Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/32612/ley-11-2010-de-2-de-noviembre-de-ordenacion-del-transporte-maritimo-de-las-illes-balears
Timestamp: 2018-02-24 23:25:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 8', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 3', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 28']

Ley 11/2010, de 2 de noviembre, de ordenación del transporte marítimo de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 11/2010, DE 2 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DEL 13)
Capítulo II. Régimen de prestación de los servicios de transporte marítimo (Arts. 5 a 22)
Sección 1.ª Principios (Arts. 5 y 6)
Art. 5. Libertad de prestación: limitaciones y condicionantes
Art. 6. Buques
Sección 2.ª Régimen jurídico general de la actividad (Arts. 7 a 13)
Art. 7. Comunicación previa
Art. 8. Requisitos para ejercer la actividad
Art. 9. Incumplimiento de los requisitos
Art. 10. Registro Balear de Navieros
Art. 11. Obligaciones de información
Art. 12. Modificación de las condiciones de prestación de los servicios
Art. 13. Causas de imposibilidad legal
Sección 3.ª Régimen jurídico de la actividad en casos especiales (Arts. 14 a 20)
Art. 14. Establecimiento de líneas de interés estratégico
Art. 15. Obligaciones específicas
Art. 16. Establecimiento de obligaciones de servicio público
Art. 17. Régimen de autorización previa
Art. 18. Requisitos particulares para obtener la autorización previa
Art. 19. Contenido de la autorización previa
Art. 20. Procedimiento de otorgamiento de la autorización
Sección 4.ª Contratos de obligación de servicio público (Arts. 21 y 22)
Art. 21. Adjudicación y naturaleza
Capítulo III. Régimen particular de los transportes marítimos con finalidad turística o recreativa (Arts. 23 y 24)
Art. 23. Régimen del transporte marítimo de pasajeros de carácter turístico o recreativo
Art. 24. Normas de esta ley aplicables a este tipo de transporte marítimo
Capítulo IV. Derechos y obligaciones de los pasajeros (Arts. 25 a 27)
Art. 25. Derechos
Art. 26. Reclamaciones
Art. 27. Obligaciones
Capítulo V. Derechos específicos para los residentes en la isla de Formentera (Art. 28)
Art. 28. Derechos de los residentes empadronados en Formentera
Capítulo VI. Las potestades administrativas de control, inspección y sanción (Arts. 29 a 44)
Sección 1.ª Control y seguimiento (Arts. 29 y 30)
Art. 29. Medidas de control
Art. 30. Documentos de control
Sección 2.ª Inspección (Arts. 31 y 32)
Art. 31. Órganos de inspección
Art. 32. Ejercicio de la función inspectora
Sección 3.ª Régimen de infracciones y sanciones (Arts. 33 a 41)
Art. 33. Clases de infracciones
Art. 34. Infracciones leves
Art. 35. Infracciones graves
Art. 36. Infracciones muy graves
Art. 37. Responsabilidad por infracciones
Art. 38. Prescripción de las infracciones
Art. 40. Prescripción de las sanciones
Art. 41. Medidas excepcionales
Sección 4.ª Procedimiento sancionador (Arts. 42 a 44)
Art. 42. Régimen jurídico y órgano competente
Art. 43. Medidas cautelares provisionales
Art. 44. Plazo máximo de resolución
Primera. Medidas de salvaguardia
Segunda. Declaración de línea de interés estratégico
tercera. Medidas para la modernización, la eficiencia y la economía administrativas
Cuarta. Medidas de fomento de implantación de sistemas de gestión de calidad ambiental
Quinta. Bonificaciones a usuarios residentes
Primera. Subsistencia de los contratos de obligación de servicio público
Segunda. Conversión de autorizaciones preexistentes
Tercera. Frecuencias horarias de los servicios de transporte entre Formentera e Ibiza
LEY 11/2010, DE 2 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DEL 13; BOE DE 20 DE DICIEMBRE)
El artículo 30.6 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece la competencia exclusiva en materia de ''transporte marítimo exclusivamente entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, sin conexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales'.
Además, este cuadro normativo se completa con la consolidada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esa libertad de prestación de servicios de transporte marítimo; la sentencia más destacada es la de 20 de febrero de 2001, dictada en el asunto C-205/99, el denominado ''caso Analir', al resolver tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento 3577/92, suscitadas en el marco de cuatro litigios contra la Administración General del Estado español promovidos, entre otros, por una naviera de las Illes Balears.
