Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0411_ES.html
Timestamp: 2020-07-10 07:35:55
Document Index: 23323478

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 220', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 298', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 43', 'artículo 228', 'artículo 15', 'artículo 41']

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sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017
Ponente: Eleonora Evi
– Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017,
– Vistos los artículos 9, 11, 15, 24 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vistos los artículos 11, 35, 37, 41, 42 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el Protocolo n.º 1 anejo a los Tratados, sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
– Visto el Protocolo n.º 2 anejo a los Tratados, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
– Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento el 6 de septiembre de 2001,
– Visto el Acuerdo Marco sobre Cooperación entre el Parlamento y el Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,
– Vistos el artículo 52 y el artículo 220, apartado 1, de su Reglamento interno,
– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0411/2018),
A. Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 fue presentado oficialmente al presidente del Parlamento Europeo el 22 de mayo de 2018 y que la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, lo presentó a la Comisión de Peticiones el 16 de mayo de 2018 en Bruselas;
C. Considerando que el artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión y que las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos;
D. Considerando que el artículo 15 del TFUE estipula que «a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» y que «todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión»;
E. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales relativo al derecho a una buena administración dispone, entre otros, que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;
F. Considerando que el artículo 43 de la Carta estipula que «todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales»;
G. Considerando que en el artículo 298, apartado 1, del TFUE se establece que «en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente»;
H. Considerando que el Defensor del Pueblo inició 447 investigaciones en 2017, de las que 433 se basaban en reclamaciones y 14 eran investigaciones de oficio, y concluyó 363 investigaciones (348 basadas en reclamaciones y 15 de oficio); considerando que la mayoría de las investigaciones afectaban a la Comisión (256 investigaciones, a saber, un 57,3 %), seguida por las agencias de la Unión (35 investigaciones: 7,8 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (34 investigaciones: 7,6 %), el Parlamento (22 investigaciones: 4,9 %), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (17 investigaciones: 3,8 %), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (16 investigaciones: 3,6 %) y otras instituciones (67 investigaciones: 15 %);
I. Considerando que las tres preocupaciones principales constatadas en las investigaciones concluidas por el Defensor del Pueblo en 2017 fueron las siguientes: la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso del público a información y documentos (20,6 %); la cultura de servicio (16,8 %) y el respeto de los derechos procesales (16,5 %); y que otras preocupaciones incluyen las cuestiones éticas, la participación pública en el proceso de toma de decisiones de la Unión, un uso adecuado de las facultades discrecionales, también en los procedimientos de infracción, la buena gestión financiera en relación con las licitaciones, subvenciones y contratos de la Unión y la buena gestión de los asuntos de personal de la Unión;
J. Considerando que, en el marco de su labor estratégica durante 2017, la Oficina del Defensor del Pueblo concluyó cuatro investigaciones estratégicas e inició cuatro nuevas investigaciones sobre la transparencia del Consejo, el fenómeno de las «puertas giratorias» en relación con antiguos comisarios europeos, la accesibilidad de los sitios web de la Comisión para las personas con discapacidad y las actividades previas a la presentación de una solicitud con respecto a las evaluaciones de medicamentos por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); y considerando que en 2017 el Defensor del Pueblo puso en marcha ocho iniciativas estratégicas sobre, entre otros temas, la transparencia de los grupos de presión en el Consejo Europeo, la mejora de la Iniciativa Ciudadana Europea y las normas relativas a las puertas giratorias en diferentes instituciones y órganos de la Unión, y concluyó seis iniciativas estratégicas;
K. Considerando que la Unión aún afronta la peor crisis económica, social y política desde su fundación; y que el enfoque ineficaz adoptado por las instituciones de la Unión a la hora de abordar la falta de transparencia tanto del proceso de toma de decisiones de la Unión como de las actividades de los grupos de presión, además de otras cuestiones éticas significativas dentro de las instituciones, contribuye a socavar aún más la imagen de la Unión;
L. Considerando que la denegación de acceso a los documentos de la Unión y las cuestiones de transparencia asociadas siguieron representado el grueso de las investigaciones del Defensor del Pueblo en 2017;
M. Considerando que, dado que el tiempo suele ser un factor importante en cuanto a las solicitudes de acceso a documentos, el Defensor del Pueblo puso en marcha un procedimiento acelerado en fase de prueba;
N. Considerando que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la rendición de cuentas de las instituciones de la Unión y la máxima transparencia e imparcialidad de la administración y los procesos de toma de decisiones de la Unión con el fin de proteger satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos, aumentando de este modo su confianza, compromiso y participación en la vida democrática de la Unión;
