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Timestamp: 2018-02-20 05:22:17
Document Index: 252221433

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 129', 'Artículo 307', 'artículo 19']

Visiones Contrapuestas sobre reforma al Código de aguas presentaron una decena de dirigentes de la agroindustría y el presidente de la Corporación para el desarrollo de Aysén – Ojo con el Parlamento
Visiones Contrapuestas sobre reforma al Código de aguas presentaron una decena de dirigentes de la agroindustría y el presidente de la Corporación para el desarrollo de Aysén
Dic 28, 2017 by chat_bubble_outline
Fecha:04/12/2017
PDF: PDF Minuta N°84 Sesión Comisión de Agricultura, Senado 4Dec2017.pdf
Trámite Legislativo:Segundo Trámite Legislativo
Comisión:Cámara del Senado Agricultura
TRAMITACIÓN REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS (Boletín 7543-12) Minuta N°84 Sesión Comisión de Agricultura, Senado 04/12/2017
VISIONES CONTRAPUESTAS SOBRE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS PRESENTARON UNA DECENA DE DIRIGENTES DE LA AGROINDUSTRIA Y EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AYSÉN
La Comisión de Agricultura en audiencia pública, escuchó el lunes 4 de diciembre a 11 organizaciones de regantes: las Juntas de Vigilancia de los ríos Chillán, Diguillin, Illapel, Longaví, Maule, Ñuble, Rapel, Tinguiririca, III Sección Río Aconcagua; la Sociedad Agrícola del Norte A.G y la Corporación para el Desarrollo de Aysén .
1-Comenzó las presentaciones María Inés Figari, Presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, fundada en 1907 y con 7 mil asociados en la región de Coquimbo de los cuales 82% corresponde a pequeños productores agrícolas.
Reconocen la necesidad de modernizar el Código de Aguas, pero señala que la reforma entrega la administración del agua al Estado a pesar de sus debilidades administrativas y de recursos, olvidando el trabajo que desarrollan las organizaciones de usuarios del agua (OUA). Explica que pese a tener la peor sequía, en los últimos 100 años las organizaciones de regantes han priorizado el consumo humano lo seguirán haciendo.
Expresa que la reforma resta certeza jurídica, no especifica qué es interés público y crea un nuevo tipo de derechos de aprovechamiento, dando origen a desigualdad ante la ley. Propone incorporar un nuevo inciso séptimo al artículo 6, aclarando que los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad a la presente ley, mantendrán todas sus características, facultades y atribuciones del dominio.
Figari, destacó que en la Reforma se plantea que el Estado entregará los recursos para regularización de derechos, pero sólo para los agricultores que pertenecen a INDAP, pero que no soluciona el problema de fondo que es la falta de agua para las familias del sector rural que dependen de camiones aljibe, que en la región de Coquimbo tienen un costo de 96 mil millones de pesos al año. Solicitó herramientas de medición del agua disponible en la región, mayor inversión en infraestructura con embalses en las cabeceras de las cuencas, inversión en nuevas fuentes de agua (APR), fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas. Tambien solicitó desalinización de aguas para la minería, concretar la carretera hídrica, la infiltración artificial de acuíferos y el fortalecimiento de instituciones regulatorias y de fiscalización (DGA).
2-A continuación, Patricio Segura, Presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, organismo que centra su labor en el desarrollo de la región, a través de la Estrategia de Desarrollo Regional, los instrumentos de planificación, de inversión productiva sustentable y fortalecimiento de organizaciones sociales. Segura crítico los intereses defendidos por los representantes de las juntas de vigilancia. Bajo el título “Código de Aguas: Un cambio necesario”, su presentación destacó la relevancia que tiene para la región de Aysén la legislación hídrica, considerando que en la Patagonia se encuentran importantes volúmenes de este patrimonio natural.
