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Timestamp: 2019-09-20 10:24:21
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Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo17', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 40', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 45', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 23']

ACFILOSOFIA - LA CLASIFICACIÓN DE VASAK: LAS TRES GENERACIONES DE DERECHOS
La Constitución española de 1978 recoge tales derechos en el Título I. A continuación extractamos algunos de los artículos más importantes de dicho Título:
Artículo 16.1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden publico protegido por la Ley.
Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.
Artículo17.3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.
Artículo 22.1. Se reconoce el derecho de asociación.
Artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Respecto al origen de estos derechos hay que decir que no todos ellos tuvieron su reconocimiento en los inicios de la época del Estado liberal. El derecho de asociación o la universalidad del sufragio, por ejemplo, fueron incorporándose a los distintos ordenamientos jurídicos con el proceso de democratización del Estado. El Estado liberal partía de una concepción del ciudadano tan individualista que no se reconocían jurídicamente las asociaciones o cuerpos intermedios: sindicatos, partidos políticos, asociaciones empresariales, culturales, deportivas, etc.
Además, el sufragio no era universal sino censitario. Éste consistía en elaborar un censo teniendo en cuenta los impuestos que pagaban los individuos y posibilitando el voto únicamente a las personas que pagaban una cierta cantidad, es decir, a los que poseían determinadas rentas. Así, sólo votaban los ricos propietarios. Este sufragio restringido también afectaba a otros sectores, por ejemplo, a las mujeres o a los miembros de ciertas etnias. Hasta bien entrando el siglo XX no acabó por imponerse el sufragio universal de forma definitiva.
Las características más significativas de los derechos de primera generación son las siguientes:
a) Tienen un carácter absoluto o formal, es decir, afectan a todos los individuos al margen de su circunstancia socio-económica, de modo que cualquiera, dadas unas ciertas condiciones (por ejemplo la mayoría de edad en relación con el derecho al voto), puede cumplir con los requisitos fundamentales de los mismos.
b) Pretenden salvaguardar la libertad individual frente a las posibles injerencias de particulares o del propio Estado, hasta el punto de que, e sus orígenes, podían ser usados por su titular como le viniese en gana. Por ejemplo, uno era libre de destruir sus propiedades. Esto es indicativo del fuerte individualismo presente en las primeras Declaraciones de Derechos Universales. Las legislaciones actuales consideran que ciertos usos pueden ser contrarios a los intereses generales y han suavizado bastante esta característica. Esto quedará más claro cuando veamos los derechos de tercera generación.
c) Presuponen un Estado pasivo, no intervencionista o mínimo. Reconociendo una esfera de privacidad al individuo apuntan en realidad a que el Estado no interfiera en las actividades privadas de los ciudadanos. Tengamos en cuenta que el origen del Estado liberal está en la lucha contra el poder sin freno de las monarquías absolutistas.
d) El valor fundamental que subyace a estos derechos es la libertad, entendida como participación política pero también como ausencia de obligaciones con respecto al Estado. En esto vemos la enorme diferencia entre el Estado de derecho moderno y la sociedad estamental antigua.
e) No suponen grandes inversiones por parte del Estado, a diferencia de los de segunda generación. Ahora bien, no hay que exagerar la pasividad del Estado en relación con el cumplimiento de estos derechos; en ocasiones se ve obligado a intervenir. Por ejemplo, cuando se celebran las elecciones el Estado está obligado a habilitar todos los recursos necesarios para que tengan lugar con éxito. Pero sí es cierto que se trata de derechos que podríamos denominar baratos o de bajo coste.
2. Los derechos de segunda generación: la ciudadanía en el Estado democrático y social de derecho.
Siguiendo la convención, la segunda generación de derechos fundamentales la integran los llamados derechos económicos, sociales y culturales, aunque lo más común es englobar el conjunto bajo el término derechos sociales.
Los más significados son el derecho a la educación, a un empleo en condiciones y, llegado el caso, un subsidio de desempleo, el derecho a la sanidad pública, la atención a los más desfavorecidos, la conservación del patrimonio cultural y artístico, etc.
