Source: http://abogadosexpropiacion.blogspot.com.es/2014/
Timestamp: 2017-04-30 08:56:10
Document Index: 91006524

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 69', 'artículo\n69', 'artículo 126', 'artículo 69', 'artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 69', 'artículo 36', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 121', 'artículo 106', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 124', 'artículo 48', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 53']

El Blog legal de GÓMEZ DE MERCADO: Expropiación forzosa: 2014
El fin de la doctrina de los sistemas generales
jurisprudencial sobre los sistemas generales (que confiere a estos, en ciertas
condiciones, la valoración del suelo urbanizable delimitado o sectorizado) no
resulta de aplicación al sistema del TR de la LS de 2008, puesto que aquí la
dicotomía se encuentra entre el suelo rural (mejor hubiera sido decir no
urbanizado) y el urbanizado. Y la doctrina de los sistemas generales nunca ha
equiparado el suelo de sistemas generales al suelo urbano, menos aún el
consolidado, sino tan solo al urbanizable, aun programado, sectorizado o
delimitado, que, en el sistema de la legislación vigente, es claramente suelo
rural (insistiendo en la impropiedad del término, que, no obstante, es el
seleccionado por el legislador).
El Tribunal Supremo así lo ha terminado por reconocer en dos Sentencias
de 27 de octubre 2014 (RC 6421/2011 y 174/2012), según las cuales:
Ley 8/2007 cambia los criterios de valoración del suelo, desvinculando su
tasación de su clasificación urbanística, para atender exclusivamente a su
situación, así se establece expresamente en su artículo 21.2 de dicha norma al
señalar que "El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos
siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la valoración
y el instrumento legal que la motive". Se atiende, por tanto, a la
situación fáctica o real del terreno en el momento de su valoración, distinguiendo
en su artículo 12 dos situaciones posibles: suelo rural o suelo urbanizado.
situación de suelo rural no solo se aplica a los terrenos que tradicionalmente
se han considerado como tales, por estar excluidos del proceso de transformación
urbanística o por la protección de sus valores ecológicos, agrícolas,
ganaderos, forestales entre otros, sino también (art. 12.b) para "el suelo
para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los
requisitos a que se refiere el apartado siguiente".
el contrario, tan solo puede valorase como suelo urbanizado el que se integra
de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los
núcleos de población, contando "con todas las dotaciones y servicios
requeridos por la legislación urbanística sin o puedan llegar a contar con
ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones
ya en funcionamiento". De ahí que no se alcanza la consideración de suelo
urbanizado hasta que se ha concluido el proceso de urbanización.
el suelo rural, tal y como ha sido definido por la ley, se valora, según
dispone el art. 22 de dicha norma mediante la "capitalización de la renta
anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado
en el momento al que deba entenderse referida la valoración" sin que en
ningún caso "(...) podrán considerarse expectativas derivadas de la
asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o
urbanística que no hayan sido aun plenamente realizados".
definitiva, la Ley 8/2007 desvincula la valoración del suelo de su
clasificación urbanística y atiende únicamente a su situación fáctica como
suelo completamente urbanizado. En palabras del Tribunal Constitucional en su
reciente sentencia 141/2014 de 11 de septiembre "La actual opción del
legislador, de desligar definitivamente la valoración de la clasificación del
suelo, persigue, por otra parte, tal y como se explica en la exposición de
motivos de la Ley, paliar la especulación, en línea con el mandato
constitucional ex art. 47 CE, y lograr que la valoración se lleve a cabo
conforme a "lo que hay" y no a lo que "dice el plan que puede
llegar a haber en un futuro incierto", a cuyos efectos la ley distingue
dos situaciones: la de suelo rural, que es aquel que no está funcionalmente
integrado en la trama urbana, y la de suelo urbanizado, que es el que ha sido
efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Ambos
se valoran, como sigue razonando la exposición de motivos, "conforme a su
naturaleza, siendo así que sólo en el segundo dicha naturaleza integra su
destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad".
cambio también afecta a los suelos que se destinen o por los que vayan a discurrir
infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, como
es el caso que nos ocupa, pues también en estos casos se atenderá a lo que la
norma denomina "situación básica de los terrenos". Y así lo dispone
expresamente el art. 21.2 en su apartado segundo al disponer que este criterio
de valoración "será también de aplicación a los suelos destinados a
infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto
si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si
fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación
básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley".
previsiones normativas no permiten tomar en consideración las características
de la infraestructura que justifica la expropiación ni su influencia en el
desarrollo posterior de la ciudad, para atender únicamente a la situación
fáctica de los servicios urbanísticos con los que cuenta la finca expropiada en
el momento de su valoración, por lo que no resulta posible aplicar la
jurisprudencia de sistemas generales invocada por el recurrente, dado que ya no
es posible valorar el suelo rural como si estuviera "de facto" urbanizado
y contase con todos los servicios urbanísticos necesarios, por el hecho de que
transcurra una infraestructura supramunicipal, con independencia de sus
características y su integración en el planeamiento municipal.».
