Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp6614-2017-45147-de-mayo-10-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_7ac28a5dba244b83b63859efbc65e823&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-12 04:25:32
Document Index: 125410882

Matched Legal Cases: ['artículo 286', 'artículo 83', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 211', 'artículo 64', 'artículo 2', 'artículo 42']

﻿ SENTENCIA SP6614-2017/45147 DE MAYO 10 DE 2017
SENTENCIA SP6614-2017 DE 10 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, SE CONFIGURA PORQUE FUNCIONARIOS CERTIFICAN HECHOS FALSOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SE PRECISA QUE EN MATERIA DOCUMENTAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, COMO REPRESENTANTES DEL ESTADO, LES ES PROPIA LA FUNCIÓN CERTIFICADORA DE LOS HECHOS QUE CORRESPONDAN AL EJERCICIO DE SU LABOR, POR ESO TIENEN EL IMPERATIVO DE CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LA VERDAD CONSIGNANDO DATOS VERÍDICOS EN LOS ACTOS Y ESCRITOS QUE EXPIDEN. PRECISAMENTE POR ELLO, LA FALSEDAD DOCUMENTAL SE CATALOGA IDEOLÓGICA CUANDO EN UN ESCRITO GENUINO SE INCLUYEN MANIFESTACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD, EN OTRAS PALABRAS, CUANDO EL DOCUMENTO VERDADERO EN SU FORMA Y ORIGEN (AUTÉNTICO), CONTIENE AFIRMACIONES FALACES, MODALIDAD QUE SE DIFERENCIA DE LA FALSEDAD MATERIAL, PUES ÉSTA TIENE LUGAR CUANDO SE CREA TOTALMENTE EL DOCUMENTO APÓCRIFO, SE IMITA UNO YA EXISTENTE O SE ALTERA EL CONTENIDO DE UN ESCRITO AUTÉNTICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO, RECURSO DE CASACIÓN, FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO, FALSEDAD EN DOCUMENTO
Sentencia SP6614-2017 /45147 de mayo 10 de 2017
SP6614-2017
Radicación: 45147
Aprobado Acta Nº 140
Precisión liminar.
1. Ante las voces de preocupación que han elevado los representantes de las Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación ante la inminencia de la prescripción de la acción penal en la etapa del juicio, debe precisarse que se está ante un delito de falsedad ideológica en documento público acaecido el 27 de diciembre de 2007, por lo tanto, la penalidad en ese entonces prevista por el artículo 286 de la Ley 599 de 2000 era cuatro (4) a ocho (8) años, pero como se ha acreditado la condición de servidoras públicas de las procesadas en relación con tal ilícito el término prescriptivo, que correspondería al máximo legal, sufre un aumento de una tercera parte, según lo dispuesto en el artículo 83 del citado ordenamiento sustantivo.
El artículo 86 ibídem establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria ejecutoriada y producida ésta comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del máximo fijado legalmente, que para el presente caso, no puede ser inferior a cinco (5) años conforme al inciso 2° del artículo 86 ibídem, tope máximo que incrementado en una tercera parte por tratarse de servidoras públicas quedaría en definitiva en seis (6) años y ocho (8) meses.
En consecuencia, como la resolución de acusación, proferida el 24 de abril de 2012 en contra de las procesadas B... C... M... B... y L... P... V..., adquirió firmeza el 8 de mayo de esa anualidad, ello significa que el término de seis (6) años y ocho (8) meses sólo se cumpliría el 8 de enero de 2019, lo cual desdibuja la aludida inminencia de prescripción de la acción penal.
2. Los memoriales remitidos por la procesada B... M... B... en los cuales defiende la absolución emitida en su favor y aporta copia de una decisión de la Procuraduría, no serán tenidos en cuenta por su extemporaneidad, porque cualquier oposición a las demandas de casación debió plantearla en el término de traslado a los no demandantes una vez fueron formulados los libelos, de acuerdo a las previsiones del artículo 211 de la Ley 600 de 2000 que rigió el asunto, además, porque se está ante una etapa probatoria ya fenecida, sin que sea jurídicamente viable aportar pruebas en sede de casación.
