Source: https://www.scribd.com/document/96188132/Informe-Tecnico-del-Reglamento-de-la-Ley-de-Consulta-Previa
Timestamp: 2017-01-16 19:18:39
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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIADecreto Supremo N°001-2012-MC
ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA 1 Decreto Supremo N°001-2012-MC
Introducción El 6 de setiembre de 2011 se promulgó en el Perú la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (Ley 29875), esta medida fue saludada por su posibilidad de generar avances significativos en el lento y largo camino hacia el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. A partir de la promulgación de esta ley, se inició un debate sobre los mecanismos que debían regularse para asegurar procesos de consulta -sobre medidas legislativas o administrativas-, en asuntos que pudiesen afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En suma, se trataba de asegurar los cauces que permitiesen un diálogo intercultural sincero entre el Estado y los pueblos indígenas, algo mayoritariamente ausente en nuestra etapa republicana. La consulta previa a los pueblos indígenas u originarios no sólo es un tema teórico, jurídico y procedimental, sino más bien tiene consecuencias muy prácticas. Que en el caso peruano se explicita a partir las políticas estatales que promueven y facilitan la inversión privada en materia de extracción de recursos naturales, lo cual genera agudas controversias porque el Estado no protege de la misma forma los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Como consecuencia de ello se evidencia un incremento notorio de los conflictos sociales, relacionados con el desarrollo de proyectos extractivos, donde lo común es que no se establecen mecanismos de diálogo con las comunidades y pueblos indígenas y sus voces no son consideradas al momento de tomarse las decisiones. Es por ello que la expectativa generada por la Ley de Consulta Previa viene significando, por ahora, una frustración y un reclamo justificado de las principales organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas. La forma como los funcionarios estatales especializados en el tema manejaron los momentos siguientes a la promulgación de esta ley han sido decepcionantes y han defraudado rápidamente las esperanzas que se habían generado, provocando un incremento de la desconfianza hacia un Estado que históricamente ha excluido y reprimido las demandas de estos pueblos. Por eso cuando más adelante se inició el proceso de consulta previa del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, se pensó que podía significar la posibilidad de nuevas formas de promover un
diálogo intercultural - indispensables en el Perú- entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, lamentamos que no haya sido así. Por el contrario, el proceso desarrollado adoleció de sustanciales deficiencias, ya sea por su falta de legitimidad debido a la escasa participación de organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas, por el interés del Estado en acelerar el proceso afectando los principios de flexibilidad y plazo razonable, por la asimetría en que se desarrolló este proceso, por desconocer varios acuerdos alcanzados en la etapa de diálogo y por haber introducido textos nuevos que no formaron parte de la consulta. A pesar de ello, el 3 de abril de 2012 fue publicado el Reglamento de la Ley de Consulta Previa2, por lo tanto nos encontramos con norma procedimental vigente que establece las reglas de juego para los procesos de consulta en el Perú. El presente informe ofrece una mirada general sobre el contexto en el que se promulgó esta ley y en el que se debatió el contenido del reglamento respectivo. Asimismo, hay un análisis minucioso de los acuerdos no respetados, de los textos introducidos sin consulta y de artículos cuyo contenido es controversial por incumplir los estándares nacionales e internacionales de respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, espera que el presente informe sea de utilidad para aquellos que quieran conocer a profundidad, la orientación y consecuencias de una reglamentación importante pero deslegitimada. Esperamos, sobre todo, que puedan corregirse los errores en la presente reglamentación para que no se vacíe de contenido al derecho a la consulta previa, nuestro interés permanente es que puedan generarse procesos reales de diálogo intercultural y no procesos que terminen siendo un mero trámite administrativo. Contexto en el que se debatió el Reglamento de la Ley de Consulta Previa El presidente Ollanta Humala, ganó las elecciones con propuestas de políticas públicas que señalaban la necesidad de tener un Estado que promoviera la inclusión social, y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En tal razón, dentro de los primeros cuarenta y cinco días de su gobierno promulgó la Ley de Consulta Previa3. Esta promesa electoral -ratificada en el mensaje presidencial4 y en el mensaje al Congreso del premier Salomón Lerner Ghitis5-, fue cumplida cabalmente. El nuevo gobierno de Ollanta Humala, planteó la configuración de un nuevo escenario político en el país, que generó en algunos sectores sociales -como los pueblos indígenas-, expectativas respecto al inicio de un proceso de inclusión social y reconocimiento de la diversidad cultural, mediante políticas y programas que los favorezcan. Sin duda, una de las medidas más
Decreto Supremo 001-2012-MC Ibid 4 Mensaje presidencial dirigido al Congreso de la República el 28 de julio del 2011 5 Discurso del premier Salomón Lerner al Congreso de la República, donde saluda la aprobación por este de la ley de la consulta- 24 de agosto del 2011
importantes del inicio del gobierno de Ollanta Humala fue la aprobación de la Ley de Consulta Previa por el Congreso de la República y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Los pueblos indígenas amazónicos, andinos y costeños saludaron esta medida, que recogió una demanda por la que habían luchado durante el gobierno de Alan García. En este contexto, hay que tener en cuenta que la consulta previa ha sido una demanda de los pueblos indígenas desde que entró en vigencia el Convenido 169 de la OIT en el Perú; pero adquirió mayor relevancia a partir de los lamentables sucesos de Bagua6. Este conflicto se inició debido a la emisión de una serie de decretos legislativos, considerados por los pueblos indígenas como violatorios de sus derechos, y que además, no fueron consultados y se puso en evidencia un grave problema en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas: una relación marcada por la asimilación, exclusión e invisibilización, así como por la falta de mecanismos de diálogo. Después de la aprobación de la Ley de Consulta Previa y de los primeros meses de gestión, el Gobierno tomó la decisión de cambiar drásticamente la orientación de sus políticas en torno a la gestión de los recursos naturales. En aras de poder cumplir con los programas sociales ofrecidos en el marco de la campaña electoral, el Gobierno ha reafirmado su opción por un modelo extractivista para conseguir el desarrollo del país. Importantes voceros del Gobierno han señalado que la única manera de promover la inclusión social en el país, es mediante la ejecución de proyectos de inversión en minería, hidrocarburos y la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, especialmente en la sierra y la Amazonía del país. Al finalizar el año 2011, luego de las protestas de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas -contra las actividades mineras en Cajamarca por el proyecto Conga-, se produjo la primera crisis de gabinete que terminó con la salida del Presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner y de la mayoría de sus ministros. El presidente Humala, quería recuperar el orden y el “principio de autoridad” y designó como nuevo premier a Oscar Valdez Dancuart, Teniente Coronel del Ejército en retiro quien se había desempeñado hasta el momento, como Ministro de Defensa. En tal sentido, el proceso de diálogo y consulta del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, que se inició con la instalación de la Comisión Multisectorial (22 de noviembre del 2011), seguida de las seis audiencias (del 06 de enero del 2012 al 16 de febrero), así como la etapa de diálogo intercultural, se realizaron en un escenario en el que el presidente Ollanta Humala, decidió impulsar como eje económico la extracción de los recursos naturales y no buscar una adecuada relación entre estas actividades y el respeto al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Las seis organizaciones indígenas nacionales (AIDESEP, CCP, CNA, ONAMIAP, CONACAMI y CONAP) y el INDEPA acordaron la realización de cinco audiencias macrorregionales (Iquitos, Bagua, Chiclayo, Cusco, Huancayo) y un encuentro nacional en Lima. Diversas organizaciones
El 5 de junio de 2010 en un enfrentamiento entre la policía y pobladores indígenas durante el desalojo de una carretera resultaron 33 personas fallecidas, 200 heridos y un desaparecido.
