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Timestamp: 2019-09-23 09:54:59
Document Index: 162781702

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 513', 'artículo 29', 'artículo 35', 'artículo 520', 'artículo 513', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA 16707 DE JUNIO 25 DE 2002
SENTENCIA 16707 DE 25 DE JUNIO DE 2002
CONTENIDO:EXTRADICIÓN. LA COMPETENCIA DE LA CORTE SE LIMITA A LA REVISIÓN FORMAL DE LOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS EN EL ARTÍCULO 513 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXTRADICIÓN, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN, TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN, REQUISITOS DE LA EXTRADICIÓN, PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRADICIÓN
Sentencia 16707 de junio 25 de 2002
Aprobado acta 066
Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil dos
Resuelve la Corte el recurso se reposición interpuesto por el defensor de la señora Martha Nubia Restrepo Isaza, contra la providencia del 14 de mayo del presente año, mediante el cual se negó la nulidad solicitada y la devolución del expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, en el trámite de extradición adelantarlo a instancia del Gobierno de los Estados Unidos.
1. Con providencia del 14 de mayo pasado, la Sala negó las peticiones elevadas por el defensor de la requerida en extradición relacionadas con la nulidad de la actuación y la devolución del expediente al Ministerio de Justicia y del derecho para su perfeccionamiento.
2. Inconforme con esa determinación, el defensor de la ciudadana solicitada en extradición Martha Nubia Restrepo Isaza, oportunamente interpuso el recurso de reposición, apoyado su disenso en los siguientes argumentos:
2.1. Insiste el recurrente en que en cualquier estado social de derecho el debido proceso prima sobre cualquier consideración jurídica de tal forma que el trámite de extradición, es una actuación procesal y como tal no se puede sustraer de los postulados constitucionalmente consagrados, por tanto, para la defensa no resulta admisible que existan temas de fondo que incumban privativamente al gobierno y sobre los cuales la Corte no pueda fundar su concepto, pues por tratarse de extradición y del carácter de obligatorio de su concepto favorable, cualquier tema que jurídicamente pueda afectar tal viabilidad debe ser del resorte de la corporación.
Por lo anterior, considera, que a dicho trámite son aplicables sin excepción alguna los preceptos que orientan la actividad del Estado en sus relaciones con los particulares, es decir, que deben respetarse los principios fundamentales del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional y 1º del Código de Procedimiento Penal, así como el de razonabilidad propio de las actuaciones de la autoridad en torio Estado social y democrático de derecho.
Recuerda que en el escrito anterior, señaló que las autoridades de los Estados Unidos no tienen legitimidad para solicitar en extradición a la señora Martha Nubia Restrepo Isaza al no cumplirse el requisito “que el delito se halla cometido en el exterior y, en el caso en comento tal como aparece en el indictment, en la nota verbal mi defendida supuestamente cometió los hechos aquí en Colombia, es claro, por lo tanto, que la corporación debe hacer respetar los derechos fundamentales consagrados en su favor y decretar la nulidad de lo actuado”.
Con apoyo en la Sentencia de tutela T-006 de 1995 sostiene que la negativa absoluta de la Sala a considerar siquiera las pruebas que existen en contra de la requerida constituye una clara violación al derecho de defensa y, en consecuencia, torna nulo todo el trámite.
Luego de realizar un razonamiento personal de lo que constituye el trámite de extradición que cumple la Corte, reclama que no puede conceptuarse sobre la extradición al dejar de lado consideraciones que afectan el debido proceso, pues lo que hay que ver es la capacidad o competencia formal del Estado para elevar la solicitud, la existencia y calificación de los hechos en ambos estados, la equivalencia formal y material entre el indictament y la resolución acusatoria, etc.
Advierte que su pretensión no es la de irrespetar la soberanía del Estado requirente, sino la de verificar su competencia para investigar y juzgar los delitos que sean cometidos en el territorio nacional. Sostiene también, que no comparte el Criterio de la Corte en el sentido de que no le corresponde realizar debates en torno o no a la validez de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras, aserto que soporta en extractos de la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-574 de 1992.
