Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321219L.html
Timestamp: 2019-03-26 02:15:10
Document Index: 160848635

Matched Legal Cases: ['artículo 253', 'artículo 581', 'artículo 581', 'artículo 253', 'artículo 346', 'artículo 215', 'artículo 378', 'artículo 16', 'artículo 581', 'artículo 581', 'artículo 581', 'artículo 581', 'artículo 581', 'artículo 1307', 'artículo 1307', 'artículo 377', 'artículo 331', 'artículo 378', 'artículo 378', 'artículo 215']

as201321219L
Auto Supremo: Nº 219
Expediente: C-42-07-S
Proceso: Modificación del contrato de consignación o alternativamente resolución del contrato por excesiva onerosidad más pago de daños y perjuicios.
Partes: Jorge Llosa Tejada y otra c/ Industrias Venado S.A.
VISTOS: Los recursos de casación de fojas 1059 a 1065 y de fojas 1074 a 1079 y vuelta, interpuestos por Jorge Llosa Tejada y Susana Rivero de Llosa, así como por Jaime Rodolfo Cuba Bascopé en representación legal de Industrias Venado S.A., contra el auto de vista de 9 de junio de 2007, cursante de fojas 1055 a 1056 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre modificación del contrato de consignación o alternativamente resolución del contrato por excesiva onerosidad más pago de daños y perjuicios, seguido por Jorge Llosa Tejada y Susana Rivero de Llosa, contra Industrias Venado S.A., las respuestas de fojas 1067 a 1068 y 1082 a 1084 y vuelta, el auto concesorio de fojas 1085, el Auto Constitucional de fojas 1136 a 1143, los antecedentes procesales, y:
Tramitada la causa, el Juez de Partido Noveno en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronunció la sentencia de 29 de enero de 2004, cursante de fojas 966 a 971 y vuelta, declarando improbada la demanda principal, y probadas las excepciones opuestas en contra de ella; probada en parte la reconvención, y probadas en parte las excepciones opuestas contra ella, sin costas. En consecuencia declara: 1).- La efectividad y validez del contrato de consignación de fecha 30 de abril de 1996, 2).- La existencia de la deuda de Bs.1.000.000 (un millón de bolivianos 00/100) que deberán pagar los actores consignatarios Jorge Llosa Tejada y Susana Rivero de Llosa a favor de Industrias Venado S.A., más intereses legales del 6% anual desde el día de la mora dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia bajo apercibimiento de procederse al embargo y posterior remate de sus bienes en forma prioritaria del inmueble otorgado en garantía hipotecaria.
En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista REG/S.CII/MW/ASEN.84 de 9 de junio de 2007, cursante de fojas 1055 a 1056 y vuelta, confirma la sentencia de primera instancia, sin costas.
Esta resolución de segunda instancia, motivó que ambas partes por memoriales de fojas 1059 a 1065, y 1074 a 1079 y vuelta respectivamente, formulen recurso de casación en el fondo, lo que ha merecido la dictación del A.S. Nº 125 de 17 de julio de 2012, el cual fue dejado sin efecto por la Resolución Nº 29 de 30 enero de 2013, dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca constituida en Tribunal de Garantías.
