Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-12677-44657-de-septiembre-14-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_f882a9a62d7f42f4a9834014e015f19d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 06:44:01
Document Index: 404871409

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 269', 'artículo 30', 'artículo 219', 'artículo 90', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 2', 'artículo 132']

﻿ SENTENCIA 1998-12677/44657 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017
SENTENCIA 1998-12677 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:REQUISITOS PARA LA EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL. PARA QUE EL DICTAMEN DE EXPERTOS TENGA EFICACIA PROBATORIA REQUIERE QUE: I) EL PERITO INFORME DE MANERA RAZONADA LO QUE SEPA DE LOS HECHOS, DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOSII) EL DICTAMEN SEA PERSONAL Y CONTENGA CONCEPTOS PROPIOS SOBRE LAS MATERIAS OBJETO DE EXAMEN Y NO DE OTRAS PERSONAS, POR AUTORIZADAS QUE SEA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA UTILIZAR AUXILIARES O SOLICITAR EL CONCURSO DE OTROS TÉCNICOS, BAJO SU DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDADIII) EL PERITO SEA COMPETENTE, ES DECIR, UN EXPERTO PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGOIV) (IV) NO EXISTA UN MOTIVO SERIO PARA DUDAR DE SU IMPARCIALIDAD(V) NO SE HAYA PROBADO UNA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE(VI) EL DICTAMEN ESTÉ FUNDAMENTADO Y SUS CONCLUSIONES SEAN CLARAS, FIRMES Y CONSECUENCIA DE LAS RAZONES EXPUESTAS(VII) SUS CONCLUSIONES SEAN CONDUCENTES EN RELACIÓN CON EL HECHO A PROBAR(VIII) SE HAYA SURTIDO LA CONTRADICCIÓN(IX) NO EXISTA RETRACTO DEL MISMO POR PARTE DEL PERITO(X) OTRAS PRUEBAS NO LO DESVIRTÚEN(XI) SEA CLARO, PRECISO, DETALLADO Y ESPECIFIQUE LOS EXÁMENES, EXPERIMENTOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS. DE ACUERDO A ESTOS REQUISITOS, EL DICTAMEN PERICIAL QUE NO CUMPLE CON ESTOS REQUISITOS, Y ES UTILIZADO EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR EL DAÑO CAUSADO A UN INMUEBLE CON SU OCUPACIÓN POR TRABAJOS PÚBLICOS NO ES ADECUADO PARA ESTABLECER CON CERTEZA LA OCUPACIÓN Y POR TANTO SE INCUMPLE CON LA CARGA DE LA PRUEBA POR PARTE DEL DEMANDANTE. POR TANTO, NO HAY DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CARGA DE LA PRUEBA, DICTAMEN PERICIAL, OCUPACIÓN DE BIEN INMUEBLE, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Sentencia 1998-12677/44657 de septiembre 14 de 2017
Exp.: 44657
Rad.: 080012331000199812677 01
Actor: Sociedad Almacenes Robertico y Compañía Ltda.
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla
Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2017
1. Competencia y procedencia de la acción.
El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia de conformidad con el Decreto 597 de 1988(2), dado que la cuantía de la demanda, fijada por la suma de las pretensiones acumuladas(3), supera la exigida por la norma para tal efecto(4).
La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del Área Metropolitana de Barranquilla por acciones que, según la demandante, llevaron a la ocupación permanente de una franja de terreno de su propiedad.
2.1. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que la sociedad Almacenes Robertico y Compañía Ltda. es la propietaria de unos terrenos rurales denominados Colombia y Carolina cuyo derecho real de dominio lo adquirieron mediante una compraventa (infra párr. 4 del acápite de los hechos probados(5)).