Aduce que el reclamo mínimo del debido proceso en el trámite de extradición, no significa una injerencia indebida de la autoridad colombiana en la soberanía del Estado requirente, por lo tanto, debe la Corte hacer valer el debido proceso de los nacionales que se encuentran en el territorio patrio. Sostiene, así mismo, que el principio de no injerencia que invoca la Sala para negarse a examinar si el Estado requirente es o no juez natural para reclamar en extradición a su representada tiene un contenido y alcance distinto al que pretende dársele, puesto que a su juicio, la no intervención se refiere a la prohibición de que un Estado intervenga en la libre autodeterminación de otro Estado soberano, pero en modo alguno, puede extenderse al extremo de afirmar que en caso de una solicitud de extradición, el Estado no pueda ni siquiera verificar si existe algún fundamento fáctico, jurídico o político para que tal solicitud sea válida, porque en este caso se estaría renunciando abiertamente al ejercicio de la soberanía en contra del nacional requerido y a favor del Estado requirente.
Por lo tanto, precisa que lo que la defensa quiere es que la Sala de Casación Penal ejerza la soberanía nacional y en virtud de ella verifique la constitucionalidad de la solicitud de extradición, para que determine si concurren los presupuestos mínimos de respeto al debido proceso en el que se incluye el principio del juez natural, y como quiera que en el presente caso, los hechos que sirven de base para la solicitud de extradición ocurrieron en Colombia y no en Estados Unidos, sobreviene la definición del juez natural para investigarla en Colombia y no en Estados Unidos, pues su defendida no pisa el suelo americano desde el año de 1990.
Enfatiza que existe una prohibición constitucional de tramitar solicitudes de extradición por delitos cometidos en territorio colombiano y esta prohibición no puede ser burlada bajo ningún pretexto, por contera como la misma esta siendo manifiestamente violada se consolida una nulidad de pleno derecho, que solicita sea declarada.
En lo atinente a la falta de jurisdicción y competencia, planteada en el escrito anterior, sostiene que si bien es cierto las normas sobre extradición contenidas en el Código Penal Adjetivo no contemplan tal consideración, ello sí es obligatorio a la luz de los preceptos constitucionales. Agrega, además, que no comparte los sucesivos pronunciamientos de la Corte en relación con el pretendido divorcio que plantea entre el trámite de extradición y los preceptos constitucionales.
2.2. De otra parte, insiste en que se allegue la certificación de reciprocidad para dar cabal cumplimiento al derecho de defensa, pues si bien es cierto que las normas procesales no consagran que deban ocuparse del tema, si existe una clara remisión por el mismo ordenamiento legal por cuanto los artículos 9º y 226 son normas de orden superior que prevalecen sobre el orden interno, aun en el trámite de extradición. Por consiguiente, dicha certificación en esta instancia se hace imperativa, en atención a que el debido proceso se debe aplicar en todas las instancias y por todas las autoridades, además, porque es un mandato derivado de las normas internacionales, y sabido es, que en materia de relaciones internacionales rigen aquellas normas, es decir, que aún si se quisiera aplicar el puro derecho internacional sin consultar la constitución también se haría necesario un pronunciamiento sobre reciprocidad en la medida en que el mismo es un principio del derecho internacional, igual que los usos y costumbres internacionales que vanamente ha invocado la defensa para reclamar un pronunciamiento en tal sentido.
2.3. Asegura, finalmente, que claramente se aprecia el equívoco de la Corte porque a falta de tratado en cuanto se refiere de la reciprocidad existen los usos y costumbres internacionales, por lo tanto, la Corte no puede dejar de lado este concepto que podría ser determinante para la concesión o negación de la extradición.
