Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/it/Resolucion/Show/24750
Timestamp: 2020-04-01 12:33:14
Document Index: 19969327

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'Artículo 615', 'Artículo 24', 'Artículo 55', 'Artículo 109', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 266/2015
SENTENCIA 266/2015, de 14 de diciembre
(BOE núm. 19, de 22 de gennaio de 2016)
ECLI:ES:TC:2015:266
a) En el seno del procedimiento abreviado núm. 362-2012, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santiago de Compostela condenó al allí acusado J.G.L.T. como autor de un delito de usurpación (art. 245.2 CP), absorbiendo el de coacciones, así como de un delito de simulación de delito (art. 457 CP). El fallo ordenaba, entre otros aspectos, que “el condenado indemnizará a Ramón Filgueira Pérez en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. Se declaran nulas las escrituras, inscripciones registrales, cargas y gravámenes sobre la finca y casa posteriores a la compra de 12-5-2008”, disposición esta última que, sin referencias previas en el cuerpo principal de la Sentencia, venía a recoger la petición efectuada en tales términos por la acusación particular, ejercitada por el señalado Ramón Filgueira.
b) Mediante Sentencia de 30 de diciembre de 2013, la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección Sexta) desestimó el recurso de apelación interpuesto por el acusado, confirmando íntegramente la decisión de la instancia, que adquirió firmeza. Ello no obstante, en el fundamento jurídico 2 de su Sentencia la Audiencia apuntaba expresamente la limitación de su conocimiento a “lo que el recurso permite revisar de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil (nada se dice sobre la petición de restitución posesoria; se ignora cómo pretenden imponerse pronunciamientos cancelatorios sin inscribirse el derecho dominical contradictorio, carente de título apto para ello, o sin que hayan podido defenderse los titulares de derechos inscritos o de anotaciones relativos a la finca)”.
c) Paralelamente a lo anterior, el 15 de mayo de 2008 J.G.L.T. firmó una escritura pública de préstamo hipotecario por importe de 206.000 € sobre la señalada finca, figurando en dicho documento público en calidad de prestatario y, como prestamista, Caja de Ahorros de Galicia (entidad antecesora de la demandante de amparo NCG División Grupo Inmobiliario, S.L.U.). La escritura pública hacía constar expresamente que J.G.L.T. “es dueño” de la misma y que la situación jurídica de finca es “libre de cargas”.
d) Mediante Auto de 20 de febrero de 2014, el Juzgado de lo Penal de Santiago incoó en relación con las actuaciones penales antes referidas la ejecutoria núm. 61-2014, acordando —entre otros aspectos— librar mandamiento al Registro de la Propiedad de Noia en cumplimiento de la declaración de nulidad determinada en el fallo de la Sentencia, de cuantas anotaciones e inscripciones registrales figurasen sobre la finca en cuestión con fecha ulterior al 12 de mayo de 2008.
e) El 6 de marzo de 2014 el Registro de la Propiedad de Noia suspendía, ex arts. 9 de la Ley hipotecaria y 561 de su Reglamento, las operaciones de cancelación ordenadas en el mandamiento judicial, al no quedar perfectamente identificada la finca. La nota indica, asimismo, literalmente que la finca “estuvo inscrita a favor de don J.G. …, quien según su inscripción 5ª la aportó a su sociedad de gananciales con su esposa Doña D., los cuales, según la inscripción 6ª liquidaron la sociedad de gananciales y la adjudicaron a doña D., si bien actualmente, como consecuencia de la ejecución del préstamo hipotecario que la gravaba por su inscripción 3ª, figura inscrita a favor de la sociedad NCG…, por título de adjudicación en subasta pública, según su inscripción 7ª, por lo que se advierte que, en caso de ser la misma finca y se solicitara sobre la misma las operaciones indicadas en el precedente mandamiento, mediante la correspondiente nota de calificación SE DENEGARÍAN dichas operaciones por estar inscrita la finca a nombre de persona distinta de la parte demandada (arts. 20 de la Ley Hipotecaria y 140 de su Reglamento y artículo 24 de la Constitución Española)”.
