Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d102-2010.t1.html
Timestamp: 2017-04-25 17:02:29
Document Index: 127685653

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37']

Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos. TÍTULO 1. Ejercicio de la autonomía de los centros que conforman el Servicio de Educación de Cataluña o que imparten enseñanzas posobligatorias sostenidas con fondos públicos
TÍTULO 1Ejercicio de la autonomía de los centros que conforman el Servicio de Educación de Cataluña o que imparten enseñanzas posobligatorias sostenidas con fondos públicos
Capítulo 1Proyecto educativo del centro
Definición 1. El proyecto educativo recoge la identidad del centro, explicita los objetivos, orienta la actividad y le da sentido con la finalidad de que el alumnado alcance las competencias básicas y, más en general, el máximo aprovechamiento educativo.
2. El proyecto educativo contribuye a impulsar la colaboración entre los diversos sectores de la comunidad educativa y la relación entre el centro y el entorno social. El proyecto educativo debe tener en cuenta, si los hay, los proyectos educativos territoriales.
3. Para definir o actualizar el proyecto educativo, cada centro debe tener en cuenta las características sociales y culturales del contexto escolar y, cuando proceda, del entorno productivo, y prever las necesidades educativas del alumnado.
Contenido 1. El proyecto educativo de cada centro recoge y, si procede, desarrolla el carácter propio del centro definido por la titularidad. El carácter propio debe respetar los principios rectores del sistema educativo y para los centros de titularidad pública, el carácter propio es el definido en el artículo 93 de la Ley de educación. Además, el proyecto educativo debe contener, como mínimo, los aspectos que se indican a continuación, con las precisiones que se establecen en este Decreto:
a) La aplicación de los criterios de organización pedagógica, las prioridades y los planteamientos educativos, los procedimientos de inclusión educativa, los valores y objetivos que rigen el aprendizaje de la convivencia y otras actuaciones que caracterizan el centro.
Véase Res [CATALUÑA] ENS/585/2017, 17 marzo, por la que se establece la elaboración y la implementación del Proyecto de Convivencia en los centros educativos en el marco del Proyecto Educativo de Centro («D.O.G.C.» 24 marzo).
b) Los indicadores de progreso pertinentes, que deben referirse a elementos de contexto, recursos, procesos y resultados y que deben ser revisables periódicamente en función de los resultados de la evaluación del centro. En cualquier caso, se deben incorporar relativos a resultados o rendimientos académicos de acuerdo con lo que determine la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación.
c) La concreción y el desarrollo de los currículos, los criterios que orienten la atención a la diversidad y los que deben orientar las medidas organizativas, siempre de acuerdo con los principios de la educación inclusiva y de la coeducación. Cuando las enseñanzas impartidas por el centro prevean en su currículo formación en centros de trabajo, las concreciones curriculares que haga el centro deben contemplar también la especificidad de esta formación. En todo caso, el centro debe mantener la concreción de los currículos a disposición de la Administración educativa a fin de que esta pueda comprobar el ajuste a los mínimos curriculares que garantizan la validez de los títulos correspondientes a las enseñanzas regladas impartidas.
e) El proyecto lingüístico, que se debe concretar a partir de la realidad sociolingüística del entorno y de acuerdo con el régimen lingüístico del sistema educativo establecido en las leyes. El proyecto lingüístico da criterio con relación al tratamiento y el uso de las lenguas en el centro y recoge los aspectos que determinan las leyes sobre la utilización normal del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, así como la continuidad y coherencia educativas, en relación a los usos lingüísticos, en los servicios escolares y en las actividades organizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos. El proyecto lingüístico también da criterio sobre el aprendizaje de las dos lenguas oficiales y de las lenguas extranjeras. Asimismo, determina qué lengua extranjera se imparte como primera y cuál o cuáles como segundas. Cuando, de acuerdo con el proyecto lingüístico, el centro acuerde impartir contenidos curriculares en alguna de las lenguas extranjeras, debe obtener autorización del Departamento de Educación.
2. El centro puede introducir en el proyecto educativo todos los otros aspectos que, de acuerdo con la definición de proyecto establecida en el artículo 4 y con los otros preceptos de este Decreto, considere pertinentes.
