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Timestamp: 2017-09-24 03:17:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'Artículo 399', 'artículo 253', 'artículo 155', 'artículo 437', 'Artículo 264', 'Artículo 265', 'artículo 299', 'Artículo 403', 'artículo 403', 'artículo 250', 'artículo 64', 'artículo 250', 'artículo 16', 'Artículo 411', 'Artículo 412', 'artículo 77', 'artículo 15', 'artículo 76', 'artículo 83', 'artículo 91']

1. EL ACTO PROCESAL DE DEMANDA (CONCEPTO Y FORMA).
La demanda puede definirse como el acto procesal que proviene del actor e inicia el proceso, en la que pide la tutela judicial frente al demandado. En parecidos términos se ha definido como el acto procesal de parte por el que se ejercita el derecho de acción y se interpone completamente o se prepara la interposición de la pretensión.
Pueden darse una serie de características básicas de la demanda:
- La demanda es un acto procesal de parte y de postulación (petición). El acto procesal "demanda" es el medio formal para ejercitar el derecho concreto a la acción procesal, para solicitar la tutela judicial efectiva, para plantear un conflicto jurídico para obtener la tutela judicial en la posición del sujeto demandante. La demanda tiene por fin la obtención de una resolución judicial.
- La demanda es el acto inicial del proceso y su realización implica necesariamente la iniciación del proceso. Así se deduce de los arts. 399 y 437 LEC cuando afirman que "el juicio principiará por demanda...". Esto es así porque no se puede pretender la obtención de una resolución jurisdiccional y de la correspondiente tutela judicial sin seguir los trámites del correspondiente proceso, y para esto es necesario interponer demanda. A partir de la interposición de la demanda, como acto inicial del proceso, y tal como se recoge en el art. 404 LEC, se inicia la actividad por parte del órgano jurisdiccional que, inicialmente, deberá tomar una decisión sobre su admisión y, en su caso, prosecución de los trámites para dictar una sentencia que resuelva el fondo del litigio planteado.
- La demanda es un acto procesal que tiene dos destinatarios. Por una parte, la demanda se dirige frente a un sujeto con el que se sostiene un conflicto jurídico, y que podrá constituirse como demandado en el proceso. Por otra parte, como acto iniciador del proceso y acto de petición de tutela judicial, tiene como destinatario al órgano jurisdiccional – o en último extremo al Estado – que queda obligado a desarrollar la potestad jurisdiccional.
2. FORMA Y ESTRUCTURA DE LA DEMANDA.
Desde el punto de vista de la forma o estructura existen dos tipos de demanda: la demanda ordinaria y la demanda sucinta a las que se refieren los artículos 399 y 437 LEC.
El ámbito objetivo de los procesos en los que se interpondrá demanda sucinta viene determinado en el 437.1 LEC que lo vincula a los juicios verbales en los que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador – lo que supone los juicios verbales que hayan determinado por razón de la cuantía y no supere los 2.000€ –.
Tras la reforma introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, la demanda sucinta ha quedado como la forma residual (antes era la forma propia para la demanda del Juicio Verbal) y sólo se aplicará en determinados Juicios verbales, siendo la demanda ordinaria la forma usual de iniciar un proceso civil.
Demanda ordinaria.
La demanda por la que se inicia el Juicio ordinario se encuentra regulada en el art. 399 LEC y en relación con los requisitos y estructura del escrito de demanda pueden distinguirse una serie de elementos o partes:
- En primer lugar una invocación al órgano jurisdiccional al que se dirige, requisito que aunque no aparece mencionado en el art. 399 LEC, se deduce de la misma naturaleza de la demanda, pues se trata de un acto de postulación que se dirige a un determinado órgano jurisdiccional. En relación con la competencia territorial, el acto de presentación de la demanda supone sumisión tácita para el demandante (art. 56.1º LEC).
1º. El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda.
- En segundo lugar el encabezamiento. El encabezamiento tiene por objeto la identificación de las partes.
En relación con la parte demandante debe identificarse al procurador que asume la representación (art. 399.2 LEC), especificando cómo le ha sido conferida (por escritura de poder o apud acta), así como la del abogado que ostenta la defensa técnica.
“2. Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan”.
