Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2004/05/registro-oficial-11-de-mayo-del-2004
Timestamp: 2019-02-21 09:52:03
Document Index: 64684583

Matched Legal Cases: ['artículo 257', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 277', 'artículo 237', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 120', 'artículo 32', 'artículo 277', 'artículo 276', 'artículo 119', 'artículo 276', 'artículo 32', 'artículo 276', 'artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 244', 'artículo 260', 'artículo 120', 'artículo 97', 'artículo 108', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 100', 'artículo 118', 'artículo 129', 'artículo 100', 'artículo 10', 'artículo 70', 'artículo 134', 'artículo 3']

Registro Oficial. 11 de MAYO del 2004
\n MES DE\n MAYO DEL 2004 \n
Martes, 11 de Mayo del 2004 - R. O. No. 332
1637 Modifícase el Decreto\n Ejecutivo No 1267 de 8 de enero del 2004, publicado en el Registro\n Oficial No 257 de 22 de enero del 2004.
100 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No 060 de 6 de febrero del 2004, que reforma al Reglamento para la administración y control del\n fondo dotal para la capacitación campesina..
MINISTERIO\n DE EDUCACIÓN
1118 Desígnase al doctor\n Carlos Ortega Maldonado, delegado ante el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
1119 Desígnase a la licenciada\n Marina Nieto Vinueza, Directora Nacional Administrativa, quien\n presidirá la delegación ante la Comisión\n de Descentralización del Consejo Nacional de Modernización\n del Estado, CONAM.
1150 Déjase sin efecto\n el Acuerdo No 833, expedido el 10 de marzo del 2003 y desígnase\n al licenciado Ricardo Cueva Aulestia, delegado a la Comisión\n de Institutos Técnicos y Tecnológicos del ONESUP.
MINISTERIO\n DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
103\n Autorízase\n la emisión e impresión de veinte mil (20.000) carnés\n ocupacionales.
051-2003-TC\n Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad planteada por Leonardo Viteri\n Velasco7
013-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez Octavo de lo Civil de El Oro y concédese el amparo\n interpuesto por el señor Rufo Efraín Pereira Vivanco.
113-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y concédese el amparo constitucional\n propuesto por el ingeniero comercial Simón Bolívar\n Davales Veloz, por ser procedente.
SEGUNDA\n SALA
0228-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda formulada por Abelardo\n Edilberto Pezo Flores.
0349-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por María Moraima Montoya Cargua.
0419-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Hugo Leopoldo Pérez Vargas.
424-2003-RA Inadmítese el amparo\n solicitado por Margarita Elena Armijos Orellana.
445-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por José Urgilés Campos.36
0458-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Edison Oswaldo Villagómez»Enríquez.
477-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Gilberto Vicente Robles Vera.
531-2003-RA Confírmase la resolución\n adoptada por el Tribunal de instancia y niégase el amparo\n solicitado por Sonnia Leonila Pérez Benítes
575-2003-RA Confírmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia e inadmitir el amparo solicitado\n por Jorge Luis Villacrés Vaca.
770-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese el amparo solicitado por Jorge\n Walter Mendoza Vélez.
773-2003-RA\n Inadmítese\n por improcedente el amparo solicitado por Rafael Alfredo Valle\n Raza.
774-2003-RA\n Revócase\n la decisión del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por David Alejandro Rosero Minda.
803-2003-RA\n Confírmase\n la decisión del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por Jorge Murrillo Proaño.
018-2004-HC\n Confírmase\n la resolución emitida por la Alcaldía del Distrito\n Metropolitano de Quito y niégase el hábeas corpus\n interpuesta por María Rivera..
0034-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado e inadmítese por improcedente la acción\n planteada por el señor Hugo Benito Villavicencio Zambrano.
0090-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Mercedes Violeta Ñamo Cuvi.
0126-2004-RA Confirmase la decisión\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Germán Ramiro Espinosa Espinosa..
0164-2004-RA\n Confírmase\n la decisión de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, Distrito de Quito y concédese el amparo\n solicitado por Teresita Adriana Garrido Jaramillo\n \n
\n No 1637
\n REPÚBLICA
Que, mediante Decreto Ejecutivo No 1267, publicado en el Registro\n Oficial No 257 de 22 de enero del 2004, se modifica a cero por\n ciento (0%) ad valórem el nivel arancelario para una nómina\n de 194 subpartidas NANDINA (Decisión 507) de bienes no\n producidos en la subregión;
Que, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI,\n en su sesión celebrada el 21 de abril del 2004 conoció\n y aprobó el informe técnico No 55/04/DININ-MICIP\n presentado por la Subsecretaría de Comercio Exterior e\n Integración del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, para rectificar la Resolución\n No 221 de 3 de diciembre del 2003, publicada en el Registro Oficial\n 246 de 7 de enero del 2004;
Que, mediante Resolución No 248, el Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones, COMEXI, en sesión celebrada el\n 21 de abril del 2004, emitió dictamen favorable para modificar\n las observaciones de las subpartidas NANDINA 3824.90.99, 3920.10.00.9018.39\n que constan en el anexo del Decreto 1267, publicado en el Registro\n No 257 de 22 de enero de 2003; y,
En ejercicio de las facultades que le confieren el último\n inciso artículo 257 de la Constitución Política\n de la República y el artículo 1,5 de la Ley Orgánica\n de Aduanas,
Artículo 1.- Modificar el Decreto Ejecutivo No 1267\n de enero 8 del 2004, publicado en el Registro Oficial No 257\n de 22 de enero del 2004, de acuerdo al siguiente detalle:
\n Descripción
\n Dice
\n Debe decir
\n Las demás
\n Únicamente: Sistemas de Poliuretano para aislamiento\n térmico.
