Source: https://es.scribd.com/doc/27545284/Propuesta-de-Reforma-Politica-PRD-PT-y-Convergencia
Timestamp: 2015-11-25 19:10:51
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Propuesta de Reforma Política PRD, PT y Convergencia
P. 1Propuesta de Reforma Política PRD, PT y ConvergenciaPropuesta de Reforma Política PRD, PT y Convergencia|Views: 3.208|Likes: 14Publicado porliccp08-12Propuesta de Reforma Política PRD, PT y ConvergenciaPropuesta de Reforma Política PRD, PT y ConvergenciaMore info:Published by: liccp08-12 on Feb 27, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/27545284/Propuesta-de-Reforma-Politica-PRD-PT-y-Convergencia11/13/2012pdftextoriginalDE LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DE CONVERGENCIA DE AMBAS CÁMARASDEL CONGRESO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN LEGISLADORES Y LEGISLADORAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DE CONVERGENCIA DE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Los suscritos, legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Antecedentes La transición política en México sigue siendo un proceso inacabado y, por lo mismo, vulnerable ante los intentos de restauración del autoritarismo y las ansias de regresión democrática que, disfrazados de propuestas “modernizadoras” de alto impacto mediático, esconden la verdadera intencionalidad de sus autores: establecer en México un bipartidismo que atienda las necesidades del proyecto político y económico de la derecha conservadora. Los mexicanos llevamos muchas décadas impulsando la democratización del país, sin haber logrado, hasta ahora, una verdadera transformación del Estado. Los procesos democratizadores de nuestro sistema político se iniciaron en el campo, las escuelas y universidades, los sindicatos, las colonias populares, en la radicalización de movimientos que fueron brutalmente reprimidos y que aún demandan justicia. Aunado a ello, los estudiosos de la democracia representativa y del derecho parlamentario coinciden en que la transición democrática en los espacios legales de México se inició formalmente a finales de los años ochenta y ha transcurrido un largo periodo que ha devenido en su estancamiento e, incluso, se descarriló. Es decir, la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, tampoco una constitucionalidad que confirme un sistema democrático. Ni en el ámbito de la participación representativa ni en los órganos autónomos o en la construcción de políticas públicas, la democracia social ha encontrado un cauce que dé a los ciudadanos carta plena de participación en las decisiones que directamente impactan su vida. Sería largo enumerar aquí los avances y los retrocesos de tan complejo proceso que combina evolución e involución política. Nosotros hemos sido protagonistas y ejemplo de que, si bien el poder se ha pluralizado, no se ha democratizado a cabalidad. Lo que es peor, no hemos sido capaces de dar a la soberanía de origen los instrumentos necesarios para la toma de decisiones en los temas fundamentales de la República, a través de formas eficaces de democracia directa y de participación ciudadana.
La alternancia en el poder no ha podido resolver los grandes rezagos que vive el país. La gente no ha visto reflejado en sus bolsillos, en su forma de vivir o de subsistir los beneficios de la democracia. Estos últimos veinte años se han caracterizado por un grave deterioro económico, profundizado por un modelo neoliberal de desarrollo que ha demostrado totalmente su inoperancia y fracasado en generar una distribución equitativa de la riqueza. La fórmula de alternancia partidista que dio continuidad a las políticas económicas nos ha conducido a severas crisis de desempleo, inseguridad, corrupción, mínimo crecimiento y pérdida de presencia y competitividad internacional, sin precedentes en nuestra historia reciente. Por ello, a la par de la reforma al sistema político, debemos impulsar a través de la conformación de instituciones democráticas, la transición de un modelo basado en la especulación financiera y en la indiscriminada apertura comercial, a uno basado en la producción e inversión en bienes, servicios y conocimiento, así como en un intercambio comercial diversificado y equitativo. La sociedad mexicana ya ha experimentado gestiones de gobiernos municipales, estatales y federales de diferente signo partidista, lo que en sí mismo es positivo. Sin embargo, algunas de estas experiencias han sido desalentadoras, sobre todo ahí donde la corrupción y los poderes fácticos han capturado a gobiernos de distinto signo político. Se han pluralizado el engaño y la mentira, se han generalizado la corrupción y la impunidad, y no hemos logrado transparentar suficientemente las prácticas gubernamentales. No hemos desterrado el viejo centralismo y se observa una peligrosa “feudalización” que pervierte o anula cualquier impulso democratizador de nuestros estados y municipios. No hemos logrado incubar el profundo significado de la austeridad en el gasto corriente de los poderes y los órganos autónomos, todos ellos dispendiosos, con grandes franjas de opacidad y con un crecimiento sin precedentes en la alta burocracia, sobre todo, en los ejecutivos federal y estatales. Necesitamos cambiar; necesitamos tomar otra vez el timón de la democratización del país, y como paso fundamental y primigenio, necesitamos transformar el órgano reformador del país, que es justamente el Congreso de la Unión. Requerimos descentralizar el poder. Nuestra agenda política nos exige instaurar en los hechos el principio constitucional de equilibrio entre los poderes públicos, y generar espacios de participación de los ciudadanos para acotar el arraigado autoritarismo presidencial; fortalecer al Poder Legislativo, confiriéndole rasgos parlamentarios al sistema político dotándolo de mecanismos de control que aumenten su capacidad para fiscalizar, evaluar y ratificar las acciones y decisiones del Poder Ejecutivo. Por todo lo anterior, los legisladores federales de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia en ambas cámaras del Congreso de la Unión, hemos integrado en esta iniciativa los diversos planteamientos que en muchas de las materias que aborda la presente iniciativa hemos abanderado desde hace muchas legislaturas, modernizando las propuestas y sistematizando su formulación, de modo que en el marco del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), consolidemos una propuesta única, sólida, coherente y viable para la transformación política del país, bajo el entendido de que es solo una parte de otros planteamientos igualmente integrales que habrán de realizarse en materia fiscal y económica, de justicia y de desarrollo social. Resulta importante precisar que la presentación de esta iniciativa colegiada de las fuerzas integrantes del DIA, resulta fundamentalmente de los acuerdos políticos que le dieron origen, más que de un ánimo reactivo a iniciativas que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales hayan presentado el titular del Poder Ejecutivo Federal, legisladores de su partido, o de otras fuerzas partidistas. No obstante, resulta conveniente expresar algunas posiciones y puntos de vista, principalmente referidos a la propuesta del Ejecutivo Federal, que permiten contextualizar y comprender de mejor manera la presente
iniciativa. En primer lugar, la iniciativa del Ejecutivo Federal, tal y como se encuentra estructurada, contra lo que se expresa en su presentación, dista mucho de ser una propuesta integral, de buena fe, con ánimo plural y democratizador; todo lo contrario, resulta limitada, mezquina y construida justo a la medida de las necesidades de un gobierno que no ha sabido o no ha querido utilizar los mecanismos y las herramientas del diálogo y el acuerdo para reformar al país; de hecho, su propuesta se dedica a descalificar la pluralidad como expresión de la democracia e imaginar un sistema de partidos políticos cerrado, donde los grandes temas nacionales puedan procesarse rápidamente por la vía de los acuerdos cupulares y las decisiones de espaldas a la nación. En ese tenor, mientras en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se argumenta la necesidad de dar mayor participación a la ciudadanía, en el texto de las propuestas se le limita a sólo ser comparsa de diferendos del ejecutivo con el legislativo, o promotor de iniciativas sin destino; mientras que por una parte, el Ejecutivo propone el fortalecimiento del sistema de partidos, por la otra propone desaparecer partidos, limitar la pluralidad e instaurar el bipartidismo; mientras que habla de reducir el costo de la democracia a través de eliminar escaños en el congreso, por otro lado plantea mecanismos como la segunda vuelta para la elección presidencial, que encarecerían absurdamente los costos de las elecciones. En otros casos, la iniciativa en cuestión aborda temas que históricamente ha abanderado la izquierda mexicana, pero los presenta de manera incompleta, distorsionada y limitada. Por ejemplo, asume que las formas de la democracia participativa son necesarias para democratizar la vida pública del país, pero omite proponer la revocación del mandato y el plebiscito. Cuando propone el referéndum, es sólo como vía para suplir sus incapacidades y apelar al pueblo para que decida sobre eventuales conflictos del entre poderes, eludiendo su responsabilidad política de construir acuerdos y consensos con el Poder Legislativo y, aún más, insertarse indebidamente en el proceso de reformas constitucionales y excluir del mismo a las legislaturas de los estados. En ese contexto, contra la intencionalidad implícita y explícita de la iniciativa presidencial de antagonizar las formas de la democracia participativa con las de la democracia representativa, esta iniciativa propone la complementariedad de ambas; y aún más allá, que la democracia participativa no se limite a las figuras clásicas conocidas, como son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato, sino que se reconozca, dentro del catálogo de garantías constitucionales la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en todas las formas posibles en la construcción del Estado. Así, más allá de las puramente electivas se establecen potestades ciudadanas para tomar parte decisiva, no testimonial o simplemente propositiva, en los procesos de formación de políticas públicas, la planeación del desarrollo nacional y la integración del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, la ceración de un Consejo Económico y Social que evalúe, vigile y se pronuncie respecto de la marcha del país. En suma, se pretende sentar las bases para construir una nueva ciudadanía basada en la pluralidad, la verdadera democracia y el respeto a los derechos de las minorías En otros casos, como en los temas de la figura de iniciativa llamada preferente o en el de candidaturas independientes, la iniciativa del Ejecutivo Federal, además de pecar de omisiones regulatorias, ignora que ya existen en el poder legislativo procesos de reformas constitucionales avalados por legisladores de su partido, que no son tomados en consideración. Finalmente, como uno de los ejes argumentales de su iniciativa, el Ejecutivo federal alega que lo que impedido el desarrollo del país, en buena medida, es el inmovilismo o la parálisis legislativa, ignorando manera tendenciosa, que es precisamente durante su mandato, cuando se ha producido el mayor número reformas constitucionales, producto del acuerdo entre todas las fuerzas políticas, incluso el partido de ha de de su
filiación. De hecho, conviene precisar que del total de ciento ochenta y nueve decretos que han modificado diversos artículos de la Constitución mexicana desde 1917, setenta y siete de ellos se han producido a partir de 1997 a la fecha, período en el que ya ninguna fuerza ha tenido la mayoría calificada en el Congreso para reformar pos sí solo la carta magna; aún más, en los tres años que corre del periodo del Presidente Calderón, se han publicado hasta ahora 22 decretos de reformas de diversa índole y magnitud, muchos de ellos impulsados por el mismo Presidente o su partidos, lo que da cuenta empírica de la incorrecta aseveración de que existe inmovilismo u obstruccionismo legislativo. Al abrirse el debate nacional en torno a distintos temas que en la Iniciativa de jefe del Ejecutivo federal se proponen, también se incorporan las propuestas de los distintos Grupos Parlamentarios representados en ambas Cámaras del Congreso y de diferentes especialistas. Con este ánimo, el Senado de la República llevó a cabo el: "Seminario de Análisis, Reforma Política", los pasados días 25 y 26 de enero del año en curso. Se contó con la presencia de parlamentarios de distintos países, representantes de organismos internacionales como la ONU e IDEA; presidentes nacionales de los diversos partidos políticos y analistas del tema. En la propuesta realizada por el Ejecutivo federal se reconocieron avances en los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo hubo coincidencias para avanzar mas allá de esta propuesta a una nueva realidad en la vida democrática de México, a partir de mayores mecanismos de democracia participativa y democratización de los órganos de gobierno, que en la del Ejecutivo son insuficientes. En el Foro se señalaron aquéllos puntos que podían ser enriquecidos en la iniciativa del Ejecutivo, y que básicamente se inscriben en la agenda que ha construido la izquierda mexicana. Así se señalaron temas como las candidaturas ciudadanas, las formas de la democracia participativa, la revocación de mandato, las candidaturas ciudadanas, y la iniciativa preferente, entre otros. También se subrayaron otros temas que no se incluyen, como: la ley de partidos, la legislación en caso de ausencia del Presidente, ratificación de gabinete y la figura del Consejo Económico y Social. Tampoco se consideró un capítulo de derechos fundamentales de la Carta Magna, o un modelo de federalismo más moderno. Ante la impostergable reforma del sistema político, los partidos de izquierda representados en el Congreso, presentamos de manera conjunta esta iniciativa de reforma al sistema político con el objetivo de avanzar hacia una verdadera transformación del Estado mexicano que abra el cauce a la participación ciudadana y a la democratización de los órganos de gobierno. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Candidatos independientes La participación ciudadana es un elemento esencial en las democracias modernas, lo que representa trascender de la noción de democracia electoral y dar paso a la democracia participativa, en la que se promuevan espacios de interacción entre los ciudadanos y el Estado. Las candidaturas Independientes, son una vía de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en un régimen democrático. La apertura en esta materia, significa un avance en la construcción de nuestra democracia. El derecho ciudadano a “votar y ser votado” forma parte de los derechos civiles y políticos reconocidos a nivel
