Source: https://es.scribd.com/document/273724813/Fraccionando-el-dominio-las-tenencias-intermedias-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda
Timestamp: 2018-10-16 12:27:21
Document Index: 346633198

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 40', 'artículo 553', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 348', 'artículo 17', 'artículo 1', 'Artículo 33', 'Artículo 38', 'artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 33', 'artículo 53', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 139', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 71', 'artículo 162', 'artículo 541', 'Artículo 541', 'artículo 541', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 348', 'artículo 14', 'Artículo 564', 'artículo 348', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 564', 'Artículo 38', 'Artículo 541', 'Artículo 17', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 348', 'artículo 33']

Cargado por Sergio Nasarre Aznar
Artículo científico sobre las tenencias intermedias (propiedad compartida y propiedad temporal) recientemente aprobadas en Cataluña por Ley 19/2015.
Fraccionando el dominio: las tenencias intermedias...
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SNasarre-DerechoRegistralinglés-RCDI 2004
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Agenda de la Cátedra UNESCO de Vivienda, Universidad Rovira i Virgili
130314 AVS JTPlaHabitatge PerspectivesFutur
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Programa Curs d'Estiu URV "Nous Reptes de l'Habitatge"-CAT
Jornades mediació hipotecària provissional
Convenio URV-Habitatge Generalitat para fomentar el acceso a la vivienda
MesTarragona-dació-30-9-2011
Jornadas sobre acceso a la vivienda - Colegio de Registradores, Barcelona, mayo 2012
SNasarre(Dir)-El Acceso a La Vivienda en Un Contexto de Crisis
Conferencia Reforma LAU_juny 2012
INVITACIÓN 30 DE MARZO - Alternativas al Desahucio
SNasarre-MalPracHipo2011port
HiF.Alternatives accés habitatge.PROGRAMA
Fraccionando el dominio
las tenencias intermedias para facilitar
el acceso a la vivienda 1
1. La insuficiencia de la dicotomía vivienda en propiedad-vivienda en alquiler.
2. Concepto y rol de las tenencias intermedias en el acceso
3. Los modelos de tenencias intermedias:
3.1. La insuficiencia de las tenencias intermedias «tradicionales».
3.2. Qué pueden aportar unas «nuevas» tenencias intermedias.
3.3. La experiencia de la shared ownership inglesa.
Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la vivienda», del Ministerio de Economía y Competitividad,
Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada (DER 2012-31409), dirigido por el
doctor Sergio Nasarre Aznar. Del mismo modo, el estudio parte del artículo de opinión
elaborado por encargo de la Diputación de Barcelona, Gerencia de Servicios de Vivienda,
Urbanismo y Actividades, programa «Governs locals i polítiques d’habitatge. Balanç i reptes»
del Observatorio Local de la Vivienda en junio de 2012, enmarcado a su vez en el Proyecto
de Investigación «Nuevas figuras de acceso a la vivienda» de la Agencia de la Vivienda de la
Generalidad de Cataluña, de diciembre de 2011, dirigido, a su vez, por el doctor Nasarre.
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 739, págs. 3063 a 3122
Sergio Nasarre Aznar y Héctor Simón Moreno
4. La propiedad compartida.
5. La propiedad temporal.
6. La propiedad fraccionada en nuestro sistema constitucional del dominio:
6.1. 
La propiedad en Europa y el contenido fundamental constitucional.
6.2. La función social de la propiedad. La doctrina constitucional.
6.3. 
La imbricación de la propiedad compartida y de la propiedad temporal en nuestro sistema dominical.
7. Conclusiones.
Lista de jurisprudencia.
Lista de legislación.
Ley Hipotecaria de 1946.
Reglamento Hipotecario de 1947.
SOCIMI	Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
UE	Unión Europea.
1. La insuficiencia de la dicotomía vivienda en propiedadvivienda en alquiler
Las cifras macroeconómicas revelan que de 2007 a 2011 se han producido
en España 330.000 ejecuciones hipotecarias por impago de préstamos o créditos
garantizados con inmuebles 2. Que ha habido una disminución de transacciones
de viviendas en 2011 del 29,3 por 100 en relación a 2010 3, lo que evidencia
que a pesar de la disminución de los precios de los inmuebles, la vivienda no
parece ser aún lo suficientemente asequible, dada la coyuntura económica y
financiera actual. Que los índices de pobreza en España son elevados 4, lo que
queda corroborado por el estudio de la Fundación Encuentro 5, que indica que a
lo largo de 2009 el 13 por 100 de los españoles habían recibido ayuda económica de familiares y un 13,5 por 100 lo había hecho en especie (ropa, comida,
atención personal), porcentaje que aumenta entre los jóvenes al 29,7 por 100.
Que el 37 por 100 de la población entre 18 y 35 años considera el acceso a la
vivienda como uno de los problemas más importantes de la juventud española 6,
lo que también está en relación con el estudio EUROSTAT 7, que revelaba ya en
2007 que la principal causa de que los jóvenes españoles estuvieran viviendo
tanto tiempo en el hogar paterno era por culpa de la falta de vivienda asequible.
Si a estos datos añadimos que España tiene una de las tasas de vivienda
en alquiler más bajas en Europa (lo que ha conllevado poca oferta, a menudo
poca calidad y precios altos) 8, lo que ha empujado a las familias, independien2
Consejo General del Poder Judicial, Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos
judiciales 3T 2011, disponible en www.poderjudicial.es, en «Estadística». Falta desglosar cuántas
de estas ejecuciones corresponden a primera vivienda. El informe de la Asociación Hipotecaria
Española, Actividad hipotecaria de octubre 2011 y previsiones 2012 (www.ahe.es), señaló que la
tasa de dudosidad estaba en el 2,63 por 100 en 2011, mientras que en 2010 era del 2,58 por 100.
Puede verse en http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/07/suvivienda/1331111088.
html. Los datos estadísticos en http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=34000000.
Consulta el 19-9-2013.
Atendiendo al índice de The Economist, publicado el 9-2-2012, España se encontraba en
2011 en el 6.º país de entre los 92 evaluados en pobreza, atendiendo a la tasa de paro más la
tasa de inflación. Puede verse en http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/dailychart-0. De hecho, el 2-3-2012 el Gobierno anunció que en 2012 el paro podría afectar a seis
millones de personas (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/02/economia/1330692649.
html). Consulta el 19-9-2013.
Fundación Encuentro, Informe España 2011. Una interpretación de su realidad
social, pág. 191 (se puede encontrar en http://www.fund-encuentro.org/).
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Estudio 2835, 27 de abril de 2010.
Disponible en http://www.cis.es.
EUROSTAT, Youth in Europe. A statistical portrait, 2009 Ed., pág. 31 (se puede encontrar en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09920-EN.PDF). Consulta el 19-9-2013.
Ver la estadística más reciente en EUROSTAT, Population by tenure status, 2009, en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Population_by_tenu-
temente de su capacidad de repago, a adquirir vivienda en propiedad (lo que les
ha reportado un gran esfuerzo económico), podemos concluir que la dicotomía
dominio-alquiler, tal y como viene configurada en nuestro sistema jurídico, no
está dando una respuesta óptima a las necesidades de vivienda de las familias y,
por tanto, está incumpliendo el mandato que prevé el artículo 47 CE destinado
a los poderes públicos que deben facilitarles el acceso a una vivienda digna.
Tal y como dice el informe EUROSTAT sobre Exclusión Social 9 una access
to affordable accommodation of an acceptable quality may be considered as
a basic human need, lo que contrasta con la opinión del Presidente William
J. Clinton en 1994 de que «más americanos deberían tener sus propias casas,
por razones que son económicas y tangibles, y razones que son emocionales
e intangibles, pero que van al corazón de lo que significa albergar, alimentar,
expandir el Sueño Americano» 10; ello llevó a políticas que comportaban necesariamente la generalización de las hipotecas subprime en Estados Unidos y el
inicio de la actual crisis mundial 11.
Atendiendo a las cifras expresadas, una de las consecuencias inmediatas de
dicha crisis es que muchas familias que compraron una vivienda en el periodo
1994-2007 se encuentran en una situación de sobreendeudamiento, por lo que
peligra su tenencia. A ello coadyuva que aquellas que están de alquiler han
venido tradicionalmente asumiendo hasta el doble de costes que aquellas que
tenían una vivienda en propiedad, lo que parece contradictorio 12, además de la
tradicional falta de estabilidad para el inquilino más allá de los primeros cinco
años de alquiler (arts. 9 y 18 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 13), de la idea de que está viviendo en casa ajena (arts. 2.2, 8,
23 y 27.2 LAU) y de la desconfianza y la incertidumbre de los propietarios 14.
re_status,_2009_(1)_(%25_of_population).png&filetimestamp=20120110104744. Consulta el
EUROSTAT, Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union, 2010 Ed., pág. 84.
La traducción al castellano es libre.
Un patrón que curiosamente coincide con el sucedido en España tras la aprobación de
la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero [Ley 44/2002, de 22 de noviembre
(BOE de 23 de noviembre de 2002, núm. 281, pág. 41273)] que autorizó a las entidades de
crédito a titulizar hipotecas subprime [que no cumplen con los requisitos del art. 5 de la Ley
2/1981, de 25 de marzo, del Mercado Hipotecario (BOE de 15 de abril de 1981, núm. 90,
pág. 8148)], es decir, a transferir el riesgo de impago de las mismas a terceros, generando
la misma problemática moral que en Estados Unidos, al no existir por ello incentivos para
dichas entidades para conceder hipotecas de calidad.
Son cifras de 2007 recogidas en EUROSTAT, Combating poverty..., pág. 88.
BOE de 25 de noviembre de 1994, núm. 282, pág. 36129. Con la entrada en vigor de la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas
(BOE de 5 de junio de 2013, núm. 134, pág. 42244), este plazo se ha reducido a tres años.
A pesar de las últimas reformas de la LEC para incrementar la rapidez de los desahucios,
en muchas ciudades la eficacia no depende tanto de los nuevos plazos y procedimientos de la
ley sino de los recursos de la Administración de Justicia para llevarlos a cabo y que a menudo
No parece tampoco que las políticas públicas de fomento del alquiler (fracaso
de los Fondos de Inversión Inmobiliaria, de las SOCIMI, de la Sociedad Pública
de Alquiler, etc. 15) hayan contribuido a su generalización efectiva ni a la vertebración y profesionalización de un adecuado mercado de vivienda en alquiler.
Dicho esto, no estamos de acuerdo con que la preferencia de la vivienda
en propiedad de los españoles sea una cuestión consustancial a estos, algo
característico nuestro, histórico (es sólo, de hecho, un fenómeno relativamente
reciente) e inmutable (propietarismo estructural), a lo que, por lo tanto, debe
dársele satisfacción mediante políticas de vivienda encaminadas al fomento
de la propiedad privada. Estamos, en cambio, más en la línea de Kemeny 16,
el cual señala que las «preferencias» o «actitudes» de las personas hacia una
forma de tenencia de la vivienda son irrelevantes cuando se contextualizan en
un conjunto de valores e ideologías imperantes en una sociedad 17. Así, la importancia de las casas adosadas, la acumulación de viviendas y de otros bienes,
o la importancia del coche o coches privados son propias de sociedades con
vivienda en propiedad; en cambio, dice, son propias de sociedades de vivienda
en alquiler la generalización de los pisos en alquiler, los estilos de vida centrados
en la ciudad y el transporte público, la infraestructura urbana desarrollada y un
cierto desarrollo del estado social (por ejemplo, Alemania). Por lo tanto, sigue
el autor, las preferencias de tenencia actuales son el resultado y no la causa de
los sistemas de tenencia.
Así, tal y como ha sucedido en España en los doce años de boom inmobiliario recientes (1995-2007), en una sociedad en que los propietarios, gracias a
las políticas públicas de vivienda, han venido obteniendo sustanciosos beneficios
(fiscales, plusvalías, en los Planes de Vivienda, etc.), mientras que el acceso
a la vivienda en alquiler quedaba marginado de éstas en la práctica, causando
su estigmatización (no subsidiado, poco estructurado ni profesionalizado, poco
rentable 18) y restricción (poca oferta, cara y de escasa calidad) estaba claro que
son insuficientes, pudiendo tardar el desahucio efectivo, incluso después de las reformas, más
de seis y doce meses en algunos casos.
Sobre el fracaso de estos mecanismos, ver Nasarre Aznar, Sergio, «La insuficiencia
de la normativa actual sobre acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler: la necesidad
de instituciones jurídico-privadas alternativas para facilitar el acceso a la vivienda. Algunas
propuestas», en Sergio Nasarre (dir.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis,
Madrid, 2011, Ed. Edisofer, págs. 143 a 146. Ver, además, como recientemente se ha desmantelado después de siete años de ineficiencia (desde 2008 en quiebra) la Sociedad Pública de
Alquiler (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/15/suvivienda/1331840835.html). Consulta
el 19-9-2013.
Kemeny, Jim, The myth of homeownership. Private versos public choices in housing
tenure, Londres, 1981, Routledge & Kegan Paul Ltd.
En Kemeny, Jim, The myth of homeownership, págs. 62 y 63.
En todo ello coinciden teóricos y prácticos. Ver, por ejemplo, la reseña de Javier Burón del Seminario sobre la vivienda en alquiler. Situación actual y perspectiva de futuro,
organizado en abril de 2012 por la Asociación para el Desarrollo del Alquiler (ADA) (www.
debía existir una gran preferencia de las familias por la vivienda en propiedad,
como así ha sucedido. Coincidimos, además, con los estudios en Gran Bretaña
en que incluso el reciente ligero incremento detectado en España de viviendas
en alquiler es más por motivos económicos —una ligera mayor asequibilidad—
que por libre opción 19. Por todo ello, consideraba Kemeny ya en 1981 necesario
plantear formas alternativas de tenencia (possibility of tenure choice, variety and
free competition) que pudiesen competir con la vivienda en propiedad; se trata
de desarrollar políticas públicas neutrales en cuanto a la forma de tenencia en
un contexto de incremento del bienestar social en general.
Las soluciones que en nuestro país se están planteando hasta el momento
a la cuestión de la vivienda son parciales y la mayoría de ellas de carácter
paliativo y no estructurales. Así, los debates planteados en torno a la dación
en pago 20 o a la potenciación de la mediación hipotecaria como sistema de
resolución de conflictos pretenden, en cierta medida, ayudar a resolver la
coyuntura actual, pero no son mecanismos pro futuro, estructurales, en el
sentido de que sean soluciones que perduren en el sistema y prevengan futuros excesos en el ámbito inmobiliario. Así, por ejemplo, el primero ya se ha
revelado inviable como solución estándar para resolver impagos de préstamos
hipotecarios allí donde está presente 21 y, el segundo, se trata de un proceso
por definición voluntario (también por parte de la entidad de crédito) y de
eficacia, por tanto, limitada, y tiene carácter reactivo, es decir, cuando ya ha
producido el impago 22.
Otras medidas, las menos, deberían no pensar tanto en resolver o paliar (el
pacta sunt servanda es un principio bien establecido en nuestro derecho, así
asdeal.org/) en http://leolo.blogspirit.com/archive/2012/04/23/seminario-sobre-el-presente-yfuturo-de-la-vivienda-en-alqui.html. Consulta el 19-9-2013.
National Housing Federation, Funding future homes: executive summary and discussion, 2012, NHF y Departamento de Land Economy-Universidad de Cambridge, pág. 2.
Ver sobre ello, Nasarre Aznar, «Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria»,
en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 727, págs. 2712 a 2724. Un trasunto de ello
aparece ya legislado en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo de
2012, núm. 60, pág. 22492) para los deudores hipotecarios sin recursos.
La ejecución limitada en la finca, un sistema similar a la dación en pago, sólo está
obligada por ley en once Estados de Estados Unidos (pero en ningún país de Europa) y ha
provocado en estos estados un mayor número de impagos de hipotecas tanto para una mayor
imposibilidad relativa de repago (al ser la garantía para el prestamista menor que si el deudor
respondiera con la totalidad de su patrimonio, los préstamos son sustancialmente más caros)
como el fenómeno de los walkers o deudores que pudiendo pagar, no lo hacen porque lo
que deben es más de lo que vale el inmueble (con las negativas consecuencias que ello tiene
para el mercado hipotecario). Ver el debate en el Parlamento de Cataluña al respecto el 267-2011 (http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=997482&p_
cp2=997671&p_cp3=11&p_cp22=cerca). Consulta el 19-9-2013.
De hecho, toda mediación con consumidores ha quedado expresamente excluida del
Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE
de 6 de marzo de 2012, núm. 56, pág. 18783) por su artículo 2.2.
como la libertad de contratación y la inconstitucionalidad que supone detraer
a alguien un bien o un derecho por ley —expropiar— sin la correspondiente
compensación 23) la problemática coyuntural sino en evitar que la situación presente no se vuelva a repetir o, al menos, que sea más difícil de que se vuelva a
repetir (soluciones estructurales). Entre éstas se tienen que contar las tenencias
intermedias cuya función, estructura, conveniencia y constitucionalidad analizamos en el presente trabajo.
2. Concepto y rol de las tenencias intermedias en el acceso a la vivienda
Desde nuestro punto de vista, atendiendo a los datos hasta ahora desgranados, los retos principales en política de vivienda deberían ser la reducción del
stock de vivienda (tanto privado como público), los problemas de liquidez de las
entidades de crédito que repercute en la insuficiencia de la financiación de las
familias, evitar un nuevo sobreendeudamiento familiar, crear un contexto favorable al endeudamiento responsable (ahorro) y al crédito responsable y, finalmente,
flexibilizar (dar más alternativas reales) el acceso a la vivienda mediante nuevas
formas de tenencia que combinen asequibilidad, flexibilidad y estabilidad 24. La
estrategia que sugerimos es, pues, apostar por el desarrollo de estas fórmulas
de tenencias intermedias y demostrar su consonancia constitucional 25.
