Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2020/05/25/delito-la-desobediencia-durante-el-estado-de-alarma/
Timestamp: 2020-08-07 12:27:52
Document Index: 252775210

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 556', 'artículo 556', 'artículo 556', 'artículo 556', 'artículo 7', 'artículo 556']

¿Delito la desobediencia durante el estado de alarma? – El blog del abogado blog
El panorama durante el estado de alarma ha estado lleno de anormalidades, entre ellas las imputaciones por delito de desobediencia al saltarse el confinamiento.
Cabe preguntarse si realmente cabe imputar a alguien un delito de desobediencia por saltarse el confinamiento.
Una vez dicho esto, cabe señalar que, “en el plano administrativo y por lo que respecta al régimen sancionador previsto frente a posibles incumplimientos o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes, el RD 463/2020 resulta muy escueto, limitándose a remitirse, en su artículo 20, a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta LO 4/1981 tampoco se presenta como muy reveladora en cuanto a las posibles sanciones aplicables ante la vulneración de lo previsto en el RD 463/2020, puesto que, de nuevo, su artículo 10 únicamente nos remite a “lo dispuesto en las leyes”.
Por lógica, todo lo anterior nos lleva a la aplicación del régimen sancionador previsto en el Capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Muy sintéticamente, esta LO 4/2015 considera sujeto responsable de las infracciones al autor del hecho que constituya tal infracción. En lo relativo al incumplimiento de lo dispuesto en el RD 463/2020 y en la normativa que lo complementa, esta ley orgánica considera la desobediencia o resistencia a la autoridad, cuando no sea constitutivo de delito, constitutivas de infracción grave y, por tanto, sancionables con multas desde 601 hasta 30.000 euros.
Por lo que al ámbito penal respecta, la jurisprudencia es clara al indicar que el delito de desobediencia solo podrá entenderse cometido cuando exista un previo requerimiento personal, hecho nominalmente a la persona concreta que –supuestamente– desobedece, para que modifique su comportamiento. En consecuencia, una desobediencia genérica a lo que dispone el RD 463/20 o su normativa complementaria nos llevaría en principio a la posibilidad de ser sancionado en el plano administrativo, pero no aplicaría la punición en sede penal. En ese sentido merece destacarse, por su claridad, lo que establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su reciente sentencia 459/2019, de 19 de octubre:
“En efecto, es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un particular (cfr. arts. 556, 348.4.c, 616 quáter CP), el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento”.
Diferente escenario sería aquel en el que requerido alguien de manera específica por cualquier autoridad a modificar un determinado comportamiento en invocación de las medidas previstas en el RD 463/20 o la normativa que lo complementa, se persistiese en la actitud de desobediencia. En ese caso, atendiendo a las concretas condiciones es que se hubiera formulado el requerimiento, estaríamos ante una conducta que podría acercarse al comportamiento prohibido por el artículo 556.1 del Código Penal y, por tanto, constituir un riesgo penal cierto. Y ante la comisión del delito de desobediencia, el aludido artículo 556.1 prevé que se castigue con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, multa que se correspondería con un importe desde 360 hasta 216.000 euros.
Por último, cabe remarcar que para ser constitutiva del delito previsto en el apartado 1 del artículo 556, debe tratarse de una desobediencia clara, manifiesta y grave, mostrando un ostensible rechazo al cumplimiento de la orden o requerimiento efectuados por la autoridad competente. No obstante, las desobediencias menos graves también están tipificadas como delito, en el apartado 2 del mismo artículo 556 del Código Penal, aunque la sanción penal asociada a ellas es más leve, puesto que se trata de una pena de multa de 1 a 3 meses, es decir, desde 60 hasta 36.000 euros. Todo ello ha sido reconocido también por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, destacando, por todas, las sentencias 193/2017, de 24 de marzo, y 45/2016, de 3 de febrero”.
Por lo tanto, lo que nos puede imponer la autoridad policial es, principalmente, una sanción administrativa o multa, que también es recurrible si, cuando nos hayan pillado en la calle, hubiéramos indicado a la autoridad requirente, tuviéramos justificación para salir (es decir, cumplir los supuestos del artículo 7 del real decreto de declaración del estado de alarma, principalmente). Pero también hay que tener en cuenta aquí que el estado de alarma no puede limitar como lo ha hecho los derechos fundamentales ni los movimientos tal y como lo han hecho en el real decreto de declaración. Aún así, si la desobediencia a la autoridad policial continúa y no se obedece a las órdenes de la autoridad requirente, sí que se puede incurrir en un delito de desobediencia.
