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Timestamp: 2019-03-20 08:56:09
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Reforma laboral para todos. ¿Hacia dónde va Michoacán? – Reforma Laboral para Todos
Reforma laboral para todos. ¿Hacia dónde va Michoacán?
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Reforma Laboral para Todos ¿Hacia dónde va Michoacán?
Morelia, Michoacán, 21 de junio de 2018
La reforma constitucional. Desmenuzando su contenido.
Luis Fernando Rodríguez Vera,
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Michoacán
Las propuestas existentes ¡Un pasaje obligatorio para lo que sigue!
Propuesta de reforma del Estado de Michoacán.
Sergio Zavala Morín, Abogado
Propuesta reforma CTM – CROC=
Pablo Franco, JLCA – CDMX
Propuesta reforma UNT – PRD.
Manuel Fuentes Muñiz – UAM – A
Presentación de la Campaña RLPT
Gabino Jiménez, Coordinador
Reforma Laboral ¿Cómo seguimos?
La experiencia de justicia laboral de Chile.
Claudio Aguilar, Universidad Alberto Hurtado
Los estándares internacionales. Una base imprescindible.
Manuel Fuentes, UAM –A
Una justicia laboral real paraMéxico.
Pablo Franco, JLCA-CDMX
Balance político ¿Cómo seguimos?
Rafael Hernández Soriano, Diputado Federal
La reforma constitucional de justicia cotidiana, publicada el 24 de febrero de 2017, deberá traer consigo importantes cambios institucionales: la sustitución de los órganos de justicia laboral; la creación de un nuevo Organismo Público Descentralizado para la conciliación de conflictos laborales y para el registro de contratos colectivos de trabajo y de sindicatos. La consulta a las y los trabajadores para la firma de contratos colectivos de trabajo, para las elecciones sindicales y para la solución de los conflictos intergremiales.
En su cláusula transitoria, esta reforma estableció un año para realizar las reformas secundarias, las que no se realizaron en el tiempo prescrito en decreto (24 febrero 2018), lo que da la oportunidad de realizar debates abiertos e incluyentes, en los que se escuchen las ideas y demandas de todos y todas y que sean tomadas en cuenta por el Poder Legislativo.
Los cambios y propuestas que han surgido en la mayoría de los estados de la república, nos colocan ante muchas preguntas que requieren análisis desde el contexto nacional y respuestas locales.
Dr. Héctor Pérez Pintor, Secretario Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Este foro internacionalReforma laboral para todos ¿hacia dónde va Michoacán? es la posible ruta de la reforma laboral y de éstas reformas laborales que se han venido dando.
Lic. Luis Fernando Rodríguez Vera, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
Distinguidas señoras y señores, representantes de organizaciones sindicales, servidores públicos estatales y federales, abogados postulantes:
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán se congratula con la presencia de todos y cada uno de ustedes en este recinto universitario dándoles la más cordial bienvenida al Foro Internacional Reforma laboral para todos ¿hacia dónde va Michoacán?
La trascendental reforma laboral constitucional que ha sido aprobada el 24 de febrero de 2017 causa un gran impacto social en la impartición de justicia laboral en nuestro país, lo que indicará una nueva forma de trabajo y cambio de paradigmas en las actividades cotidianas del sector público, el académico y el laboral litigante que se dedica a esta materia.
De ahí la importancia de éste evento que se abre al público en general, sirva para que los profesionales del derecho e interesados nos involucremos en el seguimiento de las reformas que causarán cambios en nuestro ejercicio profesional.
Estamos convencidos que en estos nuevos tiempos se avecinan retos y desafíos en todas las ramas del derecho, servirán para que los abogados se preocupen por profesionalizarse y actualizarse para obtener herramientas y ejercer la profesión de manera más digna.
Michoacán siempre se ha caracterizado por ser históricamente un estado combativo y participativo en las decisiones nacionales, ejemplo de ello son los grandes movimientos sociales que han causado mayor impacto en el devenir histórico como la Independencia y la Revolución, y hoy no va a hacer la excepción, habemos michoacanos y michoacanas que tenemos interés en abonar desde nuestras trincheras por una reforma laboral que sea expedita, coadyuvando con autoridades en la toma de decisiones que sean más benévolas para el futuro inmediato del país y de la sociedad en general.
De ahí que hago un llamado al foro de abogados, servidores públicos y académicos a que hagamos un frente común para profesionalizarnos, prepararnos día a día en estos nuevos retos que se avecinan, lo que no lograremos si erradicamos la resistencia al cambio.
Seguro estoy que este foro internacional nos incentivará para continuar con el firme propósito de esforzarnos día a día en la preparación profesional del abogado laboralista preocupado por el acontecer social.
Inés González Nicolás,
Coordinadora del Diálogo Sindical y de Genero de la Fundación Friedrich Ebert
Cuando se publicó la reforma constitucional en 2017, se estableció en un artículo transitorio el plazo de un año para llevar a cabo la reforma laboral secundaria para estar aprobada en febrero de 2018. Esto nos pone ante una nueva oportunidad para que entre todas y todos pensemos qué reforma laboral nos conviene, no solo a los trabajadores y trabajadores y empleadores, también debemos pensar la reforma laboral secundaria desde una perspectiva de desarrollo democrático y económico de nuestra nación.
Es un asunto fundamental que nos debe preocupar a todos y a todas. Por eso creo que éste diálogo que iniciamos hoy, que son de los primeros que se realizan en el estado de Michoacán, y hacerlo abiertamente no en secreto.
Este foro abre el puente de comunicación entre todos nosotros. Por lo cual deberíamos seguir participando y exigiendo que la reforma laboral que se haga sea una reforma de todos y de todas.
La reforma constitucional: desmenuzando su contenido
Lic. Luis Fernando Rodríguez Vera,
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
En el Foro: Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en un Mensaje a la Nación expresó:
“…Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda…Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad.
A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas”
Con este mensaje el presidente de la República pone en entredicho lo que está sucediendo en la justicia cotidiana, en la justicia en materia familiar, mercantil, laboral.
Se habían implementado una serie de reformas en materia penal, pero qué pasaba con las demás materias, sobre todo con la justicia laboral que siempre la hemos visto un poco abandonada, un poco descuidada, que además es uno de los grandes logros del movimiento social de 1917. La Constitución recoge esos derechos sociales y la vemos abandonada.
El Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia.
Para dar contenido a la consulta, del 15 de enero al 26 de Febrero de 2015 un equipo de profesores investigadores del CIDE, de la División de Estudios Jurídicos de esa institución, se dio a la tarea de organizar el ejercicio, realizando diversos foros de Consulta a nivel nacional.
La Conclusión Integral Diagnostico Justicia Cotidiana(CIDE)
La conclusión de esta serie de consultas, análisis y reflexiones: “El país tiene un enorme reto en materia de acceso a la justicia”; y en materia de justicia laboral, la conclusión generalizada de empleadores, empleados, sindicatos, gerentes, organismos empresariales, abogados (tanto patronales como obreros), operadores y funcionarios, coincidió en que la justicia es “distante, incierta, poco confiable y propicia para actividades desviadas o abiertamente corruptas”
Es preocupante porque qué es lo que está sucediendo en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje.
Del 15 de enero al 26 de febrero de 2015
17 Instituciones participaron con el CIDE en la realización de foros de consulta.
Se sistematizó la información recogida, realizándose reuniones de expertos quienes validaron las opiniones vertidas emitiendo opiniones y más de 600 recomendaciones.
El CIDE entregó al Presidente de la República el Informe sobre Justicia Cotidiana, dentro del cual se establece acelerar la implementación de un nuevo esquema de Impartición de Justicia Laboral.
El Presidente Peña Nieto envió a la Cámara de senadores nuevas iniciativas de reforma en materia de Justicia Cotidiana.
El Senado lo discute y pasa a la Cámara de Diputados quien lo aprueba el 4 de Noviembre de 2016, turnándolo a las legislaturas de los estados aprobado por 20 Congresos Locales.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Reforma donde se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.
Es donde queda plasmado, es donde queda ya definido que se va a transitar hacia un nuevo esquema de justicia.
¿En qué consiste esta reforma constitucional?
Tiene tres ejes fundamentales
Justicia Laboral Transita al Poder Judicial. Por razón de competencia lo que corresponde a la junta federal de conciliación y arbitraje, transita hacia el Poder Judicial Federal. Por lo que corresponde al estado hacia el Poder Judicial de los Estados, y es lo que da paso a la extinción de las Juntas Locales y Federal de Conciliación y Arbitraje.
Se replantea la función conciliatoria prejudicial. Es decir, antes de llegar a un conflicto se tiene que agotar un proceso de conciliación. Para ello se tendrán que crear los Centros de Conciliación Estatales, especializados e imparciales, los que serán organismos descentralizados, que cada estado debe crear su centro de conciliación
Fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación , para ello se debe crear un Organismo Descentralizado de la Administración Pública, que tendrá la facultad entre otras, de atender el registro de todos los CCT y de las organizaciones sindicales, centralizará todos los temas sindicales, los que seguirían bajo la tutela del Poder Ejecutivo.