Además debe precisarse la persona que se constituye en parte demandante, de la que se aportarán todos los datos que faciliten su identificación y localización: nombre, apellidos, profesión, domicilio y los del representante legal o voluntario en el caso de que el demandante no tenga capacidad de obrar en juicio.
- En relación con la parte demandada, además de los datos de identificación, se deberán precisar cuantos datos conozca sobre el mismo, y que puedan resultar útiles en cuanto a su localización (domicilio, teléfono, fax o similares). El art. 155. 2 y 3 LEC concreta estas exigencias:
Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.
- Tras el encabezamiento, se procederá a recoger en la demanda la Fundamentación. Dentro de la fundamentación, hay que distinguir entre la fundamentación fáctica y jurídica.
* Fundamentación fáctica (o simplemente hechos) es el relato de los hechos y relaciones jurídicas sobre los que se solicita el pronunciamiento judicial. La descripción, desde el punto de vista fáctico, del conflicto jurídico sobre el que se recaba la solución del juez.
Esto supone en la práctica una correlación entre la numeración de los hechos en los escritos de demanda y contestación.
Conforme al art. 400.1 LEC el actor se encuentra obligado a formular en la demanda todos los hechos o títulos jurídicos en los que pueda fundarse lo solicitado en la demanda.
* Fundamentación jurídica (o fundamentos de derecho), son las razones, motivos o argumentos jurídicos que ofrece el demandante para que, sobre la base de los hechos relatados, el juez dicte una sentencia estimatoria de lo solicitado, de lo pretendido.
“Artículo 399. La demanda y su contenido
4. En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo”.
Se distingue aquí los fundamentos jurídicos atinentes a la forma o al fondo.
En los fundamentos jurídico procesales, la demanda deberá justificar la concurrencia de los presupuestos procesales, por lo que deberá referirse a jurisdicción, competencia, capacidad de las partes, postulación, así como concretar la “clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda” (art. 399.4 LEC). Por otra parte, el artículo 253.1 LEC exige que la demanda también recoja la cuantía del procedimiento lo que, en su caso, exigirá la determinación del valor de lo solicitado en la demanda, para lo cual se está a las reglas contenidas en los arts. 251 y 252 LEC, que deberán permitir la expresión de la cuantía de la demanda (art. 253.1 LEC).
En cuanto a los fundamentos jurídico-materiales
- La petición o petitum (el suplico), es “lo que se pide” teniendo por base (consecuencia lógica) lo alegado en los fundamentos, y lo que en cualquier caso debe ser objeto último del pronunciamiento judicial con su estimación o desestimación.
La petición debe ser clara, precisa y concreta.
1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con la que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.
En una demanda puede formularse una o varias peticiones. En este último caso, las peticiones se formularán por separado.
Si hubiese varias peticiones, éstas puede ser acumulables o subsidiarias, si se pretende la estimación de todas o de sólo alguna y de modo subsidiario para el caso de que la principal no fuera estimada la estimación del resto (en este supuesto se expresará cuál es la petición principal y cuál o cuáles las subordinadas).
Además de la demanda prevista en el art. 399 LEC el art. 437 LEC prevé la posibilidad de interponer demanda “sucinta” en aquellos juicios verbales que no requieran la intervención preceptiva de abogado y procurador.
Con carácter general el rasgo distintivo de esta demanda respecto de la ordinaria es la ausencia de fundamentación en la estructura.
Por lo tanto la estructura de la demanda sucinta se compondrá por la invocación al órgano jurisdiccional, el encabezamiento (con los datos de identificación y localización de las partes) y la petición o petitum. No obstante, el demandante puede optar por formular su demanda en la forma prevista para el juicio ordinario e incluir la fundamentación de lo que se pide en la propia demanda, la LEC no lo exige pero tampoco lo excluye.
Esta simplificación llega hasta el punto de que se puede interponer rellenando un formulario o impreso que se encuentra a disposición de los demandantes en las sedes judiciales, tal como prevé el artículo 437.2.II LEC:
“A tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos normalizados que se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente”.
El defecto en el modo de proponer la demanda por imprecisión en la determinación de la petición que se deduzca es uno de los aspectos procesales que pueden ser controlados en la audiencia previa (art. 424 LEC).
