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Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 19', 'Artículo 102', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 103', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 28']

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1 debates PENITENCIARIOS Revista electrónica Nº 19, Mayo 2014 Área de Estudios Penitenciarios CESC Consejo Editorial: Hugo Frühling, Director CESC Olga Espinoza, Coordinadora Área de Estudios Penitenciarios Fernando Martínez y Mauricio Sánchez, Investigadores Edición: Equipo Área de Estudios Penitenciarios Diseño: Alejandro Peredo - Rebeca Lobos CESC Santa Lucía 240, Santiago de Chile Teléfono: (56-2)
2 Editorial debates PENITENCIARIOS Revista electrónica Nº 19, Mayo 2014 Área de Estudios Penitenciarios CESC Diversos instrumentos internacionales han reconocido la necesidad de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales en espacios de privación de libertad, dado que éstos se mantienen vigentes durante el cumplimiento de la condena, salvo la libertad ambulatoria. No obstante, organismos observadores del funcionamiento de los sistemas penitenciarios, permanentemente han denunciado la vulneración de derechos al interior de las prisiones. Según indica la regla número 22 de las 100 Reglas de Brasilia, relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, la privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad [ ]. Por ello, considerando que la situación chilena no es distinta de lo observado en otros contextos, la implementación del proyecto de Defensa Penitenciaria al interior de la Defensoría Penal Pública constituye un aporte para superar los límites que enfrentan quienes se encuentran privados de libertad en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a justicia. Tomando en consideración la relevancia de este tema, el artículo principal de la revista Debates Penitenciarios está dedicado a presentar el Programa de Defensa Penitenciaria que, desde el año 2009, viene implementando la Defensoría Penal Pública en Chile. La autora del artículo, que hasta el año 2013 estuvo a cargo de la implementación de este programa, analiza su proceso de implementación, para luego describir el marco normativo nacional e internacional en el que se basan los defensores penitenciarios, e información relativa a la gestión de este programa. Al describir la implementación de este programa de defensa especializada, la autora analiza algunas resistencias y dificultades propias de dicho proceso y las acciones que han buscado superarlas, para después presentar los resultados del trabajo desarrollado por los Defensores penitenciarios. El artículo finaliza con una reflexión respecto a los desafíos que debe enfrentar la Defensoría, junto a su Unidad Especializada, con miras a alcanzar los objetivos institucionales. Además del artículo principal, este número contiene noticias de hechos relevantes acaecidos en el contexto carcelario, enlaces de páginas web con información útil para investigadores y para quienes elaboran políticas públicas penitenciarias, así como reseñas de libros sobre la materia. debates penitenciarios nro 19 2
3 Programa de Defensa Penitenciaria: Una Contribución al Acceso a la Justicia Alicia Salinero* Artículo RESUMEN Si bien nuestra Constitución Política, así como instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, reconocen y garantizan el derecho a defensa de toda persona, lo cierto es que las personas que ya han sido condenadas a una pena privativa de libertad efectiva, han carecido de la asistencia jurídica de un abogado durante el cumplimiento de dicha pena. Ello, unido a otros factores presentes en nuestro sistema de ejecución de penas, ha constituido una importante barrera para un real y efectivo acceso a la justicia de este grupo, incrementando su condición de vulnerabilidad. A partir de un análisis descriptivo y de resultados, el presente artículo aborda el Programa de Defensa Penitenciaria -desde sus orígenes como Proyecto piloto de defensa- que, desde el año 2011, ha sido desarrollado por la Defensoría Penal Pública de Chile y cuyo propósito ha sido, precisamente, otorgar defensa jurídica especializada y gratuita a toda persona condenada y recluida en un establecimiento penitenciario. PALABRAS CLAVE Defensa penitenciaria, piloto penitenciario, defensa especializada. Maria Alicia Salinero Rates LLM por la Universidad Albert-Ludwig, Friburgo de Brisgovia, Alemania Ex- Coordinadora Nacional del Programa de Defensa Penitenciaria de la Defensoría Penal Pública ( ) debates penitenciarios nro 19 Defensoría Penal Pública dpp.cl 3
4 Artículo I. Introducción Uno de los objetivos expresos de la reforma procesal penal fue el aumento en la efectividad y agilidad del proceso penal, a través del respeto pleno al debido proceso y a las garantías constitucionales. Sin embargo, este gran paso en el sistema de enjuiciamiento criminal olvidó, casi por completo, su etapa final: el cumplimiento de la sanción impuesta y, en especial, el cumplimiento de una pena privativa de libertad efectiva. Todo el derecho penitenciario, entendiendo por éste el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, sean penas o medidas de seguridad (Cervelló, 2006: 75), se mantuvo incólume. Se trató, entonces, de una reforma incompleta que impidió un cierre armónico del sistema 1. A pesar de esta desconexión, el sistema de ejecución de penas se vio fuertemente impactado por la reforma, la que implicó un aumento cuantitativo importante de personas privadas de libertad y un cambio significativo en su composición. Así, desde que entró en vigencia el nuevo sistema de justicia criminal, la proporcion de condenados pasó de conformar poco más del 51% durante el año 2000, a representar más del 70% durante el año El año 2007, los condenados conformaban el 76% de la población carcelaria del país, mientras que el segmento de imputados sin condena (y en prisión preventiva) alcanzaba el 24% ( Álvarez et al. 2007: 73 ss. ). 1 La reforma procesal penal significó, en términos normativos, la creación de un nuevo Código Procesal Penal, pero no comprendió ningún cambio sustantivo en la normativa de rango reglamentaria que regula el cumplimiento de penas privativas de libertad en Chile, menos aún se estableció una ley de ejecución que diera cumplimiento al principio de legalidad en la ejecución. El nuevo código procesal penal se limitó a establecer un Título VIII Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad que señala a los intervinientes en esta etapa (reafirmando el derecho a defensa al contemplar al abogado defensor como uno de ellos), establece y regula el recurso de revisión contra sentencias firmes, se refiere a la duración y control de las medidas de seguridad y a la interrupción de la condena por enajenación mental. En términos procesales, modificó la norma general establecida en el Código Orgánico de Tribunales relativa al juez encargado de hacer cumplir las sentencias, siendo el juez ejecutor en materia de sentencias criminales el Juez de Garantía que intervino en el procedimiento que dio lugar a la sentencia (artículo 113 inciso 2 Código Orgánico de Tribunales). Actualmente Gendarmería de Chile tiene a su cargo la custodia y atención de personas privadas de libertad, lo que representa el 46,1% de toda la población penitenciaria que atiende. De ese total, se encuentran condenadas 2. Respecto de ellas, el Estado tiene una tarea adicional: contribuir a su reinserción, esto es, a que retornen a la vida libre con la capacidad y como sujetos socialmente responsables de llevar adelante sus vidas sin delitos (Laubenthal, 2003: 64). Dichas tareas y finalidad son realizadas en un contexto no respetuoso de los derechos y garantías fundamentales. Más allá de la gran sobrepoblación de nuestras cárceles y de las consiguientes indignas y deplorables condiciones de privación de libertad, nuestro país carece de una ley de ejecución de penas que dé cumplimiento al principio de reserva legal en materia de limitaciones y restricciones a garantías fundamentales, dejando la ejecución de las penas a normativas reglamentarias dispersas. A ello se suma la ausencia de recursos y procedimientos propios y de una magistratura de ejecución especializada y con dedicación exclusiva, lo que afecta directa y fuertemente la existencia de un control judicial regular y efectivo. Estas manifestaciones de la falta de prioridad, en el marco de las políticas públicas, de una discusión sobre políticas de ejecución penal se ve también reflejada en el ámbito de la formación académica de los abogados. La cátedra de derecho penitenciario se imparte en nuestras universidades desde hace pocos años y en la generalidad de las escuelas de derecho tiene el carácter de curso electivo, de manera tal que no forma parte de la formación obligatoria de estos profesionales. Junto a la escasa y reciente importancia de esta rama del derecho, se aprecia la falta de repertorios jurisprudenciales y de literatura especializada, lo que lleva a no extrañar que abogados y jueces carezcan de formación en materias penitenciarias. 2 Datos correspondientes a la población penitenciaria al Disponibles en: gendarmeria.gob.cl/estadisticas. La cifra de condenados representa el 75% de la población total recluida en establecimientos penales, cifra similar a la del año debates penitenciarios nro 19 4