Algunos de estos derechos aparecen en la Constitución española de 1978 en los siguientes términos:
27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 40. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Los derechos fundamentales de segunda generación tienen como rasgo principal, a diferencia de los de primera generación, la exigencia de una intervención directa del Estado con el objetivo de paliar ciertas desigualdades y situaciones de necesidad y desamparo, por lo que podríamos llamarlos derechos asistenciales. Para que fueran reconocidos explícitamente en los distintos ordenamientos de los Estados fue necesario un proceso histórico de democratización del Estado liberal. Fruto de esta democratización fueron también, como apuntamos, la universalidad del sufragio y el derecho de asociación. Las consecuencias de este proceso suponen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, sí tenga en cuenta de forma explícita y muy relevante los derechos sociales o de segunda generación.
Artículo 23. 2: Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
Artículo 26.1: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
Todos los derechos fundamentales comenzaron siendo meras reivindicaciones morales y políticas, aunque esta condición es especialmente llamativa en el caso de los derechos de segunda generación. Estos fueron incorporándose a lo largo de los siglos XIX y XX gracias a que los movimientos obreros pudieron participar en la vida parlamentaria e influir de forma efectiva en la legislación. Esta influencia suele denominarse socialista aunque quizá será más correcto llamarla socialdemócrata o propia del socialismo democrático, el cual acepta los derechos de primera generación, mientras que el socialismo real o marxismo, los impugna considerándolos meras libertades formales o burguesas al servicio del individualismo egoísta de esta clase.
Ya dijimos que la libertad es el valor de fondo de los derechos de primera generación. En el caso de los derechos sociales lo es la igualdad. Esto no quiere decir que los derechos civiles y políticos no persigan la igualdad. Pero esta igualdad, llamada igualdad formal, debe ser interpretada como igualdad ante la ley en el sentido de las garantías jurídicas y procesales propias del Estado liberal (habeas corpus, presunción de inocencia, etc.) Es una igualdad de trato formal por la que un mismo órgano no puede modificar de modo arbitrario sus decisiones ante casos esencialmente idénticos. Es formal porque hace referencia, en última instancia, a la identidad de procedimiento, es decir, a la existencia de una serie de reglas generales, imparciales y previamente establecidas que sirven para resolver todos los conflictos.
Cuando hablamos de la segunda generación de derechos la igualdad pierde su carácter formal. Hablamos, entonces, de igualdad material, que no debe ser interpretada literalmente: se trata de impedir que ciertas desigualdades materiales que tienen que ver con las condiciones de vida (como las económicas o las culturales, por ejemplo) se hagan tan extremas que pongan en peligro la convivencia social. Lo que se pretende es un cierto equilibrio material, consecuencia de lo que denominamos justicia distributiva, entre los miembros de la comunidad. El Estado, aquí ya no liberal sino democrático y social, garantiza una educación pública y una sanidad para todos, así como subsidios a los desempleados o protección a los más desfavorecidos, tareas a las que deberá dedicar buena parte de sus recursos.
La doctrina liberal clásica consideraba que la igualdad formal, es decir, la que promueven los derechos civiles y políticos, era garantía suficiente para asegurar el principio de igual acceso a las distintas posiciones en el seno de la comunidad. Pero lo cierto es que tal formalismo liberal resulta insuficiente por una razón obvia: determinadas circunstancias socioculturales, por ejemplo, la pobreza extrema o el analfabetismo, puede constituir un factor discriminatorio que impida que ese igual acceso se haga efectivo. Por este motivo los derechos sociales están encaminados a paliar cierto tipo de desigualdades y generar equilibrio y seguridad en el seno de la comunidad.
Las características fundamentales de los derechos sociales o de segunda generación son las siguientes:
a) Al contrario que los derechos de primera generación, que afectan a un individuo abstracto y ahistórico, aquí nos encontramos con individuos que ocupan una posición determinada en el entramado social y están sujetos a ciertas necesidades: desempleados, pobres, analfabetos, inadaptados, etc. Esto explica que se asocien tan estrechamente a las reivindicaciones obreras que les dieron impulso.
b) Frente a los derechos de no intervención que suponen una limitación de las atribuciones del Estado, los derechos sociales introducen importantes recortes a la libertad de mercado, por ejemplo, a la libertad de contratación y despido, procurando así corregir ciertos resultados indiscutiblemente desigualitarios.
c) Su concepción de la igualdad es material, no formal( que como sabemos es característica de los derechos civiles y políticos): se trata de corregir ciertas situaciones de desequilibrio económico-social que atentan contra una concepción igualitaria, en sentid material, de la sociedad.
d) El carácter asistencial de estos derechos implica un gasto importante de los presupuestos generales del Estado para paliar esas diferencias socio-económicas que las relaciones de libre mercado acentúa.
