Source: http://www.colombiaun.org/Historia/Participacion%201945-1995/Articulos/capitulo_IV.html
Timestamp: 2015-07-06 22:27:21
Document Index: 380272517

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 61', 'Artículo 53', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 108', 'artículo 4', 'Artículo 53']

Capítulo IV: La Reforma de la Carta
El movimiento para reformar la Carta se inició desde antes de la Conferencia de San Francisco. Como es sabido, las grandes potencias ya habían tomado posición sobre lo que consideraban debería ser la nueva organización del mundo y en conferencias anteriores, especialmente en Yalta y Dumbarton Oaks, habían concretado estas aspiraciones.
El único cambio sustancial que se logró en San Francisco fue el reconocimiento de los Organismo Regionales y el ofrecimiento de una convocatoria a una conferencia sobre posible revisión de la Carta después de que transcurrieran diez años. La Carta establece un difícil mecanismo para su modificación para el cual está consagrado en el artículo 109 que dice:
"1. Se podría celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determine por el voto de las dos terceras partes de los Miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera 7 Miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia.
2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas incluyendo a todos los Miembros del Consejo de Seguridad.
3. Si no hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea General y la Conferencia será celebrada si así lo decidiere la mayoría de los Miembros de la Asamblea General y siete Miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. "
En cincuenta años la Carta no ha sido reformada en cuestiones sustanciales. Hasta ahora se han enmendado cuatro artículos, uno de ellos en dos oportunidades: en 1965, el artículo 23 para aumentar de 11 a 15 el número de Miembros del Consejo de Seguridad y de 7 a 9 el número de votos afirmativos necesarios para las decisiones sobre cuestiones de procedimiento; también en ese año se modificó el artículo 27 cuando se elevó a 9 el número de votos necesarios para las decisiones sobre todas las demás cuestiones, incluso los votos afirmativos de los cinco Miembros Permanentes; en el año 1965 se modificó el artículo 61, para aumentar el número de miembros del Consejo Económico y Social de 18 a 27; luego en 1973, se amplió ese número a 54 miembros.
Desde un comienzo los tratadistas, entre ellos Hans Kelsen, hicieron una seria de observaciones sobre eventuales fallas e incongruencias de la Carta y muchos Estados manifestaron su inconformidad con ciertos artículos. En el caso colombiano, la más contundente manifestación desde un comienzo fue la oposición al veto, posición que ha sido reiterada en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad a lo largo de medio siglo.
Entre los tratadistas colombianos, Jesús María Yepes planteó la necesidad de algunas reformas como la abolición del veto (Art. 27); la del anacrónico Artículo 53, inciso 2, que habla de países enemigos; la necesidad de que una autoridad superior e imparcial, que debe ser la Corte Internacional de Justicia, defina el dominio reservado del Estado cuando algún miembro invoque este principio para excluir la acción de la ONU en un asunto que haya sido sometido a consideración, según el Artículo 2, inciso 7; la necesidad de modificar los requisitos de admisión de nuevos Estados, lo que implicaría suprimir del Artículo 4 la expresión referente a que los Estados que soliciten el ingreso a la Organización deben ser amantes de la paz, porque no se concibe un Estado que no confiese serlo y esta calificación podría dar lugar, como, a la exclusión de Estados por simples razones políticas o filosóficas. Con relación a ese mismo Artículo 4 propuso que debería suprimirse por obvio el requisito de que los Estados "acepten las obligaciones consignadas en esta Carta."