5 II. Orígenes del Programa de Defensa Penitenciaria: proyecto Piloto Penitenciario Defensoría Penal Pública dpp.cl Por su parte, los propios condenados se perciben como sujetos carentes de derechos. En este sentido, existe una construcción cultural, compartida tanto por la sociedad en general como por los mismos presos, que quienes se encuentran privados de libertad cumpliendo condena pierden en la práctica la mayoría de sus derechos. La falta de información de la población penal respecto de su estatuto jurídico como condenados conduce a que frente a vulneraciones de derechos no se emprendan acciones legales. Esto se extiende al derecho a defensa. En oposición a la conducta de los imputados sujetos a prisión preventiva, quienes exigen la visita de sus defensores y el ejercicio de su defensa, ocurre que las personas condenadas actúan débilmente como demandantes de servicios de asesoría jurídica, lo que en última instancia incrementa su vulnerabilidad. Lo que se abordará a continuación es el análisis del programa que elaboró la Defensoría Penal Pública para dar, en parte, solución a estos problemas, lo cual constituyó un importante paso en la defensa de los derechos fundamentales de los condenados considerando el contexto descrito. El año 2009 la Defensoría Penal Pública y la Agencia Española de cooperación internacional para el desarrollo (AECID) firmaron un convenio de colaboración que dio lugar al proyecto Fortalecimiento institucional de la Defensoría Penal Pública. Apoyo al desarrollo de modelos y sistemas de defensa especializada. Este proyecto comprendía tres poblaciones objetivo: jóvenes infractores de ley, miembros de pueblos originariosy personas condenadas privadas de libertad- grupos cuyas áreas, tanto normativas como sistémicas, se encontraban en diferentes etapas de desarrollo en el sistema de justicia criminal. La ejecución del convenio, respecto de personas privadas de libertad, es lo que se conoció como Proyecto piloto penitenciario. Como se señalara, de las tres áreas de trabajo, el área penitenciaria era la menos desarrollada dentro de la Defensoría Penal Pública, la que si bien contaba con cierta experiencia en la etapa de ejecución de condenas privativas de libertad, se trataba de una experiencia incipiente y no sistematizada. Se carecía de un modelo de defensa especializada, de defensores formados en esta materia y de recursos tanto humanos como materiales que permitieran asumir una defensa penitenciaria de calidad y de forma exclusiva 3. El interés de la Defensoría Penal Pública en dar cumplimiento a la garantía fundamental de defensa, recogida en su misión institucional, exigía, entonces, contar con mayor información en esta área a fin de poder desarrollar un modelo y sistema de defensa especializada. El proyecto piloto penitenciario perseguía justamente este objetivo: recoger -mediante un grupo de defensores capacitados y dedicados 3 Un reflejo de la falta de políticas públicas enfocadas en la ejecución de las condenas privativas de libertad. Lo que no se concibió en la reforma procesal penal, como consecuencia inevitable, tampoco fue pensado para las funciones de la institución de defensa pública, en términos de dotarla de los recrusos necesarios para llevar adelante dicha función. debates penitenciarios nro 19 5
6 Artículo exclusivamente a esta materia- toda la experiencia necesaria para caracterizar la defensa en esta etapa y proyectar un modelo y sistema de defensa que fueran aplicables en todo el país. i) Ejecución del proyecto piloto penitenciario Con la finalidad entonces de reunir la experiencia necesaria para la definición, diseño e implementación de políticas nacionales de atención a personas condenadas privadas de libertad, se diseñó un modelo y sistema de defensa penitenciaria para ser aplicado, de modo experimental, en la Región de Coquimbo, por reunir ésta las características necesarias para una proyección a nivel nacional. La implementación de este proyecto piloto comenzó en abril del año 2009 y se extendió hasta junio del año El proyecto tuvo una duración de 14 meses y se desarrolló en cuatro unidades penales de la región: Complejo Penitenciario La Serena; Centro de Detención Preventiva de Ovalle; Centro de Detención Preventiva de Combarbalá y Centro de Detención Preventiva de Illapel 4. La defensa estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario, integrado por 2 abogados y 2 asistentes sociales, quienes fueron capacitados en diversas materias. Dichos profesionales recibieron, desde abril del año 2009 y hasta el 31 de marzo del año 2010, 748 solicitudes de asesoría 4 En Chile existen diversos establecimientos penales que obedecen al principio de separación por categorías que se aplica en la segmentación de la población penal. Estos recintos son: centros de cumplimiento penitenciario (CCP) que albergan población condenada a una pena privativa de libertad efectiva; centros de detención preventiva (CDP) creados originalmente para albergar solo a detenidos e imputados privados de libertad en espera de juicio, pero que en la práctica también recluyen población condenada; centros penitenciarios femeninos (CPF) que albergan solo mujeres y complejos penitenciarios (CP) que comprenden varios establecimientos penitenciarios que aplican un régimen interno y tratamiento diferenciado a los reclusos con el apoyo de servicios únicos centralizados de seguridad, administración, salud, reinserción social, laboral y de registro y movimiento de la población penal. Asimismo, estas categorías de establecimientos pueden ser de administración estatal o privada (cárceles concesionadas). jurídica. De ellas, 673 correspondieron a beneficiarios 5 del proyecto, las que se distribuyeron en 620 solicitudes efectuadas por condenados y 53 efectuadas por condenadas. Comparadas dichas cifras con la población condenada de la región a esa fecha, el proyecto piloto atendió al 78% de las mujeres condenadas y al 46% de los hombres condenados, todos ellos privados de libertad 6. Los principales requerimientos efectuados en dicho período por la población penitenciaria de la región fueron abonos de prisión preventiva provenientes de causa diversa, unificaciones de penas y solicitudes de beneficios intrapenitenciarios. El trabajo en terreno desarrollado por estos profesionales entregó información muy valiosa: permitió conocer cuáles eran los requerimientos de este grupo, cuál era el nivel de conocimiento de sus derechos como condenados y de su conciencia como sujetos titulares de ellos, cuánto tiempo de atención requerían, con qué frecuencia debían ser visitados, de qué manera el proyecto impactaría en Gendarmería de Chile (el servicio de administración penitenciaria) y cómo ello repercutiría en la labor de la Defensoría Penal Pública (cuáles eran las áreas sensibles para Gendarmería de Chile y que presentarían mayores obstáculos para el desarrollo de la defensa y, por el contrario, en qué aspectos Gendarmería de Chile se vería beneficiada), cuáles debían ser los niveles de coordinación con dicha institución, etc. 5 Se definieron como beneficiarios del proyecto todas aquellas personas condenadas bajo reforma procesal penal que estuvieren cumpliendo condena en alguna unidad penal de la región de Coquimbo. Las 748 solicitudes de asesoría jurídica fueron efectuadas tanto por personas condenadas bajo el antiguo sistema de enjuiciamiento penal como bajo el procedimiento establecido con la reforma procesal penal. Por disposición legal, artículo 2 de la Ley Nº , ley orgánica de la Defensoría Penal Pública, esta institución solo puede atender a personas condenadas bajo el nuevo procedimiento penal. De allí entonces la diferencia entre las solicitudes efectuadas y las correspondientes a los beneficiarios del programa. 6 Datos establecidos en el Informe de Avance, Departamento de Estudios y Proyectos, Defensoría Nacional, agosto debates penitenciarios nro 19 6
7 Artículo Este conocimiento, fundamental para la proyección de un modelo de defensa permanente aplicable a nivel nacional, no hubiese sido posible de obtener sin la experiencia piloto y da cuenta de las necesidades de la población objetivo en cuanto al resguardo de sus derechos. El levantamiento de toda esta información y el estudio de Evaluación y sistematización del modelo y sistema de defensa penitenciaria 7 permitió introducir mejoras al modelo y sistema de defensa especializada, las que se plasmaron en la Resoluciónde la Defensora Nacional Nº2103 de que aprobó el modelo de defensa penitenciaria vigente a la fecha. III. Programa de Defensa Penitenciaria El Programa de Defensa Penintenciaria tuvo como origen al Proyecto piloto que, como se ha dicho, se implementó en la región de Coquimbo entre los años 2009 y 2010, y constituye la única experiencia de prestación de defensa continua e ininterrumpida realizada por un equipo de profesionales especializados y financiada exclusivamente por la Defensoría Penal Pública. Esta defensa especializada se elaboró a nivel de programa y bajo el alero de una serie de normativas y acuerdos internacionales en esta materia, que deben asumirse como el fundamento político del mismo, en la medida que no existe una política pública en materia penintenciaria dirigida a revisar y proponer reformas a la legislación aplicable en el cumplimiento de una pena privativa de libertad, que fortalezca los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho a defensa 8. No existe un nivel más amplio 7 Este estudio fue realizado el año 2010 por la Dirección de Estudios Sociológicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DESUC). 