Artículo 123, apartado “A” fracción XX.
Las resoluciones de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de la entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 apartado “A” de la Constitución, según corresponda y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral.
Al pasar al Poder Judicial ya los jueces de lo social como del trabajo tendrán que sujetar sus sentencias a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Lo que implica que ya esos laudos que preveíamos a verdad sabida y buena fe guardada concluyen esos principios fundamentales del derecho social.
Además los jueces deberán contar con capacidad y experiencia. ¿Qué va a suceder con los jueces que son de carrera judicial, se van a la alternativa a que los empleados de las propias juntas; presidentes, presidentes auxiliares, secretarios, pueda acceder a este espacio de impartición de justicia?
Consideramos que como va iniciando y les están pidiendo experiencia es probable que se abra hacia la comunidad jurídica, para que por medio de concursos de oposición pudieran reunir ese requisito, porque de otra manera, cómo le vamos a pedir a un juez civil, a un juez mercantil, de los familiar, que tenga experiencia en materia de trabajo. Eso es lo que habrá que ir contemplando
Primero.-Entra en vigor al día siguiente de su publicación (25 de Febrero de 2017)
Segundo.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados realizarán adecuaciones legislativas que correspondan… dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto…El 25 de febrero de 2018 ya pasó, no se llegó a cumplir con éste decreto, de esta serie de adecuaciones legislativas que está exigiendo esta reforma constitucional. Es decir, tendrán que continuar
Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales…la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.
Es decir, tendrán que continuar desahogando los asuntos que se tienen en proceso hasta en tanto no se creen los órganos del Poder Judicial. Esto atiende al principio de la no retroactividad de la ley, donde no puede ser juzgado con un sistema distinto que comenzó ante un órgano de carácter tripartito y cómo ahora va a ser resuelto por un órgano del Poder Judicial.
Los TCC del PJF continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas…
Cuarto. Dentro del plazo (Un año)…. el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.
Retos y Propuestas:
Hay muchos retos. No sabemos si esta reforma será buena o será mala, pero sí puedo decirles que como laboralista me congratula saber que hay una modernización de la justicia laboral.
Tenemos que entrarle al debate, tenemos mucho que exigir sobre las reformas secundarias que es lo que nos ocupa en este foro. Finalmente nos tendrán que dar la razón. Son momentos de reto, de propuesta y que necesariamente tenemos que intervenir como sociedad civil.
Quiero dejar algunas propuestas que quiero socializar con ustedes:
Sería deseable que el cambio se dé desde la sociedad civil, por supuesto. Tiene que estar consciente la sociedad que la justicia laboral es lenta costosa, ineficiente, no hay confianza en ella, hay que procurar un cauce institucional, no oficial, para dar voz a las demandas ciudadanas de mejorar esa justicia, con el objeto que la sociedad se constituya en promotora de la transformación del sistema que coadyuve a vencer la resistencia al cambio, sobre todo porque la resistencia proviene generalmente de los mismos actores: presidentes, auxiliares, servidores públicos de las propias dependencias donde nos desempeñamos en materia de trabajo, litigantes que no deseamos capacitarnos para aprender nuevas formas de hacer las cosas.
Para logar este posicionamiento se requiere de aliados sociales, por supuesto tenemos que involucrar a todos los factores que intervenimos en estos procesos, asociaciones, barras de abogados, asociaciones de trabajadores, sindicatos, obreros, empresarios, para que de esta manera pudiera darse de manera eficaz este cambio desde la sociedad civil, que es esta la filosofía de esta campaña Reforma Laboral para Todos.
Otro de los aspectos que quiero compartirles es la participación coordinada de las instancias gubernamentales. Vemos reuniones donde no están todos los sectores representados, hace falta involucrar a las instituciones que puedan contribuir con éste proyecto, con esta reforma para que pueda tener una mayor eficacia.
Sé que aquí en el estado ha habido algunas reuniones por parte de algunos sectores, pero hay dependencias que tenemos que involucrar, sobre todo con el afán de poder contribuir con mayor eficacia en este proyecto.
Se tiene que presupuestar el cambio y utilizar una planeación estratégica. Esta reforma constitucional llega prácticamente sin pies ni cabeza en materia de recursos.
Al no haber una planeación estratégica es lo que deja en la incertidumbre al ciudadano y a las instituciones; para dónde vamos a transitar. Recientemente escuchamos al ciudadano presidente del Poder Judicial y nos dice “es que no hay dinero”. Cómo le vamos a hacer para que armen los juzgados, en dónde los vamos a instalar.
Se habla que hay 12 mil asuntos pendientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Según el estimado que se tiene que cada juzgado deba atender 600 asuntos, cómo se van a distribuir esos juicios-
Esto nos deja en la incertidumbre, que no saben para dónde vamos a transitar.
Apertura a la Selección y capacitación a los nuevos operadores del Sistema de Impartición de Justicia Laboral. Para operar el nuevo sistema se tiene que invertir.
Rescatemos el recurso humano que tenemos en la junta local de conciliación y arbitraje. Hay perfiles que son rescatables, abogados brillantes, laboralistas que están en posibilidad de acceder a estos espacios.
Creemos que se requieren un trabajo conjunto con las universidades, la academia, que puedan abonar a este proyecto. Que solamente participando todos juntos es como creemos que podemos tener éxito para tener una impartición de justicia que sea justa.
Las propuestas existentes. Un pasaje obligatorio para lo que sigue
Sergio Zavala Morín
El proyecto de ley de ésta reforma laboral en el estado de Michoacán.
Lo primero que tenemos que revisar son los antecedentes que existen de esta reforma.
Inicia con la reforma al artículo 123, Apartado A, fracción XX, la cual se publicó el 24 de febrero del año 2017, en la cual nos dan las bases principales para esta modificación en justicia laboral y que cada una de las entidades federativas tienen que regular, principalmente abordando la cuestión de los organismos descentralizados, públicos y autónomos que se van a encargar de la conciliación en materia laboral.
Esta reforma nos hace mención que se debe de cumplir en el término de un año a partir del 25 de febrero de 2017, para que las entidades federativas armonicen la constitución estatal, así como crear las normas o leyes secundarias que establezca este organismo público.
En atención a dicha reforma en materia de Justicia Laboral, el 15 de marzo de 2017, se presenta la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en materia de justicia laboral.
Con fecha 07 de julio de 2017, se presenta la Iniciativa de Decreto con carácter de Dictamen mediante el cual se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.
La reforma que se plantea a la Constitución Política del estado de Michoacán, principalmente a cuatro artículos, los tres primeros hacen referencia al Poder Judicial del Estado:
El artículo 67, el cual menciona el ejercicio que tiene el Poder Judicial para conocer de los asuntos en materia laboral. Este artículo 67 es una propuesta que se hace a la Constitución del estado para que se implemente este ejercicio jurisdiccional al Poder Judicial.
El artículo 83, señala que el tribunal de justicia participará como tribunal de alzada de los juzgados de primera instancia en materia laboral conforme a las competencias que se vayan determinando en las leyes correspondientes, la ley secundaria. Nos habla entonces que va a ser de dos instancias el poder jurisdiccional en materia laboral: los jueces de primera instancia conocerán los asuntos y en caso de no estar acorde a la resolución se podrá acudir al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que conozca de manera de alzada.
El artículo 89, señala las facultades que tendrán los tribunales y jueces de primera instancia para conocer de lo laboral, siendo éste el ejercicio que se le da principalmente al Poder Judicial del estado para que entre a regular en materia laboral.
Lo interesante viene en el artículo que se pretende adicionar. Título tercero, sección A, Capítulo primero, donde se incluye una sección sexta y se va a implementar la creación de un nuevo artículo, el 98 B, que habla de la creación del Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Michoacán, donde nos va a dar toda la pauta, la estructura de cómo van a estar regulados estos centros de conciliación, atendiendo a los lineamientos marcados en la Fracción 20 del Apartado A del artículo 123, es decir, armonizarlo en las mismas circunstancias que se están señalando en la reforma laboral, principalmente crear el organismo público descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y gestión técnica.
La Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán, consta de 21 artículos subdivididos en cinco capítulos:
Capítulo 1.-Disposiciones generales, en las que nos señalan que son de orden público para todos los ciudadanos del estado de Michoacán, donde se maneja un organismo público descentralizado que tiene autonomía, presupuesto propio y dirección y gestión técnica propia;
Capítulo 2.- Atribuciones del Centro, entre las que se encuentran proporcionar el servicio de conciliación pública de manera gratuita, y los convenios entre las partes en conflicto, que tiene que ser por escrito y contener una relación de circunstancia de hechos que lo motiven, así como los derechos comprendidos. La ratificación de éstos convenios ante dicho organismo ante la autoridad jurisdiccional la cual los aprobará siempre y cuando no existan renuncias de los derechos de los trabajadores; y entregar copias certificadas de lo ahí actuado.
