Source: https://es.scribd.com/document/98436948/Alegaciones-AMTTA-Borrador-Ley-Madrid-2012
Timestamp: 2016-10-24 04:15:27
Document Index: 282158843

Matched Legal Cases: ['artículo\t132', 'artículo\t44', 'artículo\t46', 'artículo\t26', 'artículo\t46', 'artículo\t26', 'Artículo\t1', 'artículo\t1', 'Artículo\t2', 'artículo\t3', 'artículo\t4', 'artículo\t20', 'Artículo\t3', 'Artículo\t5', 'artículo\t5', 'Artículo\t5', 'artículo\t7', 'Artículo\t4', 'artículo\t9', 'artículo\t2', 'Artículo\t5', 'artículo\t17', 'artículo\t6', 'artículo\t6', 'Artículo\t6', 'artículo\t16', 'artículo\t2', 'Artículo\t7', 'artículo\t6', 'artículo\t1', 'artículo\t1', 'Artículo\t8', 'Artículo\t9', 'artículo\t6', 'Artículo\t10', 'artículo\t8', 'Artículo\t11', 'Artículo\t12', 'Artículo\t13', 'artículo\t38', 'Artículo\t14', 'artículo\t25', 'Artículo\t15', 'Artículo\t16', 'artículo\t1', 'Artículo\t17', 'Artículo\t18', 'artículo\t25', 'Artículo\t19', 'artículo\t4', 'artículo\t26', 'Artículo\t20', 'Artículo\t21', 'Artículo\t22', 'artículo\t36', 'Artículo\t23', 'Artículo\t24', 'artículo\t5', 'artículo\t4', 'artículo\t26', 'artículo\t20', 'Artículo\t25', 'artículo\t14', 'artículo\t16', 'artículo\t43', 'artículo\t19', 'Artículo\t26', 'artículo\t4', 'artículo\t25', 'Artículo\t27', 'Artículo\t28', 'Artículo\t2', 'artículo\t40', 'artículo\t6', 'artículo\t9', 'Artículo\t29', 'artículo\t41', 'Artículo\t30', 'Artículo\t31', 'Artículo\t32', 'Artículo\t33', 'Artículo\t34', 'Artículo\t35', 'Artículo\t36', 'Artículo\t37', 'Artículo\t38', 'artículo\t80', 'artículo\t19', 'Artículo\t39', 'artículo\t64', 'Artículo\t40', 'Artículo\t41', 'artículo\t43', 'Artículo\t42', 'Artículo\t43', 'Artículo\t44', 'Artículo\t45', 'artículo\t44', 'artículo\t43', 'Artículo\t46', 'artículo\t10', 'artículo\t9', 'artículo\t16', 'artículo\t20', 'artículo\t29']

Alegaciones AMTTA - Borrador Ley Madrid 2012
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Tras	leerlo	con	detenimiento	e	interés,	dado	que	los	últimos	meses	hemos	estado	reclamando	una	mejor	regulación	del	sector,	creemos	importante	aportar	nuestro	punto	de	vista	ante	lo	que	creemos	un	craso	error	en	la	orientación	de	este	borrador	del	anteproyecto	de	ley	y	un	paso	atrás	en	la	protección	y	socialización	del	Patrimonio	Cultural.	Somos	conscientes	del	momento	de	la	tramitación	en	el	que	nos	encontramos	y	de	que	no	somos	un	órgano	consultivo,	pero	ante	la	incomprensible	premura	con	la	que	se	está	desarrollando	el	proceso	y	el	miedo	a	una	tramitación	de	urgencia,	adjuntamos	una	serie	de	comentarios	al	borrador	que	esperamos	sean	tenidos	en	cuenta	de	cara	a	su	modificación.	Consideramos	la	modificación	necesaria	por	varias	razones,	la	primera	de	ellas,	la	inconstitucionalidad	de	la	ley	en	uno	de	sus	aspectos	básicos,	el	del	dominio	público,	de	acuerdo	al	artículo	132	de	la	Constitución	Española,	regulado	por	la	ley	16/1985	de	Patrimonio	Histórico	Español	en	su	artículo	44.	Además,	este	nuevo	borrador	sigue	sin	amoldarse	a	las	directrices	del	Convenio	Europeo	sobre	la	protección	del	Patrimonio	Arqueológico	firmado	en	La	Valetta	el	16	de	enero	de	1992,	ratificado	por	España	el	1	de	marzo	de	2011	y	que	ya	ha	entrado	en	vigor	con	valor	de	ley.	1	Detallaremos	todos	estos	aspectos	en	los	comentarios	al	articulado,	pero	creemos	esencial	un	cambio	en	el	propio	título	de	este	borrador	por	‘Ley	de	Patrimonio	Cultural’,	conforme	a	las	últimas	tendencias	nacionales	e	internacionales,	así	como	una	simplificación	de	la	categorización	del	mismo,	adaptándola	a	la	terminología	en	uso.	Entendemos	que	la	simplificación	es	positiva,	pero	en	los	procedimientos	administrativos	encaminados	a	la	gestión	del	patrimonio,	no	a	su	expolio.	Precisamente	el	expolio	es	una	de	las	mayores	preocupaciones	que	emergen	de	este	borrador	de	anteproyecto	de	ley.	La	indefinición	del	hallazgo	casual	y	la	eliminación	del	control	arqueológico,	así	como	de	todo	el	sistema	preventivo	(preceptivo	no	es	igual	a	preventivo),	llevan	irremediablemente	a	la	destrucción	tutelada	del	patrimonio	cultural,	en	especial,	el	arqueológico.	Por	ello	es	esencial	una	modificación	sustancial	de	buena	parte	del	borrador,	que	además	necesita	una	amplia	reglamentación.	Ésta	debe	ser	una	prioridad,	no	como	en	la	ley	vigente,	sino	de	forma	profunda	y	orientada	a	establecer	unos	procedimientos	precisos	para	la	actividad	que	clarifiquen	la	ambigüedad	del	borrador	de	anteproyecto	de	ley.	Entre	esta	reglamentación,	seguimos	pidiendo	un	reglamento	de	actividades	arqueológicas	como	prioritario.	Igualmente,	y	aceptando	el	espíritu	de	agilización	y	simplificación	de	este	borrador	del	anteproyecto	de	ley,	cuestiones	como	la	aprobación	de	permisos	por	silencio	administrativo	o	los	excesivos	plazos	en	la	autorización	de	intervenciones,	nos	resultan	inaceptables	y	sólo	empeoran	la	gestión	y	protección	de	los	bienes.	Por	último,	queremos	destacar	la	importancia	de	incluir	de	un	modo	más	específico	y	comprometido	la	socialización	del	Patrimonio	Cultural,	representada	sólo	por	la	Disposición	Adicional	Quinta,	que	resulta	claramente	insuficiente.	En	definitiva,	lo	que	estamos	presentando	es	una	enmienda	a	la	totalidad	de	este	borrador	del	anteproyecto	de	ley,	que	consideramos	nocivo	para	el	Patrimonio	Cultural	y	contrario	a	los	fundamentos	nacionales	e	internacionales.	Consideramos	que	la	Comunidad	de	Madrid	debe	ejercer	sus	funciones	de	protección,	investigación	y	divulgación	con	diligencia	y	eficiencia.	Por	ello,	proponemos	una	serie	de	cambios	concretos	al	texto	y	recalcamos	de	nuevo	la	necesidad	de	un	desarrollo	reglamentario	a	la	mayor	brevedad	posible.	2	EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	DEL	ANTEPROYECTO	DE	LEY	DE	PATRIMONIO	HISTÓRICO	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	La	Constitución	Española	consagra	en	su	artículo	46	la	obligación	de	todos	los	poderes	públicos	de	garantizar	la	conservación	y	promover	el	enriquecimiento	del	patrimonio	histórico,	cultural	y	artístico	de	los	pueblos	de	España	y	de	los	bienes	que	lo	integran,	cualquiera	que	sea	su	régimen	jurídico	y	su	titularidad.	De	acuerdo	con	lo	anterior	y	en	consonancia	con	la	distribución	competencial	establecida	en	los	artículos	148	y	149	de	la	Constitución,	la	Comunidad	de	Madrid	dispone	actualmente	de	un	ordenamiento	jurídico	propio	en	este	ámbito,	fruto	de	su	competencia	exclusiva	en	materia	de	patrimonio	histórico,	artístico,	monumental,	arqueológico,	arquitectónico	y	científico	de	interés	para	la	Comunidad,	sin	perjuicio	de	la	competencia	del	Estado	para	la	defensa	de	los	mismos	contra	la	exportación	y	la	expoliación,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	26.1.19	de	la	Ley	Orgánica	3/1983,	por	la	que	se	aprueba	el	Estatuto	de	Autonomía	de	la	Comunidad	de	Madrid.	En	el	ejercicio	de	sus	competencias,	la	Comunidad	de	Madrid	aprobó	la	Ley	10/1998,	de	9	de	julio,	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Sin	embargo,	tras	más	de	trece	años	de	aplicación	de	la	misma,	se	ha	puesto	de	manifiesto	la	necesidad	de	introducir	una	serie	de	modificaciones	en	el	régimen	jurídico	del	patrimonio	histórico	a	los	efectos	de	llevar	a	cabo	una	simplificación	normativa	que	permita	dotar	de	mayor	seguridad	jurídica	a	los	ciudadanos	y	promover	la	agilización	de	los	trámites	administrativos.	Asimismo,	la	nueva	normativa	persigue	una	coherencia	con	la	normativa	en	materia	de	medio	ambiente	y	urbanismo,	vinculada	con	la	protección	del	patrimonio	histórico.	También	resulta	destacable	que	esta	Ley	trata	de	escapar	a	la	tradicional	concepción	de	norma	predominantemente	prohibitiva,	para	realzar,	frente	al	papel	pasivo	de	los	particulares	como	sujetos	de	límites	y	cargas,	un	aspecto	activo	de	colaboración,	que	es	el	único	que	puede	garantizar	una	salvaguarda	perdurable	de	estos	bienes.	En	esta	idea	se	engastan	mecanismos	como	la	facultad	que	cualquier	ciudadano	tiene	de	solicitar	la	incoación	de	expedientes	para	la	protección	de	los	bienes	del	patrimonio	histórico,	el	premio	por	hallazgos	casuales,	la	articulación	de	ayudas	y	los	cometidos	de	cooperación,	tanto	con	la	Iglesia	Católica	como	con	otras	entidades	sin	ánimo	de	lucro,	titulares	de	una	parte	sustancial	de	este	Patrimonio.	El	presente	texto	legal	se	estructura	en	un	Título	Preliminar,	siete	Títulos	y	seis	disposiciones	adicionales,	tres	disposiciones	transitorias,	una	disposición	derogatoria	y	una	disposición	final.	3	La	Ley	establece	un	régimen	general	de	protección	que	se	concreta	en	un	deber	genérico	de	conservación	dirigido	a	todo	titular	de	derechos	sobre	los	bienes	del	patrimonio	histórico;	a	este	deber	se	añade	un	régimen	específico	para	los	bienes	de	interés	cultural	y	otro	para	los	bienes	de	interés	patrimonial.	Junto	a	este	régimen	general	se	establecen	diversos	regímenes	especiales	en	base	a	las	peculiaridades	de	ciertos	tipos	de	bienes	culturales:	patrimonio	arqueológico	y	paleontológico,	patrimonio	etnográfico,	industrial	y	paisajístico.	El	Título	Preliminar	regula	los	principios	generales	que	han	de	regir	las	actuaciones	en	el	ámbito	del	patrimonio	histórico,	que	se	caracteriza	por	su	simplificación	y	claridad.	En	este	Título	se	establecen	las	distintas	categorías	de	los	bienes	inmuebles	declarados	Bienes	de	Interés	Cultural	introduciendo	como	novedad	la	tipología	de	Paisaje	Cultural,	en	cumplimiento	del	Convenio	Europeo	sobre	el	Paisaje	de	20	de	octubre	de	2000.	Si	bien	todos	los	instrumentos	internacionales	reconocen	que	el	Jardín	Histórico	es	un	tipo	de	Paisaje	Cultural,	se	ha	mantenido	éste	como	categoría	independiente	por	el	arraigo	y	la	importancia	histórica	de	los	jardines	en	la	Comunidad	de	Madrid.	Novedosa	es	la	redefinición	del	patrimonio	de	interés	etnográfico	o	industrial	que,	deja	de	tener	la	consideración	de	“lugar”	para	centrarse	en	los	bienes	concretos;	por	último,	se	introduce	la	posibilidad	de	asociar	bienes	arqueológicos	y	paleontológicos	al	reunirlos	en	la	misma	figura	de	protección	y	aplicarles	el	mismo	sistema	jurídico	de	protección.	Los	bienes	incluidos	en	el	inventario	pasan	a	denominarse	Bienes	de	Interés	Patrimonial.	El	Título	I	está	dedicado	a	los	procedimientos	y	registros	administrativos.	Se	ha	tratado	de	aligerar	los	procedimientos	evitando	trámites	innecesarios	y	se	recorta	el	plazo	para	la	resolución	de	los	expedientes	incoados	para	la	declaración	de	Bien	de	Interés	Cultural	que	pasan	de	quince	meses	a	nueve.	En	el	Título	II	se	establecen	las	normas	básicas	para	la	protección	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	regulando	el	deber	general	de	conservar	y	de	permitir	el	acceso	a	la	Administración	para	la	comprobación	del	estado	de	conservación	de	los	bienes.	Destaca	la	atribución	a	los	Ayuntamientos	de	las	competencias	sobre	los	bienes	del	patrimonio	histórico	que	no	estén	declarados	ni	Bienes	de	Interés	Cultural,	ni	Bienes	de	Interés	Patrimonial,	a	través	de	los	instrumentos	de	planeamiento	urbanístico,	así	como	la	regulación	de	la	consulta	previa	en	los	procedimientos	ambientales	y	urbanísticos.	El	Título	III	regula	las	normas	de	protección	aplicables	a	los	bienes	declarados	Bienes	de	Interés	Patrimonial,	que	en	esta	nueva	norma	se	diferencian	sensiblemente	de	las	aplicables	a	los	Bienes	de	Interés	Cultural.	La	autorización	previa	se	restringe	a	actuaciones	4	muy	concretas,	con	un	plazo	máximo	de	resolución	de	tres	meses	y	el	silencio	administrativo	es	positivo.	El	Título	IV	está	dedicado	a	la	regulación	de	las	normas	aplicables	a	los	Bienes	de	Interés	Cultural,	estableciendo	una	distinción	entre	el	régimen	común	aplicable	a	todos	ellos	y	ciertas	especialidades	en	función	de	su	naturaleza	mueble	o	inmueble.	En	el	régimen	común	se	establecen	los	principios	generales	de	intervención.	Se	acorta	el	plazo	para	conceder	la	autorización	hasta	dos	meses	y	en	caso	de	falta	de	resolución	expresa	se	considera	desestimada	la	solicitud.	La	nueva	ley	hace	un	especial	esfuerzo	por	diferenciar	el	régimen	de	protección	e	intervención	de	los	bienes	inmuebles	declarados	de	forma	individual	de	aquellos	de	carácter	territorial,	que	reúnen	a	veces	una	gran	cantidad	de	bienes	de	características	heterogéneas.	Se	regulan	detalladamente	los	procedimientos	específicos	de	declaración	de	ruina	y	demolición,	en	consonancia	con	la	regulación	urbanística.	El	Título	V	regula	los	regímenes	especiales	de	protección,	definiendo	y	estableciendo	el	régimen	de	protección	aplicable	por	una	parte,	al	patrimonio	arqueológico	y	paleontológico	y	por	otra,	al	patrimonio	etnográfico,	industrial	y	paisajístico.	Por	lo	que	se	refiere	a	los	primeros	se	establecen	las	normas	esenciales	que	regulan	las	intervenciones	y	hallazgos	arqueológicos	y	paleontológicos.	Se	regula	la	posibilidad	de	solicitar	“hoja	informativa”	para	dichas	actuaciones	y	se	suprime	la	condición	de	dominio	público	para	los	descubrimientos	arqueológicos	de	naturaleza	inmueble	aclarando	la	indefinición	existente	en	la	regulación	precedente.	En	lo	que	respecta	al	patrimonio	etnográfico,	industrial	y	paisajístico	se	da	la	novedad	de	incluir	estas	dos	últimas	categorías	en	este	mismo	capítulo	debido	al	especial	valor	que	tienen	sus	aspectos	inmateriales	muy	ligados	a	los	bienes	materiales	propios	de	estas	categorías	y	que	es	necesario	proteger	en	conjunto	para	una	mejor	comprensión	de	los	mismos.	Esto	es	lo	que	justifica	la	necesidad	de	un	régimen	especial	que	se	añada	a	las	normas	establecidas	en	el	régimen	general.	El	Título	VI	se	dedica	a	regular	las	medidas	dirigidas	a	fomentar	la	conservación,	investigación,	documentación,	recuperación	y	difusión	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	por	parte	de	la	iniciativa	privada.	El	Título	VII	regula	en	su	capítulo	I	las	medidas	para	el	restablecimiento	de	la	legalidad	infringida	y	del	régimen	sancionador.	Los	inspectores	tendrán	la	consideración	de	agentes	de	la	autoridad.	El	capítulo	segundo	clasifica	las	posibles	infracciones	en	leves,	graves	y	muy	graves	y	las	tipifica,	y	regula	una	serie	de	principios	fundamentales	aplicables	al	procedimiento	sancionador.	Se	reduce	el	número	de	infracciones	tipificadas,	que	pasan	de	30	a	17	pero	5	mucho	más	ajustadas	a	la	práctica	ordinaria.	Se	incorpora	una	medida	de	control	urbanístico	para	evitar	la	especulación	inmobiliaria	que	conlleve	destrucción	de	patrimonio	histórico.	Se	establece	como	sanción	accesoria	el	decomiso	de	los	materiales	y	utensilios	empleados	en	la	actividad	ilícita.	La	competencia	para	imponer	sanciones	se	ciñe	únicamente	a	órganos	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Las	disposiciones	adicionales	recogen	diversas	cuestiones	que	completan	aspectos	concretos	de	la	regulación	contenida	en	la	Ley.	Se	incluyen	aquí	la	necesidad	de	que	la	Comunidad	de	Madrid	promueva	la	investigación	y	la	difusión	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	la	edición	de	publicaciones	y	la	promoción	de	proyectos	educativos.	Se	obliga	a	los	ayuntamientos	a	incluir	en	sus	catálogos	los	bienes	del	patrimonio	histórico.	Las	disposiciones	transitorias	regulan	regímenes	provisionales	de	aplicación	a	determinados	bienes.	En	particular	la	disposición	transitoria	primera	regula	la	obligación	de	los	municipios	de	completar	los	Catálogos	de	bienes	y	espacios	protegidos	en	el	plazo	de	seis	meses	a	contar	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	ley.	La	disposición	transitoria	segunda	establece	el	régimen	aplicable	a	los	expedientes	de	declaración	de	Bienes	de	Interés	Cultural	iniciados	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley.	Por	último,	la	disposición	transitoria	tercera	establece	los	requisitos	para	convalidar	los	planes	urbanísticos	en	vigor	conforme	a	la	nueva	normativa.	PROPONEMOS:	Una	especial	atención	a	los	sombrados	en	gris	del	la	anterior	exposición	de	motivos	por	entender	que	se	trata	de	puntos	de	especial	relevancia	e	interés	que	se	verán	comentados	y	desarrollados	en	el	articulado.	RECOMENDAMOS:	Volver	la	mirada	al	preámbulo	de	la	ley	10/98	de	Patrimonio	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	especial	a	los	siguientes	apartados	referentes	al	espíritu	de	la	ley.	6	La	Constitución	Española	de	1978	consagra	jurídicamente,	en	su	artículo	46,	la	conservación	y	enriquecimiento	del	Patrimonio	Histórico	como	una	de	las	funciones	que	obligatoriamente	deben	asumir	los	poderes	públicos.	Por	su	parte	el	artículo	26	del	Estatuto	de	Autonomía	de	la	Comunidad	de	Madrid,	en	los	apartados	13	y	14,	establece	la	plenitud	de	función	legislativa	en	patrimonio	monumental	de	interés	de	la	Comunidad	y	en	archivos,	bibliotecas,	museos,	hemerotecas,	conservatorios	de	música,	servicios	de	bellas	artes	y	demás	centros	de	depósito	cultural	o	colecciones	de	naturaleza	análoga	que	no	sean	de	titularidad	estatal.	La	cultura	no	es	otra	cosa	que	el	resultado	de	la	superior	capacidad	simbolizadora	que	distingue	a	la	especie	humana	y	así,	conservar	el	patrimonio	histórico	depositado	en	ella	es	condición	inexcusable	para	la	pervivencia	de	la	memoria	de	dicha	especie.	El	conocimiento	del	pasado	de	la	Humanidad,	en	sentido	amplio	y	de	una	sociedad,	en	sentido	estricto,	nos	proporciona	los	criterios	fundamentales	para	entender	el	presente	y,	aún	más,	para	crear	el	futuro.	El	conocimiento	del	pasado	adquiere,	además,	una	nueva	dimensión	desde	el	momento	en	que	se	manifiesta	como	un	elemento	básico	para	poder	entendernos	a	nosotros	mismos	y,	por	lo	tanto,	para	reconocernos	individual	y	colectivamente,	contribuyendo	a	la	conformación	y	enriquecimiento	de	nuestra	personalidad.	La	memoria	colectiva	forma	parte	de	nuestra	propia	memoria	individual	personal,	y	viceversa.	Porque	todos	y	cada	uno	de	los	individuos	de	una	sociedad	forman	parte	de	la	Historia,	haciendo	todos	ellos	Historia.	Por	todo	esto,	la	salvaguarda	y	conservación	del	Patrimonio	Histórico	se	formula	como	el	mejor	medio,	el	más	importante	y	fundamental,	para	su	conocimiento	y,	por	tanto	su	disfrute,	como	forma	de	asegurar	y	garantizar	el	acceso	a	la	cultura	y,	por	consiguiente,	el	enriquecimiento	de	la	sensibilidad	y	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad	de	los	ciudadanos,	conformando	en	ellos	criterios	propios.	El	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	ha	de	ser	globalmente	entendido	y	valorado	como	la	explicación	de	una	historia	pasada	que	a	través	de	sus	manifestaciones	sociales,	culturales	y	económicas	han	posibilitado	la	evolución	histórica	cuyos	vestigios	patrimoniales	deben	ser	valorados	y	protegidos	como	un	conjunto	coherente	que	testimonia	y	facilita	el	conocimiento	de	esa	evolución.	La	noción	de	patrimonio,	tan	vinculada	al	derecho	civil,	está	teñida	de	la	concepción	clásica	de	la	«universitas»,	que	adquiere	en	el	presente	caso	una	relevancia	especial,	pues	lo	que	da	unidad	al	conjunto	de	bienes	materiales	e	inmateriales	es	su	vinculación	a	una	7	comunidad	definida	social	y	políticamente	y	geográficamente	delimitada	en	su	presente,	pero	proyectada	hacia	atrás	en	su	pasado	secular	y	hacia	su	desarrollo	futuro,	y	el	destino	de	ese	conjunto	de	bienes,	lo	que	justifica	que	las	Administraciones	Públicas	velen	por	su	«protección,	acrecentamiento	y	conservación	para	su	difusión	y	transmisión	a	las	generaciones	venideras»,	como	se	recoge	en	el	artículo	primero	de	esta	Ley,	es	la	relevancia	que	para	la	cultura	de	esa	comunidad	poseen.	Las	manifestaciones	culturales	de	las	sociedades	que	nos	precedieron	no	pueden	dejarse	al	albur	de	intereses	particulares,	que	amparados	en	las	tecnologías	modernas	podrían	dañar	gravemente	este	valioso	legado	cultural.	Cultura	es	otro	concepto	cuya	definición	implica	no	sólo	una	dificultad	desde	el	punto	de	vista	técnico-­‐jurídico,	por	su	carácter	genérico,	sino	que	está	llena	de	matices	valorativos,	sociales	y	políticos,	además	de	referirse	a	algo	que	es	a	la	vez	estable	y	dinámico	como	la	vida	de	los	habitantes	que	la	producen	y	a	su	vez	se	enriquecen	con	ella.	Porque	la	cultura,	como	Ortega	definió	la	filosofía,	si	algo	es	de	verdad,	si	es	algo,	no	puede	ser	una	gris	y	nula	cosa	que	pasa	en	las	cátedras,	sino	algo	que	pasa	en	cada	uno	de	nosotros,	que	es	cada	uno	de	nosotros.	