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Timestamp: 2018-06-25 15:22:03
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INDEMNIZACION EN EL DIVORCIO POR LA CAUSAL DE SEPA...
INDEMNIZACION EN EL DIVORCIO POR LA CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO
La audiencia se llevó a cabo en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema. La causa que fue objeto de la vista fue la 4664-2010, proveniente de Puno, y el tema materia del recurso fue la indemnización fijada a favor del cónyuge perjudicado. Es importante subrayar que la audiencia se llevó a cabo con una nueva metodología.
1. Intervinieron los señores jueces supremos titulares Almenara Bryson, quien la presidió, Ticona Postigo y De Valdivia Cano; y, los señores jueces supremos provisionales Caroajulca Bustamante, León Ramírez, Vinatea Medina, Álvarez López, Palomino García, Miranda Molina y Aranda Rodríguez, quienes son magistrados civiles integrantes de Salas Supremas Civiles, tal como lo exige la modificación introducida en la ley antes reseñada. Valga la ocasión para llamar la atención sobre este aspecto de la organización judicial, pues, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al nombrar a los jueces supremos titulares, no precisa la especialidad que les corresponde, lo que nos parece una omisión incompatible con la garantía de juez natural que proclama la Constitución. Esta falta de reconocimiento causa, entre otras situaciones, que al inicio de cada año judicial los jueces supremos aparezcan integrando colegiados jurisdiccionales cuya competencia puede ser ajena a la especialidad que cultivan. Esto explicaría que reconocidos jueces especializados en Civil no hayan participado en este pleno, como es el caso de los señores Vásquez Cortez y Távara Córdova, quienes actualmente integran la Sala Constitucional Permanente. 2. Informó el abogado de la parte demandante, quien, lamentablemente, no aportó nada importante al debate. Esta experiencia comprueba que los abogados, a veces, no asumimos con profesionalismo los encargos. Una audiencia de esa magnitud debió ser preparada con ahínco por la defensa. Defender una causa justa supone entrega. Para colmo de males, el doctor Almenara, presidente del pleno, debió intervenir para solicitarle que adecuara su intervención oral a los fines de la Casación. 3. Al margen de ello, dos hechos han marcado esta audiencia de manera muy especial, al extremo que justifica calificarla han llevado a cabo hasta la fecha. El primero de ellos fue que el pleno convocó a dos “Amicus Curiae”, especialistas en la materia controvertida, para que expusieran sus tesis académicas y aportaran luces a la discusión. Excelente iniciativa que rindió extraordinarios frutos, pues, los doctores Alex Plácido y Leysser León sustentaron sus respectivos puntos de vista con brillo y enjundia académica, aportando elementos de juicio cuyo detalle más adelante puntualizo. Lo segundo es que el presidente invitó a los asistentes para que al final de la audiencia intervinieran aportando ideas, invitación que si bien no tuvo una respuesta amplia entre el público, dejó sentada una praxis que debiera ser conservada.
(iii) Que ese mandato constitucional se impone a todos los sujetos del proceso y en todas las etapas procesales, por lo que la indemnización debe ser necesariamente considerada como un punto controvertido;
(iv) La aplicación del principio de protección de la familia determina la no vulneración del principio de congruencia procesal y la correcta aplicación de la función tutelar por el órgano jurisdiccional ni apreciar si únicamente existe un expreso pedido de las partes.
(v) Que la indemnización dependía del sistema de divorcio regulado por las leyes de la materia. Si estamos en un sistema de “divorcio sanción” la indemnización debe basarse en la culpa del cónyuge causante; si, por el contrario, el sistema es el de “divorcio remedio”, no se reconoce el pago de indemnización, pues, la culpa no es un elemento para sustentar la causal. Agregó que en el caso de los sistemas mixtos, cabe fijar indemnización si se funda en una causal subjetiva o, si basada en una causal objetiva (como la separación de hecho durante dos años), se aducen, además, consideraciones subjetivas;
(i) Que el sistema peruano debiera iniciar una diferenciación clara y precisa entre “indemnización” y “resarcimiento”, pues son conceptos con diferentes alcances. En el primero no es necesario imputar responsabilidad civil ni hablar de culpable o de imputable, mientras que el segundo civil propiamente dicho, sea por un incumplimiento o por un ilícito aquiliano. Tiene por fuente exclusiva a la ley y se estima valorizando los daños ocasionados y/o fijando el valor con criterio de equidad. En sede nacional se pueden identificar los siguientes casos de “indemnización” establecidos por ley: el valor justipreciado en las expropiaciones; la indemnización “tarifada” por despido en el campo laboral; indemnización a cargo del incapaz de discernimiento previsto en el Art. 1977 del CC.; ruptura de esponsales prevista en el Art. 240 del CC.; y, la del Art. 345-A a favor del cónyuge perjudicado en el caso de la separación de hecho.
(c) La antijuridicidad no es presupuesto ni elemento de la responsabilidad civil en el Perú, a diferencia de Alemania e Italia, donde los códigos civiles la contemplan expresamente;
(e) Los proyectos de vida existen, pero son irrelevantes jurídicamente. El proyecto de vida matrimonial no es resarcible, pues, por ejemplo, no puede ser cuantificado para efectos de la suscripción de un contrato de seguro y, además, propicia interpretaciones discriminatorias en su cuantificación. En definitiva, el “daño al proyecto de vida” es sólo un argumento para inflar los resarcimientos.
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Etiquetas: CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO, DIVORCIO, INDEMNIZACION
La insuficiencia del nexo causal como criterio de imputación en la relacion médico-paciente
Si bien el carácter de necesariedad que importa la causalidad hacia la imputación de responsabilidad por el daño causado ha sido la piedra sobre la cual se ha fundamentado la responsabilidad del médico, empero en la actualidad ha devenido en insuficiente. De modo que el problema es la falta de imputación del daño, el cual mediante la utilización de otros criterios normativos de imputación aclaran el panorama hacia la imputación de responsabilidad por el daño irracionalmente causado.
Es así que no puede existir una relación jurídica por la cual el médico esté premunido, más allá de las naturales diferencias de acuerdo al grupo al que pertenecen, de diferencias aplicativas de la universalidad de la ley frente al paciente, lo cual atiende al hecho de que las relaciones sociales están regidas por el principio de confianza, el cual importa que cada conformante cumpla con su deber -el médico con el contenido normativo del contrato- dentro de una relación de horizontalidad, de modo que la seguridad de que el otro cumpla con los deberes propios de su rol implica la no cabida a supuesto factico que cree irresponsabilidad ya que el aludido cumple con su deber, lo contrario sería admitir que mi no cumplimiento se convierta en regla universal -no cumplir con el contenido normativo del contrato-, por lo tanto válida para todos los conformantes, y la animalidad sería acto.
Por lo tanto, éste principio no puede regir, no es válido, para relaciones en las que la verticalidad sea su modo. vg. la tradicional visión de la relación jurídica de prestación de servicios profesional médico.
Desterrada ya la paternalista visión de la relación médico-paciente, los jueces que anteriormente optaron por la solución simplista de acudir a la clasificación de Demogue para solucionar éstos singulares conflictos jurídicos, causando un estado de hecho por el cual se mandaba un mensaje inequívoco “las limitaciones de los daños indemnizables actúan como un subsidio, incentivando -a veces de forma perversa- la causación de aquellos”(1), tendrán que reconocer que, el universo funciona en base a sus propia energía de la totalidad completa, y cuando se termina el tiempo fijado, la disposición completa del completo aniquilará, destruirá ésta manifestación temporal. Con lo que criterios normativos como el riesgo creado(2), el principio de confianza, el ámbito o fin de protección de la norma(3), el principio del ámbito de protección de la víctima(4), así como que al momento de fijar la suma de la indemnización deberá tener en cuenta los beneficios que la actividad reporta para el autor, ya que sólo de esta manera la indemnización tendrá ese efecto disuasivo el cual ha sido indiferente a la actividad del médico, deben ser tomados en cuenta para mejor proveer a la parte contractual ora aquiliana que fue dañada como consecuencia de su necesaria relación con el conformante de la política comunidad premunido de roles. El ámbito de protección de la norma así mismo será direccionada no como lo han estado haciendo hasta ahora -tradicionalmente-, sino teniendo presente que cada supuesto fáctico debe tener diferente tratamiento(5).
Entonces podríamos decir que hasta el momento en las relaciones de prestación de servicios profesionales ha existido información cualitativa y cuantitativamente insuficiente, porque el médico no ha suministrado la exacta y necesaria información a su contraparte contractual respecto a lo que se ha de esperar racionalmente de la relación. Le ha mentido¡
Por lo que, implantada de manera natural, en tanto que válida para el miembro del reino de los fines, y teniendo en cuenta la cobertura del principio de confianza, la información que fluye entre las partes tendrá en el caso del médico que incidir en que la cura no es algo que forme parte del contenido contractual, sino que el contenido de éste versara sobre la lex artis de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado de que se trate. Así, la realización de este modo destruirá la inseguridad jurídica que dominaba el mundo de la relación jurídica de prestación de servicios profesional. Inseguridad que es de la animalidad, la cual es “una irrisión, o una afrentosa vergüenza”(6) que debe ser superada.