DE LOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.-
I.- Jorge Llosa Tejada y Susana Rivero de Llosa.-
En virtud de las causales previstas en los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, denuncian interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 581 – II del Código Civil al haber el tribunal considerado que la resolución impugnada resulta inatendible por haberse ejecutado durante varios años el contrato de consignación de 30 de abril de 1996 y no haber considerado que la excesiva onerosidad del contrato no se ha dado originariamente sino que el contrato en su ejecución y desarrollo se ha tornado oneroso por circunstancias extraordinarias o imprevisibles y que pese a ello sus personas cumplieron con el contrato de todas las formas posibles hasta que las pretensiones de la entidad demandada establecidas en las cláusulas novena, décima y décima novena resultaron demasiado onerosas; señalan que se ha incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba al haber establecido la existencia de presunción de que sus personas hubieren realizado estudios para aceptar la consignación; manifiestan que, al considerar la obligación contenida en el papel domestico de fojas 50, no han considerado la excesiva onerosidad de su prestación, al hacerles asumir el pago de productos vendidos al crédito, lo que representa pagar por productos que no han consumido o se han beneficiado y por el contrario efectuaron gastos para su comercialización; indican que, las políticas de la empresa demandada de asumir ventas al crédito de forma parcial sumadas a la prohibición de efectuar dichas ventas, así como la circunstancia imprevista de un mercado exigente del crédito ante la creciente competencia y mala fe del propio consignante tornaron su prestación a un grado insostenible y excesivamente oneroso; señala que existe incongruencia en el auto de vista recurrido, al establecer por una parte la inadmisibilidad de su acción por ejecución y cumplimiento voluntario y por otro se les condena al pago de una determinada suma ante un supuesto incumplimiento de un crédito; indican que el Tribunal ad quem a incurrido en error de derecho por errónea interpretación del parágrafo segundo del artículo 581 del Código Civil en relación a la prueba de fojas 15, 221, 226, 227, 307, 313, 314, 317, 282, 287, 288, 219, 254, 301, 307, 309 y 317, así como la publicación del periódico los tiempos de 7 de marzo de 1998; documentos que revelan de forma elocuente que Industrias Venado S.A. incremento sus exigencias a lo largo de la ejecución de la consignación, y no tuvo contemplación alguna para exigir el pago de cuentas que debían ser soportadas por la empresa demandada; manifiestan que la prueba pericial, las cartas e informes, así como las declaraciones del testigo Jorge Zegarra, evidencian la excesiva onerosidad que adquirió su prestación, reflejadas en el crecimiento de obligaciones para sus personas sin correlato alguno sobre la comisión que se les reconocía; en cuanto al error de hecho, señalan que la consignación es un mandato no convencional para la venta de productos a cambio de una comisión, agregan que el consignatario nunca resulta ser dueño de la mercadería que vende y tampoco del precio que cobra, y por ello no debe pagar por cuentas que no son suyas y por el precio de mercaderías que no le favorecen, así como cancelar por el producto a crédito que aún no cancelaba el cliente comprador; señalan que, los jueces han incurrido en error de hecho al considerar el documento de fojas 50 como base de un reconocimiento de deuda, obligándoles a pagar deudas ajenas para enriquecer injustamente a la empresa demandada.
Finalizan el recurso, solicitando al tribunal superior en grado, case el auto de vista y pronunciándose en el fondo declare probada la demanda y las excepciones opuestas a la acción reconvencional, disponiendo la resolución del contrato por excesiva onerosidad y se disponga el resarcimiento de daños y perjuicios.
II.- Jaime Rodolfo Cuba Bascope en representación de Industrias Venado S.A.
