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Timestamp: 2017-12-15 13:03:54
Document Index: 28837806

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 66', 'Artículo 66', 'artículo 424', 'Artículo 424', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 30', 'artículo 30', 'Artículo 187', 'Artículo 205', 'Artículo 29', 'Artículo 67', 'Artículo 2', 'artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 11', 'artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'artículo 91', 'Artículo 91', 'artículo 92', 'Artículo 92', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 94', 'Artículo 94', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'artículo 107', 'artículo 3', 'artículo 172', 'Artículo 172', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 76', 'Artículo 76', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 89', 'Artículo 89', 'artículo 165', 'Artículo 165', 'artículo 90', 'Artículo 90', 'artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 285', 'Artículo 286', 'Artículo 288', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 12', 'Artículo 166']

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - PDF
Bernardo Mendoza Contreras
1 Naciones Unidas Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Distr. general 28 de enero de 2010 Original: español CAT/C/ECU/4-6 Comité contra la Tortura Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 19 de la Convención Cuarto, quinto y sexto informes periódicos previstos para 2001, 2005 y 2009; el presente informe se presenta en respuesta a la lista de cuestiones (CAT/C/ECU/Q/4) transmitida al Estado parte de conformidad con el procedimiento facultativo de presentación de informes (A/62/44, párrafos 23 y 24); debía presentarse en 2009 Ecuador* ** *** [5 de agosto de 2009] * Para el tercer informe del Ecuador, véase el documento CAT/C/39/Add.6; para su examen por el Comité, véanse los documentos CAT/C/SR.673 y 675 y CAT/C/ECU/CO/3. ** Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la tramitación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas. *** Los anexos al presente informe pueden consultarse en los archivos de la secretaría del Comité. GE (S)
2 Presentación El Estado ecuatoriano se complace en presentar al Comité contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, su informe periódico consolidado cuarto, quinto y sexto de cumplimiento a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sobre la base de la comunicación enviada por el Comité contra la Tortura al Estado ecuatoriano, en febrero de 2008 a fin de preparar la información sobre la base de la lista de cuestiones previas (CAT/C/ECU/Q/4); propuesta que fue oficialmente aceptada por el Ecuador en abril del mismo año. Ecuador desea dar a conocer al Comité los importantes avances que ha realizado el país en cuanto las políticas, acciones y medidas que se desarrollan para la erradicación de la práctica de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular desde la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año de 2007, y la gestión en el área de mejoramiento de la rehabilitación social en el Ecuador; la adopción de una nueva Carta Magna, vigente desde octubre de 2008, el trabajo para la investigación de violaciones de derechos humanos y actos de tortura, que viene desarrollando la Comisión de la Verdad, creada por decreto ejecutivo desde El presente informe contiene una breve introducción que revisa las recomendaciones del último examen del Comité. En adelante se desarrolla la información nacional a las preguntas del Comité planteadas al Ecuador en Se ha recogido además como anexo al presente informe consolidado, las interrogantes de la Relatora para las conclusiones y recomendaciones del examen del tercer informe periódico del Ecuador al Comité, presentado en 2003, solicitadas al Estado en mayo de Este informe ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el apoyo de la Secretaría de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos (Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Sociales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración), con la integración de la información proveniente de varias instituciones nacionales y de la sociedad civil. Como el Comité podrá observar este informe recoge la mayor información de las diversas instancias del Estado ecuatoriano realizadas en el último período que se informa. El Estado ecuatoriano deja constancia de su reconocimiento a las instituciones nacionales y de la sociedad civil que han contribuido para el levantamiento de este informe periódico. 2 GE
3 Índice Párrafos Página Instituciones participantes en la elaboración del informe consolidado cuarto, quinto y sexto del Ecuador... 4 Índice de cuadros... 5 Siglas utilizadas... 6 I. Introducción II. Información relativa a cada uno de los artículos de la Convención A. Artículo B. Artículo C. Artículo D. Artículos 4 y E. Artículo F. Artículo G. Artículos 12 y H. Artículo I. Artículo J. Otras cuestiones K. Información general sobre la situación de los derechos humanos a nivel nacional incluyendo nuevas medidas relacionadas con la aplicación de la Convención GE
4 Instituciones participantes en la elaboración del informe consolidado cuarto, quinto y sexto del Ecuador Instituciones del Estado ecuatoriano Asamblea Nacional Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) Comisión de la Verdad Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) Corte Constitucional Corte Nacional de Justicia Comandancia General de la Policía Nacional Defensoría del Pueblo Dirección Nacional de la Policía Judicial Dirección Nacional de Migración Dirección Nacional de Rehabilitación Social Fiscalía General del Estado Ministerio de Inclusión Económica y Social Ministerio Coordinación de Seguridad Interna y Externa Ministerio de Defensa Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración Ministerio de Salud Ministerio Fiscal General del Estado Plan Ecuador Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana Secretaría del Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas (CODENPE) Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) Unidad de Defensoría Pública Penal Instituciones de la sociedad civil Fundación para la Rehabilitación de víctimas de violencia (PRIVA) 4 GE
5 Índice de cuadros Página 1. Proyectos de ley reformatorias al Código Penal Medidas precautorias prescritas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cartilla que contiene los derechos de la persona detenida Estadísticas del derecho de los menores a la presencia de los representantes legales durante los interrogatorios en el período Estadísticas del número de refugiados reconocidos, número de solicitudes negadas, número de solicitudes pendientes, Capacitación a la Policía Nacional hasta febrero de Estadísticas de delitos sexuales, Estadísticas de delitos sexuales, Estadísticas de delitos sexuales, Estadísticas de los delitos contra la libertad y delitos contra la libertad individual; torturas, Estadísticas de las denuncias presentadas a las cortes policiales Estadísticas de las denuncias conocidas por el tribunal penal Estadísticas de las denuncias conocidas por el tribunal penal Estadísticas de las denuncias conocidas por los juzgados distritales Estadísticas de las denuncias presentadas a las oficinas de asuntos internos a nivel nacional Estado actual de los casos de arreglo amistoso de delitos de tortura y malos tratos Estado actual de cumplimiento de las sentencias, recomendaciones y soluciones amistosas Capacitaciones realizadas por la Corte Constitucional Capacitaciones realizadas por la Corte Constitucional regionales a nivel nacional Informe consolidado de casos resueltos por competencia normativa de la Constitución de la República del Ecuador vigente hasta el 19 de octubre de GE
