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Timestamp: 2020-01-25 06:22:01
Document Index: 78382218

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 67', 'artículo 75', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Documento de Discusion de Propuestas Del Gobierno | Educación más alta | Democracia
Documento de Discusion de Propuestas Del Gobierno
Cesar J.A. Millapan Jimenez
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DISEÑO CURRICULAR BASE DE LA FORMACION PROFESIONAL TECNICA Y
Compilado Documentos de Interés Movilizaciones 2011
TEORIA Y PRAXIS.doc
Reformas Del Nuevo Gobierno ( Educacion Superior Limitaciones)
propuesta_de_hv_1_0
Contexto Familiar en Los Universitarios
MÉTODO ETED - SIMULACIÓN PARA SU APLICACIÓN
29211204.pdf
plan-de-practicas REYNA 2
REGLAMENTO INTERNO DEL IESTP.docx
Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior
Conv Excel
Propuesta Convocatoria Becas 2013 Excelencia Revisada 2
Noticias del Sistema Educativo Michoacano al 24 de abril de 2017
Campaña Ulda
Exposicion Final Msc Wilson
 Frenar la reforma privatizadora del gobierno en materia educativa.
 Posicionar las demandas transversales: educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento y al autofinanciamiento y acceso equitativo.
a) Aumento de los aportes basales de libre disposición –no asociados a convenios de desempeño- para garantizar
la gratuidad de la educación que entregan, terminar con el autofinanciamiento y financiar los costos reales y el desarrollo de las Universidades Tradicionales vinculando a las comunidades universitarias en el uso de los recursos, bajo diversos criterios de asignación:
Prioridad para las Universidades Estatales.
Sujeto al cumplimiento del rol público.
Incluir, además, fondos exclusivos para financiar el reajuste salarial de sus
trabajadores en tanto funcionarios públicos.
b) Creación de una Red Nacional de Educación Técnica Estatal, para subsanar la carencia de formación
técnico-profesional de calidad orientada a las necesidades del país. Generando condiciones para avanzar en un sistema que contemple movilidad entre la educación técnica profesional y universitaria.
c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo
que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:
 Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)
 Condición Regional
 Composición socio-económica de sus estudiantes
 Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)
d) Reestructuración integral del sistema de becas y ayudas estudiantiles en sus montos, cobertura y
condiciones de postulación, a través de:
 Generar un sistema de beneficios que entregue a los estudiantes todas las necesidades tanto en salud, transporte, vivienda, etc.
 Modificar el método de asignación, pasando de una medición por quintiles a una por deciles.
 Incorporar en la medición para la obtención de beneficios, además del ingreso per cápita, los gastos en los que incurre la familia, el nivel de endeudamiento del grupo y prioridad para la movilidad inter-regional.
 Permitir la postulación a becas a estudiantes que hayan egresado de la educación secundaria en años anteriores al regular y para estudiantes que presenten cambios de situación socioeconómica.
 Que la asignación y mantención de los beneficios no sean según criterios académicos, sino solo criterios socioeconómicos.
 Las becas de mantención y alimentación deben ser reajustadas al IPC y IPC alimentos respectivamente y aumentada su cobertura al sexto decil y parte del séptimo.
 Que las becas de alimentación no tengan un mínimo de gasto.
 Aumentar el monto de las becas de alimentación considerando la beca como alimentación completa mensual y los distintos costos de vida en cada una de las zonas de Chile.
 Que las becas de mantención no tengan costo de giro.
 Que las becas para los seis primeros deciles cubran la totalidad de sus aranceles reales y para los cuatro superiores diferenciado según su capacidad de pago.
 Reajuste de las becas en función de un indicador que considere las necesidades básicas de la familia de cada estudiante, además de la fluctuación positiva del IPC
 Revisar las condiciones de asignación, mantención etc., de la beca vocación de profesor, y generar una normativa legal con todos los actores sociales involucrados.
 Asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
e) Eliminar el CAE y crear un sistema único de Fondo Solidario para todas las instituciones que en la práctica no
lucren y eliminar la banca en el sistema de financiamiento.
f) Tarjeta nacional estudiantil única y estatal, congelamiento de la tarifa estudiantil para la educación
superior, regulada por decreto y gratuidad para los estudiantes secundarios, válida los 365 días del año, las 24 horas
del día en todo el territorio nacional y para viajes interurbanos. Además, regulación de las tarifas estudiantiles de los viajes interregionales y recargo a los estudiantes por las semanas pagadas como adulto durante el inicio del año académico 2011. Eliminación del artículo que establece que la tarifa escolar sólo es válida para “viajes con fines educativos”, porque su ambigüedad permite a los empresarios del transporte administrar a discreción la validez de la TNE.
g) Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, por ser un claro incentivo regresivo que fomenta la segregación
estudiantil y una herramienta que incentiva el lucro. Transformación de sus recursos en aportes basales para las
universidades del Estado.
Modificación al Royalty
Modificación a la ley de impuestos a la renta, en específico al impuesto
de primera categoría en materia de utilidades percibidas por el sector empresarial.
Modificación a la ley de donaciones en lo referente a las universidades.
Democratización y regulación de nuestro sistema de Educación Superior:
a) Modificación del DFL 2 2010, artículo 56 letra e), artículo 67 letra e), y artículo 75 letra e) para garantizar el
derecho a la participación triestamental en los cuerpos colegiados, en las elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones de todas las instituciones de Educación Superior.
b) Asegurar las libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y
trabajadores en todas las instituciones, para que no se sigan violando los derechos constitucionales.
c) Prohibición efectiva del lucro mediante la creación de la superintendencia de Educación (sanción del
incumplimiento de la ley) en todo el sistema de educación superior, como condición necesaria para el mejoramiento
del bienestar de los estudiantes de todas las Universidades y de la calidad de la educación que se les entrega, para esto se requiere que las excedentes se reinviertan en el proyecto educativo.
Modificación de la ley que permite el lucro en otras instituciones de educación.
e) Nueva Acreditación, distinta a la Acreditación 2.0 presentada por el gobierno, obligatoria para
todas las instituciones de educación superior, a través de agencias estatales, que no tengan conflicto de interés y que incorporen como criterios: la coherencia en la misión de las instituciones de objetivos educativos y
necesidades de país, complejidad de las instituciones, cumplimiento del rol público, la ausencia efectiva de lucro y la existencia de organización estudiantil, académica y funcionaria, así como participación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones.
Modificación de la LOCE y la LGE.
Garantizar constitucionalmente el derecho a la Educación en virtud de los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como el pacto de derechos económicos, sociales y culturales y la convención americana de derechos humanos, entre otros.
Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula:
a) Rechazo a la PSU por su carácter regresivo y elitista que solo detecta el nivel socio-económico y Creación de
mecanismos complementarios de acceso que consideren nivelación, mantención (académica y económica) y
titulación para que de una vez exista igualdad de oportunidades para todos, así como de fondos estatales que permitan financiarlos.
b) Garantizar el acceso y las condiciones de estudio para las personas con necesidad educativas
especiales en la educación superior.
Documento dos :
PUNTOS CONVERGENTES ENTRE EL CONSEJO DE RECTORES Y LA CONFECH
1.- El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) reconoce y valora el aporte del movimiento estudiantil al debate que el país necesita sobre el destino y sustentabilidad de su educación superior.
2.- Las movilizaciones de los estudiantes y de las comunidades universitarias ha permitido avanzar en una agenda con el Gobierno en la cual está presente parte importante de los temas de interés común. En este caso, la educación concebida como un derecho fundamental y pilar de una sociedad que aspira a brindar igualdad de derechos y oportunidades.
3.- El CRUCH y la CONFECH comparten que i) la Educación Superior debe ser una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia, ii) el sistema universitario debe ser reconocido por el Estado como un actor fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país, y iii) el Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto del financiamiento estatal al sistema de educación terciario de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias, especialmente a las más vulnerables y de la clase media.
