Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=661166
Timestamp: 2019-05-19 07:30:40
Document Index: 258077500

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 153', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 171', 'artículo 160', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 1', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 171', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 219', 'artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 46']

DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO A JORNADA INTERNACIONAL DE TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA.
NORMATIVA SOBRE ACOSO SEXUAL EN LAS RELACIONES LABORALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
REGLAMENTO DE TRAMITACIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES.
Ivan Mesias Lehu
ALCANCES A PROYECTO DE LEY DE PESCA. Oficios.
TALA INDISCRIMINADA DE LA ESPECIE ARAUCARIA ARAUCANA. Oficios.
Homero Gutierrez Roman
Juan Nunez Valenzuela
EXTENSIÓN DEL METROTRÉN HASTA SAN FERNANDO. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE EMBALSE CONVENTO VIEJO. Oficios.
APOYO ECONÓMICO ESTATAL A LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DE ANGOL Y COLLIPULLI. Oficio.
LISTADO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS SANCIONADOS POR LA CONTRALORÍA EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
SITUACIÓN DE LA COOPERATIVA HABITACIONAL HABITACOOP. Oficio.
FISCALIZACIÓN DE LOCALES NOCTURNOS EN LA COMUNA DE LONCOCHE. Oficios.
AUMENTO DE PERSONAL Y MATERIAL POLICIAL PARA VILLARRICA. Oficios.
SITUACIÓN QUE AFECTA A ASOCIACIÓN GREMIAL Y COOPERATIVA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE HUAPE, COMUNA DE CAÑETE. Oficios.
DÉFICIT FINANCIERO DEL SERVICIO DE SALUD DE AISÉN. Oficios.
REINTEGRO DE DOS TRABAJADORES EN EL ABRA. Oficios.
DISMINUCIÓN DE APORTES AL CUERPO DE BOMBEROS EN EL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN. Oficio.
INFORME SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN TALCAHUANO. Oficios.
IRREGULARIDADES EN DRAGADO DEL PUERTO DE TALCAHUANO. Oficio.
RETRASO EN ENTREGA DE MEDIAGUAS EN LA UNIÓN. Oficios.
AUMENTO DE APORTE PRESUPUESTARIO A BOMBEROS DE CHILE. Oficio.
Sesión 13ª, en miércoles 8 de noviembre de 2000
(Ordinaria, de 10.47 a 14.20 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Declaración de interés legislativo a Jornada Internacional de Taquigrafía Parlamentaria8
Normativa sobre acoso sexual en las relaciones laborales. Primer trámite constitucional. (Continuación)8
Reglamento de tramitación de acusaciones constitucionales33
-Alcances a proyecto de ley de pesca. Oficios36
-Tala indiscriminada de la especie araucaria araucana. Oficios39
-Extensión del metrotrén hasta San Fernando. Información sobre el proyecto de embalse Convento Viejo. Oficios40
-Apoyo económico estatal a la zona franca de Iquique. Oficios40
-Información sobre situación de establecimientos carcelarios de Angol y Collipulli. Oficio41
-Listado de funcionarios públicos sancionados por la Contraloría en la Novena Región. Oficio42
-Situación de la cooperativa habitacional Habitacoop. Oficio42
-Fiscalización de locales nocturnos en la comuna de Loncoche. Oficios42
-Aumento de personal y material policial para Villarrica. Oficios43
-Situación que afecta a asociación gremial y cooperativa de pequeños agricultores de Huape, comuna de Cañete. Oficios44
-Déficit financiero del servicio de salud de Aisén. Oficios45
-Reintegro de dos trabajadores en El Abra. Oficios47
-Disminución de aportes al Cuerpo de Bomberos en el presupuesto de la Nación. Oficio47
-Informe sobre construcción de camino en Talcahuano. Oficios48
-Irregularidades en dragado del puerto de Talcahuano. Oficio49
-Retraso en entrega de mediaguas en La Unión. Oficios49
-Aumento de aporte presupuestario a Bomberos de Chile. Oficio50
1.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos (boletín Nº 2289-05)52
-Del diputado señor Delmastro, solicitud de aporte especial para educación municipal de Corral.
-De los diputados señores Rincón, Gutiérrez, Ortiz y Villouta, becas de educación superior en Centros de Formación Técnica.
-De la Corporación, declarar como Santuario de la Naturaleza el Jardín Botánico Nacional.
-Del diputado señor Delmastro, plantaciones licitadas y adjudicadas por Conaf Décima Región.
-Del diputado señor Kuschel, establecimientos educacionales rurales y urbanos en esa comuna.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Acuña Cisternas, Mario
--Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR
--Vega Vera, Osvaldo
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Sergio Aguiló, Alejandro García-Huidobro, Carlos Olivares, Ricardo Rincón y Felipe Valenzuela.
-Asistieron, además, los ministros del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de Gobierno, señor Claudio Huepe.
-Se abrió la sesión a las 10.47 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
Si le parece a la Sala, se declarará de interés legislativo la jornada internacional de taquigrafía parlamentaria organizada por la Redacción de Sesiones de nuestra Corporación, la cual se llevará a efecto en Valparaíso los días 10, 11, 12 y 13 del mes en curso.
Corresponde continuar tratando el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
Señor Presidente, considero que puedo hacer algún aporte sobre este tema que nos convoca nuevamente hoy. Su debate se inició ayer, ocasión en que se manifestaron distintas posiciones.
En primer lugar, quiero señalar que estoy a favor de la normativa en debate y espero que sea aprobada en esta sesión. Asimismo, puedo decir, y este es un aporte a la materia, que una persona escéptica llegó a la convicción de que era necesario legislar al respecto. En efecto, hace algunos años yo no estaba absolutamente convencido de ello.
Quiero referirme a los dos ámbitos en que se produce el problema: el laboral y el penal. Durante el último tiempo he reflexionado mucho sobre este tema, al cual antes no le atribuía la relevancia que tiene, en particular para los grupos más vulnerables de mujeres y también de hombres. Debo reconocer que tanto el actual equipo del Sernam y las personas que lo dirigieron durante los últimos años de democracia, así como mi experiencia parlamentaria, han influido decididamente en asumir la necesidad de observar una realidad que siempre ha estado presente, pero que no veía. De manera que mi tarea de hoy es lograr que otros también se convenzan de ello, a fin de conseguir que esta normativa sea aprobada.
En primer lugar, se pueden identificar algunos patrones comunes en el acoso sexual y en la violencia intrafamiliar. Sin duda, surge de inmediato el tema de las relaciones de poder. En efecto, en la violencia intrafamiliar, el que pega o violenta siempre es más fuerte. En los casos más frecuentes el hombre agrede física o psicológicamente a la mujer porque se siente más fuerte que ella, y la mujer respecto de los hijos, porque se siente más fuerte que ellos. A mi juicio, este patrón es común en el acoso sexual: el que acosa se siente o está en una situación de prevalencia respecto de el o la acosada.
Sin duda, el acoso en las relaciones laborales surge con mucha fuerza, como se ha señalado, con la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo durante las últimas décadas. Pero el acoso sexual no es algo nuevo. Sabemos que en la época de los señores feudales existía el derecho de pernada, aquel que tenía el señor feudal y que le permitía sostener relaciones sexuales con sus súbditas la noche anterior al día en que éstas contraían matrimonio. (Ayer también se mencionó el ejemplo, como me lo recuerda el diputado señor Elgueta ). Sin embargo, cuando esto se relataba, en los cursos de historia del derecho, el estudiante se reía y lo encontraba anecdótico, moralmente reprochable, por cierto, pero como algo propio de la edad media. Y si uno sigue el curso de la historia, comprueba cómo se acosaba sexualmente a las mujeres en la esclavitud y cómo ocurre todavía en este siglo, especialmente en el campo. ¡Cómo no recordar, también, la iniciación sexual de los jóvenes con las criadas!
¿Qué quiero decir? El acoso sexual en el mundo del trabajo ha estado siempre presente y con el hilo conductor del abuso de poder, real o ficticio, de un hombre sobre una mujer o, viceversa, de una mujer sobre un hombre. Recordemos el caso de Catalina la Grande.
Hemos vivido y aceptado una realidad ignominiosa, ultrajante, que viola la libertad, el derecho del trabajo, la libertad sexual, la dignidad de muchas mujeres y hombres, deteriorándolas y deteriorándolos en muchos aspectos, especialmente en su salud y en su situación económica.
¿Cómo no haber palpado antes esta realidad? Una grave discriminación arbitraria en razón del sexo y desde el punto de vista de igualdad de oportunidades a la que generalmente aludimos desde la perspectiva socioeconómica, aparece como un obstáculo, la generalidad de las veces insoslayable, para que muchas mujeres y hombres ingresen y se desarrollen fundamentalmente en el mundo del trabajo. Sin duda, la respuesta es compleja y, sin duda, también, la sociedad no nos dejaba ver, como no nos deja ver otras cosas.
En efecto, cómo no recordar frases o situaciones que uno escuchaba o escucha casi a diario: “Si la “galla” accede es porque le gusta”. “¡Pero si nadie la ha violado!”. “Para entrar a trabajar aquí, primero, tiene que pasar por mis manos”. Muchas veces se largan estas expresiones en broma, pero reflejan una subcultura que va quedando, que es aceptada por algunos y por algunas y que, en definitiva, se va legitimando. La realidad estaba, por así decirlo, de alguna forma escondida.
En los muchos años de ejercicio profesional como abogado, tuve conocimiento de situaciones de violencia intrafamiliar. Luego se dictó la legislación que reguló esa materia: eran situaciones que de alguna manera buscaban una salida. Pero debo reconocer que nunca recibí denuncias de acoso sexual. Claro, el tema es más complejo. No sólo está por medio el derecho a la vida, a la integridad física y síquica, sino que también la posibilidad de trabajar, de subsistir, de comer muchas veces, de alimentar a los hijos, la vergüenza pública, el temor a que no le crean, a que sólo me pasa a mí, a la deshonra, a enfrentar al poderoso, al empleador o empleadora.
Soy partidario de que se tipifique y se sancione la figura del acoso sexual, y se modifiquen también, para estos efectos, el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para trabajadores municipales, lo que hace el proyecto que hoy estamos discutiendo. Pero también es importante avanzar, aunque sea en el terreno de la discusión, en el acoso sexual como delito. Y hay elementos que indudablemente son comunes para ambas situaciones. En el día de ayer, la diputada señorita Saa se refería a algunos de ellos, y también lo hacía el diputado Seguel , desde otra perspectiva.
En primer lugar, cabe preguntarse si basta con legislar sólo desde la perspectiva laboral. Si son suficientes los actuales tipos penales que sancionan el acoso, castigando el abuso de autoridad para lograr favores sexuales, y si es necesario o no un nuevo tipo penal de carácter general que lo sancione como falta o como delito.
Me referiré a algunos tópicos que tuve que despejar, especialmente para llegar a mi convicción de la necesidad de legislar en esta materia, tanto desde la perspectiva laboral como desde la penal, donde, sin duda, debe tratarse de una acción más reprochable que en el mundo laboral para que merezca el castigo de una pena privativa de la libertad o de una multa u otra sanción.
La entidad o la gravedad del acoso, la extensión, la posibilidad real de que se pueda probar, el riesgo de querellas o denuncias infundadas que pueden perjudicar a inocentes o los bienes jurídicos que están en juego y que hay que proteger, son temas que, en general, se mezclan también con el mundo laboral.
Sin duda, el delito de acoso sexual debe considerar conductas del sujeto activo acusador más graves que las suficientes para poner término a una relación laboral con indemnización por años de servicio incrementada, ya sea se trate de acoso sexual por chantaje o por intimidación.
En efecto, debe tratarse de acciones más graves y que no estén tipificadas como abusos deshonestos o violación en alguno de sus grados. Estimo que pueden existir esas conductas y que es necesaria la tipificación del delito de acoso. Por ejemplo, pienso que aquellos acosos que se prolongan en el tiempo, en donde la víctima no ha podido hacer la denuncia por desconocimiento, por no perder el trabajo ante la insuficiencia de alternativas laborales -como sucede actualmente en nuestro país- o por cualquier otra razón que sea considerada grave por el juez, deberían penalizarse.
Me hace especial fuerza, para concluir lo anterior, el que una víctima de acoso, en alguna de esas circunstancias, debe soportar, por ejemplo, hostigamientos prolongados en el tiempo por parte de su jefe o jefa y que la colocan en una situación tal, que la degradan, que la violentan en su condición síquica, que la hacen pensar que va a llegar a su lugar de trabajo o de estudio y tendrá que aguantar el acoso; que se va del trabajo acongojada, sabiendo que al otro día le ocurrirá lo mismo; que en su casa se preocupen por lo que le sucederá; en definitiva, tener que relacionarse con el jefe o jefa acosador, coloca a la víctima en una situación que le complica la vida entera.
Desde el punto de vista de la extensión, también se hace necesaria la creación del tipo penal, ya que pueden darse conductas de acoso fuera del mundo de trabajo, que son más graves, por ejemplo, en el ámbito de la educación.
Ayer también se planteaba como tema complicado el aprobar el acoso sexual, dificultad que se presentaría tanto en lo laboral como en lo penal. Es necesario señalar que resulta extremadamente difícil acreditarlo con los medios de prueba tradicionales, ya que la acción generalmente es oculta, a solas; el acosador difícilmente confesará, y los posibles testigos casi siempre serán subordinados.
Sin embargo, hoy existen medios que permiten reconstituir pruebas, como las grabaciones y filmaciones, asesorías de organismos como los Centros de Información de los Derechos de la Mujer, Cidem ; el apoyo de instituciones preocupadas de la materia, los avances de la medicina siquiátrica, etcétera.
El tema que ayer también preocupaba a algunos diputados era el de las denuncias ligeras. El riesgo de querellas o acciones infundadas, en este caso no es una cuestión menor, ya que podría afectarse a víctimas inocentes, al acusado, a su familia, como también su honra y su patrimonio, etcétera, es cierto. Pero también lo es respecto de delitos, como los abusos deshonestos, la violación y otros. Sin embargo, la legislación actual contempla las figuras penales para castigar al calumnioso. Entonces, tampoco es razón suficiente para que no exista el acoso sexual como tipo penal. Por cierto, es aconsejable siempre un gran cuidado en la delimitación del concepto.
En cuanto a los bienes jurídicos protegidos, están, entre otros, la integridad síquica, la libertad de trabajo o educacional, el peligro de vulnerar la libertad sexual.
Por último, el peso de la realidad hace aconsejable la legislación en esta materia.
Por tanto, de ser un parlamentario escéptico en esta materia, de pensar que no era necesario legislar, de sonreír muchas veces o aceptar algún tipo de bromas emitidas por otras personas cuando se refieren a una situación tan grave, he llegado a la conclusión de que es necesario aprobar el proyecto, y más allá de eso, iniciar, como lo plantearon la diputada señorita Saa y otras parlamentarias y parlamentarios de la Concertación, la posibilidad de tipificar el delito de acoso sexual.
Por eso, del escepticismo pasé a la convicción y por ello anuncio mi voto favorable al proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa .
Señor Presidente, recojo las palabras del colega señor Mulet , en cuanto a pasar del escepticismo a una convicción.
En la Comisión de Trabajo, donde se inició el estudio del proyecto, analizamos en profundidad casos, estadísticas y, sobre todo, nos hicimos partícipes de la idea de legislar sobre este tema tan delicado.
Originalmente, yo era partidario -así lo expresé en las indicaciones- de que sólo se introdujeran algunas modificaciones al texto del Código del Trabajo, particularmente en el artículo 2º, y de que desde el artículo 153 en adelante se reglamentaran todas las situaciones de acoso sexual. No obstante, reitero, a la luz de los hechos y de lo que sucede habitualmente en los lugares de trabajo, llegué al convencimiento de que es mucho más conveniente introducir estas modificaciones y legislar sobre la materia, incluyendo alguna acción penal para aquel o aquella que cometa este acto.
De modo que voy a votar favorablemente, como lo hice en la Comisión, dejando en claro que no hay que hacer de esto una situación única, exclusiva, tremenda. Me pareció que el planteamiento de ayer de la señora Saa pasa los límites de protección a sus congéneres del sexo femenino, lo que me preocupa, porque podría llegar el momento en que uno ni siquiera las podría observar, mirar o admirar, porque estaría en el límite de incurrir en acoso sexual. Las cosas no son así. Por lo demás, el acoso sexual en el contexto laboral no es más que una parte del problema, porque éste se da en casi todos los ámbitos y escenarios.
Consecuentemente, normar esta situación tan delicada dentro del ámbito del trabajo es adecuado y otorga tranquilidad, principalmente al sector femenino, que labora tanto en el sector público como en el privado, donde naturalmente se debe respetar el sexo como corresponde.
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese la subsecretaria del Sernam, Karen Herrera .
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, ayer, además del completo informe que nos entregara la diputada señora Adriana Muñoz , la ministra Delpiano señaló que este tema viene arrastrándose desde 1991.
Llama la atención que no hayamos sido capaces de sacar adelante una legislación que no sólo pondría a Chile a la altura de países más avanzados; que no sólo lo obligaría a cumplir los convenios y compromisos internacionales, sino que, básicamente, protegería a un sector tan importante de la sociedad -no digo que única y exclusivamente-: las mujeres. Ésa es la realidad, igual que en los casos de violencia intrafamiliar.
