Source: https://www.slideshare.net/nodogenero/gua-tcnica-para-la-atencin-integral-de-los-abortos-no-punibles
Timestamp: 2018-06-25 16:23:36
Document Index: 58998452

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, Working at Fundación Ágora S. L.
Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles. Elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación
1. GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES SECRETARÍA DE PROGRAMAS SANITARIOS
2. Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner Ministro de Salud Dr. Ginés González García Secretario de Programas Sanitarios Lic. Walter Valle Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable Coordinadora Valeria Isla Buenos Aires, Octubre de 2007
3. Este documento ha sido elaborado en base a cuatro fuentes principales: “Abor- to sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud”, Organización Mundial de la Salud (Ginebra, 2003); “Norma Técnica para la Atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, Ministerio de la Protección So- cial, (Bogotá, 2006); “Norma Técnica: Atenção Humanizada ao Abortamento”, Ministerio da Saúde, (Brasilia, 2005); y “Aborto Legal: Regulaciones Sanitarias Comparadas”., de Ana Cristina González Vélez, Giselle Carino y Juanita Durán. IPPF/WHR. Octubre 2007. Montevideo. Uruguay. Se agradece la Coordinación Técnica de Mariana Romero y Paola Bergallo; la colaboración de Silvina Ramos y todos los colegas médicos, sanitaristas, juristas y psicólogos que revisaron este documento. Se destaca la contribución de María del Carmen Feijoó, Guillermo Carrolli, Sil- via Oizerovich y Mabel Bianco, integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional. El presente trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la OPS-OMS en el marco de la Cooperación Técnica con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
5. ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN 9 2. JUSTIFICACIÓN 10 2.1. Contexto 10 2.2. Marco jurídico 11 2.3. Principios 15 3. DEFINICIONES 17 3.1. Aborto no punible 17 3.2. Profesional de la salud 18 3.3. Plazos 19 3.4. Sanciones 19 4. OBJETIVOS 19 4.1. General 19 4.2. Específicos 19 5. POBLACIÓN OBJETO 19 6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 19 6.1. Principios generales 19 6.2. Admisión de la mujer que solicita la interrupción del embarazo 20 6.2.1. Toma de decisión libre y basada en la información 20 6.2.2. Confidencialidad 21 6.2.3. No discriminación 21 6.2.4. Privacidad 21 6.3. Consideraciones especiales 22 6.3.1. Adolescentes 22 6.3.2. Mujeres víctimas de violación o atentado al pudor 22 6.3.3. Objeción de conciencia 22 6.4. Asesoramiento, información y consentimiento informado 23 6.4.1. Asesoramiento 23 6.4.2. Información 24 6.4.3. Consentimiento Informado 25 6.5. Consulta de primera vez 26 6.5.1. Atención pre-aborto 26 6.5.2. Historia clínica 26 6.5.2.1. Anamnesis 26 6.5.2.2. Examen físico 27 6.5.2.3. Análisis de laboratorio 28 6.5.2.4. Ecografía 28 6.6. Condiciones pre-existentes 28 6.6.1. Infecciones del tracto reproductivo (ITRs) 29 6.6.2. Embarazo ectópico 29 6.6.3. Isoinmunización Rh 29 6.6.4. Citología cervical 30 5
6. ÍNDICE DE CONTENIDOS 7. MÉTODOS SEGUROS DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 30 7.1. Métodos para ser utilizados hasta 12 semanas completas desde la fecha de última menstruación 30 7.2. Métodos para ser utilizados después de las 12 semanas completas desde la fecha de ultima menstruación 31 7.3. Preparación cervical 31 7.4. Manejo del dolor 32 7.4.1. Medicación para el dolor 32 7.4.2. Anestesia 33 7.5. Aborto quirúrgico 33 7.5.1. Aspiración al vacío 33 7.5.2. Dilatación y curetaje 34 7.5.3. Dilatación y evacuación 34 7.5.4. Otros métodos quirúrgicos de aborto para embarazos 35 avanzados 7.5.5. Evaluación de los tejidos posterior a un aborto quirúrgico 35 7.6. Aborto con medicamentos 35 7.6.1. Mifepristona y prostaglandinas 37 7.6.1.1. Hasta 9 semanas completas desde la fecha de última menstruación 37 7.6.1.2. Después de 12 semanas completas desde la fecha de última menstruación 38 7.6.2. Misoprostol o gemeprost solos 38 7.6.2.1. Hasta 12 semanas completas desde la fecha de última menstruación 38 7.6.2.2. Después de 12 semanas completas desde la fecha de última menstruación 39 7.6.3. Otros agentes médicos para interrumpir un embarazo 39 7.7. Manejo de las complicaciones del aborto 39 7.7.1. Aborto incompleto 39 7.7.2. Aborto fallido 39 7.7.3. Hemorragia 39 7.7.4. Infección 40 7.7.5. Perforación uterina 40 7.7.6. Complicaciones relacionadas con la anestesia 40 7.7.7. Secuelas a largo plazo 40 8. SEGUIMIENTO 41 8.1. Período de recuperación 41 8.1.1. Métodos quirúrgicos de aborto 41 8.1.2. Aborto con medicamentos 41 8.2. Provisión de métodos anticonceptivos y asesoramiento para ITS 42 8.3. Instrucciones de cuidado para después del aborto 42 6
7. 1. INTRODUCCIÓN El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (en ade- lante, el “Programa”) tiene como propósito promover la igualdad de dere- chos, la equidad y la justicia social así como contribuir a mejorar la estruc- tura de oportunidades en el campo de la salud sexual y reproductiva. Con ese fin, el Programa se ha propuesto promover acciones transformadoras de la realidad que mejoren el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva en un marco de respeto de los derechos sexuales y repro- ductivos. La garantía del acceso oportuno y en condiciones de igualdad a servicios de calidad para el aborto en los casos permitidos por la ley es uno de los componentes básicos de esas políticas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva. La presente Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Puni- bles (en adelante, la “Guía Técnica”) resulta un paso central para: • Favorecer las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva (en adelante, “SSyR”) en todos los aspectos relacionados con el aborto en los casos permitidos por la ley; • Definir medidas para reducir y eliminar las barreras para el acceso al aborto permitido por la ley en distintos niveles de atención; • Minimizar los riesgos para la salud y favorecer un enfoque integral y con calidad en la atención del aborto en los casos permitidos por la ley. El Programa promueve la incorporación de los servicios de aborto no pu- nible (en adelante, el “ANP”) en el marco de políticas integrales de SSyR y, en especial, de la prevención y el manejo del embarazo no deseado. En el plano de la prevención, el Programa enfatiza dos niveles de acción: la edu- cación sexual y la promoción y el acceso a los métodos anticonceptivos, incluida la doble protección. Cuando las mujeres consideran la interrupción de la gestación en los casos permitidos por la ley, el Programa promueve que la atención del ANP sea brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando estándares de calidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones dis- ponibles e información científica actualizada. El deber de prestar servicios de ANP de calidad implica ofrecer un trato humanitario que incluya la recepción y orientación para responder a las ne- cesidades de salud emocional y física de las mujeres; garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a criterios éticos y legales y con estándares de competencia del proveedor en los distintos métodos; intercambiar in- formación amplia y completa para que exista efectivamente un proceso de consentimiento informado; y ofrecer servicios de planificación y cuidados posteriores a las mujeres. Para todo lo cual es imperativo movilizar los re- cursos económicos y profesionales necesarios. 1 En adelante, las expresiones “aborto permitido por la ley”, “aborto legal” o “aborto no puni- ble” serán utilizadas indistintamente. 7
8. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA 2. JUSTIFICACIÓN 2.1. CONTEXTO De los 210 millones de embarazos que ocurren por año en el mundo, alrede- dor de 46 millones (22%) finalizan en abortos inducidos.1 En lugares donde se dispone de métodos anticonceptivos efectivos y estos son ampliamente usados, la tasa total de abortos disminuye drásticamente2, aunque nunca ha bajado a cero por múltiples razones. Primero, millones de mujeres y hombres no tienen acceso a métodos anticonceptivos apropiados o bien no tienen información ni apoyo para usarlos efectivamente. Segundo, nin- gún método anticonceptivo es 100% efectivo. Tercero, las altas tasas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica y la guerra, llevan a embarazos no deseados. Cuarto, circunstancias cambiantes, tales como el divorcio y otras crisis, pueden causar que un embarazo deseado se transforme en no deseado. Se estima que alrededor de 20 millones, o cerca de la mitad, de los abortos inducidos anualmente son inseguros. Un aborto inseguro es “un procedi- miento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”3. El 95% de estos ocurre en países en vías de desarrollo.4 En Argentina mueren alrededor de 100 mujeres por año a consecuencia de complicaciones de abortos inseguros y estas complicaciones representan la primera causa de mortalidad materna.5 Dada la ilegalidad del aborto, muchas mujeres deben recurrir a procedimientos inseguros para inte- rrumpir un embarazo poniendo en riesgo su salud y su vida. Las mujeres frecuentemente enfrentan barreras que demoran la búsqueda de atención médica dada la clandestinidad legal, social