Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-en-derecho-alejandro-caycedo-vs-prooveduria?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ff23c03d470fee0430a01015170fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-27 23:14:35
Document Index: 345147301

Matched Legal Cases: ['artículo 428', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 238', 'artículo 137', 'artículo 105', 'artículo 158', 'artículo 2536', 'artículo 2535', 'artículo 177', 'artículo 1757', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 101', 'artículo 432', 'artículo 1757', 'artículo 1609', 'artículo 884']

﻿ LAUDO EN DERECHO ALEJANDRO CAYCEDO VS PROOVEDURÍA NACIONAL DEL EDUCADOR LTDA. SEPTIEMBRE 20 DE 2000
LAUDO EN DERECHO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:• En cuanto a las solemnidades que rodean las reformas al contrato social, se deben verter a escrituras públicas con el posterior registro en la Cámara de Comercio correspondiente.• La sociedad limitada es una sociedad de personas, de aquellas que la doctrina define como sociedades donde la vinculación se establece precisamente, por razón del carácter <Inclinada>intuito personae</Inclinada> del asociado.• El ingreso del socio industrial a una sociedad limitada, requiere de una reforma estatutaria.• Distribuir las cargas probatorias de las obligaciones, determina que quien alega su existencia debe demostrarla, así como quien alega su extinción ha de hacer lo propio.• El cálculo de las utilidades en materia societaria, solo puede resultar de su establecimiento al corte de los ejercicios y con la periodicidad prevista en los estatutos. De acuerdo con sanas prácticas contables, y teniendo en cuenta el ordenamiento legal, se trata de una cuenta de resultado obtenida a partir de los ingresos sociales, luego de deducir los gastos y las provisiones para impuestos a que haya lugar.• Entre la sociedad y su gerente existe una relación bilateral de la que se desprenden obligaciones recíprocas a cargo de las partes.
ÁRBITROS:Sergio Rodríguez Azuero (árbitro único)
DEMANDANTE:Alejandro Caycedo
DEMANDADO:Prooveduría Nacional del Educador Ltda.
NORMAS ANALIZADAS:Código Civil, arts. 1609, 1757, 2535, 2536Código de Comercio, arts. 48, 69, 70, 137, 158, 781, 884Código de Procedimiento Civil, art. 177
Alejandro Caycedo Gutiérrez
Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda.
En Bogotá, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veinte (20) de septiembre de dos mil (2000), fecha y hora señalados en auto de 13 de septiembre en curso, notificado a las partes, se reunieron en la sede del tribunal, los doctores Sergio Rodríguez Azuero, quien preside, y María Cristina Morales de Barrios, secretaria, con el fin de llevar a cabo la audiencia de fallo.
Asistió a la audiencia el señor Alejandro Caycedo Gutiérrez, en su propio nombre y el doctor Carlos Enrique Astroz Gutiérrez, apoderado judicial de la convocada.
Abierta la sesión, la secretaria informó sobre el recibo el 25 de agosto de la comunicación D.P.E. 4896, del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en respuesta al oficios 9 y 11 librados por el tribunal, y el 8 del mes en curso, la comunicación 0079211067 de Davivienda, remisoria de la respuesta a los oficios 5 y 13 librados por el tribunal a esa entidad, los cuales se ingresaron al expediente. A continuación el árbitro único autorizó a la secretaria para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, el cual se pronunció en derecho.
Leídas las partes más relevantes del laudo, fue notificado en la audiencia por la secretaria, quien entregó a las partes copias auténticas del mismo. Antes de finalizar la audiencia el tribunal fijó la fecha del dos (2) de octubre de 2000 a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), para la audiencia en que se resolverán las solicitudes de aclaración, adición y corrección por error aritmético, si las hubiere. De esta fecha quedaron notificados en audiencia los señores apoderados de las partes. Para constancia se firmó el acta por quienes intervinieron en la actuación.
Encontrándose evacuadas en su totalidad las actuaciones procesales, para la debida instrucción del trámite arbitral aquí propuesto, y estando dentro de la fecha y hora fijadas para llevar a cabo la audiencia de fallo, se procede por el tribunal de arbitramento a proferir el laudo que pone fin al proceso arbitral seguido de una parte por Alejandro Gutiérrez Caycedo, y de la otra por Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda., previo un recuento sobre los antecedentes y demás aspectos preliminares.
Contenida en la cláusula quinta del contrato de aportación como socio industrial a Proeducador Ltda., suscrito el 21 de agosto de 1984, entre las partes, es del siguiente tenor:
“Quinta. Las controversias y/o diferencias que se sucedan y no fuere posible dirimir entre las partes, podrán someterse a concepto por parte de un Tribunal de Arbitramiento de acuerdo a las normas legales vigentes”.
2. El tribunal de arbitramento
Mediante demanda presentada el día 21 de abril de 1999, el señor Alejandro Caycedo Gutiérrez, obrando en su propio nombre, solicitó al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la convocatoria de este tribunal de arbitramento, la cual fue admitida por auto de mayo 12 de 1999; igualmente presentó solicitud de amparo de pobreza para iniciar y adelantar el proceso arbitral, el que le fue concedido. La demanda se notificó al convocado Prooveduría Nacional del Educador Limitada y se le corrió traslado en los términos del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, dentro del cual, por conducto de apoderado especial, dio contestación a la demanda, rechazó las pretensiones y formuló excepciones de mérito, de las cuales se corrió traslado al convocante, quien solicitó pruebas en esta oportunidad procesal.
3. Las partes procesales
El convocante:
Alejandro Caycedo Gutiérrez, persona natural, mayor y capaz, compareció al proceso obrando en su propio nombre, para lo cual invocó el derecho previsto en el artículo 12 del Decreto 2651 de 1991, por tratarse de un proceso de menor cuantía.
La convocada:
Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda. (en adelante Proeducador Ltda.), sociedad comercial, de carácter limitada, domiciliada en Santafé de Bogotá, constituida mediante escritura pública 0045 de fecha 12 de enero de 1973, otorgada en la Notaría Segunda de Bogotá, reformada, entre otras, por la escritura 0008 de 7 de enero de 1983, otorgada en la Notaría 21 de Bogotá, y 975 de 22 de febrero de 1993, Notaría 4ª de Bogotá.
Compareció al proceso a través del señor Rafael Caycedo Lozano, quien confirió el poder para la actuación judicial.
4. El proceso arbitral
4.1. Trámite prearbitral
En aplicación de lo estipulado en la cláusula compromisoria (quinta del contrato), la Cámara de Comercio de Bogotá, realizó el nombramiento del árbitro único, por ser asunto de menor cuantía, designando al doctor Sergio Rodríguez Azuero, (fl. 70 cdno. ppal.), quien aceptó en la debida oportunidad previas las citaciones de rigor por parte del centro de arbitraje al árbitro único, al convocante y al apoderado de la convocada, el 22 de noviembre de 1999 a las 3:00 p.m., se inició la audiencia de instalación (fl. 96 cdno. ppal.), se designó como secretaria a la doctora María Cristina Morales de Barrios y se fijaron las sumas por concepto de honorarios del árbitro, secretario, gastos de administración y protocolización; el convocante Alejandro Caycedo solicitó se le extendiera el beneficio de amparo de pobreza para continuar el desarrollo del proceso arbitral. La audiencia se suspendió para continuarse el 27 de enero de 2000 a las 2:30 p.m. (fl. 102 cdno. ppal.), oportunidad en la cual se aceptó por el tribunal la solicitud de extensión del amparo de pobreza y se le exoneró del pago de honorarios, expensas, y demás gastos conforme con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Ante el no pago por la parte convocada dentro del término previsto en el inciso 1º del artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, el convocante hizo el pago por ella dentro del término adicional previsto en el inciso 2º de la citada norma.