Capítulo 3. Administración, organización y funcionamiento del Centro de Conciliación en el estado.
Capítulo 4. Vigilancia y control del Centro de Conciliación.
Capítulo 5. Patrimonio del Centro de conciliación.
Los que interesa aquí es el capítulo tercero que habla de la administración, funcionamiento y estructura que debe tener. Dicho órgano está conformado por dos organismos, uno de gobierno que será la junta de gobierno y el de administración que recae en el director general.
Algunas atribuciones de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral
Aprobar el reglamento interior de trabajo, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios públicos, además de las disposiciones administrativas que determinen.
Determinar las bases de organización funcionamiento y desarrollo del servicio civil de carrera para todos los trabajadores que formen parte del Centro de Conciliación Laboral y tengan seguridad que estarán de manera permanente.
Respecto del director general del Centro de Conciliación Laboral. A diferencia de los demás miembros de la Junta, el director lo nombra el ejecutivo estatal mediante una terna que se presentará al Congreso.
Si en 30 días el ejecutivo no ha determinado al titular, el ejecutivo podrá determinar al titular.
Si el Congreso determina que ningún candidato de la terna es apto y los rechazan, el ejecutivo podrá presentar una segunda terna y si esta es rechazada nuevamente el ejecutivo tiene la facultad para determinar al titular del organismo.
Se vuelve a manejar una estructura tripartita donde el ejecutivo determinará al titular de dicho órgano público descentralizado. Quien debe ser abogado titulado con cédula profesional, con 35 años de edad cumplidos al día de su designación y tener experiencia mínima de cinco años en materia laboral, así como de todas las materias de competencia del Centro de Conciliación Laboral.
La duración del cargo de director es de seis años con la posibilidad de ser reelegido por un periodo adicional.
Esta ley cuenta con los requisitos plasmados en la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017. Dicha reforma, a pesar de que fue presentada el 7 de julio de 2017, hasta el momento (21 de junio de 2018) sigue en discusión, está presentada la propuesta pero sigue en una etapa de discusión.
La fecha otorgada por la reforma constitucional ha fenecido, solamente Chihuahua cumplió con esta fecha, el cual a esta fecha ya aprobó las reformas constitucionales del estado así como la creación de la ley de Conciliación laboral.
La materia laboral en el estado de Michoacán para el caso del Centro de Conciliación Laboral no da la participación a los órganos estatales de la Secretaría del Trabajo, no está su titular ni el titular de la Procuraduría del Trabajo participando directamente en la junta de gobierno.
Comparación de Leyes del Centro de Conciliación de Michoacán y de Chihuahua
El estado de Michoacán inició con sus propuestas, ya están presentadas en el Congreso del estado, que son armónicas a lo señalado dentro de la Fracción XX del aparatado A del artículo 123, pero tenemos el problema que se encuentran en discusión, no hay una agenda que nos indique para cuándo se pueda resolver para ser aprobados dichos proyectos de reforma. Ni la constitucional, ni la ley de conciliación laboral en el estado. Esto nos provoca una incertidumbre por la cual no pudimos aprovechar el tiempo que se había tenido en su presentación y cumplir con lo requerido, además de que la participación de los diversos sectores académicos, laborales, patronales, obreros, no están participando.
Propuesta de reforma CTM-CROC = PRI
Estamos en la incertidumbre y sobre esa base es en la que tenemos que movernos, sobre todo no pensar que la incertidumbre que nosotros como operadores jurídicos tenemos, también la tienen quienes deciden las cosas.
El dictamen de la reforma constitucional se fraguó, se trabajó, se elaboró, no sabemos dónde, pero dos días antes nos avisaron que se pasaría al pleno y nos invitaron a hacer algunas observaciones. No a todos se les tomó en cuenta, eso es lo lamentable de este asunto.
Luego nos enteramos que los representantes patronales sí lograron incorporar unos elementos como lo es el último párrafo de la fracción 18 del artículo 123, apartado A.
Como ya se ha dicho la vacatio legis se ha vencido, es decir, desde el 25 de febrero del presente año tendríamos que haber constituido los Centros de Conciliación en los estados, tendrían que haberse reformado las leyes locales, se tendría que haber emitido una legislación federal para efecto de poner en práctica la reforma constitucional, sin embargo estamos en espera de que pudiera activarse el proceso legislativo.
De una manera que me parece eufemística el gobierno federal dice que se está discutiendo. Recientemente ocurrió la Conferencia Internacional del Trabajo, y el gobierno ante los cuestionamientos que se le hacen a nivel internacional entre otras cosas por la falta de democracia en el mundo del trabajo, en especial por la elaboración de los contratos colectivos de trabajo que hoy en día tenemos la inmensa mayoría de contratos dentro de lo que se denomina contratos de protección. Que son contratos que se firman a espaldas de los trabajadores y únicamente mediante un acuerdo económico entre el patrón y algún sindicato, el gobierno dice “ya lo estamos combatiendo” “se está discutiendo una iniciativa” y se refiere a las cuatro iniciativas que existen con el fin de dar cumplimiento al transitorio segundo de la reforma constitucional que otorga esta vacatio legis de un año.
Se refiere a la iniciativa que presentan los señores Isaías González y Tereso Medina, del PRI; se refiere a la iniciativa que presenta el PRD-UNT, se refiere a una iniciativa que presenta una Senadora del PAN que es casi idéntica a la que presentan los dos Senadores del PRI y a una que recientemente presentó el Senador Alejandro Encinas.
Por qué nos referimos primeramente a la que presentan los Senadores del PRI, porque entendemos que esa es la oficial, porque entendemos que con todo y que la iniciativa en este caso debería corresponder al Ejecutivo Federal, por alguna razón que desconocemos, pretenden hacerse un poco de lado y decir que se está discutiendo y que fue presentada por un par de Senadores.
Yo que soy una persona mal pensada por naturaleza, porque acostumbro a pensar mal de la gente que está en el poder, y más en los temas laborales, yo diría que esos señores la firmaron, difícilmente creo que la hayan elaborado, ni ellos ni sus asesores.
Tengo razones de primerísima mano para sí pensarlo. Por ahí dicen algunas malas lenguas que de hecho me había invitado uno de esos Senadores a participar en la elaboración de alguna propuesta, pero quedó solamente en la invitación, se nos dijo que nos convocarían para formular algunas propuestas, pero resulta que cuando íbamos a ser convocados apareció esta iniciativa, entonces esto me puede llevar a pensar que así fue la situación.
Tenemos en discusión esta propuesta de los Senadores del PRI que busca dar cumplimiento al transitorio segundo.
Qué es lo que plantea. Plantea emitir la ley que crea el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales; plantea modificar y adicionar la Ley Federal del Trabajo; y plantea adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley federal de Entidades Paraestatales; la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT, se dice, para armonizarlas con esta reforma constitucional y ahí va un primer elemento que creo que debemos considerar.
Es necesario tener una ley que crea el organismo? O valdría la pena incorporar a la Ley Federal del Trabajo el funcionamiento, tanto de éste Instituto federal que se plantea en la reforma, que queda ahora en la fracción XX del Apartado A del 123 Constitucional, o es necesario que tengamos una ley en cada estado?
Qué se está propiciando, hablando de la incertidumbre? Se está propiciando que tengamos leyes antinómicas, es decir, que pudieran no ser armónicas entre si, porque cuando se pudo haber evitado, la Ley Federal del Trabajo crea en su contenido las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es para efectos prácticos una ley general, y por ello, podríamos en la propia Ley Federal del Trabajo y desde ahí indicar cómo se debe crear el organismo público descentralizado de carácter federal, y cómo se podrían crear los organismos públicos de carácter local que se van a encargar únicamente de la conciliación, el federal también se va a encargar de registrar los sindicatos y de registrar su cumplimiento a las obligaciones que impone a los sindicatos, tanto de trabajadores como de patrones, el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo.
Como no se hace así, a qué nos enfrentamos? Por ejemplo en la iniciativa se plantea que el organismo público descentralizado de carácter federal tenga un órgano de gobierno integrado por doce personas, cuatro del gobierno federal y cuatro representantes de los sectores, cuatro del sector patronal que podrán ser revocados por sus organizaciones proponentes. Y en el caso de los trabajadores dos representantes del organismo mayoritario, uno del que esté en segundo lugar y uno más del tercer lugar, los cuatro, representantes de los trabajadores.
Cómo lo plantea? Quién lo va a decidir? La membresía que tengan registrada ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y eventualmente los que hubieran tenido ante las juntas. No queda claro.
