Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-18793-de-febrero-9-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d22e5c7b7490016e0430a0101510016&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-13 08:46:05
Document Index: 314708374

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 230', 'artículo 177', 'artículo 90', 'artículo 42', 'artículo 106', 'artículo 55']

﻿ Sentencia 18793 de febrero 9 de 2011
SENTENCIA 18793 DE 09 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LOS DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR ENTIDADES ESTATALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Sentencia 18793 de febrero 9 de 2011
Exp.: 18.793
Después de los problemas de la vía aérea, las complicaciones hemodinámicas son las más frecuentemente asociadas con la anestesia y son esencialmente relacionadas a sus efectos sobre el corazón; entre estas están la hipotensión, la hipertensión y las alteraciones del ritmo cardíaco; en cuanto a estas últimas se considera que entre el 15 y el 30% de los pacientes que reciben anestesia presentan arritmias cardíacas intra operatorias.
Cualquiera de las anteriores que hubiese sido, desencadenó un paro cardio-respiratorio a la señora Teresa Ortiz de Ducuara con compromiso severo de la perfusión cerebral entrando posteriormente a un coma vigil y falleciendo meses después por un trombo-embolismo pulmonar, complicación esta de la coagulación inherente a las patologías que cursan con estados de postración prolongado y el tromboembolismo pulmonar (TEP) se considera la primera causa de muerte intrahospitalaria del mundo occidental” (fls. 18-19, cdno. 3; destaca la Sala).
El acto anestésico consta de tres partes: la valoración preanestésica, la administración misma del anestésico y la visita post-anestésica. Si alguna de ellas no se realiza, el acto anestésico es incompleto y la actuación médica se hace menos defendible desde el punto de vista médico legal. Se ha instituido ya en la mayoría de hospitales y clínicas la valoración preoperatoria de los pacientes, por parte del anestesiólogo, en la consulta externa, unos días antes de la cirugía, esta se considera obligatoria para los pacientes de alto riesgo y la tendencia actual es que todos los pacientes programados para la cirugía asistan a ella.
“Yo fui médico tratante de la paciente Teresa Ortiz, desde la consulta prequirúrgica y estuvo (sic) en el acto quirúrgico en el cual le practiqué una colecistectomía simple sin ninguna complicación en el acto operatorio ni posterior al mismo enerente (sic) a la cirugía (...) Preguntado: Recuerda en qué estado de condiciones sicofísicas ingresó la señora Teresa Ortiz de Ducuara a la mencionada cirugía? Contestó: En buenas condiciones, con una clasificación anestésica ASA-I-II. Quiere decir esto que la paciente no tenía ninguna enfermedad importante. Preguntado: Quién fue el anestesiólogo de Teresa Ortiz de Ducuara para la referida cirugía? Contestó: El doctor Pedro Emilio Cita Chacón (...) Preguntado: Es cierto que la muerte de la señora Teresa Ortiz de Ducuara ocurrió con ocasión de la intervención quirúrgica en que (sic) fue sometida? Contestó: Es claro que como consecuencia directa del acto operatorio denominado colecistectomía simple que se le practicó a la paciente no desencadenó la muerte” (fls. 5-8, cdno. 3; subraya la Sala).
