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Timestamp: 2019-02-21 20:33:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 47', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 405', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 82']

Normativa Archivos - Ignacio Constantino
Compliance como herramienta para asegurar la empresa
24/04/2017 /0 Comentarios/en Blog, Normativa, Noticias /por dvicente
En los últimos años venimos escuchando con fuerza un concepto dentro del derecho jurídico de las empresas: compliance. Su significado es aún desconocido para muchos empresarios, algo que supone un riesgo tanto para ellos como para sus empresas.
Tras la reforma que el Código Penal sufrió en 2010, recae en las personas jurídicas la plena responsabilidad penal por los delitos que hayan sido consumados en su nombre o por algún representante legal o administrador, o por cualquier otro empleado que que se encuentren bajo su potestad, considerándose en este último punto que no se ha ejercido la supervisión suficiente.
El compliance consiste en llevar a cabo dentro de la empresa las actuaciones y procesos adecuados para asegurar que tanto la misma como sus directivos y empleados se rigen por el marco normativo aplicable. El cumplimiento de la normativa no ha de limitarse a aspectos meramente legales sino que también han de considerar políticas internas, compromiso con los clientes, proveedores y terceros, atendiendo también a la ética de sus actuaciones.
A este respecto, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha elaborado un proyecto de norma que permita a las empresas certificar sus modelos de compliance: la UNE 19601, una herramienta que permita a las empresas mantener la tranquilidad en lo que se refiere a posibles condenas por algún delito que haya sido llevado a cabo por uno de sus empleados o directivos. Este UNE 19601 incluye buenos hábitos dentro de las empresas que se llevan a cabo a nivel internacional.
Para que una empresa se declare conforme a la norma esta deberá cumplir todos y cada uno de sus puntos, y aunque la certificación correspondiente que se le otorgue tendrá una duración de tres años deberá de examinarse que la norma es satisfecha de manera anual.
Las principales actuaciones que ha de llevar a cabo la empresa para el cumplimiento del une 19601 son:
Identificación: mediante ella sostiene la prevención de los riesgos a los que la empresa se expone.
Prevención: a colación del punto anterior, toca establecer una estrategia eficiente que sirva de protección.
Seguimiento: de nada serviría lo anterior si no se observa de manera exhaustiva que las medidas llevadas a cabo son eficientes.
Determinación: cabe la posibilidad de que, a pesar de llevar a cabo las actuaciones que consideremos adecuadas, se produzcan infracciones que hay que solventar de manera inmediata.
Asesoramiento: este punto es de vital importancia, pues si la plantilla de la empresa al completo no recibe la información adecuada en torno a la normativa será imposible que se pueda cumplir con eficacia.
Normativa Marzo 2014
02/03/2014 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE 26/12/2013)
1º.- Art. 62 de la Ley de PGE 2014.- Nueva redacción del art. 35. 2 de la Ley 35/2006, del IRPF. A efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial.
2º.- Art. 63 de la Ley de PGE 2014.- La Disposición adicional vigésima séptima de la Ley 35/2006. “Reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo”, amplía sus efectos al año 2014.
3º.- Art. 64 de la Ley de PGE 2014.- La Disposición adicional trigésima quinta de la Ley 35/2006. “Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013”, amplia sus efectos al año 2014.
4º.- Art. 65.Uno de la Ley de PGE 2014.- La Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 35/2006 “Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información”, prorroga sus efectos para el año 2014.
5º.-Art. 65.Dos de la Ley de PGE 2014.- La Disposición transitoria vigésima de la Ley 35/2006. “Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información”, amplía sus efectos al año 2014.
6º.- D.T. cuarta de la Ley de PGE-2014.- Compensación fiscal por la percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario.
1º.- Art. 66 de la Ley de PGE 2014.- Para periodos impositivos que se inicien en 2014. Transmisión de elementos patrimoniales.
2º.- Art. 67 de la Ley de PGE 2014.- Para periodos impositivos que se inicien a partir de enero de 2013.
