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Timestamp: 2019-03-26 09:29:03
Document Index: 291754497

Matched Legal Cases: ['Artículo 68', 'ARTÍCULO 42', 'artículo 68', 'artículo 81', 'artículo 68', 'artículo 237', 'artículo 14', 'artículo 68', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 79', 'artículo 46', 'artículo 68', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 144', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 144', 'artículo 20', 'artículo 40', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 137', 'artículo 38']

ACTUACIONES INVEROSIMILES Y/O SIMULADAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES Y SU IMPUGNACIÓN
Publicado el 11 Nov a las 00:09h
La Presunción de Legalidad No es Irrestricta
Por: C.P. y L.D. Claudio Jasso González
Estimado lector, me resulta grato colaborar en esta edición con análisis, líneas de pensamiento, argumentos y agravios para la debida defensa fiscal estratégica en contra de las arbitrarias actuaciones de las autoridades fiscales. En la presente colaboración detectaremos y analizaremos aquellas actuaciones de los autoridades que resultan por demás inverosímiles y/o simuladas, al trastocar la lógica y razonabilidad rayando en lo absurdo, lo que nos da grandes oportunidades de obtener resultados favorables en los medios de defensa si sabemos argumentar dichas ilegalidades.
Lo anterior es debido a que constantemente los visitadores, notificadores, ejecutores, etc. a lo largo y ancho del país, llevan a cabo diversas actuaciones (actas de visita, constancias de notificación, actuaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución, etc.) que rayan y atentan contra la lógica, la razón y la sana crítica, resultando inverosímil y no creíble (casi casi imposible) el contenido asentado en dichas actuaciones y/o documentales, por lo que pueden haber casos en los que a pesar de que en dichas acuaciones las autoridades hubieren plasmado o señalado ciertos hechos o circunstancas, éstos serán nulos e ilegales de pleno derecho al contravenir la lógica, la sana crítica y la razonabilidad.
Por lo que en este espacio, analizaremos que la presunción de legalidad de los actos de la autoridad no es irrestricta, y compartiré algunos tips o consejos estratégicos para poder desvirtuarla e impugnarla debidamente, aclarando que los ejemplos y sugerencias aquí expuestos son enunciativos, más no limitativos, ya que cada caso tiene sus particularidades, además de que dependerá de la creatividad, imaginación y estilo de cada litigante o asesor el preparar y estructurar su estrategia defensiva.
Iniciaremos nuestro análisis con el fundamento legal de la presunción de legalidad de los actos y/o resoluciones de las autoridades, el cual se encuentra principalmente en dos artículos a saber, el 68 del Código Fiscal de la Federación y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismos que respectivamente son del tenor literal siguiente:
“Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la afirmación de otro hecho.
ARTÍCULO 42.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.”
De los anteriores preceptos legales, podemos desprender los siguientes elementos para su mejor comprensión:
* Se refiere a la presunción de legalidad a favor de los actos o resoluciones de las autoridades.
* Pueden ser autoridades fiscales o administrativas.
* Las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, es decir, admite prueba en contrario al tratarse de una presunción “iuris tantum”, excepto: Cuando la negativa implique la afirmación de otro hecho.
Al respecto, cobran trascendencia las siguientes tesis específicas aplicables que detallan los alcances de la presunción de legalidad de los actos de autoridad:
VI-TASR-XXXII-15
ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS.- De acuerdo con el contenido de los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los actos y resoluciones administrativas se presumen legales; ahora bien, cuando el afectado no está conforme con tales actos o resoluciones y los impugna ante un órgano jurisdiccional como en el caso lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, negando lisa y llanamente los hechos que los motivan, la autoridad debe probar tales hechos, pues en caso que la autoridad demandada no los acredite, la presunción de legalidad deja de surtir efectos y, consecuentemente,mediante la declaratoria que decida en definitiva el juicio contencioso administrativo, se debe declarar la nulidad del acto o resolución administrativa impugnada; por el contrario, cuando la autoridad demandada sí prueba los hechos que motivan sus actos impugnados, la Juzgadora cobrará convicción de la legalidad del acto de que se trata, operando de esta forma la presunción que los numerales en estudio confieren respecto a la legalidad del acto o resolución que se impugna al ser corroborada la existencia de los hechos que los motivan, pues es de explorado derecho que la presunción de legalidad a que se refieren los numerales aludidos, es una presunción relativa, es decir “iuris tantum”, al admitir prueba en contrario y, en este último caso, la Juzgadora debe reconocer la validez de dicho acto en el fallo definitivo; pues en ambos casos, una vez sometidos a la potestad jurisdiccional de esta Juzgadora, la referida presunción deja de ser tal, para que a partir del fallo definitivo se constituya la verdad legal y adquieran certeza jurídica los actos impugnados.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3901/08-05-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Ernesto Alfonso Rosales Arcaute.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 314
V-TASR-VII-1430
