Source: http://legislacion.derecho.com/ley-10-2003-de-medidas-fiscales-y-administrativas-para-el-ano-2004-71440
Timestamp: 2016-10-28 07:55:44
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Matched Legal Cases: ['Artículo 41', 'artículo 38', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 46', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 17', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 43', 'Artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 18', 'Artículo 47', 'Artículo 62', 'artículo 54', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 54', 'artículo 36', 'artículo 21']

LEY 10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2004	LEY 10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2004 Mis Leyes
LEY 10/2003, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2004 Estado	:
TÍTULO I. MEDIDAS TRIBUTARIAS.
CAPÍTULO II. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
SECCIÓN I. ADQUISICIONES MORTIS CAUSA.
SECCIÓN II. ADQUISICIONES ÍNTER VIVOS.
CAPÍTULO IV. NORMAS COMUNES A LOS IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, Y SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
CAPÍTULO VI. CANON DE SANEAMIENTO.
CAPÍTULO VII. TASAS.
TÍTULO II. DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
TÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICA.
TÍTULO IV. NORMAS DE ORGANIZACIÓN.
TÍTULO V. ACCIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO I. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE JUEGO.
CAPÍTULO II. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AGRICULTURA.
CAPÍTULO III. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
CAPÍTULO IV. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TURISMO.
CAPÍTULO V. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MENORES.
CAPÍTULO VI. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA.
CAPÍTULO VII. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.
CAPÍTULO VIII. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
CAPÍTULO IX. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CARRETERAS.
CAPÍTULO X. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
CAPÍTULO XI. ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SALUD.
Artículo 41. Modificación de la Ley 8/1998, de 16 de junio de Ordenación Farmacéutica de La Rioja.
ANEXO. RELACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA RIOJA CON DERECHO A DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN O REHABILITACIÓN DE SEGUNDA VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL.
ANEXO 1. Descripción de linderos de la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda.
ANEXO 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTOS Y ENSANCHES Y MEJORAS DE LA RED AUTOMÁTICA DE LA RIOJA.
ANEXO 4. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MEDIO URBANO, DE CONSERVACIÓN ORDINARIA, SEGURIDAD VIAL, DE LA RED AUTOMÁTICA DE LA RIOJA.
El artículo 38 de la mencionada Ley 21/2001 atribuye a las Comunidades Autónomas competencia para establecer deducciones sobre la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta. En uso de esta competencia y dentro de una política de apoyo a la natalidad, se mantienen diversas deducciones de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desde 150 ? hasta 180 ?, que podrán hacerse efectivas tanto por nacimiento como por adopción de hijos.
Los cambios introducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las Leyes del Parlamento de La Rioja 7/2001 y 10/2002 afectaron a los tipos impositivos y respondían, concarácter general, a la voluntad de establecer un régimen fiscal de acceso a la vivienda más equitativo, a equiparar el tipo general al establecido en la mayoría de la Comunidades Autónomas de régimen común para igualarlo con el tipo general del IVA, y también a evitar el vacío tributario creado por algunas operaciones inmobiliarias que soslayaban el Principio de Igualdad y Capacidad Económica reconocido en el artículo 31 de la Constitución, y a reforzar la protección fiscal de las transmisiones de explotaciones agrarias prioritarias siempre que como consecuencia de la venta no se viese afectada la integridad de la misma.
En segundo lugar, la regulación de las infracciones graves y leves contenida en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, carece del carácter de normativa básica, lo que recomienda la elaboración de un catálogode esta clase de infracciones propio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en los números 5 y 19 del apartado 1 de su artículo 8 establece como competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja la creación y gestión de un sector público propio y la Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía. Mediante Decreto 38/2002, de 19 de julio, se aprobó la creación de la Sociedad Mercantil denominada Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A. -ECCYSA-, así como la suscripción y desembolso de todas las acciones por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En materia de juego, se han introducido en la Ley 5/1999, de 13 de abril, de Juego y Apuestas de La Rioja, diversas modificaciones cuya necesidad se justifica en la necesidad de adaptar la normativa vigente a la realidad de un sector continuamente cambiante. Así, la extensión de las nuevas tecnologías al campo del ocio ha situado en una delicada situación a los salones recreativos, que se basan en la explotación de máquinas recreativas de tipo A sin premio en metálico, lo que recomienda una mayor flexibilidad en la duración de las autorizaciones concedidas, así como la reducción del número mínimo de máquinas requeridas por salón, que en su número actual provocaría el cierre o la imposición de sanciones en algunos negocios. La introducción del euro, la presión fiscal y el volumen de la oferta de juego presente en España han hecho resentirse el rendimiento económico de las máquinas B o recreativas con premio programado. Estas circunstancias aconsejan ampliar la vigencia de las autorizaciones de instalación de esta clase de máquinas para dar mayor estabilidad en su explotación y reducir la especulación en los acuerdos de instalación. Por otra parte, las sanciones en materia de juego no tenían prevista una cuantía mínima en el caso de las infracciones leves, y era conveniente una adecuación del salto entre tramos de las multas más en consonancia con el resto de normas sancionadoras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por ello, se han incluido también algunas modificaciones en el sentido expresado, señalando esa cuantía mínima y reajustando los tramos según la gravedad.
La Ley del Menor sufre también una modificación en dos de sus artículos, ampliando la colaboración exigible a instancias públicas y privadas desde el simple deber de denuncia ya contemplado en el artículo 46 de la Ley para dar lugar al inicio del procedimiento de protección, hasta extenderlo también a las fases de investigación e instrucción de dicho procedimiento, para conocer mejor las circunstancias del desamparo y determinar la fase más adecuada de protección.