“Según la documentación presentada por la solicitante, la adjudicación de la vivienda se hace efectiva en fecha 25 de marzo de 2013, fecha posterior a la sentencia que pretende que se declare nula. En fecha 20 de enero de 2014, la vivienda figuraba inscrita en el Registro a favor de D.M.M.S., verificándose en la Nota Simple informativa del Registro de la Propiedad de Noia. La sentencia de la Audiencia Provincial es de 30 de diciembre de 2013.
Emplear el incidente de nulidad con exclusivos fines particulares denota, cuando menos, un abuso de derecho. Deducimos que la pretensión no es susceptible de nulidad, ya que se pretende exclusivamente modificar el contenido de una sentencia que ya ha adquirido firmeza.”
h) Frente a este pronunciamiento promovió la demandante de amparo, con fecha 3 de junio de 2014, el mecanismo de la “aclaración, subsanación y/o complemento”. Incidía, por un lado, en la “real y efectiva indefensión” sufrida, que, a su entender, justifica que se declare la nulidad de lo actuado por haberse violado su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber recibido audiencia alguna en el procedimiento, pese a ser única y legítima propietaria registral de la finca en cuestión a resultas del proceso civil de ejecución hipotecaria. Especificaba, por otro, las razones por las que el Auto dictado venía a renovar su situación de indefensión, al no ofrecer en él el Juzgado de lo Penal respuesta mínimamente motivada en Derecho acerca de la razón por la que no estimaba vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente, expresamente invocado.
En relación con el primero de ellos (art. 24.1 CE), se queja de que, viéndose finalmente afectada su inscripción registral por el pronunciamiento judicial de declaración de nulidad, no se le ha dado oportunidad alguna de audiencia, alegación y/o defensa en el proceso penal, pese a figurar como titular de un derecho real de hipoteca sobre el inmueble en cuestión, inscrito en el Registro de la Propiedad de Noia desde el 2 de junio de 2008, en virtud del cual adquirió después su propiedad en vía judicial civil. Tampoco dispuso de tal oportunidad ningún otro titular de derechos sobre la finca registral núm. 22.801. Cita, en apoyo de su pretensión, las SSTC 110/1988, de 8 de junio; 28/1995, de 6 de febrero; 76/1999, de 26 de abril; 138/1999, de 22 de julio; 199/2006, de 3 de julio, y 65/2007, de 27 de marzo, entre otras. También la Resolución 1/2008, de 26 de marzo, de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el particular consistente en que “no se puede practicar en el Registro de la Propiedad ningún asiento de cancelación de un derecho inscrito si no consta en escritura pública el consentimiento para la cancelación de la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación”. La demanda insiste en el carácter indeterminado e inespecífico del pronunciamiento judicial de nulidad. Sostiene que la situación de indefensión material y real en que se encuentra NCG a causa de ello es patente y manifiesta.
7. Evacuando el posterior traslado conferido para alegaciones, mediante escrito registrado el 23 de junio de 2015 dicha mercantil interesó la desestimación del recurso de amparo presentado por NCG. Consideraba inviable que la demandante hubiera sido llamada al proceso penal en el momento en que se dictó el fallo judicial, pues por entonces aún no había adquirido la condición de adjudicataria de la vivienda en litigio, siendo así que en el procedimiento penal nadie puso en duda —ni siquiera la ahora demandante— que la escritura de compraventa del inmueble que le fue usurpado a Ramón Filgueira era válida a todos los efectos, por lo que cualquier escritura posterior a la suya ha de ser tenida por nula, como así lo declaró el Juzgado de lo Penal y ratificó la Audiencia Provincial (sic). Lo contrario supondría generar una inseguridad jurídica de consecuencias inimaginables, de modo que si la demandante de amparo se considera perjudicada o víctima habría de interponer acciones legales frente NCG Banco, S.A.-Abanca (sic) o bien frente al acusado J.G.L.T.
