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Timestamp: 2018-06-24 08:47:57
Document Index: 278692005

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21']

El art. 14 de la Constitución española consagra el principio de igualdad y asigna, al mismo tiempo, a los poderes públicos la responsabilidad de promover las condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva, atribuyéndoles la misión de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Por este motivo se aprobó el Decreto 288/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo social para contingencias y se aprueba la primera convocatoria para 2015 (DOE nº 214, de 6 de noviembre), viniendo a complementar y reforzar las políticas de acción social en Extremadura, a fin de paliar o superar las situaciones de emergencia social sobrevenidas en que pudieran encontrarse sus ciudadanos.
Posteriormente, en el DOE nº 89, de 11 de mayo de 2016, se publicó el Decreto-Ley 1/2016, de 10 de mayo, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que fue convalidado por la Asamblea de Extremadura en la sesión plenaria celebrada el 26 de mayo de 2016. De conformidad con su art. 2, las acciones previstas en dicho decreto-ley se articulan, entre otras, mediante la puesta en marcha de medidas excepcionales destinadas a cubrir situaciones de emergencia social, a las que alude el título IV de la ley.
Del decreto-ley citado se deriva la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, con la que se pretende dar cumplimiento al compromiso de la Junta de Extremadura contra la exclusión social. Esta ley, inspirada en los principios de igualdad y solidaridad, pretende que la ciudadanía no sea discriminada por situaciones que les vengan impuestas por la desigualdad, la marginación y la pobreza, y trata de facilitar las condiciones objetivas y los medios que mejoren su calidad de vida. Se contempla así un régimen jurídico que trata de lograr esta finalidad através de diferentes mecanismos, entre los que se incluyen las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias en los artículos 12 y 13 de la ley citada.
A la luz de la experiencia adquirida d esde la entrada en vigor del Decreto 288/2015, de 30 de octubre, en la búsqueda del sistema de gestión más eficaz para la consecución de la finalidad pretendida, que exige una respuesta ágil a la situación de urgente necesidad detectada, se requiere la colaboración de las entidades locales de Extremadura para la tramitación de estas ayudas, financiándose por el gobierno regional, sin olvidar no obstante que debe darse un tratamiento uniforme a todos los ciudadanos, regulándose así un mínimo común normativo para garantizar un trato igualitario independientemente de la localidad de residencia.
En cuanto al ámbito local, la Ley 14/2015, de 9 de abril, en su art. 35.1.a), atribuye a los municipios de Extremadura la competencia sobre los servicios sociales de atención social básica, proporcionando el equipamiento y personal suficiente y adecuado que se establezca reglamentariamente. Y de otra parte, el art. 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, redactado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que ?El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo?; añadiendo en su apartado 2, letra e) que ?El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social?.
Atendiendo a lo previsto en el art. 44 de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, la cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas se instrumentalizará preferentemente a través de convenios de colaboración o cualquier otra figura prevista en el ordenamiento jurídico, a fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público de Servicios Sociales. A tales efectos, además del convenio de colaboración se podrán utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que por ello se vean afectadas en ningún caso ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos. Por ello, existiendo competencias compartidas de ejecución, a la colaboración entre la Administración autonómica y local les sería plenamente de aplicación la regulación contenida en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En concreto, para facilitar la gestión y acceso a las ayudas previstas en este decreto, los municipios de la región que se adhieran al instrumento de condiciones de colaboración previsto en este decreto tendrán la consideración de entidad colaboradora en la tramitación de estas ayudas.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el art. 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, DISPONGO:
El presente decreto tiene por objeto regular las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias a otorgar en los términos establecidos en el art. 12 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, a las personas residentes en Extremadura que, por situaciones extraordinarias no puedan hacer frente, por sí mismas o mediante los recursos sociales o institucionales disponibles en el entorno, a determinados gastos considerados básicos, requiriendo atención en un breve plazo de tiempo con el fin de prevenir, evitar o paliar procesos de exclusión social y garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades personales básicas de subsistencia.
La comunicación de la obtención o reconocimiento de otras pensiones, prestaciones, ayudas, subvenciones, ingresos o recursos deberá efectuarse inmediatamente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del presente decreto.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria de concesión.
1. De acuerdo con lo establecido en el art. 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece el procedimiento de la concesión directa mediante convocatoria abierta atendiendo al interés social de la presente ayuda, que implica la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario entre los posibles perceptores de la ayuda conforme se vayan presentando las solicitudes, en atención a las circunstancias excepcionales que deben concurrir, a los posibles destinatarios y a la naturaleza de la situación crítica de los destinatarios.
Artículo 4. Gastos susceptibles de ayuda.
Cuando la necesidad para la que se presenta la solicitud de la ayuda corresponda con los gastos contemplados en los apartados e) o f) del art. 4 y su importe supere el 50 % de la renta computable de la unidad familiar, el límite de ingresos establecido en el párrafo anterior se incrementará un 25 En aquellas unidades familiares en la que haya algún miembro con una discapacidad en grado igual o superior al 65 % o tuviera valorada la situación de Dependencia, con independencia del Grado, se incrementará un 10 % por cada miembro de la unidad familiar.