4.2. Audiencias de trámite. Período probatorio
La primera audiencia de tramite se llevó a cabo el 3 de abril de 2000 a las 2:30 p.m., oportunidad en la que decretaron las pruebas del proceso.
· En desarrollo del período probatorio se practicaron los interrogatorios de parte del demandante y del representante legal de la entidad demandada (acta 5); a solicitud del convocante, los testimonios de Cecilia Gutiérrez de Caycedo, Camilo Caycedo Gutiérrez, Fabián Caycedo Gutiérrez y Santiago Ávila Rozo —(actas 3 y 5); a solicitud de la convocada los testimonios de Juanita Patricia Olga Cecilia Gutiérrez, María del Pilar Caycedo Gutiérrez, Gloria Vivas Casallas y César Augusto Rojas M. (actas 3 y 4).
También se decretó el testimonio de Marco Rafael Alfonso Enrique Ernesto Caycedo Gutiérrez, quien solicitó librar despacho para rendir su declaración por certificación, a lo que accedió el tribunal (acta 3) y ordenó al peticionario de la prueba presentar por escrito el cuestionario correspondiente, el cual fue devuelto por el tribunal para ser reformado en los términos del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, el cuestionario no fue presentado nuevamente (acta 4).
· Fue decretada para practicarse, a solicitud de la parte convocante una inspección judicial sobre documentos, previa exhibición con intervención de perito contable sobre los libros de la sociedad convocada. Su práctica fue suspendida (fl. 81), debido a que, según manifestó el apoderado de la demandada, “no existe ningún libro, acta, documentos, declaración o prueba alguna para practicar la diligencia, ya que la firma por mí representada solo existe en el papel o sea únicamente existe su matrícula mercantil no renovada ...”; razón por la que el tribunal decidió no llevar a cabo la citada inspección judicial (fls. 80, 112, 124 cdno. ppal.).
· Se decretó un dictamen pericial contable, a solicitud de la parte convocante, el cual fue y rendido por el señor Luis M. Guijo; dentro del término de traslado previsto en el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, no hubo solicitud de complementación, aclaración u objeción por error grave;
· Por solicitud del convocante se libraron y se obtuvo respuesta de los oficios enviados a las siguientes entidades: Banco Popular sucursal avenida de las Américas (informe acta 3), Banco de Bogotá Sucursal Avenida Las Américas (informe acta 3), Banco de Bogotá Oficina Tunja (informe acta 4) , Bancoquia/Banco Santander Sucursal Marly (informe acta 4)., Fondo Educativo Regional del Distrito Especial Sucursal Centro Nariño (informe acta 3), Tesorería Distrital (informe acta 3); Fondo Educativo Regional de Cundinamarca Sucursal Centro Nariño (informe acta 5), Pagaduría Central Ferrocarriles Nacionales y Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y Corporación Davivienda —Sucursal Centro Nariño— (informe acta 6).
4.3. Los alegatos de conclusión
En su alegato de conclusión, estimó que durante el proceso se demostraron todos los hechos tendientes al derecho que le asiste en su reclamación. Ratificó lo manifestado en su escrito de adición de pruebas e hizo una relación de todos los conceptos que considera le debe la sociedad demandada y quedaron probados en el proceso. El señor Alejandro Caycedo presentó un resumen de sus alegaciones que fue incorporado al expediente.
La convocada
El señor apoderado de la sociedad demandada reiteró verbalmente su total oposición a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por estar debidamente demostradas las excepciones de cobro de lo no debido y de prescripción; esta debidamente formulada en la contestación de la demanda, con base en los artículos 2542 a 2545 del Código Civil, y de llegar a considerarse el reclamo como prestaciones laborales, por haber transcurrido más de tres años, según el Código Sustantivo del Trabajo.
Con relación a los testimonios practicados, alegó que de su resultado solo puede deducirse que Alejandro Caycedo fue el responsable de la quiebra de la sociedad demandada y de fundar una compañía paralela, que generó la muerte de Proeducador por inanición. Respecto de los recibos que obran a folios 15 y 16 del cuaderno 1, consideró que son la prueba del pago de todas las prestaciones y que dada la confianza del padre con el hijo no se detalló expresamente el finiquito de las obligaciones.
Con relación al pago de los diez cheques por $ 300.000 cada uno que allí se mencionan, afirmó que, tal como lo dijo la señora Gloria Vivas, secretaria de la empresa, le fueron cancelados en su totalidad.
Resaltó que el dictamen pericial advierte que las cifras que allí aparecen no son sustentadas en los libros de la sociedad, porque estos no existen y, finalmente, anotó que los “Balances de gestión” aportados por el demandante, carecen de valor probatorio, por no estar suscritos por el representante legal de la compañía.
Recaudado así el acervo probatorio y oídos los alegatos de conclusión, el tribunal citó a las partes para esta audiencia de fallo.
5. El término del proceso arbitral
El tribunal se encuentra dentro del término legal de seis meses, para proferir el fallo, el cual comenzó a correr el 3 de abril de 2000 - primera audiencia de trámite.
6. Laudo en derecho
Las controversias planteadas en la demanda son susceptibles de transacción, por lo cual es procedente su decisión mediante laudo arbitral, el cual se profiere en derecho, según lo acordado en la cláusula compromisoria.
7. Pretensiones y excepciones formuladas
7.1. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones
Las acreencias de Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., hoy pendientes de pago, en favor de Alejandro Caycedo expresadas en el presente documento las manifestó bajo juramento:
1. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., incumplió el contrato de aportación como socio industrial suscrito con el señor Alejandro Caycedo Gutiérrez el 21 de agosto de 1984, al desatender lo contemplado en las cláusulas segunda y tercera de ese contrato.
2. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., es responsable de ese incumplimiento;
3. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., adeuda a Alejandro Caycedo los saldos insolutos de las sumas mensuales por servicios prestados, acordadas en la cláusula tercera del referido contrato, correspondiente, al período comprendido entre enero de 1984 a febrero de 1990;
4. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., adeuda a Alejandro Caycedo el saldo insoluto por servicios prestados, correspondiente al período comprendido entre enero de 1975 a diciembre de 1982; manifiesto en los balances a 31 de diciembre de 1983, 1988 y 1989 como “pasivo por pagar Alejandro Caycedo dic/83”;
5. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., adeuda a Alejandro Caycedo el 37% de las utilidades netas generadas en el desarrollo del contrato, durante el período sucedido entre enero de 1984 a diciembre de 1989;
6. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., adeuda a Alejandro Caycedo el 37% de las recaudas par cartera morosa efectuadas por Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 1990 hasta hay y hasta la fecha de paga a Alejandro Caycedo; descontando previamente al valor recaudado el 20% a favor de la empresa, como gastas reconocidos por cobro;
7. Que se declare que Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., adeuda a Alejandro Caycedo el 37% del valor del 70% de los inventarios estatales; que existían a diciembre 31 de 1989; negociados a comercializadas por la empresa; dentro del período comprendido entre el 1º de enero de 1990 hasta hay y hasta la fecha de pago a Alejandro Caycedo;
8. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago de las sumas de dinero correspondientes a las saldo insolutos actualizadas de las sumas mensuales par servicios prestadas, correspondientes al período comprendido entre enero de 1984 a febrero de 1990, cuya monto será establecido mediante procedimiento comercial actuarial solicitado en la prueba pericial;
9. Que cama consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago de la suma de dinero correspondiente al saldo insoluto actualizado por servicios prestados, correspondiente al período comprendido entre enero de 1975 a diciembre de 1982, cuyo monto será establecido mediante procedimiento comercial actuarial, solicitado en la prueba pericial;
10. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago de las sumas de dinero correspondientes a las saldos actualizados del 37% de las utilidades netas generadas en el desarrollo del contrato, correspondientes al período comprendido entre enero de 1984 y diciembre de 1989; cuyo monto será establecido mediante procedimiento comercial actuarial solicitado en la prueba pericial;
11. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago del 37% de los recaudos actualizados, por cartera morosa efectuados por Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 1990 hasta hoy y hasta la fecha de pago a Alejandro Caycedo; descontando previamente al valor recaudado el 20% a favor de la empresa, como gastos reconocidos por cobro; cuyo monto será establecido mediante procedimiento comercial actuarial solicitado en la prueba pericial;
12. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago actualizado del 37% del valor del 70% de los inventarios totales excluidos en el balance a diciembre 31 de 1989, negociados o comercializados por la empresa dentro del período comprendido entre el 1º de enero de 1991 y hasta la fecha de pago; cuyo monto será establecido mediante procedimiento comercial actuarial solicitado en la prueba pericial:
13. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago de los intereses de mora sobre las sumas calculadas en los numerales 8º , 9º 10, 11 y 12 anteriores, contabilizados desde el momento de causación de cada una, hasta el momento del pago;
14. Que se condene a Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., al pago de los gastos, costas y agencias en derecho que el trámite arbitral genere”.
7.2. Por su parte, el apoderado de la convocada se opuso a las prosperidad de las declaraciones y condenas y propuso las siguientes excepciones:
“Cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación, y prescripción de la acción y el derecho”.
1. El contrato de aportes como socio industrial, de fecha agosto 21 de 1984
Aportado con la demanda, obra en el expediente el denominado “Contrato de aportación como socio industrial a Proeducador limitada”, suscrito el 21 de agosto de 1984, por Rafael Caycedo Lozano, en su condición de gerente general de la sociedad Prooveduría Nacional del Educador, Proeducador Ltda., y Alejandro Caycedo Gutiérrez, del pacto arbitral contenido en su cláusula quinta, deriva este tribunal su jurisdicción y competencia, como se dejó establecido en la primera audiencia de trámite.
Se hace necesario, en primer término, analizar la naturaleza de este negocio jurídico para así determinar la de las obligaciones cuyo pago se está aquí reclamando y también para realizar el estudio de su prescripción, conforme con la alegación de la parte demandada.
Respecto del aporte de industria a una sociedad, ha dicho la doctrina:
“El aporte en industria consiste en el compromiso de trabajar para la sociedad empleándose la palabra industria en su sentido latino. Se trata de un trabajo a ejecutar en calidad de socio. Es decir, un trabajo de dirección sin el cual el pretendido socio no sería más que un empleado que participa en los beneficios ...”.
El derecho del socio se sitúa en la categoría de los derechos de crédito en razón de su origen contractual y porque la sociedad ha sido considerada originariamente como un contrato (1) (1) Ripert, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1954. ”.
Por su parte el Código de Comercio en el artículo 137 dispone: “Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social ...”.
Observa el tribunal que el contrato que se examina obra en un documento privado de fecha 21 de agosto de 1984 (fls. 27 y 28 cdno. 1), el que no obstante carecer del pago del impuesto de timbre, se consideró como prueba al tenor de lo dispuesto en el artículo 105 del Código de Procedimiento Civil. Se encuentra suscrito, como se dijo, por el gerente de Proeducador Ltda., señor Rafael Caycedo y por Alejandro Caycedo; firmado, además, por Cecilia de Caycedo (socia de Proeducador Ltda.), María del Pilar Caycedo y Juana P. Caycedo, en condición de testigos.
A folio 29 del mismo cuaderno 1, con fecha 14 de agosto de 1984, obra una manifestación de los señores Cecilia Gutiérrez de Caycedo y Rafael Caycedo Gutiérrez (socios de Proeducador Ltda.), Pilar Caycedo Gutiérrez y Juanita Caycedo Gutiérrez, contenida en un documento, referido al conocimiento del “Contrato de aportación como socio industrial de Proeducador Limitada” que se firmaría posteriormente; allí además expresaron las firmantes haber leído las siete cláusulas del contrato y no encontrar objeción alguna al respecto.
De las pruebas documentales aportadas al proceso y de las declaraciones rendidas en sus audiencias, el tribunal entiende que la sociedad convocada Proeducador Ltda. desde su constitución hasta la fecha, se ha integrado con dos socios capitalistas que son los señores Rafael Caycedo Lozano y la señora Cecilia Gutiérrez de Caycedo, con participación de 50% del capital social y no aparece en los certificados de existencia y representación de la sociedad, expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 1º y 20 cdno. 1 y 101 a 110 del cdno. de trámite), el que el contrato que se analiza haya sido registrado como una reforma estatutaria, en los términos de la ley.
A partir del artículo 158, el Código de Comercio regula lo referente a las solemnidades que rodean las reformas al contrato social, encontrándose allí el requisito de verterlas a escrituras públicas con su posterior registro en la Cámara de Comercio correspondiente “... al domicilio social y al tiempo de la reforma, disponiendo la citada norma que sin los requisitos anteriores, la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros” y añadiendo “las reformas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos”.
Sobre las bases jurídicas anteriores y sobre la realidad de los hechos demostrados, el tribunal concluye que, por no haberse cumplido con la formalidad legal de la escritura pública y su registro, el “Contrato de aportación como socio industrial a Proeducador Ltda.”, en que se origina este arbitramento, no constituyó una reforma a esta sociedad; al ser su objeto el de asociar al señor Alejandro Caycedo como socio industrial, razón del aporte en industria. No puede dejarse de lado que la sociedad limitada es una sociedad de personas, de aquellas que la doctrina define como sociedades donde la vinculación se establece precisamente, por razón del carácter intuito personae del asociado. En otras palabras, el ingreso del socio industrial a una sociedad limitada, sí requiere de una reforma estatutaria, y en este caso, por la deficiencia en la formalidad respectiva, no puede considerarse que generó una reforma estatutaria de Proeducador. Sin embargo, de la intención de las partes y de su posterior comportamiento se deduce que este contrato generó una asociación de hecho, entre Alejandro Caycedo y Proeducador, tema sobre el cual no se solicitó pronunciamiento a este tribunal, pero del que se ocupa por razón del análisis de la naturaleza jurídica de los créditos que se reclaman.