nacional e internacional. No obstante, en el caso de México este tema es una asignatura pendiente, cuando la tendencia internacional es el fortalecimiento de los regímenes democráticos a partir de la coexistencia de un sistema de partidos y de candidaturas independientes. La iniciativa plantea una revisión estructural del artículo 41 de la Constitución, a efecto de incorporar como parte de las funciones del Estado, además de las de la democracia participativa, la reglamentación básica de las candidaturas independientes, bajo la premisa de que la Carta Magna permite, de manera indubitable esta figura. En este contexto, al no prohibir el registro y participación de los candidatos independientes y subsumida en el paradigma del derecho ciudadano de “votar y ser votado”, lo que proponemos es adicionar una fracción V con tres apartados al párrafo segundo del artículo 41, de modo que, se regulen las candidaturas independientes, y que en su oportunidad se desarrollen las bases que sirvan de referente a las constituciones y leyes electorales de los estados y el Distrito Federal. En el Apartado A de la fracción IV, del citado artículo, se propone instaurar el derecho de los candidatos independientes a contar, de manera equitativa y proporcional, con los medios necesarios para participar en los procesos electorales federales. En términos de garantizar que los candidatos independientes apliquen recursos y cumplan adecuadamente con sus responsabilidades, se establece, la necesidad de que otorguen fianza, cuyo monto sería reintegrado una vez cumplidas las reglas del caso. Proponemos, que los candidatos independientes lo podrán ser para las elecciones a presidente, diputados y senadores. No obstante al también proponer esta iniciativa que el sistema electoral esté basado exclusivamente en el principio de representación proporcional en ambas cámaras del Congreso, cada fórmulas de candidatos a senadores o diputados participe en cada circunscripción electoral (que ahora se proponen sean 32, una por cada entidad federativa) como una lista de partido. Con el fin de propiciar que las candidaturas independientes se constituyan en verdaderos mecanismos de participación de ciudadanos que no se sienten representados ideológica o programáticamente por alguno de los partidos políticos. En otro orden de ideas, es necesario dejar asentada la intención de las fuerzas partidistas que sustentan esta iniciativa, de presentar posteriormente a la presente, una iniciativa de Ley de Partidos, en la cual se establezcan en forma independiente a la normatividad que estructura los procedimientos y las funciones de las autoridades electorales, las bases precisas para la formación, registro, funcionamiento y, en su caso, desaparición de los partidos políticos. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA El artículo 40 de nuestra Carta Magna plasma la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, y federal, principios que son pilares fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional y nos recuerda la sangre que muchos compatriotas derramaron para lograr lo que hoy es México. Sin embargo, debemos en este momento revalorar los principios sustanciales que dan forma al Estado mexicano. El ciudadano actual es un individuo con plena actividad en el ejercicio de sus derechos políticos y, si bien las instituciones de la democracia mexicana han sentado debidamente al sufragio universal como punto de partida de la democracia representativa, es preciso avanzar en ese mismo camino y en otros complementarios. La alternativa es un apoyo creciente a los instrumentos que tradicionalmente se han definido como de democracia directa o participativa. El respaldo actual a estos instrumentos se basa en la premisa de que el
referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, pueden incrementar el papel de los ciudadanos en las cuestiones de gobierno y las acciones que se instrumenten para resolverlos. En nuestro concepto, la democracia no puede estar determinada por el sólo acto de elegir representantes, sino que debe resultar de un tejido complejo de toma de decisiones y formas de expresión de la soberanía popular; misma que, por orden constitucional, reside esencialmente en el pueblo. Las circunstancias por las que atraviesa el país exigen la apertura de nuestro sistema político para que el pueblo tome decisiones trascendentales más allá de los días electorales. La inclusión de las figuras de la democracia directa dentro de las facultades políticas de los ciudadanos cumple un doble objetivo: por una parte, tiende a acortar la distancia comunicativa entre la sociedad y su gobierno, fungiendo como mecanismo que disminuye la tensión inmanente a dicha relación; por otra parte, fomenta el surgimiento de una ciudadanía que se compromete con las tareas de legislación y administración, abonando a su madures política y consciencia social. En el primero de los objetivos trazados el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato constituyen mecanismos de participación que no suplen las obligaciones ni potestades del Estado y tampoco trasladan las responsabilidades de éste hacia el ciudadano; pero, en alguna medida, sí permiten a la sociedad confrontar decisiones gubernamentales o legislativas, llegando incluso a revertir la confianza concedida a un ciudadano ungido como servidor público, anteponiendo a cualquier determinación representativa la permanente supremacía decisoria de la soberanía que emana y reside en el pueblo. Lo que genera válvulas de escape para la conducción institucionalizad de la inquietud o inconformidad ciudadana. Se busca, pues, colocar a la opinión pública como base política para promover una mayor gobernabilidad del Estado. Circunstancia que en nuestra nación se aprecia urgente ante las nulas posibilidades que hoy ofrece un desarticulado proceso de comunicación sociedad estado, traducido en la creciente demanda ciudadana y la cada vez más grave incapacidad de respuesta de quienes detentan el ejercicio del poder. Ese primer objetivo tiene por consecuencia el cumplimiento del segundo. La apertura de canales institucionales para el ejercicio directo de la potestad ciudadana, sobre todo cuando los canales representativos se internan en una crisis de credibilidad, trae aparejado un potencial importante de renovación de la conciencia ciudadana, generando una actitud de colaboración para el mejor ejercicio del poder público, así como para la corrección de la dirección que éste ha tomado, haciendo uso de vías alternativas a las que están bajo el dominio del propio poder. Las funciones y los beneficios del cogobierno, es decir, la colaboración propositiva entre sociedad y gobierno, que ofrece en su forma teórica la democracia directa sólo tienen posibilidades de concreción cuando los dos objetivos anteriores se han materializado en alguna medida. Cumplidos éstos, eI referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, fortalecen la democracia representativa, pues toman en cuenta la opinión del pueblo sobre cuestiones trascendentales para la vida nacional y le sirven al Estado para canalizar las inquietudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y opiniones. Ello, a su vez, dará sustento a los procesos de decisión y legitimidad al gobierno. Los mecanismos de participación ciudadana expresan una democracia directa en la medida en que funcionan como correctivos de las decisiones tomadas por la autoridad durante el ejercicio de la función gubernativa, como autorizaciones a sus actos o, incluso, como mecanismos decisorios cuando hay alternativas de acciones de gobierno. La búsqueda el deseado equilibrio entre los ámbitos gubernamental y social exige, en principio, el término del monopolio de la política representativa y la inclusión del principio representativo en la forma de gobierno que
asume nuestra nación, a efecto de promover un mejor ejercicio de la soberanía popular y con ello abonar a la legitimación directa de algunas decisiones esenciales. Es el tiempo de voltear la mirada a los poseedores originales de la soberanía y sensibilizarnos a los intereses sociales, para que con ello, podamos brindar mecanismos reales para concebir una nueva forma de participación ciudadana a fin de encontrar juntos una solución para las necesidades actuales que la sociedad justamente reclama. El poder político en la sociedad es uno solo que tiene su origen en la voluntad del pueblo; la democracia y su positivación legal hacen posible garantizar el respeto a esa voluntad poniendo al alcance popular todos los mecanismos suficientes para captarla en toda su complejidad, incorporando las diferencias que, combinadas, configuran la verdadera voluntad de la nación. Es necesaria una Reforma de Estado que prevea un tratamiento distinto de la relación que se da entre los Poderes Públicos y la sociedad. La actual representación política no permite una participación ciudadana activa y significativa en las cuestiones públicas que afectan de modo inmediato a la cotidianeidad. Aún cuando, en algunos casos, esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población, lo que regatea legitimidad al gobierno por promover intereses contrarios al bienestar de la comunidad, o bien, por la evidente toma de decisiones en completo desconocimiento de la materia. Quienes signamos la presente iniciativa consideramos que una reforma política significativa precisa de elementos de transformación profunda del actual esquema representativo. Una modificación que implique su perfeccionamiento, pero también su apertura a la crítica y colaboración directa ciudadana por la vía de mecanismos concretos, si bien institucionales. Creemos que las formas clásicas de la democracia directa pueden ayudar a canalizar el creciente descontento ciudadano respecto de las políticas públicas y los proyectos legislativos. Es preciso dar el mecanismo a la población para que se oponga, rectifique o justifique con su propia decisión cualquier ley o acción de gobierno. La participación ciudadana y la representación política no pueden concebirse como conceptos extremos, al contrario, se trata de conceptos complementarios. La participación ciudadana no puede concebirse alejada de las instancias de representación política ni de las decisiones que en ellas se tomen. Es por ello que decidimos incluir las figuras del plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato, cuyos objetivos específicos se refieren a la acción facultativa de la población para tomar parte vinculante en las decisiones políticas a través la participación en las urnas. Su regulación específica sería la siguiente: Plebiscito y referéndum Ambas figuras han probado su efectividad a lo largo del tiempo para propiciar una nueva relación estable entre la sociedad y las autoridades del Estado. Lo mismo en las naciones latinoamericanas, en donde las formas de partición ciudadana han fungido como el medio para las grandes transformaciones, como en las europeas, cuyo avance democrático ya les permite considerarlas además como efectivos mecanismos de co gobierno. Para que cumplan con la función que consideramos conveniente, proponemos que por vía del referéndum se sometan a ratificación las reformas constitucionales o la posible derogación de leyes, cuando lo solicite un número no menor al dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando se presente dentro de los sesenta días posteriores a la conclusión del proceso legislativo constitucional que les dio origen.
Únicamente proponemos como restricción que no puedan someterse a referéndum aquellas leyes referentes a materias fiscal, presupuestaria y defensa exterior de la Federación. Por su parte, la realización del plebiscito versará en materia de políticas u obras públicas o bien de otras acciones de gobierno, si lo solicita un número no menor al uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que se determine la realización del acto o en que se haga pública la determinación. El resultado de ambas consultas será vinculante y, para procurar su legitimidad, serán organizados y regulados por las autoridades electorales federales, las que deberán garantizar, entre otras cosas, que la propaganda relativa a esos procesos en medios de comunicación se realice con criterios de equidad y en los tiempos que correspondan al Estado. Iniciativa ciudadana Con el objeto específico de permitir al ciudadano delinear los espacios, las políticas, los derechos, así como otros factores sociales, económicos y políticos entre los que se desenvuelve, proponemos incluir la facultad para que un grupo de ciudadanos presenten iniciativas de ley o decreto al Congreso de la Unión. Para garantizar que la propuesta es efectivamente del interés común de algún sector social, consideramos que vasta que la iniciativa sea respaldada por el equivalente al uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En congruencia, para garantizar que el interés ciudadano no quede desatendido por el Congreso, otorgamos a la iniciativa ciudadana el carácter de preferente. Revocación de Mandato Ningún pueblo debe ser obligado a mantener en el poder a gobernantes que no desea. Por ello, la revocación de mandato es también un instrumento de profunda democracia política. Con ella, los gobernantes tendrán siempre presente que su elección no es una autorización para seis años, sino un compromiso con el pueblo que puede serle reclamado ante cualquier falta. La consulta necesaria será iniciada por petición popular y será capaz de revocar el mandato del Presidente de la República, gobernadores de los estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presidentes municipales y titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El mecanismo sólo podrá operar antes de la mitad del mandato y después de la tercera parte de éste, procurando con ello que la gestión de los funcionarios esté en las mejores posibilidades de evaluación. Además de la función anterior, estamos convencidos de que la revocación de mandato puede ofrecer también una salida democrática y legal a situaciones de crisis políticas en las entidades de la Unión y en el país, lo que coadyuva a la restauración de los medios de comunicación entre sociedad y gobierno, rotos por lo general tales crisis se presentan. REFORMA AL PODER LEGISLATIVO Conformación de las Cámaras Otra de las demandas históricas de la izquierda mexicana y los partidos que la representan ha sido la democratización efectiva de la integración de los órganos del poder legislativo, a fin de hacer realidad el paradigma de la proporcionalidad en la representación nacional depositada en ambas cámaras del Congreso de la Unión por sufragio ciudadano.