nacionales y regionales solicitaron su incorporación en la Comisión Multisectorial y su participación en los encuentros macrorregionales; ya que no se encontraban representadas en las seis organizaciones que el Gobierno identificó. Esto impidió que las organizaciones regionales participaran en la etapa de evaluación interna del Reglamento. Por otro lado, existieron problemas logísticos muy graves, como el cambio de fechas de algunos encuentros, lugares inadecuados para el desarrollo de los mismos, la deficiente alimentación para los participantes, que generaron malestar y un justificado rechazo por parte de los líderes y dirigentes que asistieron a los encuentros. Asimismo, estos encuentros pusieron en evidencia que el Gobierno no aseguró la publicidad ni la información necesaria sobre la Ley de Consulta a los pueblos indígenas. Esto se visibilizó en los encuentros macrorregionales, pues los participantes no conocían los alcances de la Ley y en muchos casos no se tuvo acceso a la norma. Esta situación de desinformación dificultó sustancialmente la discusión sobre los temas de fondo del Reglamento. En el encuentro nacional, realizado en Lima, las organizaciones indígenas debatieron y evaluaron la continuidad de su participación en la etapa de diálogo intercultural para la elaboración del reglamento. Finalmente, CONAP y CCP decidieron continuar participando en el proceso con aportes concretos para el reglamento; mientras que AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP decidieron no continuar participando en el proceso de reglamentación de la Ley. No obstante, cada una de estas organizaciones elaboró aportes respecto del derecho a la consulta. El proceso impulsado desde el Viceministerio de Interculturalidad siguió solo con la participación de dos organizaciones nacionales: CONAP y CCP, en sesiones interdiarias en las que se discutió el contenido del reglamento, artículo por artículo. Ante la renuencia inicial del Viceministerio de Interculturalidad de trabajar bajo una metodología, las dos organizaciones indígenas que venían participando en el proceso anunciaron su decisión de retirarse del proceso. Posteriormente, esta situación fue superada cuando al interior de la Comisión, y después de un amplio debate, se aprobó la discusión y elaboración de un acta con la metodología consensuada. Finalmente, luego de terminadas las sesiones y revisado en su integridad el documento del reglamento, el mismo pasó a la Presidencia del Consejo de Ministros para su revisión y posterior publicación. El 9 de marzo de 2012, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un informe que contiene los aspectos observados en el proceso de consulta previa del Reglamento de la Ley N° 29785. El objetivo del documento mencionado ha sido señalar nuestra opinión crítica respecto del proceso desarrollado y el rol que jugaron los funcionarios del Estado y los miembros de las organizaciones indígenas participantes. Consideramos que en las etapas de publicidad, información y evaluación Interna, se realizó un proceso con serias deficiencias, habiéndose distribuido la información de manera tardía, se redujo la etapa de información a la entrega de documentos a representantes de las organizaciones nacionales, y no se realizaron esfuerzos para dar a conocer el borrador del 5
Reglamento con la debida anticipación y con el debido uso de procedimientos culturalmente adecuados, tal como está establecido en la Ley de Consulta Previa (Artículos 11, 12 y 13). Asimismo, durante la etapa de diálogo se evidenció el interés de los funcionarios del Estado por acelerar esta etapa, lo que vulneró el principio de flexibilidad y plazo razonable, situación que fue señalada en su momento por las organizaciones indígenas participantes. El proceso de consulta del Reglamento también tuvo debilidades con respecto a la representatividad de las organizaciones indígenas nacionales y regionales; como se mencionó antes, sólo dos organizaciones nacionales participaron durante todo el proceso de consulta. El 3 de abril de 2012 fue publicado el Decreto Supremo 001-2012-MC, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Las organizaciones del Pacto de Unidad liderado por CONACAMI, mostraron su disconformidad con esta decisión del Gobierno y anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Consulta Previa y la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para garantizar la protección del derecho a consulta. Por su parte, la CCP saludó la aprobación del Reglamento y la CONAP mediante un pronunciamiento público7, expresó sus críticas al reglamento aprobado y exigió que se cumpla con los acuerdos tomados en el proceso de diálogo. I. Proceso de consulta previa del Reglamento
1.1 Acuerdos no respetados El día 5 de marzo de 2012, como conclusión de la etapa de diálogo del proceso de consulta del Reglamento, los representantes de los viceministerios, los representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y los representantes de la Confederación Campesina del Perú (CCP), suscribieron un acta final que recoge los puntos consensuados y las observaciones en los aspectos en los que no se lograron acuerdos. El artículo 15° de la Ley de Consulta Previa, señala en su segundo párrafo que: “El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes”, sin embargo, ha sorprendido que el texto final del Reglamento -publicado el día 3 de abril de 2012-, contenga cinco artículos en los que no se han respetado los acuerdos a los que llegaron el Estado y las organizaciones indígenas, en el proceso de consulta del Reglamento. En el cuadro siguiente se puede observar las diferencias entre los textos aprobados y los textos consignados en el acta final de la etapa de diálogo, en la columna derecha constan los textos consensuados entre el Estado y las organizaciones indígenas participantes; y en la columna izquierda constan los textos finales aprobados en el Reglamento de la Ley de Consulta Previa.
Pronunciamiento emitido por el Consejo Directivo Nacional de CONAP el 9 de abril de 2012
Cuadro violación a los acuerdos asumidos en la etapa de diálogo entre Estado peruano y las organizaciones indígenas
Artículos Texto aprobado en el Reglamento Obligación de consultar a) Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento; buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los o las representantes del o de los pueblos indígenas, formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta; Efecto Suspensivo de la Apelación “La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y sin efecto suspensivo” Plazo Máximo Adicional para Etapa de Diálogo.20.6. El periodo máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones debidamente justificadas y por acuerdo de las partes. Etapa de decisión NO se ha consignado el acuerdo 23.3. del acta Art. 23° Texto consignado en el acta final de la Etapa de Diálogo a) Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y el o los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento;
Art. 9°, 9.2
“La apelación, en cualquier supuesto, debe realizarse en cuaderno aparte y con efecto suspensivo”
Art. 20°, 20.6
20.6. El periodo máximo de esta etapa será de treinta (30) días calendario, pudiendo ser extendido, por razones debidamente justificadas y por acuerdo de las partes, por un plazo máximo adicional de hasta treinta (30) días calendario.
23.3. Cuando exista un acuerdo parcial, la entidad promotora debe enriquecer su propuesta con los aportes de los y las representantes indígenas formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta, a fin de tomar la decisión final.
Art. 27°, 27.4
Consulta de Reglamentos sobre Leyes ya Consultadas.27.4. Conforme al numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, las medidas reglamentarias no pueden transgredir ni desnaturalizar las leyes, por lo que no pueden cambiar la situación jurídica de los derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, podrían utilizarse los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación, distintos a la consulta, conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT.
26.3. Las medidas reglamentarias que, conforme al artículo 118°, numeral 8 de la Constitución, no pueden cambiar derechos colectivos de los pueblos indígenas; no requerirán ser consultadas, si reglamentan o desarrollan una ley que ya fue materia de consulta, salvo en aquello que pudiera afectar directamente los derechos colectivos de dichos pueblos, sin perjuicio de utilizar los mecanismos participativos conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT o seguirse el procedimiento previsto en el presente Reglamento por decisión de la entidad promotora.
Tal como consta en el cuadro anterior, en el artículo 5°, a) se ha introducido un texto nuevo en la parte final (resaltado en negritas), texto que no fue discutido previamente con las organizaciones. Consideramos que con este agregado se recoge la redacción del artículo 23º, inciso 3, pero vaciándolo de contenido. El texto cambia el “deber” de la entidad promotora para enriquecer su propuesta con los aportes de las organizaciones indígenas, por una simple “búsqueda” de que esta decisión se enriquezca con dichos aportes. Consideramos que este cambio es sustancial, porque supone una disminución de los deberes de las entidades promotoras, respecto a considerar los aportes de los pueblos indígenas y, además supone una falta de valoración e importancia de su opinión, aún en situaciones en las que no se consiguió un acuerdo. La modificación del artículo 9° del Reglamento pone en riesgo la participación efectiva y oportuna de los pueblos indígenas en el proceso de consulta. Regula el derecho de petición de los pueblos indígenas en el supuesto de no haber sido incluidos en el proceso de consulta y la parte final del inciso 2 de este artículo establece el efecto de la apelación en el caso en el que el pedido haya sido denegado. En el acta final, el acuerdo señalaba que la apelación tiene “efecto suspensivo”, es decir, que el proceso se suspendería hasta contar con una decisión final. De esta manera se buscaba garantizar la participación en todo el proceso del pueblo o los pueblos que solicitaran su incorporación. Sin embargo, el Reglamento cambia esta posibilidad y se cambia el acuerdo, se señala que la apelación debe realizarse “sin efecto suspensivo”. En términos prácticos, el pueblo indígena que sea incorporado al proceso, después de la decisión final obtenida por apelación, deberá aceptar el proceso de consulta en el Estado en el que se encuentre en ese momento. Si consideramos lo corto e inflexible de los plazos, con suerte llegará a incorporarse unos días antes que termine la consulta. Asimismo, en dos artículos se han realizado supresiones. En el artículo 20°.6, se trata de una mención a un límite temporal de la etapa de diálogo; en el artículo 27°.4 la supresión es más grave, se está recortando la posibilidad de realizar consultas de reglamentos de leyes ya consultadas. Este fue un punto arduamente debatido en la Etapa de Diálogo y donde las organizaciones manifestaron expresamente su preocupación y se logró un acuerdo con todos los sectores participantes en que se mantuviera la salvedad “en aquello que pudiera afectar directamente los derechos colectivos de dichos pueblos”. Esta frase ha sido eliminada, al igual que la posibilidad de que se consulten reglamentos de leyes ya consultadas, aunque la norma amenace derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 23°.3 se ha eliminado el texto íntegro de un inciso que contemplaba el supuesto de la existencia de un acuerdo parcial y por lo tanto el deber de la entidad promotora de enriquecer su propuesta con los aportes de las organizaciones indígenas. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que la falta de respeto del Estado, por no incorporar todos los acuerdos tomados en el proceso de consulta previa del 8
reglamento, no sólo transgrede el mandato expreso de la Ley de Consulta, sino que viola derechos constitucionales. Tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el fundamento 37 de la sentencia 00022-2009-PI/TC: “El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa (…) iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta (…)”. 1.2 Incorporación sin consulta de nuevo articulado El artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT establece que cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, estos deben ser consultados. Estas consultas deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de tales medidas propuestas. En ese sentido, la existencia de medidas que generan una afectación directa, motiva los procesos de consulta y por lo tanto estas medidas se convierten en el eje de una consulta determinada. Cabe entonces preguntarnos, ¿cuándo estamos ante una medida que deba necesariamente pasar por proceso de consulta indígena? Conforme al fundamento 21 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 00022-2009-PI, estas medidas serán aquellas normas que, o están destinadas a regular exclusivamente aspectos relevantes de los pueblos indígenas (una ley o reglamento cuyo contenido regula únicamente sus derechos o intereses), o regulan con carácter general una materia, pero necesitan precisar algunas disposiciones relativas a estos pueblos. De acuerdo a esto podemos concluir que el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, que regula el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, es una norma que se ajusta al primer supuesto previsto por el Tribunal Constitucional, por lo tanto debe ser sometida a un proceso de consulta, ya que en su integridad regula un derecho colectivo indígena. A ello debemos sumar que, conforme a los Fundamentos 37 y 38 de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional, se ha previsto que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta importa, entre otros, el derecho de poder contar con el acceso a las medidas que se quieren normar; se precisa además que, la adopción de medidas sin la correspondiente consulta indígena supone la afectación de este derecho. En esa línea de ideas, toda disposición que finalmente ha sido adoptada en el Reglamento, ha debido ser consultada, tomando en cuenta su naturaleza, puesto que se trata de una norma que regula íntegra y exclusivamente supuestos relacionados con los pueblos indígenas. Por lo anteriormente mencionado, la etapa de decisión del proceso de consulta del Reglamento, debió efectuarse en función de las propuestas presentadas por las organizaciones indígenas quienes ejercieron su derecho a la consulta previa, con o sin acuerdo con el Estado, la finalidad de la consulta previa es no afectar los derechos de los pueblos indígenas. 9
Adoptar medidas que no formaron parte del proceso de consulta, cuanto menos supone un atentado en contra del Principio de Buena Fe previsto en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Consulta Previa. Asimismo, las medidas adoptadas y que no fueron sometidas al proceso de consulta -independientemente de si estarían buscando beneficiar o no a dichos pueblos- devienen en inconstitucionales puesto que suponen la negación del ejercicio del derecho a la consulta libre, previa e informada. En ese sentido, en la tabla siguiente detallamos los artículos que no fueron sometidos al proceso de diálogo previo y que sin embargo forman parte del texto del reglamento aprobado mediante DS N° 001-2012-MC:
Incorporación de disposiciones por el Estado sin diálogo previo con las organizaciones indígenas
Artículos 1°, 1.5
Comentarios Señala que el proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdos entre las partes. Prevé la necesidad de un informe previo y favorable del Viceministerio de Interculturalidad para los procesos de consulta de los gobiernos regionales y locales. Señala la definición de representante de un Pueblo Indígena. Dispone que la obligación de informar que le corresponde al Estado, se realice únicamente con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Establece el plazo para que los pueblos indígenas designen a sus representantes, su segundo párrafo no fue incluido en el proceso de consulta. Establece el plazo máximo para desarrollar el proceso de consulta. Establece que el proceso de la consulta se realiza mediante las organizaciones representativas asentadas dentro del ámbito geográfico de la medida. Desarrolla el supuesto de consulta indígena para los proyectos de Decretos Legislativos. Establece que no se consultarán medidas administrativas complementarias. Establece la coordinación de procesos de promoción de la inversión privada. Establece que no será necesaria la consulta de una medida administrativa sobre reinicio de actividad. Establece que no será necesaria la consulta en casos de construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación y provisión de servicios públicos. Los costos de la consulta los asumirá la entidad promotora correspondiente.
