Source: https://abogadomartin.es/detencion-ilegal/
Timestamp: 2017-11-21 22:46:14
Document Index: 214399009

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 172', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 14', 'artículo 490', 'Artículo 168', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'artículo 163', 'artículo 163', 'Artículo 166', 'artículo 530']

QUE ES LA DETENCIÓN ILEGAL
La detención ilegal es un delito previsto en el artículo 172.1 del Código Penal en el que se castiga
al particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de libertad’.
Como puede comprenderse lo que la ley penal protege con este delito es la libertad, uno de los pilares y principios básicos de todo sistema democrático y, como
Índice de Contenidos en Detención Ilegal
1 QUE ES LA DETENCIÓN ILEGAL
2 DETENCIÓN ILEGAL EN EL CÓDIGO PENAL
2.1 Detención Ilegal Tipo básico
2.2 Detención Ilegal atenuado
2.3 Detención Ilegal agravado
3 DIFERENCIA ENTRE SECUESTRO Y DETENCIÓN ILEGAL
4 DETENCIÓN ILEGAL POR POLICÍA
5 DETENCIÓN ILEGAL JURISPRUDENCIA
la libertad tiene muchas manifestaciones, lo que fundamentalmente se protege en este precepto es la llamada “libertad deambulatoria”, es decir, la facultad de permanecer o trasladarse de un lugar a otro, el derecho de toda persona a situarse en un espacio físico concreto.
DETENCIÓN ILEGAL EN EL CÓDIGO PENAL
La libertad es un atributo de la personalidad y constituye el ámbito de poder que todo ser humano necesita para actuar para desarrollar su vida y elegir entre distintas opciones.
El derecho a la libertad es uno de los fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, no sólo por venir recogido expresamente en el artículo 17 de la Constitución, sino porque en su artículo primero se señala a la libertad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.
El derecho a la libertad está expresamente recogido en los textos de derechos humanos internacionales, suscritos por España y que también son de aplicación en nuestro país, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la propia Constitución.
Así, la Declaración Universal de Derecho Humanos de 10 de diciembre de 1948 prohíbe la detención arbitraria (artículo 9); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966 establece además que la detención sólo podrá acordarse por las causas legalmente previstas.
De forma mucho más precisa la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, hecha en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece con todo detalle los supuestos en que una detención es legítima, tales como la condena por Tribunal competente:
La desobediencia a un orden legal de un Tribunal,
La necesidad de garantizar la ejecución de una obligación legal,
La necesidad de hacer comparecer ante un Juez si hay sospecha de criminalidad,
Para evitar la fuga o para evitar la comisión de una infracción,
La detención de menores para someterlos a vigilancia educativa,
La detención de enajenados, toxicómanos, alcohólicos, vagabundos o de personas susceptibles de propagar enfermedades contagiosas
La detención de extranjeros para impedirles la entrada en territorio nacional o para proceder a su expulsión.
El Código Penal regula la detención ilegal dentro del Título VI del Libro II declicado a los delitos contra libertad y en el capítulo 1 que tiene como denominación “de las detenciones ilegales y secuestros”.
El Código dedica los artículos 163 a 168 y utiliza la sistemática de definir una conducta o tipo básico en el artículo 163.1 y a partir de ahí define una serie de supuestos en los que reduce o agrava la sanción y que en la técnica jurídica reciben el nombre de subtipos atenuados o agravados.
Detención Ilegal Tipo básico
La conducta básica que castiga el Código Penal en el artículo 163.1 es la siguiente:
El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años”
La forma comitiva se contiene en los verbos “encerrar o detener” ysuponen un acto coactivo por el que se priva de la libertad de movimientos a un individuo.
La libertad se coarta cuando a alguien se le obliga a permanecer en un determinado lugar (encerrar) o cuando se le impide moverse libremente (detener).
Según la doctrina del Tribunal Supremo el delito de detención ilegal exige un dolo específico, es decir, la voluntad de privar a otro de su libertad durante cierto tiempo y si tal propósito no resulta evidente por las circunstancias del caso no se cometería este delito (Sentencia del Tribunal Supremo 48/2003 de 23 de enero).
