Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20180711s00216306888.html
Timestamp: 2019-05-24 13:19:13
Document Index: 262645694

Matched Legal Cases: ['artículo 168', 'artículo 3', 'artículo 118', 'artículo 318', 'artículo 133', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 7', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 79']

21ª Sesión Ordinaria del 11 de julio de 2018 - C.SS
N.º 21 - TOMO 583 - 11 DE JULIO DE 2018
21.ª SESIÓN ORDINARIA
3) y 10) Asuntos entrados
–	El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con permisos de pesca con fines de investigación, científicos o docentes.
5)	Reiteración de pedidos de informes
•	A solicitud del señor senador Bordaberry, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con los subsidios otorgados a las empresas de transporte de pasajeros;
•	con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la adquisición de un avión por parte del Poder Ejecutivo;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con obras realizadas por parte de la empresa Calpusa;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con el estado en que se encuentra la ruta nacional n.º 2;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el puerto de Fray Bentos;
•	con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el servicio de frío para contenedores refrigerados;
•	con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto referente a las contrataciones de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con las contrataciones de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas;
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con el Fondo de Solidaridad;
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la rehabilitación de reclusos;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la siniestralidad vehicular en rutas nacionales;
•	con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con el uso de vehículos oficiales por parte de ambos organismos;
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con renovaciones de cédulas de identidad por robo, funcionarios de empresas de seguridad privada, delitos aclarados y resultados de la Encuesta Nacional de Victimización efectuada en 2017;
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con los funcionarios de dicho organismo;
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con fumigaciones aéreas realizadas en arrozales de la zona del balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo;
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con profesionales procuradores, abogados y escribanos que hayan prestado o presten funciones de cualquier tipo en ALUR S. A. desde el año 2007 a la fecha;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la existencia de planes de desarrollo barrial en algunas zonas de la ciudad de Montevideo;
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos y a la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionado con los llamados a licitación para la adjudicación de una terminal granelera en el puerto de Fray Bentos y para la construcción del ramal ferroviario Algorta-Fray Bentos, departamento de Río Negro;
•	con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la asistencia a la población vulnerable en algunas zonas de la ciudad de Montevideo;
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la Encuesta Nacional de Victimización realizada para dicho ministerio por parte del Instituto Nacional de Estadística en el año 2017.
7)	Comercio de frontera
–	Manifestaciones del señor senador Silveira.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia de la República, al doctor Miguel Toma y a la Junta Departamental de Artigas.
8)	Diabetes
–	Exposición de la señora senadora Passada por el término de veinte minutos.
–	Manifestaciones de los señores senadores Camy y García.
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado sobre el tema a la Asociación de Diabéticos del Uruguay, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE y a la Presidencia de la República.
9) y 11) Medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia
– Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se las aprueba.
12)	Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria
13)	Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 10 de julio de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 11 de julio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Exposición de la señora senadora Ivonne Passada por el término de veinte minutos, sobre el tema “Diabetes”.
Carp. n.º 1117/2018
2.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería. (Plazo constitucional vence el 14 de agosto de 2018).
Carp. n.º 1093/2018 - rep. n.º 669/18
ASISTEN: los señores senadores Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carrera, Castillo, De León, Delgado, García, Garín, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Peña, Pintado, Saravia, Silveira, Tourné, Viera y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Cardoso y Heber; y, con aviso, el señor senador Coutinho.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente a fin de designar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante la República Socialista de Vietnam a la señora María del Rosario Portell Casanova.
La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado un proyecto de ley por el que se declara de interés general la promoción del voluntariado social.
El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17637, de 21 de julio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes a los efectos de que el Cuerpo los haga suyos:
•	con destino a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, referente a las contrataciones de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas;
–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con permisos de pesca con fines de investigación, científicos o docentes.
5) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos de informes solicitados por el señor senador Bordaberry, de los que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 10 de julio no se registraron inasistencias.
7) COMERCIO DE FRONTERA
Tiene la palabra el señor senador Silveira.
SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: quiero referirme brevemente a un tema que, si bien tiene constante vigencia, en estos últimos tiempos ha tomado importante visibilidad. Hablo de las cuestiones referidas al comercio de frontera.
Una vez más, señora presidenta, no me puedo ir de esta casa sin dejar planteada una cuestión que seguramente compañeros de aquella zona ya han consignado. Creemos que mantienen plena vigencia tanto el reclamo como el propósito de incidir en las decisiones.
Hace unos días el Gobierno ha reimplantado medidas para disminuir los efectos de las fluctuaciones monetarias que han ahondado la profunda crisis en que se viene debatiendo ese sector de la economía, cuando el factor de mayor preocupación, por lo devastador para el comercio, aún no ha entrado en escena. Me refiero a las ya famosas tiendas libres de impuestos. Desde luego, esta es una situación extrapolable a toda la región de frontera. Hablo de la reducción practicada en algunos impuestos, que permiten una rebaja sustancial en los precios del combustible, uno de los componentes más visibles de la problemática a que me refiero que, por otra parte, se suma a las ya implementadas en otros rubros, como por ejemplo el de las bebidas cola.
La rebaja de los combustibles es, evidentemente, una medida que tiene incidencia directa en el problema, pero resulta asimismo una muestra de lo que hay que hacer en todas las áreas. Y no me refiero a la medida en sí, sino a la actitud que deben tener quienes deciden para enfrentar estas circunstancias. En realidad, la rebaja como tal solo alcanza a un aspecto de la problemática, pero muestra cuán valioso puede ser implantarla como una herramienta que integre un verdadero plan que, si no revierte la situación, actúe como elemento contundente. Resulta llamativa la poca trascendencia que se le da a una cuestión que tiene una enorme incidencia en la economía nacional.
Señora presidenta: nosotros no conocemos con exactitud la magnitud del problema, pero tenemos datos que son muy sugerentes y que queremos hacer llegar a las autoridades pertinentes. Se ha dicho con mucha insistencia –seguramente como remanente de los diversos análisis que del asunto han realizado varias instituciones a lo largo del tiempo– que de Artigas pasan para el otro lado unos USD 3:000.000 mensuales, algo así como USD 40:000.000 por año. Aclaro que estoy hablando solamente de Artigas, que debe ser el lugar donde se registra la segunda menor cifra; por delante están Bella Unión, Barra do Quaraí, Masoller y Albornoz. Imaginemos cuál es la situación en Río Branco, en Chuy y en otros lugares de la frontera; centenares de millones de dólares que se van, en el mismo momento en que el ministro transpira tratando de explicar a los distintos actores por qué no se llega a sus demandas en el presupuesto. Parece algo de película cómica.
¿Alguien sabe a cabalidad de cuántos millones estamos hablando? ¿Es descabellado pedir al Gobierno que mida esa fuga? Porque sería necesario para evaluar el problema en su verdadera dimensión, para manejar un elemento más de las distintas variables que componen la actividad económica, y para saber cuánto podría salirle, en esta época de posibilidades tecnológicas, retener esos recursos que tanta falta nos hacen. Si esto fuera tan descabellado –desde luego, nos lo preguntamos–, la solución que aparece como la más lógica ante tamaño despilfarro sería la de poner del bolsillo el porcentaje que motiva a los ciudadanos a cruzar la frontera para dejar del otro lado el cien por ciento de lo que vale un producto; por ejemplo, si hablamos de la pasta de dientes, que aquí cuesta $ 40 y del otro lado $ 30, poner esa diferencia de $ 10 para que no se vayan los $ 40.
–Entonces, vuelvo a destacar el valor que tiene el sistema implementado para el combustible, que es doble y que demuestra que sirve, dada la importante reactivación que ha generado en el área. Además, define la opción hacia el incentivo de la actividad en todos los sectores, sobre la pretensión de cobrar impuestos a partir de ventas que no se producen.
SEÑORA PRESIDENTE.- Vaya redondeando, señor senador.
SEÑOR SILVEIRA.- Ya termino, señora presidenta.
Me parece, entonces, que sería importante tener la exacta medida de lo que se va y no retorna, para saber cuánto hay que poner para retener la diferencia porque, como decía anteriormente, subsidiando la diferencia de precio –supongamos que es del 30 %–, se pondrían treinta para retener cien.
