Source: http://www.deportedigital.galeon.com/legislacion/leycata991.htm
Timestamp: 2018-12-19 14:45:23
Document Index: 385071817

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 12', 'artículo 26', 'artículo 32', 'artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 52']

ley del deporte de cataluña 1999
LEY 8/1999, DE 30 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN DEPORTIVA Y DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 8/1988, DEL DEPORTE, Y 11/1984, DE CREACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CATALUÑA.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 8/1999, de 30 de julio, de la Jurisdicción Deportiva y de modificación de las Leyes 8/1988, del Deporte, y 11/1984, de creación del organismo autónomo Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña.
La presente Ley responde a la necesidad de una regulación específica que determine los distintos ámbitos competencia les y los órganos jurisdiccionales intervinientes en cada una de las esferas de la actividad deportiva; también responde a la conveniencia de reunir en un solo cuerpo legal todas las disposiciones que, con motivo del desarrollo reglamentario de la Ley 8/1988, del Deporte, habían quedado dispersas, con las lógicas consecuencias que esta dispersión provocaba.
Se ha tenido en cuenta, en el momento de elaborar la presente Ley, la conveniencia de facilitar a las entidades deportivas constituidas las normas necesarias para poder ejercer, respetando el principio de legalidad y sin necesidad de desarrollos reglamentarios, la potestad disciplinaria que ya se les atribuía en la Ley del Deporte. La experiencia de diez años de vigencia de la Ley ha demostrado que, si bien los clubes y las entidades deportivas con grandes medios podían desarrollar por va de reglamento todas las normas que habilitaban y facilitaban el ejercicio de sus potestades, como la tipificación de las infracciones y el establecimiento de las sanciones y procedimientos necesarios para el ejercicio de las potestades, lo que es cierto es que dicha posibilidad no estaba al alcance de las entidades deportivas pequeñas, con escasos medios, que por falta de cobertura reglamentaria tenían problemas de legalidad en el momento de ejercerlas.
Por ello, la presente Ley, en el Título I, regula el ejercicio de la jurisdicción deportiva en sus tres ámbitos, el disciplinario, el competitivo y el electoral. El Título II efectúa una clasificación, de a forma más exhaustiva posible, de las infracciones y sanciones aplicables, para respetar el principio de legalidad y la exigencia de reserva de ley. Se ha huido de la tentación de crear un código general sancionador del deporte, que hubiera obligado a incorporar a la Ley todas las conductas sancionables como infracción de las reglas del encuentro, prueba o competición de todas las modalidades deportivas hoy reconocidas. Por ello, se ha preferido seguir el anterior modelo, dejando la posibilidad a las asociaciones y federaciones de desarrollar por reglamento la tipificación de dichas conductas, teniendo en cuenta las peculiaridades y singularidades de cada modalidad deportiva.
Siguiendo con la misma intención que la presente Ley pueda servir como herramienta efectiva para el ejercicio de la potestad disciplinaria, el Título III regula los procedimientos jurisdiccionales de forma que no sea necesario el desarrollo ulterior de los mismos. Los órganos que deben ejercer las potestades jurisdiccionales, otorgadas a entidades y federaciones, tienen en la presente Ley la vía procesal para su ejercicio, respetando los principios informadores del régimen sancionador.
El Título IV regula los recursos contra los actos y resoluciones de los órganos competentes.
El Título V está dedicado al Tribunal Catalán de Deporte, que asume las competencias que hasta ahora tenía el Comité Catalán de Disciplina Deportiva, creado por el Decreto 95/1985, de 11 de abril. En relación con el Tribunal Catalán del Deporte, la presente Ley se limita a regular sus competencias y el procedimiento para designar a sus miembros, y deja para el desarrollo reglamentario la regulación del funcionamiento orgánico y de las funciones de los miembros. Como novedad, ad más del cambio de denominación, que se ha considerado conveniente para su adecuación a las competencias que se le otorgan, hay que remarcar que dichas competencias no se limitan al apartado disciplinario, como puede comprobarse en la correspondiente enumeración, que, si bien no son nuevas, sí que en algunos casos se establecen por primera vez con rango de ley, porque hasta ahora estaban reguladas por el Decreto 145/1991, de 17 de junio, que aprobó el Reglamento del régimen y el funcionamiento interno de los clubes y asociaciones deportivas, y sus posteriores modificaciones, y por el Decreto 70/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan las federaciones deportivas catalanas.
En cuanto a las disposiciones adicionales que modifican la Ley 8/1988, de 7 de abril, del Deporte, es preciso constatar que los diez años transcurridos desde su aprobación hacen necesarias determinadas modificaciones y ampliaciones del contenido, para adaptar sus disposiciones a la realidad cambiante del deporte, así como para incorporar las materias que en el momento de su formulación no podían tenerse presentes.
