Source: http://delfuegonoticias.com.ar/nota/32/13783-Le-redujeron-la-pena-a-la-madre-que-mato-a-su-bebe-recien-nacido
Timestamp: 2017-12-11 20:59:37
Document Index: 186814393

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 80', 'artículo 324', 'artículo 75', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 41', 'artículo 80', 'artículo 41', 'artículo 41']

Le redujeron la pena a la madre que mató a su bebé recién nacido
El Superior Tribunal de Justicia redujo monto de pena en causa por homicidio de un bebé recién nacida en manos de su propia madre. La pena impuesta fue de 16 años y ahora se le redujo a 10.
USHUAIA.- Con fecha 30 de septiembre de 2017, el Superior Tribunal de Justicia dictó resolución en la causa “G. P., A. P. s/ Homicidio doblemente agravado” -expte. nº 259/16 SP, en que la defensa impugnó la sentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur que había condenado a A.P.G.P. a la pena de dieciséis (16) años de prisión.
En concreto, entendió que el sentenciante no había valorado en su justa medida las circunstancias acreditadas en el debate en cuanto a la historia de vida y estado de salud psíquica de la enjuiciada, en tanto resultaban condicionantes de su capacidad de determinación frente al hecho. Asimismo, consideró que el Tribunal de Juicio valoró negativamente otras circunstancias que no eran susceptibles de agravar el reproche.
En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 29 días del mes de septiembre de 2017, se reúnen en Acuerdo los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Jueces Javier Darío Muchnik, María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los autos caratulados “G. P., A. P. s/ Homicidio doblemente agravado”, expte. nº 259/2016 STJ-SP.
1.-	Con fecha 9 de mayo de 2016, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, condenó a A.P.G.P., como autora material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80, inc. 1º, del C.P.), a la pena de dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 80 in fine; 12 y 29 inc. 3º del C.P.; 372 y 492 del C.P.P.), por el hecho ocurrido aproximadamente entre las 11:00 y las 12:00 horas del día 21 de abril de 2015 en la ciudad de Ushuaia, del que resultó víctima su hijo recién nacido (punto 1º del resolutorio de fs. 698/714vta).
2.-	El Sr. Defensor Particular, Dr. Raúl M. Paderne, interpuso recurso de casación (fs. 720/734).
En la parte inicial de su presentación, el casacionista realiza la reserva de Caso Federal, aduciendo que el fallo atacado conlleva la violación de normas sustanciales de naturaleza federal y la inobservancia de tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional (fs. 720vta).
En dicha dirección, tacha la decisión atacada de injusta y arbitraria, invocando irregularidades que acarrean la nulidad del fallo puesto en crisis.
Invocando que el alegato acusatorio constituye un límite a la función jurisdiccional, sostiene que los jueces no pueden modificar bajo pretexto de antecedentes jurisprudenciales y por resultar “exigua” (sic) la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, el quantum de la condena requerida, tornando inexistentes los fundamentos que manifestara el fiscal.
Ante tal situación, alega que la defensa se ha visto imposibilitada de ejercer el derecho de defensa, violando la garantía constitucional, estribando en ello la nulidad que solicita (fs. 723/724).
Subsidiariamente, plantea la errónea interpretación de la prueba a partir de lo cual, arguye que el tribunal no ha acreditado la existencia del elemento subjetivo del tipo penal endilgado (fs. 724vta).
Afirma que su asistida obró sin dolo de homicidio, aspecto que fundamenta a partir de la referencia al cuadro psíquico de la imputada, consistente en una patología previa que fuera diagnosticada por los peritos oficiales –trastorno esquizoide de la personalidad-, como así también, el estado puerperal (fs. 725vta/726vta).
Desde dicha premisa, invoca un eventual cuadro agudo de psicosis puerperal que no fue descartado, el que conllevaría la inimputabilidad de su asistida (fs. 728/729vta).
Subsidiariamente a la inimputabilidad, plantea la aplicación del atenuante del estado de emoción violenta (fs. 729vta/730vta).
Finalmente, controvierte el quantum de la pena impuesta por el tribunal, aduciendo que el mismo resulta arbitrario por violación de las garantías constitucionales y convencionales de defensa en juicio y debido proceso y un claro desconocimiento del criterio del Tribunal en precedentes jurisprudenciales que la parte invoca (fs.731vta).
En dicha dirección, critica que los argumentos dados por el tribunal para merituar los agravantes, importan hipótesis o eventuales escenarios que solo se plantea el magistrado en su imaginación y en su propio paradigma de vida, extremo que no se ajusta a derecho, resultando en consecuencia arbitraria la interpretación que el tribunal realiza del ámbito de autonomía moral o circunstancias particulares de la vida de la imputada (fs. 733).
Por último realiza su petitorio, iniciando con el pedido de nulidad del fallo puesto en crisis y de forma subsidiaria y consecutiva, la declaración de inimputabilidad de su asistida o bien, la aplicación del atenuante del estado de emoción violenta o en el supuesto de que ninguna de dichas propuestas prosperasen, se adecue la condena a la petición que efectuara en su alegato Acusatorio el Señor Fiscal (fs. 734).
3.-	El a quo concedió el recurso a fs. 735/736.
Radicadas las actuaciones ante esta instancia, el Titular del Ministerio Público Fiscal ante este Superior Tribunal de Justicia, propició el rechazo del recurso impetrado (fs.747/750.).
Llamados los Autos al Acuerdo (fs. 751) la causa se encuentra en estado de ser resuelta de conformidad al sorteo realizado a fs. 754.
VOTO DEL JUEZ JAVIER DARÍO MUCHNIK:
1.-	Con fecha 9 de mayo de 2016, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, condenó a A.P.G.P., como autora material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80, inc. 1º, del C.P.), a la pena de dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 80 in fine; 12 y 29 inc. 3º del C.P.; 372 y 492 del C.P.P.) por el hecho ocurrido el día 21 de abril de 2015 en la ciudad de Ushuaia, del que resultó víctima su hijo recién nacido (punto 1º del resolutorio de fs. 698/714vta).
Inicia su presentación efectuando la reserva de Caso Federal, alegando la violación de normas sustanciales de naturaleza federal y la inobservancia de tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional (fs. 720vta).
Tacha el decisorio de injusto y arbitrario, invocando irregularidades que acarrean su nulidad.
Sostiene que siendo el alegato acusatorio un límite a la función jurisdiccional, los jueces no pueden modificar bajo pretexto de antecedentes jurisprudenciales y por resultar “exigua” la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, el quantum de la condena requerida, lo cual torna inexistentes los fundamentos del fiscal.
Ante ello, alega que la defensa se ha visto imposibilitada de ejercer el derecho de defensa, imputando a partir de estas circunstancias, nuevamente la nulidad del fallo atacado (fs. 723/724).
De forma subsidiaria, plantea que el tribunal no ha acreditado la existencia del elemento subjetivo del tipo penal endilgado, por lo que afirma que su defendida, obró sin el dolo que el tipo de homicidio exige (fs. 724vta).
