Source: http://www.scribd.com/doc/51044256/Sentencia-CC-sobre-receptacion
Timestamp: 2015-08-05 04:38:33
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P. 1Sentencia CC sobre receptaciónSentencia CC sobre receptaciónRatings: (0)|Views: 704|Likes: 4Published by Hector Yepez MartinezSentencia de Corte Constitucional (Ecuador) donde declara inconstitucionalidad de frase en delito de receptación con argumentos idénticos que ameritaban impedir pregunta 1 de consulta popular sobre enriquecimiento privado no justificado.Sentencia de Corte Constitucional (Ecuador) donde declara inconstitucionalidad de frase en delito de receptación con argumentos idénticos que ameritaban impedir pregunta 1 de consulta popular sobre enriquecimiento privado no justificado.More info:Categories:Types, Business/Law, Court FilingsPublished by: Hector Yepez Martinez on Mar 18, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/51044256/Sentencia-CC-sobre-receptacion10/31/2012pdftextoriginal Año II -- Quito, Viernes 18 de Marzo del 2011 -- Nº 407
Págs.CORTE CONSTITUCIONALPARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓNSENTENCIAS:033-10-SCN-CC Declárase la inconstitucio-nalidad por el fondo del artículo 569 delCódigo Penal, en la frase “... cuyaprocedencia legal no pueda probarse”; ental razón, el artículo 569 ibídem se leerá acontinuación como: “Art. 569.- “Seráreprimido con reclusión menor ordinariade tres a seis años y multa de seis adieciséis dólares de los Estados Unidos deAmérica, quien oculte, custodie, guarde,transporte, venda o transfiera latenencia, en todo o en parte, los bienes,cosas o semovientes, producto del robo ohurto” ……………………..…. 2034-10-SCN-CC Declárase la inconstitucio-nalidad por el fondo del artículo 569 delCódigo Penal, en la frase “... cuyaprocedencia legal no pueda probarse”; ental razón, el artículo 569 ibídem se leerá acontinuación como: “Art. 569.- “Seráreprimido con reclusión menorPágs.ordinaria de tres a seis años y multa deseis a dieciséis dólares de los EstadosUnidos de América, quien oculte,custodie, guarde, transporte, venda otransfiera la tenencia, en todo o en parte,los bienes, cosas o semovientes, productodel robo o hurto” ……………………….. 9035-10-SCN-CC Declárase la inconstitucio-nalidad por el fondo del artículo 569 delCódigo Penal, en la frase “... cuyaprocedencia legal no pueda probarse”; ental razón, el artículo 569 ibídem se leerá acontinuación como: “Art. 569.- “Seráreprimido con reclusión menor ordinariade tres a seis años y multa de seis adieciséis dólares de los Estados Unidos deAmérica, quien oculte, custodie, guarde,transporte, venda o transfiera latenencia, en todo o en parte, los bienes,cosas o semovientes, producto del robo ohurto” ……………….……….. 17036-10-SCN-CC Declárase la inconstitucio-nalidad por el fondo del artículo 569 delCódigo Penal, en la frase “... cuyaprocedencia legal no pueda probarse”;en tal razón, el artículo 569 ibídem se
ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETADIRECTORQuito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás JiménezDirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca Nº 201 y Av. 10 de AgostoSucursal Guayaquil: Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto - Telf. 2527 - 107Suscripción anual: US$ 400 + IVA -- Impreso en Editora Nacional1.000 ejemplares -- 32 páginas -- Valor US$ 1.25 + IVA
Administración del Sr. Ec. Rafael Correa DelgadoPresidente Constitucional de la Re ública
S U P L E M E N T OS U P L E M E N T OS U P L E M E N T OS U P L E M E N T O
2 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 407 -- Viernes 18 de Marzo del 2011
Págs.leerá a continuación como: “Art. 569.-“Será reprimido con reclusión menorordinaria de tres a seis años y multa deseis a dieciséis dólares de los EstadosUnidos de América, quien oculte,custodie, guarde, transporte, venda otransfiera la tenencia, en todo o en parte,los bienes, cosas o semovientes, productodel robo o hurto” ……………….……….. 24ORDENANZA MUNICIPAL:- Gobierno Municipal del Cantón Pujilí:Que reforma a la Ordenanza quereglamenta la administración delImpuesto Anual de Patentes Municipales 32
Quito, D. M., 2 de diciembre del 2010
Sentencia N.º 033-10-SCN-CCCASO N.º 0076-10-CNLA CORTE CONSTITUCIONALPARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓNI. ANTECEDENTESDe la demanda (consulta) y sus argumentos
El Juez Segundo de Garantías Penales de Cuenca, Dr.Guillermo Neira Neira, con fundamento en lo dispuesto enel artículo 428 de la Constitución de la República, consultaa la Corte Constitucional lo siguiente:Avocó conocimiento de la causa que por delito deocultación de objetos robados tipificado en el artículo 569del Código Penal, se sigue en contra de Jaime FernandoGuerrero Álvarez o Jaime Fernando Guillermo Álvarez(Causa N.º 1263-10), en la que se ha desarrollado laaudiencia oral, pública y contradictoria de presentación ysustentación del dictamen fiscal, conforme lo previsto en elartículo 224 del Código de Procedimiento Penal.La frase final del artículo 569 del Código Penal, almanifestar
“…o cuya procedencia legal no puedaprobarse”
, contraría los principios básicos que fundamentael sistema penal, ya que para llegar, si bien no a la pruebaplena o verdad absoluta o verdad histórica de los hechosinvestigados como fin procesal, debe existir al menos lacerteza de que los hechos fácticos se ensamblan en un tipopenal concreto, y la disposición consultada va en contra dela vía, pues se exige que “no se haya podido probar”, a
contrariu-censu
, lo que contraría lo establecido en elartículo 304, literal
, que determina que para dictarsentencia se necesita certeza y la duda se aplica a favor deljusticiable; igual, el artículo 167 ibídem, no permite que sedicte la medida cautelar de la prisión preventiva debido a laduda.Esta forma de tipicidad vulnera toda la hermenéuticajurídica, así como atenta contra uno de los pilares en los quese sustentan las normas del debido proceso en un régimenconstitucional. El estado jurídico de inocencia o principiolegal de presunción de inocencia, que consagra laConstitución, en el artículo 76 numeral 3, manifiesta:
“sepresumirá la inocencia de toda persona y será tratadacomo tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.
