Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-28856-de-mayo-26-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8aba535de7fdd0fae0430a010151d0fa&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 09:09:30
Document Index: 90332725

Matched Legal Cases: ['artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 351', 'artículo 356', 'artículo 40', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 40', 'artículo 351', 'artículo 40', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 139', 'artículo 96', 'artículo 401', 'artículo 61', 'artículo 401', 'artículo 351', 'artículo 401', 'artículo 351', 'artículo 401', 'artículo 40']

﻿ Sentencia 28856 de mayo 26 de 2010
SENTENCIA 28856 DE 26 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD Y APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL EN CASOS EN QUE EL INVESTIGADO SE HAYA SOMETIDO A SENTENCIA ANTICIPADA, POR CONSIDERAR QUE ÉSTA CONSTITUYE UN INSTITUTO JURÍDICO PROCESAL SIMILAR AL ALLANAMIENTO A CARGOS PREVISTO EN LA NUEVA NORMATIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO, SENTENCIA ANTICIPADA, DISMINUCIÓN DE LA PENA, PECULADO POR APROPIACIÓN, PRUEBA NUEVA
Sentencia 28856 de mayo 26 de 2010
Aprobado: Acta 168
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por el defensor de Clemencia Cerquera González contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, que confirmó el fallo condenatorio expedido el 23 de enero del mismo añopor el Juzgado Penal del Circuito del Guamo (Tolima).
Primer cargo. Falta de aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
A partir de la sentencia del 8 de abril de 2008, radicado 25.306, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión mayoritaria, reconoció la posibilidad de aplicar favorable y retroactivamente el referido canon 351, a asuntos regidos por la Ley 600 de 2004, en casos en que el investigado se haya sometido a sentencia anticipada, por considerar que esta constituye un instituto jurídico procesal similar al allanamiento a cargos previsto en la nueva normativa. Sus razones fueron las siguientes:
“Ante la coexistencia de dos sistemas jurídico-procesales distintos se presentan varias inquietudes: en primer lugar, si es procedente la favorabilidad en la simultaneidad de normas procesales; y, en segundo lugar, si es procedente aplicar, por vía de benignidad, disposiciones de la Ley 906 del 2004 a casos regidos por la Ley 600 del 2000, siendo sus instituciones de tan diversa naturaleza.
En conclusión, como lo expuso el Ministerio Público, las normas que regulan la reducción de la pena tienen efectos sustantivos, pues disciplinan la libertad personal del procesado. Por lo tanto, el inciso primero del artículo 351 de la Ley 906 del 2004, ab initio, puede ser aplicado retroactivamente a situaciones gobernadas por la Ley 600 del 2000, en virtud del postulado de la favorabilidad.
Según los artículos 206 de la Ley 600 del 2000 y 180 de la Ley 906 del 2004, la casación penal tiene como una de sus finalidades la unificación de la jurisprudencia nacional, entre otras razones, para garantizar principios como los de igualdad y de previsibilidad de los ciudadanos frente a la ley, propósito que se erige en baluarte desde los albores del recurso en Colombia.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta más cara al ser humano la interpretación que permite la aplicación retroactiva, por vía de favorabilidad, del artículo 351 del nuevo estatuto procesal.
Reconoce esta decisión que en esta modalidad de Estado, pueden coexistir interpretaciones diversas sobre un mismo punto de derecho, en cuyo caso para garantizar el principio de igualdad y la efectividad misma del principio de favorabilidad, debe primar la opción que más identifique los postulados del sistema jurídico vigente, que en nuestro caso y según los artículos 1º, 6º, 7º, 93 de la Constitución Política, es el reconocimiento de la dignidad humana, a partir de la libertad y la igualdad.
Lo anterior para indicar que es con la figura del allanamiento a cargos que la sentencia anticipada guarda similitud, en donde entre el imputado y la fiscalía no ha mediado consenso y las consecuencias de ese acto unilateral libre y voluntario no dependen sino del juez dentro del marco de movilidad que la ley confiere hasta la mitad.
