Source: http://ignacioconstantino.com/2011/09/
Timestamp: 2019-01-17 07:27:05
Document Index: 106525662

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 114', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 213', 'artículo 273', 'artículo 213', 'artículo 273', 'artículo 273', 'artículo 36', 'artículo 274', 'artículo 273', 'in fine', 'artículo 274', 'artículo 273', 'artículo 273', 'artículo 218', 'artículo 277']

septiembre 2011 - Ignacio Constantino
Fiscal Septiembre 2011
18/09/2011 /0 Comentarios/en Fiscal /por emartin
Apuntes al cierre fiscal del ejercicio 2010
I. EL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO 2010 COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EL CIERRE FISCAL DEL EJERCICIO 2011
A lo largo del ejercicio 2010 se ha sucedido la aparición y entrada en vigor de una larga lista de nuevas normas con incidencia en el ámbito tributario. No podemos olvidar que el escenario económico de crisis en que nos encontramos constituye el mejor de los caldos de cultivo para que proliferen las leyes y reglamentos bajo el criterio de la urgencia y la necesidad de las “nuevas” medidas.
Puede resultar algo extraño al lector avezado que en estas fechas estemos hablando del cierre fiscal del ejercicio 2010, cuando con toda seguridad se estarán tomando ya decisiones para cerrar el ejercicio 2011, pero lo cierto es que el objeto de estas líneas lo constituye no sólo la enumeración de las medidas aparecidas el pasado año. También las modificaciones a aquellas aparecidas a finales del año pasado, o incluso en la propia Ley de Presupuestos para el año 2011, son objeto de comentario. Y si se nos permite, son objeto de un especial análisis si se considera que son éstas precisamente las que incidirán en el cálculo de los futuros impuestos.
Las medidas que comentaremos en las siguientes líneas, lejos de pretender abarcar todos los aspectos propios del cierre fiscal del ejercicio económico de una entidad, se centran en algunas especialmente importantes; no están todas las que son, pero las que están poseen un carácter controvertido que merecen un especial detenimiento a la hora de estudiar su incidencia sobre la determinación de la factura fiscal. O bien han sido modificadas recientemente, subsistiendo dos regímenes distintos, aplicables en función de la fecha de inicio o finalización.
II. NORMAS PUBLICADAS EN 2010 QUE DESPLEGARÁN SUS EFECTOS también en el 2011
Entrando en materia, son fundamentalmente dos las Leyes que, publicadas a finales del pasado año, comenzarán a desplegar su eficacia en éste. Pasamos a citarlas:
1. Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo
Las medidas que engloba la norma están esencialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, de tal suerte que, a través de una reducción de cargas impositivas y de otra índole, se favorezca la inversión productiva, la competitividad y, por ende, la creación de empleo.
Son varios los aspectos en que incide la norma que deben estudiarse atentamente a la hora de proceder a realizar el cierre fiscal del ejercicio. Los analizamos de forma separada.
a. Régimen de las entidades de reducida dimensión. Elevación de la cifra de negocios
Se modifica el contenido del artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con fecha de efectos desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, el 3 de diciembre de 2010, de modo que, a partir de dicho momento, los incentivos fiscales establecidos para este tipo de entidades se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros. Si la entidad fuera de nueva creación, el importe de la cifra de negocios se referirá al primer período impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. Y si el período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
La consecuencia de la aplicación de este régimen especial no es en absoluto baladí, fundamentalmente porque fija un tipo de gravamen reducido del 25%. De igual modo permite la aplicación de la libertad de amortización para bienes de escaso valor, con valor unitario inferior a los 601,01 euros, hasta un límite máximo conjunto de 12.020,24 euros. Al mismo tiempo, la amortización acelerada de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible –permitiendo multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas– constituye una herramienta capital de planificación fiscal a tener en cuenta en el momento del cierre fiscal del ejercicio.
Los incentivos fiscales de las entidades de reducida dimensión, a raíz de la modificación operada por el Real Decreto-Ley también serán de aplicación en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad alcance la cifra de negocios de 10 millones de euros, determinada de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último. Y esta previsión será igualmente aplicable cuando dicha cifra de negocios se alcance como consecuencia de que se haya realizado una operación de fusión, escisión o canje de activos, siempre que las entidades que hayan realizado tal operación cumplan las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en el período impositivo en que se realice la operación como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.