3. El conjunto de normas de organización y funcionamiento del centro a las que hace referencia el capítulo 3 de este título deben ser coherentes con los principios, valores, objetivos y criterios educativos que el centro determine en su proyecto educativo.
Aprobación y difusión 1. Los procedimientos de formulación y aprobación de los proyectos educativos se deben ajustar, respectivamente para los centros públicos y privados concertados, a lo que establecen los artículos 94.1 y 95.1 de la Ley de educación.
2. Los criterios pedagógicos del proyecto educativo del centro rigen y orientan la actividad profesional de todo el personal que en él trabaja. El centro debe establecer medidas e instrumentos de acogida y formación que faciliten el conocimiento del proyecto educativo a los profesionales que se incorporen.
3. Las familias y el resto de personas miembros de la comunidad escolar tienen derecho a conocer el proyecto educativo del centro. A estos efectos, cada centro debe mantener su proyecto educativo a disposición de todas las personas miembros de la comunidad educativa y facilitarles el conocimiento.
Carta de compromiso educativo 1. En aplicación del proyecto educativo, cada centro debe formular una carta de compromiso educativo con las familias.
2. La carta de compromiso educativo debe expresar los compromisos que cada familia y el centro se avienen a adquirir en relación con los principios que la inspiran, y que deben ser los necesarios para garantizar la cooperación entre las acciones educativas de las familias y las del centro educativo en un entorno de convivencia, respeto y responsabilidad en el desarrollo de las actividades educativas.
3. Los compromisos expresados en cada carta se entienden en el marco del respeto a los derechos y las libertades de las familias recogidos en las leyes y presuponen el respeto de la familia al carácter propio del centro.
4. Los compromisos se deben referir, como mínimo, al seguimiento de la evolución de los alumnos y de las alumnas, a la aceptación de los principios educativos del centro, al respeto a las convicciones ideológicas y morales de la familia en el marco de los principios y valores educativos establecidos en las leyes, a la adopción de medidas correctoras en materia de convivencia y a la comunicación entre el centro y la familia.
5. Los contenidos comunes de la carta de compromiso educativo son elaborados por el centro, en el marco de las orientaciones del Departamento de Educación, con la participación de la comunidad escolar, y son aprobados por el consejo escolar. La carta puede incluir compromisos específicos adicionales, que ambas partes convengan en el marco del proyecto educativo y de acuerdo con los principios y valores educativos establecidos en las leyes, y es revisada periódicamente en los términos y plazos que acuerden el centro y el padre, madre o tutor o tutora legal. La actualización de la carta se debe realizar, al menos, al inicio de cada etapa educativa.
6. La carta de compromiso educativo y sus modificaciones es firmada por la dirección del centro público o por la persona titular del centro privado concertado o, en su nombre, por quien disponga las normas de organización y funcionamiento del centro, y por el padre, madre o tutor o tutora legal del/de la alumno/a. De la carta firmada debe quedar constancia documental en el centro y en la familia.
7. La aplicación de este artículo es preceptiva en las enseñanzas de educación infantil y en la educación básica, y aconsejable en el resto de enseñanzas en que sea relevante la implicación de la familia en la educación escolar.
Relación con la participación de la comunidad escolar 1. Sin perjuicio de la participación que se ejerce a través de los órganos de participación en el control y gestión de los centros a las que hace referencia el capítulo 4 de este título, los proyectos educativos deben prever mecanismos de participación del alumnado, profesorado y familias en la vida del centro para orientarla a la consecución de los objetivos educativos.
2. Para facilitar esta participación, los centros deben tener especialmente en cuenta que las asociaciones de madres y padres y las asociaciones de alumnos tienen por finalidad esencial promover y facilitar la participación en las actividades del centro.
Relación con las actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares 1. La oferta y contenido de actividades escolares complementarias, en su caso, debe ser coherente con los objetivos educativos establecidos en el proyecto educativo del centro y deben contribuir a facilitar su consecución, de acuerdo con el horario escolar establecido legalmente.
2. El contenido de las actividades extraescolares que se ofrezcan a través del centro debe ser compatible con los objetivos educativos establecidos en el proyecto educativo y debe tener en cuenta, en su caso, el proyecto educativo territorial.
