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Timestamp: 2017-07-24 14:46:18
Document Index: 190648525

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 14', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 57', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'Artículo 77', 'Artículo 80', 'Artículo 84', 'Artículo 87', 'Artículo 90', 'Artículo 95', 'Artículo 101', 'artículo 16', 'Artículo 119', 'Artículo 125', 'Artículo 146', 'in fine', 'Artículo 155', 'Artículo 157', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 174', 'Artículo 182', 'Artículo 185', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 203', 'Artículo 214', 'Artículo 216']

2. Formular, desarrollar, evaluar y ejecutar los programas socioeducativos requeridos para la ejecución de las medidas o sanciones de semi-libertad, de privación de libertad así como la medida cautelar de prisión preventiva, en coordinación con los organismos que determinarán la responsabilidad y aplicación de las mismas al Adolescente, de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.
4. Garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de las penas y medidas preventivas privativas de libertad, impuestas por la autoridad judicial.
5. Brindar un servicio penitenciario en forma eficiente y eficaz, que garantice a los procesados y procesadas, penados y penadas, y a las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, las condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, con el fin de lograr su transformación social, con estricta observancia a los derechos humanos.
6. Promover la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, que cuenten con espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de los procesados y procesadas, penados y penadas y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como para la recreación, educación, artes, deporte, trabajo e instalaciones medicas y sanitarias; aplicando con carácter preferente los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas.
7. Dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas, penados y penadas y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, con estricta observancia de los Derechos Humanos.
8. Promover el cumplimiento efectivo del conjunto de normas y procedimientos que rigen la convivencia, el buen orden y las actividades propias de los procesados y procesadas, penados y penadas y los o las adolescentes en conflicto con la ley penal, dentro de las sedes penitenciarias.
9. Diseñar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la atención integral a los procesados y procesadas, penados y penadas y los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, en las áreas de educación, salud, cultura, deporte, trabajo, formación técnico-productiva y alimentación como parte de los programas de atención integral, asegurando su progresividad y protección de los Derechos Humanos.
15. Garantizar la captación, formación y retención del talento humano del órgano; en especial el personal base encargado de brindar la atención adecuada a las personas privadas de libertad, en cada uno de los ámbitos del servicio penitenciario. 16. Determinar el establecimiento penitenciario en el cual el privado o privada de libertad cumplirá la pena impuesta, en atención a su clasificación; 17. Expedir Antecedentes Penales.
18. Otorgar el Régimen Abierto.
19. Velar por el Cumplimiento del Régimen Abierto, las Fórmulas de Redención y Conmutación de la pena. 20. La demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.
Artículo 3. Quedan sujetos a las normas contenidas en la presente ley: 1. El ministerio con competencia en el servicio penitenciario y sus entes adscritos. 2. Las personas privadas de libertad que se encuentren bajo la custodia del servicio penitenciario. 3. Los adolescentes en conflicto con la ley penal, en lo concerniente a la ejecución de las medidas o sanciones privativas de libertad (semi-libertad, privación de libertad y la medida cautelar de prisión preventiva) 4. Cualquier otro ente, u órgano del Poder Público Nacional, regional, municipal o comunal que intervenga en forma interrelacionada con el servicio penitenciario en cuanto le fuere aplicable
2. Agrupación: es la acción de reunir un conjunto de personas privadas de libertad con perfiles sociales, conductuales, culturales y jurídicos similares, en un espacio físico determinado dentro del establecimiento penitenciario de régimen cerrado y podrá ser de procesados y procesadas y penados y penadas. 3. Antecedentes Penales: la existencia de una o varias sentencias condenatorias definitivamente firmes.
4. Apoyo Post-penitenciario: acciones encaminadas a facilitar la reintegración del privado de libertad a la vida en sociedad, proporcionándole las herramientas a utilizar inmediatamente a su liberación en articulación con el poder popular, fortaleciendo los vínculos entre éstos, sus familias y la comunidad. 5. Asistente Comunal: representantes del Consejo Comunal donde reside el privado o privada de libertad que disfrute de Régimen Abierto, designados por la comunidad para apoyar al Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria en la supervisión y evaluación del penado o penada durante el disfrute de dicho régimen.
10. Centros de Producción: instalaciones destinadas a la producción con la finalidad de influenciar en la transformación del individuo a través del trabajo, creando hábitos laborales en los privados y privadas de libertad. 11. Comisión Regional Para Otorgar el Régimen Abierto: órgano colegiado integrado por especialistas en las diferentes áreas sociales y un representante del órgano regional con competencia penitenciaria, quienes aprobarán el Régimen Abierto a los penados y penadas que se encuentren aptos.
15. Custodios: funcionarios y funcionarias, que ejercen la custodia interna dentro de los establecimientos penitenciarios, siendo considerados personal de confianza. 16. Custodios Itinerantes: funcionarios que no se encuentran destacados en un establecimiento determinado, encargados del pase de número y lista; así como de realizar los traslados y conducciones de los privados de libertad fuera del establecimiento, conjuntamente con la seguridad externa. 17. Equipo de Atención Integral: conjunto de profesionales que tendrá la responsabilidad de aplicación y dar seguimiento del Plan Individual de Atención Integral del penado o penada y funcionarán en régimen cerrado y en régimen abierto.
19. Evaluación Progresiva: es el procedimiento mediante el cual se determina el estatus conductual de la persona privada de libertad. 20. Habeas Data: La información relacionada con los privados de libertad en el sistema penitenciario, la cual es pública y accesible; sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes.
27. Privación de Libertad en Materia de Adolescentes: la internación en un Centro de Formación Integral, del cual sólo podrá salir por orden judicial. 28. Redención: posibilidad del penado o la penada de reducir su pena a través del trabajo y el estudio, conjunta o alternativamente realizado dentro del servicio penitenciario.
31. Requisa General: la revisión exhaustiva de personas, objetos y áreas del establecimiento penitenciario, con la finalidad de detectar y decomisar objetos de tenencia prohibida. 32. Requisa Personal: la revisión del privado o privada de libertad, del empleado penitenciario o visitante, siempre que existan motivos suficientes para presumir la tenencia de objetos o sustancias prohibidas. 33. Seguimiento Jurídico: supervisión, control y actualización de la situación jurídica de la persona privada de libertad.
37. Sistema Penitenciario: el conjunto de instituciones, normas y procedimientos interrelacionados, que tienen como finalidad garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario, con el objeto de dar cumplimiento a la ejecución de penas y medidas preventivas privativas de libertad, impuestas por la autoridad judicial. 38. Socializador: profesional encargado del seguimiento del plan de atención integral de la persona privada de libertad
39. Sujeto de Clasificación: toda persona privada de libertad que haya recibido una sentencia definitivamente firme y ejecutada. 40. Técnica Canina: utilización de canes para contribuir a la prevención y seguridad en los establecimientos penitenciarios.
El Estado garantiza a las personas privadas de libertad el ejercicio y goce de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados sobre Derechos Humanos, suscritos y ratificados por la República, sin más limitaciones que las establecidas en este código. Principio de Progresividad
Las personas privadas de libertad gozan de los derechos y garantías reconocidos al ser humano y son iguales ante la ley; con excepción de aquellos, cuyo ejercicio esté restringido por la naturaleza misma de la pena impuesta o una medida preventiva privativa de libertad. Principio de Eficacia
La administración penitenciaria promoverá la participación de manera individual o colectiva de los ciudadanos y ciudadanas en la implementación y ejecución de planes sociales, previa constatación de la viabilidad y pertinencia de éstos por parte de la máxima autoridad penitenciaria, de acuerdo a los principios de participación previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principio de Confidencialidad
El Estado a través del sistema penitenciario garantiza la confidencialidad de los datos de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo su control y responsabilidad, a fin de salvaguardar el derecho a la intimidad y evitar la injerencia externa o conocimiento público que pudiera conllevar a tratos discriminatorios o lesivos de su titular. Principio de Colaboración
Artículo 14. Las medidas de tipos disciplinarias, establecidas en las normas que sean aplicadas por la autoridad penitenciaria a las personas privadas de libertad deben estar fundamentadas en la objetividad y proporcionalidad.
