Source: https://issuu.com/legalpublishing/docs/n__17_-_propiedad_intelectual_e_industrial
Timestamp: 2016-12-03 21:01:25
Document Index: 208053993

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 67', 'artículo 373', 'artículo\n373', 'artículo 34', 'Artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 3', 'Artículo 20', 'artículo\n8', 'artículo 2']

N° 17 - Propiedad Intelectual e Industrial by LegalPublishing - issuu
semana del 15 al 19 de octubre de 2012
INNOVACIÓN, A PESAR DEL
ESQUEMA ACTUAL DE
Socio Sargent & Krahn
Hoy nos encontramos en medio de una vorágine de declaraciones, seminarios, anuncios y acciones gubernamentales y
privadas que tienen como centro de gravedad el tema de la
Innovación. Sólo como ejemplos pueden mencionarse la reciente y publicitada modificación de la Ley de Investigación
y Desarrollo (I+D), dirigida a estimular esas actividades por
la vía de incentivos tributarios, la designación del año 2013
como el Año de la Innovación, etc., todo lo cual confirma la
relevancia que el Gobierno le atribuye como propulsora del
En ese mismo contexto, en el mes de marzo pasado el Ministerio de Economía abrió una consulta pública para que
la ciudadanía opinara respecto al borrador de un Proyecto
de Ley de Propiedad Industrial destinado a reemplazar íntegramente el actual estatuto contenido en la ley N° 19.039
del año 1991. Este proyecto se encuentra aún en estudio en
el seno de los Ministerios de Economía y Secretaría General
de la Presidencia, pero todo indica que estaría próximo a
despacharse al Congreso durante este mes de octubre.
Se trata de un mega proyecto que considera casi 400
artículos, absorbe la regulación de organismos hoy gobernados en distintas leyes, como el caso del mismo Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (Inapi), crea nuevos títulos de protección como los nombres comerciales, e incorpora nuevas instituciones, como por ejemplo el uso marcario,
llamadas a producir cambios fundamentales en las formas
de adquisición, mantención y ejercicio de los derechos de
propiedad industrial en Chile. (ver p. 3)
OBSERVANCIA DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
¿EL VASO MEDIO LLENO O
ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA NORMATIVA Y
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
Socio Estudio Villaseca
Como consecuencia directa de la suscripción de Acuerdos
Internacionales por parte del Estado chileno, tales como
Adpic (o TRIPS, según su sigla en inglés), o los Tratados
de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, nuestro país debió modernizar su legislación sobre
Desde que se empezó a implementar el sistema de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el país, básicamente, mediante la aplicación de las
medidas de frontera y la utilización de las acciones criminales, para la persecución de los delitos (favorecido por la
instauración de la nueva justicia penal), se ha experimentado un evidente y notorio avance, respecto del escenario
existente hasta antes del año 2004.
En efecto, y gracias a la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en el proceso, ya sean éstos fiscalizadores aduaneros, miembros de las brigadas especializadas de la PDI o de Carabineros (creadas en tiempo reciente, para estos efectos), Fiscales del Ministerio Público,
Jueces de Garantía y los representantes de los titulares, se
ha alcanzado un satisfactorio nivel de éxito en la persecución de los delitos que afectan a la propiedad intelectual
e industrial, con un claro énfasis en la segunda, por sobre
la primera. (ver p. 6)
Vicepresidente de la Asociación Chilena de la Propiedad
Intelectual (Achipi)
Director de Marcas y Patentes de Alessandri & Compañía
El derecho de propiedad industrial es aquella rama de
la propiedad intelectual que regula los derechos sobre
invenciones y nuevas formas en el campo tecnológico y
los signos distintivos en el comercio, los que según sus
características propias reciben el nombre de patentes,
variedades vegetales, marcas, indicaciones geográficas
y denominaciones de origen. Por “sistema” de propiedad
industrial podemos entender tanto por la promoción
como la observancia de este tipo de derechos, y en nuestro país intervienen en dicho sistema todos los poderes
del Estado, en sus funciones administrativa, legislativa y
judicial, sin que sea dable ensayar una exposición parcelada, ya que en su accionar confluente éstas se interrelacionan. A la vez, nuestro sistema de propiedad industrial
presenta en la actualidad la paradoja virtuosa de estar a
la vez en un momento de acción y de reflexión.
En la promoción de la propiedad industrial como herramienta de competitividad e innovación —si bien no
la única ciertamente un pilar fundamental— destacan
actores del sector público y privado. En un primer lugar
bien ganado, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) se ha caracterizado por la difusión del área
a través de charlas abiertas al público, capacitación de
expertos, cursos online, publicación de directrices y recopilaciones normativas. (ver p. 8)
Otorga beneficios a deudores de crédito con garantía
estatal y modifica ley
Nº 20.027.
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Uno de los aspectos de mayor dinamismo en
los últimos años en el sistema legal chileno lo
ha constituido las materias vinculadas a propiedad intelectual. tras el marco jurídico dictado el
año 1991, la adopción de las reglas de la Organización Mundial de comercio, los tratados de
libre comercio suscritos por chile, los tratados
asociados a propiedad intelectual de la última
década, la incidencia de ellos en cuestiones sensibles como el sector salud, el establecimiento
del Instituto de Propiedad Intelectual y del tribunal de Propiedad Industrial, los debates sobre propiedad intelectual se han transformado
en un interesante espacio de discusión legal,
hasta ahora encerrados en el círculo de los especialistas.
la protección de la Propiedad Intelectual resulta esencial en el funcionamiento de las economías contemporáneas, considerando además
sus efectos en el comercio y las reglas de competencia cuya manifestación, por ejemplo, está
vinculada a cuestiones tan diversas como denominaciones de origen, acceso a productos, la
polémica watch list o el debatido linkage.
como se sabe, el régimen de propiedad intelectual se encuentra regulado en la constitución
de un modo separado al derecho de propiedad
común. la razón fundamental, es que teóricamente se ha sostenido que a diferencia de la propiedad común, que es perpetua, o sea vitalicia y
hereditaria, este tipo de propiedad (intelectual)
es temporal y transitoria, sólo “por el tiempo que
señale la ley”. Así se comprende lo que parte de
la doctrina constitucional chilena afirma, en la
relación entre el invento y la patente, en el sentido de que la propiedad no es dominio originario
del inventor. en efecto, el invento y la patente de
invención emanan de esa concesión que efectúa
el estado, entendido aquí la palabra concesión
en el sentido de un acto administrativo por el
cual el órgano estatal competente otorga, hace
merced y gracia del esfuerzo empleado por el
inventor en el hallazgo o descubrimiento, reconociéndolo como tal desde ese momento. es
decir, siguiendo esta tesis, el inventor se hace
dueño de su invento por un título de protección
que otorga el estado, como una concesión, y no
a raíz de ser él quien, con su imaginación y talento, con sus recursos y esfuerzos, logre crear
un producto o procedimiento de aplicación industrial definida y útil.
