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Timestamp: 2020-06-03 05:44:16
Document Index: 246109328

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 155', 'artículo 508', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27']

Recortes de Prensa Martes 2 Septiembre 2008
ARTURO PÉREZ-REVERTE XLSemanal www.capitanalatriste.com 2 Septiembre 2008
J. M. RUIZ SOROA El Correo 2 Septiembre 2008
Tiene algún sentido la proclamación de nuestro lehendakari de que «llevará a Europa» el asunto del derecho de decisión de los vascos? Para responder a esta pregunta es preciso en primer lugar aclarar a qué se está refiriendo con el calificativo de 'europeo', pues existe cierta confusión pública en torno a su alcance.
En efecto, el recurso que anuncia Ibarretxe («denuncia» lo llama él) no se dirige hacia la Unión Europea (una institución eminentemente política), sino que persiste en la vía de juridificar la discusión sobre el lugar donde reside la soberanía, pues de eso y no de otra cosa trata la 'Ley de Consulta'. En tal sentido menciona claramente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como foro al que se recurrirá contra la más que previsible y segura decisión del Tribunal Constitucional de no alzar la suspensión de aquella ley en tanto delibera sobre su constitucionalidad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue creado por el Convenio del Consejo de Europa en 1949 y no tiene relación ninguna con la Unión Europea. La lista de Estados miembros del Consejo de Europa (cuarenta y ocho) es mucho más amplia que la de los veintisiete que forman la Unión, e incluye a otros como Rusia, Georgia, Noruega, Ucrania, Turquía o Andorra, que no son parte de ésta. El Tribunal se limita a enjuiciar la posible violación de los derechos humanos reconocidos en el propio Convenio que lo creó, así como en sus protocolos modificativos y, en caso de que algún Estado los haya violado, lo declara así. El gran paso adelante que supuso este Tribunal para la efectiva protección de los derechos humanos consistió en permitir a los particulares el recurso a una instancia supranacional en contra de, precisamente, sus propios Estados.
El recurso al Tribunal en el caso cierto de que el Constitucional no permita la consulta vasca estaba condenado al fracaso desde su mismo planteamiento. Lo mismo iba a suceder si lo que se recurría era sólo la suspensión cautelar de dicha ley en tanto el Constitucional decidía sobre el fondo. Y ello por una razón, porque sólo las personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares están legitimadas para recurrir ante el Tribunal, nunca un gobierno o un parlamento regional. Precisamente por ello, y para esquivar esta terminante restricción, el equipo de gobierno vasco ha discurrido la curiosa argucia de que el recurso lo planteen individualmente los ciudadanos afectados que lo deseen, empezando por los propios miembros del Gobierno, que lo harán a título personal y nos animarán a hacerlo a todos. La treta, sin duda, dará que hablar en Estrasburgo: todo un presidente de un Gobierno regional y sus consejeros al completo recurriendo como si fueran ciudadanos de a pie (aunque usando fondos públicos). Insólito. Seguimos marcando entradas en el libro Guinness.
Pero, aún así, y llegamos entonces al segundo escollo imposible de superar, ¿qué derecho de los del Convenio podrían invocar estos ciudadanos como infringido? El lehendakari ha mencionado como lesionados los derechos de libertad de conciencia, de expresión y de asociación, pero sólo una mente calenturienta puede considerarlos como relacionados con el asunto de que se trata. Porque de lo que se trata es del derecho de participación política de la ciudadanía, y sobre este derecho el Convenio es muy claro: los ciudadanos tienen derecho a participar en elecciones libres, secretas y periódicas para elegir a sus representantes en el órgano legislativo, nada más (Protocolo núm. 1). La participación política de los ciudadanos está garantizada como derecho fundamental, sí, pero el Convenio Europeo no recoge ni menciona como derecho protegido el concreto cauce de participación política por vía de referéndum o consulta plebiscitaria (que sólo existe en tanto en cuanto lo admita la legislación de cada país y dentro de sus límites), sino sólo el de participar en elecciones libres a efectos de designar a los representantes parlamentarios (derecho a participar 'eligiendo', no 'decidiendo').
Dicho en romance paladino: no hay ningún derecho humano implicado en la cuestión de admitir o no las consultas populares, sino que cada país es muy libre de regular como desee, y como su propia experiencia le aconseje, el uso de los referendos. Incluso de prohibirlos en absoluto, como algún país europeo democrático ha hecho.
Pretender que el Tribunal de Estrasburgo reconozca que existe un derecho a la participación política popular que va más allá de la participación en elecciones libres y secretas, y que incluiría nada menos que el derecho de cualquier ciudadano a ser consultado sobre las cuestiones que considere importantes y en los términos en que lo desee, al margen de lo que establezca la Constitución del propio Estado, es una esfuerzo tan absurdo como estéril. El Tribunal no puede sino aplicar su propio texto regulador, y un tal derecho no está en ese texto. Lo cual es lógico, pues se trata de un derecho que sólo existe en la mente de los nacionalistas, como lo demuestra el hecho de que ninguna Constitución democrática europea lo menciona.
Cabe concluir, por ello, que la vía de Estrasburgo sólo generará un nuevo y lamentable rechazo. Un rechazo que, indirectamente, convalidará al del propio Tribunal Constitucional y convertirá en humo la tan cacareada 'parcialidad' de este Tribunal a favor del Gobierno español. ¿O dirán también que los jueces europeos están mediatizados por Madrid?
Es obvio que los nacionalistas saben todo esto mejor que este cronista (aunque sea sólo porque llevan meses estudiándolo) y que dan por descontado su fracaso en Estrasburgo. Así las cosas, cabe una sola explicación de su conducta: la esperanza de que el Tribunal Europeo se demore y no decida sobre la inadmisión del recurso hasta una vez pasadas las elecciones, de forma que durante la campaña electoral puedan los nacionalistas seguir estirando el chicle del argumento, y puedan seguir hablando de los socialistas y de las instituciones estatales en general como 'los que ponen un bozal al pueblo'.
Conducta esta que nos trae a las mientes lo que la práctica forense española conoce desde antiguo como las 'querellas catalanas', que no consisten sino en recurrir a denunciar hechos criminales ante la justicia con el único objetivo de dilatar, retrasar y entorpecer el curso ordinario de un asunto ante los tribunales. Aunque estas querellas se formulan en términos altisonantes y siempre hablan de serios delitos, su única finalidad es la más rastrera de embrollar los casos judiciales. Esta clase de querellante sabe de sobra que carece de razón y de esperanza, pero no le importa. Su acción es una mera argucia táctica para dilatar un proceso, un caso típico de uso desviado del derecho.
No deja de ser lamentable ver cómo nuestros gobernantes caen al nivel de los querulantes profesionales y se convierten en practicantes de esta clase de querellas. Pero qué le vamos a hacer, a esta ínfima altura ha llegado la práctica política entre nosotros.
Le parece una Constitución muy rígida, lo cual denota una incultura abismal. Está ansioso por hacer su reforma, pero sin contar con la mitad de España, con el mismo espíritu de desprecio a la derecha que Azaña.