6 Siglas utilizadas CODENPE CONSEP CPP CRS DAC DINAPEN GIR PPL PROJUSTICIA SCCESPN SENPLADES SENAMI TC Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Código Procesal Penal Centros de Rehabilitación Social Dirección de Aviación Civil Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes Grupo de Intervención y Rescate personas privadas de libertad Unidad de coordinación para la reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador Subcomisión de Elaboración y Seguimiento de Proyectos Normativos Secretaria Nacional de Planificación Secretaria Nacional del Migrante Tribunal Constitucional 6 GE
7 I. Introducción 1. El Estado ecuatoriano es Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante la Convención). En virtud del párrafo 1 del artículo 19 de la Convención, el Ecuador pone a consideración del Comité contra la Tortura los informes periódicos cuarto, quinto y sexto, con datos actualizados hasta 2009, de conformidad con el cuestionario remitido por el Comité en febrero de En el presente informe, el Estado ecuatoriano atiende las preocupaciones y recomendaciones formuladas por el Comité en 2005, durante el examen del tercer informe periódico (véase CAT/ECU/CO/3). Entre las más importantes se encuentran las siguientes: 3. Adecuación del delito de tortura en la legislación interna del Estado parte (observaciones del Comité sobre el tercer informe periódico, párr. 14). Al respecto, como se verá más adelante, en la información al artículo 1, la Asamblea Nacional Constituyente introdujo dentro de la Constitución política vigente el principio donde se da a los instrumentos internacionales de derechos humanos el rango de norma constitucional, con lo que nuestro país se obliga a tipificar los delitos que establece la Convención, proceso que se está llevando a cabo como se mencionará en la parte correspondiente. 4. Medidas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de tortura y malos tratos a detenidos; investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas; juicio y condena de autores de torturas y tratos inhumanos; indemnización a víctimas (ibíd., párr. 16). Como se verá en la información establecida en los artículos 12 y 14 del presente informe, se han tomado medidas disciplinarias y sanciones penales en la justicia ordinaria en contra de miembros de la Policía Nacional involucrados en este tipo de hechos a fin de que no queden en la impunidad. 5. Lentitud y retraso en el procesamiento de las causas judiciales; asignación de recursos; medidas al futuro (ibíd., párr. 18). El Estado ecuatoriano ha tomado todas las previsiones necesarias para crear nuevas judicaturas, capacitar a los jueces y juezas y fortalecer y crear centros de mediación para que la justicia goce del principio de celeridad, conforme se verá más adelante en la información establecida en los artículos 12 y Avances legislativos para acortamiento de los plazos de prisión preventiva; eliminación de la figura de la detención en firme del Código de Procedimiento Penal (ibíd., párr. 19). En el año 2007, se declaró inconstitucional la figura jurídica de la detención en firme. Igualmente, el nuevo Código de Procedimiento Penal aprobado el 17 de marzo de 2009 y publicado en el Registro Oficial Nº 555 de 24 de marzo de 2009, regula la prisión preventiva de acuerdo a los parámetros establecidos en la nueva Constitución política, la misma que establece sanciones para los funcionarios judiciales que retarden el proceso, conforme se constatará más adelante en la información relativa al artículo 2 del Comité. 7. Salvaguardias legales fundamentales aplicables a personas detenidas por la policía, garantía de sus derechos. En el caso de los menores, la presencia de sus representantes legales durante los interrogatorios (ibíd., párr. 21). Esta preocupación ya fue solventada por el Estado ecuatoriano; la Constitución de la República del Ecuador vigente consagra la garantía del cumplimiento de varias salvaguardias fundamentales aplicadas a las personas que han sido sujetas a detención policial, siendo éstas, el derecho a ser interrogado en presencia de un abogado particular o un defensor público dotado por el Estado; además, no podrá restringirse al detenido el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor; adicionalmente se establece la obligación de todo agente de informar a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de un(a) abogado(a), o de un(a) defensor(a) público(a) en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Más adelante GE
8 se desarrolla esta información en el artículo 2. La Policía Nacional ha implementado una cartilla para los miembros de la institución policial que contiene estos derechos, los que deberán ser leídos obligatoriamente al detenido. 8. Situación en los centros de detención; centros de rehabilitación; hacinamiento; corrupción y malas condiciones materiales de los establecimientos penitenciarios; higiene, alimentación adecuada y cuidados médicos apropiados (ibíd., párr. 24). El Estado ecuatoriano ha implementado una declaratoria de emergencia carcelaria a través de la cual se ha llevado a cabo, varias acciones tendientes a mejorar la situación de los establecimientos penitenciarios, como la construcción de nuevas cárceles, mejoramiento de las existentes, creación de la Unidad de Defensoría Pública Penal, entre otras, información que se proporciona en el artículo 11 del presente Informe. 9. Existencia de los fueros militares y policiales (ibíd., párr. 25). En la nueva Constitución desaparecen los fueros militares y policiales, para pasar a formar parte de la Función Judicial a través de la implementación de una sala especializada, como se verá en la información del artículo 12 y 13. Igualmente, el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial aprobado el 3 de marzo de 2009 y publicado en el Registro Oficial Nº 544 de 9 de marzo de 2009 regula este tema. 10. Marco normativo específico para el tema de reparación por actos de tortura; diseño e implementación de programas de atención y apoyo integral a las víctimas de tortura (ibíd., párr. 26). La Constitución vigente introduce el concepto de reparación integral, a través del cual se crea el Programa de Protección de Víctimas y Testigos para brindar apoyo, entre otros, a las víctimas de violaciones de derechos humanos en varios frentes tales como médicos, psicológicos, sociales, entre otros, conforme se establece en este documento en la información del artículo 14 de la Convención. 11. Adicionalmente, dentro del proyecto de Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, elaborado conjuntamente por la Corte Constitucional en período de transición, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Subsecretaría de Desarrollo Normativo, se establece un procedimiento específico para el cumplimiento de la reparación integral de las víctimas de toda clase de violación de derechos humanos, el mismo que será presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación. 12. Además, en el período de la administración del Presidente Rafael Correa, en el año 2007 inició el programa de modernización de la Policía Nacional con enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana; este proceso partió con la capacitación a los oficiales de la Policía Nacional en derechos humanos, por expertos de Naciones Unidas en la región. II. Información relativa a cada uno de los artículos de la Convención A. Artículo 1 1. En relación con las conclusiones y recomendaciones anteriores del Comité, todos los actos de tortura mencionados en los artículos 1 a 4 de la Convención se consideran delitos en la legislación penal interna? Sírvanse indicar si la prohibición ha sido incorporada en una sola disposición. 13. La legislación ecuatoriana, en el ámbito del derecho constitucional, experimentó un cambio radical con la Asamblea Nacional Constituyente de 2008, donde se adoptó un sesgo más garantista y de protección a los derechos establecidos en la misma Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, imponiéndose como uno 8 GE