8 Si bien luego de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en todo el país ( ) el Ministerio de Justicia reconocía la ausencia de una política dirigida a modernizar la administración de justicia en el sistema de cumplimiento de penas Chile no cuenta con una ley que regule la ejecución de las penas ni un sistema eficaz de control administrativo y judicial de su aplicación. Las regulaciones existentes están dispersas y en el ámbito penitenciario se expresan básicamente-en un reglamento Ministerio de Justicia (2006) Una nueva justicia para el Bicentenario , Santiago(Martínez, 2008:21 y 22) y colocaba en su agenda pública la dictación de una ley de ejecución de penas (Comunicado público del Ministerio de justicia, 9 de noviembre de 2006), lo cierto es que la respuesta gubernamental en el área se ha centrado principalmente en el aumento del número de plazas, mediante ampliaciones y contrucciones de nuevas cárceles para hacer frente a la sobrepoblación existente, pero manteniéndose paradigmas autoritarios y un funcionamiento deteriorado que se que un programa, pero más específico que los intrumentos internacionales que se mencionarán, para dar forma a las competencias y deberes del Estado respecto a esta materia y que bien debiése incluir de manera explicita las responsabilidades y coordinación entre diversos organismos estatales. Sin duda, esto es uno de los elementos críticos que el programa ha dejado al descubierto e intenta subsanar. Sin perjuicio de ello, y a nivel interamericano, el Programa de Defensa Penitenciaria se enmarca en el trabajo desarrollado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), dirigido a proteger de manera más efectiva los derechos de las personas privadas de libertad, mediante su Plan Estratégico para la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, el que dio lugar a la Guía Regional para la Defensa Pública Integral de las personas privadas de libertad y su Manual explicativo. 9 Mediante las Resoluciones Nº 2014 de , que crea y establece las funciones de la Unidad de Defensa Penitenciaria y la Nº 2103 de , que aprueba el modelo de defensa especializada, ambas dela Defensora Nacional, el proyecto piloto penitenciario pasa a constituir un programa permanente de defensa especializada dentro de la Defensoría Penal Pública. venía arrastrando desde hacia ya varias décadas (INDH, 2012:131). Para una aproximación a las políticas públicas desarrolladas en materia penitenciaria en los últimos veinte años véase capítulo IV de Estándares internacionales en materia de personas privadas de libertad, INDH, 2012, Santiago, De tal manera, es posible afirmar que en materia penitenciaria el Magisterio respectivo no ha formulado políticas destinadas a modernizar el sistema de cumplimiento de penas privativas de libertad que posibiliten un acceso efectivo a la justicia, surgiendo el programa de defensa penitenciaria como una iniciativa exclusiva de la Defensoría Penal Pública. 9 La Guía Regional para la Defensa Pública Integral de las personas privadas de libertad y su Manual explicativo fue aprobada en junio de 2013, como parte del trabajo realizado por AIDEF-EUROSOCIAL II. Esta guía constituye la estandarización de los parámetros mínimo que cada Defensoría Pública deberá exigir respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, al mismo tiempo que constituye una política pública regional de las defensorías con el objeto de impactar positivamente en el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Documento disponible en Regional%20de%20Atención%20a%20PPL.pdf?version=1.0. debates penitenciarios nro 19 7
8 Artículo i) Marco normativo A continuación se presentará el marco normativo empleado en la elaboración e implementación del programa, el que se basa en el respeto irrestricto al derecho a defensa de todas las personas, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. i.a) Consagración normativa del derecho a defensa El derecho a defensa-tanto defensa material como defensa técnica 10 - de todo imputado, y la consiguiente obligación del Estado de otorgar defensa jurídica hasta la completa ejecución de la sentencia, se encuentra consagrado tanto a nivel nacional como internacional. En relación a las normas internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos lo recoge en su artículo 8, destacando el numeral 2 letras d) y e) que establecen el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor de elección del imputado o por uno proporcionado por el Estado. De igual manera, el artículo 14.3 letra d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 11, el Principio 17 del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 12 y el Principio V de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas Al respecto, véase Horvitz, María Inés/López, Julián (2002). Derecho procesal Penal chileno. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 11 Artículo 14.3 letra d) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ( ) defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y ( ) a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. 12 Principio 17.1: Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado ( ). 2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo. 13 Principio V: Toda persona privada de libertad tendrá derecho a la defensa y a la asistencia letrada, nombrada por sí misma, por su familia, o proporcionada por el Estado ( ). Cabe destacar, en el contexto internacional, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad, en cuya creación el Estado de Chile participó 14 y que recoge recomendaciones para los Estados a fin de eliminar todas las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia de determinados grupos en condición de vulnerabilidad, entre ellos, las personas privadas de libertad. Sus reglas (28) y (29) acentúan, como medidas para asegurar una efectiva tutela judicial de los derechos de este grupo, la asistencia legal y defensa pública en todos los órdenes jurisdiccionales. A nivel nacional, por su parte, el derecho a defensa encuentra su consagración general en la Constitución Política de la República, artículo 19 N 3, toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma en que la ley señale. Concretizando lo establecido en la carta fundamental, las facultades, derechos y garantías que la Constitución, el Código Procesal Penal y otras leyes reconocen al imputado, pueden hacerse valer por la persona a quien se le atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia 15. Para ello, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el Ministerio Público solicitará que se le nombre un defensor penal público o bien el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva 16. El derecho a contar con un defensor se extiende, como lo señalan las normas precedentes, hasta la completa ejecución de la sentencia. 14 Véase al respecto la Declaración de Brasilia, XIV Cumbre Judicial iberoamericana 4, 5 y 6 de marzo del año Disponible en: 15 Artículos 7 y 8 Código Procesal Penal. 16 Artículo 102 Código Procesal Penal. debates penitenciarios nro 19 8
9 Posteriormente, el mismo código, en sus artículos 466 y siguientes, contempla una normativa especial relativa a la ejecución de las condenas, estableciendo que durante la ejecución de la pena serán intervinientes ante el competente Juez de Garantía (Juez de ejecución de penas en Chile), el Ministerio Público, el imputado y su defensor. De manera clara entonces, el legislador ha contemplado el derecho a defensa como una facultad que todo imputado puede hacer valer hasta la etapa final de ejecución de su sentencia condenatoria. [...] el legislador ha contemplado el derecho a defensa como una facultad que todo imputado puede hacer valer hasta la etapa final de ejecución de su sentencia condenatoria i.b) Misión de la Defensoría Penal Pública. La ley Nº , ley orgánica de la Defensoría Penal Pública, señala en su artículo 2 que la finalidad de esta institución es proporcionar defensa penal a imputados y acusados por un crimen, simple delito o falta. En concordancia con ello, señala el artículo 35 de la misma ley, que los beneficiarios de la prestación de defensa penal son todos los imputados o acusados que carezcan de abogado y requieran de un defensor. Imputado, según la normativa procesal penal vigente, no sólo es aquél a quien se le atribuye un delito, sino que también aquel que debe cumplir una sanción penal impuesta por sentencia firme. Durante este período, el condenado tendrá derecho a ser defendido por un letrado y dicha defensa podrá recaer en la Defensoría Penal Pública. En síntesis, la persona condenada goza de todos los derechos y facultades que la Constitución y la normativa procesal le otorgan a los imputados, entre ellos, el derecho a defensa técnica, la que puede ser asumida por un defensor penal público, en especial cuando la persona carezca de abogado y requiera de uno. i.c) Defensa especializada La etapa de ejecución de condenas privativas de libertad reúne características propias que la diferencian, en su contenido, de la prestación de defensa