sistemas generales,
La expropiación por ministerio de la Ley: el caso del Ayuntamiento de Valladolid
La denominada expropiación por ministerio de la Ley tiene lugar en el caso de que la Administración no
incoe el oportuno expediente y aún así el interesado pueda tenerlo por incoado “por
ministerio de la ley”, presentando su hoja de aprecio. Ello venía previsto por
el Art. 69.1 de la hoy supletoria Ley
del Suelo de 1976 para el caso de terrenos no edificables ni sujetos a
cesión, en los cuales, una vez transcurridos cinco años desde la aprobación del
plan sin llevarse a efecto la expropiación, “el
titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración
competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio”, de
suerte que, “si transcurrieren otros dos
años desde el momento de efectuar la advertencia”, “el propietario podrá
presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurrieren tres meses
sin que la Administración la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado Provincial
de Expropiación, que fijará el justiprecio”, atendiendo “al momento de la iniciación del expediente
de justiprecio por ministerio de la Ley, y los intereses de demora se
devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación”. El
fundamento de este supuesto se encuentra en que, cuando se trata de terrenos de
propiedad privada, esto es, no de dominio público, pero desprovistos de
aprovechamiento lucrativo y destinados a dotaciones públicas por el
planeamiento, procede que la Administración los expropie y, si no lo hace, los
propietarios pueden imponer tal expropiación. Enseguida se ve que, precisamente
por imponerse “por ministerio de la Ley”, este expediente expropiatorio no
depende de la voluntad de la Administración, no teniendo potestad decisoria al
Efectivamente, tal y como nos enseña
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 27 de marzo de 2001 (RJ 2001\2667), en su fundamento QUINTO, no
es el Ayuntamiento el que puede denegar la procedencia de el expediente de
justiprecio por ministerio de la Ley, y, , si
considerase que no procede lo que debería es recurrir el Acuerdo del Jurado de
Expropiación u órgano de valoración:
“Los acuerdos del Ayuntamiento denegatorios de la incoación del
expediente de justiprecio son la expresión de la voluntad del Ayuntamiento
contraria a dicha iniciación. Sin embargo, el Ayuntamiento carece de facultades
para decidir sobre la iniciación del expediente de justiprecio, pues éste tiene
lugar por ministerio de la Ley mediante la presentación ante el mismo de la
hoja de aprecio. Además, cuando se producen aquellos acuerdos (26 de septiembre
de 1988 y 15 de mayo de 1989) aquella iniciación ya se ha producido (la hoja de
aprecio fue presentada el 20 de mayo de 1988, según admite el propio
Ayuntamiento en la demanda). El acto administrativo denegatorio de la
incoación no produce efectos preclusivos, sino que equivale –en último
término al rechazo de la hoja de aprecio presentada. No es menester que sea
impugnado específicamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
esta línea, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de junio de 2005 (RJ 2005, 6852) dice:
"Para que actúe la expropiación ope
legis se requiere el cumplimiento de las formalidades exigidas en el mencionado
artículo 69, a
cuyo tenor la iniciación del expediente de justiprecio en las expropiaciones
derivadas directamente de Planes de Urbanismo sobre terrenos no edificables y
que no pueden ser objeto de cesión obligatoria por no ser posible la justa
distribución de beneficios y cargas, podrá llevarse a cabo por imperativo legal,
cumplidos los requisitos y plazos exigidos.
De ello resulta que el inicio del expediente de
justiprecio simplemente se materializa mediante la presentación de la
correspondiente hoja de aprecio, pues esta manifestación es el elemento que
desencadena la iniciación del expediente expropiatorio, y transcurridos tres
meses sin que la administración la acepte puede continuarse el expediente
mediante la presentación de la hoja de aprecio ante el Jurado Provincial de
Expropiación; de ahí, podemos afirmar que la Administración carece de
facultades para decidir sobre la iniciación del expediente de justiprecio, pues
éste tiene lugar por ministerio de la Ley mediante la presentación ante aquélla
de la hoja de aprecio, ...".
la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 6ª) de 9 de febrero de 2012 confirma este criterio, con cita de la Sentencia precedente,
entiende que nos encontramos en un supuesto de inicio del expediente por
ministerio de la ley, por concurrir los presupuestos requeridos por el artículo
69 TR de la Ley del Suelo de 1976, frente al cual los acuerdos denegatorios
del Ayuntamiento, que se basaban en que la ejecución del planeamiento dependía
de una actuación previa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, equivalen
al rechazo de la hoja de aprecio. La expropiación se inicia por ministerio
de la ley al concurrir los presupuestos previstos por la norma, siendo el
momento procedente para oponerse el Ayuntamiento al inicio del expediente el de
los recursos contra el acto de fijación del justiprecio, de acuerdo con las
previsiones del artículo 126 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Sin embargo, la sentencia impugnada, como
antes se ha visto, estimó el recurso contencioso administrativo y anuló el
acuerdo de fijación del justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación, lo
que nos conduce a la estimación del recurso de casación por infracción
126 de la Ley de Expropiación Forzosa, que permite impugnar
la procedencia o no de la iniciación ope legis del expediente expropiatorio en
el recurso que se interponga contra el Acuerdo de fijación del justiprecio, sin
que sea preceptiva en el presente caso la impugnación por el propietario de las
resoluciones del Ayuntamiento de denegación o inadmisión del procedimiento
expropiatorio…”.
semejante, la STS de 27 de febrero
de 2012 (RJ 2012\4271) continúa:
“Además, hemos de tener en cuenta que ningún
perjuicio se sigue para el Ayuntamiento de Barcelona de la continuación del
procedimiento de justiprecio, pues como ha reconocido este Tribunal, en
sentencias de 27 de marzo de 2001 (recurso 7970/1996) y 6 de febrero de 2012
(recurso 6281/08), nos encontramos en un supuesto de inicio del expediente
por ministerio de la ley, por concurrir los presupuestos requeridos por el
artículo 69 TR de la Ley del Suelo de 1976, frente al cual los acuerdos
denegatorios del Ayuntamiento, equivalen al rechazo de la hoja de aprecio, ya
que la expropiación se inicia ope legis al concurrir los presupuestos previstos
por la norma, siendo el momento procedente para oponerse el Ayuntamiento al
inicio del expediente el de los recursos contra el Acuerdo del Jurado de
determinación del justiprecio, de acuerdo con las previsiones del artículo 126
de la Ley de Expropiación Forzosa. Como indica la sentencia citada en primer lugar,
del artículo 126 de la Ley de Expropiación forzosa se desprende que el recurso
contencioso-administrativo contra el acto que fija el justiprecio es adecuado
para plantear la procedencia o no de la iniciación del expediente expropiatorio
ope legis. Dicho precepto dispone que ambas partes podrán interponer recurso
contencioso- administrativo contra los acuerdos que sobre el justo precio se
adopten. Añade que el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en
la violación u omisión de los preceptos establecidos en la misma Ley. Por
extensión podrán invocarse cualesquiera defectos que afecten a los requisitos y
procedencia de la expropiación establecidos en leyes especiales. En
consecuencia, éste es el momento en que el Ayuntamiento, si considera que no
concurren los requisitos legales, debe plantear su oposición a la expropiación.
corrobora una vez más la Sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012 (RJ 2013\631):
“Y es que no puede perderse de vista la propia
naturaleza de estas expropiaciones por ministerio de la Ley (…).