Aquí se va a presentar un primer problema, además de que hay una antinomia con lo que dicen los estados, ya vimos el caso de Chihuahua, dos y dos, acá cuatro.
Cada uno podrá hacer lo que considere oportuno. Pero además nos va a presentar un tema que considero pudiera ser de inconstitucionalidad, porque habla de una designación de esos representantes, sin embargo, si leemos el texto de la nueva fracción XXII bis, nos habla de la elección por voto personal, secreto y directo de los representantes de los trabajadores. Eso a qué nos puede llevar? Que esas designaciones pudieran resultar inconstitucionales.
Esto, a qué nos está llevando? Nos puede llevar más adelante, a toda una serie de inconstitucionalidades. Qué sería lo ideal?
Plantea requisitos similares, lo que dice la constitución para los requisitos del titular, sin embargo dentro de sus facultades tendrá el registro de las organizaciones y depositar los contratos colectivos de trabajo a nivel nacional. Pareciera que hay una centralización de la función, hay una centralización de manera artificial, seguramente para recentralizar el control de los sindicatos, de la negociación colectiva y en general del ejercicio de la libertad sindical; porque de todas maneras en su iniciativa se habla de que a nivel federal se depositará ante el organismo federal y que tendrá representaciones en los estados.
¿No hubiera resultado igual o mejor o peor que el organismo a nivel estatal tuviera también esa misma facultad?
Tiene el organismo facultades para llevar a cabo la conciliación. ¿Qué pasa con esta reforma? Nos impone la conciliación como un requisito prejudicial, es decir, no puedo acudir a los tribunales si antes no he concluido el procedimiento de conciliación.
Y se presentan una serie de cuestiones en la iniciativa del PRI, por ejemplo, nos dice que se suspenderá la prescripción con la solicitud de conciliación, se habla que deberá ser una sola audiencia y sólo se podrá llevar otra a solicitud de las partes. Pero nos presenta una situación de incertidumbre jurídica muy interesante: llego al centro de conciliación y se suspende el término de prescripción y se reanuda cuando concluya el procedimiento conciliatorio, sin embargo se genera esta incertidumbre cuando nos dice que las partes deberán acudir personalmente a la conciliación y si es su voluntad pueden estar asistidas en el procedimiento, pero ojo, en el caso de la inasistencia de los interesados, si quien solicita la audiencia no asiste a esta se le tendrá por desistido el procedimiento de conciliación, dejando a salvo su derecho para que lo ejerza en el momento procesal oportuno.
De qué estamos hablando? Principalmente de que el trabajador es quien va a solicitar esa conciliación. Y esto nos puede llevar a que por alguna razón no dio continuidad, el centro de conciliación dará por concluido el procedimiento y no necesariamente el trabajador podrá continuar con el procedimiento. Porque presentó mi solicitud de conciliación, concluye sin acuerdo y nos vamos a emitir una constancia de no acuerdo, porque será un requisito de procedibilidad para la interposición de la demanda.
Entonces este plazo de incertidumbre puede generar conflictos, sobre todo para los trabajadores.
Da facultades a los organismos de conciliación para declarar la cosa juzgada, es decir, tiene facultades para aprobar el convenio a que se llegue. Para esos efectos se plantea modificar el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo que como todos sabemos habla de la irrenunciabilidad de los derechos.
Pero aquí nos encontramos con un tema. Se trata de un organismo público descentralizado, es decir, no es un organismo del Poder Judicial, y declarar la cosa juzgada es una función jurisdiccional.
Dicen que es para evitar juicios de nulidad de convenio. Me parece que va a generar más juicios de nulidad de convenio porque los litigantes en su oportunidad podrían argumentar la inconstitucionalidad de las declaraciones de los Centros de Conciliación.
“Una vez sancionado por el conciliador, el convenio celebrado entre los interesados y sus legítimos representantes obligará a lo pactado, tendrá condición de cosa juzgada y podrá ser exigible en todos sus términos”
Eso entonces nos va a llevar, tengo mi convenio no se cumplió, tu no lo puede ejecutar, lo aprobaste, lo declaraste cosa juzgada, entonces tengo que ir a demandar el cumplimiento del convenio. O sea que no hay acuerdo, y valiente cosa sobre todo si se modifica el 33 de la Ley Federal del Trabajo.
La reforma tiene que regular dos elementos fundamentales. El último párrafo del artículo 18 constitucional y el último párrafo de la fracción XXII bis.
La fracción XVIII del 123, habla que cuando se emplace a huelga por la firma del contrato colectivo de trabajo, tendrá que acreditarse que el sindicato emplazante representa a los trabajadores; y el XXII bis habla que para la firma de contrato colectivo de trabajo tendrá que mediar el voto personal, secreto y directo. Y sin embargo en la iniciativa de reglamentación nos dice que cuando se vaya a depositar un contrato hay que acreditar la representación, no dice cómo.
Cuando se va a emplazar a huelga por la firma de contrato dice que se tendrá que acreditar la representación, pero no dice como se acredita la representación.
En el derecho internacional queda muy claro cuál es la diferencia entre representación y representatividad. Así como se está planteando pareciera que para emplazar a huelga por contrato colectivo de trabajo tengo que representar a la mayoría de los trabajadores de un centro de trabajo. Y vean si no hay una contradicción. Para ser un partido político legal, para aspirar al poder, en la legislación federal únicamente se pide el 2.5% de la votación y se pide un porcentaje mínimo de miembros del padrón electoral afiliados a mi partido, y acá nos están pidiendo que los sindicatos que quieran aspirar a un contrato colectivo de trabajo tengan que representar a los trabajadores. Es en este sentido, en mi opinión, débil técnica legislativa deficiente, porque se maneja el concepto de representación como si fuera representatividad y viceversa, no se abre el juego democrático, no se establece en qué momento los trabajadores habrán de emitir su voto, directo, secreto, para determinar su hay un contrato colectivo de trabajo.
Para depositar el contrato colectivo de trabajo dice que deberán acreditar que han afiliado a los trabajadores. Ahí queda más o menos clara la representación, pero está implicando que para depositar un contrato los trabajadores se tendrán que afiliar al sindicato, por lo cual, los que conocemos la materia, sabemos que eso se va a prestar para una simulación que puede llevar a algo que ocurre en la actualidad, que los patrones usurpan el derecho de negociación colectiva de los trabajadores, y son parte de las cuestiones que deberemos estar atentos.
En principio habrá que definir que toda reforma laboral en realidad es una reforma política. En esencia la búsqueda en nuestro país desde que en 1917 se crea el artículo 123 Constitucional, tuvo por objeto el control de los derechos colectivos de los trabajadores.
En 1917, cuando se crea el 123, meses antes habían reprimido la primera huelga general en la Ciudad de México, se encontraban presos trabajadores durante la discusión de éste artículo 123 Constitucional.
Los trabajadores se encontraban desorganizados. Cuando se crea éste 123 Constitucional, uno de los primeros elementos fue plantear la determinación de la intervención del estado en los conflictos laborales.
Cuando en 1931 se crea la Ley Federal del Trabajo, la situación del movimiento obrero era de total desorganización y se pudo crear la figura del registro sindical, la toma de nota, el tema de la inexistencia de las huelgas y la obligación de depósito de los contratos colectivos de trabajo.
En 1980 se crea el artículo 923, que plantea por primera vez el escenario de los contratos de protección.
En 2012 los llamados contratos temporales que obviamente rompieron la estabilidad en el empleo de los trabajadores y después viene esta reforma a la Constitución el 24 de febrero de 2017, de las reformas más regresivas en perjuicio de los trabajadores, porque instala dentro de la Constitución un centro que va a controlar todos los registros de los sindicatos del país y todos los contratos colectivos de trabajo, un centro que estará dependiendo directamente del Ejecutivo, a través de un organismo descentralizado y donde el Ejecutivo será quien lo designará a través de una terna que él propondrá en el Senado de la República.
Cuando se da un espacio de un año para que se lleven a cabo estas reformas, entre otras están la del 17 de diciembre de 2017 que proponen dos Senadores del PRI; y el 17 de diciembre de 2017 la iniciativa de UNT – PRD, una propuesta de reforma legislativa; en abril de 2018 el Senador Alejandro Encinas, presenta su propuesta.
Todas ellas sin excepción tienen como base que no se consultó a los sindicatos, no se consultó a los trabajadores, fueron propuestas más bien de una oportunidad política, pero no para analizar de fondo la problemática de los trabajadores.
Si observan diversas propuestas tanto la planteada por el PRD como la del Senador Encinas se plantean propuestas que son muy apresuradas y que no atienden a la idea de la reforma constitucional.
La reforma constitucional del 123 Constitucional plantea una serie de lineamientos.
La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los Tribunales Laborales;
Los Centro de Conciliación a nivel federal y a nivel estatal;
El procedimiento laboral;
La libertad sindical;
Estos aspectos son los temas fundamentales y ha traído como consecuencia que diversos estados de la República se estén planteando la modificación de reformas constitucionales o de leyes reglamentarias para la instalación de los Centros de Conciliación.
