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Timestamp: 2018-12-12 03:04:41
Document Index: 270364631

Matched Legal Cases: ['Artículo 59', 'Artículo 65', 'Artículo 68', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 205', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 321', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 321', 'ARTÍCULO 118', 'ARTÍCULO 3']

Honduras – Discriminación – Decreto 23/2013 | observatoriointernacional.com
DECRETO No. 23-2013
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su Artículo 59 establece que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Además el Artículo 65 establece que “El derecho a la vida es inviolable” y en este mismo sentido en el Artículo 68 señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”.
CONSIDERANDO: Que Honduras es Estado Parte de diversos Convenios y Tratados Internacionales para la tutela de los derechos de la mujer. De manera especial, cabe citar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (BELEM DO PARA) que obligan al Estado a proteger y garantizar la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define: “La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra, y el Artículo 1 de la Recomendación General número 19 dicha Convención estipula: “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Mientras que el Artículo 1 de la Convención Belém Do Para establece: “Para los efectos de este Convención debe entenderse por violencia contra la mujer: cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
CONSIDERANDO: Que las figuras jurídicas penales existentes que sancionan los delitos contra la vida, no consideran los hechos de violencia extrema contra las mujeres que se producen como resultado del ejercicio desigual de poder entre hombres y mujeres que ocasionan las muertes violentas de éstas.
CONSIDERANDO: Que el deber de garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, impone al Estado de Honduras la obligación de dar cumplimiento a las exigencias de los diferentes instrumentos internacionales, lo que además impone el deber ineludible de crear determinadas condiciones para la realización efectiva de los derechos tutelados, por lo que resulta necesaria, la adición al Código Penal de la figura del tipo penal de Femicidio (numerus apertus), al Título I, Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, para sancionar quien diere muerte de manera intencional a una mujer por su condición de tal, así como otras reformas tendentes prevenir y combatir la discriminación, las conductas tendentes a obstruir, restringir y disminuir el goce de los derechos de las mujeres inclusive crear al efecto un agravante.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, atribución 1), del Decreto 131 de fecha 1 de Enero de 1982, que contiene la Constitución de la República, establece que corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
ARTÍCULO 1.- Reformar los Artículos 27 y 321 del Decreto No.144-83 de fecha 23 de Agosto de 1983, tres (3) a cinco (5) años y multa de cuatro (4) a siete contentivo del CÓDIGO PENAL, los cuales se leerán así:
ARTÍCULO 27: son circunstancias agravantes:
16)…;
17)…;
26)…;
27) Cometer el delito con odio o desprecio en razón del sexo, género, religión, origen nacional, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil o discapacidad, ideología u opinión política de la víctima.
“ARTÍCULO 321.- Será sancionado con reclusión de tres 83) a cinco (5) años y multa de cuatro (4) a siete (7) salarios mínimos la persona que arbitrariamente e ¿legalmente obstruya, restrinja, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima. La pena se aumentará en un tercio (1 /3) cuando: 1) El hecho sea cometido con violencia; 2) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo; y, se tratase de un caso de reincidencia.
Si el responsables extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena”.
ARTÍCULO 2.- Adicionar los Artículos 118-A y Artículo 321 – A, al Decreto No. 144-83 de fecha 24 de Agosto de 1983, contentivo del CÓDIGO PENAL, los cuales se leerán de la manera siguiente:
“ARTÍCULO 118-A: Incurre en el delito de femicidio el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes:
4) Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida”.
“ARTICULO 321-A.- Al que públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques contra una persona, grupo o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, por cualquiera de las causas enumeradas en el Artículo anterior, se le impondrá una pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión y multa de Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00) a Trescientos Mil Lempiras (L.300,000.00). Esta sanción se aplicará sin perjuicio de las medidas de carácter administrativo que sobrevengan en contra del medio de comunicado aplicadas por los entes reguladores del Estado.
La misma pena se aplicará cuando el culpable lo haga en ocasión de sus actividades profesionales mercantiles, o empresariales, o por un particular en prestación de un servicio público”.
ARTÍCULO 3.- El presente Decreto entrará vigencia veinte (20) días después de su publicación en Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de febrero.de año dos mil trece.
LENAKARYN GUTIÉRREZ ARÉVALO
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2013.
El Secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población.
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