(1)Pablo Salvador Codrech – Carlos Gómez Ligüere. El derecho de daños y la minimización de los costes de los accidentes. Revista para el análisis del Derecho. Barcelona: 2005. En: http://www.indret.com
(2)“… el resultado deberá serle imputable a una persona cuando ella, con su conducta, hubiera creado un riesgo que fuera superior al permitido para la ejecución de la conducta respectiva. Como este planteamiento supone la imputación de un resultado cada vez que alguien despliegue una conducta con la cual eleve el riesgo por encima del límite permitido, esta tesis fue conocida con el nombre de teoría de la elevación del riego o teoría del incremento del riesgo”. Yesid reyes Alvarado. El Concepto de Imputación Objetiva. En Revista Penal Contemporáneo. Revista Internacional. Bogotá: Legis, 2002, p. 15.
(3)El ámbito de protección de la norma, es una” teoría desarrollada por el Derecho Civil Alemán, conforme a la cual sólo se debía responder por las consecuencias nocivas de una conducta, cuando la norma que con ella se infringiera tuviera como finalidad la prevención del resultado dañoso efectivamente acaecido”. Vg. Código Civil; Art. 1321 (deber jurídico especifico) y Art. 1969 (deber jurídico genérico). Ibíd. p. 17. (El subrayado es nuestro).
(4)“No deben serle atribuidos al autor de la conducta aquellos resultados que correspondan a la esfera de protección de la víctima”. Ibíd. p. 22.
(5)Reenvió al numeral 2.1.- Intento de reducción y la aplicación de las leyes generales de los contratos.
(6)Friedrich Nietszche. Así habló Zarathustra. Edición a cargo de don Juan Carlos García Borrón. España: Editorial Bruguera S.A., 1974, p. 46.
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El artículo 1762 del Código Civil Peruano. Substratum y forma.
El Ser(1) que mantiene nuestra atención ha sido copiado casi literalmente por nuestros legisladores de la compilación Civil Italiana de 1942, subtitulado “Responsabilidad del prestador de obra”, donde se prescribe en su Art. 2236:
“Se la prestazione implica la soluzione di problema tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d´opera non responde dei dan, se non in caso di dolo o di colpa grave”(2)
Por nuestra parte el Código Civil Peruano señala en las disposiciones generales de las prestaciones de servicios en su Art. 1762:
“Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”.
Después de lo señalado nos es imposible dejar de recordar al señor Marcel Mauss cuando señala que el fenómeno jurídico es lo más especifico de un conjunto social y que los fenómenos jurídicos viajan a saltos(3).
2.1.- Intento de reducción y la aplicación de las leyes generales de los contratos
i) “Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”. /o/
ii) “Si la prestación de servicios implica la solución de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”.
De los cuales resulta que la incorrecta actividad hermenéutica respecto del Ser, es el motivo por el cual existe un tratamiento idéntico ya sea frente a i), respecto de los cuales existe total seguridad del tratamiento a suministrarse porque la ciencia médica alcanzo determinado conocimiento cuantitativo y cualitativo por lo que se halla en dominio de asuntos de ordinaria naturaleza o ya sea frente a ii), situación ésta en la que se mantiene la servidumbre histórica de la culpa frente al desarrollo tecnológico, hecho que importa la inseguridad jurídica del paciente, quien ha venido soportando históricamente cargas impuestas bajo la consigna del sacrificio necesario para el beneficio de intereses de mayor envergadura.
Entonces ya sea en ésta como en aquélla hipótesis el médico podrá liberarse de responsabilidad civil aun si medio culpa leve en su comportamiento contractual, como bien entienden los jueces de la 5º sala civil de Lima.
“No procede amparar la demanda si no se encuentra indubitablemente demostrado que la demandada haya actuado con dolo o culpa inexcusable, únicos supuestos para responder por los daños y perjuicios conforme señala el artículo 1762 del Código Civil”(4).
Si en el primer supuesto, campo este de dominio medico(5), “donde frente a un caso ordinario no haya observado por insuficiencia o falta de preparación profesional, o por omisión de la diligencia media, aquellas reglas precisas que son adquiridas, por común consentimiento y consolidada experimentación, a la ciencia y a la práctica, y por tanto, constituyen el necesario equipo del profesional que se dedica a un determinado sector de la medicina”(6), se tendría en cuenta lo prescrito por el Art. 1320 del C. C(7)., entonces, el médico debería responder por los daños que causare si su comportamiento contractual no fue guiado por las leyes especiales del grupo al que pertenece -lex artis ad hoc- es decir la estricta diligencia que el caso concreto de que se trate lo exige. Postura ésta que armoniza con las prescripciones que fluyen del Art. 1329 del C. C.(8), en la que existe una presunción de culpabilidad frente a la inejecución de la obligación. Por lo tanto, en interpretación contrario sensu del Art. 1314 del C.C., tendríamos que;
“Quien no actúa con la diligencia ordinaria requerida, es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.
Si en el segundo supuesto, aquellos problemas de especial dificultad, donde “el paciente no puede, más allá de la culpa grave o del dolo, obtener satisfacción”(9), si del caso resulta que el médico alude que la intervención implico un asunto de especial dificultad(10), el paciente deberá probar lo contrario -que la intervención fue de ordinaria ejecución-, aun así le quedaría al médico un haz bajo la manga que implicaría el sumergirse en el campo de lo imprevisible -“un hecho imprevisto es aquel que no ha podido verse de antemano o el que no pudo conocerse por señales o indicios que permitieran saber antes de su ocurrencia que efectivamente él podía acontecer”(11)-.
Por lo que en salvaguarda de la “inmunidad histórica” surgiría, que aunque la ciencia médica haya logrado alcanzar cierto grado cuantitativo y cualitativo por el que determinados tratamientos pueden ser suministrados de forma segura y con predeterminado resultado beneficioso, es decir siempre se puede asegurar un resultado, no debemos olvidar que el tratamiento se aplica a un ser humano por lo que no podemos tener convicción plena de que el tratamiento será seguro en atención a su singularidad. Es decir existe un alea el cual no puede ser determinado que insta a que posiblemente no se logre el resultado esperado. Es así que la inmunidad histórica de la cual esta premunida el avance tecnológico se mantiene firme, inmunidad que se observa exacerbada en la noción de Alberto Riu, quien menciona, “[…] en ninguna circunstancia ni tipo de prestación médica puede el profesional asegurar un resultado, ni inmediato, ni mediato, ni definitivo. […]. No hay duda que jamás puede establecerse una relación contractual médico-enfermo que tenga como fin una obligación de resultado, pues ella ya estaría viciada desde el inicio, ya que se estaría realizando un contrato sobre prestación de servicio imposible. […]. Y esa imposibilidad estriba en que el organismo humano es una maquina biológica en constante mutación de fenómenos tendientes a mantener una estabilidad funcional, cuya capacidad de posibilidades se constituye en un factor individual, no siempre posible de conocer y manejar. […]. Si […] se recupera o no, es un problema de circunstancias y constitucionalidad del paciente; es un resultado que no puede serle exigido al médico”(12).
Reflexiones estas que pasan inadvertidos lo complejo que implica el conformante en tanto contingencia destructora de constructos rígidos y que de adoptarlos irremediablemente nos sumergirían en una errónea concepción que postula un modelo dogmatico, que sin duda por ser rígidas y absolutas se desvanecen con la sola referencia de que “[…] el contrato lo será generalmente de prestación de servicios, aunque en algún caso, si se ha prometido un resultado determinado, se tratara de un contrato de obra”(13) vg. cirugía estética, la realización de un tratamiento de ortodoncia, entre otros.
(1)El Ser, la sustancia, -objeto- está compuesta de materia -hyle- y forma -morphé-, aquélla colma a ésta, la hace posible.
"[…] Si la norma está compuesta de hechos y de efectos, debemos distinguir con claridad aquellos hechos y efectos fuera de la norma o extra ordimen. Nos referimos a la realidad de los hechos y de los efectos diferentes a los previstos como hechos o como efectos hipotéticos u abstractos. […] hay cinco conceptos diferentes cuando se estudia la norma jurídica con la realidad. Un concepto es el hecho concreto o extrajurídico que puede ser relevante o irrelevante para el ordenamiento jurídico. Otro concepto es el hecho jurídico hipotético que es el hecho previsto hipotéticamente o el hecho jurídico probable. Otro concepto es el hecho jurídico concreto que es el hecho concreto incorporado o subsumido en el hecho jurídico hipotético. Otro concepto es el efecto jurídico hipotético que es la consecuencia jurídica que es aplicable al hecho jurídico abstracto. Y por último, está el efecto jurídico concreto que es el resultado de la aplicación del efecto jurídico hipotético al hecho jurídico concreto. Así cuando el hecho jurídico concreto es compatible con el hecho jurídico hipotético, el hecho jurídico concreto será el presupuesto de la consecuencia jurídica prevista en la norma jurídica (si A es entonces B debe ser).
