Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-106-de-marzo-15-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_880fa299fb58b0eae0430a010151b0ea&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-29 03:31:57
Document Index: 13292855

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 34', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 157', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 20', 'Artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 28', 'Artículo 15', 'artículo 58', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 70', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 90', 'artículo 16', 'Artículo 20', 'artículo 28', 'artículo 6', 'Artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 90', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 14', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 39', 'Artículo 27', 'artículo 48', 'Artículo 28', 'artículo 49', 'Artículo 29', 'artículo 44', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 70', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 24', 'Artículo 40', 'artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 13', 'Artículo 44', 'artículo 42', 'Artículo 45', 'artículo 43', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 13', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 13', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 26', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 34']

﻿ Sentencia C-106 de marzo 15 de 1995
SENTENCIA C-106 DE 15 DE MARZO DE 1995
CONTENIDO:IGUALDAD DE TRATO EN MATERIA TRIBUTARIA Y ARANCELARIA LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y A LOS DEMÁS VIAJEROS Y HABITANTES DEL TERRITORIO NACIONAL. SE DECLARA EXEQUIBLE LA CONVENCIÓN Y LA LEY 146 DE 1994, "POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES". LA EXEQUIBILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 15, 46 Y 47 DE LA “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES”, APROBADA MEDIANTE LA LEY 146 DE 1994, SE DECLARA BAJO EL ENTENDIDO DE QUE EL ESTADO COLOMBIANO MANTIENE SU DERECHO DE DICTAR NORMAS TRIBUTARIAS, CAMBIARIAS Y MONETARIAS QUE ESTABLEZCAN UN TRATO IGUAL ENTRE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS Y LOS NACIONALES, PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES DE USO PERSONAL, ENSERES DOMÉSTICOS, TRANSFERENCIA DE INGRESOS Y AHORROS HACIA EL EXTERIOR, ASÍ COMO PARA PROCEDER A LA EXPROPIACIÓN POR RAZONES DE EQUIDAD Y A LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO EN LOS EVENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 34 DE LA CP. EN CONSECUENCIA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HARÁ LA CORRESPONDIENTE RESERVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS DEL TRABAJADOR, DERECHO TRIBUTARIO, EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD, CONVENIO INTERNACIONAL, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO INTERNACIONAL
Sentencia C-106 de marzo 15 de 1995
Ref. Expediente L.A.T. 29
Aprobado por Acta 8
Revisión oficiosa de la Ley 146 de 1994, “por medio de la cual se aprobó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”. Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990
Santa Fe de Bogotá, D.C., marzo quince de mil novecientos noventa y cinco.
En el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 146 de 1994 “por medio de la cual se aprobó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”. Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990”, y de la Convención que aprobó.
“Ley 146 de 1994
“Por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”. Hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990”.
Visto el texto de la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias”, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990.
ART. 1º. Apruébese la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990.
ART. 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfecciones el vínculo internacional respecto de la misma.
Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos(1), el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales(2), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos(2) (sic), la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial(3), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(4) y la Convención sobre los derechos del niño(5).
Reafirmado la importancia de los principios consagrados en la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(6).
Recordando la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(7), la declaración del cuarto congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente(8), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(9), y las convenciones sobre la esclavitud(10).
2. La presente convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
b) Se entenderá por “trabajador de temporada” todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y solo se realice durante parte del año;
e) Se entenderá por “trabajador itinerante” todo trabajador migratorio que, aún teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado otros Estados por periodos breves, debido a su ocupación;
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer estos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente.
3. La libertad de expresar la propia religión o creencia solo podrá quedar sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los demás.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2º del presente artículo entraña obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas restricciones, a condición de que estas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias para:
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que este pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.
4. Durante todo periodo de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares solo podrán ser expulsados del territorio de un Estado parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley.
2. El ejercicio de tales derechos solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
1. Los Estados partes velarán por que se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que estos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.
1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas de residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo periodo de duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2º del presente artículo tengan siempre suficiente para encontrar otra actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un periodo correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a prestaciones de desempleo.
