Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-427-de-agosto-18-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418672f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 14:45:28
Document Index: 71893149

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 44', 'artículo 669', 'artículo 1455', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 366', 'artículo 60']

﻿ SENTENCIA T-427 DE AGOSTO 18 DE 1998
SENTENCIA T-427 DE 18 DE AGOSTO DE 1998
CONTENIDO:ANALIZA EL DERECHO A LA VIDA Y A LA PROPIEDAD PRIVADA CUANDO ENTRE ELLOS SURGEN CONFLICTOS DEBIDO A LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE ZONAS PEATONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA VIDA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, AMPARO POR VÍA DE ACCIÓN DE TUTELA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA
Sentencia T-427 de agosto 18 de 1998
Ref.: Exp. T-160349
Acción de tutela instaurada por María Esperanza Prieto González contra el curador 3 de la zona de Usaquén, el alcalde menor de esa localidad y la asociación de padres de familia del colegio Anglo Colombiano, “Asopanglo”.
Temas: derecho a la vida, derechos de los niños y propiedad privada.
La Sala séptima de revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
Esta Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y el Decreto 2591 de 1991.
B. Del problema jurídico que se presenta.
El eje central de la acción de tutela motivo de revisión, se concentra básicamente en la existencia de un claro conflicto de intereses entre la asociación de padres de familia del Colegio Anglo Colombiano, aparentemente poseedora o propietaria de un predio anexo al mencionado colegio, y la señora María Esperanza Prieto González.
El conflicto consiste entonces, en que la asociación de padres de familia del colegio se niega a suprimir o modificar el cerramiento del predio objeto de la disputa, ubicado justo en frente de la vivienda de la demandante y separado por una calle de doble vía, por considerar que dicho cerramiento se adelantó en un terreno que forma parte de su propiedad privada y por estimar que la cerca responde estrictamente a los linderos que le pertenecen al colegio. La demandante por su parte estima que el cerramiento es ilegítimo porque es una zona de uso público; que no se le permitió adelantar los recursos de ley para controvertir tal cerramiento, y que además el mismo vulnera sus derechos fundamentales y los de sus hijos, al haberse realizado omitiendo el espacio de andén necesario para permitir el tránsito peatonal en la vía.
Debe precisar la Corte, que este conflicto entre particulares, dada su dimensión y complejidad adquiere relevancia constitucional, no sólo por la posible violación o amenaza de derechos constitucionales fundamentales que deben ser garantizados, sino porque además de superar el simple enfrentamiento civil, pone de presente una evidente colisión de derechos e intereses legítimos de rango constitucional, en circunstancias de indefensión entre las partes.
Por consiguiente, la Corte realizará un análisis que permitirá entender cada uno de los derechos en conflicto y su alcance constitucional, para proceder posteriormente a concretar la situación de hecho en busca de una solución efectiva para las partes, no sin antes recordar que tal como se dijo en la sentencia T-605 de 1992, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz:
“La sensibilidad del juez hacia los problemas constitucionales es una virtud imprescindible en la tarea de hacer justicia. Las decisiones jurídicas deben respetar el principio de legalidad y a la vez ofrecer una solución real a los conflictos sociales. En esta tarea, el sentido de la justicia y la equidad permiten hallar el derecho. La ley por, sí misma, es siempre deficiente frente de la realidad cambiante que está llamada a regular. Al intérprete le corresponde actualizar su contenido según las cambiantes circunstancias históricas y sociales y dar una aplicación correcta de las normas con la clara conciencia que su cometido es resolver problemas y no evadirlos. Estas ideas explican en parte, el mandato del constituyente consagrado en el artículo 228 de la Constitución, según el cual, en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial”.
En ese sentido, la Corte debe precisar que esta decisión no pretenderá definir aspectos de índole legal sobre la titularidad del bien objeto del cerramiento, ya que la acción de tutela no es el mecanismo legal para delimitar estos contenidos. Tampoco es esta la institución competente para determinar quién tiene la razón respecto a qué zonas específicas del predio son de espacio público y cuáles no. Sin embargo, necesariamente se tendrán en cuanta ambas posiciones para definir el alcance de la protección a los derechos constitucionales aparentemente vulnerados, en este caso específico.
