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Timestamp: 2017-06-26 20:39:07
Document Index: 148394937

Matched Legal Cases: ['artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 34', 'artículo 288', 'artículo 288', 'Artículo 359', 'artículo 122', 'artículo 63', 'artículo 61', 'artículo 349', 'artículo 34', 'artículo 43', 'artículo\n179', 'artículo 91', 'artículo 277', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 411', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 406', 'artículo 31', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 397', 'artículo 63', 'artículo 38', 'artículo 450', 'artículo 102', 'artículo 51']

DERECHO PENAL COLOMBIA: agosto 2014
Tribunal de Bogotá niega petición de nulidad presentada por la defensa de SAMUEL MORENO ROJAS. En decisión de 2014/08/27, el Tribunal ratificó que en la audiencia de imputación se comunica al indiciado el o los cargos que existen en su contra, sin que se pueda dar paso a controvertir los elementos materiales probatorios. También dijo el Tribunal que el juez de garantías no está facultado para excluir elementos materiales o evidencias - Carrusel de la contratación - Contrato de las ambulancias - Delitos imputados: cohecho propio e interés indebido en la celebración indebida de contratos
SUPERIOR DE BOGOTÁ
Aprobado Acta N° 082
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá, D.C., miércoles, veintisiete (27)
de agosto de dos mil catorce (2014).
110016000000201400604
41 Penal del Circuito de Conocimiento Procesado
Samuel Moreno Rojas Delito
propio en concurso con interés indebido en la celebración de contratos
Niega nulidad Decisión
Confirma I. VISTOS:
Se resuelve el recurso de apelación presentado por la defensa de
Samuel Moreno Rojas, contra la
decisión proferida el 6 de agosto de 2014 por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal
del Circuito de conocimiento de Bogotá, que negó una petición de nulidad. II.
PROCESALES:
Se colige del escrito de acusación que durante el año 2009 y el primer semestre
del 2010, Samuel Moreno Rojas,
entonces Alcalde Mayor de Bogotá, determinó a Héctor
Zambrano Rodríguez, por la época Secretario Distrital de Salud, para que
aceptara promesa remuneratoria y con posterioridad recibiera dinero para sí
mismo y para terceros, entre ellos el exsenador Iván
Moreno Rojas, varios concejales de Bogotá, el Personero Distrital y el
Contralor de la ciudad, por el contrato Nº 1.229 de 2009 celebrado el 30 de
septiembre de 2009 por un valor de $ 67.203’690.774,00, entre la citada Secretaría
de Salud y la Unión Temporal Transporte ambulatorio.
El dinero a recibir ilegalmente equivalía al 9% del valor total del contrato, monto
que debía ser repartido entre Héctor
Zambrano Rodríguez, Hipólito
Moreno, Emilio Tapia y Federico Gaviria Velásquez.
4. Por estos hechos, el 30 de abril de 2014 ante
el Juez 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías se realizó la
audiencia de imputación de cargos contra Samuel
Moreno Rojas por los
delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo con interés indebido en la
celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados. 5. El 28 de mayo de 2014 se presentó escrito de
acusación y se asignó el conocimiento de la causa al Juzgado Cuarenta y Uno
Penal del Circuito con función de conocimiento; el 6 de agosto siguiente se
realizó audiencia de formulación de acusación en la que el defensor presentó
solicitud de nulidad a partir de la audiencia de imputación por violación al
derecho de defensa y debido proceso. 6. Dijo la defensa que la Juez de control de
garantías que adelantó la audiencia de imputación interfirió en el ejercicio
del derecho de defensa, cuando intervino en la audiencia para reiterarle que se
trataba de un acto de comunicación y negarle el derecho a referirse sobre
asuntos puntuales de la imputación, sumado a que pese a la intervención de su
defendido de no entender con claridad los cargos imputados tuvo por aprobada la
diligencia. 7. Agregó que otra de las falencias que se
presentó en la audiencia de imputación fue la falta de claridad de la Fiscalía en
cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que expresó los hechos
jurídicamente relevantes. Explicó que el espacio temporal de ocurrencia de los
hechos es tan extenso que no permite ejercer una debida defensa, por lo que
debió la autoridad requirente indicar año, día y hora exacta de ocurrencia del
hecho atribuido penalmente. 8. Discutió los elementos materiales
probatorios y la evidencia física utilizados por la Fiscalía. Entendió que al
utilizarse conversaciones como las de Emilio
Tapias, que fueron recaudadas en el marco del principio de oportunidad,
aunado a que se le impidió referirse a los elementos materiales probatorios, se
le impidió controvertir la imputación, y, con ello, se le violaron los derechos
al debido proceso y a la defensa.
III. EL AUTO IMPUGNADO:
9. Destacó
el a quo que los presupuestos
normativos del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal se cumplieron
a cabalidad. Aclaró que será la Fiscalía quien en juicio demuestre si en
realidad el hecho ocurrió, las circunstancias en las que se desarrolló y el
tiempo o lapso comprendido en que se desarrolló el comportamiento punible, por
lo que el debate de la defensa no está llamado a prosperar. 10. Aclaró que el hecho de que la juez de
garantías le hubiese hecho interpelaciones a la intervención de la defensa no
vulnera los derechos fundamentales del imputado, porque precisamente su función
es dirigir el debate e impedir intervenciones innecesarias. También destacó que es una realidad que la
imputación es un acto de comunicación y por ende no admite recurso alguno en su
contra, por lo que ninguna irregularidad se presenta cuando la juez de manera
paulatina reitera la connotación del acto para señalar que es una audiencia de mera comunicación.
De los elementos materiales probatorios y evidencia física que presentó la
defensa para soportar la imputación destacó que es un deber de la Fiscalía
cumplir con los presupuestos del artículo 288 de la Ley 906 del 2004, por lo
que con fundamento en dicha norma podrá hacer uso de los mismos aunque no sean
materia de debate u objeto de controversia, de modo que mal puede decretarse
una nulidad cuando no se avizora el quebrantamiento de los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa como lo peticionó la defensa. 12.