Por otro lado, resulta también necesario otorgar el rango de ley a determinadas normas reglamentarias establecidas en los decretos que regulan las entidades deportivas y simplificar los trámites burocráticos que afectan a los clubes de base y agrupaciones deportivas.
La presente Ley crea el Consejo Catalán del Deporte, como organismo autónomo encargado de la dirección y gestión de la Administración deportiva, que, junto con la Secretaría General del Deporte, como órgano de dirección política, debe conformar la organización de la Administración deportiva de la Generalidad al sistema de gestión del deporte del Estado y de algunas comunidades autónomas, así como de determinados países de la Unión Europea. También regula la inspección deportiva y establece el correspondiente régimen sancionador.
Finalmente, la presente Ley crea la Comisión Antidopaje de Cataluña y la Comisión contra la Violencia en el Deporte en Cataluña, que se convierten en una necesidad, con el fin de conseguir que cada uno de dichos organismos sea el único que centralice y coordine las respectivas actuaciones en las correspondientes materias.
El objeto de la presente Leyes regular la jurisdicción deportiva en sus tres ámbitos: El disciplinario, el competitivo y el electoral, así como modificar la Ley 8/1988, del Deporte, y la Ley 11/1984, de creación del organismo autónomo Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña.
1. En el ámbito disciplinario, la potestad jurisdiccional deportiva se extiende a conocer las infracciones de las reglas del encuentro, la prueba o la competición, específicas de cada modalidad deportiva, y las infracciones de la conducta deportiva tipificadas con carácter general en la presente Ley y, específicamente, en las disposiciones estatutarias o las reglamentaciones específicas de cada club o asociación deportiva y de las federaciones deportivas catalanas.
2. La potestad jurisdiccional en el ámbito disciplinario confiere a sus titulares legítimos la posibilidad de enjuiciar y, si procede, sancionar a las personas o entidades sometidas a la disciplina deportiva, según las respectivas competencias.
1. En el ámbito competitivo, la potestad jurisdiccional deportiva se extiende a conocer las cuestiones de naturaleza competitiva que se planteen en relación o como consecuencia de la práctica del deporte, regulada por las normas aplicables a cada federación deportiva.
2. La potestad jurisdiccional en el ámbito competitivo confiere a sus titulares legítimos la posibilidad de conocer y solventar todas las cuestiones que se planteen en relación con la aplicación de las normas reglamentarias deportivas establecidas para regular la competición que corresponda al respectivo ámbito organizativo.
1. En el ámbito electoral, la potestad jurisdiccional se extiende a conocer las cuestiones que puedan surgir en los procesos electorales de los clubes o asociaciones deportivas y de las federaciones, desde que empieza el proceso electoral hasta que concluye.
2. La potestad jurisdiccional en el ámbito electoral confiere a sus legítimos titulares la posibilidad de conocer y resolver todas las cuestiones que se planteen en relación con los procedimientos electorales para proveer los cargos de dirección y representación de los clubes o asociaciones deportivas y de las federaciones deportivas catalanas, así como en relación con los procedimientos establecidos para censurar o reprobar la gestión del presidente o presidenta y la junta directiva de los clubes y federaciones deportivas catalanas.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional deportiva en el ámbito disciplinario corresponde:
A los jueces y árbitros durante el desarrollo del encuentro, prueba o competición, con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva o en las específicas aprobadas para la competición de que se trate.
A las juntas directivas de las agrupaciones y clubes deportivos, en lo referente a sus socios, deportistas, técnicos y directivos.
A los Comités de competición y disciplina deportiva y de apelación de cada federación deportiva, en lo referente a todas las personas que integran la estructura orgánica federativa, a los clubes deportivos y sus directivos, deportistas, técnicos, jueces o árbitros y, en general, en lo referente a todas las personas y entidades que estén federadas y desempeñen la actividad deportiva en el ámbito de actuación de la correspondiente federación catalana.
Al Tribunal Catalán del Deporte, en lo referente a las mismas personas y entidades a as que se hace referencia en las letras b) y c) y, en general, en lo referente al conjunto de la organización deportiva y de las personas que la integran.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional deportiva en el ámbito de la competición corresponde:
A las juntas directivas de las agrupaciones y clubes deportivos, en relación con los encuentros o competiciones de carácter interno asociativo.
A los comités de competición y disciplina deportiva y de apelación de cada federación deportiva, en el ámbito de la competición federada.
Al Tribunal Catalán del Deporte, en el mismo ámbito de la competición federada.
1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional deportiva, en relación con los procedimientos electorales de las asociaciones y clubes deportivos, corresponde:
A la respectiva junta electoral de las asociaciones o clubes deportivos.
A los comités de apelación de las federaciones deportivas catalanas.
Al Tribunal Catalán del Deporte.