Consecuencia de ese carácter es que, conforme a
la regulación legal, la Administración "carece de facultades para
decidir sobre la iniciación del expediente de justiprecio, pues éste tiene
hoja de aprecio. (...) El acto administrativo denegatorio de la incoación no
produce efectos preclusivos, sino que equivale -en último término- al rechazo
de la hoja de aprecio presentada. No es menester que sea impugnado específicamente
ante la jurisdicción contencioso-administrativa." (Sentencia de 9 de
febrero de 2012 (RJ 2012, 3861) , recurso de casación 6281/2008 ).
Ello supone que, como se declaraba ya en
la sentencia de 16 de mayo de 1985 (RJ 1985, 3502), la finalidad de la
institución es la de conferir seguridad jurídica a los propietarios que se
veían sometidas a la pasividad de la Administración en ejecutar las previsiones
del planeamiento, porque "la finalidad del artículo 69 discutido, trata de
remediar la pasividad, deficiencia o insuficiencia de la determinación del
carácter compulsivo, que se alega, de los Planes o Programas, con grave
quebranto del principio de seguridad jurídica, estableciendo por ello un plazo
máxime para dar por terminada inseguridad que significa para la propiedad la
calificación del terreno como inedificable...". Es esa concreta finalidad de estas
expropiaciones por ministerio de la ley la que ha llevado a la Jurisprudencia a
declarar el carácter antiformalista de la petición de expropiación - sentencia
de 8 de mayo de 1985 y 26 de noviembre de 1992 (RJ 1992, 9038) -,
siendo suficiente que quede constancia clara de la intención del propietario de
que se inicie el procedimiento y la ausencia de motivación de la
Administración para denegar, por motivos de fondo o materiales, la procedencia
de la expropiación que impone el planeamiento”.
suma, no se corresponde en modo
alguno con la realidad de la institución que una expropiación por ministerio de
la Ley dependa de la decisión del Ayuntamiento, como en un notorio asunto reciente ha venido manteniendo el Ayuntamiento de Valladolid frente a las legítimas reclamaciones de nuestros clientes.
Y así, como no podía ser de otra manera con arreglo a Derecho, con fecha 10 de noviembre de 2014 se ha dictado Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, que desestima
el recurso de apelación del Ayuntamiento y confirma la Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 4 de esa Ciudad, que ordena al Ayuntamiento el pago del justiprecio
fijado por la Comisión
Territorial de Valoración (equivalente al Jurado de Expropiación) de Valladolid, que no fue recurrido y quedó consentido y firme para la Administración municipal.
ministerio de la ley,
El TC declara la inconstitucionalidad del límite al valor agrourbano
del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014, que resuelve los
recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo de 2007, y Texto
Refundido de 2008, confirma, en general, el texto legal, con una sola
excepción: el límite del 200% para valorar el factor de localización en suelo
rural (art. 23.1 a)
tercer párrafo del texto refundido), el llamado valor "agrourbano".
A este respecto, el art. 22.1 a) tercer párrafo de la
Ley de 2007, posteriormente 23.1
a) tercer párrafo TRLS08, señala que “el valor del suelo rural así obtenido podrá
ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de factores
objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a
centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada
en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que
El Tribunal Constitucional parte de reiterada doctrina constitucional en el sentido de que "la Constitución no exige... que la indemnización correspondiente por la privación de bienes y derechos sea equivalente al valor de mercado de estos"; y, en general, mantiene la validez de las normas de valoración del Texto Refundido si bien recuerda que "esta conclusión no cierra en modo alguno el paso a ulteriores pretensiones de los particulares ante la jurisdicción ordinaria, si estimaran que la concreta aplicación de los criterios de valoración lesiona sus derechos".
Pero sí anula la limitación al doble del alza del valor del suelo rural. Dice así que se "incorpora un tope máximo que no se halla justificado, que puede resultar inadecuado para obtener en esos casos una valoración del bien ajustada a su valor real y que, en consecuencia, puede impedir una determinación de la indemnización acorde con la idea del proporcional equilibrio" que sí juzga necesario para respetar la garantía del art. 33.3 CE. Esta limitación del doble es ahora considerada
inconstitucional, pues supone un obstáculo excesivo al justo precio. Sin dicho
límite y sin ningún otro límite, se abre, en principio, la vía para que el
suelo rural goce de una valoración adecuada y sin cortapisas en sede
expropiatoria. Pero ¿qué se debe valorar?
Téngase en cuenta que la norma que se mantiene
(únicamente se anula la limitación indicada) queda sometida a la cautela legal
de que no pueden considerarse expectativas de edificabilidad no plenamente
realizadas (art. 23.2 TRLS08), teniendo en cuenta que para la Ley la previsión
de edificabilidad no integra el derecho de propiedad hasta la realización
material de la edificación (art. 7.2).
A este respecto, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de septiembre de 2001 (Ar. 9179) entiende que estimar este valor
agrourbano “no es aplicar expectativas
urbanísticas en sentido estricto y propio, sino tomar en consideración el hecho
de la proximidad a centro urbano para fijar un justiprecio que, en lo posible,
se aproxime al valor real”. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de julio
de 1995 (Rec. 1455/93 s. 1ª) declaró que "al
tratarse de suelo con la clasificación de no urbanizable... no es posible,
salvo en casos muy excepcionales entre los que no se encuentra el que nos
ocupa, tomar en consideración rendimientos que tengan relación directa o
indirecta con la posible utilización urbana de los terrenos. Cuestión distinta
es tomar en consideración la cercanía de una finca con un gran núcleo de
población o con importantes vías de comunicación a los efectos de la posible
incidencia que estas circunstancias pudiesen tener para elevar el valor en
venta en el mercado de la finca en cuestión, pero no las expectativas
urbanísticas de un terreno que por su calificación en los instrumentos de
planeamiento no tiene". La Sentencia del mismo Tribunal de 7 de
octubre de 1998 (Rec. 1701/95 s. 4ª, RJCA 1998\3696) apunta que “en el informe recogido en el aludido
recurso, que además ha sido aportado a otros muchos recursos de esta Sala, se
destaca el valor agrourbano de las fincas superior al valor meramente agrícola,
que no se rige únicamente por posibles rendimientos agrícolas o ganaderos sino
que por lo general por estar situadas en zona de los alrededores de Madrid, que
al igual que cualquier núcleo de población importante, son tomadas como
inversiones de futuro, lo que condiciona el mercado al alza” (teniendo en
cuenta, pues, algo distinto del puro valor de explotación agrícola por la mera
facilidad de transporte).