y familiar en las que se realiza la práctica. A estas razones debe agregarse además, la incapacidad o falta de disposición de los servicios de salud para dar una respuesta oportuna y efectiva a las mujeres que acuden a ellos.6,7 Por tratarse de una práctica clandestina no se dispone de datos precisos sobre el número de abortos inducidos que se producen en el país. Las estimaciones recientes indican que ocurren 460.000 abortos inducidos por año.8,II La única información disponible es el número de hospitalizaciones por complicaciones de aborto en los establecimientos públicos del país -en la que no se distingue entre abortos espontáneos y provocados- y repre- senta sólo una fracción del total de los abortos que ocurren anualmente. En el año 2000III se registraron 78.894 hospitalizaciones por aborto en todo el país, 15% de las cuales correspondieron a mujeres de menos de 20 años, y 50% a mujeres de entre 20 y 29 años.9 Más allá del carácter legal o ilegal del aborto, los servicios de salud deben atender a las mujeres que presentan complicaciones de abortos inseguros, y hacer todo lo que esté a su alcance para preservar su salud y su vida. Para estas mujeres el acceso a la atención médica y su calidad pueden represen- tar la diferencia entre la vida y la muerte.10 IIEl valor resulta del cálculo de estimación del aborto inducido realizado por la Dra. Pantelides y la Lic. Silvia Mario, por medio del método de los egresos hospitalarios por complicaciones de aborto (Singh, S. y Wulf. D.: “Niveles estimados de aborto inducido en seis países latinoame- ricanos”, en International Family Planning Perspectives, número especial, 1994) y es también el valor promedio del rango estimado por el método residual (Bongaarts, J.: “A framework for the analysis of the proximate determinants of fertility” en Population and Development Review, vol. 4, N° 1, 1978. III Último año para el cual este dato está disponible. 8
9. Finalmente, diversos estudios indican que los servicios de salud aún no tienen una estrategia sistemática de consejería anticonceptiva post aborto para ayudar a las mujeres a evitar un nuevo embarazo no deseado y un aborto repetido.11 Puede suponerse entonces que el proceso asistencial de las mujeres internadas en hospitales por complicaciones de aborto está fuertemente condicionado por la situación de ilegalidad y clandestinidad de esta práctica. En este marco, la calidad de la atención se resiente y las mujeres que atraviesan esta situación crítica son con frecuencia víctimas de violencia institucional.12,13 La interpretación restrictiva de las causales de no punibilidad, la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y la judicia- lización indebida de la autorización del ANP han sido algunas de las fuentes , de barreras administrativas enfrentadas con frecuencia por las mujeres en condiciones de acceder a un aborto no punible.IV Asimismo, la ausencia de plazos máximos para las decisiones profesiona- les, administrativas o judiciales, han generado demoras en la producción del diagnóstico y la prestación del servicio que resultaron en daño psíquico por las múltiples instancias y por la prolongación de una gestación que se intenta interrumpir. Estas demoras aumentaron y prolongaron el riesgo físico y de muerte, como también el sufrimiento psíquico de las mujeres que requirieron un aborto en los casos permitidos por la ley. Por esta razón, esta Guía Técnica tiene por fin reducir las barreras de acceso al aborto en los casos no constitutivos de delito, es decir, a los casos de aborto permiti- dos por el Código Penal de la Nación. 2.2. EL MARCO JURÍDICO La Constitución argentina, los tratados de derechos humanos incorporados a su texto con jerarquía constitucional14 y las leyes vigentes reconocen y garantizan el derecho a la igualdad, a la salud, a la autodeterminación, a la privacidad, y a la no discriminación, todos ellos derechos directamente vinculados con el derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley. Constitución Nacional Igualdad: El artículo 16 establece: “La Nación Argentina no admite prerroga- tivas de sangre, ni de nacimiento [...] Todos sus habitantes son iguales ante la ley.” El derecho a la igualdad, tal como se haya formulado en este artículo, incluye la igualdad formal y material. Presupone y contiene el derecho a la no discriminación e impone al Estado promover acciones para el desarrollo de una sociedad más equitativa, sin discriminaciones arbitrarias. Privacidad y autonomía: El artículo 19 declara que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Este IVVer al respecto, TSJBA, Causa 715/00 “T., S. C/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCBA); Causa Ac. 95.464, “C. P d. P A. K. Autorización”, sentencia del TSJ . ., Pcia. de Buenos Aires, 27 de junio de 2005; Causa Ac. 98.830, “R., L.M., ‘NN Persona por nacer, Protección. Denuncia’”, sentencia del 31 de julio de 2006, TSJ Pcia. de Buenos Aires; Causa. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 1a, “C., S. M. y otros. v. sin demandado p/ac. de amparo s/per saltum”, sentencia del 22 de agosto de 2006; Causa 5236. Supremo Tribunal de Entre Ríos “Defensora de P Y.M No (en repr. de persona por nacer) s/ medida cautelar de pro- tección de persona”, sentencia del 20 de septiembre de 2007. 9
10. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA artículo garantiza la autonomía personal en cuanto derecho básico de un sistema democrático. De este derecho se deriva que todo individuo es due- ño de disponer de sus actos, de su propio cuerpo, de su propia vida, actos dispositivos que sólo se encuentran sujetos a su voluntad siempre que no perjudiquen a un tercero. Las normas arriba mencionadas se complemen- tan con las previsiones de los tratados y documentos internacionales que se citan a continuación y las normas sobre la materia emergentes de las Constituciones provinciales del país. Tratados y documentos internacionales Los derechos reconocidos por la Constitución encuentran también protec- ción en los tratados de derechos humanos incorporados a su texto con rango constitucional, según lo previsto en el artículo 75, inciso 22. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración America- na de los Derechos y Deberes del Hombre, sientan el principio de no discri- minación y reconocen que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 12 de la Declaración Universal consagra el derecho a la privacidad y el derecho a la autodeterminación de cada persona y garantiza el derecho a la protección de la ley contra todo tipo de injerencias arbitrarias en su vida privada. En igual sentido se pronuncia el artículo 5 de la Declaración Americana y el artículo 11 de ésta consagra tam- bién el derecho a la preservación de la salud y del bienestar. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artí- culo 9 consagra el derecho a la libertad y prevé en el artículo 17 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada”. Tam- bién el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, inciso 1ro., establece que los Estados Parte reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), consagra en el artículo 12, inciso 1, “el derecho de la mujer a acceder, sin discriminación alguna, a los servi- cios de la atención médica.” Asimismo, prevé que “los Estados Parte adop- tarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención mé- dica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. Además, el artículo 14 de la CEDAW dispone que los Estados deberán asegurar el acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad y prevé en su artículo 5 que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.” A nivel regional, también el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” consagra “el derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. La Declaración y Programa de Acción de Viena afirma en su artículo 18 que “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. En la decla- ración se insta a los gobiernos, a las instituciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y reclama se conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos. 10