Tres lustros después de la fundación de Naciones Unidas se había ampliado notoriamente el número de miembros, especialmente como producto del proceso de descolonización en Asia y Africa y del ingreso de los nuevos Estados a la Organización. Se planteó entonces la necesidad de ampliar el número de miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad y en el Consejo Económico y Social. Los miembros permanentes del primero no tenían interés en la reforma pues estaban sólidamente instalados; por el contrario, los nuevos países de Asia y Africa querían mayor representación. En este proceso intervino activamente Colombia. En 1956, algunas Delegaciones latinoamericanas entre ellas Colombia, propusieron la inclusión de estos temas en el programa de discusión para el undécimo período de Sesiones de la Asamblea Genera, pero debido a la oposición de la Unión Soviética y de sus aliados, resolvieron solicitar que el asunto se incluyera en el temario de la siguiente Asamblea. En realidad, la Unión Soviética no oponía a la representación de los nuevos países, pero argumentaba que era imposible reformar la Carta mientras estuviese ausente China Popular del Consejo de Seguridad. Los países afroasiáticos empezaron a orientar sus actividades hacia la reforma de la Carta para que se permitieran más asientos o, en forma subsidiaria, para que se procediera a un reajuste en la representación con el fin de lograr una mayor cuota, de acuerdo con la distribución geográfica. Esta segunda opción perjudicaba notoriamente a los países latinoamericanos cuya proporción disminuiría. Colombia insistió en la necesidad de reformar, según el artículo 108, era gradual ya que, en palabras del delegado Hugo Escobar Sierra.
" …Por una parte, la simple mayoría tanto de la Comisión de la Asamblea podía aprobar la reforma válidamente; vendría una segunda etapa, la de la ratificación de aquellos, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Podía darse, en consecuencia, el primer paso, y así se hacía un lógico y justo reconocimiento al principio de la distribución geográfica equitativa, en honor de los Estados Africanos. Este procedimiento dejaba intactos, sin menoscabarlos, los derechos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tendrían tres años (período para la ratificación) para apreciar la situación y encontrar soluciones a los problemas políticos de gran envergadura como aceptación de China Comunista."
Colombia apoyó la elección de una conferencia con el propósito de revisar la Carta para aumentar los puestos en el Consejo de Seguridad y en el Consejo Económico y Social y darle adecuada representación a todas las regiones, pues lo que estaba sucediendo constituía una "inexcusable falta de equidad con los Estados Africanos que representan parte muy importante de la Asamblea", según palabras del Embajador Germán Zea Hernández.
Durante su gobierno (1966-1970), el presidente Carlos Lleras Restrepo tomó gran interés en que la Delegación colombiana actuara en el sentido de la reforma de la Carta de la ONU. Lleras Restrepo fue el primer presidente colombiano en ejercicio que visitó las Naciones Unidas en Nueva York y con él e inauguró la costumbre de nuestros mandatarios de dirigirse a la Organización. En su intervención ante el Consejo de Seguridad expresó la necesidad de " …hablar de una gran reforma que abra sin reservas la Organización de las Naciones Unidas a todos los países del mundo; que establezca procedimientos más eficaces para dar solución pacífica a los conflictos; que dote al organismo internacional de un poder coactivo verdadero."
Por instrucciones del Presidente Lleras Restrepo, el Embajador de Colombia ante la ONU, Joaquín Vallejo Arbeláez, en carta del 21 de noviembre de 1969, dirigida al Presidente de la Asamblea General, solicitó la inclusión de un tema sobre "constitución de un Comité Especial encargado de examinar las iniciativas tendientes a la revisión de la Carta de las Naciones Unidas." En el memorando explicativo de esta solicitud expresaba que se trataba de una cuestión importante y que los veinticinco años de existencia de la Organización eran un momento propicio para proceder a la Reforma. El proyecto colombiano, con el patrocinio de Brasil, Costar Rica, Filipinas, Haití, Japón, Liberia y Nicaragua, se convirtió en la Resolución 2967 (XXV).
En sus intervenciones anta la Asamblea General, Alfonso López Michelsen, Ministro de Relaciones Exteriores, planteó las tesis colombianas sobre la necesidad de una reforma de la Carta de San Francisco y el sentido que debía tener. Con respecto al veto, dijo el 11 de octubre de 1968:
"Cuantas veces no hemos oído decir, con acentos sarcásticos, que la seguridad de un gran Estado, con compromisos universales, no puede depender de la voluntad de tal o cual pequeño país? Es cierto. Pero, precisamente, para garantizarle a las superpotencias su libertad de acción dentro de un marco jurídico, se ideó la el veto que les permite no someterse automáticamente a las mayorías, tener que apelar a la ley de la selva… la Organización de las Naciones no fue el fruto de una conspiración de los pequeños Estados para tener a las grandes potencias bajo su tutela, sino que, por el contrario, estos últimos soberanamente, en Yalta y Dumbarton Oaks, establecieron las reglas del club que iban a formar, ser reservaron ciertos beneficios, como el derecho del veto y nos invitaron a hacernos socios. Por qué extrañarse de que las naciones débiles no sólo hagamos uso de los Estatutos que se nos propusieron sino de que algunas veces elevemos nuestra voz para exigirles a quienes establecieron las reglas que éstas se cumplan."