2°, 2.3 3°, n) 5°, j) 10°, 10.4. 24° 27°, 27.3 27°, 27.6 Décimo Segunda DCTF* Décimo Tercera DCTF* Décimo Cuarta DCTF* Décimo Quinta DCTF* Décimo Sexta DCTF*
*Disposición Complementaria, Transitoria y Final
II. Análisis del contenido del Reglamento 2.1 La aplicación de la consulta en el tiempo En el Derecho Internacional, los Estados y las Organizaciones Internacionales tienen la posibilidad de suscribir tratados internacionales, con lo cual se obligan a respetarlos a partir de su entrada en vigor, o de su ratificación. Una vez que estos instrumentos internacionales empiezan a generar efectos jurídicos, se desprende la segunda gran obligación que deriva de los tratados internacionales: los Estados deben adecuar su ordenamiento interno a estas normas del ordenamiento jurídico internacional. La adecuación antes mencionada puede darse, mediante dos procesos distintos por los que los Estados pueden optar. El primer procedimiento consiste en que para que las normas del Derecho Internacional sean efectivas dentro de un Estado, este debe producir un conjunto de leyes que desarrollen el contenido de las normas del tratado. El segundo procedimiento posibilita que las normas de los tratados internacionales se hagan parte del ordenamiento jurídico interno de un Estado, al mismo tiempo que este las ratifica. El Estado peruano ha optado, en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, por este segundo procedimiento cuando manifiesta que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Esto quiere decir que en el Perú no se hace necesario legislar para que se apliquen las normas de un tratado internacional. Si estas no son aplicas desde el momento en el que se ratifica el tratado internacional y este entra en vigor, el Estado estaría incumpliendo la norma constitucional antes citada. Por lo tanto, el Estado peruano no podrá argumentar la falta de una ley interna para dejar de cumplir un tratado internacional. Es por ello que en el caso del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, este debió ser aplicado desde el año 1995, en el cual el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigor para el Perú. Desde ese momento todas las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas debieron ser consultas. Todo aquello que cumpliendo con estas características no fuese consultado, está fuera del marco legal y debe ser corregido; más aún si el tratado vulnerado es uno de derechos humanos, el cual, según el propio Tribunal Constitucional del Perú, posee rango constitucional. Lo grave es que el Estado peruano, a pesar de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT, ha venido adoptando un conjunto de medidas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas sin consultarles previamente. En consecuencia todos estos actos que producen efectos jurídicos devendrían en nulos por carecer de legalidad. En este transcurso el Estado peruano se ha esforzado en afirmar que desde que entró en vigencia el convenio 169, se han realizado procedimientos en los cuales la población ha participado. Sin embargo, en esta argumentación claramente se confunden dos derechos de distinta naturaleza. El derecho a la 11
participación es una prerrogativa que le asiste a todos los ciudadanos de un determinado Estado, sean hombres, mujeres, personas con discapacidad o pueblos indígenas de involucrarse en los asuntos públicos; y además puede versar sobre cualquier materia de orden público: presupuesto de la nación, formulación de políticas públicas, elección de representantes, etc. La finalidad del derecho a la participación difiere de la finalidad del derecho a la consulta de los pueblos indígenas: lograr acuerdos o consentimiento. Cabe mencionar que el derecho a la consulta es de titularidad de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el Perú y se aplica, según el propio Convenio 169, cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas que las afecten directamente. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, se requieran disponer normas jurídicas que regulen el sistema de propiedad de los pueblos indígenas estos deberán ser consultado; ocurre lo mismo cuando se pretende otorgar a un particular derechos sobre los recursos naturales existentes en los territorios indígenas. El proceso de consulta, como ya lo adelantáramos, tiene como finalidad lograr acuerdos o consentimiento. Respecto a los acuerdos estos deberán ser cumplidos y arribado el consenso, el Estado no tendría por qué tener la última palabra. La controversia es generada a partir del consentimiento. Los tribunales internacionales en diversa jurisprudencia han señalado que este será absolutamente necesario cuando se ponga en riesgo la sobrevivencia del pueblo o de su cultura. De acuerdo a lo anteriormente planteado, ¿qué le correspondería hacer al Estado peruano con los actos jurídicos que ha realizado desde 1995, sin observar un tratado internacional de Derechos Humanos, como lo es el Convenio 169 de la OIT? Estos actos son nulos y no tendrían que desplegar efectos jurídicos y, por lo tanto, se tendrían que reiniciar todos los procedimientos ya concluidos por medio de los cuales se haya afectado los derechos de los pueblos indígenas. Es en este sentido que se ha pronunciado la Corte Constitucional Colombiana que ordena la suspensión de proyectos o declara la inconstitucionalidad de las leyes y estatutos, como la Ley General Forestal o el Estatuto de Desarrollo Rural, por no haber sido consultados previamente. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ha suspendido el llenado de un embalse ubicado en territorio indígena, las actividades de exploración de petróleo y las actividades de exploración y explotación de oro y cobre, hasta tanto no se realice la consulta previa. 2.2 Afectación del plazo razonable, principio de flexibilidad Concebir al procedimiento de consulta como un procedimiento único, que únicamente atienda a parámetros objetivos, es deslegitimarlo y anular los objetivos para los que está pensado desde el inicio. La realidad nos demuestra que no todos los supuestos que justifican la realización de la consulta son iguales y que la propia dinámica de los pueblos es distinta, con lo cual implementar el proceso sin atender a las particularidades de cada pueblo y de cada supuesto es en vano. Precisamente es por estos motivos que se ha concluido que el 12
principio de flexibilidad también debe ser observado en todo el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Esto ha quedado establecido en el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT cuando manifiesta que las consultas llevadas a cabo en aplicación del convenio deben efectuarse “de manera adecuada a las circunstancias”. Lo mismo se ha señalado en el fundamento 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 000222009-PI/TC. La observancia del plazo razonable para que los pueblos indígenas puedan informarse y decidir forma parte del propio principio de flexibilidad. No sería legítimo un proceso de consulta, en el que los plazos no sean adecuados para cada uno de los pueblos, sin atender a sus propios procedimientos y particularidades. Estos plazos deberán variar dependiendo de la medida que se esté consultando. El plazo razonable también guarda relación con el principio de buena fe en tanto se permite el correcto desarrollo del diálogo; en la medida que los pueblos han tenido el tiempo suficiente para razonar en torno a la situación a la que se encuentran. 2.3 Consentimiento, como expresión de la autodeterminación, esto está normado en la Declaración y hay supuestos La normativa internacional; así como la nacional son claras al reconocer entre los derechos de los pueblos indígenas al derecho a la autodeterminación; es decir la capacidad de decidir sobre sus prioridades y la forma en la que van a regir su vida como comunidad. En base a esta autonomía, los pueblos indígenas podrán decidir acerca de las formas de elección de sus representantes, las formas en que solucionan sus conflictos, sus tipos de intercambio y su forma de desarrollo. Es esta autonomía también la que impide que actores extraños a la comunidad, interfieran en las formas de organización de la comunidad. Pretender otorgar derechos sobre sus territorios, por ejemplo, negaría la autodeterminación ya reconocida. Es por ello que cada vez que se pretenda penetrar en ámbitos indígenas es necesario que esta intervención, para ser permeabilizada por la legalidad, cuente con el consentimiento de los pueblos indígenas. Es esta atribución la que exigiría que los pueblos indígenas sean siempre consultados, no únicamente cuando se ponga en riesgo su sobrevivencia o la de su cultura. Por otro lado, de acuerdo con las Directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre los asuntos de los pueblos indígenas señalan que el consentimiento libre implica ausencia de coerción, intimidación o manipulación. Asimismo el consentimiento informado significa que el Estado debe suministrar información que abarque por lo menos lo siguiente: 1º La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; 2º La razón o las razones o el objetivo del proyecto y/o la actividad; 13
3º La duración del proyecto o actividad; 4º La ubicación de las áreas que serán afectadas; 5º La evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; 6º El personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto; 7º Los procedimientos que puede entrañar el proyecto. 2.4 Vulneración de la autonomía de gobiernos regionales (artículo 2°, 2.3) y atribuciones del Viceministerio de Interculturalidad (artículo 28.3, 9.2) El art. 2 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y el art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades precisan que ambas instancias de gobierno gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En ese sentido, los Gobiernos Locales y los Gobiernos Regionales -en atribución de sus funciones-, dictan medidas de manera permanente, de modo que algunas de estas normas podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas de su jurisdicción y por lo tanto debieran ser consultadas a través de procesos de consulta, impulsadas por estas instancias de gobierno. Asimismo, el proceso de descentralización tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza. Para ello se plantea -entre otros temas-, incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación. La descentralización ha creado gobiernos regionales y locales que han asumido competencias y funciones en nuestro país en materias como salud, educación, medio ambiente, producción, etc. No considerar la participación de los pueblos indígenas en estas áreas y/o no considerar los derechos colectivos sobre estas materias -como el derecho a la consulta-, significaría una violación a las normas del Convenio 169 OIT y al art. 2, 19 de la Constitución Política. En este sentido, el artículo 2.3 del Reglamento de la Ley de Consulta, constituye un obstáculo para que el propio Estado, impide que a través de sus diferentes niveles de gobierno cumpla su rol de garante y responsable de implementar y hacer cumplir las disposiciones del Convenio 169 OIT: Artículo 2,1. “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Por otro lado, en el art. 2°, 2.3 del Reglamento de la Ley de Consulta se optó por lo siguiente: “Los gobiernos regionales y locales sólo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Vice ministerio de Interculturalidad (…)”, consideramos que con este dispositivo se vulnera la autonomía de los gobiernos regionales y locales, por lo siguiente: 14