11. En los documentos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desa- rrollo de El Cairo, se define a la salud sexual y reproductiva como “un esta- do de completo bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. Se declara expresamente que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos humanos y que toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre su reproducción. Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes naciona- les, en documentos internacionales de derechos humanos y en otros docu- mentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todos los individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espa- ciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el de- recho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la repro- ducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres. Sostiene la obligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios de atención de salud a todas las personas, y en especial a los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Se indica que el aborto es un problema de salud pública que exige servicios y políticas de Estado como parte de su compromiso con la salud de la mujer y fomenta la realización de un esfuerzo decidido para reducir el número de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones. En consonancia con la Conferencia de El Cairo, en los documentos de la 4a Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, se afirma que el tema del aborto es una problemática de salud pública, haciendo especial referen- cia a la responsabilidad de los organismos estatales de las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos. En ambas Conferencias se ha coincidido en que la salud reproductiva incluye el derecho de mujeres y hombres: a) a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo; b) a procrear, con libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué fre- cuencia; c) a la información y al acceso a métodos seguros, eficientes y ejecutables de planificación familiar de su elección; d) al acceso a servicios de seguimiento en el embarazo y en el parto sin riesgos, garantizando las mejores posibilidades para tener hijos sanos. La Plataforma de Acción de Beijing exhorta a los gobiernos a asegurarse que todos los servicios y los trabajadores relacionados con la atención de la salud respeten los derechos humanos y sigan las normas éticas, profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a la mujer. También en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Uni- das en 1999, los gobiernos decidieron ratificar lo acordado en la Conferen- cia de Beijing en relación con los servicios de aborto: “En circunstancias donde el aborto no esté en contra de las leyes, los sistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible. Deben tomarse medidas adicionales para proteger la vida de las mujeres”.15 Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos ha recomendado al Estado argentino que para los casos en que se pueda practicar legalmente el abor- to, se supriman todos los obstáculos a su obtención.V VComité de Derechos Humanos, 70o período de sesiones (16 de octubre al 3 de noviembre de 2000). 11
12. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA Finalmente, entre los países miembros del MERCOSUR, el Acuerdo N° 06/07, Recomendaciones para las Políticas de Salud Sexual y Reproductiva en los Estados partes y asociados del MERCOSUR, reitera el compromiso de cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio, especialmente la re- ducción de la mortalidad materna. Este Acuerdo establece en su artículo 1.2.e, el acuerdo de “Instrumentar y protocolizar el acceso a la interrupción del embarazo en los servicios de salud, en aquellos países cuyas legislacio- nes así lo habilitan”. Al ratificar los tratados e instrumentos internacionales mencionados hasta aquí, el Estado argentino ha reconocido y asumido la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos previstos en los mismos. En su rol de garante el Estado debe proveer los recursos ma- teriales, legales y humanos adecuados para el ejercicio y goce de estos derechos, lo que presupone la obligación de establecer los procedimientos legales y judiciales correspondientes. Código Penal En el derecho argentino, los abortos permitidos por la ley se encuentran regulados en el segundo párrafo del artículo 86 del Código Penal de la Na- ción que establece que: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor co- metido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. La ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable La Ley Nacional 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establece en su artículo 2, inciso f), como uno de los objetivos primordiales “garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”. La política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva está orientada por una serie de principios entre los que se destacan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y la equidad de género. De la misma manera lo son sus estrategias y algunas de sus metas como la reducción de la mortalidad materna y el incremento de la oferta anticonceptiva para reducir la fecundidad no deseada. Otras disposiciones relevantes En el documento correspondiente al Compromiso del Consejo Federal de Salud (COFESA) para la reducción de la mortalidad materna en la Argen- tina16 se afirma que la mortalidad materna es el indicador más negativo del resultado del proceso reproductivo. En el mismo documento, las autorida- des sanitarias provinciales y nacionales se comprometieron a llevar a cabo las medidas adecuadas para asegurar la vigencia de los derechos de las mujeres en el área de la salud, a saber: (a) garantizar que todas las mujeres tengan acceso a los Servicios de Salud, a través de un sistema regiona- lizado; (b) promover acciones para garantizar a la población el derecho a adoptar decisiones libres de discriminación o violencia en Salud Sexual y Procreación Responsable, (c) que la mujer en situación de aborto no sea 12
13. discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con ase- soramiento y provisión de insumos anticonceptivos, (d) garantizar el acceso a la atención del ANP en los Hospitales Públicos dando cumplimiento a lo estipulado en el Código Penal. Asimismo, en la Declaración de los Ministros de Salud realizada en la re- unión del COFESA el 24 de Agosto 2006, frente a los problemas surgidos para practicar el aborto a dos jóvenes discapacitadas mentales violadas, los Ministros de Salud de la mayoría de las provincias del país ratificaron el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento de las políticas y programas sanitarios nacionales puestos en marcha a partir del Plan Fe- deral de Salud, expresando que “El derecho a la atención médica debe ser garantizado por el Estado, propendiendo a asegurar la provisión y el acceso a los servicios de salud de toda la población, asegurando la igualdad de oportunidades”. En la Resolución No 989/2005 del Ministerio de Salud y Ambiente de la Na- ción que aprueba la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto, se reconoce que “el aborto representa un grave problema de salud pública en los países en desarrollo” (en Argentina es la primera causa de muer- te materna), “que el abordaje de la atención de las complicaciones debe enmarcarse en el respeto de los derechos reproductivos, como parte fun- damental de los derechos humanos de la mujer y como un deber de todo profesional de la salud”. La guía, frente a la atención post aborto, promueve el trato humanizado y la confidencialidad, sin prejuicios ni denuncias. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en su Recomendación No 2/07, considerando 1.2.13, ha alertado respecto de que la “omisión de la reglamentación de los abortos legales constituye una violación a los derechos humanos básicos de las mujeres, reconocidos y protegidos por nuestra legislación interna, así como también por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”. Finalmente, reconociendo la necesidad de precisar los procedimientos a se- guir para garantizar el acceso de las mujeres a los abortos permitidos por la ley, durante el año 2007 la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Rosario han aprobado normas que regulan el acceso al ANP en sus respectivas jurisdicciones.17 2.3. PRINCIPIOS El acceso al aborto en los casos permitidos por la ley está respaldado por las disposiciones legales mencionadas y debe guiarse por los siguientes principios rectores: • Favorabilidad • Justicia • Autonomía • Beneficencia • No maleficencia • Confidencialidad • Privacidad • Integralidad • Oportunidad • Celeridad 13
14. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA • Continuidad • Seguridad • Solidaridad Favorabilidad: En caso de dudas acerca del sentido de una norma o de su aplicación, debe adoptarse la interpretación o la aplicación que mejor se compadezca con los derechos de las mujeres. Justicia: El profesional de la salud debe actuar con imparcialidad evitando que aspectos sociales, culturales, religiosos, morales u otros, interfieran en la relación con la mujer. Autonomía: Debe respetarse el derecho de la mujer de decidir sobre las cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida. Beneficencia: Debe respetarse la obligación ética de maximizar el beneficio y minimizar el daño (hacer el bien). No-maleficencia: La acción debe causar siempre el menor perjuicio a la mujer , reduciendo los efectos adversos o indeseables de sus acciones (no perjudicar). Confidencialidad: El deber de respetar el secreto profesional implica el de- ber de disponer de todos los medios para que las peticiones o consultas de parte de las mujeres y la información sobre la práctica del ANP no sean divulgadas y la prohibición de usar toda información relacionada con un caso de ANP en provecho propio. Privacidad: Los servicios de ANP deben respetar la privacidad de las muje- res. Lo anterior incluye por lo menos: (i) la adecuación de espacios en las instituciones que presten servicios de ANP para que éstos, incluida la aten- ción previa y posterior al procedimiento, ofrezcan privacidad a las mujeres; (ii) la creación de condiciones para garantizar la privacidad de la informa- ción solicitada a la mujer y aquella que se consigne en la historia clínica; (iii) la capacitación e información a todos los empleados de las instituciones para que conozcan sus obligaciones de respeto de la privacidad de la infor- mación y las mujeres en relación con el ANP . Integralidad: Los servicios de ANP deberán prestarse de manera integral, incluyendo educación, información, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y todos los demás servicios y actividades que demanden la preservación de la salud y el nivel más alto de salud posible de las mu- jeres. Oportunidad: Los servicios de ANP deben prestarse en el momento en que las mujeres o quienes en cada caso se encuentren autorizados para reque- rirlo, soliciten la interrupción del embarazo. Todas las personas que partici- pan en un ANP incluida la atención que debe brindarse antes y después del , procedimiento, no deben evadir ni mantener en suspenso e incertidumbre a la paciente que solicita o requiere un ANP . Celeridad: A las mujeres que soliciten o requieran un ANP se les garantiza una atención ágil e inmediata. La instituciones en las cuales se practiquen deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el ANP pueda ser brindado lo más pronto posible y se prohíbe en todo caso la imposición por parte de las instituciones o su empleados de requisitos adicionales o innecesarios. Continuidad: El servicio de salud debe prestarse de manera ininterrumpi- da. En aplicación de este principio, (i) la prestación de los servicios de ANP debe ofrecerse de manera regular y continua y su garantía es responsabili- 14
