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Timestamp: 2019-09-23 05:31:51
Document Index: 386349110

Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 849', 'ARTÍCULO 849', 'ARTÍCULO 142', 'ARTÍCULO 849', 'ARTÍCULO 139', 'ARTÍCULO 849', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 849', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 849', 'ARTÍCULO 66', 'artículo 219', 'artículo 54', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 340', 'artículo 507', 'artículo 310', 'artículo 708', 'artículo 54', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 5', 'artículo 852', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 846', 'artículo 874', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 139', 'artículo 142', 'artículo 849', 'artículo 139', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 20', 'artículo 849']

STS 450/2017, 21 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 690746061
STS 450/2017, 21 de Junio de 2017
Número de Recurso: 10055/2017
Esta sala ha visto el recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, interpuesto por la representación del acusado D. Augusto Geronimo contra Sentencia núm. 415/2016, de fecha 15 de junio , pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, constituido en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia. La Sentencia apelada se dictó en la Causa núm. 73/2016 seguida por los trámites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado y dimanante del Procedimiento de la Ley del Jurado núm. 1/2014, instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de los de Catarroja; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Isabel Covadonga Julia Corujo, y asistido de Letrado Sr. D. Francisco Javier Boix Reig, y como parte recurrida El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular en nombre de Alfonso Cesareo representada por la Procuradora Sra. Beatriz González Rivero, y asistida de letrado D. Abraham Castro Moreno. En el análisis del motivo quinto del recurso asume la ponencia el Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, emitiéndose por el Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Voto Particular.
Seguido por la Audiencia Provincial de Valencia, el procedimiento del Tribunal del Jurado, dimanante de la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Catarroja, bajo el nº 1/2014 de Ley de Jurado, se dictó sentencia con fecha 3 de diciembre de 2.015, que contiene los siguientes Hechos Probados :
Son HECHOS PROBADOS: EL TRIBUNAL DEL JURADO HA EMITIDO VEREDICTO, DECLARANDO PROBADOS LOS SIGUIENTES HECHOS: En la mañana del día 9 de Marzo de 2015 el acusado Augusto Geronimo coincidió con Ildefonso Faustino en los locales "Jardines de Venecia" de Albal donde se celebraba una fiesta de cumpleaños.
En una hora no concretada, durante la mañana, y en el interior del local Augusto Geronimo , golpeó a Ildefonso Faustino en la cara, por lo que fue expulsado por Cecilio Severino , Policial Nacional fuera de servicio que asistía a la fiesta.
Algo después, sobre las 14,30 horas aproximadamente, Ildefonso Faustino salió también del local, y a un centenar de metros en dirección hacia Beniparell divisó a Augusto Geronimo entablándose entre ambos una discusión con cruce de golpes, en el curso de la cual, Ildefonso Faustino acabo en el suelo, y Augusto Geronimo , que ha practicado boxeo y jiu-jitsu, con intención de matarlo, o al menos consciente de que ponía en peligro su vida y aceptando dicho resultado, se colocó a horcajadas sobre el cuerpo de Ildefonso Faustino y continuó golpeándolo hasta dejarlo inconsciente.
Pese a saberlo ya inconsciente, y sin posibilidad de defensa, Augusto Geronimo , siguió golpeándole en el rostro con los puños y estampando varias veces su cabeza contra el suelo de modo extraordinariamente violento hasta que se levantó y se marchó desplazándose andando hasta el Tanatorio de Catarroja.
A consecuencia de los golpes Ildefonso Faustino sufrió diversas heridas en cuello, cara y cráneo que se resumen en un traumatismo cráneo encefálico facial que le produjo un hematoma subdural derecho, edema con herniación encefálica y dislaceracion tisular encefálica. Todo ello le causo la muerte cerebral y por parada cardíaca, falleciendo días después a las 10,30 horas del día 18 de Marzo en el Hospital La Fe, donde había sido trasladado y tratado.
El tratamiento de Ildefonso Faustino supuso unos gastos por importe de 8.990,40 euros que reclama la Generalidad Valenciana.
Ildefonso Faustino era soltero, sin hijos, convivía con sus padres Teofilo Primitivo y Delia Palmira y tiene un hermano mayor, Alfonso Cesareo , con quien no convivía.
Augusto Geronimo en el momento de los hechos llevaba toda la noche sin dormir, pues estaba de fiesta desde las 21 horas del día anterior, 8 de Marzo, consumiendo bebidas alcohólicas cuya composición y cantidad no se han determinado, pero que necesariamente disminuyeron su voluntad y capacidad para calibrar el alcance de sus actos y para comprenderlos.
Ildefonso Faustino esa noche había consumido cannabis y éxtasis y una cantidad indeterminada de alcohol.
Augusto Geronimo es culpable de haber dado muerte intencionadamente a Ildefonso Faustino .
Por el contrario, EL TRIBUNAL DEL JURADO HA ESTIMADO QUE NO HA QUEDADO PROBADO QUE:
Ildefonso Faustino cuando alcanzo al acusado lo golpeo propinándole patadas haciéndole caer al suelo de espaldas y colocándose sobre el continuo golpeándole logrando el acusado revolverse desde la posición en que se encontraba y poniéndose encima de Ildefonso Faustino lo golpeo repetidamente sin ser consciente del estado del mismo ni representarse que podía causarle la muerte.
Augusto Geronimo en el momento de los hechos llevaba toda la noche sin dormir pues estaba de fiesta desde las 21 horas del día anterior, 8 de marzo, consumiendo bebidas alcohólicas cuya composición y cantidad no se han determinado pero que eliminaron o anularon completamente su voluntad y capacidad para calibrar el alcance de sus actos y para comprenderlos.
Augusto Geronimo en el momento de los hechos llevaba toda la noche sin dormir pues estaba de fiesta desde las 21 horas del día anterior, 8 de marzo, consumiendo bebidas alcohólicas cuya composición y cantidad no se han determinado pero que redujeron de forma muy importante su voluntad y capacidad para calibrar el alcance de sus actos y para comprenderlos.
Augusto Geronimo padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad desde la infancia que en la edad adulta le genera una fuerte impulsividad que afecta a sus funciones ejecutiva o capacidad de controlarse ante situaciones de estrés, anulándolas completamente.
Augusto Geronimo , ante las patadas que le propinaba Ildefonso Faustino hasta hacerlo caer de espaldas y colocarse sobre él, con la única intención de defenderse, se revolvió hasta colocarse sobre Ildefonso Faustino golpeándolo repetidamente hasta causarle las lesiones antes descritas y que le causaron finalmente la muerte.
Augusto Geronimo es culpable de haber golpeado a Ildefonso Faustino con intención de causar lesiones pero sin que nunca pudiera representarse la posibilidad de causarle la muerte, en su conducta a una reacción motivada por la ingesta de alcohol y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad que padece.
FALLAMOS: LA SALA ACUERDA: PRIMERO.- Condeno a Augusto Geronimo como autor de un delito de asesinato, descrito en el articulo 139.1º del Código Penal , concurriendo la circunstancia atenuante análoga a la intoxicación etílica semiplena a la pena de DIECISIETE AÑOS de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de la condena.
SEGUNDO.-Condeno a Augusto Geronimo a indemnizar como compensación económica por daño moral a cada uno de los padres de Ildefonso Faustino en la cantidad de 100.000 euros, cantidad que devengará, desde la fecha de esta sentencia el interés procesal previsto en el artículo 576.1 LEC .
TERCERO.- Condeno a Augusto Geronimo al abono de las costas procesales.
CUARTO.- Abónese para el cumplimiento de la pena de prisión la totalidad del tiempo de privación de libertad sufrido por el condenado en esta causa.
Con fecha 22 de junio de 2.016 se dictó Auto Aclaratorio, constatando que se omitió en el apartado segundo de su Parte Dispositiva: Se rectifica de oficio la Sentencia núm. 415/16 de fecha 15/06/16 en el sentido de incluir en el segundo apartado de su Parte Dispositiva: Condenar al acusado también a indemnizar a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 8990'40 euros y suprimir del segundo Antecedente de Hecho la expresión la hija la matrimonio en la suma de 200.000 euros
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el acusado D. Augusto Geronimo dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia con fecha 23 de diciembre de 2016 , cuya Parte Dispositiva es la siguiente:
FALLAMOS: LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA, DIJO : No ha lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Augusto Geronimo contra la Sentencia número 415/2016, de fecha 15 de junio , pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia en la Causa núm. 1/2016, la cual se confirma íntegramente. Con la imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, por la representación del acusado D. Augusto Geronimo , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
El recurso interpuesto por la representación del acusado D. Augusto Geronimo , lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.-AL AMPARO DEL ARTÍCULO 5. 4º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DENUNCIA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24. 1 º Y 2º DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA .
Segundo.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 5. 4 DE LA LECRIM DENUNCIA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24. 2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA . ENTIENDE QUE NO ESTÁ PROBADO EL DOLO.
Tercero.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849. 2º DE LA LECRIM DENUNCIA ERROR DERECHO.
Cuarto.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849. 1º LA LECRIM DENUNCIA INFRACCIÓN DE LEY DEL ARTÍCULO 142. 1 DEL CÓDIGO PENAL .
Quinto.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849. 1º DE LA LECRIM DENUNCIA INFRACCIÓN DE LEY DEL ARTÍCULO 139. 1º DEL CÓDIGO PENAL
Sexto.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849. 1º DE LA LECRIM DENUNCIA INFRACCIÓN DE LEY DEL ARTÍCULO 21. 1º EN RELACIÓN CON EL ART 20.4 DEL CÓDIGO PENAL .
Séptimo.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849. 1º DE LA LECRIM DENUNCIA INFRACCIÓN DE LEY DEL NÚMERO UNO DEL ARTÍCULO 21 EN RELACIÓN CON EL NÚMERO UNO DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO PENAL .
Octavo.- AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849. 1º DE LA LECRIM DENUNCIA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 66. 1. 2ª.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, solicitó la inadmisión del recurso y subsidiariamente su desestimación quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera,.
Por Providencia de esta Sala se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día seis de junio de dos mil diecisiete.
Recurso interpuesto por Augusto Geronimo
El motivo primero por infracción de precepto constitucional al amparo de los artículos 5.4 LOPJ y 852 LECrim , por cuanto se ha vulnerado en el presente procedimiento el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la defensa.
Denuncian la ausencia de la indebida imparcialidad objetiva en la actuación de la Magistrada-Presidente durante el juicio oral y en las instrucciones impartidas al Jurado, ausencia de imparcialidad que ha influido de forma patente en la valoración de la prueba realizada por los miembros del Jurado como consecuencia de aquellas observaciones realizadas por la Magistrada-Presidente del Tribunal Jurado durante la práctica de la prueba, y por las instrucciones impartidas por la misma al Jurado.
Estima, además que las manifestaciones que se realizan en la sentencia de la Sala Civil y Penal del en Tribunal Superior de Justicia sobre qué lo que se discute es la imparcialidad subjetiva de la Magistrada-Presidente, y no la objetiva y que por ello debió procederse a la recusación de la misma, carece de fundamento, dado que lo que se discute es su imparcialidad objetiva, derivada de su actuación en el ámbito del proceso y no su imparcialidad subjetiva, moviéndonos en el ámbito de la apariencia de su actuación como objetivamente parcial, lo que no tiene que ser con ninguna de las causas de recusación contenidas en el artículo 219 LOPJ , al que se refiere el artículo 54 LECrim ,
Hemos indicado- SSTS 79/2014 de 18 febrero , 766/2014 de 27 noviembre y 315/2016 de 14 abril -, que el desarrollo a un proceso con todas las garantías proclamado en el artículo 24.2 CE , comprende el derecho a un Juez o Tribunal imparcial y al propio tiempo configura un derecho fundamental implícito en el derecho al Juez legal proclamado en el mismo artículo 24.2 CE .