1. A un trato humano digno, entendiéndose por ello, el respeto a su integridad física, psíquica y moral por parte de todas las autoridades que conforman el sistema penitenciaria
2. A estar informado sobre el régimen del establecimiento penitenciario en el que se encuentra. 3. A ser trasladado con diligencia y eficacia, para garantizar la observancia del debido proceso.
4. A recibir el servicio penitenciario gratuito y de calidad.
5. A la comunicación integral externa e interna; a través de las entrevistas personales, enviar y recibir correspondencia, comunicar a sus familiares el establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido y tener visitas periódicas.
6. A petición y respuesta, en consecuencia podrá formular peticiones ante la autoridad competente y recibir respuesta adecuada y oportuna, a formular quejas o denuncias por vulneración de sus derechos, a denunciar excesos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
7. Asociarse y reunirse de forma pacífica con fines lícitos, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y en el reglamento.
8. Al respeto a su vida privada e íntima, a la relación conyugal o de pareja estable de los privados y privadas de libertad, sin discriminación de género y sin más limitaciones que las establecidas en las normas propias del régimen penitenciario.
9. A una educación integral participando en igualdad de condiciones en actividades educativas, capacitación laboral, deportiva, cultural y artística, sin más limitaciones que las derivadas de sus condiciones personales. 10. A la actividad al aire libre, diariamente al menos durante una hora diurna para realizar ejercicios o cualquier otra actividad lícita, con las limitaciones establecidas en esta ley, reglamentos o normas.
11. A la salud, preservada bajo medidas sanitarias y de salubridad, a una atención médica general y especializada y al suministro del tratamiento requerido. 12. Los hijos de las privadas de libertad que convivan con sus madres en la sede penitenciaria gozarán de este derecho. 13. A recibir una alimentación adecuada cónsona con sus necesidades; suficiente, balanceada, variada y consistente en tres comidas diarias, respetando los regímenes dietéticos por razones de salud. 14. A la práctica de la religión y culto de su preferencia asimismo tener acceso a un ministro de su religión.
15. Al trabajo, acorde a su aptitud física y mental, a recibir remuneración ajustada y equitativa a la labor desempeñada y a percibir los beneficios equivalentes a los derechos laborales que se tiene en libertad, con las limitaciones propias de la naturaleza de la pena y en ningún caso tendrá carácter sancionatorio.
16. Al traslado oportuno a las audiencias para dar cumplimiento a los actos procesales.
17. A la redención de la pena a razón de un día de rebaja de sanción por dos días de trabajo y estudio.
18. A progresar en régimen y otras formas de libertad anticipada, según lo establecido en esta Ley.
19. A ser conducidos o autorizados, según corresponda, a hospital, funerario o domicilio, en casos de enfermedad grave o muerte de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
20. A ser dotado de artículos para el aseo personal periódicamente. 21. A un ambiente sano.
1. Respetar, la vida, la dignidad de las personas, su integridad física y psicológica, la privacidad de las personas en el establecimiento donde se encuentre. 2. Respetar las normas de convivencia así como las relaciones interpersonales.
3. Respetar la correspondencia escrita y las pertenencias de los individuos que se encuentren en el establecimiento penitenciario.
4. Cumplir con las leyes, reglamentos y normas que rigen el sistema penitenciario. 5. Respetar a los familiares, visitantes, colectivos voluntarios y autoridades civiles, militares que asistan a los establecimientos penitenciarios.
6. Cuidar, conservar y mantener las instalaciones, bienes y servicios del establecimiento penitenciario donde se encuentre asignado, así como los utensilios que estén a su disposición. 7. Acatar a los llamados de la autoridad cuando sea requerido.
1. Armas de fuego, artefactos y sustancias explosivos objetos punzantes o cortantes:
3. Drogas de cualquier tipo;
4. Medicamentos prohibidos por el personal médico del establecimiento penitenciario;
5. Dinero; objetos de uso personal valioso como joyas o análogos;
6. Ningún tipo de aparatos de telecomunicación y aparatos electrónicos, eléctricos o de batería tales como teléfonos celulares, chips para teléfonos, tarjetas telefónicas u otros similares para el mismo uso, cocinas, de sonido, radios de comunicación, ventiladores, aires acondicionados de uso personal;
9. Animales vivos dentro del establecimiento penitenciario.
10. Cualquier objeto o sustancia que a juicio de la administración penitenciaria puedan causar o presumir un riesgo para la seguridad, disciplina y el buen orden del establecimiento penitenciario o para la salud e integridad física de las personas privadas de libertad, del personal del establecimiento y visitantes. Queda terminantemente prohibido conformar organizaciones que atenten contra la disciplina interna de los establecimientos penitenciarios.
Los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado son los destinados para la pernocta de las personas privadas de libertad. Los centros de Régimen Abierto son los encargados de supervisar a aquellas penados y penadas que disfrutan de dicho régimen. Se reservarán establecimientos especiales para albergar a un determinado segmento de la población privada de libertad que de acuerdo a determinadas características requieren de un tratamiento específico y diferenciado del resto, tales como:
1. Adolescentes en conflicto con la ley penal;
2. Extranjeros;
3. Femeninos; 4. Penados y procesados con trastornos extremos de conducta que hagan incompatible su convivencia en colectivo; y
5. Para la rehabilitación de penados y procesados con afectaciones severas por el consumo de sustancias ilícitas.
Artículo 23. Los principios rectores del sistema penitenciario establecidos en el presente código rigen la actuación de los funcionarios y funcionarias del servicio penitenciario. En tal sentido deben: 1. Actuar en todo momento con estricta observancia de los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.
2. Respetar y proteger la dignidad humana, así como defender y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad sin discriminación.
3. Ejercer las funciones propias de su cargo teniendo en cuenta los principios de ética, objetividad, proporcionalidad, transparencia y respeto.
4. Procurar a las personas privadas de libertad el goce de sus derechos.
5. Valorar e incentivar la honestidad y, en consecuencia, denunciar cualquier acto de corrupción que conozcan en la prestación del servicio penitenciario. 6. Respetar la integridad física de todas las personas privadas de libertad y bajo ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminatorio, o de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entrañen violencia física, psicológica y moral.
7. Incumplir las órdenes que comporten la práctica de acciones u omisiones que menoscaben los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en los tratados y convenios internacionales sobre la materia suscritos y ratificados por la República, y oponerse a toda violación de derechos humanos.
8. Denunciar violaciones a los derechos humanos que conozcan o frente a los cuales hayan fundados indicios de que se va a producir.
9. Denunciar cualquier hecho punible o ilícito del cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 10. Procurar y mantener el carácter profesional de las relaciones con las personas privadas de libertad, evitando establecer vínculos de naturaleza íntima y personal que atenten contra la objetividad que debe caracterizar el desempeño de sus funciones.