Reglas de valoración: cambios de residencia, cese de establecimiento permanente, operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en paraísos fiscales y cantidades sujetas a retención. Reglas especiales.
Nuevo párrafo en el art 17.1 del RD Legislativo 4/2004 (TRIS). En relación con la integración en la base imponible de la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de elementos patrimoniales de entidades que trasladen el domicilio fuera de territorio español, para el pago de la deuda tributaria cuando los elementos patrimoniales se transfieran a otro Estado Miembro se establecen determinados supuestos en los que puede aplazarse, a solicitud del sujeto pasivo, hasta la transmisión de los elementos afectados a terceros.
3º.- Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (art 68 de la Ley de PGE 2014). Para periodos impositivos que se inicien durante 2014.
4º.- Art. 69 Ley PGE 2014.-Régimen de las ventas derivadas de la transmisión. Art.84. 1 TRIS.
Para periodos iniciados a partir de 1 de enero de 2013.
Al igual que en el art. 17.1 del RD Legislativo 4/2004, y relacionado con la no integración de determinadas rentas en la base imponible en supuestos de fusiones a que se refiere el art. 83 TRIS, se indica que para el pago de la deuda tributaria cuando los elementos patrimoniales se transfieran a otro Estado Miembro se establecen determinados supuestos en los que puede aplazarse, a solicitud del sujeto pasivo, hasta la transmisión de los elementos afectados a terceros.
5º.- Art. 70 de la Ley de PGE 2014.- Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2014.
La Disposición adicional duodécima del RD Legislativo 4/2004. “Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo” amplía su vigencia al año 2014.
6º- Beneficios fiscales
La D.A. 51ª de la Ley de PGE 2014 delimita las actividades y programas prioritarios de mecenazgo correspondientes al año 2014, para las que se elevan en cinco puntos los porcentajes de deducción previstos en los Arts. 19, 20 y 21 de la Ley 49/2002. Puede beneficiarse de esta deducción un máximo de 50.000 euros por aportarte.
Entre los programas que se citan están las actividades del Instituto Cervantes, determinadas actuaciones relativas a bienes del Patrimonio Histórico Español, programas de formación del voluntariado, actuaciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información, determinados proyectos de investigación y programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género, entre otros.
Beneficios fiscales para estos acontecimientos: Los máximos establecidos en el artº 27.3 de la Ley 49/2002.
Art. 71 de la Ley de PGE 2014.- D.A. tercera del RD Legislativo 5/2004 “Tipo de gravamen del Impuesto en los ejercicios 2012 y 2013.
Se prorrogan durante 2014 los tipos de gravamen del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que se fijaron para los ejercicios 2012 y 2013.
Se prorroga durante 2014 la exigencia del gravamen del Impuesto sobre Patrimonio, al objeto de contribuir a la reducción del déficit público. A estos efectos, el art 72 de la Ley de PGE 2014 modifica el art único 2º del RD-Ley 13/2011, que restablece el Impuesto con carácter temporal.
Arts. 74 al 79 de la Ley de PGE 2014.-
Las modificaciones que se introducen obedecen a una doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la Ley del Impuesto a la Directiva comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación de la disposición adicional sexta de dicha Ley, a una corrección técnica, en cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del impuesto que regula.
Ley 37/1992, del IVA. Cambios a partir de 1 de enero de 2014.
IPREM (INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES), PARA 2014
b) El IPREM mensual, 535,51 euros.
Empleabilidad de los trabajadores
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE 21/12/2013)
Se introduce en la normativa laboral ciertas medidas en materia de contratación y flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, cuya finalidad es potenciar la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores, particularmente mediante el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, el contrato de trabajo a tiempo parcial y el contrato de trabajo en prácticas.