La imparcialidad y objetividad del Tribunal aparece, entonces, no solo como una exigencia básica del proceso debido ( STC. 60/95 de 17.3 ) derivada de la exigencia constitucional de actuar únicamente sometidos al imperio de la Ley ( art. 117 CE ) como nota esencial característica de la función jurisdiccional desempeñada por los Jueces y Tribunales ( SSTC. 133/87 de 21.7 ; 150/89 de 25.9 ; 111/93 de 25.3 ; 137/97 de 21.7 y 162/99 de 27.9 ), sino que además se erige en garantía fundamental de la Administración de Justicia propia de un Estado Social y democrático de Derecho ( art. 1.1 CE ), que está dirigida a asegurar que la razón última de la decisión jurisdiccional que se adopta sea conforme al ordenamiento jurídico y se dicte por un tercero ajeno tanto a los intereses en litigio como a sus titulares ( SSTC. 299/94 de 14.11 , 162/99 de 27.9 ; 154/2001 de 2.7 ).
Consecuentemente el art. 24.2 CE , acorde con lo dispuesto en el art. 6 del Convenio Europeo para Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio, de tal modo que la imparcialidad judicial constituye una garantía procesal que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional ( STC. 151/2000 de 12.6 ). Por este motivo la obligación del Juzgador de no ser "Juez y parte", ni "Juez de la propia causa", supone, de un lado, que el Juez no pueda asumir procesalmente funciones de parte, y de otro, que no pueda realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en su contra. En tal sentido la jurisprudencia viene distinguiendo entre una "imparcialidad subjetiva", que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes y una "imparcialidad objetiva", es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidenci y, por tanto, que se acerca al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo ( SSTC. 47/98 de 2.3 ; 11/2000 de 27.1 ; 52/2001 de 26.2 ; 153/2002 de 22.7 ; y SSTS. 1493/99 de 21.12 ; 2181/2001 de 22.11 ; 1431/2003 de 1.11 ; 70/2004 de 20.1 ; 1167/2004 de 22.10 ).
La STC. 149/2013 , recuerda las líneas fundamentales de la doctrina sobre el derecho a un Juez imparcial:
Asimismo el TEDH ha destacado la imparcialidad del juzgador como una de las garantías fundamentales a un proceso justo; y así en Pereria da Silva c. Portugal de 22 de marzo de 2016, el Tribunal recuerda que es de fundamental importancia que los tribunales en una sociedad democrática inspiren confianza ( Padovani c Italia, 26 de febrero de 1993, § 27) y en cuanto a la imparcialidad en el sentido del artículo 6.1 del Convenio, se pone a prueba en una doble dimensión: la primera para tratar de determinar la convicción personal de un juez en particular en un asunto determinado; y la segunda para comprobar si hay garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima al respecto ( Gautrin y otros c. Francia, 20 de mayo de 1998, § 58). Si bien precisa con cita de Padovani c. Italia, § 26, que en cuanto al primer aspecto, el subjetivo, la imparcialidad de un juez se presume hasta que se pruebe lo contrario (§ 49); presunción constantemente reiterada en la jurisprudencia del TEDH (entre otras muchas: Debled c. Bélgica, 22 Septiembre de 1994 , § 37; Ekeberg y otros c. Noruega, de 31 de julio de 2007 , § 32; Frankowicz c. Polonia, 16 Diciembre de 2008 , § 63; Micallef c. Malta[GC], 15 de octubre de 2009, § 94 ; Morice c. Francia [GC], 23 de abril de 2015, § 74 ; A.K. v. Liechtenstein, 7 de julio de 2015 § 66 ; ó Kristiansen c. Noruega, 17 de diciembre de 2015 , § 49).
Estas consideraciones pueden ser aplicables al procedimiento del Jurado. Así sobre esta cuestión las SSTS 615/2010 del 17 junio y 72/2014 de 29 enero , contienen unas consideraciones genéricas que sirven de perfecto preámbulo a lo que hemos de examinar "... carecería de sentido incluye entre las notas definitorias de nuestro sistema procesal el silencio del órgano decisorio, su resignada abstención frente a las incidencias que puedan acaecer a lo largo de la práctica de todos y cada uno de los actos procesales que integran el plenario. Esta idea es todavía mucho más evidente cuando se trata, como en el presente caso, del Tribunal del Jurado, en el que la imparcialidad del Magistrado-Presidente no es desde luego, compatible con el decisivo espacio funcional que la LO 5/95 de 22 mayo, reserva a aquel ( artículos 49 , 52 y 54 LOTJ ).
La importancia de que el veredicto sea exclusivamente el desenlace de una deliberación autónoma, imparcial, carente de cualquier forma de dirigismo o inaceptable tutela por parte del Magistrado-Presidente, forma parte de la esencia misma del procedimiento del Tribunal del Jurado ( art. 54.3 LOTJ y 846 bis c) a), ap. 2, LECrim). El Magistrado-Presidente no puede sentirse tentado a iluminar el camino del Jurado hacia su propia verdad. Entre sus funciones no se incluye la de apartar a los ciudadanos del riesgo de una conclusión contraria a las inferencias valorativas que él, como Juez técnico, haya podido suscribir a la vista del resultado de la actividad probatoria desplegada por las partes. El Magistrado- Presidente, en fin, no puede identificar su función con la de un Juez técnico llamado a equilibrar el debate, ya sea reforzando con sus complementos argumentales las deficiencias dialécticas del Fiscal, ya sea poniendo de manifiesto a los jurados las insuficiencias de cualquier estrategia defensiva".
Actuaciones de la Magistrada-Presidente durante la práctica de la prueba. Que el motivo concreta en el interrogatorio del acusado llevado a cabo por la defensa al inadmitir preguntas sobre extremos de un escrito presentado por aquel que ponía de relieve ciertas irregularidades de los médicos forenses y las entrevistas previas que le hicieron en el informe que emitieron sobre la existencia de enfermedades o trastornos mentales en el mismo; también en el diferente tratamiento dado a los testigos de la acusación y de la defensa, diferencia de trato en la lectura de los derechos en cuanto a su duración y en la forma en que se llevó a cabo su interrogatorio, en concreto Porfirio Edemiro , Bernardino Alexis , y Alexander Sergio .
El desarrollo de esta queja hace necesario efectuar una doble reflexión sobre la naturaleza del recurso de casación en relación a los juicios competencia del Tribunal del Jurado.
La primera, como hemos declarado en SSTS, 438/2012 de 18 mayo , 838/2014 de 12 diciembre , 40/2015 de 12 febrero , 497/2016 del 9 junio , 240/2017 de 5 abril que, en sus orígenes históricos, la casación no era sino un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los Tribunales, a efectuar por el Tribunal de Casación que en funciones de verdadera "policía jurídica" depuraba y eliminaba aquellas resoluciones judiciales que se apartaban de la interpretación correcta fijada, precisamente, por la Sala de Casación, que de este modo se convertía en garante y custodio del principio de seguridad jurídica, esencial en todo sistema jurídico y al que se refiere el art. 9 apartado 3 de la Constitución en términos de existencia y de efectividad "....la Constitución garantiza.... la seguridad jurídica...." de ahí su naturaleza de recurso extraordinario. Con ello se garantizaba, igualmente el principio de igualdad ante la Ley, pues quedaba garantizada una idéntica interpretación y aplicación de la misma en todos los procesos.
Es precisamente en referencia a los juicios del Tribunal del Jurado que esa nota brilla con luz propia en la medida que la casación descansa sobre el recurso de apelación , al contrario de lo que ocurre en los delitos competencia de las Audiencias articuladas sobre la instancia única y la casación, bien que esta supla y cumpla con la exigencia de una segunda instancia tal como exige el art. 14-5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 ratificado por España el 16 de junio de 1977 en la medida que, como afirman las SSTC 42/82 , 76/86 , 110/85 y 140/85 , se permite a través de la Casación que el fallo condenatorio y la pena puedan ser revisados por un Tribunal Superior, y en idéntico sentido Sentencia de esta Sala 325/98 o la más reciente 90/2007, así como las referencias jurisprudenciales en ellas citadas. Más recientemente las SSTC 105/03 de 2 de Junio y 116/2006 de 24 de Abril , vuelven a reiterar la suficiencia del recurso de casación español desde las exigencias del art. 14-5 de PID Civiles y Políticos.
En acatamiento estricto al principio de doble instancia reconocido en el Pacto Internacional citado, y también en el Protocolo VII al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 22 de Noviembre de 1984, se articula en la Ley del Jurado un recurso de apelación que en palabras de la Exposición de Motivos "....aspira a colmar el derecho al doble examen o doble instancia en tanto su régimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un Tribunal Superior...." , lo que permite resituar la casación en su propia función de control de la interpretación y aplicación de la Ley --principio de legalidad y seguridad jurídica.
Como segunda reflexión , enlazada con la anterior hay que reconocer, y así se ha dicho en varias sentencias de esta Sala --SSTS 439/2000 , 678/2008 , 867/2004 ó 1215/2003 , que en este control casacional cabe la revisión de los juicios de inferencia que haya alcanzado el Jurado, pero solo a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado y valorado el Tribunal de apelación en el caso de que esta cuestión haya dado lugar a un motivo sustentador del previo recurso de apelación, de suerte que, en definitiva el ámbito del control casacional en esta cuestión se debe efectuar sobre la ponderación y argumentación que sobre esta cuestión haya llegado el Tribunal de apelación en respuesta a las alegaciones del apelante para coincidir o no con tales argumentaciones y con la conclusión a que se llega. Esto es, se debe insistir en que él recurso de casación lo es contra la sentencia dictada en apelación, es decir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de fecha 23 diciembre 2016 , por lo que nuestro control debe reducirse a las argumentaciones de la sentencia de apelación para rechazar la apelación que se reproduce en esta sede casacional. Estamos en consecuencia, ante un control de legalidad, es decir de la corrección de la apreciación del derecho que efectuó el tribunal de apelación, ya que esta casación descansa sobre la previa sentencia de apelación.
Pues bien en el caso que nos ocupa esta queja del recurrente fue articulada en el previo recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal del Jurado y desestimada por la sentencia del Tribunal Superior Justicia, fundamento de derecho tercero, con argumentos que deben ser asumidos en su totalidad.
En efecto necesariamente hemos de partir de que él TEDH admite que una limitada iniciativa probatoria por parte del Tribunal no conlleva necesariamente un quebranto del derecho a un proceso equitativo; y así en sentencia de 6 de diciembre de 1998, asunto Barberá, Messegué y Jabardó contra España: Procede señalar, en primer lugar, que aunque la legislación española deja a las partes una cierta iniciativa para proponer y presentar pruebas, eso no dispensa al tribunal de instancia de asegurar el respeto a las exigencias del artículo 6 del Convenio en la materia (ver especialmente, mutatis mutandis, la sentencia Goddi de 9 de abril de 1984 ). Además, los artículos 315 y 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilitan tanto al juez de instrucción como al Tribunal para procurarse las pruebas que estimen útiles para comprobar la verdad (§ 75) .
Paralelamente, se encuentran facultades similares de iniciativa probatoria judicial en el derecho comparado europeo, como es el caso del parágrafo 244.2 del STPO alemán, el artículo 340 del Código do Processo Penal portugués, el artículo 507 del Codice di Procedura Penale italiano o el artículo 310 del Code de procédure pénale francés.
De igual modo, la jurisprudencia constitucional, admite ampliamente la posibilidad del tribunal de acudir a dicha iniciativa probatoria; y así las SSTC 188/2000 , 130/2002 , 229/2003 y la 123/2005; resolución esta última de 12 de mayo de 2005 , que expresa: en relación con la iniciativa probatoria de oficio por parte de los órganos judiciales penales, se ha reiterado recientemente en la STC 229/2003, de 18 de diciembre , FJ 14, que si bien "la garantía de la imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta. Sin embargo, esto no significa que el Juez tenga constitucionalmente vedada toda actividad procesal de impulso probatorio, por ejemplo, respecto de los hechos objeto de los escritos de calificación o como complemento para contrastar o verificar la fiabilidad de las pruebas de los hechos propuestos por las partes. En efecto, la excepcional facultad judicial de proponer la práctica de pruebas, prevista legalmente en el art. 729.2 LECr , no puede considerarse per se lesiva de los derechos constitucionales alegados, pues esta disposición sirve al designio de comprobar la certeza de elementos de hecho que permitan al juzgador llegar a formar, con las debidas garantías, el criterio preciso para dictar Sentencia ( art. 741 LECr ), en el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia ( art. 117.3 CE ). Y ello sin perjuicio, claro está, de que no quepa descartar la posibilidad de utilización indebida de la facultad probatoria ex officio judicis prevista en el art. 729.2 LECr , que pudiera llevar a desconocer las exigencias ínsitas en el principio acusatorio. De cualquier manera, para determinar si en el ejercicio de la antedicha facultad de propuesta probatoria el Juez ha ultrapasado los límites del principio acusatorio, con quiebra de la imparcialidad judicial y, eventualmente, del derecho de defensa, es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso concreto" ( STC 188/2000, de 10 de julio , FJ 2; en el mismo sentido STC 130/2002, de 3 de junio , FJ 3).