En ese tenor es que se propone modificar la integración de dichas cámaras, así como el consecuente cambio en el sistema electoral, teniendo en cuenta su significado estricto en tanto mecanismo o fórmula para convertir los votos ciudadanos en escaños del Congreso. Nuestra propuesta consiste en la adopción de un sistema de representación proporcional pura tanto para la elección de diputados, como de senadores, consiguiendo la correlación más cercana posible entre los segmentos de electores que se hayan pronunciado por las diferentes opciones partidistas en los comicios federales y el número de representantes que dichas opciones alcancen. El único cargo a elegir por el principio de mayoría relativa seguirá siendo el Presidente de la República. El número de integrantes tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado se mantienen en 500 para la primera y en 128 para la segunda. No consideramos, contra lo expresado en iniciativas de otras fuerzas políticas, que el simple recurso de reducir el número de los integrantes del Congreso de cumplimiento a los objetivos de la modernización democrática del país, vaya, ni siquiera a las más sentidas demandas de los ciudadanos. Por el contrario, reducir las cámaras sin modificar el vigente sistema electoral donde la predominancia del sistema de mayoría relativa premia injustificadamente a los partidos políticos de mayor presencia nacional en detrimento de las fuerzas minoritarias, simplemente provoca el efecto contrario a la pluralidad ideológica, es decir, el de la concentración del poder y la sobre-representación política. Ello provoca la desaparición de las fuerzas políticas minoritarias y, por tanto, a la larga abona en el ideal bipartidista que más conviene a las tentaciones del autoritarismo, ante la dificultad evidente de la restauración del esquema de partido hegemónico que predominó durante más de 70 años. Si a lo anterior se suman otras propuestas que igualmente militan en contra de la pluralidad de partidos, como es el de elevar hasta el doble el umbral mínimo de votación para la conservación de registro, o el establecimiento de la segunda vuelta electoral en la cual las cámaras se elijan cuando ya se ha dado la elección de Presidente de la República, queda en evidencia que la intención oculta es la de favorecer el bipartidismo, bajo la falacia de que la promoción de mayorías “estables” daría gobernabilidad al país, cuando lo cierto es que no significa otra cosa que premiar la incapacidad del gobierno para construir Acuerdos. Lo anterior es, dijimos, una falacia, pues en ningún momento desde que a partir de 1997 en México prima la condición de gobierno dividido, se han dejado de lograr acuerdos políticos y parlamentarios para darle a México las reformas constitucionales necesarias y los instrumentos normativos que regulan la vida de la Nación, especialmente en el ámbito presupuestal y financiero. Por ello, la propuesta que se plantea en la presente iniciativa dispone que ambas Cámara se integren por el sistema de representación proporcional pura; sistema que en las democracias más depuradas ha demostrado ser el que de mejor forma se corresponde con el ideal de representación poblacional, al no resultar en grados inadmisibles de sobrerrepresentación ni requerir de cláusulas de gobernabilidad, como los que se producen necesariamente cuando el componente de mayoría relativa es superior al de proporcionalidad. Así, en el caso del Senado de la República se propone elegir a 96 senadores a razón de tres por cada entidad federativa, convertidas en circunscripciones electorales plurinominales. En esta primera ronda los partidos y, en su caso, los candidatos independientes, inscribirían una lista con tres fórmulas de candidatos, a efecto de que en cada circunscripción se asignen a los partidos o listas de candidatos independientes los escaños que correspondan, a través del método de cociente natural y resto mayor, tomando como referente la votación total de la circunscripción. En una segunda fase, las restantes 32 senadurías serían asignadas a partir de una lista nacional con el mismo número de fórmulas que presentarán sólo los partidos políticos, y en la que éstos participarían con la suma de los remanentes de votaciones que tuviesen en todas las circunscripciones electorales. De esa forma, al mismo tiempo en que se cumple la paridad en las representaciones estatales al Senado, idea
fundacional de este órgano legislativo, también se reconocen en su justa dimensión a las expresiones minoritarias, cual es norma en toda democracia moderna. En lo que se refiere a la Cámara de Diputados, se propone que, en forma similar al Senado, se elijan 400 escaños en una primera ronda, que serían asignados en 32 circunscripciones plurinominales, una por cada entidad federativa, en las que previamente se habría determinado el número de diputados a elegir mediante el sistema de conciente electoral, es decir, de acuerdo al criterio hoy establecido en la constitución de dividir el número total de población que arroje el último censo de población, entre 400 escaños, para obtener un cociente natural por el que luego se dividiría la población de cada entidad para obtener el número de escaños que corresponde elegir en cada circunscripción. Una vez hechas las elecciones, se asignará en cada entidad el número de diputados que le corresponda por el método de cociente natural y resto mayor, conforme a la votación de cada partido y listas de candidatos independientes, en su caso. En una segunda ronda se asignarían 100 escaños de una lista nacional de fórmulas que presente cada partido político, nuevamente por el método de cociente natural y resto mayor, utilizando para ello la suma de las votaciones remanentes en las 32 circunscripciones. En todo caso, el criterio aplicado para el diseño de esta fórmula cumple también a cabalidad con el principio constitucional de que la población representada por cada diputados representante de la nación, sea homogénea en número. Como es evidente, a partir de los datos obtenidos en ejercicios preliminares realizados, la conformación resultante en las Cámaras de Diputados y el Senado de la República, al ser eliminado el principio distorsionador de la mayoría relativa, resulta en una más acabada expresión de la pluralidad social, política e ideológica del país; en beneficio, por supuesto, de nuestra democracia. Aprobación bicamaral de los tratados internacionales La fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede al Senado de la República la facultad exclusiva de aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que suscriba el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Lo anterior, con el argumento histórico de que el Senado de la República es la instancia que representa la voz y los intereses de las distintas entidades federativas. Sin embargo, el régimen de competencias consagrado en nuestro texto constitucional, presenta hoy en día distintas inconsistencias que es preciso subsanar. En primer lugar, la evolución del derecho internacional y la diversificación de los instrumentos jurídicos contemporáneos, hacen cada vez más difícil la homologación y clasificación de los distintos tipos de compromisos adquiridos. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIS) y los convenios suscritos para evitar la doble imposición y la evasión fiscal, son instrumentos sustantivamente distintos en alcance y contenido a las convenciones diplomáticas y a las alianzas bilaterales signadas por nuestro país para hacer frente a problemáticas tan especificas como el combate a la delincuencia, el cambio climático o las distintas facetas de la cooperación judicial, científica y tecnológica. En este escenario, la Cámara de Diputados se ve privada de la posibilidad de pronunciarse respecto de instrumentos internacionales que tienen que ver con facultades que le han sido expresamente conferidas por la Constitución: como los impuestos, la doble imposición, las inversiones, los aranceles y el comercio exterior en general.
Por ello, y porque resulta inexplicable que la Cámara de Diputados no tenga voz en la aprobación de tratados que tienen profundos impactos en la economía nacional y en el desarrollo de los distintos sectores productivos, es necesario actualizar nuestro marco constitucional, a efecto de incorporar un nuevo régimen de competencias y una nueva clasificación que nos permita enfrentar en mejores condiciones la vertiginosa evolución de la dinámica internacional. Ahora bien, por si lo anterior no fuera suficiente, es preciso reconocer que bajo el actual esquema de competencias asignado por la Constitución a las Cámaras del Congreso de la Unión, una de ellas, el Senado de la República, adquiere facultades que van más allá de lo pensado por el constituyente permanente. De manera particular, destaca la facultad implícita que adquiere el Senado para modificar y dejar sin efectos la legislación secundaria, al aprobar la ratificación de un instrumento internacional. Esto implica que una sola Cámara, en ejercicio de sus facultades exclusivas, puede cambiar lo aprobado por ambas cámaras, en el marco del proceso legislativo ordinario. En efecto, a partir de la tesis aislada emitida en 1999 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la jerarquía de los tratados internacionales y las leyes federales, las normas aprobadas por el Senado de la República a través de los tratados internacionales, poseen una jerarquía superior a la de las leyes federales. En nuestra perspectiva, esto representa una distorsión jurídica que es preciso corregir de inmediato. Y ello puede hacerse de dos formas: La primera, modificando el criterio emitido por la SCJN en su tesis aislada 77/99. La segunda, dotando a la Cámara de Diputados de la facultad de aprobar también los tratados internacionales suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Y este es precisamente el sentido de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración. Así, nuestra propuesta tiene como objetivo particular el siguiente: reconocer la existencia de distintos instrumentos internacionales que ameritan el análisis y la evaluación de la Cámara de Diputados y, a partir de dicho reconocimiento, modificar el actual régimen de competencias en materia de aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas. En este contexto, proponemos dotar a la Cámara de Diputados de la facultad de aprobar los tratados internacionales suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, particularmente aquellos que versen sobre materias vinculadas a las facultades otorgadas a la Cámara de Diputados por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y compartir con la Cámara de Senadores la facultad de aprobar las convenciones diplomáticas, tomando en cuenta el impacto que el derecho internacional contemporáneo ha adquirido sobre nuestra legislación secundaria. Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Por disposición constitucional, el Estado mexicano es rector del desarrollo económico de la Nación con el fin de garantizar su integralidad y sustentabilidad, así como fomentar el crecimiento económico, el empleo y la mejor distribución del ingreso y de la riqueza, para cuyos efectos se organiza un sistema nacional de planeación democrática, con participación multisectorial, y se establece el Plan Nacional de Desarrollo y los programas gubernamentales para ejecutarlo. La planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, atendiendo la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos sustentados en los principios de fortalecimiento de la Soberanía; de preservación y perfeccionamiento del régimen democrático; del constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; de igualdad de derechos y atención de las necesidades básicas de la población; del fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, así como del equilibrio de los factores de producción,
que tiendan a la protección y promoción del empleo y el más justo reparto de la riqueza. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento rector de toda la acción de la Administración Pública Federal. Es la herramienta que precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país; contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se re1acionen a estas y rige el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática. Sin embargo, a pesar de que se trata de un instrumento fundamental para el cumplimiento de los objetivos esenciales del Estado, en nuestro país se ha dejado al Ejecutivo Federal la elaboración, aprobación y ejecución del Plan y de los programas de desarrollo, confiriéndole al Congreso, a pesar de ser la representación popular de la Nación, la simple posibilidad de examinar y aprobar el proyecto que le envíe el propio Ejecutivo. Es decir, el Poder Legislativo tiene actualmente una participación demasiado limitada en la elaboración del Plan y, a pesar de su potestad para aprobar los recursos presupuestales para cada año, también es limitada su participación en su ejecución. Ello, a pesar de que la Constitución e, incluso, las leyes en la materia no restringen en forma expresa el papel del Congreso en los mecanismos de planeación, programación, ejecución y fiscalización. Quienes signamos el presente decreto coincidimos también en la necesidad de renovar la forma en que actualmente se conduce el desarrollo económico de la Nación con el fin de garantizar una mayor efectividad en su integración y en su sustentabilidad. La planeación económica del país requiere de la implementación de nuevos parámetros que le permitan cumplir cabalmente con los objetivos políticos, sociales, culturales y económicos propuestos en la elaboración de las políticas públicas. La organización del sistema nacional de planeación que proponemos perfecciona la exigencia de democratización actual en nuestra Constitución, dotando de mayor participación a una ciudadanía, hoy restringida por la exclusividad que detenta el Ejecutivo Federal para aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, como instrumento final de dicho proceso. Considerando que e1 plan nacional de desarrollo recoge las demandas sociales y establece las prioridades económicas y sociales del país, precisando la estrategia para solventar las necesidades de la nación, es preciso que el Congreso de la Unión, en su carácter de representación popular, por medio de la Cámara de Diputados pueda discutir, modificar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo para adaptarlo a la realidad nacional y a una visión de millones de mexicanos que los eligieron con base en sus propuestas e ideas, cercanas a sus necesidades y anhelos. Además, esta iniciativa considera la integración del Consejo Económico y Social como una instancia de participación de organizaciones sociales precisamente en el sistema nacional de planeación democrática. Aprobación del Presupuesto y reconducción A raíz de la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo durante el proceso de presupuestación para el ejercicio de 2005, dirimida por la Suprema Corte al resolver una controversia constitucional, se han mantenido en la discusión pública política diversos temas relativos al proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Algunos de los más importantes ya han sido resueltos, como la potestad de la Cámara de Diputados para modificar la iniciativa presidencial en la materia, que ahora es expresa en la Constitución. Otros de suma relevancia, aunque no en controversia, fueron también comprendidos por reformas anteriores,