C. De los derechos constitucionales en conflictos.
1. Derecho a la vida y a la integridad personal.
El derecho a la vida, a la luz de muestra Constitución, es un presupuesto ontológico de los demás derechos fundamentales, que se manifiesta no sólo en la posibilidad maravillosa de existir y de ser como persona, sino en la posibilidad de vivir en condiciones que garanticen el reconocimiento y respeto de la dignidad de los seres humanos(1).
En ese orden de ideas, el derecho a la vida debe ser entendido como un derecho inalienable de todas las personas y un valor constitucional por excelencia, que merece y recibe no sólo el respeto, sino la protección prevalente por parte del Estado, el cual igualmente se obliga a garantizar y asegurar su efectividad.
(C.N., arts. 2º y 5º).
Al respecto el artículo 2º de la Constitución, que consagra los objetivos y fines del Estado Social de derecho, establece específicamente que las autoridades de la República están instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. La anterior expresión permite concluir que uno de los fundamentos de existencia de las autoridades es precisamente su misión y deber de protección de los derechos de las personas, incluyendo especialmente el derecho a la vida.
Por esta razón, el derecho a la vida debe considerarse como un derecho inviolable (C.P., art. 11), que implica que nadie puede vulnerarlo, lesionarlo o amenazarlo sin justa causa, desconociendo su núcleo esencial, por expresa disposición constitucional. Igualmente, es un derecho que debe ser protegido por los ciudadanos en situaciones de peligro, en razón al deber de solidaridad que tienen todos los ciudadanos frente a sus semejantes, de conformidad con el artículo 95 de la Constitución.
Algo similar ocurre el derecho a la integridad personal, que comporta el deber de no maltratar, no ofender, no torturar, ni comprometer la integridad física y moral de las personas, como garantía del respeto que se le tiene a la dignidad humana, estrechamente ligada con los más altos valores sociales que fundamentan también la protección del derecho a la vida, como se dijo anteriormente.
En lo relativo a las amenazas al derecho a la vida, la Corte ha sido clara en manifestar que la gravedad de las mismas no incide en la determinación o no de la vulneración de este derecho fundamental. Al respecto, sostiene que una “amenaza contra la vida puede tener niveles de gravedad diversos. Pueden ir desde la realización de actos que determinen un peligro adicional mínimo para alguien, hasta la realización de actos de los cuales se derive la inminencia de un atentado. Con independencia de la responsabilidad penal que se deduzca de cada una de estas situaciones, la Constitución protege a las personas contra todos aquellos actos que pongan en peligro de manera objetiva la vida de las personas. El hecho de que el peligro sea menor no permite concluir una falta de protección. El estatuto fundamental protege el derecho a la vida y dicha protección tiene lugar cuando quiera que se afecte el goce del derecho, no importa el grado de afectación (...)(2). En consecuencia, bastará solamente probar la existencia de una vulneración o amenaza del derecho a la vida o a la integridad cierta y objetiva, para obtener la subsiguiente protección constitucional.
En consecuencia, fuera “de las competencias que corresponden a las autoridades administrativas y policivas, si el tema del derecho fundamental a la vida se lleva ante los jueces, éstos tienen a su cargo la gravísima responsabilidad de decidir, sin mayores formalismos, con miras a lograr la eficacia de su protección. Cuando de ese derecho se trata, el juez —en particular el de tutela— está obligado a decidir con prontitud y con suficiente contundencia, y por supuesto de manera preferente y sumaria (C.P., art. 86), dejando de lado cualquier otro asunto, así como a adoptar las medidas al alcance de sus atribuciones en guarda de la protección real de la vida en juego, que prevalece sobre toda consideración formal. En las vidas de los asociados se concreta y cristaliza, más que en cualquier otro pedimento elevado ante la justicia, la prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228)”(3).