En virtud a los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, denuncia que el auto de vista incurre en violación de disposiciones legales, aplicación indebida de la ley, error de hecho y de derecho, en consideración de que el tribunal de apelación, solo reconoce la existencia de una obligación de Bs.1.000.000 a favor de Industrias Venado S.A. y a cargo de los consignatarios, monto que representa menos de la mitad de la suma adeudada que alcanza a Bs. 2.038.610.55, la cual ha sido acreditada a través del estado de cuentas cursante a fojas 46, así como por el informe pericial cursante de fojas 815 a 825, medios probatorios que fueron producidos dentro del proceso y que no fueron tomados en cuenta por el tribunal de apelación. En relación al documento de fojas 46 señala que, el tribunal lo ha excluido con el argumento de llevar la firma de los consignatarios además de no estar aprobada ni revisada por la gerencia de Industrias Venado S.A. ni por el ex consignatario Jorge Llosa, sin tomar en cuenta que dicho documento ha sido suscrito y elaborado por los auditores tanto de Industrias Venado S.A., como de los ex consignatarios y que al no darle el valor probatorio establecido en el articulo 1307 del Código Civil han violado dicho artículo, peor aun si dicho medio probatorio no fue observado, negado ni objetado en su contenido por los demandantes para restarle validez como establece el artículo 346 -2) del Código Civil; en cuanto al informe pericial, señala que dicha prueba fue ofrecida por memorial de fojas 136 a 137, y producida de fojas 815 a 825, sin observación alguna como medio probatorio por la parte demandante, por lo que era obligación de los juzgadores declarar existente la deuda a favor de Industrias Venado S.A. por la suma de Bs. 2.038.610,55. Señala que se ha aplicado indebidamente el artículo 215 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta que el auto de 24 de mayo de 2001, el cual constituye un auto definitivo y no admite reposición por lo que el tribunal se ha pronunciado sin tener competencia sobre el agravio planteado; denuncia aplicación indebida del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 139 – I y 140 – I del Código de Procedimiento Civil, al haber el tribunal de apelación declarado ilegal y extemporáneamente producida la prueba pericial pese a que la misma fue producida dentro del plazo ampliatorio dispuesto por el juez de la causa; acusan de que el tribunal de alzada ha incurrido en apreciación deficiente de la prueba aportada, particularmente del estado de cuentas de fojas 46 y de la prueba pericial de fojas 815 a 825, así como de la superabundantemente literal acompañada de su parte; señalan que el auto de vista les restringe el derecho a la defensa consagrado en al artículo 16 – II de la Constitución Política del Estado, al haber descartado indebidamente el informe pericial de fojas de fojas 815 a 825 que respalda el estado de cuentas de fojas 46 la cual determina la existencia de la obligación a favor de Industrias Venado S.A. por la suma de Bs. 2.038.610,55; denuncia que el auto de vista incurre en error de hecho y de derecho al no haber valorado la prueba pericial bajo el argumento de que la misma no fue presentada oportunamente violando los artículos 1283, 1286, 1287 – I y 1289 –I del Código Civil y 398 de su procedimiento.
Finaliza el recurso solicitando al Tribunal Supremo case parcialmente el auto de vista de 9 de junio del 2007, y deliberando en el fondo declare probada íntegramente la acción reconvencional e improbadas las excepciones opuestas en contra de ella, y existente la deuda a favor de Industrias Venado S.A. en la suma de Bs. 2.038.610.55 que deberán pagar los consignatarios a tercero día, manteniendo en todo lo demás intacta la sentencia.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Así expuestos los recursos se ingresa a su consideración y análisis en virtud de los antecedentes del proceso y el contenido vinculante del Auto Nº 29 de 30 de enero de 2013, dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías.
I.- En cuanto al recurso de casación planteado por Jorge Llosa Tejada y Susana Rivero de Llosa, corresponde resolver el recurso partiendo de las siguientes consideraciones doctrinales y legales:
A).- LA EXCESIVA ONEROSIDAD
La figura de la excesiva onerosidad de la prestación consignada en el Código Civil, está inspirada en el elemental principio de la equidad. Lo tradicional es que el contrato nace para ser cumplido, sin embargo existen situaciones excepcionales que permiten que el contrato pueda ser revisado judicialmente, para evitar la ruina económica o el enriquecimiento desproporcionado de una parte, y se conserva, en suma, aquello que se conoce como el equilibrio contractual.
El artículo 581 del Código Civil en su conjunto, establece:
I.- En los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, la parte cuya prestación se ha tornado excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles podrá demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos para resolución por incumplimiento voluntario.
II.- La demanda de resolución no será admitida si la prestación excesiva onerosa ya ha sido ejecutada, o si la parte cuya prestación se ha tornado onerosa en exceso era ya voluntariamente incumplida o si las circunstancias o los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se presentaron después de cumplirse la obligación.
III.- Tampoco se admitirá la demanda de resolución si la onerosidad sobrevenida está inclusa en el riesgo o álea normal del contrato.
IV.- El demandado puede terminar el litigio si antes de sentencia ofrece modificar el contrato en condiciones que, a juicio del juez sean equitativas.