como la posibilidad del presupuesto plurianual, que bien planeado ofrece algunos beneficios, y ajustes en los tiempos de la presupuestación para hacerlos más acordes con la realidad política mexicana. Sin embargo, otros asuntos se han quedado en el tintero. Los más relevantes son: la viabilidad y alcances del diálogo que sobre esa materia pueden tener Legislador y Presidente, a través de la figura del veto presupuestal, resuelta por la Corte, pero que no ha alcanzado forma expresa en la Ley Fundamental; y la necesidad de la reconducción del presupuesto cuya vigencia termina, en caso de que el nuevo decreto no esté promulgado por cualquier razón al inicio del ejercicio fiscal de que se trate. Ambos temas son materia de esta iniciativa, pues, más allá de pugnas partidistas o entre potestades soberanas, ambos temas afectan la estabilidad política y económica del país y repercuten en la vida social de sus habitantes. En el primer asunto, a pesar del fallo de Corte que reconoce una facultad limitada de veto presupuestal para el Ejecutivo, aún existe debate sobre la viabilidad constitucional de esa interpretación. Por un lado, es claro que el Presupuesto de Egresos no es una ley bicamaral y, por tanto, no puede aplicarse la regla del veto contenida en el artículo 72; pero, por otro lado, es verdad que la Constitución define dónde no puede el Ejecutivo ejercer esa potestad y en tales excepciones no está incluido el decreto de Presupuesto. Nuestra propuesta principia por reconocer la necesidad de establecer expresamente la posibilidad del diálogo entre poderes; es decir, conceder en el texto constitucional la faculta de veto presupuestal al Ejecutivo, pero perfeccionando dicho mecanismo para que el proceso de presupuestación sea ágil y libre de obstrucciones institucionales o meta institucionales, como las coloquialmente llamadas congeladora legislativa y veto de bolsillo. Por ello, acudimos a la sabiduría inmersa en la tradición constituyente del México independiente para rescatar de la Constitución de 1857 un procedimiento que resuelve ambos extremos. En nuestro esquema, el Ejecutivo podrá observar el decreto de Presupuesto de Egresos en un término de 10 días hábiles posteriores a su recepción. De no hacerlo o de manifestar su conformidad, deberá publicarlo en los siguientes 5 días hábiles. De observarlo, la Cámara deberá discutir y aprobar de nuevo el decreto, por la misma mayoría relativa. Por último, en el escenario de que la promulgación no se realice en los plazos especificados, el presidente de la Cámara de Diputados podrá ordenar directamente la publicación del decreto, garantizando así su entrada en vigor. En cuanto al segundo asunto en cuestión, destaca que, en caso de que no sea aprobado el Presupuesto de Egresos al primer día del ejercicio en que habría de aplicarse, la Constitución solamente prevé la continuidad del pago de los sueldos de los servidores públicos; pero ello no es suficiente para el funcionamiento de las instituciones del Estado, que requieren de otros gastos fundamentales. Nuestra propuesta de una reconducción: la aplicación del mismo presupuesto del año anterior, aunque con ajustes automáticos derivados de la inflación y algunos otros índices cuantificables. Si la Cámara de Diputados, por cualquier motivo, no expidiera el decreto de Presupuesto al primer día del año que habría de aplicarse, se prorrogará el mismo decreto del año anterior, dando oportunidad al gobierno de realizar ajustes derivados del cumplimiento de compromisos internacionales, del índice inflacionario y otros que sean justificados, previa información a la Cámara de Diputados. Por último, se propone eliminar del texto constitucional las partidas secretas, instrumento absolutamente en desuso. Auditoría Superior de la Federación Tras la última reforma aprobada por el Congreso para reforzar la función del órgano de fiscalización superior
de la Federación, éste permanece con como un órgano de la Cámara de Diputados, pero sin una relación directa con ésta, por lo que, si bien la fiscalización no es todavía una actividad radicada en un órgano independiente, sí asume algunas funciones de tal carácter. Es nuestra convicción que la Auditoría Superior de la Federación debe contar con los instrumentos necesarios para la función fiscalizadora, dando un paso adelante respecto de las actuales funciones que casi se reducen a la revisión contable y de auditoría. La experiencia demuestra que tales funciones no son suficientes para garantizar los efectos deseados de la fiscalización, como son asegurar la eficacia y transparencia del gasto gubernamental y proscribir toda práctica que involucre faltas al correcto ejercicio de la función pública. La corrupción en el manejo de los recursos públicos en nuestro país no es un fenómeno aislado, sino que ha estado íntimamente vinculada con el funcionamiento del poder político. Por ello, un eficaz instrumento de fiscalización del Estado mexicano debe estar capacitado para el combate a la criminalidad que existe en el manejo de los recursos de la nación. Consideramos que avanzar hacia el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación implica, como elemento fundamental, dotarle de capacidad para perseguir los delitos que se cometan contra la hacienda pública, en lo que toca a la administración de ingresos y egresos; lo que, a su vez, tiene dos implicaciones inmediatas: caminar hacia la independencia del órgano y establecer una excepción al principio de monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Público. Nuestra propuesta consiste en facultar al órgano fiscalizador de capacidad para realizar toda clase de investigaciones, solicitar las órdenes de aprehensión y perseguir ante los tribunales los delitos, actividades que precisan de una renovación a fondo de la institución pues no pueden llevarse a cabo sólo con los métodos contabilidad y auditoría. Romper de esta forma el monopolio de la acción penal que aún detenta el Ministerio Público es preciso, sobre todo a la luz de su incapacidad demostrada en la persecución de los delitos relacionados con el manejo de ingresos y egresos federales. Ahora bien, tal capacidad persecutoria es sólo posible si es desarrollada por un órgano independiente del Estado mexicano. Si bien, ello no significa que la Auditoría deba escapar a la evaluación y control que actualmente ejerce la Cámara de Diputados, como tampoco que deba abandonar la obligación de investigar circunstancias concretas a pedido del propio órgano legislativo federal, pues a éste siguen correspondiendo potestades de fiscalización del gasto gubernamental. Por ello, la iniciativa plantea que la Cámara de Diputados pueda ordenar al órgano fiscalizador la realización de investigaciones especiales que, a su juicio y ante los indicios que pueda percibir, sean necesarias para el mejor desempeño de las funciones de defensa de los recursos de la nación. La iniciativa propone que el órgano de fiscalización sea dirigido por un consejo integrado por cinco miembros, elegidos por la Cámara de Diputados, uno de los cuales sería nombrado presidente por el consejo mismo. Para subsanar la ausencia de una policía incorporada al órgano de fiscalización, que sería necesaria para ejecutar las órdenes de aprehensión y realizar algunos otros actos semejantes, se obliga al Procurador General de la República a dar auxilio al órgano fiscalizador. Asimismo, se propone que el órgano fiscalizador informe sistemáticamente a la Cámara de Diputados sobre su trabajo. Así, sin que se trate de un órgano dependiente de la Cámara, éste tendría que acatar los decretos que emitan los diputados, sin que ello implique una subordinación de sus decisiones sustantivas. Además, entendiendo que el gasto público se ejerce de múltiples formas, que incluso han evolucionado desde la creación de la Auditoría, consideramos necesario dotarle de independencia técnica para determinar los más eficientes mecanismos de investigación, para lo cual es preciso eliminar las restricciones que actualmente imponen los principios de posterioridad y anualidad en la fiscalización. Como expresión de todo lo anterior, se propone que los estados y el Distrito Federal integren entidades de
fiscalización que tengan semejantes atribuciones. Fuero constitucional y procedimiento de declaración de procedencia Renovar la actual figura del fuero constitucional significa ya una necesidad social. Ello, con el fin de adecuar el propósito de la misma y proteger el correcto funcionamiento de los poderes públicos contra actos privados o judiciales políticos. Entendemos que el fuero constitucional tiende a impedir el ejercicio selectivo de la acción penal en contra del ejercicio libre de las labores parlamentarias. Así ha sido durante su desarrollo histórico. En 1791, por ejemplo, Francia lo adecuó a su Constitución estableciendo una cláusula para que los legisladores no pudieran ser detenidos, salvo que la protección fuera levantada por la propia Cámara. Por su parte España estableció en su Constitución de Cádiz la inviolabilidad de de los diputados por sus opiniones y dispuso que las causas criminales que contra ellos se intentaran serían juzgadas únicamente por el Tribunal de las Cortes. Italia resulta otro buen ejemplo, pues su Constitución ordena que ningún miembro del Parlamento pueda ser sometido sin autorización de la propia Cámara a la que pertenezca salvo que se ejecute una sentencia firme de condena. En América, la Constitución estadounidense mandata que en caso de cometerse un delito del orden común, los senadores y representantes “gozarán del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras. Sin embargo, actualmente en nuestro país las figuras del fuero constitucional y la declaración de procedencia se separan de los principios históricos que les han dado origen, pues han devenido más en coberturas de impunidad para algunos funcionarios, que como una eficiente protección de los funcionarios frente a la acusación política. Se ha vuelto una práctica común que las denuncias presentadas contra quienes ejercen funciones públicas son ineficaces, dada la acción de protección política que realizan las mayorías parlamentarias. Se ha dado también, como excepciones relevantes, que las propias mayorías aprovechan las lagunas e inconsistencias que permiten la Constitución y las leyes en esta materia, para agilizar en forma selectiva procesos de desafuero como ofensivas políticas contra adversarios. Una y otra prácticas deben ser superadas. Lo anterior es posible por la persistencia de diversos problemas: a) El fuero es visto como un permiso de impunidad durante el ejercicio de un cargo público, al grado de que las fuerzas políticas han llegado a proteger con funciones representativas a miembros que son acusados de algún delito; b) El procedimiento para retirar el fuero desatiende los principios de la presunción de inocencia y plena separación de las funciones que cada poder ejerce. Por un lado, el funcionario acusado debe ser separado del cargo antes de que se dicte una sentencia que compruebe la comisión del delito. Por otro lado, se encarga la Cámara de Diputados el prejuzgar sobre la existencia del delito y la probable responsabilidad el inculpado; c) La declaración de procedencia se desarrolla mediante un intrincado procedimiento, cuyas inconsistencias permiten su manipulación por la mayoría parlamentaria. La función del fuero es política. Otorga una protección constitucional a quienes la requieren porque la naturaleza de sus actividades les confiere un papel relevante para el Estado. Pero no puede confundirse tal
protección con un mecanismo legal para evadir la acción de la justicia, pues el fuero atiende a la función pública, al cargo, no a la persona. Por otra parte, es menester recordar que en México, conforme ordena la Constitución Política, prevalece un esquema de justicia penal acusatorio, sobre la base del principio de presunción de inocencia. Por ello, resulta contradictorio que un funcionario público deba ser retirado de su cargo antes de que se le siga un juicio que demuestre su culpabilidad. Lo lógico en nuestro sistema penal es que el funcionario pueda ser retirado una vez que se le comprueba el ilícito mediante sentencia. Incluso, la función del fuero constitucional debe llegar hasta el grado en que el órgano representativo al que se encarga el desafuero considere la posibilidad de conservar la inmunidad del funcionario sentenciado, por considerar que la relevancia de su función pública precisa que la sanción definida por los tribunales espere hasta que finalice el encargo. Es importante recordar que el proceso penal inicia con el ejercicio de la acción penal y culmina cuando la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional causa estado. Ello significa que la etapa de la averiguación previa no forma parte del proceso. Entonces, es de entenderse que el fuero establecido en el artículo 111 constitucional se refiere únicamente a la protección de los servidores públicos para que sean procesados penalmente previa declaración de procedencia. Así, quienes signamos la presente iniciativa compartimos la idea de que los legisladores, cumpliendo con las atribuciones inherentes a su representación, únicamente deben considerar con criterios políticos si deben o no conceder la declaración de procedencia solicitadas por el juez de la causa que ha emitido la sentencia. Nuestra propuesta entonces permitiría abrir un proceso penal en contra de un funcionario mediante la consignación de la averiguación previa por el Ministerio Público, sin la necesidad de esperar el término del encargo y sin prejuzgar sobre la culpabilidad del servidor público denunciado. Dicho proceso podría culminar en una sentencia emitida por el juez de la causa, pero sin que el inculpado dejara de desempeñar su cargo durante el tiempo que dure el proceso. Este esquema garantizaría la continuidad en el desempeño de las funciones de los órganos esenciales del Estado mexicano, mientras se lleva a cabo sin restricciones un proceso judicial que deberá culminar en la condena o absolución del individuo. Por otra parte, para procurar la eficacia de este mecanismo de responsabilidad, se propone que en el nuevo procedimiento para la declaración de procedencia la Cámara de Diputados se ajuste a un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud del juez de la causa, para emitir su resolución. Salvo en el caso del Presidente de la República pues, por la relevancia de la función que desempeña, tal servidor público deberá ser desaforado, en su caso, en un plazo que se eleva al doble y mediante un procedimiento bicamaral. Y como mecanismo para garantizar que dichos plazos no podrán ser sujetos a manipulación jurídica o política, se prohíbe desde la constitución la procedencia de ninguna suspensión judicial, administrativa o parlamentaria contra la realización de las sesiones en que las cámaras actúen como jurados. Juicio político El juicio político debe significar, por un lado, una sanción que el órgano representativo federal impone a un funcionario público por incurrir en faltas que van en detrimento de la función o cargo que le ha sido otorgado, así sea por elección popular o por designación directa, y, por otro lado, una protección que el legislador procura a la sociedad como mecanismo de control del poder o a las instituciones del Estado para procurar su eficacia. Ni uno ni otro objetivo cumple en México esta figura. Al igual que el desafuero, el juicio político encuentra
problemas jurídicos y políticos que lo han hecho ineficaz. Las razones son prácticamente las mismas: la manipulación política de las fueras mayoritarias, que tiende a la impunidad de los funcionarios, y el inoperante procedimiento al que se le somete. Por ello, nuestra propuesta es la reelaboración del procedimiento, bajo las siguientes bases: 1. Se cambia la actual potestad ciudadana para solicitar el juicio político, por una función de la minoría parlamentaria, para efecto de garantizar un mínimo acuerdo representativo respecto de la ineficacia de una persona en el desempeño de la función pública que se le ha encomendado. 2. Se establece el juicio político como el mecanismo idóneo para que el congreso destituya a aquellos funcionarios que han sido ratificados por alguna de sus cámaras y que por alguna razón han perdido la confianza de la representación popular, a manera de la moción de censura que es común en los regímenes parlamentarios. 3. Se establece un procedimiento ágil, sumarísimo, que necesariamente debe llegar a una resolución dictada por el pleno de una o de ambas cámaras. El proceso debe agotarse, como máximo, en 30 días hábiles, respetando en todo momento el derecho de audiencia y de defensa del denunciado. 4. El procedimiento sigue siendo bicamaral. Se respetan las actuales facultades de la Cámara de Diputados, para erigirse en jurado de acusación y de esta forma resolver y ha lugar a acusar o no al denunciado, y del Senado, para erigirse en jurado de sentencia y resolver en definitiva si ha lugar o no a la sanción del funcionario. Así, los legisladores que signamos esta iniciativa, ofrecemos a la discusión del Legislador Federal una propuesta viable de fortalecimiento de este órgano federal en sus funciones de control del poder, específicamente en lo que hace a la responsabilidad de los servidores públicos, para resguardar la buena marcha de la administración pública, la función legislativa y la administración de justicia. Facultades al Congreso y las Cámaras en materia de Investigación Nuestro proyecto propone modificaciones que fortalecen los actuales mecanismos institucionales de control político del Legislativo y de cooperación entre poderes. En lo fundamental, se fortalecen las funciones de las comisiones de investigación de ambas cámaras del Congreso, siendo éstas instrumentos esenciales para el desarrollo de los trabajos legislativos de investigación y de contrapeso a las decisiones gubernamentales. Específicamente, las comisiones de investigación se encuentran restringidas por un estricto esquema que no permite un eficaz cumplimiento de su función. En principio, su creación precisa el pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados y de la mitad, si se trata del Senado. Además, sin duda, faltan instrumentos técnicos que les permitan el correcto desarrollo de investigaciones. Su fortalecimiento incluye la facultad de requerir el auxilio de la Auditoría Superior de la Federación para el desarrollo de sus investigaciones. Así mismo, se facilita su creación, permitiendo que ésta se realice a pedido de una cuarta parte de los miembros de cualquier a de las cámaras. Por último, se amplía su ámbito de acción a cualquier asunto. Para el cumplimiento de sus objetivos, las comisiones de investigación podrán además citar a cualquier persona, con el propósito de que aporte información o elementos pertinentes, fortaleciendo de esa manera el diálogo entre los poderes, pues fomenta el intercambio cotidiano de asuntos y temas entre los secretarios de despacho y legisladores y no sólo en el formato de la glosa del informe.
