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Timestamp: 2020-04-06 03:30:14
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Sentencia nº 0391 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 9 de Junio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593324194
Número de Expediente: 14-429
En el procedimiento que por divorcio sigue el ciudadano E.R.B., cédula de identidad número V-4.669.093, representado judicialmente por los abogados W.C.L., A.G., J.I., K.B.P. y Gabrielis Urquiola, contra la ciudadana M.Z.C.R., cédula de identidad número V-8.195.960, representada judicialmente por el abogado L.D.V.B.; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., mediante decisión emitida el 13 de enero de 2014, declaró sin lugar la solicitud de falta de legitimidad del demandante; con lugar la apelación ejercida por el actor y con lugar la demanda, revocando el fallo proferido el 12 de noviembre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure con sede en San F.d.A., que declaró sin lugar la pretensión incoada.
Contra la decisión emitida por la Alzada, la demandada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.
El 1° de abril de 2014, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Octavio Sisco Ricciardi.
En sesión de 11 de febrero de 2015 de la Sala Plena de este Alto Tribunal, fueron designadas las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, quedando constituida la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia por la Presidenta Magistrada Dra. M.C.G., Vicepresidenta Magistrada Dra. M.M.T., Magistrada Dra. C.E.P.d.R., Magistrado Dr. E.G.R. y Magistrado Dr. D.A.M.M.; conservando la ponencia el Magistrado Dr. E.G.R..
El 7 de abril de 2015 se fijó la audiencia pública y contradictoria para el jueves siete (7) de mayo de 2015, a las diez y cincuenta minutos de la mañana (10:50 a.m.) de conformidad con el artículo 489-F de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Celebrada la audiencia oral y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 489-G de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo las siguientes consideraciones:
De conformidad con el artículo 489-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el ordinal 1° de artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia que la recurrida infringió los artículos 12 y 243, ordinal 4° ejusdem.
Informa que las razones sobre las cuales se fundamenta la sentencia cuestionada resultan contradictorias entre sí, destruyéndose unas a otras, lo que equivale a ausencia de los motivos de hecho y de derecho de la decisión, porque tras haber establecido que fue el actor quien abandonó el hogar –hecho que se subsume en el ordinal 2° del artículo 189 del Código Civil- declara con lugar la pretensión, siendo esto total y absolutamente contradictorio, por ser básicamente una violación del artículo 191 del Código Civil, conforme al cual la acción de divorcio solo puede ser intentada por aquel cónyuge que no ha dado causal a ello.
Explica que la contradicción en la que incurre la sentencia impugnada se patentiza al haber señalado que ‘quedó probado en autos que el demandante ciudadano E.B. y la demandada ciudadana M.Z.C. viven en residencias diferentes, por determinación del demandante de abandonar el hogar conyugal, subsumiéndose estos hechos en la causal N° 2 del artículo 185 del Código Civil’.
Incurre la formalizante en error en la técnica casacional al acumular indebidamente una denuncia por defecto de forma de la sentencia con un vicio por infracción de Ley, lo cual no está permitido, no obstante, de conformidad con el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, según lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no impide el control de la legalidad del fallo.
Atendiendo a los argumentos expuestos la Sala infiere que lo pretendido por la formalizante es denunciar la contradicción en los motivos en la que incurrió el ad quem, al declarar con lugar la demanda de divorcio, habiendo establecido que fue el actor quien abandonó el hogar, hecho que se subsume en el ordinal 2° del artículo 185 del Código y en este sentido será a.p.e.S.d. Casación Social.
Se ha establecido en reiteradas decisiones que en el sistema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el vicio de inmotivación por contradicción en los motivos se concreta cuando las razones del fallo se destruyen entre sí, en forma tal que la decisión adolece de una exposición coherente de las razones de hecho y de derecho que justifican el dispositivo, es decir, carece absolutamente de motivación y es imposible controlar su legalidad (sentencia número 1175 del 27 de noviembre de 2013, caso: S.M.G.M. vs. Cesol, Servicios y Suministros Industriales, C.A.).
