Source: http://www.slideshare.net/eipel/el-acceso-a-la-justicia-como-garanta-de-los
Timestamp: 2016-08-28 19:41:10
Document Index: 145033581

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8']

Derecho y-acceso-a-la-justicia
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4 7 septiembre 2007 Original: EspañolEL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOSDERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 2007 Internet: http://www.cidh.org E-mail: cidhoea@oas.org 2.
OAS Cataloging-in-Publication DataInter-American Commission on Human Rights. El Acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos,sociales y culturales : estudio de los estándares fijados por el sistemainteramericano de derechos humanos = Access to justice as a guaranteeof economic, social and cultural rights : a review of the standards adoptedby the Inter-American system of human rights / [por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos]. p. ; cm. (OEA Documentos Oficiales. OEA/Ser.L/V/II) (OAS OfficialRecords Series. OEA/Ser.L/V/II) ISBN 0-8270-5154-91. Justice, Administration of--America. 2. Human rights--America. 3. Civilrights--America. I. Abramovich, Victor. II. Title. III Series. OEA/Ser.L/V/II Doc. 4 Aprobado por la Comisión el 7 de septiembre de 2007 3.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS MIEMBROS Dr. Evelio Fernández Arévalos Dr. Clare Kamau Roberts Dr. Paulo Sérgio Pinheiro Dr. Freddy Gutiérrez Dr. Florentín Meléndez Dr. Paolo Carozza Dr. Víctor Abramovich ****** Secretario Ejecutivo: Dr. Santiago A. Canton Secretaria Ejecutiva Adjunta: Dra. Elizabeth Abi-Mershed 4.
EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS ÍNDICE Página RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................... 1 I. INTRODUCCIÓN....................................................................................... 7 II. EL DERECHO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y LA OBLIGACIÓN DE REMOVER OBSTÁCULOS ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR DERECHOS SOCIALES...... 9 A. La obligación de proveer servicios de asistencia jurídica gratuita ......... 9 B. Los costos del proceso, la localización de los tribunales y el derecho a acceder a la justicia.......................................................14 C. Situaciones de exclusión sistemática en el acceso a la justicia ...........18 D. Conclusiones ..............................................................................20 III. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES ........................................................................21 A. El debido proceso legal en la esfera administrativa ...........................22 B. Límites a la discrecionalidad Estatal ...............................................31 C. Elementos que componen el debido proceso legal en sede administrativa .............................................................................36 1. La garantía de una audiencia de determinación de derechos. El derecho a la representación legal ....................37 2. La notificación previa sobre la existencia del proceso ...........39 3. El derecho a contar con una decisión fundada .....................40 4. La publicidad de la actuación administrativa ........................41 5. El derecho al plazo razonable del proceso administrativo .......42 6. El derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas................................................................45 D. Conclusiones ..............................................................................47 IV. DEBIDO PROCESO LEGAL EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SOBRE DERECHOS SOCIALES .............................................................................48 A. Alcance del debido proceso legal ...................................................49 v 5.
Página B. Elementos que componen el debido proceso legal en sede judicial ......51 1. El principio de igualdad de armas .......................................51 2. Los alcances de la revisión judicial de decisiones administrativas................................................................54 3. El derecho a contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto ................................................57 4. El derecho al plazo razonable del proceso ...........................60 C. Conclusiones ..............................................................................67V. EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN MATERIA DE AFECTACIONES A DERECHOS SOCIALES...............................69 A. ElL derecho a la tutela judicial efectiva en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ....................70 B. La obligación de proveer recursos sencillos, rápidos y efectivos ........71 C. Los remedios judiciales para la protección eflectiva de los derechos ...76 1. Tutela cautelar de derechos ..............................................77. 2. El derecho a la tutela judicial efectiva ante afectaciones colectivas de derechos humanos .....................78 3. El derecho a la tutela judicial efectiva frente a afectaciones individuales en materia de derechos sociales .......................83 D. El derecho a un recurso judicial efectivo y el desarrollo de mecanismos adecuados de ejecución de sentencias .........................88 E. Conclusiones ..............................................................................98 vi 6.
EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS El presente estudio fue encomendado por la CIDH al Comisionado Víctor Abramovich,como marco conceptual para el proceso de elaboración de los indicadores de progreso sobrederechos económicos, sociales y culturales del Protocolo de San Salvador, conforme a la resoluciónAG/RES. 2178 (XXXVI-O/06), aprobada el 6 de junio de 2006 por la Asamblea General de la OEA.Para su elaboración contó con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. En la elaboración deeste estudio participó activamente la abogada Gabriela Kletzel, en el marco del proyecto deinvestigación sobre "estándares internacionales sobre acceso a la justicia" que se desarrolla en laUniversidad de San Andrés de Argentina. 7.
EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS RESUMEN EJECUTIVO 1. El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrolladoestándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole queresulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechosfundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa --de noimpedir el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente positiva, de organizar elaparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos.A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales oeconómicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. 2. En los últimos años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos(en adelante "SIDH" o "Sistema ") ha reconocido la necesidad de delinear principios yestándares sobre los alcances de los derechos al debido proceso judicial y a la tutelajudicial efectiva, en casos que involucran la vulneración de derechos económicos,sociales y culturales ("derechos sociales" o "DESC"). 3. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos ("CIDH" o la "Comisión Interamericana") ha elaborado el presente estudio a finde revisar y sistematizar la jurisprudencia del SIDH, tanto de la CIDH como de la CorteInteramericana de Derechos Humanos ("Corte IDH" o "Corte"), sobre cuatro temascentrales que ha estimado prioritarios respecto a la protección judicial de los derechoseconómicos, sociales y culturales: 1) la obligación de remover obstáculos económicospara garantizar el acceso a los tribunales; 2) los componentes del debido proceso en losprocedimientos administrativos relativos a derechos sociales; 3) los componentes deldebido proceso en los procedimientos judiciales relativos a derechos sociales y; 4) loscomponentes del derecho a la tutela judicial efectiva de derechos sociales, individualesy colectivos. 4. Estos estándares no sólo tienen un importante valor como guía deinterpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("ConvenciónAmericana", "Convención" o "CADH") para los tribunales nacionales, sino que puedencontribuir a mejorar la institucionalidad de las políticas y servicios sociales en los paísesamericanos, y a fortalecer los sistemas de fiscalización, transparencia y rendición decuentas, así como los mecanismos de participación y vigilancia social de las políticaspúblicas en esta materia. La reseña de la jurisprudencia del sistema interamericanocontribuye además a mejorar el diagnóstico de los principales problemas regionales en elacceso a los sistemas de justicia. Si bien los casos no pueden considerarseabsolutamente representativos de los problemas sociales e institucionales de los paísesde la región, sí puede afirmarse que el sistema de peticiones es una buena caja deresonancia de esos problemas. 5. Un primer aspecto del derecho de acceder a la justicia en materia dederechos sociales, es la existencia de obstáculos económicos o financieros en el accesoa los tribunales y el alcance de la obligación positiva del Estado de remover esosobstáculos para garantizar un efectivo derecho a ser oído por un tribunal. De estamanera, numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a la justicia --como ladisponibilidad de la defensa pública gratuita para las personas sin recursos y los costosdel proceso-- resultan asuntos de inestimable valor instrumental para la exigibilidad delos derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, es común que ladesigual situación económica o social de los litigantes se refleje en una desigualposibilidad de defensa en juicio. 8.
2 6. Al respecto, el SIDH ha establecido la obligación de remover aquellosobstáculos en el acceso a la justicia que tengan origen en la posición económica de laspersonas. Tanto la Corte Interamericana como la CIDH han fijado la obligación deproveer en ciertas circunstancias servicios jurídicos gratuitos a las personas sinrecursos, a fin de evitar la vulneración de su derecho a las garantías judiciales y a laprotección judicial efectiva. Con esto en miras, la Comisión Interamericana haidentificado algunos criterios para la determinación de la procedencia de la asistencialegal gratuita en los casos concretos. Estos son: a) la disponibilidad de recursos porparte de la persona afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el casoy c) la importancia de los derechos afectados. 7. En paralelo, la CIDH ha determinado que ciertas acciones judicialesrequieren necesariamente de asistencia jurídica gratuita para su interposición yseguimiento. Así, la Comisión Interamericana ha entendido que la complejidad técnicade ciertas acciones constitucionales, establece la obligación de proporcionar asistencialegal gratuita para su efectiva promoción. 8. Del mismo modo, el SIDH ha establecido que los costos del proceso,sea éste judicial o administrativo, y la localización de los tribunales, son factores quetambién pueden redundar en la imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuenteviolación del derecho a las garantías judiciales. Los órganos del SIDH han determinadoque un proceso que demande excesivos costos para su desarrollo, vulnera el artículo 8de la Convención Americana. La Comisión ha expresado sobre el particular que elrecurso judicial que se establezca para revisar el actuar de la administración, no sólodebe ser rápido y efectivo, sino también "económico" o asequible. 9. A su vez, el SIDH ha comenzado a identificar situaciones estructuralesde desigualdad que restringen el acceso a la justicia a determinados sectores de lasociedad. En estos casos, la CIDH ha destacado la obligación estatal de proveerservicios legales gratuitos y de reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin defacilitar a estos sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad, el acceso ainstancias judiciales de protección, y a información adecuada sobre los derechos queposeen y los recursos judiciales disponibles para su tutela. 10. Un segundo aspecto a considerar es la existencia de un derecho aldebido proceso en la esfera administrativa y su extensión o contenido preciso. En laesfera administrativa se dirime la mayoría de las adjudicaciones de prestaciones sociales.El área de las políticas y servicios sociales en muchos países del continente no se haregido usualmente, en su organización y funcionamiento, por una perspectiva dederechos. Por el contrario, las prestaciones se han organizado y brindado mayormentebajo la lógica inversa de beneficios asistenciales, por lo que este campo de actuación dela administración pública de los Estados ha quedado tradicionalmente reservado a ladiscrecionalidad política, más allá de la existencia de algunos controles institucionales ysociales. 11. En este orden de ideas, el SIDH ha fijado posición sobre la vigencia delas reglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados aderechos sociales. Al mismo tiempo, ha establecido la obligación de los Estados deestablecer reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenesinadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa, que pudieran fomentar opropiciar el desarrollo de prácticas arbitrarias y discriminatorias. 12. De este modo, en el examen de casos que involucran, entre otros,derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos indígenas,derechos de los inmigrantes y derechos vinculados a la protección del ambiente, tanto laCIDH como la Corte IDH han gestado un claro estándar relativo a la plena aplicabilidad 9.