Desde luego, mucho más críticos que la Sentencia con el régimen de valoraciones de la Ley, por vulnerar la exigencia de una indemnización proporcionada y el principio de indemnidad, son los votos particulares que se adjuntan a la misma. Probablemente más fundamentados que la tesis mayoritaria, pero que quedan en minoría.
agrourbano,
texto refundido,
Incompatibilidad de nulidad de la expropiación y retasación
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
marzo de 2014 (Rec. 3196/2011) nos ilustra en su fundamento PRIMERO que “Las cuestiones
que se suscitan en el presente recurso han de examinarse conforme a lo que ya
tiene declarado esta Sala casacional reiteradamente, en recursos interpuestos
contra sentencias de la
misma Sala territorial, en que se revisaban -y anulándose,
como en el presente- los acuerdos denegatorios de la petición de retasación de
bienes expropiados para el mismo proyecto que en el presente supuesto y en el
que se invocaba la misma argumentación, como presupuesto de los concretos
motivos casacionales -y en idéntico orden que el presente-, es decir, que el
proyecto que legitimaba la expropiación de autos había sido declarado nulo por
sentencia de la Sala de instancia de 30 de marzo de 2001, dictada en el recurso
586/1997; aduciéndose que como quiera que la nulidad del proyecto generaba la
de los actos subsiguientes, en concreto, de la expropiación de la finca del
aquí recurrente, propiamente no podría hablarse de fijación de justiprecio,
sino de indemnización de daños y perjuicios y, por tanto, no podría reconocerse
el derecho de retasación . Así se ha declarado por esta Sala en las sentencias
de 8 de noviembre de 2011 (recurso de casación 5058/2008) y en las de 27 de febrero
y 6 de marzo de 2012 (recurso de casación 558/2009 y 556/2009)".
Efectivamente, dichas Sentencias nos decían ya
“Pues bien, constatada igualmente que la
retasación se insta el 19 de mayo de 2003, esto es, transcurridos más de dos
años desde la fecha de la sentencia de instancia que anuló el procedimiento
expropiatorio, razón asiste a las aquí recurrentes para, de conformidad con
reiterada jurisprudencia relativa a la vía de hecho derivada de la nulidad del
instrumento urbanístico que legitima la expropiación, aducir que no nos
encontramos ante un expediente expropiatorio que podría en su caso viabilizar
la retasación instada y sí ante otro de naturaleza indemnizatoria.
La circunstancia que se apunta en la sentencia
recurrida, tras reconocer que se está ante una ocupación ilegal o de hecho,
relativa a la imposibilidad de restitución "in natura", como
justificadora de la decisión adoptada de acceder a la retasación, no puede
compartirse por este Tribunal, en cuanto ello supondría desnaturalizar el instituto
de la retasación, configurado, conforme dijimos recientemente ( Sentencia de 26
de septiembre de 2011 (RJ 2011, 7219), recaída en recurso de casación
5553/2010) "como una garantía para el expropiado, ante la demora en la
efectividad o pago del justiprecio, con la finalidad de que el mismo sea
adecuado a la realidad patrimonial que se entiende afectada por el transcurso
de dicho plazo y que exige una nueva valoración de los bienes y derechos
expropiados" .
García Gómez de Mercado
retasación,
El llamado método objetivo de valoración
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo
de 2014 (Rec. 1505/2013) vuelve a incidir en el llamado método objetivo de
valoración, es decir, aplicar los módulos de valoración a efectos de Viviendas
de Protección Oficial (VPO), llegando a decir que “se trata de un método subsidiario que viene a solventar aquellos casos
en los que no se cuenta con valores de mercado que ofrezcan la adecuada certeza
y seguridad, para evitar la obtención de resultados especulativos o
desproporcionados. Pero en todo caso es una modalidad de método residual, en el
sentido de que se aplica en sustitución del mismo y para aquellos casos en que
no son de aplicación los valores de las ponencias catastrales, pues lo que se
trata de obtener a través del mismo es el valor de repercusión del suelo”.
Es sabido, sin embargo, que se trata
de un método alegal, por lo que se refiere a la valoración del justiprecio
expropiatorio, y que la falta de ponencias catastrales no supone en rigor que
no se aplique el método residual propiamente dicho.
Así, diversas Sentencias del
Tribunal Supremo, entre otras muchas, sobre la valoración de la expropiación
del Ensanche Sur de Alcorcón confirmaron las sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, que prescindieron del método residual aplicable
legalmente y con diversas pericias presentadas al efecto, dando una preferencia
injustificada a este método alegal. Y con ello minusvalorando los terrenos y perjudicando a los expropiados.