En el presente caso consta que el Juez Superior declaró con lugar el divorcio fundado en los siguientes argumentos:
Ahora bien, con la misiva que corre inserto al folio 12, en donde la demandada MARIA (sic) Z.C. manifiesta expresamente que es difícil mantener comunicación verbal efectiva con el demandante E.B., con la copia del expediente Nº JJ-128-700 emanada del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, donde consta en fecha 28 de Octubre del año 2011, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para el régimen procesal transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, declaró sin lugar demanda de Divorcio (sic) solicitado por el ciudadano E.B. en contra de la ciudadana MARIA (sic) Z.C.R. (sic); con las copias del expediente Nº 04-DDC-F9-1902-12, nomenclatura de la Fiscalía Novena del Estado Apure, donde consta que esa fiscalia (sic) en fecha 05 de diciembre del año 2012 decreto (sic) a favor de la demandada MARIA (sic) Z.C.R. (sic) medida de protección y seguridad de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de la Mujer a una V.L.d.V. contra el ciudadano E.R.B., quedó probado en autos que el demandante ciudadano E.B. y la demandada ciudadana MARIA (sic) Z.C. viven en residencias diferentes, por determinación del demandante de abandonar el hogar conyugal, subsumiéndose estos hechos en la causal Nº 2 del artículo 185 del Código Civil.
Del pasaje transcrito se verifica que el Juez de Alzada señaló los motivos de hecho y de derecho que soportan el dispositivo que dictó, al señalar las pruebas de las cuales obtuvo la convicción relativa a la dificultad manifiesta por parte de la formalizante de mantener comunicación verbal efectiva con el demandante, de la demanda de divorcio que fue intentada con anterioridad, junto con la medida de protección y seguridad decretada por la Fiscalía Novena del Estado Apure a favor de la accionada, todo lo cual en su conjunto fue apreciado por el sentenciador de la recurrida para establecer que las partes viven en residencias diferentes por determinación del actor de abandonar el hogar conyugal, configurándose así la causal prevista en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil de abandono voluntario; por lo cual, al haber expresado su motivación permite el control de la legalidad del fallo cuya nulidad es pretendida por esta vía casacional, al quedar evidenciado el proceso lógico del cual se valió la recurrida para concluir en la decisión que adoptó.
En razón de las motivaciones expuestas, la Sala de Casación Social determina que no incurrió la sentencia impugnada en el vicio delatado de inmotivación por contradicción en los motivos, en virtud de lo cual la denuncia debe ser desechada. Así se decide.
Con fundamento al artículo 489-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con los artículos 313 ordinal 1° y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, denuncia el vicio de inmotivación.
La formalizante aduce que el Juez Superior se limitó a señalar que con base a una misiva en donde la demandada manifiesta la dificultad de mantener comunicación efectiva con el demandante; la copia del expediente judicial donde consta la solicitud de divorcio anteriormente incoada por el actor, y de las copias de la medida de protección y seguridad contra el demandante; estableció que las partes vivían en residencias diferentes, por determinación del actor de abandonar el hogar conyugal, lo cual pone en evidencia la falta de fundamentos de la recurrida.
Sostiene que la sentencia carece del proceso lógico de raciocinio que debe ser empleado por el Juez para tomar tal determinación; al no estar probada la desasistencia por parte de un cónyuge de socorrer a otro; y, la declaratoria con lugar de todas las pretensiones, implicaría que la demandada habría cometido injurias graves en contra del actor.
Explica que al adolecer la recurrida de los hechos concretos y las razones que justifican la decisión que profirió, incurre en prescindencia absoluta del análisis del contenido de las pruebas y la omisión de otras.
De los argumentos esgrimidos por la formalizante, se aprecia que incurre nuevamente en error en la técnica empleada para denunciar en casación, por cuanto efectúa una acumulación no permitida del vicio de inmotivación por contradicción en los motivos con la inmotivación por silencio de pruebas.
