Source: https://www.scribd.com/doc/106657894/La-ley-y-la-trampa-Discordancias-en-la-legislacion-argentina-sobre-prostitucion-Morcillo
Timestamp: 2017-06-24 19:48:54
Document Index: 265288987

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 87', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 1']

"La ley y la trampa. Discordancias en la legislación argentina sobre prostitución" Morcillo
"La ley y la trampa. Discordancias en la legislación argentina sobre prostitución" MorcilloUploaded by rapsodia45Related InterestsProstitutionHuman TraffickingWomanPoliceBuenos AiresRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Los intercambios sexuales-económicos son objeto de diversas regulaciones de distinta índole (culturales, legales, morales) según el marco donde esto suceda: no tienen las mismas normativas los inte...View MoreLos intercambios sexuales-económicos son objeto de diversas regulaciones de distinta índole (culturales, legales, morales) según el marco donde esto suceda: no tienen las mismas normativas los intercambios que ocurren en el matrimonio que aquellos que se dan en el mercado del sexo (Piscitelli, 2005). Se abordan aquí puntualmente las regulaciones que tienen lugar en el sector del sexo comercial, es decir el trabajo sexual o la prostituciónCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLa ley y la trampa. Discordancias en la legislación argentina sobre prostitución 1 Santiago Morcillo (CONICET-UBA-IIGG-GES) santiagomorcillo@gmail.com
Introducción Los intercambios sexuales-económicos son objeto de diversas regulaciones de distinta índole (culturales, legales, morales) según el marco donde esto suceda: no tienen las mismas normativas los intercambios que ocurren en el matrimonio que aquellos que se dan en el mercado del sexo (Piscitelli, 2005). Se abordan aquí puntualmente las regulaciones que tienen lugar en el sector del sexo comercial, es decir el trabajo sexual o la prostitución2. El sexo no funciona como una mercancía o un servicio cualquiera, las distintas formas en que se lo concibe, los marcos culturales en que se materializa, condicionan las formas y las características que asume su intercambio directo por dinero. En nuestra sociedad el carácter personal de los intercambios sexuales entra en tensión con el carácter marcadamente impersonal de los intercambios monetarios. A su vez, las distintas prácticas sexuales están organizadas en una jerarquía de valor sexual (Rubin, 1989), en la que el intercambio de sexo por dinero –por fuera del matrimonio- es sancionado como malo, anormal y antinatural, estigmatizando a los agentes involucrados. La prostitución se puede concebir como una mediación de las tantas sexualidades perversas que implanta el dispositivo de sexualidad, que hostiga y a la vez acicatea en una eterna persecución entre el poder y el placer. Este papel que como mediación cumple la prostitución contribuye a reafirmar lo duradero del juego entre poder y placer, pues como mediación asegura la recaudación económica (Foucault, 2002). A partir del caso de Argentina se busca comprender cómo la posición marginal en que emerge la prostitución, su valoración negativa y su funcionalidad económica se vinculan con las tensiones en las regulaciones legales que marcan condiciones de producción, consumo y circulación del sexo como mercancía en este singular estatus, ni completamente legal ni completamente ilegalizado. Se desarrollan los aspectos centrales de los diferentes enfoques que se han adoptado en Argentina en materia regulatoria sobre la prostitución, con el objetivo de caracterizar algunas de las tensiones
La presente ponencia constituye una versión revisada de: Morcillo, Santiago y Justo von Lurzer, Carolina (2012) "Mujeres públicas" y sexo clandestino. Ambigüedades en la normativa legal sobre prostitución en Argentina, en Jones, Daniel; Figari, Carlos y Barrón López, Sara (comps.) La producción de la sexualidad, Biblós: Buenos Aires (en prensa) 2 Se entiende por sexo comercial aquellas prácticas de intercambio regular y constante de dinero a cambio de una relación íntima que habitualmente incluye actividades sexuales. El sexo comercial constituye así un recorte puntual dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos más extenso que van desde la esclavitud sexual, pasando por el matrimonio, hasta formas menos asimétricas en términos de los márgenes de acción quienes intercambian. A su vez, además de la relación puntual con el cliente intervienen variables estructurales que enmarcan y delimitan el encuentro (Morcillo, 2011). Entre estas variables estructurales interesan para este trabajo en particular las ligadas al marco legal que regula la prostitución, sin abordar directa ni centralmente las normas que sancionan la trata de personas con fines de explotación -salvo cuando estas influyen sobre el sexo comercial-, ni las formas de explotación sexual infantil, pues entendemos que éstas refieren a otros segmentos del citado continuo. Por otra parte si bien se refiere al caso de las mujeres, pues así está orientada buena parte de la legislación, buena parte las reflexiones vertidas podrían hacerse extensivas a los casos de travestis y varones que comercializan sexo.
antes mencionadas. Se propone un abordaje que focalice en las principales orientaciones normativas y en sus transformaciones más significativas.
Tres enfoques, muchas contradicciones Las formas en que el Estado ha regulado la prostitución pueden ser leídas a partir de tres esquemas. En Argentina se ha oscilado entre los tres y muchas veces funcionan en modo simultáneo generando contradicciones y desfasajes entre la “letra” y la práctica. Enfoque Reglamentarista: regula el ejercicio de la prostitución a través del registro de las personas dedicadas a la oferta de sexo, la estipulación de zonas y lugares de ejercicio (casas de tolerancia) y el control sanitario (fundamentalmente de las Infecciones de transmisión sexual, ITS). Enfoque Abolicionista: el Estado reconoce la existencia de la actividad, se pronuncia en contra de su ejercicio pero no penaliza a la persona que la ejerce sino a terceros que la promuevan y/o lucren con ella. Su fin último es la eliminación de la actividad, su abolición. Enfoque Prohibicionista: el Estado declara ilegal el ejercicio de la prostitución y sanciona como delito la venta y/o la compra de servicios sexuales. Este modelo clásicamente ha condenado tanto a proxenetas como a las propias personas que se dedican a la actividad, las nuevas variantes de prohibicionismo focalizan en la penalización de los clientes. Si bien tanto el sistema prohibicionista como el abolicionista se oponen a la existencia de cualquier forma de la prostitución, habría dos grandes diferencias entre ambos: por un lado el primero condena a las personas que ejercen la actividad, mientras que el segundo las considera víctimas. Por otro lado, el prohibicionismo aborda el fenómeno de la prostitución apuntando a la regulación de las prácticas sexuales, mientras que el abolicionismo lo hace bajo el marco de los derechos humanos. A continuación se señalan algunas medidas importantes para comprender los abordajes actuales sobre el fenómeno y en el final de cada apartado, se puntualizan sus tensiones o contradicciones.