Para el tribunal, tanto el contrato como la citada manifestación obrante en el documento de agosto 14 de 1984, son claras demostraciones del ánimo de asociar a Alejandro Caycedo, y de la expresa aprobación de la otra socia, doña Cecilia Gutiérrez de Caycedo, acerca del aporte en industria. Por otra parte, de las declaraciones rendidas en el proceso se concluye, que la actuación de Alejandro Caycedo desde la fecha del contrato fue de manejo de la empresa con amplias facultades administrativas y dispositivas.
Dado que el reclamo que hoy se está formulando por el convocante frente a la sociedad por razón de unos pagos que, considera le son debidos, por concepto de las utilidades y participaciones acordadas en el contrato, el tribunal, definida como comercial la naturaleza del contrato, y por economía procesal, debe analizar la prescripción de los derechos, alegada por el señor apoderado de la sociedad demandada.
2. La prescripción alegada en la contestación de la demanda
El señor apoderado de la sociedad demandada, advirtió en dicha oportunidad procesal, que “la figura de la prescripción extinguió los supuestos derechos y obligaciones que tenían las partes ...” y expresamente se opuso por esta razón a las pretensiones tercera, quinta, octava, novena, décima, decimosegunda y decimotercera de la demanda.
En su alegato de conclusión insistió en esta defensa con fundamento en las disposiciones 2542 y siguientes del Código Civil, y en las correspondientes del Código Sustantivo del Trabajo; si el tribunal llegara a considerar como laboral la relación entre las partes; ambas prescripciones de tres años, según su argumentación.
Descartada la naturaleza laboral de la relación, al haberse esta considerado de carácter societario, el tribunal acude a las normas relativas a la prescripción alegada, es decir, la de tres años, regulada por los artículos 2542 y siguientes del Código Civil, para concluir que entre las acciones judiciales allí referidas, que son las que se extinguen por el paso de tres años, no aparece la relativa al derecho que dentro de este proceso se está reclamando.
Entonces, derivada también la naturaleza de la acción de la naturaleza de la prestación reclamada, se concluye fácilmente que se trata de una acción de carácter ordinario, pues no tiene una normatividad especial, razón por la cual le es aplicable el artículo 2536 del Código Civil que dispone: “La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez”.
Considerando que las peticiones de la demanda se fundamentan en cantidades de dinero pendientes de pago, desde diferentes fechas, el tribunal establecerá para cada una de ellas, el cómputo de veinte años desde su causación, para considerar la vigencia de su cobro. Lo anterior conforme al artículo 2535 que, en su inciso segundo, determina que el término de prescripción “Se cuenta —este tiempo— desde que la obligación se haya hecho exigible”.
3. Apreciación de los medios probatorios
Antes de examinar individualmente cada una de las cifras reclamadas en la demanda, el tribunal debe determinar el alcance probatorio de todos los medios aportados y practicados en el proceso, labor que realizará teniendo en cuenta las normas correspondientes a la carga de la prueba.
3.1. La carga de la prueba
Para definir sobre las pretensiones de condena de la demanda frente a la oposición de la demandada, el tribunal, tiene que apreciar todas las pruebas de la existencia y cuantía de las obligaciones que se están reclamando, pero también las de su pago, según la excepción alegada por la parte demandada de cobro de lo no debido. Deberá entonces determinar en primer lugar, la distribución entre las partes de la carga de la prueba de tales circunstancias jurídicas; el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil contiene la pauta básica para la asignación de la carga probatoria, así: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen”; por su parte, el artículo 1757 del Código Civil establece como regla general para la prueba de las obligaciones el que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
Dado que la demandada está oponiendo un hecho totalmente extintivo de las pretensiones, por economía procesal, el tribunal debe, examinar los medios probatorios en que se fundamenta, pues de demostrarse su ocurrencia, no habría lugar al análisis de las cantidades reclamadas en la demanda.
3.2. El análisis
3.2.1. El dictamen pericial contable
Fue rendido por el señor Luis María Guijo, contador designado por el tribunal (perito único por tratarse de un proceso de menor cuantía art. 234 CPC), quien se posesionó en la audiencia llevada a cabo el 12 de mayo del presente año (acta 3). En esta oportunidad procesal, el señor Guijo solicitó a las partes información sobre la ubicación de los libros de contabilidad de la sociedad demandada, para poder establecer las cifras en que se fundamentarían las respuestas al cuestionario formulado por la parte demandante. Conocedor de las manifestaciones provenientes de las partes en el sentido que dicha sociedad no está realizando su objeto social, no tiene patrimonio y no tiene en su poder libros de contabilidad, dejó la constancia que para el dictamen no podría revisar los libros de contabilidad por no tener acceso a ellos. Dicha circunstancia también aparece en el dictamen rendido, adicionalmente con la observación de que “… la compañía suspendió sus registros contables en junio de 1985 y que la contabilidad a partir de la fecha mencionada no ha sido llevada en forma regular como lo ordenan las disposiciones legales” (pág. 3 dictamen).
El Código de Comercio determina en los artículos 48 y siguientes, la obligación para todo comerciante de llevar su contabilidad en los términos que la ley disponga como obligatorios y como auxiliares de su completo entendimiento. Está demostrado suficientemente el que la sociedad demandada no cumple con el requisito legal aludido, pero al no ser este tema de este proceso, el tribunal solo podrá referirse al efecto de este hecho con relación a las solicitudes que aquí habrán de resolverse. Sobre ello, el artículo 69 del Código de Comercio reza: “En las cuestiones mercantiles con persona no comerciante, los libros solo constituirán un principio de prueba a favor del comerciante, que necesitará ser completado con otras pruebas legales” y el inciso 4º del artículo 70 dispone: “Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio ...”.
En el hecho 7 de la demanda, se afirma que el demandante está inscrito como comerciante en la Cámara de Comercio, afirmación que no fue respaldada probatoriamente, pero de ser cierta, generaría también para Alejandro Caycedo la obligación de llevar libros de contabilidad. Sin embargo, para el caso que se estudia, ante la falta de libros de las partes, el efecto no varía, pues, como se vio, el juez deberá apreciar las demás pruebas obrantes en el proceso para tomar su decisión (CPC, art. 175).
Así las cosas, el tribunal examinará las respuestas al dictamen y su fundamentación, junto con las demás pruebas aportadas al proceso; también las declaraciones allí rendidas, dentro de la libertad de apreciación que la sana crítica le confiere, una vez realice la valoración en conjunto que la ley prevé (CPC, art. 187).
3.2.2. Documentos aportados por las partes
Visto el alcance probatorio del dictamen, el tribunal, toma nota acerca de que el perito deriva las cifras de “antecedentes” que encontró en el expediente. Los antecedentes a los que se refiere, son los documentos aportados por el demandante con su solicitud adicional de pruebas, obrantes a folio 45 del cuaderno principal, correspondiente a la oportunidad prevista en el parágrafo 3º del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 432 parágrafo 1º del mismo estatuto. Se trata de los informes de gestión de 1989 y 1988 de 217 y 82 páginas respectivamente, remitidos por Alejandro Caycedo a la sociedad y presentados a su gerente señor Rafael Caycedo el 12 de marzo de 1990 y el 31 de marzo de 1989, según afirma en la demanda.
