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Timestamp: 2013-05-27 02:54:09
Document Index: 92427251

Matched Legal Cases: ['artículo 319', 'artículo 26', 'e contrario', 'artículo 299', 'artículo 287', 'artículo 326', 'artículo\n3', 'artículo 326']

Art�culos Doctrinales: Derecho Inform�tico
La valoración de la prueba en soportes informáticos
De: Rocío Mora DíazFecha: Junio 2004Origen: Noticias Jurídicas
1.1 Introducción y consideraciones críticas al
concepto de documento y su valoración.
Respecto a la idea de lo que se debe entender por documento, se
encuentra reflejado, entre otros y de un modo amplio, en el art. 26
del C.P de 1.995, en cuanto que a efectos de ese Código
considera documento "todo soporte material que exprese o
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria...".
También la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000, en el art.
812.1 y dentro de los documentos que permiten acudir al proceso
monitorio, establece también una concepción amplia de
lo que debemos considerar por documento al decir, "mediante
documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico
en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor...con
cualquier otra señal física o electrónica."-
También la jurisprudencia ha recogido en ocasiones, un
concepto extenso de lo que considera documento. Así a modo
representativo de lo que se debe entender por documento se puede
citar la STS (Sala 1ª) de 9 de marzo de 1.988 y la STCT de 7 de
julio de 1.977, en cuanto que entiende por documento, tanto los
escritos representativos, como todos aquellos objetos en los que a
través de la vista, el oído o el tacto, pueda
percibirse una manifestación de voluntad o revelen a simple
vista la existencia de un dato de interés para el proceso.
Otros como SERRA DOMÍNGUEZ, M1
configura un concepto de documento "como todo objeto material
representativo de un hecho de interés para el proceso,
representación que puede obtenerse ... mediante los modernos
medios reproductivos, como la fotografía, la fonografía,
la cinematografía, el magnetófono, las cintas de video,
los discos de ordenador y cualesquiera otros similares...". Este
concepto de documento, es al parecer, el que goza de más
apoyos en la jurisprudencia.
En cuanto a la valoración de la prueba, existen algunos
aspectos que deben abordarse antes de entrar en la eficacia
probatoria de un documento, bien sea público o privado, o bien
estemos ante medios de reproducción del art.299.2 de la LEC; y
así, lo primero que debe ser objeto de valoración en
relación con los documentos, sea del tipo que sea, es su
autenticidad y después si su contenido es veraz o no.
1.2 Valoración de los documentos públicos.
Según el art. 319.1 LEC, que recoge la generalidad de los
documentos públicos, respecto a la fuerza probatoria de los
documentos públicos, harán prueba plena del hecho, acto
o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa
documentación y de la identidad de los fedatarios y demás
personas que, en su caso, intervengan en ella.
Es decir, la autenticidad del documento público no necesita
ser probada. En todo caso, quien alegue su falsedad debe promover el
correspondiente procedimiento penal para conseguir que sea tenido por
tal y no produzca efectos probatorios2.
1.3 Valoración de los documentos privados.
A tenor de lo dispuesto en el art. 326.1 LEC, en lo referente a la
fuerza probatoria de los documentos privados, harán prueba
plena en el proceso, en los términos del artículo 319,
cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien
Es decir, que para el caso que la contraparte impugne la
autenticidad, corresponde a quien aporta el documento la prueba de la
autenticidad del mismo.
1.4 Instrumentos de filmación, grabación y
El art. 382.3 LEC establece como regla general, para este tipo de
pruebas que se valorarán según las reglas de la sana
crítica. Es decir, de un modo estricto, equipara ésta
valoración de prueba a una declaración de testigos,
porque ambas se valoran conforme a la sana crítica,
perteneciendo por tanto, al orden subjetivo del entendimiento del
Juez, de acuerdo a interpretaciones objetivas extraídas de las
"máximas de la experiencia" y de su propio
Al respecto hay que considerar, si ésta tipología de
medios de prueba, son documentales o deben ser consideradas como una
prueba autónoma, con la incidencia que ello tendría
sobre la valoración de la prueba.
La jurisprudencia más moderna, ha equiparado éste
tipo de pruebas conforme a las documentales, con la importancia que
ello tiene para la valoración de la prueba. Por ejemplo, la
Sentencia del TS de fecha 12 de junio de 1.999, catalogaba como
documental, dentro de la enumeración dada por el hoy derogado
art. 1.215 del C. Civil, las cintas magnéticas, videos y
cualquier otro medio de reproducción hablada, calificándola
de prueba documental asimilable a los documentos privados. El mismo
criterio seguía la SAP Madrid de 26 de diciembre de 2.000
admitiendo éste tipo de pruebas y conceptuándolas como
Pero ésta equiparación que la jurisprudencia
establecía entre éste tipo de pruebas y las
documentales, se producía en parte, porque la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, no sólo no contenía una
regulación propia de las pruebas contempladas en el art. 382 y
384 de la LEC de 2.000, sino que no venían reguladas en el
proceso. De éste modo, la doctrina consideraba que lo más
apropiado era valorarlos como si de un documento privado se tratara.
En otras ocasiones, el cauce que se utilizaba para introducir en el
proceso éste tipo de pruebas, era el del reconocimiento
Con la nueva LEC, la situación cambia, al tener éste
tipo de pruebas aquí comentados una regulación
específica y concretar su valoración en la sana
crítica. A pesar de ello, la doctrina sigue hablando de la
similitud entre estos medios e instrumentos con el documento
tradicional, y se plantean si analógicamente cabría
aplicar las reglas de valoración legal propias de la prueba
mediante documentos. Sin embargo, tal y como establece ILLESCAS RUS3
pese a la incuestionable similitud de éstas pruebas con los
documentos tradicionales, la identificación entre unos y otros
no es completa. A efectos de valoración, ni siquiera el
reconocimiento de los hechos fijados, representados o incorporados a
los medios o instrumentos examinados determina que hagan "prueba
plena" de los hechos a que se refieran, sino que la valoración
de esta prueba se somete a las reglas de la sana crítica.
Sin embargo, los tribunales del orden social, a pesar de reconocer
que éste tipo de pruebas tienen su propia regulación en
la nueva LEC, la introducen en el proceso como documental, y así
la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia núm. 145/2000
Málaga, Andalucía (Sala de lo Social), de 28 enero4
especifica que "...si bien en los arts. 299.2 y 382 recoge entre
los medios de prueba los instrumentos de filmación y grabación
de la palabra, el sonido y la imagen lo hace de modo autónomo
e independiente, sin incluirlo en los medios de prueba clásicos
y tradicionales enumerados y desarrollados en los arts. 299.1 y
siguientes del Texto Legal.
Sin embargo en la esfera penal el
artículo 26 del Código Penal (RCL
1995\3170 y RCL 1996\777) previene que «A los efectos de
este Código se considerará documento todo soporte
material que exprese o incorpore hechos o narraciones con eficacia
probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica».