Afirma que tal circunstancia surge de la patología previa que fuera diagnosticada por los peritos oficiales –trastorno esquizoide de la personalidad- como así también, del estado puerperal de la imputada (fs. 725vta/726vta).
Desde dicha premisa invoca también, un eventual cuadro agudo de psicosis puerperal que no fue descartado, el que conllevaría la inimputabilidad de su asistida (fs. 728/729vta).
A mayor abundamiento y de modo también subsidiario a la inimputabilidad alegada, el casacionista propone la aplicación del atenuante del estado de emoción violenta (fs. 729vta/730vta).
En dicha dirección, critica que los argumentos dados por el sentenciante para merituar los agravantes, importan hipótesis o eventuales escenarios que solo se plantea el magistrado en su imaginación y en su propio paradigma de vida, extremo que no se ajusta a derecho, resultando en consecuencia arbitraria la interpretación que el tribunal realiza del ámbito de autonomía moral o circunstancias particulares de la vida de la imputada (fs. 733).
Por último realiza su petitorio, iniciando con el pedido de nulidad del fallo puesto en crisis y de forma subsidiaria la declaración de imputabilidad de su asistida o bien, la aplicación del atenuante del estado de emoción violenta o en el supuesto de que ninguna de dichas propuestas prosperasen, se adecue la condena a la petición que efectuara en el alegato acusatorio fiscal (fs. 734).
A su turno, el Titular del Ministerio Público Fiscal ante este Superior Tribunal de Justicia, propició el rechazo del recurso impetrado (fs.747/750.).
3.-	Corresponde iniciar el análisis de los agravios alegados, a partir de la ausencia del dolo requerido por el tipo subjetivo, que el casacionista alega respecto de A.P.G.P., condición que la defensa presenta a partir de dos situaciones: una consistente en la crítica a la valoración de la prueba de parte del tribunal, a partir de la cual considera que no se ha acreditado el elemento subjetivo del tipo endilgado –dolo de homicidio-, como así también la desatención del cuadro psiquiátrico de su asistida.
Seguidamente se atenderá el agravio subsidiario del atenuante de la emoción violenta, para finalmente avocarse a la cuestión del apartamiento de parte del tribunal, del monto sancionatorio solicitado por el Ministerio Público Fiscal al momento de su alegato y la alegada arbitrariedad de la pena finalmente impuesta.
4.-	El primer aspecto que la parte cuestiona, entonces, es la falta de acreditación del dolo exigido por el tipo penal del artículo 80 inciso 1º del Código Penal –sin perjuicio del atenuante que finalmente se aplicara-.
Se impone destacar, que la aplicación de un tipo atenuado supone la acreditación típica de la figura básica.
Desde este parámetro, el ordenamiento jurídico penal argentino, contempla una nómina exigua de figuras pasibles de atenuación, dentro de un sistema igualmente acotado que, lejos de establecer supuestos genéricos, se halla circunscripto a figuras taxativamente establecidas.
En el marco de dicha construcción de naturaleza cerrada, el legislador ha restringido incluso dicho espectro, al universo de figuras de naturaleza dolosa, las que sin adentrarnos en diferenciaciones dogmáticas causalistas o finalistas –por mencionar las principales corrientes teóricas modernas- grafican comportamientos imbuidos por un accionar dominado volitivamente y con conciencia y conocimiento del mismo y sus consecuencias, tanto seguras como posibles.
A partir de ello, la calificación otorgada al caso –homicidio agravado por el vínculo y atenuado por circunstancias extraordinarias de atenuación-, importa la necesaria acreditación del dolo de matar, ya que solo podrá atenuarse por aquellas circunstancias, un homicidio que fue dolosamente cometido.
Nótese que la parte cuestiona la efectiva acreditación del dolo de parte del sentenciante, al tiempo que dicho aspecto queda implícitamente controvertido en la parte final de su presentación, toda vez que al hacer lo propio respecto del quantum punitivo, ello importa la necesaria aceptación de un dolo de matar, ya que de otro modo no se podría defender una cuantía punitiva respecto de un tipo doloso atenuado.
Sin perjuicio de ello, no deja de reconocerse la esmerada voluntad defensiva de parte del letrado.
El fallo puesto en crisis no evidencia la falta de acreditación del dolo de matar, como pretende imponerlo la parte. Contrariamente, resulta elocuente al momento de explicar el conocimiento y voluntad criminal que dominó el tracto homicida que se achaca a la imputada.
Para acreditar el extremo subjetivo del tipo achacado, el tribunal destacó que “…resulta indudablemente acreditado que la imputada obró con la deliberada intención de matar a su hijo, la que quedó patentizada en los tres momentos y lugares a los que hice expresa referencia, lo que constituye el dolo requerido por la figura de homicidio, incluido en el verbo del actuar incriminado en la frase “al que matare...” (fs. 707).
Enfatizó la mecánica homicida –circunstancia que grafica la acción dolosa de quitarle la vida a una persona ya nacida- señalando: “… su conducta decididamente fue pasando por diferentes mecanismos –asfixia mediante la oclusión de fosas nasales y boca, estrangulación y finalmente aplastamiento mediante pisotones en la cabeza, tórax y abdomen- lo cierto es que, más allá de la frialdad demostrada, no parece que estuviera (el texto continúa por un error de glosado en la foja 709) encaminada a provocar sufrimientos innecesarios, sino más bien a la consecución del fin propuesto.. (fs. 706vta. que pasa a fs. 709) –lo aclarado entre paréntesis me pertenece-.
Continúa el resolutorio en el tratamiento del dolo de homicidio, señalando: “…esa diversidad de mecanismos, no refleja el propósito de causar un mayor sufrimiento, sino más bien una realidad que se le iba presentando a la autora, cual es que iba fallando en la metodología empleada y en consecuencia la iba cambiando hasta que finalmente consiguió el fin propuesto…” (fs. 709).
Lo extractado en los considerandos precedentes, permite concluir que –contrariamente a lo que la parte arguye- el a quo ha dado una explicación fundada y pormenorizada de los aspectos conductuales constitutivos del dolo de matar.
Si bien el resolutorio no utiliza los términos comúnmente utilizados para la imputación subjetiva (esto es, conocer y querer) de un modo específico, por el contrario, la descripción de la acción, su metodología, sus etapas y la dirección propuesta hasta el resultado típico, grafican con suficiencia jurídica el desarrollo de dicho elemento.
Es claro que la imputada tuvo pleno conocimiento del estado vital de su hija y de las consecuencias letales de su accionar, que decididamente fue desarrollando, recurriendo al método de prueba y error que el tribunal ha graficado.
Resulta impensable que una persona adulta, que no tiene afecciones de índole cognitiva, para este nivel de análisis, frente a una persona recién nacida y con independencia de su vínculo familiar, no sienta algún tipo de alteración a nivel de su afectividad, al momento de decidir terminar con la vida de dicho ser indefenso.
Sin embargo tal estado afectivo, de modo alguno conlleva la supresión de la capacidad de darse cuenta de que se está matando; menos aún, cuando frente a diversos intentos, en un tracto homicida prolongado, el autor recurre a diferentes procedimientos todos ellos, aptos para alcanzar el fin propuesto.