Por último, cabe hacer una reflexión en torno a la ciudadanía. En el Estado liberal el ciudadano tiene reconocidos sus derechos civiles, es decir, puede profesar la confesión religiosa que le parezca, o ninguna expresar sus ideas libremente, y goza también de protección jurídica si llegara a ser detenido. Ahora bien, carece de garantías con respecto a su situación laboral, su salud o su educación. De otro modo: el Estado democrático y social de derecho genera un tipo de ciudadanía menos expuesto a la pobreza extrema y la inadaptación, más seguro de poder salir adelante si las cosas llegaran a torcerse.
3. Los derechos de tercera generación: minorías, consumo, medio ambiente e inmigración.
Hemos visto que los derechos civiles y políticos tienen como valor de fondo la libertad y los sociales la igualdad. Pues bien, los derechos de tercera generación tienen como referencia fundamentalmente la solidaridad. Si bien la tercera generación de derechos es muy heterogénea, podemos considerar dentro de la misma los siguientes: derecho a la autorrealización en igualdad de condiciones de las minorías o grupos discriminados, ya sea por razón de su sexo, como las mujeres, de su orientación sexual, como es el caso de los homosexuales, de la pertenencia a una etnia, caso de gitanos, etc; derecho a la preservación del medio ambiente y obligación, tanto de las entidades públicas como privadas, de no deteriorarlo; derecho de los pueblos a su autodeterminación frente a las agresiones colonialistas; derecho de protección de los datos genéticos; derecho a un consumo responsable y solidario; derecho a la paz; derecho a la calidad de vida, etc.
En el fondo de estos nuevos derechos encontramos la necesidad de un éthos comunitario- algo similar a un sentido de pertenencia a la comunidad humana y al mundo- que va más allá del propio Estado nacional proyectándose sobre la totalidad del planeta. Esto se observa con claridad, por ejemplo, en la prohibición de ciertas prácticas de consumo perjudiciales para el medio ambiente. Aquí se pretende superar la perspectiva puramente liberal de la propiedad: ya no se puede afirmar que la propiedad permita un uso arbitrario de la misma, puesto que si este uso tiene consecuencias dañinas para la comunidad, será sancionado. El éthos comunitario pretende ser, pues, una superación del radical individualismo del Estado liberal.
A continuación extractamos algunos artículos de la Constitución española de 1978 en los que se reconoce alguno de los derechos de tercera generación:
Artículo 45.1Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Artículo 51 1.Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Artículo 51.2 Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
Por otra parte, los derechos de tercera generación también comprenden todas aquellas medidas destinadas a poner fina a situaciones de discriminación a las minorías. En ese sentido pueden interpretarse como una extensión de ciertos derechos económicos-sociales o de segunda generación.
Así, por ejemplo, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, conocida como Ley de igualdad, pretende subsanar la discriminación que sufre la mujer en relación, por ejemplo, al artículo 23,2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: es un hecho que la mujer cobra menos salario que el hombre a igual trabajo, así como la discriminación laboral de la misma. Por ello la Ley de Igualdad introduce una serie de exigencias normativas que afectan a empresas, corporaciones, partidos políticos, etc., con la finalidad de conseguir una igualdad efectiva o material, o al menos minimizar el efecto de la discriminación: por ejemplo, la obligación de las empresas de satisfacer un porcentaje de presencia femenina entre sus directivos, o también la de garantizar un permiso de paternidad compatible con el de maternidad que permita una mayor equidad en el reparto de las tareas domésticas. Este tipo de medidas legales reciben el nombre de discriminación inversa o positiva, por contraposición a la discriminación negativa o, simplemente, discriminación.
¿Por qué la discriminación positiva no es discriminación en sentido estricto? Sencillamente porque pretende restablecer una situación que no es justa. Para ello se da un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios públicos a un determinado grupo social minoritario que está sufriendo dicha discriminación. Se trata, en el fondo de una aplicación de la justicia distributiva.
