Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2012_04_12/1175
Timestamp: 2020-02-21 11:51:44
Document Index: 219678624

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 30', 'artículo 132', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 10', 'artículo 67', 'artículo 71', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 34', 'artículo 11', 'artículo 194', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 72', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 59', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 134', 'artículo 139', 'ARTÍCULO 175', 'ARTÍCULO 194', 'ARTÍCULO 194', 'ARTÍCULO 72', 'artículo 72', 'artículo 464', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 464', 'artículo 2']

Gaceta: LXI/3SPO-375
Una, de los Senadores Andrés Galván Rivas y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, por la que dan por concluido el procedimiento legislativo del proyecto de decreto que reformaba la fracción XIX y adicionaba una fracción XX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
QUEDÓ DE ENTERADO. SE DIÓ POR TOTALMENTE CONCLUIDO EL ASUNTO Y SE INFORMÓ AL PROMOVENTE.
Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de los Tribunales Militares.
Propone derogar el 10 de la Ley General de Población, en razón de que su contenido se encuentra regulado en la Ley de Migración.
Propone suprimir de los artículos 13 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la referencia a los Departamentos Administrativos, así como sustituir la denominación de la “Secretaría de la Contraloría General de la Federación” por “Secretaría de la Función Pública” en el artículo 25 de la citada Ley.
Finalmente, es oportuno mencionar que las reformas al Código de Justicia Militar respecto de la actualización que se hizo a la nomenclatura de la “Secretaría de Guerra y Marina”, sólo se refirió a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la Secretaría de Marina, por lo que en algunos artículos se excluyen atribuciones de esta última en la administración de la Justicia Militar, como lo dispone la fracción XIII del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así, -afirma el autor- a fin de no generar una antinomia con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se propone incluir a la Secretaría de Marina en diversos artículos del Código de Justicia Militar y de la Ley Orgánica de los Tribunales Militares.
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
Propone reformas al marco jurídico laboral, para establecer en la Ley Federal del Trabajo, que cuando el patrón emplee más de cien y menos de mil trabajadores, participe con los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de cuando menos cinco de los hijos de éstos, y no uno sólo como sucede actualmente, y cuando se trate de más de mil trabajadores, entonces el patrón deberá apoyar a cuando menos diez hijos de trabajadores, y no sólo a tres de éstos.
El autor señala que es oportuno involucrar a los grandes empleadores del país en el proceso de fortalecimiento educativo, a través del otorgamiento de becas a los hijos de sus trabajadores, lo que representará un gran apoyo para estos últimos a la vez que contribuirán a lograr una nación con más oportunidades y menos desigualdad.
Del Sen. Alfonso Abraham Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194, inciso 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Propone adicionar en el catálogo de delitos graves contemplados en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, los contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal, denominado “Delitos Cometidos por Servidores Públicos” y que comprenden el Ejercicio indebido de servicio público; Abuso de autoridad; Desaparición forzada de personas; Coalición de servidores públicos; Uso indebido de atribuciones y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Peculado y Enriquecimiento Ilícito.
La reforma que se propone, en opinión del autor, permitirá inhibir acciones del servidor público encauzadas a su beneficio propio dentro de la esfera administrativa, legislativa o judicial.
Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social.
Propone una adición a la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de que la Secretaría de Desarrollo Social garantice el pleno y adecuado derecho a la salud, a través de la construcción y habilitación de albergues que permitan el resguardo de algún acompañante, miembro del núcleo familiar, de las personas procedentes del interior de la República, que a causa de una enfermedad crónico degenerativa se vea en la necesidad de desplazarse fuera de su estado o municipio de residencia original, para la obtención de servicios de salud de alta especialidad.
Por otra parte, la iniciativa propone la adición de un artículo 10 ter, a la Ley General de Desarrollo Social para que la Secretaría de Desarrollo Social, garantice el pleno y adecuado derecho a la educación, al promover la construcción y habilitación de albergues que permitan la estadía de estudiantes del interior de la República que cursen los niveles de educación media superior y superior, y que para la obtención de los servicios educativos correspondientes, se hayan visto en la necesidad de desplazarse fuera de su estado o municipio de residencia original.
Del Sen. Eugenio Govea Arcos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la participación ciudadana en asuntos públicos del orden federal.