3de la garantía del debido proceso legal en los procedimientos administrativos. Así,ambos órganos han establecido que el debido proceso legal debe ser respetado en todoprocedimiento tendiente a la determinación de los derechos y obligaciones de laspersonas. 13. En este orden de ideas, el SIDH ha subrayado la necesidad de regular yrestringir la discrecionalidad estatal. La Corte y la CIDH han establecido que la labor dela Administración posee límites concretos y que, entre ellos, se encuentra el respeto delos derechos humanos. En cuanto a los casos que involucran a sectores especialmentevulnerables, la Corte IDH ha identificado la necesidad de trazar vínculos entre losalcances del debido proceso legal administrativo y la efectiva vigencia de la prohibiciónde discriminación. 14. El SIDH ha comenzado a identificar los elementos que componen lagarantía de debido proceso en sede administrativa. En este sentido, la ComisiónInteramericana ha considerado que entre los elementos componentes del debido procesolegal administrativo se encuentra la garantía de una audiencia para la determinación delos derechos en juego. De acuerdo con la CIDH, dicha garantía incluye: el derecho a serasistido jurídicamente; a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable parapreparar los alegatos y formalizarlos, así como para promover y evacuar lascorrespondientes pruebas. La Comisión Interamericana también ha considerado a lanotificación previa sobre la existencia misma del proceso, como un componente básicode la garantía. 15. La CIDH y la Corte también han puntualizado, como elementos queintegran el debido proceso legal, el derecho a contar con una decisión fundada sobre elfondo del asunto y la necesidad de garantizar la publicidad de la actuaciónadministrativa. Además, el SIDH ha resaltado la existencia de un derecho al plazorazonable del proceso administrativo. La Corte IDH ha establecido que un retrasoprolongado en un procedimiento administrativo configura, en principio, una vulneracióndel artículo 8 de la Convención y que a fin de desvirtuar tal desenlace, el Estado debeprobar que la demora del proceso se originó en la complejidad del caso o en la conductade las partes. 16. Otro elemento de la garantía del debido proceso legal en sedeadministrativa que ha tenido desarrollo en el SIDH, es el derecho a la revisión judicial dedecisiones administrativas. Al respecto, la CIDH ha determinado que toda norma omedida que obstaculice el acceso a los tribunales, y que no esté debidamente justificadapor las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entendersecontraria al artículo 8.1 de la Convención. También la CIDH ha avanzado en algunasprecisiones sobre el alcance que debe tener esta revisión, al señalar que la justicia debeocuparse de realizar al menos la supervisión esencial de la legalidad y racionalidad de lasdecisiones de la Administración, a fin de acatar las garantías consagradas en la CADH. 17. Un tercer aspecto examinado en la jurisprudencia del SIDH es laexistencia de criterios claros sobre el debido proceso legal en sede judicial, en aquellosprocesos dirigidos a determinar derechos económicos, sociales y culturales. En estesentido, la jurisprudencia del SIDH ha trazado un estrecho vínculo entre los alcances delos derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. De estamanera, se ha establecido que los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrarnormativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos,pero también la obligación de asegurar la debida aplicación de dichos recursos por partede sus autoridades judiciales, en procedimientos con las garantías adecuadas. 18. Hay una relación directa entre la idoneidad de los recursos judicialesdisponibles y la posibilidad real de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 10.
4culturales. Sobre el particular, tanto la Corte IDH como la CIDH han comenzado aprecisar aquellos elementos que componen el derecho al debido proceso consagrado enel artículo 8.1 de la Convención Americana respecto a los procedimientos de índolesocial, que presentan algunas características diferenciales respecto de otrosprocedimientos criminales o civiles, además de compartir también algunos rasgoscomunes. 19. En este orden de ideas, el SIDH ha identificado un principio de igualdadde armas como parte integrante del debido proceso legal, y ha comenzado a delinearestándares con miras a su respeto y garantía. Este principio es sumamente relevante,por cuanto el tipo de relaciones reguladas por los derechos sociales suelen presentar ypresuponer condiciones de desigualdad entre las partes de un conflicto --trabajadores yempleadores-- o entre el beneficiario de un servicio social y el Estado prestador delservicio. Esa desigualdad suele traducirse en desventajas en el marco de losprocedimientos judiciales. 20. La Corte ha establecido que la desigualdad real entre las partes de unproceso determina el deber estatal de adoptar todas aquellas medidas que permitanaminorar las carencias que imposibiliten el efectivo resguardo de los propios intereses.La Comisión Interamericana también ha remarcado, que las particulares circunstanciasde un caso, pueden determinar la necesidad de contar con garantías adicionales a lasprescritas explícitamente en los instrumentos de derechos humanos, a fin de asegurarun juicio justo. Para la CIDH, esto incluye advertir y reparar toda desventaja real que laspartes de un litigio puedan enfrentar, resguardando así el principio de igualdad ante laley y la prohibición de discriminación. 21. El derecho a contar con una decisión fundada relativa al fondo delasunto también ha sido reconocido por la CIDH y por la Corte como elemento integrantedel debido proceso legal en este tipo de procedimientos judiciales. En tal sentido, laComisión Interamericana ha destacado que tras la etapa de prueba y debate, los órganosjurisdiccionales deben razonar sus decisiones y determinar así la procedencia o no de lapretensión jurídica que da base al recurso. Por su parte, la Corte ha expresado que losEstados deben garantizar que los recursos judiciales efectivos sean resueltos de acuerdocon el artículo 8.1 de la CADH, por lo que los tribunales de justicia deben adoptardecisiones que permitan resolver el fondo de las controversias que se le planteen. 22. El derecho al plazo razonable del proceso es otro de los componentesde la garantía del debido proceso legal en sede judicial que resulta particularmenterelevante en materia del resguardo de derechos sociales. La CIDH y la Corte IDH hanidentificado ciertos criterios con miras a evaluar la razonabilidad del plazo de un proceso.Se trata de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) laconducta de las autoridades judiciales; d) la finalidad del procedimiento judicial respectivo;e) la naturaleza de los derechos en juego. 23. En diversos precedentes relativos a derechos económicos, sociales yculturales, la Comisión Interamericana ha destacado la necesidad de garantizar elprocedimiento expedito del amparo. La CIDH ha establecido que un elemento esencialde la efectividad del recurso es su oportunidad y que el derecho a la protección judicialdemanda que los tribunales dictaminen y decidan con celeridad, especialmente en casosurgentes. De esta manera, la Comisión Interamericana se ha ocupado de recalcar que,en definitiva, la obligación de conducir los procesos de manera rápida y ágil recae en losórganos encargados de administrar justicia. 24. En este orden de ideas, la CIDH ha puntualizado que el criteriorelevante a fin de evaluar el plazo razonable de los procesos, no es la cantidad de losactos que se plasmen en el expediente, sino su eficacia. 11.