\n Excepto: Sistemas de poliuretano* para aislamiento térmico.
3920. 10.00
\n De polímeros de etileno
\n Únicamente: Láminas plásticas de polietileno\n de alta densidad color negro con acabado tipo, cuero con las\n siguientes características: a) Ancho 185 cm x largo 220\n cm x espesor 5 mm; b) Ancho 190 cm x largo 213 cm x espesor 4.5\n mm; c) Ancho 185 cm x largo 271 cm espesor 4.5 mm; d) Ancho 185\n cm x largo 254 cm x espesor 4.5 mm.
\n Únicamente: polietileno microporoso, presentado en rollos\n con variables espesores y anchos utilizados por el sector automotor.\n Láminas plásticas de polietileno de alta densidad\n color negro con acabado tipo cuero con las siguientes características:\n a) Ancho 185 cm x largo 220 cm x espesor 5 mm; b) Ancho 190 cm\n x largo 213 cm x espesor 4.5 mm; c) Ancho 185 cm x largo 271\n cm y espesor 4.5 mm; d) Ancho 185 cm x largo 254 cm x espesor\n 4.5 mm.
9018.39.00
\n Los demás
\n Únicamente: Sondas catéteres, cánulas,\n tubos, drenes, máscaras, bolsa de orina y bolsas de colostomía.
\n Excepto: Sondas catéteres, cánulas, tubos, drenes,\n máscaras, bolsa de orina y bolsas de colostomía.\n
Artículo 2.- De la ejecución del presente decreto,\n que entrará en vigente a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Economía\n y Finanzas; y Comercio Exterior, Industrialización, Pesca\n y Competitividad.
Dado en el Palacio Nacional. Distrito Metropolitano de Quito,\n a 30 de abril del 2004.
f.) Vicente Páez, Ministro de Economía y Finanzas\n (E).
f.) Ivonne Juez de Baki, Ministra de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad.
f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.
\n Y GANADERÍA
Que mediante Acuerdo Ministerial No 060 de.6 de febrero del\n 2004, se reformó el Reglamento para la administración\n y control del fondo dotal para la capacitación campesina,\n dictado mediante Acuerdo Ministerial No 106 de 13 de diciembre\n de 1996, publicado m el Registro Oficial No 94 de 23 de los mismos\n mes y año; 30
Que, es necesario adecuar las normas a la nueva estructura\n y estatuto orgánico por procesos del Ministerio Agricultura\n y Ganadería; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 179 numeral\n 6 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador y el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico\n y Administrativo de la función Ejecutiva,
Artículo único.- Dejar sin efecto el Acuerdo\n Ministerial No 060 de 6 de febrero del 2004, que reforma al Reglamento\n para la administración y control del fondo dotal para\n la capacitación campesina.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 22 de abril del 2004.
f.) Ing. Víctor Hugo Cardoso, Ministro de Agricultura\n y Ganadería (E).
Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original.- Lo certifico.- f.) Ing. Emilio Barriga A., Director\n de Gestión de Desarrollo Organizacional.- MAG.- Fecha:\n 27 de abril del 2004.
No 1118
Roberto Passailaigue Baquerizo
\n MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Que existen organismos e instituciones en los cuales el titular\n de esta Cartera de Estado tiene representaciones en forma personal\n o por intermedio de un delegado,
Que las delegaciones que efectuare el Ministro de Educación\n y Cultura son "intuitu personae", por tanto, con el\n cambio del titular de esta Secretaría de Estado, queda\n sin efecto la delegación;
Que es necesario designar un delegado ante el Consejo de Evaluación\n y Acreditación de la Educación Superior;
Que es atribución del Ministro de Educación\n y Cultura, delegar sus funciones a fin de ser representado con\n eficiencia y eficacia; y,
Art. 1.- Designar al Dr. Carlos Ortega Maldonado, como delegado\n ante el Consejo de Evaluación y Acreditación de\n la Educación Superior quien será responsable por\n los actos de acción u omisión que realice en el\n cumplimiento del presente acuerdo ministerial.
Art. 2.- Comunicar a la Contraloría y Procuraduría\n generales del Estado, la presente delegación, para efectos\n de determinar los diferentes grados de responsabilidad.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30\n días del mes de marzo del 2004.
f.) Roberto Passailaigue Baquerizo, Ministro de Educación\n y Cultura.