2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional electoral, en relación con los procedimientos electorales de las federaciones deportivas catalanas y las agrupaciones deportivas, corresponde:
A la junta electoral de las federaciones deportivas catalanas y de las agrupaciones deportivas.
Las entidades deportivas catalanas ejercen la potestad jurisdiccional deportiva en los ámbitos disciplinario, competitivo y electoral de acuerdo con sus estatutos y el resto del ordenamiento jurídico deportivo.
LA DISCIPLINA DEPORTIVA.
La competencia atribuida a la jurisdicción disciplinaria deportiva, a efectos de la presente Ley, y cuando se trate de actividades de las asociaciones y clubes deportivos y de las federaciones deportivas catalanas o de competiciones comprendidas dentro del ámbito de actuación de las federaciones deportivas catalanas, se extiende a conocer las infracciones de las reglas del encuentro, prueba o competición y de la conducta deportiva, tipificadas con carácter general en la presente Ley y las disposiciones estatutarias o reglamentarias específicas de cada federación catalana.
Las infracciones se clasifican del siguiente modo:
Son infracciones de la conducta deportiva las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en las normas generales o específicas de disciplina y convivencia deportivas, sean o no cometidas en el transcurso de un partido, una prueba o una competición de tipo federativo.
Son infracciones de las reglas del juego las acciones u omisiones que en el transcurso de un partido, una prueba o una competición de tipo federativo vulneran las normas reglamentarias reguladoras de la práctica de un deporte o una especialidad deportiva concreta.
En relación con la disciplina deportiva, las disposiciones estatutarias o reglamentarias de las federaciones deportivas catalanas deben establecer inexcusablemente, con pleno respeto por las disposiciones contenidas en la Ley 8/1988, del Deporte, las siguientes cuestiones:
Un sistema tipificado de infracciones de las reglas del juego específicas de cada federación, que determine su carácter de muy grave, grave y leve Si las disposiciones estatutarias o reglamentarias federativas tipifican las mismas infracciones de la conducta deportiva ya contempladas en la presente Ley, la calificación de éstas según la gravedad debe coincidir con la gradación establecida en la presente Ley.
Un sistema de sanciones proporcional al de infracciones tipificadas.
La determinación de las causas modificativas de la responsabilidad y los requisitos de su extinción y prescripción.
La observancia de los principios legales establecidos respecto al procedimiento sancionador, especialmente los relativos a la prohibición de imponer doble sanción por los mismos hechos y de sancionar por infracciones tipificadas con posterioridad al momento de haber sido cometidas, y la aplicación de los efectos retroactivos favorables.
Los procedimientos disciplinarios de tramitación imposición, si procede, de sanciones que garanticen el respeto del trámite de audiencia de los interesados.
Un sistema de recursos contra las resoluciones dictadas en ejercicio de la potestad disciplinaria.
1. Las infracciones de la conducta deportiva se clasifican en muy graves, graves y leves.
Las agresiones a los jueces, árbitros, jugadores, público, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas si causan lesiones que significan un detrimento de la integridad corporal o de la salud física o mental de la persona agredida.
Los comportamientos antideportivos que impidan la realización de un partido, una prueba o una competición o que obliguen a su suspensión temporal o definitiva.
Las intimidaciones o coacciones realizadas contra árbitros, jueces, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.
La desobediencia manifiesta de las órdenes e instrucciones emanadas de jueces, árbitros, técnicos y directivos y demás autoridades deportivas.
La violación de secretos en asuntos que se conozcan por razón del cargo.
Los actos de rebeldía contra los acuerdos de federaciones, agrupaciones y clubes.
Los actos dirigidos a predeterminar no deportivamente el resultado de un partido, una prueba o una competición.
La alineación indebida, la incomparecencia no justificada o la retirada de una prueba, un partido o una competición.
El consumo de sustancias o fármacos destinados a aumentar artificialmente la capacidad física del deportista y la práctica de actividades o la utilización de métodos antirreglamentarios que puedan modificar o alterar los resultados de una competición o una prueba.
La promoción del consumo de sustancias o fármacos o la incitación a su consumo o a practicar o utilizar los métodos a los que se hace referencia en la letra j).
Los actos dirigidos a predeterminar o alterar los resultados de las elecciones de los cargos de representación o dirección de los clubes deportivos y federaciones deportivas y todos los actos dirigidos a impedir o perturbar el desarrollo de los procesos electorales de los clubes deportivos y federaciones deportivas catalanas.
El quebrantamiento de la sanción impuesta por una falta grave o muy grave.
Los incumplimientos de los acuerdos de las asambleas generales o las juntas de socios de las federaciones o asociaciones y clubes deportivos, as como de los reglamentos electorales y otras disposiciones estatutarias o reglamentarias.
