Source: https://www.scribd.com/doc/91515710/Dictamen-de-Minoria-YPF
Timestamp: 2016-08-29 15:26:11
Document Index: 185605718

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 121', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 15', 'artículo 99', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 17']

Dictamen de Minoría YPF BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreDictamen de minoría Honorable Cámara: Las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyectode ley del Poder Ejecutivo Nacional referido a la "soberanía hidocarburífera" y a la "expropiación de Repsol YPF S.A." (mensaje 592/2012) que es remitido en revisión de la H. Cámara de Senadores de la Nación, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su rechazo y la aprobación del siguiente PROYECTO DE LEY DE GARANTIA FEDERAL Y AUTOABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS CAPITULO I DEL FEDERALISMO HIDROCARBURIFERO Y LA GARANTIA DE INVERSIONES Artículo 1°: OBJETIVO Es objetivo de la presente ley establecer pautas de cooperación interjurisdiccional a los efectos de implementar un federalismo de concertación en materia de hidocarburos, con la finalidad de: a) Garantizar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires sus derechos al dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y al ejercicio de todo poder no delegado al gobierno federal por la Constitución Nacional, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional. b) Promover el desarrollo de mecanismos que garanticen la realización de las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr el autoabastecimiento nacional en materia de hidrocarburos. Artículo 2°: DERECHOS PROVINCIALES Y DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Las provincias mantienen, como parte de su patrimonio inalienable e imprescriptible, el dominio originario y la administración sobre los yacimientos líquidos y gaseosos que se encuentran en sus ámbitos territoriales, incluyendo aquellos que se hallaren a partir del límite exterior del mar territorial, en la plataforma continental o bien en el mar adyacente hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las líneas de base reconocidas por la legislación vigente. Corresponderán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en su territorio o bajo su jurisdicción en el lecho argentino del Río de la Plata.
Las provincias podrán efectuar la exploración y explotación de hidrocarburos a través de la estructura administrativa organizativa que estimen correspondiente, pudiendo también conceder permisos de exploración y concesiones de explotación a empresas privadas nacionales o extranjeras, a empresas de capital mixto, a empresas del Estado nacional existentes o por crearse y a las empresas de los estados provinciales (incluyendo aquellas con capital mixto) que los mismos mantengan en la actualidad o creen en el futuro. Artículo 3°: PROMOCION DE INVERSIONES PARA EL AUTOABASTECIMIENTO A los efectos de tender al autoabastecimiento en materia de hidrocarburos y promover las inversiones necesarias para ello a realizarse en el territorio provincial, el Estado Nacional ejercerá sus funciones respetando los siguientes principios de acción: a) La estabilidad de los marcos jurídicos e impositivos del momento de registro de cada inversión de las previstas en la reglamentación, por el término de diez años, incluyendo las políticas de importación de insumos, de exportación de productos y de transferencia de utilidades. b) El respeto de precios de mercado para los productos hidrocarburíferos, sin perjuicio de las políticas redistributivas que se implementen por leyes impositivas generales, razonables y no discriminatorias. c) La estabilidad de las pautas establecidas por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en materia de regalías al momento de registro de cada inversión de las previstas en la reglamentación, por el término de diez años. d) El otorgamiento de facilidades y estímulos impositivos para la exploración en la plataforma marítima argentina. Artículo 4°: FEDERALISMO DE CONCERTACION El Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires realizarán, por los mecanismos previstos en esta ley, acciones que les permitan tener una información transparente y completa de los procesos de exploración, explotación y elaboración de hidrocarburos, incluyendo el registro de las inversiones y otras actividades determinadas por la reglamentación con esa finalidad. Asimismo, se brindarán asistencia mutua a los efectos de fortalecer las potencialidades nacionales en materia de producción y agregación de valor, la capacidad de financiamiento a tasas competitivas y la capacidad de negociación de los estados provinciales. CAPITULO II DEL ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS Artículo 5°: Créase el ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS como
entidad autárquica, el que tendrá como principal función la de asistir, asesorar y coordinar, cuando corresponda, al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de sus facultades y competencias en esta materia. El ente estará presidido por un representante del Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado y estará integrado por un representante de cada provincia y uno de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 6°: El ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS, en caso del descubrimiento de yacimientos de características excepcionales que impliquen una modificación en las condiciones de competencia del sector, deberá remitir la información técnica y económica de que disponga al respecto a la autoridad nacional de Defensa de la Competencia, a los efectos de que evalúe la conveniencia de adoptar medidas que impidan acciones de concentración que puedan llevar a un abuso de poder de