En la intervención ante esa misma Asamblea, el 26 de septiembre de 1969, el Ministro López Michelsen volvió a insistir en el tópico de la reforma, recordó cómo había cambiado el mundo en los últimos 25 años y como, sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas seguía siendo la misma, gobernada por una Carta redactada medio siglo atrás. Señaló el anacronismo de disposiciones como que todavía mantenía el calificativo de Estados "enemigos", y puso de presente la importancia de reformar las funciones del Consejo de Seguridad y del propio Secretario General. Por todo ello anunció que Colombia se proponía solicitar la Conferencia Extraordinaria contemplada en el Art. 108, para la reforma de la Carta.
En una conferencia que en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia dictó López Michelsen en el Canning House, en Londres, el 6 de mayo de 1990, se refirió ampliamente a la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas y entre otras hizo la siguiente propuesta: para la admisión de nuevos miembros, además de las condiciones que establece el artículo 4, se podría agregar el requisito de su previa calificación como Estado por parte de la Corte Internacional de Justicia y suprimir el requisito del calificativo de "amante de paz". Con ello se suprimiría el procedimiento de admisión con calificación política en que la práctica estaba siendo utilizado para impedir el ingreso de ciertos Estados, y se sustituiría por un procedimiento jurídico, lo cual implicaría la posibilidad de firma y ratificación por cualquier Estado que hiciera parte de la comunidad de naciones. Para el Ministro López Michelsen,
"…Las implicaciones de una enmienda semejante son inocultables. La vieja querella ente Corea del Sur y Corea del Norte, el reconocimiento eventual de los dos Vietnam, la ratificación por la Corte Internacional del carácter de Estado de Israel, desconocido por los países árabes, no menos que desatar judicialmente el nudo gordiano de la China Continental y Taiwan, señalarían para la vida de la Organización una mueva era que se pondría a prueba su eficacia para preservar la paz."
Alfredo Vásquez Carrizosa, Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974), continuó consistentemente con la tarea de reforma de la Carta. En su primera intervención en el XXV período de la Asamblea General, dedicó una parte importante al tema de la revisión del Estatuto. Manifestó que los alcances colombianos en este campo eran más realistas y modestos, para ubicarse en el terreno de las posibilidades: " Aceptamos como un hecho el discutido mecanismo del Consejo de Seguridad, pero vemos con angustia cómo de año se hace más notoria la decadencia de los procedimientos y de las instituciones de la Carta de la Naciones Unidas". Expresó que manteníamos sin modificaciones las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta (sobre Acuerdos Regionales) y que se recomendaba una participación más activa de la Corte Internacional de Justicia en la obra de la paz, porque este alto Tribunal se hallaba al margen del sistema de seguridad colectiva.
En su intervención ante la Asamblea en el año siguiente, el Ministro Vásquez Carrisosa insistió en los mismos tópicos: la necesidad de una mayor utilización de los pactos regionales, sobre los cuales dijo que en San Francisco había sido necesario librar una dura batalla para incluirlos, porque en dicha reunión eran considerados como una peligrosa excepción a las reglas generales de la seguridad colectiva, pero " …ahora advertimos el fenómeno inverso. Hoy en día nadie pone la ventaja de recurrir, ante todo, a los países más directamente interesados", a través de los acuerdos regionales.
