Source: http://joanharo.com/wordpress/index.php/2018/02/27/no-solicitar-el-concurso-en-plazo-tiene-consecuencias-para-el-administrador-social/
Timestamp: 2018-09-22 06:01:44
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No solicitar el concurso en plazo tiene consecuencias para el administrador social – Joan Haro
El crédito contra el administrador social declarado en concurso, que responde solidariamente de las obligaciones sociales con base en el artículo 367 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), por una condena en costas impuesta a la sociedad administrada con posterioridad a la declaración en concurso del administrador social, es crédito contra la masa.
En primera instancia se declaró la responsabilidad solidaria del administrador social por la deuda consistente en la condena en costas de la mercantil. En base a los preceptos que regulan la responsabilidad solidaria de los administradores sociales por las obligaciones de la sociedad cuando esta está incursa en causa legal de disolución y aquellos han incumplido su obligación de promover la disolución y liquidación de la sociedad o su declaración en concurso, regulada actualmente en el artículo 367 en relación con varios apartados del artículo 363, ambos de la LSC.
Pero se consideró que dicho crédito era un crédito concursal con la clasificación de crédito subordinado. La razón de esta última consideración era que el crédito de los demandantes surgió cuando se incumplió el contrato concertado con los demandantes, y esto aconteció con anterioridad a la declaración del concurso del administrador social.
Posiciones, ambas, que fueron confirmadas en segunda instancia.
El recurso planteado, se basaba en que el artículo 84.2.10 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) dispone que se considerarán créditos contra la masa:
“Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo.”
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2017, analiza dos cuestiones:
1. La calificación del crédito; y
2. El momento de su nacimiento.
La responsabilidad solidaria de los administradores respecto de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución que regula el artículo 367 LSC no es una responsabilidad de naturaleza contractual. Tras unas primeras sentencias en las que se atribuyó a dicha responsabilidad una naturaleza extracontractual, el Tribunal Supremo ha afirmado en sentencias más recientes, como la 367/2014, de 10 de julio, o la 246/2015, de 14 de mayo , que se trata de una responsabilidad por deuda ajena, ex lege.
El artículo 84.2.10 LC se refiere a las obligaciones nacidas de la ley. Como se señala en la sentencia 55/2011, de 23 de febrero, en realidad, todas las obligaciones nacen de la ley, pero stricto sensu se entiende como tales las que no cabe ubicar en alguna de las denominadas fuentes clásicas (contratos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos) con lo que el concepto viene a operar con carácter residual que recoge todas las restantes posibles fuentes de las obligaciones. Sin embargo, en puridad, la ley no crea obligaciones, sino que atribuye a determinados hechos tal virtualidad, por lo que la fuente de la obligación es el hecho contemplado en la ley como idóneo para generar una obligación y, correlativamente, un crédito, en su vertiente positiva.
En las sentencias 228/2008, de 25 marzo, y 560/2013, de 7 de octubre, afirmamos que la responsabilidad del administrador prevista en el artículo 367 LSC es “una responsabilidad por deuda ajena “ex lege”, en cuanto su fuente – hecho determinante – es el mero reconocimiento legal, sin que sea reconducible a perspectivas de índole contractual o extracontractual. Se fundamenta en una conducta omisiva del sujeto al que por su específica condición de administrador se le exige un determinado hacer y cuya inactividad se presume imputable – reprochable -, salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique adecuadamente el no hacer. Responde a la “ratio” de proporcionar confianza al tráfico mercantil y robustecer la seguridad de las transacciones comerciales, cuando intervienen personas jurídicas mercantiles sin responsabilidad personal de los socios […], evitando la perdurabilidad en el tiempo de situaciones de crisis o graves disfunciones sociales con perturbación para otros agentes ajenos, y la economía en general”.
En consecuencia, el crédito que los acreedores sociales tienen contra el administrador social con base en el artículo 367 LSC se encuadra, por su naturaleza, entre los previstos en el artículo 84.2.10 LC.
Nacimiento del crédito
En el caso del crédito que los acreedores sociales tienen contra el administrador social con base en el artículo 367 LSC, el acaecimiento que origina el crédito es el nacimiento de una obligación social en un momento en que los administradores sociales responden solidariamente de las obligaciones sociales, lo que tiene lugar cuando haya concurrido una causa legal de disolución de la sociedad y los administradores hayan incumplido la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando esta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.
En el supuesto objeto del recurso, el crédito de los demandantes nació cuando se dictó la sentencia, que quedó firme, que condenaba a la mercantil, al pago de las costas del proceso, el 18 de marzo de 2013, pues los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 367 LSC concurrían desde varios años antes. Dado el administrador social había sido declarado en concurso mediante auto de 26 de enero de 2012, el crédito de los demandantes contra el administrador social es posterior a la declaración de concurso.
La consecuencia de todo lo que antecede es que concurren los requisitos necesarios para que el crédito de los demandantes tenga la consideración de crédito contra la masa del concurso del administrador social: es un crédito que resulta de una obligación nacida de la Ley y es posterior a la declaración de concurso de la persona contra la que se tiene el crédito.
Autor joanharoPublicado el 27/02/2018 Categorías Concursal, Insolvencia, Mercantil, Responsabilidad administradores
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