Sin embargo, al margen de esa determinación
constitucional la propiedad intelectual se ha
transformado en una de las discusiones protagónicas en la actualidad, porque tras ella no
sólo está en juego el incentivo a la invención,
sino el desarrollo de todo una política de innovación promovida desde el propio estado.
en este número de La Semana Jurídica se podrá
comprender la gran cantidad de complejidades
a la que ha llegado el debate en torno a la propiedad intelectual y las razones por las cuales
está no sólo debería ser una preocupación de
los círculos de especialistas.
bOLetín nº: 8059-13
fecha de ingresO: 23.11.2011
prOYectO: Modifica ley nº 20.305 sobre condiciones de retiro de funcionarios públicos con bajas
tasas de reemplazo de sus pensiones, reconoce
pagos y otorga beneficios.
materia: corrige la ley en relación a la fecha de
pago del beneficio por el Servicio de tesorerías,
que debe efectuarse a contar del día primero del
mes siguiente a la dictación del acto administrativo de su concesión, lo que dificulta la revisión de
antecedentes e impide disponer el pago en breve
plazo. Propone reemplazar la obligación de pagar
el bono al mes subsiguiente a dicha data.
estadO: tercer trámite constitucional (c. diputados).
bOLetín nº: 6190-19
fecha de ingresO: 6.11.2008
prOYectO: Permite introducción de televisión digital terrestre.
materia: la transmisión digital permitirá superar
las restricciones tecnológicas que impiden desarrollar la actividad televisiva, ampliando la diversidad
programática de la televisión abierta de libre recepción, desarrollando los medios regionales, locales y
comunitarios, y posibilitando a los actuales canales
a expandir su oferta televisiva a través de señales
estadO: Segundo trámite constitucional (Senado)
Segundo informe de comisión de educación, cultura, ciencia y tecnología y de transportes y telecomunicaciones, unidas.
nOrma: decreto nº 20
fecha pubLicación dO: 9.10.2012
OrganismO: Ministerio desarrollo Social.
materia: Modifica decreto nº 291, de 2006,
que reglamenta el diseño, uso y aplicación de la
en caso que una municipalidad comunique al
Ministerio de Planificación la imposibilidad de
hacerse cargo del proceso de encuestaje o bien,
que por razones técnicas o metodológicas debidamente fundadas, el mencionado Ministerio establezca respecto de una determinada comuna
la necesidad que dicho proceso no sea realizado
por la municipalidad respectiva, este encuestaje
será ejecutado por el Ministerio de Planificación,
directamente o a través de terceros, los que en
cualquier caso deberán ser entidades públicas
o privadas con las que el Ministerio convenga o
contrate la referida acción.
nOrma: ley nº 20.634
fecha pubLicación dO: 4.10.2012
OrganismO: Ministerio de educación.
materia: Otorga beneficios a deudores de crédito con garantía estatal y modifica ley nº 20.027
Se beneficia a estudiantes que accedieron al sistema de créditos con aval del estado antes del
31/12/2011, rebajando las tasas de interés y reduciendo las cuotas a pagar. la rebaja les permitirá
a partir del año 2012 disminuir las tasas que pagarán hasta finalizar sus créditos, a un 2,0% real
Si la cuota es mayor que el monto equivalente al
10% del promedio total de la renta obtenida durante los últimos 12 meses, puede optar por pagar este monto, acreditando su renta mediante
declaración jurada, acompañar declaración anual
de impuesto a la renta y el certificado de remuneración de su empleador, si corresponde.
ESQUEMA ACTUAL DE TRAMITACIÓN
Hoy nos encontramos en medio de una vorágine de
declaraciones, seminarios, anuncios y acciones gubernamentales y privadas que tienen como centro
de gravedad el tema de la Innovación. Sólo como
ejemplos pueden mencionarse la reciente y publicitada modificación de la Ley de Investigación y Desarrollo (I+D), dirigida a estimular esas actividades por
la vía de incentivos tributarios, la designación del
año 2013 como el Año de la Innovación, etc., todo lo
cual confirma la relevancia que el Gobierno le atribuye como propulsora del desarrollo.
En ese mismo contexto, en el mes de marzo pasado
el Ministerio de Economía abrió una consulta pública
para que la ciudadanía opinara respecto al borrador
de un Proyecto de Ley de Propiedad Industrial destinado a reemplazar íntegramente el actual estatuto contenido en la ley Nº 19.039 del año 1991. Este
proyecto se encuentra aún en estudio en el seno de
los Ministerios de Economía y Secretaría General de
la Presidencia, pero todo indica que estaría próximo
a despacharse al Congreso durante este mes de octubre.
Se trata de un mega proyecto que considera casi
400 artículos, absorbe la regulación de organismos
hoy gobernados en distintas leyes, como el caso del
mismo Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(Inapi), crea nuevos títulos de protección como los
nombres comerciales, e incorpora nuevas instituciones, como por ejemplo el uso marcario, llamadas a
producir cambios fundamentales en las formas de
adquisición, mantención y ejercicio de los derechos
de propiedad industrial en Chile.
El proyecto considera también una serie de cambios
en el procedimiento de tramitación y concesión de
patentes de invención para, se asume, modernizarlo
y hacerlo más expedito facilitando así la constitución
del derecho de propiedad industrial más directamente vinculado con la innovación.
No obstante, según el articulado que ha sido dado
a conocer a la comunidad, el proyecto, sorprendentemente, mantiene e incluso exacerba la perniciosa
duplicidad que hoy día encarece y dilata el trámite
de patentamiento.
En efecto, se preserva un modelo decisorio dual en
que el mérito de la invención se discute latamente y
durante varios años, entre el solicitante y profesionales técnicos, peritos y examinadores de Inapi, pero
en el que la decisión final de concesión o denegación
queda entregada y debe ser dictada por un funcionario, hoy el Director de Inapi y de acuerdo al proyecto un Director de Patentes, que tal cual lo regla el
modelo, permanece mayormente ajeno a dicha tramitación y que, por lo tanto, está muy mal equipado
y en la práctica imposibilitado de ejercer una labor
jurisdiccional propia e independiente con respecto a
la opinión experta.
Este modelo decisorio parece injusto, muchas veces
resulta ineficiente e incluso puede promover la dictación de resoluciones ilegales.
