Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1183402
Timestamp: 2019-03-22 05:12:46
Document Index: 409146359

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 38', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 44', 'Artículo 2', 'artículo 30', 'Artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 12', 'Artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 38', 'Artículo 62', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 262']

El próximo 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre , sin que se haya completado el ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a medio y largo plazo, de las plantas de fabricación y montaje. Es necesario, pues, y urgente, alargar el período de aplicación de la mencionada disposición transitoria, con el fin de evitar que la misma se extinga.
De acuerdo con lo anterior, en la disposición adicional primera del real decreto-ley se exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo establecida en el artículo 1, que incluyan entre la información no financiera de sus informes de gestión, aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de la transición hacia una economía descarbonizada. Todo ello, a efectos de favorecer una gestión equilibrada de la transición del modelo actual de producción y consumo de la industria manufacturera hacia un modelo sostenible en el que se integre adecuadamente la variable del cambio climático.
La Ley 21/1992, de 16 de julio , de Industria, dispone que las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad. Ello de acuerdo con los reglamentos de seguridad industrial dictados en el ámbito comunitario o por organismos internacionales supranacionales con los que España tiene suscritos acuerdos en materia de armonización técnica, tanto de vehículos como de otros productos industriales.
La conformidad del diseño, fabricación y puesta en servicio de productos industriales constituye no solo la base de la libre circulación de mercancías en el mercado interior europeo, sino un factor clave de competitividad de las empresas, que les habilita para comercializar sus productos en otros mercados internacionales, y supone un impulso al desarrollo y la innovación tecnológica empresarial. Desde la aprobación de la Ley 21/1992, de 16 de julio , de Industria, el marco legislativo comunitario en este sector ha avanzado notablemente. En concreto, el acervo comunitario en materia de seguridad de productos abarca numerosos ámbitos y se ha venido regulando por diferentes directivas y reglamentos europeos. Esta regulación europea dispone que los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación europea en materia de seguridad de productos. Además, establece que dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
En nuestro ordenamiento, las infracciones y sanciones en materia de seguridad de productos se recogen en la citada Ley 21/1992, de 16 julio , no obstante, las cuantías de las sanciones han quedado desfasadas y alejadas de los objetivos que la normativa comunitaria exige.
Por ello, y teniendo en cuenta que todas las reglamentaciones europeas en materia de seguridad de productos ya se encuentran en vigor, se considera urgente y de imperiosa necesidad la modificación, en el artículo 2 de esta norma, del importe de las sanciones que se establecen en Ley 21/1992, de 16 de julio , para alinearlo con los objetivos marcados por las diferentes normativas europeas en cuanto a efectividad, proporcionalidad y efecto disuasorio.
El Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero , impone una serie de requisitos administrativos que hacen que, en la práctica, el coste de una instalación con gas refrigerante de categoría 2-L sea inviable, a pesar de ser conforme a la normativa comunitaria y tener menor potencial de calentamiento atmosférico, lo que significa una reducción de la contribución de este tipo de gases refrigerantes al cambio climático.
El Gobierno, consciente de la traba que ello supone, ha iniciado el trámite de aprobación de un nuevo real decreto que actualice los requisitos del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero , entre otras cosas, en los aspectos referidos a los equipos con refrigerante de la categoría 2-L.
La Directiva 2009/72/CE , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE , en su artículo 28 admite la posibilidad de la existencia de “redes de distribución cerradas”, definidas como redes de distribución que suministran energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida desde el punto de vista geográfico.
En lo que al sector del comercio se refiere, recientemente se han producido una serie de circunstancias y acontecimientos que hacen necesario replantearse la regulación de determinados aspectos dentro del ámbito del comercio minorista y, por tanto, la modificación de una serie de preceptos que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de enero , de Ordenación del Comercio Minorista, y la derogación de su normativa de desarrollo.