a. Se violan los principios de competencia y la autonomía de los gobiernos regionales reconocidos en los artículos 191 y 192.6 de la Constitución. Las relaciones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales no son de jerarquía sino de competencia. Sin embargo, el artículo 2.3 del Reglamento, subordina una decisión de un gobierno regional, a la aprobación de un ente estatal de un Ministerio. Con esto se viola la autonomía normativa y política y el principio de competencia de los gobiernos regionales, pues una norma reglamentaria del Poder Ejecutivo está configurando competencias de un gobierno regional. Por ejemplo no sería aceptable que un gobierno regional regulara aspectos del gobierno central. b. Se viola el principio constitucional de jerarquía normativa, contenido en el artículo 51 y 138 (2do párrafo) de la Constitución. Esto se da en dos momentos, primero cuando a través de una norma reglamentaria, -es decir de rango infralegal-, como es el decreto supremo se modifican normas de rango legal, como son leyes orgánicas. Nos referimos a la Ley 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales). Este principio de jerarquía normativa, también se viola cuando se crea -a través una norma reglamentaria-, un nuevo requisito para la realización de un derecho constitucional. Es decir, a través de una norma de rango infralegal, se está modificando una norma de rango constitucional, como es el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785. Se ha modificado normas del bloque de constitucionalidad a través de un decreto supremo. La Ley 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) estaría siendo modificada por el artículo 2.3 del Reglamento de la Ley de Consulta, que desarrolla las funciones de un gobierno regional. La Ley orgánica de gobiernos regionales, es una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad, es decir tiene la misma fuerza que las normas constitucionales para efectos del control constitucional, de acuerdo con el artículo 79 del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, al ser una norma de rango constitucional, no puede ser modificada por un Decreto Supremo como es el Reglamento de la Ley de Consulta (D.S. 001-2012-MC).
d. El Gobierno ha ejercido la potestad reglamentaria de manera inconstitucional violándose el artículo 118.8 de la Constitución. Lo establecido en el artículo 2.3 del Reglamento, excede y va más allá de lo establecido en la Ley de Consulta (Ley 29785), pues esta facultad no estaba en la ley. En tal sentido se viola el artículo 118.8 de la Constitución, que establece que es atribución del Presidente de la República “Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones”. Esta modificatoria debió realizarse por ley. En todo caso, una restricción como la contenida en el artículo 2.3 del Reglamento, debió de haberse discutido y aprobado a través de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y no del Reglamento, conforme señala el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158).
Resulta evidente que el caso del proyecto minero Conga de la región Cajamarca, ha influido en la restricción de la autonomía de gobiernos regionales y locales, consideramos que hay otras vías para el manejo de estas situaciones, sin necesidad de interferir en la autonomía de los gobiernos regionales y locales. Consideramos que el artículo 2.3 del Reglamento es inconstitucional. Estamos ante una norma inválida, por contravenir expresas disposiciones constitucionales. Contra ella cabe una demanda de acción popular, proceso constitucional especialmente diseñado para el control constitucional de normas reglamentarias. 2.5 Guía metodológica La idea de contar con una guía metodológica surgió durante el proceso de consulta previa del Reglamento y fue una propuesta planteada por las organizaciones indígenas, con el objetivo de contar con una herramienta que permitiera uniformizar criterios entre los distintos sectores y niveles de gobiernos que, conforme a la Ley de la Consulta Previa y del Reglamento, tendrán que encargarse de los procesos de consulta. Asimismo, la guía metodológica constituía la oportunidad para definir detalles que orientarían el proceso de consulta al momento de implementarlo, detalles que por su especialidad o variedad resultaba imposible recoger en el texto del Reglamento. Sin embargo, llama la atención que su elaboración haya quedado exclusivamente en manos del Viceministerio de Interculturalidad, dejando de lado la participación de las organizaciones indígenas, que son las beneficiarias del derecho y conocen con precisión las singularidades de cada región y los requerimientos en cada circunstancia especial. Este aspecto adquiere mayor relevancia si consideramos que el Reglamento de la Ley indica que varios aspectos de éste serán definidos a través de la guía metodológica, y no se limitan con esto a la metodología desarrollada en el art. 13°, sino que también se incluye lo dispuesto en el artículo 10.3: “La falta de organizaciones representativas o representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta al o a los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. Corresponde al Viceministerio de Interculturalidad incluir dicho supuesto en la Guía Metodológica” (subrayado nuestro). Es decir, que será la guía metodológica la que desarrolle las medidas que se adoptarán para garantizar la participación de pueblos sin representantes. Consideramos que los mecanismos de garantía de participación de organizaciones indígenas, no son un asunto menor ni de simple metodología, sino que desarrollan los criterios de acceso de determinados pueblos a los procesos de consulta y pueden afectar de forma esencial su derecho. Siendo así, consideramos que en coherencia con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso 1, literal a) del Convenio 169, la definición de estas medidas debieron formar parte del texto consultado y no quedar relegada a una guía metodológica y a la discreción del Viceministerio de Interculturalidad. 16
Por lo anteriormente mencionado, se debe garantizar que la guía metodológica se restrinja a aspectos que no afecten derechos de los pueblos indígenas y que debieran ser objeto de consulta y, por otro lado, se debe convocar a las organizaciones indígenas para que participen en su discusión y elaboración. 2.6 ¿Cuándo se da la consulta, a partir de qué momento? Artículos 3, i) y 6, EIA.
El artículo 2° del Reglamento establece su ámbito de aplicación. En el caso del Poder Ejecutivo lo constituyen 1) las medidas administrativas, 2) los decretos legislativos y 3) las medidas administrativas en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo. En seguida, el artículo 3°, literal i), define las medidas administrativas del primer supuesto y señala que estas son 1a) las normas reglamentarias de alcance general, 1b) el acto administrativo que faculta el inicio de la actividad o proyecto y 1c) el acto administrativo que autorice a la Administración la suscripción de contratos en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El Reglamento no es claro respecto de cuándo debe realizarse la consulta cuando se trata de medidas administrativas que aprueban el aprovechamiento de los recursos naturales. De acuerdo a los arts. 3, i) y 6 del reglamento, se interpretaría que la consulta se desarrollaría únicamente durante la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco es claro sobre si se cumplirá para todos los casos de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables y no renovables. Esto no sólo sucede porque cada sector tiene una legislación especial con respecto al desarrollo del EIA, sino porque el Reglamento no aclara esta situación, tan sólo menciona las opciones sobre las que discrecionalmente decidirá cada sector al momento de regular la consulta en dicho sector. En el caso de hidrocarburos, la empresa nacional Perupetro S.A. es la entidad que está facultada a negociar los lotes hidrocarburíferos con terceros o empresas interesadas. Cuando el Reglamento señala que la consulta debe realizarse antes de la suscripción de contratos, debemos entender que es Perupetro S.A. la obligada a realizar la consulta a los pueblos indígenas, respecto a la delimitación de los lotes de hidrocarburos, modalidad del contrato, etc. En este caso la consulta debería realizarse antes de la suscripción de los contratos y durante la realización de cada uno de los EIA correspondientes a cada etapa del proceso hidrocarburífero, al menos eso es de esperarse. En el caso de las concesiones mineras, éstas son otorgadas a través del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET y después de ello se realiza el Estudio de Impacto Ambiental. De acuerdo con el Reglamento de consulta, se entendería que la ultima medida administrativa que autoriza el aprovechamiento del recurso sería este instrumento de gestión ambiental, pero por la falta claridad de esta nueva norma, se podría entender que en el caso de minería, por el procedimiento singular de este sector, podría ser la autorización de 17
