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Timestamp: 2019-12-09 10:26:55
Document Index: 109354067

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 71', 'artículo 9', 'artículo 11']

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 85/2014, de 1 de julio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de exclusión social
Vigencia desde 01 de Septiembre de 2014. Revisión vigente desde 01 de Septiembre de 2014
Artículo 2 Instrumento de Valoración de la Exclusión Social
Artículo 3 Personas en situación de exclusión social y su gradación
Artículo 4 Titulares del derecho al reconocimiento de la situación de exclusión social
Artículo 8 Realización del diagnóstico y valoración de la posible situación de exclusión social
Artículo 9 Particularidades en la realización del diagnóstico y valoración de la posible situación de exclusión social
Artículo 10 Trámite de audiencia
Artículo 12 Procedimiento de urgencia
Artículo 13 Plan de Atención Personalizada
Artículo 14 Vigencia de la resolución y posibilidades de revisión
Artículo 15 Comunicación entre Administraciones Públicas
DF 59/2019, de 21 May. Bizkaia (procedimiento de intervención especializado en materia de inclusión social)
BOB 2 Diciembre. Corrección de errores del Decreto Foral, de la Diputación Foral de Bizkaia, 85/2014, de 1 de julio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de exclusión social.
D Foral [BIZKAIA] 85/2014, 1 julio, derogado por la disposición derogatoria única del D Foral [BIZKAIA] 59/2019, 21 mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el Procedimiento de Intervención especializado en materia de inclusión social.(«B.O.B.» 24 mayo), el 25 de mayo de 2019.
1. Tendrán derecho al reconocimiento de la situación de exclusión social las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:
a) Encontrarse en situación de exclusión social en alguno de los grados establecidos.
b) Estar empadronadas y con residencia legal y efectiva en cualquiera de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.
c) Asimismo, son titulares del derecho las personas que acrediten haber estado empadronadas y haber tenido residencia efectiva en cualquier municipio del Territorio Histórico de Bizkaia durante 12 meses continuados inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de valoración de la situación de exclusión social.
2. Respecto de las personas institucionalizadas en centros penitenciarios la prueba de la residencia efectiva en el Territorio Histórico de Bizkaia se referirá al periodo previo a su entrada en prisión.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de exclusión social se iniciará siempre previa solicitud de la persona interesada o, en su caso, de quien ostente su representación.
2. El inicio del procedimiento requerirá que, bien los servicios sociales de atención primaria para la derivación de casos a los servicios sociales de atención secundaria, bien los propios servicios sociales de atención secundaria, entiendan necesaria una valoración y/o diagnóstico especializado emitido por el Servicio Foral de Valoración y Diagnóstico de la Exclusión.
A tal fin, la o el profesional de referencia remitirá a dicho Servicio una solicitud de valoración firmada por la persona cuya situación se haya de valorar y/o diagnosticar.
La solicitud de valoración y/o diagnóstico especializado realizada a través de los servicios sociales de atención secundaria se podrá instar cuando la persona que requiera de dicha valoración y/o diagnóstico esté siendo atendida por alguno de los servicios sociales de atención secundaria.
1. Las solicitudes deberán ser cumplimentadas en el modelo normalizado al efecto de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I.
a) Fotocopia del DNI, NIE u otro documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante.
b) En su caso, DNI u otro documento acreditativo de la identidad de la persona que ostente la representación legal o voluntaria de la persona solicitante.
c) Modelo de representación voluntaria (Anexo II) en caso de otorgarse dicha representación, firmado por la persona otorgante y la que vaya a ejercer la representación.
d) En caso de encontrarse la persona incapacitada, documentación acreditativa de la representación legal que tenga atribuida la persona que presente la solicitud en nombre de la persona incapacitada.
e) Certificado o certificados actualizados de empadronamiento de la persona solicitante donde se acredite la fecha de alta en el municipio de residencia, así como, en su caso, los periodos de altas y bajas producidos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
f) Declaración de ingresos según modelo incluido como Anexo III.
g) Informe de salud según Anexo IV.
h) En su caso, informe de estabilidad clínica al que se refiere el artículo 9.1.
i) Cuando la solicitud venga de los servicios sociales de atención primaria, informes y antecedentes médicos, psicológicos y sociales de que se disponga y, en particular, el diagnóstico social en profundidad regulado por el Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de ficha social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con explicación de los valores otorgados a cada uno de los indicadores utilizados.
j) Cuando la solicitud venga de los servicios sociales de atención secundaria, informes y antecedentes médicos, psicológicos y sociales de que se disponga así como informe social que responda, en lo que sea posible, al contenido y estructura de la guía que se incluye como Anexo V.
