Source: http://leyesdecretosbolivia.blogspot.com/2013/08/
Timestamp: 2018-07-15 23:02:27
Document Index: 414852063

Matched Legal Cases: ['artículo 259', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 131', 'Artículo 1537', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 86', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 78', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 38']

Leyes y Decretos en Bolivia: agosto 2013
Sancionaron ley que viabiliza aprobación de tratados internacionales vía referéndum
La Cámara de Senadores sancionó la madrugada de ayer, viernes, una ley que viabiliza la aprobación, mediante referéndum nacional, de tratados internacionales, siempre y cuando éstos tengan relación con temas limítrofes, de integración monetaria, de integración económica estructural y en cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales.
El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza (MAS), explicó que esta norma ya fue aprobada en grande y detalle por la Cámara Alta, después de haber atravesado por la Cámara Baja, y ahora corresponde que sea enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
“La proposición de adecuar un Tratado a través del referéndum se refiere aquellos casos establecidos en la Constitución Política del Estado, en primera instancia cuando se trata de cuestiones limítrofes, en segunda instancia cuando se trata de la adopción de una moneda distinta del boliviano, la tercera instancia cuando se trata de integración económica estructural y la cuarta instancia cuando se trata de cesión de competencias a organismos internacionales o supranacionales”, informó Mendoza a la ANF.
El artículo 259 de la Constitución establece el procedimiento para la aprobación de tratados internacionales vía referéndum con el siguiente tenor: “Cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante referendo popular cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, o el treinta y cinco por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas iniciativas podrán utilizarse también para solicitar al Órgano Ejecutivo la suscripción de un tratado”.
Otro punto referido al tema se encuentra dentro de la disposición transitoria novena de la Constitución, que a la letra señala: “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
El legislador explicó que el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904 no entra dentro de las cuatro categorías para ser sometido a consulta nacional, debido que el tema marítimo se encuentra con una demanda presentada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia La Haya.
“No es algo que se pueda someter a referéndum (…) Ese trámite que es de justicia a nivel internacional está bajo la jurisdicción del Tribunal de La Haya y eso es algo que se debe resolver ahí y la estrategia está a cargo de nuestra representación oficial”, indicó.
Este tratado fue firmado con la finalidad de terminar el estado de guerra existente entre ambos países luego del estallido de la Guerra del Pacífico en 1879.
El Tratado de Paz y Amistad fue discutido por varios años, especialmente debido a la cesión absoluta y perpetua de los territorios bolivianos ocupados por Chile, correspondientes al antiguo departamento del Litoral (actual Región de Antofagasta), lo que dejó a Bolivia sin acceso al océano Pacífico.
LEY Nº 020
Artículo 1.. Se ratifica el “Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Bolivia sobre Cooperación Financiera 2007”, suscrito en la ciudad de La Paz, el 2 de octubre de 2008.
Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través de una Declaración Interpretativa, deberá comunicar al Gobierno de la República Federal de Alemania, que la denominación de “República de Bolivia”, deberá entenderse como “Estado Plurinacional de Bolivia”, de conformidad con la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Elva Viviana Caro Hinojosa.
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Una respuesta obvia debería señalar, al interés del país porque tomando en cuenta tal responsabilidad se entiende que el beneficio debería ser para los bolivianos, que vale la pena remarcarlo son los propietarios de todos los recursos naturales renovables y no renovables en ésta última instancia el caso de los hidrocarburos y los minerales.
Sin embargo y como se trata de una normativa sectorial, hay impulsos de una lógica reacción como la que expresa algún parlamentario del partido oficial al indicar que la nueva Ley Minera debe favorecer al Estado y no a un sector como aparentemente se habría planteado señalando a las cooperativistas mineras.
Si bien es evidente que se han formulado varios planteamientos sectoriales, el caso de los mineros chicos en otra instancia de análisis también se conocieron pautas importantes sugeridas por los mineros medianos privados y no faltaron las sugerencias de los mineros asalariados desde el sector estatal, percibiendo de manera coincidente que existe "cierto favoritismo" por las cooperativas mineras, cuyo número de "asociados" constituye una inequívoca estrategia en materia política, más que una alternativa de mejorar emprendimientos mineros.
La percepción en torno al borrador de la Ley Minera ha creado reacciones muy acentuadas entre posibles afectados con normas inequitativas, como ya se menciona el hecho de restar a los cooperativistas obligaciones tributarias que el resto de los productores deberán pagar irremediablemente. Pero no sólo se trata de ese favoritismo, sino que además ya se han dispuesto algunas ayudas en materia de financiamientos para que el mismo sector de miles de socios puedan enfrentar periodos críticos por la baja de precios en minerales, lo que no existe para los medianos privados, ni tampoco para los chicos, aunque en el sector estatal la tabla de salvación la tiende el gobierno.
