Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-10-de-febrero-16-de-2007-resolucion-10?documento=legcol&contexto=legcol_759920422e26f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-19 01:58:00
Document Index: 91403606

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 63', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 85', 'artículo 6', 'artículo 565', 'artículo 19', 'artículo 829', 'artículo 348', 'artículo 826', 'artículo 568', 'artículo 9', 'artículo 563', 'artículo 827', 'artículo 832', 'artículo 565', 'artículo 839', 'artículo 554', 'artículo 837', 'artículo 516', 'artículo 682', 'artículo 839', 'artículo 686', 'artículo 507', 'artículo 393', 'artículo 521', 'artículo 523', 'artículo 529', 'artículo 530', 'artículo 537']

﻿ RESOLUCIÓN 10 DE FEBRERO 16 DE 2007
RESOLUCIÓN 10 DE 16 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE COBRO COACTIVO DE LA CARTERA A FAVOR DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 67 DE 2008 ARTÍCULO 63 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
(Nota: Derogada por la Resolución 67 de 2008 artículo 63 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas)
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el Decreto 1894 de 1999, y
Que la Ley 1066 de 2006, en el artículo 2º, el numeral 1º, determina que se debe “Establecer mediante normatividad de carácter general por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el reglamento interno del recaudo de cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”;
Que la Ley 1066 de 2006, en el artículo 5º estableció que: “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario”;
Que con base en lo establecido por el artículo 17 de la Ley 1066 de 2006, lo dispuesto en los artículo 8º y 9º ibídem, se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten otras entidades públicas, asignando la competencia para decretar la prescripción de oficio al jefe de la respectiva entidad, la que igual se podrá decretar de oficio con base en lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006;
Que el artículo 9º de la Ley 1066 de 2006 se estableció el límite de inembargabilidad de la siguiente manera:
“… límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente”.
Que el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, señaló en su artículo 2º los aspectos mínimos que debe contener el reglamento interno del recaudo de cartera;
Que se cobra a través de jurisdicción coactiva, los títulos ejecutivos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la entidad que, para el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en adelante CREG, corresponden a los actos administrativos debidamente ejecutoriados que imponen la obligación de pagar una suma de dinero a favor de la entidad, que deben pagar las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica y gas combustible, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994;
Que para la ejecución del cobro de las deudas a favor de la CREG, se atiende el trámite del procedimiento administrativo coactivo del estatuto tributario, lo correspondiente al proceso ejecutivo contenido en el Código de Procedimiento Civil y las normas especiales del Código Contencioso Administrativo;
Que la jurisdicción coactiva es una facultad exorbitante de la administración, que exime de su conocimiento al juez, quien es reemplazado por un funcionario investido legalmente para ejercerla en cada entidad;
Que el artículo 6º del Decreto 4473 de diciembre 15 de 2006 estableció un plazo de dos (2) meses siguientes a la vigencia del mismo, para expedir el reglamento interno de recaudo de cartera;
ART. 2º—Definición. La jurisdicción coactiva ha sido definida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “… un privilegio exorbitante de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte…”, la cual comprende una serie de actuaciones tendientes a lograr el cobro y recaudo de una suma de dinero a favor de la entidad, que no han sido canceladas por las entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
ART. 3º—Naturaleza. La jurisdicción coactiva es un procedimiento administrativo encaminado a producir y hacer efectivo un título ejecutivo, conforme a las previsiones de los artículos 68 del CCA y 488 del CPC, sin que medie intervención judicial.
ART. 4º—Ámbito de aplicación. El procedimiento que se establece en la presente resolución se aplicará a las entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y que le adeuden a la entidad, suma de dinero que por su naturaleza sea sujeta a cobrarse por medio del procedimiento administrativo coactivo.
El director ejecutivo asignará la competencia para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa coactiva a un Asesor de la planta global, con título de abogado.