Del contenido del artículo señalado supra, podemos identificar y establecer los elementos condicionantes de la excesiva onerosidad a saber:
a.- Que se presente en los contratos de ejecución continuada, periódica y diferida. En los contratos ya ejecutados no se da la excesiva onerosidad.
b.- Que se dé la excesiva onerosidad por acontecimientos posteriores a la celebración del contrato de carácter extraordinario e imprevisible, como por ejemplo el alza de materiales, la subida de la mano de obra por un aumento no previsto de sueldos, un proceso devaluatorio o inflacionario, entre otros casos.
El hecho extraordinario será aquel que está alejado de lo que frecuentemente sucede como situación normal o corriente, en cambio lo imprevisible está vinculado con lo que ordinariamente puede esperarse, esto es, lo que surge del razonamiento común y corriente de los seres humanos.
c.- El demandado puede terminar el litigio si antes de sentencia ofrece modificar el contrato en condiciones que, a juicio del juez, sean equitativas, se entiende que esta disposición no impide que la parte perjudicada, solicite al juez la revisión del contrato, para que reduzca la prestación o aumente la contraprestación, a fin de hacer cesar la excesiva onerosidad.
De darse estas condiciones, el juez podrá revisar el contrato, pero respecto a las prestaciones por cumplirse, ya que las ya ejecutadas constituyen hechos consumados que no dan derecho a revisión.
Efectos de la excesiva onerosidad
a.- Que el Juez la regule equitativamente.
b.- Si no fuera posible su regulación, el juez ordenará en forma excepcional la resolución del contrato.
c.- No es aplicable la excesiva onerosidad a las prestaciones ejecutadas.
d.- No procede la acción por excesiva onerosidad de la prestación, cuando su ejecución se ha diferido por dolo o culpa de la parte perjudicada.
B).-Teoría de la imprevisión.- Se llama imprevisión contractual o teoría de la imprevisión a la relacionada con la extinción o modificación judicial de las obligaciones de un contrato conmutativo de ejecución sucesiva o diferida, basada en el hecho de haberse modificado sustancialmente las condiciones bajo las cuales se contrajeron.
La institución tiene su fundamento en la buena fe contractual, pues no se puede forzar al deudor a cumplir su obligación cuando han cambiado sustancialmente las condiciones en que el contrato se originó (por aplicación del principio "rebus sic stantibus"), condiciones que de existir al tiempo de celebración, no hubieran permitido el contrato o, en caso contrario, en condiciones radicalmente diferentes.
La imprevisión se basa en el hecho que las obligaciones establecidas en un contrato se entienden contraídas en virtud de ciertas condiciones prevalecientes al momento de su celebración (rebus sic stantibus). Precisamente, por distintas circunstancias imprevisibles para las partes al momento de perfeccionarse el contrato, la equivalencia de las prestaciones originales puede perderse, dejando a una de las partes en una grave desventaja frente a la otra. Su prestación se ha hecho de tal modo gravosa frente a la prestación de la otra parte que, con fundamento en la equidad, el juez puede determinar la extinción o modificación de su prestación.
Sólo es posible invocar la imprevisión en los contratos conmutativos y de tracto sucesivo o de ejecución diferida en el tiempo. Así por ejemplo, en el arrendamiento de cosas, de obras o servicios; en el mutuo de dinero; etc.
En el sistema jurídico argentino, se requiere, además, el carácter oneroso del contrato y que el deudor de la prestación afectada no haya actuado con culpa ni esté en estado de mora.
En cambio, no procederá en los contratos aleatorios si la excesiva onerosidad de la prestación que intenta impugnarse, proviene del riesgo propio del contrato, tampoco es aplicable, en los contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo, respecto de los efectos ya cumplidos
En términos generales, el instituto comentado faculta al deudor perjudicado para solicitar la extinción del vínculo contractual y, por ende, de las obligaciones nacidas a consecuencia del mismo. Sin embargo, en determinados casos, dicha extinción no alcanza a los efectos ya cumplidos del contrato (Art. 802 del Código de Comercio).