Igual suerte correrán los escritos de la citada enjuiciada en los que descalifica la labor del procurador delegado y de la fiscal, porque si estima que éstos obraron alejados de sus deberes le queda el camino de denunciarlos disciplinaria o penalmente.
3. Del mismo modo, las decisiones de la Procuraduría y la Fiscalía que respecto de la situación del otrora Gobernador de Bolívar, L... S... allegó el defensor de B... M... no pueden ser valorados, no sólo por ser extemporáneos, sino porque están relacionados con los requisitos formales que rodearon los contratos suscritos bajo la figura de la urgencia manifiesta declarada en diciembre de 2007, en tanto que aquí se investiga es la efectiva entrega a la administración de los insumos adquiridos.
Acuden los recurrentes a la violación indirecta de la ley sustancial para denunciar errores probatorios del tribunal que lo llevaron a proferir sentencia absolutoria en favor de las servidoras públicas anhelando así la modificación de tal situación para mantener la condena que por el delito de falsedad ideológica en documento público hizo el juzgado primero penal del circuito de Cartagena en contra de las mismas.
Con este panorama, el norte que demarcará el estudio de la legalidad de la sentencia será determinar si los yerros fácticos denunciados por los libelistas tienen la entidad suficiente para pregonar la certeza de la ocurrencia objetiva del delito y de la responsabilidad penal de las procesadas en el delito atentatorio del bien jurídico de la fe pública, esto es, si la recepción de los elementos y mercados contratados en verdad ocurrió para las fechas aludidas, o si por el contrario, plasmaron en las certificaciones expedidas circunstancias ajenas a la realidad.
Vale la pena precisar que en materia documental a los servidores públicos, como representantes del Estado, les es propia la función certificadora de los hechos que correspondan al ejercicio de su labor, por eso tienen el imperativo de ceñirse estrictamente a la verdad consignando datos verídicos en los actos y escritos que expiden.
Precisamente por ello, la falsedad documental se cataloga ideológica cuando en un escrito genuino se incluyen manifestaciones contrarias a la verdad, en otras palabras, cuando el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falaces, modalidad que se diferencia de la falsedad material, pues ésta tiene lugar cuando se crea totalmente el documento apócrifo, se imita uno ya existente o se altera el contenido de un escrito auténtico.
En este caso, se tiene que ante la ola invernal que azotó el Departamento de Bolívar, el Gobernador de ese entonces L... S... mediante el Decreto 690 del 13 de diciembre de 2007 declaró la urgencia manifiesta(1) con vigencia hasta el 28 de ese mes y año, esto es, tres días antes de que terminara su administración.
Con base en tal figura contractual el Gobernador suscribió los siguientes contratos:
Contrato Valor Contratista Objeto
Nº 380 de 24 dic. 2007 $ 643.984.559 Fundación Trabajar por Colombia Adquisición de medicamentos e insumos
Nº 381 de 24 dic. 2007 $ 495.200.288 “ “ “ Adquisición de complementos nutricionales
Nº 382 sin fecha $ 384.720.000 “ “ “ Adquisición de etanol, refuerzo de vacunas antirrábicas, suero antiofídico, pruebas para detectar la malaria y el dengue.
Nº 384 sin fecha $ 731.955.000 Gestocoop Adquisición de mercados y kits de aseo.
Nº 385 sin fecha $ 225.993.910 “ “ “ Adquisición de insecticidas, rodenticidas, suero antiofídico, pruebas rápidas de malaria y dengue, químicos para purificar el agua.
Nº 386 sin fecha $ 880.425,000 “ “ “ Adquisición de mercados y kits de aseo
Lo investigado aquí no tiene que ver con los fundamentos de tal declaración de urgencia, ni la legalidad de los contratos celebrados, lo cuestionado ha sido lo relacionado con la efectiva recepción de los elementos contratados porque el mismo día en que se firmaron tales convenios o a escasos tres días de su suscripción B... M... B..., coordinadora del programa de urgencia, emergencia y desastres del Departamento de Bolívar, además de interventora, el 27 de diciembre de 2007 certificó que recibió a satisfacción y en su totalidad de los insumos para atender a los damnificados, en tanto que L... P... V..., como jefe de bodegas de la Secretaría de Salud Departamental, a cuyo cargo estaba el contabilizar el ingreso de las mercancías objeto de los contratos, el 30 y 31 de diciembre de la anualidad en cita expidió certificación dando cuenta el ingreso de todos los objetos al almacén del edificio de Asistencia Social.