El ámbito de aplicación de esta ley corresponde a los actos legislativos, administrativos, reglamentarios o normativos del Congreso, del Ejecutivo Federal y de los órganos autónomos constitucionales. La participación ciudadana se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
Señala que los mecanismos de participación ciudadana son: plebiscito; referéndum e iniciativa popular. No se someterá a ninguno de los mecanismos de participación ciudadana antes mencionados, los actos legislativos, administrativos, reglamentarios o normativos del Poder Legislativo Federal, del Poder Ejecutivo Federal y de los órganos autónomos constitucionales, relativos a: materias de carácter tributario, fiscal o de egresos de la Federación; régimen interno de la administración pública federal; los actos realizados por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública; regulación interna del Congreso de la Unión o de alguna de sus Cámaras; los reglamentos internos del Poder Judicial de la Federación; y actos cuya realización tengan carácter obligatorio en términos de la Constitución y de las leyes aplicables.
Establece que en los procesos de plebiscito y de referéndum sólo podrán participar los ciudadanos mexicanos que cuente con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la consulta.
Señala que el plebiscito es el mecanismo de participación ciudadana que tiene por objeto someter a consideración de los ciudadanos mexicanos la aprobación o rechazo de los actos o decisiones del Ejecutivo Federal o de los órganos autónomos constitucionales, que sean trascedentes para el orden público y el interés social. Lo podrán promover: el Titular del Poder Ejecutivo Federal; la Cámara de Diputados; la Cámara de Senadores; la Comisión Permanente del Congreso; los Congresos de los Estados; y los ciudadanos mexicanos.
El referéndum es el mecanismo de participación ciudadana por medio del cual los ciudadanos mexicanos manifiestan su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Lo podrán promover: el Titular del Poder Ejecutivo Federal; la Cámara de Diputados; la Cámara de Senadores; la Comisión Permanente del Congreso; el titular del Poder Ejecutivo de cualquier entidad federativa; los Congresos de los Estados; y los ciudadanos mexicanos.
La iniciativa popular es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos mexicanos presentan ante cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso o, en su caso, ante la Comisión Permanente, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos. La podrán promover, por lo menos, el 0.05% de los electores registrados en la Lista Nominal de Electores, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, según la materia de que se trate, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Durante los recesos de las Cámaras del Congreso el escrito se podrá presentar a la Presidencia de la Comisión Permanente.
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.
Propone la reforma del párrafo primero y cuarto del artículo 67 y el artículo 71; y se adiciona una fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70, todos de la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer la gratuidad y el acceso universal a medicamentos anticonceptivos. Y establecer que en materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate, al igual que los medicamentos anticonceptivos que se otorgan universal y gratuitamente, los cuales deberán contener información sobre su uso, en la lengua de la región.
Las reformas tiene como finalidad fortalecer las campañas de información sexual ya previstas en la Ley General de Salud y además, establecer la obligatoriedad para que la Secretaría de Salud ejecute un programa nacional permanente que garantice el acceso universal y gratuito a todos y cada uno de los métodos anticonceptivos de última generación, principalmente entre los grupos poblacionales más vulnerables en la materia, como lo son la juventud y la adolescencia, garantizando además el derecho a otros grupos vulnerables de nuestra sociedad, principalmente a indígenas y discapacitados.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de anticonceptivos.
De la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código de Comercio y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En el Código de Comercio se propone incluir dentro de los actos de competencia desleal, el ofrecer un producto o servicios por debajo de su costo medio total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable; usar las ganancias obtenidas de la venta, comercialización o prestación de un producto o servicio para financiar las pérdidas obtenidas por la venta, comercialización o prestación de otro producto o servicio; establecer promociones de venta o de prestación de servicios que excedan el valor del margen de ganancia o de utilidad del producto comercializado o del servicio prestado; establecer precios distintos para un mismo producto o servicio en diferentes sucursales; condicionar la compra o venta de un producto a la exclusividad en la distribución de un producto determinado; entre otras.
Establece que la Secretaría de Economía deberá comenzar el procedimiento administrativo de inspección, investigación y sanción de las prácticas de competencia desleal de oficio o a petición de parte. Además, procurará una solución conciliada de las controversias que se susciten entre particulares por un acto de competencia desleal. Señala que la Secretaría deberá constituir una unidad administrativa especializada para la atención, investigación y sanción de los actos de competencia desleal.
Se reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer explícitamente que a la Secretaría de Economía, le corresponde proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas, monopsónicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; así como fomentar las buenas prácticas comerciales y prevenir los actos de competencia desleal entre comerciantes.
