Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7630
Timestamp: 2019-10-14 03:30:24
Document Index: 245980140

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 254', 'artículo 507', 'artículo 115', 'artículo 35', 'artículo 254', 'Artículo 54']

Sentencia: CE SIII E 28448 DE 2006
Con copias simples de una sentencia no se puede demandar mediante acción de repetición
LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA LTDA. VS. ELKIN ANTONIO CONTENTO SANZ
Entre una entidad estatal y una sociedad privada se celebró contrato de prestación de servicios. El gerente de la entidad estatal dictó una resolución con en la que declaro la caducidad del contrato argumentando que la sociedad no había cumplido con sus obligaciones. En virtud de lo anterior se firmó de mutuo acuerdo un acta de liquidación del contrato. Sin embargo, de acuerdo con el acta la entidad adeudaba una suma de dinero al contratista la cual no fue oportunamente pagada. El contratista obtuvo mediante proceso ejecutivo el pago de las sumas de dinero adeudadas. La entidad demandó mediante acción de repetición al gerente argumentando que su negligencia e inobservancia de las normas y preceptos de índole presupuestal y contractual conllevaron el incumplimiento de las obligaciones de pago.
¿Puede una entidad pública demandar mediante acción de repetición a un ex –gerente argumentando que debido a su negligencia e inobservancia de las normas y preceptos de índole presupuestal y contractual conllevaron el incumplimiento de las obligaciones de pago determinadas en un acta de liquidación de un contrato estatal?
Presupuestos de la acción de repetición. «(…) De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación; y c) Que la condena o la conciliación se hayan producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas.[1] (…)»
[1] En cuanto a los requisitos y los presupuestos de la responsabilidad, la Corte Constitucional se pronunció en los siguiente términos: "...Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los (sic) antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. “Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público, el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política.” Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.
«(…) i. Si bien se probó la existencia del Contrato 039 de 4 de noviembre de 1998, de su acta de liquidación de 21 de mayo de 1999 y de una erogación económica a favor de Sociedad Todo Producciones Ltda., según se deduce de las copias auténticas del citado contrato, del acta y de los soportes de pago que hacen parte del expediente (visibles a folios 7, 8, 20 a 28 del c. 2), no obra prueba que acredite que la entidad pública demandante se haya visto compelida a pagar una suma de dinero por un daño antijurídico como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitido por la ley.
En consecuencia, dado que dichas copias no reposan auténticas en el expediente, carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público, para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.[1] Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo prescrito en la norma procesal antes citada.
Pero además es menester puntualizar que el auto de mandamiento de pago dentro de un proceso ejecutivo ante la jurisdicción por sí solo no es la prueba idónea del primer requisito objetivo de la acción, porque para integrarla deben acompañarse las copias auténticas de la providencia que dio lugar a la terminación del proceso ejecutivo, es decir, de la providencia que da por concluido el proceso por cumplirse la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo o la sentencia que ordena el remate y avalúo de los bienes embargados si los hubiere o de continuar con la ejecución en los términos del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, no está demostrado uno de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia, dentro del proceso, de la prueba de en la que consta la responsabilidad patrimonial del Estado en la reparación de un daño antijurídico, por el cual ésta hubo de pagar una suma a la víctima o perjudicado.
ii. Tampoco se vislumbra que se hayan aportado pruebas o existan elementos de juicio tendientes a demostrar dentro del proceso una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular en ejercicio de funciones públicas, con ocasión a los hechos afirmados en la demanda. (…)»
[1] Norma concordante con el No. 7º del artículo 115 ibídem, a cuyo tenor, “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”. Se trata, “…entonces de un acto mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar —mediante providencia previa— que la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo juzgado, quien cumple la función de 'extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello', precisando 'que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista', según lo establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha…” Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 22 de abril de 2002, Exp. 6636. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
Una entidad pública no puede demandar mediante acción de repetición a un ex –gerente argumentando que debido a su negligencia e inobservancia de las normas y preceptos de índole presupuestal y contractual conllevaron el incumplimiento de las obligaciones de pago determinadas en un acta de liquidación de un contrato estatal[1], porque:
La entidad pública aportó al proceso copias simples de una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las cuales carecen de valor probatorio, porque, en lo que tiene que ver con copias de documento público, para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.
El auto de mandamiento de pago dentro de un proceso ejecutivo ante la jurisdicción por sí solo no es la prueba idónea del primer requisito objetivo de la acción, porque para integrarla deben acompañarse las copias auténticas de la providencia que dio lugar a la terminación del proceso ejecutivo.
Además, debe tenerse en cuenta que la entidad debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular en ejercicio de funciones públicas, con ocasión a los hechos afirmados en la demanda.
[1] N. del E. Se debe tener en cuenta que en este caso los hechos sucedieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001 (26 de mayo de 1999).
CE SIII E 6636 DE 2002
SENTENCIA C 832 / 2001
Artículo 54 de la Ley 80 de 1993
Ficha: Con copias simples de una sentencia no se puede demandar mediante acción de repetición..