A las autoridades y funcionarios penitenciarios que, en el ejercicio de sus funciones, quebranten las garantías y límites establecidos en este código, se les exigirá la responsabilidad administrativa correspondiente, sin perjuicio de responsabilidad penal y civil a que haya lugar de acuerdo a la ley. Requisitos de Ingreso
Para ser custodios o custodias se requiere aprobar el curso de formación que dictará el instituto de educación superior que a tal efecto designe el órgano rector del sistema penitenciario. Para ser Socializador o Socializadora se requiere tener título universitario en área propia de las ciencias sociales o de la conducta, con un grado mínimo de Técnico Superior Universitario.
DEL REGISTRO Y CONTROL Ingreso Artículo 27. El ingreso a un establecimiento penitenciario de toda persona privada de libertad, estará precedido de una decisión judicial que lo ordene. Adicionalmente se requiere verificar la existencia de: 1. Auto de privación judicial preventiva de libertad.
2. Auto de privación de libertad.
3. Auto mediante el cual se acuerda la revocatoria de la medida sustitutiva de privativa de libertad. 4. Orden de traslado inter establecimiento penitenciario. 5. Decisión Ministerial mediante el cual se otorga el Régimen Abierto.
Artículo 29. Toda persona privada de libertad debe contar con un expediente penitenciario, el cual se iniciará o continuará, según sea el caso, al momento de su ingreso al establecimiento penitenciario. La administración penitenciaria determinará el formato y contenido de dicho expediente a fin de garantizar la uniformidad de la información.
Artículo 30. El ingreso de las personas privadas de libertad a los establecimientos penitenciarios debe ser notificado a la institución rectora del sistema penitenciario. Cuando se trate de extranjeros, se seguirá el protocolo correspondiente para la notificación a la Embajada o Consulado respectivo a través del órgano con competencia para las Relaciones Exteriores.
Artículo 31. La coordinación local dedicada al registro y control en el establecimiento penitenciario hará el seguimiento oportuno al tiempo establecido en el cómputo de la pena impuesta a la persona privada de libertad con la finalidad de realizar los trámites correspondientes para el otorgamiento del Régimen Abierto En el caso de los procesados y procesadas asegurar su asistencia a los distintos actos judiciales dentro de los plazos establecidos por la ley, con el objeto de coadyuvar a la tutela judicial efectiva.
Artículo 34. El egreso del establecimiento penitenciario de toda persona privada de libertad, estará precedido de una decisión emitida por el órgano competente. Los egresos pueden ser definitivos o transitorios. En todos los casos de egreso se requiere verificar la identidad personal, así como el cumplimiento de los requisitos legales, con carácter de celeridad y prioridad, según sea el caso:
1. En los casos en que se acuerda la revocatoria de la medida sustitutiva privativa de libertad el auto judicial correspondiente.
2. En los casos en que se acuerde el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso el auto judicial correspondiente. 3. En los casos de cumplimiento de actos procesales, el auto de la autoridad judicial competente. 4. En caso de libertad plena, la constancia de finalización de pena correspondiente emitida por el establecimiento penitenciario. 5. En los casos de extradición o deportación de condenados en cumplimiento de acuerdos suscritos por la República la decisión que autoriza la extradición o deportación.
6. En los casos de traslados, inter establecimientos penitenciarios y de conducción a centros de atención médica o a la realización de una actividad temporal, la orden de la autoridad penitenciaria competente.
7. En los casos del cumplimiento de compromisos culturales, deportivos, educativos, la orden que autorice la salida de la autoridad penitenciaria competente. 8. En los casos de fallecimiento el Informe de Defunción elaborado por la autoridad penitenciaria competente, dejando constancia de la notificación a los familiares del occiso y si es procesado, al tribunal de la causa. En este supuesto para el cierre definitivo del expediente se requiere el Certificado de Defunción de la autoridad competente.
1. Cumplimiento de pena
3. Libertad por medida humanitaria.
5. Defunción.
6. En el caso de los extranjeros
a. Por la aplicación de Convenio sobre traslado de personas condenadas. b. Por expulsión del territorio nacional.
c. Por la aplicación de medida humanitaria.
Artículo 37. Cuando el egreso de la persona privada de libertad fuere producto de fuga del establecimiento penitenciario, se debe notificar a los órganos e instituciones respectivas. Egreso Definitivo
Artículo 38. El egreso definitivo de las personas privadas de libertad le corresponde a la institución rectora del sistema penitenciario. Cuando se trate de extranjeros, se seguirá el protocolo correspondiente para la notificación a la Embajada o Consulado respectivo a través del órgano con competencia para las Relaciones Exteriores.
Artículo 40. Los procesados y procesadas estarán físicamente separados de los penados y penadas y serán agrupados atendiendo a: 1. Sexo; 2. Perfil conductual; menor o mayor peligrosidad
3. Nivel de peligrosidad del delito imputado; La agrupación tiene como objeto ofrecer una opción ocupacional y asistencial al procesado o procesada durante el tiempo que dure su internamiento en tal estatus.
1. Sexo: Implica la separación entre género femenino y masculino; 2. Maternidad: Se crearán áreas materno-infantiles para el tratamiento a las privadas de libertad embarazadas o que tengan bajo su cuidado a sus hijos menores de tres años.
3. Antecedentes: Implica la separación entre penados o penadas primarios y no primarios en el cumplimiento de penas privativas de libertad;
4. Edad: Implica la separación de jóvenes entre dieciocho y veintiún años de los demás penados o penadas, y los mayores de sesenta años de edad.
5. La creación de grupos de trabajo: Implica la separación de penados y penadas por afinidad de necesidades y carencias.
6. La separación de grupos étnicos: a los indígenas que ingresen al establecimiento penitenciario se les destinará un espacio del dormitorio común, respetando su identidad étnica y cultural. CAPITULO V
Sujetos de Clasificación Artículo 43. Es sujeto de clasificación toda persona privada de libertad que haya recibido una sentencia definitivamente firme y ejecutoriada. Duración Artículo 44. El período de observación y evaluación inicial tendrá una duración máxima de treinta días continuos, mediante el cual el equipo de atención integral obtiene y valora la información básica sobre la conducta, estado físico, situación social, jurídica y criminológica del privado de libertad.
Niveles Artículo 45. Para la recomendación del nivel de clasificación, se tomará en cuenta la capacidad de convivencia social, los niveles de adecuación al medio carcelario y el riesgo que la conducta del penado o penada implique para otros. Los niveles de clasificación son máxima, media y mínima seguridad.
De la Atención Integral Artículo 49. La Atención Integral debe satisfacer las necesidades educativas, de capacitación laboral, de trabajo productivo, de asistencia psicológica, médica, social, deportiva, cultural y recreativa. Conformación Artículo 50. La Atención Integral estará conformada por: 1. Un componente psicológico: comprende la aplicación de programas terapéuticos individuales y colectivos a los penados o penadas; 2. Un componente de asistencia social: comprende la aplicación de programas de integración social de los penados o penadas, tanto dentro como fuera del Establecimiento Penitenciario;
3. Un componente educativo y de capacitación: comprende la aplicación de programas de enseñanza formal e informal, así como programas de capacitación laboral;
4. Un componente laboral: comprende la aplicación de programas de motivación a los penados o penadas hacia el trabajo, con el propósito de fomentar la capacitación laboral y la producción; 5. Un componente recreacional: comprende la aplicación de programas de desarrollo artístico y de actividades deportivas a los penados o penadas.
1. Un Jefe o Jefa de Equipo de Atención Integral, de preferencia un profesional del área social; quien coordinará, dirigirá, supervisará y evaluará al grupo y los programas de atención integral que éste aplique, reportando al Supervisor o Supervisora del área de Atención Integral.
