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Timestamp: 2017-05-30 09:21:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 14', 'in fine', 'artículo 96', 'artículo 17', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 95', 'artículo 17', 'artículo 96', 'Artículo 61', 'artículo 116', 'artículo 73']

Juicio de Amparo | El Juego de la Suprema Corte | Page 2
Juicio de Amparo	enero 13, 2016
Rafael Estrada Michel El escrito sobre la Propiedad y la Constitución de 1917 que halló, comentó y publicó José Antonio Aguilar Rivera en el número de este mes de la revista Nexos es un interesante -diríase que imprescindible- documento, pues hace descender a un tema de lo más sustantivo la gran obsesión procesal de Emilio Rabasa (1856-1930): la anti-legolatría. Además de que en cierta medida, compacta todo el pensamiento jurídico del mayor de nuestros constitucionalistas.
Miguel S. Macedo, profesor y legislador como Rabasa y con Rabasa, practicó con mejor fortuna que éste la historia del derecho, esa vacuna “contra la sobrestimación de la ley actual” que decía Rafael de Altamira, el gran maestro asturiano que en 1910 había venido a dictar una par de conferencias a la Escuela de Jurisprudencia y que terminaría, cosas de la vida, exiliado en México al paso de la Guerra Civil. Haya sido o no escuchado en esa ocasión por nuestro ya consagrado escritor, no cabe duda de que para Rabasa, el autor de La Constitución y la dictadura y de una edulcorada saga histórica de México (su Evolución histórica criticada aun por sus discípulos más cercanos, si bien no exenta de perspectivas democratizadoras y vero-constitucionales) la historia, como quería el propio Altamira, inoculaba contra la idolatría de la ley y contra la falsa pretensión de que todo lo positivizado voluntaristamente por el legislador es mágica y necesariamente derecho. Nada mal para un positivista tildado en su momento de “científico”.
El argumento del escrito es complejo, pero no complicado: la Constitución de 1857 había traducido mal el precepto filadelfio (artículo 1º, sección 10ª) según el cual a los estados de la Unión Americana les quedaba vedado expedir leyes ex post facto o subversoras de las obligaciones derivadas de los contratos (concesiones incluidas, se entiende). Al eliminar la segunda parte y constreñirlo todo a la prohibición general de leyes retroactivas, el constituyente liberal había abierto las puertas a la vulneración de garantías (“derechos del hombre” se les llamaba metafísicamente y sin perspectiva de género alguna) si es que ésta se realizaba a través del propio texto de la ley fundamental (de aquella o de una que, como la de 1917, venía a reformarla y a adicionarla sin formalmente desconocer su vigencia), puesto que el juicio de amparo, nuestro único juicio constitucional, resultaba improcedente contra los contenidos de la ley suprema. Así podría ocurrir con el derecho de propiedad privada, tan defendido por los hombres del 57 y tan vilipendiado por los del 17.
No hallamos en el ocurso el gobierno congresional, que tanto preocupó a Lujambio, ni la causahabiencia vergonzante en lo Ejecutivo, tan ponderada por Tena Ramírez. Están prefigurados en cambio, y con singular perspicacia, el gobierno de los jueces y los atentados contra su correcta y cabal operación.
Ya en El artículo 14, quizá el mayor ensayo jurídico del novecientos mexicano, había Rabasa diseccionado las garantías inmersas en el precepto consagrado al debido procesamiento jurídico de las causas. Lo había hecho con maestría y sin concesiones a una carta, la del 57, que ahora aparece, empero, como muy superior a la de Querétaro en el punto atinente a la protección de la propiedad privada: si el amparo poseía tantísimos defectos como los señalados por Rabasa en su interpretación canónica, principalmente el de elevar a la categoría de “derecho humano” la ridícula pretensión de aplicar exactamente la ley a cada caso concreto, poseía cuando menos la virtud de amparar, de proteger a los gobernados. Ahora, por culpa de la letra constituyente, ni siquiera teníamos eso si nos referimos a la materia agraria y a los derechos reales constituidos sobre el subsuelo anahuacense.
La prudencia de don Emilio respecto al texto queretano contrastó siempre, como es célebre, con la combatividad de Jorge Vera Estañol -su compañero en la fundación de la Libre de Derecho y en el gobierno de Huerta-, quien tildó de “bolchevique” a la Constitución del 17.
Y, sin embargo, de tal prudencia, la nueva Constitución aparece en el ocurso como anticapitalista, xenofóbica y “bóxer”. La referencia se entiende bien a principios del siglo XX: como los bóxers chinos, los mexicanos pretendían acabar con la presencia extranjera –y productiva- en un suelo patrio que parecía llamado a mejores cosas.
Tiranos son los nuevos dueños de la situación, parece decir el chiapaneco, y no su admirado general Porfirio Díaz, ese héroe de guerra que había sido más bien un dictador generador de nación al gobernar con el pretexto -nunca con la aplicación efectiva- de una Constitución insensata. En cambio, para que la furia revolucionaria pudiese llegar a donde tenía que llegar (la destrucción del capital y, en particular, del capital extranjero) hubo de elevarse a rango constitucional la posibilidad de violentar derechos individuales tales como la garantía de irretroactividad y la subsistencia de las obligaciones contractuales: el texto pseudo-constitucional y la tiranía. La ruina de la casona, que novelaba por entonces otro senador porfirista, Esteban Maqueo Castellanos.