penal. Entre ellas destacan la condición de especial vulnerabilidad que provoca la privación de la libertad, la especificidad de las gestiones y actuaciones y de la normativa que las regula. La defensa exige un mayor tiempo de intervención y entrevistas con los condenados, realización de actuaciones de carácter administrativo, gestiones con equipos interdisciplinarios y asesoría postpenitenciaria. De ahí que resulte, particularmente relevante en este ámbito, la defensa especializada con miras a mejorar el respeto de las garantías constitucionales y el acceso a la justicia, tal como lo plantea la Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial Iberoamericano (2002) y más recientemente las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2008), reglas de las cuales Chile es destinatario y a las cuales se encuentra obligado Si bien estas reglas no constituyen un tratado o convención que vinculen directamente a los Estados, tampoco puede sostenerse que carecen de toda fuerza normativa. Ésta se va construyendo, en el derecho internacional, en base a la existencia de diversos elementos. Desde el ámbito de su contenido, las Reglas son una expresión concreta del alcance que se pretende dar al derecho de acceso a la justicia, en el funcionar de las instituciones nacionales dedicadas a la defensa judicial; derecho aquél vinculado a las garantías judiciales y al derecho a un recurso efectivo, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al derecho a la igualdad consagrado en los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana y a la libertad y seguridad personales, artículo 7 de la misma Convención, todos estos instrumentos internacionales ratificados por Chile y vigentes. Desde el punto de vista de quienes formularon las Reglas, éstas representan la lectura que efectuaron los mismos que se encuentran obligados a respetar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad: los operadores y servidores del sistema judicial. De tal manera y como expresa Nash cuando estamos ante un instrumento que es dictado por una instancia de discusión especializada de las instancias superiores de justicia de la región, que busca desarrollar estándares de conducta para concretar la obligación de respeto y garantía de que son destinatarias en materia de derechos humanos, podemos entender que estamos frente a una obligación especial, que debe ser cumplida como parte de la observancia de la obligación principal que este instrumento accesorio desarrolla (Nash, 2010: 9). debates penitenciarios nro 19 9
10 Artículo Dichos instrumentos internacionales resaltan la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico especializado para la efectividad de los derechos de las personas privadas de libertad. Así, la regla (29) señala: se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados.... (30). Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico jurídica de calidad y especializada. ii) Modelo de defensa penitenciaria En relación a las definiciones estratégicas según la metodología de marco lógico, el modelo se concibió con la finalidad de contribuir a mejorar la aplicación de garantías constitucionales y el acceso a la justicia de los condenados privados de libertad. Para ello se estableció como propósito que todo condenado privado de libertad debía contar con asistencia letrada especializada durante la completa ejecución de su sentencia 18. El modelo define, a su vez, la prestación de defensa penitenciaria como el conjunto de acciones, judiciales y extrajudiciales, que el defensor y asistencia social penitenciario deben realizar durante el cumplimiento de la condena privativa de libertad y hasta la completa ejecución de la misma, sea que ésta se verifique en privación de libertad o gozando de libertad condicional y que están destinadas a resguardar los intereses, garantías y derechos del condenado adulto Resolución Nº 2103 de de la Defensora Nacional que aprueba el modelo de defensa penitenciaria, p Resolución Nº 2103 de de la Defensora Nacional que aprueba el modelo de defensa penitenciaria, p.5. Estas acciones, que constituyen los servicios que se entregarán a la población objetivo del programa, se agrupan en cuatro componentes: difusión, representación ante autoridades administrativas y ante autoridades judiciales y asesoría jurídica. ii.a) Componentes del servicio de defensa penitenciaria El primer componente difusión- consiste en la entrega de información a las personas condenadas que se encuentran recluidas, a fin de que conozcan su condición jurídica, así como los servicios y la forma de funcionamiento del programa de defensa penitenciaria. Cómo, a diferencia de lo que acontece en el ámbito de la defensa penal 20, no se cuenta en esta área con un nivel de demanda significativo de actuaciones y gestiones de defensa 21, es necesario un trabajo de difusión de derechos de tal manera de educar a la población penitenciaria acerca de su estatuto jurídico y con ello motivar la demanda de requerimientos. Mediante la difusión se busca especialmente informar a los condenados acerca de su derecho a solicitar la asistencia y representación de un abogado defensor para el ejercicio y protección de sus derechos, la manera de ejercerlos y los recursos y acciones legales en caso de vulneración. 20 Una de las garantías judiciales establecidas en el proceso penal es que el imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor desde los actos iniciales de la investigación y si carece de uno, se le designará un defensor penal público (artículos 93 letra b) y 102 Código Procesal Penal). Incluso, la ausencia del defensor en aquellas actuaciones en que la ley expresamente exige su comparecencia, acarreará la nulidad de la misma (artículo 103 del mismo código). Por ello, sea que el imputado designe como su abogado a un defensor penal público o que lo designe el Tribunal, éste prestará defensa penal diariamente y si aquél está privado de libertad, deberá ser visitado por su defensor cada 15 días, según instructivos internos de la Defensoría Penal Pública. En este contacto permamente, los imputados suelen solicitar muchas gestiones a los defensores. 21 La realidad descrita en la nota a pie de página anterior no tiene lugar en el ámbito penitenciario, donde el contacto del condenado con un abogado defensor, a pesar de la obligación legal de defensa, es más bien esporádico. A ello se agrega el desconocimiento por parte de los condenados de sus derechos y, entre ellos, que pueden demandar los servicios de un abogado defensor. debates penitenciarios nro 19 10
11 Esta actividad se lleva a cabo mediante charlas que se realizan a la población condenada en las unidades penales, las que son apoyadas con material impreso informativo del programa y de derechos, esto es, afiches y cartillas informativas 22. El segundo componente comprende todas aquellas solicitudes y gestiones que se realizan, tanto por el abogado como por el asistente social 23, directamente ante la autoridad administrativa, sea ésta Gendarmería de Chile, Comisiones especiales de libertad condicional y de rebaja de condena por comportamiento sobresaliente- y/o Ministerio de Justicia y todos sus servicios. Estas solicitudes se refieren, principalmente, a beneficios intrapenitenciarios 24, traslados nacionales, cumplimiento de sentencias en país de origen, indultos, visitas extraordinarias y especiales, solicitudes de participación en actividades de reinserción social y de permanencia de hijos lactantes con sus madres privadas de libertad. La representación del condenado ante autoridades judiciales, como tercer componente, comprende todas aquellas actuaciones que se realizan ante el Juez de Garantía, como juez de ejecución de penas; ante el Tribunal Oral en lo penal, en casos de unificación de penas, y ante las Cortes de Apelaciones respectivas y la Corte Suprema con ocasión de la interposición de una amplia gama de recursos: recurso de amparo ante el Juez de Garantía, acciones constitucionales de amparo y protección 25, 22 La metodología empleada en las charlas así como el contenido y diseño de los afiches y las cartillas informativas se encuentra regulado por el Oficio Nº 546 de del Defensor Nacional que instruye el protocolo de charlas de difusión de defensa penitenciaria. 23 La Ley Nº /2003 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, establece en su artículo 22 que las personas podrán actuar a través de apoderados que no requieren ser abogados. 24 En la legislación penitenciaria chilena los beneficios intrapenitenciarios está representados por los permisos de salida, la libertad condicional y la rebaja de condena por comportamiento sobresaliente. 25 La acción constitucional de amparo o también llamada habeas corpus, es un recurso judicial dirigida a proteger la libertad personal y la seguridad individual en aquellos casos en que una persona sea arrestada, detenida o presa con infracción a la constitución o a las leyes o ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y Defensoría Penal Pública dpp.cl recurso de revisión 26, recurso de apelación, recurso de queja y queja disciplinaria, etc. Estas actuaciones judiciales dicen relación con casos de vulneraciones de derechos del condenado 27 (casos en los cuales se interponen los recursos mencionados) y con materias cuya resolución la ley reserva a la seguridad individual (artículo 21 de la Constitución Política de la República). La acción constitucional de protección, por su parte, está dirigida a resguardar otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la vida privada y la honra de la persona y de su familia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, la libertad de conciencia, la libertad de trabajo, entre otros, cuando estos derechos, ya sea por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio (artículo 20 de la Constitución Política de la República). 