4.- Las universidades del CRUCH contribuyen de modo significativo a la creación y difusión del conocimiento, a la preservación de la identidad cultural, al desarrollo social, a la equidad y a la construcción democrática de la sociedad. Además, constituyen un sistema que aporta al desarrollo y fortalecimiento de las distintas regiones del país.
5.- El CRUCH y la CONFECH comparten que, para una solución integral, es necesario abordar decididamente algunas materias que forman parte de la común visión del rol que las universidades estatales y las universidades tradicionales no estatales tienen en el proceso de desarrollo del país y del compromiso que el Estado debe tener para con ellas y para con el sistema educacional en general.
6.- Por lo anterior, el Consejo de Rectores y la CONFECH manifiestan su decisión de mantener y reforzar sus acciones en el proceso que se ha abierto en torno a los siguientes puntos que aun no han sido recogidos plenamente en los documentos entregados por el Gobierno al CRUCH y a la CONFECH, así como a otros actores de la educación:
Rol del Estado con las instituciones del CRUCH 7.- Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos, para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las universidades del CRUCH, con el objeto de garantizar sus proyectos de bien público.
8.- Establecer un Nuevo Trato entre el Estado y las universidades que le pertenecen, que reconozca el compromiso educacional y financiero que para con ellas tiene el Estado, entregando aportes basales de libre disposición y permanentes que frenen la lógica del autofinanciamiento.
Regulación 9.- Establecer la acreditación obligatoria para todas las instituciones de educación superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes, que incorporen como criterios, además de la calidad, la adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la ausencia efectiva de lucro y la existencia de organización estudiantil, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo a cualquier expansión de recursos al sector privado.
10.- Crear con extrema urgencia y otorgar las atribuciones necesarias a la Superintendencia de Educación Superior para hacer transparentes la situación financiera y académica de todas las instituciones de Educación Superior y para fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. En lo que respecta al lucro, y el debate propuesto por el presidente Piñera, nos manifestamos contrarios a legalizar el lucro al no existir evidencias que respalden las ventajas de una medida como esa. Asimismo, se deben establecer mecanismos de información pública, de fiscalización, control y reclamos que sean necesarios, entre otros; rendición de cuentas públicas y transparentes de todas las instituciones de educación superior, exigencia de publicar una FECU semestral por cada institución, que incluya información de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.
Beneficios Estudiantiles 11.- Reestructurar integralmente el sistema de becas y ayudas estudiantiles en sus montos, cobertura y condiciones de postulación, para terminar con el insostenible endeudamiento de las familias. Se debe avanzar en la gratuidad a los 7 primeros deciles, y mejorar el FSCU. A su vez, las ayudas estudiantiles complementarias deben reajustarse y ampliarse a la clase media y a los estudiantes pertenecientes a los tres siguientes deciles.
12.- Redefinir conceptos y forma de cálculo de los Aranceles de Referencia, al igual que los esquemas de financiamiento de las brechas entre éstos y los aranceles reales.
Democratización 13.- Ampliar la participación de los distintos estamentos de las comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual deberán realizarse las reformas jurídicas correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e), 67e) y 75e), del DFL2/2009 Mineduc, para acabar con las prohibiciones legales que impiden la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además, el derecho a la organización estudiantil en todas las instituciones de Educación Superior.
Acceso e Inclusión 14.- Avanzar en un sistema de acceso más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y para todas que permita que las universidades del CRUCH cumplan a cabalidad su rol social y de vocación pública para la que fueron creadas, y de que en ellas exista una participación en la matrícula más representativa de la realidad socioeconómica del país, mediante la creación de mecanismos complementarios de acceso que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el ranking, los propedéuticos y los procesos de nivelación, mantención (académica y económica) y titulación, así como de fondos estatales que permitan financiarlos.
15.- Avanzar en un sistema educacional más inclusivo que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.