Aún así, se puede destacar el hecho de que varias de las sanciones que nos impongan durante el tiempo que quede de estado de alarma podrán ser recurridas ante la jurisdicción. En este sentido, cabe señalar, siguiendo una noticia de Libertad Digital, que “
El acusado fue entonces condenado por sentencia firme de conformidad el 6 de abril de 2020 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vitoria por la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad a la pena de 4 meses de prisión, pena cuya ejecución fue suspendida. El 13 de abril, la Ertzaintza procedía a parar e identificar a tres varones que circulaban en bicicleta. Un de ellos, resultó ser el mismo hombre, que fue detenido por la presunta comisión de “un delito de desobediencia grave”. El Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria acordó su prisión provisional al día siguiente, fue puesto en libertad el 11 de mayo y se celebró una vista, en la que era absuelto.
Según la sentencia, “las pruebas efectuadas acreditan de forma rotunda, contundente y más allá de toda duda que los hechos ocurrieron tal y como se han declarado probados”. No obstante, estos hechos “no pueden incardinarse en el delito de desobediencia grave a la autoridad por el que se interesa la condena del acusado por el Ministerio Fiscal. Y tratándose de unos hechos que no pueden encuadrarse en el artículo 556.1 del Código Penal, lo procedente es el dictado de una sentencia absolutoria al resultar aquellos penalmente atípicos”.
“El mero incumplimiento”, añade, “de las limitaciones derivadas del estado de alarma no implica automáticamente y per se, sino va acompañado de una plus en la conducta llevada a cabo, la comisión de en un delito de desobediencia grave a la autoridad o sus agentes, y ello aunque nos encontramos ante una persona que pudiera ser reincidente o reiterativa en tal actuación. Tal forma de comportarse podrá ser sancionada, a lo sumo y con ciertas dudas, desde un punto de vista administrativo”.
La inexistencia de “un previo requerimiento personal”
La sentencia destaca que “en el supuesto de que la persona sea reincidente, lo procedente pudiera ser la imposición de una sanción económica mayor. Pero en ningún caso puede llegarse a una condena penal, por la presunta comisión de un delito de desobediencia grave, por el genérico incumplimiento del ordenamiento jurídico o de una norma por mucho que el mismo sea reiterado o cometido varias o múltiples veces, máxime cuando no haya existido un requerimiento expreso previo personal y directo al obligado a cumplir aquel, requerimiento en el que se indique claramente lo que debe o no debe hacerse y en el que se haga expresa advertencia de las consecuencias del incumplimiento”.
“Y es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, insiste, “ha indicado de forma reiterada que el delito de desobediencia solo podrá entenderse cometido cuando exista un previo requerimiento personal, hecho nominalmente a la persona concreta que supuestamente desobedece, para que modifique su comportamiento.
“El acusado no fue requerido de manera específica y concreta por una autoridad o sus agentes a modificar un determinado comportamiento. El incumplimiento reiterado de una norma administrativa no puede constituir un delito de desobediencia, ya que los sucesivos incumplimientos pueden ser objeto de sus correspondientes sanciones administrativas, pero no se traspasará la frontera del ilícito administrativo convirtiéndose en infracción penal. En definitiva, la suma de infracciones administrativas no eleva directamente, sin más, tal actuación a la categoría de ilícito penal”, concluye”.
Puede destacarse la existencia de algunos reproches por la forma de actuar de las autoridades competentes durante el estado de alarma por su actuación discrecional (hay que destacarse aquí que la Administración Pública no puede actuar de forma discrecional, según lo previsto actualmente en la Constitución y en la Ley 40/2015).
Para entender esto, y para terminar el presente artículo, cabe señalarse que “para analizar este asunto, debemos partir de la premisa, cual es que la restricción de movimientos del Real Decreto, no puede ser interpretado de forma laxa por los ciudadanos, ni tan siquiera resulta discutible, sino que es obligatorio, por lo que la relación de sanciones que se han fijado en la norma determina su imposición en el caso de que se considere infracción administrativa, pero la obstinación en el cumplimiento de esta norma puede desembocar en un ilícito penal constitutivo de un delito de desobediencia.