1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del matrimonio, el Estado de empleo considerará favorablemente conceder autorización para permanecer en él a los familiares de ese trabajador migratorio que residan en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el Estado de empleo tendrá en cuenta el periodo de tiempo que esos familiares hayan residido en él.
a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a la condición de que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un periodo de tiempo determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años;
b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en aplicación de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud de la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales. Las limitaciones de este tipo no se aplicarán a un trabajador migratorio que haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada por un periodo determinado en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a cinco años.
2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad remunerada luego de un periodo determinado. El otorgamiento de ese derecho no afectará a su condición de trabajadores fronterizos.
1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2º del artículo 2º de la presente convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que se encuentran en ese Estado solo una parte del año.
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará la conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado empleados en su territorio durante un periodo de tiempo considerable la posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión de ese Estado, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no solo las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate.
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho a realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado solo corresponderá a:
2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del comité, transmitirá al director general de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los informes presentados por los Estados partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de que la oficina pueda proporcionar al comité los conocimientos especializados de que disponga respecto de las cuestiones tratadas en la presente convención que caigan dentro del ámbito de competencia de la Organización Internacional del Trabajo. El comité examinará en sus deliberaciones, los comentarios y materiales que la oficina pueda proporcionarle.
7. El comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la presente convención, en el que expondrá sus propias opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de los informes de los Estados partes y en las observaciones que estos presenten.
2. El comité elegirá su mesa por un periodo de dos años.
1. Todo Estado parte en la presente convención podrá declarar en cualquier momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente convención. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo solo se podrán recibir y examinar si las presenta un Estado parte que ha hecho una declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del comité. El comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado parte que no haya hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
c) El comité examinará el asunto que se le haya referido solo después de haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos internos sobre la materia, de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma cuando, a juicio del comité, la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente;
Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará al derecho de cada Estado parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con su situación legal y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y familiares de estos, los Estados partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la presente convención.
En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente convención”.
La presidencia de la Corte Constitucional recibió el día 18 de julio de 1994, la Ley 146 de 1994, por medio de la cual se aprueba la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”.
Con fundamento en el artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, que ordena someter al trámite ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el magistrado sustanciador, por medio del auto del veintidós (22) de agosto de 1994, avocó el conocimiento de la norma, para lo cual decretó la práctica de pruebas y ordenó la fijación en lista del negocio, con el fin de asegurar la participación ciudadana prevista en los artículos 242, numeral 1º de la Constitución y 7º, inciso 2º, del decreto citado. Así mismo, dispuso el traslado del negocio al despacho del señor procurador, quien rindió el concepto de rigor.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales procede la Corte Constitucional a resolver.
II. (sic) Pruebas
La existencia del proceso se comunicó al Presidente de la República, a los ministros de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social y al director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
- Gaceta Nº 319, del 14 de septiembre de 1993.
- Gaceta Nº 66, del 2 de junio de 1994
- Gaceta Nº 76, del 15 de junio de 1994
- Gaceta Nº 332, del 24 de septiembre de 1993.
- Gaceta Nº 355, del 13 de octubre de 1993.
- Gaceta Nº 431, del 3 de diciembre de 1993.
- Gaceta Nº 101, del 27 de julio de 1994.
b) Certificación del Jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 1º de septiembre de 1994, en la cual consta que la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” no ha sido objeto de firma o adhesión por parte de Colombia.
c) Informe del secretario general de la Cámara de Representantes sobre el trámite de la ley, fechado el 23 de septiembre de 1994.
d) Certificación del secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República en relación a la aprobación del proyecto de ley ante el Senado, fechada el 19 de septiembre de 1994.
De manera extemporánea, la directora de extranjería del DAS, presentó un escrito, en el cual defiende la constitucionalidad de la convención.
Segundo. Examen formal y material de la Convención y de la Ley 146 de 1994 “por medio de la cual se aprueba la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990”
El convenio fue adoptado y abierto para la firma, ratificación o adhesión, el 18 de diciembre de 1990, por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de New York. El 1º de septiembre de 1994 el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que Colombia no había firmado ni ratificado la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
El 1º de junio de 1993, el Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores aprobaron la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, realizada en Nueva York el 18 de diciembre de 1990 y la sometieron a la consideración del Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.