Debemos considerar seriamente que este problema es inherente a la vida de la frontera y que su encare debe hacerse de manera integral, comprendiendo factores tales como control y represión –desde luego–, renuncia fiscal y hasta subsidios. Los modernos métodos de manejo financiero ofrecen un sinnúmero de posibilidades de efectivizar planes en el sentido mencionado, sin que ello signifique un riesgo de derrame –ese siempre fue el argumento que se usó–, porque no estamos hablando de mercaderías sino de dinero. La gente viviría con el mismo dinero con que lo hace hoy, y comería lo mismo, pero todo el dinero quedaría en el país.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia de la República, en especial al secretario de la presidencia, doctor Miguel Toma, y a la Junta Departamental de Artigas.
Gracias, señora presidenta, por la deferencia de permitirme redondear el tema.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Exposición de la señora senadora Ivonne Passada, por el término de veinte minutos, sobre el tema “Diabetes”. (Carp. nº 1117/2018)».
SEÑORA PASSADA.- Gracias, señora presidenta.
Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia en las barras de los miembros de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, de su Consejo Directivo, de las autoridades de la salud y de los actores principales de esta jornada, que son las niñas y los niños que hoy tienen puesta la camiseta celeste –ellos la llaman la «camiseta celeste D»–, que son los campeones que todos los días tratan su enfermedad: la diabetes.
Acepté con mucho gusto y compromiso la realización de esta jornada y de otras que desde ya asumimos para lograr tener el control de la diabetes y buscar salidas paliativas para aquellos que deben seguir un tratamiento diario. En el mes de noviembre se van a llevar a cabo jornadas para tratar este tema y, dado que esta casa –como se dice comúnmente– es una caja de resonancia, bien podría ser el lugar adecuado para realizarlas.
Hay cifras a nivel mundial que preocupan, ya que se estima que para el año 2030 un total de 552 millones de habitantes serán diabéticos. Están repartidos en el mundo, pero zonas de Asia, África y América del Sur son las más afectadas. Una encuesta nacional realizada por el Ministerio de Salud Pública en 2013 sobre la prevalencia de diabetes para ambos sexos arrojó que en la población con edades de entre quince y sesenta y cuatro años el porcentaje de afectados alcanza el 6 %. A su vez, se pudo comprobar que esa cifra aumenta entre los veinticinco y sesenta y cinco años, llegando a un 7,6 %. Según esta misma encuesta –lamentablemente las cifras continuaron aumentando–, hay cerca de 300.000 diabéticos, de los cuales más de 26.000 son del tipo 1.
Antes de dar lectura a la nota que ha preparado para este día la Asociación de Diabéticos del Uruguay, quisiera hacer algunas consideraciones. Si bien los tiempos para encarar estas cuestiones deberían ser más cortos, queremos dejar claro que existe gran preocupación por el tema y que el Poder Ejecutivo está preparando un proyecto de ley –que trataremos en esta sala– que modifica la Ley n.º 14032, del año 1971, que por primera vez legisló el tema de la diabetes en nuestro país. El Uruguay pasó a tener un lugar destacado en la región por ser el primer país que diagnostica el tema y legisla al respecto. Pero dado que se han producido avances tecnológicos y técnicos, así como una reforma en el sistema de salud con la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud, esa ley merece ser modificada. Descuento que la nueva iniciativa contará con la unanimidad de todo el Parlamento, dado el significado de su contenido.
Queremos adelantar algunos aspectos que prevé ese proyecto: mejorar las actividades de control y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentra la diabetes; proponer a los prestadores de los servicios integrados de salud que cuenten con un primer nivel de atención equipos multidisciplinarios para la prevención y atención de estos riesgos; y, también, proponer el acceso a una alimentación saludable para las personas vulnerables social y económicamente, por medio del Instituto Nacional de Alimentación.
Sabemos perfectamente, señora presidenta, como también los que están aquí presentes, que se trata de alimentos y tratamientos que tienen un costo importante. En nuestra Comisión de Salud Pública está planteada esa preocupación, y hay algunos proyectos de ley sobre el tema, pero también estará este proyecto que ingresará en los próximos días.
La iniciativa contiene también otro aspecto importante. La diabetes no es causal de inhabilitación laboral, y se establecerá el derecho a cumplir, en el horario de trabajo o de estudio, con las recomendaciones médicas para el tratamiento y el control que deben seguir a diario las personas que la padecen. De ahí la necesidad de modificar la Ley n.º 14032, del año 1971.
Estos son algunos aspectos que queríamos adelantar. Nos parecía importante hacerlo en este momento y compartirlo con todos los aquí presentes, incluidos los niños y las niñas que son el futuro de nuestro país y que hoy se encuentran en la barra vistiendo esas camisetas celestes.
También están a estudio otros dispositivos de control sanguíneo. El Ministerio de Salud Pública ha autorizado la compra de un medidor de la glucosa, que consiste en un sensor desechable –que se coloca en el brazo de la persona y dura catorce días– y un lector con el que se puede escanearlo. ¿Qué se va a lograr con eso? Que las niñas y los niños –fundamentalmente pensando en ellos, que deben pincharse más de una vez al día– tengan otra situación de bienestar y puedan sobrellevar esa enfermedad como cualquier otra, sintiéndose integrados.
Como decía, el Ministerio de Salud Pública autorizó la compra y ya hay un laboratorio que estaría en ese tema. Consultamos a las autoridades de la salud en las últimas horas, y nos han dicho que en este semestre ya estaría a la venta ese dispositivo, que no está en el país y que, por tanto, debe traerse del exterior. Creo que es una buena noticia saber que sobre esto se va a ir avanzando en los próximos meses.
Con mucho gusto vamos a dar lectura a la proclama de la Asociación de Diabéticos del Uruguay –que nos han extendido, así como a la señora presidenta del Cuerpo–, titulada: «Uruguay campeón del tratamiento en diabetes. La Celeste D Uruguay». Dice así: «300.000 uruguayos todos los días juegan su partido más importante: niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con diabetes tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional enfrentan el desafío de cumplir diariamente con los pilares de su tratamiento para lograr tener una buena calidad de vida y evitar el desarrollo de posibles complicaciones de la enfermedad.
Junto a la hinchada más grande del país, más de 1:000.000 de fanáticos alientan a sus héroes todos los días. Padres, hermanos, abuelos, vecinos y amigos de las personas con diabetes también se ven afectados por esta enfermedad que no solo tiene consecuencias clínicas, sino también socioeconómicas, afectando a aproximadamente» –como decíamos– «300.000 personas de forma directa y 1:000.000» –de uruguayas y uruguayos– «de forma indirecta.
Necesitamos el involucramiento de las personas que viven con diabetes, que formemos parte en la toma de decisiones que condicionarán nuestro futuro; es necesario que el acceso a mejores tratamientos y educación en el cuidado de la diabetes» –en la alimentación– «y la prevención en salud ocupen un lugar destacado en la agenda del Gobierno…» –y de esta casa– «El partido lo juegan ellos, pero con nosotros somos mucho más fuertes.
Uruguay ha sido líder en acciones para mejorar el cuidado de la diabetes en el territorio nacional; es el primer país de las Américas y el segundo en el mundo en crear una Asociación de Diabéticos, en el año 1951. Supo innovar y emprender el camino de la educación en el año 1954 realizando el primer Campamento Educativo de la Región para Niños con Diabetes Insulinodependientes.
Uruguay tuvo la visión de legislar en diabetes en el año 1971 a través de la Ley 14032» –que hoy va a corregir, como decíamos anteriormente– «y fue esta la que sirvió de experiencia y base de creación para varios países de la región. Redoblemos el compromiso.
Para ganar necesitamos la mejor educación, tratamiento, tecnología y el mejor equipo técnico en salud, para lograr el máximo. El acceso a un mejor tratamiento para la diabetes es un derecho de los que hoy conviven con diabetes y para sus familias, al igual que lo será para alguno de los hijos, nietos o sobrinos de los que estamos presentes, porque lamentablemente la diabetes crece a nivel mundial mucho más rápido que nuestras decisiones, y nuestro país no escapa a esa realidad.