operaciones que realiza la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, medida que es posterior a la aprobación del EIA. En el caso de proyectos eléctricos, el estudio de impacto ambiental es previo a la concesión definitiva para la construcción del proyecto eléctrico. Si bien es cierto que el EIA se realiza en paralelo o posterior al otorgamiento de la concesión temporal, potestad que se le da al concesionario para realizar estudios de viabilidad técnica y económica, lo cierto es que el tercero no goza ningún derecho sobre el área y podría ser este caso el que mas se ajuste a incluir coherentemente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas o la generación de acuerdos previos entre los pueblos indígenas y el Estado sobre la medida administrativa en el sector. Como se puede apreciar en todos estos casos, ante la falta claridad del Reglamento de consulta, los sectores tendrán la discrecionalidad de ajustar este derecho a la legislación de cada sector para viabilizar la inversión y restringir los posibles efectos de este derecho lo más posible, e impedir cualquier variación de la decisión estatal de otorgar un derecho. El Reglamento debió señalar claramente que los dos momentos en que se debe realizar la consulta es antes del otorgamiento del derecho y durante la elaboración del EIA, mínimamente. Finalmente, la consulta previa debe ser parte de un proceso de integral de definición de aprovechamiento de los recursos naturales. Ello pasa por la definición del uso territorial, en ese sentido, son los procesos de planificación a través del Ordenamiento Territorial en los que debe insertarse la consulta previa. Desafortunadamente, el Estado Peruano no ha expresado una voluntad política para promover estos procesos, más bien, los ha venido limitando legalmente. 2.7 Notificaciones adecuadas culturalmente. Disposición décimo sexta A lo largo del Reglamento, se mantiene la lógica de cualquier norma nacional, dejando de lado la especificidad de una norma para pueblos indígenas. Se asume que los pueblos indígenas tienen las mismas oportunidades de acceso a la información que cualquier ciudadano que vive en centros urbanos, por ello se establece que las notificaciones serán realizadas a través del diario oficial El Peruano y las diversas páginas web; esto evidentemente no responde a una realidad rural y atenta contra el derecho de acceso a la información. Los pueblos indígenas en su mayoría, no cuentan con servicios públicos, lo que no les permite el acceso a internet, asimismo los diarios en general no llegan a sus localidades por la distancia geográfica de centros urbanos. Es por ello que se requiere la utilización de mecanismos culturalmente adecuados a cada pueblo indígena, que permitan un debido acceso a las informaciones en su propia localidad y la entrega directa de notificaciones escritas u orales, vinculadas con el plan de consulta previa a los pueblos y organizaciones 18
indígenas, y las etapas preclusivas de un proceso de consulta. Los contenidos brindados en la información y notificaciones que se alcancen, deben ser de fácil comprensión, respetando el idioma de los pueblos de la localidad. 2.7 La consulta previa a pueblos en aislamiento voluntario Según lo prevé el artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT, la consulta debe realizarla el Estado a los pueblos interesados, mediante sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas que puedan afectarlos directamente. Esto supone la posibilidad que un pueblo indígena pueda manifestar su voluntad ante el Estado, en un proceso de consulta y a través de sus representantes; es decir, se trata de acciones que puede concretar un pueblo indígena que desarrolla relaciones sociales con la sociedad nacional y que puede ejercer sus derechos conforme al sistema jurídico legalizado y legitimado por ella. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial; conforme al artículo 2° de la Ley 287368, el aislamiento supone el no haber desarrollado relaciones sociales de manera sostenida con el resto de la sociedad nacional, o que, habiéndolo hecho, se debe presumir y respetar la voluntad de estos pueblos de descontinuarlas. El contacto inicial implica que un pueblo indígena o parte de él se encuentra en el inicio de un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional. Cabe mencionar que el régimen de protección previsto en dicha ley -artículos 1° y 4° a) y b)-, establece la necesidad de preservar la vida y salud de estos pueblos, pues es en ese marco que se presume su vulnerabilidad ante enfermedades transmisibles, debiendo respetarse lo decidido por ellos en torno a su relacionamiento con la sociedad y el Estado. Es en ese marco que la ley que regula la protección de estos pueblos (artículo 5°), prevé la intangibilidad de las reservas indígenas. No obstante, este mismo artículo establece la excepción en caso exista en ellas algún recurso natural cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, debiendo procederse de acuerdo a Ley. Es en ese marco que el Reglamento de la Ley de Consulta – a través de su Novena disposición Final-, ha modificado el Reglamento de la Ley para la Protección de los Pueblos en Aislamiento o Contacto Inicial, otorgándole la facultad al Ministerio de Cultura de emitir una opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley. Ello nos coloca ante un supuesto de intangibilidad relativa respecto de pueblos en situación de aislamiento ó contacto inicial, el mismo que contradice el marco legal previsto para la protección de estos pueblos, ante alguna medida administrativa o legislativa que pudiera habilitar la explotación de dicho recurso natural.
Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento o Contacto Inicial.
El derecho a la consulta respecto de las poblaciones en aislamiento o contacto inicial debe entenderse como un derecho en suspenso, a ser ejercido cuando estas poblaciones decidan dejar tal condición. Así, esta imposibilidad de consulta implica también el que toda medida destinada a afectarlos no pueda contar con ella como requisito para su adopción; caso contrario dicha adopción, que implica a la medida adoptada, deberá considerarse como inválida e inconstitucional. Ello no excluye el ejercicio del derecho a la consulta por parte de la población indígena que no se encuentra en aislamiento o contacto inicial, no obstante, la medida que pudiera adoptarse como producto de esta consulta no debe, ni puede afectar derechos de sus pares que si se encuentra bajo esa condición. Es en ese sentido que debe configurarse el contenido de las opiniones que deba emitir el Viceministerio de Interculturalidad. 2.9 Deberes pendientes del Estado:
Costos de la consulta Es preocupante la incorporación de la Décimo Sexta disposición complementaria, transitoria y final, que establece que la aplicación del Reglamento de consulta se hará “(…) con cargo al presupuesto institucional de las entidades promotoras correspondientes sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público”; en primer lugar este texto no ha formado parte de la propuesta inicial del Estado, y por lo tanto no ha sido consultada, asimismo, se pone un límite al financiamiento de los procesos de consulta poniendo en riesgo su implementación, en los casos en que la entidad promotora agote su presupuesto anual. Entendemos que esta norma obliga a cierto nivel de previsión por parte de las entidades promotoras, quienes deberán incluir el costo de los procesos de consulta en sus pliegos presupuestales del año siguiente, como sabemos, el presupuesto de los sectores es por naturaleza finito y puede ocurrir que se agote antes de culminar los procesos de consulta en marcha. La lógica nos orienta a demandar recursos adicionales, pero la Décimo Sexta disposición, lo prohíbe expresamente. ¿Cómo se resolverán estás situaciones?, lastimosamente, el Reglamento no ofrece una respuesta, pero parece orientarnos hacia una tendencia a evitar asumir los costos reales de un adecuado proceso de consulta. Similar situación la encontramos en el texto del artículo 18° inciso 3 del reglamento. En este caso, durante el proceso de consulta previa, las organizaciones propusieron que el Estado asumiera el costo económico de la asistencia técnica a los pueblos indígenas, con la finalidad de lograr una mayor comprensión de la medida consultada. No se llegó a un acuerdo al respecto y el Estado prefirió mantener su propuesta de acuerdo a lo siguiente: “la entidad promotora alentará que el o los pueblos indígenas cuenten con asistencia técnica (…)”. Alentar significa animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor; son expresiones que implican solidaridad y no una verdadera obligación, mientras que el rol que le corresponde al Estado es de garantizar los derechos de los pueblos. Consideramos que este artículo, no solo es poco 20
serio, sino que además no refleja el verdadero sentido que en el proceso de consulta previa reclamaron las organizaciones indígenas. Al respecto, el artículo 18° de la Ley de Consulta Previa señala lo siguiente: “Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios”, esta norma a su vez recoge lo establecido en el artículo 33° numeral 1 del Convenio 169 de la OIT que prescribe lo siguiente: “La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurase de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones”. Las obligaciones económicas del Estado estipuladas en el Reglamento de la Ley de Consulta, van claramente en contra de lo estipulado en la Ley de Consulta, el Convenio 169 y el deber de todo Estado de crear y desarrollar una organización y procedimientos necesarios adecuados para la efectiva concreción de los derechos fundamentales9. Obligación de Informar (Artículo 5,j) De acuerdo al artículo 5°, j del Reglamento, la obligación del Estado de informar a un pueblo indígena, se concreta a través de las organizaciones representativas que participen en el proceso de consulta. Sobre el particular: Creemos que la etapa de Información exige una manifestación concreta y proactiva del Estado respecto del contenido de las medidas que él mismo pretende disponer, como conocedor de las mismas y en beneficio del correspondiente pueblo indígena. Ello, siempre en coordinación con las organizaciones representativas a fin de precisar los temas y métodos a usar para el conocimiento de la medida. Frente a esto, el literal e) del artículo 5° precisa que la consulta como derecho implica necesariamente que el pueblo indígena sea informado; ello, recordando que no existen Derechos sin Estado, supone una actuación directa y especializada por parte de este último. En ese sentido, el numeral 18.1 del artículo 18° del Reglamento dispone que corresponde a las entidades promotoras (de la medida) brindar información al o a los pueblos indígenas y también a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta. Si bien el 18.1 precisa la obligación de informar a los pueblos indígenas y sus representantes, el 18.2 prevé que se deben usar medios de comunicación cercanos a la población indígena a fin de que la información llegue efectivamente a sus organizaciones representativas y
Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. En Instituto de Defensa Legal. Guía de interpretación de la Ley de Consulta Previa de los pueblos indígenas (Ley 29785). Lima, 2012, p. 219.
