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Timestamp: 2017-09-26 07:17:41
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Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 54', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 52', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 219', 'Artículo 211', 'Artículo 1', 'artículo 211', 'Artículo 9', 'Artículo 54', 'Artículo 9', 'Artículo 54', 'Artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'Artículo 52', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 9', 'Artículo 54', 'Artículo 54', 'Artículo 144', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 219', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 54', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'artículo 142', 'Artículo 52', 'Artículo 51', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 222', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 211', 'artículo 132', 'Artículo 4', 'artículo 132', 'Artículo 1']

LA LEY EN EL PERÚ: Aplicación de la remuneración total para el cálculo de subsidios, bonificaciones especiales y gratificaciones por servicios al Estado - SERVIR
Aplicación de la remuneración total para el cálculo de subsidios, bonificaciones especiales y gratificaciones por servicios al Estado - SERVIR
Establecen precedentes administrativos de observancia obligatoria relativos a la aplicación de la remuneración total para el cálculo de subsidios, bonificaciones especiales y asignaciones por servicios al Estado
Nº 001-2011-SERVIR/TSC
ASUNTO : APLICACIÓN DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PARA EL CÁLCULO DE SUBSIDIOS, BONIFICACIONES ESPECIALES Y ASIGNACIONES POR SERVICIOS AL ESTADO
Los Vocales integrantes de la Primera y de la Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM1, emiten el siguiente:
1. El Tribunal del Servicio Civil ha venido conociendo, como última instancia administrativa, un considerable número de recursos de apelación en los cuales se plantea como controversia la preferencia por la aplicación de dos categorías remunerativas que se distinguen tanto por los conceptos que cada una comprende como también por los beneﬁ cios, boniﬁcaciones, asignaciones y subsidios para los cuales sirven como base de cálculo, a saber:
(i) Remuneración total permanente, es decir, aquella cuya percepción es regular en el monto, regular en el tiempo y general en su otorgamiento y que comprende la remuneración principal, la boniﬁ cación personal, la boniﬁ cación familiar, la remuneración transitoria para homologación y la boniﬁ cación por refrigerio y movilidad.
(ii) Remuneración total, que resulta de sumar a la remuneración total permanente los conceptos adicionales otorgados por ley expresa2.
2. Al respecto, el Artículo 9º del Decreto Supremo antes referido3 precisa que la remuneración total permanente resulta de aplicación para el cálculo de las boniﬁcaciones, beneﬁcios y demás conceptos remunerativos percibidos por los servidores, funcionarios y directivos, con excepción
del cómputo de la compensación por tiempo de servicios, la boniﬁcación diferencial, la boniﬁcación personal y el beneﬁcio vacacional.
3. En tales disposiciones se ha basado la argumentación jurídica de diversas entidades integrantes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que utilizan los conceptos que integran la remuneración total permanente para el cálculo de los beneﬁcios que, a continuación, se detallan:
(i) Las asignaciones por cumplir veinticinco (25) años y treinta (30) años de servicios al Estado, que el literal “a” del Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público4, regula como equivalentes a dos
(2) y a tres (3) remuneraciones mensuales totales, respectivamente.
(ii) El subsidio por fallecimiento del servidor o de familiar directo de éste, que el Artículo 144º del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM5, regula como equivalente a tres (3) y a dos (2) remuneraciones totales, respectivamente.
(iii) El subsidio por gastos de sepelio, que el Artículo 145º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 2766, regula como equivalente a dos (2) remuneraciones totales para quien haya corrido con los gastos.
(iv) La asignación a la docente mujer por cumplir (20) y veinticinco (25) años de servicios, que el Artículo 52º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado7, regula como equivalente a dos (2) y a tres (3) remuneraciones íntegras, respectivamente.
(v) La asignación al docente varón por cumplir veinticinco (25) y treinta (30) años de servicios, que la norma antes referida regula como equivalente a dos (2) y a tres (3) remuneraciones íntegras, respectivamente.
(vi) El subsidio por luto ante el fallecimiento del docente o de su familiar directo, que el Artículo 51º de la Ley Nº 240298 y los artículos 219º y 220º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED9, regulan como equivalente a dos (2) y a tres (3) remuneraciones totales, respectivamente.
(vii) El subsidio por gastos de sepelio para el docente, que el Artículo 51º de la Ley Nº 24029 y el Artículo 219º de su Reglamento10, regulan como equivalente a dos remuneraciones totales para quien haya sufragado los gastos pertinentes.