Esta Sala Segunda por su parte, aunque sin una línea totalmente definida, en su tendencia mayoritaria, desde una matizada posición distingue entre carga de la prueba e impulso probatorio ( STS 1186/2000, de 28 de junio ); mientras la prueba se produce para justificar la pretensión (prueba de cargo) o para desvirtuarla (prueba de descargo), que corresponden al Ministerio Fiscal y a las partes, la iniciativa que al Tribunal atribuye el art. 729 de la LECr puede ser considerada como «prueba sobre la prueba», que no tiene la finalidad de probar hechos favorables o desfavorables, sino de verificar su existencia en el proceso, desde la perspectiva del art. 641 de la LECr por lo que puede considerarse neutral y respetuosa con el principio acusatorio, que impone la carga de la prueba a la acusación.
Ciertamente, la queja en autos, no se vierte sobre una iniciativa en la proposición probatoria, sino sobre la permisividad o denegación de concretas preguntas y la directa realización de preguntas a testigos y peritos; pero la argumentación jurisprudencial sobre la posibilidad de la iniciativa probatoria, posibilita una mejor respuesta a la cuestión planteada, dada la potencial menor incidencia, en la necesaria imparcialidad del juez, de la mera función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, que el superior escalón de la iniciativa probatoria ex novo; de forma que la jurisprudencia no entiende que el art. 708 LECr , quebrante en sí la imparcialidad del juzgador, sino meramente que para salvaguardar ese deber fundamental su uso no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes.
De otra parte, aunque el art. 708 LECr , sólo alude a los testigos, es práctica admitida su extensión, a los acusados; y respecto a la prueba pericial, expresa la reiterada STS 721/2015, de 22 de octubre , que no cabe apreciar pérdida de imparcialidad sobrevenida del Tribunal porque la Presidencia trate de esclarecer una respuesta de los peritos o de solicitarles las aclaraciones necesarias ( art 483 LECr ).
Más concretamente, en cuanto a la relevancia del derecho al juez imparcial en relación a la específica la función del Presiente del Tribunal de dirigir los debates, recuerda la 766/2014, de 27 de noviembre con cita de las SSTS. 31/2011 de 2 de febrero y 79/2014 de 18 de febrero , que ciertamente, la LECr, en una interpretación ajustada a los principios constitucionales, contempla una relativa pasividad del Tribunal encargado del enjuiciamiento; pero ello no impide la dirección del plenario, ni que solicite al acusado o a algún testigo alguna aclaración sobre el contenido de sus declaraciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 708 de la LECr .
De igual modo la STS 721/2015, de 22 de octubre , tras precisar que conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, STC 178/2014, de 3 de noviembre , entre otras, el derecho a la imparcialidad del juzgador constituye una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, que condiciona su propia existencia; y que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional, precisa que la doctrina la imparcialidad, al margen de las garantías institucionales que han de asegurarla, debe constituir un hábito intelectual y moral de quien decide y se concreta en la total ausencia de interés personal o privado en el resultado de la causa: nadie puede ser Juez de su propia causa y por ello nadie puede ser Juez de una causa en la que el resultado le pueda ocasionar un provecho material o moral, más allá de la satisfacción de hacer Justicia.
Tras lo cual expresa: Es cierto que en materia de imparcialidad del Juzgador las apariencias son importantes, ya que lo que está en juego es la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Pero ello no significa que deba primar la subjetividad de una de las partes a la que le resulte suficiente para excluir al Juez predeterminado por la Ley, con levantar unas sospechas carentes de fundamento objetivo, y que no resulten razonables para un observador externo, pues ello conduciría a un sistema de Juez a la carta. En todo caso debe partirse de que en un Estado de Derecho, en el que los Tribunales están organizados sobre la base de un criterio de ajenidad a la causa, la imparcialidad se presume como regla de principio, por lo que es a la parte que alega su ausencia a la que le corresponde acreditar la base fáctica que fundamente su pretensión.
Durante el Juicio el Juez o Presidente del Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, como un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas ( STC 130/2002, de 3 de junio ). Pero neutralidad no equivale a pasividad, por lo que el Juzgador puede, y debe, desempeñar funciones de ordenación del proceso, dirigiendo los debates y cuidando de evitar las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad ( art 683 LECr ), así como de garante de la equidad, el "fair play" y la buena fe entre las partes, evitando durante los interrogatorios las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes ( arts. 709 y 850 4º LECr ).
Asimismo la propia norma procesal faculta al Presidente, por sí o a excitación de los demás componentes del Tribunal, para dirigir a los testigos preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren ( art. 708 LECr ). La práctica y la doctrina jurisprudencial extiende como sujetos pasivos de esta actividad de solicitud de aclaraciones a los acusados ( STS 780/2006, de 3 de julio ), siempre con moderación y prudencia para evitar una actividad inquisitiva encubierta ( STS 538/2008, de 1 de septiembre o STS 31/2011, de 2 de febrero ), y como sujetos activos al Ponente u otro Magistrado ( STS 1164/98, de 6 de octubre ), con autorización del Presidente.
Resolución citada que recuerda que en un juicio oral de naturaleza criminal la labor presidencial no solo es muy relevante, sino que en ocasiones resulta muy compleja, como conocen perfectamente quienes han vivido prolongadamente esa experiencia; que el interrogatorio contradictorio en juicios difíciles como el ahora examinado puede llevar a situaciones muy tensas, que no resultan sencillas de controlar, y que en el ejercicio de su función los letrados pueden en ocasiones realizar preguntas capciosas o sugestivas, que la Presidencia debe legalmente impedir, lo que le obliga a intervenir. En consecuencia, no pueden aislarse las intervenciones presidenciales del conjunto del debate para analizarlas microscópicamente y fuera de contexto, ni evaluarse su imparcialidad en función del número de intervenciones que la Presidencia realice respectivamente en los interrogatorios de la defensa o en los de las acusaciones, pues como enseña la experiencia las pautas de los interrogatorios son diferentes de unos Letrados a otros, y la forma de responder muy distinta en unos y en otros testigos, por lo que la actuación de quien dirige el debate también puede ser diferente respecto de unos u otros.
La STS 205/2016, de 10 de marzo , a la vez que reitera contenido y doctrina de la 721/2015, precisa que dilucidar sobre una pérdida de imparcialidad objetiva por virtud de las preguntas efectuadas desde la Presidencia no es un tema puramente cuantitativo, o aritmético como si hubiese un cupo de preguntas que no se pudiese rebasar. Esa valoración ha de efectuarse ponderando la totalidad de las sesiones del juicio oral y no examinando aisladamente un pasaje u otro. Dos preguntas pueden ser demasiadas cuando eran innecesarias y revelaban un evidente prejuicio. Veinte pueden ser pocas en un interrogatorio en que las partes han superado en mucho el centenar. Se tratará de comprobar si son preguntas que eran pertinentes y se revelaban como necesarias y útiles para esclarecer los hechos y no revelaban prejuicios infundados, sino afán de enjuiciar con fundamento sin dejar flecos sueltos.
Todo ello con independencia, de que efectivamente el Magistrado Presidente, pueda incurrir en extralimitación en esta función de naturaleza tal que conculque el derecho a un juez imparcial; y así, conforme a la recopilación realizada en la STS 766/2014, de 27 de noviembre , lo hemos declarado por la actitud del Presidente del Tribunal que, al constatar que el acusado se acogía a su derecho a guardar silencio, formuló "... toda una batería de preguntas inequívocamente incriminatorias que el acusado respondió afirmativamente" ( STS 291/2005, 2 de marzo ). Idéntico criterio ha sido proclamado por esta Sala cuando el Presidente interrogó al acusado durante diez minutos formulándole más de sesenta preguntas, siendo irrelevante que en el transcurso de ese interrogatorio advirtiera al acusado que, pese a sus preguntas, aquél tenía derecho a guardar silencio ( STS 780/2006, 3 de julio ). También hemos abordado la erosión que, acerca de la exigida imparcialidad del órgano decisorio, pudo haber generado un único comentario hecho por la Presidenta del Tribunal, a raíz de la respuesta del acusado cuando fue interrogado acerca de si condenaba o no el terrorismo de ETA. Ante la negativa del imputado a responder a esa pregunta, quien dirigía los debates afirmó: "ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta" a lo que el acusado respondió "y yo que iba a hacerla" (cfr. STS 31/2011, 2 de febrero ).
En subsunción de la anterior doctrina al caso de autos, nada permite concluir que la Magistrada- Presidente hubiere perdido su imparcialidad. Ni cada una de las situaciones objeto de queja casacional y menos aún el conjunto de situaciones narrado en el recurso y extrapolado del discurrir general de una larga vista oral, que discurrió entre los días 23 al 31 mayo 2016, trasluce actividad inquisitiva de clase alguna.
Así destaca que tras la lectura de los hechos expuestos en este primer motivo nada hace pensar que la actuación de la Magistrada-Presidente se aleje de la actitud neutral que, respecto de las posiciones de las partes y la función del Jurado viene exigida. En cambio de esa misma lectura si puede extraerse que las reseñas facilitadas por la representación procesal de don Augusto Geronimo devienen eminentemente relativas y en más de una ocasión sesgadas e incluso inexactas al sacarse de contexto y mostrarse del conjunto de lo sucedido. Hasta tal punto es así que en ciertos casos la cuestionada intervención de la Magistrada-Presidente que se narra o bien deviene obligada por precepto legal, o bien aparece autorizada-que no prohibida-por el ordenamiento jurídico, o bien no despunta de la mínima solidez en orden a su objetiva y legítima justificación, para a continuación examinar de forma minuciosa y detallada cada actuación denunciada por el recurrente como parcial, siguiendo los criterios expuestos en nuestra STS 315/2016 de 14 abril , para descartar cualquier pérdida de imparcialidad objetiva y considerar las sospechas de aquel desmesuradas y carentes de soporte alguno.
Así en relación al interrogatorio del acusado la alegación de que la Magistrada-Presidente no permitió que se le preguntara sobre el contenido de un escrito de la defensa de fecha 15 enero 2015, en el que se ponía en duda la actuación profesional de los Médicos Forenses psiquiatras designados por el juez instructor, simplemente no es cierta, como se puede comprobar del visionado de la grabación del juicio oral en la que aparece como la defensa preguntó al acusado por su entrevista con los psiquiatras forenses, si éstos le habían preguntado por lo sucedido, sobre si le dijeron que estaba mintiendo, sobre si lo que contestaba se lo había sugerido o no su abogado y sobre si tenía preparadas las respuestas con su abogado.
Y la advertencia que la Magistrada-Presidente le realizó no fue para deducir testimonio por falso testimonio, sino, tal como se desprende del propio interrogatorio, por la posibilidad de una acusación falsa frente a funcionarios que no están presentes en dicho momento pero que iban a comparecer como peritos, posibilidad contemplada en la STS 293/2014 del 9 abril .
En cuanto al reproche que efectúa a la Magistrada-Presidente de haber actuado de forma parcial al dar un distinto tratamiento a los testigos de la acusación frente a los de la defensa.
Tal argumentación deviene insostenible. El eludir al tono empleado en las generales de la Ley a un testigo de la defensa comparado con el realizado a otro de la acusación ni segundos empleados en formular tales advertencias a determinados testigos, el calificar como peliagudo, a un testigo de la defensa y la forma de advertirle sobre la posibilidad de deducir testimonio por delito de falso testimonio si faltara a la verdad; la observación que realiza la Magistrada-Presidente después de haber declarado un testigo de la defensa y antes de que abandonase la Sala sobre haber declarado la verdad y no lo que dijo en un grupo de WhatsApp; la queja de la defensa sobre el interrogatorio que califica de incriminatorio al testigo que fue profesor de jiu-jitsu brasileño del acusado, cuando la única pregunta que le realizó fue que explicara en qué consistía esa modalidad de lucha en el suelo, calificar estas actuaciones de pérdida de imparcialidad solo puede sostenerse desde el ámbito subjetivo del propio recurrente.