3. LOS DOCUMENTOS QUE SE HAN DE ACOMPAÑAR A LA DEMANDA.
Con carácter general la presentación de la demanda (y como veremos la contestación en el caso del demandado) es el momento en el que precluye la posibilidad de aportar los documentos que quieran aportarse al proceso (tanto los relativos a cuestiones o aspectos procesales, como los relativos al fondo del asunto).
En relación con estos documentos que deben acompañar a la demanda, el legislador distingue entre documentos de carácter procesal y sobre el fondo del asunto.
Los documentos procesales que pueden/deben aportarse junto con la demanda son los previstos en el art. 264 LEC.
- El poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue apud acta (en cuyo caso el apoderamiento constará en la causa).
- Los documentos relativos a la representación que el litigante se atribuya. Este documento responde a la necesidad de que se establezca claramente quién es la persona que demanda, por lo que se ha de especificar si se comparece por sí o en representación legal o voluntaria de una persona física o jurídica. Lo frecuente es que la acreditación del carácter con el que se litiga se refleje ya en el poder que se concede al procurador (A apodera al procurador B en nombre y representación, que acredita ante el notario, de la sociedad C).
- Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento. Este documento como es lógico se aportará cuando tal cuantificación no se deduzca de un modo evidente y pueda dar lugar a controversia.
“Artículo 264. Documentos procesales
1º El poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorguen «apud acta».
2º Los documentos que acrediten la representación que el litigante se atribuya.
3º Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento”
Junto con la demanda también han de aportarse todos los documentos que la parte demandante utilice para fundamentar su pretensión. Están previstos en el art. 265 LEC bajo la rúbrica “Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto”. “A toda demanda o contestación habrán de acompañarse” (art. 265.1.1º LEC).
- “Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden” (art. 265.1.1º). Es la cláusula general por la que la Ley se refiere a cualesquier documentos que puedan suponer una acreditación o prueba de los fundamentos relatados en la demanda.
- La LEC recogiendo un concepto amplio de documento también exige la presentación conjuntamente con la demanda de otro tipo de objetos o elementos que sirvan para la recogida de datos, siempre que se refiera al objeto del proceso. Así, el art. 265.1.2º LEC se remite al art. 299.2 LEC que prevé:
“2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”.
- Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase (art. 265.1.3º LEC).
- Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones (art. 265.1.4º LEC).
En este punto la LEC establece las excepciones de dictámenes de parte aportados con posterioridad (art. 337 LEC) y los dictámenes de peritos nombrados judicialmente (art. 339 LEC).
- Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados (art. 265.1.5º LEC).
“Artículo 265. Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto
2º Los medios e instrumentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 299, si en ellos se fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes.
En caso de que la parte, al presentar su demanda, no puedan disponer de los documentos materiales, podrá designar el archivo, protocolo o lugar en que se encuentren, o el registros, libro registro, actuaciones o expediente del que se pretenda obtener una certificación. En este caso la designación de archivos en la demanda es imprescindible para que, en un trámite procesal posterior (en la audiencia previa al proponer la prueba) pueda instarse del Juzgado que se requiera al poseedor del documento su aportación al proceso.
“Si lo que pretenda aportarse al proceso se encontrara en archivo, protocolo, expediente o registro del que se puedan pedir y obtener copias fehacientes, se entenderá que el actor dispone de ello y deberá acompañarlo a la demanda, sin que pueda limitarse a efectuar la designación a que se refiere el párrafo anterior.
4. En los juicios verbales, el demandado aportará los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes a que se refiere el apartado 1 en el acto de la vista”.
La posibilidad de aportar documentos al proceso para la parte actora precluye con la presentación de la demanda, lo que pone de manifiesto la importancia de este acto procesal y la necesidad de su meticulosa preparación en lo relativo a la documentación que debe ser aportado al proceso.
4. ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DEMANDA.
Una vez interpuesta la demanda, el órgano jurisdiccional al que se dirige procede a su admisión o no a trámite.
La admisión a trámite implica darle a la demanda la tramitación prevista en la normativa procesal, dictando auto de admisión y dando traslado de la misma al demandado para que proceda a su contestación en el plazo de veinte días.