Está claro que Rabasa no entendió a la Revolución, y queda ahora delineada a la perfección la trascendencia de la correspondencia del ilustre novelista con el antiguo ministro Limantour, epistolario que escudriñó como pocos el recordado profesor Charles Hale: Rabasa está escribiendo como abogado de empresas extranjeras y, como tal, defiende intereses particulares. Pero lo pulcro de su argumento jurídico queda incólume. De ahí que se agradezca que este importante escrito, que lleva la forma de un desahogo de consulta, trascienda el “silencio público” propio del “guardián de las instituciones” y del resignado velador del “orden endeble” al que se ha referido Jesús Silva-Herzog Márquez. Este nuevo Rabasa, al parecer no leído por Herrera y Tena, sus alumnos más próximos, no es el de la prudencia exegética de los apuntes de cátedra, cuyos asertos nos dejaban tan insatisfechos y nos decían tan poco. Es más bien el que señala la línea que, en clave individualista y de “supervivencia del liberalismo porfiriano”, marcó el derrotero de una escuela constitucional hasta llegar a Gustavo R. Velasco, el último y solitario liberal, como lo ha llamado Aguilar Rivera.
Velasco, rector por décadas de la escuela que fundó Rabasa, tradujo al castellano los papeles de El Federalista que en su numeral XLIV, y de la mano de James Madison, se hacen cargo de la prohibición de expedir leyes que menoscaben (no simplemente que alteren) la fuerza vinculatoria de los contratos. Es pues al propio Aguilar a quien debemos el rescate de la consulta y del desahogo que nos ocupan, así como una renovada visión del consultado, tan frecuentemente asociado a los excesos presidencialistas de 1917.
Resumiendo aunque tratando de no reducir el argumento de don Emilio, digamos que el recurso de amparo no serviría para contrarrestar el espíritu de una revolución que había elevado sus acrimonias a nivel fundamental. Un viejo tema rabasiano, el del amparo como casación y el de la “imposible tarea de la Corte”, aparece aquí como aparecerá en la ponencia ante el Congreso Jurídico Nacional (1921) que reputábamos hasta hoy como el más acabado producto de Rabasa en relación con la carta constitucional de Querétaro. Si el máximo tribunal ha de estar integrado por magistrados inamovibles y -al fin- independientes, lo ha de estar hasta 1923. Más clara ni el agua: entre 1917 y 1923, con altos jueces que durarían en su encargo cuando mucho cuatro años, la revolución se hallará precavida en contra de interpretaciones científicas (nunca mejor dicho) que, garantizando derechos humanos, pudieran poner en riesgo la dotación de tierras y la reivindicación nacionalista del subsuelo patrio.
Hoy, que las sentencias de una sala de la Suprema Corte (Rabasa alegaría brillantemente contra el funcionamiento tribunalicio en secciones) echan a andar a todo el aparato público del Estado mexicano trascendiendo poderes y temperamentos, las advertencias del constitucionalista lucen, en efecto y así sea a contrario sensu, pasmosamente actuales. Un Estado constitucional, parece decirnos, es aquel en que ni siquiera la Constitución se da el lujo de violentar garantías fundamentales. Ahora podemos estar ciertos de que el viejo rector chiapaneco no celebraría el centenario de la Constitución sino a través de ejercicios críticos: de crítica histórica, dogmática y sociológica, se entiende. ¡Cómo vamos a extrañar durante el próximo bienio, en medio de brindis, soflamas y alardes, la severidad y lucidez de su inigualable pluma!
Rafael Estrada Michel. Profesor de historia del derecho; coautor de la obra “1857, Rabasa y otros ensayos de historia y control constitucional” (Porrúa, 2011). Twitter: @rafaelestradam
Juan I. Zavala Hace unas horas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó, en votación de cuatro votos a favor y uno en contra,1 el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar que resuelve el amparo en revisión 237/2014. El cual fue interpuesto por un grupo de quejosos –agrupados bajo la sociedad civil sin fines de lucro, SMART- en contra de una sentencia de amparo resuelta por un tribunal colegiado que confirmaba la negativa de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a otorgar una autorización administrativa a los quejosos para que éstos pudieran consumir personalmente y con fines lúdicos o recreativos el estupefaciente mejor conocido como marihuana.
José Roldán Xopa Esta es una apreciación crítica del proyecto de sentencia del ministro Zaldívar. No es, sin embargo, una oposición a la posibilidad de que en las capacidades de una persona esté consumir mariguana para su recreación.