Las tenencias intermedias representan un mecanismo de partenariado público-privado (vivienda social) 26 o de iniciativa únicamente privada (vivienda libre)
que supere la dicotomía «alquiler vs dominio», transformándolo en un sistema
de «alquiler & dominio», incentivando positivamente 27 que los propietarios de
viviendas vacías las abran al mercado para que sean efectivamente ocupadas.
Las tenencias intermedias pueden constituir, de hecho, una auténtica tercera vía
de tenencia inmobiliaria que se libera de la provisionalidad del alquiler y de la
En definitiva, la línea argumental para sostener la validez y la invariabilidad de los
préstamos hipotecarios concedidos durante el boom inmobiliario es que, a falta de vicios del
consentimiento de los deudores, los pactos deben respetarse y que detraer derechos a la entidad
de crédito retroactivamente implicaría una expropiación forzosa sin compensación, prohibida
por la Constitución. Ver Nasarre Aznar, Malas prácticas bancarias, in toto.
Ver infra el punto 3.2 que analiza estos retos u objetivos en clave de las dos formas de
tenencias que proponemos: la propiedad compartida y la propiedad temporal.
Vid. infra, punto 6.
Que puede reducir el gasto público en políticas de vivienda social.
En el ámbito catalán se habían introducido en la ley (párrafos 6 y 7 de la Ley 18/2007)
incentivos negativos, es decir, sanciones de naturaleza administrativa y civil por el mero hecho
de tener una vivienda vacía, como la expropiación del usufructo de la misma. Esta posibilidad
ha quedado derogada recientemente por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre (DOGC 30-122011, núm. 6035, pág. 66432).
onerosidad de la propiedad completa 28. Se trata, en definitiva, de aprovechar lo
que está construido y de dar el contexto legal para que se ocupe efectivamente.
Concebimos a las tenencias intermedias de forma general, es decir, para
poderse desarrollar tanto en el mercado privado (desarrollo de la correspondiente
normativa de Derecho Civil) como, con las modificaciones adecuadas, para poder
ser utilizadas también como forma de tenencia de vivienda social. En este último
sentido, las tenencias intermedias bien pueden sustituir la vivienda social en
propiedad, de modo que la Administración puede centrarse en el desarrollo de
la vivienda social de alquiler para los menos favorecidos, lo que parece a todas
luces prioritario, especialmente en un contexto de pocos recursos públicos 29.
Con las tenencias intermedias, además, se rebaja el coste por vivienda, se
asegura la estabilidad de las familias en la tenencia y su asequibilidad 30. Éstas,
en las jurisdicciones donde están presentes, representan, de hecho, una tercera vía
para favorecer a las familias con recursos insuficientes para adquirir la tenencia
estable de una vivienda, sin necesidad de que se sobreendeuden 31, de que se tengan
que «conformar» con un alquiler 32 o de que no califiquen para una vivienda social
Las virtudes y lastres de cada forma de tenencia pueden hallarse en Nasarre Aznar,
La insuficiencia de la normativa..., pág. 125.
Ver el estudio comparativo donde se evidencia la insuficiencia de nuestro 2 por 100
de vivienda pública en alquiler en Inurrieta Beruete, Alejandro, Mercado de vivienda en
alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional, Madrid, 2007, Fundación
Alternativas, Working Paper 113/2007, págs. 27 a 33. Diponible en: http://www.falternativas.
org/content/download/17679/493250/version/1/file/Mercado+de+vivienda+en+alquiler+en+
España.pdf... Consulta el 19-9-2013. Ver también Leal, Jesús, «La política de vivienda en
España», en Documentación social. Revista de estudios sociales y sociología aplicada, núm.
138, Madrid, 2005, pág. 69, quién indica que sólo Grecia tiene una proporción de viviendas
públicas en alquiler menor que España.
La estabilidad en la tenencia de la vivienda habitual está tradicionalmente vinculada
con una mayor implicación del vecino en la comunidad de propietarios, en su barrio y ciudad.
La falta de asequibilidad provoca, a corto y medio plazo, un empeoramiento de la calidad del
edificio, por impago de cuotas de comunidad y falta de rehabilitación. Ver, en este sentido,
Bozalongo, Ana, «Problemas económicos de las comunidades para la conservación de la
finca», en Sergio Nasarre Aznar (dir.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis,
Madrid, 2011, Ed. Edisofer, págs. 349 y sigs.
Pensamos, además, que la tendencia europea es a prohibir la concesión de préstamos
hipotecarios si, después de una evaluación de la solvencia y de la capacidad de repago del
prestatario, éste no se prevé que pueda devolver el préstamo hipotecario que solicita, según se
evidencia en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial [Bruselas, 31-3-2011, COM(2011)
142 final]. Así, su artículo 14.2.a) preceptúa que: «Los Estados miembros velarán por que:
a) Siempre que la evaluación de la solvencia del consumidor arroje un resultado negativo en
cuanto a la capacidad de este para reembolsar el crédito durante el periodo de vigencia del
contrato, el prestamista deniegue el crédito».
De las familias que actualmente viven de alquiler en España, el 56 por 100 asegura que
lo hace forzado debido a la crisis y sólo un 27 por 100 prefiere vivir de alquiler a comprar.
A esto se añade una tasa de paro del 23 por 100, siendo el juvenil cercano al 50 por 100,
con lo que muchas familias no pueden comprar vivienda por motivos económicos y otros
tradicional. Después de la crisis ha nacido un nuevo tipo de «demanda excluida»
que, hoy por hoy, difícilmente tiene cobertura en nuestro sistema: aquellos que no
pueden adquirir una vivienda en propiedad absoluta sin sobreendeudarse o para
la que no encuentran financiación, pero que tienen unos recursos suficientes de
manera que no pueden optar a vivienda social y que tampoco ven en el alquiler
una buena opción estable. Pensamos, de hecho, que no todas las viviendas vacías
(3,5 millones según el censo de 2011 33) deben ser destinadas necesariamente a
alquiler (a menudo, como hemos dicho, una decisión no demasiado atractiva ni
para el propietario ni para el necesitado de vivienda), sino que se pueden buscar
esquemas alternativos, de tenencia más estable, como las tenencias intermedias.
«Tenencias intermedias» es una denominación genérica para apelar a una
serie de formas de tenencia inmobiliaria que tienen en común el encontrarse
entre el alquiler y la plena propiedad de la vivienda, a las que se podría llegar
esencialmente por dos vías:
a) La primera es la que resulta de adaptar instituciones del derecho civil
tradicional, especialmente los derechos reales limitados. Este sistema
implica, por definición, que la necesidad de vivienda tendrá menos facultades que el propietario del inmueble, de quien, de una manera o de
otra, dependerá. Éstas son instituciones como el usufructo o el derecho
de superficie. Estas formas de tenencia intermedia son las únicas que,
con más o menos éxito, pueden funcionar sin una normativa ad hoc,
pues se trata de adaptar instituciones ya suficientemente reconocidas en
la situación de acceso a la vivienda. No obstante, en general, su eficacia
está cuestionada, pues realmente no han podido crear hasta ahora (¡en
centenares de años!) un mercado alternativo a la vivienda de alquiler
y en propiedad. Lo vemos a continuación en el punto 3.1.
b) La segunda está basada en sistemas comparados de tenencias intermedias,
que llevan años desarrollándose en otros países (lo comentamos en los
puntos 3.2 y 3.3 infra) con la misma necesidad de llenar de manera
efectiva el vacío entre el alquiler y el pleno dominio. En lugar de recurrir
a los derechos reales limitados, se trata de fraccionar el pleno dominio,
haciéndolo así más asequible, sin perder la estabilidad. No se trataría de
limitarlo en facultades (lo que sí sucede con los derechos reales limitados
no obtendrían financiación por el 100 por 100 de la vivienda al no tener ahorrado el 20 por
100 del precio y aunque lo obtuviesen lo tendrían difícil, dada la situación de liquidez de
las entidades de crédito. Ver las cifras en http://www.elconfidencial.com, edición 10-3-12.
Ver el punto 3.3 infra para una comparación con el mercado inglés. El relator de
la ONU en 2008 para la vivienda en España, en Asamblea General de las Naciones
Unidas, Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, señor Miloon Kothari. Misión a España,
A/HRC/7/16/Add.2, 7-2-2008, págs. 11 y 12, se pronunció en los siguientes términos: «España
tiene el mayor número de casas deshabitadas de la Unión Europea».
y, aún más, al alquiler) sino de ponerle otro tipo de condicionantes, como
el tiempo o el fraccionamiento porcentual del dominio (adquisición progresiva). La ventaja esencial de este tipo de tenencias intermedias es que
el necesitado de vivienda es propietario desde el primer momento y se
siente como tal, evitando su sobreendeudamiento, pudiendo financiar su
adquisición (la onerosidad para la entidad de crédito se reduce considerablemente) y da estabilidad a la tenencia, en tanto que el derecho a habitar
en aquel inmueble como propietario se consolida, bien progresivamente
bien temporalmente, en el patrimonio del necesitado de vivienda. Dado
que dicho fraccionamiento podría comportar ab initio dudas de constitucionalidad y de incompatibilidad con el concepto tradicional de dominio
en nuestro sistema, esta cuestión es tratada en detalle en el punto 6 infra.
Por lo tanto, tal y como lo ha definido la doctrina economicista se trata
de buscar fórmulas que constituyan un continuum entre el alquiler y el pleno
dominio, a las que puedan optar aquellos que no califiquen para vivienda de
protección oficial (por tener rentas más elevadas) pero que objetivamente tampoco puedan hacer frente a la compra en propiedad absoluta de una vivienda en
el mercado libre sin sobreendeudarse, ni tampoco consideren el alquiler como
una opción dado que quieren disfrutar de estabilidad. Los grupos que, a priori,
se podrían beneficiar son familias con ciertos recursos económicos y capacidad
de ahorro, los jóvenes y los profesionales durante su vida laboral en una gran
ciudad donde escasea la vivienda libre asequible.
Desde un punto de vista de asequibilidad de la vivienda, reproducimos a
continuación la Figura 1 donde se muestran los diferentes tipos de tenencia 34:
Figura 1. El continuum y las tenencias intermedias. Fuente: Monk y Whitehead (2010).
Extraída de Monk, S. y Whitehead, C., Making Housing More Affordable – The
Role of Intermediate Tenures, Oxford, United Kingdom, 2010, Ed. Wiley-Blackwell, pág. 21.
La finalidad de esto es dar más posibilidades a las familias de escoger. Es
decir, que aquellas familias que quieran optar por una tenencia más estable en
relación a su vivienda que el alquiler lo puedan hacer sin necesidad de sobreendeudarse. No se trata, pues, de empujar, como se ha hecho durante el periodo
del boom, a las familias que no quieran alquilar a comprar una vivienda a la
que objetivamente no pueden hacer frente, financiándolos hasta el 100 por 100
y más allá, sino en hacer la propiedad de la vivienda más asequible a través de
flexibilizar el dominio para adaptarlo a las necesidades de cada familia. Así,
tal vez no necesiten/quieran ser los propietarios del suelo, tal vez no les haga
falta una vivienda en propiedad a perpetuidad sino que les bastaría con una
por cuarenta años, tal vez fuera suficiente si pudieran pagar (y sólo financiar
inicialmente) un 20 por 100 de la vivienda y luego darles la opción de escalar
y de adquirirla progresivamente, etc.
3. Los modelos de tenencias intermedias
3.1. La insuficiencia de las tenencias intermedias «tradicionales»
Hoy por hoy, si bien nuestro ordenamiento jurídico prevé algunos mecanismos (esencialmente, derechos reales como el uso, la habitación, el usufructo
o el derecho de superficie; pero también contratos como el arrendamiento con
opción de compra o, incluso, situaciones de concurrencia de dos titularidades
de distinta naturaleza como el censo enfitéutico) que podrían ser utilizados
como tenencias intermedias, la realidad es que ninguno de ellos ha servido para
cohesionar realmente una tercera opción —a la propiedad y al alquiler— para
acceder a una vivienda.
La problemática general es que son instituciones que o bien no están bien
perfiladas para ejercer esa función (por ejemplo, los derechos de uso y de
habitación siguen teniendo un importante componente asistencial en el Código
Civil) o bien, a pesar de estarlo (como el derecho de superficie), su eficiencia,
al menos, puede ser optimizada para generalizar su uso.
En cuanto a lo primero, algún estudio aproximativo 35 ya ha evidenciado
las importantes diferencias entre la shared ownerhip inglesa (de la que partimos para la propiedad compartida aquí propuesta) y el contrato con opción de
compra y entre el leasehold inglés (del que extraemos la propiedad temporal) y
los diversos tipos de censo en España, en las que se puede hallar la clave para
comprender cómo tanto la shared ownership como el leasehold en Inglaterra
sí han conseguido vertebrar ese tercer mercado de tenencias para el acceso a
Ferrándiz Gabriel, Carlos, y Nasarre Aznar, Sergio, «Métodos alternativos de
acceso a la vivienda en Derecho Privado», en Iuris, núm. 158, marzo de 2011, págs. 80 a 82.
la vivienda mientras que no lo han hecho figuras, hasta cierto punto, parecidas
En cuanto a lo segundo, nos centraremos en dos experiencias, hasta cierto
punto discordantes en Madrid y en Barcelona.
Por una parte, el Plan de la vivienda de Barcelona 2008-2016 recogía el
derecho de superficie como un método de tenencia en base al Decreto 255/2005,
de 8 de noviembre, de actualización del Plan para el derecho a la vivienda
2004-2007 36 y a la propia Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda 37 (art. 82.1): «Se puede transmitir la propiedad plena de las viviendas
de protección oficial, o bien formalizar derechos de superficie, venta a carta
de gracia u otros derechos reales, así como cederlas en arrendamiento». En
noviembre de 2007 el Ayuntamiento de Barcelona tomó el acuerdo de utilizar
únicamente como regímenes de tenencia del Patronato Municipal de la Vivienda
el alquiler y el derecho de superficie. El derecho de superficie se ha convertido
desde entonces en un buen sistema alternativo de acceso a la vivienda pública,
teniendo en cuenta las limitaciones de la legislación hasta el momento vigente
para adoptar fórmulas de tenencias intermedias. Actualmente se encuentran finalizadas en la ciudad de Barcelona tres promociones en este régimen mientras
ocho están ora en construcción ora en proyecto 38.
Por su parte, en Madrid desde 2010 han iniciado recientemente el camino
contrario 39: un proceso de venta del suelo a aquellos que desde 1984 habían
sido sólo superficiarios de viviendas (construidas en régimen normalmente de
cooperativa) sobre suelo que hasta entonces se había mantenido municipal, situaciones originadas para más de 10.000 inmuebles (8.559 viviendas protegidas
más 2.107 garajes y locales) repartidos en 108 parcelas desde el denominado
«Plan 18.000», y de otras convocatorias 40. El precio del suelo a adquirir por
los superficiarios será el que resulte de considerarlo dividido en tantas cuotas
de suelo como pisos, anexos, garajes y locales que existan en el edificio y el
DOGC de 10 de noviembre de 2005, núm. 4507, pág. 36207.
DOGC de 9 de enero de 2008, núm. 5044, pág. 1609.
Ver los detalles en http://www.pmhb.org/promocions_mapa.asp?id=3&subid=1&tipus=
Dret+de+superf%EDcie. Consulta el 10-3-2012.
Parte de esta información la extraemos del Convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid —Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda—, y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S. A., para la enajenación directa y onerosa de suelo
municipal a sus titulares superficiarios, de 23-12-2009. Puede encontrarse, junto a documentación complementaria, en http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/
Urbanismo-e-Infraestructuras/Programa-de-Enajenacion-de-Suelo-Plan-18.000?vgnextfmt=def
ault&vgnextoid=fae0de50ee376210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8dba17
1c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD. Consulta el 19-9-2013.
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Ya-es-posible-comprar-los-pisos-del-Plan-18.000?vgnextfmt=de
fault&vgnextoid=f7f09aa9ac476210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=60913
17d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD. Consulta el 19-9-2013.
fundamento jurídico para la adjudicación directa a particulares de bienes públicos
está en los artículos 1636 y 1611 CC, 107 LH y artículo 16 RH en relación al
tanteo y retracto y artículos 137.4.e) y h) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas 41. Se persigue, pues, facilitar
que los superficiarios acaben siendo plenos propietarios de las viviendas que
ocupan. Más complicado es determinar cómo queda constituido un edificio en
propiedad horizontal con propietarios de suelo y vuelo y sólo superficiarios. Si
hay algún propietario que no quiere adquirir el suelo, la propiedad del vuelo
revertirá al Ayuntamiento de Madrid cuando venza su derecho de superficie.
Dadas las cantidades que se piden a los superficiarios (por ejemplo, por una
cuota de un 2,3 por 100 del suelo se piden aproximadamente 26.000 euros más
IVA y gastos de escritura y Registro), seguramente muchos de ellos precisarán
de una financiación hipotecaria.­
Estas dos experiencias nos revelan también las limitaciones de utilizar el
derecho de superficie como una tenencia intermedia. En la Tabla 1 comparamos
el modelo en la ciudad de Barcelona 42 con las tenencias intermedias que aquí
concebimos y desarrollamos en los puntos 4 y 5.
3.2. Qué pueden aportar unas «nuevas» tenencias intermedias
Tal y como las hemos concebido, es decir, como instituciones que aprovechen las ventajas combinadas del dominio y del alquiler, las tenencias intermedias pueden contribuir a superar los obstáculos en los que actualmente se
encuentra el acceso a la vivienda en nuestras ciudades y también pueden ayudar
a conseguir objetivos deseables en relación a las políticas de vivienda.