Este Tribunal tiene fijada doctrina acerca del contenido esencial del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), de la que son exponentes las SSTC 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 5; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 5, y 99/2015, de 25 de mayo, FJ 5, y en las que hemos precisado que tal derecho: “exige, fundamentalmente, que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal invistiéndolo de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional”.
Es también doctrina reiterada de este Tribunal que las cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son de legalidad ordinaria. Ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, “salvo que esa interpretación suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias” (STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 9).
4. Este Tribunal ha declarado en numerosas ocasiones (por todas, STC 65/2007, de 27 de marzo, citada por la demandante) que el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión encuentra una de sus manifestaciones en el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes en todo proceso judicial (STC 143/2001, de 18 de junio, FJ 3). Esta exigencia requiere del órgano jurisdiccional “un indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa en un proceso con todas las garantías, ofreciendo a las partes contendientes el derecho de defensa contradictoria, mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses” (STC 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2, con remisión a otras anteriores). Corresponde así a los órganos judiciales velar por que en las distintas fases de todo proceso se dé esa necesaria contradicción con idénticas posibilidades de alegación y prueba; en definitiva, con efectivo ejercicio del derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen. La posibilidad de contradicción es, por tanto, una de las reglas esenciales del proceso (SSTC 138/1999, de 22 de julio, FJ 4, y 91/2000, de 30 de marzo, FJ 2).
En relación con los procedimientos inaudita parte, expuso este Tribunal en la STC 181/2011, de 21 de noviembre, FJ 2, por remisión a las SSTC 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7, y 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4, que para que la indefensión alcance en estos casos la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado gravemente en el proceso el derecho de las partes a alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional. No basta con una vulneración meramente formal: “es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado” (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 3, y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
Conforme al art. 111 CP, la restitutio in integrum por devolución del mismo bien será vía preferente de satisfacción de la responsabilidad civil ex delicto. Ello no obstante, una sólida excepción a esta regla general es la que contempla su apartado segundo, que protege al tercero de buena fe que haya adquirido el bien “en la forma y con los requisitos establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable”; situación en la que el derecho de cualquier perjudicado favorecido civilmente por una sentencia condenatoria de naturaleza penal solamente podrá concretarse en su alternativa indemnizatoria, operando la reparación dineraria como sustitutivo de la fallida recuperación.
6. De conformidad con los razonamientos que preceden, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, procede estimar el recurso de amparo, restableciendo a la demandante en su derecho a obtener de los Tribunales una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), de la que en este caso es tributario el derecho a disfrutar de un proceso público con todas las garantías —art. 24.2 CE— (STC 57/1991, de 14 de marzo, FJ 1).
En segundo lugar, y como medida apropiada [art. 55.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional] para reparar el derecho a la defensa de la entidad aquí actora, preservando a su vez el derecho a una tutela jurisdiccional de fondo (art. 24.1 CE) del que es titular la parte constituida como acusación particular en el proceso penal abreviado de referencia, la cual introdujo como tema de debate la solicitud de nulidad de aquellos actos jurídicos practicados sobre la finca objeto de venta por el acusado, debemos declarar la retroacción de las actuaciones, bien que con el alcance limitado que la doctrina de este Tribunal ha concedido en otros supuestos de indefensión derivada de pronunciamientos civiles contenidos en sentencias del orden penal, que afectan a personas que no fueron llamadas al respectivo proceso (por todas, SSTC 4/1982, de 8 de febrero, FJ 8; 114/1988, de 10 de junio, FJ 4; 57/1991, de 14 de marzo, FJ 5; o 56/1992, de 8 de abril, FJ 5).
1º Reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la demandante NCG División Grupo Inmobiliario S.L.U. (actual Abanca Corporación División Inmobiliaria S.L).
