Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15597
Timestamp: 2019-10-21 19:47:13
Document Index: 108442258

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 114', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 113', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 149']

BOE.es - Documento BOE-A-2012-15597
Documento BOE-A-2012-15597
«BOE» núm. 311, de 27 de diciembre de 2012, páginas 87683 a 87692 (10 págs.)
BOE-A-2012-15597
https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/14
Por otra parte, desde finales del pasado mayo se han producido fuertes tormentas de pedrisco en diversos territorios de nuestra geografía, que han destruido cosechas y cultivos, produciendo, además, daños en infraestructuras de titularidad pública y en bienes de titularidad privada, viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas. En este sentido también se produjeron en los meses de septiembre y de octubre intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de varios ríos que causaron también importantes daños en varias Comunidades Autónomas.
1. Las medidas establecidas en esta Ley se aplicarán a las personas y bienes afectados por los incendios forestales acaecidos desde primeros del mes de junio hasta su entrada en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que hayan resultado afectadas por los mismos.
Estas medidas se aplicarán asimismo a las consecuencias de las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en varias Comunidades Autónomas, durante los últimos días del mes de septiembre y octubre de 2012.
3. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas previstas en esta Ley a otros incendios y fenómenos naturales catastróficos que hayan acaecido o puedan acaecer en cualquier Comunidad Autónoma y las Ciudades de Ceuta y Melilla desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, hasta la entrada en vigor de esta Ley.
1. Las ayudas previstas en este artículo se extienden a los casos de fallecimiento y a los supuestos de incapacidad causados directamente por los siniestros a que se refiere esta Ley, y se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
Excepcionalmente, en caso de fallecimiento de personas menores de edad, por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia fallecido, los padres percibirán la cantidad de 18.000 euros, sin que sea de aplicación el requisito de la dependencia económica de los beneficiarios previsto en el artículo 19 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior en cuanto a la aplicabilidad del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, al objeto de acreditar la titularidad sobre los inmuebles afectados por los siniestros se admitirá como medio de prueba cualquier documento que demuestre dicho título, tales como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de análoga naturaleza.
4. Las solicitudes para la concesión de estas ayudas, cuyo plazo de presentación será de dos meses, se tramitarán por las Delegaciones del Gobierno o las Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas afectadas, y serán resueltas por el Ministro del Interior en el plazo de tres meses, contados desde la presentación de la solicitud.
El plazo para la presentación de las solicitudes se computará desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas, con respecto a los incendios y otras catástrofes naturales incluidos en su ámbito de aplicación.
Cuando se trate de daños producidos por las lluvias torrenciales y otros fenómenos naturales no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, pero sí en el de esta Ley, el plazo de presentación de las solicitudes empezará a contarse desde la entrada en vigor de la misma.
5. Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se financiarán con cargo a los créditos de los conceptos 472, 482, 771 y 782 de la aplicación presupuestaria 16.01.134M «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados con carácter de ampliables en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
Estas ayudas no tendrán por objeto las reparaciones o reposiciones de carácter infraestructural contempladas en el artículo 4 de esta Ley. No obstante, podrán subvencionarse aquellas actuaciones inaplazables que, incidiendo en el mismo ámbito de aplicación a que se refiere dicho artículo, se hayan llevado a cabo con el fin de garantizar la vida y seguridad de las personas, el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la salubridad pública. Entre estas actuaciones se incluyen la evacuación, alojamiento y alimentación de personas afectadas por las catástrofes, la retirada de lodos y la limpieza de vías y entornos públicos que sean indispensables para el restablecimiento de la normalidad, y la retirada de animales muertos.
3. Las solicitudes para la concesión de las ayudas previstas en los dos apartados anteriores se presentarán en el plazo de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, con respecto a los incendios y otras catástrofes naturales incluidos en su ámbito de aplicación.
6. La disminución de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artículo produzcan en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y Consejos Insulares será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
1. Con efecto para el período impositivo de 2012, para los titulares de derechos al uso del agua para riego de los municipios de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama y Mazarrón de la provincia de Murcia, y Pulpí, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Vera, Zurgena y Antas, de la provincia de Almería, se conceden las siguientes exenciones:
La cuota de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación establecidos en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas incluidos en los párrafos b) y c) del artículo 7.1 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.
La cuota de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase (cuenca del Segura), prevista en el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, que fuera aplicable a las aguas propias de la cuenca.
Asimismo se determinarán exenciones en el canon de regulación del trasvase de agua del Negratín al Almanzora, a las Comunidades de Regantes afectadas por la catástrofe.
2. Los sujetos pasivos de las exacciones señaladas en el apartado anterior que hubieran satisfecho total o parcialmente las cuotas correspondientes al período impositivo al que alcanzan las exenciones tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden que se dicte en desarrollo del artículo 1 de esta Ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1.º del artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el apartado 3 del artículo 38 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa directa en los daños producidos por los acontecimientos catastróficos señalados en los apartados primero y segundo del artículo 1 de esta Ley, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de los mismos en el sector de la hostelería y hospedaje que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las catástrofes, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
1. A los efectos prevenidos en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación previsto en el párrafo a) del apartado primero del citado artículo, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, así como las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, cualquiera que sea su cuantía.