No permitamos que en el mundo pasen cosas y en nuestro país pase el tiempo. Actualmente existen nuevas tecnologías» –como la que mencionábamos– «y medicamentos en el mundo que mejoran la calidad del tratamiento, así como la calidad de vida de la persona y disminuyen la probabilidad de desarrollar alguna complicación relacionada a la enfermedad» –cosas a las que también debemos estar atentos desde esta casa–. «Por eso nos preguntamos: ¿por qué debemos esperar a tener acceso a mejores tratamientos y tecnologías, cuando en algunos países de la región y el mundo ya están disponibles en los sistemas de salud al alcance de las personas afectadas?
Que la prevención, la educación en diabetes y cuidado de la salud reciban el mismo privilegio, foco de atención, discusión y recursos que el salario, el trabajo, la educación y la seguridad; esto es lo que los organismos internacionales OPS, OMS y ONU plantean al mundo».
Solicitan que estos temas también estén en nuestras agendas, y agregan en la proclama: «Es imprescindible que las acciones desde el Gobierno y los Poderes Legislativo y Ejecutivo coincidan con el discurso del presidente de la república respecto de liderar contra las enfermedades no transmisibles; para que esta no sea solo una exclamación de buena voluntad».
En conjunto debemos ir por esos caminos, y por eso dicen: «Retomemos el camino y volvamos a ser un faro de referencia, acordemos de forma conjunta cuál es el estado de situación de la diabetes en el Uruguay y comprometámonos en un plan de trabajo que mejore, aún más, la existencia, accesibilidad y derecho al mejor tratamiento, para volver a ser un modelo de país en la atención de la diabetes y demás enfermedades crónicas.
Les proponemos realizar en noviembre un encuentro en diabetes con la representación de todos sus protagonistas, para acordar y avanzar aún más.
Porque si queremos ser líderes fuera, primero… campeones en casa.
Asociación de Diabéticos del Uruguay».
Antes de finalizar, señora presidenta, solicito que se pase un spot que muchos de los aquí presentes seguramente ya vieron, pero en donde se muestra la participación de esos niños y niñas en forma conjunta con jugadores de nuestra selección mayor de fútbol, a quienes tanto admiramos y a quienes ellos tanto admiran. Nos parece que este fue un lindo motivo de compromiso para poner el tema en la agenda diaria. Creemos que hoy los actores son ellos.
(Se exhibe un video).
–Señora presidenta: sé que no estaba acordado, pero voy a solicitar un cuarto intermedio de diez minutos porque los campeones presentes en la barra quieren sacarse una foto con los senadores. Si están de acuerdo –lo organizamos en este momento–, hemos pensado hacerlo en el Salón de los Pasos Perdidos.
Solicito, además, que la versión taquigráfica de lo expresado sobre el tema sea enviada a la Asociación de Diabéticos del Uruguay, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE y a la Presidencia de la República.
SEÑORA PRESIDENTE.- Señora senadora: el señor senador Camy ha solicitado la palabra para referirse al tema, por lo que si el Senado está de acuerdo se la concedemos y luego pasamos a cuarto intermedio.
–Tiene la palabra el señor senador Camy.
En primer término, quiero saludar la iniciativa de la señora senadora Passada, a quien reconocemos preocupada siempre por temas de interés e importantes para la sociedad.
Quiero saludar especialmente esta instancia, porque el 12 de julio del año pasado trajimos a esta sala una preocupación idéntica, vinculada específicamente a lo que señalaba la señora senadora, es decir, a la diabetes tipo 1, que alcanza al 10 % de los afectados y fundamentalmente a niños, con un grado de gravedad mayor que el tipo 2.
Se estima que a nivel mundial hay 415:000.000 de personas alcanzadas por esta enfermedad silenciosa y crónica, que es una pandemia, que no tiene cura y con la que –una vez diagnosticada, y con el tratamiento correspondiente– se debe aprender a vivir. El tratamiento inadecuado –como se señalaba– puede provocar situaciones de enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores, entre otras.
Prestaba atención a los porcentajes y a las estadísticas que la señora senadora citaba. Eso habla de por sí de la importancia que tiene cuando consideramos los recursos del Estado.
El año pasado, cuando abordamos el tema, solicitamos que la Comisión de Hacienda del Senado recibiera a una delegación de la Fundación Diabetes Uruguay, que específicamente tenía un planteamiento para realizar. Concretamente, querían presentar una petición ante el Ministerio de Economía y Finanzas, calificada al amparo del artículo 318 de la Constitución de la república. Se solicitaba que se ejerciera el derecho de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo –que establece el inciso segundo del artículo 133 de la Constitución–, y en su mérito se promoviera un proyecto de ley exonerando del IVA a la venta en plaza –y en general de todo tributo cuya aplicación correspondiera– de los bienes que detallaban en la petición, al menos en esos casos en que –me parece– no hay argumentos para negarlo, como es la tecnología médica a la que refirió la señora senadora Passada. Esta iniciativa no implicaría ninguna renuncia fiscal, sino que en el objetivo que se promueve, de alcanzar una mayor calidad de vida fundamentalmente para los niños, facilitaría el acceso a menor costo de esta tecnología que hoy ya rige en Chile y Argentina, y que en el Uruguay aún no está autorizada.
No lo digo con un sentido de reivindicación –dentro de dos días hará un año de ese planteo–, sino de saludar la iniciativa y el anuncio de que el Ministerio de Salud Pública va a tomarla –se generará asimismo esa instancia participativa que se proyecta hacia fin de año– y de que se va a legislar en la materia. Pero me parece que esta solicitud específica de iniciativa privativa al amparo del marco normativo que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas sería oportuna, porque incorporaría al concepto –que, creo, todos compartimos y que, como se señaló en la propuesta que promueve la señora senadora, va a iniciar el Poder Ejecutivo– algo concreto: el precio con el que se podría acceder a esta tecnología, que no es barata y a la que hoy –como lo señalaron oportunamente en la Comisión de Hacienda– muy poca gente puede acceder. Hoy no existe esa autorización en el país, pero puede lograrse –como se anuncia– con un costo más barato, porque ese tipo de tecnología no requeriría de renuncia fiscal.
En el marco de las organizaciones más representativas como las que hoy nos acompañan, hay otro tipo de iniciativas –porque hay alimentos sin gluten, sin azúcar, edulcorantes, insumos médicos determinados para el tratamiento– respecto de las que ya existe la autorización y la competencia en el mercado, y eso sí podría requerir una renuncia fiscal. Este es un argumento para analizar, pero en este caso existe la particularidad que mencionábamos y, por lo tanto, señalamos esto con el sentido de plegarnos concretamente a esta iniciativa que, reitero, saludamos y apoyamos.
SEÑOR GARCÍA.- Gracias, señora presidenta.
Quiero felicitar a la señora senadora Passada por traer este tema a sala, que es de los más importantes que tiene el Uruguay en materia de promoción de la salud por estos tiempos.
A pesar de ser un país medianamente chico –no chico– y de estar en esta zona del mundo, tenemos una particularidad: desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, de nuestro perfil epidemiológico, funcionamos igual que los países desarrollados. Atravesamos lo que se llama la transición epidemiológica, es decir, antes nos enfermábamos y moríamos de infecciones, y hoy nos enfermamos y morimos de enfermedades crónicas no transmisibles. Son no transmisibles desde el punto de vista del contacto, pero sí lo son desde lo que tiene que ver con los hábitos, porque hay hábitos que se trasmiten, hay «perfiles de funcionamiento» –entre comillas– en la sociedad, que se trasmiten dentro y fuera de la familia.
La diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que produce en Uruguay el 70 % de las causas de enfermedad y muerte. El 70 % de los que estamos aquí va a enfermarse o a morir de una enfermedad crónica no transmisible: cáncer, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, que son «primas hermanas». La diabetes tiene una particularidad: debe ser de los adversarios –por no decir enemigos y ser más cautos– más bravos de enfrentar, porque ataca y no hace ruido, y ataca severamente. Por eso es que, como sistema de salud, tenemos un desafío bien importante.