Artículo 7. Cómputo de recursos.
a) La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia personal, establecidas en los arts. 17 y 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
a) Gastos de alojamiento previstos en el art. 4.1, apartados a) y b): 2.000 euros.
b) Gastos en instalaciones, equipamiento básico u otros útiles de primera necesidad previstos en el art. 4.1, apartado c): 1.500 euros por todos los conceptos. No obstante, las cuantías máximas a conceder por cada uno de los conceptos son las que se concretan en el anexo I.
c) Gastos en necesidades primarias previstos en el art. 4.1, apartado d):
d) Gastos de asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubiertos por el Sistema Público previstos en el art. 4.1, apartado e): 1.500 euros, con excepción del transporte para tratamiento que se abonará a 0,22 euros el kilómetro.
e) Gastos destinados a una necesidad crítica previstos en el art. 4.1, apartado f): 1.800 euros.
f) Gastos de endeudamiento previo previstos en el art. 4.1, apartado g): la misma cuantía que la señalada para cada uno de los distintos conceptos.
Artículo 10. Subrogación.
Artículo 11. Plazo, forma de presentación y subsanación solicitudes.
4. Deberá incorporarse al expediente informe social emitido por los Servicios Sociales de Atención Social Básica en el que consten los extremos especificados en el art. 14 y cualesquiera otros a que se refiere este decreto para casos excepcionales, salvo si de la documentación obrante en el expediente administrativo se desprende de manera manifiesta que la unidad familiar no cumple los requisitos para resultar beneficiaria de la ayuda.
5. Una vez recibida la solicitud, si ésta presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, quedando en suspenso el plazo máximo para resolver hasta que aporte la documentación requerida y con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente, que será dictada en los términos establecidos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la documentación que se indica a continuación, salvo que ya se encontrase en poder de cualquier Administración Pública, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del art. 53.1 de la Ley 39/2015, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan:
En el caso de una relación no matrimonial previa en la que hubiera habido descendencia, deberá aportarse copia de la resolución judicial o escritura pública reguladora de las relaciones paternofiliales relativas a los hijos menores de edad. No será necesaria su aportación cuando por motivos excepcionales se carezca de esta documentación y así se motive en el informe social emitido por los Servicios Sociales de Asistencia Social Básica.
1º En caso de que en el informe de vida laboral figurase en la respectiva anualidad con períodos de alta como trabajador por cuenta ajena, deberán aportarse copia del contrato de trabajo y de los justificantes de salarios referidos a dichos períodos.
2º En caso de que figuren períodos de alta en la respectiva anualidad como trabajador por cuenta propia, se presentará copia de los modelos 130 o 131, según el sistema de pagos trimestrales mediante estimación directa o estimación objetiva, al que se hallaren acogidos.
3º En caso de incapacidad temporal abonada por Entidad Colaboradora o Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se aportará certificación emitida por dicha entidad acreditativa del período y del importe a abonar por el concepto correspondiente.
4º En caso de incremento del patrimonio por venta de bienes patrimoniales o por la recepción de herencia, deberá aportarse copia del documento notarial que acredite dicho acto. Si el incremento se debiera a la venta o liquidación de activos financieros, se aportará certificación emitida por la entidad financiera responsable del abono.
5º En caso de nulidad, separación o divorcio, deberá aportarse copia de la sentencia de modificación de las medidas fijadas en una previa resolución judicial.
6º En el caso de modificación de la pensión alimenticia cuando no hubiera habido vínculo matrimonial, deberá aportarse copia de la sentencia de modificación de las medidas fijadas en la previa resolución judicial o en la escritura pública.
7º Cualquier otra variación que obedeciese a motivos no expuestos en este artículo, deberá ser acreditada por el solicitante mediante la aportación de la documentación que considere procedente.
No obstante, en atención a la especial naturaleza de las ayudas previstas en este decreto, se eximirá a sus beneficiarios del cumplimiento de los requisitos regulados en los apartados a), e), g) y h) del punto 2 del art. 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 13. Entidades colaboradoras.
3. Para tener la condición de entidad colaboradora, el Ayuntamiento no podrá incurrir en las circunstancias previstas en el apartado 2 del art. 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, acreditándose esta circunstancia mediante certificado del secretario/a de la entidad local.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en el art. 15.1.d) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
5. La cuantía individualizada que corresponde a cada municipio no podrá exceder del importe máximo establecido a continuación para cada uno de los siguientes tramos de población.
Para determinar el tramo de población a que pertenece cada entidad local se atenderá a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística existentes a la fecha de aprobación de la orden de convocatoria respectiva.
Tramo por nº habitantes según la última publicación del INE Cuantía individualizada
Menos de 1.000 habitantes 4.000 ?
De 1.000 a 2.500 habitantes 8.000 ?
De 2.501 a 5.000 habitantes 12.000 ?
De 5.001 a 7.500 habitantes 16.000 ?
De 7.501 a 10.000 habitantes 20.000 ?
De 10.001 a 15.000 habitantes 28.000 ?
De 15.001 a 25.000 habitantes 80.000 ?
De 25.001 a 50.000 habitantes 120.000 ?
De 50.001 a 90.000 habitantes 180.000 ?
De 90.001 a 120.000 habitantes 240.000 ?
Más de 120.001 habitantes 300.000 ?
Artículo 14. Informe social.
1. Salvo en el supuesto recogido en el art. 11.4, en la tramitación del procedimiento de esta ayuda deberá emitirse un informe social por los Servicios Sociales de Atención Social Básica, pudiendo utilizarse el modelo que figura en el anexo V de este decreto o el que se establezca en la convocatoria.}
Artículo 15. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
Artículo 16. Forma de pago y justificación.
Artículo 18. Circunstancias que dan lugar a la modificación de la resolución.
Artículo 19. Reintegro y pérdida del derecho.
Artículo 20. Criterios de graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la ayuda.
Artículo 21. Medidas de control.
Disposición adicional única. Actualización de las cuantías previstas en este decreto.
Mérida, 27 de diciembre de 2017.
El Presidente de la Junta de Extremadura, GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, JOSÉ Mª VERGELES BLANCA