Source: http://fetave.es/publico/info-legislacion/firma_electronica/ley_59_2003.shtm
Timestamp: 2018-01-24 11:05:11
Document Index: 211944122

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 38', 'artículo 20', 'artículo 43']

FETAVE - LEY 59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, DE FIRMA ELECTRÓNICA
El pasado viernes 19 de diciembre de 2003 fue aprobada la tan esperada Ley de Firma Electrónica, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 20 de marzo de 2004. (B.O.E. núm. 304, de 20 de diciembre de 2003).
Es éste un aclamado proyecto, loado por haber "seguido, con buen criterio, una línea continuista" en relación con la legislación anterior, pero que sin embargo trae pareja grandes dosis de innovación y buenas ideas.
Cabe destacar la acertada revisión terminológica y sistemática que sobre el texto legal se ha realizado. A lo largo de sus 36 artículos, la nueva Ley posibilita una mejor comprensión del texto legal, proporcionando a su vez una estructura "más acorde con nuestra técnica legislativa".
Ejemplo claro es la aparición del término "firma electrónica reconocida" (artículo 3.3), que funcionalmente se equipara a la firma manuscrita. Como la Ley bien explica en su Exposición de Motivos, se trata simplemente de "la creación de un concepto nuevo demandado por el sector, sin que ello implique modificación alguna de los requisitos sustantivos que tanto la Directiva 1999/93/CE como el propio Real Decreto Ley 14/1999 venían exigiendo". La acuñación de dicha expresión tiene como único objetivo el aclarar que "no basta con la firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creación".
Novedad destacable es la regulación relativa a la emisión de certificados electrónicos a nombre de personas jurídicas, recogida en el artículo 7 de la Ley. La llamada "rúbrica digital" dotará a las empresas de una mayor flexibilidad en su trato con las Administraciones Públicas, así como en la contratación de bienes o servicios propios de su tráfico ordinario. Estos certificados podrán ser solicitados por los administradores de la sociedad, sus representantes legales y, en definitiva, por cualquiera con poder suficiente para vincular a la misma a dichos efectos, siendo además la persona física solicitante la encargada de custodiar los datos de creación de firma electrónica asociados a dichos certificados.
Si bien la regulación anterior permitía a las personas jurídicas el uso de herramientas de firma electrónica, esto era única y exclusivamente en el ámbito relativo a la gestión de tributos. Fue precisamente la gran acogida de dicha iniciativa lo que propició la inclusión del mencionado artículo 7 en el nuevo texto legal (la propia Comisión Europea reconoció a la Agencia Tributaria española como "modelo de gestión pública a través de Internet" por sus excelentes aplicaciones).
Dado que la prestación de servicios de certificación es ejercida en régimen de libre competencia, sin necesidad de autorización previa alguna, se ha procedido a reforzar las diferentes potestades "inspectoras" y "sancionadoras", a fin de ejercer un mayor control sobre dichos servicios y garantizar así unos mínimos de calidad y seguridad. El encargado de llevar a cabo dichas actuaciones será el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología (www.mcyt.es), quien podrá ser asistido en el ejercicio de sus funciones supervisoras por entidades técnicamente cualificadas.
Pero sin duda alguna, la gran (y polémica) novedad de este texto legal radica en la aparición del "Documento Nacional de Identidad Electrónico", proyecto liderado por el Ministerio del Interior (www.mir.es). Este "D.N.I. virtual" hará más fácil la identificación personal del ciudadano en el medio Internet, permitiéndole además la realización de diversos trámites (principalmente administrativos) y la firma digital de documentos en transacciones telemáticas. La polémica surge precisamente en torno a esta última aplicación, por "la incidencia que ello tendría en la competencia del mercado que forman las distintas entidades de firma electrónica, ya que, si el ciudadano se fija en el D.N.I. ya no necesitará ninguna entidad de firma electrónica" (según manifestaciones del denominado "Foro de Firma Electrónica"). Se argumenta que ello crearía un "monopolio de facto"en el mercado que sin duda favorecería a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (www.fnmt.es), quién tendría asegurada la virtud del "no repudio" de sus certificados.
La inclusión de regulación sobre el D.N.I. electrónico en un texto relativo a la firma electrónica se ha llegado a calificar de "incongruencia" por parte de algunos sectores. La Ley se limita no obstante a fijar un marco normativo básico, previendo en su Disposición Final Segunda un posterior desarrollo reglamentario para regular aspectos tales como su renovación "on-line", o la posible incorporación en el mismo de una huella digitalizada.
