Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/observaciones-y-recomendaciones-a-los-programas-de-proteccin-existentes-en-colombia-en-el-contexto-de-implementacin-de-la-ley-1448-de-2011-conocida-como-ley-de-vctimas
Timestamp: 2016-05-27 21:42:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'artículo 81', 'Artículo 5', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 3']

Observaciones y recomendaciones a los programas de protección existen…
Observaciones y recomendaciones a los programas de protección existentes en Colombia en el contexto de implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas”
Observaciones y recomendaciones a los programas de protección existentes en Colombia en el contexto de implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas”La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, “por la cual se dictan medidas de atención,asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno,” ordena la adopción de medidas deprotección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en losprocedimientos administrativos y judiciales de reparación, en especial en los de restitución de tierras1.Para ello ordena la revisión y adecuación de los programas de protección existentes a unos criteriosestablecidos en la propia Ley2.La revisión de los programas de protección reviste una importancia doble. Por un lado puedeprevenir las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitarioque se producen día a día en Colombia, y por otro puede contribuir a que las medidas departicipación de las víctimas en los procesos penales, atención y reparación que contempla la ley1448 de 2011 tengan impactos concretos y reales en la vida de las víctimas, tanto en la satisfacción desus necesidades básicas como frente a sus expectativas de verdad, justicia, reparación y garantías deno repetición.Por lo anterior, este documento tiene como objetivo presentar un balance de las medidas deprevención y protección adoptadas por el Estado Colombiano, a la luz de sus obligaciones nacionalese internacionales en materia de derechos humanos, con la finalidad de hacer observaciones yrecomendaciones al proceso de adecuación al que deben ser sometidos los programas de protección.Para ello, en primer lugar se presentará un breve panorama del contexto de desprotección en el quese encuentran las víctimas actualmente (1); a continuación se presentará el marco normativo nacionale internacional que obliga al Estado colombiano a brindar protección a sus ciudadanos y ciudadanas(2); posteriormente se analizarán los programas y medidas de prevención y protección vigentes,identificando las limitaciones que se han presentado en su implementación (3); finalmente sepresentarán algunas recomendaciones para el mejoramiento de estos programas a la luz de losprincipios establecidos en los tratados internacionales y de la Constitución Política de Colombia, asícomo de las necesidades de las víctimas y de la realidad del conflicto armado (4).1. Dinámica actual del conflicto armado y del desplazamiento forzadoEn Colombia hay una situación de permanente violación de los derechos humanos caracterizada porla persistencia del conflicto armado interno desde hace más de 40 años3. Así lo afirmó el Consejo deDerechos Humanos de las Naciones Unidas y así lo evidencian las violaciones a los derechoshumanos que se registran a diario en Colombia y que se traducen en amenazas, homicidios selectivos,ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados,1 Ley 1448 de 2011, art. 31.2 Ibíd., art. 32.3 Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen PeriódicoUniversal sobre Colombia, A/HRC/10/82, 9 de enero de 2009.
así como en las campañas de desprestigio que tienen como objetivo deslegitimar las denuncias que deestas violaciones hacen las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos4.La situación de riesgo es más gravosa para las víctimas que están en procesos de reclamación de susderechos, especialmente el derecho a la restitución de las tierras despojadas o abandonadas, para lasmujeres y para aquellas víctimas que hacen parte de procesos organizativos y de defensa de losderechos humanos. Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), entre julio de 1996 yagosto de 2011, al menos 281 defensores y defensoras de derechos humanos sufrieron atentadoscontra su vida5. Tan solo en el 2011 se registraron 38 homicidios de defensores y defensoras dederechos humanos6 que, sumados a las campañas de desprestigio del trabajo de organizaciones devíctimas y de las organizaciones de derechos humanos, no arrojan un panorama alentador para elejercicio de defensa de los derechos, además de constituirse en un factor que puede incrementar losriesgos a los que ya se encuentran expuestas las víctimas y en un obstáculo para que reclamen susderechos.Una situación más preocupante reflejan las cifras de la CCJ en relación con las violaciones al derechoa la vida de las personas en situación de desplazamiento forzado, que indican que entre el 1° de enerode 2007 y el 31 de agosto de 2011, al menos 267 personas desplazadas fueron víctimas de atentadoscontra su vida7, algunas de las cuales se encuentran en procesos de reclamación de su derecho a larestitución de tierras. De estas víctimas, 262 fueron asesinadas y cinco (5) fueron desaparecidasforzadamente sin que hasta el momento se conozca su paradero. De ellas, en los casos en que seconoce el sexo (252), se sabe que 34 eran mujeres.Esto último lo corroboran diferentes medios de comunicación, que han señalado que en los últimostres años han ocurrido más de 50 homicidios de líderes que se encuentran en procesos dereclamación de tierras8. Uno de los atentados recientes ocurrió el pasado 18 de diciembre de 2010mientras se adoptaban decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas, cuando Alexa Gómez Polanía,4 Los casos más recientes de desprestigio contra víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos se han dadoalrededor de los casos de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, y el desplazamiento forzado de campesinos ycampesinas de la hacienda Las Pavas. Al respecto, ver la carta enviada por organizaciones sociales y de derechos humanosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Mapiripán, 23 de noviembre de 2011, disponible en:http://www.coljuristas.org/documentos/adicionales/carta_corteidh_mapiripan-23nov2011.html., yhttp://retornoalaspavas.wordpress.com/. También, el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia del 31 de enero de 2012. A/HRC/19/21/Add.3. En este seexpresa: “22. Una persona reconocida por el Estado como víctima de la masacre de Mapiripán (Meta) en 1997 se retractó de su testimonio.Reconociendo la necesidad de investigar este y otros casos similares, la oficina en Colombia expresa su preocupación por los intentos de utilizareste hecho para deslegitimar a las víctimas, a las defensoras y defensores de derechos humanos y a sus organizaciones, y a los mecanismosregionales de protección de derechos humanos”.5 Comisión Colombiana de Juristas, Listado de víctimas de violencia sociopolítica en Colombia. Derecho a la vida. Violaciones en contrade defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, julio de 1996 a agosto de 2011, Bogotá, 8 de noviembre de 2011,disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/cifras/cif_2011-11-08.html.6 Gustavo Gallón Giraldo. Diario El Espectador. Confesión sin confusión, 2 de noviembre de 2011.7 Comisión Colombiana de Juristas, Listado de víctimas de violencia sociopolítica en Colombia. Derecho a la vida. Violación en contrade personas en situación de desplazamiento forzado, 1° de enero de 2007 a 31 de agosto de 2011, Bogotá, 21 de octubre de 2011,disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/cifras/cif_2011-10-21.html.8 Diario El Espectador. Restitución de tierras sigue manchándose de sangre. 8 de junio de 2011.www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-275904-restitucion-de-tierras-sigue-manchandose-de-sangre 2
una lideresa comunitaria y representante de personas en situación de desplazamiento en la ciudad deMocoa (Putumayo), fue asesinada por dos sicarios en su casa, frente a su hijo menor de edad9.La situación de riesgo y desprotección ha sido evidente en gran parte del territorio nacional. Así lodemuestra el trabajo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo(SAT), que entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2011 ha advertido 40 situaciones de riesgo,correspondientes a 15 informes de riesgo y 25 notas de seguimiento. Del total de situaciones deriesgo advertidas la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) ha declarado 28 comoalertas. Las situaciones de riesgo advertidas cubren la población y territorio de 85 municipios,ubicados en 16 departamentos del país. Los departamentos con mayor número de municipios enriesgo son Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Valle del Cauca10.Asimismo existe preocupación porque persisten los desplazamientos forzados y las causas que logeneran, tales como el despojo de tierras, la explotación de recursos naturales, la implementación deproyectos agroindustriales o de infraestructura, las hostilidades entre los diversos grupos armados,entre otros. Según la Agencia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios– OCHA, “entre enero y junio de 2011 se registraron 59 desplazamientos masivos y multifamiliares en el país quehan afectado al menos a 17.500 personas. Las hostilidades se configuran como la principal causa de desplazamientomasivo en el primer semestre del año”11. Por su parte, el Sistema de Información para la PoblaciónDesplazada, que hasta antes de la expedición de la Ley de Víctimas se encontraba en cabeza de laAgencia Presidencial para la Acción Social, registró que entre enero y octubre de 2011 se desplazaronforzadamente 102.956 personas12.Con el panorama anterior, resulta indispensable y urgente que se adopten