Constituye inmotivación del fallo por silencio de pruebas cuando el Juez omite en forma absoluta toda consideración sobre un elemento probatorio, es decir cuando silencia la prueba en su totalidad; o cuando, no obstante, dejar constancia en el fallo de la promoción y evacuación de las pruebas, prescinde de su análisis, contraviniendo la doctrina, que señala que el examen se impone así la prueba sea inocua, ilegal o impertinente, pues justamente a esa calificación no puede llegar el Juez si previamente no emite su juicio de valoración (sentencia número 732 del 21 de junio de 2014, caso Norelys M.V.M. vs. Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, entre otras).
En materia de niños, niñas y adolescentes, la valoración y apreciación de las pruebas corresponde hacerla al Juez de conformidad con las reglas de la libre convicción razonada, debiendo analizar y juzgar todas las pruebas que hayan sido promovidas y evacuadas en la oportunidad legal prevista para ello, aun aquellas que, a su juicio, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 450 literal k) de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 509 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso concreto la Sala infiere de los argumentos expuestos, que lo que realmente acusa la formalizante a través de la presente delación, es su inconformidad con la valoración de las pruebas realizada por el Juez de Alzada y la conclusión a la cual arribó, lo cual corresponde hacerlo a los Jueces de instancia según su libre y soberana apreciación.
No obstante lo anterior, si lo pretendido por la formalizante es delatar error en la valoración y apreciación de las pruebas, la Sala sólo podría entrar a examinar el supuesto error de juzgamiento si ello hubiese sido denunciado expresamente, lo cual no ocurrió en el presente recurso.
De un examen a la sentencia cuestionada, se aprecia que el Juez Superior sí consideró y analizó las pruebas que sirvieron de base para el dispositivo que pronunció, señalando de acuerdo con su libre convicción razonada el valor probatorio que se desprendía de la carta misiva cursante al folio 12 del expediente, de las copias emanadas del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, donde consta el divorcio solicitado por el demandante; así como de las copias contentivas de la medida de protección y seguridad decretada por la Fiscalía a favor de la accionada, actividad judicial que esta Sala verificó al analizar la denuncia anterior, razón por la cual se da por reproducido.
En consecuencia, al no haber incurrido el ad quem en el mencionado vicio de inmotivación por silencio de pruebas, se declara improcedente esta denuncia. Así se decide.
Al amparo del artículo 489-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 320 y 12 ejusdem, denuncia la errónea interpretación del artículo 191 del Código Civil.
Señala la formalizante textualmente en su escrito recursivo que la sentencia recurrida expuso lo siguiente:
Según lo establecido en el articulo (sic) 191 del Código Civil Venezolano, la acción de divorcio corresponde exclusivamente a los cónyuges, más adelante el mismo artículo señala que no podrá intentarse sino por el cónyuge que no haya dado causa a ellas, sin embargo es importante mencionar lo señalado en la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 17 del mes de Julio de 2013. “…Desprendiéndose de dicho artículo cualidad expresa que otorga la Ley a los cónyuges para accionar la disolución del vínculo, por cualquiera de las causales contempladas en la Ley, bien vía contenciosa, bien por la vía de la jurisdicción voluntaria. Ahora bien, no debe confundirse la acción con la pretensión, pues mientras que la acción según Couture es: ‘(…) el Poder Jurídico de hacer valer la pretensión; la Pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la Tutela Jurídica y de la aspiración de que se haga efectiva, de allí, que la pretensión puede ser planteada por quien tenga derecho o por quien no lo tenga y en el primer caso será fundada y en el segundo, será una pretensión infundada, pero jamás debe interpretarse, que si la pretensión es infundada, desaparece la cualidad del actor anulando toda la sentencia…”, siendo así queda claramente establecido que la acción puede ser intentada por cualquiera de los cónyuges independientemente que haya dado causa para intentarlo (sic). (…). (Subrayado de la cita).