4. Este estado de cosas evidencia la necesidad de establecer directrices precisas que garanticen
la uniformidad en la aplicación de las normas antes mencionadas en todos los componentes y ámbitos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, como garantía de la plena vigencia de los principios de: igualdad ante la ley, seguridad jurídica, buena fe, interdicción de la arbitrariedad y buena administración, que constituyen el fundamento principal de la emisión de
precedentes administrativos de observancia obligatoria.
5. En tal sentido, en uso de la potestad de la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil de emitir precedentes administrativos de observancia obligatoria, con los efectos y alcances precisados en los Fundamentos Sexto y Décimo del Acuerdo Plenario aprobado por Resolución de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC, se adopta el presente Acuerdo Plenario con la ﬁ nalidad de incorporar con la debida amplitud los fundamentos jurídicos necesarios para establecer un conjunto de directrices resolutivas cuya observancia y aplicación resulte obligatoria a la entidades administrativas antes referidas.
6. Como resultado del debate y deliberación y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario.
§ 1. Vigencia y jerarquía del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM
7. El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, del 6 de marzo de 1991, fue emitido al amparo del inciso 20 del Artículo 211º de la Constitución de 1979, cuyo texto facultaba al Presidente de la República para “dictar medidas extraordinarias en materia económica y ﬁnanciera cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso”.
Pese a que en su Artículo 1º11 se precisaba su carácter transitorio, el citado decreto no contiene una disposición especíﬁca que permita establecer a partir de su propio texto hasta cuándo se extendía su vigencia.
8. De otro lado, la Ley Nº 25397, Ley del Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República, publicada el 9 de febrero de 1992 dispuso en sus artículos 3º y 4º12 que dicha facultad presidencial debía ejercerse a través del dictado de disposiciones denominadas “Decretos Supremos Extraordinarios”, cuya vigencia temporal no podía exceder de seis (6) meses.
9. En cuanto al nivel jerárquico y a la vigencia de Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al haber sido dictado al amparo de la facultad que la Constitución de 1979 otorgaba al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y ﬁnanciera, es posible determinar su rango legal; tal como ha sido dilucidado por el Tribunal Constitucional, en adelante el TC, en los siguientes términos:
“El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, conforme se señala en su parte considerativa, fue expedido al amparo del artículo 211º, inciso 20) de la Constitución Política de Estado de 1979, vigente en ese entonces, signiﬁ cándose con ello su jerarquía legal”13
10. Por las razones antes expuestas, se puede concluir que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma revestida de jerarquía legal que a la fecha se encuentra vigente, por lo cual forma parte del ordenamiento jurídico.
§ 2. Establecimiento de la controversia
11. Sobre el particular, habiéndose determinado la vigencia de las normas señaladas en los párrafos anteriores, se vislumbra una divergencia normativa entre lo dispuesto por el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, que coloca a la remuneración total permanente como base de cálculo para la boniﬁcaciones beneﬁcios y demás conceptos remunerativos percibidos por los servidores y funcionarios públicos, y lo previsto en el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, de los artículos 144º y 145º de su Reglamento, y de los artículos 51º y 52º de la Ley Nº 24029, que tienen en común la aplicación de la remuneración mensual total para el cálculo de los conceptos detallados en el fundamento tercero de la presente resolución.
12. En tal sentido, la generalidad de la deﬁnición contenida en el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM podría conducir, a priori, a determinar que en tanto beneﬁcios especiales otorgados a los servidores funcionarios y docentes, los conceptos remunerativos señalados en el párrafo anterior se encuentran en el ámbito de aplicación de dicha norma.
13. De otro lado, se tiene que las consecuencias jurídicas previstas en el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, en los artículos 144º y 145º del Reglamento de Decreto Legislativo Nº 276, en los artículos 51º y 52º de la Ley Nº 24029, y en los artículos 219º y 220º de Reglamento de la Ley Nº 24029, se aplican a los supuestos de hecho especíﬁ cos de determinados beneﬁcios sobre
los cuales se ordena taxativamente un pago calculado sobre la remuneración mensual total o íntegra percibida por el servidor, funcionario o docente en cuyo favor se otorga, sin derivar la deﬁ nición de lo que debe entenderse por tales a otra norma ni aplicar restricciones análogas
a las contenidas en el concepto de remuneración total permanente.