Desde esta observación sí parece que la invocación al principio de favorabilidad es correcta, porque el supuesto de hecho es idéntico: se trata de un ciudadano que admite su culpabilidad en unos hechos y releva al Estado del esfuerzo de la demostración probatoria en juicio; en las dos situaciones la pena no se acuerda, literalmente hablando, porque aquella se dosifica por el juez, conforme a los criterios para su fijación y dentro del marco de movilidad que le confiere el artículo 351 ejusdem, en ninguno de los dos eventos se pactan situaciones procesales sobre la libertad, como subrogados penales; es decir, el fiscal no acuerda con el imputado, la alegación de culpabilidad de aquél, previo conocimiento de los cargos formulados por la fiscalía,lo pone en directa relación con el juez, no con el fiscal, con quien no se estima ni pena, ni subrogados, esto es lo que ocurre también con la sentencia anticipada”.
Vistas así las cosas, conforme al artículo 29 superior y el inciso 2º del artículo 6º tanto de la Ley 600 de 2000 como de la Ley 906 de 2004, es claro que aunque en principio, la ley penal rige para las conductas cometidas durante su vigencia, el postulado fundamental de favorabilidad habilita la posibilidad de aplicar la disposición más benigna retroactivamente.
En verdad, ante una hipótesis normativa similar que confluye en las dos normas objeto de comparación —artículos 40 de la Ley 600 de 2000 y 351 de la Ley 906 de 2004— se debe escoger aquella que contiene una consecuencia jurídica más benéfica para el procesado, que para el caso, indudablemente resulta ser el artículo 351 por cuanto prodiga una rebaja de pena superior.
Habiendo establecido que la postura de la Sala de Casación Penal no ha variado frente a la viabilidad de reconocer favorablemente el aludido descuento punitivo de hasta la mitad de la sanción penal(1), se ha de recordar cuáles son los montos de rebaja autorizados por la Ley 906 de 2004, según la fase procesal en que se perfeccione el allanamiento a cargos.
De esta manera, se tiene que si la aceptación de responsabilidad se produce en la audiencia de formulación de la imputación el descuento es de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 y 351).
Si en cambio, la admisión de los cargos se efectúa en la audiencia preparatoria, ella comporta una rebaja de hasta una tercera parte de la pena (art. 356-5).
Y, si el allanamiento se concreta al inicio de la audiencia del juicio oral, aquel implica una rebaja de una sexta parte (art. 367, inc. 2º).
Ahora bien, frente a la necesidad de hacer las equivalencias respectivas entre la sistemática acusatoria y la mixta incorporada en la Ley 600 de 2000 a fin de determinar la cantidad de descuento atribuible dependiendo de la etapa en que la manifestación voluntaria de responsabilidad se haya realizado, la Sala de Casación Penal elaboró las siguientes reglas de correlación(2):
“2.3.1. La aceptación de cargos en la fase de instrucción, esto es, desde la indagatoria y hasta antes de la ejecutoria del cierre de investigación (L. 600, art. 40, incs. 1º al 4º) se corresponde con la aceptación pura de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación (arts. 288.3 en conc. con el 351), dejándose en claro que para esta etapa la menor rebaja será —por lo menos— de una tercera parte más un día, para superar así el máximo de la reducción señalado para la segunda oportunidad. Y no hay duda que ese plus reductor (así sea de un día) marca la diferencia favorable respecto de la rígida reducción de la tercera parte reglada para la sentencia anticipada.
“2.3.2. El acogimiento a sentencia anticipada en la causa, vale decir, proferida la resolución acusatoria y hasta antes de la firmeza del auto que señala fecha y hora para audiencia de juzgamiento (L. 600, art. 40, inc. 5º) se asimila con el allanamiento a los cargos previsto en el artículo 356-5 de la Ley 906 de 2004, atendida la correspondencia existente entre las dos fases del proceso dentro de las cuales se lleva a cabo la admisión, aclarándose igualmente que en esta oportunidad la menor rebaja será —por lo menos— de una sexta parte más un día, para de esa forma superar el tope máximo de la reducción prevista para la tercera ocasión. Asimismo, no vacila el juicio para afirmar que aún frente a la recompensa mínima, ésta se muestra abiertamente más ventajosa que la octava (fija) prevista para la sentencia anticipada.