Reglamentar / Ocultar Desde mediados del siglo XIX distintas ciudades argentinas adoptaron medidas reglamentaristas respecto a la prostitución. Rosario en 1874, Buenos Aires en 1875, Córdoba en 1883, La Plata en 1884, Tucumán en 1890 y algunos años más tarde, en el entonces Territorio Nacional de La Pampa, en 1911 -por nombrar sólo algunas-. Las distintas municipalidades autorizaron los burdeles a través de ordenanzas que reglamentaban el ejercicio de la prostitución. Es de notar que, tal como señala Múgica (2001), en todos los casos se trató de legislación a nivel local que articulaba un triple control: administrativo, policial y sanitario. Asimismo, desde estos organismos de control se
recaudaba para las arcas estatales, sea por el cobro de impuestos o multas, por los cánones en concepto de atenciones médicas o por los arreglos extra-legales con las fuerzas de seguridad. La posición del Dr. Carlos Gallarani en un artículo de la Revista Médico-Quirúrgica respecto a la prostitución en Rosario resulta muy clara con respecto a los objetivos de la normativa: “Yo no quiero con esto que la prostitución sea oficialmente permitida para amparar a las miserables que hacen comercio de su persona, sino para vigilarlas mejor, y sobre todo, para sujetarlas periódicamente a una escrupulosa visita médica” (citado en Guy, 1994, p. 68). Se establecieron, con influencia del sistema francés y apoyándose en la doctrina higienista3- aunque con algunas variaciones locales, regímenes de reglamentación de la prostitución que incluían el registro de las prostitutas, a quienes se les otorgaba un carné que debían llevar siempre consigo y donde debían constar los controles médicos. Estos controles se intensificaron a partir del aumento de los índices de sífilis, pero nunca incluyeron a los clientes. También las llamadas casas de tolerancia debían cumplir con determinadas condiciones edilicias y administrativas que apuntaban a establecer normas de salubridad -pero sin determinar condiciones laborales que enmarcaran el ejercicio del sexo comercial- y con un determinado emplazamiento en la ciudad4. No es casual la denominación “casas de tolerancia” pues la lógica que impera en este sistema es la de tolerar un “mal menor y necesario”, que por su peligrosidad y rentabilidad es preciso controlar. Las subsiguientes modificaciones de las normativas continuaron dentro de una misma perspectiva de control por parte de los funcionarios, médicos y policía5. Estas disposiciones, las crecientes exigencias de controles, los altos impuestos, hacían oscilar el ejercicio de la actividad entre la legalidad, la ilegalidad y la clandestinidad absoluta. En síntesis, las dos características fundamentales de estas regulaciones planteaban contradicciones. En primer lugar, entre el importante papel que jugaban los burdeles en el desarrollo urbano, su regulación legal e institucionalización por un lado, y por el otro, el intento de invisibilizarlos, ocultar y segregar a las mujeres que trabajaban en ellos. Subyace aquí la primera tensión, urbanización/guetización, que será provechosamente gestionada para las arcas municipales. En
A partir del estudio señero de Parent Duchatelet, quien realizó la primera encuesta epidemiológica a prostitutas de Paris en 1836, el desarrollo del higienismo francés influirá sobre buena parte de América Latina (Nuñez, 2001 en México; Obregon, 2002 en Colombia; Trochon, 2009 en Uruguay). 4 Típicamente los prostíbulos debían estar alejados de templos y establecimientos educativos; en algunos casos como el de Córdoba no podían instalarse en el radio céntrico; las habitaciones no debían estar comunicadas por ventanas ni puertas con otras viviendas, ni las prostitutas podían asomarse por puertas o ventanas. 5 En Córdoba una ordenanza del año 1900 restringió más aún el radio en que se permitía la localización de las casas de tolerancia. En Rosario a partir de 1917 se obligó a las prostitutas a registrarse no sólo en las instituciones sanitarias, sino también en una división de la policía, que luego se llamaría “Moralidad Pública” (Múgica, 2009) lo cual aumentaba los requisitos para estar dentro del orden legal. En La Pampa en 1913 se agregó el requisito de una foto en la libreta sanitaria y se extendió la distancia mínima entre los burdeles y las instituciones públicas (Di Liscia, Billorou, & Rodríguez, 1999). En Buenos Aires se procedió al registro de los grandes burdeles, luego se los trasladó a calles secundarias de la ciudad; en 1919 se decidió cerrar las grandes casas de prostitución y se estipuló que las mujeres debían trabajar solas, una mujer por casa (Guy, 1994).
segundo lugar, otra aparente anomalía surge en relación a los exámenes sanitarios los cuales eran pretendidamente rigurosos y burocráticamente administrados, pero exclusivamente aplicados a las mujeres y no a sus clientes mostrando así su sesgo de género -y además un sesgo de clase pues tampoco se controlaba a las prostitutas de clase alta, consideradas “menos peligrosas” (Guy, 1994)-. Si bien estos controles sanitario/morales carecían de cualquier eficacia en términos de control epidemiológico, resultaban productivos a la hora de distinguir entre las mujeres buenas y las otras.