EQUILIBRIO DE PODERES En México, padecimos décadas de un presidencialismo extremo de rasgos autoritarios. El arribo en 2000 a la Presidencia de la República de un candidato abanderado por un partido político diferente al hegemónico, si bien significó la deseada alternancia, lo cierto es que inició el deterioro y debilitamiento acelerados de la institución presidencial, derivado de las características particulares del titular del Ejecutivo. Ante ello, fue necesaria la construcción de una nueva normatividad constitucional, con definiciones precisas sobre los alcances y límites de la actuación de los distintos poderes de la Unión. La pérdida desordenada y caótica de poder presidencial en áreas significativas de control e interlocución política, no se tradujo en el fortalecimiento del Poder Legislativo ni en un sano equilibrio de las facultades de los tres poderes. A la par que el poder presidencial, se fueron deteriorando las instituciones del Estado, lo que derivó, entre otras cosas, en la feudalización de los poderes estatales. Por ello, es fundamental que se avance en la reconstrucción de las instituciones sustantivas del Estado mexicano, con un verdadero equilibrio de poderes que permita la coordinación, el diálogo y la colaboración propositiva y respetuosa. Ratificación de gabinete Por décadas, el régimen político en México se ha caracterizado por la preponderancia del Poder Ejecutivo, frente a los demás poderes de la Unión. Esa preponderancia se ha visto reflejada incluso sobre los órganos autónomos de Estado, evidenciando la concentración de poder en torno a la Presidencia de la República. En este sistema, el ejecutivo concentra funciones, poderes públicos y políticos y en no pocas ocasiones ejerce prácticas metaconstitucionales, que son permitidos por un marco legal obsoleto, y un control institucional casi nulo. Ello ha impedido el ejercicio democrático de la función pública y distorsionado la práctica republicana del equilibrio de poderes, recayendo sobre él la responsabilidad de prácticamente todos los actos de gobierno, en detrimento del funcionamiento de la República. A pesar de las diversas reformas constitucionales y legales realizadas durante los últimos doce años por el Congreso de la Unión, se han limitado sólo algunas facultades al Poder Ejecutivo. El verticalismo y centralismo presidencialista son perceptibles en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y política de la Nación. En el actual escenario de concentración de poder en torno al Ejecutivo, ante la eventualidad de una crisis de la institución presidencial o de una dificultad personal del Presidente la estabilidad de la Nación se coloca en riesgo. La superación de esta circunstancia requiere, necesariamente, de una nueva relación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y del fortalecimiento de la figura presidencial, a través de una democratización real de la institución presidencial. La propuesta de ratificación del gabinete pretende acotar la laxitud en el control del ejercicio del poder público. La intención de esta iniciativa es contar con funcionarios públicos que tengan el reconocimiento y la confianza de la mayoría de las fuerzas políticas, tanto en sus capacidades profesionales como en sus aptitudes políticas, acercándonos así a tener funcionarios públicos de estado y no actores partidistas en funciones públicas. La ratificación implica también una corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y un compromiso del Poder Legislativo a dar seguimiento al desempeño de los miembros del gabinete que ha ratificado. Por ello, proponemos la propuesta de nombramiento de los secretarios de despacho, integrantes del gabinete presidencial, siga siendo una facultad presidencial pero el nombramiento sea mediado por una sana y necesaria
evaluación de su trayectoria, perfil y capacidad profesional para dirigir las dependencias correspondientes. Se trata de esta manera de procurar la creación de condiciones que en el corto plazo permitan fortalecer la división y autonomía de los poderes, ejerciendo la facultad de vigilancia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo ante la evidencia de la creciente importancia de los miembros del gabinete en la gestión y manejo de los recursos públicos. En sexenios pasados y en el actual, hemos sido testigos de una cantidad considerable de inexplicables cambios en la integración del gabinete presidencial. Más allá de la incertidumbre en la continuidad de los programas de gobierno, no hay certeza respecto a la idoneidad de cada una de las designaciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa: "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste" "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa, democrática y federal" y "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión". Es a través de la participación del Congreso de la Unión como representación popular y nacional en la designación de los colaboradores del Presidente de la República mediante la ratificación, como la sociedad podría encontrar un espacio para expresar su parecer sobre la idoneidad o no de cada uno de los integrantes del gabinete y la evaluación puntual de sus funciones. Por ello proponemos reformar los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que la Cámara de Diputados ratifique por mayoría absoluta los nombramientos que haga el presidente del Secretario y los empleados superiores de Hacienda y de los demás secretarios de despacho, con excepción de los encargados de política exterior, defensa, marina y el Procurador General de la República, que serán ratificados por el Senado den la República. Iniciativa parlamentaria preferente La gran mayoría de las iniciativas presentadas por los distintos sujetos legitimados, ni siquiera son conocidas por el Pleno de los representantes del pueblo, mucho menos que son discutidas y votadas. Dicha circunstancia es preocupante, pues obstaculiza la continua actualización del orden jurídico mexicano, toda vez que entorpece la correcta producción de normas en el procedimiento legislativo. Esto se debe a la falta de una consecuencia jurídica efectiva ante la omisión de las comisiones de emitir su dictamen, pues la flexibilidad de las normas respectivas, únicamente ha dado lugar a lo que se le ha denominado “congeladora legislativa”, que es conformado por el conjunto de iniciativas que se unen día a día al rezago legislativo. Esto se debe a la falta de una consecuencia jurídica efectiva ante la omisión de las comisiones de emitir su dictamen, pues la flexibilidad de las normas respectivas, únicamente ha dado lugar a lo que se le ha denominado “congeladora legislativa”, que es conformado por el conjunto de iniciativas que se unen día a día al rezago legislativo. Por lo anterior, es imprescindible que las iniciativas presentadas por los diputados y senadores sean atendidas en tiempo y forma, con eficacia y en su totalidad, pues en caso contrario podrían llegar a surgir diversos problemas, como la disfuncionalidad del marco jurídico y de la sociedad en su conjunto, y la caducidad de la propia iniciativa de ley. Así, la iniciativa parlamentaria preferente terminará con la “congeladora legislativa” o “panteón parlamentario”, pues contribuirá a agilizar las propuestas viables y atendibles que son presentadas por los distintos grupos parlamentarios que en muchas ocasiones se quedan retenidas en las comisiones, por lo que se fortalecerá el Poder Legislativo para que pueda realizar sus funciones de manera más eficiente y expedita.
Nuestra propuesta es que tanto el Presidente de la República, como los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión puedan presentar un número determinado de iniciativas con carácter de preferentes, dentro de las dos primeras sesiones de cada periodo ordinario. Además, las iniciativas presentadas por ciudadanos serán siempre de carácter preferente. Todas las iniciativas de carácter preferente serán dictaminadas, discutidas y votadas a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores a su presentación en la Cámara de origen o, y en su caso, a la recepción del proyecto en la cámara revisora. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere presentado el dictamen relativo, el Presidente de la Cámara que corresponda deberá someter de inmediato al Pleno la iniciativa o proyecto para su discusión y votación, garantizándose que el proceso legislativo en el Congreso de la Unión concluya a más tardar el último día de sesiones ordinarias del mismo periodo. En el caso de iniciativas de reformas a la Constitución se observará además el procedimiento establecido en el artículo 135 de la misma. Autonomía del Ministerio Público El fenómeno delincuencial en México ha sobrepasado a las autoridades en todos los órdenes de gobierno. Lo anterior es en parte consecuencia de una errónea o al menos caduca concepción del problema por parte del Estado, concepción que le ha motivado a instrumentar políticas públicas que han resultado ineficaces e ineficientes en materia de procuración de justicia, así como en otras materias que trascienden en ella, tales como educación, desarrollo social y económico, seguridad pública entre otras. Peor aún, esa errónea concepción del problema no solamente ha provocado más errores, sino que también ha generado y fortalecido tanto la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, como los alarmantes niveles de impunidad y corrupción que privan en nuestro país. Los gobernantes, como responsables de la procuración de justicia, no han mostrado disposición alguna por replantear el problema, analizarlo y encararlo desde otras perspectivas. Hasta ahora, ha prevalecido la obstinación en continuar políticas punitivas que no han servido para otra cosa que criminalizar la pobreza, la juventud, la protesta social, así como para imponer un régimen policiaco y autoritario de militarización de la seguridad pública, pero que de ninguna manera han atacado los problemas de raíz. La concepción tradicionalista del Estado y de sus instituciones no nos permite avanzar en la búsqueda de soluciones nuevas que respondan a fenómenos criminalísticos nuevos cuya raíz se encuentra en las causas profundas de inequidad y exclusión social, así como la ausencia de una cultura de legalidad. Una verdadera y profunda reforma del Estado, como la que estamos proponiendo, implica cambiar la concepción que las y los mexicanos tenemos de nuestra forma de gobierno, sus instituciones y su dinámica; un cambio en las estructuras de nuestro Estado en tanto gobierno. El Ministerio Público, tal y como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado no solamente por el cada vez más grande fenómeno delincuencial, sino también por los profundos y arraigados vicios que le aquejan, tales como la excesiva burocratización, la falta de agilidad en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de sus agentes, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales. En México existe más que temor, pánico, a la criminalidad. La principal causa del temor es el nivel de impunidad producido por la ineficacia de la procuración de justicia penal. Se ha producido aceleradamente el descrédito de las instituciones de procuración de justicia por la ineficacia en su actuación, lo que se traduce en inseguridad pública y en mayor impunidad. Esto da lugar a la llamada "cifra negra", es decir, el número de
delitos que efectivamente son cometidos pero que no son denunciados ante las autoridades competentes y, por tanto, permanecen fuera de los registros oficiales y quedan impunes. El 19 de junio de 2008, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de la reforma constitucional en materia de Justicia Penal que definió un proceso penal acusatorio, adversarial y oral regido a través de libertad probatoria, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, La experiencia concreta de los estados en los que ya se ha implantado el sistema oral, pero particularmente en el estado de Chihuahua nos permite comentar que pese a que el sistema oral ha permitido una agilización de la actuación judicial a través de la instrumentación de la justicia restitutiva y soluciones alternativas, para solamente tener una mínimo de procesos en juicio oral, paradójicamente es el estado de la República con mayor violencia criminal. Es decir, la reforma del sistema debe ser integral para que realmente sea instrumento que termine con la impunidad y la corrupción. Por lo que queda claro que sin autonomía del Ministerio Público, el proceso penal acusatorio y oral no tiene posibilidades objetivas de ser un catalizador de las transformaciones en nuestro descompuesto sistema de justicia. Proponemos la reforma al párrafo primero del artículo 21 para regresarle al Ministerio Público el mando directo de las policías en el orden de gobierno que le corresponda. También, para cumplir con el espíritu del Estatuto de Roma, estamos planteando eliminar la frase “con la aprobación del Senado en cada caso” del párrafo octavo para dar vigencia plena a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En el párrafo noveno, estimamos necesario incorporar que en lo referente al respeto a los derechos humanos a los que se obligan las instituciones de seguridad pública, a la par de reconocer lo que señala nuestra Constitución, debemos homologar los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales. Para el rediseño integral del Ministerio Público estamos proponiendo en el artículo 102 la creación de un Consejo Consultivo integrado por diez miembros que serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente, de entre una terna de candidatos que será propuesta por la Comisión de Justicia que impulsará una amplia auscultación entre las organizaciones representativas de distintos sectores sociales. Con el fin de garantizar la autonomía del Ministerio Público respecto a la Administración Pública Centralizada, proponemos que el Procurador General de la República no sea nombrado por el Presidente, sino por el Senado de la República o la Comisión Permanente, en los mismos términos que los Consejeros y para un período de cinco años, con opción a ser reelecto por una sola vez, al igual que los consejeros. La autonomía de las procuradurías de los estados está normada en el artículo 116. La propuesta establece también que la remoción del Procurador ser hará en los términos del Título Cuarto constitucional. La Procuraduría será un órgano del Estado dotado de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Un elemento importante de control legislativo es que tanto el Procurador como los consejeros podrán ser citados a comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. Será la Ley la que establezca la organización del Ministerio Público.