representantes. Esta priorización resulta en una interpretación restrictiva del derecho a la consulta informada. Por ello, la necesidad de información que se genera en los pueblos indígenas frente una medida estatal propuesta, no puede darse por satisfecha con la sola participación de sus organizaciones representativas; debe suponer actos que, en coordinación con tales organizaciones, impliquen una facilitación del contenido de las medidas que el propio Estado viene promoviendo en beneficio de los miembros del o los pueblos indígenas involucrados. Así, la delimitación de la actuación estatal únicamente en función de las organizaciones representativas prevista en el Reglamento de la Ley de Consulta, no debe aplicarse para la etapa de información ya que resulta necesario que el Estado disponga medidas que faciliten la información de los propios pueblos indígenas. Asimismo, el Convenio 169 de la OIT en su artículo 6° precisa que la consulta (que incluye la etapa de información) se lleva a cabo a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta, prevé en su artículo 4° al Principio de Información Oportuna, señalando que son los pueblos indígenas quienes ostentan el derecho de información. Ello se reitera y precisa en el artículo 12° de dicha ley cuando dispone que corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y (además) a sus representantes. Al respecto, debe entenderse al Convenio N° 169 como una norma de mínimos, de manera que en el marco legal nacional el desarrollo legislativo precise su contenido, el mismo que puede ser más garantista que lo previsto en el marco internacional, pero no menos. En ese sentido, si bien es a través de las organizaciones indígenas que se deben desarrollar los procesos de consulta, existen etapas y condiciones mínimas que el Estado debe garantizar a fin de hacer de conocimiento de los pueblos indígenas lo relacionado a la medida que pretende adoptar; ello como garantía también para favorecer a la evaluación interna que deban realizar los pueblos indígenas y sus representantes, oportunidad en donde podrán generar una posición propia, ya sin la intervención estatal. 2.10 Medidas que no serán consultadas
OBRAS PÚBLICAS La 15ta Disposición complementaria, transitoria y final del Reglamento establece “La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento”. En otras palabras que las obras realizadas a favor de los pueblos indígenas no se consultaran. Sobre el particular, debemos manifestar que el artículo 6 del Convenio 169 señala que se debe consultar toda medida que impacta 22
directamente en los pueblos indígenas. No discrimina si este tenga impacto positivo y negativo. Esa diferencia es irrelevante para efectos de la consulta, pues según el artículo 6.1.a del Convenio 169 de la OIT, también se debe consultar lo que “supuestamente” beneficia a los pueblos indígenas. El cuestionamiento es ¿Para quién es positivo y sobre qué criterio?. No necesariamente lo mejor para el Estado es lo mejor para los pueblos indígenas. Hay una visión de desarrollo implícita en estas valoraciones. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir qué cosa es lo mejor para ellos, de acuerdo con su propia visión de desarrollo. Tal como señala el artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. Pero además, la 15ta DCTYF resulta violatoria del artículo 4, incisos 1 y 2 del Convenio 169 de la OIT; en el inciso 1 se menciona lo siguiente: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”. Asimismo, se señala en el inciso 2:“Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados”. DECRETOS DE URGENCIA Artículo 5, Inc. l) De acuerdo al Artículo 5, Inc. l) del reglamento, no se consultarán las decisiones estatales de carácter extraordinario dirigidas a enfrentar situaciones temporales. Tiene sentido en principio que no deben consultarse los decretos de urgencia, si tenemos en cuenta que estas normas son de carácter transitorio y tienen por finalidad dotar al Estado de la facultad de expedir normas con rango de ley, de forma extraordinaria y en situaciones en las que no se puede esperar el proceso ordinario de toma de decisiones, pues se afectaría la eficacia de las mismas. Se trataría de una emergencia como una catástrofe por ejemplo o una situación económica que genera una gran conmoción en la economía. Sin embargo, la forma como son utilizados los decretos de urgencia en el Perú, cambia esta regla general, pues a través de esta facultad supuestamente extraordinaria, el Gobierno aprueba normas que no quiere que sean revisadas por el Congreso de la República y que no reúnen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de esto es el famoso decreto de urgencia aprobado por el Gobierno de Alan García, que exoneraba de estudio de impacto ambiental los megaproyectos, decisión que fue finalmente declarada inconstitucional. 2.11 Participación indígena en Comisión Multisectorial, art. 15 y 16 Segunda disposición complementaria, transitoria y final
Una Comisión Multisectorial que de seguimiento a la aplicación del derecho a la consulta previa, no es posible sin que se incluya a los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas, pues son los primeros llamados a definir si su derecho está siendo cumplido o vulnerado. En el artículo 6º, numeral 1, literal b) del Convenio 169 de la OIT, se establece que los gobiernos al aplicar el Convenio deben “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”. Asimismo, el artículo 7 del mismo Convenio 169 en su numeral 1, establece que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. De mantenerse una Comisión compuesta sólo por el Estado, en primer lugar no se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, cuando requiere la participación de los pueblos en los “organismos administrativos” y otros que adoptan decisiones sobre ellos; y en segundo lugar, no se permitiría una evaluación adecuada y transparente de los procesos de consulta en la práctica, pues las eventuales posturas vinculadas con intereses económicos de parte del Estado, podrían prevalecer en sus decisiones. Por ello esta Comisión debiera incluirlos. 2.12 La aplicación de la consulta en el tiempo Solo se aplica la consulta a los actos posteriores a la entrada en vigencia de este reglamento. El artículo 2 del Decreto Supremo 001-2012-MC, establece que el Reglamento solo se aplica a los actos administrativos y normativos posteriores a la entrada en vigencia de este decreto supremo. Esto significa que las decisiones normativas y administrativas adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en febrero del año 1995 y con anterioridad a la expedición de la Ley de Consulta (Ley 29785) el 7 de setiembre del año 2011, no serán objeto de procesos de consulta. Esto desconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que el derecho a la consulta es exigible desde febrero del año 1995. Se podría sostener que el Reglamento no puede modificar una ley, sin embargo, lo ha hecho en el artículo 3.k del Reglamento, disposición donde corrige lo establecido en el artículo 7 de 24
la Ley de Consulta, que establecía requisitos adicionales -a los establecidos en el artículo 1para ser considerado pueblo indígena. Tal como lo ha reconocido el propio TC cuando precisó lo siguiente: “La exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT. Este Convenio fue aprobado mediante Resolución Legislativa 26253, ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través del depósito de ratificación con fecha 02 de febrero de 1994. Y conforme a lo establecido en el artículo 38. 3 del referido Convenio, éste entró en vigor doce meses después de la fecha en que nuestro país registró la ratificación. Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento”10. Esta regla deviene en vinculante en virtud del artículo 82 del Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley 28237. 2.13 Sanción de NULIDAD para medidas no consultadas ¿Cuál es la validez de los actos no consultados? El Estado no tiene un poder ilimitado, el artículo 45 de la Constitución es claro, el poder se ejerce en el marco de las competencias legalmente reconocidas. Si el poder se ejerce por fuera de estas competencias, este será nulo (artículo 46 de la Constitución 3er párrafo). Todo acto administrativo (concesión minera) emitido con posterioridad al año 1995 y que afecta a los pueblos indígenas tendrá un vicio de nulidad. El artículo 5.n evita pronunciarse sobre la validez del acto administrativo no consultado. Se reconoce el derecho a la consulta pero no se dice nada cual es la validez de los actos que no han respetado este derecho. Esto es muy importante en caso que se quiera burlar este derecho de los pueblos indígenas. Los actos administrativos que afectando de manera directa a un pueblo indígena se implementen sin el procedimiento adecuado de consulta son nulos, o en el peor de los casos, deben ser suspendidos en sus efectos hasta que ese proceso se lleve a efecto. Esto debería de quedar así establecido en la ley. Como señala Pedro García Hierro, al carecer de validez legal tales actos no generan derechos adquiridos siendo la entidad responsable de ejecutar la consulta responsable de los daños y perjuicios ocasionados al pueblo indígena y a los terceros afectados por el incumplimiento de esta obligación. 2.14 Sobre invitación de administrados a proceso de consulta (Art. 12)
En aras de lograr un proceso de consulta adecuado, con ambas partes, Estado y pueblos indígenas en un diálogo horizontal, con una participación equitativa que tenga las mismas condiciones, donde lo acuerdos sean consensuados, y en aplicación del principio de buena fe, no es posible que se permita que cualquiera de las partes en cualquier momento del proceso,
Como señala el TC en el fundamento 23 de la sentencia recaída en el expediente 0022-2009-PI.
posibilite que se integre el administrado solicitante, sin que medie un acuerdo previo entre ellas. Durante el proceso de diálogo, las organizaciones participantes manifestaron su disconformidad con el texto de este artículo porque en términos prácticos contempla solo una consecuencia: facilitar la participación del tercero administrado (las empresas) en cualquier supuesto (ya sea por invitación del Estado o de los pueblos indígenas consultados, este último caso el menos probable). Por ello es necesario que, a lo largo de todo el proceso de consulta, cualquier decisión sea conjunta y consensuada, para facilitar su continuidad y mantener la confianza en su continuidad. III. Criterios de resolución de conflictos La consulta previa es una herramienta para asegurar el respeto y la protección de otros derechos. Hay una pregunta central que debemos hacernos ¿sobre la base de qué criterios se van a resolver los conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas en caso que no haya acuerdos?. El Estado no tiene un poder absoluto e ilimitado para actuar. Asimismo, no es suficiente la motivación de la decisión y que esta esté orientada al interés público, lo cual es bastante. En efecto, el ordenamiento constitucional no solo exige la obligación de consultar sino que la decisión que se adopte debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y en caso de colisión con otros derechos o bienes jurídicos, la decisión que adopte el Estado debe ser adoptada luego de una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos que invoca el Estado y los que invocan los pueblos indígenas. Dicha ponderación tendrá como objetivo la armonización de ambos bienes y derechos, y en caso de imposibilidad, deberá de optarse por protegerse los bienes jurídicos de mayor entidad constitucional en el caso concreto. En efecto, existen derechos y principios que son “intangibles”11, es decir, que bajo ningún supuesto pueden ser afectados, incluso cuando entran en conflicto con otros derechos y principios12. Estos deberán ser respetados en todo momento.
Sobre los derechos “intangibles” y "maximizables", tomamos los conceptos de Raquel Yrigoyen Fajardo, sobre los derechos de participación, consulta y consentimiento. Fundamentos, balance y retos para su implementación, en: Consulta previa. Experiencias y aprendizajes, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Bogotá, 2009, pág. 101 y siguientes. Sin embargo, discrepamos con Yrigoyen cuando precisa que solo tres son los derechos intangibles derecho a la existencia, a la integridad física y cultural, y a las indemnizaciones.
