Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-barcelona-19-42-2016-09-02-2016-rec-644-2014-47553255
Timestamp: 2017-04-28 16:00:00
Document Index: 380367345

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 79', 'artículo 16', 'artículo 1108', 'Artículo 217', 'Artículo 1266']

Sentencia Civil Nº 42/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 644/2014, 09-02-2016 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilAP - Barcelona2016Vila i Cruells, CarlesSentencia42/2016644/2014
Sentencia Civil Nº 42/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19, Rec 644/2014 de 09 de Febrero de 2016
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 58/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 667/2014, 16-02-2016 Órden: Civil
Num. Recurso: 667/2014
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de obligaciones subordinadas el 5 de julio de 2008 (6.000 €), y una suscripción de participaciones preferentes el 20 de julio de 2009 (22.000 €). Posteriormente, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución ... Sentencia CIVIL Nº 201/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 218/2015, 26-05-2016 Órden: Civil
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de participaciones preferentes el 25 de noviembre de 2010, por un nominal de 10.000 €. Posteriormente, el 4 de julio de 2013, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución de 7 de junio de 2013 de la Comisión R... Sentencia Civil Nº 93/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 822/2014, 16-03-2016 Órden: Civil
Num. Recurso: 822/2014
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de participaciones preferentes el 2 de marzo de 2006 por un nominal de 20.000 €. La sentencia de instancia estimó la demanda. Tras exponer la naturaleza jurídica de los títulos suscritos y la normativa aplicable, aprecia la concurrencia de error esencial y excusable que vició el consentimiento contractual, declarando en consecuencia la nulidad de la orden de compra de las participacione... Sentencia Civil Nº 108/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 840/2014, 16-03-2016 Órden: Civil
Num. Sentencia: 108/2016
Num. Recurso: 840/2014
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de dos suscripciones de participaciones preferentes el 2 de abril de 2001 y el 14 de marzo de 2011, por un total de 15.000 €. El 5 de julio de 2013 se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución de 7 de junio de 2013 de la Comisión... Sentencia CIVIL Nº 211/2016, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 207/2015, 27-05-2016 Órden: Civil
Num. Recurso: 207/2015
PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de participaciones preferentes el 30 de noviembre de 2008 por un nominal de 30.000 €. Posteriormente, se efectuó una operación de cambio de los citados títulos por acciones de la demandada y simultánea venta de las mismas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), y ello por efecto de la Resolución de 7 de junio de 2013 de la Comisión Rectora del Fondo de Rees... Ver más documentos relacionados
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"Toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesi... Consideraciones generales sobre el mercado de valores Órden: Mercantil
De distinta forma que en el mercado de crédito, en el mercado de valores, entre los que proveen y obtienen recursos, no se interpone entidad alguna, salvo obviamente las actividades de colaboración y organización o servicios que también se desarrollan en este mercado. La financiación se hace directamente, sin intervención de la entidad de crédito, dándose de esta forma, dificultades que la intermediación soluciona o reduce como por ejemplo encontrar la contrapartida adecuada sin presenc... Régimen sancionador de las operaciones bursátiles Órden: Mercantil
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Núm. Sentencia: 42/2016 Núm. Recurso: 644/2014
Núm. Cendoj: 08019370192016100131
Encabezamiento AUDIENCIA PROVINCIAL
ROLLO Nº 644/2014- A
Procedimiento ordinario Nº 57/2013
Juzgado Primera Instancia 2 Barcelona
S E N T E N C I A Nº 42/2016
Ilmos. Srs.Magistrados
En la ciudad de Barcelona, a diez de febrero de 2016.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimonovena de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, seguidos por el Juzgado Primera Instancia 2 Barcelona, a instancia de
Jose Daniel contra BANKIA, S.A. y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A. ; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte BANKIA, S.A. y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A. contra la sentencia dictada en los mismos el dia 14/07/2014 , por el/la Sr./a. Magistrado/a del expresado Juzgado.