Estamos seguros de que con esta propuesta lograremos por fin que las instituciones procuradoras de justicia y sus titulares dejen atrás su arraigado servilismo a factores políticos, y que en el cumplimiento de sus tareas observen un respeto pleno por los derechos humanos, tanto de las víctimas u ofendidos del delito, como de los indiciados que gozan de la presunción de inocencia. Otro tema fundamental es el relativo a la transparencia y rendición de cuenta por lo que proponemos la obligación constitucional del Procurador General de la República, de presentar anualmente un informe de labores al Poder Legislativo, con el fin de dar a conocer los logros y los avances en materia de procuración de justicia. ESTADO LAICO México es uno de los mejores ejemplos de la lucha histórica, el triunfo y la consolidación del laicismo en el funcionamiento de las instituciones del Estado. En 1855, la llamada ley Juárez constituyó el primer ordenamiento jurídico con un enfoque de separación entre el Estado y la Iglesia. Posteriormente la Desamortización de los Bienes del Clero en 1856 y la propia Constitución de 1857 reafirmaron esa tendencia. Con las leyes de Reforma en 1859, se incluyó textualmente la separación de la Iglesia y el Estado, principio que fue elevado a rango constitucional en 1873. El constituyente de 1917 ratificó el principio de laicidad del Estado Mexicano, garantizando así a los gobernados el pleno ejercicio no solamente de la libertad de culto, sino también de otras libertades como la de conciencia o la de asociación, así como el respeto y la tolerancia entre los distintos credos. De igual forma garantizó la obligación del Poder público de respetar a dichas instituciones, al tiempo que sujeta a estas a ejercer sus actividades con pleno apego a la ley. Uno de los principios fundamentales del laicismo es la tolerancia, en oposición a la prerrogativa de castigar a quienes disienten de las creencias religiosas. Actualmente en nuestro país el tema del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo son los más simbólicos ejemplos de la intolerancia de una jerarquía religiosa y su menosprecio por las ideas y opiniones contrarias. Es equivocado el argumento de que la laicidad del Estado atenta contra la libertad de creencia y la libertad de expresión de los ministros de culto; por el contrario, garantiza el ejercicio de la libertad de culto en un plano de igualdad y equidad entre las diversas religiones, contrario a lo que sucede en un Estado religioso cuyas principales características son la imposición de unas creencias sobre otras, la intolerancia, la segregación y la discriminación. Con relación a esto último vale la pena recordar que el artículo 1° constitucional prohíbe la discriminación por motivos religiosos, por ello el carácter laico del Estado se encuentra en armonía con dicho precepto y contribuye a combatir la discriminación generada por tales causas. Sin duda un país como México, donde existe una abrumadora mayoría católica, es terreno fértil para la discriminación por motivos religiosos, y de ahí la importancia y trascendencia de consolidar al nuestro como un Estado laico. El Senado de la República ha recibido una minuta de la colegisladora que representa estrictamente la idea que manifestamos en esta iniciativa. Conscientes de ello, por medio de este instrumento ratificamos nuestro acuerdo pleno con la redacción a la que han arribado los diputados federales, por lo que reproducimos en sus términos el contenido de la minuta. CONSEJO SOCIAL Y ECONOMICO DE ESTADO
Actualmente existen más de 60 Consejos Económicos y Sociales en el mundo cuyo objetivo es la participación de la sociedad civil como sujeto fundamental en la definición de políticas públicas pues, en estos consejos, se expresan las opiniones de las organizaciones empresariales, de trabajadores, académicos y de la sociedad civil. El reconocimiento constitucional de un Consejo Económico y Social de Estado en México va a permitir que se abra un debate sobre la economía, la planeación democrática y social en pluralidad. Sus deliberaciones incluyentes permiten ir consensando a largo plazo y con una visión global, políticas de Estado para el desarrollo del país. En México existen diversos órganos consultivos cuyo diseño y desempeño ha sido limitado, dada la supeditación gubernamental con la que se diseñaron. Sus funciones y representación no se ejercen de manera adecuada, porque implican que su intervención en el diseño de las políticas, tanto públicas como de gobierno y de Estado, está restringida. La presente Iniciativa propone la adición de un Apartado C en el artículo 26 para crear el Consejo Económico y Social de Estado como instancia de participación de organizaciones sociales, que tiene por objeto emitir informes, opiniones y recomendaciones en materia socioeconómica, en el marco del sistema nacional de planeación democrática. Entre sus funciones estarán la promoción del diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos y sociales, con el fin de impulsar la cohesión social, así como el desarrollo nacional con justicia y equidad; así como la participación de organizaciones y personas del ámbito económico, laboral, académico y cultural, en la formulación de la estrategia nacional de desarrollo. Será un órgano de consulta del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas e instrumentos en materia económica y social y tendrá una función sustantiva pues tendrá la facultar de formular recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. Esta propuesta incluida en nuestra Iniciativa nos permite reconocer en la Constitución los cambios que ha habido en los procedimientos para formular y establecer políticas públicas con la participación de las organizaciones de la Sociedad Civil. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO ÚNICO. SE REFORMAN: el párrafo cuarto del artículo 5°; los párrafos primero, segundo, octavo, noveno, décimo, en su encabezado y su inciso d), del artículo 21; los párrafos segundo, tercero y cuarto del apartado A del artículo 26; las fracciones I y II del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el artículo 40; el párrafo primero y el primer párrafo de la fracción IV del párrafo segundo del artículo 41; el artículo 52; el artículo 53; el párrafo primero y sus fracciones I a IV; el primer párrafo de la fracción III y la fracción IV del artículo 55; los párrafos primero y segundo del artículo 56; el artículo 60; el párrafo primero del artículo 63; las fracciones II y III del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 71; los párrafos segundo y quinto de la fracción VI del artículo 74, la fracción II del artículo 76; la fracción IV del artículo 77; las fracciones V y VII del artículo 78; los párrafo primero, segundo, tercero y su fracción I en sus actuales párrafos primero segundo y quinto, su fracción IV en su primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto sexto y séptimo del artículo 79; las fracciones I, II, III, IV X y XVI del artículo 89; el párrafo segundo del artículo 93; los actuales párrafos primero y segundo del apartado A del artículo 102; el párrafo segundo del artículo 108; el párrafo primero del artículo 110; el artículo 111; el párrafo primero del artículo 112; el párrafo primero del artículo 115; el párrafo sexto de la fracción II, la fracción IV y sus incisos c), e), g), h) i), j) y k), el segundo párrafo de la fracción VII, del
segundo párrafo del artículo 116; el artículo 133; y el párrafo octavo del artículo 134. SE ADICIONAN: un párrafo quinto al apartado A y un apartado C al artículo 26; una fracción V al párrafo segundo y un tercer párrafo integrado con dos fracciones, que sustituyen a las actuales fracciones V y VI del párrafo segundo, al artículo 41; una fracción IV al párrafo primero, y los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 71; una fracción IV al artículo 73; una fracción III y los párrafos quinto, sexto y séptimo a la fracción IV, un párrafo sexto a la fracción VI, y una fracción VII al artículo 74; una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser XIII, del artículo 76; una fracción V al artículo 77; las fracciones V y VI al tercer párrafo, un párrafo séptimo, pasando el actual séptimo a ser octavo del artículo 79; los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al apartado, pasando los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, a ser los párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo de dicho apartado, del artículo 102; un párrafo cuarto, pasando el actual párrafo sexto a ser el párrafo quinto del artículo 110; un inciso ñ) a la fracción IV, y una fracción VIII al párrafo segundo del artículo 116; un segundo párrafo al artículo 128; y un último párrafo décimo al artículo 134. SE DEROGAN: las fracciones V y VI del artículo 54; los párrafos segundo y tercero de la fracción III del artículo 55; el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74; el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76; el párrafo cuarto de la fracción I del tercero párrafo del artículo 79; la fracción IX del artículo 89; el actual párrafo sexto del apartado A del artículo 102; el párrafo cuarto del artículo 109; los actuales párrafos cuarto y quinto del artículo 110, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 5… … … En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y las derivadas de procesos de democracia participativa, así como las censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. Párrafos quinto al octavo. . . Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Las policías, según el orden de gobierno del que formen parte, actuarán bajo la conducción y mando directo de aquél para el ejercicio de dicha función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y a los órganos autónomos de fiscalización de la Federación y las entidades federativas. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. … … … … …
El Ejecutivo Federal podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) a c) … d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención social del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) … Artículo 26. A ... Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y por ello, el sistema nacional de planeación garantizará la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley señalará los procedimientos de participación y consulta popular, así como los mecanismos de colaboración y coordinación entre poderes y órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluyendo los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas relativos. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Ejecutivo Federal integrará el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se deriven, a partir de los resultados de la participación y consulta popular, con base en los principios de desarrollo nacional establecidos por esta Constitución. El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, aprobará, previo examen y, en su caso, modificación, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo remitido por el Ejecutivo Federal y los programas estratégicos, en los términos y plazos que disponga la ley. El Plan Nacional de Desarrollo deberá aprobarse a más tardar al 30 de abril del primer año de gobierno. B… C. El Consejo Económico y Social es una instancia de participación de organizaciones sociales, que tiene por
objeto emitir informes, opiniones y recomendaciones en materia socioeconómica, en el marco del sistema nacional de planeación democrática. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: I. Promover el diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos y sociales, con el fin de impulsar la cohesión social, así como el desarrollo nacional con justicia y equidad; II. Promover la participación de organizaciones y personas del ámbito económico, laboral, académico y cultural, en la formulación de la estrategia nacional de desarrollo; III. Ser órgano de consulta del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas e instrumentos en materia económica y social; y IV. Formular recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. El Consejo Económico y Social se integra por el número de miembros que señale la ley, los cuales serán nombrados por la Cámara de Diputados. Artículo 35. … I. Votar en las elecciones populares e intervenir en los procesos de democracia participativa; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, con igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres, teniendo las calidades que establezca la ley; III a V… Artículo 36… I. y II. ... III. Votar en las elecciones populares y en los procesos de democracia participativa, en los términos que señale la ley; IV a V Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República democrática, representativa, participativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. También la ejerce a través de las instituciones de la democracia participativa a que se refieren esta Constitución y las de los Estados. …
I… II… III… Apartado A al C… Apartado D… IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. Los partidos políticos o coaliciones no podrán registrar como candidatos a ciudadanos que hayan iniciado trámites u obtenido el registro como candidatos independientes para cualquier cargo de elección federal en el proceso de que se trate. … … V. La participación de ciudadanos como candidatos independientes en las elecciones federales, se sujetará a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
Apartado A. La ley garantizará que los candidatos independientes cuenten de manera equitativa y proporcional con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento para la obtención de su registro y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, así como su acceso a los medios de comunicación social. La ley establecerá, en forma equitativa, el monto de la fianza que deberá otorgar cada candidato independiente para garantizar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de financiamiento público. Podrán participar como candidatos independientes, en cualquiera de las elecciones para Presidente de la República, diputados o senadores, los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos constitucionales y de ley establecidos para cada caso. Los ciudadanos sin filiación de partido que pretendan participar como candidatos independientes a cualquier cargo de elección popular, deberán comunicarlo formalmente al Instituto Federal Electoral, durante el mes de diciembre del año previo al de la elección. Para acreditar el respaldo ciudadano, quienes aspiren a ser candidatos independientes deberán comprobar, en los plazos y términos que disponga la ley, que cuentan con el apoyo de cuando menos el uno por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la elección inmediata anterior en el ámbito territorial que corresponda. Durante el proceso de búsqueda de respaldo ciudadano, así como en la propaganda política o electoral que difundan, los aspirantes y, en su caso, los candidatos independientes deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos, a otros candidatos, o que calumnien a las personas. Queda prohibida la intervención de entes públicos, partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y