El trabajo a tiempo parcial otorga al empresario flexibilidad en el tiempo de trabajo y posibilita al trabajadorconciliar la vida laboral y personal y compatibilizar trabajo y formación. Para promocionarlo se simplifica su régimen laboral y se incorporan cambios para que las empresas recurran al mismo como mecanismo adecuado para una composición de las plantillas laborales adaptada a las circunstancias económicas y productivas, asegurando un adecuado equilibrio entre flexibilidad y control. También se permite celebrar a tiempo parcial el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, suprimiéndose la anterior exigencia de que se realice a jornada completa.
El objetivo es fomentar el contrato de trabajo a tiempo parcial. Así, desaparece la posibilidad de que los trabajadores contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarias; flexibiliza el régimen de las horas complementarias; distingue entre las horas pactadas, de realización obligatoria para el trabajador si ha firmado el preceptivo pacto, y las voluntarias, que solo pueden ser ofrecidas en los contratos con duración indefinida y de realización voluntaria para el trabajador; y solo se permite la realización de horas complementarias si la jornada ordinaria establecida en el contrato es de al menos diez horas semanales, en cómputo anual. Y se establece unaobligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial.
Se incrementa la flexibilidad del tiempo de trabajo, tanto en lo referente a la distribución irregular de la jornada como respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar. En materia de distribución irregular de la jornada, el régimen de compensación de las diferencias de horas, por exceso o por defecto, será el que pacten las partes y en defecto, las diferencias se compensarán en el plazo de doce meses desde que se produzcan. Se amplía desde los ocho hasta los doce años la edad del menor cuya guarda legal puede justificar una reducción de la jornada del trabajo diario, con la disminución proporcional del salario.
Se acorta la duración del periodo de prueba en los contratos de duración determinada del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que no sea superior a seis meses, el cual no podrá exceder de un mes salvo que el convenio colectivo de aplicación prevea otra cosa. Y se amplía el régimen de interrupción del periodo de prueba a otras situaciones relacionadas con la maternidad y la paternidad.
La finalidad de las modificaciones de la Ley 3/2012, de 6 de julio es hacer posible la celebración del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores a tiempo parcial, adaptando a dicha posibilidad lo relativo a bonificaciones e incentivos fiscales, que en caso de contrato a tiempo parcial se disfrutarán de modo proporcional a la jornada pactada.
Se facilita la formalización de contratos de trabajo en prácticas para mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
Se concreta el requisito de procedencia de otro sector de actividad en los incentivos por la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, así como el concepto de grupo de empresas a efectos de las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios.
Se prevé la reducción, en un 1%, del tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración determinada a tiempo parcial.
En materia de cotización, aproxima el tratamiento de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que en algún momento de cada ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, a lo establecido para los trabajadores incluidos en el Régimen General.
Entra en vigor el 22 de diciembre de 2013, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal (BOE 03/12/2013)
El Real Decreto contiene la regulación del funcionamiento del Registro Público Concursal para asegurar la difusión y publicidad de las resoluciones procesales dictadas al amparo de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y de los asientos registrales derivados del proceso concursal, así como los mecanismos de coordinación entre los diversos registros públicos en los que deban constar la declaración del concurso y sus vicisitudes. El carácter universal de los efectos del concurso de acreedores exige que el conocimiento de su declaración y de los pormenores de su tramitación llegue a todos los posibles interesados.
El Registro Público Concursal responde a un principio de unidad de información que abarca tanto las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso concursal, como las que implican la apertura de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y su finalización y los asientos registrales derivados de los mismos. Se configura como un instrumento que asegura la coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, así como con los expedientes sobre acuerdos extrajudiciales de pagos.
Debe ponerse a disposición de los interesados una información coordinada y completa. Por ello, la accesibilidad a la publicidad de las resoluciones concursales publicadas se realizará a través de un portal en internet, dentro de la sede electrónica que determine el Ministerio de Justicia.
