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Timestamp: 2019-05-25 21:17:16
Document Index: 314793261

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 512', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 295', 'Artículo 295', 'artículo 28']

Boletin Correspondiente a 2015-03-05Regresar
Algunos apartes del inciso 1º del numeral 7.1. del artículo 1º de la Resolución 7 de 2008, han sido objeto de diversas interpretaciones por las distintas seccionales, lo cual ha originado que se susciten conflictos de competencia y que no se aplique la excepción.
ARTICULO 1º. Modifíquese el numeral 7.1 del artículo 1o de la Resolución 0007 del 4 de noviembre de 2008, el cual quedará así:
7.1. Los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones oficiales que deban adelantarse por situaciones presentadas en el control previo o simultáneo a las operaciones de comercio exterior, en los regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero, aunque se hayan advertido en el control posterior, serán de competencia de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar por donde salió o se introdujo la mercancía al territorio aduanero nacional.
Tratándose de importaciones temporales, esta competencia se extiende hasta la conclusión de la respectiva modalidad. La aduana donde se autorizó el tránsito aduanero conocerá también de las infracciones consistentes en la no llegada de la totalidad de la mercancía o parte de ella al depósito o a la zona franca.
Por su parte, la aduana donde finaliza la modalidad será la competente para adelantar el proceso respecto de las demás infracciones que se cometan con posterioridad a la autorización del régimen hasta su conclusión.”
ARTICULO 2°: La presente resolución rige a partir de los quince (15) días siguientes a la fecha de su publicación en el diario oficial.
( 2015-03-05) Consultar
Se hace necesario modificar el artículo 6 del Decreto 803 de 2013, en el sentido de precisar que al régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo sólo pertenecen las personas naturales que en el año anterior hubieren tenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.
ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 6 del Decreto 803 del 24 de abril de2013, el cual quedará así:
“Artículo 6°. Disposiciones específicas para los responsables del régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo de Restaurantes y Bares.
Las personas naturales que presten el servicio de restaurante y el de bares y similares, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 512–1 del Estatuto Tributario, que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes de la prestación del servicio de restaurantes y bares, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT, pertenecen al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares y deberán observar las siguientes obligaciones y prohibiciones:
a) Obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario RUT, de acuerdo con las fechas que se señalen mediante resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con fundamento en lo previsto en el literal f del artículo 5° del Decreto número 2460 de 2013;
Minhacienda.
Estas recomendaciones aplican paran el calendario tributario va hasta enero de 2016.
1. Determinar sobre qué impuestos y/o contribuciones es sujeto pasivo de acuerdo con la actividad económica que desarrolla: de esta forma es más fácil identificar la fecha de su pago para no incurrir en cobros de mora.
2. Informarse sobre la forma de dar cumplimiento de sus obligaciones tributarias y cómo tomar las mejores decisiones al respecto. Para esto, en las páginas web de las autoridades tributarias se publica información relacionada con el ámbito formal de cumplimiento de estas obligaciones. No obstante, en caso de incertidumbre sobre la situación fiscal o sobre las mejores prácticas, lo más eficiente es buscar apoyo con un experto en la materia.
3. Verificar con antelación las fechas de vencimiento de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
4. Proveerse, con antelación, de los recursos necesarios para sufragar los impuestos: destinar el dinero suficiente para sus obligaciones tributarias para no dejar el pago para última hora.
5. Elaborar y presentar sus declaraciones con suficiente antelación a los vencimientos: Esto le permitirá evitar atrasos de última hora y complicarse con posibles congestiones del sistema.
Fallo señala que empleadores tienen libertad de escoger mecanismos para detectar si hay embriaguez.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de casación contra una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, señaló que es legítimo que un empleador haga pruebas de alcoholemia a sus empleados.
“Los dispositivos técnicos útiles para determinar el estado de embriaguez etílica de un trabajador, además de que constituyen un instrumento legítimo del empleador en la tarea de preservar la seguridad industrial y afrontar situaciones de riesgo, al mismo tiempo representan uno de los recursos fundamentales con los que cuenta el trabajador para ejercer su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que le pueden ser elevadas, sin algún tipo de soporte técnico”, señaló el alto tribunal en su decisión.
El caso era el de un hombre que fue despedido debido a que se negó a practicarse la prueba. El argumento con el que pretendía tumbar la decisión del Tribunal que no falló a su favor la demanda contra la empresa, era que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses era la única entidad autorizada para determinar el estado de embriaguez de una persona. Sin embargo, frente a ese argumento, “la Corte debe señalar que, en lo que concierne al ámbito de las relaciones laborales, como lo dedujo el Tribunal, no existe alguna norma que determine que las pruebas de alcoholemia sean de la potestad exclusiva de Medicinal Legal”.
En relación con el tema es necesario señalar que el soporte legal sobre el tema de apor­tes sociales en el sector cooperativo y su exclusión de la Base gravable del Impuesto a la Riqueza se encuentra en numeral 9 del artículo 4º de la Ley 1739 de 2014, que adicionó el artículo 295-2 al Estatuto Tributario, cuyo tenor literal reza:
Artículo 295-2. Base Gravable.
La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas a 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, determinados en ambos casos conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes:
2. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las siguientes reglas:
Superintendente de sociedades, Francisco Reyes, advierte a la ciudadanía sobre el resurgir de este tipo de captadoras ilegales.
Un nuevo llamado hizo el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, a la ciudadanía, para que no ponga sus recursos en manos de falsas empresas y firmas no autorizadas para captar dinero, ya que se trata de nuevas pirámides que buscan estafar al público.