Por el contrario la inadmisión implica la no tramitación de la demanda, sin que se proceda a seguir los cauces procesales previstos para sustanciar el proceso, procediéndose, por el contrario, al archivo de las actuaciones sin ni siquiera remitir la demanda al demandado.
La regla general de la que debe partirse es de la admisión a trámite.
“Artículo 403.
Es decir, para que se proceda a la inadmisión de una demanda debe concurrir una de las circunstancias previstas en un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil como generadoras de tal consecuencia.
Como supuestos o causas tasadas de inadmisión el artículo 403 (“Admisión y casos excepcionales de inadmisión de la demanda”) de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los siguientes:
- El art. 403.3 LEC prevé la inadmisión de las demandas a las que no se acompañen los documentos que la ley expresamente exija para su admisión. Es decir, la LEC hace una nueva remisión legal para determinar los supuestos de inadmisión de la demanda.
Una de estas causas de inadmisión es la contemplada en el art. 269.2 LEC en el que se prevé la no admisión de las demandas a las que no se acompañen los documentos previstos en el art. 266 LEC, precepto en el que establece la obligación de acompañar distintos documentos a distintos tipos de demandas (p.ej. los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda – art. 266.2º LEC –; los documentos que prueben el título en el que se funde una demanda de retracto – art. 266.3º LEC –).
767.1 Procedimiento de filiación.
- El art. 439 LEC (“Inadmisión de la demanda en casos especiales”) prevé la inadmisión de la demanda en una serie de supuestos relacionados con distintos procedimientos especiales que se siguen los trámites del Juicio Verbal.
2. En los casos del número 7º del apartado 1 del artículo 250 , no se admitirán las demandas en los casos siguientes:
1º Cuando en ellas no se expresen las medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere.
2º Si, salvo renuncia del demandante que hará constar en la demanda, no se señalase en ésta la caución que, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 , ha de prestar el demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio.
3º Si no se acompañase a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante.
4. En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 250 , cuando la acción ejercitada se base en el incumplimiento de un contrato de venta de bienes muebles a plazos, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el apartado segundo del artículo 16 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles , así como certificación de la inscripción de los bienes en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si se tratase de bienes susceptibles de inscripción en el mismo. Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o de bienes muebles, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el apartado tercero de la disposición adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
6. EFECTOS DE LA DEMANDA ADMITIDA A TRÁMITE (La Litispendencia).
Los efectos que produce la admisión de la demanda (desde el momento de su interposición) se agrupan bajo el concepto general de litispendencia (regulado en los arts. 410 y ss LEC). Si se admite la demanda los efectos se retrotraen al momento de interposición de la demanda (“La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida” – art. 410 LEC –).
Comienzo de la litispendencia
Los efectos producidos por la admisión de la demanda son de carácter procesal o de carácter material.
- Entre los efectos procesales, el más importante es la propia iniciación del proceso (arts. 399 y 404 LEC). Aunque esto realmente es un efecto de la interposición de la demanda más que de la propia admisión, pues en los supuestos de inadmisión, aunque mínima, también hay actividad procesal.
- La admisión de la demanda determina la llamada perpetuatio jurisdictionis (art. 411 LEC), el órgano que, siendo competente, ha admitido la demanda, será el que conozca del proceso hasta el momento de dictar sentencia, y esto aunque se altere el domicilio de las partes o el objeto del juicio. Este efecto viene dado por razones de economía procesal, y para evitar dilaciones indebidas en el proceso.
“Artículo 411- Perpetuación de la jurisdicción
Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia”.
- Además la admisión de la demanda implica la preclusión de la posibilidad de formular alegaciones, transformando la demanda. Es, la que se ha visto, la prohibición de mutatio libeli. El objeto del proceso queda definido por la demanda, la contestación y la eventual reconvención, sin perjuicio de las posibles alegaciones complementarias previstas en el art. 426 LEC (art. 412 LEC).
“Artículo 412. Prohibición del cambio de demanda y modificaciones admisibles
2. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la presente Ley”.
- Otro efecto de naturaleza procesal, si bien ajeno al proceso que comienza (puede decirse que se trata de un efecto ad extra) es el de litispendencia en sentido estricto. Este efecto determina que la existencia de un proceso impide la iniciación de otro en el que se diera identidad en sus elementos subjetivos y objetivos (art. 416.1.2ª y 421 LEC).