Entonces, “para proceder por grados, considerar que la norma en su esquema estructural, ya la doctrina seguramente determinado, toca, por así decirlo, la realidad material en dos puntos, correspondientes a las dos de sus proposiciones componentes, la hipótesis de hecho (fattispecie) y el efecto establecido hipotéticamente (statuizione). Lo que significa que se ponen entre realidad material y norma dos series de relaciones, interconectadas precisamente, el uno entre el hecho material y hecho jurídico abstracto normativo, el otro entre el efecto establecido hipotéticamente (statuizione) y la situación efectual (effettuale)”. Gaetano Scoca, Franco. Contributo sul tema della fattispecie precepttiva, Perugia, publicazioni della Facoltà di Giruisprudenza, Nº 18, Università di Perugia, 1979, p. 18. Por lo tanto, queda claro que los hechos jurídicos concretos son relevantes porque han sido previstos por los hechos jurídicos hipotéticos y los efectos jurídicos concretos son eficaces porque han sido previstos por los efectos jurídicos hipotéticos. Cit. por Rómulo Morales Hervias. Op. cit.: 2005, p. 317.
(2)“Si la prestación implica la solución de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de obra no responde de los daños, sino en caso de dolo o de culpa grave”.
(3)Vid. Marcel Mauss. Op. cit.: 1967, p. 236.
(4)Vid. Exp. Nº 97-62552-130. Veintidós de agosto del dos mil uno.
(5)“Para la Corte italiana, […], una intervención es considerada de fácil ejecución cuando "no requiere una particular habilidad, siendo suficiente una preparación profesional ordinaria, y el riesgo de un resultado negativo o de empeoramiento es mínimo". Vid. La Ley 11.723. En: http://www.laley.es
(6)Guido Alpa. Op. cit.: 2001, p. 277.
(7)Art. 1320 del C.C. “Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”.
(8)Art. 1329 del C.C. “Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor”.
(9)Guido Alpa. Op. cit.: 2001, p. 275.
“El criterio de la culpa grave, en síntesis, quedaría reducido a la medicina de vanguardia” (Visintini, G., "Trattato breve della responsabilità civile", p. 253, 1996). Vid. La Ley 11.723. En: http://www.laley.es
(10)A de verse que en Italia se ha conceptualizado cuándo nos hallamos frente a un caso de especial dificultad del modo siguiente: “Para la Corte, las intervenciones son consideradas de "difícil ejecución" cuando el caso concreto es extraordinario o excepcional (casos inadecuadamente estudiados y experimentados por la ciencia médica o incluso ignorados, o bien, cuando media en la ciencia médica propuestas diversas e incompatibles entre ellas) cuando requieren una notable habilidad, cuando implican la solución de problemas técnicos nuevos o de especial complejidad o, por último, cuando cuentan con un "largo margine di rischio" (Cass. Civ. 16-11-88, Nº 6220). En estos supuestos de excepción, para la S.C. […], el profesional respondería sólo frente a la culpa grave”. Vid. La Ley 11.723. En: http://www.laley.es
(11)Vid. Exp. Nº 107-2005. Primera sala civil con subespecialidad comercial. Miraflores dos de junio de dos mil cinco.
(12)Jorge Alberto Riu. Op. cit.: 1981, pp. 60-62.
(13)Puig Brutau, José. Op. cit.: 1983, p. 133.
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CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL MEDICO EN LA RELACION CON EL PACIENTE
“[…] siempre que una persona ocupe un lugar o puesto determinado en una organización social, respecto del cual se asignen deberes específicos para promover el bienestar, o para impulsar de manera específica las metas o propósitos de la organización, se dice con corrección que esta persona es responsable del cumplimiento de estos deberes o de hacer lo necesario para satisfacerlos”(1)
1.- La obligación de medios y la obligación de resultados
La obligación o el débito, es la situación jurídica subjetiva de desventaja activa, es de desventaja porque la calificación que la norma realiza al hecho-presupuesto no ha sido favorable al interés empero esto le atribuyo una conducta -necesidad de obrar, de cumplir con la prestación de obrar, a favor de su contraparte necesaria- y es activa porque importa un obrar, cualquier conducta imputable al sujeto de derecho -dar, hacer o no hacer-. La obligación de hacer, “consiste siempre en un determinado comportamiento, esto es, en un determinado despliegue de energía llevado a cabo por el deudor. El interés del acreedor, sin embargo, no estriba tanto en que el deudor despliegue esa energía o actividad, cuanto en poder lograr con ella una determinada finalidad”(2) vg. la mejoría de la salud en el paciente.
Además “la prestación de hacer puede ser fungible o infungible. Es fungible cuando el interés del acreedor queda satisfecho con la realización de la prestación, siendo indiferente la persona del deudor. Por el contrario, es infungible cuando existe un intuitus personae, es decir, que la persona del deudor no puede ser sustituida por otra al no serle indiferente al acreedor quien cumpla la prestación”(3), vg. el médico de confianza(4) del paciente, prestación -en tanto que complejo- desplegada por el médico.
El francés René Demogue en 1925 en el ultimo tomo de su tratado de las obligaciones, clasifico las obligaciones de hacer en obligaciones de medios y obligaciones de resultado(5), “llama obligaciones de resultado a aquellas en las cuales el deudor se compromete a realizar en favor del acreedor una prestación determinada, a procurarle un resultado concreto. En las obligaciones de medios el deudor sólo promete diligencia y aptitudes suficientes para que normalmente se produzca el resultado apetecido por el acreedor”(6), de modo que en las de resultado se garantiza la materialización del resultado prometido, por el lado de las de medios tan sólo la diligencia para lograrlo con lo que el resultado es aleatorio, “es extrínseco a la obligación y no integra su objeto”(7).
Posteriormente los hermanos Henri y León Mazeaud al analizar la clasificación que hubiere hecho Demogue, señalaron “la obligaciones se clasifican en dos categorías: 1.- obligaciones precisas, determinadas (se dice también: de resultado); como la obligación del porteador de entregar un paquete tal día y en tal lugar; 2.- obligaciones de prudencia y diligencia (se dice también: de medios), que obligan solamente a conducirse con tal o cual grado de prudencia y diligencia. […]. Así, el médico no está obligado, en relación con su cliente, más que a dispensarle los cuidados prudentes y diligentes, no a curarlo”(8).
Tunc concilia ambas posturas con las designaciones de “obligaciones de resultado” y ”obligaciones de diligencia”; Mengoni se inclina por la caracterización de Demogue, con la salvedad de que prefiere la denominación “obligaciones de simple comportamiento” en cambio de “obligaciones de medios”. Para Aguilar, funcionan de la misma forma con relación a la prueba del incumplimiento las obligaciones de medios que las de resultado, porque aquéllos son, como éste, el objeto de la obligación; la diferencia no se encuentra allí, sino en que los medios o resultados prometidos, consistan en un hacer o en un omitir, y en que la negativa sea una negativa pura, respecto de la cual el negante nada prueba, o que envuelva una afirmación, … en los cuales la prueba debe ser hecha por el negante(9).
Hernández Gil, sostiene una conocida categoría sobre el objeto de las obligaciones, en las que distingue un factor constante, que es la conducta del deudor y un factor variable que son las cosas. En forma análoga aplica este criterio a la distinción, señalando que toda prestación es una actividad, es sólo conducta, el interés final no forma parte del objeto en forma constante. En las de resultado el fin forma parte de dicho objeto (10)
Para Marton, las obligaciones de medios no son más que obligaciones que consideran un resultado parcial en relación con el verdadero fin más amplio, aunque éste haya quedado fuera de la obligación(11), es decir toda obligación es de resultado(12) ya sea de modo inmediato ora mediato.
Ricardo Lorenzetti señala, que el resultado no es extrínseco. Siempre existirá un objetivo de mejoría que opera como móvil de las partes, señalando el camino a seguir, orientando las conductas y la naturaleza de los medios aptos para conseguirlo(13). Es decir el resultado es la posible mejoría.
Para Atilio Alterini en las llamadas obligaciones de medios existen lo que él denomina mini-resultados que debe conseguir el deudor en el desarrollo de su prestación, lo que determina que en el plano concreto de la realidad, la diferencia entre medios y resultados se difumine(14), concepción que es compartida por Jordano Fraga(15). Postura esta que se desvanece cuando se señala que, si lo perseguido son los mini-resultados, entonces el médico cumplirá con el contenido de la prestación a su cargo con el mini-resultado del mini-resultado, y así ad infinitum.
Olenka Woolcott señala que, carece de sentido una obligación en que no haya un comportamiento productivo, un interés creditorio, de la utilidad destinada al acreedor […] de manera que negamos todo valor dogmatico a la distinción, sobre todo, en cuanto concierne a los tres aspectos subrayados por sus defensores, a saber: 1) en cuanto al objeto, 2) en cuanto a la disciplina de la responsabilidad por incumplimiento, específicamente al factor de atribución y 3) en cuanto a la carga probatoria(16) […] el acreedor tiene un interés típico en que el deudor realice todos los actos que se hallan dentro de lo posible para sentirse satisfecho. Siendo lo que debe […] como resultado debido(17). Así […], el simple hecho de no haberse logrado la curación no puede significar, en nuestro concepto, el incumplimiento, el que supondrá definitivamente no haber actuado como debía, y esto es complejo constituyendo a su vez la demostración de uno de los presupuestos de la responsabilidad civil contractual que pueda tener lugar(18).
