Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l11-2010.t3.html
Timestamp: 2019-11-19 00:45:28
Document Index: 128710739

Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'artículo 71', 'Artículo18', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 26', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36']

Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. TÍTULO II. Instrumentos de intervención para garantizar las actuaciones en materia de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.
Publicado en DOG núm. 248 de 28 de Diciembre de 2010 y BOE núm. 25 de 29 de Enero de 2011
Vigencia desde 28 de Febrero de 2011
Instrumentos de intervención para garantizar las actuaciones en materia de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad
Artículo 17 Sistema de información
1. El departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de sanidad establecerá un sistema de información sobre el consumo de bebidas alcohólicas en menores. Este sistema habrá de recabar, procesar, analizar y difundir información sobre los factores de riesgo y protectores, sobre la incidencia y prevalencia de estos comportamientos, sobre las actuaciones en materia de prevención y sobre los centros y programas.
2. La Xunta de Galicia desarrollará reglamentariamente el sistema de información sobre consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad de Galicia, que habrá de estar integrado en el sistema de información de salud de Galicia definido en el artículo 71º de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
3. El sistema de información sobre consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad procurará tener en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales.
4. El sistema de información también habrá de definir y recabar la información que permita conocer y estudiar los progresos y avances en la consecución de los objetivos marcados.
5. El sistema tendrá presente toda la regulación que garantiza el derecho a la confidencialidad de los datos que se manejen.
6. El sistema contará con un mecanismo de evaluación continuada que permita la detección precoz de las desviaciones y genere acciones correctoras que garanticen la eficacia final de las medidas y permitan su adecuación a nuevas necesidades o diferentes escenarios de intervención que puedan surgir.
7. El sistema habrá de facilitar información a las partes interesadas que permita orientar y mejorar sus actuaciones.
8. La gestión del sistema de información sobre consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad estará asignado a la unidad del departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de sanidad que ejerza las competencias de salud pública.
Artículo18 Inspección
1. En el ámbito de sus respectivas competencias, las administraciones públicas ejercerán funciones de inspección y control del cumplimiento de las actuaciones definidas en la presente ley.
2. El ejercicio de las funciones inspectoras en materia sanitaria se realizará en los términos previstos en la Ley 8/2008, de salud de Galicia, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.
3. Los hechos constatados por los funcionarios o personal al servicio de las administraciones públicas que actúen en el ejercicio de sus funciones de inspección en el marco de la presente ley serán formalizados en documento público, que gozará de la presunción de veracidad.
4. Los funcionarios o personal al servicio de las administraciones públicas que actúen en el ejercicio de las funciones de inspección en el marco de la presente ley, y acreditando su identidad, estarán autorizados para:
a) Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en cualquier centro, servicio o establecimiento sujeto a la presente ley.
b) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la presente ley y de las normas que se dicten para el desarrollo de la misma.
c) Realizar las pruebas reglamentariamente establecidas para determinar el grado de intoxicación alcohólica de los menores de edad que estén consumiendo en lugares públicos.
5. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores podrán acordarse las medidas provisionales habilitadas legalmente sobre las bebidas, envases o demás elementos objeto de la prohibición, así como otros materiales o medios empleados. Las bebidas intervenidas podrán ser destruidas por razones higiénico-sanitarias.
6. Las administraciones públicas promoverán acuerdos de colaboración para optimizar el uso de recursos públicos y asegurar la coherencia de las actuaciones.
Los ingresos que se produzcan por la imposición de sanciones tipificadas en la presente ley podrán quedar afectos y generarán un crédito por la misma cuantía en las dotaciones presupuestarias específicas destinadas a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y a la financiación de programas municipales de ocio para la juventud.
Artículo 20 Disposiciones generales
1. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión tipificada en los artículos 22º y siguientes de la presente ley.
2. En el supuesto de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas tendentes a individualizar al infractor o infractores, no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hubieran intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.
Las infracciones administrativas de lo establecido en la presente ley se califican como leves, graves o muy graves.