Trámite del proyecto ante el Senado de la República
En la secretaría general del Senado de la República el texto fue identificado con el número de proyecto 53 de 1993. A continuación fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, para que allí se le diera el trámite de rigor. Así mismo una copia del texto recibido fue enviado a la Imprenta Nacional, con el fin de que fuera publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso, publicación que se realizó el 14 de septiembre de 1993. De esta manera se dio cumplimiento al artículo 157, numeral 1º de la Constitución, que exige que todo proyecto de ley sea publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión pertinente.
Trámite ante la Cámara de Representantes
La Cámara de Representantes, reunida en pleno, aprobó por unanimidad el proyecto de ley el 1º de junio de 1994. En la Gaceta del Congreso se efectuó la respectiva publicación el 15 de junio de 1994.
De acuerdo con la Gran Enciclopedia Larousse migración se define como “desplazamiento de individuos o de pueblos de un país a otro para establecerse en ellos, por causas económicas sociales o políticas”. Definición ante la cual un lector desprevenido no capta las profundas consecuencias que implica dicho flujo de población, tanto para el territorio de partida como para el de llegada.
En la actualidad la OIT calcula que cerca de 70 millones de personas trabajan o viven en países extranjeros, sin contar con los 12 millones de refugiados y apátridas. Sin embargo, no se trata, en modo alguno, de un fenómeno reciente. El hombre siempre se ha dirigido hacia las regiones en las que ve posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, y continuará haciéndolo mientras subsistan los desequilibrios entre los espacios habitables.
Por lo general, los flujos migratorios parten de regiones pobres y se dirigen hacia otras más prosperas. Esta circunstancia pone a los inmigrantes en un estado de inferioridad en relación con la población nativa. No solo se encuentran lejos de su lugar de origen (de su familia y de su comunidad) sino que la necesidad los impulsa a aceptar condiciones laborales inferiores a las legalmente permitidas. Así mismo, suelen ser objeto y discriminación por parte de las autoridades locales, sobre todo en aquellos casos en los cuales han ingresado al país en el que laboran sin cumplir los requisitos legales.
Los flujos laborales migratorios vienen siendo objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional desde principios de siglo. En 1926 se firmó el primer convenio de la OIT, relativo a los trabajadores migratorios. Sin embargo, el tema ha ido aumentando en importancia con el paso del tiempo. Lo anterior se debe al cambio en las condiciones de la economía mundial. Durante la postguerra las fronteras de los países del norte de Europa se encontraban abiertas, mientras que hoy en día se han ido cerrando. Buena parte de la mano de obra que se empleó en la reconstrucción europea hoy está de sobra.
En África, Asia y Latinoamérica, continúan presentándose fuertes movimientos de población en búsqueda de oportunidades laborales. Pese a las hondas diferencias de cada fenómeno migratorio podría decirse que existe un elemento común: se trata en su mayoría de flujos ilegales, es decir que los individuos que los conforman no cumplen con las disposiciones de los estados receptores, relativas a las condiciones de ingreso. Esto los convierte en un grupo extremadamente vulnerable al maltrato y a la discriminación.
En estas circunstancias la OIT ha propiciado la suscripción de varios convenios (el 97 de 1949, el 86 de 1947 y el 143 de 1975) y recomendaciones (la 86 de 1949, la 100 de 1955 y la 151 de 1975). Estos instrumentos buscan la protección de esta clase de trabajadores, asegurando la satisfacción de sus necesidades básicas en el trayecto hacia su lugar de trabajo y la igualdad de oportunidades, trato y protección, una vez lleguen a su destino. Sin embargo, estos esfuerzos no ha sido suficientes.
La magnitud del problema y el interés de los países desarrollados en controlar los flujos ilegales, motivaron la participación de la ONU en el problema. Fue así cómo el 18 de diciembre de 1990 se expidió la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, cuya aprobación por parte de Colombia es actual objeto de estudio.
1) Garantizar la protección de los derechos fundamentales a todo trabajador migratorio y a los miembros de su núcleo familiar.
