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Timestamp: 2019-08-26 10:01:16
Document Index: 108837241

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 326', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1323', 'artículo 90', 'artículo 91', 'artículo 103', 'artículo 91']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-3535
Documento BOE-A-2019-3535
«BOE» núm. 61, de 12 de marzo de 2019, páginas 23577 a 23586 (10 págs.)
BOE-A-2019-3535
Por sentencia firme dictada el día 4 de abril de 2018 por el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, don José Luis Conde-Pumpido García, en el procedimiento de divorcio de mutuo de acuerdo número 227/2018, se aprobó el convenio regulador suscrito el día 14 de febrero de 2018 por los consortes doña M. M. F. y don R. G. B., acordando, junto con otras medidas, la liquidación de su sociedad de gananciales y la adjudicación, por lo que se refiere al Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana número 2, a doña M. M. F. de la finca número registral número 20.798.
Presentado el día 3 de octubre de 2018 testimonio de la referida sentencia, expedido el día 16 de mayo de 2018 por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, en el Registro de la Propiedad de Castellón de la Plana número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación de los precedentes testimonio y mandamiento, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria –reformado por Ley 24/2001 de 27 de diciembre– y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario deniega practicar el asiento solicitado en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
La finca a 20798, con CRU: 12011000186392 está inscrita a nombre de los citados consortes Don R. G. B., con NIF (…) y Doña M. M. F., con NIF (…) por mitades indivisas, al haberla adquirido en estado de solteros; según consta en su inscripción 9.ª de fecha de 19 de noviembre de 2003 al folio 61 del tomo 845.
En el pacto séptimo del convenio Regulador se señala que la finca que constituía el domicilio familiar es la sita en (…) de Castellón, que se corresponde con la número 14.008, inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Castellón.
La congruencia entre el mandato y el procedimiento.–Resulta calificable por el Registrador según el artículo 100 del Reglamento Hipotecario; los bienes comunes forman parte del haber de la sociedad conyugal, los privativos no, como se ha puesto de relieve con anterioridad.
Tampoco cabe una aportación a gananciales y posterior liquidación de la sociedad de gananciales documentando todo ello en convenio regulador aprobado judicialmente en el marco de un proceso de divorcio», según señalan las resoluciones de dicha Dirección General de 19 de enero y de 13 de junio de 2011.
Castellón de la Plana, a diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho El Registrador (firma ilegible). José Luis Vives García.»
Contra la anterior nota de calificación, doña M. M. F. interpuso recurso el día 15 de noviembre de 2018 en el que expresaba las siguientes alegaciones:
El inmueble cuya inscripción se deniega, constituyó la vivienda familiar durante más de ocho años y se adquirió a plazos (apartado III B del Pasivo –al folio 11 del convenio regulador–), que fueron satisfechos con dinero ganancial hasta la liquidación de la sociedad.
La naturaleza jurídica del bien objeto de adjudicación no es privativa, sino ganancial al haberse adquirido la que fue vivienda familiar antes de comenzar la sociedad de gananciales, mediante precio aplazado, que continuó siendo satisfecho con dinero ganancial desde julio de 2007 hasta abril de 2018, por lo que la liquidación de la sociedad de gananciales disuelta no se refiere a bienes comunes, sino a bienes gananciales, tal como resulta del artículo 1.397 del Código Civil.»
El registrador de la Propiedad elevó el expediente a este Centro Directivo, con su informe, mediante escrito de 7 de diciembre de 2018.
1. Debe decidirse en el presente expediente si es o no inscribible la adjudicación de una finca mediante un convenio regulador, aprobado mediante sentencia firme de divorcio, con las siguientes circunstancias fácticas determinantes:
a) La finca objeto del convenio consta inscrita en el Registro por mitad pro indiviso, con carácter privativo, a nombre de ambos cónyuges por haberla comprado y adquirido, en estado de solteros, mediante escritura pública otorgada el día 8 de octubre de 2003, con precio confesado recibido. No consta que dicho inmueble sea la vivienda habitual de la familia; y el matrimonio se celebró el día 28 de julio de 2007.
b) En el convenio regulador se limitan a expresar que dicha finca la adquirieron «bajo el régimen de gananciales» y se adjudica a doña M. M. F., ahora recurrente.
2. Como cuestión previa, debe recordarse que, como tiene declarado esta Dirección General, de conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (vid., por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2006, 22 de mayo de 2008, 5 de febrero de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010, 13 de enero de 2011, 21 de junio y 28 de agosto de 2013, 7 de septiembre y 1 de octubre de 2015, 21 de julio de 2017 y 6 y 21 de junio y 11 de julio de 2018). En definitiva, el objeto del recurso queda delimitado en el momento de su interposición y resulta constreñido tanto por la documentación presentada como por el contenido de la calificación negativa del registrador, sin que pueda el recurrente en el escrito de impugnación introducir nuevos elementos que no se han hecho constar en el título presentado. Por ello, no pueden ahora las alegaciones de la recurrente sobre el carácter de vivienda familiar de la finca adjudicada y sobre la naturaleza ganancial de parte del dinero que como precio se pagó a plazos, según se afirma en el recurso, pues es continua doctrina de esta Dirección General, basada en el citado precepto legal (vid., por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000). Y es igualmente doctrina reiterada (por todas, Resoluciones de 19 de enero y 13 de octubre de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador, sin perjuicio de que, una vez terminado el procedimiento, pudiera ser presentado de nuevo el título, con los documentos subsanatorios o complementarios correspondientes, y así obtener una calificación nueva sobre los mismos.