Hay expectativa por lo que será la nueva Ley Minera, el hecho preocupa no sólo a los productores mineros, los trabajadores y los inversores, el asunto alcanza al grueso de la población, a las entidades cívicas y laborales, considerando que se trata de un tema que tiene que ver con la economía regional, especialmente en lo que a la minería y metalurgia se refiere como el más importante aporte, vía regalías, para el departamento y los municipios en los cuales se desarrollen actividades mineras.
La socialización del proyecto de ley parece que no llega a todos los sectores afines o muy próximos a la actividad minera, por lo que se reclama ese derecho de análisis de un documento que tiene relación directa con el futuro económico del departamento en base al buen uso de sus recursos y una equitativa distribución de las utilidades para impulsar los proyectos de rentabilidad productiva.
Estos temas aparentemente sencillos en su trascendencia, tienen sin embargo una fuerte dosis de incertidumbre que se acrecienta en la medida que se habla de muchas medidas de beneficio parcializado, poniendo en conflicto a quienes se consideran parte importante del sistema productivo minero y que no tienen iguales o parecidas alternativas para compensar sacrificio e inversiones.
Nueva ley determina entre seis y 30 años de cárcel para quienes porten armas ilegales
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, dio a conocer este jueves que la ley de control de armas sanciona la tenencia ilegal de estos instrumentos de defensa de seis meses a 30 años de cárcel.
“La tenencia o portación de armas no convencionales, vale decir químicas, nucleares, radiológicas, bacteorológicas, será sancionada con 30 años de cárcel porque la Constitución dice que somos un Estado pacifista y no podemos desarrollar o introducir en el país este tipo de armas”, dijo el diputado Aparicio.
Asimismo, aseguró que la fabricación ilícita de este tipo de armamento estará sancionada con una pena de cuatro años de cárcel. La portación ilegal de armas convencionales de seis a dos años de cárcel. El robo de armas convencionales será castigado con seis años de privación de libertad.
MILITARES Cuando el caso del robo se trate de armamento militar la sanción será de cinco a ocho años de cárcel. Si este delito fuese cometido por los propios militares la sanción llegará a 30 años de prisión. El diputado destacó que el almacenaje peligroso de armas será penado de 2 a 6 años.
“Vamos a tener un periodo de desarme voluntario, el plan va a estar organizado por el Ministerio de Defensa, luego se harán controles de manera activa para que los ciudadanos no porten armas de manera ilegal”, aseguró aunque dijo que será el Gobierno el que planifique esta tarea.
El legislador anunció que la población deberá registrar las armas que posea para que cuente con la licencia correspondiente si así se da el caso.
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LEY Nº 019
Artículo Único. Se ratifica el “Protocolo Adicional al Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las Repúblicas de Bolivia y Paraguay”, suscrito en la ciudad de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, República del Paraguay, el 12 de junio de 2009.
Asamblea sanciona ley que regulará el porte de armas en el país
La Cámara de Senadores sancionó la noche de ayer la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. La norma pasó al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La primera vicepresidenta de la Cámara Alta, Nélida Sifuentes (MAS), dijo que, tras la aprobación de la norma, todos los bolivianos deben registrar las armas de fuego que tengan en su poder ante la autoridad competente.
"Todos los bolivianos tienen que registrar las armas. Esta norma manda que tienen que registrar, porque hay en las provincias, en las comunidades, hay armas ilegales que ni siquiera están registradas", manifestó Sifuentes.
El documento fue sancionado luego de que recibiera algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, como ser que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la atribución de recibir y canalizar todas las solicitudes o requerimientos de los estados, misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Bolivia, para la internación y porte temporal de armas de fuego.
La ley, a la que accedió la ANF, tiene por objetivo regular y controlar la fabricación, importación, exportación, tránsito, depósito, almacenaje, tenencia, manipulación, empleo, portación, destrucción, desactivación, rehabilitación, registro, control, fiscalización, incautación, confiscación y otras actividades realizadas con armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales.
Su finalidad es garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas. Además prevenir, sancionar y luchar contra los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros, los delitos contra la seguridad y defensa del Estado y seguridad ciudadana.
Establece la autorización para portar armas desde los 21 años de edad.
Los requisitos para ello son: cédula de identidad o documento de extranjería; ser mayor de veintiuno años de edad; certificado de domicilio o residencia; no tener sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos con privación de libertad; presentar el documento que acredite la propiedad del arma de fuego; prueba balística del arma de fuego adquirida, realizada por la autoridad competente y cualquier otro que se establezca en el reglamento respectivo o por la autoridad competente.
Define que la tenencia de un arma podrá ser solicitada por aquella persona o autoridad que se crea amenazada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos previstos en esta ley, entre éstas el registro que se instituirá para este fin.
Los ministerios de Gobierno y de Defensa serán los encargados de la política de armas a nivel nacional. Con ello, también, se da paso a la fabricación de armas en el país.
Otra disposición contenida en la ley es la prohibición para la instalación de bases militares extranjeras en el país, tal y como se establece en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009.
