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Timestamp: 2017-10-20 17:52:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 9', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 25']

ENSAYOS Y MAS ENSAYOS Y OTROS: lus puniendi
Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión "ius" equivale a decir "derecho", mientras que la expresión "puniendi" equivale a "castigar" y por tanto se puede traducir literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos.
[editar] Introducción: Derecho Penal objetivo y Derecho Penal subjetivo
[editar] Fundamento del ius puniendi estatal
Históricamente el Estado ha monopolizado el poder de castigar. Sólo el "ius puniendi" estatal puede operar como poderosa instancia pública capaz de resolver el conflicto criminal de forma pacífica e institucional, racional y previsible, formalizada, eficaz e igualitaria con escrupuloso respeto de las garantías individuales. Sólo el ius puniendi estatal se halla en condiciones de asegurar la justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, monopolizando la violencia privada y la autodefensa.
[editar] Naturaleza del ius puniendi
Binding parte de la distinción norma- ley. La misión principal de toda norma es la de establecer la "obediencia", existiendo un derecho a exigir su cumplimiento, por lo tanto, la conducta contraria a la norma es un delito que merece un castigo. Con la ley penal surge un nuevo derecho subjetivo a la "pena", por lo que la lesión del derecho de obediencia es la fuente del derecho penal subjetivo.
[editar] Titular del ius puniendi
El problema surge en relación con los "delitos privados", cuya persecución requiere la previa interposición de una querella; o en los "delitos semipúblicos" que precisan de una denuncia.
[editar] Límites del ius puniendi: límites "formales" y límite "materiales"
Los límites al ius puniendi preocupan porque el Estado social de nuestro tiempo tiene declarada una vocación intervencionista, y sobre todo porque la intervención penal es siempre una intervención "traumática, dolorosa y restrictiva" con grandes costes sociales y por eso durante mucho tiempo preocupó legitimar la intervención penal y además someterla a límites efectivos.
Pero si tenemos en cuenta que el único titular del ius puniendi es el Estado, hay que someterlo al Ordenamiento Jurídico, ("nullum crimen, sine lege"), y a los Jueces y Tribunales que aplican las leyes y las penas ("nulla poena, sine legale iuditio"). Pero no sólo a estos, incluso a límites tanto formales como materiales o límites político-criminales.
[editar] Límite Formales
El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos. De esta forma, el contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide por tanto con el denominado "principio de legalidad de los delitos y las penas" que se expresa mediante el aforismo "nullum crimen, nulla poena, sine lege".
-Escrita: el Derecho penal es exclusivamente positivo, es decir excluye tanto la costumbre como los principios generales para establecer las penas y delitos, pretendiendo reservar esa potestad al poder legislativo, entendiéndose por tal a las Cortes Generales (excluyendo a los poderes legislativos de las Comunidades Autónomas). Esta "reserva de ley" en materia penal se deduce, además de otros preceptos, del artículo 53.1 de la Constitución: "Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.". pero además, la Constitución impone que las leyes que desarrollen derechos fundamentales revistan la forma de Ley Orgánica (Art. 81 CE). La Doctrina además entiende que todas las leyes penales, por el hecho de serlo, deben revestir la forma de ley orgánica. Esta conclusión la ha establecido el Tribunal Constitucional en sus sentencias 140/1986, de 11 de noviembre, y 160/1986, de 10 de diciembre.
-Estricta: (el Tribunal Constitucional la denomina "garantía formal", pero más bien se relaciona con el contenido material del principio de legalidad). Para que la Ley cumpla con la función de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y concreta. La vaguedad de las definiciones penales disminuye la seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución. La exigencia de clara determinación de las conductas punibles se expresa en el denominado principio de taxatividad o mandato de certeza. El Tribunal Constitucional en relación a este principio ha establecido que la necesaria taxatividad de las definiciones penales es exigencia de los principios de legalidad y seguridad jurídica (STC 62/1982, de 15 de octubre). Existen distintos grados de taxatividad: por un lado, el legislador puede acudir en ocasiones a conceptos que necesiten de la concreción jurisdiccional pero cuyo significado genérico se desprende de la propia ley. Pero por otro lado están los llamados tipos abiertos que establece el legislador en los que las fronteras de la conducta punible son difusas con el consiguiente perjuicio de la seguridad jurídica.
