Source: https://avaate.org/jurisprudencia/jurisprudencia-contencioso-administrativa/article/sentencia-18-de-junio-de-2001-tribunal-supremo
Timestamp: 2020-07-15 05:39:12
Document Index: 336650575

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 95', 'artículo 149', 'artículo 221', 'artículo 45', 'artículo 25', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 95', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 62', 'artículo 102']

Martes 22 de noviembre de 2005 · 3541 lecturas
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Junio de dos mil uno. Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, constituida por los seńores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 8603/1994, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de Telefónica de Espańa, S.A, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluńa, de fecha 26 de septiembre de 1994, dictada en recurso número 991/91
PRIMERO. - La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluńa dictó sentencia el 26 septiembre de 1994, cuyo fallo dice:
�FALLAMOS. Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido a nombre de Telefónica de Espańa S.A. contra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona de 28 de septiembre 1990, sobre aprobación de la Ordenanza de instalación de antenas y contra la repulsa presunta de la alzada formulada contra el mismo; cuyo acto declaramos conforme a Derecho y rechazamos el resto de las peticiones de la demanda. Sin costas.�
El recurso solicita la anulación de la Ordenanza impugnada, y, subsidiariamente, la anulación de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y disposiciones transitorias 1� y 2�.
La respuesta afirmativa se impone por cuanto la Ordenanza se limita básicamente a la regulación de la ubicación de las antenas y sus elementos auxiliares de conexión con el exterior desde la óptica del respeto al paisaje urbano y a las competencias atribuidas a las Corporaciones locales en materia de medio ambiente y urbanismo: artículos 45 de la Constitución, 25.2.4 f) de la la Ley de de Bases del Régimen Local y 63.2.1.4 f y 68 de la Ley Municipal de Cataluńa,178 de la Ley del Suelo y 11.1. e) y 11/ym/ de las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación, que declaran sujetos a licencia municipal la modificación del aspecto exterior de las edificaciones y las obras relativas a instalaciones técnicas y redes de servicio, reforzadas por la Ley 49/1966, de 23 de julio, al disponer la obligatoriedad de la instalación de antenas colectivas en inmuebles habitados en fecha anterior a su entrada en vigor cuando por la autoridad municipal se considere antiestética la colocación de antenas individuales en el inmueble.
Solicita también la nulidad de las disposiciones transitorias 1� y 2� al establecer obligaciones retroactivas y ser contrarias, a su juicio, al artículo 9 de la Constitución. Esta tesis no puede acogerse, ya que no se incluyen las disposiciones distintas de las sancionadoras o restrictivas de derechos, con inclusión de los Reglamentos (sentencias del Tribunal Supremo de la Sala 4� de 13 de abril de 1981, 26 de enero de 1982 y 29 de febrero de 1982) que tengan por objeto el establecimiento de un régimen general y uniforme que sólo con la concesión de efectos retroactivos puede conseguirse (sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1991); máxime si, como acontece, esas disposiciones hacen una moderada regulación de esa materia que posibilita un razonable equilibrio entre el respeto a las situaciones preexistentes y el carácter reformista e innovador de la nueva normativa.
SEGUNDO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Telefónica de Espańa, S. A. se formulan, en síntesis, los siguientes motivos de casación:
Motivo primero. Al amparo del artículo 95.1.4� de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por infracción del artículo 149.21 de la Constitución, artículos 1.1, 2.1 y 29 de la Ley 31/1987, y Reales Decretos 1066/1989 y 844/1989.
El artículo 221 del a Ley 8/1987, de 15 de abril, Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluńa, impide que las Ordenanzas y bandos sean contrarias a la Ley y otras disposiciones generales.
La sentencia de instancia no rebate los argumentos esgrimidos por la parte actora. Ni el artículo 45 de la Constitución, ni el artículo 25.2.4 f) de la Ley de Bases ni los artículos 63 y 68 de la Ley Municipal de Cataluńa ofrecen suficiente título habilitante a los Ayuntamientos.
Cita, respecto a la telefonía móvil, el Real Decreto 1486/1994, de 1� de julio (artículos 2, 4, 6, 7, 13, 14, 15, etcétera, que ponen de relieve su naturaleza estatal).
Cita la Orden de 26 de septiembre 1994, la cual seńala, en las bases 35 y siguientes, las características técnicas del servicio, entre otras circunstancias.
Se ha incurrido en el motivo de casación establecido en el artículo 95.1.4� de la Ley Jurisdiccional.
Termina solicitando que se declare haber lugar al recurso, se anule y revoque la sentencia impugnada y se anule y se deje sin efecto la Ordenanza de Instalación de Antenas del Ayuntamiento de Barcelona de 28 de septiembre de 1990 y, subsidiariamente, se dejen sin efecto los siguientes preceptos de la misma: artículo 1, en cuanto se refiere a las antenas de telecomunicaciones, artículo 6, artículo 7, artículo 8, artículo 9 apartado 2.2, artículo 10 y disposiciones transitorias 1� y 2�.