Como resultado de esta medida, se ha procedido a modificar el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para que este tipo de entidades tributen de la siguiente forma:
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de la base imponible que tributará al tipo del 25 % será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando ésta fuera inferior.
b. Eliminación de la obligación de documentación de operaciones vinculadas para las entidades de reducida dimensión
Aún en el ámbito de las entidades de reducida dimensión, el Real Decreto-Ley modificó el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para así reducir la fiscalidad indirecta que comportaría cumplir con todos los requisitos de documentación que venía exigiendo aquel precepto. Con la nueva redacción, la documentación referida no será exigible a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Pese a todo, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.
c. Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo
La medida resulta aplicable a partir del ejercicio 2011. Hasta dicho momento, la aplicación de este incentivo requiere mantener o incrementar la plantilla media de la entidad, respecto a la existente en el ejercicio 2008. La modificación opera sobre la medida introducida por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, que introdujo por vez primera este beneficio fiscal. Y en su virtud, las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectas a actividades económicas, puestos a disposición de la entidad en los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, podrán ser amortizadas libremente.
Esta medida no resultará aplicable a las inversiones cuya puesta a disposición tenga lugar dentro de los períodos impositivos antes mencionados, que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos años entre la fecha de encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o en funcionamiento. Aun así, en estos casos, la libertad de amortización se aplicará exclusivamente sobre la inversión en curso realizada dentro de los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Esta medida resulta de aplicación a todo tipo de entidades, no sólo a entidades de reducida dimensión.
d. Tipo impositivo reducido por mantenimiento o creación de empleo
El Real Decreto-ley modifica la Disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Con ello, las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 sea inferior a cinco millones de euros, y cuya plantilla media no exceda los veinticinco empleados, podrán tributar por un tipo impositivo reducido. En concreto:
Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 %. En todo caso, en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2011, ese tipo se aplicará sobre la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.
La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009. Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período. Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán de forma independiente en cada uno de esos períodos impositivos.
2. Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011
Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos, obviamente tendrán incidencia sobre el cálculo del impuesto correspondiente a dicho año, lo que no debe ser óbice para hacer, al menos, una breve referencia, en atención al objeto, ya enunciado de este artículo. A efectos del cierre del ejercicio del ejercicio 2011 deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas:
Actualización de los coeficientes previstos en el artículo 15.9 a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto (reglas de valoración en las transmisiones lucrativas), en función del momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido.
Aprobación del porcentaje del pago fraccionado para 2011, que será del 18% para la modalidad prevista por el artículo 45.2 de la Ley del impuesto, y para la del artículo 45.3 el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto.
Con efectos para aquellos períodos impositivos que concluyan a partir de 21 de diciembre de 2007, y con carácter y vigencia indefinidos, la deducción contemplada en el artículo 12.5 de la Ley del impuesto (correcciones de valor), no será aplicable a las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades residentes en otro estado miembro de la Unión Europea.
III. NORMAS de carácter mercantil que afectan al cierre fiscal
Pese a carecer de trascendencia tributaria, determinadas normas de orden mercantil afectan al cierre fiscal, en tanto en cuanto requieren que determinada información aparezca recogida, bien en las cuentas anuales, bien en la memoria que las acompaña.
La disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece como deber de información que las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. El ICAC, ha considerado necesario, en atención a la obligación impuesta por dicha Ley, que la memoria de las cuentas anuales contenga información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.
La Resolución del ICAC de 29 de diciembre de 2010, establece que en el primer ejercicio de aplicación de dicha Resolución, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
Por ser éste el primer ejercicio en que la medida ha tomado forma, no se presentará información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.
Corresponderá, por lo tanto, añadir un nuevo ítem al cierre fiscal del ejercicio, considerando que la nueva obligación comportará la necesidad de aportar información, aún a posteriori, al presentar las cuentas anuales.
Mercantil y Civil Septiembre 2011
18/09/2011 /0 Comentarios/en Mercantil y civil /por emartin
Tras la reforma operada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, modificando la redacción del artículo 213 de la Ley de Sociedades Anónimas, y por remisión el articulo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha recogido en su artículo 273 el régimen legal básico de la aplicación del resultado del ejercicio.