Sobre la acreditación del derecho de dominio, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó la jurisprudencia en el sentido de señalar que es suficiente la inscripción del título de propiedad en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (el certificado de tradición y libertad del bien):
La inscripción o el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda. Ciertamente, si el Estado considera como un servicio público el registro de instrumentos públicos por las finalidades de interés general que este sistema involucra y, si para ello le exige a los Registradores adelantar un procedimiento técnico, jurídico y especializado con el propósito de sólo inscribir aquellos títulos que reúnan los presupuestos legales previstos para ello, decisión final —inscripción— que se presume legal tanto por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos, como por el principio de la legitimidad registral, propio, a su vez, de los sistemas técnicos registrales como el contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970 y en la Ley 1579 de 2012, según el cual el derecho inscrito en favor de una persona realmente le pertenece puesto que así lo dice el registro, no puede más que concluirse que esa inscripción es suficiente para probar la propiedad respecto de un bien inmueble, en especial, cuando ese derecho pretende acreditarse para efectos de demostrar la legitimación por activa en un proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(6).
En este asunto, la demandante aportó el folio de matrícula inmobiliaria 040-158032 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla obrante en el folio 14, del cuaderno 1. En tales condiciones, la sociedad está legitimada para demandar por la posible afectación a su derecho de propiedad.
2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de presuntas actuaciones del Área Metropolitana de Barranquilla, la cual se acusa de ser la causante de los perjuicios cuya indemnización reclama la parte actora.
En lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala constata que en el presente caso no opera tal fenómeno, pues la sociedad demandante manifestó que el daño consistente en la ocupación temporal de una franja de terreno de un inmueble de su propiedad tuvo lugar el 19 de mayo de 1997 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 8 de septiembre de 1997, aquella se formuló dentro del término previsto para tal efecto, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Deberá la Sala resolver si el Área Metropolitana de Barranquilla es patrimonialmente responsable por los daños que aduce haber sufrido la sociedad demandante con la ocupación de un terreno de su propiedad.
1. En folios 4 a 7 del cuaderno 1, obra la escritura pública 2281 del 18 de noviembre de 1953 celebrada en la Notaría Tercera de Barranquilla, por medio del cual la señora Carolina Castro Salcedo transfirió al señor Roberto Esper Rebaje a título de venta el derecho de dominio de los predios rurales denominados Colombia y Carolina identificados de la siguiente manera:
(…) Que transfiere al señor Roberto Esper Rebaje a título de venta pura y simple, el derecho de dominio, la posesión que (ilegible) tiene sobre las fincas a saber: Un lote de terreno o predio rural denominado “Colombia” que hizo parte de la parcelación denominada “Genovés”, en jurisdicción de este municipio, lote de terreno que tiene una cabida de diez (10) hectáreas y figura en el plano respectivo, marcado con el número treinta y siete (37), entre las estacas número cincuenta y dos (52), cincuenta y tres (53), cincuenta y cuatro (54), cincuenta y cinco (55), tiene las siguientes medidas y linderos: por el norte mide ciento veinte metros, camino privado de la parcelación en medio con parcela número uno (1) que es o fue de la Cooperativa Algodonera de la Costa Atlántica Limitada; por el sur mide doscientos treinta metros camino en medio, denominado Henequén, con terrenos que son o fueron de Simón Ariza; por el este, mide doscientos treinta metros, camino denominado La Playa en medio, con terrenos que son o fueron de Ángel M. Palma; y por el oeste, mide cuatrocientos cincuenta metros con la parcela número treinta y seis (36) que ocupa Manuel Gonzales Borja y otro lote de terreno o predio rural constante de nueve hectáreas denominado “Carolina”, que hizo parte de la misma parcelación anterior, y que figura en el plano respectivo con el número treinta y seis (36), situado entre las estacas número cincuenta y uno (51) y cincuenta y dos (52), cincuenta y cinco (55) y cincuenta y seis (56) y tiene las siguientes medidas y linderos: por el norte mide ciento cincuenta y seis metros, camino privado de la parcelación en medio con parcela número uno (1) que es o fue de la Cooperativa Costa Atlántica Limitada: por el sur, mide doscientos dieciséis metros, camino denominado Henequén en medio con terreno que es o fue de Simón Ariza; por el este, mide cuatrocientos cincuenta metros, con parcela número treinta y siete (37) que es o fue de Juan Gutiérrez B.; y por el oeste cuatrocientos cuarenta metros con parcela número treinta y cinco (35) que ocupa Prospero Osocio hijo.