TERCERO. - No se ha personado la partes recurrida.
CUARTO. - Para la deliberación y fallo del presente recurso se fijó el día 13 de junio de 2001, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, quien expresa el parecer de la Sala
PRIMERO. - El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por Telefónica de Espańa, S. A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluńa el 26 septiembre de 1994, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo promovido a nombre de Telefónica de Espańa S.A. contra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona 28 de septiembre 1990, sobre aprobación de la Ordenanza de instalación de antenas, mediante el que se solicita la anulación de la citada Ordenanza y, subsidiariamente, de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y disposiciones transitorias 1� y 2�.
TERCERO. - La existencia de un reconocimiento de la competencia en una materia como exclusiva de la Administración del Estado no comporta, por sí misma, la imposibilidad de que en la materia puedan existir competencias cuya titularidad corresponda a los entes locales.
La autonomía municipal es, en efecto, una garantía institucional reconocida por la Constitución para la �gestión de sus intereses� (artículos 137 y 140 de la Constitución) y hoy asumida en sus compromisos internacionales por el Reino de Espańa (artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988).
QUINTO. - Este principio es plenamente aplicable a las instalaciones por parte de los operadores (sujetos a la sazón al régimen de concesión) que puedan afectar en cualquier modo a los intereses que la Corporación municipal está obligada a salvaguardar en el orden urbanístico, incluyendo la estética y seguridad de las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, derivadas de los riesgos de deterioro del medio ambiente urbano que las mismas puedan originar. Las expresadas instalaciones por parte de las empresas de servicios aconsejan una regulación municipal para evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que puede producirse, por lo que no es posible negar a los Ayuntamientos competencia para establecer la regulación pertinente. La necesidad de dicha regulación es más evidente, incluso, si se considera el efecto multiplicador que en la incidencia ciudadana puede tener la liberalización en la provisión de redes prevista en la normativa comunitaria (Directiva 96/19/CE, de la Comisión de 13 de marzo, y Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones) y en la nueva regulación estatal. Esta normativa reconoce la existencia de una relación directa entre las limitaciones medioambientales y de ordenación urbana, a las que, sin duda, puede y debe atender la regulación municipal, y las expresadas instalaciones.
SEXTO. - El artículo 17 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones establecía una importante conexión entre el derecho del operador a establecer la red e infraestructura necesarias para la prestación de los servicios, en el ámbito de las condiciones que establece el artículo 28 de la misma, y los instrumentos de planeamiento urbanístico. En su apartado segundo establecía que �En tal sentido, los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio deberán tener en cuenta la instalación de servicios de telecomunicación, a cuyo efecto el Órgano encargado de su redacción recabará de la Administración la oportuna información�. El artículo 18 reconocía el carácter vinculante de estos instrumentos en relación con la obligación de la canalización subterránea y establecía la proporción en que los operadores deben sufragar los costes de construcción de la infraestructura en proporción a su interés urbanístico. De este criterio se ha hecho eco la Jurisprudencia de esta Sala (sentencias del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1982, 7 de mayo de 1985, 13 de noviembre de 1986, 15 de octubre de 1988, 23 de noviembre de 1993, 22 de abril, 24 de octubre, 27 de noviembre y 17 de diciembre de 1996 y 11 de febrero de 1999, entre otras). Estos mismos principios aparecen hoy desarrollados en los artículos 44 y 45 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
SÉPTIMO. - De lo expuesto resultan las siguientes consecuencias:
a) La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, con arreglo a la legislación aplicable, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y medioambientales.
Por consiguiente, los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o de �calas y canalizaciones� o instalaciones en edificios [art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 5 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales], tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos [artículo 25.2 a)], ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas [artículo 25.2 b)], protección civil, prevención y extinción de incendios [artículo 25.2 c)], ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística [artículo 25.2 d)], protección del medio ambiente [artículo 25.2 f)], patrimonio histórico-artístico [artículo 25.2 e)] y protección de la salubridad pública [artículo 25.2 f)].
b) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas.
OCTAVO. - Estas premisas nos permiten concluir sobre la improcedencia de estimar el primer motivo del recurso, pues:
a) La Sala de instancia mantiene la competencia municipal en materia de urbanismo y medio ambiente como habilitante para una regulación municipal, en materia de antenas de telecomunicaciones.
NOVENO. - En el motivo segundo, al amparo del artículo 95.1.4� de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicable, se alega, en síntesis, que, en el caso de que los argumentos anteriores, en contra de la Ordenanza en general, no sean acogidos, existen argumentos que hacen, a juicio de la parte recurrente, anulables determinados preceptos de la Ordenanza, y concretamente los artículos 1, 6, 7, 8 y 9.2.2.