Cuanto	más	conocido	sea	el	patrimonio	más	se	fortalecerá	frente	al	expolio	y	más	se	enriquecerá.	De	ahí	la	inexcusable	necesidad	de	que	los	medios	de	comunicación	social	y	el	sistema	educativo	se	conviertan	en	piezas	fundamentales	del	conocimiento	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	La	consideración	del	Patrimonio	Histórico	como	instrumento	de	promoción	cultural	con	un	valor	cultural	fundamental,	ya	mencionado	anteriormente.	La	asunción	efectiva	de	la	acción	de	tutela	del	Patrimonio	Histórico	por	parte	de	los	poderes	públicos.	Por	otro	lado,	los	poderes	públicos	deben	proporcionar	a	la	sociedad	la	procura	existencial,	es	decir,	todo	aquello	que	es	necesario	y	esencial	para	subsistir	dignamente,	pero	que	queda	fuera	de	las	posibilidades	que	tiene	el	individuo	de	proveérselo	por	sí	mismo.	Es	decir,	los	poderes	públicos	están	obligados	a	satisfacer	las	necesidades	culturales	de	la	sociedad.	Por	lo	tanto,	el	Patrimonio	Histórico	entra	dentro	del	campo	de	los	Derechos	Fundamentales	del	ciudadano	recogidos	por	la	Constitución,	y	la	acción	de	tutela	sobre	el	Patrimonio	Histórico	se	manifiesta	como	tuteladora	de	la	libertad	de	todos	los	ciudadanos.	Como	principio	del	Estado	Democrático,	la	Constitución	consagra	el	principio	de	la	participación	ciudadana	en	la	vida	social,	con	mención	expresa	al	ámbito	de	la	Cultura	siendo	los	poderes	públicos	un	elemento	activo	y	dinámico	para	la	consecución	de	este	fin.	La	Comunidad	de	Madrid	mediante	la	presente	Ley	pretende	adecuar	a	la	realidad	de	la	región	de	Madrid	y	a	sus	necesidades	en	materia	de	patrimonio	histórico	la	normativa	8	legal	por	la	que	se	regirá	la	defensa,	protección,	conservación	y	sanciones	contra	las	agresiones	que	puede	sufrir.	Para	la	protección	del	legado	cultural	la	Comunidad	de	Madrid	no	sólo	ha	de	desarrollar	la	infraestructura	administrativa	más	adecuada	sino	los	medios	materiales	imprescindibles.	La	aplicación	en	la	Comunidad	de	Madrid	del	1	por	100	cultural	será	una	ayuda	importante	que	habrá	de	vincularse	a	la	voluntad	política	de	salvaguardar	el	patrimonio	y	a	una	mayor	sensibilización	ciudadana	respecto	al	mismo.	Todos	los	esfuerzos	destinados	a	extender	el	acceso	y	conocimiento	de	los	bienes	que	integran	el	patrimonio	por	la	colectividad,	tendrán	como	consecuencia	el	que	las	generaciones	venideras	puedan	disfrutarlo.	Constituye	un	deber	inexcusable	de	las	administraciones	públicas	transmitir,	acrecentándolo	en	la	medida	de	lo	posible,	el	patrimonio	recibido.	No	hay	que	perder	de	vista	igualmente	que	el	patrimonio	radicado	en	la	Comunidad	de	Madrid	también	lo	es	de	cada	uno	de	los	municipios	que	la	integran	y	es	una	parte	de	patrimonio	histórico	español.	La	coordinación	con	el	resto	de	las	Administraciones	Públicas	en	presencia	es	de	una	capital	importancia.	9	ANTEPROYECTO	DE	LEY	DE	PATRIMONIO	HISTÓRICO	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	TÍTULO	PRELIMINAR	Disposiciones	generales	Artículo	1.-­‐	Objeto	de	la	ley	y	bienes	que	integran	el	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	1.-­‐	La	presente	Ley	tiene	por	objeto	la	protección,	conservación,	investigación	y	enriquecimiento	del	patrimonio	histórico	ubicado	en	el	territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Proponemos:	La	presente	Ley	tiene	por	objeto	la	protección,	conservación,	investigación,	salvaguarda	y	difusión,	así	como	promover	el	enriquecimiento	del	patrimonio	histórico	ubicado	en	el	territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	su	uso	como	bien	social	y	factor	de	desarrollo	sostenible	y	asegurar	su	transmisión	a	las	generaciones	futuras.	De	todas	maneras	el	artículo	1	de	la	Ley	10/1998	queda	más	completo	que	este	nuevo	que	han	redactado.	2.-­‐	Integran	el	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	todos	los	bienes	materiales	e	inmateriales	ubicados	en	su	territorio	de	interés	histórico,	artístico,	arquitectónico,	arqueológico,	paleontológico,	etnográfico	o	industrial.	La	protección	de	dichos	bienes	se	efectuará	mediante	la	inclusión	en	alguno	de	los	regímenes	de	protección	previstos	en	esta	Ley.	Proponemos:	Constituye	el	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	todos	aquellos	bienes	fruto	de	la	acción	humana	a	lo	largo	del	tiempo,	características	de	la	idiosincrasia	del	pueblo	y	tiene	un	valor	intrínseco	como	instrumento	de	promoción	cultural.	Forman	el	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	todas	aquellas	manifestaciones,	saberes,	conocimientos,	actividades,	prácticas	y	otras	expresiones	de	la	cultura	popular	y	tradicional,	fruto	de	los	modos	de	vida	propios	del	pueblo	madrileño,	así	como	los	bienes,	tanto	muebles	como	inmuebles,	materiales	e	inmateriales	que	incluyen	entre	otros	bienes	de	interés	histórico,	social,	artístico,	arquitectónico,	arqueológico,	geológico*,	paleontológico,	industrial	etnológico,	paisajístico,	documental,	científico	y	técnico,	de	interés	para	la	Comunidad	de	Madrid.	También	forman	parte	del	mismo,	el	patrimonio	documental	y	bibliográfico,	los	conjuntos	urbanos	y	rurales,	los	lugares	etnográficos,	los	yacimientos	y	zonas	arqueológicas,	así	como	los	sitios	naturales,	jardines	y	parques	de	valor	artístico,	histórico	o	antropológico	y	aquellos	bienes	inmateriales	que	conforman	la	cultura	popular,	folclore,	artes	aplicadas	y	conmemoraciones	tradicionales.	3.-­‐	Serán	Bienes	de	Interés	Cultural	los	bienes	que	formando	parte	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	tengan	un	valor	excepcional	y	así	se	declaren	expresamente.	4.-­‐	Serán	Bienes	de	Interés	Patrimonial	los	bienes	que	formando	parte	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	sin	tener	valor	excepcional,	posean	una	especial	significación	histórica	o	artística	y	en	tal	sentido	sean	declarados.	Proponemos:	que	se	incluyan	los	bienes	inmateriales	10	5.-­‐	El	patrimonio	documental	y	bibliográfico	de	la	Comunidad	de	Madrid	forma	parte	del	patrimonio	histórico	de	la	misma	y	se	regula	respectivamente,	por	su	normativa	específica.	No	obstante,	los	bienes	que	lo	integran	que	fueran	susceptibles	de	una	protección	específica,	se	regularán	a	estos	efectos,	por	lo	dispuesto	en	la	presente	Ley.	6.-­‐	Los	bienes	muebles	que	integran	los	fondos	de	museos	y	colecciones	de	titularidad	de	la	Comunidad	de	Madrid	forman	parte	de	su	patrimonio	histórico	y	tienen	la	consideración	de	bienes	de	interés	cultural.	Artículo	2.-­‐	Administraciones	competentes	y	colaboración	entre	administraciones	públicas.	1.-­‐	Corresponde	a	la	Comunidad	de	Madrid	la	competencia	exclusiva	sobre	el	patrimonio	histórico	ubicado	en	su	territorio,	sin	perjuicio	de	las	competencias	que	el	ordenamiento	jurídico	atribuye	al	Estado.	Proponemos:	y	a	las	administraciones	locales	2.-­‐	Son	instituciones	consultivas	de	la	Comunidad	de	Madrid,	a	los	efectos	de	la	presente	ley,	entre	otras,	la	Real	Academia	de	la	Historia,	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando,	las	universidades	públicas	de	Madrid,	el	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	y	los	colegios	profesionales	relacionados	con	esta	materia.	Proponemos:	la	inclusión	de	otras	asociaciones	profesionales	(arqueólogos,	restauradores,	arquitectos,	gestores	culturales)	y	de	patrimonio.	Justificación:	Porque	entendemos	que	la	ley	debe	implicar	a	todos	los	grupos	profesionales	que	se	dediquen	a	la	salvaguarda	del	patrimonio	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	englobar	a	la	mayor	pluralidad	posible	de	profesionales	con	el	fin	de	contar	con	la	mayor	perspectiva	posible	a	la	hora	de	valorar	y	proteger	un	bien.	3.-­‐	Las	administraciones	públicas	madrileñas	colaborarán	con	la	Consejería	correspondiente	para	conseguir	la	finalidad	que	persigue	la	presente	ley.	A	estos	efectos,	se	podrán	constituir	Comisiones	de	Patrimonio	Histórico	en	aquellos	municipios,	o	conjunto	de	municipios,	que	tengan	bienes	inmuebles	incoados	o	declarados	bienes	de	interés	cultural,	en	la	categoría	de	conjunto	histórico.	Su	composición,	organización	y	funcionamiento	serán	objeto	de	desarrollo	reglamentario.	Proponemos:	corresponde	a	los	municipios	la	misión	de	colaborar	activamente	en	la	protección	y	conservación	de	los	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	madrileño	que	radiquen	en	su	término	municipal,	en	especial	a	través	de	la	ordenación	urbanística,	así	como	realzar	y	dar	a	conocer	el	valor	cultural	de	los	mismos.	Además	podrán	adoptar,	en	caso	de	urgencia,	las	medidas	cautelares	necesarias	para	salvaguardar	los	bienes	del	Patrimonio	Histórico	madrileño	cuyo	interés	se	encontrase	amenazado,	sin	perjuicio	de	cualquier	otra	función	que	legalmente	tengan	encomendada.	Por	otra	parte	la	ley	del	98	incluía	en	su	artículo	3.3:	La	Comunidad	de	Madrid,	celebrará	o	en	su	caso	promoverá	la	celebración	de	los	correspondientes	convenios	con	otras	administraciones	públicas	del	Estado	Español	o	administraciones	públicas	de	otros	estados	para	la	mejor	protección	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	y	su	difusión	para	conocimiento	y	disfrute	de	los	ciudadanos.	11	Justificación:	¿Por	qué	sólo	los	municipios	que	tengan	bienes	inmuebles	incoados	o	declarados	BIC?	Creemos	que	es	importante	que	las	Administraciones	locales	estén	involucradas	en	cualquier	tipo	de	patrimonio	(arqueológico,	etnográfico,	paleontológico,	arquitectónico…)	que	se	encuentre	en	su	territorio	para	su	salvaguardia,	conservación	y	difusión.	4.-­‐	Los	Ayuntamientos	deberán	comunicar	a	la	Consejería	competente	cualquier	situación	que	ponga	o	pueda	poner	en	peligro	la	integridad	de	los	bienes	del	patrimonio	histórico	ubicados	en	su	territorio.	Proponemos	que	se	añada	el	artículo	4.2	de	la	ley	del	98	que	hace	referencia	a	los	planes	de	especial	protección	en	la	ley	16/85	en	su	artículo	20.	Artículo	3.-­‐	Colaboración	con	los	titulares	de	bienes	del	patrimonio.	1.-­‐	Los	titulares	de	bienes	del	patrimonio	histórico	podrán	solicitar	a	la	Comunidad	de	Madrid	el	asesoramiento	para	la	protección	y	conservación	de	dicho	patrimonio.	2.-­‐	La	Comunidad	de	Madrid	podrá	establecer	medios	de	colaboración	con	la	Iglesia	Católica,	como	titular	de	una	parte	importante	de	los	bienes	que	integran	el	patrimonio	histórico,	para	su	conservación,	restauración	y	difusión.	Asimismo,	podrá	establecer	la	adecuada	colaboración,	para	los	mismos	fines,	con	las	demás	confesiones	religiosas	reconocidas	por	la	Ley	y	con	aquellas	entidades	sin	ánimo	de	lucro	que	tengan	entre	sus	objetivos	estos	mismos	propósitos.	3.-­‐	Las	personas	físicas	o	jurídicas	podrán	solicitar	mediante	escrito,	debidamente	justificado,	la	incoación	del	expediente	para	la	protección	específica	de	un	bien	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	El	órgano	competente	podrá	decidir	la	no	admisión	a	trámite	de	la	solicitud	mediante	resolución	debidamente	motivada.	Proponemos	incorporar:	En	este	título	preliminar	debería	mantenerse	el	Artículo	5	Acción	pública	de	salvaguarda	de	la	Ley	10/1998	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Asimismo	se	recoge	en	el	artículo	5	la	Ley	14/2007	de	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía:	Artículo	5.	Colaboración	ciudadana.	1.	Las	personas	que	observen	peligro	de	destrucción	o	deterioro	en	un	bien	integrante	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz	deberán,	a	la	mayor	brevedad	posible,	ponerlo	en	conocimiento	de	la	Administración	competente,	que	llevará	a	cabo	las	actuaciones	que	procedan.	2.	La	denuncia	no	otorga	a	quien	la	formula	la	condición	de	persona	interesada,	sin	perjuicio	de	que	se	le	informe	del	inicio	del	procedimiento	que,	en	su	caso,	pueda	tramitarse.	Proponemos	también	incorporar:	Incorporar	nuevamente	el	artículo	7	de	la	ley	del	98	que	alude	al	CONSEJO	REGIONAL	DEL	PATRIMONIO	HISTÓRICO	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID.	12	Justificación:	Es	fundamental	la	participación	de	diferentes	instituciones,	más	allá	de	la	propia	administración,	en	los	procesos	que	tienen	que	ver	con	el	patrimonio.	Aunque	la	eficacia	de	este	órgano	ha	podido	ser	mejorable,	no	creemos	que	la	solución	pase	por	su	desaparición.	Más	bien	apostamos	por	su	reconversión,	tanto	en	composición	como	en	funcionamiento	hacia	un	órgano	en	el	que	por	un	lado,	se	de	cabida	a	las	diferentes	instituciones,	asociaciones	y	fundaciones	madrileñas	con	un	reconocido	asentamiento	en	el	patrimonio	histórico	y,	por	otro,	se	agilice	su	funcionamiento	y	se	puedan	vincular	sus	deliberaciones	o	decisiones	sobre	el	patrimonio	histórico.	Modificando	el	apartado	4	h)	que	incluye	solo	a	dos	representantes	de	asociaciones	y	fundaciones;	aumentando	su	número	incorporando	al	menos	un	miembro	de	cada	una	de	ellas	por	entender	que	tienen	conocimiento	de	primera	mano	de	la	realidad	patrimonial	y	que	constituyen	parte	del	espíritu	general	de	la	ley	en	cuanto	a	representación	ciudadana.	Haciendo	hincapié	en	la	necesidad	de	que	se	reúna	con	carácter	mensual	y	que	pueda	emitir	decisiones	vinculantes.	Artículo	4.-­‐	Categorías	1.-­‐	Los	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	cultural	deberán	ser	integrados	en	alguna	de	las	siguientes	categorías:	a)	Monumento:	la	construcción	u	obra	de	producto	de	la	actividad	humana,	de	relevante	interés	histórico,	arquitectónico,	arqueológico	o	artístico.	Proponemos	retomar	la	definición	establecida	en	la	ley	del	98	(art.	9.2	sección	a)	por	entender	que	determinados	conceptos	no	deben	desaparecer.	b)	Conjunto	Histórico:	la	agrupación	de	bienes	inmuebles	que	configuran	una	unidad	coherente	con	valor	histórico	y	cultural,	aunque	individualmente	no	tengan	una	especial	relevancia.	Proponemos	retomar	la	definición	establecida	en	la	ley	del	98	(art.	9.2	sección	b)	por	entender	que	determinados	conceptos	no	deben	desaparecer.	c)	Paisaje	Cultural:	lugares	que	representan	la	obra	conjunta	del	hombre	y	la	naturaleza	y	que	ilustran	la	evolución	de	la	sociedad	y	de	los	asentamientos	humanos	a	lo	largo	de	los	años.	d)	Jardín	Histórico:	el	espacio	delimitado	producto	de	la	ordenación	humana	de	elementos	naturales	estimado	de	interés	cultural,	histórico	o	botánico.	Proponemos	retomar	la	definición	establecida	en	la	ley	del	98	(art.	9.2	sección	c)	por	entender	que	determinados	conceptos	no	deben	desaparecer.	e)	Sitio	o	Territorio	Histórico:	el	lugar	vinculado	a	acontecimientos	del	pasado	que	tengan	una	especial	relevancia	histórica.	Proponemos	retomar	la	definición	establecida	en	la	ley	del	98	(art.	9.2	sección	d)	por	entender	que	determinados	conceptos	no	deben	desaparecer.	13	f)	Bien	de	Interés	Etnográfico	o	Industrial:	construcciones	o	instalaciones	representativas	de	actividades	tradicionales	o	vinculadas	a	modos	de	extracción,	producción,	comercialización	o	transporte	que	merezcan	ser	preservados	por	su	valor	industrial,	técnico	o	científico.	Proponemos:	La	definición	que	recoge	la	ley	14/2007	de	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía	los	separa	y	hace	una	definición	más	concreta	e	incluye	el	patrimonio	industrial	además	de	utilizar	la	palabra	etnográfico	(restrictivo)	cuando	debiera	decir	etnología	y	en	nuestra	opinión	PATRIMONIO	ANTROPOLÓGICO:	-­‐	Son	Lugares	de	Interés	Etnológico	aquellos	parajes,	espacios,	construcciones	o	instalaciones	vinculados	a	formas	de	vida,	cultura,	actividades	y	modos	de	producción	propios	del	pueblo	andaluz,	que	merezcan	ser	preservados	por	su	relevante	valor	etnológico.	-­‐	Son	Lugares	de	Interés	Industrial	aquellos	parajes,	espacios,	construcciones	o	instalaciones	vinculados	a	modos	de	extracción,	producción,	comercialización,	transporte	o	equipamiento	que	merezcan	ser	preservados	por	su	relevante	valor	industrial,	técnico	o	científico.	g)	Zonas	de	Interés	Arqueológico	y/o	Paleontológico:	lugar	o	paisaje	en	donde	existan	bienes	o	restos	de	la	intervención	humana	o	restos	fosilizados,	susceptibles	de	ser	estudiados	con	metodología	arqueológica	y/o	paleontológica,	tanto	si	se	encuentran	en	la	superficie	como	si	se	encuentran	en	el	subsuelo,	bajo	las	aguas	o	en	construcciones	emergentes.	Proponemos	incluir	una	categoría	más	H)	de	Hecho	Cultural	en	la	que	se	englobarán	los	bienes	inmateriales	más	destacados	a	la	que	se	hace	referencia	en	el	apartado	4	de	este	artículo.	Esta	categoría	venía	recogida	en	el	artículo	9.2	sección	g)	Aunque	consideramos	más	inclusiva	la	propuesta	que	hace	UNESCO	y	que	recoge	el	artículo	2	para	la	Salvaguarda	del	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	vigente	en	España	desde	el	25	de	enero	de	2007.	“Manifestaciones	Culturales	que	comprenden	tradiciones	o	expresiones	vivas	heredadas	de	nuestros	antepasados	y	transmitidas	a	nuestros	descendientes,	como	tradiciones	orales,	artes	del	espectáculo,	usos	sociales,	rituales,	actos	festivos,	conocimientos	y	prácticas	relativos	a	la	naturaleza	y	el	universo,	y	saberes	y	técnicas	vinculados	a	la	artesanía	tradicional”.	2.-­‐	Los	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	patrimonial	no	tendrán	categorías.	Proponemos	Los	bienes	inmuebles	que	no	estén	declarados	Bien	de	Interés	Cultural	pasarán	a	denominarse	Bienes	de	Interés	Patrimonial	con	las	mismas	categorías	que	los	BIC.	3.-­‐	Los	bienes	muebles	podrán	ser	declarados	de	interés	cultural	o	patrimonial	individualmente,	como	conjunto	o	como	colección.	Se	entiende	por	conjunto	de	bienes	el	grupo	de	obras	ligadas	por	afinidades	artísticas,	temáticas,	funcionales	o	de	contexto	que	hayan	sido	producidas	para	el	mismo	emplazamiento	a	partir	de	un	solo	impulso	creador	o	mediante	la	colaboración	de	varios	artistas.	4.-­‐	Los	bienes	inmateriales	solo	podrán	ser	declarados	bienes	de	interés	cultural,	en	la	categoría	de	Hechos	Culturales.	Recogemos	aquí	la	definición	de	UNESCO:	14	“Manifestaciones	Culturales	que	comprenden	tradiciones	o	expresiones	vivas	heredadas	de	nuestros	antepasados	y	transmitidas	a	nuestros	descendientes,	como	tradiciones	orales,	artes	del	espectáculo,	usos	sociales,	rituales,	actos	festivos,	conocimientos	y	prácticas	relativos	a	la	naturaleza	y	el	universo,	y	saberes	y	técnicas	vinculados	a	la	artesanía	tradicional”.	Artículo	5.-­‐	Entorno	de	protección	y	Catálogo	de	Bienes	del	Patrimonio.	1.-­‐	Se	entiende	por	entorno	de	un	bien	inmueble	el	espacio	o	inmuebles	circundantes	del	mismo	que	permiten	su	adecuada	percepción	y	comprensión	cultural.	Dicho	entorno	será	delimitado	en	la	correspondiente	declaración	de	bien	de	interés	cultural	o	patrimonial.	Proponemos	retomar	el	artículo	17	de	la	ley	de	Patrimonio	del	98	por	entender	que	incorpora	además	las	áreas	de	afección:	“Deberá	entenderse	por	entorno	de	un	bien	cultural	inmueble	el	espacio	circundante	que	puede	incluir:	inmuebles,	terrenos	edificables,	suelo,	subsuelo,	trama	urbana	y	rural,	espacios	libres	y	estructuras	significativas	que	permitan	su	percepción	y	comprensión	cultural	que	será	delimitado	en	la	correspondiente	resolución	cuya	existencia,	ya	sea	por	razones	de	acceso,	visibilidad,	conjunción	u	otras	de	carácter	estético	o	técnico,	realza	al	bien	en	cuestión	y	le	hace	merecedor	de	una	protección	singular	cuyo	alcance	y	régimen	específico	se	expresará	en	la	resolución	correspondiente	de	declaración	o	de	inclusión	en	el	Inventario.	El	entorno	delimitado,	conforme	a	lo	anteriormente	expresado,	tendrá,	a	los	efectos	de	la	presente	Ley,	la	misma	protección.”	2.-­‐	Se	crea	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico,	que	estará	formado	por	el	conjunto	de	bienes	inmuebles	declarados	o	incoados	bienes	de	interés	cultural	o	patrimonial,	así	como	por	los	yacimientos	arqueológicos	y	paleontológicos	cuya	existencia	esté	debidamente	documentada.	Dicho	Catálogo	será	gestionado	por	la	Consejería	competente	que	deberá	tenerlo	actualizado.	Proponemos:	Algo	mucho	más	amplio	1.	Se	constituye	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico	como	instrumento	para	la	salvaguarda	de	los	bienes	en	él	inscritos,	la	consulta	y	divulgación	de	los	mismos.	2.	