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Timestamp: 2018-07-22 20:08:19
Document Index: 83605211

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 35', 'artículo 12']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-3362
Documento BOE-A-2018-3362
«BOE» núm. 61, de 10 de marzo de 2018, páginas 28950 a 28957 (8 págs.)
BOE-A-2018-3362
La Constitución dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos (artículo 51). Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de su Estatuto de Autonomía, reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, ostenta entre sus competencias exclusivas, enumeradas en su artículo 9, apartado 18, las de «Consumo. Regulación de las medidas de prevención, protección y defensa de los consumidores y usuarios, de sus derechos y de los órganos y procedimientos de mediación. Lucha contra el fraude».
Si hay un concepto que ha estado presente en los medios de comunicación desde el inicio de la crisis económica y que ha sufrido especialmente la población más indefensa, ha sido el de cláusula abusiva. No obstante, la defensa de los consumidores y consumidoras frente a cláusulas abusivas ha experimentado una presencia creciente en la práctica judicial durante los últimos tiempos, y con frecuencia se han anulado estos contratos por considerar que se habían vulnerado sus derechos tras comprobarse que contenían dichas cláusulas o que se había incurrido en defectos de información. En consecuencia, resulta necesario reforzar y actualizar en Extremadura las medidas contra estos abusos.
Por su parte, en materia financiera, son extraordinariamente relevantes los acontecimientos sucedidos en los tiempos recientes, que han incidido de manera sustancial en el ámbito del consumo de los bienes y servicios de este tipo. De este modo, es preciso regular uno de los campos más oscuros y de difícil acceso para la clientela: la información acerca de quién posee la titularidad jurídica de la relación financiera derivada de un contrato de préstamo concertado con una entidad bancaria, cuando se producen transmisiones de los derechos derivados de tal contrato de préstamo.
Al margen de dicha normativa, el artículo 149 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, establece que «el crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.526 del Código Civil. La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad», por tanto, no se contempla en esta norma la exigencia de dar conocimiento al deudor de la escritura pública de cesión.
Con lo cual, las dificultades con que los consumidores y las consumidoras se encuentran a la hora de averiguar si su crédito ha sido o no objeto de transmisión son enormes. Desde el punto de vista práctico, las cesiones de los créditos en los que los deudores son consumidores, se producen a favor de fondos de titulización, y deben recogerse en escrituras públicas notariales, que incluyen en sus anexos, de manera anonimizada, multitud de préstamos identificados solo por códigos alfanuméricos, a veces decenas de miles de créditos en una sola escritura, agrupados de manera aleatoria y sin posibilidad de análisis, búsqueda o identificación de un crédito en concreto.
Ante una situación de indefensión que se produce de hecho por la imposibilidad material de acceder a una información que puede ser vital para un consumidor o consumidora inmerso en una situación de impago de un préstamo, y máxime en los casos de ejecuciones judiciales del derecho de hipoteca, se hace necesaria una protección elemental: facilitar que cualquier consumidor y consumidora puedan disponer de la información sobre la titularidad e identidad del acreedor. Dado que no existe, además, ninguna razón para que esa protección y la efectividad del derecho de información se restrinjan al ámbito de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, se pretende con esta norma que sus efectos se extiendan a todo tipo de deuda contraída y en cualquier modalidad con los profesionales del crédito.
«Artículo 3 bis. Protección contra las cláusulas abusivas.
4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, la Administración autonómica competente en materia de consumo publicará en el “Diario Oficial de Extremadura” y en su página web aquellas prácticas o condiciones consideradas abusivas como consecuencia de su verificación en el mercado y que así hayan sido ratificadas por los órganos judiciales.»
«Artículo 5. Colectivos de especial protección.
3. La dirección general competente en materia de consumo elaborará y difundirá una guía de lectura fácil sobre los derechos y deberes de los consumidores y de las consumidoras dirigida preferentemente a personas con discapacidad física o psíquica o que en general tengan dificultades para una comprensión lectora.»
«e) Las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en Extremadura deberán figurar en caracteres que permitan su fácil lectura y estarán redactadas al menos en castellano, lengua oficial del Estado español.
e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.»
«g) Atender, facilitar y suministrar la información que les sea solicitada por las personas consumidoras de forma personal y, si procede, presencial, por los medios adecuados, así como atender e informar, en cualquier caso, a las personas consumidoras, de forma inmediata y adecuada y, si procede, presencialmente, de cualquier incidencia, acontecimiento o circunstancia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo. A tales efectos, si disponen de un teléfono o teléfonos de atención a la clientela, estos deben ser de carácter gratuito (sin que en ningún caso puedan ser de tarificación adicional o especial), y deben informar y facilitar el número o números a las personas consumidoras.»
«b) La exposición pública y visible de los precios y tarifas de los productos, bienes y servicios ofertados, diferenciando claramente, en su caso, los precios al contado de los precios con fórmula de pago aplazada.
Los productos, bienes o servicios ofertados como rebajados deberán incluir en sus lugares de exhibición tanto el precio anterior como el rebajado.»
«Artículo 10 bis. Servicios de tracto continuado o sucesivo.
6. Para interrumpir el servicio de tracto continuado o sucesivo es preciso que existan, como mínimo, tres recibos o facturas impagadas y sobre los cuales no concurra ninguna reclamación pendiente de resolución, siempre y cuando no hayan sido objeto de reclamación por la persona consumidora, se le hayan comunicado de forma fehaciente las consecuencias de este impago y se le haya dado un plazo no inferior a veinte días hábiles para que los pague. A estos efectos, el requerimiento o comunicación se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por la persona interesada o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del mismo.»
«j) Exigir un servicio de atención directa, personalizada y presencial ubicado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un mínimo de un establecimiento físico en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, en aquellos sectores que presten servicios de uso común y generalizado, especialmente los suministrados por operadores de telecomunicaciones y/o terceros intermediarios. Reglamentariamente podrán determinarse aquellos otros servicios de uso común y generalizado a los cuales sea de aplicación lo establecido en el párrafo anterior, así como las condiciones y ratios de atención presencial a los consumidores y las consumidoras.»
«Artículo 12.bis. Derecho de información sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo.
En caso de que la entidad conserve la titularidad del crédito se hará constar en la información proporcionada al consumidor o consumidora la manifestación de que continúa siendo el acreedor o acreedora.»
«5. Las organizaciones o asociaciones de consumidores y consumidoras en Extremadura, tienen, entre otros derechos:
g) Participar en los órganos colegiados que se constituyan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura siempre que, por razón de la materia, se debatan temas de interés para la protección de las personas consumidoras.»
w) La no notificación en plazo por las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario u ordinario a un fondo de titulización previsto en el artículo 12.bis de la presente ley.»
«Artículo 35. Infracciones muy graves.
g) La no notificación en plazo por las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario u ordinario a un fondo de titulización previsto en el artículo 12.bis de la presente ley cuando la omisión de informar sobre la titulización de una hipoteca afecta a la capacidad de la deudora o deudor hipotecario para defenderse en un procedimiento de ejecución hipotecaria.»
«Disposición transitoria segunda. Comunicación de la información.
Para hacerlo dispondrán de un plazo de tres meses, a contar desde la publicación de esta ley en el “Diario Oficial de Extremadura”.»
Entrada en vigor: 24 de febrero de 2018.
MODIFICA los arts. 5, 7, 10. b), 12. j), 17, 34, 35 y AÑADE los 3 bis, 3 ter, 10 bis, 12 bis, la disposición adicional 2 a la Ley 6/2001, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2001-14031).