Etiquetas: Decreto 21060
Anuncian foro debate sobre Ley de Regulación del Derecho Propietario
La representante de la Fundación Microjusticia Bolivia, Ana Quispe, dio a conocer que mañana se realizará un foro denominado “Aspectos relevantes en la implementación de la Ley de Regulación del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda” que se desarrollará en el teatro Raúl Salmón de la Barra de la Alcaldía Quemada.
De acuerdo con la funcionaria, el principal objetivo del foro debate es socializar los alcances y resultados de dicha ley con la participación de las principales organizaciones sociales como son la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) e instancias que podrán explicar todo lo relacionado sobre este tema.
“Se analizarán los aspectos más importantes sobre el tema donde participarán el programa de la regularización de la vivienda la Unidad de Catastro del municipio y derechos reales de la regional de esta ciudad, luego del evento se instalarán punto de consulta, con la finalidad de que la población pueda participar con preguntas que en muchos de los casos casi nunca han sido explicados, pero en la oportunidad los disertantes y los organizadores se harán cargo de este aspecto”, manifestó.
Según los encargados de la fundación, el motivo por el cual decidieron realizar el evento es debido a la constante desinformación que se presenta de manera continua en los propietarios de bienes inmuebles de la urbe y este foro tiene el objetivo de agrupar a una mayoría de dirigentes zonales quienes, luego de informarse de todo lo relacionado con el tema podrán explicar a sus vecinos de como realmente funciona la instancia.
Por otro lado, María Choque, funcionaria de la fundación, dijo que es lamentable que la población desconozca la necesidad de contar con documentación que le garantice la protección de su derecho propietario, los mismos que al contar con una casa, casi nunca tienen su documentación al día, y en su mayoría tiene un documento que le acredita su propiedad su minuta de compra y venta.
Luego de la promulgación de la Ley de Regulación de Derecho Propietario se ha podido descubrir que una mayoría de vecinos, especialmente en la ciudad de El Alto, no cuenta con la documentación legal de sus bienes inmuebles.
El Gobierno y la COB acuerdan cambios a Ley de Pensiones
Dos cambios a la Ley de Pensiones en los artículos 17 y 131 fueron acordados entre la COB y el Gobierno. Las modificaciones a los artículos 54 y 125 que solicitó el ampliado cobista en julio serán a través de reglamentos, según el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.
El secretario ejecutivo del ente laboral, Juan Carlos Trujillo, indicó que hoy el Gobierno hará llegar los borradores de los tres decretos que restan aprobar y se dieron 90 días para concluir la negociación sobre esta polémica ley.
El artículo 17, referido al monto de jubilación que deben recibir los sectores que se benefician con la renta solidaria, modificará la tabla de los años y el monto mínimo que deben recibir los mineros y fabriles especialmente; mientras el artículo 131 establece las condiciones de salubridad de los trabajadores fabriles y mineros /MCh
Etiquetas: Ley de Pensiones
Comisión de Diputados aprueba 140 artículos del nuevo Código Procesal Civil
La Comisión Integrada de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó en detalle 140 de los más de 500 artículos del Nuevo Código Procesal Civil, tras el proceso de socialización que recogió aportes en todo el país.
El presidente de esa instancia legislativa, Héctor Arce, informó el miércoles que con ese nuevo Código se implementarán grandes innovaciones lo que simplificará los procesos.
'La novedad es que se aplicará el juicio oral para agilizar los procesos y se están introduciendo acciones que hacen y rigen a esta era en la que vivimos, como la utilización del correo electrónico para las notificaciones o dar la validez legal a los contratos que se hagan por medios electrónicos e incluso por medio de un e-mail', justificó.
Apuntó que otra de las novedades del nuevo Código Procesal Civil es que se implementa de manera obligatoria la etapa de la conciliación a la cabeza del juez, sin la intervención de abogados.
Arce afirmó que la conciliación es una 'nueva concepción de la justicia' para llegar a una solución acordada sin necesidad de recurrir al litigio y evitar en gran medida que los abogados se aprovechen de sus clientes y que los juicios duren años.
Recordó que el actual Código Procesal Civil tiene casi 40 años de vigencia, por lo que justificó su reemplazo debido a que la vida de todos los habitantes del país está vinculada a las normas del Derecho Civil.
'Nuestra vida está llena de actos que hacen al Derecho Civil, en el momento que nosotros tenemos que dar un poder para que se cobre un cheque en nuestra representación, cuando alguien fallece en la familia se tiene que tramitar la declaración de herederos ó cuando compramos una casa para hacer el saneamiento judicial y muchas otras actividades cotidianas', explicó.
Este será el segundo código, después del Código Procesal Constitucional ya en vigencia, que se aprobará en la denominada tercera era de codificación en el país, después de Andrés de Santa Cruz 1830 y los Códigos Banzer en 1976.
El nuevo Código Procesal Civil tiene más de 500 artículos y está dividido en dos partes, su aprobación artículo por artículo se inició en la Comisión integrada de Constitución y Justicia Plural.
