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Timestamp: 2017-11-25 09:13:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 45', 'Artículo 176', 'artículo 203', 'artículo 177', 'artículo 176', 'artículo 99', 'artículo 183', 'artículo 178', 'artículo 139', 'artículo 31', 'artículo 201', 'artículo 176', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 191', 'artículo 187', 'artículo 35', 'artículo 35']

Justicia Electoral	(1)
Published in Justicia Electoral
Lunes, 29 Junio 2015 11:47
Como sinónimo de derecho electoral
Libertad del derecho al votoSistema electoral. Libertad del derecho al voto
Principio mayoritario y proporcional
Barrera electoral.
Como variante del sistema de representación proporcional
Compatibilidad constitucional
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL
Vinculación de los entes electorales
Alcances de la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones
Necesidad de incluir a altos funcionarios del sistema electoral en el antejuicio político
Fijación de criterios les obligatorios
Proclamación del resultado del referéndum
RESOLUCIONES DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Como instancia definitiva en la administración de justicia electoral
Obligación de respetar los derechos fundamentales
Control constitucional a través de proceso de amparo
Afectación irreparable de derechos fundamentales
Efectos de la demanda de amparo
Cumplimiento de principios constitucionales electorales
Atribución de verificación de requisitos formales para inscripción de candidatos
FACULTAD DE DECLARAR NULIDAD DE LAS ELECCIONES
Nulidad de procesos electorales.
Fundamento en la democracia representativa
CARÁCTER PÚBLICO E ININTERRUMPIDO DEL ESCRUTINIO ELECTORAL
Escrutinio de votos.
Conteo de votos y representatividad
Alcances de la prohibición de proyecciones a boca de urna
Difusión de proyección de resultados
Orden y seguridad durante los comicios.
Protección de la libertad personal
ELECCIONES PLURIPESONALES
Principios que permiten lograr la representatividad
Noción de principio mayoritario
Noción de principio proporcional
Aplicación del principio proporcional
Regulación del sistema proporcional
Barrera electoral como variante del sistema de representación proporcional
Finalidad de la barrera electoral
Dependiendo de los alcances, amplios o restringidos, que se pretenda dar al concepto de sistema electoral, este puede convertirse, en un extremo, en sinónimo de “Derecho electoral”, con lo cual haría alusión a todos los aspectos relevantes relacionados con la materia electoral (órganos electorales, proceso electoral, mecanismos de elección, modalidades de sufragio, etc.). A este concepto amplio hace alusión el artículo 176 de la Constitución.
La libertad inherente al derecho de voto debe ser comprendida en el sentido de que a nadie pueda conminarse a que se manifieste en un determinado sentido, de manera tal que su orientación sea consecuencia de una meditación personalísima, “espontánea” (artículo 176) y responsable entre las distintas opciones posibles. La “decisión”, consiguientemente, jamás puede ser consecuencia de algún grado de incidencia previa sobre la libertad de conciencia (artículo 2, inciso 3) ni menos aún sobre la integridad física, psicológica o moral (artículo 2, inciso 1).
Desde una óptica (…) restringida (…) el sistema electoral es concebido como el modo según el cual el elector manifiesta por medio del voto el partido o candidato de su p, y según el cual esos votos se convierten en escaños (...).
Dicha representatividad puede lograrse a través de dos principios de distintos alcances y finalidades: el principio mayoritario y el principio proporcional. En el caso del principio mayoritario, la adjudicación de los escaños es dependiente de que un candidato o partido haya alcanzado la mayoría absoluta o relativa de los votos. De conformidad con esta fórmula solo se determina al vencedor a vencedores, a partir de un simple conteo de votos regido por la regla de la mayoría.
Por su parte, en el caso de la fórmula proporcional, la adjudicación de escaños resulta del porcentaje de votos que obtienen los distintos partidos, procurando, proporcionalmente, la representación de diversas fuerzas sociales y grupos políticos en el Parlamento.