El artículo 44 de la Constitución, consagra una protección especial y prevalente de los derechos fundamentales de los niños dentro del ordenamiento jurídico nacional, en razón al especial interés que tiene el Estado, la familia y la sociedad en su adecuado desarrollo, evolución y bienestar. De esta forma, el artículo en mención consagra dentro de tales derechos, aquellos relativos a la vida y a la integridad física de los niños, derechos, que entre muchos otros, deben ser garantizados de manera preferente por la colectividad, ya que el mismo artículo establece esta preferencia y la obligación a la familia, la sociedad y al Estado, de “proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
En ese orden de ideas, un tratamiento preferente de los derechos de los niños, implica también una actitud preferente hacia sus necesidades, por parte de la administración y las autoridades, luego “no pueden alegarse otras obligaciones que dilaten la eficacia del Estado y de la sociedad hacia la protección de los menores, porque el deber hacia éstos prevalece sobre cualquier otra consideración social, política, jurídica o económica”(4).
3. Del derecho a la propiedad privada.
La propiedad privada, como fundamento de las relaciones económicas, sociales y políticas, ha sido concebida a lo largo de la historia, como aquella relación existente entre el hombre y los bienes naturales o transformados ofrecidos por el medio que lo rodea, que de acuerdo al sistema económico, ha determinado los límites y las utilidades que el hombre puede obtener de dicha relación desde el punto de vista del uso y aprovechamiento de los bienes adquiridos.
Sin embargo, el concepto de propiedad no ha sido una idea estática e inamovible, sino que ha cambiado de conformidad con la evolución y descubrimiento de nuevas necesidades y novedosos derechos y límites, de conformidad con el cambio y desarrollo de las sociedades.
En ese orden de ideas, el concepto romano de propiedad concebido bajo una estructura sagrada, absoluta e inviolable, fue dejado a un lado en la época feudal en razón a la restricción del comercio, para ser retomado nuevamente en la revolución francesa, época en la cual se instauró como garantía y resistencia a la opresión y a los privilegios. De esta forma el derecho a la propiedad, aseguró a cada hombre un espacio exclusivo e imperturbable en el que no existía injerencia alguna sobre sus bienes, y que garantizaba un poder irrestricto y autónomo sobre sus posesiones de manera tal que se constituyeran en la base de su libre iniciativa como ciudadano y de su paulatino desarrollo económico.
Esta noción del derecho a la propiedad, denominada por algunos tratadistas como absoluta, también tuvo relevancia en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Situación que se traduce en el artículo 669 y siguientes del Código Civil que consagran el derecho de dominio como un derecho real que permite a su titular gozar y disponer arbitrariamente de la cosa, siempre y cuando no fuera ello contrario a la ley o contrario a un derecho ajeno. Es de destacar, sin embargo, que:
“la noción absolutista de la propiedad consagrada en el Código Civil, no repelía cierto tipo de limitaciones legales. No en vano, la misma definición excluía el ejercicio de este derecho cuando adquiriera visos contra legem.
Sin embargo, las intervenciones de la ley debían circunscribirse a aquellas tendientes a asegurar la coexistencia y simultáneo ejercicio de los diferentes derechos de propiedad (...).
Al mismo fin de armonización y coordinación de titularidades, se endereza el principio del abuso del derecho y su simiente yacente en el Código Civil (...). Simplemente, se introduce la regla del uso racional del derecho, con el objeto de dirimir los conflictos que se suscitan entre propietarios.
Hasta aquí la propiedad” desde el punto de vista civil “sigue siendo un derecho potencialmente ilimitado. De admitirse que estas regulaciones tengan el carácter de límites a la propiedad, éstos son externos a la misma, y a lo sumo reducen el ámbito o esfera en cuyo interior el sujeto sigue actuando libremente con miras a la satisfacción de sus intereses y deseos”(5).
La concepción clásica de la propiedad que reinó en nuestro país durante algún tiempo, fue cediendo a las exigencias de justicia y de desarrollo económico y social en otros espacios jurídicos y constitucionales, que determinaron un nuevo rumbo y fueron incluyendo nuevos elementos al derecho a la propiedad, necesarios para ponderar su ejercicio frente a situaciones o “motivos de utilidad pública”, (Constitución de 1886, arts. 31 y 32), o circunstancias en las que el interés privado tuviera que ceder al interés público o social. Estas nuevas concepciones, posteriormente fueron reforzadas en la reforma constitucional de 1936 con la introducción del concepto explícito de “función social” de la propiedad.