O. Considerando que el Tribunal de Justicia ha establecido que los principios de publicidad y de transparencia son inherentes a los procedimientos legislativos de la Unión y que la eficacia y la integridad del proceso legislativo no pueden menoscabar los principios de publicidad y de transparencia inherentes a dicho proceso; y que el Tribunal de Justicia de la Unión ha dado una orientación clara sobre esta cuestión, por ejemplo en su sentencia de 22 de marzo de 2015 en el asunto T-540/15;
P. Considerando que el Defensor del Pueblo llevó a cabo una investigación de un año basada en una reclamación acerca de la pertenencia del presidente del BCE al Grupo de los Treinta (G30), una organización privada cuyos miembros incluyen a representantes de bancos supervisados directa o indirectamente por el BCE; y que el Defensor del Pueblo recomendó que el presidente del BCE suspendiera su participación en el G30;
Q. Considerando que el Defensor del Pueblo investigó reclamaciones sobre la gestión por parte de la Comisión de las actividades laborales de antiguos comisarios una vez finalizados sus mandatos; que el Defensor del Pueblo ya había constatado que la no adopción por parte de la Comisión de una decisión específica en el caso del antiguo presidente Barroso constituía un caso de mala administración; y que, en el caso Barroso, el Comité de Ética llegó a la conclusión de que no había elementos suficientes para establecer una violación de las obligaciones legales, teniendo en cuenta la declaración escrita del antiguo presidente según la cual no le habían contratado para ejercer actividades de presión en nombre de Goldman Sachs y no tenía intención de hacerlo;
R. Considerando que la crisis financiera ha provocado una crisis económica y social, que ha puesto en entredicho a las instituciones europeas;
S. Considerando que el 25 de octubre de 2017 se celebró una reunión entre el antiguo presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y un vicepresidente de la Comisión actual, que se registró como una reunión oficial con Goldman Sachs; que el Defensor del Pueblo constató que la naturaleza exacta de esta reunión no estaba clara; que el Defensor del Pueblo puso de relieve que existen preocupaciones comprensibles de que el antiguo presidente esté sirviéndose de su anterior estatuto y de sus contactos con antiguos compañeros para ejercer su influencia y obtener información; que este asunto plantea cuestiones recurrentes en relación con el enfoque global adoptado por la Comisión a la hora de abordar este tipo de casos y con el grado de independencia del Comité de Ética; destaca, por tanto, la necesidad de unas normas más estrictas a escala de la Unión para prevenir y sancionar todos los conflictos de intereses en las instituciones y agencias de la Unión;
T. Considerando que, en marzo de 2017, el Defensor del Pueblo inició una investigación estratégica sobre la transparencia y la rendición de cuentas del Consejo; que, según el Defensor del Pueblo, el hecho de que el Consejo no registre la identidad de los Estados miembros que toman posición en un procedimiento legislativo dado, así como la falta de transparencia por parte del Consejo en relación con el acceso del público a sus documentos legislativos, como la práctica de marcar documentos de manera desproporcionada con el código «limite», que significa que no son difundidos, constituyen casos de mala administración; y que el Defensor del Pueblo presentó un informe especial al Parlamento relativo a su investigación estratégica sobre la rendición de cuentas y la transparencia de la labor legislativa del Consejo, el 17 de mayo de 2018;
U. Considerando que una mayor transparencia en relación con las posiciones adoptadas por los Gobiernos nacionales puede servir para mitigar el fenómeno de «culpar a Bruselas», que distorsiona la realidad en cuanto al modo en que se acuerda la legislación de la Unión, fomentando el euroescepticismo y el sentimiento antieuropeo;
V. Considerando que el Defensor del Pueblo investigó acerca del incumplimiento de las normas internacionales y de la Unión por parte de la política de transparencia del BEI por lo que respecta al acceso a documentos;
W. Considerando que la prevención adecuada de los conflictos de interés en el seno de las instituciones, agencias y organismos de la Unión constituye un componente esencial a la hora de garantizar la buena administración y aumentar la confianza de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión; considerando, asimismo, que el Defensor del Pueblo inició una investigación estratégica sobre el modo en que la Comisión lleva a cabo la evaluación de los conflictos de intereses de sus consejeros especiales, que a menudo trabajan simultáneamente para el sector privado;
X. Considerando que el Defensor del Pueblo investigó reclamaciones de los ciudadanos en las que se denunciaba que la Comisión no hubiera adoptado a su debido tiempo una decisión sobre casos de infracción relacionados con el uso abusivo de contratos de duración determinada; que varios Estados miembros han experimentado, a lo largo de los años, un aumento significativo del empleo atípico y de los contratos de trabajo temporales, lo que ha puesto en entredicho la aplicación de la legislación laboral europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;
Y. Considerando que, a efectos de las decisiones relativas a la protección de la salud humana y la seguridad de las personas, los animales y las plantas, las instituciones y organismos de la Unión deben adoptar un enfoque especialmente centrado en los ciudadanos y con vocación de servicio, y abordar adecuadamente las preocupaciones de la población con respecto a la total transparencia, independencia y exactitud de la recopilación y evaluación de pruebas científicas; y que las pruebas científicas y los procedimientos utilizados a escala de la Unión que dieron lugar a las autorizaciones de, entre otros, organismos modificados genéticamente, plaguicidas y el glifosato fueron objeto de abundantes críticas y han desencadenado un amplio debate público;