Que existen organismos e instituciones en los cuales el titular\n de esta Cartera de Estado tiene representaciones en forma personal\n o por intermedio de un delegado o delegados;
Que las delegaciones que efectuare el Ministro de Educación\n y Cultura son "intuitu personae", por tanto, con el\n cambio de) titular de esta Secretaría de Estado, quedan\n sin efecto las delegaciones;
Que es necesario designar los delegados ante la Comisión\n de Descentralización del Consejo Nacional de\n Modernización del Estado, CONAM;
Art. 1.- Designar a la licenciada Martha Nieto Vinueza, Directora\n Nacional Administrativa, quien presidirá la presente delegación;\n licenciada Eugenia González Oviedo,
Directora Nacional Financiera; doctor Mauricio Oliveros Grijalva,\n Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, licenciado\n Femando Cruz Merino, Director Nacional de Recursos Humanos, como\n delegados ante la Comisión de Descentralización\n del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM,\n los mismos que serán responsables por los actos de acción\n u omisión que realicen en el cumplimiento del presente\n acuerdo ministerial.
\n Y CULTURA
Que el Art. 18 del Reglamento de Conformación y Funcionamiento\n de Comisiones del CONESUP determina que el Ministro de Educación\n y Cultura tendrá su delegado en la Comisión de\n Institutos del CONESUP;
Art. 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo No 833, expedido el 10\n de marzo del 2003, mediante el cual se designa a la Arq. Patricia\n Abril Cruz, como delegada ante la Comisión de Institutos\n Técnicos y Tecnológicos del CONESUP.
\n Art. 2.- Designar al Lcdo. Ricardo Cueva Aulestia, actual Coordinador\n de Educación Técnica del Ministerio de Educación\n y Cultura, como delegado a la Comisión de Institutos Técnicos\n y Tecnológicos del CONESUP, quien será responsable\n por los actos de acción y omisión que realice en\n el cumplimiento del presente acuerdo ministerial.
Art. 3.- Comunicar a la Contraloría y Procuraduría\n General del Estado la presente delegación, para efectos\n de determinar los diferentes grados de responsabilidad.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31\n días del mes de marzo del 2004.
Que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No 488, publicado\n en el Registro Oficial No 690 de 12 de octubre de 1978, establece\n que para la emisión de especies valoradas se debe expedir\n el correspondiente acuerdo;
Que según lo prescrito en el articuló 1 del\n referido Acuerdo Ministerial No 488, el Instituto Geográfico\n Militar es el único organismo público autorizado\n para que, en sus propios talleres imprima especies valoradas;
Que mediante oficio No 060-DTGF-2004 de 25 de marzo del 2004,\n la ingeniera Genny Vélez Ponce, Directora de Gestión\n Financiera del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, solicita\n la elaboración urgente de 10.000 carnés ocupacionales\n adicionales;
Que mediante memorando No 0022 de 1 de abril del 2004, el\n funcionario responsable de la Administración y Custodia\n de Especies Fiscales de la Subsecretaría de Tesorería\n de la Nación del Ministerio de Economía y, Finanzas,\n establece las especificaciones para la impresión de las\n especies valoradas referidas en el considerando anterior;
Que con oficio No STN-2004-1595 de 7 de abril del 2004, el\n Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicita\n al Subsecretario Administrativo disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y demás\n trámites que se requieran para la emisión e impresión\n de veinte mil (20.000) carnés ocupacionales, a un valor\n de comercialización de SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS\n UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 (USD 60,oo c/u) cada uno; y.
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 3 del Acuerdo Ministerial No 488, publicado en el Registro Oficial\n No 690 de 12 de octubre de 1978,
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n veinte mil (20.000) carnés ocupacionales, a un valor\n de comercialización de sesenta dólares de los\n Estados Unidos de América 00/100 (USD 60,00 c/u,) cada\n uno, de acuerdo al siguiente detalle:
Cantidad	Valor de
\n comercialización	Numeración
\n Desde	Hasta
\n 20.000	USD 60,00	10.001	30.000
Art. 2.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 27 de abril del 2004.
f.) Ing. Vicente C. Páez, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.
Es copia, certifico.- f.) Julio César Moscoso S., Secretario\n General del Ministerio de Economía y Finanzas.- 28 de\n abril del 2004.
Nro. 051-2003-TC
En el caso Nro. 051-2003-TC
ANTECEDENTES: Leonardo Viteri Velasco, por sus propios derechos,\n conjuntamente con el informe de procedibilidad del Defensor del\n Pueblo al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo\n 276 y numeral 5 del artículo 277 de la Constitución\n Política, presenta demanda de inconstitucionalidad por\n el fondo del articuló 32 de la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n publicada en el Registro Oficial Nro. 589 de 4 de junio de 2002.
El peticionario manifiesta que el Ministerio de Economía\n y Finanzas, sujetándose a lo dispuesto en el artículo\n 32 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia, por reiteradas ocasiones ha procedido a suspender\n la transferencia de las alícuotas que por concepto de\n la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto\n del Gobierno Central se lo hace a los gobiernos seccionales correspondiente\n a la Ley de Desarrollo Seccional.