Artículo 1. Deducciones autonómicas sobre la cuota íntegra autonómica. Artículo 2. Requisitos de aplicación de las deducciones autonómicas sobre la cuota íntegra autonómica. CAPÍTULO II.
Artículo 3. Reducciones en las adquisiciones mortis causa. Artículo 4. Reducciones en las adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. Artículo 5. Incompatibilidad entre reducciones. Artículo 6. Incumplimiento de los requisitos de permanencia. Artículo 7. Deducción para adquisiciones mortis causa por sujetos incluidos en los grupos I y II. SECCIÓN II. ADQUISICIONES ÍNTER VIVOS.
Artículo 8. Reducciones en las adquisiciones ínter vivos. Artículo 9. Reducciones en las adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. Artículo 10. Incumplimiento de los requisitos de permanencia. Artículo 11. Deducción para las donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos para la adquisición de vivienda habitual en La Rioja. CAPÍTULO III.
Artículo 12. Tipo impositivo general en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Artículo 13. Tipo impositivo en la adquisición de vivienda habitual. Artículo 14. Tipo impositivo en determinadas operaciones inmobiliarias sujetas y exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 15. Tipo impositivo aplicable a las transmisiones onerosas de determinadas explotaciones agrarias a las que sea aplicable el régimen de incentivos fiscales previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias. SECCIÓN II. MODALIDAD DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
Artículo 16. Tipo de gravamen general para documentos notariales. Artículo 17. Tipo impositivo reducido para los documentos notariales con la finalidad de promover una política social de vivienda. Artículo 18. Tipo impositivo aplicable a las escrituras notariales que formalicen transmisiones de inmuebles en las que se realiza la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. CAPÍTULO IV.
NORMAS COMUNES A LOS IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, Y SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
De conformidad con lo establecido en el apartado séptimo del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, en su redacción dada por el artículo 32 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y Medidas Fiscales Complementarias, se establecen los siguientes tipos tributarios y Cuotas fijas:
Entre 0 y 1.400.000 euros
Entre 1.400.001 y 2.300.000 euros
Entre 2.300.001 y 4.500.000 euros
Más de 4.500.000 euros
En los casos de explotación de máquinas de juego de los tipos B y C, las cuotas serán las siguientes:
Cuota anual 3.412 euros.
Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo B en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por los otros jugadores, serán de aplicación las cuotas siguientes:
b.1. Máquinas o aparatos con dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a anterior.
Máquinas de Tipo C o de azar:
A efectos de lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, y conforme con lo establecido en el artículo 42.1.e la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el devengo del tributo que grava los juegos de suerte, envite o azar, en caso de explotación de máquinas recreativas con premio, o de tipo B, y de azar, o de tipo C, será el siguiente:
El tributo que grava la explotación de máquinas de los tipos B y C será exigible por años naturales, devengándose el 1 de enero de cada año en cuanto a aquellas que fueron autorizadas en años anteriores. En el primer año de explotación de la máquina, el devengo coincidirá con la autorización, abonándose el importe correspondiente en su cuantía total anual, salvo que la autorización se otorgue a partir del 1 de julio de cada año, en cuyo caso, se abonará únicamente el 50 % del tributo.
La Consejería de Hacienda y Empleo podrá aprobar los modelos y establecer los plazos en que se efectuarán las declaraciones, así como dictar las normas precisas para la gestión y liquidación del tributo sobre el juego que grava la explotación de máquinas de los tipos B y C.
Los contribuyentes usuarios no domésticos deberán declarar por este canon en los plazos que reglamentariamente se establezcan, así como al mismo tiempo determinar la cuota íntegra teniendo en cuenta la carga contaminante en los términos establecidos en el artículo 40 anterior. De la cuota tributaria resultante deducirán las cantidades, en su caso, repercutidas por el sustituto, ingresando por tanto la diferencia o, en su caso, solicitando la devolución que proceda. Igualmente, podrán deducirse las cantidades ingresadas al organismo de cuenca, por el concepto de canon de control de vertido, en el período correspondiente y con el límite máximo de la cuota íntegra de canon no doméstico que se obtiene de la aplicación de la fórmula del artículo 40.
5. Los establecimientos dedicados a sacrificios de ganado que cuenten con sistemas de autocontrol podrán aplicar al importe de las tasas generadas deducciones en concepto de coste de funcionamiento del sistema de autocontrol que tengan establecido. En este caso las deducciones aplicables por suplidos se podrán computar aplicando las siguientes cuantías máximas en euros por cada unidad sacrificada:
Deducciones por sistemas de autocontrol
0,22 euros
0,01 euros / 8 unidades o fracción
7. Para la aplicación de estas deducciones se solicitará el previo reconocimiento por los órganos competentes de la Administración en materia sanitaria de que se dan las circunstancias expresadas en el apartado anterior. En el caso de no pronunciarse expresamente la autoridad sanitaria competente en el plazo de tres meses, contado desde la entrada de la solicitud en el registro, el interesado podrá entender estimada su solicitud, pudiendo aplicar las deducciones solicitadas en la primera autoliquidación que realice a partir de la finalización de dicho plazo.
267,95 euros + 13,39 euros x PEM/6.000
Calificación ambiental de actividades:
68,08 euros + 13,39 euros x PEM/6.000
Autorización como gestor de residuos peligrosos:
32,36 euros + 15,44 euros x G/6.000
Autorización como productor de residuos peligrosos:
74,37 euros + 15,27 euros x P/6.000
Inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos:
Suministro de información en materia ambiental a instancia de parte interesada:
1.081,04 euros + 76,85 euros x PEM/6.000,
5.5 Por emisión de tarjetas de tacógrafo digital: 30 euros
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas, así como los entes comprendidos en el artículo 17.2 de esta Ley, que soliciten o reciban los servicios constitutivos del hecho imponible.