La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y reiterada, de los órganos colegiados de las federaciones o las juntas de socios de los clubes y asociaciones deportivas.
El incumplimiento de las resoluciones firmes dictadas por el Tribunal Catalán del Deporte.
La utilización incorrecta de los fondos privados de las asociaciones y clubes deportivos y de las federaciones deportivas catalanas, así como de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas recibidas del Estado y de las comunidades autónomas o ayuntamientos y otras corporaciones de derecho público.
Los actos, manifestaciones y cualquier tipo de conducta que, directa o indirectamente, induzcan o inciten a la violencia.
Las que con dicho carácter establezcan las asociaciones, agrupaciones y federaciones como infracción de la conducta deportiva, que sean específicas del deporte de que se trate.
Las agresiones a las que se hace referencia en el apartado 2.a), si implican una gravedad menor, según el medio utilizado o el resultado producido.
Los insultos y ofensas a jueces, árbitros, técnicos y directivos y demás autoridades deportivas, o contra el público asistente y otros jugadores.
Las conductas que alteren el desarrollo normal de un partido, una prueba o una competición.
El incumplimiento de órdenes, convocatorias o instrucciones emanadas de jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.
Los actos notorios y públicos que atenten contra el decoro o dignidad deportiva.
El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función deportiva desarrollada.
El quebrantamiento de la sanción por infracción leve.
La comisión por negligencia de las infracciones tipificadas en las letras n), o), p) y q) del apartado 2.
La actitud pasiva en el cumplimiento de las obligaciones de prevenir la violencia en los espectáculos públicos, y de luchar contra la misma, así como en la investigación y el descubrimiento de la identidad de los responsables de actos violentos.
Las que con dicho carácter establezcan las asociaciones, agrupaciones y federaciones como infracción de la conducta deportiva.
Las observaciones formuladas a jueces, árbitros, técnicos y directivos y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones, de forma que supongan una leve incorrección.
La leve incorrección con el público u otros jugadores o competidores.
La actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces, árbitros, técnicos y directivos y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
El incumplimiento de las normas deportivas por negligencia o descuido, salvo en caso de que constituya una infracción grave o muy grave.
Se consideran infracciones muy graves, graves y leves de las reglas del encuentro, prueba o competición las que con dicho carácter establezcan los estatutos y reglamentos de los distintos entes de la organización deportiva, que deben tipificar las acciones y omisiones en función de su gravedad y de la especificidad de las distintas modalidades deportivas, con pleno respeto por los principios y criterios generales establecidos en la presente Ley.
1. Por razón de las infracciones tipificadas en la presente Ley pueden imponerse las siguientes sanciones:
Suspensión o inhabilitación temporal.
Privación definitiva o temporal de los derechos de asociado o asociada.
Privación de la licencia federativa.
Inhabilitación a perpetuidad.
Clausura del terreno de juego o recinto deportivo.
Prohibición de acceso a los estadios y recintos deportivos.
Pérdida del partido o la descalificación en la prueba.
Pérdida de puntos o de puestos en la clasificación.
Pérdida o el descenso de categoría o división.
2. Corresponden a las infracciones muy graves:
Privación definitiva de la licencia federativa.
Privación definitiva de los derechos de asociado o asociada.
Suspensión o inhabilitación temporal por un período de uno a cuatro años o, si procede, por un período de una a cuatro temporadas.
Privación del derecho de asociado o asociada por un período de uno a cuatro años.
La multa de hasta 200.000 pesetas.
Pérdida o descenso de categoría o división, pérdida de puntos o puestos en la clasificación, o clausura del terreno de juego o del recinto deportivo por un período de cuatro partidos a una temporada, según sea procedente.
Pérdida del partido o descalificación de la prueba.
Prohibición de acceso a los estadios o recintos deportivos por un período de un año o más, hasta cinco.
3. Corresponden a las infracciones graves:
Suspensión o inhabilitación por un período de un mes a un año, o en su caso, de cinco partidos a una temporada.
Privación de los derechos de asociado o asociada por un período de un mes a un año.
Pérdida del partido, o descalificación en la prueba, o clausura del terreno de juego o recinto deportivo por un período de un partido o más, hasta tres, según sea procedente
Prohibición de acceso a los estadios o recintos deportivos por un período de un mes a un año.
4. Corresponden a las infracciones leves:
Suspensión por un período no superior a un mes o un período de uno a cuatro partidos.
Multa de hasta 50.000 pesetas.
Privación de los derechos de asociado o asociada por un período máximo de un mes.
Prohibición de acceso a los estadios o recintos deportivos por un período máximo de un mes.
La sanción de multa sólo puede imponerse a las entidades deportivas y a los infractores que perciben retribución económica por su tarea. El impago de las multas determina la suspensión por un período ni inferior ni superior al de la suspensión que podría imponerse por la comisión de una infracción de la misma gravedad que la que determinó la imposición de la sanción económica.