Efectos materiales. Desde el punto de vista del derecho material la admisión de la demanda produce una serie de efectos:
- Supone la interrupción de la prescripción civil extintiva, como se señala en el art. 1973 CCiv. “…la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales...”.
- Implica la consideración de los bienes objeto del pleito como bienes litigiosos, ya sean cosas o créditos. En este sentido, a modo de ejemplo, el art. 1291.4º CCiv dice que los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente, son rescindibles. Igualmente, el art. 1.535 C.C. hace referencia a los créditos litigiosos.
- Con carácter general el deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios; pero, si hubiese sido judicialmente demandado por alguno, el pago deberá ser realizado a éste (art. 1.142 CCiv.), por lo tanto la admisión de la demanda determina cuál de los acreedores solidarios debe recibir, en su caso, el pago.
- La admisión de la demanda determina la constitución en mora del deudor (art. 1.100 CCiv.).
- Surge la obligación de pagar intereses, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto (art. 1.109 CCiv).
Los tres últimos efectos se producen siempre y cuando la sentencia sea estimatoria de la pretensión, retrotrayendo en ese caso los efectos al momento de admisión de la demanda.
7. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES.
a) La acumulación de acciones.
La acumulación de acciones es el planteamiento en una misma demanda de varias pretensiones – distintos objetos en un mismo proceso –. Por tanto, se caracteriza la acumulación de acciones por la unidad de demanda y procedimiento, y la diversidad de pretensiones u objetos procesales.
Su regulación legal se contiene en los arts. 71 a 73 LEC.
Efecto principal de la acumulación. Acumulación objetiva de acciones. Acumulación eventual
Dentro de la tipología de acumulación de acciones, cabe distinguir la acumulación simple o eventual y la acumulación objetiva o subjetiva.
La acumulación simple tiene lugar cuando las pretensiones acumuladas no se excluyen entre sí, de manera que se persigue la estimación de todas las pretensiones interpuestas. Por el contrario la acumulación eventual consiste en la interposición de una pretensión principal y, para el caso de que ésta sea desestimada, se plantea otra con carácter subsidiario (en principio incompatibles). La admisibilidad de este tipo de acumulación radica en que las pretensiones se plantean de modo sucesivo, de manera que la desestimación de la pretensión principal da lugar al pronunciamiento sobre la subsidiaria (art. 71.4 LEC).
La acumulación objetiva es la formulación dentro de una misma demanda y contra el mismo demandado de una pluralidad de pretensiones, que han de tramitarse en un único procedimiento y resolverse en la misma sentencia (art. 71.1 LEC). En cuanto a la acumulación subjetiva es el ejercicio en un mismo proceso de las acciones que uno tenga contra varios o las acciones que varios tengan contra uno, lo que nos lleva a situaciones litisconsorciales.
La acumulación objetiva se basa en la existencia de un nexo subjetivo entre las acciones; así, el art. 71.2 LEC afirma que el actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí. Por el contrario, la acumulación subjetiva se fundamenta en circunstancias objetivas, en concreto en que las diversas acciones nazcan de un mismo título o se basan en una misma causa de pedir.
La acumulación de acciones se lleva a cabo a instancia de parte, como se deduce del art. 71.2 ("el actor podrá acumular..."), lo cual es una consecuencia del principio dispositivo y de justicia rogada.
Para que la acumulación de acciones sea permita se establecen unos requisitos o presupuestos de admisibilidad.
- En relación con la acumulación objetiva, ha de darse una identidad entre las partes, es decir, las partes han de ser las mismas en cada una de las pretensiones acumuladas (se pueden pedir distintas peticiones pero siempre por la misma persona contra la misma persona). Esto se deduce del art. 71.2 cuando afirma que el actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado.
- En relación con la acumulación subjetiva debe darse el nexo entre las distintas acciones formuladas, es decir, deben basarse en el mismo título o causa de pedir, lo que sucede conforme al art. 72 LEC “cuando las acciones se funden en los mismos hechos”.