La “barrera electoral” en modo alguno puede considerarse, en sí misma, contraria al sistema de representación proporcional, sino simplemente una variante más de dicho sistema
El establecimiento de una “barrera electoral” resulta plenamente compatible con la Carta Fundamental, pues se encuentra orientada a:
a) Evitar el acceso al Congreso de la República de agrupaciones políticas cuya mínima o nula representatividad impida el cumplimiento de la finalidad quela Constitución les encomienda en su artículo 35; es decir, “concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular”, institucionalizando la representación de intereses que en los hechos aparecen atomizados a nivel social. En efecto (...) el rol de los partidos políticos se dirige a generar un margen de representatividad objetiva y no un mero interés de grupo, incapaz, por su nimia significancia, de ser considerado como parte de la voluntad general, sino, simplemente, como una suerte de portavoz de intereses particulares o personales.
b) Conseguir que todos los partidos y movimientos políticos gocen siquiera de la mínima representatividad que viabilice su trascendencia institucional en la vida política del país, de modo tal que se establezcan las bases para la configuración de un verdadero sistema de partidos, entendido como aquel en el que –vía competencia, articulación e interacción– cada partido o movimiento es, en cierto modo, dependiente de la función que los otros desempeñan en el escenario político.
El sistema de partidos es parte de la vis externa del “funcionamiento democrático”, que les exige el artículo 35 de a Constitución, frente a la vis interna de ese mismo funcionamiento, constituida por su estructura y acción organizacional interna.
c) Evitar una fragmentación en la representatividad congresal que obstaculice la gobernabilidad; el consenso entre las mayorías y minorías, y la toma de decisiones oportunas y trascendentes en la vida política, social y económica del país, pues, según quedó expuesto en los Fundamentos4 18 supra, todos ellos son elementos vitales para la estabilidad de la democracia representativa, reconocida en el artículo 45 de la Constitución.
El Sistema Electoral por el que ha optado nuestro constituyente, no significa la adopción de tres entes Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil aislados uno del otro sino la presencia de tres dependencias, que no obstante ser autónomas, se encuentran estrictamente vinculadas la una de la otra por las atribuciones que poseen y cuya finalidad –la de cada atribución– solo puede ser coherente a la luz de la cláusula general contenida en el Artículo 176 de la misma Norma Fundamental, que busca “asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa” (…).
Ningún ente conformante del Sistema Electoral, puede alegar funciones o responsabilidades excluyentes a tal grado, que las mismas en lugar de canalizar los objetivos del Sistema, terminen obstaculizándolo o entorpeciéndolo, ya que (...), la finalidad del sistema, antes que administrativa, es electoral. Incluso no está demás recordar que si conforme al inciso 5) del artículo 203 de la Constitución “Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad “Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones” quiere ello decir, que no existe, por mandato expreso de la Norma Fundamental, el supuesto monopolio de atribuciones que se invoca en la demanda.
La interpretación aislada de los artículos 142 y 181 de la Constitución confunde la autonomía que ha sido reconocida constitucionalmente al Jurado Nacional de Elecciones (artículo 177 de la Constitución) con autarquía, pues pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. Lo que equivaldría a sostener que para el JNE, tales principios y derechos no resultan vinculantes.
Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil no cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, no obstante ser funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado democrático de derecho, teniendo la obligación de “asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa” (artículo 176 de la Constitución). Por ello, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio de antejuicio político, o, en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio de antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establezca, tal como lo hiciera el artículo 183 de la Constitución de 1979.
Resulta inadmisible que (...) un órgano de justicia electoral inferior pueda desvincularse de los criterios o pautas interpretativas señaladas por su superior Jurado Nacional de Elecciones, tanto más cuando incidan directamente sobre el ejercicio de derechos fundamentales. (…) El Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia en sede electoral y, por lo tanto, sus decisiones asumen una línea directriz que al resto de órganos electorales corresponde seguir o, simplemente, carece del poder de sentar pautas les.
Se debe señalar que las decisiones en el ámbito electoral corresponden exclusivamente al Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo en el tema del resultado del referéndum, según lo establece con claridad el artículo 178, inciso 5) de la Constitución.
Al referir que las resoluciones del JNE Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral se dictan en última instancia y no pueden ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional, los artículos 142 y 181 de la Constitución, tienen por propósito garantizar que ningún otro órgano del Estado se arrogue la administración de justicia sobre los asuntos electorales, pues en esta materia técnico-jurídica, el JNE es, en efecto, instancia definitiva. Así lo ordena la Constitución y bajo el principio de corrección funcional ese fuero debe ser plenamente respetado por todo poder constituido.
Si bien es cierto que esta entidad Jurado Nacional de Elecciones es el máximo órgano de administración de justicia electoral del país, no lo es menos que, como cualquier otro poder público, se encuentra obligado a respetar los derechos fundamentales, en el marco del respeto al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139 de la Constitución); por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, de conformidad con el artículo 31 (...) de la Carta Fundamental.
La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis 142 y 181 de la Constitución resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional, ya que desconoce, por un lado, el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y, por otro, la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201 de la Constitución) (…).