Borda señala, si se quiere hacer de él la base sobre la cual ha de decidirse el problema de si el acreedor está o no obligado a probar la culpa del deudor […] no es exacto que en las obligaciones de medio el acreedor deba probar la culpa del deudor. A él le basta con probar el incumplimiento. En el caso del paciente, le bastara con probar que el médico no lo asistió ni visito nunca para poder reclamar daños; si el profesional quiere eximirse de responsabilidad, debe demostrar que medió una causa de fuerza mayor que le impidió cumplir. La situación es idéntica a la de las obligaciones de resultado(19).
Mosset Iturraspe refiere que, en la denominada obligación de medios se promete un cierto resultado, que no es la curación del paciente, o resultado final o mediato, sino la atención dirigida a ese objetivo, que es tratar de conseguir la curación o salud del enfermo, o sea un resultado más próximo o inmediato, a decir de Spota. Y ya que el médico está obligado a colocar en la especie todos los medios apropiados para lograr la curación -esos medios son los que la ciencia médica en su estadio, dispone; unido a una diligencia máxima en orden al bien máximo vida comprometido; a una prudencia extrema, como corresponde a la profesión que se desempeña, y a una pericia aquilatada-, a él le incumbe la prueba de semejante extremo o requisito -tiene que aportar elementos que prueben haber puesto los medios aludidos y que convenza al juez de que el fracaso se produjo a pesar de todos ellos-(20)
Torreblanca Gonzales sostiene que, concebir a la obligación del médico como una obligación de resultados (aunque en realidad no solo la obligación del médico es de resultado sino que todas las obligaciones son de resultado) conllevaría a que el fundamento de la responsabilidad por incumplimiento se encontraría solamente en el acto objetivo del incumplimiento y, por lo tanto, correspondería al deudor probar lo contrario. Situación que creemos está más acorde con los fines de la responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones y que a diferencia de la interpretación actual, no dejaría sin protección a la víctima del daño(21), postura ésta que importa la objetivación de la responsabilidad civil del médico bajo la sombra de la presunción de la culpabilidad. Reenvío vid. El artículo 1762 del Código Civil Peruano. Substratum y forma.
Retomando, lo que fue denominado obligaciones de resultado y obligaciones de medios, los hermanos Mazeaud lo llamaron obligaciones precisas, determinadas y obligaciones de prudencia y diligencia, Mengoni las denomino obligaciones de simple comportamiento a las obligaciones de medios, Hernández Gil hace del factor constante su modo la cual es ajena al de medios y no lo es respecto del de resultado, Morton refiere que toda obligación es de resultado ya sea de modo mediato ora inmediato, noción que comparte Mosset Iturraspe quien enseña que en la obligación de medios se promete cierto resultado inmediato, Lorenzetti afirma que el resultado es la posible mejoría que actúa como objetivo, Alterini dice que en las obligaciones de medios existen mini-resultados, Olenka Woolkott centra su atención en el resultado debido, Borda hace lo propio pero respecto de la prueba.
Si bien en el campo fenomenológico aún el modo como se observa al médico hace que se confunda su prestación de servicios profesionales como todopoderosa cual defecto social(22), de allí la exigencia de la cura, empero al desterrar aquélla noción paternalista y abrazar que el complejo destinado por el médico tiene como telos la plena satisfacción de los intereses del paciente, que lo desplegado es tan importante como lo que se busca con ella, entonces lo que debe el médico -la materia- llena el derecho del paciente -la forma-, la hace posible.
Si el derecho satisfecho como lo refiere Mosset Iturraspe importa un resultado inmediato, el cual debe ser útil -de allí el nacimiento de la relación(23)-, un resultado debido a decir de Olenka Woolkott, la posible mejoría que funge de objetivo como enseña Lorenzetti, entonces, lo que el médico debe no es sino un resultado razonable, el cual debe ajustarse hacia su valoración a la Lex artis ah doc(24), lo cual implica que el acto médico(25) se ha guiado por lo estipulado de acuerdo al grupo al que pertenece, en tanto que integrante de la política comunidad premunido de roles, por lo que, el médico como criterio para eximirse de responsabilidad no puede aludir que en el cumplimiento del objeto de su obligación se debe tener presente un alea irresistible(26), ocultar la conducta contraria al grupo al que pertenece aludiendo un caso de iatrogenia(27), o tenerse a la clasificación de las obligaciones de medios como una “especie de defensa detrás de la cual se puede ocultar la negligencia del profesional”(28), llenando así de supuestos de eximencia el espectro nacional, “el mal menor parece siempre preferible en un mundo poco kantiano donde sólo se puede elegir entre males”(29). Por lo tanto, la confusión versa sobre el hecho de que si bien la culpabilidad disfrazada como el actuar diligente es su fundamento, esto no implica de modo alguno que el médico deje de cumplir con el contenido normativo del contrato. Ya que la discusión gira en torno a lo racional o no del daño causado.
(1)Hart. H. L. A., Postscript: Responsability and Retribution. Punishment and Responsibility, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 212. Cit. por: Pablo Larrañaga. Responsabilidad de Rol y Directrices. En Doxa 24-2001. Las negritas son del señor Pablo Larrañaga.
(2)Luis Diez-Picazo. Op. cit.: 1996, p. 246.
(3)Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio. Op. cit.: 2002, p. 135.
(4)Refiero que el médico es de confianza porque aun en los supuestos de emergencia o no, es el principio de confianza el que rige la relación entre los conformantes de la política comunidad. Esto atiende a nuestro modo de ver la relación jurídica de prestación de servicio profesional médico-paciente como una relación en la que la horizontalidad llena la relación.
(5)Las consideraciones de René Demogue sobre las obligaciones de medios y de resultados, […] fue elaborado por el referido profesor con ocasión del análisis de la relación existente entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Vid.: Cathedra. Revista de los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año VII. Nº II. Lima, 2004.
Su teoría no ha sido más que la de demostrar a su época que las diferencias entre los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual no eran tales, al menos, en cuanto se refería a la carga de la prueba de la culpa, y dentro de este contexto llega a la convicción de que en ambos campos existen las denominadas obligaciones de medios y de resultado, rigiendo en las primeras la culpa probada, mientras que en las segundas, la culpa presunta. Vid.: Olenka Woolcott Oyague. Op. cit.: 2002, p. 486.
(6)Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XX. Buenos Aires: Editorial Driskill S.A., p. 701.
Afirma Llambías […] su iniciador fue Demogue, en su tratado sobre las obligaciones, t. V, nº 1237; aunque se afirma que la clasificación había sido presentida ya por los jurisconsultos romanos y por Domat, nos parece que se trata de situaciones diferentes. La obligación de medios no puede compararse con la de fides et diligentia, que sólo imponía una actuación de buena fe. El deber que impone es estricto: poner los medios, no un deber debilitado o de mera confianza, que se deja librado a la buena fe del deudor. Y en cuanto a Domat, señalaba que el deudor, en ocasiones, “se ha obligado solamente a actuar sin negligencia ni imprudencia, debiéndose examinar cómo se ha comportado”. El médico, por ejemplo, no se obliga solamente a poner una atención diligente; asume el deber de hacer cuanto esté de su parte para llegar a la curación del paciente, aunque no prometa la curación misma, ni sea responsable de que no se la consiga. Vid.: Mosset Iturraspe, Jorge. Op. cit.: 1985, p. 135.
Entre los seguidores de Demogue, es Bueres quien se manifiesta que lo trascendente del distingo radica en la diversidad del factor de atribución: culpa en las obligaciones de medios y responsabilidad objetiva en las de fines, debido a la variación, en su concepto, de la extensión del objeto de la obligación. Vid.: Olenka Woolcott Oyague. Op. cit.: 2002, p. 486.
(7)Vid.: Mosset Iturraspe, Jorge. Op. cit.: 1985, p. 135.
(8)Mazeaud, Henri y León-Mazeaud Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte primera. Volumen I. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Catillo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1976, p. 506.
Los Mazeaud critican la definición de Demogue, puesto que el deudor sólo se compromete a poner una diligencia, sin que sea de las del tipo que normalmente conducen al resultado. Es la tesis que denominamos “medios asépticos”, en los que los resultados no influirían en absoluto, pudiendo el deudor justificar el cumplimiento con la sola disposición de medios. Por ejemplo, el médico podría liberarse con la prueba de que visito al enfermo, de que lo medicó, sin entrar a juzgar si ésos medios son aptos para la curación. Justifican los autores esta posición porque el resultado es demasiado aleatorio y permanece como algo exterior al contrato. El criterio de distinción entre uno y otro subtipo es la aleatoriedad del resultado. El azar está en las obligaciones de resultado, en una mínima expresión que se revela en la posibilidad de eximirse por la invocación del caso fortuito. En las obligaciones de medio el azar es constitutivo, y no depende del grado de diligencia del deudor. Vid.: Luis Lorenzetti, Ricardo. Op. cit.: 2005, p. 124.