El dolo o voluntad consiste en una actuación intencionada, consciente de la ilicitud de la conducta.
Son irrelevantes los motivos por los que se realice la conducta pero lo determinante es que se quiera privar de libertad al sujeto (Sentencias del Tribunal Supremo 1627/2003 de 8 de octubre 1075/2001 de 1 de junio). Los medios comisivos son muy amplios y no requieren empleo de fuerza.
Así, se ha reconocido este delito en ingreso de una anciana mediante engaño en un centro psiquiátrico o el rapto de una mujer mediante engaño.
También se ha considerado en algún caso la existencia de este delito respecto de mujeres emigrantes que son traídas a España mediante engaño y son forzadas a ejercer la prostitución obligándolas a permanecer encerradas en determinados lugares.
El delito para estimarse consumado no requiere un lapso más o menos dilatado de encierro, cuestión que podrá influir en la determinación de la pena, sino que se consuma desde el momento mismo de la privación de libertad (Sentencias del Tribunal Supremo 307/2000 de 27 de febrero, 574/2000 de 31 de marzo, 14/2001 de 1 de enero, 164/2001 de 5 de marzo, 610/2001 de 10 de abril, 496/2003 de 1 de abril, 1400/2003 de 28 de octubre, 1424/2004 de 1 de diciembre y 601/2005 de 10 de mayo).
Como comentario a este tipo delictivo conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 2007 donde se resume de forma precisa los elementos y caracteres de este delito y en la que se distingue la detención ilegal de las coacciones, que serían privaciones de libertad de poca entidad y no directamente encaminadas a la privación de libertad (piénsese en la persona que no deja salir a otra de un establecimiento durante un breve lapso de tiempo porque quiere discutir con él) y se distingue de otras privaciones de libertad que acompañan a otros delitos distintos como el robo.
La citada sentencia señala lo siguiente:
Daremos respuesta casacional ahora al motivo nuclear, que es la correcta calificación jurídica que debe aplicarse al suceso central que padece Valentina, sin perjuicio de las graves lesiones infligidas a dicha menor, que acometeremos más adelante, y que constituye la esencia de los motivos primero del Ministerio Fiscal, tercero de la acusación particular, y primero también de la defensa de Cristóbal. Los primeros interesan la aplicación del delito de detención ilegal, y este último reprocha la calificación de delito de coacciones, a la que llegó la Sala sentenciadora de instancia, entendiendo que los hechos son atípicos. El delito de coacciones, definido en el artículo 172 del Código penal, se caracteriza por el compelirniento al sujeto pasivo para impedir a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o para compelerle efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto. Es evidente el género, respecto de otros, particularmente la detención ilegal, cuando de privación de libertad se trata, que es la especie. Cuando se atenta contra el valor libertad, constitucionalmente proclamado, en su vertiente de libertad de movimientos, difícilmente podrá concurrir aquél, porque el concurso de normas se ha de solucionar conforme al principio de especialidad.
En efecto ( Sentencia del Tribunal Supremo 285/2004, de 5 de marzo), los verbos nucleares del tipo de detención ilegal son “encerrar” y “detener”. En ambos casos, se priva al sujeto pasivo de la posibilidad de trasladarse de lugar según su voluntad.
En ambos casos también se limita ostensiblemente el derecho a la deambulación en tanto se impide de alguna manera el libre albedrío en la proyección exterior y física de la persona humana.
Si encerrar supone la privación de la libre deambulacíón porque se tiene a la persona dentro de los límites espaciales del largo, ancho y alto, detener en cambio implica también esa limitación funcional aunque de distinta forma ya que, sin necesidad de encerrar materialmente, se obliga a la inmovilidad (ver en este sentido la Sentencia de 28 de noviembre de 1994). Dicho delito se proyecta desde tres perspectivas.
El sujeto activo que dolosamente limita la deambulación de otro, el sujeto pasivo que anímicamente se ve constreñido ­o físicamente impedido­ en contra de su voluntad, y por último el tiempo como factor determinante de esa privación de libertad, aunque sea evidente que la consumación se origina desde que la detención se produce.