3. La oferta y prestación de los servicios escolares de transporte, comedor y otros que en cada caso proceda se deben regir por los criterios educativos que se establezcan en los proyectos educativos de los centros. En ningún caso, la prestación del servicio puede comportar contradicción con los objetivos educativos establecidos en los proyectos.
Relación con la programación general anual 1. Los centros educativos deben elaborar la programación general anual, que es la concreción de las prioridades y de todos los aspectos relativos a las actividades y el funcionamiento del centro para el curso correspondiente, incluidas, si procede, las concreciones relativas a los proyectos, el currículo, las normas y todos los planes de actuación acordados y aprobados.
2. El proyecto educativo debe orientar las sucesivas programaciones generales anuales del centro y establecer los criterios, indicadores y procedimientos para la evaluación de la consecución de los objetivos previstos. El resultado de esta evaluación se recoge en la correspondiente memoria anual.
3. La dirección de cada centro público y la titularidad y la dirección de cada centro privado concertado deben garantizar que la comunidad escolar está informada del contenido de la programación general anual y del resultado de su evaluación.
Vinculación con el entorno Los proyectos educativos de los centros deben considerar mecanismos de colaboración con el entorno y estrategias de actuación que los vinculen con los otros centros del mismo nivel, con los ayuntamientos, con el proyecto de zona educativa, con los planes de entorno y otros planes socioeducativos y con los proyectos educativos de carácter territorial, si los hay. Asimismo, se deben tener en cuenta los procesos que aseguren la coordinación entre proyectos educativos de los centros que imparten las sucesivas etapas educativas a un mismo alumnado. En relación con las enseñanzas profesionalizadoras, se deben considerar también las vinculaciones con los sectores productivos.
Acuerdos de corresponsabilidad 1. Los centros educativos pueden establecer acuerdos de corresponsabilidad con la Administración educativa para la aplicación de su proyecto educativo de acuerdo con el proyecto de dirección al que hace referencia el artículo 31.2, cuando proceda.
2. El Departamento de Educación debe priorizar los acuerdos de corresponsabilidad con los centros que desarrollen estrategias orientadas a asegurar la equidad y a mejorar los resultados educativos en entornos de características socioeconómicas y culturales especialmente desfavorecidas o singulares, o proyectos de excelencia educativa que aporten experiencias de calidad al sistema educativo.
3. Corresponde al consejo escolar aprobar el acuerdo de corresponsabilidad y participar en la evaluación de la aplicación en los términos que se establezcan.
4. La Administración educativa y el centro deben definir los objetivos de los acuerdos de corresponsabilidad según los principios que orientan el sistema educativo.
5. El acuerdo de corresponsabilidad incluye:
a) El plan de actuación.
b) Las singularidades del centro y su entorno.
c) Los recursos adicionales asociados, si procede.
6. En los acuerdos de corresponsabilidad, la Administración educativa se compromete a facilitar recursos adicionales o medios necesarios para la aplicación del plan. El centro se compromete a aplicar el plan de actuaciones y a rendir cuentas a la comunidad escolar y a la Administración educativa de la consecución de los objetivos, en los términos establecidos en el acuerdo.
7. La renovación del acuerdo de corresponsabilidad queda sujeta al resultado de la evaluación.
Prestación de servicios educativos y de apoyo a los centros El asesoramiento y apoyo que proporcionan los servicios educativos a los centros se debe orientar a la consecución de los objetivos del proyecto educativo. Con esta finalidad, cada centro debe acordar con el servicio educativo, de acuerdo con las funciones y recursos del servicio y en función de las necesidades del alumnado del centro, la planificación de las actuaciones que debe recibir, y debe hacer anualmente la valoración del servicio obtenido.
Capítulo 2Autonomía pedagógica y organización de los currículos
Concreciones del currículo y medidas organizativas asociadas 1. La concreción de los currículos de las diferentes enseñanzas a la que hace referencia el artículo 5.1.c) tiene la finalidad prioritaria de garantizar la consecución de las competencias básicas y las específicas de cada currículo, así como la consecución de la excelencia en un contexto de equidad, y puede comportar la incorporación de objetivos adicionales y la adopción de medidas organizativas y de gestión específicas.