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. OBLIGACIONES INHERENTES A DICHA PRESUNCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD.- La presunción de legalidad prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, jurídicamente tiene el carácter de una suposición según la cual los actos de autoridad deben ser considerados apegados a las normas que los rigen; apreciación ésta que a su vez surge de la consideración de que el actuar de la autoridad es invariablemente imparcial, objetivo y neutral, esto es, que siempre se conduce cumpliendo con el deber primigenio que constitucional y legalmente tiene que es el de respetar la ley, pues se estima que proviene de funcionarios que se reputan honestos y de una probidad excepcional, y que en su condición de autoridad pública se desempeñan siempre con rectitud, es decir, sindéresis y estricta sujeción a los mandatos que les prescriben las normas jurídicas que rigen sus actos; circunstancias antes dichas, y todas ellas, que finalmente son lasque inducen a considerar que los actos administrativos que emiten con el carácter de resoluciones se conforman a las leyes que los regulan, es decir, que sus actos siempre obedecen al derecho y no a otros motivos ajenos. De ahí que, si el particular aduce que la documental que acredita su cumplimiento de la Ley Aduanera, y derivado de ello la ilegalidad de la resolución impugnada, fue exhibida ante la propia autoridad, toca ahora a dicha autoridad en consecuencia, verificar en sus archivos y registros la veracidad de tal afirmación pues la presunción de legalidad que la ley le atribuye a sus actos, a eso exactamente la obliga; sin que valga en contrario el pretender refugiarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Consecuencia antes dicha que jurídicamente se impone, precisamente, en los términos del mencionado artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, y también, atento a lo dispuesto en la primera parte del artículo 237 de ese mismo Ordenamiento; e igualmente, de conformidad con el mandato a que se contrae el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (26)
Juicio No. 578/04-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de junio de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Franciso Fernández y Cuevas.- Secretario: Lic. Lázaro Figueroa Ruiz.
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo II. No. 49. Enero 2005. p. 599
Por lo que la regla general es que el acto y/o resolución de la autoridad se presume legal, pero cuando el particular niegue de forma lisa y llana los hechos que motivan dichos actos y/o resoluciones, la autoridad tendrá la carga de probar los mismos. Esto es, ante la negativa del particular, a la autoridad le corresponde demostrar los hechos que justifican y/o apoyan sus actos y/o resoluciones, de lo contrario quedará destruida la presunción de legalidad. Ejemplo típico de este tipo de negativas en el juicio contencioso administrativo federal es la siguiente:
“Se niega lisa y llanamente que la autoridad hubiera notificado a mi representada el oficio de observaciones.”
Ante la anterior negativa, la autoridad deberá exhibir y acreditar en el juicio de nulidad la existencia tanto de las constancias de notificación debidamente diligenciadas, así como del oficio de observaciones.
De donde tenemos que la presunción de legalidad de los actos administrativos no es irrestricta, es decir, no es absoluta o sagrada.
Al respecto, veamos qué es lo que nos dice la siguiente interesante tesis específica del entonces denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminstrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para enseguida ver cómo la podemos aprovechar para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos de autoridad:
REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 49, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, AGOSTO DE 2015, PÁGINAS 452 Y 453:
VII-CASR-NOII-8
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA.– En términos de lo establecido en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación las actuaciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad; sin embargo, tal condición de validez no es absoluta, al poder ser desvirtuada mediante las pruebas conducentes, cuestión que se robustece de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que en las sentencias emitidas por este Tribunal es posible la invocación de hechos notorios, los que la ley exime de demostrar, mismos que pueden derivar de la pormenorización de hechos improbables en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, verbigracia en la que conste, en contra de toda lógica, que el conductor que presentó las mercancías para su revisión física y documental ante la autoridad, permaneció en estado de vigilia durante prácticamente tres días y medio durante tal acto de fiscalización, siendo acompañado de testigos y personal de la autoridad durante todo ese tiempo de manera ininterrumpida; circunstancia que contraría las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignados,ya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 de la Ley Aduanera que exige la elaboración de un acta que contenga los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.
La anterior tesis, si bien no es una jurisprudencia de carácter obligatorio en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que dice “Las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del Tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.”; no menos cierto resulta que se trata de un criterio orientador con bastante lógica y racionamiento jurídico que no es difícil de comprender ni de aplicar a un caso real. Esto es así, ya que si se toma en consideración que el derecho se apoya fuertemente en la lógica y el razonamiento, cualquier desviación en estos elementos conducirá a la nulidad del acto y/o resolución de la autoridad.
