Source: https://beta.e-justice.europa.eu/85/ES/which_country_s_court_is_responsible?ROMANIA&member=1
Timestamp: 2020-01-17 12:49:17
Document Index: 185336737

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 914', 'artículo 269', 'artículo 126', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 130', 'artículo 1066']

En Rumanía, además de los tribunales ordinarios, existen secciones o salas especializadas para la resolución de litigios con respecto a determinados asuntos.
De conformidad con las disposiciones de la Ley n.º 304/2004 sobre la organización de la justicia, el Tribunal Supremo de Casación y Justicia (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) cuenta con cuatro salas: Sala de lo Civil I, Sala de lo Civil II, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso-administrativo y de Litigios Fiscales; la Sala de nueve jueces y las Salas Conjuntas tienen cada una su propia jurisdicción. Los órganos jurisdiccionales, los tribunales de apelación o, cuando proceda, los tribunales de distrito cuentan con secciones o salas especializadas para los asuntos civiles, asuntos penales, asuntos relativos a los menores y la familia, asuntos sobre litigios administrativos y fiscales, asuntos relativos a litigios laborales y de la seguridad social, sociedades, Registro Mercantil, insolvencia, competencia desleal y asuntos marítimos y fluviales. Pueden establecerse tribunales especializados para resolver sobre los asuntos anteriores cuando proceda.
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el procedimiento normal para los asuntos civiles. Sus disposiciones se aplican a otros asuntos en la medida en que las normas que los rijan no establezcan lo contrario.
Los artículos 94 a 97 de la Ley de Enjuiciamiento Civil rigen la competencia relativa al objeto de los órganos jurisdiccionales civiles.
Como juzgados de primera instancia, los tribunales de distrito conocen de los siguientes asuntos relativos a demandas pecuniarias o no:
demandas que, de conformidad con el Código Civil, son competencia del tribunal de familia y custodia;
demandas relativas a inscripciones en el registro civil;
demandas relativas a la administración de edificios/apartamentos/espacios de varias plantas que sean propiedad exclusiva de diferentes personas y las relaciones jurídicas establecidas por las asociaciones de propietarios con otras personas físicas o jurídicas;
demandas de desahucio;
demandas relativas a muros compartidos y zanjas, la distancia entre edificios y fincas, los derechos de paso, los gravámenes y otras servidumbres que afecten a los derechos de propiedad;
demandas relativas a cambios en los límites y marcado de límites;
demandas para la protección de la posesión;
demandas relativas a las obligaciones positivas o negativas no pecuniarias;
demandas relativas a particiones judiciales, independientemente de su cuantía;
otras demandas pecuniarias, hasta 200 000 RON, independientemente de la capacidad de las partes.
Los tribunales de distrito conocen de las apelaciones contra las decisiones de las autoridades públicas y otros organismos competentes. Los tribunales de distrito también pueden conocer de otras demandas que por ley son de su competencia.
Los tribunales conocen de:
como juzgados de primera instancia, todas las demandas que por ley no son competencia de otros tribunales;
como tribunales de apelación, los recursos contra las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia;
como tribunales de revisión, los asuntos indicados específicamente por la legislación;
cualesquiera otras demandas que por ley sean de su competencia.
Los tribunales de apelación conocen de:
como juzgados de primera instancia, las demandas relativas a litigios administrativos y fiscales;
como tribunales de apelación, los recursos contra las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia;
El Tribunal Supremo de Casación y Justicia conoce de:
los recursos contra las sentencias de los tribunales de apelación y otras, en los asuntos establecidos por la legislación;
las revisiones en interés de la ley;
las demandas relativas a una decisión anterior para aclarar determinados asuntos jurídicos;
El sistema judicial civil rumano distingue entre tribunales superiores e inferiores, y la competencia en relación con el objeto sobre el que se resuelve se reparte entre tribunales de distinta clasificación según criterios funcionales (tipo de obligación) y procesales (cuantía, objeto o naturaleza del litigio).
La Ley de Enjuiciamiento Civil ha introducido cambios en cuanto a la competencia, y los tribunales se han convertido en órganos jurisdiccionales con plena competencia para conocer sustancialmente de los asuntos en primera instancia. La competencia de los tribunales de distrito incluye las demandas de escasa cuantía y/o menos complejas, que son muy frecuentes en la práctica.
Los tribunales de apelación son competentes para conocer principalmente de los recursos, mientras que el Tribunal Supremo de Casación y Justicia es el tribunal ordinario de revisión que garantiza la interpretación y aplicación uniformes del Derecho a nivel nacional.
Las normas sobre la competencia territorial del sistema judicial civil rumano se establecen en el artículo 107 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De conformidad con la norma general, la demanda se presenta ante el tribunal en el que el demandado tiene su domicilio u oficina.