Con relación al valor probatorio de esto; documentos, el tribunal encuentra que ellos no fueron tachados de falsos ni negado su recibo en 1989 y en 1990; por parte del señor Rafael Caycedo se manifestó en la contestación de la demanda, que tanto los citados informes como los balances en ellos contenidos, no fueron aprobados por el representante legal de la sociedad Proeducador Ltda. Aparecen allí las cantidades que el perito señala en los cuadros de su dictamen, lo cual lleva al tribunal a concluir que sí existe un principio de prueba escrita de los saldos reclamados por concepto de pagos mensuales realizados al señor Alejandro Caycedo, ya que de las cifras allí contenidas y sus conceptos, se deducen unos saldos mensuales por cancelar que corresponden a los relacionados en el hecho 19 de la demanda (pretensión 3ª). Con relación al hecho extintivo, del pago alegado por la sociedad demandada, el tribunal apreciará los dos documentos aportados con la contestación de la demanda: Órdenes de pago a favor del señor Alejandro Caycedo Gutiérrez de fechas 19 de junio de 1991 y 30 de agosto de 1991 por los valores de $ 462.485 y por $ 3.000.000 consistente este último en diez cheques por $ 300.000 cada uno.
3.2.3. Los balances aportados por las partes
El tribunal también analizó el “Balance” aportado por la sociedad demandada cortado a diciembre 31 de 1983, contenido en las denominadas hojas B1 y B2, que constituye, según Proeducador, la prueba de que con anterioridad a esa fecha, no se debe nada a Alejandro Caycedo; sobre este, el tribunal destaca, que no fue tachado de falso por el demandante, sino por el contrario, aparece también incluido en el primer informe de gestión; sin embargo, este documento fue aportado para invocar la inexistencia de las obligaciones contenidas en la pretensiones cuarta y novena de la demanda, las cuales, como se verá, no corresponden a la jurisdicción del tribunal.
Con respecto a los balances aportados por Alejandro Caycedo, obrantes en las hojas E2, E3, E4, E5, E6, y E7 (estas tres últimas hacen parte del informe de gestión presentado el 31 de marzo de 1989) que son los documentos en los cuales obran las cifras reclamadas, por concepto de utilidades, el tribunal destaca que no aparecen suscritos por el representante legal de Proeducador .
El señor apoderado de la sociedad convocada manifestó al responder el hecho 2 de la demanda, tachar de falso el balance comprendido en las páginas B1 y B2, aportado con la demanda, por no estar firmado por el representante legal de Proeducador.
Al respecto, el tribunal advierte que esa tacha, tal como fue propuesta, no se admite por tratarse de documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica, en este caso, aportado como prueba en contra de la sociedad convocada (CPC, art. 289). Sin embargo, esos balances no tendrán ningún valor probatorio, por no contener formalmente las disposiciones legales sobre balances (C. Co. arts. 290 y ss.), especialmente la relativa a la firma del representante legal de la sociedad.
3.2.4. Declaraciones de parte y testimonios
Según la declaración de parte del señor Rafael Caycedo, gerente de Proeducador, rendida en el proceso, estos recibos son la prueba del pago total de todas las sumas debidas al Alejandro Caycedo a su retiro. Así lo manifestó en la audiencia: “Él dijo que para quedar y acabar con todo lo que me debe Proeducador a mí … se hicieron unos cheques posfechados pagándole un saldo que se le debía, por eso se puso aquí, que, quedando pendiente el porcentaje de cartera morosa, entonces como quedaba la cartera morosa; yo conseguí un abogado, que inclusive vino a declarar, y cobró lo que pudo como $ 1.2000.000, y el resto lo devolví allá, luego con este recibo quedaba pagado Alejandro según la cuentas de él, aquí están los números de los cheques, en ese momento de que no se debía sino esto. La secretaria mía, Gloria, sabe de esto porque es la que maneja las cosas, que se le pagó todo”.
A la pregunta del árbitro: “Primero, ¿qué ocurrió entre la firma de estos recibos y estas conversaciones del año 98 que condujeron a la presentación de la carta?, nos puede ilustrar sobre ¿qué conversaciones tuvo con don Alejandro sobre esas deudas existentes?”.
Contestó: “Se retiró y siguió manejando la cooperativa Proeducador ahí en una esquina; Gloria me mandaba los clientes y en esos diez años nos veíamos todos los días; me dijo que tal vez quedaba un saldito, le dije cual saldito si usted ya me firmó allá lo de recibido.
La respuesta fue: uno tiene derecho a arrepentirse, bajo mi juramento, entonces haga la constancia de la cuenta y diga qué se debe, pero en eso pasó por lo menos un año o más”.
“... Transcurrieron por ahí unos cinco años, que vivía en la casa, nos veíamos todos los días, esta carta chantaje no fue capaz de entregármela en mi casa, sino que se la entregó a Gloria y entregarla como en secreto, porque sabía que esto no tenía ninguna lógica, no tiene ningún asidero irse uno contra el papá a cobrarle $ 700 millones o $ 500 millones, eso es un absurdo, una locura”.
Con relación específica a los pagos durante 1984 y 1990, el señor Alejandro Caycedo en el interrogatorio de parte, preguntó a Rafael Caycedo “Sírvase manifestar si de los pagos efectuados de Proeducador a Alejandro Caycedo durante 1984 a 1990, ¿conoce alguno que se hubiera hecho completo en la oportunidad acordada en el contrato firmado entre las partes?” Contestó: “Eso lo puede contestar el administrador, no recuerdo”.
Se destaca que el árbitro anotó, respecto de esta respuesta: “Lo que hasta ahora ha contestado don Rafael, con los efectos que eso tenga después, es que durante ese período, él no manejó la compañía y que por consiguiente los pagos y movimientos de la compañía los conocía el administrador más que él, es lo que contesta que es su verdad y se ha contestado tres veces eso”.
Por su parte, el señor Alejandro Caycedo, al referirse a tales recibos, durante su declaración de parte manifestó al tribunal: “El contenido de este comprobante (el 1.575) es cierto en la medida en que recibí los dineros, pero no he logrado encontrar explicación por qué razón Proeducador dice aún adeuda $ 1.000.000”... La orden de pago 1680 firmada por mí, en este recibo de pago no aparece en ninguna parte texto alguno que indique o manifieste que las obligaciones de Proeducador a favor de Alejandro Caycedo hayan sido canceladas, ni tampoco manifiesta, ni expresa ningún tipo de liquidación, ni cálculo matemático, ni comparativo de ningún tipo”.
En audiencia fue recibido el testimonio de la señora M. Gloria Vivas Casallas, quien informó al tribunal sobre su vinculación con Proeducador Ltda. por 27 años como secretaria, y relató el estado de le empresa y su relación con Alejandro Caycedo. Explicó el funcionamiento del negocio, e informó sobre otras actividades de Alejandro Caycedo, con una empresa de su propiedad Credifax, la cual funcionaba cerca de Proeducador con un negocio similar. Con relación a la desvinculación de Alejandro Caycedo y los pagos, expresó: “Si ellos como vivían en la misma casa se hablaban allá; sin embargo, ahí en Proeducador don Alejandro le dijo que le quedaba un saldo por pagar de $ 2.700.000 entonces, como no había plata para pagar, el señor Caycedo le pidió plazo y ya él insistió y llegaron a un acuerdo y él hizo un abono y le quedó un saldo de dos millones; a esos dos millones pasó un tiempo y él le liquidó intereses y quedó un valor de tres millones; don Rafael le hizo 10 cheques de $ 300.000, cada uno, para ir cancelando porque no tenía con qué pagarle”.
