Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/51533
Timestamp: 2020-02-19 14:50:39
Document Index: 328723583

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'artículo 71', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 14', 'Artículo 68', 'artículo 7', 'artículo 67', 'artículo 17', 'artículo 17']

Gaceta: LXII/3PPO-61/51533
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
La suscrita Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMASal tenor de la siguiente:
En las últimas dos décadas, en la mayoría de los países iberoamericanos se han realizado importantes reformas a nivel procesal penal, definiendo un modelo acusatorio con el que se pretende redimensionar la posición de la víctima y de sus derechos. Las reformas buscan corregir el olvido en el que se encontraban las víctimas de derechos humanos en los procesos penales.
De primera instancia, a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas (la “ONU”) ha promovido diversos instrumentos para la protección y respeto de los derechos humanos. Mismos que han buscado el equilibrio en el ámbito interno de los Estados.
De este modo tenemos que la Declaración base de los Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) establece en su artículo 8 que:
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley.”
Asimismo, el artículo 10 establece que:
“Toda personas tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece:
En lo que se refiere a las víctimas, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, refiere en su artículo 14 que los Estados Parte velarán para que la legislación garantice a las víctimas de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada.
Al siguiente año es cuando la ONU define lo que es una “víctima” en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, (Resolución 40-34, 1985), entendiendo por éstas a:
“1. […] las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
Asimismo, refiere que, en lo que versa sobre el acceso a la justicia y trato justo:
7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.”
Es importante mencionar que uno de los Tratados Internacionales más importantes de los últimos tiempos, es el Estatuto de Roma, el cual insta respecto a las víctimas lo siguiente:
“Artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones.
La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial niserán incompatibles con éstos.
Como excepción al principio del carácter público de las audiencias, establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.”
En el ámbito nacional, hasta hace muy poco fue que se creó una Ley General que tratara sobre el tema de las víctimas, esfuerzos que resultaron en la publicación, el 9 de enero de 2013, de la Ley General de Víctimas, ley que tiene como objeto, de conformidad con su artículo segundo:
De este modo, dentro del Título Segundo referente a los Derechos de las Víctimas, es que establece en su artículo 17 que:
No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.”
Si bien la ley referida anteriormente es un gran avance para el país, también lo es que de acuerdo a la última reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011, el Estado está obligado a cumplir e incorporar dentro de su legislación nacional los tratados internacionales y convenciones de los que sea Parte.
Como es bien sabido, México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”, misma que protege el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
En ese tenor, el Estado Mexicano no sólo ha signado y ratificado estas convenciones internacionales sino que además ha trabajado al interior para crear leyes de aplicación general que protejan estos derechos. En esta materia podemos encontrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en un aspecto mucho más general, la anteriormente referida Ley General de Víctimas.
Así, como parte signante de la Convención Belém do Pará, tenemos que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) ha establecido en su Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención que:
“1.8 Prohibición expresa de la conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial.
Aunque no formó parte del cuestionario de la Primera Ronda, en el Primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os notó con preocupación que varios estados reportaron contar con métodos de conciliación o avenencia entre el agresor y la víctima de violencia contra las mujeres, o exoneración de la pena para el agresor si contraía matrimonio con la víctima, o aplicación del principio de oportunidad.
Reiterando su análisis realizado durante la etapa de seguimiento de sus recomendaciones, el Comité de Expertas/os encuentra que la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en que, hacer este delito negociable o transable parte de la premisa que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encontró que este desequilibrio de poderes en los acuerdos de conciliación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres, los acuerdos no son generalmente cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí.”
Además delo anterior, se debe tomar en cuenta que, tal como lo menciona la ONU:
“10. Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.
11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuras los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:
Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.”
Si bien es cierto, que los medios alternativos de solución de controversia pueden ser muy útiles para algunos casos, en otras ocasiones pueden ser generadores de victimización secundaria.