Similar pronunciamiento ha de recaer sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del Magistrado-Presidente en la impartición de las instrucciones previstas en el artículo 54 LOTJ , a los miembros del Jurado y que el recurrente concreta en tres apartados:
- Las diferencias de extensión y detalle de las explicaciones impartidas sobre las tesis de la acusación y la de la defensa.
- La ausencia de explicación sobre una regla del juicio básica como es la presunción de inocencia e interpretación absolutamente destructiva del significado del principio in dubio pro reo.
- Que la Magistrado-Presidente enumeró las distintas pruebas introduciendo valores sobre las mismas.
También aquí es asumible el razonamiento del tribunal de apelación en cuanto se ajusta plenamente a la doctrina de esta Sala casacional, que en sentencia 72/2014 de 29 enero , tiene declarado que: ".. . El contenido de esas instrucciones no se concibe en el art. 54 de la LOTJ como un catálogo cerrado y excluyente de otras sugerencias que el desarrollo del proceso pueda llegar a aconsejar. Las advertencias que el Magistrado-Presidente ha de hacer llegar a los jurados tienen distinto significado. Algunas de ellas no son sino recomendaciones funcionales ("...contenido de la función que tienen conferida, reglas que rigen su deliberación y votación"); otras son de naturaleza formal ("...forma en que deben reflejar su veredicto") o presentan un marcado carácter didáctico ("...les expondrá, en forma que pueden entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias constitutivas de delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad"); no faltan las instrucciones llamadas a sanear el esfuerzo valorativo a realizar por el Jurado ("...sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por él") o a recordar la irrenunciable presencia en la jurisdicción penal del in dubio pro reo ("...asimismo informará que, si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable al acusado").
En el presente caso la imputación que realiza el recurrente es cuando menos desmesurada, pues sólo desde una posición interesada y parcial como la que tiene esa parte se puede detectar falta de imparcialidad.
En este sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es clara y concluyente respecto a la primera cuestión, dado que la desproporción denunciada si bien cuantitativamente pudiera ser correcta no lo es en términos cualitativos, y las diferencias que el recurrente plantea no se refieren a la parcialidad propiamente dicha sino a la posible comisión de errores en las explicaciones dadas y ejemplos puestos en relación a la diferencia sobre homicidio doloso y preterintencionalidad, la cita de una misma sentencia del Tribunal Supremo; y por omisión al considerar insuficientes las explicaciones sobre la legítima defensa, y concluye mentada sentencia que la pretendida parcialidad no es tal si se tiene en cuenta: (i) que las advertencias aquí cuestionadas iban dirigidas únicamente a explicar las posiciones de las partes, de ambas, y en ese esfuerzo propedéutico que se le requiere; ii) que en algún caso están sacadas de contexto al ir referidas más que a diferenciar tipos a informar sobre el animus necandi; (iii) que el combate de la alevosía tiene motivo propio y a él debemos remitirnos sin que el mantenimiento de una interpretación u otra tenga consecuencias desde el derecho a un juez imparcial; (iv) que en lo atinente a la legítima defensa y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad sobran igualmente comentarios al comprobar que los efectuados por el recurrente` sobre la "insuficiencia" de las explicaciones son subjetivos e interesados en tanto en cuanto pretenden ignorar los hechos recogidos en el objeto veredicto y cuestionar la decisión última del jurado. En estas condiciones, no cabe apreciar la tacha de parcialidad denunciada.
De cualquier modo, el visionado de la grabación excluye que la Magistrada-Presidente asumiera un papel "llamativamente activo" que llegara a desbordar el estatuto de neutralidad exigible a quien preside el Jurado. Más allá de una peculiar forma de hacer, más allá de algún comentario que pudiera considerarse innecesario, ningún viso de parcialidad surge del conjunto de las instrucciones dadas y aquí cuestionadas. Y no se olvide que no es preciso que todas y cada una de las observaciones que se ofrezcan al Jurado sean "suscribibles por cualquier tercer observador que disecciona posteriormente el juicio en un laboratorio" ( STS 922/2016, de 10 de marzo ).
A la misma conclusión debemos llegar respecto a la segunda cuestión: ausencia de explicación sobre la presunción de inocencia y el significado del principio in dubio pro reo, dado que al contrario de lo sostenido en el recurso, el visionado de la grabación permite constatar que si se aludió a la presunción de inocencia y se informó, aunque con brevedad, sobre la regla de valoración en la duda a favor del reo.
Sin olvidar como destaca la sentencia recurrida de esta Sala en STS. 615/2010 del 17 junio , en un caso semejante al que nos ocupa ya declaró "la ausencia de indicación alguna por el Magistrado-Presidente sobre el significado del derecho a la presunción de inocencia o del principio in dubio pro reo" podría ser compensada con "la reclamación oportunamente formulada por la defensa", una reclamación que, como ya se ha dicho, permitiría "excluir el riesgo derivado de una hipotética desorientación de los miembros del Jurado sobre esta cuestión". De otra parte, se concluye que tal desorientación no estará siempre presente y no lo estará -y es a título, ejemplificativo-: (i) cuando se ha producido una intervención de la defensa al respecto; (ii) o cuando no se deduce del veredicto en tanto emitido, "sin que los Jurados expresaran duda alguna al respecto ni se produjera incidencia de ningún carácter en el proceso de gestación y exteriorización de su voluntad decisoria".
y en cuanto a la tercera cuestión: que la Magistrada-Presidente enumeró las distintas pruebas introduciendo valoraciones sobre las mismas. Así se queja de las reglas de valoración dadas con ocasión de las periciales practicadas en concreto, respecto de las periciales forenses practicadas, a las que se dedicaron nueve minutos, el tribunal de apelación, considera tal argumento "atrevido e inviable" dado que lo que la Magistrada-Presidente fue distinguir entre la pericial relativa a la autopsia en la que había una única pericial y la relativa al examen siquiátrico del acusado, en el que habían realizado dos periciales, una forense y otra de parte con dictámenes diferentes, limitándose a señalar la existencia de sentencias sobre la mayor apariencia objetiva de imparcialidad de los forenses, pero dando la razón a la defensa, y señalando a los Jurados que no se discute los currículum de los peritos.
Consecuentemente, tal como precisa la sentencia recurrida, la queja del recurrente responde a consideraciones de índole puramente subjetiva, que encierran en el fondo una crítica a los informes periciales forenses y a su valoración por el órgano "a quo", pero lo cierto es que la Magistrada-Presidente no realizó enjuiciamiento fáctico alguno sobre la base de una valoración de las pruebas practicadas, sin que el proceso de formación del criterio decisorio de los miembros del Jurado se condicionara o alterara consecuencia de la actuación de la Magistrada-Presidente.
El motivo segundo al amparo del artículo 5.4 LOPJ , y del artículo 852 LECrim , por cuanto se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia contenido en el artículo 24.2, y vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 24.1 CE por la existencia de error patente en la consideración de algunas pruebas, así como la falta de racionalidad en la argumentación respecto de otras, en cuanto él veredicto realiza una valoración de la prueba que se contradice con el contenido de la prueba practicada en el procedimiento y que carece, en consecuencia de racionalidad, vulneración de la presunción de inocencia que no sólo no se corrige sino que se ve reforzada de consenso por la sentencia de la Magistrado-Presidente del Jurado.
A continuación examina tres cuestiones que, por su naturaleza, son susceptibles de revisión.
- Error patente en relación con el hecho tercero del objeto del veredicto convertido después en hecho probado la sentencia, al existir prueba documental-testimonio del vídeo de ampliación de imágenes realizado sobre un vídeo de seguridad de una nave cercana-que acredita como se inició el incidente y que descarta lo que se refleja en dicho hecho tercero, al no haber prueba alguna de esa discusión previa, y no decir que fue la víctima quien se dirigió corriendo a enfrentarse con el acusado.
-Inexistencia de animus necandi, que él Jurado deduce, única y exclusivamente de las lesiones que el recurrente le causó con su agresión, sin que se valoren otras circunstancias que actúan como indicios contrarios de ese ánimo de matar.
-Vulneración de la presunción de inocencia al afirmar que la víctima no presentaba heridas de defensa-sin que él Jurado se hubiera pronunciado sobre dicho particular-y al no mencionar que, además, presentaba lesiones propias de haber atacado con sus puños, compatibles con las lesiones que presentaba el acusado.
Retomando la doctrina ya expuesta en el motivo precedente sobre la misión de esta Sala casacional frente a las sentencias de los Tribunales Superiores Justicia que resuelven recursos de apelación contra las sentencias del Magistrado-Presidente del Tribunal Jurado, dice, por ejemplo la STS 310/2014 de 27 marzo : "En la reciente sentencia de esta Sala, STS. 151/2014 de 4 de marzo , recordábamos que el recurso de casación en los procedimientos de Jurado se interpone contra la sentencia dictada en apelación, por lo que nuestro control se limita a la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la violación denunciada en la segunda instancia y que se reproduce en esta sede casacional". Más extensamente, la STS. 289/2012 de 13.4 , señala: "Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el jurado y concretada por el Magistrado Presidente en la sentencia del Tribunal, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación. En consecuencia ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior. De otro lado, la sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal del jurado. Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos».
Partiendo de este presupuesto en cuanto a la necesidad de motivación, como hemos recordado en SSTS. 331/2015 de 3 de junio , y 467/2015 del 20 julio , la exigencia de motivación de las sentencias resulta, en primer lugar, del artículo 24.1, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente fundada, tanto sobre los hechos como sobre el derecho aplicable, así como acerca de la concreción de las consecuencias de tal aplicación. El carácter fundado de la resolución resulta precisamente de su suficiente motivación. En segundo lugar, de la previsión específica contenida en el artículo 120.3 de la Constitución . En ninguno de los dos casos se excluyen del ámbito de las previsiones constitucionales las sentencias dictadas por los tribunales de jurados que, en consecuencia, deben ser igualmente motivadas. Es lógico, sin embargo, que el nivel técnico de la fundamentación no sea el mismo cuando se trata de tribunales profesionales o de tribunales compuestos por legos. Tampoco las exigencias son las mismas cuando se hace referencia a la motivación del veredicto, que corresponde a los jurados, o a la motivación de la sentencia que corresponde al Magistrado Presidente. En cualquier caso, como hemos reiterado, la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. Igualmente contribuye a que el propio órgano que dicta la resolución verifique su correcta fundamentación.
En el caso presente las cuestiones planteadas en el motivo ya lo fueron en el previo recurso de apelación.
- Así en relación a la primera: error patente en relación con el hecho tercero del objeto del veredicto convertido después en hecho probado en la sentencia, en Tribunal Superior Justicia la analiza en el fundamento de derecho octavo con argumentos que deben ser asumidos en su totalidad en esta sede casacional.
En efecto previamente debemos recordar como uno de los supuestos que el artículo 846 bis c)a) contempla como motivo de apelación como quebrantamiento de las normas y garantías procesales es defecto en la proposición del objeto del veredicto, siempre que de ello se derive indefensión, y no podemos olvidar -dice la STS. 487/2008 de 17.7 - que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto, el Legislador no ha excluido a las partes, muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndoles igualmente responsables de su contenido, en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ . pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral. La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo. La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de forma del que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia.