Javier Martín Reyes En medio de la espera por las ternas para sustituir a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia anunció el ejercicio de su facultad de atracción para resolver un recurso de queja relacionado con la designación del ministro Medina Mora.1 Si bien algunos medios fueron cautos al momento de dar cuenta de esta determinación2 (algo notable, dado el carácter privado de las sesiones de la Segunda Sala), otros de plano afirmaron, de manera errónea, que la Corte entraría de lleno a analizar “si es constitucional el nombramiento de Medina Mora”.3
Pero si la Corte no analizará –al menos no en este momento– si el nombramiento se ajustó a lo establecido en la Constitución, lo cierto es que el asunto plantea una serie de interrogantes por demás compleja. ¿Es posible que el propio Poder Judicial de la Federación conozca de controversias relacionadas con el nombramiento de quienes forman parte del órgano límite de la judicatura? Más aún, ¿es deseable que la última palabra en los nombramientos de ministros quede en manos de los propios jueces federales? En las siguientes líneas haré una breve síntesis de la queja atraída por la Segunda Sala, para luego reflexionar sobre los dilemas e implicaciones del asunto.
Los antecedentes: el amparo, el desechamiento y la queja
El primer antecedente de la solicitud 300/2015 fue el amparo indirecto promovido por una ciudadana en contra del presidente de la República (por proponer a Medina Mora como ministro), del Senado (por designarlo) y del propio ministro (por aceptar el cargo y por la omisión de renunciar a él). La Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó un acuerdo el 30 de marzo de 2015, en el que determinó desechar la demanda, pues estimó que se actualizaba la causal que establece que el juicio de amparo será improcedente “contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal […] en elección, suspensión o remoción de funcionarios” en los casos que la Constitución le confiera “la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.4 En suma, la juez consideró que, de acuerdo con el artículo 96 constitucional, el Senado podía nombrar soberana y discrecionalmente a los ministros de Corte.
El 6 de abril, la ciudadana presentó un recurso de queja contra este desechamiento. Por una parte, argumentó que el amparo no era notoria y manifiestamente improcedente, pues el nombramiento de un ministro de la Corte no es una facultad soberana o discrecional del Senado, en la medida en que en el procedimiento también interviene el presidente de la República. Y, por otra parte, también alegó que la causal de improcedencia empleada por la juez de distrito era inconstitucional, pues sólo la Constitución puede establecer las resoluciones que son inatacables (y entre ellas no se encuentra la designación de ministros), además de que la designación del ministro Medina Mora es un acto de autoridad que viola el derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.
Posteriormente, el 2 de junio, los tres magistrados que integran el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pidieron a la Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer de esta queja. Para justificar el interés y trascendencia del asunto, los magistrados enfatizaron que el planteamiento de convencionalidad implicaría fijar –a la luz del “nuevo paradigma”– los alcances del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como el principio de independencia judicial.
Más aún, los magistrados dejaron entrever que, desde su perspectiva, era posible que la demanda contra la designación del ministro Medina Mora no fuera improcedente. En ese sentido, señalaron que la propia Segunda Sala había fijado un criterio consistente en que la designación de funcionarios judiciales en el ámbito estatal no era una facultad soberana ni discrecional de los congresos locales5 y, que dicho criterio, “podría ser aplicable […] porque, a primera vista, el presente caso es semejante en todos los aspectos relevantes”.6
La Corte tardó más de tres meses en comenzar a discutir la solicitud realizada por el tribunal colegiado.7 Fue hasta el 14 de octubre que la Segunda Sala determinó que procedía atraer la queja. No sabemos cuáles fueron las razones específicas que emplearon los ministros Franco, Luna Ramos, Pérez Dayán y Silva Meza para justificar el “interés y trascendencia” del caso, pues la resolución aún no se hace pública. Lo que sí sabemos es que la Segunda Sala ahora deberá determinar si el nombramiento de ministros es un acto que actualiza, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Se trata, como argumentaré más adelante, de una cuestión compleja que presenta no pocos dilemas normativos.
Los dilemas de la Corte: entre la independencia y la imparcialidad
A primera vista, los planteamientos de la queja no son del todo irrazonables. Por una parte, es cierto que –al menos en su literalidad– la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo hace referencia a actos en los que el Congreso federal tiene “la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”, mientras que en el nombramiento de ministros también interviene el presidente de la República. Asimismo, podría considerarse que dicha facultad se encuentra materialmente acotada por la propia Constitución, en tanto el artículo 95 constitucional señala que los nombramientos de ministros “deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Por otra parte, podría argumentarse que el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de imparcialidad son tan amplios que puede hablarse de un derecho a contar con jueces constitucionales con un perfil “idóneo” y que, con la designación de alguien que se aparte del mismo, se podría generar una afectación a la esfera jurídica de las personas. Sobra decir que lo anterior implicaría hacer una interpretación extensísima de los alcances del artículo 17 constitucional8 y que, por lo mismo, es muy probable que la Segunda Sala decida no ir tan lejos. Lo que me interesa destacar es que, en abstracto, los planteamientos de la queja no son del todo descabellados.