Finalmente, subrayó que lo pretendido por la defensa al presentar la nulidad es
cuestionar la situación fáctica descrita por la Fiscalía, quien es la titular
de la acción penal y por tanto asume el riesgo de demostrar lo ocurrido,
contando la defensa con la oportunidad de controvertir en la audiencia de
juicio oral para oponerse a la pretensión fiscal, máxime cuando la
jurisprudencia ha destacado que es improcedente una nulidad para obligar a la
Fiscalía a que adopte una nueva calificación jurídica, porque ello equivaldría
a revivir etapas procesales ya superadas. IV.
RECURSO DE APELACIÓN DE LA DEFENSA:
13. Peticionó la revocatoria
de la decisión del a quo y, en su
lugar, se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia de
imputación realizada el 30 de abril de 2014. Sustentó su inconformidad reiterando
la alegación inicial y dijo no compartir la afirmación que hace el juzgador
cuando aludió que el acto de imputación es de simple comunicación y por tanto
será en el juicio donde la Fiscalía demuestre si tiene razón, porque ha sido la
Corte Constitucional quien ha señalado que este acto debe respetar los
requisitos previstos en la norma y tratados internacionales, actuación que no
se desplegó. 14. Indicó que permitir
que avance el proceso pese a las falencias encontradas en la imputación es dar
vía libre a una nulidad en el juicio. Aclaró que cuando los elementos
materiales probatorios y evidencia física que presenta la Fiscalía no son
serios ni legales y la defensa tiene el conocimiento, debe advertirlo al juez
para que éste sopese si esa validez es fundamento suficiente mantener la
imputación o en caso contrario declarar la carencia de fundamento. Reiteró que
no se puede llegar a un juicio para después de 4 o 5 años señalar que los
elementos que debieron haberse excluidos desde el momento de la imputación, no
tenían validez ni soporte alguno. 15. También
trajo a colación la falta de claridad de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, concretas y específicas, en que ocurrieron los hechos. Enfatizó que se
niega el derecho de defensa y hace imposible ejercerlo si se permite que avance
el proceso con una falencia tan evidente como la anotada. V.
16. Competencia: De conformidad con lo
preceptuado en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906/04, esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Samuel
Moreno Rojas, contra la decisión de primera instancia que negó la
nulidad deprecada en la audiencia de formulación de acusación. 17. Problema jurídico
planteado: De
lo expresado por el recurrente, la Corporación debe determinar si en el presente
asunto se presentaron falencias en la audiencia de imputación que permiten
deprecar la nulidad del proceso. 18. Discusión. Aludió el
defensor que en el trámite de la audiencia de imputación se presentaron irregularidades
que generan nulidad de la actuación por violación al derecho de defensa y al debido
proceso. Sus inconformidades con el citado acto se pueden resumir en (i). falta
de precisión en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron
los hechos; (ii). el uso de elementos materiales probatorios y evidencia física
que debieron ser excluidos en la audiencia de imputación; y, (iii). la omisión
en que incurrió la juez de garantías al negarle el derecho a controvertir los
elementos materiales probatorios y la evidencia física que soportaban la
imputación. 19. Formulación de imputación. Por definición legal este es un acto mediante el cual la Fiscalía General
de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado. Este acto se
realiza en audiencia que se cumple ante un juez de control de garantías,
oportunidad en la que la Fiscalía presenta los elementos materiales
probatorios, evidencia física o la información legalmente obtenida, de los que
se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito
que se investiga. 20. La imputación debe extenderse
sobre aspectos fácticos y jurídicos, toda vez que en ella se comunican los hechos
que resultan relevantes -delimitación fáctica- que además están previstos en la
Ley como delito -delimitación jurídica completa-. Entonces, la
formulación de la imputación en el sistema procesal actual se erige en medio de
formalización de la investigación y en acto de comunicación, que se hace a una
persona (capturada o no) de su calidad de imputada.
21. Igualmente, se ha destacado que cuando la
Fiscalía le comunique a una persona la calidad de imputada, esto es, estar
siendo investigada por su posible participación en una conducta punible, con
fundamento en el artículo 288 de la Ley 906 de 2004 se exige que oralmente se
expresa la concreta individualización, identificación y ubicación del imputado,
así como la relación clara y sucinta de
los hechos jurídicamente relevantes.
22. Imprecisión fáctica. En el sub examine discute la defensa que la
fiscalía no realizó una delimitación fáctica de los hechos al precisar un
espacio temporal demasiado extenso, por lo que considera se vulnera el derecho
de defensa de su prohijado. 23. Contrario a lo
señalado por el defensor, resulta notable que desde el momento de la
formulación de imputación la Fiscalía en forma pormenorizada, realizó un
estudio de las particularidades del hecho, ofreciéndosele información
suficiente al imputado y su defensor, sobre el aspecto temporal del suceso, lo
que permite deducir que recibió información precisa sobre la fecha de
ocurrencia del presunto delito y las consecuencias que generaba su conducta.
24. A la anterior conclusión se arriba porque, si
bien es cierto la Fiscalía no precisó una fecha exacta como lo pretende la
defensa, también lo es que en desarrollo de las exigencias previstas en el
artículo 288 citado, delimitó el espacio temporal en el que presuntamente
ocurrieron las conductas, tal y como lo reconoce la parte apelante, cuando señaló
que el hecho imputado ocurrió en el interregno comprendido entre el año 2009 y
el primer semestre del 2010. 25. Para la
Sala la situación fáctica descrita por la Fiscalía es precisa, carente de ambigüedad
porque de su relato de hechos se infiere que los cuestionamientos contra Moreno Rojas tienen como génesis el
contrato 1.229 de 2009, suscrito el 30 de septiembre de 2009, cuando este
fungía como Alcalde Mayor de Bogotá, negocio que debió surtir diferentes etapas
-previas y posteriores- a su suscripción, las que permitieron a la Fiscalía
ubicar la comisión de las conductas presuntamente típicas. 26. De lo antes
reseñado se sigue que ninguna violación al derecho de defensa del imputado se
presenta porque, en efecto, la Fiscalía delimitó temporalmente la ocurrencia de
los hechos, de modo que el procesado y su defensor están facultados para ejercer
su estrategia defensiva, pudiendo discutir y eventualmente demostrar lo que
realmente ocurrió, dejando sin piso las aseveraciones de la Fiscalía,
asignándole un valor diferente a las evidencias y elementos materiales
probatorios que presentará la parte acusadora, y etc. Por lo expuesto no
prospera esta pretensión nulitatoria. 27.