Antecedentes PRIMERO.-La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: 'Estimar íntegramente la demanda formulada en su día por Doña
Jose Daniel contra BANKIA y contra CAJA MADRID FINANCE, con los pronunciamientos siguientes:
1. DECLARAR la nulidad de la compra por Don.
Jose Daniel de los .-500.- títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES CAJA MADRID 2009, con códigos de valor
NUM000 y operada el 29 de mayo de 2009 por impoerte nominal de .-50.000.- euros a través de la cuenta de valores
NUM001 y de la cuenta de abono de cupones
NUM002 , con el número de orden
2. CONDENAR a las partes a la recíproca restitución de las prestaciones recibidas, esto es, debiendo la actora restituir los títulos en su día adquiridos y la parte demandada reintegrar solidariamente a la demandante en la inversión realizada por nominal de .-50.000.- euros y minorada en los rendimientos que el producto analizado haya procurado a la actora a lo largo de su vigencia desde su contratación el 29 de mayo de 2009, en ambos casos con los intereses correspondientes, debiendo concretarse dichas sumas en su caso en fase de ejecución de sentencia y devengando el saldo resultado de dicha liquidación desde tal momento el interés legal del dinero incrementado en dos puntos hasta el completo pago de lo debido.
3. CONDENAR a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas en este pleito. '.
SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte BANKIA, S.A.y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A. mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria y elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.-Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 3 de febrero de 2016.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.CARLES VILA i CRUELLS.
Fundamentos PRIMERO.-En la demanda presentada, solicitaba la actora que se declarase la nulidad de una suscripción de participaciones preferentes el 29 de mayo de 2009 (50.000 €). La sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda, declarado la nulidad de la compra, condenando a las partes, solidariamente a las demandadas, a la recíproca restitución de prestaciones e intereses legales.
Las demandadas BANKIA, S.A. y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A. interponen recurso de apelación impugnando todos los pronunciamientos de la sentencia, reiterando los motivos de oposición expuestos en la contestación a la demanda. La parte demandante y apelada se opone a la estimación de recurso.
SEGUNDO.-La participación preferente tiene su fuente normativa en la
disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión , Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, introducida en ésta por la Ley 19/2003, de 4 de julio, y modificada por el
art. 1.10 de la Ley 6/2011, de 11 de abril (BOE de 12 de abril), por la que se transpone a nuestro Derecho la Directiva 2009/111/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en función, especialmente, de determinar las condiciones para admitir como recursos propios de las entidades de crédito a los que denomina instrumentos de capital híbridos, entre los que se incluye la participación preferente. La citada disposición adicional ha sido modificada por última vez por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, con la siguiente redacción en su apartado 1º:
'1. Las participaciones preferentes a que se refiere el
artículo séptimo de esta Ley tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
k) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales de al menos el 50% del total de la emisión, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el
art. 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores . l) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del
art. 495 de la Ley de Sociedades de Capital , el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 100.000 euros y en el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 25.000 euros.'
TERCERO.-A tenor de lo expuesto, es claro que las participaciones preferentes deben integrarse dentro de la categoría de los valores complejos a que se refiere el
art. 79 bis 8.a) de la Ley del Mercado de Valores . Este precepto considera no complejos a dos categorías de valores. En primer lugar, a los valores típicamente desprovistos de riesgo y a las acciones cotizadas como valores ordinarios cuyo riesgo puede decirse que es de general conocimiento. En segundo lugar, como categoría genérica, el referido precepto considera valores no complejos a aquellos en los que concurran las siguientes tres condiciones: a) Que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en el mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor. b) Que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste de adquisición del instrumento; y c) Que exista a disposición del público información suficiente sobre sus características. Esta información deberá ser comprensible de modo que permita a un cliente minorista medio emitir un juicio fundado para decidir si realiza una operación en ese instrumento.