Abolir / ocultar Aunque no profundizaremos sobre la “Trata de Blancas” -o de personas como se llamará más tarde6- es necesario caracterizar un clima de época para comprender uno de los argumentos que junto con los vinculados a la salubridad- se esgrimirán hacia 1930 para ordenar el cierre de los burdeles. A fines del siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX la mayoría de los países europeos consideraban que sus mujeres7 eran traídas engañadas a Argentina para ser explotadas sexualmente. Auque tal percepción estaba sobredimensionada (Guy, 1994; Walkowitz, 1980), ya en 1913 se había promulgado la denominada Ley Palacios que sancionaba duramente a los traficantes y proxenetas. En 1930, se dictó un decreto8 que abolía la prostitución autorizada por la municipalidad. La fundamentación de este decreto era la fama de Buenos Aires como centro internacional de la trata de blancas y el reconocimiento de que “la prostitución legalizada era una farsa ineficaz” (Guy, 1994, p. 163). Sumadas a las críticas al nivel administrativo por el crecimiento de la prostitución clandestina, también desde la propia medicina surgieron voces que rechazaban al sistema reglamentarista por ser infructuoso en la lucha contra las enfermedades venéreas. Se subrayaban tanto los problemas que generaba la resistencia de las prostitutas al control coercitivo, como la evidencia de que los clientes también podían ser fuente de contagio. Tal como señala Múgica (2009) los mismos argumentos de salubridad e higiene que habían legitimado al reglamentarismo ahora eran usados para sostener un enfoque abolicionista9. Aún así, es importante tener en cuenta que buena parte de quienes abogaban
Desde mediados de los 80’, tras algunos años de silencio, se reactivó el discurso de la trata y se comenzó a usar esta nueva denominación, aunque una definición precisa llegará recién en 2000 con la creación del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo) (Ezeta, 2006). El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) 7 Es por esta procedencia que se la denomina “trata de blancas”. 8 Este decreto fue puesto en práctica en 1934. 9 Los discursos médicos -el problema de la salubridad y las enfermedades venéreas-han sido utilizados para legitimar tanto la abolición como el sostenimiento del sistema de burdeles reglamentados. Nuevamente en 1947 el Plan Analítico de Salud Pública planteará: “todas las estadísticas nos muestran […] que la Ley [12.331] no ha dado los beneficios profilácticos que ha abolido la prostitución reglamentada, se nota el ascenso de la curva de contagios, estando en condiciones de afirmar que la abolición referida no ejerce mayor influencia en el movimiento de dicha curva”. (Di Liscia & Rodríguez, 2004, pp. 79-80) De esta manera, muchos médicos fueron críticos del sistema abolicionista pues favorecía el crecimiento incontrolado de las casas clandestinas (especialmente en las provincias del interior) que recrudecían los focos infecciosos entre la población
por este enfoque apuntaban más a abolir el sistema de burdeles y prostitución legalizada -así como la “trata de blancas”- que a hacer desaparecer toda forma de prostitución10. La condena del proxenetismo y la trata aparece presente en los artículos 125 a 127 del Código Penal en 1921. Luego en 1936, durante el gobierno del general Justo, se sancionó -para todo el territorio nacional- la ley 12.331 de profilaxis social. Así se prohibía definitivamente todas las casas de tolerancia y se condenaba a quienes las poseían o dirigían11. Sin embargo, frente a la aparente claridad de esta norma que dicta en su Artículo 15: “Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella.” veremos aparecer algunas complejidades. En primer lugar no quedaba claro el alcance de esta normativa respecto a las mujeres que trabajaban de forma independiente, ¿era esto una infracción? ¿dependía de la cantidad de mujeres, de la propiedad del inmueble utilizado?12 Al abolir las casas de tolerancia y toda su reglamentación se desdibujaba -en un movimiento repetido y que se prolonga hasta la actualidad- la frontera entre la prostitución clandestina y aquélla legal. La Argentina, en función de sus compromisos con los tratados internacionales13, también se declaró abolicionista en 1951, sin embargo desde entonces han proliferado múltiples normas menores -en tanto rigen sobre una jurisdicción local- que parecen sostener perspectivas distintas y tensionan este posicionamiento. A continuación se plantean dos de estas tensiones.
Letra chica I: edictos policiales y contravenciones, control de moralidad y el espacio público. Luego de la clausura y prohibición de los burdeles a partir de la ley de profilaxis y dado el carácter ambiguo de la norma que no dejaba claro si la prostitución en general estaba prohibida también,
En ninguno de los artículos de la ley de profilaxis se prevé alguna alternativa laboral para las mujeres que se ocupaban en los burdeles legales en buena parte del país hasta ese momento. Este es uno de los motivos que lleva a pensar que la norma no apuntaba tanto a la abolición de toda forma de prostitución, como a la retirada del Estado de la regulación de ese sector del mercado sexual. 11 Además se hizo obligatorio el tratamiento -e incluso la hospitalización si fuese necesaria- para cualquier persona que hubiera contraído una enfermedad venérea y se puso en vigencia el análisis prenupcial 12 Frente a estas dudas la Cámara criminal de la Capital emitió un dictamen en 1940 para clarificar la interpretación de la ley. Pero la claridad no logrará una gran extensión: si bien esta cámara resolvió que “el simple ejercicio de la prostitución por una mujer, en forma individual e independiente, en un local” sí era un delito, a pocos kilómetros, en Rosario, el criterio de la justicia iba en sentido contrario y se lo consideraba legal (Grammático, 2000). 13 En 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, un documento fruto de las luchas del movimiento abolicionista europeo donde se sanciona: Artículo 1.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de tal persona; 2. Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento. 2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena
esta actividad quedó bajo la órbita policial que comenzará a controlar su ejercicio a través de diversos edictos vinculados especialmente a los comportamientos “escandalosos” En un primer momento la confusión invadió a los funcionarios policiales, quienes habían quedado a cargo del control de la prostitución al retirarse las autoridades municipales y médicas. Como consecuencia de las clausuras, más mujeres comenzaron a trabajar en las calles pero la policía nada podía hacer frente a aquéllas que no estuvieran incurriendo en un comportamiento escandaloso. La policía se quedaba sin la posibilidad de controlar la actividad, por lo que se buscaron alternativas para recuperarla. Las distintas legislaciones provinciales han sancionado la prostitución típicamente en los códigos contravencionales14, principalmente en sus apartados de faltas a la decencia o a la moralidad, bajo dos modalidades: la prostitución escandalosa y la prostitución peligrosa. En el primero de los casos se sanciona a quienes estén ofreciendo públicamente relaciones sexuales a cambio de dinero en forma “escandalosa”, algo que ninguna ocasión es definido claramente, por lo cual son los agentes policiales y los comisarios quienes aportan su criterio haciendo así de “juez y parte”. Huelga decir que esta situación no sólo estaría reñida con las garantías ciudadanas básicas, sino que además contribuye a naturalizar los arrestos arbitrarios contra prostitutas y a la vez consolida un imaginario que asocia el sexo comercial con el delito. En la segunda figura, la prostitución “peligrosa”, se refuerza -si acaso fuese necesario- la concepción de las prostitutas como fuente de infecciones, pues la “peligrosidad” radica en la transmisión de enfermedades venéreas. Las sanciones a estas faltas se incluyen tanto como un agravante al escándalo o como una falta en sí y se indica un “tratamiento forzoso”. Este carácter compulsivo de los exámenes y tratamientos médicos -vigente en varias provincias15-, vulnera los derechos hoy consagrados por la ley 23.798 (conocida como Ley Nacional de Sida) la cual busca evitar la estigmatización, sostiene la voluntariedad de los exámenes y la confidencialidad de los resultados; más aún, la sanción contravencional se termina constituyendo en una barrera de acceso a los servicios de salud. El caso de la Ciudad de Buenos Aires pues es ilustrativo respecto a las formas en que, pese a las modificaciones de pretendido tono abolicionista, se sostienen las tensiones con regulaciones de tono reglamentarista16. Ya derogados los edictos policiales17 las sucesivas modificaciones de las sanciones estuvieron comprendidas en la sección de la Ley Contravencional que se denomina “Uso
Lo cual continúa sucediendo en gran parte del país. Una excepción es Santa fe donde en 2010 se logró la derogación del artículo 87 que sancionaba la prostitución “escandalosa” tras arduas luchas de las organizaciones de trabajadoras sexuales (AMMAR) y otros colectivos de mujeres. Allí tuvo gran importancia el trabajo político de la activista y trabajadora sexual Sandra Cabrera, dirigente de AMMAR Rosario, que fuera asesinada en 2004. 15 Según el informe del INADI (2008) sanciones de este tipo se encuentran en las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego 16 A su vez este caso es interesante pues los abusos de los que fueron objeto las mujeres que ejercían la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires y el reclamo por uno de los derechos fundamentales, la libertad, fue lo que dio lugar a los primeros intentos de organización política de las mujeres y travestis dedicadas al sexo comercial 17 Si bien los edictos fueron derogados en el año 1996, el código de Convivencia Urbana no fue sancionado hasta 1998. Sin embargo en esos dos años, la policía siguió manejándose como si los edictos estuvieran en vigencia.