2. Las medidas mencionadas en el apartado anterior pueden afectar a variables como el uso del tiempo y de los espacios, el agrupamiento del alumnado y los criterios de asignación de docencia al profesorado, el uso de los recursos didácticos, la utilización de la biblioteca escolar y la formación del profesorado y de acuerdo con lo que determinen los decretos de ordenación curricular aplicables, la distribución de las áreas y materias por ciclos o cursos.
Acción tutorial 1. La acción tutorial tiene por finalidad contribuir, en colaboración con las familias, al desarrollo personal y social del alumnado en los aspectos intelectual, emocional y moral, de acuerdo con su edad, y comporta el seguimiento individual y colectivo del alumnado por parte de todo el profesorado.
2. Las actuaciones asociadas a la acción tutorial, como mínimo, deben:
a) Informar a las madres, padres o tutores/as sobre la evolución educativa de sus hijos e hijas, y ofrecerles asesoramiento y atención adecuada.
b) Facilitar a las madres, padres y tutores/as legales el ejercicio del derecho y el deber de participar e implicarse en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
c) Velar por los procesos educativos del alumnado y promover, especialmente en la etapa de educación secundaria obligatoria, la implicación de cada alumno/a en su proceso educativo.
d) Llevar a cabo la información y la orientación de carácter personal, académico y profesional del alumnado, evitando condicionantes ligados al género.
e) Velar por la convivencia del grupo de alumnos y su participación en las actividades del centro.
f) Aquellas otras actuaciones de carácter individual o colectivo específicamente establecidas en los decretos reguladores del currículo de cada enseñanza, entre las cuales, en las enseñanzas profesionalizadoras que proceda, habrá la tutorización de las prácticas en las empresas.
Proyectos de innovación pedagógica y curricular 1. Los centros pueden desarrollar proyectos de innovación pedagógica y curricular, de acuerdo con su proyecto educativo, con el objetivo de favorecer la mejora de la calidad del servicio educativo que prestan y, en particular, la mejora de los resultados educativos.
2. Los proyectos se pueden referir a unos o más centros y pueden comportar, además de las vinculaciones que proceda con los entes locales, vinculaciones con la universidad, con los sectores económicos o con otras organizaciones.
3. Los centros tienen a disposición de la Administración educativa sus proyectos de innovación pedagógica y curricular a fin de que esta pueda garantizar, cuando proceda, la adecuación.
Estrategias didácticas propias del centro 1. En la concreción y desarrollo del currículo, que se debe recoger en el proyecto educativo, los centros pueden implantar estrategias didácticas propias que requieran una organización horaria de las materias diferente de la establecida con carácter general, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados educativos del alumnado y los procesos de enseñanza y aprendizaje. En estas estrategias se entienden comprendidos los proyectos didácticos propios previamente autorizados.
2. La aplicación de estrategias didácticas propias requiere la propuesta del claustro de profesorado y la aprobación del consejo escolar del centro y, en su caso, de la persona titular.
3. Las estrategias didácticas propias que impliquen una alteración en la asignación global de las horas de cada materia en el conjunto de la etapa o que aumenten el número máximo de materias que se pueden cursar simultáneamente, deben contar con la autorización del Departamento de Educación antes de su aplicación en el centro.
4. Entre las estrategias didácticas propias, los centros que imparten enseñanzas profesionalizadoras deben considerar, si procede, las que se deriven de acuerdos o convenios con los entes locales, empresas y otras instituciones del sector productivo, que pueden comportar el establecimiento de calendarios escolares específicos de estas enseñanzas, en los términos y con las limitaciones que el Departamento de Educación determine.
Capítulo 3Autonomía organizativa
Normas de organización y funcionamiento del centro. Aprobación 1. Los centros deben determinar sus normas de organización y funcionamiento.
2. Las normas de organización y funcionamiento del centro deben reunir el conjunto de acuerdos y decisiones de organización y de funcionamiento que se adoptan para hacer posible, en el día a día, el trabajo educativo y de gestión que permite alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto educativo del centro y en su programación anual.
3. Corresponde al consejo escolar, a propuesta de la dirección del centro público o de la titularidad del centro privado concertado, aprobar las normas de organización y funcionamiento y sus modificaciones. En ambos casos, se pueden aprobar globalmente o por partes.