Las sanciones de multa, de pérdida del partido, de descuento de puntos en la clasificación, de pérdida de categoría o división y de prohibición de entrar en los estadios o recintos deportivos pueden imponerse simultáneamente a cualquier otra sanción.
En caso de que se imponga una sanción que implique la pérdida del partido o la descalificación de la prueba, o si se impone una sanción por una infracción que tenga por objeto la predeterminación, mediante precio, acuerdo o intimidación, del resultado de un partido, una prueba o una competición, o si la infracción es de las tipificadas en el apartado 2.j) del artículo 12, los órganos disciplinarios titulares de la potestad sancionadora esten facultados para alterar el resultado del partido, la prueba o la competición, si puede determinarse que, de no haberse producido la infracción, el resultado hubiese sido distinto.
Son circunstancias que agravan la responsabilidad:
La reiteración.
El perjuicio económico ocasionado.
1. Hay reiteración si el autor o autora de una infracción ha sido sancionado en el curso de una misma temporada por otro hecho que tenga señalada una sanción igual o superior o por más de uno que tenga señalada una sanción inferior.
2. Hay reincidencia si el autor o autora de una infracción ha sido sancionado en el curso de una misma temporada por un hecho de la misma naturaleza o análoga al que debe sancionarse.
La provocación suficiente, inmediatamente anterior a la comisión de la infracción.
El arrepentimiento espontáneo.
Los órganos disciplinarios pueden, en el ejercicio de su función, aplicar la sanción en el grado que estimen conveniente, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, la personalidad del responsable, las consecuencias de la infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.
1. La responsabilidad disciplinaria se extingue:
Por el cumplimiento de la sanción.
Por la prescripción de las infracciones o sanciones.
Por la muerte de la persona inculpada.
Por la disolución del club, entidad o federación sancionada.
Por el levantamiento de la sanción.
Por la pérdida de la condición de deportista, de árbitro o árbitra o de técnico o técnica federado o de miembro del club o asociación deportiva de la que se trate. En este último caso, si la pérdida de la condición es voluntaria, este supuesto de extinción de la responsabilidad disciplinaria tiene efectos meramente suspensivos si quien está sujeto a procedimiento disciplinario en trámite o ha sido sancionado recupera en cualquier modalidad deportiva, y dentro de un plazo de tres años, la condición con la que quedaba vinculado a la disciplina deportiva. En tal caso, el tiempo de suspensión de la responsabilidad disciplinaria no se computa a efectos de la prescripción de las infracciones ni de las sanciones.
2. Las infracciones leves prescriben al mes; las graves, al año, y las muy graves, a los tres años de haber sido cometidas.
3. El plazo de prescripción de las infracciones empieza a contar el día en que se han cometido, se interrumpe en el momento en que se acuerda iniciar el procedimiento y vuelve a contar si el expediente permanece paralizado por causa no imputable al infractor o infractora durante más de dos meses o si el expediente acaba sin que el infractor o infractora haya sido sancionado.
4. Las sanciones prescriben al mes si han sido impuestas por infracción leve; al año, si lo han sido por infracción grave, y a los tres años, si lo han sido por infracción muy grave.
5. El plazo de prescripción de la sanción empieza a contar el día siguiente al de adquirir firmeza la resolución por la que se ha impuesto o al día en que se ha violado su cumplimiento, si la sanción había empezado a cumplirse.
Las sanciones impuestas son inmediatamente ejecutivas, sin que las reclamaciones o recursos que se interpongan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución, salvo en caso de que, después de haber interpuesto el recurso, el órgano encargado de su resolución acuerde, a instancia de parte, la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta, si concurre alguno de los siguientes requisitos:
Si concurre una causa de nulidad de pleno derecho de la sanción impuesta.
Si la no suspensión puede suponer daños o perjuicios de imposible o difícil reparación.
Si hay apariencia de buen derecho en favor de la persona que presenta el recurso.
Si la no suspensión puede provocar la imposibilidad de aplicar la resolución del recurso.
LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.
LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO.
1. Para imponer sanciones por cualquier tipo de infracción es preceptiva la instrucción previa de un expediente disciplinario, de acuerdo con el procedimiento establecido en este capítulo o de acuerdo con lo establecido en los estatutos o reglamentos del club o asociación deportiva o de la correspondiente federación.
2. Los estatutos o reglamentos del club o asociación deportiva o de la correspondiente federación deben ajustarse a los principios generales de los procedimientos disciplinarios, de forma que regulen y respeten el tramite de audiencia de los interesados, que respeten el derecho del presunto infractor o infractora de conocer, antes de que caduque el trámite de audiencia, la acusación que se ha formulado en su contra, y que respeten el derecho de los interesados en el expediente a formular las alegaciones que crean pertinentes, a recusar al instructor o instructora y al secretario o secretaria del expediente por causa legítima, y a proponer las pruebas que tiendan a la demostración de las alegaciones y que guarden relación con lo que es objeto de enjuiciamiento.
