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Timestamp: 2017-11-21 08:07:53
Document Index: 321568808

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 214', 'artículo 53', 'artículo 102', 'artículo 183', 'artículo 2']

Acto legislativo ¿acaba con el principio de separación de poderes, no sustituye la Constitución? | Centro Democratico
Bogotá, 8 de febrero de 2017 (CD). Por considerar que el proyecto de acto legislativo que pretende darle estabilidad jurídica al acuerdo de paz de La Habana en la Constitución Nacional no debe ser considerado porque fue derrotado en el plebiscito del 2 de octubre y es una propuesta con “vicios ocultos”, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria radicó ponencia negativa a la enmienda que será debatida en la Comisión Primera.
TRÁMITE LEGISLATIVO Y ANTECEDENTES
El 7 de julio de 2016 el Congreso aprobó el llamado “Acto Legislativo para la Paz”[1] -Acto Legislativo 01/16-, que incorporó de manera transitoria en la Constitución un procedimiento especial para la implementación de leyes que ejecutaran el llamado Acuerdo de Paz que se acordare con las Farc.
La Corte Constitucional, no ya en su sabiduría sino en su vergonzante ambigüedad, aprobó el llamado 'fast track' para implementar un acuerdo de paz[2]. La providencia es un galimatías jurisprudencial en virtud del cual se podía aprobar el supuesto nuevo acuerdo de paz con las Farc a pesar de que había sido derrotado por el “NO” en el plebiscito.
Del Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016
El derecho internacional en la Constitución.
En la Constitución de 1991 está incorporada la implementación de los llamados tratados y convenios ratificados por Colombia sobre asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Además, el Estado puede reconocer los asuntos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Todos estos tratados y convenios internacionales consagrados en la Carta se encuentren vigentes y son inherentes a la persona humana, es decir, cualquier ciudadano colombiano puede buscar protección, invocándolos[3].
El artículo 9º, el cual reconoció que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia;
El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.”
El artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, y
f) El artículo 102 que dice en su inciso 2 que: “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la república”.[4]
Validez de la norma y leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final.
La separación de poderes es otro principio gravemente amenazado. Cada rama del poder tiene una delicada tarea misional. La Corte Constitucional ha dicho que “La separación funcional del poder del Estado en distintas ramas y órganos tiene como objetivo primordial garantizar la libertad de los asociados, al mismo tiempo que se racionaliza el ejercicio de dicho poder para el desarrollo eficiente de las diversas finalidades constitucionales encomendadas al Estado. En efecto, la separación funcional permite, por una parte, limitar el alcance del poder que ejerce cada órgano y, por ende, restringir su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad y, por otra, asegurar que los diversos órganos desarrollen un mayor grado de especialización institucional, y le den un manejo más técnico a sus funciones”[5].
Espiritismo en la propuesta:
La propuesta sustituye la Constitución:
- En las sentencias C-332 de 2005, C-313 de 2004 y C-668 de 2004 se declaró inexequible parte del Acto Legislativo 01 de 2003, en el que se adoptaba una Reforma Política Constitucional respecto de los partidos y movimientos políticos. ¿Acaso acabar con el principio de separación de poderes no sustituye la Constitución?
- En la Sentencia C-816 de 2004 se declaró inexequible el Acto legislativo 02 de 2003 por medio del cual se modificaban los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución, reforma que buscaba enfrentar el terrorismo. ¿Destruir las competencias de control de la Corte Constitucional no resulta todavía peor?
- En la Sentencia C-033 de 2009, la Corte modificó en su totalidad el Acto Legislativo 02 de 2007 que pretendía que los municipios de Buenaventura (Valle de Cauca) y Tumaco (Nariño) se organizan como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos. ¿Incorporar a la Constitución 310 páginas de contenido ambiguo e ilegítimo políticamente no es la peor sustitución de la Constitución?
- En la Sentencia C-588 de 2009 se declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2008 que buscaba formalizar como empleos de carrera a los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes. ¿No sustituye la Constitución una propuesta que eleva a parámetro de constitucionalidad un acuerdo de paz derrotado en las urnas?