El tipo descrito en el artículo 163 del Código Penal es un delito que se caracteriza por la concurrencia de los siguientes requisitos:
El elemento objetivo del tipo consistente en la privación de la libertad deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente, como deteniéndola, es decir, impidiendo su libertad de movimientos, sin que sea preciso entonces un físico “encierro”. y que esa privación de libertad sea ilegal.
El elemento subjetivo del tipo, el dolo penal, consiste en que la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional en el que no cabe la comisión por imprudencia.
Los jueces “a quibus” parecen querer ver solamente el encierro en una habitación, a modo de celda carcelaria, como el único modo de comisión delictiva del tipo definido en el artículo 163 del Código penal.
Pero también satisface las exigencias de tal tipo penal la “detención”, es decir, la privación de movimientos, que en este caso está caracterizada por una clara e inequívoca situación de intimidación (in cursa en el marco intimidatorio que se describe en la sentencia recurrida), y que, sin embargo, no dejan de apreciar (en este caso, correctamente), en el relato fáctico de lo sucedido.
Es por ello que el Ministerio Fiscal, con todo acierto, argumenta que, aunconsiderando que no se ha producido ese “encierro” en una habitación concreta, como parecen descartar los jueces “a quibus” al finalizar el tercer hecho probado, el conjunto de hechos que el Tribunal declara probados integran el delito de detención ilegal, y no el de coacciones por el que se condena.
En efecto, la jurisprudencia de esta Sala puntualiza que la distinción entre ambos surge de dos elementos sustanciales:
En primer lugar, que se elimine la capacidad del individuo para hacer efectiva su decisión acerca del lugar donde desea permanecer o a donde desea dirigirse;
En segundo lugar, que tal privación de libertad se haya extendido durante un periodo de tiempo mínimamente relevante, lo que excluye el delito en caso de privaciones de libertad instantáneas o fugaces, o bien en aquellas otras que han de considerarse absorbidas por la comisión simultánea de otro delito, como ocurre en los robos violentos o en las agresiones sexuales, por solo poner dos ejemplos.
Fuera de ello, el delito se consuma en el instante mismo en que se priva a otro de la libertad ambulatoria por cualquiera de los verbos nucleares “encerrar” o “detener”, sin que requiera un especial elemento subjetivo de desprecio a la víctima distinta de la que supone el dolo como expresión del conocimiento y voluntad de privar a otra persona de dicha libertad ambulatoria.
Detención Ilegal atenuado
El artículo 163.2 castiga con pena inferior en grado
si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto”
Este tipo penal atenúa o reduce la penalidad del delito sobre la base del arrepentimiento del autor.
Requiere que éste ponga en libertad a la víctima dentro de los tres primeros días, pero de forma espontánea, porque si la libertad se logra por otros cauces, bien porque ésta es rescatada o se da a la fuga, la atenuación no se aplicaría.
Por otra parte, debe concurrir el elemento subjetivo de que el autor no haya conseguido el objetivo que se había propuesto con su acción ilícita, ya que si éste se ha consumado y la detención es de corta duración precisamente por la consecución del objetivo tampoco sería de aplicación la atenuación prevista en el precepto.
El artículo 163.4 dispone que
el particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para preseruarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”
Se discute si esta previsión legal puede aplicarse a aquellos casos en que un particular detiene a otro fuera de los casos establecidos en las leyes. Se trataría de un supuesto de error, vencible o invencible, para cuya solución debe acudirse al artículo 14 del Código Penal.
También puede aplicarse este tipo en casos en que un particular detiene a otro, a sabiendas de que es ilegal.
En tal supuesto, si lo presenta inmediatamente a la autoridad (policía, fiscal o juez) se le aplicará la atenuación de pena.
Conviene recordar que los particulares pueden detener a cualquier persona en los supuestos previstos en el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero están obligados a ponerlos a disposición de la autoridad más próxima de forma inmediata o dentro de las 24 horas siguientes, según establecen los artículos 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los supuestos en que pueden detener son los siguientes:
A quien intentare cometer un delito, al delincuente in franganti, al que se fugare de una cárcel o de una conducción para ingresar en prisión, al que se fugare estando detenido y a los imputados o procesados que estén en situación de rebeldía.