En consecuencia, solicita revocar la decisión impugnada y se decrete la nulidad postulada y, en subsidio, se ordene la devolución del expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para su perfeccionamiento.
Consideraciones de Sala
1. Importa precisar, inicialmente, que a través del recurso de reposición el impugnante sugiere al funcionario judicial que adoptó la determinación, se ocupe nuevamente de su examen, de cara a los argumentos por él expuestos, con el ánimo de que corrija los errores en que eventualmente ha incurrido, mediante su revocatoria, aclaración, modificación o adición. Siendo esta la naturaleza del recurso, corresponde al recurrente la carga de exponer de manera clara y coherente los motivos por los cuales considera que la providencia debe ser enmendada.
2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el recurrente no proporciona argumentos válidos para que la Sala cambie la decisión adoptada que es materia de impugnación, pues su esfuerzo argumentativo se circunscribe en torno al “debido proceso” que debe observarse en el trámite de extradición y a la aplicación de las fuentes formales del derecho internacional, sin que acierte en señalar alguna irregularidad concreta que se hubiere configurado en el curso de la actuación; pues, en su escrito impugnatorio refiere lo que, a su juicio, debe ser el trámite de extradición, a la vez que señala, que no comparte el que adelanta la Corte.
3. De utilidad resulta recordar, que en términos generales, la costumbre, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, los usos, la reciprocidad, la ley, etc., son fuentes formales aplicables a las relaciones internacionales y, la extradición, por supuesto, es un instrumento internacional en el cual todas las fuentes mencionadas eventualmente podrían aplicarse, de no ser porque la Constitución Política previó las aplicables a esta materia.
En efecto, el marco jurídico de la extradición se encuentra previsto en el artículo 35 de la Carta Política, que prevé que la misma se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. En consecuencia, de acuerdo a tal preceptiva, cuando el Gobierno Nacional dentro de la esfera de su competencia señala el instrumento internacional por el que se debe regir el asunto, es este marco normativo el que delimita el concepto.
De suerte que en este evento, el Gobierno Nacional ha señalado que ante la inexistencia de tratado de extradición con los Estados Unidos de América, la actuación debe orientarse por la regulación definida en el Código de Procedimiento Penal, es decir, que la que le compete a la Corte debe ajustarse a los parámetros establecidos en los artículos 518, 519 y 520, siendo el último artículo citado el atinente al concepto que por ley esté obligada la Corte a emitir y el cual debe cotejar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
De lo anterior, surge diáfana la competencia de la Corte en el trámite de extradición y, por contera, no es de su incumbencia para la expedición del concepto conocer o consultar otros aspectos diferentes a los señalados en el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal, entre los cuales se cita, la certificación de reciprocidad, pues el fin ultimo es obtener el concepto para que el Gobierno Nacional lo acate obligatoriamente, si es negativo, u obre de acuerdo a las conveniencias nacionales si es positivo.
Si el objeto de la remisión del expediente desde el Ministerio de Justicia y del Derecho a la Corte es la iniciación del trámite que la ley determina a esta corporación, surge entonces suficiente y necesario que ese expediente contenga únicamente los documentos a que hace referencia el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal. Esa precisa documentación es suficiente, por cuanto la ley no exige ninguna otra; y, es necesaria, por cuanto es la única que exige. Frente a trámite tan preciso y tan específicamente regulado, lo que no hace falta sobra (1) .
(1) CSJ, M.P. Mejía Escobar Carlos Eduardo.
4. En relación con el requisito previsto en el artículo 35 de la Carta Política de que el delito por el cual se reclama en extradición debe haber ocurrido en el exterior, la Corte no se pronunció en el auto recurrido en razón a que lo hará en el momento de rendir el concepto teniendo en cuenta la solicitud y sus anexos.
La Sala negará la reposición del auto atacado.
Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
NO REPONER la providencia que negó la nulidad en el trámite de extradición de la ciudadana Martha Nubia Restrepo Isaza.