Z. Considerando que la Comisión todavía no ha aplicado las recomendaciones del Defensor del Pueblo relativas a sus relaciones con la industria del tabaco, por lo que no garantiza una transparencia total acorde con sus obligaciones en virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco;
AA. Considerando que el Defensor del Pueblo publicó recomendaciones claras y prácticas sobre el modo en que los funcionarios públicos deben interactuar con los grupos de presión y se esforzó por darlas a conocer en el Consejo y la Comisión;
AB. Considerando que el Defensor del Pueblo forma parte del marco de la Unión en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destinado a proteger, fomentar y supervisar la aplicación de la Convención en el ámbito de las instituciones de la Unión;
AC. Considerando que el Defensor del Pueblo llevó a cabo una investigación sobre el modo en que Martin Selmayr, el entonces jefe de gabinete del presidente de la Comisión, fue nombrado secretario general de la Comisión; que el Defensor del Pueblo destacó que la Comisión creó un sentido de urgencia artificial para cubrir el puesto de secretario general con el fin de justificar la ausencia de publicación del anuncio de la vacante, y organizó un procedimiento de selección del secretario general adjunto, no para cubrir la vacante directamente, sino para nombrar al Sr. Selmayr secretario general mediante un nombramiento rápido en dos fases; y que el Defensor del Pueblo encontró cuatro ejemplos de mala administración en el nombramiento del Sr. Selmayr, debido al hecho de que la Comisión no siguió correctamente las normas pertinentes ni en forma ni en contenido;
AD. Considerando que el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo complementa perfectamente el trabajo de sus homólogos nacionales y regionales; y que el intercambio y la coordinación de su trabajo en el seno de la Red Europea de Defensores del Pueblo, bajo los auspicios del Defensor del Pueblo Europeo, es una parte muy positiva de los esfuerzos por garantizar que todos los ciudadanos y residentes de la Unión disfruten del derecho a una buena administración a todos los niveles;
AE. Considerando que la actualización más reciente del actual Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; y que. desde entonces, han surgido nuevas expectativas entre los ciudadanos de la Unión en materia de buena administración y del papel del Defensor del Pueblo para garantizarla, en particular en lo que se refiere al acceso a los documentos, la denuncia de irregularidades y el acoso, y en garantizar que la Comisión gestiona la admisibilidad de las Iniciativas Ciudadanas Europeas de manera equitativa e imparcial;
1. Aprueba el Informe anual correspondiente a 2017 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo; observa su estilo de presentación claro y de fácil lectura, al destacar los datos y cifras más importantes en relación con la labor del Defensor del Pueblo en 2017;
2. Felicita a Emily O'Reilly por su excelente trabajo y por la constructiva labor que ha llevado a cabo para mejorar la calidad de la administración de la Unión y la accesibilidad y calidad de los servicios que ofrece a los ciudadanos; reitera su apoyo firme a las acciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo en favor de los ciudadanos y la democracia europea;
3. Acoge con satisfacción la estrategia quinquenal del Defensor del Pueblo «Hacia 2019», cuyo objetivo es aumentar el impacto y la visibilidad de su labor y establecer relaciones sólidas con las instituciones, agencias y órganos de la Unión con el fin de ofrecer un mayor beneficio a los ciudadanos;
4. Expresa su profunda preocupación por que las investigaciones relativas a la transparencia y la responsabilidad, incluidas aquellas relacionadas con el acceso a la información y los documentos, siguieron representando el grueso de los casos examinados por el Defensor del Pueblo en 2017, seguidas de las basadas en reclamaciones relativas a las agencias y otros órganos de la Unión;
5. Acoge con satisfacción los esfuerzos del Defensor del Pueblo por condecorar a los miembros del personal de las instituciones de la Unión con el Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración 2017, en particular al de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea por su compromiso con los pacientes con enfermedades raras;
6. Subraya la importancia de la máxima transparencia y un mejor acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones de la Unión; destaca la labor estructural del Defensor del Pueblo a la hora de sacar a la luz ejemplos de mala administración mediante la adopción de un enfoque individualizado y la puesta en marcha de un número cada vez mayor de investigaciones de oficio;
7. Agradece la buena colaboración del Defensor del Pueblo y su equipo con la Comisión de Peticiones, que se ha caracterizado por el reconocimiento y la exactitud sustancial;
8. Destaca que debe actualizarse la legislación de la Unión sobre el acceso a los documentos; reitera su petición de que se lleve a cabo una revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, entre otras cosas para facilitar la labor del Defensor del Pueblo a la hora de examinar la concesión de acceso a documentos por parte del Parlamento, el Consejo y la Comisión; Acoge con satisfacción la introducción por parte del Defensor del Pueblo de un procedimiento acelerado de reclamación para tramitar las investigaciones relacionadas con el acceso a los documentos;
9. Subraya que los ciudadanos deben poder participar de manera más directa en la vida democrática de la Unión y seguir el proceso de toma de decisiones en las instituciones de la Unión de manera detallada, así como tener acceso a toda la información pertinente para poder ejercer plenamente sus derechos democráticos;
10. Destaca el papel del Defensor del Pueblo para trabajar en aras de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso legislativo de la Unión con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos, no solo en cuanto a la legalidad de un acto aislado, sino también por lo que respecta a la legitimidad del proceso de toma de decisiones en su conjunto;