Lo que en definitiva se espera de esta nueva Ley es que revista de una mayor estabilidad jurídica al sector de las telecomunicaciones como parte de un proyecto de desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
Susana Linder
Jiménez & De Mulder Abogados
Artículo 2. Prestadores de servicios de certificacón sujetos a la ley.
Artículo 5. Régimen de préstación de los servicios de certificación.
TITULO II. Certificados electrónicos
Artículo 7. Certificados electrónicos de personas juridicas.
Artículo 10. Disposiciones comunes a la extinción y suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos.
Artículo 16. Requisitos y caracteristicas del documento nacional de identidad electrónico.
TITULO III. Prestación de servicios de certificación
Artículo 18. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados electrónicos
Artículo 20. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos
TITULO IV. Dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica
TITULO V. Supervisión y control
Disposición adicional primera. Fe publica y uso de firma electronica.
Disposición adicional quinta. Modificación del articulo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición adicional sexta. Regimen jurídico del documento nacional de identidad electrónico.
Disposición adicional septima. Emision de facturas por via electrónica.
Disposición adicional novena. Garantia de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad.
Disposición adicional decima. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, fue aprobado con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones públicas. De este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad de la economía española mediante el rápido establecimiento de un marco jurídico para la utilización de una herramienta que aporta confianza en la realización de transacciones electrónicas en redes abiertas como es el caso de Internet. El citado real decreto ley incorporó al ordenamiento público español la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, incluso antes de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por Internet surge, entre otros, la firma electrónica. La firma electrónica constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas electrónicas Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica son los denominados prestadores de servicios de certificación. Para ello expiden certificados electrónicos, que son documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma electrónica en poder de cada usuario con su identidad personal, dándole así a conocer en el ámbito telemático como firmante.
Una de las novedades que la ley ofrece respecto del Real Decreto Ley 14/1999, es la denominación como firma electrónica reconocida de la firma electrónica que se equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Se trata simplemente de la creación de un concepto nuevo demandado por el sector, sin que ello implique modificación alguna de los requisitos sustantivos que tanto la Directiva 1999/93/CE como el propio Real Decreto Ley 14/1999 venían exigiendo. Con ello se aclara que no basta con la firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita, es preciso que la firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creación.
También ha de destacarse la regulación que la ley contiene respecto del documento nacional de identidad electrónico, que se erige en un certificado electrónico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros de comunicación electrónica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a través de medios físicos. La ley se limita a fijar el marco normativo básico del nuevo DNI electrónico poniendo de manifiesto sus dos notas más características - acredita la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo y permite la firma electrónica de documentos - remitiéndose a la normativa específica en cuanto a las particularidades de su régimen jurídico.
Como resortes de seguridad jurídica, la ley exige, por un lado, una especial legitimación para que las personas físicas soliciten la expedición de certificados, por otro lado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse de la custodia de los datos de creación de firma electrónica asociados a dichos certificados, todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por otras personas físicas vinculadas a la entidad. Por último, de cara a terceros, limita el uso de estos certificados a los actos que integren la relación entre la persona jurídica y las Administraciones públicas y a las cosas o servicios que constituyen el giro o tráfico ordinario de la entidad, sin perjuicio de los posibles límites cuantitativos o cualitativos que puedan añadirse. Se trata de conjugar el dinamismo que debe presidir el uso de estos certificados en el tráfico con las necesarias dosis de prudencia y seguridad para evitar que puedan nacer obligaciones incontrolables frente a terceros debido a un uso inadecuado de los datos de creación de firma. El equilibrio entre uno y otro principio se ha establecido sobre las cosas y servicios que constituyen el giro o tráfico ordinario de la empresa de modo paralelo a cómo nuestro más que centenario Código de Comercio regula la vinculación frente a terceros de los actos de comercio realizados por el factor del establecimiento.
El régimen aplicable a los certificados electrónicos se contiene en el título ll, que dedica su primer capítulo a determinar quiénes pueden ser sus titulares y a regular las vicisitudes que afectan a su vigencia. El capítulo II regula los certificados reconocidos y el tercero el documento nacional de identidad electrónico.
El título III regula la actividad de prestación de servicios de certificación estableciendo las obligaciones a que están sujetos los prestadores - distinguiendo con nitidez las que solamente afectan a los que expiden certificados reconocidos -, y el régimen de responsabilidad aplicable.
Por último, cierran el texto las disposiciones adicionales -que aluden a los regímenes especiales que resultan de aplicación preferente-, las disposiciones transitorias
que incorporan seguridad jurídica a la actividad desplegada al amparo de la normativa anterior-, la disposición derogatoria y las disposiciones finales relativas al fundamento constitucional, la habilitación para el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.