El modelo decisorio puede resultar injusto, ya que
durante la tramitación de sus solicitudes de patentes de invención sus titulares están relativamente inermes, ya que, como no sea la de contestar y
eventualmente pedir una segunda opinión pericial,
y más aún del mismo cuerpo de peritos, no tienen la
posibilidad de interponer recurso alguno en contra
de las opiniones y juicios de los peritos y examinadores.
El modelo decisorio se torna ineficiente, porque el
encargado de ejercer la potestad resolutoria carece
del conocimiento del caso y del tiempo necesario
para su análisis y por tanto, casi invariablemente se limita a confirmar la opinión de aceptación o
rechazo del experto sin atender los demás antecedentes allegados a la causa por los solicitantes. Así
esta etapa adicional en la tramitación de la patente
resulta normalmente ociosa, la extiende injustificadamente durante varios meses, y de paso recorta
proporcionalmente su plazo de vigencia. En efecto,
de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial el plazo
de vigencia de las patentes es de 20 años contados
desde la presentación de la solicitud, con lo cual
cada día extra de tramitación redunda en un día menos de protección.
Más aún, tal como lo sancionó expresamente la Corte Suprema en su decisión del caso Geobiotics Inc.,
Nº 7244-10, de 28 octubre de 2011, las resoluciones
rendidas bajo este modelo decisorio son además
potencialmente ilegales, ya que en definitiva han
dejado entregada la potestad decisoria a un experto
que en la elaboración de sus informes y opiniones no
está sujeto a los resguardos y procedimientos que la
ley contempla para asegurar la independencia, calidad e imparcialidad del trabajo judicial, y que en
el contexto de la ley actual y también del proyecto,
afectan única y exclusivamente el ejercicio de las
funciones resolutivas del Director de Inapi o del Director de Patentes.
Parecía entonces que era el momento, y tal vez aún
lo sea, de repensar el tema, abandonando el modelo
decisorio dual, concentrando el poder resolutivo en
un solo estamento. Si son los peritos y examinadores los que asumirán esta función, por supuesto que
en la misma ley deberán establecerse las reglas que
gobernarán sus actuaciones y resoluciones para garantizar se ajusten a ciertos parámetros que garanticen su calidad e independencia, y más importante
aún, el régimen de recursos del que dispondrán los
solicitantes para eventualmente controvertirlas.
En un modelo de esta naturaleza, que por lo demás
es el que impera en grandes Oficinas de Patentes
como las de Estados Unidos y Europa, deben contemplarse además los procedimientos necesarios
para garantizar la idoneidad tanto técnica como
legal de los peritos y examinadores que ejerzan la
Con procedimientos más rápidos y con el derecho
a defensa de los solicitantes adecuadamente res-
En el presente trabajo se somete a examen el
rendimiento de la Tesis “tradicional” (naturalística) del delito de estafa frente a las necesidades político-criminales del presente. Para este
sistema, entre sus diferentes elementos típicos,
se exige una relación de causalidad.
Al día de hoy cabría preguntarse si esta solución es conveniente, es decir, si responde eficientemente a los supuestos problemáticos
que plantea la realidad contemporánea de los
guardados, es posible augurar un aumento en la
utilización del sistema de patentes, satisfaciendo
de esta manera la aspiración gubernamental de
elevar la investigación, desarrollo e innovación en
Chile precisamente a través de un mayor patentamiento.
“Se trata de un mega proyecto que considera casi 400
artículos, absorbe la regulación
de organismos hoy gobernados
en distintas leyes, como el caso
del mismo Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (Inapi), crea nuevos títulos de protección como los nombres comerciales, e incorpora nuevas
instituciones, como por ejemplo el uso marcario, llamadas a
producir cambios fundamentales en las formas de adquisición, mantención y ejercicio de
los derechos de propiedad industrial en Chile”.
Obligación de compensar a usuarios por
interrupciones del suministro de energía
eléctrica. Compensación de carácter
legal, no contractual.
Persona jurídica demandada que tiene
pluralidad de domicilios. Tribunal competente para conocer de la acción de
Empresa distribuidora de energía eléctrica demanda
a una distribuidora para que se declare la nulidad de
derecho público de la obligación indemnizatoria que
establece la Ley General de Servicios Eléctricos por
interrupción del suministro. Los jueces del fondo rechazan la acción y el demandante deduce casación
en la forma y en el fondo, pero ambos recursos serán
rechazados por la Corte Suprema, al no ser efectivos
los reproches efectuados por el actor.
Actores demandaron indemnización de perjuicios
por responsabilidad extracontractual contra la
empresa dueña del bus en que viajaban y que se
siniestró, accionando en el tribunal de la ciudad en
que compraron los pasajes. La demandada planteó
la incompetencia de aquel tribunal, excepción que
fue acogida por el tribunal de primera y segunda
instancia. Sin embargo, la Corte Suprema, conociendo la casación en el fondo deducida, rechaza
aquella excepción y declara competente al tribunal
en que se había interpuesto la demanda.
Rol: 8495-2009, de 8 de octubre de 2012
Partes: Empresa Eléctrica Pangue S.A. con Chilectra
Ministros: Sres. Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, María Eugenia Sandoval Gouet, Alfredo
Pfeiffer Richter y Abogado Integrante Arnaldo Gorziglia Balbi
El actual artículo 99 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos aplicable a los hechos materia del juicio
–DFL Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería– dispone
que las generadoras deberán pagar a sus clientes distribuidores cada kilowatt–hora de déficit que los haya
afectado al valor que indica la misma norma, y que
los clientes distribuidores, a su vez, deberán traspasar
íntegramente el monto recibido a sus clientes finales.
El precepto en comento establece una obligación de
pago de las generadoras a los clientes finales, siendo
la función de las empresas distribuidoras únicamente
de intermediaria de esas compensaciones, pero no beneficiaria de ellas. De lo antedicho, fluye que la referida
obligación de compensar no proviene propiamente del
contrato de suministro, sino se trata de una obligación
legal, que alcanza a todos los usuarios que hayan visto
interrumpido el suministro de energía eléctrica. Así las
cosas, no ha habido una modificación a los contratos
de suministro y, por tanto, no es acertado sostener que
la ley Nº 19.613 –que modificó el artículo 99 bis– sólo
incidiría en aquellos contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigencia, quedando todos los
que se hubieren celebrado antes de su dictación, como
aquel celebrado entre la generadora demandante con
la distribuidora demandada, al margen de la misma
(considerandos 14º a 17º).
De este modo, al no tener la obligación de compensación el carácter de contractual, sino de legal, ello
no conlleva que se esté haciendo una aplicación con
efecto retroactivo, toda vez que no se ha establecido
el pago para situaciones de corte del suministro ocurridas antes de su entrada en vigencia (considerando
18º).