La	formación,	conservación	y	difusión	del	Catálogo	queda	atribuida	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	que	tendrá	a	su	cargo	la	redacción	y	custodia	de	la	documentación	correspondiente	a	los	muebles,	inmuebles	y	manifestaciones	o	actividades	culturales	que	constituyen	el	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	EL	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico	podrá	ser	consultado,	quedando	la	documentación	administrativa	sometida	a	las	normas	establecidas	para	el	Patrimonio	Documental	y	demás	normativa	aplicable.	Estructura	del	Catálogo.	15	1.	El	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico	comprenderá	los	Bienes	de	Interés	Cultural,	los	bienes	de	catalogación	general	y	los	incluidos	en	el	Inventario	General	de	Bienes	Muebles	del	Patrimonio	Histórico	Español.	2.	La	inscripción	de	bienes	en	el	El	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico	podrá	realizarse	de	manera	individual	o	colectiva.	3.	Con	carácter	cautelar	se	realizarán	anotaciones	preventivas	en	el	Catálogo	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	6.	Efectos	de	la	inscripción.	Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	establecidas	en	esta	ley	para	las	personas	propietarias,	titulares	de	derechos	y	poseedoras	de	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico,	la	inscripción	en	el	Catálogo	General	llevará	aparejados	los	siguientes	efectos:	a)	La	inscripción	de	Bienes	de	Interés	Cultural	les	hará	gozar	de	una	singular	protección	y	tutela,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	ley	y	con	las	instrucciones	particulares	que,	en	su	caso,	se	establezcan	de	acuerdo	con	el	artículo	6.	b)	La	inscripción	de	bienes	de	catalogación	general	supondrá	la	aplicación	de	las	normas	previstas	en	la	ley.	c)	La	inscripción	de	bienes	del	Inventario	General	de	Bienes	Muebles	del	Patrimonio	Histórico	Español	supondrá	la	aplicación	del	régimen	jurídico	establecido	para	dicho	Inventario	en	la	Ley	de	Patrimonio	Histórico	Español,	así	como	de	las	normas	previstas	en	la	ley.	d)	La	anotación	preventiva	de	un	bien	en	el	Catálogo	determinará	la	aplicación	provisional	del	régimen	de	protección	que	le	corresponda	en	función	de	la	clase	de	inscripción	promovida	y,	en	su	caso,	las	medidas	cautelares	que	se	establezcan.	Procedimiento	de	inscripción.	1.	Sin	perjuicio	del	régimen	previsto	para	los	bienes	a	que	se	refieren	las	disposiciones	adicionales	tercera,	quinta	y	sexta,	que	quedan	inscritos	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	por	ministerio	de	esta	ley,	el	procedimiento	para	la	inscripción	se	incoará	de	oficio	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Cualquier	persona	física	o	jurídica	podrá	instar	a	esta	Consejería,	mediante	solicitud	razonada,	dicha	incoación.	La	solicitud	se	entenderá	desestimada	transcurridos	tres	meses	desde	su	presentación	sin	haberse	dictado	y	notificado	resolución	expresa.	2.	La	resolución	de	incoación	del	procedimiento	llevará	aparejada	la	anotación	preventiva	del	bien	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	La	protección	cautelar	derivada	de	la	anotación	cesará	cuando	se	deje	sin	efecto	la	incoación,	se	resuelva	el	procedimiento	o	se	produzca	su	caducidad.	3.	En	el	procedimiento	para	la	inscripción	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural,	en	el	caso	de	bienes	inmuebles	y	de	actividades	de	interés	etnológico,	será	preceptivo	un	trámite	de	información	pública,	así	como	de	audiencia	al	municipio	del	término	donde	radique	el	bien	o	la	actividad	y	a	otros	organismos	públicos	afectados.	En	la	inscripción	de	Monumentos	y	Jardines	Históricos	se	dará,	además,	trámite	de	audiencia	a	los	particulares	directamente	afectados	en	sus	derechos.	En	el	caso	de	Bienes	Muebles	solo	será	preceptivo	el	trámite	de	audiencia	a	los	particulares	directamente	afectados.	16	4.	En	el	procedimiento	para	la	inscripción	de	bienes	de	catalogación	general,	se	seguirán	las	siguientes	reglas:	a)	En	el	caso	de	bienes	inmuebles	y	de	actividades	de	interés	etnológico,	será	preceptivo	un	trámite	de	información	pública,	así	como	de	audiencia	al	municipio	del	término	donde	radique	el	bien	o	la	actividad.	En	la	inscripción	de	bienes	inmuebles	individualizados	se	dará,	además,	trámite	de	audiencia	a	los	particulares	directamente	afectados	en	sus	derechos.	b)	En	el	caso	de	bienes	muebles	será	preceptivo	un	trámite	de	audiencia	a	los	particulares	directamente	afectados	en	sus	derechos.	5.	En	el	procedimiento	para	la	inscripción	de	bienes	del	Inventario	General	de	Bienes	Muebles	del	Patrimonio	Histórico	Español	será	preceptivo	el	trámite	de	audiencia	a	los	particulares	directamente	afectados.	6.	En	los	supuestos	a	que	se	refieren	los	apartados	3,	4,	y	5	se	requerirá	informe	favorable	de	alguno	de	los	órganos	consultivos	reconocidos	en	esta	ley.	Transcurridos	dos	meses	desde	la	solicitud	del	informe	sin	que	este	hubiera	sido	emitido,	se	entenderá	emitido	favorablemente.	7.	La	resolución	del	procedimiento	de	inscripción	en	el	Catálogo	corresponderá:	a)	Al	Consejo	de	Gobierno	de	la	Comunidad	de	Madrid	cuando	se	trate	de	Bienes	de	Interés	Cultural.	b)	A	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	cuando	se	trate	de	la	inscripción	de	bienes	de	catalogación	general.	c)	A	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	cuando	se	trate	de	la	inscripción	de	los	bienes	incluidos	en	el	Inventario	General	de	Bienes	Muebles	del	Patrimonio	Histórico	Español.	8.	La	caducidad	del	procedimiento	se	producirá	transcurridos	dieciocho	meses	desde	la	fecha	de	su	incoación,	sin	que	se	haya	dictado	y	notificado	su	resolución.	Declarada	la	caducidad	del	procedimiento,	no	podrá	volver	a	iniciarse	en	los	tres	años	siguientes,	salvo	a	instancia	del	titular	del	bien	o	de	al	menos	dos	instituciones	consultivas	no	dependientes	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	9.	De	las	inscripciones	y	anotaciones	preventivas	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural	y	de	los	bienes	del	Inventario	General	de	Bienes	Muebles	del	Patrimonio	Histórico	Español	se	dará	traslado	a	la	Administración	General	del	Estado	para	su	constancia	en	el	Registro	y	en	el	Inventario	correspondientes.	Modificación	y	cancelación.	La	modificación	o	cancelación	de	la	inscripción	de	un	bien	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	se	realizará	siguiendo	el	procedimiento	establecido	en	esta	ley	para	su	inscripción.	Instrucciones	particulares.	1.	La	inscripción	de	un	Bien	de	Interés	Cultural	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	deberá	llevar	aparejado,	siempre	que	resulte	necesario,	el	establecimiento	de	las	instrucciones	particulares	que	concreten,	para	cada	bien	y	su	entorno,	la	forma	en	que	deben	materializarse	las	obligaciones	generales	previstas	en	esta	ley	para	las	personas	propietarias,	titulares	de	derechos	o	simples	poseedoras	de	bienes	catalogados.	2.	La	resolución	por	la	que	se	incoe	el	procedimiento	de	inscripción	podrá	ordenar	la	redacción	de	instrucciones	particulares,	que	deberán	obrar	en	el	expediente	antes	de	que	se	efectúen	los	trámites	17	de	información	pública	y	de	audiencia.	En	aquellos	supuestos	en	que	sea	necesario,	dicha	resolución	incluirá	unas	instrucciones	particulares	provisionales	como	medida	cautelar.	Inclusión	en	el	Registro	de	la	Propiedad.	1.	La	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	instará	la	inclusión	gratuita	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	la	inscripción	de	los	bienes	inmuebles	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Las	personas	responsables	de	este	Registro	adoptarán	en	todo	caso	las	medidas	oportunas	para	la	efectividad	de	dicha	inscripción.	TÍTULO	I	Procedimientos	y	Registros	CAPÍTULO	I	Procedimientos	para	la	declaración	de	un	bien	como	Bien	de	Interés	Cultural	Artículo	6.-­‐	Incoación	y	tramitación	del	procedimiento	para	la	declaración	de	bien	como	Bien	de	Interés	Cultural.	1.-­‐	El	expediente	se	incoará	mediante	Resolución	de	la	Dirección	General	competente	de	oficio	o	a	instancia	de	persona	interesada.	La	incoación	del	expediente	determinará,	respecto	del	bien	afectado,	la	aplicación	inmediata	y	cautelar	del	régimen	de	protección	que	prevé	la	presente	Ley	para	este	tipo	de	bienes.	El	acto	de	incoación	se	notificará	a	los	interesados	y	al	Ayuntamiento	donde	esté	ubicado	el	bien,	salvo	que	se	trate	de	bienes	muebles	que	no	sean	de	su	titularidad.	2.-­‐	El	acto	de	incoación	deberá	contener	una	descripción	que	identifique	suficientemente	el	bien	a	declarar;	en	el	caso	de	inmuebles	deberán	contener,	además,	la	delimitación	gráfica	del	bien	y	su	entorno.	Proponemos:	En	lugar	de	gráfica	debería	decir	cartográfica	e	incluiría	documentación	fotográfica	y	un	informe	histórico-­‐artístico	del	bien.	3.-­‐	En	el	caso	de	los	bienes	inmuebles,	la	incoación	del	expediente	producirá	como	medida	cautelar	la	suspensión	de	aquellas	actuaciones	que	afecten	al	bien.	No	obstante,	la	Consejería	competente,	hasta	la	resolución	definitiva	del	procedimiento,	podrá	autorizar	la	realización	de	obras	de	conservación	y	las	que	no	perjudiquen	la	integridad	y	valores	del	bien.	Proponemos:	añadir	en	aplicación	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	16.1	y	2	de	la	ley	16/85	4.-­‐	El	expediente	se	someterá	a	un	periodo	de	información	pública	por	plazo	no	superior	a	un	mes	a	contar	desde	la	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid	de	la	resolución	de	incoación.	Simultáneamente	a	la	información	pública,	y	por	el	mismo	periodo,	se	dará	audiencia	al	Ayuntamiento,	a	los	interesados	y	al	menos	a	uno	de	los	órganos	consultivos	establecidos	en	el	artículo	2.2,	dependiendo	de	la	naturaleza	del	bien	objeto	del	expediente	de	declaración,	para	que	emita	el	correspondiente	informe.	Si	el	órgano	u	órganos	consultivos	no	hubieran	emitido	el	informe	solicitado	en	el	mes	siguiente	a	su	petición,	se	entenderá	en	sentido	favorable	a	la	declaración.	18	5.-­‐	El	expediente	contendrá	la	siguiente	documentación:	a)	La	descripción	precisa	del	objeto	de	la	declaración	que	facilite	su	correcta	identificación.	Proponemos:	Incluiría	documentación	fotográfica.	b)	En	caso	de	inmuebles,	además,	habrán	de	definirse	la	delimitación	gráfica	del	bien	y	de	su	entorno,	la	categoría	en	la	que	queda	clasificado	el	bien,	el	régimen	urbanístico	de	protección	adecuado	y,	en	su	caso,	las	partes	integrantes	y	bienes	muebles	que	por	su	significación	hayan	de	ser	objeto	de	incorporación	a	la	declaración.	Proponemos:	Sustituir	la	palabra	gráfica	por	cartográfica.	c)	El	estado	de	conservación	del	bien	y	los	criterios	básicos	por	los	que	deberán	regirse	las	intervenciones	que	en	el	mismo	se	realicen.	d)	En	los	bienes	inmateriales	el	expediente	deberá	contener	la	definición	de	sus	valores	significativos,	delimitación	del	área	territorial	en	la	que	se	manifiesta	y	una	descripción	de	los	bienes	con	los	que	se	relaciona.	Artículo	7.-­‐	Resolución.	1.-­‐	Corresponde	al	Consejo	de	Gobierno	de	la	Comunidad	de	Madrid	mediante	Decreto,	la	declaración	de	Bien	de	Interés	Cultural,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	2.-­‐	El	acuerdo	de	declaración	contendrá	lo	previsto	en	el	artículo	6.5	de	la	presente	ley	y	se	adoptará	en	el	plazo	máximo	de	nueve	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	de	incoación	del	expediente.	Si	se	produjera	la	caducidad	del	expediente	por	el	transcurso	del	plazo,	no	podrá	volver	a	iniciarse	hasta	que	transcurra	un	año,	salvo	solicitud	del	titular	del	bien.	Las	condiciones	de	protección	que	figuren	en	la	declaración	de	Bien	de	Interés	Cultural	serán	de	obligada	observancia	para	los	Ayuntamientos	en	el	ejercicio	de	sus	competencias	urbanísticas.	Proponemos:	añadir	donde	dice:	salvo	solicitud	del	titular	del	bien	debe	decir	salvo	solicitud	de	tres	de	las	instituciones	consultivas	reconocidas	por	la	Comunidad	de	Madrid	del	Consejo	Regional	del	Patrimonio	Histórico	y	del	titular	del	bien.	3.-­‐	Cuando	de	la	tramitación	del	expediente	se	derive	que	el	bien	no	reúne	los	requisitos	exigidos	en	el	artículo	1.3,	pero	si	lo	dispuesto	en	el	artículo	1.4	para	los	bienes	de	interés	patrimonial,	previa	apertura	de	un	nuevo	periodo	de	información	pública,	la	resolución	podrá	declarar	su	inclusión	en	dicha	categoría.	4.-­‐	El	acuerdo	de	declaración	de	un	Bien	de	Interés	Cultural	se	notificará	a	los	interesados	y	a	los	Ayuntamientos	en	los	que	se	encuentre	el	bien,	salvo	que	se	trate	de	bienes	muebles	que	no	sean	de	su	titularidad.	Dicho	acuerdo	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	el	Registro	de	Bienes	de	Interés	Cultural	de	la	Comunidad	de	Madrid.	5.-­‐	Únicamente	podrá	revocarse	la	declaración	si	se	siguen	los	mismos	trámites	que	son	necesarios	para	su	declaración.	Proponemos:	Añadir	que	no	podrá	invocarse	como	fundamento	las	causas	que	se	deriven	del	incumplimiento	de	las	obligaciones	de	conservación	y	mantenimiento	reguladas	por	esta.	19	Artículo	8.-­‐	Registro	de	Bienes	de	Interés	Cultural	de	la	Comunidad	de	Madrid.	1.-­‐	El	Registro	de	Bienes	de	Interés	Cultural	de	la	Comunidad	de	Madrid	dependerá	y	será	gestionado	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Proponemos:	El	Registro	de	Bienes	de	Interés	Cultural	de	la	Comunidad	de	Madrid	deberá	estar	incluido	en	el	catálogo	geográfico	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	2.-­‐	En	el	registro	se	inscribirán	los	acuerdos	de	declaración	y	cuantos	actos	afecten	al	contenido	de	la	misma,	así	como	los	que	puedan	incidir	en	su	identificación,	localización	y	valoración.	A	estos	efectos,	dichos	actos	o	alteraciones	deberán	ser	comunicados	por	sus	propietarios	en	los	términos	regulados	en	el	Reglamento	correspondiente.	También	se	anotará	preventivamente	la	incoación	de	expedientes	de	declaración.	3.-­‐	La	organización	y	funcionamiento	del	Registro	de	Bienes	de	Interés	Cultural	de	la	Comunidad	de	Madrid	se	rigen	por	lo	establecido	en	el	correspondiente	Reglamento.	El	acceso	al	Registro	será	público	en	los	términos	reglamentariamente	establecidos,	si	bien	será	precisa	la	autorización	expresa	del	titular	del	bien	para	la	consulta	pública	de	los	datos	relativos	a:	CAPÍTULO	II	Procedimiento	para	la	declaración	de	Bien	de	Interés	Patrimonial	Artículo	9.-­‐	Tramitación	del	procedimiento	de	Bien	de	Interés	Patrimonial.	Resolución	1.-­‐	El	expediente	se	incoará	y	tramitará	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	apartados	1,	2,	3	y	4	del	artículo	6.	2.-­‐	La	Resolución	por	la	que	se	declara	un	bien	como	Bien	de	Interés	Patrimonial	contendrá	en	todo	caso:	a)	La	descripción	del	bien,	y	de	su	estado	de	conservación.	a)	La	titularidad,	cargas	y	valor	económico	de	los	bienes,	b)	Su	localización,	en	caso	de	bienes	muebles.	Proponemos:	añadir	documentación	gráfica	así	como	un	informe	del	estado	de	su	conservación.	b)	En	el	caso	de	inmuebles	se	incluirán	la	delimitación	gráfica	del	bien	y	de	su	entorno.	Proponemos:	sustituir	la	palabra	gráfica	por	cartográfica.	3.-­‐	El	expediente	finalizará	mediante	Resolución	de	la	Consejería	competente	que	deberá	ser	dictada	en	un	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	de	la	incoación	del	expediente.	Si	se	produjera	la	caducidad	del	expediente	por	el	transcurso	del	plazo,	no	podrá	volver	a	iniciarse	hasta	que	transcurran	un	año,	salvo	solicitud	del	titular	del	bien.	Las	condiciones	de	protección	que	figuren	en	la	declaración	de	bien	de	interés	patrimonial	serán	de	obligada	observancia	para	los	Ayuntamientos	en	el	ejercicio	de	sus	competencias	urbanísticas.	4.-­‐	El	acuerdo	de	declaración	de	un	Bien	de	Interés	Patrimonial	se	notificará	a	los	interesados	y	a	los	Ayuntamientos	en	los	que	se	encuentre	el	bien,	salvo	que	se	trate	de	bienes	muebles	que	no	20	sean	de	su	titularidad.	Dicho	acuerdo	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	en	el	Registro	de	Bienes	de	Interés	Patrimonial	de	la	Comunidad	de	Madrid.	5.-­‐	Únicamente	podrá	revocarse	la	declaración	si	se	siguen	los	mismos	trámites	que	son	necesarios	para	su	declaración.	Artículo	10.-­‐	Registro	de	los	Bienes	de	Interés	Patrimonial	de	la	Comunidad	de	Madrid.	1.-­‐	El	Registro	de	los	Bienes	de	Interés	Patrimonial	de	la	Comunidad	de	dependerá	y	será	gestionado	por	la	Consejería	competente	en	esta	materia.	En	él	se	inscribirán	los	acuerdos	de	inclusión	y	cuantos	actos	afecten	al	contenido	de	los	mismos,	así	como	los	que	puedan	incidir	en	su	identificación,	localización	y	valoración.	A	estos	efectos,	dichos	actos	o	alteraciones	deberán	ser	comunicados	por	sus	propietarios	en	los	términos	regulados	en	el	Reglamento	correspondiente.	También	se	anotará	preventivamente	la	incoación	de	expedientes	de	declaración.	Proponemos:	añadir	que	dicho	registro	deberá	quedar	incluido	en	el	catálogo	geográfico	de	bienes	de	la	Comunidad	de	Madrid.	2.-­‐	La	organización	y	funcionamiento	del	precitado	registro	se	rige	por	lo	establecido	en	el	correspondiente	Reglamento.	El	acceso	al	Inventario	será	público	en	los	términos	reglamentariamente	establecidos,	con	las	limitaciones	previstas	por	el	artículo	8.3	de	esta	Ley.	TÍTULO	II	Régimen	general	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	Artículo	11.-­‐	Deber	de	conservar	y	permiso	de	acceso	1.-­‐	Los	propietarios	y	poseedores	de	bienes	del	matrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	tienen	el	deber	de	conservarlos	y	custodiarlos.	A	tales	efectos,	la	Consejería	competente	y	los	Ayuntamientos	correspondientes	podrán	asesorar	sobre	aquellas	obras	o	actuaciones	precisas	para	el	cumplimiento	del	deber	de	conservación.	2.-­‐	La	Administración	competente	podrá	recabar	de	los	titulares	de	derechos	sobre	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	el	examen	de	los	mismos	y	la	información	y	documentación	pertinente	a	los	efectos	de	comprobar	su	estado	de	conservación	o	para	su	protección	específica,	si	procediese.	La	Administración	competente	podrá	dispensar	de	estas	obligaciones	cuando,	en	atención	a	circunstancias	concurrentes,	entienda	que	haya	causa	justificada	para	ello.	Proponemos:	que	se	elimine	“La	Administración	competente	podrá	dispensar	de	estas	obligaciones	cuando,	en	atención	a	circunstancias	concurrentes,	entienda	que	haya	causa	justificada	para	ello.”	Proponemos:	Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación. 21	La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo Geográfico del Patrimonio Histórico la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia. Dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de otras Administraciones Públicas las licencias o autorizaciones que correspondan. -Las personas destinatarias de tales órdenes de ejecución tendrán la posibilidad de liberarse de la carga impuesta siempre que el coste de las obras o actuaciones necesarias ordenadas por la Consejería excedan del 50% del valor total del bien de que se trate. Para que se produzca esta liberación, tales personas habrán de ofrecer a la Consejería, para ella misma o para un tercero, la transmisión de sus respectivos derechos sobre el indicado bien. El precio de la transmisión será el resultado de detraer del valor total del bien el coste de las obras o actuaciones impuestas. -En el supuesto de que la Consejería opte por no adquirir el bien ofrecido, la persona propietaria, titular o poseedora del bien vendrá obligada a adoptar únicamente aquellas previsiones cuyo coste no supere el 50% del valor del bien con arreglo a las prioridades señaladas en cada caso por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo Geográfico del Patrimonio Histórico deberán, asimismo, permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la Administración, su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la misma, así como facilitar la información que pidan las Administraciones Públicas competentes sobre el estado de los bienes y su utilización. 3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constando esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá, igualmente, acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposiciones organizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que tales deberes deban ser cumplidos. Artículo	12.-­‐	Comercio	de	bienes	muebles	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	1.