Esto queda resumido en la Tabla 2, donde se comparan los retos que consideramos esenciales en políticas de vivienda con las dos nuevas tenencias que
aquí desarrollamos: la propiedad compartida y la propiedad temporal.
Una tenencia estable pero limitada (en el tiempo o en su progresiva adquisición) en relación a la propiedad absoluta posibilita un menor esfuerzo económico
para las familias, al tiempo que hay una menor necesidad de liquidez para las
entidades de crédito. También favorece la reducción del stock de vivienda vacía
al dar más opciones a su progresiva movilización.
BOE de 4 de noviembre de 2003, núm. 264, pág. 38924.
Su configuración para la experiencia de la ciudad de Barcelona la encontramos detallada,
incluyendo un contrato modelo, en Fornt i Paradell, Jaume, El dret de superfície: la nova
fórmula de l’Ajuntament de Barcelona per accedir a un habitatge protegit, a Ajuntament
de Barcelona, «El dret de superfície: un nou règim de tinença per a l’habitatge protegit a
Barcelona», sèrie Qüestions d’habitatge, núm. 17, octubre de 2009, pág. 5. Se puede encontrar
en http://www.pmhb.org/publicacions.asp?gc_id=20236. Consulta el 19-9-2013.
Objetivo ideal de las tenencias intermedias
(propiedad compartida y propiedad temporal)
Otorgar efectivamente la propiedad compartida o
temporal de suelo y vuelo. La propiedad temporal puede
tener un efecto similar al de la superficie en relación al
suelo, aunque el necesitado de vivienda es formalmente
un propietario completo, con muy pocas limitaciones.
En cuanto a la compartida, el necesitado de vivienda
puede escalar o descender, según sus necesidades,
pudiendo disponer inter vivos y mortis causa libremente
de la parte consolidada con derechos de adquisición
preferente a favor de la Administración. No hay
problema en que el nuevo titular de la vivienda, tanto en
un caso como en otro, pudieran reconstruir la vivienda
en caso de destrucción de la misma.
Derecho de superficie, según modelo Barcelona 2009
Conceptuado para que el suelo se mantenga para la
Administración. No obstante: a) poca rotación si son
periodos de 75 años de derecho de superficie; b) según
la experiencia de Madrid, a medio plazo se tiende a la
consolidación del dominio a favor de los superficiarios.
De hecho, pasa a ser una compra-venta con pago del
suelo aplazado con inmovilización de suelo por 75 años
por parte de la Administración; c) la destrucción de la
vivienda provoca la extinción avanzada del derecho de
superficie (art. 564-6.4 a sensu contrario del Código
Civil de Cataluña, en adelante, CCC).
Comparativa entre el derecho de superficie modelo Barcelona 2009 con el objetivo ideal de las tenencias intermedias
Duración flexible, a criterio de las partes, según sus
necesidades y disponibilidades, tanto en adquisición
progresiva como en adquisición temporal. Ambas se
pueden transmitir inter vivos y mortis causa.
Duración de 75 años. Se puede prorrogar y heredar.
BOE de 26 de junio de 2008, núm. 154, pág. 28482.
Díez Picazo, Luis, y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, vol. III, 1997, 6.ª ed., pág. 485, ya entonces decían que la compleja regulación del derecho de superficie y su relación con el censo enfitéutico «hace que sea una figura muerta en nuestro sistema civil»;
se intentó reactivar «para el fomento de edificaciones». Y siguen señalando «con la concesión de la superficie se construye en un suelo
ajeno, a cambio de una contraprestación, sin necesidad de comprarlo. Se pretende así el abaratamiento de las edificaciones, por los precios
cuantiosos del suelo, pero la realidad es que, pese a los intentos legislativos (Ley del Suelo, Reglamento Hipotecario) para hacer atractiva la
institución mediante su regulación minuciosa, sigue sin vitalidad entre particulares». Atribuyen, en fin, el fracaso del derecho de superficie
a que la sociedad no comprende la propiedad de una vivienda sin el suelo ni tampoco que se pueda obtener una renta o contraprestación
(el que recibe el titular del suelo) sólo con él.
Sobre la distorsión de las instituciones y sus riesgos, ver Schwarcz, Steven L., Distorting legal principles, 2010, hallable en http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1532465.
Si tienen todas las facultades dominicales (sólo con
ciertas limitaciones que implican sus límites temporales
o de adquisición progresiva) se deben denominar como
lo que son, propietarios, sin necesidad de distorsionar45
el derecho. Además, lo son tanto del vuelo como del
Derecho de superficie. No obstante, utilizado así
(sin necesidad de que los superficiarios construyan)
distorsiona su intrínseca naturaleza (prevista en el art.
564-1 CCC y en el art. 40.1 del RDL 2/2008, de 20
de junio, del suelo43; también en los arts. 1655 y 1611
del CC donde se aproxima indebidamente al censo
enfitéutico; SSTS 3-7-1941 y 4-7-1928), es decir,
separar el dominio de suelo y de vuelo para construir.
Esta «distorsión» ha quedado legalizada en los
artículos 564-2 y 564-3.b) CCC y en el mismo artículo 40.1 del RDL 2/200844.
1. La duración no es variable. La vivienda debe
revertir necesariamente (a no ser que se hayan pactado
prórrogas) cuando se agotan los 75 años.
2. No hay límite a la transmisión mortis causa pero la
inter vivos está sujeta a autorización administrativa (art.
564-4 CCC). Duda: si la finalidad de este esquema es
favorecer a familias con ingresos limitados, la solución
para ambos tipos de transmisión es contradictoria: ¿qué
pasa si el heredero no califica pero hereda igualmente?
¿Podría esto contradecir el derecho europeo al distorsionarse la competencia al subvencionarse viviendas a
personas que no califican para ello?
3. ¿Contradice el Derecho europeo el hecho de que
si el superficiario devuelve la vivienda en los quince
primeros años recupera todo lo que ha pagado por ella?
¿Quién le paga? ¿Qué sucede con la hipoteca?
4. Necesidad de subrogarse en la hipoteca del
promotor. ¿Cómo se hace si no es propietario? ¿Quién
es el propietario del edificio? ¿Cómo se dividen los
derechos de superficie con una hipoteca cada uno al
tiempo que el edificio es de otro (en propiedad o en
derecho de superficie) y también tiene una hipoteca,
todo ello teniendo en cuenta que el suelo es de la
5. El superficiario no puede alquilar la vivienda.
¿Puede el superficiario darla en uso o habitación?
a) La duración es variable, según convenga a las partes.
b) La transmisión de la parte de la vivienda consolidada
(propiedad compartida) o del total de la vivienda por el
periodo por el que se es propietario (propiedad temporal)
no está sujeta, a priori, a ninguna autorización, sino,
en su caso, a derechos de tanteo y retracto del otro
c) Nunca el propietario que accede a estas formas
de tenencia las disfruta gratuitamente, sino que el
propietario original siempre recibe una contraprestación
económica equivalente al que pierde en dominio y
posibilidad de uso en relación con el inmueble.
d) No es necesario que se subrogue en la hipoteca del
promotor o del propietario original, aunque lo puede
e) Los nuevos propietarios pueden alquilar la vivienda
o darla (o partes de él) en uso o habitación, sin perjuicio
de lo que resulte de adaptar las reglas de Derecho Civil a
las de vivienda social.
Comparativa entre el derecho de superficie modelo Barcelona 2009 con el objetivo ideal de las tenencias intermedias.
Permiten la creación de un mercado de tenencias intermedias suficientemente amplio, tanto de vivienda libre
como social, aliviando los costes sobre la Administración
y diversificando las formas para su intervención.
Sólo vivienda social.
DOGC 11-2-2010, núm. 5565, pág. 9379.
Dado que los adquirentes de las viviendas en estos
regímenes son propietarios, en la propiedad temporal
el propietario originario (ejemplo, la Administración
Pública) se desentiende de cualquier gestión del
inmueble, mientras que en la propiedad compartida su
participación es limitada.
No es necesario que la Administración gestione nada
en relación con la vivienda ni se hace cargo de su
mantenimiento. Dependiendo si ha sido ella quien ha
hecho la promoción, si hay viviendas que no se han
adjudicado, tendrán unos deberes sobre ellas. Además,
¿quién tiene los deberes sobre el edificio en sí, si el
derecho de superficie es sólo sobre los apartamentos?
Integración en una «comunidad de propietarios». Dado Integración, como cualquier propietario de apartamentos
que no son propietarios, puede plantearse un proble- en propiedad horizontal en la comunidad de propietarios.
ma con el artículo 553-19 CCC (que correspondería al
art. 13 LPH en el resto de España).
Dado que aún no están desarrolladas, está por ver en
cuánto se ve reducido el precio del inmueble. Pero no
puede costar lo mismo una vivienda por treinta años
que para siempre, ni tampoco representa la misma
onerosidad una hipoteca de 300.000 euros (para toda
la vivienda) que de 30.000 (del 10 por 100 del mismo)
y con un plan de escalar en el dominio adecuado a la
solvencia del necesitado de vivienda.
El derecho de superficie cuesta un 20 por 100 menos
que si se adquiriera el dominio sobre el piso (art. 20.1
D 13/2010, de 2 de febrero46). Esta reducción no parece
ser la que se debería conseguir al, teóricamente, no
trasladarse el precio del suelo a los superficiarios.
1. Si no utiliza la vivienda como residencia habitual.
2. Desocuparlo por más de tres meses.
3. Arrendarla o subarrendarla a terceros.
4. Vender la vivienda sin autorización.
5. Incumplimiento de los deberes de conservación y
6. Impago del préstamo hipotecario.
De las que se han relacionado para el derecho de
superficie, ninguna de ellas es adecuada para la propiedad temporal. En cuanto a la propiedad compartida, es
planteable el incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación. El impago del préstamo, en
los dos modelos, sólo tiene que ver con la acción que, en
su caso, pueda ejercitar el acreedor hipotecario.
Objetivos de las políticas de vivienda en relación con la propiedad compartida
y la propiedad temporal
Reducir el stock de vi- Permite ir vendiendo partes
vienda y reactivar el sec- de viviendas en lugar de vitor de la promoción inmo- viendas enteras.
Vender viviendas por periodos de tiempo ajustados
Conllevar la escasa liqui- Préstamos más pequeños: Préstamos más pequeños:
dez de las entidades de dependen del porcentaje ad- dependen del tiempo de la
Evitar el sobreendeuda- Conceder préstamos más pequeños y responsables. Potenmiento de las familias.
ciar la cultura del ahorro.
Crear un contexto favo- Adquisición progresiva del Planificación de la real nerable al endeudamiento 100 por 100 de la vivienda. cesidad de la vivienda en
responsable y al crédito
base al tiempo.
Flexibilizar el acceso a la Conseguir un continuum de tenencias que se adapte a tovivienda.
das las posibilidades familiares.
Tenencia segura pero fle- Cuando más se necesita (por
ejemplo, jubilación) se puede tener toda la vivienda y
mientras se va acumulando
Durante la tenencia se es
pleno propietario de la vivienda y revierte al propietario originario cuando ya
Tanto la propiedad temporal como la propiedad compartida están concebidas
para tener una eficacia doble:
a) Por un lado, quieren crear un tercer mercado de vivienda privada realmente alternativo a los mercados de vivienda en propiedad y vivienda
en alquiler, ninguno de los cuales han funcionado o están funcionando
óptimamente, según lo que hemos dicho. Por tanto, la regulación básica que se propone es puramente civil (que bien se puede regular, por
ejemplo, en el CC), como unos tipos más de (con)dominio (por ejemplo,
tras la comunidad de bienes de los arts. 399 y sigs. CC), o en una Ley
especial de propiedades intermedias, al estilo LPH.
b) Por otro, son dos figuras fácilmente adaptables para ser utilizadas como
métodos de tenencia de vivienda social, también alternativos a la vivienda de protección oficial en propiedad. Así, pueden ser adaptados
a esquemas de convocatorias públicas de vivienda social por diversas
vías: requisitos de ingresos mínimos y máximos de la persona que puede acceder, límites en el uso del inmueble (por ejemplo, sólo vivienda
habitual) o a favor de quien pueda disponer (por ejemplo, que cumpla
los mismos requisitos que el transmitente), que el propietario original
sea la Administración Pública o ente encargado de llevar a cabo las
políticas de vivienda, que los préstamos hipotecarios que financien la
adquisición estén bonificados, etc. En cualquier caso, esta actuación
pública se prevé que sea menos onerosa para la Administración que la
cultura de la subvención o de la promoción pública directa.
Con esta doble eficacia se pretende la entrada al mercado de los miles de
viviendas vacías que, posiblemente por precaución y/o por la deficiente legislación de arrendamientos, no lo están por decisión de sus propietarios. Cabe
recordar que las viviendas vacías y no explotadas suponen unas pérdidas de
5.300 millones de euros anuales en España 4347.
Además de ello, entendemos que pueden resultar atractivas para reducir las
provisiones obligatorias de las entidades de crédito exigidas por el Banco de
España por los inmuebles que tienen, atendiendo a los criterios de la Circular
del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, de entidades de crédito,
sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de
estados financieros 448, especialmente a su anejo IX. Según su norma 26.ª, los
activos materiales (como los inmuebles) «se darán de baja del balance cuando
se disponga de ellos, incluso cuando se cedan en arrendamiento financiero,
o cuando queden permanentemente retirados de uso y no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su enajenación, cesión o abandono». En
este sentido, la propiedad temporal cumple perfectamente en tanto que durante
la vigencia del plazo el propietario original (por ejemplo, la entidad de crédito) deja de ser propietario a todos los efectos y solo cuando ésta expire, le
revertirá el inmueble sin coste alguno. En cuanto a la propiedad compartida,
lo que señala dicha norma 26.ª es cierto para el porcentaje que ya se haya
enajenado al nuevo propietario, el cual puede considerarse, a todos los efectos,
como vendido incondicionalmente 4549. Por último, debemos señalar que existe en
2013 un Anteproyecto de Ley de tenencias intermedias (propiedad compartida
y propiedad temporal) para introducirlas en el Código Civil de Cataluña.
Vinuesa, Julio, «La vivienda vacía en España: un despilfarro social y territorial insostenible», en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII,
núm. 270 (39), 1-8-2008, pág. 13.
BOE de 30-12-2004, núm. 314, pág. 42410.
Cuando en el apartado 4 hacemos referencia a que el propietario original (entidad de
crédito, en este caso) puede cobrar una renta, lo hace por el resto del inmueble que aún no
ha sido adquirido por el nuevo propietario. Y en cuanto a los límites en el uso de la vivienda,
en ningún caso son derechos de uso del propietario original ni le reportan beneficio alguno.
3.3. La experiencia de la
La propiedad compartida inglesa, la denominada shared ownership, está
fundamentada en su leasehold, un estate on land que permite tener la propiedad temporal de un inmueble, que es hipotecable y que puede abrir folio en el
Registro de la Propiedad. En este sentido, propiedad compartida y temporal en
derecho inglés están combinadas. Tanto el leasehold como la shared ownership
han sido revisadas ya por la doctrina 4650 con cierta extensión, de manera que no
nos detendremos para centrarnos en nuestra propuesta de adaptación a nuestro
derecho y su fundamentación constitucional.
No obstante, sí que queremos hacer una referencia a dos cuestiones claves
para comprender el papel de las tenencias intermedias en el Reino Unido.
La primera es la relacionada con las semejanzas y diferencias entre el mercado de la vivienda inglés y el español. El mercado de la vivienda inglés difiere,
al menos aparentemente, del español actual en que en aquél existe una gran
demanda y necesidad de vivienda, mientras que la oferta es escasa. En cambio, en España, el nuevo censo de viviendas de 2011 ha revelado que existen
en España 3,5 millones de viviendas vacías, sin ocupar. No obstante, si sigue
la sistemática del censo de 2001 (el último hasta el momento), no revelará de
qué tipo de vivienda se trata (si primera residencia o no) o dónde está localizada (más allá de la provincia), es decir, si realmente las viviendas (en tanto
que inmuebles) están situadas en lugares donde existe acreditada demanda 4751.
Además, tampoco puede revelar si las viviendas están «realmente vacías», es
decir, si su ocupación no está declarada públicamente, como sucede en numerosos alquileres o pseudo-alquileres no declarados 4852. Por lo tanto no sabemos
Para el leasehold, ver Nasarre Aznar, Sergio, La garantía de los valores hipotecarios,
Madrid, 2003, Ed. Marcial Pons, págs. 694 a 696. Para la shared ownership, ver Ball, Jane,
«Fragmentando la propiedad para la asequibilidad: la shared ownership o “nuevas” tenencias
en Inglaterra y Francia», en Sergio Nasarre (dir.), El acceso a la vivienda en un contexto
de crisis, Madrid, 2011, Ed. Edisofer, págs. 173 a 225; y Bright, Susan y Hopkins, Nicholas, «Home, meaning and identity: learning from the English model of shared ownerhip»,
en Housing theory and society, vol. 28, núm. 4, págs. 377 y sigs., los cuales destacan lo
desdibujados que quedan los límites con la shared ownership tanto por lo que se refiere a la
dicotomía vivienda privada-vivienda social como a lo relacionado a vivienda en propiedadvivienda en alquiler.
Sobre los estudios de acreditada demanda en Cataluña, ver Nasarre Aznar, La insuficiencia de la normativa..., págs. 150 a 155. El debate sobre si la vivienda debe hacerse allí
donde la gente quiere vivir o debe hacerse allí donde más es necesario que la gente viva (por
ejemplo, infrapoblación, superpoblación, ciudades sostenibles, etc.) está aún por resolver y es
un tema que debe tratarse en sede de cohesión territorial, como la llevanza de fuentes de riqueza
y nuevas industrias a territorios que tradicionalmente no se han desarrollado en este sentido.