Esta norma fue elaborada enteramente por abogados bolivianos especialistas en materia civil, que explican de manera detallada y absuelven consultas de los diputados que debaten la ley.
Tercera. (PLAN DE REESTRUCTURACIÓN). El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, en un plazo máximo de noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente Ley, elaborará un Plan de Restructuración del Servicio de Identificación Personal, a fin de garantizar, de manera eficiente y transparente el derecho a la identidad legal de todas las bolivianas y bolivianos.
II. En el plazo máximo de noventa (90) días a partir de la conformación de la Comisión Interinstitucional, ésta elevará ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional un informe técnico documentado acerca de las condiciones institucionales, técnicas, financieras y administrativas para la emisión de un documento único de identidad.
Quinta. (CONTROL SOCIAL). Todas las disposiciones de la presente Ley, relativas al Control Social, se aplicarán una vez que se promulgue la ley que regule el control social.
Única. (DEROGATORIAS). Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a las establecidas en la presente Ley, en especial las consignadas en el Código Electoral, aprobada mediante Ley Nº 1984, de 25 de junio de 1999, con todas sus reformas y modificaciones; la Ley Nº 4021, sobre el Régimen Electoral Transitorio, de 14 de abril de 2009; la Ley Nº 1983 de Partidos Políticos, de 25 de junio de 1999; la Ley Nº 2771, de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, de 7 de julio de 2004; el Artículo 1537 del Código Civil Boliviano, Decreto Ley 12760 de 8 de agosto de 1975; y la Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898 con todas sus modificaciones y reformas.
La Federación de Choferes de La Paz y la Asociación de Lavadores y Limpiadores de Automóviles de la Avenida Kollasuyo unieron ayer fuerzas para evitar más abusos de la Alcaldía de La Paz a través de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano.
“Esta tarde nos hemos reunido con los ejecutivos y hemos entrado de acuerdo para hacer una lucha conjunta porque la Ley 015 afecta a varios sectores, como a los lavadores, y seguro lo hará con los talleres mecánicos, gremialistas, entre otros”, dijo el presidente de la Federación Departamental de Transporte Libre de La Paz, Tomás Mamani, quien forma parte del megasindicato.
Según Mamani, la norma municipal atenta contra los derechos laborales de los sectores más vulnerables y por eso alistan un recurso de nulidad a la Ley 015 para presentarlo al Tribunal Constitucional y al Concejo Municipal de La Paz. Ayer los lavadores hicieron un plantón en la Alcaldía en repudio a las políticas ediles.
Artículo 80. (REGLAMENTACIÓN). Los principios, estructura, organización, funcionamiento, atribuciones, procedimientos del Servicio de Registro Cívico y otros aspectos no considerados en el presente Capítulo, serán determinados mediante Ley y reglamentación correspondiente.
Artículo 81. (CREACIÓN DEL SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO). Se crea el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), bajo la dependencia del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de promover la democracia intercultural en el país.
6. Realizar el monitoreo de la agenda informativa y de opinión de los medios de comunicación en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandatos.
Artículo 83. (PRESUPUESTO). El Tribunal Supremo Electoral asignará anualmente un presupuesto para el funcionamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
Artículo 84. (REGLAMENTACIÓN). La estructura, organización, funcionamiento, atribuciones y procedimientos del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), serán determinados en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.
Artículo 86. (REGLAMENTACIÓN). La estructura, organización, funcionamiento, atribuciones y procedimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) serán determinados en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.
II. La responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil y ejecutiva de los Vocales del
Tribunal Supremo Electoral será determinada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral con sujeción al procedimiento establecido en la Ley del Régimen Electoral, por dos tercios de los Vocales en ejercicio, y garantizando la imparcialidad y el debido proceso. La Vocal o el Vocal procesado no conformará esta Sala Plena.
Artículo 88. (SANCIONES). Constituyen sanciones disciplinarias:
Artículo 89. (FALTAS LEVES). Son faltas leves:
Artículo 90. (FALTAS GRAVES). Son faltas graves:
Artículo 91. (FALTAS MUY GRAVES). Son faltas muy graves:
9. Administrar un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato
convocado al margen de la Ley del Régimen Electoral o la presente Ley.
Primera. (IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO). El Tribunal Supremo Electoral adoptará todas las medidas necesarias para la organización e implementación del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), en un plazo máximo de transición de noventa (90) días, a computarse a partir de la fecha de la posesión de las y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Publicado por telecomunicaciones en 20:48 No hay comentarios:
El proyecto Ley del Medicamento aún no será remitido a la Asamblea Plurinacional por falta de consenso entre los sectores. El artículo referido a la propiedad y autorización para abrir una farmacia es lo que traba su aprobación, informó el viceministro de Salud, Martín Maturano.
