Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9372
Timestamp: 2019-10-14 23:57:53
Document Index: 57805578

Matched Legal Cases: ['artículo 1546', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1546', 'artículo 173', 'artículo 177']

Laudo: TA-CCM-2005A033
Un contratista puede solicitar la terminación anticipada de un contrato estatal si el contratante ha incumplido de manera grave sus obligaciones contractuales
TA-CCM-2005A033
TEJAR SAN JOSE LIMITADA VS. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”
La sociedad Tejar San José limitada y la corporación autónoma regional del centro de Antioquia “corantioquia” suscribieron un contrato cuyo objeto era permitir, autorizar y apoyar el programa reforestación de laderas, consistente en la siembra y mantenimiento de una plantación de cuarenta (40) hectáreas con eucaliptus saligna (grandis) en el predio facilitado por la sociedad Tejar San José ltda. (Contratista) y puesto a disposición de la corporación autónoma regional del centro de Antioquia, “corantioquia”¨.
Dentro de las obligaciones contractuales se acordó que la corporación era la encargada de asumir los costos de mantenimiento de la plantación, según lo determinado por epm o terceros, y esta no se ejecutó, lo que motivo a la sociedad a solicitar la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo, sin que se diera respuesta positiva a ello.
¿Puede un contratista solicitar la terminación anticipada de un contrato estatal, por incumplimiento del contratante, sin vulnerar el principio de prevalencia del interés público sobre el privado?
«(…) El Tribunal no comparte la tesis planteada y considera que ante un incumplimiento grave de la Entidad Pública es posible que el contratante cumplido ejerza la acción de terminación del contrato con indemnización de perjuicios consagrada en el artículo 1546 del Código Civil.
No puede aceptarse la tesis anterior cuando se prueba el incumplimiento grave de la Entidad Pública pues cuando ello ocurre se desconoce el contenido del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 que dispone:
“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”(Subrayas y Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la posición de supremacía de la administración pública en esta materia sólo tiene sentido cuando su conducta contractual se ordena de manera efectiva, y nó a título de simple presunción, a la realización del fin de interés general previsto en el negocio jurídico que celebró, dando cumplimiento estricto a las prestaciones a su cargo, a efecto de que se logre la ejecución del objeto del contrato.
Por lo anterior, cuando se prueba que la administración ha faltado en forma grave a sus obligaciones contractuales, incidiendo con ello en forma seria en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual, queda establecido que, apartándose de lo preceptuado en el artículo 3º ya citado, se ha desviado del cumplimiento de los fines estatales, de la búsqueda de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y de la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines, todo lo cual privaría de su razón de ser al mantenimiento de la relación jurídico contractual.
De otra parte, rechazar en forma absoluta la aplicación de la condición resolutoria tácita a los contratos estatales cuando la administración ha incurrido en grave incumplimiento de sus obligaciones, en tanto que el particular ha cumplido con las prestaciones a su cargo, equivaldría a desvirtuar la esencia del contrato bilateral, que es la de generar obligaciones para cada una de las partes, las cuales se miran como equivalentes desde el punto de vista jurídico.
Para el Tribunal, los planteamientos precedentes son aplicables a la pretensión formulada por la parte convocante sobre terminación del contrato ya mencionado, suscrito con CORANTIOQUIA, y ante el incumplimiento grave de la obligación de mantenimiento a cargo de la Corporación procede jurídicamente la terminación del contrato, pues es de recordar la importancia que dicha obligación tiene en la ejecución del mismo y las implicaciones de su incumplimiento.
1)Ante el incumplimiento grave de las obligaciones por parte de la administración, le asiste al contratante cumplido el derecho a ejercer la acción de terminación del contrato con indemnización de perjuicios consagrada en el artículo 1546 del Código Civil, cuando se prueba que la administración ha faltado en forma grave a sus obligaciones contractuales, incidiendo con ello en forma seria en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual, lo que implica una desviación de la entidad en relación con los fines estatales establecidos en materia de contratación en la ley 80 de 1993, específicamente, en el caso que nos ocupa, de la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines.
Un contratista puede solicitar la terminación anticipada de un contrato estatal, por incumplimiento del contratante, sin vulnerar el principio de prevalencia del interés público sobre el privado, porque:
Cuando el contratante presenta un incumplimiento grave el contratista puede ejercer la acción de terminación del contrato, y por ende, solicitar la indemnización de perjuicios
El contratista puede representar los intereses y derechos de los administrados, por tanto, a través de esta acción colabora con los fines del Estado, al indicar el incumplimiento grave del contratante (servidor público).
Tiene prevalencia, y por tanto, supremacía, el interés general y público sobre el particular y privado, y el contratista puede representarlo al solicitar la terminación anticipada.
Si la entidad no ha cumplido sus obligaciones, está desviando el cumplimiento de los fines del Estado y por ende desvirtúa la relación jurídica contractual.
No permitir que el contratista solicite la terminación unilateral desacordaría con la naturaleza del contrato al generar obligaciones para ambas partes, y en tanto no se cumplan, generan consecuencias.
PRIMERO. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por las partes al dictamen pericial rendido por el ingeniero Jaime Ortiz Silva
SEGUNDO. Declarar el incumplimiento imputable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA” de la obligación de mantenimiento de la plantación establecida en el contrato No. 2241 de 2000.
TERCERO. Declarar terminado el contrato No. 2241 de 2000, por el incumplimiento grave imputable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”, en los términos establecidos en la parte motiva de este Laudo, para lo cual las partes darán aplicación al proceso de liquidación correspondiente una vez en firme el laudo.
CUARTO. Condenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA” al pago, a favor de la Sociedad TEJAR SAN JOSE LIMITADA, de la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETESIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($38.174.737,65), por concepto de perjuicios (lucro cesante) derivados del incumplimiento contractual imputable a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”.
QUINTO. Denegar la pretensión de pago por lucro cesante derivado de la explotación silvopastoril, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.
SEXTO. Condenar en costas y agencias en derecho a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA”, y en favor de TEJAR SAN JOSE LIMITADA, las cuales ascienden a la suma de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 20/100 ($16.242.752,20).
Así mismo, condenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA “CORANTIOQUIA” a reembolsarle a TEJAR SAN JOSE LIMITADA la cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 ($11.425.278,50), suma sobre la cual se pagarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada, a partir del 1º. de junio de 2006 y hasta que el pago se efectúe, acorde con lo expuesto en el aparte 9 de las motivaciones del presente Laudo.
SEPTIMO. En los anteriores términos quedan resueltos todos los medios de defensa propuestos por la parte convocada.
OCTAVO. Una vez en firme el Laudo, liquídese el proceso, en los términos establecidos en el Decreto 1818 de 1998, y protocolícese el expediente en la Notaría Séptima de Medellín.
NOVENO. Expídanse copias auténticas del Laudo a las partes y envíense las comunicaciones previstas en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo.
DECIMO. Dar cumplimiento al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Ley 99 de 1993 Ley 80 de 1993 Decreto nacional 1768 de 1994 Decreto reglamentario No. 679 de 1994
Ficha: Un contratista puede solicitar la terminación anticipada de un contrato estatal si el contratante..
Un contratista puede solicitar la terminación anticipada de un contrato estatal si el contratante..