Normas de organización y funcionamiento del centro. Contenido 1. En el conjunto de normas de organización y funcionamiento del centro se deben determinar:
a) La estructura organizativa de gobierno y de coordinación del centro, y la concreción de las previsiones del proyecto educativo para orientar la organización pedagógica, el rendimiento de cuentas al consejo escolar con relación a la gestión del proyecto educativo y, si procede, la aplicación de los acuerdos de corresponsabilidad.
b) El procedimiento de aprobación, revisión y actualización del proyecto educativo.
c) Los mecanismos que deben favorecer y facilitar el trabajo en equipo del personal del centro.
d) Las concreciones que procedan sobre la participación en el centro de los sectores de la comunidad escolar y sobre el intercambio de información entre el centro y las familias, colectiva e individualizadamente, así como los mecanismos de publicidad necesarios para que las familias puedan ejercer su derecho a ser informadas.
e) La aplicación de medidas para la promoción de la convivencia y de los mecanismos de mediación, así como la definición de las irregularidades en que puede incurrir el alumnado cuando no sean gravemente perjudiciales para la convivencia y el establecimiento de las medidas correctoras de estas irregularidades y las circunstancias que pueden disminuir o intensificar la gravedad de la conducta del alumnado.
f) En los centros privados sostenidos con fondos públicos, las funciones atribuidas al claustro del profesorado y la estructura y funciones de los órganos de coordinación docente y de tutoría.
g) El resto de elementos necesarios para la organización y funcionamiento del centro de acuerdo con el contenido de este Decreto.
2. Las normas de organización y funcionamiento pueden incluir entre otros aspectos, los siguientes:
a) Determinar órganos y procedimientos de participación de la comunidad escolar en el funcionamiento del centro.
b) Regular la constitución de otras agrupaciones que puede constituir el alumnado, aparte de las asociaciones de alumnos.
c) En los centros públicos, atribuir al claustro de profesorado, en el marco del ordenamiento vigente, otras funciones adicionales a las previstas legalmente.
d) En los centros privados concertados, atribuir al director o directora, en el marco del ordenamiento vigente, otras funciones adicionales a las previstas legalmente.
Criterios específicos para la estructura organizativa de los centros públicos 1. Corresponde al director o directora de cada centro público establecer los elementos organizativos del centro determinados por el proyecto educativo y concretados en el proyecto de dirección y, de acuerdo con las competencias de los órganos de gobierno y participación, adoptar e impulsar medidas para mejorar la estructura organizativa, en el marco de las disposiciones aplicables.
2. En la organización del centro se deben aplicar los principios de eficacia, eficiencia, funcionamiento integrado, gestión descentralizada, flexibilidad, participación de la comunidad educativa y compromiso de las familias en el proceso educativo.
3. La estructura organizativa propia debe determinar las competencias y la composición de los órganos de gobierno y de coordinación.
Criterios específicos para la estructura organizativa de los centros privados sostenidos con fondos públicos 1. En los centros privados sostenidos con fondos públicos, corresponde a la persona titular, habiendo escuchado el claustro de profesorado, adoptar las decisiones sobre la estructura organizativa del centro. Las disposiciones que se deriven deberán formar parte de las normas de organización y funcionamiento del centro, que debe aprobar el consejo escolar.
2. Los principios mencionados en el apartado 2 del artículo anterior son referentes para las decisiones sobre la estructura organizativa de los centros privados concertados.
Criterios para la organización pedagógica de los centros 1. En materia de organización pedagógica, el contenido de las normas de organización y funcionamiento del centro al que hace referencia el artículo 19.1.a) debe prever, como mínimo:
a) Los criterios para la organización de los grupos de alumnos con las limitaciones cuantitativas establecidas por el Departamento de Educación para las diferentes etapas educativas.
b) Los criterios para la formación de los equipos docentes y los mecanismos internos de coordinación en los equipos docentes.
c) Los criterios para la atención de la diversidad del alumnado, de acuerdo con el principio de educación inclusiva.
d) Los mecanismos para garantizar la globalidad de la acción educativa sobre el alumnado, muy especialmente cuando, por razón de la etapa o nivel educativo, la especialización curricular del personal docente que actúa sea predominante en la docencia.
e) Los mecanismos de acción y coordinación de la tutoría.