- En relación con el órgano jurisdiccional, el Juez que conoce de la cuestión principal, debe ser competente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada (art. 73.1.1º LEC). A este respecto, el art. 73.1.1º previene que “Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal”.
- Es necesario que las acciones deban ventilarse, por razón de la materia, en juicios de igual tipo o naturaleza. (art. 73.1.2º). A esto es aplicable la previsión que se acaba de ver del art. 73.1.1º LEC.
- Además, el art. 71.2 LEC exige que las acciones no se excluyan mutuamente o sean incompatibles entre sí, de modo que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra.
- Por último, en relación con el límite temporal para la acumulación de acciones el art. 401.1 LEC establece que no se permitirá la acumulación de acciones después de contestada la demanda.
Momento preclusivo de la acumulación de acciones. Ampliación objetiva y subjetiva de la demanda
437. para el ámbito del juicio verbal.
8. LA LLAMADA ACUMULACIÓN DE PROCESOS.
La acumulación de procesos (antes llamada de autos) se caracteriza por la preexistencia de diversos procesos declarativos que vienen a ser reunidos en un solo procedimiento. Sobre la fundamentación de la acumulación de autos se alegan dos razones: en primer lugar motivos de economía procesal, que exige la no realización de las mismas actuaciones en diversos procesos; por otro lado, la seguridad jurídica se ve garantizada por la acumulación de autos ya que se evita que puedan darse contradicciones jurídicas y lógicas entre diversas sentencias.
El régimen legal es el previsto en los arts. 74 a 98 LEC.
Presupuestos/requisitos de la acumulación de procesos.
El art. 76 LEC señala unos requisitos positivos, que suponen realmente una definición de los supuestos en que procede esta acumulación. Así el precepto señala que la acumulación de procesos sólo se ordenará:
- Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
- Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. Es decir, cuando existe el riesgo de una contradicción.
1º La sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
2º Entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.
1º Cuando se trate de procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios, susceptibles de acumulación conforme a lo dispuesto en el apartado
1.1º de este artículo y en el artículo 77, cuando la diversidad de procesos no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de acciones o la intervención prevista en el artículo 15 de esta Ley.
2º Cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnación de acuerdos sociales adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración. En este caso se acumularán todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se soliciten la declaración de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un período de tiempo no superior a cuarenta días desde la presentación de la primera de las demandas.
Por el contrario, se señala en el art. 78 LEC, en sentido negativo, aquellos supuestos en los que no se podrá llevar a cabo la acumulación de procesos:
- En primer lugar no cabrá acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia (o aunque la Ley no lo dice mediante la excepción de cosa juzgada). En este caso dado que se trata de procesos con el mismo objeto uno de ellos, más que acumularse, debe ser archivado.
- Además, no procederá la “acumulación de procesos cuando no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta o con la reconvención, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos, cuya acumulación se pretenda”. Es decir, no cabe la acumulación en los supuestos en que se pudo acudir a otros medios procesales para formular tal pretensión, como la acumulación de acciones, la ampliación de demanda o la reconvención. La Ley (art. 78.3 LEC) presume que pudo acudirse a tales medios si la acumulación se promueve por quien es demandante o demandado en todos los procesos a acumular.
Improcedencia de la acumulación de procesos. Excepciones
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los procesos a los que se refiere el número 2.1º del artículo 76.
En tales casos, se decretará la acumulación de procesos, incluso de oficio, conforme a lo dispuesto en esta
Junto a la configuración de los procesos acumulables y no acumulables, el legislador hace una previsión sobre los requisitos que requiere la acumulación:
* La acumulación debe ser solicitada a instancia de parte.
* Se requiere que exista adecuación procedimental entre los procesos acumulados, es decir, que ambos deban seguir los mismos trámites o, al menos que la acumulación no implique pérdida de derechos procesales.
Procesos acumulables
* El tribunal ante el que se deban acumular los procesos (que es el que conozca del más antiguo) deberá ser competente para conocer del procedimiento acumulado.
“Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular” (art. 77.2 LEC).
“Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la ley carácter inderogable para las partes” (art. 77.3 LEC).
* En relación con el momento en que la acumulación ha de ser solicitada, los procesos cuya acumulación se pretenda deberán encontrarse en primera instancia.
