Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-923-de-septiembre-6-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042106bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-24 01:22:37
Document Index: 313185515

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 44', 'artículo 44', 'artículo 96', 'artículo 242', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 89', 'artículo 1', 'artículo 89', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 44']

﻿ SENTENCIA C-923 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2005
SENTENCIA C-923 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:TIPO PENAL DE HURTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS CON SUJETO ACTIVO NO CALIFICADO. ABRE LA POSIBILIDAD PARA QUE PERSONAS QUE NO FORMAN PARTE DE ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY, SEAN PROCESADAS Y SENTENCIADAS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 782 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESADO, TIPO PENAL, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, MIEMBROS DEL GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, TIPIFICACIÓN DEL DELITO, HURTO DE HIDROCARBUROS
Sentencia C-923 de septiembre 6 de 2005
Sentencia C-923 de 2005
Ref.: expediente D-5681
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 782 de 2002” Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones”.
Demandante: Sandra Cecilia Rey Tovar
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, publicada en el Diario Oficial 45.043 de 23 de diciembre de 2002.
“LEY 782 DE 2002
“ART. 44.—El artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 quedará así:
ART. 96.—El que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La competencia del presente delito corresponde a los Jueces de Circuito Especializados”.
Antes de abordar el juicio de constitucionalidad sobre la norma acusada, la Corte considera necesario referirse al cargo por vicios de forma, propuesto por el ciudadano que concurre a coadyuvar la demanda, quien señala que “la norma objeto de demanda no fue incorporada desde la presentación del proyecto de ley, sino que fue agregada en la ley en una comisión accidental hasta el 17 de diciembre de 2002” (fl. 6 escrito de coadyuvancia).
Al respecto, basta manifestar que el artículo 242, numeral 3º, de la Constitución Política, dispone que “Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 782 de 2002, fue publicada en el Diario Oficial 45.043 de 23 de diciembre de 2002, y la demanda fue presentada el 9 de febrero de 2005, el término para presentar cargos por vicios en la formación de la ley, se encuentra caducado.
4. Examen de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, frente al principio de unidad de materia.
En una democracia constitucional, fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia de los derechos fundamentales (C.P., arts. 1º, 3 º y 5º), la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, constituyen finalidades básicas de las autoridades públicas, no solamente por el imperativo que al respecto entraña el artículo 2º de la Carta, si no porque se trata de elementos que generan las condiciones materiales necesarias para el disfrute pleno de los derechos y las libertades públicas.
La norma acusada se inserta dentro de un ya prolongado proceso legislativo orientado a contrarrestar las graves alteraciones de orden público con incidencia en las condiciones de convivencia ciudadana. Conforme se establece de la exposición de motivos de la ley parcialmente impugnada, los orígenes de este proceso se remontan al año de 1992 en que el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de ese año (1) y con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, se adoptaron una serie de medidas tendientes al restablecimiento del orden público y la convivencia pacífica. En razón al carácter transitorio de las medidas, el legislador consideró necesario prorrogarlas por un período de dos años mediante la expedición de la Ley 104 de 1993 (2) o “Ley de orden público”, al cabo del cual se profirió la Ley 241 de 1995 (3) , que prorrogó la anterior por un término igual. Esas disposiciones a su vez fueron prorrogadas y modificadas por la leyes 418 de 1997 (4) y 548 de 1999 (5) .
Es relevante para el análisis de este cargo señalar que uno de los propósitos fundamentales de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002, fue el de dotar al Estado colombiano de “instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los tratados internacionales aprobados por Colombia” (art. 1º). En procura de ese objetivo la ley se estructura sobre dos ejes fundamentales a saber: (i) El establecimiento de mecanismos que permitan adelantar políticas de diálogo y reconciliación nacional; y, (ii) brindar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento institucional en diversas áreas que se consideran afectadas por el conflicto armado que vive el país. Dentro de éste último eje se ubica el título II, relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, en el cual a su vez se inserta la creación del tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados.
a. El bien jurídico tutelado. Dentro del ejercicio de su potestad de configuración vinculada a sus competencias en materia de política criminal, el legislador diseñó un tipo penal orientado a la protección de un bien jurídico complejo, que se deduce de los concretos objetivos de la ley, y se integra por valores como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, vinculados al deber estatal de crear condiciones para el desarrollo del individuo en libertad.
b. El sujeto activo, no reviste ninguna cualificación especial. Consideró el legislador que cualquier persona podría potencialmente incurrir en conducta idónea para lesionar los bienes jurídicos que la norma protege.
c. La conducta, que estructura el tipo penal consiste en el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados, cuándo estos sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto, poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.
d. En cuanto a la punibilidad estableció varios rangos:
— Una pena privativa de la libertad que va de seis (6) a diez (10) años, concurrente con multa de 1.000 a 8.000 salarios mínimos legales vigentes, para los eventos en que el valor del apoderamiento sobrepase los diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.
— Una pena privativa de la libertad de dos (2) a seis (6) años, concurrente con multa de 100 a 500 salarios mínimos legales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
— Una circunstancia específica de agravación punitiva, aplicada a los anteriores rangos, en consideración a la calidad del sujeto activo, cuándo éste fuere servidor público.
e. La competencia, se asignó a los jueces civiles del circuito especializados.
Ahora bien, sobre el principio de unidad de materia a que se debe someter todo proyecto de ley, tal como lo señalan los artículos 158 y 169 de la Carta, ha destacado la Corte (6) su importancia en orden a la racionalización y transparencia del debate democrático, en la medida que además de evitar que a través de prácticas oportunistas se introduzcan temas ajenos a los globalmente tratados, asegura que el cuerpo de leyes aprobadas obedezca a un mínimo de lógica y coherencia interna que facilite su consulta por la ciudadanía, en cuanto cada ley deberá responder a un tema, y al título que la identifica.
Ha destacado así mismo, el componente técnico y metodológico que esta exigencia constitucional introduce en el debate legislativo, protegiéndolo de “incongruencias normativas que en forma subrepticia, inadvertida, inconsulta e incluso anónimas aparecen en los proyectos de ley y que, por razón de su imprevisión e incoherencia temática, no guardan ninguna relación con la materia desarrollada en el respectivo proyecto” (7) .
Sin embargo, también se ha precisado por parte de esta corporación el alcance de este principio, en el sentido que no obstante su inequívoco propósito de impedir las incongruencias normativas en la ley, y garantizar la transparencia del debate democrático, el mismo no puede concebirse como un concepto rígido que desborde su verdadera finalidad y se desvíe hacia la obstaculización del trabajo legislativo. De tal manera que, “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley (8) ”.
La conexidad causal con los objetivos globales de la ley, se establece a partir de la revisión de los antecedentes de la ley (9) en los que se aprecia que uno de los factores que se consideran relevantes dentro de la situación general de alteración del orden público que se pretende conjurar, es el relativo a la afectación de la infraestructura económica del Estado, particularmente en lo relativo a los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los grupos armados organizados al margen del la ley.
5. Examen de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, frente al principio de proporcionalidad e igualdad de trato.
A juicio de la demandante, y del ciudadano que coadyuva la demanda, la descripción del tipo penal de que trata el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, resulta “insuficiente en cuanto a los sujetos activos”, en razón a que por ser un delito especial, era obligación del legislador identificar el sujeto activo del hecho punible, con el fin de evitar que una norma con una finalidad plenamente identificada —ejercer un control al financiamiento de los grupos armados al margen de la ley—, resultara siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias con que se trata a los grupos terroristas, lo que redunda en violación del principio de proporcionalidad y de igualdad.
En efecto, como lo ha reiterado la Corte, el legislador ordinario cuenta con un amplio margen de libertad de configuración en materia punitiva para adoptar las decisiones que más convengan a la política criminal del Estado. No obstante, el ejercicio ordinario de esta competencia se encuentra sometido y condicionado por límites que la propia Constitución impone al ejercicio del ius puniendi. Esos límites materiales se encuentran en los derechos constitucionales de los asociados, que se constituyen así en fundamento y límite de esa potestad punitiva estatal, y en los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad (10) . Tales criterios condicionan tanto la definición del tipo penal, como la determinación de la sanción imponible.
Para el efecto es preciso apelar a algunos conceptos de la dogmática jurídico penal, particularmente a lo que se entiende, en este ámbito, por delitos especiales. Se trata de una categoría caracterizada por que solo puede ser autor de ese tipo de ilícitos quien reúna determinada cualidad, que generalmente consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que algunos autores proponen hablar de delitos de infracción del deber (11) . Desde este punto de vista puede ser autor de estos delitos, el que infrinja su deber especial derivado, por vía de ejemplo, de una posición oficial (servidor público), o de una condición particular como la de médico, apoderado o mandatario, etc.
Aunque la mayoría de los tipos penales especiales utilizan la expresión “el que” o “quien”, en ocasiones la conducta lleva implícita una violación de un deber especial por lo que la cualificación del sujeto no depende necesariamente de la expresión usada para designarlo, sino de la naturaleza de la conducta en cuanto comporta la violación de un deber especial, de aquellos que exige la necesidad de tutela del bien jurídico implicado en el tipo.
De otra parte, la relevancia práctica de los delitos especiales radica fundamentalmente en la delimitación del ámbito entre autoría (12) y participación (13) , en orden a establecer las repercusiones que tienen las calidades personales especiales para efectos de la punibilidad.
De los insumos teóricos antes reseñados se pueden sacar dos conclusiones que interesan a este análisis. De una parte, que técnicamente no es posible hablar de que el hurto de hidrocarburos cometido por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, pueda erigirse en un delito especial en cuanto que el mismo no comporta la infracción de un deber por parte de los actores, que tenga relevancia para el reforzamiento de la tutela de los bienes jurídicos que el tipo protege. Y de otra, que la cualificación del tipo, tal como lo reclama la demandante, podría tener repercusiones en el ámbito de la autoría, para establecer quien podría tener la calidad de autor en sentido dogmático, pero no excluiría que terceros, es decir personas no pertenecientes a grupos armados ilegales, que incurran en la conducta descrita dentro del contexto que la norma plantea, pudiesen ser incriminadas por este ilícito por la vía de la participación (determinadores y cómplices), conforme a las reglas que la regulan.
Tal como se establece de los antecedentes de la ley en que se inserta la norma demandada, los bienes jurídicos que a través de ella se protegen son el orden público y la convivencia pacífica (C.P., art. 2º), la economía nacional (C.P., art. 32) y el medio ambiente (C.P., art. 79 ), bienes jurídicos que tiene un evidente respaldo en la Constitución. Desde luego que la legitimidad de las conminaciones penales para la protección a estos valores constitucionales colectivos e institucionales, está condicionada a su vinculación con el deber del Estado de crear condiciones propicias para que los individuos se puedan desarrollar en un ámbito de libertad. No en vano el artículo 1º de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la ley parcialmente demandada, establece que las normas que ella consagra “tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundametales reconocidos en la Constitución Política y/o los tratado internacionales aprobados por Colombia”.
Ahora, lo que le está vedado al legislador es desbordar los límites constitucionales que controlan su potestad configuradora en materia punitiva, que tal como lo ha entendido la Corte están determinados por “los derechos constitucionales de los asociados (que) se erigen en límite de la potestad punitiva del Estado, de manera que su núcleo esencial y criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad, constituyen límites materiales para el ejercicio ordinario de esta competencia estatal. Estos criterios se aplican tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible” (14) .
Tal como se indicó, lo que resulta relevante para la aplicación del tipo penal no es la calidad del sujeto activo, sino la idoneidad de la conducta para lesionar el bien jurídico complejo que la norma tutela. Así, todos aquellos que cometan hechos con esa capacidad lesiva, y que caigan dentro del ámbito descriptivo de la norma, quedarán sometidos a las consecuencias de la misma. De tal manera que a personas ubicadas en una misma situación de hecho —autores o partícipes de conductas cobijadas por la norma y con capacidad de afectación de los bienes jurídicos tutelados— independientemente de su pertenencia o no a un grupo armado ilegal, se les prodiga el mismo trato.
(1) Entre los considerandos de este decreto se señalaba que “Además de las acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos guerrilleros han incrementado su estrategia de atentar contra la población civil y contra la infraestructura de producción y servicios, con el fin de minar la solidaridad ciudadana con las autoridades, debilitar la organización económica del país y obtener de funcionarios públicos y de particulares concesiones y beneficios de diversa índole”. Adicionalmente que “los grupos mencionados han logrado aprovecharse de diversas organizaciones sociales legítimas para inducirlas realizar actividades contrarias a la Constitución y a la ley”, y que, (…) “es necesario responder a la estrategia de los grupos guerrilleros con medidas que aseguren la seguridad ciudadana, corten el flujo de recursos que financian las actividades de aquellos, e impidan que dispongan de los bienes que requieren para sus operaciones delincuenciales”. Este decreto fue declarado integralmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-031 de 1993.
(2) El título III de esta ley, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, está dedicado al diseño de estrategias para el “Control del financiamiento de actividades subversivas y terroristas”. En el artículo 89 que forma parte del capítulo III del mencionado título, se atribuye a los jueces regionales la competencia del delito de hurto de hidrocarburos, agravado por la cuantía, independientemente de la calidad del sujeto activo: “Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho”.
(3) Esta ley que prorroga la vigencia y modifica la Ley 104 de 1993, en su artículo 1º prorroga específicamente la vigencia del artículo 89 de la Ley 104 que atribuía a los denominados jueces regionales el conocimiento del delito de hurto de hidrocarburos, agravado por la cuantía y sin consideración a la calidad del sujeto activo.
(4) Mediante esta ley se “consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 96 de esta ley se establece que “Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquel recaiga sobre petróleo y sus derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho”.
(5) Mediante esta ley “se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”. En lo que atañe al hurto de hidrocarburos se prorroga la vigencia del texto que traía el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, es decir, un tipo penal de hurto agravado, por la naturaleza del objeto material (petróleo o sus derivados), asignándose la competencia a los jueces regionales.
(6) Cfr. C- 795 de 1994, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
(7) Cfr. C- 796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(9) Se reitera que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, reemplazó el 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999.
(10) Entre otras, se pueden revisar las sentencias C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001.
(11) Cfr. Roxín, Claus, “Derecho Penal, parte general”, tomo II, editorial Civitas, 1992, págs. 337, 338.
(12) Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo, o utilizando a otro como instrumento (C.P., art. 29 inc. 1º).
(13) Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. (C.P., art. 30)
(14) Cfr. C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001, entre otras.