2. Dos psicólogos encargados de la asistencia terapéutica tanto individual como grupal de los penados o penadas, así como, de la evaluación de los avances o retrocesos del individuo en el área que les compete, reportando al Jefe o Jefa de Equipo de Atención Integral. 3. Dos asistentes sociales, de preferencia trabajadores sociales o sociólogos, encargados de la asistencia a los penados o penadas en las relaciones que mantienen con su entorno, tanto dentro como fuera del Establecimiento Penitenciario, reportando al Jefe o Jefa del Equipo de Atención Integral.
4. Dos analistas de Atención Integral, de preferencia profesionales del área criminológica, sociológica o trabajo social, encargados de evaluar el desempeño del penado o penada en las actividades de su Plan Individual de Atención Integral, asimismo, dirigirán y supervisarán a los socializadores a su cargo, reportando al Jefe o Jefa del Equipo de Atención Integral.
5. Cuatro socializadores, de preferencia Técnicos Superiores Universitarios en materias afines al sistema penitenciario o estudiantes universitarios cursantes de los últimos años en carreras vinculadas a las ciencias sociales, encargados de darle seguimiento al desempeño del penado o penada en las diversas actividades de su Plan Individual de Atención Integral, reportando al Analista de Atención Integral que le corresponda. 6. Un instructor especializado en las diferentes disciplinas para la enseñanza de las actividades programadas.
1. La observación directa de la conducta del penado o penada, y el desempeño en las actividades asignadas en las áreas educativas, recreativas y de capacitación laboral.
2. Durante los primeros sesenta días transcurridos después de haberse iniciado las actividades previstas en el Plan Individual de Atención Integral, los psicólogos, asistentes sociales y analistas de atención integral profundizarán en el diagnóstico inicial del penado o penada presentado por el Equipo para la Clasificación, ampliando la información criminológica, psicológica y social.
3. Una vez ajustado el Plan Individual de Atención Integral, cada treinta días, el socializador o socializadora deberá rendir un informe al analista de atención integral acerca de la conducta del penado o penada, y de su desempeño en las actividades educativas, recreativas y de capacitación laboral que tenga asignadas. En caso de existir un cambio significativo en la conducta habitual del penado o penada que pueda dar lugar a actos de violencia contra otras personas, contra sí mismo o contra bienes o cosas, el socializador o socializadora deberá alertar de inmediato al analista de atención integral, quien a su vez participará al resto del Equipo de Atención Integral para tomar las medidas correspondientes.
4. Cada sesenta días, el analista de atención integral deberá rendir un informe de seguimiento al Jefe o Jefa del Equipo de Atención Integral. 5. El Plan Individual de Atención Integral de cada penado o penada tendrá carácter dinámico, por lo que deberá ser revisado periódicamente cada seis meses por parte del Equipo de Atención Integral que administra dicho plan, a fin de ajustar los resultados obtenidos a las necesidades manifiestas en el desenvolvimiento diario del penado o penada y a los fines de la progresividad dentro de la Clasificación.
Artículo 57. La eficacia y necesidad de los programas de atención integral deberán ser evaluadas anualmente por el Coordinador o Coordinadora de Atención Integral, siguiendo la dinámica de cada Establecimiento Penitenciario; con el objetivo de crear, mantener, modificar o eliminar aquellos programas que por el perfil de la población del establecimiento penitenciario sean requeridos o hayan perdido vigencia, según sea el caso. CAPÍTULO II
1. El Director o Directora del establecimiento, o quien haga sus veces.
2. El funcionario designado por el órgano encargado del desarrollo del trabajo penitenciario.
3. Un representante de la Custodia Interna.
4. Un representante del componente social.
5. Un coordinador o coordinadora de salud.
Artículo 61. El órgano con competencia en el servicio penitenciario en coordinación y cooperación con los órganos encargados de las actividades productivas, establecerán los centros de producción que se requieran para la incorporación de los privados y privadas de libertad al trabajo socialmente útil. Orientación de la Producción
El trabajo artesanal realizado por privados de libertad será coordinado y supervisado por la Junta de Trabajo, siempre y cuando se ajusten a las normas del régimen y de la seguridad interna. Producción Agrícola y Pecuaria Artículo 63. La producción agrícola y pecuaria de los privados y privadas de libertad, se destinará preferentemente a satisfacer las necesidades de alimentación de los establecimientos penitenciarios y a la colocación en el mercado del resto de los frutos obtenidos y se aplicarán los mismos estímulos previstos en el artículo xx.
Artículo 64. Todos los privados y privadas de libertad, recibirán un servicio de salud integral inmediato, oportuno, eficiente y gratuito desde su ingreso a través de programas de medicina preventiva y curativa de primer nivel, que incluyen planes odontológicos, servicio de psiquiatría, programas de prevención de enfermedades, dotación de proveeduría médica; y alimentación balanceada en los establecimientos penitenciarios. Estará dirigido por un profesional de la medicina quien tendrá a su cargo la supervisión de las actividades médico-asistenciales y sanitarios del establecimiento penitenciario.
El servicio médico penitenciario se organizará de conformidad con las normas y políticas que al efecto dicte la institución rectora en materia de salud. Servicio Médico
En los establecimientos penitenciarios femeninos existirá una unidad dotada del equipo y material de gineco-obstétrico necesario para el tratamiento de las internas. Traslado a Centro Asistencial
Artículo 66. Cuando el tratamiento médico ordenado no pueda llevarse a cabo dentro del establecimiento penitenciario, el médico notificará al Director o Directora la necesidad del traslado, quien agilizará los trámites correspondientes. En caso que fuere urgente el traslado del privado o privada de libertad, según el diagnóstico médico, el Director o Directora del establecimiento penitenciario lo ejecutará de inmediato con las seguridades debidas y lo participará seguidamente a la autoridad competente.
En todo caso se hará acompañar el traslado con el informe del médico donde se especifique la situación de salud del interno. Periodicidad de la Atención Artículo 67. El Servicio Médico atenderá en consulta a los privados y privadas de libertad que lo necesiten, con la periodicidad y en los horarios que sean determinados por la Dirección del establecimiento penitenciario. Los privados y privadas de libertad, enfermos o enfermas recibirán la atención médica primaria dándole prioridad a las emergencias. Tratamiento de Enfermedades Crónicas Artículo 68. Durante su permanencia en el Sistema Penitenciario, los privados y privadas de libertad, que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa o crónica, permanente o temporal, el Estado les suministrará de manera ininterrumpida el tratamiento médico requerido. CAPÍTULO IV
Módulos Artículo 69. Los establecimientos penitenciarios tendrán forma modular, donde puedan recluirse los privados y privadas de libertad de acuerdo a la clasificación aplicada a los mismos, separando las áreas de visitas, las cuales se subdividirán en visitas familiares, íntimas y de niños, niñas y adolescentes. Establecimiento de Mayor Seguridad
Artículo 71. Los Centros de Salud y Rehabilitación, son aquellos destinados a la atención especializada de privados o privadas de libertad con severas afectaciones en la salud por la adicción al consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como portadores de otras enfermedades infecto-contagiosas que requieren de una atención médica en condiciones de aislamiento. En atención a la peligrosidad y salud de los privados y privadas de libertad, estos centros se considerarán establecimientos penitenciarios de régimen cerrado y en tal sentido se adecuarán a las medidas de control, vigilancia y seguridad. De los Centros de Cumplimiento para Adolescentes Infractores
Artículo 73. Las dependencias que ocupen las privadas de libertad estarán separadas en establecimientos penitenciarios independientes o en áreas anexas separadas, cuando se trate de un establecimiento mixto. La vigilancia y seguridad interna estará a cargo del personal femenino. Maternidad
Artículo 77. En cada establecimiento penitenciario funcionará una biblioteca principal y cuantas bibliotecas requiera los diferentes tipos o niveles de clasificación, la cual será atendida por un profesional del área o un privado o privada de libertad con formación, quien responderá del buen uso y conservación de los libros. TITULO IV