Por lo tanto, buscamos que esta legislación proteja a la mujer en el mundo laboral, generalmente mujeres jóvenes que ingresan a él por primera vez. Buscamos hacer conciencia en el país y que, con instrumentos legales, puedan sentirse más protegidas, más seguras; en definitiva, capaces de formular sus denuncias.
Una de las cosas dolorosas que se pueden constatar en el país es que la legislación hasta ahora ha sido poco efectiva. Si observamos los antecedentes que la Contraloría General de la República entregó al Servicio Nacional de la Mujer en los últimos años, veremos que en la administración pública y municipal sólo se denunciaron tres casos y no llegaron a sancionarse.
Además, es insuficiente -y por eso comparto plenamente lo que señalaba la diputada señora María Antonieta Saa - restringirnos al ámbito laboral de la administración pública. Por eso, como lo expresamos en la Sala hace bastante tiempo, comparto plenamente que esto debería estar incorporado en el Código Penal. No debemos pensar sólo en el ámbito público. ¿Qué pasa hoy en las empresas privadas? ¿Por qué no somos capaces de dotarnos de un instrumento legal que nos garantice condiciones dignas de trabajo?
Además, el acoso se puede producir en otros ámbitos, como en el educacional, que es extremadamente sensible y, por lo tanto, se puede convertir en extremadamente peligroso. De manera que nuestra obligación es buscar los mecanismos que permitan hacer más conciencia, prevención y que nos ayuden, como legisladores y como país, a crear condiciones para que las mujeres que ingresan al mundo laboral se sientan seguras, que sepan que cuentan con una legislación y que, por lo tanto, están protegidas y no serán sometidas a lo que hoy estamos definiendo como acoso sexual.
He escuchado con bastante atención al colega señor Mulet y lo felicito, porque ha señalado con mucha honestidad que formaba parte de ese mundo que conocemos -y permítanme que lo diga así- y en el cual se hacen chistes y bromas permanentemente, con un tono bastante ligero y festivo; pero ¿cuántas mujeres han sufrido en su realidad laboral este tipo de agresiones; pero por vergüenza, por inseguridad, por la absoluta convicción de que no cuentan con una protección, porque las leyes son insuficientes, porque no hemos sido capaces de regular esta materia, no hacen la denuncia y, por lo tanto, se van afectando psicológicamente? ¿Cuántas mujeres sienten dañada su seguridad personal? ¿Cuántas mujeres jóvenes tienen bastante menos herramientas psicológicas como para responder con firmeza frente a una actitud agresiva, que afectará su estabilidad laboral, su rendimiento, a lo mejor su ascenso, lo que tal vez tendrá consecuencias decisivas para ella? ¿Cuántas mujeres se ven afectadas por estos hechos, sobre todo en situaciones económicas como la actual, pues saben que lo único que tienen es ese empleo y que deben conservarlo a como dé lugar?
Por lo tanto, debemos dar una señal clara. Chile está obligado a hacerlo, no debe quedarse atrás. Si analizamos la legislación comparada y el derecho internacional, podemos ver que la Unión Europea formuló una recomendación relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, así como un código de conducta para combatir el acoso sexual.
El acoso sexual está sancionado en Alemania, Australia , Bélgica , Canadá , España , Estados Unidos, Francia, Suiza, Nueva Zelanda, Costa Rica , Puerto Rico, México , Perú , Brasil , Colombia, etcétera.
La resolución de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, adoptada en 1985, señala: “Los hostigamientos de índole sexual en el lugar de trabajo perjudican las condiciones de trabajo y las perspectivas de ascenso de los trabajadores”.
La Convención Iberoamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer considera al acoso sexual en el lugar de trabajo como una forma de violencia contra la mujer.
El artículo XI de la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos,...”. Evidentemente, estamos hablando de que el acoso sexual es una forma bastante violenta de discriminación en contra de la mujer.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, nuestro país asumió, entre otros, un compromiso para introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en la legislación nacional, o para reforzar las vigentes, con el fin de sancionar y reparar los daños causados a las mujeres y a las niñas víctimas de cualquier forma de violencia.
El acoso sexual resulta a todas luces un tema trascendente, importante, un tema que no podemos ignorar, que está presente, a pesar de que muchas mujeres no se atreven a denunciarlo. Como he señalado, creo que esta figura debe quedar tipificada tanto en el Código del Trabajo como en el Código Penal, por tratarse de una figura propia de ese ámbito y porque debemos legislar de manera universal y definir con claridad las condiciones que concurren para tipificar el acoso sexual. Con este instrumento y con los que aprobemos a futuro no sólo protegeremos a la mujer y le daremos esa seguridad que no tiene hoy día, sino que haremos algo más importante: tomar conciencia, hoy, como sociedad y hacer tomar conciencia a las futuras generaciones que se incorporen al mundo laboral.
En definitiva, aquí hay un tema de dignidad de las personas, de respeto, de derechos. ¿Con qué derecho se puede atropellar la dignidad de las personas y con qué derecho queda en la impunidad este tipo de conductas? Digamos la verdad: los esfuerzos preliminares que se han realizado y las herramientas que existen en el Código del Trabajo, es evidente que resultan insuficientes. Por lo tanto, esperamos que se tome conciencia sobre esta materia y, ojalá, se produzca un aumento explosivo de denuncias, que sirvan como conducta preventiva, no con el afán de volver rígido un ambiente laboral, sino de proteger los derechos y la autoestima de las personas en el ámbito del trabajo, en particular de los que comienzan su actividad laboral, los más jóvenes, los que tienen menos herramientas, menos condiciones y menos seguridad para mantener una respuesta firme frente a esa conducta. En la actualidad, un poco por nuestra propia cultura latinoamericana, por el machismo predominante, por el afán de decir: “no es tan grave, es positivo, es hasta grato”, se tiende a confundir el acoso con la seducción.
Debo informar, sólo a modo de ejemplo, que una investigación hecha en Santiago por el Centro de Estudios de la Mujer nos da las siguientes cifras: el 20 por ciento de las mujeres encuestadas respondió que sufre acoso o asedio sexual en el trabajo; el 84 por ciento reconoció la existencia del problema con dimensiones de carácter social; el 85 por ciento de la muestra opinó que el hostigamiento sexual no les permite trabajar tranquilas, y el 84 por ciento afirmó que el asedio que han sufrido las perjudica, las humilla y las limita en su desarrollo profesional.
En dicho estudio se señala que uno de los elementos que provoca más estrés es el denominado “factor silencio”, que se traduce, como hemos señalado, en la incapacidad de las mujeres para mencionar o denunciar este hecho.
Por otra parte, el 73 por ciento de las mujeres de esta muestra concuerda en que la sola mención del tema -no la denuncia- les causa vergüenza y prefieren no comentarlo. La vergüenza se relaciona con el hecho de que se sienten culpables o tienen miedo de ser culpabilizadas de la situación por un medio cultural que, como hemos señalado, las responsabiliza, lo que es más grave e injusto.
En consecuencia, a pesar de que creo insuficiente establecer esta figura sólo en el Código del Trabajo -comparto lo señalado por la diputada señora María Antonieta Saa , de tipificarla en el Código Penal-, considero que será un paso positivo la aprobación del proyecto, más allá de cualquier perfeccionamiento futuro a nuestra legislación, porque estaremos dando un paso para proteger la dignidad de todas las trabajadoras y trabajadores del país y para que, culturalmente, seamos capaces de respetar a los seres humanos en sus derechos y no permitir esta clase de vejámenes o humillaciones.
Por lo anterior, la bancada del Partido Socialista votará a favor el proyecto.
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas .
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, durante muchos años, en mi condición de dirigenta sindical y obviamente por mi género, me encontré con que las trabajadoras no sólo no tienen las mismas condiciones y derechos que se establecen en la ley en lo relativo a la igualdad económica, sino tampoco respecto del trato.
Cuando en mi condición de dirigenta nacional planteé, hace 12 años, en un ejecutivo de la CUT la situación de acoso que estaban viviendo las trabajadoras y dirigentas sindicales, la reacción unánime de mis compañeros de trabajo fue decir: “Eso no pasa en mi organización”. Me llamó la atención que el presidente de la Confederación Textil de la época, que agrupa al 80 por ciento de los trabajadores del sector, dijera que no era problema de su área. En una asamblea nacional para ver los procesos de negociación colectiva, pedí a ese gremio que solidarizara en este tema con otros gremios, dado que las mujeres del área textil no tenían esa dificultad. La reacción del 90 por ciento de los trabajadores de ese sector fue decir que, como conducta permanente, allí se producía la mayor cantidad de abusos y de aprovechamiento de los empleadores y, en algunos casos, de los trabajadores, pero que nunca se habían atrevido a hablar del tema porque era tabú, no escuchado, ni existía en la opinión pública. Eso es lo que hoy está haciendo el proyecto: colocar en la mesa un problema que existe y del que no nos atrevemos a hablar.
Ayer escuché con atención al diputado señor Seguel , oportunidad en que aumentó mi respeto por él, porque se atrevió a decir lo que todos los hombres del país piensan pero no dicen. Él graficó de la siguiente manera lo que pasa: todos saben que en el país existe el acoso sexual, todos saben que hay un aprovechamiento de la autoridad, no sólo en contra de las mujeres, sino también de los hombres; pero, a la hora de legislar, el tema es cómo usarán esto las mujeres en contra nuestra. Sin embargo, nadie dice cómo han usado esto los hombres contra las mujeres durante toda la historia, no sólo de Chile, sino del mundo. La historia nos dice que los hombres han aprovechado la falta de protección que existe en este campo para atentar en contra de las mujeres. Y el diputado señor Seguel se preguntaba: “¿Cuántos matrimonios se pueden quebrar por este chantaje, de que hablaba el diputado señor René Manuel García ?”.
¿Les han preguntado a esas mujeres, que son casadas, cuántos matrimonios se han disuelto, cuando han confesado lo que están viviendo en su ámbito laboral? ¡Ah! Son mujeres, son de segunda categoría. Hablo en términos generales, porque también hay hombres de segunda y tercera categoría. El asunto es para los dos lados.
El punto es que, actualmente, el 40 por ciento de la masa laboral está constituido por mujeres, y voy a entregar algunas informaciones basadas en mi experiencia. Hemos llevado tres casos a los tribunales de justicia para intentar demostrar el acoso sexual. El que seguimos hasta casi el final ocurrió en la Compañía Telefónica de Chile, en la cual uno de sus gerentes de recursos humanos fue acusado de acoso sexual, como está en los documentos que obran en poder de los tribunales. Debo reconocer que hubo “preocupación” de las autoridades de esa empresa. ¿En qué terminó? La trabajadora fue trasladada a otra oficina, en la cual no pudiera vincularse con la gente, y al gerente lo subieron de grado y lo cambiaron a otra oficina. Durante cuatro años y medio esta trabajadora, que contó con el apoyo de su cónyuge, intentó demostrar su denuncia ante los tribunales, con pruebas. Fue la primera vez que se logró que los compañeros de trabajo, hombres y mujeres, solidarizaran con ella, porque era la primera que se atrevía, pero no el único caso que existía en la empresa. Por desgracia, la trabajadora tuvo una larga enfermedad, que pasó a ser prioridad y no pudo continuar el juicio. En definitiva, el caso quedó en nada.
Si me preguntan mi opinión, desde el punto de vista sindical, debo decir que el proyecto no es suficiente, no sirve, pero tiene una enorme ventaja: impedirá que se siga usando el chantaje. ¿Qué hace la dirigenta sindical para defender a sus trabajadoras? Amenaza a los jefes con decir a sus señoras lo que está pasando. Eso sucede hoy, sin ley, porque es un mecanismo de defensa, y en esta misma Cámara ha debido procederse así, respecto de algunas funcionarias que están con ciertos problemas.
No necesitan la ley para autodefenderse, pues buscan mecanismos de defensa. Pero ¿qué pasará con la futura ley? Primero, se obligará a las empresas a dictar un reglamento, con la finalidad de que los trabajadores, hombres y mujeres, entiendan que el acoso sexual no ayuda a dignificar ni crea un ambiente de relaciones laborales dignas, como dice el Código del Trabajo. Se creará una cultura de relación más humana y de mayor respeto. ¡Ese es el sentido y hacia dónde está apuntando el proyecto!
Sobre la base de la experiencia que hemos vivido, desearía que la ley fuera mucho más condenatoria y, a lo mejor, mucho más fuerte; pero entendemos también que lo que decía el diputado señor Seguel representa a mucha gente que tiene miedo de discutir estos temas.
Entonces, primero, debemos crear un ambiente y una cultura de respeto y entender que los hombres y las mujeres somos personas.
Esto nada tiene que ver con que las mujeres nos vamos a incomodar porque hay caballeros que nos lanzan piropos y son galantes. A la gran mayoría de las mujeres nos encanta que sean galantes, respetuosos, caballerosos; a nadie le puede disgustar eso, y uno entiende cuando se hace con respeto, con gallardía. A mí también me encantaría lanzar piropos a los hombres, pero por un problema cultural no lo hago. Eso no está en juego aquí, sino la falta de respeto, cuando los límites de la galantería pasan a violentarme, cuando no quiero que determinada persona realice algunas acciones. Lo mismo sucede respecto de los hombres. En definitiva, el proyecto tiene la ventaja de que la Cámara de Diputados se ha atrevido a poner en el tapete de la discusión que existe acoso sexual a las mujeres.
También me referiré al otro acoso sexual, al que sufren algunos hombres y que todavía es más denigrante. ¿Se han puesto ustedes en los pantalones del hombre que se atreve a denunciar el acoso sexual? No sólo está imposibilitado de defenderse, sino que, además, debe enfrentar los epítetos de sus compañeros, las risas y las mofas. O sea, sufre doble sanción moral por atreverse a plantear el tema.
Por ello, pido a mis colegas diputados que, dado que dieron este paso para dis-cutir el tema, no le tengan miedo al proyecto, pues se trata de regular una situación. No piensen que sólo están defendiendo a las mujeres. Pónganse en los pantalones y en los zapatos de los hombres que sufren estas situaciones, porque algunas mujeres, con más agallas, piensan que pueden actuar igual que los hombres en estos aspectos. Una sociedad con tales características no apunta a mejorar las relaciones laborales.
En el proyecto se modifica el Código del Trabajo y se crean reglamentos y mecanismos para efectuar la denuncia. A diferencia de la diputada señora Saa , que planteó aplicar multas del ciento por ciento, con el diputado señor Seguel propusimos que tales multas fueran por despido indebido. Tratamos de aprovechar la oportunidad para introducir alguna mejora en el Código del Trabajo, pero no nos resultó, pues la indicación fue declarada inadmisible.
Además de concordar con el proyecto, quiero reconocer que hubo un enorme avance al respecto. En la Comisión, donde la situación no es diferente de lo que pasa en la Sala, algunos señores diputados, que estaban absolutamente en contra del tema, porque los violentaba o incomodaba, llegaron a entender que es necesario legislar y dar una señal para iniciar un cambio cultural que no se hace por ley, pero sí puede ayudar a provocarlos.
Por otra parte, no se puede olvidar que hoy las mujeres representamos el 52 por ciento de la población del país; que somos la mayoría. En el campo laboral, representamos el 40 por ciento y se prevé que en la próxima década más del 50 por ciento del campo laboral estará cubierto por mujeres. Entonces, cuando tratemos de entender cómo aplicar leyes fundadas en el principio constitucional de “igualdad ante la ley”, este mecanismo nos puede ayudar a hacer esos cambios culturales.
En la discusión del proyecto nos encontramos con una sorpresa. Descubrimos que en la ley Nº 18.832. Estatuto Administrativo, se “prohíbe” -entre comillas- a los trabajadores pertenecer u organizarse en sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado. Todos sabemos que hoy existe una ley que lo permite. Debido a que en la página 31 del informe aparece como rechazada por la Comisión la indicación que presentamos, en circunstancias que fue declarada inadmisible, anuncio que en los próximos días los miembros de la Comisión de Trabajo presentaremos una indicación para corregir esta traba legislativa, pues los trabajadores del sector público, por ley, tienen derecho a sindicalizarse y a organizarse, razón por la cual debe modificarse el Estatuto Administrativo.
No sólo estoy convencida de que el proyecto representa una avance y anuncio mi voto favorable, sino que, además, pido a los diputados hombres que no le tengan miedo a estos cambios culturales, porque las mujeres no juegan con el chantaje y con el abuso de poder de las leyes como lo han hecho los hombres durante toda la historia.
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz .
Señor Presidente, a través del proyecto en estudio se incorpora a nuestra legislación el acoso sexual, figura jurídica de reciente y cada vez más extendida aplicación en el mundo. Muchas naciones la han ido incorporando por la vía legislativa, en tanto otras lo han hecho según su sistema jurídico, por la vía jurisprudencial, siguiendo así las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la materia.
Ello se enmarca en la necesidad de perfeccionar nuestra normativa laboral, con el objeto de promover un mayor respeto a los derechos de los trabajadores, generando una cultura de colaboración al interior de los centros de trabajo.