15. dad del Estado nacional, provincial o municipal, según corresponda; (ii) las instituciones en las cuales se presten servicios de ANP deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir obligaciones que supongan la interrupción injustificada del tratamiento; (iii) los conflictos contractuales o administra- tivos que se susciten con otras entidades o al interior de la institución no pueden impedir el acceso al ANP o a la finalización del mismo si ya ha sido iniciado; (iv) en caso de que existan dudas acerca de si debe prestarse el servicio o no, o si debe continuarse, por no existir certeza acerca del cum- plimiento de los requisitos, siempre debe continuarse. Seguridad: Los servicios de ANP deberán prestarse en condiciones ópti- mas de seguridad para las mujeres. Para cumplir este deber los servicios de ANP deberán al menos: (i) ser prestados por profesionales de la salud capacitados y con equipo apropiado; (ii) ser practicados mediante técnicas seguras y adecuadas para cada caso; (iii) atendiendo los estándares sanita- rios y (iv) propendiendo porque la terminación se lleve a cabo en la etapa más temprana posible del embarazo. Solidaridad: En ningún caso, la incapacidad económica de una mujer po- drá impedir su acceso a los servicios de ANP y la provisión de los servicios debe hacerse de acuerdo a sus necesidades y no a su capacidad de pago. 3. DEFINICIONES Y PROCEDIMIENTOS 3.1. ABORTO NO PUNIBLE La presente Guía Técnica es de aplicación a las situaciones previstas por el artículo 86 del Código Penal de la Nación, norma que regula los casos en los que se autoriza el aborto eximiendo de pena al médico y a la mujer que lo llevan adelante. Una interpretación de este artículo en consonancia con los principios cita- dos y las normas nacionales e internacionales mencionados en el acápite 2, establece que para el Código Penal de la Nación el profesional de la salud y la mujer no incurren en delito de aborto en las siguientes situaciones: a. en casos de peligro para la vida de la mujer (artículo 86, inciso 1o, Códi- go Penal de la Nación), b. en los casos de peligro para la salud de la mujer (artículo 86, inciso 1o, Código Penal de la Nación), c. cuando el embarazo sea producto de una violación (artículo 86, inciso 2o, Código Penal de la Nación), d. cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente (artículo 86, inciso 2o, Código Penal de la Nación). En este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser reque- rido para el aborto. La interpretación de las causales de no punibilidad citadas debe realizarse a la luz de las normas constitucionales y de los tratados de derechos huma- nos de rango constitucional que reconocen los derechos a la igualdad, a la salud, a la autodeterminación, a la privacidad, y a la no discriminación. La interpretación del primer inciso del artículo 86 del Código Penal de la Nación supone una perspectiva del derecho a la salud y un enfoque de los determinantes de la salud consistente con una visión integral de la salud que, según lo previsto por la Organización Mundial de la Salud, debe ser entendida como un “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, 15
16. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones.VI Esa interpreta- ción debe realizarse, de conformidad con lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “a la luz del artículo 10, inciso 3, del Pacto In- ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,“que reconoce “el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción.”VII 3.2. PROFESIONAL DE LA SALUD La práctica de un ANP se realizará previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de alguna de las causales de no punibilidad previs- tas en al artículo 86 del Código Penal de la Nación según lo interpretado en el punto 3.1. supra. Para la constatación de los casos de peligro para la salud o la vida de la mujer (artículo 86, inciso 1ro del CPN), el médico tratante deberá fundar su diagnóstico mediante los estudios pertinentes y en interconsulta con otro médico o profesional de la psicología, según corresponda. Para la constatación de los casos de violación o atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente (artículo 86, inciso 2do. del CPN), el médico tratante deberá pedir que se le exhiba constancia de la denuncia policial o judicial de la violación, según lo previsto en el acápite 6.3.2. supra. Para la constatación de todas las causales de no punibilidad previstas en el artículo 86 del CPN, deberá interpretarse la expresión “médico tratante” como referida a los médicos con título habilitante según lo previsto en las leyes que regulan el ejercicio de la medicina en las distintas jurisdicciones del país que reciban a la mujer que solicita un ANP. En el caso de la constatación de un peligro para la salud psíquica de la mu- jer, la interconsulta podrá realizarse a un médico o a un profesional habilita- do legalmente para la práctica profesional de la psicología. A todos los efectos de la presente Guía Técnica se considerará que la ex- presión “profesional de la salud” abarca al médico tratante, y el médico o el profesional de la psicología con quien se realice la interconsulta. Cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como, autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera, y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer repre- sentarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley. Condicionar la realización de un ANP a la obten- ción de autorizaciones adicionales vulnera el derecho de las personas a la autodeterminación e incrementa el riesgo para la salud. El cumplimiento de las normas jurídicas es un deber del profesional. Los profesionales de la salud serán responsables penal, civil y administrativamente por el incum- plimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o la psicología cuando se nieguen en forma no justificable a la constatación de alguna de las causales previstas en el artículo 86 del Código Penal de la Nación y/o a la consecuente prestación del servicio correspondiente. VILa cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, No 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948. IIV Ver al respecto los Considerandos.17o y 18o de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Campodónico de Beviacqua Ana c/ Min. Salud – Sec. Programa de Salud y Bco de Drogas Neoplásicas”, Fallos 323:3235, (2000). 16
17. 3.3. PLAZOS La práctica de un ANP deberá realizarse dentro de los primeros 5 (cinco) días siguientes a la solicitud de la mujer o quien estuviera autorizado a so- licitarlo. Previo a la realización de la práctica, deberá solicitarse la firma del consentimiento informado por parte de la gestante o quien estuviera autori- zado a otorgarlo y la presentación del diagnóstico médico formulado según lo previsto en el punto 3.2. supra o solo la copia de la denuncia policial o judicial, según el caso. 3.4. SANCIONES El incumplimiento de las disposiciones de la presente Guía Técnica dará lu- gar a la aplicación de las sanciones correspondientes que serán impuestas por las autoridades administrativas competentes en ejercicio de las funcio- nes de inspección, vigilancia y control. El proceso sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud de la parte interesa- da, por información del funcionario público, por denuncia, o queja presen- tada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado con antelación una medida de seguridad o preventiva. Si los hechos materia del proceso sancionatorio fueren constitutivos de de- lito, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente, acompaña- dos de las pruebas pertinentes. 4. OBJETIVOS 4.1. GENERAL Establecer los procedimientos para la provisión de los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal argentino. 4.2. ESPECÍFICOS a) Presentar el marco jurídico para la provisión del ANP. b) Estandarizar los procedimientos clínicos y quirúrgicos para la provisión del ANP dentro del sistema de salud. 5. POBLACIÓN OBJETO Todas las mujeres que soliciten la realización de un ANP en los servicios de salud y los profesionales de la salud responsables de la provisión de esta práctica. 6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 6.1. PRINCIPIOS GENERALES Los servicios de ANP deben ser provistos conforme a los principios bioéti- cos de la práctica médica referidos en el acápite 2.3. Al igual que en otras situaciones en las que una mujer demanda atención para su salud repro- ductiva, los servicios deben ser capaces de aprovechar esta oportunidad 17
18. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA y ofrecer una atención que cubra aspectos físicos y emocionales así como la amplia constelación de servicios preventivos. Una vez más, debe enfati- zarse que esta norma se basa en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, entendida como “un estado de completo bienestar físi- co, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda- des.VIII Para cumplir este propósito, puede recuperarse el marco propuesto en 1990 por Judith Bruce para planificación familiar.18 De este marco, es importante recuperar: • El intercambio de información entre el profesional de la salud y la mujer No sólo debe incluirse información sobre el diagnóstico, opciones de tratamiento, regímenes terapéuticos, contraindicaciones y efectos cola- terales de los medicamentos, sino también escuchar y tratar de entender a la mujer, incluyendo sus antecedentes, preferencias por el tratamiento y su historia médica. • La competencia técnica del prestador Incluye conocimientos precisos acerca de la enfermedad, problema o condición que afecta a la mujer, conocimientos para prescribir el trata- miento clínico adecuado sin poner en riesgo innecesario la salud o la vida de la mujer, y conocimiento de los procedimientos para referir los casos que así lo requieran. • Las relaciones interpersonales Incluye el trato respetuoso y receptivo que estimula a la mujer en la toma de decisiones, que evita los juicios morales, los tiempos de espera innecesarios, y respeta la confidencialidad. • Los mecanismos para estimular la continuidad del cuidado de la salud Incluye la información acerca de donde y cuando hacer la visita de se- guimiento, en la medida de lo posible otros lugares donde puede recu- rrir, y las consultas de seguimiento específico de acuerdo al problema de salud. 6.2. ADMISIÓN DE LA MUJER QUE SOLICITA LA INTERRUPCIÓN DEL EM- BARAZO La atención a toda mujer que solicita la realización de un ANP debe brindar- se de acuerdo con los principios de la bioética y de los derechos humanos, al igual que cualquiera de los servicios que atañen a la atención de su salud integral. Estos principios19 basados en lo dispuesto en la Constitución y distintos tratados de derechos humanos,20 se expresan en las siguientes condiciones: 6.2.1. Toma de decisión libre y basada en la información El principio que rige esta característica de la atención es el de la autonomía (ver punto 6.4.3 de consentimiento informado). Todas las actitudes y prác- ticas de los profesionales de salud deben estar destinadas a que la mujer VIII OMS (1948), Op. Cit 18
19. pueda, en base a información veraz, adecuada y completa, tomar la me- jor decisión posible para ella. Es un deber de los profesionales de la salud proveer información de forma tal que la mujer pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las preguntas que crea necesarias. La decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o de valor por parte de los profesionales de salud. 6.2.2. Confidencialidad Al igual que en cualquier práctica médica la práctica del aborto en los casos permitidos por la ley está protegida por el secreto profesional. Esto significa que nada de lo ocurrido en la consulta debe ser develado a otras personas (otros integrantes del equipo de salud e incluso la familia) salvo en situa- ciones en las que compartir esta información sea de suma importancia para la atención de la mujer. La historia clínica y toda la información contenida en ella también están protegidas por el secreto profesional. Si se considera necesario compartir la información con terceros, debe hacerse con la auto- rización expresa de la mujer, otorgada de manera libre y sobre la base de información clara. Salvo en los casos en los que la mujer lo consienta explí- citamente, la consulta del profesional con el esposo, compañero/a, padre, madre o cualquier otra persona así sea para asegurar una atención segura y apropiada, constituirá una violación de la confidencialidad. 6.2.3. No discriminación Toda mujer, más allá de su capacidad de comprensión, estado civil, edad, condición socio-económica y etnia, debe ser tratada con respeto y el ejerci- cio de sus derechos debe ser garantizado. En ningún caso los profesionales de la salud deben adoptar actitudes paternalistas, tomar decisiones por la mujer, inducirlas o conducirlas según sus propias creencias. En ningún caso el antecedente de haber solicitado o practicado un ANP en los términos de la presente Guía, podrá constituir una circunstancia de dis- criminación para la gestante, los profesionales de la salud y los prestadores de servicios de salud. No podrá exigirse esta información como requisito para: a) Admisión o permanencia en centros educativos, deportivos, sociales o de rehabilitación. b) Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma. c) Afiliación a una entidad prestadora de servicios de salud y acceso a los servicios de salud. d) Ingreso, permanencia o realización de cualquier tipo de actividad cultu- ral, social, política o económica. e) Contratación de servicios de salud no relacionados con la prestación de los servicios de que trata esta Guía. 6.2.4. Privacidad Las instituciones de salud y quienes trabajan en ellas deben asegurar que, como en cualquier práctica médica, la infraestructura otorgue el mayor gra- do de privacidad visual y auditiva posible. 19
20. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA 6.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES 6.3.1. Adolescentes Las adolescentes pueden no disponer de toda la información y conocimien- tos necesarios sobre la prevención de embarazos, los métodos anticoncep- tivos disponibles, cuáles son los signos de un embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. Pueden tener escasa experiencia en hablar de estos temas con adultos y en acceder y utilizar los servicios de salud para encarar sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Las adolescentes necesitan un ambiente de empatía, donde puedan expresar sus necesidades, temores y vergüenzas sin ser juzgadas ni acalladas. Los proveedores de servicios de salud deben procurar desarrollar habilida- des para el abordaje integral de la sexualidad adolescente y el respeto de sus derechos. Esto incluye una habilidad especial para recabar los datos de la historia. Por ejemplo, deben ser amables y formular preguntas sim- ples en un lenguaje entendible. Pueden necesitar repetir las preguntas y sondear con cuidado y consideración. Dado que las adolescentes por lo general necesitan tiempo para revelar sus problemas, se podrán sugerir dis- tintas respuestas para estimular a la adolescente a hablar. Es esencial que los proveedores de los servicios garanticen claramente la confidencialidad, asegurándoles a las adolescentes que no compartirá la información de la consulta con nadie. Es importante conformar servicios de salud “amigables para adolescentes”, para asegurar que éstas tengan acceso a los servicios necesarios. Frecuen- temente esto se puede lograr mediante una reorientación de los servicios ya existentes, asegurando que los servicios estén abiertos en el momento y lugar donde las adolescentes puedan utilizarlos y que los mismos sean gratuitos. Las adolescentes y sus familias deben ser informadas de la exis- tencia de estos servicios y, para ello, es importante contar con el apoyo de la comunidad. 6.3.2. Mujeres víctimas de violación o atentado al pudor Las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación o un atenta- do al pudor necesitan un tratamiento particularmente sensible, y todos los niveles del sistema de salud deben ser capaces de ofrecer el cuidado y apo- yo apropiados. El manejo general de las sobrevivientes de una violación o un atentado al pudor, incluye la atención física y psicológica, la anticoncep- ción de emergencia, el tratamiento de las lesiones y las ITSs, la recolección de evidencia forense –cuando la mujer o quien la represente lo consienta-, el asesoramiento y el cuidado de seguimiento, conforme a lo establecido en las normas aplicables. Cuando el embarazo se hubiere producido como consecuencia de una vio- lación, se debe solicitar a la mujer constancia de la denuncia judicial o poli- cial de la existencia de la violación. Cuando el embarazo se hubiere producido como consecuencia del atentado al pudor, se debe solicitar a quien represente a la mujer víctima constancia de la denuncia judicial o policial de la existencia del atentado al pudor. Los profesionales de la salud no pueden requerir ningún otro tipo de docu- mentación adicional a la constancia de denuncia mencionada. 6.3.3. Objeción de conciencia Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer su objeción de concien- cia con respecto a la práctica del ANP Independientemente de la existencia . 20