No puede en este punto dejar de reconocerse –como lo ha hecho el sentenciante- que ha existido en torno a la autora, un ámbito social y familiar lamentable y por demás atendible, siendo ésta la razón que ha llevado al tribunal a considerar tales circunstancias como atenuantes, pero de modo alguno aquellas, pueden ser consideradas como supresoras del saber y del querer matar.
Dicho en palabras más directas: por más que la vida anterior de la autora haya sido un calvario, ello no le impidió a una madre, querer y llevar adelante el homicidio de su hijo recién nacido.
Ninguno de los aspectos que rodearon la vida de la autora, pueden hacerse valer jurídicamente, como supresores del dolo directo que el tipo penal de homicidio requiere, elemento que se mantiene incólume frente a aquellos extremos de atenuación del reproche.
Por estos fundamentos, corresponde el rechazo del agravio en trato.
5.	El impugnante sostiene que el tribunal desatendió el estado psíquico de la autora, y, de esa forma, postula la inimputabilidad de su defendida, a partir de dos situaciones diferentes.
Contrariamente a lo que la parte pretende imponer, el a quo también ha otorgado a esta cuestión suficiente tratamiento para establecer el carácter imputable de la autora desde el punto de vista cognitivo y como escala previa ya a la posibilidad de reproche.
Señala el tribunal, “…Me refiero a continuación a la responsabilidad…Sobre el particular, se produjo un completo dictamen pericial por parte de las señoras Psiquiatra Forense… y Psicóloga Forense…quienes luego de cinco entrevistas… presentaron el informe de fs. 593/598… (fs. 709).
El a quo destacó lo informado por las profesionales de referencia, en cuanto al padecimiento de parte de la imputada, de un Trastorno de Personalidad Esquizoide, cuyos síntomas según el DSM-IV, se corresponden con un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal (fs. 709vta).
Resulta un elemento esencial al momento de establecer la capacidad de culpabilidad de la autora, las conclusiones que el tribunal reedita de los mentados informes periciales, de las que se desprende que A.P.G.P. “En el momento de las entrevistas, desde el punto de vista psicojurídico… mostró capacidad para comprender y dirigir sus acciones” (fs. 709vta.).
Asimismo destacó el a quo que los peritos concluyen que “De las evaluaciones realizadas, no se desprende la existencia de una enfermedad mental que durante el hecho, haya actuado a la manera de alteración morbosa de las facultades a modo de (delirio, confusión, demencia, esquizofrenia o psicosis puerperal) o al modo de una insuficiencia de las facultades (oligofrenias), que la ubicaran dentro de los criterios establecidos por el Art. 34 del C.P.” –fs. 709vta-.
No menos importante resulta lo señalado en cuanto a que dichas conclusiones fueron incluso compartidas por el Psicólogo Gonzalo Cichero, terapeuta de la imputada que fuera convocado por la defensa (fs. 709vta).
Cobra aún mayor trascendencia lo informado por el profesional en el marco del debate y a requerimiento del tribunal, en cuanto mencionara que los episodios psicóticos, no son parte de los trastornos esquizoides en estado normal.
El perito aclaró que las mujeres con dicho trastorno, en un estado puerperal, eran más propensas a sufrir una psicosis puerperal. Sin embargo, el tribunal destacó que la testigo “…no pudo explicar el concepto de estado puerperal, refiriendo que escapaba a su preparación profesional…” (fs. 708).
También resultó consultada en el debate, la Psiquiatra Forense María Martín, quien tras ratificar su dictamen de fs. 293, al ser preguntada por la defensa en referencia al punto 4 del mismo, donde señala que la imputada se hallaba cursando un estado de estrés agudo con ideación suicida y si tenía algún tipo de relación con el trastorno que sufre la encartada, la profesional de referencia respondió de modo negativo.
En dicha dirección explicó que la ideación suicida tuvo que ver con lo que sintió cuando se dio cuenta del malestar y la tragedia que había causado a su familia y con el maltrato que recibieron sus familiares, lo cual le causaba culpa y dolor, pero fue categórica (señala el tribunal) en cuanto a que la imputada no sufrió psicosis y que el trastorno esquizoide de la personalidad no guarda relación con dicho suceso mental (ver fs. 708).
No menos relevante se presenta la referencia del sentenciante a lo expresado por la testigo en relación al estado puerperal (aspecto éste en el que el casacionista pretende fundar la alegada inimputabilidad).
Señala el a quo en dicha dirección que “…En cuanto al estado puerperal refirió que lo padecen el 80 % de las mujeres, que sufren “blues”, decaimiento y estado depresivo muy leve. Pero fue categórica en afirmar que el estado puerperal no implica psicosis, pues no se pierde el juicio de la realidad.”
Con dichos elementos, concluye que los aportes brindados por los peritos forenses permiten acreditar la capacidad para comprender y dirigir las acciones por parte de la encartada, tanto al momento del fallo como del hecho.
Igualmente desde dichas premisas, desestimó la existencia de cualquier alteración morbosa en las facultades de A.P.G.P., entre las que descarta de modo expreso la psicosis puerperal.
A partir de dichos elementos, el a quo concluyó que la imputada actuó con plena capacidad mental, lo que debe traducirse en el tracto analítico de la Teoría del Delito, como la acreditación del elemento capacidad de culpabilidad exigida para reprochar el injusto penal achacado.
Desde estos parámetros, corresponde igualmente rechazar el planteo esgrimido por el casacionista.
6.-	De modo subsidiario, el impugnante ha propuesto la aplicación del atenuante de la emoción violenta.
Se impone destacar, que en este punto, el casacionista se ha limitado a formular una mera invocación del atenuante de mención, sin aportar fundamentos específicos ni desarrollar el punto, del modo que la casación requiere, para constituir una crítica fundada del decisorio atacado.
No puede soslayarse que lo expuesto por el señor defensor entre las fojas 729vta/730vta, constituye un análisis incompleto de los elementos que la atenuante sub examine exige.
Si bien el casacionista hace mención de los antecedentes particulares y sociales de la autora, los que en su opinión han incidido en el accionar atribuido, contrariamente tales referencias pretéritas no pueden considerarse en el marco de la construcción que la atenuante requiere.
Me refiero a la segunda parte del texto que la describe “circunstancias que la hicieren excusable” contenido en el artículo 81 inciso 1º apartado “a” del Código.
La parte final del texto, impone que el homicidio haya sido perpetrado cuando el autor cursaba un estado emocional violento (construcción jurídico-médica que representa un proceso inconsciente y súbito que alcanza el máximo nivel de energía afectiva y que se exterioriza –en su forma activa- mediante actos lesivos o letales).
Asimismo, dicho accionar debe resultar perpetrado, en un marco circunstancial que, en razón de su naturaleza y características, permita excusar aquel estado afectivo (dejando vigente el carácter antijurídico y reprochable –aunque de menor grado- el acto de matar).
El casacionista no analiza este segundo aspecto, el que pretende suplir con referencias a la historia personal pretérita de la autora, aspectos éstos que no resultan comprensibles del segundo elemento que exige la atenuante.