Destacó su apoyo a la priorización en el uso del agua, propuesta en la reforma. Además abordó el tema de la propiedad privada perpetua del agua, uno de los aspectos mas defendidos por la Sociedad Nacional de Agricultura y los gremios empresariales, destacando que la propiedad del agua no puede ser considerada un derecho absoluto y que la propia Constitución, en su art. 19 número 24 inciso final, establece que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Lo cual comprende los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Ademas, dijo, “la propiedad no es un absoluto. En sociedad vivimos en una combinación de libertades y restricciones, sobre la base del interés común”.
Segura destacó que aunque a la reforma le falta mucho, contenidos como que los derechos puedan ser caducados por no uso, no pago de patentes o no inscripción, son justos y necesarios, recalcando lo positivo de la propuesta de liberar del pago de patentes a aquellos DAA no extraídos, ni utilizados por estar destinados a conservación o uso turístico.
3- Héctor Jaque, representate de la Junta de Vigilancia del río Chillán, que agrupa a 1.500 agricultores de las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, además de abastecer a la Sanitaria Essbio S.A. Comenzó diciendo que la reforma hace prohibitiva la actividad agropecuaria, privándola de los recursos hídricos mínimos, rompiendo el equilibrio natural de la vida en sociedad, del orden jurídico y del Estado de Derecho preexistente, y que si bien “asegurar el agua para la bebida humana” es una prioridad relevante, no son menores aquellas necesidades del desarrollo económico, como elemento sustancial de supervivencia de la población.
Jaque, destacó que existen privilegios para las “Sanitarias”, y mencionó que estas muchas veces no realizan las obras necesarias y que existen proliferación de solicitudes de las Sanitarias de mayores caudales en tiempo de “escasez”, entrando en pugna con los derechos de la agricultura y garantizados por la Constitución.
Concluyó que el Proyecto debe distinguir y graduar los caudales de los ríos, de manera que aquellos cauces naturales, cuya declaración de “escasez”, es necesaria, porque no alcanzan a satisfacer la agricultura (y contengan un volumen igual o inferior a 5 metros cúbicos), deberían ser excepcionales en la aplicación del inciso cuarto del artículo 5to. Ter: “imponer la gradualidad de caudales en cauces naturales”, mientras se hagan obras mayores.
4-Juan Francisco Saldías Muñoz, Juez de Aguas, de la Junta Vigilancia Río Diguillín y sus Afluentes, comenzó asegurando que el Ejecutivo entregó al Congreso en sobre cerrado la Reforma. Inconsulta, con los usuarios y organizaciones de aguas. Luego mencionó que en diversos artículos se deja en la indefensión y desprotegidos a los pequeños agricultores, sean o no clientes de Indap. Por ejemplo, Art. 1° Transitorio: los DAA podrán caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, en el plazo de 5 años de publicada la Reforma. Mencionó también la importancia de los acuerdo público-privados, como en el caso del riego tecnificado.
Gerardo Carrasco, también de la Junta del río Diguillín se refirió al ciclo del agua y los efectos del cambio climático. Recalcó que erróneamente se dice que la agricultura consume el 80 % del agua dulce, aunque ha quedado demostrado que el agua no se consume sino que se transforma a través del proceso biogeofísico en el Ciclo del Agua, donde los canales de riego atenuan los efectos negativos, reteniendo agua dulce en los valles, en los seres vivos, en las plantas de cultivo, en el suelo y en las napas freáticas, principal fuente de abastecimiento del agua potable rural. Finalizo diciendo que sueñan con “una política estatal de construcción de embalses multipropósito para amplificar la agricultura de riego, aumentar la red de canales e infiltrar todos los pozos que nutren los sistemas de APRs, y finalmente, transformar a Chile en un país hidroeléctrico, que es energía limpia, renovable y 3 veces más rentable que la energía producida por torres eólicas y paneles solares”.
5- Marcela Jeneral, Presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel y sus Afluentes, en la IV Región, que abastece aprox. a 4000 agricultores, 95% de ellos pequeños agricultores de subsistencia y el 5% restante medianos agricultores. Durante la sequía de 2014-2015, la Junta entregó la poca o nula agua que quedaba a disposición de la ciudad de ILLAPEL.