De las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Federal de Procedimientos Penales y de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se propone que se consideren cartuchos ordinarios, aquéllos cuya bala o proyectil esté compuesto de una cubierta o camisa metálica y un núcleo de una aleación de plomo y los que, aún con componentes distintos a los mencionados, tienen un poder vulnerante que no supere a la de aquéllos, y no se considerarán cartuchos ordinarios aquéllos que tengan alguna de las características especiales señaladas en el artículo 11, inciso f) de la Ley. Señala que para determinar que el poder vulnerante de un cartucho o una bala es superior al de una ordinaria del mismo calibre, deberá atenderse a su poder de penetración, expansión o el daño que cause respecto del mismo objeto.
Incluye en el catálogo de armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a las pistolas calibres 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las calibres superiores, así como las pistolas calibre 5.7x28 mm., los fusiles 6.8 mm, los subfusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras, municiones de calibres 4.6 x 30 mm o 5.7 x 28 mm. Establece que las municiones antes señaladas quedarán prohibidas a la venta de particulares.
Adiciona un artículo para sancionar al que posea sin el permiso correspondiente o en cantidades mayores a las permitidas cartuchos, municiones o materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, es para incluir dentro de los delitos que se califican como graves, los previstos en las fracciones II y III del artículo 83 y fracciones II y III del artículo 83 ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La modificación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se incluye dentro de los supuestos de hecho que actualizan la sanción a sus autores como miembros de delincuencia organizada, la posesión ilícita de cartuchos, municiones o material para armas de fuego; portación o posesión ilícita de armas de fuego por varias personas; introducción ilegal de armas y municiones al país, y transporte de armas, municiones o material para armas de fuego, previstos en los artículos 83, 83 quintus, 84 y 84 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Armada de México.
La minuta que se dictamina, fue devuelta por la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, la cual propone modificar tanto el contenido orgánico como la estructura operativo-militar de la Armada de México, incorporando definiciones y conceptos más claros y precisos que faciliten su comprensión y aplicación. En ella se establece una reestructuración de carácter organizacional y estratégico de los mandos navales, logrando con ello dar mayor eficacia a la participación de la Armada de México en la protección de los litorales, en el combate a la delincuencia organizada y a la inseguridad, así como para proteger la vida, el patrimonio, la integridad de los mexicanos y contribuir a la tranquilidad necesaria para estimular el desarrollo nacional.
Plantea eliminar las figuras de subsectores, apostaderos y brigadas navales, y actualizar las definiciones relativas a las fuerzas, regiones, zonas y sectores navales; unidades de superficie y unidades de infantería de marina. Con las reformas que se plantean se da vida jurídica a los consejos de disciplina que conocerán, resolverán y sancionarán las faltas en que incurran los cadetes y alumnos de los establecimientos educativos navales, con pleno respeto a la Ley, a los derechos humanos, al principio de seguridad jurídica y de garantía de defensa.
La colegisladora determinó aprobar la Minuta, con excepción de los artículos 3 y 13. En relación al artículo 3 se propone una nueva redacción para eliminar la posibilidad de una incorrecta interpretación, para quedar como sigue: La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuando el mando supremo lo ordene o las circunstancias así lo requieran, se coordinará con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en términos de la legislación en la materia.
En referencia al artículo 13, en el primer párrafo se añade el término mujeres, palabra agregada mediante reforma hecha a la Ley Orgánica de la Armada de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2011, ya que la minuta no lo contempla, por lo que sólo se está actualizando este párrafo con dicho término. Asimismo, dicho artículo señalaba textualmente “conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” y con la reforma se pretende omitir esta disposición, lo cual contraviene el principio de que todos los servidores públicos deben, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, apegarse a un principio de constitucionalidad invariable.
Las comisiones dictaminadoras manifiestan la concordancia de criterios con la Colegisladora, porque las modificaciones hechas por ésta, son necesarias y enriquecen la propuesta inicial. Sin embargo, realizan ajustes de redacción.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Propone reformar el proceso de consulta pública previsto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; para ello, especifica que cuando la SEMARNAT reciba una manifestación de impacto ambiental, deberá llevar a cabo la consulta pública.
Propone que la SEMARNAT publique en la sección correspondiente de la Gaceta Ecológica y en su portal electrónico, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la integración del expediente, el listado de todos los proyectos que serán sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del listado, el promovente deberá publicar un extracto del proyecto en un periódico de circulación en la localidad de que se trate. Señala que cualquier interesado, dentro de un plazo de 35 días hábiles contados a partir de la publicación del listado, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales.
Establece que cualquier ciudadano, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación señalada, podrá solicitar que se lleve a cabo una reunión pública de información, de la cual se generarán observaciones o conclusiones.