ART. 6º—Principios orientadores. Las actuaciones del proceso de cobro por jurisdicción coactiva en la entidad, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción y se fundamentarán en las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa, realizando la gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna.
ART. 7º.—Finalidad del recaudo persuasivo. El recaudo persuasivo es la etapa en la cual se invita al deudor, entidad regulada por la CREG, a través de un requerimiento, a cancelar las sumas que se encuentran en mora, mediante el desarrollo de actividades tendientes a obtener su pago, de una manera ágil y eficiente.
ART. 9º—Etapas del recaudo persuasivo. El funcionario encargado de la liquidación de las contribuciones y cobro persuasivo de las mismas formará los expedientes con los actos administrativos que presten mérito ejecutivo, y a más tardar al día siguiente de su ejecutoria, iniciará la labor de cobro persuasivo.
El funcionario encargado de la liquidación de las contribuciones y cobro persuasivo de las mismas, anexará al expediente una constancia que contenga:
1. Plena identificación de la entidad deudora: Nombre y número de identificación tributaria, NIT, de la entidad sometida a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
La labor de cobro persuasivo que adelante el funcionario o colaborador competente, se realizará desde el día en que se reciba la providencia administrativa debidamente ejecutoriada y contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles, vencido el cual, remitirá al funcionario designado por el director ejecutivo el expediente que contenga los actos que prestan mérito ejecutivo con la información actualizada de que trata este artículo, para que expida el auto de mandamiento ejecutivo y se dé inicio a las gestiones de impulso del ejercicio de jurisdicción coactiva.
ART. 10.—Procedimiento. Una vez recibido el acto administrativo que contiene el valor a solicitar el pago a la entidad deudora, el funcionario encargado del cobro persuasivo deberá realizar un primer requerimiento escrito de pago y seguidamente procederá a requerir al deudor telefónicamente para el pago de la obligación. El requerimiento de pago deberá contener, en todo caso, por lo menos la siguiente información:
4. Número telefónico donde el deudor se puede comunicar con el funcionario designado para cobro persuasivo, para conocer el monto de la liquidación a la fecha de pago.
7. Si como consecuencia de la gestión en la etapa de cobro persuasivo o en su desarrollo, el deudor cancela la obligación, una vez se reciba el reporte de pago, el jefe de la oficina jurídica ordenará el archivo del expediente.
ART. 11.—Primer requerimiento al deudor. Una vez enviado el primer requerimiento, si el deudor no responde dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su envío, procederá un segundo requerimiento telefónico del cual se dejará constancia de sus resultados y se abrirá un período adicional de diez (10) días hábiles de espera, transcurridos los cuales sin obtener resultados positivos se procederá a pasar el expediente a cobro coactivo. De la misma forma, una vez transcurrido el segundo período de espera, el funcionario o colaborador designado para adelantar el cobro persuasivo proyectará para la firma del jefe de la oficina jurídica, las siguientes actuaciones:
3. Comunicación a los diferentes bancos para que se sirvan informar respecto de las cuentas corrientes, de ahorros y certificados de depósito a término que la empresa deudora posean en dichos establecimientos.
ART. 12.—Investigación de bienes. El funcionario o colaborador encargado de la etapa persuasiva, solicitará de las distintas dependencias privadas y públicas, tales como: la oficina de instrumentos públicos, cámara de comercio, oficinas de tránsito y transporte y entidades bancarias, entre otras, las informaciones necesarias que permitan establecer los bienes o ingresos del deudor, tal como lo señala el artículo 565 del CPC.
ART. 13.—Criterios para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago. Como fórmula de pago, se podrán celebrar acuerdos de pago, en el marco de lo dispuesto en el presente capítulo previa solicitud escrita del deudor que deberá contener, entre otros datos, el plazo solicitado, la periodicidad de las cuotas, la descripción de la garantía ofrecida y la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero que se ofrezcan para embargo, en caso de proceder este último; todo lo anterior de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente reglamento.