4. Asistencia y seguimiento de actividades.
5. Contacto con el mundo exterior.
6. Resolución de conflictos menores.
7. Pase de número y lista.
Artículo 80. La ejecución del pase de número y lista estará a cargo de un grupo de custodios itinerantes que se dividirán en grupos masculinos y femeninos, con carácter rotativo en todas las regiones donde exista un establecimiento penitenciario; asimismo realizarán los traslados y conducciones con la participación de representantes del órgano de Seguridad Externa destacados en el mismo. Periodicidad del Pase de Número
Actualización Tecnológica Artículo 84. La Seguridad y Custodia de los establecimientos penitenciarios se llevarán a cabo aplicando, con carácter preferencial, los avances científicos y tecnológicos existentes en la materia, tales como arcos detectores de metales, detectores de metales manuales, máquinas de rayos X para bolsos y paquetes, registros computarizados para el ingreso y egreso de personas, circuitos cerrados y abiertos de televisión y, en general todos aquellos que contribuyan a una prestación más eficaz y eficiente del servicio de seguridad, con un mínimo de invasión sobre las personas y las cosas.
Artículo 87. La Seguridad externa de los establecimientos de penitenciarios, será encomendada a la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encargarán de la vigilancia externa, control de acceso, traslados, conducciones al exterior, la requisa en general y el control de alteraciones masivas del orden dentro de los establecimientos. La Guardia Nacional Bolivariana, asistirá a la Policía Nacional Bolivariana como soporte en caso que la situación lo amerite.
1. En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.
2. Para impedir la fuga de los privados de libertad, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
1. Realizar tres disparos de advertencia, con la finalidad de detener la acción del privado de libertad; 2. Reducir al mínimo los daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana; dirigiendo la acción a los planos inferiores.
3. Proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; 4. Procurar notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. 5. Informar de inmediato a las autoridades penitenciarias, en ocasión de lesiones o muerte.
Artículo 90. Son atribuciones de la Seguridad Externa las siguientes: 1. Vigilar y custodiar las áreas perimetrales del establecimiento penitenciario.
3. Evitar el ingreso al establecimiento penitenciario de sustancias y objetos de tenencia prohibida. 4. Verificar, durante el procedimiento de pase de número, la cantidad de personas privadas de libertad que se encuentran recluidas en el establecimiento penitenciario.
5. Requisar los vehículos que ingresan y egresan del establecimiento penitenciario.
6. Asistir en la custodia de las personas privadas de libertad durante los traslados fuera del establecimiento penitenciario.
Artículo 95. El uso de la fuerza en cualquiera de sus niveles es competencia exclusiva de los funcionarios y funcionarias de Seguridad Interna y Custodia y del órgano de Seguridad Externa, ninguna persona privada de libertad podrá ostentar ni ejercer esta competencia. La fuerza física y las armas no letales serán usadas sólo por los funcionarios y funcionarias de la Seguridad Interna o Externa según sea el caso, quedando reservado a los funcionarios de Seguridad Externa el uso de las armas letales a los fines de control y restablecimiento del orden interno del establecimiento penitenciario.
1. Los funcionarios y funcionarias de Seguridad Interna y Custodia, utilizarán, en la medida de lo posible, la disuasión y el convencimiento, así como los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas no letales, cuya utilización estará siempre orientada hacia la minimización de las lesiones.
2. Los funcionarios y funcionarias que presten el servicio de Seguridad Externa, ejecutarán su función con moderación y actuarán en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo que se persiga, empleando preferentemente métodos disuasivos, conforme a los niveles de resistencia y confrontación de las personas privadas de libertad que actúen en el hecho concreto; de manera extraordinaria utilizarán armas de fuego, sólo cuando peligre su integridad física o de otras personas que se encuentren dentro del establecimiento penitenciario, o para impedir la fuga de una persona privada de libertad.
Artículo 101. A los fines de garantizar el derecho a la comunicación, la administración penitenciaria preverá en todos los establecimientos penitenciarios la existencia de telefonía pública, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades comunicacionales de la población privada de libertad de cada uno de ellos. La disponibilidad de telefonía pública estará sujeta a las condiciones tecnológicas de la zona donde se encuentre ubicado el establecimiento penitenciario.
Los privados o privadas de libertad que se encuentren hospitalizadas en las áreas de salud e imposibilitados para asistir al área de visitas, recibirán las mismas en estos locales. Visita de Abogados
1. Copia de la cédula de identidad o pasaporte del visitante.
2. Compromiso de la persona privada de libertad de preservar las instalaciones.
3. Certificado de salud vigente del visitante.
4. Cualquier otra que así sea requerida por la Junta de Clasificación y de Atención Integral.
2. Copia de la cédula de identidad de los padres o representante legal.
3. Autorización vigente emitida por el ente regional con competencia en materia de niños, niñas y adolescentes.
4. En caso de los adolescentes emancipados, deberán consignar a la Dirección del establecimiento penitenciario, copia certificada del acta de matrimonio o de la decisión judicial, o de la manifestación de voluntad ante la autoridad civil o del documento público que así lo declare.
1. Cuando el padre, madre, representante legal o persona privada de libertad, valiéndose de un niño, niña o adolescente visitante cometiere un hecho punible o de violencia que afecte la integridad física o psíquica de los mismos.
2. Cuando el visitante facilite o intente facilitar alguno de los objetos o sustancias prohibidas enumeradas en el artículo 16 de la presente ley.
Los privados de libertad tanto a la salida como al regreso deberán ser requisados individualmente. Personal para los Traslados
Artículo 119. A los fines de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, la administración penitenciaria debe contar con vehículos automotores en cantidad suficiente para atender las necesidades de la población privada de libertad, acondicionados con las medidas de seguridad necesarias, ventilación y espacios adecuados que permitan su aislamiento del personal de custodia. Bajo ningún concepto se realizarán traslados en vehículos que no cuenten con las condiciones mínimas de seguridad señaladas en este artículo.
1. En los casos de los procesados y procesadas por el juez de la causa;
2. En los casos de los penados y penadas por la autoridad penitenciaria competente quien notificará al tribunal de la causa, a la máxima autoridad penitenciaria y a los familiares dentro de la cuarenta y ocho horas de haberse realizado el traslado.
Artículo 125. La conducción de un privado o privada de libertad hacia un centro hospitalario se realizará preferiblemente en ambulancia y en compañía de custodios itinerantes y funcionarios o funcionarias de la seguridad externa, en caso que la situación lo requiera se hará acompañar de personal médico o paramédico. Cuando la persona privada de libertad deba permanecer hospitalizada en el centro de salud, el funcionario o funcionaria encargado o encargada de la conducción debe informarlo a la mayor brevedad posible a la Dirección del establecimiento penitenciario, así mismo debe ser notificada la situación al tribunal de la causa en un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas.
1. Venezolanos o venezolanas.
2. Mayores de 25 años de edad.
3. Graduados universitarios con el título de Abogado, Médico, Sociólogo, Psicólogo, Trabajador Social o Criminólogo.
4. Reconocida solvencia moral.
5. Aprobar satisfactoriamente curso básico con una duración mínima de 200 horas, dictado por la autoridad competente en la materia.
3. Graduado universitario en el área social.
5. Residenciado en la misma comunidad del privado o privada de libertad que disfrute de Régimen Abierto.
6. Aprobar el curso de capacitación que al efecto dictará la institución educativa que disponga el órgano con competencia para el servicio penitenciario.
