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Timestamp: 2016-12-06 13:24:26
Document Index: 384702067

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1_9788490535899 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
CUATRO ESTUDIOS SOBRE
PARA LEGISLAR EN MATERIA DE
Bases Históricas y Normativas
Rosa Moliner Navarro
Profesor Titular de Historia del
Derecho-Universitat de València
Director de la Cátedra Institucional
de Derecho Foral Valenciano
Vocal de la Comisión de Codificación
Civil Valenciana
Jesús Emilio Torrejón
Mercantil y de Bienes Muebles
de Derecho Civil Valenciano y de
la Comisión de Codificación Civil
Director General de la Abogacía
General de la Generalitat
Conselleria de Presidencia y de
y Agua Generalitat Valenciana
ISBN: 978-84-90-58-
Reflexiones introductorias para una obra necesaria: ¿por qué proclamar
una competencia muerta si se puede reivindicar el legítimo ejercicio de
una competencia reforzada?......................................................................	9
La reivindicación de un derecho civil propio de los valencianos desde la
abolición de los fueros: bases históricas.....................................................	37
La competencia de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil
valenciano: su evolución desde la Constitución de 1978 hasta el Estatut
de 2006: una reflexión lealmente crítica sobre la doctrina de la Sentencia
121/1992 del Tribunal Constitucional..........................................................	99
El razonable ejercicio de la competencia por parte del legislador valenciano en materia de derecho civil: las tres primeras leyes civiles forales..........	217
Los recursos de inconstitucionalidad contra las tres primeras leyes civiles
forales valencianas posteriores a la reforma del Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana del año 2006, y sus incidencias..............................	381
Jesús Emilio Torrejón Puchol
Reflexiones introductorias para una
obra necesaria: ¿por qué proclamar una
competencia muerta si se puede reivindicar
el legítimo ejercicio de una competencia
reforzada?
Hble. Conseller de Gobernación y Justicia
SUMARIO: I. La discrepancia reflexiva conduce al debate enriquecedor. II. El año 2006
como punto de inflexión en la evolución del modelo valenciano de autogobierno. III. La
competencia ejercida y la materia sobre la que se ejerce. IV. Lealtad institucional y pleno
ejercicio efectivo de la competencia asumida. V. Consideraciones finales, que en realidad
son introductorias.
I. LA DISCREPANCIA REFLEXIVA CONDUCE AL
DEBATE ENRIQUECEDOR.
Con la reciente aprobación de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de
la Generalitat, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, Les Corts han cerrado, por el momento, un círculo que se abrió
hace algo más de seis años, con la aprobación de la Ley 10/2007, de
20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial
Valenciano. Ambas normas, junto con la Ley 5/2011, de 1 de abril,
de la Generalitat, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos
progenitores no conviven, y con la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de
la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat
Valenciana, conforman un cuarteto legislativo cuya música ha dado
pie a numerosas y con frecuencia muy dispares interpretaciones.
Desde que en abril de 2006 se aprobara la más importante de
cuantas reformas se habían introducido hasta la fecha en el Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la iniciativa legislativa del
Consell ha tenido, entre sus objetivos primordiales, llevar a cabo un
desarrollo coherente, sistemático y completo de las diferentes previsiones estatutarias necesitadas de un posterior despliegue normativo.
A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, Les Corts han aprobado cerca de un centenar de leyes, algunas
de ellas por exigencia de nuestra norma institucional básica y no pocas con una implicación, más o menos directa, en la puesta en práctica
de alguno de sus enunciados.
Puede afirmarse, a este respecto, que la reforma estatutaria de
2006 nos convirtió en una Comunidad Autónoma del artículo 151
de la Constitución, con la denominación de Nacionalidad Histórica,
algo que, objetivamente hablando, ya se debería haber conseguido en
Pero si dentro de ese relevante conjunto normativo hubiera que
resaltar alguna o algunas iniciativas en particular, tanto por su repercusión en la vida diaria de la ciudadanía como también por el eco que
de ellas se han hecho los medios de comunciación, sin duda las leyes
aprobadas en ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo
49.1.2ª del Estatut le otorga a la Generalitat para la conservación, el
desarrollo y la modificación del Derecho Foral Civil Valenciano deberían ocupar un lugar de privilegio. Además, la resonancia alcanzada
en la doctrina jurídica, tanto en el ámbito del Derecho Constitucional,
como en el del Derecho Civil y en el de la Historia del Derecho, ha
permitido que numerosos juristas de reconocido prestigio se posicionaran públicamente, por escrito y en multitud de actividades académicas, sobre la virtualidad, el objeto y el alcance de la competencia
El debate así generado ha sido, sin duda, enriquecedor y digno de
alabanza. El intercambio de opiniones fundamentadas entre aquellos
operadores que han de ser, justamente, los encargados de aplicar una
norma no puede, en modo alguno, ser objeto de rechazo. Más bien al
contrario, si la iniciativa política del Poder Ejecutivo y su concreción
en la acción normativa del Poder Legislativo encuentran reflejo en la
argumentación de abogados, jueces, fiscales, notarios, registradores de
la propiedad y profesores universitarios, entonces puede afirmarse que
esa ley está viva y no constituye una mera proclamación abstracta.