2. En folios 8 a 13 del cuaderno 1, obra escritura pública 770 del 30 de marzo de 1960 celebrada en la Notaría Tercera de la Barranquilla, por medio de la cual se constituyó la sociedad Almacén Robertico y Compañía Limitada, cuyos socios son los señores Nadime Fayad y Roberto Esper Rebaje. Está demostrado que este último aportó a la organización dos lotes de terreno rurales denominados Colombia y Carolina los que fueron adquiridos en una compraventa.
3. En folios 2 y 3 del cuaderno 1, obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Almacén Robertico y Compañía Ltda.
4. En folio 14 del cuaderno 1, obra la matrícula inmobiliaria 040-158032 del 13 de agosto de 1997, en cuya descripción del inmueble se señaló lo siguiente:
Cabida y Linderos:
Un lote de terreno o predio rural denominado colombia, que hizo parte de la parcelación denominada genovés en jurisdicción de este municipio, lote de terreno que tiene 10 hectáreas y figura en el plano respectivo, marcado con el #37 entre las estacas #s.52 y 53, 54 y 55. —las medidas y linderos de este inmueble, se encuentran en la escritura # 770 de 30 de marzo de 1960, notaría 3 de barranquilla.— (art. 11 D.L. 1711 ju. 6/84).
De las anotaciones hechas en la matrícula inmobiliaria, se destacan las siguientes:
Anotación: 5 Fecha 30-11-53 Radicación:
Documento: Escritura 2281 del: 18-11-53 Notaría 3 de Barranquilla Valor Acto: $15,000.00
Personas que Intervienen en el Acto (La X indica el Propietario)
De: Castro Salcedo Carolina Esther
A: Esper Rebaje Roberto X
Anotación 1 Fecha: 05-05-60 Radicación:
Documento: Escritura 770 del: 30-03-60 Notaria 3 de Barranquilla Valor Acto: $
Especificación: 105 Aporte
De: Esper R. Roberto
A: Sociedad Almacén Robertico y CIA LTDA. X
Anotación: 2 Fecha: 27-09-83 Radicación:
Documento: Resolución 6983 del 29-07-82 Min. de Obras Públicas y Transporte de Bogotá Valor Acto: $1,30
Especificación: 380 valorización en mayor extensión
De: almacenes Robertico y CIA. LTDA. X
A: la nación
Anotación: 003 Fecha: 27-09-83 Radicación:
Especificación: 380 Valorización
DE: Almacenes Robertico y CIA LTDA. X
Anotación: 006 Fecha: 09-07-87 Radicación: 14933
Documento: Oficio 9999999999 del: 06-07-87 Juzgado 2 de Ejecuciones Fiscal de Barranquilla Valor Acto: $
Especificación: 403 Embargo por Jurisdicción Coactiva
De: Juzgado 2 de Ejecuciones Fiscales del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal
A: Almacenes Robertico y CIA LTDA. X
5. En folios 65-67 del cuaderno 1, obra la Resolución 6982 del 29 de julio de 1982 expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por medio de la cual se distribuyó la contribución de valorización causada por la construcción de la carretera Barranquilla-Puerto Colombia entre los propietarios beneficiados.
6. En folios 68-70 del cuaderno 1, obra la Resolución 6983 del 29 de julio de 1982 expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por medio de la cual se distribuyó la contribución de valorización, causada por la construcción de la carretera Circunvalar de Barranquilla, en el departamento del Atlántico.
7. En folios 41-42 del cuaderno 1, obra acta de entrega del 28 de febrero de 1994, en la que consta que el Instituto Nacional de Vías entregó al Área Metropolitana de Barranquilla la interconexión vial —circunvalar— cuyas características son 19 km desde el puente de la calle 30 hasta la intersección con la vía 40.
8. En folios 45-64 del cuaderno 1, reposa contrato de obra 5 celebrado el 17 de enero de 1996 entre el Área Metropolitana de Barranquilla y la firma contratista Castro Tcherassi y Cía. Ltda. cuyo objeto fue el siguiente: “rehabilitación de la calzada existente incluidas las obras complementarias, de la Avenida Circunvalar entre las Flores (vía 40) y la intersección con la calle 30 (puente) de Barraquilla cuya longitud comprende aproximadamente 19 kilómetros”.