las medidas necesarias paraasegurar que la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas -a partir de enero de 2012- no genereriesgos adicionales a la vida e integridad de las víctimas, y que permitan que las víctimas accedan demanera segura y digna a las distintas medidas de participación en los procesos penales, atención yreparación plasmadas en la Ley 1448 de 2011.2. La obligación del Estado colombiano de brindar protección a sus ciudadanosEn su artículo 3, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo“tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”13. Por su parte, el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone en su artículo 6 que “…el derecho a la vida es inherente a lapersona humana”. Asimismo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre9 Campaña Tierra, Vida y Dignidad, Asesinada Alexa Gómez Polanía, líder de población desplazada en Mocoa Putumayo, 23 dediciembre de 2011, disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/Asesinada-Alexa-Gomez-Polania.10 Ponencia del Dr. Jorge Calero, Defensor Delegado para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Puebloen el panel “Conflicto, desplazamiento y situación humanitaria en la región”, durante el Foro Ley de víctimas ydesplazamiento forzado: retos para la construcción de planes de desarrollo en la región del Sur de Bolívar y Barrancabermeja, realizado el 1°y 2 de diciembre de 2010 en el municipio de Barrancabermeja (Santander).11 Agencia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios -OCHA Colombia. BoletínHumanitario Tendencias, primer semestre de 2011.12 Sistema de Información para la Población Desplazada (SIPOD) de la Agencia Presidencia para la Acción Social y laCooperación Internacional, cifras de expulsión de población desplazada entre enero y octubre de 2011, fecha de corte: 11de septiembre de 2011, disponible en: http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/.13 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 3
consagra que “…todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”14. Estas obligacionesno ceden ante la inminencia de un conflicto armado, por el contrario se refuerzan; en estos casos yconforme a la normatividad del derecho internacional humanitario (DIH), los Estados tienen eldeber de garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de las personas protegidas por elDIH15.En el caso de las personas en situación de desplazamiento, los Principios Rectores de losDesplazamientos Internos16 instan a los Estados a tomar medidas para prevenir los desplazamientosforzados internos y para proteger a las personas en situación de desplazamiento antes, durante ydespués de los mismos. En particular, el Principio 11 establece la protección a la que tienen derecholas personas desplazadas, en especial contra “actos de violencia destinados a sembrar el terror entre losdesplazados internos”; de igual forma este Principio prohíbe las amenazas y la inducción a cometercualquiera de las violaciones allí enunciadas.La garantías de seguridad se refuerzan en el caso de las personas refugiadas o desplazadas que deseenregresar a su país o lugar de origen, para quienes se establecen los principios de seguridad, dignidad yvoluntariedad en el retorno o repatriación, tal como lo establece la sección IV de los PrincipiosRectores sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las PersonasDesplazadas17. Tal como lo indica el principio 10 y sus numerales: “Todos los refugiados y desplazadostienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condicionesde seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elecciónlibre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, objetiva,actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus países olugares de origen”.El Estado Colombiano ha ratificado estos instrumentos internacionales, los cuales hacen parte delordenamiento jurídico colombiano en virtud del bloque de constitucionalidad18, y por lo tanto son deobligatorio cumplimiento para las autoridades.De otro lado, el ordenamiento interno colombiano reconoce los derechos a la vida, la integridad y laseguridad personal de todos los ciudadanos19, los cuales implican para el Estado la correlativaobligación de brindarles protección, especialmente a aquellos que se encuentran en situación devulnerabilidad, como es el caso de las víctimas del conflicto armado interno.Reconociendo esta situación, y en especial que “…el desplazamiento conlleva riesgos específicos,individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para14 Adoptada por la IX Conferencia Internacional Americana en 1948, art. 1.15 El Artículo 3° Común de los Convenios de Ginebra de 1949 establece que “…En caso de conflicto armado que no sea deíndole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligaciónde aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembrosde las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquierotra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color,la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.16 Aprobados por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en el 54°periodo de sesiones. E/CN.4/1998/53/Add.2 / 11 de febrero de 1998.17 Aprobados por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en el 57°periodo de sesiones.18 Constitución Política de Colombia, arts. 4 y 93.19 Ibíd., arts. 11 y 12. 4
varios derechos fundamentales de los afectados”20, la Corte Constitucional estableció, a lo largo de sujurisprudencia y de los autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 - mediante la cual sedeclaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado-, que es obligaciónde las instituciones del Estado colombiano establecer programas y medidas de protección querespondan proporcionalmente a su nivel de riesgo, el cual se incrementa por su situación particularde vulnerabilidad.Para efectos de dejar claras las obligaciones que la Corte Constitucional estableció en cabeza de lasautoridades frente a los riesgos a los que está expuesta la población vulnerable, es preciso transcribirlas siete obligaciones que estableció la Corte en la sentencia T-719 de 2003:“1. La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia oun grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a losafectados. Por eso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado.2. La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, laexistencia, las características (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen ofuente del riesgo que se ha identificado.3. La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos,adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice.4. La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y enforma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz.5. La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar lasdecisiones correspondientes para responder a dicha evolución.6. La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgoextraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos.7. La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario paralas personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados”21.Adicionalmente, en el Auto 200 de 2007, y ante la persistencia de las violaciones al derecho a la viday a la integridad personal de los líderes de la población en situación de desplazamiento, la CorteConstitucional se pronunció nuevamente sobre el tema y consideró que ante su particular situaciónde vulnerabilidad era necesario adoptar una “presunción de riesgo”. Esta presunción implica que lasautoridades tienen la obligación de actuar de manera inmediata cuando se presenta una amenazapuntual contra la vida o la integridad personal del peticionario o de su familia.En este Auto, la Corte afirmó que “...una vez activada la presunción de riesgo que ampara a las personasdesplazadas que piden protección para su vida, seguridad e integridad personal y las de sus familias, sin que laautoridad competente ante la que se pidió protección haya desvirtuado dicha presunción mediante estudios detallados y20 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.21 Corte Constitucional, sentencia T–719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 5
cuidadosos que demuestren que es innecesario impartir la protección requerida, dicha autoridad competente está en laobligación de adoptar una medida de protección que sea:(i) adecuada fácticamente a las circunstancias en las que se encuentra quien las solicita, las cualeshan de ser objeto de un cuidadoso estudio que, sin embargo, no puede retardar en su realización laadopción de una medida efectivamente orientada a conjurar el riesgo;(ii) eficaz para proteger su vida, seguridad e integridad personal y la de su familia –eficacia queincluye tanto la oportunidad de la medida, como su idoneidad para alcanzar el objetivo de protección-, y(iii) adecuada temporalmente, es decir, que se mantenga en aplicación mientras subsista el riesgoextraordinario que se pretende conjurar – lo cual no obsta para que las autoridades competentes, conbase en estudios de seguridad serios y detallados, concluyan que una determinada medida deprotección ha dejado de ser necesaria en atención a la realidad del riesgo que pesa sobre subeneficiario. Al momento en que se asigne una medida de protección en respuesta a la activación dela presunción de riesgo recién descrita, la autoridad competente debe justificar expresamente ante elbeneficiario porqué su medida cumple con los requisitos de adecuación fáctica, eficacia y adecuacióntemporal”22. (Negrilla fuera del texto).De la normatividad nacional e internacional señalada anteriormente, así como de la jurisprudencia dela Corte Constitucional, se deriva la obligación de las instituciones del Estado Colombiano deadoptar políticas, planes y programas para garantizar la protección y la seguridad de todos losciudadanos y ciudadanas, especialmente para los grupos más vulnerables como las víctimas delconflicto armado interno, dentro de las que se encuentran las personas en situación dedesplazamiento interno, las mujeres, las comunidades afrocolombianas, los pueblos indígenas y losniños y niñas.En los apartados siguientes se proporciona una síntesis y descripción de las principales característicasde los programas de protección existentes, y se analiza su efectividad y adecuación a las obligacionesque tiene el Estado colombiano en la materia, para posteriormente hacer recomendaciones alproceso de revisión y ajuste que se debe surtir en virtud de lo estipulado en la Ley de Víctimas.3. Programas de protección existentes en el ordenamiento colombianoEste apartado pretende presentar una síntesis y un balance de los programas de protecciónexistentes, debido al ajuste al que deberán ser sometidos, tanto en lo normativo como en lo práctico,según lo ordena la Ley de Víctimas23. Para ello, en primer lugar se presentará la legislación vigente enla materia con un cuadro ilustrativo que contiene las principales características de estos programas;en seguida se hará referencia a los contenidos de la Ley de Víctimas en materia de protección, paraposteriormente presentar un análisis de las limitaciones que han tenido estos programas y quedeberán ser tenidos en cuenta al momento de hacer los ajustes necesarios en la nueva política deatención y reparación a víctimas.22 Corte Constitucional, Auto 200 de 2007, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.23 Ley 1448 de 2011, arts. 31 y 32. 6
3.1. Los programas de protección vigentesActualmente el Estado colombiano cuenta con programas que tienen como finalidad brindarprotección a los ciudadanos y ciudadanas que, por su participación en procesos judiciales así comopor sus actividades, funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, pueden estar en unasituación de riesgo extraordinario o extremo. Adicionalmente existen programas de proteccióndirigidos a brindar seguridad a servidores públicos que por su cargo pueden estar expuestos a unnivel de riesgo superior.Estos programas tienen como objetivo general establecer el nivel de riesgo en el que se encuentranlos destinatarios y tomar las medidas de protección que se consideren proporcionales y pertinentesen relación con el nivel de riesgo identificado. Los destinatarios de estos programas puedenclasificarse en tres categorías: i. Víctimas y testigos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. ii. Personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. iii. Servidores públicos que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia del cargo y las labores que desempeñan.La primera categoría de destinatarios, a saber las víctimas y testigos de graves violaciones a losderechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, pueden acceder a dosprogramas de la Fiscalía General de la Nación, dependiendo de la naturaleza del proceso penal delque hagan parte. Por un lado se encuentra el “Programa de protección a testigos, víctimas,intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía”, que está dirigido a aquellas personas queparticipen en procesos penales de carácter ordinario. Por otro se encuentra el “Programa deprotección de víctimas y testigos que participan en los procesos judiciales establecidos en la Ley 975de 2005”, más conocida como Ley de “Justicia y Paz”, para quienes hacen parte del procedimientopenal contemplado en esta ley.Para la segunda categoría de destinatarios, que son las personas que se encuentren en situación deriesgo extraordinario o extremo como consecuencia de sus actividades o funciones políticas,públicas, sociales o humanitarias, existen dos programas de protección: el “Programa de protecciónde derechos humanos de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y de la PolicíaNacional” (denominado también como Programa de protección en razón del riesgo), y la “Ruta deprotección para población en situación de desplazamiento”.Para el caso de los servidores públicos –la tercera categoría-, se cuenta con los Programas deprotección de la Fiscalía General de la Nación -si son funcionarios de la misma-, y con el Programade protección de derechos humanos de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interiory de la Policía Nacional (denominado también como Programa de Protección en razón del cargo).Así las cosas, la legislación vigente dispone de cinco programas de protección: i. El Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía. 7
ii. El Programa de protección de víctimas y testigos que participan en los procesos judiciales establecidos en la Ley 975 de 2005. iii. El Programa de protección en razón del riesgo de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior24. iv. El Programa de protección de personas en virtud del cargo de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior25. v. La Ruta de Protección para población en situación de desplazamientoEs necesario mencionar que los programas de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio delInterior (programas de protección en razón del riesgo y en razón del cargo), fueron recientementemodificados mediante el decreto 4912 de 2011, “Por el cual se organiza el Programa Prevención y Protecciónde los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio delInterior y de la Unidad Nacional de Protección”, que derogó el decreto 1740 de 2010, cuyo objetivo era“establecer los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgoextraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas,públicas, sociales o humanitarias”26.El decreto derogado regulaba el Programa de protección de derechos humanos del Ministerio delInterior (ahora Programa de protección en razón del riesgo), el Programa de protección en razón delcargo (cuya responsabilidad exclusiva recaía en la Policía Nacional), y la Ruta de protección para laprotección desplazada, cuyo origen se encuentra en el auto 200 de la Corte Constitucional.Pese a que el nuevo decreto (4912 de 2011) avanza en la organización de los programas que existíanbajo el decreto 1740 de 2010, así como en su precisión técnica, sustancialmente son muy similares,pues los dos decretos están dirigidos básicamente a la misma población27 y manejan los mismasmedidas de protección. Quizá la mayor diferencia entre los dos decretos son las institucionesencargadas de ejecutar los programas y los pasos para activarlos. Con la reciente creación de laUnidad Nacional de Protección, mediante el decreto-ley 4065 de 2011, “por el cual se crea la UnidadNacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura”, adscrita al Ministerio del Interior y conla calidad de Unidad Administrativa Especial, se unifica la coordinación, articulación y ejecución delos programas de protección, con excepción de los programas de protección que están bajo ladirección de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.De esta manera, mientras que bajo el decreto 1740 de 2010 el programa de protección en razón delcargo estaba a cargo de la Policía Nacional, en el actual programa será la UNP la que estará a cargode este programa, aun cuando la Policía continuará con un rol importante en la prestación delservicio de protección.24 Anteriormente, bajo el decreto 1740 de 2011, conocido como el Programa de protección de derechos humanos delMinisterio del Interior y de Justicia.25 Este programa mantiene el nombre que tenía en el derogado decreto 1740 de 2010.26 Decreto 1740 de 2010, Por el cual se reglamenta el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y se dictan otras disposiciones, art. 1.27 La única modificación que introduce el decreto 4912 de 2011 relacionada con la población objeto de este programa, esque adiciona a las víctimas que están en procesos de restitución de tierras a la categoría de beneficiciarios. 8
De la misma manera, las funciones de valoración y determinación del riesgo que asumía la PolicíaNacional en el Programa de protección de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia-ahora conocido como Programa de protección en razón del riesgo- dejan de ser competenciaexclusiva de la Policía, para pasar a ser responsabilidad de dos nuevos entes que crea el decreto 4912de 2011. Se trata del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información –CTRAI–28, queserá el “encargado de la recopilación y análisis de información in situ”, y del Grupo de Valoración Preliminar29,cuya función es el análisis de la situación de riesgo de cada caso, así como la determinación del nivelde riesgo y la elaboración de un concepto con las medidas a implementar; en todo caso, en estas dosinstancias tendrá participación la Policía Nacional. Finalmente, se crea el Comité de Evaluación deRiesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) que asumirá las funciones de valoración de loscasos, aunque esta instancia replica al anterior Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos(CRER) del decreto 1740 de 2010, al tener la misma composición y funciones.Con el objetivo de presentar las principales características de los programas de protección vigentes, acontinuación se presenta un cuadro que explica la naturaleza y características de cada uno de ellos,sus destinatarios, su población objetivo, las instituciones responsables de ejecutarlos, la normatividadque los regula, las medidas de protección que brindan y los pasos que debe seguir una persona paraactivarlos.Es necesario aclarar que el cuadro toma como punto de partida las tres categorías de destinatarios delos programas de protección, y no los programas ni la normatividad que los regula. Si bien eraposible hacer una descripción de los programas tomando como base los decretos que los crean, o losprogramas propiamente dichos, consideramos que es más adecuado ordenarlos en virtud de susdestinatarios para tener certeza sobre los programas que pueden ser activados por una persona envirtud de su riesgo, cargo, servicio o condición particular.28 Decreto 4912 de 2011, art. 33.29 Decreto 4912 de 2011, art. 35. 9
Cuadro 1. Programas de protección vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. Categoría de Institución Normatividad Medidas de Pasos e instancias para activar el Programa Población Objeto destinatarios Responsable que lo regula Protección programa - Víctimas y Programa de Testigos, víctimas e intervinientes en el Fiscalía General - Decreto 2699 - Protección 1. Participar como denunciante o testigos de protección a proceso penal y funcionarios de la de la Nación. de 1991. integral. testigo de un delito en el marco de graves testigos, Fiscalía. - Ley 418 de - Asistencia un proceso penal. violaciones a los víctimas, 1997 y sus social. 2. El funcionario judicial que Derechos intervinientes en prórrogas. adelanta la actuación, cualquier otro Humanos e el proceso y - Ley 938 de servidor público, o directamente el infracciones al funcionarios de 2004. propio interesado, podrán solicitar a Derecho la Fiscalía. -Resoluciones la Oficina de Protección de Víctimas Internacional 550 de 2002, y Testigos la vinculación de una Humanitario y 405 de 2007 y persona determinada al Programa. funcionarios de 5101 de 2008 la fiscalía que de la Fiscalía. participen en Programa de Población que se encuentre en situación - Ministerio del Decreto 1737 - Asistencia inicial. 1. Participar como denunciante o ellos. protección de de riesgo como consecuencia directa de su Interior. de 2010 - Formación en testigo de un delito en el marco de víctimas y condición de víctima o testigo, dentro del - Fiscalía medidas de un proceso penal de la ley 975 de testigos que proceso de Justicia y Paz, o para impedir General de la autoprotección. 2005. participan en los que intervenga en el mismo. (Artículo 5° Nación. - Rondas de la 2. Todos los servidores públicos procesos de la Ley 975 de 2005) - Policía Policía Nacional. tendrán la obligación de poner en judiciales Nacional. - Plan Padrino30. conocimiento de la Policía Nacional establecidos en - Autoridades - Medios de cualquier situación de riesgo o la Ley 975 de locales. comunicación amenaza en contra de una víctima o 2005. - Chalecos testigo, y de la Fiscalía General de la Antibalas. Nación, con el fin de que disponga la - Esquemas correspondiente investigación de los móviles hechos denunciados. - Reubicación.30 Decreto 1737 de 2010, art. 29: “Plan Padrino. Es la asignación de la responsabilidad individual a un funcionario de Policía, el cual establecerá una permanente comunicación con la víctima o testigo, con el fin de reportar o monitorear la situaciónde seguridad y prevenir hechos en su contra". 10
- Personas, Programa de - Dirigentes o activistas de grupos - Unidad Decreto 4912 - Formación en 1. Recepción de la solicitud de grupos y protección en políticos y especialmente de grupos de Nacional de de 201131. medidas de protección y diligenciamiento del comunidades razón del riesgo. oposición. Protección del autoprotección. formato de caracterización inicial del que se - Dirigentes, representantes o activistas de Ministerio del - Patrullajes y solicitante, por parte de la Unidad encuentran en organizaciones defensoras de derechos Interior. revistas policiales. Nacional de Protección. situación de humanos, de víctimas, sociales, cívicas, - Policía - Esquemas de 2. Análisis y verificación de la riesgo comunales o campesinas. Nacional protección. pertenencia del solicitante a la extraordinario o - Dirigentes o activistas sindicales. - Recursos físicos población objeto del programa de extremo como - Dirigentes, representantes o activistas de de soporte a los protección y existencia del nexo consecuencia organizaciones gremiales. esquemas de causal entre el riesgo y la actividad directa del - Dirigentes, Representantes o miembros protección que éste desarrolla. ejercicio de sus de grupos étnicos. (vehículos 3. Traslado al Cuerpo Técnico de actividades o - Miembros de la Misión Médica blindados o Recopilación y Análisis de funciones - Testigos de casos de violación a los corrientes, Información –CTRAI–. políticas, derechos humanos y de infracción al motocicletas, 4. Presentación del trabajo de campo públicas, Derecho Internacional Humanitario. chalecos antibalas, del CTRAI al Grupo de Valoración sociales o - Periodistas y comunicadores sociales. escudos Preliminar. humanitarias, o - Víctimas de violaciones a los Derechos blindados, medios 5. Análisis de caso en el Grupo de en razón del Humanos e infracciones al Derecho de comunicación) Valoración Preliminar. ejercicio de su Internacional Humanitario, incluyendo - Medios de 6. Valoración del caso por parte del cargo. dirigentes, lideres, representantes de movilización. Comité de Evaluación de Riesgo y organizaciones de población desplazada o (Tiquetes aéreos Recomendación de Medidas – de reclamantes de tierras en situación de nacionales e CERREM-. riesgo extraordinario o extremo. internacionales, 7. Adopción de medidas de - Servidores públicos que tengan o hayan apoyo de prevención y protección por parte tenido bajo su responsabilidad el diseño, transporte fluvial del Director de la Unidad Nacional coordinación o ejecución de la política de o marítimo) de Protección mediante acto derechos humanos y paz del Gobierno - Apoyo de administrativo. Nacional. Reubicación 8. Notificación al protegido de la - Ex servidores públicos que hayan tenido temporal. decisión adoptada. bajo su responsabilidad el diseño, - Apoyo de 9. Implementación de medidas.31 En su artículo 53, el decreto 4912 de 2011 derogó expresamente el decreto 1740 de 2010. 11
coordinación o ejecución de la Política de trasteo. 10. Seguimiento a la implementación.Derechos Humanos o de Paz del - Medios de 11. Reevaluación.Gobierno Nacional. comunicación.- Dirigentes de los grupos armados - Blindaje deilegales que suscribieron acuerdos de paz inmuebles econ el Gobierno Nacional en los años instalación de1994 y 1998 y se reincorporaron a la vida sistemas técnicoscivil. de seguridad.- Dirigentes, miembros y sobrevivientesde la Unión Patriótica y del PartidoComunista Colombiano.- Apoderados o profesionales forensesque participen en procesos judiciales odisciplinarios por violaciones de derechoshumanos o infracciones al derechointernacional humanitario- Docentes de acuerdo a lo establecido enla Resolución 1240 de 2010 del Ministeriode Educación Nacional, sin perjuicio delas responsabilidades de protección delMinisterio de Educación estipuladas en lamisma.- Hijos y familiares de Ex presidentes yEx vicepresidentes de la República.- Servidores públicos, y los funcionariosde la Procuraduría General de la Nación yla Fiscalía General de la Nación quienestienen su propio marco normativo para suprotección.- Embajadores y Cónsules extranjerosacreditados en Colombia- Autoridades religiosas. 12
Ruta de Líderes, dirigentes, representantes y - Alcaldías - Decreto 4912 Las mismas 1. Acudir ante la Secretaria del Protección para personas en situación de desplazamiento. municipales. de 2010. señaladas en el Interior y/o de Gobierno municipal población en - Gobernaciones. - Auto 200 de programa de del lugar donde se encuentre. Dichas situación de - Unidad 2007. protección autoridades deben implementar las desplazamiento Nacional de anterior. medidas de prevención y protección Protección a que haya lugar, efectuando una valoración preliminar del riesgo que puede ser solicitada al Grupo de Valoración Preliminar de la Unidad Nacional de Protección. 2. En caso de que en dicha valoración preliminar del riesgo determine la necesidad de otras medidas de protección que no estén al alcance de la entidad municipal, se remitirá el caso a La Secretaria del Interior y/o Gobierno del Departamento y éste a su vez, en caso de no contar con dicha capacidad lo remitirá al Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior.- Servidores Programa de - Presidente de la República de Colombia - Policía - Decreto 4912 - Formación en 1. Identificación y verificación de lapúblicos que se protección de y su núcleo familiar. Los demás familiares Nacional de 2011 medidas de calidad del protegido.encuentren en personas en que soliciten protección, estarán sujetos al - Unidad autoprotección. 2. Notificación al protegidosituación de virtud del cargo. resultado de la evaluación del riesgo. Nacional de - Patrullajes y Adopción de la medida yriesgo - Vicepresidente de la República de Protección revistas policiales. coordinación con Policía Nacional.extraordinario o Colombia y su núcleo familiar. - Esquemas de 3. Supervisión del uso de la medidaextremo, como - Los Ministros del Despacho protección. 4. Notificación de la finalización deconsecuencia - Fiscal General de la Nación la medida una vez el protegido sedel cargo que - Procurador General de la Nación separe del cargo.desempeñan. - Contralor General de la República - Defensor del Pueblo en el orden 13
nacional- Senadores de la República yRepresentantes a la Cámara- Gobernadores de Departamento- Magistrados de la Corte Constitucional,Corte Suprema de Justicia, Consejo deEstado y del Consejo Superior de laJudicatura.- Ex presidentes y ex vicepresidentes de laRepública de Colombia y sus cónyuges. 14
3.2. La regulación de los programas de protección en la Ley de VíctimasComo parte de sus principios generales, la Ley de Víctimas contempla la necesidad de adoptarmedidas especiales de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicosque intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación, en especialde restitución de tierras, “cuando ello sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para cada casoparticular, y en la medida en que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridadfísica, la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la jurisprudencia y normatividad existente sobre lamateria”32.Asimismo estableció que los programas de protección se desarrollarían “en el marco de losprogramas existentes en la materia”, “garantizando su coherencia con las políticas de seguridad y defensanacional”. La Ley contempla que se tenga en cuenta al Sistema de Alertas Tempranas de laDefensoría del Pueblo para establecer medidas de prevención y mitigar riesgos existentes.También ordena que las alcaldías formulen estrategias de seguridad pública, especialmente enlos lugares donde se adelantes procesos de restitución de tierras.De igual manera contempla una protección reforzada para las mujeres víctimas, que deberátener en cuenta las “modalidades de agresión, las características de los riesgos que enfrentan, las dificultadespara protegerse de sus agresores y la vulnerabilidad ante ellos”33.Esta disposición responde a lo establecido en el artículo 13 de la misma ley que dispone que,“…el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de lasviolaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultosmayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizacionessindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado”.De otra parte, y teniendo en cuenta que la Ley dispone que los programas de protección debenbasarse en los ya existentes, el artículo 32 establece algunos criterios y elementos que deben sertenidos en cuenta para la revisión e implementación de dichos programas, dentro de los que seresaltan los siguientes34:1. Los programas de protección deben contemplar medidas proporcionales al nivel de riesgode la víctima antes, durante y después de su participación en procesos judiciales oadministrativos contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas.2. Los criterios para evaluación del riesgo fijados por la jurisprudencia de la CorteConstitucional, así como la decisión de la medida de protección, deben ser conocidospreviamente por la víctima o testigo.32 Ley 1448 de 2011, art. 31.33 Ibíd. art. 31, parágrafo 3.34 Ley 1448 de 2011, artículo 32. 15
3. (…) El riesgo debe ser evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo adicha evaluación, de conformidad con la normatividad vigente.4. (…) Una vez decidida la medida de protección por parte del órgano competente, la víctimao testigo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a la decidida si considera queesta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso (…).5. Los programas de protección, los criterios para la evolución de riesgo y las decisiones sobrelas medidas deberán atender y tomar en consideración criterios diferenciales por género,capacidad, cultura y ciclo vital, de conformidad con la jurisprudencia de la CorteConstitucional.6. Los programas de protección deberán estar en coordinación permanente con los programasde atención a víctimas con el fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y lasituación de riesgo generada.7. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de proteccióndeberán efectuarse en sitios seguros y confidenciales, en particular cuando involucran mujeres,niñas, niños y adolescentes.8. Se deberá dar información permanente a las autoridades judiciales y administrativas queadelantan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidadque en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo. Enparticular, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación dela víctima o testigo en las diligencias y se adoptarán correctivos para propiciar que suparticipación no se vea obstaculizada.Adicionalmente, el decreto 4800 de 2011, reglamentario de la Ley de Víctimas y recientementeexpedido, reitera la obligación del Estado de brindar protección a las víctimas35 y algunos delos criterios que deben ser tenidos en cuenta al revisar los programas de protección. Así, porejemplo, el decreto reitera la necesidad de que los programas de protección adopten unenfoque diferencial para la adopción de las medidas correspondientes36. Igualmente resalta lanecesidad de articular los programas de atención con los programas de protección, y estipulaque la persona beneficiaria de medidas de protección deberá contar, en cualquier caso, con elacompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, encargado de articular dichasmedidas con las ofertas sociales del Estado y con la atención psicosocial37.El mencionado decreto también establece que se deberán adoptar estrategias de difusión de losprogramas de protección en todo el territorio nacional, así como se deberán diseñar estrategias35 Decreto 4800 de 2011, art. 195.36 Ibíd., art. 212.37 Ibíd., arts. 212 y 213. 16
de formación sobre los derechos de las víctimas a los funcionarios que trabajan en losprogramas de protección38.Este decreto también aborda el tema de la protección colectiva y establece como una de lasestrategias para su implementación la elaboración de los mapas de riesgo, los cuales debenrecoger la información de la Red de Observatorios de Derechos Humanos, del Sistema deAlertas Tempranas, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, lo cual permitirádefinir las zonas y los sectores poblaciones que requieren atención de manera prioritaria39. Yestablece que la protección colectiva “deberá estar articulada con aquellos planes o programas del Estadoen materia de seguridad territorial, tales como el Plan Nacional de Consolidación Territorial, en particular,cuando se trate de procesos de restitución de tierras y retornos colectivos”40.Adicionalmente, el decreto hace referencia a la necesidad de garantizar condiciones deseguridad en los procesos de retorno a través de la concertación de medidas con lascomunidades y el acompañamiento de la fuerza pública, “en el marco de la política de seguridad ydefensa nacional”41. La fuerza pública tendrá un papel protagónico al momento de decidir sobrelas condiciones de seguridad para los retornos y reubicaciones, pues serán sus miembrosquienes emitan una “evaluación” de las condiciones de seguridad. Estos conceptos seráncomplementados con los de otras entidades en el marco de los Comités de JusticiaTransicional, que enviará el concepto final a la Unidad Administrativa Especial para laAtención y la Reparación a Víctimas, quien adoptará las medidas necesarias para los retornoscon base en dicho concepto42.3.3. Limitaciones de los programas de protección existentes de cara a laimplementación de la Ley de VíctimasComo se mencionó anteriormente, en materia de protección la Ley de Víctimas brinda unoscriterios que deben ser empleados para ajustar los programas de protección existentes. De estamanera, la Ley optó por continuar operando con programas de protección que, en la práctica,han demostrado ser ineficaces a la hora de proteger la vida y la integridad de personasamenazadas, especialmente de víctimas que hacen parte de procesos organizativos o que estáninvolucradas en procesos de reclamación de derechos.En desarrollo del trámite legislativo de la Ley de Víctimas, las organizaciones de víctimas y dederechos humanos insistieron en que la adopción de adecuadas medidas de protecciónresultaba de suma importancia para garantizar la eficacia de las medidas de atención yreparación, así como para lograr una protección más adecuada ante las violaciones a losderechos humanos que se cometen a diario en el país. Sin embargo, el Congreso decidió no38 Ibíd., arts. 213 y 214.39 Ibíd., arts. 217 y 218.40 Ibíd., art. 218.41 Ibíd., art. 219.42 Ibíd., art. 219 parágrafo 3°. 17
legislar directamente sobre la materia -lo cual constituye una primera falla, probablementeinsubsanable-, dejando al Gobierno la obligación de reglamentar estas medidas, para lo cualdejó sentados unos criterios que resultan útiles y que, de ser implementados, podrían mejorar lapolítica de protección en Colombia.Sin embargo, el decreto 4912 de 2011, recientemente expedido, mediante el cual semodificaron los programas de protección que estaban en cabeza del Ministerio del Interior yde la Policía Nacional, no incorpora en su totalidad los principios y criterios establecidos en laLey de Víctimas, los cuales están dirigidos a subsanar algunas de las limitaciones de losprogramas de protección vigentes que se presentarán más adelante, aun cuando constituye unavance en la medida en que logra sistematizar gran parte de la legislación vigente sobre el temay adoptar medidas para coordinar las acciones del Ministerio del Interior y de la PolicíaNacional.En ese sentido, lo que hace el decreto 4912 de 2011 frente a la legislación anterior, es organizary dotar los programas de protección de un carácter más técnico, aunque en lo sustancial sesiguen brindando las mismas medidas que se otorgaban bajo los programa anteriores, regidospor el decreto 1740 de 2010 y que probaron ser ineficaces. La unificación de los programas delMinisterio del Interior y de la Policía Nacional en cabeza de una Unidad de Protección es unabuena medida, así como el traslado de funciones tan importantes como la evaluación del riesgoa entes nuevos que remplazarán en estas funciones a la Policía-aun cuando ésta sigua jugandoun rol importante dentro de dichos entes-. Sin embargo, por sí solos, estos cambios no van alograr impactar significativamente la protección a las víctimas.De igual forma, este decreto no cobija todos los programas de protección (fueron excluidos losprogramas de protección de la Fiscalía y de la Procuraduría), por lo que aún hay unamultiplicidad de programas y una dispersión normativa que no se ajusta a los criteriosbrindados por la Ley de Víctimas. Por ello consideramos que la obligación que tiene elGobierno colombiano de ajustar los programas existentes a los criterios dados por la Ley siguevigente.De hecho, es previsible que con la entrada en vigencia de la Ley de víctimas, y especialmentecon el programa de restitución de tierras, se presente un incremento en los niveles de riesgo delas personas que ya se encuentran amenazadas y que se generen riesgos adicionales. Para estenuevo escenario el decreto no contempla medidas especiales a las ya tradicionales, que handemostrado no ser apropiadas para proteger la vida e integridad de las víctimas, como ya se hamencionado.De otro lado existen dos deficiencias de la Ley de Víctimas que impactarán negativamente losprogramas de protección, incluso si son revisados y ajustados a los criterios que contempla laLey, y que deben ser superados y tenidos en cuenta si de lo que se trata es de tener una políticaeficaz de protección. 18