Como excepción a ese régimen general, se prevé un régimen de autorización administrativa previa y reglada, con la imposición de obligaciones de servicio público. La razón, tal como se dispone en la exposición de motivos del Reglamento 3577/1992 del Consejo, de 7 de diciembre, es que la liberalización del cabotaje marítimo puede dar lugar a situaciones de insuficiencia de las comunicaciones marítimas de las islas con el continente y de las islas entre sí.
Por ello, dicho cuerpo normativo permite que, en aquellas líneas que se consideren esenciales para garantizar el transporte marítimo regular, cuando la oferta del mercado resulte insuficiente, las autoridades competentes puedan exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público o, incluso, la suscripción de un contrato de servicio público. La necesidad de asegurar esas comunicaciones regulares esenciales es la razón de interés general que excepcionalmente legitima la restricción de la libertad de prestación. Éste es el fundamento jurídico del régimen diseñado en esta ley para los servicios que atiendan líneas de interés estratégico de transporte regular.
Excepcionalmente, cuando mediante el régimen de reparto entre todos los operadores autorizados tampoco se alcance la suficiencia de los servicios, de acuerdo con la normativa comunitaria, la ley prevé la suspensión del régimen de autorización previa y la convocatoria pública de un contrato de servicio público articulado sobre el derecho a una contraprestación económica que asegure la viabilidad de la prestación durante un período corto de tiempo, en condiciones de exclusividad. Las condiciones o los requisitos que la ley impone a este contrato -la concreción de las rutas afectadas, la obligación de la licitación pública de ámbito comunitario, la limitación temporal de la duración, así como la posibilidad de conceder una compensación económica- se basan en la Comunicación, de 22 de diciembre de 2003, de la Comisión de las Comunidades Europeas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de interpretación del Reglamento 3577/1992. Y, en cuanto a las condiciones de la contraprestación económica, se atiende a las fijadas por el Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia de 24 de julio de 2003, C-280/2000, caso ''Altmark', que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht alemán sobre la interpretación de los artículos 73 y 87 del Tratado CE y el Reglamento del Consejo 1191/69, de 26 junio de 1969, relativo a la acción de los estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, carretera y vía navegable.
Por último, conviene enfatizar que la ágil comunicación entre las Illes no es el único fin de interés público al que debe tender la ordenación del transporte marítimo. Tan importante como éste es la protección del ecosistema marino, de la fauna, de la flora y de la propia calidad de las aguas y costas del archipiélago, frente al alto riesgo de contaminación por hidrocarburos y sustancias peligrosas que supone el transporte marítimo, que ha motivado la declaración del mar Mediterráneo por la OMI como ''área especial', es decir, merecedora de normas específicas de protección más severas que otros mares.
Artículo 1. Objeto.-La presente ley regula el transporte por mar entre puertos o puntos situados exclusivamente en el litoral de las Illes Balears, sin conexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.-La presente ley se aplica a la actividad de transporte marítimo de pasajeros, de mercancías, o mixtos, en buques debidamente registrados y a cambio de una remuneración, sea directa o indirecta, con independencia de la finalidad que tenga. Por lo tanto, queda fuera del ámbito regulador el transporte con fines de recreo que se realice sin contraprestación económica.
Artículo 3. Definiciones.-A los efectos de la presente ley se entiende por:
10. Transportes marítimos de pasajeros de carácter turístico o recreativo:
aquéllos en los que la actividad de transporte se acompaña de otras actividades y servicios accesorios de carácter turístico, hostelería, ocio, educativos o de naturaleza análoga, a cambio de una contraprestación económica, con independencia de si lo es con reiteración o no del itinerario, el calendario y el horario, y de la modalidad de contratación.
Aestos efectos, tienen la consideración de líneas regulares los servicios de cabotaje que, aun sin denominarse de tal modo, se ofertan de forma general a los posibles usuarios y se prestan en condiciones de regularidad, publicidad y contratación asimilables a los servicios regulares de cabotaje.
Artículo 4. Competencia.-1. La reglamentación, ordenación y planificación del transporte marítimo entre puertos y puntos exclusivamente del litoral de las Illes Balears y de las actividades relacionadas con el mismo son competencia del Gobierno de les Illes Balears, que la ejercerá de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.
SECCIÓN 1.ª PRINCIPIOS
Artículo 5. Libertad de prestación: limitaciones y condicionantes.-1. La actividad económica de cabotaje se rige por el principio general de la libre prestación de servicios.
Artículo 6. Buques.-1. Las actividades de transporte con finalidad mercantil a las que se refiere la presente ley pueden ser realizadas únicamente por buques matriculados y abanderados en cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea o pertenecientes al Espacio Económico Europeo.
SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Artículo 7. Comunicación previa.-1. Las actividades de transporte a que se refiere el artículo 2 de la presente ley quedan sujetas en general al régimen de comunicación previa. A tales efectos, las personas interesadas deben notificar fehacientemente su voluntad de realizarlas a la consejería competente, con una antelación mínima de quince días al inicio de la actividad, y deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales preceptivos para ejercerla.
Artículo 8. Requisitos para ejercer la actividad.-1. Los requisitos para llevar a cabo servicios de transporte marítimo objeto de esta ley que deben cumplirse son los siguientes:
Artículo 9. Incumplimiento de los requisitos.-Si la consejería competente en materia de transporte marítimo constata el incumplimiento de los requisitos establecidos en el anterior artículo, una vez haya transcurrido el plazo legal de subsanación otorgado al efecto, dictará resolución motivada ordenando la prohibición del inicio del servicio o su inmediata paralización hasta que sea corregida la omisión, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.
Artículo 10. Registro Balear de Navieros.-1. Se crea el Registro Balear de Navieros como registro público de carácter administrativo, de ámbito autonómico y de acceso libre, cuya gestión corresponde a la consejería competente en materia de transportes marítimos.
Artículo 11. Obligaciones de información.-1. Las empresas inscritas en el Registro Balear de Navieros deben facilitar al Gobierno los datos y la información de los servicios de transporte marítimo necesarios para el control, la gestión y las estadísticas sobre estas actividades.
Artículo 12. Modificación de las condiciones de prestación de los servicios.-1. Con carácter general, la modificación de cualquiera de las condiciones de prestación de los servicios regulares en materia de horario o ruta será comunicada a la consejería competente en la materia con diez días de antelación.
Artículo 13. Causas de imposibilidad legal.-Son causas de imposibilidad legal de prestación del transporte marítimo:
SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD EN CASOS ESPECIALES
Artículo 14. Establecimiento de líneas de interés estratégico.-1. Se declaran de interés estratégico para las Illes Balears:
Artículo 15. Obligaciones específicas.-1. Excepcionalmente y con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno de las Illes Balears, con informe previo y favorable del Consejo Económico y Social, puede establecer obligaciones específicas singulares a las empresas navieras que prestan los servicios de cabotaje a los que se refiere esta ley, estrictamente por motivos de protección medioambiental u otras causas graves de utilidad pública o interés social que son competencia de la comunidad autónoma.
Artículo 16. Establecimiento de obligaciones de servicio público.-1. El Gobierno de las Illes Balears establecerá obligaciones de servicio público para garantizar un servicio suficiente de transporte regular interinsular de pasajeros, de mercancías o mixto, en las líneas que atienden líneas de interés estratégico de comunicación, sólo cuando en el sistema de mercado libre la oferta de los armadores comunitarios, atendiendo a sus propios intereses comerciales, no proporcione un nivel o unas condiciones de servicio adecuados.
Artículo 17. Régimen de autorización previa.-1. En el caso de estimación de insuficiencia del mercado para asegurar el servicio de una o más líneas de transporte marítimo interinsular regular, declaradas estratégicas en esta ley, la consejería competente, previo informe favorable del Consejo Económico y Social, resolverá la prestación del transporte marítimo de estas líneas por el régimen de autorización previa con la imposición de las condiciones mínimas necesarias para asegurar el servicio.
Artículo 18. Requisitos particulares para obtener la autorización previa.-El transportista que desee obtener la autorización, debe acreditar el cumplimiento de los requisitos generales para ejercer la actividad del artículo 8 de la presente ley, el cumplimiento de las condiciones que, como obligaciones de servicio público, sean fijadas reglamentariamente y, además, los siguientes requisitos particulares:
Artículo 19. Contenido de la autorización previa.-1. La autorización previa determinará qué obligaciones de servicio público, de las delimitadas reglamentariamente, deben ser cumplidas en la realización del servicio de transporte al que se refiera. El incumplimiento de estas obligaciones es causa de revocación de la autorización.