-­‐	Las	personas	que	se	dediquen	habitualmente	al	comercio	de	bienes	muebles	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	deberán	inscribirse	en	el	Registro	que	para	tal	fin	dispondrá	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Así	mismo,	llevarán	un	22	libro	de	registro	establecido	por	esta	Consejería,	en	el	cual	harán	constar	todas	las	transacciones	que	efectúen	de	estos	bienes	muebles.	Proponemos:	La	obligatoriedad	de	incluir	en	el	libro	de	Registro	la	justificación	de	la	procedencia	de	dichos	bienes	2.-­‐	La	Consejería	competente	ejercerá	las	funciones	inspectoras	que	estime	oportunas.	El	libro	de	registro	servirá	de	base	para	las	obligadas	comunicaciones	a	la	Administración	del	Estado	de	las	transacciones	realizadas.	Artículo	13.-­‐	Derechos	de	tanteo	y	retracto	de	bienes	muebles	1.-­‐	Los	subastadores	habrán	de	notificar,	con	un	plazo	de	antelación	de	quince	días,	las	subastas	públicas	en	las	que	pretenda	enajenarse	cualquier	bien	mueble	integrante	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Proponemos:	ampliar	el	plazo	de	notificación	de	quince	días	a	dos	meses	(puesto	que	entendemos	que	este	trámite	no	debe	acortarse	ya	que	pone	en	peligro	el	bien	y	que	establece	la	ley	16/85	en	su	artículo	38.2)	2.-­‐	La	Consejería	competente	podrá	ejercer	el	derecho	de	tanteo	para	sí	o	en	beneficio	de	otras	instituciones	públicas,	en	el	precio	convenido	o	de	remate	de	la	subasta.	Las	entidades	públicas	deberán	acreditar	a	tal	efecto	la	existencia	y	disponibilidad	de	crédito	presupuestario.	3.-­‐	Si	los	subastadores	no	notificaran	debidamente	las	subastas	públicas,	la	Comunidad	de	Madrid,	a	través	de	la	Consejería	competente,	podrá	ejercer	el	derecho	de	retracto	en	los	mismos	términos	establecidos	para	el	de	tanteo,	en	el	plazo	de	seis	meses	desde	el	momento	en	que	se	tenga	conocimiento	fehaciente	de	la	citada	transmisión.	Artículo	14.-­‐	Declaración	de	ruina.	1.-­‐	Se	considerará	estado	ruinoso,	a	los	efectos	de	esta	ley,	la	situación	en	que	se	encuentra	un	edificio	cuando,	debido	al	deterioro	sufrido,	todos	los	valores	que	llevaron	a	su	consideración	como	bien	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	objeto	de	protección,	hayan	desaparecido	de	forma	que	no	se	pueda	llevar	a	cabo	su	restauración.	Proponemos:	que	dicho	estado	de	ruina	deba	ser	certificado	por	expertos	en	la	materia	(órganos	consultivos	y	dirección	general	de	Patrimonio)	e	incorporamos	el	texto	que	aparecía	como	artículo	25	apartado	1	de	la	Ley	de	Patrimonio	de	la	CAM	del	año	98.	“Cuando	alguna	de	las	edificaciones	objeto	de	la	protección	de	la	presente	Ley	se	encontrara	en	estado	ruinoso,	el	Ayuntamiento	correspondiente	previo	informe,	preceptivo	y	determinante,	de	los	Servicios	Técnicos	de	la	Dirección	General	de	Patrimonio	Cultural	de	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura,	declarará	la	ruina	legal	del	edificio	y	acordará,	en	su	caso,	la	demolición	total	o	parcial	del	mismo,	previa	audiencia	del	propietario	y	de	sus	moradores,	salvo	inminente	peligro	que	impidiera	dicha	audiencia,	siendo	también	condición	indispensable	para	la	declaración	de	ruina	la	autorización	23	previa	de	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura	a	los	efectos	de	desafección	del	bien	cultural	o	protegido	objeto	de	expediente.”	2.-­‐	Las	situaciones	de	ruina	de	las	edificaciones	y	construcciones	se	rigen	por	la	legislación	urbanística,	salvo	los	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	cultural	o	patrimonial	que	se	regirán	por	la	presente	ley.	3.-­‐	Los	Ayuntamientos	comunicarán	a	la	Consejería	competente,	en	el	término	de	diez	días	cualquier	actuación	que	realicen	en	esta	materia	sobre	bienes	que	el	municipio	tenga	catalogados	por	su	valor	histórico.	Proponemos	añadir	un	apartado	4	tal	como	contemplaba	la	ley	del	98:	La	declaración	ruina	o	la	simple	incoación	del	expediente	serán	causa	suficiente	de	utilidad	pública	para	iniciar	la	expropiación	forzosa	del	inmueble	afectado.	Artículo	15.-­‐	Iniciativas	sometidas	a	procedimientos	ambientales	1.-­‐	Los	promotores,	públicos	o	privados,	de	planes,	proyectos	y	actividades	podrán	elevar	consulta	previa	a	la	Consejería	competente	sobre	el	patrimonio	histórico	a	los	efectos	de	determinar	los	bienes	de	dicho	patrimonio	que	pudieran	verse	afectados.	Ésta	proporcionará	la	información	contenida	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico	correspondiente	al	ámbito	afectado	por	la	iniciativa.	Proponemos:	que	en	lugar	de	podrán	la	ley	diga	DEBERÁN.	2.-­‐	Cuando	en	cumplimiento	de	la	normativa	medioambiental	deba	emitirse	informe	por	la	afección	al	patrimonio	histórico	de	los	planes	y	proyectos,	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	deberá	resolver	en	el	plazo	de	tres	meses	desde	su	petición,	transcurrido	el	cual	sin	haberse	dictado	resolución	se	entenderá	que	el	informe	es	favorable.	Proponemos:	que	el	silencio	administrativo	no	puede	ser	favorable	en	los	casos	en	los	que	incida	sobre	inmuebles	objeto	de	inscripción	como	bienes	Patrimoniales	y	de	Interés	cultural	y	su	entorno	en	cuyo	caso	entendemos	que	si	el	plazo	de	tres	meses	transcurre	sin	la	emisión	de	un	informe	se	entenderá	que	la	resolución	es	DESFAVORABLE.	Artículo	16.-­‐	Protección	urbanística	de	los	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	1.-­‐	Los	Ayuntamientos	están	obligados	a	recoger	en	sus	catálogos	de	bienes	y	espacios	protegidos	los	bienes	inmuebles	del	patrimonio	histórico	ubicados	en	su	territorio.	A	tal	efecto,	deberán	incluir	tanto	los	bienes	de	interés	cultural	y	patrimonial,	como	los	bienes	que,	reuniendo	los	requisitos	del	artículo	1.2	de	esta	ley,	tengan	relevancia	para	el	municipio.	Estos	últimos	bienes	se	sujetarán	al	régimen	de	protección	urbanística	que	se	establezca	en	su	planeamiento,	mediante	inclusión	en	el	referido	catálogo,	que	deberá	establecer	las	medidas	necesarias	para	garantizar	su	adecuada	conservación.	Proponemos:	Que	el	plazo	para	la	inscripción	de	los	bienes	y	espacios	protegidos	en	los	catálogos	y	normas	de	planeamiento	urbanístico	de	los	Ayuntamientos	será	de	un	máximo	de	dos	años.	Dicha	obligación	no	podrá	ir	excusada	por	la	existencia	de	un	planeamiento	contradictorio	con	la	24	protección	de	los	bienes	inscritos,	ni	por	la	existencia	de	planes	sin	actualizar,	ni	por	la	inexistencia	de	planeamiento	que	contemple	a	los	bienes	inscritos.	2.-­‐	Los	planes	generales	o	documentos	análogos	deberán	contener,	para	su	aprobación	inicial,	la	identificación	diferenciada	de	los	bienes	integrantes	del	patrimonio	histórico	y	los	criterios	para	su	protección.	A	estos	efectos,	los	Ayuntamientos	podrán	elevar	consulta	previa	a	la	Consejería	competente	para	la	debida	identificación	de	los	bienes	inmuebles	integrantes	en	el	patrimonio	histórico.	3.-­‐	La	Consejería	competente	emitirá	informe	preceptivo	y	vinculante	antes	de	la	aprobación	provisional	o,	en	su	caso,	definitiva	de	los	instrumentos	de	planeamiento	y	sus	modificaciones	cuando	éstos	afecten	a	los	bienes	del	patrimonio	histórico	recogidos	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles.	El	informe	se	entenderá	favorable	si,	transcurridos	tres	meses	desde	su	petición,	no	hubiera	sido	emitido.	TÍTULO	III	Régimen	Específico	de	los	Bienes	de	Interés	Patrimonial	Artículo	17.-­‐	Régimen	de	los	bienes	muebles	declarados	de	interés	patrimonial	1.-­‐	Toda	intervención	sobre	bienes	muebles	declarados	de	interés	patrimonial	requerirá	autorización	previa	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Dicha	autorización	se	entenderá	concedida	si,	transcurridos	dos	meses	desde	la	recepción	de	la	solicitud	por	el	órgano	competente,	éste	no	hubiera	dictado	resolución.	Proponemos:	Toda	intervención	sobre	bienes	muebles	declarados	de	interés	patrimonial	requerirá	autorización	previa	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	en	la	que	se	incluirá	un	pliego	de	prescripciones	para	dicha	intervención	que	velará	por	la	salvaguarda	de	dicho	bien.	Justificación:	Creemos	que	no	se	debería	autorizar	una	intervención	en	bienes	muebles	sin	autorización	en	la	que	se	desarrolle	un	pliego	de	prescripciones	y	sin	un	proyecto	en	el	que	quede	detallado	cualquier	actuación	sobre	el	bien.	Este	silencio	administrativo	deja	en	la	buena	fe	de	la	actuación	del	propietario	u	otros	hechores.	2.-­‐	El	traslado	de	bienes	muebles	declarados	de	interés	patrimonial	fuera	del	territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid	deberá	ser	comunicado	a	la	Consejería	competente	para	anotar	dicho	traslado.	Proponemos:	Aquí	añadiría	que	“se	autorizará	este	traslado	previo	informe	favorable	de	algún	ente	calificador	en	el	que	se	indique	que	el	traslado	no	pone	en	riesgo	el	bien	y	que	dicho	bien	está	en	condiciones	para	ser	trasladado”.	También	incluiría	que	“el	traslado	se	hará	previo	informe	de	cómo	se	va	a	trasladar	y	sería	obligatorio	saber	dónde	se	va	a	trasladar	para	que	se	tenga	constancia	del	movimiento	de	dichos	bienes	con	el	fin	de	que	siempre	estén	localizados	y	no	se	pierdan	por	el	camino”.	25	Asimismo,	completaría	con	la	coletilla	“La	Consejería	podrá	establecer	las	medidas	necesarias	a	cargo	del	titular	para	que	los	bienes	no	corran	riesgos	durante	el	traslado”.	Y	también	“En	aquellos	casos	en	que	la	conservación	de	un	bien	mueble	de	interés	cultural	sea	deficiente,	la	Consejería	competente	podrá	acordar	el	depósito	provisional	en	un	lugar	que	cumpla	las	condiciones	adecuadas	de	seguridad	y	conservación.	3.-­‐	La	separación	de	las	partes	de	un	conjunto	de	bienes	muebles	declarados	de	interés	patrimonial	necesitará	autorización	expresa	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Proponemos:	añadir	“previo	informe	favorable	del	ente	calificador,	registro	de	movimiento,	en	definitiva	lo	dicho	para	los	puntos	anteriores.	Justificación:	entendemos	que	la	separación	de	partes	de	un	conjunto	puede	dañar	o	falsear	la	información	de	de	ese	conjunto	que	si	está	contenido	en	un	bien	inmueble	puede	explicar	mejor	dicho	bien	o	hacer	perder	parte	de	su	valor	patrimonial.	Artículo	18.-­‐	Régimen	de	los	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	patrimonial	1.-­‐	Las	obras	e	intervenciones	en	los	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	patrimonial	deben	respetar	sus	valores	históricos	y	culturales	y,	en	todo	caso,	se	adaptarán	a	lo	establecido	en	su	declaración.	2.-­‐	Debe	obtenerse	autorización	previa	por	parte	de	la	Consejería	competente	en	los	siguientes	supuestos:	a)	Las	obras	mayores.	b)	Los	tratamientos	de	fachadas	que	vayan	más	allá	de	la	mera	conservación.	c)	Las	obras	menores	cuando	expresamente,	y	con	carácter	excepcional,	así	se	haya	señalado	en	la	resolución	por	la	que	se	declaren	estos	bienes	de	interés	patrimonial.	d)	Las	obras	exteriores	de	los	inmuebles	que	se	encuentren	en	los	entornos	delimitados	de	los	bienes	de	interés	patrimonial.	3.-­‐	El	plazo	máximo	para	resolver	será	de	dos	meses,	transcurridos	los	cuales	sin	haber	sido	notificada	la	resolución,	los	interesados	que	hubieran	instado	la	solicitud	podrán	entenderla	estimada	por	silencio	administrativo.	Proponemos:	El	plazo	máximo	para	resolver	será	de	dos	meses,	en	la	resolución	que	debe	existir	siempre	se	incluirá	un	pliego	de	prescripciones	para	dicha	intervención	que	velará	por	la	salvaguarda	de	dicho	bien.	Justificación:	Insistimos	igual	que	en	el	apartado	anterior	que	ninguna	actuación	debe	estimarse	por	silencio	administrativo	sin	ser	evaluada	y	debidamente	controlada	por	prescripciones	técnicas	por	mínimas	que	sean	las	intervenciones.	Debe	haber	un	asesoramiento	ya	que	el	uso	de	materiales	no	adecuados	podría	provocar	el	deterioro	del	bien.	4.-­‐	A	los	bienes	incluidos	declarados	de	interés	patrimonial	les	será	de	aplicación	el	régimen	de	ruina	previsto	en	los	apartados	1,	2	y	4	del	artículo	25.	26	5.-­‐	Los	investigadores	tienen	derecho	de	acceso	a	los	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	patrimonial	en	las	condiciones	autorizadas	por	la	Consejería	competente.	Proponemos:	Que	el	reglamento	de	desarrollo	de	la	ley	estipule	de	manera	clara	el	acceso	todos	aquellos	que	justifiquen	un	interés	científico	en	el	estudio	del	bien.	6.-­‐	Los	bienes	muebles	incluidos	en	la	resolución	de	declaración	de	un	bien	inmueble	como	de	interés	patrimonial	son	inseparables	de	éste	salvo	autorización	otorgada	por	la	Consejería	competente.	Proponemos	que	se	incluya:	con	el	informe	favorable	en	el	que	se	indiquen	las	causas	favorables	de	esta	autorización.	TÍTULO	IV	Régimen	específico	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural	CAPÍTULO	I	Normas	comunes	Artículo	19.-­‐	Autorización	1.-­‐	La	Consejería	competente	debe	autorizar	las	intervenciones	en	los	bienes	muebles	e	inmuebles	de	interés	cultural	y	en	los	entornos	de	protección	delimitados	de	estos	últimos.	El	plazo	máximo	para	resolver	será	de	dos	meses,	transcurrido	el	cual	sin	haber	sido	notificada	la	resolución,	los	interesados	podrán	entender	desestimada	la	solicitud	por	silencio	administrativo.	2.-­‐	Esta	autorización	no	será	necesaria	en	los	siguientes	supuestos:	a)	En	las	intervenciones	de	mantenimiento	en	bienes	inmuebles,	salvo	que	afecten	al	aspecto	exterior	del	bien	protegido.	Proponemos:	cambiar	la	frase:	aspecto	exterior	del	bien	protegido	por	los	valores	que	hacen	significativo	al	bien	tanto	exteriores	como	interiores.	Opinamos	que	el	valor	de	muchos	inmuebles	se	encuentra	en	sus	estructuras	internas	y	que	por	tanto	no	puede	eliminarse	la	autorización	en	obras	interiores.	b)	En	las	transformaciones	del	interior	de	los	inmuebles	que	formen	parte	de	entornos	delimitados.	Proponemos:	que	una	transformación	supone	un	cambio	en	el	valor	del	BIC	y	que	por	tanto	requiere	de	autorización.	c)	Cuando	los	bienes	de	interés	cultural	hayan	sido	declarados	en	las	categorías	previstas	en	los	apartados	b),	c),	e)	y	g)	del	artículo	4.1	y	se	haya	redactado	un	plan	especial	de	protección,	en	los	términos	establecidos	por	el	artículo	26	apartados	2	y	3	de	la	presente	Ley.	Artículo	20.-­‐	Uso	y	criterios	de	intervención	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural	27	1.-­‐	La	utilización	de	los	bienes	declarados	de	interés	cultural	quedará	subordinada	a	que	no	se	pongan	en	peligro	los	valores	que	justifican	su	protección	legal.	Cuando	se	incumpla	dicha	obligación	la	Administración	podrá	ordenar	el	cese	del	uso.	A	tal	efecto	los	propietarios	deberán	comunicar	a	la	Consejería	competente	el	cambio	de	uso.	2.-­‐	Se	establecen	los	siguientes	criterios	de	intervención	en	los	bienes	de	interés	cultural:	a)	Toda	intervención	estará	basada	en	los	siguientes	principios:	a.1	Mínima	intervención:	se	actuará	lo	imprescindible	para	la	conservación,	restauración	o	puesta	en	uso	del	bien,	evitando	tratamientos	o	actuaciones	innecesarias	que	pongan	en	peligro	su	integridad.	La	reintegración	o	reconstrucción	sólo	se	efectuará	cuando	resulte	necesaria	y	se	disponga	de	información	suficiente	para	evitar	falsedades	históricas.	Proponemos:	“Las	restauraciones	respetaran	las	aportaciones	de	todas	las	épocas	prexistentes,	así	como	las	pátinas,	que	constituyan	un	valor	propio	del	bien;	la	eliminación	de	alguna	de	ellas	solo	se	autorizará	en	su	caso,	y	siempre	que	quede	fundamentado	que	los	elementos	que	traten	de	suprimirse	supongan	una	degradación	del	bien	y	su	eliminación	fuere	necesaria	para	permitir	la	adecuada	conservación	del	bien	y	una	mejor	interpretación	histórica	y	cultural	del	mismo.”	a.2	Diferenciación:	los	elementos	destinados	a	reemplazar	las	partes	que	falten	deberán	integrarse	armoniosamente	en	el	conjunto,	pero	distinguiéndose	a	su	vez	de	las	partes	originales,	con	el	objeto	de	evitar	la	falsificación	tanto	histórica	como	artística.	Proponemos	que	se	desarrollen	de	manera	reglamentaria	los	criterios	de	intervención	tanto	en	rehabilitaciones,	reconstrucciones,	conservación	de	pátinas,	etc.	conforme	a	la	normativa	internacional	consensuada	(Carta	del	Restauro	Venecia)	Cualquier	intervención	de	conservación,	restauración	y	rehabilitación	sobre	bienes	inscritos	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	del	Patrimonio	de	la	Comunidad	de	Madrid,	exigirá	la	elaboración	de	un	proyecto	de	conservación	cuyos	requisitos	serán:	1.	Los	proyectos	de	conservación,	que	responderán	a	criterios	multidisciplinares,	se	ajustarán	al	contenido	que	reglamentariamente	se	determine,	incluyendo,	como	mínimo,	el	estudio	del	bien	y	sus	valores	culturales,	la	diagnosis	de	su	estado,	la	descripción	de	la	metodología	a	utilizar,	la	propuesta	de	actuación	desde	el	punto	de	vista	teórico,	técnico	y	económico	y	la	incidencia	sobre	los	valores	protegidos,	así	como	un	programa	de	mantenimiento.	2.	Los	proyectos	de	conservación	irán	suscritos	por	personal	técnico	competente	en	cada	una	de	las	materias.	b)	Toda	intervención	quedará	documentada	en	un	informe	o	memoria	final	en	la	que	figure	la	descripción	pormenorizada	de	lo	ejecutado	y	los	tratamientos	aplicados,	así	como	la	documentación	gráfica	del	proceso	seguido,	a	los	efectos	de	su	difusión	ulterior.	Artículo	21.-­‐	Expropiación.	28	El	incumplimiento	grave	de	las	obligaciones	de	protección	y	conservación	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural	será	causa	de	interés	social	para	su	expropiación	forzosa	en	los	términos	establecidos	por	la	legislación	española.	Proponemos:	Añadir	“Serán	causa	de	interés	social	para	la	expropiación	forzosa	las	necesidades	de	suelo	para	la	realización	de	obras	destinadas	a	la	conservación	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural	y	de	los	destinados	a	la	creación,	ampliación	y	mejora	de	museos,	archivos	y	bibliotecas.	Así	como	eliminar	los	usos	incompatibles	u	otras	circunstancias	que	atenten	contra	la	seguridad	de	dichos	bienes”	CAPÍTULO	II	De	los	bienes	muebles	declarados	de	Interés	Cultural	Artículo	22.-­‐	Conservación	y	depósito.	Limitaciones	al	desplazamiento	1.-­‐	Los	bienes	muebles	de	Interés	Cultural	cuya	titularidad	pertenezca	a	la	Comunidad	de	Madrid	o	a	las	entidades	locales	madrileñas,	serán	imprescriptibles,	inalienables	e	inembargables,	quedando,	por	tanto,	sujetos	al	régimen	de	uso	y	aprovechamiento	propio	de	los	bienes	demaniales.	Proponemos:	Añadir	la	titularidad	particular	de	los	bienes	“Los	bienes	muebles	de	Interés	Cultural	cuya	titularidad	pertenezca	a	la	Comunidad	de	Madrid	o	a	las	entidades	locales	madrileñas	o	de	titularidad	particular,	serán	imprescriptibles,	inalienables	e	inembargables,	quedando,	por	tanto,	sujetos	al	régimen	de	uso	y	aprovechamiento	propio	de	los	bienes	demaniales.”	2.-­‐	La	separación	de	las	partes	de	un	conjunto	de	bienes	muebles	declarado	de	Interés	Cultural	será	excepcional	y	necesitará	autorización	expresa	del	organismo	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Proponemos	añadir	“tras	informe	favorable	de	ente	consultivo”.	3.-­‐	El	traslado	definitivo	o	temporal	de	estos	bienes	fuera	del	territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid	deberá	ser	previamente	comunicado	a	la	Consejería	competente,	indicando	las	condiciones	del	mismo.	La	Consejería	podrá	establecer	las	medidas	necesarias	a	cargo	del	titular	para	que	los	bienes	no	corran	riesgos	durante	el	traslado.	4.-­‐	En	aquellos	casos	en	que	la	conservación	de	un	bien	muebles	de	interés	cultural	sea	deficiente,	la	Consejería	competente	podrá	acordar	el	depósito	provisional	en	un	lugar	que	cumpla	las	condiciones	adecuadas	de	seguridad	y	conservación.	Proponemos	añadir	también	el	artículo	36	de	la	ley	de	Patrimonio	del	98	que	se	refiere	al	Depósito	de	Bienes:	“En	el	caso	de	bienes	muebles	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	de	La	Comunidad	de	Madrid,	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura,	podrá	establecer,	en	virtud	de	las	circunstancias	excepcionales	alegadas	por	el	titular	o	motivadas	por	la	Administración,	como	medida	alternativa	a	la	visita	pública,	29	el	depósito	de	los	bienes	en	un	centro	cultural	o	museo,	para	que	sean	exhibidos	en	las	condiciones	que	se	establezcan	reglamentariamente,	salvaguardándose	en	todo	caso	de	los	menoscabos	que	puedan	sufrir.	