Creemos que la transparencia en las relaciones arrendaticias, tan importantes tanto para
garantizar los derechos del arrendatario como los deberes fiscales del arrendador, debe venir por
la creación de un Registro administrativo, a pesar de que la opción de la Ley 4/2013 fue otra.
si la vivienda construida está bien localizada o no o si puede o no servir de
primera residencia. Otro análisis que debe hacerse es si la vivienda construida
se adapta a nuevas realidades 4953 como el envejecimiento de la población (por
ejemplo, viviendas de menores dimensiones, más asequibles, adaptadas) o las
familias monoparentales o de un solo miembro (téngase en cuenta que España
es el país de la UE donde más han crecido los divorcios en los últimos años 5054).
Por lo tanto, es más que probable que siga existiendo demanda de vivienda
en zonas clave o de una tipología en concreto para la que no haya oferta, a
lo que seguro ha podido contribuir la actual situación de crisis. Las tenencias
intermedias, dado que fraccionan el mercado, pueden contribuir a hacer más
asequibles dichas viviendas.
La segunda cuestión la establecemos en relación a las housing associations.
Un elemento central en el sistema de vivienda social inglés son las housing
associations, las cuales tienen el compromiso de construir el 90 por 100 de las
170.000 nuevas viviendas sociales que ha comprometido el gobierno británico
para 2015 y, de hecho, ya promovieron el 50 por 100 de las viviendas construidas en Inglaterra en 2011 5155.
En este sentido, pues, estas entidades privadas, la mayoría sin ánimo de
lucro 5256, son las mayores impulsoras de la relativamente nueva figura de tenencia
intermedia (desde los años ochenta), la shared ownership (además de la shared
equity 5357). Si bien en 2010/2011 se promovieron 21.460 viviendas en forma de
propiedad compartida, ello representaba una disminución, por la escasez de
recursos públicos 5458, de un 13 por 100 respecto al ejercicio 2009/2010, aunque
su número se había venido incrementando año tras año desde 2000/01 559. Un
Estas sí las compartimos con el estudio en Inglaterra (National Housing Federation,
Funding future…, pág. 2).
Atendiendo a Instituto de Política Familiar, Informe Evolución de la Familia en
Europa 2009, pág. 37.
National Housing Federation, Funding future..., pág. 1.
Algunas entidades similares pueden desarrollar este papel en España, como son Cáritas
o Provivienda.
No nos centraremos en esta segunda por cuestiones de espacio y de posibilidad de
adaptación a nuestro sistema jurídico civil. La shared equity necesita un equity loan y supone
la adquisición de entre un 70 y un 80 por 100 del freehold de la vivienda con hipoteca comercial, quedando subsidiado el resto (normalmente con una segunda hipoteca). Pueden verse
más detalles en Brigth, Susan y Hopkins, Nicholas, «Evaluating legal models of affordable
home ownership in England», en Terry Turnipseed (ed), Community, Home and Identity, 2012,
Routledge Cavendish, en prensa.
Lo que debe llevarles a replantear el modo de financiación, dirigiéndola a otras fuentes
como aumentando las rentas, diversificando el tipo de tenencia construido (por ejemplo,
hacer más vivienda en propiedad absoluta que financie al resto, o incluso promoción de
inmuebles comerciales) o accediendo al mercado de valores dada su alta reputación (National Housing Federation, Facing the future. Evolution or revolution?..., págs. 17 y 18;
National Housing Federation, Funding future..., págs. 8 y 9).
National Housing Federation, Funding future..., pág. 5.
total de 170.000 familias han podido acceder a una vivienda en propiedad a
través de la propiedad compartida 5660, teniendo en cuenta que la mayoría de
entidades de crédito que operan en Gran Bretaña tienen préstamos hipotecarios
especializados para financiar shared ownership, con un rango de LTVs por
cuota (parte proporcional adquirida cada vez) de entre el 60 por 100 (Abbey)
al 95 por 100 (Leeds BS, Saffron) 5761. No obstante, lo más destacado es la demanda de esta forma de tenencia intermedia. Las housing associations tienen,
a través de su sistema centralizado, un total de 137.000 demandas sin atender
para propiedad compartida y sólo en el bienio 2010/2011 recibieron 76.000
nuevas solicitudes 5862.
Este incremento de la demanda puede comprenderse por un fenómeno 5963 que
también está ocurriendo en nuestro país y, dadas las especiales circunstancias
negativas en las que se encuentra, es incluso de mayor escala que en Inglaterra 6064: muchos trabajadores y jóvenes han quedado «en el medio», es decir,
no consideran al alquiler como una opción pero tampoco pueden acceder a la
propiedad absoluta dados sus ingresos y la reducción del crédito disponible por
parte de las entidades de crédito. Debe tenerse en cuenta, además, que muestra
elevada tasa de desempleo y la escasa tasa de vivienda social de alquiler (a las
cuales ya hemos hecho referencia) están comprometiendo seriamente el acceso
a la vivienda a las familias más desfavorecidas.
El hecho de que en España no tengamos, hoy por hoy, la posibilidad de optar
por tenencias intermedias, impide, por un lado, que las familias con ingresos
medios puedan optar por la vivienda en propiedad y, por otro, que los que se
encuentran en vivienda social pero que podrían optar por una adquisición progresiva del dominio (propiedad compartida) sigan ocupando la vivienda social
en alquiler e impidiendo que nuevos más necesitados puedan acceder a ella.
No existe, en definitiva, ese buffer entre la propiedad absoluta y la vivienda
social de alquiler.
National Housing Federation, Facing the future. Evolution or revolution?..., pág. 22.
Documento interno de financiación de shared ownerhip de la intermediaria de préstamo
hipotecario SPF Sherwins. Documento Affordable Housing Mortgage Rates, de 16-3-2012.
National Housing Federation, Facing the future. Evolution or revolution? Responding to the new operating environment for housing associations, 2010, págs. 8 y 9.
Según el estudio Holmans, A, Monk, S. y Whitehead, C., Research report: homes
for the future, Shelter, noviembre de 2008, es necesario que anualmente se ofrezcan en Inglaterra 30.000 viviendas en propiedad compartida para satisfacer la creciente demanda de
este sector intermedio.
4. La propiedad compartida
La propiedad compartida consiste en el acceso por parte de un nuevo propietario a una parte del inmueble que ya es propiedad de otro propietario original,
coexistiendo ambos. Es decir:
a) El necesitado de vivienda es propietario desde el comienzo, lo que diferencia esta figura de otras posibilidades como el alquiler con opción
de compra (sólo suele retrasar la adquisición unos tres años y por la
totalidad del precio de venta aunque imputen los pagos del alquilersobreendeudamiento retrasado) o el derecho de superficie (no es propietario sino superficiario). Dicha propiedad se concreta en la cuota que
ha adquirido o consolidado hasta el momento (por ejemplo, el 40 por
100 del total de la vivienda). En cuanto al resto de la vivienda, tendrá
la condición de arrendatario o similar, de manera que deberá satisfacer
un renta al propietario original, que en vivienda social normalmente
será subsidiada.
b) Esto implica que tiene todas las facultades dominicales: las de uso y
disfrute sobre la totalidad del inmueble y en exclusiva (no puede ser
perturbado por el propietario original) y las de disposición (inter vivos
y mortis causa) y gravamen sobre la cuota que tiene en propiedad. El
dominio queda acreditado por el derecho que tiene el nuevo propietario a asistir con pleno derecho a las Juntas de Propietarios. No vemos
inconveniente para que pueda participar de las convocatorias de ayudas
a la rehabilitación de la vivienda, pues incluso se verá más incentivado
que el propietario que tenía la vivienda vacía.
c) En cuanto al gravamen, éste puede consistir en la hipoteca, que sería la
manera de financiar la progresiva adquisición del inmueble, sin que ello
implique un sobreendeudamiento familiar. Así, por ejemplo, si pactase
con el propietario original de una vivienda de 300.000 euros el adquirir
en un inicio únicamente un 20 por 100, implicaría que su hipoteca sería
de 60.000 euros y sólo cuando la hubiese repagado, y según un plan
de financiación a su medida, podría optar a adquirir mayor cuota de
propiedad. Esta progresividad en la adquisición conlleva cierta planificación y, en definitiva, una vuelta a la cultura del ahorro. Su derecho
de propiedad podría debidamente ser registrado en el Registro de la
d) Naturalmente, al adaptarse esta figura para poderse utilizar como vivienda social, la disposición puede quedar limitada en favor de aquellas
personas que cumplan los requisitos para optar a una vivienda de estas
características (acreditar unos ingresos mínimos y máximos, por ejemplo). También se podrá limitar el uso (por ejemplo, sólo para vivienda
habitual) y el disfrute (por ejemplo, no se podrá dar en alquiler o en
usufructo).
e) También tiene el derecho y, en su caso si se ha pactado así, el deber
de ir adquiriendo progresivamente más cuota de participación en el
dominio de la vivienda. El incentivo para hacerlo —así lo es en el
sistema inglés— es el ir reduciendo la renta que satisface para irla sustituyendo por amortización del préstamo hipotecario. En vivienda social,
el esquema podría ofrecer también «escalar hacia abajo» (descender),
es decir, podrá ir deshaciéndose de cuota sobre la vivienda según sus
posibilidades y necesidades económicas.
Si bien, pues, la figura está concebida para otorgar al necesitado de vivienda
todas las facultades dominicales necesarias para que se sienta y sea propietario
del inmueble desde el comienzo, sí debe tener ciertos límites que protejan al
propietario original (promotor público o privado) e, indirectamente, a la entidad
financiadora, de sus posibles actuaciones negligentes que puedan provocar una
disminución del valor del inmueble. Así, no podrá alterar la sustancia del inmueble y lo tendrá que utilizar con la finalidad pactada (por ejemplo, vivienda
habitual en caso de vivienda social) y no podrá alterar los elementos estructurales del inmueble. Además de esto, la contrapartida al uso total del inmueble
debería ser hacerse cargo de aquellos gastos y tributos relacionados con el uso
(por ejemplo, gastos de luz, agua, gas, basura) y también de la parte proporcional (la que tenga en dominio) de los gastos y tributos relacionados con la
propiedad del inmueble (por ejemplo, gastos de la comunidad de propietarios).
En relación al propietario original (promotor), también podrá disponer inter
vivos y mortis causa de la parte del bien de la que aún sea propietario y tendrá
diversas facultades para verificar que el inmueble no se deprecie por culpa del
nuevo propietario. Tanto si enajena su parte el propietario original como si lo
hace el nuevo, el otro tendrá derechos de tanteo y retracto legales.
Una utilidad de la propiedad compartida sería en casos de ejecución hipotecaria de la propiedad absoluta de viviendas. Así, se podría establecer como
posible negociación con la entidad de crédito que dicha propiedad se transformara en propiedad temporal o compartida atendiendo a la cantidad que ya había
amortizado el deudor hipotecario. Es decir, si había amortizado un 20 por 100
del préstamo, podría quedarse en la vivienda consolidando ese 20 por 100 que
ya había satisfecho con un esquema de ir escalando (adquisición progresiva del
dominio) de manera ajustada a sus posibilidades reales.
5. La propiedad temporal
Nace una propiedad temporal cuando un nuevo propietario adquiere de un
propietario original la titularidad de un inmueble por un tiempo cierto y determinado. Durante este tiempo aquél tiene todas las facultades dominicales sobre
el inmueble (uso, disfrute, gravamen y disposición) que, naturalmente, pueden
verse condicionadas si la institución se utiliza para potenciar la vivienda social.
En contrapartida, naturalmente, el nuevo propietario debería hacerse cargo de
todos los gastos generados por el inmueble.
Es decir, en lugar de que un inmueble se adquiera «para siempre», sin
limitación temporal, se trata de que este se pueda adquirir por un número determinado de años (los que necesite), lo que supone una importante estabilidad
en su tenencia y aumenta considerablemente su asequibilidad. Transcurrido este
número de años, la propiedad del inmueble revertirá al propietario original sin
coste alguno, a no ser que se hayan pactado prórrogas. El propietario original
deberá tener derecho a resarcirse de todas las depreciaciones de la finca que se
hayan causado por una negligente actuación del nuevo propietario.
La propiedad temporal puede dar solución a una pluralidad de situaciones,
dado que su duración puede ser de decenas o de cientos de años. Una situación
tipo puede ser aquella en que un profesional (sea o no de la Administración
Pública, por cuenta propia o ajena) de unos treinta y cinco años consiga trabajo
estable en una ciudad donde el coste de la vivienda en propiedad es elevado
en relación a sus ingresos (por ejemplo, la hipoteca representa más del 30 por
100 de estos); podría comprar temporalmente una vivienda para su vida laboral
(treinta y dos años), lo que implicaría un precio mucho más asequible y una
estabilidad en su tenencia de manera que no sería necesario que se preocupara
de posibles elevaciones de renta o de las necesidades del propietario original,
lo que le posibilitaría disponer de más renta libre para su familia y necesidades.
La persona que le podría vender esto podría bien ser una pareja joven que, por
ejemplo, debido a una herencia, tiene un piso libre pero está pagando la hipoteca
del piso donde viven; dado que consiguen mucha cantidad de dinero de una
sola vez con esta venta, pueden terminar de pagar su vivienda actual y al cabo
de treinta y dos años recuperarán ese piso donde podrá vivir, por ejemplo, el
hijo que quieren tener.
Además, se podría encontrar una fórmula para transformar los alquileres de
larga duración en propiedades temporales.
Por último, debe señalarse que propiedad temporal y propiedad compartida
deberían poderse combinar, resultando con ello una forma de tenencia muy asequible tanto por la duración de la tenencia como por su progresiva adquisición 6165.
De hecho, tal y como hemos comentado supra, es así como se utilizan en derecho
inglés, ya que la shared ownership se fundamenta en un leasehold.
6. La propiedad fraccionada en nuestro sistema constitucional del dominio
6.1. La propiedad en Europa y el contenido fundamental constitucional
Analizaremos, en primer lugar, la regulación de la propiedad en Europa y
su regulación en nuestra Constitución, para luego estudiar la función social de
la propiedad y poder llegar a una conclusión, en base a lo anterior, en relación
a la viabilidad de fragmentar la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico a
través de las comentadas tenencias intermedias. Así, tenemos:
a) En primer lugar, y en cuanto a la regulación de la propiedad en los
Estados miembros de la UE, la relación de la persona con la cosa tiene
lugar de forma distinta en los sistemas de Derecho Civil y en el Derecho
angloamericano. Efectivamente, respecto a los primeros hay que reseñar
que la Revolución Francesa de 1789 influyó decisivamente en la noción
de propiedad 6266, puesto que del sistema feudal anterior se pasó a un
sistema liberal que tuvo su reflejo en el Código Civil de Napoleón de
1804. Así, la propiedad pasó a ser absoluta, perpetua y unitaria 6367. Por
su parte, el Derecho alemán, bajo la influencia de la Escuela Histórica
del Derecho (que reformuló el Derecho romano en busca de conceptos
abstractos), también adoptó una noción absoluta de la propiedad (§ 903
Bürgerliches Gesetzbuch —Código Civil alemán— de 1899) 6468. Este
carácter absoluto y unitario también se puede predicar de los Derechos
italiano (art. 832 Codi Civile de 1942) 6569 y holandés (art. 1 del Libro 5
Burgerlijk Wetboek —Código Civil holandés— de 1992) 670. Además, en
todos ellos las facultades de uso, disfrute y disposición aparecen como
integrantes del derecho de propiedad. Esta concepción del derecho de
propiedad impediría, en principio, su fragmentación. Dicho fraccionamiento sí es posible en el Derecho inglés, por ejemplo, a través de la
Así, la Déclaraton des Droits de l´Homme et du Citoyen de 1789 la definió como aquel
«droit inviolable et sacré» (art. 17).
Ver Dadomo, Christian, y Farran, Susan, French substantive law. Key elements, Sweet
& Maxwell, Londres, 1997, pág. 64.
Fisher, Howard D., The German Legal System and Legal Language, Fourth Edition,
Routledge-Cavendish, London, 2009.
Ver Gambaro, A., «Property Law», en Lena, Jeffrey S. y Mattei, Ugo, Introduction
to Italian Law, Kluwer Law International, The Hague, 2002, pág. 284.
De acuerdo con Van Erp, Sjef, «Globalisation or isolation in new Dutch property law?
The New Civil Code of the Netherlands and the New Civil Codes of the Netherlands Antilles
and Aruba Compared», en European Journal of Comparative law, vol. 7.5, diciembre de 2003,
págs. 2 y sigs. Disponible en http://www.ejcl.org/.
ya comentada shared ownership 6771. En efecto, este ordenamiento jurídico
no regula la propiedad como un derecho absoluto, pues todavía existen
reminiscencias feudales que conllevan que la Corona siga conservando
su condición de propietaria de toda la tierra de Inglaterra. El origen
de esta situación se remonta a la invasión normanda en el año 1066.
De esta manera, no se puede tener en el Derecho inglés la condición
de propietario de la tierra, sino la de titular de una porción de tiempo
(slice of time) 6872, principalmente titular de un leasehold (que desde la
perspectiva de los sistemas de Derecho Civil es un dominio por tiempo
limitado) y el freehold (el dominio por tiempo ilimitado), que constituyen los dos principales estates o formas de tenencia inmobiliaria
recogidos por la Law of Property Act de 1925, aún en vigor.
b) En segundo lugar, el derecho de propiedad no se recogió en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 6973, sino que esto sucedió en
un protocolo posterior 7074. En 1999 se refundieron ambos textos en el
Convenio de Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales 7175.