5 25. Respecto a esta garantía, la CIDH también ha expresado en algunoscasos que el plazo de los procesos debe comenzar a contarse desde el inicio de lasactuaciones administrativas y no ya desde la llegada del caso a la etapa judicial. Apesar de no poder afirmarse aun la existencia de un estándar definitivamente establecidoen este punto, la jurisprudencia de la CIDH da cuenta de un principio de toma deposición del SIDH en la materia. 26. A su vez, los órganos del SIDH han precisado que la etapa de ejecuciónde las sentencias debe ser considerada parte integrante del proceso y que, enconsecuencia, debe ser contemplada a la hora de examinar la razonabilidad del plazo deun proceso judicial. Esto se debe a que el derecho de acceder a la justicia exige que lasolución final de toda controversia tenga lugar en un plazo razonable. Esta cuestión esmedular, pues en una amplia gama de procesos sociales -- en particular en materia deseguridad social -- los trámites de ejecución de sentencias se han visto seriamentedemorados y obstaculizados por normas de emergencia y defensas dilatorias a favor delos Estados. 27. Un cuarto aspecto analizado por el SIDH es el derecho a la tutelajudicial efectiva de los derechos sociales. Este derecho exige que los Estados brindenmecanismos judiciales idóneos y efectivos para la protección de los derechos sociales,tanto en su dimensión individual como colectiva. Tradicionalmente las accionesjudiciales tipificadas por el ordenamiento jurídico han sido pensadas, para la protecciónde los derechos civiles y políticos clásicos. En gran parte de los países del continente sehan establecido y regulado acciones judiciales sencillas y rápidas para amparar derechosen casos graves y urgentes. Sin embargo, es frecuente que estas acciones judiciales nofuncionen de manera adecuada para tutelar derechos sociales. En ocasiones, ellosucede por la limitación en la posibilidad de accionar de grupos o colectivos de víctimasafectadas por las violaciones, o por las demoras burocráticas en los procedimientosjudiciales que les hacen perder efectividad. También se han verificado en algunos casosproblemas para acceder al ejercicio de estas acciones, porque se excluye la tutela dealgunos derechos sociales que no se consideran derechos fundamentales, o porque seles impone requisitos procesales excesivos para su admisión. El SIDH ha intentado fijaralgunos principios básicos que esas acciones de protección urgente deben cumplir paraajustarse a la Convención Americana. El derecho a la tutela judicial efectiva requieretambién que los procedimientos judiciales destinados a proteger los derechos sociales,no presenten condiciones u obstáculos que le quiten efectividad para cumplir con losfines para los que fueron previstos. Así, el SIDH ha verificado que en ciertos casos hayfuertes obstáculos y restricciones para la ejecución de sentencias firmes contra losEstados, en especial respecto a sentencias que reconocen derechos de la seguridadsocial. La tendencia al uso de legislación de emergencia en esta materia limita laposibilidad de ejecutar obligaciones patrimoniales a los Estados, y suele otorgarprivilegios exorbitantes para la administración frente a los titulares de derechos yareconocidos en la vía judicial. 28. El artículo 25 de la Convención establece el deber estatal de crear unrecurso sencillo, rápido y efectivo para la protección y garantía de los derechoshumanos. Así, los órganos del SIDH han comenzado a delinear estándares en relacióncon los alcances de tal obligación en materia de derechos económicos, sociales yculturales. En este sentido, tanto la CIDH como la Corte IDH han identificado lanecesidad de proveer medidas procesales que permitan el resguardo inmediato e inclusocautelar o preventivo de los derechos sociales, a pesar de que el fondo de la cuestiónpueda llegar a demandar un análisis más prolongado en el tiempo. 29. La Comisión Interamericana ha identificado determinadascaracterísticas esenciales con las que estas medidas deben contar para ser consideradasidóneas a la luz de la Convención Americana. Así, ha postulado que debe tratarse de 12.
6recursos sencillos, urgentes, informales, accesibles y tramitados por órganosindependientes; que deben poder tramitarse como recursos individuales y como accionescautelares colectivas a fin de resguardar los derechos de un grupo determinado odeterminable; que debe garantizarse una legitimación activa amplia a su respecto; quedeben ostentar la posibilidad de acceder a instancias judiciales nacionales ante el temorde parcialidad en el actuar de la justicia local y, por último, que debe preverse laaplicación de estas medidas de protección en consulta con los afectados. 30. En este punto, la CIDH ha destacado que al tratarse de acciones deprotección de derechos fundamentales en casos que requieren de una respuestaurgente, la formalidad de la prueba no debe ser la misma que aquella que se demanda enlos procesos ordinarios. Esto pues, la idea que subyace a esta tutela de tipo cautelar esque en el corto plazo se adopten las provisiones necesarias para la protección inmediatade los derechos en juego. 31. De manera paralela, en años recientes la Corte IDH y la CIDH hanreconocido la necesidad de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, ya nosólo en su dimensión individual, sino también en su dimensión colectiva. En este marco,el SIDH ha comenzado a delinear estándares sobre los mecanismos de tutela judicialtendientes a garantizar el litigio colectivo y especialmente, en relación con el alcance dela obligación de los Estados de proveer este tipo de procedimientos de reclamo. Esposible observar que el SIDH ha atravesado una clara evolución en esta materia, encuanto ha reconocido expresamente la dimensión colectiva de determinados derechos yla necesidad de esbozar y poner en práctica dispositivos jurídicos con miras a garantizarplenamente tal dimensión. De esta manera, se evidencian los mayores alcances que losórganos del SIDH le han reconocido a la garantía prevista en el artículo 25 de laConvención Americana, a fin de contemplar en su marco, la tutela judicial efectiva dederechos colectivos. 32. A su vez, la jurisprudencia del SIDH también se muestra últimamentemás firme y asentada a la hora de exigir la efectiva vigencia del derecho a la tutelajudicial efectiva de derechos económicos, sociales y culturales en su dimensiónindividual. En este aspecto, por ejemplo, la Corte IDH ha reconocido la necesidad deque los Estados diseñen e implementen mecanismos jurídicos efectivos de reclamo parala tutela de derechos sociales esenciales, como los derechos de los trabajadores. 33. Por último, vale mencionar que en los últimos años el Sistema ha dadopasos importantes en el trazado de estándares sobre la obligación estatal de instaurarmecanismos que aseguren la efectiva ejecución de las sentencias que dicta el PoderJudicial de cada Estado. En este sentido, la Comisión Interamericana se ha ocupado desubrayar ciertos rasgos distintivos de un proceso de ejecución de sentencia, cuandoaquel que debe obedecerla no es otro que el Estado. De esta manera, ha recalcado queel deber estatal de garantizar la observancia de los fallos judiciales alcanza particularimportancia cuando quien debe cumplir la sentencia es un órgano del poder ejecutivo,legislativo o judicial, provincial o municipal, de la administración central odescentralizada, de empresas o institutos públicos, o cualquier otro órgano similar. Loanterior se debe a que tales órganos, al ser estatales, suelen tener privilegios procesales,como la inembargabilidad de sus bienes. De acuerdo con la CIDH, dichos órganospueden tener una inclinación a usar su poder y sus privilegios para tratar de ignorar lassentencias judiciales dictadas en contra de ellos. La Comisión Interamericana consideraque cuando un órgano estatal no está dispuesto a acatar una sentencia desfavorable esposible que intente desconocer el mandato judicial mediante su absoluta falta deobservancia o que se decida por técnicas más elaborados que acarreen el mismoresultado de incumplir el fallo, pero procurando darle cierto aspecto de validez formal asu manera de actuar. 13.
7 34. La CIDH ha sostenido en diversas oportunidades que el incumplimientode una orden judicial firme configura una violación continuada del artículo 25 de laConvención Americana. En este punto, la Comisión Interamericana incluso ha trazadoun incipiente estándar por el que ha postulado que el incumplimiento de fallos judicialesque tutelan derechos sociales tales como el derecho a la seguridad social, puede llegar acaracterizar también una violación del artículo 26 de la Convención Americana. 35. A la vez, la CIDH ha determinado que el derecho a la tutela judicialefectiva requiere del acatamiento de las decisiones cautelares judiciales. Por lo tanto, elincumplimiento de dichas medidas también puede conllevar la vulneración de estederecho. 36. La Comisión Interamericana también ha delineado un estándarrelevante en relación con los límites del accionar exigible a las víctimas a fin de lograr elacatamiento de las mandas judiciales a su favor. Así, ha manifestado que los Estadosdeben garantizar el cumplimiento de dichas decisiones judiciales de forma inmediata ysin requerir a los afectados que impulsen acciones adicionales de acatamiento, sea en elámbito penal, administrativo o cualquier otro. 37. En paralelo, la CIDH también ha sido enfática en cuanto a la necesidadde garantizar el cumplimiento de decisiones administrativas. Así ha considerado lanecesidad de dotar de eficacia a los dispositivos utilizados por la Administración paralograr el acatamiento de las órdenes emanadas de las autoridades administrativas. 38. Por su parte, tanto la Corte IDH como la Comisión Interamericana hancomenzado a desarrollar estándares de importancia en relación con el diseño y puesta enpráctica de mecanismos eficaces de ejecución de sentencias. En este orden de ideas,ha expresado que la responsabilidad de las autoridades estatales no concluye cuando elsistema de justicia dicta sentencia definitiva y esta queda firme. La Corte entiende queel Estado, a partir de este momento, debe garantizar los medios necesarios a fin deposibilitar la efectiva ejecución de dicha decisión definitiva. En efecto, el derecho a laprotección judicial resultaría ilusorio si el ordenamiento jurídico interno de los Estadosdiera lugar a que un mandato judicial final y obligatorio persista ineficaz en detrimentode una de las partes. 39. En esta línea, el Tribunal ha considerado que para hablar de "recursosjudiciales efectivos" no alcanza con que en los procesos se dicten resolucionesdefinitivas en las que se decida el resguardo de los derechos en juego ya que la etapa deejecución de tales decisiones también debe ser entendida como parte integrante delderecho a la tutela judicial efectiva. A la vez, la Corte ha sostenido que en el caso defallos en materia de acciones de garantía, atento a la particular naturaleza de losderechos protegidos, el Estado debe acatarlos en el menor tiempo posible, adoptandotodas las medidas necesarias al efecto. En este punto, la Corte es enfática al afirmarque las normas presupuestarias no pueden justificar una demora prolongada en el tiempoen el acatamiento de las decisiones judiciales que resguardan derechos humanos. 40. Así, la Corte IDH ha entendido que la demora en la ejecución de lasentencia no puede ser tal que conlleve una mayor afectación de los derechosprotegidos en la decisión y, en consecuencia, desvirtúe el derecho a la protecciónjudicial efectiva. I. INTRODUCCIÓN 41. El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrolladoestándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole queresulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos 14.
8fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa --de noimpedir el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente positiva, de organizar elaparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos,para lo cual los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales oeconómicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. 42. En los últimos años, el Sistema Interamericano ha reconocido lanecesidad de comenzar a delinear principios y estándares sobre los alcances de losderechos al debido proceso judicial y a la tutela judicial efectiva, en casos queinvolucran la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. 43. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana ha elaborado elpresente estudio a fin de revisar y sistematizar la jurisprudencia del SIDH, tanto de laCIDH como de la Corte, sobre cuatro temas centrales que ha estimado prioritariosrespecto a la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales: 1)lLa obligación de remover obstáculos económicos para garantizar el acceso a lostribunales; 2) los componentes del debido proceso en los procedimientos administrativosrelativos a derechos sociales; 3) los componentes del debido proceso en losprocedimientos judiciales relativos a derechos sociales y; 4) los componentes delderecho a la tutela judicial efectiva de derechos sociales, individuales y colectivos. 44. Estos estándares tienen un importante valor como guía deinterpretación de la Convención Americana para los tribunales nacionales. Además,pueden contribuir a mejorar la institucionalidad de las políticas y servicios sociales en lospaíses americanos, fortalecimiento de los sistemas de fiscalización, transparencia yrendición de cuentas, así como los mecanismos de participación y vigilancia social de laspolíticas públicas en esta materia. La reseña de la jurisprudencia del sistemainteramericano contribuye además a mejorar el diagnóstico de los principales problemasregionales en el acceso a los sistemas de justicia. Si bien los casos no puedenconsiderarse absolutamente representativos de los problemas sociales e institucionalesde los países de la región, si puede afirmarse que el sistema de peticiones es una buenacaja de resonancia de esos problemas. 45. El presente estudio procura relevar y sistematizar los principalesestándares fijados por la CIDH en sus informes sobre peticiones, informes de país einformes temáticos, así como la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte IDH.El estudio tiene una finalidad meramente descriptiva y no realiza un examen de lajurisprudencia reseñada. Su análisis se limita a ordenar los precedentes por temasafines, y a relacionar los principios y estándares fijados con los problemas concretos ylas situaciones de hecho examinadas en cada caso. La CIDH entiende que estasistematización puede contribuir a una mejor comprensión y difusión de sujurisprudencia a fin de que sirva como guía para la aplicación de los instrumentosinternacionales de derechos humanos en los países de la región. 46. El presente estudio sirve también como base a la CIDH para laelaboración de su propuesta de indicadores de medición de progreso en derechoseconómicos, sociales y culturales para su aplicación por el órgano de supervisión delProtocolo de San Salvador. En la propuesta de la CIDH al Consejo Permanente de laOEA, denominada "Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso enderechos económicos, sociales y culturales", se recomienda la incorporación deindicadores sobre acceso a la justicia, cuya formulación se basa fundamentalmente enlos estándares y problemas examinados en este estudio. 47. La CIDH entiende que este documento puede servir además como basepara una investigación más amplia sobre el tema que apunte a relevar información sobrelos obstáculos, problemas, desafíos y avances en el cumplimiento del deber de los 15.
9Estados de asegurar a las personas acceso a la justicia para la protección de susderechos económicos, sociales y culturales. II. EL DERECHO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y LA OBLIGACIÓN DE REMOVER OBSTÁCULOS ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR DERECHOS SOCIALES 48. Numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a la justicia,como la disponibilidad de la defensa pública gratuita para las personas sin recursos y loscostos del proceso, resultan asuntos de inestimable valor instrumental para laexigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, escomún que la desigual situación económica o social de los litigantes se refleje en unadesigual posibilidad de defensa en juicio. Un primer aspecto en relación con losalcances del derecho a acceder a la justicia está dado por los obstáculos económicos ofinancieros en el acceso a los tribunales, y por el alcance de la obligación positiva delEstado de remover esos obstáculos para garantizar un efectivo derecho a ser oído por untribunal. 49. Las políticas que apuntan a garantizar servicios jurídicos a personascarentes de recursos actúan como mecanismos para compensar situaciones dedesigualdad material que afectan la defensa eficaz de los propios intereses. Por talmotivo, son quizás las políticas judiciales que se relacionan con las políticas y serviciossociales. Se trata, entonces, de un tema en el que vale la pena precisar el alcance delos deberes estatales, y los principios que deben caracterizar la organización yprestación de este tipo de servicios, como herramienta indispensable para asegurar elejercicio de los derechos humanos por los sectores excluidos o en situaciones depobreza. 50. El SIDH ha reconocido el rol esencial que le compete a la realización delderecho de acceder a la justicia en la garantía de los derechos fundamentales en generaly de los derechos sociales en particular, y ha fijado una serie de estándares con impactoen el funcionamiento de los sistemas judiciales en la región. A. La obligación de proveer servicios de asistencia jurídica gratuita 51. La Opinión Consultiva No. 11/90 de la Corte Interamericana deDerechos Humanos ("OC-11/90 ") 1 resultó la primer oportunidad en que el SIDH serefirió en particular a la necesidad de remover obstáculos en el acceso a la justicia quepudieran originarse en la posición económica de las personas 2. En dicha ocasión, la 1 Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 deagosto de 1990. Serie A No. 11. 2 En el sistema europeo, dicha problemática fue analizada más de una década antes en elmarco del caso Airey. La señora Johana Airey no pudo encontrar un abogado que la asistiera en elprocedimiento de separación judicial de su esposo ante la High Court del estado de Irlanda. En esepaís el procedimiento de separación judicial sólo podía tramitarse ante ese tribunal que por sujerarquía y procedimientos requería el auxilio de abogados cuyos honorarios eran excesivos para lareclamante. La complejidad probatoria del proceso y la práctica habitual de ese Tribunal hacían pocoprobable que la reclamante pudiera llevar adelante su separación sin patrocinio letrado, aun cuandola legislación irlandesa no lo impedía expresamente. Irlanda no había organizado hasta esemomento un sistema de asistencia jurídica gratuita que incluyera asuntos de familia. La reclamanteinvocaba la violación entre otras normas del artículo 6.1 del CEDH, que consagra el derecho deacceso efectivo ante los Tribunales. En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosestimó que no existía un deber concreto de Irlanda - como parte del Convenio Europeo sobreDerechos Humanos - de proveer asistencia jurídica gratuita en materia civil, pues correspondía acada Estado la elección de las medidas razonables para garantizar el acceso a la justicia removiendo Continúa… 16.
10CIDH había sometido a la Corte IDH una solicitud de opinión consultiva por la que, entreotras cuestiones, inquirió si debía aplicarse el requisito de agotar los recursos jurídicosinternos a un indigente que, debido a circunstancias económicas, no era capaz de haceruso de los recursos jurídicos de su país 3. 52. En este marco, la Corte IDH reafirmó la prohibición de discriminar sobrela base de la posición económica de las personas y destacó que "…si una persona quebusca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la Convención Americanale garantiza, encuentra que su posición económica (en este caso, su indigencia) leimpide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legal necesaria (…) quedadiscriminada por motivo de su posición económica y colocada en condiciones dedesigualdad ante la ley" 4. (el destacado es propio) 53. En esta ocasión, a pesar de reconocer la obligación positiva del Estadode garantizar el acceso a la justicia, la Corte solo avanzó hasta precisar que "lascircunstancias de un procedimiento particular, su significación, su carácter y sucontexto en un sistema legal particular, son factores que fundamentan la determinaciónde si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso" 5. 54. Tiempo después, y en el marco de otra opinión consultiva, la Cortevolvió a referirse expresamente al deber estatal de proveer servicios de asistenciajurídica gratuita. En este sentido, en la Opinión Consultiva 18/03, "Condición Jurídica yDerechos de los Migrantes Indocumentados” 6, la Corte estableció que la negativa a…continuaciónlos obstáculos materiales apuntados (la asistencia jurídica puede ser un medio, pero hay otros,como la simplificación de los procedimientos). Sin embargo, en el caso concreto de la Sra. Airey -quien no pudo encontrar un abogado que la asistiese en el procedimiento de separación judicial antela imposibilidad de afrontar las costas que demandaba esa actuación-, el Estado no habíagarantizado su derecho de efectivo acceso a la justicia violando de tal modo el artículo 6.1 delCEDH. Cfr. TEDH, caso Airey del 9 de octubre de 1979 (Pub. TEDH, Serie A, No. 32), que puedeconsultarse en castellano en Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 25 años de jurisprudencia1959-1983, cit., páginas 563-577. En casos más recientes, el TEDH ha vuelto a referirse a la obligación de proveer serviciosde asistencia jurídica gratuita en aquellos supuestos en los que la ausencia de un abogado puedarepresentar una violación al derecho de acceder a la justicia. Ver al respecto, por ejemplo, TEDH,“Steel y Morris v. Reino Unido”, sentencia del 15 de febrero de 2005. 3 Cfr. Opinión Consultiva OC-11/90, cit., párrafo 2. 4 Cfr. Opinión Consultiva OC-11/90, cit., párrafo 22. En este punto, es dable destacar queesta jurisprudencia se extiende también a la vulneración de derechos fundamentales reconocidospor la Constitución o la ley. Ello, conforme el artículo 25.1 de la CADH. 5 Cfr. Opinión Consultiva OC-11/90, cit., párrafo 28. En cuanto hace a la consultaespecífica remitida por la CIDH, la Corte concluyó que "si un individuo requiere efectivamenteasistencia legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su indigencia le impideobtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos". Cfr. Opinión Consultiva OC-11/90, cit.,párrafo 31. 6 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. OpiniónConsultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. El 10 de mayo de 2002, México sometió a la Corte IDH una solicitud de opiniónconsultiva sobre la " [...] privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales [a lostrabajadores migrantes,] y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos degarantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva dela ley consagrados en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; asícomo con la subordinación o condicionamiento de la observancia de las obligaciones impuestas porel derecho internacional de los derechos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes, frente a Continúa… 17.