16.- Ante la ausencia de una política de Estado en materia de educación técnica, se debe avanzar en la creación de una Red Pública de Educación Técnica, articulada con los liceos técnicos y financiada por el Estado, para subsanar la carencia de formación técnico-profesional de calidad orientada a las necesidades del país.
Nueva Fase 17.- Conscientes de que el movimiento de reforma de la educación superior ha ingresado a una nueva fase, en la cual tendrán participación diversos actores sociales y políticos, se reconoce la necesidad de que la movilización de las comunidades universitarias se adecue a ese proceso, para lo cual buscaremos el más pronto restablecimiento de las actividades universitarias, de modo de mantener la unidad dentro de nuestras comunidades universitarias, aportar a la auténtica discusión universitaria, preservar el apoyo ciudadano hacia el movimiento y defender el prestigio de nuestras casas de estudio, sin hacer peligrar la conclusión del año académico. 18.- El CRUCH y la CONFECH reafirman su decisión de trabajar conjuntamente en estos puntos convergentes y exigir como método para avanzar en las reformas el diálogo y trabajo en conjunto con todos los actores del mundo de la educación. Así podremos establecer el punto de partida para el desarrollo estratégico de la educación.
ACUERDO SOCIAL POR LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO
El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado.
Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.
Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo formación.
El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.
La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos,
profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.
La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.
En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales, en torno a los cuales emplazamos a los parlamentarios para que se comprometan explícitamente a legislar favorablemente son:
I.- La Reforma Constitucional.
La Constitución deberá consagrar a la Educación, como un Derecho Fundamental y un Bien Público, que deberá ser garantizado y proveído por el Estado a todos los chilenos.
Respecto de la Educación Pre escolar, Básica y Media, la Constitución deberá garantizar que ésta asegurará el cumplimiento de los principios de GRATUIDAD, UNIVERSALIDAD Y CALIDAD.
Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar la un titulo de educación superior.
II.- Educación General
La Educación General contempla tanto la educación pre-escolar, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional.
En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:
A-. La Desmunicipalización de la Educación.
Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar.
Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.
B-. Nuevo Sistema de Financiamiento.
El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales y un financiamiento por matrícula, para lo cual se implementara un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.
C-. Nueva Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad
Debe avanzarse en una nueva ley de carrera docente basada en el mérito, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social, su permanente entrenamiento pedagógico y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación y habilitación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación.
D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas.
Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes- especialmente en regiones, durante los 365 días del año.
En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entra ambas.
La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades.
Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.
También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.
La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha
sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional.
Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:
- la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con
visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.
- El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un actor fundamental para
el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.
- El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento
estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias, especialmente a las de mayor esfuerzo y de la clase media.
1.- Nuevo Trato con las Universidades Fiscales
a) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y
progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.
b) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas. Garantizar un piso mínimo de aporte basal, que plasme
el un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.
c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las
comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:
c) Se propiciará la adecuación de sus estatutos de las Universidades del Estado de manera de flexibilizar su
funcionamiento administrativo. Su capacidad de endeudamiento y gestión, sin autorizaciones previas.
d) Las universidades del Estado deberán dar cuenta de sus estados financieros y de sus logros académicos de
manera sistemática ante los organismos correspondientes.
La entrega de recursos estará condicionada en base al logro de metas mutuamente acordadas entre estas universidades y el Estado de Chile, asociando metas al desarrollo general del país y en particular del desarrollo territorial.
Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Relativización del rol de la PSU, además de su evaluación internacional transparente.
Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, mediante la creación de mecanismos complementarios de acceso que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación.
Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.
a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura
y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone:
Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todas los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos.
De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país.