organizaciones gremiales o con objeto social diferente, en los procesos de registro y de campañas de candidatos independientes. La ley desarrollará el régimen de responsabilidades y sanciones correspondiente. Los candidatos independientes contarán, en lo procedente y conforme a la ley, con iguales prerrogativas y derechos de los que disponen los candidatos postulados por partidos políticos o coaliciones. Los candidatos independientes, según la elección en que participen, podrán nombrar, por sí mismos o de común acuerdo, representantes ante las mesas directivas de casilla. Apartado B. Para el financiamiento público de las actividades tendientes a la obtención del voto de candidatos independientes a Presidente de la República, senadores y diputados federales, se destinará para cada elección un monto equivalente al porcentaje igualitario que corresponda a cada partido político conforme a lo dispuesto por los incisos a) y b) de la fracción II del Segundo párrafo de este Artículo. Dicho monto será distribuido igualitariamente entre los candidatos que se registren para cada elección, sin que un solo candidato pueda disponer de más del setenta y cinco por ciento del mismo. La Cámara de Diputados, a propuesta del Instituto Federal Electoral, presentada por medio del Ejecutivo, realizará las asignaciones presupuestales correspondientes para el otorgamiento del financiamiento público a los candidatos independientes. La ley fijará los límites a las erogaciones para los procesos de obtención de firmas de respaldo ciudadano a candidatos independientes y para sus campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder, para cada candidato, al monto total de financiamiento público establecido para cada campaña de candidatos independientes a presidente, senadores o diputados, según corresponda. Asimismo, el Instituto ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones administrativas que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. Apartado C. Durante los procesos electorales en que participen, los candidatos independientes tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social, conforme a lo siguiente: a) El tiempo del que dispongan de manera gratuita los candidatos independientes en los medios de comunicación social será adicional al que se otorgue a los partidos políticos o coaliciones. El Instituto Federal Electoral será autoridad única en su administración; b) Durante el periodo de obtención de respaldos ciudadanos, el Instituto Federal Electoral difundirá, con cargo a los tiempos oficiales de que disponga, en las circunscripciones electorales que corresponda, la información sobre los aspirantes a candidatos independientes que hayan anunciado su interés de participar como tales. El tiempo total disponible será establecido en la ley y no podrá ser mayor del asignado en ese periodo al partido que cuente con menor cantidad; c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los candidatos independientes que participen en cada elección, un total de tiempo equivalente al porcentaje disponible en forma igualitaria para cada partido político conforme a los incisos e) y d) del Apartado A de la Fracción III de este párrafo. El tiempo así disponible se distribuirá de manera igualitaria entre los candidatos independientes que se registren para cada elección. En ningún caso, un solo candidato independiente podrá hacer uso de más del cincuenta por ciento del tiempo disponible; y d) Los aspirantes y candidatos independientes en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Como formas de la democracia participativa, el referéndum y el plebiscito se sujetarán a lo que disponga la Ley, conforme a las siguientes bases: I. Las reformas constitucionales podrán ser sometidas a ratificación popular mediante referéndum cuando así lo solicite un número no menor al uno y medio por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de los comicios de diputados inmediatos anteriores, dentro de los noventa días naturales posteriores a la promulgación. Si dichas reformas fuesen ratificadas por la mayoría de los votos válidos tendrán plena vigencia. Las leyes se podrán someter a referéndum, para su derogación total o parcial, en cualquier momento, cuando así lo solicite el mismo porcentaje de ciudadanos referido en el párrafo anterior. El ordenamiento de que se trate, quedará abrogado o derogado cuando así lo determine la mayoría de los votos válidos. No podrán someterse a referéndum las leyes o decretos relativos a las materias fiscal, presupuestaria y defensa exterior. Sólo podrá realizarse un referéndum por año. La propaganda relativa a los procesos de referéndum que se realice en los medios de comunicación social sólo se podrá difundir con criterios de equidad entre las opciones sometidas a consulta, en los tiempos que correspondan al Estado; y II. Las políticas y las obras públicas, así como acciones de gobierno que se consideren relevantes, podrán someterse a plebiscito cuando lo solicite un número no menor al uno por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de los comicios inmediatos anteriores en el ámbito territorial de que se trate, dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que se haga pública la decisión correspondiente. El plebiscito será válido cuando en la votación participe al menos el cincuenta por ciento más uno de los ciudadanos incluidos en la lista nominal y su resultado será vinculante para la autoridad de conformidad con el voto de la mayoría de los participantes. Las leyes establecerán los supuestos de procedencia del plebiscito, así como los periodos en que deba convocarse, atendiendo a las características de las políticas, obras públicas o acciones de gobierno sometidas a consulta. Para el adecuado desarrollo de la función electoral se estará a lo siguiente: I. La organización de las elecciones federales, así como la del referéndum, el plebiscito o la revocación de mandato, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la
organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes. El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones, de los partidos políticos y de los candidatos independientes, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales, de los aspirantes y de los candidatos
independientes estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia de fiscalización de partidos, aspirantes y candidatos en el ámbito de las entidades federativas puedan superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. II. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y de los procesos de democracia participativa a que se refiere este artículo, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y de participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados, de asociación y de participación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 500 integrantes, de los cuales serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en 32 circunscripciones plurinominales y 100 electos en una circunscripción plurinominal nacional. Artículo 53.- Para la elección de los 400 diputados, cada entidad federativa constituirá una circunscripción plurinominal. A fin de determinar el número de diputados que se elegirán en cada una de las 32 circunscripciones, se realizará en primer lugar la división del total de habitantes del país que reporte el último Censo General de Población entre las 400 diputaciones a elegir, para obtener el cociente natural de distribución; la población de cada entidad federativa se dividirá entre el cociente natural y el resultado será el número de diputados a elegir en la misma. De existir aún diputaciones por distribuir, se utilizarán los restos mayores. En ningún caso la representación de una entidad será menor de dos diputados. Los 100 diputados restantes serán elegidos entre las listas nacionales de fórmula de candidatos presentadas por cada partido político o coalición, votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Artículo 54. La elección de los 500 diputados se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: I. Un partido político, para obtener el registro de su lista nacional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputado en las 32 circunscripciones. II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación nacional emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados. III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación en cada circunscripción, el número de diputados de su lista que le corresponda en ella. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
IV. Los candidatos independientes participarán en listas para cada una de las 32 circunscripciones plurinominales. V. Se deroga. VI. Se deroga. Artículo 55. … I. a II. … III. Para poder figurar en las listas de las 32 circunscripciones plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o contar con residencia efectiva en la misma por más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. La residencia no se pierde por ausencia derivada del desempeño de cargos públicos de elección popular. IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía en el ámbito de la circunscripción donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. V. a VII. … Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho miembros electos por el principio de representación proporcional, de los cuales 96 serán elegidos en las entidades federativas, a razón de tres por cada una de ellas; y 32 en una circunscripción nacional o coaliciones. Para estos efectos, los partidos políticos o coaliciones presentarán una lista con tres fórmulas de candidatos en cada entidad federativa. Los candidatos independientes podrán participar por lista en cada entidad federativa. Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos entre las listas nacionales presentadas por los partidos políticos, votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas de asignación proporcional. … Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada una de las circunscripciones electorales y hará la asignación de diputados y senadores de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 56 de esta Constitución y en la ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos o los candidatos independientes podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Artículo 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el
día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, serán cubiertas por la fórmula de candidatos del mismo partido o, en su caso de candidatos independientes, que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados o senadores que le hubieren correspondido. … … … Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete I. … II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; III. A las Legislaturas de los Estados; y IV. A los ciudadanos. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por los ciudadanos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento. Las iniciativas de los ciudadanos deberán presentarse suscritas al menos por el equivalente al 0.1 por ciento de los incluidos en la lista nominal de electores de los comicios inmediatos anteriores de diputados federales. El titular del Ejecutivo Federal y la mayoría de integrantes de cada uno de los grupos parlamentarios tendrán derecho a presentar en cada Cámara, dentro de las dos primeras sesiones de cada periodo ordinario, una iniciativa de ley o decreto señalada como de trámite legislativo preferente. En el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de una Legislatura, la iniciativa preferente a que se refiere este párrafo se podrá presentar dentro de los primeros quince días naturales. Las iniciativas presentadas por ciudadanos serán siempre de carácter preferente, observándose los plazos y trámite a que se refiere este artículo. No tendrán carácter de preferente las iniciativas en materia electoral y de partidos políticos ni de seguridad nacional. Todas las iniciativas señaladas como de trámite legislativo preferente serán dictaminadas, discutidas y votadas a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores a su presentación en la Cámara de origen o, en su caso, a la recepción del proyecto en la Cámara revisora. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere presentado el dictamen relativo, el Presidente de la Cámara que corresponda deberá someter de inmediato al Pleno la iniciativa o proyecto para su discusión y votación, garantizándose que el proceso legislativo en el Congreso de la Unión concluya a más tardar el último día de sesiones ordinarias del mismo periodo. En el caso de iniciativas de reformas a esta Constitución se observará además lo establecido en el artículo 135. Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I a III… IV.- Para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. V a XXX… Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: I a II. … III. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, deberá evaluar y supervisar los programas y proyectos derivados del Plan formulando las observaciones y proponiendo las acciones que se estimen pertinentes para la mejor ejecución del mismo; IV… … … Se deroga … Aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se enviará al Ejecutivo para que en el término de diez días hábiles manifieste sus observaciones. Si se notificara la conformidad o si transcurriera ese lapso sin comunicación del Ejecutivo, el Decreto será publicado en los siguientes cinco días hábiles. Si el Ejecutivo hiciera observaciones al Decreto de Presupuesto, será devuelto a la Cámara para ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por la mayoría de los presentes volverá al Ejecutivo para su publicación en los siguientes cinco días hábiles. De no cumplirse estas disposiciones en el plazo señalado, el Presidente de la Cámara de Diputados ordenará su inmediata publicación. Si al inicio del ejercicio fiscal no se hubiera promulgado el Decreto de Presupuesto, mantendrá su vigencia el correspondiente al año inmediato anterior hasta que se expida el nuevo Decreto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo su responsabilidad, realizará única y exclusivamente los ajustes derivados del cumplimiento de compromisos internacionales, del índice inflacionario y otros que sean justificados, previa información a la Cámara de Diputados. V… … VI. … En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Cámara emitirá las resoluciones conducentes, las cuales serán vinculantes para las dependencias o entidades sujetas a revisión.
… … La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. La Cámara de Diputados, por medio de la comisión respectiva, podrá requerir a la Auditoría Superior de la Federación la revisión específica de determinados conceptos, actos u omisiones en que pudiera observarse alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales. VII. Ratificar por mayoría absoluta de los legisladores presentes al momento de la votación, los nombramientos que haga el Presidente de la República del secretario y los empleados superiores de hacienda, de los demás secretarios de despacho, con excepción de los encargados de política exterior, defensa nacional, marina y del Procurador General de la República; VIII… Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: I… Se deroga. II. Ratificar los nombramientos que haga el Presidente de la República de los secretarios de despacho responsables de la política exterior, la defensa nacional y la marina, así como de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Área Nacionales, en los términos que la ley disponga. III. a XI… XII Elegir al Procurador General de la República de entre la terna que proponga la Comisión correspondiente del Senado; y XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya. Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: I. a III… IV. Requerir, por conducto de sus Comisiones, a los secretarios del despacho, al Procurador General de la República, a los titulares de los organismos autónomos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades; V. Crear comisiones de investigación cuando medie solicitud de una cuarta parte de sus miembros a efecto de tratar asuntos de interés público. Las comisiones contarán con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación; sus conclusiones serán turnadas al Pleno de cada Cámara, a la Auditoría Superior de la Federación, a la dependencia, organismo o empresa investigada, al titular del Ejecutivo Federal y, en su caso, al Ministerio Público.
Para el cumplimiento de sus objetivos, las comisiones de investigación por acuerdo de la mayoría de sus integrantes y por conducto del Presidente de la cámara correspondiente podrán citar a cualquier persona, con el propósito de que aporte información o elementos pertinentes. Las personas que sean requeridas de conformidad con las garantías que otorga esta Constitución, estarán obligadas a comparecer, bajo protesta de decir verdad, y a proveer la información o documentación solicitada, sin más límites que los establecidos por las leyes. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se estará a lo dispuesto, en su caso, por el Título Cuarto de esta Constitución y demás leyes aplicables. Artículo 78. … I. al IV… V. Elegir al Procurador General de la República de entre la terna que proponga la Comisión de Justicia del Senado; VI… VII. Ratificar por mayoría absoluta de los legisladores presentes al momento de la votación, los nombramientos que el Presidente de la República haga de los secretarios de despacho, de los titulares de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que expresamente señalen las leyes, así como de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga, y VIII… Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano del Estado mexicano dotado de independencia en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: I. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, tanto en forma simultánea como posterior a su ejercicio, así como el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. También fiscalizará directamente los recursos federales, y el desempeño programático con ellos relacionados, que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; así como aquellos recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. … Se deroga.