El funcionario informó que en desarrollo de tareas de control que desarrollan junto a la Superintendencia Financiera se han intervenido 250 captadoras en los dos últimos años. Reyes destacó que tras la estafa cometida por David Murcia, cerebro de DMG, se han devuelto recursos a 200.000 personas. Pero muchas otras no los recibirán.
La Supersociedades, a partir del 2008, junto a la Superintendencia Financiera, adelanta a diario una ‘cacería’ a este tipo de entidades que captan recursos de manera ilegal.
¿En qué va el castigo contra los promotores de empresas fantasmas que son verdaderas pirámides y que no han desaparecido del todo?
La Superintendencia tiene unas facultades muy especiales, a partir del Decreto 4334 del 2008 que se expidió a raíz de la crisis que provocó DMG. En realidad, toda persona que capte dineros del público en forma ilegal, a través de operaciones de intermediación financiera sin la autorización expresa de la Superfinanciera, está sujeta a sanciones y a un proceso de intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas y luego se satisfacen los otros pasivos.
A petición de cualquiera de los socios, procede declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, por las causales previstas en la ley o en el contrato social.
Me refiero a su escrito radicado con el número citado en la referencia, mediante el cual previa relación de una serie de hechos que dicen de la situación de una sociedad de responsabilidad Ltda., plantea una serie de interrogantes atinentes al procedimiento de liquidación voluntaria, dada la imposibilidad de avanzar en dicho trámite debido a que son dos socios cada uno con el 50% del capital social y, sus diferencias en torno al estado de la sociedad, como la posibilidad de efectuar una cesión de cuotas a un tercero sin atender al derecho de preferencia en la liquidación, la posibilidad de aumentar el capital social e ingreso de otros socio, y finalmente los mecanismos para facilitar la liquidación dado el conflicto entre ambos socios.
En el caso particular de las sociedades de responsabilidad limitada, se tiene que sin perjuicio de la sujeción a las reglas previstas en los artículos 181 y SS del Código de Comercio, en la junta de socios cada socio tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía, atendiendo que por regla general todas sus decisiones se deberán tomar por un número plural de socios que representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía, salvo que en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada las partes estipulen en los estatutos una mayoría superior.
Por tanto, tratándose de determinaciones que correspondan al máximo órgano social, en principio no resultará ajustada a derecho ninguna decisión cualquiera sea su propósito, que se adopte por uno sólo de los socios, independientemente de la cantidad de cuotas que éste posea.
Las consecuencias del no registro de la inversión extranjera, afectan al inversionista o a su representante, pero no a la compañía la que en todo caso, debe cumplir sus obligaciones societarias, como la de repartir utilidades de acuerdo con sus estatutos y suministrar a los socios la información que requiera sobre su inversión.
Me refiero a su comunicación radicada por conducto del Banco de la República con el número 2014-01-594001, mediante la cual pone de manifiesto la situación en que se encuentre una empresa que no registró una inversión extranjera y, a ese respecto formula las siguientes inquietudes:
1. Es necesario registrar en este momento la inversión inicial? O solo el saldo de la inversión
2. Cuál sería la sanción por extemporaneidad del registro?
3. Qué implicaciones tendría para la compañía hacer el registro en este momento?
4. Teniendo en cuenta que la inversión No está registrada a la fecha, que pasaría si la compañía decide pagar dividendos?
5. Al igual que el ítem anterior, que sucedería si el inversionista solicita el saldo de su inversión actual?
Sobre el particular se debe advertir que este Despacho con fundamento en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, profiere los conceptos de carácter general y en abstracto a que haya lugar con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia, mas no le es dable mediante esta instancia emitir pronunciamientos de ninguna índole sobre situaciones particulares y concretas y tampoco está dentro de sus funciones la de asesorar a las sociedades comerciales en decisiones que son del resorte intemo de sus negocios sociales.
Las autoridades económicas han tenido la tradición de contratar misiones de expertos para analizar los grandes problemas nacionales y adelantar recomendaciones sobre las políticas públicas.
En un comienzo, estas fueron presididas por distinguidos economistas extranjeros, aunque en años más recientes la participación de los economistas colombianos, tanto en la dirección como en los trabajos técnicos de las misiones, ha sido más acentuada.
Las misiones han hecho excelentes diagnósticos y recomendaciones de tipo institucional y sobre las políticas públicas en áreas diversas tales como impuestos, gasto público, empleo, mercado de capitales, así como en los asuntos bancarios y financieros.
Si bien sus recomendaciones no han sido siempre puestas en marcha de manera inmediata, a lo largo de los años, sí han tenido impacto profundo en la orientación de la política económica colombiana y en la consolidación de importantes reformas estructurales e institucionales.
Este fue el caso de las misiones de 1922 y 1930 dirigidas por Edwin Walter Kemmerer, que desembocaron en la creación del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República y en propuestas fundamentales en materia fiscal y monetaria para hacerle frente a la Gran Depresión.
Otras misiones, que ayudaron a orientar las políticas públicas, incluyen la del Banco Mundial de 1950, encabezada por Lauchlin Currie, la misión Taylor de la OEA sobre materias fiscales, la misión tributaria de Musgrave convocada por la Administración Lleras Restrepo, cuyas recomendaciones centrales fueron adoptadas en la Administración López Michelsen y la misión dirigida por Dudley Seers, cuyos resultados se sintetizaron en el libro ‘Hacia el Pleno Empleo’.
En la Administración Turbay Ayala se organizó la misión de finanzas intergubernamentales, orientada por Richard Bird. Bajo Betancur y Barco se convocó la misión Chenery, y posteriormente, en los noventas, la de Alberto Alesina.