Sin perjuicio de ello y no menos relevante, resulta el hecho de que tratándose de un homicidio agravado por el vínculo, la calificación que el señor defensor pretende se aplique a su asistida (homicidio agravado por el vínculo y atenuado por emoción violenta) resulta más gravosa que la que el propio casacionista pretende impugnar aún de modo subsidiario (nótese en este punto, que la pena mínima para este homicidio agravado por aplicación de la atenuante de emoción violenta es de entre 10 a 25 años, mientras que la correspondiente al mismo homicidio atenuado por las circunstancias extraordinarias de atenuación contenidas en el párrafo final del artículo 80 es de 8 a 25 años).
En consecuencia, conteniendo la pretensión de la defensa –en lo que respecta a este punto- una eventual solución más gravosa para el imputado, circunstancia que llevaría a la violación a la prohibición de la reformatio in peius (otorgar una solución más gravosa en el marco de un recurso interpuesto por el propio imputado), corresponde su rechazo.
7.-	El último de los puntos del fallo atacado que controvierte el casacionista, y que resulta adelantado en la parte inicial de su presentación, refiere a la cuantía punitiva que el tribunal ha aplicado a la imputada como respuesta al injusto culpable.
El agravio se estructura sobre dos ejes. El primero de ellos se centra en que siendo el alegato acusatorio un límite a la función jurisdiccional, los jueces no pueden modificar bajo pretexto de antecedentes jurisprudenciales y con la mera invocación de que la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal resulta exigua, el quantum de la condena requerida, lo cual torna inexistentes los fundamentos del fiscal. Frente a ello, sostiene que la imputada se ha visto imposibilitada de ejercer su derecho de defensa, violando las garantías constitucionales que la tutelan (fs. 723/724).
En la parte final de su presentación, critica igualmente que los argumentos brindados por el a quo para merituar los agravantes, importan hipótesis o eventuales escenarios que se ubican en la imaginación del sentenciante. A partir de ello aduce la arbitrariedad del fallo atacado (fs. 730vta/733).
El tratamiento del punto requiere el análisis de dos cuestiones distintas, que sin perjuicio de referir a niveles de análisis individuales, se relacionan indisolublemente. La primera se vincula con la genérica facultad de la jurisdicción para aplicar una pena superior a la peticionada por la vindicta pública. Superada ésta, la segunda dicta las condiciones que deben rodear esa decisión para adecuarse a los criterios de razonabilidad propio de los actos de los poderes públicos.
Y es que, tal como explicaré, aún aceptando como regla general la adecuación constitucional y legal del apartamiento aquí cuestionado, es posible que en el caso concreto sometido a revisión se concluya que la labor jurisdiccional no se ajustó a los estándares de racionalidad –lógica interna y externa- para la fundamentación válida del fallo en el tópico.
Resulta criterio sostenido de este Superior Tribunal, incluso con una conformación diferente a la actual, que el pedido de pena solicitado por el acusador, no constituye un límite a la potestad sancionatoria del Tribunal (“Perpetto Víctor Ezequiel s/ robo en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves” -expte. nº 758/04 SR, resolución del 25.10.2004 registrada en el Libro X, folios 719/732-; y con esta conformación, “Incidente sobre recurso de casación planteado por la Sra. Agente Fiscal Dra. María Karina Echazú” -expte 1276/09 SR del 18.02.2010, Libro XVI, fº 22/30-, citado por el tribunal a fs.713).
Y es que no sólo el ordenamiento nacional de fondo coloca en cabeza del juez la tarea de determinación de la respuesta punitiva (artículos 40 y 41 del C.P.), sino que la legislación procesal provincial, no contiene norma alguna que limite al Tribunal a imponer una pena cuantitativamente superior a la que el fiscal solicita.
Por el contrario, la única excepción a dicha regla, se encuentra expresamente prevista en el artículo 324 del Ritual, en el marco del instituto de la omisión del debate, en cuyo ámbito resulta razonable que el tribunal llamado a resolver, en caso de condenar (recordemos que en dicho ámbito incluso el tribunal puede absolver frente a una pena acordada por la partes), toda vez que el arribo a dicha solución, reconoce su génesis en un acuerdo voluntario entre las partes –acusadora y defensa/imputado- para evitar la instancia plenaria y ofrecer entonces una condena aceptada por el pesquisado. Desde tal naturaleza, no podría permitirse de parte del tribunal, un apartamiento más gravoso, ya que de tal modo, se contrariaría la naturaleza consensual del instituto.
Fuera del supuesto referido, el ordenamiento procesal fueguino no establece límite alguno a dicha facultad, la que debe ser comprendida dentro de la discrecionalidad que el Código reconoce al juez – tribunal, mensurar el reproche en el caso de tipos penales que presenten una escala punitiva divisible, con aplicación de las normas de los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Desde tales parámetros, el tribunal ha ejercido una facultad propia que hunde sus raíces en las potestades emanadas del ordenamiento jurídico procesal de nuestra Provincia y en consecuencia la mera invocación del ejercicio de ésta no es suficiente para derivar una afectación a los principios constitucionales, tal como la parte pretende imponer.
Así, el abstracto cuestionamiento a la facultad de cuantificación de la pena de parte del tribunal, no guarda relación alguna con los principios que la defensa invoca, ya que el debido proceso adjetivo, constituye una construcción que pretende garantizar el arribo a la resolución del caso penal, con resguardo de las formar sustanciales del proceso, que en el presente se han cumplido.
La parte pretende desvirtuar esta realidad, asignando al apartamiento de parte del tribunal, del monto solicitado por la acusación, un alcance diferente al que jurídicamente posee, ya que tal actividad ha sido desarrollada por el a quo, una vez ejercida la acusación y efectuada la defensa.
Se impone destacar, que el imputado –ya por si mismo, ya por medio de su defensor- no ejerce su derecho contra la decisión del tribunal, sino que lo hace frente a la embestida acusatoria efectuada tanto por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuanto por la eventual parte querellante –si la hubiera-, de modo tal que, pretender alegar una acción defensiva frente al quantum establecido por el tribunal, equivaldría a hacerlo frente al decisorio final (sentencia).
En consecuencia, la línea interpretativa que pretende imponer el casacionista resulta errada, ya que el debido proceso adjetivo que invoca y en cuyo marco debe ejercerse el derecho a la defensa, culmina con el dictado de la sentencia, la cual con independencia del resultado que contenga (absolución o condena), resultará una facultad exclusiva del tribunal llamado a resolver, como etapa final de dicho proceso. Sin perjuicio, claro está del derecho a recurrir el decisorio ante un Tribunal Superior.
Habiendo existido acusación, producida la prueba en la que la misma se sustentara y ejercido el señor defensor técnico durante el proceso y el debate en especial, la defensa del imputado (puntualmente mediante el alegato final), el debido proceso adjetivo que la Constitución Nacional y los Tratados incorporados en el artículo 75 inc. 22 garantizan, al igual que el efectivo ejercicio de la defensa, fueron plenamente respetados.
Desde estos parámetros, el planteo del casacionista erigido sobre la imposibilidad absoluta del tribunal de apartarse del quantum solicitado por la fiscalía deviene inaceptable, por lo que corresponde rechazar lo alegado por el impugnante también en este punto.