- A mayor abundamiento debemos recordar -como decíamos en SSTS. 487/2008 de 17.7 , 636/2006 de 8.6 , 357/2005 de 20.4 , que la LOTJ, ha partido de una articulación secuencial del objeto del veredicto en el art. 52 de la misma, estructurando las diversas cuestiones que han de someterse a la consideración del Tribunal de Jurado, y que son trasunto, como es lógico, de las alegaciones fácticas de las partes incorporadas a sus escritos de acusación y de defensa. Tal articulación es consecuencia de una serie de premisas, de las que parte la ley: primero, sirven para que el Magistrado-Presidente pueda redactar los hechos probados de la Sentencia que haya de dictarse, condenatoria o absolutoria, incorporando al "factum" todos los elementos que el jurado entienda como probados y que construyan el propio hecho probado, desde su comienzo hasta su consumación, con todos los avatares que las partes hayan planteado como acontecidos, incluidos también todos los elementos del llamado juicio de culpabilidad y de sus circunstancias en relación con la capacidad mental del acusado. En segundo lugar, sirven también para que la motivación se estructure en cada una de las proposiciones que se les formulan, sin que sea necesario naturalmente que tal motivación sea incardinable en cada una de las preguntas o proposiciones, sino que bastará una motivación general, con tal que el jurado explique sucinta pero suficientemente las pruebas en que se ha basado para dictar su veredicto. Pero tal estructuración secuencial de proposiciones sin duda facilita la labor intelectual de motivación, pues supone detenerse mentalmente en cada uno de los grados o estructuras de los hechos en su configuración secuencial para determinar en qué elementos probatorios se apoyó el jurado, dejando nota sucinta de tal explicación ( STS. 12.3.2001 ).
Por ello la formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto habrá de responder a una articulación lógica interna, de modo que las proposiciones alternativas o mutuamente excluyentes se relacionan entre sí con la advertencia expresa de tal alternatividad o relación lógica. De este modo aunque por exigencias procesales de congruencia o incluso por estrictas necesidades lógicas de claridad del pronunciamiento fáctico, resulte relativamente frecuente la formulación de proposiciones de hecho cuya declaración simultánea de probadas resultaría incompatible, esta incompatibilidad ha de ser puesta de manifiesto y explicada claramente al Jurado en el propio documento que se le entregue, precisamente para evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, que es lo buscado por el Legislador.
La sentencia recurrida razona suficientemente (fundamento de derecho noveno) sobre la suficiencia de la prueba de cargo que él Jurado valora-testificales de los profesores de boxeo y jiu-jitsu y personas que presenciaron la pelea al circular por la zona-para considerar aprobado el hecho tercero y razona como ni siquiera el visionado de lo que es recurrente considera prueba capital-vídeo mejorado respecto de la grabación original de una cámara de seguridad-conduce a entender -como sostiene dicha parte-, que el hecho en cuestión no se ajusta a la realidad y no debió declararse probado.
Así tiene cuenta: primero, que la calidad del vídeo ampliado es muy limitada -mejora el original, como lo hace el vídeo aportado por la policía judicial, pero no deja de ser enormemente deficiente, tanto que resulta imposible compartir con el recurrente la "claridad", de las que son "sus deducciones ("de ese vídeo se deduce con claridad..."); segundo, que, en todo caso y pese a las referidas deficiencias; el visionado de la grabación en su versión ampliada no acredita la tesis del apelante, al contrario, permite apreciar en la vía pública una -discusión inicial entre dos personas, un siguiente forcejeo, una posterior caída al suelo y como entonces- y en un momento determinado uno de ellos se sitúa encima del otro y lo golpea sucesiva y violentamente, mostrando también una figura inmóvil en el asfalto y otra caminando que abandona el lugar de los hechos; tercero, que hubo testigos, más de los indicados en el veredicto, que presenciaron los hechos, rectius parte de los mismos, y que declararon sin contradicción alguna sobre la reiteración e intensidad de los golpes que estaba recibiendo la víctima, descargando su cabeza contra el suelo, así como sobre la absoluta falta de capacidad y reacción defensiva por parte de la misma; cuarto, que las heridas en las manos del fallecido no excluyen la realidad del hecho declarado probado sobre todo si se tiene en cuenta que el enfrentamiento previo y el cruce de golpes no ha sido negado; y quinto, que el recurrente, si bien no observa ninguna discusión en el vídeo ampliado y de ahí el error que invoca, sí contempla y reconoce la agresión, habla de "enfrentamiento puntual", de heridas ofensivas y defensivas o de "parte final de la pelea", lo que relativiza hasta la inocuidad su queja máxime cuando uno de los significados del término pelear es, precisamente, "contender o reñir, aunque sea sin armas o solo de palabra".
Siendo así no puede considerarse que la valoración tanto del Jurado como del Tribunal Superior de Justicia haya sido manifiestamente errónea al considerar probado el hecho tercero del objeto del veredicto.
Convicción del tribunal lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común y que conlleva la desestimación de la pretensión del recurrente, por cuanto-como hemos dicho en STS 849/2013 de 12 noviembre - el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente".
- En relación a la inexistencia del animus necandi al denunciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por tratarse de una inferencia que carece de base fáctica en la medida en que si se examinan los hechos acreditados en la causa resulta evidente que dicho ánimo no existía, máxime por la concurrencia de una serie de indicios contrarios que contradicen la inferencia del Tribunal.
Pretensión que deviene inaceptable.
Como hemos dicho en SSTS 24/2014 de 6 de febrero , 54/2015 de 11 febrero , 168/2017 de 15 marzo , que la forma en que el motivo es articulado infringe las previsiones del artículo 874 LECrim , dado que las diferentes razones de impugnación deben estar ordenadas como motivos diferentes, que se presentaran debidamente separados y numerados. No deben juntarse diversas argumentaciones en un mismo motivo y cuando no se observan estos requisitos y se imputa a la sentencia de forma conjunta, amalgamada y genérica una serie de infracciones normativas, afirmándose que en el procedimiento o en la sentencia se han vulnerado sistemáticamente preceptos constitucionales o legales, la consecuencia debería ser la inadmisión a trámite en su caso, la desestimación.
En definitiva esa mezcla de motivos constituye un defecto grave de técnica casacional. No es procedente mezclar argumentos propios de un motivo por presunción de inocencia con otros por infracción de Ley, especialmente con el error de hecho en la valoración de la prueba pues "conceptualmente supone contradicción argumentativa cobijar conjuntamente la presunción de inocencia y el error de hecho en la apreciación de la prueba. La alegación de la violación de tal principio fundamental de presunción de inocencia aduce siempre una condena sin prueba, al paso que el error de hecho en la apreciación de la prueba está proclamando ya la existencia de prueba, aunque está se interprete y aprecie errónea o equivocadamente" ( STS. 4.11.1998 ).
No obstante lo anterior en el desarrollo del motivo lo que se afirma es que no ha quedado acreditado que el recurrente actuase con intención de matar lo que está denunciado en el motivo es la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en cuanto a si la inferencia del Tribunal sobre la concurrencia de aquel ánimo ha sido acorde a pautas de lógica y experiencia.
Siendo así el motivo se desestima.
Como hemos dicho en SSTS. 703/2000 de 8 octubre y 24/2014 de 6 febrero , la presunción de inocencia se refiere, ciertamente a todos los elementos fácticos que integran la tipificación del delito. De ahí que inicialmente se sostuviera que desplegaba sus efectos solo sobre los elementos materiales y objetivos del delito, es decir, la realidad del hecho y la participación que en el mismo haya tenido el acusado, pero no se extendía ni a los juicios de inferencia, ni a los ánimos, ni se proyectaba a la culpabilidad entendida en el sentido propio del vocablo. Por ello la presunción de inocencia abarcaba la demostración de la autoría del hecho delictivo y de la realidad material del acto que ha sido enjuiciado y que la concurrencia del elemento culpabilístico que autoriza la aplicación de los tipos delictivos pertenece a la libertad de criterio de la Sala siempre que actúe sobre bases fácticas que previamente lo configure. Los elementos subjetivos culpabilisticos en el sentido técnico-penal del término y la inferencia de los mismos pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y no están cubiertos por la presunción constitucional, más que en el concreto punto de que si han de estar probados los hechos o datos objetivos sobre los que las valoraciones actúen, sin que el principio constitucional sirva de cobertura a las circunstancias eximentes y atenuantes, por cuanto la concurrencia y prueba de las causas de justificación no corresponde a la acusación sino a la defensa que las alegan ( SSTS. 21.1.2002 , 20.5.2003 , 12.5.2010 ).
No obstante esta doctrina ha sido matizada y así la jurisprudencia ha declarado en distintas ocasiones que "en ningún caso el derecho a la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presunción iuris et de iure (por todas STC. 87/2001 de 2.4 ). Por ello, viene afirmando el Tribunal Constitucional, sentencia 8/2006 de 16.1 , que no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le atribuye hayan quedado suficientemente probados, por más que la prueba de este último sea dificultosa y que, en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello más que con la existencia de la prueba indiciaria. Pues si bien, el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho y la presunción de inocencia es una presunción que versa sobre los hechos, pues solo los hechos pueden ser objeto de prueba y no sobre su calificación jurídica, ello no obstante en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE . ha de ponerse en relación con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad ( STC. 8/2006 de 16.1 ), esto es, como dice la STS. 724/2007 de 26.9 : "si el elemento subjetivo es tal que de él depende la existencia misma del hecho punible, debe entenderse que la presunción de inocencia exige la prueba de tal ánimo tendencial o finalista".
Por ello únicamente debe considerarse prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia "aquella encaminada a fijar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito, así como las circunstancias concurrentes en el mismo, por su parte, y por otra, la participación del acusado, incluso la relación de causalidad, con las demás características subjetivas y la imputabilidad" ( SSTC. 33/2000 de 14.2 , 171/2000 de 26.6 ).
Esta Sala Segunda Tribunal Supremo STS. 545/2010 de 15.6 ya declaró que "...ciertamente el elemento subjetivo del delito ha de quedar probado, si bien es cierto que la prueba de este último resulta más compleja y de ahí que en múltiples casos haya que acudir a la prueba indiciaria, pero, en cualquier caso, la prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado ( SSTC. 127/90 de 5.7 , 87/2001 de 2.4 , 233/2005 de 26.9 , 8/2006 de 16.1 , 92/2006 de 27.3 , 91/2009 de 20.4 ). En relación específicamente con los elementos subjetivos debe tenerse presente además que solo pueden considerarse acreditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que revela el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable y especificada motivadamente en la resolución judicial" ( SSTC. 91/99 de 26.5 , 267/2005 de 24.10 , 8/2006 de 16.1 )".
Pues bien la determinación del ánimo homicida (vid SSTS. 1188/2010 de 30 diciembre , 86/2015 del 25 febrero , constituye uno de los problemas más clásicos del derecho penal habiendo elaborado esta Sala una serie de criterios complementarios, no excluyentes, para que en cada caso, en un juicio individualizado riguroso, se pueda estimar concurrente -o por el contrario cualquier otro distinto, animo laedendi o vulnerandi, en una labor- se dice en la STS. 172/2008 de 30.4 , inductiva pues se trata de que el Tribunal pueda recrear, ex post facti, la intención que albergara el agente hacia la víctima, juicio de intenciones que por su propia naturaleza subjetiva solo puede alcanzarlo por vía indirecta a través de una inferencia inductiva que debe estar suficientemente razonada.
Por ello en este sentido el elemento subjetivo de la voluntad del agente, substrato espiritual de la culpabilidad, ha de jugar un papel decisivo al respecto llevando a la estimación, como factor primordial, del elemento psicológico por encima del meramente fáctico, deducido naturalmente de una serie de datos empíricos, muchos de ellos de raigambre material o físico, de los que habría que descubrir el ánimo del culpable. Las hipótesis de disociación entre el elemento culpabilístico y el resultado objetivamente producido, dolor de lesionar, por un lado y originación de muerte, por otro, ha de resolverse llegando a la determinación de si realmente hubo dolo de matar, dolo definido en alguna de sus formas, aún el meramente eventual.
El delito de homicidio exige en el agente conciencia del alcance de sus actos, voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera íntima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho y que según reiterada jurisprudencia ( SS. 4.5.94 , 29.11.95 , 23.3.99 , 11.11.2002 , 3.10.2003 , 21.11.2003 , 9.2.2004 , 11.3.2004 ), podemos señalar como criterios de inferencia, los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido, el comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro dato relevante; el arma o los instrumentos empleados; la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así como de las demás características de ésta, la repetición o reiteración de los golpes; la forma en que finaliza la secuencia agresiva; y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto ( STS. 57/2004 de 22.1 ), a estos efectos tienen especial interés el arma empleada, la forma de la agresión y el lugar del cuerpo al que ha sido dirigida. Estos criterios que "ad exemplum" se descubren no constituyen un sistema cerrado o "numerus clausus" sino que se ponderan entre sí para evitar los riesgos del automatismo y a su vez, se constatan con nuevos elementos que pueden ayudar a informar un sólido juicio de valor, como garantía de una más segura inducción del elemento subjetivo. Esto es, cada uno de tales criterios de inferencia no presenta carácter excluyente sino complementario en orden a determinar el conocimiento de la actitud psicológica del infractor y de la auténtica voluntad imperiosa de sus actos.