Como se recordará, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital procedió a unificar en un solo cuerpo legal la regulación de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas cotizadas y las sociedades comanditarias por acciones, esto es, de las sociedades de capital existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Con ello, se superaba la tradicional regulación separada de las formas sociales, designándose a partir de dicho momento con la expresión genérica de sociedades de capital.
Pese a que la regulación vigente no ha modificado en demasía el régimen anterior, en lo que a aplicación del resultado se refiere (fundamentalmente porque la Ley 16/2007 ya la había modificado), la aparición de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) ha dado lugar a que se unifique la regulación existente para las distintas sociedades de capital, con independencia de su forma societaria.
EL REQUISITO DE MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL CAPITAL
El primero de los requisitos o límites que se imponen a la hora de decidir destinar el beneficio, o parte de él, a dividendos, consiste en el mantenimiento del capital social de la sociedad. Así, el artículo 213 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, y el vigente artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital, indican con carácter expreso que “sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social”.
Por ello deviene de importancia capital determinar cuál es el patrimonio neto de la sociedad. A estos efectos, el patrimonio neto del artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital es el contable según balance, corregido con los ajustes a que se refiere el artículo 36.1.c) del Código de Comercio. Por este motivo, el cálculo que deberá realizarse a los efectos de conseguir el mantenimiento de la integridad del capital en la distribución de resultados, querido por la Ley, se obtiene mediante el contraste entre el patrimonio neto ajustado y el capital suscrito, de tal suerte que el primero debe ser superior al segundo.
LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE REPARTO
Debe quedar claro que únicamente podrán financiar distribuciones las partidas que dentro del patrimonio integran los fondos propios, siempre y cuando cumplan además el requisito de no quedar legal, estatutaria o voluntariamente vinculadas. Así las cosas, no podrán emplearse para reconocer y distribuir dividendos, ni el capital social ni las reservas indisponibles. De igual modo, tampoco el resto de partidas de patrimonio no integradas en fondos propios. A los efectos de dotar de mayor claridad a la exposición, aunque a título meramente de ejemplo, no integrarán la base de reparto la reserva legal (artículo 274 LSC); las reservas estatutarias y voluntarias que resulten indisponibles por mandato estatutario; la reserva por fondo de comercio: las aportaciones de socios realizadas para compensar pérdidas, o las diferencias por ajuste del capital a euros.
LA COBERTURA PREVIA DE LAS ATENCIONES LEGALES. LÍMITES LEGALES
Pese a que la regla general la constituya la libertad de aplicación de resultados, la Ley obliga a que, con carácter previo al reconocimiento de dividendos, se cumplan una serie de atenciones legales. La primera de ellas, quizá la más importante, la constituye el saneamiento de pérdidas. El artículo 273.2 LSC in fine establece que “Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas”.
Atendida tal obligación, deberá destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio para dotar la reserva legal, que deberá seguir practicándose anualmente hasta alcanzar al menos el veinte por ciento del capital social (artículo 274 LSC). Además, y en su caso, deberá dotarse la reserva por fondo de comercio, hasta cubrir por completo su importe, por expreso mandato del artículo 273.4 LSC que de forma expresa indica que “deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición”.
Por último, deberá respetarse la cobertura legal, por reservas disponibles, de los gastos de investigación y desarrollo. En efecto, el artículo 273.3 LSC prohíbe cualquier distribución de dividendos entre los socios, salvo que “el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance”.
LAS ATENCIONES ESTABLECIDAS POR LOS ESTATUTOS SOCIALES. límites convencionales
Con carácter previo a la distribución del dividendo entre los socios, una vez cumplidas las atenciones legales, deben respetarse las atenciones estatutarias; esto es, aquellas que, pese a no estar previstas por las leyes, están expresamente previstas en los Estatutos sociales. El más claro ejemplo lo constituyen las reservas estatutarias, cuando su dotación hubiere quedado reflejada en los Estatutos. O bien, el reconocimiento al derecho de retribución participativa de los administradores a que se refiere el artículo 218 LSC.
LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA
La obtención por parte de los socios de cantidades a lo largo del ejercicio económico, a cuenta de la distribución definitiva que se propondrá al finalizar el ejercicio, una vez aprobada por el órgano competente de la sociedad, es una de las posibilidades que contempla la Ley, si bien la somete a una serie de requisitos.
En este orden de cosas, el artículo 277 LSC establece que los administradores formularán un estado contable en el que se ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Debiendo, posteriormente, incluir dicho estado en la memoria de las cuentas anuales. Además, como límite cuantitativo, la cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.