8.-	Sentado ello, cabe responder un nuevo interrogante. Este es bajo que presupuestos es posible afirmar que el ejercicio de esa facultad de apartamiento resulta razonable, o en sentido contrario, cuándo tal proceder constituye un supuesto de arbitrariedad.
Y es precisamente este punto el que encuentra conexión con el segundo de los ejes en los que asienta el planteo de la defensa, en tanto critica la valoración que el sentenciante ha realizado de las circunstancias agravantes y atenuantes achacables a la autora, para concluir que la consideraciones desarrolladas sólo encuentran apoyo en una forma parcial de analizar aspectos de la vida de su asistida, con sustento en el propio paradigma de vida de los juzgadores.
Este Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que el recurso de casación, no constituye una vía hábil para revisar la evaluación realizada por el sentenciante, de los criterios objetivos y subjetivos previstos por el artículo 41 del Código Penal para determinar el quantum de la pena (“Roth, Emanuel Sebastián s/ Robo agravado por uso de arma” -expediente nº 1444/10 SR del 24.08.2011, Libro XVII, fº 588/600-), criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto expresó: “El ejercicio por los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas, no suscitan cuestiones que quepa decidir en la instancia del art. 14 de la ley 48” (Fallos, 311:2626; 304:1626; 306:1669 y sus citas Fallos 300:1193; 301:676; 302:827; 303:135; 275, 1303; 1700; 2091 entre otros).
En dicha orientación también se afirmó que la vía de la casación se erige como un control debido sólo en aquellos casos en que nos encontremos frente a la ilogicidad de las conclusiones del juzgador, en razón de que el criterio sustentado no se condice con la reprochabilidad impuesta (in re “Valdivia Jorge Anibal s/ Homicidio simple” -expte. nº 534/02 SR del 05.02.2003, Libro IX, fº 41/55-) o cuando no existen fundamentos adecuados a la individualización punitiva efectuada, que no hubieren dado respuesta a planteos previos de las partes (mi voto en “C., J. I. s/ Homicidio en concurso real c/incendio en grado de tentativa” -expte. nº 1601/11 SR del 20.09.2012, Libro XVIII, fº 709/727-).
En definitiva, de la misma manera que cuando se cuestiona la tarea axiológica del tribunal de mérito, este remedio procesal sólo tiene cabida cuando concurre en el fallo atacado un error de entidad tal que fulmine la valoración efectuada por el a quo como acto jurisdiccional válido.
El examen debe ser amplio, sin ápices formales o rituales, a fin de ajustar la actividad del Superior Tribunal a los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C.1757.XL “Casal, Matías Eugenio y otro s/ Robo simple en grado de tentativa - causa nº 1681” del 20.09.2005, para otorgar plena vigencia a la denominada garantía de la doble instancia, consagrada constitucionalmente (artículo 8,2,h de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inciso 22º, de la Carta Magna Nacional).
En el caso, el fiscal interviniente solicitó la imposición de una pena de 10 años de prisión. Con arreglo a las previsiones de los artículos 40 y 41 del Código Penal, señaló como atenuantes el estado puerperal de A.P.G.P., su historia de vida, los padecimientos de su infancia por las peleas de sus padres, la sintomatología depresiva, su trastorno de personalidad esquizoide, su ambiente familiar hostil, la ausencia de antecedentes penales, su juventud y nivel de estudios. Como agravante destacó la mecánica del hecho, al que consideró repudiable contra una criatura recién nacida.
Al tiempo de decidir el a quo entendió que el quantum punitivo peticionado por el acusador resultaba exiguo y condenó a la nombrada a la pena de 16 años de prisión.
Para así resolver, valoró como agravantes, el grado de educación al que tuvo acceso –estudios secundarios, terciarios y universitarios incompletos-, y destacó que su formación católica impactó en aspectos morales, que llevaban a un mayor grado de reprochabilidad. También ponderó negativamente la corta edad de la víctima, la mecánica persistente del accionar homicida y la inexistencia de padecimientos económicos. Como atenuantes tuvo en cuenta la juventud de A.P.G.P., la falta de antecedentes penales y la ausencia de contención institucional en el nosocomio en que tuvo lugar el parto (fs. 712/713).
9.-	Tal como he señalado precedentemente, se encuentra fuera de discusión que el Tribunal se halla facultado normativamente para apartarse del máximo de la pena solicitada por la fiscalía, o en su caso, el querellante particular.
Sin embargo, para superar el control de razonabilidad y legalidad de tal proceder, la jurisdicción debe dar razones que justifiquen que la pena propiciada por quien es el titular de la acción penal resulta insuficiente, teniendo presente los fines que persigue su imposición y el juicio de culpabilidad que constituye un límite a dicha determinación punitiva.
La individualización de la pena, que materializa la conminación penal para el caso concreto, constituye junto con la apreciación de la prueba y la determinación del precepto jurídico aplicable, una función que se ubica en la órbita de la jurisdicción y es de naturaleza discrecional. Mas, tal como sucede en las restantes competencias reservadas al juzgador, la tarea se halla sujeta a los criterios jurídicos que rigen el acto discrecional y, en la materia, debe respetar los principios individualizadores que otorgan razonabilidad a la decisión.
Los fundamentos desarrollados en la sentencia, no dejan margen de duda acerca de la responsabilidad que le asiste a la nombrada por el hecho atribuido, ni tampoco que tal comportamiento merezca un reproche traducido y materializado en una sanción penal. Pero a la par tal respuesta jurídica, necesariamente debe ajustarse al grado de culpabilidad que, conforme al examen de agravantes y atenuantes, debe impactar en la cuantificación de la pena.
En el caso, los atenuantes valorados por el fiscal sirvieron de fundamento para que éste concluyera, en primer término que correspondía la aplicación de la escala penal prevista por la figura básica del artículo 79 del Código Penal como atenuante de aquella establecida para el delito por el cual se condenó a A.P.G.P. (art. 80 inciso 1º, último párrafo, del C.P.), y, en consecuencia, materialice su petición de pena.
A partir de la valoración de algunos de aquellos atenuantes, el Tribunal de Juicio dejó de lado la aplicación de la figura agravada e impuso una pena un 60 por ciento superior a la peticionada por el fiscal.
El examen de la cuestión traída a estudio, evidencia que han existido ciertas circunstancias oportunamente individualizadas por el acusador público, que si bien fueron valoradas por el a quo para aplicar la escala atenuada, entiendo debieron tener mayor influencia en el monto final de la pena fijada. Ello, a partir de la capacidad de éstas para mensurar la graduación de la culpabilidad y consecuentemente condicionar de forma proporcional la respuesta punitiva concreta, razonable y justa para el caso,
A lo expuesto se agrega la valoración por el a quo de agravantes –educación católica- que no pueden ser razonablemente admitidos con el alcance pretendido, en tanto sólo se apoyan en presunciones dogmáticas y resultan contraria al principio de culpabilidad por el acto e igualdad.