Arguye que a pesar que la sentencia cuestionada transcribe un fallo emanado de esta misma Sala, donde se refiere al artículo 191 del Código Civil, tampoco logra interpretarlo correctamente, por cuanto dicha norma contempla que la acción de divorcio sólo podrá interponerla el cónyuge que no haya dado causa a ella, lo cual debe oponerse como falta de cualidad y así fue ejercido; sin embargo, el Juez de Alzada aún reconociendo la existencia y validez de la norma apropiada al caso, no interpreta debidamente su alcance general, desnaturalizando su verdadero sentido, al juzgar que el demandante sí tiene cualidad para ejercer la acción, sin tomar en cuenta si quiera que la decisión que transcribe hace una diferencia entre la pretensión infundada y la falta de cualidad, lo cual asume como si fuera lo mismo, incurriendo en errónea interpretación de la norma jurídica, pues lo ajustado es que debió declarar la falta de cualidad del actor por haber éste abandonado voluntariamente a la demandada, conducta que le impide tener la cualidad activa para hacer valer su pretensión de divorcio.
Sostiene que quien da origen a la causal de divorcio es la misma parte accionante, al determinar la sentencia impugnada que “quedó probado en autos que el demandante ciudadano E.B. y la demandada ciudadana MARIA (sic) Z.C. viven en residencias diferentes, por determinación del demandante de abandonar el hogar conyugal, subsumiéndose estos hechos en la causa N° 2 del artículo 185 del Código Civil”.
Denuncia la parte formalizante que la recurrida incurre en errónea interpretación del artículo 191 del Código Civil, al sentenciar que el demandante sí tiene cualidad para ejercer la acción, no obstante, haber establecido que las partes viven en residencias diferentes, por determinación del accionante de abandonar el hogar conyugal.
En torno a la norma transcrita en su parte pertinente, en sentencia número 1238 del 6 de diciembre de 2013 (caso: D.B. vs. M.C.U.), esta Sala de Casación Social juzgó del modo siguiente:
Respecto al abandono voluntario, esta Sala en sentencia N° 287 de fecha 7 de noviembre de 2001 (caso: L.E.T.G. contra R.d.V.L.B.), estableció:
La tesis del divorcio solución fue acogida por esta Sala en sentencia N° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: V.J.H.O. contra I.Y.C.R.), al sostener que:
En este mismo sentido, en decisión número 540 del 17 de julio de 2013 (caso: L.C.F.D.C.S. vs. M.I.G.d.F.), esta Sala de Casación Social, estableció lo siguiente:
En este punto, además se hace menester recordar lo que quedó establecido en la sentencia N° 192, proferida por esta Sala de Casación Social, en fecha 26 de julio de 2001, (Caso: V.J.H.O. contra I.Y.C.R.), cuando acogió la tesis doctrinaria del divorcio como solución y no como sanción, explicando:
Que contrajo matrimonio civil valido (sic), con la ciudadana MARIA (sic) Z.C.R. (sic) (…) que de dicha unión concibieron a sus hijos: (…); Que (sic) de su unión matrimonial, en los primeros tiempos fue armoniosa y feliz, hasta que desde hace aproximadamente seis años, tomo (sic) la determinación de abandonar el lugar conyugal, mudándose para la casa de su madre, interrumpiéndose, la mencionada relación matrimonial de manera definitiva, pues su conyugue (sic), no soportaba siquiera su presencia, la misma incurría permanentemente en falta de comprensión, de auxilio y de asistencias hacia su persona, pues ella no le atendía como marido, ni siquiera en lo más elementales deberes como lo es la asistencia de la comida, mantenerme lavada y en orden la ropa, debido a todo ello la conducta inhóspita que la demanda (sic) desplegó en contra de su persona al punto de llegar a sus sitios de trabajo e insultar al personal femenino, sin motivos aparentes y sin razón alguna, en reiteradas oportunidades, lo que ha mantenido como conducta hasta la actualidad sale permanentemente a viajes y a sitios nocturnos de manera constante, sin su autorización, ni, (sic) consentimiento, hasta altas horas de la noche, por tal motivo, son hechos que configuran el abandono voluntario de parte de su conyugue (sic), (…) [que] le amenazaba de manera permanente en sede penal y alega que cuando ha tratado de hablar con ella para que cambiara de esa actitud intransigente y que hablaran como dos personas civilizadas, ella le decía que no quería hablar, que lo mejor es que se divorciaran, por lo que ya la relación de esposos es insostenible (…) [fundamentando] su acción en el artículo 185 del Código Civil, ordinales 2º y 3º (…).