1. Presentar las condiciones que, a su criterio, debe cumplir el penado o penada, al que se le otorgue el Régimen Abierto.
2. Garantizar que el penado o penada cumpla con las condiciones impuestas durante el lapso que dure la medida que le ha sido otorgada.
3. Elaborar el informe correspondiente para el otorgamiento de la Redención de la Pena por el trabajo y el estudio, para ser presentado al director o directora local de Atención Integral. 4. Realizar la evaluación continua e individualizada de cada penado o penada que le haya sido asignado.
5. Presentar los informes conductuales propios de cada medida detallando la progresividad del penado o penada en su tránsito por la misma, al director o directora local de Atención Integral.
6. Solicitar por ante al director o directora local de Atención Integral, previa presentación de informe fundamentado, la revocatoria de la medida.
7. Las demás que le atribuyan las normas que rijan la materia.
1. Presentar las condiciones que, a su criterio, debe cumplir el penado o penada, al que se le otorgue el Régimen Abierto, dentro de su comunidad.
2. Garantizar que el penado o penada cumpla con las condiciones impuestas por el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria.
3. Realizar la evaluación continua e individualizada de cada penado o penada que le haya sido asignado.
4. Presentar los informes conductuales del penado o penada al Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria 5. Solicitar por ante el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria, previa presentación de informe fundamentado, la revocatoria de la medida.
6. Actualizar el plan de vida conjuntamente con el penado o penada.
Dichas labores deben ser realizadas en los centros productivos destinados para el trabajo dentro o fuera del establecimiento penitenciario. Las actividades educativas deben cumplir con los requisitos y programas establecidos por los Ministerios con competencia en educación, educación universitaria, cultura y deporte a través de las políticas gubernamentales en la materia. Parágrafo Único: El penado o penada que acredite títulos o experiencia certificada, podrá, previa aprobación por parte del Equipo de Atención Integral, actuar como instructor dentro del establecimiento penitenciario, para lo cual se contarán seis horas diarias como jornada de trabajo.
1. Las de educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, siempre que se desarrolle de acuerdo con los programas educativos aprobados por el Ministerio con competencia en la materia y por instituciones reconocidas por el Estado.
2. La de producción y artesanías, en cualquier rama de la actividad económica, siempre que haya sido organizada por la Junta de Trabajo del establecimiento penitenciario o Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria.
3. La de servicios para desempeñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades de los establecimientos penitenciarios siempre que la asignación del privado o privada de libertad a esta actividad haya sido asignada u organizada Junta de Trabajo o Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria.
4. La producción, en cualquier rama de la actividad económica y de servicios, siempre que sea organizada y supervisada por el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria.
5. Las artísticas o deportivas dirigidas y avaladas por instituciones profesionales dedicadas al área específica, las cuales serán reconocidas, a todo efecto, como educativas o laborales, según el propósito específico del programa y la misión de la institución respectiva.
1. Informe presentado por la Junta de Trabajo o el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria donde se refleje la naturaleza la actividad realizada por el penado o penada, el lugar o área del establecimiento donde se desempeña la actividad, el nombre del Jefe o Jefa a cargo de la actividad y la cantidad de días y horas dedicadas a ésta, con los debidos soportes que confirmen la asistencia de la persona a las actividades. Dicha constancia deberá estar avalada por la institución competente para acreditar el trabajo o estudio, según sea el caso y la naturaleza de la actividad.
2. Informe del cómputo de sentencia presentado por el encargado o encargada de la dirección de atención al penado y penada
1. Por el abandono injustificado del trabajo o el estudio. 2. Incumplir con los planes de producción.
3. Cuando incumpla los objetivos académicos.
4. La admisión de una acusación contra el penado o penada por la comisión de un nuevo delito.
Para el otorgamiento de Régimen Abierto de aquellos casos que por sus características o la naturaleza del delito lo requiera se creará una Comisión Especial Nacional, así como para el otorgamiento de la libertad por razones humanitarias. La revocatoria del Régimen Abierto de acuerdo a las causales previstas en este Código, será igualmente competencia de la Comisión Regional, previo informe presentado por el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria. Integración de la Comisión Regional Artículo 146. La Comisión Regional para Otorgar el Régimen Abierto estará integrada por:
1. El director o directora regional del servicio penitenciario.
2. El responsable de cada una de las áreas dedicadas a la Atención Integral, registro y control, seguridad y custodia y atención al penado y penada.
1. No salir de la jurisdicción o lugar de residencia
2. No cambiar de residencia sin autorización del Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria o Asistente Comunal.
3. Tener empleo estable. 4. Contar con apoyo familiar o residencial. 5. Abstenerse de realizar determinadas actividades, o de frecuentar determinados lugares o determinadas personas.
6. Someterse al tratamiento médico psicológico que la Comisión Regional para otorgar el Régimen Abierto estime conveniente.
8. Realizar en el tiempo libre y sin fines de lucro, trabajo comunitario a favor de instituciones oficiales o privadas de interés social.
9. Cualquier otra condición que le imponga la Comisión Regional para otorgar el Régimen Abierto.
1. Que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito.
2. Que no le haya sido revocado con anterioridad el régimen abierto ni otra forma de libertad anticipada.
3. Que el penado o penada se encuentre clasificado o clasificada en el nivel de mínima seguridad.
4. Que exista el pronunciamiento favorable para el otorgamiento del régimen, emanado del Equipo de Atención Integral del establecimiento penitenciario.
5. Que no se le hubiera negado el otorgamiento del Régimen Abierto en el transcurso de los últimos seis meses.
1. El Supervisor o Supervisora del Centro de Régimen Abierto.
2. El Jefe o Jefa de Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria.
3. Por los representantes de los componentes psicológico, salud, trabajo social, educativo y de capacitación, laboral, programas artísticos, deportivos y recreacional, atendiendo a las necesidades.
4. El Asistente Comunal.
Artículo 155. La supervisión del penado o penada será realizada por el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria de forma continua e individualizada, con base en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan individual que a tal efecto se actualice con el Asistente Comunal. Permisos
2. Fallecimiento del cónyuge, padres o hijos y hermanos.
3. Nacimiento de hijos.
5. Gestión personal no delegable, cuya trascendencia amerite la presencia del penado o penada.
6. Cualquiera otra circunstancia que, a juicio del Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria del Centro, así lo amerite.
Artículo 157. En el caso que el privado o privada de libertad padezca una enfermedad grave o en fase terminal previo diagnóstico de especialistas, debidamente certificado por el informe médico forense procederá la libertad por medida humanitaria. Si el penado o penada recupera la salud, u obtiene una mejoría que lo permita desenvolverse por si mismo en reclusión, continuará con el cumplimiento de la condena. Competencia
Se considerarán casos especiales aquellos que sus características o la naturaleza del delito hayan causado conmoción pública. Decisión
Artículo 162. La libertad por razones humanitarias está sometida a supervisión por parte del equipo de atención integral postpenitenciaria, siendo el Asistente Comunal, quien oriente al penado o penada y supervise el cumplimiento de las condiciones impuestas. Revocatoria
Artículo 163. La Comisión Nacional, decidirá la revocatoria de la libertad por razones humanitarias cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones impuestas al privado o privada de libertad, o cuando se produzca sentencia definitivamente firme contra el penado o penada por la comisión de un delito cometido con posterioridad a la concesión de la medida. TITULO VII
1. Nombres y apellidos, cédula de identidad, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, profesión y estado civil.