Del mismo modo, se trata de reforzar en nuestra sociedad la igualdad entre hombres y mujeres, objetivo fundamental respecto del cual nuestro Congreso ha hecho significativas contribuciones.
Se trata de evitar presiones indebidas que afecten la dignidad de las trabajadoras sólo para acceder al empleo, sea para la adopción de decisiones que afecten a un trabajador o, sencillamente, porque la conducta interfiere en las relaciones laborales laterales y genera un clima de recelo y confrontación.
Como muchas otras innovaciones a la legislación laboral, se trata de una materia no exenta de polémicas. La historia muestra las dificultades que han tenido cada uno de los avances en estas temáticas.
Se han planteado, como principales críticas a esta norma, que afectará el acceso de la mujer al empleo; que procesalmente será difícil de probar y que podría perjudicar la honra y la vida familiar de los imputados por esta conducta. Ello no es efectivo. La mujer se ha incorporado al mundo del trabajo por sus propios méritos y capacidades, y su participación en él no está sujeta a situaciones de esta naturaleza. Resulta difícil creer, a estas alturas del desarrollo humano, que los empleadores privilegiarán un criterio tan burdo a la hora de definir sus incorporaciones. La necesidad de contar con trabajadores eficientes y bien capacitados es fundamental en la actual economía y hace rechazar un argumento de esta índole.
Lo mismo se dice respecto de la maternidad, pero nadie podría sostener seriamente que es un gran obstáculo para el ingreso de la mujer al mundo del trabajo, más allá de las lamentables excepciones.
En cuanto a la prueba y a las imputaciones falsas y abusivas, el propio funcionamiento de la nueva normativa y la seriedad de los tribunales harán fracasar las denuncias infundadas, lo que contribuirá a la correcta aplicación de la ley y a asentar la disposición, dándole, con el correr del tiempo, la connotación que esperamos.
Las dificultades en la prueba son inherentes a una inmensa gama de denuncias en materia laboral.
También es controvertida la prueba de la falta de probidad, de las vías de hecho, de las diversas causales de despido y de las prácticas antisindicales. No es éste un motivo para rechazar la normativa, sino más bien un desafío y una responsabilidad para denunciantes, juristas y jueces.
Ayer escuché decir a algunos colegas que estaban muy preocupados porque estas denuncias fueran infundadas y por el daño moral que se podría causar al denunciado. Sin embargo, nadie ha mencionado el hecho de que cuando a los trabajadores los despiden injustamente, imputándoles algún robo en la empresa, y cuando esos despidos son declarados justificados, nadie se preocupa de la honra ni de la honorabilidad de las personas afectadas.
Todos los argumentos que se han planteado en contra del proyecto parten de supuestos equivocados en que se suponen conductas irregulares, abusivas y poco serias en denunciantes y empleadores, lo que resulta inaceptable. Probablemente, habrá casos de este tipo, pero, tal como otras normas en materia laboral, a la larga estas disposiciones se encauzarán adecuadamente y contribuirán a perfeccionar el clima laboral, a favorecer el respeto entre los trabajadores y a aumentar la eficiencia en los centros productivos.
Por lo anterior, he apoyado el proyecto durante su trámite en la Comisión y reitero mi apoyo en esta Sala. La norma que incorporamos es un paso adelante en la legislación laboral, no exento de dificultades y de riesgos, como tantos otros avances, pero sus efectos positivos y ventajas son, indudablemente, mayores que las infundadas críticas y temores que la iniciativa ha concitado.
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis .
Señor Presidente, hay muchas perspectivas para abordar el tema del acoso sexual. Desde mi punto de vista, en primer lugar, debe considerarse si es conveniente, lícito, aconsejable y propio que se trate dentro de nuestra legislación.
Estoy de acuerdo en que debe abordarse. Es decir, despejo el primer punto respecto de la idea de legislar.
Despejada esa primera hipótesis, la pregunta es cómo abordar el tema en nuestra legislación. Y aquí radica mi diferencia con el proyecto presentado para modificar normas del Código del Trabajo.
Básicamente, difiero por lo siguiente:
Creo que el acoso sexual no se da en función de un vínculo de subordinación o dependencia que pueda existir en una relación laboral, sino que debería ser constitutivo de una falta, independientemente de ese vínculo. Es decir, se puede dar en una relación de subordinación o dependencia, en una relación horizontal -de personas que ocupan un mismo grado- y también respecto de un inferior hacia un superior.
Si queremos tratar seriamente el tema del acoso sexual, deberíamos sancionarlo por su contenido, por lo que significa esa conducta en sí misma, no por sus efectos, o sea, por el vínculo de subordinación o dependencia.
Se señala que, normalmente, en un vínculo de subordinación o dependencia, la persona que ocupa el nivel jerárquico superior podría hacer exigencias que puedan significar condicionar, por ejemplo, la permanencia en el empleo. Pero en una relación horizontal, cuando uno acosa a otro, se pueden provocar malas relaciones laborales, lo cual no es condenado directamente en el proyecto. Y eso es tan nefasto como el vínculo de subordinación o dependencia.
Este tema se discutió en la Comisión de Trabajo. Daré lectura a la indicación formulada por el Ejecutivo al respecto: “Serán constitutivas además de acoso sexual las expresiones reiteradas verbales o de otro tipo, que ofendan la dignidad sexual de la persona del trabajador o empleador”. Es decir, el acoso sexual no sólo se hace extensivo al vínculo de subordinación o dependencia, sino también al de una relación horizontal.
Quiero ir más lejos. Tal como lo decía la diputada señora Isabel Allende , me pregunto si este problema se presenta sólo en las relaciones laborales o si deberíamos ir más allá. Y si consideramos que es una conducta o una falta que debiera ser sancionada en términos más genéricos, ¿no debería ser abordada en otro cuerpo legal distinto? Me inclino más por la segunda tesis. El acoso sexual es condenable por sí mismo, por su contenido, y no por las consecuencias de una relación o vínculo de subordinación o dependencia, como está planteado en el proyecto.
Por eso, apoyaré la idea de legislar, pero sobre la base de la tesis de presentar indicaciones tendientes a abordar no sólo las consecuencias del acoso sexual, que, eventualmente, puede significar un condicionamiento o término de la relación laboral, sino para que a la larga se sancione eficazmente su significado intrínseco, que no justifico, pues me parece absolutamente condenable. Entonces, lo primero es determinar si aprobamos la idea de legislar. A mi juicio, debemos hacerlo; pero no estoy de acuerdo con la manera de abordar la materia en el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Huenchumilla .
Señor Presidente, deseo expresar que, a pesar de estar a favor de la idea de legislar sobre este proyecto, no estoy de acuerdo con su estructura. A mi modo de ver, cuando legislamos debemos prever los efectos de la legislación. Muchas veces, al pretender conseguir un fin noble, al concretar la idea en artículos, obtenemos, como resultado, efectos perversos que, en vez de lograr los objetivos nobles que tuvo en vista el legislador, los desvirtúan si la estructura del proyecto de ley no los traduce.
Ahora, expondré mis críticas a la estructura del proyecto. En primer lugar, me parece raro legislar sobre el acoso sexual a propósito del despido o término del contrato de trabajo, es decir, respecto de los derechos y obligaciones de los trabajadores durante el transcurso de su vida laboral. En efecto, se legisla sobre la base de los artículos que regulan el término del contrato de trabajo o de las causales de despido. Técnicamente no me parece correcta la estructura, porque, primero, debemos establecer la figura del acoso sexual dentro de las prohibiciones de los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, para después señalar los efectos que se generarían cuando se haya quebrantado el derecho de los trabajadores a ser tratados con dignidad, o cuando el empleador o los trabajadores quebrantaren la prohibición de acosar sexualmente a sus compañeras o compañeros de trabajo.
¿Qué se hace en esta iniciativa? Se establece una nueva causal de término del contrato de trabajo sin especificar, previamente, entre las obligaciones de los trabajadores y empleadores, el concepto de acoso sexual. Por eso, a mi juicio, su estructura es equivocada.
La segunda cuestión es que el concepto del acoso sexual del proyecto, al revés de lo que señalaba el diputado señor Jaime Orpis , es omnicomprensivo: se da no sólo cuando hay una relación de jerarquía o superioridad, sino también cuando se da una relación horizontal.
Este proyecto mete en un mismo saco a empleadores y a compañeros de trabajo. Por lo tanto, existe un error de concepto que no comparto. Por ello, cabe preguntarse qué pretendemos al legislar sobre el acoso sexual y cuál es el bien jurídico que protegemos.
Entiendo que lo que queremos evitar es que una persona, en razón de la posición que ocupa en la estructura de la empresa, use esa superioridad jerárquica para condicionar el desarrollo del trabajo, sugiriendo prestaciones sexuales a la trabajadora o al trabajador. Entonces, lo lógico es que el acoso sexual suponga una situación de jerarquía, de superioridad respecto del que está acosando. Porque la persona acosada, frente a alguien con jerarquía superior, carece de libertad para decir que no, ya que está en juego su trabajo, su estabilidad, la manera de ganarse la vida. En cambio, cuando hay una relación horizontal con un compañero de trabajo, la persona está en condiciones de negarse porque no tendrá efecto perverso para ella.
Ahí estamos en presencia de otra cosa: de una molestia, de un perjuicio. En ese caso, la ley puede echar mano a otros mecanismos para solucionar esos inconvenientes que se presentan muchas veces en la relación laboral. En cualquier estructura de la empresa se dan relaciones industriales o laborales perniciosas, molestas entre los trabajadores; pero eso no significa, a propósito de resolver esos temas entre pares, establecer una legislación que, en su naturaleza profunda, significa proteger al trabajador, o a la trabajadora esencialmente, en contra del poder de decisión de su superior jerárquico para condicionarle su conducta.
En consecuencia, no estoy de acuerdo con establecer en nuestra legislación un concepto de acoso sexual horizontal, porque eso introduciría un efecto perverso al interior de las relaciones entre un hombre y una mujer que están al mismo nivel. Lo único que ello hará será perturbar el ambiente de trabajo y la relación en que se desenvuelven los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, soy partidario de introducir el concepto de acoso sexual respecto del empleador y de quienes poseen jerarquía superior y los fundamentos, condiciones y potestades para condicionar la conducta de la trabajadora. Entiendo que ése es el efecto que perseguimos.
Por otro lado, tengo otra crítica a la estructura del proyecto: ¿Qué efecto produce la configuración del acoso sexual? Coloca a la mujer en el dilema de abandonar su trabajo. No tiene otra alternativa; porque cuando es víctima del acoso sexual, el proyecto consigna que puede poner término al contrato de trabajo. Es decir, con esta iniciativa decimos a la trabajadora acosada que el único camino que le queda es poner término a su contrato de trabajo. Aunque ello se traduzca en una indemnización, más que plata, la gente desea tener trabajo, estabilidad en el empleo.
¿Qué efecto puede obtenerse? Que la trabajadora, para que no se ponga término al contrato y no pierda su trabajo, diga: “Bueno, no me meto en esto. Necesito mi trabajo”, y decida permanecer en silencio.
Lo lógico sería que no perdiera su trabajo y continuara en él y que el empleador fuera sancionado con una multa o indemnización de tal naturaleza, que fuera disuasiva para que lo pensara dos veces antes de acosar a una trabajadora; pues, si acosa, sabe que el camino que le queda a ella es irse de la “pega”, y que él deberá pagarle. En consecuencia, esto se traducirá en plata y no en estabilidad laboral. Igual cosa respecto del jefe, del gerente o del superior.
Francamente, la estructura del proyecto no responde a los propósitos nobles que persiguen los diputados autores de la moción. Por lo tanto, creo que habría que reestructurarlo.
Antes de terminar, cabe señalar un par de cosas más.
En primer lugar, no se ha considerado -y se lo digo a quienes redactaron el texto- que en la vida moderna los contratos, en general, además de los actos esenciales, existen muchos otros actos preparatorios de la parte principal. Por ejemplo, en derecho comercial, los cierres de negocios, las importaciones, los contratos de promesa de compraventa.
Los actos preparatorios en el campo laboral son aquellos encaminados a buscar trabajo, a presentarse ante el jefe, a rendir exámenes para postular al contrato de trabajo. Sin embargo, no se consignan en el proyecto.
Muchos jefes pueden decirle a una postulante: “Le doy trabajo, pero bajo la condición de que, aparte de su labor, deberá hacer otras cosas”.
¿Cómo será el mundo en aquellas empresas de espectáculos, donde el aspecto físico es fundamental para acceder a los contratos de trabajo? ¿No habrá actos preparatorios sobre los cuales también habría que legislar, porque, en definitiva, forman parte del contrato de trabajo?
En los contratos de trabajo hay cosas que son de la naturaleza del mismo. Los profesores de derecho del trabajo hablan de “cláusulas tácitamente incorporadas”, o sea, aquellas que no se especifican, pero que están incorporadas.
Con la actual legislación, desde el punto de vista de la jurisprudencia, podría establecerse un acoso sexual; pero, naturalmente, se quiere la certeza de su comisión y no que la gente vaya a juicio. No se desea establecer derechos por la vía de la sentencia, sino claramente delimitados en la ley. No se quiere establecer efectos para que la gente vaya a juicio a que le reconozcan sus derechos. Por eso, es bueno legislar sobre la materia.
Por lo tanto, quiero formular una propuesta sobre la base de tres puntos.
En primer lugar, debe conceptualizarse el acoso dentro de las prohibiciones a que está afecto el empleador o aquellos que tienen posiciones de jerarquía, en el ámbito de los derechos y obligaciones que tienen las partes al celebrar el contrato de trabajo, de manera que esto rija para los sectores privado, público y municipal.
En segundo lugar, debe establecerse un concepto de acoso sexual respecto de los empleadores y de aquellos que tienen jerarquía. O sea, sólo en posición vertical y no horizontal, en que se sanciona incluso a los compañeros de trabajo, porque en esto no está en juego ni la libertad personal ni la estabilidad en el empleo.
En tercer lugar, deben establecerse mecanismos de sanciones fuertes, pero sin colocar a la trabajadora en el dilema de tener que irse del trabajo porque fue objeto de acoso sexual; porque ahí se entraría a efectos perversos respecto de la noble idea de los colegas autores de la moción.
Naturalmente, para que esto sea posible, es menester que el proyecto vuelva a la Comisión y sea reestudiado, con el objeto de tener una buena legislación, sin los efectos que he señalado.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto mi profunda satisfacción porque después de tantos años la Cámara trata un proyecto sobre un fenómeno social que afecta a muchas chilenas y a pocos chilenos, lo cual indica que se ha vencido la posición conservadora de algunos miembros de la Cámara de Diputados.
Es un hecho que en nuestra cultura -ahí radica el problema- se practica el acoso sexual. Es propio de una sociedad bastante machista y patriarcal, en que algunos consideran que la mujer es un objeto que puede ser tomado y usado de cierta forma, sin considerar su voluntad.
Eso se reflejó en el debate que hubo años atrás en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por lo cual, aunque sea a título personal, pido disculpas y le entrego mi solidaridad a la asesora del Sernam señora Ymai Ortiz , una mujer que fue objeto de un trato indigno por miembros de la Comisión, quienes pretendieron festinar una materia tan importante. Con papelitos y gráficos trataron de burlarse de la necesidad de abordar un fenómeno que afecta a muchos.
En el debate de este proyecto la gente tiende a disociarse. Tiene un discurso público y otro privado. El privado es lamentable, porque en él no se asume que en el país -donde se supone que todos somos iguales, que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, en especial el de ser tratados con dignidad en el trabajo- ocurre el acoso sexual.
En particular en algunos oficios, las mujeres son constantemente acosadas por favores sexuales por quienes ocupan posiciones jerárquicas. En el gremio de las secretarias el acoso se practica en forma casi masiva. Según las estadísticas, más del veinte por ciento de las mujeres consideran que han sido objeto de él.
Quiero hacer presente que no se trata de legislar sobre las relaciones afectivas y los enamoramientos, situaciones absolutamente legítimas y que, en su gran mayoría, se generan en los lugares de trabajo. Se trata de legislar sobre prácticas no deseadas por las personas que son objeto de acoso, y esto es tremendamente importante, por cuanto frente a la tipificación de una práctica se pretende establecer cierto tipo de sanciones.
En verdad, el colega Huenchumilla ha expuesto una buena reflexión; pero, a mi juicio, le ha faltado la rigurosidad que lo caracteriza. ¿Por qué? Si el empleador acosa a la secretaria, para usar un ejemplo, y la mujer se atreve a denunciar el hecho, es porque la situación ambiental no da para más. No es viable quedarse en la “pega”.
Lo que ocurre es que, muchas veces, los trabajadores chilenos, en general, se ven obligados, por la necesidad, a tener que “agachar el moño” y aceptar que se transgreda la ley y se abuse de sus derechos; pero no creo que sea eso lo que está sugiriendo el colega Huenchumilla , porque lo conozco. Se requiere entender que las bases del contrato laboral quedan absolutamente menoscabadas o destruidas cuando se configura una situación de acoso y las personas se atreven a denunciarla y, por ende, se trata de que las personas que se sienten agredidas en su integridad tengan derecho a dejar el empleo, con el objeto de que al acosador le resulte más cara esta práctica.