11. Pide que se revisen las directrices internas del Consejo sobre los documentos clasificados como «LIMITE», que carecen de base jurídica sólida, con el fin de defender el principio según el cual la clasificación «LIMITE» solo puede concederse a un anteproyecto que todavía no tiene un autor y no incide en el procedimiento legislativo;
12. Es consciente de que es necesaria la máxima transparencia en el proceso de toma de decisiones de la Unión, y elogia la investigación iniciada por el Defensor del Pueblo sobre la práctica habitual de las negociaciones informales entre las tres instituciones principales de la Unión (diálogos tripartitos); apoya la publicación de todos los documentos de los diálogos tripartitos de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia;
13. Cree firmemente que las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la política de transparencia del BEI deben aplicarse sin más demora; pide al BEI que empiece inmediatamente a eliminar la presunción de no divulgación relativa a la información y los documentos recopilados durante las auditorías, inspecciones e investigaciones, incluidas aquellas que se han iniciado durante casos de fraude y corrupción o después de estos;
14. Pide que la política de divulgación de información del Grupo BEI garantice un nivel de transparencia cada vez más elevado en lo que se refiere a los principios que rigen su política de precios y órganos de gobernanza; pide que se publiquen las actas de las reuniones del comité de dirección del Grupo del BEI;
15. Destaca que las posiciones adoptadas por los Estados miembros en el seno del Consejo durante el proceso legislativo de la Unión deben registrarse y hacerse públicas de manera oportuna y accesible, ya que, tal como sucede en cualquier sistema basado en el principio de legitimidad democrática, los colegisladores deben rendir cuentas ante los ciudadanos de sus acciones; considera que un mayor nivel de rendición de cuentas en el Consejo en relación con las posiciones adoptadas por los Gobiernos nacionales respecto de la legislación de la Unión, incluida la puesta a disposición del público de manera proactiva de documentos legislativos mientras el proceso legislativo está en marcha, contribuiría a abordar la falta de transparencia en la toma de decisiones y a mitigar la cultura de «culpar a Bruselas» por decisiones que, en última instancia, adoptan los propios Gobiernos nacionales; exige al Consejo, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del TFUE, que revise su política de confidencialidad para garantizar el máximo nivel de transparencia en su trabajo;
16. Pide a la Comisión que garantice la máxima transparencia y el acceso a los documentos y la información relacionados con los procedimientos EU Pilot, al menos en lo referente a peticiones recibidas, y una total transparencia y un acceso íntegro a los procedimientos EU Pilot y de infracción que ya hayan concluido;
17. Insta al Defensor del Pueblo a que continúe supervisando la aplicación, por parte de la Comisión, de la reforma del sistema de grupos de expertos con objeto de garantizar el pleno cumplimiento de las normas jurídicamente vinculantes y la máxima transparencia en el ejercicio de todas las actividades de dichos grupos, y a que investigue y notifique cualquier posible conflicto de intereses; considera que es necesaria una atenta evaluación e información en relación con todos los grupos de expertos para comprender su nivel de independencia, con miras a servir al interés público y aportar valor añadido al proceso de elaboración de políticas de la Unión; considera que todos los miembros de los grupos de expertos deben figurar en el Registro de Transparencia;
18. Reitera su petición de una plataforma central de transparencia para todas las instituciones y agencias de la Unión;
19. Apoya el compromiso del Defensor del Pueblo de mejorar la transparencia de las actividades de los grupos de presión de la Unión; destaca la importancia de que se adopte un acto legislativo adecuado para que el Registro de Transparencia de la Unión adquiera carácter obligatorio y jurídicamente vinculante para todas las instituciones, agencias y representantes de intereses de la Unión, garantizando de este modo la plena transparencia de los grupos de presión;
20. Destaca la importancia de actualizar regularmente y mejorar considerablemente la exactitud de los datos contenidos en el Registro de Transparencia de la Unión, incluida la obligación de que los bufetes de abogados que ejercen actividades de presión declaren a todos sus clientes; subraya que es necesario suministrar de forma gratuita, totalmente comprensible y fácilmente accesible para el público toda la información relativa a la influencia ejercida por los grupos de presión; considera que debe garantizarse la total transparencia de la financiación de todos los grupos de interés; pide la suspensión del Registro de Transparencia de toda organización que incumpla las normas relativas a las puertas giratorias;
21. Destaca las conclusiones del Defensor del Pueblo de que la pertenencia continuada del presidente del BCE al G30 constituía un caso de mala administración dado que daba lugar a una percepción pública de que la independencia del BCE respecto de intereses financieros privados podría verse comprometida; subraya que los miembros del Comité Ejecutivo del BCE deben abstenerse de ser simultáneamente miembros de foros u otras organizaciones que incluyan a ejecutivos de bancos supervisados por el BCE; toma nota de las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de enero de 2018, sobre la participación del presidente del BCE y de los miembros de sus órganos decisorios en el G30, e insta al BCE a que modifique las normas pertinentes a fin de garantizar que se apliquen en la práctica las normas más estrictas en materia de ética y responsabilidad;