Los Centro de Conciliación, desde mi punto de vista, no pueden plantearse en iniciativas si no es el Congreso de la Unión el que previamente determine las funciones de estos Centro de Conciliación.
Los Centros de Conciliación no pueden llevar a cabo substitución de la actividad judicial, como la aprobación de los convenios. El reconocimiento a la personalidad no puede darse en una instancia de un organismo descentralizado de carácter administrativo. En ese sentido la referencia que se plantea es muy importante.
Dentro de la propuesta del Senador Encinas, por ejemplo, se establece una propuesta en el sentido que si el patrón podrá revertir la carga de la prueba al actor respecto del despido ofreciendo el empleo al actor de buena fe.
Esta es una propuesta que legitima lo que está ocurriendo en realidad. Actualmente ha desaparecido el aviso de despido y lo que se ha generado es que los trabajadores son despedidos y se les ofrece el empleo de nueva cuenta en los mismos términos y condiciones y luego los vuelven a despedir.
Me parece que la propuesta del proyecto Encinas es regresiva, no es una propuesta que pueda estar planteando un escenario distinto. Parece redactado por funcionarios y no de una manera abierta porque plantea una serie de sanciones a los litigantes, pero no sanciones a los funcionarios que retrasan que no llevan una función efectiva en materia procesal.
Algunas deficiencias, tanto de la propuesta de la UNT, como de la propuesta del Senador Encinas, es que no toca uno de los problemas más graves que tiene la legislación laboral mexicana, que es cómo controlar a las empresas outsourcing.
Las empresas outsourcing son la simulación de los derechos y obviamente a través de ellos los trabajadores actualmente tienen graves problemas, porque los despiden sin que pueda haber una respuesta para ellos.
Otro tema que no se toca de una manera efectiva es el tema de los Contratos de Protección. Los Contratos de Protección se limitan cuando se emplaza a huelga por la firma de un contrato colectivo de trabajo, pero no se está limitando el acuerdo privado entre el dirigente sindical y el patrón. Y en este sentido no se establecen limitantes para que se pueda obligar al patrón para que firme un contrato colectivo de trabajo a una necesaria consulta con los trabajadores.
En la propuesta del Senador Encinas, dice que bastará que se pueda acreditar que un 30 por ciento de los trabajadores ha sido consultado para que pueda proceder el depósito del contrato colectivo de trabajo. Pero, desde mi punto de vista, falta una cuestión más de fondo para poder resolver el problema.
Tanto la propuesta de la UNT-PDR, como la propuesta Encinas señalan que los contratos colectivos de trabajo serán válidos hasta el momento que el Centro de Conciliación, Registro de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo lo haga.
Me parece que éste es un tema muy complicado porque muchas ocasiones los contratos colectivos de trabajo se firman y entonces no entra el incremento de los salarios y de las prestaciones hasta en tanto la autoridad no los autorice.
El tema es que pueda haber observaciones en este tipo de entidades. Desde mi punto de vista se le dan facultades que no son las adecuadas.
El artículo 371 de la propuesta UNT-PRD, plantea mecanismos para asegurar la confidencialidad socios sindicalizados y de trabajadores que no se encuentren afiliados. Se plantea que debe haber una lista de todos los trabajadores en las cuales se señale la antigüedad de los mismos. Lo que me parece riesgoso, porque si en una empresa de 700 trabajadores se pone, su antigüedad, hay muchas ocasiones que si los trabajadores no están atentos, como es un derecho personalísimo y se pasa el transcurso de un año y no hacen la objeción puede traer consecuencia. Me parece que no es el lugar donde deben de estar las antigüedades de los trabajadores.
Se deroga la prohibición de la participación de extranjeros en los sindicatos que ha sido un reclamo de la OIT al gobierno mexicano.
Se propone la derogación de la cláusula de exclusión por separación. Recordemos que actualmente la cláusula que fue derogada con motivo de la reforma constitucional fue la cláusula de exclusión por separación y la de ingreso permanece, se está planteando la desaparición de ambas.
Se plantea que el recuento sería el único medio probatorio de la pérdida de la mayoría de trabajadores. La UNT plantea la relación a los trabajadores sea necesario comprobar al menos un 30 por ciento de los afiliados comprobantes de seguridad social.
Propone también que la autoridad registral sea la que conozca algunas violaciones en materia de libertad sindical. Me parece que esta propuesta que se está haciendo no es aplicable, porque no es la autoridad registral la que debe conocer denuncias a la libertad sindical, debe ser en todo caso el Tribunal Laboral el que conozca de ésta y no un organismo administrativo.
La propuesta de UNT también plantea algo interesante, de quitar el patrón como parte en los conflictos intersindicales y solamente pueda intervenir como coadyuvante.
Se propone que para plantear la titularidad de un contrato colectivo se acredite que están afiliados a ese sindicato del centro de trabajo, el 20 por ciento de los afiliados. Y señala que se mantendrán en reserva.
El tema de la reserva es un tema muy delicado porque no hay mecanismos para que los trabajadores tengan seguridad de que, efectivamente, sus datos se mantendrán en reserva.
Este año tuve la experiencia de presentar un registro de un sindicato de bomberos en la Ciudad de México, el 29 de enero de 2018, y al día siguiente la autoridad patronal ya tenía el listado de los socios del sindicato y los 27 bomberos que inicialmente plantearon el registro del sindicato, la patronal ya los había mandado a la calle. Y la autoridad tenía la obligación de conservar los nombres de los trabajadores.
No hay seguridad en dar los nombres en una demanda de titularidad, en donde se solicita que sea al menos el 20 por ciento de los afiliados.
Me parece que debe haber propuestas del qué, sino la manera de cómo plantearlo.
Hay un problema de fondo muchos líderes sindicales han hecho negocio con la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Demanda la titularidad con una sola firma, la del secretario general y le dicen al patrón, retiro la demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo si llegamos a un arreglo económico.
Nos encontramos con un problema muy delicado porque el tema es que la figura de las organizaciones sindicales, desde mi punto de vista, han entrado en declive. Las organizaciones sindicales no me parece que sea la mejor manera de poder representar a los trabajadores. Yo creo que uno de los temas que no taca ni la propuesta de la UNT, ni el proyecto Encinas, es precisamente el reconocimiento de las coaliciones mayoritarias.
Por qué los sindicatos tendrán que ser los propietarios de los emplazamientos a huelga, de los contratos colectivos de trabajo, de las revisiones, y no las coaliciones.
En otros países como Uruguay, Argentina, Paraguay, plantean el reconocimiento de las coaliciones como un elemento muy importante.
En este sentido hay una serie de propuestas, por ejemplo el artículo 458 de la propuesta Encinas en donde da facultades al Centro de Conciliación de no dar trámite a un emplazamiento a huelga, me parece aberrante.
Un Centro de Conciliación no puede tener facultades contenciosas. Me da la impresión que este tipo de propuestas fueron hechas a la prisa, no fueron consultadas.
Me parece que todas las propuestas deben ser revisadas, analizadas para que no caigamos en un escenario delicado.
La propuesta de la UNT también plantea el tema de poder demandar la nulidad de un contrato colectivo de trabajo, dice que prescribe al año. Me parece que este tipo de cuestiones no deben ser prescriptibles, deben ser imprescriptibles.
Un contrato colectivo de trabajo que no reúna las características de protección a los trabajadores su nulidad debe ser siempre en todo tiempo, más cuando se trate de contratos de protección.
El artículo 529 dice “reportar al órgano de conciliación violaciones en materia de sindicación” Me parece que este tipo de propuestas son regresivas. Por qué se le van a dar facultades a un organismo del Ejecutivo para que pueda conocer violaciones en materia de sindicación cuando ha sido la autoridad, el gobierno, promotor de las violaciones a las libertades sindicales.
Me parece que debemos de estar en un paso en el que el tema laboral, el tema de los conflictos individuales llega a un escenario donde sea el Poder Judicial el que dirima los conflictos y nunca más el Ejecutivo Federal, nunca más los gobernadores de los estados.
¿Existe prórroga para entrar en vigencia de esta reforma laboral?
¿Que hacen para que la sociedad se entere de esta reforma?
¿La propuesta para Michoacán recupera el tripartismo, no es violatorio?
¿En la integración del Centro de Conciliación para Michoacán hay propuesta de género?
¿Cómo garantizar el derecho de huelga?
¿Cómo defender puede un sindicato el contrato colectivo cuando no se tiene la representatividad?
¿Existe la posibilidad de cancelar la reforma?
La iniciativa que conocemos como iniciativa Encinas, es un trabajo que venimos haciendo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, a iniciativa de nuestra presidenta Margarita Darlene Rojas Olvera que presentó una particularidad.