Es cierto lo que dice el colega. Algunos de los patrocinadores del proyecto original -en verdad, fueron dos iniciativas presentadas en un lapso cercano a los nueve años- buscábamos una ley mucho más avanzada y que se estableciera una sanción para esta práctica no sólo en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo, en el estatuto municipal, sino también en el Código Penal y, al mismo tiempo, hacerla extensiva al mundo de la educación. Ello no fue posible, entre otras cosas, porque nuestro país sólo ahora está dando sus primeros pasos en estos temas.
No olvidemos que hace algún tiempo en esta misma Corporación se rechazó una iniciativa tan sencilla como era prohibir que en la publicidad para contratar a alguna persona se establecieran lenguajes que significaran discriminaciones con tintes sexistas. Se quiso evitar que en los avisos se dijera: “Se busca secretaria joven, de buena presencia”. Es evidente que en esa frase hay una intención, pero no respecto de la capacidad de la persona que se desea contratar, sino de su apariencia física y otros rasgos.
Quienes presentamos este proyecto estamos conscientes de que traerlo a debate ya es un gran logro, porque hubo muchos que no quisieron que ocurriera.
Por otra parte, el proyecto está muy acotado al tema de la relación laboral. Es ahí donde el colega Huenchumilla comete otro error, porque en la definición de acoso se presupone una relación jerárquica. Además, a diferencia de lo que él señaló, aquí no se legisla con la fuerza que se debiera sobre aquellos dueños de empresa que permiten un ambiente donde se genera el acoso entre pares. Quizás el colega Huenchumilla no fue suficientemente riguroso al estudiar el proyecto cuando dice que sanciona prácticas horizontales. No es así; aquí hay solamente una sanción para quienes tienen responsabilidades jerárquicas.
Señor Presidente, el diputado Huenchumilla me está pidiendo una interrupción. Con su venia, se la concedo.
Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla .
Señor Presidente, sostuve eso porque en el artículo 160 del Código del Trabajo se introduce un número 2, nuevo, que empieza diciendo: “2.- Conductas de acoso sexual...”. El artículo 160 señala las causales de caducidad del contrato de trabajo, en las cuales el trabajador no tiene derecho a indemnización alguna. Si agregamos una nueva causal se aplicaría a todos los trabajadores, cualquiera que fuera su posición dentro de la empresa y, por lo tanto, estaríamos introduciendo un concepto de acoso sexual para todo el mundo y no sólo para aquel que esté en una situación de jerarquía o de poder. Eso es lo que dice exactamente en la página 21 del informe de la Comisión de Trabajo y que después se concreta en el proyecto.
Agradezco al colega por haberme concedido una interrupción.
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
Señor Presidente, la disposición se refiere a las personas que, por su jerarquía, están en condiciones de producir un perjuicio en la situación laboral de la persona hacia la cual va dirigido el acoso. Por cierto, si el dueño de una empresa tolera que los empleados acosen a la secretaria, tiene responsabilidad en el asunto, porque es una situación fomentada y permitida.
En el fondo, si queremos que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, me parece muy útil invitar a los colegas a hacerse la siguiente reflexión: dejemos de ver esto como un problema de género, ajeno, y preguntémonos cuántos de los que estamos aquí presentes y que tenemos hijas estamos de acuerdo en que les paguen un tercio del sueldo que perciben los hombres por el mismo trabajo, y cuántos estamos dispuestos a aceptar que cuando nuestras hijas se inserten en el mundo del trabajo sean acosadas sexualmente y deban prestar “servicios” para no perder la “pega”.
Este es un problema muy de fondo, porque un tercio de la fuerza laboral en Chile son mujeres. La mujer se está incorporando cada vez más al mundo del trabajo y necesitamos saber si estamos de acuerdo en que, en ese proceso, se incorporen en igualdad de condiciones.
Algunos han dicho que el proyecto puede ser mal usado por personas maliciosas, que desean denunciar al empleador o a un jefe jerárquico en forma indebida, causándole un perjuicio. Es cierto, puede ocurrir, y por eso la ley toma los resguardos del caso; pero también es efectivo que demasiadas veces sí se producen situaciones de acoso en el mundo del trabajo en nuestro país.
Represento a una zona de la Sexta Región donde las temporeras de la fruta son constantemente acosadas de diversas formas por los jefes de “packing”, de línea y de huerto. Esas mujeres no tienen otra cosa que hacer que agachar la cabeza y quedarse calladas, porque deben alimentar a sus hijos. Me parece bien que haya una ley que las defienda, como también a las secretarias, que juegan un papel fundamental en nuestra sociedad y que, si no tienen interés en enamorarse de su jefe -porque algunas lo tendrán-, junto con rechazar sus proposiciones de carácter sexual, tengan derecho a denunciarlo.
Lamento que el colega Seguel no se encuentre presente en la Sala, por cuanto ha tenido opiniones cambiantes a lo largo del debate sobre si es bueno o no, o si es justo o no legislar sobre esta materia. Esta ley es tremendamente conservadora para la realidad que vive nuestro país y el mundo. Es cierto que en los países del Norte hay otra relación, porque son más civilizados en este aspecto.
Es dramático tener que reconocerlo, pero, en nuestro medio, lo primero que pasa por la mente de los hombres cuando están frente a una mujer ejecutiva es algo real. Es como ese dibujo que se atribuye a Freud. Insisto, es lamentable reconocerlo, pero es real. Tenemos una sociedad donde todavía no hemos aceptado que las mujeres que se insertan al mundo del trabajo son pares y no objetos.
Espero que esta ley contribuya no sólo a tipificar una práctica en nuestro país y dar más derechos a las personas que se incorporan en forma subordinada al mundo del trabajo a través de un contrato, sino que también signifique un aporte en lo básico: un cambio de cultura en nuestra sociedad.
Esta definición de acoso es limitada; no establece derecho de indemnización, como propusimos originalmente con la diputada señora Adriana Muñoz . Queríamos establecer una forma muy distinta, a partir de una sugerencia de la colega, quien estudió bien el tema cuando se presentó el primer proyecto, en 1990 si no me equivoco.
Como esta es una ley bastante acotada, no le asignemos otros alcances. Durante el debate de ayer escuché a muchos colegas decir que ahora van a empezar a contratar menos mujeres, porque habrá una ley en esta materia. Es cierto. Podemos discutir si la feminización de la mano de obra introduce factores de cesantía estructural en nuestra economía o no; pero, por favor, no usemos el argumento de que es bueno que exista esta práctica ni nos escudemos en que esto pueda causar un perjuicio a las mujeres y que es mejor dejar las cosas como están, porque es evidente que la práctica del acoso existe; es malo, y lo que debemos hacer como sociedad, y en particular como Congreso, es dar una señal clara de que cuando hay una conducta sexual no deseada por una empleada, el empleador debe desistirse, y si insiste, debe ser sancionado.
Señor Presidente, este proyecto de ley, que lleva bastante tiempo de tramitación en el Congreso, se originó en una moción que presentamos los diputados Ascencio , Aguiló , Errázuriz , Letelier, don Juan Pablo ; Silva ; las diputadas señoras María Angélica Cristi , Fanny Pollarolo y Marina Prochelle , y de los ex diputados De la Maza y Elizalde , lo que revela que en esta iniciativa participaron parlamentarios de diversas bancadas e ideologías políticas.
Ahora bien, no creo que el acoso sexual sea un tema sólo de hoy. Existe desde hace mucho tiempo, pero recién ahora se ha venido a tomar conciencia de él. Aun cuando es bueno que así sea, es indispensable que su normativa se enmarque dentro de límites que eviten arbitrariedades y abusos. Por de pronto, para que se pueda hablar de acoso sexual es preciso que exista una relación jerárquica entre el acosante y el acosado. No puede hablarse de acoso sexual entre pares, entre compañeros de trabajo. Si, como ha señalado el diputado Francisco Huenchumilla , no está claramente expresado en la iniciativa, es preciso hacer los ajustes necesarios en la Comisión para que quede establecido que el acoso sexual no existe entre iguales.
En segundo lugar, muchas veces el acosante puede no ser el empleador. Es perfectamente posible que en empresas grandes el que acose sea un jefe, un supervisor, un jefe de sección o de departamento; por lo tanto, no resulta del todo lógico que quien deba indemnizar sea el empleador.
También cabe preguntarse: ¿qué pasa si una mujer denuncia que es acosada por un jefe, el cual es despedido de la empresa, y luego la acusación no puede probarse? En dicho caso ese empleador se verá obligado a darle una importante indemnización de perjuicio por no haber probado el acoso. Aún más, la causal podría prestarse para que un jefe que se quiera ir se ponga de acuerdo con una secretaria con el fin de que lo denuncie por acoso sexual, el empleador lo despida y como no puede probarse la causal, obtenga una indemnización de perjuicio que se la podría repartir con la funcionaria supuestamente acosada.
¿Por qué planteo esto? No voy a entrar en detalles, porque la sesión fue secreta a petición de la persona que declaró. Hace dos o tres años, en una sesión que celebró la Comisión en el Palacio Ariztía, tuvimos como invitado a Mario Kreutzberger , “ Don Francisco ”, quien nos relató con dramatismo y minuciosamente cómo fue víctima de un verdadero chantaje por una mujer que lo acusó de acoso sexual en Estados Unidos. Debió gastar no sólo él, sino también la empresa para la cual trabajaba, una importante suma de dinero en su defensa judicial. Después se descubrió que la modelo había tenido muchas aventuras, y nunca pudo probar la acusación. En definitiva, aquí no ha pasado nada.
Por lo tanto, es necesario establecer un mecanismo para determinar la responsabilidad de la persona que hace una denuncia por acoso sexual y no puede probarlo.
El agregado que se hace al artículo 171 del Código del Trabajo, dice: “Si el trabajador hubiese invocado la causal del número dos del artículo 160 falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada” -es decir, una acusación sobre acoso sexual infundada o que no se pudo probar- “y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado”.
De acuerdo con esta norma, el acusado de acoso sexual sólo estará obligado a indemnizar si el tribunal determina que la acusación o demanda es carente de motivo plausible. (Por cierto, una demanda por acoso sexual no es carente de motivo plausible; el motivo es absolutamente plausible). Si no puede probarla, no estará obligado a indemnizar. Entonces, si el tribunal declara carente de motivo plausible una demanda interpuesta por un empleador contra un trabajador, porque la denuncia formulada en su contra es infundada, hay lugar a indemnización.
Otro tema bien delicado es que si un empleador es acusado de acoso sexual y la trabajadora no puede probarlo, ese empleador no podrá querellarse por el delito de calumnia. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con el Código Penal, la calumnia consiste en la imputación de un delito determinado pero falso, y que pueda actualmente perseguirse de oficio. De esta manera, para que un empleador pueda accionar por calumnia en contra de alguien que lo acusó de acoso sexual y no pudo probarlo, es necesario que dicha conducta esté contemplada como delito. Todo ello por un principio jurídico que dice: “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”. O sea, no hay delito ni pena sin que exista una ley que lo tipifique y sancione. Si alguien llegara a acusar de algo que cause daño a otra persona y no está contemplado como delito en nuestra legislación, ese hecho no podría ser penado. Y en este momento no existe el delito de acoso sexual.
En atención a ello y con mucho agrado hace unos minutos suscribí una moción cuya autora es la diputada señora María Antonieta Saa , que propone que el acoso sexual sea tipificado como delito. Y una vez que esté considerado como tal, la víctima de una demanda por acoso sexual que no ha podido probarse, podrá iniciar una querella en contra del acusador por el delito de calumnia y obtener, además de las sanciones que correspondan para el que hizo la denuncia, la correspondiente indemnización de perjuicio por la vía civil.
El proyecto es extraordinariamente realista, y no digo esto sólo porque soy uno de sus autores.
A la Cámara y al Congreso se les acusa de legislar sobre materias que no interesan. Hoy, entre las instituciones existentes en el país, el Poder Judicial y el Congreso Nacional ocupan los últimos lugares en el nivel de credibilidad, confianza y prestigio, porque según la ciudadanía no legislamos sobre los temas que interesan directamente a la gente.
Al respecto, este tema interesa a mucha gente. No sabemos cuántas son las personas afectadas por acoso sexual que sencillamente no hacen la denuncia porque no se atreven. En este caso ocurre lo mismo que sucede con las violaciones. ¿Cuántas denuncias por violaciones llegan a los tribunales de justicia? ¿Cuántas a Carabineros o a Investigaciones? Una mínima parte de ellas. Por eso me siento contento, honrado y agradecido de haber participado como coautor del proyecto y estoy dispuesto a aceptar todas las propuestas hechas para mejorarlo y evitar que se cometan injusticias.
Debemos lograr la ecuación y el equilibrio entre la sanción ejemplar a aquellos que, utilizando su cargo, su jerarquía, su función, su poder, abusan de una mujer que necesita del trabajo para comer, para vivir, para alimentar y educar a sus hijos, y el legítimo derecho de toda persona al respeto de su honra y de su dignidad.
Nadie puede aceptar que en el futuro una mujer, aprovechando la causal del acoso sexual, la utilice para obtener beneficios económicos de un empleador que no ha tenido la menor intención ni ha ejercido el más mínimo acto constitutivo de acoso sexual.
Espero que el proyecto sea despachado pronto y aprovecho esta instancia para agradecer a su Excelencia el Presidente de la República el hecho de que en la legislatura extraordinaria convocada el 18 de septiembre recién pasado, por segunda vez -el ex presidente Frei lo hizo una vez- en los últimos seis o siete años de mi carrera como parlamentario, haya incluido todos los proyectos que se encuentran en trámite en el Congreso Nacional, circunstancia que nos ha permitido tratar esta iniciativa.
Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante deseo intervenir después de haber escuchado una serie de observaciones y críticas formuladas por distinguidos colegas sobre la iniciativa.
Me felicito de que durante la mañana el debate haya sido de enorme calidad técnico-legislativa y también cultural.
En primer lugar, quiero aclarar al diputado señor Huenchumilla que el proyecto tiene tres artículos. En el 1º se incorporan once números para modificar el Código del Trabajo en distintos aspectos. El artículo 2º modifica la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, y el artículo 3º modifica la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Incluso, en la Comisión, a propuesta de la diputada señora Marina Prochelle , planteamos una disposición que deberemos revisar en la Comisión de Régimen Interno para establecer como falta el acoso sexual en las relaciones laborales al interior de la Corporación.
En cuanto a la preocupación del diputado señor Huenchumilla , en el sentido de que en el proyecto no hemos considerado el acoso sexual como una cuestión de principio superior de la relación laboral, sino como focalizada al proceso de contratación y despido, deseo señalarle que si hubiera leído con detención el informe y el proyecto se habría dado cuenta de que precisamente esos temas fueron de profunda discusión y preocupación en el seno de la Comisión.
La iniciativa del Ejecutivo, que recoge las mociones presentadas durante diez años en el Congreso en materia de acoso sexual, propone incorporar, precisamente en el artículo 2º del Código del Trabajo, donde se reconoce la función social que cumple el trabajo en el país, el acoso sexual como una discriminación grave -en la Comisión se eliminó la palabra grave- en las relaciones laborales, es decir, elevamos el rechazo del acoso sexual a una categoría de principio superior en las relaciones laborales en una empresa privada o en un servicio estatal. No hemos acotado el proyecto a una cuestión mecánica de despido e indemnización.
Es decir, hemos modificado el artículo del Código del Trabajo que tiene que ver con la inspiración filosófica y con principios sociales. En el Nº 2 del artículo 1º del proyecto se incorpora la frase: “Se considerará discriminación las conductas de acoso sexual”.
El proyecto define las conductas de acoso sexual, entendiéndose por tales “un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona a que está dirigido...”.
Al respecto, hubo un debate intenso en la Comisión. Incluso, si se revisa el informe, se podrá constatar que fue rebatida la incorporación de esta disposición en el Código -en relación con los principios sociales del trabajo-, puesto que podríamos provocar un exceso de preocupación al decir que el acoso también significaba una transgresión a los principios de respeto. Optamos por no hacer caso a las posiciones de la Comisión que insistían en que tal como estaba el artículo 2º del Código del Trabajo cubría nuestra inquietud y si había acoso se afectaba la inspiración social del Código del Trabajo.
En la Comisión dijimos que no y hubo que incorporar este principio. En ese sentido, el Sernam insistió en que las relaciones laborales no sólo abarcan el contrato, el despido, las remuneraciones, sino, también, el ambiente de trabajo, en el cual se incluye la higiene, la seguridad social y, ahora, incorporamos este otro elemento. Entonces, hemos reforzado el principio social del trabajo, al considerar discriminación las conductas de acoso sexual.
Por otra parte, los diputados señores Orpis y Huenchumilla han señalado, desde distintos puntos de vista, otro tema relacionado con el acoso horizontal.
Para quienes hemos buscado establecer el acoso sexual como una falta es realmente increíble que se haya rechazado hace algún tiempo su incorporación en el debate del proyecto sobre delitos sexuales. En todo caso, la diputada señora Saa lo planteará en una nueva moción.
En 1991 presenté un proyecto distinto, no sólo relacionado con el Código del Trabajo, sino también con el Código Penal y con el ámbito educacional. Sin embargo, este proyecto recoge mi propuesta en orden a indemnizar el daño.