Mientras la Jurisprudencia ha definido al documento como una
representación gráfica del pensamiento que se crea para
constituir una prueba y producir determinados efectos en el tráfico
jurídico. La Sala entiende que debe primar un concepto amplio
del documento, identificándolo con cualesquiera «Cosas
muebles aptas para la incorporación de señales
expresivas de un determinado significado» (Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1988 [RJ 1988\857]). El meritado concepto permite considerar como
documentos, a los fines de la prueba, la fotografía, el vídeo,
las cintas magnetofónicas y los disquetes de ordenador".
Por lo que respecta a su valoración en juicio, la Sentencia
Tribunal Supremo núm. 879/2002 (Sala de lo Civil), de 27
septiembre, (RJ 2002/7878), establece que las reproducciones
fotográficas de documentos, cuando se niegan de contrario,
necesitan la correspondiente adveración probatoria para que
surtan efecto, sin perjuicio de que su contenido lo tenga por
acreditado el Tribunal de Instancia por su valoración conjunta
de la prueba aportada en autos.
1.5 De los instrumentos que permitan archivar, conocer o
reproducir datos relevantes para el proceso. A este tipo de soportes hace referencia el art. 384 LEC,
concretamente en su apartado tercero que establece que se valorarán
"conforme a las reglas de la sana crítica aplicables a
aquellos según su naturaleza."
El problema estriba igualmente, en determinar si para el caso de
que éste tipo de soportes informáticos sustituya a un
documento tradicional, debería entonces acudirse a las reglas
de la valoración de documentos según sean públicos
o privados, no entrando entonces en juego el orden subjetivo de
entendimiento del Juez. SANCHIS CRESPO entiende que si no se aplica
para este tipo de documentos las reglas de valoración de los
documentos tradicionales, "se llega al absurdo de penalizar como
prueba libre la utilización de los avances informáticos,
premiando como prueba legal, el mantenimiento de las formas
Estas reglas de valoración para los tipos de prueba aquí
comentados, han sido criticados por la doctrina, en relación a
la parquedad del articulado. Otros en cambio, como DÍAZ
FUENTES lo defienden porque éste tipo de pruebas entraña
múltiples supuestos. Para empezar, en un documento informático
no hay diferencia entre la copia y el original, lo que impide que
pueda ser cotejado, y por tanto puede ser manipulado o alterado sin
dejar rastro, lo que es más difícil en el soporte
papel. En segundo lugar, éste tipo de pruebas mayoritariamente
deberán ir acompañados de otros medios de prueba como
periciales, interrogatorios, etc.
Lo que parece no caber duda desde el punto de vista doctrinal, es
que tanto las pruebas en soportes electrónicos (disquetes,
cd-rom, disco duro, etc), como en los instrumentos técnicos de
reproducción (películas,etc), estamos ante documentos
electrónicos, de contenidos informáticos y
audiovisuales, producido con el auxilio de los ordenadores.
Para ORMAZÁBAL SÁNCHEZ5
las normas de valoración legal de los documentos van referidas
a la determinación de su autenticidad, "de la
coincidencia entre el autor aparente y el real". La prueba
mediante instrumentos en cuanto semejante a la documental, sería
pacífico el traslado de las normas de valoración de
éstas a aquellas. La autenticidad de un texto informático
consistiría en la identidad entre quien se identifica o afirma
como autor y quien efectivamente lo redactó, igual que sucede
con los documentos tradicionales. Por tanto, mientras la otra parte
no impugne dicha identificación, tendría que tener por
coincidentes al autor real con el aparente.
Continúa éste autor explicando en su libro que el
legislador, debiera haber trasladado de forma expresa la norma de
valoración relativa a los documentos privados no impugnados
por inauténticos, a los medios e instrumentos, debido a la
similitud entre ambas pruebas. La gran similitud entre los
instrumentos y algunos medios, proporcionan una base más que
suficiente para concluir de éste modo.
Además, habría que añadir que la exposición
de motivos de la LEC, equipara los instrumentos de archivos con los
documentos al decir que "la utilización de nuevos
instrumentos probatorios, como soportes hoy no convencionales, de
datos cifras y cuentas, a los que, en definitiva haya de otorgarles
una consideración análoga a la de las pruebas
documentales". También como ya he comentado, el art. 812
de la LEC al regular los documentos mediante los cuales podemos
acceder al proceso monitorio recoge "cualquiera que sea su forma
y clase o el soporte físico en que se encuentre",
incluyéndose aquí los soportes informáticos. Es
decir, que la LEC hace una regulación fragmentaria, en
ocasiones, sobre éste tipo de instrumentos, al someterlos
sustancialmente a un régimen análogo al previsto para
Es decir, que aunque la LEC en ocasiones utilice un concepto de
documento amplio, en el que se incluirían estos medios
probatorios, termina haciendo una regulación legal propia de
los mismos, con su propia valoración, esto es la sana crítica,
como ya se ha comentado.
Respecto a la jurisdicción social, la STSJ de Madrid de
fecha 13 de marzo de 2.001 (BD El Derecho 2001/10191)6,
fue utilizado como prueba el correo electrónico enviado por un
alto cargo a un tal D.Victor, en el que manifestaba su decisión
irrevocable de renunciar a su trabajo, para determinar que no nos
encontrábamos ante un despido, sino ante una decisión
unilateral de cese por parte del trabajador. En éste caso la
empresa levantó acta notarial en la que se acredita que dentro
del listado de correos electrónicos del ordenador personal de
D. Victor, aparece el mensaje enviado por el alto directivo sobre
materia "resignation" y recibido en el citado ordenador en
una fecha determinada a una hora concreta, así como que el
correo electrónico era el medio habitual por el que la empresa
en su conjunto se comunicaba.
También recordar la Sentencia ya citada del TSJ núm.
145/2000 Málaga, Andalucía (Sala de lo Social), de 28
enero, en la que entendía que a pesar de que la LEC tiene su
propia regulación para este tipo de medios, introducía
en el proceso los disketes de ordenador como prueba documental.
1.6 Referencias a la Ley 24/2001, respecto a la modificación
que se introdujo en el art. 17 bis de la Ley del Notariado y su
incidencia en la valoración de la prueba. La Ley 24/2001, introdujo en su art.115 una modificación en
el art. 17 bis de la Ley del Notariado, que en cierta medida supuso
un antes y un después en la valoración de la prueba. El
artículo aquí citado establece que "los
instrumentos públicos ..., no perderán dicho carácter
por el sólo hecho de estar redactados en soporte electrónico
con la firma electrónica avanzada del notario7...".
En este sentido, Francisco Javier García Mas, Notario y
Letrado Adscrito de la Dirección General de los Registros y
del Notariado establece:
"La intervención del notario refuerza las garantías
del documento electrónico y, consiguientemente, sus efectos.
