Source: http://grupoonce.com/2014/05/07/boletin-informativo-abril-2014/
Timestamp: 2018-11-14 22:56:02
Document Index: 172847926

Matched Legal Cases: ['artículo 615', 'artículo 13', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 14', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 16', 'artículo 81', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 59', 'artículo 128', 'artículo 2563', 'ARTÍCULO 192', 'artículo 192', 'artículo 177', 'artículo 90', 'ARTÍCULO 90', 'artículo 55', 'artículo 90', 'artículo 794', 'ARTÍCULO 58', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 26', 'artículo 190', 'artículo 42', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 188', 'artículo 46', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 30', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 38', 'artículo 120', 'artículo 40', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 109', 'ARTÍCULO 81', 'artículo 40', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 55']

BOLETÍN INFORMATIVO: ABRIL 2014 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: ABRIL 2014
Miércoles, 07 mayo 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- CRITERIO UNIFORMADO DE RESOLUCIÓN APROBADO POR EL PLENO DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESPECTO AL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. En sesión especial celebrada el pasado 10 de Abril de 2014, el Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aprobó el Criterio uniformado de Resolución a través del cual se fijan ciertos lineamientos con respecto al régimen de subcontratación de personal.
Dicho criterio fue aprobado en uso de las facultades previstas en el artículo 615, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de uniformar el criterio de resolución en las juntas especiales de jurisdicción federal; por lo que en el mismo se determinó lo siguiente:
“Relación de trabajo en el régimen de subcontratación. En el régimen de subcontratación, el contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, a favor de una persona física o moral denominada contratante, quien tiene derecho a fijar al primero las tareas a realizar, supervisar el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas; esto es, por sus características constituye una excepción a la regla general, por virtud de la cual, la relación de trabajo debe ser directa y por tiempo indeterminado.
Para que la subcontratación produzca plenos efectos en juicio, la parte demandada deberá acreditar la existencia de un contrato escrito, en el que se cumplan los siguientes requisitos:
• Que no abarque la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo.
• Que se justifique por su carácter especializado.
• Que no comprenda tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
El incumplimiento de uno de los requisitos hará innecesario el estudio de los restantes.
Consecuentemente, si en un juicio laboral la parte demandada niega la relación de Trabajo y argumenta la existencia de un régimen de subcontratación, la junta deberá estudiar la litis de forma pormenorizada y correlacionada con el material probatorio desahogado, para cerciorarse del cumplimiento de todos los requisitos previstos en los artículos 15-A y 15-B de la ley federal del trabajo; toda vez que, en principio, es el contratista el responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales, pero en caso de que conste que éste incumplió con los salarios y prestaciones o con el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social, corresponderá al contratante como beneficiario de las obras ejecutadas o de los servicios prestados, responder de las obligaciones nacidas de las relaciones de trabajo.
La determinación de la responsabilidad del contratante no releva al contratista del cumplimiento de las obligaciones ante los trabajadores, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.”
SEGUNDO.- ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. El pasado 29 de Abril de 2014, se dio a conocer el Acuerdo de colaboración celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); el cual tiene por objeto establecer un mecanismo conjunto de trabajo en beneficio de los contribuyentes, promoviendo el combate a la evasión fiscal, la inclusión de las personas a la economía formal y la cultura contributiva.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, señaló que este acuerdo “es un puente formal con el sector privado, para seguir avanzando en esa dirección de confianza, transparencia y certidumbre”. Agregó que también muestra la voluntad de ambas partes para generar un marco que fortalezca e institucionalice hacia el futuro la relación cooperativa en materia tributaria.
En este acuerdo se establecen las bases para difundir información, programas y actividades en temas de interés común; realizar mesas de trabajo en cada una de las entidades de la República, así como orientar y apoyar al sector empresarial en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar la recuperación de los saldos a favor procedentes en las contribuciones a cargo de las empresas.
Entre los compromisos derivados de esta alianza, se acordó establecer mesas de trabajo conjuntas en los Estados y reuniones mensuales con Directivos del SAT y los integrantes de la Comisión Fiscal del CCE, con la finalidad de mantener un diálogo permanente y coordinar los esfuerzos de cooperación entre ambas instituciones.
TERCERO.- DEVOLUCIONES DE IVA. ANÁLISIS SISTÉMICO 5/2014 PRODECON. Emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente una recomendación a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria a efecto facilitar la obtención de los saldos a favor que hubieren determinado los contribuyentes personas físicas al presentar la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta al amparo del Programa de Devoluciones Automáticas.
Al emitir el Análisis Sistémico 5/2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente examina la constante problemática a la que se enfrentan los contribuyentes al intentar recuperar sus saldos a favor de Impuesto Sobre la Renta a través del “Programa de Devoluciones Automáticas”; toda vez que el Servicio de Administración Tributaria, al detectar diferencias entre lo declarado por el contribuyente y lo informado por su retenedor, solicita al primero que, para aclarar dichas diferencias, acuda directamente con el segundo, sin considerar que dicha obligación puede resultar de díficil o imposible cumplimiento para el pagador de impuestos, privándole del derecho que tiene a la devolución.
En tal virtud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente formuló al Servicio de Administración Tributaria la siguiente recomendación:
“Atendiendo al nuevo paradigma de protección de derechos fundamentales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sugiere al Servicio de Administración Tributaria que realice las acciones conducentes, como es la modificación de criterios, formatos, programas y guías aplicables para facilitar la obtención de los saldos a favor de los contribuyentes, específicamente de aquellas personas físicas que hubieran determinado saldo a favor en la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta al amparo del Programa de Devoluciones Automáticas, para que de manera clara y precisa se establezca que será la autoridad fiscal ―a través de las facultades que le confiere el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación―, la que requerirá al retenedor para que presente los datos, información y documentación necesaria para el esclarecimiento de las diferencias detectadas; procurando en todo momento el derecho a la devolución de las cantidades manifestadas como saldo a favor.”
CUARTO.- RATIFICA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA VALIDEZ DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA. El pasado 9 de Abril de 2014 se dio a conocer la conclusión alcanzada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2013, en la cual se determinó que tratándose de la prueba pericial en grafoscopia, el uso de los avances tecnológicos que facilitan el editar las imágenes que se plasman en los dictámenes, no es suficiente para negarles valor probatorio, pues para ello deben existir datos que permitan presumir que el perito actuó con falta de lealtad, probidad o veracidad.