En el numeral 2 del artículo 160 del Código del Trabajo se agrega como causal de despido, sin indemnización -cuando quien tiene la culpa del despido es el trabajador o la trabajadora-, el incurrir en conductas de acoso sexual.
Sin embargo, la modificación propuesta no distingue contra quién está dirigido el acoso sexual. No se dice que puede cometerlo el jefe o el dueño de una empresa solamente. En el numeral 1 de la citada disposición se establece que, cuando un trabajador le pega a otro -vías de hecho- en el lugar de trabajo, el afectado le puede pedir al jefe que lo despida, y el empleador lo despide sin ninguna indemnización; lo mismo se ha planteado para el acoso sexual. O sea, si una persona es acosada por uno de sus pares en su lugar de trabajo, puede invocar la modificación que se incorpora al artículo 160 del Código del Trabajo, caso en el cual el empleador tendrá que despedir a esa persona a petición del afectado, tal como lo haría con alguien que haya robado o que le haya pegado a otro trabajador. Y si este último apela en los tribunales y gana el juicio, el empleador también tendrá que pagarle, igual como debería hacerlo con un trabajador despedido por haber robado o golpeado a otro trabajador. ¡Es la misma situación!
En consecuencia, lo que se pretende es que el acoso sexual no sea una conducta excepcional, sino que se le dé la categoría de ley, por tanto, una falta tan grave como cualquiera de las que están consignadas en el Código del Trabajo.
Este debate se dio muy fuertemente en la Comisión de Trabajo y se pensó que igual que las otras conductas que se sancionan en el artículo 160 del Código, en las cuales no se señala a quienes van dirigidas, lo mismo debe ocurrir respecto del acoso sexual. Para el caso del acoso horizontal, también podemos invocar el Nº 2 agregado al artículo 160 del Código del Trabajo. Si eso no basta, en los numerales 3 y 4 del artículo 1º se introducen modificaciones a los artículos 153 y 154 del Código del Trabajo, que tienen que ver con el reglamento interno de las empresas. Con ello se establece que el acoso sexual es una falta como cualquiera otra en las relaciones laborales, por tanto, también debe estar entre las preocupaciones del empleador.
Los empleadores deben mantener una empresa que garantice ciertas normas de higiene, un ambiente laboral digno y respeto mutuo entre los trabajadores. Al modificar esos dos artículos, se le advierte al empleador que, además de lo ya señalado en el Código, debe preocuparse de que no haya acoso sexual en su empresa, para que no se alteren las buenas relaciones laborales.
Incluso, luego de análisis realizados se determinó que es importante que el acoso sexual sea sancionado, porque una mujer que vive un acoso sexual reiterado por parte de un jefe o de uno de sus pares baja su rendimiento y su presencia permanente en el empleo, porque la persona tiene que estar sometida a eso para mantener su trabajo, lo cual le provoca un daño profundo que va a impactar en su capacidad y en su productividad. Por eso, para los empleadores esta indicación es muy rentable desde el punto de vista económico y productivo, ya que este tema no debe ser apreciado sólo a la luz de los principios del derecho y de la igualdad, sino del respeto y la dignidad de las mujeres y de los trabajadores en general.
Los artículos 153 y 154 del Código del Trabajo resguardan un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Sin embargo, este proyecto también protege del acoso horizontal, porque si una trabajadora denuncia que su compañero de trabajo la está acosando, el empleador puede recurrir de inmediato a las nuevas disposiciones del Código y decir que, de acuerdo con el procedimiento y aplicación del reglamento, tiene que sancionar al trabajador denunciado por acoso sexual.
Por algo han pasado diez años para tratar en la Cámara de Diputados un tema de esta naturaleza. Si los colegas leen en profundidad el proyecto, se pueden dar cuenta de que la Comisión ha realizado un gran trabajo desde hace varios años respecto del acoso en las leyes laborales.
En definitiva, la propuesta de la Comisión considera la horizontalidad del acoso sexual, lo que es muy importante, porque tengo plena seguridad de que ello ocurre en muchos lugares de trabajo.
Es lamentable que en Chile y el mundo la civilización humana haya tenido que llegar a hacer esfuerzos legislativos para consagrar un principio que debería existir por madurez y por convicción propia de los seres humanos, en orden a respetarnos hombres y mujeres en igualdad de derechos. Las mujeres valen tanto como los hombres; por ello, es ridículo que sus derechos ante el medio en el cual deben desarrollarse tengan que quedar consagrados en una disposición legal.
Esta no es la mejor ley, pero representa un gran esfuerzo para conciliar ciertas conductas, al menos a nivel laboral. Existe un déficit educacional y un gran vacío legal en el Código Penal que ojalá se supere con prontitud para establecer que cuando una mujer es acosada sexualmente en su empleo o en su establecimiento educacional, se está cometiendo un grave daño a los derechos humanos.
Sería vergonzoso que en el siglo XXI el proyecto tenga que volver a la Comisión para seguir dándole vueltas a su contenido, porque algunos colegas piensan que esto se va a transformar en una herramienta de venganza para las mujeres. Otros dicen que no se resguarda el espíritu del Código del Trabajo. A mi juicio, los colegas que piensan así deberían leer con mayor atención el texto despachado por la Comisión.
En consecuencia, pido una vez más que, para estar a la altura de los tiempos, de la modernización y de la civilización, debemos resguardar la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto que nos debemos, como un gran principio humano en toda nuestra legislación.
Señor Presidente, creo que ninguna persona en su sano juicio puede estar en contra del proyecto en estudio. Sin embargo, si nos tomamos el trabajo de inmiscuirnos en el tema -después de participar en la Comisión y de conocer la forma en que se desarrolló su discusión- podremos ver que una cosa es su denominación, lo que se pretende con la iniciativa, y otra muy distinta la realidad que deberemos enfrentar una vez que se transforme en ley.
¿Por qué señalo esto? Hay un antiguo refrán que dice: “Los cuidados del sacristán mataron al señor cura”. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver el sacristán y el cura con el tema del acoso sexual. En realidad, muy poco; pero espero que al final de mi intervención se encuentre la relación que existe entre este proverbio y el tema en debate.
Como ya se dijo, no sabemos si en el Código del Trabajo esta figura legal del acoso sexual es un delito o una falta; lo único que queda claro es que será una causal de despido y que siempre hay un responsable final: el empleador.
Estoy muy de acuerdo en que debe ser sancionado cuando comete un acto de esta naturaleza con un subordinado; pero no lo estoy con que pase a convertirse en la piedra de tope. ¿Por qué digo esto? Porque esta figura legal debe ser -si no la más- una de las más difíciles de probar, porque siempre se produce entre dos personas y en lugares privados. Es muy difícil que exista un acoso público; de manera que siempre será la palabra del acosador contra la del acosado, o viceversa. Por lo tanto, ya hay una dificultad para la correcta aplicación de esta normativa. Ya lo dijo ayer la señora ministra: siempre que se legisla existen ventanas o puertas. Lo que pretendo es que no queden túneles o laberintos, porque entonces la cosa será bastante compleja.
En el proyecto, en primer lugar, se define lo que se entiende por acoso sexual, con lo cual creo que todos estamos de acuerdo. Es una acción o acto no deseado por quien lo recibe. Considero que es así. En segundo lugar, me sorprenden las estadísticas que entregó nuestra colega Isabel Allende , porque, de acuerdo con ellas -sin desconocer que el problema existe-, se puede pensar que, en lugar de ir a trabajar, las personas van a las empresas a acosar. ¿Y quiénes lo sufren? Mayoritariamente, las mujeres. ¿Qué mujeres? Las jóvenes de entre 20 y 30 años, que están en plena etapa laboral y reproductiva.
¿Por qué mencioné el proverbio del sacristán? Porque al analizar el proyecto podemos comprobar que se está tratando de sobreproteger una situación que sería mucho más fácil de superar con educación y cultura. Entonces, a lo mejor, vamos a desproteger a quienes pretendemos proteger y, en el futuro, serán discriminadas.
¿Cuáles son las empresas que ocupan el 80 por ciento de la mano de obra en nuestro país? Las mipymes que, por lo general, funcionan en un solo lugar y con una oficina para el gerente o para el supervisor. El inciso segundo, nuevo, que se agrega al artículo 153 del Código del Trabajo, dice: “Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores”. Obviamente, cualquier lugar de trabajo es digno y debe existir mutuo respeto. Pero, según esta norma, frente a una denuncia o situación anormal, el empleador deberá separar a los empleados involucrados en el problema. ¿Qué ocurrirá si no existe un espacio físico suficiente?
En segundo lugar, el numeral 12 que se agrega al artículo 154 establece que cuando se presenten estas conductas se debe reclamar a la dirección de la empresa, la cual deberá adoptar las medidas del caso y dictar un reglamento. Comparto esto último, porque es una señal tendiente a evitar que se produzca el problema. Después, el mismo numeral dice que el procedimiento deberá ser llevado en estricta reserva. ¿Existe reserva en nuestro país, cuando hace pocos días una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados no fue capaz de guardar el debido secreto? ¿Existe reserva cuando desde la Corte Suprema se filtró el cuaderno secreto e, incluso, el fallo que se dio a conocer posteriormente, en uno de los más importantes juicios de los últimos tiempos? Hay otro refrán que dice que cuando en Chile pasa algo y es secreto, de Sudamérica no sale. En verdad, se sabe en todas partes.
Por último, el mismo numeral dice que se deberá redistribuir el tiempo de la jornada. ¿Existe la suficiente flexibilidad laboral en nuestra legislación como para que el empleador -responsable final- pueda llevarlo a cabo? Son las dudas que me asaltan. En principio, considero lógico dar una señal, pero ¡cuidado con esa señal!
Pero sigamos. Cuando el empleador acosa, por supuesto que debe ser denunciado y debe pagar. Ya se ha planteado aquí. ¿Qué pasa cuando el acosador es un supervisor y la acosada -supongamos que es una mujer- lo denuncia al empleador, que es el responsable final? El empleador tiene dos alternativas: o se hace el leso o lo despide, porque el acoso sexual pasaría a ser una causal de despido. Entonces, como resulta difícil probarlo, éste puede decir, incluso, que fue mal interpretado -como se dijo ayer- o que se trata de una forma de chantaje o de una venganza en su contra por un problema laboral, y cuando concurra al tribunal alegará que fue mal despedido. Hasta ahí todo está muy claro.
Ahora bien, ¿qué pasa si la acosada no insiste en la demanda y no se preocupa de demostrar que fue acosada? Que el acusado será sobreseído, y el empleador, que tuvo la valentía de evitar que en su lugar productivo se produjera el problema, tendrá que pagar todo lo que corresponda, además de una multa del 50 por ciento, por el solo hecho de haber actuado en forma noble y haber evitado que en su empresa exista acoso sexual. ¿Y por qué digo que, a lo mejor, la acosada no seguirá adelante con el juicio? Porque se trata de un problema público relacionado con su honra y, además, de un problema familiar. Por eso, no obstante tratarse de una situación efectiva, no se conoce la realidad.
De manera que, como se ha dicho, con esta legislación no evitaremos o solucionaremos el problema, sino que, incluso, podemos hacerlo más complejo. Tanto es así, que se agrega un inciso final al artículo 171 del Código del Trabajo, que dice: “Si el trabajador hubiese invocado la causal del número dos del artículo 160 falsamente” -es decir, ya sabemos que puede hacerse mal uso de esto- “o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado”.
Hay cosas que no son indemnizables, porque cuando una persona que tiene familia es falsamente acusada de acoso sexual, seguro que cuando termine el juicio y se le declare inocente, no sólo no tendrá trabajo, porque la ley exige que se le despida, sino tampoco la familia por la cual trabajaba.
Reitero que, en el fondo, es loable la iniciativa, pero crea grandes problemas -más perniciosos que positivos- que, en la práctica, serán muy difíciles de soslayar.
En algunas oportunidades nos dejamos llevar por la señal, por la importancia que tiene el preocuparse de un problema real y, muchas veces, decimos que nos corresponde legislar y que serán los jueces, los tribunales o los directores de servicio, quienes tendrán que aplicar estas medidas. Pero cuando nuestra técnica legislativa deja vacíos, permite interpretaciones, a veces el sentido común no opera como nos gustaría, estamos ayudando a que un problema real resulte más complicado tratarlo o nadie se preocupe por hacer cumplir la ley, porque prácticamente será difícil demostrarlo, independientemente de la buena intención de quienes quieran resolverlo.
Por eso, el proyecto no me convence, no me gusta, aun cuando reconozco que la situación existe. Uno debe ser honesto con su conciencia, pues no está en la Cámara para velar por quienes lo apoyan o no lo apoyan, sino para actuar en conciencia. Por lo expuesto, lo votaré en contra. Sin embargo, no tengo inconveniente alguno en analizar en la discusión futura, si se aprueba en general, los fundamentos que me convenzan de que estoy equivocado o de que existe una situación mejor que la actual. Mantengo abierta esa posibilidad, pues creo que así debe actuar uno siempre, y que sería un error aprobar el proyecto como está concebido.
Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al diputado señor Seguel .
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra su Señoría.
Señor Presidente, por aplicación del Reglamento, uno tiene derecho a dos discursos de diez minutos cada uno, y en mi intervención de ayer hice uso de todo mi tiempo.
Agradezco al diputado señor Bertolino la posibilidad que me otorga de intervenir para expresar que es lamentable lo que está ocurriendo con el proyecto. Presiento que se está creando una red muy fuerte, muy explosiva, en contra de quienes hemos entregado opiniones distintas a las de otros diputados.
Creo que no se está permitiendo, con tranquilidad, con claridad, una buena discusión. Las personas que hemos entregado una opinión distinta no significa que no estemos de acuerdo en despachar una ley que contenga el tema del acoso sexual. He trabajado diez años con la diputada Adriana Muñoz , a quien le reconozco en todas partes la autoría de la iniciativa y el desvelo que ha tenido por esta legislación. He tratado con sumo respeto el tema, pero aquí, derechamente, se está haciendo un mal uso político de un proyecto que deberíamos abordar mejor.
He explicado en reiteradas oportunidades que el problema se soluciona agregando al artículo 160 del Código del Trabajo la expresión “y acoso sexual”. No se ha querido entender lo que hemos planteado y nos están llevando a una discusión, más que de técnico-legislativa, de publicidad sobre los efectos de un buen proyecto, que podría terminar siendo el tema del acoso sexual en el Código del Trabajo.
Lamento algunas expresiones vertidas en contra de quienes en esta Cámara hemos planteado una opinión legislativa distinta sobre un tema que es de interés público y de todos los parlamentarios. Soy miembro de la Comisión de Trabajo desde hace 11 años y no aceptaré que el diputado señor Juan Pablo Letelier diga lo que ha señalado, pues no ha participado en la discusión del proyecto y no tiene derecho a plantear lo que expresó en esta Sala.
Diputado señor Bertolino , la diputada señorita Saa le solicita una interrupción.
Se la concedo.
Agradezco la interrupción al diputado señor Bertolino .
Es importante y absolutamente legítimo que cada uno plantee su posición, pero los diez años que lleva de trámite en la Cámara el proyecto, más lo que se ha planteado en la Comisión, nos entregan todas las herramientas para abordar un fenómeno que hoy se presenta en el mundo laboral. Eso es lo que debemos tomar en cuenta: que existe un fenómeno que pone en jaque a hombres y mujeres en el mundo laboral, les quita la tranquilidad, produce efectos síquicos y baja la productividad de la empresa. Es bueno que, en ese sentido, nos pongamos la mano en el corazón.
Todo proyecto es siempre mejorable, pero me gustaría -y hago un llamado a los colegas- que nos planteemos si hay voluntad o no de legislar. De algunas intervenciones se desprende que no la hay.
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Bertolino .
Señor Presidente, legislar es muy serio, porque afecta la vida de la comunidad en forma permanente; por lo tanto, no me preocupa que un proyecto sea estudiado por mucho tiempo. Si así ocurre, se debe a dos situaciones: se trata de un tema de difícil solución, o bien, no reúne los consensos necesarios.
Pero no por eso se actúa mal en demorar el proyecto. Creo que la maduración, el proceso histórico que vive una sociedad, ayuda a tomar buenas decisiones. No creo en las decisiones apresuradas. Si el proyecto ha demorado ocho años, no me preocupa ni me asusta que tome uno más, en la medida que salga bueno. Y si no es así, lamentable.
En segundo lugar, reconozco la buena intención de los autores del proyecto, pero no siempre las buenas intenciones se traducen en buenas acciones.
Es importante dar solución a problemas reales que la gente siente que les afectan, pero en la medida que no se cree un problema mayor, que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Es importante pensar en el 80 por ciento de los chilenos que trabajan en empresas pequeñas y medianas que, a lo mejor, el proyecto les creará un nuevo desincentivo, que se puede sumar a muchos otros que hoy existen y que la situación actual los hace más graves aún.
A lo mejor, una ley de esta naturaleza producirá el efecto de discriminar a las mujeres jóvenes, que son las que necesitan trabajar. Tenemos que pensar en eso y no sólo, como se dijo anteriormente, en un efecto publicitario, efectista o de marketing.