Artículo 22 Infracciones leves
1. El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, siempre y cuando se produzca por primera vez.
2. La venta y suministro a menores de edad de cualquier producto que imite los envases de bebidas alcohólicas, siempre y cuando se produzca por primera vez.
3. El incumplimiento de las estipulaciones de información sobre las limitaciones contempladas en el artículo 14º, siempre y cuando se produzca por primera vez.
4. El incumplimiento de la prohibición del acceso y las visitas de menores de edad contemplada en el apartado 4 del artículo 15º, siempre y cuando se produzca por primera vez.
5. La obstrucción de la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma.
6. Todas aquellas que se cometan por simple negligencia y no conlleven un perjuicio directo para la salud individual o colectiva.
7. El mero atraso en el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia a requerimiento de la autoridad competente.
8. Cualesquiera otros incumplimientos de las disposiciones de la presente ley que no se tipifiquen como infracciones graves o muy graves.
1. El incumplimiento de las limitaciones al consumo, venta y suministro contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12º de la presente ley.
2. El incumplimiento de lo previsto en el artículo 13º de la presente ley, referente a la venta y suministro a través de máquinas expendedoras.
3. El incumplimiento de las prohibiciones y limitaciones contempladas en el artículo 15º de la presente ley, referente a la limitación de la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas.
4. El incumplimiento de lo previsto en el artículo 16º de la presente ley, referente a la limitación de acceso de menores de edad a locales.
5. El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas preventivas o definitivas que formulen las autoridades, siempre que se produzcan por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las personas.
6. La negativa a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades o sus agentes en el desarrollo de las labores de inspección o control.
7. Las acciones u omisiones que perturben, obstruyan o impidan de manera grave el desempeño de la actividad inspectora y de control de la administración, así como las ofensas graves a las autoridades y agentes encargados de la misma.
8. El incumplimiento, por negligencia grave, de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones establecidas en la vigente legislación en materia sanitaria, así como cualquier otro comportamiento que suponga imprudencia grave, siempre que ocasionen alteración o riesgo sanitario, aunque sean de escasa entidad; y el mismo incumplimiento y comportamiento cuando, cometidos por simple negligencia, produzcan riesgo o alteración sanitaria grave. A los efectos de este apartado, constituirá un supuesto de negligencia la omisión del deber de control o la falta de los controles o precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
9. La comisión por negligencia de las conductas tipificadas como infracción muy grave cuando el riesgo o la alteración sanitaria producida sean de escasa entidad.
10. La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres meses.
11. Las actuaciones tipificadas en los artículos precedentes que, con arreglo al grado de concurrencia con los elementos a los que se refiere el artículo 26º, merezcan la calificación de faltas graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.
12. Las faltas leves que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves o puedan servir para facilitarlas o encubrirlas.
Artículo 24 Infracciones muy graves
1. El incumplimiento de las medidas preventivas o definitivas que se adopten por las autoridades sanitarias competentes cuando se produzcan de forma reiterada o cuando concurra daño grave para la salud de las personas.
2. La resistencia, coacción, amenaza o represalia, el desacato o cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes en el ejercicio de su actividad.
3. El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa sanitaria, o cualquier comportamiento doloso, siempre que ocasionen alteración, daños o riesgo sanitario grave.
4. La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.
5. Las actuaciones tipificadas en los artículos precedentes que, con arreglo al grado de concurrencia de los elementos a los que se refiere el artículo 24º, merezcan la calificación de faltas muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves.
6. Las faltas graves que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves o que hayan servido para facilitar o encubrir la comisión de las mismas.
7. El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que se formulen por las autoridades sanitarias.
8. La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de inspección y control.
1. De las diferentes infracciones será responsable la persona física o jurídica que cometiese los hechos tipificados como tales.
2. También serán responsables de las infracciones aquellas personas que, aprovechando su condición de mayoría de edad, adquiriesen y posteriormente suministrasen el alcohol a menores.