A la luz de las normas que hemos citado a lo largo de estas notas, observamos que la Ley contempla, como no podría ser de otro modo, el derecho de los socios de las sociedades de capital a ver retribuida su participación en el capital social de aquéllas. Ahora bien, como ha quedado patente, no debe olvidarse que esa misma Ley impone una serie de obligaciones a las sociedades, de tal suerte que deberán quedar cubiertas con carácter previo determinadas partidas. La previsión legal, lejos de ser arbitraria, aboga por una mayor seguridad jurídica y financiera en el tráfico mercantil. Quizá por ello sería loable una medida que equiparara en el tiempo las normas aplicables a la distribución de dividendos, y es que no parece tener demasiado sentido la coexistencia de normas decimonónicas con otras del siglo XXI. Todo se andará.
18/09/2011 /0 Comentarios/en Agenda /por emartin
Septiembre 2011. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
Tercer Trimestre 2011………… 110,115,117,123,124,126,128
Tercer Trimestre 2011:
Septiembre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Septiembre 2011. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
Septiembre 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
Septiembre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
Septiembre 2011. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
Septiembre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
Tercer Trimestre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Tercer Trimestre 2011. Declaración-Liquidación no periódica………… 309
Tercer Trimestre 2011. Régimen Simplificado………… 310
Tercer Trimestre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias….. 349
Tercer Trimestre 2011. Servicios vía electrónica………… 367
Tercer Trimestre 2011. Regímenes General y Simplificado………… 370
Tercer Trimestre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca………… 341
Tercer Trimestre 2011. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito………… 195
Solicitud de inclusión para el año 2012………… CCT
Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2010.
Octubre 2011. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
Octubre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Octubre 2011. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
Octubre 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
Octubre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
Octubre 2011. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
Octubre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual………… 036
Solicitud aplicación Régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2012………… sin modelo
Noviembre 2011. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
Noviembre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Noviembre 2011. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
Noviembre 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
Noviembre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
Noviembre 2011. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
Noviembre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
Normativa Septiembre 2011
18/09/2011 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
FOMENTO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas (BOE 6/5/2011).
La Disposición Final Primera de este Real Decreto-ley modifica la regulación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual introducida en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, ampliando el objeto de la deducción, que no estará limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, y el colectivo de potenciales beneficiarios, incrementando el límite anual de base imponible para acceder a la misma de 53.007,20 a 71.007,20 euros anuales.
Asimismo, se mejora la cuantía de la deducción, elevándose del 10 al 20% el porcentaje de deducción, y de 4.000 a 6.750 euros anuales, la base anual máxima de deducción. y se incrementa de 12.000 a 20.000 euros anual la base acumulada de la deducción. La nueva regulación de la deducción resultará de aplicación a las obras que se realicen desde el 7 de mayo de 2011, fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, hasta el 31 de diciembre de 2012.
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (BOE 30/4/2011, corrección errores BOE 18/6/2011).
Se aprueba un nuevo Reglamento de Extranjería que desarrolle al máximo la adaptación reglamentaria de la última reforma de la Ley Orgánica 4/2000.
Dicha aprobación obedece a diversas causas. De un lado, teniendo en cuenta la evolución del fenómeno migratorio, pretende el nuevo Reglamento optimizar los principios de la política migratoria, tales como la ordenación de los flujos migratorios laborales de acuerdo con la situación nacional de empleo, la integración social de las personas inmigrantes, la lucha contra la inmigración irregular y las relaciones con terceros países en materia de inmigración.
Las novedades que se introducen responden a la voluntad de consolidar un modelo basado en la regularidad y vinculado al mercado de trabajo, para lo cual se regula de forma más completa el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y los certificados que emiten los servicios públicos de empleo en relación con la insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir las ofertas existentes. Así, y entre otras:
Se regulan los medios económicos, materiales y personales a acreditar por el empleador y reglamenta la eficacia de la autorización al alta en la Seguridad Social. Asimismo, dedica dos capítulos a la transposición de la Directiva de investigadores y la Directiva de profesionales altamente cualificados o Tarjeta azul. Por último, regula los efectos del retorno voluntario de la persona extranjera en el supuesto de que decidiera volver a España.
