Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A144A-00.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:24:41
Document Index: 266722591

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 1']

A144A-00
Auto 144A/00
Referencia: expediente I.C.C.-160
Luis Alberto Palmier García
Bogotá D.C., noviembre veintiuno (21) de dos mil (2000)
1° El peticionario de la referencia es trabajador de la Secretaría de Educación del Putumayo e interpuso acción de tutela contra la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública- toda vez que no se le aumentó el salario para el año 2000, vulnerándose sus derechos a la igualdad, a la dignidad humana y al salario móvil y digno.
2° La acción fue interpuesta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, el cual, a través de providencia del 28 de agosto del presente año, resolvió declararse incompetente para conocer de la tutela en referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 4° del Decreto 1382 de 2000, entendiendo que, como lo dispone esta norma, al estar dirigida la acción contra un acto de carácter general, abstracto e impersonal el juez competente es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, no podía asumir el conocimiento de dicho asunto. Por ello, resolvió remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, una vez surtidos los trámites correspondientes, decidiera sobre el objeto de la acción de tutela.
3° Surtida la anterior remisión, correspondió conocer del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, mediante providencia de septiembre 7 del año en curso, considerando que el Decreto 1382 de 2000 es un decreto reglamentario y que, por lo tanto, no podía modificar las normas del Decreto 2591 de 1991 sobre competencia para conocer de las acciones de tutela, inaplicó el artículo 1°, numeral 4° de este acto administrativo y, en consecuencia, decidió proponer un conflicto negativo de competencias. Para tal efecto, y ante la inexistencia de un superior jerárquico común entre las partes en el conflicto, remitió el expediente a la Corte Constitucional.
2° En el presente caso, el conflicto de competencias que se plantea se origina entre jueces de distinta jurisdicción respecto de los cuales no existe superior jerárquico común -el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-, razón por la cual esta Corporación es la competente para dirimirlo.
3° A partir de lo anterior, teniendo en cuenta los motivos que originaron el referido conflicto, cabe destacar también que esta misma Sala, al resolver sobre situaciones análogas a la que se plantea, amparada en la excepción de inconstitucionalidad (C.P. art. 4), ha venido inaplicando el artículo 1° numeral 4° del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, por considerar que el mismo contraviene lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, ha dicho la Corte:
Pues bien, siguiendo el criterio de interpretación adoptado por la Corte, el citado artículo 1° numeral 4° del Decreto 1382 de 2000 tampoco es aplicable al caso presente, en cuanto que, como se anotó, el mismo modifica lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo irrazonablemente el derecho de acceso a la administración de justicia. En realidad -lo ha dicho esta Corporación-, la norma aplicable para efectos de determinar la competencia en sede de tutela es el citado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
4º Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso la acción fue interpuesta ante el juez competente, esto es, ante la autoridad donde tuvo lugar la presunta violación de los derecho invocados, esta Corporación ordenará a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto dar trámite a la acción de tutela de la referencia.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política, NO APLICAR el artículo 1º, numeral 4º del Decreto 1382 de 2000.
SEGUNDO. Resolver el presente conflicto indicando que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, es competente para conocer el proceso de tutela de la referencia.
TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal, para lo de su competencia.