Source: http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/channel?channel=%2FOtros+Documentos%2FOtras+Entidades%2FDocs.+Corte+Constitucional%2F2008&details=true&listType=documentos&forceFolders=true
Timestamp: 2019-12-10 12:56:56
Document Index: 226550707

Matched Legal Cases: ['artículo 355', 'artículo 368', 'artículo 116', 'artículo 85', 'artículo 11', 'artículo 120', 'artículo 54', 'artículo 99']

Sentencia SU101008
Problema Jurídico: La Corte Constitucional establece de manera unificada que las empresas de servicios públicos domiciliarios no están facultadas para imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios. Ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que imparta las instrucciones necesarias para que, en lo sucesivo, las empresas de servicios públicos domiciliarios se abstengan de imponer sanciones y de cobrar aquellas que se hayan impuesto con anterioridad a esta providencia y no se hayan pagado, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el cobro de dichas obligaciones, prejudicial, judicial o cobro coactivo
Sentencia CC T-973-08
Problema Jurídico: ¿Se ha vulnerado el derecho al debido proceso de la empresa actora, al proferirse la decisión empresarial por medio de la cual se le hizo el cobro de una energía consumida y dejada de facturar? Personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales. Procedencia de la acción de tutela contra un particular encargado de la prestación de un servicio público domiciliario. Improcedencia de la acción de tutela como regla general, respecto de la expedición de actos administrativos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Carácter subsidiario de la acción de tutela.
Sentencia CC T-723-08
Problema Jurídico: A través de apoderado judicial, la actora instaura acción de tutel, para que sean protegidos sus derechos fundamentales a la dignidad humana, buena fe, igualdad, debido proceso, mínimo vital, al respeto de los derechos adquiridos, así como al principio de favorabilidad y la primacía de la realidad sobre las formas, los que considera vulnerados por la Secretaría de Educación del Municipio de Bello y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con la decisión de revocar el acto administrativo mediante el cual se le reconoció la pensión de sustitución por el fallecimiento de su esposo
Problema Jurídico: Los ciudadanos Luis Hernando Ospina y Marleny Rodríguez Hortúa, actuando en nombre propio, y en representación de sus hijos menores de edad, interpusieron acción de tutela en contra de la Empresa de Servicios Públicos Codensa S.A., con el fin de obtener protección constitucional al derecho a un ambiente sano, en conexidad con los derechos a la salud, la integridad física, y la vida, que consideran amenazados por la entidad accionada
Sentencia CC C-739-98
¿Autorizar a las entidades públicas para aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, implica el otorgamiento de subsidios a la demanda, es decir a todos los usuarios de estos servicios y por tanto desconoce los principios de solidaridad, igualdad y lo preceptuado en los artículos 376 y 368 de la Constitución, en cuanto los subsidios deben ser otorgados sólo para las personas de menores ingresos? ¿Constituyen tales aportes una suerte de auxilios o donaciones prohibidas por el artículo 355 de la Carta? La ponderación entre los principios de solidaridad y de igualdad, exige interpretar el artículo 368 de la Carta en el sentido según el cual la autorización de conceder subsidios solamente a los estratos bajos de la población no cobija aquellos supuestos de hecho en que por diversas razones económicas o de mercado sea menester que el Estado intervenga la economía asumiendo la construcción de obras de infraestructura o adquiriendo derechos necesarios para logar la prestación eficiente y universal a todos los habitantes del territorio nacional. Si bien las empresas de servicios públicos domiciliarios reciben los bienes a título gratuito, en ningún caso pueden trasladar el valor de uso de los mismos a la tarifa que cobran a los usuarios, por lo cual en realidad no perciben ningún lucro en la operación. Ley 1151 de 2007; "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010"; Art. 143 inciso 1o. (Modifica el Num. 87.9 de la Ley 142 de 1994) : Exequible. SV - Vicio por unidad de materia y por trámite.
Sentencia CC C-713/08
Revisión previa del proyecto de ley estatutaria No. 023/06 Senado y No. 286/07 Cámara ?Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia
Problema Jurídico: Autorización genérica para que el legislador implemente los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La plataforma constitucional de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es el artículo 116 de la Carta, que para el caso de la intervención de particulares se complementa con otras normas como los artículos 1 y 2 del mismo estatuto superior. El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas hace parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El conciliador cumple una labor de mediación activa, para lo cual puede proponer fórmulas de arreglo que las partes pueden o no aceptar, y avalar o no el acuerdo al que llegan, cuando así ocurre, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia tiene capacidad de adjudicación directa o decisión sobre las cuestiones en disputa. La conciliación como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no contraría la Constitución siempre y cuando en su configuración concreta se garantice el derecho de acceso a la administración de justicia. Es conforme a la Carta Política que se mantenga el instituto de la conciliación como requisito de procedibilidad para las acciones consagradas en los artículos 86 y 87 del CCA. Así mismo, es constitucionalmente válido que se haga extensiva su exigencia a la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA. No se puede reducir a simples eventualidades el control judicial de conciliaciones en materia contencioso administrativa, permitiendo una suerte de escogencia casual y sin ningún tipo de parámetros objetivos defendidos por el legislador. No se puede asignar a los magistrados auxiliares la facultad de dirigir las diligencias de conciliación. La facultad de revisión eventual de las acciones populares y de grupo, prevista en el inciso 1º del artículo 11 del proyecto, sólo puede hacerse como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y no como Corte de Casación
Sentencia CC C-1190-08
¿Los Decretos 990 y 991 de 2002 son violatorios de los artículos 150 num. 10 y el 189 un. 14 de la Constitución Política, por falta de competencia del Presidente de la República para dictarlos? Para la Sala es claro que si bien el Decreto 990 se refiere a la Ley 489 de 1998, no se encuentra haciendo una remisión al artículo 120 de dicha ley (declarado inexequible), sino al artículo 54 de la Ley 489 de 1998; este artículo sí contiene los principios y reglas que habilitan al Presidente de la República para modificar la estructura de los ministerios y demás entidades administrativas que hacen parte del Gobierno nacional. Corresponde al Consejo de Estado el análisis de la demanda. Decreto 990 de 2002, "por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 991 de 2002, "por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones" Fallo inhibitorio por falta de jurisdicción
Problema Jurídico: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos William Mendieta Montealegre y Eduardo Franco Solarte presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 99 de la Ley 812 de 2003.