9 de sus principios rectores la protección y la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de sus habitantes, como se establece dentro del artículo 3 1) de la misma Constitución de : "Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales [...]." 14. Bajo estos parámetros, la legislación ecuatoriana prohíbe de manera clara y expresa los actos de tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes, como lo establece el artículo 66 3), literal c de la Constitución de la República: "Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos degradantes." 15. Partiendo de lo anterior, es importante tomar en consideración que la actual Constitución de la República da una connotación de extrema importancia a los derechos establecidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, elevándolos a la categoría del bloque constitucional de derechos, prevaleciendo sobre las demás leyes, así se lo establece en el artículo 424: "Artículo 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerás de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público." 16. El Ecuador es parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la que se encuentra publicada en el Registro Oficial Nº 924 de 28 de abril de 1988, Registro Oficial Nº 786, de 21 de septiembre de Así también es Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicado en el Registro Oficial Nº 699 de 7 de noviembre de 2002; conforme a los artículos constitucionales citados anteriormente, al estar plenamente ratificados estos instrumentos internacionales, los derechos ahí establecidos pasan a tener un rango constitucional y por tanto cualquier acto de tortura que contemplen estos instrumentos deben ser desarrollados en la normativa de menor jerarquía para que sean sancionados. 17. Por otro lado, los actos de tortura establecidos en los artículos 1 a 4 de la Convención son de inmediata y directa justiciabilidad ante todas las autoridades del Estado, sin más formalidades que las exigidas en la Constitución y en la ley, conforme lo establece el artículo 11 3) de la Carta Política: "Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor(a) público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 1 La Constitución vigente de la República del Ecuador consta en el Registro Oficial Nº 449, de 20 de octubre de GE
10 justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento." (Énfasis añadido). 18. Las normas constitucionales citadas deben ser entendidas en conjunto con las normas establecidas en la ley sustantiva penal vigente, donde se tipifica la tortura de diferentes maneras; de un lado, estableciéndose como agravante para el establecimiento de una sanción, que se cita: Código Penal vigente 2 : "Artículo 30. Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto, o la alarma que la infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad de sus autores, como en los casos siguientes: 1. Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas, u otros medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el fraude; o con ensañamiento o crueldad, haciendo uso de cualquier tortura u otro medio de aumentar y prolongar el dolor de la víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse, ya sea que para esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la comisión del delito; o haberse cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando deliberadamente en la casa de la víctima, o después de haber recibido algún beneficio de ésta; Primer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 30 del Código Penal. En el caso de delitos sexuales y de trata de personas, se considerarán como circunstancias agravantes, cuando no fueren constitutivas o modificatorias de la infracción y se aplicarán sin perjuicio de las circunstancias agravantes generales señaladas en el artículo anterior, las siguientes: [...] 10. Si el delito sexual ha sido cometido como una forma de tortura, o con fines de intimidación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo. [...] Artículo 187. Cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos hubiere resultado cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el capítulo de las lesiones. Si los tormentos hubieren causado la muerte, el culpado será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. [...] Artículo 205. Los que expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los presos o detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo." 2 Publicado en el Registro Oficial, suplemento Nº 147, de 22 de enero de GE
11 19. La Ley penal policial establece además algunas normas que tipifican la tortura como delito, las mismas que se transcriben a continuación: Código Penal de la Policía vigente 3 : "Artículo 29. Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto o la alarma que la infracción produce en la sociedad o en la Institución, o establecen la peligrosidad de sus autores, como en los casos siguientes: 1. Ejecutar el hecho con traición, sobre seguro, o premeditación, astucia, fraude o disfraz; o recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, u otros medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o con ensañamiento, crueldad o tortura, o prolongando el dolor de la víctima." 20. Dentro del Reglamento de Funcionamiento de los Pabellones de Máxima Seguridad en los Centros de Rehabilitación Social: "Artículo 67. En la aplicación de sanciones queda prohibida la tortura o maltrato que dañe la salud física o mental del interno. La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones establecidas en las leyes y códigos vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que puede incurrir el personal de los centros." 21. Es importante informar al Comité que en el Ecuador se han presentado dos proyectos de ley reformatorios al Código Penal tipificando el delito de la tortura. Cuadro 1 Proyectos de ley reformatorias al Código Penal Tipificación del delito de tortura Nombre Reformatoria al Código Penal Tipificación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Código Auspicio Comisión H. María Augusta Rivas De lo Civil y Penal Fecha de ingreso 22 de julio de 2004 Fecha de envío a comisión 29 de julio de 2004 Publicación Registro Oficial Nº 395 de 9 de agosto de 2004 Nombre Reformatoria Al Código Penal Código Auspicio Comisión H. Soledad Aguirre de Rengel De lo civil y penal Fecha de ingreso 11 de julio de 2006 Fecha de envío a comisión 14 de julio de 2006 Publicación Registro Oficial Nº 327 de 3 de agosto de Publicado en el Registro Oficial, suplemento Nº 1202, de 20 de agosto de GE