Con ello se pone de manifiesto, la distinción entre los
documentos privados con firma electrónica, en cualquiera de
sus modalidades, la simple y la avanzada, con la categoría del
concepto de documento público definido en los Códigos
Civiles de los Estados miembros del sistema
Romano-Latino-Continental. La categoría del documento público
notarial electrónico, únicamente existirá cuando
intervenga un sujeto especialmente facultado por el Estado para
autorizarlo, y no por supuesto, cuando cualquier entidad de
certificación emita un certificado reconocido, con firma
electrónica avanzada." (Breves comentarios a la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, en lo relativo a la incorporación de
técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas a la seguridad jurídica preventiva).8
Con ésta Ley se hizo necesario introducir la firma
electrónica, adoptándose las medidas oportunas para
impedir una merma en la seguridad jurídica, introduciendo los
requisitos máximos de seguridad cuando fueran los notarios y
registradores quienes emplearan esta firma; sometiendo a unas
especiales obligaciones de diligencia en materia de uso y de custodia
de los dispositivos de creación de la firma electrónica
a los citados profesionales, con el fin de fortalecer los principios
de confianza y seguridad en que debe basarse su actuación. Por
ello se introduce una sanción, por el incumplimiento de las
obligaciones de custodia y uso de la firma electrónica
avanzada del notario, y lo mismo para los registradores (art.313.A)
i) Ley 24/2001).
Continúa diciendo el art. 17 bis, que los documentos
públicos autorizados por Notario en soporte electrónico,
al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública
y su contenido se presume veraz e íntegro.
Al respecto sin embargo, el Notario GALO ALFONSO ORIA DE RUEDA Y
ELIA9, sobre la fe pública
notarial, basándose en que ésta se apoya en la
percepción sensorial del Notario y en el conocimiento que ésta
le proporciona sobre la realidad, circunstancias que están
unidas por un nexo físico exento de fisuras, critica la fe
pública que se puede dar de un soporte magnético, la
problemática que puede surgir, en cuanto que las declaraciones
de voluntad contenidas en un documento electrónico "no
son visibles ni cognoscibles directamente por el notario", sino
que lo hace a través de un monitor o impresora y lo que el
notario firmará será una "traducción
electrónica del mismo", y se plantea qué ocurrirá
cuando lo que aparezca en pantalla sea diferente de su traducción
por una impresora, o cuando se graben en un documento electrónico
unas modificaciones que después resulte que el ordenador por
lo que fuera no guardó, con las discrepancias que entonces
pueden surgir entre el notario y las partes acerca de lo que se
pactó.
También critica éste autor que éste art. 17
bis, señale "...con la firma electrónica avanzada
del notario y, en su caso, de los otorgantes o intervinientes...".
Para él parece ser que éste artículo da entrada
a que se otorgen documentos sin las firmas de las partes, tan solo
con la del notario; cuando la firma de las partes será una
garantía para todos; siendo además que el art. 23 de la
Ley del notariado dispone la nulidad del instrumento público
cuando en el mismo no aparezcan las firmas de las partes o testigos,
y en el mismo sentido se pronuncia el art. 26 de la citada ley
respecto a las adiciones, aportillas, raspaduras,
entrerrenglonaduras.
Particularmente me planteo como se irá incorporando estos
documentos electrónicos en el quehacer diario de los Notarios,
por ejemplo, en escrituras donde hay muchos temas a tratar y negociar
y que puede que el notario en un primer momento no haya recogido y
después en su lectura se esté continuamente
modificando, porque no fueron esos los acuerdos a los que se
llegaron. ¿qué ocurrirá si efectivamente en el
documento electrónico no se recogen esas modificaciones? ¿se
tendrán que firmar cada una de las modificaciones en el
documento electrónico?. Incluso éste último
autor que aquí cito, se plantea la necesidad de que no sólo
el Notario firme el documento electrónico, sino también
las partes intervinientes.
Termina diciendo este autor que
aunque la Ley habla de la misma fuerza probatoria, el documento
notarial de "hogaño", hay que tener presente que
entre el documento tradicional y el soporte magnético "hay
notabilísimas diferencias cualitativas y de grado en sus
naturalezas".
El art.17 bis hace referencia también a las copias
autorizadas de las matrices podrán expedirse y remitirse
electrónicamente, con firma electrónica avanzada, por
el notario autorizante de la matriz o por quien le sustituya
legalmente. Los destinatarios serán: notarios, registradores,
cualquier órgano de la administración pública o
jurisdiccional. Siempre en el ámbito de su respectiva
competencia y por razón de su oficio.
Las copias simples electrónicas pueden remitirse a
cualquier interesado cuando su identidad e interés legítimo
le conste fehacientemente al notario.
Si las copias se trasladan al papel, para que conserven la
autenticidad y garantía notarial, dicho traslado deberá
hacerlo el notario al que se le hubiera remitido y se entenderán
siempre expedidas por el notario autorizante del documento matriz,
aunque el traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese
enviado. Éste signará, firmará y rubricará
el documento haciendo constar su carácter y procedencia.
Los jueces podrán trasladar a soporte papel las copias
autorizadas electrónicas que hubiesen recibido a los solos
efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos.
Por último, se establece que hasta que los avances
tecnológicos hagan posible que la matriz u original del
documento notarial se autorice o intervenga y se conserve en soporte
electrónico, la regulación del documento público
electrónico contenida en el artículo, se entenderá
aplicable exclusivamente a las copias de las matrices de escrituras y
actas, y en su caso a la reproducción de las pólizas
Es decir, que en estos casos de documentos notariales efectuados
mediante soportes electrónicos, con la firma avanzada del
Notario, en virtud de lo aquí expuesto, estaríamos ante
un documento público, a pesar de que la LEC todavía lo
considere un documento de archivo y por tanto esta prueba sería
valorada no como las reglas de la "sana crítica" a
que hace referencia el art. 384.3 de la LEC, sino como prueba tasada
conforme al art. 319.1 del mismo cuerpo legal, para los documentos
Como señala MONTERO10, no
parece lógico que toda está reforma profunda sobre lo
que debemos considerar como documento, se haya hecho sin modificar la
LEC. De modo que, para que no se produzca una antinomia, deberemos de
interpretar en un sentido amplio el término documento público,
que incluya los documentos electrónicos11.
1.7 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico
y su incidencia en la valoración de la prueba.
La tendencia equiparadora entre instrumento de archivo-documento
continua imparable, y así el art. 24.2 de la LSSI establece respecto a la prueba de los contratos celebrados por vía
electrónica que "el soporte electrónico en que
conste un contrato celebrado por vía electrónica será
admisible en juicio como prueba documental" si bien, CLEMENTE
MEORO12 advierte entre la distinción
procesal entre la admisión en juicio de una prueba y su
valoración. Para éste autor hay que partir del "escaso
valor de persuasión" que hoy en día se le da a
este tipo de documentos electrónicos, y así, continúa
diciendo que el juzgador siempre será sensible al hecho de que
un archivo electrónico o digital simple, por ejemplo un correo
electrónico, "es fácilmente alterable, que su
manipulación es poco costosa y está al alcance de
cualquiera, y que dicha manipulación es, en la mayoría
de los casos, de imposible detección".