Aprobación de Proyectos de Explotación:
148,18 ? x K + 6,37 x P
P = presupuesto de inversión prevista en el proyecto de explotación y restauración en miles de euros
K = coeficiente de actualización anual acumulado desde el año 2002
Confrontación y aprobación de Planes de Labores y sus modificaciones:
P = valor de la producción anual en miles de euros
Confrontación y aprobación de Planes de desmonte, restauración, cierre y demás proyectos requeridos reglamentariamente:
148,18 ? x K + 0,637 x P
P = presupuesto de la actuación en miles de euros
Permisos de utilización de explosivos:
(148,18 euros + 2,599 ? x TE) x K
TE = Tn de explosivo
Informes e inspecciones, dispuestos por exigencia normativa, relativas a recursos de las Secciones A, B, C y D, así como lo establecido en el régimen de Normas de Seguridad Minera: 140,93 ?
Autorización de instalaciones de Beneficio y sus modificaciones:
139,29 ? x K + 6,37 x P
Permiso de instalaciones no extractivas en la explotación y sus modificaciones: 46,92 ?
Autorización de puesta en marcha de instalaciones mineras: 182,54 ?
Tasaciones y peritajes de instalaciones mineras:
171,53 ? x K + 0,2 x V
V = valor de la peritación en euros
Perforación y sondeos alumbramientos, pozos e instalaciones de extracción o análogas: 203,29 ?
Aforos de aguas subterráneas: 204,72 ?
Apertura de nuevo frente en la explotación/investigación:
P = presupuesto de actuación en miles de euros
Demarcación de autorizaciones, permisos y concesiones mineras:
138,64 ? x K + 6,37 x S
S = superficie comprendida en el perímetro medida en ha
K = coeficiente anual de actualización acumulado desde el año 2002
Determinación del perímetro de protección de acuífero:
138,64 ? x K + 0,637 x S
Inscripción en el registro industrial de actividades mineras:
50,57 ? x K + 0,64 x P
P = presupuesto de instalaciones y maquinaria en miles de euros
Modificación y/o ampliaciones en las instalaciones mineras:
Cambio en la titularidad de las instalaciones: 39,51 euros
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
a. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de La Rioja en el ejercicio de la Función Pública.
b. Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar denacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
e. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como tales.
k. La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la Ley.
l. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
ñ. Causar por negligencia grave o mala fe, daños muy graves en el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
o. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
p. La emisión de informes, actas y otros documentos administrativos manifiestamente ilegales que, faltando abiertamente a la verdad, persigan la obtención de un beneficio propio o ajeno, o causen perjuicio muy grave a la Administración o a los ciudadanos.
q. La violación del secreto profesional y la falta del deber de sigilo, respecto de los asuntos y datos que conozcan por razón de su cargo, cuando causen perjuicio muy grave a la Administración o a los afectados, o se utilicen en provecho propio o ajeno.
c. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los ciudadanos.
h. La emisión de informes, actas y otros documentos administrativos manifiestamente ilegales que, faltando abiertamente a la verdad, persigan la obtención de un beneficio propio o ajeno, o causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos sin constituir falta muy grave.
i. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
j. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
k. La violación del secreto profesional y la falta del deber de sigilo, respecto a los asuntos y datos que conozcan por razón de su cargo, cuando no constituyan falta muy grave.
l. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
m. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes.
n. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
ñ. La grave perturbación del servicio.
o. El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
p. La grave falta de consideración con los administrados.
q. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
r. La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.
s. Emplear o autorizar para usos particulares, medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, salvo que por su escasa entidad merezca la calificación de falta leve.
t. La ausencia injustificada del puesto de trabajo durante la jornada de trabajo.
u. Originar o tomar parte en altercados en el trabajo.
v. La reiteración o reincidencia en faltas leves.
a. El incumplimiento injustificado de la jornada y el horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
c. La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e. El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.
f. El descuido en la conservación de los locales, instalaciones, material y documentación de los servicios, cuando no sean constitutivos de falta grave.
g. Emplear o autorizar para usos particulares, medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, siendo de escasa entidad.
Segundo. Se crea un nuevo artículo 56 Bis con la siguiente redacción:
Suspensión de funciones con pérdida de retribuciones.
Rescisión del nombramiento de interino.
Pérdida de uno a tres grados personales.
Separación del servicio, que deberá ser acordada por el Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de Función Pública, previos los informes o dictámenes pertinentes.
Suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones, por más de tres años y menos de seis.
Rescisión del nombramiento de interino, que imposibilitará un nuevo nombramiento como tal, por un período de más de tres años y menos de seis.
Suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones, que no podrá ser superior a tres años.
Traslado del puesto de trabajo no pudiendo obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados durante tres años. Dicho plazo se computará desde el momento en el que se efectuó el traslado.
Rescisión del nombramiento de interino, que imposibilitará un nuevo nombramiento como tal, por un período no superior a tres años.
Tercero. Se crea un nuevo artículo 56 Ter con la siguiente redacción:
La existencia de intencionalidad, reincidencia o reiteración.
La existencia y naturaleza de los daños y perjuicios causados a la Administración o a los ciudadanos.
El grado de participación en la comisión o la omisión de la infracción.
Interés, beneficio o provecho propio o ajeno, perseguidos con la infracción.
Cuarto. Se crea un nuevo artículo 56 Quater con la siguiente redacción:
Quinto. Se crea un nuevo artículo 56 Quinquies con la siguiente redacción:
El desarrollo de lo previsto en los artículos 56 a 56 Quáter anteriores, así como el procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias se realizará reglamentariamente.
NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICA.
2. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja estará adscrita a la Consejería que tenga asignadas competencias en materia de promoción del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. En materia de contratación se regirá por la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas.
Tercero. Las letras e y g del artículo 3, Objetivos, quedan redactadas en los siguientes términos:
Informar de los beneficios y ayudas que ofrezcan las Administraciones Públicas y la Unión Europea para la inversión en la Comunidad e instrumentar y gestionar incentivos a la inversión.
Actuar, si así es designado, como organismo intermediario a quien la Comisión de la Unión Europea pueda confiar la gestión de subvenciones globales. En todo caso, gestionará los fondos destinados a la promoción cualquiera que sea su origen.
Octavo. El apartado 3 del artículo 15, Patrimonio de la Agencia, queda redactado en los siguientes términos:
3. El patrimonio de la Agencia está sometido al régimen establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo.
1. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto, que será aprobado por el Consejo de Administración, de acuerdo con la estructura y contenido previstos en los artículos 50 a 53 de la Ley General Presupuestaria y con la normativa que al efecto dicte la Consejería competente en materia presupuestaria, el cual será remitido a dicha Consejería para su integración en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 18. Aprobación de gastos. Órganos de contratación y mesa de contratación.
3. El importe de los trabajos, asistencias técnicas, consultorias y demás actividades realizados por medio de la Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A., en los supuestos previstos en el apartado 1, se determinará atendiendo a los costes en que hubieran incurrido, aplicando a las unidades ejecutadas las correspondientes tarifas aprobadas o, si no hubiera, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución que previamente hubiese aprobado la Administración.
1. En materia de gestión y control de políticas de empleo:
Elaborar, gestionar, coordinar y evaluar planes y programas de acción integrados para el empleo.
Gestionar programas estatales y regionales de políticas activas de empleo.
Promover actuaciones de entidades privadas y públicas, y en particular de las organizaciones sociales y económicas y las corporaciones locales para el desarrollo de iniciativas que favorezcan la generación de empleo.
Elaborar programas específicos de formación y empleo dirigidos a grupos de personas con mayores dificultades de inserción laboral.
Elaborar, gestionar y evaluar y coordinar programas que favorezcan e incentiven el empleo y la mejora de su calidad.
Conceder, gestionar y controlar aquellas subvenciones destinadas a:
Articular y gestionar acuerdos de colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para el desarrollo de servicios integrados para el empleo.
3. En materia de formación profesional ocupacional y continua:
Gestionar, coordinar y evaluar la formación profesional ocupacional y continua en La Rioja, con atención a la aplicación de las nuevas tecnologías en materia de formación.
Elaborar planes anuales de formación para el empleo.
Gestionar las ayudas a la formación profesional ocupacional y continua de forma coordinada con los objetivos y programas del Fondo Social Europeo y del Plan Nacional de Acción para el Empleo.
Estructurar y tratar la información sobre el mercado laboral, en coordinación con el Observatorio Permanente de las Ocupaciones de ámbito estatal, para conocer la oferta y demanda ocupacional, las necesidades y seguimiento de las profesiones y la aparición de nuevas posibilidades de empleo.
Realizar informes sobre la evolución de los perfiles ocupacionales y los requerimientos profesionales.
Gestionar a través del centro de referencia nacional de formación profesional ocupacional las funciones inherentes al mismo.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE JUEGO.
Las máquinas tipo "B" y tipo "C" llevarán incorporado, en lugar bien visible, un cartel con las siguientes inscripciones: "Prohibido su uso por menores de edad" y "El uso de esta máquina puede crear adicción al juego."
2. La autorización se concederá por un período máximo de cinco años renovable, y el número de máquinas no podrá ser inferior a cinco ni la superficie destinada a sala de juego menor a 50 metros cuadrados.
2. Los establecimientos que pretendan disponer de máquinas de tipo "B" deberán obtener la correspondiente autorización de instalación, la cual habilitará la instalación de este tipo de máquinas de una única empresa operadora. Se concederán por un período máximo de cinco años renovables.
Quinto. Se añade al artículo 31 el apartado z siguiente:
El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración.
Las muy graves, con multa desde 6.000,01 hasta 450.000 euros.
Las graves, con multa desde 600,01 hasta 6.000 euros.
Las leves, con multa desde 100 hasta 600 euros.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AGRICULTURA.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Primero. Se suprime del apartado c del artículo 6 el siguiente inciso: cuando estén sujetas a intervención municipal medioambiental según la normativa básica estatal.
La solicitud, firmada por el promotor, se presentará en el Ayuntamiento en cuyo término municipal se proyecte llevar a cabo la actividad o instalación. Deberá ir acompañada, al menos, de la siguiente documentación:
Proyecto suscrito por técnico competente, en el que se incluirá una memoria ambiental que describa la instalación o actividad, su incidencia en el medio, las técnicas de prevención y las medidas correctoras de los efectos negativos sobre el medio ambiente.
La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de protección de la salud y generación de residuos y vertidos.
El Ayuntamiento someterá la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a información pública y audiencia de los interesados por un período de veinte días, salvo los documentos y datos amparados por el régimen de confidencialidad con arreglo a la normativa vigente. Asimismo, solicitará a los órganos competentes informe sobre los aspectos a que se refiere el último guión de la letra anterior, que deberán ser emitidos en el plazo de treinta días desde su solicitud.
La resolución del Alcalde otorgando o denegando la licencia ambiental, que deberá notificarse al solicitante y al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, pone fin al procedimiento. Dicha resolución deberá dictarse en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que, debido a la complejidad del asunto, el órgano ambiental prorrogue este plazo mediante resolución motivada.