Asimismo es necesario subrayar-como recuerdan las SSTS. 210/2007 de 15 marzo 487 2009 de 17 julio, 1188/2010 de 30 diciembre , 622/2010 de 28 junio , 93/2012 del 16 febrero , 599/2012 de 11 julio , 577/2014 de 12 julio , el elemento subjetivo del delito de homicidio -o asesinato- no sólo es el "animus necandi" o intención específica de causar la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el cual tiene dos modalidades: el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido ( STS 415/2004, de 25-3 ; 210/2007, de 15-3 ).
En el caso actual la sentencia recurrida estima concurrente el ánimo de matar en el acusado, destacando, de una parte, la solidez de los indicios de cargo que sirvieron para su apreciación, el comportamiento anterior del condenado, que, con de la ausencia de relaciones previas con D. Ildefonso Faustino , incluye su expulsión del local por conducta agresiva "frente a la víctima; el medio empleado como instrumento-letal en tanto en cuanto son los puños de una persona que ha practicado boxeo y jiu-jitsu; el lugar del cuerpo sobre el que recayó' la agresión, principalmente la cabeza y -contra el suelo; la reiteración y violencia de los golpes y la inmovilidad de la víctima -inerte-; e incluso la conducta de D. Augusto Geronimo en esa "parte final de la pelea" y en los momentos posteriores, ya que, de un lado; no paró de golpear pese a los gritos de uno de los testigos -"para, para que está muerto"- y, "de otro, abandonó el lugar andando sin que haya quedado acreditado ese estado de: inconsciencia que sostiene el' recurrente y que no fue corroborado por las declaraciones testificales de quienes le vieron, examinaron o dialogaron con él, y de otra, la debilidad de los indicios contrarios que alega el recurrente, se refieren al hecho de que la pelea ocurriera fuera del local, local donde el acusado fue expulsado por su actitud agresiva (un testigo declaró que empezaron "como medio a discutir", que se acometieron con puñetazos y que el primer golpe procedió del hoy condenado); inciden en una llamada de teléfono que realizó el recurrente para que le fueran a buscar, llamada que según declaró el testigo se cortó tras señalar que no sabía dónde estaba; se sustentan en el vídeo ampliado que, si bien refleja al inicio de los hechos un enfrentamiento, no permite apreciar en el acusado un ánimo puramente defensivo, máxime cuando se ha acreditado la falta de reacción por parte de la víctima, y sí una reacción violenta absolutamente desproporcionada; (iv) o incluyen sus palabras "ahí tienes a tu colega, no lo he matado por ti, Alvarito" así como el abandono del lugar caminando lentamente cuando terminó la agresión, lo que se hizo sin pedir auxilio para la víctima y tras ser recriminado y advertido de que parara de golpear a la víctima "que está muerto".
Siendo así es correcto este razonamiento de la sentencia recurrida.
En efecto, como hemos dicho en SSTS. 1014/2011 de 10 octubre y 54/2015 de 11 de febrero , esta Sala reiteradamente, ha venido diciendo, el dolo eventual es del todo equiparable al dolo directo o intencional en cuanto al merecimiento del castigo aplicable, puesto que ambos suponen igual menosprecio del autor por el bien jurídico tutelado.
"Por lo demás, también parece claro que el conocimiento siempre precede a la voluntad de realizar la conducta que se ha previsto o proyectado. Si a ello se le suma que probatoriamente la acreditación del elemento intelectivo, una vez que el riesgo es notablemente elevado para que se produzca el resultado, deriva en la acreditación inferencial de la voluntad, es comprensible la postergación de ésta en la práctica del proceso. Y es que tras constatarse que el autor actuó con el conocimiento del peligro concreto que entrañaba su acción, no parece fácil admitir probatoriamente que el acusado no asume el resultado lesivo. Las máximas de la experiencia revelan que quien realiza conscientemente un acto que comporta un grave riesgo está asumiendo el probable resultado. Sólo en circunstancias extraordinarias podrían aportarse datos individualizados que permitieran escindir probatoriamente ambos elementos. Las alegaciones que en la práctica se hacen en el sentido de que se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo precisan de la acreditación de circunstancias excepcionales que justifiquen esa confianza, pues esta no puede convertirse en una causa de exculpación dependiente del subjetivismo esgrimido por el imputado. En principio, el sujeto que ex ante conocer que su conducta puede generar un grave riesgo para el bien jurídico está obligado a no ejecutarla y a no someter por tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, en el caso concreto, se muestran como no controlables" ( STS 69/2010, de 30-1 ).
En el caso analizado la dinámica de la agresión, la reiteración y violencia de los golpes propiciados, la región anatómica afectada-cabeza y cráneo-, llegando a golpearla violentamente contra el suelo; la total falta de reacción defensiva en esta última fase de la ejecución por parte de la víctima, e incluso el comportamiento posterior del acusado, yéndose del lugar de los hechos, sin interesarse por el estado del golpeado, llevan racionalmente a la conclusión de la asistencia de un dolo-cualquiera fuese su modalidad-de matar y no meramente de lesionar.
El motivo tercero al amparo del artículo 849.2 LECrim , por error en la apreciación de la prueba.
Insiste el recurrente en que el punto tercero del veredicto convertido después en punto tercero de los hechos probados, no se compadece con la prueba documental existente la causa.
Designa como documentos:
- CD que contiene el vídeo de ampliación de imágenes realizado por D. Modesto Norberto sobre un vídeo de seguridad de una nave cercana, con el nombre de archivo "Videoampliado(EYusa).mp4".
- Fotografías 1, 2 y 3 de las realizadas por la Guardia Civil, que obran testimoniadas en la causa, tanto en formato digital (CD unido al Tomo II, indicado CD n.2 1 con un post-it y F- 13 a 16 del Tomo I del testimonio)
- Fotografía de la reseña de mi mandante ( F- 372 a 374 del Tomo III del testimonio)
- Testimonio del Informe de Urgencias Hospital Dr. Peset, realizado por el Dr. Andres Marcelino (F-26 y 27, del Tomo I del testimonio).
- Examen Médico Forense de D. Augusto Geronimo , de 13.03.2014 ( F-38 y 39 del Tomo I del testimonio)
- Testimonio del parte de lesiones de D. Augusto Geronimo del día 12.03.2014 (F-42 del Tomo I Del testimonio)
- Testimonio de Fotografías contenidas en los archivos "P3200177.jpg" y "P3200219.jpg"realizadas en la autopsia por los médicos forenses, obrantes al CD del F-145 del tomo II del testimonio, relativos a la mano izquierda y la mano derecha del Sr. Alfonso Cesareo .
- Testimonio Informe del Médico Forense sobre el mecanismo de producción de las lesiones de mi mandante, F-117 a 118 del Tomo II del testimonio
- Testimonio del oficio de Telefónica relativo a las llamadas telefónicas realizadas por el mismo y recibidas por mi mandante ese día, obrante a los F125 a 127 del Tomo II.
- Testimonio de fotografías aportados por D. Antonio Urbano junto con su declaración, concretamente archivos denominados "paliza joven
Debemos recordar que la vía del art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron. En todo caso, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del motivo que por "error iuris" se contempla en el primer apartado del precepto procesal, motivo éste, art. 849.1 LECrim . que, a su vez, obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia salvo que hayan sido previamente corregidos por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Situación que se produciría en el caso presente. El recurrente reitera en este motivo, lo ya expuesto en el anterior, sobre la irracionalidad de la valoración de la prueba efectuada por el Jurado y la Sala de apelación, por lo que nos remitimos a lo ya argumentado en aras a su improsperabilidad.
No siendo ocioso señalar, tal como recuerdan las SSTS 1466/2005 de 28 enero , 40/2015 de 12 febrero , 497/2016 del 9 junio "...que el sistema de implantación del Jurado debe descansar en la confianza en el mismo, de modo que no puede por la vía de la defectuosa motivación, anularse indiscriminadamente juicios celebrados por los cauces de la LOTJ, por lo que no basta simplemente con no compartir su criterio, aunque se juzgue desacertado, del colegio popular sobre la valoración de los elementos de prueba que tuvo en consideración, sino que se ha de detectar un auténtico vacío motivador del veredicto, cuya sucinta explicación debe intentar comprenderse por encima de las rituales formas en que pueda ésta expresarse por los integrantes del Jurado, al levantar el correspondiente acta".
En este punto la STS. 300/2012 de 3.5 , recuerda que "...el Tribunal de apelación - más aun esta Sala casacional- solamente puede revisar aquellos juicios de inferencia que, en su vertiente jurídica , sean manifiestamente carentes de lógica y racionalidad... y sin apoyar la revisión en ninguna otra prueba, pues la valoración conjunta de la prueba compete exclusivamente al Jurado.
El motivo cuarto al amparo del artículo 849.1 LECrim , por aplicación indebida del delito de asesinato del artículo 139 CP , e inaplicación del delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio preterintencional del artículo 142.1 CP .
Supeditado el motivo a la estimación del motivo segundo en cuanto a la no acreditación de la existencia del animus necandi en la conducta llevada a cabo por el recurrente, la improsperabilidad de aquel implica necesariamente la desestimación del presente, máxime cuando el recurrente no explica que tipo de lesiones entraría en concurso con el homicidio imprudente que propugna.
El motivo quinto al amparo del artículo 849.1 LECrim , por aplicación indebida del artículo 139 CP , denuncia también, en relación con la aplicación de dicho precepto, la vulneración de la presunción de inocencia, artículo 24.2 CE .
Se denuncia en el motivo la aplicación indebida de la circunstancia agravante de alevosía, que da lugar a la condena por un delito de asesinato, en lugar de un delito de homicidio, a pesar de que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, no se dan los requisitos para la aplicación de dicha circunstancia agravante.
Considera la parte recurrente que con base al relato fáctico de la propia sentencia, no cabe la aplicación de la circunstancia de alevosía recogida en la sentencia puesto que la doctrina de esta Sala establece que la agravante de alevosía no es de aplicación cuando la muerte tiene lugar en el curso de una pelea previa, en la que la víctima ha podido ejercer defensa, por más que el sujeto venza finalmente esa defensa y acabe produciendo la muerte.
Esta misma alegación ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ratificó la convicción alcanzada por el Tribunal de jurado de que la víctima no tuvo posibilidad de defensa ya que el acusado tras dejarlo inconsciente por los golpes, y pese a advertirlo, sabiéndolo ya sin posibilidad de defensa, siguió pegándole puñetazos en el rostro y estampando varias veces su cabeza contra el suelo de forma extremadamente violenta, hasta que al verse observado y recriminado por algunos transeúntes, huyó del lugar, dejando a Ildefonso Faustino con lesiones craneoencefálicas vitales.
El Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia recurrida ante esta Sala, señala, en relación a la concurrencia de la alevosía, que ha de tenerse en cuenta que el forcejeo se mudó en un ataque brutal e imprevisible que "careció de idoneidad para provocar a una posible reacción defensiva por parte" de la víctima; que la práctica por el acusado de disciplinas de lucha unida al hecho de que terminó la víctima en el suelo y el agresor sentándose a horcajadas sobre ella y golpeándola con gran fuerza y violencia, otorgan al medio empleado una perspectiva adicional para nada irrelevante; que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no ha quedado probado que la víctima fuera un sujeto defensivamente activo, y que una cosa es el arranque de la pelea donde todavía "el agresor no exteriorizó su actitud ventajista", y otra distinta su desnaturalización posterior con una fase imprevista y repentina donde quedó acreditada la indefensión de la víctima -desde el momento en que lo inmovilizó al sentarse sobre él y le dejó inconsciente tras golpearle repetidamente la cabeza-; añade el Tribunal Superior de Justicia que lo expuesto pone de relieve que los hechos dieron un giro determinante cuando el acusado, prevaliéndose de su superioridad física, se sentó encima de la víctima de modo tal que impidió cualquier actuación defensiva y que consciente de la inoperancia defensiva en la que había colocado a la víctima y amparado en ella ejecutó los golpes que determinaron su muerte.