1. El derecho de los pueblos indígenas a existir como pueblo indígena, es decir, la obligación del Estado de protegerlos a efectos de evitar la extinción de los mismos, (art. 2.1 de la Constitución). Esto implica la no aprobación de proyectos que amenacen la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas (Corte IDH, sentencia Saramaka, párr. 128). El derecho al acceso de los recursos naturales que permiten la sobrevivencia de los pueblos indígenas. El respeto a la dignidad de los pueblos y la prohibición de ser tratados con violencia o algún tipo de coerción, (art. 1 y 1.1 de la Constitución y 3.2 del Convenio 169) El derecho a la vida y a la salud de cada uno de los miembros de los pueblos indígenas, lo que supone la prohibición de poner en peligro los mencionados derechos de cada uno de ellos (art. 2.1, 7 y 44 de la Constitución), El derecho a la integridad física (territorios y alimentos) (art. 2.1, 5.d del Convenio 169), El derecho a la identidad cultural (identidad, instituciones y costumbres) de los pueblos indígenas, el cual trae como correlato la obligación del Estado de proteger el pluralismo cultural y étnico (2.19 de la Constitución y 5.a del Convenio 169),
Asimismo, la interpretación de los derechos debe apuntar a su maximización en la medida que ello sea posible jurídicamente y fácticamente. En caso de colisión se deberá intentar armonizarlos. Esto no significa que hay licencia para violar estos bienes jurídicos de los pueblos indígenas. La decisión del Estado de explotar los recursos naturales en territorio de los pueblos indígenas, no deroga automáticamente los derechos constitucionales de estos. Ellos siguen siendo exigibles y siguen vinculando al Estado y solo retrocederán si es que se demuestra que ello es condición ineludible para proteger bienes jurídicos de mayor relevancia y entidad constitucional13. Finalmente, existen un conjunto de factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de ponderar en casos de colisión de derechos y principios de los pueblos indígenas y del Estado y de las empresas14. Como dijimos, en caso de conflicto entre derechos y principios se deberá intentar armonizarlos y compatibilizarlos, y cuando realmente esto no sea posible, se deberá de proteger a aquellos bienes jurídicos (derechos, y principios) de mayor importancia en el caso en concreto. Esta ponderación deberá de apoyarse en los siguientes criterios o factores. 1. Se deberá preferir la protección de aquellos derechos que tienen conexión directa con la dignidad, con el derecho a la vida y a la salud. Se deberá preferir por ejemplo el derecho a la salud que el derecho a la libertad de empresa. Se deberá de proteger aquellos derechos cuyo grado de “reparabilidad” sea más difícil, complejo o imposible. Se deberá preferir aquellos derechos que no brindan otras alternativas de las víctimas. En el caso de la libertad empresarial, la empresa extractiva puede irse a explotar en otros sitios donde no se genere tanto daño en el caso que lo cause, en cambio los pueblos indígenas no puede ir a otro sitio porque tiene un solo territorio.
El derecho a un medio ambiente adecuado y equilibrado de los pueblos indígenas (2.22 de la Constitución y 7.4 del Convenio 169) lo cual ocasiona el deber estatal de prevenir la contaminación ambiental. Esto también acarrea el deber estatal de acción inmediata de suspensión, reparación y prevención de daños ulteriores (Corte IDH, sentencia Saramaka párr.39). El derecho a un estudio de impacto ambiental debe ser realizado con la participación de los pueblos indígenas y debe medir el impacto social, cultural y espiritual de la medida prevista de ser adoptada. (art. 7.3 del Convenio 169) El estudio de impacto ambiental debe ser realizado por una institución independiente y técnicamente capaces. (Corte IDH, sentencia Saramaka, párr. 129) El derecho a beneficiarse de la explotación de recursos naturales en sus territorios (art. 15.2 del C169, Corte IDH, sentencia Saramaka párr. 129). El derecho a ser indemnizado por los daños que se generen a los derechos de los pueblos indígenas. (art. 15.2 del Convenio 169). El derecho a la implementación efectiva de los estándares legales existentes (art. 2 CADH y 44 de la Constitución). El derecho a la revisabilidad de los actos administrativos (concesiones) no consultados con los pueblos indígenas (Corte IDH, sentencia Saramaka, párr. 196).
1. El derecho a decidir autónomamente y el principio de control indígenas de sus propias instituciones13, (considerando 5to art. 7.1 del Convenio 169), 2. El derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, (art. 7.1 del Convenio169 ), 3. El derecho a la posesión y propiedad de sus territorios, (art. 13 y 14 del Convenio 169), 4. El derecho al aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios que han utilizado tradicionalmente, (art. 15.1 de Convenio 169), 5. El derecho a no ser desplazados de sus territorios (art. 16 del Convenio 169) y 6. El derecho al mejoramiento de las condiciones de vida, de salud y de bienestar (7.2 del Convenio 169).
Estos criterios han sido desarrollados por Mijail Mendoza. Puede revisarse por ejemplo su libro Conflictos entre derechos fundamentales. Expresión, información y honor, Palestra, Lima, 2007, págs. 441 y sgts.
Se deberá preferir la protección de los derechos que afecten en mayor extensión geográfica a aquellos que afecten un área geográfica más reducida. Se deberá preferir la protección de los derechos cuya violación tenga una mayor durabilidad en el tiempo Se deberá preferir la protección de los derechos cuya violación que tenga más efectos colaterales Se deberá preferir la protección de los derechos cuya violación genere un mayor costo en la intervención.
Este conjunto de derechos y principios constituye en conjunto un test que podrían tener en cuenta los pueblos indígenas a la hora de dialogar con el Estado y las empresas privadas. El mismo tiene como base la idea de que los derechos no son negociables y deben ser cumplidos, pues constituyen criterios de validez material de las decisiones del Estado y de las propias empresas. El Reglamento omite qué hacer en casos de conflicto entre los derechos de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de promover el desarrollo a través de la explotación de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que la población destinataria del Reglamento de consulta es población indígena, este debió de cumplir una función pedagógica en temas como este, no obstante el proyecto omite pronunciarse sobre diferentes aspectos fundamentales. Uno de ellos es aquel supuesto entre los derechos de los pueblos indígenas colisionan con otros bienes jurídicos que sustentan la explotación de recursos naturales en territorios de estos últimos. Como lo señala Mijail Mendoza, el parámetro para examinar la validez de las limitaciones y afectaciones de los derechos de pueblos originarios se establece en base a dos principios: la prohibición de afectación del núcleo mínimo de derechos intangibles y el principio de proporcionalidad. La consecuencia de esto es cualquier medida que no cumpla con las exigencias de estos principios será inválida. Tal es el fundamento principal sobre el que debe motivarse la decisión del Estado. Si bien se reconoce derechos a los pueblos indígenas el Reglamento omite hacer referencia a la obligación del Estado de armonizar los diferentes derechos en conflicto. Muy relacionado con este último punto, si bien se advierte el esfuerzo del Estado por reconocer los derechos de los pueblos indígenas en artículos como el 3.f, no se establece la obligación de armonizar y compatibilizar los derechos en conflicto y en tensión. En efecto, la obligación de protección de los derechos de los pueblos indígenas exige al Estado armonizar y compatibilizar los intereses en juego. En esos casos deberemos recurrir a la ponderación que es la técnica constitucional idónea para resolver y armonizar los bienes jurídicos constitucionales en juego. ¿Y si no es posible armonizar, la preservación del pluralismo cultural y el respeto del derecho a la identidad cultural prevalecerán sobre las libertades económicas?, La prevalencia de los derechos de los pueblos indígenas sobre las libertades económicas, no es una opción arbitraria, ella es consecuencia de la mayor 28
importancia de los derechos de los pueblos indígenas por estar en conexión más directa con la dignidad humana y del derecho a la vida. IV. Fuentes del Derecho aplicables En el Reglamento de la Ley de Consulta se constata la ausencia y referencia a las reglas vinculantes contenidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Tribunal Constitucional (TC), que han desarrollado derechos vinculantes de los pueblos indígenas. En el Reglamento no se reconoce que el desarrollo jurisprudencial del derecho a la consulta realizado por el TC y por la CIDH, es también fuente de derecho. La función pedagógica que las normas cumplen exigía precisar esto en el texto, consideramos que debió agregarse en el texto del reglamento, que se interpreta de conformidad con el Convenio 169 de la OIT “y su desarrollo jurisprudencial por los órganos jurisdiccionales competentes”. Habrá que interpretar que cuando se hace referencia al carácter vinculante del Convenio, también se hace tácitamente referencia a la interpretación de este Convenio por el TC y la CIDH, en la medida en que la interpretación de estos tribunales se “adhiere” a las disposiciones del mencionado instrumento de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Al momento de interpretarse el artículo 1.1 deberá entonces, tenerse presente fundamentalmente que el Convenio ha sido desarrollado jurisprudencialmente. V. Adecuación de todo el ordenamiento jurídico la normativa al Convenio 169 No solo basta con adecuar el Reglamento de Consulta al Convenio 169 de la OIT. Es necesario adecuar todo el ordenamiento jurídico, susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas, a este cuerpo de derechos, desarrollado en el Convenio 169 de la OIT, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia de la Corte IDH. En otras palabras, el gran desafío es “convencionalizar” el ordenamiento jurídico nacional. Este pedido de adecuación ha sido formulado incluso por el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) en el Informe 2010. Este ha instado al Gobierno peruano lo siguiente: “a que adopte las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica nacional de conformidad con los artículos 2º, 6º, 7º y 15º del Convenio, teniendo en cuenta el derecho de los pueblos cubiertos por el Convenio a establecer sus propias prioridades y participar en los planes y programas de desarrollo nacional y regional”. Si bien el debate en torno a la naturaleza jurídica vinculante del Convenio 169 de la OIT ha sido zanjado y superado, reconociéndose que este es de rango constitucional y de cumplimiento obligatorio; para la gran mayoría de los operadores del sistema de justicia y para la generalidad de los peruanos, el Convenio 169 de la OIT no existe o sigue siendo una