2) Garantizar derechos sociales y culturales a los trabajadores migratorios y las familias que han ingresado legalmente.
3) Reconocer la importancia de los flujos migratorios en el mundo de hoy.
4) Impedir la explotación de los trabajadores migratorios. Reconocerles sus derechos básicos e impedir que sean contratados en condiciones menos favorables.
5) Propender a la eliminación de los flujos ilegales.
Artículo 1º: Campo de aplicación.
Artículo 2º: Concepto de trabajador migratorio, establecimiento de clases de acuerdo a las características de su permanencia en un país extranjero y al tipo de labor que desempeña.
Artículo 3º: Excepciones: Personas cobijadas por el derecho internacional, inversionistas, refugiados y estudiantes.
Artículo 4º: Concepto de familia a la que se refiere: familia nuclear.
Artículo 5º: Establece la distinción entre trabajadores extranjeros documentados y aquellos que se encuentran en condiciones irregulares.
Artículo 6º: Conceptos de Estado de origen, de empleo y de tránsito.
La Constitución Política contempla el principio de igualdad en su artículo 13. Esta Corte ha desarrollado ampliamente esta norma, señalando, entre otras cosas, que “la aplicación efectiva de la igualdad en un determinada circunstancia no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. Sin que ello sea en manera alguna óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. La vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente el dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en las mismas condiciones, cuando exista motivo razonable que lo justifique” (Sent. C-040/93).
La igualdad es uno de los derechos que mayor alcance y significado posee en la construcción de un estado social de derecho. Desde esta perspectiva, no solo son de una enorme importancia los conceptos de igualdad en la ley y de igualdad en la aplicación de la ley, sino también la idea de una igualdad sustancial (C.P., art. 13, inc. 2º) que permita crear condiciones sociales en las cuales este derecho sea real y efectivo. En este orden de ideas el artículo 7º del convenio es perfectamente compatible con la Constitución y con la axiología política en la cual ella se inspira.
Artículo 8º: Consagra la libertad de salir de cualquier Estado y regresar a su lugar de origen. Sin embargo, establece posibles excepciones a esta regla general derivadas de un mandato legal, de la seguridad nacional o del orden público.
Artículo 9º: Protege el derecho a la vida
Artículo 10. Prohíbe las torturas y los tratos crueles.
Artículo 11: Prohíbe la esclavitud y los trabajos forzosos.
Artículo 12. Consagra la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
La Constitución no se limita a tolerar, la diversidad de religiones y creencias. Además, el carácter no confesional del Estado (C.P., art. 1º) entraña un reconocimiento de la igualdad de religiones y creencias y les otorga la misma protección y garantías (C.P., arts. 19 y 20).
Artículo 13. Consagra la libertad de opinión y de expresión.
El artículo 20 de la Constitución Política garantiza a toda persona la posibilidad de expresar libremente su opinión y la de recibir la información que considere necesaria.
Artículo 14. Consagra el derecho a la intimidad.
En relación a esta garantía la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos: “El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto es, el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden judicial. El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea” (Sent. T-210/94).
Artículo 15. Consagra el derecho a la propiedad privada.
Los artículos 58 a 64 de la Constitución Política imponen el respeto a varias formas de propiedad. No obstante, es importante tener presente que este derecho incluye una función social y ecológica que genera obligaciones a los titulares del mismo.
La prohibición de expropiar arbitrariamente a los trabajadores migrantes no impide que el Estado colombiano pueda proceder a la expropiación por razones de equidad, en cumplimiento de lo establecido por el último inciso el artículo 58 de la Constitución Política. Lo contrario constituiría una discriminación injustificada en favor de los trabajadores extranjeros en detrimento del principio de igualdad.
Artículo 16. Consagra los derechos a la libertad y a la seguridad personal. Obliga al Estado a proteger a los trabajadores y a sus familiares contra toda forma de violencia. También contempla el derecho al debido proceso, con características especiales debido a la calidad de extranjeros de los titulares del derecho. Finalmente impone al Estado la obligación de indemnizar al trabajador víctima de detención o prisión ilegal.