1. Los procedimientos disciplinarios para las infracciones de las reglas del encuentro, prueba o competición, o de la conducta deportiva, susceptibles de ser calificadas de constitutivas de una falta leve o grave, cuando requieran la intervención inmediata de los órganos disciplinarios por razón del desarrollo normal del encuentro, prueba o competición, pueden tramitarse por el procedimiento de urgencia que establezcan los reglamentos de las distintas federaciones, y, en su defecto, por el procedimiento de urgencia regulado en la sección segunda.
2. El procedimiento de urgencia que tengan establecido las distintas federaciones para imponer las sanciones a las que se hace referencia en el apartado 1 debe regular, en cualquier caso, la forma y los plazos preclusivos para el cumplimiento del trámite de audiencia y reconocer el derecho del infractor o infractora a conocer, antes de que caduque el trámite de audiencia, la acusación que se haya formulado en su contra, así como el derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, a recusar a los miembros del comité u órgano disciplinario que tenga atribuida la potestad sancionadora, y a proponer pruebas tendentes a demostrar los hechos en que el infractor o infractora, pueda basar su defensa.
SECCIÓN II. EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El procedimiento de urgencia se inicia mediante el acta del partido, prueba o competición que refleje los hechos que pueden dar lugar a sanción, que debe ser suscrita por el árbitro o árbitra o quien esté oficialmente encargado de su levantamiento y por los competidores o sus representantes, si se trata de deportes, de competición individual, o por los representantes de los clubes o sus delegados, si se trata de competición por equipos.
El procedimiento de urgencia también puede iniciarse mediante una denuncia de la parte interesada contemplada en el acta del partido o realizada posteriormente, siempre y cuando la denuncia se registre en las oficinas de la federación correspondiente dentro del segundo día hábil siguiente al día en que se haya celebrado el partido, prueba o competición.
En el supuesto de que los hechos que puedan dar lugar a sanción no esten reflejados en el acta del partido, prueba o competición, sino mediante anexo o documento similar, en el que no exista constancia de que el infractor o infractora conozca su contenido, el procedimiento se inicia en el momento en que tenga entrada en la correspondiente federación el anexo del acta del partido o documento en el que queden reflejados los hechos objeto de enjuiciamiento.
Una vez iniciado el procedimiento por la denuncia de la parte interesada o como consecuencia de un anexo del acta del partido o documento similar, inmediatamente debe darse traslado de la denuncia o del anexo o documento a los interesados.
Los interesados, en el plazo de dos días hábiles siguientes al día en el que se les entrega el acta del partido, prueba o competición, en el caso especificado en el artículo 26, o en el plazo de dos días hábiles siguientes al día en el que haya sido notificada la denuncia o el anexo o documento similar, al que se hace referencia en los artículos 28 y 29, pueden formular, verbalmente o por escrito, las alegaciones o manifestaciones que, en relación con los hechos imputados en el acta, la denuncia o el anexo o documento similar, consideren convenientes a su derecho y pueden, dentro del mismo plazo, proponer o aportar también, en su caso, las pruebas pertinentes para demostrar sus alegaciones, si tienen relación con los hechos imputados.
Si los interesados proponen alguna prueba para cuya práctica se requiere el auxilio del órgano competente para resolver el expediente, éste, antes de dictar la resolución pertinente, si estima procedente la práctica de la prueba, debe ordenar que se practique, debe disponer lo que sea necesario para que se lleve a cabo lo antes posible, como máximo dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al día en el que se haya acordado su realización y debe notificar a los interesados el lugar y el momento en que se practicará, si la prueba requiere la presencia de los interesados.
Si no se practican pruebas o una vez practicadas las admitidas o transcurrido el plazo establecido para la práctica de las mismas, el órgano competente, en el plazo máximo de cinco días, dicta la resolución en la que, de forma sucinta, deben expresarse los hechos imputados, los preceptos infringidos y los que habilitan la sanción que se imponga. Si los interesados han solicitado la práctica de pruebas y el órgano lo considera improcedente, deben expresarse en la misma resolución los motivos de la denegación de las pruebas.
La resolución a la que se hace referencia en el artículo 32 debe notificarse a los interesados, con expresión de los recursos que puedan formularse contra la misma y del plazo para su interposición.
SECCIÓN III. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Salvo en los casos tipificados en el artículo 25.1, para enjuiciar las infracciones debe procederse de acuerdo con lo establecido en la presente sección.