Sus dudas e inquietudes se concentraron en solicitar aumentar los años para regularizar los DAA debido ya que mas del 40% de los regantes de su Junta no los tienen regularizados, pues es un proceso costoso y porque existe un tema de uso y costumbre que se viene desarrollando desde la colonia. Pide que el plazo se aumente a por lo menos 10 años acompañado de un programa a nivel nacional. Les preocupa además el estatus en que quedaran los antiguos DAA y la incertidumbre en los nuevos derechos. Respecto a la temporalidad o perpetuidad de los derechos regularizados después de la reforma pidio dejar muy en claro la modalidad en que quedarán y que se ratifiquen como perpetuos los antiguos para así no menoscabar el patrimonio de los pequeños productores.
6- Lisandro Farías, de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, comenzó con el diagnostico de la cuenca, la cual se encuentra en permanente escasez hídrica y una situación legal generalizada de falta de regularización de comunidades de aguas por alta irregularidad de pequeños usuarios. Destacó que la agricultura usa el 80% del agua a nivel país y de ésta, un 40% corresponde a la VII región. Destacó que además de las limitaciones existentes para la diferenciación por tipos de usuarios del agua, implementación practica de caducidades o limitaciones al ejercicio de DAA o implementación de caudal ecológico, propuso aprovechar instrumentos existentes publico-privados por cuencas (Ley 19.300), infraestructura de embalses e infraestructura de regulación.
7-El Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, José Manuel Silva, presentó un diagnóstico basado en el Atlas del Agua del gobierno, del cual destacó sus conclusiones sobre sequía, infraestructura, institucionalidad y cambio climático, que imponen el desafío de crear herramientas en la heterogeneidad hídrica de Chile, planes y políticas para la construcción de infraestructura hidráulica, mecanismos apropiados y eficientes para el ahorro de agua y para abordar con eficiencia las situaciones de escasez. Expresó que existen grandes diferencias entre el Atlas del Agua y la Reforma, tales como: falta de políticas que incentiven la construcción de infraestructura hidráulica y que promueva el ahorro y eficiencia en el uso del agua, excesivo rol de control de la DGA, y enfoque más ideológico que técnico de la reforma.
Silva concluyó que las organizaciones de regantes se han unido y madurado con este conflicto, priorizando dar solución a los problemas integrales de cada cuenca, para lo cual es necesario crear mesas de trabajo, y que los regantes están disponibles a participar.
8- El Presidente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Martín Arrau, enfatizó que una norma para todas las realidades es inaceptable y que el Código de Aguas actual da herramientas y garantiza legalmente el uso doméstico, reservas, reasignación y expropiaciones para uso humano. Que en épocas de escasez, el Estado puede intervenir y reasignar derechos priorizando el consumo humano, y que hoy se abastece al 99,8% de la población urbana y rural concentrada entre Empresas Sanitarias y sistemas de APR. Planteó que las localidades que no tienen agua potable y se les reparte vía camiones aljibe, no sufren un problema creado por el Código de Aguas sino un problema práctico de lejanía a la fuente de agua o menos lluvias.
Arrau destacó que en Chile hoy se estima el número de usuarios y volumen utilizado de agua, pues no hay registro actualizado de roles de regantes, no hay información de disponibilidad o pronósticos apropiada, no hay información hidrogeológica adecuada para otorgar derechos, y que en muchos casos existe sobre otorgamiento por falta de información. Expresó que la definición de interés público es amplia e introduce incertidumbre y que 30 años para los futuros derechos de agua, no se condicen con un proyecto agrícola. Respecto del articulo 15, sobre el dominio, destacó que ya el artículo 19, número veinticuatro de la Constitución establece el derecho de agua como propiedad y que comprende uso, goce y disposición, lo cual se altera en la reforma, lo que implica un cambio en la concepción del derecho. También mencionó que el artículo 129 bis 1, establece Caudal Ecológico Retroactivo y que el Artículo 307 bis, al establecer la medición de un caudal pasante en el río, constituye una exigencia inhabilitante para la gran mayoría de los usuarios, por lo cual es totalmente alejada de la realidad. Aseguró que esta Reforma no va en la dirección correcta para un uso más beneficioso del agua, no mejora la Institucionalidad, no hace gestión Integrada y local de cuencas, ni hará regar más hectáreas.