mercado o a una distorsión de la competencia. El estudio preliminar que efectúe el ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS deberá ser fundado y sustentado en informes técnicos que definan el impacto de esos recursos en el mercado relevante. Artículo 7°: El ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS para la selección de sus directivos y funcionarios superiores se regirá por el principio de idoneidad, transparencia, publicidad y participación ciudadana. Para ello se procederá a publicar masivamente los cargos a cubrir; los interesados deberán presentarse a un concurso público de oposición y antecedentes y la ciudadanía interesada podrá efectuar observaciones a los candidatos si así lo considerara. Artículo 8°: El ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS deberá garantizar las condiciones de accesibilidad para la información del sector que propicien la rendición de cuentas, la participación y la colaboración ciudadana en los asuntos de la materia. Para ello, fomentará la publicación y distribución de la información del ente, buscando condiciones que favorezcan su búsqueda, descubrimiento, descarga, uso, reutilización y redistribución por parte de los agentes de la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general. A los efectos de esta ley, se entiende por: Información del sector público: todo dato que conste en documentos escritos, fotográﬁcos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, que sea, hubiere sido o deba ser generado u obtenido por los sujetos obligados, independientemente de su naturaleza o fuente de financiamiento. Información pública: según es definida en el decreto 1172/03, sus reglamentaciones, así como las normas o leyes que eventualmente lo reemplacen. Datos personales y datos personales de carácter sensible: según son
definidos por la ley 25.326 de protección de datos personales, o las normas que oportunamente la reemplacen. Reutilización: la utilización de información pública por parte de personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían dichos documentos cuando fueron creados u obtenidos. Artículo 9°: El ente se guiará por los siguientes principios para la publicación y distribución electrónica de la información mencionada en el artículo anterior: a) De forma completa. La información del ente estará disponible en forma completa, sin otras excepciones que las contempladas en las normas que regulen el acceso a la información pública. b) De fuentes primarias. La información del ente estará disponible con el mayor nivel posible de desagregación y granularidad, sin modificaciones ni agrupaciones. c) En forma puntual y periódica. La información del ente estará disponible tan rápidamente como sea posible para preservar el valor de la misma. d) En forma accesible. La información del ente estará disponible para el más amplio espectro de usuarios y rango de propósitos. e) En formatos procesables por medios automáticos. La información del sector público estará disponible en formatos que faciliten su adquisición y procesamiento por medios automáticos. f) En forma no discriminatoria. La información del ente estará disponible para todos los usuarios, sin posibilidad de discriminación ni necesidad de acreditar interés legítimo, de registrarse o manifestar propósitos. g) En formatos abiertos. La información del ente estará disponible en extensiones o formatos electrónicos sobre el que ninguna entidad tenga control exclusivo. h) Libres de toda licencia. La información del ente no estará sujeta a ninguna licencia, términos de uso, u otras condiciones que restrinja sus posibilidades de reutilización o redistribución por parte de terceros. i) De forma gratuita. La información del ente estará disponible sin costo. j) De forma permanente. La información del ente estará disponible en una dirección de Internet permanente. Artículo 10: EXCEPCIONES El ente estará exceptuado en el caso de documentos o conjuntos de datos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en virtud de las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. Artículo 11: Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.
INFORME Honorable Cámara: 1. Introducción Este dictamen de minoría refleja el rechazo a la precaria política energética y a la bochornosa manera de gestionar la cosa pública, de la cual el proyecto de ley en consideración es solo un eslabón más. No está en juego la discusión de si YPF S.A. debe ser nacional, así como tampoco la soberanía de los recursos naturales, que las provincias tienen asegurada por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Estos temas, tan sensibles para los argentinos, pretenden ser usados como una pantalla para tapar las responsabilidades políticas de quienes planifican —o debieron planificar— la política energética desde 2003. De quienes antes apoyaron la privatización de YPF, y ahora quieren su estatización, a pesar de que avalaron durante todos estos años el vaciamiento de la empresa. De quienes no controlaron ni fiscalizaron el descenso de la producción de hidrocarburos, que trajo como consecuencia el desabastecimiento de combustibles para la población, la producción industrial y agropecuaria y la generación de energía eléctrica. En ese contexto, aceptar el proyecto de expropiación de YPF como está planteado es avalar que las mismas personas que son responsables de la crisis energética y que actualmente gobiernan, se queden con una empresa bajo la excusa de que de esa manera se solucionan los problemas de abastecimiento de combustibles que sufre el país, como si se tratara de una política energética seria, sin dejar de lado los altísimos costos económicos y políticos que recaerán principalmente en los ciudadanos. Precisamente, sólo con la planificación de una política energética a largo plazo, se puede dar la