2. Asimismo, las normas de organización y funcionamiento del centro, de acuerdo con las previsiones del proyecto educativo y con el principio de inclusión, deben prever los mecanismos y procedimientos de asignación de los recursos disponibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado, el tratamiento del alumnado con trastornos de aprendizaje o de comunicación relacionados con el aprendizaje escolar, y la atención a los alumnos con altas capacidades.
3. Las normas de organización y funcionamiento del centro deben incorporar también los mecanismos para la aplicación del sistema global de orientación académica y profesional al alumnado de ESO y de bachillerato y el específico que en cada caso proceda al alumnado de enseñanzas profesionalizadoras.
Medidas de promoción de la convivencia 1. Las normas de organización y funcionamiento del centro deben ser coherentes con el hecho de que el aprendizaje y la práctica de la convivencia son elementos fundamentales del proceso educativo. Todas las personas miembros de la comunidad escolar tienen derecho a convivir en un buen clima escolar y el deber de facilitarlo con sus actitudes y conducta.
2. Las normas de organización y funcionamiento deben incorporar las medidas de promoción de la convivencia establecidas en el centro, así como los mecanismos y fórmulas para la prevención y resolución de conflictos. Entre estos mecanismos se debe considerar el de la mediación, sin perjuicio de las otras iniciativas de fomento de la convivencia y de la resolución pacífica de los conflictos que adopten el Departamento de Educación y las personas titulares de los centros.
Medidas correctoras y sancionadoras 1. La aplicación de medidas correctoras y sancionadoras de las irregularidades o faltas cometidas por el alumnado que afecten a la convivencia, establecidas en la Ley de educación, en las normas de organización y funcionamiento del centro y, en su caso, en la carta de compromiso educativo se debe inscribir en el marco de la acción educativa y tiene por finalidad contribuir a la mejora de su proceso educativo. Siempre que sea concordante con esta finalidad, la medida correctora debe incluir alguna actividad de utilidad social para el centro.
2. Las normas de organización y funcionamiento del centro, además de lo que prevé el apartado e) del artículo 19.1, deben prever medidas correctoras referidas a las faltas injustificadas de asistencia a clase y de puntualidad. Asimismo, pueden determinar que, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado en relación con su asistencia a clase, en ejercicio del derecho de reunión y previamente comunicadas a la dirección del centro y se disponga de la correspondiente autorización de los padres, madres o tutores, no tengan la consideración de falta. Las mismas normas deben determinar en qué situaciones las medidas correctoras se deben aplicar directamente por el profesorado y en qué casos corresponde la aplicación a los órganos unipersonales de gobierno del centro, así como el procedimiento para informar a la familia y, si es posible y procede, establecer, con esta, pautas compartidas de actuación.
3. Para la graduación en la aplicación de las sanciones que corrigen las faltas mencionadas en el artículo 37.1 de la Ley de educación, se deben tener en cuenta los criterios siguientes:
a) Las circunstancias personales, familiares y sociales y la edad del alumnado afectado.
b) La proporcionalidad de la sanción con la conducta o acto que la motiva.
c) La repercusión de la sanción en la mejora del proceso educativo del alumnado afectado y del resto del alumnado.
d) La existencia de un acuerdo explícito con los progenitores o tutores legales, en el marco de la carta de compromiso educativo suscrita por la familia, para administrar la sanción de manera compartida.
e) La repercusión objetiva en la vida del centro de la actuación que se sanciona.
f) La reincidencia o reiteración de las actuaciones que se sancionan.
4. En todo caso, los actos o conductas a los que hace referencia el artículo 37.1 de la Ley de educación se deben considerar especialmente graves, y las medidas sancionadoras se deben acordar de manera proporcionada a esta especial gravedad, cuando impliquen discriminación por razón de género, sexo, raza, nacimiento o cualquier otra circunstancia personal o social de terceras personas que resulten afectadas por la actuación a corregir.
Garantías y procedimiento en la corrección de faltas gravemente perjudiciales para la convivencia 1. Las faltas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro tipificadas en el artículo 37.1 de la Ley de educación se corrigen mediante una sanción de las previstas en el artículo 37.3 de la mencionada Ley. Corresponde a la dirección del centro imponer la sanción en la resolución del expediente incoado al efecto, sin perjuicio de que la medida correctora incorpore alguna actividad de utilidad social para el centro y, en su caso, del resarcimiento de daños que se puedan establecer de manera complementaria en la resolución del mismo expediente.