Por lo que se refiere al Registro de Franquiciadores, se encuentra actualmente regulado en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero , por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. A raíz de las decisiones adoptadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en 2016 se puso en marcha el Registro de Franquiciadores telemático. Sin embargo, las aplicaciones informáticas en las que se sustenta presentan graves carencias. Su utilización resulta complicada y poco intuitiva para los usuarios y ha supuesto la introducción de trabas y exigencias que habían sido superadas.
Por otra parte, la única información que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuestión que ya estaba cubierta por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ningún dato más de los comunicados por los franquiciadores es objeto de comprobación por el personal del Registro. No obstante, el incumplimiento de la obligación de comunicación de datos y alta en el mismo prevista en la Ley 7/1996, de 15 de enero y en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero , constituye, según el artículo 65.1.r) de dicha ley, una infracción grave.
En cuanto al Registro de Empresas de Ventas a Distancia, se encuentra regulado en el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero , por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia, dictado en desarrollo de las previsiones del artículo 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Por lo que se refiere a las becas del Programa de Becas ICEX a la Internacionalización, hay que señalar que de acuerdo con la disposición final décima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estas becas que hasta entonces venían siendo reguladas por la normativa interna del organismo público conforme a los principios de la Ley General de Subvenciones , quedan sometidas íntegramente a esta ley, lo que implica que su normativa reguladora debe ajustarse a lo establecido en la misma.
No obstante, teniendo en cuenta la elevada dificultad conceptual y procedimental, incluso de viabilidad, que conlleva la adaptación de la normativa interna del Programa de Becas ICEX a la Internacionalización, mientras dicha adaptación no se produzca y a efectos de garantizar la convocatoria para el año 2019, urge y es necesario recoger la previsión en la disposición transitoria cuarta del real decreto-ley de que para dicha convocatoria no resulte de aplicación lo establecido en la disposición final décima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio . Lo anterior constituye una medida de extraordinaria y urgente necesidad ya que, de no adoptarse, no sería posible realizar la convocatoria de becas en el ejercicio 2019, impidiendo la realización de las actividades y funciones que son encomendadas al ICEX, y no existiendo otro mecanismo que garantice en el próximo año dicha actividad.
Por último, la norma incluye en las disposiciones finales primera y segunda, respectivamente, sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto , de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de julio , para la defensa de la calidad alimentaria, necesarias ambas a afectos de adecuar el ordenamiento jurídico estatal a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia.
En el primer caso, la sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo, ha declarado nulos determinados aspectos puntuales de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto , que regula la Agencia de Información y Control Alimentarios (en adelante, AICA), interpretando, ante la ambigüedad del texto legal, que el legislador estaba invadiendo competencias autonómicas. En concreto, se ha declarado inconstitucional la letra e) del apartado sexto de la referida disposición adicional en cuanto atribuye en exclusiva a la AICA el establecimiento y desarrollo del régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En consecuencia, resulta necesario concretar de manera expresa en la Ley 12/2013, de 2 de agosto , que el ámbito de aplicación de esta función de control que se atribuye a la AICA se limita al propio de la Administración General del Estado. Todo ello permitirá a este organismo realizar una planificación de sus controles, actuando proactivamente ante la posible comisión de irregularidades y no sólo como consecuencia de las denuncias que le sean presentadas.