del espacio público”; este dato es relevante pues no sería la oferta o demanda de sexo lo que se penaliza sino el ejercicio de esta actividad en el espacio público. Si bien no se encuadra bajo una sección de “faltas a la moral” como en otros códigos, la concepción de este artículo no está relacionada con la búsqueda de limitar una actividad nociva para las mujeres -lo cual sería un objetivo afín a la posición abolicionista del país-, sino con la necesidad de quitar de la vista de la ciudadanía una actividad considerada “perturbadora” en sí misma. De hecho en el año 2004 se dicta la última modificación -aún vigente-, y la sección pasa a llamarse “Protección de uso del espacio público o privado” donde el artículo 81 sanciona la oferta y demanda de sexo en espacios públicos "no autorizados" y se agrega la cláusula transitoria que detalla: "Hasta tanto se apruebe la autorización a la que se hace referencia en el artículo 81, no se permite la oferta y demanda ostensible de servicios de carácter sexual en espacios públicos localizados frente a viviendas, establecimientos educativos o templos o en sus adyacencias". Las limitaciones y obstáculos que se imponen al ejercicio de la prostitución son evidentes. En la Ciudad de Buenos Aires el tipo de concentración poblacional hace que no haya casi ningún espacio público que cumpla con estas condiciones, lo cual se refleja en la importante cantidad de casos que representa esta figura contravencional18. A pesar de la diferencia que supondría el que esta norma aclare que “en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales” -por lo que podría ser evaluada como menos arbitraria que aquéllas que proscriben el “escándalo”- el tono moral reaparece en la cláusula transitoria que restringe la actividad con los mismos parámetros que se solían utilizar en las normas reglamentaristas.
Letra chica II: “Whiskerías”, “alternadoras” y “cabarets” Aunque desde mediados de la década del ‘30 las casas de tolerancia dejan de ser consideradas legales19, no por ello dejarán de existir: pasarán a ser locales con “reservados”, casas de masajes, whiskerías, locales de alterne o cabarets, entre otras múltiples denominaciones. En el plano local la reglamentación, ya no de burdeles sino de "cabarets", continúa vigente muchas veces a nivel de las ordenanzas municipales20. En varias ciudades están vigentes este tipo de regulaciones (por ejemplo:
Según el Informe estadístico del Ministerio Público Fiscal las presuntas contravenciones al Art. 81 son la segunda causa contravencional en cantidad de casos en el período 2008-2010 y en ese lapso han tenido un crecimiento sostenido (122%) con el incremento más importante entre todas las figuras contravencionales en este último año. Por otra parte estas causas se han concentrado casi en su totalidad en algunas comisarías de las zonas sur y sudeste, puntualmente en los barrios de Flores y Constitución. http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/wp-content/uploads/informe-estadistico-art-81del-cc-2008-2010.pdf 19 El último intento, a nivel nacional, de retornar al antiguo sistema reglamentarista fue el de Juan Domingo Perón que en 1954 firmó un decreto -derogado tras el golpe de Estado de 1955- por el que se permitía la apertura de burdeles en las zonas aledañas a los cuarteles militares o de “reconocida necesidad” –por ejemplo, las zonas portuarias y a la vez aclaraba que la prostitución independiente no era un delito. 20 Por ejemplo la ordenanza 436 de la ciudad de Río Cuarto sancionada en 1997 y actualmente vigente: Capítulo I: De los Cabarets ARTICULO 32º.- Denominase “cabaret” al local donde se realizan bailes con intervención de bailarinas o bailarines de pista, uniformadas o no, que bailan o alternan con el público y que hayan sido
Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, por nombrar sólo algunas de las más importantes) donde conviven la denominación un tanto ambigua de “alternar”21 con los clientes; un régimen complejo de visibilidad (restricciones al emplazamiento en las proximidades de establecimientos educativos, templos y/o viviendas, no deben ser visibles desde la vía publica pero a la vez hay una prohibición de tener habitaciones, reservados o lugares no visibles en el interior22), y la exigencia de una libreta sanitaria que incluye exámenes de enfermedades venéreas. Las similitudes con las regulaciones que legalizaban las “casas de tolerancia” son evidentes, pero, aunque la legislación busque afanosamente garantizar que lo que se está habilitando no es un burdel, tampoco se hace referencia explícita al intercambio de sexo por dinero.23 En casos menos frecuentes -como la normativa vigente desde 2010 en la ciudad de Rosario- se busca restringir más la actividad de los “cabarets o whiskerías” en el intento de luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual así como contra el proxenetismo. En este sentido, se deroga el requisito de libreta sanitaria para las “alternadoras” y se exige a los propietarios de dichos locales que presenten los contratos de locación de servicios por los cuales se las emplea. También en los últimos cinco años se han dictado ordenanzas que prohíben la habilitación de cabarets (por ejemplo en Santa Rosa y varios municipios de La Pampa, Gualeguaychú y Paraná - Entre Ríos, Villa Nueva - Mendoza, entre otros). Aún así, las regulaciones que se limitan a fijar para los montos que los cabarets deben tributar a las arcas municipales son más habituales que estas alternativas.
