Source: http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/consejos/nuevas-modificaciones-al-sistema-bancario-una-buena-varias-malas/32814/
Timestamp: 2018-08-19 13:58:22
Document Index: 378862874

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Nuevas modificaciones al sistema bancario: una buena, varias malas – Defensa del Consumidor Protectora
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Hace pocos días el Banco Central de la República Argentina realizó distintas modificaciones – por medio de la Comunicación “A” 6448 (aquí) a algunas de sus normas centrales. Si bien la mayoría apuntan a permitir los trámites de baja de los servicios a través de medios electrónicos, también se incorpora expresamente el derecho a solicitar las bajas en cualquier sucursal(aun cuando no sea donde se dio el alta al servicio), mientras que aparecen algunos otros mecanismos bastante perjudiciales para los consumidores, cómo la habilitación expresa de la venta atada (en directa violación del artículo 42 de la constitución y 1099 del Código Civil y Comercial), la eliminación de notificaciones en papel en casos importantes, o la generación de trabas para las bajas por el mismo medio de contratación (en directa violación del artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor y 11 de la Ley de Tarjetas de Crédito).
Dentro de las comunicaciones afectadas por los cambios, se encuentra el régimen de protección de los usuarios de servicios financieros, al de Depósitos de Ahorro, Cuentas sueldo y Especiales, al de Cuenta Corriente
y a la comunicación de “Medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”
En sí, la modificación se presenta cómo positiva, aun cuando cabe aclarar que este derecho de los consumidores, existe hace muchos años (desde el 2008, por reforma mediante la ley 26.361 disponible), ya que el artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, había establecido que “(c)uando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación“. La posibilidad de contratar a distancia, y consecuentemente el derecho a solicitar la baja por el mismo medio, era usualmente poco común para muchos de los servicios bancarios hace algunos años (para algunos aun hoy, como por ejemplo para la apertura de las cuentas sueldo). Sin embargo, esta mecánica de contratación a distancia fue cambiando para algunos productos usuales (por ejemplo la constitución de plazos fijos electrónicos) y en algunos casos, era una práctica común desde hace mucho tiempo (en el caso de las tarjetas de crédito, ya era común el envío de la tarjeta y toda la documentación, al domicilio del consumidor).
El más notorio es el que establece que, si bien las bajas se pueden tramitar a distancia, la excepción es el caso de las tarjetas de crédito con montos impagos. Esta limitación, que va en contra del artículo 10 ter (que no establece excepciones al ejercicio del derecho), no está justificada y busca en la práctica, forzar al consumidor al pago, antes de permitirle la baja del producto en cuestión. No hace falta aclarar que los consumidores tienen derecho a solicitar la baja de los servicios, haya o no deuda pendiente de pago, situación que no tiene conexión directa con la prestación del servicio que el consumidor desea terminar. El derecho a la libertad de elección nace directamente del artículo 42 de la constitución, y el impedimento de la baja de los servicio por la existencia de duda, se considera una cláusula abusiva en los términos del artículo 37 de la ley 24.240. Pero, además de ir en contra de la ley protectoria de orden público, también viola el artículo 11 de la Ley de Tarjetas de Crédito
Hablamos algo más de este tema (enfocándonos en el caso de la telefonía celular).
Otra situación que se modifica, un poco de manera oculta, es que dada la política de “despapelización” que el BCRA intenta impulsar, ahora se permite a los bancos, el inicio del cobro por “saldos inmovilizados” (cuando queda dinero a favor del consumidor, pero la cuenta se cierra y este no lo retira del sistema bancario), sin ya tener que enviar una “pieza postal certificada” (cómo establecía el viejo artículo 4.7.2 de la Comunicación sobre cuentas sueldo -disponible aquí-). Alcanza ahora con cualquier medio de comunicación que el banco haya utilizado para comunicarse con el cliente, cómo un simple correo electrónico (por ejemplo).
Esta modificación, que apunta específicamente a las cuentas alcanzadas por la comunicación, es complementada por una similar regulación en relación con todos los demás servicios financieros por la modificación al artículo 3.2 de la comunicación sobre “Medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente” (disponible aquí).
“3.2. Revocación y finalización de relaciones contractuales.
Este criterio especial que establece el punto 3.2.2, viola tanto el artículo 10 ter ya visto, como el artículo 11 de la ley de tarjetas de crédito que fija que “(c)oncluye la relación contractual cuando:
b) El titular comunica su voluntad en cualquier momento por medio fehaciente”.
Como vemos, no hay aquí una estipulación sobre que la manifestación tiene que ser “en persona”, sino que desde hace muchos años, alcanza conque la manifestación sea “por medio fehaciente”, no teniendo los bancos ningún derecho a exigir a los consumidores a que se presenten a una sucursal a hacer ninguna manifestación.
Un grave retroceso: el intento de habilitación de las ventas atadas en “paquetes”
Siguiendo con el camino de la regulación ilícita, el Banco Central habilita una práctica que él mismo había prohibido (incluso antes del nuevo Código Civil y Comercial, con el dictado de la Comunicación “A” 5460 original sobre “Protección de Usuarios de Servicios Financieros”). Esta práctica, una de las más comunes y más lucrativas para los bancos (y perjudiciales para los consumidores), es la venta de “paquetes” a los consumidores. El caso más común, es cuando un consumidor concurre a un banco para averiguar por una tarjeta de crédito, y en el camino de obtenerla, se le informa que para sacarla “debe” contratar un paquete que incluye (la mayoría de las veces), varias tarjetas, algunos seguros, o incluso una caja de ahorro. El consumidor (que fue a contratar un determinado producto), termina tal vez -por el interés que tiene en contratar el producto original- contratando todos los demás. Este es el objetivo del proveedor, “encajar” productos o servicios que el consumidor no quiere, con el gancho del que éste sí desea. La práctica es conocida y se denomina venta atada. Es una de las más expandidas, y viola uno de los derechos básicos de los consumidores (y que nace directamente de la constitución), el de elegir libremente los productos y servicios que desea.
Veamos la modificación. El punto 2.3.1.2 de la comunicación de “Protección de los usuarios de servicios financieros” establecía, en relación con los contratos multiproducto (conocidos cómo paquetes) hasta la modificación que “(e)n materia de libertad de elección de productos o servicios financieros brindados por los sujetos obligados, se admitirán contratos multiproducto en la medida en que las secciones correspondientes a cada producto puedan escindirse en contratos individuales autónomos, de manera tal que cada usuario pueda adherir solamente a el/los productos que efectivamente le interesen“.
El punto 2.3.1.2, pasa a incluir ahora que “la revocación o rescisión de un producto o servicio integrante de un contrato multiproducto podrá implicar, cuando el sujeto obligado así lo disponga, la pérdida de beneficios y/o la baja de los restantes productos o servicios asociados, excepto cajas de ahorros en pesos –cuando se encuentren abiertas– dado que éstas no integran los paquetes multiproducto (punto 1.4. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”).
Cómo vemos, invierte el derecho, y se lo da al proveedor. Ahora es él quien puede elegir darle la baja a los productos “atados”, teniendo entonces, no solo la libertad de imponer el paquete, sino de mantenerlo permanentemente.
Cabe aclarar, que no solo la constitución establece el derecho de los consumidores “a la libertad de elección”, también el Código Civil y Comercial de la Nación lo regula en favor del consumidor. Puntualmente, el artículo 1.099 determina que “(e)stán prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo”.
Fuente: http://justiciacolectiva.org.ar/nuevas-modificaciones-al-sistema-bancario-algo-bueno-varias-cosas-malas/
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