Para la doctrina mayoritaria, éste artículo no casa
muy bien con el precepto del 384 de la LEC, en cuanto que para éste
último el soporte es un instrumento de archivo y no un
documento. Por eso el CGPJ, al informar del Anteproyecto previo
apremió al legislador a especificar que "el soporte
escrito del contrato cuya existencia se pretende acreditar, que ha
sido celebrado por vía electrónica, tendrá la
consideración de documento a efectos de su incorporación
al proceso, con independencia de su posible impugnación, y
autentificación, en su caso, por la vía establecida en
el art. 326 de la LEC...".
Es decir, que la valoración que se hará en éste
tipo de contratos tampoco se acudirá al 384, sino a la
valoración de los documentos privados, en cuanto que en juicio
es admitido por vía de los documentos con la valoración
que de éstos se hace y no por el propio cauce que en un
principio la LEC introdujo para este tipo de documentos electrónicos
con su valoración propia.
Al respecto, LLANEZA GONZÁLEZ13,
establece que si se quiere probar la existencia de un contrato
celebrado electrónicamente, la mejor garantía de prueba
es que éste vaya firmado digitalmente, ya que en otro caso la
contraparte a través de un informe pericial puede afirmar la
imposibilidad de atribuir un contrato realizado a través de la
web a un determinado usuario, citándose como ejemplo los casos
en que se opera en la red a través de números robados
de DNI o el uso de tarjetas de crédito sin el consentimiento
Como expone esta autora no es habitual que en las transacciones
comerciales, se utilice la firma digital y que quizás ello
cambie cuando entre en funcionamiento el DNI digital. Mientras ello
no llegue, el art. 25 de la LSSI, establece en su párrafo
primero que las partes podrán pactar que un tercero archive
las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos
y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han
tenido lugar; aunque esto no suponga una fe pública
propiamente dicho. El tercero deberá archivar en soporte
informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por
vía telemática entre las partes por el tiempo
estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco
Esto mismo entienden también CLEMENTE MEORO y CAVANILLAS
MÚGICA14 en cuanto que la
firma electrónica y terceros de confianza, configuran el marco
ideal de la contratación electrónica; aunque no el
marco real, puesto que en la actualidad el comercio electrónico
se desarrolla en un porcentaje altísimo sin firma electrónica
ni terceros de confianza, con la dificultad por tanto que supondrá
la prueba del contenido del contrato: prestaciones ofrecidas,
garantías, condiciones generales, etc. De poco servirá
la impresión de la página web o el archivo electrónico
de las mismas, puesto que son fácilmente manipulables, por lo
que la prueba resultará extremadamente difícil,
teniendo que acudir las partes a la prueba de indicios, la
persistencia de la información de la página web en el
momento del pleito, la coincidencia no concertada de varios
destinatarios de servicios de de la sociedad de la información
en el contenido del contrato, etc.
1.8 La ley 59/2003 sobre firma electrónica y su
incidencia en la valoración de la prueba. Análisis
comparativo en cuanto a la valoración con el RDLey de 1999
sobre firma electrónica.
La Ley actual de Firma Electrónica, deroga el anterior
decreto sobre este mismo tema, aunque en su Disposición
transitoria primera, mantiene la validez de los certificados
electrónicos expedidos previamente a la entrada en vigor de la
La Exposición de Motivos, (en adelante EM), de la Ley
59/2003 sobre Firma Electrónica establece una serie de
premisas, que resultan muy interesantes respecto a la evolución
de lo que por documento y firma se entienden. También vienen a
paliar parte de la problemática que algunos autores plantean
respecto a la facilidad de la manipulación y autenticidad. De
este modo recoge una serie de enunciados que a mi juicio resultan muy
"La firma electrónica constituye un instrumento capaz
de permitir una comprobación de la procedencia y de la
integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de
telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si
se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas
electrónicas". Esto mismo viene recogido en el art. 3.2.
al decir que "La firma electrónica avanzada es la firma
electrónica que permite identificar al firmante y detectar
cualquier cambio ulterior de los datos firmados...". Es decir,
la nueva firma electrónica aporta a los documentos
electrónicos las cualidades de autenticidad, integridad y no
repudio. Por lo que los documentos firmados en esta forma, se podrá
detectar si fraudulentamente se han intentado manipular. El anterior
Real Decreto concretamente no recogía éstos datos en su
artículo tercero, sino que lo hacía en el art. 2.b) al
definir la firma electrónica avanzada. De acuerdo con la nueva Ley, ahora podríamos estar ante
tres tipos de firmas; la firma electrónica, la firma
electrónica avanzada; y la firma electrónica
reconocida; ésta última es la que está basada en
un certificado reconocido y creada por un dispositivo seguro (art.
3.3 de la Ley 59/2003).
Continúa la EM: "Los sujetos que hacen posible el
empleo de la firma electrónica son los denominados prestadores
de servicios de certificación. Para ello expiden certificados
electrónicos, que son documentos electrónicos". El
apartado 4º de ésta Ley, a diferencia del real decreto,
conceptúa de un modo amplio lo que son documentos
electrónicos, al decir los redactados "en soporte
electrónico que incorpore datos que estén firmados
electrónicamente", sin especificar qué modalidad
Por su parte, el art. 3.4 de ésta Ley, establece que "la
firma electrónica reconocida tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la
firma manuscrita en relación con los consignados en papel."
Sin embargo, el artículo aquí citado en su apartado
noveno establece que "No se negarán efectos jurídicos
a una firma electrónica que no reúna los requisitos de
firma electrónica reconocida en relación a los datos a
los que esté asociada por el mero hecho de presentarse en
forma electrónica".
Es decir, conforme se redacta en la EM, "no basta con la
firma electrónica avanzada para la equiparación con la
firma manuscrita; es preciso que la firma electrónica avanzada
esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada
por un dispositivo seguro de creación". El mismo sentir
se recogía en el antiguo art. 3 del Rd Ley 14/1999.
Los certificados reconocidos son según la EM "una
clase particular de certificados electrónicos denominados
certificados reconocidos, que son los certificados electrónicos
que se han expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se
refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobación
de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías de
la actividad de certificación electrónica".
También se regulan las garantías que deben cumplir los
dispositivos de creación de firma, para ser considerados
Pero la nueva Ley va más lejos que el anterior R.Dto
14/1999, en cuanto que expresamente en su mencionado art.3, en su
apartado sexto, establece que el documento electrónico será
soporte de documentos públicos y privados.