método objetivo,
Una depuradora no es sistema general a efectos de justiprecio
La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014 (Rec. casación 2924/2011), nos dice:
CUARTO.- El tercer motivo del recurso de casación estima que la sentencia impugnada ha infringido los artículos 12 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 , aprobado por RD 1346/1976, artículos 25 y siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico , aprobado por RD 2159/1978, artículo 36 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid y artículos 24 y 120 de la CE y 248.3 LOPJ , porque considera que la Planta de tratamiento de lodos no constituye un sistema general, cuando los preceptos citados contemplan las redes públicas de saneamiento de aguas residuales como sistemas generales. Hemos de advertir sobre este motivo que, de acuerdo con el artículo 86.4 de la Ley de la Jurisdicción , la sentencia del Pleno de esta Sala de 30 de noviembre de 2007 (7638/2002 ) y numerosas otras, el recurso de casación únicamente puede fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, luego a "sensu contrario", no cabe fundar el recurso en infracción de normas de Derecho autonómico, pues los artículos 152-1 CE y 70 LOPJ encomiendan, en el orden contencioso-administrativo, a las Salas correspondientes de los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas CCAA la determinación de la interpretación última del derecho de procedencia autonómica, por lo que ninguna consideración cabe efectuar sobre la infracción de la Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid que alega la parte recurrente. También este motivo del recurso se plantea en similares términos al recurso precedente ya citado, resuelto por la sentencia de 26 de noviembre de 2012 , en la que dijimos lo siguiente: La cuestión planteada por la parte recurrente es, por tanto, si la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aplicó correctamente al supuesto enjuiciado, de expropiación de terrenos para la Construcción de una unidad de procesamiento y eliminación de fangos (Instalación Este), procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II en Loeches la doctrina de esta Sala que establece la valoración como suelo urbanizable de terrenos clasificados como no urbanizables, cuando son expropiados con destino a sistemas generales.La citada doctrina jurisprudencial se recoge, entre otras muy numerosas, en la sentencia de esta Sala de 17 de noviembre de 2008 (recurso 5709/97 ), seguida por las de 14 y 16 de mayo de 2012 (recursos 2737/09 y 2251/09 ), 9 y 27 de julio de 2012 (recursos 4583/09 y 3460/09 ) y 17 de septiembre de 2012 (LA LEY 142322/2012) (recurso 5685/09), que señalan que la regla general establecida en el artículo 25.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril (LA LEY 1489/1998), sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, es que la tasación de los terrenos expropiados se realiza de conformidad a su clasificación urbanística. Ahora bien, en los casos en los que unos terrenos destinados a sistemas generales se encuentren clasificados como no urbanizables o carezcan de clasificación específica, puede darse la circunstancia de que proceda valorarlos como urbanizables siempre y cuando se destinen a «crear ciudad», esto es, cuando estén destinados a crear infraestructuras o equipamientos que pasen a formar parte del sistema general del municipio, en definitiva de las dotaciones que configuran el ámbito urbano de la propia ciudad y que ello sea consecuencia de la ejecución del plan urbanístico. Esta doctrina se explica porque, cuando se trata de implantar servicios para la ciudad, no puede hacerse a costa del sacrificio singularizado de unos propietarios, de modo que, aunque el suelo afectado se haya considerado por el planificador como rústico, al encontrarse asignado a la estructura general de ordenación urbanística del municipio, de su red viaria y dotacional, debe estimarse como una obra de infraestructura básica susceptible de ser adscrita al suelo urbano o al urbanizable.La justificación se encuentra en el principio de equidistribución de las cargas y de los beneficios derivados del planeamiento, consagrado en los artículos 3, apartado 2, letra b ), y 87, apartado 1, del Texto Refundido de 1976, presente también en la normativa posterior, en particular, en lo que al caso debatido afecta, en el artículo 5 de la Ley 6/1998 , y que es trasunto del principio constitucional de igualdad, tanto en su dimensión formal, ante la norma o su aplicación (artículo 14), como en la sustancial (artículo 9, apartado 2). Esta forma de abordar el problema presupone que el sistema general al que van a servir los terrenos que, clasificados como no urbanizables, se obtienen por expropiación, tenga vocación de «crear ciudad», discriminando, por ello, in peius a sus propietarios, quienes, de no valorarlos como urbanizables, se sacrificarían a cambio de la retribución correspondiente al suelo rústico, para que los demás se beneficien de la expansión ciudadana y del consiguiente incremento de valor de sus predios. Esta es la tesis sostenida por la recurrente tanto en la instancia como en la casación.Así pues, los requisitos exigibles para valorar los terrenos como urbanizables, según los criterios jurisprudenciales que acabamos de exponer, son que los terrenos en cuestión estén destinados a sistemas generales y que se incorporen o pertenezcan al entramado urbano. Es, pues, necesario analizar en cada caso las circunstancias concurrentes para emitir un juicio sobre si los terrenos expropiados cumplen las indicadas condiciones a efectos de su tasación.La sentencia impugnada refiere en su fundamento de derecho sexto que la expropiación de la finca a que se refiere este recurso trae causa del proyecto de obras que tiene por objeto la construcción de unidad de procesamiento y eliminación de fangos (instalaciones Este) procedentes de las estaciones de depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II en Loeches.Continúa la sentencia impugnada razonando, ahora en su Fundamento de Derecho Séptimo, que la actuación proyectada no puede entenderse como un sistema general que cree ciudad, y únicamente esta condición permite que el suelo se valore como urbanizable, ya que su finalidad no es la de crear ciudad, sino dar satisfacción a una necesidad medioambiental, cual es el tratamiento de los lodos procedentes de diversas depuradoras cuya titularidad ostenta el Canal Isabel II, tratándose de una actuación que va a dar servicios a una multiplicidad de municipios.Como acertadamente argumenta la sentencia impugnada, lo que la doctrina jurisprudencial de esta Sala exige, para valorar el suelo no urbanizable como urbanizable por razón de su destino a sistema generales, es que el sistema general tenga una trascendencia directa primordial en la propia ciudad, es decir, que sea un instrumento de desarrollo de la propia ciudad, y no se limite a un servicio a sus habitantes. Por tal razón, la sentencia impugnada concluye que en el presente caso es claro que el sistema general es una infraestructura al servicio de varias localidades, que no ayuda a crear ciudad, ni se integra en la malla urbana, y que ni siquiera puede decirse que ofrezca un servicio directo a los ciudadanos.La Sala considera ajustados a derecho los anteriores razonamientos, pues de los hechos que la Sala de instancia tiene por acreditados, y que resultan de las actuaciones, la unidad de procesamiento y eliminación de fangos procedentes de las estaciones depuradoras de Canal de Isabel II no se integra en la malla urbana de Loeches y dada la localización de la finca y su distancia del núcleo urbano, es claro que no existe en este caso una indebida singularización de los terrenos afectados por la expropiación, y sin que pueda considerarse que la unidad de procesamiento contribuya a crear ciudadSi antes hemos indicado que la valoración del suelo no urbanizable como urbanizable, en el caso de los sistemas generales que crean ciudad, tiene por finalidad el evitar la discriminación de los propietarios de dicho suelo en relación con los demás propietarios de terrenos que se beneficiarían de la expansión urbana propiciada por los sistemas generales, no existe en el presente caso ninguna expectativa razonable, o al menos, no fue alegada en la instancia, de que la nueva unidad de procesamiento, traiga consigo inmediatamente una transformación de su entorno en suelo urbanizable, por lo que no existe riesgo de ruptura del principio de equidistribución de beneficios y cargas, que es la razón de ser última de la jurisprudencia sobre sistemas generales que crean ciudad.De acuerdo con las anteriores consideraciones se desestima el tercer motivo del recurso de casación.