Finalmente, se crea un sistema de crédito de educación superior para los y las estudiantes pertenecientes al 35% de familias de mayores ingresos; que contemple aval del estado, tasas de interés subsidiada, no superiores al Fondo solidario actual, período máximo de reembolso.
b) El financiamiento de la demanda (becas y créditos) será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y
las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado. Estas últimas de denominaran Universidades Privadas con sentidos Públicos
c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los
Acreditación Institucional, en todas las categorías. Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles Transparencia total del uso de sus recursos financieros.
d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos arancelarios de sus planes de
estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los Aranceles no podrán subirse de manera unilateral ni por las universidades estatales, la universidades que cumplen fines públicos, las Universidades privadas que reciben fondos publica ni por los Centro de Formación Técnicas o Institutos Profesionales que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.
Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior.
Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece que las Universidades son corporaciones sin fines de lucro.
Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las
instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales
b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación; Confiable y Eficaz
Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema d acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.
El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución.
Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización estudiantil en todas las institucionales de educación superior
Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo. Para esto se propone:
1. Creación de una Universidad Estatal Intercultural
2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.
3. Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.
El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país.
Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos, directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo
Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica.
BASES ACUERDO CUECH-CONFECH El Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) reconoce y valora el aporte del movimiento estudiantil al debate que el país necesita sobre el destino y sustentabilidad de su educación superior.
La movilización pacífica de los estudiantes y de las comunidades universitarias ha permitido avanzar en una agenda con el Gobierno en la cual está presente parte importante de los temas de interés común.
Sin embargo, el CUECH y la CONFECH compartimos que, para una solución integral, es necesario abordar decididamente algunas materias que forman parte de nuestra visión del rol que las universidades públicas tienen en el proceso de desarrollo del país y del compromiso que el Estado debe tener con la educación superior pública, que no están recogidas en las propuestas entregadas por el Ministerio de Educación.
Las universidades públicas contribuimos de modo significativo a la creación y difusión del conocimiento, a la preservación de la identidad cultural, al desarrollo social, a la equidad y a la construcción democrática de la sociedad. Además, constituimos un sistema que aporta al fortalecimiento de las distintas regiones del país.
Por lo anterior, el Consorcio de Universidades del Estado y la CONFECH manifiestan su decisión de mantener y reforzar sus acciones en el proceso que se ha abierto en torno a los siguientes puntos que aun no han sido recogidos plenamente en los documentos entregados por el Gobierno al CRUCH y a la CONFECH:
1. Aportes basales suficientes para el desarrollo y sustentabilidad de las universidades públicas y estatales garantizados para todas y asignados con criterios equitativos.
2. En lo que respecta al lucro, que se haga valer la ley y que se avance en eliminar el fin de lucro en educación superior, estableciendo mecanismos de información pública, de fiscalización, control y reclamos que sean necesarios, entre otros; rendición de cuentas públicas y transparentes de todas las instituciones de educación superior, exigencia de publicar una FECU semestral por cada institución, que incluya información de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales. Lo anterior debe expresarse a través de la creación de una Superintendencia de Educación Superior.
3. Aumento de la cobertura de becas para los alumnos de los quintiles 1, 2 y 3 de las universidades del CRUCH y mejoras sustantivas en los sistemas de crédito solidario, a través de un financiamiento sustentable en el tiempo y que permita expandirlo a la clase media.
4. Ampliación de la participación de los distintos estamentos de las comunidades universitarias en los cuerpos colegiados. Para ello, deberán realizarse las reformas jurídicas pertinentes.
5. Avanzar en un sistema de acceso más equitativo, que detecte los talentos presentes en toda la población y así logre generar mayores oportunidades de movilidad e integración social.
Reafirmamos nuestra decisión de trabajar conjuntamente en esta agenda para un desarrollo estratégico de la Educación Superior Pública.
Documento 5 COMPROMISO DE LA CONCERTACION EN EDUCACIÓN El país ha sido conmovido por un amplio y contundente movimiento ciudadano, reclamando por cambios de fondo en nuestro sistema educativo. Como oposición hemos escuchado esta demanda y entendemos que su motivación no se limita a la obtención de aportes financieros de corto plazo, ni a la realización de reformas legales que hagan cambios menores en la educación. Lo que ha expresado la movilización ciudadana es la aspiración a un cambio en las bases de la educación chilena y en los valores que la inspiran. Se pide un ordenamiento coherente con la definición de la educación como derecho y como bien público y, en consecuencia, un fortalecimiento del papel del Estado en su aseguramiento. Se demanda, además, una regulación que contenga la proliferación de la lógica de los negocios y del lucro en la educación y que revitalice el papel de la educación pública tanto a nivel escolar como superior. La fragilidad de la educación pública se ha transformado en el síntoma más visible de la débil presencia del Estado en la educación y revertirla es uno de los objetivos más anhelados por este movimiento ciudadano.