Así pues, la participación preferente es calificable como valor complejo porque no aparece en la lista legal explícita de valores no complejos y porque no cumple ninguno de los tres referidos requisitos. Para su comercialización debe observarse la normativa protectora informativa prevista en la Ley del Mercado de Valores (LMV) y en sus normas de desarrollo. La Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (conocida como Directiva MiFID), fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno por la Ley 47/2007, de reforma de la LMV, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2007. La Directiva 2006/31/CE exigía de los Estados miembros la plena aplicación de sus disposiciones hasta el 1 de noviembre de 2007, por lo que resulta que los contratos anteriores al 1 de noviembre de 2007 se rigen por el contenido primitivo del
artículo 79 LMV, así como por el artículo 16 del Decreto 629/1993 . Los contratos celebrados entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre de 2007 habrán de sujetarse a las normas de la Directiva MiFID (si es que se entiende directamente aplicable), en tanto que a los posteriores a esta última fecha les serán de aplicación los
artículos 78 y siguientes de la LMV, en su redacción vigente tras la reforma parcial operada por la Ley 47/2007 , y normativa de desarrollo (Decreto 217/2008, en vigor desde el 17 de febrero de 2008). Además de la sujeción de todos ellos a las reglas comunes de la Ley sobre condiciones generales de la contratación y, en su caso, de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
CUARTO.-Siendo evidente la consideración de cliente minorista de la demandante (
art. 78 bis LMV), el alcance de los deberes de información de las entidades financieras viene regulado en el art. 79 bis LMV, desarrollados en el Decreto 217/2008 , especialmente en sus arts. 60 y ss. Sobre el alcance de estos deberes de información y asesoramiento, es especialmente relevante la
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014 , que en sus fundamentos jurídicos séptimo a noveno dice lo siguiente:
'7. Información sobre los instrumentos financieros.
art. 64 RD 217/2008, de 15 de febrero , regula con mayor detalle este deber de información sobre los instrumentos financieros y especifica que la entidad financiera debe 'proporcionar a sus clientes(...) una descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en particular, la clasificación del cliente como minorista o profesional'. Y aclara que esta descripción debe 'incluir una explicación de las características del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera suficientemente detallada para permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas'.
La entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto en el
art. 79bis. 7 LMV ( arts. 19.5 Directiva 2004/39/CE ), cuando se prestan servicios que no conllevan asesoramiento. Se entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada. Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en materia financiera. Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Como aclara el
art. 73 RD 217/2008, de 15 de febrero , se trata de cerciorarse de que el cliente 'tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión ofertado o demandado'.
c) El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes' (
art. 74 RD 217/2008, de 15 de febrero ).
Contrariamente a lo que entiende el recurrente, estas exigencias propias del test de conveniencia son menores que cuando debe valorarse la idoneidad del producto conforme al
art. 79 bis. 6 LMV ( art. 19.4 Directiva 2004/39/CE ). El test de idoneidad opera en caso de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización de una recomendación personalizada. La entidad financiera que preste estos servicios debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan.
Para ello, especifica el
art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero , las entidades financieras 'deberán obtener de sus clientes (...) la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción especifica que debe recomendarse (...) cumple las siguientes condiciones:
9. Como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011 ), '(l)a cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en materia de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente' (apartado 53). Y esta valoración debe realizarse con los criterios previstos en el
art. 52 Directiva 2006/73 , que aclara la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del
art. 4.4 Directiva 2004/39/CE .
art. 4.4 Directiva 2004/39/CE define el servicio de asesoramiento en materia de inversión como 'la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros'. Y el
art. 52 Directiva 2006/73/CE aclara que 'se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor(...)', que se presente como conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta consideración de recomendación personalizada si se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público.