11prestar un servicio público gratuito de defensa legal a las personas sin recursos,constituye una vulneración del debido proceso y del derecho a la protección judicialefectiva. En ese documento, la Corte fijó el estándar referido en los siguientes términos: Se vulnera el derecho a las garantías y a la protección judicial por varios motivos: por el riesgo de la persona cuando acude a las instancias administrativas o judiciales de ser deportada, expulsada o privada de su libertad, y por la negativa de la prestación de un servicio público gratuito de defensa legal a su favor, lo cual impide que se hagan valer los derechos en juicio.” 7 (el destacado es propio) 55. Cabe citar aquí el "Informe sobre la situación de los derechos humanosen Ecuador" 8, que elaborara la CIDH en 1997. En dicho informe, la ComisiónInteramericana se refirió a la importancia de proveer servicios jurídicos gratuitos a fin decumplir con el mandato de la Convención Americana. La CIDH destacó: Las leyes del país requieren que las personas estén representadas por un abogado para poder tener acceso a la protección judicial. Según el sistema actual, los litigantes que no tienen los medios para contratar los servicios de un abogado de su elección deben esperar hasta que haya un defensor público disponible. Esas personas tienen que esperar a menudo por largos períodos para tener acceso a la justicia. Esto va claramente contra los dictados de la Convención Americana (…) la discriminación en el ejercicio o disponibilidad de las garantías judiciales por razones de situación económica está prohibida según las disposiciones de los artículos 1.1, 8 y 24 de la Convención Americana (…) En vista de que los demandantes deben estar representados por un abogado para poder presentar sus reclamos, debe aumentarse el número de defensores públicos disponibles para asesorarlos, de manera tal que este servicio esté al alcance de toda persona que lo necesite para tener acceso a la protección judicial y para defender un derecho protegido. 9. 56. Ahora bien, la CIDH no sólo ha recibido ya el estándar general por elque se establece la obligación estatal de brindar asistencia legal gratuita a las personassin recursos 10, sino que ha precisado una serie de criterios tendientes a determinar su…continuaciónla consecución de ciertos objetivos de política interna de un Estado americano”. El resultado dedicha consulta es la OC-18/03. 7 Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, cit., párrafo126. 8 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 24 de abril de1997, (OEA/Ser.L/V/II.96). 9 Ver al respecto, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, Cit.,Capítulo III. Es dable citar aquí también el reciente informe Las mujeres frente a la violencia y ladiscriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Entre las conclusiones yrecomendaciones en materia de administración de justicia, se establece allí la necesidad de“incrementar el acceso al patrocinio jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia ydiscriminación”. Cfr. CIDH, Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas delconflicto armado en Colombia, 18 octubre 2006 (OEA/SER.L/V/II., doc. 67), Capítulo VI,párrafo 51. 10 Ver al respecto, CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 octubre2002 (OEA/Ser.L/V/ll.116), párrafo 236. Allí, por ejemplo, la Comisión reafirma la necesidad degarantizar un servicio de patrocinio jurídico gratuito en todo proceso tendiente a la determinación dederechos, estableciendo concretamente que: “…Tanto la Comisión como la Corte Interamericanahan observado a este respecto que en los procesos penales y en los que se relacionan con derechos Continúa… 18.
12procedencia en casos concretos. Así, en su "Informe sobre Terrorismo y DerechosHumanos " 11, la Comisión Interamericana ha señalado los siguientes factores al efectode dicha determinación: a) la disponibilidad de recursos por parte de la personaafectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso y c) la importanciade los derechos afectados 12. 57. En el caso "Andrew Harte y Familia", la CIDH se abocó a delinearciertas pautas en relación con la prueba requerida a fin de acreditar la imposibilidad deacceder a la justicia por razones económicas. El señor Harte era ciudadano guyanés yresidente permanente en Canadá. En 1994, Canadá ordenó su deportación en virtud demúltiples condenas penales. La deportación del señor Harte a Guyana se habíaprogramado para octubre de 1997. En febrero de 1998, el señor Harte solicitó un‘permiso del Ministro’ que le permitiera permanecer en Canadá. El Estado denegó susolicitud en agosto de 1998, con el alegato de que el procedimiento correcto era lasolicitud de permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas. Elpeticionario sostuvo que no tenía dinero ni acceso a la asistencia legal que requería parasolicitar la revisión judicial de esta decisión. 58. En su petición el señor Harte argumentó que se le denegó acceso a losrecursos de la jurisdicción interna en razón de su indigencia y por no haber tenidoacceso a la asistencia legal en coyunturas críticas de los procesos jurídicos internos.Aunque Canadá no es parte de la Convención Americana, la CIDH consideró aplicable asu respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH, y en consecuencia, las prescripciones dela OC-11/90. 59. Bajo los parámetros sentados por la Corte en dicha opinión consultiva,la CIDH examinó la situación del señor Harte, y en su análisis de admisibilidad manifestóque: La afirmación de indigencia del Sr. Harte se relaciona con su supuesta imposibilidad de tener acceso a la asistencia legal en términos generales y, en particular, con su supuesta imposibilidad de costear las cuotas que requiere el Estado para la solicitud de permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas. En una declaración jurada presentada a su nombre a la Comisión, el Sr. Harte declaró que está desempleado y que su fianza se pagó en virtud de un préstamo obtenido por su madre y no con recursos propios. El Sr. Harte declaró también que él y sus hijos residen con su madre, y que él es el único responsable de su cuidado, pues la madre de los menores es incapaz de…continuacióny obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de otra índole, las personas indigentes tienenderecho a un abogado gratuito cuando dicha asistencia sea necesaria para un juicio justo…”. 11 En diciembre de 2001, la Comisión decidió realizar un estudio en el cual reafirmaría yelaboraría la manera en que los requerimientos internacionales de derechos humanos regulan elcomportamiento de los Estados en su respuesta a las amenazas terroristas. En este sentido, laComisión se impuso la tarea de aportar un análisis oportuno y minucioso de las principalesimplicaciones para los derechos humanos de los esfuerzos emprendidos por los Estados pararesponder a las amenazas terroristas. Lo ha realizado desarrollando esos esfuerzos dentro del marcoestablecido por ciertos derechos humanos internacionales fundamentales, en particular, el derecho ala vida, el derecho a un trato humano, el derecho a la libertad y la seguridad personales, el derechoa un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial. Elproducto de este trabajo es el “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos”. Cfr. “Informesobre Terrorismo y Derechos Humanos”, cit., párrafos 6 y 7. 12 Cfr. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, cit., párrafo 341. 19.