§ 3. Determinación de la norma aplicable
14. Establecida la existencia de normas estatales vigentes y simultáneamente aplicables ante un mismo supuesto de hecho, pero con contenidos divergentes, es necesario recurrir a los tres criterios que la teoría general del derecho plantea sobre la determinación de la norma aplicable: la jerarquía, la especialidad y la temporalidad; cuya aplicación ha sido resumida por Neves Mujica del siguiente modo: “si las normas divergentes tienen rango distinto, debe preferirse la superior sobre la inferior; si su rango es el mismo, la escogida debe ser la de alcance especial sobre la general; pero si tienen igual ámbito, ambas especiales o ambas generales, debe preferirse la posterior sobre la anterior”14
15. En atención al caso que nos concierne, por cuanto el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM tiene la misma jerarquía normativa que el Decreto Legislativo Nº 276 y que la Ley Nº 24029, resulta pertinente la aplicación del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”15
16. Con relación a ello, cabe recordar que el principio de especialidad nos reﬁ ere la “aplicación de la norma general, a menos que en el supuesto de la vida real, se de las circunstancias más especíﬁ cas y en parte divergentes del supuesto de hecho de la norma especial, en cuyo caso
se aplicará esta última”16. Es decir, este principio resultará debidamente aplicable cuando la norma especial sea la que mejor se adapte al supuesto de hecho planteado.
17. En atención a lo expuesto, debe darse preferencia a las normas contenidas en el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, en los artículos 144º y 145º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, en los artículos 51º y 52º de la Ley Nº 24029, y en los artículos 219º y 220º
del Reglamento de la Ley Nº 24029, por cuanto todas estas normas prevén consecuencias jurídicas que se adaptan mejor al supuesto de hecho representado por todos los servidores y funcionarios que han adquirido el derecho de acceder a los beneﬁ cios económicos enumerados en el fundamento tercero de la presente resolución.
18. Sobre esto último, es necesario agregar que el TC, en reiterada y uniforme jurisprudencia ha precisado que el concepto de remuneración total permanente no resulta aplicable para los cálculos de los montos correspondientes a las siguientes asignaciones:
(i) Asignación por veinticinco (25) años de servicios de la siguiente forma:
“El inciso a) del artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, establece que corresponde a los funcionarios y servidores públicos, en virtud de cumplir 25 años de servicios 2 remuneraciones mensuales totales por única vez, sin hacer mención alguna al concepto de remuneración tota
permanente”17
(ii) Asignación por treinta (30) años de servicios de la siguiente forma:
“El artículo 54º inciso a) del Decreto Legislativo Nº 276 estipula que la asignación por cumplir 30 años de servicio se otorga por un monto equivalente a tres remuneraciones totales, no haciendo ninguna mención al concepto de remuneración total permanente”18
(iii) Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio regulados por el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 de la siguiente forma:
“Sobre el particular, debe señalarse que los artículos 144º y 145º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM establecen que para el cálculo de los subsidios que son materia de reclamo por parte del demandante se debe utilizar como base de referencia la denominada remuneración total, no haciendo mención alguna de concepto de remuneración total permanente”19
(iv) Asignaciones a la docente por cumplir veinte (20) y veinticinco (25) años de servicios y al docente por cumplir veinticinco (25) y treinta (30) años de servicios, regulados por Artículo 52º de la Ley Nº 24029 de la siguiente forma:
“De acuerdo con los artículos 52º de la Ley N.º 24029 y 213º del Decreto Supremo N.º 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, el beneﬁ cio reclamado por el demandante se otorga sobre la base de remuneraciones íntegras, (...)”20
(v) Subsidios por luto y gastos de sepelio regulados por el Artículo 51º de la Ley Nº 24029 y por los artículos 219º y 220º de su Reglamento de la siguiente forma:
“De acuerdo con el Artículo 51º de la Ley Nº 24029 y los artículos 219º y 222º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, el subsidio reclamado por el demandante se otorga sobre la base de las remuneraciones o pensiones totales que correspondan
al mes del fallecimiento. (...)”21
19. Al respecto, cabe recordar que, tal como se desprende del Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesa Constitucional22 y de la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del TC23, las normas con rango de ley y los reglamentos deben ser interpretados y aplicados según los preceptos constitucionales y conforme a la interpretación que de los mismos establezca el TC en sus sentencias.
20. Adicionalmente, es necesario precisar que los criterios interpretativos del TC, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución24, no sólo están destinados a orientar el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que “vinculan tanto a los poderes públicos como a los particulares”25. Debe entenderse, entonces, que todos los operadores jurídicos están obligados a resolver teniendo en cuenta la ratio decidendi (razón suﬁ ciente) que tuvo en cuenta el máximo órgano de control constitucional para fundamentar sus fallos, siempre y cuando “sea aplicable al caso concreto debido a la igualdad o sustancial similitud con respecto al supuesto de hecho de la regla que signiﬁ ca la ratio decidendi”26
21. De todo lo expuesto, es posible establecer que la remuneración total permanente prevista en el Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no es aplicable para el cálculo de los beneﬁ cios que se detallan a renglón seguido:
(i) La asignación por cumplir veinticinco (25) años de servicios al Estado, a la que hace referencia el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276.