discusión de si la empresa YPF S.A. debe volver a manos del Estado. Por lo pronto, aceptar la expropiación de YPF S.A. también implica avalar el modus operandi absolutamente ilegal, innecesario e irrazonable con el que actuó este gobierno hasta el momento. Concretamente, nos referimos a que en el mismo momento en que la presidenta anunciaba el envío del proyecto de expropiación al Congreso, un grupo de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y varios gobernadores de provincias ingresaban, llevando en sus manos un decreto de necesidad y urgencia dictado horas antes, a las oficinas de YPF S.A., para echar a los directores de la misma y tomar el control de la empresa, episodio que nos hace acordar a las épocas más oscuras de nuestro país. A continuación se expondrán los argumentos que conducen a rechazar el proyecto en consideración. Pero en pos de contribuir a solucionar la crisis energética del país, también se desarrollarán los fundamentos que nos conducen a propiciar la creación del ENTE
FEDERAL DE HIDROCARBUROS. Este organismo con funciones de asesoramiento técnico y de coordinación con las provincias, es un primer paso en el largo camino que debemos recorrer para planificar una política energética sustentable. El ente puede coadyuvar con aportes técnicos al Estado Nacional y a las provincias, coordinando las acciones de cada jurisdicción. El asesoramiento y apoyo que puede dar este organismo será de vital importancia para determinar los incumplimientos por parte de las empresas concesionarias de la explotación y producción de hidrocarburos, que es una de las primeras causas del desabastecimiento. 2. Por qué rechazamos el proyecto de ley de expropiación 2.1. Objeciones políticas La expropiación de YPF S.A. no soluciona los problemas de fondo Estamos perdiendo la oportunidad de adoptar medidas que realmente impacten favorablemente en la sociedad y en las generaciones futuras, en materia de producción y suministro de hidrocarburos. No nos oponemos a la discusión de que YPF sea estatal o privada, que no es lo que en realidad está en debate, aunque el gobierno manipule los sentimientos nacionales. Nos oponemos a esta expropiación en particular, en el contexto en el que se está dando. Porque la inconstitucional e irrazonable forma en que lo ha impulsado el gobierno trae aparejado en el trasfondo el olvido de las responsabilidades incumplidas de los funcionarios de turno; el aval oficial a YFP S.A. en la distribución más del 100% de los dividendos varios años; la inexistencia de una política energética; la manipulación de los sentimientos nacionales para pretender hacer pasar como soluciones decisiones que sólo son parches; la innecesaria pelea con el mundo, y con países con los que históricamente fuimos hermanos; etc. En otras palabras, políticamente no acompañamos el proyecto porque es innecesario y no soluciona los problemas de fondo, no asegura al ciudadano el abastecimiento de combustible ni una política energética, y sólo trae aparejado un altísimo costo, del que buena parte deberá pagar el ciudadano común con los impuestos. La ley que se nos propone sancionar es innecesaria porque los yacimientos, es decir los recursos, nunca fueron de propiedad de Repsol YPF S.A. La propiedad del petróleo es de las provincias, como claramente dispone el artículo 124 de la Constitución Nacional, y si la empresa no estaba produciendo como debería, el Estado Nacional debía alertar y las provincias debían cancelar la concesión, como algunas habían comenzado a hacer, y otorgarla a otra empresa. El proyecto en estudio, en el contexto en el que se presenta, es una medida negativa para los intereses de los argentinos y no una solución al fracaso de la política energética de este gobierno, que ha impactado en la vida y las actividades de los ciudadanos que sufren el desabastecimiento de combustible. Esta medida arbitraria no contribuye a lograr al
autoabastecimiento, como tampoco lo fue la creación de ENARSA, anunciada y promovida pomposamente con esa finalidad por este gobierno. ENARSA en su momento, YPF ahora, son sólo ejemplos de la voluntad de un gobierno que prefiere utilizar parches y soluciones cortoplacistas, que no remedian el problema de fondo y en definitiva traen aparejados altísimos costos para el país. La discusión sobre la estatización de YPF no se puede dar sino en un marco de planificación a largo plazo, respetando los compromisos asumidos, el modelo energético nacional y los intereses de los argentinos. No hay pérdida de soberanía por el hecho de que una empresa extranjera opere en el país, mientras las instituciones públicas mantengan su capacidad regulatoria y de fiscalización, rol que el Estado nacional fue perdiendo desde 2003, y cuyas consecuencias hoy padecemos. No se trata de defender a Repsol ni a la privatización, porque si en eso versara la discusión, valdría decir que las personas que integran este gobierno nacional han avalado la privatización en 1992, la distribución de dividendos por encima de las ganancias para facilitar el ingreso del grupo Petersen, y la caída de la producción. Las críticas a Repsol no deben agotar el debate, el cual debe incluir las críticas a una política energética cortoplacista que desalentó la producción hidrocarburífera. Si YPF invirtió poco bajo la conducción de Repsol, ese proceder también puede observarse en la mayoría de los actores del sector, como la refinería San Lorenzo de Cristóbal López, que operó con la menor utilización de capacidad instalada en los últimos años. Aún así, no se ve un proyecto de expropiación de esas empresas, ni siquiera de las acciones que en YPF corresponden al Grupo Petersen. Responsabilidades e incoherencias en el modelo de Estado Por otra parte, no debemos olvidar las responsabilidades políticas de la presidenta Cristina Kirchner, y