26 El recurso de revisión se encuentra regulado en los artículos 473 y siguientes del Código Procesal Penal. Se trata de un recurso de derecho estricto y de carácter excepcional, que es conocido por la Corte Suprema y que se dirige en contra de sentencias firmes en que se hubiere condenado a alguien por un crimen o simple delito con la finalidad de anularlas cuando concurren algunas de las hipótesis establecidas en la norma, entre ellas, por ejemplo, cuando se hubiere condenado por el delito de homicidio y posteriormente se comprobare la existencia de la supuesta víctima. 27 Como casos de vulneración de derechos podemos mencionar la limitación ilegal o arbitraria de garantías constitucionales, la violación de derechos humanos, la aplicación de sanciones disciplinarias sin un debido proceso, con infracción al principio de proporcionalidad o sin autorización judicial en caso de reiteración, etc. debates penitenciarios nro 19 11
12 Artículo autoridad judicial 28. Entre éstas últimas destacan, por su impacto en la duración de las condenas, la unificación de penas y los abonos de prisión preventiva que provienen de procesos penales distintos de aquél que dio lugar a la condena que actualmente cumple la persona. Finalmente, el último de los componentes de la prestación de defensa penitenciaria es la Asesoría Jurídica. Ésta consiste en la entrega personalizada de información jurídica relativa a un requerimiento específico formulado por el condenado, pero que no es posible llevarlo a cabo o, al menos, no en el momento solicitado. Ello tiene lugar cuando en la especie no concurren los requisitos legales para efectuar la petición (ejemplo: solicitud de unificación de penas aplicadas por delitos de distinta especie-homicidio y robo), o cuando el condenado debe mejorarlos para una futura postulación (ejemplo: solicitud de salida dominical y no se cuenta con la conducta exigida por la norma). También tendrá lugar la asesoría jurídica en aquellos casos en que la solicitud efectuada diga relación con materias que no son de competencia de la Defensoría Penal Pública (ejemplo: solicitud de pensión alimenticia) o se trate de solicitudes de personas condenadas exclusivamente bajo el antiguo proceso penal (por disposición de su ley orgánica, la Defensoría Penal Pública como señaláramos solo puede atender a personas condenadas por los tribunales establecidos en la reforma procesal penal, esto es, Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal. Sin perjuicio de que en estos casos las solicitudes formuladas no podrán llevarse a cabo por los equipos penitenciarios, lo que se persigue mediante este componente es que ningún requerimiento formulado por un condenado quede, al menos, sin una respuesta que le informe a éste de las razones por las cuales su requerimiento no puede llevarse 28 Como ejemplos de estas materias podemos mencionar la unificación de penas, los abonos de privación de libertad provenientes de otras causas a la condena actualmente en ejecución, la declaración de enajenación mental, el pago de multa en parcialidades, la sustitución de multa por reclusión, la sustitución de privación de libertad por alguna de las penas sustitutivas establecidas en virtud de la Ley Nº de que modificó la Ley Nº sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de la libertad, etc. a cabo o cuáles requisitos debe mejorar para una nueva postulación o a qué institución debe dirigirse para que su requerimiento pueda ser gestionado. En los casos de requerimientos de personas condenadas bajo el antiguo sistema, la solicitud es, además, derivada a la Corporación de asistencia judicial respectiva 29. Esta información es entregada al condenado personalmente y por escrito. ii.b) Población objetivo del programa En relación a las personas condenadas y privadas de libertad que pueden solicitar la prestación de defensa penitenciaria se distinguen dos grupos en función del tipo de actividad que se realizará. Así, para el caso de los componentes de difusión y asesoría jurídica la población objetivo son todos los condenados adultos de la unidad penal, independiente del sistema de enjuiciamiento penal al momento de su condena, es decir, se comprenden tanto personas condenadas bajo el antiguo sistema de enjuiciamiento criminal como bajo el actual. Para los componentes de representación ante autoridades administrativas y judiciales, la población objetivo se reduce a condenados adultos bajo reforma procesal penal. Ello obedece, como se señalara, al impedimento legal establecido en el artículo 2 de la Ley Nº Dentro de los dos grupos mencionados se comprenden hombres y mujeres, nacionales y extranjeros y miembros de pueblos originarios. De la definición de la población objetivo se desprenden algunos criterios de focalización: se otorgará asistencia letrada sólo a personas condenadas como adultos. Las personas condenadas bajo la Ley de responsabilidad penal juvenil que se encuentren en las secciones juveniles de los establecimientos penitenciarios administrados por Gendarmería de 29 Las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) son organismos públicos cuya finalidad es proveer de defensa judicial gratuita a quienes no pueden pagar por ella, en cumplimiento de la garantía constitucional del derecho a defensa (artículo 19 Nº 3 inciso 3 de la Constitución Política de la República). Las personas que concurren a las Corporaciones son atendidas por postulantes (estudiantes egresados o licenciados de la carrera de derecho), bajo la asistencia, supervisión y evaluación de un abogado. debates penitenciarios nro 19 12
13 Chile quedan excluidas del programa, ya que ellas deben ser atendidas, durante la ejecución de sus condenas, por el defensor penal juvenil o, en su defecto, por el defensor penal público respectivo; se otorgará asistencia letrada sólo a personas condenadas a una pena privativa de libertad que deba ser cumplida efectivamente en privación de libertad. Por lo tanto, se excluyen aquellos condenados que han obtenido alguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley N , ya que ellos se encuentran en libertad y, por ende, están menos expuestos a vulneración de derechos, tienen libre acceso a la información y a las oficinas que la Defensoría Penal Pública mantiene en las distintas regiones de Chile (Defensorías Regionales). Estas personas deberán ser atendidas, en caso de revocación o de cualquier otro problema legal que diga relación con la pena sustitutiva, por un defensor penal público. [...] se otorgará asistencia letrada sólo a personas condenadas a una pena privativa de libertad que deba ser cumplida efectivamente en privación de libertad ii.c) Cobertura La prestación de defensa penitenciaria se lleva a cabo mediante un sistema de licitación pública. Para estos efectos, se confeccionaron bases administrativas y técnicas ajustadas a esta defensa. En ellas se contempla la rendición de una prueba habilitante especial con contenidos de derecho penitenciario, administrativo y de derecho internacional de los derechos humanos que los abogados deben rendir y aprobar. Los privados que deseen presentar ofertas durante el proceso de licitación deberán contar con un equipo de abogados y asistentes sociales cuyo número dependerá de los recintos penitenciarios que comprenda la zona de licitación. Estos 30 La ley Nº de modificó la Ley Nº que establecía medidas alternativas al cumplimiento de penas privativas o restrictivas de libertad e incorporó nuevas penas sustitutivas a la privación de libertad. profesionales conformarán la oficina licitada de defensa penitenciaria, cuyas funciones se detallan en el siguiente punto. Ya que la defensa penitenciaria es un nuevo componente dentro de la administración de justicia criminal y considerando los elementos que caracterizan la ejecución de penas en nuestro país y que mencionáramos en la introducción, la implementación del programa fue pensada de manera gradual en las distintas regiones. Si bien la gradualidad puede afectar la igualdad ante la ley en términos de que no todos los condenados tendrán asesoría jurídica de un abogado penitenciario, sí tiene un aspecto positivo, cual es la mejora del modelo de defensa a la luz de las nuevas experiencias que entregan las regiones que ya tienen programa. Las primeras regiones en contar con programa de defensa fueron la Región de Coquimbo, la Región Metropolitana (con excepción del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur que se incorporó posteriormente) y la provincia de Concepción. Recientemente se incorporaron la provincia de Arauco y las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso. ii.d) Niveles de gestión y funciones Con el objetivo de que la prestación de defensa penitenciaria se lleve a cabo de manera eficiente y eficaz, el modelo de defensa distingue tres niveles de gestión interna, que deben mantener un canal fluido de comunicación mutua. Los niveles replican la estructura orgánica de la Defensoría Penal Pública y el primero de ellos se ubica en la Defensoría Nacional, representado por la Unidad de Defensa Penitenciaria 31, 31 Si bien el modelo de defensa penitenciaria y la unidad de defensa penitenciaria siguen vigentes en los términos que se han expuesto, lo cierto es que el año 2013 se realizó una reestructuración del Departamento de Estudios y Proyectos en relación a sus líneas de defensa especializada jóvenes infractores de ley, miembros de pueblos originarios, migrantes y condenados privados de libertad- quedando todas estas áreas dentro de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, la que tomó el nombre de Unidad de Defensa Penal Juvenil y demás defensas especializadas. Este cambio, que podría ser considerado simplemente formal, no se aprecia, sin embargo, como positivo, en especial en la etapa de implementación de nuevas líneas de defensas especializadas donde el objetivo no es solo brindar asesoría jurídica, sino que también instalar un tema en el debate debates penitenciarios nro 19 13