(9)Enciclopedia Jurídica Omeba. Op. cit.: p. 703.
(10)Vid.: Luis Lorenzetti, Ricardo. Op. cit.: 2005, p. 129.
(11)Enciclopedia Jurídica Omeba. Op. cit.
(12)Entre ellas – se refiere a las obligaciones de medios y obligaciones de resultado- no hay diferencias ontológicas, siendo su distinción solo aparente, pues en aquellas que la tradición llama obligaciones de “medios” es siempre posible encontrar un “resultado”, lo que se comienza a comprender cuando se acepta que en toda obligación hay medios y que en toda obligación también se persigue resultados ya sean inmediatos ora mediatos. Postura que comparte la autora que lo cita. Wayar, Ernesto Clemente. Derecho Civil. Obligaciones. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1990, pp. 128-130. Cit. por: Canales Torres, Claudia. ¿A qué se obligan los médicos? En: Dialogo con la Jurisprudencia Nº 90. (El subrayado es nuestro).
(13)Luis Lorenzetti, Ricardo. Op. cit.: 2005, p. 138.
(14)Vid.: Olenka Woolcott Oyague. Op. cit.: 2002, p. 487.
(15)Es el conjunto de curas diligentes –técnicamente correctas- lo que el médico debe, y no la curación o sanación, a la que ciertamente, tales curas, mini resultados, se encamina. Cit. por: Torreblanca Gonzales, Luis Giancarlo. ¿Otro diagnóstico de responsabilidad médica? En: Actualidad Jurídica Nº 141. (El subrayado es nuestro).
(16)Aspectos estos que la autora desarrolla en la obra citada y que no creemos pertinente reproducir ya que nuestro afán es otro.
(17)Punto éste con el cual la autora enfrenta la diferencia de las obligaciones de medios y de resultado en función a lo aleatorio del resultado, pues […] el resultado debido por el profesional no es aleatorio, así que […] puede decirse que si no se lleva a cabo el resultado debido, entonces estaremos frente a una situación de incumplimiento, que se traduce en el no haberse concretado el deber de prestación. No hay pues la aleatoriedad que tantas veces se reclama para justificar la clásica división de las obligaciones, mas por el contrario, podemos afirmar que el interés típico a satisfacer es totalmente cierto como lo es la prestación debida. La aleatoriedad no es pues, un carácter del contrato de prestación de servicios profesional. Vid.: Olenka Woolcott Oyague. Op. cit.: 2002, p. 497.
(18)Olenka Woolcott Oyague. Op. cit.: 2002, pp. 493 y 499. (El subrayado es nuestro).
(19)Vid.: Mosset Iturraspe, Jorge. Op. cit.: 1985, p. 137.
(20)Mosset Iturraspe, Jorge. Op. cit.: 1985, pp. 136, 140 y 141. (El subrayado es nuestro).
(21)Torreblanca Gonzales, Luis Giancarlo. Op. cit.
(22)Vid. La Evolución de la responsabilidad de los médicos. De la inmunidad a la indemnización-.
(23)El denominado resultado que se desearía eliminar del paradigma delineado (el autor se refiere a la clasificación de Demogue, la cual no es aceptada en Italia, y en consecuencia no puede transferirse sobre el plano de la culpa profesional) […]constituye siempre sustrato imprescindible, cuanto menos en el sentido que la actividad al menos prevaleciente intelectual a prestarse con diligencia por el profesional, debe estar objetivamente orientado a su logro, esto es, a un resultado útil para el cliente. Vid.: Guido Alpa. Op. cit.: 2001, pp. 271 y 281.
(24)Lex artis ah doc es “aquel criterio valorativo de la correcta aplicación del acto médico realizado por el profesional, que tiene en cuenta las especificas características de su autor, de la profesión” Varsi Rospigliosi, Enrique. Op. cit.: 2006, p. 55.
(25)Qué es y qué implica el Acto médico está predispuesto en el art. 24 de la L.G.S. -Art. 24 de la L.G.S. “La expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención de pacientes, la ejecución de intervenciones quirúrgicas, la prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o cualquier producto, sustancia o agente destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, se reputan actos del ejercicio profesional de la medicina y están sujetos a la vigilancia de los Colegios Profesionales correspondientes”- y en el art 12 del Código de Ética y Deontología -05 de Octubre del 2000, el Colegio Médico del Perú ha oficializado la versión final de su Código de Ética y Deontología. En su Sección Tercera, Título II -Del Acto Profesional- Art. 12, lo define en la siguiente forma: "Acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Han de entenderse por tal, los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el médico, en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de éstos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico”.
Frente a los cuales refieren que existen “inconveniencias de las definiciones planteadas por dos documentos nacionales fundamentales, la Ley general de Salud Nº 26842 y la propuesta del nuevo Código de Ética del Colegio Médico del Perú […] la definición del primero es incompleta y la del segundo, de riesgosa amplitud. Por lo que propone la siguiente definición: 1. "Constituye Acto Médico una actividad de evaluación diagnóstica, pronostica, o de prescripción o ejecución de medidas terapéuticas relativa a la salud de las personas, grupos o comunidades ejercida por un médico con libertad de decisión y con el consentimiento del sujeto o de la población. 2. Constituyen también actos médicos, los exámenes de pericia legal y sus respectivos dictámenes así como los actos de certificación del estado de salud de enfermedad o de defunción de una persona". Perales Cabrera, Alberto. El Acto Médico: Criterios, definición y límites. Diagnostico volumen 40 numero 1 enero – febrero 2001. En: http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2004/oct-dic04/229-232.html
De modo que “cuatro características principales distinguen al Acto Médico: la profesionalidad, pues solamente el profesional de la medicina puede efectuar un acto médico; la ejecución típica, es decir, su ejecución se realiza conforme a la denominada "Lex Artis Ad Hoc" sujeta a las normas de excelencia de ese momento; el tener por objetivo la curación o rehabilitación del enfermo y la licitud o sea su concordancia con las normas legales”. Albújar, Pedro. Iatrogenia. Diagnostico volumen 43 numero 5 octubre – diciembre 2004. En: http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2004/oct-dic04/229-232.html
(26)El médico puede demostrar, frente a la frustración del fin inmediatamente perseguido, que ello ocurrió por la interferencia de factores imprevisibles e imponderables, por la remanida fatalidad, por aspectos subyacentes en la salud del enfermo que no conoció ni pudo conocer obrando con diligencia y cuidado. En una palabra, que su empresa, la curación del paciente, choco con áleas que no pudo ni anticipar, ni resistir. Mosset Iturraspe, Jorge. Op. cit.: 1985, p.139.
El médico que se obliga a una intervención quirúrgica […] y llegar al foco presunto del mal, no está en condiciones de garantizar que el operado quedará enteramente bien, por depender de complicaciones que escapan al dominio del hombre en la generalidad de los casos y dependientes en mucho de la aleatoria resistencia del paciente y de sus recursos vitales para el restablecimiento. Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. T. V. 28ª edición. Revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 622.
(27)La Iatrogenia. Un caso fortuito de la medicina?
La iatrogenia ha sido tomada por los profesionales de la salud como eximente de responsabilidad civil ante las reclamaciones por daños, empero pretender sustentar su irresponsabilidad basada en la excepción, nos hace intuir la confusión respecto al tema. Debemos recalcar aunque de seguro ya se infirió que no pretendemos rigorismos terminológicos de un área que no nos compete, lo contrario nos sumergiría en doxa, de modo que dejamos la tarea para el profesional de la salud, ya que nuestro afán es otro.
Es así que, “los casos de iatrogenia resultan realmente excepcionales en la práctica, […] hay situaciones que se pretende constituyan iatrogenia y que […], no son tal, sino la mayoría de las veces, formas muy sutiles de responsabilidad profesional, y que pueden pasar inadvertidas ante una evaluación superficial”. Jorge Alberto Riu. Responsabilidad Profesional de los Médicos. Buenos Aires: Luner Editores Asociados, 1981, p. 50.
La iatrogenia la definen “como un síndrome no punible, caracterizado por un daño inculpable en el cuerpo o la salud, consecuente con una aplicación terapéutica, exento de responsabilidad profesional”. Ibíd., p. 50. A su vez “Carlos Jiménez Díaz ha expuesto […] que la iatrogenia es el estudio de los efectos nocivos o patógenos que se origina en el quehacer médico, tanto diagnóstico como terapéutico, debido en última instancia a una necesidad o a una información deficiente, pero no culpable al médico”. Achával, Alfredo. Responsabilidad civil del médico. Buenos aires: Abeledo-Perrot, 1982, p. 104. Según Achával, “[…] en la iatrogenia, el daño se produce más allá de toda previsión lógica en el caso. Es un producto final o resultado que se paga a la imperfección científica de la medicina, a la urgencia de obtener resultados exitosos en la devolución de la salud y a la peculiar capacidad reactiva del paciente, que escapa a toda previsión lógica aplicada al caso”. Además cita a León C. quien afirma que son efectos negativos “del avance dramático del conocimiento medico”, es decir, que entre las “enfermedades del progreso medico” estaría incluida la iatrogenia.