12 22. Finalmente, dentro del Programa Operativo Anual de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra como una actividad prioritaria el proyecto de reforma al Código Penal. El desarrollo de esta actividad se inició a mediados del mes de febrero del año en curso y se prevé su terminación en el mes de agosto de Dentro de este plan se tiene previsto la tipificación de todos los actos de tortura mencionados en los artículos 1 a 4 de la Convención y todos los delitos contenidos en el Estatuto de Roma. 23. En conclusión, la Constitución de la República contempla el principio donde se otorga a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos el rango de norma constitucional y los hace plenamente justiciables ante las autoridades correspondientes, por lo que, en cumplimiento de lo recomendado por el Comité contra la Tortura, el Estado ecuatoriano se obliga a tipificar los delitos establecidos en la Convención, proceso que se encuentra en período de ejecución. B. Artículo 2 2. En qué medida el proceso constituyente contempla el fortalecimiento de la protección a los derechos humanos? 24. La Constitución de la República vigente establece como principio fundamental, que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, siendo uno de sus deberes primordiales, el de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales vigentes; además, consagra la exigibilidad e inmediata viabilidad de los derechos, prohibición de discriminación, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos. 25. En lo que se refiere a la exigibilidad de los derechos, estos pueden ser reclamados, ya de forma individual o colectiva, con estricto apego a la indivisibilidad, interdependencia, irrenunciabilidad y universalidad de todos los derechos, los mismos que deben de tener el mismo peso de valoración en el momento de su tratamiento. 26. La exigibilidad de un derecho es de interés general, y además puede exigirse contra particulares, precepto reflejado en la garantía de la "Acción de protección", evitando impunidades en el ámbito privado, la misma que esta establecida en el artículo 88 de la Constitución vigente, que manifiesta: "Artículo 88. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación." 27. Con respecto a la prohibición de discriminación, la Constitución contempla nuevos ámbitos de protección como la identidad de género, pasado judicial, condición migratoria, portar VIH, diferencia física, etc. "Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 12 GE
13 política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Además, se determina en el contenido y alcance de cada derecho a través de la inalienabilidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia e igual jerarquía." 28. Adicionalmente, el fortalecimiento de la protección a los derechos humanos se refleja en la atención específica que la Constitución, en su título II, capítulo III, presta a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, como son las personas adultas y adultos mayores; jóvenes; personas en situación de movilidad; mujeres embarazadas; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas con enfermedades catastróficas; personas privadas de libertad; personas usuarias y consumidoras. Este enfoque brinda una visión de integralidad en el abordaje de derechos ya que apunta a una atención en función de los requerimientos de cada grupo Otro aspecto importante en materia de protección de derechos humanos que establece la nueva Constitución es el relacionado a las Garantías constitucionales incorporadas en el título III y que contempla, Garantías normativas; Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana y Garantías jurisdiccionales La nueva Constitución incorporó un nuevo recurso que tiene por objeto tutelar los derechos humanos de los habitantes del Ecuador contra actos y omisiones de autoridades del sector público no judicial o personas particulares, siendo esto innovador dentro del sistema jurídico del país, establecido en el artículo 88 que estipula: "Sección segunda Acción de protección Artículo 88. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación." 31. Además el Estado ecuatoriano ha acogido el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 6 que ordenó al Ecuador adecuar su derecho interno en los términos de la Convención Americana, en lo referente a la acción de hábeas corpus, así, en la última 4 Ver en anexos. Constitución de la República del Ecuador (2008), título II, Derechos, cap. tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (art. 35); sección primera: Adultas y adultos mayores (arts. 36 a 38); sección segunda: Jóvenes (art. 39); sección tercera: Movilidad humana (arts. 40 a 42); sección cuarta: Mujeres embarazadas (art. 43); sección quinta: Niñas, niños y adolescentes (arts. 44 a 46); sección sexta: Personas con discapacidad (arts. 47 a 49); sección séptima: Personas con enfermedades catastróficas (art. 50); sección octava: Personas privadas de libertad (art. 51); sección novena: Personas usuarias y consumidoras (arts. 52 a 55). 5 Ver título III, Garantías constitucionales, Constitución del Ecuador, arts. 84 a Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez c. el Ecuador, 21 de noviembre de GE
14 Asamblea Nacional Constituyente se estableció que ya no es el(la) alcalde o alcalde(sa) quien conoce esta acción, sino un(a) juez(a), conforme lo establecen los artículos 89 y 90: "Sección tercera Acción de hábeas corpus Artículo 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la corte provincial de justicia. Artículo 90. Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación de libertad." 32. Además, se incluyó dentro de la Carta Política el derecho de acceso a la información pública como una garantía con rango constitucional, como lo manifiesta el artículo 91: "Sección cuarta Acción de acceso a la información pública Artículo 91. La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley." 33. Otra de las garantías reformadas en la Carta Magna es el hábeas data, que establece condiciones más ventajosas para el peticionario, tales como la gratuidad de la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación; y, la posibilidad de judicializar la desatención de la petición de información, entre otras, así lo establece el artículo 92: "Sección quinta Acción de hábeas data Artículo 92. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos 14 GE
15 genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados." 34. Por otro lado, como un mecanismo de protección y garantía de cumplimiento y exigibilidad de los derechos humanos, el Estado ecuatoriano adoptó un recurso específico el efecto, establecido en el artículo 93 de la Constitución política: "Sección sexta Acción de incumplimiento Artículo 93. La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional." 35. Además se informa que, la Asamblea Nacional Constituyente integró en la Carta Política un recurso contra las decisiones de autoridades públicas cuando hayan vulnerado los derechos humanos de las personas, establecido en el artículo 94: "Sección séptima Acción extraordinaria de protección Artículo 94. La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado." 36. En conclusión, el Estado ecuatoriano ha incluido dentro de su Constitución normas que contemplan garantías adecuadas y eficaces para el fortalecimiento de la protección a los derechos humanos y además avances significativos en cumplimiento del principio de desarrollo progresivo de los derechos humanos. 3. Qué medidas ha adoptado el Estado parte para reducir el período de detención preventiva, incluida la derogación del concepto de detención en firme del Código de Procedimiento Penal? Sírvanse dar información sobre todas las medidas que se vayan a aplicar a este respecto. 37. El Estado ecuatoriano ha adoptado diversas medidas para reducir el uso de la prisión preventiva. La primera fue la declaración de inconstitucionalidad de la detención en firme. La segunda fue el establecimiento de audiencias de control de flagrancia a través de las resoluciones publicadas en el Registro Oficial Nº 221 de 28 de noviembre de 2007; Nº 316 de 15 de abril de 2008 y Nº 423 de 11 de septiembre de 2008, adoptadas por la ex Corte Suprema de Justicia. La tercera es la reciente reforma al Código de Procedimiento Penal GE