Suscrita por la persona interesada la solicitud de valoración y/o diagnóstico especializado, el servicio social de atención primaria o de secundaria ante quien la presente comprobará que se encuentra debidamente cumplimentada.
En el supuesto de que la solicitud se hubiera presentado incompleta o faltara alguno de los documentos señalados en los apartados a) a h) del artículo anterior, el Servicio Social de atención primaria o secundaria correspondiente, o la unidad administrativa competente del Departamento de Acción Social, caso de que el expediente ya hubiera sido trasladado al mismo, requerirá a la persona solicitante -de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane la falta o faltas y acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución dictada en tal sentido.
1. Recibido el expediente en el Departamento de Acción Social se procederá, por parte de los equipos de valoración competentes, a diagnosticar y/o valorar la posible situación de exclusión social de la persona solicitante de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto foral y en el Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.
2. Los equipos de valoración podrán efectuar las entrevistas y demás pruebas que consideren necesarias y sean pertinentes para valorar y/o diagnosticar la situación de la persona solicitante; asimismo, podrán recabar de otras administraciones públicas, entidades de tercer sector u otros organismos, los informes que se estimen oportunos a tal fin.
3. Si intentada la valoración y/o diagnóstico de la persona solicitante ésta se negara a realizarla y así conste debidamente acreditado en el expediente -a cuyo fin bastará con diligencia suscrita por cualquiera de las personas integrantes del equipo-, se entenderá que desiste de su solicitud y se procederá al archivo de la misma previa resolución dictada en tal sentido; en este supuesto la persona interesada o, en su caso, su representante legal, no podrán instar una nueva solicitud de valoración hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la formalización del desistimiento a través de la correspondiente resolución.
La situación de estabilidad clínica deberá acreditarse mediante informe emitido por profesional competente de la red de salud mental.
2. Cuando se trate de valorar a personas que, cumpliendo condena penal, resulten excarceladas por aplicación de los artículos 182 y 86.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario; se realizará el diagnóstico especializado, no procediéndose a la valoración de la posible situación de exclusión social hasta transcurrido un mínimo de tres meses desde producida la entrada, en su caso, al recurso que proceda de los que dispone el Servicio para la Inclusión Social.
3. Las personas institucionalizadas en centros de atención y protección a la infancia y adolescencia no serán valoradas en cuanto a su posible situación de exclusión social. No obstante, se realizará el diagnóstico social especializado que tendrá por objeto identificar las necesidades sociales que, en su caso, serán objeto de intervención por parte del Servicio para la Inclusión Social.
Instruido el procedimiento, y antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá el expediente de manifiesto a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes para que en un plazo no inferior a diez (10) días hábiles ni superior a quince (15) días hábiles, puedan alegar y presentar los documentos o justificaciones que estimen pertinentes.
1. Finalizado el trámite anterior se emitirá la correspondiente propuesta de resolución que se elevará a la consideración de la/el diputada/o foral de Acción Social a fin de que resuelva lo que proceda.
2. La/el diputada/o foral de Acción Social dictará y notificará la resolución, con indicación de los recursos procedentes, en el plazo máximo de dos (2) meses a contar desde la recepción de la solicitud en el Departamento Foral de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
No se computará, a efectos del cómputo del plazo establecido en el párrafo anterior, el periodo de tiempo durante el cual el expediente se encuentre paralizado por causa imputable a la persona solicitante.
3. La Orden Foral resolutoria del procedimiento será motivada e incluirá la baremación de la situación de exclusión o, en su caso, se pronunciará sobre si existe una situación de riesgo de exclusión o de inclusión social; todo ello de conformidad con el instrumento técnico común de valoración de la situación de exclusión social regulado por el anteriormente citado Decreto 385/2013.
4. La resolución que se dicte deberá ser notificada tanto a la persona interesada, lo que se podrá hacer a través del servicio social de atención primaria correspondiente, como al propio servicio de atención primaria o de atención secundaria que instó la petición de valoración. Dicha notificación podrá realizarse por medios electrónicos siempre que se garantice el derecho a la confidencialidad recogido en el artículo 9.1.b) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
En los supuestos de inicio del procedimiento a solicitud de los servicios sociales de atención secundaria se podrá proceder a la valoración y/o diagnóstico especializado de forma prioritaria siempre que concurran circunstancias de urgencia debidamente justificadas que, como tales, sean apreciadas por la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión Social.
1. Una vez realizada la valoración y/o el diagnóstico especializado, se confeccionará, caso de que la persona tenga derecho de acceso a servicios o prestaciones de secundaria, un Plan de Atención Personalizada (PAP) en el que se determinará el recurso o combinación de recursos de atención secundaria que se estimen más idóneos para responder a sus necesidades.