1. Plazo hasta doce (12) meses. Este plazo se otorgará en principio, sin consideración a la cuantía, al deudor que así lo solicite, pero no podrá concedérsele plazo superior para los deudores cuyas cuantías o acreencias, que sumado capital e intereses no superen los quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Plazo hasta dieciocho (18) meses. Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses no sea igual o inferior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Plazo hasta veinticuatro (24) meses. Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses no sea igual o inferior veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Plazo hasta treinta y seis (36) meses. Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses no sea igual o inferior a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. 1º—Una vez suscritos los acuerdos de pago, el funcionario ejecutor deberá remitir una copia a la oficina de contabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para lo de su competencia.
ART. 16.—Incumplimiento de los acuerdos o las facilidades. Cuando el deudor incumpliere dos (2) cuotas por no cancelar en las respectivas fechas de vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad a la suscripción del acuerdo, acaece el incumplimiento y deja sin vigencia el plazo concedido automáticamente, sin necesidad de acto que así lo declare; y en el evento de haberse otorgado garantías se ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto; y para el caso de aquellas facilidades de pago que han sido otorgadas con base en una relación detallada de bienes se ordenará el embargo, secuestro y avalúo de los bienes denunciados por el deudor para su posterior remate.
ART. 17.—Clases de garantías. Para la suscripción de los acuerdos a que se refiere el capítulo III de este reglamento, el deudor prestará garantía que consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o garantía bancaria, las cuales deberán cubrir de forma suficiente, tanto el valor de la obligación principal como el de los intereses y las sanciones a que haya lugar más las posibles costas si hubiere lugar a ellas, sujetándose a los parámetros que se establecen en el presente acto administrativo.
ART. 18.—Parámetros para la exigencia de garantías. La Comisión de Regulación de Energía y Gas exigirá las garantías para cubrir la obligación de acuerdo con los parámetros que se determinan a continuación:
1. Primer Criterio. Cuantía de la obligación. Las garantías que se relacionan a continuación, se exigirán para la suscripción de cualquiera de los acuerdos a suscribirse con la CREG con independencia de la cuantía y del plazo concedido, con excepción de aquellos a suscribirse en las condiciones señaladas en el artículo 19 del presente reglamento.
2. Segundo criterio. Naturaleza de la obligación. Las garantídas señalas en el numeral anterior se exigirán para cada una de las siguientes acreencias:
ART. 19.—Suscripción de acuerdos sin garantías. Habrá lugar al otorgamiento de facilidades y suscripción de acuerdo de pagos sin que el deudor preste garantía en los términos antes mencionados, siempre y cuando el plazo concedido no supere los doce meses y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro, para lo cual deberá presentar títulos de propiedad y certificados de tradición y libertad para los bienes que estén sujetos a este tipo de registro, así como el correspondiente avalúo de los bienes denunciados con la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad, de tal manera que se pueda verificar la existencia y estado de los mismos. En todo caso, deberá hacer el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia del acuerdo de pago.
ART. 20.—Cláusulas aceleratorias. En los textos de los acuerdos de pago que se suscriban con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se pactarán cláusulas aceleratorias en caso de incumplimiento; y que, acaecido este, cuya mora ascienda hasta por dos (2) cuotas o más, dará derecho a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a declarar vencida anticipadamente la totalidad de la obligación y exigir el pago de la acreencia en su integridad.
ART. 24.—Ejecutoria. El acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo en contra de las entidades sometidas al servicio de regulación de la CREG se entiende ejecutoriado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 829 del estatuto tributario, en los siguientes casos:
PAR. 1º—Para efectos del procedimiento de cobro coactivo, deberá entenderse por resolución debidamente ejecutoriada y, por tanto, que presta mérito ejecutivo, la que sea remitida al funcionario encargado del cobro coactivo por la coordinación administrativa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para dicho efecto. Al acto administrativo deberá adjuntarse una constancia por parte de la coordinación administrativa en la que se indique lo siguiente:
PAR. 2º—Las resoluciones que sean remitidas al funcionario encargado del cobro coactivo, que no cumplan con los requisitos señalados en el parágrafo 1º del presente artículo, serán devueltas al funcionario encargado del cobro persuasivo, indicándole las falencias por las cuales no se da inicio al trámite de cobro coactivo, a fin de que sean subsanadas.