Cita online: CL/JUR/2240/2012
Arts. 99 bis del DFL Nº 1, de 1982, del Ministerio de
Minería; 2º Nº 2 de la ley Nº 19.613.
Tipo: Recurso de casación en el fondo (acogido)
Rol: 4308-2010, de 5 de octubre de 2012
Partes: Paulo Acuña C. y otros con Compañía de
Transportes IGI Llaima Internacional S.A.
Ministros: Sres. Patricio Valdés Aldunate, Gabriela
Pérez Paredes, Rosa Egnem Saldías y Abogados Integrantes Guillermo Piedrabuena Richard y Ricardo Peralta Valenzuela
El art. 142 inciso 2º del COT dispone que si la persona
jurídica demandada tuviere establecimientos, comisiones u oficinas que la representen en diversos lugares, como sucede con las sociedades comerciales,
deberá ser demandada ante el juez del lugar donde
exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que dio
origen al juicio. Si bien el Código Civil no se ocupa
del domicilio de las personas jurídicas, la doctrina
entiende que su artículo 67, sobre pluralidad de domicilios, es aplicable a éstas, especialmente si tiene
agencias o sucursales y, por tanto, si concurren en
varias secciones territoriales circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas
ellas lo tiene (considerandos 5º y 7º sentencia de casación).
De esta manera, siendo la demandada una sociedad comercial que tiene establecimientos u oficinas
en diversos lugares, entre ellos, en la ciudad en que
los actores compraron los pasajes para viajar en un
bus de aquélla, trayecto en el cual se produjo un accidente que les ocasionó los daños cuya reparación
persiguen mediante la interposición de la acción de
indemnización de perjuicios haciendo valer la responsabilidad extracontractual de la empresa, se concluye que ésta tiene una oficina, comisión o establecimiento que la representa con fines comerciales en
tal ciudad, misma que intervino en el hecho que dio
origen al juicio, configurándose la situación prevista
por el art. 142 inc. 2º del COT (considerandos 8º a 11º
de la sentencia de casación y 2º y 3º de la sentencia
de reemplazo).
Cita online: CL/JUR/2229/2012
Arts. 67 del CC; 303 Nº 1 del CPC; 142 del COT.
Caso bombas. Titular de la garantía del
debido proceso es el imputado. Procedencia de impedir rendir prueba respecto de hechos y sujetos amparados
por sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público y el Ministerio del Interior,
como querellante, deducen recursos de nulidad
contra la decisión del tribunal de juicio oral en lo
penal que absolvió a los imputados por los delitos
de colocación de artefactos explosivos, de colocación de artefacto incendiario y de financiamiento de
asociación ilícita terrorista, en el marco del denominado “Caso Bombas”. Fundamentan sus recursos en las causales de los artículos 373 letras a) y
b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es,
por vulneración de la garantía del debido proceso,
errónea aplicación del derecho e incumplimiento
de los requisitos de la sentencia. Sin embargo, el
Máximo Tribunal rechaza los recursos interpuestos
por cada una de las causales antedichas.
Tipo: Recurso de nulidad (rechazado)
Rol: 6463-2012, de 10 de octubre de 2012
Partes: Felipe Guerra Guajardo y otros con Ministerio Público
Ministros: Sres. Milton Juica Arancibia, Hugo Dolmestch Urra, Carlos Künsemüller Loebenfelder,
Haroldo Brito Cruz y Juan Escobar Zepeda
El Ministerio Público desarrolla con exclusividad la
investigación penal y tiene la facultad de ejercer y
sustentar la acción penal pública, razón por la cual
el imputado está frente a un codetentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza desbordarse frente a un imputado que aparece en posición
de desigualdad y que debe, por ello, ser protegido por
las instancias más elevadas de la organización jurídica, mediante la garantía de un procedimiento formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento
equilibrado y sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el fundamento
básico para su defensa. De lo expuesto, se colige que
las garantías a que se refiere el artículo 373 letra a)
del Código Procesal Penal están establecidas en beneficio del imputado y no del Ministerio Público ni
del Estado querellante, de modo que estos últimos
no pueden recurrir de nulidad por esta causal, quedándoles a salvo, naturalmente, las restantes causales y medios de impugnación que establece el Código
mencionado. Dicho de otro modo, el Ministerio Público carece de la posibilidad anulatoria del artículo
373 letra a).
Cita online: CL/JUR/2261/2012
Arts. 1º, 6º y 19 Nº 3 de la CPR; 1º inciso 2º, 7º, 9º,
10, 162, 255 inciso 2º, 259, 277, 292, 296, 297, 373
letra a) y 374 letra e) del CPP.
Procedimiento y causales de nulidad
reguladas en la Ley sobre Arbitraje
La parte demandada en un juicio arbitral sobre incumplimiento de contrato de franquicia interpone
recurso de nulidad contra el laudo del árbitro, que
acogió la demanda del franquiciante. Funda su recurso en una serie de infracciones, tanto de forma
como de fondo, en las que habría incurrido el juez
árbitro. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechaza el arbitrio procesal, estimando que el laudo
se ajustó a la normativa aplicable, principalmente, el
Rol: 1420-2010, de 9 de octubre de 2012
Partes: Ann Arbor Foods S.A. con Domino’s Pizza
Ministros: Sr. Javier Moya Cuadra, Sra. María Soledad Melo Labra y Abogado Integrante Sr. Jaime
Guerrero Pavez
La Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional estableció un tratamiento sistemático de esta materia. En
el procedimiento que regula, aparece de manifiesto el
principio de autonomía de la voluntad. De ello resulta
que las partes son libres de crear las reglas del procedimiento al que ajustarán su actuación, con las limitaciones que al efecto la misma normativa consagra.
El sistema de impugnación establecido es la acción de
nulidad y las causales previstas abarcan prácticamente todos los aspectos relativos al arbitraje, comprendiendo desde la regularidad del procedimiento arbitral, las exigencias de validez del convenio y el eventual
control frente a la infracción al orden público chileno
(considerando 6º).
El artículo 34 de la ley antedicha consagra causales
de nulidad relacionadas con vicios in procedendo
sustentadas en falta de emplazamiento o indefensión,
en falta de jurisdicción o ultra petita y en nulidad por
contradicción con la voluntad de las partes y/o con el
orden público procesal chileno y vicios en cuanto a que
el laudo sea contrario al orden público chileno. Dichas
causales están referidas más bien a infracciones de
ley y situaciones donde de manera manifiesta y con
un grado de entidad suficientes vulneren la normativa
impuesta por la legislación nacional en determinados
tópicos. Sin embargo, en la especie, tal situación no
se constata en las alegaciones invocadas por el recurrente, ni tampoco se encuentran acreditadas (considerando 29º).