“Ahora, si bien es cierto que en la Ley 906 de 2004 se prevé, como se reseñó atrás, que el acusado puede allanarse a los cargos en el juicio oral y hacerse acreedor a una recompensa punitiva de la sexta parte, no lo es menos que para quien es juzgado por los cauces de la Ley 600 de 2000 tal compensación de pena no tiene cabida porque no es posible que ya en la audiencia de juzgamiento haga manifestación válida de acogimiento a sentencia anticipada, dada la inexistencia de una tercera oportunidad en el trámite de la actuación procesal por la ley anterior, como que la última sólo se extiende hasta antes de la ejecutoria del auto que fija fecha y hora para la audiencia de juzgamiento (L. 600, art. 40, inc. 5º).
“Súmese a lo dicho que la persona juzgada por Ley 600 no puede aspirar a un premio punitivo por sentencia anticipada en esa audiencia final, pues ello comportaría crear un procedimiento especial que desvertebraría el esquema procesal que rige la actuación (L. 600/2000)”. (resaltados propias).
Por manera que, hasta antes de la ejecutoria del cierre de investigación, la rebaja a conceder puede ser tasada entre una tercera parte más un día y la mitad, atendiendo el mayor o menor grado de colaboración, a efecto de evitar el desgaste de la administración de justicia. Así lo destacó recientemente la Sala que hoy cumple igual cometido. Dijo en esa oportunidad(3):
“(a) La Sala ha admitido que en asuntos tramitados bajo la Ley 600 del 2000, cuando quiera que el procesado se hubiese acogido al instituto de la sentencia anticipada de su artículo 40, que permite otorgarle una rebaja de la tercera parte, es viable aplicar retroactivamente el artículo 351 de la Ley 906, que en el caso de allanamiento a cargos habilita un descuento “de hasta la mitad de la pena imponible”.
Esa expresión implica que el beneficio por conceder debe ser modulado por el juez, esto es, que puede conceder desde un día hasta la mitad del límite señalado, lo cual dependerá, en esencia, del mayor o menor grado de colaboración del procesado, esto es, de lo acucioso del allanamiento en cuanto haya impedido un mayo (sic) desgaste de la administración de justicia.
(b) La aplicación del artículo 351 de la Ley 906 del 2004 a casos culminados al amparo de la Ley 600 del 2000, exige que el tope de la rebaja deba ser superior a la tercera parte, en tanto este descuento ya se lo ganó el sindicado por optar por la terminación abreviada”.
En el plenario se encuentra acreditado que en la fase instructiva y, previo al cierre de la misma, Clemencia Cerquera González se acogió a sentencia anticipada, situación que en principio, debía reportarle el descuento punitivo de una tercera parte, previsto en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000.
El juez de conocimiento se limitó a conceder a la enjuiciada la rebaja mencionada y ningún pronunciamiento efectuó en punto de favorabilidad.
Por su parte, el tribunal negó la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 porque las similitudes que la Corte Constitucional encontró entre las figuras de la sentencia anticipada y la aceptación de cargos no son sustanciales sino genéricas y accidentales y sus decisiones en sede de tutela no tienen efecto erga omnes. En ese sentido, prefirió apoyarse en la tesis inicialmente sostenida por la Corte Suprema de Justicia que negaba la naturaleza análoga de dichas instituciones.
No obstante, contrario a lo argumentado por el juez plural, es clara la necesidad actual de conceder a favor de la procesada, la rebaja de hasta el 50% de la pena impuesta, la cual ciertamente es más benigna que la tercera parte dispuesta en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 y reconocida por las instancias, la cual debe ser modulada de acuerdo al nivel de colaboración que la incriminada haya prestado a la investigación.
Pues bien, con ese preciso objetivo, se observa que desde un principio, esto es, desde la vinculación mediante indagatoria al proceso (feb. 13/2006), Clemencia Cerquera González admitió su responsabilidad penal en el hecho punible imputado, adujo haber desplegado esa conducta con el concurso de Mayerli Berrio Medina y Carlos Arturo León Suárez y dio cuenta de los pormenores fácticos que rodearon la ilícita conducta(4).