En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, pensaba, debería desempeñar un papel más activo en el mantenimiento de la paz y debería ocuparse de otros asuntos. Y lanzó mantenimiento de la paz y debería ocuparse de otros asuntos. Y lanzó la idea novedosa de que este Organo pudiera tener una competencia especial para la salvaguardia de los derechos humanos en el mundo:
"La Corte Internacional de Justicia como entidad protectora de los derechos humanos desempeñaría, entonces, un papel fundamental en una de las áreas del Derecho Internacional donde ya cuenta con la experiencia valiosa de la Corte Europea establecida por algunas naciones occidentales. Tal competencia quedaría abierta a la aceptación de los Estados y formaría, poco a poco, una nueva jurisprudencia sobre la aplicación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que de otra manera, corren el riesgo de quedar como un piadoso manual de buenas intenciones sin aplicación en la realidad… Hay que pensar sin tardanza de la etapa declarativa a la etapa jurisdiccional en lo que hace a los principios muy esenciales para la paz de los derechos que amparan la dignidad del hombre, su libertad, su personalidad."
En su tercera intervención ante la Asamblea, en septiembre de 1972, el Ministro Vásquez Carrisoza puntualizó las aspiraciones colombianas en cuanto a la reforma de la Carta, que eran estas: eliminación de disposiciones anacrónicas como la mención de "Estados Enemigos" que hace el Artículo 53; fortalecimiento de las facultades del Secretario General, par que pueda solicitar la reunión del Consejo de Seguridad cuando lo considere oportuno; propender por la internacionalización de la ONU y hacer el ingreso un derecho para los Estados en vez de una gracia "como hasta ahora"; considerar la calidad de "Estados Asociados" para resolver el problema de los "Ministeados"; revisar el reglamento del Consejo de Seguridad,
"…para que la unanimidad de los cinco miembros permanentes no sea obligatoria, cuando se trata de simple elección de comisiones de investigación o de estudio de problemas humanitario; establecimiento de un Fuerza de Servicio de la paz pero no como ejército combatiente; Actualización de las funciones del Consejo de Tutela, y una mayor vinculación del la Corte Internacional de Justicia con las tareas de la paz, así como la formación de salas especializadas o para asuntos de carácter regional."
El 19 de junio de 1972, el embajador Augusto Espinosa Valderrama envió al Secretario General de la Organización un Memorando con "Opiniones y sugerencias sobre la revisión de la Carta de las Naciones Unidas". Con motivo de las propuestas colombianas el Embajador Espinosa Valderrama expidió una declaración en la que decía:
"…como se observa, nos estamos invitando a votar la revisión de la Carta. Nos hemos limitado a algo mucho más modesto, que consiste en poner en práctica la reciente disposición de la Asamblea en el sentido de considerar unas iniciativas que se enviaron al Secretario General en virtud de resolución aprobada pro gran mayoría de durante el vigesimoquinto período de sesiones… Nadie buscaría 'dividir a la Organización en pobres y ricos' para utilizar las palabras del Ministro de RREE de la URSS, señor Gromyko. Acontece eso sí, que algunos Estados quisieran mantener el "status quo", como si nada hubiera variado en estos 27 años."
Los procedimientos en las Naciones Unidas son lentos y por eso has sido tan prolongado el tratamiento de la reforma de la Carta. Además allí hay muchos intereses en juego. Los de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad que no quieren perder o ver menguados sus privilegios, los intereses regionales y la permanencia durante cuarenta y cinco años del problema de los bloques, derivado de la "guerra fría". De allí que el tema de la reforma, de acuerdo con las coyunturas políticas, se active o languidezca o vegete en las comisiones. Durante la Asamblea General de 1974 se aprobó una resolución propuesta por Colombia, para establecer el Comité ad hoc sobre reforma de la Carta, la cual fue aprobada tras arduos debates como Resolución 3349 (XXIX).