2. Delitos y faltas a que se refiere la sentencia condenatoria.
3. Carácter primario o no primario.
4. Penas impuestas y Tribunal que las dictó.
5. En los casos de privativa de libertad, lugar o establecimiento penitenciario de cumplimiento de la condena.
6. Conducta penitenciaria. 7. Conocimientos y capacidad laboral adquiridos durante el período de privación de libertad.
8. Datos sobre exámenes psicológicos y psiquiátricos a que fuere sometido.
9. Datos sobre la personalidad y posibilidades de transformación social.
1. Libertad asistida.
2. Semi-libertad.
3. Privación de Libertad.
Artículo 174. Se ubicarán por separado los o las adolescentes privados de libertad que se encuentren en internamiento provisional o definitivo. Los adolescentes estarán separados de las adolescentes.
1. El supervisor o supervisora del centro de atención y formación.
2. El jefe o jefa de equipo de atención integral.
3. Un representante de los componentes, psicológico, de salud, de trabajo social, educativo y de capacitación, laboral, de programas artísticos o deportivos o recreacional, atendiendo a las necesidades.
1. A permanecer internados en la misma localidad o en la más próxima al domicilio de sus padres, madres, representantes o responsables.
2. A que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral.
3. A ser examinado por profesionales de la salud, con el objetivo de comprobar el estado físico o mental que requiera tratamiento.
4. A estar separados de personas adultas condenadas por la legislación penal.
5. A participar en la elaboración del plan individual de ejecución de la medida.
6. A ser informado sobre el régimen interno de la institución.
7. A impugnar las medidas disciplinarias adoptadas por las autoridades de la institución.
8. A no ser trasladados arbitrariamente de la institución donde cumpla la medida. El traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita del Juez de la causa.
9. A no ser incomunicados, salvo cuando sea estrictamente necesario para evitar actos de violencia contra si mismo o contra terceros.
10. A no ser sometidos a castigos corporales. 11. A ser informados sobre los modos de comunicación con el mundo exterior; mantener correspondencia con sus familiares, amigos y al régimen de convivencia por lo menos semanalmente.
12. A tener acceso a la información de los medios de comunicación.
13. A mantener la posesión de sus objetos personales y disponer de local seguro para guardarlos, recibiendo comprobante de aquellos que hayan sido depositados en poder de la institución.
14. A realizar trabajos remunerados que complementen la educación que le sea impartida.
15. A recibir asistencia religiosa, si así lo desea.
Artículo 182. La supervisión de los adolescentes será realizada por el Equipo de Atención Integral de forma continua e individualizada, con base en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan individual que a tal efecto se realice. El Equipo de Atención Integral debe presentar un primer Informe conductual al Juez que impuso la medida, a los tres meses de haber ingresado al centro de atención y formación y posteriormente cada seis meses o cuando surja una situación que así lo amerite.
2. Día y hora de ingreso, así como la del traslado o salida.
3. La conducción del adolescente y la autoridad que lo ordena.
4. Notificación a sus padres, madres, representantes o responsables en los casos de ingreso, traslado o liberación del adolescente.
5. Datos de la sentencia que imponga la medida y lo relacionado a la ejecución de la misma.
6. Los informes médicos.
7. Las actuaciones judiciales y disciplinarias.
1. El régimen de vida a que será sometido dentro de la institución.
2. Enumeración de las sanciones que pueden ser impuestas durante el cumplimiento de la medida.
3. Régimen de emergencia para los casos de motín o conflictos violentos.
4. El procedimiento a seguir para la imposición de las sanciones disciplinarias.
5. Los programas educativos, de capacitación laboral, de salud, recreativo y cultural, que permitan el efectivo cumplimiento de los derechos y propicien el logro de los objetivos atribuidos a la medida.
Artículo 185. Cuando el adolescente alcanzare la mayoría de edad durante su internamiento, será trasladado a un establecimiento penitenciario de adultos. Del Egreso
Artículo 188. El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias tiene como objeto promover a través del uso del recurso financiero y de la obtención de recursos de otra índole el desarrollo de la infraestructura física penitenciaria del país, la dotación y mantenimiento mobiliario de los servicios asistenciales, educacionales y otros de carácter formativo que operen en los establecimientos penitenciarios del país. CAPITULO II DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
De la Infraestructura Artículo 189. El órgano con competencia en materia penitenciaria, a través del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, ejecutará la construcción, mantenimiento y dotación de establecimientos penitenciarios aptos, en cantidad y calidad, que cuenten con espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de los privados y privadas de libertad, los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, así como de instalaciones para la recreación, educación, artes, deportes, trabajo y para los servicios médicos y sanitarios; aplicando con carácter preferente los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas. De las Condiciones de las instalaciones
1. Estarán construidos de manera tal que pueda circular aire fresco y disponer de luz natural.
2. Debe contar con luz artificial suficiente para que los privados y privadas de libertad puedan realizar las actividades programadas sin afectación a su salud visual.
3. Las instalaciones sanitarias permitirán satisfacer las necesidades básicas y de aseo personal de forma adecuada.
4. Las construcciones serán modulares diferenciando las áreas de los diferentes niveles de peligrosidad y observación con las administrativas, habitaciones conyugales, visitas familiares y de niños, niñas y adolescentes, servicios médico- odontológicos y camas asistenciales, cocina, comedor, lavandería, áreas docentes, deportivas, recreativas y productivas, teatro, música, biblioteca, de entrevistas y de servicios religiosos.
5. Cerca perimetral, que delimita el área correspondiente al establecimiento penitenciario, con sistema de control de acceso, el área administrativa, de servicios, sala situacional, dormitorios de funcionarios, almacenes, salón de espera de visitantes con oficinas de atención al ciudadano, área de requisas a paquetes o bultos y locales para la técnica canina.
No se considerará maltrato el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para precisare someter al privado o privada de libertad en rebeldía, ni la que se para evitar o repeler la agresión a terceros, ni la empleada para evitar actos colectivos de violencia que amenacen seriamente la estabilidad, el control, la vigilancia y la seguridad del establecimiento penitenciario. Prohibición de Sanciones Arbitrarias
1. Incumplimiento de los deberes de aseo e higiene personal.
3. Incumplimiento de las medidas de higiene y salud colectiva dictadas por el servicio médico, siempre que ello no genere riesgo para la salud.
4. Utilización inadecuada de las instalaciones y recursos del establecimiento penitenciario, siempre que ello no ocasione daños o deterioros.
6. Salidas injustificadas antes del término de las actividades regulares del establecimiento penitenciario.
1. Desobediencia o resistencia a las órdenes recibidas de los funcionarios, funcionarias o personal del establecimiento penitenciario, emanadas en el legítimo ejercicio de sus funciones que no implique alteración del orden.
2. Dirigir insultos, verbales o escritos, o acciones ofensivas a un funcionario, funcionaria o grupo de ellos o ellas u otras personas que se encuentren legítimamente en el establecimiento penitenciario.
3. Ejercer acciones destinadas a deteriorar las instalaciones o recursos del establecimiento penitenciario.
4. Enfrentamiento cuerpo a cuerpo con otras personas privadas de libertad, siempre y cuando no se utilicen armas y no se causen lesiones de ningún tipo.
5. Coaccionar o amenazar a otras personas privadas de libertad u otras que se encuentren legítimamente en el establecimiento penitenciario, siempre que no medie la utilización o intimidación con armas.
6. Coaccionar o amenazar, por cualquier vía o medio de comunicación, a familiares o terceros que se encuentren fuera del establecimiento penitenciario.