3. Asimismo, y en función de las distintas infracciones, también serán responsables de las mismas los titulares de las entidades, centros, locales o establecimientos en los que se cometiese la infracción o, en su ausencia, los empleados que estuviesen a su cargo; el fabricante, cuando se llevase a cabo por su iniciativa, el importador, el distribuidor y el explotador de la máquina expendedora; el beneficiario de la publicidad o promoción, entendiendo por tal tanto al titular de la marca o producto anunciado como al titular del establecimiento o espacio en el que se exhibiese la publicidad, así como, en su caso, la empresa publicitaria y el patrocinador.
4. Cuando la responsabilidad de los hechos cometidos correspondiese a menores de edad, responderán subsidiariamente sus padres y madres, tutores y tutoras y guardadores y guardadoras legales o de hecho, por este orden, en razón del incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos de prevenir la comisión de infracciones administrativas que se imputasen a los menores de edad. La responsabilidad subsidiaria vendrá referida a sufragar la cuantía pecuniaria de la multa impuesta.
5. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores por las acciones de los menores de edad que dependiesen de ellos, aquellos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, constase dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
Artículo 26 Criterios para la gradación de las sanciones
1. Para la determinación de la cuantía de las sanciones contempladas en la presente ley se tendrá en consideración el principio de proporcionalidad y, en todo caso, los siguientes criterios de gradación:
a) La trascendencia de la infracción.
d) La reincidencia y la reiteración.
e) La edad de los responsables.
f) El volumen de negocio y los beneficios obtenidos por la conducta.
g) El grado de difusión de la publicidad.
2. Cuando concurriesen más de dos de los criterios de gradación en el comportamiento sancionable de entre los contemplados en el apartado 1 de este artículo, el órgano competente podrá imponer la sanción superior en grado a la prevista. No será apreciada la reincidencia o la reiteración para agravar las sanciones cuando ya hubiera sido tenida en cuenta para tipificar la infracción.
1. Las infracciones a la presente ley se sancionarán en los grados mínimo, medio o máximo, en atención a la gravedad de la infracción, la naturaleza de los perjuicios causados, el riesgo para la salud y la intencionalidad o reiteración, de la siguiente forma:
i) Grado mínimo: hasta 601,01 €.
ii) Grado medio: de 601,02 a 1.803,04 €.
iii) Grado máximo: de 1.803,05 a 3.005,06 €.
i) Grado mínimo: de 3.005,07 a 6.010,12 €.
ii) Grado medio: de 6.010,13 a 10.517,71 €.
iii) Grado máximo: de 10.517,72 a 15.025,30 €.
i) Grado mínimo: de 15.025,31 a 120.202,42 €.
ii) Grado medio: de 120.202,43 a 360.607,26 €.
iii) Grado máximo: de 360.607,27 a 601.012,11 €.
Las cantidades expresadas pueden exceder hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
2. En los casos de especial gravedad con trascendencia notoria y grave para la salud, el Consello de la Xunta de Galicia podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. En este supuesto podrá imponerse como sanción complementaria la supresión, cancelación o suspensión de cualquier tipo de ayudas o subvenciones de carácter financiero que el particular o la entidad infractora hubieran obtenido o solicitado de la Administración pública gallega.
Artículo 28 Destino y sustitución de las sanciones
1. La autoridad competente para la imposición de las sanciones podrá decidir, en función de la sanción y su capacidad organizativa, la sustitución, a solicitud del infractor o del representante legal, por la realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad. Esta sustitución no podrá hacerse en las faltas muy graves.
2. Además, en caso de las sanciones referidas al consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, podrán sustituirse, previa solicitud del menor y conocimiento y aceptación de sus padres, tutores o guardadores y con la compatibilidad con las actividades escolares, por la inclusión del infractor en programas preventivos de carácter formativo o informativo, o de tratamiento, a desarrollar durante un número de sesiones que se establecerán en las normas de desarrollo de la presente ley.
La Xunta de Galicia desarrollará reglamentariamente los criterios básicos de los programas preventivos, que consistirán en la realización de servicios de interés comunitario y/o cursos formativos de comportamiento y concienciación sobre el consumo de alcohol.