Exclusión probatoria. También pregona la defensa que
el juez de control de garantías vulneró los derechos de su representado al
negarle controvertir los elementos materiales probatorios y evidencia física
presentados por la Fiscalía como soporte de la imputación, máxime cuando los
mismos debieron ser objeto de exclusión en dicha audiencia. 28. De cara a las actividades
adelantadas por el juez de control de garantías, surge necesario realizar una
primera precisión: el juez de control de garantías, en los términos
establecidos en la Ley 906 de 2004, por regla general no está legitimado para
excluir de la actuación los elementos materiales probatorios o evidencia
física, como que esa función corresponde al juez de conocimiento[1].
Si este funcionario acomete tal actividad invade una órbita que le es ajena,
con evidente menoscabo de la obligación de dar trámite a un proceso como es debido. 29. En ese sentido se tiene definido
por la jurisprudencia[2]
que no existe audiencia de legalización de elemento
material probatorio y evidencia física con destino a la demostración de
responsabilidad, porque el escenario natural de discusión acerca de la
legalidad de esos elementos que pretenden introducirse al juicio para lo de su
objeto, es precisamente la audiencia preparatoria.
30. Estas reglas, sin embargo como ya se anunció, no
resultan del todo absolutas porque concurren cinco eventos en los que el juez
de control de garantías, por imperativo legal, debe emitir pronunciamiento
sobre la legalidad de las actividades cumplidas tanto por la Policía Nacional
como la Fiscalía General de la Nación, en su condición de juez constitucional,
garante por excelencia de los derechos fundamentales de los intervinientes en
la actuación penal. Frente a tan puntual
aspecto, ha sido opinión reiterada del Tribunal Supremo[3]:
Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5)
circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la
legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales
probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de las
órdenes de registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones,
retención de correspondencia, recuperación de información dejada al navegar por
Internet “…u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía (Art. 154-1- y
237). Su expedición -en materia de registros y allanamientos- con la
preterición de cualquier requisito sustancial genera la invalidez de la
diligencia, “por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física
que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación[4]”.
-Art. 232-… La
razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de garantías,
es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias que afectan
derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado el control, formal
y material, de esos actos de investigación, valga decir, la actividad
desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de persecución penal.
31. Las anteriores
precisiones permiten concluir que el juez de control de garantías carece de
competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los elementos
materiales probatorios acopiados por la Fiscalía y que sirvieron de sustento
para solicitar la audiencia de imputación, porque dicha verificación -se itera-
opera en sede de la audiencia preparatoria, de manera que en dicho momento la
defensa tendrá la oportunidad de controvertir y solicitar la exclusión que
pretendió en la audiencia preliminar.
explicaciones brindadas ut supra
permiten concluir que improcedente resulta la nulidad deprecada, circunstancia
que motiva la confirmación del auto objeto de alzada.
33. Por
último, la Sala hace un llamado al juez, a las partes y a los intervinientes,
para que mantengan en todas sus actuaciones la debida lealtad procesal, que
posibiliten tramitar el proceso de la manera más pronta y oportuna, sin
dilaciones indebidas, que se verifiquen los términos procesales, y que se dé
estricto cumplimiento a los principios de economía, celeridad y concentración.
mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Penal, RESUELVE:
1°.- CONFIRMAR en todas sus partes el auto objeto de alzada.
2º.- ANUNCIAR que esta decisión queda notificada en estrados. 3º.- ADVERTIR que contra lo resuelto no procede recurso alguno. Cópiese y cúmplase.
[1] El soporte normativo está recogido en preceptos que
regulan el juicio: Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los
medios de prueba. Las partes y el
Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o
inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas
establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles,
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no
requieren prueba… Art. 360. Prueba ilegal. El juez excluirá la práctica o aducción de
medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o
conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código.
[2] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 16 de mayo de 2007,
radicación 26310.
[4] La expresión “y
sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación” fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-210/07).
Tribunal condena al concejal RONALDO ANDRES CAMACHO CASADO y ordena su captura para que purgue en centro penitenciario la pena de prision impuesta. Decisión proferida con motivo de los hechos que la prensa denomina EL CARRUSEL DE LA CONTRATACION EN BOGOTA. CAMACHO CASADO habia sido dejado en libertad por el Juez 5 Penal del Circuito de Conocimiento
Tribunal condena al concejal RONALDO ANDRES CAMACHO CASADO y ordena su captura para que purgue en centro penitenciario la pena de prision impuesta. Decisión proferida con motivo de los hechos que la prensa denomina EL CARRUSEL DE LA CONTRATACION EN BOGOTA. El concejal fue condenado por los delitos de tráfico
de influencias de servidor público y cohecho impropio, en concurso heterogéneo.
Las penas impuestas fueron:
1. PRISION de sesenta y nueve (69) meses y dieciocho
(18) días de prisión;
2. MULTA de ciento veintiocho punto cuatro (128,4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes; 3. INHABILITACION para el ejercicio de
derechos políticos por el lapso de ciento cinco (105) meses y dieciocho (18)
días; e
4. INHABILIDAD intemporal para el ejercicio de funciones públicas y para celebrar contratos de manera personal
o por interpuesta persona con el Estado, de conformidad con el numeral 5º del artículo 122 de la Constitución Política.
Así mismo, el Tribunal NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la
prisión domiciliaria, motivo
por el cual ordenó su captura para
que cumpla la pena impuesta en el establecimiento
carcelario que para tal fin designe el INPEC. TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA:
Aprobado Acta N° 077
DE SEGUNDA INSTANCIA Bogotá,
D.C., miércoles, trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014).