Por otra parte, y también con motivo de un pronunciamiento judicial que ha generado un vacío normativo que urge colmar, este real decreto-ley introduce en la Ley 28/2015, de 30 de julio , un concreto ajuste a efectos de salvaguardar el correcto encaje de las facultades de control de los poderes públicos en materia de calidad alimentaria, un aspecto de importancia capital para la adecuada articulación de la cadena alimentaria a que se ha hecho referencia. Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2016, de 21 de julio, vino a anular una parte concreta de la Ley 28/2015, de 30 de julio , considerando que contenía un excesivo detalle en el tratamiento de las conductas tipificadas, que debiera permitir un mayor desarrollo normativo por las administraciones autonómicas en ejercicio de sus competencias. Como consecuencia de este pronunciamiento judicial, se anuló entre otros extremos una parte de la disposición transitoria única de la referida, por lo que resulta urgente articular de modo cognoscible el régimen de infracciones y sanciones aplicable en estos casos, garantizando al propio tiempo la seguridad jurídica de los operadores y los poderes públicos afectados y logrando con ello la efectiva articulación entre sistemas sancionadores en materia de calidad agroalimentaria. Esta inclusión, sin alterar el esquema general prevenido en la ley, viene a completar su contenido y actúa como correlato lógico sectorial de las medidas ya previstas con carácter general por la legislación.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre (FJ 5), señaló “la relevancia, desde la perspectiva del artículo 86.1 CE, de la ordenación de los procesos que se desarrollan en el sector energético (SSTC 170/2012 , de 4 de octubre, FJ 6; 233/2012 , de 13 de diciembre, FJ 2; y 39/2013 , de 14 de febrero, FJ 8)”. Así, en relación con la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad en la adopción de un real decreto-ley, el Tribunal Constitucional señala que “la importancia del sector energético para el desarrollo de la actividad económica en general determina que su ordenación, introduciendo reformas en el mismo a fin de mejorar el funcionamiento de los distintos subsectores que lo integran, sea susceptible de constituir una necesidad cuya valoración entra dentro del ámbito de atribuciones que corresponde al Gobierno”.
La extraordinaria y urgente necesidad también se deriva de los riesgos que afectan a la competitividad del sector industrial español, de los elevados precios de la factura eléctrica para la industria y, en particular, para las industrias electrointensivas, así como de las situaciones de incumplimiento de los requisitos de seguridad y medioambientales exigidos a vehículos y productos industriales, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende. En concreto, por lo que a la modificación de sanciones en materia de seguridad industrial se refiere, hay que recordar la STC 3/1988 , relativa al Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en su FJ 6 considera que el establecimiento de infracciones o sanciones administrativas por decreto-ley no afecta al artículo 25 de la Constitución: “ la utilización del Decreto-ley para la previsión de tipos de ilícito y las correspondientes sanciones no supondría una contradicción con lo dispuesto en el art. 25.1, al configurarse el Decreto-ley, según el art. 86. 1 C.E., como “disposición legislativa” que se inserta en el ordenamiento jurídico (provisionalmente hasta su convalidación, y definitivamente tras ésta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC 29/1982 , de 31 de mayo, fundamento jurídico 2.º)”.
En cuanto a las medidas adoptadas en el ámbito del comercio, en primer lugar, urge la modificación de la regulación vigente sobre la venta a pérdida recogida en el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que no se adapta a las exigencias de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. En segundo término, es necesaria la supresión de las obligaciones relativas a los registros que se contienen en la Ley 7/1996, de 15 de enero , de Ordenación del Comercio Minorista y en sus normas de desarrollo, las cuales se han revelado como poco justificadas constituyendo cargas para las empresas, pero cuyo incumplimiento, sin embargo, puede ser objeto de sanción.
Además, este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución , al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general.
Artículo 1. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre .
Se añade un nuevo apartado 6 a la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre , con la siguiente redacción:
“6. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto , de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial acredite un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre , o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años.”
Artículo 2. Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio , de Industria.
La Ley 21/1992, de 16 de julio , de Industria queda modificada en los siguientes términos:
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.1 las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley que lo estén también en otras, se calificarán con arreglo a la que comporte mayor sanción.”
“Artículo 35. Multas coercitivas.
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada para la infracción cometida.”
1. Los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva previstas en el artículo 4 y en la disposición adicional sexta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo , por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas.
b) Se comunique la decisión empresarial de despido colectivo, conforme a lo recogido en artículo 12.1 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre , y que ésta comunicación implique una reducción de más de un 85 por ciento de toda su plantilla.
