Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-43816-de-octubre-16-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eca73c8bc01203aee0430a01015103ae&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-17 17:46:48
Document Index: 11924071

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 11']

﻿ Sentencia 43816 de octubre 16 de 2013
SENTENCIA 43816 DE 16 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:REQUISITO DE FIDELIDAD NO ES NECESARIO PARA OTORGAR PENSIÓN DE INVALIDEZ. CUANDO UNA PERSONA CUMPLE CON EL REQUISITO DE LAS 50 SEMANAS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ, PARA CONCEDER LA PRESTACIÓN CORRESPONDIENTE BASTA CON INAPLICAR EL REQUISITO DEL PORCENTAJE DE FIDELIDAD DE COTIZACIONES AL SISTEMA DEL 25% DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL MOMENTO EN QUE CUMPLIÓ 20 AÑOS DE EDAD Y LA FECHA DE LA PRIMERA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ, POR SER DICHA PREVISIÓN A TODAS LUCES REGRESIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, CALIFICACIÓN, INVALIDEZ, FIDELIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, PRINCIPIO DE FIDELIDAD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia 43816 de octubre 16 de 2013
Radicación 43816
SL 726-2013
Son hechos establecidos en el proceso y que no se discuten por el recurrente dado el sendero de ataque seleccionado, que la actora presenta una pérdida de capacidad laboral del 52,58% por enfermedad de origen común; que el estado de invalidez se estructuró el 27 de julio de 2003; que cotizó más de 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la configuración del estado, y que en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad (12 de septiembre de 1985) y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, debió sufragar 243,18 semanas que equivalen al 25% que exigía la norma vigente a esa fecha y sólo aportó 238,57 semanas. En toda la vida laboral sufragó 238,57 semanas de aportes.
Para dar respuesta al recurso basta referirse a lo dispuesto recientemente por esta corporación en sentencia de 8 de mayo de 2012, radicación 35319, donde dejó las siguientes enseñanzas:
En efecto, la discrepancia que revela el recurrente, también conlleva a estudiar la posibilidad del legislador de variar las reglas de quienes, con amparo en una legislación empezaron a cotizar y sin preveer un régimen de transición para ellos, se ven afectados por un cambio legislativo; ello es patente en el sub lite, pues mientras el artículo 39 ibídem exige para la obtención de la pensión de invalidez la cotización de 26 semanas al momento de producirse la invalidez, si está cotizando, o las mismas semanas, dentro del año inmediatamente anterior, si ha dejado de cotizar, el extinto artículo 11 de la Ley 797 consagraba la necesidad de sufragar 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración y la fidelidad con el sistema del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió los 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Es verdad que esta Sala, antes de la sentencia 29063 de 18 de septiembre de 2007, mantuvo la tesis de que era el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, el que debía regir las pensiones de invalidez, por considerar que esa norma estuvo en vigor entre el 29 de enero y el 11 de noviembre de 2003, sin embargo, esa providencia hito rectificó cualquier criterio en contra; allí se consideró:
La discrepancia de la recurrente con el fallo acusado estriba, en estricto rigor, en que la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 ‘genera la inexistencia de la norma hacía el futuro pero no puede desconocer las situaciones fácticas consolidadas durante la vigencia de la norma porque no es el sistema consagrado en nuestra Constitución, para los efectos de la inexequibilidad, en éstas circunstancias es indudable que el honorable Tribunal Superior ha debido aplicar el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 que se encontraba vigente el 19 de febrero de 2003, fecha en la cual se estructuró la invalidez por la Junta Regional de Risaralda y en esa fecha el señor Jaime Londoño Londoño no cumplía con los requisitos que consagraba la ley vigente para el reconocimiento de la pensión de invalidez. No puede darse efectos retroactivos a la sentencia de la honorable Corte Constitucional y considerar que la norma aplicable era la consagrada en la Ley 100 de 1993’ (fl. 13, cdno. 3).