110016000000201400023
Juzgado 5º Penal
del Circuito de conocimiento
Ronaldo Andrés Camacho
Casado Delito
influencias y cohecho
Modifica parcialmente
1. Procede la Sala a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de
la Nación, el Ministerio Público y las víctimas, contra la sentencia de 9 de
junio de 2014 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de
Conocimiento de Bogotá, que en sentencia anticipada condenó a Ronaldo Andrés Camacho Casado como autor responsable de los delitos de
tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio, en concurso
heterogéneo. II.- IMPUTACIÓN
FÁCTICA Y JURÍDICA 2. Los hechos tuvieron lugar en el año 2009 cuando Ronaldo Andrés Camacho Casado se
desempeñaba como concejal de Bogotá, quien utilizando influencias derivadas de
su cargo ante el director de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Iván
Alberto Hernández Daza, en provecho propio y de terceros contratistas consiguió
que la entidad pública lo favoreciera ilícitamente con el nombramiento de
personas por él recomendadas en cargos de la citada Unidad; igualmente, utilizó
su calidad de concejal capitalino para que fueran beneficiados indebidamente en
procesos licitatorios los contratistas Emilio
Tapias Aldana y Héctor Julio Gómez
González. 3. La actuación aquí desplegada se desarrolló mediante
acuerdos previos entre el acusado Camacho Casado y los concejales Hipólito Moreno Gutiérrez y Orlando Parada Díaz, a quienes el Alcalde
Mayor Samuel Moreno Rojas les
había delegado materialmente la
designación del Director de la citada unidad. 4. También indican las diligencias que en el año 2010 el procesado
Camacho Casado determinó a Iván Alberto Hernández Daza para que
recibiera de Javier Mejía Bernal,
representante legal de la empresa Patria
S.A., quien tenía participación en las
licitaciones 007, 008, 021 de 2009 y 078 de 2010, la suma de cuatrocientos
cincuenta millones de pesos ($450’000.000,00), de los cuales el acusado recibió
como aporte a su campaña la suma de trescientos millones de pesos
($300’000.000,00), y cincuenta millones de pesos ($50’000.000,00) ingresaron al
patrimonio de Hernández Daza. III. ACTUACIÓN PROCESAL
5. El 19 de
noviembre de 2013 ante el Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de
garantías de Bogotá, se formuló imputación contra Ronaldo Andrés Camacho Casado,
en calidad de autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en
concurso heterogéneo con cohecho impropio, cargos aceptados por el procesado[1].
Es esa oportunidad el juez de garantías se abstuvo de proferir medida de
6. La causa fue asignada por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá,
autoridad que señaló fecha para celebrar audiencia de allanamiento e individualización
de pena y sentencia, la que -luego de varios aplazamientos- tuvo lugar el 8 de
7. El 9 de junio de
2014 se procedió a la lectura de sentencia, siendo oportunamente impugnada por
el delegado de la FGN, el agente del Ministerio Público y los apoderados de las
víctimas. IV. SENTENCIA DE
8. El Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, condenó a Ronaldo Andrés Camacho Casado a la pena principal de 40 meses de prisión
como autor responsable de los delitos de tráfico de influencias de servidor
público y cohecho impropio, en concurso heterogéneo. También lo inhabilitó para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual período a la pena
principal y mediante una alambicada interpretación le concedió el subrogado de
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sometida a un período de
prueba de 40 meses y caución de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(s.m.l.m.v.), mediante depósito o póliza judicial. V.- FUNDAMENTO DE LA
9. Fiscalía 3ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su inconformidad radicó en que el juez de primera instancia tomó
supuestos de diferentes leyes para crear una nueva norma con la que finalmente
le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena al
sentenciado. Destacó que en la decisión del juez se observa que para conceder
el subrogado tomó las cuatro legislaciones que han estado vigentes desde el
momento de ocurrencia de los hechos, las cuales sintetizó así: artículo 63 de
la Ley 1709 de 2014; Ley 1142 de 2007 y Leyes 1452 y 1453 de 2011. Concluyó que
si se trata de aplicar la lex tertia,
en el presente asunto no se dan los requisitos de la jurisprudencia porque no
puede acudirse a una combinación inapropiada de requisitos para conceder un
subrogado, como ocurrió. Solicitó revocar el beneficio concedido por falta de
cumplimiento de requisitos. 10. Procuraduría 314 Judicial II Penal. Manifestó el agente del Ministerio Público no
estar de acuerdo con la dosificación punitiva que realizó el fallador por los
delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio.
Destacó que no obstante reconocer el juzgador que se trataba de una conducta
grave escogió el extremo mínimo del primer cuarto, lo que en su sentir
desdibuja los presupuestos del artículo 61 del Código Penal, precepto en el que
se indica que para determinar la pena que corresponde a un procesado dentro de
cualquiera de los cuartos, se deberá contemplar la gravedad de la conducta, el
daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o
atenúen la punibilidad, intensidad del dolo, necesidad de la pena y la función
que ella debe cumplir, requisitos que no fundamentó el juzgador. 11. Destacó que de la misma
manera en que dosificó el delito de tráfico de influencias también procedió a
dosificar la conducta de cohecho impropio, olvidando que para la aplicación de
la pena se requiere de una fundamentación expresa para no dejar impune
conductas gravemente reprochadas social y legalmente. 12. Para efectos de la tasación
de la pena trajo a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del
27 de septiembre de 2012, que en el caso de Germán
Alonso Olano Becerra, emitida con ocasión de hechos públicamente
conocidos con el nombre de carrusel de la
contratación, en donde la sanción se impuso a partir del extremo máximo del
primer cuarto, lo que se justificó en la falta de imputación de causales de
agravación punitiva derivadas de la atribución fáctica. 13. También señaló que siendo
respetuoso de la imputación realizada por la Fiscalía, realizó las
correspondientes observaciones en torno a la concurrencia de causales de
agravación, sin embargo, su intervención no fue tenida en cuenta.