Por último, esta es una situación que se da, que puede ser grave y afectar a muchas personas, pero creo que también el ser humano debe, con educación, saber hacerse respetar. No creo que las personas acosen en forma sistemática, que sean acosadores profesionales, porque en tal caso estarían enfermas y, como tales, pueden rehabilitarse. Tampoco creo que en el tiempo actual se trate de una situación que disminuya las posibilidades de trabajo.
Por lo tanto, reitero mi voto en contra del proyecto.
Señor Presidente, que el diputado Bertolino se ponga polleras por cinco minutos, que busque trabajo y trate de mantenerlo.
Ha terminado el Orden del Día. El debate continuará mañana.
-Durante el debate, la Mesa saluda a las delegaciones del cuarto medio A del liceo “ Luisa Ravanal Palma ”, de Chile Chico, y de la Agrupación de adultos mayores “Hijas del Trabajo”, de Talcahuano, presentes en tribunas.
Proyecto de acuerdo Nº 491, de los señores Prokurica , Longton , Bertolino , Lorenzini , Mesías , Tuma , Orpis , Bustos , Alessandri y Pérez, don Víctor .
1ºQue con motivo de la reciente acusación constitucional deducida por varios diputados en contra del ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Luis Correa Bulo , por la causal de notable abandono de deberes, se ha podido advertir la existencia de varias deficiencias, tanto en la tramitación de este tipo de acciones, como en lo que respecta al alcance y definición precisa que ha de darse a esta causal, anomalías que en nuestro concepto se hace necesario corregir.
2ºQue así, por ejemplo, en lo que se refiere a la sustanciación misma del libelo acusatorio, es del caso destacar que no existe un procedimiento establecido y regulado de antemano, y que sólo se aplican normas de procedimiento que se han acordado por integrantes de comisiones que han debido estudiar e informar acusaciones constitucionales anteriores, que se van adaptando durante el transcurso de la tramitación.
3ºQue a este respecto, cabe señalar que si bien es cierto que la comisión que ha de abocarse al estudio y posterior informe de la procedencia de la acusación deducida, en conformidad a lo previsto en los artículos 305 y 308 del Reglamento de la Cámara, carece de facultades jurisdiccionales, no es menos cierto que dada la importancia de su función, en la que debe desempeñar actuaciones indagatorias, que afectan de diversa forma al acusado, ha de cumplir de igual forma con los principios que garanticen un racional y justo procedimiento.
4ºQue de este modo, se hace necesario establecer un procedimiento justo y equitativo, de carácter permanente, que resguarde tanto los derechos que emanan de la debida defensa del acusado, como los derechos que corresponden a los sostenedores de la acusación y a los representantes de las bancadas que se designen para asistir a las sesiones de la respectiva comisión.
5ºQue para tal efecto, se considera que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de esta Corporación, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 219 del Reglamento de la Cámara, debe elaborar un reglamento especial para la tramitación de acusaciones constitucionales, de carácter permanente, que contenga las normas pertinentes, con el objeto de velar por la observancia de los principios señalados precedentemente, el que deberá ser suficientemente difundido.
6ºQue por otra parte, y en lo que concierne a la definición propiamente tal de la causal de notable abandono de deberes, se ha comprobado que para los efectos de su procedencia, se atiende a diversas interpretaciones doctrinarias, que además de ser subjetivas, dependen exclusivamente de la aceptación o rechazo de los respectivos integrantes de la comisión correspondiente, lo que dista de considerarse equitativo.
7ºQue en tal virtud se estima como lo más conveniente, establecer en la Constitución Política una acepción permanente de lo que debe entenderse que configura el notable abandono de deberes, y si realmente es ésta la expresión más adecuada con que ha de definirse esta causal de acusación.
8ºQue para este propósito se considera que es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Corporación, el organismo interno más adecuado para estudiar y elaborar el proyecto de reforma constitucional que consagre una definición legal idónea que configure en forma inequívoca esta causal.
En mérito a las consideraciones que anteceden, los parlamentarios que suscriben, vienen en someter a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de acuerdo:
A)Facultar a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de esta Cámara de Diputados para que se aboque, en un plazo de sesenta días, a elaborar un proyecto de reglamento de tramitación de acusaciones constitucionales, de carácter permanente, que garantice las normas del debido procedimiento, para el resguardo de los derechos del o los acusados y de los sostenedores de la acusación y representantes de bancadas designados para asistir a las sesiones de la respectiva comisión.
B)Facultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara de Diputados para que se aboque, en un plazo de sesenta días, a elaborar un proyecto de reforma constitucional, que defina en forma inequívoca la causal denominada “notable abandono de deberes”, por parte de magistrados superiores de justicia y del Contralor General de la República contemplada en el artículo 48 Nº 2, letra c) de la Constitución Política de la República, pudiendo precisar si dicha expresión es la más idónea para configurar la referida causal de acusación constitucional”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Prokurica .
Señor Presidente, los motivos que nos han llevado a varios parlamentarios de distintas bancadas a presentar este proyecto de acuerdo se encuentran descritos someramente en su texto y considerandos.
La fundamentación la hemos extraído de la experiencia vivida en la sustanciación de las distintas acusaciones constitucionales presentadas, en especial de la última, en contra del ministro don Luis Correa Bulo , en cuya tramitación y en lo que concierne a la causal de notable abandono de deberes -por la que se interpuso el libelo acusatorio- pudimos advertir varias anomalías.
En primer lugar, como lo señalamos en la parte considerativa del proyecto, sólo existe un procedimiento amplio, pero no en detalle, ni está regulado de antemano para este tipo de acusación. Sólo se recurre a normas de procedimiento aplicadas en situaciones similares de otras acusaciones constitucionales.
La experiencia ha consistido en que durante cuatro o cinco sesiones discutamos cuál será el procedimiento, si el de la acusación anterior u otro, lo cual no ayuda al trabajo y seriedad de las comisiones acusadoras.
Además, a mi juicio, ésta no es la forma más adecuada de proceder, ya que mediante el empleo de este extraño sistema se atenta contra el principio constitucional básico de un justo y racional procedimiento, que consagra nuestra Carta Fundamental en el Nº 3º de su artículo 19.
Entonces, se hace necesario que exista un cuerpo normativo procedimental que regule en forma previa los derechos que asisten al acusado en pro de su defensa, como también los que corresponden a los sostenedores de la acusación de que se trate y a los representantes de las bancadas que asisten a las sesiones pertinentes.
El reglamento ha de ser público y suficientemente difundido, de modo que quienes intervengan como defensores de los acusados sepan cabalmente y con anticipación cuáles son los derechos que les corresponden en el ejercicio de su mandato.
Ésa es la misión que debe entregarse -se establece en las conclusiones del proyecto de acuerdo- a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Corporación, para que en un plazo de 60 días se pronuncie y redacte un proyecto de reglamento especial, con el objeto de que sea sometido posteriormente a la Sala.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la definición del concepto “notable abandono de deberes”, que constituye una de las causales de acusación, nos hemos encontrado con que se trata de una expresión que admite tantas interpretaciones doctrinarias como tratadistas han abordado la materia.
Lo expuesto, además de constituir una circunstancia eminentemente subjetiva, explica la dependencia de la aceptación o rechazo por parte de los integrantes de la Comisión correspondiente de la respectiva interpretación que se haga, lo que, sin duda, se ve influido por los diversos pensamientos políticos o doctrinarios que sustentan los miembros de la citada Comisión.
Este sistema no resulta en modo alguno equitativo, por lo que, de igual manera, se hace necesario establecer una acepción permanente y un concepto de notable abandono de deberes y, en definitiva, determinar si dicha expresión es la más adecuada para definir la mencionada causal de acusación.
Ésa es la tarea que en el proyecto de acuerdo solicitamos que sea asignada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que en un plazo de 60 días elabore un proyecto con el propósito señalado.
Consideramos que sólo de esta forma se podrá perfeccionar el sistema de acusaciones constitucionales por la causal que hasta ahora se conoce como notable abandono de deberes -en la que pueden incurrir magistrados superiores de la justicia y el contralor general de la República-, contemplada en la letra c) del Nº 2) del artículo 48 de nuestra Constitución Política.
Señor Presidente, como cámara acusadora, nuestro deber es tener un procedimiento y generar las condiciones para que quienes sean acusados puedan atenerse a un procedimiento preestrablecido y a una definición de lo que es notable abandono de deberes.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1
Ascencio, Ávila, Bertolino, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Fossa, García (don René Manuel), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Leay, Martínez ( don Rosauro), Mesías, Mora, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez ( doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rocha, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Urrutia, Van Rysselberghe, Vargas, Venegas y Villouta .
Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Juan Pablo) .
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
Señor Presidente, el país entero ha estado observando la discusión en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de pesca, que busca establecer un límite máximo de captura por armador y que ha suscitado diversas controversias.
El proyecto ha logrado objetivos muy claros: dividir al sector artesanal, a sus dos federaciones; al sector industrial entre grandes, pequeños y medianos; al Congreso y, de manera muy especial, a la Concertación.
Así, en la sesión de ayer hubo las más transversales y encontradas votaciones respecto del mismo.
Todos estamos de acuerdo en que es necesario legislar sobre la brutalidad que significa un régimen de pesca que día a día está exterminando todos los recursos, dada la sobredimensión de la flota y la política depredadora de captura, que sólo persigue maximizar las utilidades sin pensar en el mañana. Es decir, esto es pan para hoy y hambre para mañana; pero hambre para los trabajadores, porque los industriales tienen recursos y capital para subsistir; hambre para los que tienen fuerza de trabajo, quienes sólo subsisten gracias a trabajos temporales en los barcos como tripulantes, motoristas o patrones de pesca, o en las plantas elaboradoras de harina de pescado o de conservas para el consumo humano.
Desde hace seis meses hemos estado planteando a los ministros de Hacienda, de Economía y del Trabajo, a la Subsecretaría de Pesca y a la intendencia de la Octava Región un plan de contingencia para enfrentar los despidos que se nos vienen encima como consecuencia de la aprobación de este proyecto, respecto del cual mi Gobierno cometió el error de incluirlo como uno de los elementos reactivadores del empleo, porque no lo es. En verdad, va a producir desempleo, dado que el ajuste de las flotas y de las plantas sólo permitirá incorporar a cinco trabajadores de cada diez que hoy están fuera del sector laboral, ya sea por las vedas o por la escasez de recursos. El ajuste es de más del 50 por ciento, pues una empresa que tiene 15 naves podrá hacer su cuota de captura con tres, cuatro o cinco, número que determinará ella, y exceptuará del pago de patente industrial al resto, lo que le permitirá ir al día con la cuota anual, que esperamos que, por lo menos, sea dividida en mensualidades para que garantice la estabilidad de las fuentes de trabajo; porque este proyecto ni siquiera garantiza la distribución de las cuotas globales anuales por mensualidades, con el fin de que ellas den empleo todo el año. Es decir, hay una franca desinformación al respecto.
Reitero, este proyecto no va a generar más empleo, ya que ajustará el empleo preciso a la capacidad de captura de cada empresa, de acuerdo con el número de naves, el que está absolutamente sobredimensionado, al igual que las plantas. Es decir, hay que preocuparse de los trabajadores que quedarán cesantes y de la crisis social que se provocará en enero si se aprueba este proyecto. Lo mismo habría que hacer en caso de que se rechace, porque debemos terminar con la carrera olímpica que existe para depredar.
Por lo tanto, solicito oficiar una vez más a los ministros del Trabajo y de Economía, a fin de que nos expliquen por qué no han dado respuesta a la propuesta que presenté en mayo o junio del 2000, destinada a aplicar la letra b) del artículo 46 de la ley Nº 19.518, o ley Sence, que tuve la oportunidad de discutir junto a ustedes durante casi cuatro años. Dicha disposición contempla el establecimiento de programas para los trabajadores de los sectores productivos que se encuentren en desmedro o entren en crisis, con el objeto de enfrentar la reconversión, la reinserción o la modernización, lo que ocurre en la actualidad con el sector pesquero. He pedido protección para estos trabajadores, a quienes les he dicho que van a ser despedidos. Hoy, todos, sólo piden que se apruebe el proyecto de ley, pero a estos trabajadores no se les informa que van a ser despedidos, porque esta iniciativa no garantiza el empleo.
A su vez, quiero que se oficie al subsecretario de Pesca, a fin de que, de una vez por todas, entregue la información respecto de las capturas históricas de cada uno de los recursos incluidos en la modificación del proyecto de ley que menciono.
Al respecto, se nos ha señalado que no hay registro histórico de las cuotas de captura. En consecuencia, ¿de qué fiscalización estamos hablando? ¿De qué tipo de subsecretaría se trata? ¿De qué tipo de Servicio Nacional de Pesca, Sernap , estamos hablando si no hay registro histórico de las cuotas de captura? Por lo tanto, las fórmulas del coeficiente de asignación de la cuota o el cálculo relacionado con los años se hacen al ojo, porque no tenemos información. Además, estamos legislando a ciegas, lo que es grave.
Reitero, pido que se nos entregue la información sobre las cuotas históricas de desembarques, y de los barcos que pescaron y de los que no pescaron, porque la cuota del coeficiente de distribución que se hace en la actualidad, es decir, por barcos y por bodegas, beneficia a los que tuvieron gran cantidad de barcos, muchos de los cuales no pescan desde hace años, ya que están varados, pero de todos modos les entregan la cuota, en circunstancias que a los pequeños y medianos pescadores, que trabajaron duro y en forma eficiente para obtener la cuota y luchar en contra de los grandes empresarios, se les asigna una cuota histórica en tres años, lo que implica una grave discriminación.
Mi preocupación ha estado centrada en evitar los efectos del desempleo y en establecer un elemento importante: la investigación.
Señor Presidente, solicito oficiar a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt , y al Ministerio de Economía, específicamente a la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de que nos informen sobre el Fondo de investigación pesquera, dado que la exención del pago de patente pesquera de los barcos que no participarán en la captura asignada debilitará dicho Fondo.
Al respecto, existe un grave problema, ya que la última investigación que tenemos -Jurel año 90, flota pesquera rusa-, fue realizada hace diez años.
En segundo término, la discrepancia entre los científicos es enorme. Mientras el Ifop señala que existen 5 millones de toneladas de biomasa de jurel, Inpesca , instituto de investigación de los industriales, afirma que existen 11 millones de toneladas. ¿Quién se equivoca? ¿Quién miente? ¿Quién tiene datos errados? Es la misma base de datos, son los mismos técnicos, formados por las mismas universidades, pero llegan a conclusiones ciento por ciento diferentes. Aquí hay un grave problema de investigación. Chile obtiene 2.500 millones de dólares anuales por exportaciones pesqueras, es el primer productor de salmón del mundo y quinto productor pesquero mundial; sin embargo, no tiene un instituto de investigación pesquera propio, no posee un registro histórico de captura y no gasta plata en investigación, ya que vivimos de la caridad japonesa.
Por lo tanto, solicito que el subsecretario de Pesca informe sobre el gasto permanente que se ha realizado en investigación y cuál es el fortalecimiento en la investigación pesquera que contempla el proyecto de ley de pesca a que hacemos referencia.
Por último, el próximo martes presentaremos indicaciones para proteger el recurso jurel y el empleo de los trabajadores. No nos oponemos a legislar, sino que somos contrarios a que el recurso de la pesca quede en manos de unos pocos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Isabel Allende ; de los diputados señores Jaime Naranjo , Sergio Elgueta , Gabriel Ascencio ; de la diputada señora María Victoria Ovalle ; del diputado señor Sergio Ojeda ; de la diputada señora Eliana Caraball ; de los diputados señores Jorge Ulloa , Leopoldo Sánchez, René Manuel García , Haroldo Fossa y de quien habla.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Ojeda .
Señor Presidente, denuncio ante esta Cámara la tala y el corte criminal e indiscriminado de seis especies de araucarias en Osorno, en la salida del camino internacional de Puyehue, por una empresa que construye una doble vía. Ya no es posible hacerlas revivir, porque son especies muertas; sin embargo, estimamos necesario alzar nuestra voz para que se sancionen como corresponde estos hechos y se evite que en el futuro se repitan acciones de esta naturaleza.
La especie araucaria araucana ha sido declarada monumento natural. Su inviolabilidad y la prohibición absoluta del corte de estos ejemplares fue determinada por el decreto Nº 43, del 3 de abril de 1990. Esta declaración se hizo en razón de la Convención de protección de la flora y fauna, y de las bellezas escénicas y naturales de América, firmada en Washington el 12 de octubre de 1940.
Señor Presidente, esta especie fue declarada monumento natural por el decreto supremo Nº 141, de 1987, del Ministerio de Agricultura; pero era una declaración incompleta, ya que se refería sólo a la inviolabilidad de los ejemplares ubicados en parques nacionales o en otros lugares que señalaba el decreto. Su corte o explotación se permitía en los sectores no amparados por la declaración, en las condiciones que fijaba el decreto. Esta situación debió modificarse, porque implicaba su desprotección y el no cumplimiento o cumplimiento parcial de la Convención internacional, y porque fue severamente cuestionada por vastos sectores sociales, debido al deterioro experimentado por la especie.