La LEC establece dos tipos de procedimientos dependiendo de si los procesos cuya acumulación se pretende se encuentran tramitándose ante el mismo órgano jurisdiccional o ante órganos distintos.
* En los supuestos en que los procesos penden ante el mismo órgano tras la solicitud (art. 81 LEC) se otorga plazo de alegaciones a todas las partes de los procesos a acumular (art. 83.1 LEC) y el juzgador resuelve sobre la acumulación mediante auto, susceptible de recurso de reposición (art. 83.2.II).
Solicitud de la acumulación de procesos
1. Solicitada en forma la acumulación de procesos, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende, aunque no lo sean en aquel en el que se ha solicitado, a fin de que, en el plazo común de diez días, formulen alegaciones acerca de la acumulación.
En el caso de que se acuerde la acumulación, si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera instancia, se ordenará la suspensión del que estuviera más avanzado, hasta que los otros se hallen en el mismo o similar estado (art. 84.2 LEC). En caso de denegación los procesos se tramitarán separadamente.
Efectos del auto que otorga la acumulación
* En los supuestos en que los procesos se tramiten ante órganos diferentes, el procedimiento es más complejo.
En primer lugar se prevé que la solicitud de acumulación se presente ante el tribunal que conozca del más antiguo, conforme a las reglas del art. 79 LEC.
La solicitud no tendrá efectos suspensivos (art. 88). Recibida la solicitud se dará traslado a las demás partes personadas (art. 88.3 LEC).
4. El Secretario judicial dará traslado a las demás partes personadas de la solicitud de acumulación para que, en el plazo común de diez días, formulen alegaciones sobre la procedencia de la acumulación, y tras ello resolverá el Tribunal en el plazo de cinco días y según lo dispuesto en el artículo 83 de esta Ley. Cuando la acumulación se deniegue, se comunicará por el Secretario judicial al otro Tribunal, que podrá dictar sentencia o, en su caso, proceder a la celebración del juicio o vista».
Si el juzgado (requirente) ante el que se solicita la acumulación estima procedente la misma, remitirá requerimiento de acumulación al otro juzgado (requerido), que dará traslado a las partes de ese proceso (art. 90 LEC).
El juzgado requerido dictará auto aceptando o denegando el requerimiento de acumulación. En este punto el juzgado requerido tiene importantes límites en cuanto a su capacidad para denegar la acumulación, tal como expresa el art. 91.2 LEC:
“Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a la acumulación o si no alegaren datos o argumentos distintos de los alegados ante el tribunal requirente, el tribunal requerido se abstendrá de impugnar los fundamentos del auto requiriendo la acumulación relativos a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 , y sólo podrá fundar su negativa al requerimiento en que la acumulación debe hacerse a los procesos pendientes ante el tribunal requerido.”
Si se estima la acumulación, se remitirán los autos al juzgado requirente (ante el que se interpuso la solicitud) y se emplazará en el mismo a las partes para su personación.
Si el juzgado requerido desestima la acumulación, se lo comunicará al juzgado requirente, siendo competente para dirimir la discrepancia el tribunal inmediatamente superior común a ambos órganos jurisdiccionales (art. 93 LEC) que será quien decida si procede o no la acumulación conforme a lo alegado por las partes.
Efectos de la no aceptación de la acumulación de procesos por el tribunal requerido
1. Cuando, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 91 , el tribunal requerido no aceptare el requerimiento de acumulación por estimarla improcedente o por creer que la acumulación debe hacerse a los que pendan ante él, lo comunicará al tribunal requirente y ambos deferirán la decisión al tribunal competente para dirimir la discrepancia.
**Pluralidad de objetos.
Cabe la posibilidad de que un proceso tenga varios objetos, con varias pretensiones o peticiones y sus respectivas causas de pedir, causa petendi. Esto viene propiciado por la existencia de varias instituciones.
Otro supuesto que da lugar a la pluralidad de objetos en el proceso civil es la ampliación de la demanda. Esta es la posibilidad prevista en el art. 401.2 LEC, de acumular nuevas acciones a las ya ejercitadas, o de dirigir las ya planteadas contra nuevos demandados. No es más que un supuesto de acumulación de acciones pero diferido a un momento posterior a la interposición de la demanda.
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