Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43560697
Timestamp: 2020-07-13 02:51:01
Document Index: 103449442

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 186', 'Artículo 125', 'artículo 46', 'artículo 53', 'artículo 125', 'artículo 177', 'artículo 175', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 1', 'Artículo 276', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 28']

Sentencia de Constitucionalidad nº 210/97 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560697
Sentencia de Constitucionalidad nº 210/97 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 1997
Fecha de Resolución: 24 de Abril de 1997
Ley 115/94. Arts. 125 y 186. Ley de educacion. Acoso sexual. Estudio gratuito en centros educativos estatales. Inhbitoria. Inexeq.
Sentencia citada en: 29 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
Demandante: M.P.A.R..
La ciudadana M.P.A.R., en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 125 y 186 de la ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación".
Por auto del 10 de octubre de 1996, el Magistrado sustanciador, doctor J.A.M., admitió la demanda, ordenó la fijación del negocio en lista, y dispuso el envío de copia de la demanda al señor P. de la República, al del Congreso de la República. Igualmente, dio traslado de la demanda al señor P. General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor.
Cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 2067 de 1991, y recibido el concepto del P. General de la Nación, entra la Corte a decidir.
A.N. acusadas.
C.C. delP..
En oficio No. 1153, de noviembre 27 de 1996, el señor P. General de la Nación (E), pidió declarar exequibles las normas demandadas. Las razones se pueden resumir así:
Por consiguiente, a pesar de las lacónicas razones expresadas por la demandante sobre la forma como el artículo 125 vulnera los artículos 16 y 18 de la Constitución, el P. señala que estos derechos no son absolutos. Además, la conducta de acoso sexual por parte de un docente, no puede circunscribirse a la perspectiva simplista de tratarse de un asunto que tiene que ver sólo con el libre albedrío o la intimidad del propio docente. Por el contrario, este tema afecta todo el entorno, más tratándose de quien ostenta la condición de educador.
2o.- En relación con el privilegio consagrado en el artículo 186, sobre el ingreso y estudio gratuito para los hijos de algunos los servidores estatales, el P. hace las siguientes precisiones.
El P. distingue la situación de los hijos del personal de educadores, administrativo y directivo, y la situación de los hijos de miembros de la fuerza pública, muertos en cumplimiento de sus actividades. En relación con éstos últimos, considera indudable el derecho al trato preferencial.
Artículo 125.- Acoso sexual. Se adiciona a las causales de mala conducta establecidas en el artículo 46 del decreto 2277 de 1979, el acoso sexual y, en consecuencia, a quien incurra en ella se le aplicará lo previsto en el artículo 53 del mencionado decreto y la sanción definitiva de exclusión del escalafón, de conformidad con el estatuto docente.
La demandante estima que la causal de falta disciplinaria para el personal docente, contenida en el artículo 125 de la ley 115 de 1994, quedó derogada con la expedición de la ley 200 de 1995, Código Único Disciplinario. En el mismo sentido se pronunció el señor P., pero considera que por estar produciendo efectos jurídicos, la Corte debe referirse al fondo del asunto.
"Esta finalidad unificadora del CDU explica que el artículo 177 del mismo establezca que sus normas se aplican a "todos los servidores públicos sin excepción alguna y derogan las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, Departamental, Distrital, M., o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código." En efecto, si el Legislador pretendía por medio del CDU unificar el derecho disciplinario, es perfectamente razonable que sus artículos se apliquen a todos los servidores públicos y deroguen los regímenes especiales, como es obvio, con las excepciones establecidas por la propia Constitución. Tal es el caso de aquellos altos dignatarios que tienen fuero disciplinario autónomo, pues sólo pueden ser investigados por la Cámara de Representantes (CP art. 178) o de los miembros de la Fuerza Pública, pues en este caso la propia Carta establece que ellos están sujetos a un régimen disciplinario especial (CP arts 217 y 218), debido a las particularidades de la función que ejercen. En relación con los funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero, esta Corporación ya ha establecido que no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, siempre y cuando "dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura" (Corte Constitucional, sentencia C-280 de 1996. Magistrado ponente, doctor A.M.C..
"La interpretación de la Corte acerca de que el CDU se aplica a todos los servidores públicos, con excepción de los miembros de la fuerza pública, no implica que para las diferentes ramas y órganos del Estado no se puedan dictar normas disciplinarias propias, conforme a la naturaleza especial de sus funciones. La ley 200 de 1995 sirve como marco general del régimen disciplinario, pero se pueden crear normas disciplinarias específicas, de acuerdo con las peculiaridades de las ramas del poder público y de las funciones de cada órgano. De hecho, la Ley Estatutaria de la Justicia en los artículos 150 a 154, contiene importantes disposiciones aplicables a los funcionarios judiciales. En punto a inhabilidades, incompatibilidades, derechos, deberes y prohibiciones". (Corte Constitucional, sentencia SU-637 de 1996, Magistrado ponente, doctor E.C.M..