16 realizada el 17 de marzo de 2009 y publicada en el Registro Oficial Nº 555 de 24 de marzo de La cuarta es el establecimiento de la Unidad Transitoria de Defensa Pública Penal. 38. En cuanto a la primera medida, la figura de la detención en firme fue declarada inconstitucional mediante Resolución del ex Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional) Nº TC, publicada en el Registro Oficial Nº 382-S, de 23 de octubre de Gracias a esa medida, se inició un proceso de descongestionamiento carcelario disminuyendo así el índice de hacinamiento. 39. En cuanto a la segunda medida, la resolución de la ex Corte Suprema de Justicia que estableció la realización de audiencias de control de flagrancia, ha permitido que desde el mes de noviembre de 2007 los fiscales deban someter a consideración del juez penal la pertinencia de privar de la libertad a personas detenidas por delito flagrante en una audiencia oral donde el fiscal debe probar la necesidad de establecer la medida de prisión preventiva y el juez evaluar la pertinencia de tal requerimiento. 40. En cuanto a la tercera medida, la reciente reforma al Código de Procedimiento Penal (CPP) ha establecido ya la realización de audiencias para determinar la medida cautelar más idónea de acuerdo al caso puntual: "Artículo 159. A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso y la comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una o varias medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real. En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de carácter personal alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia. Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código." 41. Además, este Código establece la posibilidad de requerir el fiscal y otorgar el juez medidas alternativas a la prisión preventiva como: "Artículo 160. Las medidas cautelares de carácter personal, son: 1) La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 2) La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 3) La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales, o a quien éste designare; 4) La prohibición de ausentarse del país; 5) Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos; 6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos; 7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, testigo o algún miembro de su familia; 8) Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica; 16 GE
17 9) Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el artículo 107, regla 6º del Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; 10) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales o ante la autoridad que éste designare; 11) El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial; 12) La detención; y 13 La prisión preventiva. Las medidas cautelares de orden real son: 1) El secuestro; 2) La retención; y 3) El embargo." 42. Finalmente, el Gobierno nacional implementó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal 7, como una entidad dependiente y adscrita a la Presidencia de la República, desconcentrada y con independencia administrativa y financiera e implementada en el marco de la emergencia del sector penitenciario, que tiene por finalidad, proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un delito o falta que, por sus condiciones económicas y sociales, no puedan contratar un abogado privado que les brinde asistencia jurídica y por tanto puedan estar enfrentando una prisión preventiva. 43. La Unidad fue adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Decreto ejecutivo Nº 748, publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 220 de 27 de noviembre de 2007, con lo cual se posibilita el acceso a la justicia y la defensa de las personas detenidas en los centros de rehabilitación social del país. 44. La Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, en ejercicio de las atribuciones consignadas en el artículo 3 del Decreto ejecutivo Nº 563, elaboró el Reglamento de Parámetros y Estándares Mínimos de Calidad para la Selección de Personas Jurídicas que prestan servicios profesionales de defensa penal, expedido por la Unidad mediante Resolución Nº 001-UTGDPP-2007 de 31 de agosto de 2007 en que se convocó a personas jurídicas u organizaciones que estén en condiciones de prestar servicios de defensa penal a los imputados o acusados de participar en delitos y a adolescentes infractores que por sus condiciones económicas y sociales no pueden contratar un abogado defensor privado, se les invitó a participar en el concurso que permita contratar tales servicios, que incluyen la actuación en audiencias de flagrancia o formulación de cargos. 45. El número de defensores públicos penales contratados por el Estado a nivel nacional es de 240 profesionales, atendiendo un aproximado de casos de prisión preventiva, de éstos, el 12% obtuvieron sentencia condenatoria y el restante 88% salieron en libertad por distintas causas como caducidad de la prisión preventiva, revocatoria de la medida cautelar, fianza, entre otras, disminuyendo de esta el número de personas hacinadas a causa de la figura de la prisión preventiva. 7 Decretos ejecutivos Nos. 441 y 563, publicados en el Registro Oficial Nos. 121 y 158 de 6 de julio y 29 de agosto de 2007, respectivamente. GE
18 46. Por otro lado, la Constitución de la República vigente garantiza la celeridad y diligencia en la realización de los procesos judiciales, estableciendo responsabilidades a los funcionarios que causen perjuicios a los encausados, así se lo estipula dentro del artículo 172: "Artículo 172. Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley." 47. Finalmente, se puede indicar que desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la detención en firme, se han emprendido reformas legales dirigidas a limitar el uso de la prisión preventiva y promover el uso de medidas cautelares alternativas, acompañadas de la implementación de mecanismos que permitan la realización de un proceso penal más equilibrado, a través de la presencia de defensores públicos, y ágil, a través del establecimiento de audiencias en todas la etapas del proceso penal. 4. Sírvanse proporcionar información sobre todas las medidas precautorias prescritas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 48. El 9 de septiembre de 2008 se expidió el Decreto ejecutivo Nº 1317, en cuyo artículo 1 se confiere al ministerio de justicia y derechos humanos la responsabilidad de "coordinar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originados en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal de derechos humanos, y demás obligaciones surgidas por compromisos internacionales en esa materia", y el artículo 2 3) establece que este ministerio deberá "coordinar con la entidad del estado competente la realización de medidas necesarias para dar cumplimiento integral a las obligaciones". 49. Con estos antecedentes, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública institucionalizó un mecanismo que pretende alcanzar un cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, el mismo que está comprendido de cuatro fases: a) Una vez que se ha tenido conocimiento del caso, se realiza un diagnostico jurídico del mismo donde se establecen algunos paramentos de análisis: estudio de los antecedentes, análisis de la violación de derechos humanos tomando en consideración normativa constitucional y de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, estado actual de la ejecución de la reparación/protección, propuesta de acciones tendientes a obtener la reparación/protección establecida por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública e identificación de las instituciones públicas con las que se coordinará acciones; y finalmente, establecimiento de plazos tentativos para la ejecución de las medidas propuestas. b) Un segundo momento de este mecanismo es un acercamiento con la víctima/beneficiario(a) de las medidas de reparación/protección para realizar un cruce antropológico y establecer las reales necesidades y formas de reparación/protección adecuadas y eficaces de tal manera que éstas sean satisfechas de manera integral, dando una participación objetiva y real a la víctima/beneficiario(a). En este acercamiento se llegan a varios acuerdos sobre la propuesta hecha por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública sin perjuicio de que la víctima/beneficiario(a) pueda 18 GE