El TSJ de Madrid obliga al Ayuntamiento de Alcorcón a pagar las expropiaciones del Ensanche Sur
El Auto de 22 de enero de 2014 del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid declara responsable y requiere de
pago al Ayuntamiento de Alcorcón de las cantidades que como
justiprecio e intereses se establecieron en la expropiación llevada a cabo por
el mismo en el Ensanche Sur de esa ciudad, actuando
como beneficiaria la empresa municipal EMGIASA, actualmente en concurso.
Sus razonamientos son
PRIMERO.- Para resolver la presente cuestión ha de tenerse en cuenta la Sentencia
dictada por la Sala tercera del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2013 en
casación en interés de
Ley 1623/2013 en la que el Abogado del Estado solicitaba que de la
Sala que procediera a FIJAR LA SIGUIENTE DOCTRINA LEGAL: "La
declaración de concurso de un beneficiario de la expropiación forzosa no genera
por sí sola la responsabilidad patrimonial de la Administración expropiante
para el pago del justiprecio. La determinación de la existencia, en su caso, de
dicha responsabilidad patrimonial no es ejercitable directamente en los
tribunales, sin que previamente se haya instado y tramitado el procedimiento
administrativo de responsabilidad patrimonial." SEGUNDO:- Dicho recurso fue motivado por la sentencia de fecha 11 de febrero de
2013 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla -La Mancha en la que se indicaba lo
siguiente: "... la indemnización que debe percibir el expropiado, en
sustitución del bien que le es arrebatado por razón de interés publico y
utilidad social, se convierte en una GARANTÍA CONSTITUCIONAL, EN UN DERECHO SIN
EL CUAL NO SE JUSTIFICA LA INTROMISIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS, y desde luego
ajeno a cualesquiera avatares derivados del procedimiento elegido por la
Administración para la llevar a cabo la expropiación, de la intervención de una
Concesionaria o de la insolvencia de
ésta. Y este derecho constitucional se ve laminado desde el momento en que el
expropiado no recibe la indemnización establecida. Recuérdese que en el
presente caso la finca fue ocupada el 10-1-2005, que este Tribunal dictó
sentencia el 30-3-2010, que los bienes han pasado, de modo irreversible, a ser
de dominio público, y que al día de hoy aquél no ha recibido compensación
alguna. A lo anterior debemos añadir que el Estado no se muestra proclive, en este
momento, al abono de los justiprecios, entendiendo que ha hecho lo que debía,
que era requerir de pago a la Concesionaria, y que no podía hacer nada más como
consecuencia de la Declaración de Concurso de la
Concesionaria. Si ya en el momento actual debemos entender que existe vulneración de un
mandato constitucional, el incumplimiento se agravaría más si los propietarios
debieran esperar al desenlace del concurso; en la práctica este sería el efecto
perverso que se produciría, dado que se ignora, como hemos dicho, la duración
de aquél procedimiento, siendo presumiblemente largo en atención sobre todo a
la dificultad para concretar la masa patrimonial del pasivo, ya que algunos
justiprecios por cantidades importantes están pendientes al día de hoy del
pronunciamiento del Tribunal Supremo.
relevancia constitucional del derecho a la indemnización por la justa privación
del derecho de propiedad conduce a calificar la indemnización o justiprecio no
como un efecto derivado de la expropiación sino justamente como todo lo
contrario, como un presupuesto de legitimidad para el ejercicio de la potestad
expropiatoria sin el cual no se puede adquirir la propiedad del bien. De
acuerdo con la teoría del título y el modo, la traditio se conseguiría con el
acta de ocupación; pero realmente el título válido para la ocupación sería el
pago del justiprecio sin el cual no se produciría la traslación de la
propiedad, ni se podría privar al expropiado de su bien. Las garantías del justiciable
obligan a la Administración expropiante, como contrapartida al ejercicio de la
potestad que ejercita, a respetar sus derechos: evitar situaciones y vías de
hecho, prestación de garantías por parte del concesionario que aseguren el
cumplimiento de sus obligaciones, retención del crédito necesario que facilite
el pago, evitación de situaciones de demora que dan lugar a la responsabilidad
en forma del pago de intereses... Si estas obligaciones son de ineludible
observancia, ¿cómo no lo va a ser la principal que es el derecho del expropiado
a que le abonen el valor de su bien? La Ley de expropiación Forzosa no
contempla la posibilidad de que el expropiado se pueda quedar sin compensación
económica (Art. 48), sin duda porque parte de la perspectiva de que sin ese
pago no se produce la traslación de la propiedad. La sentencia del T.S. de
23-11-2010 (Rec. 2150/2007) señala que <<el puntual pago del justiprecio
de los bienes expropiados es de innegable interés general pues sin una adecuada
salvaguarda de la propiedad privada no existiría el Estado de
Derecho>>". El Tribunal Supremo indica que como ya se dijo, ciertamente que la
propia Sala de instancia hace referencia a la institución de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas, afirmando categóricamente que se
podría construir -"sin necesidad de mucho esfuerzo"- una vinculación
entre el pago del justiprecio y la declaración de concurso de la beneficiaria
de la expropiación sobre la base de la responsabilidad patrimonial de la Administración
General del Estado, como Administración expropiante. Sin embargo,
inmediatamente declara la sentencia que no es esa la institución en que
fundamenta su decisión, acorde al mismo planteamiento que se había realizado
por el expropiado y recurrente en la instancia. En efecto, declara
taxativamente la Sala de instancia que "va a ser el argumento
constitucional el esencial para justificar la estimación de la pretensión
deducida, pues proporciona una solución limpia y eficaz." De lo expuesto cabe concluir que el argumento esencial de la sentencia no
es, como en el escrito de interposición del recurso se pretende, la institución
de la responsabilidad patrimonial generada sobre la base de la declaración de
concurso de la obligada al pago, la beneficiaria de la expropiación. Muy al
contrario, estima la Sala de instancia, y ya se ha dejado constancia en los
anteriores fundamentos, que es la propia institución de la expropiación la que
ofrece elementos más que suficientes para, dado el planteamiento procesal,
acceder a la pretensión accionada por el recurrente. Y precisamente para
justificar el argumento parte ya de la propia legitimidad de la potestad
expropiatoria en la Constitución, cuando en el artículo 33.3º la condiciona a
la "correspondiente indemnización". Del mencionado precepto concluye
la Sala de instancia que el pago del justiprecio, la correspondiente
indemnización, se constituye "en una garantía constitucional, en un
derecho sin el cual no se justifica la intromisión de los poderes públicos
"con la potestad expropiatoria, y en cuanto que garantía reconocida al
máximo nivel normativo no está condicionada ni a los "avatares" del
procedimiento elegido ni por la intervención de un tercero, en este caso la
concesionaria de la carretera y, a los efectos del procedimiento expropiatorio,
como beneficiaria de la expropiación.