los funcionarios que la acompañan. Tanto ella como el ex presidente Néstor Kirchner avalaron públicamente el proceso privatizador que encaró Carlos Menem durante su presidencia, y en ese sentido apoyaron expresamente la privatización de las acciones de la Nación en YPF S.A., pero luego privatizaron YPF a Repsol por segunda vez al venderle las acciones de propiedad provincial. Las mismas personas que antes trabajaron por esa privatización, ahora impulsan acaloradamente la "estatización" de la empresa, demostrando un repentino espíritu nacionalista. Néstor Kirchner decía entonces que la mejor muestra de soberanía era atraer las inversiones que hoy se propone expropiar. Esto, a la luz del mundo, refleja una clara incoherencia política y ética de los gobernantes argentinos en general, que cambian sus pensamientos políticos de acuerdo con las oportunidades coyunturales y electorales del momento. Esto trae aparejado —independientemente de la ideología que se tenga— la imagen de que la República Argentina no puede mantener una política
de Estado o un modelo vinculado a las cuestiones públicas por varios años, de manera sustentable y previsible. Basta mencionar el caso de Brasil con Petrobrás, que a pesar del cambio en el partido gobernante, siempre siguió el mismo modelo, mientras que aquí sucede exactamente lo contrario: los mismos toman medidas divergentes. Irresponsabilidad de los funcionarios de turno Sin remontarse tantos años, no se puede dejar de mencionar las responsabilidades de los funcionarios que actualmente tienen a su cargo los ministerios y secretarías con competencia en materia energética, y a quienes además se les ha entregado el control de YPF S.A. a través de la inconstitucional intervención del decreto 530/2012. En este sentido, la designación como interventor de YPF S.A. del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, importó por parte de la presidenta Fernández de Kirchner, avalar las responsabilidades políticas y administrativas que a dicho funcionario le caben en el desabastecimiento y en la caída de la producción del que precisamente da cuenta los fundamentos del decreto 530/2012 por el cual se lo designa. Tanto el ministro De Vido, como el secretario de Energía, Daniel Cameron, son los principales responsables de la situación a que llegó el país en cuanto a la caída de producción de hidrocarburos, pues ambos son funcionarios de este gobierno desde 2003. Esta situación, que se pretende hacer pasar ahora por repentina, novedosa, y en todo caso de pura responsabilidad de REPSOL, fue provocada —por acción o por omisión— por los mismos funcionarios que hoy siguen en sus funciones, quienes deben responder por la falta de una política energética a largo plazo. El secretario de energía desde el 2003, Daniel Cameron, dijo que ya en 2004 las inversiones en exploración habían caído 60% respecto del bienio 2000-2001: “la experiencia internacional aporta información respecto a los problemas de abastecimiento que están llamados a producirse en el mediano, y a veces corto plazo, cuando el precio que percibe el productor de gas no permite cubrir las inversiones en reposición de reservas como consecuencia de regulaciones” (informe de la Secretaría de Energía de la Nación de fecha 13 de febrero de 2004, emitido en Expediente N° S01:0189417/2003). Cameron afirmaba en el mismo informe oficial que “los precios obtenidos debido al congelamiento impuesto por la crisis, no permiten recuperar costos de exploración y producción”; que “el congelamiento del gas establecido hace ya más de 24 meses (en febrero de 2004) ha provocado una disminución significativa de las inversiones en exploración y explotación complementaria de hidrocarburos”; que “los actuales precios internos abonados por las distribuidoras de gas, son manifiestamente insuficientes para cubrir inversiones necesarias para la movilización y reposición de reservas”; que “no se puede sostener en el tiempo que los precios que percibe el productor no permitan el repago de las inversiones imprescindibles en la actividad”; que “los
precios pesificados del gas no permiten recuperar los costos de inversión para explorar, explotar y mantener la producción de gas” y que existía el problema del “consecuente aumento del consumo y riesgo de problemas de abastecimiento” por “los bajos precios del gas que promueven una sustitución por precio”. Las reservas comprobadas de gas de Argentina muestran una caída desde 0,75 MMMm3 en 2001 a 0,44 MMMm3 en 2005, volviendo a caer en años subsiguientes. El ministro De Vido y otros más, son los mismos funcionarios a los que la presidenta le entrega el control de YPF S.A. para que reviertan una situación que ellos mismos provocaron, de las que son principales responsables. En otras palabras, al ordenar la intervención de YPF S.A. y nombrar a los citados funcionarios, la presidenta Fernández de Kirchner hizo suyas las irresponsabilidades políticas e incumplimientos funcionales de la situación que en materia de energía e hidrocarburos padece nuestro país. Antecedentes negativos de medidas análogas La expropiación de YPF pretende aparecer ante la opinión pública como la solución al desabastecimiento de combustibles, pero no es más que otro capítulo de una serie de engaños. Un claro ejemplo de esto es la creación de la estatal ENARSA (Energía Argentina S.A.) creada por ley 25.943, en 2004, por la administración de Néstor Kirchner con la finalidad de convertirse en otra petrolera más dentro del mercado argentino con alcance en materia energética y exploración de hidrocarburos. Hoy se ocupa principalmente de importar gas de Bolivia para venderlo en el mercado interno a un precio más bajo que el que paga, de acuerdo con la política de subsidios del Estado nacional, que ya tiene previsto este año girarle a ENARSA más de $ 10.000 