Refiriéndose a este principio de inocencia, la CorteInteramericana de Derechos Humanos, dentro del casoGuillermo José Maqueda contra la República de Argentina,informe N.º 12/96, caso 11.245, manifestó que:
“esteprincipio construye una presunción a favor del acusado deun delito, según el cual éste es considerado inocentemientras no se haya establecido su responsabilidad penalmediante una sentencia firme. El contenido de lapresunción de inocencia exige que, la sentencia de condenay, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de laexistencia de un hecho punible atribuible al acusado…,conforme a las normas internacionales, el acusado debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ”.Comentando este fallo, el tratadista Alberto Bovinomanifiesta:
“La exigencia impide que se trate comoculpable a la persona solo sospechada de haber cometidouna conducta delictiva, sin importar el grado deverosimilitud de la sospecha, hasta que un tribunalcompetente no pronuncie una sentencia que afirme suculpabilidad e imponga una pena…, el Comité de DerechosHumanos de Naciones Unidas entiende que el principio deinocencia obliga al Estado a demostrar la culpabilidad delimputado respetando las garantías del procedimiento queprotegen su equidad e imparcialidad y ha desarrollado elsentido de la presunción contenida en el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos expresandoque en la presunción de inocencia la carga de la pruebarecae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio dela duda; no puede suponerse a nadie culpable a menos quese haya demostrado la acusación fuera de toda dudarazonable; además, la presunción de inocencia implica elderecho a ser tratado de conformidad con este principio;por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen laobligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”
.El ex Tribunal Constitucional del Ecuador, en el caso N.º009-2001-TP Registro Oficial N.º 351, segundo Suplementodel 20 de junio del 2001, pág., 9, considera: El que sepresuma la inocencia de toda persona mientras suculpabilidad no haya sido declarada mediante sentenciaejecutoriada, supone que la persona no se vea obligada ademostrar su inocencia como ocurre en el sistema actual(inquisitivo) y por ello es que se busca un sistema como elacusatorio, en el que la carga de la prueba le corresponda aquien acusa. Además está ligada al denominado principio
que se aplica a todas las materias según elnumeral 2 del artículo 24 de la Constitución (artículo 76,numeral 5) incluida la penal.La disposición consultada constante en el artículo 569 delCódigo Penal es una norma completamente abierta, siendoel tipo, el segundo elemento formal del delito en el quedeben encontrarse los elementos normativos, objetivos ysubjetivos, confluyendo: a) el sujeto activo de la infracción,generalmente anónimo, cuando la ley se refiere “el que…”;
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b) el sujeto pasivo, la victima; c) el bien jurídico protegido;d) el resultado en aquellas infracciones de esta naturaleza;e) la relación causal o nexo causal; f) las circunstancias demodo, tiempo, lugar, etc.; y, g) el dolo o la culpa y lasmotivaciones por odio, precio, recompensa, para ocultarotros delitos, entre otros; y no se pueda caer en laarbitrariedad, dejando resquicios para una interpretaciónextensiva, que está proscrita a los jueces.Respecto al delito contra la propiedad, el artículo 569 delCódigo Penal indica que debe existir el sujeto pasivo de lainfracción, y en esta parte de la norma que se considerainconstitucional, se lo elude, excluye o invisibiliza,atentando además al principio de legalidad, ya que noexistiría “lesividad”, es decir, no importa si existe un titularde un bien jurídico (propiedad privada) ofendido, sino lapresunción, y se lo está considerando como un delito decarácter permanente o trascendente, en contra de losprincipios doctrinarios que caracterizan esta clase deinfracciones por el momento de cometerlos, y hastaimprescriptible, pues no importaría desde cuando está enpoder o cuando ocurrió el hecho principal.La norma consultada castiga de manera más severa aquienes no tienen el grado de autores principales, atentandoal principio de proporcionalidad entre las infracciones y laspenas, apartándose de los fines de la pena y sin precisar aúnvalores pecuniarios; por ejemplo, si fuese producto de unhurto, que incluso es tipificado como contravención en elartículo 607, con una pena de prisión de 5 a 30 días, o elrobo simple, que es sancionado con prisión, mientras, quientenga o posea el bien posterior es castigado con reclusiónmenor ordinaria de 3 a 6 años y multa, incluso sin poderacceder a otra