Y, en este sentido, a juzgar por lo acaecido hasta el momento, las
cuatro normas mencionadas con anterioridad no sólo están vivas sino
Reflexiones introductorias para una obra necesaria
que gozan de una salud envidiable. Tanto desde el punto de vista del
número y la calidad de las publicaciones que han visto la luz a lo largo
de estos años (artículos especializados en multitud de revistas jurídicas y monografías dedicadas a abordar diversos aspectos regulados
en las normas de referencia), como también si se valora la variedad
de jornadas, congresos, seminarios y cursos organizados a lo largo de
todo el territorio de la Comunitat Valenciana, pocas dudas pueden
albergarse sobre la dimensión alcanzada por la elaboración, tramitación, aprobación y entrada en vigor de dichas normas.
Todos estos foros de debate han permitido que profesionales de las
más variadas disciplinas pusieran en común sus consideraciones y sus
posibles dudas, incertidumbres o inquietudes, y también han servido
como cauce idóneo para la expresión de demandas sociales propias
de amplios y heterogéneos colectivos. Puede afirmarse, a este respecto,
que entre la sociedad valenciana y la Generalitat se ha dado una interconexión que siempre es deseable pero en pocas ocasiones se logra
con la misma intensidad. Muchos de los contenidos que ahora figuran
en la regulación del régimen económico matrimonial valenciano, de
la custodia compartida, de las uniones de hecho formalizadas y de los
contratos y otras relaciones jurídicas agrarias tuvieron su origen en
un sinfín de reuniones de trabajo con esos colectivos para conocer sus
necesidades y reivindicaciones durante el proceso de tramitación de
cada iniciativa. Y, una vez vigentes las nuevas normas, sus destinatarios le han devuelto a la Generalitat los resultados de su aprobación
en forma de comentarios, aportaciones y sugerencias que reflejan la
repercusión que aquéllas han tenido.
Es indudable que los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a las demandas de la sociedad a la que sirven. Pero no es menos
cierto que para lograr que la acción política llegue a la ciudadanía
debe transmitirse en los términos que cada momento y cada contexto
exigen. Esto ha sido particularmente claro en el caso de las normas
a las que se está haciendo alusión, lo cual ha contribuido también a
configurar e hilvanar un debate plural y ajustado a las exigencias de
En efecto, la más elemental pedagogía jurídica exige escuchar y
divulgar, atender y difundir, ser receptivo y saber explicar, porque sólo
a partir de la franca reciprocidad entre los actores implicados puede
generarse un marco que permita alcanzar soluciones satisfactorias y
no meramente abstractas, vagas, ambiguas o carentes de virtualidad
práctica. Las cuatro leyes en las que hasta el momento se ha plasmado
el ejercicio de la competencia exclusiva de la Generalitat ex artículo
49.1.2ª del Estatut d’Autonomia nacieron de la sociedad valenciana
y a ella han vuelto como un conjunto de preceptos que tratan de ampliar derechos, incrementar la seguridad jurídica, proteger a sectores
necesitados de especial atención, reducir la litigiosidad y, en definitiva,
dotar a la ciudadanía de instrumentos aptos para responder a las exigencias propias de una sociedad del siglo XXI.
Lo bien cierto es que gracias a ese permanente debate, el Derecho
Foral Civil Valenciano recobró, primero, y ha mantenido, después, un
elevado interés como objeto de estudio, interés del que había carecido durante décadas. Y esa revitalización no es un efecto menor sino
uno de los más deseados y deseables. Si desde 1986 hasta 2006 los
valencianos apenas contábamos con una Ley, la de arrendamientos
históricos, que invocara la competencia de la Generalitat en la materia como título habilitante, la gozosa proliferación de nuevas normas
entre 2007 y 2013 ha traído consigo un intercambio de pareceres de
considerable intensidad y ha generado nuevas ganas de conocer nuestra época foral, lo que supuso aquel corpus jurídico para el histórico
Reino de Valencia y lo que ha supuesto, con el paso de los siglos, para
la conformación de la identidad del Pueblo Valenciano.