Además de que dicha tesis tiene un fuerte impacto y trascendencia en el litigio fiscal, yo diría que marca una antes y un después en lo que respecta a la presunción de legalidad de los actos de la autoridad al momento de la impugnación, pues permite apartarse de lo asentado (redactado, confeccionado) en un documento, acto y/o actuación de la autoridad, aún y cuando se hubieren recabado las firmas de los particulares que intervinieron (destinatario, representante, compareciente, testigos, etc.), CUANDO SE DETECTE O APRECIE QUE SE TRATAN DE DE HECHOS IMPROBABLES Y/O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRARÍAN LAS NORMAS GENERALES DE LA EXPERIENCIA, AL SER EVIDENTEMENTE INVEROSÍMILES, DEBIDO A QUE TALES ACTUACIONES NO CONSTITUYEN UN REFLEJO VERAZ Y CONFIABLE DE LO APRECIADO.
Lo anterior no es cualquier cosa, sino que constituye un fuerte reconocimiento de la aplicación directa de la lógica, la sana crítica y la razonabilidad al calificar la legalidad de las actuaciones de las autoridades fiscales demandadas.
Ahora bien, con sustento en la tesis antes transcrita, veamos dos ejemplos prácticos de su aplicación:
SIMULACIÓN DE ACONTECIMIENTOS EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA DEL SAT:
Según se hizo constar en al acta esta Inició su levantamiento a las 9:00 A.M. del 31 de marzo de 2014, y se dio por terminada dicha diligencia a las 12:00 horas del mismo día. El acta consta de 491 folios. En ellos se plasma una exhaustiva y amplia cantidad de fundamentos legales, relaciones de hechos, omisiones, detalles de más de mil trabajadores (revisaron a una persona moral en su carácter de retenedora de ISR por salarios de sus trabajadores), cantidades, conceptos, desgloses, etc. En el penúltimo folio, el 490 se señaló por parte de la visitadora la siguiente leyenda:
“LECTURA Y CIERRE DEL ACTA —————————————-
Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al C. PARTIDA ORTEGA JUAN ROBERTO, en su carácter de tercero de la Contribuyente visitada y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 31 de marzo de 2014, levantándose en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado al compareciente quien al firmar de conformidad lo hace también el recibo de dicho tanto, después de firmar al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, Conste. —————————————————————————-
Fe de Errata.- todos lo testado en la presente acta no vale. ——-“
Analicemos el acta final respecto a la intervención de la visitadora:
En 3 horas la visitadora elaboró los 491 folios del acta final.
En 3 horas la visitadora plasmó en los 491 folios del acta final sus determinaciones derivadas de la revisión que se supone se realizó a la documentación e información que se encuentra en el domicilio fiscal de la contribuyente. Recuérdese que al tratarse de una visita domiciliaria la contabilidad debe ser analizada en el domicilio fiscal.
En 3 horas la visitadora plasmó en los 491 folios del acta final los hechos, omisiones, acontecimientos, nombres de los más de 1,000 trabajadores, sus percepciones, integraciones, cantidades, cálculos, fundamentos legales, documentación e información revisada, etc.
Continuemos examinando el acta final respecto a la intervención del tercero de la contribuyente revisada:
En las mismas 3 horas se leyeron los 491 folios del acta final. Acta que como ya vimos está integrada por una gran cantidad de datos, información, fundamentos, conceptos, cantidades, operaciones aritméticas, etc.
En esas mismas 3 horas se explicó al tercero el contenido de los 491 folios del acta final.
En las mismas 3 horas se explicó al tercero el alcance de los 491 folios del acta final.
En estas mismas 3 horas el tercero firmó los 491 folios del acta final original, así como los 491 folios de los dos tantos más de dicha acta. Por lo que tenemos que en las mismas 3 horas firmó en total 1473 folios.
Pero la cuestión no termina ahí, ya que respecto a la intervención de los testigos se tiene lo siguiente:
En estas mismas 3 horas los 2 testigos firmaron los 491 folios del acta final original, así como los 491 folios de los dos tantos más de dicha acta. Por lo que tenemos que en las mismas 3 horas cada uno de los 2 testigos firmó en total 1473 folios.
¿Todo esto en 3 horas?
Ahora analicemos el significado de la expresión “Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance”.
Para lo cual se hace necesario precisar el significado de los principales verbos empleados en dicha oración o frase. Hagamos una consulta al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:
leído, da.
(Del part. de leer).
adj. Que ha leído mucho y es persona de muchas noticias y erudición.
f. p. us. lectura (‖ acción de leer).