Este texto no define qué podemos entender por propiedad. Por este motivo, ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante,
TEDH) el que ha ido perfilando su contenido. Así, de su jurisprudencia
podemos destacar la afirmación que la primera parte del artículo 1
recoge como principio general el respeto a la propiedad (STEDH de
30 de agosto de 2007 7276). Si bien el TEDH no ha acabado de perfilar
específicamente qué se tiene que respetar, sí que afirmó en sentencia de
13 de junio de 1979 7377 que el derecho a disponer de la cosa constituye
un aspecto fundamental del derecho de propiedad, y asimismo que el
artículo 1 del Protocolo protege, además, las facultades de uso y disfrute
sobre la cosa 7478. De esta manera, podemos concluir que el contenido del
Nasarre Aznar, La garantía…, pág. 695.
BOE de 10 de octubre de 1979, núm. 243, pág. 23564.
Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. París, 20 de marzo de 1952. BOE núm. 11, 12 de enero de 1991.
BOE de 6 de mayo de 1999, núm. 108, pág. 16808. El artículo 1 proclama que «toda
persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su
propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y
los principios generales del derecho internacional. Las disposiciones precedentes se entienden
sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen
necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o
para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas».
JUR 2007/252568. Cas J.A. Pye (Oxford) Ltd i J.A. Pye (Oxford) Land Ltd contra
Caso Marckx contra Bélgica. TEDH 1979/2.
Ver el Fundamento 63.
derecho de propiedad protegido por esta norma podría estar formado
por las facultades de uso, disfrute y disposición 7579, las cuales se pueden
limitar de acuerdo con el interés general.
c) En tercer lugar, la propiedad se regula en el artículo 17 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la Carta):
«toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que
haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos».
Su uso se podrá regular por la ley en la medida necesaria para satisfacer
el interés general, siempre y cuando el legislador respete el contenido
esencial del derecho (art. 52.1). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE) no ha desarrollado una dogmática
sobre el derecho de propiedad, aunque podemos afirmar del artículo 17
de la Carta 7680 que el derecho de propiedad es un principio general del
Derecho comunitario que hay que poner no obstante en relación con su
función social (STJCE de 29 de enero de 2008 781), y que la propiedad
atribuye a su titular las facultades de uso, disfrute y disposición.
Una cuestión relevante que no esclarece la Carta es qué teoría adopta
respecto al “contenido esencial”, concepto éste que tiene su origen en la
Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 7882 [art.
19.(2)]. En la doctrina alemana se han formulado varias teorías en torno
al rol que ejerce el contenido esencial del derecho en la limitación de
los derechos fundamentales por parte del legislador, principalmente la
absoluta y la relativa 7983. La primera defiende que todo derecho fundamental tiene un núcleo esencial material, inmutable e indisponible que
no puede ser restringido por el legislador, es decir, que éste sólo puede
limitar la parte que se consideraría no esencial o la periferia del derecho.
Y la segunda defiende que sí que se podría limitar de forma justificada
un derecho fundamental mediante el principio de proporcionalidad, es
decir, a través de una ponderación entre el sacrificio que se lleva a cabo
En el mismo sentido, Menéndez Sebastián, Eva M.ª y Tolivar Alas, Leopoldo, «El
derecho de propiedad desde la perspectiva del TEDH», en AA.VV., Derechos fundamentales
y otros estudios en homenaje al profesor doctor Lorenzo Martín-Retortillo, vol. II, Gobierno
de Aragón, Zaragoza, págs. 1806 y 1807.
De acuerdo con Pérez de Nanclares, José Martín, «Artículo 17. Comentario», en
Mangas Martín, Araceli, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Comentario artículo por artículo, Fundación BBVA, Bilbao, 2008, págs. 342 y 346.
TJCE 2008/11. En el mismo sentido, ver sentencias de 12 de julio de 2005 [TJCE
2005/219], apartado 126, y de 13 de marzo de 2007 [TJCE 2007/58], apartado 37.
Disponible en castellano en https://www.btg-bestellservice.de/.
Michael, Lothar, «¿El contenido esencial como común denominador de los derechos fundamentales en Europa?», traducido del alemán por Cristina Elías Méndez, en Revista Española de Derecho Constitucional Europeo, año 6. núm. 11, enero-junio de 2009,
págs. 177 y sigs.
sobre un derecho y el beneficio que se extrae de éste. En este sentido,
es difícil de discernir qué teoría adopta la Carta, aunque nos inclinamos
por la teoría híbrida 8084. De esta manera, los derechos fundamentales
tendrían un contenido esencial pero no sería indisponible e inmutable,
sino que sería un criterio interpretativo para valorar la proporcionalidad
de la limitación del derecho. Esto supone en la práctica que habría
que determinar ex ante (antes de la ponderación) en qué consiste este
contenido esencial del derecho de propiedad, que en nuestra opinión
se podría extraer de la propia redacción del artículo 17 de la Carta, es
decir, estaría formado por las facultades de uso, disfrute y disposición 8185.
d) Y, finalmente, por lo que respecta a su regulación en la CE, la propiedad
está prevista en su artículo 33 8286. De acuerdo con la STC 111/1983, de 2
de diciembre 8387 y la STS de 3 de julio de 1998 8488, el artículo 33 CE (sin
especificar ningún apartado en concreto) contiene una doble garantía del
derecho de propiedad: una vertiente institucional y otra vertiente individual (como derecho subjetivo). En cualquier caso, el artículo 33 CE hay
que ponerlo en relación con el artículo 53.1 CE, que prevé en un sentido
similar al artículo 52.1 de la Carta respecto al contenido esencial del
derecho como una garantía de las libertades y derechos fundamentales.
En cuanto a la vertiente institucional, la doctrina 8589 argumenta que la
propiedad es un elemento más del modelo económico-social que prevé
Michael, L., ob. cit., cita autores a favor y en contra en la pág. 181. En efecto, el TJCE
se ha referido tanto a la «propia esencia» o «sustancia» del derecho (SSTJCE de 11 de julio
de 1989 [TJCE 1990/16], 13 de noviembre de 1990 [TJCE 1991/80] y 13 de diciembre de
1994 [TJCE 1994/200]), como al principio de proporcionalidad (STJCE de 13 de abril de 2000
[TJCE 2000/80]). Esta dualidad en la jurisprudencia del TJCE también la encontramos en el
artículo 52.1 de la Carta. Rolla, cuya opinión compartimos, argumenta que la inclusión de
los dos elementos en el mismo precepto induce a pensar que el contenido esencial del derecho
es un criterio que ayuda a evaluar la aplicación del principio de proporcionalidad, ver Rolla,
Giancarlo, «La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en una perspectiva
comparada. Técnicas de codificación y cláusulas de interpretación», en Revista Española de
Derecho Constitucional Europeo, año 6. núm. 11, enero-junio de 2009, págs. 162 y 163.
En el mismo sentido, Pérez de Nanclares, J. M., ob. cit., pág. 351.
«1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social
de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes».
RTC 1983/111.
RJ 1998/5123.
Parejo Alfonso, Luciano José, «Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad a la luz de la jurisprudencia», en López Guerra, Luis María (coord.), Estudios de
Derecho Constitucional: homenaje al profesor don Joaquín García Morillo, 2001, págs. 109
y sigs.; Rodríguez de Santiago, José María, «Artículo 33», en Casas Baamonde, María
Emilia, Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel, Comentarios a la Constitución Española: XXX aniversario, Fundación Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2008, pág. 903.
la CE, y que se encuentra vinculada de esta manera a la dignidad de la
persona y al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE). La propiedad constituye entonces un presupuesto patrimonial indispensable
para configurar la vida personal libremente y desplegar la libertad en
los ámbitos de la actividad económica, como el trabajo y la libertad
de empresa (art. 38 CE). En cuanto a la vertiente individual, el análisis
de su contenido esencial juega un papel relevante. El TC ha adoptado
tanto la teoría absoluta (SSTC 112/2006 8690, de 5 de abril, 37/1987 8791,
de 26 de marzo, 37/1981 892, de 16 de noviembre, y 11/1981 8993, de 8
de abril), afirmando que «la Constitución reconoce un derecho a la
propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un
haz de facultades individuales sobre las cosas»; como la relativa, por
ejemplo, en las SSTC 120/1990 9094, de 27 de junio, 50/1995 9195, de 23
de febrero y 215/1994 9296, de 14 de julio. A nivel doctrinal también
encontramos posturas a favor de ambas teorías 9397.
Así las cosas, en nuestra opinión una teoría híbrida entre la teoría absoluta
y la relativa (en la línea de la Carta) es la que mejor permitiría explicar el
contenido esencial, puesto que la teoría absoluta podría llevar a que en una
situación de colisión entre los intereses protegidos de dos derechos fundamen RTC 2006/112.
RTC 1987/37. Se argumenta que para determinar el contenido esencial de cualquier derecho subjetivo se pueden hacer servir dos vías complementarias: 1) en primer lugar, a través de
su configruación dogmática, con lo que vendría determinado por las facultades o posibilidades
de actuación necesarias para que el derecho sea «recognoscible como perteneciente al tipo
descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido
en otro, desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que
en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando
se trate de derechos constitucionales»; y 2) en segundo lugar, a través de la jurisprudencia de
intereses que sería «aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria
para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real,
concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección».
RTC 1981/37.
RTC 1981/11.
RTC 1990/120.
RTC 1995/50.
RTC 1994/215.
De la teoría absoluta es partidario Díez-Picazo (Díez-Picazo, Luis, Fundamentos del
derecho civil patrimonial. III. Las relaciones jurídico-reales. El registro de la propiedad. La
posesión, 5.ª ed., Civitas, Navarra, 2008, pág. 62), para quien el contenido esencial lo conforma
el ius utendis, ius fruendi e ius disponendi (uso, disfrute y disposición); y Lacruz Berdejo
(Lacruz Berdejo, José Luis, Derechos reales, vol. III, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 256).
En cuanto a la teoría relativa, ver Martínez Alarcón, M.ª Luz, «La aplicación judicial del
Derecho Constitucional», en Teoría y realidad constitucional, núm. 21, 2008, págs. 369 y sigs.
tales no se pudiera llevar a cabo ningún tipo de ponderación, lo que provocaría
un conflicto irresoluble 9498. Además, el hecho de dividir el derecho fundamental
en dos partes (un núcleo indisponible del derecho —contenido esencial—, y
una parte disponible por el legislador —periferia del derecho—), facultaría al
legislador a actuar sobre la periferia del derecho libremente sin estar sujeto a
control constitucional (pues sólo lo estaría el núcleo central del derecho —el
contenido esencial—). Por su parte, la teoría relativa facultaría al legislador a
limitar el derecho de propiedad en base al principio de proporcionalidad hasta
llegar a una situación de no recognoscibilidad del derecho.
La adopción de esta teoría híbrida 9599 supone que hay que identificar el contenido esencial del derecho de propiedad, para después poder aplicar el principio de proporcionalidad. A nuestro entender, este contenido debería incluir
como mínimo las facultades de uso, disfrute y disposición. Las razones son
a) En primer lugar, estas facultades forman parte del interés jurídicamente
protegible del derecho de propiedad y son las que permiten que este
derecho sea reconocible. Efectivamente, Parejo Alfonso 96100 entiende
que la referencia de las dos vías mencionadas por el TC (configuración
dogmática y jurisprudencia de intereses) 97101 es siempre abstracta, es decir,
hay que tomar como punto de partida las convicciones generalmente
admitidas sobre lo que significa el derecho en cuestión, atendiendo en
última instancia al mundo del Derecho y a las convicciones admitidas
por la doctrina científica y legal (en un sentido similar, STC 11/1981).
De esta manera, para poder analizar el conjunto de facultades que se
incluyen en el artículo 33.1 CE se tienen que tomar en consideración las
normas extra-constitucionales como criterio de interpretación aplicando
el artículo 3.1 CC. En este sentido, el artículo 348 CC 98102 es relevante
dado que su contenido es el que usualmente se adjudica a la propiedad
Ver, en un sentido similar, Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y
los derechos fundamentales: el principio de proporcionalidad como criterio para determinar
el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, págs. 406, 413 y 414.
Apoya una teoría similar Martínez-Pujalte, Antonio-Luis, «Ámbito material de los
derechos fundamentales, dimensión institucional y principio de proporcionalidad», en Persona
y Derecho, 54, 2006, pág. 89.
Parejo Alfonso, Luciano José, «El contenido esencial de los derechos fundamentales
en la jurisprudencia constitucional: a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de
8 de abril de 1981», en Revista Española de Derecho Constitucional, año núm. 1, núm. 3,
1981, pág. 188.
«La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones
que las establecidas en las leyes».
privada 9103. Además, si observamos las normas supranacionales podemos
constatar que el derecho de propiedad está reconocido actualmente en
el artículo 17 de la Carta, en el artículo 1 del Protocolo del CEDH y
en los sistemas de Derecho Civil. En todas estas normas el contenido
esencial del derecho de propiedad está constituido precisamente por las
facultades de uso disfrute y disposición
b) En segundo lugar, esto sería consecuente con el contexto socio-económico que prevé la CE. Efectivamente, si entendemos que la libertad
de empresa incluye, entre otros elementos, la libertad para actuar en
el mercado mediante la creación de empresas, el derecho de propiedad
sobre los medios de producción y la libertad para la adquisición de
bienes y servicios 10104, sería congruente concluir que si un derecho de
propiedad no reconociera dichas facultades ello implicaría no solamente
que un bien con una menor productividad no podría llegar a tener una
mayor productividad, obstaculizando en consecuencia la libertad de
empresa (art. 38 CE), sino también la imposibilidad del propietario de
obtener un rendimiento 10105. Estas facultades tienen como presupuesto
indispensable la exclusividad en el ejercicio del derecho, que permitirá
al propietario impedir la intromisión de terceros y recuperar la cosa
sustraída indebidamente.
6.2. La función social de la propiedad. La doctrina constitucional
Una vez hemos analizado la regulación de la propiedad en Europa y las
vertientes institucional y privada de la propiedad en nuestra Constitución, faltaría
por ver el papel que juega la función social de la propiedad.
Desde un punto de vista histórico, la propiedad se había regulado en diferentes constituciones antes de la promulgación del CC 102106. No obstante, no
Ver Pérez Luño, Antonio-Enrique y Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso,
«Artículo 33. Propiedad privada y herencia», en Alzaga Villaamil, Óscar, Comentarios
a la Constitución Española de 1978, Tomo III, Editoriales de Derecho Reunidas, Edersa,
1996, pág. 520.
Goig Martínez, Juan Manuel, «Artículo 38. La libertad de empresa», en Alzaga
Villaamil, Óscar, Comentarios a la Constitución Española de 1978, Tomo III, Editoriales
de Derecho Reunidas, Edersa, 1996, pág. 739.
Sobre la base de las consideraciones de Posner, Richard, «Economic analisis of Law»,
en Ackerman, Bruce A., Economic foundations of property law, Little, Brown and Company,
Boston, 1975, págs. 12 a 14.
Así, por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812 preveía que la «La Nación está
obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y
los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen». Las constituciones
posteriores de 1845, 1856, 1869, 1876 y 1931 también preveían la protección de la propiedad,
encontramos regulada históricamente la función social de la propiedad tal y
como la entendemos hoy en día, si bien teníamos algunas manifestaciones en
el CC (por ejemplo, la función de protección social de la familia que cumple
la legítima) 103107. DUGUIT es considerado por la generalidad de la doctrina como
uno de los impulsores de esta función 104108, lo que implicó la evolución de la
«titularidad» del derecho de propiedad (que implicaba una actuación libre por
parte de su titular) al control de su ejercicio 105109. La función social se recogió por
primera vez en la Constitución de Weimar de 1919, de carácter marcadamente
económico 106110. La función social se incorporó posteriormente en el artículo 33.2
CE y en el artículo 52.1 de la Carta. De acuerdo con la STC 37/1987, la función
social tiene un impacto directo sobre el contenido esencial de la propiedad 107111.
En nuestra opinión, el razonamiento de la STC 37/1987 no es adecuado. Así, si
por una parte corresponde al legislador ex artículo 33.2 CE la delimitación de
la función social de la propiedad, que de acuerdo con el TC ayuda a delimitar
su contenido esencial, y, de otra, el artículo 53.1 CE obliga al legislador a respetar precisamente este contenido, no es coherente que el legislador pueda fijar
el contenido esencial del derecho de propiedad que después él mismo tendrá
que respetar. Esto supondría que el legislador podría delimitar a su arbitrio
este contenido 108112. Por lo tanto, la función social forma parte intrínseca del
derecho de propiedad (no de su contenido esencial), la naturaleza del cual se
ve afectada por la incorporación de este elemento funcional (STC 89/1994 109113,
de 17 de marzo).
En consecuencia, la función social se integraría con el derecho de propiedad permitiendo al legislador delimitar su contenido, siempre y cuando se
prohibiendo, por ejemplo, la confiscación de bienes o la privación de la propiedad sin una
compensación justa.
Pereña Pinedo, Ignacio, «La función social del derecho de propiedad», en Bastida,
Francisco J. (coord.), Propiedad y Derecho Constitucional, Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2005, pág. 175.
Ver Duguit, León, Manual de Derecho Constitucional: teoría general del Estado,
el derecho y el Estado, las libertades públicas, Comares, Granada, 2005, págs. 258 y 259.
Montés, Vicente L., La propiedad privada en el sistema de derecho civil contemporáneo, Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1980, págs. 82 y 83.
Esto se puede extraer de una lectura conjunta de los artículos 151, 152 y 153, que
recogen la libertad en la vida económica, la libertad de contratación y la propiedad. Ver, en
este sentido, La Constitución de Weimar: la Constitución alemana de 11 de agosto de 1919,
Tecnos, Madrid, 2010, págs. 312 y sigs.
Así, la STC 37/1987 afirmaba que el contenido esencial de la propiedad privada «no
puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses
individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia
a la función social».
Por lo tanto, hemos de entender que «la función social delimita el contenido de la
propiedad, pero no precisamente su contenido esencial». Ver Rodríguez de Santiago, J.
M.ª, ob. cit., pág. 910.