El Comité ad hoc se reunió en la sede de Naciones Unidas entre el 28 de julio y el 22 de Agosto de 1975. Lo breve de la reunión impidió examinar más amplia y profundamente los temas de estudio. Durante el debate, el Embajador Alterno, Rafael Rivas Posada, llevó la vocería colombiana. Expresó que los capítulos XI y XII de la Carta estaban quedando desuetos por el fenómeno de la descolonización. El capítulo XVI sugiere la conveniencia de que la Corte Internacional de Justicia tenga un papel mucho más activo y un poder coercitivo en el arreglo de diferendos. El capítulo XV dedicado a la Secretaría, merecía modificaciones. Dijo que Colombia proponía que en el caso de surgir dudas en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, sobre el carácter de Estado de un país aspirante a ingresar a la Organización debería ser la Corte la que decidiera. Colombia proponía la creación de la Condición de "Estado Asociado" para los microestados, sin las obligaciones pecuniarias y con los mismos derechos, salvo el de elegir y ser elegido. En cuanto al veto, no se debía aceptar para los nombramientos de comisiones de investigación o de averiguación de los hechos o providencias para fines humanitarios. Respecto a la Corte Internacional de Justicia, expresó el Embajador Rivas Posada, que Colombia atribuía máxima importancia a la actividad de la Corte como supremo órgano jurídico de Naciones Unidas.
A finales de 1976 el tema de la revisión de la Carta fue uno de los más debatidos en la reunión de la Sexta Comisión. La mayor parte de los países de Europa oriental se opusieron abiertamente a la revisión y aún a la prórroga de la vigencia del Comité Especial para la Reforma. A la postre el proyecto de resolución A/c6/31/l.6, que Colombia patrocinó, fue aprobado por parte de las delegaciones de la Unión Soviética, Francia, Ucrania Bielorrusa y Polonia. Durante la discusión sobre este asunto en la Sexta Comisión intervino el delegado Enrique Gaviria Lievano, para sustentar las observaciones colombianas.
Con la caída del muro de Berlín y la liquidación del sistema soviético, quedaron cancelados la guerra fría y el esquema bipolar de repartición entre las dos grandes potencias. Al mismo tiempo, las potencias vencidas durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, cuyas referencias figuran anacrónicamente en la Carta como Estados Enemigos, son ahora potencias de primer orden y miembros de las Naciones Unidas desde hace muchos años. Por otra parte, en cincuenta años, el número de países miembros de la Organización pasó de 50 a 185, se produjo la descolonización con sus efectos sobre la mayoría de la población mundial y en los países en desarrollo se han dado profundos cambios e interesantes fenómenos de desarrollo económico que convierten a algunos de estos países en potencias intermedias. Por esa razón, cada vez se hace más urgente una reforma de la Carta y una revisión muy especial de la composición y las funciones del Consejo de Seguridad, máxime que este órgano pasó del inmovilismo a que por decenios lo condenaron la guerra fría y el uso abusivo del veto, a una especie de hiperactividad durante el último lustro, invadiendo, en concepto de muchos, funciones que no le están asignadas. En ese contexto se ha revivido dentro de la Asamblea General, la discusión sobre la reforma, y como es obvio, en el Grupo de Trabajo de la Asamblea General sobre la Reforma del Consejo de Seguridad.
Colombia ha participado muy activamente en este proceso y su posición está expuesta en las seis intervenciones que en 1993 y 1994 hizo el embajador Luis Fernando Jaramillo ante la Asamblea General y ante el Grupo de Trabajo para la Reforma del Consejo, las cuales están compiladas en un folleto. comienza el Embajador Jaramillo por hacer una crítica al funcionamiento del Consejo de Seguridad y por mostrar como, a medida que éste se fortalece se debilitan otros órganos del sistema, así como su tendencia a ampliar arbitrariamente la definición de lo que constituye en una amenaza para la paz.