~ y escribido.
loc. adj. irón. Que es instruido, lo parece o presume de serlo.
tr. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles.
tr. Enseñar en la cátedra.
tr. Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de agravio.
tr. Dar a conocer la causa o motivo de algo.
adj. Que se conduce con moderación o templanza.
m. Cosa que se contiene dentro de otra.
m. Tabla de materias, a modo de índice.
m. Ling. plano del contenido.
m. Seguimiento, persecución.
m. Capacidad de alcanzar o cubrir una distancia. Alcance de la vista, de un proyectil, de una emisora de radio
m. Capacidad física, intelectual o de otra índole que permite realizar o abordar algo o acceder a ello. Las cuestiones metafísicas están fuera de mi alcance
m. Talento, luces. U. m. en pl.
m. Saldo que, según las cuentas, está debiéndose.
m. En los periódicos, noticia o sección de noticias recibidas a última hora.
m. Significación, efecto o trascendencia de algo. Aquel desastre tuvo alcance nacional
m. Esgr. Distancia que alcanza un arma blanca o negra.
m. Fís. Penetración máxima de una partícula en un medio material determinado.
m. Impr. Parte de un original que se distribuye a cada uno de los cajistas para su composición.
m. Mil. Cantidad que en el ajuste quedaba a favor del soldado.
m. Veter. alcanzadura.
m. Chile y Perú. Aporte o sugerencia hecha en sesiones o debates públicos.
m. p. us. Correo extraordinario que se envía para alcanzar al ordinario.
~ de nombre.
m. Chile. Homonimia entre personas de iguales nombres y apellidos.
al, a mi, a tu, etc., ~.
locs. adjs. Fácil de conseguir. Todo está a tu alcance. U. t. c. locs. advs. Escoge entre lo que tienes a tu alcance
andarle a alguien a, o en, los ~s.
locs. verbs. irle a los alcones
dar ~ a alguien o algo.
loc. verb. Alcanzarlo, conseguirlo, apoderarse de él o de ello.
ir alguien a, o en, los ~s de algo.
locs. verbs. Estar a punto de conseguirlo.
irle a alguien a, o en, los ~s.
locs. verbs. Observar muy de cerca los pasos que da, para prenderlo, averiguar su conducta o descubrir sus manejos.
seguir el ~.
loc. verb. Mil. p. us. Perseguir al enemigo.
Ya teniendo bien precisados los conceptos y/o significados de las palabras “leída”, “explicar”, “contenido” y “alcance”, reflexionemos:
¿De verdad se habrán leído y explicado el contenido y alcance de los 491 folios del acta final?
Por lo que retomando y parafraseando el contenido de la tesis VII-CASR-NOII-8 de rubro “PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA”, publicada en la Revista del TFJFA del mes de agosto de 2015, y adecuándola al caso de una visita domiciliaria, tenemos que:
“Estas circunstancias contrarían las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignados, ya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 fracción I del Código Fiscal de la Federación, que exige la elaboración de actas que contengan los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.”
Posibles estrategias que podemos implementar para robustecer el argumento de nulidad: al firmar el acta el tercero, que plasme alguna de las siguientes leyendas que se proponen:
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fue leída el acta final, ni explicado su contenido ni alcance.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fue leída el acta final, la cual está integrada por 491 folios, ni explicado su contenido ni alcance.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me fueron leídos los 491 folios del acta final, ni explicado sus contenidos ni alcances.
Y cuando los testigos firmen el acta, que manifiesten que atestiguaron el dicho del tercero, es decir, que los testigos hagan constar que es cierto el dicho del tercero en el sentido de que no le fue leída el acta final integrada por 491 folios, ni explicado su contenido ni alcance.
Filmar (videograbar) con un teléfono celular el desarrollo de acta final.
Solicitar al TFJA (C. Magistrado y/o Secretario de Acuerdos) que se señale fecha y hora para dar lectura al acta final y tomar tiempos.
Comentarios: hay que ejercer nuestros derechos y saber aprovechar a los testigos. Pues de nada serviría tener ilegalidades que no se puedan demostrar.
DILIGENCIAS SIMULADAS DEL IMSS Y CÓMO IMPUGNARLAS.
