Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6933
Timestamp: 2020-02-26 05:00:12
Document Index: 125370788

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 149', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 161', 'Artículo 8', 'Artículo 161', 'Artículo 18', 'Artículo 8']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 151/2011
SENTENCIA 151/2011, de 29 de septiembre
ECLI:ES:TC:2011:151
1. El día 21 de octubre de 2003 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Córdoba, al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto del referido Juzgado de 22 de septiembre de 2003 mediante el que se acuerda elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, por posible vulneración del art. 9.3 CE y, acumulada y subsidiariamente a la anterior, sobre el art. 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que modifica la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros (LORCA), por posible vulneración de los arts. 149.1.11 y 149.3 CE, en relación con el art. 18.1.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
a) El 25 de noviembre de 2002 el consejo de administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur) acordó proceder a la acreditación ante el Ministerio de Economía de la fundación de dicha Caja por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba (persona jurídica de la Iglesia) a los efectos de acogerse a las previsiones competenciales de la disposición adicional segunda LORCA, en la redacción que le dio el art. 8.15 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, (posteriormente, el 3 de diciembre de 2002, el consejo de administración de Cajasur aprobó la adaptación de los estatutos y el reglamento del procedimiento regulador del sistema de designaciones de los órganos de gobierno a las previsiones de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre).
b) El día 10 de diciembre de 2002, tres vocales del consejo de administración de Cajasur, impugnaron ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Córdoba (procedimiento ordinario núm. 1283-2002) la convocatoria y los acuerdos adoptados en la referida sesión de 25 de noviembre de 2002 tanto por defectos producidos en dicha convocatoria así como por conculcar el derecho de información.
c) Concluso el procedimiento y con suspensión del plazo para dictar Sentencia, el órgano judicial, por providencia de 9 de julio de 2003, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), oír a las partes y al Ministerio Fiscal, por término de diez días, para que alegasen lo oportuno sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, por supuesta vulneración del art. 9.3 CE, en cuanto a los derechos a la irretroactividad de las normas y a la seguridad jurídica y, acumulada y subsidiariamente a la anterior, sobre el art. 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que modifica la disposición adicional segunda LORCA por posible vulneración de los arts. 149.1.11 y 149.3 CE, en relación con el art. 18.1.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
d) Los actores solicitaron el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad solamente respecto del art. 8.15 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, por entender que la misma vulneraba los arts. 149.1.11 y 149.3 CE, al regular una materia atribuida a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el art. 18.1.3 de su Estatuto de Autonomía. El Ministerio Fiscal manifestó su parecer favorable al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad y la representación procesal de Cajasur estimó procedente el planteamiento de la cuestión solamente respecto de la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.
e) Finalmente, el órgano judicial dictó el Auto de 22 de septiembre de 2003 por el que se plantea la presente cuestión de inconstitucionalidad.
3. En cuanto al contenido del Auto de promoción, importa destacar lo siguiente:
a) La parte argumentativa del Auto comienza señalando la concurrencia de los requisitos procesales necesarios para el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad así como la imposibilidad de acomodar las normas cuestionadas al ordenamiento constitucional. A continuación señala que, aun cuando la LOTC no prevé la posibilidad de plantear de forma acumulada cuestiones de inconstitucionalidad sobre diversas normas jurídicas, el art. 83 LOTC, relativo a la acumulación de procesos, permite hacer una interpretación analógica de dicha norma, no debiendo haber inconveniente procesal en plantear en un solo auto la inconstitucionalidad de dos normas que afectan a un mismo procedimiento judicial y de cuya respectiva validez depende el fallo. De lo contrario entiende el órgano judicial que habría que plantear primero la cuestión de inconstitucionalidad respecto de una sola de las normas y, resuelta ésta, volver a suspender el plazo para dictar Sentencia, para plantear una segunda cuestión de inconstitucionalidad sobre la segunda norma. Por otra parte señala que la razón que le lleva a plantear la cuestión de forma subsidiaria viene determinada por el contenido de las normas cuestionadas pues la norma autonómica establece el procedimiento obligatorio y vinculante que han de seguir las cajas de ahorro de Andalucía para su acogimiento a la posibilidad prevista en la Ley 44/2002 de sustraerse a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y pasar a depender del Estado central si su fundador ha sido la Iglesia Católica. Como quiera que la norma autonómica se promulga cuando Cajasur ya ha adoptado el acuerdo en cuestión es claro que si el Tribunal Constitucional falla a favor de la constitucionalidad de la norma autonómica la Sentencia del Juzgado tendrá que ser estimatoria de la impugnación pues el acuerdo no se ajusta a lo dispuesto por la ley andaluza. Por el contrario si el Tribunal Constitucional sentencia que esa disposición adicional quinta de la Ley 10/2002 es inconstitucional habrá de resolverse sobre el fondo del asunto: la legalidad del acuerdo de Cajasur de acogerse a lo dispuesto en la ley estatal siendo entonces determinante el juicio de constitucionalidad sobre la misma. Esta vinculación de procedimientos es la que motiva el planteamiento acumulado y subsidiario de las dos cuestiones de inconstitucionalidad en un solo Auto y respecto de un solo procedimiento judicial.