Creo que tenemos instrumentos. Recién la señora senadora Passada y el señor senador Camy aportaban elementos concretos, y yo voy a agregar uno. Hace unos años –diría cinco o seis, aunque no sé si tantos– se sancionó la Ley de Alimentación Saludable en los Centros de Enseñanza que procura que en los centros educativos, que es donde los chiquilines, los jóvenes y los adolescentes pasan gran parte de su día –generalmente están más tiempo en el centro educativo que en sus casas– y donde la maestra, el maestro o los docentes en general hacen un esfuerzo bien importante para formarlos, no se dé la habitual contradicción de que salgan al patio, vayan a la cantina o al quiosco –pongámosle el nombre que se quiera– y estén expuestos a una deformación desde el punto de vista alimentario que termine agrediéndolos. Todo lo que logra el docente en el aula, muchas veces se derrumba en la cantina o en el quiosco del centro escolar. Allí están expuestos a promociones, a la venta de alimentos ultraprocesados que están cargados de grasas, azúcares y sodio, que terminan siendo una bomba que va directo –como teledirigida, como un misil de última generación– al sistema cardiovascular. Esto hace que hoy en día sean cada vez más jóvenes las personas con hipertensión, diabéticas, que infartan, etcétera.
¿Qué queremos plantear con esto, señora presidenta? Que tenemos un marco legal, pero está siendo de muy difícil aplicación. En el último contacto que tuve con el señor ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso –en aquel momento la doctora Lústemberg, actual diputada, se desempeñaba como subsecretaria de la cartera–, me informó que los centros educativos que habían sido controlados e inspeccionados no llegaban al 10 %, de un total aproximado de 2300 escuelas públicas, a las que se suman las privadas y centenas de liceos. O sea que tenemos una ley, pero –como muchas veces ocurre en el Uruguay– su progreso es manuscrito; progresamos en la norma, pero no en la realidad. Nos quedamos tranquilos porque tenemos una ley, pero esta no se aplica.
Creo que, en el marco de la feliz iniciativa que tuvo la señora senadora Passada, ha llegado el momento de pedir que efectivamente se controle que en los quioscos, en las cantinas o en los lugares de venta de alimentos de los centros escolares, donde todos los días pasan centenas de miles de muchachos y muchachas, se controle que la alimentación que se vende sea saludable. Es más, creo que tenemos que avanzar, ya no en lo que establece la ley en cuanto a prohibir la publicidad de alimentos no saludables, sino en prohibir su venta en los centros educativos. Reitero que termina siendo una contradicción que revienta nuestros ojos el hecho de que un gran esfuerzo educativo se desvanezca en el quiosco, donde los chiquilines están expuestos a una batería de promociones –que, aunque no se puede, existe– que atenta contra su salud. Los centros educativos están para promocionar el crecimiento y el desarrollo de nuestros gurises de la mejor forma posible.
Señora presidenta: felicitando una vez más la iniciativa de la señora senadora Passada, era cuanto quería manifestar.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora Passada.
Se va a votar el pasaje a cuarto intermedio.
(Así se hace. Son las 10:13).
9)	MEDIDAS PREVENTIVAS PARA INSTITUCIONES QUE IMPLIQUEN TRATO DIRECTO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: voy a solicitar que se distribuya, se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1126/2018, que es un proyecto de ley que propone medidas preventivas para instituciones que tengan trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
En consecuencia, distribúyase la correspondiente carpeta.
Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se establecen medidas preventivas para instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. (Carp. n.º 1126/2018 - rep. n.º 672/18)».
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: vamos a informar el proyecto de ley que ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación, relativo a las medidas preventivas para instituciones que tengan trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
Si bien en la comisión era unánime la idea de contar con un registro que pudiera brindar información –de hecho, ya había ingresado un proyecto de ley de autoría del señor senador Lacalle Pou en ese sentido–, primero se planteó si era pertinente o no la creación de una nueva base de datos, un nuevo registro, o si se debía investigar sobre información ya disponible –obviamente en los ámbitos donde esta estuviera actualizada–, que no fuera de conocimiento de las señoras y los señores senadores.
Por ese motivo, el 5 de junio recibimos a dos instituciones a las que se las consultó acerca de la información que tenían, a los efectos de llevar adelante el objetivo de contar con una base de datos, no solo dada la preocupación colectiva vinculada a los antecedentes de personas que cometieron delitos sexuales, sino también para dar cumplimiento al artículo 79 de la Ley n.º 19580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, ya promulgada.
Además, esa preocupación va a estar reflejada en proyectos de ley sucesivos, como el del voluntariado –ya aprobado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión el lunes pasado– que recoge esa inquietud generalizada de los integrantes de la comisión y creo que de este Cuerpo todo.
Como decía, el 5 de junio recibimos a la Dirección Nacional de Policía Científica y al Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, organismos que cuentan con capacidad de respuesta –aunque diferente– ante este tipo de circunstancias. Creo que fue totalmente esclarecedora la información recibida –los integrantes de la comisión podrán confirmar lo que voy a exponer– y buena la opción que tomó la comisión de vincular la base de datos de la Policía científica con esa necesidad de contar con un registro de las personas que cometieron delitos de estas características.
La delegación de la Dirección Nacional de Policía Científica que concurrió a la comisión estaba encabezada por su director, el comisario general José Azambuya, que vino acompañado por el jefe de Balística, comisario Gustavo Hernandorena, el jefe del Departamento de Identificación Dactilar, comisario Ruben Sobrera, y la jefa del Registro Nacional de Huellas Genéticas, señora Natalia Sandberg.
Nuestro enfoque estuvo dirigido particularmente a estas dos últimas reparticiones, dado que todo lo que tenía que ver con el registro de Balística –aunque interesante–, en estas circunstancias, no era lo que más nos preocupaba. Fue así que recibimos una amplia información de las mencionadas reparticiones de la Dirección Nacional de Policía Científica, que cuenta con una trayectoria de ciento veintidós años y que está muy relacionada con el ejercicio de la investigación criminalística en todo el territorio nacional, y lo aclaro porque a veces parece que esto se circunscribe a Montevideo, pero de ninguna manera es así.
Se nos brindó información actualizada sobre el avance de la criminalística en nuestro país y se nos puso al tanto de la nueva tecnología existente para lograr una respuesta rápida y concentrar información también en forma rápida, que era uno de los aspectos que nos importaba con relación a distintos tipos de delitos y hechos que se investigan. Nos hablaron de la identificación humana a través de la dactiloscopía y realizaron toda una reseña sobre la evolución tecnológica. No me voy a detener en esos detalles, pero sí puedo decir que en la versión taquigráfica de esa comparecencia se pueden encontrar todos esos datos.
En la comisión percibimos el reconocimiento de lo que fue el trabajo previo –realizado con herramientas mucho menos sofisticadas que las de ahora– que, según los integrantes de la delegación, constituyó una labor positiva. También nos informaron que en 2011 surgió la primera base de datos dactilar, que comenzó a unificar y concentrar información importante en un software que daba respuestas mucho más ágiles. Me gustaría detenerme en una descripción muy razonable que nos hicieron sobre cómo se alimenta esa base de datos. Básicamente, la normativa establece que se alimente con el registro criminal de todas las personas que han sido procesadas por la Justicia, con o sin prisión. Además, nos informaron que el software mantiene un registro, una base de datos criminal, que nuestra normativa cataloga dentro de lo que es la identificación humana.
En la comisión también tomamos conocimiento de los importantes avances que hay en materia de investigación criminalística, lo que está vinculado con algo que, por lo menos para nosotros, no era tan conocido. No solo hay una base de datos de huellas dactilares, sino que también involucra los rastros palmares, o sea, de toda la mano. Los técnicos señalaron la necesidad que existe de contar con esa base de datos y seguir alimentándola, pero también se debe tener en cuenta que aparecieron nuevas formas de identificación humana que coadyuvan a esa identificación como, por ejemplo, a través de la incorporación del ADN a estas bases de datos, y que Uruguay adoptó para la investigación policial.