La resolución que otorgue la licencia ambiental fijará un plazo para el inicio de la ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual sin haberse iniciado por causas imputables a su promotor, aquélla perderá toda su eficacia, salvo que existieran causas debidamente justificadas en cuyo caso se podrá prorrogar el mencionado plazo.
La ejecución de proyectos, el establecimiento o el funcionamiento de instalaciones o actividades, o su modificación sustancial, sin haber obtenido la declaración de impacto ambiental, siempre que haya ocasionado un daño o deterioro grave para el medio ambiente o puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes.
La comisión en el plazo de dos años de más de una infracción grave de la misma naturaleza sancionadas mediante resolución firme en vía administrativa.
Las previstas en la letra a del apartado anterior cuando no generen riesgos de carácter grave a las personas, sus bienes o el medio ambiente.
El inicio o modificación sustancial de proyectos, actividades o instalaciones una vez transcurrido el plazo para su ejecución por causa imputable a su promotor.
La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa.
El incumplimiento de la obligación de recabar el parecer de la Dirección General de Calidad Ambiental que se impone a los promotores de proyectos sujetos al régimen de estudio caso por caso.
El incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en la Declaración de Impacto ambiental y en sus revisiones.
El incumplimiento de las obligaciones en materia de seguro u otros instrumentos de garantía exigidos por la Declaración de Impacto Ambiental.
El incumplimiento de los programas de vigilancia ambiental cuando ello conlleve consecuencias graves.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto, actividad o instalación.
La comisión en el plazo de dos años de más de una infracción leve de la misma naturaleza sancionadas mediante resolución firme en vía administrativa.
Las contempladas en los apartados anteriores cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan la calificación de graves o muy graves.
El incumplimiento de la obligación de comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental los cambios de titularidad de las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental.
El incumplimiento de la obligación de comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental, con suficiente antelación, la fecha de comienzo de las obras o del montaje de las instalaciones evaluadas.
Los demás incumplimientos de la legislación sobre evaluación de impacto ambiental cuando no sean constitutivos de infracción grave o muy grave.
La ejecución de proyectos, el establecimiento o el funcionamiento de instalaciones o actividades, o su modificación sustancial, sin haber obtenido la preceptiva autorización ambiental integrada, siempre que haya ocasionado un daño o deterioro grave para el medio ambiente o puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, siempre que haya ocasionado un daño o deterioro grave para el medio ambiente o puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes.
El incumplimiento de las medidas cautelares impuestas con ocasión de la apertura de procedimiento sancionador por la comisión de las infracciones previstas en este artículo.
La ejecución de proyectos, el establecimiento o el funcionamiento de instalaciones o actividades incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y registro, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o la salud de las personas.
Las conductas previstas en las letras a y b del apartado anterior cuando no hayan ocasionado un daño o deterioro grave para el medio ambiente o puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes.
El incumplimiento de las obligaciones en materia de seguro, fianza u otros instrumentos de garantía exigidos.
La ocultación, la falta de comunicación o la no remisión, el falseamiento o la alteración maliciosa de la información exigida sobre las actividades objeto de la autorización ambiental integrada, así como cualquier otra forma de impedir, obstruir o retardar la actividad de control o inspección de la Administración.
La falta de comunicación de las modificaciones realizadas en la actividad o instalación que no tengan carácter sustancial.
La falta de comunicación en el plazo establecido del cambio de titular de la actividad o instalación objeto de la autorización ambiental integrada.
El no informar inmediatamente a la Dirección Regional de Calidad Ambiental de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clausura de la ejecución del proyecto, obra o actividad.
El incumplimiento de las medidas cautelares impuestas con motivo distinto al ejercicio de la potestad sancionadora.
2.3. Constituirá infracción leve el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en esta Ley, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.
La ejecución de proyectos, el establecimiento o el funcionamiento de instalaciones o actividades o su modificación sustancial sin haber obtenido la licencia ambiental, siempre que se haya ocasionado un daño o deterioro grave para el medio ambiente o puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia ambiental, siempre que se haya ocasionado un daño o deterioro grave para el medio ambiente o puesto en peligro la seguridad de las personas, su salud o sus bienes.
La ocultación, la falta de comunicación o la no remisión, el falseamiento o la alteración maliciosa de la información exigida sobre las actividades objeto de la licencia ambiental, así como cualquier otra forma de impedir, obstruir o retardar la actividad de control o inspección de la Administración.
La falta de comunicación en el plazo establecido del cambio de titular de la actividad o instalación objeto de la licencia ambiental.
La falta de comunicación inmediata a las autoridades municipales de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente.
Multa desde 250.001 hasta 2.500.000 euros.
Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no superior a dos años.
Multa desde 25.001 hasta 250.000 euros.
Cese temporal de las actividades por un período máximo de un año.
Multa desde 200.001 euros a 2.000.000 de euros.
Clausura temporal de las instalaciones, total o parcial, por tiempo no inferior a dos años ni superior a cinco.
Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por tiempo no inferior a un año ni superior a dos.
Revocación de la autorización o suspensión de la misma por tiempo no inferior a un año ni superior a cinco.
Pública divulgación de las sanciones impuestas una vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, con expresión de la razón social e identidad o denominación de las personas físicas o jurídicas responsables y de la índole y naturaleza de las infracciones cometidas.
Multa desde 20.001 euros hasta 200.000 euros.
Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de 2 años.
Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por tiempo máximo de un año.
Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un período no inferior a tres ni superior a diez años.
Clausura temporal y parcial de las instalaciones por un período no superior a seis meses.
Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un período no superior a tres años.
Multa desde 50.001 a 300.000 euros.
Clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones.
Clausura temporal de las instalaciones, total o parcial, por tiempo no inferior a dos años ni superior a cinco años.
Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por tiempo no inferior a un año ni superior a dos años.
Pública divulgación de las sanciones impuestas una vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, con expresión de la razón social e identidad o denominación de las personas físicas jurídicas responsables y de la índole y naturaleza de las infracciones cometidas.
Multa desde 2.001 a 50.000 euros.
Multa de hasta 2.000 euros.
Las impuestas por infracciones muy graves, a los cuatro años.
Las impuestas por infracciones graves, a los tres años.
Las impuestas por infracciones leves, al año.
Primero. La letra d del artículo 25 queda redactada en los siguientes términos:
La reincidencia en la comisión de una falta grave. Existirá reincidencia cuando, antes de transcurrir un año desde la firmeza administrativa de la resolución sancionadora de una falta grave, se cometa más de una infracción del mismo tipo y calificación.
Segundo. Se añade al apartado 3 del artículo 28 la siguiente letra f:
La importancia, por razón de su dimensión cuantitativa, del incumplimiento de los parámetros de calidad de los vertidos.
4. Si el obligado no procediera a reparar el daño causado en el plazo requerido, la Administración podrá recurrir a la imposición de multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria a costa del infractor. Las multas coercitivas podrán ser impuestas con periodicidad mensual para conseguir el cumplimiento de las resoluciones adoptadas y, en su caso, serán independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción y compatibles con ellas. La cuantía de las multas coercitivas no podrá ser superior a un tercio de la sanción máxima establecida en el apartado 1 para la infracción que corresponda.
2. A tal efecto, la descripción de linderos de la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda, queda establecida en la forma que figura en el Anexo 1 a esta Ley. Se incluye igualmente como Anexo 2 el plano de situación de los terrenos incorporados.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TURISMO.
Se suprime del apartado 2 del artículo 18 el siguiente inciso: ni excursiones de un día.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MENORES.
Igualmente, los recursos de los sistemas sanitario y educativo serán puestos a disposición de los programas que se regulan en esta Ley y de los que se sigan en el futuro.
Artículo 47. Inicio e instrucción de procedimiento.
3. Todas las instituciones públicas o privadas y todos los profesionales que, por su actividad, tengan relación con el menor, vendrán obligados a colaborar con la Dirección General competente en materia de protección a la Infancia, proporcionándole toda la información que pueda ser relevante para esta fase.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA.
Artículo 62. Vivienda de protección pública.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.
1. La elaboración del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones corresponde a la Consejería en que esté adscrito el Comisionado Regional para la Droga, de acuerdo con las directrices del Gobierno a través de sus órganos competentes.
Segundo. Quedan derogados los párrafos a Comisión interdepartamental sobre Drogas y c Comisión Técnica y de Seguimiento del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones del artículo 54.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Conservación o mejora del Medio Ambiente, protección del Patrimonio Histórico Artístico y renovación del Patrimonio Urbano.
Actuaciones públicas para la urbanización y ejecución, en su caso, de sistemas generales, dotación, servicios y equipamientos públicos locales o generales.
Conservación, gestión y ampliación del propio patrimonio municipal de suelo.
A la propia planificación y gestión urbanística incluido el pago en especie mediante permutas o compensaciones de los terrenos destinados a actuaciones contempladas en el presente artículo.
La participación en entidades de gestión urbanística cuyo objeto social responda a sus fines.
La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada.
Otros fines y usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CARRETERAS.
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 8/2000, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan Regional de Carreteras se procede, por razones de coyuntura presupuestaria, a modificar los anexos primero y segundo a los que se refiere el artículo 4 del mencionado texto legislativo, los cuales quedarán establecidos en la forma que figura en los Anexos 3 y 4 de esta Ley.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Una vez transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado i del artículo 5.2 de esta Ley, y acreditado el cumplimiento de las medidas comprometidas en el mismo, podrá autorizarse la ampliación del plazo máximo de amortización a que se refiere el apartado segundo del artículo 4.
La autorización no implicará en ningún caso incremento de la cuantía de la subvención inicialmente concedida, quedando la misma limitada al tiempo inicialmente previsto para la amortización del préstamo, sin que sean objeto de subsidiación los intereses correspondientes a las anualidades objeto de ampliación.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SALUD.
Los cuidados sanitarios de larga duración.
La atención sanitaria a la convalecencia.
La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
De instalación, para aquellos que sean de nueva creación que conlleve la realización de obra nueva o alteraciones sustanciales en su estructura o instalaciones.
De funcionamiento, que facultará a los centros para realizar su actividad. Esta autorización se exigirá para cada uno de los servicios que constituyan su oferta asistencial.
De modificación, cuando los centros realicen cambios en su estructura, en su titularidad o en su oferta asistencial.
De cierre, cuando los centros vayan a finalizar su actividad de modo definitivo.
La distribución geográfica de estos centros. Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y la máxima coordinación de los servicios sanitarios y sociales, los centros sociosanitarios deberán estar, siempre que sea posible, próximos o anexos a centros sanitarios o residenciales de personas mayores, ya estén éstos en funcionamiento o en fase de construcción.
El número de plazas de que dispondrán, determinando la capacidad óptima y la capacidad máxima.
Los servicios y prestaciones que ofertarán, incluyendo en cualquier caso los mencionados en el número dos de este artículo.
Las prestaciones ofertadas por el centro que se incluyen como propias del Sistema Público de Salud de La Rioja, y las que se incluyen como propias de los Servicios Sociales, a los efectos de poder determinar la participación de los receptores de las mismas en su financiación mediante el sistema de precios públicos o tasas.