Corresponde al Ministerio de Justicia la puesta en marcha y el mantenimiento del Registro y se encomienda su gestión material al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Y son losJuzgados, Registradores Mercantiles, Notarios y registros públicos quienes han de proporcionar la información de los distintos concursos y expedientes de acuerdo extrajudicial que se ha de incorporar al mismo. Las comunicaciones que se efectúen a través del Registro Público Concursal serán siempre electrónicas.
El acceso al Registro Público Concursal será público, gratuito y permanente, sin necesidad de justificar o manifestar interés legítimo alguno. Le corresponde el almacenamiento y sistematización de toda la información que le es remitida, facilitando la interconexión con los demás registros. Los asientos que se practiquen como consecuencia de las distintas comunicaciones en los distintos registros públicos se remitirán al Registro Público Concursal, al igual que las resoluciones adoptadas por el Juzgado que tramite el concurso.
Entra en vigor el 3 de marzo de 2014, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Normativa Diciembre 2013
25/11/2013 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Aspectos fiscales de la Ley de Emprendedores
Dedica su Título II a los Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores. Dicho título contiene diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor, entendido éste de forma amplia como quien desarrolla una actividad económica empresarial o profesional.
Las medidas fiscales que introduce esta ley afectan a los siguientes impuestos:
1. Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario
En el ámbito de este impuesto se crea, para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, el régimen especial del criterio de caja.
Este régimen es aplicable para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no supere los 2.000.000 de euros.
Quedan excluidos los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen una cuantía, pendiente de determinación reglamentaria.
Asimismo, quedan excluidas del régimen especial las siguientes operaciones: regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión; las entregas de bienes exentas en exportaciones de bienes, operaciones asimiladas a las exportaciones, zonas francas, depósitos francos, regímenes aduaneros y fiscales y entregas de bienes destinados a otro Estado miembro; las adquisiciones intracomunitarias de bienes; aquellas en las que sea aplicable la inversión del sujeto pasivo; las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones; y el autoconsumo de bienes y las operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, los incentivos fiscales que introduce la Ley tienen que ver con la inversión de beneficios, las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.
– Nueva deducción por inversión de beneficios.
– Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
– Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
– Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.
En materia de IRPF, se incentiva fiscalmente por una lado la inversión en empresas de nueva creación o la reinversión en los supuestos de trasmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación y por otro lado los contribuyentes que realicen actividades económicas pueden aplicarse la deducción por inversión en beneficios regulada en el IRPF.
– Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
– Exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.
– Deducción por actividades económicas.
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (BOE 03/08/2013)
Tiene como finalidad contribuir a la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.
Tienen por objeto dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional, mantener los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan el Sistema Español de Seguridad Social, así como la equidad respecto a la situación de los trabajadores a tiempo completo, y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como evitar la desincentivación de la cotización al Sistema.
Se introduce una serie de reglas específicas relativas a la acción protectora de la Seguridad Social aplicables a lostrabajadores a tiempo parcial: periodos de carencia, se flexibiliza el número de años requeridos para acceder a una prestación y recoge una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial.
Con el objetivo de otorgar una mayor seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo se establece que, para percibir y conservar la prestación y el subsidio por desempleo, los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a través de la renovación de la demanda de empleo.
Se modifica el artículo 27 de la Ley de Empleo, para adaptar el régimen de infracciones y sanciones a la novedad de que la inscripción como demandante de empleo y el mantenimiento de la misma pasan a ser requisitos necesarios para percibir y conservar el derecho a la prestación.
Modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción específica el incumplimiento del empresario de la obligación de comunicar previamente las medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada y de despido colectivo adoptadas, conforme al artículo 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores.
Se introducen determinadas modificaciones en los preceptos del ET que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, así como en los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de despido colectivo y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos.
Se adapta el contenido del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la tramitación de los procedimientos demodificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, a los cambios que afectan a la comisión negociadora en procedimientos de consulta.
Y modifica la Ley reguladora de la jurisdicción social, en relación con la modalidad procesal del despido colectivopara que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio, aclarándose las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.