Dentro el marco legal y doctrinal referido, en el caso de autos, los recurrentes en su recurso de casación en el fondo, denuncian interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 581 – II del Código Civil, esto porque el tribunal de apelación en el auto de vista recurrido ha considerado que la resolución impugnada resulta inatendible por haberse ejecutado durante varios años el contrato de consignación de 30 de abril de 1996. Al respecto y a los fines de determinar si la denuncia resulta evidente, corresponde remitirse a los antecedentes del proceso, especialmente a los términos de la demanda de fojas 8 a 12 y vuelta, y efectuando un extracto en relación a lo más relevante de su contenido, se sabe que los recurrentes pretenden: “…la modificación judicial del contrato de consignación por excesiva onerosidad pidiendo se eleve el porcentaje de comisión del 7% al 12% del total de los volúmenes de venta o el que resulte del análisis racional del proceso de distribución y el requisito de conmutatividad de un contrato comercial, así como alternativamente, la resolución del contrato por excesiva onerosidad más el pago de daños y perjuicios, señalando que, desde la iniciación del contrato sus personas como consignatarios han efectuado ventas de la mercadería de Industrias Venado S.A. aproximadamente por un valor de Bs. 53.137.000 en 50 meses, a un promedio de Bs 1.062.740 mensuales, no obstante de ello, señalan que en razón de las condiciones de equipamiento global requeridas para el cumplimiento del contrato que representan una enorme inversión, a más de considerables gastos a ser realizados en la venta y distribución de productos, lo que hace que, el resultado neto para los consignatarios resulte negativo, señalando además, que en atención al impuesto IVA (13%) e IT (3%), la comisión efectiva se ve reducida a solo el 5.88%, a eso hay que añadir el costo financiero del capital necesario para la compra de movilidades y equipo de conservación, más el alquiler de locales para la agencia y subagencias, seguro de movilidades, seguro de la mercadería a distribuir y la planta de empleados…”; Indican que: “…en reiteradas oportunidades, pusieron de manifiesto a Industrias Venado S.A. la inadecuada remuneración de los consignatarios con la única respuesta de que la comisión se incrementaría con el aumento en el volumen de las ventas, solución que trae aparejada mayores gastos…”, manifestaron que:”… el ordenamiento legal, velando por el equilibrio y la equidad con que deben celebrarse los contratos mercantiles y civiles, cuenta con normas que regulan y prevén el resarcimiento y modificación de cláusulas leoninas que, en su defecto, provocarían el empobrecimiento o la quiebra de quienes confiando en la buena fe de la otra parte, suscriben contratos por los cuales se obligan al cumplimiento de prestaciones imposibles o a percibir remuneraciones lesivas para sus intereses por concepto de comisiones ab initio insuficientes…”; señalaron que: “…la doctrina citada se ajusta perfectamente a los hechos emergentes de la relación contractual con Industrias Venado S.A., en el entendido que sus condiciones excesivamente onerosas, superior a cualquier obligación pactada comúnmente en los contratos de consignación, IVSA nos perjudico comprometiendo nuestra economía no solo con la cesación de pagos a dicha empresa sino respecto a inclusive de terceros…”, finalmente indicaron: “…hacen el planteamiento de resolución del contrato por excesiva onerosidad, en el entendido de que a tiempo de suscribirlo, las condiciones y ofertas relativas al cumplimiento del objeto fueron totalmente diferentes a las presentadas en la realidad de los hechos, determinando que se susciten circunstancias extraordinarias e imprevisibles para ello, que hacen imposible y lesiva la ejecución y cumplimiento de las condiciones del contrato…”.