millones, suma muy superior a los $ 3.000 millones que le costó al Estado en 2004 y a los $ 9.400 millones de 2011. Por otro lado, nuestra visión de la cuestión nos obliga a señalar también el precedente de Aerolíneas Argentinas. Allí se echó mano de la "recuperación de soberanía" y se procedió a inventar un nuevo tipo societario no previsto por las leyes. En efecto, bautizaron la ocupación temporaria anormal, prevista en la ley de expropiaciones con fines totalmente diferentes que el que aquí se pretende utilizar, como "compañía privada de gestión estatal". Con los mismos actores que ya fracasaron en la aerolínea de bandera, se pretende ahora, ocupar la compañía privada y subvirtiendo el proceso expropiatorio que es casi el único caso en el que deben intervenir los tres poderes del Estado para que se perfeccione, luego de dictada la ley que dispondrá la expropiación por causa de utilidad pública de parte del capital accionario, se trabará judicialmente una contienda por el precio que hará que finalmente aquello que debería ser transitorio y efímero se convierta en una "transición permanente"
En efecto, ya ha advertido el secretario Axel Kicillof que "no se pagará un peso" tal como ha trascendido por los medios, y también ha trascendido cuánto reclamará el expropiado: miles de millones de dólares. El resultado de esta discordancia hará que nos encontremos ante este invento legal que se pretende consumar: la compañía seguirá siendo privada, y lo único que habremos hecho es colocar como accionista de facto y sin pagar por las acciones al Estado nacional, que a su vez controlará a los estados provinciales mediante un convenio de sindicalización obligatoria de acciones. Los inconvenientes de esta "transición permanente" en la que quedará sumida, tal vez por años, la empresa YPF S.A., son claros: al igual que en el caso de Aerolíneas Argentinas, este Congreso jamás verá un balance, no tendremos control sobre sus gastos, y le daremos dinero del presupuesto que quedará fuera del control al que debería estar sometido el sector público. Discriminación entre las provincias petroleras y las que no lo son En el proyecto de ley que está bajo análisis se prevé que el 49% de la participación estatal sería asignada a las provincias que tendrían entonces el 24,99% de YPF. Esto sería una suerte de federalización, si no fuera por el hecho de que sólo las 10 provincias petroleras (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego) serían las accionistas en la nueva YPF. Es decir que el Estado, en el proyecto de expropiación, pareciera hacer partícipe en el costo de la indemnización al resto de las provincias que lo tendrán que solventar entre todas, premiando luego sólo a las provincias petroleras. 2.2. Objeciones jurídicas La expropiación de YPF S.A. se está llevando adelante en un proceso teñido de ilegalidad, arbitrariedad e inconstitucionalidad. No sólo el decreto de necesidad y urgencia 530/12 por el cual se intervino y tomo posesión de la empresa es inconstitucional, sino además el proyecto de ley merece serios reparos jurídicos que se explican a continuación. 2.2.1. La declaración de interés público implica un avasallamiento de las competencias de las provincias sobre actividades relacionadas con sus recursos naturales El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, a través del cual se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, avanza en forma inaceptable sobre los derechos que las provincias ejercen sobre los recursos hidrocarburíferos. El artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las
provincias conservan todo el poder no delegado por la misma al gobierno federal. Y artículo 124, incorporado por la reforma constitucional del año 1994, establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Es claro entonces que el proyecto pretende legislar sobre actividades privadas vinculadas a los recursos hidrocarburíferos desconociendo claramente los derechos de los estados provinciales sobre los mismos. Tanto es así que la ley 17.319, más conocida como "ley de hidrocarburos", establecía en su artículo 1° que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, señalando en el artículo 2° que las actividades de explotación, industrialización, transporte y comercialización estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones contenidas en esa ley y en las reglamentaciones de la misma que se dicten por la autoridad administrativa. Esta norma fue posteriormente modificada por el artículo 1° de la ley 24.145, que dispuso la transferencia del dominio público de los yacimientos de hidrocarburos, en ese momento en cabeza de la Nación, a las provincias en cuyos territorios se encontraban éstos, disposición que luego fue reformulada en virtud del artículo 1° de la ley 26.197, norma ésta que "reconoció" el dominio originario de las provincias sobre los citados yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, asignándoles su plena administración, exploración y explotación. La declaración de interés público nacional de la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos importa establecer una regulación estatal por parte del Estado Nacional, que implica intervención y programación, lo que significa una indebida intromisión en las concesiones y permisos que las provincias otorgaron en su calidad de propietarios de los recursos naturales. La declaración de "interés público nacional" supone mantener el carácter privado de la actividad pero sometiéndolo a un régimen que, si bien es preponderantemente de derecho privado, posibilita la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal nacional que no está definida en el proyecto de ley. No es criticable que una ley defina como objetivo nacional alcanzar el autoabastecimiento, ni que tampoco establezca que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional fijar las políticas en materia hidrocarburífera, ni que incluso declare de interés público las actividades que fueron oportunamente dadas en concesión o permiso por el Estado nacional. Lo criticable es pretender someter a una fuerte regulación estatal por parte del Estado federal —como se deriva de la declaración de interés público— a actividades que están reservadas al poder de policía de las provincias, en tanto se desarrollan sobre