Asimismo, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes; II… III… IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, iniciar las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades. … V. Perseguir ante los tribunales los delitos de orden federal que afecten a la Hacienda Pública de la Federación y sean materia de las funciones definidas en el presente artículo y, por lo mismo, realizar las averiguaciones, solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, pedir la aplicación de penas e intervenir en todos los demás asuntos que la ley determine. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en esta fracción, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar el auxilio del Procurador General de la República, quien deberá brindarlo cuando se trate de actividades de la policía a su cargo; y VI. Registrar y dar seguimiento a la situación patrimonial de los servidores públicos de la Federación e imponer las sanciones administrativas por violaciones prescritas por las leyes. La Auditoría Superior de la Federación estará a cargo de un consejo compuesto por cinco integrantes, quienes nombrarán a su presidente cada cuatro años. Los miembros de dicho consejo serán elegidos por la Cámara de Diputados mediante votación de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con el procedimiento que señale el Reglamento de la misma, y sólo podrán ser removidos por causas graves que prescriba la ley con la misma votación requerida para su elección, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. Los miembros del consejo de la Auditoría Superior de la Federación durarán en su encargo ocho años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Serán renovados en forma escalonada cada cuatro años. Para ser miembro del consejo se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, tener prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica, así como no haber sido miembro de órgano de dirección de ningún partido político. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban, ejerzan o administren directa o indirectamente recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y la documentación que solicite la Auditoría Superior de la
Federación, aún las de carácter reservado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero, y estarán obligados a comparecer ante ella bajo protesta de decir verdad. Los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y del Poder Legislativo que accedan por este medio a la información de carácter reservado, están obligados a guardar absoluto sigilo. En los casos en que las personas obligadas por el párrafo anterior no proporcionen la información requerida, incumplan con la comparecencia, falten a la protesta de decir verdad o rompan el debido sigilo sobre la información de carácter reservado, serán sancionadas en los términos que establezca la ley. El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del párrafo tercero del presente artículo. Artículo 89… I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de su expedición, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia; II. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la Federación cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; III. Nombrar a los secretarios de despacho, a los titulares de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que expresamente señalen las leyes, así como a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación de la Cámara correspondiente. IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. V al VIII… IX. Se deroga. X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; XI a XV… XVI. Cuando las cámaras del Congreso no estén en sesiones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente; XVII. a XX. .... Artículo 93… Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios del despacho, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los
órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se estará a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución y demás leyes aplicables. … … … Artículo 102. A. La Procuraduría General de la República es un órgano del Estado mexicano dotado de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, personalidad jurídica y patrimonio propios. Está conformada por un Consejo Consultivo y el Procurador General de la República. El Consejo se integra por diez consejeros elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna de candidatos que propondrá al Pleno la Comisión de Justicia del Senado, previa auscultación amplia que realice entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad. Su periodo de encargo será de cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. El Procurador General de la República será elegido en los mismos términos que los Consejeros; durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez. El Procurador presidirá el Consejo Consultivo y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Titulo Cuarto de esta Constitución. Presentará al Congreso, anualmente y por escrito, un informe de actividades. El Procurador y los Consejeros podrán ser citados a comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Para ser Procurador General de la República se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación, contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. La ley organizará el Ministerio Público. Con salvedad de las atribuciones que confiere el artículo 79 de esta Constitución a los órganos autónomos de fiscalización de la Federación y las entidades federativas, incumbe a la Procuraduría General de la República, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, le corresponde solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. … … …
Se deroga B... Artículo 108. … El presidente de la República, durante el tiempo de su cargo, sólo podrá ser acusado por la comisión de delitos. … … Artículo 109. … … … Se deroga. Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político, durante el ejercicio de su encargo y dentro de un año posterior a su conclusión, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. … … El juicio político se llevará a cabo mediante las reglas y el procedimiento siguientes: 1º. La denuncia se presentará ante la Cámara de Diputados, suscrita por la cuarta parte de los integrantes de cualesquiera cámaras del Congreso, acompañada de los elementos de prueba con los que se advierta una posible responsabilidad política del denunciado. El Presidente de la Cámara turnará desde luego la denuncia a la Sección Instructora, la cual será notificada el mismo día al denunciado. 2º. Las denuncias sólo podrán presentarse cuando el Congreso se encuentre en sesiones ordinarias. 3º. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados recibirá de cualquier ciudadano, durante los cinco días naturales posteriores a la presentación de la denuncia, elementos pertinentes al juicio político. 4º. Diez días hábiles después de la conclusión del periodo señalado en el ordinal anterior, la Sección Instructora presentará su informe sobre el asunto al pleno de la Cámara. 5º. La Cámara de Diputados, erigida en jurado de acusación, resolverá en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la presentación del informe de la Sección Instructora.
6º. El denunciado tendrá garantizado el derecho a presentar sus alegatos en la Sección Instructora, dentro del plazo estipulado en el ordinal 4º, y a ser escuchado en el Pleno de la Cámara de Diputados erigida en jurado de acusación. 7º. El proceso de acusación no podrá cancelarse, suspenderse ni demorarse por resolución administrativa, judicial, parlamentaria o cualquiera otra. Tampoco podrán ser prorrogados los plazos señalados en los ordinales anteriores. 8º. Acordada la acusación en la Cámara de Diputados se turnará al Senado, el cual, erigido en jurado de sentencia, contará con un plazo improrrogable de cinco días hábiles para resolver, con audiencia del inculpado, sin que proceda suspensión alguna de cualquier origen. 9º. Si el Congreso entrara en receso durante el proceso de juicio político, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para desahogar el asunto hasta su conclusión. 10º. Las cámaras tomarán sus decisiones por mayoría absoluta de sus integrantes presentes. 11º. En materia de juicio político no procede el sobreseimiento. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Artículo 111. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y los titulares y consejeros de la Auditoría Superior de la Federación, gozan de inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que se encuentren en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sometidos a proceso penal en libertad. Cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, solicitará desde luego a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia para el efecto de que el servidor público cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente. La Cámara discutirá y resolverá sobre el pedimento judicial dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles. Si al recibirse el pedimento judicial el Congreso se encontrara en receso, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados para desahogar el asunto. Si la resolución de la Cámara fuese negativa se mantendrá la inmunidad del servidor público, pero ello no será obstáculo para que el proceso penal continúe ni para que, cuando el servidor público haya concluido el ejercicio de su cargo, las autoridades procedan conforme a la ley. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. El presidente de la República goza de inmunidad y, por lo que a éste toca, se aplicará la misma norma y el mismo procedimiento, pero la declaración deberá ser aprobada, primero, por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por el Senado, dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles en cada una. Las cámaras resolverán con la mayoría absoluta de sus integrantes.
En los recesos, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesiones extraordinarias del Congreso en cuanto reciba la solicitud judicial. Por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales de los mismos, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, el juez federal de la causa dirigirá la solicitud a la legislatura correspondiente para que resuelva sobre la misma dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles. Si la sentencia judicial fuera absolutoria el servidor público podrá continuar o, en su caso, reasumir su función. Si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. Para la prescripción del delito no contará el tiempo en que el servidor público haya gozado de inmunidad. En demandas y juicios del orden civil o administrativo que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables. Tampoco procederá ninguna suspensión judicial, administrativa o parlamentaria contra la realización de las sesiones en que las cámaras actúen como jurados. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el primer párrafo del artículo 111 se encuentre separado de su cargo y función por cualquier motivo. … Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, participativo, laico, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. a VIII. … Artículo 116. … … I… II… … …
… … Los estados contarán con entidades de fiscalización que serán órganos dotados de independencia en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispone el artículo 79 de esta Constitución. … III… IV Las Constituciones y leyes de los Estados en materias electoral y de participación ciudadana garantizarán que: a) … b) … c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y de los procesos de participación ciudadana, así como las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; d) … e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, que se observen los criterios establecidos en esta Constitución para las candidaturas independientes en las elecciones de gobernadores, diputados locales e integrantes de ayuntamientos. En las entidades federativas que preserven el principio de mayoría relativa en la elección de diputados no podrán registrarse candidaturas independientes para diputaciones elegidas por el principio de representación proporcional; f)… g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales; los candidatos independientes sólo lo recibirán para éstos últimos. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y de los candidatos independientes en las actividades tendientes a la obtención del respaldo ciudadano y en las campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y los candidatos independientes; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; i) Los partidos políticos y los candidatos independientes accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; j) Se fijen las reglas para las precampañas, las actividades tendientes a la obtención del respaldo ciudadano y
las campañas electorales de los partidos políticos y los candidatos independientes, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas y las actividades tendientes a la obtención del respaldo ciudadano no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y candidatos independientes, en los términos establecidos en el artículo 41 de esta Constitución; l) a n)… ñ) La vigencia y eficacia de formas de democracia participativa, bajo las bases definidas por el párrafo tercero del artículo 41 y el párrafo segundo del artículo 39 de esta Constitución; V a VI… VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Los estados tendrán el derecho de coordinarse libremente entre ellos para la mejor promoción de sus intereses y el ejercicio de sus funciones. VIII. Las procuradurías generales de justicia de los estados tendrán todos los atributos y se regirán bajo los principios que establece esta Constitución para la Procuraduría General de la República. Artículo 128 … Queda establecida la revocación de mandato para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gobernadores de los estados de la Unión, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales y titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a petición popular, bajo las siguientes bases generales: I. Podrá efectuarse antes de la mitad del mandato y después de la tercera parte de éste. No podrá llevarse a cabo un proceso revocatorio respecto a un servidor público cuando éste sea provisional, interino, sustituto o encargado. Las legislaturas no admitirán la renuncia del servidor público después de que se haya solicitado formalmente el proceso de revocación de mandato; la licencia temporal o la ausencia no interrumpirán el proceso. II. Se llevará a cabo en la fecha que determine la ley y siempre que lo solicite un número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores equivalente al treinta por ciento de los votos que hubiera obtenido el candidato triunfador en la elección correspondiente; la convocatoria será expedida por el órgano superior de dirección de la institución electoral competente, el cual fungirá como autoridad administrativa en el proceso; los órganos jurisdiccionales electorales actuarán en el proceso con las mismas facultades que esta Constitución, las particulares de los estados y las leyes les confieren para los procesos electorales; III. La revocación del mandato será declarada por mayoría de votos y siempre que se hubieran emitido a favor de la misma un número de votos superior a aquél que sirvió de base para declarar la validez de la elección y otorgar la constancia de mayoría del servidor público sujeto a este procedimiento;
IV. Cuando sea declarada la revocación por la autoridad administrativa del proceso correspondiente, cesará de inmediato en sus funciones el servidor público de que se trate y el Congreso de la Unión o la legislatura local que corresponda procederá, dentro de los siguientes tres días naturales, a elegir por mayoría absoluta de los legisladores presentes al servidor público que concluya el mandato constitucional; y V. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán las respectivas legislaciones de revocación de mandato, las cuales no estarán sujetas a observaciones de parte del Poder Ejecutivo. Artículo 133.- Esta Constitución, todos los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, y las leyes del Congreso de la Unión, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados. Artículo 134… … … … … … Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral. … … Toda la propaganda de cualquier ente público en radio y televisión será difundida en los tiempos de que dispone el Estado en dichos medios, con la salvedad de la propaganda en materia electoral regulada en el artículo 41 de esta Constitución. Las leyes establecerán los mecanismos y procedimientos para garantizar, bajo criterios de oportunidad, territorialidad, equidad y proporcionalidad el acceso a esta prerrogativa, además de disponer las excepciones y el régimen de sanciones a que haya lugar. TRANSITORIOS PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los siguientes artículos. SEGUNDO. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y sus disposiciones reglamentarias, deberán ser adecuadas a lo que dispone el presente decreto en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su entrada en vigor. La Cámara de Diputados procederá a la designación de los consejeros de la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de este decreto. Para tales efectos, se designarán a cuatro consejeros por un periodo de cuatro años y a los cuatro restantes por un período de ocho años.
TERCERO. El sistema para la nueva integración de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, se aplicará para la elección inmediata posterior a la entrada en vigor de este Decreto. CUARTO. Las legislaturas de los estados, el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme a sus respectivas facultades, habrán de adecuar los ordenamientos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes a lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de un año a partir de su entrada en vigor. QUINTO. Las reglas relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán aplicables al proyecto correspondiente al ejercicio fiscal posterior a aquel en que entre en vigor el presente Decreto. En lo que se refiere a la integración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas relativos, entrarán en vigor para la administración federal 2012-2018. La ley que regule la integración y funciones del Consejo Económico y Social deberá ser expedida a más tardar el 15 de diciembre de 2011. SEXTO. Los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia que actualmente se encuentren en trámite en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión deberán concluirse en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, conforme a las leyes y las reglas vigentes al momento de su inicio. Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de febrero de 2010. Por el Grupo Parlamentario del PRD Por el Grupo Parlamentario del PT Por el Grupo Parlamentario de Convergencia Sen. Carlos Navarrete Ruiz Sen. Ricardo Monreal Ávila Sen. Luis Maldonado Venegas Dip. Alejandro Encinas Rodríguez Dip. Pedro Vázquez González Dip. Pedro Jiménez León Sen. Arturo Núñez Jiménez Sen. Alberto Anaya Gutiérrez Sen. Graco Ramírez Garrido Dip. Enrique Ibarra Pedroza Sen. Silvano Aureoles Conejo Dip. Porfirio Muñoz Ledo Sen. Pablo Gómez Álvarez Dip. Jesús Zambrano Grijalva Dip. José Luis Jaime Correa
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