Con la expedición de la Constitución de 1991, sin embargo, el concepto de propiedad ha asumido nuevos elementos que le han dado una nueva connotación y un perfil de profunda trascendencia social.
En este orden de ideas, la propiedad privada ha sido reconocida no sólo como un derecho sino como un deber que implica obligaciones, y en esa medida el ordenamiento jurídico garantiza no sólo su núcleo esencial, sino su función social y ecológica (C.N., art. 58), que permite consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas.
En ese orden de ideas y reivindicando el concepto de la función social, el legislador le puede imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo, relativo al nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad(6).
En por ello que la propiedad se protege a nivel constitucional de conformidad con el análisis y las circunstancias de cada caso, y en especial si se encuentra conexa y relacionada con otros derechos fundamentales específicos: También debe ser entendida como deber, teniendo en cuenta que su función social, como elemento constitutivo y no externo a la misma, compromete a los propietarios con el deber de solidaridad plasmado en el Constitución. En ese orden de ideas, se consolida el espíritu de asamblea nacional constituyente cuando en el informe ponencia para primer debate(7) se explicó que “la función social, en relación con la propiedad, encierra la solidaridad”.
La configuración legal de la propiedad, entonces, puede apuntar indistintamente a la supresión de ciertas facultades, a su ejercicio condicionado o, en ciertos casos, al obligado ejercicio de algunas obligaciones.
En materia urbana, como lo reconoció la CSJ (sentencia del 9 de noviembre de 1989 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)(8).
“(...) no siendo en verdad suficiente la actuación indirecta del Estado por la mera limitación de las libertades privadas, el legislador puede señalar como obligación social de los propietarios atender los procesos de planeación y gestión urbanística y, en estas condiciones, puede o no admitir una facultad absoluta de los propietarios para decidir sobre la existencia y disposición de las ciudades y condicionar la garantía al derecho de propiedad a su uso social planificado, en términos de construcción y urbanización”.
De conformidad con la ley estudiada, los planes de desarrollo incluirán “un plan y un reglamento de usos del suelo y cesiones obligatorias gratuitas, así como normas urbanísticas específicas”. De esta manera el usus, en el esquema clásico, facultad esencial derivada de la propiedad, se subordina a la concreta determinación, general y específica de las instancias públicas de planeamiento y desarrollo urbano. De otro lado, las denominadas en la ley “cesiones obligatorias gratuitas” —destinadas al uso público de las vías, parques zonas verdes etc.—, ponen de presente desmembraciones reales del derecho de propiedad y la introducción de un mecanismo de transferencia de bienes al dominio público con el objeto de satisfacer necesidades comunitarias. Sobre este último aspecto, señaló la CSJ: “(...) tampoco tiene el alcance de una expropiación razón por la cual el legislador no previó pago de indemnización, pues no tiene significación distinta a un acto de enajenación voluntaria, no propiamente donación según se desprende del artículo 1455 del Código Civil, que debe hacer los propietarios de los predios con fines urbanísticos de claro interés social, ligados a la función social de la propiedad y que puede exigir el Estado en ejercicio de las facultades que le asiste de dictar normas para planificar ordenadamente el urbanismo de las ciudades y que los concejos municipales desarrollan según lo dispone el estatuto fundamental (art. 197-1)”. (CSJ, sentencia del 9 de noviembre de 1989 M.P. Dr. Jairo E. Duque Pérez).
Estas posibilidades precisadas en su oportunidad, conllevan restricciones al ejercicio absoluto del derecho a la propiedad. Incluso la Ley 142 de 1994 en materia de servicios públicos ha impuesto al propietario algunas cargas que limitan el libre ejercicio de su derecho, como el paso de redes eléctricas, tubería, redes de gas etc. por zonas de dominio privado, situación que garantiza que a pesar de la reticencia o negativa del dueño de un predio el interés de la comunidad en materia de conexión y extensión de los servicios públicos se concrete.