Asimismo	los	propietarios	o	titulares	de	derechos	reales	sobre	Bienes	de	Interés	Cultural	o	incluidos	en	el	Catálogo	quedan	obligados	por	la	presente	Ley,	además	de	a	permitir	su	estudio	a	los	investigadores,	a	prestarlos	para	exposiciones	temporales	organizadas	por	las	Administraciones	Públicas	en	los	términos	que	reglamentariamente	se	establezcan.”	CAPÍTULO	III	De	los	inmueble	declarados	Bienes	de	Interés	Cultural	Artículo	23.-­‐	Desplazamiento	y	segregaciones	1.-­‐	Los	bienes	inmuebles	declarados	bienes	de	interés	cultural	son	inseparables	de	su	emplazamiento.	No	obstante,	se	podrá	proceder	a	su	desplazamiento	o	remoción,	previa	autorización	de	la	Consejería	competente	cuando	concurran	causas	debidamente	justificadas.	Proponemos:	Que	se	añada	que	“exista	un	proyecto	con	las	condiciones	de	dicho	desplazamiento,	un	informe	favorable	de	alguno	de	los	órganos	consultivos	y	que	dicho	desplazamiento	quede	inscrito	en	un	libro	de	movimientos.”	2.-­‐	Los	monumentos	y	jardines	históricos	no	podrán	ser	segregados	y	tan	solo	se	admitirá	excepcionalmente	su	segregación,	previa	autorización	de	la	Consejería	competente,	cuando	concurran	causas	debidamente	justificadas.	Proponemos:	Que	se	añada	“que	exista	un	proyecto	con	las	condiciones	de	dicho	desplazamiento,	un	informe	favorable	de	alguno	de	los	órganos	consultivos	y	que	dicho	desplazamiento	quede	inscrito	en	un	libro	de	movimientos”.	Artículo	24.-­‐	Normas	específicas	de	intervención	en	bienes	inmuebles	declarados	de	interés	cultural.	Intervenciones	en	entornos	de	protección.	1.-­‐	La	Consejería	competente	podrá	requerir	la	realización	previa	de	un	plan	de	actuación	cuando	lo	aconseje	la	naturaleza	del	bien	de	interés	cultural	o	la	complejidad	de	la	actuación	a	realizar	sobre	los	mismos,	en	dicho	plan	se	podrán	establecer	distintas	fases	de	actuación.	Proponemos	que	se	sustituya	el	podrá	requerir	por	el	deberá.	Así	mismo	deberá	desarrollarse	en	el	reglamento	posterior.	2.-­‐	Las	obras	de	conservación,	restauración	o	rehabilitación	en	inmuebles	incoados	o	declarados	Bien	de	Interés	Cultural	en	las	categorías	de	monumento	o	jardín	histórico	se	realizarán	de	acuerdo	con	los	siguientes	criterios:	30	a)	Se	respetarán	los	valores	históricos	y	las	características	esenciales	del	bien,	pudiendo	autorizarse	el	uso	de	elementos,	técnicas	y	materiales	actuales	para	la	mejor	adaptación	del	bien	al	uso.	Se	conservarán	alineaciones,	rasantes	y	las	características	volumétricas	definidoras	del	inmueble,	salvo	casos	excepcionales	y	previa	autorización	expresa	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Proponemos	que	se	especifique	que	dicha	adaptación	del	bien	al	uso	no	pongan	en	riesgo	el	valor	del	bien	y	que	no	atente	contra	la	integridad	del	mismo.	b)	Se	admitirá	la	reconstrucción	total	o	parcial,	exclusivamente	en	los	casos	en	los	que	la	existencia	de	suficientes	elementos	originales	así	lo	permita.	Se	prohíben	las	adiciones	que	falseen	la	autenticidad	histórica	del	bien.	Proponemos	que	dicha	reconstrucción	cuente	con	un	proyecto	que	sea	autorizado	por	órganos	competentes.	c)	Las	intervenciones	en	bienes	inmuebles	que	contengan	bienes	muebles	declarados	de	interés	cultural	o	bienes	de	interés	patrimonial,	deberán	garantizar	en	todo	caso	su	adecuada	conservación,	que	se	especificará	en	los	correspondientes	documentos	técnicos	de	intervención.	3.-­‐	Las	intervenciones	en	los	entornos	delimitados	de	los	bienes	de	interés	cultural	deberán	respetar	los	valores	arquitectónicos	y	paisajísticos	del	entorno	del	bien	objeto	de	protección	y	cuidarán	la	morfología	y	el	cromatismo.	Proponemos	que	el	concepto	de	entorno	tenga	en	cuenta	la	definición	que	incorporamos	como	propuesta	en	el	artículo	5	apartado	1.	4.-­‐	Las	intervenciones	en	los	bienes	de	interés	cultural	a	que	se	refieren	los	apartados	b),	c),	e)	y	g)	del	artículo	4.1,	hasta	que	se	apruebe	el	planeamiento	de	protección	a	que	se	refiere	el	apartado	2	del	artículo	26,	se	ajustarán	a	los	siguientes	criterios:	a)	Las	sustituciones	de	los	inmuebles	sólo	podrán	realizarse	en	la	medida	que	contribuyan	a	la	conservación	general	del	carácter	del	conjunto.	Proponemos	tener	en	consideración	la	ampliación	que	hemos	indicado	en	el	artículo	20	apartado	2	sección	a)	b)	Se	regirán	por	la	normativa	urbanística	vigente	y	se	procurará	el	mantenimiento	general	de	la	estructura	urbana,	en	la	que	se	integren.	c)	En	los	conjuntos	históricos	declarados	deben	respetarse	las	alineaciones	y	las	rasantes.	Las	alteraciones	parcelarias	serán	excepcionales.	Proponemos	que	cualquier	intervención	cuente	con	un	proyecto	que	debe	ser	autorizado	por	el	organismo	competente	quedando	constancia	de	ello	en	el	Registro	5.-­‐	Debe	evitarse	la	colocación	de	publicidad	comercial,	cables,	antenas	y	conducciones	visibles	en	los	Jardines	Históricos	y	en	las	fachadas	y	cubiertas	de	los	Monumentos.	No	obstante,	podrán	situarse	rótulos	indicadores	de	su	horario	de	visitas,	historia,	patrocinio	o	cualquier	otro	aspecto	de	interés	general	para	la	conservación	y	difusión	de	las	actividades	que	se	celebren	en	el	bien	cultural,	previa	comunicación	a	la	Consejería	competente.	Proponemos	la	modificación	del	apartado	anterior	por:	31	Contaminación	visual	o	perceptiva.	1.	Se	entiende	por	contaminación	visual	o	perceptiva,	a	los	efectos	de	esta	Ley,	aquella	intervención,	uso	o	acción	en	el	bien	o	su	entorno	de	protección	que	degrade	los	valores	de	un	bien	inmueble	integrante	del	Patrimonio	Histórico	y	toda	interferencia	que	impida	o	distorsione	su	contemplación.	2.	Los	municipios	en	los	que	se	encuentren	bienes	inscritos	en	el	Catálogo	Geográfico	del	Patrimonio	de	la	Comunidad	de	Madrid	deberán	recoger	en	el	planeamiento	urbanístico	o	en	las	ordenanzas	municipales	de	edificación	y	urbanización	medidas	que	eviten	su	contaminación	visual	o	perceptiva.	Tales	medidas	comprenderán,	al	menos,	el	control	de	los	siguientes	elementos:	a. Las	construcciones	o	instalaciones	de	carácter	permanente	o	temporal	que	por	su	altura,	volumetría	o	distancia	puedan	perturbar	su	percepción.	b. Las	instalaciones	necesarias	para	los	suministros,	generación	y	consumo	energéticos.	c. Las	instalaciones	necesarias	para	telecomunicaciones.	d. La	colocación	de	rótulos,	señales	y	publicidad	exterior.	e. La	colocación	de	mobiliario	urbano.	f. La	ubicación	de	elementos	destinados	a	la	recogida	de	residuos	urbanos.	3.	Las	personas	o	entidades	titulares	de	instalaciones	o	elementos	a	los	que	se	refiere	este	artículo	estarán	obligadas	a	retirarlos	en	el	plazo	de	seis	meses	cuando	se	extinga	su	uso.	4.	No	obstante,	podrán	situarse	rótulos	indicadores	de	su	horario	de	visitas,	historia,	patrocinio	o	cualquier	otro	aspecto	de	interés	general	para	la	conservación	y	difusión	de	las	actividades	que	se	celebren	en	el	bien	cultural,	previa	comunicación	a	la	Consejería	competente.	Artículo	25.-­‐	Declaración	de	ruina.	Demoliciones.	1.-­‐	Todo	expediente	de	declaración	de	ruina	que	afecte	a	un	bien	de	interés	cultural	se	someterá	a	informe	preceptivo	de	la	Dirección	General	competente,	que	se	pronunciará,	con	carácter	vinculante,	sobre	las	medidas	a	adoptar	y,	en	su	caso,	sobre	las	obras	necesarias	para	mantener	y	recuperar	la	estabilidad	y	la	seguridad	del	inmueble.	Proponemos:	que	en	lo	que	se	refiere	a	ruina	se	tengan	en	cuenta	y	se	incorporen	las	adendas	propuestas	en	el	artículo	14.	2.-­‐	En	ningún	caso	podrá	procederse	a	la	demolición	sin	autorización	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Proponemos:	incluir	“la	firmeza	de	la	declaración	de	ruina	no	llevará	aparejada	la	autorización	de	demolición	de	inmuebles	catalogados”	y	también:	“No	procederá	la	demolición	de	inmuebles	inscritos	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	excepcionalmente,	demoliciones	derivadas	de	la	ejecución	del	proyecto	de	conservación,	que	exigirán	la	autorización	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico”.	Asimismo	para	el	resto	de	categorías	dice:	“Las	demoliciones	que	afecten	a	inmuebles	incluidos	en	Conjuntos	Históricos,	Sitios	o	Territorios	Históricos,	Bien	de	Interés	Etnográfico	e	Industrial,	que	no	32	estén	inscritos	individualmente	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	ni	formen	parte	del	entorno	de	Bienes	de	Interés	Cultural,	exigirán	la	autorización	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	salvo	que	hayan	sido	objeto	de	regulación	en	el	planeamiento	informado	favorablemente	conforme	al	artículo	16”.	3.-­‐	La	situación	de	ruina	producida	por	incumplimiento	de	los	deberes	de	conservación	establecidos	en	esta	ley,	además	de	la	sanción	que	como	infracción	muy	grave	establece	el	artículo	43,	conllevará	la	obligación	de	restauración	del	bien,	a	cargo	del	propietario	o	titular	de	otros	derechos	reales	sobre	el	mismo.	4.-­‐	El	Ayuntamiento	que	incoase	expediente	de	ruina	física	inminente	por	peligro	para	la	seguridad	pública	habrá	de	adoptar	las	medidas	oportunas	para	evitar	daños,	garantizando	el	mantenimiento	de	las	características	y	elementos	singulares	del	edificio.	Dichas	medidas	no	podrán	incluir	más	demoliciones	que	las	estrictamente	necesarias.	Esta	circunstancia	habrá	de	comunicarse	en	el	plazo	máximo	de	diez	días	a	la	Dirección	General	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	los	apartados	anteriores.	Proponemos	que	el	plazo	establecido	para	comunicar	a	la	Dirección	General	dichas	medidas	será	de	un	máximo	de	tres	día	y	que	dicha	Dirección	General	deberá	emitir	un	informe	vinculante.	Proponemos	también	que	el	epígrafe	general	que	incluye	ruina	y	demolición	incluya	también	un	apartado	de	PARALIZACIÓN	DE	OBRAS.	Actuaciones	ilegales.	1.	Serán	ilegales	las	actuaciones	realizadas	y	nulas	las	licencias	otorgadas	sin	contar	con	la	autorización	o,	en	su	caso,	la	comunicación	previa	previstas	en	el	artículo	19,	o	sin	atenerse	a	las	condiciones	impuestas	en	la	autorización.	2.	La	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	ordenará	la	suspensión	inmediata	de	los	cambios	o	modificaciones	que	se	estén	realizando	en	los	bienes	inscritos,	cuando	no	haya	recibido	comunicación	previa	de	los	mismos	o	no	los	haya	autorizado	o,	en	su	caso,	se	incumplan	los	condicionamientos	impuestos	en	la	autorización.	3.	En	el	expediente	que	se	instruya	para	averiguar	los	hechos,	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	podrá	autorizar	las	obras	o	modificaciones,	ordenar	la	demolición	de	lo	construido	o	la	reconstrucción	de	lo	destruido	sin	autorización	o	sin	haber	efectuado	la	comunicación	previa	u	ordenar	las	reposiciones	necesarias	para	recuperar	la	situación	anterior,	todo	ello	con	independencia	de	la	imposición	de	las	sanciones	pertinentes.	En	el	caso	de	que	en	el	curso	de	un	procedimiento	sancionador	por	hechos	que	puedan	comportar	infracción	sancionable	conforme	a	la	presente	ley	se	advierta	la	necesidad	de	adoptar	las	medidas	referidas	con	anterioridad,	se	procederá	a	iniciar	un	procedimiento	administrativo	específico	a	tal	efecto.	Artículo	26.-­‐	Planes	especiales	de	Protección	1.-­‐	Los	municipios	en	que	se	encuentren	bienes	de	interés	cultural	declarados	en	las	categorías	a	que	se	refieren	los	apartados	b),	c),	e)	y	g)	del	artículo	4.1	podrán	redactar	un	Plan	especial	de	protección	del	área	afectada	por	la	declaración	u	otro	instrumento	de	planeamiento	equivalente	de	los	previstos	en	la	legislación	urbanística	que	cumpla	en	todo	caso	las	exigencias	establecidas	en	esta	Ley.	La	aprobación	de	dicho	Plan	requerirá	el	informe	favorable	de	la	Consejería	33	competente	para	la	protección	de	los	bienes	culturales	afectados.	Se	entenderá	emitido	informe	favorable	transcurridos	tres	meses	desde	la	presentación	del	Plan.	Proponemos	que	en	lugar	de	podrán	redactar	diga	DEBERÁN	redactar	2.-­‐	Desde	la	aprobación	definitiva	de	los	instrumentos	urbanísticos	señalados	en	el	apartado	anterior,	los	Ayuntamientos	serán	competentes	para	autorizar	las	obras	precisas	para	su	desarrollo,	siempre	que	no	afecten	a	monumentos,	jardines	históricos	y	bienes	de	interés	patrimonial	y	sus	respectivos	entornos,	debiendo	dar	cuenta	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	de	las	licencias	concedidas	en	un	plazo	máximo	de	diez	días.	La	competencia	para	autorizar	actuaciones	arqueológicas	corresponderá	en	todo	caso	a	dicha	Consejería.	Proponemos	que	no	solo	se	dé	cuenta	a	la	Consejería	sino	que	esta	emita	un	informe	vinculante.	3.-­‐	Los	instrumentos	de	planeamiento	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	contendrán:	a)	Un	catálogo	de	todos	los	elementos	que	conformen	el	área	afectada,	elaborado	según	lo	dispuesto	en	la	normativa	urbanística.	b)	Normas	para	la	conservación	de	los	inmuebles.	c)	Justificación	de	las	modificaciones	de	alineaciones,	edificabilidad,	parcelaciones	o	agregaciones	que,	excepcionalmente,	el	plan	proponga.	d)	En	su	caso,	determinaciones	para	una	protección	más	adecuada	del	patrimonio	arqueológico	y	paleontológico	ubicado	en	el	ámbito	del	Plan.	Proponemos:	retomar	el	texto	de	la	ley	de	Patrimonio	de	la	ley	del	98	e	incorporar	la	propuesta	del	artículo	25	en	su	apartado	1.	Los	Planes	Especiales	que	se	formulen	en	ejecución	de	la	presente	Ley,	se	redactarán	de	acuerdo	con	los	siguientes	criterios	y	contenido:	a)	Normas	sobre	el	mantenimiento	general	de	la	estructura	urbana	histórica,	de	los	espacios	libres	públicos	y	de	los	edificados,	de	las	alineaciones	y	rasantes	y	de	la	parcelación,	enumerando	las	eventuales	reformas	que	puedan	servir	a	la	conservación,	recuperación	o	mejora	del	Conjunto	Histórico	y	su	entorno.	b)	Normas	sobre	el	mantenimiento	general	de	la	tipología	edificatoria	tradicional	en	el	Conjunto	Histórico	y	su	entorno,	diferenciando	los	distintos	niveles	de	protección	de	acuerdo	con	lo	que	reglamentariamente	se	establezca	y	los	usos	de	los	espacios	libres,	regulando	a	tal	fin	el	régimen	de	los	usos	característicos,	compatibles	y	prohibidos.	La	alteración	de	los	usos	sólo	se	justificará	por	una	mejor	conservación	o	adecuación	de	las	edificaciones	y	de	los	espacios	libres.	c)	Establecimiento	de	los	niveles	de	protección	de	los	edificios	y	de	los	espacios	libres,	utilizando	las	categorías	previstas	en	el	planeamiento,	y	de	conformidad	con	lo	previsto	en	la	legislación	básica	del	Estado.	d)	Establecimiento	de	determinaciones	para	una	protección	más	eficaz	de	las	edificaciones	catalogadas,	para	la	nueva	edificación	y	para	la	conservación	o	mejora	de	los	espacios	públicos;	dichas	normas	deberán	regular	todos	los	elementos	que	sean	susceptibles	de	superponerse	a	la	34	edificación	y	a	los	espacios	públicos.	En	la	nueva	edificación	se	prohibirán	actuaciones	que	falseen	los	lenguajes	arquitectónicos	tradicionales.	e)	Establecimiento	de	determinaciones	para	una	protección	más	adecuada	del	patrimonio	arqueológico	y	paleontológico	en	el	ámbito	del	Plan,	que	incluirá	el	deber	de	verificación	de	la	existencia	de	restos	de	la	naturaleza	mencionada	en	cualquier	remoción	del	terreno	donde	exista	o	se	presuma	la	existencia	de	dichos	restos.	f)	Establecimiento	de	un	programa	para	la	redacción	y	ejecución	de	los	planes	de	mejora	encaminados	a	la	rehabilitación	del	Conjunto	Histórico	o	áreas	concretas	de	la	edificación	y	a	la	mejor	adecuación	de	los	espacios	urbanos,	de	las	infraestructuras	y	redes	de	servicios	e	instalaciones	públicas	y	privadas	a	las	exigencias	histórico-­‐ambientales.	Artículo	27.-­‐	Régimen	de	visitas.	Derechos	de	tanteo	y	retracto	de	bienes	inmuebles	1.-­‐	Los	Bienes	inmuebles	de	Interés	Cultural	de	titularidad	pública	deberán	ser	objeto	de	visita	pública	al	menos	una	vez	al	mes.	La	Consejería	competente	podrá	dispensar	de	dicha	obligación	cuando	concurra	causa	justificada.	Proponemos	que se permitirá la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constando esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico cuando medie causa justificada y con informe vinculante de alguno de los órganos consultivos. 2.-­‐	La	Comunidad	de	Madrid,	a	través	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	podrá	ejercer	el	derecho	de	tanteo	sobre	las	transmisiones	onerosas	de	la	propiedad	o	cualquier	derecho	real	de	disfrute	sobre	bienes	de	interés	cultural	declarados	de	forma	específica.	El	Ayuntamiento	donde	se	halle	radicado	el	bien	podrá	ejercer,	subsidiariamente,	el	mismo	derecho.	3.-­‐	Los	propietarios	o	titulares	de	derechos	reales	sobre	los	bienes	mencionados	en	el	apartado	anterior	deberán	comunicar	a	la	Consejería	competente	la	intención	de	transmisión,	sus	condiciones	y	precio.	En	el	plazo	de	dos	meses	a	contar	desde	la	entrada	por	registro	de	la	citada	comunicación,	la	Comunidad	de	Madrid	y	subsidiariamente	el	Ayuntamiento	correspondiente	podrán	ejercitar	el	derecho	de	tanteo	para	sí	o	para	otras	instituciones	públicas	o	entidades	privadas	sin	ánimo	de	lucro,	en	el	precio	convenido.	4.-­‐	Si	el	propósito	de	transmisión	no	se	comunicara	en	las	condiciones	señaladas	en	el	apartado	2,	la	Comunidad	de	Madrid,	a	través	de	la	Consejería	competente	y	subsidiariamente	el	Ayuntamiento	correspondiente,	podrán	ejercer	el	derecho	de	retracto	en	los	mismos	términos	establecidos	para	el	de	tanteo,	en	el	plazo	de	tres	meses	a	contar	desde	el	momento	en	que	se	tenga	conocimiento	fehaciente	de	la	transmisión.	5.-­‐	Los	notarios	y	registradores	de	la	propiedad	exigirán,	para	autorizar	e	inscribir,	respectivamente,	escrituras	de	transmisión	de	bienes,	o	derechos	sobre	bienes	de	interés	cultural	declarados	específicamente,	que	se	acredite	fehacientemente	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	este	artículo.	35	TÍTULO	V	Regímenes	especiales	de	Protección	CAPÍTULO	I	Del	Patrimonio	Arqueológico	y	Paleontológico	Artículo	28.-­‐	Yacimientos	y	obras	1.-­‐	Un	yacimiento	arqueológico	es	el	emplazamiento	o	unidad	geomorfológica	que	contiene	evidencias	físicas	de	una	actividad	humana	pasada,	para	cuyo	estudio	e	interpretación	son	esenciales	las	técnicas	de	investigación	arqueológica.	Se	incluyen	los	sitios	urbanos	o	rústicos	en	los	que	permanecen	estructuras,	niveles	y	depósitos	de	períodos	y	actividades	anteriores.	Proponemos:	en	la	relación	de	yacimientos	se	incluya	explícitamente	el	patrimonio	subacuático.	Incluir	además:	También	lo	integran	el	territorio	o	paisaje	habitado	por	el	ser	humano	en	época	histórica	y	prehistórica	y	los	elementos	geológicos	y	paleontológicos	relacionados	con	el	ser	humano,	sus	orígenes	y	antecedentes.	2.-­‐	Un	yacimiento	paleontológico	es	el	lugar	o	unidad	geomorfológica	donde	hay	un	conjunto	de	restos	fosilizados	que	constituyen	una	unidad	coherente	y	con	entidad	propia	susceptible	de	ser	estudiados	con	metodología	paleontológica.	3.-­‐	Las	obras	o	remociones	de	terreno	que	afecten	a	zonas	en	que	se	encuentren	yacimientos	arqueológicos	y	paleontológicos	recogidos	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	inmuebles	del	Patrimonio	Histórico,	deberán	ser	autorizadas	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Dicha	autorización	se	entiende	sin	perjuicio	de	que	la	protección	del	patrimonio	arqueológico	y	paleontológico	se	articula	a	través	del	régimen	general	establecido	en	esta	Ley.	Proponemos:	Las	obras	o	remociones	de	terreno	que	afecten	a	zonas	en	que	se	encuentren	yacimientos	arqueológicos	y	paleontológicos	recogidos	o	no	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	inmuebles	del	Patrimonio	Histórico	así	como	reservas	arqueológicas*,	deberán	ser	autorizadas	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Dicha	autorización	se	entiende	sin	perjuicio	de	que	la	protección	del	patrimonio	arqueológico	y	paleontológico	se	articula	a	través	del	régimen	general	establecido	en	esta	Ley.	La	autorización	llevará	aparejada	un	pliego	de	prescripciones	técnicas	que	marcará	unos	mínimos	de	calidad	en	la	intervención.	*Artículo	2.b	Convención	Valetta	de	1992	compromete	a:	“la	creación	de	reservas	arqueológicas,	incluso	cuando	no	haya	restos	visibles	sobre	el	suelo	o	bajo	el	agua,	para	la	protección	de	pruebas	materiales	para	el	estudio	de	generaciones	venideras”.	