No son pocos los investigadores que, en la actualidad, se dedican
a indagar en los orígenes y la evolución del Derecho Foral Valenciano
desde diversas perspectivas y con métodos propios de distintas disciplinas de las ciencias sociales y jurídicas. Esto, hace apenas unos años,
era, por desgracia, impensable. Se ha logrado, así mismo, que la normativa amparada en la competencia exclusiva de la Generalitat sobre
esta materia se integre en los planes de estudios y que sea objeto de
análisis en las aulas, como una parte más del ordenamiento jurídico
valenciano vigente. Y esto, hace apenas unos años, era, desafortunadamente, inimaginable.
El reconocimiento de la relevancia histórica y jurídica de nuestros
Fueros resultaba ya inaplazable. Prácticamente es unánime la afirmación de que los Fueros valencianos eran los más avanzados, extensos y
técnicamente correctos de su época. Son ilustrativas de ello estas pala-
bras del Profesor Dr. D. Vicent García Edo: la Costum de València de
1238 “fue el primer texto legislativo extenso de los distintos reinos de
la Península Ibérica redactado con criterios científicos y basado en los
principios de esa corriente italiana renovadora del pensamiento jurídico o ius commune; y en el conjunto de Europa se sitúa en segundo
lugar, tras la redacción y promulgación en 1231 de las Constituciones
del Reino de Sicilia. El resto de derechos territoriales, o textos legislativos extensos de los diferentes reinos de la Península Ibérica, son más
tardíos y no fue sino hasta muy avanzado el siglo XIV cuando alcanzaron un número de artículos o fueros, y en algunos casos un grado de
perfección técnica similar al valenciano (...). Si tuviéramos que hacer
una relación cronológica de su respectiva redacción aproximada, el
resultado sería el siguiente: Costum de València (1238), Fueros de
Aragón (1247), Fuero General de Navarra (c. 1250), Fuero Real de
Castilla (1255) y Constitucions de Catalunya (desde 1284). En cuanto
a extensión, los aproximadamente 1.500 fueros de Jaime I dados a
Valencia en 1238 contrastan con los 350 que tuvo Aragón en 1247 y
cifras parecidas encontramos en los articulados relativos a Navarra o
a Castilla. Y en cuanto al contenido, a lo largo de todo el siglo XIII
la Costum de València es el único texto legislativo de carácter territorial de la Península Ibérica, basado fundamentalmente en la nueva
corriente del pensamiento jurídico procedente de Italia, mientras que
en el resto se siguen manteniendo las antiguas tradiciones jurídicas
post-visigóticas, y la legislación incompleta promulagada a lo largo
de los siglos XI y XII”1.
Ciertamente el camino recorrido no ha estado exento de dificultades, pero el amplio respaldo social y la innegable repercusión académica que han acompañado a cada una de las iniciativas adoptadas
han mitigado algunos sinsabores. Cada una de las cuatro normas
aprobadas ha sido un hito en su respectivo ámbito, imitado incluso
después por otras Comunidades Autónomas, y su aplicación ha demostrado que eran necesarias y largamente esperadas por un amplio
espectro de la sociedad valenciana.
Vicent GARCÍA EDO: Furs de València 1238-1707. Una aproximación a su
origen y posterior evolución, Consellería de Gobernación y Justicia, Generalitat,
2012, pág. 15.
Todo ello habría resultado imposible sin la ingente labor que durante este tiempo han desarrollado la Comisión de Codificación Civil
Valenciana, sus comisiones de trabajo y el Observatorio de Derecho
Civil Valenciano. El prestigio y la dilatada trayectoria profesional de
los juristas que integran la Comisión de Codificación Civil Valenciana, puestos al servicio de una tarea minuciosa, concienzuda y rigurosa, han sido la mejor garantía para contar con unos documentos de
trabajo que se convertían en el precedente inmediato de los anteproyectos de ley que luego se tramitaban, así como de las matizaciones,
puntualizaciones y aclaraciones que se iban incorporando a los textos según avanzaba el iter procedimental. Por otro lado, la variada
composición del Observatorio de Derecho Civil Valenciano, con representantes de entidades, organizaciones e instituciones de distintos
ámbitos materiales, ha permitido que dicho órgano cumpliese a la
perfección sus funciones como asesor de la Comisión de Codificación
Civil Valenciana.
No es objeto de estas páginas introductorias hacer lo que, sin duda
con mucho mejor criterio, pueden y saben llevar a cabo los autores de
los trabajos que dan forma a este libro, pero permítanme que, dicho
cuanto antecede, deje apuntadas algunas reflexiones más sobre el valor de la reforma estatutaria de 2006 y sobre lo que implica dotar de
pleno significado a una renovada competencia exclusiva en materia
de Derecho Foral Civil Valenciano.