9. En folio 43 del cuaderno 1, obra acta de reunión celebrada el 7 de abril de 1997 entre el Área Metropolitana de Barranquilla y el Instituto Nacional de Vías, en la que llegaron al siguiente acuerdo:
1. El I.N.V. se compromete a ejecutar la rehabilitación de los intercambios viales suroriental y suroccidental de la intersección de la carrera 46 con circunvalar en su totalidad, realizando obras de reparcheo, raciclado,(sic) una sobrecarpeta asfáltica de 10 cms, así como sus obras de drenaje (cunetas, bordillos, limpieza de obras de arte, estabilización, etc.), necesarias para el correcto funcionamiento y estabilidad de las mismas.
2. El Área Metropolitana de Barranquilla entregará al I.N.V. los diseños de las cunetas y bordillos necesarios para este sector.
3. El Área Metropolitana de Barranquilla se compromete a la reconstrucción total de los intercambios viales noroccidental y nororiental de la intersección de la carrera 46 con circunvalar, así como el embellecimiento y arborización de todos los intercambios viales de esta intersección y de la calle 30.
4. El I.N.V. se compromete a la arborización y embellecimiento de la intersección de la vía Cordialidad con circunvalar, encargándose del mantenimiento el Área Metropolitana de Barranquilla.
5. El Área Metropolitana de Barranquilla se compromete a la ejecución de las obras de rehabilitación de acceso de la calle 30 hacia la circunvalar y de la circunvalar hacia la calle 30, previa evaluación de las cantidades y costos, los cuales serán entregados por el I.N.V.
10. En folios 15-16 del cuaderno 1, obra el diario El Heraldo del 12 de agosto de 1997, en cuya página principal reposa una fotografía de la avenida circunvalar en la ciudad de Barranquilla y, en cuya descripción se señaló lo siguiente:
Debidamente acondicionadas se encuentran las orejas del puente de Olaya Herrera sobre la Circunvalar, tras los trabajos adelantados por el Gobierno Distrital a través de la Oficina del Área Metropolitana. Además, el Invías y la Fundación Zoológico emprendieron una campaña de arborización en el sector con la cual se busca lograr la total recuperación del área y darle belleza a una de las principales entradas a la ciudad de Barranquilla.
11. En folios 17-21 del cuaderno 1, obran unas fotografías de unos terrenos sin identificación ni descripción alguna. Además, sus imágenes no evidencian ocupación alguna por parte del Área Metropolitana de Barranquilla.
12. En virtud de solicitud efectuada en la demanda, el a quo decretó una inspección judicial con intervención de perito experto en avalúo de finca raíz para que rindiera un dictamen pericial respecto de la franja de terreno de propiedad de la sociedad demandante presuntamente ocupada por el Área Metropolitana de Barranquilla, del que se destaca lo siguiente (fls. 147-151, cdno. 1):
La franja de terreno en cuestión que fue ocupada para la construcción de la estructura vial, presenta una topografía relativamente plana. Su composición geométrica planimetría la conforman un terreno de forma triangular y uno de forma rectangular. Tal como se muestra en el plano topográfico y cobijan un área de 66000 m2.
Urbanísticamente, está encuadrado en una zona de desarrollo y utilización comercial.
A la fecha del peritaje, en el terreno no se apreciaron signos visibles de accidentes geomorfológicos que comprometan en el presente y futuro la estabilidad de la construcción o de obras que se proyecten, ni señales de cargas importantes que hayan modificado la relación esfuerzo deformación del subsuelo.
Destino Económico.
Se encuentra localizado en una nueva zona de desarrollo comercial e industrial de la ciudad de Barranquilla, convertida rápidamente en una de las más importantes, vecino de las nuevas sucursales de Automotores del Litoral S.A., Hyundai Motor Colombia, y Estación de Servicios Ecos Petroleum.
En el sector se tiene proyectada la construcción de sucursales de otras empresas, estaciones de servicio de combustible y/o gas, entre otras, lo cual, a futuro inmediato, se constituye en otra de las grandes fortalezas del proyecto.
Con el objeto de evaluar y conocer las condiciones del terreno para poder suministrar información pertinente sobre sus características, identificación, afectación, área ocupada y valor comercial, se realizaron los siguientes trabajos:
Consistente en un levantamiento tipográfico del sector en referencia.