2. La instrucción del expediente al que hace referencia el apartado anterior corresponde a un o una docente con designación a cargo de la dirección del centro. En el expediente se establecen los hechos, y la responsabilidad del alumnado implicado, y se propone la sanción así como, si procede, las actividades de utilidad social para el centro y, en su caso, el importe de reparación o restitución de los daños o materiales que eventualmente hayan quedado afectados por la actuación que se sanciona.
3. De la incoación del expediente la dirección del centro informa al alumnado afectado y, en el caso de menores de 18 años, también a los progenitores o tutores legales. Sin perjuicio de las otras actuaciones de instrucción que se consideren oportunas, antes de formular la propuesta definitiva de resolución, el instructor o instructora del expediente debe escuchar al alumnado afectado, y también a los progenitores o tutores legales, y les debe dar vista del expediente completado hasta la propuesta de resolución provisional a fin de que puedan manifestar su conformidad con lo que en el expediente se establece y se propone o puedan formular alegaciones. El plazo para realizar el trámite de vista del expediente, de cuya realización debe quedar constancia escrita, es de cinco días lectivos y el plazo para formular alegaciones es de cinco días lectivos más.
4. Con el fin de evitar perjuicios mayores a la educación del alumnado afectado o a la del resto de alumnado del centro, al incoar un expediente la dirección del centro puede aplicar, de manera excepcional, una suspensión provisional de asistencia a clase por un mínimo de tres días lectivos prorrogables hasta un máximo de 20 días lectivos, que debe constar en la resolución de la dirección que incoa el expediente. Esta suspensión puede comportar la no asistencia al centro. De lo contrario, el alumno/a deberá asistir al centro, pero no podrá participar en las actividades lectivas con su grupo mientras dure la suspensión provisional de asistencia a clase. En todo caso, en la suspensión provisional de asistencia a clase, que se debe considerar a cuenta de la sanción, se deben determinar las actividades y medidas educativas a llevar a cabo durante este periodo.
5. Una vez resuelto el expediente por la dirección del centro, y a instancias de los progenitores o tutores legales, o del alumnado afectado si es mayor de edad, el consejo escolar puede revisar la sanción aplicada, sin perjuicio, de la presentación de los recursos o reclamaciones pertinentes ante los servicios territoriales correspondientes. En cualquier caso, la dirección del centro debe informar periódicamente al consejo escolar de los expedientes que se han resuelto. Las faltas y sanciones a las que se refiere este artículo prescriben, respectivamente, a los tres meses de su comisión y de su imposición.
6. Para garantizar el efecto educativo de la aplicación de las sanciones que comporten la pérdida del derecho a asistir temporalmente al centro en las etapas de escolarización obligatoria se procurará el acuerdo del padre, madre o tutor o tutora legal. Cuando no se obtenga este acuerdo, la resolución que impone la sanción expresará motivadamente las razones que lo han impedido. La sanción de inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro, en las etapas obligatorias, debe garantizar al/a la alumno/a una plaza escolar en otro centro. El Departamento de Educación debe disponer lo que sea pertinente cuando el centro afectado no pueda gestionar directamente la nueva escolarización del alumnado en cuestión.
7. Cuando, con ocasión de la presunta comisión de faltas gravemente perjudiciales para la convivencia, el/la alumno/a, y su familia en los y las menores de edad, reconocen de manera inmediata la comisión de los hechos y aceptan la sanción correspondiente, la dirección impone y aplica directamente la sanción. Sin embargo, debe quedar constancia escrita del reconocimiento de la falta cometida y de la aceptación de la sanción por parte del/de la alumno/a y, en los y las menores de edad, de su padre, madre o tutor o tutora legal.
Capítulo 4Participación en el control y la gestión de los centros
Órganos colegiados de participación El consejo escolar y el claustro del profesorado son los órganos colegiados de participación de la comunidad escolar en el gobierno y la gestión de los centros educativos que, como mínimo, deben existir en todos los centros que conforman el Servicio de Educación de Cataluña.