21. de profesionales de la salud que sean objetores de conciencia, toda institu- ción en la que se lleve a cabo la práctica de ANP deberá contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a la mujer. Los reemplazos o sustituciones que sean necesarias para obtener dicho fin serán realizados en forma inmediata y con carácter de urgente por las autoridades del esta- blecimiento asistencial que corresponda. Ante la ausencia de un profesional no objetor, ninguna objeción de este tipo, aunque sea fundada en los térmi- nos de este punto, podrá ser invocada para eludir el deber de participar en un tratamiento que sea de carácter urgente. En ningún caso, la sustitución de un profesional objetor de conciencia podrá realizarse en un plazo mayor al de 5 (cinco) días contados desde la constatación de las causales de no punibilidad previstas en el artículo 86 del CPN. La objeción de conciencia es siempre individual y no puede ser institucio- nal. Además, la objeción de conciencia debe ser declarada, según se prevea en las reglas de cada jurisdicción, por el profesional de la salud a partir de la entrada en vigor de la presente Guía o al momento de iniciar sus actividades en el establecimiento de salud correspondiente. La declaración regirá tanto para su actividad en relación de dependencia pública como en su actividad privada. Las mujeres deberán ser informadas sobre las objeciones de conciencia de su médico/a tratante y/o del personal auxiliar desde la primera consulta que realicen con motivo del embarazo. Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo el tratamiento por parte de los profesionales de la salud y las autoridades hospitalarias constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente. 6.4. ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 6.4.1. Asesoramiento El asesoramiento está dirigido a contener emocionalmente a la mujer, brin- darle información sobre todas las opciones posibles y disponibles, y acom- pañarla en su decisión cualquiera ella sea. El asesoramiento no ocurre en un solo momento en el tiempo sino que debe ser continuo, desde que la mujer toma contacto con los servicios de salud hasta que haya completado cada una de las etapas de la atención. Todos los servicios involucrados en la atención deberán disponer de personal capacitado para brindar asesora- miento. Sin embargo, es decisión de la mujer recibir dicho asesoramiento o no hacerlo. El asesoramiento debe ofrecerse en un ambiente de privacidad y confidencialidad y sólo debe dejarse constancia en la historia clínica de datos que resultan relevantes para la historia médica de la mujer. El personal que brinda el asesoramiento debe ser conciente que la mujer puede haber estado sometida a situaciones de coerción o violencia, y en ese sentido, el asesoramiento debe resultar un buen espacio para que la mujer pueda compartir y reflexionar sobre esas experiencias. Si la mujer opta por interrumpir el embarazo, se deberá: a) Ofrecerle asesoramiento e información, con la opción de la presencia de una persona significativa para ella. Es decisión de la mujer convocar a esta persona o no. En caso de sospechar coerción o violencia, se sugiere tener una entrevista a solas y ofrecer consejería de mediano plazo y la derivación a servicios de asesoramiento legal. b) Hacerle saber de los requerimientos para la constatación de las circuns- 21
22. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA tancias que permiten el ANP según el artículo 86 del CPN. c) Informarla de las ventajas de realizar una interrupción del embarazo en determinados plazos, sin presionarla para que tome una decisión rápi- damente, y respetando los tiempos que ella necesite. d) Explorar si la mujer se encuentra bajo presión de su pareja o algún miembro de su familia o entorno cercano, o si la razón por la cual opta por la interrupción se encuentra fundada en información errónea o in- adecuada. En este sentido, es importante considerar a las mujeres que requieren el aborto en los casos permitidos por la ley por riesgo para la vida o la salud. Si la mujer opta por continuar el embarazo debe recibir información sobre adopción, hogares de tránsito y otras opciones disponibles. 6.4.2. Información El propósito perseguido es brindar a la mujer un espacio donde se compar- ta información y donde pueda plantear sus dudas y recibir información ve- raz, adecuada y completa. Es importante que la mujer se sienta considerada y tratada con respeto y comprensión. Bajo ningún punto de vista deben imponerse opiniones o juicios de valor de los profesionales de la salud. La información debe ser brindada apoyando a la mujer en su decisión, de for- ma simple, sin paternalismos, en un lenguaje fácil de entender y adecuado al contexto cultural de la mujer. Es importante considerar situaciones de vulnerabilidad, tales como discapacidad, mujeres solas o adolescentes, y víctimas de violencia sexual, entre otras. La información ofrecida debe cubrir los siguientes aspectos: • Procedimientos para interrumpir el embarazo (en qué consisten, qué puede sentir y qué ocurre durante y después del procedimiento). • Ventajas y desventajas de cada procedimiento (dolor, anestesia requeri- da, riesgos, tiempo de internación). • Tiempo que implica cada uno de los procedimientos • Retorno a la vida cotidiana (indicaciones, seguimiento, signos de alar- ma) • Retorno a la vida sexual • Anticoncepción Si se dispone de distintos métodos de interrupción del embarazo, los pro- fesionales deberán estar capacitados para dar a la mujer información clara sobre cuáles son los más apropiados en relación a la edad gestacional, la condición médica de la mujer y los potenciales factores de riesgo. La provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente de anticoncepción, es parte esencial de la atención que debe brindarse a una mujer que busca interrumpir su embarazo. El propósito es evitar un embarazo no deseado en el futuro y también referirla a servicios integra- les de prevención de cáncer genito-mamario, y de ITS-VIH/sida. Todas las mujeres deben recibir información acerca de que es posible quedar emba- razada antes del sangrado menstrual posterior al procedimiento. Por ello, es prioritario informarlas acerca de los métodos anticonceptivos y haberlos provisto en el caso que la mujer haya optado por uno de ellos. En todos los casos, la mujer deberá recibir información precisa para seleccionar el método más apropiado de acuerdo a su preferencia y necesidad. 22
23. Si la mujer solicita una interrupción del embarazo luego de una falla del método, el profesional de la salud debe asesorarla adecuadamente en caso que el método haya sido mal utilizado o sugerir cambiarlo si la mujer no está satisfecha con el mismo. Sin embargo, la elección final del método es una potestad absoluta de la mujer. La aceptación de un método anticon- ceptivo después del procedimiento nunca debe ser una precondición para realizar la interrupción del embarazo. 6.4.3. Consentimiento Informado Al igual que en toda práctica médica, debe solicitarse a la mujer embaraza- da el consentimiento informado para proceder a la interrupción del emba- razo. El consentimiento informado es la manifestación libre y voluntaria de una persona que solicita y consiente someterse a determinada práctica una vez que recibió información clara, precisa y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los riesgos y los efectos para su salud y su vida. Debe dejarse constancia en la historia clínica de la información brindada, la constancia de la paciente embarazada de haber comprendido dicha in- formación, dejándose debida constancia del consentimiento a efectuar la interrupción del embarazo suscripto por la paciente y/o representante de la paciente según sea el caso y los profesionales responsables. El principio ético fundamental que guía el proceso de consentimiento in- formado es el respeto por la autonomía de la persona. Por autonomía se entiende que una persona adulta, mentalmente competente, no requiere el consentimiento (autorización) de un tercero, como el marido o la pareja, para acceder a un servicio de salud. Por ende, los proveedores de salud no deben imponer como requerimiento la autorización del marido o compa- ñero/a. En los casos de menores de 14 años se requerirá la autorización de los padres, tutores o encargados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. En todo caso los profesionales de la salud deberán oír antes a la menor de 14 años y se procurará conciliar el derecho de la pa- ciente a la autodeterminación con la protección de la salud, sin menoscabar el consentimiento de la menor de catorce años. En caso de tratarse de la violación de una mujer menor de 14 años edad, se requerirá además el consentimiento de sus padres, tutores o encargados, respetando las previsiones del artículo 61 del Código Civil, el artículo 3 de la Ley Nacional No 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño. En caso de negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados a con- sentir el acto médico o falta de acuerdo entre sus progenitores, se procede- rá de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Civil. Según lo mencionado en el punto 6.3.2, si una mujer con discapacidad mental no declarada o declarada incapaz hubiere quedado embarazada como consecuencia de un atentado al pudor, y su representante legal so- licitare la interrupción de la gestación deberá acreditar la denuncia judicial o policial de la existencia de violación. Los profesionales de la salud no po- drán solicitar ningún otro tipo de documentación adicional a la constancia de denuncia mencionada. En caso de que un sólo progenitor fuera quien tuviera de hecho a su exclu- sivo cuidado a la mujer con discapacidad mental o a la mujer menor de 14 años, bastará el consentimiento de éste para que quede configurado el con- sentimiento requerido. En caso de negativa injustificada del representante legal a consentir el acto médico, el profesional interviniente procurará que se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Civil. 23
24. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA En todo caso de ANP el formato que adopte el requerimiento de consenti- , miento informado debe guardar estricta sujeción a lo consignado en este numeral. 6.5. CONSULTA DE PRIMERA VEZ Cuando una mujer solicita la interrupción de un embarazo deben seguirse las pautas clínicas que el servicio tenga habitualmente. Aún así, se sugiere seguir los siguientes pasos: 6.5.1. Consulta pre-aborto Los primeros pasos en la consulta el aborto consisten en establecer si la mujer está efectivamente embarazada y, de estarlo, conocer la duración del embarazo y confirmar que el mismo sea intrauterino. Los riesgos asociados con la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser mínimos cuan- do se lleva a cabo adecuadamente, aumentan con la duración del embara- zo.21 Por ende, la determinación de la edad gestacional es un factor crítico en la selección del método más apropiado. Todo servicio de salud debe contar con personal entrenado y competente para realizar la historia clínica de la mujer y un examen pélvico bimanual. Aquellos centros de salud que no cuenten con el personal ni el equipamiento adecuado para inducir un aborto deben contar con la posibilidad de derivar a la mujer tempranamen- te a otro servicio. El personal también debe estar capacitado para ofrecer asesoramiento y así ayudar a la mujer a considerar sus opciones (ver sec- ción 6.4.1). 6.5.2. Historia clínica La mayoría de las mujeres comienzan a sospechar un embarazo cuando tie- nen un retraso menstrual. Se les debe preguntar acerca del primer día de su última menstruación, es decir, el primer día de sangrado, y si la menstrua- ción fue normal. Sin embargo, la mujer puede experimentar amenorrea por otras razones diferentes a un embarazo, y algunas mujeres embarazadas pueden no referir la ausencia de un ciclo; por ejemplo, la mujer que está amamantando puede quedar embarazada aun antes de tener su primera menstruación post-parto. Algunas mujeres pueden experimentar un san- grado no menstrual en etapas tempranas del embarazo y esto puede oca- sionar que no se diagnostique el embarazo o que se cometa un error con la fecha. Otros síntomas que las mujeres suelen referir en etapas tempranas de la gestación incluyen tensión y agrandamiento mamario, náuseas- en algunas oportunidades acompañadas de vómitos-, fatiga, cambios en el apetito y aumento del ritmo miccional. La historia familiar y médica personal de la gestante debe elaborarse tenien- do en cuenta los siguientes aspectos específicos, además de los aspectos generales contenidos en toda historia clínica: 6.5.2.1. Anamnesis Identificación: nombre, documento de identidad, edad, nivel educativo, es- tado civil, ocupación, caracterización del grupo familiar y de la vivienda, cobertura de salud, dirección y teléfono, contacto de emergencia. Antecedentes Personales: patológicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, (medicamentos recibidos), tabaquismo, alcoholismo, sustancias psicoac- 24
25. tivas. Enfermedades, complicaciones y tratamientos recibidos durante la gestación actual. Historia Reproductiva: • Antecedentes obstétricos: Gestaciones: Total de embarazos, intervalos intergenésicos, abortos, embarazos ectópicos, molas. Partos: Número de partos (partos vaginales y por cesárea), fecha del último. • Antecedentes ginecológicos: Edad de la menarca, patrón de ciclos men- struales, fecha de las dos últimas menstruaciones, métodos anticoncep- tivos utilizados y tiempo de utilización de cada uno, infecciones de trans- misión sexual (ITS), VIH/Sida, historia y tratamiento de infertilidad. • Antecedentes familiares: Hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia, cardiopatía, diabetes, enfermedades metabólicas, autoinmu- nes, infecciosas, congénitas, epilepsia, trastornos mentales, gestaciones múltiples, tuberculosis, neoplasias, otras. Gestación actual: edad gestacional probable (fecha de última menstrua- ción, altura uterina y/o ecografía obstétrica). Cefaleas persistentes, edemas progresivos. Sintomatología infecciosa: urinaria o cervicovaginal. Valoración de condiciones psicosociales: indagación acerca de la red fami- liar y de la contención de la pareja, valoración de interconsulta con psicopa- tología o servicio social. Otros motivos de consulta: derivación desde otro servicio (cardiología, on- cología, etc.) Exámenes previos, tratamiento recibido y estado actual. 6.5.2.2. Examen físico Se debe confirmar la existencia de embarazo y estimar su duración median- te la realización de un examen pélvico bimanual. Los signos detectables de embarazo entre las 6 y 8 semanas mediante el examen pélvico bimanual incluyen reblandecimiento del istmo cervical y reblandecimiento y elongación del útero. El útero de una mujer embarazada que es menor al esperado por su amenorrea puede deberse a un embarazo menos avanzado que el estimado por la fecha de la última menstruación, a un embarazo ectópico o a un embarazo detenido (aborto retenido); un útero mayor al esperado puede indicar un embarazo más avanzado que el calculado por la fecha de la última menstruación, un embarazo múltiple, la presencia de fibromas uterinos o un embarazo molar. El profesional debe cerciorarse si el útero está en anteversión o retroversión o en otra posición que pueda alterar la estimación de la edad gestacional o complicar un aborto quirúrgico. Se deberán reconocer los signos de infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo, además de condiciones como anemia u otras enfermedades que puedan llegar a requerir procedimientos adicionales o derivación para atención médica especializada. Igualmente se deben referir al nivel apropiado las mujeres que presenten alguna patología cervical seria. 25
26. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA 6.5.2.3. Análisis de laboratorio En la mayoría de los casos, los profesionales sólo precisan la información obtenida a través del la historia clínica y el examen físico para confirmar el embarazo y estimar su duración. Los análisis de laboratorio para corroborar el embarazo pueden no ser necesarios, a no ser que los signos típicos de gestación no estén claramente presentes y el profesional no esté seguro si la mujer está embarazada. En ningún caso la realización de exámenes pre- vios puede ser un requisito para la realización de un ANP IX. • Hemoglobina/Hematocrito. La detección de anemia mediante la medi- ción de los niveles de hemoglobina y hematocrito en áreas donde la misma es prevalente permite comenzar el tratamiento y estar prepara- dos si eventualmente se presenta una hemorragia durante o después de la interrupción del embarazo. • Hemoclasificación. En caso de complicaciones que puedan requerir una transfusión sanguínea, debe realizarse la hemoclasificación. En todo caso se transfundirá sangre segura, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. • VDRL, prueba para VIH/SIDA: El prestador debe realizar sin excepción la asesoría y ofrecer la prueba de tamizaje (ELISA o prueba rápida), en el primer trimestre de embarazo o durante el primer control prenatal a todas las mujeres. La estrategia de oferta y realización de la prueba re- comendada es la siguiente: el profesional de la salud efectúa la asesoría pre-prueba, mencionando que se recomienda realizar la prueba a toda gestante y que ella tiene la opción de aceptar o rehusar, firmando un documento. Aquellas que acepten realizarse la prueba, deben firmar el consentimiento informado. Todas de las mujeres embarazadas deben tener documentación escrita en la historia clínica de haber recibido la asesoría y el ofrecimiento de la prueba, así como del desenlace de dicho proceso. En ningún caso esta prueba se puede constituir en una barrera de acceso al procedimiento de interrupción del embarazo. 6.5.2.4. Ecografía La exploración ecográfica no es necesaria para la realización de un aborto temprano.22 En lugares donde se encuentra disponible, la ecografía puede colaborar para la detección de un embarazo ectópico mayor de 6 semanas. En etapas tardías del embarazo, algunos profesionales encuentran esta tec- nología de ayuda antes o durante el procedimiento abortivo. En aquellos lugares donde se utilice la ecografía, se deberá, si es posible, facilitar distin- tas áreas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres que buscan un aborto de aquellas que reciben cuidados prenatales. 6.6. CONDICIONES PRE-EXISTENTES En forma conjunta con la confirmación y estimación de la duración del em- barazo, los profesionales de la salud deben obtener una historia médica completa y valorar otros factores de riesgo que puedan afectar la realización de un aborto. Estos incluyen: alteraciones de la coagulación, alergia a cual- quier medicación que será usada durante el aborto e información acerca de cualquier droga que la mujer esté tomando y que pueda interactuar con aquellas que se usarán durante el procedimiento. Desde un punto de vis- ta clínico, la presencia de infección por VIH en una mujer que se somete a IX Una prohibición explícita como ésta se encuentra contenida en la regulación de Colombia. 26
