Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/3649
Timestamp: 2020-01-22 04:58:41
Document Index: 98652402

Matched Legal Cases: ['Artículo 149', 'Artículo 84', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 158']

HJ System - Decision: SENTENCIA 147/1998
SENTENCIA 147/1998, de 2 de julio
ECLI:ES:TC:1998:147
En el conflicto positivo de competencia núm. 702/88 promovido por el Gobierno Vasco, representado por el Letrado don José Ignacio López Cárcamo, en relación con el Plan de Pesca en aguas comunitarias elaborado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los meses de enero y febrero de 1988. Ha comparecido el Abogado del Estado en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer del Tribunal.
A juicio del Letrado del Gobierno Vasco, nos encontramos ante un supuesto de los que, con arreglo a la STC 125/1984, cabe denominar como de "concurrencia imperfecta de títulos competenciales", supuesto en el cual es necesario determinar cuál sea el título prevalente, como paso previo para encuadrar la concreta actuación en el ámbito competencial estatal o autonómico.
De dicha Sentencia se deriva que las potencialidades expansivas del citado título competencial se restringen a aquellos supuestos en los que las dimensiones económicas sean el elemento preponderante de la actuación de que se trate, lo cual no ocurre, a su juicio, en el caso presente. De un lado, porque el Plan de Pesca es la concreción de una serie de actuaciones anteriores, realizadas por el Estado, tanto normativas como ejecutivas, en las que puede perfectamente controlar las dimensiones de influencia en la economía general del específico aspecto del sector pesquero del que se trata, y si en aquél se aprecia algún factor económico éste se centra en la economía propia de la Comunidad Autónoma, para cuya planificación el Estatuto le otorga competencia. Y, de otro lado, porque tratándose como se trata de la acomodación a la política pesquera global de la Comunidad Europea (arts. 158 y sigs. del Acta de Adhesión), sumamente desarrollada y precisa, bien se puede sostener que la verdadera incidencia en la economía del Estado español se deriva, en cuanto miembro de la Comunidad, de tal política comunitaria y no de las actuaciones internas de adaptación, máxime teniendo en cuenta su reducido espectro de opción.
E) Real Decreto 2413/1982, de 27 de agosto, sobre traspaso de servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del sector pesquero. Valor de los Reales Decretos de transferencias en relación con la delimitación competencial:
"Se transfiere a la Comunidad Autónoma la competencia en la distribución de licencias de pesca, de acuerdo con las siguientes normas:
El País Vasco ejecutará los Tratados y Convenios en todo lo que afecte a la ordenación del sector pesquero del País Vasco, según lo establecido en el art. 20.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Consecuentemente la Administración de la Comunidad Autónoma elaborará y ejecutará los planes de pesca que se deriven de los Tratados y Convenios. La Administración del Estado asignará a la Comunidad Autónoma Vasca el número de licencias, cupos y permisos temporales de pesca que en cada caso y momento le correspondan."
Entre tales Sentencias interesa destacar la STC 33/1984, también referida a la ordenación del sector pesquero y en la que se alude al Real Decreto 2413/1982. En dicha Sentencia, el Tribunal contempla al Real Decreto en cuestión como incluido en el sistema normativo que configura la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del sector pesquero, y, en consecuencia, determina lo que es básico en el sector en función de las especificaciones de dicho Real Decreto, sin utilizar ninguna otra lógica argumental.
3. Mediante providencia de 9 de mayo de 1988, la Sección Primera del Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente conflicto; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de veinte días y por medio de la representación procesal prevista en el art. 82.2 LOTC, pudiera aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes; dirigir oficio al Presidente de la Audiencia Nacional para conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la misma a los efectos de lo previsto en el art. 61.2 LOTC; y, finalmente, publicar la incoación del conflicto en el Boletín Oficial del Estado y en el del País Vasco para general conocimiento.
Para el Abogado del Estado es de plena aplicación en el caso presente el título estatal de planificación y coordinación de la economía (art. 149.1 13 C.E.), en conexión con las características de las normas del Acta de Adhesión a la Comunidad Económica Europea.
Es evidente que la ordenación del sector pesquero, en cuanto regulación de un sector económico, no puede realizarse desconociendo las competencias estatales en materia de coordinación de la actividad económica general. El reparto del cupo pesquero entre los buques autorizados para faenar velando por su aprovechamiento integral requiere dotar a la Administración Central de la capacidad necesaria para trasvasar de una a otra Asociación los coeficientes de acceso, es decir, los días en que podrán faenar, sin distinción del ámbito territorial en que esté ubicada la Asociación, supliendo a las Asociaciones deficitarias mediante los excedentes de otras.
11. Mediante escrito registrado el 22 de diciembre de 1994, el Abogado del Estado considera, según el criterio adoptado al respecto por el Consejo de Ministros en sesión de 16 de diciembre de 1994, que la doctrina sobrevenida del Tribunal Constitucional avala la actuación del Estado elaborando el Plan impugnado (cuya finalidad era repartir el cupo de licencias concedido por la Comunidad Europea a nuestros barcos de altura, con base en puertos de diferentes Comunidades Autónomas, para faenar en aguas comunitarias), puesto que dicha jurisprudencia determina que los "cupos de autorizaciones" o "licencias" para pescar y los requisitos para obtener tales autorizaciones deben incluirse en el concepto de "pesca marítima", de exclusiva competencia del Estado, sin que a ello le pueda afectar la circunstancia de que el número máximo de licencias a utilizar fuera determinado inicialmente por la CEE, ya que, como reiteradamente ha señalado este Tribunal, la traslación de la normativa y decisiones comunitarias al Derecho interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (SSTC 252/1998 y 236/1991, entre otras).