Igualmente determinará el órgano de contratación para aquéllos supuestos en los que el objeto del contrato pueda incidir en la competencia de más de una Consejería, y los créditos del estado de gastos de cada presupuesto destinados a financiar el contrato.
3.3. Podrán autorizarse depósitos de medicamentos en los centros socioasistenciales y sociales de la tercera edad, y en los centros penitenciarios, con arreglo a la normativa general sobre prestación farmacéutica y a lo que reglamentariamente se determine.
Artículo 16. Del suministro, dispensación y circulación interna de medicamentos en los Servicios y Depósitos farmacéuticos de hospitales, hospitales psiquiátricos, centros penitenciarios, centros socioasistenciales y residenciales de la tercera edad de carácter social.
Los artículos 1 a 13 de la Ley 10/2002, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2003.
La tarifa 4.4 de la Tasa 06.04. Tasa por servicios sanitarios, de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con el párrafo primero del artículo 23 de la presente Ley.
El inciso ni excursiones de un día del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja, de conformidad con el artículo 33 de la presente Ley.
Los párrafos a Comisión interdepartamental sobre Drogas, y c Comisión Técnica y de Seguimiento del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones del artículo 54, los artículos 55 y 57, y la disposición adicional segunda de la Ley 5/2001, de 17 de octubre, de Drogodependencias y otras adicciones, de conformidad con los apartados segundo y tercero del artículo 36 de la presente Ley.
La presente Ley se publicará de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Boletín Oficial del Estado, y entrará en vigor el 1 de enero de 2004.
Logroño a 19 de diciembre de 2003.
RELACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA RIOJA CON DERECHO A DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN O REHABILITACIÓN DE SEGUNDA VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL.
Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda. Está ubicada en terrenos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, términos municipales de Ezcaray, Valgañón, Zorraquín, Pazuengos, Canales de la Sierra, Mansilla, Villavelayo, Ventrosa, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Brieva de Cameros, Villoslada de Cameros, Lumbreras, Ortigosa de Cameros, Gallinero de Cameros, Pinillos, Pradillo, Villanueva de Cameros, Laguna de Cameros, Ajamil, Rabanera, Cabezón de Cameros, San Román de Cameros, Jalón de Cameros, Enciso, Munilla y Zarzosa y queda definida por la sucesión de linderos que se relacionan a continuación:
Partiendo de la Cruz de San Quílez, en el límite del término de Valgañón con la provincia de Burgos, discurre hacia el este bajando hasta el barranco para alcanzar el río Ciloria por el que discurre hasta el límite del término de Zorraquín con el municipio de Ezcaray. Desde este punto se continúa hacia el Sur siguiendo la divisoria de los términos municipales de Ezcaray y Zorraquín hasta el Alto de El Hombre. A partir de éste discurre por la divisoria entre los términos de Ezcaray y Valgañón hasta alcanzar, en el paraje conocido como Collado de Ibaya, el cortafuegos por el que desciende en la zona conocida como Terreras de Menárez (Menarce), hasta el arroyo de Menárez (Menares) que continúa hacia el Este hasta alcanzar la pista forestal que asciende a lo largo del arroyo. A partir de este punto sigue hacia el Sur y luego hacia el Oeste por la pista, hasta llegar al cortafuegos existente en la loma que divide los parajes conocidos como Malarana (Malarna), al Norte, y Aparcia, al Sur. En este punto sigue el cortafuegos hacia el Sur hasta que pasada la majada de Larrendotia (Larrandotia), se continúa por el cortafuegos que confluye con éste hacia el Oeste hasta llegar al barranco de Arrobia (la Majada del Espino). Desciende por éste hasta el arroyo de las Cenáticas que se sigue hasta la aldea de Posadas. A partir de ésta, siguela pista forestal asfaltada hasta tomar el arroyo de Altuzarra (Serruche) por el que se continúa, pasando por la aldea de Altuzarra, hasta el término de Quericia (Quiricia) en la confluencia con el arroyo del barranco del Borreguil (Zunarro) por el que se gira al Norte (por el paraje El Cantón) ascendiendo hasta alcanzar la pista forestal, en cuyo punto continúa primero por ésta y después por el cortafuegos hacia el Oeste hasta el collado de Revenzalaya (Collado existente en el paraje Zaguría), desde donde desciende hasta el río Usaya. Sigue por este último hacia el Este hasta el barranco de Arecila (Arredila) por el que asciende hasta los corrales de Cobetia (en el Cerro Turraguas), desde donde continúa hacia el Este por la carretera que da acceso a la Estación de Invierno de Valdezcaray. Continúa por ésta hasta el barranco de Beneguerra, por el cual asciende hacia el Este hasta alcanzar el collado de Beneguerra.