3. Por lo que se refiere al fondo del asunto debatido, según la reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. Resoluciones citadas en el apartado «Vistos» de la presente), la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye o no título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los artículos 100 del Reglamento Hipotecario y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hacen referencia, entre otros extremos, a la calificación registral de la congruencia de la resolución con el procedimiento en que se ha dictado y de los obstáculos derivados de la legislación registral.
La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la inscripción de los actos realizados en el mismo está sometido a la calificación registral, porque la clase de título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, pues en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria se prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere el artículo 2 de la propia ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate (conclusión que igualmente es predicable respecto de la calificación de la congruencia de la resolución –en este caso, sentencia de aprobación del convenio regulador en el que se incluye en el activo de la sociedad de gananciales un bien de naturaleza privativa según los asientos registrales– con el procedimiento en que se ha dictado –en este supuesto, divorcio con liquidación de la sociedad de gananciales disuelta en virtud del mismo–).
4. Como ha puesto de relieve este Centro Directivo, es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del régimen económico-matrimonial que conste en testimonio judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que haya sido aprobado por la sentencia que acuerda la nulidad, la separación o el divorcio.
5. Precisando más los límites de la citada doctrina, la Resolución de 22 de marzo de 2010, reiterando otros pronunciamientos anteriores de este mismo Centro Directivo, y nuevamente confirmada por la Resolución de 11 de abril de 2012, ha señalado que respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. artículo 1323 del Código Civil), nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. Pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en ocasiones, un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación –a su favor– de bienes privativos del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa.
6. Igualmente, según doctrina también consolidada de este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), el convenio regulador, suscrito por los interesados sin intervención en su redacción de un funcionario competente, no deja de ser un documento privado que con el beneplácito de la aprobación judicial obtiene una cualidad específica, que permite su acceso al Registro de la Propiedad, siempre que el mismo no se exceda del contenido que a estos efectos señala el artículo 90 del Código Civil, pues hay que partir de la base de que el procedimiento de separación o divorcio no tiene por objeto, en su aspecto patrimonial, la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir entre los cónyuges sino tan sólo de aquellas derivadas de la vida en común. Así resulta indubitadamente de la regulación legal que restringe el contenido necesario del convenio regulador a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar y a la liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimonial amén de otras cuestiones como la pensión compensatoria y el sostenimiento a las cargas y alimentos (artículos 90 del Código Civil y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil citados en los «Vistos»). Por este motivo, el propio Código restringe la actuación del juez, a falta de acuerdo, a las medidas anteriores (artículo 91), como restringe también la adopción de medidas cautelares al patrimonio común y a los bienes especialmente afectos al levantamiento de las cargas familiares (artículo 103). Por ello, la liquidación del régimen económico matrimonial y en general del haber común del matrimonio es materia típica y propia del convenio, al igual que aquellos actos relativos a la vivienda familiar.
7. Los cónyuges, en ejercicio de su libertad civil, pueden incluir en un único convenio la liquidación del conjunto de sus relaciones patrimoniales, tanto las derivadas de la celebración del matrimonio como cualesquiera otras que pudieran existir entre ellos; incluso puede decirse que con ocasión de la ruptura es lógico y posible que así lo deseen. Pero, como reiteradamente ha sostenido este Centro Directivo, el hecho de que el convenio contenga un conjunto de acuerdos que excedan de su contenido legal impone su discriminación a efectos de decidir lo que puede como tal acceder al contenido del Registro y lo que no. La aprobación de lo que constituye el contenido legal del convenio no puede servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida.
8. A la luz de las anteriores consideraciones, el recurso no puede prosperar. La adjudicación de un bien inmueble objeto de comunidad ordinaria adquirido antes del matrimonio, de carácter privativo, es un negocio ajeno al contenido típico del convenio regulador por lo que para su inscripción en el Registro de la Propiedad es necesaria la oportuna escritura pública o, en su defecto, la sentencia firme dictada por juez competente en el procedimiento que corresponda.
Ciertamente, tratándose de la vivienda familiar, si se hubieran realizado pagos del precio aplazado de la misma con dinero ganancial, la titularidad privativa inicial habrá devenido –«ex lege»– con los desembolsos realizados, en el nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y los cónyuges titulares, en proporción al valor de las aportaciones respectivas (cfr. artículos 1354 y 1357.2 del Código Civil). Esa situación y la consiguiente extinción de ese condominio, para tener acceso registral, tiene que ser así convenida por las partes (cfr. artículo 91.3 Reglamento Hipotecario). El propio Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de octubre de 1989 destaca la relevancia que tiene para el carácter de la vivienda familiar adquirida en estado de soltero el hecho de que se haya amortizado un préstamo hipotecario –formalizado el mismo día de la compraventa– con fondos gananciales durante el matrimonio, lo que permite confirmar que es adecuada la conexión de los fondos gananciales empleados en la adquisición de la vivienda familiar con las adjudicaciones que en ese caso se realizan con motivo de la liquidación de la sociedad de gananciales incluyendo la finca adquirida en el reparto de bienes que motiva dicha liquidación, adjudicándola al otro de los cónyuges, quien la deuda hipotecaria, y en compensación por otros bienes gananciales que se adjudican al otro titular (vid. las Resoluciones de 19 de diciembre de 2013, 4 de mayo y 26 de julio de 2016 y 11 de enero y 8 de septiembre de 2017).