Es así como el alea que acompaña a la relación de prestación de servicios médicos haya nuevo fundamento en la patología del paciente, riesgo éste que lo denominan iatrogenia. Además, Achával, entiende que “la iatrogenia es el “caso fortuito” de la medicina, es el verdadero accidente “es el que no ha podido preverse, o que visto no ha podido evitarse”, porque la previsión es sólo estadística (a esta información deficiente alude Carlos Jiménez Díaz), por lo tanto de imposible determinación especifica, con lo que se muestra nuevamente ya sin pesadumbre la servidumbre histórica de la culpa frente al avance tecnológico, el cual en busca de la felicidad del hombre está.
Por otro lado Gonzalo Moctezuma señala: resulta conveniente acotar que comúnmente la mal praxis, comprende el concepto de iatrogenia, por lo que es oportuno abordar las características que conceptualizan este término; así, la iatrogenia, que siguiendo la etimología del término, […], en el campo de la ciencia médica se refiere a “toda alteración del estado del paciente producida por el médico”; es decir, el paciente que resulta afectado por la intervención del médico. De esta forma se dice: a) que consiste en la enfermedad originada por el médico, b) que reside en el daño inferido al paciente por el tratamiento médico, c) que se trata de consecuencias malignas, dimanantes de acciones médicas que, por otra parte, y en aspectos distintos, tratan de beneficiar al enfermo y d) la ya clásica distinción de Harrison que denomina iatrogénico o iatrogénico al efecto indeseable que puede evitarse se el médico es más cuidadoso y prudente, y tiene mayores conocimientos.
Si he de señalar un denominador común en las nociones referidas, éste es el relativo a la circunstancia de que no se trata de un daño deliberado. Moctezuma Barragán, Gonzalo. Responsabilidad profesional del médico. Isonomía Nº 8/abril 1998. En: http://www.cervantesvirtual.com
(28)Guido Alpa. Op. cit.: 2001, p. 281.
(29) Ramón Capella, Juan. Falacias de la “Ética de la Responsabilidad”. En Doxa Nº 5. 1988.
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La historia clínica resulta relacionada íntimamente con el consentimiento informado ya que ésta debe aparecer insertada en la parte primera de aquélla. De modo que esta suerte de vida en relación del paciente que inicia con el consentimiento, el diagnostico, el tratamiento y las actividades posteriores deberán de materializarse en el documento que contiene la historia clínica, la cual es “un documento en el cual se asientan cronológicamente (en forma simultánea o inmediatamente posterior a la obtención de información, o al arribo de conclusiones por parte del médico acerca del paciente), todos y cada uno de los pormenores derivados de la relación entre el profesional y su consultante, incluidos entre esos datos pormenorizados, tanto las contingencias y manifestaciones positivas de la enfermedad del paciente como aquellos que revelen estabilidad y normalidad en su estado de salud. Permite la observación retrospectiva del curso de esa relación y sus efectos. Debe crearse con el nacimiento de la relación y se cierra, concluye o clausura, con la extinción de dicha relación jurídica”(1). Además “la Historia clínica al ser un documento médico legal debe ser completamente foliada, mantener un orden y tener las firmas, sellos, fechas, horas, etc. en las evoluciones, indicaciones, exámenes auxiliares, solicitudes de interconsultas, reevaluaciones, etc.”(2). Por lo tanto una conducta que se guie por las prescripciones propias del grupo al que pertenece importaran una presunción ya sea positiva o negativa, a favor o en contra del médico, vg. las deficiencias o irregularidades en la confección de la historia clínica crearan una presunción de culpa en contra del profesional(3).
Además existe el problema por el cual se postula la no propiedad del paciente de la historia clínica, la cual es de dominio del ente asistencial ya sea privado o público donde se atendió el paciente, por lo que, “es usual detectar que cuando los pacientes solicitan de la institución o nosocomio en los que son atendidos, una simple copia de la documental que forma parte de su historia clínica para estudiarla o hacerla revisar por otros profesionales para interiorizarse en sus propios datos clínicos, la mayoría de las veces esta copia les es negada. (…) ya que a juicio de éstos la historia clínica pertenece a ellos y no al paciente y solo puede ser exhibida si es requerida judicialmente. Fundamentan su accionar, en que la historia clínica está estrechamente vinculada con el secreto profesional. Recién entonces al ser intimada por el juez, la institución otorga la copia certificada, no al autor del reclamo sino al magistrado”(4), lo cual nos es propio -recuerdo una demanda de interdicción-, infringiendo así normas contenidas en la LGS como los arts. 15 inc. i, 29 y 44(5).
Así resulta que el derecho del paciente de acceder a la información se ve eclipsada por el secreto profesional, como si no fuese el paciente por quien existe tal documento como parte contractual, quien recién por medio del requerimiento judicial podrá informarse de las circunstancias clínicas que se le practicaron. Frente a lo cual y teniendo presente que hemos dejado el curso de los aspectos justiciales materiales para el área respectiva, debo señalar que, en atención a situaciones justiciales materiales me parece demasiado abultado y hasta innecesario que cada vez que un paciente quiera informarse respecto de la historia clínica tenga que recurrir al aparato judicial para lograr su objetivo.
Es así que además de soportar las desventajas anteriormente acusadas, el paciente tiene sobre sus hombros una nueva carga que dificulta aún más su empresa, ve como la cuesta se alza interminable, ya en su mente resuenan nuevamente las que escucho al inicio de la empresa, Si usted sufre un […] daño por causa de negligencia médica ¡que Dios se lo pague!(6).Insistimos con Antonio Lacassagne quien opina que "el principio de la responsabilidad médica es una seguridad para los médicos instruidos, concienzudos y prudentes; una amenaza constante para los temerarios, los audaces sin escrúpulos y los ignorantes imperturbables y, al mismo tiempo, es una barrera infranqueable contra las reclamaciones fantásticas, el capricho y el mal humor"(7), además “el hecho, […] sólo afectará a los médicos mediocres y no son ellos los que hacen progresar a la Ciencia Médica. […]. El médico negligente, sabiendo las consecuencias de su falta, prestará más atención, ello redundará en beneficio de todo el cuerpo médico”(8) y por concomitancia en beneficio de la política comunidad.
(1)María Luján López. La Historia Clínica como Prueba del Consentimiento Informado y la Responsabilidad Médica. En: VII Congreso Internacional…
(2)Sentencia del tribunal constitucional. Lima, a 11 de diciembre de 2006. EXP. N.° 07657-2005-PA/TC. Lima, a 11 de diciembre de 2006. Vid. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/07657-2005-AA.html#_ftnref1
(3)Vid. Anexo Nº 02
“Médico cúrate a ti mismo y curarás a tu enfermo. Sea tu mejor ayuda que él, con sus propios ojos, vea a quien se sana a sí mismo”(Friedrich Nietszche. Así habló Zarathustra. Edición a cargo de don Juan Carlos García Borrón. España: Editorial Bruguera S.A., 1974, p. 117.)
EXP. N.° 07657-2005-PA/TC
TRAVEZAÑO
En Lima, a 11 de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Medrano Travezaño contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 109, su fecha 12 de abril de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.
Con fecha 2 de abril de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional, solicitando que se inaplique la Resolución 0000005524-2001 ONP/DC/DL 18846, de fecha 12 de octubre de 2001, que le deniega la renta vitalicia en aplicación del artículo 13 del Decreto Ley 18846 y que en consecuencia se ordene el otorgamiento de la pensión por adolecer de enfermedad profesional, más el pago de los devengados, intereses legales y costas procesales.
Alega que no es aplicable la prescripción del artículo 13 del Decreto Ley 18846 pues dicho plazo es para interponer la demanda y no se aplica a los procesos administrativos, como el iniciado por él, debiendo tenerse en cuenta que al haber adquirido su derecho con la Constitución de 1979 la prescripción de su beneficios laborales es de 15 años.
La emplazada deduce la excepción de prescripción extintiva alegando que resulta directamente aplicable el artículo 13 del Decreto Ley 18846, y contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, manifestando que no existe agravio de derechos constitucionales dado que no se puede pedir mediante un proceso de amparo la protección de derechos de los cuales aún no se es titular.
El Decimoctavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 4 de setiembre de 2003, declara improcedente la excepción de prescripción y fundada la demanda, por considerar que se ha acreditado que el actor padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis en primer estadio de evolución, con el 50% de incapacidad, y que al habérsele denegado el derecho ha quedado desprotegido y afectado su derecho a la seguridad social.
La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar que la resolución administrativa cuestionada se ha expedido en aplicación de una norma legal vigente.
1. 1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que la titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada, para que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.
2. 2. El demandante solicita pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, más los devengados, intereses legales y costas procesales, alegando que padece de neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución.
La prescripción del artículo 13 del Decreto Ley 18846
3. 3. En la STC 00141-2005 PA/TC, este Tribunal ha señalado que “(...) la aplicación de los presupuestos contenidos en el artículo 13 del Decreto Ley 18846 podría conllevar, de darse el caso, una restricción irrazonable en el acceso a una pensión vitalicia por incapacidad laboral que no se condice con el contenido esencial del derecho a la pensión que este Tribunal ha delimitado, inicialmente, en la STC 050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 007-2005-AI y 0009-2005-AI (acumulados) y luego en la STC 1417-2005-PA”.