27. un aborto, requiere las mismas precauciones que para otras intervenciones médico/quirúrgicas. Si se sabe que la mujer es VIH positiva, puede necesitar asesoramiento especial. (ver sección 6.4.1). En los casos que la mujer solicita la interrupción por condiciones que ponen en riesgo su salud o su vida, estas condiciones preexistentes cobran mayor relevancia aún y deben ser atendi- das por los profesionales de la salud que mejor entienden el caso. 6.6.1. Infecciones del tracto reproductivo (ITRs) La presencia de infecciones del tracto reproductivo inferior al momento de la realización del aborto es un factor de riesgo para ITRs post-procedimien- to.23 Se ha visto que el uso de rutina de antibióticos al momento del abor- to reduce a la mitad el riesgo de infección en el post-procedimiento.24 Sin embargo, los abortos también pueden llevarse a cabo en aquellos lugares donde no se disponga de antibióticos para profilaxis. En cualquier caso, la estricta observación de los procedimientos de limpieza y desinfección jue- ga un papel esencial en la prevención de infecciones post-procedimiento. Si hay signos clínicos de infección, la mujer debe ser tratada inmediatamente con antibióticos y luego llevar a cabo el aborto. En aquellos lugares donde se realicen análisis de laboratorio para ITRs de forma rutinaria y si no hay signos visibles de infección, el aborto no debe retrasarse esperando los resultados. 6.6.2. Embarazo ectópico El embarazo ectópico puede ser una amenaza para la vida. Los signos que pueden indicar un embarazo extrauterino incluyen: tamaño uterino menor al esperado según la duración estimada del embarazo y dolor abdominal bajo, especialmente si el mismo se acompaña de sangrado vaginal o spot- ting, mareos o desmayos, palidez y, en algunas mujeres, una masa anexial. Si se sospecha un embarazo ectópico, es esencial confirmarlo inmediata- mente e iniciar tratamiento o derivar a la mujer tan pronto como sea posible a un centro que tenga la capacidad para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento, la exploración ecográfica es de gran utilidad.X Debe remarcar- se que el diagnóstico de un embarazo ectópico es más difícil durante y después de un aborto con medicamentos dada la similitud de los síntomas. Por lo tanto, si se utiliza el aborto con medicamentos sin la confirmación previa de que el embarazo es intrauterino y la mujer tiene dolores severos y de intensidad creciente posteriores al procedimiento, debe ser evaluada para descartar un embarazo ectópico. 6.6.3. Isoinmunización Rh Si bien hasta el momento no existe evidencia concluyente sobre la necesi- dad de la administración de inmunoglobulina anti Rh después de un aborto inducido en el primer trimestre, la inmunización pasiva de todas las mujeres Rh negativas con inmunoglobulina antiRh dentro de las 72 horas del pro- cedimiento fue recomendada en los Estados Unidos en 1961.25 En aquellos lugares donde la inmunoglobulina Rh se administra de manera rutinaria a las mujeres Rh negativas, la misma debe ser administrada al momento del procedimiento. Para aquellas mujeres que utilizaron un aborto con medica- mentos, se ha recomendado la administración de la inmunoglobulina Rh al momento de la administración de las prostaglandinas.26 X Ver para detalles del tratamiento: World Health Organization. (2000) Managing the compli- cations of pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health Organization. (WHO/RHR/00.7) 27
28. ABORTOS NO PUNIBLES GUÍA TÉCNICA 6.6.4. Citología cervical Algunos centros también pueden ofrecer la realización de un PAP y otros servicios de salud reproductiva. El pedido de aborto puede ser una oportu- nidad para la evaluación de la citología cervical, especialmente en lugares donde la prevalencia de cáncer cervical e ITSs es alta. La provisión de di- chos servicios no es requisito indispensable para llevar a cabo un aborto seguro por lo que no puede ser nunca una condición para que la mujer obtenga un ANP . 7. MÉTODOS SEGUROS DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO Resumen La figura 1 resume los métodos más apropiados para interrumpir una ges- tación acorde a la etapa en que se encuentra el embarazo, basándose en protocolos establecidos y utilizados mundialmente. Es indicativo más que prescriptivo en relación a los límites de tiempo. Por ejemplo, la mayoría de los profesionales entrenados pueden llevar a cabo una aspiración hasta las 12 semanas completas de embarazo, mientras que otros especialmente entrenados, con experiencia suficiente y acceso a cánulas de tamaño ade- cuado pueden usar este método de manera segura hasta las 15 semanas completas.257 La disponibilidad de medicamentos efectivos y seguros para inducir un aborto sigue siendo limitada a la fecha. Sin embargo, el rápido desarrollo y la constante investigación podrán hacerlos más accesibles en un futuro cercano. FIGURA 1: Métodos de aborto 28 Semanas completas desde fecha de última menstruación 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Métodos preferidos Aspiración al vacío (manual/eléctrica) (por proveedores bien entrenados) Dilatación y evacuación Mifepristone y (en investigación) Mifepristone y dosis repetidas de misoprostol o gemepros t Misoprostone (o gemeprost) Otros Métodos Dilatación y curetaje Soluciones Hipertónicas Prostagladinas intra/extra ammnióticas 28
29. 7.1. MÉTODOS PARA SER UTILIZADOS HASTA 12 SEMANAS COMPLETAS DESDE LA FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN Los métodos de elección son la aspiración manual endouterina (AMEU) o eléctrica, o el aborto con medicamentos en una combinación de mife- pristona seguida de una prostaglandina. La mifepristona seguida de una prostaglandina ha demostrado ser un régimen seguro y efectivo hasta las 9 semanas completas de embarazo, y se está investigando la seguridad y efectividad del régimen entre las 9 y 12 semanas completas. El uso de medicamentos requiere el soporte de aspiración al vacío en el lugar o la posibilidad de derivación en caso de falla o aborto incompleto. La dilata- ción y curetaje (DyC) deben ser utilizados cuando ninguno de los métodos mencionados esté disponible. Los servicios de salud y los responsables los programas deben realizar todo el esfuerzo posible para reemplazar la dilata- ción y curetaje (DyC) por la aspiración. 7.2. MÉTODOS PARA SER UTILIZADOS DESPUÉS DE LAS 12 SEMANAS COMPLETAS DESDE LA FECHA DE ULTIMA MENSTRUACIÓN Una variedad de situaciones hace surgir la necesidad de servicios de aborto en etapas más avanzadas del embarazo, y todos los niveles del sistema de salud deben tener la posibilidad de realizar una derivación a centros que tengan la capacidad de llevar a cabo abortos en etapas más avanzadas del embarazo de una manera segura. El diagnóstico de anormalidades fetales por lo general no se realiza hasta después de la semana 12 de embarazo y, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular severa o un cáncer requerirán un tratamiento agresivo para la mujer, por lo que puede requerir un aborto tardío por razones médicas. Algunas mujeres, particularmente las adoles- centes, pueden tener dificultades para acceder a la atención temprana. Esto puede deberse a la falta de conocimiento acerca de los requerimientos para la realización de un aborto, falta de información o de acceso al sistema de salud, limitaciones económicas, incapacidad de reconocer los signos de embarazo, menstruaciones irregulares, ambivalencia inicial en relación a hacerse un aborto, preocupaciones sobre la salud que surgen después del primer trimestre, conflictos familiares o cambios en circunstancias de la vida que pueden hacer que un embarazo previamente deseado deje de ser- lo. El régimen de aborto con medicamentos de elección después de las 12 semanas completas desde la fecha de última menstruación es la mifepristo- na seguido de dosis repetidas de una prostaglandina, como misoprostol o gemeprost. El método quirúrgico de elección es la dilatación y evacuación (DyE), usando aspiración y pinzas. 7.3. PREPARACIÓN CERVICAL En algunos países, antes de la realización de abortos quirúrgicos del pri- mer trimestre, se utiliza la preparación cervical con dilatadores osmóticos o agentes farmacológicos, pues hace que el procedimiento sea más fácil y rápido y reduce la incidencia de complicaciones inmediatas comunes en abortos realizados después de la novena semana completa de gestación.29 La preparación cervical previa al aborto quirúrgico es especialmente bene- ficiosa para algunas mujeres, tales como aquellas con anormalidades cervi- cales o cirugías previas, mujeres jóvenes y aquellas con embarazos avanza- dos, que tienen mayor riesgo de lesiones cervicales o perforación uterina, que pueden ser la causa de hemorragias.30,31 Sin embargo, la preparación cervical tiene ciertas desventajas, incluyendo el costo extra y el tiempo re- querido. Por ende, se recomienda para embarazos de más de 9 semanas completas en nulíparas, para mujeres menores de 18 años y para todas 29