La convicción alcanzada por el Tribunal Superior de Justicia, ratificando la del Tribunal de Jurado, es acorde con jurisprudencia de esta Sala.
Así en la Sentencia 39/2017, de 31 de enero , se hace mención de otras sentencias de esta Sala sobre la alevosía sobrevenida y se expresa, siguiendo a la de 30 de noviembre de 2016 , que surge la alevosía sorpresiva en aquellos casos en los que, aun habiendo mediado un enfrentamiento previo sin circunstancias iniciales alevosas, se produce un cambio cualitativo en la situación y en la de 11 de octubre de 2016 se declara que para que exista alevosía no es imprescindible que de antemano el agente busque y encuentre el modo más idóneo de ejecución sino que es suficiente que se aproveche en cualquier momento y de forma consciente de la situación de indefensión de la víctima, así como la facilidad que ello supone, refiriéndose a la indefensión sobrevenida, que se produce en ciertos casos aún cuando en el comienzo de la agresión no se halle presente la agravante, siempre que en una segunda secuencia de la actuación del autor, el ataque se reanude aprovechando éste la indefensión en la que se encuentra la víctima. Es decir, según la jurisprudencia, la alevosía sobrevenida surge cuando en un momento posterior de la actuación agresiva, se aprovecha por el sujeto activo la situación de absoluta indefensión en que se encuentra la víctima para ejecutar una nueva y diferente agresión distinta a la anteriormente realizada. La sentencia 104/2014, de 14 de febrero , se refiere a un inesperado e inseparable cambio cualitativo.
Y los hechos que se declaran probados, basados en las declaraciones de los testigos presenciales, reflejan ese cambio cualitativo al que se refiere la jurisprudencia de esta Sala cuando construye la alevosía sobrevenida. Ciertamente esa alevosía se puede afirmar ante la conducta brutal del recurrente, cuando es conocedor de que la víctima ya ha perdido la consciencia, aprovechándose de esa total indefensión, y procedió a estampar varias veces su cabeza contra el suelo de forma extremadamente violenta, causándole lesiones craneoencefálicas vitales.
Por lo expuesto, este motivo no puede prosperar.
El motivo sexto al amparo del artículo 849.1 LECrim , por la aplicación de los artículos 20.4 y 21.1 CP .
Se denuncia la falta de aplicación de la eximente incompleta de legítima defensa, a pesar de que del veredicto del Jurado, no se excluyen los hechos que dan lugar a la estimación de la misma, al deducirse que el recurrente actuó inicialmente con el ánimo de defenderse, por más que más tarde se excediese en dicha legítima defensa.
Siguiendo la doctrina sentada en SSTS 1262/2006 de 28 diciembre , 544/2007 de 21 junio , 153/2013 de 6 marzo , 454/2014 de 10 de junio , 86/2015 25 febrero , la legítima defensa como causa excluyente de la antijuricidad o causa de justificación, está fundada en la necesidad de autoprotección, regida como tal por el principio del interés preponderante, sin que sea óbice al carácter objetivo propio a toda causa de justificación la existencia de un "ánimus defendendi" que, como ya dijo la STS. 2.10.81 , no es incompatible con el propósito de matar o lesionar al injusto agresor ("animus necandi o laedendi"), desde el momento que el primero se contenta con la intelección o conciencia de que se está obrando en legítima defensa, en tanto que el segundo lleva además ínsito el ánimo o voluntad de matar o lesionar necesario para alcanzar el propuesto fin defensivo.
Por ello, tal como destaca la STS. 1760/2000 de 16.11 , esta eximente se asienta en dos soportes principales que son, según la doctrina y la jurisprudencia, una agresión ilegítima y la necesidad de defenderse por parte de quien sufre aquella.
Por tanto constituye agresión ilegítima toda actitud de la que pueda racionalmente deducirse que pueda crear un riesgo inminente para los bienes jurídicos defendibles y que haga precisa una reacción adecuada que mantenga la integridad de dichos bienes, sin que por tanto, constituyan dicho elemento las expresiones insultantes o injuriosas por graves que fuesen, ni las actitudes meramente amenazadoras sino existen circunstancias que hagan adquirir al amenazado la convicción de un peligro real o inminente ( STS. 12.7.94 ), exigiéndose "un peligro real y objetivo y con potencia de dañar" ( STS. 6.10.93 ), de modo que no la constituye "el simple pedir explicaciones o implicar verbalmente a otra persona ( STS. 23.3.90 ), ni el "hecho de llevar las manos en los bolsillos, profiriendo insultos" ( STS. 26.5.89 ).
El problema puede suscitarse -decíamos en STS. 172/2008 de 30.4 - en relación al requisito de "defensa", que requiere el ánimo de defensa, que se excluye por el "pretexto de defensa" y se complementa con la necessitas defensiones; y proporcionalidad racional del medio empleado que supone, a su vez, "necesidad", o sea que no pueda recurrirse a otro medio no lesivo, y proporcionalidad, en sentido racional y no matemático, atendiendo, como dice la STS. 1.4.2004 "de manera flexible a criterios derivados de máximas de experiencia en un análisis concreto de las circunstancias de cada uno.
Se impone en todo caso la fundamental distinción entre la falta de necesidad de la defensa, y la falta de proporcionalidad de los medios empleados para impedir o repeler la agresión. Si no hay necesidad de defensa se produce un exceso extensivo o impropio , bien porque la reacción se anticipa o bien porque se prorroga indebidamente y la legitima defensa no puede apreciarse en ninguno de estos casos, ni como completa ni incompleta ( SSTS. 27.1.2001 , 3.6.2003 , 21.6.2007 ). Por el contrario, si lo que falta es la proporcionalidad de los medios, el posible exceso, llamado intensivo o propio , obliga a ponderar como juicio de valor, no solo las circunstancias objetivas sino también las subjetivas ( sentencias 6-5-98 y 16- 11-2003), teniendo en cuenta tanto las posibilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque y las responsabilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque y la gravedad del bien jurídico en peligro, y a la propia naturaleza humana.
Por ello el exceso intensivo o propio no impide la apreciación de una eximente incompleta, STS. 10.10.96 , e incluso puede ser cubierto -como razona la STS. 1708/2003 de 18.12 , por la concurrencia de una situación de error invencible de prohibición, por la creencia de que se adoptan los medios necesarios adecuados a la defensa que se considera imprescindible para salvar la propia vida en una situación límite.
En el caso presente sabido es que constituye doctrina jurisprudencial reiterada, en cuya cita pormenorizada no es necesario insistir, que cuando, un motivo de casación por infracción de Ley se funda en el art. 849.1, es obligado respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre los hechos predeterminados que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 852 LECrim , en relación art. 5.4 LOPJ .
El recurrente no respeta los hechos probados dado que el jurado declaró probado el hecho tercero del objeto del veredicto, que ya hemos transcrito, según el cual se entabló una discusión entre víctima y acusado con cruce de golpes, y el hecho cuarto, al que también nos hemos referido, por el que el acusado, pese al estado de inconsciencia de la víctima, y sin posibilidad de defensa, siguió golpeándole el rostro con los puños y estampando varias veces su cabeza contra suelo violentamente hasta que se levantó y se marchó.
Esto es sin la menor referencia a que el acusado actuara "inicialmente con ánimo de defenderse", e incluso en contra de lo sustentado en el motivo, el jurado declaró no probado por unanimidad el hecho 15 del objeto del veredicto, propuesto por la defensa, que literalmente decía que " Augusto Geronimo ante las patadas que le propinaba Ildefonso Faustino hasta hacerlo caer de espaldas y colocarse sobre él, con la única intención de defenderse, se revolvió hasta colocarse sobre Ildefonso Faustino golpeándolo repetidamente hasta causarle las lesiones antes descritas y que le causaron finalmente la muerte".
Siendo así del relato fáctico considerado probado por el Jurado no hay dato alguno que permita acreditar que el acusado actuará en legítima defensa, faltando el primer requisito de la misma-agresión ilegítima-, al encontrarnos ante una situación de riña sobre la que la jurisprudencia -vid STS 932/2007 de 21.11 , de forma constante viene declarando que en la situación de riña mutuamente aceptada no cabe apreciar para los contendientes las circunstancias de legítima defensa, al no caber en nuestro derecho la pretendida "legítima defensa recíproca" y ello en razón a constituirse aquellas en recíprocos agresores, en mutuos atacantes, no detectándose un "animus" exclusivamente defensivo, sino un predominante y compartido propósito agresivo de cada cual hacia su antagonista, invalidándose la idea de agresión injusta ante el aceptado reto o desafío entre los contrincantes, que de las palabras pasan a los hechos, generándose consecuencias lesivas, no como actuación exclusivamente paralizante o neutralizadora del acometimiento injusto o inesperado del adversario, sino como incidentes desprovistos de la estructura causal y racional que justifica la reacción de fuerza del acometido sin motivo, entendiéndose por riña o reyerta una situación conflictiva surgida entre unas personas que, enzarzándose en cualquier discusión verbal, al subir de grado la misma, desembocan, tras las palabras insolentes, afrentosas u ofensivas en las peligrosas vías de hecho, aceptándose expresa o tácitamente la procedencia o reto conducente al doble y recíproco ataque de obra.
En estos casos se ha excluido la posibilidad de apreciar la legitima defensa ( SSTS. 29.1.2001, y 214/2001 de 16.2), siendo indiferente la prioridad en la agresión ( SSTS. 31.10.88 , y 14.9.91 ), si bien se ha precisado que ello no exonera a los Jueces a averiguar " la génesis de la agresión y determinar, si es posible, quien o quienes la iniciaron, de tal manera que con ello se evite que pueda aparecer como uno de los componentes de la riña, quien no fue otra cosa que un agredido que se limitó a repeler la agresión"
En base a lo expuesto el motivo deberá ser desestimado, máxime como hemos dicho en reciente STS 240/2017 de 5.4 en las circunstancias modificativas de la responsabilidad, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo ( SSTS. 138/2002 de 8.2 , 716/2002 de 22.4 , 1527/2003 de 17.11 , 1348/2004 de 29.11 , 369/2006 de 23.3 ).
El motivo séptimo al amparo del artículo 849.1 LECrim , por inaplicación del artículo 20.1º en relación con el art. 21.1 CP , subsidiariamente por inaplicación de los artículos 21.7, 20.2 y 21.1
Denuncia la falta de aplicación de la eximente incompleta de embriaguez o subsidiariamente de la atenuante analógica muy cualificada por considerar que el estado de intoxicación en que se encontraba el recurrente va más allá a la aplicación de la mera atenuante.
En efecto, hemos dicho en SSTS 6/ 2010 de 27 noviembre , 622/2011 de 28 junio , 539/2014 de 2 julio , 467/2015 de 20 julio , debemos distinguir entre alcoholismo y embriaguez en cuanto que el primero implica una intoxicación plena, que en algunos casos de alcoholismo puede ser una toxifrenia que puede determinar una demenciación acreedora a ser recogida como circunstancia eximente completa de enajenación mental o, al menos, como atenuante eximente incompleta cuando se ha producido un notable deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de una patología de origen alcohólico generalmente determinada por la ingesta reiterada frecuentemente y a lo largo de un tiempo de cierta duración ( SSTS. 261/2005 de 28.2 , 1424/2005 de 5.12 , 6/2010 de 27.1 ), y la segunda una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso una afectación de las bases de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la detención la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad desde la inoperancia de la responsabilidad hasta la exoneración completa e incompleta de la misma.
Bien entendido de que no basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto, por ello, cuando se trata de la ingesta de bebidas alcohólicas es necesario determinar de alguna forma no sólo los líquidos ingeridos o al menos la existencia del consumo junto con datos que permitan su valoración, sino además, precisar suficientemente los efectos que ha causado en la capacidad del sujeto para entender la ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión ( SSTS 1424/2005 de 5 diciembre , 838/2014 de 12 diciembre ), y en ese sentido es particularmente útil acudir a la conducta del sujeto no solo en relación a los concretos hechos constitutivos del delito, sino también a todos aquellos otros periféricos al mismo que pueden aportar datos sobre el estado ( STS 631/2004 de 13 mayo ). La influencia de la embriaguez debe ser de tal intensidad que anule considerablemente la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión. No es, desde luego, un resorte automático para dulcificar la necesidad de la pena, en todo caso.