Así mismo, se advierte que de manera cercana, el 10 de marzo siguiente, la sindicada manifestó a través de su defensor su intención de “acogerse a sentencia anticipada”(5), manifestación voluntaria de responsabilidad que se concretó en la diligencia de aceptación de cargos realizada por el ente fiscal el 10 de julio siguiente. Estos actos procesales fueron de indiscutible valía para la administración de justicia en tanto la labor investigativa en relación de los otros copartícipes pudo ser direccionada y evitó el desgaste natural que hubiera conllevado el desarrollo cabal de las fases de instrucción y juzgamiento.
En este punto, bien vale precisar que la distancia temporal de cuatro (4) meses entre la fecha en que la defensa de la enjuiciada manifestó su intención de aceptar la responsabilidad penal endilgada y la de la efectiva celebración de la diligencia correspondiente ante la fiscalía instructora no es imputable a Clemencia Cerquera o a su defensor, sino al ente instructor quien inicialmente la había programado para el 17 de abril de 2006, pero fue aplazada para el día en que finalmente se celebró.
Así las cosas, la Sala es del criterio que a Clemencia Cerquera González se le debe reconocer un descuento punitivo equivalente a la mitad de la pena, el cual se dosificará más adelante en el acápite respectivo.
El cargo, por lo tanto, prospera.
Segundo cargo. Falta de aplicación del artículo 401 del Código Penal.
Dijo el censor que el tribunal incurrió en violación directa de la ley sustancial porque pese a que después de proferida la sentencia de segunda instancia, acreditó que el 12 de julio de 2006, otro de los coprocesados —Carlos Arturo León Suárez—, devolvió la suma de $13.807.832, dejó de aplicar a favor de su prohijada el artículo 401 de la Ley 599 de 2000, que consagra la circunstancia de atenuación punitiva relativa al reintegro total o parcial de lo apropiado, perdido, extraviado o su valor. En consecuencia, reclamó el reconocimiento del descuento punitivo a que haya lugar.
Por su parte, el Ministerio Público es del criterio que la pretensión del recurrente “carece de todo fundamento” porque de un lado, la acreditación de la reparación se produjo después de la sentencia de segundo grado y en ese orden, no existió inmediación ni contradicción en su práctica y, de otro, los documentos aportados para demostrar el reintegro carecen de entidad probatoria ya que no fueron aportados en original o copia auténtica, ni obtenidos mediante inspección judicial realizada por funcionario competente. Así mismo, se opuso a la prosperidad del cargo porque “algunos datos necesarios para tomar la decisión como la fecha de uno de los depósitos, son ilegibles en las fotocopias anexas”.
Para la Corte, en cambio, el yerro denunciado se encuentra parcialmente demostrado. Estas son las razones:
El artículo 401 de la Ley 599 de 2000, es del siguiente tenor:
“ART. 401.—Circunstancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor, la pena se disminuirá en la mitad.
Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte”. (negrillas no originales).
Es decir, que el legislador prodigó un tratamiento punitivo más benigno para que quien siendo sujeto activo de una infracción penal contra el patrimonio económico —por sí mismo o a través de otro—, repare lo dañado o reintegre lo apropiado. Para que la reducción opere, el precepto especificó dos momentos procesales en los que es viable actuar en el sentido indicado, los cuales comportan como es obvio, consecuencias jurídicas distintas.
Es así como, si la reparación o el reintegro ocurren antes de que inicie la investigación, el descuento punitivo será equivalente a la mitad de la pena; mientras que si aquellos actos se producen una vez abierta la investigación y en todo caso, antes de la sentencia de segunda instancia, la rebaja será de una tercera parte.
Ahora bien, como no siempre la reparación o el reintegro es total, la norma también prevé un descuento máximo de una cuarta parte, monto que de cualquier manera deberá ser proporcionalmente tasado de acuerdo con la cantidad reintegrada.