Artículo 17. Protege el derecho al trato digno y al respeto de la identidad cultural en caso de detención. Se establece que en el evento de que un trabajador migratorio sea privado de la libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate, le prestarán atención a los familiares, en particular al cónyuge e hijos menores.
El artículo 70 de la Constitución Política reconoce la dignidad e igualdad de todas las culturas que conviven en el país sin excepción alguna. Por eso la constitucionalidad de esta norma no suscita problema.
Artículos 18 y 19. Consagran el derecho al debido proceso en igualdad de condiciones a los nacionales, así como el derecho a ser indemnizado en caso que la sentencia condenatoria sea revocada o que el condenado sea indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio del error judicial.
El debido proceso es uno de los derechos más celosamente garantizados por el constituyente. En el artículo 29 se elevan a norma constitucional los principios que lo rigen. La indemnización a la que se refiere el numeral 6º del artículo 18 es constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución. Sin embargo, al igual que en el artículo 16 del convenio que se revisa, el alcance de esta norma está sujeta al desarrollo legal y jurisprudencial.
Artículo 20. Prohíbe la pena de cárcel por el incumplimiento de obligaciones contractuales.
En acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política en el que se prohíbe la prisión por deudas.
Artículos 21: Prohíbe la destrucción o confiscación de los documentos del trabajador, a menos que se lleve a cabo por funcionarios debidamente autorizados.
El artículo 6º de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite, por lo que únicamente los autorizados por ella están en posibilidad de retener los documentos de los inmigrantes.
Artículo 22. Prohíbe la expulsión colectiva y contempla un debido proceso individual en el evento de expulsión. Además, establece que cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea posteriormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley.
El artículo 29 de la Constitución Política al establecer el derecho al debido proceso cobija la anterior situación. Nadie puede ser expulsado del territorio nacional sin un proceso previo en el que haya tenido la posibilidad de defenderse.
El restablecimiento del derecho del trabajador injustamente expulsado es viable, no solo a la luz del artículo 90 de la Constitución, sino a través de todo el desarrollo legal y jurisprudencial que se le ha dado a la responsabilidad del Estado por la expedición de actos que posteriormente son anulados o revocados.
Artículo 23: Hace posible el acceso a la protección y asistencia de las autoridades consulares y diplomáticas respectivas en caso de menoscabo de los derechos que la convención les otorga.
Artículo 24: Consagra el derecho al reconocimiento de la personería jurídica.
En acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política.
Artículo 25. Contempla el derecho a la igualdad en materia de condiciones laborales.
En acuerdo con derechos establecidos en los artículos 25, 11 de la Constitución Política y desarrollados en el código laboral.
Artículo 26. Contempla el derecho a la asociación sindical y a formar parte de un sindicato.
Se trata de derechos consagrados en el artículo 39 de la Constitución Política. Esta garantía se compone de dos elementos: 1) la libertad de asociación positiva, en cuanto se puede formar sociedad con quien se desee y con cualquier fin legal y 2) la libertad negativa, en cuanto el ingreso al sindicato es un acto voluntario.
La garantía constitucional es todavía más amplia que la norma prevista en el convenio. Siendo así, el trabajador migratorio tendrá derecho a la asociación sindical en las condiciones establecidas por la Constitución y no solo en las contempladas por la convención.
Artículo 27. Consagra el derecho a la seguridad social, en las mismas condiciones que los nacionales.
Derecho previsto en el artículo 48 de la Constitución Política.
Artículo 28. Contempla el derecho a recibir atención médica en igualdad de condiciones de los nacionales de urgencia.
Garantía establecida en el artículo 49 de la Constitución Política.
Artículo 29: Derecho al nombre y a la nacionalidad de los hijos de los trabajadores.
Previsto en el artículo 44 de la Constitución Política.
Artículo 30: Derecho a la educación de los hijos de los trabajadores, en igualdad de condiciones a los niños nacionales.
