Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53500
Timestamp: 2017-09-21 19:36:59
Document Index: 153520919

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 83', 'ARTÍCULO 83']

Gaceta: LXII/3SPO-105/53500
LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN:
•	UNA, DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, A LOS ARTÍCULOS 7, 11, 17, 20, 41, 43, 68, 70, 86, 91, 100, 149 Y 156 DEL PROYECTO DE LEY; Y, EN EL APARTADO DE CONSIDERACIONES, EN LAS PÁGINAS 281 Y 287. LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS ADECUACIONES EN LA PARTE CONSIDERATIVA SE INCORPORARÁN AL TEXTO DEL DICTAMEN.
•	UNA, DE LA MESA DIRECTIVA, LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, A LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL PROYECTO DE LEY.
LA ASAMBLEA AUTORIZÓ INTEGRAR AMBAS PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY, PARA SU DISCUSIÓN. PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, INTERVINIERON LOS SENADORES:
MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, PRI A FAVOR
MAYELA QUIROGA TAMEZ, PRI A FAVOR
FERNANDO TORRES GRACIANO, PAN A FAVOR
SONIA ROCHA ACOSTA, PAN A FAVOR
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, PRD A FAVOR
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRD A FAVOR.
LA MESA DIRECTIVA HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA QUE DE LAS MODIFICACIONES QUE FUERON AUTORIZADAS PARA INCORPORAR EN LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, LA CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 11 DEL PROYECTO DE LEY, DEBERÍA QUEDAR CORRECTAMENTE REFERIDA AL ARTÍCULO 12; Y QUE, SIN EMBARGO, ESE ARTÍCULO NO REQUIERE DE NINGUNA ADECUACIÓN; EN CONSECUENCIA, LO QUE SE CONSULTÓ COMO MODIFICACIÓN EN EL ARTÍCULO 11 QUEDA SIN EFECTO Y EL DICTAMEN SE MANTIENE EN SUS TÉRMINOS, POR LO QUE HACE A DICHOS ARTÍCULOS.
ASIMISMO, EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DANIEL AMADOR GAXIOLA Y MÓNICA ARRIOLA GORDILLO ENTREGARON LOS TEXTOS DE SUS INTERVENCIONES A ESTE DICTAMEN Y QUE SE INCORPORARÁN AL DIARIO DE LOS DEBATES.
LA MESA DIRECTIVA DIO A CONOCER LAS RESERVAS AL PROYECTO DE LEY:
•	DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, A LOS ARTÍCULOS 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 206 Y OCTAVO TRANSITORIO.
•	DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, A LOS ARTÍCULOS 5, 7, 9, 19 Y 65.
•	DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, A LOS ARTÍCULOS 23 Y 113.
•	DEL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, A LOS ARTÍCULOS 24, 53 Y 70.
•	DEL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, AL ARTÍCULO 83 Y
•	DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, AL ARTÍCULO 83.
EL PROYECTO DE LEY FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.
EN LA DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR, SE PRESENTARON LAS RESERVAS ANUNCIADAS:
•	EL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, A LOS ARTÍCULOS 2, 3, 10, 13, 17, 55, 61, 64, 72, 113, 115, 122, 124, 206 Y OCTAVO TRANSITORIO. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN.
•	LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS A LOS ARTÍCULOS 5, 7, 9, 19 Y 65. NO FUERON ADMITIDAS A DISCUSIÓN.
•	ASIMISMO, LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS RESERVAS DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA A LOS ARTÍCULOS 23 Y 113. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.
•	EL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, A LOS ARTÍCULOS 24, 53 Y 70. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN SUS PROPUESTAS.
•	EL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, AL ARTÍCULO 83 Y
•	EL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, TAMBIÉN AL ARTÍCULO 83.
NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS AL ARTÍCULO 83.
FUERON APROBADOS EN SUS TÉRMINOS LOS ARTÍCULOS 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 53, 55, 61, 64, 65, 70, 72, 83, 113, 115, 122, 124, 206 Y OCTAVO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Descargar Documento ( Modificacion_Comisiones_Transparencia.pdf )
Descargar Documento ( Modificacion_MD_JCP_Presidentes_de_Comisiones_Transparencia.pdf )
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
Señala que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley.
Establece que no se podrá clasificar como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Los organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios: certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
La Ley propone crear el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y política con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano; y tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con la Ley.
Son integrantes del Sistema Nacional: el Instituto; los Organismos garantes de las Entidades Federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Señala que el Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materias de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género.
Establece que en cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, este Comité adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. Los integrantes del Comité tendrán acceso a la información para determinar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. Asimismo, los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia.
Propone que los Organismos garantes cuenten con un Consejo Consultivo, que estará integrado por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años; la Ley Federal y las de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación. En la integración de este Consejo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Establece que los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos y obligaciones. Esta plataforma estará conformada por: sistema de solicitudes de acceso a la información; sistema de gestión de medios de impugnación; sistema de portales de obligaciones de transparencia; y sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.
Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
Dentro de las obligaciones de transparencia comunes, se establece que en la Ley Federal y de las Entidades Federativas, los sujetos obligados pondrán a disposición del público, en los medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, la información que a continuación se señala: marco normativo; estructura orgánica completa; facultades de cada área; metas y objetivos de las áreas; indicadores relacionados con temas de interés público; indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos; directorio de todos los servidores públicos; remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza; gastos de representación y viáticos; número total de las plazas y del personal de base y confianza; contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando nombres de los prestadores de servicios; información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen; domicilio de la unidad de transparencia; convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos; información de programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio; las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso las sanciones administrativas de que haya sido objeto; listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas; los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre del ejercicio trimestral del gasto; información relativa a la deuda pública; montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado; resultado dela dictaminación de los estados financieros; montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados; informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible; informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; padrón de proveedores y contratistas; convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; mecanismos de participación ciudadana; programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos; estudios financiados con recursos públicos; listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; catálogo de disposición y guía de archivo documental; actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; y cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
En cuanto a los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: Agenda legislativa; Gaceta Parlamentaria; Orden del Día; Diario de Debates; versiones estenográficas; asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; iniciativas de Ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités, y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto en votación económica, y por cada legislador en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y el padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.
Los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir cuando menos las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.
Establece que cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; el costo de envío, en su caso, y el pago de certificación de los documentos, cuando proceda.
Como medios de impugnación en materia de acceso a la información pública, se propone el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. Este recurso procederá en contra de: la clasificación de la información; la declaración de inexistencia de información; la declaración de incompetencia por el sujeto obligado; la entrega de información incompleta; la entrega de información que no corresponda con lo solicitado; a falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley; la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; los costos o tiempos de entrega de la información; la falta de trámite a una solicitud; la negativa a permitir la consulta directa de la información; la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, y la orientación a un trámite específico.
Señala que tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder Judicial de la Federación, cuando confirmen o modifiquen la clasificación de la información; o cuando confirmen la inexistencia o negativa de información.
El Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes de aquél en el que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinará de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia.
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: amonestación pública; o multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate.
Dentro de las disposiciones transitorias, señala que la Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; se establece que en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación. Señala que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto para armonizar la leyes relativas conforme a lo establecido en Ley.
Establece que los sujetos obligados, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tendrán hasta un año, contado a partir de su entrada en vigor, para incorporarse plenamente a la Plataforma Nacional de Transparencia. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello.
La Ley se compone de nueve Títulos, con 216 artículos y 12 artículos transitorios.
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