22. Considera que la Comisión no ha respetado los principios de transparencia, ética y legalidad en el procedimiento adoptado para nombrar a Martin Selmayr como su nuevo secretario general; lamenta profundamente la decisión de la Comisión de confirmar al Sr. Selmayr como su nuevo secretario general sin tener en cuenta las amplias críticas generalizadas de los ciudadanos de la Unión y los daños a la reputación causados a la Unión en su conjunto; hace hincapié en que el Sr. Selmayr debe dimitir como secretario general y pide a la Comisión que adopte un nuevo procedimiento para el nombramiento de su secretario general, que garantice el respeto de las normas más estrictas en materia de transparencia, ética y legalidad;
23. Pide al Defensor del Pueblo que prosiga su labor de refuerzo de las normas éticas en las instituciones de la Unión, con el fin de resolver los problemas de las puertas giratorias, y que garantice la plena transparencia en toda la información conexa, incluida la rápida publicación de los nombres de todos los altos funcionarios de la Unión implicados; aguarda con interés el análisis del Defensor del Pueblo sobre la forma en que la Comisión está aplicando sus directrices y sus sugerencias para mejorar la gestión de los casos de puertas giratorias, incluida la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas para prevenir y sancionar dichas situaciones y posibles abusos;
24. Cree firmemente que es necesario aplicar unas reglas y normas éticas y morales más estrictas, claras y fácilmente aplicables en todas las instituciones, agencias y organismos de la Unión, con el fin de garantizar el respeto de los deberes de honestidad y discreción, así como de evitar los conflictos de intereses con el sector privado; considera que estas reglas y normas deben basarse en un acto legislativo; toma nota del código de conducta de los comisarios actualizado, que entró en vigor en febrero de 2018 y que introdujo unos períodos de incompatibilidad más estrictos; considera, no obstante, que deben ampliarse los períodos de notificación tras la finalización de los mandatos;
25. Subraya la imperiosa necesidad de mejorar de forma efectiva el actual Código de Buena Conducta Administrativa, mediante la adopción de un reglamento vinculante al respecto;
26. Considera que la reunión entre el antiguo presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y un actual vicepresidente de la Comisión, registrada como una reunión oficial con Goldman Sachs, puso de manifiesto la imperiosa necesidad de revisar las normas y las prácticas actuales, con el fin de reforzar los requisitos de integridad de los comisarios, tanto durante su mandato como después de este;
27. Reitera su llamamiento a la Comisión para que garantice la publicación proactiva y la total transparencia en relación con la ocupación de los antiguos comisarios tras finalizar su mandato; pide a la Comisión que vele por que el Comité de Ética sea plenamente independiente y responsable y anima al Defensor del Pueblo a que siga realizando evaluaciones e informando sobre cualquier posible conflicto de intereses de los miembros del Comité de Ética;
28. Felicita al Defensor del Pueblo por su investigación estratégica sobre la transparencia en el procedimiento legislativo del Consejo (OI/2/2017/TE), pero lamenta que el Consejo no haya respondido a las conclusiones dentro del plazo; observa que, lamentablemente, se trata de un asunto recurrente que se ve reflejado constantemente en las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo; opina, además, que este asunto debe considerarse de gran importancia para la vida democrática de la Unión y la participación efectiva de los ciudadanos en todo el continente, puesto que obstaculiza el cumplimiento de los tratados constitucionales y la Carta de los Derechos Fundamentales; toma nota, a este respecto, de las conclusiones del Defensor del Pueblo en un asunto reciente (1272/2017/LP: la denegación por parte del Consejo de conceder el acceso público al dictamen de su servicio jurídico en relación con un acuerdo interinstitucional sobre el Registro de Transparencia), que sugerían que la cuestión amenaza el principio de equilibrio institucional y es contraria a la práctica fundamental de la cooperación leal mutua; señala que es imposible llevar a cabo controles ex post sobre una base ad hoc tras la denegación de una solicitud;
29. Subraya la necesidad de introducir mejoras importantes en las normas sobre conflictos de intereses para los consejeros especiales; pide específicamente a la Comisión que aplique plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo al respecto, adoptando la máxima transparencia y un enfoque proactivo con respecto a su evaluación sobre cualquier posible conflicto de intereses antes y después del nombramiento de consejeros especiales, y que garantice que los ciudadanos tengan acceso completo a toda la información pertinente;
30. Celebra el interés constante del Defensor del Pueblo en cuestiones que atañen al personal de las instituciones y señala la importancia de reducir cualquier tipo de discriminación que pueda surgir de un estatuto diferenciado; reitera la importancia de las conclusiones del Defensor del Pueblo en materia de períodos de prácticas no remuneradas en las delegaciones europeas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (asunto 454/2014/PMC) y la recomendación de que el SEAE remunere a las personas en prácticas con una asignación apropiada de conformidad con el principio de no discriminación; lamenta el hecho de que otras instituciones de la Unión sigan la misma mala práctica en cuanto a los períodos de prácticas no remuneradas, lo cual no brinda oportunidades equitativas a los jóvenes ni ofrece un trabajo igual al de un empleado, dejando a los jóvenes profesionales excluidos por falta de fondos suficientes para sustentarse y de una remuneración inadecuada por sus servicios; destaca que las deficiencias en el estatuto de las personas en prácticas también se observan en otros ámbitos, por ejemplo, la falta de mecanismos de notificación de acoso sexual en las agencias de la Unión; pide, por tanto, al Defensor del Pueblo que abra una investigación estratégica general en materia del estatuto de las personas en prácticas;
