Source: http://aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-deportivo/item/501-la-responsabilidad-penal-de-las-federaciones-deportivas
Timestamp: 2018-02-22 18:48:01
Document Index: 156334465

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31']

La responsabilidad penal de las federaciones deportivas
Los conceptos culpa y dolo en el maridaje del código penal resulta clave a la hora de la impunidad o punidad de conductas delictivas, tanto de delitos como de falta. Hemos de reconocer que nuestro sistema doctrinal y judicial, a lo largo de los años, se ha mostrado muy reacción al hecho de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y sólo estaba presente en relación a lo que se ha venido en denominar crimen organizado. De esta manera, habría que enmarcar la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 13 de junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo, dispone en su artículo 7 que «cada Estado deberá adoptar las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser responsables penalmente de los delitos, cuando son cometidos por cuenta de ésta por cualquier persona, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en ella, o por su falta de vigilancia o control». Medida esta que se produjo en valor a poner en marcha todo tipo de mecanismos por los cuales se ha de luchar con esas verdaderas organizaciones criminales. Y en ese contexto se produjo, en la concepción del denominado derecho continental, el contemplar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De esta manera, nuestro Código penal lo reseña en los siguientes artículos:
Según el artículo 31 [redactado por el número diecinueve del artículo único de la L. O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L. O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE del 31 de marzo), con vigencia del 1 de julio de 2015], «el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre».
Por su parte, el artículo 31 bis [redactado por el número veinte del artículo único de la L. O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L. O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE del 31 de marzo), con vigencia del 1 de julio de 2015] establece: «1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
Y el artículo 31 ter [introducido por el número veintiuno del artículo único de la L. O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L. O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE del 31 de marzo), con vigencia del 1 de julio de 2015] determina: 1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
Según el artículo 31 quater [introducido por el número veintidós del artículo único de la L. O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L. O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE del 31 de marzo), con vigencia del 1 de julio de 2015], sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
Y, finalmente, el artículo 31 quinquies [introducido por el número veintitrés del artículo único de la L. O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L. O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE del 31 de marzo), con vigencia del 1 de julio de 2015] determina:
Pues bien, teniendo en cuenta lo que aquí traemos en el articulado, podemos observar que ya no vale hacer recaer en persona física una mala gestión, que en el caso de la investigada, Federación de Baloncesto recayera en su máximo dirigente y personal responsable del área económica. Si no que la propia persona jurídica hubiera hecho dejación, tal como señalan los artículos del código penal en su labor de prevención y de vigilancia del cumplimiento de la legalidad vigente. En este caso, a partir de la entrada en vigor de estos artículos muchas empresas se apresuraron a trabajar en códigos de conductas e instancias de control y vigilancia, para atenuar y eximirse de responsabilidades de conductas llevadas a cabo por personas de responsabilidad y que ostentan la representación de la empresa. Lo que sí es obvio, a tenor de lo que ha señalado el juzgado, que no va a quedarse en el hecho de la conducta punible del ex presidente, sino que se va a ir a analizar la responsabilidad de la persona jurídica de la Federación. Y en este caso, sin duda, resulta realmente novedoso y de interés para experiencias futuras. Porque lo que, desde el punto de vista de la cotidianidad resultad ciertamente poco estable, es el hecho de haberse manejado dinero público, en relación a conductas reprochables penalmente. Y ante ello no haberse actuado desde los resortes de una Institución, como la Federación, para evitar que se produjeran los resultados que han dado causa efecto a la instrucción de este procedimiento penal.
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