ART. 25.—Título ejecutivo. Constituye título ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva, el acto administrativo que determina la obligación de pago de cada una de las entidades sometidas al servicio de regulación por la Comisión, debidamente ejecutoriada, de conformidad con lo señalado en los artículos 68 del CCA y 829 del estatuto tributario.
5. El término que posee el deudor para el pago de la obligación, el cual deberá efectuar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, incluidos los intereses.
6. El número de cuenta bancaria de la CREG para que el deudor consigne la obligación.
8. El término para recurrir el auto y proponer excepciones, advirtiendo que pueden proponerse excepciones dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.
10. Advertir que contra dicho auto procede el recurso de reposición a interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación ante el funcionario que lo profirió o quien haga sus veces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del CPC.
ART. 29.—Notificación personal. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor de conformidad con lo previsto en el artículo 826 del estatuto tributario; y procede previa citación escrita enviada por conducto de empleado o colaborador de la CREG por correo certificado a la última dirección registrada en la base de datos de la CREG, para que comparezca en un término de diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de la comunicación. Si vencido este término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo.
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar; la omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.
ART. 31.—Notificación por aviso. Cuando de conformidad con el artículo 568 del E.T., la notificación sea devuelta por el correo, será necesario realizar la notificación mediante publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional. Si quien es citado no comparece al despacho del funcionario ejecutor a recibir la notificación personal dentro del término de quince (15) días contados a partir de la publicación del aviso, o de la fecha de la certificación postal o de la entrega del oficio, se le nombrará curador ad lítem con quien se seguirá el proceso hasta cuando aquel se presente.
La designación del curador ad lítem se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del C. de P. C., y sus funciones y facultades se regirán por las normas de los auxiliares de la justicia.
ART. 32.—Notificación por publicación. Cuando no se hubiere localizado la dirección del deudor por ningún medio, la notificación del deudor se hará por publicación, que consiste en la inserción de la parte resolutiva del mandamiento en un diario de amplia circulación nacional.
Esta notificación es autónoma y diferente a la publicación del aviso, la cual es una formalidad de la notificación por correo; en cambio, la que aquí se estipula corresponde a la exigida por el artículo 563 del estatuto tributario.
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende, conforme lo establece el artículo 827 del estatuto tributario.
ART. 35.—El pago de la obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.
ART. 36.—Recursos. Contra el mandamiento de pago solo procede el recurso de reposición ante el funcionario que lo profirió y deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación.
Si el deudor propusiere excepciones contra el mandamiento de pago, el funcionario ejecutor dispondrá de un mes (1) para proferir la resolución que resuelva las excepciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 832 del E.T.
ART. 42.—Recursos contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución solo procede el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió, el cual deberá interponerse por escrito dentro del mes siguiente a su notificación.
La resolución que resuelve el recurso se notificará personalmente o por edicto de conformidad con lo indicado por el inciso 2º del artículo 565 del E.T.
En este caso, la diligencia de remate deberá suspenderse, lo que se ordenará mediante auto, trayendo como consecuencia para el funcionario ejecutor, la abstención de dictar providencia que fija la fecha para su realización; pero si el evento ya hubiere ocurrido, la suspensión se producirá a más tardar antes de la diligencia de remate. La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones será una copia autenticada del auto admisorio de la demanda, o en su defecto, una certificación sobre el hecho de haberse proferido dicha providencia de admisión de la demanda, siendo obligación del ejecutado aportarla al proceso.