La comunidad científica especializada ha reconocido que la araucaria araucana es una especie vulnerable, lo cual obliga a actuar con la máxima premura, a fin de detener el proceso de deterioro que la afecta. Cualquier corte o explotación deberá ser necesariamente autorizado por el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal. Sin embargo, en el hecho denunciado no se ha acreditado esta autorización ni que se haya cumplido con los requisitos o condiciones que el decreto correspondiente establece para el corte o traslado de estos ejemplares.
Por otro lado, agrava la situación la circunstancia de que los jefes de la empresa habrían asegurado que las especies serían trasplantadas a otro lugar, lo que no ocurrió y, por el contrario, fueron cortadas de raíz, de madrugada y sin aviso. De haber sabido o visto que no se cumpliría lo prometido, la comunidad y los organismos públicos habrían adoptado las correspondientes medidas inmediatas y urgentes para impedir la tala.
Cuando se hacen grandes esfuerzos por defender nuestra flora autóctona y nuestra fauna y cuando se legisla para reconocer y proteger la cultura y costumbres indígenas, suceden estos hechos tan lamentables. La especie araucaria araucana está íntimamente ligada a valores y principios que conforman el patrimonio histórico, social y cultural del pueblo mapuche y de la nación.
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Agricultura para que la Corporación Nacional Forestal, Conaf , informe si se ha emitido la autorización que exige la ley para el corte de esos árboles y, de no ser así, si ha iniciado las acciones administrativas y criminales correspondientes en contra de los responsables de los hechos, o que interponga estas acciones ante los organismos jurisdiccionales, si no se hubieren realizado.
También solicito que se oficie a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, adjuntándole copia de mi intervención, para que tome conocimiento de estos hechos e interponga, en representación del Estado chileno, las correspondientes acciones que procederían.
Es deber constitucional del Estado tutelar la preservación de la naturaleza y por ello, entonces, no hay organismo competente o pertinente que lo pueda hacer, excepto el Consejo de Defensa del Estado.
Por otro lado, es indispensable que en cada lugar donde existan las especies protegidas se coloque una leyenda que señale su importancia y su valor y la necesidad de cuidarlas y de protegerlas, además de la prohibición de corte y explotación.
Denuncio esta situación por la gravedad que reviste y por constituir una infracción grave a los reglamentos, leyes y convenciones internacionales que protegen la fauna y la flora autóctonas.
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Navarro , Sánchez , Villouta , Gutiérrez , señorita Antonella Sciaraffia , Núñez , Fossa , Ulloa , Felipe Letelier y Mora.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Núñez .
Señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, del cual depende la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en razón de que su presidente, señor Nicolás Flaño , me ha informado que el lunes llegaron al puerto de Valparaíso, directamente desde España , los carros con los cuales se cumplirá un viejo sueño de la comunidad de San Fernando y que servirá, además, a las comunas del valle del Cachapoal, San Vicente , Teno , Pichidegua y Las Cabras: la ampliación del metrotrén de Santiago a Rancagua, hasta la comuna de San Fernando.
En consecuencia, solicito que se nos informe si se va a cumplir el compromiso -espero que así sea- de que en este mes empiece a correr el metrotrén entre Santiago y San Fernando .
En segundo lugar, pido que se remita otro oficio al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que nos informe acerca del estado del estudio del proyecto de construcción del embalse Convento Viejo, antigua aspiración de las provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, que permitirá regar 74 mil nuevas hectáreas con riego seguro, obra de una envergadura extraordinaria e histórica.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia .
Señor Presidente, quiero usar este espacio porque ha ocurrido un hecho relevante, que dice relación con una de las palancas de desarrollo más importantes de la provincia de Iquique: la zona franca. Este hecho es que la Comisión Clasificadora de Riesgos ha desclasificado las acciones de la zona franca, lo que nos parece de una gravedad extrema por cuanto a raíz de muchas decisiones equivocadas, particularmente el efecto muy nefasto que tuvo la promulgación y dictación de la ley Arica, la situación se ha agravado. Siempre dijimos que la posición de Arica debiera enfrentarse con mucha comprensión por el Gobierno, pero con mayor creatividad, ojalá creando un instrumento nuevo. Lamentablemente, se desvistió a un santo para vestir a otro, y hoy estamos pagando las consecuencias.
En concreto, se ha determinado desclasificar las acciones de zona franca, a raíz de lo cual las AFP, uno de los inversionistas y accionistas más importantes de zona franca, pueden hacer uso de su derecho a retiro, lo que, evidentemente, pondría en jaque el sistema en su globalidad. Esto es muy sensible para nuestra ciudad, ya que, por lo menos, existen diez mil personas vinculadas a la operación de la zona franca, sin considerar, además, la construcción y el turismo, que también viven y se han fortalecido con los años gracias a esta palanca de desarrollo, que es la zona franca.
Por esa razón y por lo que esto significa, dado que hay un plazo de treinta días para que las AFP puedan hacer uso del derecho a retiro -ello pondría en una situación muy difícil a la zona franca-, quiero solicitar que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Hacienda para llamar la atención sobre la gravedad del tema y, particularmente, para que el Gobierno disponga de los recursos para comprar, si es necesario, las acciones que resulten del derecho de retiro de las AFP. Si éstas deciden retirarse de la Zofri, habrá dos posibilidades: o el Gobierno, a través de un préstamo del Banco del Estado de Chile o de una ley especial, compra esas acciones, o el sistema de zona franca puede colapsar completamente.
Por esa razón, pido que el Gobierno destine los recursos necesarios para comprar las acciones y, por lo tanto, el sistema siga vigente, de manera que las familias que viven y dependen del sistema de zona franca puedan seguir subsistiendo. En concreto, que se salve el sistema a través de recursos públicos, que el Ministerio de Hacienda debe consultar, porque nuestra ciudad está en una situación de riesgo muy grande, lo que se va a definir de aquí a treinta días más.
Por ello, pido que se envíen los oficios con la mayor urgencia al Presidente de la República y al ministro de Hacienda.
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Fossa , Villouta , señora Caraball , y señores Ojeda , Gutiérrez y Mora.
Dentro del tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Villouta .
Señor Presidente, está prácticamente terminada la nueva y moderna cárcel de Angol, mucho más amplia que la que se quemó hace algún tiempo.
Pido que se oficie al ministro de Justicia para consultarle sobre la fecha en que esa cárcel se pondrá en funcionamiento, ya que, desde hace más de un año, todos los reos de Angol están en la cárcel de Collipulli, la cual está totalmente colapsada por el gran número de reclusos.
También quiero consultar sobre la posibilidad de mejorar sustancialmente el recinto carcelario de Collipulli, aprovechando la disminución del número de sus presos. La cárcel es muy antigua y sólo se le han introducido algunos cambios mínimos en relación con la comodidad que deben tener tanto los funcionarios como los presos.
Pido que se envíe copia de mi intervención a los alcaides de las cárceles de Collipulli y Angol .
Señor Presidente, asimismo, pido que se envíe un oficio a la Contraloría General para solicitarle un listado de funcionarios de la Novena Región -que incluiría a ex alcaldes, ex concejales y otros personeros- que hayan sido sancionados con multas debido a sumarios administrativos efectuados por ese organismo contralor. Tengo conocimiento de que algunos de ellos fueron sancionados por uso indebido de fondos fiscales o municipales y que hasta la fecha no habrían terminado de pagar las multas aplicadas o devuelto los dineros empleados en gastos objetados por el organismo contralor, con lo cual, indudablemente, la situación se vuelve muy seria, porque la sanción que recibieron no tendría ningún efecto.
Señor Presidente, también quiero referirme a un problema que existe en Angol y que dice relación con Habitacoop, Cooperativa Habitacional.
Dicha cooperativa, durante mucho tiempo, tuvo gran prestigio por la cantidad de viviendas que construyó; pero, últimamente, debido, aparentemente, a inversiones en viviendas sin vender oportunamente, está creando un grave problema. Incluso, una población que se iba a construir en Angol demoró tanto tiempo que, simplemente, la gente empezó a pedir la devolución de sus dineros ahorrados, la que, en algunos casos, se ha realizado mediante algunas parcialidades o en un plazo más o menos prudente. Sin embargo, la semana pasada varias personas que han solicitado la devolución de sus ahorros me expusieron su extrañeza porque les han contestado por carta que busquen un socio nuevo que los reemplace en su postulación. Pero hay algunos ahorros de monto considerable, de modo que no es fácil encontrar personas que estén en condiciones de aportar la misma cantidad ahorrada.
La situación que me ha tocado conocer no es satisfactoria porque, además, hay mucha gente modesta o con poca capacidad de comunicación, lo cual constituye un impedimento que, a lo mejor, retrasará la devolución de su dinero por años.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al Ministerio de Economía para solicitarle antecedentes sobre la gestión financiera y situación de la referida cooperativa; porque, incluso, han circulado comentarios alarmantes en el sentido de que, prácticamente, estaría próxima a quebrar, lo que, sin duda, ocasionaría un gran perjuicio a un número enorme de personas que tienen la calidad de socios. Ojalá que eso no suceda, pero necesitamos conocer la palabra oficial del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía.
A continuación, en el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
Señor Presidente, quiero abordar un tema que preocupa enormemente a Loncoche, ciudad de mi distrito, en la cual, hace pocos días, se perpetró un crimen. Una persona falleció a raíz de una estocada en el pecho. Al otro día, a las cinco de la mañana, a la salida de una discoteca, fue agredido don Rodolfo Vega , quien se encuentra en el hospital con heridas cortopunzantes gravísimas.
Estas situaciones ocurren por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque esa zona está muy deprimida económicamente. Hay escasez de trabajo. Pero la municipalidad de Loncoche ha autorizado, lo que es mucho más grave, el funcionamiento de discotecas que no cumplen con los requisitos indispensables. Incluso, una de las agresiones se debió al hecho de que el afectado quiso ocupar el baño de la discoteca, pero -cosa curiosa- como no lo había, tuvo que salir del recinto y ahí fue agredido.
Ese mismo problema se está presentando también en el pequeño poblado de Huiscapi, en la misma comuna de Loncoche, donde hay un local que tiene patente de restaurante y como tal funciona regularmente; pero los fines de semana funciona como “pub” o discoteca.
Quiero saber, fundamentalmente, si estos locales autorizados por la municipalidad cumplen con los requisitos para ser discotecas o funcionar como “pubs”. Asimismo, pido que se envíen oficios al ministro de Defensa Nacional y al general director de Carabineros, respectivamente, porque hoy la situación es un pandemónium, sobre todo en Huiscapi. En esa discoteca, a vista y paciencia del sargento de Carabineros, se cometen todas clase de tropelías; no hay ningún control policial. La gente está viviendo como en el lejano Oeste norteamericano, y formulo estos reclamos a petición de muchas madres angustiadas que han recurrido a mí, en forma verbal y por escrito, para que haga notar las anomalías que están sucediendo en esos lugares.
Señor diputado, me permito hacerle una sugerencia.
Yo enviaría oficio, a través de la Cámara, al ministro del Interior, dado que el gobierno local -intendentes y gobernadores-, tiene facultades para actuar respecto de esos locales.
Señor Presidente, al ministro del Interior, para que actúe a través de las municipalidades, y también al ministro de Defensa y al general director de Carabineros, porque hay un problema de por medio.
Entonces, se enviarán oficios a los ministros de Defensa, del Interior y al general director de Carabineros.
Señor Presidente, la gente se equivoca cuando piensa en Villarrica como un pueblo, en circunstancias que es una ciudad importante de la Novena Región, con casi 40 mil habitantes; pero, cosa curiosa, tiene la misma dotación policial de cuando sumaba 10 mil. En Villarrica se han construido, a través del Serviu, más de 1.200 viviendas, lo que significa que su población ha aumentado en casi 20 mil personas.
También se han construido viviendas en la zona de Ñancul, que carece de vigilancia policial. Allí ni siquiera hay un retén de Carabineros, cuya instalación se justificaría plenamente. Digo esto porque en Villarrica, la semana pasada, a las dos de la mañana, fue golpeado con piedras don Hugo Andrés Rodríguez , quien se encuentra hospitalizado.
Asimismo, ese mismo día fue agredido en la misma forma don Antonio Cares . Y esto se debe a que la dotación de Carabineros de Villarrica es insuficiente y al hecho de que gran número de poblaciones -como la Diego Portales, Vista Hermosa, Bernardo O’Higgins , etcétera-, no cuentan con vigilancia policial. En la noche pasa una patrulla cada 4 ó 5 horas; es decir, prácticamente no hay patrulla policial, y cuando llegan los Carabineros lo hacen con las balizas encendidas, de modo que la gente de malas costumbres las ve desde lejos y se esconde.
Este no es un tema menor, porque esa ciudad es turística; está acostumbrada a la tranquilidad y a que no existan actos vandálicos.
En consecuencia, quiero solicitar que se aumente la dotación policial de Villarrica y sus vehículos para que hagan rondas permanentes. Esto se extiende de Villarrica al camino del aeropuerto, pues la ciudad ha crecido demasiado como para que se siga pensando que dicha localidad no merece tener más vigilancia.
Hago presente este tema, basado en la información entregada por la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio. La falta de vigilancia, la publicación en los diarios de ciertos hechos y la llegada de gente de malas costumbres van en desmedro del turismo, que es la fuente de ingreso de la comuna. Queremos que Villarica recupere su tranquilidad, lo que pasa por una mayor dotación policial.
Por eso, pido oficiar al ministro de Defensa y al general director de Carabineros, a fin de que estudien la posibilidad de aumentar la dotación policial y de vehículos y la construcción de una tercera tenencia policial, en Ñancul, dentro de las poblaciones o a la salida de Licanray, o donde lo estimen conveniente. Creo que no deberíamos estar planteando este problema aquí, sino que destacando las bellezas naturales de la zona; pero estamos preocupados por los efectos en el turismo futuro.
Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Haroldo Fossa .
Señor Presidente, en el sector de Huape, de la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco, tiene su sede la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores, que obedece al nombre de fantasía “Agrocamver”, dirigida por Pedro Alcapán y Segundo Millán . En el último tiempo, esta asociación se ha visto envuelta en una serie de situaciones irregulares, llegando incluso a la paralización de sus actividades y a sentir comprometido el futuro inmediato de su actividad, con el cual subsisten alrededor de mil personas.
Dicha asociación puso en práctica el proyecto de producción y reproducción de bulbos florales de lilium, que inició en la zona sur de la provincia de Arauco la firma holandesa Pacific Flower S.A. Esta institución y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap , entregaron a la cooperativa campesina Fedecoar Ltda . -cuyo RUT y nombre de su representante legal tengo a la vista y haré llegar a la Mesa para que lo incluya en el oficio-, una suerte de sistema intermediario para trabajar con agricultores de la zona en el cultivo y reproducción de los bulbos florales. Incluso, se fue más allá. Esta cooperativa campesina construyó en el sector Huape y administró una planta frigorífica, que se transformó en el centro de operación del proyecto para recepción, lavado y empacado del producto cosechado. Inicialmente se contó con dos cámaras de frío; después aumentaron. Lamentablemente, en este momento la planta se encuentra paralizada y los agricultores de esa asociación se han visto afectados por lo que narraré a continuación.
Los agricultores se dedicaban, fundamentalmente, a la preparación del suelo de sus propios campos y al cultivo de los bulbos en cuestión. Los dineros proporcionados por el Indap, mediante la Federación Campesina Fedecoar, fueron recibidos, en forma aparente y normal, o normalmente aparente, durante los primeros cuatro períodos de cosecha. A partir del quinto, la situación se empezó a complicar, pues las platas no fueron recibidas en forma oportuna, los agricultores comenzaron a sacar cosechas de manera irregular y la Fedecoar manifestó que no podía solventar los valores que debía entregar a los agricultores, como producto de la cosecha y los anticipos para el cultivo siguiente.
Ello produjo que la cooperativa campesina Fedecoar desapareciera, junto con sus representantes, y el Indap no ha dado una señal clara de lo que sucede. Por el contrario, estima que la asociación de pequeños agricultores tiene una deuda morosa total del orden de los 200 millones de pesos, y no reconoce el último aporte de 175 millones de pesos. Por el contrario, les ofrece condonar las deudas de créditos de consumo, equivalente al 85 por ciento de los 175 millones, si reconocen no haber tenido capacidad de pago, lo que es falso. Es inaceptable que el Instituto de Desarrollo Agropecuario solicite una suerte de trueque para no reconocer el nivel de endeudamiento y los pagos realizados en forma oportuna.
En consecuencia, solicito enviar oficio al ministro de Agricultura para que el Indap regional nos informe acerca de la deuda de la cooperativa campesina Fedecoar , de sus representantes -hasta la fecha desaparecidos-, y de la verdadera situación de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores “Agrocamver” en cuanto a los pagos. Asimismo, del futuro inmediato de las relaciones entre Pacific Flower , encargada de la compra de los bulbos, y los campesinos.
¿Cómo se puede continuar trabajando, en circunstancias que la situación está generando cesantía, incertidumbre y una situación irregular para los agricultores y su familia?