Tal premura o rapidez en la cual claramente se trastoca el orden de las cosas al aparecer en primer momento la interventora recibiendo las mercancías, para luego hacerlo la jefe del almacén, ha tenido en las instancias dos ópticas; la primera tendiente a su justificación dada la finalización del período declarado por la urgencia manifiesta (diciembre 13 al 28), y la otra que la censura ya que ante la terminación de la administración gubernamental (diciembre 31) se quiso favorecer a los contratistas para que obtuvieran el pago respectivo ante la administración que asumía el comando del departamento el 1º de enero de 2008.
El a quo para predicar el compromiso penal de las procesadas destacó la informalidad reinante al no mediar actas que acreditaran cabalmente el ingreso de los elementos, no obrar las facturas respectivas de adquisición de los insumos, medicamentos, etc., ni constancias de su salida, pues, sólo había cuatro actas de entrega a los municipios de Soplaviento, Calamar y San Cristóbal con fechas 2 y 27 de diciembre de 2007, sin poder determinar si correspondía a la primera ola invernal para la cual también se había declarado la urgencia manifiesta por Decreto 391 de junio 28 de 2007.
Por eso se extrañó el juzgador que no estuviera soportado el recibo de las mercancías, “Lo fácil entonces para las procesadas era mostrar la documentación empleada en la que aparecen las cantidades detalladas y las facturas o copias donde se constata su accionar, especialmente por tratarse de bienes adquiridos con dineros públicos. Esa documentación se echa de menos y pululan los yerros (…) el momento de la recepción de las mercancías es uno solo —materialmente—. Luego debería haber coincidencia en lo certificado por las procesadas, o por lo menos deben aproximarse los momentos, especialmente, cuando una hace las veces de jefe de bodega, y recibe, mientras que la otra es la interventora y en un segundo momento supervisa lo realizado por la primera”.
Pero el juzgado no sólo tomó la disparidad y la falta de secuencia de las constancias en su aspecto formal, porque luego de evidenciar la cantidad de productos contratados que abarcaba comestibles, elementos de aseo, insumos químicos, medicinas, venenos, entre otros, y que por lo mismo demandaban suficiente espacio, se concluyó judicialmente que si bien las procesadas argumentaron que ante la insuficiencia de las bodegas oficiales para depositar la mercancía surgió la necesidad de que los proveedores las tuvieran bajo su cuidado, para lo cual medió autorización del secretario de salud departamental, no se supo cuáles o en cuántas bodegas estaban los elementos, su sitio de ubicación y capacidad de almacenamiento, etc.
Subrayó que aunque las procesadas hablaban que los elementos fueron dejados en las bodegas del sector de Manzanillo del barrio El Bosque, había material probatorio indicativo que éste inmueble fue tomado en arriendo el 23 de febrero de 2008, mucho tiempo después de las certificaciones cuestionadas.
También sopesó las inconsistencias cuando L... P... aseveró que la mercancía la empezó a recibir desde el 20 de diciembre de 2007, es decir, antes de que se celebraran los contratos (24 y 27 siguiente), para concluir que “El arriendo de las bodegas no resulta contemporánea con el recibo de las mercancías por parte de las procesadas que data de diciembre de 2007 sino que ocurre dos meses después, febrero de 2008, circunstancia que sumada a la contradicción de las procesadas en cuanto a la fecha de recibo de las mercancías, le resta credibilidad al dicho de M... B... y P... V... pues en sus descargos asumen la existencia de una bodega en el sector de Manzanillo del barrio El Bosque que no estaba en posesión de los contratistas”.