“...hacia las 5 y 30 se inició la cirugía la cual realizó (sic) sin ningún contratiempo terminándose hacia las 6 y 20 a 6 y 25 con la circulante de la sala de cirugía Yenny Caro Barrios se inició el proceso de extubación encontrándose ventilando la paciente y con buenos signos vitales, llevamos hacia las 6 y 35 a la paciente a la sala de recuperación donde fue recibida por la enfermera Angélica Enao (sic) y Ángela Vargas, se hizo entrega de la paciente explicándole el procedimiento realizado y que no había tenido complicaciones en el transoperatorio, tanto la auxiliar de enfermería quien hizo una nota de entrega de la paciente como yo nos retiramos habiendo dejado esta paciente con monitoría detención (sic) arterial y visoscopio (sic) con cánula de gueden y oxígeno por máscara, hacia las 7 y 15 de la noche recibo una llamada por cedular (sic) en que me manifiestan que la paciente había tenido un paro cardiorespiratorio en sala de recuperación a lo cual me hice presente (...) el día 20 de noviembre de 1998 en una declaración ante el tribunal de ética médica y revisando la historia clínica de esa paciente encuentro un tachón como cuando uno tacha varios renglones y después la nota de una de las enfermeras de recuperación, por este motivo hice averiguación con la otra auxiliar que había en recuperación Ángela Vargas y le pregunté que por qué estaba tachada o por qué había tachones en la historia clínica de la paciente y me manifiesta que ella estaba haciendo las anotaciones de entrega de turno cuando se dieron cuenta que la paciente estaba cianótica, ante lo cual la enfermera Angélica Enao (sic) le tachó la nota que ella estaba realizando y escribe que la paciente (...) había sido entregada en malas condiciones, por este motivo considero que la enfermera Angélica Enao realizó una falsedad en documento privado y lo cual se debe investigar penalmente... (...) Preguntado: Explique qué significa estado cianótico. Contestó: El estado cianótico es un signo de mala oxigenación de los tejidos (...) Preguntado: Cuál fue su función en la cirugía que se le practicó a Teresa Ortiz de Ducuara en la fecha que usted ha señalado? Contestó: A mí me correspondió como anestesiólogo realizar la consulta preanestésica a la cual había sido enviada por la cooperativa Laboremos, además me correspondió administrarle la anestesia general para el procedimiento señalado de la paciente y dejarla en el servicio de recuperación una vez aceptada por el personal de este servicio para su posoperatorio inmediato” (fls. 8-11, cdno. 3; destaca la Sala).
e. Historia clínica distinguida con el número 89607, del Hospital San Rafael de El Espinal, Tolima, ESE, correspondiente de la paciente Teresa Ortiz de Ducuara, remitida en copia auténtica el presente proceso mediante comunicación fechada el 14 de julio de 1999, suscrita por la subdirectora científica de la mencionada ESE (fl. 13, cdno. 3; la copia de la historia obra a cuadernos 4 y 5 del expediente).
“En relación con el tema de la responsabilidad del Estado por la prestación de los servicios de salud, la Sala otrora manifestó que se trataba de un asunto que debía resolverse como falla del servicio probada, pues las obligaciones asumidas por el prestador del servicio eran de medio y no de resultado. Esta tesis fue modificada en sentencia del 30 de julio de 1992(1)(sic), en la cual la Sala expresó:
Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de someter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueran estos, los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan (...)”.
Así las cosas, la tarea del juzgador resulta más ardua y exigente, pues es él quien debe establecer, en cada caso, cuál de las partes se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes, en relación con la conducta del demandado, para adoptar la decisión (...)(2)”.
En este orden de ideas, la Sala ha concluido que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquella resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Solo en eventos como estos y de manera excepcional, la Sala(3) ha considerado procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado-, por resultar la regla en él contenida, en el respectivo caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial(4)” (énfasis añadido)(5).
“...no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas y científicas. Habrá que valorar en cada caso, si estas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio”(6).
La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimientos técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes”(7) (negrillas fuera del texto original).
En ese orden de ideas, el mundo físico no está regido por leyes causales sino probabilísticas del tipo “si X, entonces Y en un porcentaje Z”(9)(sic); a este respecto, en ocasión anterior la Sala expresó:
El riguroso mecanicismo es reemplazado por el concepto de probabilidad como medida del azar: junto al mundo de la causalidad está también lo fortuito, la física cuántica ha combinado las ideas de causación y azar; lo que anteriormente se consideraban leyes comprobadas ahora se reputan verdades aproximadas, simples posibilidades, lo que conduce a un concepto flexibilizado de causa” (énfasis en el texto original). Goldengerg, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., pág. 7”(9)(sic).
Así pues, actualmente se impone la aceptación de una noción de causalidad probabilística —como corolario del reconocimiento de la innegable realidad que se ha descrito en punto de los límites del conocimiento científico— en virtud de la cual el juez puede válidamente dar por demostrada la relación de causalidad en un supuesto específico sin necesidad de exigir plena prueba o certeza absoluta de la misma, de suerte que puede bastar con la demostración de una probabilidad preponderante o probabilidad determinante(10), baremo de exigencia probatoria que, de hecho, ha sido admitido y aplicado por la jurisprudencia de esta Sección, precisamente, frente a eventos de responsabilidad médica(11), por vía de ejemplo, en los siguientes términos:
“Ahora bien, observaciones (...) que se refieren a las dificultades que ofrece para el demandante la demostración de la falla del servicio, se han hecho respecto de la prueba de la relación de causalidad existente entre el hecho de la entidad demandada y el daño del cual resultan los perjuicios cuya indemnización se reclama. En efecto, también en ello están involucrados elementos de carácter científico, cuya compresión y demostración resulta, en ocasiones, muy difícil para el actor”(12).