Ilegalidad absoluta tanto del citatorio así como del acta circunstanciada del citatorio ambos de fechas 22 de septiembre de 2014, para dar a conocer los créditos fiscales 143003514 y 148003514, en virtud de que resulta material y físicamente imposible que la misma persona, es decir, la C. Notificadora Guadalupe del Carmen Basurto Hernández, estuviera elaborando simultáneamente al mismo tiempo (de las 10:00 a las 10:05 horas) del mismo día 22 de septiembre de 2014 dos documentos diferentes, como lo son el citatorio así como un acta circunstanciada del citatorio, ya que no se pueden iniciar y terminar de redactar y escribir 2 documentos al mismo tiempo de forma simultánea por la misma persona, y mucho menos con la misma hora de inicio y de terminación. Por lo cual, ante hechos inverosímiles e imposibles y hasta contradictorios (o estaba redactando un citatorio o estaba elaborando un acta circunstanciada del citatorio en ese lapso temporal), lo procedente es declarar la ilegalidad integral de dichas documentales y actuaciones y por consiguiente de la posterior notificación al ser fruto de actos viciados; se reitera, resulta materialmente imposible e inverosímil que la C. Notificadora hubiera elaborado de su puño y letra a la misma hora de inicio 10:00 un citatorio y un acta circunstanciada del citatorio, así como haber terminado de redactar dichos documentos a la misma hora 10:05, máxime que supuestamente los realizó ella misma sin apoyo de nadie pues en las actas no se hizo constar que otra persona facultada le hubiera auxiliado en su confección, entonces, ¿cómo pudo haber iniciado y terminado a las mismas horas 2 documentos diferentes de su puño y letra? A lo anterior súmese el que la C. notificadora tan solo contó con escasos 5 minutos para elaborar los 2 documentos lo que evidencia aún más la imposibilidad tanto física como material para efectuar dichas actuaciones en dichos tiempos y condiciones.
Es materialmente imposible haber practicado dos diligencias y/o redactado dos documentos al mismo tiempo de forma simultánea por una misma persona.
Resulta inverosímil y ajeno a la realidad haber iniciado ambas diligencias a la misma hora y haberlas terminado a la misma hora del mismo día, ambas por la misma persona.
Es imposible haber realizado ambas diligencias al mismo tiempo por la misma persona.
Resulta físicamente imposible para una sola persona, haber elaborado y redactado simultáneamente a la misma hora de inicio y haber terminado a la misma hora 2 documentos.
Se niega lisa y llanamente que sea cierta y real la elaboración simultánea de los 2 documentos por la misma notificadora.
Se niega lisa y llanamente que el citatorio y el acta circunstanciada del citatorio contengan hechos reales, creíbles y verdaderos.
Se niega lisa y llanamente que sea real y apegado a la verdad el contenido del citatorio y del acta circunstanciada del citatorio.
Se niega lisa y llanamente que la misma notificadora pudiera iniciar a la misma hora la elaboración simultanea de 2 documentos diversos así como haberlos terminada a la misma hora.
Esto es porque en el documento denominado “Citatorio” de fecha 22 de septiembre de 2014, la C. Notificadora Guadalupe —————— señala que dicha diligencia de citación la inició a las 10:00 horas y la terminó de efectuar y redactar el citatorio a las 10:05 horas del mismo día.
Y a su vez, en el documento identificado como “Acta Circunstanciada del Citatorio”, también de fecha 22 de septiembre de 2014, nuevamente la C. Notificadora Guadalupe ——————- señala que dicha acta la inició a las 10:00 horas y la terminó de redactar o elaborar ella misma a las 10:05 horas del mismo día.
Lo cual resulta del todo falso, inverosímil imposible, ilegal y hasta contradictorio.
Para una mejor comprensión e ilustración de las ilegalidades vertidas, a continuación se insertan las imágenes escaneadas de dichos documentos:
Respecto al citatorio del 22 de septiembre de 2014:
De este documento, se observa que la C. Notificadora inició la diligencia a las 10:00 horas del día 22 de septiembre de 2014, y que lo terminó de elaborar a las 10:05 horas del mismo día.
A continuación veamos cómo se encuentra redactada el “Acta circunstanciada del citatorio” también del 22 de septiembre de 2014:
De esta “Acta Circunstanciada del Citatorio”, se observa que la C. Notificadora también la comenzó a redactar a las mismas 10:00 horas del mismo día 22 de septiembre de 2014, e igualmente la terminó de elaborar a las 10:05 horas del mismo día.
Por lo que estamos en presencia de 2 documentos que describen supuestas diligencias llevadas a cabo por la misma persona a la misma hora de inicio y finalizados a la misma hora, supuestamente redactados por la misma persona, la C. Notificadora Guadalupe ——————.
Por lo que resulta bastante evidente y notorio que dichos documentos no pudieron haber sido confeccionados de forma simultánea por la misma persona.
De donde se tiene que los mismos resultan totalmente ilegales y contrarios a derechos, al resultar inverosímiles, contradictorios y falsos.
Igualmente resultan contradictorios entre sí dichos documentos, pues en 1 se dice que la diligencia se inició a las 10:00 y se terminó a las 10:05 del mismo día.
