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Timestamp: 2020-04-09 04:24:45
Document Index: 130883413

Matched Legal Cases: ['artículo 1393', 'artículo 1393', 'artículo 1393', 'artículo 1393', 'artículo 1916', 'artículo 1164']

INCOSTITUCIONALES CÓDIGOS CIVILES QUE FIJEN UN TOPE AL MONTO POR REPARACIÓN POR DAÑO MORAL. - Advocatius
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Por Lic Javier Acosta Amparo Derecho Administrativo Derecho Civil Derecho Común Derecho Constitucional Derecho Urbanistico Derechos Humanos y Garantías Individuales Derechos Sociales Noticias 22 mayo, 2018
Por falta de luminaria y señalamientos en una obra de construcción, una mujer sufrió un accidente y perdió un brazo, sufrió demás lesiones y daños materiales en su vehículo, en razón de lo anterior, promovió juicio por la “RESPONSABILIDAD CIVIL” de la empresa constructora, a la cual reclamaba indemnización económica y la reparación del daño moral.
El hecho anterior ocurrió en el Estado de Tamaulipas, donde el artículo 1393 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, es su porción normativa que establece: “[…] en ningún caso podrá exceder del veinte por ciento de la indemnización señalada como pago del daño […]”, por lo cual el Juez de Primera Instancia en eso baso la condena.
La mujer afectada agoto las instancias respectivas, llevando dicho asunto hasta la Suprema Corte, donde, en Sentencia de Amparo en Revisión, la Primera Sala de la SCJN determinó que le asiste la razón a la quejosa ya que existe una clara antinomia entre lo dispuesto por el propio artículo 1393, y el artículo 1393 en conjunto con el 1164 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, esto en efecto, toda vez que el mismo artículo 1393 en su segundo párrafo señala que la indemnización por daño es independiente de la económica, y por otro, la subordina a la existencia del daño material, situación que se asemeja a la que prevalecía en el anterior artículo 1916 del Código Civil Federal. Por su parte, el artículo 1164 reafirma la independencia económica de la indemnización por daño sin establecer un tope a la misma y sin condicionarla a la existencia de un daño material, puesto que establece que: “[…] Cuando un hecho u omisión produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual […]”.
Bajo esta tesitura, la Primera Sala determinó que los derechos constitucionales no son absolutos y por tanto, todos admiten restricciones, sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria, sino que debe basarse en razones jurídicas que pasan por la constatación de tres pasos en sede de jurisdicción constitucional:
a) Ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna;
b) Debe ser una regulación necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y,
c) Debe ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.
Como se señaló, la intención del legislador fue buscar que la acción de reparación de daño moral fuera autónoma, ya que le parecía que el subordinarla al daño material, producía serias injusticias. Así, se concibió que los daños morales no debían estar condicionados a la existencia de los daños materiales, sino que podían ser reclamados independientemente de que se hayan causado afectaciones a derechos o intereses de índole patrimonial, por ende, todo ordenamiento que decrete lo contrario puede ser considerado como inconstitucional.
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