14 inserta en el Departamento de Estudios y Proyectos. Esta unidad, principalmente, asesora al Defensor Nacional en la definición de criterios y directrices técnicas que orienten el trabajo institucional en los aspectos relacionados con la defensa penitenciaria y brinda asesoría técnica a los defensores penitenciarios y a las Unidades Regionales de Estudio. En un segundo nivel se ubican las Defensorías Regionales, las que a través de su Unidad de Estudios y, en concreto, mediante un coordinador regional del programa, se encargan de gestionar el programa en su región, supervisando técnicamente y de forma permanente el trabajo de los equipos penitenciarios de las oficinas licitadas. Finalmente, en el último nivel de gestión se ubican los equipos penitenciarios, representados por la oficina licitada de defensa penitenciaria que ejecuta, en terreno, las diversas prestaciones del programa, manteniendo un contacto diario y permanente con los condenados en las unidades penales. Esta oficina la integran abogados y asistentes sociales. Cada profesional ejecuta labores propias de su formación 32, pero comparten también otras como la realización de charlas de difusión, entrevistas personales con los condenados y sus familiares y la tramitación de los requerimientos administrativos que sean formulados por la población objetivo. ii.e) Capacitación Luego de que el proyecto piloto pasara a constituir un programa permanente de defensa, la especialización ha sido una tarea constante. Ella se lleva a cabo mediante las Academias Penitenciarias, esto es, actividades de formación que, en jornadas de 5 días, abordan las distintas temáticas de esta área, así como también mediante capacitaciones de menor extensión- y clínicas jurídicas. Al inicio de todo contrato de licitación, los equipos licitados deben someterse obligatoriamente a una especialización inicial en diversas materias. ii.f) Control de la prestación de defensa Como toda prestación de defensa que lleva a cabo la Defensoría Penal Pública, la defensa penitenciaria se encuentra también sujeta a control, a través de diversos mecanismos de evaluación tales como informes mensuales de las oficinas licitadas de defensa penitenciaria, inspecciones a cargo del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones de la Defensoría Nacional, auditorías externas y eventuales reclamaciones que las personas pudieran presentar respecto del servicio recibido. público y mostrar a la ciudadanía y a las instituciones públicas que dichos grupos vulnerables deben ser también un objetivo de trabajo y preocupación para todos. El encuadrar a las defensas especializadas que no corresponden a defensa penal juvenil dentro del término genérico y demás defensas especializadas no se condice con el objetivo de visibilizar a estos grupos vulnerables históricamente olvidados. 32 Respecto de los abogados se comprenden aquí la tramitación de todas las solicitudes judiciales, compareciendo en representación del condenado a todas las audiencias y vistas de los recursos, con excepción de aquellos de competencia de la Corte Suprema que son asumidos por la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional. En cuanto a los asistentes sociales, estos llevan a cabo visitas domiciliarias, evacuan informes sociales y se coordinan con los equipos técnicos de las unidades penales, con la red social pública y con organismos de acción postpenitenciaria. debates penitenciarios nro 19 14
15 Artículo V. Dificultades presentadas en la implementación de la defensa especializada 33. Uno de los aportes relevantes que arrojó la ejecución del proyecto piloto, como se señalara, fue mostrar las resistencias y/o dificultades que conlleva la instalación de un programa de estas características. En términos generales, ellas pueden atribuirse a los cambios que provoca la incorporación de un actor nuevo en un escenario ya establecido que funciona bajo determinados códigos y reglas que se alteran por la presencia de un nuevo elemento. En este sentido podríamos señalar que las principales resistencias y/o dificultades tuvieron lugar en 2 instancias: Gendarmería de Chile y Poder Judicial. i) Gendarmería de Chile La defensa penitenciaria exige a sus equipos de profesionales la visita habitual y, en algunos casos diaria, a las unidades penales respectivas. El contacto con el personal, tanto civil como uniformado, de Gendarmería de Chile es, por consiguiente, también habitual. Ello por sí solo puede generar roces o desaveniencias y exige, para una buena relación y coordinación, de tiempo y de claridades sobre el programa, el por qué de su existencia e importancia. En esta instancia, las áreas que presentaron mayores dificultades fueron el acceso a la información y la notificación de las resoluciones dictadas por la autoridad penitenciaria. 33 En este punto se abordarán aquellas dificultades que se dieron durante la ejecución del proyecto piloto en la región de Coquimbo las que, si bien en varios aspectos han sido solucionadas, persisten en otros y normalmente se replican al inicio del programa en una nueva región, pero con menor fuerza. i.a) Acceso a la información Las labores de los profesionales de los equipos penitenciarios exigen el conocimiento de información sobre determinados aspectos relevantes del cumplimiento de una condena privativa de libertad 34. Esta información, muy importante, solo la posee, de manera sistematizada y completa, Gendarmería de Chile 35, y sin ella los abogados y asistentes sociales no pueden iniciar la tramitación de ningún requerimiento formulado por un condenado 36. Conocido aquello, la primera dificultad que surgió fue la falta y/o un retraso importante -1 a 2 meses- en la entrega de dicha información. Las áreas más sensibles al acceso a la información la constituyeron las resoluciones denegatorias de permisos de salida, en especial, el acceso al contenido de los informes psicosociales, y las resoluciones que aplicaban sanciones 34 La información que requieren los profesionales para la tramitación de un requerimiento dependerá de la solicitud en cuestión, pero ella dice relación, principalmente, con las condenas que registra la persona, los tiempos totales de cumplimiento, los abonos de prisión preventiva, los meses acumulados por rebaja de condena, el tiempo mínimo para postular a los permisos de salida y a la libertad condicional, la calificación de conducta, las sanciones disciplinarias aplicadas, etc. 35 Si bien otras instituciones públicas pueden tener registros con la información que se requiere para tramitar una solicitud, lo cierto es que dichas instituciones públicas solo tendrán la información relativa a sus funciones (ejemplo: los registros de sentencias condenatorias también los tienen los Tribunales de Justicia), pero solo Gendarmería de Chile reúne de manera completa todos los antecedentes. El servicio de prisiones, para dar inicio al cumplimiento de una o varias penas privativas de libertad deberá tener las copias de todas las sentencias condenatorias que imponen dichas penas; Gendamería de Chile es el órgano encargado de realizar los cómputos de condena que indicarán la fecha de inicio y de término del cumplimiento de la condena total (cuando se registran varias condenas y/o existen privaciones de libertad previas a la condena que tuvieron lugar mientras se realizaba la investigación y juicio posterior), Gendarmería de Chile, a través de sus Tribunales de Conducta, califica bimensualmente la conducta del condenado en la unidad penal; Gendarmería de Chile es la autoridad que aplica las sanciones disciplinarias cuando proceden, etc. Es decir, toda la información relativa al cumplimiento de una condena la posee esta institución. 36 Como se señalara, la información que se requiera dependerá de la solicitud formulada por el condenado. Por ejemplo, si se solicita la unifcación de varias condenas para obtener un tiempo total de condena menor, se requieren las sentencias que impusieron las condenas a unificar; si se solicita la postulación a un permiso de salida, será necesario conocer el tiempo total de condena, la fecha en que puede iniciarse la postulación una vez cumplido el tiempo mínimo de privación de libertad exigido por el legislador, la conducta que ha tenido en la unidad penal el condenado durante los ultimos 3 bimestres, etc. Pero independiente del tipo de información requerida, es Gendarmería de Chile la única institución que la registra de manera completa. debates penitenciarios nro 19 15