Consejo escolar 1. El consejo escolar es el órgano colegiado de participación de la comunidad escolar en el gobierno del centro.
2. Corresponden al consejo escolar las facultades establecidas, respectivamente para centros públicos y privados concertados, en los artículos 148 y 152 de la Ley de educación.
3. El centro determina la composición del consejo escolar en las normas de organización y funcionamiento, de acuerdo con el proyecto educativo y respetando la legislación vigente. El reglamento del consejo escolar, una vez aprobado por este, se integra en las normas de organización y funcionamiento del centro.
4. Los y las representantes del alumnado se escogen a partir del primer curso de educación secundaria obligatoria.
5. En los centros específicos de educación especial y en los que tengan unidades de educación especial también es miembro del consejo escolar un o una representante del personal de atención educativa. La representación de este personal no tiene la consideración de representación del profesorado a los efectos de determinar la composición del consejo escolar.
6. En los centros que imparten ciclos formativos de dos o más familias profesionales, o en los que al menos el 25% del alumnado está cursando enseñanzas de formación profesional o de artes plásticas y diseño, enseñanzas de grado medio de música o de danza o enseñanzas artísticas superiores, se puede incorporar a las sesiones del consejo escolar una persona propuesta por las instituciones empresariales o laborales presentes en el ámbito de acción del centro, de acuerdo con sus normas de organización y funcionamiento, con voz y sin voto.
7. Una vez constituido, el consejo escolar del centro debe designar a una persona que impulse medidas educativas de fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Renovación de las personas miembros del consejo escolar 1. Las personas miembros del consejo escolar, representantes electos de los diferentes sectores, lo son por un periodo de cuatro años, sin perjuicio de lo que se establece en la disposición adicional tercera.
2. Los consejos escolares se renuevan por mitades de las personas representantes electas de cada sector cada dos años, en el primer trimestre del curso escolar. El consejo escolar renovado se debe constituir antes de finalizar el periodo lectivo del mes de diciembre. Las elecciones para la constitución o renovación de las personas miembros del consejo escolar las convoca el director o directora del centro público y la persona titular del centro privado concertado con quince días de antelación, dentro de las fechas que a este respeto fije con carácter general el Departamento de Educación.
3. Si se produce una vacante en el consejo escolar, esta se debe ocupar por el procedimiento establecido en las normas de organización y funcionamiento del centro. Si estas no lo prevén, la vacante se debe ocupar por la siguiente candidatura más votada en las últimas elecciones, siempre que mantenga los requisitos que la hicieron ser elegible como representante. Si no hay más candidatos o candidatas para cubrirla, la vacante permanece sin cubrir hasta la próxima renovación del consejo escolar. La nueva persona miembro se debe nombrar por el tiempo que restaba del mandato a la persona representante que ha causado la vacante.
4. La condición de miembro del consejo escolar se pierde cuando se cesa en el cargo que comporta ser miembro, cuando se deja de cumplir alguno de los requisitos para ser elegible o cuando el órgano que la ha designado revoca la designación.
5. Los procesos electivos se desarrollan en el centro de acuerdo con las normas que apruebe el consejo escolar a propuesta de la dirección del centro público o de la persona titular del centro privado concertado. En todo caso, estas normas deben garantizar la publicidad de los respectivos censos electorales y de las diversas candidaturas, deben determinar la composición de las mesas, que serán presididas por el director o directora, o persona del equipo directivo en quien delegue, y deben establecer un periodo no inferior a diez días entre la convocatoria de las elecciones de un sector y el día de las votaciones.
Véase Res [CATALUÑA] ENS/2172/2016, 13 septiembre, por la que se establece el calendario del proceso electoral para renovar los miembros de los consejos escolares de los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos («D.O.G.C.» 28 septiembre).
Claustro del profesorado 1. El claustro de profesorado es el órgano de participación del profesorado en el control y la gestión de la acción educativa del centro.
2. El claustro es presidido por el director o directora y está integrado por todo el profesorado del centro.
3. Las normas de organización y funcionamiento del centro concretan la participación de otros profesionales de atención educativa, que se debe ajustar a lo que establecen, respectivamente para los centros públicos y privados concertados, los artículos 146.3 y 151.2 de la Ley de educación.