“El artículo en el que estamos estancados se refiere a la propiedad de una farmacia privada. Los profesionales del área (farmacéuticos y bioquímicos) apoyan a que sólo ellos tengan la autorización, en cambio las cadenas de farmacias están en desacuerdo”, dijo.
La autoridad reconoció que mientras no se apruebe el proyecto, no se cubrirá los vacíos legales en la actual normativa. “Para que el gabinete lo pase a la Asamblea, debe haber consenso”.
Informe La Razón publicó ayer que a través de la internet se vende medicamentos abortivos, esteroides y otros ilegales sin el control del Ministerio de Salud. Interpol alertó que las mafias ponen en riesgo la salud de la gente.
El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Jorge Flores (CN), indicó que el proyecto Ley del Medicamentos fue entregado a la Comisión de Salud en 2011 y luego de su aprobación en grande fue remitido, el mismo año, al Ministerio de Salud para que consensúe los artículos divergentes entre los sectores.
“Hace 15 días envié una nota al Ministro de Salud (Juan Carlos Calvimontes) para que me informe sobre el proyecto. Recibí la respuesta e indica que quiere tener reuniones personales con los sectores. Creo que la intención es llevarlo a la Cumbre de Salud, el problema es que este evento aún no tiene fecha y los proyectos son leyes de vital importancia”, aseveró.
Publicado por telecomunicaciones en 12:02 No hay comentarios:
Ley de Desmonte no fijará el "perdonazo" a 300.000 ha
Los productores agropecuarios están preocupados por la reglamentación de la Ley de Desmonte, pues los no autorizados en 2012 alcanzan las 300.000 hectáreas, según un informe preliminar del sector agropecuario y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Si se aplica la normativa vigente, los hombres de campo tendrían que pagar entre $us 100 y 150 por hectárea, haciendo un estimado de $us 45 millones. Ante tal situación los agropecuarios insisten en pedir un "perdonazo" para quienes tienen procesos y de esta manera puedan incursionar en los programas de rehabilitación.
El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, alertó que la nueva normativa "cierra la puerta" a un universo importante de agricultores, que de manera previa a la promulgación de la ley cumplieron con la sanción administrativa pecuniaria impuesta por la ABT.
No obstante, el ejecutivo de los soyeros destacó la voluntad del vicepresidente Álvaro García Linera, quien habría comprometido subsanar esta omisión con la aprobación de una norma complementaria que permita a los productores incluirse en el compromiso alimentario y forestal, diseñado en la ley 337 y su decreto reglamentario.
“No hay datos exactos sobre la cantidad de productores afectados. Creemos que habrá una ley ampliatoria para que los que hicieron desmontes de manera ilegal en 2012 puedan acogerse a este programa”, dijo.
Más de 2.000 afectados
El titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Juan Carlos Peredo, informó de que los afectados pueden superar los 2.000 agricultores en el departamento.
El directivo criticó el accionar de la ABT por continuar con la apertura de procesos y notificaciones sancionatorias en pleno proceso de consenso.
Por su lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, indicó que todos los productores que tienen sentencia ejecutoriada no ingresarán a la ley. Sin embargo, lucharán para que sean incluidos en la ley próximamente.
Lo que señala la ABT
El director de la ABT, Clíver Rocha, informó de que el tema no está cerrado y aún se puede incorporar en el reglamento a otros afectados, aunque es difícil aceptar a los que tienen resolución ejecutoriada.
La autoridad admitió que hay 300.000 hectáreas en juego. Los argumentos apuntan a que el programa de amnistía se aplica desde 1996 hasta diciembre de 2011, no así a los de 2012 en adelante.
Aclaró que la aplicación de multas de $us 250 por hectárea cobrará vigencia para los que causen desmonte ilegal a partir de enero de 2013.
Para adscribirse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, los interesados deberán contar con la habilitación de la ABT que establezca que el desmonte sin autorización en un predio hubiera sido realizado en el periodo del 12 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 2011, conforme al Art. 1º de la ley N° 337
Que el predio no cuente con resolución administrativa sancionatoria; a excepción de aquellos predios cuya resolución administrativa sancionatoria hubiera sido revocada. En procesos sancionatorios en curso sin resolución administrativa, los mismos podrán ser archivados a través de un auto administrativo emitido por la ABT, previo requerimiento de la parte interesada acreditando el registro al programa.
Restitución de bosques
Registro de procesos administrativos: Verificar en la base de datos de procesos administrativos-PAS, la existencia de proceso por desmonte y el estado en que se encuentra en un determinado predio, a fin de verificar si es factible la incorporación al programa, conforme lo establece la Ley N° 337.
Áreas protegidas y reservas
Verificar en la base de datos del sistema de información geoespacial de la ABT, que los predios que se adhieran al programa no se encuentren ubicados al interior de las áreas protegidas y de las reservas. También se establece la toma de imágenes satelitales desde el 12 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 2011.