“Se expidieron dos recibos, el uno se le hicieron unos abonos y quedó un saldo de un millón y que don Alejandro le puso ahí que quedaba cartera por cobrar y otro recibo de tres millones que allí solamente se enumeraron los cheques, no le puso texto de cancelación, pero era la cancelación de lo que se le adeudaba de los dos millones de intereses.
Sí, él le canceló la totalidad, tanto así que don Alejandro no volvió por allá; sí iba porque quedaba cerca de la empresa, pero digo a solicitar pagos ni nada, ahí quedó saldada la cuenta”.
Con base en el valor probatorio de los medios aportados y los practicados; según el anterior estudio del tribunal, y teniendo en cuenta la ausencia de libros de contabilidad, se examinarán separadamente las pretensiones de la demanda, estableciendo también el cumplimiento de las disposiciones sobre la carga de la prueba.
4. Las pretensiones de la demanda
Las pretensiones primera y segunda que contienen solicitudes de declaración de incumplimiento, serán tratadas posteriormente, una vez establecida la definición de las demás.
· Pretensiones 3 y 8
Estas pretensiones contienen la solicitud de declaración y condena correspondiente por el concepto de cobro por “los saldos insolutos de las sumas mensuales por servicios prestados, acordadas en la cláusula tercera del referido contrato, correspondientes al período comprendido entre enero de 1984 a febrero de 1990”.
La contestación de la demanda, invoca la prescripción como oposición a este cobro, y en la respuesta de los hechos correspondientes se destaca la existencia de los dos recibos denominados órdenes de pago a favor del señor Alejandro Caycedo Gutiérrez, de fechas 19 de junio de 1991 y 30 de agosto de 1991, por los valores de $ 462.485 y por $ 3.000.000, consistente este último en diez cheques por $ 300.000 cada uno.
El tribunal considera que, aun, si no hubiera contrato de aportación, la existencia de la obligación estaría acreditada por haber sido aceptada por parte de la convocada, así como su incremento anual. El contrato de aportación, suscrito el 21 de agosto de 1984, en su cláusula tercera prevé:
“La sociedad Proeducador Ltda., pagará una suma mensual fija igual tanto al gerente general como al gerente administrativo; incrementables en un 25% anualmente, estas sumas no generarán ningún tipo de prestaciones sociales ni serán deducibles del porcentaje acordado en la cláusula anterior, pues se entenderán como gastos de la empresa”.
El hecho 10 de la demanda afirma que el monto de esta suma fija mensual inicial se acordó que fuera pagada igual para el gerente general, señor Rafael Caycedo y para el gerente administrativo, señor Alejandro Caycedo. La cuantía se fijó en $ 80.000 que en esa época (enero de 1984) equivalía a 7.08 salarios mínimos mensuales.
En la contestación de la demanda a este hecho se respondió: “Es cierto. Lo extraño de esto es que al señor Rafael Caycedo nunca se le pagaron los sueldos entonces, que esto lo pruebe el demandante”.
La respuesta anterior confiere al tribunal la certeza de que la cuantía de $ 80.000, fue acordada por las partes. La doctrina es unánime al reconocer que los hechos admitidos por las dos partes, ni siquiera requieren de un medio probatorio adicional, pues su aquiescencia vincula al juez en la apreciación del hecho afirmado. En el presente caso, la formulación del numerado hecho 10 contiene dos circunstancias diferentes: la primera relativa a la suma mensual de $ 80.000 y la segunda relativa a que dicho pago correspondía a cada uno de los gerentes.
Al asumir como cierta la primera, la cual tampoco fue negada en parte alguna del proceso, el tribunal estará a ella, dándole además el contenido de confesión, por cuanto la aceptación del pago de la suma mensual a Alejandro Caycedo deberá apreciarse en conjunto con las cantidades pagadas a su retiro, que son las que aparecen en los recibos aportados, con la contestación de la demanda.
El artículo 1757 del Código Civil al distribuir las cargas probatorias de las obligaciones, como se dijo, determina que quien alega su existencia debe demostrarla, así como quien alega su extinción ha de hacer lo propio. El convocante entonces ha demostrado la existencia de la obligación y su cuantía.
Por su parte, para acreditar el pago invocado, la sociedad convocada aportó los recibos ya analizados, los cuales, no contienen la demostración del pago total de la obligación.
En el dictamen pericial se calcularon los pagos efectuados a Alejandro Caycedo por la sociedad, entre enero de 1984 y febrero de 1990, con base en los documentos incluidos en sus informes de gestión, los cuales pagos no fueron desvirtuados en el proceso, ni se acreditó tampoco que fueran mayores. Por ello, para el tribunal la sociedad convocada no demostró el pago total de esta obligación, reclamada en las pretensiones que se analizan. Así las cosas, en la parte resolutiva de la sentencia se condenará a la sociedad convocada a pagar a Alejandro Caycedo los saldos dejados de cancelar mensualmente; cantidad que a la fecha de su retiro arrojaba la suma de $ 3.112.650, resultante de deducir las que le fueron pagadas mensualmente, conforme a los listados aportados, de las que Proeducador le ha debido pagar, según lo acordado, por razón de la cláusula tercera del contrato (ver cuadro fl. 4 dictamen).
En cuanto a los intereses causados, este tema se tratará en aparte especial del laudo.
· Pretensiones 4 y 9
Corresponden al cobro de un “Pasivo por pagar Alejandro Caycedo diciembre/83” que la demanda ubica en las sumas que, según lo allí solicitado, le debe la sociedad Proeducador al convocante, por los servicios prestados antes de la firma del “Contrato de aportación como socio industrial Proeducador Ltda.” de fecha 21 de agosto de 1984.
Sobre este tema, el tribunal advierte que carece de competencia para su conocimiento y decisión por razón de derivarse su especial jurisdicción del contrato de agosto 21 de 1984, que es el que contiene la cláusula compromisoria. Allí se establece claramente que las materias sujetas a arbitramento, serían las derivadas de la relación jurídica que en esa fecha se iniciaba. Por ello, el tribunal no se pronunciará respecto de las pretensiones cuarta y novena de la demanda.
· Pretensiones 5 y 10
Estas pretensiones se refieren a la supuesta falta de pago de la sociedad Proeducador al convocante, del porcentaje de las utilidades de esta sociedad, según lo acordado en el contrato de aportación. En efecto, la cláusula segunda de este previó: “La sociedad Proeducador Ltda., como contraprestación otorgará al señor Alejandro Caycedo Gutiérrez el derecho a percibir el treinta y siete por ciento (37%) de las utilidades netas, que genere la empresa a partir del día primero (1º) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984)”.
Respecto de estas pretensiones la sociedad convocada no negó su fuente, ni el porcentaje acordado, pero propuso la excepción de prescripción, que a todas luces resulta improcedente, por no haber transcurrido 20 años desde el origen de las obligaciones, según lo dicho.
Los hechos 12, 20 y siguientes de la demanda se orientan a establecer la cuantía de esta obligación.
Sobre este tema, el tribunal considera:
El cálculo de las utilidades en materia societaria, solo puede resultar, de su establecimiento al corte de los ejercicios y con la periodicidad prevista en los estatutos. De acuerdo con sanas prácticas contables, y teniendo en cuenta el ordenamiento legal, se trata de una cuenta de resultado obtenida a partir de los ingresos sociales, luego de deducir los gastos y las provisiones para impuestos a que haya lugar.