2. Si la persona interesada lo indicara expresamente, en el momento de formalización del Plan de Atención Personalizada, se procederá a la solicitud de la prestación y/o servicio al que aquella haya prestado su conformidad; todo ello sin perjuicio de la aportación posterior de la documentación que resulte necesaria para su tramitación de conformidad con la normativa específica de cada una de las prestaciones y/o servicios que se soliciten.
3. El Plan de Atención Personalizada será revisado de oficio, por la Diputación Foral de Bizkaia, cuando se produzcan variaciones significativas de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su elaboración.
La revisión podrá llevarse a cabo las veces que sea necesaria durante el proceso de intervención a fin de ajustar los objetivos y actuaciones previstos en el Plan de Atención Personalizada a las necesidades de la persona usuaria. En cualquier caso, toda revisión del Plan de Atención Personalizada deberá ser consensuada con la persona interesada.
1. La resolución de valoración de la situación de la exclusión social tendrá una vigencia mínima de un (1) año; no pudiéndose instar, antes del transcurso de dicho plazo, una nueva valoración salvo que concurran circunstancias extraordinarias que como tales sean apreciadas y declaradas, para cada caso concreto, por acuerdo de la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia; acuerdo que quedará recogido en la correspondiente acta.
2. También podrá instarse una nueva valoración de la situación de exclusión social antes del transcurso de un (1) año, cuando encontrándose la persona valorada en recursos de atención secundaria la persona designada como profesional de referencia entienda que se han producido cambios notables a consecuencia de la intervención efectuada. En cualquier caso, la petición de una nueva valoración de la exclusión social con fundamento en tal motivo requerirá del acuerdo favorable de la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión Social.
3.- Podrá denegarse la solicitud de revisión de la situación de exclusión social presentada con anterioridad al transcurso de un (1) año desde que se dictó la anterior mediante un procedimiento abreviado que consistirá en darle traslado de los acuerdos a los que haya podido llegar la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión Social a fin de que, por la persona interesada o su representante, se presenten la alegaciones, documentos y justificaciones que entiendan oportunas; redactándose, una vez transcurridos los plazos señalados en el artículo 11, la correspondiente propuesta de resolución que será elevada, inmediatamente, a la consideración de la/el diputada/o foral de Acción Social a fin de que adopte la resolución que proceda.
Los Ayuntamientos darán cuenta al Departamento de Acción Social de todas las incidencias que se produzcan en relación con las personas solicitantes empadronadas en sus municipios que afecten a la resolución de los correspondientes expedientes administrativos.
1. En cualquier momento del procedimiento, y antes de dictarse resolución, podrá la persona solicitante o, en su caso, su representante legal, desistir de su solicitud por cualquier medio que permita tener constancia de su voluntad; bastando, a tales efectos, diligencia suscrita por la funcionaria o funcionario responsable de la tramitación ante quien se hubiera manifestado la voluntad expresa de desistir.
Caso de desistir de la solicitud, la persona interesada o, en su caso, su representante legal, no podrá formular nueva solicitud de valoración antes de transcurridos seis (6) meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la formalización del desistimiento a través de la consiguiente Orden Foral.
2. Si en el procedimiento se hubiera dictado ya resolución, la persona solicitante, o en su caso, su representante legal, podrá renunciar a su derecho, por cualquier medio que permita dejar constancia de su voluntad; bastando, a estos efectos, diligencia suscrita por la funcionaria o funcionario responsable de la tramitación ante quien se hubiera manifestado la voluntad expresa de renunciar.
Caso de presentar dicha renuncia de manera expresa, la personas interesada o, en su caso, su representante legal, no podrá formular nueva solicitud de valoración antes de transcurridos seis (6) meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la formalización de la renuncia a través de la consiguiente Orden Foral.
3. La Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión Social podrá acordar proceder a realizar una valoración de la posible situación de exclusión social antes del transcurso de los seis meses (6) desde que se notificó el desistimiento o la renuncia, cuando concurran circunstancias extraordinarias que, como tales, sean apreciadas por la Comisión.
En materia procedimental, en todo lo no previsto por el presente Decreto, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a las disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.
Se faculta a la/el diputada/o del Departamento Foral de Acción Social para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el 1 de septiembre de 2014.
Véase la corrección de errores del D Foral [BIZKAIA] 85/2014, de 1 de julio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de exclusión social («B.O.B.» 2 diciembre), conforme a la cual donde dice «Guía para la elaboración del informe de derivación», debe decir «Guía para la elaboración del informe social de derivación».