Toda interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución que realice un poder público, en el sentido de considerar que una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una interpretación inconstitucional. Consecuentemente, toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente (...).
Todo juez y tribunal de la República –sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales–, se encuentra vinculado por este criterio, bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. Código Procesal Constitucional y Primera Disposición Final de la LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).
No existe (...) justificación constitucional alguna para que el JNE Jurado Nacional de Elecciones se encuentre relevado de dicho control constitucional; es decir, cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
Si la función electoral se ejerce de una forma que resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no solo resulta legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando este resulta viable en mecanismos como el amparo.
Toda afectación de los derechos fundamentales en la que incurra el JNE Jurado Nacional de Elecciones, devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular, a la que hace alusión el artículo 176 de la Constitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestos el proceso de amparo solo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1 del CPConst Código Procesal Constitucional.
En atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto (JNE Jurado Nacional de Elecciones, ONPE Oficina Nacional de Proceso Electoral, RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –artículos 178, 182 y 183 de la Constitución), en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable.
Sería (...) absurdo sostener que porque el Tribunal Constitucional tiene competencia para declarar la nulidad de una sentencia expedida por un juez penal o civil que contravenga los derechos fundamentales, tiene capacidad de administrar justicia penal o civil. Es evidente que en tales supuestos el Tribunal Constitucional se limita a administrar justicia constitucional, reponiendo las cosas al estado anterior al momento en que tuvo lugar la afectación del derecho fundamental (primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional), para que luego el proceso continúe siendo resuelto por su respectivo juez competente. La secuencia es idéntica en los supuestos de resoluciones expedidas por jueces que administran justicia electoral.
Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue creada por la Ley Nº 26487, publicada el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco, esto no implica que dicho organismo y el respectivo ejercicio de sus atribuciones se haya constituido por la sola vigencia de la referida ley, pues para el efecto había la necesidad de todo un proceso orientado a poner en funcionamiento dicho organismo, cuyo titular, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, recién fue designado por Resolución Nº 024-95-CNM, publicada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco.
Los funcionarios y autoridades públicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales deben asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales electorales, tales como la responsabilidad política, la temporalidad del poder, la publicidad y la transparencia; a fin de garantizar su neutralidad e imparcialidad; sobre todo, de aquellos funcionarios que, por ley, tengan la facultad de disponer de fondos públicos. Todo ello, considerando que un proceso electoral precisa, para su adecuado desarrollo, de condiciones de igualdad institucional entre los competidores, es decir, sin ventajas o privilegios para nadie.
No está demás señalar que la disputada atribución de verificación de los requisitos formales para la inscripción de candidatos y opciones en procesos electorales, de referéndum y demás que tenga a su cargo, como la verificación de firmas guarda mayor coherencia o razonabilidad con las funciones que cumple la Oficina Nacional de Procesos Electorales y no así con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil bastando una lectura de los artículos 182 y 183 de la Constitución para corroborarlo.
La democracia representativa es la que, en definitiva, permite la conjugación armónica del principio político de soberanía popular con un cauce racional de deliberación que permita atender las distintas necesidades de la población. Empero, dicha deliberación racional y, en suma, la gobernabilidad del Estado, pueden situarse en serio riesgo si a la representación no se le confiere las garantías para que pueda “formar voluntad”. La representación indebidamente comprendida y articulada, es la matriz potencial de un desequilibrio que, si no es adecuadamente conjurado, puede impedir que el Estado atienda su deber primordial de “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación” (artículo 44 de la Constitución), y con ello, desencadenar el colapso del sistema representativo en su conjunto, y con él, el del propio Estado social y democrático de derecho (…).
Sin duda, la democracia representativa es una democracia pluralista, pues la representación encuentra en la soberanía popular a su fuente de poder y debe ser seno de contrapesos y controles mutuos entre las distintas fuerzas políticas. Pero no puede ser una democracia fragmentaria en la que no exista posibilidad de generar consensos entre las mayorías y minorías parlamentarias. En otras palabras, no cabe que so pretexto de identificar matemáticamente a la democracia representativa con la representación “de todos”, se termine olvidando que, en realidad, de lo que se trata es que sea una representación “para todos”.
En el caso del principio mayoritario para alcanzar la representatividad, la adjudicación de los escaños es dependiente de que un candidato o partido haya alcanzado la mayoría absoluta o relativa de los votos. De conformidad con esta fórmula solo se determina al vencedor o vencedores, a partir de un simple conteo de votos regido por la regla de la mayoría.