Luis Hernández Arroyo Libertad Digital 2 Septiembre 2008
Zapatero ha concedido una entrevista a El Mundo, en el marco de la serie "Chequeo a 30 años de democracia". Es la más importante, sin duda, pues en ella, bajo la aparente banalidad, se destapa el verdadero ZP, si es que tal cosa, como entidad, existe. Porque efectivamente es difícil saber qué se esconde detrás de ese personaje, salvo su capacidad renovada de adaptación para mantenerse en el poder. Paso a citar las palabras más anodinas, pero reveladoras en grado sumo, de de la entrevista:
La Constitución se puede reformar, y aunque la arquitectura esencial de la misma (sic) ha sido un éxito, 30 años después sería conveniente mejorarla y reformarla. ¿Cuál es el problema? Pues que el constituyente fue extraordinariamente precavido a la hora de establecer el método de reforma y es una constitución muy rígida. Exige trámites y mayorías muy difíciles de conseguir, y por eso no se ha reformado. Dicho esto, algún día se reformará, y eso lo verá nuestra generación. Estoy convencido de ello.
¿Qué sabrá éste de constitucionalismo?, cabe preguntarse ante la "insoportable levedad del ser" del que habla con tanta alegría como desconocimiento. ¿Han de ser las constituciones flexibles, "insoportablemente leves", para que cuando llegue un Nerón al Gobierno la moldee a su capricho? Parece que no, puesto que él ha puesto la Constitución y el Estado patas arriba, sin necesidad de "método".
ZP ha dinamitado la Constitución por atrás, a traición, para que ningún guardián de la misma pudiera oponerse. Por si acaso, ha cambiado la composición de los guardianes –magistratura– y estos son los primeros ahora en perderla el respeto. Entonces, ¿por qué ese ansia de cambio?
Yo pensaba que las constituciones son pactos con vocación fundacional, y por ello perdurable, aunque siempre haya una vía de reforma. Pero las que han permanecido es porque se han solemnizado con toda la gravedad que requiere su carácter fundacional. La Constitución americana, por ejemplo, no creo que haya durado casi doscientos cincuenta años por sus enmiendas (que, por cierto, no son intentos de reforma, sino de consolidación), sino por la voluntad de las partes de respetarla. El intento de romperla por los confederados del sur fue Casus Belli, pues la Nación y la Unión son sagradas.
Por otra parte, las dificultades que encuentra en las posibles reformas hablan muy poco bien de sus intenciones, pues si éstas fueran razonables –como reforzar la Constitución frente a los separatistas– encontraría el apoyo del PP. Este es un panorama inverosímil, pero en un país en crisis lo normal sería la unión de los partidos nacionales. Desde luego que la Constitución necesita una reforma, pero de consolidación, de barrido de sus debilidades, que los nacionalistas catalanes y vascos nos han ayudado a comprender.
Una vez más, Zapatero muestra su desprecio, sino su rencor, por la Transición española. No quiere consolidar los 30 años de democracia, por el contrario. Le parece una Constitución muy rígida, lo cual denota una incultura abismal. Está ansioso por hacer su reforma, pero sin contar con la mitad de España, con el mismo espíritu de desprecio a la derecha que Azaña. Cuando expresa su convencimiento de que antes de una generación se reformará, sus palabras suenan a proféticas (de hecho, usa un rebuscado tono bíblico), y lo pueden ser en un sentido bien lúgubre.
La educación va de culo
Daniel Martín Estrella Digital 2 Septiembre 2008
La Comunidad de Madrid, que para algo debe servir, decidió desmarcarse del resto de Europa al no las pruebas del informe PISA sobre el nivel de estudios escolares. Esta decisión, que debe tener sus motivos, llevó aparejada la realización de unos exámenes propios cuyos resultados se conocieron el pasado viernes. Los estudiantes madrileños de 3º de la ESO —antiguo 1º de BUP— sacaron un 5,87 en la prueba de Lengua y un 3,64 en la de Matemáticas. Y eso que el examen lo hicieron los mismos que querían fardar de independencia y calidad en la enseñanza.
Lo curioso de este asunto es que estos nuevos resultados demuestran lo que muchos venimos diciendo desde hace tiempo: nuestro sistema educativo no funciona. Si a eso unimos el clima social de relajación moral donde los valores humanos son tan solo un estorbo que se opone al hedonismo al que se entregan muchos de los adolescentes españoles, nos encontramos con una situación realmente desesperada. De ahí que sea necesario un análisis de los resultados de las pruebas y de todo el entorno educativo:
* Los niños actuales no aprenden matemáticas y eso nos coloca entre los países atrasados según las reglas mínimas de alfabetización de la UNESCO. El problema estriba fundamentalmente en que a los alumnos no se les hace trabajar la memoria —nada de tablas— y el razonamiento abstracto apenas se trabaja en los primeros años de escolarización. Un chaval de doce años tiene verdaderos problemas para aplicar a la realidad el teorema de Pitágoras. Asimismo, la nula exigencia para con los chavales hace que estos apenas se esfuercen cuando se les atraganta alguna asignatura. Con la nueva ley, podrán incluso llegar a Bachillerato sin necesidad de ir aprobando las matemáticas.
* En cuanto a la lengua, el resultado de la prueba de Madrid es más que mediocre, por mucho que digan los responsables de Educación de la Comunidad. El examen estaba “chupao” y aún así no se ha llegado a una calificación media de bien. El problema es que la asignatura, además de compartir horario con Literatura, ha sido sustraída por lingüistas, filólogos y gramáticos estructuralistas que la deforman y alejan del idioma o “sentido común” del que hablaba Unamuno. Los alumnos son incapaces de entender muchas de las reglas técnicas y científicas que escapan a la lógica consustancial al lenguaje verbal. Por otro lado, los problemas terminológicos, donde el complemento de régimen de aquí es suplemento allá, y el determinante de allí es adjetivo determinativo acá, sólo sirven para confundir aún más a los alumnos. La lengua se ha convertido en una asignatura técnica que no ayuda a que los alumnos aprendan a leer, escribir, comprender, opinar, argumentar y, sobre todo, pensar.
* En la mayoría de los colegios de Madrid no se dan cinco horas semanales de Matemáticas y Lengua. Es cierto que gozan de gran ventaja sobre los catalanes, que apenas dan nada de castellano. Pero estas dos asignaturas, junto a las clásicas Naturales y Sociales, son las básicas en cualquier sistema educativo, muy por encima de Plástica, Música, Educación Física, Religión, Tecnología o Educación para la ciudadanía. Si seguimos dando la misma importancia a todas estas asignaturas, vestiremos muy bien a unos chavales de mente fofa y escasamente crítica, poco o nada apta para cumplir con los deberes de un ciudadano responsable.
* El principal problema del actual sistema educativo es que huye del rigor, la disciplina y la excelencia. Se deben exigir unos contenidos mínimos ambiciosos, imponer otra vez unas reglas disciplinarias que enseñen comportamientos respetuosos y éticos, y se debe premiar a los mejores al tiempo que hay que apoyar y ayudar a superarse a los que tengan mayores problemas con las asignaturas.
* Todo esto será agua de borrajas mientras la Educación sea una competencia autonómica. Debe ser el Estado el que controle, cuando menos, los programas educativos para garantizar y exigir que todos los niños de España compartan unos conocimientos mínimos, tanto en lo matemático y lingüístico como en lo relacionado con la historia, la ciencia, la geografía y la filosofía.
* Por otro lado, mientras los políticos continúen preocupados tan solo en los sistemas de concierto, los itinerarios, la especialización yerma del profesorado y demás zarandajas, la educación como tal continuará en unos mínimos que perjudican, y mucho, a los actuales escolares.
Cada vez que se publican los resultados de los estudiantes de secundaria de cualquier comunidad autónoma saltan las alarmas, pero nunca se hace nada. Al hablar con cualquier profesor universitario, su desánimo por la escasa base de los alumnos es enorme. Nos estamos convirtiendo en un país de analfabetos, pero los mandamases siguen empeñados en dar preferencia a la enseñanza de idiomas minoritarios, los afluentes del Pisueña o qué demonios es un sintagma adverbial. Así nos va, y peor que nos irá.