Analizamos ahora si una negativa a aceptar la orden de un agente de la autoridad en los casos de control policial ante la prohibición de movimientos puede ser un ilícito administrativo o un ilícito penal en razón a la gravedad de los hechos y el riesgo a la colectividad que supone el incumplimiento, porque la negativa a aceptar la orden del agente no es solo una infracción que conlleva aplicar el régimen sancionador, es mucho más por el riesgo social y colectivo que determina ese incumplimiento. Por todo ello, las acciones y reacciones de las personas ante el cierre de la libertad de movimientos provocado por la pandemia del coronavirus determinan que se puedan cometer delitos de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.
Para un correcto análisis, es necesario destacar como que la labor de los agentes de la autoridad, es de control y prevención y no directamente sancionadora, ya que se debe guardar la debida proporcionalidad entre el control previo, la sanción administrativa y la respuesta penal, a fin de establecer esta última dentro del ámbito de lo que se denomina el principio de intervención mínima del derecho penal, ya que, en primer lugar, los agentes requerirán la razones por las que la persona se encuentra en la calle, para, tras esa primera declaración, valorar y graduar si concurre una infracción administrativa y, en consecuencia, se le requiere para que regrese a su domicilio ante el incumplimiento con la imposición de la sanción, y sólo es en los casos de negativa a aceptar la orden cuando podrá dar el paso de cruzar la frontera del ilícito administrativo al penal, al entender cometido éste en el caso de que pueda existir una desobediencia.
Es importante que la «graduación» y alcance de la conducta incumplidora quede clara para los agentes y los ciudadanos, a fin de no sancionar como delito lo que es una mera infracción administrativa, y teniendo en cuenta que la actuación policial primero es de control y que, —y esto es lo realmente importante— se da el paso siguiente de la detención en vista de cuál sea la reacción del ciudadano ante el interrogatorio previo del agente de la autoridad, al punto de que se comienza con la comunicación de la infracción administrativa si la explicación del ciudadano no es todo lo satisfactoria que entiende el agente que debe darse y si no está incluida en alguno de los supuestos previstos en la norma.
Con ello, no se trata de valorar solo la orden de identificación, sino que se trata de valorar la orden de hacerlo para evitar que el ciudadano siga en la calle si no está en alguno de los supuestos de permisividad contemplados en la norma, y no hacerlo supone incrementar el riesgo de contagio al resto de la población si la salida del ciudadano no es excepcional.
A la hora de distinguir la calificación penal que debería aplicarse en el caso de que un agente de la autoridad requiriera a una persona que está incumpliendo el RD 463/2020 (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma debido al coronavirus, podemos distinguir diferentes delitos que se pueden cometer en el caso de que exista un exceso por encima de la mera infracción administrativa, a saber: el delito de resistencia o desobediencia a agente de la autoridad está ubicado en el art. 556 CP (LA LEY 3996/1995) que desglosa la resistencia y la desobediencia frente al grado mayor del atentado que lo remite al art. 550 CP. (LA LEY 3996/1995)
Asimismo debemos poner el énfasis en que es preciso establecer un marco de proporcionalidad, a fin de que la respuesta a esta situación se enmarque en el entorno de excepcionalidad que ha exigido que se dicte un decreto de estado de alarma, lo que algunos ciudadanos parecen desconocer, por lo que la obstinación de los ciudadanos a escuchar las primeras advertencias de los agentes de la autoridad y se mantengan en su negativa a obedecer la orden y la desobedezcan no será en su grado de leve, sino que lo será en su grado de grave, y constituirá un ilícito penal, y no administrativo, ya que hay que estar en cada caso a la situación específica.
Por ello, en el actual estado de alarma debe fijarse claramente que la desobediencia a la orden del agente de la autoridad es grave cuando se le requiere para que regrese a su domicilio y esta orden es incumplida, obviando una responsabilidad personal cuyo incumplimiento pone en grave riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. De ahí, que el parámetro de análisis del carácter de la desobediencia en su modalidad de grave se va aplicar en estas situaciones en la que el ciudadano se niega a regresar a su domicilio y aceptar la orden de la gente de la autoridad.