Cita online: CL/JUR/2254/2012
Arts. 768 Nº 4 del CPC; 1º y 34 de la ley Nº 19.971.
Historial de visitas de páginas web de
computador institucional del Ministro
del Interior es privado. Test de daños.
Se dedujo amparo contra Ministerio del Interior por
denegación de información solicitada relativa al historial de visitas de las páginas web de computadores
del Ministro del Interior, fundado en que se afectaría
el interés nacional. El Consejo señaló que realizado
el test de daños, se estima que debe prevalecer el
secreto, pues si bien se trata de una autoridad pública, es posible que utilice internet tanto para fines
públicos como privados (con voto disidente).
Decisión amparo C775-12, 26 de septiembre de 2012
(…) El historial (de visitas de páginas web) puede
asociarse a persona natural identificada, por lo que
constituiría un dato personal que no podría divulgarse a menos que existan disposiciones legales que
lo autoricen o el titular consienta en ello (art. 4º ley
Nº 19.628). El Consejo ha resuelto que estimar que
toda información subsumible en la categoría de dato
personal siempre sería secreta “obviaría la inteligencia
o sentido de la regla de publicidad de la información
que obre en poder de la Administración, contenida en
arts. 5º, 11 letra c) y 21 de LT”. “Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los
efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando
los denominados tests de daños y de interés público:
‘Ambos, que pueden ser complementarios, consisten
en realizar un balance entre interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar
si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría
causar su revelación. El primero pondera si la divulgación puede generar un daño presente, probable y
específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo,
pondera si el interés público a obtener con la entrega
de la información justifica su divulgación y vence, con
ello, la reserva’”. Realizado el test, Consejo estima que
debe prevalecer el secreto, pues si bien se trata de una
autoridad pública, cuyo ámbito de privacidad laboral
es más restringido que los particulares pues desempeña una función pública que debe ejercerse de forma
proba y transparente (art. 8º de la Constitución y art.
3º de la LBGAE), es posible que utilice internet tanto
para fines públicos como privados, cuestión natural
en un mundo interconectado como el que nos toca
vivir. Prohibirlo sería ineficiente e irreal y, siendo así,
sería muy complejo saber cuándo la navegación tiene
que ver con la vida privada y cuándo con el ejercicio de
funciones públicas, impidiendo aplicar el principio de
divisibilidad del art. 11 e) de LT.
Cita online: CL/JADM/1179/2012
Artículo 4º de la ley Nº 19.628; artículos 5º, 11 y 21 de
la Ley de Transparencia; artículo 8º de la Constitución; artículo 3º del DFL Nº 1-19653.
Sistema de Información y Control del
Personal de la Administración del Estado. Acceso de organismos de la Administración a datos contenidos en plataforma Siaper. Facultad de Contraloría.
Se ha solicitado a Contraloría un pronunciamiento
acerca de restricciones a que podría estar sujeto el
acceso de organismos de la Administración a antecedentes contenidos en plataforma Siaper (Sistema
de Información y Control del Personal de la Administración del Estado).
Dictamen Nº 62.236, 8 de octubre de 2012
I.El Sistema de Información y Control del Personal de
la Administración del Estado –SIAPER–, tiene por objeto la tramitación y procesamiento, en soporte electrónico, de actos administrativos, facilitando el acceso
de organismos de la Administración a esos datos. En
la ejecución de esas labores, la Contraloría debe ajustarse a normativa correspondiente, en particular, a ley
Nº 19.628. El procesamiento de antecedentes reunidos en Siaper se inscribe en el ámbito de competencias y potestades que la Constitución y su ley orgánica Nº 10.336, le confieren en relación con el personal
de la Administración, dando cumplimiento al art. 20
de ley Nº 19.628, conforme al cual el tratamiento de
datos personales por parte de un organismo público
sólo podrá efectuarse respecto de materias de su competencia y con sujeción a ese cuerpo legal, no siendo
necesario contar con el consentimiento del titular. Los
organismos de la Administración pueden acceder a la
información contenida en ese Sistema, en el marco de
II. En lo que respecta a los servicios públicos que pueden acceder a los antecedentes contenidos en el Siaper, en virtud de letra e) de art. 8º de ley Nº 19.974, la
Agencia Nacional de Inteligencia puede requerir de los
servicios de la Administración comprendidos en el art.
1º de ley Nº 18.575, los antecedentes e informes que
estime necesarios para el cumplimiento de sus fines,
como puede ser información relativa al personal que
presta servicios en instituciones, estando en este caso
los organismos respectivos obligados a otorgarla en
condiciones que se indican. Por tanto, si la agencia solicita a Contraloría tales antecedentes, éstos deberán
ser puestos a su disposición. En relación a la Unidad
de Análisis Financiero, la ley Nº 19.913, que crea esa
entidad, en su art. 2º, letra i), atribuye a esa repartición
la facultad de acceder, en la forma que se convenga
con el jefe superior de la entidad respectiva, a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de
datos de los organismos públicos, que sean necesarios para el ejercicio de sus labores.
Cita online: CL/JADM/1155/2012
Artículo 20 de ley Nº 19.628; ley Nº 10.336; artículo
8º de ley Nº 19.974; artículo 2º de ley Nº 19.913.
ObSERVANCIA DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL: ¿EL VASO
estas materias. es un hecho conocido que el Ministerio Público reclama mayor dotación y recursos para
enfrentar el incremento en su carga de trabajo. entonces, no resulta difícil darse cuenta que, para cumplir con las metas que se les establecen, deben priorizarse algunas materias por sobre otras, con lo que,
evidente y hasta razonablemente, en algunos casos,
se posterga o abandona la persecución de estos ilícitos, bajo la facultad de no perseverar en la investigación, para abocarse a temas más contingentes o de
mayor repercusión social.
Otros problemas prácticos recurrentes tienen que ver
con la custodia de las mercancías infractoras durante
la etapa de investigación, y los costos que esto genera. Otro tanto sucede con el tema de la destrucción
de las especies: ¿quién, cómo y cuándo lo realiza?
¿Quién asume el costo de ello?
ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA NORMATIVA Y POLÍTICAS DE
como consecuencia directa de la suscripción de
Acuerdos Internacionales por parte del estado chileno, tales como AdPIc (o tRIPS, según su sigla en
inglés), o los tratados de libre comercio con estados
Unidos y con la Unión europea, nuestro país debió
modernizar su legislación sobre Propiedad Intelectual.
desde que se empezó a implementar el sistema de
protección de los derechos de propiedad industrial e
intelectual en el país, básicamente, mediante la aplicación de las medidas de frontera y la utilización de
las acciones criminales, para la persecución de los
delitos (favorecido por la instauración de la nueva
justicia penal), se ha experimentado un evidente y
notorio avance, respecto del escenario existente hasta antes del año 2004.
agentes que intervienen en el proceso, ya sean éstos
fiscalizadores aduaneros, miembros de las brigadas
especializadas de la PdI o de carabineros (creadas
en tiempo reciente, para estos efectos), fiscales del
Ministerio Público, jueces de garantía y los representantes de los titulares, se ha alcanzado un satisfactorio nivel de éxito en la persecución de los delitos que
afectan a la propiedad intelectual e industrial, con un
claro énfasis en la segunda, por sobre la primera.
es así, como año a año ha ido aumentando la cantidad de retenciones e incautaciones por parte de
las autoridades aduaneras y policiales, de la misma
manera que se ha incrementado el número de imputados formalizados que se acogen a alguna salida
alternativa: suspensiones condicionales o acuerdos
reparatorios, siempre bajo condición de que se destruya la mercancía infractora, logrando mantener a
raya un incipiente y lucrativo negocio ilícito.
Actores destacados en esta etapa han sido, por una
parte, los funcionarios fiscalizadores del Servicio nacional de Aduanas, en sus distintas sedes regionales,
y por otra, los miembros de la brigada Investigadora
de delitos de Propiedad Intelectual (bridepi), quienes
han colaborado activamente en esta actividad. esto
ha permitido que lentamente sean también cada día
más los titulares que se convencen de hacer efectivos
sus derechos de PI en el país.
Sin embargo, no todo es ideal, ni perfecto, en este
mundo de la observancia (enforcement) de los derechos de propiedad intelectual e industrial, puesto
que aún existe una serie de dificultades que se deben
sortear para alcanzar los resultados esperados.
el primer gran escollo que deben enfrentar los titulares afectados, es el brevísimo plazo de cinco días
para obtener la notificación de la incautación judicial
de las mercaderías infractoras, considerando que, en
la mayoría de las veces, al cabo de ese lapso sólo se
alcanza a interponer las acciones correspondientes.
Pretender que en ese mínimo período se pueda: notificar al titular; obtener fotografías o muestras de
los productos sospechosos; presentar la denuncia o
querella y notificar a la Aduana de la resolución del
tribunal de garantía que ordena la incautación judicial de los productos falsificados, resulta utópico y
lejano a toda realidad.
Por ello, resulta fundamental la interpretación armónica de la ley, con los tratados Internacionales
vigentes suscritos por chile, ya que de lo contrario,
se tiende a dejar indefectiblemente a las víctimas en
Otro gran problema que se constata en forma cotidiana es la ausencia de fiscales especializados en
en nuestra opinión, son varios los elementos que faltan para completar el cuadro, pero los más necesario
o urgentes son:
- voluntad política real o una política criminal decidida a perseguir los delitos que afectan a la propiedad intelectual (derecho de autor), entendiendo que
son precisamente, delitos, y no meras infracciones o
“asuntos entre particulares”, como se ha escuchado
decir a más de algún juez de garantía;
- la existencia de fiscales especializados en materias
de PI, que dispongan del tiempo y los recursos suficientes para investigar y perseguir estos delitos, ya
que muchas veces bajo una apariencia inocente y de
baja escala, se esconden verdaderas redes o mafias
- un mayor respaldo por parte de los titulares a la
actividad de Aduanas y las Policías. no son pocas las
veces en que grandes cantidades de productos falsificados ingresan al país y son detectados y retenidos,
pero frente a la nula o tardía respuesta de los presuntos interesados, la mercancía debe ser liberada.
es indudable que nos encontramos en mejor pie, que
hace una década atrás, pero por otro lado, no debemos caer en la tentación de creer que está todo bien
y quedarnos en la autocomplacencia, ya que aún
quedan muchos desafíos pendientes por resolver,
para situar al país en el nivel que debe tener, conforme con lo que se espera de nosotros, como país
en vías de desarrollo y miembro de la Oecd, pero
principalmente, consecuente con los compromisos
Universidad de Talca – Universidad Gabriela Mistral
Universidad de Chile – Universidad Adolfo Ibáñez
La protección de las denominaciones de origen (en
adelante D.O.) constituye un reconocimiento a la
existencia de ciertos productos que gozan de características que les resultan propias y los dotan de una
calidad superior, las cuales son fundamentalmente
atribuibles al lugar del cual proceden y se deben a
las particulares condiciones naturales presentes en
el medio en que han sido elaborados (factor natural)
y a la utilización de ciertas técnicas tradicionales en
su producción (factor humano). Precisamente, esta
diferenciación construida socialmente, que justifica
la protección de las denominaciones, exige una vinculación entre el producto y su lugar de elaboración,
permitiendo que sean una útil herramienta para el
desarrollo económico y un mecanismo de preservación de conocimientos ancestrales.
En efecto, son muchos los beneficios que pueden
ser identificados en la protección de las D.O. Éstas
favorecen a los consumidores, quienes sirviéndose
de ellas podrán identificar en un mercado donde
existen muchos productos sucedáneos cuales tienen una calidad superior, al encontrarse revestidos
de ciertas características especiales atribuibles a
su origen geográfico, mejorando la información en
base a la cual adoptarán su decisión de compra y
reduciendo los costos de búsqueda; a los productores, quienes podrán a través de la D.O. identificar
sus bienes a través de un signo que expresa calidad
y que es reconocido por los consumidores, mejorando de esta forma su acceso al mercado (hasta
el punto de poder crear mercados especializados) y
obteniendo una mayor retribución en su comercialización; y en términos generales a la región donde
son producidos, al permitir aprovechar los recursos
locales y convertir al territorio mismo en un atributo,
favoreciendo tanto el desarrollo económico regional
como la conservación de aquellos elementos culturales que forman la identidad de la localidad.