19 sugerir otras que atiendan a su real satisfacción y que mejore su sentimiento de reparación integral, las mismas que serás analizadas posteriormente por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública. c) Posteriormente, se elabora una Carta de Compromiso de Ejecución de Obligaciones Internacionales donde se incorpora los compromisos acordados de manera conjunta con la víctima/beneficiario(a), estableciéndose los plazos para su cumplimiento. Este documento debe ser suscrito por la Subsecretaria de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública y la victima/beneficiario(a) de las medidas. d) Finalmente se inicia la etapa de ejecución de los acuerdos de reparación/protección en coordinación con otras instituciones de Estado. 50. Partiendo de este decreto ejecutivo y una vez implementado este mecanismo de ejecución, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública tomó conocimiento de los casos que derivaban medidas precautorias surgidas de obligaciones internacionales y que anteriormente eran ejecutados y monitoreados por la Procuraduría General del Estado. Medidas cautelares 51. Durante el primer trimestre de 2009 se tuvo conocimiento de 15 medidas cautelares dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se tuvo como resultado la aplicación del mecanismo de ejecución de obligaciones internacionales en 4 de éstas, a saber: a) Shushufindi; b) Luis Alberto Sabando Véliz; c) Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenani; d) Jhony Gómez Banda. Medidas provisionales 52. Durante 2008 y el primer trimestre de 2009 se tuvo conocimiento de 1 medida provisional dictada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obteniéndose como resultado la aplicación del mecanismo de ejecución de obligaciones internacionales en ésta. 1. Caso Sarayacu 53. El proceso de cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las medidas precautorias prescritas por el Sistema Interamericano se puede detallar en el siguiente cuadro, donde se establecen cada una de las etapas de ejecución. GE
20 Cuadro 2 Medidas precautorias prescritas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Obligaciones internacionales Etapa de acercamiento Etapa de ejecución Existentes Atendidas Elaboración del diagnostico jurídico Contacto con beneficiarios/ víctimas Firma de actas de compromiso de ejecución de obligaciones Coordinación con otras instituciones del Estado Otras 8 Inicio de reparaciones Disculpas Proceso públicas entrega carnés Medidas cautelares Medidas provisionales Total La mayoría de medidas han sido sometidas al mecanismo de reparación integral implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las medidas restantes serán ejecutadas de manera progresiva, con lo que el Estado ecuatoriano está en proceso de cumplimiento de esta obligación internacional en materia de derechos humanos. 5. Sírvanse proporcionar información sobre las normas jurídicas y constitucionales y la práctica relativas a la inadmisibilidad de excepciones a la tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes en situaciones de emergencia. Es válido el derecho del hábeas corpus en situaciones de emergencia? 55. La Constitución de la República del Ecuador recoge en varios de sus artículos información relevante con respecto a la tortura, así por ejemplo, de manera general en el artículo 76 4), hace referencia a la inadmisibilidad de la prueba obtenida en violación de los derechos vigentes, en este caso a través de la tortura, así establece que: "Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o a ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria." 56. En concordancia con esta norma constitucional existen otras disposiciones legales como las contempladas en el Código de Ética Médica, emitido, mediante Acuerdo Ministerial A. Registro Oficial Nº 5 de 17 de agosto de 1992, establece en el artículo 27 que "El médico no podrá participar directa o indirectamente en la prescripción, complicidad o realización de torturas a las personas privadas de su libertad", en concordancia con el artículo 28 del mismo cuerpo normativo que establece "El médico no podrá contribuir con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas privadas de su libertad; ni certificar que éstas se encuentran en condiciones de recibir cualquier forma 8 Las reparaciones varían según el caso en ejecución, existiendo entre otras: pago de una indemnización económica, devolución de bienes, publicación de disculpas públicas en el diario de mayor circulación, perennización del nombre de la víctima, revelación de placa con el nombre de la víctima, investigar y sancionar a los responsables de la violación de derechos humanos, búsqueda de los cuerpos de las víctimas, asistencia psicológica a las víctimas y/o beneficiarios(as), protección policial, mejoramiento de infraestructura como pista aérea y dispensario médico, entrega de carnés de beneficiario(a) de protección policial, entre otras. 20 GE
21 de tratamiento, experimentación o castigo, que pueda influir desfavorablemente en su salud física o mental", siendo inadmisible la confesión obtenida en base de tortura con colaboración médica. 57. Con respecto a la preocupación del Comité, a cerca de la vigencia del hábeas corpus en situaciones de emergencia, este recurso tiene como uno de sus objetos proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad y en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad cuando fuera aplicable. Por lo tanto es válido el hábeas corpus en estados de emergencia y/o excepción, como lo consagra el artículo 89 de la Constitución política: "Sección tercera Acción de hábeas corpus Artículo 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia." 58. Como se puede observar, la norma citada es clara al determinar el objeto y el trámite del hábeas corpus y tiene un inciso que hace referencia exclusivamente a casos en los cuales se verifique tortura, trato inhumano, cruel o degradante, obligando a el(la) juez(a) que conozca del caso, a disponer la libertad inmediata de la víctima, además de su atención integral y especializada. 59. No existe ninguna norma constitucional que coarte el derecho del hábeas corpus en situaciones de emergencia, más bien con toda claridad se determina expresamente cuáles son los derechos que pueden suspenderse o limitarse en caso de estado de excepción, tal como lo establece la Carta Política en el artículo 165: "Artículo 165. Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución." 60. Por lo tanto, se puede concluir que el hábeas corpus es válido en todo momento y no puede ser limitado, peor aún restringido bajo ninguna circunstancia extraordinaria como es el caso del estado de emergencia. GE