- En la Sentencias C-702 de 2010 y C-040 de 2010, la Corte declaró inexequible parte del Acto Legislativo 01 de 2009 que modificaba la reglamentación de los movimientos y partidos políticos en Colombia. ¿No resulta peor elevar a rango constitucional una fórmula de impunidad y obligar a los jueces a aceptarla?
- En la Sentencia C-1056 de 2012 se declaró inexequible el Acto Legislativo 02 de 2011 que reformó la Constitución para definir que en adelante no habría lugar a la sanción de la pérdida de investidura por la violación al régimen de conflicto de intereses para los congresistas (numeral 1º del artículo 183 constitucional). ¿No reviste mayor gravedad pretender que la política equivocada de un gobierno coyuntural se eleve a rango constitucional?
- En la Sentencia C-249 de 2012 se declaró inexequible el Acto Legislativo 04 de 2011 que buscaba determinar las calidades de los aspirantes a ingresar y actualizar a los cargos de carrera. ¿No es peor sustitución de la Constitución subir 310 páginas a rango constitucional?
- En la Sentencias C-373 de 2016 y C-285 de 2016, la Corte declaró inexequible gran parte del articulado del Acto Legislativo 2 de 2015 a través del cual se buscaba adoptar la reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. ¿No sustituye nuestra Constitución otorgar rango normativo, y el más alto, a un Acuerdo de paz rechazado por la ciudadanía?
No puede ser considerada un desarrollo del derecho a la paz porque la propuesta fue derrotada en las urnas el 2 de octubre.
Tampoco puede ser desarrollo del derecho a la paz, porque en nuestra opinión la paz no presupone impunidad, sino justicia.
La ponencia tiene un defecto enorme: no explica cuáles de las 310 páginas del llamado Acuerdo Final corresponden a "derechos fundamentales" o a "derecho internacional humanitario”. De modo que se pueda entender el alcance de lo que se propone. Como no lo explica, suponemos que hay motivaciones ocultas en la norma que no se nos han revelado.
La propuesta es maliciosa: aparenta reducir su proyección a derechos fundamentales y a DIH, pero la amplía extendiéndola también a aquellos derechos "conexos con los anteriores”. Como la ponencia no explica cuáles son los derechos "conexos con los anteriores”, suponemos también por este aspecto que hay vicios ocultos.
La disposición, evidentemente, va dirigida a la Corte Constitucional, para cercenar su capacidad de control. Y sin embargo, no se menciona el nombre de la Corte. ¿Por qué?
No se entiende cómo una norma constitucional tenga que definirse a sí misma como “parámetro de constitucionalidad”. Toda norma constitucional, por el hecho de serlo, es parámetro de control. Podemos saber de este modo que el móvil de la propuesta es oscuro.
La norma está haciendo algo mucho peor que la opción de meter el llamado Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad vía depósito del tal Acuerdo final en Ginebra. Está incorporando el Acuerdo Final, un texto de 310 páginas que además los colombianos rechazaron el 2 de octubre, a la Constitución, lo que es peor.
Cuestionamos que la política de un gobierno en particular se eleve a rango constitucional. La constitución pierde credibilidad, legitimidad y se permea del desprestigio del gobierno cuya política se pretende constitucionalizar.
La norma acaba con el principio de separación de poderes, al pretender someter a todos los órganos del estado a la voluntad de los firmantes del llamado Acuerdo final.
Sería oportuno que nos explicaran cuál es la diferencia entre “contenidos", “compromisos”, “espíritu” y “principios” del Acuerdo final (segundo inciso)... ¿En qué estamos, pues, honorables Senadores? ¿Se trata de derechos fundamentales y DIH, o se trata de aquellos dos, más los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios? ¿Qué es lo que nos van a constitucionalizar?
La limitación de los tres períodos presidenciales posteriores (artículo 2) no es más que el reconocimiento anticipado de la derrota de la política de apaciguamiento frente al terrorismo en las próximas elecciones.
Esa aparente limitación temporal es un canto a la bandera, porque no hay normas constitucionales superiores a otras. Y resulta que el resto de normas constitucionales, de por sí, permiten modificar cualquier norma, incluyendo las que quiera promover el señor Ministro del Interior. No existen cláusulas pétreas.