recursos naturales cuya propiedad pertenece a las mismas. A partir del respeto a las facultades de las jurisdicciones locales en materia hidrocarburífera, al Estado Nacional le debiera quedar el papel de fijar la política nacional, y actuar como un ámbito de concertación y coordinación de las acciones provinciales. No se designa el origen de los fondos de la indemnización El proyecto de ley no designa cual es la partida presupuestaria con la cual se afrontará el pago de la indemnización por la expropiación. Por lo tanto, es posible suponer que se utilizarán las facultades delegadas que posee el Jefe de Gabinete de Ministros en función de la ley 26.546 de presupuesto 2012, y el artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera. En definitiva, esto conlleva la incertidumbre sobre el origen de los fondos para pagar la indemnización a YPF, a lo que se suma la indeterminación de dicho valor hasta que no se realice la tasación. Se convierte la intervención en una ocupación temporánea anormal El proyecto de ley establece que una vez que entre en vigencia, el Poder Ejecutivo Nacional "ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de dicha norma". La única norma que se menciona en el artículo anterior es la ley 21.499. Por lo tanto, una vez que se sancione la ley, el Estado pasará a ser titular de las acciones en carácter de ocupación temporánea anormal, lo que no requiere indemnización alguna (arts. 57 y 59, ley 21.499). Dicho proceder resulta objetable, porque esa especie de ocupación procede mediante disposición de autoridad administrativa —y no una ley—, y ante una "necesidad urgente, imperiosa o súbita" (art. 58, ley 21.499), lo que no se da en el caso. Sólo se expropia a REPSOL YPF. Afectación del principio de igualdad y no discriminación El proyecto de ley en cuestión sólo expropia el 51% de las acciones clase D que pertenecen a Repsol YPF S.A., con lo cual quedan en manos de dicha empresa un remanente de alrededor del 6% de las acciones. Esto resulta objetable porque la medida estatal recae sólo sobre las acciones del propietario extranjero, y no en forma proporcional del argentino Grupo Petersen. De esa manera se afecta el principio de igualdad (art. 16, CN) y de equivalencia de trato entre nacionales y extranjeros que consagra la Constitución Nacional en cuanto establece que "los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión (…)" (art. 20, CN). Por ello, la expropiación puede considerarse una medida discriminatoria en razón de la nacionalidad (art. 19, CN; arts. 1° y 24, Convención Interamericana de Derechos Humanos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre
otras.) Inaplicabilidad de los controles públicos sobre YPF S.A. Otro de los aspectos a resaltar es que el proyecto de ley prevé en su artículo 15 que YPF S.A. continuará operando como sociedad anónima abierta según la ley 19.550, no siéndole aplicable legislación alguna que reglamente la administración, gestión o control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los estados provinciales tengan participación. Esto significa que una vez que se expropie YPF S.A. dicha empresa, a pesar de que pertenecería al Estado en forma mayoritaria y con posibilidades de formar la voluntad societaria, se encontrará fuera de los sistemas de control que prevé la ley 24.156 de administración financiera, es decir, fuera del control de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación. La solución contraria – que entendemos correcta- se utilizó en el caso de una empresa semejante, ENARSA. ¿Quién controlará a los funcionarios en su accionar público en la empresa? El proyecto del poder Ejecutivo se encarga de aclararlo: nadie. Inexistencia de los requisitos formales y sustanciales que habilitaban su dictado El dictado del decreto N° 530/12 por el Poder Ejecutivo no se encontraba rodeado de las circunstancias fácticas que exige el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional para su emisión. En efecto, no existía la imposibilidad de tratar la medida en cuestión por el proceso ordinario que demanda la sanción de las leyes, a todas luces posibles pues el Congreso Nacional se encuentra en período de sesiones y que, de hecho, estará aprobando en tiempo record algo mucho más complejo, como la expropiación. Imposibilidad del Poder Ejecutivo de intervenir una empresa privada por DNU. Inexistencia de esa facultad del Congreso Nacional. Violación de las competencias del Poder Judicial Pero además de no superar el escrutinio a la luz del art. 99, inciso 3, el DNU merece otros graves reparos. En cuanto a la cuestión de fondo, corresponde señalar que no existen antecedentes legislativos en períodos democráticos por el cual el Congreso de la Nación haya intervenido una empresa privada. Los antecedentes encontrados de esa especie son todos de gobiernos militares, en algunos casos de contenido muy parecido al DNU 530 y dispuestas previo a una expropiación. Entre ellas, cabe nombrar las siguientes leyes que disponen intervenciones: 18.173 (1969); 18.178 (1969); 18.564 (1970); 18.687 (1970); 18.794 (1970); 21.440 (1976); 21.591 (1977); 21.980 (1979); 22.229 (1980); 22.334 (1980). Por otra parte, las intervenciones a una empresa privada sólo pueden ser dispuestas por un juez, a pedido de un socio o de autoridad administrativa (art. 113 y ss, y art. 303, inc. 2°, ley 19.550).