La primera de ellas es el concepto de protección que ha primado en la legislación y en lapráctica institucional colombiana, que reduce este concepto al de seguridad brindada por losmiembros de la fuerza pública. Si bien no se desconoce el rol que constitucionalmente tienenlas fuerzas militares y de policía en el terreno de la seguridad y defensa nacional, lo cierto esque la fuerza pública colombiana es un actor más del conflicto armado, que además ha estadocomprometido con la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos,directamente o a través de grupos paramilitares, y en infracciones al derecho humanitario. Espor ello que, para poder considerar válidamente que la fuerza pública participe activamente enlos programas de protección, es necesario que se haga una reforma estructural de las fuerzasarmadas y una depuración de sus estructuras. La sola formación en derechos humanos nogarantiza que sus integrantes no violarán los derechos humanos, o que no lo hayan hecho en elpasado.En ese sentido, ya que la Ley de Víctimas parte de la existencia de un “marco de justiciatransicional”43 en Colombia, es necesario, entonces, que se implementen otro tipo de medidascomo aquella de la depuración, y que se garanticen los principios de coherencia interna ycoherencia externa reconocidos en la Ley de Víctimas44. La coherencia interna debe garantizarque las medidas de protección vayan de la mano con las medidas de asistencia y reparación, asícomo con las garantías de no repetición, con las cuales no hay ninguna articulación en eldecreto 4912 de 2011 -expedido después de sancionada la Ley cuando ya existía la obligaciónde dotar de coherencia todas las medidas-, y que resultan fundamentales en una política deprotección. Por otro lado, la coherencia externa debe garantizar que las medidas de proteccióntengan una correspondencia con medidas de justicia y de verdad mediante las que seinvestigue, juzgue y sancione a los responsables de las amenazas y otras violaciones a losderechos humanos que se cometen en contra de las personas cobijadas por los programas deprotección.Es por ello que resulta preocupante el papel que se le otorga a la fuerza pública en losprogramas de protección y en otros programas de reparación, así como la manera como la Leycondiciona territorialmente la ejecución de ciertos programas (el de restitución de tierras y losde retornos especialmente) a las zonas de consolidación que hacen parte integral de la políticade defensa de “seguridad democrática”. Esta política, en desarrollo de la cual“…se han presentadoconstantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, debido a que sefundamenta en el desconocimiento de los principios de distinción y proporcionalidad”45, no constituye unbuen punto de partida para la reparación y restitución ni para una política efectiva deprotección. Al respecto, en su informe sobre Colombia en el año 2008, la Alta Comisionada de43 Ley 1448 de 2011, arts. 1 y 8.44 Ibíd., arts. 11 y 12.45 Comisión Colombiana de Juristas, Tiempos de Sequía. Situación de Derechos Humanos en Colombia 2002 – 2009.Bogotá, febrero de 2011, pág. 56. 19
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que “La militarización desplegada condichas estrategias de guerra tiene impactos desproporcionados sobre la población civil”46.La superación de esta visión restringida del concepto de protección permitiría subsanar otrafalla estructural de la Ley de Víctimas en lo que respecta a la política de protección: su enfoqueprimordialmente reactivo sobre uno preventivo. Como se verá más adelante, en Colombia hanprevalecido programas de protección que pretenden responder a riesgos y amenazasinminentes que, si bien son necesarios, no están orientados a prevenir las violaciones a losderechos humanos mediante esquemas mucho más amplios y comprensivos de la protección yde los medios para alcanzarla. Con ello se ha desconocido que la ausencia de una política deprevención es la responsable de que se consumen violaciones los derechos humanos quehubieran podido evitarse.Con esta introducción como base, en el presente apartado se pretende presentar un panoramaanalítico y crítico de los programas de protección existentes, en el que se señalarán lasprincipales fallas o limitaciones de estos programas, las cuales deberán ser tenidas en cuenta,junto con los las observaciones precedentes, al momento de ajustar y poner en práctica losprogramas de protección tal como lo estipula la Ley de Víctimas. Las fallas o limitaciones hansido agrupadas en cinco categorías: las dificultades de acceso, las dificultades en el trámite delas solicitudes, las dificultades en la realización de los estudios de riesgo, las dificultades entérminos de la eficacia y pertinencia de las medidas de protección, y las dificultades derivadasde la inexistencia de medidas de protección –total o parcial- en casos concretos comoamenazas a colectivos, procesos de retorno o repatriación y medidas de carácter preventivo47. i. Dificultades de accesoEn la práctica se han identificado dificultades para que las víctimas que están en una situaciónde riesgo puedan acceder al programa de protección que se considere pertinente de acuerdo asu perfil y a las particularidades de su caso. Si no se corrigen estas fallas, la cobertura de losprogramas seguirá siendo limitada. Los otros tipos de dificultades o limitaciones que se señalanen este documento son aplicables para aquellos casos que logran entrar, así sea de maneradeficiente y precaria, a los programas de protección; las fallas de acceso, por el contrario,denotan una falta de capacidad para brindar cobertura a todas aquellas personas que necesitanser amparadas por estas medidas. Dentro de estas fallas se identifican las siguientes:46 Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,A/HRC/7/39, 7° período de sesiones, 28 de febrero de 2008, párr. 6; y A/HRC/10/032, 10° período desesiones, 19 de febrero de 2009.47 Las limitaciones y dificultades que se enuncian en este apartado del documento se desprenden del Auto 200 de2007 de la Corte Constitucional, en el que esta corporación dedica un espacio importante a señalar las dificultadesde los programas de protección –las cuales han incidido en la permanencia del estado de cosas inconstitucional enmateria de desplazamiento forzado-; también se desprenden del trabajo y práctica de la CCJ en los casos querepresenta judicialmente o que conoce a través de denuncias y de las labores de investigación en terreno. 20
-Desconocimiento de las autoridades de los programas de protección. Algunos de los funcionarios del niveldepartamental y municipal desconocen los programas de protección existentes y la ruta deacceso a ellos, lo que genera mayores dificultades para las víctimas que requieren de unamedida de protección urgente y que acuden a estas instancias en busca de protección sinencontrar una respuesta satisfactoria.- Desconocimiento de las víctimas de los programas de protección. La falta de una difusión adecuada delos programas de protección, así como de las entidades responsables de brindarlos, es laresponsable de que muchas víctimas que son amenazadas en su vida o integridad ni siquiera seacerquen a solicitar medidas de protección. Aquellas víctimas que no hacen parte de procesosorganizativos, o que viven en lugares apartados donde no hay institucionalidad del Estadocolombiano, generalmente viven expuestas al riesgo de que se comentan en su contra múltiplesviolaciones a sus derechos sin que sepan que tienen derecho a solicitar una medida deprotección. Al desconocimiento se suma la desinformación y la confusión que genera ladispersión normativa que existe en la materia y la multiplicidad de instancias que brindanmedidas de protección.-Tratamiento inadecuado de los solicitantes. A pesar de que la mayoría de los casos sondocumentados por la Defensoría del Pueblo y posteriormente remitidos a las instituciones delnivel nacional y territorial competentes, estas han insistido en escuchar nuevamente eltestimonio de la víctima antes de verificar los requisitos básicos y solicitar los respectivosestudios de riesgo a la Policía Nacional. Estos escenarios ponen en mayor riesgo a las víctimas,quienes se ven obligadas a hacer públicas las amenazas de las que han venido siendo objeto, o adesistir de su solicitud de la medida para evitar los riesgos que ello implicaría. Lo anteriortambién lleva a las autoridades a tomar decisiones sin contar con los insumos técnicossuficientes para la adopción de medidas de carácter definitivo.- Exigibilidad de requisitos adicionales a los establecidos. Debido al desconocimiento de algunas de lasinstituciones en el nivel territorial de los programas de protección, y especialmente de la“presunción constitucional del riesgo” que protege a la población en situación dedesplazamiento, establecida por la Corte Constitucional en el Auto 200 de 2007, se exige a lossolicitantes cumplir con requisitos que no están previamente establecidos, como lapresentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Esto dificulta el acceso a untrámite que se supone debe ser expedito y genera mayor riesgo para las víctimas. Algunas deellas deciden cumplir con este requisito sin tener que hacerlo, con la consecuente demora deltrámite, pero otras desisten de continuar su solicitud ante este tipo de exigencias. ii. Fallas en el proceso de trámite de las solicitudesSe han identificado fallas en el trámite de las solicitudes de protección, dentro de las cuales sedestacan las siguientes: 21
- Tiempos que no se ajustan a las necesidades de protección de las víctimas. La periodicidad de lasreuniones de las instancias colectivas encargadas de adoptar las medidas de protección, comoel Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM-, anteriormenteconocido como el Comité de revaluación y estudio de riesgo -CRER, dificulta que se puedantomar medidas frente a casos que requieren la acción inmediata de las instituciones del Estado.En su artículo 38, el decreto 4912 de 2011 establece que el CERREM se reunirá de maneraordinaria por lo menos una vez al mes; a todas luces, dicho período no responde a lasdinámicas de la violencia y del conflicto armado que no dan espera de un mes. iii. Dificultades en la realización de los estudios de riesgoPersisten las dificultades en el proceso de realización y en el contenido de los estudios técnicosde nivel de riesgo, los cuales constituyen el insumo principal para que las instanciascompetentes adopten las medidas de protección que consideren pertinentes. Dentro de estasdificultades encontramos las siguientes:- Términos legales extensos para la realización de los estudios técnicos del nivel de riesgo. De acuerdo a loestablecido en el decreto 4912 de 2011, el término establecido para la realización de losestudios de riesgo es de 30 días. En la práctica este término resulta muy extenso teniendo encuenta que quienes solicitan protección son personas que se encuentran en una situación deriesgo extraordinario que amerita la adopción de medidas de protección urgentes y definitivas,las cuales, de acuerdo a lo establecido en esta norma, sólo serán establecidas por el CERREMuna vez se cuente con el resultado del evaluación de riesgo. Si se tiene presente la dificultadseñalada en el punto anterior, puede concluirse que el período para decidir sobre las medidas,en su conjunto, no responde adecuadamente a las necesidades de protección de las víctimas.Si bien se plantea un procedimiento en casos de riesgo inminente y excepcional, el cual deberáser autorizado por el Director de la Unidad Nacional de Protección48, este resultará ser unrequisito muy exigente y de difícil acceso para la mayoría de los solicitantes.- Dificultades en la valoración del nivel de riesgo. En muchos casos los estudios técnicos de nivel deriesgo no tienen en cuenta el contexto en el cual se presentan los hechos de amenaza, ni lascausas que pueden generar el riesgo, sino únicamente los riesgos a los que se puede ver48 Decreto 4912 de 2011, artículo 9°. Medidas de Emergencia. “En casos de riesgo inminente y excepcional, el Director dela Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial,medidas provisionales de protección para los usuarios del Programa e informará de las mismas al Comité de Evaluación de Riesgo yRecomendación de Medidas - CERREM en la siguiente sesión, con el fin de que éste recomiende las medidas definitivas, si es del caso.Con el propósito de adoptar estas medidas de protección de emergencia, el Programa hará una valoración inicial del riesgo al que estáexpuesto el peticionario, disponiendo en forma inmediata la realización de la evaluación del Riesgo, que permita ajustar o modificar lasdecisiones adoptadas inicialmente. En todo caso, para adoptar medidas provisionales de protección se deberán realizar los trámitespresupuestales respectivos. En circunstancias en que sea aplicable la presunción constitucional de riesgo, para el caso de la poblacióndesplazada, incluidas víctimas en los términos del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, que intervienen en procesos de restitución detierras, el Director de la Unidad Nacional de Protección deberá adoptar medidas de esta naturaleza”. 22
enfrentada una persona en el lugar en el que se encuentra. Esto genera que la mayoría de losestudios de riesgo arrojen como resultado una valoración de nivel de riesgo ordinario.En efecto, el análisis de los casos que generaron la expedición del Auto 200 de 2007 evidencióque “…los estudios de riesgo aparentemente no toman en cuenta todos los factores de amenaza puestos enconocimiento de las autoridades por el afectado, y en no pocas oportunidades arrojan resultados contraevidentes –como es el caso del señor Luis LL, cuyos estudios de riesgo arrojaban resultados Medio-Bajo u Ordinario, apesar de que pocos meses antes se habían materializado los asesinatos de líderes y dirigentes de poblacióndesplazada del Tolima que trabajaban en su misma organización y habían pedido protección conjuntamente conél a las autoridades”49.- Dificultades para conocer los resultados de la Evaluación de riesgo y controvertir los mismos. En muchoscasos los solicitantes no son informados sobre los resultados de la evaluación de riesgo, y en lamayoría de ellos desconocen las razones que los motivaron, ya que las autoridadescompetentes para realizarlos consideran que estos no son de carácter público. Adicionalmenteno están contemplados mecanismos para controvertir los resultados de los estudios deevaluación de riesgo. En la práctica, en muchos casos se solicita la reevaluación del nivel deriesgo pero en la mayoría el resultado es el mismo que se da inicialmente. iv. Dificultades frente a la eficacia y pertinencia de las medidas de protección adoptadas y seguimiento de las mismasExisten dificultades en la coordinación de las entidades encargadas de implementar las medidasde protección y el procedimiento establecido para ello, las cuales impactan negativamente en laefectividad de las medidas de protección adoptadas. Dentro de ellas encontramos:- Desarticulación entre los programas de protección y los programas de atención para víctimas. En el caso dela Ruta de Protección para población desplazada se evidencia una desarticulación entre losentes territoriales y la Agencia Presidencial para la Acción Social, institución que antes de laexpedición de la Ley de Víctimas era la encargada de coordinar la política de atención integral ala población en situación de desplazamiento.Esta descoordinación se evidencia en el hecho que las medidas adoptadas por las alcaldías ygobernaciones no son complementadas con los programas de atención que están en cabeza deAcción Social. Por ello, en aquellos casos en los que las víctimas son reubicadas como medidade protección, y una vez se acaban los recursos que les han sido asignados para su subsistencia,se ven en dificultades para acceder a programas como la prórroga de la atención humanitariade emergencia, la generación de ingresos o el subsidio de vivienda, entre otros, en la ciudad omunicipio en el que han sido reubicadas. Lo anterior genera, a su vez, que las personasreubicadas deban regresar al lugar de origen de la amenaza, incrementando su nivel de riesgo opropiciando la fragmentación de su núcleo familiar.49 Corte Constitucional, Auto 200 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 23
Al respecto, en el Auto 200 de 2007, la Corte Constitucional afirmó que esta descoordinacióngenera “…impactos negativos sobre la efectividad de las medidas de protección, especialmente en los casos enque éstas medidas consisten en el traslado del afectado y su familia a otro lugar distinto a aquel en el que segenera el riesgo. En estos casos, está documentado ante la Corte que los peticionarios, o bien no reciben apoyopara su auto sostenimiento como parte de la medida de protección, más allá de una ayuda inicial (…), o bien loreciben durante un período breve (que por mandato legal debe ser temporal), después de lo cual quedandesprotegidos en cuanto a su subsistencia material, y enfrentados a necesidadeseconómicas apremiantes en su nuevo lugar de desplazamiento, sin que el SNAIPDresponda con la provisión de las ayudas correspondientes”. (Negrilla fuera del texto)Se resalta que en el decreto 4912 de 2011 se incluyen dentro de las responsabilidades de laUnidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), enel marco de la estrategia de protección, la adopción de “medidas en el marco de su competencia yarticular los servicios estatales dirigidos a grupos vulnerables que contribuyan a la protección de los protegidos delPrograma de Prevención y Protección en virtud del riesgo”. Sin embargo, estas medidas deberíandesarrollarse con mayor detalle con el fin de que se garantice la efectividad de las medidas deprotección, pues de manera general la Ley de Víctimas no tomó en cuenta esta dificultad y dehecho podría replicarla en la práctica. Ni la a Ley ni los decretos reglamentarios que se hanexpedido hasta ahora tienen mecanismos concretos y claros de coordinación entre losprogramas de protección y las medidas de asistencia y reparación.- Desprotección de las familias de las personas que se encuentran en riesgo. En algunos casos las medidasde protección adoptadas no se hacen extensivas a los miembros de la familia de la personaamenazada, lo cual puede generar la división del núcleo familiar, desconociendo que muchasveces la amenaza también se puede dirigir a los parientes de las víctimas como un mecanismode intimidación por parte de los actores armados.Se destaca que dentro del articulado del decreto 4912 de 2011 se incluya la definición de núcleofamiliar, entendido como “el cónyuge o compañero (a) permanente, a los hijos y a los padres del solicitante oprotegido, quienes de manera excepcional podrán ser beneficiarios de medidas si ostentan un nivel de riesgoextraordinario o extremo y exista nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función política, socialo humanitaria del tal solicitante o protegido”. Sin embargo, genera preocupación que estas medidassolamente puedan hacerse extensivas cuando los familiares también ostenten un nivel de riesgoextraordinario, pues no se estaría garantizando el derecho a la unificación familiar; asimismoresulta preocupante la concepción que el decreto trae de las personas que componen estenúcleo. Si se tiene en cuenta que la composición de las familias no siempre responde alconcepto tradicional de familia, sería necesario que las medidas se extiendan a aquellosfamiliares o personas que, con independencia de su vínculo familiar y debido a su cercanía a lapersona directamente amenazada o en riesgo, corran peligro.- Limitaciones para la adopción de medidas de protección con un enfoque diferencial para los sujetos de especialprotección constitucional. Si bien el decreto 4912 de 2011 incorpora el concepto de enfoquediferencial para la evaluación de riesgo y la adopción de medidas de protección, entendiendo 24
que para ello deberán ser observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia,género, discapacidad, orientación sexual, y procedencia urbana o rural de las personas objetode protección50, no se establecen medidas de protección concretas que respondan a estoscriterios, dejando el enfoque diferencial en una declaración de principios.- Las medidas adoptadas en muchos casos no son coherentes con las condiciones de vida del solicitante y resultaninsuficientes frente al nivel de riesgo del mismo. En la práctica, algunas de las medidas de protecciónadoptadas, como son los medios de comunicación y los chalecos antibalas, entre otras, puedenser insuficientes frente al nivel de riesgo de las víctimas, o no ser acordes con sus condicionesde vida; por el contrario, pueden exponerlas a riesgos adicionales.- Demoras injustificadas en la implementación de las medidas una vez estas han sido adoptadas por lasinstancias correspondientes. Debido a las dificultades de coordinación y articulación entre lasinstancias que participan en los diferentes programas de protección, el tiempo que transcurreentre la decisión de la adopción de las medidas y su efectiva implementación, no permite queen muchos casos se brinde una respuesta oportuna a los solicitantes que les garantice suderecho a la protección. Al respecto, resulta diciente que en el decreto 4912 de 2011 no existaun término claramente establecido para la adopción de las medidas de protección, una vez quehayan sido aprobadas por el CERREM.- Dificultades en la continuidad y seguimiento de las medidas por parte de las instancias competentes. Enalgunos casos las medidas de protección han sido suspendidas o terminadas por problemaspresupuestales e incluso sin justificación. Así mismo, no existen mecanismos para evaluar laefectividad de las medidas adoptadas, que sirvan de insumo para la reevaluación permanente delos niveles de riesgo de los solicitantes. v. Dificultades por la ausencia de ciertas medidas de protecciónSe identificaron fallas derivadas de la ausencia de mecanismos concretos, total o parcialmente,en casos de amenazas a comunidades o a colectivos, la ausencia de medidas de protección decarácter preventivo, y la ausencia de medidas efectivas en casos de retornos o repatriaciones.Estas dificultades se describen a continuación:- Ausencia de medidas de protección de carácter colectivo. Los programas de protección existentes nocontemplan procedimientos ni medidas pertinentes y adecuadas para atender casos donde uncolectivo (organización y/o comunidad) pueda encontrarse en una situación de riesgoextraordinario. Para el caso de las organizaciones, por lo general se adoptan esquemas deprotección para sus dirigentes y las instalaciones donde desarrollan sus actividades. Sinembargo, estas medidas resultan insuficientes para garantizar la seguridad de todos susmiembros y la continuidad de sus labores.50 Decreto 4912 de 2011, art. 2.8. 25
Frente a los casos en los que sean las comunidades las que se encuentren en riesgo, por logeneral las acciones implementadas se enmarcan dentro de lo que las autoridades handenominado “medidas de prevención”, aun cuando el riesgo implica la adopción de medidasque respondan a un riesgo ya generado. La necesidad de que se implementen medidas deprevención es real, pero estas responden a necesidades distintas y con cobertura para toda lapoblación; las comunidades que ya están expuestas a un riesgo inminente requieren de medidasdistintas a las preventivas pues estas, por su naturaleza, no podrían operar cuando es evidentela existencia de un riesgo, así como también deben ser distintas a las que operan para personasconcretas o núcleos familiares, pues deben atender a causas más generales y a riesgos queabarcan a un mayor número de personas.- Ausencia de medidas de protección de carácter preventivo. El enfoque de todos los programas deprotección existentes es reactivo y no preventivo; en un contexto de persistencia del conflictoarmado y de violencia sociopolítica, y ante la posibilidad de que las víctimas activenmecanismos judiciales o administrativos para reclamar sus derechos, es indispensable que seadopten medidas preventivas que abarquen a la mayor parte de las víctimas quienes, por el solohecho de serlo, están expuestas a la posibilidad de que su vida e integridad se vean amenazadas.Tal como la ha reiterado la Corte a lo largo de su jurisprudencia, especialmente para el caso deldesplazamiento forzado, no existe una política de prevención de violaciones a los derechoshumanos articulada, sistematizada y que supere el análisis coyuntural. Por el contrario lasmedidas se han limitado a la presencia de la Fuerza Pública en las zonas que se hanconsiderado de mayor riesgo, tal como se indicó en la introducción a este aparte.Al respecto, en el Auto 008 de 200951 -de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004-, la Corteevidenció que “…en materia de prevención, continúa faltando el desarrollo de un sistema nacional deprevención del desplazamiento propiamente dicho que, entre otras cosas”:“(i) Funcione en el marco de una política pública de prevención de violaciones de derechoshumanos, (ii) cuente con recursos adecuados que no dependan exclusivamente de lacooperación internacional; (iii) permita un seguimiento permanente de la dinámica deldesplazamiento, de la evolución del conflicto armado y de otros factores de alteración delorden público y de seguridad ciudadana que incidan en el desplazamiento forzado; (iv) supereel análisis puramente coyuntural activado por los informes de riesgo presentados por laDefensoría del Pueblo; (v) establezca mecanismos y protocolos técnicos para desvirtuarobjetivamente los informes de riesgo; (vi) permitan mantener por un tiempo prudencial lasmedidas de protección a bienes y personas, así no se declare la alerta temprana; (vii) cuente conun sistema de información adecuado para valorar los riesgos, que tenga en cuenta otrossistemas de seguimiento existentes sobre la evolución del conflicto armado y el orden público ysobre violaciones de derechos humanos, de tal manera que sea posible establecer mecanismosadicionales para la prevención del desplazamiento; (viii) facilite la implementación de planes decontingencia cuando el riesgo esté relacionado con operaciones legítimas del Estado para el51 Corte Constitucional, Auto 008 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 26
mantenimiento del orden público; (ix) retroalimente el sistema de protección individual alíderes y personas desplazadas a cargo del Ministerio del Interior; y (x) de una respuesta estataloportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la Defensoría delPueblo y ante las declaratorias de alerta temprana que emita el CIAT”52.- No se cuenta con una política efectiva que garantice la seguridad en los procesos de retorno. En el caso delos procesos de retorno de la población en situación de desplazamiento que requieren de unacompañamiento permanente por parte de las instituciones competentes, así como de laadopción de garantías de no repetición, no se ha dado un acompañamiento adecuado y,cuando se ha dado, este no ha sido constante o se ha limitado a la presencia de la fuerzapública.Tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional: “De acuerdo con las mismas cifras del gobierno,casi el 70% de las personas desplazadas retornan sin que se hayan verificado previamente las condiciones deseguridad y más del 90% se reubican bajo estas mismas condiciones. Entonces, la Corte concluye que la reglageneral en los retornos es que se realicen sin que las condiciones de orden público que forzaron al desplazamientohayan mejorado, poniendo a las personas desplazadas otra vez en la situación de riesgo inicial y obligándolas,posiblemente, a desplazarse de nuevo”53.Así mismo, la presencia de la fuerza pública no toma en consideración el impacto que susacciones pueden generar en la seguridad de las comunidades, y antes que constituirse en unamedida de protección puede convertirse en un factor de riesgo para las mismas, por lo cual esnecesario que se supere la visión militar de la protección y que se adopten otro tipo de medidasadicionales para proteger a la población civil, tal como se indicó en otro aparte de estedocumento. Al respecto, en el mismo pronunciamiento, y haciendo referencia al informepresentado por la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional manifestó que54“…la presencia de fuerza pública en la zona, no significa necesariamente garantía de seguridad, si no que por elcontrario hay indicios de que esta presencia cuando es irreflexiva en términos de prevención del desplazamiento,aunque operativamente pueda justificarse, expone a la población a un mayor riesgo en los procesos de retornoy/o reubicación”55.- Ausencia de medidas de protección en procesos de repatriación. Si no existe una política de proteccióneficaz en los procesos de retorno de la población desplazada interna, mucho menos la hay paralos procesos de repatriación voluntaria que quieran iniciar las personas que se encuentran fuerade Colombia en necesidad de protección internacional. Pese a que al regresar a Colombia sepodrían acoger a los programas de protección existentes, es evidente que tratándose depersonas que cruzaron la frontera en búsqueda de protección internacional porque el Estado52 Ibíd.53 Corte Constitucional, Auto 383 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.54 Ibíd.55 Informe de la Procuraduría General de la Nación n°. 31 a la Corte Constitucional, en Corte Constitucional,Auto 383 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 27