Ciertamente, más allá de la genérica referencia a que la pena peticionada por el fiscal resultaba exigua, no advierto que el sentenciante se hubiera hecho cargo al tiempo del juicio de fijación de la respuesta punitiva, de las razones expuestas por el acusador referidas a los antecedentes biográficos o el estado de salud psíquica de A.P.G.P. Tampoco, que se hubieran desarrollados los motivos que llevaron a disminuir el peso de aquellas circunstancias, en el proceso de armónica mensuración con las restantes agravantes y atenuantes consideradas.
Sabido es que no existen fórmulas matemáticas que permitan tasar el grado de culpabilidad de una persona en torno al injusto atribuido y determinar con exactitud unívoca que la pena impuesta es aquella merecida conforme al juicio de proporcionalidad, que como principio, establece la Constitución Nacional. Por ello la razonabilidad de la decisión dependerá de la sujeción a reglas que, por un lado, respeten el derecho a alegar y probar las circunstancias susceptibles de contribuir a la decisión del tribunal, y por el otro, exijan la ponderación de tales elementos en la sentencia.
Ello así, toda vez que sin perjuicio de la ambigüedad que se presenta en la doctrina en cuanto a la concreta determinación del concepto de culpabilidad, existe consenso respecto de que la categoría no sólo justifica el merecimiento de pena, sino también limita la cantidad o extensión de aquella que corresponde aplicar.
En tanto juicio de reprochabilidad al autor que no se ha comportado conforme al derecho y se ha decidido por llevar adelante la acción típica y antijurídica, el análisis exige de la ponderación de los presupuestos frente a los cuales una persona puede ser responsabilizada por su comportamiento, y su carácter graduable, dicta la determinación del grado de reproche correspondiente.
Esta tarea importa esencialmente contrapesar la naturaleza y gravedad del hecho, con la historia biográfica y el estado psíquico del autor. Tal es la interpretación compatible con el alcance de los preceptos contenidos en el artículo 41 del Código Penal.
No puede perderse de vista que el derecho penal necesariamente debe tender a alcanzar o al menos, procurar acercarse lo más posible, al ideal de justicia, lo cual solo se cumple, cuando la legalidad, la legitimidad y la equidad de la respuesta frente al ilícito, se conjugan de modo de brindar esa sensación de otorgar lo debido a quien lo merece. Esto es en síntesis lo justo.
Es entonces el límite que la culpabilidad por el hecho pone a la graduación de la pena, lo que se corresponde con la sensación de justicia que exige que nadie pueda ser castigado más duramente de lo que se merece y merecida es sólo una pena acorde con la culpabilidad.
Y en este aspecto la culpabilidad para la medición de la pena se relaciona “…al conjunto de los momentos que poseen relevancia para la magnitud de la pena en el caso concreto” (HANS ACHENBACH, 1974, citado por ROXIN). Aquí no podrán tenerse en cuenta aspectos que ya hubieron incidido en la determinación del marco legal, a fin de no provocar una doble valoración. En consecuencia habrá que tomar en cuenta la gravedad del injusto, del hecho realizado- comprensiva del disvalor de la acción (forma de ejecución del delito, etc), como del disvalor de resultado (magnitud del daño, valor del bien jurídico afectado, situación de la victima, etc). Y en segundo lugar la gravedad de la culpabilidad por el hecho -móviles, motivos, etc.- (JESCHECK).
Derecho penal legal es sinónimo de derecho penal justo. Y éste se traduce cuando una pena se adecua al grado de culpabilidad. A mayor culpabilidad, mayor pena y de modo contrario, cuando el reproche resulta menor, ello debe traducirse en una respuesta punitiva de menor magnitud e intensidad.
En ese horizonte advierto que las puntuales circunstancias acreditadas en el debate en cuanto a la historia de vida y estado de salud psíquica de A.P.G.P., en tanto resultan condicionantes de la capacidad de determinación de la nombrada frente al hecho, debieron haber receptado un mayor grado de influencia, en el marco del juicio de reproche que se le dirigiera. Y es precisamente tal carencia la que me lleva a afirmar la procedencia de casar la sentencia en este punto.
10.- Al tiempo de exteriorizar su pretensión punitiva concreta, de conformidad con los parámetros fijados en los artículos 40 y 41 del Código Penal, el fiscal atendió a la historia de vida de A.P.G.P. Ello así, en la medida que de acuerdo a lo concluido por la psiquiatra y la psicóloga forense que la entrevistaran, ésta ha influido en la conformación de las características de su personalidad.
He señalado que dichas circunstancias, poseen gran relevancia para este análisis, atento a su razonable potencialidad para influir en la capacidad de determinación de A.P.G.P. respecto a la conducta por la que fue juzgada y los motivos que la guiaran.
En efecto, a partir del relato efectuado por la nombrada pudo conocerse que su infancia y adolescencia trascurrió en un entorno de dolor y soledad, originado en peleas y escasa presencia de sus padres o de otros familiares y amigos con lo cuales entablara relaciones.
A la ausencia de contención familiar durante esa etapa del desarrollo se suma el recuerdo de la respuesta violenta del progenitor frente a la noticia del primer embarazo de su hermana, circunstancia que, conforme a los dichos de la imputada, la llevó a mayores niveles de aislamiento. En ese contexto relacional familiar, su hermana ocultó el segundo embarazo que cursó, hasta el momento del alumbramiento.
Respecto de su embarazo, rememoró que fue fruto de una relación ocasional que mantuvo con un hombre mientras vivió en la Ciudad de Buenos Aires, a quien no volvió a ver ya que no se había sentido a gusto. Agregó que al regresar a Ushuaia en el mes de octubre de 2014, ocultó la situación a sus familiares, ya que sentía que ella era la hija que no debía traer problemas a la casa, máxime cuando su padre le hacía sentir que ella estaba para solucionarlos. No tuvo controles durante la gestación.
Las circunstancias en que tuvo lugar el parto y aquellas que las precedieron, no son menos significativas, sino que dan cuenta del contexto de soledad y ausencia de contención que rodeo a la joven al tiempo de la conducta. Expresó que tres días antes del parto, comenzó a sentir contracciones, y ocultó el dolor para que nadie advirtiera la situación, debido al miedo que sentía en cuanto a la reacción de su padre, por la deshonra y problemas que le ocasionaría a la familia. En forma conteste con lo declarado por el personal del nosocomio, manifestó que concurrió sola al lugar, donde se identificó con datos falsos, a los fines de evitar ser encontrada.
Afirmó que una vez producido el alumbramiento, no sintió conexión emocional con el niño y ya nuevamente en la habitación recibió mensajes en su teléfono en el cual su padre le manifestaba que su madre la estaba buscando y que concurriría al hospital, circunstancia que le generó pánico y la llevó a retirarse junto con el niño.
Las circunstancias relatadas por A.P.G.P., en torno al ocultamiento del embarazo, fueron ratificadas por sus familiares. Y en esa línea viene a confirmar el total desentendimiento familiar de la situación que atravesaba la joven, en tanto no fue advertido su estado de gravidez.