DÉCIMO. - El motivo debe ser desestimado, por las siguientes razones:
c) El hecho de que el otorgamiento de las licencias de la instalación de las antenas exteriores a que se refiere el artículo 7 de la Ordenanza esté vinculada a la previa aprobación del Plan técnico constituye una medida razonablemente proporcionada para asegurar su eficacia.
d) El artículo 8 no puede considerarse ilegal, en la medida en que especifica el contenido del plan técnico, por las razones ya expuestas.
e) El artículo 9.2.2 de la Ordenanza no puede considerarse ilegal, por razones también expuestas. La exigencia de un previo plan técnico ya ha sido examinada y el requisito de aportar una justificación de la estabilidad de la antena y de las medidas adoptadas para protección frente a las descargas eléctricas e interferencias aparece como proporcionado para la consecución de los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos y medio ambiente.
UNDÉCIMO. - En el motivo tercero, al amparo del artículo 95.1.4� de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se alega, en síntesis, que la Ordenanza configura un régimen discrecional, lo que conlleva inseguridad jurídica.
DUODÉCIMO. - No se cita el precepto infringido, lo cual es por sí motivo suficiente para la desestimación, dado el carácter formal a que está sujeto el recurso de casación y la necesaria limitación de las potestades del Tribunal de Casación.
Aun cuando no concurriera esta causa de inadmisibilidad, no podría apreciarse que la Sala de instancia haya cometido la infracción que se denuncia. Los requisitos establecidos para la solicitud de las licencias y el establecimiento de criterios normativos para su autorización, que se realiza profusamente en la Ordenanza, implica la utilización de criterios técnicos y jurídicos. Éstos, aun teniendo carácter indeterminado, son susceptibles de concreción por la Administración y de cntrol jurisdiccional.
DECIMOTERCERO. - El motivo cuarto, al amparo del artículo 95.1.4� (aunque por error se cita el número 3� en el encabezamiento del motivo) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por infracción de los artículos 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, 178 de la Ley del Suelo de 1976 y 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, se alega, en síntesis, que la Ordenanza no tiene naturaleza urbanística y no puede ser establecida por el Ayuntamiento.
DECIMOCUARTO. - En el motivo quinto, al amparo del artículo 95.1.4� de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se alega, en síntesis, que en las disposiciones transitorias contempladas en la Ordenanza se imponen obligaciones claramente retroactivas.
Nada ańade el recurrente, en este punto, a la argumentación del Tribunal de instancia. La disposición impugnada no es una disposición sancionadora o restrictiva de derechos, en el sentido estricto en que acoge este concepto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Persigue, en efecto, la implantación de una nueva regulación que por su carácter uniforme requiere el establecimiento de un régimen general.
DECIMOQUINTO. - No obstante, aun cuando se hubiera invocado el principio de irretroactividad de los reglamentos ilegales (recogido hoy en el artículo 62.2 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común), el motivo no podría ser estimado.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que arranca de la sentencia 6/1983, de 4 de febrero, y se recoge en la jurisprudencia de esta Sala (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1994, 22 de junio de 1994, 5 de febrero de 1996 y 15 de abril de 1997), ha de distinguirse entre una retroactividad de grado máximo cuando se aplica la nueva norma a la relación o situación básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos sus efectos consumados o no, una retroactividad de grado medio cuando la nueva norma se aplica a los efectos nacidos con anterioridad pero aún no consumados o agotados y una retroactividad de grado mínimo cuando la la nueva norma sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica haya surgido conforme a la anterior.
DECIMOSEXTO. - El examen de las disposiciones transitorias de la Ordenanza revela que se cncede el plazo genérico de un ańo para la obtención de licencia para las antenas ya instaladas y para la modificación de las condiciones de las ya instaladas con sujeción a los nuevos requisitos. Esto supone, a lo sumo, una retroactividad de grado mínimo (aplicación de la nueva norma a efectos derivados de una situación anterior pero surgidos con posterioridad a su entrada en vigor), puesto que debe interpretarse que en ningún momento se contempla la supresión de las antenas que no sean susceptibles de adaptación a las nuevas condiciones exigidas por la Ordenanza, sino sólo su traslado o adaptación.
DECIMOSÉPTIMO. - En el motivo sexto no se expresa el precepto en que se ampara ni el que resulta infringido. Resulta así imposible a esta Sala, ni siquiera tratando de subsanar la omisión en aras del principio de tutela judicial efectiva, examinar la infracción el ordenamiento jurídico en que se funda dicho motivo.
DECIMOCTAVO. - En virtud de lo hasta aquí razonado procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto y condenar en costas a la parte recurrente. Así lo impone el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, hoy derogada. Esta Ley es aplicable al caso en virtud de lo ordenado por la disposición transitoria novena de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Telefónica de Espańa, S. A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluńa el 26 septiembre de 1994, cuyo fallo dice:
PUBLICACION: Leida y publicada fue la anterior sentencia dictada por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, en audiencia pública celebrada en el mismo día de la fecha. Certifico. Rubricado.<