El procedimiento para enjuiciar las infracciones se inicia con la providencia del órgano competente, de oficio, a denuncia de parte interesada o a requerimiento de la Secretaría General del Deporte de la Generalidad o del Tribunal Catalán del Deporte. Las denuncias deben expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, la relación de los hechos que puedan constituir infracción y la fecha de comisión y, siempre y cuando sea posible, la identificación de los posibles responsables.
El órgano competente, antes de acordar el inicio del procedimiento, puede ordenar, con carácter previo, las investigaciones y actuaciones necesarias para determinar si concurren en el mismo circunstancias que justifiquen el expediente, especialmente en lo referente a determinar los hechos susceptibles de motivar la incoación de expediente, a identificar a la persona o personas que puedan resultar responsables de los mismos y a las demás circunstancias.
El órgano competente, después de recibir la denuncia o requerimiento para incoar un expediente y practicadas las actuaciones previas que se consideren pertinentes, dicta la providencia de inicio del expediente si entiende que los hechos que se denuncian pueden constituir infracción. En caso contrario, dicta la resolución oportuna que acuerda la improcedencia de iniciar el expediente, que se notifica a quien ha presentado la denuncia o requerimiento para iniciar el expediente.
No puede interponerse recurso contra la resolución que acuerde el inicio del expediente. Contra la que acuerde la improcedencia de su inicio, puede interponerse recurso ante el órgano superior, en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente al de su notificación.
La providencia en la que se acuerde el inicio del procedimiento debe contener el nombramiento de instructor o instructora, que debe encargarse de la tramitación del expediente, y el del secretario o secretaria que debe asistir al instructor o instructora en su tramitación, además de una sucinta relación de los hechos que motivan el inicio del expediente, la posible calificación, la identificación de la persona o personas presuntamente responsables y las sanciones que podrían corresponder a los mismos, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente.
Al instructor o instructora y al secretario o secretaria les son de aplicación las causas de abstención y recusación previstas en la legislación del Estado para el procedimiento administrativo común. Los interesados pueden ejercer el derecho de recusación en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente al de la notificación de la providencia de inicio del expediente y al mismo órgano que la haya dictado, el cual debe resolver sobre la recusación en el plazo de los tres días hábiles siguientes.
En la providencia que acuerde el inicio del procedimiento debe concederse a los interesados el plazo de seis días hábiles, a contar del día siguiente al de la notificación, para que puedan proponer por escrito la práctica de todas las diligencias de prueba que puedan conducir a la aclaración de los hechos y al enjuiciamiento adecuado.
Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 41, el instructor o instructora, mediante la oportuna resolución, ordena la práctica de las pruebas que, propuestas o no por los interesados, sean relevantes para el procedimiento y la resolución. Por dicho motivo, en la misma resolución, el instructor o instructora abre a prueba el expediente por un plazo no superior a veinte días hábiles ni inferior a cinco, y comunica a los interesados, a los que debe serles notificada la resolución, el lugar, el momento y la forma de practicar cada prueba.
Contra la resolución del instructor o instructora que deniegue la práctica de una prueba propuesta por los interesados, éstos pueden reclamar al órgano competente para resolver el expediente en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente al de la notificación de la resolución. El órgano competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, resuelve sobre la admisión o el rechazo de la prueba propuesta y, en caso de que la admita, resuelve lo que proceda para la correspondiente práctica.
Una vez transcurrido el plazo fijado para la práctica de las pruebas, el instructor o instructora, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al día en el que finaliza el plazo de práctica de las pruebas, propone e sobreseimiento y archivo del expediente, si considera que no hay motivos para formular ningún pliego de cargos o, en caso contrario, formula un pliego de cargos, en el que deben reflejarse los hechos imputados, las circunstancias concurrentes y las correspondientes infracciones que puedan constituir motivo de sanción, junto con la propuesta de resolución. La propuesta de sobreseimiento y archivo del expediente o, en su caso, el pliego de cargos y propuesta de resolución deben notificarse a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la notificación, puedan examinar el expediente y puedan presentar por escrito las alegaciones que consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses.
Una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para formular las alegaciones, el instructor o instructora eleva el expediente al órgano competente para su resolución y mantiene o reforma la propuesta de resolución a la vista de las alegaciones formuladas por los interesados, para la deliberación y decisión del expediente.
La resolución del órgano competente pone fin al expediente y debe dictarse en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar del día siguiente a aquel en que el expediente se eleva al órgano competente.
EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL ÁMBITO COMPETITIVO
Todos los expedientes que se incoan de oficio o a instancia de parte en materia propia de la jurisdicción dentro del ámbito competitivo deben tramitarse observando las siguientes fases procedimentales:
La resolución inicial y su notificación fehaciente a las partes interesadas y a las que se consideren afectadas por la decisión final.