En el sentido indicado, la Sala de Casación Penal interpretó el último inciso del artículo 401 ibídem, pues su tenor literal indicaría que el monto de descuento autorizado por la ley es una cantidad fija de una cuarta parte, pero al tiempo, mimpone al juez la obligación de dosificar la pena de forma proporcional, lo cual en principio, trae un contrasentido lingüístico que solo admite solución mediante el empleo de una interpretación como la propuesta. Esta corporación, dijo sobre el particular(6):
“4.3.3. Es evidente que el precepto inicialmente citado es manifiestamente contradictorio porque expresa una cifra fija de reducción de la pena —una cuarta parte— sin dejarle al juzgador ámbito de movilidad, como sí lo hacía el artículo 139 del Código Penal derogado que expresaba la cifra “hasta en una cuarta parte”, pero antes ha señalado que la disminución debe hacerse “proporcionalmente”, antinomia que debe resolverse con vista en los principios rectores del código, uno de los cuales es el de “proporconalidad”, que es además el único constitucionalmente admisible dentro de un Estado que define como uno sus fines esenciales el de la “vigencia de un orden justo”.
Ese principio superior y el de la igualdad sufrirían ruptura injustificada, si se aceptara que cualquier reintegro parcial, con prescindencia del monto, aún tratándose de los más exiguos, siempre generaría una reducción de pena de “una cuarta parte”, tesis que en lugar de contribuir a la estimulación del reintegro, convertiría la norma en patente de corso para que a su abrigo se hagan devoluciones ridículas para obtener una disminución sancionatoria que no espoca frente a determinaciones judiciales que pueden partir desde 6 años e ir hasta los 22.5 años de prisión”.
Por su parte, el artículo 96 del mismo estatuto prevé que los daños causados con el delito deben ser reparados solidariamente por los penalmente responsables, y por los que, conforme a la ley sustancial, están obligados a responder.
De esta forma, también es claro que aunque uno o algunos de los llamados a reparar o reintegrar lo ilícitamente apropiado, sean quienes cumplan con el deber de reparar, los efectos de ese acto procesal deben hacerse extensivos a todos los copartícipes del comportamiento delictivo, porque la obligación es de carácter solidario, máxime cuando como en este caso, contrario a lo indicado por el censor, la incriminada fue condenada en calidad de coautora del delito de peculado por apropiación.
Descendiendo al caso concreto, de una parte se tiene que no es cierto lo afirmado tanto por la defensa como por el delegado, en el sentido que la acreditación del reintegro se produjo después de emitida la sentencia de segunda instancia, pues si bien obra en el expediente un memorial suscrito por el abogado que hoy recurre en casación, dirigido al Tribunal Superior de Ibagué y presentado el 5 de octubre de 2007, es decir, luego de proferido el fallo de segundo grado del 26 de julio de 2007, por cuyo medio “acredita fotocopia del memorial del abogado Manuel J. Urrego CH., dirigido al Fiscal 53 Seccional, adscrito a la Unidad de Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública de Ibagué, en su condición de defensor del también procesado Carlos Arturo León Suárez, acreditando tres consignaciones que dicho procesado hizo por la suma total de trece millones ochocientos siete mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte. ($13.807.832)”(7) e indica que “desafortunadamente, dicha consignación se hizo con posterioridad a la aceptación de cargos de esta procesada”, -argumento que es reiterado en sede de casación al fundamentar este cargo-, lo constatado es que el referido escrito original recibido por el órgano instructor el 12 de julio de 2006, junto con los recibos que soportan las transacciones bancarias de reintegro —también originales— obran en el cuaderno principal del expediente a folios 157 y 159, esto es, después de que Clemencia Cerquera González se hubiera sometido a sentencia anticipada, pero en todo caso, antes de que se emitiera fallo de primer grado.