Proponemos:	incluir	un	artículo:	Categorías	de	protección	como	ya	viene	recogido	en	el	artículo	40	de	la	Ley	10/98	de	Patrimonio	de	la	Comunidad	de	Madrid:	La	resolución	por	la	que	las	Zonas	arqueológicas	o	los	Bienes	integrantes	del	patrimonio	arqueológico	de	la	Comunidad	de	Madrid	sean	declarados	Bienes	de	Interés	Cultural	o	se	incluyan	en	el	Inventario	36	de	Bienes	Culturales	contendrán,	además	de	los	extremos	establecidos	por	el	artículo	6	del	presente	borrador,	la	descripción	pormenorizada	y	jerarquizada	de	su	grado	de	protección	de	acuerdo	a	las	siguientes	categorías:	a)	Ámbito	de	Máxima	Protección.	Tendrán	esta	categoría	los	Bienes	de	Interés	Cultural	en	cuya	declaración	se	haga	constar	expresamente	tal	circunstancia	(corresponde	a	las	Zonas	de	Reserva).	b)	Ámbito	de	Especial	Protección.	Tendrán	esta	categoría	los	Bienes	de	Interés	Cultural	que	no	pertenezcan	al	Ámbito	de	Máxima	Protección	y	los	bienes	incluidos	en	el	Inventario,	en	los	que	se	haga	constar	tal	circunstancia	(corresponde	a	los	Bienes	de	Interés	Cultural).	c)	Ámbito	de	Protección	Específica.	Tendrán	esta	categoría	los	bienes	incluidos	en	el	Inventario,	que	no	pertenezcan	al	ámbito	de	Especial	Protección	(corresponde	a	los	Bienes	de	Interés	Patrimonial).	d)	Ámbito	de	Protección	General.	Tendrán	esta	categoría	los	bienes	integrantes	del	patrimonio	arqueológico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	por	reunir	condiciones	que	hagan	muy	probable	la	existencia	de	restos	arqueológicos	y	que	no	se	encuentren	incluidos	en	las	categorías	anteriores	(corresponde	a	las	Áreas	de	Cautela).	La	delimitación	de	los	Ámbitos	corresponderá	a	la	Consejería,	previo	informe	del	Consejo	Regional	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	2.	En	los	Bienes	inmuebles	clasificados	como	«Ámbito	de	Máxima	Protección»,	no	se	permitirá	ningún	tipo	de	edificación	hasta	que	no	se	realice	un	estudio	de	la	incidencia	que	las	obras	pueden	tener	en	los	restos	arqueológicos,	elaborado	por	un	profesional	competente	en	esta	materia.	Previamente	a	la	concesión	de	la	licencia,	será	precisa	la	autorización	de	la	Dirección	General	de	Patrimonio	Cultural.	La	citada	autorización	deberá	incluir	como	condición	para	la	ejecución	de	las	obras,	la	realización	y	la	ejecución	de	un	proyecto	arqueológico	en	el	que	podrá	colaborar	el	Ayuntamiento	afectado,	si	así	lo	solicitara.	Siempre	que	sea	posible	se	conservarán	los	restos	in	situ	o	se	integrarán	y	pondrán	en	valor	dentro	de	las	obras	resultantes.	3.	Mediante	Plan	Especial	se	desarrollará	el	régimen	de	usos	de	las	Áreas	o	Categorías	de	protección.	Dicho	Plan	especial,	incluirá	además	las	normas	de	actuación	y	protección	en	cada	Ámbito	o	Categoría,	así	como	las	actuaciones	de	inspección	y	conservación	y	será	objeto	de	informe,	preceptivo	y	vinculante	de	la	Dirección	General	de	Patrimonio	Cultural	de	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura,	oído	el	Consejo	Regional	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	previamente	a	su	aprobación	definitiva	a	tenor	de	los	recogido	en	la	Convención	de	Valetta	en	su	artículo	9.	Artículo	29.-­‐	Intervenciones	y	hallazgos	arqueológicos	y	paleontológicos	Se	consideran	intervenciones	arqueológicas	y	paleontológicas	las	excavaciones,	las	prospecciones,	los	estudios	de	arte	rupestre,	el	análisis	estratigráfico	de	estructuras,	y	los	trabajos	de	protección	y	conservación	de	yacimientos.	Según	la	razón	que	las	motiva	se	pueden	clasificar	en:	Proponemos:	recogemos	de	nuevo	el	artículo	41.2	de	la	Ley	del	98	que	dice:	“Se	consideran	intervenciones	arqueológicas	y	paleontológicas	los	estudios	directos	de	arte	rupestre	y	las	37	prospecciones,	los	sondeos,	las	excavaciones,	los	controles	y	cualquier	otra	intervención,	con	remoción	de	terrenos	o	sin	ella,	que	tenga	por	finalidad	descubrir,	documentar	o	investigar	restos	arqueológicos	o	paleontológicos”.	Según	la	razón	que	las	motiva	se	pueden	clasificar	en:	a)	Intervenciones	programadas,	encuadradas	en	un	proyecto	de	investigación	científica.	b)	Intervenciones	preceptivas,	necesarias	para	la	evaluación	y	ejecución	de	planes	y	proyectos	o	para	la	realización	de	obras	de	urbanización,	edificación,	rehabilitación,	consolidación	y	restauración	en	los	terrenos	en	los	que	existan	yacimientos	recogidos	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Inmuebles	del	Patrimonio	Histórico.	c)	Intervenciones	de	urgencia,	efectuadas	como	consecuencia	de	la	aparición	de	hallazgos	casuales.	Proponemos:	añadir	que	el	procedimiento	de	urgencia	debe	regularse	de	forma	independiente.	Justificación:	se	establece	el	procedimiento	de	urgencia	como	un	trámite	independiente	orientado	a	agilizar	los	trámites	administrativos	ante	una	situación	que	debe	ser	excepcional.	Proponemos:	añadir	otra	sección	d)	actuaciones	preventivas,	necesarias	para	la	evaluación	y	resolución	del	impacto	arqueológico	en	obras	de	infraestructura.	Estas	tendrán	las	siguientes	categorías:	-­‐Preventiva	de	primera	fase	o	de	planeamiento:	entran	aquí	los	trabajos	predictivos	(elaboración	de	cartas	arqueológicas,	consulta	de	bibliografía	y	mapas	antiguos,	fotografías	aéreas,	encuestas	entre	la	población,	etc.),	junto	con	las	labores	de	prospección	de	campo	y	de	jerarquización	de	yacimientos	realizados	con	ocasión	de	la	redacción	de	un	PGOU	o	cualquier	otro	tipo	de	planeamiento	o	modificación	de	planeamiento.	Su	objetivo	es	establecer	en	ellos	suelos	con	zonas	de	reserva	y	áreas	de	cautela.	-­‐Preventiva	de	segunda	fase	o	de	proyectos:	trabajos	de	prospección	y,	en	su	caso,	sondeos	arqueológicos,	que	se	han	de	realizar	en	áreas	de	cautela	antes	de	la	aprobación	de	cualquier	proyecto	de	obra	o	movimiento	de	tierras	que	pueda	afectarles.	Su	objetivo	es	fijar	la	extensión	en	importancia	de	los	yacimientos	para	proponer	bien	su	conversión	en	zonas	de	reserva,	bien	su	integración,	bien	su	destrucción	con	o	sin	excavación	previa	Artículo	30.-­‐	Autorización	de	intervenciones	1.-­‐	Se	podrá	solicitar	informe	previo	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	sobre	los	criterios	técnicos,	científicos	y	administrativos	a	los	que	se	han	de	sujetar	las	intervenciones	arqueológicas	y	paleontológicas.	Proponemos:	cambiar	el	podrá	por	DEBERÁ.	2.-­‐	Será	necesaria	la	autorización	previa	de	la	Consejería	competente	para	la	realización	de	las	intervenciones	arqueológicas	y	paleontológicas	que	se	establecen	en	el	Art.	29	de	este	título.	3.-­‐	Para	el	otorgamiento	de	la	autorización	de	intervenciones	será	preciso	acompañar	la	solicitud	con	un	proyecto	arqueológico	o	paleontológico,	cuyo	contenido	será	establecido	reglamentariamente,	pero	que,	al	menos,	contendrá	el	plazo	de	duración,	la	delimitación	de	la	zona	de	los	trabajos,	medidas	para	la	conservación	de	los	materiales	arqueológicos	o	paleontológicos	y	los	38	recursos	materiales	y	humanos	que	se	van	a	utilizar;	así	mismo	se	acreditará	la	necesidad	y	el	rigor	científico	de	la	intervención.	Proponemos:	Para	el	otorgamiento	de	la	autorización	de	intervenciones	será	preciso	acompañar	la	solicitud	con	un	proyecto	arqueológico	o	paleontológico,	cuyo	contenido	será	establecido	reglamentariamente,	pero	que,	al	menos,	contendrá:	el	plazo	de	duración,	la	delimitación	de	la	zona	de	los	trabajos	a	través	de	planos	georreferenciados	y	documentación	gráfica	de	la	zona	objeto	de	estudio,	medidas	para	la	conservación	y	difusión	de	los	bienes,	la	metodología	y	los	recursos	materiales	y	humanos	que	se	van	a	utilizar	y	presupuesto	y	justificación	de	la	financiación;	así	mismo	se	acreditará	la	necesidad	y	el	rigor	científico	de	la	intervención.	Igualmente	deberá	acreditarse	la	autorización	de	la	propiedad	de	los	terrenos	para	la	intervención	en	los	mismos.	La	obtención	de	dicha	autorización,	como	de	las	restantes	que	sean	legalmente	exigibles,	será,	en	todo	caso,	responsabilidad	de	la	dirección	de	la	actividad	arqueológica.	4.-­‐	Las	solicitudes	de	autorización	deberán	estar	firmadas,	además	de	por	el	promotor,	por	la	dirección	técnica	del	trabajo	de	arqueología	o	paleontología.	Proponemos:	Las	solicitudes	de	autorización	deberán	estar	firmadas,	además	de	por	el	promotor,	por	la	dirección	facultativa	del	trabajo	de	arqueología	o	paleontología.	Y	además:	1.	Podrán	solicitar	autorización	para	realizar	actividades	arqueológicas:	a)	Las	personas	físicas,	individualmente	consideradas	o	formando	equipos	de	investigación,	que	cuenten	con	la	titulación	o	acreditación	profesional	que	reglamentariamente	se	determine.	b)	Los	departamentos	de	universidades	u	otras	instituciones	científicas,	españolas	o	comunitarias,	relacionados	con	la	investigación	del	Patrimonio	Arqueológico.	c)	Los	museos	arqueológicos	o	que	cuenten	con	sección	de	Arqueología.	d)	Los	institutos	de	Prehistoria	y	Arqueología	del	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas.	e)	Las	Administraciones	Públicas	que	pretendan	realizar	tales	actividades	directamente	y	cuenten	con	el	personal	debidamente	titulado	o	acreditado	para	ello.	Cuando	se	trate	de	personas	físicas,	equipos	de	investigación	o	instituciones	científicas	extranjeras	no	comunitarias,	la	solicitud	se	acompañará	de	informe	emitido	por	otra	persona	o	institución	española	de	entre	las	enumeradas	en	este	apartado.	2.	En	todo	caso	la	solicitud	habrá	de	ir	suscrita	por	la	persona	con	titulación	suficiente	y	acreditada	experiencia	que	asuma	la	dirección	de	los	trabajos.	3.	Por	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	podrá	recabarse	de	los	organismos	y	autoridades	competentes	la	información	precisa	para	comprobar	los	datos	referentes	a	titulación	y	experiencia	profesional.	5.-­‐	La	autorización	establecerá	las	prescripciones	técnicas	que	considere	necesarias	para	el	mejor	desarrollo	de	la	intervención,	el	plazo	de	vigencia,	la	delimitación	de	la	zona	de	trabajo,	las	condiciones	de	ingreso	de	los	materiales	arqueológicos	o	paleontológicos	en	los	museos	o	centros	que	se	determinen	y	la	obligación	de	redactar	un	informe	final	de	los	trabajos	realizados.	El	plazo	máximo	para	resolver	será	de	tres	meses,	transcurridos	los	cuales	sin	haber	sido	notificada	la	resolución,	se	entenderá	estimada	la	solicitud,	salvo	que	afecte	a	bienes	de	interés	cultural.	39	Proponemos:	La	autorización	establecerá	las	prescripciones	técnicas	que	se	establezcan	reglamentariamente	para	el	mejor	desarrollo	de	la	intervención,	el	plazo	de	vigencia,	la	delimitación	de	la	zona	de	trabajo,	las	condiciones	de	ingreso	de	los	materiales	arqueológicos	o	paleontológicos	en	los	museos	o	centros	que	se	determinen	y	la	obligación	de	redactar	un	informe	final	de	los	trabajos	realizados.	El	plazo	máximo	para	resolver	será	de	dos	meses,	siendo	obligatoria	la	notificación	por	escrito	de	la	resolución.	Proponemos:	incluir	otro	punto:	Obligaciones	de	la	dirección	de	la	actividad	arqueológica.	1.	La	dirección	de	los	trabajos	se	ejercerá	personalmente	por	su	responsable,	no	ausentándose	del	lugar	de	la	actividad	arqueológica	durante	su	ejecución	sin	justificar	debidamente	su	ausencia	en	el	libro	diario	de	la	actividad	y	sin	haber	delegado	su	responsabilidad	en	persona	que	reúna	los	requisitos	de	titulación,	especialización	y	conocimientos	de	la	problemática	del	yacimiento.	2.	La	dirección	tendrá	las	siguientes	obligaciones:	a)	Comunicar	fehacientemente,	con	una	antelación	de	cuarenta	y	ocho	horas,	a	los	órganos	correspondientes	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	el	día	que	vayan	a	comenzar	los	trabajos,	y	el	día	de	su	terminación,	haciéndolo	constar	en	el	libro	diario.	b)	Llevar	un	libro	diario	en	el	que	anotarán	las	incidencias	y	órdenes	que	se	produzcan.	c)	Depositar	los	materiales	encontrados	en	el	museo	o	centro	que	se	señale	en	la	autorización	de	la	actividad.	d)	Presentar,	de	la	manera	que	reglamentariamente	se	determine,	la	memoria	científica	en	sus	distintas	modalidades	con	los	resultados	obtenidos,	un	inventario	detallado	de	los	materiales	encontrados	y	el	acta	de	entrega	de	los	citados	materiales	al	museo	o	centro	correspondiente.	6.-­‐	Los	solicitantes	de	la	autorización,	se	corresponsabilizarán	de	los	daños	o	perjuicios	que	pudieran	resultar	de	la	ejecución	de	dichas	actuaciones,	de	la	conservación	de	los	bienes,	y	de	la	entrega	de	los	materiales	donde	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	determine.	Proponemos:	Los	solicitantes	de	la	autorización	de	las	entidades	o	empresas	de	quienes	dependan,	se	corresponsabilizarán	de	los	daños	o	perjuicios	que	pudieran	resultar	de	la	ejecución	de	dichas	actuaciones,	de	la	conservación	de	los	bienes,	y	de	la	entrega	de	los	materiales	donde	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	determine.	Artículo	31.	Hallazgos.	1.-­‐	Se	consideran	hallazgos	los	descubrimientos	de	bienes	que,	poseyendo	los	valores	que	son	propios	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	se	produzcan	en	el	curso	de	las	intervenciones	arqueológicas	y	paleontológicas.	Se	consideran	hallazgos	casuales	aquellos	que,	poseyendo	tales	valores,	se	produzcan	fuera	de	yacimientos	documentados,	por	azar	o	como	consecuencia	de	remociones	de	tierra,	demoliciones	u	obras	de	cualquier	otra	índole.	Proponemos:	añadir	al	final	del	apartado	“en	las	que	las	actuaciones	preventivas	o	preceptivas	hubieran	resultado	negativas”.	40	2.-­‐	Los	bienes	muebles	descubiertos	como	consecuencia	de	intervenciones	arqueológicas,	paleontológicas	o	remociones	de	tierra	o	por	azar,	tendrán	la	consideración	de	bienes	de	dominio	público.	Proponemos:	añadir	bienes	muebles	e	INMUEBLES.	3.-­‐	Los	hallazgos	se	comunicarán	en	el	plazo	de	tres	días	naturales	a	la	Dirección	General	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	En	el	caso	de	que	los	hallazgos	se	produzcan	como	consecuencia	de	una	obra,	la	dirección	facultativa	de	las	obras	paralizará	inmediatamente	los	trabajos,	y	tomará	las	medidas	adecuadas	para	la	protección	de	los	restos.	Los	bienes	muebles	hallados	se	depositarán	en	el	Museo	Arqueológico	Regional	o	en	el	Ayuntamiento	correspondiente	en	el	plazo	de	tres	días	naturales,	salvo	que	sea	necesario	continuar	con	la	excavación	para	su	extracción.	4.-­‐	El	descubridor	y	el	propietario	del	lugar	en	que	hubiera	sido	hallado	casualmente	el	bien	mueble	tienen	derecho,	en	concepto	de	premio	en	metálico,	a	la	mitad	del	valor	que	en	tasación	legal	se	le	atribuya,	que	se	distribuirá	entre	ellos	por	partes	iguales.	Si	fuesen	dos	o	más	los	descubridores	o	los	propietarios	se	mantendrá	la	misma	proporción.	5.-­‐	La	Consejería	competente,	una	vez	efectuadas	las	comprobaciones	sobre	el	valor	de	lo	hallado,	resolverá	en	el	plazo	máximo	de	quince	días	sobre	las	medidas	a	adoptar	para	su	mejor	conservación	y,	en	su	caso,	sobre	el	depósito	definitivo	de	las	piezas.	El	procedimiento	a	seguir,	así	como	la	regulación	de	los	premios	que	procedan	serán	objeto	de	desarrollo	reglamentario.	Artículo	32.-­‐	Revocación.	Intervenciones	no	permitidas	1.-­‐	Cuando	se	realicen	intervenciones	que	contravengan	los	términos	y	las	obligaciones	contenidos	en	la	correspondiente	autorización	ésta	será	revocada.	La	revocación	no	exonera	a	los	solicitantes	autorizados	del	deber	de	conservar	el	yacimiento	o	los	vestigios	hallados	y	de	entregar	los	materiales	y	la	documentación	generada.	Proponemos:	en	la	última	parte	quedaría	redactada	como	sigue:	La	revocación	no	exonera	a	los	solicitantes	autorizados	y	a	las	entidades	o	empresas	de	quienes	dependan	del	deber	de	conservar	el	yacimiento	o	los	vestigios	hallados	y	de	entregar	los	materiales	y	la	documentación	generada.	2.-­‐	Para	la	búsqueda	de	bienes	arqueológicos	o	paleontológicos	no	se	permite	el	empleo	de	detectores	de	metales	o	de	aparatos	de	tecnología	similar,	salvo	autorización	expresa	de	la	administración	competente.	Proponemos:	queda	terminantemente	prohibido	el	uso	de	detectores	de	metales	o	de	aparatos	de	tecnología	similar,	salvo	autorización	expresa	de	la	administración	competente,	cuyas	condiciones	deberán	desarrollarse	reglamentariamente.	Justificación:	limitar	la	prohibición	a	la	búsqueda	de	bienes	arqueológicos	deja	la	puerta	abierta	al	expolio	indiscriminado	con	una	justificación	sencilla.	CAPÍTULO	II	41	Del	Patrimonio	Etnográfico,	Industrial	y	Paisajístico	Artículo	33.-­‐	Conceptos.	1.-­‐	Constituye	el	Patrimonio	Etnográfico	de	la	Comunidad	de	Madrid	el	conjunto	de	bienes	inmuebles	y	muebles	y	bienes	inmateriales	que	caracterizan	las	formas	de	vida	tradicionales,	así	como	los	lugares	en	las	que	se	desarrollan.	Proponemos:	Utilizar	el	concepto	de	‘Patrimonio	Etnológico	o	Antropológico’.	2.-­‐	Constituyen	el	patrimonio	industrial	de	la	Comunidad	de	Madrid	los	bienes	inmuebles,	muebles	e	inmateriales	relacionados	con	la	cultura	del	trabajo	surgidos	tras	la	Revolución	Industrial.	El	patrimonio	industrial	inmaterial	está	integrado	por	el	conjunto	de	conocimientos	que,	por	su	relevancia	suponen	parte	integral	de	la	memoria	histórica	asociada	a	un	sistema	de	trabajo,	disciplina	científica	o	actividad	investigadora	relacionada	con	la	cultura	del	trabajo.	Proponemos:	La	eliminación	de	la	ambigua	referencia	crono-­‐cultural	‘Revolución	Industrial’	ya	que	la	realidad	cultural	a	proteger	la	desborda	tanto	conceptual	como	cronológicamente.	3.-­‐	Constituyen	el	patrimonio	paisajístico	los	lugares	y	espacios	naturales	ordenados	por	el	hombre	y	que	responden	al	aprovechamiento	social	y	económico	del	medio	natural.	Proponemos:	La	eliminación	de	“ordenados	por	el	hombre	y”	por	ser	redundante	y	androcéntrico.	Artículo	34.-­‐	La	Protección	del	Patrimonio	Etnográfico,	Industrial	y	Paisajístico	1.-­‐	Con	el	fin	de	conocer	y	proteger	el	Patrimonio	Etnográfico,	Industrial	y	Paisajístico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	la	Dirección	General	competente	promoverá	y	adoptará	las	medidas	necesarias	para	el	estudio,	inventario	sistemático	y	documentación	de	los	bienes	materiales	e	inmateriales,	con	el	objeto	de	garantizar	su	memoria	y	transmisión	a	las	generaciones	venideras.	Proponemos:	Debe	garantizar	también	su	protección.	2.-­‐	Los	Bienes	materiales	e	inmateriales	del	Patrimonio	Etnográfico,	Industrial	y	Paisajístico	podrán	declararse	bienes	de	interés	cultural	o	patrimonial	a	los	efectos	de	protección	previstos	en	esta	Ley.	Proponemos:	Que	todas	las	actuaciones	que	afecten	a	estos	bienes	se	rijan	igualmente	por	lo	establecido	en	el	Capítulo	I.	TÍTULO	VI	Medidas	de	Fomento	Artículo	35.-­‐	Normas	generales	y	tipos	de	medidas.	1.-­‐	La	Comunidad	de	Madrid	establecerá	las	medidas	correspondientes	para	fomentar	la	conservación,	investigación,	documentación,	recuperación,	restauración	y	difusión	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	por	parte	de	la	iniciativa	privada:	2.-­‐	Las	medidas	de	fomento	podrán	ser:	a)	Subvenciones	42	b)	Asesoramiento	y	asistencia	técnica	c)	Beneficios	fiscales	d)	Dación	en	pago	de	impuestos	e)	Uno	por	ciento	cultural	3.-­‐	Las	personas	físicas	o	jurídicas	que	no	cumplan	el	deber	de	conservación	establecido	en	esta	Ley	no	podrán	acogerse	a	las	medidas	de	fomento.	4.-­‐	Se	propiciará	la	participación	de	entidades	públicas	o	privadas	y	de	particulares	en	la	financiación	de	las	medidas	de	fomento	previstas	en	la	Ley.	Artículo	36.-­‐	Beneficios	fiscales.	Los	titulares	de	derechos	sobre	Bienes	de	Interés	Cultural	y,	en	su	caso,	sobre	los	de	interés	patrimonial	y	las	personas	que	donen	bienes	del	patrimonio	histórico	a	la	Comunidad	de	Madrid	disfrutarán	de	los	beneficios	fiscales	que,	en	el	ámbito	de	las	respectivas	competencias,	determinen	la	legislación	del	Estado,	la	legislación	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	las	ordenanzas	fiscales	locales.	Artículo	37.-­‐	Pago	con	bienes	culturales.	1.-­‐	Los	propietarios	de	Bienes	de	Interés	Cultural	o	de	interés	patrimonial	podrán	solicitar	a	la	Comunidad	de	Madrid	la	admisión	de	la	cesión	de	la	propiedad	de	los	mencionados	bienes	en	pago	de	sus	deudas	con	la	Administración	autonómica.	La	aceptación	de	dicha	cesión	corresponde	a	la	Consejería	de	Hacienda,	previo	informe	favorable	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	2.-­‐	La	valoración	económica	de	estos	bienes	se	realizará	por	entidades	debidamente	acreditadas.	3.