Por su parte, el tribunal encontró justificación a la diferencia de fechas en las manifestaciones de las enjuiciadas en sus indagatorias y en la forma como se ingresaban los datos al sistema en el aplicativo SICA, entre otras razones. Sin embargo, como lo destacan los casacionistas y lo avala el procurador delegado en su concepto, esa corporación incurrió en yerros fácticos trascendentes para arribar a la absolución, como pasa a explicarse:
En primer lugar, alteró la expresión fáctica de la indagatoria rendida por B... M... cuando tratando de justificar la conducta investigada la puso a decir lo que materialmente no reflejaba al afirmar que las procesadas en ningún momento habían señalado que la verificación de las mercancías se cumplió en las bodegas del sector de Manzanillo, porque precisamente la interventora en su injurada recepcionada el 14 de octubre de 2009 aseveró que “yo revisé en unas bodegas en el Manzanillo en el Bosque, no preciso la dirección, yo fui y corroboré que esa mercancía estaba allá en esas bodegas inclusive que parte de los mercados y kid —sic— de aseo fueron sacados para entregarlos a la población afectada”. Más adelante aseguró que “la mercancía fue inspeccionada, comprobada, supervisada su existencia en las bodegas de Manzanillo, eso fue para los días 24, 25, 26 de diciembre no preciso las fechas, pero allá me trasladé con parte del equipo y comprobamos que la mercancía estaba”.
Pero además de la transmutación de la literalidad de la citada indagatoria el tribunal pasó por alto la disparidad advertida por el a quo en el dicho de las servidoras públicas en cuanto al sitio de ingreso y recepción de los elementos adquiridos, porque mientras P... V... indicó que las mercancías ingresaron al almacén y la bodega de la Secretaría de Salud, esto es a las bodegas oficiales, M... B... daba cuenta del conteo en las bodegas del sector de Manzanillo, inmueble que fue arrendado por uno de los contratistas.
Por lo mismo, se torna estéril la postura del tribunal al minimizar la inconsistencia resaltada por el a quo que si bien L... P... dijo que desde el 20 de diciembre se empezaron a recibir los elementos, contrariamente los contratos se celebraron días después, el 24 y 27 siguiente, circunstancia que para el superior era “una irregularidad relacionada con el cumplimiento en debida forma de las reglas que se establecen para contabilizar el ingreso de mercancía”, porque si hubiera analizado en conjunto la prueba habría evidenciado que a esa incoherencia se sumaban otras que permitían corroborar que las certificaciones de las servidoras públicas en la fecha que daban cuenta del recibo íntegro de las mercancías no correspondía a la realidad.
En efecto, el juez plural fraccionó los momentos fácticos antecedentes, concomitantes y posteriores a las conductas de las incriminadas, apartándose así de la debida concatenación de las circunstancias que en un cuadro conjunto permitían sustentar la atribución de responsabilidad en la falsedad investigada. Resulta obvio que tomar los sucesos aisladamente impide edificar la prueba del compromiso penal.
Precisamente, en lo concerniente a las bodegas del sector de Manzanillo, tanto los contratos de arrendamiento, los recibos de pago de los respectivos cánones, así como la declaración de la propietaria del inmueble, M... C... F... R... y la declaración de su empleado J... D... F..., elementos de convicción que con acierto los demandantes echan de falta en el fallo confutado, desvirtuaban que para diciembre de 2007 la mercancía adquirida por la gobernación estuviera en ese sitio.
En ese sentido, el aludido falso juicio de existencia por omisión tiene clara incidencia en la parte resolutiva del fallo, porque esas bodegas fueron tomadas en arriendo en febrero de 2008, contrato que celebró solo uno de los contratistas; J... Á... P... Ramos en representación de Gestocoop, y según lo aclaró la arrendadora M... C... F... R... en su declaración, el contrato inicial se suscribió el 23 de febrero de 2008 por el término de un mes con posibilidad de prórroga, luego se firmaron otros el 25 de marzo y 15 de abril de la misma anualidad.
En el mismo sentido declaró J... D... F..., empleado de la propietaria de las aludidas bodegas cuando destacó que no les era permitido arrendar “a la palabra”, sino que era necesario que mediara un contrato por escrito y por eso hasta febrero de 2008 cuando ya se había formalizado el convenio fue entregado el inmueble al arrendatario, lo cual también demuestra que para el diciembre de 2007 no se podía certificar la entrega de la totalidad de las mercancías.
Igual error fáctico recayó en las planillas de control y salida de vehículos que aportó la señora R... R... que datan de febrero de 2008, demostrativas de que la mercancía fue ubicada en esas bodegas sólo en esa época y no antes.