Así las cosas, extraña a la Sala que tanto las instancias como el censor y el Ministerio Público en sede de casación hayan abandonado la tarea de verificar el expediente y establecer el reintegro acreditado oportunamente ante las autoridades judiciales, pero no advertido al momento de dosificar la pena a imponer a la enjuiciada, circunstancia que hace manifiesto el defecto enrostrado por el recurrente, por cuanto estando probada la devolución parcial de lo apropiado, los sentenciadores dejaron de aplicar el precepto que autoriza el descuento punitivo correspondiente.
Ahora bien, demostrado como está que el reintegro parcial, fundamento de la rebaja punitiva prevista en el artículo 401 del Código Penal, ocurrió antes de que se dictara sentencia de segunda instancia, se debe proceder a dosificar la pena de forma proporcional a la cantidad de dinero efectivamente devuelto.
Es en este ejercicio valorativo cuando se advierte que tanto el defensor de Carlos Arturo León Suárez como el abogado recurrente en casación, tratan de inducir en error a las autoridades judiciales para procurar que se le conceda a los coprocesados y en particular a Clemencia Cerquera un descuento de pena superior al que en estricto sentido les corresponde, porque con soporte en “tres consignaciones” afirman que el coprocesado retornó a las arcas del Banco Agrario de Colombia la suma de $13.807.832, lo cual no es verdad, ya que si bien esa cantidad equivale a la suma de tres transacciones realizadas por aquél, no es igual a la verdaderamente devuelta, pues sólo dos de ellas implican un reintegro material de dinero a favor de los clientes de esa entidad financiera por valor de $6.325.200 y $607.000.
En efecto, se observa que el 3 de enero de 2006, mediante “recibo de consignación” 6758555, “Carlos León” depositó en la cuenta de ahorros de Magally Quimbayo —afectada con la infracción penal— la suma de $6.325.200, el cual cuenta con sello de recibido del banco perjudicado(8).
Del mismo modo, el 11 de enero siguiente, a través de “comprobante de pago de cartera” 0742360, “Carlos Arturo León” —“nombre de quien realiza el pago”—, consignó a favor del deudor de la entidad financiera, Encizar Cifuentes Preciado el valor de $607.000, documento que de igual manera, tiene sello de recibido del Banco Agrario(9).
No obstante, no ocurre lo mismo con la transacción realizada el 3 de enero de 2006 por León Suarez, denominada “pago de giros”, pues sin lugar a duda el recibo indica que el receptor del dinero ($6.875.630) no fue el Banco sino él, ya que el comprobante expresamente muestra que el beneficiario del giro era “Carlos Arturo León Suárez C.C. 6019063”.Como constancia de ello, aparecen visibles la suscripción de su firma y cédula de ciudadanía y el sello de pagado de la institución bancaria(10).
De esta manera, como dicha transacción no constituye un depósito a nombre del Banco Agrario de Colombia o de alguno de los clientes cuyos dineros resultaron birlados, sino la recepción por el aludido copartícipe de un dinero a su favor, es claro que no puede ser tenido como parte del reintegro parcial –como lo pidiera su abogado —, ni debe servir de base para conceder una rebaja punitiva proporcional por el valor de este giro.
Así, pues, se tiene que la única suma que se tendrá en cuenta para efectos de la rebaja punitiva será la equivalente a la sumatoria del valor de la consignación a la cuenta de ahorro de Magally Quimbayo y del pago al crédito de Encizar Cifuentes Preciado en cuantía total de $6.932.200.
El cargo, en consecuencia, prospera parcialmente.
La redosificación punitiva.
Como el juzgador de primer grado, una vez individualizó la pena conforme a los criterios de dosificación previstos en el artículo 61 del Código Penal, (sin el descuento posdelictual por sentencia anticipada)(11) dedujo en contra de Clemencia Cerquera González Las sanciones de 81 meses de prisión y multa equivalente a $22.362.083 —no modificadas por el ad quem—, a efecto de redosificar las respectivas penas, primero se impone imputar el descuento derivado de aplicar la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 401 de la Ley 599 de 2000, para luego, descontar el porcentaje de pena producto de la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Con ese fin, oportuno se ofrece recordar el método dosimétrico empleado para calcular el descuento punitivo por reintegro parcial. Al respecto, dijo en pasada oportunidad esta corporación(12):
“(...) con apoyo en el principio de proporcionalidad que es propio de todo el proceso de dosimetría penal, la cuantía de la reducción debe calcularse tomando de una parte el monto de lo apropiado —como límite máximo del reintegro— y de otra el de lo reintegrado para entre uno y otro establecer la primera proporción; a su vez la pena impuesta, como sanción reducible —debe enfrentarse a la disminución máxima ordenada por el precepto - una cuarta (¼) parte en este evento— paradeterminar la reducción concreta. Y, obtenidas esas cifras, debe establecerse la proporcionalidad entre una y otra, cuyo único método objetivo es el del porcentaje matemático”.