14. Agregó que tampoco está de
acuerdo con la rebaja del 50% de la pena que se hizo por allanamiento, porque
de acuerdo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la FGN
contaba con suficientes elementos materiales probatorios para llevar a buen término
la acusación en contra del procesado, de modo que la rebaja de pena fue extremadamente
generosa, más si en cuenta se tiene que el acusado fue premiado con otros
beneficios, consistentes en la no imputación de agravantes genéricos o la
conducta de concierto para delinquir, sumado a que se le concedió principio de
oportunidad. 15. En cuanto al subrogado de
la suspensión condicional de la ejecución de la pena trajo a colación
jurisprudencia sobre la aplicación de la lex
tertia y destacó que no puede acudirse a una combinación inapropiada de
requisitos de una y otra norma porque se vulnera el principio de legalidad. Por
ello estimó que la conducta del fallador trasgredió el principio de legalidad
al tomar requisitos de varias Leyes y crear una nueva norma aplicable al caso
del acusado. Peticionó se proceda a los ajustes punitivos atendiendo los
fundamentos esgrimidos dado que la dosificación realizada por el juzgado de
instancia desbordó el principio de legalidad. 16. Unidad Administrativa
Especial de Reparación y Mantenimiento de la Malla Vial. En su calidad de
víctima solicitó se aclare el yerro incurrido en el fallo cuando se indicó que
los perjuicios ocasionados fueron reparados porque ello no corresponde a la
realidad. Sobre el particular indicó que si bien es cierto se efectúo una
devolución de una pequeña suma de dinero que el encartado admitió haber
recibido, también lo es que no se repararon los graves perjuicios ocasionados
con el acontecer delictivo. Reiteró que
para hacer viable la negociación con la FGN el procesado se limitó a hacer el
reintegro del incremento patrimonial admitido como lo ordena el artículo 349
del Código de Procedimiento Penal.
17. También se mostró
inconforme con la tasación de pena al considerar que partir del extremo mínimo
del primer cuarto y reconocer en forma automática una rebaja del 50% de la misma,
deja de lado la gravedad de la conducta y los parámetros que para efectos de
dosificación ha señalado tanto la Ley como la jurisprudencia. 18. Concluyó que tampoco
resulta viable hacer merecedor al concejal-procesado del subrogado de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque al revisar la
tasación la misma debe superar los 48 meses, sumado a que la aplicación de
normas que realizó el juzgado de instancia vulnera los parámetros que ha
establecido la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de la aplicación del
principio de favorabilidad. 19. Contraloría Distrital de Bogotá. También discutió la tasación de pena que
realizó el juzgado de instancia y los fundamentos que tuvo para conceder el
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. También
señaló que no existió reparación integral de perjuicios porque Camacho Casado únicamente entregó un
título de depósito judicial por valor de trescientos millones de pesos, monto que corresponde al valor de lo
apropiado pero no representa una indemnización o pago de perjuicios.
20. Defensor no
recurrente. Solicitó
no dar trámite al recurso de apelación presentado por la FGN por falta de
legitimación en la causa, al estimar que en el contexto del acuerdo que
suscribió se comprometió a no atacar el otorgamiento de los subrogados que concediera
el juzgador a su defendido. 21. En cuanto a lo manifestado
por las víctimas indicó que sus pretensiones económicas orientadas a una
reparación integral no pueden abrir un debate sobre el fallo de culpabilidad o
impedir su ejecutoria, porque para ello la legislación prevé el incidente de
reparación integral. 22. Estimó que si en el caso
concreto la FGN renunció a su legitimidad para recurrir los subrogados penales
conforme al acuerdo suscrito, dicha circunstancia se extiende a las víctimas y
el Ministerio Público. Respecto de este último, agregó, su función como
interviniente no lo habilita para actuar como ente acusador sumado a que los
subrogados penales son asunto exclusivo de las partes, es decir FGN y defensa. 23. Insistió en que solamente
solicitó la aplicación de la Ley 1709 de 2014, pero aclaró que para su precisa
ejecución se requiere de normas complementarias porque la misma ley las reclama.
24. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el
numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906/04, esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la
sentencia de primera instancia. 25. En términos del numeral 1º del artículo 43 y el artículo
179 de la Ley 906/04, modificado por el artículo 91 de la Ley 1395/10, resuelve
la Colegiatura el asunto esbozado por el recurrente dentro del marco delimitado
por el objeto de la impugnación.
Problemas jurídicos planteados: Se debe determinar (i) si los sujetos procesales están legitimados para apelar; (ii)
si es viable apartarse del extremo mínimo del primer cuarto atendida la
gravedad y modalidad de la conducta punible, la intensidad del dolo y la función que en concreto ha de cumplir la
sanción; (iii) si la rebaja por allanamiento se ajusta a los parámetros desarrollados
por la jurisprudencia; y, iv) si
es procedente
conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
27. Legitimación
en la causa. Alega
la defensa que los sujetos procesales no se encuentran legitimados para
presentar apelación dentro del presente trámite por diversas razones que fueron
ampliamente expuestas en acápites anteriores. 28. En relación con el Ministerio
Público tiene dicho la jurisprudencia que por mandato del artículo 277
constitucional y el legislador -Ley 906 del 2004-, que resulta viable la
participación activa del Ministerio Público dentro del trámite judicial, no
como un interviniente especial (que lo es la víctima), sino como un organismo constitucional
propio dentro del proceso penal, en aras de cumplir con los fines superiores
que le corresponden: la defensa del orden jurídico, la protección del
patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales[2].
29. En materia
de allanamientos y preacuerdos, en el fallo ya citado, la Corte Suprema dijo:
de preacuerdos, acuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el indiciado,
imputado o acusado, es claro que la legislación procesal no le permite al
Ministerio Público oponerse a ellos, pero sí, habiendo sido convocado a esos
actos de justicia consensuada, dejar constancia sobre su postura en
relación con los temas que justifican su participación y que advierta afectados
por las estipulaciones de las partes, lo cual, eventualmente, le podría
permitir acreditar el interés para recurrir los pronunciamientos judiciales en
torno a ellos.
embargo todas estas manifestaciones de justicia consensuada, no sólo deben
estar regidas por la legalidad, sino que no deben afectar derechos de terceros,
pues si esto ocurre, se activa la legitimidad del Ministerio Público para
intervenir ante la eventual trasgresión o puesta en peligro de bienes jurídicos
ajenos, los cuales son indisponibles por las partes involucradas. Igual
acontece si los acuerdos contrarían el ordenamiento interno o desconocen el
derecho internacional humanitario, o versan sobre infracciones graves a los
derechos humanos, sobre las cuales no puede mediar negociación alguna por ser
contrarias a los compromisos internacionales que integran el denominado Bloque
de Constitucionalidad, la Constitución o la Ley.