-­‐	El	pago	de	tributos	con	los	mencionados	bienes	del	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	se	llevará	a	efecto	a	través	del	régimen	previsto	en	la	legislación	vigente.	Artículo	38.-­‐	Uno	por	ciento	cultural	1.-­‐	La	Comunidad	de	Madrid	reservará	al	menos	un	1	por	100	de	su	aportación	de	los	presupuestos	de	las	obras	públicas	que	financie	total	o	parcialmente	a	fin	de	invertirlo	en	la	investigación,	documentación,	conservación,	restauración,	difusión,	enriquecimiento	del	Patrimonio	Histórico.	La	reserva	a	la	que	se	refiere	este	apartado	será	de	aplicación	asimismo	a	los	Organismos	Autónomos,	entidades	públicas	y	empresas	públicas	dependientes	de	la	Comunidad	de	Madrid,	así	como	de	las	obras	públicas	que	construyan	o	exploten	los	particulares	en	virtud	de	concesión	administrativa	otorgada	por	los	entes	citados.	2.-­‐	Reglamentariamente	se	determinarán	los	procedimientos	de	gestión,	los	criterios	y	la	forma	de	aplicación	de	los	fondos	obtenidos	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	presente	artículo.	3.-­‐	Todas	las	propuestas	de	financiación	que	en	el	territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid	se	presenten	al	Ministerio	competente	para	la	aplicación	del	1	por	100	cultural	determinado	por	la	Ley	16//1985	de	25	de	junio,	de	Patrimonio	Histórico	Español,	deberán	tramitarse	a	través	de	la	Consejería	competente	de	la	Comunidad	de	Madrid.	43	Proponemos:	Utilizar	como	modelo	el	Título	X	–	Medidas	de	Fomento	de	la	Ley	14/2007	de	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía:	“Medidas	de	Fomento	Inversiones	culturales.	1.	En	toda	obra	pública	financiada	total	o	parcialmente	por	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	cuyo	presupuesto	exceda	de	un	millón	de	euros,	se	incluirá	una	partida	equivalente	al	menos	al	1	por	ciento	de	la	aportación	autonómica	destinada	a	obras	de	conservación	y	acrecentamiento	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz.	2.	Quedan	exceptuadas	de	esta	obligación	las	obras	que	se	realicen	en	cumplimiento	de	los	objetivos	de	esta	ley.	3.	Por	vía	reglamentaria	se	determinará	el	sistema	de	aplicación	de	lo	previsto	en	este	artículo.	Porcentaje	para	conservación.	Los	proyectos	de	excavaciones	arqueológicas	incluirán	un	porcentaje	de	hasta	el	20	por	ciento	del	presupuesto	destinado	a	la	conservación,	restauración	y	difusión	de	los	bienes	expuestos	o	de	los	materiales	y	estructuras	descubiertos	en	la	actuación	arqueológica.	En	el	caso	de	exposiciones	de	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz,	el	porcentaje	indicado	irá	destinado	a	la	conservación	y	restauración	de	los	bienes	expuestos.	Dación	en	pago.	1.	Los	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	podrán	aplicarse	para	el	pago	de	todo	tipo	de	deudas	existentes	con	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.	2.	La	adjudicación	de	bienes	a	que	hace	referencia	el	apartado	anterior	se	realizará	con	arreglo	a	lo	previsto	en	la	Ley	4/1986,	de	5	de	mayo,	del	Patrimonio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	con	la	salvedad	de	que	deberá	ir	precedida	de	un	informe	sobre	el	interés	patrimonial	de	los	bienes	a	ceder	por	parte	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	y	del	informe	favorable	de	la	Comisión	Andaluza	de	Bienes	Culturales	que	resulte	competente	en	razón	de	la	materia.	3.	El	sistema	de	pago	establecido	en	este	artículo	será	de	aplicación	a	las	deudas	por	tributos	cedidos	por	el	Estado	a	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	en	los	términos	previstos	en	la	normativa	estatal	reguladora	de	los	impuestos	o,	en	su	caso,	en	la	normativa	que	pudiera	dictar	la	Comunidad	Autónoma	en	ejercicio	de	la	competencia	que	tenga	atribuida.	Aceptación	de	donaciones	y	legados.	1.	Se	faculta	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	para	aceptar	donaciones	y	lega-­‐	dos	de	bienes	muebles	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz.	Dicha	aceptación	queda	exceptuada	del	requisito	de	previa	aceptación	por	Decreto	del	Consejo	de	Gobierno	previsto	en	el	artículo	80	de	la	Ley	4/1986,	de	5	de	mayo,	del	Patrimonio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	2.	Cuando	se	trate	de	bienes	culturales	de	naturaleza	inmueble	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	previa	identificación	y	tasación	de	los	bienes	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	hacienda,	elevará	al	Consejo	de	Gobierno	la	propuesta	correspondiente	para	su	aceptación	mediante	Decreto.	44	Aplicación	de	estímulos	a	la	rehabilitación	de	viviendas	y	eliminación	de	la	contaminación	visual.	1.	Los	estímulos	y	beneficios	que	el	ordenamiento	jurídico	establece	para	la	rehabilitación	de	viviendas	podrán	ser	aplicables	a	la	conservación	y	restauración	de	los	inmuebles	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz.	2.	Asimismo,	las	inversiones	destinadas	a	eliminar	la	contaminación	visual	o	perceptiva	a	que	se	refiere	el	artículo	19	de	esta	ley	tendrán	la	consideración	de	inversiones	en	Bienes	de	Interés	Cultural.	Cesión	de	inmuebles	de	titularidad	autonómica.	1.	Para	el	mejor	mantenimiento	y	vitalidad	de	los	inmuebles	pertenecientes	al	Patrimonio	Histórico	Andaluz,	de	los	que	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	tenga	la	capacidad	de	disposición,	podrá	cederse	el	uso	y	explotación	de	tales	inmuebles	a	las	personas	y	entidades	que	se	comprometan	a	su	restauración	y	mantenimiento,	dando	prioridad	en	dicha	cesión	a	las	entidades	locales	interesadas.	2.	Estas	cesiones	se	realizarán	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	Ley	4/1986,	de	5	de	mayo,	del	Patrimonio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	con	las	particularidades	de	que	los	cesionarios	podrán	ser	entidades	públicas	o	privadas	de	cualquier	índole	y	finalidad	y	las	cesiones	deberán	contar	con	el	informe	favorable	de	la	Comisión	Andaluza	de	Bienes	Inmuebles.	Las	entidades	públicas	podrán	ser	cesionarias	de	bienes	demaniales	de	la	Comunidad	Autónoma	que	continuarán	afectados	al	cumplimiento	de	sus	fines.	Depósito	voluntario	de	bienes	muebles.	La	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	podrá	aceptar	el	depósito	voluntario	de	bienes	muebles	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz	en	las	condiciones	que	convenga	con	sus	titulares.	Subvenciones.	1.	Podrán	concederse	subvenciones	a	quienes	tengan	la	propiedad,	la	posesión	o	sean	titulares	de	otros	derechos	sobre	los	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz,	adecuándose	a	lo	previsto	en	la	legislación	general	en	materia	de	subvenciones.	2.	Cuando	razones	excepcionales	lo	justifiquen,	podrán	concederse	de	forma	directa	las	subvenciones	que	tengan	por	objeto	la	conservación	y	restauración	de	bienes	individualmente	inscritos	en	el	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz,	la	redacción	de	planes	urbanísticos	a	que	se	refieren	los	artículos	30	y	31	de	la	ley,	así	como	la	redacción	de	cartas	arqueológicas	municipales.	3.	La	concesión	de	subvenciones	se	realizará	dentro	de	los	límites	presupuestarios	y	con	arreglo	a	los	criterios	que	establezcan	las	bases	reguladoras	de	la	concesión,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	la	normativa	regula-­‐	dora	de	subvenciones	y	ayudas	públicas,	entre	los	que	deberán	incluirse	la	mayor	necesidad	de	protección,	la	mejor	difusión	cultural	y	el	mayor	aseguramiento	de	los	fondos	públicos	empleados.	4.	En	el	supuesto	de	que	antes	de	transcurridos	veinticinco	años	desde	el	otorgamiento	de	las	45	subvenciones	previstas	la	Administración	adquiera	por	compraventa,	tanteo,	retracto	o	expropiación	con	fines	culturales	bienes	a	los	cuales	se	hayan	aplicado	dichas	subvenciones,	se	detraerá	del	precio	de	adquisición,	una	vez	actualiza-­‐	do,	una	cantidad	equivalente	a	las	mismas,	considerándose	como	anticipos	a	cuenta.	5.	Por	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	se	realizarán	las	actuaciones	necesarias	para	apoyar	la	actuación	de	las	entidades	locales	en	esta	materia.”	Además,	proponemos	la	introducción	de	esta	medida	de	fomento	ya	recogida	en	el	Proyecto	de	ley	5/98	R.4057	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	(BO	Asamblea	de	Madrid	21/05/98)	“El	Organismo	competente	establecerá	un	sistema	de	premios,	concursos,	ayudas	y	subvenciones	a	todas	aquellas	personas	o	entidades,	tanto	públicas	como	privadas	que,	en	el	ámbito	territorial	de	la	Comunidad	de	Madrid,	se	distingan	por	su	contribución	al	desarrollo,	promoción,	realización	y	difusión	de	los	valores	culturales	recogidos	en	los	fines	de	la	presente	ley”	TÍTULO	VII	Medidas	para	el	restablecimiento	de	la	legalidad	infringida	y	del	régimen	sancionador	CAPÍTULO	I	Medidas	para	el	restablecimiento	de	la	legalidad	infringida	Artículo	39.-­‐	Inspección.	Denuncias	1.-­‐	La	Consejería	competente	queda	facultada	para	adoptar	las	medidas	necesarias	de	control	e	inspección	de	los	bienes	objeto	de	esta	Ley,	así	como	de	las	actuaciones	que	sobre	ellos	se	realicen.	El	personal	inspector	en	el	ejercicio	de	estas	funciones,	debidamente	acreditado,	tendrá	la	condición	de	agente	de	la	autoridad,	con	las	facultades	y	protección	que	le	confiera	la	normativa.	Proponemos:	Que	además	se	incluya	la	necesidad	de	registrar	en	un	libro	de	inspección	todas	las	incidencias,	así	como	la	emisión	de	informe	técnico,	según	se	recoge	en	el	artículo	64	del	Proyecto	de	ley	5/98	R.4057	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	(BO	Asamblea	de	Madrid	21/05/98):	“Para	el	buen	fin	de	las	funciones	de	inspección	encomendadas	al	Organismo	competente,	se	crea	el	Libro	de	Incidencias	de	la	Inspección	que	estará	registrado,	numerado	y	paginado	por	dicho	Organismo.	En	el	Libro	de	Incidencias	de	la	Inspección	se	hará	constar	detalladamente	todas	y	cada	una	de	las	inspecciones	que	se	realicen	en	el	ejercicio	de	las	competencias	asignadas.	Deberá	asimismo,	constar	el	nombre	del	inspector	y	su	número,	fecha	y	hora,	ubicación;	identificación	del	Bien	y	otros	datos	de	interés	del	mismo,	incidencias	observadas;	personas	involucradas	y	su	relación,	si	la	hubiere,	con	el	Bien,	y	sus	datos	personales.	Toda	incidencia	llevará	aparejada	la	elaboración	de	un	informe	que	se	elevará	al	Organismo	correspondiente,	quién	dictaminará	sobre	la	actuación	a	seguir”.	46	2.-­‐	Toda	persona	que	tenga	conocimiento	de	situaciones	que	supongan	peligro,	deterioro	o	expolio	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	lo	comunicará	inmediatamente	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	o	al	Ayuntamiento	en	que	se	halle	el	bien,	quienes	comprobarán,	a	la	mayor	brevedad,	el	objeto	de	dicha	denuncia	y	actuarán	coordinadamente	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	presente	Ley.	Proponemos:	Que	además	de	la	Administración,	se	puedan	también	comunicar	este	tipo	de	situaciones	a	las	fuerzas	del	orden,	de	manera	que	sirvan	como	canalizadores	de	las	denuncias	y	se	actúe	de	forma	más	efectiva	en	casos	como	el	de	expolio.	Artículo	40.-­‐	Incumplimiento	del	deber	de	conservación.	1.-­‐	En	caso	de	incumplimiento	del	deber	de	conservación	de	los	bienes	de	interés	cultural	o	patrimonial	al	que	se	refiere	el	art.	11,	la	Consejería	competente	podrá	ordenar	a	los	propietarios	o	titulares	de	derechos	reales	la	ejecución	de	las	obras	o	la	realización	de	las	actuaciones	que	sean	necesarias	para	preservarlos	y	mantenerlos.	2.-­‐	Los	Ayuntamientos	velarán	por	la	conservación	y	rehabilitación	de	los	bienes	inmuebles	protegidos	por	esta	Ley	que	se	hallen	en	su	municipio,	dictando,	con	arreglo	a	las	facultades	atribuidas	por	la	legislación	urbanística,	las	órdenes	de	ejecución	pertinentes,	y	dando	cuenta	de	las	actuaciones	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	Artículo	41.-­‐	Órdenes	de	paralización.	1.-­‐	La	Consejería	competente	podrá	paralizar	cualquier	clase	de	obra	o	intervención	que	afecte	a	un	bien	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	En	tal	supuesto,	la	Consejería	competente	resolverá,	en	el	plazo	máximo	de	quince	días	a	contar	desde	la	notificación	de	la	orden	de	paralización,	sobre	la	continuación	de	la	obra	o	intervención	iniciada,	con	o	sin	prescripciones,	o	acordará	la	suspensión	definitiva	de	la	obra	o	intervención	iniciada	y/o	procederá	a	incoar	expediente	de	declaración	de	Bien	de	Interés	Cultural	o	de	Patrimonial.	2.-­‐	Asimismo,	la	suspensión	podrá	ser	acordada	igualmente	por	los	Ayuntamientos	respectivos.	Dicha	suspensión	se	comunicará	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	en	el	plazo	de	dos	días,	la	cual	resolverá	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	apartado	precedente.	Proponemos	incorporar	aquí	el	Art.	45	de	la	Ley	98	1.	Si	durante	la	ejecución	de	cualquier	tipo	de	obra	o	movimientos	de	tierra	se	hallaren	restos	u	objetos	con	valor	arqueológico	o	paleontológico,	el	promotor	o	la	dirección	facultativa	de	la	obra	paralizarán	inmediatamente	los	trabajos,	tomarán	las	medidas	adecuadas	para	la	protección	de	los	restos	y	comunicarán	su	descubrimiento,	en	el	plazo	de	cuarenta	y	ocho	horas,	a	las	Administraciones	citadas	en	el	artículo	43.	2.	Comunicado	el	hallazgo,	la	Consejería	de	Educación	y	Cultura	declarará	formalmente	la	suspensión	en	el	término	de	cuarenta	y	ocho	horas.	En	el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	la	suspensión	declarada,	la	Dirección	General	de	Patrimonio	Cultural	llevará	a	cabo	las	actuaciones	de	comprobación	correspondientes	a	fin	de	determinar	mediante	los	procedimientos	técnicos	más	adecuados	el	interés	y	el	valor	arqueológico	de	los	hallazgos.	47	3.	La	Consejería	de	Educación	y	Cultura	queda	expresamente	facultada	para	suspender	cualquier	clase	de	obra	o	intervención	en	cualquier	yacimiento	arqueológico	o	paleontológico,	así	como	en	su	entorno	en	el	caso	de	que	se	hallasen	singularidades	no	previstas	en	la	solicitud	de	excavación.	Artículo	42.-­‐	Reparación	de	los	daños	causados	y	multas	coercitivas	1.-­‐	Las	personas	que	causen	daños	a	los	bienes	integrantes	del	patrimonio	histórico	deberán	proceder	a	su	reparación	o	reconstrucción	que	en	ningún	caso	falseará	o	degradará	sus	valores	históricos.	La	Consejería	competente	podrá	ordenar	las	medidas	que	sean	necesarias	para	restituir	el	bien	a	su	estado	anterior.	2.-­‐	La	Administración	competente	podrá	imponer	multas	coercitivas	para	hacer	efectivo	el	cumplimiento	de	los	deberes	impuestos	por	esta	Ley	y	de	las	resoluciones	administrativas	dictadas	para	el	cumplimiento	de	lo	que	ésta	dispone.	3.-­‐	La	imposición	de	multas	coercitivas	exigirá	la	formulación	previa	de	un	requerimiento	escrito,	en	el	cual	se	indicará	el	plazo	del	que	se	dispone	para	el	cumplimiento	de	la	obligación,	la	cuantía	de	la	multa	que	puede	imponerse	y	el	plazo	para	recurrir	dicho	requerimiento	de	forma	motivada.	En	cualquier	caso,	el	plazo	será	suficiente	para	cumplir	la	obligación	y	la	multa	no	podrá	exceder	de	1000	euros.	4.-­‐	En	caso	de	que,	una	vez	impuesta	una	multa	coercitiva,	se	mantenga	el	incumplimiento	que	la	haya	motivado,	la	Administración	podrá	reiterarla	tantas	veces	como	sea	necesario,	hasta	el	cumplimiento	de	la	obligación,	sin	que	en	ningún	caso	el	plazo	pueda	ser	inferior	al	fijado	en	el	primer	requerimiento.	Proponemos:	Añadir	el	Art.	58.4	de	la	ley	vigente	del	98.	“Las	multas	coercitivas	son	independientes	y	compatibles	con	las	que	se	pueden	imponer	en	concepto	de	sanción.”	CAPÍTULO	II	Régimen	sancionador	Artículo	43.-­‐	Clasificación	de	las	infracciones.	1.-­‐	Las	infracciones	administrativas	en	materia	de	protección	del	Patrimonio	Histórico	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves.	2.-­‐	Son	infracciones	leves:	48	a)	La	falta	de	comunicación	al	Registro	de	Bienes	de	Interés	Cultural	o	al	de	Interés	Patrimonial	de	la	Comunidad	de	Madrid,	de	los	actos,	modificaciones	y	traslados	que	afecten	a	los	bienes	en	ellos	inscritos.	b)	El	incumplimiento	de	la	obligación	de	comunicar	las	subastas	y	las	transmisiones	de	la	propiedad	de	los	bienes	del	patrimonio	histórico	en	los	términos	exigidos	por	la	Ley.	c)	La	disgregación	de	conjuntos	sin	la	autorización	correspondiente,	así	como	la	separación	de	bienes	muebles	del	inmueble	al	que	pertenece	y	que	fueron	declarados	conjuntamente	y	así	se	establecía	en	dicha	declaración.	d)	El	incumplimiento	y	la	obstrucción	a	las	inspecciones	de	las	Administraciones	a	los	bienes	del	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	e)	La	utilización	de	instrumentos	de	detección	de	metales	en	el	ámbito	de	bienes	integrantes	del	patrimonio	histórico	que	no	constituya	infracción	grave.	f)	La	falta	de	comunicación	de	la	actividad	del	comercio	de	bienes	culturales	y	el	incumplimiento	del	deber	de	llevar	el	Libro-­‐registro	de	transmisiones	y	la	omisión	o	inexactitud	de	los	datos	que	se	han	de	hacer	constar	en	el	mismo.	g)	La	falta	de	notificación	a	la	Administración	competente	de	las	situaciones	de	ruina	en	los	términos	establecidos	en	la	presente	Ley.	h)	La	realización	de	actuaciones	o	intervenciones	sobre	bienes	de	interés	cultural	o	patrimonial	o	sus	entornos,	que	carezcan	de	la	correspondiente	autorización	o	incumpliendo	las	condiciones	recogidas	en	las	mismas,	siempre	que	no	constituyan	infracción	grave.	Proponemos	añadir:	-­‐El	incumplimiento	del	deber	de	permitir	el	acceso	de	investigadores	y	especialistas.	-­‐El	incumplimiento	de	la	obligación	de	comunicar	los	actos	jurídicos	o	los	traslados	que	afecten	a	los	Bienes	de	Interés	Cultural	o	incluidos	en	el	Catálogo	Geográfico	de	Bienes	Culturales	de	la	Comunidad	de	Madrid.	La	infracción	se	considerará	grave	si,	como	consecuencia	de	la	falta	de	medidas	de	seguridad	suficientes	durante	el	traslado,	se	produjeran	daños	en	el	objeto	protegido.	-­‐	Colocar,	sin	autorización,	en	las	fachadas	o	cubiertas	de	los	Bienes	de	Interés	Cultural,	rótulos,	señales,	símbolos,	cerramientos	o	rejas.	-­‐	No	exhibir	el	rótulo	obligatorio	en	las	obras	que	se	realicen	en	los	Conjuntos	Históricos.	-­‐	Realizar	intervenciones	autorizadas	en	un	yacimiento	arqueológico	sin	adoptar	las	medidas	de	protección	o	condicionantes	establecidos	en	la	autorización.	Si	la	falta	de	medidas	de	protección	diera	lugar	a	daños	irreversibles	en	los	bienes	arqueológicos,	la	infracción	se	considerará	grave	o	muy	grave,	según	la	índole	de	los	daños.	i)	La	realización	de	intervenciones	arqueológicas	sin	la	correspondiente	autorización.	49	-­‐	No	cumplir	las	órdenes	de	ejecución	de	obras	de	conservación	en	bienes	declarados,	catalogados	o	inventariados,	cuando	haya	precedido	requerimiento	de	la	Administración.	En	caso	de	que,	como	consecuencia	de	la	omisión	o	dilación	en	el	cumplimiento,	se	produjeran	daños	en	el	bien	objeto	de	dichas	órdenes,	se	considerará	como	infracción	grave	o	muy	grave,	según	la	índole	de	los	daños,	sin	perjuicio	de	la	obligación	de	proceder	a	su	reparación.	-­‐	Hacer	objeto	de	tráfico	los	objetos	o	colecciones	de	materiales	arqueológicos	que	se	posean	por	cualquier	concepto.	-­‐	No	poner	en	conocimiento	de	los	organismos	competentes	en	los	términos	fijados	en	lo	relativo	a	los	artículos	correspondientes,	la	transmisión	onerosa	de	la	propiedad	o	de	cualquier	derecho	real	sobre	bienes	declarados	de	Interés	Cultural	o	de	Interés	Local.	-­‐	No	comunicar	a	la	autoridad	competente	los	objetos	o	colecciones	de	materiales	arqueológicos	que	se	posean	por	cualquier	concepto	o	no	entregarlos	en	los	casos	previstos	en	esta	Ley.	-­‐	La	realización	de	actividades	arqueológicas	o	paleontológicas	sin	la	preceptiva	autorización	de	la	Dirección	General	de	Patrimonio,	o	las	realizadas	contraviniendo	los	términos	en	que	fue	concedida	ésta.	-­‐La	falta	de	presentación	del	informe	relativo	a	conservación	y	restauración.	3.-­‐	Son	infracciones	graves:	a)	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	de	comunicación	del	descubrimiento	de	restos	arqueológicos	y	de	entrega	de	los	bienes	hallados,	así	como	la	tenencia,	sin	autorización	administrativa,	de	cualquier	tipo	de	medio	de	detección	de	metales	en	yacimientos	arqueológicos	y	paleontológicos	declarados	Bien	de	Interés	Cultural	o	Patrimonial	o	que	estén	documentados	Proponemos	añadir	en	este	apartado	el	uso	de	detector	de	metales	en	cualquier	yacimiento	arqueológico	y/o	paleontológico	que	se	encuentre	también	sin	declarar.	