Obligación de informar sobre valores negociables
Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables (BOE 02/08/2013)
Esta Circular regula la obligación de informar sobre dichos valores negociables, indicando las entidades que quedan sometidas a dicha obligación de información, así como la periodicidad, contenido y remisión de la misma.
El Banco de España está obligado a recopilar la información detallada en el Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo (BCE), de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre carteras de valores, que establece la necesidad de recopilar, valor a valor, la información de los valores mantenidos por los sectores institucionales de la zona del euro, así como la de los emitidos por residentes en dicha zona y mantenidos por los sectores institucionales no pertenecientes a aquélla, e incluye, entre los agentes sujetos a la obligación de declarar, las instituciones financieras monetarias, los fondos de inversión, las sociedades instrumentales y las entidades depositarias.
Por otra parte, el Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas con el exterior, y la Orden de 27 de diciembre de 1991, establecen la obligación de las entidades registradas en los casos de operaciones, transacciones, actos o negocios con no residentes, así como en las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, y de los residentes que lleven a cabo las operaciones señaladas en el artículo 1 de dicho real decreto o mantengan activos o pasivos en el exterior, de facilitar a los órganos competentes de la Administración General del Estado y al Banco de España los datos que se les requieran, en la forma, periodicidad y por el importe que este determine, para los fines de seguimiento administrativo, fiscal y estadístico de las operaciones.
Entidades que quedan sometidas a la obligación de informar: entidades de crédito y sucursales en España de entidades de crédito inscritas en los registros oficiales del Banco de España que actúen como depositarias o liquidadoras en los mercados regulados de valores negociables, y el Banco de España; las entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúen como entidades depositarias o liquidadoras en los mercados regulados de valores negociables; y las entidades financieras inscritas en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúen como sociedades gestoras de fondos de inversión, por lo que se refiere a las participaciones en fondos de inversión españoles.
Periodicidad y contenido de la información: la información se deberá remitir, valor a valor (desglosada por clase de valor, y por valor individual, identificado mediante su código ISIN), con periodicidad mensual, dentro de los diez días hábiles siguientes al fin de cada mes.
La información se remitirá al Departamento de Estadística por medios telemáticos, de conformidad con los formatos, condiciones y requisitos que se establezcan en las «aplicaciones técnicas» de esta circular. Se mantendrá en el sitio web del Banco de España una versión actualizada de dichas especificaciones de libre acceso en Internet.
Conexiones normativas: a la entrada en vigor de la presente circular quedará derogada la Circular del Banco de España 2/2001, de 18 de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables.
Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional (BOE 31/08/2013)
Tiene por finalidad, de una parte, potenciar e impulsar el funcionamiento del Mercado Alternativo de Renta Fija, y, de otra, eliminar la obligación de remisión determinada información semestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
Con la modificación introducida en el Real Decreto 1777/2004 se persigue potenciar e impulsar el funcionamiento del Mercado Alternativo de Renta Fija. Al modificar el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades se equipara el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los inversores en el Mercado Alternativo de Renta Fija y las del régimen general aplicable a los mercados secundarios oficiales. Así, se suprime la obligación de practicar retención sobre las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de activos financieros negociados en el citado Mercado Alternativo de Renta Fija.
Con las modificaciones que se llevan a cabo en el Real Decreto 764/2010 se elimina la obligación de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la información estadística semestral de los corredores de seguros y de los corredores de reaseguro, y de la información del negocio semestral de los agentes de seguros vinculados y de los operadores de banca-seguros vinculados. Con ello se reducen las cargas administrativas sin mermar la necesaria información con la que debe contar la autoridad supervisora para el ejercicio de sus funciones. La información anual que deben remitir estos profesionales es suficiente para cumplir este objetivo.
Normativa Mayo 2013
10/05/2013 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Medidas de apoyo al emprendedor. Incentivos fiscales
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 23/02/2013)
El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, tiene por finalidad apoyar la iniciativa emprendedora, el desarrollo empresarial y la creación de empleo, introduciendo una serie de medidas dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.