Joan Valls Libertad Digital 2 Septiembre 2008
Si Ibarretxe tuviera la certeza de que la celebración de su referendum ilegal iba a acarrearle consecuencias penales y la inmediata suspensión de la autonomía a su comunidad, otro gallo cantaría. Zapatero, sin embargo,ha evitado al lehendakari esa certeza
EDITORIAL Libertad Digital 2 Septiembre 2008
La Constitución es muy clara al señalar, en su artículo 149.1.32, que el "Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Un texto tan claro como la disposición de Ibarretxe de saltársela a la torera con la celebración de un referéndum soberanista que no sólo viola en la forma este requisito constitucional, sino que además atenta en el fondo contra el pilar básico de nuestra Carta Magna, como es la soberanía y unidad de la nación española.
Tampoco le importa a Ibarretxe la posibilidad de suspensión de la autonomía que "no cumpliera con las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan", que claramente se desprende del artículo 155.1 de la Constitución y que autoriza al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones". Tampoco le preocupa nada a Ibarretxe que el Código Penal, anterior a la derogada reforma de Aznar destinada a endurecer –no a instaurar– las penas contra la celebración de referéndums ilegales, ya señalara, en la sección dedicada a la "usurpación de atribuciones" y en su artículo 508, que "la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años". A Ibarretxe no le preocupa nada de esto, por la sencilla razón de que el Gobierno de Zapatero le ha evitado tener que afrontar las consecuencias políticas y penales que debía tener la comisión de sus ilegales intenciones. Si Ibarretxe tuviera la certeza de que la celebración de su referéndum le iba a acarrear consecuencias penales y la inmediata suspensión de la autonomía a su comunidad, otro gallo cantaría.
Ibarretxe sabe, sin embargo, que se "enfrenta" a un Gobierno débil y nihilista, al que le basta con que el referéndum ilegal no tenga las consecuencias jurídicas que pretenden sus convocantes. Sabe, incluso, que Zapatero está dispuesto a llegar a un acuerdo con ellos para que las llegue a tener, de forma maquillada y como si de una reforma estatutaria se tratara.
Sin llegar a esos extremos, la actitud del Gobierno de Zapatero, al no utilizar todos los mecanismos que le asisten en Derecho para impedir la celebración de ese desafío al Estado, ya es de por sí de una absoluta irresponsabilidad. La existencia de un delito –y la celebración de un referéndum ilegal lo es– no depende de que quienes lo perpetran obtengan o no los beneficios esperados. Además, por mucho que ese ilegal referéndum-trampa no tenga consecuencias jurídicas deseables para los nacionalistas, eso no quiere decir que no las vaya a tener políticas. Los resultados de este referéndum amañado y contrario a la Ley bien pueden ser utilizados por los nacionalistas para desestabilizar políticamente al Estado, alimentar su injustificado victimismo y presionar en pro de una "reforma" soberanista del Estatuto. En cualquier caso, a la vista está que el Gobierno de Zapatero no sólo no disuade a Ibarretxe, sino que este se permite, en el colmo de la desfachatez, demandar al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo. Como las instituciones vascas forman parte del Estado demandado, Ibarretxe ha incitado a los ciudadanos vascos a hacerlo a partir del 17 de septiembre por "violación del convenio europeo de Derechos Humanos y Libertades".
La actitud envalentonada y desafiante de Ibarretxe es consecuencia directa de esa pusilanimidad cómplice del Gobierno de Zapatero, que ya ha dado muestras de no tener empacho a la hora de tener a los separatistas de compañeros de viaje. Lamentablemente, en poco se está diferenciando del Gobierno la actitud de un Partido Popular al que sólo la crisis de carácter estrictamente económica parece preocuparle. Y es que la obsesión por no ser más antipático ante los nacionalistas que el Gobierno, o por no ser tildados de crispadores, está neutralizando a marchas forzadas al Partido Popular como dique de contención ante una crisis que empezó –y no ha dejado de ser– de índole nacional.
De fronteras y naciones sin Estado
Alberto Piris Estrella Digital 2 Septiembre 2008
En la próxima sesión de otoño de la Asamblea General de Naciones Unidas, Serbia cursará una petición formal para que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la independencia de Kosovo, cuya separación de la República Serbia se efectuó unilateralmente en febrero pasado. Contra lo que algunos han afirmado, Kosovo nunca fue una república autónoma de Yugoslavia, sino una provincia de Serbia, con distintos grados de autonomía en función de la política seguida en cada momento por el Gobierno de Belgrado. Así pues, la recién creada República de Kosovo, todavía no reconocida por muchos países (entre ellos, España), es el ejemplo más reciente de una nación sin Estado, que se dota de él gracias a la intervención extranjera y a la acción de las armas propias y ajenas. Entre estas últimas destacan las de la OTAN, que en 1999 bombardeó Serbia sin muchas contemplaciones.
Conviene insistir en la variabilidad de las decisiones tomadas por Belgrado a lo largo de la historia y su influencia en la conformación del nuevo Estado. Durante el régimen dictatorial de Tito, Kosovo fue primero una región autónoma y luego una provincia autónoma dentro de Serbia, que a su vez era una de las repúblicas constitutivas de Yugoslavia. Los habitantes de Kosovo tuvieron muy poco que opinar al respecto en ninguna de esas transformaciones.
No muy distintas vicisitudes han afectado a los osetios. Aquí fueron los caprichos del georgiano Stalin los que convirtieron a Osetia del Sur en una región autónoma de la entonces República Socialista Soviética de Georgia, retrazando arbitrariamente las fronteras que la delimitaban, sin demasiada preocupación por los pueblos afectados por tales decisiones y dividiendo a los osetios en dos territorios situados uno al norte y otro al sur del Cáucaso.
Por otra parte, el mismo Stalin fue quien en 1945, para castigar a la nación tártara de Crimea, a la que acusó de colaborar con el invasor alemán, convirtió lo que hasta entonces había sido la República Autónoma de Crimea, parte de la URSS, en una simple provincia (oblast) autónoma, que luego fue entregada a la República Socialista Soviética de Ucrania, mientras los tártaros eran brutalmente desterrados al Asia Central. Cuando Ucrania se independizó, tras descomponerse la URSS, Crimea se convirtió en una república autónoma dentro de una Ucrania independiente, pero las semillas del conflicto estaban ya sembradas.
No es de extrañar que el principal resultado de esas transformaciones, que afectaron a muy distintos grupos étnicos, sea la creación de un océano de conflictos de muy difícil navegación. Lejos de ser conflictos “congelados”, como se les denominaba durante la Guerra Fría, están hoy vivos y prestos a estallar. Si encima de todo, como acaba de hacer el presidente georgiano, se recurre irreflexivamente a las armas, en un vano intento de arreglo, su agravamiento es inevitable.
¿Qué ocurrirá ahora? Si el TIJ dictamina que los dos millones de kosovares pueden declararse independientes contra la voluntad de Serbia, se sentará un claro precedente en el que fácilmente se apoyará la voluntad secesionista de osetios y abjasios. Otros pueblos y territorios marcharán por el mismo camino, como los kurdos o los serbo-bosnios. La lista de posibles reivindicaciones no termina ahí y puede acabar afectando a muchos Estados.