En el Ordenamiento Jurídico español el sometimiento a la ley se contemplan en los artículos 9.1, 9.3, y 117.1 de la Constitución. Sin embargo, el artículo 25.1 de la Constitución es más estricto en esta materia: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento." Hay que tener en cuenta que los artículos 9.3 y 25.1 recogen sólo la exigencia de que exista una ley que permita la condena o la sanción y la de que dicha ley sea previa a la comisión de los hechos (garantía criminal). Por tanto, las restantes garantías se asientan en otros preceptos constitucionales o de rango inferior. A este artículo 25 se le han hecho una serie de críticas enfocadas a que dicho artículo recoge el principio de legalidad en cuanto a la definición de los delitos, pero omite la referencia al establecimiento de las penas. El artículo 25.1 tiene una gran relevancia puesto que se encuentra recogido en el Capítulo II del Título I de la Constitución entre los derechos y libertades públicas que en relación al artículo 53.2 de la Constitución son susceptibles de protección por recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este tribunal incluso ha ampliado las garantías contenidas en el principio de legalidad las medidas de seguridad, aunque no vengan expresamente mencionadas en el artículo 25.1 de la Constitución.
[editar] Límites Materiales
Al Derecho penal, le corresponde la protección de los bienes jurídicos, pero no será necesaria su intervención en la sociedad cuando dicha protección se pueda conseguir por otros medios menos lesivos para los derechos individuales. Se trata de una exigencia del "principio de máxima utilidad posible" para las víctimas que debe combinarse con el "mínimo sufrimiento necesario" para los delincuentes. Aquí es donde entra en juego el principio de subsidiariedad que establece que, el Derecho Penal ha de ser la última ratio, e integrarse dentro del principio de intervención mínima. Para protegerse los intereses sociales del Estado se han de agotar los medios menos lesivos antes de acudir al Derecho Penal.
Un segundo principio que limita la intervención penal es el "carácter fragmentario del Derecho Penal", que significa que el Derecho Penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de bienes jurídicos a los que protege, solamente ante los ataques más graves.
El Profesor Mir Puig establece que el Derecho penal ha debe proteger los denominados "bienes jurídicos", evitar lesiones a los estos bienes jurídicos más importantes como por ejemplo la vida, la propiedad, el orden público, etc. La expresión bien jurídico se utiliza en el contexto político-criminal de reclamar la protección jurídico- penal, en contraposición al sentido dogmático, que alude a los objetos que de hecho protege el Derecho penal vigente. El principio de lesividad o de dañosidad lo vincula, por tanto, al de exclusiva protección de bienes jurídicos y que además, ha de ser el punto de partida de la antijuridicidad penal.
Un Estado social y democrático sólo deberá amparar como bienes jurídicos aquellas condiciones que afecten a las posibilidades de participación de individuos en el sistema social, y además para ser protegidos tienen que tener una importancia fundamental. Este postulado puede verse como una exigencia del Estado democrático. Además, también se pueden fundamentar en que sean los propios ciudadanos quienes "decidan" qué objetos reúne las condiciones requeridas para constituir bienes jurídicos-penales.
En definitiva, el principio de culpabilidad establece la exigencia de responsabilidad en el sujeto para que este pueda ser sancionado con una pena. Así, en el título preliminar del Código penal se recoge entre las garantías penales del principio de culpabilidad "no hay pena sin dolo o imprudencia" (art.5). En la doctrina existen grandes disputas acerca del concepto de culpabilidad y de su contenido, pero la garantía referida a que únicamente se podrá imponer pena si existe dolo o culpa es indiscutible.[1]