La SEMARNAT deberá agregar al expediente las observaciones y conclusiones derivadas de la consulta pública y de la reunión pública de información, para su consideración en el momento de resolver.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de zonas de riesgo.
Propone la adición de una fracción X al artículo 23 de la Ley, para establecer medidas de adaptación que deben ser incluidas en los planes de desarrollo locales como son los programas municipales de desarrollo urbano, así como en el diseño de estrategias para redistribuir población a zonas menos vulnerables y en el control de los asentamientos en zonas no aptas para la urbanización, como barrancas y riberas, por ello la propuesta establece que las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.
Establece un transitorio en el que señala que el Titular del Poder Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, deberá publicar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, con el fin de que las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su competencia lo tomen en cuenta en la elaboración, actualización e implementación de sus programas de ordenamiento ecológico.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El proyecto en estudio propone reformar el artículo 24 de la Ley, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establezca un programa que otorgue seguridad y apoye la subsistencia a la familia de los pescadores inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura que pierdan la vida en la práctica de la actividad pesquera en el país.
Las comisiones dictaminadoras están de acuerdo con la propuesta, sin embargo consideran que la propuesta se plasme en el artículo 36 y la adición de un artículo 59 bis; para que en el primero, se incluya el seguro de pesca y acuacultura como instrumento de la política pesquera. En la adición del artículo, se establece la creación del Seguro de Pesca y Acuacultura para beneficio de las familias de los pescadores inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura que pierdan la vida en la práctica de la actividad pesquera en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Este seguro se integrará con las aportaciones económicas que realicen los pescadores interesados inscritos en el Registro y operará en términos del Reglamento respectivo.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Propone adicionar una fracción XIII del artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para incluir a las acciones que deben llevar a cabo las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, la de identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y equipamiento a fin de garantizar el manejo integral de los residuos.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de innovación.
Las comisiones dictaminadoras consideran procedentes las reformas propuestas contenidas en el proyecto de decreto remitido por la colegisladora, por lo que presentan dictamen aprobatorio que reforma los artículos 22 tercer párrafo; 22 bis fracción I; 41, y 116, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con lo cual se impulsa y apoya la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental.
Las reformas consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente, por lo que la reforma incluye al financiamiento de programas, proyectos, estudios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Se consideran prioritarias, las actividades relacionadas con la investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía, lo anterior para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación.
El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.
Finalmente se instituye que para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán entre otros a quienes realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de establecimientos tipo inspección federal.
La Minuta aprueba la adición de un nuevo Capítulo IV, al Título Undécimo de la Ley; se reforma el artículo 134, y se adiciona una nueva fracción III y un último párrafo al artículo 139, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Las comisiones dictaminadoras aprueban en sus términos las reformas que propone la Minuta y reconocen que son congruentes con la políticas públicas del ejecutivo Federal, dando cuenta de los aspectos importantes en materia comercial, de sanidad e inocuidad de recursos pesqueros y acuícolas.
Se argumenta que con las reformas se incorpora al marco regulatorio pesquero y acuícola el esquema de certificación Tipo Inspección Federal (TIF) y para ello se aprueba la adición del capítulo IV Establecimientos Tipo Inspección Federal de Recursos Pesqueros y Recursos Acuícolas, con el cual se incorpora una serie de conceptos, entre ellos los de Buenas prácticas de manufactura; Cadena de valor; certificación de buenas prácticas; Establecimientos Tipo Inspección Federal; Procesamiento Primario; Trazabilidad y TIF.
Con las reformas que se aprueban se establecen las bases legales para el desarrollo reglamentario y normativo técnico de las condiciones, requisitos y medidas necesarias para la implementación de un sistema de establecimientos TIF de recursos pesqueros y acuícolas que comprenda instalaciones de embarcaciones de captura; barcos-fábrica; zonas de producción de maricultura; granjas acuícolas y demás infraestructuras en donde se capturen, extraigan, recolecten, siembren, produzcan, críen, engorden, acondicionen, procesen, corten, apliquen apertización, envasen, empaquen, refrigeren, congelen o industrialicen recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, con fines de transporte y venta en el país o para exportación, que responda a esquemas de sanidad, calidad e inocuidad de sus productos.
Finalmente, entre sus objetivos establece las bases legales de aplicación a los establecimientos TIF, mismas que están diseñadas para que en su desarrollo se regulen a través de normas oficiales mexicanas focalizadas a cada producto y a cada proceso mediante las especificaciones de prácticas que preserven la sanidad, inocuidad, calidad y seguridad a este tipo de establecimientos; brindando con ello la seguridad jurídica a quienes obtengan la certificación TIF, que tendrá validez y surtirá sus efectos en todo el país y no serán objeto de inspección y resello por autoridad diversa en esta materia.
Proyectos a Discusión:
Uno, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el que contiene proyecto de decreto para reformar los artículos 118 numeral 2, inciso c) y 119 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 175 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, EN SU NUMERAL 2, EL ASUNTO SE SOMETIÓ DIRECTAMENTE AL PLENO.
INTERVINO EL SEN. ARMANDO CONTRERAS CASTILLO, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN
El dictamen aprueba la reforma de los artículos 118 numeral 2, inciso c) y 119 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que cambia la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Con la reforma a la Ley la Mesa Directiva estará integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios; de estos últimos, dos deberán ser diputados y dos senadores. A su vez con la reforma se establece que el Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos para el primer periodo de receso, entre los diputados, y para el segundo periodo de entre los senadores.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, hecho en Los Cabos el 20 de febrero de 2012.
EL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ PRESENTÓ MOCIÓN SUSPENSIVA A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA CUAL SE RECHAZÓ A DISCUSIÓN.
ROSARIO GREEN MACÍAS, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTARLO.
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Salud y reforma del Código Federal de Procedimientos Penales.
EL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
PARA REFERIRSE A ELLA, INTERVINIERON LOS SENADORES:
TOMÁS TORRES MERCADO, PVEM.
NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA DEL SEN. GÓMEZ. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS.
EL PROYECTO DE DECRETO SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
El dictamen a la Minuta, plantea diversas modificaciones por parte de las dictaminadoras, por lo que se plantea su devolución a la colegisladora para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución.
Se propone la reforma del primer párrafo y se adiciona los párrafos segundo, con las fracciones I, II y III, y tercero al artículo 464 de la Ley General de Salud. Por otra parte, se reforma la fracción XV del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
A partir de las consideraciones, las dictaminadoras señalan que la propuesta contenida en la Minuta en relación con la reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se encuentran comprendidos en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que consideran que la reforma a la que se alude conducirá al desequilibrio del orden jurídico.
Por otra parte, consideran que agravar la penalidad prevista en la Ley General de Salud, para los delitos que se invocan, resulta inaceptable por la severidad en el castigo que se presentaría con su inclusión.
Resuelven en consecuencia que no son atendibles las reformas que incluyen los delitos previstos en el artículo 464 de la Ley General de Salud dentro del catalogo de los delitos que se califican como graves, ni su inserción entre los supuestos que permite investigar, perseguir y procesar a sus autores como miembros de la delincuencia organizada.
Finalmente, las dictaminadoras rechazan la adición de una fracción VIII en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por considerarla inconstitucional.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones y programas implementados para eliminar la discriminación a los pueblos y comunidades indígenas y fortalecer e incrementar el número de defensores de oficio, asesores, traductores e intérpretes bilingües que asistan a los indígenas en los procesos en los que sean parte.
De la Comisión de Cultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al gobierno del estado de Guanajuato y al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, a otorgar los recursos presupuestales necesarios para que se pueda llevar a cabo el Festival Internacional de Cine Guanajuato 2012, en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato capital.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo que solicita a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario evaluar un esquema alternativo de BASILEA lll bajo el principio de reglamentación diferenciada en función de los activos y el poder de dominancia de las instituciones del sector bancario en México.
De la Comisión de Desarrollo Municipal, el que contiene punto de acuerdo que desecha la proposición que exhortaba a las autoridades del ayuntamiento del municipio del Carmen, Campeche, a abstenerse de realizar actos que lesionaran los derechos políticos y partidarios de los ciudadanos de dicho municipio.
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo relativo al registro de nacimiento de las niñas, niños y adolescentes de las poblaciones más vulnerables del país.
De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Francisco Alcibíades García Lizardi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar las medidas presupuestarias y operativas necesarias para continuar y concluir a la brevedad el tramo carretero Cardel-Poza Rica, en el estado de Veracruz.
Del Sen. Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo relativo a los fondos municipales fronterizos para atender a la población migrante.
Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, a realizar una amplia consulta sobre la iniciativa de Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas.
De los Senadores Andrés Galván Rivas, Armando Contreras Castillo y María Serrano Serrano, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, en relación con el proyecto que crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, presentado el 24 de noviembre de 2011.
LA PRESIDENCIA EMITIÓ EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
De la Sen. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional del Niño de la Calle.