En una mirada global sobre la trayectoria del abolicionismo es posible apreciar mejor sus tensiones. Este enfoque surge a principios de siglo, instigado -entre otros elementos- por el fenómeno de la
especialmente contratados al efecto, con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. […] Los negocios de “cabarets” o los similares podrán instalarse únicamente en el sector de cruce Ruta Nº 8 y Remedios de Escalada, por Ruta Nacional Nº 8 hasta el límite del predio del denominado Parque Industrial, sobre acera Norte. ARTICULO 33º.- El interior de estos locales no podrá ser visible desde la vía pública y a ese efecto, en todos los ambientes que estén en comunicación directa con aquella, deberá colocarse una mampara que impida totalmente la visión al interior de la sala; igual disposición se adoptará con las ventanas. No podrán existir anexos, espacios o habitaciones que permitan inferir la posibilidad de cohabitación" (cursivas agregadas). Además, al personal que alterne con el público (las y los “bailarines de pista”), se le exige una libreta sanitaria que implica un examen médico quincenal (Art. 36) e incluye para las mujeres “como mínimo” los análisis de: VDRL, Hudlesson, Exudado Vaginal, Hisopado Anal. Es destacable la preocupación en la redacción de esta ordenanza tanto por ocultar cualquier intercambio explícitamente sexual como por no aludirlo directamente, es posible pensar esta forma de enunciación como una analogía a la ambigüedad del abolicionismo que rige legalmente en Argentina). 21 El diccionario de la Real Academia Española hace una distinción generizada para las acepciones de “alternar” que aplicarían a este caso: “Hacer vida social, tener trato. Alternar con personas de cuenta” y “Dicho de una mujer: En ciertas salas de fiestas, bares y lugares semejantes, tratar con los clientes, para estimularles a hacer gasto en su compañía, del cual obtienen generalmente porcentaje”. 22 Por ejemplo el código de habilitaciones de la CABA (Ordenanza nº 3266) estipula para los locales bailables “clase A” que: d) No contarán con comunicación de ninguna naturaleza con otros locales; e) No tendrán recintos ni compartimientos reservados y en caso de existir mamparas, divisiones o palcos, los mismos no podrán ser mayores de un (1) metro de altura, medido desde el respectivo solado; f) No se permitirán colgantes, rejas u otros elementos decorativos que pudieran obstruir la libre visibilidad de cualquier sector 23 La confusión es tal que en 1980 en Buenos Aires se dicta una ordenanza (nº 35.724) donde se deja establecido que “los locales de baile Clase A, a los que se refiere el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza Nº 33.266 (B.M. 15.419 - AD 762.1), constituyen una actividad tolerada”; al parecer, era necesaria la aclaración.
“trata de blancas” y el pánico moral que se generó a su alrededor, así como ligado a los problemas sanitarios que representaban las enfermedades venéreas, en cuyo control parecía haber fracasado el sistema reglamentarista. Sin embargo, el abolicionismo actualmente no logra dar solución a ninguno de ambos, pues bajo el marco legal contradictorio que rige en las distintas jurisdicciones provinciales y municipales acaba por hacer más clandestina la prostitución, y tampoco incide significativamente sobre las tasas de contagio. Las estrategias legislativas, supuestamente abolicionistas, apuntan muchas veces a la intervención sobre el espacio público, atacan la visibilidad y las formas de administración pero no abordan estructuralmente el problema pues no inciden sobre las situaciones socioeconómicas y de género, ni sobre la estigmatización y marginación que supone dedicarse al sexo comercial. Lejos de abolir, este esquema legal al perseguir fundamentalmente la prostitución callejera produce
clandestinización. Así, muchas veces obliga a las mujeres a trabajar en contextos de mayor explotación -como suelen ser los “cabarets” o "privados"- socavando las posibilidades de relativa autonomía que ofrecería el contexto callejero, pues esta modalidad es comparativamente la que más prescinde de proxenetas y resulta más accesible a las personas con menos recursos.
¿Hacia un nuevo abolicionismo / prohibicionismo? Como se ha expuesto, la legislación sobre prostitución vigente en Argentina presenta gran complejidad, pues las perspectivas cambian según se enfoque en el nivel nacional o local donde hay una miscelánea de ordenanzas: unas cuasi reglamentaristas y otras próximas al prohibicionismo. En los últimos tiempos se percibe el crecimiento de ciertas tendencias que, al subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la figura de la trata de personas con fines de explotación sexual24, acercan la mirada abolicionista al prohibicionismo. Si bien a esta tendencia, que algunos llaman “nuevo abolicionismo” (Bernstein, 2007), se le puede atribuir un origen en los países centrales, se pueden encontrar algunas expresiones recientes en Argentina. Por ejemplo, algunas organizaciones de mujeres nucleadas en la Campaña “Ni una víctima más víctima de las redes de prostitución”25, tanto como el propio gobierno nacional26 proponen la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres.
En adelante se referirá a esta modalidad simplemente como “trata” dado que es la única que interesa aquí. Cfr. http://www.campanianiunavictimamas.blogspot.com/ Ver notas del diario Página/12 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151129-2010-08-11.html y http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171683-2011-07-07.html allí las palabras del ministro de Justicia y derechos humanos son claras: “vamos a impulsar la penalización del cliente de prostitución, como ya lo hicimos en la ONU y el MERCOSUR”.