Eso que está en la iniciativa es un documento de trabajo de carácter inicial, efectivamente, elaborado fundamentalmente por propuestas de funcionarios de la Junta.
Sin embargo, el objetivo era abrir un debate, por alguna razón se le comentó a Alejandro Encinas, que pedíamos su opinión y de alguna manera el apoyo de sus asesores para revisar la técnica legislativa, sin embargo cual fue nuestra sorpresa que al revisar la gaceta parlamentaria del Senado nos la encontramos ya presentada.
Es un documento de trabajo, lo seguimos trabajando. Por su puesto que yo me hago cargo de las críticas de Manuel (Fuentes) que es una de las personas perfectamente legítimas para hacer observaciones.
Es un documento a discusión, es un documento de trabajo.
El tema de la vacatio legis, de hecho ya se amplió.
Se trata de discutir el tema, que se ciudadanice que los operadores jurídicos, los justiciables estemos atentos a que viene una reforma, ya está en la constitución.
Ya tenemos algunas resoluciones de amparo directo basados en la fracción XXII bis de la Constitución y no tenemos ley reglamentaria. Tendríamos que hacernos cargo de que no es que urja la reforma, es que a los operadores jurídicos nos está generando esta incertidumbre porque afecta en todo caso a los justiciables.
Los grandes ausentes de este proceso son los trabajadores.
Veo con tristeza que todos los candidatos lo que buscan denodadamente no es el apoyo de los trabajadores, y los vemos más cercanos a los representantes patronales metidos en el debate y no vemos a los representantes de los trabajadores que por otro lado pudieran tener la legitimación para opinar.
Imagínense a la CTM o a la CROC opinando cuando ellos firmaron la iniciativa.
Habría que diferencia entre la reforma constitucional y la reglamentaria. Sostenemos que la constitucional puede ser un paso para abrir una verdadera justicia laboral, para abrir, me parece incluso más importante abrir una verdadera negociación colectiva, porque una auténtica negociación colectiva, un auténtico diálogo social podría prever muchos conflictos, podría evitar a nivel de la fuente de trabajo que se llegue a los tribunales.
El tema del tripartismo, en mi opinión no viola la Constitución el hecho que los órganos sean tripartitos. Nuestro país es parte de la Organización Internacional del Trabajo y en ese sentido le obliga, entre otras cosas, a los programas de impulso al tripartismo que incluso hemos ratificado el Convenio 144 de la OIT que habla de la consulta a los sectores.
El problema no es de constitucionalidad es un problema de legitimidad. Cómo no vamos a cuestionar el tripartismo si tenemos mecanismos como éste que se plantea de la iniciativa del PRI.
Los organismos tripartitas que se han creado recientemente como el que regula el apoyo alimentario a los trabajadores da facultades al secretario para que decida quienes son los representantes de los sectores, ni siquiera plantea un criterio de representatividad como pudiera ser la membresía.
Lo mismo ocurre con los comités de productividad que se crean en el artículo 153 a partir de la reforma laboral de 2012, donde no hay criterios para la designación, todo va para la autoridad, al Poder Ejecutivo, ese es el problema con nuestro tripartismo, que es de papel, porque tenemos representaciones sindicales en realidad son de papel. La CROC y la CTM ya no son mayoría en cuanto a contratos colectivos de trabajo, por lo menos en la Ciudad de México, que es donde más contratos existen. Los de protección son la mayoría.
Lo malo no es el tripartismo, lo malo es nuestra falta de cultura democrática, lo malo es que el estado no prohíja la cultura democrática, no prohíja un procedimiento de tripartismo realmente democrático.
¿Por qué son necesarios incorporar estos elementos para legitimar la representatividad de los sindicatos para emplazar a huelga?
Desde la reforma procesal de 1980, al incorporarse el contenido actual del artículo 923, elimina la posibilidad de la coalición y por el contrario, se refuerza el monopolio que tienen los sindicatos sobre la contratación colectiva, que nos lleva a lo que vivimos actualmente, que los trabajadores no sean ni siquiera consultados, sino ignorados a la hora de la firma del contrato colectivo de trabajo.
La justificación, por ejemplo el último párrafo de la fracción XVIII de la reforma no estaba en la iniciativa, fue un logro de los patrones, de la negociación de los representantes patronales.
Porque dicen que no pueden permitir que se emplace libremente porque pueden ser extorsionados. A cambio se viola el derecho del trabajo a ejercer la negociación colectiva.
El riesgo con esa redacción y con la propuesta del PRI. Que el derecho a la negociación colectiva termine siendo del patrón y justificando en esa extorsión. Que también son llevadas por los mismos sindicatos que les venden la protección, y muchas veces articulados por los propios abogados patronales, que el negocio de la contratación de protección es un negocio de los sindicatos, pero los accionistas mayoritarios de ese negocio son los despachos patronales.
Vean ustedes las páginas web de algunos despachos patronales que entre otras cosas ofrecen la representación sindical y ofrecen lo que llaman eufemísticamente “mecanismos de inaplicación de los derechos colectivos de trabajo”.
Hay preguntas nodales que tienen que ver con esta apresurada reforma constitucional. He escuchado a abogados patronales, autoridades, trabajadores ¿Por qué separaron la conciliación de la parte contenciosa? ¿Por qué la conciliación está manejada por el Poder Ejecutivo Federal y estatal y por qué en el Poder Judicial? Cuando los conciliadores y mediadores son un tema fundamental.
¿Cómo se puede dar una mediación si el órgano de conciliación no tiene en sus manos el expediente, no tiene la controversia, no tiene lo que reclama la parte actora, lo que tiene la parte demandada, cuál es la Litis, cómo se va a mediar en el conflicto.
Esta reforma constitucional plantea una serie de deficiencias que nos ha traído un tema que ha generado afectaciones muy graves a los derechos de los trabajadores.
Está el tema de la huelga. Siempre nos hemos preguntado ¿la huelga a quién pertenece? A los líderes sindicales o a los trabajadores a las coaliciones de los trabajadores. En la ley laboral pertenece a los líderes sindicales y por eso se hizo esta reforma que para poder emplazar a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo tiene que haber una consulta a los trabajadores si están de acuerdo o no con el estallamiento de la huelga.
En el tema de la huelga necesariamente tiene que haber una consulta a los trabajadores antes de estallar la misma, porque en lo que se ha convertido, es que el modelo sindical que se tiene les da facultades absolutas a los líderes sindicales para emplazar y estallar la huelga. Lo que ha logrado es que la mayor parte de los estallamientos a huelga en el país no son promovidas por los trabajadores, ni por los dirigentes sindicales, sino por los patrones, porque los estallamientos de huelga suspenden los embargos de créditos del Seguro Social, de Hacienda y de otro tipo de deudores.
El problema más grave es que de cada diez huelgas que pudieran estallar en el país son promovidas por los empresarios. Es el mundo al revés, Los instrumentos de los trabajadores ahora son instrumentos de los patrones.
Me parece que el tema si los trabajadores pueden ser considerados como ciudadanos laborales. Es decir, los trabajadores deben ser consultados para la firma de un contrato colectivo de trabajo o no, si los trabajadores tienen una situación distinta y esto no es un tema solo de los líderes. La respuesta me parece que es obvia y uno de los temas fundamentales es que la reforma constitucional y la ley reglamentaria no están permitiendo estos escenarios.
El tema fundamentalmente es el de la democratización de las relaciones laborales, que los trabajadores puedan participar, que no se les tenga miedo. Los trabajadores requieren sus fuentes de trabajo, no se oponen.
El problema es que este modelo sindical ha representado bajo salarios. El modelo como está puesto es de simulación y lo que se pretende es ofrecer un modelo para que haya los más bajos salarios.
La única forma, la única entrada para lograr incrementos salariales o de prestaciones es a través de los sindicatos. Por qué es sólo a través de los sindicatos si los trabajadores pueden constituir una coalición, ante un notario público si se quiere, acreditando que son trabajadores y ellos mismos también puedan emplazar a huelga o representar sus intereses colectivos.
Otro tema importante, si ustedes revisaran, por ejemplo la ley que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del Seguro Social. En 1941 se presenta una iniciativa en el Congreso de la Unión con un estudio contable de lo que costaría el IMSS. Y las iniciativas que están planteando ni siquiera tienen una idea de lo que cuesta una reforma laboral, ni a nivel de los estados, ni a nivel federal.
He escuchado a ministros del Poder Judicial y dicen que en activo tienen unos 500 mil expedientes, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje maneja 450 mil expedientes. Esto quiere decir que el mundo del trabajo es casi el equivalente a un tanto por ciento igual a lo que estamos manejando en el Poder Judicial de la Federación.
Otra de las deficiencias en las propuestas es la perspectiva de género. No se ha vislumbrado qué pasa con las mujeres embarazadas. Hay mujeres embarazadas que son despedidas y solamente tienen un periodo de protección de 58 días de acuerdo a la ley del Seguro Social, y después pierden esa protección, por qué no hay medidas de prevención para que puedan seguir gozando de la seguridad social mientras se da la solución al conflicto.