30. De lo antes dicho se
tiene que, por regla general, al Ministerio Público le está vedado oponerse a
las acusaciones originadas en allanamientos o preacuerdos, admitiéndose como
única excepción la acreditación de manifiestas vulneraciones a las garantías
fundamentales, evento en el cual está facultado para hacer las postulaciones
respectivas y, en el supuesto de decisiones adversas, acudir a los recursos de
31. Con todo, contrario
a lo señalado por la defensa, refulge evidente que la actuación del Ministerio
Público para interponer los recursos de Ley encuentra sustento en atacar una
decisión que estimó ilegal al tasar el a
quo la pena en forma laxa, sumado a la indebida aplicación de las normas
para conceder el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la
pena, actuaciones que, de presentarse, sin duda desdibujan el principio de
legalidad y, por tanto, son el reflejo de una clara trasgresión al ordenamiento
jurídico, por lo que se encuentra habilitado para ejercer el recurso de
32. Igual circunstancia
acontece con las víctimas, pues no se puede olvidar que la jurisprudencia ha
sido pacífica entorno a las facultades de intervención que tiene dentro del
proceso penal acusatorio, pronunciamientos en los cuales se ha precisado el
marco jurídico de su participación al interior de la actuación, estando entre
ellas la posibilidad de acudir a los recursos con el fin de obtener los fines
constitucionales de justicia, verdad y reparación[3].
33. En el sub examine las víctimas impugnaron la
sentencia condenatoria de primer grado, recurso a través del cual dejaron ver,
según su opinión, cómo el juzgador se equivocó flagrantemente en la
individualización de la pena, dejando en claro que se transgredió el principio
de legalidad, argumento que por tener sustento legal permite reconocerle su
interés para recurrir. 34. Finalmente, en lo
que respecta al interés que le asiste a la FGN para atacar la concesión de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena, encuentra la Sala que si
bien es cierto la defensa transcribió el acuerdo al que llegó con el ente
fiscal, también lo es que en el mismo se expresó claramente que si se presentaban vulneraciones al principio
de legalidad la fiscalía podía hacer uso de los recursos, circunstancia que
en efecto estimó se presentaba, pues su disenso está dirigido a enderezar la
legalidad de la pena y del subrogado concedido, por lo que los argumentos de la
defensa en torno a la legitimación no están llamados a prosperar, resultando
viable estudiar de fondo el recurso interpuesto por la aludida parte e
intervinientes. 35. Aplicación
de los parámetros de dosificación punitiva. Respecto de la posibilidad que tiene el
juez de apartarse del mínimo previsto en cada cuarto, motivo de disenso del Ministerio
Público y las víctimas, la Corte
Suprema de Justicia señaló lo siguiente en
un asunto regido por la Ley
906 de 2004:
6.5. Es
menester recordar que la jurisprudencia de la Sala ha precisado que ni siquiera ante la
concurrencia exclusiva de circunstancias de atenuación el fallador está
compelido a imponer el mínimo de la pena, dado que los fundamentos para la
individualización de la sanción contenidos en el artículo 61 lo habilita para
apartarse de tal límite cuando alguno o algunos de los criterios previstos en
el citado precepto hagan presencia.
6.6. El examen
de circunstancias tales como la gravedad y modalidades del hecho punible, el
grado de culpabilidad y la personalidad del agente, al ser diferentes de las
circunstancias específicas o genéricas de agravación y al no coincidir con
estas, facultan al juez para, con base en la fundamentación que haga de tales
aspectos, infligir un castigo superior al mínimo previsto para la respectiva
conducta punible[4].
36. En el presente asunto, razón le asiste al Ministerio
Público y las víctimas en sus reproches al fallo de primer grado, porque el
juzgador no respetó los parámetros y fundamentos de individualización de la
pena, concretamente, porque una vez establecido el primer cuarto, como espacio
temporal en el que se fijaría la pena, se limitó a señalar que la conducta
resultaba merecedora de innegable reproche; sin embargo, reconoció que las
circunstancias de menor punibilidad le resultaban altamente favorables, sin que
se observe específicamente a cuáles hacía referencia el fallador y por qué
motivos. 37. Esta posición llevó al juez de primera instancia a
mantener la pena en el extremo mínimo, omitiendo considerar los fundamentos
para la individualización de la sanción contenidos en el artículo 61 del Código
Penal, entre ellos la gravedad de la conducta, la intensidad del dolo, el daño
causado con la conducta y la función que debe cumplir la pena, que sin duda,
tal y como lo anuncia la jurisprudencia, lo habilitaba para apartarse de tal
límite. Sumado a lo anterior, ha sido la Corte Suprema de Justicia la que en
casos similares, tal y como lo trajo a colación el Ministerio Público, ha
estimado que resulta adecuado y procedente que, cuando se atente de manera
grave contra la administración pública, el juzgador se mueva hacia el extremo
máximo del cuarto mínimo: Ese agravio, que atenta contra la administración
pública, deslegitima no sólo a quienes representan los intereses de los
gobernados en la rama legislativa, sino colocan en serio desprestigio la actividad
estatal en el desarrollo de obras públicas que deben estar inspiradas en los
principios de confianza honradez, honorabilidad, transparencia y oportunidad
para todos. Tan desviado proceder genera un clima de incertidumbre en el
desarrollo de las demás actividades, pues dudará la ciudadanía que esos altos y
nobles fines sean la guía de la contratación pública.
consecuencia, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta punible, el daño
real ocasionado y la intensidad del dolo (art. 61 de la Ley 599 de 2000), lo que
conllevó a afectar seriamente la credibilidad en la Administración Pública,
la pena de prisión que se impondrá por este delito será el extremo máximo del
cuarto mínimo[5].
38. Como en el presente asunto se observa la ejecución de
conductas extremadamente graves, actos que implicaron bochornosas actuaciones en
perjuicio de la administración capitalina por cuenta de un concejal, inaudito
resulta que la judicatura termine premiando a delincuentes de tal monta, con
argumentos vacíos y
39. Es inadmisible que los jueces patrocinen la impunidad,
así esta sea parcial, porque no otra cosa ocurre cuando ante tan nocivas
conductas desplegadas por servidores públicos, se les termina gratificando con
una pena mínima, ni siquiera comparable con la que diariamente se impone a los
responsables de conductas insignificantes y cuya antijuridicidad es más que
40. Basten las anteriores consideraciones para concluir que
en el presente asunto resulta procedente atender las súplicas de las víctimas y
el Ministerio Público, de modo que deberá redosificarse la pena impuesta.