22 61. Con estos antecedentes, es necesario resaltar el progreso que esta realizando el Estado ecuatoriano hacia la consecución del respeto a las garantías constitucionales que protegen a los Derechos Humanos, consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado. 62. La Constitución de la República establece en su artículo 90, que esta garantía constitucional también puede ser presentada a favor de una persona de la cual se desconoce su lugar de detención o paradero, para lo cual el juez de garantías constitucionales deberá adoptar las medidas necesarias para dar con el paradero de esta persona, así: "Artículo 90. Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad, existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación de libertad." 63. Finalmente, cabe indicar que la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo un diagnóstico sobre la actual Ley de Seguridad Nacional, realizado por una profesional nacional experta en temas de seguridad. Así mismo, personal de esta Subsecretaria ha asistido y participado en las reuniones y talleres organizados por el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa con el fin de realizar un proyecto de la nueva ley de seguridad. En esta ley promoverán que se incluyan los estándares internacionales de derechos humanos y sobre garantías. 64. Podemos concluir que el Estado ecuatoriano impide toda clase de tortura y garantiza la validez del hábeas corpus en estados de emergencia dentro de su normativa constitucional; y, tiene en proyecto, mejorar las condiciones de las garantías mínimas para dar cumplimiento de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. 6. En relación con el proyecto de ley de defensa pública elaborado por la Comisión para la aplicación de la Reforma Procesal Penal (en adelante "la Comisión") [CAT/C/ECU/CO/3/Add.1, párrafo 18], sírvanse indicar cómo se asegurará la independencia de la Comisión y de qué manera cooperará ésta con la Defensoría del Pueblo a los efectos del enjuiciamiento de los responsables. Asimismo, sírvanse indicar en qué estado se encuentra el proyecto de ley. 65. La Comisión para la Aplicación de la Reforma Procesal Penal, a través del Decreto ejecutivo Nº 1179 de 30 de junio de 2008, devino en la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema Procesal Penal cuyo objeto es el de lograr una implementación del proceso penal que dé efectivo cumplimiento de las garantías del debido proceso. Esta Comisión está conformada por: a) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia o su delegado; b) El Ministro Fiscal General o su delegado; c) El Ministro de Gobierno o su delegado; d) El Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su delegado, quien además preside la Comisión; e) El Director Nacional de la Policía Judicial o su delegado; f) El Defensor Público Nacional o su delegado; g) El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República o su delegado. 22 GE
23 66. Se trata, por tanto, de una instancia de coordinación de los diferentes actores que intervienen en el proceso penal a fin de, entre otras, definir acciones necesarias a nivel de política pública para la correcta implementación del Sistema Procesal Penal, así como los recursos económicos necesarios para implementarlas. 67. En cuanto a la propuesta de ley de defensa pública, es importante indicar dos aspectos; el primero se relaciona con la introducción de la institución de la Defensa Pública en la nueva Constitución de la República y el segundo, es la aprobación del articulado relacionado con esta institución en el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial. 68. En este sentido, la Defensa Pública Penal ya fue incluida dentro de la Constitución vigente, como un mecanismo de protección para las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal para la garantía de sus derechos, así lo establece el artículo 191: "Artículo 191. La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado." 69. Por otro lado, el Estado ecuatoriano, aprobó a través de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, el Código Orgánico de la Función Judicial 9, publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 544 de lunes 9 de marzo de Esta ley establece dentro de su articulado, varias normas que desarrollan el precepto constitucional señalado en el párrafo anterior, así: Capítulo II De la Defensoría Pública "Artículo 285 Naturaleza jurídica La Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República." 70. Dentro de esta ley se establecen las funciones que deberá cumplir esta Unidad, así tenemos: "Artículo 286 Funciones de la Defensoría Pública A la Defensoría Pública le corresponde: 1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este Código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social. 2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente. 9 Ver anexos. GE
24 3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o juez competente. 4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública. 5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona defendida. 6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas. 7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública. 8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor Público General. 9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública. 10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento obligatorio. 11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre-profesionales en la Defensoría Pública. 12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley." 71. Además existe el Defensor Público, autoridad máxima de esta Unidad, quien tiene varias competencias, según la norma citada: "Artículo 288 Competencias del defensor público Compete al Defensor Público: 1. Representar legalmente, judicial y extrajudicialmente a la Defensoría Pública; 2. Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica por medio de las unidades administrativas correspondientes; 3. Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente; 4. Dirigir la administración de los recursos financieros de la Defensoría Pública; 24 GE
25 5. Autorizar el gasto de la Defensoría Pública, y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 6. Expedir y mantener actualizado el Reglamento Orgánico Funcional respectivo; 7. Celebrar los contratos estrictamente necesarios para el funcionamiento institucional; 8. Celebrar convenios de cooperación con personas públicas o privadas, que permitan un mejor cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley; 9. Elaborar la propuesta presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme las políticas generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del Consejo de la Judicatura para su incorporación al Presupuesto de la Función Judicial; 10. Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias relacionadas con el ejercicio de las funciones institucionales y presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la Presidencia de la República; 11. Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario podrá crear, modificar o suprimir oficinas defensoriales y determinar el número de defensores públicos, lo que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el proceso de selección y la designación de los funcionarios requeridos; 12. Presentar a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual de labores, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan intervenido, clasificados por materias; la clase y número de solicitudes recibidas y las medidas adoptadas para su atención y trámite; y los datos estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada; 13. Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las personas a cargo de los procedimientos en los que intervengan institucionalmente." 72. A manera de conclusión, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial pusieron en vigencia a la institución de la Defensoría Pública Penal, la misma que ya esta siendo implementada para dar cumplimiento a la exigencia hecha por el Comité, información que se verá más adelante. 7. Qué tipo de mecanismos operativos eficaces se han establecido para que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar en la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos? 73. Desde su creación mediante Decreto ejecutivo Nº 1527, publicado en el Registro Oficial Nº 346 de 24 de junio de 1998, el Plan Nacional de Derechos Humanos planteó la necesidad de la realización de los derechos humanos bajo una perspectiva integral entre el Estado y la sociedad civil, así fue como después de un proceso de consulta nacional con la participación de más de personas de todo el país, provenientes de varias organizaciones, se diseñó el Plan Nacional y años más tarde se conformó la Comisión Permanente de Seguimiento, Evaluación y Ajuste de los Planes Operativos de Derechos Humanos del Ecuador, integrada de manera bipartita entre 5 instituciones del Estado y 5 representantes de la sociedad civil elegidos por votación en todo el país. GE