‘Pues bien, puestas así las cosas, el eje central de la discusión radica en determinar cuál es la norma que gobierna el asunto sometido a escrutinio de esta Sala, habida consideración que para el tribunal es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en tanto, para la recurrente lo es el 11 de la Ley 797 de 2003.
‘En sentir de la Sala el juez de segundo grado no incurrió en yerro que le achaca la impugnante, toda vez que el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, como quedó dicho, fue declarado inexequible por lo que despareció del ordenamiento jurídico, por ende, lo estatuido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 recobró pleno vigor a partir del 12 de noviembre de 2003; específicamente, el requisito consistente en que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse el estado de invalidez, supuesto que el actor satisface a cabalidad.
“Y entonces, bajo estos supuestos no existe la menor duda de que el promotor del proceso tiene derecho a pensionarse con fundamento en la norma en precedencia, como acertadamente lo sostuvo el juez colegiado, sin que tenga que cumplir con la densidad de cotizaciones que exigía la mencionada Ley 797, como lo propone la entidad recurrente, por cuanto para la fecha de estructuración de la invalidez— 19 de febrero de 2003 —sufragó en su integridad las semanas requeridas por aquella ley, haciéndolo acreedor a la prestación que implora”.
Sin embargo, en sentencia de 4 de noviembre de 2009, radicado 35457, se recogió esa posición, al considerar:
‘(...) el tribunal concluyó que, como la invalidez del actor se estructuró el 30 de mayo de 2003, la norma vigente en ese momento era el citado artículo y luego de transcribirlo asentó que, como el promotor del pleito cotizó 42 semanas, se “…hace innecesario ubicar en qué tiempo se cotizaron, toda vez que son inferiores a las que se exigen en el artículo citado”. Es claro, así las cosas, que fundó su conclusión en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, lo que hacía ineludible la crítica de esa inferencia y, desde luego, la inclusión del precepto en la proposición jurídica.
‘Por lo demás, ese criterio del tribunal no es equivocado, porque esta Sala de la Corte ha explicado que las normas jurídicas que deben ser tomadas en consideración para establecer la existencia del derecho a una prestación por invalidez son las que estén vigentes en el momento en que se estructure ese estado de invalidez y que, en aplicación de esa regla, en principio, la Ley 100 de 1993 no tiene vocación para ser aplicada respecto de derechos prestacionales de afiliados cuyo estado de invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 797 de 2003, como el del actor’.
Es que si el sistema pensional de reparto simple o de prima media en Colombia contiene un nuevo principio, diferente del que rige en el derecho laboral, a pesar de describirse en términos similares, conforme al cual, cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible. Este hecho futuro del cual pende la efectividad del derecho pensional, como, por ejemplo, la estructuración de una incapacidad suficiente para que al afiliado se le declare inválido, o por morir antes de cumplir la edad señalada para su jubilación, no ha de frustrarse por la modificación de la ley bajo la cual cumplió con ‘la mutua ayuda entre las (...) generaciones’ (L. 100/93, art. 2º-b), soporte del sistema de fondo común, administrado por el Estado, conforme al cual, una generación económicamente activa sufraga las pensiones de la otra que, simultáneamente, entra en su etapa pasiva laboral.
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no sólo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez.
En ese orden, no pudo haber equivocación en la determinación del tribunal, que ante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, aplicó el 39 de Ley 100 de 1993 y el principio de progresividad”.
Ahora bien, como es cierto que en el sub lite la demandante cumplía con el requisito de las 50 semanas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, para conceder la prestación bastaba con inaplicar como lo hizo acertadamente el tribunal, el requisito del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, por ser dicha previsión a todas luces regresiva.
Esta solución está en armonía con el nuevo criterio de la Corte sostenido entre otras en sentencia de 10 de julio de 2012, radicación 42423, en los siguientes términos:
“… la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, en sentencia de 20 de junio de 2012 radicación 42540, frente a una prestación de sobrevivientes pero cuyos argumentos resultan aquí plenamente aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009), proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por Aída Luz Torres Quintero contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – Protección S.A.