Otra ley que debe ser interpretada en relación con los derechos de tercera generación es la Ley de matrimonios homosexuales, aprobada por el Parlamento español el 30 de junio de 2005. Se trata también de un grupo que sufre discriminación en razón de su orientación sexual porque se le impide acceder a un tipo de contrato civil al que sí tienen acceso el resto de ciudadanos.
El carácter transnacional o internacional de algunas consideraciones que dan lugar a los derechos de tercera generación también está íntimamente relacionado con la necesidad de afrontar el fenómeno de la inmigración. Tiene que ver más con el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales que con otra cosa. Lo que cabe exigir a los poderes públicos es la garantía de atención humanitaria a estas personas y la lucha contra las mafias que ponen en peligro sus vidas.
Detrás de algunas de estas reivindicaciones, fundamentalmente las que hacen referencia al consumo, la inmigración o el medio ambiente, encontramos el ideal cosmopolita de algunos ilustrados. En lo referente a la inmigración, por ejemplo, no se trata tanto de la noción de ciudadanía global o cosmopolita en sentido estricto ( que no deja de ser la expresión de un deseo) como de la garantía de respeto a ciertos protocolos que tiene que ver con un trato humanitario que cualquier sistema democrático debe considerar irrenunciable.
Las características fundamentales de los derechos de tercera generación son las que siguen:
a) Responden a la necesidad de pertenecer a la comunidad humana global y al planeta como totalidad en la que ésta interactúa y se integra. Así se asocian con la solidaridad como valor de fondo. En este sentido se orientan las medidas encaminadas a proteger el medio ambiente frente a la acción depredadora de las multinacionales y al consumo irresponsable de muchos particulares.
b) Como en el caso de los derechos sociales y económicos, los derechos de solidaridad también constituyen un importante gasto para el Estado. Basta pensar en el control de todo tipo de vertidos de agentes dañinos o en las campañas para orientar el consumo responsable. También recuerdan a los derechos de segunda generación en que pretenden minimizar las situaciones de desequilibrio social o desigualdad ( como en las leyes de igualdad o de matrimonios homosexuales, ya apuntadas). Otro aspecto en el que recuerdan a los derechos de segunda generación es que podrían llegar a suponer un recorte para la libertad de mercado: por ejemplo, ciertas prácticas de las multinacionales en relación con el medio ambiente pueden resultar destructivas y, en consecuencia, los poderes públicos deben combatirlas.
c) Otros derechos de tercera generación recuerdan, en cambio, a los derechos civiles y políticos de primera generación: por ejemplo, la protección de los datos informáticos o del material genético frente a la posible manipulación de los mismos representan una extensión del principio liberal de privacidad y libertad de conciencia. En realidad no son más que adaptaciones de éste a las nuevas circunstancias de la vida.
d) Otro rasgo importante de ciertos derechos de tercera generación es que la titularidad de los mismos resulta difusa. Cuando nos referimos a la protección del medio ambiente, por ejemplo, se habla de la protección del derecho de las generaciones futuras a heredar un ecosistema en condiciones. Pero ¿puede alguien que no existe tener derechos? ¿Y deberes? En realidad, somos nosotros quienes tenemos ciertos deberes u obligaciones para con esas generaciones futuras, y esa pretensión legítima y deseable moralmente debe ser positivizada e incorporada a los distintos ordenamientos jurídicos en forma de ley escrita.
e) Por último, algunos derechos de tercera generación apelan a la necesidad de una autoridad real que se encuentre por encima de la autoridad del Estado nacional. La protección del medio ambiente o la regulación del consumo parecen requerir ciertas políticas consensuadas en el plano internacional. Así se entiende que ciertas tentativas, Kyoto entre otras, pretendan alcanzar un acuerdo en torno a estos temas. El problema es que los acuerdos internacionales tienen nula capacidad de coerción sobre las autoridades de ciertos Estados. Así, Estados Unidos no suscribió el acuerdo de Kyoto y, en consecuencia, no está obligado a cumplirlo. También es cierto que algunos de los que lo suscribieron no lo cumplen, si bien tendrán que afrontar las sanciones que tiene como consecuencia tal incumplimiento.