En el año 1996 –hace bastante tiempo– se creó el laboratorio biológico de la División Criminalística, donde se realizan los análisis de las muestras latentes o dubitativas. De esta forma se puede saber a quién pertenecen las huellas. También, con la obtención del ADN es posible identificar a una persona para vincularla o desvincularla de la escena de un crimen. Esto es más que importante porque la investigación criminalística se realiza no solo para confirmar la autoría de un delito sino también para descartarla.
No me voy a detener en otras funciones que cumple esta base de datos, pero sí quiero señalar que en el año 2000 se presentó un proyecto de ley para que la Dirección Nacional de Policía Científica tuviera esta base de datos, es decir, un registro genético –como bien dije– de aquellas personas que fueron procesadas. En 2012 se comenzó a trabajar en este nuevo registro de huellas genéticas –al que hice referencia–, que está vinculado no solo con los avances tecnológicos sino con la forma de cruzar estos datos –por decirlo de una manera sencilla– para generar rigurosidad en esta materia. Para nosotros esto fue realmente novedoso y, además, no solo se nos explicó en forma sumamente clara, sino que nos dio mucha satisfacción saber que contamos con esta tecnología y con el personal que trabaja en esta área tan delicada. Agrego que la ley votada anteriormente es muy clara: el único fin con que se utiliza el ADN es para la identificación humana.
Actualmente, el Registro Nacional de Huellas Genéticas tiene más de cuarenta mil archivos genéticos. Las cifras que se presentaron en comisión llamaron mucho la atención, por lo cual se volvió a consultar sobre ellas y se nos dijo que estaban bien, que esos eran los datos. Además, se nos señaló que hay países que no aprueban esta base de datos para algunos delitos y para otros sí, o sea que hacen una selección; sin embargo, en nuestro caso la base de datos es muy buena. En España, por ejemplo, se utiliza solamente para los delitos sexuales y algunos delitos contra las personas físicas, pero, como señalé anteriormente, en Uruguay la base de datos abarca todos los casos de personas procesadas, con o sin prisión.
Podría extenderme mucho más, pero voy a tratar de acotar mi exposición. Para tener una visión general de la información, tan interesante, que los expertos nos han brindado, recomiendo a los señores senadores la lectura de la versión taquigráfica de la sesión en la que compareció la Dirección Nacional de Policía Científica porque, seguramente, van a tener una noción mucho más clara sobre el tema, como nos pasó a nosotros.
No voy a profundizar en información sobre el Registro Nacional de Balística Forense porque no es el momento de hacerlo, pero sí quiero señalar que fue creado en el año 2014 y es otra de las reparticiones con que cuenta la Dirección Nacional de Policía Científica ya que, a medida que se van cargando los datos de estas huellas latentes, se pueden ir aclarando casos de muchos años atrás porque aparecen perfiles que quedaron en las escenas del crimen, que anteriormente no habían sido tenidos en cuenta. Por eso se cruza la información de las bases de datos.
A partir de las explicaciones de los directores de las distintas bases de datos llegamos a la conclusión de que el proyecto de ley que estamos presentando es el que mejor se adecua a los objetivos que tenemos: contar con una base real, genuina y fidedigna que pueda ser consultada para dar cumplimiento a las leyes que hemos aprobado.
Con respecto a la nueva tecnología, quiero señalar que el sistema tiene una capacidad para albergar 350.000 fichas y actualmente hay cargadas unas 290.000.
La información que nos proporcionó la señora Natalia Sandberg –encargada del Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas–, bióloga genetista, es de muchísima importancia. Ella insistió en la necesidad de contar con esta capacitación pero también con infraestructura, que no tiene que ver solamente con la existencia de esa base de datos para perfiles genéticos vinculados con casos sin resolver, sino que además es una herramienta para utilizar en ocasiones posteriores porque facilita enormemente la actuación en el terreno de la investigación criminalística.
Creo que el trabajo que se hizo en la comisión fue interesante. Cuando compareció la Dirección Nacional de Policía Científica también recibimos al Instituto Técnico Forense, dependiente del Poder Judicial, porque nos parecía que era otro ámbito donde se podía ver si existía una base de datos real como para poder cumplir con el cometido al cual todos aspirábamos: contar con un registro que pudiera consultarse de manera rápida y eficiente, porque no alcanza solamente con tener una base de datos si después no se puede acceder a ella. Tampoco queríamos llegar a la conclusión de que cada vez que se necesita registrar información hay que crear necesariamente un nuevo registro o base de datos.
De la comparecencia de los representantes del Instituto Técnico Forense quedó claro que a pesar de que el instituto está estrechamente vinculado con la Policía científica, tiene enormes limitaciones para el uso de sus datos. Además nos confirmaron que el registro que lleva el instituto se basa en los datos patronímicos de las personas y no en sus huellas dactilares, y menos en huellas genéticas. En consecuencia, tanto nosotros como ellos concluimos que tener un registro basado en los datos con que cuenta el Poder Judicial no es la mejor solución.
En virtud de que ya existía un proyecto de ley presentado por el señor senador Lacalle Pou vinculado con la creación de un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores –así se titula la carpeta n.º 335/2015–, de que después de esa fecha se generaron nuevas figuras penales, y de que la intención general es contar con un registro, la comisión optó por trabajar sobre el proyecto que hoy se está considerando.
Se trata de un proyecto de ley muy sencillo, que se relaciona con el antecedente legislativo con que contamos: artículo 79 de la ley de violencia de género. Concretamente, la iniciativa obliga a ciertas instituciones a solicitar información de esa base de datos de la Dirección Nacional de Policía Científica. Esto tiene una similitud con el proyectooriginal planteado por el señor senador Lacalle Pou, que también instalaba un registro nuevo –no lo que estamos proponiendo acá– en el ámbito del Ministerio del Interior.
Es un proyecto de ley muy breve, de tres artículos, mediante el cual se establece –reitero– que ciertas instituciones deberán solicitar la información de que dispone la Policía científica.
En el artículo 1.º se dice: «Toda institución pública o privada perteneciente al área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, deberán solicitar a la Dirección Nacional de Policía Científica» –habida cuenta de que es la base de datos más rigurosa que tenemos– «que expidan un certificado informando si la persona a ser contratada tiene antecedentes judiciales por la comisión, en cualquier calidad, de los siguientes delitos:…». Y se mencionan los delitos sexuales por los cuales el artículo 79 de la ley de violencia de género inhabilita la posibilidad del trato directo con niños, niñas y adolescentes.
En el artículo 2.º se plantea que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º, los certificados expedidos a demanda de las instituciones citadas anteriormente no tendrán costo para estas. Esto debe quedar manifiesto a texto expreso.
A este artículo 2.º le agregamos un párrafo que consideramos más que importante –a sugerencia de la señora senadora Ayala en comisión–, que expresa lo siguiente: «Las instituciones solicitantes deberán manejar la información en forma reservada dando cumplimiento a lo establecido en la Ley n.º 18331, de 11 de agosto de 2008», que es la de Protección de Datos Personales.
Por su parte, la Ley n.º 18381, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, de 17 de noviembre, contiene disposiciones vinculadas con el manejo de la información pública, su reserva y el levantamiento de la reserva cuando se considere pertinente. No voy a hablar de una ley que ya aprobamos, pero quiero manifestar que si bien este segundo párrafo genera una vinculación con la ley de acceso a la información, no toma parte por ninguna de todas las secuencias que establece dicha ley, lo que nos pareció un reaseguro y una garantía para las propias instituciones que solicitan la información. Esa información es para las instituciones, que tienen la responsabilidad de no contratar personas con esos antecedentes.
Finalmente, en el artículo 3.º se establece –como es pertinente en todas las leyes–: «El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de treinta días, a contar de su promulgación».