El plazo de alegaciones, la proposición de prueba y la práctica de la misma.
La resolución final y la comunicación fehaciente a las partes intervinientes, con especificación de los recursos pertinentes y del plazo para su interposición.
Una vez iniciado cualquier procedimiento, el órgano competente para su incoación puede adoptar, con sujeción al principio de proporcionalidad, las medidas provisionales que estime pertinentes para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse. La adopción de medidas provisionales puede producirse en cualquier momento del procedimiento, de oficio a a petición razonada del instructor o instructora, mediante acuerdo motivado, que debe ser notificado a los interesados. Contra el acuerdo de adopción de cualquier medida provisional puede interponerse recurso ante el órgano competente para resolver el recurso, en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente al de la notificación del acuerdo en que se adopte la medida.
Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos a los que se refieren los capítulos I y II puede interponerse recurso ante el órgano competente para su resolución en el plazo de tres días hábiles, a contar del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución.
Una vez interpuesto el recurso, el órgano competente para su resolución debe dar traslado del mismo inmediatamente a los demás interesados para que, si procede, puedan impugnarlo en el plazo de dos días hábiles.
Si en el recurso o impugnación se pide la práctica de pruebas indebidamente denegadas por el órgano que haya dictado la resolución impugnada, o se pide la práctica de pruebas de las que la parte que las proponga no haya podido tener noticia antes de dictarse la resolución impugnada, el órgano competente, antes de resolver el recurso, debe pronunciarse sobre la práctica de la prueba solicitada y, en caso de que acuerde practicarla, debe adoptar los acuerdos que sean necesarios para que se practique en el plazo máximo de seis días hábiles, con intervención de las partes, si la prueba lo requiere.
Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 50, si no se ha solicitado ninguna prueba, o, en su caso, no se ha practicado la que ha sido admitida o ha transcurrido e! plazo fijado en el artículo 51 sin que se haya practicado, el órgano competente para resolver el recurso dicta la resolución oportuna en el plazo máximo de diez días, la cual debe notificarse a los interesados, con expresión de los recursos que puedan interponerse contra la misma y el plazo para su interposición
En caso de que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 52 sin que se haya dictado resolución expresa, se entiende que el recurso ha sido desestimado, y se deja expedita la vía administrativa.
Se puede recurrir contra los actos y las resoluciones adoptadas por los órganos competentes de los clubes y asociaciones deportivas y de las federaciones deportivas catalanas, si han agotado, respectivamente, la vía asociativa o la federativa, según el siguiente régimen:
Si son resoluciones definitivas dictadas por el órgano competente de los clubes o asociaciones deportivas en materia disciplinaria deportiva, debe ser al comité de apelación de la federación catalana correspondiente a la actividad deportiva principal de la entidad, si se trata de clubes federados, o directamente al Tribunal Catalán del Deporte, sí esten constituidos como clubes de ocio, en el plazo de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución objeto de recurso.
Si son decisiones adoptadas por los órganos electorales de los clubes o asociaciones deportivas, debe ser al comité de apelación de la federación catalana correspondiente a la actividad deportiva principal de la entidad, sí se trata de clubes federados, o directamente al Tribunal Catalán del Deporte, si esten constituidos como clubes de ocio, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo objeto de recurso o al de aquel en que se entienda desestimada tácitamente la reclamación porque no se ha dictado ninguna resolución expresa en el plazo establecido.
Si son decisiones adoptadas por los órganos electorales de las federaciones y agrupaciones deportivas catalanas, debe ser al Tribunal Catalán del Deporte, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo objeto de recurso o al de aquel en que la reclamación se entienda desestimada tácitamente porque no se ha dictado ninguna resolución expresa en el plazo establecido.
Si son resoluciones dictadas por los comités de apelación de las federaciones deportivas catalanas, en el ámbito de su competencia revisora en materia electoral, disciplinaria deportiva y competitiva, debe ser al Tribunal Catalán del Deporte, en el plazo de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo objeto de recurso o al de aquel en que el recurso inicial debe entenderse desestimado tácitamente porque no se ha dictado ninguna resolución expresa dentro del plazo establecido.
Si son resoluciones definitivas adoptadas por los órganos competentes de los clubes y federaciones deportivas catalanas en materia disciplinaria asociativa, o cualquier otra decisión emanada de sus órganos de gobierno y representación, debe ser a la autoridad judicial, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley para la resolución extrajudicial de los conflictos en el deporte.
2. Las decisiones acordadas con carácter inmediato por los jueces o árbitros durante el desarrollo de un encuentro o un partido referidas a las infracciones de las reglas del juego y la conducta deportiva son inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de que, en función de las características propias de cada modalidad deportiva, los reglamentos federativos puedan establecer un sistema posterior de reclamaciones, fundamentadas en la existencia de un error material manifiesto.
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