La falta de oportunidad en las transferencias de estos giros\n monetarios a las municipalidades, ocasiona retrasos en la ejecución\n de la planificación de las obras previstas y en muchos\n casos la imposibilidad de ejecutarlas, para lo cual se debe considerar\n variaciones en los costos de los materiales y de la mano de obra,\n lo que se afecta al normal desarrollo de los actos y contratos\n planificados por parte de los gobiernos seccionales autónomos.
De lo expresado se establece que se transgrede el principio\n de la autonomía de la que gozan dichos gobiernos seccionales,\n al igual que la entrega de recursos que deben darse en forma\n predecible, oportuna y automática. Agrega que este hecho\n tiende a dar un justificativo ante las dificultades que atraviesa\n la caja fiscal para privilegiar el pago de la deuda externa.
Cita que el artículo 237 de la Ley Suprema establece\n las formas de control social y de rendición de cuentas\n por parte de los organismos seccionales autónomos, debiendo\n entenderse que aquella información está dada, para\n el ejercicio de las facultades que tienen las instituciones de\n control y otras.
El Legislador excediéndose en la atribución\n conferida en el artículo antes referido le faculta al\n Ministerio de Economía y Finanzas, para suspender las\n transferencias de recursos económicos que por ley les\n corresponde a los organismos seccionales autónomos, .cuando\n éstos no enviaren la información financiera contable\n hasta quince días después del plazo previsto en\n el articuló 21 de la citada ley. Subraya que si bien no\n se oponen al envío de información, si se oponen\n a la sanción de suspensión de transferencias, puesto\n que claramente se encuentra en contradicción con el mandato\n constitucional de transferir las asignaciones correspondientes\n a los organismos seccionales autónomos en forma predecible,\n directa, oportuna y automática.
Señala que con este proceder, serviola los artículos\n 3, 18, inciso 4; 228; 230; 231; y 237 de la Constitución\n Política así como también, el artículo\n 17 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; artículo\n 8 e inciso final del artículo 10 de la Ley Especial de\n Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central\n para los gobiernos seccionales y el artículo 21 de la\n Ley 72.
En definitiva, el artículo 32 cuya inconstitucionalidad\n se está demandando, que suspende las asignaciones\n presupuestarias, no ha considerado excepción alguna, y\n por tal hecho afecta el principio constitucional de la autonomía\n de los municipios y la transferencia de los recursos económicos\n del gobierno central en forma oportuna y automática.
Guillermo Landázuri Carrillo, en su condición\n de Presidente del H. Congreso Nacional, en resumen señala:\n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el derecho\n y alega improcedencia sustantiva de la demanda. Sostiene que\n el artículo 32 de la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal, impone la sanción\n de suspensión de la entrega de asignaciones del Presupuesto\n General del Estado, a las entidades del sector público\n que no enviaren la información hasta quince días\n después del plazo establecido en el artículo 21\n ibídem, precepto que a su vez dispone a las máximas\n autoridades de cada entidad u organismo del sector público\n la obligación de enviar al Ministerio de Economía\n y Finanzas de manera mensual, dentro de los treinta días\n del mes siguiente, la información presupuestaria, financiera\n y contable. Por ello, el artículo 32 ibídem ha\n considerado negligencia el no envío de información,\n si no se lo hace dentro de los quince días posteriores\n al plazo determinado en el artículo 21; vale decir, si\n no se ha presentado dentro de los cuarenta y cinco días.
El recurrente pretende la declaratoria de inconstitucionalidad\n de la norma contenida en el artículo 32 de la ley ibídem,\n arguyendo que la misma afecta a la autonomía que gozan\n los gobiernos seccionales. Sobre este aspecto es preciso aclarar\n que tal autonomía está circunscrita en los términos\n y límites que la propia Carta Política establece;\n además, es pertinente analizar la teleología de\n la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, cuyo artículo 32 se impugna, así\n el artículo 120 de la Constitución Política\n consigna el principio de responsabilidad; el 226 prevé\n que las competencias del gobierno central pueden descentralizarse\n con las excepciones allí enunciadas; la ley establecerá\n las formas de control social y de rendición de cuentas\n de las entidades del régimen seccional autónomo,\n el 244 que determina el cumplimiento de ciertas obligaciones\n al Estado dentro del sistema de economía, social y mercado,\n entre otras, formular en forma descentralizada y participan va\n planes y programas obligatorios para la inversión pública\n y referenciales para la privada, además de mantener una\n política fiscal disciplinada; el 260 que asigna a la Función\n Ejecutiva la responsabilidad en la formulación y ejecución\n de la política fiscal, así como determinar los\n mecanismos y procedimientos para las finanzas públicas.\n
En este marco jurídico constitucional que sirve de\n soporte a la ley en mención, jerarquizada a la categoría\n de orgánica, por tal prevaleciente Sobre otras de menor\n jerarquía. En consecuencia no hay inconstitucionalidad\n alguna de la disposición impugnada, ni con los\n preceptos constitucionales que él invoca ni con otros.\n Por lo expuesto, también alega legitimidad constitucional\n del precepto legal impugnado. Solicita se deseche la demanda\n planteada.