Al contrastar lo establecido por el ad quem, respecto de las afirmaciones del actor en su escrito contentivo de la solicitud de divorcio, con lo regulado en el artículo 191 del Código Civil, se verifica que no obstante el señalamiento efectuado por el demandante de haber abandonado el hogar conyugal, éste le atribuye a su cónyuge la permanente falta de comprensión, auxilio y asistencia hacia su persona, al no atenderle como marido en lo más elemental, así como la conducta amenazante en forma constante en sede penal, y con base a los ordinales 2° y 3° del artículo 185 del Código Civil interpone la acción de divorcio; todo lo cual conlleva a esta Sala a determinar que el ciudadano E.R.B.s.o. cualidad para accionar a su cónyuge en divorcio, a tenor de lo previsto en el artículo 191 del Código Civil, en tanto que es bien sabido que el abandono no implica necesariamente la separación del hogar conyugal de uno de los esposos; desde luego, ése podría ser un caso de abandono, más no el único, pues, el abandono voluntario no solo alude al incumplimiento grave, intencional e injustificado, por parte de uno de los cónyuges, del deber de cohabitación, sino también del deber de asistencia o de socorro que el matrimonio impone.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la demandada, contra el fallo emitido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., el 13 de enero de 2014. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida.
La Presidenta de la Sala, Magistrada M.C.G., no suscribe la presente decisión al no haber asistido a la audiencia por motivos justificados.
Quien suscribe, Magistrada Dra. C.E.P.d.R., disiente del criterio acogido por la mayoría en la sentencia que antecede, y conforme a lo preceptuado en los artículos 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 63 del Reglamento Interno de este M.T., procede a salvar su voto, con base en las siguientes consideraciones:
El ciudadano E.R.B.d.p. divorcio contencioso a la ciudadana M.Z.C.R., fundamentándose en las causales previstas en el artículo 185, numerales 2 y 3, del Código Civil, relativas al abandono voluntario y a los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, alegando la falta de comprensión, de auxilio y de asistencia en la alimentación, la limpieza y el orden de la ropa; que la demandada viajaba constantemente; que frecuentaba sitios nocturnos con otras personas, sin su autorización; que la demandada insultó al personal femenino en su sitio de trabajo, e incluso a una de sus hermanas. Tales hechos fueron negados pormenorizadamente por la parte demandada y la demanda fue declarada sin lugar por el Tribunal de Primera Instancia.
El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio A.d.e.B., en fecha 13 de enero de 2014, declaró con lugar el recurso de apelación de la parte actora, revocó la decisión del Tribunal a quo y declaró con lugar la demanda de divorcio. La alzada resolvió que había quedado demostrado que los cónyuges no cohabitaban, lo que configuraba la causal prevista en el artículo 185, numeral 2, del Código Civil, y fundamentándose en la doctrina del divorcio solución, consideró que se había creado una inestabilidad entre los cónyuges, y con respecto a los hijos, al ver a sus progenitores en una pugna constante. A tales efectos valoró los siguientes medios de prueba: 1.- Carta misiva de la demandada, que demuestra que era difícil que ésta mantuviera comunicación verbal con el demandante; 2.- Copia del expediente Nº JJ-128-700, que evidencia que en fecha 28 de octubre de 2011 fue declarada sin lugar la demanda de divorcio anterior; 3.- Copias del expediente Nº 04-DDC-F9-1902-12, de la Fiscalía Novena del estado Apure, en el que consta que en fecha 5 de diciembre del año 2012, se decretó a favor de la demandada una medida de protección y seguridad de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de la Mujer a una V.L.d.V..