No hay una penalización aún vigente para los clientes en Argentina27, pero es posible encontrar legislación de este tipo en otros países, por ejemplo en Inglaterra -donde también se sanciona la tenencia de pornografía “extrema”. Varios estudios (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular & O'Neill, 2007) sostienen que éstas y otras políticas públicas de Inglaterra respecto a la prostitución, bajo argumentos supuestamente fundados en el feminismo radical, muestran connotaciones moralizantes. El modelo más consolidado -y más mencionado como ejemplo a seguir (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003)- es el que se impuso en Suecia en 1999, que penaliza a quienes compren o intenten comprar “relaciones sexuales temporarias”. Kulick (2005) ha señalado tanto la ineficacia de la ley en términos de la cantidad de arrestos y procedimientos que efectivamente se han llevado a cabo como los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de ese país afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes: menos posibilidades de seleccionar los clientes, incentivos a no utilizar preservativos28, mayor acoso policial, deportación inmediata para las indocumentadas, renuencia a denunciar a clientes violentos o proxenetas, y renuencia de los clientes a denunciar casos de trata o explotación. Tampoco pueden las autoridades suecas determinar ciertamente si ha descendido la oferta de prostitución29, pero los efectos problemáticos no acaban allí; en un estudio que analiza la recepción de la ley por los habitantes suecos (Kuosmanen, 2010) se puede observar que la ley es vista positivamente aunque no se tiene certeza sobre si ha servido para disminuir la demanda o la oferta de sexo comercial; no ha habido cambios significativos en las actitudes hacia los clientes pues la influencia de la ley ha sido principalmente sobre quienes de antemano tenían una opinión desfavorable sobre la prostitución; la mayoría, especialmente las mujeres, piensa que también debe prohibirse la venta de servicios sexuales. A nivel ideológico, aspecto fundamental si -como afirman quienes defienden la ley sueca- su objetivo es “dar un mensaje” sobre la prostitución, el citado análisis de Kulick (2005) advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones científicas sobre los clientes de prostitución, se está generando a la vez una nueva especie de perverso, en el sentido foucaultiano; es decir pasando de una caracterización de “acciones aberrantes” a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual). El ejemplo de Argentina permite apreciar el modo en que este “nuevo abolicionismo” no sólo tiene rasgos perjudiciales para las personas que hacen sexo comercial, sino que la forma en que estas propuestas legislativas son muchas veces elaboradas hace caso omiso de las voces de las propias
En 2010 ya se presentaron proyectos de ley con tal fin (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-1508832010-08-07.html) Estas iniciativas contarían ahora con el apoyo del gobierno nacional (ver http://tiempo.elargentino.com/notas/impulsan-penalizacion-clientes-de-prostitutas) 28 Y por ende mayor vulnerabilidad frente a la transmisión de enfermedades venéreas. Según la ley sueca los preservativos pueden ser considerados evidencia en los procesos contra los clientes. 29 Aunque sí está demostrado que se ha reducido su presencia en las calles suecas. (Kulick, 2005)
involucradas y sus organizaciones30 -especialmente si se reconocen como trabajadoras sexuales. En Argentina durante 2011, se anunció la promulgación del decreto 936/11 que en su artículo 1º indica: "[…] prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres".31 Apoyado por varios sectores del feminismo abolicionista vernáculo el decreto se fundamentó en dos cuestiones: por un lado, la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual -que encuentra su asidero normativo en la ley 26.364- y, por otro lado, la lucha contra las distintas formas de violencia ejercida contra las mujeres -que tiene su expresión en la ley 26.485-. Sin embargo es cuestionable en qué medida contribuye a estos fines. Por una parte, al prohibir los avisos sólo se obstaculizaría, parcialmente, la publicidad de servicios sexuales pero ello no implica per se detener ni las distintas formas de sexo comercial ni la trata. En cambio, limitar la publicación de avisos -bajo el supuesto homogeneizador de que se anuncian únicamente los servicios sexuales de mujeres traficadas o explotadas- puede significar, paradójicamente, bloquear posibles caminos de investigación de dichos casos. La organización AMMAR-CTA propone el camino inverso como forma de luchar contra la trata: no sólo distinguir entre trabajo sexual autónomo y trata, sino también la participación de las propias trabajadoras sexuales como informantes calificadas para investigar los posibles casos de trata. Respecto de la publicación de avisos de servicios sexuales proponen la aplicación de un protocolo de publicación que facilite un registro de los anunciantes. Al vedar la publicación de todos los avisos también se está recortando una de las herramientas de quienes por su propia cuenta buscan ofertar sus servicios sexuales32 sin exponerse a los maltratos policiales ni las miradas interpelantes que supone la oferta sexual callejera -penada en casi todo el país- y sin aceptar condiciones de explotación como las que ocurren muchas veces en los prostíbulos -prohibidos- los cabarets o whiskerías -legalmente reguladas en buena parte del país pero, sin tener en cuenta las condiciones laborales de las mujeres33, excepto en relación a las ITS.
La única excepción se encuentra en la referida ordenanza dictada en Paraná que inhabilita a las whisquerías o cabarets, donde se implementa una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la implementación que incluye entre sus integrantes una representante de AMMAR. 31 Cursivas agregadas. La redacción del artículo es por demás ambigua. No queda claro si deberían ser incluidos en la restricción avisos del tipo: “Maduro libre y sin compromisos ofrece servicios sexuales para mujeres” (publicado el 3/8/2011 en la página www.olx.com.ar). Avisos de esa índole han sido censurados en algunos sitios de Internet bajo la siguiente explicación: ATENCION! El anuncio clasificado: "Busco una mujer para una relación de Amantes. Que quiera un amigo compinche con quien pasar buenos momentos" ha sido desactivado debido a que adherimos al decreto 936/2011 de PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES (accesado 4-9-2011 en www.e-avisos.com.ar). 32 Esta opción, constatada en el trabajo de campo, fundamenta parte de las objeciones de las propias organizaciones de trabajadoras sexuales (AMMAR-CTA) pero desde el gobierno parece ser desestimada como poco significativa (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171683-2011-07-07.html) 33 A excepción de Rosario donde la ordenanza contempla la obligación de tener con contratos claros a las alternadoras