Artículo 168. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito de que se trate.
Detención Ilegal agravado
Artículo 163. 3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días.
El fundamento de esta agravación es objetivo en el sentido de que ha de penarse más gravemente a las detenciones que se prolonguen en el tiempo.
Artículo 164. El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años.
Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las condiciones del artículo 163.2.
Esta figura delictiva, también llamada secuestro, es un delito autónomo, distinto y especial respecto de la detención ilegal, en cuanto que absorbe o contiene dos delitos autónomos.
Engloba la detención ilegal y el delito de amenazas condicionales, de ahí la alta gravedad de la sanción que se impone que, en todo caso, se modula en función de la duración del encierro.
La condición que se puede imponer puede ser de tipo económico o de otra naturaleza, por ejemplo política o sindical, y para la consumación del delito no se precisa que la condición se cumpla.
Basta con exigirla para que la sanción despliegue toda su eficacia (Sentencia del Tribunal Supremo 12 de mayo de 2003), aunque se viene exigiendo que la condición ha de llegar a conocimiento de las personas que supuestamente tendrían que cumplirla (Sentencia del Tribunal Supremo 20 de abril de 2003).
Artículos 165. Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
En este precepto se contienen tres factores de agravación que pueden ser aplicables a cualesquiera de los supuestos de detención ilegal.
Por un lado, se sanciona más gravemente la simulación de autoridad o función pública, ardid que es de frecuente utilización en los primeros momentos para evitar la resistencia de la persona a la que se priva de libertad.
En segundo lugar, por razón de su vulnerabi lidad física y psíquica se sanciona más gravemente cualquier detención que afecte a menores de edad e incapaces.
Parece que para apreciar la incapacidad se requiere una resolución judicial que la establezca, en cualquiera de las modalidades previstas en el Código Civil.
Por último, se castiga más gravemente cuando esta conducta es llevada a cabo por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
DETENCIÓN ILEGAL POR POLICÍA
Artículo 166 El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del pa­radero de la persona detenida será castigado, según los casos, con las penas superiores en grado a las señaladas en los artículos anteriores de este capítulo, salvo que la haya dejado en libertad.
Para algunos autores esta figura delictiva es inconstitucional porque sanciona una conducta no por lo que pueda haber ocurrido sino por la sospecha de que se pueda haber cometido un homicidio, por lo que sostienen que la norma citada vulnera el principio de presunción de inocencia.
La cuestión se planteó abiertamente en un caso muy notorio y famoso (caso del Nani) y el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de junio de 1990 sostuvo que la razón del precepto no es la sospecha de homicidio, sino la certeza de que el sujeto fue detenido ilegalmente y desapareció, por lo que sus captores adquirieron desde ese mismo momento la posición de garantes respecto de su liberación.
Esta sentencia fue objeto de recurso de amparo y no fue admitido a trámite (Auto de 28 de noviembre de 1990), por lo que la constitucionalidad del precepto y la interpretación realizada por el Tribunal Supremo carecen de reproche constitucional.
Se sanciona gravemente en este tipo el abuso de autoridad de la autoridad o funcionario que practica cualquiera de los supuestos de detención ilegal, sin que exista una causa penal que dé cobertura a tal conducta.
Si existe esa causa penal, es decir, si la autoridad o funcionario detiene a otra persona en el marco de la misma, sobreentiende la norma que lo hará por negligencia.
Este tipo hay que ponerlo en relación con el artículo 530 del Código Penal que castiga con inhabilitación especial de empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años a
la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías legales”.
Esta última norma establece un trato penal especial para los supuestos en que los Jueces o Policías acuerdan, practican o prolongan detenciones en causas por delito pero sin cumplir las normas previstas en cada caso.
Se trata de supuestos de errores profesionales enormemente graves y que afortunadamente con muy poca frecuencia ocurren en alguna ocasión. Se sanciona en este caso la incuria, el error, descuido, la falta de rigor en la aplicación de la norma y por tal razón la sanción no es privativa de libertad, sino la inhabilitación temporal para el ejercicio del cargo público.