La consecuencia directa del cuestionamiento permanente a propósito de la causalidad ha sido la de ver como posible una modulación que no solo se ha mostrado necesaria en nuestro medio, sino en casi todos los regímenes jurídicos modernos. Por esta razón, se ha planteado un cierto aligeramiento de la carga probatoria del demandante, a quien, conforme lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde demostrar los supuestos de hecho del artículo 90 de la Constitución Política.
“Por lo demás, dicha valoración debe efectuarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta que —salvo en casos excepcionales, como el de la cirugía estética y el de la obstetricia, entre otros, que han dado lugar a la aplicación de regímenes de responsabilidad más exigentes para el demandado— los médicos actúan sobre personas que presentan alteraciones de la salud, lo que implica el desarrollo de diversos procesos en sus organismos, que tienen una evolución propia y, sin duda, en mayor o menor grado, inciden por sí mismos en la modificación o agravación de su estado, al margen de la intervención de aquellos”(13).
Al respecto Ricardo de Angel Yagüez ha explicado lo siguiente(14):
Siempre se ha dicho que para que pueda ser declarada la responsabilidad patrimonial se requiere tener certeza sobre la existencia del nexo causal. Aun cuando en lógica formal la idea de probabilidad parezca oponerse a la idea de certeza, resulta oportuno destacar que ello no es así en el derecho de daños, porque la causalidad de que se trata es la adecuada y, por lo mismo, la probable, de manera que si la probabilidad es alta, lleva a la certeza acerca del nexo causal y, por consiguiente, abre paso a la condena, siempre que además haya prueba de la falla y del daño(15). Lo anterior, es el modo en que la llamada causalidad adecuada llega hasta sus más lejanas fronteras, en todo caso, sin invadir el mundo de la especulación:
“Ni aún en el evento de que se hubiera probado una falla del servicio habría lugar a declarar la responsabilidad del Estado mientras el vínculo causal no hubiera sido establecido, al menos como probable”(16).
Ello no significa que esta corporación haya dado cabida a la presunción de causalidad en la responsabilidad derivada de la prestación de servicios médico asistenciales, porque esta será siempre improcedente. En efecto, aceptar esta tesis implicaría incurrir en una evidente contradicción, en la medida en que supondría la aplicación, tratándose de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial, de un régimen más gravoso para el demandado, inclusive que el objetivo(17).
Así que no es cierto que en la responsabilidad médica opere una presunción de causalidad sino que, aun cuando al demandante le incumbe probar la existencia de dicha relación, el juez puede hallar certidumbre sobre esta si hay un “alto grado de probabilidad” de que el acto médico —causa—, sea la razón determinante de la enfermedad, secuela o muerte —efecto—.
Por consiguiente, debe la Sala reiterar lo que sobre este particular ha sostenido(18):
“(...) de acuerdo con los criterios jurisprudenciales reseñados, la causalidad debe ser probada siempre por la parte demandante y solo es posible darla por acreditada con la probabilidad de su existencia, cuando la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados o la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación impidan obtener la prueba que demuestre con certeza su existencia”.
Ahora bien, la diferencia entre “presunción de causalidad” —que no se aplica en estos casos— y “regla de prueba” —que sí se aplica—, no resulta inane toda vez que la primera, como presunción que es, puede ser desvirtuada por la parte contra la cual pesa, mientras que bajo la noción de regla de prueba se tiene que una vez verificado “el suficiente grado de probabilidad”, queda establecido y plenamente probado el nexo causal”(20)(sic).