"El punto que aquí se discute ha sido analizado por esta Corporación en múltiples ocasiones, y en ellas se ha dejado claramente definida la competencia preferente o prevalente de la Procuraduría General de la Nación para investigar la conducta oficial de todos los funcionarios y empleados al servicio del Estado, cualquiera que sea la rama u órgano al cual presten sus servicios y el nivel territorial al que pertenezcan, y que se conoce como control disciplinario externo, el cual no se opone al llamado control disciplinario interno a cargo del nominador o superior inmediato del empleado, ni al que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura." (Corte Constitucional, sentencia C-244 de 1996. Magistrado ponente, doctor C.G.D..
Cumplimiento de los deberes :
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivo del servicio.
Sobre las prohibiciones:
Además, siguiendo con el análisis sistemático del Código, se encuentran los principios rectores de la ley disciplinaria en el artículo 18. Dice la norma:
Artículo 18.- Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determina este código, la Constitución Política y las normas de los Códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo.
En primer lugar, en nuestra legislación no está consagrada la conducta denominada "acoso sexual" como delito. Ha habido en el Congreso algunos intentos para ello, pero no culminaron la etapa legislativa. El último correspondió al proyecto de ley N.. 041 de 1994, en la Cámara, "por el cual se expiden disposiciones penales en materia de acoso u hostigamiento sexual". Allí se establecía :
En materia laboral, el proyecto N.. 020 de 1994, en la Cámara, "por la cual se dictan normas en materia de acoso sexual u hostigamiento sexual en el trabajo", señalaba en el artículo 1o. :
Artículo 276. Constreñimiento ilegal. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa incurrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años.
"P.. Para efectos del presente artículo un menor se considera maltratado cuando ha sufrido violencia física o psíquica, o cuando se le obligue a cumplir actividades que impliquen riesgos para su salud física o mental o para su condición moral o impidan su concurrencia a los establecimientos educativos." (se subraya)
Sobre la prioridad en el ingreso.
"Para esta Corte, no cabe duda de que la norma acusada establece una diferenciación irrazonable en las oportunidades de acceso a la educación superior, en detrimento de personas que no prestaron el servicio militar y que, teniendo méritos académicos para continuar sus estudios en su etapa superior, se pueden ver desplazados por los beneficiarios del privilegio otorgado por la norma demandada. Esta disposición, en fin, produce en la práctica un perjuicio injustificado a las personas que la misma Ley 48 de 1993 autoriza a no prestar el servicio militar, entre ellas las mujeres (artículo 10), los varones descartados por el sistema de sorteo (artículo 19) y los varones exentos del cumplimiento de ese deber (artículo 28)" (sentencia C-022 de 1996, M.P., doctor C.G.D.)
Sobre el derecho a la educación gratuita en los establecimientos educativos estatales.
La relación de la ley con la Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales - que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo - y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebranteCorte Constitucional. Sentencia C-531/93 del 11 de noviembre de 1993. M.E.C.M...
"En las instituciones del Estado, la educación será gratuita. Sin embargo, a los hijos de familia con capacidad económica se les podrá exigir el pago de matrícula y pensión de acuerdo con sus ingresos. (subrayas no originales) Ver Gaceta Constitucional No 9 pag 4.."
Es cierto que algunos podrían argumentar que esta exención de pago viola la igualdad, ya que de esa manera disminuyen los ingresos de las instituciones públicas, lo cual podría implicar un aumento de los derechos académicos o de los impuestos para el resto de la población. Sin embargo, un tal análisis implica un examen muy estricto de igualdad que no es procedente en este caso, conforme a los criterios desarrollados por esta Corporación sobre la diversa intensidad de los juicios de igualdad Ver Sentencia C-445/95, Fundamento 15. . En efecto, el trato diferente en este caso no se funda en categorías potencialmente discriminatorias, ni desconoce mandatos específicos de igualdad, ni afecta a poblaciones débiles, ni condiciona el goce de derechos fundamentales. Se trata de un típico problema de regulación económica y de asignación de recursos, frente a los cuáles procede un juicio de igualdad débil, con base en el cual "son legítimas todas aquellas clasificaciones que puedan ser simplemente adecuadas para alcanzar una finalidad permitida, esto es, no prohibida por el ordenamiento constitucional" (Sentencia C-445/95, Fundamento 15). Y para mi es obvio que la diferencia de trato consagrada por la norma acusada cumplía ampliamente esos requisitos, por lo cual debió ser declarada exequible.