salida alternativa al procedimiento ordinario;no existe por tanto sindéresis en la gradación de esta pena,vulnerando tanto el principio contenido en el artículo 76,numeral 6 de la Constitución, como el principio a laigualdad formal y material frente a la ley.Se está fraccionando el delito, siendo éste una unidadorgánica e indivisible, ya que si el producto de un hurto delos tipificados y sancionados como contravención estaría enpoder de varias personas, todas estas serían sancionadas conreclusión menor. Con estas medidas no se puede alcanzar elideal de justicia social o bienestar ni responder a uncontenido verdaderamente ético y social; igual, el grado departicipación: siempre debe el autor principal directo,responder mayormente por su comisión, que el cómplice yel encubridor.La norma del artículo 569 en la parte consultada invadeesferas de otras ramas del derecho como la aduanera ytributaria, y se aparta del principio general del derecho deque la suerte de lo principal sigue la suerte de lo accesorio,y el principio de territorialidad del derecho penal, porque noimportaría donde se cometió el delito, sino bastaría la meratenencia o posesión de cualquier bien del que no puedaprobarse su legítima procedencia y destruye la teoría del
convirtiendo al delito en inagotable.
El consultante señala que:
“….el artículo 569 sustituido por la Ley Reformatoria al C. Penal y C. de P. Penal publicadaen el R. Oficial No. 160 de 29 de marzo del 2010,establece: “Será reprimido con reclusión menor ordinariade tres a seis años y multa de seis a dieciséis dólares de losEstados Unidos de América, quien oculte, custodie, guarde,transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o enparte, los bienes, cosas o semovientes, producto del robo ohurto, o cuya procedencia legal no pueda probarse”.- Laúltima parte de esta disposición imputa al acusado la cargade probar su inocencia; cuando ésta se presumeinicialmente como cierta hasta que se demuestre locontrario, de donde se infiere que la actividad probatoria ocarga probatoria corresponde a los acusadores y que todaacusación debe ir acompañada de probanzas de los hechosen que consiste. La Constitución reconoce la calidad dePERSONA INOCENTE y además, el no obligarle a hacer nada para demostrarlo, o sea ésta persona no tiene enabsoluto que probar su inocencia, le basta y le sobra lapasividad más absoluta, por esto es la garantía procesal demayor importancia. […] En consecuencia se considera queel Art. 569 del C. Penal no guarda armonía con el Art. 76 de la Constitución de la República que señala: En todoproceso en el que se determinen derechos y obligaciones decualquier orden, se asegurará el derecho al debido procesoque incluirá las siguientes garantías básicas: …2.- Sepresumirá la inocencia de toda persona, y será tratadacomo tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.
El Dr. Guillermo Neira Neira, Juez Segundo deGarantías Penales del Azuay, consulta sobre laconstitucionalidad del artículo 569 del Código Penal enlos siguientes términos
:Se encuentra en su conocimiento el caso N.º 1263/10, quepor delito de ocultación de objetos robados, tipificado en elartículo 569 del Código Penal, se sustancia en contra deJaime Fernando Guillermo Álvarez o Jaime FernandoGuerrero Álvarez.El imputado ha solicitado que se consulte sobre laconstitucionalidad del artículo 569 del Código Penal, puesconsidera que dicha norma atenta contra el principio deinocencia e invierte la carga de la prueba, misma que radicaen quien acusa, a más de que la prueba se desarrolla en laetapa del juicio, no antes. Ante esto ha convocado aaudiencia a las partes procesales, en la que la fiscalíasostiene que la norma no vulnera principio constitucionalalguno.El artículo 76, numeral 2 de la Constitución supone, enprimer lugar, que por el derecho a la presunción deinocencia, toda persona debe ser considerada como tal,antes y durante el proceso, siendo mediante la sentencia enfirme que se determina si mantiene ese estado o si, por elcontrario, se la declara culpable; mientras ello no ocurra, esinocente. Esta garantía es la más importante entre lasgarantías constitucionales, cuando se trata de un nuevoproceso penal sobre el cual gira todo el proceso, pues elEcuador es un Estado Constitucional de Derechos.La última parte de la disposición del artículo 569 delCódigo Sustantivo Penal imputa la carga de probar suinocencia al acusado, cuando esta se presume inicialmentecomo cierta hasta que se demuestre lo contrario, de dondese infiere que la actividad probatoria corresponde a losacusadores y que toda acusación debe ir acompañada deprobanzas de los hechos.
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