Por otra parte, si el citado tribunal estableciese la ilegalidad de la independencia kosovar, nadie duda de que ésta es ya irreversible: habiendo reconocido al nuevo Estado países como EEUU, Alemania, Francia, el Reino Unido y la gran mayoría de los miembros de la OTAN, la sentencia sería un simple papel mojado. Al fin y al cabo es lo mismo que ocurrió cuando el TIJ exigió a EEUU en 1984 que cesase su ayuda a la “contra” nicaragüense, declarando ilegal la intervención estadounidense. También el pueblo saharaui lleva 33 años esperando ejercitar su derecho a la autodeterminación, avalado por el TIJ, frente a la negativa de Marruecos, que ocupa el territorio y está apoyado por la mayoría de los países occidentales.
Esto es así porque, en definitiva, por encima de los dictámenes de la Justicia Internacional lo que importa en el sórdido mundo de la realpolitik es tener los amigos adecuados en los momentos convenientes. Por amigos adecuados se entiende países aliados, bien armados y capaces de intervenir militarmente, con intereses compatibles y dispuestos a cobrarse su apoyo con ventajas en otros terrenos. Y los momentos convenientes son aquellos en los que están en juego valores importantes como la soberanía, el acceso a recursos necesarios o la conservación del poder por las oligarquías locales. Ésta es la fórmula aplicada en Kosovo y que hoy se refleja en Osetia y Abjasia, para irritación y desconcierto de quienes sólo dividen el mundo en buenos y malos, permitiéndoselo todo a aquéllos y negándoselo siempre a éstos.
Si Kosovo encontró en la OTAN y en EEUU el amigo necesario para sus propósitos, Osetia y Abjasia lo tienen hoy en Rusia. De ahí la templanza de la Unión Europea, que rehúsa iniciar una absurda carrera de sanciones contra Moscú, para la que dudosamente tendría la razón de la fuerza, pero carecería totalmente de la fuerza de la razón.
En la España de Zapatero hay cosas peores que los separatistas. Por ejemplo sus imitadores, compañeros de viaje, acomplejados y socios en otros partidos y regiones.
Pascual Tamburri elsemanaldigital 2 Septiembre 2008
Hoy corresponde felicitar al Gobierno de La Rioja y en especial a su presidente Pedro Sanz. Es la primera Comunidad Autónoma que, según se ha conocido este lunes, ha legalizado plenamente la objeción de conciencia frente a la Educación para la Ciudadanía. Un desarrollo plenamente legal y legítimo de sus competencias transferidas, y además un ejemplo de cómo se pueden promover desde las instituciones los principios básicos de todo el centroderecha español.
En efecto, sin afirmar el valor esencial de la familia y sin afirmar el principio de subsidiariedad (que es de Derecho natural, no confesional en sí mismo) no sé de qué derecha estaríamos hablando. ¿Será eso el centro? Correspondería en todo caso, además de dar la enhorabuena al Sanz riojano, recordar a todos los demás presidentes de Comunidades de centroderecha que es posible hacer lo que desde hoy se hace en Logroño. No se hunde el mundo y la izquierda va a seros hostil hagáis lo que hagáis. Así que haced lo que debéis, que para eso os pagan (diría un liberal) y para eso os votan (diría un demócrata) .
La tentación nacionalista, un peligro siempre grave
Pero no todo el monte es orégano. El Gobierno de La Rioja lleva diez años patrocinando un programa llamado "Volver a las raíces" para que descendientes de riojanos que emigraron puedan conocer la tierra de sus mayores. Nada malo hasta ahí. Ahora bien, este año anuncian un giro para hacer "especial hincapié en el conjunto de saberes, costumbres y tradiciones que conforman el acervo cultural del pueblo riojano y forjan la identidad riojana". Así que los jóvenes participantes realizarán un "Máster sobre la Rioja", a base de historia, geografía, economía, cultura, gastronomía y cómo no vinos.
Las autoridades riojanas venden esto como un "máster en riojanismo" para "volver a las raíces". ¿He dicho riojanismo? Pues sí, la tentación de la boina se extiende.
Desde la Transición hay en casi todas las regiones, nuevas o viejas, grupos políticos dedicados a la exaltación de lo local. Nada en principio insano, si se limita a promover en tono positivo lo que cada lugar o provincia tiene que ofrecer; algo tentador y peligroso si se convierte, ay, en afirmación de una identidad diferenciada. ¿Afirmación frente a qué y diferenciada de quién? Lamentablemente al final, demasiado a menudo, de España.
No todo regionalismo es malo, porque España es naturalmente variada. Pero la tentación cómoda para una parte del centroderecha es tratar de aferrarse al poder regional cultivando el orgullo atávico, o inventándolo en su caso. Refugiarse en la exaltación del propio ombligo fue en los dos siglos pasados la peor costumbre de la política conservadora española, oscilante entre la frustración legitimista y los negocietes caciquiles.
Todo "ismo" regional tiene hoy como meta y riesgo convertirse en un nacionalismo o en una copia vulgar de tipo napartarra. Pedro Sanz gobierna bien La Rioja, vieja tierra pamplonesa y luego -¡desde hace mil años, y más en ciertas comarcas!- castellana. Por y para España, que renuncie a esa tentación peligrosa para todos. Si no dentro de unos años le tocará lidiar con ganaderías como la de los maestrillos poco letrados que en algunos pueblos a este lado del Ebro aún predican sentenciosos sobre una "merindad de Ultrapuertos" que nunca existió. Y lo que está en juego no es sólo nuestra verdadera identidad, antes española que regional, sino nuestra misma libertad.
Vicente A.C.M. Periodista Digital 2 Septiembre 2008
¿No es hora ya de que el CGPJ ejerza su autoridad con el juez D. Baltasar Garzón para que se dedique a lo que es su trabajo? La nueva ocurrencia de este juez no puede quedar en una mera anécdota de su excentricidad y de su afán por ser el protagonista mediático de una judicatura en franca descomposición. Actuaciones como las de este juez empañan la de todo un colectivo que se afana por cumplir con su deber de una manera callada y humilde y con los escasos medios de los que disponen.
Es evidente que el juez Sr.Garzón debería aplicarse en resolver todos los asuntos pendientes que llenan su despacho, sobre todo aquellos que más alarma social han creado, como por ejemplo el caso del “chivatazo” que hizo que fracasara una operación policial contra el complejo financiero de ETA. O que siguiera con el tema de la ilegalización de ANV y el PCTV. En suma con aquellos casos en los que sí tiene “competencia” y no en los que claramente solo se entromete por razones difíciles de explicar.
La tardanza excesiva en la resolución de estos casos no es admisible y si el juez Garzón no es capaz de haberlos encauzado, ni tiene voluntad de querer avanzar en ellos, es hora de que Instancias superiores decidan si no sería conveniente que esos casos fueran transferidos a otros jueces, como el juez Grande Marlaska, que ha dado sobradas muestras de su mayor diligencia y “celo profesional”. Parece que el juez D. Baltasar Garzón tiene otras preocupaciones y miras profesionales o personales, inclusive haciendo caso omiso a la legislación actual. El caso de intentar esclarecer las desapariciones durante un determinado periodo de la guerra civil y posguerra, pero limitadas también a una facción contendiente, es inmoral, ilegal y está fuera de sus competencias.
La Audiencia Nacional está pasando por una fase de total descrédito y todo porque muchas de las últimas actuaciones de sus jueces “estrella” se estrellan contra toda lógica e incurren directamente en lo absurdo y en la interpretación discrecional de la Ley. Y si no son los propios jueces quienes pongan coto a estas descabelladas actuaciones, entonces deberá ser el Gobierno a través de su Ministro de Justicia o de la Fiscalía General quienes tomen la responsabilidad de limitarlas y ponerles fin.