Señora presidenta: si bien puedo ahondar en algunos otros aspectos tratados en la comisión, lo importante es que nos pusimos de acuerdo en que este proyecto de ley contemple las inquietudes de contar con este registro. En función de que ese banco de datos se alimenta casi de manera automática y permanente, podría haber surgido el problema de la eventualidad de la reincidencia, que está planteado en el proyecto de ley original presentado por el señor senador Lacalle Pou. Esto es contemplado por esta iniciativa, porque los datos de cualquier reincidente estarán almacenados en la propia base de datos. Y, además, los tiempos y los plazos que disponga el artículo 79 de la ley de violencia de género, como así también futuras leyes que tengan esa misma lógica, serán considerados automáticamente en la medida en que esa base de datos vuelva a alimentarse. Por lo tanto, algunas de las inquietudes que planteamos en su momento también quedan zanjadas.
Tengo una cantidad de información porque fue increíble todo lo que aprendimos durante el trabajo en comisión, pero no quiero extenderme más en el tema. Uno de los invitados dijo que a veces vemos series televisivas como CSI y nos parece imposible que esa tecnología exista en nuestro país, pero la verdad es que se está trabajando con un asesoramiento internacional muy fuerte. Hoy contamos con una tecnología y una rigurosidad en la capacitación de quienes integran la Dirección Nacional de Policía Científica, que hace que consideremos más que pertinente e importante poder laudar el tema de esta forma y no generar una cantidad de registros. Cabe destacar que se preguntó a las autoridades de la Dirección Nacional de Policía Científica si la información con que cuenta esa base de datos podía diferenciarse en función de la calidad de los delitos cometidos. Enseguida se nos contestó que sí, que esa base de datos –que cruza información de una manera mucho más compleja que la estoy explicando– registra automáticamente el porqué de los antecedentes de cada quien. Entonces, las dudas que fueron planteadas en su momento ya estarían laudadas.
La aprobación hoy este proyecto de ley, de alguna manera, nos pone a resguardo de las preocupaciones que todos manifestamos porque contar con esa base de datos permitirá evitar que niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas y adultos mayores dependientes estén sometidos al trato directo con personas que no están calificadas y con las que no queremos que estén en contacto.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: lo primero que debemos reconocer es que este es un buen paso que se está dando.
Este proyecto de ley tiene tres antecedentes que me parece que hay que considerar, porque por tres vías distintas se va a pretender regular una misma situación. ¿Cuál es la situación? La situación es que en Uruguay quienes son abusadores sexuales de niños, de mujeres o de discapacitados, etcétera, no deberían tener trato directo con ellos, en especial en el área educativa, de la salud y en todas las que impliquen un trato directo con menores de edad. Parece algo lógico y creo que no debe haber un solo senador que esté de acuerdo con que un abusador o un violador trabajen en una institución educativa o tengan trato directo con niños.
El tema es que acá hay tres antecedentes. Uno de ellos fue citado por la señora senadora Payssé y comprende el Registro Nacional de Huellas Genéticas y el Departamento de Legajos Prontuariales y Patronímicos, que ya existen en el Ministerio del Interior, en la Dirección Nacional de Policía Científica. O sea que ya hay un registro de todos los delitos, entre los cuales están incluidos el abuso sexual, la violación, etcétera.
El segundo antecedente es un proyecto de ley del señor senador Lacalle Pou del año 2015 –lo citó la señora senadora Payssé– y a veces es bueno tener en cuenta el elemento temporal en estos casos. Según se puede comprobar, el proyecto de ley fue presentado el 19 de agosto de 2015, pero a su vez reiteraba una iniciativa del año 2007.
Ese proyecto de ley del año 2015 creaba un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores, y era muy en claro en cuanto a lo que debía contener en lo que refiere a información del abusador. Además, incluía un elemento muy interesante porque ponía a cargo del abusador la obligación de mantener al día toda su información personal en ese registro. Parece sensato que una persona que abusa de un niño, que viola, etcétera, se presente de tanto en tanto en el registro e informe a la autoridad, por ejemplo, dónde está viviendo o si cambió de trabajo y a qué se dedica para que la autoridad compruebe que su actividad no está relacionada con personas con discapacidad, por ejemplo.
Asimismo, esa iniciativa de 2015 contiene una parte que quizás sea la más importante, sobre la que me gustaría llamar la atención del oficialismo por un minuto. Al igual que otro antecedente posterior, pero por plazo mayor, se establecía la inhibición, la prohibición a todo aquel que fuera condenado por abuso sexual, violación, etcétera, de trabajar en áreas como la educativa, la salud o vinculada con menores y discapacitados. Allí se establecía una prohibición por quince años para la primera vez que el abusador cometiera el delito; en la segunda anotación se le prohibiría por treinta años y de haber una tercera, la prohibición sería de por vida. Es lo que los americanos llaman en el béisbol la regla three strikes out –expresión que proviene del derecho anglosajón–, que significa: al tercer strike, ¡afuera! En este caso, si una persona abusa una vez, se le prohibiría estar en la actividad por quince años; la segunda vez, por treinta años y la tercera vez la prohibición sería para siempre, ¡afuera! Esta es, entonces, la regla three strikes out que se utiliza en la jerga legal norteamericana.
Después de las iniciativas de 2007 y 2015 presentadas por el señor senador Lacalle Pou, como todos recordarán, aprobamos la Ley n.º 19580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Esta ley contiene algunas normas que van en el mismo sentido en cuanto a las prohibiciones como, por ejemplo, el literal J) del artículo 11, el literal K) del artículo 21 y, la más importante, que es la del artículo 79. He aquí una parte del problema que quizás pueda hacer pensar a los señores senadores, pues este artículo establece que las personas sujetas a proceso por los delitos previstos en los artículos tal y cual –se detallan a continuación– quedan suspendidas en el ejercicio de la patria potestad o guarda e inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud, etcétera, por un plazo de diez años si recayera sentencia de condena. Es decir que, en realidad –y de acuerdo con el artículo 79 de la ley sobre violencia hacia la mujer–, al violador, al que abusa, se le prohíbe tener actividades en esas áreas por diez años, con independencia de sus antecedentes.
Por eso, me pregunto si es lógico que después de diez años se le vuelva a dar la oportunidad de trabajar con menores o en centros educativos a alguien que abusó de un menor o que violó a una persona con discapacidad. ¡Creo que no! Me parece que no debiera ser así. Más aún, si reitera esa conducta solamente se lo prohibirá por otros diez años. ¿No debería ser más grave la pena?
Esto no es una cuestión de ideología, sino de razonar y de usar el sentido común. ¿Es lógico que una persona que tiene dos o tres antecedentes, a los diez años de haber vuelto a ser condenado, pueda trabajar en un jardín de infantes o en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados a cargo de discapacitados? No parece lógico. Pienso que quizás debería agregarse un artículo tomando la solución incluida en el proyecto de ley del señor senador Lacalle Pou porque, insisto, no parece lógico y no deja tranquilo a nadie.
Lo que sí hace este proyecto de ley es tomar dos de las soluciones de la iniciativa del señor senador Lacalle Pou. Aclaro que en esto discrepo con el criterio de la secretaría que afirma que lo que se elevó de la comisión fue un proyecto nuevo; discrepo ampliamente, con todo el respeto personal y profesional hacia el señor secretario del Senado que, según entiendo, es quien sostiene esa tesis. ¿Cuándo se trata de un proyecto nuevo?, ¿cuando cambia qué? ¿El 90 % de los artículos? ¿Cuando los cambia todos, pero igual toma soluciones previstas y las redacta de otra forma? Eso es lo que estamos haciendo hoy acá: estamos tomando del proyecto de ley del señor senador Lacalle Pou de 2015 la propuesta de crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores y, en vez de hacerlo independiente –él lo incluía en el Ministerio del Interior sin decir dónde–, lo colocamos en el Ministerio del Interior, dentro del Registro Nacional de Huellas Genéticas.
En realidad, la información estaba, pero no en forma de registro, entonces, ¿se trata de un proyecto nuevo? No, es una propuesta de la comisión que pretende ubicarlo en determinado lugar. De todos modos, podemos tener esa discrepancia, pero el resultado será el mismo. Esa es la verdad.