Respecto a los incentivos fiscales, se regula un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora para incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.
– En el Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.
– En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una nueva reducción del 20% sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este. Y también en el ámbito de dicho Impuesto, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.
En cuanto a las medidas de fomento de la financiación empresarial, se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para recoger la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas, así como el Reglamento de planes y fondos de pensiones para quelos fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad. También levanta la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas, para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas.
Nota: Las medidas de carácter social se tratan en el comentario de la Sección Laboral de esta revista, pág. 6.
Medidas para jubilación anticipada y parcial
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE 16/03/2013)
Este Real Decreto recoge medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, y la lucha contra el fraude y las políticas de empleo, con la finalidad de favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.
El Capítulo I se ocupa de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena y será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
El Capítulo II recoge las modificaciones introducidas en la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial y en la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante.
El Capítulo III modifica la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo, incorporando las modificaciones que se han llevado a cabo respecto a la jubilación parcial.
En el Capítulo IV se incluyen las medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos.
Por otra parte, la Disposición Adicional 1ª introduce una serie de cautelas para evitar que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley; la 2ª y 3ª contemplan el régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas; la 4ª se ocupa de la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada; la 5ª se refiere al informe sobre la Recomendación 16.ª del Pacto de Toledo; la 6ª se refiere a la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas; la 7ª contempla el informe previo de las entidades, participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal; la 8ª establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo; y la 9ª encomienda al Gobierno la creación en el plazo de un mes de un comité de expertos independientes para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.
Convenio especial para personas con discapacidad
Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral (BOE 2/03/2013)
Requisitos para poder solicitar la suscripción de dicho convenio:
– Tener dieciocho o más años de edad y no haber cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria.
– Residir legalmente en España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
– Tener reconocida una discapacidad que implique especiales dificultades de inserción laboral.
– No figurar en alta o en situación asimilada a la de alta.
– Encontrarse inscritas en los servicios públicos de empleo por un período mínimo de seis meses.
– No tener la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, ni de jubilación en su modalidad no contributiva, ni percibir pensiones equivalentes.
La suscripción del convenio especial determinará la inclusión en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, en una situación asimilada a la de alta, para la cobertura de las prestaciones por jubilación, y por muerte y supervivencia.
La cotización a la Seguridad Social será obligatoria desde la fecha de efectos del convenio especial y mientras el mismo se mantenga en vigor. Asimismo, se establecen el coeficiente reductor aplicable en el año 2013 que queda establecido en el 0,89.
Jornada de trabajo de transportistas por cuenta propia
Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera (BOE 23/02/2013)
Se aplicará expresamente al transporte por carretera de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, o de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin.
Su finalidad es reforzar la seguridad y la salud de los trabajadores móviles del transporte por carretera, al trasponer la Directiva 2002/15/CE al colectivo de los trabajadores por cuenta propia.
Se concreta su objeto y el ámbito de aplicación, señalándose aquellos supuestos de transporte por carretera expresamente excluidos; se incluyen las definiciones de los conceptos básicos; y se regulan los tiempos de trabajo y de descanso, así como las pausas, recogiendo la obligación del conductor autónomo de registrar diariamente su tiempo de trabajo.
Tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita
Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE 23/02/2013)
Ya desde el inicio de su tramitación, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas judiciales ha sido objeto de fuertes críticas, por entender que atentaba contra la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la tutela judicial efectiva. Pese a ello, las nuevas tasas comenzaron a aplicarse el 17 de diciembre de 2012, tras la publicación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, que aprobaba los modelos 696, para la autoliquidación, y 695, para la solicitud de devolución.
Finalmente se ha publicado este Real Decreto Ley que reduce los importes de las tasas judiciales y adelanta la entrada en vigor de determinadas medidas establecidas en el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.
Modulación de las tasas judiciales
• Se mantiene la cuantía fija en función del tipo de procedimiento, y se rebaja la cuota variable que debe pagar una persona física: del 0,5% del total de la cuantía de la pretensión al 0,10%.