6. El documento electrónico será soporte de.
e) Fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del firmante, fallecimiento, o extinción de la personalidad jurídica del representado, incapacidad sobrevenida, total o parcial, del firmante o de su representado, terminación de la representación; disolución de la persona jurídica representada o alteración de las condiciones de custodia o uso de los datos de creación de firma que estén reflejadas en los certificados expedidos a una persona jurídica.
a) Solicitud del firmante, la persona física o jurídica representada por éste, un tercero autorizado o la persona física solicitante de un certificado electrónico de persona jurídica. b) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
c) La existencia de dudas fundadas acerca de la concurrencia de las causas de extinción de la vigencia de los certificados contempladas en los párrafos c) y g) del artículo 8. 1.
1 . El prestador de servicios de certificación hará constar inmediatamente, de manera clara e indubitada, la extinción o suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados en cuanto tenga conocimiento fundado de cualquiera de los hechos determinantes de la extinción o suspensión de su vigencia.
2. Los certificados reconocidos incluirán, al menos, los siguientes datos
2. En el caso de certificados reconocidos de personas jurídicas, los prestadores de servicios de certificación comprobarán, además, los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica y a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante, bien mediante consulta en el registro público en el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento, bien mediante los documentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente, cuando aquellos no sean de inscripción obligatoria.
3. Si los certificados reconocidos reflejan una relación de representación voluntaria, los prestadores de servicios de certificación comprobarán, los datos relativos a la personalidad jurídica del representado y a la extensión y vigencia de las facultades del representante, bien mediante consulta en el registro público en el que estén inscritas, bien mediante los documentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente, cuando aquellos no sean de inscripción obligatoria. Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representación, los prestadores de servicios de certificación deberán exigir la acreditación de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores podrá no ser exigible en los siguientes casos
Los certificados electrónicos que los prestadores de servicios de certificación establecidos en un Estado que no sea miembro del Espacio Económico Europeo expidan al público como certificados reconocidos de acuerdo con la legislación aplicable en dicho Estado se considerarán equivalentes a los expedidos por los establecidos en España, siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones
2 La Administración General del Estado empleará, en la medida de lo posible, sistemas que garanticen la compatibilidad de los instrumentos de firma electrónica incluidos en el documento nacional de identidad electrónico con los distintos dispositivos y productos de firma electrónica generalmente aceptados.
3 Los prestadores de servicios de certificación que consignen un seudónimo en el certificado electrónico a solicitud del firmante deberán constatar su verdadera identidad y conservar la documentación que la acredite.
b) Proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado la siguiente información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía electrónica
1. Además de las obligaciones establecidas en este capítulo, los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán cumplir las siguientes obligaciones
1. El prestador de servicios de certificación que vaya a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrónicos que haya expedido así como a los solicitantes de certificados expedidos a favor de personas jurídicas, y podrá transferir, con su consentimiento expreso, la gestión de los que sigan siendo válidos en la fecha en que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación que los asuma o, en caso contrario, extinguir su vigencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las características del prestador al que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.
3. Los prestadores de servicios de certificación remitirán al Ministerio de Ciencia y Tecnología con carácter previo al cese definitivo de su actividad la información relativa a los certificados electrónicos cuya vigencia haya sido extinguida para que éste se haga cargo de su custodia a efectos de lo previsto en el artículo 20.1J). Este ministerio mantendrá accesible al público un servicio de consulta específico donde figure una indicación sobre los citados certificados durante un período que considere suficiente en función de las consultas efectuadas al mismo.
1 . Los prestadores de servicios de certificación responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley.
1 . El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe, si el firmante incurre en alguno de los siguientes supuestos:
4. El prestador de servicios de certificación tampoco será responsable por los daños y perjuicios ocasionados al firmante o a terceros de buena fe si el destinatario de los documentos firmados electrónicamente actúa de forma negligente. Se entenderá, en particular, que el destinatario actúa de forma negligente en los siguientes casos
1 . Los datos de creación de firma son los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica.
4. Constituyen infracciones leves
a) Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor multa de 150.001 a 600.000 euros.
En particular, podrán acordarse las siguientes
No obstante, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 17 será sancionado por la Agencia de Protección de Datos con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1 999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se añade un apartado 3 con el siguiente texto
Dos. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 38 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico se redactan en los siguientes términos
«2. Son infracciones muy graves
4. Son infracciones leves
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas promociónales y concursos.
El apartado 2 del artículo 43 queda redactado como sigue.