Las fuerzas políticas de oposición respaldamos estas demandas y declaramos nuestra voluntad de actuar decididamente para avanzar en su concreción. La falta de acuerdos en el mundo político para emprender reformas estructurales a nuestro sistema educacional ha permitido que el sistema actual se perpetúe. Es necesario ser autocríticos respecto de esto y asumir que faltaron definiciones y políticas que hubiesen permitido que la expansión del sistema educacional se hiciera sobre nuevas bases. Asumimos las carencias y vacíos que hemos mencionado y nos sumamos con otros para comprometernos, tanto con la generación de espacios de participación ciudadana como haciendo nuestras las principales demandas para la reforma al sistema de educación planteadas por el movimiento ciudadano. Estamos convencidos de la necesidad de construir una propuesta que represente a esa enorme mayoría que quiere avanzar en nuevas bases para nuestro sistema educacional. Como fuerzas políticas de la Concertación avanzaremos en esa dirección y lo haremos dialogando con el mundo social. Con esa fuerza y esa legitimidad estableceremos metas ambiciosas para los próximos años y trabajaremos en su concreción en todos los frentes, partiendo por demandar al actual gobierno que oriente sus políticas y proyectos de acuerdo con estas definiciones. Queremos ir más allá. Esta agenda nos comprometerá por un periodo superior del actual mandato presidencial y será la carta de navegación que orientará las propuestas y compromisos de nuestros candidatos y autoridades de elección popular en todos los niveles de aquí al 2020.
Nuestras definiciones son las siguientes:
- La educación es un derecho humano esencial. Al Estado le corresponde asegurarlo para todos los ciudadanos y en ese objetivo se debe involucrar el conjunto de la sociedad y las familias.
- La educación en todos sus niveles, parvularia, básica, media y superior, es la base del desarrollo integral de la sociedad y debe considerarse como un bien público.
- La educación pública es un deber preferente del estado.
- La educación debe sustentarse sobre un consenso deocrático que dé cuenta de los valores fundamentales
que inspiran a nuestra nación; su carácter democrático, universal, de acceso garantizado a todos, cuya administración y gestión sea inclusiva e incluyente. Sus definiciones estratégicas no pueden ser producto de la imposición de unos sobre otros sino que deben adoptarse democráticamente con la participación de toda la sociedad
y, particularmente, de los actores del mundo educacional: estudiantes, profesores, padres de familia y trabajadores.
- Nuestro actual sistema educativo no cumple con los requisitos mencionados en los dos puntos anteriores.
- La responsabilidad del Estado, en lo que se refiere a la educación pública, está reducida al mínimo y la
educación es tratada más como un bien privado que como un bien público que debe ser garantizado. A su vez, las
bases del sistema educacional se adoptaron en un período dictatorial sin consulta a la ciudadanía y en democracia no ha habido la capacidad de redefinirlas y ponerlas en línea con las aspiraciones de los chilenos.
- La aspiración democrática de los chilenos de una mejor educación debe reflejarse en un conjunto integral de reformas, que incluya todo el sistema educativo.