El doctor Efrén Gavilanes Real, Director de Patrocinio,\n delegado del Procurador General del Estado manifiesta: Que el\n señor Leonardo Viteri Velasco, comparece en su calidad\n de Alcalde del cantón Sucre y como Presidente del Comité\n Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas,\n AME, y en esas calidades demanda la inconstitucionalidad por\n el fondo del artículo 32 de la ley en referencia. Dice\n comparecer en uso de la facultad que le concede el numeral 5\n del artículo 277 de la Constitución Política;\n sin embargo, dicho artículo se refiere a que cualquier\n ciudadano con informe favorable del Defensor del Pueblo, puede\n interponer demanda de inconstitucionalidad en los casos previstos\n en los numerales 1 y 2 del artículo 276 ibídem,\n pero ocurre que el recurrente no es cualquier ciudadano, porque\n ostenta una dignidad de elección popular, lo que le convierte\n en un sujeto de derechos y obligaciones y como tal, no se lo\n puede tener como un simple ciudadano.
El artículo 119 de la Constitución Política\n recoge el axioma jurídico según el cual en derecho\n público solo se puede hacer lo que expresamente ordena\n la ley, principio que los funcionarios públicos de elección\n popular deben acatar por lo que no pueden pretender ostentar\n la calidad de legitimados activos de las acciones de inconstitucionalidad,\n sino en los términos y límites previstos en la\n Constitución y la ley.
En cualquier caso, no se encuentra expresamente en la Constitución\n que los alcaldes, por sí solos o agremiados en una asociación,\n puedan plantear demandas de inconstitucionalidad, salvo\n que se trate de los Consejos provinciales o concejos municipales,\n quienes si pueden deducir demandas de actos administrativos al\n tenor del numeral 2 del artículo 276 de la Constitución,\n que no es el caso presente, pues el demandante impugna la\n inconstitucionalidad de una norma de carácter general\n según el numeral 1 del artículo invocado.
El alcalde entonces, no puede desdoblarse en lo personal y\n en lo político y no puede ser considerado cualquier persona.\n
Es un funcionario público de elección popular\n que no goza de legitimidad activa para ejercer esta clase de\n acciones. Concluye, que de existir el informe de procedibilidad\n favorable del Defensor del Pueblo, éste seria inválido\n y de ninguna manera puede convalidar la legitimidad activa del\n demandante. Solicita se deseche la demanda.
Por su parte, el Presidente de la República a través\n de su delegado, dice: La Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal se expidió\n básicamente por la necesidad de fortalecer \n la responsabilidad fiscal debido a la insuficiencia de recursos\n públicos; relevancia de la política fiscal (dolarización);\n deuda pública elevada; inflexibilidad del gasto; política\n fiscal de corto plazo influenciada por aspectos políticos;\n necesidad de mantener equilibrios fiscales para lograr un crecimiento\n sostenido; sostenibilidad de la calidad, y cobertura de los servicios\n públicos; necesidades sociales elevadas; baja transparencia\n en las cuentas fiscales y corrupción.
Los objetivos que se persiguen con la expedición de\n esta ley, son: Racionalizar el manejo de las finanzas públicas\n mediante el establecimiento de un código de disciplina\n fiscal y establecer mecanismos de corrección de desvíos,\n establecer mecanismos de rendición de cuentas y lograr\n transparencia y oportunidad en las cuentas fiscales; persigue\n además, la imposición de ciertas reglas macro fiscales,\n tendientes a poner limites a la deuda pública y concesión\n de garantías, conseguir equilibrio fiscal y estructural\n y limitar el gasto del personal.
Para cumplir con los objetivos y propósitos de la referida\n ley, se ha previsto la obligación de las instituciones\n del Estado de proporcionar la información necesaria y\n en la eventualidad de que tal información no sea proporcionada,\n la ley contempla sanciones como las establecidas en el artículo\n 32.
De los preceptos constitucionales previstos en los artículos\n 120, 237, 244 y 260 de la Constitución Política,\n se desprende que el Legislador expidió la Ley de marras,\n con el propósito de que el Estado Ecuatoriano tenga una\n administración eficiente de las finanzas públicas\n que colabore con el cumplimiento de las finalidades esenciales\n del Estado para con la colectividad, proporcionar a la función\n ejecutiva a través del Ministerio de Economía,\n los mecanismos y procedimientos necesarios para una adecuada\n gestión de las finanzas públicas.
El artículo 32 ibídem, señala las sanciones\n por negligencia en el envío de información, esto\n es, si las entidades del sector público no enviaren la\n información hasta quince días después del\n plazo establecido en el articulo 21, el Ministerio de Economía\n está facultado para suspender la entrega de asignaciones\n del Presupuesto General del Estado a esa entidad, hasta que se\n resuelva la causal de suspensión, sin perjuicio-de que\n se apliquen las sanciones referidas en la ley.
De lo expuesto se puede colegir, que de ninguna manera la\n disposición de entregar información y sancionar\n el hecho de no entregarla, constituya una ofensa constitucional;\n al contrario, no proporcionar la información atenta a\n los preceptos constitucionales que se relacionan" con las\n obligaciones de los funcionarios públicos de cumplir con\n las obligaciones que la ley impone. Solicita se deseche la demanda.