Así expresada parte de la demanda, se evidencia por las contradicciones en la relación de hechos y el derecho en que fundan su demanda, así como de los antecedentes del proceso en relación a la denuncia de interpretación errónea y aplicación indebida al artículo 581 – II del Código Civil, que: a).- la prestación por efecto del contrato de consignación suscrita entre los recurrentes e Industrias Venado S.A. en fecha 30 de abril de 1996, pese a la denuncia de prestaciones imposibles a consecuencia de comisiones ab initio insuficientes ha sido ejecutada tal cual lo reconocen los propios demandantes por espacio de 50 meses, obteniendo montos positivos por la venta y comercialización de los productos de consumo masivo, sin que el porcentaje de la comisión del 7% conocida por los recurrentes desde el inicio de la relación contractual resulte un perjuicio para los mismos. b).- que, los demandantes ahora recurrentes han incumplido voluntariamente el contrato manifestada a través de la cesación de pagos a Industrias Venado S.A., no debido al cambio de las condiciones iníciales y ofertas relativas al cumplimiento del objeto como circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, sino que, la supuesta onerosidad como causal de la solicitud de resolución del contrato, ha devenido del riesgo o álea normal del contrato que se trasunta tal cual lo reconocen los propios demandantes en relación al pago del impuesto IVA (13%) e IT (3%), lo que genero según los recurrentes una reducción de la comisión a solo el 5.88%, a eso hay que añadir el costo financiero del capital necesario para la compra de movilidades y equipo de conservación , más el alquiler de locales para la agencia y subagencias, seguro de movilidades, seguro de la mercadería a distribuir y la planta de empleados, aspectos que fueron debidamente establecidos en el contrato de consignación, de donde resulta que la pretensión de resolución de contrato por excesiva onerosidad, no corresponde ser admitida, tal cual lo ha razonado el Tribunal ad quem, tomando en cuenta además que, si ab initio la prestación era excesivamente onerosa a decir de los demandantes, y estos en el transcurso del proceso no demostraron que aumentó el grado de onerosidad, no corresponde la aplicación del instituto. Por otra parte, si de inicio el contrato de consignación resulto inequitativo para los demandantes, el remedio contra tal situación no viene concedido por el artículo 581 sino por el articulo 561 que prevé una institución distinta (rescisión del contrato por lesión), y siempre que concurran los requisitos de ella. Asimismo es importante señalar que las situaciones personales o particulares del deudor como los gastos de equipamiento global para el cumplimiento del contrato de consignación, no permiten caracterizar a un acontecimiento como extraordinario, al no tratarse de cuestiones de índole general o social, finalmente resulta conveniente también aclarar que, si la imprevisión deviene de un obrar imprudente no puede ser alegada como causal de resolución excesiva onerosidad, no solo por no encuadrar dentro de la Teoría de la Imprevisión sino porque “nadie puede invocar su propia torpeza” en su propio beneficio, o haber incurrido en mora incumpliendo los pagos o depósitos por la venta y distribución de producto por los gastos que le genera haber invertido dinero en beneficio propio como es la compra de movilidades y otros gastos.
En cuanto a la denuncia de que el Tribunal de apelación ha incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba por haber establecido la existencia de presunción de que sus personas hubieren realizado estudios para aceptar la consignación; y al haber considerado la obligación contenida en el papel domestico de fojas 50. Al respecto, a más de no ser evidentes las denuncias, los recurrentes para la atención de la denuncia no han especificado en observancia del articulo 258 – 2) del Código de Procedimiento Civil, en cuanto al error de derecho los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el error de hecho, la demostración objetiva con documentos o actos auténticos de que el juzgador no ha considerado las indicadas pruebas, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación.
En cuanto a la denuncia de incongruencia en el contenido del auto de vista recurrido en relación al cumplimiento e incumplimiento del contrato, este fundamento al estar relacionado con errores de procedimiento debió haberse planteado a través del recurso de casación en la forma y no en el fondo, por lo que no merece consideración.
Finalmente en relación a la demás denuncias, estas quedan subsumidas en el contenido desarrollado sobre interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 581 – II del Código Civil. Por lo expuesto, al no ser ciertas las denuncias, corresponde resolver el recurso aplicando lo dispuesto en los artículos 271 – 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
B).- En cuanto al recurso de casación interpuesto por Jaime Rodolfo Cuba Bascope en representación de Industrias Venado S.A.
