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Timestamp: 2017-07-22 10:35:02
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 113', 'ARTÍCULO 117', 'artículo 113', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 3', 'artículo 58', 'artículo 17']

Jurisprudencia 27 de febrero – 6 de marzo | CAPÍN & IBAÑEZ
0	ALUMBRADO PÚBLICO. ES INDEBIDO REALIZAR, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013, EL COBRO DEL DERECHO RELATIVO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON BASE EN EL ARTÍCULO 117 DE LA DEROGADA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.
A partir del 1 de enero de 2013 entró en vigor el artículo 113 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, el cual prevé que la tarifa mensual por el servicio y mantenimiento de alumbrado público será la obtenida como resultado de dividir el costo anual, global, general, actualizado y erogado por el Municipio para la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio, el cual puede disminuirse para el caso de que éste sea superior al 5% de la cantidad que debe pagarse por consumo de energía eléctrica en forma particular. Por otra parte, el artículo tercero transitorio del propio ordenamiento impone la obligación al tesorero municipal de publicar, a más tardar el 31 de enero de 2013, el acuerdo mediante el cual se da a conocer la tarifa mensual que se aplicará por concepto de derecho de servicio y mantenimiento de alumbrado público para ese ejercicio fiscal, y prevé que mientras no se publique dicho acuerdo, continuaría vigente el artículo 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo (aplicación ultractiva), el cual dispone que la aportación del derecho de alumbrado público será el equivalente al 5% del importe del consumo de energía eléctrica que conste en el recibo de pago de los usuarios a la Comisión Federal de Electricidad. No obstante, el 28 de diciembre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Municipio el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la tarifa mensual que se aplicará por concepto de derecho de servicio y mantenimiento de alumbrado público, para el ejercicio fiscal 2013″, en el cual se determinó una cuota mensual que constituye el monto máximo a cobrar, que sólo es susceptible de disminución si ésta es superior al 5% de las cantidades que deban pagarse en forma particular por el consumo de energía eléctrica. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2013 es indebido realizar el cobro del derecho de alumbrado público, conforme al 5% del importe del consumo de energía eléctrica, es decir, con base en el artículo 117 de la derogada Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, al estar publicado y vigente para esa fecha el acuerdo respectivo que establece la tarifa correspondiente, pues ello constituye una incorrecta aplicación ultractiva de este precepto.
Amparo en revisión 66/2014. Tiendas Chapur, S.A. de C.V. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.
De la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversos ordenamientos, de 15 de febrero de 2011, se advierte que la intención del legislador fue trasladar al ámbito de la justicia constitucional las experiencias positivas que ha generado el uso de las tecnologías de la información en otras materias, así como simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema judicial, otorgando validez a las promociones que se realicen, entre otros medios, con la firma electrónica. Como resultado de lo anterior, el artículo 3o. de la Ley de Amparo en vigor establece que en el juicio de amparo es optativo para el promovente presentar su escrito impresa o electrónicamente y, en este último caso, se exhibirá utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el artículo décimo primero transitorio del propio ordenamiento dispone que, para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma indicada, el órgano mencionado expediría el reglamento correspondiente en el plazo de noventa días a partir de su entrada en vigor, esto es, del 3 de abril de 2013. En consecuencia, si la demanda de amparo directo se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vía electrónica, resulta inaplicable el artículo 58-Q de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en su parte conducente prevé que para la tramitación del juicio de amparo no rige lo relativo a los juicios en línea, y debe tenerse por debidamente presentada y admitirse por el Tribunal Colegiado de Circuito, si la Sala responsable al recibirla, autentificó la firma electrónica e, incluso, remitió la constancia al respecto, con lo cual convalidó su presentación por ese medio. Además, la omisión de emitir la regulación respectiva no es imputable al gobernado y, por tanto, no puede pararle perjuicio, pues de considerar que no puede ejercer la opción otorgada por el legislador ante la falta de cumplimiento del órgano del Estado al que se le encomendó la emisión de aquélla, es dejarlo sin la posibilidad de defensa, lo que equivale a contravenir el principio de acceso a la justicia, tutelado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la inteligencia de que esto sólo opera tratándose de la presentación de la demanda y no de la secuela del trámite del juicio de amparo, al no contar, por el momento, con los requerimientos tecnológicos necesarios.
Recurso de reclamación 69/2014. Gasolinera Servicio Concordia, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Antonio Cruz Ramos. Secretaria: Karen Leticia de Ávila Lozano.
Del estudio concatenado de los artículos 14, fracciones I y XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 36 del Código Fiscal de la Federación, se colige que el citado tribunal podrá conocer de la decisión adoptada en un recurso de revocación favorable a un particular, a propósito de una obligación fiscal, sin que ello implique una nueva resolución en sentido estricto respecto del crédito correspondiente; habida cuenta de que ese medio de impugnación se tramita y resuelve en sede administrativa, sin que en forma alguna se lleve a cabo una actividad materialmente jurisdiccional, sino de control interno de los actos, respecto de la cual no es factible garantizar una actuación objetiva, imparcial e independiente, dada la vinculación formal y funcional existente entre la resolutora y la emisora del acto recurrido, lo que sí acontece en el juicio de lesividad a cargo del tribunal mencionado, pues cuenta con autonomía para emitir sus resoluciones, según lo previsto en el numeral 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, lo cual permite que se tenga un acceso efectivo a la impartición de justicia en un equilibrio procesal entre las partes. De ahí que pueda afirmarse que dicho juicio de lesividad procede contra una resolución que favorezca al particular en un recurso de revocación.
Amparo directo 537/2014. Alimentos y Franquicias de Chiapas, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Marlen Ángeles Tovar.
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