16 i.b) Notificaciones Otro punto importante, vinculado con el anterior, fue la falta de notificación oportuna, al abogado defensor, de las resoluciones que otorgaban o denegaban solicitudes de permisos de salida y aquellas que aplicaban sanciones disciplinarias, lo que impidió, en muchos casos de ilegalidad y/o arbitrariedad en la decisión, su impugnación. En este sentido, fueron especialmente graves los casos en los cuales se aplicó la sanción de aislamiento en celda solitaria. Cuando su imposición llegaba a conocimiento del defensor, la sanción normalmente ya estaba cumplida. Defensoría Penal Pública dpp.cl disciplinarias. En relación a la información contenida en los informes psicosociales, los profesionales argumentaban que el conocimiento de ella por parte de los condenados ponía en riesgo su integridad y la de sus familiares, ya que podían ser amenazados en caso de informes desfavorables. Esto dio lugar a diversas decisiones del Consejo para la Transparencia 37 que finalmente zanjó el problema señalando que dicha información debía proporcionarse porque no (se) ve cómo la comunicación de la información requerida y los nombres de los diversos funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento de tramitación de la solicitud de indulto puede afectar sus derechos, particularmente su derecho a la seguridad, toda vez que éstos actúan en la elaboración y confección de tales documentos precisamente en su condición de funcionario público El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, de 20 de abril del año 2009, cuya principal labor es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. 38 Decisión amparo C del Consejo para la Transparencia. En igual sentido véanse las decisiones C y C del Consejo para la Transparencia, disponibles en Estas dificultades fueron abordadas entre ambas instituciones, tanto a nivel regional como nacional, dando lugar a la Resolución Nº 773 de del Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante la cual se regularon diversos procedimientos en materia de defensa penitenciaria al interior de las unidades penales. Así, se establecieron instancias y plazos para la entrega de la información; la obligación de notificar de manera inmediata al defensor penitenciario sobre la aplicación de sanciones disciplinarias; la sugerencia, a los jefes de las unidades penales, de invitar a los defensores y asistentes sociales a las sesiones del Consejo Técnico 39, etc. Si bien esta resolución representó un gran avance, no eliminó por completo ni de manera inmediata los problemas señalados. Ello en gran medida debido al desconocimiento de la resolución por parte de los propios funcionarios de Gendarmería de Chile y porque las prácticas arraigadas en una institución requieren de múltiples medidas en el tiempo para ser modificadas. consejotransparencia.cl, link Jurisprudencia. 39 El Consejo Técnico es un órgano colegiado y multidiscipliario cuya función principal es asesorar al Jefe del establecimiento penitenciario en los programas y acciones de reinserción social, entre las que destaca su participación en la concesión de los permisos de salida. debates penitenciarios nro 19 16
17 Artículo ii) Poder Judicial Aunque la presencia de los defensores penitenciarios en audiencias ante diversos integrantes del Poder Judicial (Jueces de garantía y Cortes de Apelaciones principalmente) no generó la resistencia vivenciada en Gendarmería de Chile, sí evidenció, en muchos casos, la falta de conocimiento y especialización de los jueces en la materia. Ello obedece en gran medida a la falta de formación en derecho penitenciario que existe en las escuelas de derecho chilenas y en los cursos de formación y capacitación de la Academia Judicial, cuestión que, no obstante haber experimentado un cierto cambio en los últimos años, éste no ha sido sistemático. De esta forma, con el inicio del programa los jueces de garantía (y las Cortes) se vieron enfrentados a una materia desconocida y ajena a las funciones que realizan habitualmente en el proceso penal, lo que se plasmó en diversas resoluciones que denotan la falta de un control jurisdiccional en la ejecución de la pena Resolución de fecha 9 de diciembre de 2011 dictada por el Juzgado de Garantía de Talagante con ocasión de una cautela de garantía (instrumento para cautelar el ejercicio de los derechos que le otorgan al imputado las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales) interpuesta en contra de Gendarmería de Chile por afectación del derecho a visita: Habiendo constancia que el procedimiento respecto del imputado se encuentra afinado, que corresponde a Gendarmería de Chile conforme a su ley orgánica, Decreto Ley 2.859, velar por el cumplimiento de las condenas impuestas por algún Tribunal de la República y en dicho contexto adoptar las medidas necesarias para el resguardo y seguridad de quienes allí cumplen penas corporales conforme se deprende del artículo 3 de dicho cuerpo normativo y en consecuencia no verificándose en la especie los presupuestos del artículo 10 del Código Procesal Penal al no existir actos que impidan al imputado ejercer los derechos que le corresponden en el procedimiento, al estar éste último concluido, no ha lugar, por improcedente, a lo solicitado. En igual sentido resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol Nº con ocasión de un traslado de unidad penal: en cuanto a la determinación de los establecimientos y de los lugares en que los condenados deban cumplir las penas impuestas según el perfil criminógeno que presenten, asunto que corresponde a Gendarmería de Chile ; resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol Nº : la determinación de los centros penitenciarios corresponde en forma exclusiva a la competencia de la institución recurrida. Disponibles en: VI. Resultados del Programa Los resultados del programa pueden ser analizados desde diversas perspectivas: i) Cobertura La prestación de defensa penitenciaria, como se señalara, comenzó en la región de Coquimbo con una población objetivo aproximada de condenados privados de libertad. El proyecto piloto atendió, en el período a 826 personas, lo que equivale a un 62,6% de la población recluida en la región en dicho período 41. Esta cifra fue aumentando de manera constante desde el año 2009 a la fecha, a través de la implementación gradual del programa a lo largo del país y la incorporación de las regiones metropolitana, Arica-Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y las provincias de Concepción y Arauco. De esta forma, la cobertura de defensa penitenciaria aumentó en 5 años ( ) de condenados a Informe de Avance, Departamento de Estudios y Proyectos, Defensoría Nacional, agosto Las unidades penales que a la fecha cuentan con Programa de Defensa Penitenciaria son: Complejo Penitenciario La Serena; Centro de Detención Preventiva Ovalle; Centro de Detención Preventiva Illapel; Centro de Detención Preventiva Combarbalá; Centro de Detención Preventiva Vicuña; Centros de Detención Preventiva Colina I y II; Centro de Detención Preventiva Puente Alto; Centro de Detención Preventiva Talagante; Centro Penitenciario Femenino de Santiago; Centro de Detención Preventiva Santiago Sur; Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS); Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio-Bio; Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción; Complejo Penitenciario Arica; Complejo Penitenciario Alto Hospicio; Centro de Cumplimiento Penitenciario Iquique; Centro de Detención Preventiva Pozo Almonte; Complejo Penitenciario Valparaíso; Centro de Cumplimiento Penitenciario San Antonio; Centro de Detención Preventiva Casablanca; Centro de Cumplimiento Penitenciario Los Andes; Centro de Cumplimiento Penitenciario San Felipe; Centro de Detención Preventiva La Ligua; Centro de Detención Preventiva Limache; Centro de Detención Preventiva Petorca; Centro de Detención Preventiva Quillota; Centro de Cumplimiento Penitenciario Coronel; Centro de Detención Preventiva Arauco; Centro de Detención Preventiva Lebu. debates penitenciarios nro 19 17