Y en su apartado séptimo continúa diciendo que "los
documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el
valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva
naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte
aplicable.". Esto también supone una notable diferencia
con el R.Dto 14/1999, que más adelante comento. Y, por lo que más nos interesa al tema aquí
estudiado, en el apartado octavo, dice "el soporte en que se
hallen los datos firmados electrónicamente será
admisible como prueba documental en juicio", sin hacer
referencia a si deben ser tratados como documentos públicos o
privados, ni si se trata de una firma electrónica avanzada o
reconocida. Esto también supone un paso más respecto al
Rdto-Ley 14/1999, en cuanto que concreta que será admitido
como prueba documental, por lo que a mi entender está claro
que ya no se acudirá a valorarse conforme a las reglas de la
sana crítica, sino a la valoración que para ello recoge
respecto a los documentos, según sea pública o privada,
la LEC. Esto mismo se recoge también en la EM al decir
"...siguiendo la pauta marcada por la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (en adelante
LSSI), se incluye dentro de la modalidad de prueba documental el
soporte en el que figuran los datos firmados electrónicamente,
dando mayor seguridad jurídica al empleo de la firma
electrónica al someterla a las reglas de eficacia en juicio de
la prueba documental".
Por lo tanto, parece ser que hoy por hoy, para un documento
electrónico en el que conste una firma electrónica,
porque el artículo tres no especifica más, los datos
contenidos en éste tipo de soportes y presentados en juicio
como prueba, no deberá acudirse a la sana crítica
recogida en el art. 384 de la LEC, sino a valorarlos y tratarlos como
prueba documental pública o privada, según se trate, y
no prueba autónoma, con la incidencia en la valoración
de ésta que ello supone, entre otras cosas porque al art. 326
dentro del título de la fuerza probatoria de los documentos
privados, incluye en su apartado tercero y como novedad introducida
por la Ley 59/2003, la impugnación de los documentos
electrónicos emitidos conforme a ésta ley.
Sobre éste tema se plantea DÍAZ FUENTES15
si esta disparidad de criterios entre ambas leyes es "¿sólo
incoherencia o rotunda antinomia?". Y este autor critica el
postulado que acabo de afirmar, porque decir que sólo los
documentos electrónicos que incorporen firma electrónica
sean los que hagan prueba plena, es "una ideación
arbitraria en socorro del legislador", en el sentido de que los
arts. 382 y 284 de la LEC, no hacen referencia firmas electrónicas
y porque "las normas procesales no incluyen criterios de
apreciación alguna sobre las firmas, sino de las pruebas",
y porque la referencia a que el propio art. 3 (del entonces Dto-Ley,
ahora derogado); decía, para "que sea admisible como
prueba en juicio, para su valoración según las normas
procesales", no hace referencia a la firma, sino a las del
documento privado. Aunque ahora como ya he dicho se especifica que
serán admitidas como prueba documental en juicio, y respecto
al valor y eficacia que de estos documentos se hace, la ley ya no
dice conforme a las normas procesales, en clara referencia a la LEC,
sino que remite a la legislación que le resulte aplicable. Y
esto es así, a mi juicio, porque desde la entrada en vigor de
la LEC, han entrado en vigor otras leyes que han ido modificando y
dejando poco a poco sin contenido la valoración de los art.
382 y 384, al introducir estas leyes temáticas en las que
aparecen soportes electrónicos sustitutivos de documentos
tradicionales, a los que otorgan su propia validez, en vista de lo
dispuesto en los artículos aquí mencionados. Además
esta clara referencia a la legislación aplicable y no a las
normas procesales, también supone un paso más a favor
de la valoración de éste tipo de soportes como pruebas
documentales y no según la sana crítica "conforme
a las normas procesales", ya que antes de la entrada en vigor de
ésta ley y de la Ley 24/2001 ya comentada, la diferencia entre
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
y la manuscrita, suponía una equiparación sustantiva de
ambas, pero no equiparación procesal, ya que para nuestro
ordenamiento jurídico las dos eran valoradas conforme el 384.3
de la LEC16.
En resumen, en el momento actual pueden afirmarse las palabras de
MONTERO NAVARRETE17, que antes de la
promulgación de la Ley 24/2001 decía que si el
documento estaba firmado electrónicamente, salvo por
impugnación de la parte perjudicada, hacía prueba plena
al igual que los documentos privados, mientras que si no aparecía
firmado por medios electrónicos habría de ser valorado
por las reglas de la sana crítica. Aunque esto, también
podría ser matizado puesto que no todo documento electrónico
irá signado electrónicamente, por ejemplo, los asientos
de contabilidad, registros y libros de comerciantes, aún
cuando deben estar sujetos a ciertas prescripciones legales, pueden
no ir firmados electrónicamente.
2. Concurrencia de pruebas.
Este tipo de pruebas comentadas en éste trabajo, irán
normalmente auxiliadas por otro tipo de pruebas, como la pericial,
interrogatorio de las partes y la testifical, tal y como propone
ORMAZÁBAL SÁNCHEZ18.
De facto, el propio art. 382.2 establece que "la parte...podrá
aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que
considere convenientes. También las otras partes podrán
aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la
autenticidad y exactitud de lo reproducido". El momento procesal
oportuno en que la parte debe aportar esos dictámenes y medios
de prueba instrumentales, es en el momento en que se proponga el
medio, esto es, para el caso del juicio ordinario en la audiencia
En el mismo sentido se pronuncia el art. 352 de la LEC en cuanto
que "cuando sea necesario o conveniente para conocer el
contenido o sentido de una prueba o para proceder a su más
acertada valoración, podrán las partes aportar o
proponer dictámenes periciales sobre otros medios de prueba
admitidos por el tribunal al amparo de lo previsto en los apartados 2
y 3 del artículo 299"
El interrogatorio de la contraparte se practicaría en el
mismo acto de reproducción de las imágenes o del
sonido, con el fin de que éste litigante se pronuncie sobre la
autenticidad de las manifestaciones que se le atribuyen y aparecen
grabadas en una cinta magnetofónica o sobre la coincidencia
con la realidad de unas imágenes grabadas en video.
Cabría también proponer prueba testifical, con el
objeto de que un testigo presencial declare si vio las imágenes
que aparecen filmadas o si reconoce a alguien en el video o si
reconoce la voz de una grabación19.
También como recoge SANCHIS CRESPO20,
también pueden actuar como pruebas instrumentales la
documental pública y cita la SAP Barcelona, Sec.1ª, de 1
de octubre de 1.997 (BD El Derecho 1997/11080), en la que se discutía
la resolución de un contrato de mantenimiento informático
por no cumplir la empresa demandada adecuadamente el contrato. En la
valoración, la Sala consideró probados los hechos
alegados por la apelante, teniendo en cuenta la cinta contenido de
los programas y depositada ante notario, una auditoria y la
Sin embargo, la Sentencia del TS de 8 de marzo de 2.002 (RJ
2002\2425)21, donde se incorporaban
unas fotografías realizadas ante notario para demostrar como
quedó una obra realizada por una empresa constructora e
incorporada a los autos mediante acta notarial; no fue valorarada
estrictamente como documento público propiamente, en cuanto
que conforme al art.1.218 del CC "...solo nos acredita que la
fedataria fue requerida y que levantó un acta en tal
fecha...el documento público da fe del hecho y de la fecha, es
decir, de lo comprendido en la unidad de acto, no su verdad
intrínseca, de lo que no puede darle fe el notario...en todo
caso, el contenido de éste documento ha de relacionarse con el
resto de la prueba".