En consonancia con el relato de vida de la nombrada surgen las conclusiones del dictamen pericial elaborado por la psiquiatra y psicóloga forenses, quienes destacaron “Las características de la personalidad nombrada, que se han ido conformando en el transcurso de su vida y desde la infancia, son compatibles con un Trastorno de Personalidad Esquizoide, cuyos síntomas según el DSM-IV (Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría) se corresponden con un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, escogiendo preferentemente actividades solitarias. Se hace evidente la falta de amigos íntimos o personas de confianza, incluso en los momentos más penosos de su vida. A manera de defensa, se evidencia distanciamiento o aplanamiento de la afectividad”.
En cuanto al estado psíquico de A.P.G.P., si bien se descartó la existencia de alteraciones morbosas de las facultades mentales de la acusada, se destacó que no era posible afirmar que “se encontrara en pleno estado de salud, ya que se encontraba al momento de desencadenarse el parto, cursando un grave cuadro depresivo melancólico, acompañado de insomnio, anorexia, falta de cuidado personal e intensa angustia “… como muerta… como la nada misma” sic. Todo ello en un ambiente familiar hostil en el que no se registraba su embarazo ni su estado emocional y con la fuerte presión de un padre que a su entender, no toleraría fallas a su hija menor”.” (fs. 709vta).
En definitiva, se ha acreditado que la nombrada se encontraba atravesando un cuadro psicológico -Trastorno de Personalidad Esquizoide- que si bien no alteró morbosamente sus facultades mentales, al grado de eliminar el aspecto cognitivo y volitivo de sus conductas, ni neutralizar su capacidad de comprensión y dirección de éstas, afectó su pleno estado de salud psíquica, con influencia en sus relaciones sociales, su expresión emocional interpersonal y el distanciamiento o aplanamiento de la afectividad.
A ello se suma la verificada existencia de un cuadro familiar, que a la par de evidenciar una total desaprensión por su situación, al extremo de no registrar su estado de gravidez, ni su situación emocional, generaba en la nombrada niveles de presión que la llevaron a ocultar el embarazo y retirarse prestamente del hospital junto a su hijo, ante el supuesto de la concurrencia de su madre.
Las circunstancias reseñadas deben encontrar análisis particular, no sólo al momento de verificar la concurrencia de los presupuestos de atenuación establecidos en el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, sino en la tarea de determinación de la pena, conforme a los parámetros fijados por el artículo 41.
11.- Otro dato relevado por el acusador público, es el estado puerperal que presentaba A.P.G.P., quien había dado a luz a su hijo tres horas antes de retirase del hospital.
Mucho se ha discutido en la doctrina científica en torno a la caracterización de dicho estado, sus consecuencias y los efectos que produce en la psiquis de la gestante el embarazo y el parto. Las conclusiones de la medicina forense respecto de la situación fisiológica y psicológica que constituye el estado puerperal fueron recogidas en diversas legislaciones.
Si bien nuestra legislación ha sido oscilante al tiempo de regular sobre la materia, la sanción de la ley 24.410 derogó la figura del infanticidio, la cual receptaba la influencia del estado puerperal junto con otros datos -tal como la deshonra causada en los embarazos ilegítimos, debido al grado de intolerancia social-, a efectos de atenuar la respuesta punitiva para el homicidio.
Ahora bien, tal supresión legislativa no debe interpretarse como impedimento normativo para considerar ese elemento al momento de la valoración exigida por el artículo 41 del Código Penal, en correspondencia con el examen de la culpabilidad. Esta fue precisamente la conclusión a la que se arribara en el debate parlamentario que precedió a la derogación de la figura de referencia.
Lo dicho se enerva aún más en este caso, en el cual cabe concluir conforme a lo señalado por las Psiquiatra y Psicóloga Forenses que al trastorno de personalidad esquizoide de la nombrada, conformado en el transcurso de su vida y desde la infancia, se adunó al momento de desencadenarse el parto un grave cuadro depresivo melancólico con intensa angustia.
Como colorario, el estado de salud psíquico de A.P.G.P., sumado a los antecedentes de vida que fueron conformando su personalidad y características conductuales y a la carencia de toda contención personal, familiar o institucional al tiempo de realización del injusto típico, revela, datos particulares que diferencian y particularizan su caso y deben necesariamente tener influencia a la hora de la determinación de la pena merecida.
12.-	En otro orden de ideas, a la existencia de circunstancias que no han sido adecuadamente sopesadas en la labor del a quo referida a la fijación del quantum punitivo, advierto la presencia de otras que no pueden justificar un agravamiento del reproche realizado a la nombrada.
En esa dirección ubico la ponderación de la condición católica de las instituciones educativas a las que concurriera la imputada. El tribunal valoró como agravantes del comportamiento enrostrado, que la autora no resultaba una persona analfabeta, sino que había cursado sus estudios secundarios en un colegio privado religioso (Monseñor Miguel Ángel Alemán), luego en la ciudad de Buenos Aires sus terciarios en el Instituto Image Campos, donde obtuvo una Tecnicatura en Animación Tradicional, como así también, el hecho de haber cursado hasta tercer año de la carrera de Historia del Arte en la Universidad del Salvador (fs. 712vta.). Concluyó entonces que tal formación impactó en los aspectos morales, lo cual resulta en un mayor grado de reprochabilidad.
No puede compartirse esa afirmación.
En este punto es dable destacar, que sin negar o desconocer la trascendencia moral de la educación católica, ciertamente el dato de profesar determinado culto o haber sido instruido en una institución religiosa, no se yergue per se, como un elemento de relevancia que lleve a justificar un determinado grado de reproche frente a un comportamiento que lesiona un bien jurídico que es objeto de tutela legal.
Desde este horizonte, lo relevante, tal como expresamente se consagra en la legislación, es el grado de instrucción alcanzado por quien es sometido a proceso, en tanto constituye un dato objetivo de la posibilidad de acceder a la educación en torno a los valores fundamentales que una sociedad reconoce en determinado tiempo (vida, libertad, intimidad, etc.).
Resulta de conocimiento público que el respeto a la vida humana, es un valor compartido por el Estado y la Iglesia Católica -tanto como por otros credos-, sin embargo el reproche y la respuesta punitiva que desde el primero se efectúa frente a las conductas que lo lesionan, no se apoya ni justifica en modo alguno en la creencia religiosa que un ciudadano escoja, sino en la exteriorización de un comportamiento contrario a la norma jurídica.
Es que en el caso, conforme a los fundamentos del a quo, la circunstancia generadora de un agravamiento del juicio de reproche no se ubica en un precepto legal, en el aprovechamiento de una posición institucional o el incumplimiento de deberes propios de quienes desempeñan determinados roles en instituciones religiosas, cualquiera fuera la religión de la que se trate, sino en una presunción de imposible verificación empírica, en cuanto al grado de internalización subjetiva de los valores por ésta transmitidos.
Partir de aquella presunción, con efecto erga omnes para establecer consecuencias jurídicas lesivas, resulta no sólo contrario al principio de igualdad, sino peligroso en el marco de un derecho que respete el principio de culpabilidad por el acto. En otras palabras, frente a la comisión de un injusto penal, no se es más culpable, por el hecho de haber recibido instrucción con determinada impronta religiosa. Lo contrario importaría sostener que el ejercicio de la libertad de culto, conlleva necesariamente mayores niveles de responsabilidad jurídica, derivados no ya de la ley, sino de los valores que identifican a ese credo.