Finalmente, en cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en el título jurídico subjetivo de imputación consistente en la falla en el servicio, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado —o determinable—, que se inflinge a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligacional que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre esta y aquel, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía. Así, por ejemplo, se ha sostenido:
Así las cosas, no debe perderse de vista que para la prosperidad de la acción de grupo y, por ende, para que el sentenciador pueda ordenar la reparación pretendida, deben estar acreditados con las pruebas que obran en el proceso los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio, a saber: i) la existencia de un daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma individual a una pluralidad de sujetos; ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere; y iii) la relación de causalidad entre esta y aquel, es decir, que el daño se originó como consecuencia directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio(21).
Por lo demás, como criterio de identificación para la determinación de la falla del servicio, en forma constante la jurisprudencia ha dicho que, por regla general, “...las obligaciones a cargo de la administración (...) deben ser determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo haya de ejecutar...”(21)(sic)” (22)(cursivas en el texto original).
“Así mismo y en segundo lugar, el hecho al cual los demandantes atribuyen la producción de los daños cuya reparación reclaman, esto es, la omisión del deber a cargo del ISS consistente en llevar a cabo íntegramente los procedimientos de rigor previos a la realización de intervenciones quirúrgicas, surge de la evidencia consistente en que, en el caudal acreditativo recaudado en el plenario, no obra prueba idónea que permita demostrar que la entidad demandada hubiere practicado los exámenes pre-anestésicos requeridos antes de la realización de una intervención quirúrgica como la practicada a Deiny Gissel Riveros, como tampoco existe prueba de que dicha entidad hubiese elaborado la valoración médica de imperativa observancia con anterioridad al inicio de la cirugía, teniendo en cuenta el riesgo que la misma entrañaba, conclusión que se desprende de la inexistencia del correspondiente registro relativo a la realización de los aludidos exámenes en la historia clínica, así como también de la anotación efectuada en el acta del Comité de Auditoria Clínica del Instituto del Seguro Social– Seccional Meta, arriba citado —según la cual el anestesiólogo no consignó los exámenes pre-quirúrgicos— y del concepto rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual, a propósito de los exámenes pre-anestésicos en cuestión, sostuvo:
— 5 dic./88.
a. No existe unanimidad de conceptos en los dictámenes emitidos por los técnicos consultados dentro del proceso, en torno a las causas que pudieron haber desencadenado las lesiones que afectaron la salud de la menor Deiny Gissel Riveros, disparidad de criterios que, en considerable medida, tiene por causa no solo la dificultad técnica que reviste la materia sino, especialmente, la insuficiencia de la información relativa a las condiciones personales de la paciente —en particular en lo relacionado con el análisis de las mismas frente al tratamiento anestésico a dispensar— cuestión que se refleja en la respectiva historia clínica, en la cual obra una información escueta que lejos de ofrecer elementos de juicio suficientes para clarificar lo sucedido, sin duda alguna obstaculiza la comprensión de todo cuanto hubiere podido ocurrir a lo largo del procedimiento practicado a la víctima. Y si tales dificultades se hacen evidentes aún tratándose del análisis de los hechos del caso con la relativa tranquilidad que supone el transcurso del tiempo con posterioridad a la realización de la intervención quirúrgica de marras, no resulta necesario efectuar mayores lucubraciones en orden a advertir lo intrincado de los problemas que tan inadecuado manejo de la historia clínica ha debido originar a los galenos mientras practicaban la cirugía a Deiny Gissel Rivero y ante la premura ocasionada por la necesidad de tomar decisiones en el momento preciso y con la celeridad requerida.
“Es de resaltarse que la historia clínica asentada en entidades públicas es un documento público, que da fe, desde el punto de vista de su contenido expreso, de la fecha y de las anotaciones que en ella hizo quien la elaboró (CPC, art. 264), y desde el punto de vista negativo, también da fe de lo que no ocurrió, que para este caso revela que al paciente no se le practicó arteriografía. Es por este aspecto que se hace evidente que el daño de la arteria poplítea se detectó casualmente a través de procedimiento quirúrgico realizado pero para solucionar la “ruptura cruzado posterior” de la rodilla izquierda, y no para solucionar el daño de la arteria; está bien claro que no se practicó la arteriografía prueba que habría evidenciado otro daño pero grave y habría dado lugar a un procedimiento quirúrgico inmediato y para realizar la anastomosis. Tal aserto se corrobora con la declaración del médico cirujano general, doctor Salustiano Duarte, quien precisó que fue llamado a atender la urgencia que se descubrió cuando se intervenía al paciente -intraoperatorio-; dijo textualmente “fue un hallazgo operatorio” (resalta la Sala)(23).