También la prueba pericial puede ser utilizada, tal y como
comenta la autora aquí citada, para "reforzar al medio o
al instrumento, como para impugnar la autenticidad o exactitud de la
información que contenga". Mención especial
merece, la STS de 11 de abril de 2.000 (RJ 1825), del fracaso de la
prueba pericial para autenticar unos disquetes, por no haber aportado
el programa para su lectura.
Así, se cita la SAP de Castellón, de 18 de octubre
de 1.999 (BD El Derecho 1999/57725), en la que el perito dice que "el
sistema de adeudos domiciliados en soporte informático puede
acarrear cargos no deseados en la cuenta de los clientes". La
Sala declaraba el incumplimiento de la entidad apelada de las
obligaciones asumidas en virtud de un contrato de cuenta corriente
bancario suscrito entre ambas partes, pues de lo actuado se evidencia
que en el caso debatido el recurrido atendió dos efectos no
autorizados por su cliente.
Retomando el tema de la valoración de la prueba, ésta
como dice URBANO CASTRILLO22, "tiene
que guardar un exquisito respeto a las reglas y principios
científicos, de la rama o disciplina a que se refiera el
concreto medio probatorio: ya sea arquitectura, electrónica.
etc." Y si el Juez desconoce la materia o como interpretar
ciertos informes o documentos electrónicos, deberá
hacer uso de la pericial correspondiente.
En resumen, las pruebas comentadas en el art. 382 y 384 de la LEC,
serán valoradas conjuntamente con éstos medios de
prueba aquí alegados; si éstos resulta que no pueden
ser cotejados con su original y por tanto carecen de fuerza
probatoria, valorando conjuntamente las pruebas, podrá
otorgárseles el valor probatorio oportuno.
3. La impugnación de la prueba.
El art. 283.3 de la LEC, establece que nunca se admitirán
como pruebas cualquier actividad prohibida por la Ley, regulando la
ilicitud de la prueba el art. 287, en cuanto que la parte que
entienda que en la obtención o en el origen de la prueba
admitida se vulnera algún derecho fundamental, deberá
alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás
partes. Es decir en el juicio ordinario, se alegaría en la
audiencia previa tras ser admitidas las pruebas, y el tribunal
resolvería en el acto del juicio antes de proceder a la
práctica; mientras que en el proceso verbal, las partes deben
ponerlo de manifiesto al comienzo de la vista, antes de comenzar la
práctica de las pruebas, resolviendo el Juez en ese
Esta cuestión, también podrá ser
suscitada de oficio por el Juez. A tal efecto, se practicarán las pruebas pertinentes y
útiles que las partes propongan sobre éste extremo.
Sobre la resolución que adopte el juez cabrá recurso de
reposición que se interpondrá, sustanciará y
resolverá en el mismo acto de la vista o del juicio, quedando
a salvo el derecho de las partes a reproducir su petición en
Si bien, como dice SANCHIS CRESPO23,
a pesar de haberse producido una mejoría sensible desde el
punto de vista legal, en la nueva Ley de enjuiciamiento Civil, en
cuanto que la prueba se declaraba ilícita una vez se había
practicado la misma, a pesar de ello, "existirán
supuestos en los que la única manera de demostrar la ilicitud
en la obtención de la fuente sea examinándola",
con los perjuicios que ello puede acarrear para la contraparte.
Pero como señala PICO I JUNOY24,
la Ley no resuelve algunos problemas procedimentales que en la
práctica pudieran darse. Por ejemplo, no dice que destino se
le da a la prueba declarada ilícita. Si se debe proceder a su
destrucción, si se devuelve el material a la parte cuya prueba
fue declarada ilícita o si la conserva el tribunal. Según
éste autor, las dos primeras soluciones tienen sus
inconvenientes por los siguientes motivos:
Si se destruye la prueba declarada ilícita, y la parte
que la propuso impugna la decisión del juez al respecto, el
tribunal ad quem no podrá tener acceso de un
modo directo a la prueba declarada ilícita. Además de
la problemática que surgiría si el tribunal revocara
lo acordado por el juez y admitiera la prueba.
Si se devuelve la prueba declarada ilícita a la parte
que la propuso, difícilmente podría después
enjuiciarse sobre la responsabilidad derivada de la infracción
de un derecho fundamental, pues es muy probable que dicha prueba
desapareciese.
Por todo ello, la solución a la que llega el autor es que
la Ley debería haber previsto para estos casos, la indicación
de que el juez ad cautelam pusiera a disposición
del secretario judicial la prueba con el fin de que éste la
Incidencia de la impugnación de la prueba para el caso
del art. 382.
En concreto y para el caso de aquellas cintas magnetofónicas
obtenidas vulnerando los derechos fundamentales, bien mediante la
captación dolosa de lo manifestado, bien contra la voluntad
del interceptado o sin su conocimiento; podrían ser
consideradas ilícitas conforme al artículo 287, en
cuanto se estaría creando una fuente de prueba.
Como ejemplo de ello, la SAP Toledo de 15 de febrero de 1.993 (BD
El Derecho 1993/12684), reputaba que las cintas magnetofónicas
aportadas por el demandante en las que grababa una conversación
del demandado con un tercero, como una prueba ilícitamente
obtenida, con directa vulneración del derecho fundamental al
secreto de las comunicaciones, (art.18.3 CE) y del derecho a la
intimidad protegido (art.18.1 CE), como manifestación del
derecho al libre desarrollo de la personalidad (art.10.1 CE), y por
ello de valoración prohibida para el tribunal. Termina el
Tribunal declarando no sólo ilícita la grabación
y la cinta, sino también el contenido de la misma, ya que
también estaría viciada por el efecto reflejo o
indirecto de la prohibición. Es decir, nula conforme al art.
11.1 de la LOPJ, al haber sido obtenidas, directa o indirectamente,
violando los derechos o libertades fundamentales.
Sin embargo, a otra solución llega la Sentencia de la AP
de Barcelona de 20 de julio de 1998, en cuanto que aquí las
conversaciones grabadas lo eran entre ambos litigantes, y por tanto
"no hay secreto para aquél a quien la comunicación
se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el
art.18.3", salvo que la utilización de esa conversación
lo sea "ad extra", con fines publicitarios, comerciales o
análogos. Por lo que la prueba era lícita y adecuada.