En el caso presente el motivo dado cauce procesal utilizado, artículo 849.1 LECrim , debe ser desestimado, desde el momento en que él tribunal del Jurado sólo consideró probado que el acusado en el momento de los hechos llevaba toda la noche sin dormir, pues estaba de fiesta desde las 21 horas del día anterior, consumiendo bebidas alcohólicas cuya composición y cantidad no se han determinado, pero que necesariamente disminuyeron su voluntad y capacidad para calibrar el alcance de sus actos y para comprenderlos.
Esto es, se apreció un estado de embriaguez en el acusado que sustenta la aplicación de la atenuante simple de embriaguez por vía analógica pero no se consideró probado que ese estado de ebriedad hubiera provocado una anulación de sus facultades cognitivas y volitivas del acusado o una severa merma de esas facultades del discernimiento sobre la antijurícidad a la agresión o de la capacidad de autodeterminación a la hora de ejecutar los golpes y puñetazos en la cabeza de la víctima.
El motivo octavo al amparo del art. 849.1 LECrim , por inaplicación del art. 66.1.2ª CP .
El motivo plantea como consecuencia del anterior y conforme a dicho precepto se deberá aplicar la pena inferior en uno o dos grados.
Condicionado, por tanto, a la previa estimación del motivo séptimo y desestimado que ha sido este, debe seguir igual suerte.
Desestimándose el recurso se imponen las costas a la parte ( art. 901 LECrim .).
Debemos desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Augusto Geronimo contra Sentencia núm. 415/2016, de fecha 15 de junio . La Sentencia apelada se dictó en la Causa núm. 73/2016 seguida por los trámites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado y dimanante del Procedimiento de la Ley del Jurado núm. 1/2014, instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de los de Catarroja ; Imponer las costas causadas al recurrente. Comuníquese dicha resolución, a la mencionada Audiencia, con devolución de la causa en su día remitida.
D. Julian Sanchez Melgar D. Francisco Monterde Ferrer D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Dª. Ana Maria Ferrer Garcia D. Carlos Granados Perez
QUE EMITE EL EXCMO. SR. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, EN RELACIÓN AL MOTIVO QUINTO DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL RECURSO DE CASACIÓN 10055/2017. Con el debido respeto a la opinión mayoritaria de la Sala, discrepo de la misma en relación a la concurrencia de la alevosía sobrevenida.
Así en relación a la alevosía hemos dicho, SSTS. 838/2014 del 12 diciembre , 114/2015 de 12 marzo , 719/2016 de 27 septiembre , 165/2017 de 14 marzo y 240/2017 de 5 abril , entre las más recientes, que viene aplicándose a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. En cuanto a su naturaleza, aunque esta Sala unas veces ha destacado su carácter subjetivo, lo que supone mayor culpabilidad, y otras su carácter objetivo, lo que implica mayor antijuricidad, en los últimos tiempos, aun admitiendo su carácter mixto, ha destacado su aspecto predominante objetivo pero exigiendo el plus de culpabilidad, al precisar una previa escogitación de medios disponibles, siendo imprescindible que el infractor se haya representado su modus operandi suprime todo eventual riesgo y toda posibilidad de defensa procedente del ofendido y desea el agente obrar de modo consecuencia a la proyectado y representado.
En cuanto a la "eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima debe ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, siendo compatible con intentos defensivos ínsitos en el propio instinto de conservación" ( STS. 13.3.2000 ). Por ello, esta Sala arrancando de la definición legal de la alevosía, refiere invariablemente la concurrencia de los siguientes elementos ( SSTS. 155/2005 de 15.2 , 375/2005 de 22.3 ):
Entre las distintas modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa, esta Sala por ejemplo S. 49/2004 de 22.1, viene distinguiendo: a) alevosía proditoria, equivalente a la traición y que incluye la asechanza, insidia, emboscada o celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) alevosía súbita o inopinada, llamada también "sorpresiva", en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) alevosía de desvalimiento, que consiste en el aprovechamiento de una especial situación de desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos debilitados, enfermos graves o personas invalidas, o por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormidas, drogada o ebria en la fase letárgica o comatosa).
En cuanto a la alevosía sobrevenida, hemos declarado en SSTS. 243/2004 de 26 febrero , 306/2005 de 8 marzo , 880/2007 de 2 noviembre , 550/2008 de 18 septiembre , 474/2011 de 23 mayo , 17/2013 de 15 enero , 863/2014 de 12 diciembre , que se produce, cuando no se halla presente en el comienzo de la acción, pero tras una interrupción temporal se reanuda el ataque, aunque sea de distinta forma o modo, durante el que surge el aprovechamiento de la indefensión del agredido, propiciada por la intervención de terceros o también por el propio agente ( SSTS. 1115/2004 de 11.11 , 550/2008 de 18.9 , 640/2008 de 8.10 , 790/2008 de 18.11 ). Existe cuando aun habiendo mediado un enfrentamiento previo sin circunstancias iniciales alevosas, se produce un cambio cualitativo en la situación, de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno, en función de las concretas circunstancias del hecho, especialmente cuando concurre una alteración sustancial en la potencia agresiva respecto al instrumento utilizado, el lugar anatómico de la agresión y la fuerza empleada.( SSTS. 53/2009 de 22.10 , 147/2007 de 19.2 , 640/2008 de 8.10 , 243/2004 de 24.2 ).
Ahora bien cuando el ataque a la persona se produce desarrollándose en varios actos ejecutados sin solución de continuidad, si en el inicio de la agresión no es posible apreciar la alevosía a causa de la ausencia de sus elementos característicos, tampoco podrá estimarse su concurrencia valorando el eventual desvalimiento o situación de inferioridad en la que se encuentra la víctima en los momentos finales de la acción, pues ésta sería una consecuencia natural de los primeros actos de agresión. Por lo tanto, solo será posible apreciar la alevosía cuando la acción se haya interrumpido, para reanudarla posteriormente aprovechando la situación creada ( STS. 1089/2007 de 19.12 ). En igual sentido la STS. 357/2002 de 4.3 , en un caso en que el acusado cogió a su esposa por el cuello presionando hasta que quedó desvanecida y como observó que seguía con vida la remató estrangulándola, no se apreció la alevosía sobrevenida, porque es preciso que se inicie una acción delictiva sin carácter alevoso y se continué después otra distinta contra el mismo sujeto pasivo, lo que no ocurrió en el caso examinado, en el que hubo una única acción. Es cierto que no faltan sentencias de esta Sala que entienden hay alevosía, en la modalidad de sobrevenida, en la acción de seguir golpeando a la víctima ya en el suelo e inconsciente y por tanto totalmente desvalida ( SSTS. 1346/2005 de 21.10 , 1271/99 de 20.9 ).
La alevosía -la elección de una forma que tienda a eliminar las posibilidades de defensa- ha de referirse a la agresión contemplada como un todo y no a sus últimos eslabones; hay que fijarse en el episodio en su conjunto y no solo en los avatares, que preceden inmediatamente al fallecimiento. Si fuese de otra forma sería harto infrecuente un homicidio consumado que no pudiese ser calificado de asesinato. Si se ha alcanzado el objetivo buscado es que finalmente se han superado los eventuales mecanismos de defensa; en definitiva que se han anulado. El fallecimiento será la prueba de que se han laminado las posibilidades defensivas. Si pudieron existir, han sido abolidas. Hay que valorar la alevosía en un juicio ex ante: situarnos al inicio de todo el episodio. El último "navajazo", que después de una larga serie de ellos y un reñido enfrentamiento, se propina cuando la víctima ha sido despojada del arma que también portaba, y yace en el suelo malherida y ya sin la menor capacidad de reacción, no convierte en alevosa esa agresión que comenzó frente a frente y con ambos contendientes armados. El ataque que se inicia sin alevosía no se torna alevoso como consecuencia de los lances o circunstancias que pueden ir sobreviniendo, salvo cuando se produce una solución de continuidad, una censura entre el inicial episodio y un nuevo acometimiento (alevosía sobrevenida); o un inesperado e inesperable cambio cualitativo.
En el caso contemplado en la STS. 104/2014 , la agresión se produjo en el curso de una fuerte discusión, con golpes, empujones y agarrones, que constituyeron el preámbulo del estrangulamiento, punto de partida de la acción homicida en que no está acreditada la alevosía, por lo que resultaba procedente negar tal cualificación a todo el episodio en la medida en que no se ha producido solución de continuidad. Situación similar a la y que conlleva la desestimación del motivo. Siendo así tiene razón el recurrente el razonamiento que utiliza el Tribunal Superior para aplicar la alevosía no se ajusta a la norma ni a la jurisprudencia que viene estableciendo esta Sala al tratar el asesinato alevoso. En efecto el examen de los hechos probados acredita que Augusto Geronimo había sido expulsado del local donde se celebraba un cumpleaños por haber golpeado en la cara a Ildefonso Faustino , y cuando éste, algo después, salió del local y diviso a un centenar de metros a Augusto Geronimo , se entabló entre ambos una discusión con cruce de golpes, en el curso de la cual, Ildefonso Faustino acabo en el suelo y Augusto Geronimo , que había practicado boxeo y jiu-jitsu, se colocó a horcajadas sobre el cuerpo de Ildefonso Faustino y continuo golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Y pese a saberlo inconsciente y sin posibilidad de defensa, Augusto Geronimo siguió golpeándole el rostro con los puños y estampando varias veces su cabeza contra el suelo de modo extraordinariamente violento hasta que se levantó y se marchó andando.
La lectura del factum revela que el acusado en la pelea no ceso su agresión en ningún momento. No hubo interrupción en el ataque sino una secuencia continua entre ellos, dado que los hechos probados no reflejan ninguna cesación ni corte temporal en la acción, que permite hablar de un relajo de la víctima al que siga un nuevo ataque cuando aquélla no lo esperara.
Tampoco hubo un cambio cualitativo en la modalidad de la agresión que se produce en la práctica en aquellos puestos acogidos por la jurisprudencia en que el agresor se prevalece de un nuevos instrumento mucho más lesivo -un siglo o pistola por ejemplo-con el que agrede repentinamente a la víctima, cambiando así el contexto en el que se estaba produciendo la agresión. Por el contrario, no existió progresión en el ataque desde el primer momento se trató de una pelea a golpes, desde el inicio al final, y ese fue el único medio empleado para causar las heridas. El hecho de que en esa misma acción, en un momento dado no existe capacidad de defensa, no implica aprovechamiento de la misma, sino el propio resultado del enfrentamiento que da lugar finalmente a las graves lesiones que, días después, causaron la muerte.
Ha de entenderse que no concurre, por tanto, en este caso un supuesto de alevosía sobrevenida, que se daría, según la jurisprudencia antes citada, en aquellos supuestos en que si bien al comienzo de la agresión no se haya presente la fase fáctica de la agravante, si surge en una segunda secuencia de la actuación del autor cuando se reanuda el ataque aprovechando la indefensión en que se encuentra la víctima.
Esta Sala SSTS 414/2013 de 16 mayo , 225/2000 14 marzo , tiene también establecido que la alevosía sobrevenida surge cuando en una situación no alevosa de enfrentamiento entre dos personas o dos bandos cesan las agresiones y se restablece la paz y la confianza, y de nuevo, de forma inesperada, uno de los contendientes sorprende al otro y ejecuta una agresión mortal. No puede hablarse de alevosía sobrevenida cuando en una confrontación, por ejemplo, de dos personas, en las agresiones que recíprocamente se dirigen, uno de ellos consigue un golpe que deja inconsciente y desvanecido al adversario. El hecho de que en esa situación, resultado de la pelea o riña que, por cierto, puede sufrir uno u otro indistintamente, trate el que consiguió doblegar al otro de rematarlo, produciéndole la muerte, no por ello debemos calificar el hecho de alevosía sobrevenida.
Consecuentemente el motivo debió ser estimado y considerar los hechos constitutivos de un delito de homicidio con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de embriaguez condenando al acusado a la pena de 12 años prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Fdo. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre.