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Timestamp: 2017-09-20 16:38:01
Document Index: 65021902

Matched Legal Cases: ['artículo 363', 'artículo 341', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 110', 'artículo 376', 'artículo 104', 'artículo 363', 'artículo 110', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 110', 'Artículo 114', 'artículo 375', 'artículo 376', 'e contrario', 'artículo 380', 'artículo 398', 'artículo 394']

Sentencia A.P. Zamora 184/2013 de 7 de noviembre. Sociedad. Disolución. Paralización social - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Zamora 184/2013 de 7 de noviembre
Sociedad limitada: Disolución. Paralización de los órganos sociales: Discrepancias a la hora de determinar los liquidadores de la sociedad. Monopolización de la función de liquidación de la sociedad, por el administrador único con mala fe.
Rollo n.º: RECURSO DE APELACIÓN 147/2.013
N.º Procd. Civil: 405/12
Procedencia: Primera Instancia N.º 2 de ZAMORA
En la ciudad de ZAMORA, a siete de noviembre de de dos mil trece.
Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.º 405/2.012, seguidos en el JDO. 1A. INST. N.º 2 de ZAMORA, RECURSO DE APELACION (LECN) N.º 147/2013; seguidos entre partes, de una como apelante la mercantil ESTRUCTURAS METÁLICAS DUERO S.L, representada por la Procuradora D.ª ELENA ROSA FERNÁNDEZ BARRIGÓN, y dirigida por el Letrado D. CÉSAR DE NICOLAS ORDAX, y de otra como apelado D. Pedro Jesús, representado por el Procurador D. MARIANO LOBATO HERRERO y dirigido por la Letrada D.ª REBECA VAQUERO DOMÍNGUEZ.
Primero.—Por el JDO. 1A. INST. N.º 2 de ZAMORA, se dictó sentencia de fecha 12 de abril de 2013, cuya parte dispositiva, dice: "FALLO: Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el procurador D. Mariano Lobato Herrero, en nombre y representación de D. Pedro Jesús:
A.- DECLARO que la sociedad ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL DUERO S.L. se halla incursa en causa de disolución prevista en el artículo 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital;
Segundo.—Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo y, no habiéndose celebrado vista pública ni solicitado práctica de prueba, quedó el procedimiento para votación y fallo, señalándose el día 7 de noviembre 2013.
Primero.—La sentencia dictada en la instancia, una vez que estima la procedencia de la disolución de la mercantil Estructuras Metálicas del Duero SL, se centra en el tema de quien o quienes han de ser liquidadores de la misma, --única cuestión realmente controvertida en el procedimiento--; en tal sentido, considera adecuado, dadas las discrepancias existentes entre las partes, que han llevado a la disolución por paralización de los órganos societarios, nombrar liquidadores al demandante, al actual administrador de la sociedad y a un perito designado conforme al procedimiento previsto en el artículo 341 de la LEC, debiendo actuar todos ellos de manera conjunta. Entiende, para la adopción de dicha decisión, que acceder a lo solicitado por el demandado, --el cargo de liquidador lo debe ejercer el actual administrador--, implicaría trasladar las discrepancias que han conducido a la paralización de la sociedad, a la fase de liquidación de la misma.
Ante tal pronunciamiento, la representación procesal de la parte demandada interpone recurso de apelación con la pretensión de que se revoque la resolución recurrida, en el sentido de no proceder al nombramiento de liquidadores por el juzgado, al aplicarse la conversión del administrador en liquidador, según prevé el artículo 29 de los estatutos de la sociedad. Alega, a tal fin, que en el caso presente ya hay disposición estatutaria que regula el nombramiento de liquidadores de la sociedad, y a ella habrá de estarse por tanto, máxime lo dispuesto en los artículos 376 y 377 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyo tenor la intervención judicial ha de ser subsidiaria, procediendo el nombramiento por dicha vía cuando no haya voluntad o posibilidad de hacer la designación de liquidadores mediante el procedimiento ordinario de designación, pues de otro modo se afectaría al principio de autodeterminación de las sociedades mercantiles.
En suma, el objeto del debate en esta alzada, se remite a la determinación de si una vez acordada la disolución judicial de la sociedad debe ser liquidador de la misma su actual administrador, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de los estatutos y 376.1 del TRLSC, o, si por el contrario, debe mantenerse el nombramiento de liquidadores acordado por el juzgado "a quo", atendidas las relaciones existentes entre los socios.
Segundo.—La cuestión no es pacífica, pues mientras unas Audiencias Provinciales se decantan por la solución de la aplicación analógica del art 377 TRLSC, otras se pronuncian en sentido contrario. De todos modos, en el Rollo n.º 148/13 de esta Sala ya se discutió el tema al respecto de otra sociedad participada al 50% por el actor y el Administrador de la aquí demandada, indicándose en la misma lo que se refiere a continuación.
