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Timestamp: 2020-06-01 12:19:22
Document Index: 163413500

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 15', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 327', 'artículo 363', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'artículo 24']

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Publicado el 23/05/2020 27/05/2020
Miles de clientes de DENTIX se preguntan qué está pasando con la red de clínicas dentales.
Ya empiezan a crearse plataformas de afectados de Dentix para organizarse y defender sus derechos.
A nuestro despacho de abogados han llegado consultas sobre qué deben hacer los clientes e intentamos despejar algunas dudas.
En la página RECLAMACIONES DENTIX contábamos que la empresa había entrado en preconcurso de acreedores.
Hacerlo le permite negociar con los acreedores y evitar que uno o varios de ellos insten el concurso en el juzgado por haber deudas que no han sido pagadas. Según El Confidencial, DENTIX dejó de pagar a proveedores a finales de enero, esto es, mes y medio antes de la declaración del estado de alarma y de pedir el preconcurso.
Entendemos que con su proceder lo que pretende es ganar tiempo.
Creemos que DENTIX no está bien financieramente, y menos, tras la renuncia a invertir de uno de sus socios.
El problema no es que esté en preconcurso de acreedores, sino que no han abierto las clínicas en todo el estado de alarma, ni siquiera para atender las urgencias de sus clientes.
Según este artículo de la Gaceta Dental las clínica dentales podrían haber abierto desde principio de mes, siguiendo unas pautas de seguridad e higiene y cumpliendo ciertos requisitos.
Podría ser que algunas clínicas DENTIX no pudieran abrir por ser muy grandes, por la fase del estado de alarma, por estar en centros comerciales o no tener acceso directo desde la calle, pero entendemos que el resto deberían haber abierto aunque fuera con el personal mínimo para atender urgencias.
O, en caso de imposibilidad de abrir, haber dado una solución a los pacientes de sus clínicas.
Sin embargo DENTIX presentó un ERTE para el 98% de su plantilla, esto es, 3200 trabajadores.
Posteriormente han salido informaciones en medios de ámbito nacional, como El Confidencial, en el que aseguran que el ERTE se va a prolongar hasta el año 2021, y que, solo el 30% de la plantilla se va a reincorporar a su puesto de trabajo en las clínicas dentales, y no a jornada completa.
También circulan rumores de que tras el ERTE van a plantear un ERE por causas económicas, organizativas y de la producción.
¿QUÉ VA A PASAR CON DENTIX?
Como era de esperar, la incertidumbre se ha extendido entre los pacientes y afectados de DENTIX.
Ya se les puede llamar afectados, toda vez que han iniciado tratamientos y, a día de hoy, nadie les atiende, aunque lo peor es que los pacientes que tenían piezas provisionales o tratamientos a medias, ante el cierre de las clínicas, no han tenido servicio de urgencias para resolver los problemas que han podido aparecer durante el estado de alarma.
Aunque la empresa ha emitido diferentes comunicados anunciando su intención de volver a abrir, la información que circula por internet indica lo contrario, las clínicas siguen cerradas, no consiguen ponerse en contacto con la empresa y nadie les llama para darles cita o atender casos de urgencia.
No sabemos si las clínicas DENTIX volverán a abrir, creemos que están en una situación financiera muy complicada, a la que el estado de alarma no ha ayudado lo más mínimo, lo que es claro, es que ya podrían estar abiertos aunque fuera con los servicios mínimos.
¿ME BUSCO UN ABOGADO PARA DENUNCIAR A DENTIX?
Antes de que nadie se lance a denunciar a DENTIX, hay que analizar la situación detenidamente, tanto mejor si lo haces con un abogado que te asesore.
Una de las mayores preocupaciones de los clientes es qué hacer con la financiación del tratamiento dental con DENTIX.
En primer lugar, si quieres cancelar la financiación del tratamiento dental, hay que informar a Dentix de tu intención de resolver el contrato que te une con ellos, siempre y cuando no esté terminado, disponen de un plazo para intentar resolver el problema.
Sobre el problema de las garantías y las revisiones hablaremos pronto en otro post.
Dado que la plantilla está en ERTE, las clínica cerradas y es harto difícil contactar con ellos, hay que acudir al envío de un burofax u otro tipo de comunicación fehaciente para hacérselo saber.
Tras comunicar a DENTIX tu intención de cancelar el contrato con ellos, es cuando deberás informar a la financiera que debe dejar de pasar recibos.
Al tema de la devolución de los pagos en tratamientos no terminados dedicaremos otro artículo.
Nuestra recomendación es que, si no crees que vayan a abrir las clínicas o has perdido totalmente la confianza en DENTIX como empresa, prepares una carta resolviendo el contrato con la clínica, otra para la financiera informando de que debe dejar de girar recibos a tu cuenta y otra más para DENTIX pidiendo tu historial clínico para poder continuar el tratamiento en otro sitio, este escrito puedes unirlo al de resolución del contrato.