Creo que la sociedad española, o al menos muchos ciudadanos ni quieren, ni están dispuestos a que crispadores ensoberbecidos por sus togas y poder vengan a remover en un pasado que todos decidimos perdonar y olvidar en ambos bandos. La Ley de Amnistía de 1977 y la nueva Constitución de España de 1978 marcaron el inicio de un nuevo libro de convivencia nacional. Dejemos que los muertos descansen en paz y dejemos que los vivos sigamos en paz.
PPdeG, PSOE y BNG (2ª parte)
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 2 Septiembre 2008
El tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias fundó en Madrid, el 2 de mayo de 1879, el Partido Socialista Obrero Español. Como partido "obrero", sólo es superado en antigüedad por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), fundado en 1863. Hasta 1979, el PSOE fue un partido marxista que tenía como objetivo derribar la "dictadura de la burguesía" e instaurar la "dictadura del proletariado", cuyo resultado hemos visto en la inevitable caída y descomposición de la URSS. En 1979 el PSOE abandona las tesis marxistas de la mano de Felipe González, entonces su secretario general, que sufrió duras críticas por ello.
En la actualidad el PSOE ha dejado de ser un partido obrero entre otras cosas porque lo que en otros tiempos constituía la "clase obrera" hoy se ha asimilado a la "clase media". Una buena parte de la "clase obrera" (no toda) optaba entonces por la revolución porque no tenía nada que perder y mantenía la esperanza de una utopía igualitaria que en cierto modo alcanzó años más tarde al convertirse en "clase media". Los objetivos de una y otra son muy diferentes: la "clase obrera", verdaderamente desposeída, luchaba por su supervivencia, mientras que la "clase media" se conforma con no perder el estatus adquirido y mejorar en lo posible su nivel de bienestar.
Entre estos dos objetivos, la lucha por la supervivencia y el mantenimiento de cierto nivel de bienestar, media un abismo que creo que es el que hace que el PSOE haya dejado de ser un partido obrero para convertirse en el partido de la progresía, de los artistas millonarios, en el defensor a ultranza del canon de la SGAE y en el adalid de los nuevos ricos que tratan de lavar su mala conciencia autodenominándose "de izquierdas".
Durante el franquismo, la oposición del PSOE brilló por su ausencia. Los socialistas comenzaron a aparecer en las manifestaciones muy tardíamente. Eran como unos advenedizos que parecían haber caído de algún platillo volante. Todos nos preguntábamos: "Estos tíos, ¿de dónde han salido y qué pintan aquí?". La actitud general hacia ellos era una mezcla de desconfianza y cabreo ante lo que no era nada más que la punta de un iceberg llamado Oportunismo.
El antifranquismo del PSOE apenas hizo acto de presencia durante la dictadura, pero sí parece haberse despertado ahora, 33 años después, cuando Franco está bien muerto y las posibilidades de que resucite son mínimas. Sin embargo, el PSOE se las arregló para acaparar y liderar todo el descontento generado durante el franquismo y lo más importante es que logró financiarse a través del SPD alemán, la todopoderosa central obrera estadounidense y canadiense AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), la ultraderecha alemana que veía en el PSOE el mejor freno ante el avance del comunismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Santiago Carrillo (investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid el 20 de octubre de 2005 supongo que por sus "acciones humanitarias" cuando era delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid) le preguntó al ultraderechista Von Brauchitsch, representante del famoso Flick (condenado por el tribunal de Nüremberg como criminal de guerra nazi): "Me supongo que ideológicamente no existe afinidad alguna entre ustedes y el PSOE. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financiasen al PSOE?". El alemán le respondió: "Tratábamos de cerrar el paso al comunismo. Y el partido mejor situado para hacerlo era el PSOE".
Bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero se ha cedido vergonzosamente ante los nazionalismos, se ha pactado con la ETA, varias comunidades se han quedado sin agua, no se ha aclarado la autoría intelectual del brutal atentado del 11-M, se han repartido subvenciones y prebendas a diestro y siniestro entre la progresía, se ha agravado la inmersión lingüística; pero la cruda realidad es que España tiene una tasa de paro del 11%, que está a la cola de los 27 países de la Unión Europea, por detrás incluso de Eslovaquia, que el ciudadano medio lo tiene muy difícil para llegar a fin de mes, y que, en definitiva, España es el país que peor afronta la crisis.
En resumen, outra vaca no millo.
Los empresarios alertan de las graves consecuencias de la política lingüística de la Xunta
La política de inmersión lingüística llevada a cabo por la Xunta de Galicia se ha encontrado con la oposición frontal de los empresarios gallegos. Según informa este martes El Mundo, el Club Financiero Vigo, que engloba a las 350 empresas más importantes del sur de la región, ha alertado de las graves consecuencias económicas que se pueden producir en la comunidad con la política lingüística emprendida por el PSG y el BNG. El comercio, finanzas y el turismo serían los sectores más afectados.
Libertad Digital 2 Septiembre 2008
La agresiva política de inmersión lingüística emprendida por la Xunta de Galicia puede acarrear graves peligros económicos para esta comunidad. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Club Financiero Vigo, organización que engloba a las 350 empresas más importantes del sur de la región, que suman además una facturación de más de 10.000 millones de euros.
En el estudio se alerta del riesgo de la política lingüística emprendida por el Ejecutivo gallego, formado por el Partido Socialista y el BNG. Los sectores más perjudicados son el comercio, las finanzas, el turismo y la formación, entre otros. Sin embargo, una de las medidas más temidas por los empresarios de la comunidad es la nueva ley del comercio que exige la rotulación en gallego así como en los formularios y en toda la información pública, a ejemplo de Cataluña.
Además, otro de los aspectos polémicos es la obligación de atender en gallego y que este idioma sea indispensable para poder optar a un puesto en la Administración. En este sentido, los empresarios han recalcado que todos esto puede afectar a la economía regional en un momento en el que una gran crisis se cierne sobre toda España. Esto es lo que ha obligado al Club Financiero Vigo a elaborar este informe.
Política Lingüística culpabiliza a PP y BNG de una guerra «artificial» de lenguas en Galicia
ANA MARTÍNEZ SANTIAGO ABC 2 Septiembre 2008
La secretaria general de Política Lingüística de la Xunta, Marisol López, intentó sacar los colores a nacionalistas y populares por la, -a su juicio-, poca cintura demostrada por ambos grupos en la engañosa guerra de lenguas de Galicia. Sin nombrarlo directamente, al BNG, socio del PSOE en el gobierno bipartito, le recordó que hablar de «racismo lingüístico» hacia el gallego «no es lo más acertado».
El término lo empleó el vicepresidente y portavoz nacional del Bloque, Anxo Quintana, el pasado 24 de agosto, en la Festa do Gaiteiro de Soutelo de Montes, en Pontevedra. Allí, el alaricano se valió de este calificativo para aclarar que no tolerará la actitud segregacionista de los detractores de la normalización del idioma propio de la comunidad autónoma. En su discurso, reivindicó el papel de la lengua como «espacio de reafirmación de la identidad de Galicia como pueblo después de años de represión», y precisó que en un mundo globalizado «una identidad propia, no es un problema, sino una riqueza y valor añadido; y lo que hacen algunos desde fuera, intentar hablar de la persecución al castellano, es faltar a la verdad».
El tirón de orejas de Marisol López se extendió al PP, partido al que tampoco aludió literalmente. «Si hablar de racismo no es atinado, tampoco lo es decir que el castellano está discriminado», apostilló. La recomendación iba directamente para el presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, que recientemente en una entrevista testimonió que «durante dos décadas, se mantuvo a salvo la convivencia pacífica y cordial de las dos lenguas oficiales, y ahora Galicia está ante el inicio de un conflicto lingüístico que se puede enquistar, y calar en determinadas capas de la sociedad».