(ii) La asignación por cumplir treinta (30) años de servicios al Estado, a la que hace referencia el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276.
(iii) El subsidio por fallecimiento de familiar directo del servidor, al que hace referencia el Artículo 144º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276.
(iv) El subsidio por fallecimiento del servidor, al que hace referencia el Artículo 144º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276.
(v) El subsidio por gastos de sepelio, al que hace referencia el Artículo 145º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276.
(vi) La asignación a la docente mujer por cumplir veinte (20) años de servicios, a la que hace referencia el Artículo 52º de la Ley Nº 24029.
(vii) La asignación a la docente mujer por cumplir veinticinco (25) años de servicios, a la que hace referencia el Artículo 52º de la Ley Nº 24029.
(viii) La asignación al docente varón por cumplir veinticinco (25) años de servicios, a la que hace referencia el Artículo 52º de la Ley Nº 24029.
(ix) La asignación al docente varón por cumplir treinta (30) años de servicios, a la que hace referencia el Artículo 52º de la Ley Nº 24029.
(x) El subsidio por luto ante el fallecimiento de familiar directo del docente al que hacen referencia el Artículo 51º de la Ley Nº 24029 y los artículos 219º y 220º de su Reglamento.
(xi) El subsidio por luto ante el fallecimiento del docente al que hacen referencia el Artículo 51º de la Ley Nº 24029 y los artículos 219º y 220º de su Reglamento.
(xii) El subsidio por gastos de sepelio para el docente, al que hacen referencia el Artículo 51º de la Ley Nº 24029 y el Artículo 219º de su Reglamento.
22. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera que las directrices normativas contenidas en el presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedentes de observancia obligatoria para determinar la correcta interpretación de las normas que regulan el otorgamiento de los beneﬁcios señalados en el numeral precedente, garantizar la uniformidad en su aplicación en todos los órganos y ámbitos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y materializar el principio de predictibilidad27, permitiendo a los administrados adquirir conciencia certera acerca del resultado ﬁ nal de sus solicitudes de otorgamiento.
23. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil respecto de la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria;
1. ESTABLECER como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 21º.
2. PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes mencionados deben ser cumplidos por los órganos componentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
3. PUBLICAR el presente Acuerdo de Sala Plena en el Diario Oﬁ cial El Peruano y en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe), según lo dispone el Artículo 2º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil.
1 “Artículo 4º.- Conformación (...)
2 Distinción recogida por el Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM de la siguiente forma:
“Artículo 8º.- Para efectos remunerativos se considera:
a) Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Boniﬁ cación Personal, Boniﬁ cación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Boniﬁ cación por Refrigerio y Movilidad.
b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común”.
3 “Artículo 9º.- Las Boniﬁ caciones, beneﬁ cios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, con excepción de los casos siguientes:
a) Compensación por Tiempo de Servicios que se continuarán percibiendo en base a la remuneración principal que establece el presente Decreto Supremo.
b) La Boniﬁ cación Diferencial a que se reﬁ eren los Decretos Supremos Nºs. 235-85-EF.
c) La Boniﬁ cación Personal y el Beneﬁ cio Vacacional se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la Remuneración Básica establecida por el D.S. Nº 028-89-PCM”.
4 “Artículo 54º.- Son beneﬁ cios de los funcionarios y servidores públicos:
a) Asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios: Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso. (...)”.
5 “Artículo 144º.- El subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o hermanos. En el caso de fallecimiento de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos remuneraciones totales”.
6 “Artículo 145º.- El subsidio por gastos de sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se de cumplimiento a lo señalado en la parte ﬁ nal del inciso j) del artículo 142, y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes”.
7 “Artículo 52º.- (...) El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones íntegras al cumplir 20 años de servicios, la mujer, y 25 años de servicios, el varón; y tres remuneraciones íntegras, al cumplir 25 años de servicios, la mujer, y 30 años de servicios, los varones. (...)”.
8 “Artículo 51º.- El profesor tiene derecho a un subsidio por luto al fallecer su cónyuge, equivalente a dos remuneraciones o pensiones, y subsidio equivalente a una remuneración o pensión por fallecimiento del padre y madre. Al fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en forma excluyente, tienen derecho a un subsidio de tres remuneraciones o pensiones”.