Rechazan Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El Congreso Ordinario de la Confederación Sindical de la Prensa de Bolivia (Cstpb) ratificó su rechazo al proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y anunció una movilización del sector a nivel nacional para el 4 de septiembrel.
En el encuentro, realizado desde el 23 al 25 de agosto, en la ciudad de Cochabamba, para la modificación del estatuto orgánico del ente matriz, se observó que a pesar de las propuestas planteadas en anteriores proyectos de ley presentadas al Gobierno, las mismas o no fueron tomadas en cuenta, por lo que se aprobaron políticas sin consenso.
En ese sentido, se observa que el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “pretende limitar el acceso a la información y responde a una finalidad electoral, la misma que no sólo corre el riesgo de judicializar la labor de prensa, sino que busca limitar dicha labor, abandonando uno de los principales pilares del trabajo periodístico como es la investigación, la denuncia e incluso la interpelación a las autoridades de turno a nivel local o nacional de acuerdo a la demanda social”.
El Comité Ejecutivo de la Cstpb, así como sus federaciones, se comprometieron en realizar movilizaciones a nivel nacional el próximo 4 de septiembre, donde se llegará a denunciar los propósitos de la actual corriente política que busca regular la actividad periodística.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se reunió ayer con autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio de Justicia para recoger las últimas consideraciones y recomendaciones para el nuevo Código Procesal Civil, que se debatirá en esa instancia legislativa.
“Quiero saludar los aportes puntuales e importantes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y de los representantes de los Tribunales Departamentales de Justicia de Santa Cruz y Chuquisaca”, afirmó el presidente de esa instancia legislativa, Héctor Arce.
Lamentó la ausencia de los presidentes de los siete Tribunales Departamentales de Justicia, incluyendo el del distrito de La Paz.
“Es importante oír a los jueces, porque este Código Procesal Civil será su instrumento de trabajo en los próximos 10, 20 y hasta 40 años”, agregó.
Artículo 66. (NOTARIAS Y NOTARIOS ELECTORALES). Son Notarias y los Notarios Electorales las autoridades electorales designadas por el Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de apoyo logístico y operativo y para dar fe de los actos electorales en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato en los recintos que les son asignados.
Artículo 67. (DESIGNACIÓN). Las Notarias y los Notarios Electorales serán designados por los Tribunales Electorales Departamentales bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, establecidas en Reglamento.
Artículo 68. (RESPONSABILIDAD). Las Notarias y los Notarios Electorales responderán por sus actos u omisiones ante el Tribunal Electoral Departamental del cual dependan, sin perjuicio de las responsabilidades penal o civil, las que serán determinadas por la justicia ordinaria.
Artículo 69. (ATRIBUCIONES). Las Notarias y los Notarios Electorales tienen las siguientes atribuciones:
I. Se crea el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) como entidad pública bajo dependencia del Tribunal Supremo Electoral, para la organización y administración del registro de las personas naturales, en cuanto a nombres y apellidos, su estado civil, filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, así como el registro de electores y electoras, para el ejercicio de los derechos civiles
Artículo 71. (FUNCIONES). El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) ejerce las siguientes funciones:
Artículo 72. (OBLIGACIONES). El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) tiene las siguientes obligaciones:
I. El registro biométrico de datos que componen el Padrón Electoral es permanente
y está sujeto a actualización.
3. Asegurar que en la base de datos no exista más de un registro válido para una misma persona.
Artículo 75. (INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL). A los efectos de la actualización de los registros del Servicio de Registro Cívico, los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen la obligación de informar periódicamente al Tribunal Supremo Electoral sobre casos de: suspensión, pérdida o rehabilitación de nacionalidad y/o ciudadanía y de naturalización.
Artículo 76. (PADRÓN ELECTORAL). El Padrón Electoral es el Sistema de Registro Biométrico de todas las bolivianas y bolivianos en edad de votar, y de los extranjeros habilitados por ley para ejercer su derecho al voto. El Padrón Electoral incluye como mínimo, además de la información biométrica, los siguientes datos: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción, domicilio, tipo de documento, número de documento, nacionalidad, país, departamento, provincia, municipio, territorio indígena originario campesino y localidad de nacimiento, asiento y zona electoral, recinto de votación.
Artículo 78. (DOMICILIO ELECTORAL). El Tribunal Supremo Electoral establecerá en Reglamento las características y condiciones del domicilio electoral de las personas naturales, así como los requisitos y procedimientos para su cambio y actualización.
I. Las Vocales o los Vocales Suplentes tendrán la obligación de concurrir a las reuniones plenarias del Tribunal Electoral correspondiente, a convocatoria
expresa del mismo, percibiendo una dieta por el tiempo de duración de la suplencia, cuyo importe y forma de pago serán determinados por el Tribunal Supremo Electoral.
Artículo 49. (CONVOCATORIA A VOCALES SUPLENTES). Cuando no pueda constituirse el quórum establecido en esta Ley, la Presidenta o el Presidente del Tribunal Electoral respectivo convocará a la Vocal o el Vocal Suplente correspondiente según el orden de la lista de Suplentes.