2º Declarar la nulidad de los Autos de 26 de mayo de 2014 y 18 de junio de 2014, dictados por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santiago de Compostela en la ejecutoria núm. 61-2014; asimismo la nulidad del concreto pronunciamiento del fallo de la Sentencia del mismo Juzgado de 6 de marzo de 2013, recaída en el proceso abreviado núm. 362-2012, que indica: “Se declaran nulas las escrituras, inscripciones registrales, cargas y gravámenes sobre la finca y casa posteriores a la compra de 12-5-2008”, y la nulidad de la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 30 de diciembre de 2013 (rollo de apelación núm. 322-2013), en cuanto a la referencia en su fundamento de Derecho segundo, a la indefensión causada a los “titulares de derechos inscritos o de anotaciones relativas a la finca”, sin reparar ésta.
3º Con retroacción parcial de las actuaciones, en los términos especificados en el anterior fundamento jurídico sexto.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 5290-2014
Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: sentencia que acuerda la anulación de determinas escrituras, inscripciones registrales, cargas y gravámenes que pesaban sobre una finca sin emplazar a la entidad que figuraba en el Registro de la Propiedad como su titular dominical.
En el marco de un proceso penal por delito de usurpación, se acordó la anulación de determinadas escrituras, inscripciones registrales, cargas y gravámenes que pesaban sobre una finca, cuya propiedad el acusado había transmitido a un tercero. Paralelamente al enjuiciamiento penal, en un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido contra del acusado, la sociedad recurrente en amparo adquirió en subasta pública la finca. Aunque figuraba en el Registro de la Propiedad como titular dominical del inmueble, Nova Caixa Galicia-NCG División Grupo Inmobiliario, S.L.U., no fue emplazada para intervenir en el proceso penal hasta que, resuelta la nulidad de la inscripción, se le notificó el requerimiento judicial de entrega del inmueble.
Se estima parcialmente el recurso amparo. La Sentencia declara vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías. La sociedad recurrente en amparo tenía un interés relevante en el resultado del proceso penal, pues durante su tramitación había adquirido onerosamente el dominio del inmueble afectado. En consecuencia, el órgano judicial estaba obligado a promover su presencia procesal, con el fin de que pudiera defender sus pretensiones. Al no hacerlo, la colocó en una situación de indefensión material e impidió el ejercicio de su derecho de defensa.
Procede estimar el recurso de amparo, restableciendo a la demandante en su derecho a obtener de los Tribunales una tutela judicial efectiva sin indefensión y a disfrutar de un proceso público con todas las garantías [FJ 6].
El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros cuyos intereses pudieran verse perjudicados por la estimación de una petición acusatoria, a fin de que también pudieran ser oídos en su defensa [FJ 5].
La entidad demandante tenía un interés constitucionalmente relevante en el resultado de la causa penal, pues en fechas paralelas a las del enjuiciamiento penal adquirió onerosamente el pleno dominio del inmueble en un procedimiento civil de ejecución hipotecaria seguido a su instancia [FJ 5].
El primer acto de comunicación con la demandante sobreviene una vez abierta la ejecutoria penal, presentando el formato de un requerimiento dirigido a desposeerle de la finca de autos, de modo que el Juzgado ejecutante la privó de sus derechos sin concederle oportunidad procesal de actuar en su defensa [FJ 5].
Doctrina sobre el deber de los órganos judiciales de velar por cumplimiento del principio de contradicción en las distintas fases del proceso (SSTC 138/1999 y 91/2000) [FJ 4].
Artículos 107 a 113, f. 2
Artículo 615, f. 5
Artículo 24.2 (derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), ff. 1, 2
Artículo 55.1 c) (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 6
Artículo 109, ff. 2, 5
Artículo 111, ff. 1, 5
Artículo 112, f. 1
Artículo 113, f. 1
Derecho a un proceso con todas las garantíasDerecho a un proceso con todas las garantías, Vulnerado, ff. 4, 5
Indefensión materialIndefensión material, ff. 4, 5
Escrituras públicasEscrituras públicas, f. 1
Inscripciones registralesInscripciones registrales, f. 1
UsurpaciónUsurpación, f. 1
Emplazamiento exigibleEmplazamiento exigible, f. 1