Si bien hay que esperar para conocer los efectos concretos del decreto 936/11 –cuyas sanciones y modos de aplicación aún no han sido claramente definidos- se puede suponer, en base a lo que plantean las propias organizaciones de mujeres en situación prostitución o de trabajadoras sexuales y por referencia a lo que ha sucedido en otros países con legislación similar, que esta norma aplicada de forma irrestricta e insertada en el contexto legal vigente favorecería la clandestinización, restaría autonomía y dificultaría la detección de los casos de trata. La prohibición de la publicación de avisos de oferta sexual elimina de la superficie de la prensa gráfica imágenes de mujeres consideradas denigrantes, al tiempo que elimina la posibilidad de contar con información sobre las condiciones en que los servicios sexuales serían ofrecidos, condiciones que podrían incluir proxenetismo o trata. De hecho, en los informes de la UFASE34 ya en febrero de 2010 se proponía la utilización de los avisos para la “investigación proactiva” de posibles casos de trata, explotación sexual y delitos conexos. Por último, el decreto parece sostenerse en la presunción de que la sexualidad femenina necesita ser custodiada. Creemos que ello se puede observar por un lado en los fundamentos de dicha norma que refiere, como dijimos, a la ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y específicamente al artículo vinculado a la violencia simbólica. Aunque se oriente a cierta crítica de las relaciones de género, esta fundamentación del decreto, en tanto se preocupa porque los avisos porten un mensaje que “injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres” acaba por apuntalar la mirada hegemónica sobre las sexualidades femeninas. Uno de los debates suscitados por el decreto 936 se vincula justamente con quién y de qué modo define lo que se considera una imagen denigrante de las mujeres; ¿las imágenes sexualizadas de mujeres y que ofrecen servicios sexuales son en todos los casos denigrante?, ¿en qué casos lo son y en virtud de qué atributos? Por otra parte, aún si consideramos que el Estado tiene la obligación –en virtud de su adscripción abolicionista- de evitar las condiciones que generan la prostitución; la prohibición irrestricta de todos los avisos de oferta de servicios sexuales, en el marco legal vigente, constituye un mecanismo que dificulta el desarrollo de una actividad lícita realizada por personas adultas –recordemos que lo que se encuentra penalizado en la Argentina es la explotación sexual por parte de terceros-. No sólo se abre la duda sobre si se busca proteger a las mujeres de la violencia35 o custodiar su sexualidad
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. Ver al respecto el “Informe anual 2010” UFASE o la Resolución UFASE expediente interno nº174/09. “Investigaciones proactivas por publicación de avisos clasificados”. Allí se sugería el registro de quienes anuncian, en forma similar a lo propuesto por AMMAR CTA. 35 También habría que pensar si los varones que se dedican al sexo comercial deberían ser igualmente “protegidos” por el Estado, cosa que no puede inferirse del texto del decreto, alusivamente incluido en el Boletín oficial bajo el apartado “Protección integral a las mujeres”
sino que a su vez las condiciones concretas de ejercicio de la actividad para quienes se encuentran en situaciones de explotación no se ven alteradas por la medida. Al homogeneizar todos los anuncios y todas las mujeres en prostitución permanece intacto el eje de la clasificación masculina, patriarcal y disciplinadora sobre las mujeres: el binomio santa / puta, aunque estas últimas dejaran de ser pecadoras para pasar a ser víctimas de todas formas el criterio del ordenamiento no se critica. ¿Persiste la misma lógica moral que llevó a que en el código penal se llame a los delitos vinculados al proxenetismo “delitos contra la honestidad”? Al respecto se pueden considerar las declaraciones del Ministro de Justicia quien afirmó que con la prohibición de estos avisos “hay una vergüenza menos para el país”36. A su vez, es cuestionable incluso en términos meramente prácticos, la capacidad para controlar los avisos “por cualquier medio”. La gran dificultad que se hace evidente cuando se intenta controlar los contenidos de la web37 es un ejemplo del tipo de acción, de lucha cultural, que se debe librar si lo que quiere es desterrar algunas formas discursivas, en este caso sobre la sexualidad femenina. En la web buena parte de los controles más efectivos provienen de las y los usuarios y no de una normativa externa38; son las cosmovisiones de los sujetos las que rigen muchas veces los contenidos que circulan. ¿Puede una mera prohibición de ciertas formas de circulación modificar los contenidos de los discursos patriarcales o misóginos? ¿Cuáles son las limitaciones de disputar contra los sentidos patriarcales o misóginos sin cuestionar la división (patriarcal) entre mujeres según sus prácticas sexuales? ¿Pueden pensarse discursividades que construyan sentidos deseantes y provocativos sobre la sexualidad de las mujeres cuestionando esta dicotomía (santa/puta)? Esta última alternativa no sólo requiere de un abordaje conjunto desde diferentes instancias del Estado y la sociedad civil sino que además implica procesos a largo plazo que contrastan con las urgencias de ciertas situaciones, como la violencia o la explotación. Sin embargo, resulta dudoso en qué medida esta normativa contribuirá para identificar y desarticular redes de explotación en tanto su efectivo ámbito de aplicación se reduce a la regulación de las imágenes sobre las mujeres publicitadas en las secciones clasificadas de los medios gráficos.
Consideraciones finales A lo largo de este trabajo se ha analizado las distintas formas en que se ha legislado sobre la prostitución en Argentina. El análisis no ha estado orientado a recorrer exhaustiva ni sistemáticamente las distintas normas que han existido y existen en el país sino poner de relieve las
Ver en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171683-2011-07-07.html Al momento de escribir este trabajo se puede realizar una búsqueda en www.google.com.ar con la palabra “prostituta”, “escort”, “rubro 59” y acceder a la más variada oferta de sexo comercial (aunque la mayor parte de las veces sin conocer en que condiciones laborales se encuentran las personas que brindan dichos servicios). 38 Páginas como Wikipedia o Taringa, proponen métodos de control a cargo de la propia comunidad que, con mayor o menor éxito, proponen horizontalizar el control sobre la censura.