Sucede, sin embargo, que el caso también plantea otro tipo de dilemas que bien valdría la pena considerar. El primero es más o menos obvio. Supongamos por un momento que la Segunda Sala concluye que el amparo contra la designación del ministro Medina Mora no es notoria y manifiestamente improcedente. Supongamos, además, que la juez de distrito entra al fondo del asunto y determina –por las razones que sean– que la designación no se ajustó a lo establecido en la Constitución y, por ende, la revoca. Esto llevaría al absurdo de que uno de los órganos con menor jerarquía al interior del Poder Judicial de la Federación (un juzgado de distrito) terminara resolviendo sobre la integración del máximo tribunal del país. La instancia revisada estaría revisando al (último) revisor. El mundo al revés.
Se podría argumentar, por supuesto, que en este caso hipotético la última palabra no estaría necesariamente en el juzgado de distrito. Teóricamente, su determinación podría ser controvertida y eventualmente resuelta por la Corte. Pero aquí nos encontraríamos con una situación igualmente inconveniente, pues la Corte terminaría siendo juez y parte en la controversia. So pretexto de salvaguardar la independencia judicial, los ministros terminarían por afectar otro principio igualmente importante: la imparcialidad. Serían los propios jueces constitucionales quienes tendrían la última palabra en la conformación del órgano al que pertenecen.
Nótese la paradoja. En un escenario así, la Corte tendría que argumentar que, según la Constitución, el nombramiento de ministros no es una facultad soberana o discrecional del presidente y el Senado. Sin embargo, en los hechos, la Corte terminaría por darse a sí misma una facultad prácticamente absoluta (no habría forma alguna de controvertir la decisión de los ministros) y de dudosa base constitucional (pues es claro que la designación de ministros es una tarea que, por mandato constitucional, corresponde a los órganos democráticamente electos).
Por lo anterior, creo que sería una mala noticia que eventualmente el Poder Judicial de la Federación conociera de impugnaciones relacionadas con la designación de los integrantes de la Corte. Detrás de las impugnaciones seguramente hay –y muy probablemente habrá– preocupaciones genuinas y argumentos atendibles. No obstante, trasladar el centro de decisión de los órganos democráticamente electos al poder judicial podría hacer que la solución resultara más costosa que el problema.
Para cerrar: una apuesta por la deliberación democrática
No es casualidad que la Constitución establezca un procedimiento mixto, donde el órgano límite del poder judicial es designado por integrantes de los otros dos poderes públicos. El procedimiento es parte de la lógica de pesos y contrapesos de nuestra democracia constitucional, donde la garantía de los derechos y el equilibrio de poderes es producto –al menos en parte– de un arreglo institucional que permite que el poder controle al poder. ¿Cómo podríamos hablar de contrapesos si en la designación de ministros la última palabra queda en manos de los propios jueces constitucionales?
Con lo anterior no quiero decir que tengamos el mejor procedimiento para nombrar a los integrantes de nuestro tribunal constitucional. En general, me parece que las reglas actuales inclinan la balanza a favor del Presidente, por lo que convendría hacer ajustes al artículo 96 constitucional. Pero, aún con esas imperfecciones, el procedimiento vigente permite que ciudadanos, activistas, académicos y los más variados grupos intenten incidir en la decisión de los órganos democráticamente electos.
Mal haríamos en menospreciar el debate que hemos presenciado en las últimas semanas en torno al tipo de justicia constitucional y el perfil de ministros que queremos. La relevancia que el tema ha adquirido es muestra, entre otras cosas, de que la designación de ministros no es ya un tema ajeno a nuestra deliberación pública. Quizá sea sensato pensar que en este tema –como en otros tantos– vale la pena apostar por hacer que los órganos democráticamente electos sean más responsivos a los intereses de la ciudadanía.
Paradójicamente, la decisión de la Segunda Sala de atraer la queja relacionada con el nombramiento del ministro Medina Mora no abona mucho en la consolidación este contexto de exigencia de cara a las dos designaciones que vienen. Es difícil saber con exactitud por qué los ministros escogieron justo este momento para resolver favorablemente la solicitud de atracción. Quizá el ponente necesitó poco más de tres meses para elaborar el proyecto de resolución. Quizá los ministros hayan votado a favor de la atracción ante los indicios de que el tribunal colegiado revocaría el desechamiento dictado por el juez de distrito.
Pero no hará falta quien interprete la decisión de la Segunda Sala como una señal de que la Corte también está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para incidir en el proceso de designación. La anterior puede ser una lectura equivocada, pero en estos temas las apariencias cuentan (y mucho). Lo cierto, sin embargo, es que, por estrategia o ingenuidad, los ministros al ejercer su facultad de atracción de este caso metieron un pie en el proceso político de renovación de la Corte, al poner el acento en uno de los puntos más débiles de la candidatura a la Suprema Corte de Raúl Cervantes -no hay que olvidar que, de acuerdo con algunas interpretaciones, este abogado no reúne los requisitos para ser ministro pues continua siendo senador de la República, a pesar de gozar de una licencia a dicho desde hace un año-. Ojalá que en las siguientes semanas el debate sobre los sustitutos de los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza se centre en la actuación del presidente y del Senado y no en señales un tanto confusas provenientes de la Corte.