Para tenerlas jurídicamente como probadas, resulta indispensable, en primer término, que ellas hayan sido debidamente aprobadas en cada año por la junta de socios —cuando de sociedades limitadas se trata, como en este caso— y de las mismas ha de quedar registro en el acta correspondiente, debidamente sentada en los libros.
En el proceso ha quedado establecido que estos últimos no existen, pues habiéndose puesto aparentemente a disposición de un juez penal no fueron recuperados, y en todo caso, no se abrieron los que habrían de sustituirlos. Ello, a partir de 1985 y desde entonces, cuando por cierto ocupaba la gerencia administrativa, al menos hasta 1990, el convocante.
No tratándose de controversia entre comerciantes, o en cualquier evento, no habiéndose probado esta calidad del convocante o aportado sus libros a cuyos asientos pudiera estarse, por la circunstancia de la falta de libros de la sociedad, el tribunal debe pronunciarse con base en el acervo probatorio que obra en el expediente, como se dijo. Revisando el mismo, salta a la vista que la prueba del presupuesto indispensable para liquidar el porcentaje del 37%, esto es la de las utilidades, no aparece ni por asomo en el mismo. En efecto, a falta de libros, habría sido posible allegar evidencias que hubieran permitido al tribunal tener la convicción sobre la real obtención de unas utilidades sociales, como habrían sido las copias de las actas de las asambleas o juntas de socios anuales, debidamente suscritas por el presidente y el secretario o en copias debidamente expedidas por este último —aun sin sentar en libros— o, copias de los balances mismos firmados por el representante legal de la compañía; o para avizorar otra hipótesis, las copias de las declaraciones de renta en que se diera cuenta de la obtención de las mismas, aun a sabiendas de que existen diferencias entre las utilidades contables y las fiscales que, en ese supuesto, habrían podido conciliarse por un perito.
Pero nada de ello aparece. Todo lo que existe es un documento no idóneo como tal para acreditarlas, el denominado informe de gestión que incluye un formato de balance y un cálculo que partiendo aparentemente de cifras, a diciembre de 1983, agrega en el capital un renglón denominado “Utilidades obtenidas de 1984 - 1988” —0—. y luego otro formato de “Balance Proeducador a diciembre 31/91, sin incluir cartera Indufamiliar”, en el cual el renglón equivalente a “Utilidades obtenidas de 1984 - 1988” registra ahora una partida de $ 16.391.267, sin referencia alguna a utilidades (1984 - 1988) $ 6.064.769”. A este documento se refiere el hecho 20 de la demanda y el mismo fue objeto de rechazo por el apoderado de la parte demandada al manifestar: “No es cierto. Solamente existe el balance de 1983 que está incluido en el contrato celebrado el 21 de agosto de 1984, por lo tanto todo balance diferente nunca fue aceptado por la gerencia general “lo que descarta la prueba de confesión.
Así las cosas, las supuestas utilidades terminan basándose en manifestación del convocante sin soporte probatorio adicional adecuado y conducen al tribunal a desestimar las pretensiones que en relación con las utilidades se formulan, como lo hará más adelante, en la parte resolutiva de esta providencia.
· Pretensiones 6 y 11
Se relacionan con el supuesto incumplimiento de la sociedad por no haberle pagado el 37% del recaudo de cartera morosa efectuada por Proeducador, desde el 1º de enero de 1990, hasta la fecha, previo el descuento del 20% por concepto de reajuste por su cobro.
La parte demandada negó la existencia del concepto y de su cuantía, por no existir prueba de ellos en el proceso.
En el hecho 22 de la demanda se afirma que la sociedad sí realizó recaudos por cartera morosa, lo cual fue negado en la correspondiente contestación por el apoderado de Proeducador.
En su declaración de parte, el señor Rafael Caycedo admitió haber conseguido el recaudo de una suma aproximada a $ 1.200.000, y el doctor César A. Rojas, abogado contratado para tal efecto, durante su testimonio en el proceso, admitió haber realizado diversas labores de cobranza, por montos modestos y la mayoría de ellas infructuosas.
El tribunal debe considerar en primer lugar, que no encuentra la fuente de la obligación que genera el cobro que se reclama. En el contrato de aportación, no se menciona este concepto; en el recibo de pago 1575 aparece en manuscrito la expresión “(pendiente porcentaje cartera morosa)”, que por sí solo no puede significar la demostración de tal obligación a cargo de Proeducador, por cuanto se trata de una manifestación de la que no existe certeza de su autoría y, menos aún de su contenido, en cuanto a la materia sobre la cual recaería y en cuanto al porcentaje reclamado. Por ello, no prosperarán estas pretensiones.
Por lo demás, la petición del reclamo del 37% sugeriría que para el actor, el cobro de cartera fuese equivalente a la noción de utilidades cuando se trata de un ingreso que de haber tenido lugar, solo llegaría a generar eventuales utilidades, descontados los costos y gastos de operación de la compañía y el pago de los impuestos y ser, desde luego, incluidas en el balance aprobado por la junta de socios.
· Pretensiones 7 y 12
Contienen peticiones relativas a la falta de pago del 37% del valor del 70% de los inventarios totales que existían a diciembre 31/89. La demandada se opuso a su reconocimiento por la falta de pruebas de esta obligación y por la eventual prescripción. Al igual que en las peticiones que se acaban de analizar el tribunal no encuentra prueba de la existencia de su fuente, la cual correspondía a Alejandro Caycedo.
Huelga agregar que nada puede establecerse como participación en la venta de los inventarios, no solo por no preverlo el contrato en parte alguna, sino porque, su producto constituye un ingreso, concepto esencialmente diferente al de utilidad, como viene de analizarse en los puntos anteriores.
· Pretensiones 1 y 2 - incumplimiento
Para el tribunal, resulta claro el incumplimiento de la cláusula tercera del contrato por la parte convocada, teniendo en cuenta que de conformidad con las probanzas y en particular con el resultado del trabajo pericial se pone en evidencia que la suma mensual que debía pagarse no lo fue en su totalidad, por lo que en la parte resolutiva se ordenará el pago de los saldos insolutos con intereses como se verá a continuación.
· Pretensión 13 - Intereses
Por concepto de lucro cesante y a voces de las pretensiones de la demanda, procede el tribunal a estudiar la naturaleza de los intereses que sobre las sumas debidas por concepto de saldos impagados de las mensualidades pactadas lleguen a deberse.
Pide el convocante que tales intereses sean moratorios por suponer seguramente que dados los términos de la cláusula tercera del contrato, los pagos mensuales traducen la existencia de obligaciones a plazo que lo liberarían de requerimiento alguno.
Empero, observa el tribunal que el no pago oportuno y completo de las sumas mensuales debidas, esto es, el incumplimiento parcial de la obligación debida, solo podría resultar de la negativa injustificada de la sociedad a honrar sus compromisos en la forma pactada. Dicho en otras palabras, a la decisión gerencial en virtud de la cual, a pesar de contar con recursos suficientes —pues nada se ha probado en contrario— tal pago no se hubiese llevado a cabo con el propósito de incumplir o por la simple inadvertencia culpable sobre la necesidad de hacerlo. En cualquier evento la decisión administrativa en virtud de la cual el pago no fue completo, tendría que atribuirse al gerente que administraba la sociedad durante todo el período por el cual se reclama, vale decir, al convocante y tan era de su exclusivo resorte el monto de los pagos que con base en las mismas cifras aportadas por él, el trabajo pericial no controvertido por la convocada estableció que en 1988 el pago se hizo globalmente en exceso frente a los valores nominales que en tal año debían pagarse.