ART. 47.—Trámite de algunos embargos. Para decretar el embargo de bienes sujetos a registro se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 839-1 del estatuto tributario, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 554 del CPC.
ART. 49.—Límite de inembargabilidad. En lo concerniente al límite de inembargabilidad de cuentas de ahorro deberá observarse lo establecido por el artículo 837-1 del estatuto tributario, adicionado por la Ley 1066 de 2006.
ART. 51.—Avalúo y pago con productos. Para el procedimiento de avalúo y pago con productos se atenderá lo dispuesto por el artículo 516 del CPC.
ART. 52.—Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las reglas previstas en el artículo 682 y ss. del CPC.
En lo no regulado por el artículo 839-3 del estatuto tributario, se observará lo dispuesto por el artículo 686 del CPC; siempre y cuando sea compatible.
La sentencia se notificará por estado y contra ella no procede recurso de apelación.
ART. 55.—Liquidación del crédito y de las costas. ejecutoriado el acto administrativo de que trata el artículo 507 del CPC, se practicará por separado la liquidación del crédito, la de las costas y gastos del proceso, lo cual comprende: avisos y publicaciones, honorarios de auxiliares de la justicia y otros gastos probados dentro del proceso. La liquidación quedará a disposición del ejecutado por tres (3) días, dentro de los cuales podrán ser objetadas. Si la liquidación no es objetada, será aprobada por auto que no admite recurso alguno. Para la liquidación de las costas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393 del CPC; la del crédito se sujetará a las reglas estipuladas en el artículo 521 del CPC.
Para efectos de continuar con el remate de los bienes y en las materias no reguladas por el estatuto tributario, se seguirá lo dispuesto por el artículo 523, 527 y ss. del CPC.
Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros, o recursos contra autos que hayan decidido sobre desembargos, o declarado que un bien es inembargable, o decretado la reducción del embargo, no se fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltos. Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios.
ART. 58.—Depósito para hacer postura. Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del despacho, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo comercial del respectivo bien.
ART. 59.—Pago del precio e improbación del remate. La Comisión o la entidad que se designe para tal efecto, se encargará de que el rematante consigne el saldo del precio, dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia de remate, conforme lo establece el artículo 529 CPC.
ART. 60.—Aprobación o invalidez del remate. Una vez se haya pagado el precio y cumplido lo establecido en el artículo 530 del CPC, el funcionario ejecutor aprobará el remate y mediante auto dispondrá lo siguiente:
ART. 61.—Para efectos de entrega del bien rematado, la citación de acreedores con garantía real, acumulación de demandas, acumulación de embargos en procesos de diferente jurisdicción, persecución en un proceso civil de bienes embargados en otro remate y adjudicación de bienes, se observará lo dispuesto en los artículos 531, 539, 540, 542, 543 y 557 del CPC.
Así mismo, lo que no se oponga a lo dispuesto en el estatuto tributario y este Reglamento, se seguirá conforme lo establecido en el CPC que regule lo concerniente al embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 62.—Terminación del proceso por pago. Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito del ejecutado o de su apoderado, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el funcionario ejecutor declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente, conforme lo dispone el artículo 537 del CPC.
ART. 63.—Provisión de cartera y reporte al boletín de deudores morosos. La CREG anualmente, el último día hábil del año, constituirá una provisión contable del 100% de las obligaciones a su favor que se encuentren en mora y se califiquen como de difícil recaudo, según los siguientes criterios:
• Que la obligación supere los 360 días calendario de mora y no haya sido posible ubicar ningún bien del deudor para su embargo y secuestro.
• Que el deudor esté en incurso en un proceso de liquidación o en un acuerdo de reestructuración.
• haya sido intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por grave cesación de pagos.
Cuando la obligación a favor de la CREG alcance los 180 días calendario de mora, y su cuantía supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, será reportada al boletín de deudores morosos del Estado.
ART. 64.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.