En conclusión, si el Congreso no puede intervenir una empresa privada, menos lo puede hacer el Poder Ejecutivo vía decreto de necesidad y urgencia, pues en realidad invade una competencia propia del Poder Judicial (art. 109, CN). Incompatibilidad de funciones de los interventores designados El decreto 530 designa interventor de YPF al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido (art. 1°). Asimismo, el citado decreto establece que el interventor tendrá las facultades que el estatuto de YPF S.A. confiere al directorio o presidente de la empresa. Por su parte, el decreto 532 designa al secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof en el cargo de subinterventor. Pero sucede que la ley 25.188 de ética de la función pública establece en su artículo 13, inciso a), que es incompatible con la función pública: "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades". Teniendo presente lo anterior, cabe señalar que la ley 22.520 de ministerios atribuye en su artículo 22 como competencia del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a la energía. En especial, le corresponde entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional (inc. 35), y en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas (art. 36). Por otra parte, la citada ley atribuye en su artículo 20 competencia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para intervenir en la elaboración de la política energética nacional y en el régimen de combustibles (inc. 28). En razón de lo expuesto, resulta manifiesta la incompatibilidad del ministro de Planificación para ser interventor de YPF S.A. En cuanto al secretario de Planificación Económica, la incompatibilidad como interventor no sería tanto por las competencias de la secretaría a su cargo, sino por las del ministerio que integra. La sanción frente a la incompatibilidad la ha previsto el artículo 17 de la ley 25.188, que establece que los actos dictados en situación de incompatibilidad, son nulos de nulidad absoluta. De manera que todo lo que hagan y resuelvan los designados interventores de YPF S.A. son nulos de nulidad absoluta. 2.3. Objeciones económicas El proceso expropiatorio de YPF S.A. de la forma en que se está
llevando a cabo, trae aparejados altísimos costos que, en definitiva, pagarán los ciudadanos. En primer lugar, se debe mencionar el costo derivado de la expropiación de YPF S.A., es decir, el monto que el Estado argentino deberá pagar en concepto de indemnización. A esto hay que sumar eventuales pasivos por planteos interjurisdiccionales o arbitrales. Por otra parte, tampoco debemos descartar el impacto que podría generar la medida en cuestión en el desarrollo de la economía y comercio de nuestro país, a raíz de acciones que podrían verse como contrarias a acuerdos internacionales. 3. Propuesta de creación del Ente Federal de Hidrocarburos En el largo, pero no imposible, camino que hay que recorrer para desarrollar una política pública en materia de energía, de manera coordinada con las provincias, entendemos que un primer paso sería la creación de un Ente Federal de Hidrocarburos. El organismo propuesto tendría una función esencialmente técnica y de asesoramiento, tanto al Estado nacional como a las provincias. También, constituiría un ámbito de concertación y coordinación del Estado nacional y las jurisdicciones locales. Asimismo, en el proyecto que propiciamos se afianza el derecho constitucional de las provincias de conceder permisos de exploración y concesiones de explotación a las empresas que consideren que mejor responden a sus intereses: al desarrollo productivo de los yacimientos, al cuidado ambiental, al desarrollo local y a las demás variables que puedan considerar pertinente quienes tienen el derecho constitucional sobre el recurso. Nuestra propuesta es claramente superadora de la que nos somete a consideración el Poder Ejecutivo Nacional. La experiencia del actual gobierno demuestra que es necesario, como existe en otros países como Brasil y Colombia, fortalecer la capacidad de visión estratégica y coordinación. Y es por eso que se propone la creación de este ente federal, con la estabilidad legal necesaria para establecer la política energética de largo plazo que el país necesita y que pueda, al mismo tiempo, brindar asistencia técnica a los gobiernos provinciales. Los objetivos esenciales del nuevo organismo serían: a) garantizar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires sus derechos al dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y al ejercicio de todo poder no delegado al gobierno federal por la Constitución Nacional, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional. b) Promover el desarrollo de mecanismos que garanticen la realización de las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr el autoabastecimiento nacional en materia de hidrocarburos. Para el logro de esos objetivos, la principal función del ente será asistir, asesorar y coordinar, cuando corresponda, al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de sus facultades y competencias en esta materia.