En palabras de la sentencia, la percepción de la indemnización, del
justiprecio, se constituye en el auténtico título para que los bienes pasen a
la propiedad pública. De ahí que tampoco pueda afectar a esa garantía la
insolvencia de este tercero. Por lo que se refiere al caso de autos, considera
la Sala de instancia que la declaración de concurso de la beneficiaria de la
expropiación, el largo periodo transcurrido desde que le fueron ocupados los
bienes al expropiado, el hecho de que la misma Administración ha puesto ya de
manifiesto que antes esa declaración de concurso nada puede hacer en orden al
pago del justiprecio, la incertidumbre que se genera sobre su cobro, impone la
conclusión de que debe proceder al pago del justiprecio la Administración
expropiante. Para ilustrar esas peculiaridades deja la Sala constancia de las
especialidades del crédito con relación a la propia Administración actuante,
que le confiere condiciones especiales en relación con los restantes créditos
que integran la masa concursal.
suma, no es la institución de la responsabilidad patrimonial de la que hace
derivar la sentencia la obligación del pago del justiprecio por la
Administración expropiante, sino que lo hace directamente de la expropiación,
al estimar que, con independencia de que intervenga un tercero como
beneficiario, la declaración formal de concurso y la incertidumbre que genera
sobre la integridad y tiempo del pago del justiprecio, obligan a la
Administración al pago del
mismo. Y así planteada la cuestión es indudable que difícilmente podemos nosotros
aquí por la vía de este recurso excepcional de casación declarar ni errónea ni
gravemente perjudicial la doctrina en los términos en que se suplica en el
escrito de interposición, porque, como ya se dijo, la doctrina que se pretende
declarar como correcta es que la declaración de concurso de la beneficiaria de
la expropiación no genera por sí sola la responsabilidad patrimonial de la
Administración expropiante. Y es indudable que esa declaración ni está
vinculada a la fundamentación de la Sala de instancia para la decisión adoptada
ni nos corresponde a nosotros establecer a la vista de lo declarado por la Sala
de instancia. Bien es verdad, a los efectos antes concluido, que los esfuerzos
argumentales que se contienen en el escrito de interposición parecen apuntar a
una asimilación de la expropiación con la responsabilidad patrimonial; sin
embargo, no pueden confundirse ambas instituciones. En efecto, bien es verdad
que fue el artículo 121 de la vieja Ley de Expropiación el que por primera vez
regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el ámbito
general y no solo en el ámbito de la Administración Local, cuya legislación,
como en tantas otras ocasiones, se adelantó a la general. Y esa Ley de 1954 la
regula en unos términos que, con escasas modificaciones de interpretación, ha
pasado a la Constitución -artículo 106- y a su actual regulación en la Ley de
Administrativo Común y el Reglamento para los Procedimientos de Responsabilidad
Patrimonial, que la complementa en esta materia. Pero el Legislador fue consciente de que la regulación de la institución de
la responsabilidad patrimonial era ajena a la misma expropiación y si la
incluyó en la Ley lo fue, como se declara en la Exposición de Motivos, por no
perder "una ocasión para abrir, al menos, una brecha en la rígida base
legal" que regía en la materia, en el bien entendido de que la regulación
en dicha Ley limitaba la responsabilidad" estrictamente se contraen a las
lesiones sobre los bienes y derechos objeto de la Ley de Expropiación... Ir más
allá hubiera sido desbordar los límites técnicos que el objeto impone a una ley
de expropiación" .Buena prueba de ello es que el propio Legislador de la
época no perdió la oportunidad de regular la institución en una Ley diferente y
en términos de generalidad, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Civil del Estado, de 20 de julio de 1957, en cuyo artículo 32 se regulaba la
institución hasta que ha pasado, como institución bien diferente a la
expropiación, a la mencionada Ley de 1992. Y
es que las diferencias entre una y otra institución lo son de principios,
naturaleza, objeto y procedimiento. En efecto, si bien la expropiación se
justifica en la atribución de una potestad encaminada a la privación coactiva
de los bienes y derechos de los ciudadanos en aras del interés general,
plasmada en la necesaria existencia de una utilidad pública o un interés
social; la responsabilidad patrimonial tiene por objeto resarcir a los
ciudadanos los daños y perjuicios que se le ocasionen en su patrimonio con la
actividad administrativa de prestaciones de servicios públicos, porque teniendo
esta como finalidad el interés general, si se ocasiona un daño concreto y
determinado ajeno a la misma prestación del servicio público, se vería
sacrificado de manera especial el perjudicado, que soporta una mayor carga en
esa prestación de servicios y que ha de restablecerse por imperativo de la
igualdad en la imposición de las cargas generales. De ahí la diferente
estructura del efecto directo de ambas instituciones de resarcir a los
ciudadanos, porque en tanto que en la expropiación esa indemnización, el
justiprecio, es justa correspondencia del valor del bien o derecho del que se
priva al ciudadano y ha de ser, como regla general, previa a la desposesión; en
la responsabilidad, la indemnización sólo puede comprender el importe de los
daños y perjuicios imputables a la prestación del servicio, que han de
reconocerse a posteriori, otra cosa supondría una previsión del daño que
ciertamente habría de canalizarse por aquella otra institución. Incluso la
titularidad de ambas potestades son bien diferentes, porque así como la
potestad expropiatoria, por su intensidad en la esfera del derecho de los
ciudadanos, está limitada a las clásicas Administraciones territoriales, la
responsabilidad está extendida a todos los entes de carácter público,
cualquiera que sea su naturaleza, e incluso a particulares a quien se
encomienda la prestación de servicios públicos. Y en fin, los procedimientos de
ambas instituciones son bien diferentes, porque el expropiatorio está aun
anclado en la viaja Ley de 1954, en tanto que el de responsabilidad patrimonial
se regula por la Legislación general que se contienen en la Ley de 1992 y el
Reglamento antes mencionado. Incluso sería de señalar que si bien ambas
instituciones están recogidas en la Constitución, la responsabilidad lo está en