- Que el Juez de alzada señaló los motivos de hecho y de derecho que sustentan el dispositivo del fallo, al indicar la pruebas de las que obtuvo la convicción que las partes vivían en residencias diferentes, por la determinación de la parte actora de abandonar el hogar, configurando la causal prevista en el artículo 185, numeral 2, del Código Civil.
- Que el Juez Superior sí consideró y analizó las pruebas que sirvieron de base para el dispositivo del fallo, y señaló el valor probatorio que les merecía, conforme a la libre convicción razonada.
- Que cualquiera de los cónyuges tiene legitimación activa o cualidad para intentar la acción de divorcio o la separación de cuerpos, siéndoles potestativo optar entre una u otra, siempre que alegue que el otro ha incurrido en alguna de las causales previstas en la Ley; que el ciudadano E.R.B. ostentaba cualidad para accionar a su cónyuge en divorcio, en los términos previstos en el artículo 191 del Código Civil, por lo que la recurrida obró ajustada a derecho al desechar la falta de cualidad opuesta por la demandada; que era evidente la necesidad de declarar la disolución del vínculo conyugal, acogiendo la tesis del divorcio como solución y no como sanción, en virtud de que quedó demostrada la existencia de una causal de divorcio que hace evidente la ruptura del lazo matrimonial: la interrupción de la relación matrimonial por la falta de comprensión, de auxilio y de asistencias y por ende el incumplimiento de los deberes y derechos de los cónyuges.
Así lo ha señalado la Sala en sentencia N° 1393 del 6 de diciembre de 2012 (caso: A.T.C. contra N.J.T.M.):
En cuanto a la fundamentación jurídica del divorcio, en sentencia N° 1238 del 6 de diciembre de 2013 (caso: D.B. contra M.C.U.), se distinguió entre las dos tendencias mayoritarias: i) el divorcio sanción: en el que el cónyuge inocente pide que se castigue al cónyuge culpable mediante la declaratoria de la disolución del matrimonio, por haber transgredido en forma grave, intencional e injustificada sus deberes matrimoniales; y ii) el divorcio remedio: que lo concibe como una solución al problema de la subsistencia del matrimonio, cuando éste -de hecho- ha devenido intolerable, independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente.
La tesis del divorcio solución o divorcio remedio, acogida por esta Sala en sentencia N° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: V.J.H.O. contra I.Y.C.R.) exige como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, que la causal de divorcio que haya sido alegada debe estar demostrada:
Es de resaltar que durante la celebración de la audiencia del recurso de casación, la propia demandada, a preguntas formuladas por los Magistrados integrantes de la Sala, hizo referencia a los siguientes particulares: Que tiene aproximadamente 31 años de casada; que procrearon tres (3) hijos; que esta es la segunda demanda intentada en su contra por su esposo; que su cónyuge se separó del hogar hace aproximadamente diez (10) años; que en la actualidad el demandante hace vida con otra pareja, que tienen tres (3) hijos; que su cónyuge se separó por el propio hecho de la infidelidad; que luego de enterarse que su cónyuge tenía otra relación sentimental, tuvo que aceptar y sobrellevar la situación, atender a sus hijos, acudir a psicólogos, psiquiatras, y médicos, pero que hoy en día tienen un buen trato; que no ha pensado en divorciarse; que su esposo continúa contribuyendo con los gastos de su hija menor, que actualmente cuenta con diecinueve (19) años de edad; que no aceptaría el divorcio solución porque actualmente se llevan bien e incluso irían juntos a la boda de su hijo mayor.
Decisión nº BP12-S-2005-001954 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 7 de Julio de 2005
Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Lara, de 1 de Febrero de 2005