distintas tensiones, ambigüedades y contradicciones que atraviesan las regulaciones del sexo comercial. A continuación se reponen dichas tensiones para luego dejar abiertos algunos interrogantes. Aun cuando es difícil pensar en bloques homogéneos, sintéticamente se pueden plantear tres momentos: un impulso reglamentaristas, donde subyacen las tensiones urbanización/ guetización y control sanitario/ control moral; luego este esquema se complejiza al superponerse tanto una normativa abolicionista –aunque con restricciones arbitrarias y de tono moralizante sobre el espacio público- como habilitaciones con subterfugios para los “cabarets”; y por último, aparece en ciernes un modelo de nuevo abolicionismo (con ecos prohibicionistas) que concibiendo a las mujeres en prostitución meramente como víctimas y degradadas reactualiza las calificaciones morales. ¿Cómo podrían funcionar estas aparentes contradicciones? Este panorama legal permite pensar que el marco vigente contribuye directamente a normalizar los abusos policiales contra prostitutas, clandestiniza la actividad y por ende, apuntala los estereotipos que ligan al sexo comercial con el delito. A su vez, las tensiones estarían vinculadas tanto al sostenimiento del estigma que pesa sobre la prostitución, como a mantener condiciones precarias para este mercado, las cuales serían funcionales a los intereses de algunos actores beneficiados. Es decir que el mercado sexual -o al menos la forma en que actualmente funciona la prostitución como parte de él- requeriría la producción de un marco normativo que impida su completa institucionalización, unas formas legales que dejen entrever la existencia de algo problemático en este sector. Otros dos elementos que podrían servir a la comprensión serían por un lado la vinculación de este modelo legal espurio a una dinámica de interdicción-erotización39 y a la regulación y control sobre la sexualidad femenina (Juliano, 2003). Aunque las expresiones locales del reglamentarismo (que regula pero busca ocultar y por ello no acaba de normalizar y a la vez establece controles moralizantes y generizados) y aquellas del abolicionismo (que, al menos hasta ahora, desregula sobre ciertos aspectos pero continúa con la necesidad de ocultar y prohibir) parezcan opuestas, en ambas resuenan los ecos de la calificación moral sobre la prostitución como negativa, violenta y destructiva, lo cual alimenta la estigmatización de quienes se dedican al sexo comercial. Por un lado, en el reglamentarismo esta calificación se funda en la doctrina de la tolerancia que busca regular y controlar sin dejar de ponderar negativamente. Por otra parte, en tanto el abolicionismo proponga la intervención estatal punitiva para regular la prostitución, considere a quienes se dedican al comercio sexual únicamente
Aunque no es posible desarrollar esta hipótesis en el presente trabajo parece importante al menos sugerirla. Siguiendo los planteos de Bataille, Perlongher señala que los estigmas y prohibiciones que pesan sobre la prostitución se reconvierten como fuentes de erotización a las que denomina operadores de intensidad libidinal: “El interdicto sexual funcionaría en un sentido positivo no sólo al ordenar los intercambios y designar los contrayentes: erotizaría el objeto mismo de la prohibición” (Perlongher, 1993, p. 130).
como víctimas y desoiga sus reclamos, y, en cuanto no parece que el mercado del sexo vaya a extinguirse completa y absolutamente40, este esquema parece impotente para alterar la forma en que actualmente funciona el sexo comercial. Más allá de cómo se conceptualice su lógica de funcionamiento y la posición que se tome, el mercado del sexo es un gran sector de la economía mundial y genera dividendos -aunque, dadas las condiciones, sea incierta la medida en que participan de estas ganancias lxs trabajadorxs y cuánta riqueza genera para proxenetas, tratantes, empresarios y algunos sectores estatales-. En términos políticos y pragmáticos la polarización del debate esclavitud sexual vs. trabajo sexual muchas veces impide el diálogo entre activistas41, detiene el avance sobre los puntos de consenso 42 y termina favoreciendo a que el sexo comercial siga funcionando en un terreno que, más allá de su legalización o no, es fundamentalmente ambiguo, e incrementa las vulnerabilidades. Si se acepta la crítica a la visión liberal y contractualista de la prostitución que la considera como un intercambio libremente consentido entre dos adultos, se supone que más allá de esas voluntades y esos consentimientos hay fuerzas estructurales que, si bien no determinan el accionar de los sujetos, lo condicionan fuertemente. Entonces, en este marco de asimetrías marcadas por el género, la clase y muchas veces la etnia y nacionalidad, ¿no debe intervenir el Estado en este mercado? E incluso si se considera que no debe existir ningún mercado para la sexualidad, ¿son las herramientas de lo que Gramsci llamaba la “sociedad política” -el poder coercitivo de las leyes y la policía- las que deben intervenir, o sería más efectiva una batalla cultural utilizando los elementos de la “sociedad civil”? Si la legislación no deja de trazar fronteras para delimitar la sexualidad permitida sólo contribuye a consolidar estereotipos, acentuando las jerarquías morales en las prácticas sexuales (donde la mirada hegemónica dicta que para el caso de las mujeres sólo sería públicamente correcto lo que se conoce como “vanilla sex”43 en el marco de una pareja monogámica y heterosexual, pues el resto no son mujeres sino “putas”). Y esto sucede en ambos lados de la frontera, no sólo para quienes reproducen la sexualidad normal, sino también para quienes transgreden esa norma, quienes resultarán probablemente más desfavorecidxs aún.
De hecho algunos planteos como los de Beatriz Preciado sostienen la tesis opuesta, es decir que toda la economía capitalista avanza hacia la sexualización, a lo que denomina capitalismo farmacopornográfico (2008). El problema es más complejo aún pues, si seguimos los supuestos teóricos sobre la sexualidad que guían al feminismo abolicionista radical, no bastaría con la desaparición del sexo comercial ni de todo mercado del sexo, sino que sería necesaria la abolición de toda sexualidad heterosexual como único camino para transformar el sistema de sexo-género. 41 Un excelente y valioso intento de contrarrestar esta tendencia está plasmado en el libro Diálogo: prostitución/trabajo sexual: las protagonistas hablan (Berkins & Korol, 2007). 42 Por ejemplo la necesidad de derogar los códigos y normas que criminalizan a las personas que hacen sexo comercial, o de avanzar con políticas públicas para beneficiarlas. 43 Se denomina “vanilla sex” a las expresiones sexuales más estandarizadas -por referencia al sabor de helados considerado clásico y suave-. En el caso de occidente esto involucraría coito vaginal y en la posición del “misionero”. Esto se opone a otras expresiones consideradas como desviadas: el sadomasoquismo, fetichismo.
La invisibilización de las voces de las personas dedicadas al sexo comercial (sea que se reconozcan como en situación de prostitución o que sostengan la idea del trabajo sexual) consolida una forma de legislar más orientada a sostener los límites de la sexualidad socialmente aprobada (y ocultar aquella no aprobada) que a favorecer a sectores subalternizados. Junto con la complejidad que supone determinar qué son la dignidad y la deshonra de la mujer, por qué y de qué forma debería ello relacionarse con su sexualidad, parece importante pensar qué efectos simbólicos tendrá ocultar del espacio público y/o prohibir determinadas expresiones y prácticas, sobre todo cuando esto se hace sin escuchar las voces de las propias involucradas. ¿No está vinculada la dignidad y la honra44 con tener una palabra propia y ser oída?
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También la honra es algo diferente según el género para el Diccionario de la Real Academia Española pues, en general puede ser “estima y respeto de la dignidad propia” pero cuando se refiere a una mujer la acepción más pertinente sería “pudor, honestidad y recato de las mujeres”.
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