1 A la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción se le asignó el expediente 300/2015, mismo que fue turnado a la ponencia del ministro Pérez Dayán. La solicitud fue realizada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien originalmente debía conocer de la queja 16/2015, presentada contra el acuerdo mediante el cual la Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa desechó la demanda del juicio de amparo 364/2015, en el que se impugnó la designación del ministro Medina Mora.
2 Quizá la nota que ofrece el mejor panorama del asunto sea la publicada en Animal Político.
3 La cita corresponde a la nota de El Informador, pero afirmaciones similares fueron publicadas por MVS (“[l]a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, acordó revisar la constitucionalidad del nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora”); Proceso, Radio Fórmula y Emeequis (“[l]a sala determinará si es constitucional el nombramiento de Medina Mora como ministro”); así como Terra (“es la primera vez en la historia de la Suprema Corte, en que se revisará la legalidad de la elección de uno de sus ministros”).
4 Artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.
5 Específicamente, citaron la tesis de jurisprudencia 136/2009, en la cual la Segunda Sala de la SCJN, después de hacer mención de los principios que deben regir la actuación de los poderes judiciales locales –establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución–, concluyó que en la elección, ratificación o cese de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco no se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción VII, de la anterior Ley de Amparo, toda vez que la facultad del congreso se encontraba sujeta a determinadas reglas, así como al deber de fundamentación y motivación, razones por las cuales no podía considerarse soberana o discrecional.
7 De acuerdo con la lista de asuntos publicada por la propia SCJN, la solicitud se listó por primera vez para ser discutida en la sesión del 7 de octubre de 2015. No obstante, el asunto “quedó en lista” en la sesión de esa fecha, por lo que se volvió a incluir en la lista del 14 de octubre, día en el que se dio a conocer la determinación de la Segunda Sala.
8 El cual establece, en su primer párrafo, el derecho de toda persona “a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
Lidana Montoya Fernández Uno de los factores que ha propiciado la caída de la recaudación tributaria han sido los “esquemas agresivos de evasión fiscal”, los cuales pretenden burlar la hipótesis de causación del tributo; es decir, del pago de impuestos.
Manuel Ayala Reyes, Tadeo Eduardo Hübbe Contreras, María Agustina Rodríguez Moran y Luis Alfonso Gómez Silva Las reformas constitucionales de junio de 2011, colocaron a los derechos fundamentales y su defensa en el centro de la ingeniería constitucional. El nuevo paradigma implica que en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces de toda la República están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.
Tania T. Ramírez En días recientes, un juez mexicano concedió, en el marco de un juicio de amparo, una suspensión definitiva para que las autoridades sanitarias le permitan importar a los padres de una niña que padece una forma grave de epilepsia un medicamento hecho a base de cannabis como tratamiento para su hija. En el siguiente texto, se explican los valores que están en juego en este caso, así como otros asuntos similares que se han presentado en otras partes del mundo. El prohibicionismo en materia de drogas ha causado numerosas violaciones de los derechos humanos de miles de personas alrededor del mundo, entre ellos el derecho a la protección de la salud, a la no discriminación, la libertad de religión, la libertad de conciencia y el derecho a la información. La dimensión más violenta del prohibicionismo (la guerra contra las drogas) también ha ocasionado múltiples violaciones a las garantías penales, como el debido proceso. Todos estos derechos, además de estar contenidos en las cartas de derechos de las legislaciones internas, también están presentes en instrumentos de derecho internacional de los que muchos países forman parte.
Cannabis medicinal e investigación Esta decisión judicial en el caso mexicano, además de ser pionera, nos obliga a abordar un problema donde la colisión entre el derecho a la protección de la salud y el uso medicinal de la cannabis resulta más obvia para muchas personas que en el caso por ejemplo, de los usos no medicinales.
Clínica de Interés Público del CIDE Oscar Manuel fue pareja de Jacobo durante cinco años. Las relaciones son cambiantes y evolutivas, así que después de cinco años de vivir juntos, Oscar y Jacobo decidieron cambiar la dinámica de su relación. Así, acordaron que compartirían algunas noches juntos y otras no.
El día 6 de julio de 2010, Oscar regresó a la casa de Jacobo por unas cosas después de haber salido a comer. Mientras revisaba su correo, Oscar escuchó entrar a Jacobo al departamento junto con una persona, que momentos después se enteraría era un sexoservidor. Oscar se encontraba muy nervioso al momento de salir del departamento, debido a que había escuchado de casos en los que sexoservidores mataban a las personas que las contactaban. Habiendo llegado a su casa, Oscar llamó varias veces a Jacobo, en presencia de sus familiares, para pedirle que se cuidara.
Oscar despertó a la mañana siguiente y fue de inmediato a la casa de Jacobo, pues seguía con la preocupación debido a que Jacobo nunca contestó ninguna de las diversas llamadas que realizó. Al llegar a la casa de Jacobo lo encontró en el piso muerto. De inmediato llamó a una ambulancia, a la patrulla y a los familiares. Los elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal llevaron a Oscar frente al Ministerio Público, y ahí de tener la calidad de denunciante y testigo, cambió a tener la calidad de imputado por el delito de homicidio. El Ministerio Público comenzó a “investigar” el delito y sacó fotos de Jacobo. En las primeras fotos sus manos aparecen sin objeto alguno. En las fotografías subsecuentes se logra apreciar, en la mano de Jacobo un manojo de cabellos. Se podría pensar que alguien de manera deliberada colocó el cabello. Más adelante el Ministerio Público obtuvo los datos telefónicos y correo electrónico del sexoservidor, le llamó y lo detuvo de manera poco ortodoxa.