• En los recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras la tasa no podrá exceder de la mitad de su importe.
• El importe de las tasas en los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual quedarán fuera de la condena en costas, que suele repercutir en el desahuciado o su avalista.
• Se resuelven dudas sobre el devengo de las tasas en determinados procesos: capacidad, filiación, matrimonio, menores, división de patrimonios, procesos concursales…
• Las reclamaciones por incumplimientos de laudos de consumo estarán exentos de tasa. Los divorcios de mutuo acuerdo tampoco pagarán.
Beneficiarios del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita:
• Aumenta el número de beneficiarios, al reconocer como tales, con independencia de sus recursos, a determinados colectivos:
• Eleva los umbrales de renta para poder acceder a este derecho.
Normativa Diciembre 2012
06/12/2012 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Limitación en la deducibilidad de gastos financieros en Sociedades
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, en relación con la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades (BOE 17/07/2012)
La presente Resolución establece los criterios interpretativos para aplicar la limitación general en la deducción de gastos financieros introducida por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que modificó el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Tras definir el concepto de gastos financieros e ingresos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios, declarando que tanto los gastos como los ingresos que se deben tomar en consideración a los efectos de la aplicación del límite establecido en el artículo 20 del TRLIS deben estar relacionados con el endeudamiento empresarial, se ocupa del beneficio operativo, de la aplicación de gastos financieros procedentes de ejercicios anteriores y del beneficio operativo que no ha determinado la deducibilidad de gastos financieros en un periodo impositivo. También incluye reglas específicas para grupos de consolidación fiscal.
Nuevos modelos de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 y 222)
Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BOE 29/09/2012)
Se hace necesario actualizar los modelos de pagos fraccionados de acuerdo a las importantes modificaciones sufridas desde la aprobación del modelo anterior por la O EHA/664/2010 (RDL 9/2011, de 19 de agosto, RDL 12/2012, de 30 de marzo, RDL 14/2012, de 20 de abril y, sobre todo, RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). Dichas modificaciones normativas, al ser sustanciales, afectan a las variables que inciden en la determinación de los pagos fraccionados a realizar y a las cautelas a establecer en determinados supuestos sobre su importe mínimo, lo que obliga a la aprobación de un nuevo modelo, no solo del modelo general 202 sino también del modelo 222 para efectuar el pago fraccionado en régimen de consolidación fiscal.
En la Orden se procede a configurar el modelo 202 como un modelo cuya presentación se va a realizar exclusivamente por vía telemática, por lo que se amplía dicha obligación a aquellas entidades obligadas a declarar los pagos fraccionados y que no tienen la forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada.
Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 60 millones de euros se establece la presentación obligatoria de una comunicación de datos adicionales junto con el pago fraccionado correspondiente.
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE 30/10/2012)
Nota: Nos remitimos al comentario recogido en la sección Fiscal de esta revista, pág. 4.
Se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, centrando su función protectora en el colectivo de desempleados que, sin derecho a otras prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares u ostenten la condición de parados de larga duración.
Se incrementa la cuantía de la ayuda hasta el 85% del IPREM para aquellos beneficiarios con tres o más personas a su cargo, manteniéndose en el 75% la cuantía para el resto de los casos. Persiste la vinculación al requisito de rentas de la unidad familiar, aunque se redefine su composición en coherencia con otros programas de análoga finalidad. En este sentido, se pretende que el programa atienda a las situaciones de mayor necesidad y se amplía la ayuda para los casos en los que las cargas familiares sean mayores.
Se articulan mecanismos para fortalecer la vinculación entre las políticas activas y pasivas, que contribuyan a potenciar el carácter de “programa para el empleo”, y así, se refuerza el seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso de actividad, exigiendo que los solicitantes acrediten haber realizado actuaciones de búsqueda de empleo a título personal, o en colaboración con los servicios de empleo, como requisito previo a la obtención de la condición de beneficiarios. El compromiso de búsqueda activa de empleo deberá mantenerse durante todo el programa, y los servicios de empleo podrán requerir al beneficiario que acredite la materialización de dicho compromiso en cualquier momento.
Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (BOE 28/09/2012)
La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado tripartito, cuya función es el asesoramiento y consulta a las partes de la negociación colectiva en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de los convenios. La reforma laboral llevada a cabo ha añadido a sus tradicionales funciones consultivas y de observatorio de la negociación unas funciones decisorias que favorecerán y potenciarán la utilización en las empresas de los mecanismos de flexibilidad interna consistentes en la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, evitando así que el ajuste laboral se produzca a través del recurso a los despidos.
Lo más novedoso de esta regulación es el desarrollo de las funciones decisorias atribuidas por el nuevo artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores a la Comisión para la solución de discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo de aplicación. Esto se desarrolla en el capítulo V del Real Decreto: su primera sección se refiere las disposiciones generales sobre su objeto, ámbito de actuación y sujetos legitimados para solicitar su actuación, que son las empresas y los representantes de los trabajadores. La segunda sección establece el procedimiento para la solución de discrepancias surgidas respecto a la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos. Asimismo, incluye de forma separada los procedimientos para la solución de discrepancias mediante decisión en el seno de la Comisión o mediante la designación de un árbitro, que habrá de ser elegido entre expertos imparciales e independientes, siendo de elección preferente aquel sobre el que las partes hayan mostrado conformidad.
Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (BOE 25/07/2012)
Se establece en la presente Orden, que entró en vigor el 25 de septiembre, que en el Registro electrónico de apoderamientos se podrán hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, inscribiéndose únicamente las representaciones que los interesados otorguen voluntariamente. Desarrolla los procedimientos a través de los cuales el poderdante procederá a la inscripción de apoderamientos en el Registro y regula la regulación de la renuncia y revocación del apoderamiento.
Por lo que respecta a los trámites y actuaciones por medios electrónicos y sus categorías, y al procedimiento de adhesión al Registro electrónico de apoderamientos, las consultas y certificaciones para el interesado, se señala que, dado que el Registro no tiene carácter público, el interesado solo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado, pudiendo obtener dichas consultas y certificaciones por medios electrónicos.
Se regulan, asimismo, los procedimientos de acceso electrónico a la información del Registro por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, y por lo que se refiere a la protección de datos, los artículos 12 y 13 se ocupan de dicha protección y de la creación del fichero de datos personales “Registro electrónico de apoderamientos”, cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Por último, los Anexos recogen los formularios para la inscripción en el Registro, para la revocación de poderes y para la renuncia de apoderamientos, así como el contenido del Fichero de datos personales.
Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales (BOE 02/06/2012)
Se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales, que deberán acreditar ante el secretario judicial del juzgado que conozca del concurso, y cuya finalidad es cubrir el riesgo del posible nacimiento a su cargo de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de su función.
El deber de aseguramiento recae sobre el administrador concursal, ya sea persona natural o jurídica; cuando la administración concursal sea una persona jurídica, la cobertura del seguro o garantía equivalente incluirá la responsabilidad de los profesionales que actúen por cuenta de esta.
Siendo dicho seguro o garantía equivalente un presupuesto para la aceptación del cargo, los administradores concursales no pueden aceptar su nombramiento sin acreditar convenientemente que gozan de dicha cobertura, que debe ser mantenida durante toda la tramitación del proceso concursal
El administrador concursal podrá sustituir el aseguramiento por una garantía solidaria de contenido equivalente constituida por entidad de crédito que pueda prestar garantías de este tipo por el importe, y deberá mantener su vigencia hasta que transcurran cuatro años desde la fecha en la que el administrador concursal cesó en el cargo por cualquier causa. La suma mínima asegurada será de 300.000 euros, aunque se establecen cuantías superiores en determinados casos.