No se considerará incumplida esta obligación en los supuestos de transformación, fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos siempre que la entidad adquirente mantenga la actividad en los términos previstos en este apartado. Tampoco se considerará incumplida esta obligación cuando el presupuesto de incumplimiento derive de un procedimiento de liquidación en el marco de un proceso concursal previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal.
3. El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad dentro del periodo de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas, será causa de reintegro de las mismas para lo que se seguirá el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones.
5. No podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas en las que concurra alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 o que estén incursas en un procedimiento concursal de conformidad con la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal.
Artículo 6. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero , de Ordenación del Comercio Minorista.
La Ley 7/1996, de 15 de enero , de Ordenación del Comercio Minorista, queda modificada en los siguientes términos:
“Artículo 14. Venta con pérdida.
Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días siguientes a su remisión. En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la anterior un plazo adicional de 10 días para su subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada.”
“Artículo 38. Concepto.
2. Para el ejercicio de las ventas a distancia será de aplicación el régimen contenido en el título III del libro segundo del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre .”
“Artículo 62. Regulación del régimen de franquicia.
2. Con una antelación mínima de 20 días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.”
“a) Ejercer una actividad comercial sin previa autorización en el caso de que esta fuera preceptiva, o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la administración comercial exigidas por la normativa vigente.”
“c) Realizar ventas con pérdida que sean desleales en los supuestos del artículo 14.1.”
1. Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que contengan refrigerantes de clase A2L con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], no le aplicaran los requisitos de la presente disposición ni aquellas que pudiesen tener en función de la redacción actual del Real Decreto 138/2011 , en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición.
La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de estas instalaciones se realizará por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero , por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones, o por las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
4. Las instalaciones que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, que no tengan ningún sistema con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera artificial, pueden ejecutarse por empresas frigoristas de nivel 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero , o por las empresas instaladoras que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio .
b) “Análisis de riesgo” de la instalación, en caso de que no se satisfagan los criterios del punto anterior, es decir que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida de acuerdo con la norma UNE-EN 378-1:2017, documentando si se trata de una zona de extensión despreciable (ED) según la Norma UNE-EN 60079-10-1, en caso contrario deberá aplicarse el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril , por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. En este caso la instalación la realizara una empresa instaladora de nivel 2.
g) De acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio , las declaraciones de conformidad CE de la instalación como conjunto, cuando se trate de equipos compactos, y para el resto de instalaciones, de todos los equipos a presión incluidos las declaraciones de conformidad de las tuberías cuando aplique.
Lo previsto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, no resultará de aplicación a la convocatoria de las becas de Internacionalización Empresarial de ICEX correspondiente al ejercicio 2019. Durante dicho ejercicio deberá adaptarse la normativa reguladora de las mencionadas becas a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , con el fin de que la normativa de subvenciones resulte de aplicación a las becas convocadas en 2020.
Las empresas que empleen a trabajadores que se hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo establecida en el apartado 6 de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre , en la redacción dada por el artículo 1 de este real decreto-ley, deberán incluir entre la información no financiera contenida en el informe de gestión previsto en el artículo 262.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , el conjunto de medidas que hayan adoptado en el marco de la transición justa hacia una economía descarbonizada.
b) El Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero , por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia.
c) El capítulo III, la disposición adicional primera, la disposición adicional segunda, la disposición transitoria primera y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero , por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto , de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Se modifica la letra e) del apartado 6 de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto , de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que queda redactada como sigue:
“e) Establecer y desarrollar, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas por esta ley la Administración General del Estado, el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.”
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 28/2015, de 30 de julio , para la defensa de la calidad alimentaria.
La Ley 28/2015, de 30 de julio , para la defensa de la calidad alimentaria queda modificada en los siguientes términos:
“Disposición adicional quinta. Infracciones.
La tipificación de las infracciones en materia de calidad alimentaria será la que al efecto se regule por la legislación de cada comunidad autónoma en la materia.”