QUINTO.-Descendiendo al caso que nos ocupa, al igual que el supuesto de hecho analizado en la sentencia transcrita, no ofrece duda que la entidad demandada llevó a cabo un servicio de asesoramiento financiero, pues los títulos no se suscribieron a iniciativa de la demandante, ni en el año 2004 ni después en el año 2009 cuando fue literalmente alentada a suscribir nuevas participaciones vendiendo las que tenía. En el presente ni consta la orden de suscripción ni tampoco un test de conveniencia, y no digamos de idoneidad.
Sin duda alguna la libre prestación del consentimiento por parte del inversor ha de ir precedida de la oportuna información sobre el producto facilitada por la entidad financiera, y si esa información no cumple con las exigencias del control de incorporación de la condiciones generales previsto en los
arts. 5 y
7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación , cabría apreciar un error excusable en la formación de la voluntad contractual del cliente que implicaría la nulidad del contrato (
arts. 1.266 y 1.300 del Código Civil ). El error, para ser considerado como vicio de la voluntad, es necesario que afecte a la sustancia de la cosa o a alguna de las condiciones que principalmente hayan dado motivo a celebrar el contrato (
art. 1.266 CC ). En otras palabras, el error ha de ser esencial y excusable. Esencial significa que haya sido determinante o causa principal de la declaración de voluntad, y será inexcusable, y por tanto no vicio de la voluntad, cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular (
SSTS de 6 de mayo y
10 de junio de 2010 ), por lo que se debe negar protección 'a quien, con el empleo de la diligencia que le era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba' (
STS de 21 de noviembre de 2012 ). Además, el error no opera sobre los motivos subjetivos que impelen a cada contratante a actuar, sino sobre la base del negocio o función económico-social del mismo (
STS 13 de mayo de 2009 ).
El déficit de información, como hecho negativo que es, no corresponde probarlo a la demandante, antes al contrario, corresponde a la demandada probar que cumplió con todas aquellas exigencias de información previa y transparente (
art. 217 LEC ), y no hay medio de prueba alguno del que inferir que la demandada cumpliera con todos aquellos deberes, advirtiendo a la demandante que lo que estaba contratando no era ni mucho menos un depósito a plazo, que se trataba de productos complejos y de liquidez supeditada al Mercado AIAF, cuyo funcionamiento difícilmente hubieran llegado entender la demandante. En la sentencia de instancia se narra que la inversión fue ofrecida por el empleado de la actora Sr.
Ovidio , firmando todo lo necesario en apenas diez o quince minutos, confiando en el conocimiento de la demandante en lo que adquiría, pues había suscrito las primeras participaciones preferentes en el año 2004, de modo que la nueva suscripción fue un puro trámite sin mayores explicaciones. Coincidimos pues con la juez a quo en que concurre error esencial y excusable, lo que conlleva la nulidad del contrato.
SEXTO.-A propósito de los intereses legales y la condena solidaria de las demandadas, reitera la recurrente los mismos argumentos expuestos en casos idénticos ya resueltos por esta sección, y la respuesta debe ser la misma. Tal como dijimos en la
sentencia de 16 de diciembre de 2014 (Rollo nº 477/13 ), sobre los intereses legales, 'debemos destacar el contenido del
art. 1.303 del Código Civil , que señala como consecuencia de la nulidad de las obligaciones, la recíproca restitución de las cosas que hubieren sido objeto del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses. De este modo la devolución comprende además de lo que recíprocamente se entregaron las partes, los frutos obtenidos con ello, lo cual, refiriéndose a dinero supone los intereses que genere, justa compensación por su falta de disponibilidad por quien no lo tuvo y la reciproca de quien lo dispuso y ahora debe reintegrarlo, máxime tratándose de una entidad bancaria. El
Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de Mayo de 2.013 expresa en su fundamento 291 la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad en cuanto la 'restitutio' no opera con un automatismo absoluto, puesto que el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad, citando la
sentencia del Mismo Tribunal de 13 Marzo de 2012 .