norma política que contiene aspiraciones. Sin embargo, no es concebido como una norma con efecto vinculante y exigible en las instancias jurisdiccionales. CONCLUSIONES 1º El proceso de consulta al Reglamento de la Ley de Consulta Previa, significó la posibilidad del inicio de nuevas formas de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, sin embargo, esto no ha sido así. Lamentamos que haya sido un proceso de consulta con serias deficiencias: por su falta de legitimidad debido a la escasa participación de organizaciones indígenas nacionales y regionales, por el interés del Estado en acelerar el proceso afectando los principios de flexibilidad y plazo razonable, por desconocer varios acuerdos alcanzados en la etapa de diálogo y por haber introducido textos nuevos que no formaron parte de la consulta. 2º El texto final del Reglamento -publicado el día 3 de abril de 2012-, contiene cinco artículos en los que no se han respetado los acuerdos a los que llegaron el Estado y las organizaciones indígenas, en el proceso de consulta del reglamento. Esta situación es grave y refleja la ausencia de una voluntad sincera del Estado por respetar los compromisos asumidos con las organizaciones indígenas, además de incumplir la Ley de Consulta Previa. Estamos entonces, ante disposiciones ilegales e inconstitucionales. 3º Todos los artículos que han sido adoptados en el Reglamento han debido ser consultados, tomando en cuenta su naturaleza, puesto que se trata de una norma que regula íntegra y exclusivamente supuestos relacionados con los pueblos indígenas. Adoptar medidas que no formaron parte del proceso de consulta, cuanto menos supone un atentado en contra del Principio de Buena Fe previsto en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Consulta Previa. Asimismo, las medidas adoptadas y que no fueron sometidas al proceso de consulta -independientemente de si buscan beneficiar o no a dichos pueblos- devienen en inconstitucionales puesto que suponen la negación del ejercicio del derecho a la consulta libre, previa e informada. 4º El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, debió ser aplicado desde el año 1995 cuando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigor para el Perú. Desde ese momento todas las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas debieron ser consultas. Todo aquello que no fuese consultado, está fuera del marco legal y debe ser corregido. El Estado peruano, entre 1995 y el 2011, ha venido adoptando un conjunto de medidas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, sin consultarles previamente. En consecuencia todos estos actos que producen efectos jurídicos devendrían en nulos por carecer de legalidad. 5º La normativa internacional y nacional son claras en reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación; es decir la capacidad de decidir sobre sus prioridades 30
y la forma en la que van a regir su vida como comunidad. En base a esta autonomía, los pueblos indígenas podrán decidir acerca de las formas de elección de sus representantes, las formas en que solucionan sus conflictos, sus tipos de intercambio y su forma de desarrollo. Es por ello que cada vez que se pretenda ingresar en el ámbito territorial indígena es necesario que se promueva la obtención del consentimiento o acuerdo de los pueblos indígenas. Es esta atribución la que exigiría que los pueblos indígenas sean siempre consultados, no únicamente cuando se ponga en riesgo su sobrevivencia o la de su cultura. Por esto lamentamos que en el Reglamento no se hayan incorporado expresamente todos los supuestos establecidos en el Derecho Internacional, obligatorios para el país, en que existe la obligación estatal de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. 6º La descentralización ha creado gobiernos regionales y locales que han asumido competencias y funciones en nuestro país en materias como salud, educación, medio ambiente, producción, etc. No considerar la participación de los pueblos indígenas en estas áreas y/o no considerar los derechos colectivos sobre estas materias -como el derecho a la consulta-, significaría una violación a las normas del Convenio 169 OIT y al art. 2, 19 de la Constitución Política. En este sentido, el artículo 2.3 del reglamento, constituye un obstáculo para el propio Estado, impide que a través de sus diferentes niveles de gobierno cumpla su rol de garante y responsable de implementar y hacer cumplir las disposiciones del Convenio 169 OIT. Asimismo, en el art. 2°, 2.3 del Reglamento, se vulnera la autonomía de los gobiernos regionales y locales, y es una norma inválida, por contravenir expresas disposiciones constitucionales: se violan los principios de competencia y la autonomía, se viola el principio constitucional de jerarquía normativa y se han modificado normas del bloque de constitucionalidad. Contra ella cabe una demanda de acción popular, proceso constitucional especialmente diseñado para el control constitucional de normas reglamentarias. 7º El Reglamento es confuso sobre cuándo debe realizarse la consulta sobre recursos naturales. De acuerdo a los arts. 3, i) y 6 del Reglamento, se interpretaría que la consulta se desarrollaría únicamente durante la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, no es claro si eso se cumplirá para todos los casos de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables y no renovables. Esto no sólo sucede porque cada sector tiene una legislación especial con respecto al desarrollo del EIA, sino porque el Reglamento no aclara esta situación, tan sólo menciona las opciones que discrecionalmente decidirá cada sector al momento de regular la consulta en dicho sector. El Reglamento debió señalar claramente que los dos momentos en que se debe realizar la consulta es antes del otorgamiento del derecho y durante la elaboración del EIA, mínimamente. 8º El Reglamento de la Ley de Consulta Previa (novena disposición final) ha modificado el Reglamento de Protección de los pueblos en aislamiento o contacto inicial, otorgándole la facultad al Ministerio de Cultura de emitir una opinión técnica previa vinculante sobre 31
los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley. Esto propone un supuesto de intangibilidad relativa respecto de pueblos en situación de aislamiento ó contacto inicial, el mismo que contradice el marco legal previsto para la protección de estos pueblos, ante alguna medida administrativa o legislativa que pudiera habilitar la explotación de dicho recurso natural. Es cuestionable que un viceministerio, autoridad política y no una unidad técnica, sea el que expida dicha opinión técnica previa vinculante. Asimismo, el derecho a la consulta de las poblaciones en aislamiento o contacto inicial debe entenderse como un derecho en suspenso, a ser ejercido cuando estas poblaciones decidan dejar tal condición. 9º La décimo sexta disposición complementaria, transitoria y final del Reglamento establece que las entidades promotoras de procesos de consulta deberán asumir los costos que demande su implementación. En primer lugar, este texto no ha sido consultado, asimismo, se pone un límite al financiamiento de los procesos de consulta poniendo en riesgo su implementación, en los casos en que la entidad promotora agote su presupuesto anual. Las obligaciones económicas del Estado estipuladas en el Reglamento contravienen lo estipulado en la Ley de Consulta, el Convenio 169 y el deber estatal de crear y desarrollar una organización y procedimientos necesarios adecuados para la efectiva concreción de los derechos fundamentales. 10º El artículo 18.1 precisa la obligación de informar a los pueblos indígenas y sus representantes, prevé que se deben usar medios de comunicación cercanos a la población indígena a fin de que la información llegue efectivamente a sus organizaciones representativas y representantes. Esta priorización resulta una interpretación restrictiva del derecho a la consulta previa e informada. Si bien es a través de las organizaciones indígenas que se deben desarrollar los procesos de consulta, existen etapas y condiciones mínimas que el Estado debe garantizar a fin de hacer de conocimiento de los pueblos indígenas lo relacionado a la medida que pretende adoptar; ello como garantía también para favorecer a la evaluación interna que deban realizar los pueblos indígenas y sus representantes, oportunidad en donde podrá generar una posición propia, ya sin la intervención estatal. 11º La décimo quinta disposición complementaria, transitoria y final del Reglamento establece que las obras de infraestructura en salud, educación y obras públicas realizadas a favor de los pueblos indígenas no se consultaran. Sobre el particular, debemos manifestar que el artículo 6 del Convenio 169 señala que se debe consultar toda medida que impacta directamente en los pueblos indígenas. No discrimina si este tenga impacto positivo y negativo. Esa diferencia es irrelevante para efectos de la consulta, pues según el artículo 6.1.a del Convenio 169 de la OIT, también se debe consultar lo que “supuestamente” beneficia a los pueblos indígenas. No necesariamente lo mejor para el Estado es lo mejor para los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir qué cosa es lo mejor para ellos, de acuerdo con su propia visión de desarrollo. 32
12º Consideramos que el Estado peruano tiene el deber de adecuar el Reglamento de Consulta al Convenio 169 de la OIT, pero también es indispensable adecuar todo el ordenamiento jurídico, susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas, a este cuerpo de derechos, desarrollado en el Convenio 169 de la OIT, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia de la Corte IDH. En otras palabras, el gran desafío es “convencionalizar” el ordenamiento jurídico nacional. 13º Se requiere crear condiciones de equidad para el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, para ellos se requiere cambiar las relaciones asimétricas y de jerarquización entre las culturas que han mantenido por siglos a los pueblos indígenas en una situación de exclusión, discriminación y desventaja frente a una sociedad nacional dominante. Por otro lado, para avanzar en la institucionalización de un diálogo intercultural, se requiere conocer las diferencias entre las racionalidades que dialogan. Consideramos que por la forma cómo se condujo la consulta del Reglamento, esto fue incumplido por el Estado. 14º La consulta no debe ser entendida solamente, ni debe agotarse como la posibilidad de estar de acuerdo o no, sino como un proceso de armar de manera conjunta una propuesta que recoja prioridades de desarrollo y que permita que el Estado se vea influenciado por la propuesta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha señalado que un adecuado mecanismo de consulta debe asegurar que se desarrollen iniciativas de los pueblos indígenas, ello supone incluso el desarrollo de sus propias instituciones, velando siempre de que esto no afecte el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. 15º Finalmente, es importante tener en cuenta la urgencia de contar con una institucionalidad estatal indígena, que en relación a la implementación de los procesos de consulta, permita una revisión periódica de los procedimientos, para identificar si estos responden a lo establecido como espíritu del Convenio 169 de la OIT, asegurando, tal como han señalado los órganos de control de la OIT, que ésta no se convierta en un mero intercambio de opiniones y sugerencias15. La actual institucionalidad no da confianza para el cumplimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú.
17 de mayo de 2012 Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas
Una cuestión fundamental: EL DEBER DE CELEBRAR CONSULTAS CON LOS PUEBLOS INDIGENAS James Anaya párrafo 46. Al referirse a la condición previa el Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ha señalado “… se hace más hincapié en que las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones”
Miembros del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: • • • • • • • • • • • • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH Asociación Paz y Esperanza Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL COOPERACCION Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR Forum Solidaridad Perú – FSP Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ Instituto de Defensa Legal – IDL Instituto de Bien Común – IBC Servicios en Comunicación Intercultural – SERVINDI
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Informe Técnico del Reglamento de la Ley de Consulta Previa by Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú3.5K viewsEmbedDownloadDescriptionInforme Técnico - Análisis del Reglamento de la Ley de Consulta PreviaInforme Técnico - Análisis del Reglamento de la Ley de Consulta PreviaRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
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