El juez colegiado minimizando este evento al preguntarse si con el hecho de que las bodegas de Manzanillo fueron ocupadas en el mes de febrero de 2008 se podía concluir con certeza que no se recibieron en su totalidad las mercancías contratadas, consideró que esa duda acerca del lugar donde los proveedores almacenaron la mercancía no era de entidad.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tal bodega estaba relacionada solo con uno de los contratistas (Gestocoop), y que no se supo donde fueron almacenadas las mercancías de otros proveedores cuando se trataba de medicamentos, complementos nutricionales, vacunas, etc. etc.
Si bien es entendible que se trataba de conjurar la crisis humanitaria originada en el desastre que dejó en el departamento de Bolívar la ola invernal y que precisamente a través de la figura de la urgencia manifiesta se abreviaron los términos contractuales y se obviaron algunos requisitos para contratar, ello no habilita la informalidad absoluta en la recepción de los objetos adquiridos, pues la ejecución de los contratos demandaba el mayor recelo a fin de verificar el ingreso de toda la mercancía.
La premura con que se obró denota que en vez de tratar de atender a los damnificados, ya que solo obran cuatro constancias de entrega de ayudas a los municipios de San Cristóbal, Calamar, Soplaviento, se buscó proteger y amparar los intereses de los contratistas para que apareciera como si toda la mercancía adquirida mediante los contratos de 24 y 27 de diciembre de 2007 fue efectivamente entregada el 27 de diciembre, según la interventora B... C... M... B... o los días 30 y 31 según la almacenista L... P... V....
Y ello se dio ante el cambio de administración el 1º de enero de 2008, constancias que como documentos públicos servían de prueba y tenían efectos jurídicos para que los contratitas demostraran haber cumplido con el objeto contratado y obtener por ello el pago de los contratos, pues en ellos se había estipulado que: “El departamento cancelará al contratista así contra-entrega de los elementos descritos en la cláusula primera del presente contrato, en el Almacén de la Secretaría de Salud Departamental, una vez perfeccionado y legalizado el contrato, previa aprobación de la póliza por parte de la Gobernación de Bolívar, para el pago es indispensable la presentación del acta de recibo a satisfacción del total de los elementos objeto de contrato, junto con la factura y demás documentos conducentes para el pago” (subrayas ajenas al texto).
Resulta así inverosímil la afirmación de la procesada B... M... B... que la contabilización y verificación de las mercancías la hizo con su equipo de trabajo en las bodegas de Manzanillo los días 24, 25 y 26 de diciembre, porque, se insiste, se acreditó documental y testimonialmente que las aludidas bodegas solo fueron ocupadas el 27 de febrero de 2008, esto es, dos meses después de la expedición de la certificación de la citada interventora dando cuenta del recibo a satisfacción de los elementos adquiridos.
En este sentido la corporación revindica la conclusión del juez de primer grado que no se cumplió con el lugar de almacenamiento de la mercancía que según los contratos era el almacén de la Secretaría de Salud, y aunque para el tribunal esos “aspectos pueden constituir faltas al deber de cuidado y custodia de la mercancía recibida, pero que no se relacionan o no van encaminados a determinar la existencia de la falsedad objeto de juzgamiento”, ese desconocimiento del lugar donde fueron almacenados los elementos evidenciaba que los mismos no fueron recibidos en su totalidad. Por demás, no se puede soslayar la variedad de mercancía ya que no sólo se trataba de mercados, abarcaba también objetos de aseo, artículos médicos, incluso insecticidas, demandaban un manejo adecuado e independiente, sin que tampoco obre prueba de donde o cómo fueron almacenados.
El juez colegiado para corroborar la exculpación de las enjuiciadas por la diferencia en las fechas puso de presente el informe de 22 de junio de 2010 del investigador del CTI J... E... M... F... en el cual indicó que según información de la jefe de sistemas de la Secretaría de Salud Departamental, G... P..., los productos que llegan al almacén deben ser verificados físicamente por el almacenista tras lo cual se registran en el aplicativo SICA, de ahí que la fecha de llegada física varíe de la del registro, por ello se concluyó en el fallo que era “del todo factible que efectivamente la verificación física finalizó el 27 de diciembre de 2007 como lo certifica B... M... B... en las distintas certificaciones y que la información se subiera en su totalidad al sistema el 30 y 31 de diciembre del mismo año, siendo la diferencia de 3 a 4 días, de los cuales dos no son laborales ya que se revisa un calendario de 2007 el 29 de diciembre cayó un sábado y el 30 un domingo”.