31. Insta a la Comisión para que garantice que su trabajo sea plenamente transparente mediante la publicación en línea de la información relativa a todas sus reuniones con los grupos de presión de la industria tabacalera o sus representantes legales, y de las actas de esas reuniones, en consonancia con sus obligaciones en virtud del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco;
32. Insta al Defensor del Pueblo a supervisar la aplicación de las recomendaciones para los funcionarios de la Unión sobre sus interacciones con los representantes de intereses, y a seguir sensibilizando sobre estas recomendaciones a los miembros del personal de la UE de todas las instituciones de la Unión, a través de formaciones, seminarios y otras medidas de apoyo;
33. Lamenta profundamente los retrasos acumulados por la Comisión en relación con los procedimientos de infracción relativos al abuso de contratos de duración determinada tanto en el sector público como en el privado, que ha permitido el abuso y la violación de los derechos de los trabajadores en los Estados miembros; pide al Defensor del Pueblo que supervise está cuestión para proteger de forma eficaz los derechos de los ciudadanos;
34. Apoya el papel del Defensor del Pueblo en la configuración de una política proactiva y transparente en todas las agencias de la Unión; insta al Defensor del Pueblo a que continúe supervisando a todas las agencias de la Unión con el fin de garantizar que cumplan las normas más estrictas de transparencia y que proporcionen acceso público a los documentos y la información, haciendo especial hincapié en los procedimientos y las actividades relacionadas con la protección de la salud humana;
35. Insta al Defensor del Pueblo a que inicie una investigación estratégica con el fin de evaluar si las instituciones, oficinas y agencias de la Unión, como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la EMA, garantizan que la recogida, el examen y la publicación de las pruebas científicas sean plenamente independientes, transparentes, imparciales, precisos y no estén sujetos a conflictos de intereses, y si existen garantías políticas y procesales adecuadas, en particular en relación con los OMG, el glifosato, los plaguicidas, los productos fitosanitarios, los biocidas y los medicamentos; sugiere, a este respecto, que se continúe con la investigación de los procedimientos de composición y selección de los grupos y comités científicos de estas agencias, con el fin de garantizar su total independencia e implantar los mecanismos más estrictos que eviten cualquier posible conflicto de intereses;
36. Acoge con satisfacción las investigaciones estratégicas del Defensor del Pueblo sobre el tratamiento de las personas con discapacidad en virtud del Régimen Común de Seguro de Enfermedad de la Comisión y sobre la accesibilidad de las páginas web y las herramientas en línea de la Comisión para las personas con discapacidad; anima al Defensor del Pueblo a hacer todo lo posible por garantizar que la administración de la Unión aplique plenamente y de forma coherente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
37. Acoge con satisfacción el compromiso del Defensor del Pueblo con la transparencia durante las negociaciones del Brexit; subraya la respuesta positiva recibida por el Defensor del Pueblo por parte del Consejo y la Comisión reconociendo la importancia de la transparencia; pide al Gobierno del Reino Unido que se sume a este compromiso;
38. Anima al Defensor del Pueblo a que siga colaborando con los defensores del pueblo nacionales a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo;
39. Pide a la Red Europea de Defensores del Pueblo que muestre una mayor vigilancia a la hora de supervisar que las autoridades públicas actúan inmediatamente en casos de violencia policial, racismo y antisemitismo en relación con los derechos humanos y la gobernanza democrática;
40. Solicita que se asignen más recursos financieros y humanos a la oficina del Defensor del Pueblo para que pueda hacer frente a la carga de trabajo actual y futura, con el fin de defender su deber fundamental de mejorar las buenas prácticas administrativas en la Unión Europea, un servicio de vital importancia para los ciudadanos de la Unión;
41. Acoge con satisfacción la conferencia anual de la Red Europea de Defensores del Pueblo celebrada en junio de 2017, que se dedicó a las repercusiones del Brexit para los derechos de los ciudadanos y al aumento del populismo en Europa;
42. Acoge con satisfacción el Premio del Defensor del Pueblo a la Buena Administración, que reconoce los esfuerzos de las administraciones públicas de la Unión para encontrar formas innovadoras de aplicar políticas orientadas a los ciudadanos;
43. Reitera su voluntad de actualizar el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo(2), y cualquier parte conexa del acervo, con el fin de adaptar el papel del Defensor del Pueblo a las necesidades y expectativas actuales de los ciudadanos de la Unión en relación con la buena administración;
44. Hace hincapié en la necesidad de mejorar el diálogo social;
45. Señala que la confianza entre los ciudadanos y las instituciones reviste una importancia fundamental en el contexto de la difícil situación económica actual;
46. Destaca la necesidad de que el Defensor del Pueblo investigue el conflicto de intereses de la Comisión en lo que respecta a su papel en la Troika y a su responsabilidad como guardiana de los Tratados y del acervo;
47. Pide al Defensor del Pueblo que garantice que la Comisión colaborará en la creación de una infraestructura para la ICE, proporcionando asesoramiento jurídico así como un marco jurídico que proteja a sus miembros;
48. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y el Informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a los defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos de los Estados miembros.