b)	El	incumplimiento	de	las	órdenes	de	suspensión	de	obras	acordadas	por	la	Administración	competente.	c)	Las	actuaciones	causadas	por	los	usuarios	y	visitantes	de	Bienes	de	Interés	Cultural	o	Patrimonial	que	causen	algún	menoscabo	en	los	mismos.	d)	La	comercialización	de	bienes	de	naturaleza	arqueológica	o	paleontológica	sin	que	su	procedencia	esté	debidamente	documentada.	e)	La	falta	de	adopción	de	medidas	oportunas	en	el	supuesto	de	ruina	previsto	en	el	art.	25.4.	f)	Las	intervenciones	u	omisiones	sobre	los	Bienes	de	Interés	Cultural	o	Patrimonial	o	sus	entornos	que	ocasionen	daños	y	que	no	constituyan	una	infracción	muy	grave.	Proponemos	también	añadir	en	esta	categoría:	50	-­‐El	incumplimiento	del	deber	de	conservación	y	protección	por	parte	de	los	propietarios	o	poseedores	de	Bienes	Declarados	de	Interés	Cultural	o	de	Interés	Local,	especialmente	cuando	el	infractor	haya	sido	advertido	de	los	efectos	de	su	incumplimiento.	-­‐La	inoservancia	del	deber	de	llevar	el	libro	de	registro	a	que	están	obligados	todos	los	particulares	que	se	dediquen	al	comercio	de	bienes	muebles,	así	como	la	omisión	o	inexactitud	de	datos	que	deben	constar	en	el	mismo.	-­‐La	separación	no	autorizada	de	bienes	muebles	vinculados	a	bienes	inmuebles	Declarados	de	Interés	Cultural	o	de	Interés	Local.	-­‐El	incumplimiento	de	la	suspensión	de	obras	con	motivo	del	descubrimiento	de	restos	arqueológicos	y	de	las	suspensiones	de	obras	acordadas	por	la	Consejería	de	Cultura	y	Deporte.	-­‐La	realización	de	actividades	arqueológicas	o	espeleológicas	sin	la	preceptiva	autorización	de	la	Consejería	de	Cultura	y	Deporte,	o	las	realizadas	contraviniendo	los	términos	en	que	fue	concedida	ésta.	-­‐La	utilización	de	detectores	de	metales	o	aparatos	de	tecnología	similar	en	actuaciones	arqueológicas	ilícitas	o	no	expresamente	autorizadas	por	la	Consejería	de	Cultura	y	Deporte.	-­‐No	poner	en	conocimiento	de	la	Consejería	de	Cultura	y	Deporte	la	realización	de	subastas	que	afecten	a	los	bienes	integrantes	del	Patrimonio	Cultural	de	Cantabria,	salvo	los	Bienes	Declarados	de	Interés	Cultural.	-­‐No	comunicar	a	la	autoridad	competente	los	objetos	o	colecciones	de	materiales	arqueológicos	que	se	posean	por	cualquier	concepto,	o	no	entregarlos	en	los	casos	previstos	en	esta	Ley,	así	como	hacerlos	objeto	de	tráfico.	-­‐Ejecutar	cualquier	tipo	de	manipulación	mecánica	o	de	contacto	sobre	grabados	o	pinturas	rupestres	que	cause	daños	a	los	grafismos	o	a	su	soporte	natural,	o	removerlos	de	sus	emplazamientos	originales.	-­‐La	reiteración	continuada	en	cualesquiera	de	las	infracciones	consideradas	como	leves.	4.-­‐	Son	infracciones	muy	graves:	a)	Cualquier	intervención	u	omisión	sobre	Bienes	de	Interés	Cultural	o	Patrimonial	de	las	que	se	derive	su	pérdida,	destrucción	o	daños	irreparables.	b)	El	otorgamiento	de	licencias	urbanísticas	sin	la	autorización	preceptiva	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico,	o	contraviniendo	las	prescripciones	establecidas	por	la	misma,	para	la	realización	de	actuaciones	en	Bienes	de	Interés	Cultural	o	Patrimoniales.	Proponemos	añadir	51	-­‐El	derribo	o	la	reconstrucción	total	o	parcial	de	inmuebles	declarados	Bienes	de	Interés	Cultural	o	Bienes	de	Interés	Local	sin	la	preceptiva	autorización.	-­‐La	reiteración	continuada	en	cualesquiera	de	las	infracciones	consideradas	como	graves.	Artículo	44.-­‐	Responsabilidad	y	criterios	para	la	determinación	de	la	sanción	1.-­‐	Son	responsables	de	las	infracciones	tipificadas	en	esta	Ley:	-­‐	Los	autores	materiales	de	las	actuaciones	infractoras	así	como,	en	su	caso,	los	promotores	de	quien	dependan.	-­‐	Los	técnicos	o	profesionales	autores	de	proyectos	o	directores	de	obras	o	actuaciones	que	contribuyan	dolosa	o	culposamente	a	la	comisión	de	la	infracción.	En	especial	en	el	supuesto	de	incumplimiento	de	las	órdenes	de	paralización	previstas	en	el	art.	40.	2.-­‐	Se	considerarán	los	siguientes	criterios	para	la	determinación	del	montante	económico	de	la	sanción	a	aplicar:	a)	Haberla	cometido	alterando	los	supuestos	de	hecho	que	presuntamente	legitimasen	la	actuación	con	o	sin	autorización.	b)	La	reincidencia.	c)	Mayor	o	menor	beneficio	obtenido	por	la	infracción.	d)	Haber	procedido	a	reparar	o	disminuir	el	daño	causado	antes	de	la	iniciación	del	procedimiento	sancionador.	Artículo	45.-­‐	Sanciones	y	comiso	1.-­‐	Si	los	daños	ocasionados	al	Patrimonio	Histórico	causados	por	los	hechos	constitutivos	de	infracciones	administrativas	en	materia	de	Patrimonio	Histórico	pueden	ser	valorados	económicamente,	serán	sancionados	con	una	multa	de	entre	una	y	cinco	veces	el	valor	de	los	daños	causados	en	función	de	las	circunstancias	previstas	en	el	artículo	44.	De	los	contrario,	se	aplican	las	sanciones	siguientes:	a)	Para	las	infracciones	leves,	una	multa	de	hasta	60.000	euros.	b)	Para	las	infracciones	graves,	una	multa	de	entre	60.001	y	300.000	euros.	c)	Para	las	infracciones	muy	graves,	una	multa	de	entre	300.001	y	1.000.000	euros,	que	podrá	incrementarse	cuando	el	beneficio	obtenido	como	consecuencia	de	la	infracción	sea	mayor.	Proponemos	añadir	Con	carácter	accesorio	se	podrán	imponer	las	siguientes	sanciones:	a. La	inhabilitación	durante	cinco	años	para	el	ejercicio	de	su	profesión	ante	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	del	personal	técnico	o	profesional	que	ejerza	la	dirección	o	sea	responsable	de	acciones	tipificadas	como	infracciones	muy	graves.	52	b. La	inhabilitación	durante	un	año	ante	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	del	personal	técnico	o	profesional	que	ejerza	la	dirección	o	sea	responsable	de	acciones	tipificadas	como	infracciones	graves.	c. El	decomiso	definitivo	de	detectores	de	metales	y	otras	herramientas	o	técnicas	que	permitan	localizar	restos	arqueológicos.	Se	dará	traslado	de	las	inhabilitaciones	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	a	las	entidades	y	colegios	profesionales	correspondientes.	La	cuantía	de	la	multa	no	podrá	ser	en	ningún	caso	inferior	al	doble	del	beneficio	obtenido	por	la	persona	que	cometió	la	infracción.	2.-­‐	Las	infracciones	tipificadas	en	el	artículo	43.4	a)	llevarán	aparejadas	el	sometimiento	a	las	directrices	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	en	relación	al	aprovechamiento	urbanístico.	3.-­‐	Los	responsables	podrán	ofrecer	a	la	Administración,	en	pago	de	las	sanciones	económicas	impuestas,	la	entrega	de	Bienes	de	Interés	Cultural.	En	este	caso	se	suspenderá	el	cómputo	del	plazo	para	el	pago	de	la	multa	hasta	que	responda	la	Administración,	que	debe	hacerlo	en	un	plazo	máximo	de	treinta	días.	La	gestión	y	el	destino	de	los	bienes	recibidos	en	pago	de	las	sanciones	económicas	corresponderán	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid.	4.-­‐	El	órgano	competente	podrá	acordar	como	sanción	accesoria	el	comiso	de	los	materiales	y	utensilios	empleados	en	la	actividad	ilícita.	Artículo	46.-­‐	Competencia	para	imponer	las	sanciones.	Prescripción	de	las	infracciones	y	sanciones.	1.-­‐	Corresponde	al	Director	General	competente	en	materia	de	Patrimonio	Histórico	la	imposición	de	multas	por	infracciones	hasta	150.000	euros.	2.-­‐	Corresponde	al	Consejero	competente,	la	imposición	de	multas	por	infracciones	graves,	desde	150.001	euros	hasta	300.000	euros.	3.-­‐	Corresponde	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	del	consejero	competente,	la	imposición	de	multas	por	infracciones	muy	graves	de	cuantía	superior	a	300.000	euros.	4.-­‐	En	todo	caso,	la	incoación	del	procedimiento	sancionador	se	efectuará	por	la	Dirección	competente	en	materia	de	patrimonio	histórico.	5.-­‐	El	plazo	para	la	resolución	de	los	expedientes	sancionadores	por	las	infracciones	reguladas	por	esta	Ley	será	de	nueve	meses.	6.-­‐	Las	infracciones	administrativas	a	las	que	se	refiere	esta	Ley	prescriben	al	cabo	de	cuatro	años	de	haberse	cometido,	salvo	las	de	carácter	muy	grave,	que	prescriben	al	cabo	de	seis	años.	Las	sanciones	administrativas	a	las	que	se	refiere	esta	Ley	prescriben	al	cabo	de	tres	años	las	muy	graves,	2	años	las	graves	y	1	año	las	leves.	53	Proponemos	modificar	este	apartado	6	sobre	la	prescripción	ampliando	los	plazos:	-­‐Las	leves	y	graves	a	los	cinco	años	y	las	muy	graves	a	los	10.	DISPOSICIÓN	ADICIONAL	PRIMERA	Tendrán	la	consideración	de	Bienes	de	Interés	Cultural	y	quedan	sometidos	al	régimen	previsto	por	la	presente	Ley	los	bienes	a	que	se	refiere	el	Decreto	de	22	de	abril	de	1949,	expedido	por	el	Ministerio	de	Cultura	sobre	protección	de	los	castillos.	Proponemos:	Añadir,	conforme	a	lo	recogido	en	la	LPHE	16/85	la	declaración	automática	de	BIC	para:	Cuevas	con	representación	de	arte	(Art.	40.2),	Escudos,	emblemas,	cruces	de	término	y	otras	piezas	similares	(Decreto	571/1963).	DISPOSICIÓN	ADICIONAL	SEGUNDA	Los	bienes	incluidos	en	el	Inventario	de	Bienes	Culturales	de	la	Comunidad	de	Madrid	al	amparo	de	la	Ley	10/98,	de	9	de	julio,	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	de	la	Ley	16/85,	de	25	de	junio,	de	Patrimonio	Histórico	Español,	tendrán	la	consideración	de	Bienes	de	Interés	Patrimonial	y	quedarán	incluidos	en	el	Registro	previsto	en	el	artículo	10.	Las	Vías	de	Interés	Cultural	declaradas	según	lo	previsto	en	el	artículo	9	de	la	Ley	8/1998,	de	15	de	junio	de	Vías	Pecuarias	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	sus	elementos	asociados	tendrán	la	consideración	de	Bienes	de	Interés	Patrimonial	a	los	efectos	de	esta	Ley.	DISPOSICIÓN	ADICIONAL	TERCERA	En	los	proyectos	de	obras	de	inmuebles	declarados	de	Interés	Cultural	o	patrimonial,	dadas	sus	singulares	características,	se	admitirán	soluciones	diferentes	a	las	establecidas	en	la	normativa	básica	de	edificación,	en	especial	las	referidas	a	seguridad	y	accesibilidad,	mediante	la	inclusión	en	los	correspondientes	proyectos	de	un	Estudio	de	Seguridad	y	evacuación	de	los	citados	inmuebles.	DISPOSICIÓN	ADICIONAL	CUARTA	Las	obras	que	tengan	por	finalidad	la	conservación,	restauración	o	rehabilitación	de	bienes	de	interés	cultural	y	patrimonial,	tendrán	la	consideración	de	obras	de	excepcional	interés	público	a	los	efectos	previstos	en	la	legislación	vigente.	DISPOSICIÓN	ADICIONAL	QUINTA	La	Comunidad	de	Madrid	promoverá	el	conocimiento	y	difusión	de	los	Bienes	a	que	se	refiere	esta	Ley	y	la	edición	de	publicaciones	de	investigación	y	divulgación	de	su	patrimonio	histórico.	Asimismo,	podrá	promover	proyectos	educativos	dirigidos	a	dar	a	conocer	el	patrimonio	histórico	a	la	ciudadanía.	Proponemos:	Que	esta	disposición	no	es	suficiente	en	relación	a	los	artículos	7	y	9	de	la	Convención	de	La	Valetta:	Reunión	y	divulgación	de	información	científica	54	Art.	7.o	Con	el	fin	de	facilitar	el	estudio	y	la	difusión	de	la	información	obtenida	de	los	descubrimientos	arqueológicos,	cada	una	de	las	Partes	acuerda:	a)	Realizar	o	actualizar	estudios,	inventarios	y	mapas	de	lugares	de	actividad	arqueológica	dentro	de	su	territorio.	b)	Tomar	todas	las	medidas	prácticas	necesarias	para	la	redacción,	tras	las	actividades	arqueológicas,	de	memorias	abreviadas	científicas	publicables	antes	de	realizar	la	publicación	general	de	estudios	especializados.	Fomento	de	la	sensibilización	pública	Art.	9.o	Cada	una	de	las	Partes	acuerda:	a)	Elaborar	acciones	educativas	con	vista	a	elevar	y	desarrollar	la	sensibilización	de	la	opinión	pública	hacia	el	valor	del	patrimonio	arqueológico	para	el	conocimiento	del	pasado	y	tenga	conciencia	de	los	peligros	que	amenazan	a	este	patrimonio.	b)	Promover	el	acceso	del	público	a	importantes	elementos	de	su	patrimonio	arqueológico,	especialmente	las	propias	excavaciones,	y	fomentar	la	exhibición	al	público	de	objetos	arqueológicos	especialmente	seleccionados.	Por	ello,	INDICAMOS	que	el	“podrá	promover”	de	la	segunda	parte	del	artículo	va	en	contra	del	texto	citado,	y	PROPONEMOS	que	se	debería	reproducir	de	la	forma	más	fidedigna	posible	el	texto	que	recogemos.	Proponemos	como	idea,	el	Capítulo	II	del	Título	II	–	Arts.	69-­‐72	del	proyecto	de	ley	5/98	R.4057	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad,	21	mayo	1998	(BO	Asamblea	de	Madrid	nº	164):	De	la	educación:	El	organismo	competente	elaborará	estrategias	y	pondrá	en	marcha	todos	los	mecanismos	y	actividades	necesario	para	la	implantación	y	el	desarrollo	de	contenidos	relacionados	con	la	adquisición	del	conocimiento	y	del	respeto	imprescindibles	por	parte	de	la	sociedad	en	aras	de	conseguir	los	fines	establecidos	en	esta	ley.	Se	considerará	a	este	respecto	fundamental	tanto	las	acciones	en	el	ámbito	de	la	educación	reglada,	como	la	no	reglada.	Actividades	didácticas:	El	organismo	competente,	los	ayuntamientos	y	demás	instituciones	vinculadas	a	la	difusión	del	patrimonio	cultural,	establecerán,	potenciarán	y	desarrollarán	todas	aquellas	actividades	didácticas	que	se	estimen	y	consideren	efectivas	y	de	calidad	probada	para	la	consecución	de	los	fines	establecidos	en	esta	ley.	Medios	de	edición	y	transmisión:	El	organismo	competente	establecerá,	potenciará	y	desarrollará	políticas	estratégicas	de	difusión	de	los	valores	culturales	del	patrimonio	cultural	de	probada	eficacia	y	calidad,	a	tavés	de	cuantos	medios	de	edición	y	transmisión	de	datos	permitan	realizarlos	en	orden	a	la	consecución	de	los	fines	de	esta	ley.	Medios	de	comunicación	de	masas:	55	El	organismo	competente	cuidará	y	velará	por	que	la	información	sobre	el	patrimonio	cultural	que	se	transmita	a	la	sociedad	por	medio	de	los	medios	de	comunicación	de	masas	sea	veraz	y	no	atente	contra	los	fines	establecidos	en	la	presente	ley.	DISPOSICIÓN	ADICIONAL	SEXTA	Los	bienes	muebles	del	patrimonio	histórico	de	titularidad	de	la	Iglesia	Católica	se	someterán	a	lo	dispuesto	por	la	normativa	estatal	en	cuanto	a	su	posibilidad	de	enajenación.	La	normativa	estatal	será	también	aplicable	en	lo	que	se	refiere	al	régimen	de	exportación	e	importación	de	bienes	culturales.	Las	anotaciones	realizadas	en	los	Registros	de	Bienes	de	Interés	Cultural	y	de	Bienes	de	Interés	Patrimonial	se	comunicarán	al	Ministerio	competente	para	su	conocimiento	y	efectos	oportunos.	DISPOSICIÓN	TRANSITORIA	PRIMERA	Los	municipios	deberán	completar	o	formar	sus	Catálogos	de	bienes	y	espacios	protegidos	en	los	términos	establecidos	en	el	artículo	16	en	el	plazo	máximo	de	un	año	a	contar	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	ley.	Hasta	que	se	produzca	la	aprobación	de	dichos	catálogos,	quedarán	sujetos	a	lo	previsto	en	el	apartado	2	del	art.	25	y	tendrán	la	consideración	de	bienes	catalogados	por	el	planeamiento	municipal	con	el	nivel	que	garantice	el	mantenimiento	de	su	configuración	estructural	y	su	envolvente	exterior,	los	siguientes	bienes	inmuebles	integrantes	del	patrimonio	histórico	radicados	en	su	territorio:	-­‐ -­‐ Palacios,	casas	señoriales,	torreones	y	jardines	construidos	antes	de	1900.	Inmuebles	singulares	construidos	antes	de	1936	que	pertenezcan	a	alguna	de	las	siguientes	tipologías:	iglesias,	ermitas,	cementerios,	conventos,	molinos,	norias,	silos,	fraguas,	lavaderos,	bodegas,	teatros,	cinematógrafos,	mercados,	plazas	de	toros,	fuentes,	estaciones	de	ferrocarril,	puentes,	canales	y	“viages”	de	agua.	Fortificaciones	de	la	Guerra	Civil	española.	-­‐ -­‐
Proponemos:	-­‐ Inmuebles	singulares	que	pertenezcan	a	alguna	de	las	siguientes	tipologías:	iglesias,	ermitas,	cementerios,	conventos,	palacios,	casas	señoriales,	torreones,	jardines,	molinos,	norias,	silos,	fraguas,	lavaderos,	bodegas,	teatros,	cinematógrafos,	mercados,	plazas	de	toros,	fuentes,	estaciones	de	ferrocarril,	puentes,	canales,	“viages”	de	agua	y	otros	elementos	de	la	arquitectura	popular	tradicional.	-­‐ Arquitectura	civil	y	militar	de	la	Guerra	Civil	y	la	Posguerra,	así	como	paisajes	relacionados	con	campos	de	batalla	y	lugares	de	memoria.	Justificación:	Es	necesario	incluir	otro	tipo	de	representaciones	de	arquitectura	vinculada	a	las	clases	populares	que	puede	estar	realizada	en	fechas	posteriores	a	1900.	Además,	para	los	restos	de	la	Guerra	Civil	y	la	Posguerra	la	utilización	de	fechas	arbitrarias	como	1936	dejan	fuera	de	protección	numerosos	elementos	del	Patrimonio	Cultural	de	evidente	valor	histórico	y	memorialístico	tales	como	destacamentos	penales,	campos	de	concentración,	cárceles,	cementerios,	monumentos	conmemorativos,	lugares	de	memoria,	etc.	DISPOSICIÓN	TRANSITORIA	SEGUNDA	56	Los	expedientes	iniciados	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	esta	Ley,	continuarán	su	tramitación	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	10/1998,	de	9	de	julio,	si	bien	la	resolución	deberá	ajustarse	al	régimen	sustantivo	establecido	por	la	presente	Ley.	No	obstante	lo	anterior,	los	expedientes	sobre	declaración	de	Bienes	de	Interés	Cultural	incoados	antes	de	la	Ley	10/1998,	de	9	de	julio,	que	no	hayan	sido	resueltos	expresamente	a	la	fecha	de	entrad	en	vigor	de	la	presente	Ley	podrán	ser	resueltos,	conjuntamente,	mediante	Decreto	del	Consejo	de	Gobierno,	previa	audiencia	de	los	interesados	y	en	todo	caso,	previo	informe	favorable	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando.	Los	bienes	de	interés	cultural	e	incluidos	en	el	inventario	cuyo	entorno	no	hubiera	sido	declarado	expresamente	a	la	fecha	de	entrada	en	vigor	de	esta	ley	se	efectuará	mediante	Orden	de	la	Consejería	competente.	DISPOSICIÓN	TRANSITORIA	TERCERA	Todos	los	Planes	de	Ordenación	o	Protección	aprobados	definitivamente	al	momento	de	entrada	en	vigor	de	la	presente	Ley,	a	los	que	se	ha	reconocido	los	efectos	del	artículo	20	de	la	Ley	16/1985	del	Patrimonio	Histórico	Español,	o	del	artículo	29	de	la	Ley	10/1998	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	podrán	ser	convalidados	mediante	la	Resolución	de	la	Dirección	General	de	Patrimonio	Histórico	para	conservar	su	vigencia	en	relación	con	el	Art.	26	de	la	presente	Ley,	o	bien	adaptarse	a	ella	en	el	plazo	de	dos	años	a	contar	desde	su	entrada	en	vigor.	DISPOSICIÓN	DEROGATORIA	ÚNICA	A	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	Ley,	queda	derogada	expresamente	la	ley	10/98,	de	9	de	julio,	de	Patrimonio	Histórico	de	la	Comunidad	de	Madrid,	y	cuantas	disposiciones	de	igual	o	inferior	rango	se	opongan	a	lo	establecido	en	la	presente	Ley.	DISPOSICIÓN	FINAL	ÚNICA	1.-­‐	Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	para	dictar,	además	de	las	disposiciones	reglamentarias	expresamente	previstas	en	la	presente	Ley,	las	que	sean	precisas	para	su	cumplimiento.	La	propuesta	de	dichas	disposiciones	corresponderá	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Patrimonio	Histórico.	Proponemos:	Es	muy	importante	que	los	reglamentos	necesarios	sean	aprobados	en	el	plazo	más	breve	posible.	En	el	caso	de	patrimonios	especiales	como	el	arqueológico,	es	necesario	un	reglamento	de	intervenciones	arqueológicas	que	se	apruebe	a	la	mayor	brevedad	posible,	con	el	objetivo	de	definir	de	forma	precisa	los	procedimientos.	Dado	que	son	necesarios	varios	reglamentos,	convendría	desarrollar	un	plan	de	publicación	de	los	mismos	que	se	cumpla	y	que	no	sea	superior	a	un	año.	2.-­‐	Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	a	actualizar	por	vía	reglamentaria	la	cuantía	de	las	multas	y	sanciones.	3.-­‐	La	presente	Ley	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	“Boletín	Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid”.	57	Por	tanto,	ordeno	a	todos	los	ciudadanos	a	los	que	sea	de	aplicación	esta	Ley	que	la	cumplan,	y	a	los	Tribunales	y	Autoridades	que	corresponda,	la	guarden	y	la	hagan	cumplir.	58	Alegaciones AMTTA - Borrador Ley Madrid 2012Uploaded by Asociación Madrieña de Trabajadoras y Trabajadores en Arqueología1,8K visitaDescargaInsertarDescription: Alegaciones de AMTTA al borrador del anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid - junio 2012See MoreAlegaciones de AMTTA al borrador del anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid - junio 2012Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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