RTC 1994/89.
respete su contenido esencial, previamente delimitado. Ello quiere decir que
el legislador podría fragmentar el dominio (implementado de esta manera la
propiedad temporal y la propiedad compartida) sobre la base de su función
social. En este sentido, la delimitación del derecho de propiedad por parte del
legislador puede tener lugar por tres vías distintas 10114: a) falta de atribución de
determinadas facultades; b) condicionamientos al ejercicio de las facultades
atribuidas; y c) obligación —o deber— de ejercer determinadas facultades.
La delimitación del dominio necesaria para incorporar la propiedad temporal y la propiedad compartida en nuestro ordenamiento jurídico no sería un
hecho aislado, dado que dicha delimitación se ha llevado a cabo con anterioridad tanto por el legislador como por el TC con base en algunas de las vías
a) Por un lado, a nivel estatal, el artículo 36.1 del Real Decreto Legislativo
2/2008 establece que «el incumplimiento de los deberes de edificación
o rehabilitación previstos en esta Ley habilitará para la expropiación
por incumplimiento de la función social de la propiedad». Y a nivel
autonómico, el legislador catalán ha querido dar un contenido a esta
función social tal y como se desprende del artículo 2.i) de la Ley
18/2007, que enumera entre sus objetivos «delimitar el contenido de la
función social de la propiedad de las viviendas e identificar y corregir
las situaciones de incumplimiento de dicha función social». Así, los
propietarios incumplen con esta función social si no conservan y rehabilitan la vivienda adecuadamente, si mantienen la vivienda o el edificio
desocupado de forma permanente e injustificada, si está sobreocupada
o bien si no se destina a la residencia habitual y permanente de sus
propietarios si es de protección oficial (art. 5.2).
b) Por otro, el TC 1 115 ha aceptado limitaciones al derecho de propiedad.
Describamos, a continuación, algunos ejemplos. En primer lugar tenemos la STC 89/1994, en la que se trató una cuestión de inconstitucionalidad sobre la LAU de 1964 12116, principalmente por dos motivos:
1) la facultad del arrendatario de prorrogar forzosamente el arrendamiento; y 2) la imposibilidad por parte del arrendador de exigir una renta
conforme a las condiciones del mercado (dado que las rentas estaban
congeladas). El TC defendió que estas limitaciones no convertían en
inexistente o puramente nominal el derecho de propiedad del arrendador
Montes Penades, V. L., ob. cit., págs. 184 y 185.
Sobre la base de Gutiérrez-Barquín, Pedro González, «El derecho de la propiedad
privada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en Bastida, Francisco J. (coord.),
Propiedad y Derecho Constitucional, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España, Madrid, 2005, págs. 142 y sigs.
BOE de 29 de diciembre de 1964, núm. 312, pág. 17387.
y, por lo tanto, que se encontraban justificadas atendiendo a la función
social de la propiedad recogida en el artículo 33.2 CE. No obstante,
un voto particular se posicionaba a favor de la inconstitucionalidad de
las normas objeto de controversia 13117. Otro supuesto lo representa la
STC de 29 de noviembre de 1988 14118, que trató la problemática de la
derogada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas 15119. El artículo 1.2 de
esta Ley preveía que las aguas continentales superficiales, así como las
subterráneas renovables, constituían un recurso unitario subordinado al
interés general y, por este motivo, era necesario que pasaran a formar
parte del dominio público estatal. La problemática surgió respecto a
aquellos derechos sobre las aguas anteriores a la entrada en vigor de la
Ley. Por un lado, la Disposición Transitoria 1.ª permitía a los titulares
de concesiones administrativas públicas anteriores a la entrada en vigor
de la Ley mantener sus derechos durante un plazo máximo de setenta y
cinco años. El TC entiende que la Ley establece una nueva regulación
de estos derechos ya que limita su existencia en el tiempo, y argumenta
que la perpetuidad no se puede predicar de los derechos sobre bienes de
dominio público (sí respecto a los bienes privados) dado que ello iría
en contra de los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad de
esta clase de bienes (art. 132.1 CE). Por otro, las Disposiciones Transitorias 2.ª y 3.ª se refieren a los titulares de aguas privadas procedentes
de manantiales o de pozos o galerías en explotación, los cuales tenían
dos opciones: 1) inscribir su derecho en el Registro de Aguas como
un aprovechamiento temporal de aguas privadas durante un periodo de
cincuenta años. La doctrina no considera este derecho como un derecho
de propiedad, puesto que la distinción entre el dominio y el derecho
de aprovechamiento radicaría en la perpetuidad de las facultades del
propietario, estas son, el uso y los poderes de disposición y reivindicación 16120; y 2) mantener su titularidad de la misma forma, aunque
sin la protección del Registro 17121. También hallamos la STC 149/1991,
A cargo de don Álvaro Rodríguez Bereijo, al que se adhieren el Magistrado don
Pedro Cruz Villalón y el Magistrado don José Gabaldón López, que defendía que la
prórroga forzosa, junto con la congelación de las rentas, provocaba «el vaciamiento total del
derecho de propiedad, incluso de ese núcleo mínimo que es su utilidad económica individual».
RTC 1988/227.
BOE de 8 de agosto de 1985, núm. 189, pág. 25123.
Ésta seria la principal diferencia, pues los titulares de un derecho de aprovechamiento
también tienen atribuidas estas facultades, ver Pérez Pérez, Emilio, Régimen jurídico estatal
y autonómico de la propiedad inmobiliaria, Tomo I, Bosch, Barcelona, 2009, pág. 56.
Puesto que ambas Disposiciones se refieren expresamente a «los titulares de algún
derecho conforme a la legislación que se deroga», no distingue por lo tanto la ley entre
aprovechamiento o titularidad dominical (SAP de las Islas Baleares de 23 de junio de 2004
[JUR 2004/187687]).
que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad respecto a la Ley
22/1988, de 28 de julio, de costas 18122, que delimitó el dominio público
marítimo-terrestre estatal (art. 3). Los perjudicados por esta Ley (los
propietarios de una superficie de terreno que pasaba a ser de dominio
público) tenían que pedir a la Administración el otorgamiento de una
concesión por treinta años (prorrogable). Por lo tanto, éste sería un
ejemplo de conversión del derecho de propiedad en un derecho de aprovechamiento 19123. A éstas hay que añadir la STC 66/1991, en la que se
discutió la medida prevista en el artículo 2 de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León, de
7 de enero de 1988 120124, en virtud de la cual se prohibía en el ámbito
territorial de esta CCAA el comercio con cangrejos vivos del río de
cualquier especie. El Gobierno alegó su inconstitucionalidad al entender
que era desproporcionada atendiendo al artículo 33.1 CE y a la libertad
de empresa (art. 38.1 CE). El TC desestimó el recurso 12125. Por su parte,
la STC 37/1987, declaró constitucional los artículos 3, 15, 20 y 28 de
la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria de Andalucía 12126, que
autoriza la expropiación del dominio o del uso de una finca (en este
último caso, a través de un arrendamiento forzoso) si sus propietarios
incumplen con la función social de la propiedad (art. 20). El TC declaró
la constitucionalidad de estos preceptos ya que respeta el contenido
esencial de la propiedad al no despojar al propietario de toda utilidad
económica sobre el bien. También mencionamos el ATC 134/1995 123127,
de 9 de mayo, que resolvió un conflicto en torno a la Ley 22/1987, de
Propiedad Intelectual 124128. La duda que se planteaba era si se ve afectado el contenido esencial del derecho de propiedad si el adquirente de
un soporte material no puede difundir públicamente esta obra sin el
consentimiento de su autor. El TC utiliza el primer criterio que prevé
la STC 11/1981 (configuración dogmática del derecho subjetivo) para
determinar el contenido esencial del derecho, concluyendo que dicho
BOE de 29 de julio de 1988, núm. 181, pág. 23386.
Pérez Pérez, E., ob. cit., págs. 45 y sigs.
LCyL 1988/11.
El TC afirmó que «no toda medida que incida en la libre circulación de bienes —y
personas— por el territorio nacional es necesariamente contraria al artículo 139.2 de la Constitución, sino que únicamente lo será cuando persiga de forma intencionada la finalidad de
obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento
de obstáculos que no guardan relación y sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida adoptada».
BOE de 13 de agosto de 1984, núm. 193, pág. 23562.
RTC 1995/134.
BOE de 17 de noviembre de 1987, núm. 275, pág. 34163.
contenido no se ve afectado 125129. Y por último, la STC 301/1993 resolvió
una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto al artículo 19
LPH, en la medida en que la prohibición impuesta a un copropietario
del uso de su local por un plazo de hasta dos años, por infracción de
ciertas normas de la comunidad de propietarios y sin ningún tipo de
indemnización, podría ir en contra de lo que dispone el artículo 33 CE.
El TC afirmó que el artículo 19.1 se refiere a un tipo de propiedad (la
propiedad horizontal) en la que existe la necesidad de compaginar los
derechos e intereses concurrentes de una pluralidad de propietarios y
ocupantes de los pisos, situación que justifica, sin duda, la fijación, legal
o estatutaria, de específicas restricciones o límites a las facultades de
uso y goce de los inmuebles.
Finalmente, hemos de apuntar que la función social está relacionada con
el artículo 33.3 CE, que prevé la expropiación por causas de interés social o
utilidad pública. En atención a esto, parece que la función social puede llegar a
limitar de una manera acusada el derecho de propiedad, es decir, puede limitar
las facultades de uso, disfrute y disposición, pero sin vaciar el derecho de todo
contenido evaluable económicamente, lo que comportaría afectar a su contenido
esencial. ¿Qué sucedería en este caso? La STC de 29 de noviembre de 1988
argumenta que para que los particulares tengan derecho a una indemnización
por expropiación sobre la base del artículo 33.3 CE es necesaria «la sustracción
o ablación de un derecho o interés legítimo impuesto a uno o varios sujetos».
Esto quiere decir: a) que si el legislador limita todas estas facultades sin que
haya una causa amparada en la CE hasta llegar a una situación en la que no se
puede reconocer el derecho, la medida sería entonces inconstitucional, a no ser
que se lleve a cabo una expropiación; y b) que aquellas medidas que limitan
el contenido del derecho y que están amparadas legalmente (por ejemplo, en
la función social) son constitucionales y no darían lugar, por sí solas, a una
«La atribución al autor del ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su
obra han venido formando parte en nuestra legislación precedente del conjunto de derechos
o facultades que conformaban el contenido de la propiedad intelectual del autor —arts. 7
y 19 de la Ley de la Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 (NDL 25059)—, sino
también, más concretamente, que la comunicación pública de la obra, en cuanto forma especial de explotación, y la consiguiente prohibición de que aquélla pueda realizarse sin la
preceptiva autorización, forma parte hoy del contenido de la propiedad intelectual del autor
sobre su obra».
6.3. La imbricación de la propiedad compartida y de la propiedad temporal en nuestro sistema dominical
No existe, hoy por hoy, en nuestro sistema civil una normativa suficiente
para posibilitar el desarrollo de las tenencias intermedias (propiedad compartida
y propiedad temporal) que aquí hemos propuesto, sin un desarrollo legislativo
No obstante, sí que existen ya anclajes legales concretos en algunos preceptos legales autonómicos sobre vivienda, de manera que las diversas formas de
tenencia intermedia se van vinculando a vivienda social, lo que, como hemos
dicho supra no necesariamente debería ser sólo así, sino que con una regulación civil se abriría el campo a un desarrollo del mercado de vivienda libre
de tenencias intermedias, al tiempo que se crearía un corpus de normativa
básica que diera certeza jurídica a los intervinientes en la promoción y financiación de estas viviendas. Así, en Cataluña, el artículo 71 de la Ley 18/2007
se modificó en 2011 126130, acuñándose por primera vez el término de «propiedad
compartida» y posibilitando el desarrollo de vivienda social en régimen de
propiedad compartida, dado que queda claro que se trata de la transmisión
del dominio de una parte de la vivienda y la retención del resto por parte del
transmitente (promotor, financiadora) y da la posibilidad de ir escalando en el
dominio. Además, el vigente Pacto Nacional de la Vivienda catalán 2007-2016
prevé en sus medidas 3 y 4, que forman parte del objetivo 1.1.2 del Pacto, la
promoción de nuevas figuras de acceso a la vivienda protegida, que sean intermedias entre el alquiler y la plena propiedad. Un protosistema de propiedad
compartida —parecido al que existía en Cataluña en la versión anterior al art. 71
de la Ley 18/2007— es el que se prevé introducir en la Ley de vivienda de
Galicia 127131: un sistema de copropiedad con la Xunta que obliga al necesitado
de vivienda a adquirir el 60 por 100 del inmueble, lo que consideramos, por
diversos motivos 128132, poco flexible. Ello contrasta con que a nivel estatal, el Plan
estatal 2009-2012 (Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre 129133) buscaba
aún promover la absorción de la vivienda construida sin prever las tenencias
intermedias, lo que no puede considerarse un acierto. El Plan 2013-2016 sigue
ignorando las tenencias intermedias.
Fue sustituido por el artículo 162 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre.
http://www.elconfidencialautonomico.com/galicia/073987/solucion-para-el-problemade-la-vivienda-en-galicia-la-xunta-incluira-la-propuesta-de-copropiedad-publica-en-la-nuevaley-de-vivienda. Consulta el 19-9-2013.
No sólo que, si acaba siendo así, el único copropietario pueda ser la Xunta, sino también
que dicho 60 por 100 puede ser, en ocasiones, muy oneroso para el comprador. Además, sin
una base de Derecho Civil, ¿cuál será el régimen que regirá dicho condominio?
BOE de 24 de diciembre de 2008, núm. 309, pág. 51909.
En principio, la propiedad compartida y la propiedad temporal, tal y como las
venimos conceptuando, se podría entender que se apartarían de la configuración
tradicional del derecho de propiedad en el CC, sobre todo en sus características
de unidad, absolutismo y perpetuidad, lo que no necesariamente debe ser así.
Así, las notas características del derecho de propiedad en el Código Civil son
las siguientes (cfr. SSTS de 27 de junio de 1991 y 24 de octubre de 2005 130134):
unidad, perpetuidad (el derecho dura mientras exista el objeto), exclusividad
(el propietario está facultado para impedir que un tercero utilice el bien, y en
caso de intromisión ilegítima tiene la posibilidad de recuperarlo), elasticidad (en
caso de existir un derecho real que limite el derecho, el propietario recupera la
facultad que se ha transmitido cuando este derecho se extingue) y no limitación
(en el sentido de indeterminación de las facultades que pueden ejercerse sobre
el bien, es decir, la propiedad incluye todas las facultades que no han sido excluidas voluntaria o legalmente). Lo mismo puede predicarse del artículo 541-1
CCC 13135, que prevé como características esenciales su generalidad, abstracción,
elasticidad, exclusividad y perpetuidad 132136, con el matiz que el legislador catalán
ha incorporado también su función social (art. 541-2 CCC), lo que supone una
adaptación del CCC a las nuevas necesidades sociales 13137.
Por lo tanto, el derecho de propiedad en ambos textos se sitúa en la órbita
de los sistemas de Derecho Civil 134138 y no en la concepción angloamericana
de la misma como bundle of rights o como slice of time, de donde parten,
precisamente, las dos figuras que proponemos. Por lo tanto, ¿sería posible la
implementación de las tenencias intermedias en Derecho español dado que, a
priori, no sería posible fragmentar la propiedad? Para dar una respuesta, analizaremos los elementos que caracterizan la función social de la propiedad y
si el legislador español, respetando su contenido esencial, podría llevar a cabo
una regulación de estas tenencias 135139.
RJ 1991/9821 y RJ 2005/8285 respectivamente. Ver también Montés, V. L., ob. cit.,
págs. 67 y sigs.
«La propiedad adquirida legalmente otorga a los titulares el derecho a usar de forma
plena los bienes que constituyen su objeto y a disfrutar y disponer de ellos. 2. Los propietarios conservan las facultades residuales que no se han atribuido a terceras personas por ley
o por título».
Llebaría Samper, Sergio, «Artículo 541-1», en Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña, Derechos reales. Comentarios al Libro V del Código Civil de
Cataluña, vol. I, Bosch, Barcelona, 2008, pág. 434. No todas estas características se pueden
deducir del artículo 541-1 CCC.
De acuerdo con Padial Albás, Adoración y Toldrà Roca, M.ª Dolors, El Derecho
de Propiedad y otros derechos reales en el Derecho Civil de Cataluña, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2008, págs. 18 y 33.
Sobre la base de las consideraciones de Muñoz Guijosa, M.ª Astrid, «Propiedad privada, función social y Texto Refundido de la Ley de Suelo», en Revista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, num. 20/2009. Editorial Aranzadi, S. A., Pamplona. 2009. BIB 2009/2301.
Los tres primeros elementos de esta función son su carácter estructural, la
referencia de la función social al destino del bien objeto del derecho y el hecho de que corresponde al legislador concretar dicha función, que no plantean
problemas significativos puesto que: a) ya hemos visto como la función social
tiene un carácter estructural respecto al derecho de propiedad; b) la finalidad o
destino primordial de una vivienda en régimen de propiedad compartida o temporal sería atender las necesidades de alojamiento de sus titulares; y c) es una
obligación del legislador la delimitación del contenido del derecho de propiedad
atendiendo a su función social, respetando siempre su contenido esencial (STC
227/1988). Los otros elementos, sin embargo, presentan una mayor complejidad.