La Constitución Política elevó a la categoría de fundamentales a los derechos de los niños, siendo la educación uno de sus principales. En relación a la igualdad de oportunidades en materia educativa esta corporación se ha referido a ella como “un antídoto contra la arbitrariedad, la discriminación y el desconocimiento de las desventajas relativas en que se encuentran las personas en circunstancias de debilidad manifiesta” (Sent. T-450/93).
Artículo 31: Respeto de la identidad cultural.
Garantía establecida en el artículo 70 de la Constitución Política.
Artículo 32: Derecho a la transferencia de ingresos y ahorros cuando terminen su periodo de estadía.
Artículo 33: Derecho a recibir información sobre sus derechos y sobre requisitos de admisión.
Se encuentra contenido en el derecho de petición (C.P., art. 23).
Artículo 34: Obligación del trabajador de cumplir las disposiciones legales de los Estados en los que se encuentren y de respetar la identidad cultural de los mismos.
Artículo 35: Hace énfasis en la aplicación de los derechos para los trabajadores que incluso no se encuentran en situación regular.
En este apartado la convención contempla la situación de los trabajadores migratorios que han ingresado al país cumpliendo las disposiciones legales y que gozan de una situación regular. Su propósito consiste en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato por parte de las autoridades entre los trabajadores migratorios y los trabajadores nacionales. Para lograr este fin, es necesario que el Estado receptor se haga responsable —por lo menos parcialmente— de la suerte de las personas que han ingresado con su autorización al territorio nacional.
Artículo 36: Aplicación de los derechos contenidos en esta parte para los trabajadores documentados.
Artículo 37: Derecho a recibir información antes de partir, sobre las condiciones de su admisión y registro.
Derechos contenidos en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política.
Artículo 38: Obligación del Estado de permitir que los trabajadores se ausenten temporalmente sin que ello implique la cancelación de su permiso de estadía.
Artículo 39: Derecho a la libertad de locomoción.
Garantía establecida en el artículo 24 de la Constitución Política.
Artículo 40: Derecho de asociación sindical
La Constitución establece el derecho a la asociación sindical en su artículo 39.
Artículo 41: Derecho a la participación en asuntos públicos y al voto en las elecciones de conformidad con la legislación.
Se trata de un derecho que debe ser entendido no solo en los términos de la ley, sino también de acuerdo con lo prescrito por la Constitución Política en los artículos 40 y 100 referentes a la participación política y a los derechos civiles y políticos de los extranjeros en Colombia, respectivamente.
Artículo 42: Posibilidad de que el Estado establezca medidas o instituciones que permitan tener en cuenta las necesidades de los trabajadores migratorios. Obligación de facilitar la participación de los trabajadores migratorios en las decisiones relativas a la vida y a la administración de las comunidades locales.
Posibilidad establecida en los artículos 40 y 100 de la Constitución Política.
Artículo 43: Derecho a la igualdad en el acceso a las instituciones educativas, acceso a los servicios públicos, a la vivienda a las cooperativas, a la vida cultural, en el trato.
Manifestación adicional del principio de igualdad, artículo 13 de la Constitución Política.
Artículo 44: Reconoce la importancia de la unidad familiar y obliga al Estado a facilitar la reunión de los trabajadores con sus respectivas familias.
Plenamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política.
Artículo 45: Repetición del artículo 43.
Artículo 46: Excepción a los trabajadores migratorios del pago de impuestos por concepto de importación y exportación de sus bienes de uso personal y enseres domésticos, todo ello con sujeción a la legislación interna y a los acuerdos internacionales.
Artículo 47: Derecho a realizar la transferencia de ingresos y ahorros.
En relación con el derecho a la transferencia de los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios la normatividad vigente no la prohíbe, pero tampoco establece un trato preferencial. Por lo tanto, para evitar problemas de aplicación, al igual que el artículo precedente deberá establecerse una reserva que permita otorgar a los trabajadores migratorios el mismo trato que a los demás habitantes del territorio nacional en esta materia.
Artículo 48: Igualdad en materia tributaria.
En acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política.
Artículo 49: Consagra la obligación estatal de conceder una autorización de residencia, al menos igual y por el mismo tiempo que la autorización para laborar en los casos en que se exijan autorizaciones separadas.