Y en el otro se dice que dicha diligencia también se inició a las 10:00 horas y se finalizó igualmente a las 10:05 horas del mismo día.
Y en ambos documentos se señala como persona que practicó dichas diligencias a la misma, es decir, a la C. Guadalupe ————–.
Se niega lisa y llanamente que fuera posible y materialmente real efectuar dos diligencias de forma simultánea por la misma persona.
Se niega lisa y llanamente que sean legales el citatorio y el acta circunstanciada del citatorio de fecha 22 de septiembre de 2014.
Se niega lisa y llanamente que sean creíbles, verdaderas y ciertas dichas diligencias de citatorio y acta circunstanciada del citatorio.
Al respecto, resultan aplicables las siguientes jurisprudencias y tesis temáticas:
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, NO ES IRRESTRICTA.– En términos de lo establecido en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación las actuaciones de las autoridades gozan de presunción de legalidad; sin embargo, tal condición de validez no es absoluta, al poder ser desvirtuada mediante las pruebas conducentes, cuestión que se robustece de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que en las sentencias emitidas por este Tribunal es posible la invocación de hechos notorios, los que la ley exime de demostrar, mismos que pueden derivar de la pormenorización de hechos improbables en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, verbigracia en la que conste, en contra de toda lógica, que el conductor que presentó las mercancías para su revisión física y documental ante la autoridad, permaneció en estado de vigilia durante prácticamente tres días y medio durante tal acto de fiscalización, siendo acompañado de testigos y personal de la autoridad durante todo ese tiempo de manera ininterrumpida; circunstancia que contraría las normas generales de la experiencia, al ser evidentemente inverosímil, por lo que es válido apartarse de lo expuesto en el acta respectiva no obstante que conste la firma de todas las personas que presumiblemente participaron en los actos ahí consignados, ya que no existe certidumbre de que la autoridad haya cumplido con el imperativo previsto en el artículo 46 de la Ley Aduanera que exige la elaboración de un acta que contenga los hechos y omisiones observados, debido a que tal actuación debe constituir un reflejo veraz y confiable de lo apreciado.
Tesis: VI.2o.138 A
VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA EN QUE SE HACE CONSTAR ES ILEGAL, SI EN ELLA SE CONTIENEN HECHOS CONTRADICTORIOS. Si en el acta levantada con motivo del desahogo de una orden de visita domiciliaria relativa a la expedición de comprobantes fiscales, se hace constar por una parte, que tal diligencia se entendió con la encargada de la negociación visitada y por otra, se indica que los visitadores exhibieron sus identificaciones al destinatario de la citada orden de visita, es evidente que la repetida acta es ilegal por asentarse en ella hechos contradictorios, pues no obstante que se mencionó que la actuación administrativa se desarrolló con la persona que tenía bajo su cargo la negociación visitada en el momento de practicarse la misma, de modo incongruente se asentó que el personal actuante mostró sus identificaciones al propio contribuyente, cuando en realidad la identificación se debió haber hecho con quien se entendió la diligencia, por lo que tal incongruencia ocasiona la ilegalidad de la resolución administrativa dictada con base en la referida acta.
Amparo directo 449/98. Mauricio Dib Thomé. 4 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Tesis: III-TASS-1412
R.T.F.F. Año III. No. 25. Enero 1990. Pág.: 36
Aislada Tercera Época.
NOTIFICACIONES DE UN ACTO DE AUTORIDAD.- SU REALIZACIÓN DEBE CONSTAR FEHACIENTEMENTE POR LA TRASCENDENCIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUCE.- En nuestro sistema jurídico la autoridad administrativa, dentro de la órbita de sus atribuciones, puede emitir resoluciones que afecten a los particulares estableciendo obligaciones que deben cumplir. Por otro lado, conforme al mismo sistema, los particulares afectados por una resolución administrativa pueden optar por dos caminos: consentirla, acatando la decisión, o combatirla, tratando de demostrar su ilegalidad. Pero en ambos casos es imprescindible, para que se produzca la vinculación entre el sujeto y la determinación administrativa, que conste fehacientemente que se notificó la resolución al particular. (56)
Revisión No. 1361/86.- Resuelta en sesión de 17 de enero de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretario: Lic. Antonio Romero Moreno.
Revisión No. 1827/85.- Resuelta en sesión de 23 de abril de 1986, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Mario Bernal Ladrón de Guevara
En este orden de ideas, la forma y términos en que se encuentran redactados tanto el citatorio, así como el acta circunstanciada del citatorio, ambos del 22 de septiembre de 2014, transgreden flagrantemente nuestros derechos humanos y fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y formalidades esenciales del procedimiento contenidos en los numerales 1°, 14 y 16 de la Carta Magna, artículo 7° punto 1 del Pacto de San José Costa Rica, en relación con los arábigos 38, 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación, pues mi representada no supo a qué atenerse ante tales hechos tan inverosímiles e imposibles, por lo que se deberá declarar la ilegalidad tanto del citatorio así como del acta circunstanciada del citatorio, ambas de fecha 22 de septiembre de 2014, y por consecuencia inmediata declarar ilegal el acta de notificación del 23 de septiembre de 2014, al ser fruto de actos viciados.