Artículo 50. (JUECES ELECTORALES). Son Juezas y Jueces Electorales, las autoridades judiciales designadas por el Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de preservar los derechos y garantías en procesos electorales referendos y revocatorias de mandato.
Artículo 51. (FORMA DE DESIGNACIÓN). El Tribunal Electoral Departamental, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral establecidas en Reglamento, designará como Juezas o Jueces Electorales en cada Departamento a las Juezas o Jueces del respectivo distrito judicial en el número que considere necesario, para cada proceso electoral, referendo y revocatoria de mandato.
Artículo 52. (INDEPENDENCIA). Las Juezas o Jueces Electorales son independientes entre sí e iguales en jerarquía.
Artículo 53. (RESPONSABILIDAD). Las Juezas o Jueces Electorales responderán por sus actos u omisiones ante el Tribunal Electoral Departamental que los asignó, sin perjuicio de las responsabilidades penal o civil, las que serán determinadas por la justicia ordinaria.
Artículo 54. (ATRIBUCIONES). Las Juezas o Jueces Electorales tienen las siguientes atribuciones en el ámbito de su jurisdicción:
1. Conocer y resolver, en primera instancia, controversias sobre procesos
electorales, referendos y revocatorias de mandato, con excepción de las relativas a inhabilitación de candidaturas y la nulidad de actas de escrutinio y cómputo de votos.
Artículo 55. (JURADOS ELECTORALES). El Jurado Electoral es la ciudadana o el ciudadano que se constituye en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento.
I. La selección de los jurados de cada una de las Mesas de Sufragio, estará a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales, al menos, con treinta (30) días de anticipación al acto electoral mediante sorteo de la lista de personas habilitadas para votar. El mecanismo de sorteo será establecido en reglamento
por el Tribunal Supremo Electoral.
Artículo 58. (DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN). La designación de Jurados de Mesa de Sufragio, se realizará por los Tribunales Electorales Departamentales, dentro del plazo establecido en el calendario electoral, y será notificada en forma escrita a las y los Jurados designados a través de las Notarías Electorales.
Artículo 61. (CONCLUSIÓN DE FUNCIONES). Una vez finalizado el acto de escrutinio y cómputo de resultados de mesa, las y los Jurados de Mesas de Sufragio deberán entregar a la autoridad electoral competente los sobres de seguridad, debidamente
sellados y con las firmas de las y los delegados de las organizaciones políticas, el material electoral y toda la documentación exigida por ley y reglamento. Con este acto concluirán sus funciones.
Artículo 62. (RESPONSABILIDAD). Las y los Jurados Electorales responderán por sus actos u omisiones ante las y los Jueces Electorales, sin perjuicio de las responsabilidades penal o civil, las que serán determinadas por la justicia ordinaria.
Artículo 63. (DERECHOS). Las y los Jurados de las Mesas de Sufragio por el ejercicio de sus funciones, percibirán un estipendio que será determinado por el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta todas las actividades en las que participen. El día siguiente hábil al de la elección, tendrán asueto laboral, tanto en el sector público como en el privado.
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Artículo 39. (ATRIBUCIONES JURISDICCIONALES). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones jurisdiccionales:
Artículo 40. (ATRIBUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO). Los Tribunales Electorales Departamentales, en coordinación con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), con el propósito de fortalecer la democracia intercultural, ejercen las siguientes atribuciones:
1. Promover y ejecutar, estrategias y planes de educación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia intercultural y la capacitación en
3. Desarrollar y coordinar acciones de información institucional a través de medios de comunicación social
Artículo 41. (ATRIBUCIONES VINCULADAS A LA LEGISLACIÓN). Los Tribunales Electorales Departamentales ejercen las siguientes atribuciones vinculadas a la legislación:
Artículo 42. (ATRIBUCIONES SOBRE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones sobre organizaciones políticas:
Artículo 43. (ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS). Los Tribunales Electorales Departamentales, con sujeción a las normas vigentes y bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones administrativas:
2. Adquirir bienes y servicios para el funcionamiento del Tribunal Electoral
II. A tiempo de elegir, por dos tercios del total de los presentes, a los miembros titulares de los Tribunales Electorales Departamentales, la Cámara de Diputados, elegirá de entre los postulantes que no hubiesen sido elegidos como vocales titulares, cuatro (4) vocales suplentes. La segunda o el segundo en votación de cada terna será designado vocal suplente. La cantidad de votos obtenida en cada terna establecerá el orden correlativo de convocatoria. En caso de empate se
dirimirá mediante sorteo en la misma sesión.
Artículo 45. (REQUISITOS E INELEGIBILIDAD). Las Vocales o los Vocales Electorales Suplentes reunirán los mismos requisitos y estarán sujetos a las mismas causales de inelegibilidad establecidos en esta Ley para vocales titulares.
