Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A174-04.htm
Timestamp: 2017-11-21 06:23:44
Document Index: 133163669

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 25', 'artículo 278', 'artículo 48', 'artículo 38', 'artículo 79']

A174-04
Auto 174/04
PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL EN IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Aceptación en la misma providencia
Referencia : expediente D-5459
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, numeral 2 de la Ley 734 de 2002
Actores: Jaime Mejía Ossman y Silvio San Martín Quiñónez Ramos
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil cuatro (2004)
1º Que mediante Oficio DP-1477 del 16 de noviembre de 2004, el señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón, y el señor Viceprocurador General de la Nación, doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau se declararon impedidos para emitir concepto de fondo respecto de la disposición demandada de la Ley 734 de 2002, toda vez que dicen haber participado de manera activa en el trámite de discusión y aprobación de dicha ley -Código Disciplinario Único-.
2º Que la Corte, con base en los artículos 25 y 25 del Decreto 2067 de 1991, ha sistematizado las causales de impedimento en:
“(i) haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada; (ii) haber intervenido en la expedición de la norma objeto de control; (iii) haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; (iv) tener interés en la decisión y, finalmente; (v) tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante. Esta última reservada exclusivamente a los procesos donde medie acción pública de inconstitucionalidad”[1](subrayas ajenas al texto)
3º Que, por razones de economía procesal, se resolverán los impedimentos del Procurador y Viceprocurador en el mismo auto.
4º Que esta Sala Plena considera justificado el impedimento que formulan el señor Procurado General de la Nación y el señor Viceprocurador General de la Nación, en virtud de que, como lo establece el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, interpretado en conjunción con el 26 del mismo decreto:
Art. 26... en los casos de acción de inconstitucionalidad por parte de cualquier ciudadano, serán causales de impedimento y recusación, además de las establecidas en el articulo anterior, tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante.”
5º Que, en consecuencia de lo dicho, el expediente debe ser devuelto al despacho del señor Procurador General de la Nación con el fin de que se designe el funcionario encargado de emitir el concepto de fondo de que tratan el artículo 278-5 y 242-2 de la Constitución Política.
6º Que, de conformidad con el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991, el término para rendir concepto no correrá “durante el tiempo indispensable para tramitar los incidente de impedimento o recusación”. Así, una vez levantada la suspensión, quien sea designado por el Ministerio Público cuenta con el término restante para rendir el concepto ordenado por la Constitución.
PRIMERO.- ACEPTAR el impedimento presentado por el señor Procurador, doctor Edgardo José Maya Villazón, para emitir concepto de fondo respecto de la constitucionalidad de la norma acusada de la Ley 734 de 2002.
SEGUNDO.- ACEPTAR el impedimento presentado por el señor Viceprocurador General de la Nación, doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, para emitir concepto de fondo respecto de la constitucionalidad de la norma acusada de la Ley 734 de 2002.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO DE SALA PLENA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2004 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
REF.: Expediente D-5459
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, numeral 2 de la Ley 734 de 2002.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado disiente de la opinión mayoritaria, pues considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para resolver el impedimento declarado por el Procurador y mucho menos para el Viceprocurador General de la Nación, con fundamento en el hecho de haber participado activamente en el trámite legislativo de la Ley 734 de 2002, objeto de revisión por la Corte, como paso a demostrarlo:
Con base en esta atribución del Senado de la República, el Procurador General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un Procurador Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado aceptó aquel y correspondió a lo solicitado[2].
6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió, en jurisprudencia que en esta oportunidad se revisa y corrige, al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992[3], según el cual los “asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
[1] Ver Auto del ++ de noviembre, expediente D-5441, M.P. Rodrigo Escobar Gil