- Con ese objetivo, convocamos a todos los sectores del país a lograr un Pacto Social y Político por la
Educación Chilena. Proponemos para la discusión ciudadana que este Pacto se proponga el logro de los siguientes objetivos de aquí al 2020:
Primero: Reformar la Constitución para establecer el carácter de bien público de la educación, su importancia estratégica para el país y la obligación del Estado de garantizarla para todos los ciudadanos. Se debe fortalecer el derecho a la educación no sólo como una oportunidad de acceso sino también como una garantía de calidad que debe ser salvaguardada por el Estado. Debe reconocerse el carácter mixto del sistema educacional, de provisión y financiamiento público y privado, y el deber del Estado de apoyar sus distintas modalidades, garantizando que los recursos públicos no se desvíen a fines distintos de la educación. Es deber del estado garantizar el desarrollo de la
educación pública, asegurando su financiamiento, su presencia en el territorio, su excelencia y su aporte a la superación de las desigualdades. Asimismo, debe entregarse garantía estatal a los derechos educativos de los pueblos indígenas, incorporando interculturalidad en el sistema educativo. Segundo: Desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del estado, que reemplace el modelo de educación municipalizada. Esta nueva institucionalidad no puede consistir en un conjunto de modalidades dispersas sino en un sistema nacional y articulado, con gestión descentralizada y participación de las comunidades. Debe hacerse efectiva la responsabilidad del Estado en su desarrollo, a la vez que asegurar un estándar nacional de calidad, así como un aporte adicional de recursos que reconozca las mayores exigencias y deberes que se establecen para con los estudiantes,. Esto vale para todos los establecimientos públicos del país, independiente de la comuna en que se encuentren.
Tercero: Aplicar un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su financiamiento basal de forma sustentable para ponerlas en un estándar de excelencia y liderazgo. Ello debiera significar aumentar el financiamiento basal de las universidades estatales a un porcentaje que garantice su funcionamiento y desarrollo, lo que significa al menos duplicar el aporte actual, lo que debe ir acompañado de incentivos, compromisos de gestión con metas claras y de interés nacional y regional, así como de mecanismos de control que aseguren el mejoramiento
de la calidad de estos planteles. Este esfuerzo debe realizarse sin debilitar el apoyo que el Estado le entrega a las universidades no estatales que reciben aportes fiscales directos, Cuarto: Hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario. Ello requiere de una acción enérgica por parte de los poderes públicos fiscalizando la realización de negocios en las universidades y sancionando su existencia. Si se legisla en este ámbito, debe ser para fortalecer la legislación existente y no para debilitarla. En ningún caso debe permitirse que se sigan generando mecanismos que den acceso a fondos públicos a planteles que persiguen fines de lucro. Sexto : Reformar el sistema de acceso a la educación superior estableciendo una selección equitativa que dé mayor preponderancia al rendimiento escolar en base al ranking o posición relativa de los estudiantes en su respectivo
El 10% de los estudiantes de mejor logro escolar debe tener acceso a la universidad sin necesidad de rendir
la PSU. Esto debe ser reforzado por un cambio, perfeccionamiento, y ampliación en la modalidad del Aporte Fiscal Indirecto, el que debe incluir a las instituciones que dan cabida a estudiantes destacados de liceos vulnerables y financiar de este modo procesos de nivelación y retención de dichos estudiantes. Septimo: Nivelar y reformar el sistema de subvenciones escolares. Debe asegurarse un financiamiento basal para los establecimientos del estado que sea un piso para una educación de calidad, asignado según la matrícula. En el caso de la educación pública, los entes administradores tendrán un financiamiento propio que asegure la conformación de equipos profesionales de excelencia en todos los territorios. Asimismo, la subvención escolar debe ser calculada en base al costo real de funcionamiento de un establecimiento de calidad, considerando el nivel deseado de remuneraciones de los profesores. Además, habrá que considerar que, bajo la nueva institucionalidad pública que postulamos como necesaria y deseable, deberá modificarse el actual sistema de financiamiento proveniente de las municipalidades. Octavo: Alcanzar una nueva carrera docente. Esta deberá enfatizar las posibilidades de desarrollo profesional de los profesores que trabajan en el aula, fortalecer la profesionalización y remuneración