26 74. Desde la creación de la Comisión Permanente hasta el año 2007 existieron tres procesos electorales para la conformación de los miembros de la sociedad civil en la Comisión, efectuados sobre la base legal del Reglamento Interno de Elecciones para representantes de la sociedad civil, proceso de público conocimiento a nivel nacional, y en el que contó con una amplia participación local en las diferentes provincias del país. 75. Otro mecanismo de participación en la Comisión a cargo de la ejecución del Plan Nacional, está establecido en el mismo Reglamento de la Comisión que señala que la Presidencia de la Comisión será de forma alterna cada seis meses entre representantes del Estado y de la sociedad civil, lo cual permitió una activa participación de estas instancias de manera equitativa. 76. Además es importante informar al Comité, que las funciones de la Comisión mantuvieron la interacción permanente entre las instituciones del Estado y de la sociedad civil, desde sus inicios, la colaboración del Estado con recursos y difusión de iniciativas de sectores de sociedad civil ha sido una política de trabajo en este órgano. 77. En el año 2008, el Plan Nacional de Derechos Humanos cumplió diez años de vigencia, sin embargo en consonancia con los nuevos rumbos del Estado ecuatoriano, el recientemente creado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó una consultoría de trabajo para la evaluación del Plan, los Planes Operativos, y la institucionalidad que lo rige, esto generó como resultado la recomendación para la adecuación del Plan y la Comisión a la nueva institucionalidad determinada en la recién aprobada Constitución del Ecuador, en octubre de 2008, proceso que se encuentra desarrollando en la actualidad. 78. Este proceso de transformación demanda que se creen de acuerdo a los artículos 156 y 157 de la Constitución vigente, los Consejos Nacionales de la Igualdad, los que serán órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Se ha establecido además que, para el cumplimiento de sus fines, los Consejos de Igualdad coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno. 79. De esta forma, la nueva institucionalidad que promoverá la creación e implementación de políticas públicas para la plena vigencia de los derechos humanos serán los Consejos de Igualdad, los mismos que se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La Constitución señala que la estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo. 80. En la actualidad, se está trabajando en el diseño de la estructura de los Consejos de Igualdad, la misma que contempla el aporte de las organizaciones de la sociedad civil no solo en la integración paritaria de los mismos, sino también en la posibilidad de contar con su voz a través de comisiones consultivas, entre otros. 81. Se espera que a futuro las acciones que realizó la Comisión Permanente de Seguimiento, Evaluación y Ajuste de los Planes Operativos de Derechos Humanos del Ecuador, pasen a integrar las nuevas funciones determinadas en la Constitución de 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo. 26 GE
27 8. Sírvanse proporcionar información estadística y detallada acerca de la puesta en práctica de salvaguardias legales fundamentales aplicables a los detenidos por la policía, con inclusión de su derecho a informar a un familiar, consultar a un abogado y a un médico de su elección y a obtener información sobre sus derechos durante los interrogatorios conforme a las conclusiones y recomendaciones anteriores del Comité [CAT/C/ECU/CO/3, párrafo 21]. Si se ha impartido capacitación, sírvanse señalar las medidas adoptadas para evaluar los resultados obtenidos. 82. La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008, estableció dentro de sus normas varias salvaguardias que son aplicables a las personas detenidas, siendo éstas el derecho a contar con u abogado, no restricción de comunicación, comunicarse con un familiar, entre otras, así tenemos: "Artículo 76, numeral 7. e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor." "Artículo 77, numeral 4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique." 83. Adicionalmente, estas normas fueron desarrolladas dentro del Código de Procedimiento Penal vigente, publicado en el Registro Oficial Nº 360 del 30 de enero de 2000, que se cita: "Artículo 12 Información de los derechos del imputado Toda autoridad que intervenga en el proceso debe velar para que el imputado conozca inmediatamente los derechos que la Constitución política de la República y este Código le reconocen. El imputado tiene derecho a designar un defensor. Si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio, antes de que se produzca su primera declaración. El juez o tribunal pueden autorizar que el imputado se defienda por sí mismo. En ese caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica." "Artículo 166 Comunicación Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo interrogatorio. También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Será sancionado quien haya detenido a una persona con o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a la autoridad competente. La misma comunicación se debe realizar a una persona de confianza que indique el imputado y a su defensor." 84. Con estos antecedentes normativos, estas salvaguardias han sido puestas en práctica por la Dirección Nacional de la Policía Judicial, a través de la elaboración de una cartilla GE
28 que contiene los derechos de la persona detenida, la misma que se entregó a todos los miembros policiales. Esta cartilla debe ser leída por el Policía Judicial en el momento de su intervención e incluye el derecho que tiene el detenido a comunicarse con un familiar y el derecho a contar con un abogado, conforme se puede observar en el siguiente cuadro. Cuadro 3 Cartilla que contiene los derechos de la persona detenida 85. Por otra parte, cuando una persona es detenida, previo al ingreso en un centro carcelario o calabozo policial, es atendido por el médico de turno de una casa de salud o quien haga sus veces, que puede pertenecer a la Policía Nacional o Fiscalía. Por su parte, el Ministerio de Gobierno dispuso a la Policía Nacional que traslade a todo detenido en situación de flagrancia a un centro de salud pública de manera inmediata, a fin de que se le efectúe un examen médico, con el objetivo de garantizar sus derechos humanos. 86. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en convenio con la Dirección Nacional de la Policía Nacional, impartió entre julio y diciembre de 2008, capacitación a miembros de la Policía Nacional a nivel nacional en temas de derechos humanos aplicados a la labor policial, entre los que se desarrollaron las siguientes temáticas: a) Derechos humanos y no discriminación; b) Derechos humanos y seguridad ciudadana; c) Derechos humanos y diversidad de género; d) Derechos humanos y trata de personas; e) Derechos humanos y procesos migratorios. 87. Las capacitaciones tuvieron como finalidad impartir conocimientos de procedimientos policiales con transversalización de derechos humanos en base a los entandares establecidos en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, realizándose este momento la etapa de evaluación a través de varios mecanismos, así en la actualidad se está evaluando el formulario completado al finalizar cada capacitación por parte de los miembros de la Policía Nacional asistentes, donde se establecían por un lado, los compromisos asumidos por ellos a partir de los conocimientos adquiridos en el transcurso de cada capacitación; y por otro lado, las necesidades manifestadas por los miembros policiales a fin de mejorar su actividad profesional. 28 GE