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Timestamp: 2013-12-12 12:36:05
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Inicio El Derecho y México Antecedentes de la reforma energética
El Derecho y México	Lunes 12 de Agosto de 2013 00:00	En los próximos meses la reforma energética, la expropiación petrolera y la participación de la iniciativa privada en la exploración y explotación del petróleo será el tema que ronde en los medios de comunicación.
Esta discusión recurrirá a la memoria histórica para defender los argumentos de una y otra parte, especialmente a las razones que motivaron reformar la constitución política en su artículo 27 constitucional, especilmente en lo relativo al petróleo.
Este artículo se ha reformado 18 veces, cuatro de ellas en relación con el párrafo sexto, pero en lo que se refiere al régimen vigente del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, éste se estableció en las reformas del 9 de noviembre de 1940 y el 20 de enero de 1960.
El 22 de diciembre de 1938, nueve meses después de la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa para reformar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, adicionando el siguiente texto: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos”.
La iniciativa se presentó para acabar de forma definitiva con el régimen de concesiones en materia del petróleo. El Ejecutivo señaló que optó por esta vía, a fin de evitar interpretaciones, ya que “según testimonios autorizados, los autores del artículo 27 constitucional no quisieron que el dominio directo del petróleo se ejercitase excluyendo a los particulares” y este argumento podría haberse utilizado en contra del estado.
Esta reforma posteriormente dió origen a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo. En la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se señala que Lázaro Cárdenas en diversas declaraciones expresó su punto de vista de que “la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de formas jurídicas diversas a la concesión".
Para Cárdenas, las condiciones de esta colaboración eran que el contratista debía ser una persona física mexicana o una persona moral constituida íntegramente por nacionales; con capacidad técnica y financiera, con la delimitación de una extensión máxima de terreno susceptible de ser contratada a una misma persona y con la fijación del criterio de que el contratista no adquiriera un derecho directo a la explotación del petróleo, sino sólo a obtener una compensación por su inversión más una utilidad razonable.
Esta reforma incorpora al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo por la Nación. De la misma podemos concluir que en la óptica cardenista era justificada la colaboración de particulares, siempre y cuando fueran personas físicas o morales mexicanas y sin derecho directo a la explotación del petróleo.
Esto se ratifica en una carta que Lázaro Cárdenas dirigiera a Jesús Reyes Heroles, fechada el 30 de marzo de 1968: “No es inoportuno anotar que el espíritu nacionalista de la expropiación de 1938 y de la Reforma Constitucional de 9 de noviembre de 1940, no se respetaron plenamente: los contratos de exploración y explotación permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941, se concedieron con participación en la producción del petróleo a empresas nacionales y extranjeras".
Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdéz (1947-1952) se celebraron contratos-riesgo con varias compañías internacionales principalmente estadounidenses para permitírseles explorar y perforar en diversas zonas del país, reembolsándoles sus gastos, inversiones y utilidades en especie, con parte del petróleo que obtuvieran, en contra del artículo 27 de la Constitución y la Ley Reglamentaria.
En estas circunstancias nació la reforma de 1960. Cuando se discutía la reforma al artículo 27 constitucional en relación al Derecho del Mar, proponiendo la Primera Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que se asentara en el párrafo sexto “de una vez por todas, de manera indiscutible en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán lo que hayan otorgado y que sólo la nación podrá llevar a efecto la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva". Lo anterior toda vez que con la ley reglamentaria de 1959 “volvió a suscitarse un debate jurídico sobre la subsistencia de algunas concesiones o derechos de los particulares a la explotación del petróleo concluyéndose que éste debe ser explotado única y exclusivamente por el Estado Mexicano.
Sin embargo, no es sino hasta el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1965-1970) que desaparecen estos contratos al ordenar al entonces director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, cancelar y dejar sin efecto a la mayor brevedad los contratos. Por ello las palabras que Lázaro Cárdenas dirigiera a Jesús Reyes Heroles, en la carta que citamos anteriormente.
En las últimas décadas la industria petrolera también ha evolucionado, y acuden a los contratistas especializados en cada etapa de la producción para convertirse en administradoras de proyectos.
Pemex ha seguido dicho modelo, y con el nuevo marco legal vigente desde 2008 ha estado celebrando contratos de servicios múltiples y contratos en materia de obra pública, para las actividades sustantivas de carácter productivo, los cuales algunos afirman que son inconstitucionales, mientras que otras señalan que al ser contratos de obra pública, estos son legales.
Para regularizar este y otro tipo de contratos y evitar controversias, una reforma energética necesariamente debe continuar prohibiendo las concesiones, pero permitiendo los contratos.
El problema es que la realidad internacional impide que esos contratos se celebren exclusivamente con nacionales como proponía el modelo cardenista.
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