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Timestamp: 2020-07-13 02:11:54
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Una opción legítima por la igualdad – Aplicaciones educativas
Publicado porForo Independiente de Opinión 6, octubre, 2007 14, enero, 2016 Publicado en E. diferenciada
La libertad de enseñanza está reconocida por el artículo 27 de la Constitución española como un derecho fundamental que ha de ser interpretado, de acuerdo con el artículo 10.2 de nuestra ley fundamental, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
En relación con la educación diferenciada, el art. 2 de la Convención de la UNESCO de 14 de diciembre relativa a la lucha contra las discriminaciones en materia de enseñanza, señala que no es discriminatorio mantener centros de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o centros ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, de locales escolares y de un equipamiento de igual calidad, y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes. La plena vigencia de este artículo fue recordada en 1999 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
El artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 indica que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que se dará a sus hijos.
Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea redactada en Niza en diciembre de 2000, en su artículo 14, después de reconocer el derecho a la educación y a recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria, consagra la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
En la legislación española, la LODE, Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de 1985, indica que los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos (art. 22.1). La escolarización diferenciación es, en consecuencia, plenamente legítima, y así lo ha reconocido la jurisprudencia. La Audiencia Nacional, en sentencia de 20 de diciembre de 1999, señala: el hecho de que en un centro docente se impartan enseñanzas sólo a niños o sólo a niñas, no puede considerarse que suponga una discriminación por razón de sexo desde el momento en que los padres o tutores pueden elegir, dentro de un entorno gratuito de enseñanza, entre los diversos centros existentes en un determinado territorio.
Con anterioridad, en 1981, el Tribunal Constitucional había ya dejado claro que el artículo 14 de la Constitución no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades: la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Y la sentencia de 27 de junio de 1985 reconoce que el derecho de los padres a elegir centro docente forma parte del núcleo o contenido esencial del derecho a la educación, reconocido por la legislación española y los pactos internacionales suscritos por España. Al tiempo señala la legitimidad de los diferentes enfoques pedagógicos y organizativos en los centros de enseñanza, porque el término “carácter propio” no supone forzosamente que haya de interpretarse en todo caso como limitado a aspectos morales y religiosos, excluyendo cualquier otro aspecto.
Por tanto, el pluralismo educativo está garantizado jurídicamente en España y en los países de nuestro entorno europeo. Un colegio puede ofrecer dentro de su carácter propio la educación diferenciada, y los padres tienen el derecho a escoger ese tipo de escolarización si la consideran preferible.
La Constitución Española, en su artículo 27.2, indica que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y ese desarrollo puede ser entendido y atendido de forma diferente por los padres, según sus convicciones. La Constitución sólo señala un límite al carácter propio de un centro: el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2). En todo lo demás, hay que respetar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y el de los titulares de los centros a ofrecer un determinado modelo de escuela.
Los poderes públicos deben asegurar que todos los padres pueden elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos. Y garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, con independencia del modelo de organización escolar que hayan escogido.
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