Como se verá más adelante, constitucionalmente se ha reconocido el valor intrínseco de la propiedad, sin desconocer tampoco la responsabilidad social colectiva. De este modo se reconoce que los derechos consagrados en la Constitución Política no son absolutos sino que se encuentran limitados por el orden jurídico y social. Es por ello que resulta necesario el reconocimiento de que los derechos propios llegan hasta donde comienzan los derechos ajenos y en consecuencia “quien abusa del derecho, afectando a sus congéneres, no puede reclamar para sí el reconocimiento de una conducta legítima, menos si con ello deja indefensa a su víctima”(9).
Por último, en el punto siguiente veremos como contrario a la perspectiva de la institución educativa demandada, el derecho a la propiedad privada si puede ser ponderado, en relación con las necesidades de la sociedad, más aún cuando del perjuicio social que se causa, el propietario proporcionalmente no obtiene ningún beneficio en cuanto al uso o explotación de su bien.
En primer lugar, considera la Sala que respecto a la presunta violación al debido proceso no se ve una falla ostensible en la actuación adelantada por la curaduría urbana número 3 de Santafé de Bogotá puesto que si bien es cierto la notificación personal se hizo a los vecinos que no eran, es decir a aquellos que se estimó colindantes pero que no resultaban en ningún modo afectados por el cerramiento, también es cierto que se fijó una valla en un lugar visible, reglamentariamente permitida por la legislación(10) para realizar la notificación del trámite y permitir que las personas que se quieran hacer parte, puedan hacerlo. Esta circunstancia denota el cumplimiento de los requisitos necesarios para realizar esa comunicación a los vecinos.
Queda entonces, por definir si el presunto propietario de un inmueble puede impedir la existencia de una zona peatonal, en la Capital de la República, con el argumento de que la propiedad “da derecho a toda clase de actos relacionados con su derecho” como lo indica y precisa el fallador de segunda instancia en la sentencia materia de revisión.
Al respecto, hay que decir que por el hecho de vivir en sociedad, surgen obligaciones para todos los asociados, algunas veces señaladas por las autoridades locales.
En Santafé de Bogotá existe en materia urbana una legislación bastante completa, cuyo objetivo es el de lograr una mejor y eficiente estructura local y un mejor planeamiento físico de la capital. En ese orden de ideas, el Acuerdo 6 de 1990, que es el estatuto para el ordenamiento físico del distrito especial de Bogotá, implementa una serie de políticas y objetivos puntuales tendientes a regular el espacio público, el ordenamiento local, la planeación en servicios públicos, la incorporación de predios rurales, etc. y otorga a la administración instrumentos de control para asegurar el cumplimiento de normas urbanísticas(11), como puede ser en algunos casos la orden de suspensión de obras o explotaciones que afecten la seguridad pública o que perjudiquen el área urbana (L. 1/43, art. 23) o las órdenes de reparación o construcción de andenes, cerramientos, limpieza y arreglo de zonas verdes particulares (D.L. 3133/68).
Respecto a los andenes específicamente, el Acuerdo 2 de 1980, en su artículo 4º da algunas definiciones, entre ellas:
“Ancho de vía. Es la medida de la zona de uso público destinada a andenes, calzadas y separadores, las cuales en conjunto representan la sección transversal de la vía.
“Sección transversal de vía. Es el corte transversal de una vía que específica su ancho, las dimensiones de las calzadas, separadores, andenes, sardineles, zonas verdes y demás elementos que la conforman.
“Vía. Es la zona de uso público destinada al movimiento de vehículos y peatones.
“Andén. Es la parte de la vía destinada al tráfico de peatones”.
Recogen estas definiciones una realidad concreta: que las vías son tanto para los vehículos como para los peatones. Además, no puede ser de otra manera, ya que el uso de la tierra y la planeación de su distribución espacial son los determinantes básicos para las demandas de tránsito, tanto vehicular como peatonal. Sería inaceptable que se desconocieran las necesidades del ser humano respecto a los problemas de tránsito dentro del ordenamiento vial de una ciudad, porque ello implicaría un abierto desconocimiento a las opciones y derechos del hombre y a sus libertades, dentro del contexto organizacional y urbano.
En ese orden de ideas, no se pueden invocar las características del derecho de propiedad existentes en el derecho romano hace dos mil años (usus, fructus, abusus) como argumento para obstaculizar las actuales y evidentes necesidades del siglo XX: el tráfico de personas y vehículos, como actividad primordial, continua y específica de la vida citadina.