Aún podrías enviar otras, al Colegio de Odontólogos con tu queja, y a la institución de defensa del consumidor de tu comunidad autónoma, e incluso hay pacientes que directamente han puesto denuncia en la Policía porque se sienten estafados.
Te recomendamos que también visites estas páginas:
RECOPILACIÓN DE NOTICIAS DENTIX
Publicado el 02/05/2020 04/05/2020
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PROYECTO DE RDL MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PREÁMBULO RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que se incluyeron, entre otras medidas, limitaciones a la libertad de circulación de las personas, con los efectos que ello supone para ciudadanos, trabajadores y empresas. Específicamente, en el ámbito de la Administración de Justicia, se procedió a suspender con carácter general, los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución.
Desde entonces, el Estado ha procedido a adoptar un conjunto de medidas dirigidas a proteger a las personas del riesgo de contagio, a atender a las que son especialmente vulnerables, a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, así como a velar por las personas trabajadoras y las empresas.
En un Estado Social y de Derecho como en el que vivimos toda la ciudadanía tienen que participar del proceso de recuperación de las consecuencias de la crisis. La actual situación sanitaria tiene un impacto global, y acarreará efectos negativos en un amplio conjunto de colectivos sociales, si bien las consecuencias sociales y económicas afectarán más gravemente a los colectivos vulnerables.
Indudablemente, resulta preciso configurar procedimientos que permitan sustanciar con celeridad pretensiones con origen directo y fácilmente identificable en la crisis sanitaria derivada del COVID-19 como, por ejemplo, el reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida no disfrutados por las limitaciones de la libertad deambulatoria u otras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. Con este mismo fin, se hace necesario declarar la preferencia para el despacho y tramitación de otros procedimientos ya contemplados en las leyes procesales vigentes.
Por ello es de singular importancia incluir medidas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo a las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.
El presente real decreto-ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de veintisiete artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria.
El capítulo I regula las medidas de carácter procesal. En primer término, se establecen una serie de disposiciones dirigidas a retomar la actividad ordinaria de los juzgados, además de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria. En este sentido, se habilita excepcionalmente y de forma parcial el mes de agosto, pretendiendo con ello dar continuidad a la actividad judicial durante este mes que, de ordinario y con carácter general, es inhábil en el ámbito de la Administración de Justicia.
Por otra parte, los plazos y términos previstos en las leyes procesales quedaron afectados como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, salvo los supuestos excepcionados en la disposición adicional segunda del mismo real decreto. En aras a la seguridad jurídica resulta necesario establecer unas reglas generales para el cómputo de los plazos, optándose el artículo 3 por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma.
De particular interés es la regulación “ex novo” de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de los menores, provocando en ocasiones desequilibrios en los tiempos de disfrute, lo cual es previsible que pueda desembocar en demandas y solicitudes ante los juzgados con competencias en materia de derecho de familia. Por otra parte, las consecuencias económicas que se derivarán de la crisis del COVID-19 pueden conllevar alteraciones a las situaciones económicas de los obligados al pago de pensiones alimenticias o bien en las situaciones de los que las reciben, lo que dará lugar a que sean instados procedimientos para la modificación de tales medidas. Para dar una respuesta rápida y eficaz a tales pretensiones, se regula en presente real decreto-ley este procedimiento especial pensando en particular en el interés de los menores afectados y contribuyendo a su mejor protección.
En el capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal. La crisis sanitaria del COVID-19 constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. Es por ello que en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se extendió a estas empresas la posibilidad de acceder a un expediente de regulación temporal de empleo en los términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
A las medidas ya adoptadas en dicho real decreto-ley, se añaden ahora otras, con una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos deudores, se suspende el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel; así mismo se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior. En segundo lugar, se trata de potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. En este mismo sentido, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma. Por último, para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).
Igualmente, para atender a los mismos fines, se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas. Se posibilita, así, el mantenimiento de las distancias de seguridad y se evita las aglomeraciones y el trasiego de personas en las sedes judiciales cuando ello no resulte imprescindible.
La recuperación de la actividad ordinaria de las oficinas judiciales y fiscales requiere no dilatar el plazo de reincorporación tras el levantamiento de las principales restricciones y de esta forma establecer medidas que coadyuven a afrontar con el menor impacto posible en el incremento de litigiosidad.
De este modo, se prevé la creación de unidades judiciales para el conocimiento de asuntos derivados del COVID-19 y se establece la posibilidad de que los Letrados de la Administración de Justicia puedan, durante el periodo de prácticas, realizar funciones de sustitución o refuerzo, entre otras medidas. Con ello se pretende atender la urgente necesidad de regularizar la situación de juzgados y tribunales para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.