Esta iniciativa también toma del proyecto del señor senador Lacalle Pou –quizás esto sea lo más importante– algo que no estaba en la Ley n.º 19580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género y es que las instituciones de educación, de salud y las que trabajan en el trato con menores tienen que solicitar un certificado al registro, antes de contratar a la persona. Esto es un complemento de lo que vino después en la ley de violencia de género, donde se estableció la prohibición, pero no se podía acceder al registro genético porque era confidencial, así nos lo informó el propio director. En ese momento, al aprobar la ley de violencia de género teníamos la prohibición por diez años de dedicarse a la actividad docente, al trabajo en las áreas educativas, de salud, etcétera, pero no había forma de que la institución supiera realmente si esa persona tenía antecedentes.
En este punto tengo otra discrepancia: ¿por qué le pasamos a la institución la obligación de pedir el certificado de libre de antecedentes cuando lo lógico sería que lo gestionara el propio interesado? Además, me imagino a una institución educativa, de salud, etcétera, del interior del país teniendo que venir a la capital a solicitar el certificado al registro. No olvidemos que también es una información confidencial, por lo que, incluso, tendrá que pedir al interesado que le firme la autorización. Porque, ¿qué legitimación va a tener una institución para pedir, por sí, información sobre las personas? Lo lógico es que el propio interesado –como sucede hoy cuando se sacan determinados documentos– solicite y presente el certificado vigente donde corresponda. Pero lo que estamos haciendo aquí es dejarlo a cargo de la institución pública o privada. Imaginemos el caso de ASSE, que deberá pedir la información cuando haga contrataciones, y no el propio interesado. Ni que hablar de la ANEP. Reitero: lo lógico sería que no fuera la institución, sino el propio interesado, que es quien necesita, para obtener el trabajo, demostrar que su certificado no es negativo.
En definitiva, pienso que este no es un nuevo proyecto de ley, sino que del texto presentado por el señor senador Lacalle Pou, en la parte no regulada con posterioridad en la Ley n.º 19580, se tomaron dos propuestas esenciales. Una es la creación del registro particular en el Ministerio del Interior –en la misma institución–, ubicándolo dentro del Registro Nacional de Huellas Genéticas. Por cierto, a todos nos llamó la atención lo bien que se trabaja allí. Eso hay que reconocerlo, entre otras cosas, porque el trabajo de la Policía científica es el futuro.
La segunda propuesta tiene que ver con la necesidad de que se obtenga el certificado antes de empezar a trabajar en cualquier institución pública o privada. Este es un cambio muy importante –quiero destacarlo–, es una obligación que va a tener que difundirse y mucho. Pero pensemos cómo podríamos facilitar la obtención del certificado en un jardín de infantes o un CAIF de Artigas o de Salto. Supongo que a través de la reglamentación, aunque –reitero– lo mejor sería que se lo procure el propio interesado.
Un tercer elemento que se debió haber copiado del proyecto de ley presentado por el señor senador Lacalle Pou –y no se hizo– es el tema de los reincidentes en esta materia. No puede ser que un violador a los diez años esté trabajando en un jardín de infantes. Además de que el certificado sería negativo, no puede ser que un violador reincidente –por segunda o tercera vez–, pueda presentarse a trabajar pasados los diez años. Uno piensa que no siempre va a cumplir funciones docentes y es cierto, pero alcanza con que brinde tareas de servicio para que esté en contacto con menores y eso sí me parece muy peligroso.
En síntesis, estamos de acuerdo con el proyecto de ley, con que se cree el registro y se establezca la necesidad de contar con el certificado antes de empezar a trabajar. Si hubiera algún tipo de voluntad de parte del oficialismo para que la obligación de la institución pública o privada pase a la persona interesada y para reiterar la norma contenida en el artículo 7.º del proyecto de ley presentado por el señor senador Lacalle Pou, sería mucho mejor.
Es todo cuanto tenía que informar. Reitero que considero que este es un proyecto de ley necesario.
10) ASUNTOS ENTRADOS
•	por el que se designa Azucena Mederos la Escuela Especial n.º 80 de la ciudad de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
Por el que se regula la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial.
11) MEDIDAS PREVENTIVAS PARA INSTITUCIONES QUE IMPLIQUEN TRATO DIRECTO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: corría el año 2007 cuando presentamos en la Cámara de Representantes dos proyectos de ley: uno, por el que se creaba el Registro Nacional de Abusadores de Menores y otro, por el que se agravaba la pena del delito de violación.
En su momento se invitó a las cátedras, se discutieron profundamente estos temas y el Frente Amplio decidió rechazar las dos iniciativas. Rechazó la creación y la existencia de un registro nacional de abusadores de menores y rechazó el aumento de la pena a los violadores.
¿Por qué quiero hacer hincapié en el año 2007? Sobre todo, por el tema del registro. No tengo respuesta a la pregunta de si nos hubiéramos evitado algún incidente vinculado a personas reincidentes o que ya habían sido procesadas, denunciadas o con una causa en curso sobre delitos sexuales. No sé qué habría pasado; sí sé que podríamos haber prevenido este tipo de situaciones.
Insisto en que no solo importa si las medidas que un Gobierno toma o los proyectos de ley que un parlamento aprueba son buenos o adecuados, sino también que lleguen a tiempo. El tiempo en la vida de los uruguayos es fundamental y es mucho lo que ha pasado desde el año 2007. Entonces, las medidas tienen que ser buenas y tomadas a tiempo. Ese es el sentido de urgencia que debe tener un gobernante; lamentablemente, no se tuvo.
Fíjense, señores senadores, que transcurrieron once años; once años tuvieron que pasar para que se diera este proceso de semimaduración del Frente Amplio. ¿Por qué digo un proceso de semimaduración? Porque el Frente Amplio pasó de no aceptar, de votar en contra y de negar la utilidad de este proyecto de ley, a la mezquindad, mezquindad que no es nueva. A varios señores senadores y diputados que han presentado proyectos de ley les ha pasado que, por estar fuera del oficialismo, no se votaron, fueron denostados y criticados, en respuesta inmediata al estímulo, sin razonar siquiera. Algunos senadores se opusieron cuando planteamos por segunda vez la existencia del registro; por suerte el mundo es redondo y cada vez más pequeño, y con su voto hoy se van a tener que desdecir de lo que dijeron hace cuatro, cinco, seis o diez meses. Lean lo que han declarado, señores senadores: «Ya existe un registro y solo hay que reglamentarlo». Pues bien, no era cierto. A eso le llamo mezquindad. Como decíamos en el día de ayer en oportunidad de tratar el TLC con Chile, se antepone la cohesión y el interés partidario, al interés general.
A nosotros no nos cambia nada, pero sí cambia y perjudica la vida –o no permite tener prevención sobre estos temas– de los uruguayos. Esto no es una justa deportiva, no se trata de ver quién piensa más, quién llega antes. Por eso hoy llegamos a esta solución, pero –al decir del señor senador Bordaberry– si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro, aunque desde secretaría y desde el Frente Amplio se le haya querido llamar gato. Ahora, es un perro incompleto porque, como bien decía el senador Bordaberry, aquí quedan vacíos legales o, mejor dicho, conductas que no van a ser penadas en forma suficientemente severas a lo largo del tiempo por hacer esta mezcla.
Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero sabemos de la mezquindad del oficialismo para votar un proyecto de ley que tenga otra firma u otro nombre; ¡eso es lo que subyace! y no es la primera vez que pasa. Recuerdo que presenté el proyecto de ley de autocultivo el miércoles 11 de noviembre de 2010 a las 11:30; un tiempo después, algunos legisladores del Frente Amplio –muy conservadores ellos– me dijeron que no iban a votar un proyecto de ley de Lacalle Pou. En un tema que requería cabeza abierta, pero la cerraron lo máximo posible e hicieron el engendro que hoy nos está regulando. Pero, bueno, así son las cosas.
Simplemente quería hacer estas puntualizaciones, lamentar el paso del tiempo, quejarme –porque no va a cambiar la mezquindad que ya es genética en algunos– y votar este proyecto de ley, aunque no sea el mejor.
SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: no puedo no sentirme aludida cuando el senador preopinante habla de mezquindad haciendo referencia a mi bancada, por lo que voy a recoger el guante y tratar de contestar algunas cuestiones que muestran que no solo es falso lo que afirma el senador acerca de la mezquindad, sino que siempre que se trató este tema el Frente Amplio incluyó el proyecto original del senador Lacalle Pou. Es más, se plantearon alternativas a esa iniciativa y fue el propio senador Heber, del Partido Nacional, el que pidió en la comisión que se tratara primero el proyecto del senador Lacalle Pou y después el otro. Como consecuencia de ello, el proyecto original se votó de manera negativa, porque había uno alternativo, y no se permitió que la técnica con la que se trabaja habitualmente, que es la de comparar dos proyectos, se pudiera llevar adelante. Pueden consultar la versión taquigráfica y ver cómo fue la votación.
Además, ustedes habrán visto que esa mezquindad no estuvo presente en mi informe, sino todo lo contrario. El proyecto de ley del senador Lacalle Pou ya no existía por haber sido votado de manera negativa en la comisión, pero igual lo mencioné, y además hablé de que había un objetivo y un interés común. Podría haber optado –mi bancada también podría haberlo hecho– por ni siquiera mencionar que había un antecedente de un señor senador, y sin embargo lo hice y consta en la versión taquigráfica. En función de la información recibida, planteé nuestra propuesta como una alternativa al proyecto de ley que teníamos en consideración. Fue el Partido Nacional, más precisamente el senador Heber, el que pidió que se abordara primero un proyecto y luego el otro. Por lo tanto, los mecanismos parlamentarios los definió quien representa al senador Lacalle Pou en la comisión. Lo lamento, pero fue así. Eso no fue óbice, reitero, para que en mi intervención no solo hiciera mención al proyecto de ley, sino que además lo tuviera en mi mesa de trabajo.
Por lo tanto, creo que hablar de mezquindad no es una buena práctica cuando lo que estamos buscando es un objetivo común.
SEÑORA PRESIDENTE.- Antes de continuar, damos la bienvenida a los alumnos de 5.º y 6.º de la Escuela n.º 376 de Montevideo.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: lo importante aquí no es reconocer los antecedentes legislativos, sino construir y apoyar el desarrollo de políticas públicas. Creo que quien planteó muy bien estos antecedentes fue el senador Bordaberry, que reconoció los avances que han existido en la materia. En primer lugar, mencionó la serie de registros en poder de la Dirección Nacional de Policía Científica, del Ministerio del Interior; en segundo término, los antecedentes –es decir, los proyectos de ley que presentó el señor senador Lacalle Pou a lo largo de muchos años– y, en tercer lugar, la Ley n.º 19580, que es la ley integral contra la violencia de género, y que fue un punto de inflexión en la materia en nuestro país porque desarrolla una serie de políticas públicas.
Comparto lo que ha dicho la señora senadora Payssé, pero quiero agregar otros puntos. Es importante remarcar que respaldar este proyecto de ley es apoyar las políticas públicas que se vienen desarrollando a través del combate integral de delitos que atentan contra la integridad sexual de las personas, especialmente las de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, y personas mayores en situación de dependencia. En este sentido, señora presidenta, tomando como base la serie de antecedentes que tuvimos a estudio en la comisión, somos coherentes con el camino trazado por la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y con las políticas públicas que viene desarrollando a lo largo de muchos años el Poder Ejecutivo. Y si hay algo que se debe tener en cuenta a la hora de legislar son los cambios normativos que se han venido gestando a través de sucesivas reformas, los cambios administrativos que se introducen a través de la función administrativa en nuestro Poder Ejecutivo, y los cambios tecnológicos y su incorporación en el ámbito de Policía científica.
Tengamos claro que el proyecto de ley que estamos discutiendo existe gracias a la aprobación previa de otras reformas legislativas y administrativas, y a la incorporación de tecnología en el área de Policía científica, porque como muy bien señaló la senadora Payssé en el informe, se desarrolló todo un trabajo en ese ámbito en 2011, en 2012 y así sucesivamente. Esto hay que reconocerlo, porque –insisto– a la hora de legislar se deben tener en cuenta los antecedentes. A partir de ellos nos proponemos construir políticas públicas a través de la actuación de todos los poderes del Estado, y esta casa es uno de ellos.
El hecho de que ciertas instituciones públicas y privadas tengan la obligación de solicitar información acerca de si la persona a contratar tiene antecedentes judiciales por alguno de los delitos que vulneran la integridad sexual, implica dar continuidad al mandato consagrado en el artículo 79 de la Ley n.º 19580, aprobada en diciembre del año pasado. Ese artículo 79 prevé la inhabilitación de dichos delincuentes para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y en todas aquellas que impliquen un trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
Una buena política pública plasmada en un proyecto de ley debe tener la capacidad de aprovechar, como decía la miembro informante, todos los recursos administrativos existentes, sin necesidad de crear otros que pueden terminar superponiendo funciones y generando más burocracia. Fue por ese motivo que no nos resultó razonable acompañar el proyecto de ley que creaba un registro de violadores, ya que dicha información se encuentra en poder de la Dirección Nacional de Policía Científica y, en definitiva, solo debía crearse el mecanismo jurídico para que dicha información llegara a las instituciones mencionadas en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género.
Entiendo que este proyecto de ley cumple con creces las necesidades reales que existen en la materia, ya que el artículo 1.º establece sobre qué delitos se debe solicitar información. Ellos son: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, corrupción de menores, y lo que establece la Ley n.º 17815, de setiembre de 2004 –de lo que se habían olvidado–, que habla de violencia sexual comercial y no comercial contra niños, niñas y adolescentes, o personas con capacidades diferentes.
Por lo tanto, me parece que este proyecto de ley es un muy buen aporte en la construcción de políticas públicas.
Si algo se le puede cuestionar al proyecto de ley original –que fue discutido en el seno de la comisión, votado en forma negativa y sustituido por el que tenemos a consideración– es, justamente, no haber tenido en cuenta la institucionalidad vigente y los avances que ha habido en los organismos competentes; creaba nuevos registros con información ya existente, lo que traía como consecuencia la duplicación del trabajo y de las funciones.
Compartimos y respaldamos el trabajo de la Comisión de Constitución y Legislación y consideramos positivo que se vote afirmativamente este proyecto de ley, que consagra un conjunto de normas preventivas para el combate integral de los delitos que atentan contra la integridad sexual de las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
Es cuanto tengo para decir.
SEÑORA PAYSSÉ.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: además de fundar el voto quiero aprovechar para ampliar una mención que realicé oportunamente.
En la página 9 de la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 12 de junio, el señor senador Heber plantea que se ponga a votación en primer lugar el proyecto de ley presentado por el señor senador Lacalle Pou. Los señores senadores también podrán ver la permanente alusión a un proyecto alternativo, que fue el que planteamos nosotros. En la página 13 pueden encontrar la votación. Allí verán que algunos artículos del proyecto presentado por el señor senador Lacalle Pou fueron votados 1 en 6, y otros, 2 en 6. Al haber sido sometido a una votación que resultó negativa, dejó de existir. Cuando comenzamos la votación del proyecto que ahora estamos considerando, el presidente lo menciona nuevamente como un texto alternativo –a pesar de la votación negativa del otro proyecto–, y sus tres artículos fueron votados 6 en 6, es decir, por unanimidad.
SEÑORA PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa un artículo aditivo presentado por el señor senador Bordaberry.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero). «Agréguese al artículo 79 de la Ley 19.580 de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género el siguiente inciso:
“La suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y funciones establecidas en este artículo será del doble de lo previsto en el mismo en caso de reincidencia”». (Firma el señor senador Pedro Bordaberry).
SEÑOR BORDABERRY.- Lo que hace esta propuesta es duplicar, exclusivamente para el caso de reincidentes, el plazo de inhabilitación ya previsto en el citado artículo 79. Creo que es un tema de lógica, y es una de las mejoras que se le puede hacer.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo leído.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día.
(Así se hace. Son las 11:34).
(Son las 11:36).
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo, por ineptitud física, a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
(Así se hace, a las 11:37, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Carrera, Castillo, De León, Delgado, García, Garín, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Saravia, Silveira, Tourné y Xavier).