Se reduce el periodo de relación laboral a acreditar en el denominado arraigo laboral e introduciendo la figura del arraigo familiar para progenitores de menores españoles. Como novedad, dedica un capítulo a regular la figura de la víctima de violencia de género, en el que opera con profusión la figura de la autorización provisional de residencia y trabajo. También incorpora como situación especialmente regulada la figura de la víctima de trata de seres humanos, tanto en su vertiente de trata con fines de explotación sexual como en su vertiente de fines de explotación laboral.
En cuanto a la extinción de las autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo, incorpora la posible extinción de las nuevas figuras incorporadas al Reglamento (investigación, profesionales altamente cualificados, víctimas de trata y residencia de larga duración).
Se introducen, por primera vez, las autorizaciones de residencia y trabajo en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos o desarrollo o docentes, que requieran alta cualificación, o de actividades artísticas de especial interés cultural, y que están vinculadas a la denominada Unidad de Grandes Empresas, dando cabida a pequeñas y medianas empresas en razón de sectores estratégicos de la economía.
Su entrada en vigor el día 30 de junio de 2011, a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España, concedidas a las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento que se aprueba mediante este Real Decreto y que tengan validez a la fecha de su entrada en vigor, conservarán dicha validez durante el tiempo para el que hubieren sido expedidas. Asimismo, las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto y del Reglamento que por él se aprueba se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en la fecha de su presentación, salvo que el interesado solicite la aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto y en el Reglamento que por él se aprueba y siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada tipo de solicitud.
UTILIZACIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CONVOCATORIA DE JUNTAS
Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 diciembre (BOE 25/5/2011)
Las sociedades de capital se constituirán preferentemente por medios telemáticos, especialmente las sociedades limitadas con capital social no superior a 30.000 euros y que sus socios sean personas físicas. Utilizarán el procedimiento del R.D. 13/2010.
Cuando el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia, los Notarios tienen que informar a los clientes sobre la constitución telemática.
Obligación de los Notarios de seguir el procedimiento telemático del RDL 13/2010, salvo indicación expresa del otorgante u otorgantes.
Se seguirá el mismo procedimiento en relación con la remisión de la copia de la escritura de constitución a Registro mercantil.
Debe delimitarse en los estatutos el objeto social, y cuando se haga referencia a actividades profesionales hay que entender que no están incluidas en el ámbito de la Ley de sociedades profesionales.
Debe precisarse el número de Administradores o, en su caso, el número máximo y mínimo.
Si la junta general se convoca en la página web de la sociedad, en los estatutos debe delimitarse cuál es o bien notificar a los socios cuál es y la forma de acceso, debiendo publicarse la convocatoria en la página web de la sociedad hasta la fecha de celebración de la Junta.
Para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro mercantil, no se requiere presentar el documento de autoliquidación con alegación de la exención del ITP y AJD en la constitución de sociedades mercantiles de acuerdo con el RD-Ley 13/2010, por lo que al practicar la inscripción, el registrador mercantil realizará la correspondiente notificación telemática a la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma.
Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas (BOE 20/6/2011).
El modelo establecido en el Anexo I de la Orden es obligatorio para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales consolidadas de toda sociedad dominante si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna de las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y opta por formular sus cuentas aplicando las normas de consolidación contenidas en el Real Decreto 1159/2010.
Los Registros Mercantiles están obligados a proveer a quienes lo soliciten los originales del modelo obligatorio que se aprueba en esta Orden.
Se aprueba el formato y los distintos campos a que habrá de sujetarse la presentación en soporte electrónico de las cuentas anuales consolidadas y que podrán remitirse al Registro Mercantil competente en forma telemática.
Hemeroteca Septiembre 2011
18/09/2011 /0 Comentarios/en Hemeroteca /por emartin
A SEDE ELECTRÓNICA DE UNA SOCIEDAD SERÁ EQUIVALENTE A UNA SUCURSAL FÍSICA
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha alertado de que los trabajadores autónomos han adelantado al Estado un total de 1.638,8 millones de euros del IVA de unas facturas que han emitido pero que aún no han cobrado. En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que el Estado está actuando «como una sanguijuela» con los autónomos porque les obliga a pagar el IVA de las facturas no cobradas, a pesar de que las Administraciones Públicas adeudan
13.300 millones a los autónomos, un 10% más que a principios de año.