Además, tal objetivo ha de compatibilizarse con la adecuada protección de la salud del personal de la Administración de Justicia, del resto de profesionales y de los particulares que acuden a sus sedes. Por ello, se precisan medidas que supongan la distribución temporal de la prestación de servicios por el personal de las oficinas judiciales, de forma que puedan cumplir con su horario habitual de forma sucesiva. Con tal objeto, se establecen jornadas de trabajo de mañana o tarde, evitando con ello la coincidencia de todo el personal en las mismas horas. El cumplimiento de ese horario por distintos funcionarios, aun sin ampliación de jornada, permite, además, la celebración de juicios y vistas no solo en horario de mañana, sino también durante las tardes.
En la disposición final primera se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia facilitando el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, fomentando así el teletrabajo, y se modifica el sistema de identificación y firma reconocidos, disociando uno de otro, en los mismos términos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, así como el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos en la Administración de Justicia, implicará que todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías se doten de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente.
La disposición final segunda modifica y amplía la “vacatio legis” de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil hasta el 30 de abril de 2021. La actual coyuntura y la necesidad de concentrar los esfuerzos en la recuperación de la actividad en el Registro Civil impide abordar en estos momentos el cambio organizativo y de funcionamiento que requiere en tan corto periodo de tiempo por lo que resulta necesario ampliarlo para garantizar su adecuada y plena entrada en vigor.
La disposición final tercera pretende paliar las dificultades derivadas de la gran cantidad de notificaciones que, con toda probabilidad, tras el estado de alarma el Ministerio Fiscal va a recibir.
En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez que se adoptan vía legislación de excepción medidas de contenido económico y social para afrontar sus consecuencias en la ciudadanía. Pero también adoptar medidas organizativas y procesales que permitan la activación de la Justicia tras el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que eviten el colapso de los Juzgados y Tribunales con el previsible aumento de la litigiosidad en determinados ámbitos.
Se trata de un concepto técnico-jurídico que el Tribunal Constitucional ha ido aquilatando a lo largo del tiempo y que no necesariamente coincide con la percepción ciudadana de lo que significa «retraso» o «lentitud». La tutela judicial de los derechos necesita tiempo para que los principios fundamentales que la rigen puedan desplegarse
(dualidad de posiciones, igualdad de armas, contradicción). «Justicia tardía no es justicia», suele decirse con acierto, pero tampoco lo es «justicia instantánea». Hace falta tiempo, pero este no puede ser excesivo. Con el fin de conciliar estos principios, resulta urgente y necesario adoptar las adecuadas medidas organizativas que permitan optimizar los medios personales y materiales existentes y, al propio tiempo, establecer normas procesales temporales que faciliten la celeridad de determinados procedimientos, incorporando a éstos las nuevas tecnologías. Respecto a este último aspecto, resulta también urgente y necesario incorporar a la Administración de Justicia instrumentos que permitan adoptar las medidas de seguridad y mitigación de contagios recomendadas por la autoridad sanitaria, evitando desplazamientos a las sedes judiciales y aglomeraciones de personas en espacios reducidos.
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real recreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a iniciativa del Ministro de Justicia y de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril de 2020,
CAPÍTULO II, Medidas concursales y societarias, RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
-CAPÍTULO II- Medidas concursales y societarias.
Artículo 8. Convenios concursales.
1. En los convenios concursales que se encuentren en periodo de cumplimiento, los pagos pendientes de créditos a los que vincule el convenio que venzan después de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020 quedarán aplazados por un período de 6 meses, sin intereses por el periodo de aplazamiento, a contar desde la fecha de los respectivos vencimientos, cualquiera que sea la duración de la espera pactada.
Esta moratoria no afectará a las demás obligaciones asumidas en el convenio por el deudor o por terceros, así como tampoco a los acuerdos singulares de pago que el concursado hubiera alcanzado con acreedores no vinculados al convenio antes de la declaración del estado de alarma.
2. Desde la fecha de eficacia del convenio, se aplicarán las reglas establecidas en el apartado anterior a aquellos que, habiendo alcanzado las mayorías del pasivo concursal ordinario establecidas por la Ley, estuvieran pendientes de aprobación por el juez del concurso a la fecha de declaración del estado de alarma.
3. Durante el año siguiente a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en período de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos. La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario.
4. Durante los seis meses siguientes a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
5. En caso de liquidación, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez, siempre que en la propuesta respectiva conste la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación o de la garantía a que se hubieran comprometido.
6. Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.
Artículo 9. Acuerdos de refinanciación.
1. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y durante el año siguiente a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
2. Durante los seis meses siguientes a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la fecha de presentación. Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del acuerdo que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
Artículo 10. Extensión de la suspensión del deber del deudor de solicitar el concurso de acreedores.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 no tendrá el deber de solicitar el concurso el deudor que se encuentre en estado de insolvencia como consecuencia de la crisis del COVID 19. A estos efectos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el estado de insolvencia es consecuencia de la crisis del COVID 19 si con anterioridad al 14 de marzo de 2020 no se encontraba incurso en ninguno de los supuestos que habilitan al acreedor para solicitar la declaración de concurso de acuerdo con el apartado cuarto del artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Hasta el 31 de diciembre de 2020 no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso el deudor que se encuentre en estado de insolvencia como consecuencia de la crisis del COVID-19, y que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. A estos efectos operará la presunción del párrafo anterior de este apartado.
2. El acreedor que solicite la declaración de concurso antes del plazo previsto en el apartado anterior deberá acreditar que el título por el que se ha despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago o cualquiera de los hechos previstos en el apartado cuarto del artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, existían con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
3. Cualquiera que fuera el título o hecho en el que el acreedor fundara su solicitud, se emplazará al deudor en los términos del artículo 15.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que pueda formular oposición. Si el acreedor fundara su solicitud en un embargo o en una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia, la oposición del deudor sólo podrá referirse a la fecha de dichos títulos.
4. En todos los casos, se seguirá la tramitación prevista en los artículos 18 y siguientes de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Artículo 11. Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor.
1. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la finalización del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él.
2. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios los créditos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de éste, a partir de la declaración de ese estado.
Artículo 12. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
1. En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.
2. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento.
Artículo 13. Tramitación preferente.
f) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente
Artículo 14. Subastas.
En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la finalización de la vigencia del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a esa fecha, las subastas de bienes y derechos y de unidades productivas de la masa que se realicen durante la fase de liquidación deberán ser extrajudiciales, aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.
Artículo 15. Aprobación del plan de liquidación.
Artículo 16. Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, el mediador concursal que fuera designado para intervenir en un acuerdo extrajudicial de pagos deberá aceptar el nombramiento, salvo justa causa que deberá ser apreciada por la autoridad que le hubiera nombrado y bajo su responsabilidad. El mediador concursal que, sin justa causa, no aceptara el nombramiento, no podrá ser designado ni mediador ni administrador concursal por un plazo de tres años en la provincia en la que radique la notaría o el registro que lo hubiera designado.
Artículo 17. Suspensión de la obligación de reducción de capital por pérdidas.
1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, no se computará el resultado del ejercicio que se cierre en el año 2020.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en el ejercicio social que se cierre en el año 2020.
CAPÍTULO III, Medidas organizativas y tecnológicas, RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
-CAPÍTULO III-, Medidas organizativas y tecnológicas.
Artículo 18. Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.
Artículo 19. Acceso a las salas de vistas.
Artículo 20. Exploraciones médico-forenses.
Artículo 21. Dispensa de la utilización de togas.
Artículo 22. Atención al público.
2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial, será necesario obtener previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes.
Artículo 23. Órganos judiciales asociados al COVID – 19.
1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
Artículo 24. Asignación preferente de Jueces de adscripción territorial.
Artículo 25. Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.
Artículo 27. Sustitución y refuerzo de Letrados de la Administración de Justicia en prácticas.
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 las enseñanzas prácticas de los cursos de formación inicial del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a las que se refiere el artículo 24 del Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, podrán realizarse desempeñando labores de sustitución y refuerzo cuando así lo determine la Dirección del Centro, teniendo preferencia sobre los Letrados sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.
2. Los Letrados de la Administración de Justicia que realicen las labores de sustitución y refuerzo conforme al apartado anterior ejercerán sus funciones con idéntica amplitud a la de los titulares y quedarán a disposición del Secretario de Gobierno correspondiente.
El Secretario de Gobierno deberá elaborar un informe sobre la dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, que deberá remitir al Centro de Estudios Jurídicos para su evaluación.
4. Los Letrados de la Administración de Justicia en prácticas que realicen labores de sustitución y refuerzo percibirán la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado, que serán abonadas por el Ministerio de Justicia.
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❎ HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE TTI FINANCE
TTI FINANCE es una empresa que se dedica a comprar créditos fallidos a entidades financieras, en especial, de créditos y tarjetas revolving.
Suelen ser paquetes con decenas, sino cientos de miles de préstamos no cobrados, otras empresas que operan de este modo son Investcapital LTD, TTI FINANCE, Hoist Finance o TTI Finance.
Normalmente la deuda se vende por un porcentaje de la cantidad impagada del crédito, por ejemplo, si se deben 10.000 €, se vende por el 5%, esto es, 500 €, si la compradora, TTI FINANCE en este caso, recupera el crédito al 100 % habrá ganado 9500 €, el 95% de la deuda, menos los gastos en los que haya incurrido para recuperarla.
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