12. Por providencia de 30 de junio de 1.998 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de julio del mismo año.
Por lo que aquí interesa, el art. 158 del Acta de Adhesión permitía el acceso de barcos españoles a ciertas aguas comunitarias (las correspondientes a las divisiones CIEM Vb, VI, VII y VIII a, b, d, con excepción, hasta el 31 de diciembre de 1995, de una zona sensible conocida como el "box irlandés"), si bien estableciendo una doble limitación: de un lado (art. 158.1), dicho acceso quedaba limitado a los 300 barcos incluidos con sus características técnicas en una lista nominativa contenida en el Anexo IX del Acta de Adhesión (denominada "lista de base"); y, de otro (art. 158.2), tan sólo 150 barcos tipo (entendiendo por tal un barco cuya potencia al freno sea igual a 700 CV) podrían ser autorizados a faenar simultáneamente en dichas aguas (23 en las divisiones CIEM Vb y VI, 70 en la división CIEM VII y 57 en la división CIEM VIII a, b, d), para lo cual la Comisión debía aprobar cada uno o varios meses unas "listas periódicas" de los barcos autorizados, sobre la base de los proyectos remitidos por las autoridades españolas (art. 163 del Acta de Adhesión). El procedimiento y los criterios para la aprobación de dichas listas periódicas venían desarrollados en los Reglamentos (CEE) núms. 3531/85 y 3781/85 de la Comisión.
Así pues, los "Planes de Pesca" cuya elaboración es objeto del presente conflicto, se corresponden con los "proyectos de listas periódicas" de barcos autorizados para faenar simultáneamente en ciertos caladeros comunitarios, que, con periodicidad mensual o bimensual, las autoridades españolas debían remitir para su aprobación a la Comisión de la Comunidad Europea, al objeto de cumplir con las limitaciones de acceso establecidas en el art. 158 del Acta de Adhesión. Los referidos Planes de Pesca detallaban, pues, para el periodo de uno o dos meses considerado, y nominativamente, los barcos autorizados cada día para faenar en los indicados caladeros.
Conviene añadir que la elaboración de los referidos "Planes de Pesca" o "proyectos de listas periódicas" se hallaba regida en parte por normas de Derecho comunitario y en parte también por normas internas, como ya señaló la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 26 de abril de 1988, en el asunto 207/86, Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco)/Comisión de las Comunidades Europeas. En efecto, más allá de ciertos condicionantes impuestos por el Acta de Adhesión y los Reglamentos de desarrollo antes citados, la confección de los proyectos de listas periódicas debía realizarse de acuerdo con los criterios de selección establecidos por normas internas.
Dicha Orden Ministerial, anterior a nuestro ingreso en la Comunidad Europea, se dictó (como ya se dijo en la STC 64/1991, fundamento jurídico 5º) con una doble finalidad: por un lado, regular el acceso de nuestros barcos a los caladeros comunitarios, como consecuencia de las restricciones impuestas por los Acuerdos de pesca entonces vigentes entre España y la Comunidad Europea, y, por otro, fomentar la reestructuración de la flota con vistas al próximo ingreso en la Comunidad.
Para conseguir dichos objetivos, la Orden Ministerial estableció, en primer lugar, con carácter de censo cerrado, la lista de barcos con derecho de acceso en los caladeros comunitarios (que figura en su Anexo I), de acuerdo con el criterio establecido en su art. 1, norma 1ª, de reconocimiento del derecho de acceso a los barcos que, habiendo pescado habitualmente en los indicados caladeros, se encontraran incluidos en los correspondientes censos a fecha de 23 de abril de 1980; y cuyo número se cifraba entonces en 460, correspondiendo a cada uno, un derecho de acceso y un mismo coeficiente de importancia.
Y, en segundo lugar, regulaba los supuestos en que las empresas pesqueras podrían acumular los derechos de acceso correspondientes a sus barcos en otros de su propiedad (art. 1, normas 2ª y 4ª); así como, en sentido contrario, los supuestos de pérdida de los derechos de acceso o del derecho de acumulación, casos éstos en los que tales derechos revertían en favor de las demás empresas del puerto de base o de la Organización a la que estuvieran afiliadas (art. 1, norma 5ª).
2. Una vez producido el ingreso de España en la Comunidad Europea, y como consecuencia de las medidas de reestructuración posibilitadas por la Orden Ministerial de 12 de junio de 1981, el censo de barcos de altura con derecho de acceso a los indicados caladeros comunitarios quedó reducido a los 300 integrantes de la "lista de base" incluida en el Acta de Adhesión, pero sin que sus derechos de acceso volvieran a ser igualados, arrastrando, pues, ya en aquel momento y en adelante, las diferencias producidas por la aplicación del conjunto de medidas contemplado en dicha Orden Ministerial, cuya compatibilidad con el art. 14 C.E. fue apreciada por la indicada STC 64/1991.
Antes y después del ingreso en la Comunidad Europea, la Secretaría General de Pesca Marítima ha venido publicando, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1, norma 11 de la referida Orden Ministerial, las revisiones anuales del censo, en las que se reflejan a 1 de enero, y teniendo en cuenta las variaciones habidas durante el año precedente, los derechos de acceso, coeficientes de importancia y coeficientes de acceso de los distintos buques en cada de una de las tres zonas en que se dividen estos caladeros (divisiones CIEM VI, VII y VIII), con indicación de la empresa pesquera propietaria, así como los de cada una de las Asociaciones de Armadores, determinados por la suma de los correspondientes a los buques de las empresas afiliadas.
Estos coeficientes de acceso por zonas, reflejados en las revisiones anuales del censo, y que se traducen en días de pesca, constituyen uno de los factores que se han venido tomando en consideración en la confección de los indicados Planes de Pesca o "proyectos de listas periódicas", junto con otros correctores o complementarios. De acuerdo con lo dispuesto también en la propia Orden (art. 1, norma 10), ha venido siendo la Secretaría General de Pesca Marítima la encargada de elaborar dichos Planes de Pesca, de acuerdo con las propuestas elevadas por las distintas Asociaciones de Armadores, competencia ésta que es precisamente la que se halla en disputa en el presente conflicto.