El hecho de que, desde que entró en vigor el pasado 15 de marzo el Real Decreto sobre restricción de movimientos, en los ocho primeros días se han practicado nada menos que 350 detenciones, instruyéndose otros tantos atestados por delito de desobediencia, se debe apreciarse en el contexto que estamos tratando en relación a la especial situación de la gravedad del fenómeno en relación con el incumplimiento a la orden dada por el agente de la autoridad. Y es que no se trata nada más que de una orden concreto a que se restrinja el movimiento en un espacio físico, o se restrinja el acceso a algún lugar. Se trata de una orden específica relacionada con la protección de la seguridad de todos los ciudadanos ante la extensión y propagación del fenómeno vírico que tiene la alerta a toda la sociedad; de ahí, que la graduación de la desobediencia debe relacionarse con el objeto específico de la orden dada por el agente de la autoridad.
Así en los casos de negativa a identificarse siendo requerido por el agente de la autoridad, ya que no se trata de un supuesto normal fuera del estado de alarma en el que un agente requiere a un ciudadano su identificación, sino un acto del agente ante una situación de emergencia en la que se ha requerido a la población que permanezca en sus casas para atajar un fenómeno que elevaba por miles las cifras de muertos en una rápida progresión ascendente que es preciso cortar bajo el cumplimiento del Real Decreto, cualquier oposición a aceptar la orden del agente de guardar el confinamiento, debe ser integrada en la desobediencia grave que determina aplicar el art. 556 CP y como una mera infracción administrativa prevista para situaciones ajenas a un estado de alarma, y de control rutinario policial en situaciones de normalidad.
Corolario de lo expuesto, es por lo que debemos tener muy en cuenta las siguientes consideraciones que nos ayudan a entender un poco mejor, el porqué de las detenciones habidas durante la situación de alarma que nos ha tocado vivir:
La calificación de una actuación de un ciudadano ante un agente que le requiere sobre las razones de su presencia en la calle cuando existe la prohibición de movimientos debe ponerse en relación con la propia excepcionalidad del estado de alarma decretado por el RD 463/2020 (LA LEY 3343/2020) por el contagio del coronavirus.
El acto de control del agente en estos casos no se concibe como un mero supuesto acto rutinario interesando la identificación de un ciudadano, sino en el contexto de la excepcionalidad de la situación que vive el país.
La relación de sanciones que se han fijado en la norma determina su imposición en el caso de que se considere infracción administrativa, pero la obstinación en el cumplimiento de esta norma puede desembocar en un ilícito penal constitutivo de un delito de desobediencia.
La labor de los agentes de la autoridad que se está llevando a cabo en los controles oportunos es de control y prevención, y no directamente sancionadora, ya que se debe guardar la debida proporcionalidad entre el control, la sanción administrativa y la respuesta penal”.
El reproche penal a los actos de desobediencia a agentes de la autoridad en el período de Estado de Alarma por el coronavirus. BUFETE BUADES: https://www.bufetebuades.com/reproche-penal-a-los-actos-de-desobediencia-a-agentes-de-la-autoridad-en-el-periodo-de-estado-de-alarma-por-el-coronavirus/
Condenado por desobediencia grave un hombre por incumplir reiteradamente las normas derivadas del estado de alarma en Corcubión. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Condenado-por-desobediencia-grave-un-hombre-por-incumplir-reiteradamente-las-normas-derivadas-del-estado-de-alarma-en-Corcubion
Cómo es el delito de desobediencia grave bajo el estado de alarma. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20200405-como-es-el-delito-de-desobediencia-grave-bajo-el-estado-de-alarma/
Delitos de desobediencia en el Estado de Alarma : ¿inocentes, ignorantes o maleantes? DELAJUSTICIA.COM: https://delajusticia.com/2020/05/04/delitos-de-desobediencia-en-el-estado-de-alarma-inocentes-ignorantes-o-maleantes/
La justicia absuelve de desobediencia grave a un hombre que se saltó 4 veces el confinamiento del estado de alarma. LIBERTAD DIGITAL: https://www.libertaddigital.com/espana/2020-05-23/justiica-desobediencia-confinamiento-estado-de-alarma-1276658146/
COVID-19: Así debe interpretarse el delito de desobediencia en relación con lo dispuesto en el RD 463/2020. GARRIGUES: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-asi-debe-interpretarse-el-delito-de-desobediencia-en-relacion-con-lo-dispuesto-en
¿Delito de desobediencia por incumpir el estado de alarma? IURISFACIL: https://iurisfacil.com/delito-desobediencia-estado-de-alarma/
Entrada anterior¿Cómo ayudará Blockchain en lo que viene tras la crisis del coronavirus?
Entrada siguienteRegulación de los servicios de movilidad en los municipios.