El problema del transporte no es solamente en problema de prestadores y usuarios del servicio público, ni de tarifas y costos, sino esencialmente del desplazamiento que requieren las personas de un lugar a otro, cuyo instrumento puede ser el desplazamiento en vehículos, sin lugar a dudas, pero también puede ser caminando. Una indebida planeación en este sentido o un desconocimiento de estas necesidades por parte de los particulares o la sociedad, repercute indiscutiblemente en la calidad de vida de los asociados.
Haya que enfrentar el problema y las exigencias de quienes transitan a pie por la ciudad, es decir, debe ser reconocida la evidente necesidad de la senda peatonal, que debe tener un ancho y borde que permita la circulación de las personas, sin contratiempos.
Es así, que, bajo condiciones normales de circulación, los transeúntes aceptan libremente un espacio lateral que les permita sobrepasar a una persona sin que se llegue a condiciones de aglomeración. En este sentido el diseño de los andenes debe tener en cuenta las áreas que serán utilizadas para el ascenso y descenso de los transportes urbanos y, con mayor justificación, de los transportes escolares.
Las variables que definen un sistema de circulación peatonal permiten establecer una evaluación de calidad del servicio con que pueden operar los transeúntes y, por ende, la calidad de vida de los mismos.
Si además el flujo es forzado porque es sitio obligado para transitar o para esperar un transporte urbano o escolar, la inexistencia o mala calidad del servicio puede poner en peligro la seguridad de las personas.
En ese mismo esquema, el Código de la Construcción del Distrito Capital (Acuerdo 20 de 1995), establece en el parágrafo del artículo B.10.9.4 que:
“Ancho de andenes: El ancho de los andenes que se construyan dentro del parámetro del Distrito Especial de Bogotá debe cumplir con los límites estipulados en las normas que al respecto dicta el departamento administrativo de planeación distrital. Tal andén debe figurar en los planos aprobados por las urbanizaciones, y en los planos de localización aprobados de toda obra; el ancho estipulado por las normas vigentes debe considerarse como el mínimo obligatorio que debe proporcionar todo andén para el tránsito de peatones y demás usos permitido”.
El ancho mínimo de los andenes permitido por la ley, es de un 1.20 cm, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo B.10 9.4, enunciado anteriormente.
Esta es la situación la cual se refiere aparentemente el delegado de la procuraduría de bienes del distrito, haciendo alusión al plano oficial aprobado para el Colegio Anglo Colombiano y determinado con el U-113-1, que al parecer fija una zona verde de 3.80 metros por 1,20 de andén en el predio del mencionado colegio.
Al respecto y tal como se dijo con anterioridad, no es competencia de esta corporación definir el carácter específico de espacio público de la zona peatonal en mención.
Sin embargo, si resulta claro para esta Sala que de conformidad con el Acuerdo 6 de 1990, en Santafé de Bogotá, a partir del desarrollo de los terrenos ya sea para construcción o urbanización, se busca obtener espacio público que garantice las necesidades de la comunidad mediante cesiones obligatorias gratuitas, que según cada caso, se constituyen en áreas destinadas a ingresar al patrimonio de los bienes de uso público, ya sean de particulares o no (art. 148), con el fin de reconocer los derechos de la colectividad.
Al respecto se dice además, que “todo terreno en proceso de urbanización debe ceder una porción de su área destinada, entre otras cosas, a las zonas públicas complementarias a los sistemas viales” (art. 423).
De la anterior precisión se constata, como se dijo, que el distrito, en el caso de construcciones y urbanizaciones prevé posibilidades concretas de generar a partir de predios de propiedad privada zonas específicas que entren a formar parte de los bienes de uso público y permitan, en consecuencia, favorecer los derechos de la comunidad.
Si bien en el caso concreto no nos encontramos frente a una construcción en estricto sentido, esto no es óbice para entender que la administración no puede desconocer los intereses colectivos tan claramente presentados y precisados como objetivos concretos a partir del Acuerdo 6 de 1990.