“No debe perderse de vista que el solo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquel en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico. La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimientos técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes” (24) (resalta la Sala).
“Como se anotó al analizar la situación probatoria, no existe constancia en la historia clínica de que el paciente hubiera sido tratado por médicos especialistas. Y aunque obran en el proceso varios testimonios que podrían llevarnos a una conclusión diferente, resulta sorprendente que ningún registro se dejara en la historia. En relación con este punto, es necesario tener en cuenta que, como se anotó anteriormente, en los cuadros de diagnóstico clínico, como lo es el de apendicitis, el seguimiento de la evolución del paciente es fundamental, para lo cual es imprescindible contar con una historia clínica clara y completa, sobre todo si, como ocurrió en este caso, el paciente es siempre valorado por un médico diferente al que lo examinó anteriormente. Se observa, además, que varios apartes de la historia del hospital resultan prácticamente ilegibles. Se ha dicho al respecto que, en la medicina moderna, el carácter completo y permanente de la historia clínica es condición de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa”(25) (resalta la Sala)”(26).
En relación con los daños inmateriales causados por la muerte de una persona, tratándose de su entorno familiar más cercano bastará con la acreditación del parentesco entre los afectados y el individuo fallecido, pues tal relación se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no obren en el expediente elementos acreditativos que indiquen lo contrario; por consiguiente, con la simple demostración de la relación de parentesco a través de los correspondientes registros civiles de nacimiento se presume o, lo que es lo mismo, resulta posible inferir que tanto los ascendientes y descendientes como los hermanos del occiso sufrieron un perjuicio de orden moral, de modo que la sola constatación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, teniendo en cuenta el contenido del artículo 42 de la Carta Política(27) y las máximas de la experiencia, permiten inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio solicitado, en la medida en que es usual que los seres humanos sientan congoja y aflicción como consecuencia del fallecimiento de sus seres queridos.
De otra parte, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer —en gramos oro— el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y se ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, de suerte que se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en los cuales aquel se presente en su mayor grado de intensidad y proporcionalmente en consideración a la entidad del daño padecido(28).
En relación con este rubro, se expresó en la demanda que “de acuerdo con las facturas que con el presente escrito se anexan los perjuicios materiales se estiman en la suma de tres millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos ($ 3.852.146)”.
“...con el fin de prestarle atención a su señora esposa Teresa Ortiz de Ducuara, con CC 28.851.224 de Natagaima (Tolima), quien fue recluida en la fecha del 15 de enero de 1997, en el Hospital San Rafael de El Espinal, estando en ese Centro por un lapso de 18 meses en forma permanente y mes y medio en los seguros sociales de Ibagué (...) el servicio de transporte al señor Eudoro Ducuara era permanente por la novedad de su esposa...”.
Con fundamento en lo expresado en el aludido documento, la Sala reconocerá a título de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en favor del señor Eudoro Ducuara, el monto de las sumas de dinero que este tuvo que desembolsar con el propósito de desplazarse desde el lugar de su domicilio —ubicado en el municipio de Natagaima (Tolima)— hacia el sitio en el cual permaneció hospitalizada su esposa hasta el momento de su fallecimiento, para asistirla y acompañarla durante tan complicado trance; en el anterior orden de ideas, habrá de ordenarse el pago al mencionado accionante del valor resultante de multiplicar $ 200.000 —gastos mensuales por concepto de transporte— por el número de meses a lo largo de los cuales se prolongó la convalecencia de la señora Teresa Ortiz hasta su deceso —19 meses, comprendidos entre enero de 1997 y septiembre de 1998—, suma que deberá ser actualizada a la fecha de la presente sentencia, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor:
Total gastos por concepto de transporte= $ 200.000 x 19 = 3.800.000.
Valor histórico = 3.800.000.
…………… Ind. final (junio 2010)
RA = VH --------------------------------------
…………… Ind inicial (septiembre 1998)
…………………..104.52
RA = 3.800.000 -----------
…………………...51.44
RA = $7.721.151.
Total indemnización por daño emergente = $ 7.721.151.
Total perjuicios materiales: Siete millones setecientos veintiún mil ciento cincuenta y un pesos moneda corriente ($7 .721.151).
Habida cuenta de que para el momento en el cual se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes ha actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas; en consideración a lo anterior, se dispondrá la revocatoria del numeral segundo del fallo apelado.
Condénase al Instituto de Seguros Sociales a pagar al señor Eudoro Ducuara la suma de siete millones setecientos veintiún mil ciento cincuenta y un pesos moneda corriente ($ 7.721.151), por concepto de perjuicios materiales.
(1)(sic) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 6782. Sentencia del 30 de julio de 1992. M.P. Daniel Suárez Hernández.
(2) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 11878. Sentencia del 10 de febrero de 2000. M.P.: Alier Hernández Enríquez.
(3) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 14696. Sentencia del primero de julio de 2004. M.P. Alier Hernández Enriquez
(4) Nota original de la sentencia citada: Sobre la aplicación de la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, que permite la corrección de la ley para evitar una consecuencia injusta no prevista por el legislador, ver sentencias de la Corte Constitucional C-1547 de 2000 y SU-837 de 2002.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006); Expediente 15.283. En el mismo sentido, puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007; Radicación: 080012331000199603797 01; Expediente: 15.895.
(6) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 10 de febrero de 2000, exp: 11.878. En el mismo sentido, sentencia del 8 de febrero de 2001, Expediente 12.792.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2006; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación: 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772).
(9) (sic) Medina Alcoz, Luis, La teoría de la pérdida de oportunidad. Estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de daños público y privado, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, págs. 80-81.
(9) (sic) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009; Radicación: 050012326000-1995-01203-01; Expediente 17145.
(10) El aludido recurso a la causalidad probabilística ha sido explicado por la doctrina en los siguientes términos:
“En términos generales, y en relación con el grado de probabilidad preponderante, puede admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aún sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que se presentan con grado de probabilidad predominante. No basta con que el hecho pueda ser considerado solo como una hipótesis posible. Entre los elementos alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa, llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante” (resalta la Sala). Cfr. de Ángel Yagüez, Ricardo, Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil. Con especial atención a la reparación del daño, Civitas, Madrid, 1995, págs. 77-79.
(11) A este respecto pueden verse los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 1999; Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación: 11169; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2006; C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Radicación: 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772).
(12) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de julio de 2004, expediente 14696.
(13) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 14696, sentencia del primero de julio de 2004. M.P. Alier Hernández Enríquez.
(14) Nota original de la sentencia citada: Cfr: “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño)”. Ed. Cvitas S.A., Madrid, 1995, pág. 77.
(15) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 12655. Sentencia del 7 de octubre de 1999. M.P. Carlos Betancur Jaramillo. “Se trata tanto de una regla de valoración y de razonamiento para el juzgador ante la falta de prueba de la falla, aunque no de los otros extremos (el daño y la relación causal adecuada), como de una regla dirigida a regular la conducta procesal de las partes”.
(16) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 12843. Sentencia del 22 de marzo de 2001. M.P.:
(17) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 14696, sentencia del primero de julio de 2004. M.P. Alier Hernández Enríquez.
(18) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 13284. Sentencia del 22 de marzo de 2001 M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(20) (sic) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006); Expediente 15.283.
(21) Nota original de la sentencia citada: La responsabilidad patrimonial por falla del servicio, como se ha manifestado por la corporación de tiempo atrás, se configura por los siguientes elementos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; “b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano; “c) Un daño que, implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con ¬las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.; “d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de octubre de 1976, C.P. Jorge Valencia Arango.
(21) (sic) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de junio de 1990, Expediente 3510, C.P. Antonio J. Irisarri Restrepo. En igual sentido, Sentencia de 27 de abril de 1989, Expediente 4992.
(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dieciséis de abril (16) de dos mil siete (2007); C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Radicación: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG); en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007; Radicación: 50422-23-31-000-916715-01; Expediente 16.827.
(23) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2007, Expediente 15178, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(24) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Expediente 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(25) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, Expediente 11878, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2009, Radicación: 500012331000199203589-01; Expediente 16.700.
(27) Precepto del siguiente tenor: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes acumulados 13.232-15.646.