Respecto a los videos, la Sentencia de la AP de Córdoba de
fecha 25 de mayo de 2.002 (BD. Aranzadi AC 2002/1000), en unos autos
sobre modificación de medidas acordadas en divorcio, se
estimó en parte la demanda de primera instancia en cuanto que
se declaraba extinguido el derecho a percibir una pensión de
alimentos por parte de un hijo habido del matrimonio anterior; dicha
sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes. En
segunda instancia y en el acto de la vista, la parte apelante
practicó prueba consistente en un video y pericial. Sin
embargo la apelada al emitir su informe, impugnó parte de la
misma -la videográfica y pericial-, tachándolas de
nulas por entender que se habían obtenido en violación
de derechos fundamentales. Así las cosas, el tribunal
comienza diciendo que no debía entenderse que se había
producido un ataque contra la inviolabilidad del domicilio, porque
las grabaciones se habían hecho desde fuera del recinto de la
finca; para terminar declarando la nulidad de las cintas
audiovisuales y la prueba auxiliar consistente en la pericial que a
las mismas acompañaba, en base a que el investigador "...sin
autorización de sus moradores ni de la autoridad judicial
competente, montó el dispositivo que tuvo por conveniente,
escogiendo un lugar, buscado de propósito, fuera y un tanto
alejado de la citada finca, con altitud y visibilidad adecuadas
para, sin impedimentos ni obstáculos poder filmar a placer, a
las horas que tuvo a bien, con cámara de vídeo, toda
actividad que se realizara dentro del recinto de la misma, hasta
obtener el reportaje de referencia. Tal actividad constituye a
juicio de esta Sala, sin duda alguna, un verdadero ataque al derecho
fundamental a la intimidad, reconocido por el art. 18 de la
Constitución, y, desarrollado por la Ley Orgánica
1/1982 de 5 de mayo, concretamente en su art. 7, apartados 1 al 5,
facultad ésta cuyo objeto de protección es la vida
privada, personal, individual y familiar, el ámbito reservado
a ese bien en concreto, sustraído, salvo supuestos
excepcionales, que no son del caso, a cualquier tipo de publicidad
con carácter «erga omnes», lo que está
reconocido por numerosas sentencias del Tribunal Constitucional...".
del art. 384 LEC.
Como señala SANCHIS CRESPO25,
en este tema se plantea cómo pueden quedar configurados los
derechos fundamentales en relación con las nuevas
tecnologías. Es decir, que ocurriría por ejemplo, si
un compañero de empresa, sin el consentimiento de su otro
compañero, accediese a información confidencial para
éste último, que el mismo tuviera en su ordenador de
empresa, burlando la protección que el trabajador tuviera en
su ordenador para impedir que cualquiera pueda entrar en el mismo.
¿Existe un derecho fundamental que proteja ese modo de
obtener la fuente? Según una de las Conclusiones de la
Comisión de Internet del Senado (diciembre de 1.999), "el
art. 18.2 debería entenderse completado con una redacción
análoga para el caso de entradas y registros en los
ordenadores, de modo que se declarara la inviolabilidad del
ordenador personal y del domicilio electrónico..."
Sin embargo, en el ámbito del derecho de trabajo, se han
despedido a trabajadores por hacer un uso indiscriminado y abusivo
del correo electrónico en horas de trabajo, enviando y
recibiendo correos de índole no profesional; diferenciando
entre la apertura del correo, que no está permitido cuando el
empresario no es a quién los mensajes van dirigidos, del
análisis de los destinatarios, que sí lo está.
Es decir, que parece ser que en estos casos la jurisdicción
social sí que entiende que puede haber una vulneración
del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a la
Para RUBIO DE MEDINA26 podría
despedirse a un trabajador alegando un uso abusivo e indiscriminado
del correo electrónico, sin vulnerar los derechos aquí
comentados siempre que, el trabajador conozca que la empresa
controla los correos electrónicos, que ésta no conozca
los contenidos de esos mensajes de los que no es la destinataria, y
que las pruebas se extraigan del ordenador del trabajador, siguiendo
las garantías del art. 18 del ET o a través de copias
La STSJ de Andalucía, (Málaga), de fecha 25 de
febrero de 2.000, consideró que el registro de la terminal
del ordenador del trabajador supuso una violación del derecho
a la intimidad de éste, garantizado en el plano estrictamente
laboral en el art. 4.2 e) del ET y con carácter general en el
art. 10 de la CE., al recoger el Tribunal que " ...la
posibilidad de efectuar registros en las terminales de ordenador de
los trabajadores no es un derecho absoluto e incondicionado de la
empresa, pues el art. 18 del ET, precepto al amparo del cual la
demandada efectuó el registro, lo condiciona a que ello sea
necesario para la protección del patrimonio empresarial y del
de los demás trabajadores de la empresa, cosa que la
demandada ni siquiera ha alegado en el supuesto de autos, pues de un
somero examen del acta de registro se desprende que la empresa ni
siquiera adujo causa o motivo alguno para la realización del
registro en cuestión...". Por lo que, interpretando a
sensu contrario la mencionada sentencia, si la empresa tiene un
motivo justificado y necesario para la protección del
patrimonio empresarial, lo alega en juicio, y lo demuestra, sí
que podría proceder al registro del ordenador del trabajador,
por ejemplo, porque la empresa tuviera motivos fundados para creer
que el trabajador está haciendo una competencia desleal a la
La reciente Ley 59/2003, modifica añade un nuevo apartado,
el tercero, al
artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto
a la fuerza probatoria de los documentos privados con el siguiente
tenor: "Cuando la parte a quien interese la eficacia de un
documento electrónico lo pida o se impugne su autenticidad,
se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo
3 de la Ley de Firma Electrónica."
También el art. 3.8 de la Ley 59/2003 recoge la
impugnación de los documentos electrónicos, según
se trate de firma electrónica avanzada o reconocida; y así
se establece "si se impugna la autenticidad de la firma
electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos
incorporados al documento electrónico, se estará a lo
establecido en el apartado
2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil",
que versa sobre la proposición de prueba útil y
pertinente para impugnar el documento. Es decir aplica la normativa
de los documentos privados impugnados. Pero respecto de la firma
electrónica reconocida, el propio artículo regula su
impugnación al decir "...se procederá a comprobar
que por el prestador de servicios de certificación, ..., se
cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la
garantía de los servicios que presta en la comprobación
de la eficacia de la firma electrónica, y en especial, las
obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso así
como la autenticidad, conservación e integridad de la
información generada y la identidad de los firmantes".
Para determinar posibles manipulaciones o montajes de tipo
técnico, la parte a quién perjudique podría
acudir a la pericial judicial para determinar si existen
manipulaciones en la prueba tecnológica.
En el caso de los medios audiovisuales de prueba hay que
diferenciar según recojan sólo palabras o también
Si recogen sólo palabras y la contraparte reconoce su voz
en el interrogatorio de testigos, la prueba quedaría
adverada. Pero el problema vendrá cuando no se produzca éste
reconocimiento. MONTÓN27
propone para estos casos lo siguiente: el Juez escucharía la
cinta grabada, y haría que la persona de quien supuestamente
es esa voz repita ciertas frases que la cinta recoge, y se grabarían
a ser posible en el mismo aparato en el que se grabó la
cinta, y utilizando una cinta de similares características.