9- Onofre Juliá, presidente de la Junta de Vigilancia río Rapel, destaca que poseen 34 canales, con una longitud de 189,133 kilómetros, que no tienen embalse de regulación, por lo cual dependen principalmente de precipitaciones invernales. Juliá expresó que las Juntas de vigilancia han dado garantías a las APRs y que el agua para bebida no falta. Dijo que la reforma pretende dar mayores facultades a la DGA y que no vela por los agricultores, además de no contar con la infraestructura necesaria para fiscalizar. También destacó que en épocas en que se decreta escases hídrica, las JVs pierden toda capacidad de administración. Propone que los derechos constituidos y en trámite al día de hoy, mantengan su estatus de permanentes y heredables a perpetuidad. Expresó que en condiciones de sequía este se debe replantear el caudal ecológico, transformándose en un caudal eventual y no permanente. Planteó que las obras de riego pueden reemplazar el uso de camiones aljibe.
10- El Gerente General de la JV del Río Tinguiririca, Miguel Ángel Guzmán, expresó la visión de los regantes de la primera sección. Expuso que la cuenca de Rapel es de régimen nivo-pluvial, con disminución de precipitaciones y elevación de Isoterma 0, glaciares en retroceso, disminución de caudales y ausencia de embalses. La JV agrupa a titulares de 6.500 derechos consuntivos, una red de 62 canales matrices que riegan 45.336 hectáreas, lo que equivale al 22% de riego regional, siendo la agricultura la principal actividad económica de la Provincia de Colchagua. En el caso de los no consuntivos, poseen, 5 hidroeléctricas que generan 424 MW.
Guzmán destaca aciertos de la reforma, tales como la priorización del consumo humano; favorecer los sistemas de agua potable rural y la obligación de registrar e informar sobre caudales captados y restituidos. Mencionó como falencias, la modificación del derecho de aprovechamiento de aguas, sin antes modificar la constitución (artículo 19 número 24) las concesiones administrativas o derechos de aprovechamiento sobre las aguas son reconocidos u otorgados como propiedad a sus titulares, son derechos absolutos (permite libre uso, goce y disposición), son derechos exclusivos y perpetuos, y forman parte del patrimonio de sus dueños. Se pueden perder voluntariamente o vía expropiación con indemnización a valor comercial.
11- El Gerente de la III Sección de la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua, Santiago Matta mencionó que el pago de patentes y el remate serían mejor que la extinción de los DAA, esto por ser más expedito.
Cerrando la sesión, el director de la DGA, Carlos Estevez, aclaró algunos puntos. Dijo que es importante que los incisos se lean en el contexto y específicamente en relación a la tensión entre dos principios: que el agua es un Bien Nacional de Uso Público, y que los agricultores tienen derechos de propiedad sobre los DAA, y aclaró que lo perpetuo es distinto a lo indefinido, que no tiene término temporal.
Aclaró que la reforma nace de una Moción Parlamentaria el año 2011; que el caudal ecológico viene de la reforma del año 2005 y que se mide en la fuente o bocatoma. Respecto de la regularización, precisó que los 5 años es el periodo en que se deben iniciar los trámites para la regularización y no para concluirla. Mencionó que todos concuerdan en que hay que avanzar hacia una nueva institucionalidad..
Asistieron a la Sesión, los senadores Felipe Harboe, Rabindranath Quinteros Lara (P.S), José García Ruminot (R.N), Víctor Pérez (UDI).
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