El Ministerio Público acusó al sexoservidor y a Oscar Manuel por el delito de homicidio. Al sexoservidor, a partir de sus declaraciones, y a Oscar, por los cabellos que aparecían en la mano de Jacobo en la segunda serie de fotos. El Ministerio Público con un poder meta-constitucional y de vidente afirmó que los cabellos eran de Oscar.
El día 5 de agosto del año 2010, la Jueza 49 de lo penal en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión a Oscar. La misma avaló el planteamiento de que Oscar mató a su pareja y que los cabellos lo demostraban. La Jueza afirmaría que las personas por esa orientación sexual pueden ser más pasionales, y por ende, cometer un homicidio. En efecto, la autoridad jurisdiccional lo caracterizó como un crimen pasional y lo único que ocupó para llegar a tal conclusión fueron el conjunto de estereotipos e ideas discriminatorias y, por supuesto, los tres cabellos.
Un tribunal de apelación confirmó la sentencia a más de 25 años de prisión; sentencia que no discrimina de manera abierta, sino que lo hace en silencio. Si bien de una lectura de la resolución de apelación no podemos encontrar un lenguaje de discriminación abierto, lo que tampoco podemos encontrar es una buena razón para condenar a Oscar como lo hizo la Jueza 49. Lo único que sabemos es que a los ojos de los Magistrados Oscar y Jacobo eran amantes (término inexistente en derecho penal), aun cuando estaba demostrado que formaban una pareja permanente (término que está dentro del derecho penal).
La Clínica de Interés Público del CIDE hizo la demanda de amparo por encontrar que había discriminación en un doble aspecto: una discriminación abierta y una discriminación silenciosa.
El Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Distrito Federal conoció del asunto. Y después de destacar el elemento de los cabellos, horas, las llamadas, fallas en la cadena de custodia de la evidencia, las pruebas de ADN y otros elementos le otorgó el amparo liso y llano. Es decir, la libertad absoluta a Oscar Manuel.
Los cinco años que pasaron de agosto de 2010 a la sentencia del Colegiado en 2015 no han merecido ni una disculpa de la Jueza o de los Magistrados. La reflexión nos lleva a un problema de federalismo judicial. El juicio de amparo en México es famoso, la fama la lleva por sus resultados. La mayoría de los jueces federales toman con mucho más rigor el conocimiento de los asuntos y el respeto a los derechos humanos. En contraste, algunos poderes judiciales locales tienen problemas. En algunos casos la independencia y autonomía judicial está comprobada. Sin embargo, otros están atrapados en vaivenes políticos y estereotipos, aunado a la inexistencia de evaluación sustantiva de su trabajo. En efecto, por lo general se examina el número de sentencias que se emiten y la duración de los juicios, pero sobre el contenido de las sentencias poco se dice. Los jueces locales saben que no son órganos límite y, por ello, son irresponsables. Más de una vez le dicen al abogado “…tal vez hubo un error, pero que en la apelación lo corrijan” y en la apelación se dice: “…allí en el amparo a ver cómo le va…” El problema es que al final el juez local no tiene incentivos para ser riguroso, pues sabe que la verdadera responsabilidad recae en un juez de amparo. Tal vez, lo que pasa desapercibido es que los 2 o 5 años que la gente está en la cárcel no se reponen, y que los jueces locales son responsables de ello.
Clínica de Interés Público del CIDE.
La trascendencia del amparo Mexicanos Primero
Luis Pérez de Acha En marzo de este año, la Suprema Corte resolvió el juicio de amparo impulsado por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso por demás relevante que deja un precedente para que la ciudadanía exija rendición de cuentas en los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país. En particular, este amparo exigió que funcionase mejor la maquinaria de fiscalización y sanción de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, para ello, presentó un abanico de novedosos e importantes argumentos constitucionales relacionados principalmente con el interés legítimo, los cuales resultaron en un escenario por demás atractivo para impulsar aún más el litigio estratégico en nuestro país a través de organizaciones de la sociedad civil. En este video, Luis M. Pérez de Acha, el abogado responsable de diseñar la estrategia jurídica de este juicio de amparo, nos explica, a partir de la sentencia y tesis derivadas de este caso que recién fueron publicadas, la relevancia y trascendencia del mismo. Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha
Víctor Manuel Collí Ek El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en el período enero-febrero 2015.
1. Derechos del debido proceso[1]
¿Afecta el derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, que un juez de amparo niegue a una persona información clasificada por la autoridad responsable como reservada o que requiere a las propias responsables para que sea presentada?