Así, se tiene que los perjuicios derivados de la conducta punible fueron tasados en $22.362.083, —producto de la sumatoria del caudal defraudado al Banco Agrario de Colombia— y que, la cantidad efectivamente devuelta por uno de los coprocesados al Banco fue de $6.932.200. Por lo tanto, el porcentaje de dinero recuperado equivale al 31% del valor total de los perjuicios.
Ahora, se sabe que el a quo tasó la pena base en 81 meses de prisión y multa de 22.362.083 —sin el descuento por sentencia anticipada—, así que la ¼ parte de estas sanciones —monto de rebaja autorizado por el inciso final del artículo 401 ibídem— equivale a 20.25 meses y $5.590.520.75, respectivamente.
A estas cantidades, habrá de aplicarse el porcentaje de reintegro (31%), para un descuento total de 6.2775 meses —o lo que es lo mismo, 6 meses 8 días— y $1.733.061.4325 de multa.
Finalmente, entonces, los 81 meses de pena privativa de la libertad quedan reducidos hasta este punto por virtud de la rebaja por reintegro parcial a 74.7225 meses (74 meses y 22 días) y los $22.362.083 a $20.629.021.5676de multa.
A estos resultados, por último, se debe aplicar el 50% de descuento punitivo conforme al artículo 351 de la Ley 906 de 2004, lo cual arroja una pena definitiva de 37.36 meses de prisión —37 meses y 10 días—, y multa de $10.314.510.78.
De igual modo, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas lo será por el mismo término de la sanción privativa de la libertad.
Como quiera que los abogados Manuel J. Urrego CH. y Rafael Aguja Sanabria coincidieron en solicitar el descuento de pena por reintegro parcial habilitado por el artículo 401 del Código Penal, acudiendo para tal fin, a un recibo de “pago de giro” que se pretendió hacer valer ante la autoridad judicial como una consignación a favor del Banco Agrario de Colombia, sin que de su contenido literal se pueda inferir ello, sino la recepción por parte de Carlos Arturo León Suárez de un dinero a su favor, se impone compulsar copias de esta actuación a las autoridades disciplinarias y penales competentes a fin de que se investigue si con tal comportamiento los togados incurrieron en alguna conducta que merezca reproche disciplinario o penal.
1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia del 26 de julio de 2007, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, en el sentido de imponer a Clemencia Cerquera González las penas principales de 37 meses y 10 días de prisión y multa de $10.314.510.78, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad.
3. COMPULSAR copias de esta actuación a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué y Cundinamarca para que respectivamente, investiguen la conducta de los abogados Manuel J. Urrego CH. y Rafael Aguja Sanabria.
(1) Así lo reiteró recientemente la H. Corte en sentencia del 12 de agosto de 2009, radicado 31.439.
(2) Sentencia del 28 de mayo de 2008, radicado 24402.
(3) Ver sentencia del 27 de mayo de 2009. Radicado 28113.
(4) Ver folios 97-89 del cuaderno principal del expediente.
(5) Ver folio 126 ibídem.
(6) Ver sentencia del 13 de octubre de 2004. Radicado 22.778.
(7) Ver folio 41 del cuaderno de segunda instancia.
(8) Ver folio 159 del cuaderno principal del expediente.
(11) El monto de la pena con la rebaja por aplicación del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 fue tasado en 54 meses de prisión y $ 4.900.000.
(12) Ver sentencia del 13 de octubre de 2004. Radicado 22.778.