La importancia que revisten las D.O. ha sido bien
comprendida en los países europeos que presentan
una fuerte tradición agrícola, como son los mediterráneos, que incorporaron esta figura hace mucho
en sus legislaciones (Francia fue el país pionero, con
su regulación de 1935, siendo el hito internacional
más importante la suscripción del Arreglo de Lisboa
de 1958). Esto no es de extrañar, si consideramos
que, según un documento de 2003, la Dirección
General de Comercio de la Comunidad Europea
destacaba que los quesos franceses que gozan de
una D.O. se venden a un precio medio mayor de dos
euros; al tiempo que éstas permiten la subsistencia de 138.000 explotaciones agrícolas en Francia y
300.000 personas en Italia; pudiendo su valor total
en cada uno de estos países estimarse en 19.000 y
12.000 millones de euros, respectivamente1. Por es	LE GOFFIC, Caroline. La Protection des Indications Géographiques. France - Union européenne – États-Unis. París. IRPI-Litec. 2010. Traducción
de los autores, pp. 2-3.
tas razones, parece especialmente elogiable el esfuerzo desarrollado por el Ministerio de Economía,
a través del programa “Sello de Origen”, en orden a
favorecer el registro de las D.O., las cuales constituyen importantes fuentes de riqueza y de desarrollo
en los mercados modernos.
Sin embargo, el solo interés en favorecer a un determinado grupo de productores o de potenciar
una determinada zona geográfica no es suficiente
para justificar el reconocimiento de una D.O. si no
existe una vinculación entre las características propias y distintivas del producto y su origen geográfico. En este sentido, resulta particularmente elocuente la sentencia del Tribunal de la Comunidad
Europea dictada el 20 de febrero de 1975 en el caso
Sekt-Weinbrand, en el cual se consideró que la
legislación alemana que reservaba el uso de esas
expresiones, de carácter genérico y uso difundido
en ese mercado, a los vinos espumosos y bebidas
espirituosas provenientes de países de habla germana constituía una medida de efecto equivalente, que importaba una discriminación prohibida en
contra de los productores extranjeros que afectaba
el normal funcionamiento del mercado común. En
“En Chile, la protección de las
D.O. exige la existencia de una
vinculación entre las características distintivas del producto y su origen geográfico (art.
92 letra b) LPI), elemento que
se ve resguardado por medio
de la exigencia de una delimitación geográfica de la zona
de procedencia de los productos, respaldada por un informe técnico (art. 97 letras c y
e) y art. 99 letra b) LPI) y por
la necesaria existencia de un
reglamento de uso de la denominación (art. 97 letra f) y
art. 99 inc. final LPI).”.
Derecho Concursal Procesal
Raúl Núñez Ojeda, Nicolás Carrasco Delgado
El presente libro constituye el primer tomo de
una obra mayor, que pretende abordar el estudio
del derecho de quiebras desde la perspectiva del
derecho procesal, sobre el entendido que la legislación de la insolvencia es propiamente adjetiva.
Aborda especialmente la parte orgánica del juicio
de quiebras, describiendo y examinando los distintos órganos que interactúan en dicho procedimiento, y la forma como se relacionan entre sí,
así como respecto a los demás sujetos que participan en la quiebra. La obra también ofrece un
análisis de la regulación normativa de la materia
en aquellos países más representativos de las
tradiciones del civil law y common law.
el caso chileno, una argumentación similar puede
ser construida a partir de lo dispuesto en el art. 19
N° 22 inc. 1° CPol, que impone al Estado el deber de
conferir un trato igualitario a los diversos agentes
que participan en la actividad económica.
En Chile, la protección de las D.O exige la existencia de una vinculación entre las características
distintivas del producto y su origen geográfico (art.
92 letra b) LPI), elemento que se ve resguardado
por medio de la exigencia de una delimitación geográfica de la zona de procedencia de los productos,
respaldada por un informe técnico (art. 97 letras c y
e) y art. 99 letra b) LPI) y por la necesaria existencia
de un reglamento de uso de la denominación (art.
97 letra f) y art. 99 inc. final LPI). En esta materia
deberá el Inapi ser muy cuidadoso al momento de
controlar las solicitudes de registro, a fin de evitar
que, por medio de exigencias reglamentarias que
no digan relación con las características del producto, o a través de la delimitación de una zona de
origen conforme a criterios comerciales y no técnicos, se pueda estar afectando el principio de libre
acceso a la denominación que la ley reconoce. En
efecto, como una consecuencia de la importancia
que tienen los factores sociales en la construcción
de la reputación del producto y al carácter colectivo
que presenta la generación del conocimiento aplicado en las técnicas de elaboración, la ley establece que las D.O. no podrán ser objeto de apropiación
individual o de gravamen alguno que impida su uso
por parte de un productor que cumpla con las condiciones establecidas (art. 93 inc. 2° y 100 LPI), no
debiendo este principio afectarse a través de la imposición de requisitos que no digan relación con la
calidad o las características propias del producto
que por intermedio de la D.O. es distinguido.
PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE
Vicepresidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi)
Director de Marcas y Patentes de Alessandri & Compañía Abogados
variedades vegetales, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por “sistema” de propiedad industrial podemos entender tanto por la promoción como la observancia de este tipo de derechos,
y en nuestro país intervienen en dicho sistema todos
los poderes del Estado, en sus funciones administrativa, legislativa y judicial, sin que sea dable ensayar una
exposición parcelada, ya que en su accionar confluente éstas se interrelacionan. A la vez, nuestro sistema
de propiedad industrial presenta en la actualidad la
paradoja virtuosa de estar a la vez en un momento de
acción y de reflexión.
la única, ciertamente un pilar fundamental— destacan
a través de charlas abiertas al público, capacitación
de expertos, cursos online, publicación de directrices y
recopilaciones normativas. Su nueva plataforma informática da cuenta de una vocación de modernización
y su reciente designación como oficina internacional
para la tramitación y examen de solicitudes de patentes posiciona a Inapi como un organismo de primer
orden en el contexto mundial.
Nada de lo anterior habría sido posible sin el apoyo
sostenido y entusiasta del Ministerio de Economía,
pudiendo destacarse en dicho accionar conjunto el
programa Sello de Origen, cuyo objetivo fundamental
es la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de nuestro país. En sintonía, el
sistema público de fomento de la innovación, con la
destacada participación de Corfo y el apoyo legislativo
a través de normas de incentivos tributarios a la investigación y desarrollo, dan cuenta de una toma de conciencia que no se vislumbraba hace una decada.
Aunque en rigor no constituyen categorías de propiedad industrial, los nombres de dominio de Internet
presentan una estrecha relación con ella. Y en consonancia con la práctica mayoritaria internacional, en
nuestro país existe un sistema de autorregulación a
cargo de la Universidad de Chile (NIC Chile), que fue
pionero a nivel mundial al establecer mecanismos de
solución de controversias ya en el año 1998. En clara
demostración de perfeccionamiento, el Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, organismo
creado en el año 2003 por el Ministerio de Telecomunicaciones, aprobó el año pasado una nueva regulación de nombres de dominio que, sin desconocer las
fortalezas del sistema actual, busca situar al .CL en
un nivel análogo al de otros sistemas avanzados en el
En el sector no gubernamental destaca sin duda la
activa participación de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi) en el área académica, especialmente a través de sus jornadas anuales de exitosa
convocatoria nacional y extranjera, como también en
su rol de contraparte colaborativa de Inapi, tanto en
asuntos de gestión como de generación de normas.