Existen normas específicas sobre la competencia territorial, como por ejemplo:
si no se conoce el domicilio u oficina del demandado, la demandas debe presentarse ante el tribunal en el que el demandado tiene su residencia/oficina representativa y, si no se conoce, ante el tribunal en el que el demandante tenga su domicilio/oficina/residencia/representación;
las demandas contra personas jurídicas regidas por el Derecho privado se pueden presentar también ante el tribunal en el que esté situada una de sus filiales sin personalidad jurídica;
las demandas contra una asociación, sociedad u otras entidades sin personalidad jurídica pueden presentarse ante el tribunal competente sobre la persona que, previo acuerdo de sus miembros, tenga asignada su gestión o administración; a falta de dicha persona, la demanda puede presentarse ante el tribunal competente sobre cualquiera de los miembros de la entidad en cuestión;
las demandas contra el Estado, las autoridades e instituciones centrales o locales y otras personas jurídicas regidas por el Derecho público pueden presentarse ante el tribunal donde el demandante tenga su domicilio/oficina o ante el tribunal del lugar en el que el demandado tenga su oficina.
La Ley de Enjuiciamiento Civil rumana establece normas de competencia alternativa (artículos 113 a 115). Por tanto, los siguientes tribunales también tienen competencia territorial:
el tribunal del lugar en el que el demandante tenga su domicilio (demanda de establecimiento de filiación paterna);
el tribunal del lugar en el que el demandante-acreedor tenga su domicilio (obligación de pensión alimenticia);
el tribunal del lugar en el que se ejecuta la obligación contractual, tal y como se estipule en el contrato;
el tribunal del lugar en el que se encuentre la propiedad (arrendamientos, registro/justificación/corrección de terrenos);
el tribunal del lugar en el que se produzca la salida/llegada (contratos de transporte);
el tribunal del lugar en el que se efectúe el pago (letras de cambio, cheques, pagarés u otros valores);
el tribunal del lugar en el que el consumidor tenga su domicilio (indemnización por daños a los consumidores derivados de contratos celebrados con profesionales);
el tribunal del lugar en el que se haya cometido el delito o en el que se haya producido el daño en las demandas relativas a obligaciones derivadas de esas escrituras.
Cuando, fuera de su domicilio, el demandado desempeñe normalmente actividades profesionales, agrícolas, comerciales, industriales o similares, la demanda también puede interponerse ante el tribunal del lugar en el que se realicen las actividades respecto a las obligaciones pecuniarias derivadas o que deban cumplirse en ese lugar.
Respecto a los asuntos de seguros, la demanda por daños también se puede interponer ante el tribunal del lugar en el que el asegurado tenga su domicilio u oficina, donde estén situados los activos asegurados o donde se haya producido el riesgo asegurado.
La elección de la competencia con arreglo a un contrato se considera nula de pleno derecho si se realiza antes de que nazca el derecho a la indemnización, mientras que, respecto a los asuntos relativos al seguro obligatorio de responsabilidad civil, el tercero perjudicado puede iniciar un procedimiento directo también ante el tribunal del lugar en el que tenga su domicilio u oficina.
El tribunal del lugar en el que la persona protegida tenga su domicilio o residencia tiene competencia territorial respecto de las demandas para la protección de personas físicas para las que, de conformidad con el Código Civil, sea competente el tribunal de familia y custodia. En el caso de las demandas de autorización por el tribunal de familia y custodia de la celebración de actos jurídicos (patrimoniales), también es competente el tribunal del lugar en el que se encuentre la propiedad. En este caso, el tribunal de familia y custodia que ha dictado la sentencia entrega una copia de la misma al tribunal de familia y custodia del lugar en el que la persona protegida tenga su domicilio o residencia.
Las demandas de divorcio son competencia del tribunal de distrito del lugar donde se encuentre la última vivienda común de los cónyuges. Si los cónyuges no tienen una vivienda común o si ninguno de ellos vive ya en el lugar sobre el que el tribunal de distrito tiene competencia y donde se encuentra la vivienda común, el tribunal de distrito competente será el del lugar en el que se encuentre el domicilio del demandado. Si el demandado no vive en Rumanía y los tribunales rumanos tienen competencia internacional, será competente el tribunal del lugar en el que se encuentre el domicilio del demandante. En caso de que ni el demandante ni el demandado vivan en Rumanía, las partes podrán acordar interponer la demanda de divorcio ante cualquier tribunal de distrito de Rumanía. A falta de tal acuerdo, la demanda de divorcio se interpondrá ante el Tribunal de Distrito de Bucarest del 5.º Distrito (artículo 914 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas de resolución de litigios laborales individuales se interpondrán ante el tribunal en el que esté situado el domicilio o lugar de trabajo del demandante (artículo 269 de la Ley n.º 53/2003 – Código de Trabajo).