Comprendieron la relación, interpretación y análisis de ingenierías de toda la información obtenida en el campo, para así preparar las recomendaciones y conclusiones contenidas en este informe.
Área 66000m2
Valor M2 $160.000
Valor Inmueble $10.560.000.000.oo
Diez Mil Quinientos Sesenta Millones De Pesos
Este informe y las recomendaciones consignadas en él, se establecieron a partir del resultado de la observación, inspección y análisis de los elementos encontrados al hacer la inspección en la franja de terreno ocupada por la estructura vial propiedad del solicitante.
13. Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2011, el Área Metropolitana de Barranquilla solicitó la aclaración del dictamen pericial por los siguientes argumentos (fl. 153, cdno. 1): ”En el dictamen que hoy ocupa nuestra atención, se advierte que el auxiliar de la justicia en el acápite titulado Trabajo de Oficina del escrito que contiene la experticia, señala que el lote tiene un área de 66.000 m2;sin embargo en el escrito que acompaña el peritazgo, indica el mismo auxiliar: “La Presente Tiene Como Finalidad Presentar el Informe de Peritaje Efectuado en la Faja de Terreno Descrita en el Hecho 2º de la Demanda.” Si nos remitimos al hecho 2º de la demanda, sin esfuerzo se lee: “Los Terrenos a que me Refiero en el Hecho Anterior, Comprenden un Área de Diecinueve Mil Metros Cuadrados (19.000 M2)”.
14. El 4 de abril de 2011, se allegó la aclaración del dictamen pericial en el que se precisó lo siguiente (fls. 154-160, cdno. 1):
La franja de terreno en cuestión que fue ocupada para la construcción de la estructural vial, presenta una topografía relativamente plana. Su composición geométrica planimetría la conforman un terreno de forma triangular y uno de forma rectangular. Tal como se muestra en el plano topográfico y cobijan un área de 19000 m2.
Comprendieron la relación, interpretación y análisis de ingeniería de toda la información obtenida en el campo, para así preparar las recomendaciones y conclusiones contenidas en este informe. El área de 19.000 M2 corresponde a la franja de terreno de los lotes B y C, tal como lo muestra el plano de levantamiento topográfico anexo realizado al predio denominado La Carolina, de propiedad de Almacenes Robertico y CIA LTDA.
Valor de Predio $3.040.000.000.00
La responsabilidad patrimonial del Estado por la ocupación temporal o permanente de inmuebles ha sido reconocida por la ley desde los primeros años del siglo pasado y desarrollada por la jurisprudencia de la Corporación como una responsabilidad objetiva. Esa evolución normativa y jurisprudencial ha sido resumida por la Sala(7), así:
[L]a obligación de indemnizar en los casos de ocupación permanente de predios por causa de trabajos públicos… [surge] de la misma ley, que ya desde 1918 - Ley 38 había dispuesto la obligación estatal de responder por los daños u ocupaciones temporales de la propiedad inmueble por causa de trabajos públicos sin necesidad de investigar falta o falla de la Administración; es decir que se trataba como hoy, de un caso de responsabilidad objetiva, puesto que todo lo que se debe acreditar es el hecho mismo de la ocupación y los daños ocasionados con la misma, para tener derecho a su reparación, tal y como lo ha dicho la Sala(8)…
Posteriormente a la referida Ley 38, el Código Contencioso Administrativo de 1941 contempló la acción reparatoria por tales daños como una acción especial de responsabilidad directa en los artículos 261 y siguientes, comprendiendo no solo la indemnización derivada de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble, sino también los daños ocasionados en éste por esos mismos trabajos; sobre la ocupación permanente, el artículo 269 establecía: “si se trata de ocupación de una propiedad inmueble, y se condenare a la Administración al pago de lo que valga la parte ocupada, se prevendrá en la sentencia que deberá otorgarse a favor de la Administración el correspondiente título traslaticio de dominio”, norma que fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 20 de junio de 1955(9) por considerar que se trataba de un caso de expropiación no contemplado en el artículo 30 de la Constitución; a partir de esta Sentencia, la jurisdicción ordinaria siguió conociendo de los casos de ocupación permanente de inmuebles por trabajos públicos hasta la expedición del Código Contencioso Administrativo de 1984, en el cual se volvió a contemplar ese evento quedando una sola acción para todo el contencioso de reparación directa, situación reiterada además en la reforma introducida por la Ley 446 de 1998, que extendió la acción a los casos de ocupación temporal o permanente de inmuebles, por cualquier causa(10).