Proyecto de Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, por el que se modifica su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (DO C 259 E de 29.10.2009, p. 116).
El Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017 fue presentado oficialmente al presidente del Parlamento Europeo el 22 de mayo de 2018 y la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, presentó el informe a la Comisión de Peticiones el 16 de mayo de 2018 en Bruselas.
El mandato del Defensor del Pueblo está consagrado en los artículos 24 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El artículo 24 del TFUE, así como el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establecen el derecho a presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo.
En virtud del artículo 228 del TFUE, el Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento Europeo, estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Por mala administración se entiende una administración deficiente o incorrecta. Esto se produce cuando una institución no actúa de conformidad con la legislación, no respeta los principios de la buena administración o viola los derechos humanos.
En el artículo 15 del TFUE se incluye un aspecto clave de la versión actual de los Tratados, estrictamente relacionado con las actividades del Defensor del Pueblo. Este artículo estipula que «a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura». También estipula que «todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión».
El artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituye otra piedra angular, especialmente vinculada al papel del Defensor del Pueblo, ya que dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».
En 2017, 15 837 ciudadanos solicitaron la ayuda de los servicios del Defensor del Pueblo. De ellos, 12 521 recibieron asesoramiento a través de la guía interactiva de la página web del Defensor del Pueblo. De las restantes solicitudes, 1 135 se remitieron a otro organismo para información y 2 181 fueron tramitadas como reclamaciones por el Defensor del Pueblo.
Respecto de la cifra total de 2 181 reclamaciones tramitadas por el Defensor del Pueblo en 2017, 751 entraban en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo y 1 430 quedaban fuera.
En 2017, el Defensor del Pueblo inició 447 investigaciones, de las que 433 se basaban en reclamaciones y 14 eran investigaciones de oficio, y concluyó 363 investigaciones (348 basadas en reclamaciones y 15 de oficio). La mayoría de las investigaciones afectaban a la Comisión (256 investigaciones, a saber, un 57,3 %), seguida por las agencias de la Unión (35 investigaciones: 7,8 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (34 investigaciones: 7,6 %), el Parlamento Europeo (22 investigaciones: 4,9 %), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (17 investigaciones: 3,8 %), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (16 investigaciones: 3,6 %) y otras instituciones (67 investigaciones: 15,0 %).
Las tres preocupaciones principales constatadas en las investigaciones concluidas por el Defensor del Pueblo en 2017 fueron las siguientes: la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso público a la información y a los documentos (20,6 %), la cultura de servicio (16,8 %) y el respeto de los derechos procesales (16,5 %). Otras preocupaciones incluyen las cuestiones éticas, la participación pública en el proceso de toma de decisiones de la Unión, el respeto de los derechos fundamentales, el uso adecuado de las facultades discrecionales, también en los procedimientos de infracción, la buena gestión financiera en relación con las licitaciones, subvenciones y contratos de la Unión y la buena gestión de los asuntos de personal de la Unión.
La ponente valora positivamente que la estrategia aplicada por el Defensor del Pueblo, destinada a aumentar la visibilidad de su Oficina, diera lugar a un aumento del número total de reclamaciones tramitadas en 2017, de 1 880 a 2 184, así como a un aumento del número de reclamaciones recibidas que entran dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, de 711 a 751.
En el marco de su labor estratégica durante 2017, la Oficina del Defensor del Pueblo concluyó cuatro investigaciones estratégicas e inició cuatro nuevas investigaciones sobre la transparencia del Consejo, el fenómeno de las «puertas giratorias» en relación con antiguos comisarios europeos, la accesibilidad de los sitios web de la Comisión para las personas con discapacidad y las actividades previas a la presentación de una solicitud con respecto a las evaluaciones de medicamentos por parte de la EMA. El Defensor del Pueblo también puso en marcha ocho iniciativas estratégicas sobre, entre otros temas, la transparencia de los grupos de presión en el Consejo Europeo, la mejora de la Iniciativa Ciudadana Europea y las normas relativas a las «puertas giratorias» en diferentes instituciones y órganos de la Unión, y concluyó seis iniciativas estratégicas.