Además, las centrales vislumbraron que el pago por el Fogasa de una parte de la indemnización por despido va a suponer en el «transcurso de pocos años» una situación «insostenible», pues, sin incrementar las aportaciones empresariales, la disponibilidad presupuestaria del fondo no podrá afrontar a las distintas prestaciones previstas.
Anunciaron al respecto que interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones legales que van en esta línea.
El subinspector de Empleo y Seguridad Social en Barcelona, Jorge Pérez Pérez, ha afirmado que el 84% de las empresas con más de 50 empleados, incumple con la Ley de Integración social de Personas con Discapacidad (LISMI), durante el debate-coloquio ’El sistema de integración laboral de personas con discapacidad’ organizado por Integra
Centro Especial de Empleo, en el marco de la feria profesional de recursos humanos, ’Personal España’.
18/09/2011 /0 Comentarios/en Editorial /por emartin
El cierre fiscal del ejercicio constituye uno de los momentos clave en la vida de los operadores económicos. La finalización del ejercicio constituye, con carácter general y a excepción de aquellos que fijan su cierre por ejercicio partido, el punto de partida para determinar la cuota del Impuesto que en los siguientes meses deberá satisfacer a la Hacienda pública. La toma en consideración de determinadas operaciones y la calificación de determinados comportamientos económicos con incidencia fiscal, conlleva que el cierre fiscal del ejercicio, lejos de convertirse en una mera determinación de la cuota a pagar, comporte una labor de planificación fiscal. A lo largo del ejercicio 2010 se dictaron distintas normas con incidencia sobre la tributación en los ejercicios futuros. Por dicho motivo, en nuestro comentario de ámbito tributario, abordamos en este momento el tratamiento fiscal que las normas han previsto para algunos supuestos novedosos. Puede resultar algo extraño al lector que en estas fechas estemos hablando del cierre fiscal del ejercicio 2010, cuando con toda seguridad se estarán tomando ya decisiones para cerrar el ejercicio 2011, pero lo cierto es que el objeto de estas líneas no lo constituye sólo la enumeración de las medidas aparecidas el pasado año. También son objeto de comentario las modificaciones a aquellas aparecidas a finales del año pasado, o incluso en la propia Ley de Presupuestos para el año 2011.
Nuestro artículo en el ámbito laboral está dedicado a las modificaciones en materia de negociación colectiva que se han producido como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio. Tras el fracaso de los denominados “agentes sociales” en las negociaciones que se abordaron al respecto durante los últimos meses y que finalizaron sin acuerdo, el Ejecutivo ha tenido que dictar esta normativa que, muy probablemente, sea reformada durante el trámite parlamentario que va a seguir en los próximos meses. De manera sucinta, repasamos aquellos puntos más destacados de esta reforma.
En cuanto a nuestro comentario mercantil, en esta ocasión lo dedicamos a las limitaciones legales para la distribución de dividendos, después de la aparición de la Ley de Sociedades de Capital. El dividendo constituye la retribución que perciben los socios, en cualquiera de sus acepciones, accionistas, partícipes, etc., por el capital aportado a la sociedad. Frente a la idea de que cualquier beneficio obtenido por aquélla resulta susceptible de distribuirse entre sus socios, la Ley contempla, como no podría ser de otro modo, el derecho de los socios de las sociedades de capital a ver retribuida su participación en el capital social de aquéllas, ahora bien, no debe olvidarse que esa misma Ley impone una serie de obligaciones a las sociedades, de tal suerte que deberán quedar cubiertas con carácter previo determinadas partidas. La previsión legal, lejos de ser arbitraria, aboga por una mayor seguridad jurídica y financiera en el tráfico mercantil.
Para finalizar, en nuestra sección de contabilidad, abordamos los principales aspectos contables de las Uniones Temporales de Empresas ya que, dada la restricción actual en el crédito bancario para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos proyectos, la cooperación empresarial en forma de UTE puede constituir una fórmula eficaz para aliviar las necesidades financieras para cada uno de los socios, al compartir tanto los beneficios y riesgos económicos como financieros.
Como siempre, nuestro propósito es que estos comentarios le sean de utilidad y, una vez más, le invitamos a plantearnos cualquier duda o consulta que precise, acudiendo a nuestro despacho donde le atenderemos muy gustosamente.