Artículo 50: Establece la posibilidad de permanencia en favor de los familiares del trabajador que haya muerto o cuando se haya disuelto el vínculo matrimonial.
Dada la situación de especial desprotección en la que estas personas se encuentran, es constitucional en los términos establecidos por el artículo 13 de la Constitución Política.
Artículo 51: No se entenderá que el trabajador se encuentre en situación irregular por el solo hecho de que haya cesado la actividad remunerada que desempeñaba, con la excepción de que la autorización de su permanencia dependa del desempeño de una actividad específica.
Artículo 52: Derecho a la libertad de elegir la actividad laboral que se va a ejercer, aunque el Estado puede limitarla en pro del interés público, o exigir determinada calificación para el ejercicio de ciertas actividades, siempre de acuerdo con la legislación. Así mismo contempla la posibilidad de limitar el acceso a determinadas actividades con el fin de dar prioridad a los nacionales. La limitación no puede ser aplicada a quien ha residido legalmente en el territorio del estado por un plazo superior a cinco años.
Artículo 53: Libertad de elección de la actividad remunerada para los familiares del trabajador, en las condiciones previstas por el artículo anterior.
Garantía establecida en el artículo 26 de la Constitución Política.
Artículo 54: Igualdad en la protección contra los despidos y el desempleo.
En acuerdo con los artículos 13 y 25 de la Constitución Política.
Artículo 55: Igualdad en el ejercicio de la actividad remunerada para la que obtuvieron permiso.
Derecho establecido en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política.
Artículo 56: Prohibición de expulsión, salvo por las causales previstas en la legislación.
En armonía con el artículo 29 de la Constitución Política.
En esta parte, se especifican los derechos que corresponde a cada categoría de trabajadores migratorios: fronterizos, de temporada, itinerantes, vinculados a un proyecto, de empleo concreto y por cuenta propia. De esta manera la convención tiene en cuenta la especificidad de cada uno de estos empleos con el objeto de adaptar las disposiciones generales sobre derechos y obligaciones a cada situación particular. Este conjunto de normas no presenta problemas de igualdad ni ninguna otra dificultad que pueda ser considerada como incompatible con el texto fundamental.
En esta parte, los Estado firmantes se comprometen directamente en la lucha contra el comercio de trabajadores ilegales y se disponen las medidas necesarias para tal efecto. No sobra anotar que Colombia no es ajena a esta lucha que afecta en todo el mundo a las capas más pobres de los países del tercer mundo. La suscripción del instrumento andino (la decisión 116 de la comisión), y su adopción como norma interna (el decreto 309 de 1978), es una clara prueba de este interés. La constitucionalidad de lo dispuesto en el este segmento resulta clara a la luz del artículo 17 de la Constitución Política.
En esta parte se establecen reglas encaminadas a la aplicación de la convención a través de la creación de un comité conformado por 10 miembros elegidos democráticamente por los países miembros. Según estas normas, cada país signatario está obligado a presentar informes al comité, al menos cada 5 años. Así mismo, se fijan pautas para que el comité funcione adecuadamente y se establecen los procedimientos para que se ventilen las dificultades que surjan entre los miembros con ocasión del cumplimiento del tratado. Teniendo en cuenta que la comisión solo puede emitir informes que en ningún caso tienen fuerza coercitiva, se concluye la inexistencia de inconstitucionalidad en esta materia.
1. Con la salvedad que se señala en el artículo siguiente, declarar exequible la Convención y la Ley 146 de 1994, “por medio de la cual se aprobó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”.
2. La exequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la Constitución Política. En consecuencia, el Presidente de la República hará la correspondiente reserva.
Magistrados: José Gregorio Hernández Galindo, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Carlos Gaviria Díaz—Eduardo Cifuentes Muñoz—Fabio Morón Díaz—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Vladimiro Naranjo Mesa—.
(2) (sic) Resolución 2200 A (XXI), anexo
(3) Resolución 2106 A (XX) anexo.
(8) Véase Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Kioto, Japón, 17 a 26 de agosto de 1970: informe de la secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.71.IV.8).
(10) Véase Derechos Humanos: recopilación de instrumentos internacionales (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: s.88. XIV.1).