Aquí, se trata de llegar a una relación directa entre la firma holandesa y estos agricultores, que, con mucho esfuerzo, se han organizado para dar cumplimiento, como lo hicieron en las cuatro primeras temporadas, a los programas de producción y reproducción de bulbos de lilium.
En el mismo tenor, pido oficiar a la Contraloría General de la República a fin de que precise las relaciones contractuales y de negocio entre el Indap y la Fedecoar Ltda., sus representantes legales y cómo se manejaron volúmenes de dinero de bastante envergadura.
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Pablo Galilea , Carlos Vilches , Jorge Ulloa , señora María Angélica Cristi y Waldo Mora .
Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme a la grave situación que afecta al servicio de salud de Aisén, debido a su alto endeudamiento con proveedores -proporcionalmente, el más alto del país-, a las inoportunas contrataciones que se han hecho y a su inadecuado financiamiento.
Asignar un presupuesto a determinado sector y reajustarlo de acuerdo al IPC, tiene su lógica y puede funcionar relativamente bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando este sistema va de la mano con el estudio per cápita, que es igual en todo el país, y no reconoce las diferencias de Aisén, como lo demuestran varios análisis realizados, está condenado a fracasar, por una razón muy simple.
Por ejemplo, el servicio de salud de Aisén compra a mil ochocientos pesos el mismo litro de oxígeno que en el resto del país cuesta entre trescientos ochenta y cuatrocientos cincuenta pesos, y enfrenta las tarifas de agua potable más caras de Chile, que lo hacen deudor en la actualidad de cuarenta y siete millones de pesos a la empresa sanitaria. Además del número de habitantes por kilómetro cuadrado, es preciso considerar otras variables.
Así las cosas, más allá de criticar y condenar la polémica e inoportuna contratación de personal en el servicio de salud de Aisén, de coincidir con los gremios en sus reclamos, de considerar dichos gastos prescindibles dentro del contexto económico que se vive y de no estar de acuerdo con la falta de transparencia en los mecanismos de contratación, creo que debemos preocuparnos del problema de fondo.
El problema coyuntural de las contrataciones inadecuadas que han concentrado la atención de la región, es sólo un aspecto de algo más amplio y grave, que tiene relación con la necesidad de que el Gobierno varíe la estructura de financiamiento del servicio de salud de Aisén.
El motivo es claro. Los mecanismos que operan para cubrir los gastos de salud son parejos a nivel nacional, pero es urgente reconocer que no son aplicables para Aisén, porque somos una región distinta.
De ahí que quiero hacer ver a los ministros de Salud y de Hacienda la necesidad de analizar seriamente un cambio de la forma de financiamiento y pedirles que, de una vez por todas, sean consecuentes con el discurso de los tres últimos gobiernos, porque no se trata sólo de invertir, como se ha hecho, nueve mil millones de pesos en la ampliación de un centro hospitalario para sentir que la misión está cumplida.
Celebro esa inversión, pero considero que exige otras medidas coherentes y complementarias, porque, de lo contrario, el gran hospital que se construye será como tener una hermosa mansión sin contar con los recursos suficientes para pagar la luz y el agua potable.
No es posible que el servicio de salud de Aisén esté permanentemente mendigando recursos y adeude consistentes sumas a los proveedores y que, frente a amenazas de interrupción de los suministros, el ministerio de Salud haga aportes extraordinarios y envíe dinero suficiente para calmar el ánimo de los abastecedores.
El crecimiento sustancial que tendrá el hospital regional lo llevará a requerir más personas, más insumos, artículos especializados y bienes inmuebles, que deberán ser cubiertos y/o mantenidos con el mismo exiguo presupuesto vigente desde 1994, que hoy genera un déficit mensual de cincuenta millones de pesos, que aumentará a lo menos en veinte millones una vez que empiece a operar dicha ampliación.
Resulta inexplicable que el Estado haya decidido invertir tal cantidad de dinero considerando que el servicio de salud de Aisén tiene una deuda con sus proveedores cercana a los setecientos millones de pesos, que ineludiblemente repercute en la calidad de sus prestaciones de salud.
Aunque hoy los cargos creados en forma impertinente concentran nuestra atención y generan nuestro rechazo, debemos tener la mirada clara para entender que tras todo esto subyace un problema más profundo: la forma de financiamiento. Por lo tanto, debemos sumar voluntades, pues decisiones centralistas parecen tomadas por quienes de Aisén sólo conocen su nombre.
Por lo anterior, solicito que se envíe copia de mi intervención a la ministra de Salud, para que informe de:
1ºSu opinión sobre las contrataciones denunciadas;
2ºLa posibilidad de una auditoría externa para determinar claramente los motivos y efectos del déficit denunciado en la atención de salud, y
3ºLa opinión de los ministros de Salud y de Hacienda para cambiar la forma y estructura de financiamiento que tiene el servicio de salud de Aisén.
El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente, que ha cedido cuatro minutos al diputado señor Carlos Vilches , de Renovación Nacional.
Señor Presidente, en el día de ayer, en reunión sostenida en la oficina de la Segunda Vicepresidencia y en la que participaron el Segundo Vicepresidente de la Cámara, señor Waldo Mora ; el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari ; el diputado señor Haroldo Fossa y dirigentes sindicales y asesores de El Abra, se analizó un problema que preocupaba.
La empresa El Abra, de la internacional Phelds Dodge , asociada con Codelco Chile, había sido acusada de prácticas antisindicales y de no comprender el trabajo de los dirigentes, lo que se había traducido en el despido injusto de dos trabajadores.
Con el gran apoyo del ministro del Trabajo y Previsión Social, se hicieron las gestiones necesarias y se solucionó el problema. A los dos trabajadores despedidos se les reintegró a sus faenas en El Abra, hecho que demuestra un mejor entendimiento entre los dirigentes sindicales y los ejecutivos de la empresa extractora de cobre.
En la práctica, por la vía del diálogo y del entendimiento, se tendió un puente de plata y se encontró la solución al problema, sin manifestaciones que sólo enrarecen el ambiente laboral y hacen a los trabajadores víctimas de situaciones injustas.
Destaco su disposición, señor Presidente, que dio todas las facilidades para la reunión con el ministro del Trabajo y Previsión Social y los dirigentes de El Abra, que viajaron de tan lejos.
Agradezco a la Unión Demócrata Independiente la cesión de parte de su tiempo, a través del diputado señor Jorge Ulloa .
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los dirigentes sindicales y ejecutivos de El Abra.
Agradezco la generosidad de sus palabras.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a un problema de orden nacional, respecto del cual la Cámara se pronunció, hace menos de una semana, por unanimidad. Se trata del drama que significaría para la sociedad que los bomberos dejaran de percibir, por primera vez en treinta años, los recursos del presupuesto -una parte en moneda nacional y otra en moneda extranjera- que le asigna una ley que se dictó durante el Gobierno del ex presidente Allende.
Como se sabe, este año el proyecto de presupuestos no consigna los recursos en moneda extranjera.
Para el 2000, se les entregaron seis mil millones de pesos y cinco millones de dólares. Este año, la Junta Nacional de Bomberos de Chile, que agrupa a todos los cuerpos del país, después de un estudio acucioso, para el 2001, solicitó diez mil ochocientos millones de pesos, sólo para operaciones, y catorce millones de dólares.
Lo ocurrido es extremadamente grave. Por esa razón, pido que se oficie al ministro de Hacienda para que nos informe, a la mayor brevedad, por qué este año se desea entregar a Bomberos apenas 9 mil millones de pesos, incluidos los recursos en moneda extranjera.
Esta merma puede incidir muy fuertemente en los siguientes aspectos. En primer lugar, Bomberos de Chile va a tener que salir a comprar dólares en el mercado, lo cual, naturalmente, va a afectar tremendamente su presupuesto; segundo, a partir de ahora -digámoslo a Chile- Bomberos no estará en condiciones de renovar material y, por lo tanto, es necesario notificar al país que este año no habrá ni un solo carro nuevo, porque no hay recursos, ya que en el presupuesto de la institución se han restado los aportes en moneda extranjera.
Pero tampoco puede pagar el IVA, porque Bomberos en Chile, como todo el mundo, y esta institución más que ninguna, paga IVA diferido más intereses, todo lo cual suma más de dos millones de dólares.
Por otro lado, la Junta Nacional, que provee de carros a las distintas compañías del país, no asumiría compromisos internacionales al no contar con las divisas necesarias. Es decir, va a dejar de comprar carros y también materiales altamente sofisticados, como equipos de rescate vehicular, instrumentos Lukas , casacas, cascos y una serie de importantes elementos.
Considero que el ministro de Hacienda debe dar una clara respuesta acerca de por qué en esta oportunidad se desea sellar definitivamente la suerte de 35 mil voluntarios, de las l.035 compañías que hay en Chile, y de una institución que el 2001 cumplirá 150 años de vida institucional, que, al parecer, se desean tirar por la ventana.
En mi opinión, aquí hay una absoluta falta de conocimiento acerca de qué es y debe ser la seguridad ciudadana. Bomberos es parte del ABC de la seguridad ciudadana. Ambulancia, Bomberos y Carabineros constituyen la trilogía necesaria no sólo para extinguir incendios, sino también para enfrentar todo tipo de emergencias.
Además del informe, pido que se restituya de inmediato el porcentaje en moneda extranjera en el presupuesto de Bomberos. De no ser así, votaré en contra el proyecto de Presupuestos y pediré a todos los diputados de Chile, sin importar su signo, que procedan de la misma manera, porque no es posible que se juegue con la seguridad ciudadana.
En otro orden de cosas, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe respecto del camino que une el sector cerros de Las Canchas, en Talcahuano, con la caleta Tumbes , hoy nacionalmente conocida por una telenovela. Más de cuatro kilómetros que deben ser pavimentados.
Desde hace ya varios años he venido solicitando esa información y financiamiento para este proyecto y, al mismo tiempo, he visto que algunos que han hecho campaña de distinta naturaleza lo prometen a cada rato. Es tiempo de que el ministro de Obras Públicas nos informe definitivamente para cuándo está contemplada la pavimentación del camino entre el sector Las Canchas, de Talcahuano, y la caleta Tumbes , tan necesario para las más de 3 mil personas que viven allí.
Por último, pido que se dirija oficio a la Contraloría General de la República para que se investigue una situación que, desde mi perspectiva, no es clara.
La empresa portuaria Talcahuano-San Vicente se adjudicó, en una licitación, la limpieza o dragado del puerto de Talcahuano para, con ello, posibilitar el ingreso de naves de mayor calado. Después de un tiempo, se habló de la necesidad de retirar más de 70 mil toneladas de barro y material. En verdad, creo que ni siquiera se ha retirado el 10 por ciento. Además, tengo entendido que se modificaron las condiciones del contrato y, según información que poseo -por eso solicito una fiscalización por parte de la Contraloría- ni siquiera habrían significado una disminución de los recursos que allí se están gastando.
Pido que la Contraloría fiscalice esta situación para que quede claro si se va a hacer dragado o no, porque, hasta aquí, ni siquiera existe una evaluación de impacto ambiental para proceder al retiro de material.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Mora sólo en cuanto al oficio al ministro de Hacienda, en el caso de los Bomberos, y de los diputados señores Jaramillo y Ortiz .
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
Señor Presidente, quiero hacer una acotación respecto de algo sucedido hace ya algún tiempo en nuestro país y que ojalá no volvamos a vivir. Pero Chile es así: constantemente su sistema geográfico y el clima nos juegan trágicas pasadas.
En la retina de los habitantes de La Unión, ciudad que represento en esta Sala, aún están los desastrosos efectos de los temporales vividos en el invierno recién pasado. En parte importante del sur y del sector central del territorio sucedió algo parecido.
En La Unión, ciudad donde vive el diputado que habla, miles de modestas personas perdieron sus escasos enseres, a lo mejor adquiridos con el esfuerzo de toda una vida.
En medio de esas penurias y de la urgencia del momento, su Excelencia el Presidente de la República llegó hasta nuestras tierras y se comprometió, al ver el desastre, a erradicar a 220 familias de la población Foitzick , de La Unión, y Camilo Henríquez , de las riberas de los ríos Llelhue y Radimadi .
La noticia fue recibida con vítores por los pobladores, a pesar del barro y la desastrosa situación en que estaban en ese minuto. Ellos vieron en el anuncio presidencial la posibilidad de terminar con un problema al que han estado expuestos por décadas: el desborde de pequeños ríos que en invierno se transforman en bruscos enemigos. Sin embargo, han transcurrido seis meses desde esa tragedia y los dirigentes sólo han recibido respuestas negativas de las autoridades locales y regionales, que no entienden la urgencia de atender a esta población ni tampoco respetan la palabra empeñada del Primer Mandatario.
En La Unión, la gente esperó las mediaguas, pero sólo se instalaron nueve de ochenta; en fin, la situación es complicada, por decir lo menos. No se ha iniciado el programa de emergencia por el Ministerio de Vivienda, por lo que el anuncio presidencial está quedando en el aire debido a que nosotros, las autoridades locales o regionales, no tomamos parte.
Hoy me hago parte en este asunto para tratar de revertir el abuso de confianza respecto de los pobladores afectados, gente modesta que tiene necesidad y derecho a vivir en condiciones seguras y dignas.
Señor Presidente, en nombre de los desposeídos por el clima y la tragedia del invierno que afecta a los pobladores de La Unión, solicito se envíe esta intervención a los ministros del Interior y de Vivienda.
Dentro del tiempo que resta al Partido por la Democracia, hará uso de la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
Señor Presidente, agradezco al diputado señor Jaramillo el tiempo que me ha concedido. Junto con el diputado señor Jaramillo asistimos al análisis que se hizo anoche en la Comisión Mixta de Presupuestos, aproximadamente a las 21 horas, del ítem destinado a Bomberos de Chile para el año 2001. Aún más, él fue uno de los que me apoyó en mi posición, al igual que los diputados señores Pablo Lorenzini , Exequiel Silva y Edgardo Riveros .
Ayer, en una intervención de no menos de 25 minutos, en nombre de estos colegas parlamentarios expuse lo que significa Bomberos de Chile, como servicio de utilidad pública en todas las ciudades de nuestro país. Además, en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, muchos parlamentarios delegaron en mí la posibilidad de aumentar el presupuesto de esta gran institución para el próximo año. Aproveché la oportunidad de hacer presente que es un orgullo para nuestro país contar con los mejores bomberos de América Latina, quienes, a diferencia de otros países, no reciben remuneraciones. Bomberos realmente apoya al Estado al entregarle su recurso humano calificado y motivado, lo que implica un ahorro superior al 85 por ciento del costo si sus servicios fueran remunerados.
Me correspondió discutir con los representantes de Hacienda el Presupuesto del 2001. Lamentablemente, la Dirección de Presupuestos ingresó sólo la partida en moneda nacional y no extranjera, como había sido una tradición desde 1972. Pero en la última conversación que sostuve el lunes en Santiago con el ministro de Hacienda, accedió a mi solicitud de hacer el cambio de moneda nacional a dólares, tomando como promedio 550 pesos el valor de la divisa, lo que significa un mayor rendimiento para Bomberos de Chile.
Llegó la indicación firmada por el Ejecutivo, a petición de quien habla, y en la sesión de anoche de la Comisión Mixta de Presupuestos la aprobamos. Primer tema solucionado.
Lo anterior implica la renovación de los carrosbombas y equipos de rescate que ayudarán a solucionar tantas desgracias personales que ocurren en nuestra patria.
En la sesión de anoche aprobamos para Bomberos un presupuesto en moneda nacional, aparte de los 5 millones de dólares -lo que permite el flujo de carrosbombas nuevos-, de 6.277 millones de pesos en aporte fiscal directo. Dichos recursos serán administrados por las juntas directivas de todo el país, que preside don Octavio Heinzpeter , un gran servidor público. Estas son proposiciones fundadas, y se destinarán a más tardar el 30 de marzo del año 2001.
Hice especial hincapié en que no consideraba justo el aporte fiscal en moneda nacional antes mencionado, y para tal efecto anoche tuve una larga conversación, hasta altas horas de la madrugada, con el ministro de Hacienda, con quien llegamos a un acuerdo bastante bueno, justo y legítimo para Bomberos de Chile. Hoy el director de Presupuestos, a las 11.30 de la mañana, al comenzar el trabajo de la Comisión Mixta, confirmó que, a proposición nuestra, dicho presupuesto en moneda nacional aumentará.
En una hora y diez minutos más -son las 14.20 horas- nos reuniremos con el subdirector de Presupuestos y con el presidente de Bomberos de Chile, en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y en representación de los colegas que he nombrado, para fijar el aumento para el año 2001, el cual no será inferior a 100 millones de pesos.
Creo que hemos tenido éxito. También debo reconocer, aun cuando fui bastante duro en la sesión de anoche, la disposición y voluntad del ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre y del director de Presupuestos.
Esa es la feliz noticia que quiero dar a Bomberos de Chile. Envío un saludo a los voluntarios de los distritos que representan los diputados señor Jaramillo , Mora y el que habla.
Agradezco al Comité del Partido por la Democracia el tiempo que me ha cedido.
Por último, solicito se envíe el texto de mi intervención a la junta directiva de los cuerpos de bomberos, en especial a los de Concepción, Chiguayante y San Pedro, distrito que represento.
Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.20 horas.