En el caso concreto, el cerramiento se hizo en un costado de una vía catalogada en el artículo 12 del Acuerdo 2 de 1980, como:
“Avenida de la Sirena (calle 153). Comienza en la avenida séptima a la altura de la calle 153 para tomar el Camino de la Sirena; continúa por éste a encontrar la avenida Boyacá donde termina”.
El mismo acuerdo en mención define avenida, como la:
“Vía que por sus características de diseño está destinada al tráfico intenso de vehículos”.
Es pues en realidad que la calle 153, desde 1980 ha sido proyectada como una gran avenida por la cantidad de tráfico. Diez y ocho años después se ha convertido evidentemente en una vía peligrosa para los peatones, no sólo por el abundante tráfico vehicular que presenta sino por la doble dirección y sentido de su tráfico, luego los andenes no son solamente una necesidad de la planeación urbana sino una forma indispensable para proteger la vida de quienes transitan por allí o esperan abordar o bajarse de un vehículo. Y, si se trata de niños que tienen que ir a su colegio, con mayor razón se impone el deber de protección de sus derechos por parte del Estado.
Además, la tranquilidad en las zonas urbanas, especialmente residenciales como es el caso del lugar en que se encuentra ubicado el conflicto, ha motivado la presente tutela, ya que un indebido cerramiento en una aparente propiedad privada, por lo demás utilizada de forma desproporcionada ya que el perjuicio social es mucho más grave en relación con el beneficio irreal que le reporta un cerramiento en esas condiciones a la institución demandada, no puede ser fundamento para un desequilibrio que impacte en tal forma a los vecinos hasta el punto de poner en peligro diariamente sus derechos fundamentales a la vida, y en este caso específicamente, a la demandante que los acompaña, y sus niños. Esta situación, desdibuja las finalidades sociales del Estado, establecidas en el artículo 366 de la Constitución relativas al mejoramiento de la calidad de vida de la población, que hacen necesariamente a la administración responsable por el no control en las vías públicas.
A este respecto, por ejemplo, es claro que la falta de señalización o la señalización no visible hace extrajudicialmente responsable al Estado (sentencia de 16 de noviembre de 1995, Consejo de Estado, M.P. Carlos Betancur Jaramillo). En el mismo sentido el 22 de octubre de 1997, el Consejo de Estado, con ponencia de Ricardo Hoyos Duque, consideró que había una falla del servicio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, porque no estaban garantizadas “de manera adecuada las medidas de señalización de tránsito de peatones y vehículos en la avenida Pedro de Heredia”.
En el caso de la presente tutela, había señales de prevención relativas al paso de niños, por ser aparentemente zona escolar, pero al levantarse la cerca, tales señales resultan desapercibidas por los conductores, más aún cuando debido al cerramiento no se pueden levantar nuevas señales porque no quedó espacio para ello. Significa lo anterior que la responsabilidad del Distrito es grande y por lo mismo no se encuentra explicación a que el curador permita violaciones a los principios fundamentales relativos al reconocimiento de las necesidades de tránsito y espacio, por parte de los peatones, suscritas en los acuerdos, más aún cuando el lindero se encuentra justo en frente de una vía pública. Por ello resulta injustificado que su proceder no pueda ser modificado máxime cuando corre peligro la vida de las personas. No podía el curador dejar sin alternativas al distrito y a sus habitantes. Si bien es cierto se buscaba con el cerramiento darle seguridad a los alumnos del colegio y a sus vehículos particulares, también es cierto que debe dársele seguridad a los niños que viven al frente y en general a los peatones de la zona.
Por consiguiente, es claro que el desconocimiento que el curador urbano Nº 3 ha manifestado en su decisión respecto de las necesidades colectivas en materia peatonal, contradice abiertamente el espíritu de los dos acuerdos y de las normas anteriormente mencionadas en materia de vías y espacio para el tránsito peatonal, sobre todo teniendo en cuenta que en el evento de no existir norma expresa en materia de andenes y zona peatonal relacionada con el cerramiento, como lo expresa el curador en su escrito, le era posible en virtud de la Ley 388 de 1997 (art. 102) y del Decreto 2111 de 1997, haber solicitado la debida interpretación jurídica a las autoridades de planeación en esas materias específicas, que no podía ser otra que la de haber reconocido las necesidades de la comunidad, las disposiciones urbanas y el principio consagrado en el artículo 60 del Acuerdo 6 de 1990 que dice:
“El control de los impactos como motivo determinante de las reglamentaciones urbanísticas. La necesidad de controlar efectivamente los impactos ambiental, social y urbanístico que las actividades ciudadanas generan, impactos que inciden tanto en la calidad de vida de los ciudadanos como en la estabilidad de las propias estructuras urbanas y de los elementos materiales que las conforman y que están destinados a servir de sustentáculo físico a la ciudad, es la principal razón de ser de las restricciones y exigencias que son inherentes a las reglamentaciones urbanísticas”. (El subrayado no es original).