Así, el cuarto elemento es la necesaria armonización de los intereses del
propietario y de la colectividad en el proceso de concreción del elemento funcional del derecho. Para determinar este elemento, Pérez Luño 136140 entiende que
hay que poner la función social en relación con los principios del Estado social
y democrático de derecho, los valores informadores del estatuto de los derechos
fundamentales y las normas de la Constitución Económica. En consecuencia,
debemos averiguar si existe un principio que justifique la delimitación del derecho de propiedad por el legislador, pues tal y como nos recuerda Rodríguez
de Santiago 137141 la función social no puede recaer sobre todos los bienes, es
decir, solo lo puede hacer sobre aquellos bienes o derechos privados que son,
al mismo tiempo, apoyo de intereses generales o bienes de la colectividad. En
nuestra opinión, estos intereses tendrían amparo en el artículo 47 CE, que regula
el derecho constitucional a una vivienda digna y habilita a los poderes públicos
a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Además,
el Estatuto de Autonomía de Cataluña configura la vivienda como un principio
rector (art. 47) y como un derecho en el ámbito civil y social (art. 26). Por lo
tanto, entendemos que el legislador podría regular nuevas fórmulas para acceder
a una vivienda sobre la base del artículo 47 CE, que habilita y justifica la imposición por parte de los poderes públicos de límites al derecho de propiedad 138142.
El quinto y último elemento es la correcta aplicación del principio de proporcionalidad, es decir, la intervención del legislador en el contenido del derecho tiene que ser proporcionada, lo que significa, en nuestro caso, analizar si
el legislador respeta el contenido esencial del derecho de propiedad al regular
las tenencias intermedias. Para ello utilizaremos el test de proporcionalidad,
que comprende tres elementos: a) el juicio de adecuación —la medida que se
evalúa tiene que ser adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente
Pérez Luño, A. E., y Rodríguez de Quiñones y de Torres, A., ob. cit., pág. 527.
Rodríguez de Santiago, José M.ª, «Las garantías constitucionales de la propiedad»,
en Revista de Administración Pública, núm. 177, septiembre-diciembre de 2008, pág. 178.
Ver Jaria Manzano, Jordi, «El derecho a una vivienda digna en el contexto del Estado
social», en Sergio Nasarre (dir.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, Edisofer,
Madrid, 2011, págs. 71 a 73.
lícito, lo que ya hemos demostrado—; b) el juicio de necesidad —la medida
tiene que ser necesaria no existiendo una alternativa menos onerosa—, lo que
se puede justificar por los problemas estructurales para acceder a una vivienda
digna 139143; y c) el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que se traduce
en una evaluación de costes y beneficios, es decir, las ventajas que se obtienen
con la medida tienen que ser mayores que las desventajas que la misma genera.
En cuanto a los beneficios, tanto la propiedad compartida como la propiedad
temporal previsiblemente redundarán en beneficio de la sociedad en su conjunto,
dotando al acceso a la vivienda de una tercera vía que cumple con los principios
de asequibilidad, flexibilidad y estabilidad en la tenencia; para el poder público
podrían ser una vía para obtener beneficios sociales y financieros a corto y
largo plazo; y desde un punto de vista financiero, contribuirían al aumento de
los activos inmobiliarios de los individuos.
Y en cuanto a los costes o sacrificios, veamos a continuación hasta qué
punto se tiene que sacrificar el derecho de propiedad para regular las tenencias
intermedias y en qué medida se respetaría su contenido esencial:
A) En cuanto a la propiedad temporal, existen dos problemas: la temporalidad del dominio y la posible coexistencia de dos propietarios. En cuanto a
la temporalidad del dominio, Pérez Pérez 140144, en la línea del TC, niega que el
derecho de propiedad pueda tener un carácter temporal, puesto que la perpetuidad del dominio formaría parte de su contenido esencial. Esta característica
sería entonces el criterio para distinguir entre un derecho de aprovechamiento,
necesariamente temporal (incluyendo dentro de este concepto el derecho de
carácter temporal sobre las aguas así como la propiedad superficiaria) y el
derecho de propiedad. En nuestra opinión, es cierto que la perpetuidad es una
característica del dominio tal y como se configura en los artículos 348 CC y
541-1 CCC (junto con su unidad, exclusividad, abstracción y elasticidad), pero
esta noción de propiedad es una de las propiedades a las cuales hace referencia
la STC 37/1987 cuando habla de plasticidad del dominio, que se manifiesta en
la existencia de diversas propiedades o estatutos jurídicos diversos. Por lo tanto,
si bien es cierto que el artículo 348 CC tenía un carácter cuasi-constitucional
antes de la CE 14145, ello no quiere decir que el legislador tenga que respetar hoy
en día todas las facultades que caracterizan esa propiedad, es decir, en nuestra
opinión sólo ha de respetar el contenido esencial ex artículos 33.1 y 53.1 CE.
Bajo esta perspectiva, el legislador podría regular una propiedad temporal por
Vid. supra, epígrafe 1.
Pérez Pérez, E., ob. cit., pág. 60.
Alonso Pérez, Mariano, «La propiedad en el Código Civil», en Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España, Madrid, 1999, pág. 501.
1. En primer lugar, porque es discutible que la perpetuidad forme parte
del contenido esencial del derecho de propiedad, a pesar de que el TC
se haya pronunciado a favor de esta tesis (por ejemplo, STC de 29 de
noviembre de 1988). Y es que mientras que la exclusividad es una característica necesaria para que el propietario pueda obtener un rendimiento
económico (mediante el ejercicio, por ejemplo, de la facultad de uso) 142146,
la temporalidad del derecho no afecta al derecho de propiedad ni en
su vertiente institucional (la propiedad sigue siendo un elemento que
permite a la persona el libre desarrollo de la personalidad en el contexto socio-económico que prevé la CE) ni en su vertiente individual (el
propietario puede ejercer igualmente todas las facultades que integran el
contenido esencial del derecho a pesar de la temporalidad de éste). Con
todo, entendemos que la propiedad temporal se tendría que prolongar
durante un periodo mínimo de tiempo, puesto que en caso contrario se
podría frustrar la finalidad de proveer de una vivienda asequible. Veamos
en este sentido lo que sucede con el leasehold, que se puede constituir
por el periodo de un mes hasta los 999 años. Cuando el lease es de
corta duración, la posibilidad de constituir una hipoteca o de obtener
una ganancia patrimonial gracias a su transmisión es más teórica que
real, ya que su valor patrimonial es poco significativo en comparación
con los leases de larga duración en los que el titular del derecho (leaseholder) retiene casi todo el valor patrimonial de la finca 143147. Por este
motivo, una duración mínima, a determinar por el legislador, podría ser
necesaria para la operatividad de la propiedad temporal como tenencia
intermedia. El mismo razonamiento encontramos en la STC 227/1998
en cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas públicas que se
limitan temporalmente (75 años) después de la Ley 29/1985, de aguas.
El TC afirma que la fijación de este plazo «no es tampoco arbitraria ni
engendra inseguridad jurídica, ya que, aun cuando pueda suponer una
disminución de las expectativas de rentabilidad patrimonial originadas
por situaciones creadas al amparo de la legislación anterior, este nuevo
límite temporal es razonable y suficiente, a efectos de la amortización
de las obras necesarias para la normal utilización de la concesión».
Es decir, en cuanto a la propiedad temporal hay que prever un plazo
Vid. supra, epígrafe 6.1.
Efectivamente, aquí «the long residential lease is typically granted for terms of 99,
125 or 999 years and a substantial premium will be paid to purchase this interest, similar
to the amount that would be paid to buy a freehold interest. Here is the lease that will have
a significant capital value, rather than the reversion. Indeed, the leaseholder will usually
perceive himself as the “owner” of the property, as a purchaser rather than a tenant», ver
Bright, Susan, Landlord and Tenant Law in Context, Hart Publishing, Oxford and Portland,
Oregon, 2007, pág. 6.
de duración que permita al nuevo propietario tener la seguridad de que
obtendrá una rentabilidad de su derecho.
2. En segundo lugar, porque aunque consideráramos la perpetuidad como
un elemento esencial del derecho de propiedad, este hecho tampoco
impediría que el legislador pudiera fraccionar la propiedad por periodos
de tiempo porque sería suficiente con que el legislador respetara el
resto o una parte de los elementos que integran el contenido esencial
del derecho de propiedad. Es decir, sería posible que un propietario
tuviera las facultades de usar, disfrutar y disponer de un bien por un
periodo de tiempo. En este caso, la limitación del derecho de propiedad
sobre la base de la función social no llegaría a desnaturalizarlo, puesto
que el resto (o una parte, en su caso) de las facultades que permitirían
obtener una rentabilidad permanecerían intactas. En nuestro ordenamiento podemos encontrar varios ejemplos de propiedades temporales
que cumplirían con estos requisitos. Así:
— en el ámbito estatal el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, de propiedad intelectual 14148, prevé que el autor
de una obra tiene una serie de derechos de carácter patrimonial, de
los cuales podemos destacar los de explotación (art. 17), disposición
(art. 57) y, en particular, el de carácter moral, que se materializa en
varias facultades (por ejemplo, la posibilidad de exigir el reconocimiento de la condición de autor de la obra, art. 14). Este derecho
está limitado a la vida del autor y setenta años después (art. 26),
razón por la cual entiende la doctrina que la propiedad intelectual
es temporal, absoluta y exclusiva 145149;
— Mateo y Villa 146150 defiende que la titularidad fiduciaria sobre la
base de un negocio fiduciario (atípico) es temporal y corresponde
al fiduciario. Aunque hoy en día es difícil mantener esta postura atendiendo a la jurisprudencia del TS (que defiende que en el
negocio fiduciario tiene lugar una simulación relativa sin que la
causa fiduciae tenga fuerza suficiente para transmitir el dominio,
sentencias de 26 de abril de 2001 147151 y 26 de julio de 2004 148152), a
principios del siglo XX se admitió que el fiduciario era propietario
a todos los efectos de los bienes objeto de fiducia, titularidad que
BOE de 22 de abril de 1996, núm. 97, pág. 14369.
Rogel Vide, Carlos, «A: Artículos 428 y 29 del Código Civil y Ley de Propiedad
Intelectual», en Albaladejo, Manuel y Díez Alabart, Silvia (Dirs.), Comentarios al Codigo
Civil, Tomo V, vol. 4, Edersa, 1994. Id. vLex: VLEX-228566.
Mateo y Villa, Íñigo, «De la fiducia gestión», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 704, noviembre-diciembre de 2007, pág. 2631.
RJ 2001/2037.
RJ 2004/6633.
entendemos era temporal hasta que se cumplía la finalidad en virtud
de la cual se había transmitido inicialmente la propiedad (teoría del
doble efecto real y obligacional) 149153, y a finales del siglo XX se ha
considerado la existencia de una propiedad material del fiduciante
y otra formal del fiduciario (SSTS de 19 de mayo de 1989 150154 y 8
de marzo de 1988 15155);
— además, tanto el Derecho estatal como el catalán regulan el derecho de superficie (arts. 40 y 41 del RDL 2/2008 y 564-1 CCC),
que es un derecho real limitado sobre una finca ajena que atribuye
temporalmente la propiedad separada de las construcciones o de las
plantaciones que tengan lugar sobre la finca. La doctrina 152156 defiende
que del derecho de superficie regulado en la ley estatal surgen dos
propiedades diferentes en un plano de igualdad: la propiedad del
dominus soli (propietario del suelo) y la propiedad del superficiario,
la cual revierte a manos del propietario del suelo una vez finalizado
el periodo pactado (que no puede sobrepasar los noventa y nueve
años, art. 40.2 del RDL 2/2008). Por su parte, Badosa Coll 153157
argumenta que la propiedad superficiaria catalana «es anómala y
de cualidad inferior a la propiedad ordinaria», principalmente por
su temporalidad y, además, que esta propiedad «tiene, además, el
contenido y efectos propios de cualquier propiedad». Es decir, esta
propiedad, a pesar de ser anómala (una situación que no comporta
ningún efecto jurídico) y de calidad inferior (atendiendo a la duración del derecho y no a las facultades que lo integran), otorga
al propietario las facultades de uso, disfrute y disposición sobre
la cosa. Por lo tanto, la denominada “propiedad superficiaria” se
podría considerar como una propiedad temporal a todos los efectos;
— la titularidad fiduciaria en los casos de sustituciones fideicomisarias
(arts. 783 CC y 426-1 CCC). Así, el fiduciario tiene la condición
de propietario temporal hasta que se cumpla el plazo fijado o la
condición prevista (cfr. art. 426-26.1 CCC 154158);
Ver, en este sentido, Simón Moreno, Héctor, «El negocio fiduciario en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo», en Nasarre Aznar, Sergio y Garrido Melero, Martín (coords.),
Los patrimonios fiduciarios y el trust, Marcial Pons, Madrid, 2006, pág. 175.
RJ 1989/3780.
RJ 1988/1607.
De la Iglesia Monje, María Isabel, «El nuevo derecho de superficie», en Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 712, marzo-abril de 2009, pág. 670.
Badosa Coll, Ferrán, «Artículo 564-1», en Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña, Derechos reales. Comentarios al Libro V del Código Civil de
Cataluña, vol. III, Bosch, Barcelona, 2008, págs. 1422 y 1423.
Para el Derecho estatal, ver Albaladejo García, Manuel, «Artículos 774 a 805 del
Código Civil», en Albaladejo García, Manuel, y Díez Alabart, Silvia (dirs.), Comentarios
— tanto el CC como el CCC regulan las donaciones a plazo o condición resolutoria y con cláusula de reversión (arts. 641 CC y 531-16
y 19 CCC). En estos casos, el donatario adquiere la propiedad de
los bienes de forma temporal solamente hasta el cumplimiento del
plazo o la condición;
— y, finalmente, es posible pactar un dominio temporal o bien mediante
una cláusula que permita aplazar la transmisión de la propiedad o
bien a través de la fijación de una cláusula resolutoria que tendría
su origen en el derecho de disposición del propietario. Por lo tanto,
una condición resolutoria, fruto del poder de disposición del primer
propietario, podría ser otra vía para limitar el horizonte temporal
Todos estos ejemplos demuestran que la duración del derecho de propiedad
se ha modulado por el legislador y la jurisprudencia, incluso con anterioridad
a la CE.
En definitiva, de todo lo anterior podemos concluir:
1. Que no existe una diferencia esencial entre el derecho de aprovechamiento (ej. aguas) y el derecho de propiedad, dado que la propiedad
también puede ser temporal (tal y como lo demuestran los ejemplos
descritos, y ambos conceden las mismas facultades, a salvo de las limitaciones impuestas por vía administrativa (ej. aguas).
2. Y que aunque la perpetuidad formase parte del contenido esencial del
derecho de propiedad (opinión que nosotros no compartimos), el legislador no debería encontrar problemas a la hora de regular la propiedad
temporal si respeta el resto del contenido esencial, dado que así lo ha
hecho en varias ocasiones. En la propiedad temporal propuesta el derecho es reconocible y existe una rentabilidad real porque tanto el propietario temporal como el propietario original conservan determinadas
facultades que permiten que del derecho de propiedad pueda originarse
un beneficio en su favor.
al Codigo Civil, Tomo X, vol. 2.º, Edersa, 1984, págs. 307 y 308: «Pues bien —digo—, se
parte de la base de que el fiduciario es propietario temporal; no de que es usufructuario. Los
bienes los posee, disfruta y adquiere sus rendimientos, administra, etc., porque son suyos; no
como quien goza de una cosa ajena». Y, para el Derecho catalán, «el fiduciario tiene el uso y
disfrute de los bienes fideicomisos y de sus subrogados y accesiones, hace suyos los frutos y
rentas, y disfruta de todos los demás derechos que la Ley atribuye al propietario, pero lo que
adquiere que no sean frutos o rentas se incorpora al fideicomiso», atendiendo a Del Pozo
Carrascosa, Pedro; Vaquer Aloy, Antoni, y Bosch Capdevila, Esteve, Derecho Civil de
Cataluña. Derecho de Sucesiones, Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 163.
En definitiva, el legislador puede fragmentar la propiedad sobre una vivienda
por periodos de tiempos con independencia de si se considera que la perpetuidad
del derecho de propiedad forma parte de su contenido esencial.
Y, en cuanto al segundo de los problemas de la propiedad temporal, el de la
coexistencia de dos propietarios sobre el bien (una latente o expectante, la del
propietario original y otra real durante el plazo pactado), nos lleva a analizar
si la unidad del dominio forma parte del contenido esencial del derecho de
propiedad. En cuanto a ello podemos realizar dos consideraciones:
a) En primer lugar, que la unidad del dominio que se predica del artículo 348 del Código Civil no es absoluta, puesto que podemos encontrar
excepciones como por ejemplo el censo enfitéutico, que tiene lugar
cuando una persona, el censualista, cede a otra, el censatario, el dominio útil de una finca (dominium utile), reservándose el cedente tanto
el dominio directo sobre esta (dominium directum) como el derecho
a percibir una pensión anual del censatario por el inmueble recibido
(art. 1605 CC). Parte de la doctrina configura este tipo de censo como
un derecho real de propiedad con dos cotitulares, cada uno con facultades dominicales sobre la finca 15159. Otro ejemplo lo encontramos en
la reserva de dominio, pacto mediante el cual el vendedor de un bien
mueble se reserva el dominio de la cosa vendida hasta el pago total del
precio de compra por parte del adquirente. Esta cláusula se encuentra
prevista legalmente en el artículo 7.10 de la Ley 28/1998, de 3 de julio,
de venta a plazos de bienes muebles 156160, y existen diversas teorías que
intentan explicar su naturaleza jurídica: 1) la teoría de la condición
suspensiva 157161, en virtud de la cual la propiedad sólo se transmite al
comprador cuando éste cumple íntegramente con su obligación; 2) la
teoría que defiende que estamos ante una condición resolutoria 158162, de
tal manera que el adquirente es el propietario del bien desde el primer
momento, pero si no paga el precio estipulado en el plazo pactado el
vendedor recuperaría entonces la propiedad; 3) la teoría que defiende
que en realidad existe una prenda sin desplazamiento. El pacto funcionaría entonces como una condición resolutoria, pero el incumplimiento
de la obligación no provocaría que el vendedor recuperase la propiedad
Es la opinión de Albaladejo, Manuel, Derecho Civil. Derecho de bienes, vol. III,
10.ª ed., Edisofer, Madrid, 2004, pág. 640.