Artículo 46. (RESPONSABILIDAD). Las Vocales o los Vocales Electorales Suplentes están sujetos al mismo régimen de responsabilidades establecido en esta Ley para las y los Vocales Titulares del Tribunal Supremo Electoral o de los Tribunales Electorales Departamentales, según sea el caso.
Publicado por telecomunicaciones en 20:45 No hay comentarios:
Ley de Desmonte no revertirá las pequeñas propiedades
Así lo explicaron técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que aclararon que esa medida extrema se aplicará a las medianas y grandes empresas agropecuarias del país.
Alex Escalante, coordinador nacional del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, explicó que la norma es clara y define que las pequeñas propiedades agrícolas o ganaderas están al margen de la reversión por lo que los productores de ese sector no deben temer perder sus tierras agrícolas.
Escalante detalló que las medianas y grandes empresas agropecuarias que ya cuentan con título propietario tendrán un año como plazo, a partir de la reglamentación de esta ley (se cuenta desde agosto) para inscribirse, mientras que las propiedades pequeñas individuales o colectivas, dos años.
Escalante indicó que la meta del Gobierno es potenciar la producción de algunos alimentos estratégicos como el trigo, maíz, arroz, sorgo y forraje para la ganadería, por lo que el Estado participará de manera directa en la siembra de invierno.
Mientras, Clíver Rocha, director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), remarcó que la recuperación de las áreas desmontadas es el otro objetivo, por lo que se ha determinado que en las zonas donde el uso de suelo indique que corresponde a Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) se realice la reforestación del 10% sobre la superficie de lo desmontando. En las de uso múltiple se buscará recuperar la servidumbre ecológica.
La nueva ley beneficiará a unos 23.000 productores
¿Quiénes pagan la multa?
Esa fue una las preguntas recurrentes de los productores que se dieron cita en la Fexpo para conocer detalles de la norma.
¿a cuánto llega la multa?
Los productores hicieron conocer su inquietud por el valor de la infracción y en donde se la cancelará. Se explicó que para iniciar el proceso de pago se deberá dar un adelanto del 50% del monto total de la infracción.
Los productores plantearon qué iba a pasar si parte de un predio se encuentra en una reserva forestal.
pagan los infractores
Están contemplados los que desmontaron de manera ilegal en el periodo 1996-2011, y en 2012 y 2013.
Se pagará en 24 cuotas
Las grandes y medianas empresas de TPFP pagarán al contado 235 UFV por hectárea y en cuotas 313; las de uso mútiples 157 UFV y a plazos 235; las pequeñas propiedades 117 UFV y las comunitarias 39.
nada en las reservas
Desde la ABT indicaron que no se permitirá que ningún predio se asiente en las zonas protegidas del país.
Regularización de algo ya establecido
Hugo Teodovich | Exvocal del Tribunal Agrario Nacional
Esta nueva norma y su reglamentación, que aún debe ser puesta a prueba con la realidad del campo, no debe ser considerada como un perdonazo a los infractores a los que se les cobrará multas más baratas sino que se trata de una regularización de algo que ya está establecido hace años. Digo esto porque históricamente el tema de la deforestación no estaba sancionado, pues existía la convicción de que si se quería producir alimentos necesariamente se debía desmontar; es más, en la década de los 60 se emitió un decreto que alentaba esta actividad en beneficio de las áreas sembradas. Ahora esta situación cambió, pero lo que se hace es legalizar las hectáreas desmontadas ilegalmente y se pone un freno para las posteriores deforestaciones.
Considero que es una ley positiva que en su aplicación debe tomar en cuenta todas las variedades que se generen en el campo en donde la reforestación no debe afectar a la producción de alimentos y viceversa
Ley de acceso a la información Periodistas defienden 'Ley de Imprenta'
Los periodistas de Cochabamba, a través de sus organizaciones sindicales, proclaman la plena vigencia de la Ley de Imprenta, por lo que asumen su defensa de cualquier intento de vulneración de sus alcances, que estén plasmados en el proyecto de Ley de Acceso a la información que impulsa el Gobierno.
Los sindicatos de la prensa de Cercado, Quillacollo y Punata, por separado, afirmaron que dicha norma aprobada en 1925, pese al tiempo transcurrido, está en plena vigencia y prevé que los jurados de imprenta son las instancias donde deben ventilarse los procesos por presuntos delitos de imprenta.
Señaló que la Ley de Imprenta es el único instrumento válido para hacer prevalecer presuntos delitos de prensa infringidos por los periodistas en el ejercicio de sus funciones. /ANF.
Artículo 38. (ATRIBUCIONES ELECTORALES). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones electorales:
4. Administrar y ejecutar procesos electorales para la elección de representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargos de elección en organismos supraestatales, bajo la organización, dirección y supervisión del
17. Registrar a las candidatas y candidatos, otorgar las credenciales de los que
resulten electos, en los procesos electorales de alcance departamental, regional y municipal e inhabilitar a quienes no hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley.