la innovación mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, constituyó uno de los principales compromisos de la Junta de Castilla y León para mejorar la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa mediante la aprobación del Decreto 40/2005, de 19 de mayo , por el que se regula la utilización de técnicas de administración electrónica por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobada mediante la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre , establece una profunda mejora tanto en el funcionamiento institucional como en la garantía de los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Fruto de esta última reforma del Estatuto de Autonomía, y cumpliendo con las previsiones que se establecen en sus artículos 12 y 32 , se aprobó la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
Mediante la oportuna habilitación normativa que le confiere esta Ley, el objeto de este decreto es el desarrollo de su Capítulo III del Título II -dedicado a la Administración electrónica- para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el desarrollo de los elementos tecnológicos necesarios que faciliten tanto la simplificación de los procedimientos administrativos como la reducción de las cargas impuestas a los ciudadanos y a las empresas derivadas del cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa vigente.
Este decreto tiene por objeto desarrollar el Capítulo III del Título II de la Ley 2/2010, de 11 de marzo , de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, estableciendo el régimen jurídico de la utilización por la Administración Autonómica de medios electrónicos en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con los ciudadanos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2010, de 11 de marzo , las referencias realizadas en este decreto a la Administración de la Comunidad de Castilla y León se entenderán realizadas a las unidades administrativas, organismos y entes públicos incluidos en el párrafo anterior.
b) A los ciudadanos, en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León en consonancia con lo previsto en la Ley 2/2010, de 11 de marzo .
Artículo 3. Seguridad y protección de los datos y de los sistemas de información.
1. La política de seguridad de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, entendida como conjunto de directrices que rigen la forma en que esta Administración gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos, se desarrollará aplicando los principios básicos y los requisitos mínimos recogidos en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en el ámbito de la Administración electrónica.
2. La consulta, utilización y cesión de datos de carácter personal en los procedimientos administrativos electrónicos se regirá conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal. En todo caso se deberá permitir conocer su finalidad, identificar al responsable administrativo que la realice, así como llevar a cabo el seguimiento de su uso.
Artículo 4. Reutilización de sistemas informáticos y transferencia tecnológica.
1. Las condiciones de cesión y reutilización de los sistemas informáticos propiedad intelectual de la Administración de la Comunidad de Castilla y León estarán constituidas por el conjunto de directrices que establezcan los criterios, mecanismos de puesta a disposición y forma de uso de dichos sistemas, todo ello en el marco de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero , por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en el ámbito de la Administración electrónica.
Artículo 5. Atribuciones de la consejería competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de Administración electrónica.
d) La aprobación de la política de firma electrónica y certificados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, entendida como el conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan las firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma, y estableciendo las directrices y requisitos que garanticen la autenticación y el reconocimiento de firmas y certificados como elemento clave para la interoperabilidad. Dicha política se coordinará con lo establecido en la correspondiente norma técnica de interoperabilidad en esta materia.
Artículo 6. Comunicaciones entre las unidades administrativas, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En todo caso se garantizará la seguridad del entorno cerrado de comunicación y la protección de los datos que se transmitan de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .
Artículo 7. La sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 8. Responsabilidad de los contenidos de la sede.
Artículo 9. Contenido y servicios de la sede electrónica.
l) Acceso al Boletín Oficial de Castilla y León.
Artículo 10. Tablón de anuncios electrónico.
Artículo 11. Identificación de la sede electrónica.
Artículo 12. Sistemas de sello electrónico.
Artículo 13. Sistemas de código seguro de verificación.
Artículo 14. Firma electrónica de autoridades y personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
a) Descripción del tipo de certificado, en el que deberá incluirse la denominación certificado electrónico de empleado público.
Artículo 15. Identificación electrónica de los ciudadanos.
Artículo 16. Habilitación para la representación de terceros.
Artículo 17. Representación a través de corporaciones, asociaciones u otras instituciones.
Artículo 18. Registro electrónico de representantes.
Artículo 19. Identificación y autenticación de los ciudadanos por personal funcionario.
Artículo 20. Registro electrónico de entrada.
Artículo 21. Presentación y recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Artículo 22. Resguardo acreditativo de la presentación.
- Información de registro electrónico: fecha y hora de presentación, número de entrada de registro electrónico.
- Identificación de la unidad administrativa o del centro al que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.
- Identificación de la persona que ha presentado la documentación.
- Identificación de la solicitud, escrito o comunicación.
- En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos, seguida del identificador de cada uno de ellos, que permita garantizar su autenticidad e integridad.
- Información, en su caso, del plazo máximo establecido normativamente para la resolución del procedimiento y notificación de la resolución, cuando sea automáticamente determinable, así como de los efectos que pueda producir el silencio.
Artículo 23. Solicitudes, escritos y comunicaciones que no podrán ser registradas electrónicamente.
Artículo 24. Registro electrónico de salida.
Artículo 25. Comunicaciones electrónicas.
Artículo 26. Comunicación obligatoria a través de medios electrónicos.
Artículo 28. Práctica de notificaciones por medios electrónicos.
Artículo 29. Notificación electrónica mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través del Buzón electrónico del ciudadano.
3. El sistema de buzón electrónico se adaptará a lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Artículo 30. Modificación del medio de notificación.
Artículo 31. Características del documento electrónico.
3. Los documentos administrativos electrónicos, además de cumplir las condiciones establecidas en el apartado primero de este artículo, deberán haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma electrónica previstos en los artículos 12, 13 y 14 de este decreto, incluirán referencia temporal, y deberán ajustarse a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .
Artículo 32. Adición de metadatos a los documentos electrónicos.
Artículo 33. Copias electrónicas de los documentos electrónicos.
Artículo 34. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico.
Artículo 35. Copias en papel de los documentos administrativos electrónicos realizadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 36. Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Artículo 37. Obtención de copias electrónicas de documentos electrónicos.
Artículo 38. Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos.
Artículo 39. Formación del expediente electrónico.
1. En el marco de lo dispuesto en la Ley 2/2010, de 11 de marzo , y la Ley 6/1991, de 19 de abril , de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León; la Administración de la Comunidad de Castilla y León deberá conservar en el Depósito de Originales Electrónicos todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que no formando parte de un expediente tengan valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
3. El acceso al Depósito de Originales Electrónicos se realizará conforme al artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la normativa de protección de datos de carácter personal y demás normativa específica, así como por lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 19 de abril .
Artículo 41. Conservación de documentos electrónicos.
Artículo 42. Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
2. La destrucción de cualquier tipo de documento diferente de los previstos en los apartados anteriores, se regirá por lo previsto en la Ley 6/1991, de 19 de abril .
Artículo 43. Iniciación de la tramitación electrónica.
Artículo 44. Herramientas para la gestión electrónica.
Artículo 45. Aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos.
Artículo 46. Acceso de las personas interesadas al estado de la tramitación de procedimientos gestionados electrónicamente.
Primera. Contenido mínimo de la sede electrónica.
Segunda. Programas facilitadores de recogida de datos.
Tercera. Publicación de formularios.
Cuarta. Comunicaciones de las unidades administrativas, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Única. Procedimientos y actuaciones iniciados con anterioridad.
d) El artículo 9, el apartado 3 del artículo 11 y el apartado 3 del artículo 12 de la Orden ADM/941/2009, de 2 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 23/2009, de 26 de marzo , de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.
Primera. Regulación especial.
Lo dispuesto en este decreto se entiende sin perjuicio de la regulación contenida en el Decreto 61/2009, de 24 de septiembre , por el que se regula el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Decreto 62/2009, de 24 de septiembre , por el que se regula la numeración de disposiciones y actos administrativos que deben publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Segunda. Modificación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 6.- Evaluación del impacto normativo de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes.
Si la modificación comporta la adición de nuevos trámites o la obligación de aportar nuevos documentos, se justificarán los extremos relativos a su existencia, los efectos del nuevo trámite sobre el plazo de duración del procedimiento y la previsión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión.
Tercera. Modificación del Decreto 23/2009, de 2 de mayo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.
1. Se crea el Catálogo de simplificación documental como inventario público de documentos cuya obligación de aportación por el interesado sea suprimida o sustituida por la presentación de declaraciones responsables.
Igualmente estará disponible en todas las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y en el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarta. Modificación de la Orden ADM/942/2009, de 2 de enero, sobre normalización de formularios asociados a procedimientos administrativos.
- El titular del órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige, así como el órgano o unidad administrativa al que se envía la solicitud.
Quinta. Registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Sexta. Habilitación para el desarrollo normativo.
Este decreto entrará en vigor a los veinte días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, salvo lo dispuesto en los artículos 5, 10, 43, disposición adicional tercera y disposiciones finales segunda y tercera que entrarán al día siguiente de su publicación.