«Crean crispación y conflicto»
La secretaria general de Política Lingüística afirmó que las dos posturas (la victimista, y la del alegato de tintes dramáticos en defensa del español) podrían crear «crispación y conflicto». En la misma línea, comentó que la hoja de ruta pasa por «resolver la situación de desigualdad de nuestra lengua, tratando de convencer a la gente; el gallego tiene que dar muchos pasos para llegar al equilibrio lingüístico del castellano, y en eso estamos trabajando, con pequeños avances».
Empleando siempre un tono de mesura, aseguró que «nos quedan muchos espacios por conquistar, pero en cuestión de lenguas hay que ser lo más prudentes posible». Por esta razón, apuntó que tiene en cuenta también las declaraciones realizadas por el presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, Carlos Callón, en las que calificó de «calamitosa» la situación del gallego en Galicia «al incumplirse ostentosamente la normativa en materia de educación lingüística», pero, al mismo tiempo, sostuvo que prefiere «trabajar de forma positiva, y cuando se logre un avance, por pequeño que sea, resaltarlo».
Únicamente, en lo concerniente al incumplimiento de la normativa vigente en materia educativa, afirmó que «le compete a la Consellería de Educación (también del PSOE) dar los datos» y anticipó que, sin embargo, de existir irregularidades, tomará medidas.
Su golpe de autoridad lo dio en el Club Internacional de Prensa, donde presentó la Festa dos Axóuxeres (Fiesta de los Sonajeros), acompañada de la directora artística del espectáculo, Andrea Valle, y de un bebé monicreque conocido como «Totó» cuya misión es animar a padres y niños a transmitir la lengua gallega «en el ámbito de los afectos».
Esta es la segunda edición de esta celebración, que tiene como finalidad prioritaria el engranaje (difusión) del gallego en el seno de la familia, dando cumplimiento a uno de los fines recogidos en el plan de normalización. El montaje llegará a treinta ciudades y villas.
Zapatero y el Principio de Peter
Lorenzo Contreras Estrella Digital 2 Septiembre 2008
Con diferencia de un par de semanas, Rajoy ha dedicado a Zapatero dos calificaciones despectivas. Primero, a mediados de agosto, le llamó “aprendiz de brujo”; luego, a finales de mes, lo catalogó como “bombero pirómano”. En el primer caso, según entrevista concedida por Rajoy a El Correo Gallego, el “aprendiz” lo habría sido, junto con los presidentes de la Xunta de Galicia y la Junta de Andalucía, respectivamente, por “abrir la caja de los truenos” en materia de financiación autonómica. En el segundo momento el líder popular concentra su referencia en la deficiente actitud de aquéllos ante el caso de Cataluña.
El hecho de que Rajoy asocie al presidente gallego Pérez Touriño y a Manuel Chaves a la brujería zapateril, imputándole tales pecados, se basa en las críticas que ambos dirigieron a José Montilla por sus “excesos verbales” cuando éste acusó al Gobierno de incumplir el Estatuto catalán al no respetar el plazo del 9 de agosto para fijar los criterios de financiación. En principio sorprende que Rajoy esté en desacuerdo con los reproches de estos socialistas a su compañero de partido, pero el presidente del PP confiesa estar alarmado por el hecho de que el PSOE de algunas comunidades autónomas y el PSOE catalán estén enzarzados en peleas “que están pagando el conjunto de los españoles”.
Con posterioridad, el “bombero pirómano”, según los términos empleados por Rajoy, lo sería porque, al incumplir sus compromisos respecto a Cataluña y su Estatuto, plantea el dilema de “si cree que las leyes hay que cumplirlas o no”. Ahora, al intentar Zapatero apagar el fuego que él mismo prendió, el metafórico bombero se perfila con la manguera del extintor arrojando gasolina.
Valga traer a colación estos datos recientes y bien conocidos para reforzar la idea de que Zapatero es en la actualidad un político desconcertado, circunstancia demasiado grave, como es obvio, cuando quien sufre el desconcierto es nada menos que el presidente del Ejecutivo. El riesgo de que ese trance y desbarajuste personal le haga especialmente vulnerable a presiones y chantajes políticos de los grupos autonómicos con capacidad para boicotear la aprobación de los presupuestos generales del Estado explica en buena medida la oportuna e incluso oportunista alarma de Mariano Rajoy. Alarma que comparte con alguien tan alejado de sus postulados ideológicos como Joaquín Leguina, cuya reciente acusación a Zapatero por abrir “el melón territorial que no se sabe a dónde nos puede llevar” es otra modalidad metafórica para referirse al peligro que representa el bombero pirómano.
La verdad es que ZP tiene que enfrentarse ahora, cuando comienza el nuevo curso legislativo tras la pausa del verano, con la etapa más difícil de su hasta hace poco relativamente cómodo mandato. Algo que el hombre del talante, que no del talento según va quedando acreditado, no había sabido prever. Esto significa que la crisis que España atraviesa puede ser más grave y peligrosa que la del entorno occidental en el que estamos englobados. Ningún país de ese contexto geográfico y geopolítico sufre como España la dispersión interna de intereses que agudiza el cada día más caótico e insolidario Estado de las Autonomías. Una realidad que de manera eufemística ha definido el ex jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, como “muy desagradable”, cuando comenta, en entrevista concedida al diario ovetense La Nueva España, el comportamiento de los partidos nacionalistas.
Para el antiguo hombre de confianza del Rey, el Estado de las Autonomías “ha sido un problema grave porque aumenta los deseos de independencia y las aspiraciones económicas de cada territorio”. Gran verdad que no todos los observadores reconocen ni todos los responsables políticos consideran, pero que está ahí como la gran hipoteca del futuro de España. Una hipoteca de muy difícil liberación porque, como admite Fernández Campo, el tristemente famoso “café para todos” ha creado el espectro de una desmembración territorial y, por consiguiente, no es una fórmula válida.
Con estos toros va a tener que lidiar Zapatero. Pero un toro que prácticamente ha saltado al callejón y sube por las gradas del tendido que circunda al ruedo ibérico. La destreza del lidiador Zapaterito de León queda sometida a dura prueba. El Principio de Peter le está rondando. En efecto, parece que ha descubierto su nivel de incompetencia.
Castilla-La Mancha recibe la primera sentencia favorable a los objetores a EpC
Los opositores a Educación para la Ciudadanía siguen cosechando triunfos en los tribunales a poco días del inicio del nuevo curso escolar. El último caso ha sido en Castilla-La Mancha donde un Juzgado de Albacete, el primero que se manifiesta en esta comunidad, ha decretado la suspensión cautelar de la asignatura a una familia porque el asistir a esta clase "hubiera podido causar a dichos menores daños calificados como de imposible reparación".
Este es el primer tribunal en Castilla-La Mancha que se pronuncia de forma favorable a los objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. De hecho, el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete ha decretado la suspensión cautelar de cursar esta clase.
Según dice dicho auto, la apariencia de buen derecho concurre en los argumentos de los padres recurrentes “al conocerse por este juzgado la existencia de un número cada vez más elevado de procedimientos que se tramitan en el Estado español, cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución Española”.
En este sentido, el magistrado ha confirmado en sus conclusiones finales la suspensión cautelar y en caso de obtener los padres finalmente una sentencia estimatoria "la obligatoria asistencia, estudio y evaluación de sus hijos menores a las clases en las que se imparten los contenidos de las asignaturas sobre las que se pretende el ejercicio de la objeción de conciencia, ya se habría producido y los daños que se hubieran podido causar a dichos menores necesariamente habrían de ser calificados como de imposible reparación".
Actualmente el movimiento objetor cuenta con 40 sentencias favorables de los tribunales superiores de Andalucía, La Rioja y Aragón, y con más de 70 autos judiciales accediendo a medidas cautelares como las del Juzgado de Albacete, mientras que sólo en Asturias han tenido una sentencia parcialmente desfavorable.
Caridad Navarro, presidenta de CONCAPA de Albacete, ha declarado que “este auto judicial de Albacete es otro espaldarazo más para los padres objetores, que no inventamos nada ni somos extremistas sino que simplemente somos padres bien informados dispuestos a defender nuestros derechos, los tribunales que nos están apoyando en toda España vienen a confirmar que, al contrario de lo que ocurre en la Unión Europea, en EpC se enseña algo más que Constitución y Derechos Humanos”.
DÍEZ: "EL MEJOR PARA DEFENDER UNA ESPAÑA UNIDA"
El partido UPyD ha decidido designar al catedrático de Derecho Francisco Sosa Wagner como cabeza de lista para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2009. Para Rosa Díez, Sosa Wagner -que fue profesor del Rodríguez Zapatero- "es el mejor candidato para defender una España unida en una Europa más política en la que se haga realidad el preámbulo de la Constitución que nunca se aprobó: un espacio especialmente propicio para la esperanza humana".
Además, es una persona conocida por sus artículos y conferencias en las que teoriza sobre la necesidad de la cohesión territorial de España y de un Estado fuerte capaz de garantizar la equidad entre ciudadanos. En su libro "La España invertebrada" dedica todo un capítulo a Europa, para reivindicar un espacio político más fuerte, que garantice y universalice derechos e impida la disgregación y la vuelta a un pasado en el que el choque entre nacionalismos provocó las dos grandes guerras europeas.
Sobre la designación de Sosa Wagner, la diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha considerado “que la incorporación de una personalidad como la de Sosa Wagner a la primera línea del compromiso político es una buena noticia para la política y para las instituciones”. Por todo lo anterior, añade la diputada, “Sosa Wagner es el mejor candidato para defender una España unida en una Europa más política en la que se haga realidad el preámbulo de la Constitución que nunca se aprobó: 'un espacio especialmente propicio para la esperanza humana'".
ENSAYO SOBRE EL CRACK FINANCIERO ESPAÑOL
La salida de la crisis será "muy larga y muy dura, y el PP y el PSOE no se diferencian en nada en este aspecto", según el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte. "Todo es fruto de la falta de control de la clase política española, que ha vendido europeísmo barato". La UE es "positiva y necesaria". Sin embargo, según Recarte, la "rápida entrada en la Unión Monetaria sólo ha traído problemas". Ya está disponible el informe completo La crisis financiera internacional y el crack financiero español.
España se enfrenta a una crisis económica de gran magnitud, cuya salida será “muy larga y muy dura”, según el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte. En la actualidad, “estamos pagando las consecuencias de haber entrado en el euro muy rápidamente, sin que los partidos que han gobernado durante esta etapa (tanto PP como PSOE) se hayan atrevido a poner en marcha las reformas liberalizadoras necesarias para evitar sus nocivos efectos”.
La llegada de la moneda única ha conllevado el “endeudamiento masivo de la economía nacional”, advierte. Y ello, debido a una política monetaria excesivamente laxa, con la aplicación de “tipos de interés muy bajos en economías como la española, en donde históricamente, se han aplicado intereses elevados”.
“Todo es fruto de la falta de control de la clase política española que ha vendido europeísmo barato”, añade Recarte. “La Unión Europea es positiva y necesaria. Sin embargo, la Unión Monetaria sólo ha traído problemas. Los ingleses sí han sabido verlo”, incide.
"Análisis apartidista"
“La salida de la crisis será muy larga y muy dura”. Y en cuanto a las soluciones a aplicar, “ni el PP ni el PSOE se diferencian”, tal y como muestran los programas económicos que ambas formaciones presentaron de cara a las elecciones generales del pasado mes de marzo. “No se diferencian en nada. El PP también ofrece todo un muestrario de intervencionismos”, indica Recarte. Por ello, la “crisis será inevitable. No hay alternativa”.
Por el contrario, “Libertad Digital sí está preocupada por la crisis y por eso la analizará diariamente de forma apartidista, ya que no existe ningún partido que responda a las expectativas” para poder afrontar con solvencia esta “grave situación”.
En este sentido, los lectores de LD ya tienen a su disposición la descarga completa del informe La crisis financiera internacional y el crack financiero español, en el que Recarte analiza en detalle la causa y efectos de la actual crisis, tanto económica como financiera, que sufre España.
Los programas de PP y PSOE "no se diferencian"
La clave radica en el “excesivo endeudamiento”, gracias a la facilidad de crédito. La novedad de este proceso de expansión crediticia radica en la llegada del euro, hace ahora 10 años. Y es que, la aplicación de la moneda única ha puesto de manifiesto que el “crédito bancario a una economía integrada en el euro es totalmente independiente de la existencia o aparición de desequilibrios económicos internos en cada país miembro”, según el informe.
Se perdió el miedo al endeudamiento
En estos diez años, el crédito de la banca española al sector privado creció un 370 por ciento frente al 130 por ciento de media en el conjunto de las economías europeas. Una demanda de crédito tan grande que superaba, en gran medida, la capacidad de ahorro de la economía nacional.
Sin embargo, ahora, el valor de los activos inmobiliarios se derrumba y el “funcionamiento de la moneda única está profundizando un problema inédito en la economía española. Una contracción monetaria, que recuerda a la de Estados Unidos en 1929-1932 y a la de Japón a principios de los 90”, según advierte el informe.
Y por último, “se han equivocado los bancos y cajas”, tanto españoles como extranjeros, al dar todo tipo de facilidades a la promoción inmobiliaria, “pensando que los activos reales (suelo, viviendas y todo tipo de edificaciones) son siempre más seguros que las garantías que puede ofrecer cualquier otro sector productivo”, explica. En este sentido, los “excesos bancarios han sido espectaculares”.
Excesos y riesgos de solvencia
El sistema financiero español se enfrenta a importantes retos en el futuro, debido a la coexistencia de dos crisis, “en parte relacionadas y en parte independientes”: los “excesos inmobiliarios” y la actual “falta de liquidez” interbancaria.
El estudio analiza en detalle los riesgos a los que se enfrentan los bancos y cajas españoles. “Los excesos inmobiliarios y la falta de liquidez” se traducirán en un “problema de solvencia” financiera , que se manifestará “en toda su gravedad a partir de 2009”, advierte.
A los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales
Un Juzgado de Albacete suspende cautelarmente la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía Cambiar el tamaño del texto
Ep - Albacete La Razón 2 Septiembre 2008
El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete ha decretado la suspensión cautelar de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales.
Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha.
Según el auto, la apariencia de buen derecho concurre en los argumentos de los padres recurrentes «al conocerse por este juzgado la existencia de un número cada vez más elevado de procedimientos que se tramitan en el Estado español, cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución Española», informó en nota de prensa la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) de Albacete.