Hay algunos casos que duran 3 a 5 años. Me a toca representar a mujeres que están embarazadas y cuando se resuelve el asunto el hijo ya viene caminando y esto no es posible que se dé una situación así.
El tema más importante es el de la consulta a los trabajadores. En la medida que podamos estar discutiendo de una manera abierta, con crítica, buscando una mejora pero buscando la participación de los trabajadores que todavía no se da.
Toda reforma tiene tintes políticos. En cuestiones de equidad de género no se tiene contemplado ningún lineamiento legal donde se señale, de manera obligatoria, la participación de mujeres dentro de las ternas para ocupar los puestos de los nuevos órganos que surgirán con motivo de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. En ninguna de las propuestas señaladas a nivel nacional se señala estos, es solamente la determinación del Ejecutivo en turno quien dependiendo de sus condiciones podrá manifestar la participación de una mujer dentro de las ternas.
El gobernador todavía no hace una propuesta de terna, toda vez que las iniciativas no están aprobadas y no se sabe cuándo se aprobarán.
Respecto de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Tenemos una falta de difusión, pocas veces se ha distribuido la información, solamente los grupos que estamos interesados tenemos conocimiento de los foros, cursos, pero la ciudadanía en general no lo conoce.
La experiencia de justicia laboral en Chile
La citada reforma inició en dos mil cuatro. Participaron procuradores, academia, litigantes, poder judicial y gobierno, quienes sesionaron durante dos años y elaboraron un proyecto que se llamó Bases para la Reforma; insumo principal que dio origen a la reforma laboral.
Su entrada fue gradual, inició en el dos mil seis en regiones pequeñas, una en el norte y otra en el sur y así sucesivamente y fue hasta dos mil diez que se implementó en Santiago.
Del sistema por expediente (autos) al sistema por audiencias; la demanda y la contestación se presentan por escrito.
Se basa en criterios de gestión y eficiencia, en la utilización de los recursos para aprovechar los espacios físicos y el personal; al juzgador se le libera de todas las tareas administrativas.
En la estructura actual del Juzgado Segundo de Trabajo se integra por diecisiete jueces, tiene un Comité de Jueces integrado por cinco de ellos, quienes eligen a un juez presidente que dura en el cargo dos años, y no se le reconoce un grado mayor, sólo tiene una función coordinadora con el jefe de la administración –ingeniero, profesional de la gestión que conoce los procesos industriales-, quien tiene a cargo toda la planta del personal – sesenta funcionarios-, hace la agenda de cada uno de los jueces y previos perfiles, junto con él se elige al personal calificado.
Se incrementó considerablemente el número de jueces en materia de trabajo –de 20 a 84- y en cobranza laboral y previsional. Primeramente se eligieron a los juzgadores con las reglas antiguas y luego se les capacitó en litigación oral y procesal, además de realizar cursos interinstitucionales -juntos abogados, academia y jueces, para llevar a cabo juicios simulados- y entender el sentido del proceso, la teoría del caso, etc. Se dejó al final un solo juzgador para que siga conociendo de las causas antiguas, existiendo fecha de término, la cual tuvo que prorrogarse.
Expediente digitalizado, prohíbe registro paralelo en papel; suscripción de documentos asignados soló a través de firma electrónica; exhortos vía electrónica e interconexión con instituciones. En cuanto a los documentos, para evitar acumulación se ordena su digitalización e incorporación al sistema informático de aquellos que se consideran necesarios. En los otros se debe garantizar su conservación y acceso, pero se determina un período de conservación que no puede ser superior a seis meses desde que la causa quedó ejecutoriada. La entrega de copias de los registros de audio – no hay video- es previa entrega de un soporte electrónico.
Todos los datos personales son públicos incluyendo los domicilios, salvo en caso que el juzgador decrete reservas por abuso o acoso sexual.
La reforma contempló tres procedimientos: monitorio, ordinario y de tutela laboral.
El procedimiento monitorio se basa en la racionalidad de las personas. Es un juicio de pequeñas causas de una cuantía igual o no superior a diez salarios mínimos mensuales, que equivalen aproximadamente a cuatro mil dólares; exigencia que no rige por fuero maternal. Previamente debe reclamarse ante la Inspección del Trabajo, si fracasa la conciliación, se tienen 60 días para demandar por escrito ante el juzgado a través del procedimiento monitorio, exhibiendo el acta de comparecencia y todas las pruebas ofrecidas en sede administrativa.
Si el juez la admite, con las pruebas aportadas puede dictar sentencia de plano, lo que ocurre aproximadamente en noventa y ocho por ciento de los casos; si no se reclama, queda ejecutoriada y pasa a ser título ejecutivo para su cumplimiento. En caso de reclamo, el empleador dispone de diez días, siguientes a que es notificado, lo cual se ejerce aproximadamente en la mitad de los casos, es a través de un escrito simple, sin extensos fundamentos.
Se cita para una audiencia única de conciliación, contestación y prueba, la que deberá celebrase dentro de los quince días siguientes, asistiendo las partes con todos los medios de prueba; es una audiencia expedita, las pruebas se reciben y evalúan el mismo día y se dicta el fallo inmediatamente.
En la audiencia a que da lugar el procedimiento monitorio se llega a conciliación en casi un ochenta por ciento de los casos, en los restantes se recibe la prueba y se dicta sentencia inmediata o dentro de los 3 días siguientes; contra ésta no procede el recurso de unificación.
El procedimiento ordinario se estructura con base en dos audiencias, preparatoria y de juicio. Admitida la demanda, se fija la audiencia preparatoria dentro de los 35 días siguientes; el demandado puede contestar hasta 5 días antes de la audiencia, si ninguna de las partes concurren, por una sola vez pueden solicitar diferimiento hasta el quinto día siguiente. En ella el juzgador debe hacer pronunciamiento en relación a las excepciones de incompetencia, caducidad, prescripción, falta de capacidad, personería del demandante, ineptitud del libelo, o aquella en que se reclame del procedimiento -puede suspenderse la audiencia cuando sea necesario por un plazo breve y el demandante tiene cinco días para corregir-. Aproximadamente el cuarenta por ciento se arregla en la audiencia preparatoria.
Procede el recurso de reposición en caso de desechamiento de pruebas, el cual debe fallarse de inmediato por el juzgador.
En caso de despido, corresponde al demandado en primer lugar la rendición de la prueba.
El papel del juez es preponderante en la dirección del proceso, llama a conciliar y propone bases de acuerdo; puede allegarse de pruebas, preguntar a los testigos. El sistema de valoración es a través de la sana crítica, siempre y cuando se argumente en la sentencia.
La audiencia de juicio debe llevarse en un plazo no superior a los 30 días.
En cuanto al ofrecimiento de pruebas, siendo pertinente y lícita, cualquier elemento de convicción procede. La prueba testimonial- -4 testigos máximo-, las preguntas deben ser pertinentes e inteligibles. No hay tachas de testigos.
Los peritos se solicitan y se nombran en la misma audiencia preparatoria –se trata de evitar acudir a ellos en razón del alto costo-. Debate sobre el contenido o materia del peritaje; el informe debe estar listo tres días antes del juicio oral, y el perito debe comparecer. El juez puede eximir al perito de comparecer, previo acuerdo de las partes; incorporación de otros medios probatorios por el juez; debate sobre medidas cautelares; se levanta acta de lo obrado en la audiencia.
Se dicta sentencia dentro de los 15 días siguientes; procede la condena al pago de costas.
El procedimiento de tutela de derechos fundamentales sigue los trámites del juicio ordinario, pero en 10 días máximo se dicta la sentencia.
Los derechos protegidos son vida, integridad física y psíquica siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral; vida privada y honra; en lo relativo a inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias; derecho a emitir opinión; libertad de trabajo, derecho a la libre elección; libertad sindical; prácticas antisindicales; contra trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.
El juez tiene amplias facultades para dictar medidas cautelares. Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral y una de ellas fuese la de tutela, deben ser ejercidas conjuntamente, salvo la de despido injustificado, que deberá interponerse subsidiariamente. El no ejercicio importará su renuncia.
Exige la rebaja del estándar probatorio; la víctima supone indefensión. Lo anterior en razón de que en el ámbito laboral existe una triple situación de inferioridad: a) económica, porque el trabajador solo tiene su fuerza y el empleador el capital; b) probatoria, en tanto casi todas las pruebas las tiene el empleador, se tienen que establecer mecanismos para la exhibición de las mismas; y c) subjetiva, pues el trabajador no es libre de dejar su empleo a pesar de que no le pague a tiempo, incluso tampoco es libre de llegar a acuerdos con su empleador; es decir existe una limitante en su voluntad.