Artículo 20. Procedimiento de otorgamiento de la autorización.-1. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de otorgamiento y revocación de este título administrativo, así como la exigencia de los informes que son preceptivos.
SECCIÓN 4.ª CONTRATOS DE OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Artículo 21. Adjudicación y naturaleza.-1. Como excepción al régimen de autorización administrativa, la consejería competente puede someter a contratación de servicio público las líneas que atienden líneas de interés estratégico de transporte marítimo regular que no sirve adecuadamente ninguna empresa bajo el régimen previsto en los precedentes artículos.
Artículo 22. Contenido.-1. Los contratos de obligación de servicio público pueden comprender, entre otros, los siguientes servicios:
Artículo 23. Régimen del transporte marítimo de pasajeros de carácter turístico o recreativo.-1. El transporte marítimo de pasajeros de carácter turístico o recreativo definido en el artículo 3.10 de esta ley queda sometido al régimen de comunicación previa establecido en la sección 2.ª del capítulo II de la presente ley con las modificaciones establecidas en este capítulo. Reglamentariamente, el Gobierno puede adaptar sus exigencias a las características de cada uno de estos transportes, bien para simplificar sus requisitos, o bien para hacer efectiva la necesaria coordinación entre las administraciones y los departamentos que por razón de la actividad complementaria pueden resultar afectados.
Artículo 24. Normas de esta ley aplicables a este tipo de transporte marítimo.-Al transporte marítimo de pasajeros de carácter turístico o recreativo únicamente le son aplicables los siguientes preceptos de esta ley:
Artículo 25. Derechos.-1. Los pasajeros tienen derecho a unos servicios de transporte marítimo seguros, asequibles y de calidad. En particular a:
c) Son inexigibles las indemnizaciones previstas en este apartado 3, cuando el retraso o la cancelación hayan sido ocasionados por circunstancias excep- cionales que hayan entorpecido la ejecución del servicio de transporte y que no hayan podido evitarse, incluso tras la adopción de todas las medidas oportunas.
Artículo 26. Reclamaciones.-1. Los derechos descritos lo son sin menoscabo de los que adicionalmente les confiere la legislación de consumidores y usuarios.
Artículo 27. Obligaciones.-Los pasajeros tienen las siguientes obligaciones:
Artículo 28. Derechos de los residentes empadronados en Formentera.-1. Los residentes empadronados en Formentera tienen derecho a unos servicios mínimos de transporte marítimo de pasajeros, en días laborables, de diez frecuencias en cada sentido entre Formentera e Ibiza, y de cinco para el transporte de mercancías.
SECCIÓN 1.ª CONTROL Y SEGUIMIENTO
Artículo 29. Medidas de control.-Las empresas que realicen los servicios de transporte marítimo regulados en esta ley deben someterse a los mecanismos y a las exigencias de control que establezca la consejería competente en materia de transporte. Dicha medidas van dirigidas a comprobar la efectividad de los servicios prestados, los precios aplicados, el número de usuarios y, en general, todos los elementos que sean necesarios para el ejercicio eficaz de las competencias de planificación y ordenación del transporte marítimo.
Artículo 30. Documentos de control.-1. Las empresas navieras deben disponer en cada buque y establecimiento de un libro oficial de reclamaciones a disposición de los usuarios, debiendo remitir a las administraciones competentes en la materia una copia de todas las reclamaciones en el plazo de los diez días siguientes a su formulación.
SECCIÓN 2.ª INSPECCIÓN
Artículo 31. Órganos de inspección.-1. Los servicios de inspección de la consejería competente tienen la potestad de inspección y vigilancia de los servicios de transporte marítimo, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas en materia de inspección.
Artículo 32. Ejercicio de la función inspectora.-1. La función inspectora se ejerce de oficio, sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, o bien a petición razonada de otros órganos o en virtud de denuncia.
SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 33. Clases de infracciones.-Las infracciones administrativas reguladas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 34. Infracciones leves.-Tienen la consideración de infracciones leves:
Artículo 35. Infracciones graves.-Tienen la consideración de infracciones graves:
Artículo 36. Infracciones muy graves.-Tienen la consideración de infracciones muy graves:
Artículo 37. Responsabilidad por infracciones.-1. Las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley son responsables de las mismas.
Artículo 38. Prescripción de las infracciones.-1. El plazo de prescripción de las infracciones es de un año para las leves, de dos años para las graves y de tres años para las muy graves, contándose el plazo desde la realización del acto o la omisión infractor.