18 Artículo ii) Protección de derechos Si bien el proyecto piloto y, posteriormente, el programa de defensa, evidenció la falta de especialización de los jueces, lo cierto es que éstos han ido ejerciendo cada vez mas un rol tutelar de los derechos de las personas condenadas privadas de libertad, a través de un control de legalidad de los actos administrativos de Gendarmería de Chiley de Comisiones Especiales 43. En este sentido, podemos mencionar, como ejemplos de dicha tutela, las siguientes resoluciones judiciales: resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N , de , que estableció que Gendarmería de Chile deberá cautelar eficazmente la integridad de los internos en cuanto responsable de su seguridad individual; resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol Nº Cri., de , que dejó sin efecto una resolución del jefe del establecimiento penal que revocaba el beneficio de salida controlada al medio libre; resolución de la Corte Suprema Rol Nº de que deja sin efecto la revocación de la libertad condicional del amparado resuelta por la Comisión de Libertad Condicional de Arica 44 ; resolución de la Corte Suprema Rol Nº de que confirma resolución de la Corte de Apelaciones de Talca que deja sin efecto traslado efectuado en 43 En el sistema penitenciario chileno los beneficios intrapenitenciarios de libertad condicional y de rebaja de condena por comportamiento sobresaliente son resueltos en un procedimiento administrativo en el cual participan comisiones integradas por miembros del poder judicial y peritos nombrados por el Ministerio de Justicia. Estas comisiones, llamadas Comisión de libertad condicional y Comisión de rebaja de condena, dictan resoluciones otorgando o degenando la libertad condicional y calificando el comportamiento de un recluso como sobresaliente o no sobresaliente o declarando la caducidad de los meses de rebaja acumulados por un postulante, todas ellas resoluciones administrativas que deben respetar el bloque de legalidad al cual queda sometida la actuación de toda la administración del Estado (Constitución Política de la República, leyes, reglamentos, tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, etc.).en estos casos el Juzgado de Garantía y las Cortes ejercen un control contrastando la resolución dictada con el bloque de legalidad, determinando si la resolución se ajusta a él y, por ende, si es legal o, por el contrario, ilegal y/o arbitraria. 44 En igual sentido resolución de la Corte Suprema Rol Nº de Disponible en: virtud del artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios 45 ; resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Nº de , que ordena el abono de 120 días de privación de libertad sufridos por el condenado en causa anterior a la que actualmente está cumpliendo 46 ; resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, resolución en causa RUC de , que sustituye la pena privativa de libertad por la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva; resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº de , que acoge recurso de amparo deducido en contra del Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y deja sin efecto orden de expulsión dictada en contra de un ciudadano alemán condenado por tráfico ilícito de estupefacientes; resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol Nº de , que acoge recurso de protección deducido en contra de la Comisión de Libertad Condicional que denegó el beneficio impetrado a los condenados y ordena a aquélla reevaluar los antecedentes de los internos y resolver de acuerdo a la ley 47. En el marco de la protección de derechos, desde organizaciones no gubernamentales se ha destacado la defensa penitenciaria como un importante aporte. Así, el Informe Anual sobre derechos humanos de la Universidad Diego Portales, a propósito del sistema penitenciario, señaló como un desafío importante el fortalecer el derecho a defensa en los recintos penales, destacando al proyecto piloto como una interesante iniciativa que fortalece la vigencia de los derechos fundamentales; iniciativas como ésta fortalecen la vigencia de los derechos fundamentales en las prisiones, por lo 45 En igual sentido resoluciones de la Corte Suprema Rol Nº de y Rol Nº de Disponibles en: Resolución del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, causa RUC de En igual sentido resolución de la Corte Suprema ROL Nº DE y resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena Rol Nº de Disponibles en: poderjudicial.cl y Resolución del Juzgado de Garantía de Illapel, causa RUC de En igual sentido resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco Rol Nº de Disponible en: debates penitenciarios nro 19 18
19 Artículo que deben ser apoyadas y desarrolladas, administrativa y económicamente. Sin duda este plan piloto cosechará enseñanzas que en un futuro próximo permitirán expandir esta buena práctica a todas las cárceles del país 48. Asimismo, y más reciente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos incluyó al proyecto piloto dentro de las políticas públicas desarrolladas en materia penitenciaria en lo últimos veinte años que han contribuido a cambiar el escenario en materia de protección de derechos fundamentales 49. iii) Cumplimiento de compromisos internacionales Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 50 instan a los Estados a establecer y fortalecer el control judicial y el derecho a defensa durante la etapa de cumplimiento de penas privativas de libertad. Como señaláramos, Chile ha suscrito dichos instrumentos y participa del sistema universal y regional de protección de los derechos humanos, por ende, debe dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de respeto y garantía. Si bien el programa de defensa no obedeció a una política pública explícita del Ministerio de justicia, si se vincula con su misión institucional de modernizar el sistema de justicia mediante leyes, políticas, planes y programas orientados a facilitar el acceso ciudadano a la justicia y servicios, contribuyendo además a la seguridad y reinserción social Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2009, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, p.115. Disponible en: 49 Estándares internacionales en materia de personas privadas de libertad, INDH, 2012, p.140 y s. Disponible en: pdf?sequence=4 50 Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Conjunto de principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. 51 Misión institucional del Ministerio de Justicia. Disponible en: A través de este programa y en las regiones donde ya se ha implementado (con una proyección de cobertura nacional a corto plazo), el Estado de Chile da cumplimiento a dichos compromisos internacionales y estándares de derechos humanos al proporcionar defensa especializada y gratuita a las personas condenadas a penas de cumplimiento efectivo. VII. Desafíos del programa de defensa penitenciaria El Programa de defensa penitenciaria ha significado un importante avance en materia de protección de derechos de las personas condenadas privadas de libertad y representa una línea única de especialización en el sistema de justicia criminal de nuestro país. Defensoría Penal Pública dpp.cl debates penitenciarios nro 19 19
20 Sin perjuicio de ello, y como todo quehacer humano, puede y debe ir perfeccionándose, a la luz de la experiencia que día a día entrega. En este sentido, tres son los ámbitos que surgen como desafíos prioritarios para la Defensoría Penal Pública y su Unidad de Defensa Especializada: i) Calidad de la defensa penitenciaria El éxito de un programa no puede medirse exclusivamente en términos de cobertura. Si bien este ha sido un importante logro, el tiempo de implementación que lleva esta línea de defensa especializada exige el establecimiento de nuevas metas institucionales dirigidas a mejorar la calidad de la prestación. El acento debe ponerse en los procesos de El trabajo de los equipos penitenciarios no es un trabajo aislado que pueda llevarse a cabo con prescindencia de otras instituciones incorporar las necesidades particulares de estos grupos multivulnerables al quehacer de los defensores penitenciarios, lo que demandará una mayor especialización en la ejecución de penas privativas de libertad. iii) Trabajo interinstitucional Como ya se ha señalado, el trabajo de los equipos penitenciarios no es un trabajo aislado que pueda llevarse a cabo con prescindencia de otras instituciones. Muy por el contrario, para el desarrollo de sus labores se requiere de la colaboración de otros actores, principalmente de Gendarmería de Chile. Por ello resulta fundamental trabajar constantemente en mejorar los canales de comunicación y coordinación con todas las instancias de Gendarmería de Chile, tanto locales (unidades penales), regionales 0ue actúen como canales de comunicación y de resolución de problemas o conflictos que puedan surgir con ocasión del programa y que lleven a reforzar aquella mirada de un sector de Gendarmería de Chile que ha concebido el programa como una oportunidad para mejorar su labor 52. selección, preparación y perfeccionamiento de los profesionales, en el apoyo permanente y directo de los niveles superiores de gestión a los equipos y en los diversos procedimientos internos de la institución necesarios para la gestión de la defensa. ii) Grupos vulnerables especiales La población penitenciaria de nuestro país no es una población homogénea compuesta exclusivamente por hombres, nacionales, heterosexuales, sin discapacidades y sin pertenencia a alguna una etnia. Muy por el contrario, cada vez más ingresan a los establecimientos penales condenados extranjeros y migrantes, personas con discapacidades, mujeres, homosexuales, transexuales, miembros de pueblos originarios, etc. El desafío entonces es 52 Carlos Rojas, Jefe de Reinserción Social del Complejo Penitenciario de La Serena, Gendarmería de Chile, señala en la muestra audiovisual Proyecto Piloto Penitenciario, AECID-Defensoría Penal Pública, 2010: (este programa) nos obligó a profesionalizar nuestra participación en los Consejos Técnicos, a tener que dar argumentos específicos basados en nuestro decreto Nº 528 para quienes no salían con algún beneficio, ha producido un impacto positivo en la población penal, no los han dejado abandonados. debates penitenciarios nro 19 20