7. Fabricar, introducir u ocultar objetos que la administración penitenciaria declare no permitidos.
8. Tenencia y distribución de medicamentos no prescritos ni autorizados por servicio médico alguno.
9. Cocinar o manipular alimentos fuera de las áreas destinadas o autorizadas al efecto.
10. Retardo injustificado en la hora pautada para el ingreso al establecimiento penitenciario de régimen cerrado, en los casos de las salidas transitorias reguladas en este código. 11. Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas para el disfrute de las salidas transitorias reguladas en este código.
11. Causar daños o deterioros a las instalaciones o recursos del establecimiento penitenciario.
12. Acumular un mínimo de tres faltas leves en un período de dos meses consecutivos.
1. Desobediencia o resistencia a las órdenes recibidas de los funcionarios, funcionarias o personal del establecimiento penitenciario, emanadas en el legítimo ejercicio de sus funciones, siempre que implique alteración del orden.
2. Agredir físicamente a funcionario, funcionaria o grupo de ellos o ellas u otras personas que se encuentren legítimamente en el establecimiento penitenciario.
3. Organizar acciones que alteren el régimen o la seguridad del establecimiento penitenciario, así como participar en ellas o instigar a las demás personas privadas de libertad u otras que se encuentren en el establecimiento, a ejecutarlas.
4. Coaccionar o amenazar a otras personas privadas de libertad u otras que se encuentren en el establecimiento penitenciario, por medio de la utilización de armas u objetos cuyo uso pudiese causar daño.
5. Causar maltratos físicos o psíquicos, a los niños o niñas que convivan con sus madres, ya sea causada por ésta u otra persona privada de libertad.
6. Retener a funcionarios o funcionarias u otras personas que se encuentren legítimamente en el establecimiento penitenciario.
7. Ofrecer sumas de dinero u otra dádiva a funcionario o funcionaria u otras personas, a cambio de favores.
8. Elaborar o detentar instrumentos propios para maltratar o herir.
9. Consumir, detentar o distribuir sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
10. Elaborar, detentar o consumir bebidas embriagantes.
11. Expeler o arrojar secreciones bucales, nasales o esfínteres a cualquier persona.
2. Suspensión de la participación en actividades recreativas y de entretenimiento por un lapso hasta de tres días.
1. Suspensión de la participación en actividades recreativas y de entretenimiento por un lapso hasta de diez días.
2. Privación de comunicaciones telefónicas o electrónicas por un lapso hasta de diez días.
3. Reparación del objeto o bien deteriorado.
4. Aislamiento en celda por un lapso no mayor a siete días.
5. Privación de una visita familiar y/o una conyugal.
1. Privación de dos visitas familiares y/o conyugales.
2. Aislamiento en celda de ocho a quince días máximo.
Artículo 203. Las faltas serán calificadas como leves, graves y gravísimas. Faltas Leves
1. Desplazarse por las áreas no autorizadas del Centro.
2. Presentarse al Centro con retardo injustificado.
3. Perturbar la paz y tranquilidad del centro.
1. Negarse a firmar el libro de Registro de Entrada y Salida.
2. Presentar dos retardos injustificados en un período de quince días a sus obligaciones en su respectivo centro.
3. Abandonar su lugar de trabajo o estudio sin justificación.
4. Actitud irrespetuosa hacia el personal, otros privados de libertad del Centro o de la Comunidad.
5. Suministrar documentación o datos falsos.
6. Deteriorar o dañar las instalaciones o dotaciones del Centro.
7. Dos faltas injustificadas a las actividades programadas por el Centro.
8. Rechazar realización de exámenes toxicológicos o de otra índole, de tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos u otros que hayan sido establecidos como condición por el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria, Asistente Comunal o la Junta Disciplinaria del Centro de Régimen Abierto
9. Acumulación de tres amonestaciones verbales en un periodo no mayor a treinta días.
2. Suspensión del otorgamiento de la redención de la pena desde ocho hasta treinta días.
1. Incitación o participación en manifestaciones individuales o grupales que amenacen la estabilidad del Centro o la Comunidad.
2. Agresión física hacia otros.
3. Introducción para la venta, consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o bebidas alcohólicas al Centro.
4. Incumplimiento a las condiciones e indicaciones determinadas por la Comisión Regional para otorgar el Régimen Abierto. 5. Visitas a lugares expresamente prohibidos por la Comisión Regional para otorgar el Régimen Abierto, el Equipo de Atención Integral Postpenitenciaria, y Asistente Comunal. 6. La evasión del Centro.
7. Cambio de residencia sin autorización.
8. Presentarse al Centro en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes y psicotrópicos.
9. Introducción, fabricación o posesión de objetos no autorizados y que sean o puedan ser utilizados como arma.
10. Acumulación de tres faltas graves en un período de tres meses.
11. Cuando se produzca acusación contra el penado o penada por la comisión de un delito cometido con posterioridad a la concesión del régimen abierto.
2. Suspensión del otorgamiento de la redención de la pena.
3. Revocatoria del régimen abierto.
Artículo 214. La Revocatoria consiste en el cese del Régimen Abierto otorgado por la Comisión Regional a tal efecto, cuando el penado o penada se encuentre incurso en faltas gravísimas. La Junta Disciplinaria solicitará la revocatoria a la Comisión Regional mediante escrito debidamente fundamentado y deberá ser decidida por la misma en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir del momento de su recepción, y notificará de la decisión al Tribunal de la Causa, dentro de las cuarenta y ocho horas.
Artículo 216. La Junta Disciplinaria es el órgano colegiado del establecimiento penitenciario de régimen cerrado o abierto encargado de tomar las decisiones relativas a la aplicación de las sanciones establecidas en este código, a fin de mantener el régimen interno y buen orden del establecimiento. La junta disciplinaria estará conformada por un número impar de miembros y estará presidida por la máxima autoridad del establecimiento penitenciario, su integración y funcionamiento se definirá en el reglamento respectivo.
1. La máxima autoridad del establecimiento penitenciario, previo conocimiento de los hechos, acordará el inicio de la investigación y designará a los funcionarios o funcionarias necesarios, quienes realizarán las averiguaciones del caso, en un lapso no mayor de tres días hábiles, y presentarán un informe que recoja el resultado de las diligencias practicadas, así como la determinación de las faltas imputables al presunto infractor o infractora.
2. Recibido el informe, la máxima autoridad del establecimiento penitenciario, notificará por escrito en un lapso de veinticuatro horas hábiles al presunto infractor o infractora de la falta que se le imputa y la sanción aplicable, señalando el plazo que tiene para presentar sus descargos y defensas. Asimismo remitirá este informe a los miembros de la Junta Disciplinaria convocándola para sesionar al tercer día hábil siguiente.
4. Recibidos los alegatos y cotejados con el informe, la Junta Disciplinaria decidirá, en la misma sesión, sobre la responsabilidad del presunto infractor o infractora, y de ser procedente, la imposición de la sanción correspondiente. 5. Bajo ninguna circunstancia los funcionarios o funcionarias afectados por la conducta desplegada por el privado o privada de libertad participarán en las deliberaciones de la Junta Disciplinaria.
6. En el caso que se acuerde la aplicación de la sanción correspondiente a la falta cometida, el equipo responsable de la asistencia integral del infractor o infractora, deberá reunirse con éste o ésta y orientarlo sobre la conducta sancionada y el reconocimiento de su responsabilidad.
7. Voto salvado, si fuese el caso.
8. Mención del recurso que pueda interponerse.
4. La conducta del privado o privada de libertad desde el comienzo del régimen abierto.
5. El carácter repetitivo de la falta.
6. Las consecuencias de la sanción, en relación a la atención integral recibida.
7. Argumentos presentados por el privado o privada de libertad.