Se sigue por el límite entre los términos municipales de Ezcaray y Pazuengos hasta llegar al río Espardaña, siguiendo desde este punto el límite Norte del Monte nº 72 Ayornal y otros. Discurre aguas arriba del río Espardaña hasta Montehondo, se desciende por la divisoria de aguas en dirección Nordeste hasta el pueblo de Pazuengos. Bordeando el pueblo se continúa aguas abajo por el arroyo Calabanzares, hasta llegar al límite con el término municipal de San Millán de la Cogolla. Desde aquí se continúa por el límite Este del monte nº 72 Ayornal y otros, entre los términos municipales de Pazuengos y San Millán de la Cogolla, hasta llegar a Cabeza Parda, desde donde se sigue por el límite entre los términos municipales de San Millán de la Cogolla y la Mancomunidad de Villavelayo, Canales y Mansilla. Se sigue por el límite del término municipal de Anguiano hasta el cruce de la carretera forestal de La Cruz Blanca, la cual se sigue hasta su confluencia con la que conduce hasta el Monasterio de Valvanera, y siguiendo ésta se llega hasta la Junta de los Ríos, donde la anterior carretera confluye con la carretera comarcal de la Estación de San Asensio a Salas de los Infantes. Siguiendo el curso del río Najerilla, aguas abajo, se llega al puente Llaría, en la confluencia del río Roñas con el río Najerilla. Desde este punto se sigue el cauce del río Roñas, por el límite del término municipal de Brieva de Cameros, aguas arriba, hasta la fuente de Roñas, en la confluencia de los términos municipales de Anguiano, El Rasillo y Brieva de Cameros, siguiendo por el límite municipal de Brieva de Cameros hasta el mojón que parte los términos municipales de Brieva de Cameros, El Rasillo, y Ortigosa. Desde este punto se sigue, por el límite del término municipal de Brieva de Cameros hasta llegar a Canto Hincado y la confluencia del límite del término municipal de Brieva de Cameros con la carretera local Ortigosa-Brieva, la cual continuamos hasta Ortigosa de Cameros. Desde Ortigosa se continúa por la carretera local de Villanueva de Cameros, en donde se enlaza con la carretera nacional Soria-Logroño hasta que cruza el límite con el término municipal de Pradillo, siguiendo posteriormente el límite entre Almarza y Pinillos, el límite entre Almarza y Laguna de Cameros, el límite entre este último término y Muro en Cameros, el límite entre Muro en Cameros y Cabezón de Cameros hasta encontrar la carretera de Logroño a Laguna de Cameros. Se sigue esta última en dirección a Logroño hasta el cruce de la carretera que va a Hornillos de Cameros, la cual se continúa hasta encontrar el límite de los términos municipales de Hornillos de Cameros con San Román de Cameros, siguiendo posteriormente el límite de los términos municipales de Hornillos de Cameros con San Román de Cameros, Ajamil, Zarzosa y Munilla, hasta alcanzar el límite Norte de la parcela Sur del monte La Santa nº 185 de U.P. Sigue por el límite de esta parcela con el monte Dehesa Boyal y El Monte, nº 126 de U.P., propiedad del Ayuntamiento de Munilla y otras fincas de este municipio, hasta alcanzar el límite entre esta parcela y el término municipal de Zarzosa, siguiendo por el límite municipal de Zarzosa con Munilla hasta llegar a la carretera de Zarzosa a Munilla, continuando por dicha carretera y la de Munilla hasta el empalme con la carretera de Arnedo a Soria.
Empieza en el punto en que la carretera de Arnedo a Soria cruza el límite con la provincia de Soria, siguiendo dicho límite hasta el pico conocido por Tres Provincias, donde confluyen los límites de La Rioja, Burgos y Soria.
Desde el pico conocido como Tres Provincias se sigue por el límite con la provincia de Burgos hasta el punto conocido como Cruz de San Quílez, en el término municipal de Valgañón.
PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTOS Y ENSANCHES Y MEJORAS DE LA RED AUTOMÁTICA DE LA RIOJA.
PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MEDIO URBANO, DE CONSERVACIÓN ORDINARIA, SEGURIDAD VIAL, DE LA RED AUTOMÁTICA DE LA RIOJA.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18:
Derogado por Ley 9/2004, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2005. Cerrar
Resolución nº 332, de 7 de mayo de 2007, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada de la planta de fabricación de productos cerámicos en el término municipal de Alfaro, promovida por Cerámica Tarragona S.A. Expte. IPPC 30 /AAI 11-2006Solicitud de licencia ambiental para la actividad de supermercado de alimentaciónSolicitud de licencia ambiental para la actividad de panaderíaSolicitud de licencia ambiental para la actividad de carnicería y locutorioSolicitud de licencia ambiental para actividad de tienda venta menor artículos de limpieza y perfumería y alimentación envasada en QuelSolicitud de licencia ambiental para la actividad de tienda de ultramarinosSolicitud de licencia ambiental para la actividad de Taller de reparación de vehículos automóvilesResolución nº 477, de 27 de junio de 2007, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de explotación de gallinas ponedoras, en el término municipal de Torremontalbo, promovido por Avícola La Floreta, S.L. Expte. IPPC 32/AAI 13-2006Resolución nº 478, de 27 de junio de 2007, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de una explotación porcina de engorde, ubicada en el término municipal de Igea, promovido por Manuel Arévalo Álvarez. Expte. IPPC 33/AAI 14-2006Solicitud de licencia ambiental para la actividad de telepizzaResolución nº 736, de 29 de octubre de 2007, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de litografía y barnizado sobre hojalata en el término municipal de Logroño, promovida por Iberembal S.L. Expte. IPPC 39 /AAI 21-2006Licencia ambiental para apertura de oficina bancariaSolicitud de licencia ambiental para la actividad de comercio menor de productos de droguería y perfumeríaSolicitud de licencia ambiental para la instalación solar fotooltaica de 100 kw en cubierta de nave industial en Quel a instancia de Sopromín, S.LSolicitud de licencia ambiental para conexión a red y centro de transformación en Quel a instancia de Eléctricas Moreta, S.L.USolicitud de licencia ambiental para la instalación solar fotovoltaicaOrden de la Consejería de Hacienda, de 2 de enero de 2008, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2008Orden de la Consejería de Hacienda, de 2 de enero de 2009, por la que se publican las tarifas actualizadas de las Tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2009Orden de cese y requerimiento por actividad sin licencia de chamizo sito en Luis Barrón nº23. EPOrden 1/2012, de 2 de enero de 2012, de la Consejería de
publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a percibir durante el año
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