Por lo tanto, la responsabilidad patrimonial por ocupación permanente se configura con la prueba de que una parte o la totalidad de un bien inmueble respecto del cual se detenta el derecho de dominio, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actuaron autorizados por ella(11). Por lo tanto, los elementos de este evento de responsabilidad son los siguientes:
(i) Un daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo de que es titular el demandante, que comprende, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad,(12) sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado(13), y
(ii) La imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado(14).
Respecto del derecho del sujeto damnificado con la ocupación permanente, el inciso primero del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Art. 56 del Decreto Ley 2304 de 1989, prevé que en la sentencia que ordene reparar el daño, se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, “a menos que ya hubiera sido pagada la mencionada contribución”.
Y en cuanto a la situación del Estado respecto del inmueble, dispone el inciso 2 del mismo artículo, en concordancia con el 220 ibídem que, cuando se condene a una entidad pública o a una entidad privada que cumpla funciones públicas, al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, “la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.
A lo anterior cabe anotar, que la indemnización de los perjuicios materiales causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble está sometida a los principios de reparación integral del daño y comprende los conceptos de daño emergente, que consiste en el precio de la franja o totalidad, según el caso, del inmueble ocupado(15) y del lucro cesante, que se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de la ocupación del mismo(16).
Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado solo está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Sobre la noción de daño antijurídico, ha dicho la jurisprudencia, que “equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en obligación de soportar (…)”(17). En consecuencia, “sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga”(18).
A juicio de la parte actora, con motivo de los trabajos públicos ejecutados por el Área Metropolitana de Barranquilla en la intercepción de la vía circunvalar con la prolongación de la carrera 46, el 19 de mayo de 1997 se ocupó una franja de terreno de su propiedad que le ocasionó daños antijurídicos imputables jurídica o fácticamente a la entidad demandada y, en consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios causados. Sin embargo, la Sala encuentra que en el presente proceso existen falencias probatorias que impiden tener como acreditadas tales afectaciones.
Cabe señalar que en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(19), la carga de acreditar los hechos favorables a sus pretensiones le corresponde al demandante, de modo que si no cumple con tal labor, la consecuencia prevista para el efecto es la denegación de las pretensiones invocadas. Sobre el particular se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, en los siguientes términos:
La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses(20).
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño antijurídico no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño antijurídico no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo.
En virtud de lo anterior, las pruebas que reposan en el expediente de la referencia no permiten a la Sala concluir el hecho afirmado por la sociedad Almacenes Robertico y Compañía Ltda., esto es, la ocupación de una franja de terreno de su propiedad, con motivo de las obras ejecutadas por el Área Metropolitana de Barranquilla para la rehabilitación de la vía circunvalar.
Pese a estar acreditado que la demandante ostenta el derecho de propiedad de los predios rurales denominados Colombia y Carolina, el dictamen pericial tendiente a demostrar la ocupación de una franja de terreno de dichos inmuebles, no ofrece solución técnica a la controversia.
La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, de acuerdo con sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso, detallado y especifique los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas(21).
Al examinar el dictamen pericial a la luz de los referidos parámetros, se encuentra que lo consignado en el mismo por parte del auxiliar de la justicia, no permite establecer con certeza la ocupación invocada por la demandante, debido a que no tiene soporte probatorio alguno. Al respecto, se observa que aquel se limitó a describir las características de la franja de terreno presuntamente ocupada y calculó su valor comercial, aspecto que fue objeto de aclaración a petición de la parte demandada, dado que en principio señaló que el lote tenía un área de 66.000 m2 que contradecía lo afirmado en la demanda, pues la sociedad estimó que se trataba de 19.000 m2.