El auto prosigue en sus conclusiones finales aceptando la tesis del Ministerio Fiscal favorable a la suspensión cautelar según la cual, en caso de obtener los padres finalmente una sentencia estimatoria, «la obligatoria asistencia, estudio y evaluación de sus hijos menores a las clases en las que se imparten los contenidos de las asignaturas sobre las que se pretende el ejercicio de la objeción de conciencia, ya se habría producido y los daños que se hubieran podido causar a dichos menores necesariamente habrían de ser calificados como de imposible reparación».
A este respecto, la presidenta de Concapa en Albacete, Caridad Navarro, señaló que este auto judicial es «otro espaldarazo más» para los padres objetores, que no inventamos nada ni somos extremistas sino que simplemente somos padres bien informados dispuestos a defender nuestros derechos, los tribunales que nos están apoyando en toda España vienen a confirmar que, al contrario de lo que ocurre en la Unión Europea, la asignatura se enseña algo más que Constitución y Derechos Humanos».
«EpC» son las siglas con las que este movimiento objetor ha denominado a un grupo de cuatro asignaturas que bajo diversas denominaciones se impartirán en 5 de Primaria, 2 y 4 de Secundaria y 1 de Bachillerato, «y que ha supuesto quitar 200 horas de otras asignaturas en uno de los peores sistemas educativos de occidente, según informes internacionales, lo cual demuestra la carga ideológica de este proyecto», argumentó Navarro.
Asimismo, Navarro manifestó que estas asignaturas han sido «utilizadas» por el laicismo, que según sus palabras es «una corriente de pensamiento tan respetable como cualquier otra pero que también tiene una versión radical».
De este modo, Concapa Albacete señaló que el entonces consejero de Educación y Ciencia de la Junta, José Valverde, reflejaba esta pugna entre familias y Estado el pasado 17 de abril en un pleno de las Cortes regionales diciendo que «el Estado tiene el deber de promover una moral pública basada en unos valores universales que nos afectan a todos y que para nada entran en conflicto con las diversas morales privadas, que deben mantenerse en otra esfera».
Para Caridad Navarro el hecho de que esta asignatura sea obligatoria y evaluable va contra la Constitución y, aunque muchas editoriales han suavizado los contenidos por razones comerciales, los decretos «dicen bien claro que nuestros hijos serán evaluados de acuerdo a las opiniones y actitudes que la EpC quiere inculcar al margen de los padres», apostilló.
«Esto constituye un ataque a su intimidad, así como al derecho a no declarar sobre contenidos de conciencia y al derecho de los padres a tutelar la formación de los hijos recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, algo inaceptable y propio de estados totalitarios», concluyó.
Finalmente, Concapa aseguró que la Consejería de Educación y Ciencia empezó a contestar este verano a los primeros recursos alegando que los padres no tienen derecho a objeción, razón por la que en agosto se presentaron los primeros contenciosos por una vía judicial rápida «De Protección de Derechos Fundamentales», que es donde se ha producido este primer auto de medidas cautelares.
COSPEDAL COVOCARÁ A LOS CONSEJEROS DE EDUCACIÓN
El PP unificará criterios en sus CCAA sobre Educación para la Ciudadanía
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA AGENCIAS El Mundo 2 Septiembre 2008
MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha anunciado este martes en la reunión del Comité Ejecutivo que va a convocar a todos los consejeros de Educación populares para unificar criterios sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El anuncio de la secretaria general llega un día después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, anunciara que los niños madrileños cuyas familias objeten a la asignatura harán trabajos relacionados con el currículo de la Comunidad o tareas concretas de voluntariado dentro del centro educativo.
La polémica asignatura se generaliza este curso en la Secundaria de todas las comunidades autónomas, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y CCAA gobernadas por el PP.
Por vez primera, los centros de ESO y Bachillerato de Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja impartirán clases de esta asignatura, que ya comenzaron hace un año en las otras autonomías.
Durante este tiempo, la controversia entre el Gobierno y autonomías gestionadas por el PP, como Madrid y la Comunitat Valenciana, ha crecido a propósito de las regulaciones autonómicas de la asignatura y la intención de admitir las objeciones hasta que se pronuncie el Supremo, aunque no será así en Castilla y León.
Ibarretxe pide ahora a los vascos que denuncien a España en Estrasburgo
M. LUISA G. FRANCO BILBAO ABC 2 Septiembre 2008
El lendakari Ibarretxe inició ayer el curso político instando a los ciudadanos vascos a presentar demandas individuales contra el Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por considerar que el hecho de no poder convocar su consulta ilegal soberanista «viola» el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin ni siquiera esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las impugnaciones presentadas a la Ley de Consulta, dando por supuesto por tanto que será contrario a sus intereses, Ibarretxe anunció que él mismo y todos los miembros de su Gobierno adoptarán dicha iniciativa el próximo día 16. El Gobierno vasco había instado al TC a pronunciarse antes del 15, a pesar de, obviamente, no estar facultado para fijar plazos al Poder Judicial.
El lendakari quiere rentabilizar electoralmente la consulta que con toda probabilidad no llegará a celebrarse con el objetivo de sumar apoyos radicales frente a un PSE que pretende ganar al PNV en los próximos comicios autonómicos. Con la intención de mantener la tensión política hasta marzo, fecha probable de las elecciones, Ibarretxe prepara iniciativas que le garanticen protagonismo político, aunque sean descabelladas.
Tras la primera reunión del consejo de Gobierno después de las vacaciones, Ibarretxe explicó que su gabinete no puede demandar al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo, pues forma parte del propio Estado, por lo que invitó a «todo aquél o aquella que sienta que sus derechos fundamentales son violados por no permitirle dar su opinión» a que demande al Estado español, «de todo corazón», por «negar a las instituciones y a la ciudadanía vasca la capacidad para ser consultados».
Según Ibarretxe, el no poder celebrar la consulta vulnera los artículos 9, 10, 11 y 14 del Convenio europeo de Derechos Humanos, que se refieren a la libertad de pensamiento, expresión y asociación y a su relación con la participación política que afecta a los partidos. El informe jurídico que ha encargado entiende que quienes tienen la legitimación activa ante Estrasburgo son los ciudadanos que ven individualmente afectados sus derechos fundamentales.
«Gestionar con ilusión»
Ibarretxe dijo ayer que también los partidos políticos estarían legitimados para recurrir al Tribunal de Estrasburgo como instrumentos de participación ciudadana, por lo que reclamó a las formaciones políticas nacionalistas que sean ellas las que «lideren, impulsen y gestionen con ilusión y con fuerza la iniciativa».
El lendakari y sus consejeros lo harán el día 16 porque la Ley de Consulta impugnada ante el TC establece el 15 como fecha de convocatoria de la consulta del 25 de octubre. Según Ibarretxe, si en esa fecha no ha habido pronunciamiento del Constitucional o éste ha «negado el derecho a convocar la consulta, quedarían ya dañados para siempre los derechos fundamentales que nos afectan a cada uno de nosotros».
En su línea habitual de relacionar el fin de ETA con la consecución de sus objetivos políticos, el lendakari obvió la realidad de que su consulta atenta contra la soberanía del conjunto de los españoles, que establece la Constitución, y la presentó como una «oportunidad de decirle a ETA que sobra con una papeleta y una urna». Olvidó también su compromiso de adelantar las elecciones si no podía celebrar la consulta y dijo que «se llevarán a cabo en su tiempo, con toda normalidad».
La nueva ocurrencia del lendakari gustó poco al Gobierno. Ayer, José Luis Zapatero, después de asistir en Brusela a la cumbre de la UE que analizaba las relaciones con Rusia tras su invasión de Georgia, calificó de «manifiestamente inadecuada» la iniciativa por lo que representa el cauce, la instancia y el contenido de la misma.