18/09/2011 /0 Comentarios/en Contabilidad /por emartin
La ley define a las UTEs como un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro, tanto dentro como fuera de España. Algunas de las características principales de las UTEs son:
Es un contrato de colaboración entre personas jurídicas.
Tendrán una duración idéntica a la de la obra, servicio o suministro que constituya su objeto, si bien se establece un plazo máximo de 25 años.
Se formalizarán en escritura pública en donde se hará constar:
1. La denominación o razón, que será la de una, varias o todas las Empresas miembros, seguida de la expresión Unión Temporal de Empresas.
4. El domicilio fiscal.
10. Otros pactos que se considere que debieran establecerse.
Una vez detalladas las características fundamentales de las UTEs, centraremos nuestra atención en los aspectos contables y fiscales relativos a las mismas.
Desde un punto de vista contable, y al carecer las UTEs de personalidad jurídica, no formulan cuentas anuales a efectos mercantiles, por lo que no están obligadas ni al depósito ni a la auditoría de cuentas. Por el contrario, la legislación fiscal al permitir que las UTEs sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, determina la necesidad de llevar una contabilidad. En este sentido, trataremos de detallar las especificaciones contables tanto para la UTE como su repercusión contable en la contabilidad de los socios o partícipes.
La UTE llevará una contabilidad independiente, basada en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 o en las adaptaciones sectoriales en su caso, dependiendo de cuál sea el objeto de actividad de la UTE. No obstante, existen varias especialidades que nos gustaría resaltar:
Las aportaciones iniciales realizadas por los socios de la UTE se contabilizarán en la cuenta “109-Fondo Operativo”.
Las operaciones que la UTE realiza con sus socios, vienen recogidas a través de las siguientes cuentas contables: n554 Cuentas corrientes con Uniones Temporales de Empresas.
5540 Participaciones en UTEs
5541 Aportaciones a UTEs
5542 Otras operaciones con UTEs
Desde el punto de vista de los socios, y de acuerdo con la norma, las operaciones realizadas por las UTES son operaciones de la propia empresa en la misma parte proporcional a su participación en la UTE. En este sentido, cada socio debe recoger en su propia contabilidad los saldos y transacciones de la UTE en proporción a su participación. Para ello, la integración se produce mediante el proceso de integración proporcional que se lleva a cabo mediante las siguientes fases o etapas:
1. Integración. Se procede a integrar en el libro diario del socio o partícipe los saldos y transacciones realizados por la UTE teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la misma. Así, si el socio tiene una participación del 50%, tan sólo incorporará en su contabilidad el 50% de los saldos y transacciones de la UTE. Dado que la integración de la UTE puede generar el problema de separar las operaciones realizadas por la UTE de las del partícipe o socio, sería conveniente que el programa de contabilidad permitiera asignar los saldos y transacciones de la UTE a un centro de coste distinto al de las operaciones realizadas por el socio. De esta manera se podrían filtrar los movimientos tanto de la UTE como los del socio.
2. Homegeneización. Mediante este proceso lo que se persigue es que tanto la UTE como el socio expresen sus cuentas de activo y de pasivo, así como los ingresos y gastos y demás partidas de las cuentas anuales sobre la base de los mismos criterios contables, tanto de valoración como de tiempo.
3. Eliminaciones. Una vez integradas y homogeneizadas las distintas partidas contables, el socio deberá proceder a la eliminación de saldos activos y pasivos recíprocos, así como los ingresos y gastos recíprocos. De la misma manera, deberán eliminarse aquellos resultados que se hayan generado entre el socio y la UTE y que en la fecha de cierre todavía no se haya materializado frente a un tercero. Todo ello va encaminado a evitar la doble contabilización de las operaciones tanto por el socio como de la UTE.
En relación con el reflejo contable en libros de la integración de la UTE en las cuentas anuales, nos gustaría destacar lo mencionado en la consulta Nº 4 del BOICAC Nº 15:
Que las cuentas anuales de cada socio, necesariamente deberán tener en cuenta dicha integración.
Que la integración debe realizarse en el libro diario, puesto que se trata de operaciones de la propia empresa, aunque realizadas a través de la UTE, y porque el balance y cuenta de pérdidas y ganancias se obtiene a partir de las anotaciones en dicho libro.
En relación a la periodicidad de las anotaciones contables, el Código de Comercio establece que: “El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate”.