En efecto, ciertamente, la STS de 11 abril 2011, indica que no hay ninguna razón estructural ni formal para sostener, o que permita entender, que la norma del artículo 110.1 de la LSRL (equivalente al artículo 376.1 del TRLSC) no es aplicable a las causas de disolución del artículo 104.1.c de la LSRL (Actual artículo 363.1.b y c del TRLSC) --"imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento"--; y que el precepto del artículo 110.2 y 3 LSRL (actual 377 TRLSC) está previsto para unos casos perfectamente delimitados --"fallecimiento o cese del liquidador único, de todos los liquidadores solidarios, de alguno de los liquidadores que actúen colegiadamente, sin que existan suplentes"--, con los cuales no tienen similitud del supuesto general del artículo 104.1.c de la LSRL; pero también afirma que los supuestos del artículo 104.1.c en el caso concreto de dos socios con igual participación social del 50% cada uno, y claramente enfrentados, no es razón suficiente para objetar con carácter general la aplicación de la norma del artículo 110.1 de la LSRL. Puede suceder que concurriendo determinadas circunstancias objetivas (fraude; inidoneidad patente; manifiesta complejidad; imbricación de otras sociedades; etc) pueda justificarse una medida judicial, --de designación del liquidador o de intervención--, pero se trata, en todo caso, ante circunstancias excepcionales, que no se dan con desconfianzas subjetivas, o preparación de la situación mediante el ejercicio de acciones de responsabilidad social o de naturaleza penal, del resultado desconocido o incierto, por lo que basta, por lo general, la operatividad de la responsabilidad que está sujeto todo administrador-liquidador. (Artículo 114 LSRL; artículo 375.2 TRLSC).
Tercero.—En el supuesto examinado, las razones alegadas en la sentencia para el nombramiento de liquidadores de la sociedad, -- nombramiento que alcanza al actor, y al Administrador único (padre de los dos socios restantes de la sociedad, con una participación en la misma, los dos, igual a la del actor,50%) a los que se añade un tercero, y que se aleja de la estipulación estatutaria que se remite a la normativa contenida en el artículo 376.1 del TRLSC--, se consideran adecuadas al pronunciamiento que realiza, pues por un lado nombra también liquidador al administrador único, y por otro, constata que entre los dos grupos de socios, partícipes en la sociedad al 50%, hay claras discrepancias, y que el demandante se ha opuesto al nombramiento de un único liquidador, por lo que atender a las pretensiones del demandado conduciría a mantener la situación de contienda.
Asimismo, y a fin de complementar la apreciación de la instancia, debe decirse que la voluntad estatutaria era, en definitiva, que los liquidadores los designase la Junta General; y es el caso que, estando paralizada la actividad de la sociedad, requerido el administrador único para que convocarse Junta General con el objeto de disolver la sociedad, (el requerimiento data de 5 julio 2012, la demanda se interpuso en uno de octubre del mismo año, y el administrador no ha explicado la afirmación que hace en el hecho tercero de su contestación a la demanda: "en el momento actual en que se solicita la disolución entendemos que procede, no antes como se pretendía de contrario con el acta notarial de envío de carta", pues el tiempo transcurrido entre ambos momentos es muy escaso), se mostró absolutamente inactivo, sin dar explicación o razón alguna a la parte contraria, para, en conducta que no cabe amparar tampoco en esta alzada, pretender monopolizar, tras disolución judicial, la función de liquidación de la sociedad, aprovechando su condición de administrador único, y al amparo de los preceptos que cita, los cuales, es claro deben utilizarse en defensa de derechos con arreglo al principio de buena fe.
Por último, el recurso no puede prosperar, pues permitiendo el artículo 380 del TRLSC que los liquidadores puedan ser cesados por el juez por justa causa a petición de socios que representen la vigésima parte del capital social, en este caso no es que se pida el cese en por la 20.ª parte, sino que se pide directamente que no se nombre liquidador único al demandado por el socio que representa el 50% de dicho capital, siendo causa más que justa el que la disolución de la sociedad se pida precisamente con los desacuerdos con dicho socio administrador. La pretensión del recurrente conduciría a una situación de contienda permanente en la fase de liquidación que haría inútil todo lo actuado o exigiría de otros procedimientos para concluir con la liquidación de la sociedad.
Cuarto.—- En consecuencia, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Estructuras Metálicas del Duero SL y confirmada la sentencia impugnada, sin hacer imposición a la misma de las costas causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398. 1, en relación con el artículo 394. 1, ambos de la Ley de enjuiciamiento Civil, al existir en el caso serias dudas de derecho, según se aprecia en la fundamentación anterior, con pérdida del depósito efectuado por la parte para recurrir.
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Estructuras y Metálicas del Duero SL., representada por la Procuradora doña Elena Rosa Fernández Barrigón, confirmamos la sentencia dictada por la Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número 2 de Zamora con fecha 12 abril 2013 en el Juicio Ordinario del que dimana el presente rollo, sin imposición a la expresada entidad recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia y con pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará el destino legal.
Al notificar esta resolución hágase saber a las partes que contra ella no cabe recurso de casación, salvo que el mismo presentara interés casacional.