Las normas que establecen la competencia territorial exclusiva figuran en los artículos 117 a 121 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por consiguiente:
las demandas relativas a los derechos de propiedad se interpondrán únicamente ante el tribunal del lugar en el que se encuentre la propiedad. Si la propiedad está situada en regiones que son competencia de varios órganos jurisdiccionales, la demanda se interpondrá ante el tribunal en el que el demandado tenga su domicilio o residencia, si está situada en su ámbito de competencia o, de lo contrario, ante cualquiera de los tribunales del lugar en el que se encuentre la propiedad. Estas disposiciones también se aplicarán a las demandas de protección de posesiones, marcado de límites, restricciones del derecho sobre bienes inmuebles y partición judicial de una propiedad, cuando la copropiedad indivisa no se derive de la sucesión;
en los asuntos de sucesión y hasta la división de la copropiedad indivisa, tendrá competencia exclusiva el tribunal del último domicilio del fallecido en relación con las demandas relativas a:
la validez o ejecución de disposiciones testamentarias;
la sucesión, sus cargas y las cargas relativas a las posibles reclamaciones de los herederos entre sí;
las demandas de legatarios o acreedores del fallecido contra cualquiera de los herederos o el ejecutor del testamento;
en relación con las demandas relativas a sociedades, hasta que concluya el procedimiento de liquidación o de baja en el registro, tendrá competencia exclusiva el tribunal del lugar en el que la sociedad tenga su domicilio principal;
el tribunal en el que el deudor tenga su oficina tendrá competencia exclusiva sobre las demandas relativas a acuerdos de acreedores o insolvencia;
las demandas presentadas por un profesional contra un consumidor podrán interponerse únicamente ante el órgano jurisdiccional del domicilio del consumidor.
Las partes podrán acordar por escrito o, en relación con litigios pendientes, por medio de una declaración verbal ante el órgano jurisdiccional, que los asuntos relativos a activos y otros derechos que puedan tener deben ser resueltos ante otros órganos jurisdiccionales distintos de los que tendrían competencia territorial, a menos que sean de competencia exclusiva. En los litigios relativos a la protección de los derechos de los consumidores y otros asuntos establecidos en la legislación, las partes podrán acordar elegir la competencia únicamente después de que nazca el derecho a la indemnización, y cualquier acuerdo en contra se considerará nulo de pleno derecho (artículo 126 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas subordinadas, adicionales e incidentales se interpondrán ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda principal, aunque sean competencia en razón del objeto o competencia territorial de otro órgano jurisdiccional, excepto las demandas relativas a los acuerdos de acreedores o la insolvencia. Estas disposiciones se aplicarán asimismo cuando la competencia para la demanda principal se haya establecido por ley a favor de una sala o sección especializadas. Si el tribunal tiene competencia exclusiva sobre una de las partes, tendrá competencia exclusiva sobre todas las partes (artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Asimismo, de conformidad con las disposiciones del artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tribunal que sea competente para conocer de la demanda principal también lo será para las alegaciones y excepciones, salvo las cuestiones preliminares que sean competencia exclusiva de otro tribunal; los incidentes procesales se resolverán ante el tribunal ante el que se interpusieron.
La falta general de competencia de los órganos jurisdiccionales pueden plantearla las partes o el juez en cualquier fase del procedimiento. La falta de competencia en razón del objeto y la falta de competencia territorial relativa al Derecho público deben plantearse en la primera vista a la que las partes hayan sido citadas debidamente ante el primer tribunal, mientras que la falta de competencia relativa al Derecho privado puede plantearla únicamente el demandado en sus alegaciones o, si estas no son obligatorias, como muy tarde en la primera vista a la que las partes hayan sido citadas debidamente ante el primer tribunal. Si la falta de competencia no está relacionada con el orden público, la parte que haya interpuesto la demanda ante un tribunal que no tenga competencia no podrá solicitar la declaración de falta de competencia (artículo 130 del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil).
En los litigios civiles con implicaciones transfronterizas, en asuntos relativos a los derechos de libre disposición de las partes con arreglo al Derecho rumano, si las partes han acordado válidamente que los órganos jurisdiccionales rumanos son competentes para conocer del litigio actual o de los posibles litigios en relación con tales derechos, los tribunales rumanos serán los únicos competentes para conocer de estos asuntos. A menos que la legislación disponga lo contrario, el órgano jurisdiccional rumano ante el que deba comparecer el demandado tendrá competencia para conocer de la demanda, si el demandado comparece ante el tribunal y formula sus alegaciones sobre el fondo del asunto, sin presentar además una excepción sobre la falta de competencia como muy tarde al final de la fase de instrucción del asunto ante el primer tribunal. En los dos casos arriba mencionados, el órgano jurisdiccional rumano podrá desestimar la demanda cuando esté claro, por todas las circunstancias del asunto, que el litigio no está vinculado significativamente con Rumanía (artículo 1066 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil).
Véanse las respuestas a las preguntas 1, 2, 2.1., 2.2., 2.2.2.1., 2.2.2.2.