Además, debemos hacer mención a que en las cuentas anuales del socio, se deberá informar tanto en el Balance como en la Cuenta de de Pérdidas y Ganancias, de los saldos y transacciones procedentes del socio y de los de la UTE. Si dicho detalle no se produce, como ocurre en la mayoría de los casos, hay que ofrecer en la Memoria una descripción más detallada sobre las operaciones de la UTE (porcentajes de participación, actividad, volumen de negocio integrado, etc).
A continuación expondremos, mediante un sencillo ejemplo, el proceso de integración contable de la UTE “A” en la contabilidad de uno de los Socios “X”. Suponemos que el Socio “X” participa en el 40% en la UTE “A”, y que el balance de sumas y saldos obtenidos de la contabilidad al 31.12.X0 tanto del socio “X” como de la UTE “A” son los siguientes:
Socio “X” UTE “A”
100 Capital Social: 3.000
112 Reserva legal: 600
211 Construcciones: 2.000
400 Proveedores: 600
430 Clientes: 700
554 Cuenta corriente con UTEs: 400
572 Bancos: 600
600 Compras: 30.000
625 Primas de seguros: 1.000
628 Suministros: 10.500
640 Sueldos y salarios: 20.000
642 Seguridad Social Empresa: 6.000
681 Amortización inmovilizado material: 6.000
700 Ventas: 67.080
Beneficio Socio X (Grupo 7 menos grupo 6): 50
400 Proveedores: 7.000
430 Clientes: 6.000
475 HP acreedores por IVA: 200
5541 Cuenta corriente socio A: 400
5542 Cuenta corriente socio B: 600
572 Bancos: 300
600 Compras: 50.000
621 Arrendamientos y cánones: 10.000
628 Suministos: 8.000
631 Tributos: 1.500
640 Sueldos y salarios: 15.000
642 Seguridad Social empresa: 4.500
700 Ventas: 87.100
Beneficio UTE A (Grupo 7 menos grupo 6): 1.900
El primer paso lo constituirá la integración de la contabilidad de la UTE “A” en la contabilidad del socio “X”, para ello tendremos en cuenta el porcentaje de participación del Socio “X” en la UTE “A”, que es del 40%. El Socio “X”, deberá de registrar en su contabilidad, en el libro diario el siguiente asiento de integración:
UTE “A”
400 Proveedores: 2.800
430 Clientes: 2.400
475 HP acreedores por IVA: 80
5541 Cuenta corriente socio A y B: 400
572 Bancos: 120
600 Compras: 20.000
621 Arrendamientos y cánones: 4.000
628 Suministos: 3.200
631 Tributos: 600
640 Sueldos y salarios: 6.000
642 Seguridad Social empresa: 1.800
700 Ventas: 34.840
Beneficio UTE A (Grupo 7 menos grupo 6): 760
Como resultado de dicha integración, el Socio “X” se integra unos beneficios de 760 euros, correspondientes al 40% de los beneficios globales de la UTE (1.900 euros).
En este ejemplo, no hay proceso de homogeneización alguno, ya que tanto el socio como la UTE utilizan los mismos criterios, tanto de valoración como temporales.
Por último se deben llevar a cabo las eliminaciones de los saldos y transacciones recíprocos. En este ejemplo, ambos socios de la UTE han aportado dinero a la UTE para llevar a cabo su actividad ordinaria. En este caso, y una vez registrado el asiento de integración, deberemos eliminar los saldos recíprocos, por lo que, el Socio “X” deberá registrar el siguiente asiento de eliminación:
554 Cuenta corriente con Socios 160
554 Cuenta corriente con UTEs (160)
Fiscalmente, las UTEs pueden tributar en régimen de atribución de rentas, como una comunidad de bienes, si no cumplen con los requisitos de la Ley 18/1982, o pueden tributar por el Impuesto sobre Sociedades si cumplen con los requisitos de la referida ley. Al tributar en el Impuesto sobre Sociedades, las bases imponibles positivas o negativas que obtenga la UTE se imputarán a los socios en la misma proporción a su participación. La Ley del Impuesto sobre Sociedades permite la imputación de dichas bases bien en la fecha de cierre del ejercicio de la UTE o bien en el período impositivo siguiente.
En cuanto al IVA y las retenciones sobre trabajadores, profesionales, y arrendamientos, las UTEs son sujetos pasivos de dichos impuestos, sin presentar particularidad alguna.