de los directivos, mejorar el sistema de perfeccionamiento e instaurar una prueba de habilitación para el ejercicio de la profesión la cual deberá ser aprobada por todos los egresados antes de iniciar su labor como docentes. Los planteles formadores de los profesores asumirán la responsabilidad de preparar y nivelar a sus egresados cuando la preparación que les han entregado no les permita superar los exámenes de habilitación. El sistema deberá alcanzar niveles de remuneración de los profesores equivalentes a las de las profesiones mejor remuneradas del sector público, Noveno: Establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechos garantizados para los jóvenes, equivalente a un AUGE de la educación superior. Se deberá avanzar hacia el establecimiento de un sistema único de becas y crédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria. Nos proponemos establecer un sistema que garantice gratuidad, a través de becas, al 60% de los sectores de menores ingresos que estudien en carreras universitarias, profesionales o técnicas, las que deberán estar debidamente acreditadas. En el caso del crédito solidario, se mantendrá la actual cobertura y condiciones. Respecto del Crédito con Aval del Estado, debiera ser rediseñado para alcanzar condiciones equivalentes a las del crédito solidario. Al mismo tiempo y para asegurar el incremento sostenido de la cobertura y la sustentabilidad financiera de este sistema, se debieran prever mecanismos eficaces para regular los valores de los aranceles de las carreras y/o programas que financiará el estado, de modo de evitar el endeudamiento adicional de los estudiantes y sus familias la ampliación de las oportunidades a todos los jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media que posean mérito para acceder a este nivel educativo, asegurando no sólo su acceso a esas oportunidades educativas, sino también su permanencia y un egreso con las competencias indispensables para su buen desempeño profesional y/o académico Décimo: Derogación de los artículos 56, 67 y 75 en sus letras e del DFL 2 del 2010, en el que se impide la participación de estudiantes y funcionarios en los espacios de tomas de decisiones dentro de las universidades, centros de formación e institutos técnicos. Undecécimo: Creación de una Superintendencia de Educación Superior que actúe como agente de control y regulación de las distintas instituciones del sistema, asegurando transparencia en el uso de los recursos y fiscalizando que las universidades no se presten para actividades lucrativas.
Duodécimo: Refundar la Comisión de Acreditación mediante la creación de una agencia aseguradora de calidad de la educación superior, que establezca criterios más exigentes y menos burocráticos para la entrada de nuevas instituciones y que controle y asegure la oferta educativa y la calidad de las existentes. Se debe avanzar hacia la creación de nuevos indicadores de la calidad, que ahora no solo consideren las características de esta oferta educativa, sino también los resultados, entre los cuales son relevantes: las tasas de acceso de jóvenes meritorios pertenecientes a sectores vulnerables; las tasas de retención; las tasas de éxito oportuno, y; las competencias logradas por los jóvenes al egreso de esas instituciones, tal como ya se plantea en el caso de las carreras de pedagogía y medicina. Décimotercero: Se debe crear una red de de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público, especialmente en aquellas regiones donde no exista una oferta de privada de calidad, bajo la supervisión de la Superintendencia y la Agencia de Calidad de Educación Superior. Décimocuarto: Retomar la prioridad e impulso de la educación parvularia y de la primera infancia. El freno que ha tenido la política en este sector es inexcusable. El logro de la plena cobertura de acuerdo a las metas de la Ley Chile Crece Contigo es la base de un sistema educativo y de atención a la infancia equitativo e integral. Los firmantes de este Pacto Social y Político por la Educación Chilena entendemos que estas metas representan un salto cualitativo y cuantitativo en el esfuerzo que el país hace por la educación y estamos conscientes de los importantes recursos financieros que ello requiere. Por esa razón estamos dispuestos a avanzar en un nuevo pacto fiscal que dé lugar a una reforma tributaria. Con ello se debiera lograr una estructura impositiva más equitativa, con mayor aporte de los sectores más pudientes y que se traduzca en una mayor recaudación fiscal. Llamamos a todos los sectores del país a participar debatiendo y enriqueciendo estas ideas para avanzar sin más postergación a la gran reforma educacional que el país está reclamando.
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