13 encargarse de ellos debido a su enfermedad mental. La Comisión no recibió información ni pruebas adicionales que apoyaran la indigencia alegada por el Sr. Harte. (…) la Comisión ha observado previamente que “las alegaciones de indigencia no son suficientes sin otras pruebas producidas por el peticionario para demostrar que se vio impedido de invocar y agotar los recursos internos…” (…) En opinión de la Comisión, la declaración jurada de indigencia del Sr. Harte sin pruebas que la corroboren no es suficiente para establecer que la “indigencia” impidió que el peticionario invocara y agotara los recursos internos en Canadá. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Sr. Harte no se vio impedido por indigencia de tener acceso a la asistencia legal necesaria para invocar los recursos internos o de pagar las cuotas requeridas para solicitar su permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas… 13 (el destacado es propio) 60. A la vez, el peticionario sostuvo que no pudo valerse de las clínicaslegales comunitarias, ya que éstas no contaban "con los recursos ni la competencia paramanejar casos como el del señor Harte" 14. A su turno, el Estado acompañó una amplialista de instituciones en las que se proveía asistencia legal gratuita. En este marco, laComisión Interamericana manifestó que las pruebas de la disponibilidad de asistencialegal aportadas por el Estado, no fueron refutadas por las afirmaciones en gran medidagenerales y no corroboradas del peticionario de que se le negó la asistencia legal y deque las clínicas legales comunitarias no eran capaces de prestar esta asistencia. LaCIDH concluyó entonces que el señor Harte tuvo a su disposición asistencia legal parainvocar los recursos internos y procedió a declarar la inadmisibilidad del caso. 61. Este caso permitió a la CIDH determinar un estándar de relevancia en lamateria. Así, se estableció que no basta con la alegación de encontrarse en unasituación de indigencia e imposibilidad de contar con asistencia legal, sino que ésta debeser suficientemente corroborada con el correspondiente material probatorio 15. 62. En paralelo, la CIDH ha avanzado en la identificación de ciertasacciones judiciales para cuya interposición y seguimiento, ha considerado indispensablela provisión de asistencia jurídica gratuita, a fin de cumplir con el mandato de la CADH. 13 CIDH, Informe Nº 81/05, Petición 11.862, Inadmisibilidad, Andrew Harte y Familia,Canadá, 24 de octubre de 2005. 14 Cfr. Andrew Harte y Familia, cit., párrafo 82. 15 La CIDH ya se había referido a la necesidad de acreditar suficientemente la situación deindigencia alegada, en su informe de inadmisibilidad en el caso “Rosa Margarita Aráuz y otros”. Allí,la CIDH expresó: “…Los peticionarios sólo aportaron como prueba de su situación económicadiferentes informes como el Informe del Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas ySociales, el Informe del Banco Central de Nicaragua correspondiente al año 1994, y el Informe de1995 del Banco Interamericano de Desarrollo correspondiente a Nicaragua. Sin embargo, estosestudios no prueban específicamente la situación económica de cada uno de los recurrentes; noexisten en el expediente constancias suficientes que permitan sustentar que los ocho mil doscientosochenta y ocho (8.288) demandantes sean indigentes o se encuentren imposibilitados de rendir lafianza exigida por los tribunales nicaragüenses (…) La exigencia del afianzamiento de costas porparte de los demandantes para ser oídos en un proceso judicial y la imposibilidad material de éstosde rendir la fianza fijada, debió ser probada en forma casuística y no de manera general, como lohicieron los peticionarios a través de los informes mencionados; este hecho generó que sedeclararan desiertas las acciones iniciadas en las diferentes instancias (…) La Comisión consideraque en el presente caso no surgen de la exposición de los peticionarios los fundamentos oelementos de prueba suficientes que permitan imputar responsabilidad al Estado nicaragüense porviolaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana…” Cfr. Informe N º 101/00,Caso 11.630, Rosa Margarita Aráuz y otros, Nicaragua, 16 de octubre de 2000, párrafos 55, 57. 20.
14 63. En su informe de fondo en el caso de Whitley Myrie 16 la CIDHconsideró que, de acuerdo con la CADH, el Estado está obligado a proporcionar accesoefectivo a acciones constitucionales, lo que incluye el suministro de asistencia jurídicagratuita cuando las personas carecen de recursos para promoverlas por sus propiosmedios. 64. Si bien, en este caso particular, el peticionario demandaba asistenciajurídica gratuita --atento a su situación de indigencia-- para la interposición de unaacción de impugnación constitucional tendiente a obtener la revisión de una condenapenal, el estándar fijado por la CIDH respecto a la obligación estatal de proveerasistencia jurídica, excede el marco de los procesos criminales, y está directamentevinculado con la complejidad técnica del tipo de recurso judicial que la víctima intentabaplantear en el caso. Así, la CIDH considera el argumento de que las acciones deinconstitucionalidad requieren "arduas y complicadas cuestiones de derecho" que hacennecesaria la asistencia letrada. 65. Por último, en su reciente informe "Acceso a la justicia para lasmujeres víctimas de violencia en las Américas" 17, la CIDH volvió a destacar la necesidadde paliar situaciones de desventaja económica y la consiguiente obligación de acrecentarla provisión de servicios de asistencia jurídica gratuita. En este sentido, la CIDH remarcó: La CIDH ha constatado la gran divergencia que existe entre el acceso a la justicia por parte de mujeres que tienen recursos económicos y las que se encuentran en desventaja económica. En sus respuestas al cuestionario, algunos Estados manifestaron prestar asistencia legal gratuita a las víctimas. Sin embargo, la CIDH observa que considerando la gravedad y la prevalencia del problema de la violencia contra las mujeres y su reconocimiento como un desafío prioritario, existe la necesidad de incrementar la asistencia legal gratuita…” 18 B. Los costos del proceso, la localización de los tribunales y el derecho a acceder a la justicia 66. Además de la falta de organización de servicios de patrocinio jurídicogratuito, el SIDH ha identificado otros factores que pueden redundar en la imposibilidadde acceder a la justicia: los costos de los procesos y la localización de los tribunales. 67. En la OC-11/90, la Corte reconoció expresamente que la ausencia deasistencia jurídica gratuita puede no ser el único obstáculo de tipo económico paraacceder a la justicia. Así, manifestó que los costos del proceso también resultan unfactor a considerar en este punto 19. 16 CIDH, Informe Nº 41/04, Caso 12.417, Fondo, Whitley Myrie, Jamaica, 12 de octubrede 2004. A su vez, ver a este respecto, CIDH, Informe Nº 55/02, Caso 11.765, Fondo, PaulLallion, Grenada, 21 de octubre de 2002, párrafos 91-99; CIDH, Informe Nº 56/02, Caso 12.158,Fondo, Benedict Jacob, Grenada, octubre 21, 2002, párrafos 99 a 107; CIDH, Informe Nº 49/01,Casos 11.826 (Leroy Lamey) 11.843 (Kevin Mykoo),11.846 (Milton Montique), 11.847 (DaltonDaley), Jamaica, 4 de abril de 2001, entre otros. 17 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas,2007. 18 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.párrafo 182. 19 Así, la Corte manifestó: “…29. Naturalmente que no es la ausencia de asistencia legallo único que puede impedir que un indigente agote los recursos internos. Puede suceder, incluso, Continúa… 21.
15 68. En esta línea, en su sentencia en el Caso Cantos 20, la Corte sostuvoque: Esta disposición de la Convención [8.1] consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención… 21 (el destacado es propio) 69. En dicho caso, la Corte se abocó a decidir, entre otras cuestiones, si elmonto que los tribunales argentinos le requerían al peticionario en carácter de tasa dejusticia 22, al habársele negado el acceso a un beneficio de litigar sin gastos, resultabacompatible con los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH. La Cortedestacó en su fallo: La suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho (…) Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para…continuaciónque el Estado provea asistencia legal gratuita, pero no los costos que sean necesarios para que elproceso sea el debido que ordena el artículo 8. En estos casos también la excepción es aplicable.Aquí, de nuevo, hay que tener presentes las circunstancias de cada caso y de cada sistema legalparticular (…) 30 (…) si los servicios jurídicos son necesarios por razones legales o de hecho paraque un derecho garantizado por la Convención sea reconocido y alguien no puede obtenerlos porrazón de su indigencia, estaría exento del requisito del previo agotamiento. Lo mismo es válido sinos referimos a los casos en los cuales hay que pagar alguna suma para realizar los trámites, esdecir que, si para un indigente es imposible depositar tal pago, no tendrá que agotar talprocedimiento, a menos que el Estado provea mecanismos distintos…” (el destacado es propio).Cfr. Opinión Consultiva OC-11/90, cit., párrafos 29 y 30. 20 Corte I.D.H., "Caso Cantos". Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97. 21 Cfr. “Caso Cantos”, op cit., párrafo 50. 22 El reclamo planteado por el señor Cantos en el caso, ante la Corte Suprema de Justiciade la Argentina ascendía a 2.780.015.303,44 pesos argentinos. De acuerdo con la ley Argentina, latasa de justicia por abonar era equivalente a un tres por ciento del total del valor de la litis. La tasade justicia es la suma de dinero que todo demandante judicial debe pagar para tener acceso a lajusticia y según las leyes argentinas la misma sólo responde a un porcentaje y no tiene un topemáximo. Para el caso en particular ese tres por ciento (3%) corresponde a 83.400.459,10 pesos.Cfr., Caso Cantos, cit., párrafo 53. 22.
16 forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio… 23. 70. En consecuencia, la Corte determinó que, evidentemente, el monto porcobrar en carácter de tasa de justicia obstruía, el acceso a la justicia del señor Cantos yque, en conclusión, se había configurado en el caso la violación a los artículos 8 y 25 dela Convención Americana. 71. Con miras a la remoción de este tipo de obstáculos económicos, laCIDH ha comenzado a trazar los alcances de las respectivas obligaciones estatales,tanto en cuanto hace a procesos judiciales, como en relación con el desarrollo deprocedimientos de tipo administrativos. 72. En este orden de ideas, en el Caso Yean y Bosico 24 la CIDH se refirióexpresamente a la necesidad de fijar límites en materia de costos de los procesos, a finde impedir la vulneración de derechos humanos fundamentales. 73. Dicho caso permite ilustrar con claridad diversos aspectos de larelación entre el debido proceso legal administrativo y el goce y ejercicio de los derechoshumanos. Si bien se retomará el caso en detalle más adelante, cabe destacar que laCIDH solicitó en su demanda a la Corte IDH, que le ordenara a la República Dominicanaque: …C) Cree un mecanismo jurídico que permita presentar a los individuos, en caso de controversia, sus denuncias directamente ante la instancia judicial, a fin de que sus quejas sean revisadas por un órgano judicial, independiente e imparcial. D) Que dicho mecanismo jurídico (…) provea un recurso sencillo, rápido y económico a las personas que carecen de actas de nacimiento… 25 (el destacado es propio) 74. De esta manera, la CIDH añadió una nueva característica al tipo derecursos que los Estados deben garantizar para cumplir con el mandato de la CADH.Asimismo, estableció la obligación de contemplar que el recurso judicial que seestablezca con miras a la revisión de la actuación de la Administración, no solo debe serrápido y efectivo sino también "económico". 75. En sus alegatos ante la Corte, la CIDH fijó un estándar de importanciaen materia de costos de los procedimientos administrativos. Estableció la ComisiónInteramericana que la exigencia de determinados requisitos en el trámite administrativode inscripción tardía de nacimientos en República Dominicana, que resultaban difíciles decumplir y que implicaban gastos, constituían obstáculos que impedían el goce dederechos contenidos en la CADH. Concretamente, la CIDH expresó: La Junta Central Electoral exige la presentación de una serie de documentos para proceder a una declaración tardía de nacimiento. Dichos requisitos no sólo contravienen los derechos contenidos en la Constitución y otras leyes derivadas, sino que también violan los derechos contenidos en la Convención Americana, toda vez que son 23 Cfr., “Caso Cantos”, op cit., párrafos 54 y 55. 24 Corte I.D.H., Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.Serie C No. 130. El informe de admisibilidad de la CIDH en el caso corresponde al 22 de febrero de2001. 25 Cfr. CIDH, Demanda ante la Corte IDH contra la República Dominicana, Caso 12.189,Dilcia Yean y Violeta Bosico Cofi, párrafo 218. 23.