3. En todo caso, en las sanciones por el consumo de alcohol por menores de edad, tendrán prevalencia las medidas contempladas en los apartados 1 y 2 de este artículo.
4. En caso de que el infractor rechazase esta medida, será ejecutada la multa correspondiente contemplada en la presente ley para ese tipo de infracciones.
Artículo 29 Procedimiento de sustitución de las sanciones
1. El procedimiento se iniciará cuando el infractor o su representante legal solicitasen la sustitución de la sanción por las medidas establecidas en el artículo anterior, ante el órgano que la haya impuesto.
2. La resolución favorable de la sustitución, que será dictada en un plazo máximo de quince días desde la solicitud, declarará suspendido el plazo de prescripción de la sanción por el tiempo previsto de duración de la medida sustitutoria.
3. Durante el tiempo de duración de la medida sustitutoria, la autoridad competente efectuará el seguimiento que estime oportuno sobre las asistencias y los resultados en las tareas correspondientes.
4. Cuando de la información recabada resultase acreditado que el infractor ha cumplido satisfactoriamente su compromiso, la autoridad competente acordará la remisión de la sanción o sanciones impuestas.
5. El incumplimiento total o parcial de la medida sustitutoria determinará la exigencia de la sanción inicialmente impuesta, salvo que se produjese por causa de fuerza mayor.
Artículo 30 Competencia sancionadora
1. Con carácter general, la competencia para la imposición de sanciones corresponderá a los siguientes órganos:
a) A los alcaldes, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves y graves en sus grados mínimo y medio, así como la suspensión de cualquier tipo de ayuda o subvención de carácter financiero que el particular o la entidad infractora hubieran obtenido o solicitado del ayuntamiento, o la revocación de las autorizaciones municipales concedidas.
b) A los jefes territoriales de las consejerías con competencias en la materia, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves en su grado máximo.
c) A los titulares de los órganos superiores o directivos de las consejerías con competencias, de conformidad con lo que establezcan los correspondientes decretos de estructura orgánica, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves en su grado mínimo.
d) Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia:
i. Imponer las sanciones previstas por la comisión de infracciones muy graves en sus grados medio y máximo.
ii. Acordar el cierre temporal, por un plazo máximo de cinco años, del establecimiento, instalación o servicio infractor.
iii. Asimismo, podrá imponer la sanción complementaria de supresión, cancelación o suspensión de cualquier tipo de ayuda o subvención de carácter financiero que el particular o la entidad infractora hubieran obtenido o solicitado de la Administración pública gallega.
2. Por razón de la materia, la competencia sancionadora, en el marco de la Xunta de Galicia, corresponderá a los siguientes órganos:
a) A la consejería responsable en materia sanitaria, las correspondientes a los incumplimientos en materia de publicidad y promoción de bebidas alcohólicas dirigidas a menores de edad en los medios de comunicación y por teléfono o internet.
b) A la consejería responsable en materia educativa, las correspondientes a los incumplimientos en materia de publicidad, promoción o venta de bebidas alcohólicas en los centros docentes.
c) A la consejería responsable en materia de bienestar, las correspondientes a los incumplimientos en materia de publicidad, promoción o venta de bebidas alcohólicas en los centros de menores bajo su ámbito competencial.
d) A la consejería responsable en materia de espectáculos públicos, las correspondientes a los incumplimientos en materia de acceso de menores de edad a locales.
3. Cuando, denunciado un hecho del que tuviese conocimiento la Administración de la Xunta de Galicia, y previo requerimiento al ayuntamiento que resultase competente, el mismo no incoase el oportuno expediente sancionador en el plazo de diez días a partir del requerimiento, la consejería competente podrá iniciar su tramitación con comunicación de la resolución correspondiente al ayuntamiento.