Consideramos que la conformación de este ente tendrá un rol preponderante, no sólo desde el punto de vista del diseño de los esquemas fiscales más convenientes de participación de la renta, sino desde el punto de vista de la auditoría técnica. A partir de la evolución de la actividad petrolera se comprueba que la Argentina ha priorizado objetivos de corto plazo, como ser una política de redistribución de la renta de este recurso. El problema es que esta decisión ha afectado, a fin de cuentas, su generación y redistribución intertemporal, amén de que los efectos distributivos no han sido del todo progresivos. Las generaciones actuales sentirán el peso de una energía más costosa. Por otra parte, la característica intrínseca del sector determina que las nuevas inversiones requieran incentivos para ser atraídas y la posibilidad de recrear la renta tras un período de mediano a largo plazo de maduración. Consideramos que una forma de recuperar el autoabastecimiento que la política energética del actual gobierno perdió es recrear un esquema de la actividad en la que "todos ganen", con claridad en las reglas de la actividad que sean previsibles y contingentes a los distintos estados posibles de la naturaleza en que se creen compromisos entre el Estado nacional y las provincias, dando estabilidad al régimen impositivo, eliminando subsidios generalizados y en su lugar estableciendo un régimen de tarifa social focalizado, fijando condiciones atractivas para las empresas. Para ello pensamos en fortalecer el organismo técnico que se encargue de analizar los esquemas más convenientes de explotación, tanto desde el punto de vista técnico como desde el económico. El conjunto de instrumentos fiscales deberá ser flexible en la medida que vuelva a recrearse el potencial petrolero de la Argentina. El reconocimiento de la potencialidad de este territorio en relación a los recursos no convencionales es un activo muy importante para el sector, y debe sumarse a ello la estabilidad regulatoria que es una deuda pendiente de todos estos años. Por último, no quisiéramos dejar de señalar dos cuestiones: una referida al proceso de selección de los candidatos y otra al acceso a la información. Respecto al proceso de selección, es necesario que los candidatos a integrar la agencia se sometan a un concurso público de antecedentes y oposición y que se habilite a la ciudadanía a presentar observaciones a los candidatos si es que las hubire. En este sentido, se estaría tomando como modelo al procedimiento para la selección de magistrados del decreto 222/03. Este procedimiento garantizaría los principios de idoneidad, publicidad, transparencia y participación formulados en la presente ley. Por otra parte, el acceso a la información es un derecho fundamental de la democracia. A su vez, el conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos de gobierno, el uso de los recursos públicos, es indispensable para el ejercicio de numerosos derechos políticos y sociales, entre otros. Asimismo, la posibilidad de acceder y reutilizar a la información del sector público es una precondición fundamental en
el tránsito hacia un gobierno abierto, capaz de facilitar los mecanismos necesarios para una efectiva rendición de cuentas, de promover la participación y colaboración de sus ciudadanos, y de estimular la creación de valor económico y social por parte de la sociedad civil. La opacidad respecto del manejo de información y datos relativos a las industrias extractivas y en este caso particular de la explotación de hidrocarburos, no es una potestad de la Argentina. Alrededor del mundo, en los últimos años, se han desarrollado numerosas iniciativas que promueven la publicidad de esta información, así como el control y escrutinio público. Ello se debe a diversos factores, principalmente vinculados con las cifras millonarias que genera el sector de industrias extractivas, la interacción del sector público con el privado a través de contratos y concesiones que involucran compromisos de ambas partes, controles internos, y externos, y que ponen en juego cientos de millones de dólares. En definitiva, consideramos que el rechazo del proyecto del Poder Ejecutivo y la aprobación de este otro proyecto de ley sería un paso adelante para la generación de una política nacional activa y orientada muy firmemente al aumento de la producción en materia energética, el autoabastecimiento y la agregación de valor en el territorio nacional, que es lo que el país necesita y reclama.
Dictamen de Minoría YPF by FedericoPinedo552 viewsEmbedDownloadInterests: Types, Government & PoliticsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less