La Corte resolvería afirmativamente y, en ese sentido, las personas podrían interponer un recurso de queja contra la decisión del juez. Entendido en sentido contrario, se podría presentar un daño grave y trascendental, debido a que dichos documentos podrían impactar en el sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, por lo que negar el acceso al quejoso se le dejaría en estado de indefensión, no permitiéndosele acciones como la ampliación de su demanda o bien rebatir lo sentado en tales documentos. De igual forma, por lo que hace al requerimiento a las responsables, la naturaleza propia de la información, clasificada como reservada, justificaría que por un recurso de queja se analice la posibilidad de exhibir dicha información en un juicio de amparo.
2. Derecho de audiencia[2]
¿En qué momento debe darse vista al quejoso cuando el órgano colegiado advierte una causal de improcedencia diferente a la advertida por el Juzgado de Distrito? Respondería la Corte, el asunto debe quedar en lista y ahí, darle vista al quejoso, para proceder en los términos respectivos y posteriormente retomar el asunto, analizando los argumentos expuestos.
3. ¿Procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal?[3]
En este caso se analizaba el tema del régimen laboral del Poder Judicial Federal, a través del la posibilidad de revisar una decisión del Consejo de la judicatura Federal, sobre un conflicto de naturaleza laboral con una de sus empleadas. El problema se planteaba en dos niveles.
Primero. La ley de amparo señala que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, por lo que se solicitaba el análisis de constitucionalidad de esta disposición.
Segundo. El análisis de constitucionalidad tenía que pasar por definir, qué lectura se debía de hacer al texto fundamental en esta materia.
La Corte aceptaría, retomando el concepto de restricción constitucional, la hipótesis de improcedencia constitucional, en ese sentido las decisiones del CJF son inatacables, cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que le fueron conferidas –administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación- y aquellas vinculadas con los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, emitidas funcionando en Pleno o en Comisiones. Igualmente, abona en la interpretación a la hipótesis cuando el CFJ actúe como particular en una relación de coordinación –y no de supra-subordinación- donde igual será improcedente el juicio de amparo, por existir el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
4. Derechos laborales y factores de producción[4]
Este asunto tiene su origen en la modificación de un contrato colectivo de trabajo –disminuyendo los derechos de los trabajadores- determinada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que se acreditaba la necesidad de la medida, en razón de la difícil situación económica de la empresa.
Sobre ello, el Sindicato de Trabajadores solicitó que el laudo fuera declarado improcedente. La Corte declaró procedente el amparo.
El ponente en su exposición señalaría la importancia de este asunto en los siguientes términos: “El proceso de resolución que hemos seguido en este asunto responde claramente al interés de salvaguardar, primordialmente, los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores dentro del equilibrio de los factores de la producción, pero sin desconocer que las condiciones económicas generales del país y, en particular, de una determinada industria, pueden afectar a las empresas, al grado de hacer imposible su operación y poner en riesgo lo más importante de la relación laboral que, es la fuente de trabajo.”
Ahora bien, el tema central lo pondría la Corte en definir bajo qué estándar se determinaría la necesidad de la modificación del contrato, y ello pasaba por responder lo siguientes: ¿Por qué los derechos de los trabajadores tienen que disminuirse? Y ¿por qué en esa forma determinada por la Junta de Conciliación?
Al definir la Junta la disminución de las prestaciones de los trabajadores, diría la Corte, más allá de significar que la empresa se encontraba en una situación económica apremiante –lo cual era insuficiente- debió de fundar y motivar cómo esto significaría un elemento que garantizara la subsistencia de la empresa, pero no lo hizo así.
5. Discapacidad y discriminación[5]
La legislación de Baja California, definía los Centros de Desarrollo Infantil como: “el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y que en su caso brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación”. En ese sentido se debía analizar si la especificidad de “menores con discapacidad no dependientes” estaba creando una discriminación hacia otro tipo de discapacidad.
Diría la ministra ponente, no hay necesidad de la distinción, ni razonabilidad porque las desventajas resultan de mayor gravedad que las hipotéticas ventajas de aceptar la validez de la norma.
En los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, no se ha distinguido entre tipos de discapacidad, aceptar tal diferencia, sería contrario a los mismos y al principio pro persona reconocido en el sistema constitucional mexicano
Es importante indicar de que en los efectos de la declaratoria de invalidez, se le dio al Congreso de Baja California, hasta el siguiente periodo de sesiones para legislar sobre ello.
6. Sistema penitenciario[6]
El objetivo de este asunto, era tratar de definir y dar contenido, al principio de reinserción social establecido en la Constitución, originalmente el proyecto era un poco más ambicioso, pero conforme se fueron dando las votaciones, se fueron restringiendo lo temas analizados y resueltos, para quedar considerados aquí, los de manera más claramente definidos.
¿La participación de la víctima en la audiencia de beneficios ante el juez de ejecución es congruente con el principio de reinserción social?[7]
Es constitucional, pero la Corte no avaló el argumento propuesto por la ministra ponente, sobre la coherencia con el principio de reinserción social.
De igual manera se aprobaría que no hay ninguna vulneración, porque en delitos graves, a personas que han sido condenadas con una sanción, dada la gravedad de los mismos, la propia ley establezca que no tienen derecho a los beneficios de preliberación –tratamiento preliberacional y libertad preparatoria-[8].