Artículo 31 Prescripción de infracciones y sanciones
1. Las infracciones y sanciones a las que se refiere la presente ley prescribirán al año las correspondientes a faltas leves, a los tres años las correspondientes a faltas graves y a los cinco años las correspondientes a faltas muy graves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse a partir del día en el cual se hubieran cometido las mismas, interrumpiéndose desde el momento en el que el procedimiento se dirigiese contra el presunto infractor.
3. Asimismo, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que fuese firme la resolución por la cual se impusiera la sanción.
Artículo 32 Incoación del procedimiento sancionador
1. El procedimiento sancionador por infracciones tipificadas en la presente ley se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente adoptado:
b) Por acta de infracción levantada por la inspección.
c) Por orden superior.
d) Por comunicación de la autoridad u órgano administrativo que tuviese conocimiento de la posible infracción.
e) Por denuncia formulada por organizaciones profesionales del sector, organizaciones de consumidores y usuarios o particulares. A estos efectos, las hojas de reclamaciones tendrán la consideración de denuncia formal.
2. Previamente a la incoación del procedimiento sancionador, el órgano competente para la misma podrá acordar la realización de cuantas actuaciones fuesen necesarias al objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justificasen su iniciación.
3. El acuerdo de incoación se comunicará al instructor o instructora, con traslado de cuantas actuaciones se hubieran realizado, notificándose al denunciante y a las personas interesadas en el procedimiento.
4. Tendrán la condición de personas interesadas en los procedimientos sancionadores por infracciones tipificadas en la presente ley, además de los presuntos responsables de las infracciones, las personas directamente perjudicadas por las mismas.
Artículo 33 Medidas provisionales
1. Iniciado el expediente sancionador, el órgano competente podrá adoptar las medidas provisionales o preventivas imprescindibles en orden a asegurar la eficacia de la resolución que pudiese recaer y tendentes a la salvaguarda de la salud, seguridad y protección de las personas, así como a la suspensión o clausura preventiva de servicios, establecimientos y centros o la suspensión de autorizaciones, permisos, licencias y otros títulos expedidos por las autoridades administrativas, en los términos que autorice la legislación vigente.
2. En particular, si los hechos que provocaron la incoación del procedimiento sancionador incumpliesen requisitos normativamente establecidos de forma que se produzca un grave riesgo para la salud, se adoptará como medida provisional, en ambos casos, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad, si no se hubiera acordado ya la medida antes de la iniciación del expediente en los términos previstos en la presente ley.
Artículo 34 Resolución del procedimiento sancionador
1. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha del acuerdo de incoación. Si transcurriese este plazo sin haberse notificado la correspondiente resolución, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos y con los efectos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.
2. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la administración, la resolución del procedimiento podrá imponer a la persona infractora la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción, y la indemnización por los daños y perjuicios causados.
3. Si la sanción viniese motivada por la falta de adecuación de la actividad o establecimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente, la resolución sancionadora incluirá un requerimiento, con expresión de plazo suficiente para su cumplimiento, para que la persona sancionada lleve a cabo las actuaciones necesarias para regularizar la situación de la actividad o establecimiento de que es titular.
Artículo 35 Ejecución de las resoluciones sancionadoras
1. La ejecución de las resoluciones sancionadoras, una vez que pongan fin a la vía administrativa, corresponderá al órgano competente para la incoación del procedimiento.
2. En los casos en los que la resolución sancionadora incluyese un requerimiento para que la persona sancionada llevase a cabo las actuaciones necesarias para regularizar la situación de la actividad o establecimiento de que es titular, el órgano competente para la ejecución podrá imponer a la misma multas coercitivas de un 10 % de la cuantía de la sanción máxima fijada para la infracción cometida por cada día que pasase desde el vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento del requerimiento sin que se hayan realizado las actuaciones ordenadas.
Artículo 36 Principios y procedimiento general
En todo lo que no esté previsto en la presente ley y disposiciones que la desarrollen, la tramitación del procedimiento sancionador se ajustará a los principios y procedimiento establecidos con carácter general en la normativa autonómica gallega sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y, en su defecto, en la normativa estatal sobre la misma.