"En los últimos años, este concepto ha llegado a abarcar situaciones de la más diversa índole. Por ejemplo, las decisiones sobre derechos humanos, cuyo tratamiento pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General a través de su Tercera Comisión. Igualmente en material de asistencia humanitaria, la superposición de cuestiones político-militares y de índole humanitaria, como consecuencia de decisiones del Consejo de Seguridad ha resultado, al parecer, en más problemas que soluciones, exponiendo a la Organización a severas críticas y a un desgaste frente a la opinión pública internacional. Así mismo, el Consejo ha actuado en materia de restablecimiento de la democracia, cuando dicho asunto correspondería a una acción por parte de la Asamblea General o del organismo regional correspondiente. De otra parte, el Consejo se atribuye facultades en materia de controversias de naturaleza jurídica y en ocasiones de carácter bilateral, que claramente se encomiendan en la Carta a la Corte Internacional de Justicia. "
En lo que toca propiamente a las reformas, el Embajador ser refirió al veto y las Representaciones Permanentes en el Consejo de Seguridad, ante la eventualidad de que nuevos países llegaran a ocupar esas sillas o a contar con el privilegio del veto. Planteó que se deberían formular propuestas concretas para restringir el veto al Capítulo VII (Acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión), o sustituirlo mediante mayorías especiales, o incluso rebasarlo mediante el establecimiento de recursos de apelación ante la Asamblea General. En cuanto a la ampliación del número de miembros del Consejo Permanente, expresó que no podía tener el simple objetivo de acomodar a "ciertos países preseleccionados" y que debían evitarse los "nombres propios". No es la capacidad militar, tecnológica y económica el criterio de medición de la capacidad de contribución a las operaciones de la Organización si bien en algunos casos esta capacidad de contribución a las operaciones es suficiente para ingresar al Consejo, "… no puede interpretarse como un llamado a la beligerancia, a la intervención militar y a la posesión de ejércitos contundentes para la acción armada. Deben medirse más bien como la capacidad de conciliación, de solución pacífica de controversias de ejercicio de la diplomacia para remediar conflictos potenciales y garantizar la vigencia de la paz."
En la intervención del Embajador Jaramillo del 22 de marzo de 1994 ante el Grupo de Trabajo de la Asamblea General, sobre la Reforma del Consejo de Seguridad, las propuestas de Colombia que él presentó fueron en resumen:
1. No debe extenderse el poder de veto a más Estados y por el contrario su ejercicio debe ser limitado para los miembros permanentes actuales. 2. La ampliación del Consejo se debe limitar a sus miembros no permanentes y gradualmente debe desaparecer la figura de miembro permanente. 3. Se podría considerar la posibilidad de reelección de algunos puestos no permanentes. 4. La ampliación debe ir acompañada de reformas en el funcionamiento y método de trabajo del Consejo. 5. El número final de nuevos miembros no permanentes del Consejo es irrelevante. 6. La Carta debería establecer un procedimiento para que la Asamblea General pueda cambiar la composición del Consejo de Seguridad sin recurrir a los complejos mecanismos actuales. 7. Deben reglamentarse las actuaciones del Consejo de Seguridad para asegurar el cumplimiento estricto de la letra y el espíritu de la Carta."
A las anteriores propuestas habría que agregar la sugerida ante la Asamblea General, en la sesión del 22 de junio 1993, para establecer "una instancia de control constitucional que permita determinar la legalidad de los actos de los órganos de Naciones Unidas y en especial de los actos del Consejo de Seguridad."
El actual gobierno del Presidente Samper ha mantenido esas mismas posiciones respecto a los asuntos fundamentales, tal como se consigna en los documentos publicados recientemente por la Cancillería colombiana, que citamos en la parte pertinente:
" Colombia considera que un aumento en el número de miembros del Consejo de Seguridad debe hacerse sobre la base del criterio de la distribución geográfica equitativa. Por tanto debe abrirse a dos países más del mundo desarrollado, así como a dos países pro cada región del mundo en desarrollo (América Latina y el Caribe, Asia y Africa). Cualquier incremento en el número de miembros del Consejo deberá efectuarse con miembros no permanentes. Podría considerarse la reelección para algunas de las nuevas posiciones según lo determine la Asamblea General en cada oportunidad… El derecho del veto por parte de los actuales miembros permanentes del Consejo, debería ser eliminado. Durante la etapa de limitación podría considerarse un procedimiento de votación por parte de la Asamblea General para ratificarlo o revocarlo, analizar el veto múltiple y el veto confiado a las decisiones adoptadas con base en el Capítulo VII de la Carta."