Sentada tal premisa y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Política de 1979, el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los artículos 10 y 11 de la Constitución de 1993, el Tribunal concluyó en la sentencia bajo comentario que “(...) las disposiciones que limitan el acceso progresivo a las prestaciones de seguridad social, tal como era el caso de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 18846, debieron entenderse inaplicables por incompatibilidad con la norma constitucional”.
4. 4. Lo anotado permite afirmar que la Resolución 0000005524-2001-ONP/DC/DL 18846, de fecha 12 de octubre de 2001, que sustenta la denegatoria de la pensión por enfermedad profesional en el transcurso de un plazo prescriptorio sin evaluar si el demandante cumplía los requisitos previstos para el otorgamiento de la pensión solicitada, lo privó del acceso al derecho fundamental, por lo que cabe ingresar al análisis pertinente con el fin de salvaguardar el derecho constitucional.
Acreditación de la incapacidad laboral por enfermedad profesional
5. 5. Para resolver una controversia constitucional como la presente en la que se demanda el acceso a una pensión de invalidez por enfermedad profesional, es necesario comprobar que el recurrente se encuentre en una situación de incapacidad laboral producida por una enfermedad profesional. En la STC 1008-2004-AA este Tribunal ha señalado que “por enfermedad profesional se entiende aquella contraída por la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, y que causa incapacidad para realizar las tareas habituales del trabajo”.
6. 6. En el presente caso para demostrar la necesidad de contar con la protección que por incapacidad laboral dispensa el sistema de seguridad social es exigible la acreditación de la enfermedad profesional. Para ello el demandante ha presentado los siguientes documentos: a) Examen médico por enfermedad ocupacional, de fecha 3 de julio de 1991, expedido por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de Ministerio de Salud (f.8); b) Dictamen de la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales del IPSS, de fecha 19 de setiembre de 1991 (f. 7); y c) Resolución 00735-92 (f.11). En tal sentido, es menester realizar la evaluación de los documentos presentados como medios de prueba. Así, del examen médico ocupacional se acredita que el demandante fue sometido a un examen radiológico, concluyéndose que adolece de la enfermedad ocupacional de silicosis en primer estadio de evolución con incapacidad de 50%. Respecto del informe de la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales, se advierte que el dictamen consigna que el demandante padece de silicosis en primer estadio de evolución con una incapacidad del 50%, y que dicho resultado ha sido “obtenido de acuerdo a la [E]avaluación (sic) realizada por el médico del Instituto de Salud Ocupacional de Lima”. Por último, de la Resolución 00735-92 fluye que al demandante se le otorgó pensión de jubilación dentro del régimen del Decreto Ley 19990, consignándose en ella que “la Comisión Médica en su sesión del día 19 de setiembre de 1991 ha dictaminado que el asegurado padece de silicosis en 1er estadio con 50.00 % de incapacidad” (sic) .
7. 7. Como puede concluirse la evaluación practicada al demandante y recaída en el examen médico ocupacional expedido por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional el 3 de julio de 1991, es el acto médico que sirve de base para la posterior emisión del informe de la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales y éste, a su vez, es el que sustenta el otorgamiento de la pensión de jubilación conforme a la Resolución 00735-92.
8. 8. No obstante en atención a los públicas denuncias de falsificación de certificados médicos, el Tribunal, en uso de sus atribuciones y para mejor resolver, solicitó al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) mediante Oficio 1081-2006-SC/TC la copia autenticada de la Historia Clínica 6091, perteneciente a don Alejandro Medrano Travesaño, que sustenta el examen médico ocupacional, y, en este caso concreto, las demás actuaciones administrativas, como ha podido analizarse en los fundamentos anteriores.
9. 9. A fojas 24 del cuadernillo del TC obra el Oficio 1057-2006-DG-CENSOPAS/INS, de fecha 8 de noviembre de 2006, remitido por el Dr. Luis A. Santa María Juárez, director general de Censopas, que contiene, además de la historia clínica solicitada, diversos informes elaborados por funcionarios del Censopas a raíz del pedido cursado y que este Colegiado considera deben ser necesariamente merituados para encontrar una solución adecuada a la controversia.
En efecto se remite el Informe 04-2006-RMCH-DEMYPT-CENSOPAS/INS (f.29) al director ejecutivo de Medicina y Psicología del Trabajo, Licenciado Juan Cossio B., por el Dr. Rolando Medina Chávez, el que consigna, evaluando la historia clínica, que de la radiografía de tórax tomada por la Dra. Huamán se concluye que el tórax tiene aspecto normal, y que el diagnóstico del Dr. Roberto Vargas Loli señala que no adolece de enfermedad ocupacional. Asimismo, indica que se somete a consideración la historia clínica, concluyendo ambos galenos (Dr. Medina y Dr. Loli) que el paciente no adolece de la enfermedad ocupacional de silicosis, notando, además, que se ha agregado en letra distinta otra lectura radiográfica que dice: “adolece de silicosis en primer estadio de evolución”, realizada y firmada por el Dr. Carlos Castillo Mauricio. Añade que en el informe del examen médico ocupacional la conclusión es silicosis en primer estadio de evolución, con firma y sello del Dr. Roberto Vargas Loli y firma del Dr. Carlos Castillo Mauricio y sello del Dr. Medina, el cual fue utilizado sin su consentimiento ni conocimiento.
Del Informe 006-DEMYPT-CENSOPAS, dirigido al Dr. Luis Santa María Juárez por el Lic. Juan Cossio B., en el que se indica, luego de la información recibida por parte del Dr. Medina Chávez, que las enmendaduras en el rubro Conclusiones de la historia clínica alteran el sentido del diagnóstico. Además, se precisa que la firma que aparece en el examen médico ocupacional que consigna el padecimiento de neumoconiosis no le pertenece al Dr. Rolando Medina Chávez, pero sí el sello como Director General Adjunto. En base a dicha circunstancias se sugiere una auditoría médica.
En tal sentido el Informe de Auditoría 001-2006, elaborado por el auditor médico Héctor Collantes Lazo, concluye, luego de la evaluación de la Historia Clínica 6091 y del examen médico ocupacional del caso 6091, que “La Historia clínica al ser un documento médico legal debe ser completamente foliada, mantener un orden y tener las firmas, sellos, fechas, horas, etc. en las evoluciones, indicaciones, exámenes auxiliares, solicitudes de interconsultas, reevaluciones, etc. Asimismo, concluye que “Existen muchas evidencias de alteraciones en el diagnóstico final, donde se invalida la primera lectura de placa radiográfica consignada por la Dra. Huamán, se desconoce el informe de una revisión (Dr. Medina y otra firma sin sello), se tacha parte del informe final del médico evaluador que hace totalmente diferente el diagnóstico final, y se tiene un informe con diferente tinta, y diferente firma al sello utilizado donde se consigna el diagnóstico de S1. En base a dicha conclusiones el Auditor Médico recomienda, además de cumplir con la normatividad existente, referente a las historias clínicas, que “Dada la divergencia en el diagnóstico final se recomienda realizar al Sr. Alejandro Medrano Travesaño, una nueva evaluación médica ocupacional en el centro especializado que la autoridad judicial competente lo determine”.
10. 10. Es innegable que las conclusiones a las que llega la autoridad médica no permiten que este Colegiado compruebe el estado de salud del demandante pues, tal como se ha señalado, el pedido de historia clínica se cursó, precisamente, para corroborar la información consignada en el examen médico ocupacional presentado. A esto debe agregarse que los demás documentos ofrecidos y adjuntados como prueba por el actor tampoco permiten que se verifique el padecimiento de la enfermedad profesional de neumoconiosis, en tanto el informe de la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales, como ya se tiene dicho, se basa en el examen médico practicado por el Instituto de Salud Ocupacional; mientras que la resolución administrativa, que otorga la pensión de jubilación, se sustenta en el informe de la indicada comisión evaluadora. Por ello, al ser manifiesta la alteración del diagnóstico de silicosis de la historia clínica que origina el examen médico ocupacional y no existiendo otro medio de prueba que demuestre el estado de salud del demandante, requisito sine qua non para acceder a la pensión solicitada, se desestima la demanda.
11. 11. Sin perjuicio de lo indicado este Colegiado considera pertinente señalar, con respecto a la recomendación efectuada por el auditor médico referida a que se debe someter al demandante a una evaluación médica ocupacional en un centro especializado, que si bien la finalidad de los procesos constitucionales es la protección de los derechos fundamentales y que para cumplir dicho fin es posible, por excepción, la actuación de medios probatorios; en el caso concreto, debería recurrirse a un peritaje médico, actividad probatoria que, se reitera en este caso, excedería los límites de la actuación jurisdiccional en la vía del amparo, en tanto al haberse desvirtuado el argumento de la administración referido a la prescripción a la que se sujetan las prestaciones derivadas del Decreto Ley 18846 y en general todas las prestaciones de carácter previsional, conforme consta en el fundamento 4 supra, el demandante tiene expedita la vía administrativa para solicitar la pensión de invalidez por enfermedad profesional sometiéndose a la evaluación médica correspondiente, debiendo la entidad previsional competente, dadas las especiales circunstancias descritas, atender el pedido del accionante con celeridad.