En la práctica de esta prueba sería aconsejable que
acudieran testigos que puedan manifestar que la modulación de
la voz de quién se está grabando, es la que suele
emplear normalmente. El objeto de la pericia lo constituiría
la comparación entre ambas cintas. Las personas capacitadas
para llevar a cabo tal peritación serían foniatras,
profesores de lingüística, músicos o centros
A mi modo de ver, ésta manera de tratar de autentificar la
cinta, me parece un poco forzada. Primero, porque a menos que-
presentemos testigos nuestros, los de la contraparte van a
testificar que no logran ver la similitud de las voces, segundo,
porque no vamos a conseguir el aparato original donde se grabó
la voz, ya que lo tiene la contraparte y es probable que el mismo
"se haya destruido" o ya no se encuentre en su poder, por
razones varias y tercero, porque me parece una prueba costosa
económicamente, que depende de la cantidad económica
que esté en juego, el que merezca la pena practicarla o no.
En resumen, habrá que estar al caso concreto.
Respecto a los medios audiovisuales, SERRA DOMÍNGUEZ28,
afirma que es difícil su verificación. Si el hecho de
probar no se ha modificado en el tiempo, podrá verse la
semejanza entre el fotograma y la realidad, mediante el
reconocimiento judicial, cuando de lo que se trate sea de probar
hechos o estado de cosas. Pero si se modificó mediante la
pericial deberá demostrarse la antigüedad de la cinta y
fotografía, así como la inexistencia de
manipulaciones. Aunque considero que esto será para cuando la
otra parte niegue los hechos reflejados en la cinta o que la misma
se ha manipulado.
Si lo que se trata de probar son manifestaciones de voluntad, o
actividades de personas (p.e: la cámara de un banco, o la
cámara de video de un particular que graba alguna relación
extraconyugal), si nos interesa la prueba respecto a una fecha
concreta, y ésta en la cinta es manipulable, será
necesaria la prueba pericial, para fijar en el tiempo lo
Para SANCHIS CRESPO29,
si los medios audiovisuales están digitalizados, el problema
de verificación podrá ser el mismo para estos
instrumentos. Si se quiere verificar una copia con su original, será
necesario tener éste último. Pero como ya he apuntado
es difícil diferenciar en este tipo de soportes entre el
original y la copia.
Aunque la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, supuso un avance al
introducir éstos medios de prueba en el proceso, quizás
supuso un paso atrás respecto a la valoración de los
mismos, en cuanto que hasta la entrada en vigor de la nueva LEC se
venían introduciendo en el proceso como documentales, al
entrar dentro de la enumeración del hoy derogado art. 1.215
del C.Civil, aunque luego propiamente no fueran valoradas como tales.
Sin embargo, debido a los avances informáticos que resultan
imparables se han ido publicando nuevas leyes temáticas que
dan su propia valoración a éste tipo de instrumentos y
que claramente, no es que las equiparen con las documentales, sino
que directamente dicen que esos soportes electrónicos son
documentos electrónicos. Por tanto, cada vez más se va
vaciando el contenido en su valoración de los artículos
382 y 384 de la LEC, sobre todo tras la publicación de la Ley 59/2003; en espera por parte de la doctrina de que se produzca una
modificación en la actual LEC, que recoja todas estas
modificaciones y avances con el fin de evitar la antinomia que
actualmente se produce.
Rocío Mora Díaz.
1 SERRA DOMÍNGUEZ, M., en
"prueba documental". Nueva Enciclopedia
Jurídica Seix.
2 Acción penal por falsedad
3 ILLESCAS RUS, ÁNGEL V. "La
prueba en la nueva LEC y su repercusión en los procesos del
automóvil". Congreso Constituyente de la Asociación
Española de Abogados especializados en responsabilidad civil y
seguro. Ponencia 160. Consideración 185.
4 Se encuentra en el anexo adjunto.
5 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ,
G., "La prueba documental y los medios e instrumentos
idóneos para reproducir imágenes y sonidos o archivar y
conocer datos". Ed. La Ley. 2000. p.203.
6 Se encuentra en el anexo adjunto
7 La Ley 59/2003 no ha modificado
éste artículo sobre si la firma ahora debe ser
reconocida y no sólo avanzada.
8 Lo subrayado es mío.
9 GALO ALFONSO ORIA DE RUEDA Y ELIA
"El solo hecho del nuevo soporte (del instrumento soportado
electrónicamente)". Año XXIII. Número 5589.
Miércoles 17 de julio de 2.002.
10 MONTERO AROCA, J., La
prueba en el proceso civil. Madrid 2002. p. 376
11 SANCHIS CRESPO, C., La
prueba por medios audiovisuales e instrumentos de archivo en la LEC
1/2000, Tirant lo Blanch 2.002. p.185
12 CLEMENTE MEORO, M., CAVANILLAS
MÚGICA, S., Responsabilidad civil y contratos en
internet. Su regulación en la LSSI. Ed. Comares 2003.
Granada. p. 178.
13 LLANEZA GONZÁLEZ, P.,
Aplicación práctica de la LSSI-CE. Ley 34/2002,
y comercio electrónico. Ed. Bosch, Barcelona 2003.
14 CLEMENTE MEORO, M., CAVANILLAS
MÚGICA, S. en op. cit. P. 179.
15 DÍAZ FUENTES, A.:
La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento civil. Tratamiento y
práctica. Ed. BOSCH. 2ª edición 2.004.
p.363.
16 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ,
G., en op.cit. p.227.
17 MONTERO NAVARRETE, M.A.,
La prueba documental. Estudio histórico-jurídico y
dogmático, Madrid 2001, p.401.
18 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ,
conocer datos" La Ley, 2000 pp.189 y 190.
19 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ,
G., en op.cit. p. 188
20 SANCHIS CRESPO, CAROLINA. en
op.cit. La prueba por medios audiovisuales..., pp.156 y
21 Se adjunta en el Anexo.
22 URBANO CASTRILLO E., MAGRO
SERVET. La prueba tecnológica en la LECiv. P. 60.
23 SANCHIS CRESPO, CAROLINA. En
Op.cit., pp. 29 y 30.
24 PICÓ I JUNOY,J., "La
Prueba en la nueva Ley de enjuiciamiento Civil", en
Iuris, núm. 36, febrero de 2.000, pp. 39 y 40.
25 SANCHIS CRESPO, CAROLINA.
Op.cit. pp. 30,31.
26 RUBIO DE MEDINA, Mª
DOLORES, El despido por utilización personal del correo
electrónico. Ed. Bosch, Barcelona 2.003. p.17
27 MONTÓN REDONDO, A.,
Los nuevos medios de prueba y la posibilidad de su uso en el proceso.
Salamanca, 1.977, pp.155 y 156.
28 SERRA DOMÍNGUEZ, M.
29 SANCHIS CRESPO, C., op.cit.
Barona Vilar, S. (Coordinadora) Tutela de los consumidores y usuarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2�ed. Tirant lo Blanch 2003.
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