La llamada observancia de los derechos de propiedad
industrial está articulada por los organismos policiales, encabezados por unidades especializadas de combate a la piratería, a saber, la Brigada Investigadora de
Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) creada en el
año 2008 al interior de la Policía de Investigaciones,
y la más reciente Sección Delitos Económicos, Propiedad Intelectual e Industrial del Departamento OS-9
de Carabineros de Chile. Forma también parte de este
esquema el Servicio Nacional de Aduanas, que desde
hace varios años implementó un sistema de “alerta
temprana” destinado a dar aviso a los titulares de marcas sobre la internación de mercancías falsificadas.
En el ámbito jurisdiccional confluyen tanto órganos
que forman parte de la Administración como del Poder
Judicial y en ello existe un reparto de competencias.
Así, en la primera instancia intervienen los tribunales
ordinarios en la resolución de litigios civiles, penales y
de competencia desleal vinculados con derechos de
propiedad industrial, cuyas sentencias reflejan una
compresión progresiva del respeto a esta clase de derechos. Inclusive, el Ministerio Público ha dictado instructivos para la investigación de estas materias y es
posible advertir un grado creciente de especialización.
INAPI es también un órgano jurisdiccional de primera
instancia cuya competencia es estrictamente registral
y su superior jurisdiccional, el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), cuenta con ministros especializados de
generación mixta, con intervención de la Corte Suprema y del Ministerio de Economía. En pocos años, dicho
tribunal puso fin al atraso histórico en la resolución de
recursos de apelación, y en la actualidad ostenta el récord de tramitación promedio de no más de un mes.
Adicionalmente, el TDPI ha elaborado un anteproyecto de ley orgánica que se espera pueda dotar a dicho
órgano de mayores recursos para su funcionamiento y
difusión de sus actividades y jurisprudencia.
En la cúspide del sistema, desde el año 2006 la Excma. Corte Suprema conoce asuntos de propiedad
industrial por la vía de la casación en el fondo contra
las sentencias de segunda instancia dictadas por el
TDPI. Si bien en un principio ejerció sus atribuciones
de manera excepcional, muy probablemente como
consecuencia de erradas estrategias forenses, el curso
posterior demostró con creces el interés que la materia despertó en sus ministros, cristalizado en fallos de
notable valor jurídico entre los años 2010 y 2011. En la
actualidad es posible sostener que el Máximo Tribunal
ha alcanzado un grado de madurez jurisprudencial en
esta disciplina, corrigiendo los errores de Derecho en
todos aquellos casos que efectivamente lo ameritan.
Al inicio de estas líneas mencionamos que junto a la
acción nos hallamos en un momento de reflexión, y
con ello nos referimos básicamente al plano normativo. Por sobre el llamado proyecto de ley de “linkage”,
que busca vincular la comercialización de productos
farmacéuticos con las patentes vigentes, y cuyas bondades son más que discutibles, está el anteproyecto
de ley que tiene por objeto sustituir íntegramente la
actual Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y de paso
la ley Nº 20.254 que creó a Inapi.
Como lo hemos dicho en otra ocasión, dicha ley de
propiedad industrial, dictada en el año 1991, sufrió rápidamente de una “vejez prematura”, producto de la
irrupción de la Organización Mundial del Comercio y
su regulación internacional de la propiedad industrial
y del derecho de autor. Luego llegó la época de los
acuerdos comerciales, cuyos mayores impactos en el
derecho de propiedad industrial tuvieron su fuente en
el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la
Comunidad Europea y el Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos en los años 2003 y 2004 respectivamente. Posteriormente, y como consecuencia
directa de estos últimos, nuestro país adoptó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en
2009 y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
este año. Todo lo anterior exigió sucesivas reformas
a la normativa de propiedad industrial en los años
2005, 2007 y la más reciente de febrero del presente
año, que terminaron por transformarla en un cuerpo
parchado e inarmónico, no exento de dificultades interpretativas.
En su defensa, podemos decir que nuestra actual legislación fue adecuándose paulatinamente a muchos
estándares internacionales. A modo de ejemplo, se introdujo la posibilidad de registrar marcas que adquieren distintividad por medio de su uso, la regulación de
acciones civiles por infracción, el aumento del plazo de
protección de patentes cuando en su tramitación se
producen demoras injustificadas, y nuevas categorías
protegidas ex novo: dibujos industriales, marcas sonoras, marcas colectivas y de certificación, topografías de
circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
Sobre la base consolidada de dichos avances, el anteproyecto de ley se impulsa a un nivel superior, siendo
quizá su sello el no obedecer a requerimientos impuestos por tratados internacionales, sino el fruto de
la convicción espontánea de la oportunidad del perfeccionamiento normativo como un todo coherente. Y
eso es algo que sólo se da allí donde se ha alcanzado
un grado de avance tal que queda espacio y tiempo
para la reflexión exenta de presiones.
Más allá de los aspectos perfectibles, que son la excepción, la futura normativa llena ciertos vacíos en
materia de procedimientos y categorías de derechos
que no existen hoy en nuestro medio, pero también
adopta instituciones valiosas del derecho comparado, como las marcas tridimensionales, los nombres
comerciales y la protección de las marcas contra la
dilución. Además, y esto es un salto cualitativo, se establece la caducidad de las marcas por falta de uso. En
materia de patentes, se simplifica el procedimiento de
registro de diseños industriales, que es una aspiración
de la industria del ramo, se regula de mejor manera el
procedimiento administrativo de patentes y se consagra la acción de usurpación de patente. En lo relativo
a observancia de derechos, se aumentan las sanciones
penales para los delitos contra derechos de propiedad
industrial y se establecen penas privativas de libertad
para la falsificación de marca.
El esbozo del sistema de propiedad industrial que
hemos intentado, en su presente y futuro próximo,
nos demuestra que vamos transitando por la senda
correcta. Ciertamente se puede hacer más, ello siempre ha sido una constante de la humanidad, pero no
nos dejemos confundir. Dimensionado lo anterior en
sus justos términos, sin soberbia, pero sin complejos
tampoco, podremos aspirar a un desarrollo armónico
y sostenido de los múltiples factores que componen el
sistema de propiedad industrial. Tarea permanente,
porque en definitiva la propiedad industrial es un sustento del mercado dinámico y el avance tecnológico
constante de las naciones, y con ello está al servicio
del progreso del mundo en general.
N° 17 - Propiedad Intelectual e Industrial