Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-876-05.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:29:57
Document Index: 102061631

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 187', 'artículo 52', 'artículo 682', 'artículo 52', 'artículo 238', 'artículo 370', 'artículo 52', 'artículo 240', 'artículo 180', 'artículo 4', 'Artículo 4']

C-876-05
Si el legislador introdujo como una modificación dirigida a obtener la agilización de los procesos como finalidad constitucionalmente válida y para ello autorizó a las partes para realizar actividades que en la legislación precedente no podían realizar, como está de participar directamente en el avalúo de los bienes, resulta a penas lógico que a esa mayor injerencia en la actividad misma del proceso, corresponda el establecimiento de cargas procesales en desarrollo de la política legislativa del Estado, con las consecuencias negativas desfavorables si por negligencia, incuria o descuido se dejan precluír los términos para actuar en forma oportuna y en su propio beneficio, pues es su interés jurídicamente protegido el que la ley le ampara, pero con sujeción al cumplimiento de tales cargas procesales. La norma cuestionada dispone que en los casos en ella previstos, es decir, si se presenta por el ejecutado o se ordena el avalúo mediante peritos por el juez, “no habrá lugar a objeciones”. Pero, como surge de su propio texto, no prohíbe que de ese avalúo se corra traslado a las partes, por lo que éstas estarían legitimadas no solo para conocerlo en tal virtud, sino también para pedir su aclaración o complementación. Agrégase que es el juez el director del proceso y que, precisamente por serlo, entre sus deberes tiene conforme al artículo 37 del Código de Procedimiento Civil el de dirigirlo, velar por su rápida solución, hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo y hacer efectivos los deberes de lealtad, probidad y buena fe, así como evitar toda tentativa de fraude procesal. Tales deberes le imponen el deber de apreciar las pruebas, entre ellas la prueba pericial y el avalúo de los bienes que se le presenten, de acuerdo con las reglas de la sana critica (artículo 187 del C.P.C.), norma que en armonía con lo dispuesto por los artículos 240 y 241 del mismo Código, le permite, aún oficiosamente ordenar que los peritos aclaren, complementen o amplíen su dictamen, y en todo caso apreciarlo, lo mismo que el avalúo que se le presente, de acuerdo con su firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, lo que descarta por completo la incorporación y acogimiento automático y no razonado del avalúo de los bienes embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo. Así las cosas, no encuentra la Corte que la norma parcialmente acusada sea violatoria de los derechos a la igualdad, a la administración de justicia y el debido proceso, ni ninguna otra norma constitucional.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos Jorge Forero Silva y Enrique Alberto Prieto Rios, demandaron parcialmente el artículo 52 de la ley 794 de 2003 “Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”.
En los casos de los numerales 5 a 8 del artículo 682 y de inmuebles, si el demandante lo pide se prescindirá del avalúo y remate de bienes, con el fin de que el crédito sea cancelado con los productos de la administración, una vez consignados por el secuestre en la cuenta de depósitos judiciales.”
“La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior y así sucesivamente …..
El señor Procurador General de la Nación, en concepto Nro. 3802, de fecha 15 de abril de 2005, le solicitó a la Corte declarar exequible el aparte final del inciso cuarto del artículo 52 de la ley 794 de 2003 que introdujo modificaciones al Código de Procedimiento Civil.
Lo que ocurre es que, si el ejecutado por su inactividad deja precluír el término que la ley le otorga en su propio beneficio y para la celeridad del proceso, ha de soportar la consecuencia jurídica de su inactividad y, en tal caso, al demandado se le otorgó por el legislador la facultad de presentar entonces el avalúo de los bienes embargados y secuestrados, también en el término de diez días y por no haberlo presentado el ejecutante, pero “en la misma forma” que éste. Es decir, con sujeción a las reglas de carácter objetivo que la propia ley señala, sin que de ninguna manera pueda entenderse que en este caso se le autoriza para incurrir en abuso del derecho en contra del ejecutante, ni en arbitrariedad alguna, pues, también su avalúo deberá ser debidamente fundado y para esa finalidad, podrá realizarlo con el auxilio de entidades o profesionales especializados o el de un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia.
Por otra parte, ha de observarse que la norma cuestionada dispone que en los casos en ella previstos, es decir, si se presenta por el ejecutado o se ordena el avalúo mediante peritos por el juez, “no habrá lugar a objeciones”. Pero, como surge de su propio texto, no prohíbe que de ese avalúo se corra traslado a las partes, por lo que éstas estarían legitimadas no solo para conocerlo en tal virtud, sino también para pedir su aclaración o complementación. La limitación que se establece en la norma parcialmente acusada, es tan solo para formular objeciones. Estas como se sabe, tratándose de la prueba pericial solo son procedentes por error grave, caso en el cual si previo el incidente respectivo llegan a prosperar en los casos autorizados por la ley, la solución legislativa es la de ordenar un nuevo dictamen, el cual ya no puede ser materia de nuevas objeciones ni siquiera por esa causa, conforme al artículo 238 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, circunstancia esta que demuestra que, lo dispuesto en este caso por la norma acusada no difiere de la solución que la ley ha previsto en otros casos. E igual sucede con el avalúo del interés para recurrir en casación, el que según el artículo 370 ibídem, se justiprecia por un solo perito sin que sea objetable el dictamen, precisamente en beneficio de la celeridad procesal.
Declárase EXEQUIBLE la expresión “ en los casos previstos en este inciso no habrá lugar a objeciones” contenida en el artículo 52 de la ley 794 de 2003, por no violar artículo alguno de la Constitución.
3. El artículo 240 del C.P.C, dice lo siguiente: “Articulo 240.- Aclaración, adición y ampliación del dictamen por iniciativa del juez. El juez podrá ordenar a los peritos que aclaren, completen o amplíen el dictamen, en las oportunidades señaladas en el artículo 180 para lo cual les fijará término no mayor de diez días”.
5. La norma acusada al impedirle al ejecutante objetar el dictamen presentado por el ejecutado rompe el principio de la igualdad procesal y equilibrio de las partes que es un principio general de derecho procesal. En efecto el artículo 4° del C.P.C al referirse a la interpretación de las normas procesales dice: “Artículo 4°.- Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”.