En resumen, pues, la competencia que la Comunidad Autónoma del País Vasco disputa a la Administración del Estado en el presente conflicto consiste en la elaboración de los referidos Planes de Pesca o "proyectos de listas periódicas" de los buques de altura autorizados para faenar simultáneamente en los caladeros comunitarios, por lo que respecta a las Asociaciones de Armadores radicadas en su ámbito territorial; Planes de Pesca que son consecuencia de las limitaciones de acceso a los indicados caladeros impuestas, con carácter transitorio, por el Acta de Adhesión, y cuya confección se rige, aparte de por las disposiciones contenidas en el Acta de Adhesión y en los Reglamentos comunitarios de desarrollo, por las normas internas contenidas en la Orden Ministerial de 12 de junio de 1981, sin que el Gobierno Vasco pretenda ostentar competencia asimismo para la elaboración de estas últimas.
4. Resta por examinar la concurrencia de una tercera causa de la eventual desaparición sobrevenida del objeto del proceso, que, a diferencia de las anteriores, no ha sido puesta de manifiesto a las partes para alegaciones. Se trata de la finalización del periodo transitorio previsto en el Acta de Adhesión para la plena integración de España en la política pesquera común, con la consiguiente desaparición de las limitaciones de acceso de nuestros barcos a los caladeros comunitarios que justificaban la elaboración de los Planes de Pesca o "proyectos de listas periódicas" a los que se refiere el presente conflicto.
a) En efecto, con motivo de la última ampliación de la Unión Europea, ocurrida el 1 de enero de 1995, se ha producido un adelantamiento de la fecha inicialmente prevista en el Acta de Adhesión para la conclusión del periodo transitorio [a más tardar, el 31 de diciembre del año 2002, en coincidencia con la fecha prevista para la desaparición de las restricciones de acceso a las aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros dentro de un límite máximo de 12 millas naúticas, en virtud de la remisión del art. 166 del Acta de Adhesión al art. 8.3 del Reglamento (CEE) núm. 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca; y revalidada por el nuevo Reglamento (CEE) núm. 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura], materializándose la plena integración de España en la política pesquera común el 1 de enero de 1996, fecha para la que sólo estaba prevista, en principio, según el art. 162 del Acta de Adhesión, una adaptación de dicho régimen transitorio.
Así, en aplicación del art. 162 del Acta de Adhesión, mas con objeto de realizar no una mera "adaptación", sino una plena integración de España y Portugal en el régimen general de la política pesquera común, se dictó el Reglamento (CEE) núm. 1275/94 del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativo a las adaptaciones del régimen previsto en los capítulos dedicados a la pesca del Acta de Adhesión de España y de Portugal, que dispuso, a partir del 1 de enero de 1996, el libre acceso de todos los buques comunitarios a las aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros [salvo en lo relativo a las 12 primeras millas, para las que siguen valiendo las previsiones del Reglamento (CEE) núm. 3760/92], con la consiguiente derogación, a partir de esa fecha, de las disposiciones relativas al sistema de listas de base y de listas periódicas y al acceso a las zonas definido en el Acta de Adhesión o derivado de su aplicación, si bien, condicionando todo ello, a la adopción, antes de dicha fecha, de un nuevo régimen común de acceso a las aguas y recursos, que no supusiera un aumento del nivel de esfuerzo pesquero establecido en el Acta de Adhesión, y con posibilidad de limitaciones específicas, entre otras zonas sensibles, y, por lo que aquí importa, para el "box irlandés".
Por lo que aquí importa, el nuevo sistema exige el establecimiento por los Estados miembros de listas nominativas de los buques autorizados a faenar en las distintas pesquerías [art. 2 del Reglamento (CEE) núm. 685/95]; fija para cada Estado miembro sus niveles máximos anuales de esfuerzo en cada pesquería [Reglamento (CE) núm. 2027/95], entendiendo por esfuerzo pesquero de un buque el producto de su capacidad (o potencia instalada en Kw) y actividad (o tiempo de presencia anual en la zona), y de una flota, la suma de los de cada buque [Anexo II del Reglamento (CE) núm. 685/95]; establece un sistema de control basado principalmente en los "informes de esfuerzo" sobre las salidas y entradas en las zonas de pesca que los Capitanes de los buques de pesca han de comunicar a las autoridades [Reglamento (CE) núm. 2870/95], aunque sin descartar otros dispositivos de control; y, en relación con España, limita a 40 barcos la presencia simultánea diaria de buques españoles en la zona del "box irlandés" [art. 3.3 del Reglamento (CE) Nº 685/95], concretamente 8 embarcaciones en la parte del box perteneciente a la zona CIEM VI, y 32 en la parte correspondiente a la zona CIEM VII [Reglamento (CE) núm. 2027/95].
c) En cumplimiento de esta nueva reglamentación comunitaria se ha dictado la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1996, sobre medidas de control para la regulación del esfuerzo pesquero de la flota española que opera en la aguas occidentales de la Comunidad Europea. Así, de acuerdo con los principios de lista nominativa y no incremento de los niveles de esfuerzo pesquero, se dispone que la flota con acceso a las zonas de pesca CIEM Vb, VI, VII y VIII a, b, d, (esto es, aquellas a las que se refería el art. 158.1 del Acta de Adhesión, incluido ahora el box irlandés) será la regulada por la Orden de 12 de junio de 1981 (que continúa, por tanto, en vigor), subordinando el ejercicio de la pesca en tales aguas a la autorización expresa expedida por la Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima, conforme a los "planes de actividad pesquera" que, en su caso, se establezcan (art. 1), y desarrollando, en relación con dicha flota, el sistema de control relativo a los "informes de esfuerzo" previsto en la nueva normativa comunitaria (arts. 2 a 7). También se prevé, con el fin de garantizar que no se sobrepase el límite numérico de presencia simultánea diaria de buques en la zona del "box irlandés", la elaboración de "planes de esfuerzo" semanales por parte de la Dirección General de Recursos Pesqueros con base en las propuestas remitidas por las Asociaciones de Armadores, que serán transmitidos a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, y a cuyos efectos cada buque dispondrá de un coeficiente de acceso a cada zona del box (arts. 8 y 9).
5. De cuanto se lleva dicho, resulta, pues, que los Planes de Pesca o "proyectos de listas periódicas", cuya elaboración es objeto del presente conflicto de competencia, y que eran consecuencia del periodo transitorio previsto en el Acta de Adhesión para la plena integración de España en la política pesquera común, han dejado de formularse desde el 1 de enero de 1996.
No obstante, a dicho régimen transitorio ha venido a suceder un sistema, ahora generalizado a todos los Estados miembros, de gestión y control del esfuerzo pesquero que, aun partiendo del principio de libertad de acceso de los buques de los distintos Estados miembros a las aguas de los demás, se basa en el "mantenimiento de los niveles de esfuerzo pesquero" alcanzados bajo la vigencia del régimen transitorio, y en el empleo de una serie de mecanismos administrativos a su servicio.
Sigue habiendo, por tanto, un sistema de regulación y control del esfuerzo pesquero o, lo que viene a ser lo mismo, de los días de pesca, como técnica de limitación directa de la actividad pesquera (complementaria de otras medidas de conservación y gestión de los recursos, como las limitaciones de capturas), que se articula a través de autorizaciones periódicas, informes sobre entradas y salidas en las zonas, y, en su caso, "planes de actividad pesquera" (art. 1 de la Orden de 21 de febrero de 1996); y, en todo caso, siguen existiendo limitaciones numéricas a la presencia simultánea diaria de barcos españoles en la zona del "box irlandés", para cuya observancia la referida Orden prevé la elaboración de unas listas o "planes de esfuerzo" semanales, cuya confección corresponde a la Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Es, en efecto, claro que el ejercicio de la competencia controvertida supone ejecución del Derecho comunitario, pues la obligación para las autoridades españolas de formular los controvertidos Planes de Pesca o "proyectos de listas periódicas" nace de las disposiciones del Acta de Adhesión, por más que ni el Acta de Adhesión ni los Reglamentos comunitarios de desarrollo establezcan todos los criterios precisos para su elaboración, que han de ser completados, como se indicó, por normas internas.
En efecto, el Gobierno Vasco no reclama para sí el desarrollo o complemento normativo de las previsiones del Acta de Adhesión y Reglamentos comunitarios, en cuanto a la fijación de los criterios de selección de los barcos para su inclusión en los "proyectos de listas periódicas" (contenido en la Orden de 12 de junio de 1981), que reconoce corresponde al Estado, sino tan sólo la elaboración, con arreglo a dicha normativa, de los Planes de Pesca en relación con las Asociaciones de Armadores de su ámbito territorial.
Y, por otro lado, es claro que tales "Planes de Pesca" no poseen ningún contenido normativo, pues, no obstante su nomen iuris, no reúnen las características propias de la técnica planificadora estrictamente tal, ni establecen reglas generales susceptibles de aplicación posterior, sino que son, en rigor, simples "listas" elaboradas en aplicación o ejecución de la normativa tantas veces indicada.
De un lado, la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de "pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas" (art. 149.1.19 C.E.); y, de otro, la Comunidad Autónoma del País Vasco, como las restantes Comunidades con litoral, ha asumido en su Estatuto de Autonomía competencia exclusiva en materia de "pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura" (art. 10.10 E.A.P.V.), y de desarrollo legislativo y ejecución, dentro de su territorio, de la legislación básica del Estado en materia de "ordenación del sector pesquero del País Vasco" (art. 11.1 c) E.A.P.V.).
Interpretando el referido esquema de distribución competencial, la STC 56/1989 vino a establecer que los títulos "pesca marítima" y "ordenación del sector pesquero" constituyen materias distintas sobre las que operan criterios diferentes de distribución competencial. Así, mientras que la "pesca marítima" es competencia exclusiva del Estado, salvo en "aguas interiores", donde lo es de las Comunidades Autónomas, la "ordenación del sector pesquero" es una materia compartida, en la que corresponde al Estado la legislación básica y a las Comunidades Autónomas su desarrollo normativo y ejecución.
La STC 56/1989 (fundamento jurídico 5º) estableció también los criterios para diferenciar el alcance de cada una de estas materias, que constituyen desde entonces doctrina constante de este Tribunal (SSTC 147/1991, 44/1992, 57/1992, 68/1992, 149/1992 y 184/1996, antes indicadas). Sintéticamente, por "pesca marítima" hay que entender la regulación de la actividad extractiva, y, como presupuesto de ella, el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros, mientras que la "ordenación del sector pesquero" hace referencia a la regulación del sector económico y productivo de la pesca en todo lo que no sea actividad extractiva directa. De manera más detallada, la "pesca marítima" incluye "la normativa referente a los recursos y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias, cupos), a los periodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a la forma y medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de pesca)", mientras que la "ordenación del sector pesquero" abarca todo lo relativo a la organización de tal sector económico, que, desde el punto de vista de los sujetos o empresarios intervinientes, comprende las medidas referentes a "las condiciones profesionales de los pescadores y otros sujetos relacionados con el sector, construcción de buques, registros oficiales, cofradías de pescadores, lonjas de contratación y otras similares".
8. Partiendo de la indicada doctrina, procede determinar si la elaboración de los Planes de Pesca controvertidos debe adscribirse, competencialmente, a la materia de "pesca marítima" o a la de "ordenación del sector pesquero", pues sólo la inserción en esta última, y dada la naturaleza de acto de ejecución que es predicable de aquellos Planes, permitiría estimar la vindicatio potestatis que mediante el presente conflicto ejercita el Gobierno vasco.
Pues bien, los Planes de Pesca o "proyectos de listas periódicas", cuya elaboración está en disputa, se inscriben claramente en el título competencial que atañe a la conservación de los recursos pesqueros y a la regulación de la actividad extractiva, al ser directa consecuencia de las limitaciones de acceso, o de esfuerzo pesquero, a los caladeros comunitarios establecidas para nuestros barcos de altura en el Acta de Adhesión, por lo que han de ser enmarcadas dentro del título de "pesca marítima", competencia exclusiva del Estado, y no en el de "ordenación del sector pesquero".
En efecto, tales Planes no vienen a ser, en esencia, otra cosa que actos administrativos de distribución de los cupos de licencias de presencia simultánea diaria en determinados caladeros comunitarios establecidos en el Acta de Adhesión, y, como hemos declarado en anteriores Sentencias, "el establecimiento de cupos de autorizaciones para pescar y de los requisitos para obtener tales autorizaciones debe incluirse dentro del título competencial de pesca marítima, sin que pueda considerarse organización económica del sector, sino protección directa del recurso marítimo a través de un régimen de autorizaciones para ejercer la actividad extractiva" (SSTC 56/1989, fundamento jurídico 8º, y 44/1992, fundamento jurídico 3º).
Los Planes de Pesca controvertidos, por otra parte, no persiguen ninguna finalidad de ordenación del sector económico o productivo de la pesca, a través de medidas de intervención, control o fomento, pues los "proyectos de listas periódicas" se agotan en su propio designio de llevar a cabo las operaciones técnicas precisas para hacer viable el régimen de limitaciones de acceso de los buques a las pesquerías comunitarias.
9. No se opone a la titularidad estatal de la competencia en disputa el hecho de que la elaboración de los referidos Planes de Pesca sea una competencia meramente ejecutiva, sin contenido normativo alguno, ya que, como este Tribunal ha señalado en anteriores ocasiones, la competencia del Estado en materia de "pesca marítima" es una competencia exclusiva stricto sensu, que incluye, por tanto, no sólo las competencias de tipo normativo, sino también las puramente ejecutivas o de gestión administrativa (STC 56/1989, fundamento jurídico 5º).
Y tampoco obsta a su titularidad estatal la circunstancia de que se refiera a la pesca en los "caladeros comunitarios", esto es, en aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción del Estado español. Las competencias sobre "pesca marítima" se encuentran distribuidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas en función de que la pesca se efectúe dentro o fuera de las "aguas interiores"; y, por tanto, "más allá de las aguas interiores", como indica la STC 184/1996, la pesca marítima es competencia exclusiva del Estado, en cualquier caso.
10. Finalmente, no se opone a la conclusión alcanzada el argumento, empleado por el Gobierno Vasco en sus alegaciones sobre la posible desaparición del objeto del conflicto, relativo a la necesidad de matizar la indicada doctrina en razón de la dicción literal y expresa del apartado B.1 del Anexo del Real Decreto 2.413/1982, de 27 de agosto, sobre traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el cual dispone que "la Administración de la Comunidad Autónoma elaborará y ejecutará los planes de pesca que se deriven de los Tratados y Convenios" y que "la Administración del Estado asignará a la Comunidad Autónoma Vasca el número de licencias, cupos y permisos temporales de pesca que en cada caso y momento le correspondan".
Sin embargo, ya en anteriores Sentencias sobre temas pesqueros hemos respondido a alegaciones similares, negando valor a los referidos Decretos de transferencias para alterar el sistema de reparto de competencias resultante de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, doctrina a la que se ha de estar igualmente en el caso presente. En efecto, como se dijo en tales ocasiones, "los Reales Decretos de transferencias no atribuyen ni reconocen competencias, sino que traspasan servicios, funciones e instituciones; no son en consecuencia normas determinantes del sistema constitucional de distribución de competencias, compuesto exclusivamente por la Constitución, los Estatutos y, en su caso, las demás disposiciones atributivas de competencias, cuyas prescripciones no pueden ser alteradas ni constreñidas por las disposiciones de los Decretos de traspasos; en este sentido las competencias son indisponibles por las Administraciones, lo que impide hacer prevalecer una presunta voluntad, fruto del acuerdo formalizado en los Decretos de transferencias, sobre el sentido objetivo de las normas constitucionales y estatutarias" (STC 147/1991, fundamento jurídico 4º E), y, en idéntico sentido, las SSTC 56/1989, fundamento jurídico 6º, y 44/1992, fundamento jurídico 1º).
1. Voto particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado, a la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencias entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno Vasco que lleva el núm. 702/88.
A una cierta altura de la vida, lo que otrora pudo ser tomado por vanidad queda en nostalgia. Sirvame ello de disculpa para recordar ahora que hace ya un cuarto de siglo, en la primavera del año 1975, desde la cátedra del paraninfo de la vieja Universidad Central, entonces ya Complutense, en la Calle Ancha de San Bernardo, en un discurso cuyo título era "La función judicial y la jurisprudencia popular" dije así: "toda Sentencia es un juicio histórico, puesto que constituye el coronamiento de un "proceso" donde se analiza un conflicto actual en función de hechos ya sucedidos". Ahora bien, una cosa es esta su naturaleza intrínseca desde una perspectiva intelectual y otra muy distinta que, ya en el momento de pronunciarse, la Sentencia ingrese en la Historia del Derecho. No termino de habituarme, ni lo deseo, al retraso endémico de nuestro sistema judicial, por obra de la avalancha de asuntos y de la insuficiencia de medios, cuya etiología no hace al caso aquí y ahora, y cuya marea ascendente ha llegado a este Tribunal Constitucional, tan estrechamente interrelacionado con aquél.
Pues bien, tales reflexiones no son de hoy ni de aquí. Empezaron a inquietarme cuando desempeñé la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y no me abandonaron al pasar a éste, donde una de las primeras Sentencias cuyo ponente fuí, la 135/1992, ponía fin a un litigio constitucional de 1986. Ya en aquél había hecho pública mi preocupación con cierta contundencia (Sentencias del T.S. 15, 25 y 30 septiembre y 2, 3 y 4 octubre 1989), como también en éste la exterioricé al socaire de otra Sentencia de la cual fuí a la vez Ponente y disidente, la 172/1996, donde calificaba como "veterano" al proceso en la frase inicial de la opinión discrepante. La meditación sobre el tema ha sido reavivada por la reciente STC 118/1998, que dirimió unos conflictos positivos de competencia planteados diez años atrás (2.163/88 y otros), para agudizarse en este proceso donde nos encontramos -el 702/88-, cuya veteranía corre pareja de los otros. No se me oculta la esterilidad de estas advertencias, como la contenida en el segundo de los dos votos particulares que acompañan a la STC 206/1997, aun cuando allí se previera lúcidamente que la denunciada tardanza institucional no iba "a ser la única".
Una vez dicho esto, en descargo de mi inquietud y con un ánimo testimonial, he de comenzar diciendo que comparto la conclusión a la cual llega la Sentencia, pero discrepo de su itinerario argumental en algún punto. Puedo suscribir sin reserva alguna el fallo cuyo pronunciamiento reconoce que "corresponde al Estado la titularidad de la competencia controvertida". Sin embargo, creo que en el discurso se soslaya la ponderación de un factor importante, el temporal, con la dimensión que le ha otorgado la doctrina constitucional en otras ocasiones para configurar el grupo normativo que haya de servir como canon a la hora de solucionar un conflicto planteado hace diez años pero resuelto hoy, grupo normativo que ha de ser el coetáneo de la Sentencia no de su planteamiento, siempre que por otra parte el conflicto siga siéndolo y no se haya vaciado de contenido polémico. La duda metódica que expresé en la deliberación subsiste y aunque lo esencial en una decisión judicial sea ella, el fallo, que en este caso da en la diana, no deja de resultar importante -en el Tribunal Constitucional como en el Supremo- el rumbo o método que nos conduce a buen puerto. Ahora bien, en tal trance, para no agobiar al siempre ocupado lector que además sea curioso, me permito animarle a leer la opinión siguiente, donde se desarrollan los dos motivos comunes a ambos votos particulares con la cualidad de que gustaba tanto Gracián para hacer lo bueno doblemente bueno, la brevedad.
En Madrid, a siete de julio de mil novecientos noventa y ocho.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la sentencia recaída en el conflicto positivo de competencia núm. 702/88.
I. Marco jurídico.- En una reciente Sentencia, de 19 de febrero de 1998, por la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncia acerca de la atribución de cuotas de pesca, precisamente, antes de afrontar el litigio principal y las demás cuestiones ante él planteadas, se precisa con especial meticulosidad el "marco jurídico", dadas las variaciones acaecidas en el régimen comunitario de la pesca.
Tales modificaciones de las normas se recogen puntualmente en la Sentencia de la mayoría (fundamento jurídico 4º), pero sin subrayar el hecho más relevante, a mi entender: que la plena integración de España en la política pesquera común, a partir del 1 de enero de 1996, ha tenido como consecuencia que el "marco jurídico", siendo parcialmente el mismo, no es lo mismo para nosotros, pues nuestro estatuto en la Unión Europea es distinto del que teníamos en 1988, fecha del conflicto positivo de competencia que en este momento enjuiciamos.
De acuerdo con nuestra jurisprudencia constitucional, es el derecho "vigente en el momento de formularse el juicio y de dictarse Sentencia el que se ha de tomar en consideración" (lo acabamos de recordar en la Sentencia del Pleno del día 4 de junio de 1998, relativa a los conflictos de competencias acumulados núms. 2.163, 2.174 y 2.183 de 1988). Se trata de una doctrina expuesta con reiteración por este Tribunal. Procedía, en consecuencia, afrontar y resolver el presente conflicto en el "marco jurídico" de 1998, y teniendo en cuenta el nuevo estatuto de España en la Unión Europea.
La Sentencia de la mayoría, argumentando que la nueva normativa "no ha sido objeto de debate procesal mediante su impugnación autónoma", deja circunscrito el conflicto de competencia al inicialmente planteado por el Gobierno Vasco en 1988 (fundamento jurídico 5º).
II. Una disputa muerta.- El otro principio de nuestra jurisprudencia (que se suma al de aplicación de normas vigentes en el momento del examen jurisdiccional) es que se trate de una disputa viva (SSTC 182/1988, 329/1993, entre otras).
Durante la tramitación del conflicto de competencia, objeto de este Voto Particular, el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia del 23 de noviembre de 1994, estimó que el conflicto podía haber muerto "dada la falta de vigencia del Plan de Pesca impugnado". Así se lo hizo saber a las partes comparecidas.
También por esta "salida heterodoxa", dicho sea con el máximo respeto y para apoyar mi discrepancia, creo que no era procedente entrar en el fondo del conflicto muerto.
Type and record number Conflicto positivo de competencia 702-1988
Promovido por el Gobierno Vasco en relación con el Plan de Pesca de aguas comunitarias elaborado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los meses de enero y febrero de 1988.
-Los Planes de Pesca que son objeto del presente conflicto forman parte del régimen limitativo del acceso de los barcos españoles a las aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros de la Comunidad Europea cubiertas por el Consejo Internacional de Explotación del Mar, establecido, con carácter transitorio, en los arts. 156 a 166 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, cuya duración estaba prevista, en principio, hasta el 31 de diciembre del año 2002 [F.J. 1].
-Los mencionados «Planes de Pesca» se corresponden con los «proyectos de listas periódicas» de barcos autorizados para faenar simultáneamente en ciertos caladeros comunitarios, que, con periodicidad mensual o bimensual, las autoridades españolas debían remitir para su aprobación a la Comisión de la Comunidad Europea, al objeto de cumplir con las limitaciones de acceso establecidas en el art. 158 del Acta de Adhesión. La elaboración de los referidos «Planes de Pesca» o «proyectos de listas periódicas» se hallaba regida, en parte, por normas de Derecho comunitario y, en parte también, por normas internas; en efecto, más allá de ciertos condicionantes impuestos por el Acta de Adhesión y los Reglamentos de desarrollo, la confección de los proyectos de listas periódicas debía realizarse de acuerdo con los criterios de selección establecidos por normas internas [F.J. 1].
-Una vez producido el ingreso de España en la Comunidad Europea, y como consecuencia de las medidas de reestructuración posibilitadas por la Orden Ministerial de 12 de junio de 1981, el censo de barcos de altura con derecho de acceso a los indicados caladeros comunitarios quedó reducido a los 300 integrantes de la «lista de base» incluida en el Acta de Adhesión, pero sin que sus derechos de acceso volvieran a ser igualados, arrastrando, pues, ya en aquel momento y en adelante, las diferencias producidas por la aplicación del conjunto de medidas contemplado en dicha Orden ministerial, cuya compatibilidad con el art. 14 C.E. fue apreciada por la STC 64/1991 [F.J. 2].
-La competencia que la Comunidad Autónoma del País Vasco disputa a la Administración del Estado en el presente conflicto consiste en la elaboración de los referidos Planes de Pesca o «proyectos de listas periódicas» de los buques de altura autorizados para faenar simultáneamente en los caladeros comunitarios, por lo que respecta a las Asociaciones de Armadores radicadas en su ámbito territorial; Planes de Pesca que son consecuencia de las limitaciones de acceso a los indicados caladeros impuestas, con carácter transitorio, por el Acta de Adhesión, y cuya confección se rige, aparte de por las disposiciones contenidas en el Acta de Adhesión y en los Reglamentos comunitarios de desarrollo, por las normas internas contenidas en la Orden ministerial de 12 de junio de 1981, sin que el Gobierno Vasco pretenda ostentar competencia asimismo para la elaboración de estas últimas [F.J. 2].
-Una vez precisado el objeto del conflicto, procede resolver la cuestión de su posible desaparición sobrevenida por las causas que se examinan a continuación, y que, de concurrir, haría innecesario un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, labor en la cual, según doctrina reiterada de este Tribunal, hay que huir de todo automatismo, siendo necesario atender a las circunstancias concurrentes en cada caso, y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes (por todas, SSTC 119/1986, 182/1988, 248/1988, 329/1993 y 155/1996) [F.J. 3].
-Del art. 66 LOTC se deduce claramente que el proceso constitucional de conflicto de competencia no tiene solamente como finalidad el enjuiciamiento singular del acto o disposición desencadenante del mismo, sino también la determinación, más allá del caso concreto origen del conflicto, de la titularidad de la competencia controvertida, por lo que la simple pérdida de vigencia de la disposición o, como en este caso, la extinción de los efectos del acto impugnado, no determinan sin más la de-saparición de su objeto, en tanto en cuanto la competencia siga o pueda seguir siendo ejercida en los mismos términos que provocaron su surgimiento, como, en efecto, ocurre en este caso, y la parte promotora del mismo siga manifestando expresamente que mantiene vivo el interés en que se declare la titularidad de dicha competencia, como así ha hecho el Gobierno Vasco en las dos ocasiones que se le han brindado [F.J. 3].
De cuanto se explica en el fundamento anterior resulta que los Planes de Pesca o «proyectos de listas periódicas», cuya elaboración es objeto del presente conflicto de competencia, y que eran consecuencia del período transitorio previsto en el Acta de Adhesión para la plena integración de España en la política pesquera común, han dejado de formularse desde el 1 de enero de 1996. No obstante, a dicho régimen transitorio ha venido a suceder un sistema, ahora generalizado a todos los Estados miembros, de gestión y control del esfuerzo pesquero que, aun partiendo del principio de libertad de acceso de los buques de los distintos Estados miembros a las aguas de los demás, se basa en el «mantenimiento de los niveles de esfuerzo pesquero» alcanzados bajo la vigencia del régimen transitorio, y en el empleo de una serie de mecanismos administrativos a su servicio. Sigue habiendo, por tanto, un sistema de regulación y control del esfuerzo pesquero o, lo que viene a ser lo mismo, de los días de pesca, como técnica de limitación directa de la actividad pesquera ( complementaria de otras medidas de conservación y gestión de los recursos, como las limitaciones de capturas), que se articula a través de autorizaciones periódicas, informes sobre entradas y salidas en las zonas, y, en su caso, «planes de actividad pesquera» (art. 1 de la Orden de 21 de febrero de 1996); y, en todo caso, siguen existiendo limitaciones numéricas a la presencia simultánea diaria de barcos españoles en la zona del «box irlandés», para cuya observancia la referida Orden prevé la elaboración de unas listas o «planes de esfuerzo» semanales, cuya confección corresponde a la Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En definitiva, puede entenderse que el reseñado cambio normativo no ha producido una desaparición del objeto del presente conflicto, pues, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo, persiste el interés en la determinación de la titularidad de la competencia controvertida [F.J. 5].
-La decisión del presente conflicto no resulta condicionada por el hecho de que el ejercicio de la competencia se produzca en ejecución del Derecho comunitario europeo. Es, en efecto, claro que el ejercicio de la competencia controvertida supone ejecución del Derecho comunitario, pues la obligación para las autoridades españolas de formular los controvertidos Planes de Pesca o «proyectos de listas periódicas» nace de las disposiciones del Acta de Adhesión, por más que ni el Acta de Adhesión ni los Reglamentos comunitarios de desarrollo establezcan todos los criterios precisos para su elaboración, que han de ser completados, como se indicó, por normas internas. Ahora bien, también es doctrina reiterada de este Tribunal que no existe un título competencial específico en favor del Estado para la ejecución del Derecho comunitario, por lo cual la circunstancia de que el ejercicio de una determinada competencia suponga desarrollo normativo o ejecución de normas comunitarias no prejuzga si corresponde ejercerla al Estado o a las Comunidades Autónomas, cuestión que habrá de ser resuelta con arreglo a las reglas internas, constitucionales y estatutarias, de distribución de competencias en la materia que resulte afectada (por todas, las recientes SSTC 147/1996, 197/1996 y 13/1998) [F.J. 6].
-La competencia cuyo ejercicio reclama la Comunidad Autónoma del País Vasco es una competencia puramente ejecutiva, sin contenido normativo alguno. Y, por otro lado, es claro que tales «Planes de Pesca» no poseen ningún contenido normativo, pues, no obstante su «nomen iuris», no reúnen las características propias de la técnica planificadora estrictamente tal, ni establecen reglas generales susceptibles de aplicación posterior, sino que son, en rigor, simples «listas» elaboradas en aplicación o ejecución de la normativa tantas veces indicada [F.J. 6].
-La Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de «pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas» (art. 149.1.19 C.E.); y, de otro, la Comunidad Autónoma del País Vasco, como las restantes Comunidades con litoral, ha asumido en su Estatuto de Autonomía competencia exclusiva en materia de «pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura» (art. 10.10 E.A.P.V.), y de desarrollo legislativo y ejecución, dentro de su territorio, de la legislación básica del Estado en materia de «ordenación del sector pesquero del País Vasco» [art. 11.1 c) E.A.P.V] [F.J. 7].
-La STC 56/1989 (fundamento jurídico 5.º) estableció también los criterios para diferenciar el alcance de cada una de estas materias, que constituyen desde entonces doctrina constante de este Tribunal (SSTC 147/1991, 44/1992, 57/1992, 68/1992, 149/1992 y 184/1996). Sintéticamente, por «pesca marítima» hay que entender la regulación de la actividad extractiva, y, como presupuesto de ella, el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros, mientras que la «ordenación del sector pesquero» hace referencia a la regulación del sector económico y productivo de la pesca en todo lo que no sea actividad extractiva directa [F.J. 7].
-Partiendo de la indicada doctrina, procede determinar si la elaboración de los Planes de Pesca controvertidos debe adscribirse, competencialmente, a la materia de «pesca marítima» o a la de «ordenación del sector pesquero», pues sólo la inserción en esta última, y dada la naturaleza de acto de ejecución que es predicable de aquellos Planes, permitiría estimar la «vindicatio potestatis» que mediante el presente conflicto ejercita el Gobierno vasco. Pues bien, los Planes de Pesca o «proyectos de listas periódicas», cuya elaboración está en disputa, se inscriben claramente en el título competencial que atañe a la conservación de los recursos pesqueros y a la regulación de la actividad extractiva, al ser directa consecuencia de las limitaciones de acceso, o de esfuerzo pesquero, a los caladeros comunitarios establecidas para nuestros barcos de altura en el Acta de Adhesión, por lo que han de ser enmarcadas dentro del título de «pesca marítima», competencia exclusiva del Estado, y no en el de «ordenación del sector pesquero». En efecto, tales Planes no vienen a ser, en esencia, otra cosa que actos administrativos de distribución de los cupos de licencias de presencia simultánea diaria en determinados caladeros comunitarios establecidos en el Acta de Adhesión, y, como hemos declarado en anteriores Sentencias, «el establecimiento de cupos de autorizaciones para pescar y de los requisitos para obtener tales autorizaciones debe incluirse dentro del título competencial de pesca marítima, sin que pueda considerarse organización económica del sector, sino protección directa del recurso marítimo a través de un régimen de autorizaciones para ejercer la actividad extractiva» (SSTC 56/1989, fundamento jurídico 8.º, y 44/1992, fundamento jurídico 3.º) [F.J. 8 ].
-Ya en anteriores Sentencias sobre temas pesqueros, respondiendo a alegaciones similares, hemos negado valor a los Decretos de transferencias para alterar el sistema de reparto de competencias resultante de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, doctrina a la que se ha de estar igualmente en el caso presente [F.J. 10].
Plan de Pesca de la flota española de altura en aguas comunitarias elaborado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los meses de enero y febrero de 1988
Artículo 149.1.19, f. 7
Artículo 84, f. 5, VP II
Artículo 10.10, f. 7
Artículo 11.1 c), f. 7
Artículo 1.10, f. 2
Artículo 1.11, f. 2
Anexo B) 1, f. 10
Reglamento (CEE) núm. 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983. Constituye un régimen comunitario de conservación de los recursos pesqueros
Artículo 8.3, ff. 1, 4
En general, ff. 1, 2, 5, 6, 8
Artículos 156 a 166, f. 1
Artículo 158.1, ff. 1, 4
Anexo IX, f. 1
Reglamento (CEE) núm. 3531/85 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1985. Establece determinadas medidas técnicas y de control relativas a las actividades de pesca de los buques que enarbolan pabellón español en aguas de los demás Estados miembros, excepto Portugal
Reglamento (CEE) núm. 3781/85 del Consejo, de 31 de diciembre de 1985. Establece las medidas que deben adoptarse respecto de los operadores que no respeten determinadas disposiciones relativas a las actividades de pesca previstas por el Acta de adhesión de España y Portugal
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 12 de junio de 1992. Modifica la Orden de 12 de junio de 1981, de ordenación de la actividad de las flotas de altura y gran altura que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste
Reglamento (CE) 1275/94 del Consejo, de 30 de mayo de 1994. Adaptaciones del régimen previsto en los capítulos dedicados a la "Pesca" del Acta de adhesión de España y Portugal
Reglamento (CE) 685/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995. Gestión de los esfuerzos pesqueros referentes a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios
Reglamento (CE) 2027/95 del Consejo, de 15 de junio de 1995. Establece un régimen de gestión del esfuerzo pesquero relativo a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios
Reglamento (CE) 2870/95 del Consejo, de 8 de diciembre de 1995. Modifica el Reglamento (CEE) 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 21 de febrero de 1996. Medidas de control para la regulación del esfuerzo pesquero de la flota española que opera en las aguas occidentales de la Comunidad Europea
Ley 23/1997, de 15 de julio. Ordenación del sector pesquero de altura y gran altura que opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste
Real Decreto 1915/1997, de 19 de diciembre. Desarrolla la Ley 23/1997, de 15 de julio, de ordenación del sector pesquero de altura y gran altura que opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste
Conflictos positivos de competenciaConflictos positivos de competencia, ff. 3, 4, VP II
Criterios de distribución de competenciasCriterios de distribución de competencias, f. 6
Elaboración de planes de pescaElaboración de planes de pesca, ff. 1, 5
Impugnación de planes de pescaImpugnación de planes de pesca, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pervivencia del objeto del conflicto positivo de competenciaPervivencia del objeto del conflicto positivo de competencia, f. 3, VP II
Planes de pescaPlanes de pesca, f. 7
Política pesquera comúnPolítica pesquera común, f. 4
Pesca marítimaPesca marítima, Régimen jurídico, VP II
Pesca marítimaPesca marítima, ff. 3, 4, 7