Debe añadirse que si bien en este caso se encuentra en juego el acceso al derecho fundamental a la pensión, el demandante, como fluye de autos, viene percibiendo una pensión de jubilación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, lo cual permite que se tome una decisión de esta naturaleza.
12. 12. Este Colegiado no puede pasar por alto la circunstancia presentada, a propósito de la información remitida por el Censopas, encontrándose obligado a evaluar tal situación en armonía con las disposiciones contenidas en el Título Primero de la Sección Cuarta del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, como en anterior ocasión lo ha precisado en la STC 01763-2005-PA [1]. En efecto, debe tenerse en consideración que
Artículo 127.- El certificado médico es un documento destinado a acreditar la enfermedad (...) de una persona, su expedición obliga responsabilidad moral, ética y legal al médico que lo expide(...).
Artículo 134.- Incurre en falta grave contra la ética profesional, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponde al médico que (...)
134.6 Expida un certificado, estableciendo un diagnóstico de incapacidad que no sea cierto, para efectos de orden administrativo o legal.
Artículo 175.- Las historia clínicas son elaboradas bajo la responsabilidad del médico y deben contener la información objetiva del estudio semiológica del paciente, debiendo revelar el estado clínico desde la primera consulta(...).
13. 13. Siendo así este Tribunal advierte que la información médica obrante en autos evidencia enmendaduras, alteraciones y diagnósticos contradictorios o divergentes, lo que contraviene los artículos citados, motivo por el cual es deber de este órgano jurisdiccional ordenar la remisión de la copia de la presente y de los actuados pertinentes al Colegio Médico del Perú y al Ministerio Público para que procedan dentro de sus atribuciones aplicando a los presuntos responsables las sanciones a que hubiere lugar.
14. 14. De otro lado resulta pertinente invocar los artículos IV del Título Preliminar y 112 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, que regulan la conducta, deberes y responsabilidades de las partes y sus abogados, estableciendo que estos deberán adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso, no debiendo actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, existiendo temeridad o mala fe, entre otros supuestos, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio. Se advierte, en el presente caso, que el demandante ha actuado con palmaria temeridad, toda vez que la pretensión debió sustentarse, necesariamente, en la adecuada y legal acreditación de la incapacidad laboral adquirida a consecuencia de una enfermedad profesional lo cual, tal como se ha comprobado, no ha ocurrido.
15. 15. Al respecto según el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, se podrá condenar al pago de costas y costos al demandante cuando se incurra en manifiesta temeridad. En consecuencia, este Tribunal estima oportuna su utilización para el caso de autos, motivo por el cual se impone al demandante el pago de costos y costas, así como una multa, conforme al fundamento 14 supra, de cinco unidades de referencia procesal (5 URP).
Declarar INFUNDADA la demanda y dispone que se proceda de conformidad con los fundamentos 13 y 15, remitiéndose las copias certificadas correspondientes.
(4)Adriana Garmendia - María Andrea Cavagna - Patricia Carolina Uhrig - María Sara Molini - María Andrea Cantaberta. La Relación entre el Profesional y el Paciente. En: VII Congreso Internacional…
(5)Art. 15 de la LGS.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho:
Inc. i.- A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis y de su historia clínica.
Art. 29 de la LGS.- El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado. La información mínima que debe contener la historia clínica se rige por el reglamento de la presente ley. El médico y el cirujano-dentista quedan obligados a proporcionar copia de la historia clínica al paciente en caso que éste o su representante lo solicite. El interesado asume el costo que supone el pedido.
Art. 44 de la LGS.- Al egreso del paciente, el responsable del establecimiento de salud está obligado a entregar al paciente o a su representante el informe de alta que contiene el diagnóstico de ingreso, los procedimientos efectuados, el diagnóstico de alta, pronóstico y recomendaciones del padecimiento que ameritó el internamiento. Así mismo, cuando el paciente o su representante lo solicite, debe proporcionarle copia de la epicrisis y de la historia clínica, en cuyo caso el costo será asumido por el interesado.
(6)Bullard Gonzáles, Alfredo. Estudios de Análisis Económico del Derecho. Lima: Ara Editores, 1996, p. 163. (El subrayado es nuestro).
(7)Lacassagne.-"Précis de Médecine Légale", pág. 65. Cit. por: Palma Cereceda, Raquel. Ensayo sobre la responsabilidad civil de los médicos. En http://www.analesderecho.uchile
(8)Gabriel Bru.- "La Responsabilité civile des Médecins", pág. 23. Cit. Por: Palma Cereceda, Raquel. Op. cit.
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El derecho a la mentira o derecho a mantener la esperanza.
Situación esta que versa sobre supuestos en los que la información dada por el médico es demasiado riesgosa hacia el posible tratamiento y posterior recuperación en vista de que las posibilidades de curación son mínimas o simplemente no las hay, nos referimos al informe pesimista. De modo que será discreción del médico omitir o atenuar la información vertida, en otras palabras mentir respecto del verdadero estado de salud del paciente. Atendiendo al siguiente razonamiento, que el paciente no está en condiciones físicas ni psíquicas para poder soportar la verdad respecto a su estado de salud y que la información veraz no hará otra cosa que empeorar su estado, se minimiza a la persona a tal punto que es necesario decidir por él, es así que el paternalismo que fue arrojado por la puerta regresa por la ventana para instalarse con el pretexto de un derecho del paciente a mantener la esperanza.
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La emergencia y el consentimiento informado. El consentimiento presunto una causa de justificación.
El supuesto por el cual el paciente no se halla consciente -no es posible la comunicación- ni se cuenta con su representante, es el médico quien deberá decidir su actuar teniendo en cuenta la particular situación y el grado de necesidad. Es así que, “no habiéndose el paciente autodeterminado, y existiendo imposibilidad de escrutar su voluntad, por hallarse el mismo -por ejemplo- bajo los efectos de la anestesia durante una cirugía, y siendo que el profesional se encontrará ante un cuadro clínico inesperado -no es factible la comunicación- que ameritaría una intervención ampliatoria, entendemos que le será legítimo al médico proseguir con su cometido en el sentido que su saber lo aconseje, debiendo sin embargo las circunstancias -esto es: la urgencia y la necesidad que impiden la suspensión de la intervención para lograr el consentimiento-,ser apreciadas con gravedad”(1), decisión discrecional en caso positivo por la absoluta necesidad(2) que deberá informarse al paciente ex post, -ya que el “estado de necesidad no elimina de por sí el deber de informar, sino que más bien retrasa el momento en que éste debe ponerse en práctica al instante inmediato posterior a la intervención”(3)-, con lo que, ante la no emergencia el médico deberá suspender la operación hacia la consecución valida del consentimiento de su contraparte contractual.
De modo que la “irrelevancia” del consentimiento informado se justifica para “todos los efectos en las operaciones absolutamente necesarias”(4), ya que “la actividad médica se encuentra amparada por una causa supralegal de justificación que hace ilícita la intervención del médico que actúa contra las normas de cultura y lícita si se ajusta a ellas”(5), por lo tanto, no intervenir en caso necesario puede responsabilizar al médico del delito de omisión.
(1) Eduardo Omar Magri, Gabriel Talco, Gaston Sohaner, Nelson Rodriguez, Sebastián Lorenzo Mendy. Op. cit. (El subrayado es nuestro).
“[…] La denominada ampliación de la operación in tabula, supuesto en el que el médico, […], descubre que es necesaria una intervención más importante que la acordada con el paciente. En una situación de estas características, el médico debe ponderar las desventajas que supone para el paciente poner fin al tratamiento o interrumpir la operación y las que implican la vulneración del derecho de autodeterminación del paciente, necesariamente vinculada al comienzo o la prosecución de la intervención, y el riesgo de errar en su presunción sobre la voluntad del paciente. Sin embargo, tal como se ha indicado, el médico sólo puede tomar esa decisión entre dos males si la obtención del consentimiento real del paciente no entra en consideración por los motivos ya expuestos”. Ingeborg Puppe. La justificación de la intervención…, p. 4.
(2)Art. 4 de la LGS, “[…] Se exceptúa de este requisito (del consentimiento previo) las intervenciones de emergencia”.
En estos casos de emergencia rige el consentimiento tácito, toda vez que, “sólo el cumplimiento de un deber legal o el estado de necesidad lo desincriminaría de culpa y podría concurrir como causas de justificación que lo eximan de responsabilidad por haber actuado sin consentimiento previo”. Pérez de Leal. Op. cit.: 1995, p. 189.
(3)Cáceres Freyre, Franklin. Apuntes sobre la mala práctica médica. En: http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_09_SEPTIEMBRE_2000.htm
(4)Sejias Renjifo, Teresa de Jesús. Op.cit.: 2001, p. 145.
(5)Ibíd., p. 146.
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