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional de acuerdo con el numeral\n 1 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, de modo privativo es competente para\n conocer y resolver el presente caso.
SEGUNDA.- Conforme lo dispuesto en el numeral 5 del artículo\n 277 de la Constitución Política el peticionario\n por contar con el informe favorable de procedibilidad suscrito\n por el Defensor del Pueblo, se encuentra legitimado para impulsar\n esta acción de inconstitucionalidad, toda vez que lo hace\n como Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación\n de Municipalidades Ecuatorianas AME; por lo tanto, la impugnación\n que hace el Procurador General del Estado respecto al tema de\n falta de legitimación activa, se lo desestima por infundado.
TERCERA.- No existe omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda influir en la resolución de la causa,\n por lo que se declara su validez.
CUARTA.- El artículo 32 de la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n materia de esta impugnación dice: "Sanciones por\n negligencia en el envío de información.- Si las\n entidades del sector público no enviaren la información\n hasta quince días después del plazo establecido\n en el artículo 21, el Ministerio de Economía y\n Pinazas suspenderá la entrega de asignaciones del Presupuesto\n General del Estado a esta entidad hasta que se resuelva la causal\n de suspensión, sin perjuicio de que apliquen las sanciones\n referidas en esta Ley". Por su parte, el artículo\n 21 ibídem, señala: "De la provisión\n de información. Las máximas autoridades de cada\n entidad u organismo del sector público enviarán\n mensualmente, dentro de los 30 días del mes siguiente,\n al Ministerio de Economía y Finanzas, la información\n presupuestaria, financiera y contable, de acuerdo con las normas\n técnicas, expedidas por ese Portafolio. Además\n remitirán trimestralmente la información de la\n ejecución de sus planes operativos y de los planes de\n reducción de la deuda, si fuere del caso, para fines de\n consolidación y divulgación".
El -Ministerio de Economía según la afirmación\n del recurrente, amparado en la disposición del artículo\n 32 de la ley citada, ha procedido a suspender la transferencia\n de las alícuotas que corresponde a varias municipalidades\n ecuatorianas por concepto de la Ley Especial de Distribución\n del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los gobiernos\n seccionales, así como de aquellas correspondientes a la\n Ley de Desarrollo Seccional; y que la falta de oportunidad en\n las trasferencias han ocasionado retrasos en la ejecución,\n -planificación de las obras, contraviniendo claramente\n la autonomía de los gobiernos seccionales.
QUINTA.- Para el estudio de este tema, es necesario analizar\n la teleología de la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal, cuyo artículo\n 32 es materia de impugnación. En este sentido, dicha ley\n se expidió con el objetivo de racionalizar el manejo de\n las finanzas públicas mediante el establecimiento de\n un Código de Disciplina Fiscal, esto es, una serie de\n reglas que permitan lograr un equilibrio fiscal sostenido,\n implementando mecanismos de corrección de desvíos,\n que en definitiva permitan la rendición de cuentas y con\n ello lograr transparencia y oportunidad en las cuentas fiscales.\n
Con la aplicación de esta ley, se persigue además\n la implementación de reglas macrofiscales que permitan\n poner entre otros: límites a la deuda pública;\n a la concesión de garantías; conseguir el equilibrio\n fiscal y estructural; y limites al gasto de personal. Evidentemente,\n para cumplir con estos objetivos y propósitos era menester\n establecer en la ley, la obligación de las instituciones\n del Estado para que proporcionen la información necesaria;\n caso contrario, esto es, en la eventualidad de no , hacerlo,\n la fijación de determinadas sanciones por negligencia\n en el envío de la información, presupuestos que\n se contemplan en el artículo 32 impugnado.
SEXTA.- Dentro del sistema de economía social de mercado,\n previsto en el artículo 244 de la Constitución\n Política, al Estado le corresponde la formulación\n descentralizada y participativa de planes y programas obligatorios\n para la inversión pública y referencial para la\n privada, además de mantener una política fiscal\n disciplinada. El artículo 260 ibídem, faculta a\n la Función Ejecutiva la ejecución de la política\n fiscal, sin perjuicio del control de los organismos pertinentes.\n El artículo 120 dispone que no habrá dignatario,\n autoridad o funcionario exento de responsabilidades por los actos\n realizados en el ejercicio de sus funciones y, el artículo\n 237 preceptúa que la ley establecerá las formas\n de control social y rendición de cuentas de las entidades\n del régimen seccional.
Con fundamento en la normativa constitucional invocada, se\n colige que el Congreso Nacional, en el propósito de que\n el Estado Ecuatoriano cuente con una administración eficiente\n en materia de finanzas públicas, otorgó a través\n de esta ley, los mecanismos y procedimientos necesarios para\n hacer efectivos una adecuada gestión en dicha materia.\n Con lo cual se evidencia, que de ninguna manera la disposición\n de entregar información y de sancionar el hecho de no\n entregarla, constituya violación a la autonomía\n municipal la misma que se encuentra circunscrita a los términos\n y límites que establece la Constitución Política;\n tanto más que el mismo recurrente no se opone al envío\n de la información, sino simplemente a la sanción.\n Al contrario, no recabar la información impediría\n al Estado cumplir con los altos propósitos que de\n modo taxativo las normas constitucionales que hemos hecho\n referencia, le imponen.