En relación a la denuncia de violación del artículo 1307, al no haberse valorado y apreciado el documento de fojas 46, se tiene:
El documento de fojas 46 de fecha 17 de septiembre de 2000, titulado conciliación del estado de cuentas del señor Jorge Llosa Tejada ex consignatario Cochabamba al 14 de septiembre de 2000, ha sido presentado por Industrias Venado S.A. en calidad de prueba con el propósito de acreditar la excepción previa de conciliación en primera instancia y para demostrar la existencia de un saldo deudor por parte del demandante Jorge Llosa Tejada a favor de Industrias Venado S.A. por la suma de Bs. 2.038.610.55, así como la existencia de una comisión a favor del consignatario demandante de Bs. 34.074.63 solo de las ventas contenidas en el periodo de 1 a 13 de septiembre del 2000. De lo relacionado y efectuando una revisión del documento de conciliación de cuentas de fojas 46, se establece que este documento al no contar con las formalidades establecidas en ley, no puede considerarse un documento contable al no emerger de ninguno de los libros notariados sea el de diario, mayor, inventarios o balances de una empresa como disponen los artículos 43, 49 y 62 del Código de Comercio y artículo 1307 del Código Civil, lo que le quita la eficacia jurídica para considerarlo como un documento probatorio pleno con valor legal, pero además porque no existe en el proceso una Resolución de Autorización del Registro de Comercio (FUNDEMPRESA), tampoco ésta suscrito por los comerciantes o sus representantes.
En cuanto a la denuncia de violación de los artículos 1283,1286, 1287 – I y 1289 –I del Código Civil y 398 del Código de Procedimiento Civil, por haber el tribunal de apelación incurrido en error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba pericial cursante a fojas 815 a 825, así como la aplicación indebida de los artículos 139 – I, 140 – I y 378 del Código de Procedimiento Civil, se tiene que partir de las siguientes consideraciones legales:
El artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la oportunidad de probar establece: “las partes producirán sus pruebas dentro del período fijado por el juez; fuera de ese período serán rechazadas de oficio, excepto las preconstituidas y las comprendidas en el artículo 331”.
Por su parte el artículo 378 del mismo cuerpo de leyes, en cuanto a la facultad del juez indica: “ El juez, dentro del período probatorio o hasta antes de sentencia, podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente”.
Del contexto legal referido supra, podemos establecer que, si bien el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, faculta al juez a ordenar la producción de prueba para mejor proveer, esto no significa que el juez deba suplir la negligencia de las partes, porque podría incurrir en parcialización o vulneración del principio de igualdad, de ahí que, al no constar en antecedentes que la parte proponente de la prueba pericial de cargo haya efectuado los actos o petitorios correspondientes en el momento oportuno para la producción de la prueba pericial, no correspondía al juez de la causa de mutuo propio ordenar su producción y valoración, así como al tribunal de apelación.
Finalmente en cuanto a la denuncia de indebida aplicación del artículo 215 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el tribunal de apelación se ha pronunciado sin competencia en relación al auto definitivo de 24 de mayo de 2001, el cual no admite reposición. Al respecto, la entidad recurrente no ha considerado que dicha denuncia esta relacionada a errores de procedimiento y no así a errores de juicio para ser considerados a través del recurso de casación en el fondo.
Consiguientemente, al no resultar evidentes las denuncias contenidas en el recurso, corresponde fallar en observancia de los artículos 271 – 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, articulo 42 – I – 1) de la ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del articulo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fojas 1059 a 1065 y de fojas 1074 a 1079 interpuestos por Jorge Llosa Tejada y Susana Rivero de Llosa, y por Jaime Rodolfo Cuba Bascopé en representación de Industrias Venado S.A. respectivamente, sin costas.
Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.
Libro Tomas de Razón 219/2013