17 difíciles de cumplir, involucran gastos y constituyen obstáculos que impiden el goce del derecho a la nacionalidad a la mayoría de menores que se encuentran en la misma situación que las niñas Dilcia y Violeta, es decir, los dominicanos de ascendencia haitiana… 26. (el destacado es propio) 76. A su vez, en el citado informe “Acceso a la justicia para las mujeresvíctimas de violencia en las Américas”, la CIDH hizo especial hincapié en el fracaso delos procesos judiciales por violencia contra las mujeres, en virtud de los costos queacarrean los procesos. 77. En este sentido, la investigación que la CIDH llevara adelante para laconfección del informe, le permitió concluir que la falta de recursos económicos para laproducción de la prueba, obstaculiza en muchos casos, el desarrollo de los procesosjudiciales en materia de violencia contra las mujeres. Concretamente, la CIDH expresó: Las fiscales entrevistadas en Tegucigalpa han expuesto como un problema la continuidad de los casos el “abandono” de las denunciantes; esto se vincula entre otros factores a la falta de recursos económicos para movilización y transporte individual y de testigos, intimidación o amenazas por parte del denunciado o el uso de vías extrajudiciales para dirimir el conflicto familiar como ser mediación ante otras instancias. En tal sentido consideramos que estos casos no deberían nominarse abandonados, puesto que las debilidades del sistema respecto a la doble victimización y las dificultades de acceso gratuito y en igualdad de condiciones a la justicia, son las que obstaculizan con mayor frecuencia el seguimiento y la culminación de los procesos indicados… 27. (el destacado es propio) 78. En el informe de referencia, la CIDH igualmente puso en evidencia otroobstáculo económico de gran relevancia en materia de acceso a la justicia: lalocalización de los tribunales. En este punto, la Comisión Interamericana destacó: La CIDH observa aún una insuficiente presencia de instancias judiciales y acompañamiento estatal disponible a las víctimas a lo largo del territorio nacional, lo que implica que las víctimas tengan que emplear significativos recursos económicos y logísticos propios para poder interponer una denuncia y para participar posteriormente en el procedimiento judicial… 28. (el destacado es propio) 79. Frente a este panorama, la Comisión Interamericana remarcó laimportancia de los dispositivos comunitarios --como los juzgados de paz y las 26 CIDH, Alegatos ante la Corte IDH en relación al Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs.República Dominicana, Sentencia del 8 de Septiembre de 2005, párrafo 111.c). 27 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 156. El informe también destaca que un estudio sobre la discriminación de género en laAdministración de justicia en Bolivia ha revelado que las mujeres desisten de usar el sistema pornumerosas razones entre las que se encuentran: “…la carencia de documentos de identidad, lapercepción del alto costo de usar el sistema judicial, la inversión de tiempo, el temor a perder eljuicio y el potencial de posibles represalias por parte del agresor, así como una percepción de laadministración de justicia como politizada y susceptible a ser comprada…” (el destacado es propio)Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, 2007, párrafo 176. 28 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 180. 24.
18defensorías comunitarias-- y la necesidad de que estos cuenten con mecanismos yrecursos que permitan garantizar su efectividad. Lo anterior con el fin de ofrecerservicios básicos a mujeres víctimas de violencia en zonas rurales, marginadas y pobres,así como información sobre procedimientos legales, apoyo en procesos administrativos yacompañamiento a las víctimas en procesos judiciales 29. 80. En línea con lo hasta aquí expuesto, en el referido informe de suRelatoría sobre los Derechos de la Mujer, la CIDH es enfática en cuanto a que hay unaserie de problemas estructurales que redundan en obstáculos de tipo económicos en elacceso a la justicia. Así, la Comisión se refiere a lo siguiente: a) la ausencia deinstancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas 30; b)la falta de patrocinio jurídico gratuito de oficio para aquellas víctimas que carecen derecursos económicos 31; c) los costo de los procesos judiciales 32. Entre lasrecomendaciones que la CIDH enuncia se encuentran: Crear instancias y recursos judiciales idóneos y efectivos en zonas rurales, marginadas y en desventaja económica, con el objeto de garantizar que todas las mujeres tengan un acceso pleno a una tutela judicial efectiva ante actos de violencia. 2. Incrementar el número de abogados de oficio disponibles para mujeres víctimas de violencia y discriminación…(el destacado es propio) 33. C. Situaciones de exclusión sistemática del acceso a la justicia 81. Recientemente, la CIDH ha comenzado a destacar la situación deciertos sectores sociales que atraviesan procesos estructurales de desigualdad yexclusión, y, se ven, consecuentemente, imposibilitados de acceder a la justicia. 82. En el Caso Simone André Diniz 34, a la denunciante se le había negadola posibilidad de obtener un empleo por ser afrodescendiente. La señora Diniz denuncióla discriminación racial sufrida, pero el Ministerio Público decidió sin más que no existíabase para impulsar una acción penal por el delito de racismo 35. El juez, a su turno, tomólos argumentos de la fiscalía y decidió el archivo de las actuaciones. 83. En su informe de fondo en el caso, la CIDH concluyó que el Estado nogarantizó el pleno derecho a la justicia y al debido proceso, pues no condujodebidamente los recursos internos para determinar la discriminación racial sufrida por la 29 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 180. Al respecto, ver también, Informe sobre la situación de los derechos humanos enEcuador, cit., Capítulo III. 30 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 10. 31 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 10. 32 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 12. 33 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,Recomendaciones Específicas. 34 CIDH, Informe Nº 66/06, Caso 12.001, fondo, Simone André Diniz, Brasil, 21 deoctubre de 2006. 35 Previsto en la Ley brasilera Nº 7.716/89. 25.
19víctima y que con ello violó los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 enconjunción con el artículo 1.1 de la Convención Americana. 84. En cuanto a la existencia de obstáculos económicos en el acceso a lostribunales para el impulso de causas por el delito de racismo, la CIDH destacó: El autor de un insulto racista en el Brasil, en la mayoría de los casos, queda impune. Según abogados de organizaciones afrobrasileras, el hecho de que el insulto racista no esté encuadrado en la Ley 7716/89, crea un obstáculo en la administración de justicia pues el insulto, según el Código Penal brasilero, es delito de acción privada y depende de la iniciativa de la víctima para ser iniciado. Por su parte, la mayoría de las víctimas de racismo en el Brasil es pobre y no tiene cómo contratar abogados… 36. 85. Se trata de un caso de enorme trascendencia en el marco del SIDH,pues la Comisión identificó expresamente la existencia de una práctica sistemática porparte del Poder Judicial de Brasil tendiente a desestimar la aplicación de la legislaciónantirracismo del país 37. En consecuencia, la Comisión Interamericana destacó que estapráctica genera una situación generalizada de desigualdad en el acceso a la justicia paraquienes son víctimas de discriminación racial 38. 86. Igualmente, en su informe “Acceso a la justicia para las mujeresvíctimas de violencia en las Américas”, la CIDH se refirió en particular a las dificultadesen el acceso a la justicia que enfrentan las mujeres afrodescendientes y los pueblosindígenas. En relación con el primer grupo, la CIDH destacó: Las mujeres afrodescendientes ubicadas en zonas rurales marginadas, cohesionadas en grupos sociales pequeños, que aún mantienen sus idiomas, tradiciones y costumbres, y en ocasiones sus propios sistemas de justicia, deberán enfrentar problemas de accesibilidad geográfica, de falta de comunicación con los operadores judiciales en sus propios idiomas, de manejo del contexto, así como de falta de recursos económicos, similares a los que deben enfrentar las mujeres indígenas y que en ocasiones, pueden configurar una doble discriminación, por ser mujer y por ser afrodescendientes (…)Esta situación no dista, de la que deben sufrir las mujeres afrodescendientes ubicadas en zonas urbanas, donde las dificultades para acceder a remedios judiciales efectivos, están asociados con su situación de marginalidad económica y con el color de la piel. Consecuentemente en aquellos espacios, donde el factor económico y de marginación social ha sido superado, las dificultades generalmente están relacionadas con el color de piel… 39. 36 Cfr. Simone André Diniz, Brasil, cit., párrafo 89. 37 Cfr. Simone André Diniz, Brasil, cit., párrafos 60, 77, 85, 87, entre otros. 38 Cfr. Simone André Diniz, Brasil, cit., párrafo 95. 39 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafos 211, 212. Al respecto, ver también CIDH, Las mujeres frente a la violencia y ladiscriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, 18 octubre 2006 (OEA/Ser.l/V/II., doc.67), Capítulos IV y V. F. 26.