II. EL AÑO 2006 COMO PUNTO DE INFLEXIÓN EN
LA EVOLUCIÓN DEL MODELO VALENCIANO DE
La modificación estatutaria de 2006 no fue una reforma secundaria, accesoria o de segundo nivel. No se trató simplemente de retocar
aspectos puntuales de determinados preceptos o apartados de la norma institucional básica valenciana, sino que a través de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, se instrumentó un cambio en profundidad,
de forma y de fondo, por lo que puede afirmarse, sin riesgo de incurrir
en un exceso, que el modelo valenciano de autogobierno experimentó
un auténtico salto evolutivo. Prácticamente se hizo un nuevo Estatut,
pues se pasó de 61 a 81 artículos y se equiparó institucionalmente
a la Comunitat Valenciana con las mal denominadas “Comunidades
Históricas”, convirtiéndola, como anteriormente he escrito, en una
Comunidad Autónoma del artículo 151 de la Constitución.
Baste mencionar, sin pretensión de exhaustividad, el reconocimiento de la Comunitat Valenciana como Nacionalidad Histórica, la Carta
de Derechos Sociales y el catálogo de nuevos derechos reconocidos
a la ciudadanía, la inclusión en el Estatut de instituciones como la
Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana, el otorgamiento al President de la Generalitat de la facultad de proceder a la disolución anticipada de Les Corts,
la posibilidad de que el Consell apruebe decretos-leyes, la mención
singularizada al Real Monasterio de Santa María de Valldigna como
referente simbólico de la historia y la identidad del Pueblo Valenciano, la inserción de dos títulos específicos dedicados a las relaciones
con la Unión Europea y a la acción exterior, la alusión a la creación
del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos, de la Comisión
Mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias y del Servicio Tributario Valenciano, o la importante
cláusula de salvaguarda competencial contemplada en la Disposición
La reforma estuvo presidida por el consenso entre las principales
fuerzas políticas, tanto en Les Corts como en las Cortes Generales y,
una vez en vigor, el Tribunal Constitucional, mediante sus Sentencias
247/2007, de 12 de diciembre, y 249/2007, de 13 de diciembre, desestimó los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por sendas
Comunidades Autónomas contra el artículo 17.1, referido al derecho
de los valencianos y valencianas a disponer de un abastecimiento suficiente de agua de calidad, a la redistribución de los sobrantes de aguas
de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de
acuerdo con la Constitución y la legislación estatal, y a gozar de una
cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley. Recuérdese, por
cierto, que muchos de nuestros Fueros ya tenían el agua como objeto
de regulación y que, en concreto, el Fuero 1286 reconocía el carácter
público de los ríos y de la mar.
Ningún otro precepto del reformado Estatut valenciano fue puesto en duda, ningún otro reproche de inconstitucionalidad tuvo que
ser dilucidado, ninguna otra de las numerosas nuevas previsiones fue
cuestionada por vulnerar el sistema de distribución competencial derivado del bloque de la constitucionalidad.
Dentro del marco de esta reforma estatutaria, consensuada en lo
político y avalada en lo constitucional, las referencias a la foralidad
adquieren un valor destacado. No se trata de un mero ejercicio de
nostalgia o de añoranza por lo que tuvimos y nos fue arrebatado,
no es cuestión de recuperar, sin matices ni tamices, instituciones o
figuras que, a los ojos de nuestra sociedad, carecerían de sentido. La
Historia no es fuente de Derecho y sólo la Constitución da carta de
naturaleza al Estado de las Autonomías. Es, más bien, cuestión de dotar de presencia efectiva en la norma institucional básica valenciana
a un elemento identitario de la máxima importancia para el Pueblo
De ahí que la referencia a la foralidad no aparezca únicamente en
el Preámbulo de la norma, o en el título dedicado a regular las competencias de la Generalitat, sino a lo largo de todo el texto, en relación
con diversas materias y como elemento en torno al cual se vertebra, en
gran medida, la vertiente identitaria del Estatut. Si se efectúa, de hecho, una lectura transversal de toda la norma, se puede apreciar con
facilidad que las distintas menciones contenidas en los artículos 3.4,
7.1 y 2, 35.1, 37.2, 49.1.2ª, 58.2, 71.1 c) y la Disposición Transitoria
Tercera dotan al Derecho Foral Civil Valenciano de una presencia
polivalente, pues cada uno de los preceptos reseñados regula materias
muy distintas entre sí. Ya tras su aprobación en 1982, la valenciana
fue la norma institucional básica autonómica que más preceptos dedicó a regular esta materia, circunstancia que se repitió e incluso se
agudizó con la reforma de 2006.
Si el legislador estatuyente quiso que la reforma de 2006 supusiera
un salto cualitativo de primer orden en la evolución del modelo valenciano de autogobierno, no es menos cierto que también quiso que
el componente identitario derivado de la foralidad estuviera muy presente en esa nueva etapa que entonces se iniciaba. El incremento de la
presencia de lo foral en el Estatut con respecto a la redacción original
de 1982 pudo haber sido cuestionado si se hubiera entendido que era
contrario al modelo de distribución competencial, pero no lo fue, y
por tanto cabe deducir que todas las previsiones recogidas en los preceptos antes reseñados se ajustaban y se ajustan perfectamente, como
el resto del Estatut, al ya aludido bloque de la constitucionalidad.
Además, a lo anterior debe añadirse un factor que me parece necesario resaltar. Como ponente de la reforma estatutaria de 2006 que
tuve el honor de ser, les puedo asegurar que durante la negociación
del texto la cuestión relativa a la presencia del Derecho Foral Civil
Valenciano y a la competencia de la Generalitat sobre la materia no
fue motivo de conflicto, como sí lo fueron la financiación autonómica
o la Justicia, por poner sólo algunos ejemplos.
La vinculación entre la identidad del Pueblo Valenciano, nuestro
Derecho Foral Civil y la acción de la Generalitat es palpable y se
evidencia a partir de la lectura conjunta del Preámbulo del Estatut
y de su artículo 12. En un inciso de la parte expositiva se afirma:
“Igualmente, es motivo de esta reforma el reconocimiento de la Comunitat Valenciana como Nacionalidad Histórica por sus raíces históricas, por su personalidad diferenciada, por su lengua y cultura y
por su Derecho Civil Foral”. Y el precepto mencionado establece lo
siguiente: “La Generalitat velará por la protección y defensa de la
identidad y los valores e intereses del Pueblo Valenciano y el respeto
a la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana y su patrimonio
histórico. (...)”.
Obsérvese que la definición de la Comunitat Valenciana como Nacionalidad Histórica, una de las piedras angulares de la reforma estatutaria de 2006, está directamente relacionada con el Derecho Civil
Foral como uno de sus elementos identitarios más significativos, y
cómo, precisamente por esa vinculación directa, la Generalitat queda
obligada a adoptar todas aquellas medidas que resulten pertinentes
y necesarias para garantizar la debida protección de dicho elemento
identitario. Estamos, por consiguiente, ante una cuestión de principio,
una de las líneas esenciales que delimitan el contorno del modelo valenciano de autogobierno.
Esto entronca directamente con el contenido mínimo esencial de
los Estatutos de Autonomía, según se infiere del artículo 147.1 a) de
la Constitución. A tenor de este precepto, entre los aspectos que debe
prever ineludiblemente un Estatuto se encuentra “la denominación de
la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica”. Llevado al terreno de la Comunitat Valenciana, el citado precepto constitucional se concreta en lo siguiente: el Estatut d’Autonomia conceptúa a la Comunitat Valenciana como Nacionalidad Histórica porque
ésa es la definición que mejor se ajusta a su identidad histórica, una
identidad que queda configurada sobre la base de los elementos mencionados en el Preámbulo de la propia norma institucional básica valenciana, es decir, sus raíces históricas, su personalidad diferenciada,
su lengua y cultura y su Derecho Civil Foral. Identidad y autogobierno interaccionan así de tal modo que se complementan para generar
el ámbito en el que las instituciones autonómicas pueden desarrollar
sus funciones y la Generalitat puede ejercer las competencias que tiene atribuidas.
Se ha sostenido con frecuencia que la autonomía política de una
Comunidad Autónoma pivota sobre su sistema institucional y sobre
la relación de competencias que asume pero, con ser esto cierto en
buena medida, no se puede ignorar ni infravalorar la vinculación que
la autonomía política tiene con la identidad, con las raíces históricas
y con el devenir de un Pueblo y del territorio en el que éste se asienta.
Si, como afirmara el Tribunal Constitucional a principios de los años
ochenta del pasado siglo, autonomía política no es soberanía pero sí
un nivel cualificado que está por encima de la mera autonomía administrativa, entonces cabe defender que las leyes aprobadas por un
Parlamento autonómico, como máxima expresión de esa autonomía
política reconocida y ejercida, son plasmación directa de la identidad de un Pueblo, materializada en un modelo de autogobierno que
trae causa de todos los elementos que lo han ido configurando con el
Resultaría, por ello, insuficiente calibrar la trascendencia de la
modificación estatutaria de 2006 sólo desde el punto de vista de las
novedades introducidas en cuanto a las instituciones que integran la
Generalitat, o por lo que se refiere a las competencias precisadas y
sistematizadas en el Título IV del Estatut. La ordenación del sistema
institucional a partir de la distinción entre instituciones comisionadas
por Les Corts (Síndic de Greuges y Sindicatura de Comptes) e instituciones consultivas y normativas de la Generalitat (Consell Valencià
de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Econòmic i
Social y Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana) su-
puso la consolidación y elevación de rango de un esquema que venía
funcionando desde hacía años aunque algunas de esas instituciones
fueran extraestatutarias. En este sentido, quisiera destacar que la Comunitat Valenciana es la única Comunidad Autónoma de España que
con la reforma de 2006 otorgó rango estatutario a todas sus instituciones de autogobierno. Por otra parte, el listado de competencias del
Título IV se configuró de manera que quedase asentado sobre unas
bases jurídicas sólidas, sin pretensión de provocar conflicto alguno
con el Estado o cualquier atisbo de inconstitucionalidad.
Instituciones y competencias forman, sin duda, un binomio esencial para sostener la columna vertebral de cualquier ente territorial
que pretenda ejercer su autonomía política para atender las necesidades de sus ciudadanos, pero negar la relevancia de los elementos
identitarios subyacentes bajo ese binomio sería como leer una novela histórica sin conocer, siquiera mínimamente, el transfondo de la
época en la que transcurren los hechos. Desde el punto de vista de
la evolución del modelo valenciano de autogobierno, el año 2006 no
supuso un punto de inflexión sólo por las novedades competenciales
o institucionales que trajo consigo la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, sino por una reafirmación identitaria cimentada sobre nuestra
historia, nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro Derecho Foral Civil.
Los valencianos disfrutábamos de un alto nivel de descentralización política desde 1982, y más aún desde 1994, con la asunción como propias de muchas competencias que teníamos transferidas. Pero
2006 marcó un antes y un después, y el Estatut d’Autonomia reformado ha demostrado ser, desde entonces, el mejor de los instrumentos
para garantizar que podamos tomar nuestras propias decisiones dentro de un Estado en el que la igualdad y la solidaridad interterritoriales no han de estar reñidas con la defensa de identidades diferenciadas
y de los rasgos que las conforman.
Una cosa es la unidad y otra bien distinta la uniformidad. Y quiero
resaltar en este punto que la Comunitat Valenciana, como Comunidad Autónoma con lengua, cultura y Derecho propios, aporta un plus
a la unidad de España, cosa que no hacen las otras Comunidades
Autónomas que cuentan con esas mismas características. Y ello es
así porque nos sentimos tan orgullosos de ser valencianos como españoles y porque entendemos, desde la máxima lealtad, que lo que
es bueno para nuestra Comunitat es bueno para España, y viceversa.
Algo que, dicho sea de paso, se tendría que ver correspondido en más
justa medida por parte del Gobierno central.
En nuestro caso, el Derecho Foral Civil es uno de esos rasgos. Por
eso adquirió un papel protagonista en la reforma estatutaria de 2006
y por eso también lo seguimos defendiendo como un elemento decisivo para explicar nuestro pasado, relevante para consolidar nuestro
presente y necesario para diseñar nuestro futuro.
III. LA COMPETENCIA EJERCIDA Y LA MATERIA SOBRE
LA QUE SE EJERCE.
Una vez puesta de relieve la faceta identitaria del Derecho Foral
Civil Valenciano, quisiera apuntar unas breves consideraciones sobre
la competencia exclusiva que la Generalitat ostenta en virtud del artículo 49.1.2ª del Estatut d’Autonomia. No trataré de reescribir lo que
en otras partes de este libro se dice, sino simplemente de realizar unas
escuetas apreciaciones que me parecen apropiadas precisamente en el
contexto de esta obra.
Cuando dentro de unos meses se van a cumplir los treinta y cinco años de vigencia de la Constitución, es mucho lo que se ha escrito
sobre el sistema de distribución de competencias en el Estado de las
Autonomías, sobre los conceptos de competencia exclusiva, competencia compartida, competencia concurrente, competencias legislativas y
ejecutivas, legislación básica y legislación de desarrollo, así como sobre
la canalización de los litigios entre el Estado y las Comunidades Autónomas por medio de conflictos positivos y negativos de competencias
y de recursos de inconstitucionalidad. La doctrina se ha ocupado, con
profusión y en profundidad, de analizar los títulos competenciales esgrimidos y sus interconexiones, así como los criterios interpretativos
derivados de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que han
dado pie a significativas conquistas para las Comunidades Autónomas.
En todo caso, antes de abordar esta cuestión con más detalle, quisiera dejar claro que el Estado Autonómico es una estructura territorial
acertada, positiva a la vista de sus resultados y que hay que seguir potenciando. Una cosa es mejorar el Estado de las Autonomías, evitando
duplicidades —y por tanto disminuyendo gastos— y clarificando com-
petencias, y otra muy distinta es cuestionarlo. No es justo que cuando
existen crisis económicas resurja el debate sobre la forma de Estado,
apuntando como responsables a las Comunidades Autónomas.
Materia y competencia son dos términos que han generado un volumen ingente de literatura jurídica pues si en el ámbito del Derecho,
en general, ya tienen un significado propio con respecto a la realidad
extrajurídica, esta afirmación se vuelve todavía más cierta en el terreno del Derecho Constitucional. La realidad no admite divisiones
rígidas entre materias que funcionen como compartimentos estancos.
Dicho en otros términos: no existen materias que puedan ser asumidas en bloque y sin limitaciones por un solo ente que tenga atribuida
la competencia plena, absoluta y exclusiva para regularla sin que otro
u otros entes puedan incidir, en lo más mínimo, sobre ese ámbito de
Son ya múltiples los casos en los que la interconexión de títulos
competenciales se ha puesto de manifiesto (medio ambiente y urbanismo, turismo y economía, empleo y servicios sociales, sanidad y comercio exterior, infraestructuras y ordenación del territorio, por citar
sólo algunos de los ejemplos más conocidos y relevantes), de manera
que la lectura pormenorizada de la jurisprudencia constitucional resulta imprescindible si se quiere tener un conocimiento adecuado y
suficientemente certero de los cauces por los que discurren las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. No pocas de las
categorías y construcciones jurídicas que hoy configuran esas relaciones han nacido de resoluciones del Tribunal Constitucional y deviene
prácticamente imposible saber cuál es el ente competente en ciertos
supuestos si no se tiene un conocimiento previo de la interpretación
que el Alto Tribunal le ha dado a los títulos en materia de relaciones
internaciones, actividades de fomento (sobre todo otorgamiento de
determinadas subvenciones y ayudas), puertos, cuencas hidrográficas
intra y supracomunitarias, o régimen jurídico de las cajas de ahorros,
A la compleja interpretación de los artículos 147, 148 y 149 de
la Constitución se ha unido, durante los últimos años, un proceso de
amplias reformas estatutarias que ha desembocado en una serie de renovadas normas institucionales básicas que han permitido a algunas
Comunidades Autónomas alcanzar nuevas cotas de autogobierno. El
proceso de tramitación y aprobación de los llamados “Estatutos de
segunda generación” —expresión ésta que no considero adecuada
para el caso valenciano— ha permitido ya a la mitad de las Comunidades Autónomas disponer de nuevos instrumentos jurídicos con los
que, en líneas generales, se han producido importantes avances desde
el punto de vista institucional, competencial y de las relaciones entre
Puede que todavía sea pronto para valorar, en toda su dimensión y
alcance, lo que la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía
ha implicado y puede implicar para la aplicación del llamado bloque
de la constitucionalidad pero, sean cuales sean las consecuencias en el
medio y en el largo plazo, a día de hoy puede afirmarse que los presupuestos sobre los que se asienta el modelo de organización territorial
han cambiado considerablemente con respecto a finales de los años
setenta y la primera mitad de los años ochenta del pasado siglo, cuando se aprobaron los primeros Estatutos.
En lo que aquí interesa resaltar, mucho ha sido también lo que
se ha escrito en torno al artículo 149.1.8ª de la Constitución y a su
interrelación con las competencias asumidas por aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un Derecho Civil, foral o especial,
propio. Ya sea desde la perspectiva civilista, constitucionalista o de
la Historia del Derecho, los términos “conservación, modificación y
desarrollo”, el inciso “allí donde existan” y la mención matizada a la
competencia exclusiva del Estado sobre las fuentes del Derecho “con
respeto a las normas de Derecho foral o especial”, han llevado a los
especialistas en la materia a discrepar notablemente sobre el sentido,
la mayor o menor extensión y la dimensión práctica de la letra del
Sea como fuere, parece claro que cualquier competencia, entendida como el conjunto de facultades o funciones que se ejercen sobre un
determinado ámbito de la realidad, sólo cobra sentido si se conecta
con una materia específica y se aplica al cumplimiento de unos determinados fines de interés público. Así, el acotamiento de una materia
modula no sólo la extensión de la competencia que se ejerce sobre ella
sino también su intensidad, es decir, no sólo el mayor o menor número de facultades sino también el grado en el que éstas pueden ponerse
en práctica. La materia en la que se actúa, como parcela delimitada de
la realidad sobre la que se ejercen unas determinadas funciones, incide
por tanto, en la concreción de los perfiles de la competencia que se ostenta, generando una constante interacción entre realidad y Derecho.
Por tanto, tan importante como saber las facultades o funciones
que se pueden ejercer, es conocer la materia sobre la que aquéllas se
proyectan y las condiciones en las que lo hacen, pues una competencia
efectiva y real no es aquella que simplemente se proclama en un texto
normativo, sino la que se puede ejercer sobre una materia concreta y
en unas condiciones que permiten dotarla de significado y llenarla de
contenido. El vaciamiento competencial no se da únicamente cuando
una competencia proclamada se ve indebidamente restringida por el
ejercicio inapropiado que otro ente hace de otra competencia, sino
también cuando la materia sobre la que recae es confusa, carece de
concreción o se congela o petrifica en el tiempo.
Cuando esa materia tiene relación directa con la identidad de un
Pueblo, como ocurre en el caso del Derecho Foral Civil Valenciano,
entonces el efecto al que se hacía alusión se multiplica. La identificación de la materia “Derecho Foral Civil Valenciano” con la costumbre preservada y positivizada en una determinada norma constriñe la competencia exclusiva de la Generalitat para su conservación,
desarrollo y modificación dentro de unos límites que conducen a su
congelación y a la práctica imposibilidad de desarrollarla en el futuro. Si la competencia exclusiva prevista en el artículo 49.1.2ª del
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana hubiera de interpretarse, sólo y exclusivamente, en los términos en los que la Sentencia
121/1992, de 28 de septiembre, del Tribunal Constitucional, interpretó el artículo 31.2 del Estatut de 1982, la reforma estatutaria de 2006
habría carecido de sentido en este ámbito.
Habría carecido de sentido porque se habría limitado a proclamar
una competencia bloqueada en el tiempo, limitada y prácticamente
identificada con los arrendamientos históricos valencianos, ya regulados en 1986. Si la competencia exclusiva de la Generalitat para la
conservación, el desarrollo y la modificación del Derecho Foral Civil
Valenciano únicamente amparase la regulación de los arrendamientos
históricos valencianos como expresión de una norma consuetudinaria
dotada de arraigo y conservada en el tiempo, en tal caso lo que se hizo
en 2006 fue proclamar una competencia agotada, sin potencial algu-
no, sin capacidad para proyectarse sobre otros ámbitos de la realidad,
o lo que es lo mismo, muerta.
Pero eso no fue lo que quisieron Les Corts ni las Cortes Generales
cuando se tramitó y aprobó la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.
Dado que en 1994 la Comunitat Valenciana había asumido como
propia una competencia de la que previamente sólo disponía gracias
a una transferencia estatal operada en 1982, en 2006 se quiso dotar al Derecho Foral Civil Valenciano de una presencia reforzada en
el Estatut reformado y, como lógica consecuencia de ello, reforzar
también la extensión y la intensidad de la competencia exclusiva reconocida en el artículo 49.1.2ª. La asunción como propias, a través
de la reforma de 1994, de las competencias que previamente habían
sido transferidas por medio de la LOTRAVA, conllevó por sí misma
una delegación competencial de las previstas en el artículo 150.2 de
la Constitución, y entiendo en este sentido que difícilmente se podría
repetir en la actualidad una resolución como la Sentencia 121/1992,
de 28 de septiembre, del Tribunal Constitucional.
No debe llamar a engaño, a este respecto, el uso del término foral,
ausente en el Estatut aprobado en 1982. Con su presencia en 2006
no se pretendió identificar la competencia exclusiva con la lisa y llana recuperación del corpus jurídico edificado durante la época del
histórico Reino de Valencia, entre los siglos XIII y XVII, sino contextualizar la expresión “conservación, desarrollo y modificación” en
el marco del Preámbulo y de la Disposición Transitoria Tercera del
propio Estatut. Si el Derecho Foral Civil Valenciano se identifica, en la
parte expositiva del Estatut, como uno de los rasgos identitarios que
permiten considerar a la Comunitat Valenciana como una Nacionalidad Histórica, y si la competencia exclusiva sobre él ha de ejercerse “a
partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española”, entonces
la labor de conservación, desarrollo y modificación no puede consistir
sólo en hacer ley de una costumbre. Habría que recordar, además,
que los Decretos de Nueva Planta por los que se abolieron los Fueros
valencianos no sólo afectaron a Fueros y Privilegios, sino también a
las propias costumbres. Dentro de este contexto, la tesis de quienes
identifican la competencia exclusiva de la Generalitat únicamente con
la positivización de la costumbre resulta un contrasentido.
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