9 “Artículo 219º.- El subsidio por luto se otorga al profesorado activo o pensionista, por el fallecimiento de su cónyuge, hijos y padres. Dicho subsidio será de dos remuneraciones o pensiones totales que le corresponda al mes del fallecimiento”.
“Artículo 220º.- El subsidio por luto al fallecer el profesor activo o pensionista se otorga en forma excluyente en el siguiente orden: al cónyuge, hijos, padres o hermanos, por un monto equivalente a tres (03) remuneraciones o pensiones totales vigentes al momento del fallecimiento”.
10 “Artículo 222º.- El subsidio por gastos de sepelio del profesor activo o pensionista será equivalente a dos remuneraciones totales y se otorga a quien acredite haber sufragado los gastos pertinentes”.
11 “Artículo 1º.- El presente Decreto Supremo establece, en forma transitoria, las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Boniﬁ caciones de acuerdo a las reales posibilidades ﬁ scales”.
12 “Artículo 3º.- Las medidas extraordinarias a que se reﬁ ere el inciso 20) del artículo 211 y el artículo 132 de la Constitución Política, se dictan a través de disposiciones denominadas “Decretos Supremos Extraordinarios”.
“Artículo 4º.- Los Decretos Supremos Extraordinarios tienen vigencia temporal, expresamente señalada en su texto, por no más de 6 meses, y pueden suspender los efectos de la ley cuando sea necesario dictar medidas económicas y ﬁ nancieras sobre los siguientes aspectos:
a) Reestructurar los gastos del gobierno central y las empresas del Estado, establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, siempre que las disposiciones
presupuestarias impidan la aplicación de las medidas extraordinarias;
b) Modiﬁ car o suspender tributos en forma temporal;
c) Disponer operaciones de emergencia en materia de endeudamiento interno y externo, para proveer de recursos ﬁ nancieros al Estado destinados a la atención y satisfacción impostergable de necesidades públicas;
d) Intervenir la actividad económica de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política”.
13 Sentencia recaída en el Expediente 0419-2001-AA, Fundamento Primero.
14 Neves Mujica, Javier (2009) Introducción al Derecho del Trabajo. Lima, Fondo Editorial de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. p.159.
15 Tardío Pato, José. “El principio de especialidad normativa (lex specialis) y sus aplicaciones jurisprudenciales”. En: Revista de Administración Pública. Nº 162. Septiembre / Diciembre 2003. p.191.
16 Tardío Pato, José. Ob. Cit. p. 192.
17 Sentencia recaída en el Expediente Nº 1339-2004-AA/TC, Fundamento Segundo. En idéntico sentido se han pronunciado las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 2766-2002-AA/TC, Fundamento Primero, y 2129-AA/TC, Fundamento Segundo.
18 Sentencia recaída en el Expediente Nº 3904-2004-AA/TC, Fundamento Segundo. En idéntico sentido se ha pronunciado la sentencia recaída en el Expediente Nº 3360-2003-AA/TC, Fundamento Segundo.
19 Sentencia recaída en el Expediente Nº 4517-2005-PC/TC, Fundamento Tercero. En idéntico sentido se han pronunciado las sentencias recaídas en los expedientes: Nº 2257-2002-AA, Fundamento Primero; Nº 433-2004-AA/TC, Fundamento Segundo Nº 0501-2005-PA/TC, Fundamento Tercero, entre otras.
20 Sentencia recaída en el Expediente Nº 1367-2004-AA/TC, Fundamento Segundo. En idéntico sentido se han pronunciado las sentencias recaídas en los Expedientes Nos 3534-2004-AA/TC, Fundamento Primero, y 1847-2005-PA/TC, Fundamento Tercero.
21 Sentencia recaída en el Expediente Nº 2213-2002-AA/TC, Fundamento Primero. En idéntico sentido se han pronunciado las sentencias recaídas en los Expedientes Nos 2273-2004-AA/TC, Fundamento Cuarto, y 1249-2003-AA/TC, Fundamento Segundo.
22 “Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación Constitucional (...) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.
23 “PRIMERA.- Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad”.
24 Al respecto, la Ley Nº 28301 establece lo siguiente:
“Artículo 1º.- Deﬁnición El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la
constitucionalidad. (...)”.
25 Castillo, Luis (2008) El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial. Lima, Palestra. p. 139.
26 Castillo. Ob. Cit. pp. 146 – 147.
27 Enunciado en la Ley Nº 27444 en los siguientes términos:
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y conﬁable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado ﬁ nal que se obtendrá. (...)”.
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