Comentarios: usemos la creatividad y pensemos qué otros medios de prueba nos pueden auxiliar para acreditar las ilegalidades explicadas, aparte de las propias documentales y la interesante tesis del TFJA del mes de agosto de 2015. Sugiero la siguiente de manera enunciativa, más no limitativa:
* Prueba de inspección con el carácter de reconstrucción de hechos.
Dicha prueba se encuentra reconocida en el siguiente criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación:
Registro: 177849
Tesis: I.7o.P.66 P
Página: 1507
RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. EL ARTÍCULO 144 DELCÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ LA FACULTAD DEL JUEZ O TRIBUNAL DE PRACTICAR ESTA PRUEBA DE INSPECCIÓN, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece fundamentalmente que la prueba de inspección con el carácter de reconstrucción de hechos podrá practicarse a juicio del Juez o tribunal, una vez terminada la instrucción o durante la vista del proceso, siempre que la naturaleza del hecho delictuoso y las pruebas así lo exijan, con el objeto de apreciar las declaraciones y/o dictámenes periciales que se hayan rendido; lo cual no resulta contrario al artículo 20, apartado A, fracción V, constitucional, toda vez que dicha facultad no es arbitraria, sino que se circunscribe legalmente a la valoración de los factores taxativamente previstos en dicho dispositivo, esto es, el Juez o tribunal deberá, de conformidad con la naturaleza del hecho y en atención a las pruebas que al respecto obren en la causa, establecer la pertinencia o no de la admisión y desahogo de dicha prueba, y para que su resolución se encuentre debidamente motivada y fundamentada, basta hacer mención de los aspectos sobresalientes que revisten verdadera importancia, para enfatizar aquellos factores que no determinan la idoneidad de dicha prueba; por lo que es indudable que el precepto en análisis se ajusta al orden constitucional.
Respecto a las pruebas en el juicio de nulidad, el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administratvio señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 40.- En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga.”
¿Qué nos dice el Código Federal de Procedimientos Civiles?
“ARTICULO 93.- La ley reconoce como medios de prueba:
ARTICULO 94.- Salvo disposición contraria de la ley, lo dispuesto en este título es aplicable a toda clase de negocios.”
Recordemos que dicho código procesal es de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo federal, por disposición expresa del numeral 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:
“ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.”
Reflexión: al resultar ilegales los citatorios, también lo serán las diligencias de notificación plasmadas en sus respetivas actas o constancias, por lo que se recomienda esgrimir o formular un agravio específico donde se haga valer que al resultar ilegales los citatorios también lo son las constancias de notificación por ser frutos y consecuencias de dichos citatorios.
Ahora bien, recordemos que al ser ilegal una notificación, esto trae como consecuencia diversos efectos, los cuales podemos manejar de forma estratégica a nuestro favor, como lo son:
* Rescatar un término temporal /o procesal.
* Anular una resolución por tener conocimiento fuera del plazo máximo legal. Ejemplo: art. 50 del CFF.
* Que dicha constancia de notificación no es apta ni idónea para acreditar que la resolución o acto se entregó en original con firma autógrafa del funcionario emisor,
Tal como se corrobora con las siguientes tesis temáticas:
REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 47, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO V, JUNIO DE 2015, PÁGINAS 276 Y 277:
VII-CASR-1NE-8
FIRMA AUTÓGRAFA. SI LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NINGÚN VALOR LEGAL PUEDEN SURTIR, Y POR TANTO, CARECE DE VALIDEZ LO ASENTADO EN ELLAS EN EL SENTIDO DE QUE EL PARTICULAR RECIBIÓ EL ORIGINAL CON FIRMA AUTÓGRAFA DE LA CITADA RESOLUCIÓN.- Ciertamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 110/2014, de rubro “FIRMA AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA DE CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA CONTIENE”, sostuvo esencialmente que la afirmación de la demandada de que la resolución combatida contiene firma autógrafa de la autoridad emisora que entregó al momento de su notificación al interesado, se demuestra y se cumple con la carga de la prueba, con la exhibición de la constancia del acta levantada al efecto; sin embargo, aun cuando en el juicio contencioso administrativo se hubiere colmado dicha carga procesal, si las constancias de notificación aportadas por la autoridad demandada no cumplen con las formalidades previstas en los artículos 134 fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, dicha circunstancia trae como consecuencia la ineficacia probatoria de lo asentado en ellas, en el sentido de que fue entregada la resolución impugnada en original con firma autógrafa a la persona que atendió la diligencia, pues el acta de notificación, como documento formal y su contenido, resultan ilegales.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3063/14-06-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández Díaz.
REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NÚMERO 39, SÉPTIMA ÉPOCA, AÑO IV, OCTUBRE 2014, PÁGINAS 703 Y 704:
VII-CASR-10ME-13
FIRMA AUTÓGRAFA. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DECLARADA ILEGAL, NO ES APTA PARA ACREDITAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SÍ LA CONTIENE.- En términos de lo dispuesto por el artículo 38 fracción V del Código Fiscal de la Federación, el acto administrativo deberá tener firma autógrafa del funcionario competente, ya que este es el signo gráfico que otorga certeza y eficacia al mismo, además constituye la forma en que el particular tiene la certeza de su emisión así como de su contenido, por tanto, si el actor arguye que la resolución impugnada carece de firma autógrafa y la autoridad para desvirtuar dicha negativa, se sustenta únicamente en la constancia de notificación de esta, en la que se indica que se le entregó un ejemplar con firma autógrafa, ello no es suficiente si la Sala analizando dicha constancia determina que es ilegal, por lo que resulta válido concluir que al no haberse notificado legalmente no puede tener la eficacia jurídica para acreditar que la resolución haya sido notificada con firma autógrafa de su emisor, ya que esta no puede desvirtuar hechos respecto de los que no existe la certeza de que tuviera conocimiento.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12265/13-17-10-2.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de marzo de 2014, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín.
Registro No. 163661
Página: 2973
CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DECLARADAS ILEGALES. NO SON APTAS PARA DEMOSTRAR QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE NOTIFICÓ CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO QUE LA EMITIÓ, A PESAR DE QUE EN ELLAS SE ASIENTE TAL CIRCUNSTANCIA, NI PARA TRASLADAR LA CARGA DE LA PRUEBA RELATIVA AL PARTICULAR.- Si bien es cierto que en términos de los artículos 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, como son las constancias de notificación, se presumen legales, también lo es que cuando éstas se declaran ilegales, no son aptas para demostrar que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal se notificó con firma autógrafa del funcionario que la emitió, a pesar de que en ellas se asiente tal circunstancia, y mucho menos para trasladar la carga de la prueba relativa al particular, ya que éste no puede desvirtuar hechos respecto de los que no existe la certeza de que tuviera conocimiento.
Revisión fiscal 366/2009. Subadministrador Local Jurídico de Naucalpan. 22 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Miriam Corte Gómez.
REVISTA NÚMERO 39 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SEXTA ÉPOCA, AÑO IV, MARZO 2011, PÁGINAS 548 Y 549:
VI-TASR-XXVII-62
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ILEGAL. SU CONTENIDO NO REFLEJA LA VERACIDAD DE LOS HECHOS AHÍ XPRESADOS, Y POR TANTO, NO DEMUESTRA QUE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR, CONTIENE FIRMA AUTÓGRAFA.- Si bien es cierto, la Jurisprudencia J/28, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, consultable a página 1545, estableció: “CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA CONTIENE FIRMA FACSIMILAR Y NO AUTÓGRAFA, PERO EN LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ LO CONTRARIO”, también lo es, que si la diligencia de notificación se declaró ilegal; no se le puede dar valor probatorio a lo ahí asentado, porque al no cumplir dicha diligencia, con las formalidades previstas en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, es claro que su contenido no refleja la veracidad de los hechos ahí expresados, ni se tiene la certeza jurídica de que el oficio controvertido en el juicio, fue entregado al particular, hoy demandante, con la firma autógrafa del funcionario emisor.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2713/09-13-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de enero de 2011, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretaria: Lic. Isela Pérez Silva.
Como hemos visto, la presunción de legalidad de los actos y/o resoluciones de las autoridades no es irrestricta ni inmutable.
Debemos prestar especial cuidado para detectar desviaciones o alteraciones a la lógica, la razonabilidad, la sana crítica y verosimilitud en las actuaciones de las autoridades, pues en estos casos será procedente apartarse de lo plasmado en las mismas.
Ante la evidencia de actuaciones inverosímiles, deberá declarar la ilegalidad de las mismas, y como consecuencia la nulidad lisa, lana e integral de la resolución o ato impugnado apoyando en las mismas.
En este orden de ideas, invito al lector a estar atentos y descubrir estas actuaciones simuladas, para impugnaras y obtener resultados exitosos en los medios de defensa.