Así las cosas, en el escrito de aclaración del experticio, el perito se limitó a sustituir el área a 19.000 m2 y, a hacer manifestaciones subjetivas, puesto que declaró que dicho espacio había sido objeto de ocupación, afirmación que no tiene una base sólida al no tener ningún tipo de respaldo probatorio ni sustentación alguna. En consecuencia, se trata de un dictamen incompleto por falta de fundamentación que no aporta elementos de juicio al conflicto aquí planteado.
Por otro lado, frente a las fotografías aportadas por la parte demandante con el cuerpo de la demanda, la Sala considera que carecen de mérito probatorio. En consecuencia, se abstendrá de valorarlas, dado que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar ni la época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza de los lugares que aparecen en ellas, ya que no fueron reconocidas ni ratificadas dentro del proceso, lo que impide cotejarlas con otros medios de prueba(22). Cosa diferente ocurre con fotografías allegadas con el dictamen pericial, respecto de las cuales existe plena certeza de su autoría y época de elaboración, lo que permite que sean apreciadas en aras de resolver un litigio, caso que no ocurrió en el presente proceso.(23).
Así las cosas, le asiste razón al a quo al señalar que la carga de la prueba en el caso concreto correspondía a la demandante acreditar la ocupación de una franja de terreno de su propiedad, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 16 de marzo de 2012, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. Por estar vigente al momento de presentación de la demanda, se aplicará el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispuso que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en el 1997 fuera de doble instancia, debía ser superior a $13´460.000.
3. La norma vigente a la fecha de interposición del recurso —18 de mayo de 2012—, es la Ley 1395 de 2010.
4. La pretensión formulada en la demanda de reparación directa se estima en 1.900.000.000.
5. Todos los reenvíos corresponden a números de párrafos del acápite de hechos probados, salvo precisión en contrario.
6. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 13 de mayo de 2014, Exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2011, Exp. 19.640, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
8. Sentencia del 10 de mayo de 2001. Expediente 11.783.
9. C.S. de J., 20 de junio de 1955, G.J. LXXX, p. 259
10. Sentencia de 12 de febrero de 2004, Exp. 15179.
11. En este sentido, la Sala, en Sentencia de 28 de junio de 1994, Exp. 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos...puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien.”
12. Ver, por ejemplo, Sentencias de 28 de junio de 1994, Exp. 6806 y de 25 de junio de 1992, Exp. 6947.
13. Al respecto cabe tener en cuenta la Sentencia del 13 de febrero de 1992, Exp. 6643, en la cual se reconoció indemnización porque al propietario de un inmueble se le limitó el ejercicio de su derecho de dominio y posesión sobre sus predios por causa de la declaración de parque natural, con lo cual se le impidió vender, gravar o explotar económicamente su bien. De igual manera, en Sentencia proferida el 25 de junio de 1992, en el proceso 6974, se reconoció indemnización por la limitación por parte del Inderena a los derechos de propiedad y posesión de los demandantes sobre un predio, al prohibir la explotación agropecuaria del mismo sin reconocer suma alguna de dinero como compensación por los perjuicios sufridos.
14. Al respecto ver Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 11.783.
15. En este sentido se pronunció la Sala en Sentencia de 3 de abril de 1997, Exp. 9718.
16. Con relación a la cuantificación de dichos perjuicios cabe tener en cuenta la siguiente precisión jurisprudencial: “En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir” (Sentencia de 3 de abril de 1997, Exp. 9718).
17. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de 13 de julio de 1993, Exp. 8163, C.P. Juan de Dios Montes, de 13 de abril de 2000, Exp. 11.892, C.P. Ricardo Hoyos Duque, de 30 de noviembre de 2000, Exp. 11.955, C.P. María Elena Giraldo Gómez, y de 28 de abril de 2010, Exp. 18.478, C.P. Enrique Gil Botero, entre otras.
18. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1º de febrero de 2012, Exp. 20.106, C.P. Enrique Gil Botero
19. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”
20. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
21. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; Sentencia de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
22. Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes Sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, rad. 28.459, M.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, rad. 14998, M.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, rad. 18034, M.P. Enrique Gil Botero; 14 de marzo de 2012, rad. 21848, M.P. Enrique Gil Botero.
23. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de agosto 29 de 2013, rad. 26853, M.P. Danilo Rojas Betancourth.