BOE de 14 de julio de 1998, núm. 167, pág. 23510.
Montánchez Ramos, Manuel, Algunas reflexiones respecto del pacto de reserva de
dominio, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006,
Gimeno Bayón, «La compraventa con pacto de reserva de dominio», en Consejo
General del Poder Judicial, Madrid. 1993, págs. 373-464.
del bien, sino que le autorizaría a su realización 159163; y 4) la teoría que
considera que existe una propiedad compartida. Efectivamente, según
Martínez de Velasco 160164: «durante la reserva el vendedor tiene la
propiedad, apoyada en la ley, y el comprador tiene las acciones de
la propiedad. El dominio, por todo ello, ha perdido parte de su originario absolutismo, por así haberlo querido las partes contratantes
en la cláusula de reserva, lo que se explica por haber adquirido a
través de ésta una función de garantía. Pagado el precio, la propiedad
del vendedor, ya sin función de aseguramiento, pasa al comprador y
la propiedad útil de éste desaparece por falta de función, quedando
totalmente consumada la venta». Por lo tanto, podemos observar que
a nivel doctrinal se defiende la falta de unidad de la propiedad en la
reserva de dominio. A mayor abundamiento, pensemos por ejemplo en
el caso de la ya analizada propiedad superficiaria o el de las donaciones
con cláusula de reversión o con condición resolutoria 16165.
b) Y en segundo término, faltaría por ver (si consideráramos que la unidad
del dominio forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad) si las limitaciones estarían justificadas atendiendo al principio
de proporcionalidad. Tal y como ya hemos visto con anterioridad, si
el contenido esencial del derecho de propiedad no se ve afectado in
toto, entonces la existencia de una propiedad asimilable a la del nudo
propietario (no puede usar ni disfrutar del bien inmueble, pero puede
disponer de su derecho) no afectaría a la esencia del derecho. Es decir,
habría un equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes de la limitación (no nos encontraríamos por lo tanto con el mismo caso que el
discutido en la STC 19/1994). Pensemos que existen otras situaciones
reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en las cuales el derecho de
propiedad está mucho más disminuido y es puramente nominal, por
ejemplo, los inversores en fondos de inversión colectiva de carácter
financiero y en fondos de inversión inmobiliaria, regulados en la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva 35/2003, de 4 de noviembre 162166
(arts. 29 a 31 y 35 a 38), así como en los fondos de pensiones (art. 8.4
Barrada Orellana, que opina que «la LVP configura una reserva de dominio de
naturaleza real, un derecho real sobre cosa ajena, que faculta a su titular, el acreedor, para,
vencida y no satisfecha la obligación asegurada, promover frente a cualquiera la realización
del valor del bien vendido a plazos, con la finalidad de cobrarse con el precio obtenido, con
carácter preferente», ver Barrada Orellana, Reyes, «Aproximación al pacto de reserva de
dominio según la Ley 28/1998, de venta a plazos de bienes muebles», en Boletín del Centro
de Estudios Registrales de Cataluña, núm. 82, enero-febrero de 1999, pág. 297.
Martínez de Velasco, José Ignacio Cano, La reserva de dominio, J. M. Bosch Editor,
2005. Id. vLex: VLEX-277731.
BOE de 5 de noviembre de 2003, núm. 265, pág. 39220.
del RDL 1/2002, de 29 de noviembre 163167). Estos fondos constituyen patrimonios tipo copropiedad, es decir, los inversores tienen la condición
de copropietarios y su derecho de propiedad les faculta principalmente a
exigir unos rendimientos y un reembolso de lo invertido. En este sentido,
la doctrina afirma que «cómo puede ser alguien propietario sin tener
ningún derecho más que el de beneficiarse de la cosa (fondo), ello es
más propio de un usufructuario» 164168, dado que no tienen ninguna otra
facultad dominical sobre el fondo en tanto que las tiene la gestora del
mismo (que paradójicamente es la única que no es cotitular del fondo).
Por último, también puede entenderse (como lo ha hecho el Anteproyecto catalán 2013 de tenencias intermedias) que la propiedad temporal
existe por transmisión del dominio por un periodo cierto y determinado,
de manera que existe un solo propietario (el temporal), mientras que el
transmitente tiene una expectativa de recuperar el bien, transcurrido el
plazo de tiempo acordado.
B) En cuanto al régimen de propiedad copropiedad, se plantean problemas
similares a la temporal, pero esta vez entre un propietario original que no tiene
ninguna facultad de uso sobre el inmueble pero que puede cobrar una renta por
la parte del inmueble que aún retiene y un nuevo propietario que consolida en
su patrimonio una parte del inmueble con vocación y derecho a ir adquiriendo
el resto. De este modo, tenemos:
a) Que no se trata de una comunidad romana ordinaria de los artículos 399
y siguientes del CC ni se le pueden aplicar muchos de sus preceptos
(por ejemplo, la división de la cosa común del art. 400 CC). Ello no
reviste problema alguno, dado que ya existen otros modos de ordenar a
diversos condóminos, con limitaciones, como sucede con la propiedad
horizontal (STC 301/1993).
b) 
Que se plantea la problemática de fraccionar el dominio: la existencia de
dos propietarios (el propietario original y el nuevo propietario) podría ir
en contra de la concepción unitaria y absoluta de la propiedad. Aquí nos
planteamos de nuevo si la unidad del dominio forma parte del contenido
esencial del derecho de propiedad, y damos por reproducidas las mismas
consideraciones realizadas respecto a la propiedad temporal 165169, en el
sentido de que el censo enfitéutico (art. 1605 CC), el pacto de reserva
de dominio (art. 7.10 de la Ley 28/1998) y la “propiedad superficiaria”
BOE de 13 de diciembre de 2002, núm. 298, pág. 43361.
Nasarre Aznar, Sergio, y Rivas Nieto, Estela, «Patrimonios financieros sin personalidad. Naturalidad jurídica y régimen tributario», en Estudios financieros. Revista de
contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 261, 2004, págs. 69 y 70.
(arts. 40 y 41 del RDL 2/2008 y 564-1 CCC) constituyen ejemplos en
los que el legislador ya ha fraccionado la propiedad. Además, sería
suficiente con que el legislador respetara el resto del contenido esencial
del derecho (por ejemplo, las facultades de disfrute o disposición) para
fraccionar el dominio sobre la base de su función social 16170.
c) Que esta modalidad de propiedad podría provocar un vacío de las facultades del propietario original al pasar a tener el nuevo propietario el uso
exclusivo de la vivienda. Sin embargo, el propietario original mantiene
las siguientes facultades: 1) disposición de su cuota; 2) disfrute de su
cuota, percibiendo una renta del nuevo propietario; y 3) recuperación
de la plena propiedad mediante el ejercicio de los derechos de tanteo
y retracto legales. Todas estas facultades demuestran que el derecho
del propietario original tiene un contenido económico y, por lo tanto,
que su propiedad no queda completamente vacía. Además, y como ya
se ha dicho, nuestro ordenamiento jurídico ya admite situaciones en
las que el derecho de propiedad se encuentra incluso más disminuido.
Nos referimos a los derechos de los inversores en fondos de inversión
colectiva de carácter financiero, en fondos de inversión inmobiliaria y
en fondos de pensiones.
d) Y, por último, tenemos un posible problema derivado de la elasticidad,
es decir, que se podría predicar cierta imposibilidad de que el nuevo
propietario fuese, a la vez, propietario e inquilino (consolidación). A
ello, pueden argumentársele dos cuestiones: primera, que no es propietario e inquilino de la misma cuota del inmueble, sino que es propietario
de la cuota que ha adquirido (y que habrá financiado, posiblemente,
mediante un préstamo hipotecario) e inquilino de la que le queda por
adquirir; y la segunda, que en el caso de considerarse que ambas posiciones recaen sobre un mismo inmueble, no sería la primera vez que
en nuestro derecho dos derechos que recaen sobre la misma persona
sobre el mismo objeto no se extingue uno de ellos por consolidación,
como ha venido sucediendo con el derecho real de aprovechamiento
por turnos en el periodo entre su inscripción registral y su transmisión
a terceros 167171 (art. 4.1 y 3 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre
derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso
turístico y normas tributarias 168172, hoy en RDL 8/2012, de 16 de marzo,
de contratos de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico,
Sobre ello, vid. infra.
Verlo en Simón Moreno, Héctor, La optimización de la hipoteca española desde
la perspectiva europea, Barcelona, 2011, Ed. Bosch, pág. 181, quien aporta algunos otros
ejemplos en sede de servidumbre y usufructo en Derecho Civil catalán.
BOE de 16-12-1998, núm. 300, pág. 42076.
de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa
y de intercambio 169173).
1. La dicotomía propiedad-alquiler se ha revelado insuficiente para garantizar el acceso a la vivienda de las familias españolas en las condiciones del artículo 47 CE: el pleno dominio puede llevar en ocasiones
al sobreendeudamiento familiar; el mercado de alquiler sigue estando
infradesarrollado, poco vertebrado y no profesionalizado. Entre ambas
formas de tenencia debería introducirse una regulación de naturaleza
civil —con sus posibles adaptaciones para promover vivienda social con
esta forma de tenencia— de las denominadas «tenencias intermedias».
2. Las tenencias intermedias «tradicionales», como el uso, la habitación,
la enfiteusis, el arrendamiento con opción de compra, etc., se han mostrado ineficaces para crear un tercer mercado de tenencias alternativo
a la propiedad y el alquiler, de manera que es necesario desarrollar
legislativamente nuevas formas que, superando los derechos reales o
los contratos, se basen en el fraccionamiento del dominio, tanto en su
adquisición progresiva (propiedad compartida) como en su temporalidad
(propiedad temporal).
3. En esta línea, las tenencias intermedias aquí acuñadas, que se vienen
desarrollando en Inglaterra desde los años ochenta, gracias al impulso
de las housing associations, combinan la seguridad en la tenencia (por
la condición de propietario del necesitado de vivienda), con la asequibilidad (necesariamente debe valer menos una vivienda por veinte años
que una vivienda para siempre; o un 20 por 100 de la vivienda que
directamente el 100 por 100 de la misma) y la flexibilidad (diversas
posibles duraciones, escalar o disminuir, posible enajenación de la parte
consolidada o durante el tiempo de la tenencia, posibilidad de combinar
propiedad temporal con propiedad compartida, etc.), posibilitando con
ello un continuum en el modo de acceder a la vivienda.
4. Tanto la propiedad temporal como la compartida necesitan un desarrollo
legal ad hoc, que bien puede basarse en los objetivos y configuraciones
que aquí hemos propuesto. No obstante, dicha regulación debe pasar necesariamente por el fraccionamiento del dominio, lo que aparentemente
puede contrastar con cómo se ha venido entendiendo la propiedad en
España en base a los artículos 348 del CC y 33 CE.
BOE de 17-3-2012, núm. 66, pág. 24332.
5. El derecho de propiedad regulado en el artículo 33 CE contiene una
doble vertiente: una constitucional y otra individual, como derecho
subjetivo. La vertiente institucional supone que la propiedad privada
es un pilar del contexto socio-económico que prevé la CE junto con la
libertad y la dignidad; mientras que la vertiente individual consiste en
el contenido esencial del derecho, es decir, en una serie de facultades
mínimas (usar, disfrutar y disponer) que también podemos encontrar en
textos supranacionales (como en la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea), sin las cuales la propiedad no podría servir a
la finalidad económica que prevé la CE. El legislador, a la hora de
regular la propiedad compartida y la propiedad temporal, deberá tener
en cuenta ambas vertientes.
6. El contenido esencial del derecho no es un núcleo indisponible sino
que es un concepto autónomo que sirve al legislador como criterio
de valoración a la hora de aplicar el principio de proporcionalidad y
delimitar así el dominio. Esta limitación tendría su justificación en el
artículo 33.2 CE, que contempla la función social de la propiedad.
7. El legislador puede fragmentar la propiedad y regular tanto la propiedad
temporal como la propiedad compartida con base en la función social
de la propiedad, y ello con independencia de si se considera que la
perpetuidad y/o la unidad del dominio forman parte de su contenido
esencial. De hecho, encontramos numerosos ejemplos en nuestra legislación que demuestran que el legislador ya ha establecido excepciones
a dichas características, como la “propiedad superficiaria”, la fiduciaria,
propiedad intelectual, enfiteusis, reserva de dominio, donaciones con
condición resolutoria o cláusula de reversión, etc.
Figura 1. El continuum y las tenencias intermedias.
Tabla 1. Comparativa entre el derecho de superficie modelo Barcelona
2009 con el objetivo ideal de las tenencias intermedias. Fuente: elaboración
Tabla 2. Objetivos de las políticas de vivienda en relación con la propiedad
compartida y la propiedad temporal. Fuente: elaboración propia.
Lista de jurisprudencia
• STJCE de 29 de enero de 2008 (TJCE 2008/11).
• STEDH de 30 de agosto de 2007 (JUR 2007/252568). Caso J. A. Pye (Oxford)
Ltd i J.A. Pye (Oxford) Land Ltd contra Reino Unido.
• STJCE de 13 de marzo de 2007 (TJCE 2007/58).
• STC 112/2006, de 5 de abril (RTC 2006/112).
• STS de 24 de octubre de 2005 (RJ 2005/8285).
• STJCE de 12 de julio de 2005 (TJCE 2005/219).
• STS de 26 de julio de 2004 (RJ 2004/6633).
• SAP de las Islas Baleares de 23 de junio de 2004 (JUR 2004/187687).
• STS de 26 de abril de 2001 (RJ 2001/2037).
• STJCE de 13 de abril de 2000 (TJCE 2000/80).
• STS de 3 de julio de 1998 (RJ 1998/5123).
• ATC 134/1995, de 9 de mayo (RTC 1995/134).
• STC 50/1995, de 23 de febrero (RTC 1995/50).
• STJCE de 13 de diciembre de 1994 (TJCE 1994/200).
• STC 215/1994, de 14 de julio (RTC 1994/215).
• STC 89/1994, de 17 de marzo (RTC 1994/89).
• STS de 27 de junio de 1991 (RJ 1991/9821).
• STJCE de 13 de noviembre de 1990 (TJCE 1991/80).
• STC 120/1990, de 27 de junio (RTC 1990/120).
• STJCE de 11 de julio de 1989 (TJCE 1990/16).
• STC de 29 de noviembre de 1988 (RTC 1988/227).
• STS 19 de mayo de 1989 (RJ 1989/3780).
• STS 8 de marzo de 1988 (RJ 1988/1607).
• STC 37/1987, de 26 de marzo (RTC 1987/37).
• STC 111/1983, de 2 de diciembre (RTC 1983/111).
• STC 37/1981, de 16 de noviembre (RTC 1981/37).
• STC 11/1981, de 8 de abril (RTC 1981/11).
• STEDH de 13 de junio de 1979 (TEDH 1979/2). Caso Marckx contra Bélgica.
• STS de 3 de julio de 1941.
• STS de 4 de julio de 1928.
Lista de legislación
• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del alquiler
de viviendas (BOE de 6 de junio de 2013, núm. 134, pág. 42244).
• Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento
por turnos de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacioRevista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 739, págs. 3063 a 3122
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En el presente trabajo se analizan vías
alternativas para superar los problemas
que actualmente presenta la dicotomía vivienda en propiedad-vivienda en alquiler.
Efectivamente, ambas formas de tenencia
inmobiliaria se han revelado insuficientes
para garantizar el acceso de los ciudadanos
a una vivienda digna, con lo que se hace
necesaria la búsqueda de nuevas formas de
tenencia que permitan crear un auténtico
tercer mercado de vivienda. Estamos hablando de la propiedad compartida y de la
propiedad temporal, que están basadas en
el esquema inglés de la shared ownership
y del leasehold, y que parten de la necesidad del fraccionamiento del dominio, en
el tiempo y en su adquisición progresiva.
Por ello, estas tenencias intermedias entre
This paper looks at alternative ways
of dealing with the problems posed these
days by the dichotomy between owning
and renting a home. Both paths have certainly turned out to fall short of ensuring
citizens’ access to decent housing. New
forms of householding need to be found
so that a real third housing market can be
created. We are talking about shared ownership and temporary ownership, which
are based on English law’s shared ownership and leaseholds, all of which can be
traced to the need to break up ownership
over time and over progressive stages of
acquisition. This hybrid halfway between
owning and renting could therefore pose
problems, in view of the dogmatic way
traditional property ownership is set up
el dominio y el alquiler podrían plantear
problemas con la configuración dogmática
de la propiedad tradicional en nuestro sistema, principalmente con su perpetuidad y
unidad, de acuerdo con el artículo 348 del
Código Civil y también debe analizarse su
constitucionalidad conforme al artículo 33
de la Constitución Española. En definitiva, el presente trabajo propone fórmulas
alternativas que constituyan un continuum
entre el alquiler y el pleno dominio, ya que
combinan flexibilidad, estabilidad y asequibilidad, facilitando así el acceso a una
vivienda, demostrando su compatibilidad
tanto civil como constitucional.
in our system (the primary stumbling
blocks being the perpetuity and unity of
property under article 348 of the Spanish
Civil Code). The constitutionality of such
changes pursuant to article 33 of the Spanish Constitution needs to be looked at also.
In short, this paper proposes alternative
formulae that range over a continuum between rental and full ownership. They combine flexibility, stability and affordability,
thus facilitating access to housing. Their
compatibility with both civil and constitutional law is demonstrated.
(Trabajo recibido el 24-9-2012 y aceptado
para su publicación el 31-7-2013)
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Ivana De Leon
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