el Título IV al regular el Gobierno y la Administración y como una garantía de
los ciudadanos frente a la Administración; en tanto que la expropiación está
contemplada con mayor garantía en el Capítulo II, en el artículo 33.3º, como
una derecho de los ciudadanos estando también reconocida, como limitación al
derecho de la propiedad, el artículo 1º del Protocolo Adicional al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de 1952; es decir, con las garantías que se confieren a esos
derechos de los ciudadanos en la Ley Fundamental del Estado y precisamente
frente a los poderes
públicos. Es necesario reparar en esa dimensión de derecho constitucional que tiene
la expropiación por su vinculación a la propiedad. En efecto, pese a la
promulgación de la Ley de Expropiación en época bien diferente a la de nuestra
Norma Fundamental, es lo cierto que el Legislador de 1954 fue consciente de que
la limitación de la privación de la propiedad por la vía expropiatoria debía
someterse a un régimen de estricta garantía, que se descubre del procedimiento
que se estableció en la Ley y que ha permitido mantenerse con el nuevo marco
normativo instaurado tras la Constitución; nos interesa ahora destacar que ya
estableció el Legislador de 1954 en la regulación de la expropiación forzosa el
principio de que para que se procediese a la ocupación del bien o derecho
expropiado era necesaria la previa indemnización (artículo 124), estableciendo
el régimen normal de la expropiación en el que sólo previo el pago del
justiprecio podría ocuparse el bien o derecho expropiado (artículo 48). Bien es
verdad, y es esta una perversión del sistema que no se ha dejado de poner de
manifiesto por la jurisprudencia, que se ha hecho un uso y abuso del denominado
procedimiento de urgencia en que quiebra dicha regla del previo pago; pero ya
el mismo artículo 52, que es el que lo regula, lo califica de excepcional y lo
somete a condiciones en garantía de su necesidad que se añaden a las ya
establecidas con carácter general para la expropiación, como resulta del
mencionado precepto que incluso impone la necesidad por parte de la
Administración de realizar un depósito previo que por las características de
nuestro mercado inmobiliario legal ha quedado inoperante, pero que tiene por
finalidad garantizar el cobro del justiprecio. Y es necesario dejar constancia
de esa circunstancia, porque si se ha situado al expropiado en la lamentable
situación de haber perdido la propiedad de su finca sin haber percibido aun
indemnización alguna y sin saber cuándo y cuánto podrá percibir a resultas del
concurso declarado de la beneficiaria; lo ha sido por imponer la Administración
expropiante un procedimiento que ha permitido que pueda ocuparse el bien sin
haber percibido el justiprecio, pretendiendo ahora trasladar a un tercero, y
sus circunstancias, la obligación ínsita en la expropiación declarada por la
Administración del pago del justiprecio.
Y aun habría que añadir que la misma Ley de Expropiación Forzosa desconoce
al beneficiario -del que hace una acertada distinción, pese a las críticas
doctrinales en el artículo 2, según se trate de declaración de utilidad pública
o interés social, en aquellos partiendo de la especialidad de que los bienes se
integren en el dominio público- al regular la obligación de pago del
justiprecio, que ciertamente se contienen en los artículos 5y 48del Reglamento
de la Ley, pero obsérvese que el último de dichos preceptos no desvincula a la
Administración de esa obligación, porque ha de ser la misma Administración la
que le ordene al beneficiario el pago y sin poder olvidar la importante
circunstancia de que ese pago, en el sistema normal de la Ley, es previo a la
ocupación; de tal forma que sólo después de dicho cumplimiento podrá procederse,
a instancias de la Administración, a la ocupación de los bienes -artículo 53
del Reglamento- por parte del beneficiario. Es decir, de haberse seguido el
sistema ordinario de la Ley, la situación que se denuncia por el expropiado en
el proceso no se habría generado, porque sin pago de justiprecio no habría sido
privado de sus bienes; circunstancia que no puede imponerse al expropiado por
el hecho de haberse seguido el procedimiento de
urgencia. TERCERO.- Y por ello Tribunal Supremo indica que cabe concluir de
lo razonado en el anterior fundamento que la Administración no es ajena
al procedimiento expropiatorio por el hecho de existir un beneficiario de la
expropiación, muy al contrario, sigue siendo la titular de la potestad
expropiatoria, conserva el control del procedimiento y de las decisiones más relevantes
que en el mismo han de producirse y en modo alguno puede desentenderse del
cumplimiento del presupuesto -que no sólo obligación- esencial de la
expropiación como es el pago del justiprecio. Las condiciones en que podrá
serle exigido el pago a la Administración subsidiariamente, es una cuestión que
deberá examinarse caso por caso, como de hecho hace la Sala de instancia, sin
que la forma en que se ha planteado el debate en este proceso permita a este
Tribunal resolver al respecto, por el desviado planteamiento de la doctrina
legal cuya declaración se pretende por la parte recurrente y el fundamento y
criterio que constituye la razón de decidir de la sentencia de instancia. CUARTO.- En el caso presente no puede olvidarse que la entidad
EMGIASA es una entidad instrumental del Ayuntamiento de Alcorcón que es
propietario al 100 % de su capital social, que dirige sus decisiones en la
medida que los administradores de la sociedad en definitiva son nombrados por
la propia corporación municipal y a mayor abundamiento los presupuestos de
dicha entidad forman parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Alcorcón ya
que figuran en el presupuesto consolidado del mismo, por lo que como indica el
Tribunal Supremo la Administración no es ajena al procedimiento
expropiatorio por el hecho de existir un beneficiario de la expropiación, muy
al contrario, sigue siendo la titular de la potestad expropiatoria, conserva el
control del procedimiento y de las decisiones más relevantes que en el mismo
han de producirse, más aún como ocurre en el caso presente al fin y al cabo aun
cuando EMGIASA tenga personalidad jurídica distinta no es sino un mero
instrumento del Ayuntamiento para la ejecución de sus políticas, por lo que no
puede imponerla como pantalla en perjuicio de los intereses legítimos del
expropiado privado forzosamente de su derecho de propiedad.
beneficiaria,
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