En conclusión, a los efectos de la ponderación exigida por los artículos 40 y 41 del Código Penal, resulta razonable valorar como agravante el grado de educación al que accedió A.P.G.P., pero no la calidad religiosa de las instituciones en las que cursara sus estudios.
13.- Lo expuesto en los párrafos precedentes me lleva a afirmar que el Tribunal de Juicio efectuó una arbitraria valoración de los elementos ponderados al establecer el quantum de la pena de prisión impuesta a A.P.G.P. Por un lado, la decisión desatiende circunstancias que impactan directamente en la capacidad de determinación de la nombrada y, en consecuencia, deben influir en la determinación de pena. Por otro, pondera negativamente otras que no son susceptibles de agravar su reproche.
En el caso se ha terminado imponiendo una pena que supera el grado de reproche que puede formulársele del ilícito cometido y por ende corresponde su adecuación ya que incurre en un exceso punitivo, con desproporción al grado de culpabilidad.
Siguiendo los lineamientos expuestos en los considerandos precedentes, se impone revisar el monto de pena aplicada a A.P.G.P., ya que al restar del conjunto de circunstancias válidamente consideradas agravantes, aquellas mencionadas en el punto anterior y sumar la influencia de otras atenuantes oportunamente señaladas por la fiscalía, necesariamente la graduación del reproche debe disminuirse en igual proporción.
Debe destacarse que en autos, no se advierte la necesidad de proceder a la audiencia de visu de la condenada. Ello, toda vez que se considera que el tribunal a quo ha cumplido ampliamente tal diligencia, en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, previo al dictado del fallo original.
También se estima procedente prescindir de la diligencia de referencia, toda vez que se está realizando una adecuación condenatoria in bonan parte, otorgando una mayor celeridad al resolutorio, en pos del interés de la imputada.
En diversos precedentes, este Superior Tribunal de Justicia, ha modificado un fallo condenatorio, en lo que respecta al quantum de la pena impuesta y reenviado la causa a la instancia de mérito, para que aquella cuantificara la sanción penal. Sin embargo, en casos excepcionales -como el presente- se ha apartado de dicho criterio (“López Villarroel, Luis Miguel s/ Robo en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa” -expte. nº 979/07 SR del 21.08.2007, Libro XIII, fº 383/405- y “Alday, Julio Cesar y otros s/ Peculado” -expte. nº 1615/11 SR del 13.11.2012, Libro XVIII, fº 823/863-).
En autos, nos encontramos ante un caso de características particulares, donde se manifiestan parámetros claros, oportunamente introducidos en el debate y confrontados por la defensa. Por ello, excepcionalmente, corresponde a esta instancia fijar el quantum de esa pena.
Ingresando a dicha tarea, cabe señalar que mantengo los atenuantes tomados en consideración por el a quo –a los que se agrega la influencia de aquellos individualizados por la fiscalía y valorados precedentemente--, esto es: la juventud de A.P.G.P., la inexistencia de antecedentes penales, la falta de contención institucional, la historia de vida, el estado puerperal, la sintomatología depresiva, su ambiente familiar hostil y su trastorno de personalidad esquizoide.
Como agravantes corresponde tener en cuenta, coincidiendo con el tribunal, con los alcances fijados en el punto antecedente: el nivel de educación alcanzada, la mecánica del hecho, la edad de la víctima y la posición económica de la nombrada.
Desde estos parámetros, no puede desconocerse que, más allá de la disminución de uno los agravantes que he realizado en los considerandos precedentes y la influencia de los atenuantes valorados, subsiste la responsabilidad penal de A.P.G.P. por el hecho por el que fuera hallada culpable, por lo cual resulta merecedora de una condena.
El delito por el cual fue condenada la nombrada prevé una escala punitiva que establece como mínimo 8 años de prisión y máximo 25 años.
Sin que ello implique ingresar nuevamente en el análisis del hecho por el que la autora fuera hallada responsable, trascendente resulta la circunstancia de la mecánica de que la acción emprendida, dirigida contra una víctima de escasas 4 horas de vida. Ello dicta la razonabilidad de apartarse del mínimo previsto para la especie.
Ahora bien, tal como sostuve en los párrafos precedentes se han verificado circunstancias particulares, que a más de justificar la procedencia de la atenuación de la figura del homicidio agravado por el vínculo, dentro de los parámetros fijados para el tipo básico –conforme lo decidido por el tribunal- conducen a readecuar el juicio de reproche, fijando una pena más cercana a dicho mínimo.
Ello así, puesto que es razonable sostener que los datos biográficos de la condenada y los padecimientos de su infancia que conformaron características de la personalidad compatibles con un trastorno de personalidad esquizoide, la carencia de toda contención familiar -la cual siquiera advirtió el embarazo de la nombrada o su situación emocional-, la ausencia de intervención institucional en el nosocomio donde concurrió a dar a luz- que frente al dato cierto de la concurrencia de una joven sin ninguna compañía y con noticia de ser un embarazo no deseado omitió toda contención-, un ámbito familiar hostil que la llevó a ocultar el embarazo y temer por las consecuencias frente al conocimiento de éste-, el estado puerperal que cursaba y el verificado cuadro depresivo melancólico que atravesaba al momento de los hechos, importan un conjunto de elementos condicionantes de su ámbito de determinación.
A ello cabe agregar la improcedencia de una de las circunstancias valoradas por el a quo a los fines de agravar el juicio de reproche, esto es, la condición católica de las instituciones en las cuales cursara estudios.
En definitiva, el cuadro descripto torna razonable ajustar el quantum punitivo a aquel oportunamente solicitado por el fiscal, por lo que propongo al Acuerdo casar parcialmente la sentencia recurrida y reducir el monto de la pena establecida a diez años de prisión.
14.-	De acuerdo a lo expuesto, corresponde: a) hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 720/734 por la defensa de A.P.G.P.; b) casar parcialmente la sentencia de fs. 698/714vta. respecto del monto de pena impuesta; y c) imponer a la nombrada la pena de diez (10) años de prisión de cumplimiento efectivo.
Sin costas en esta instancia, toda vez que el recurso fue parcialmente acogido (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).
Los Jueces María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume comparten y hacen suya la propuesta formulada por el Juez Muchnik, votando en igual sentido.
Ushuaia, 29 de septiembre de 2017.
VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede,
1º) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto a fs.720/734 por la defensa de A.P.G.P. y, en su mérito, CASAR PARCIALMENTE la sentencia de fs. 698/714vta. respecto del monto de pena impuesta a la nombrada. Sin costas en esta instancia (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).
2º) IMPONER a A.P.G.P., cuyos datos personales obran a fs. 698, la pena de diez (10) años de prisión de cumplimiento efectivo, en orden al delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80, inc. 1º y último párrafo, del C.P.), por el que fuera juzgada y condenada en autos.
3º) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
Fdo.: Javier Darío Muchnik, Juez - María del Carmen Battaini, Juez - Carlos Gonzalo Sagastume, Juez
Secretario: Roberto Kádár
Tº III - Fº 633/651