En tales circunstancias, considera el tribunal que no puede imputarse a la sociedad un estado de mora, esto es de retardo culpable, que por ello se penalice con una tasa superior, al menos por las siguiente razones:
a) Porque los contratos han de celebrarse de buena fe. Este es imperativo ético que informa la médula de la relación jurídica y obliga por consiguiente “no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural” (C. Co. art. 781). Parece incuestionable para el tribunal que sus socios debían suponer en buen juicio que el gerente pagaría de manera cumplida las obligaciones sociales incluidas aquellas a su favor;
b) Porque el haber actuado omisivamente —aun sin cuestionar la buena fe de la que el tribunal no tiene por qué dudar— el pago omisivo o insuficiente solo podría atribuirse al convocante quien no podría invocar a su favor su propia culpa, como axiomáticamente se tiene establecido en materia de responsabilidad, y
c) Porque sin profundizar en la naturaleza asociativa de todo contrato social no es difícil reconocer que a su interior, entre la sociedad y su gerente existe una relación bilateral de la que se desprenden, desde luego, obligaciones recíprocas a cargo de las partes. Y entre ellas el gerente asume las de administrar en forma diligente y leal el negocio. No hacerlo supone entonces y en últimas, un incumplimiento de sus obligaciones que liberarían válidamente a la otra parte del cumplimiento de las propias por lo que habría de aplicarse la “exceptio non adimpleti contractus” consagrada en el artículo 1609 del Código Civil que tiene precisamente como consecuencia, el no colocar a la parte incumplida en esas circunstancias, en mora.
Por todo lo expuesto, el tribunal condenará exclusivamente al pago de los intereses corrientes, calculados según las tasas certificadas por la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.(2)
Superintendencia Bancaria, aplicando al efecto el artículo 884 del Código de Comercio (ver anexo 1); y a los moratorios, eso sí, a partir de la fecha de presentación de la demanda, que fue el 21 de abril de 1999(2)Nuevo Parrafo(2) MesInt. ord. anualInt. mora anuallnt. mora mesNº díasVr. mora ($)Abril-9933.5750.354.199370.537.81Mayo31.1446.713.89301.146.692.21Junio27.4632.193.43301.011.093.65Julio24.2236.333.0230890.234.05Agosto26.2539.373.2830966.876.72Septiembre26.0139.013.2530958.033.34Octubre26.9640.443.3730993.406.88Noviembre25.738.553.2130946.242.16Diciembre24.2236.333.0230890.234.05Enero-0022.433.62.830825.382.57Febrero19.4629.192.4330725.157.54Marzo17.4526.172.1830642.619.28Abril17.8726.82.2330657.358.26Mayo17.926.852.2330657.358.26Junio19.7729.652.4730728.105.34Julio19.4429.162.4330716.314.16Agosto19.2228.832.430707.470.7713.833.117.05
Mes Int. ord. anual Int. mora anual lnt. mora mes Nº días Vr. mora ($)
Abril-99 33.57 50.35 4.19 9 370.537.81
Mayo 31.14 46.71 3.89 30 1.146.692.21
Junio 27.46 32.19 3.43 30 1.011.093.65
Julio 24.22 36.33 3.02 30 890.234.05
Agosto 26.25 39.37 3.28 30 966.876.72
Septiembre 26.01 39.01 3.25 30 958.033.34
Octubre 26.96 40.44 3.37 30 993.406.88
Noviembre 25.7 38.55 3.21 30 946.242.16
Diciembre 24.22 36.33 3.02 30 890.234.05
Enero-00 22.4 33.6 2.8 30 825.382.57
Febrero 19.46 29.19 2.43 30 725.157.54
Marzo 17.45 26.17 2.18 30 642.619.28
Abril 17.87 26.8 2.23 30 657.358.26
Mayo 17.9 26.85 2.23 30 657.358.26
Junio 19.77 29.65 2.47 30 728.105.34
Julio 19.44 29.16 2.43 30 716.314.16
Agosto 19.22 28.83 2.4 30 707.470.77
13.833.117.05
4.199 (CPC, art. 90).
En consecuencia, la suma reconocida de $ 3.112.650 por concepto de saldos por pagar a Alejandro Caycedo, por razón de la cláusula tercera del contrato de aportación, a la fecha de su retiro (pretensiones 3 y 8), descontados los abonos parciales que se le hicieron, asciende a $ 29.477.944, sobre la cual calculados los intereses moratorios (1.5 veces tasa intereses corrientes), por valor de $ 13.833.117.05, arroja un total de $ 43.311.061.05.
De todo lo expuesto resulta claro que prospera parcialmente la excepción de cobro de lo no debido y no prospera la de prescripción.
Las sumas decretadas por concepto de honorarios y gastos del tribunal correspondientes a la parte convocada, fueron canceladas por el convocante; los honorarios del perito señor Luis M. Guijo no fueron cancelados por la parte peticionaria de la prueba (Alejandro Caycedo), por razón del efecto del amparo de pobreza concedido. Considerando la prosperidad parcial de las pretensiones y de las excepciones, el tribunal dispone que cada parte procesal debe asumir los costos del proceso. En consecuencia, la sociedad convocada deberá reintegrar a Alejandro Caycedo la suma pagada por concepto de los costos del arbitramento, y a su vez, Alejandro Caycedo deberá pagar al señor Luis María Guijo los honorarios fijados por concepto del dictamen pericial rendido (Acta 5, fl. 119 cdno. de trámite).
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, el tribunal de arbitramento constituido para decidir en derecho las diferencias surgidas entre Alejandro Caycedo Gutiérrez y Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda. por la otra, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Declarar que la sociedad Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda. incumplió el contrato de aportación como socio industrial suscrito con el señor Alejandro Caycedo Gutiérrez el 21 de agosto de 1984, por no pagar en forma oportuna y completa lo estipulado en la cláusula segunda de este contrato.
2. En consecuencia, condenar a la sociedad Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda., a pagarle al señor Alejandro Caycedo Gutiérrez, la suma de cuarenta y tres millones trescientos once mil sesenta y un pesos con cinco centavos ($ 43.311.061.05). Esta cantidad incluye el concepto de intereses corrientes hasta la fecha de la presentación de la demanda y el de moratorios desde esta fecha hasta el 31 de agosto de 2000.
4. Declarar probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido y rechazar la de prescripción.
5. Por concepto de costas condenar a la sociedad Prooveduría Nacional del Educador Ltda., Proeducador Ltda. a restituir a Alejandro Caycedo Gutiérrez la suma de tres millones noventa mil pesos ($ 3.090.000), por razón de honorarios y gastos del proceso arbitral.
6. Por concepto de costas, condenar a Alejandro Caycedo Gutiérrez a pagar los honorarios del perito contador, señor Luis María Guijo, la cantidad de un millón de pesos ($ 1.000.000) (acta 5).
7. Protocolizar el expediente de este proceso arbitral en una de las notarías del círculo de Bogotá.