41. Dosificación punitiva. El delito de tráfico
de influencias de particular previsto en el artículo 411 del Código Penal,
previo aumento de penas previsto en la Ley 890 de 2004, tiene prevista pena de
64 a 144 meses de prisión, multa de 133.33 a 300 s.m.l.m.v. e
inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. 42. Conforme al artículo 61 del Código Penal,
a tal punible corresponde el siguiente ámbito de movilidad de la pena: Pena Cuartos
¼ Tercer
¼ Cuarto
¼ Prisión
43. Como quiera que el sentenciador sólo dedujo
circunstancias de menor punibilidad, entre ellas, la carencia de antecedentes
penales, resulta claro que la Sala sólo se podrá mover dentro del cuarto
mínimo, es decir, la pena a imponer deberá respetar el mínimo de 64 meses y el
máximo de 84 meses de prisión.
44. Del mismo modo, teniendo en cuenta los aspectos
consagrados en el citado artículo 61, inciso 3°, se encuentra que factores determinantes
a tener en cuenta son la gravedad de la conducta, el daño real ocasionado a la
administración pública, la intensidad del dolo y la función que en concreto ha
de cumplir la pena.
45. Así, respecto a la gravedad de la conducta se tiene que
el concejal Camacho Casado no solo
influenció a otros funcionarios para obtener indebidamente puestos públicos y
prebendas políticas, sino que a su patrimonio ingresó una fuerte suma de dinero
que fue utilizada para sostener los gastos de su campaña, cuya procedencia, sin
duda, devenía de la contratación que tantas veces favoreció, dejando de un lado
al conglomerado social -que juró defender cuando asumió la función pública-, para
poner sus intereses particulares por encima del bienestar de la comunidad que
lo eligió para que lo representara, circunstancia que sin duda denota un alto
grado de reproche.
46. El daño real ocasionado a la administración pública también
se hace latente en esta clase de conductas toda vez que el procesado, en
últimas, se apropió de dineros del erario público defraudando las arcas del
Estado, aprovechándose de su posición frente a la colectividad,
por lo que sin duda, la intensidad del dolo fue mayor, al no escatimar esfuerzo
alguno para causar el descalabro económico al erario. 47. Finalmente, en cuanto a las
funciones de la pena resulta viable que la comunidad asuma que ciertos hechos punibles que lesionan sus
intereses más preciados, como la administración pública, merecen un tratamiento
severo que no sólo expíe la conducta del autor, en tanto retribución justa,
sino que además, como prevención especial, lo disuada de la comisión de nuevos
hechos punibles, de modo que no quede en aquella sensación alguna de impunidad
o de un trato desproporcionado, por lo que con el propósito de cumplir las
señaladas funciones, y dada la conducta que reflejó en los acontecimientos
delictivos, imposible resulta deducir que no colocará en peligro a la sociedad,
en la que ocupaba una privilegiada posición por su cargo, por lo que la pena a
imponer inicialmente será de 84 meses de prisión, multa de 174 s.m.l.m.v. e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de
96 meses. 48. Adicionalmente, como se imputó un concurso con el delito
de cohecho impropio previsto en el inciso 2º del artículo 406 del Código Penal,
cuya pena oscila entre 32 y 90 meses de prisión, multa de 40 a 75 s.m.l.m.v. e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses,
conforme al artículo 31 ibídem se
incrementará la pena inicialmente fijada en 32 meses de prisión, multa de 40 s.m.l.m.v.
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un
plazo de 80 meses, aumento que resulta razonable, proporcionado y benigno frente a la gravedad de la
49. De lo reseñado se tiene que a Ronaldo Andrés Camacho Casado
se le debe imponer una pena de ciento dieciséis (116) meses de prisión, multa
de doscientos catorce (214) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de
ciento setenta y seis (176) meses. 50.
Rebaja por allanamiento. Para efectos de determinar la justa proporción de la
rebaja punitiva, los criterios de política criminal que se exponen en la
sentencia T-091/06 determinan que en los preacuerdos y sentencia anticipada esta
confrontación de los rangos es compatible, no solamente con una visión
integrada de las normas que regulan la materia, sino con el criterio de
política criminal que subyace al instituto, consistente en que el tratamiento
punitivo más benigno es directamente proporcional al mayor ahorro de recursos
investigativos del Estado.
51. Bajo ese marco se
debe analizar el caso en particular y conforme a las características que lo
rodean, pues no existen fórmulas absolutas para aplicar bajo un solo rasero el
porcentaje de disminución de pena. Así en el sub examine se tiene que el sentenciado no se hace merecedor a la
rebaja de pena que le fue concedida, tal y como lo indicaron los apelantes,
pues si bien no fue capturado en flagrancia, la aceptación de cargos que
realizó se debió a los casi cuatro años de investigación que adelantó la
Fiscalía desde el momento de comisión del ilícito, por lo que sin duda el ente
acusador contaba con suficientes y contundentes elementos de juicio que
comprometían su responsabilidad en los hechos objeto de investigación que
permitían, por tanto, con un alto grado de probabilidad, dictar condena en su
contra. 52. Para la Sala, la
decisión adoptada por el a quo, en el
sentido de otorgar el 50% de la rebaja de la pena, resulta desacertada al no
estar en armonía con los fines del derecho penal, pues indudablemente debía
valorar el mayor o menor desgaste de la administración de justicia y las
pruebas con las que contaba respecto de la responsabilidad del encartado en los
hechos. 53. De acuerdo con lo
reseñado se debe concluir que el procesado se hace acreedor a una rebaja por
allanamiento del 40% de la pena impuesta. 54. Así las cosas, como a Ronaldo
Andrés Camacho Casado se le impuso inicialmente pena de 116 meses de
prisión, multa de 214 s.m.l.m.v. e inhabilitación en el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el lapso de 176 meses, al aplicársele la rebaja del 40%
por aceptación de cargos, la pena definitiva a imponer será de 69 meses y 18 días de prisión, multa de
128,4 s.m.l.m.v. e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones
públicas por 105 meses y 18 días.