b) Seguidamente argumenta la posible inconstitucionalidad de la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002 así como su relevancia para la resolución del procedimiento judicial en los términos siguientes: “su relevancia para la validez del fallo que haya de recaer en el presente procedimiento judicial es evidente, puesto que versando el mismo sobre la legalidad '... de todo lo acordado en el Consejo de Administración celebrado el 25 de noviembre de 2002 ... así como los acuerdos que se deriven de los adoptados en dicho Consejo de Administración', entre otros aquél por el que decidió acreditarse ante el Ministerio de Economía para someterse a la competencia de éste, la norma cuestionada establece, con carácter retroactivo (véase su párrafo 3), un procedimiento para la validez de dicha acreditación y una serie de requisitos para la adopción del acuerdo en el seno de la Asamblea General de la Caja de Ahorros, amén de la necesidad de un informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Como quiera que el acuerdo no se adaptó a tal normativa, entre otras razones de menor importancia, porque es anterior a su promulgación, que la misma sea o no constitucional condiciona completamente la validez del fallo, puesto que de serlo es patente que el acuerdo de Cajasur no se tomó con tales requisitos y por tanto contraviene la legalidad autonómica, de donde devendría su nulidad; mientras que si la norma cuestionada es inconstitucional, resulta inaplicable y, consecuentemente, el acuerdo de Cajasur no tiene que adecuarse a ella”.
c) Respecto al cuestionamiento, acumulado y subsidiario, del art. 8.15 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, entiende el órgano judicial que la disposición cuestionada puede vulnerar los artículos 149. 1.11 y 149.3 CE en relación con el artículo 18.1.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en cuanto que priva a esta Comunidad Autónoma de una competencia constitucional y estatutariamente conferida sobre una caja de ahorros radicada en su territorio. En tal sentido, con cita en especial de la STC 49/1998, de 22 de marzo, el Auto indica que el Tribunal Constitucional ha interpretado siempre el artículo 149.1.11 CE en el sentido de establecer reglas de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas pero nunca ha entendido que el Estado pueda atribuirse en exclusiva la competencia sobre una caja de ahorros radicada en una Comunidad Autónoma. Dándose la paradoja, además, de que la norma cuestionada se define como norma básica, para consagrar a continuación una excepción a dicho carácter y establecer un mecanismo de exclusividad a favor del Estado, de modo que pasa de regular un mínimo común denominador normativo a atribuir al Estado una competencia en exclusiva. Estamos en presencia, según el órgano judicial, de una norma que, atribuyendo competencias de ejecución, se califica sin embargo como básica, si bien que de forma contingente, en cuanto la asunción de dicha competencia por el Estado depende de la exclusiva voluntad de la entidad afectada. La disposición adicional introducida por la Ley 44/2002 en la LORCA justifica dicha posibilidad en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979, pero ello no es suficiente para alterar dicha distribución competencial prevista en la Constitución, puesto que el Acuerdo, como tratado internacional, tiene su valor supralegal pero infraconstitucional, conforme a los artículos 95 y 96 CE. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que la conclusión de tratados internacionales por el Estado no puede suponer el desconocimiento del reparto de competencias establecido por la Constitución entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que, en los tratados cuya materia afectara a competencias autonómicas, seguiría correspondiendo la ejecución de la competencia a la Comunidad Autónoma (SSTC 252/1988, 64/1991 y 79/1992). Asimismo, la ejecución de los tratados internacionales, en lo que afecta a materias atribuidas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, le corresponde a la Administración andaluza, conforme al artículo 23.2 de su Estatuto de Autonomía. Además, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no habría razón alguna para afirmar que la llamada singularidad de Cajasur (las particularidades de su régimen derivadas de su fundación por la Iglesia Católica) estén mejor defendidas o salvaguardadas por el hecho de que dependa competencialmente de la Administración central o de su Comunidad Autónoma, sino que, en todo caso, la salvaguarda de dicha singularidad provendrá del establecimiento de una legislación o un estatuto especial que reconozca y mantenga dichas particularidades, sin que para ello sea relevante que la Administración con potestades de control y ejecución sea una u otra.
4. Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal Constitucional de 7 de junio de 2004 se acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad así como dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Parlamento y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Finalmente se ordenó publicar la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de la Junta de Andalucía.
5. El Presidente del Senado, por escrito registrado en fecha 24 de junio de 2004, comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. El mismo día 24 de junio el Abogado del Estado registró su escrito de alegaciones señalando la identidad de la presente cuestión con la tramitada con el núm. 5094-2003 y acompañando copia del escrito presentado en la precedente cuestión de inconstitucionalidad, dando así por reproducidas las alegaciones presentadas en su momento y que se sintetizan a continuación.
7. El 28 de junio de 2004 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones.
8. La Letrada de la Junta de Andalucía formuló su escrito de alegaciones el día 5 de julio de 2004 en el que, resumidamente, expone lo siguiente.
9. El Fiscal General del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 6 de julio de 2004, presentó las alegaciones que se resumen a continuación.
10. Mediante escrito registrado el 8 de julio de 2004, el Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, en representación de dicha Cámara, compareció en el proceso y formuló las alegaciones que se resumen a continuación.
a) En relación la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002 señala que la cuestión de inconstitucionalidad ha de ser inadmitida por falta de las condiciones procesales, en concreto, por no resultar aplicable en el proceso judicial. En tal sentido indica que lo determinante para el órgano judicial es lo establecido en el apartado 3 de la misma del cual infiere su aplicación, con carácter retroactivo, a un proceso de acreditación ya concluso en el momento de entrada en vigor de la disposición cuestionada. Lo expuesto se comprueba, además, con la circunstancia de que el primer motivo de inconstitucionalidad considerado por el órgano judicial es, precisamente, la vulneración del principio de irretroactividad de las normas mientras que el segundo, el relativo a la vulneración del principio de seguridad jurídica, parte también de modo indubitado de que la aplicabilidad de la citada disposición adicional deriva precisamente de la previsión de retroactividad de su apartado 3. De esta manera, es posible afirmar que el órgano judicial considera que la disposición es aplicable al caso por la exclusiva razón de que su apartado 3 prevé su retroactividad en grado máximo.
b) En lo relativo al art. 8.15 de la Ley 44/2002, el Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía se remite a las alegaciones realizadas para fundamentar la inconstitucionalidad del referido precepto vertidas en el recurso de inconstitucionalidad tramitado con el núm. 488-2003, interpuesto por el Parlamento de Andalucía contra éste y otros preceptos de la referida ley. A dicho precepto le reprocha, de un lado, la especial regulación que establece para las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia Católica, la cual vulneraría el principio de igualdad careciendo de fundamento constitucional por cuanto, en primer lugar, no es posible encontrar elemento objetivo alguno que justifique un tratamiento diferenciado como el contenido en los preceptos impugnados, sustrayéndose, en segundo lugar, a la Comunidad Autónoma las competencias ordinarias en la materia en relación a dichas cajas de ahorro.
11. Por providencia de 28 de septiembre de 2011 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.
1. En el presente proceso constitucional debemos resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, por posible vulneración del art. 9.3 CE. Acumulada y subsidiariamente a la anterior, el órgano judicial plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que modifica la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros (LORCA), por posible vulneración de los arts. 149.1.11 y 149.3 CE en relación con el art. 18.1.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
“Disposición adicional quinta. Requisitos previos a la acreditación prevista en la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.
3. Lo previsto en la presente disposición será de aplicación a cuantos procedimientos y actuaciones se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley al amparo de lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto.”
2. No obstante, antes aún de abordar la resolución de la presente cuestión, debemos despejar las dudas de orden procesal que plantean los Letrados del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía pues ambas partes estiman que, en relación con la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, se habría incumplido el requisito del juicio de aplicabilidad exigido por el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Alegan al respecto que la citada disposición se encontraba, en el momento de plantearse la presente cuestión de inconstitucionalidad, suspendida en su vigencia y aplicación ya que, en el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la misma por el Presidente del Gobierno, se había hecho expresa invocación del art. 161.2 CE en relación con el art. 30 LOTC, a cuyo tenor, la admisión a trámite del recurso produce la suspensión de la vigencia de la norma o disposición impugnada. Suspensión inicialmente acordada ex art. 162.1 CE y posteriormente confirmada por este Tribunal, en lo que respecta al apartado 3 de la misma, por el ATC 264/2003, de 15 de julio.
3. Eso es precisamente lo que acontece en el presente supuesto. La ahora cuestionada disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002 fue en su momento objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Presidente del Gobierno, el día 22 de febrero de 2003, recurso de inconstitucionalidad en el que se hacía expresa invocación del art. 161.2 CE en relación con el art. 30 LOTC a fin de que se produjese la suspensión de la vigencia y aplicación de la disposición impugnada. Dicho recurso, tramitado con el núm. 783-2003, se admitió a trámite por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal Constitucional, de fecha 25 de marzo de 2003, providencia en la que se acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, lo que, según dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto recurrido desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, publicación que se produjo el 7 de abril de 2003. La misma Sección Segunda, en nuevo proveído de 3 de junio de 2003, acordó que, antes de que finalizase el plazo de cinco meses previsto en el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión del precepto impugnado, se oyera a las partes personadas en el proceso para que expusieran lo conveniente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la disposición impugnada. Decisión en torno a dicha cuestión que se produjo en el ATC 264/2003, de 15 de julio, en el que, literalmente, se acordó “Mantener la suspensión del apartado 3 de la disposición adicional quinta de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, y levantar la suspensión de los apartados 1 y 2 de dicha disposición adicional” señalando expresamente en el referido Auto, tras indicar que debía mantenerse la suspensión del apartado 3 de la disposición adicional quinta de la Ley 10/2002, que “este criterio no cabe extenderlo a los apartados 1 y 2 de la misma disposición adicional, pues, suspendido el apartado 3, lo dispuesto en ellos no afecta a ninguna actuación administrativa ya realizada” (FJ 4). Dicha decisión fue objeto de la correspondiente publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de 29 de julio de 2003.
4. Descartada de este modo la procedencia de enjuiciar la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, por no resultar la misma aplicable en el proceso a quo, ello no impide que nos pronunciemos sobre la constitucionalidad de la cuestionada disposición adicional segunda LORCA, cuyo texto reproducimos anteriormente, pues, como se verá, aun cuando la misma haya sido cuestionada por el órgano judicial de modo subsidiario, es indudable su relevancia para la resolución del proceso a quo.
5. Una vez aclarados los tres extremos anteriores, cabe ya afrontar la duda de constitucionalidad que se plantea, la cual resulta ser de contenido netamente competencial. En efecto, el órgano judicial considera que la disposición cuestionada, de carácter básico conforme proclaman tanto la disposición final primera de la Ley 44/2002 como la disposición final cuarta de la propia LORCA, incurriría en extralimitación competencial al atribuir a un órgano estatal potestades de carácter ejecutivo relacionadas con la aprobación de los estatutos y reglamentos de sus órganos de gobierno así como al presupuesto anual de la obra social de aquellas cajas de ahorros que, habiendo sido fundadas por la Iglesia Católica o sus entidades de Derecho público, tengan su domicilio social en Andalucía, pues la atribución de tales potestades no puede ser considerada básica ya que con ello se estaría privando a la Comunidad Autónoma de Andalucía de una competencia constitucional y estatutariamente conferida sobre una caja de ahorros radicada en dicha Comunidad Autónoma. Lo novedoso de esta regulación estribaba en que atribuye al Ministerio de Economía determinadas potestades ejecutivas de tutela sobre estas entidades cuando las mismas fueran de fundación eclesial. Se establecía así un régimen jurídico singularizado para tales cajas en lo relativo a los tres aspectos citados, por cuanto, a diferencia del resto de las cajas de ahorro en el que dichas facultades se residencian en órganos autonómicos, las mismas corresponderían a un órgano estatal. Esta asunción de competencias quedaba condicionada, de acuerdo con la exigencia que derivaba de la dicción literal del precepto, a que la propia caja de ahorros, destinataria, en principio, de la norma, acreditase ante el citado Ministerio la circunstancia de haber sido fundada directamente por la Iglesia Católica o por una entidad de Derecho público de la misma, acto de acreditación -que se encuentra en el origen del proceso a quo- determinante para que la competencia para la realización de los actos de aprobación antes citados correspondiera al Ministerio de Economía.
1º Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad en lo relativo a la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.
2º Declarar que el segundo párrafo de la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros, en la redacción dada por el art. 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, es inconstitucional y, por tanto, nulo.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 6250-2003
Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Córdoba en relación con la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, y el artículo 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
Competencias sobre cajas de ahorro y ordenación general de la economía: nulidad del precepto de la ley estatal que atribuye al Ministerio de Economía la competencia para aprobar los estatutos, los reglamentos que regulen la designación de miembros de los órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia Católica (STC 118/2011).
La cuestión de inconstitucionalidad tiene un doble objeto: con carácter principal, se cuestiona un precepto de la Ley de Andalucía que establece el procedimiento que han de seguir las cajas de ahorros andaluzas para poderse sustraer de la competencia de la Comunidad Autónoma y acogerse al régimen estatal previsto para las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia Católica. Con carácter subsidiario, se cuestiona el precepto estatal que establece la competencia del Ministerio de Economía para aprobar los estatutos, los reglamentos sobre la designación de los miembros de los órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia Católica.
Respecto de la Ley de Andalucía, se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad al no superar el juicio de relevancia en su dimensión de aplicabilidad. El precepto cuestionado había sido suspendido en su vigencia, al ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno invocando el artículo 161.2 CE, y la suspensión había sido posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional. De modo que no puede ser aplicable al caso un precepto legal que se encuentra suspendido en su vigencia.
Aplicando la doctrina de la STC 118/2011, de 5 de julio, se declara la inconstitucionalidad del precepto estatal, porque vulnera la competencia autonómica en materia de organización interna de las cajas de ahorro.
La Comunidad Autónoma de Andalucía es la competente en materia de organización interna de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia Católica que tengan su domicilio en Andalucía, competencia que es la misma que tiene respecto de las demás cajas de ahorros, y siempre sometida a lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre dicha materia (STC 118/2011) [FJ 5].
La disposición estatal cuestionada, producía el efecto de desplazar al Ministerio de Economía la competencia ejecutiva para aprobar los estatutos, los reglamentos que regulen la designación de miembros de los órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia Católica, competencia que, conforme a nuestra doctrina, radica en los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes en la materia (STC 60/1993) [FJ 5].
Aplica la doctrina sobre competencia autonómica en materia de organización interna de las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia Católica, de la STC 118/2011 [FJ 5].
Aplica la doctrina sobre la continuidad de los procesos constitucionales de naturaleza competencial tras la derogación de las normas cuestionadas (STC 178/2004, 121/2005) [FJ 4].
Existen supuestos en los que este Tribunal, en el ejercicio de sus facultades de control externo del juicio de aplicabilidad y de relevancia formulado por los órganos judiciales al plantear la cuestión de inconstitucionalidad, puede declarar su inadmisibilidad por resultar notoriamente inconsistente o equivocada la argumentación judicial sobre la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada [FJ 2].
Tanto en el momento de apertura del trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, como en el del efectivo planteamiento de la cuestión, la disposición que se cuestiona se encontraba suspendida en su vigencia y aplicación, por lo que difícilmente podía ser tomada en cuenta por el órgano judicial a efectos de resolver el asunto que ante sí tenía planteado [FJ 3].
Disposición adicional segunda (redactada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre)
Disposición adicional segunda, párrafo 2 (redactada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre) (anula)
Artículo 8.15 (anula)
Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre. Tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras
Artículo 161.2, ff. 2, 3
Artículo V, ff. 1, 5
Artículo 18.1.3, ff. 1, 4, 5
Disposición adicional segunda, párrafo 2, ff. 1, 4
Disposición adicional segunda (redactada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre), ff. 1, 4
Disposición adicional segunda (redactada por la Ley 5/2005, de 22 de abril), f. 4
Ley del Parlamento de Andalucía 15/1999, de 16 de diciembre. Cajas de ahorros de Andalucía
Artículo 8.15, ff. 1, 4
Disposición adicional quinta, ff. 1 a 3
Disposición adicional quinta, apartado 1, f. 3
Disposición adicional quinta, apartado 2, f. 3
Disposición adicional quinta, apartado 3, ff. 2, 3
Canon de enjuiciamiento de la cuestión de inconstitucionalidadCanon de enjuiciamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, f. 4
Competencias en materia de cajas de ahorrosCompetencias en materia de cajas de ahorros, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Cuestión de inconstitucionalidadCuestión de inconstitucionalidad, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Cuestión de inconstitucionalidad de contenido competencialCuestión de inconstitucionalidad de contenido competencial, f. 1
Juicio de aplicabilidadJuicio de aplicabilidad, ff. 2, 3
Normas declaradas inconstitucionales por el Tribunal ConstitucionalNormas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, f. 5
Normas no vigentes en el momento de su cuestionamientoNormas no vigentes en el momento de su cuestionamiento, ff. 2, 3
Cajas de ahorrosCajas de ahorros, ff. 4, 5
Designación de consejeros de cajas de ahorrosDesignación de consejeros de cajas de ahorros, f. 5
Iglesia católicaIglesia católica, ff. 4, 5
Obra socialObra social, f. 5