Sin embargo, le asiste razón al demandante de la Procuraduría cuando aduce que la información del aludido investigador del CTI no podía ser tenida como un peritaje, porque el funcionario no verificó cómo se hacían los registros y cuáles eran las seguridades de los procedimientos de registro en el Sistema de Ingreso de Información SIRI), sólo se basó en lo que le indicó la persona que atendió la diligencia de inspección en la Secretaria de Salud Departamental.
Además, si efectivamente el sistema no dejaba registrar el cierre hasta que se verificara la totalidad de ingreso de elementos, y si ello efectivamente se pudo cumplir el 30 y 31 de diciembre, era evidente que no podía certificarse antes, esto es, el 27 de ese mes el recibo a satisfacción como lo hizo la interventora.
Del mismo, es patente la tergiversación por parte del tribunal del informe de la Contraloría Departamental de Bolívar de 18 de abril de 2008 cuando tras destacar que allí se concluía que los contratos celebrados bajo la figura de urgencia manifiesta habían cumplido con los requerimientos, estudios de conveniencia y demás etapas de la contratación estatal, agregó el fallador que “la Contraloría Departamental de Bolívar finalmente concluye que efectivamente la mercancía se adquirió, lo cual concordaría con los certificados expedidos por las procesadas”, porque contrariamente dicho ente de control fiscal hizo énfasis en que “respecto a la ejecución de estos contratos, se verificó el contenido de los mercados, con base en las cantidades establecidas en el objeto del contrato y los términos de referencia y se constata que existe una diferencia en las cantidades entregadas por parte del contratista, las cuales deben ser tenidas en cuenta por parte de la administración al momento de liquidar el contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Contratación Estatal.” (subrayas ajenas al texto).
Se trataba así de un llamado de advertencia a la Gobernación para que al momento de la liquidación contractual se descontaran las cantidades de elementos no entregadas por los contratistas, lo que ratifica la adulteración de la verdad por parte de la almacenista y la interventora al dar cuenta de hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones que no correspondían a la realidad.
Se trataría de un falso juicio de identidad por cercenamiento al no haber considerado apartes importantes del informe fiscal, mutilación que afectó su eficacia demostrativa y alterando la integridad de su contenido.
La consideración del tribunal acerca de que la comunicación del 8 de enero de 2008 en la cual B... M... le indicó al secretario de salud los municipios que no habían podido ser atendidos denotaba su actuar “proactivo”, mismo que eliminaba algún compromiso en la alteración documental, no es atendible, porque además de que tal comunicación es posterior a los hechos, no guarda relación con esa alteración de la verdad.
Esa actitud “proactiva” de la procesada fue extraída también de la comunicación de 3 de enero de 2008 del representante legal de Gestocoop, J... Á... P... dirigida a B... M... indicándole la dirección donde estaban los kits de aseo y mercados, la cual correspondía a las bodegas del sector de Manzanillo (transversal 52D 16-137), pero como ya se constató para ese momento las bodegas no habían sido tomadas en arriendo, además, si el 27 de diciembre aquélla ya había verificado la mercancía, no tendría sentido que el contratista le avisara donde se encontraban los elementos para el mes de enero.
En suma, con tales oficios no se podía establecer, como lo concluyó el tribunal, que los elementos adquiridos por la administración efectivamente ingresaron, porque aquí entroncan las declaraciones de J... B... V..., gobernador entrante y su tesorero L... R... Á... B... cuando explicaron que la negativa al pagar a los contratistas obedeció a que no estaba acreditada la efectiva entrada de los elementos adquiridos al almacén de la Secretaría de Salud, aspecto que ratifica que los documentos suscritos por las servidoras públicas no se ajustaron a la verdad.