En el supuesto que nos ocupa, los recurrentes acuden al referente de un deposito a la vista, cuya rentabilidad sitúan en un 1%, el cual no aparece como razonable considerada la naturaleza de la cuestión controvertida en cuanto, declarada la nulidad del contrato, lo procedente, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1303 y concordantes del Código Civil , es que las partes se restituyan recíprocamente las cosas que hubieran sido materia del contrato, y entre ellas el precio con sus intereses, siendo la devolución recíproca de lo que fue objeto del contrato consecuencia ex lege del pronunciamiento estimatorio de la pretensión de nulidad. Fuera de la especulación de la recurrente no se acredita pacto válido sobre intereses, por un tipo distinto del legal, para el supuesto de ineficacia del contrato, lo cual determina la plena eficacia del tipo del interés legal, de conformidad con la norma general del
artículo 1108 del Código Civil , motivo que conllevará la desestimación del recurso en este aspecto, ratificando la conclusión de la sentencia de instancia'.
Y en cuanto a la condena solidaria de las demandadas, 'Plantean los recurrentes la cuestión relativa a la solidaridad de la condena para BANKIA SA y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED SA por la ausencia de motivación de la condena que se efectúa . En este sentido debemos señalar como aunque es cierto que formalmente la emisión de las preferentes litigiosas fue realizada por la entidad CAJA MADRID FINANCE PREFEREED S.A., se acredita la intima y absoluta relación de dicha entidad con CAJA MADRID, ahora BANKIA SA , como se pone de manifiesto en las propias ordenes de suscripción aportadas en la causa, todas ellas referidas a resguardos de operación de CAJA MADRID, la misma entidad que emite la información sobre rendimientos y retenciones de productos de ahorro, igualmente obrantes en autos; solo señalar como en la documentación aportada referida a los resguardos de las ordenes de suscripción se llega describir el valor como participaciones preferentes caja Madrid 2009, todo lo cual nos lleva a concluir que en la emisión de participaciones preferentes de CAJA MADRID hoy BANKIA SA, no es el sujeto emisor CAJA MADRID FINANCE PREFEREED S.A., distinto de quien comercializó el producto debiendo, en consecuencia, declarar la solidaridad de ambos en la condena efectuada en los términos en los que fue planteada la relación jurídico procesal en esta causa.'
A tenor de lo expuesto, procede la desestimación del recurso.
SÉPTIMO.-De conformidad con lo dispuesto por el
art. 398.1 LEC , procede imponer a la demandada apelante el pago de las costas procesales causadas. VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,
Fallo Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BANKIA, S.A. y CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A. contra la
sentencia dictada el 14 de julio de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barcelona , confirmando íntegramente la misma, imponiendo las costas de la alzada a la parte apelante y con pérdida del depósito para recurrir.
Contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Casación para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a interponer en el plazo de veinte dias, si se dieran los requisitos legales oportunos.
Así por esta nuestra sentencia, de la cual se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Competitividad Extracto
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 164 Fecha de Publicación: 10/07/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/09/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Extracto
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 217. Carga de la prueba.
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 289 Fecha de Publicación: 16/10/1885 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1886 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia Extracto
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 206 Fecha de Publicación: 25/07/1889 Fecha de entrada en vigor: 16/08/1889 Órgano Emisor: Presidencia Del Consejo De Ministros Artículo 1266
Ley 6/2011 de 11 de Abr (Se modifican la Ley 13/1985, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y el Real Decreto legislativo 12981986)
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 87 Fecha de Publicación: 12/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 13/04/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo primero. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.
Ley 47/2007 de 19 de Dic (Se modifica la Ley 24/1988, del Mercado de Valores)
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 304 Fecha de Publicación: 20/12/2007 Fecha de entrada en vigor: 21/12/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Extracto
Ley 19/2003 de 4 de Jul C.A. Cataluña (Taxi)
Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número: 3926 Fecha de Publicación: 16/07/2003 Fecha de entrada en vigor: 16/08/2003 Órgano Emisor: Presidencia De La Generalidad Extracto