La ponente observa con preocupación que las investigaciones relativas a la transparencia y la responsabilidad, incluidas aquellas relacionadas con el acceso a la información y los documentos, siguieron representando el grueso de los casos examinados por el Defensor del Pueblo en 2017.
La ponente subraya que la Unión aún afronta la peor crisis económica, social y política desde su fundación. Todas las instituciones, agencias y oficinas de la Unión deben sentirse obligadas a garantizar la plena transparencia y a respetar las normas éticas y de responsabilidad más estrictas.
La ponente opina que, desafortunadamente, el enfoque ineficaz adoptado hasta ahora por las instituciones de la Unión a la hora de abordar la falta de transparencia tanto del proceso de toma de decisiones de la Unión como de las actividades de los grupos de presión, además de otras cuestiones éticas significativas dentro de las instituciones, contribuye a socavar aún más la imagen de la Unión y a aumentar la decepción y el descontento de los ciudadanos.
En este sentido, la ponente recuerda que la Unión sigue sin haber adoptado un Registro de Transparencia de la Unión obligatorio y jurídicamente vinculante para garantizar la total transparencia de las actividades de los grupos de presión en relación con todas las instituciones y agencias de la Unión, así como con terceros. Por otro lado, la ponente destaca que la legislación de la Unión sobre el acceso a los documentos está muy desfasada. Es más, el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 ya no refleja la situación jurídica actual ni las prácticas institucionales aplicadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
También considera que merece la pena mencionar dos de las cuestiones éticas más importantes de 2017.
La primera es sobre la reunión celebrada el 25 de octubre de 2017 entre el antiguo presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y un actual vicepresidente de la Comisión, registrada como una reunión oficial de Goldman Sachs. El Defensor del Pueblo puso de relieve que la naturaleza exacta de esta reunión no estaba clara y que existen preocupaciones comprensibles de que el antiguo presidente esté sirviéndose de su anterior estatuto y de sus contactos con antiguos compañeros para ejercer su influencia y obtener información.
La segunda es sobre la continuación de la pertenencia del presidente del BCE al Grupo de los Treinta (G30), una organización privada cuyos miembros incluyen a representantes de bancos supervisados directa o indirectamente por el BCE, pese a la recomendación del Defensor del Pueblo de suspender su adhesión.
La ponente insiste en que tanto el «caso Barroso» como la continuación de la pertenencia del presidente del BCE al G30 demostraron aún más la urgente necesidad de aplicar reglas y normas éticas y morales más estrictas en todas las instituciones de la Unión, con el fin de garantizar el respeto de los deberes de honestidad y discreción, así como la plena independencia del sector privado.
La ponente también quisiera recordar los casos de mala administración detectados por el Defensor del Pueblo por parte del Consejo al no registrar la identidad de los Estados miembros que toman posición en un procedimiento legislativo dado, así como la falta de transparencia por parte del Consejo en relación con el acceso público a sus documentos legislativos.
La ponente recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los principios de publicidad y de transparencia son inherentes a los procedimientos legislativos de la Unión y que los ciudadanos deben poder seguir de manera detallada el proceso de toma de decisiones de las instituciones de la Unión, así como tener acceso a toda la información pertinente para poder ejercer plenamente sus derechos democráticos.
Por lo tanto, la ponente subraya la necesidad de que el proceso de toma de decisiones de la Unión sea plenamente transparente, ya que en un sistema basado en el principio de legitimidad democrática todas las instituciones deben ser plenamente responsables de sus acciones ante el público.
La ponente considera que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la plena transparencia y la imparcialidad de los procesos de toma de decisiones y de la administración de la Unión, a fin de proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos, y elogia la investigación iniciada por el Defensor del Pueblo sobre las negociaciones informales entre las tres instituciones principales de la Unión (diálogos tripartitos).
A lo largo de 2017, en un caso específico, la defensora del pueblo europea puso de relieve que trataría evaluar si los organismos científicos de la Unión cuentan con las garantías procesales necesarias para garantizar que los dictámenes científicos emitidos sean lo más completos posible e independientes, y si estas garantías se han aplicado correctamente en todos los procedimientos.
En este sentido, la ponente recuerda que las pruebas científicas y los procedimientos utilizados a escala de la Unión que dieron lugar a las autorizaciones de, entre otras cosas, organismos modificados genéticamente, plaguicidas y el glifosato, fueron objeto de abundantes críticas y desencadenaron un amplio debate público. Por lo tanto, la ponente pide al Defensor del Pueblo que inicie una investigación estratégica con el fin de evaluar si las instituciones, oficinas y agencias de la Unión, como la ECHA, la EFSA y la EMA, garantizan que la recogida y el examen de las pruebas científicas sean plenamente independientes, transparentes, precisos y no estén sujetos a conflictos de intereses, y si existen garantías políticas y procesales adecuadas.