Ahora, el tribunal para sustentar la absolución acudió también a la decisión de 29 de diciembre de 2011 de la procuraduría delegada para la moralidad pública mediante la cual se archivaron las diligencias que se adelantaban en contra de B... M... y L... P..., prueba en la cual los demandantes siembran un falso juicio de identidad por tergiversación, no obstante, no sería un yerro de aprehensión probatoria, sino de valoración, al querer irradiar esos efectos de archivo aquí en el proceso penal.
Pero claramente el juez de primera instancia sopesó tal decisión para minar su valor ante la divergencia de los ámbitos penal del disciplinario y porque el material probatorio en este caso denotaba que las procesadas faltaron a la verdad traicionando las expectativas de autenticidad, integridad y genuinidad que son propias al cumplimiento de la función documentadora.
Si la fe pública, como bien jurídico penalmente protegido se refiere a la credibilidad que se le dan a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes, aquí L... P... y B... M... en cumplimiento de sus labores como almacenista y coordinadora del programa de urgencia, emergencia y desastres de la Gobernación (además de interventora), respectivamente, no se ciñeron a la verdad en relación con el aspecto objetivo del ingreso físico de los elementos contratados por la Gobernación de Bolívar para atender a los damnificados que dejó la ola invernal, aspecto que tenía relevancia en la relación de los contratistas con el Estado.
En este orden de ideas deviene diáfano que la postura de los demandantes y del procurador delegado ante esta sede extraordinaria denotan que la valoración objetiva, fidedigna individual y en conjunto de los medios probatorios configuraba la alteración de la verdad en las constancias expedidas el 27 de diciembre de 2007 por las funcionarias de la Gobernación de Bolívar; B... C... M... B..., coordinadora del programa de urgencia, emergencia y desastres de la Gobernación y del 30 y 31 de diciembre por L... P... V..., jefe del almacén, cuando en uno y otro caso dieron cuenta del recibo e ingreso de los elementos adquiridos por la administración.
Por ello con acierto probatorio el juzgado primero penal del circuito de Cartagena mediante fallo de 19 de marzo de 2013 las declaró penalmente responsables del delito de falsedad ideológica en documento público previsto en el artículo de 286 del Código Penal, al imponerles las penas de cincuenta (50) meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, dosimetría que se ajusta a los parámetros legales ya que tal comportamiento tiene una penalidad de cuatro (4) a ocho (8) años, quantum que permitió el otorgamiento de la detención domiciliaria en favor de las mismas.
Lo anterior significa la prosperidad de los cargos casacionales formulados por los representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la parte civil, dada la verificación de los errores en que incurrió el Tribunal de Cartagena, por ello, la Corte Suprema de Justicia casará la sentencia absolutoria de segundo grado emitida en favor de B... C... M... B... y L... P... V..., en su lugar, confirmará la decisión condenatoria proferida por el juzgado primero penal del circuito del citado distrito judicial al declararlas responsables del delito de objeto de acusación.
Revisada la actuación se observa que desde la afectación de las procesadas con medida de aseguramiento de detención preventiva emitida la cual fue materializada el 4 de enero de 2012 —sustituida el 12 de marzo siguiente por detención domiciliaria—, hasta el día en que el Tribunal Superior de Cartagena las absolvió de responsabilidad penal, disponiendo su libertad inmediata, 21 de mayo de 2014, no han transcurrido aun las tres quintas (3/5) partes de la pena para que se hicieran merecedoras a la libertad condicional —bajo las previsiones del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1709 de 2014—, lo cual releva a la Corte de cualquier pronunciamiento sobre el particular.
1. CASAR la Sentencia de 21 de mayo de 2014 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que absolvió a B... C... M... B... y L... P... V... del delito de falsedad ideológica en documento público.
2. CONFIRMAR, como consecuencia de lo anterior, la sentencia proferida por el juzgado primero penal del circuito de Cartagena que las condenó como autoras del citado delito al imponerles las penas de cincuenta (50) meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, concediéndoles la prisión domiciliaria.
(1) De acuerdo con lo normado en el numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 (que modificó la Ley 80 de 1993) la urgencia manifiesta habilita excepcionalmente la contratación directa.
A su turno el artículo 42 de la citada Ley 80 señala que esta figura opera cuando “la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o públicos”.