Artículo 39. Sanciones.-1. La responsabilidad declarada por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente ley conlleva la imposición de una sanción.
Artículo 40. Prescripción de las sanciones.-1. Las sanciones prescriben:
Artículo 41. Medidas excepcionales.-En los supuestos de infracciones acaecidas en el marco de contratos de servicio público, si el cumplimiento de la sanción de resolución del contrato produce un trastorno grave a la continuidad del servicio, el órgano competente suspenderá temporalmente la ejecución y ordenará que se mantenga provisionalmente la vigencia del contrato, conforme a las mismas cláusulas, hasta que se adopten medidas urgentes que eviten el referido perjuicio.
Artículo 42. Régimen jurídico y órgano competente.-1. El procedimiento para imponer las sanciones fijadas en la presente ley debe ajustarse a lo establecido en las normas de procedimiento administrativo aplicables en cada momento en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 43. Medidas cautelares provisionales.-1. Incoado el procedimiento sancionador, el órgano competente en la materia puede adoptar, a propuesta de la persona que instruye y mediante resolución motivada, las medidas cautelares provisionales que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse, para preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. La resolución que adopte la medida fijará un plazo para que el responsable adecue su actuación a la legalidad.
Artículo 44. Plazo máximo de resolución.-El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución del procedimiento sancionador es de un año desde la fecha de incoación. Transcurrido ese plazo sin que haya recaído resolución expresa, se acordará la caducidad del expediente.
Disposición adicional primera. Medidas de salvaguardia.-1. En caso de que la liberalización del transporte marítimo produzca perturbaciones graves en los transportes marítimos a los que se refiere esta ley, el Gobierno de las Illes Balears, a través de las vías necesarias, puede dirigirse a la Comisión Europea en solicitud de medidas de salvaguardia, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria.
Disposición adicional segunda. Declaración de línea de interés estratégico.-La declaración de línea de interés estratégico para líneas regulares de transporte marítimo interinsular no establecidas en el artículo 14 de esta ley corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta motivada de la persona titular de la consejería competente en materia de transporte marítimo.
Disposición adicional tercera. Medidas para la modernización, la eficiencia y la economía administrativas.-El Gobierno debe promover y facilitar el uso de la ofimática y de cuantas medidas de economía administrativa sean posibles para que la gestión administrativa sea más eficiente, y facilitar los cumplimientos formales de los administrados ante la administración y demás obligaciones como el suministro de datos, los controles documentales o las inspecciones.
Disposición adicional cuarta. Medidas de fomento de implantación de sistemas de gestión de calidad ambiental.-El Gobierno promoverá y facilitará, mediante convocatorias de ayuda pública, la implantación de sistemas de gestión de calidad ambiental en el sector del transporte marítimo que opera en los puertos y puntos del litoral de las Illes Balears.
Disposición adicional quinta. Bonificaciones a usuarios residentes.-1. A los efectos de la percepción de las bonificaciones en los transportes de viajeros establecidas por razón de la residencia en las Illes Balears, se estará al Real Decreto 1340/2007, de 11 de octubre, o a la norma que lo sustituya.
Disposición transitoria primera. Subsistencia de los contratos de obligación de servicio público.-Los contratos de obligación de servicio público vigentes a la entrada en vigor de esta ley mantienen la vigencia hasta su expiración.
Disposición transitoria segunda. Conversión de autorizaciones preexistentes.-1. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las autorizaciones otorgadas con anterioridad, excepto para las líneas declaradas de interés público, quedan convertidas en comunicaciones previas, y deben inscribirse de oficio con tal carácter en el Registro Balear de Navieros.
Disposición transitoria tercera. Frecuencias horarias de los servicios de transporte entre Formentera e Ibiza.-Hasta la aprobación de frecuencias horarias de los servicios de transporte entre Formentera e Ibiza de acuerdo con el artículo 28.3 de esta ley, las franjas horarias en cada sentido de los servicios de transporte marítimo entre Formentera e Ibiza serán como mínimo las siguientes:
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.-1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.-El Gobierno de las Illes Balears dictará las normas reglamentarias y disposiciones administrativas que requieran el desarrollo y la aplicación de esta ley en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.
Disposición final segunda. Actualización de las sanciones.-Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para actualizar anualmente las sanciones previstas en la presente ley en la cuantía que resulte de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) o del índice que lo sustituya.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.-La presente ley entra en vigor a los dos meses de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.