En consecuencia, la sanción debido a la negligencia\n e irresponsabilidad de los funcionarios públicos no disminuye\n ni lesiona la estructura de los concejos, no le quita atribuciones,\n lo que se pretende es que todas las instituciones del Estado\n incluido los concejos municipales coadyuven a la consecución\n de una adecuada política fiscal.
1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada\n por Leonardo Viteri Velasco.
2. Publicaren el Registro Oficial.- Notifíquese.
f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente;
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con nueve\n votos a favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Milton\n Burbano Bohórquez, Miguel Camba Campos, René de\n la Torre Alcívar, Enrique Herrería Bonnet, Jaime\n Nogales Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán\n Cevallos, Simón Zavala Guzmán y Oswaldo Cevallos\n Bueno, sesión del día martes veinte de abril de\n dos mil cuatro.- Lo certifico.
f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 30 de abril de 2004.- f.) El Secretario General.
Nro. 013-2004-RA
En el caso Nro. 013-2004-RA
ANTECEDENTES: El presente caso viene a conocimiento del Tribunal\n Constitucional con fecha 13 de enero de 2004, en virtud de la\n acción de amparo interpuesta por el señor Rufo\n Efraín Pereira Vivanco en contra del Rector del Colegio\n Nacional Técnico Agropecuario "MOROMORO", en\n la cual manifiesta: Que mediante oficio N° 033-RCNTA- M de\n 12 de mayo de 2003, el Rector del Colegio Nacional Técnico\n Agropecuario "MOROMORO", ubicado en la parroquia del\n mismo nombre, cantón Pinas, provincia de El Oro, solicitó\n a la Directora Provincial de Educación le autorice el\n otorgar al señor Rufo Efraín Pereira Vivanco, el\n nombramiento de Secretario de Educación Media 1. Que mediante\n oficio No 0002267 de 1 de agosto de 2003, fue aprobado dicho\n pedido, extendiéndose el nombramiento mediante acción\n de personal, como ascenso, como dispone el artículo 97\n de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que el\n 4 de agosto de 2003, el Rector deja insubsistente su nombramiento,\n violentando el artículo 108, letra a) de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, argumentando que ciertos documentos\n han sido sustraídos, lo que atenta contra su honra y buena\n reputación, quebrantando el artículo 23, número\n 8 de la Constitución y violentando el artículo\n 23, números 26 y 27 de la Carta Magna, en razón\n a que no se lo ha juzgado, ni se le ha concedido el derecho a\n la defensa, la seguridad jurídica y las garantías\n al debido proceso. Que ha solicitado se le conceda copias certificadas\n de las actas del Consejo Directivo, en las cuales se autoriza\n al Rector su ascenso de Auxiliar de Mantenimiento a Secretario\n de Educación Media 1, lo que no le ha sido concedido,\n violentando el artículo 23, número 15 de la Constitución\n en concordancia con el artículo 28 de la Ley de Modernización\n del Estado. Que este acto de autoridad administrativa igualmente\n violenta los artículos 35 de la Constitución y\n 3Í, números 1, 2 y 5 de la Ley de Carrera Docente\n y Escalafón del Magisterio Nacional, por lo que solicita\n se deje sin efecto la acción de personal de 4 de agosto\n de 2003, y se disponga su inmediato reintegro a sus funciones\n de Secretario de Educación Media 1, con todos los beneficios\n de ley.
El Juez Décimo Octavo de lo Civil de El Oro mediante\n providencia de 21 de noviembre de 2003, admite a tramitó\n el amparó propuesto y convoca a audiencia pública\n a las partes para el 2 de diciembre de 2003, a las 10h00.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública en la que el accionante se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de su petición.\n El Ministro de Educación y Cultura y el Procurador General\n del Estado señalaron que el Rector del plantel, sin aplicar\n lo dispuesto en el artículo 100 de la anterior Ley de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa en concordancia con lo\n dispuesto en el artículo 118 del reglamento a la ley,\n procede a designar al recurrente en calidad de Secretario de\n Educación Media 1, sin realizar el respectivo concurso,\n para lo cual emite la acción de personal de 1 de agostó\n de 2003. Que mediante acto administrativo de 4 de agosto de 2003,\n deja sin efecto la acción de personal, al haberse percatado\n que la designación de Secretario no se lo ha hecho conforme\n lo establece la normativa jurídica para estos casos. Que\n el Rector al emitir la acción de insubsistencia de la\n acción de personal lo hace en aplicación a lo dispuesto\n en el articulo 96, letras a), b) y v) del Reglamento General\n de la Ley de Educación. Que al tenor de lo dispuesto en\n la Resolución de la Corte Suprema de Justicia el asunto\n objeto de la presente acción de amparo constitucional\n debe ser conocido y resuelto por el Tribunal Constitucional,\n por lo que el Juez es incompetente en razón del grado,\n por tratarse de una ley orgánica. Que al recurrente no\n se le ha lesionado sus garantías constitucionales al emitirse\n la acción de personal de insubsistencia de nombramiento,\n en consideración a que la actuación del Rector\n del plantel estuvo enmarcada en derecho, por lo que no existe\n acto ilegítimo de autoridad u organismo público,\n solicitando se declare sin lugar la acción y que se 1Í\n rechace por improcedente. El Rector del Colegio Técnico\n MOROMORO rechazó e impugnó los fundamentos de\n hecho y de derecho de la acción propuesta. Manifestó\n que en la acción de personal de nombramiento del peticionario\n no consta la fecha de su nombramiento, ni hasta cuando rige,\n ni existe la firma del Jefe de Personal y, a pesar de ello, fue\n inscrita en la Dirección Provincial de Educación\n de El Oro. Que el nombramiento del recurrente fue realizado en\n contravención de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n de anterior vigencia, por lo que en su calidad de Rector del\n plantel, aplicó el artículo 129 de la Ley de Servicio\n Civil. Que se contravino la ley al no haberse llamado a concurso\n como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa. Que la demanda debió habérsela\n planteado ante el Tribunal Contencioso Administrativo como lo\n señala el artículo 10, letra a) de la Ley de la\n Jurisdicción Contencioso Administrativa. Que al recurrente\n no se le ha causado daño inminente a más de grave\n e irreparable, en razón a que se mantiene en la actualidad\n la remuneración que le corresponde como Auxiliar de Servicios\n de Mantenimiento, como fue dictada la acción de personal.\n Que el acto administrativo emitido por el rectorado del Colegio\n es un acto legítimo de autoridad competente. Que el actor\n se ampara en su demanda en el artículo 70 del Reglamento\n a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en anterior\n vigencia, y sin embargo no recurre a las instancias legales pertinentes\n para exigir sus derechos, si se siente perjudicado. Que al inscribir\n una acción de personal nula se ha violado la disposición\n contenida en el artículo 134 del Reglamento de la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa en anterior vigencia,\n violentando además la confidencialidad de documentos y\n datos. Solicita que se declare improcedente la acción\n propuesta, en atención a lo que dispone la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa. Pide se agregue al proceso copia\n certificada del documento alterado tanto en el número\n del memorando como la fecha de expedición, lo que se hizo\n con el objeto de que se inscriba el nombramiento de Secretario\n de Educación Media 1 a su favor.
El 4 de diciembre de 2003, el Juez Octavo de lo Civil de El\n Oro resolvió negar el amparo propuesto, en consideración\n a que no consta del proceso que el accionante haya agotado las\n instancias administrativas que la ley le franquea para hacer\n valer sus derechos, si éstos fueren lesionados. Que la\n acción de amparo debe deducirse antes de que se ejecute\n el acto ya expedido, o inmediatamente después de realizado,\n como lo señala el artículo 3 de la resolución\n de la Corte Suprema de Justicia.
PRIMERO.- Que, el Tribunal Constitucional es competente para\n conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que\n disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la\n Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez.
TERCERO.- Que, la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los\n derechos y libertades de las personas, consagrados en el texto\n constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública,\n en principio, y que de modo inminente amenacen con causar un\n daño grave.
CUARTO.- Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) Existe un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) Que siendo violatorio\n de un derecho subjetivo constitucional; y, c) Cause o amenace\n causar un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario,\n es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes\n simultáneamente y de manera unívoca.
QUINTO.- Que, el accionante interpone el presente amparo solicitando\n se deje sin efecto la acción de personal de 4 de agosto\n de 2003, y se disponga su inmediato reintegro a sus funciones\n de Secretario de Educación Media 1, con todos los beneficios\n de ley. El acto impugnado indica lo siguiente:
"Se extiende la siguiente acción de personal de\n insubsistencia de nombramiento del Sr. Ing. Ruffo Efraín\n Pereira Vivanco, por cuanto la documentación que se ordenó\n sea retenida en archivo del colegio, fue sustraída y gestionada\n personalmente por el interesado, el mismo que es esposo de la\n secretaria encargada del plantel. Continuará cumpliendo\n funciones como auxiliar de servicios de mantenimiento" (fojas\n 4).
SEXTO.- Que, el Juez a quo, en su fallo, señala que\n el peticionario no ha agotado las instancias administrativas\n que la ley le franquea para hacer valer sus derechos, y el Ministro\n de Educación y el Procurador General del Estado alegan\n que este amparo es improcedente, pues, señalan, que el\n accionante debió impugnar el acto en sede contencioso\n administrativa. Al respecto, se debe señalar que si bien\n el amparo no es un mecanismo mediante el cual se reemplacen otros\n procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico,\n se hace presente que el amparo no es una acción residual,\n es decir, no es una acción subsidiaria, que sólo\n cabe interponerse cuando no existen otras formas o vías\n de impugnación del acto o bien cuando éstas se\n