La Constitución peruana protege la comunicación sin trabas de la información y de pensamiento. Al prohibirse las proyecciones de boca de urna lo que resulta prohibido es el derecho a pensar, ya que lo que la norma prohíbe es realizar la “proyección” de los resultados, negando el derecho a interpretarlos, es decir, a traducir los resultados numéricos en proyecciones mediante una simple operación mental matemática, lo que contraría el inciso 4) del artículo 2 de la Constitución que protege el derecho a la libertad de pensamiento y a la de la información sin trabas de ninguna clase. Dicha protección incluye el derecho a la preparación, elaboración, selección y difusión de la noticia. La libertad de expresión y de información representa un valor básico político, pues es herramienta de control de los gobernantes y previene y detiene las arbitrariedades del poder. Más aún, su constitucionalización corresponde principalmente a tal finalidad. También corresponde a esa finalidad, el sitial privilegiado que ocupa entre los derechos fundamentales, y es por eso que toda limitación impuesta por el gobernante a su ejercicio, debe interpretarse restrictivamente.
La dosis de peligro al orden público que entraña la difusión de las proyecciones, en verdad, no justifica la restricción a derechos tan importantes como la libertad de expresión e información. El eventual peligro de que la población se confunda y promueva el desorden, puede, por lo demás, prevenirse: bastaría exigir que las encuestadoras adviertan previamente al público que la información que divulgan no es exacta, y que puede ser distinta de los resultados oficiales (...).
No se comprende (...) por qué el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley Nº 26859 permite el muestreo de las actas electorales y su divulgación numérica sin proyecciones, cuando estas no agregan nada a los datos proporcionados por el muestreo de actas, como no sea la simple aplicación, a las mismas, de elementales reglas matemáticas al alcance de cualquiera. No se comprende, tampoco, por qué la norma impugnada permite divulgar los resultados de las actas electorales y sus proyecciones a las 22:00 horas, aún en el caso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales no haya efectuado el primer conteo rápido. Los medios de difusión pueden, a esa hora, informar a los ciudadanos de quién o quiénes son los ganadores de las elecciones, y también sería posible la temida presión de los grupos políticos y de los medios de prensa sobre la ONPE.
La representatividad puede lograrse a través de dos principios de distintos alcances y finalidades: el principio mayoritario y el principio proporcional.
En el caso del principio mayoritario, la adjudicación de los escaños es dependiente de que un candidato o partido haya alcanzado la mayoría absoluta o relativa de los votos. De conformidad con esta fórmula sólo se determina al vencedor o vencedores, a partir de un simple conteo de votos regido por la regla de la mayoría.
En el caso de la fórmula proporcional, la adjudicación de escaños resulta del porcentaje de votos que obtienen los distintos partidos, procurando, proporcionalmente, la representación de diversas fuerzas sociales y grupos políticos en el Parlamento.
El artículo 187 de la Constitución exige que las elecciones pluripersonales –como lo es la elección al Congreso– se rijan por la fórmula proporcional y no por la de la mayoría, derivando a la ley la configuración concreta del sistema proporcional que se adopte.
La regulación concreta del sistema proporcional puede variar dependiendo de distintos factores, como por ejemplo, la fórmula de cálculo utilizada. Así, el método D´Hondt y el de la cifra repartidora (que se fundamenta en el método de D´Hondt), buscan fortalecer a los partidos o agrupaciones que hayan obtenido mayor votación. El método Saint Lague, favorece a los partidos de menor representatividad. Y el método Hare o de cociente electoral, favorece a los partidos situados entre ambos extremos. Todos, sin embargo, respetan el principio de representación proporcional, por lo que resultan plenamente constitucionales.
La “barrera electoral” en modo alguno puede considerarse, en sí misma, contraria al sistema de representación proporcional, sino simplemente una variante más de dicho sistema.
a) Evitar el acceso al Congreso dela República de agrupaciones políticas cuya mínima o nula representatividad impida el cumplimiento de la finalidad que la Constitución les encomienda en su artículo 35; es decir, “concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular”, institucionalizando la representación de intereses que en los hechos aparecen atomizados a nivel social. En efecto (...) el rol de los partidos políticos se dirige a generar un margen de representatividad objetiva y no un mero interés de grupo, incapaz, por su nimia significancia, de ser considerado como parte de la voluntad general, sino, simplemente, como una suerte de portavoz de intereses particulares o personales.
El sistema de partidos es parte de la vis externa del “funcionamiento democrático”, que les exige el artículo 35 de la Constitución, frente a la vis interna de ese mismo funcionamiento, constituida por su estructura y acción organizacional interna.