Así, la doctrina nos señala que “La consecuencia inmediata de la necesaria consideración de la víctima, de su tutela y de la protección de sus derechos es la necesidad de establecer los cauces jurídicos adecuados para hacer valer estos derechos. En palabras de SANZ HERMIDA, “es preciso establecer los cauces jurídicos adecuados, no sólo para asegurar la efectividad del derecho a la reparación o resarcimiento de las víctimas”, sino también en orden al logro de dos grandes objetivos no menos importantes. De un lado, “la consideración de que el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la activación de su papel en el proceso pueden contribuir directamente a la recuperación de la víctima, al aumento de la eficacia del proceso penal y al sentido –individual y colectivo- de “justicia”. De otro, evitar la victimización secundaria. Esto es, “el aumento innecesario del daño producido a la víctima como consecuencia del transcurso del tiempo y del propio desenvolvimiento del proceso penal”. Señalado esto, cabe añadir que esa victimización secundaria también puede acontecer por otras causas como, por ejemplo, la justificación social del acto violento o de los daños padecidos o la ausencia de respuesta institucional (o respuesta institucional insuficiente) frente al crimen cometido. En otras palabras el abandono institucional puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar sus efectos.”
Es por esto que el MESECVI abunda:
“El Comité de Expertas/os destaca nuevamente la contribución de las leyes integrales de violencia para lograr la prohibición de la conciliación, mediación u otros medios de solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, quedando pendiente la armonización de las normas procesales respecto a esta disposición. Ello es de particular importancia dado que, si bien un número importante de Estados han reportado diversas formas de evitar el uso de dichos métodos para casos de violencia contra las mujeres en la sección de legislación, algunos de ellos han incluido en la sección de información y estadísticas cifras sobre casos de violencia doméstica o familiar resueltos vía conciliación. Ello indica que dichos métodos siguen siendo utilizados en el Poder Judicial.
El Comité de Expertas/os insiste en su recomendación de prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres. En caso de que ya cuenten con dicha prohibición, recomienda a los Estados armonizar su legislación procesal con esta prohibición, a fin de evitar que en casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación. Finalmente, en casos donde dicha prohibición se haya dado en casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, el Comité de Expertas/os recomienda la ampliación de dicha prohibición a otros casos de violencia contra las mujeres, lo cual requiere como condición indispensable la incorporación de la definición de violencia de la Convención de Belém do Pará y la penalización de otras formas de violencia contra las mujeres distintas a la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica.”
Es de conocimiento que el argumento que se ha utilizado en distintos países para prohibir la mediación y la conciliación cuando se trata de violencia familiar, es aquel que versa sobre la imposibilidad de que las partes se encuentren en igualdad. Sin embargo, no todos los tipos de violencia, ni todas las víctimas caen dentro de este supuesto. Es por eso que sólo cuando se trate de delitos graves, como es el caso de feminicidio, lesiones físicas graves, agresiones sexuales o que haya daño a menores de edad o discapacitados donde el bien jurídico tutelado es de la más alta estima, como lo es la vida, la integridad física o sexual, no debe ni puede caber la mediación y la conciliación.
Es por lo anterior, que en cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de los estándares internacionales más altos, como los establecidos en el Estatuto de Roma, la suscrita somete a su consideración la siguiente Iniciativa con:
único.- Se adicionaun párrafo terceroal artículo 17 de la Ley General de Víctimaspara quedar como sigue:
En el caso de víctimas de delitos porviolencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación.
alos 25 días del mesnoviembre de 2014.
En el caso de víctimas por delitos de violencia física y sexual graves, no se podrá optar por la solución de controversias mediante conciliación o mediación.
Tercera reunión preparatoria Cumbre Judicial Iberoamericana. Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Quito Ecuador. 2012.
MESECVI. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. OEA, abril de 2012.
Resolución A/RES/60/147, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener Reparaciones. Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 2005.
FERNÁNDEZ DE CASAVANTE ROMANÍ, Carlos. Las víctimas y el Derecho Internacional, A.E.D.I. vol. XXV, 2009.
MESECVI. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. OEA, abril de 2012
Es el caso de España, Portugal y Australia. Por su parte, Inglaterra y Alemania han optado por el uso de la jurisdicción civil como la primera de las respuestas para casos “leves” de violencia de género y países como Austria, prefieren intervenir de manera integral usando órdenes de protección civiles. Ver: Castillejo Manzanarez, Raquel; Torrado Tarrío, Cristina y Alonso Salgado, Salgado. Mediación en violencia de género. Revista de Mediación, año 4, no. 7, mayo de 2011. En el caso de Australia, se hace uso de las órdenes de protección y de la mediación solo en estos casos, pero no tratándose de personas que ya han sido detenidas después de haber recibido órdenes de protección ya que se considera “inadecuado, improductivo e inseguro” Ver: FamilyViolence. A National Legal Response (ALRC Report 114) en www.alrc.gov.au