20 87. La CIDH subrayó asimismo la situación que atraviesan las mujeresindígenas: La CIDH ha recibido de varias fuentes y mediante la implementación de los mecanismos del sistema interamericano, información sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, generalmente relacionados con la exclusión social y discriminación étnica que han sufrido históricamente. A lo anterior, se une la dificultad que enfrentan las mujeres indígenas por la inaccesibilidad geográfica de los territorios indígenas. Para acceder a la justicia deben realizar largas caminatas de varios días inclusive, por tierra o por agua, para llegar a la ciudad más cercana a denunciar los hechos de violencia sufridos, lo que genera además dificultades de índole probatoria. La Comisión ha sido informada que los problemas de acceso a la justicia no terminan con la llegada a la ciudad, porque ahí enfrentan otros problemas; de tipo económico, de falta de información, de ubicación en contextos urbanos y de manera muy habitual denuncian que el desconocimiento del idioma utilizado en los tribunales de justicia impide acceder a ella... 40. 88. Al considerar que estos grupos se ven particularmente afectados por lapobreza, la CIDH remarcó la obligación estatal de proveer la prestación de servicioslegales gratuitos orientados a facilitar su acceso a instancias judiciales de protección y auna mayor difusión de información sobre recursos dentro del sistema de justicia y sobresus derechos 41. D. Conclusiones 89. Los precedentes hasta aquí reseñados demuestran que el SIDH haestablecido la obligación de remover los obstáculos en el acceso a la justicia que tenganorigen en la posición económica de las personas. 90. En primer lugar, tanto la Corte IDH como la CIDH han fijado laobligación de proveer servicios jurídicos gratuitos a las personas sin recursos, a fin deevitar la vulneración de su derecho a las garantías judiciales y a la protección judicialefectiva. Con esto en miras, la Comisión ha identificado algunos criterios para ladeterminación de la procedencia de la asistencia legal gratuita en los casos concretos.Estos son: a) la disponibilidad de recursos por parte de la persona afectada; b) lacomplejidad de las cuestiones involucradas en el caso; y c) la importancia de losderechos afectados. 91. Al mismo tiempo, la CIDH ha determinado que ciertas accionesjudiciales requieren necesariamente de asistencia jurídica gratuita para su interposición yseguimiento. Así, la Comisión Interamericana ha entendido que la complejidad técnicade las acciones constitucionales, establece la obligación de proporcionar asistencia legalgratuita para su efectiva promoción. 92. En segundo lugar, el SIDH ha establecido que los costos del proceso --sea éste judicial o administrativo-- y la localización de los tribunales son factores que 40 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 199. 41 Cfr. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, cit.,párrafo 215. 27.
21también pueden redundar en la imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuenteviolación del derecho a las garantías judiciales. 93. De esta manera, los órganos del SIDH han determinado que un procesoque demande excesivos costos para su desarrollo, vulnera sin más, el artículo 8 de laConvención Americana. La Comisión interamericana, en este punto, ha establecido queel recurso judicial que se establezca para revisar el actuar de la Administración, no sólodebe ser rápido y efectivo, sino también "económico". 94. Por último, el SIDH ha comenzado a identificar situaciones desistemática exclusión en el acceso a la justicia respecto de sectores particularmentevulnerables de la sociedad. En estos casos, la CIDH ha destacado la obligación estatalde proveer servicios legales gratuitos y de reforzar los dispositivos comunitarios alefecto, a fin de facilitar a estos grupos el acceso a instancias judiciales de protección ya una mayor difusión de información sobre los recursos dentro del sistema de justicia ysobre sus derechos. III. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES 95. Un segundo aspecto a considerar en materia de acceso a la justicia ytutela efectiva de derechos económicos, sociales y culturales es el debido proceso en laesfera administrativa, en la que se dirimen la mayoría de las adjudicaciones deprestaciones sociales. Ni el área de las políticas sociales, ni las prestaciones estatalesen materia social, han estado guiadas en su organización y funcionamiento por unalógica de derechos. Por el contrario, las prestaciones se han organizado y brindadomayormente bajo la lógica inversa de beneficios asistenciales, por lo que este campo deactuación de las administraciones públicas ha quedado tradicionalmente reservado a ladiscrecionalidad política, más allá de que haya algunos controles institucionales. 96. Las funciones sociales del Estado se han ampliado a áreas tales comosalud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, consumo o promoción de laparticipación de grupos sociales desaventajados. Sin embargo, ello no se ha traducidonecesariamente, desde el punto de vista técnico, en la configuración concreta dederechos. En muchos casos, el Estado asumió esas funciones a partir de intervencionesdiscrecionales o de formas de organización de su actividad, como la provisión deservicios públicos, o la elaboración de programas o planes sociales focalizados. Elefecto social y económico de tales funciones no se asigna particularmente a sujetostitulares de derechos, sean éstos individuales o colectivos. Sin embargo, no hayimposibilidad teórica o práctica alguna de configurar derechos exigibles también en estoscampos, de modo de sumar a los mecanismos de control institucional, administrativos opolíticos, el control que puedan ejercer sobre los prestadores o funcionarios, laspersonas que ejercen derechos vinculados a esas prestaciones sociales. No hay motivosque impidan reconocer la posibilidad de demandar en el plano de las políticas socialesderechos civiles, tales como el derecho de igualdad y no discriminación, el derecho deacceso a la información, ni derechos sociales que fijen marcos y mínimos a esaspolíticas. Es indudable que una perspectiva de derechos en la formulación de los planesdebe conducir a contemplar, en su ingeniería institucional, los estándares básicos deldebido proceso legal. 97. En este orden de ideas, el SIDH ha fijado posición sobre la aplicaciónde las garantías del debido proceso legal en ámbitos administrativos. Así, haestablecido la obligación de los Estados de contar con reglas claras para elcomportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados dediscrecionalidad en la esfera administrativa, que puedan fomentar prácticas arbitrarias odiscriminatorias. Al mismo tiempo, el SIDH ha avanzado en la identificación de ciertos 28.
22estándares del debido proceso legal que deben regir los procedimientos administrativos,tales como el plazo razonable, el derecho a la revisión judicial de decisionesadministrativas, a contar con un abogado, a una decisión fundada, a la publicidad delactuar de la administración, entre otros. A. El debido proceso en la esfera administrativa 98. En el marco del sistema interamericano, es clara la vigencia de lasreglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados aderechos sociales. En efecto, la norma rectora de la garantía destaca expresamente suaplicabilidad a cualquier proceso en el que se determinen derechos y obligaciones deorden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole 42. 99. La Corte IDH ha tenido oportunidad de remarcar la plena aplicabilidadde la garantía en sede administrativa. Se ha expresado en tal sentido en el análisis decasos y situaciones que involucran derechos de los trabajadores, de los migrantes, delos pueblos indígenas. A la vez, recientemente se ha abocado al desarrollo deestándares en materia de la vinculación entre el debido proceso administrativo y elderecho de acceder a la información pública, en un caso vinculado al resguardo delmedio ambiente. 100. En el Caso Baena Ricardo y otros 43, los peticionarios eran 270empleados públicos que habían sido destituidos de sus cargos, acusándoseles decomplicidad con una asonada militar, por haber participado en una manifestación porreclamos laborales 44, que coincidió con un intento de levantamiento de fuerzas militares.En un principio, los despidos tuvieron lugar mediante comunicación escrita, expedida enla mayoría de los casos por el Director General o Ejecutivo de la entidad, por orden delPresidente de la República, basada en la participación en las medidas de fuerzasupuestamente ilegales. Luego, con la sanción de una norma especial al efecto --la 42 El artículo 8.1 de la CADH establece: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". 43 Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie CNo. 72. 44 Los trabajadores habían participado de una marcha y de un paro de 24 horas, ambosconvocados por la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales del país en reclamo de unaserie de reivindicaciones laborales. De conformidad con el pliego que la Coordinadora de Sindicatosde Empresas Estatales le presentara al Estado, y ante cuyo rechazo se dispusieron las medidas defuerza, las peticiones consistían en: "…la no privatización de las empresas estatales; la derogaciónde las leyes que reformaban el Código de Trabajo; el cese de los despidos y el reintegro inmediatode los dirigentes del sector estatal; el pago de las bonificaciones y del décimotercer mes; el respetoa las leyes laborales, reglamentos internos, y los acuerdos pactados con las organizaciones delsector estatal; el respeto a las organizaciones laborales y sus dirigentes; la derogación de losdecretos de guerra y los decretos antiobreros; el cumplimiento de los manuales de cargos yfunciones, clasificaciones, escalas salariales y evaluaciones; la ratificación e implementación delConvenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el respeto de la autonomía de lasentidades estatales; la aprobación de una "Carrera Administrativa, científica y democrática"; la nomodificación de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social y demás leyes sociales que pretendíandisminuir los beneficios que ellas contemplaban; respuesta satisfactoria a la situación del sector delos trabajadores de la construcción…" Cfr. Caso Baena Ricardo y otros, cit., párrafo 88. a. Recommended