55. Condena a perpetuidad para contratar por sí o por
interpuesta persona con el Estado y para ejercer funciones públicas[6]. En otras
oportunidades el Tribunal ha precisado que la Constitución Política de Colombia sanciona penalmente a los
responsables de daño patrimonial al Estado con inhabilitación de funciones
públicas a perpetuidad, como lo señala el numeral 5º del artículo 122 de la Constitución
Política modificado por el artículo 1º del Acto
Legislativo No. 1 de 2004, que en su tenor reza:
perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona,
contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,
por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. 56. Sobre el alcance de la citada disposición, la jurisprudencia ha señalado que la
prohibición recae no respecto de todos los derechos y funciones públicas sino
sobre el acceso a la función pública y a la celebración de contratos con el
Estado por sí y por impuesta persona[7].
57. Como en el presente caso la pena a la que se viene
haciendo referencia se impuso por el lapso contemplado en la norma, tal
decisión se modifica en el sentido de imponerla con carácter intemporal, sin
límite de tiempo o a perpetuidad para el ejercicio de
funciones públicas y para celebrar
contratos de manera personal o por interpuesta persona con el Estado. 58. El contexto en el que ocurrieron los hechos delictivos
que aquí se juzgan permite concluir, sin lugar a dudas, que el cohecho por el
que se condena al concejal Camacho Casado, se enmarca dentro
de los acuerdos de gobernabilidad suscritos
entre el Alcalde Moreno Rojas y
los concejales capitalinos citados, sutil denominación bajo la cual se
ejecutaron las conductas depredadoras más despreciables contra la
administración pública, obteniéndose como resultado tangible multimillonarias
pérdidas para el tesoro público y el bienestar de la comunidad bogotana. 59. La inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas que como pena principal también
se impone, sigue las reglas generales del Código Penal, artículo 397, se debe
mantener en ciento cinco (105) meses y dieciocho (18) días.
60. Suspensión
condicional de la ejecución de la pena. En lo relacionado con este sustituto, la
Sala no dará aplicación a los lineamientos de la Ley 1709 de 2014, que al modificar institutos
como el mencionado prohibió la concesión cuando se trata de delitos contra la
administración pública, circunstancia que haría más gravosa la situación del
condenado, sino que acogerá favorablemente el original artículo 63 de la Ley
599 del 2000, dada la fecha de ocurrencia de los hechos.
61. De acuerdo con la
pena que se impone a Ronaldo Andrés Camacho Casado, no se cumple el requisito objetivo de
la norma toda vez que el quantum
establecido en la norma, sumado a que la conducta antijurídica fue de
significativa trascendencia social, el internamiento intramural que se
decretará atiende a las funciones de la pena en cuanto a sus componentes de
prevención general, retribución justa y prevención especial, más cuando el
comportamiento social del procesado representa un gravísimo peligro para la
62. Para el Tribunal,
siguiendo los precedentes que interpretan la incidencia de la Ley 1709 de 2014
en los hechos ocurridos y procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de
la misma[8], constituye
verdadero exabrupto acudir a la creación de una lex tertia, de modo que quiere entender este juez colectivo de
segunda instancia que el dislate del a quo
fue producto de una desatención y no la ejecución de una conducta dolosa
perpetrada con el propósito de favorecer la corrupción
administrativa y la delincuencia de cuello
63. Prisión Domiciliaria. Tampoco se hace merecedor a la prisión domiciliaria, consagrada en el
artículo 38 de la Ley 599 de 2000, debido a que no se satisface el elemento objetivo, porque la pena mínima
del delito de tráfico de influencias es de 64 meses, quantum superior al establecido en el referido precepto.
Adicionalmente, tampoco se cumple el factor subjetivo pues al sopesar el desempeño laboral, familiar y social,
patentizado en la gravedad del delito cometido, no permite a la Sala deducir, sería, fundada
y motivadamente que no pondrá en peligro a la comunidad.
64. Ejecución de la sentencia: Por
mandato del artículo 450 de la Ley
906 de 2004, como lo ha determinado la jurisprudencia[9],
cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan
subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la
libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo o
cuando se aprueba por la Sala de Decisión el proyecto de fallo de segundo
grado. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se emite un
fallo de condena, que conlleva la imposición de una pena privativa de la
libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir
la regla general consistente en
disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta.
ello, en cumplimiento del precepto citado, se hace necesario ordenar la captura
inmediata del procesado para que cumpla en establecimiento
penitenciario la sanción punitiva irrogada en el presente fallo.
66. Reparación
Integral. Finalmente, en cuanto a la ausencia de
reparación integral que reclaman las víctimas, razón le asiste al defensor
cuando consideró que en el presente asunto resulta viable acudir al incidente
de reparación integral, el cual podrán iniciar una vez se encuentre en firme la
sentencia condenatoria, tal y como lo prevé el artículo 102 de la Ley 906 de
VII. DECISIÓN:
A mérito de lo
expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1º.- MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia recurrida; en consecuencia,
2º.- CONDENAR a Ronaldo Andrés
Camacho Casado, a la pena principal
de sesenta y nueve (69)
meses y dieciocho (18) días de prisión, multa de ciento veintiocho punto cuatro
(128,4) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos políticos por el lapso de ciento cinco (105) meses y
dieciocho (18) días.
3º.- CONDENAR a Ronaldo
Andrés Camacho Casado a la pena de inhabilidad intemporal para el ejercicio de funciones públicas y para celebrar contratos de manera personal
4º.- NEGAR la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la
prisión domiciliaria a Ronaldo Andrés Camacho Casado, motivo
por el cual se dispone librar la correspondiente orden de captura en su contra para
carcelario que para tal fin designe el INPEC. 5º.- La presente decisión se notifica
en estrados y contra la misma procede el recurso extraordinario de casación.
[1] Por otras
conductas punibles fue favorecido con el principio de oportunidad.
[2] Ver, entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 5 de octubre de 2011, radicación 30592.
[3] Ver, entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 18 de julio de 2007, radicación 26255. [4] Auto del 9 de
junio de 2008, radicación 29250.
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 27 de septiembre de 2012, radicación 37322. [6] Código Penal,
artículo 51, incisos 1º y 2º. Sobre la inhabilidad intemporal se pueden
consultar las sentencias C-064/03, C-1062/03, entre otras. [7] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 13 de abril de 2011,
radicación 34911.
[8] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 12 de febrero de 2014,
radicación 42501 y de 12 de marzo de 2014, radicación 42623.
[9] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de septiembre de 2007,
radicación 27431.
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