Al respecto se concluyó que aunque es cierto que el uso de esos dispositivos puede facilitar alterar la imagen capturada hasta el grado de distorsionarla, e incluso prefabricar una imagen o insertar otra que corresponda a un documento diverso, lo cierto es que tal posibilidad, por sí sola, no es suficiente para restarle valor probatorio, pues aunque el juzgador tiene libertad de valoración en este tipo de pruebas, dicha libertad debe basarse en una sana crítica.
Así, los ministros determinaron que para adoptar una postura como la descrita, deben existir datos suficientes que permitan presumir que el perito actuó con falta de lealtad, probidad o veracidad. Dicho en otros términos, deben existir motivos que realmente pongan en tela de juicio el desinterés, la imparcialidad y la honestidad del experto en la materia, y que, por ende, el peritaje plasmado en el dictamen correspondiente, no está libre de coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción.
Asimismo, señalaron que una de las bases fundamentales del procedimiento referido es la buena fe y la lealtad procesal, por ello, las pruebas no deben usarse para ocultar o deformar la realidad para tratar de inducir al juez al engaño, de ahí que todos los que intervienen en el ofrecimiento, preparación y desahogo de una prueba deben actuar con lealtad, probidad y veracidad.
Registro: 2005891
Tesis: 2a. XXV/2014 (10a.)
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL, LOS INGRESOS Y EL VALOR DE LOS ACTOS, ACTIVIDADES O ACTIVOS DEL CONTRIBUYENTE. LA FACULTAD QUE CONFIERE A LA AUTORIDAD EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA ELLO, CUANDO SE ADVIERTAN OTRAS IRREGULARIDADES QUE IMPOSIBILITEN CONOCER SUS OPERACIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, aunque en su fracción VI no prevea lineamientos o directrices que permitan establecer cuándo se está en presencia de una irregularidad en la contabilidad del contribuyente -distinta de las precisadas en sus restantes fracciones- que imposibilite conocer sus operaciones, no viola el derecho fundamental de seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que ello no implica dar margen a la autoridad fiscal para que actúe arbitraria o caprichosamente pues, por una parte, tiene la obligación de precisar en el acta relativa o en el oficio de observaciones, según sea el caso, todos los datos que permitan identificar los hechos u omisiones advertidos en la contabilidad del contribuyente durante el ejercicio de sus facultades de comprobación que pudieran implicar una contravención a las disposiciones fiscales, a efecto de que aquél pueda desvirtuarlos, o bien, corregir su situación fiscal y, por otra parte, al determinar presuntivamente la utilidad fiscal, los ingresos o el valor de los actos, actividades o activos del contribuyente, debe señalar las causas especiales o razones particulares por las cuales considera que las irregularidades advertidas en su contabilidad le imposibilitan conocer las operaciones realizadas en el periodo sujeto a revisión.
Amparo directo en revisión 2927/2013. Showmex, S.A. de C.V. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Registro: 2005925
Tesis: 1a. CIII/2014 (10a.)
OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. Del citado precepto se advierte que cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos, no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades relativas exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes y que, en caso de incumplimiento a tres o más requerimientos administrativos respecto de la misma obligación fiscal, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de la autoridad, en términos del numeral 178, párrafo primero, del Código Penal Federal. Ahora bien, el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, reconocido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a abstenerse de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga al legislador a emitir normas claras en las que precise las penas y describa las conductas delictivas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. Consecuentemente, el artículo 41, fracción II, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación no viola dicho principio constitucional, al no describir un tipo penal, ya que sólo determina cuáles son las condiciones previas necesarias para que la autoridad tributaria pueda formular la querella respectiva en relación con el ilícito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, esto es, establece un mecanismo de control y vigilancia que dota a las autoridades tributarias de facultades efectivas para que los contribuyentes cumplan sus obligaciones fiscales por cuanto hace a la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos; además, constituye un límite a la autoridad hacendaria para el ejercicio de una función procedimental, como lo es la presentación de una querella, pues por disposición legal no cualquier incumplimiento le autoriza a dar parte a la autoridad competente por el ilícito de referencia, sino que es necesario el desacato a tres o más requerimientos para que dicha autoridad tributaria esté en condiciones de hacerlo del conocimiento de la ministerial.
Amparo en revisión 244/2013. Javier Flores Hernández. 3 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
Registro: 2005868
Tesis: VIII.2o.P.A.24 A (10a.)
Página: 1975
VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. EL ARTÍCULO 46-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN SIN IMPEDIR QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE EJERCIENDO SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, ES CONSTITUCIONAL. El citado precepto, que establece la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades (de gabinete), cuando los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven de su actividad fiscalizadora, sin impedir que la autoridad continúe ejerciendo sus facultades de comprobación, es constitucional, debido a que lo buscado por el legislador es acotar esas atribuciones en el procedimiento correspondiente, en aras de respetar la garantía de inviolabilidad del domicilio, prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho supuesto no conlleva la autorización para que aquélla prolongue injustificada y permanentemente los actos fiscalizadores, sino únicamente que se detenga temporalmente la conclusión del plazo en que deben llevarse a cabo, ya que esa suspensión no es de carácter omnímodo, sino que comprenderá únicamente el tiempo en que sea resuelto en definitiva el medio de defensa interpuesto por el contribuyente.
Amparo directo 508/2013. Corporativo de Servicios Profesionales y Técnicos, S.A. de C.V. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Lilian González Martínez, secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Ernesto Rubio Pedroza.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudencial 2a./J. 83/2013 (10a.) y aislada 1a. CXCIII/2013 (10a.), de rubros: “VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.” y “VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.”, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 1104 y Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 606, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2005985
Tesis: XI.1o.A.T.27 A (10a.)
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SI EL CONTRIBUYENTE A QUIEN DEBE PRACTICARSE SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y LA AUTORIDAD LA EMITE CON IMPRECISIÓN E INCERTIDUMBRE, DIRIGIÉNDOLA COMO SI AQUÉL FUERA UN CAUSANTE UNIVERSAL Y EN ACTIVO, ELLO LA HACE GENÉRICA EN SU OBJETO Y DEJA AL ARBITRIO DE LOS VISITADORES EL DESARROLLO DE ESA FACULTAD DE COMPROBACIÓN. Cuando es del conocimiento de la autoridad fiscal que un contribuyente, aunque inscrito como persona física en el Registro Federal de Contribuyentes en el ejercicio fiscal a revisar, se encontraba en suspensión de actividades y emite una orden de visita domiciliaria con imprecisión e incertidumbre en el propósito, intención, fin o designio, cosa, elemento, entidad, tema y materia en la revisión y en abstracto se dirige como si el contribuyente fuera un causante universal y en activo, hace que la orden se convierta en genérica en su objeto por no estar ajustada a la realidad del sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria conocida por la autoridad hacendaria; y deja al arbitrio de los visitadores el desarrollo de esa facultad de comprobación, dado que, al señalarse en la orden que se les faculta para su revisión, jurídicamente nada les impediría que lo hicieran en contravención al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo directo 909/2012. 29 de agosto de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Juan García Orozco. Ponente: Hugo Sáhuer Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.
Registro: 2005989
Tesis: II.3o.A.102 A (10a.)
Página: 1903
PRESUNCIÓN DE INGRESOS. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS Y DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EL DEBER DE PRONUNCIARSE DESTACADAMENTE RESPECTO DE LAS PRUEBAS QUE OFREZCA EL CONTRIBUYENTE PARA JUSTIFICAR SUS REGISTROS CONTABLES EN RELACIÓN CON SUS DEPÓSITOS BANCARIOS, DADA LA NATURALEZA DEL SISTEMA RELATIVO. El señalado fundamento establece que los depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes se presumirán como ingresos y valor de actos o actividades, según el caso, cuando no exista correspondencia entre la información de la cuenta y los registros de la contabilidad, destacando que esta presunción admite prueba en contrario y su actualización exige la revisión tanto del registro contable como del soporte documental correspondiente; todo esto, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 56/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 838, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.”. Consecuentemente, si el contribuyente ofrece pruebas para justificar sus registros contables en relación con sus depósitos bancarios, las mencionadas autoridades tienen la obligación de pronunciarse destacadamente sobre éstas, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho del contribuyente dentro del especial sistema de la presunción, la cual tiene el propósito de revertir la carga de la prueba al contribuyente cuando se demuestran sus extremos (depósito y falta de registro contable), pero dentro de esa mecánica, si existe el registro en la contabilidad, debe concederse al contribuyente el derecho de ofrecer todas la pruebas que justifiquen y expliquen tanto el ingreso como el asiento realizado en la contabilidad, lo que importa una valoración detenida de dichos aspectos, especialmente tratándose de pruebas exhibidas durante la comprobación fiscal.
Amparo directo 602/2011. Ignacio Vega Álvarez. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
Registro: 2005999
Tesis: III.2o.A.49 A (10a.)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE UN CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo es improcedente conceder la suspensión provisional contra la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado del sello digital para la expedición de comprobantes fiscales, por advertir incumplimiento del contribuyente a la resolución miscelánea fiscal que regula su uso; habida cuenta que, de permitir al quejoso utilizarlo, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, puesto que se toleraría la realización de una conducta probablemente ilícita, consistente en la emisión de comprobantes fiscales para, en su caso, amparar posibles operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, y se impediría el ejercicio de las facultades de control en materia fiscal de la autoridad; a más de que la sociedad y el Estado están interesados en que los contribuyentes realicen las operaciones fiscales que atañen a su respectiva actividad adecuadamente, conforme a los avances tecnológicos dispuestos para tal fin.
Queja 30/2014. Thinker Consultores Globales, S.A. de C.V. 13 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.
Registro: 2005902
Tesis: II.3o.A.134 A (10a.)
APODERADO. AL ESTAR OBLIGADO A NOTIFICAR A SU PODERDANTE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON EL CARGO, Y A ENTREGARLE TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA, CUANDO ACUDE ANTE LA AUTORIDAD FISCAL, OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTANTE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, EXHIBIENDO UN PODER Y SE LE ENTREGAN LOS OFICIOS CON LOS QUE AQUÉLLA DARÁ INICIO A SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, ELLO HACE PRESUMIR QUE SU REPRESENTADA QUEDÓ NOTIFICADA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ALCANCES Y LÍMITES DE LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS Y DEL TIPO DE FACULTAD QUE LE FUE CONFERIDA. De conformidad con los artículos 2566 y 2570 del Código Civil para el Distrito Federal, todo apoderado tiene las obligaciones de dar noticia al poderdante, oportunamente y sin demora, de todos los hechos y circunstancias relacionadas con el encargo, y de entregarle toda la información, documentos y cosas que el apoderado hubiera recibido por virtud del ejercicio del poder; dichos deberes son independientes de los alcances y límites de las facultades conferidas a través de las cláusulas correspondientes y del tipo de poder conferido. Por tanto, si un apoderado, sin facultades para notificarse en nombre y representación de su poderdante, acude ante la autoridad fiscal, ostentándose como el representante de una sociedad mercantil, exhibiendo el poder respectivo, y con motivo de su ejercicio, se le entregan los oficios con los que aquélla dará inicio a sus facultades de comprobación, levantándose el acta correspondiente, esos actos, en ejercicio del poder, son suficientes para presumir que la poderdante quedó notificada del acto contenido en los oficios entregados, independientemente de los alcances y límites de las cláusulas establecidas en el citado poder y del tipo de facultad que le confirió a dicho representante, pues no deben confundirse los alcances y límites de las facultades de ejercicio otorgadas mediante poder o mandato, con las diversas obligaciones que el mandatario tiene con su mandante, entre las cuales destacan, las previstas en los citados numerales 2566 y 2570, como también la presunción de comunicación constante entre poderdantes y apoderados deducida de la interpretación del diverso artículo 2563 del citado código
Amparo directo 788/2011. Ferretería Euzkadi, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
Registro: 2005830
Tesis: I.9o.A. J/3 (10a.)
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.
Queja 116/2013. Director Ejecutivo de Apoyo Jurídico en ausencia del Oficial Mayor del Distrito Federal. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del Pilar Meza Fonseca.
Queja 113/2013. Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en representación del Jefe de Gobierno. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del Pilar Meza Fonseca.
Queja 122/2013. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. 17 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito comisionado como Magistrado de Circuito. Secretario: Óscar Alvarado Mendoza.
Queja 161/2013. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 17 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez de Distrito comisionado como Magistrado de Circuito. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán.
Queja 188/2013. Subtesorero de Administración Tributaria de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretario: Antonio Prats García.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2005992
Tesis: II.3o.A.99 A (10a.)
RENTA. DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS “PRESUNCIÓN DE INGRESOS” Y “PRESUNCIÓN DE UTILIDADES”, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). La “presunción de ingresos” es una facultad de la autoridad tributaria que opera al nivel de los “ingresos acumulables”, para calcular la base del impuesto sobre la renta; es decir, una vez realizada la determinación presuntiva se adicionarán los ingresos presuntos a los acumulables, para obtener la base, aplicar la tasa correspondiente y determinar la cantidad que corresponderá pagar al contribuyente, mediante el procedimiento a que se refiere el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. En cambio, la “presunción de utilidades” se aplica sobre “ingresos brutos” declarados, y dependiendo de la actividad a la que se dedique el contribuyente de que se trate, se aplicará el porcentaje que se prevea en cada caso, de conformidad con el artículo 90 del ordenamiento mencionado; diferencias determinantes al revisar la legalidad de los actos de autoridad relacionados con estas dos modalidades diferentes de presunción.
Registro: 2006076
Tesis: I.13o.A.4 A (10a.)
RENTA. LA ILEGALIDAD EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL COEFICIENTE APLICABLE PARA DETERMINAR PRESUNTIVAMENTE LA UTILIDAD FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, DA LUGAR A UNA NULIDAD PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA, SIEMPRE QUE SUBSISTA LA LEGALIDAD DE LA HIPÓTESIS NORMATIVA QUE MOTIVA ESA DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). El citado precepto establece que las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda de acuerdo con las actividades en él indicadas. Ahora, cuando la autoridad fiscal fundamenta ilegalmente el coeficiente aplicable pero subsiste la legalidad de la hipótesis normativa que motiva la determinación presuntiva -por ejemplo, alguna de las previstas en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación-, lo conducente es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada, de considerarlo oportuno, aplique el coeficiente debido, y no lisa y llana. Ello, en razón de que, si bien es cierto que la ilegalidad apuntada deriva de que la autoridad demandada dejó de aplicar la disposición debida -la que prevé el coeficiente aplicable-, también lo es que esa norma inaplicada no se refiere al fondo del asunto, el cual se circunscribe a la actualización de alguno de los supuestos que permiten la determinación presuntiva de la utilidad fiscal. En otras palabras, la ilegal fundamentación del coeficiente aplicable, de los establecidos en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, únicamente influye en el monto del crédito a pagar por el contribuyente, pero no implica que éste quede eximido de realizar ese pago, pues la actualización de alguna de las hipótesis que permite la determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los contribuyentes y, posteriormente, la determinación del crédito, queda intocada.
Amparo directo 653/2013. Conjuntos Habitacionales de Tamaulipas, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Mariana Aguilar Aguilar.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 261/2013. Bodega Mayorista de Muebles, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Iván Gabriel Romero Figueroa.
Registro: 2006023
Tesis: 2a./J. 12/2014 (10a.)
CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PUEDE DESVIRTUARSE SU VALOR PROBATORIO CUANDO NO SE ASIENTA QUE EL TRABAJADOR FUE DADO DE ALTA PARA UN DETERMINADO PATRÓN, Y EL DERECHOHABIENTE ACREDITA ESE EXTREMO EN EL JUICIO LABORAL CON LOS AVISOS DE ALTA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 39/2002 y 2a./J. 176/2009 (*), estableció que el certificado de derechos emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene valor probatorio “pleno”, pero que no es absoluto ni genera una presunción de pleno derecho, por lo que el alcance probatorio de los datos ahí asentados puede controvertirlo el trabajador y desvirtuarlo con prueba en contrario. Lo anterior se traduce en que si bien, en principio, como regla general, sería innecesario que el Instituto, a fin de acreditar los derechos de los asegurados, exhiba los avisos de alta y baja o el pago de las cuotas respectivas, ello sí habría sido conveniente haberlo hecho cuando existan elementos de prueba que eventualmente pongan en entredicho la veracidad de los datos asentados en la certificación, pues en tal caso el certificado no tendrá pleno valor probatorio en la parte conducente. Consecuentemente, los registros de inscripción o altas ofrecidos por el trabajador asegurado en un juicio laboral pueden llegar a desvirtuar el contenido del citado certificado cuando en éste no se dé noticia de las afiliaciones o registros que dichas altas revelan, al ponerse en duda, en esa parte, la fidelidad de la certificación, en tanto el Instituto tiene el deber de registrar las altas al régimen de seguridad social. Máxime que aun cuando esos registros o avisos de inscripción no permiten determinar si la omisión de asentarlos en el certificado de derechos se debió a una conducta indebida, a un yerro, o a la inexistencia de semanas de cotización, tales avisos pueden desvirtuar, en parte, el valor probatorio pleno de la certificación, al revelar que el trabajador fue inscrito en las fechas señaladas en los avisos de alta, debiendo valorarse como legalmente corresponda atendiendo a cada caso concreto, considerando, ante todo, que el Instituto tiene la carga de la prueba respecto de las cotizaciones de los trabajadores que sirven de base salarial para determinar la cuantificación de las pensiones previstas por la Ley del Seguro Social.
Contradicción de tesis 380/2013. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 215/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 51/2011 y 50/2013.
Tesis de jurisprudencia 12/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de enero de dos mil catorce.
Nota: (*) Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/2002 y 2a./J. 176/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 271, con el rubro: “SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.” y Tomo XXX, noviembre de 2009, página 425, con el rubro: “CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LOS HECHOS COMPRENDIDOS EN ÉSTE FORMAN PARTE DE LA LITIS Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE CONTROVIERTE EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, SU VALOR PROBATORIO NO ES ABSOLUTO SINO SUSCEPTIBLE DE DESVIRTUARSE CON OTRA PRUEBA.”, respectivamente.
Registro: 2005829
Tesis: XVIII.4o. J/4 (10a.)
Página: 1281
CONSTANCIAS DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA Y FONDO DE AHORRO. NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN CUANDO SE RECLAME SU EXHIBICIÓN. Al analizar el tema relativo a la inscripción retroactiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia 2a./J. 3/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1082, de rubro: “SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO.”, la que aplicada por mayoría de razón al supuesto en el que se reclamen las constancias de aportaciones, no sólo en materia de seguridad social sino, además, las relacionadas a vivienda y fondo de ahorro, lleva a considerar que, al analizar su procedencia, no puede estimarse su prescripción, ya que su cumplimiento durante la vigencia del vínculo contractual es de tracto sucesivo, lo que constituye una serie de derechos adquiridos; pues, de estimarse lo contrario, quedarían sin solución ciertos derechos que pudieran haberse generado durante la existencia de aquélla, los cuales conservaría el trabajador si hubiese sido derechohabiente de las instituciones de seguridad social, a saber: el reconocimiento de semanas cotizadas que, conjuntamente con otros requisitos, podrían dar lugar, mediata o inmediatamente, a la asignación de alguna de las pensiones instituidas en la ley; la de ser titular de una cuenta individual con la subcuenta de ahorro para el retiro, con todos los derechos inherentes de mantener depositadas en su cuenta individual, en la subcuenta de ahorro y en la de vivienda, aportaciones que el patrón hubiera enterado y, excepcionalmente, verse favorecido con alguno de los créditos o beneficios implantados en materia de vivienda, hasta antes de llegar a retirar los fondos de tales subcuentas, o bien, que a su fallecimiento, sus beneficiarios reciban los saldos correspondientes; e incluso, sumarlas a las aportaciones que otros patrones hubieran realizado antes o después de aquella relación.
Amparo directo 758/2012. Juan Hernández García. 15 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretaria: María Teresa Aguilar Lombard.
Amparo directo 30/2013. 19 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretaria: Cristina Reyes León.
Amparo directo 211/2013. Arminda Sánchez Sánchez. 24 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Edna Viridiana Rosales Alemán.
Amparo directo 327/2013. Paloma Hernández Castro. 12 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Edna Viridiana Rosales Alemán.
Amparo directo 876/2012. José Cruz Sánchez González y otros. 3 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León.
Registro: 2006024
Tesis: 2a./J. 17/2014 (10a.)
CONVENIO LABORAL SUSCRITO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN. LAS MANIFESTACIONES DEL APODERADO DE LA DEMANDADA, AUN CUANDO AQUÉL NO SE HAYA RATIFICADO POR LA TRABAJADORA, CONSTITUYEN CONFESIÓN EXPRESA Y ESPONTÁNEA. El artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo establece que se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y actuaciones del juicio; y, por actuaciones judiciales, desde un punto de vista objetivo, deben entenderse todas las constancias judiciales escritas y fehacientes de los actos realizados en un procedimiento judicial. Ahora, si bien en la etapa de conciliación no existe contienda porque su finalidad primordial es que las partes lleguen a una solución que ponga fin a la controversia laboral, no puede soslayarse que en esa fase, éstas también realizan actos jurídicos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, como sucede en el caso de la suscripción de un convenio que tenga como propósito terminar el juicio. Por tanto, con independencia de que el acuerdo de voluntades llegue a concretarse con la ratificación de la parte trabajadora, las manifestaciones del apoderado de la persona física o jurídica demandada contenidas en esa actuación judicial sí constituyen una confesión expresa y espontánea, que debe considerarse en el juicio sin necesidad de ser ofrecida como prueba por las partes, en términos del artículo citado. En consecuencia, si en el convenio suscrito por los apoderados de la parte actora y de la persona física o jurídica demandada, el de esta última realiza manifestaciones que hagan presumir el reconocimiento de un vínculo jurídico con la parte trabajadora, dichas expresiones constituyen una confesión expresa y espontánea para tener por acreditada la relación de trabajo entre las partes, salvo prueba fehaciente en contrario.
Contradicción de tesis 450/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-115
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN MATERIA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN LAS QUE SE DETERMINEN DIVERSOS CRÉDITOS FISCALES.- Tratándose de los juicios promovidos en el Procedimiento Contencioso Administrativo Federal en contra de las resoluciones administrativas que emitan las autoridades dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las que se determinen diversos créditos fiscales, se deberá tomar en cuenta el monto de cada crédito para efectos de su cuantía y determinación de la procedencia de la vía en que se tramitará, por lo que si el monto de cada crédito no excede de cinco veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal elevado al año, sin accesorios ni actualizaciones, su tramitación deberá realizarse por la vía sumaria de conformidad con el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con lo dispuesto en el penúltimo párrafo de dicho precepto legal, en aras de velar y respetar el derecho humano de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior es así, toda vez que la vía sumaria tiene como objetivo primordial permitir al órgano encargado de tramitar y resolver la controversia sometida a su jurisdicción, una mayor celeridad en los asuntos que impliquen una cuantía baja o bien, que por su materia sean de una menor complejidad, es por ello que si el penúltimo párrafo del artículo 58-2 en cuestión prevé que, cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas en el artículo 58-2 referido, no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de la vía sumaria, en este sentido es inconcuso que se actualiza dicho supuesto para el caso de este tipo de resoluciones que contienen diversos créditos fiscales divididos en periodos determinados, cuyos importes se encuentran plenamente identificados y que por sus características, constituyen actos de los previstos en las fracciones I y III del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que aun y cuando las autoridades determinen créditos fiscales en una sola resolución y su adeudo pueda o no ser originado del mismo hecho, sus importes no deberán sumarse para efectos de calcular la cuantía del asunto, al tratarse de una pluralidad de determinaciones contenidas en una sola resolución que por su propia naturaleza jurídica, forma de causación y pago deben ser considerados cada uno de manera individual y, así dilucidar la vía en que deberá ser tramitado el juicio.
Contradicción de Sentencias Núm. 13374/13-17-04-9/Y OTRO/1626/13-PL-10-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de enero de 2014, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/16/2014)
VII-P-1aS-829
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA PERSONA MORAL MEXICANA, RESPECTO DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENTRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.- El artículo 26 fracción XI, del Código Fiscal de la Federación, dispone que será responsable solidaria la sociedad que inscriba en el registro o libro de acciones a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido o enterado el impuesto sobre la renta causado en la enajenación de acciones. Por su parte, los artículos 179 y 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007, disponen que están obligados al pago del impuesto sobre la renta los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por la enajenación de acciones, cuando el emisor de las acciones sea una persona residente en México, recayendo en el adquirente de las acciones la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta, cuando el enajenante de las mismas tenga la calidad de residente en México o de residente en el extranjero con establecimiento permanente en nuestro país. Consecuentemente, la responsabilidad solidaria de la sociedad cuyas acciones fueron enajenadas, está sujeta al cumplimiento de una condición, a saber, que exista la obligación a cargo del adquirente de las acciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta en términos del artículo 190 párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, numeral que únicamente irroga tal obligación tratándose de aquellos adquirentes o nuevos accionistas que tengan la calidad de residente en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente, mas no a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12670/12-17-05-12/1013/13-S1- 02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2013, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-1aS-867
ANEXOS DE LAS ACTAS DE VISITA RELATIVAS A LA COMPULSA A TERCEROS RELACIONADOS CON EL CONTRIBUYENTE VISITADO. SI NO SON TOMADOS EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, RESULTA INTRASCENDENTE QUE LA AUTORIDAD LOS HAGA DEL CONOCIMIENTO DE ÉSTE.- Si bien es cierto que el Pleno de la Sala Superior, de manera reiterada, ha sostenido en diversas tesis que la autoridad fiscal está obligada a dar a conocer al contribuyente visitado, los resultados obtenidos de las compulsas efectuadas con terceros relacionados con él, debiendo para ello hacerle entrega de las actas de visita correspondientes y de los anexos de éstas, a efecto de que manifieste sus observaciones y ofrezca las pruebas documentales pertinentes para desvirtuarlos; también lo es que si de este medio de verificación no se desprende ninguna irregularidad, o bien los resultados de las compulsas no son tomados en cuenta al momento de la determinación del impuesto, resulta irrelevante el que no se hayan hecho del conocimiento del contribuyente.
V-P-1aS-263
Juicio No. 14254/01-17-01-9/124/02-S1-03-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de marzo de 2005, por unanimidad de 4 votos a favor.-Magistrada Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta Di Gregorio.- Secretario: Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de marzo de 2005)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 54. Junio 2005. p. 286
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5669/11-11-02-2/559/13-S1-01-
04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2014, por
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez
Hernández.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
VII-P-2aS-457
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, SI EN ELLA SE UTILIZAN LOS BIENES POR CUYO USO O GOCE TEMPORAL SE OBTIENEN INGRESOS, LA FUENTE DE RIQUEZA SE ENCUENTRA EN TERRITORIO NACIONAL.- Si bien es cierto que conforme al artículo 42 constitucional la zona económica exclusiva no forma parte del territorio nacional, también lo es que conforme al artículo 27 octavo párrafo, de la propia Carta Magna, la Nación ejerce en esa zona situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso, siendo que para efectos fiscales es el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación el que da un tratamiento específico a esa zona, al precisar que se entiende parte de México, país y territorio nacional, por tanto, si el artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que en los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando tales bienes se utilicen en el país, en él está considerada la zona económica exclusiva, sin que sea óbice que el artículo 46 de la Ley Federal de Mar establezca que la Nación ejerce en la referida zona derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, pues ello en modo alguno es contradictorio con lo señalado en el citado artículo 8º del Código Fiscal, ya que las disposiciones de este ordenamiento operan en el ámbito tributario, y sin que esa interpretación riña además con los preceptos constitucionales en cita, en la medida en que nuestra Carta Magna no prohíbe que sean gravados los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en la zona económica exclusiva.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 226/13-16-01-1/1276/13-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
VII-P-2aS-458
VISITA DOMICILIARIA.- CUANDO SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA, RESULTA VÁLIDO QUE EL VISITADOR ACTUANTE ASÍ LO HAGA CONSTAR EN EL ACTA DE VISITA CORRESPONDIENTE.- De lo establecido en el artículo 46, fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2005, cuyo contenido substancial es idéntico al actualmente en vigor, se desprende que el visitador designado para practicar una visita domiciliaria, se encuentra autorizado para levantar actas parciales o complementarias a fin de hacer constar en forma circunstanciada hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita. Por su parte, el artículo 46-A del mismo Código establece los plazos máximos en que la autoridad debe concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal del contribuyente, así como los casos en que dichos plazos se suspenderán. De acuerdo con lo anterior, si el visitador al practicar una visita domiciliaria tiene conocimiento de que se ha actualizado alguno de estos casos por los que se suspende el plazo para concluirla, resulta válido que así lo haga constar en el acta de visita correspondiente, pues de esa manera se justifica el impedimento legal que tiene para continuar con el procedimiento de fiscalización, sin que sea necesario que para ello medie mandamiento escrito de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa que así se lo ordene, pues amén de que no existe precepto legal alguno que así lo determine, es suficiente que se actualice la hipótesis normativa para que se suspenda el plazo para concluir la visita domiciliaria, ya que dicha suspensión opera por disposición expresa de la ley.
VI-P-2aS-606
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1421/07-12-02-9/1268/08-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión del 10 de agosto de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 410
VII-P-2aS-167
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 649/10-12-03-9/2454/10-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 154
VII-P-2aS-317
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 649/10-12-03-9/2454/10-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de febrero de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de febrero de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 390
VII-P-2aS-318
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 498/11-12-03-9/1545/11-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de febrero de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de febrero de 2013)
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8633/11-06-02-7/688/13-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alin Paulina Gutiérrez Verdeja.
DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN OMITIDA. PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA LIQUIDACIÓN QUE LA CONTIENE DEBE ESTABLECER LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS.- En la ejecutoria dictada en Contradicción de tesis 418/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para que una liquidación se encuentre debidamente fundada y motivada, respecto de los recargos, la autoridad fiscal competente deberá indicar en forma detallada el procedimiento que siguió para determinar su cuantía, lo que implica que además de especificar pormenorizadamente la forma en que llevó a cabo las operaciones aritméticas aplicables, detalle claramente las fuentes de las que derivaron los datos necesarios para realizar tales operaciones, de manera que se genere certidumbre en el gobernado sobre la forma en que se obtuvo la cuantía correspondiente. Por tanto, debe considerarse, con mayor razón, que para la liquidación del impuesto al valor agregado y del derecho de trámite aduanero, la autoridad se encuentre constreñida a establecer las operaciones aritméticas de las que derivan los valores determinados por dichos conceptos, además, de los preceptos legales que la sustente, para cumplir con la debida fundamentación y motivación establecida en los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
VII-P-2aS-464
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EL NOMBRE DEL REGISTRO CONTABLE CON EL QUE LO CITE EL CONTRIBUYENTE, NO CAMBIA LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA OPERACIÓN.- El artículo 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece que los contribuyentes que efectúen enajenaciones a plazo con pago diferido o celebren contratos de arrendamiento financiero, cuando opten por diferir la causación de contribuciones, conforme a las disposiciones fiscales respectivas, deberán llevar en su contabilidad registros que permitan identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden, lo cual es acorde a lo establecido por los artículos 28 del código citado y 26 del propio reglamento de que se trata. Por tanto, cuando un contribuyente denomine de forma equivocada la cuenta en la que registra los movimientos del arrendamiento financiero que celebra, ello no cambia la naturaleza jurídica de la operación, pues basta que dicho registro pueda ser plenamente identificable con la supracitada operación, acto o actividad de que se trate y esté soportada con la documentación correspondiente de la que se advierta que efectivamente se trata de operaciones de arrendamiento financiero.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1691/11-06-02-8/1232/12-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de octubre de 2013)
VII-P-2aS-465
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA ENAJENACIÓN DE BIENES NO SE PERFECCIONA HASTA QUE NO SE CONSIDERE COMO OPCIÓN TERMINAL LA VENTA DEL BIEN ARRENDADO.- De acuerdo a lo previsto por los artículos 14, fracción IV y 15 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los numerales 25 y 27 de la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se entiende por enajenación de bienes, la que se realiza mediante el arrendamiento financiero, el cual para efectos fiscales, se debe realizar a través de un contrato, por medio del cual una organización auxiliar de crédito, denominada arrendadora financiera, se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso y goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose esta a pagar una prestación- que se liquidará en pagos parciales, según convenga- una cantidad de dinero determinado o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato, alguna de las siguientes obligaciones terminales: compra de los bienes, prórroga del contrato o participación en el precio de venta de los bienes; por tanto, si la finalidad del arrendamiento financiero es otorgar el uso y goce de la cosa objeto del contrato, pero también constituye una forma de financiamiento, ya que el arrendatario cuenta, entre otros, con la posibilidad de adquirir la propiedad del bien arrendado, en el caso de que se venda, siendo hasta este momento cuando se perfecciona la enajenación del bien mediante el arrendamiento financiero, en los términos previstos por la fracción IV del numeral 14 del Código citado.
Juicio No. 100(14)23/98/4238/97.- Resuelto por la Segunda Sección de
la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 8 de
septiembre de 1998, por mayoría de 4 votos a favor y 1 más con los resolutivos.-
Magistrado Ponente: Dr. Gonzalo Armienta Calderón.- Secretario:
Lic. José Antonio Rodríguez Martínez.
Juicio No. 13520/98-11-10-2/99-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección
de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 27 de
enero del 2000, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. Miguel Ángel Luna Martínez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de enero del 2000)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año III. No. 23. Junio 2000. p. 121
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4488/13-17-08-11/1546/13-S2-
06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de diciembre de
2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo
Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
VII-CASR-2HM-8
RECHAZO DE DEDUCCIONES, DETERMINACIÓN DE RETENCIONES NO EFECTUADAS Y RECHAZO DE ACREDITAMIENTOS. ES ILEGAL AQUEL QUE SE REALIZA CON BASE EN COMPROBANTES QUE NO AMPARAN SERVICIOS PROFESIONALES.- De conformidad con los artículos 120, fracción II y 127, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 26, fracción I, 31, fracciones III y V, del Código Fiscal de la Federación, 6º, fracciones III y IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, 1-A, fracción II, inciso a), 4º, párrafos primero y segundo, 5º, fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (vigentes en dos mil ocho y dos mil nueve); las personas morales a quienes se presten servicios profesionales –entiéndase por personas físicas deberán realizar la retención correspondiente a dicha persona del impuesto sobre la renta y/o impuesto empresarial a tasa única, por tales actividades y solo así será procedente la deducción de dicho gasto y/o el acreditamiento del impuesto de que se trate. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120, fracciones I y II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en los años dos mil ocho y dos mil nueve, los servicios profesionales se diferencian de las actividades empresariales en general, en la medida que estos últimos son proporcionados por empresas y/o personas físicas con actividad empresarial, además de que, en todo caso, los documentos comprobatorios que se expiden se tratan de facturas, no así de recibos de honorarios, últimos que son los comprobantes que expiden las personas físicas bajo el régimen de servicios profesionales, y sobre todo, porque los primeros son proporcionados por una persona física (individuo) de manera autónoma, quien se entiende será la beneficiaria de la prestación de dicho servicio, es decir, quien recibirá de manera directa la remuneración, ello a su vez, por haber prestado de forma directa su servicio. En esta tesitura, es posible colegir que solo si se demuestra que los comprobantes que amparan la operación, acreditan que a través de estos se proporcionaron servicios profesionales a la persona moral, esto es, que fueron proporcionados por una persona física (individuo) de manera autónoma, quien se entiende será la beneficiaria de la prestación de dicho servicio, es decir, quien recibirá de manera directa la remuneración, ello a su vez, por haber prestado de forma directa su servicio; es que procederá legalmente, el rechazo de las deducciones, determinación de retenciones no efectuadas, o bien, el rechazo de acreditamientos, pues de otra manera, debe considerarse ilegal la determinación que se haga de tales conceptos, cuando los comprobantes correspondiente, además de ser facturas, no amparen servicios profesionales, bajo las características antes señaladas.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2019/13-11-02-2-OT.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de enero de 2014.- Sentencia: por mayoría de votos.- Criterio: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.
VII-CASR-2HM-9
SERVICIOS PROFESIONALES. A DIFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, AQUELLOS SE PRESTAN DE MANERA DIRECTA POR LA PERSONA FÍSICA (INDIVIDUO), DE MANERA AUTÓNOMA Y QUIEN ADEMÁS RECIBE DE FORMA DIRECTA LA REMUNERACIÓN RESPECTIVA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 120, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente en los años dos mil ocho y dos mil nueve), debe entenderse como prestación de un servicio profesional, aquel que derive de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I, de dicho título (servicio personal subordinado o asimilables a salario). De tal suerte que, por antonomasia, el servicio profesional, es personal e independiente, entendiéndose por lo primero, lo “perteneciente o relativo a la persona” (individuo de la especie humana) y por lo segundo, “que no tiene dependencia, que no depende de otro”, es decir, que es “autónomo” (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 22ª edición, consultado a través de la página en internet www.rae.es). En este contexto fiscal, los servicios profesionales se han entendido como aquellos proporcionados por las personas físicas, que proporcionen trabajos profesionales de manera independiente y que por ello expidan recibos de honorarios, de conformidad con los requerimientos que para tales efectos exige el artículo 38 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuestión que el propio Servicio de Administración Tributaria corrobora, a través de su página en internet (www.sat.gob.mx). En las anotadas consideraciones, los servicios profesionales se diferencian de las actividades empresariales en general, en la medida que estos últimos son proporcionados por empresas y/o personas físicas con actividad empresarial, tal como lo establece la fracción I, del citado artículo 120, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para los años de dos mil ocho y dos mil nueve, además de que, en todo caso, los documentos comprobatorios que se expiden se tratan de facturas, no así de recibos de honorarios, estos últimos que son los comprobantes que expiden las personas físicas bajo el régimen de servicios profesionales, y sobre todo, tal como se ha referido, porque los primeros son proporcionados por una persona física de manera autónoma, quien se entiende será la beneficiaria de la prestación de dicho servicio, es decir, quien recibirá de manera directa la remuneración, ello a su vez, por haber prestado de forma directa su servicio.
VII-CASA-III-18
INGRESOS DE LOS SOCIOS ASIMILABLES A SALARIOS. LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR QUE EXISTEN Y QUE EL CONTRIBUYENTE DEBIÓ EFECTUAR LAS RETENCIONES Y ENTEROS DE LOS MISMOS.- Conforme al artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Autoridad Fiscal enjuiciada se encuentra obligada a acreditar en juicio los hechos constitutivos o de los que deriven sus excepciones; en consecuencia, en el acto administrativo impugnado debe fundarse y motivarse, si la persona moral no acreditó que los ingresos señalados por la autoridad sean de los exentos previstos en el artículo 81, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino ingresos de los socios asimilables a la prestación de un servicio personal subordinado (asimilables a salarios), por los que la persona moral fiscalizada debió efectuar retenciones y enteros de dicha contribución, en términos de los artículos 110 y 113, tercer párrafo, en relación con el artículo 81, fracción III, de la ley en cita; es decir, debe fundar y motivar que se trata de ingresos de la cuenta de utilidad gravable sujetos a considerarlos como anticipos y rendimientos otorgados a los socios y, por ende, sujetos a la señalada fracción III, del artículo 81, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; incluso, de ser así, hasta por presunción legal; ya que en el caso contrario, resultará correcta la “toma” de esos ingresos por la persona moral para repartirlos entre sus socios en los términos y límites establecidos en el último párrafo del artículo 81 y 109, fracción XXVII, de la citada ley de la materia por ser ingresos exentos, por lo que no habrá causa para considerar una afectación al Fisco Federal, ni impedimento para que dichos socios los reciban; en los términos y con los límites del artículo 109, fracción XXVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin tener que concebirlos como rendimientos o anticipos asimilados a salarios, respecto de los cuales se tendrían que haber efectuado y enterado las retenciones relativas, por lo que lo atinente en este último caso, sería declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos de los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2015/12-TSA-1.- Expediente de origen Núm. 1479/12-03-01-2.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de octubre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. José Luis Lee Elías.
VII-CASA-III-19
INGRESOS EXENTOS DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA ACCIONANTE DEBE ACREDITAR SU EXISTENCIA.- Conforme al artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la impetrante de nulidad cuya pretensión sea el que se le reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, debe probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación de este; es decir, se encuentra obligada a acreditar en juicio los hechos constitutivos de su acción; en consecuencia, debe acreditar que los ingresos detectados por la autoridad fiscal, son ingresos exentos de los previstos en el artículo 81, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin que sea suficiente que manifieste que se trate de ingresos de los socios asimilables a la prestación de un servicio personal subordinado (asimilables a salarios) por los que deba hacerse retenciones y enteros de dicha contribución por la persona moral, en términos de los artículos 110 y 113, tercer párrafo, relacionados con el artículo 81, fracción III, todos de ley en cita.
VII-CASA-III-21
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL CARÁCTER DE RETENEDOR EN LA “INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES”, NO PUEDE PREJUZGARSE EN LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE, Y BASTA CON QUE EL OBJETO DE ESTAS SEA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES COMO SUJETO DIRECTO.- El carácter de retenedor del impuesto sobre la renta, solo se puede presumir, como eventualidad, según el catálogo de obligaciones contenido en el documento “Inscripción en el R.F.C.”, al ser un acontecimiento futuro de realización incierta y no es sino hasta que se practica una facultad de comprobación de visita domiciliaria o revisión de gabinete, cuando se obtiene la certeza de la materialización de tal carácter de retenedor y la causación de la obligación de determinar, retener y enterar los pagos provisionales o anuales, relativa a sueldos, salarios por la prestación de un servicio personal subordinado y asimilados a estos; ya que toda persona económicamente activa y legalmente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes, como ente pasivo de la relación tributaria, es sujeto directo de dicho impuesto, más no todo sujeto directo del impuesto tiene un carácter de retenedor y los ejemplos se multiplicarían; ergo, el aspecto medular lo es que no sería sino hasta el ejercicio de una facultad de comprobación, cuando la autoridad tendría la certeza de que siendo sujeto directo, es a su vez un retenedor obligado en relación a terceros vinculados con él, por los conceptos señalados y, en consecuencia, obligada a enterar dichas retenciones; de ahí que, aun cuando en el alta ante el registro en mención quede inscrita dicha obligación como retenedor por sueldos, salarios o asimilados, es imposible e incorrecto que una fiscalizadora pueda apriorísticamente tener conocimiento acerca de si un contribuyente afecto sujeto a revisión, es también efectivamente un retenedor, pues como hipótesis legal, solo se actualiza cuando se realiza la situación jurídica o de hecho prevista por la norma, conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, aun y cuando pudiera presumirse tal carácter, por ser una sociedad, pero esta última presunción, no sería legalmente dable a la autoridad; por lo anterior, un argumento de que la orden de visita domiciliaria o revisión de gabinete no estableció que se iba a efectuar una revisión del contribuyente para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones en su carácter de retenedor del impuesto por el ejercicio revisado, sino solo como sujeto directo, resultaría parcialmente cierto y fundado, pero insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada.
VII-CASA-III-23
INGRESOS. PARA QUE SEA VÁLIDA SU DETERMINACIÓN PRESUNTIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA AUTORIDAD FISCAL DEBERÁ ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL 3% SOBRE EL MONTO DE LO DECLARADO, EN EL EJERCICIO.- Del artículo 55, párrafo primero, fracción III, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las autoridades fiscales están facultadas por el Legislador para determinar de manera presuntiva, entre otros supuestos, los ingresos de los contribuyentes por los que deban pagar contribuciones, en el supuesto en que ocurra entre otras irregularidades la omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio o se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. Esto es, la expresión empleada por el Poder Legislativo para dotar a la autoridad fiscal de la facultad presuntiva para conocer de los ingresos de los contribuyentes revisados, implica que en cada caso debe prevalecer la obligación individualizada de la autoridad de acreditar la existencia del 3%, por cada una de las hipótesis especificadas o individualizadas en la propia norma legal, según sea el caso en que se apoye la autoridad. Es decir, el numeral en estudio debe leerse bajo una lógica jurídica, de que si bien la autoridad fiscal podrá determinar de forma presuntiva los ingresos por los cuales está obligado el contribuyente al pago de las contribuciones, cuando el sujeto obligado incurra en: a).- omisión del registro de operaciones; b).- ingresos o compras y, c).- así como alteración del costo. Es importante establecer que lo anterior es, bajo la condición de que los supuestos antes enunciados sean por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio, lo anterior es así, pues de manera clara la norma jurídica fiscal distingue que los diversos supuestos allí previstos, están claramente condicionados que para su aplicación, exista una omisión sobre la base del 3% de lo declarado en el ejercicio, de modo contrario, no haría legalmente procedente que la autoridad fiscal aplicara dicha determinación presuntiva sin cumplir con el mandato legislativo de que, cualquiera de los supuestos en que se apoye, como en el caso de los ingresos, no correspondan al 3% de los declarados en el ejercicio.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 684/13-TSA-9.- Expediente de origen Núm. 1856/12-06-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de enero de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Justino Manuel González González.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE ABRIL 2014
BOLETÍN INFORMATIVO: NOVIEMBRE 2013