1. Se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las Comunidades Autónomas afectadas, con las que se suscribirán los oportunos Convenios de colaboración.
2. Esta línea de préstamo tendrá como finalidad financiar la reparación o reposición de instalaciones y equipos industriales, turísticos y mercantiles, agrícolas, forestales, ganaderos y de regadío, automóviles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto dañados como consecuencia de los siniestros, y se materializarán en operaciones de préstamo concedidas por dichas entidades financieras.
3. Mediante acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos se concretarán las características técnicas de la línea de préstamo y las partidas presupuestarias que queden vinculadas a su instrumentación. Las operaciones de préstamo contarán con una bonificación de intereses que se atenderá desde el crédito que se habilite en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. La cuantía de dicho crédito se determinará de conformidad con lo que establezca el citado acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos.
b) Que sea superior a 1.000 hectáreas, de las cuales más del 70 % sea de superficie forestal arbolada.
d) En el territorio insular, las superficies exigidas anteriormente serán las siguientes: En el supuesto del párrafo a), 2.500 hectáreas; en el supuesto del párrafo b), 500 hectáreas, y en el supuesto del párrafo c), 250 hectáreas.
1. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma afectada podrá solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta evaluación de los daños no personales, las correspondientes valoraciones necesarias conforme a los artículos 2 y 3 de esta Ley, siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.
El valor de las ayudas concedidas en aplicación de esta Ley, en lo que a daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otras Administraciones públicas, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.
Disposición adicional tercera. Financiación de las ayudas por daños en producciones agrícolas y ganaderas y de las actuaciones de restauración forestal y medioambiental en las Comunidades Autónomas afectadas.
Las ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas y las actuaciones de restauración forestal y medioambiental a las que se refieren, respectivamente, los artículos 5 y 11 se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, a los créditos que habilite el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o mediante consignación en los Presupuestos Generales del Estado, según se disponga en el Real Decreto que lo desarrolle y complemente.
Para atender los gastos ocasionados al Ministerio de Defensa y aquellos en que haya incurrido el Ministerio del Interior por la extinción de los incendios acaecidos en las Comunidades Autónomas a las que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, habilitará los correspondientes créditos en los presupuestos de dichos departamentos ministeriales, de conformidad con lo previsto en los artículos 50 y 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, hasta el importe máximo que se determine en los reales decretos de desarrollo.
La Administración General del Estado podrá celebrar los Convenios de colaboración que requiera la aplicación de esta Ley con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales afectadas.
A los efectos de la emisión del informe preceptivo y vinculante al que se refiere la disposición adicional trigésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, se tendrán especialmente en cuenta las circunstancias que justifican la adopción de las medidas reguladas en esta Ley.
Las cooperativas agrarias que tengan su domicilio fiscal en los ámbitos territoriales a los que sea de aplicación esta Ley, y cuya actividad haya resultado directamente afectada por los daños producidos por las catástrofes, podrán superar los límites establecidos en el apartado cuarto del artículo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y en el apartado 10 del artículo 13 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas, respecto de las operaciones realizadas por terceros no socios. Para ello, deberán solicitar las autorizaciones establecidas, respectivamente, en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, y en el artículo 14 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre.
1. Se crea una Comisión Interministerial para la aplicación de las medidas de apoyo previstas en esta Ley coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, e integrada por los representantes de los Ministerios de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Presidencia, así como por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas afectadas y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.
2. El seguimiento de las medidas de apoyo previstas en esta Ley se llevará a cabo por la Comisión a que se refiere el apartado anterior, en coordinación con las autoridades de las Comunidades Autónomas, a través de las respectivas Delegaciones del Gobierno.
3. Antes del 31 de julio del año 2013, la Comisión Interministerial elaborará un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de esta Ley.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 23.ª y 29.ª del apartado primero del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de las medidas adicionales de protección que hayan adoptado o puedan adoptar las Comunidades Autónomas afectadas.
El Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos para la ejecución de lo previsto en esta Ley.
Fecha de entrada en vigor: 27/12/2012
y establece el procedimiento de concesión de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones y Cabildos: Orden HAP/1950/2013, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-2013-11104).
el art. 1, ampliando el ámbito de aplicación: Real Decreto 389/2013, de 31 de mayo (Ref. BOE-A-2013-6487).
determinando los municipios a los que son de aplicación las medidas: Orden INT/279/2013, de 15 de febrero (Ref. BOE-A-2013-1967).
con la disposición final 2, sobre normas de aplicación de lo dispuesto en el art. 9: Orden ESS/220/2013, de 14 de febrero (Ref. BOE-A-2013-1697).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 19, de 22 de enero de 2013 (Ref. BOE-A-2013-576).
EN RELACIÓN con el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre (Ref. BOE-A-2012-11409).