La Corte declararía válido que: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”[9]
Refrendando decisiones de este tipo tomadas en la Sala –no gozar de algún beneficio, por la comisión de determinados delitos-, declararía que la improcedencia de los beneficios de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, cuando se trata de delitos considerados como graves -lo cual se da de manera independiente de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen- es una medida constitucional, donde no se impide la reinserción social ya que cualquier otra medida puede ser aplicada.
¿Qué se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios?
Diría la Corte, al no lograr la votación necesaria para declarar inconstitucional la última parte del artículo respectivo: “la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales, entrevistas y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”[10].
Medidas disciplinarias: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien las imponga al sentenciado o es posible que lo haga la autoridad administrativa?[11]
El problema radicaba en definir si las medidas disciplinarias como amonestación, exclusión temporal de ciertas diversiones, suspensión de visitas familiares, aislamiento por no más de 30 días, resultaban al final de cuentas en una modificación de la pena, porque de ser así, debían ser tomadas por una autoridad judicial y no administrativa.
Se entenderían estas medidas como actos de molestia y no de privación, pues su contenido supondría una afectación en la esfera jurídica del sentenciado; sin embargo, dicha afectación en los derechos de éste sería temporal y preventiva, y tendría como finalidad conservar el orden y el respeto al interior del Centro en el que el sentenciado se encontrare ejecutando su pena.
Acorde con lo anterior, se definiría que tales medidas pueden ser impuestas por una autoridad administrativa, como el caso del Consejo Técnico propuesto por la ley en análisis; no obstante, reconoció que se debe respetar y satisfacer ciertos requisitos acordes con el objetivo de las medidas.
¿La incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de esta Comisión?[12]
No, aquello no supone una limitación en su actuar, conserva su libertad y autonomía, ya que se considera las funciones encomendadas se encuentran dentro de las que constitucionalmente desempeña, de defensores de derechos humanos, en este caso en el régimen de reinserción social.
¿El requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico, que permite gozar del beneficio de reclusión domiciliaria, supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?
El proyecto propondría que es una acción afirmativa necesaria que impide privar a una persona de un beneficio legal y el establecimiento de obstáculos para el logro de los fines del principio de readaptación social, pero el argumento fue desestimado[13].
7. Acceso a la justicia. Acciones afirmativas. Núcleos ejidales[14]
En este asunto se analizaba el problema de los plazos para la interposición de una demanda de amparo en relación con los núcleos ejidales o comunales de población. El punto en análisis era que la ley de amparo anterior -aunque como diría uno de los ponentes, la hipótesis se trasladó a la ley vigente- no determinaba un plazo y con esto, diría el promotor del juicio de amparo en análisis, se podría estar generando un trato discriminatorio y violentaba las formalidades del procedimiento.
Se resolvería que esta decisión de la falta de plazo, se traducía en una acción afirmativa o positiva, que se había dado por el contexto histórico de vulnerabilidad de los ejidos, lo que se traducía en una medida proporcional.
Señalaría la Corte: “entraña una norma que establece un tratamiento diferenciado, en tanto prevé de manera excepcional y acotada para los núcleos de población, sujetos al régimen ejidal o comunal, que puedan promover el juicio de amparo en cualquier tiempo; y constituye una medida temporal de discriminación positiva, que fue creada al haberse reconocido todo un contexto de circunstancias generadoras de un estado de desigualdad material entre tales entes tutelados”.
[1] Contradicción de Tesis 157/2014. Sesionada el día 20 de enero de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación favorable, p. 40.
[2] Contradicción de Tesis 325/2014. Sesionada el día 22 de enero de 2015. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Votación económica unánime, p. 71.
[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí. [4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.
[5] Acción de Inconstitucionalidad 86/2009. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el 7 de noviembre de 2013; 3, 5, 9 y 10 de febrero de 2015. Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California –reformas 13 de noviembre de 2009-; CPEUM; Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos.
[6] Acción de Inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. 10, 12, 16, 17 y 19 de febrero de 2015. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CPEUM. Convención Americana de Derechos Humanos.
[7] Sesión de 19 de febrero de 2015, pág. 12. Unanimidad por el proyecto modificado.
[8] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 15. 7 votos en contra de la propuesta.
[9] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 23, 7 votos en contra de la propuesta.
[10] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 33. Se votarían dos propuestas que pretendían declarar inconstitucionalidad: Primera, sobre “y observación directa de su comportamiento”, 8 votos en contra de la propuesta. Segunda, “información que complementará a los estudios técnicos”, 6 votos en contra de la propuesta.
[11] Sesión del 19 de febrero de 2012, pág. 28. 8 votos a favor de la propuesta modificada.
[12] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 46. 8 votos a favor de la propuesta modificada
[13] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 65. 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que es desestimada y se declaró válido el artículo.
[14] Amparo directo en revisión 466/2011. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sesionado el día 21, 25 y 26 de noviembre de 2013 (Pon. Min. Margarita Luna Ramos); 23 de febrero de 2015.