En ese orden de ideas, la Corte finalmente debe precisar que sin determinar titularidad alguna sobre el predio y especificaciones técnicas sobre el mismo, cuestión que está fuera de su competencia, sí es necesario que se exprese que no se puede considerar el derecho a la propiedad como absoluto y desconocer, con su ejercicio excesivo e injustificado que contradice los principios de la legislación en materia de ordenamiento físico del distrito, el evidente perjuicio social y de peligro que se le puede causar a la comunidad. Tal interpretación, es contraria a los fundamentos de solidaridad (C.P., art. 1º) y de función social de la propiedad antes expuestos, más aún cuando el aparente titular del derecho ni siquiera obtiene beneficio o pérdida alguna concreta de correr su cerca de alambre unos cuantos centímetros, ya que ni siquiera tiene la posibilidad de explotación o utilización del predio por la existencia de una reserva vial que impide cualquier tipo de construcción en la zona.
Por consiguiente, es irrazonable y desproporcionado, que se haya realizado un cerramiento en todo el borde de la vía pública que pone en peligro de forma concreta y real los derechos a la vida y a la integridad de la demandante y de sus hijos. Por consiguiente, del enfrentamiento de los dos derechos aparentemente en conflicto, debe necesariamente prevalecer el derecho a la vida e integridad de la señora y de sus menores hijos, que ha sido puesto en peligro de forma concreta y real en razón de la institución educativa de reconocer un espacio en el terreno, para el paso peatonal.
En este orden de ideas, se ordenará al curador urbano Nº 3 modificar la Resolución 030063 del 21 de octubre de 1997, con el fin de que se reconozca un espacio para el tránsito peatonal que elimine el inminente riesgo que le asiste a la demandante y a sus hijos de ser atropellados por un vehículo en la vía pública. En consecuencia, el espacio que deberá dejar el curador para este propósito, será mínimo de un metro con veinte centímetros, tal como lo señala la reglamentación urbana.
En mérito de lo expuesto, esta Sala de la Corte Constitucional,
1. REVOCAR la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, y en su lugar CONCEDER la tutela de la referencia por violación del derecho a la vida e integridad de la solicitante y de sus hijos menores de edad.
2. ORDENAR al curador urbano Nº 3 que en el término de 48 horas hábiles, modifique la Resolución 030063 del 21 de octubre de 1997 mediante la cual concede a la asociación de padres del Colegio Anglo Colombiano la licencia de cerramiento del predio ubicado en la Avenida 19 Nº 152-48 de la ciudad de Bogotá, en el sentido de no incluir en el cerramiento que se autoriza, el espacio de un metro veinte centímetros de andén que se requiere para garantizar el paso de los transeúntes en la zona.
3. ORDENAR a la asociación de padres del colegio Anglo Colombiano, correr la cerca de alambre de púas que se levantó en el predio ubicado en la Avenida 19 Nº 152-48, objeto del conflicto en esta tutela, de manera tal que se deje un espacio mínimo de un metro veinte centímetros (1.20 cm) desde el borde de la vía pública, para el paso peatonal, inmediatamente se le notifique el acto administrativo del curador urbano Nº 3 determinado en el punto anterior, que así lo indique. La asociación podrá repetir contra el distrito por los gastos que se ocasionen, en virtud del desplazamiento de la cerca.
4. ORDENAR al Alcalde Menor de Usaquén hacer cumplir esta orden de conformidad con sus funciones de vigilancia y control, sin perjuicio de las facultades legales que le corresponden al juez de tutela que conoció en primera instancia.