El trabajador sólo está obligado a probar indicios, mientras que el empleador está obligado a dar una justificación cumplida de la medida; razonable, proporcional, independiente del móvil lesivo o discriminatorio.
El daño moral se reclama en la demanda laboral y se traduce en condena pública en el Diario Oficial, o en indemnización adicional de 3 hasta 6 meses más.
La duración de los juicios se redujo y actualmente se está ahogando al sistema. El procedimiento ordinario tarda ochenta días promedio, el monitorio sin audiencia veintisiete días y el monitorio con reclamo cincuenta días.
El ingreso es mayormente ordinario, sin embargo, el procedimiento monitorio ha tenido bastante incidencia, cerca de un treinta y ocho por ciento del total de lo instaurado. La tutela no ha tenido ese impacto, 6% no es mucho.
Los juzgados de Cobranza Laboral y Previsional sólo existen en las ciudades más grandes; en las demás el juez que dicta la sentencia también ejecuta. Es el cuarto oscuro de la reforma, no es totalmente gratuita.
El término de ejecución es dentro de los 5 días siguientes al fallo. Conocen de todas las sentencias y todos los títulos ejecutivos y de carácter previsional (acuerdo de terminación del vínculo ante notario público, conciliación); tienen un 25% de cumplimiento; y es preponderantemente escrito.
Una herramienta para lograr la ejecución es el apremio personal del deudor que es el arresto, opera a petición de parte y sólo procede en las cuestiones previsionales; se puede otorgar cada vez que se solicite y es la última opción para ejecutar.
Se encuentran obligados a emitir una cierta cantidad de resoluciones al día, hay una autocapacitación del personal.
Existen incentivos, una bonificación que reciben 4 veces al año, por cumplir cuando menos el noventa y tres por ciento de las metas de gestión.
En cuanto a los recursos, no procede la apelación respecto de la sentencia definitiva, sí en cuanto a algunas interlocutorias que ponen fin al juicio, sin embargo, no hay doble instancia.
En la Corte de Apelaciones procede el recurso de nulidad, es una especie de casación y amparo, se tiene que preparar.
Formalmente no se ocupa de los hechos -aunque los ministros discrecionalmente deciden cuándo hacerlo-, lo cual tiene que ver con el principio de inmediatez que tiene el juez del juicio, por lo que deben hacerse planteamientos de violación de derechos.
Las apelaciones se resuelven en un tiempo aproximado de cuatro o cinco meses.
Sólo existe la Sala Décima de Apelaciones -integrada por 3 Ministros, un relator con ministerio de fe, que hace una relación de los hechos, y un técnico que realiza todo el trámite digitalizado-, que es la única especializada en materia laboral no así sus Ministros; quienes sólo la integran por dos años, y posteriormente se rolan a otras materias.
El recurso se estima fundado aproximadamente en nueve por ciento de los interpuestos, pues la mayoría se rechazan por defectos formales al no señalarse qué es lo ilegal del fallo.
Resuelven sólo con lo que escuchan de las partes -máximo 30 minutos- y la síntesis que hace el relator; redactando la decisión física y materialmente cada uno de los ministros, conforme el turno; la firma es electrónica.
La inasistencia al día de alegatos -de cualquier asunto que se encuentra en vistales hace perder el derecho al recurso, el cual se declara abandonado y no existe pronunciamiento de fondo.
Por única vez puede ser suspendida la vista para la audiencia de alegatos, siempre a petición de parte.
Informados los recurrentes de los asuntos de los cuales se recibieran los alegatos, se llaman conforme al orden del día que aparece publicado en los estrados.
En la Corte Suprema procede el recurso de unificación de jurisprudencia creado en dos mil ocho; no son especializadas las Salas. Únicamente se encuentra regulado por cuatro artículos y por ello se ha ido creando a través de los criterios jurisprudenciales, la cual no es vinculante y solamente incide en la causa que dio origen.
Es de estricto derecho; se hace una relación previa, se escuchan alegatos de las partes que tienen máximo treinta minutos cada uno. La mayoría de los casos, son desechados porque no cumplen los requisitos de admisibilidad.
La reforma laboral legal está apuntalada de una manera muy importante por otras instituciones como la defensoría gratuita -Corporación de Asistencia Judicial, Ministerio de Justicia-. Es parte del éxito de la reforma laboral, cuenta incluso son asesoría telefónica. La asesoría incluye a todos aquellos trabajadores que perciban un salario aproximado de hasta $1,000 dólares –el 70% de los trabajadores ganan 400 dólares-. Tratándose de fuero maternal no importa el salario, tiene obligación de defender.
Los abogados están altamente calificados, por la selección estricta con base en un perfil, capacitación en litigación oral, estudios adicionales a la licenciatura y conciencia social. Tienen salarios de aproximadamente $3, 400 dólares más un bono trimestral de medio salario. En caso de reclamo a través del procedimiento de tutela laboral son muy estrictos para llevar la demanda, pero si la presentan casi es garantía de que la van a ganar.
Otra institución muy importante es la Dirección del Trabajo. Es un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo, y tiene las funciones de fiscalización, conciliación, mediación e interpretación normativa.
La conciliación se da cuando termina la relación laboral y la mediación cuando está vigente; los conciliadores no necesariamente son abogados. Sus determinaciones tienen la calidad de título ejecutivo, además de tener la facultad de imponer multas, porque su personal son ministros de fe.
En la conciliación, la cual por disposición interna es de 1 hora, hay dos vías de notificación, la general que es vía correo oficial -correo certificado, cuya empresa es privada- y a través del personal de la misma dirección que notifica personalmente, pero en los domicilios que no corresponden a la zona metropolitana.
La inasistencia de la parte a la que se le hace el reclamo únicamente podrá ser sancionada cuando es notificado personalmente.
Existe convenio entre la Dirección del Trabajo y el Poder Judicial para que desde que se recibe la demanda y advierta que señalan varios empleadores demandados, el juzgador de oficio solicita informe para determinar si existe el Empleador Único, aunque existan varias razones sociales.
La inspección del trabajo, sin ser obligatoria es una instancia antes del juicio; resuelve el 80% de los conflictos laborales; están por implementar un nuevo sistema de fiscalización simplificado.
La simple denuncia de un trabajador o sindicato los obliga a ir a inspeccionar o a conciliar; en caso de que el empleador esté citado y no acuda, se le impone una multa muy alta, que se cobra a través de la Tesorería; es notificado a través de correo certificado o notificador personal.
Con la denuncia se genera una investigación cuyo inspector debe de agotarla en 30 días aproximadamente; dentro de sus facultades se encuentra la de revisar los incumplimientos del contrato colectivo de trabajo, análisis de accidentes de trabajo, incumplimiento de pago de salario; la fiscalización se realiza en forma preventiva. Se atienden alrededor de 600 personas por día, de las cuales el 70% está despedida.
En la actualidad hay dos mil quinientos inspectores en todo Chile, y en Santiago doscientos, quien acude a la fuente de trabajo y puede tomar testimonios sobre los hechos denunciados, los cuales integra al informe que debe rendir.
La renuncia de trabajo debe ser ratificada ante el ministro de fe: inspector el trabajo, notario púbico o cualquier oficial del registro civil.
Por otra parte, los empleadores respetan la ley, pues la mayoría firma contratos de trabajo y envía los avisos de despido en aproximadamente ochenta por ciento de los casos dentro de los 3 días siguientes a aquél. Las multas son muy altas en caso de incumplimiento.
Pueden acudir ante notario para dar por terminado el vínculo laboral cuyo acuerdo tiene la calidad de título ejecutivo y, por tanto, se pueden reclamar directamente ante los Juzgados de Cobranza.
El desempleo informal es alrededor del 10%, el problema está en los trabajadores independientes, ahí está el nudo.
Las partes tienen que digitalizar las pruebas aportadas dentro de los 3 días siguientes a su ofrecimiento y subirlas al sistema; en caso de no hacerlo se tienen por no ofrecidas.
Desde que se recibe la demanda, de oficio el juzgador solicita informe a la Dirección del Trabajo a fin de que informe si existe aviso de despido y sobre el pago de las cotizaciones por parte del empleador. Y en caso de que no hubiere cumplido con dicho pago, el despido se considera injustificado y se pagan salarios caídos hasta su cumplimiento.
Por regla general, los trabajadores privados no tienen derecho a la reinstalación, sólo a la indemnización, salvo por fuero maternal, sindical o tutela por discriminación grave.
La indemnización por despido injustificado es de 1 mes de salario por año de servicio, hasta llegar a 11 años.
Destaca la proactividad de las y los juzgadores (80% mujeres); imponen multas muy fuertes a los empleadores cuando no cumplen con la normativa laboral.
En los mismos juicios se puede reclamar el daño moral tratándose de accidentes de trabajo y pueden reclamarlo también los beneficiarios.
Se considera despido injustificado si el empleador no paga las cotizaciones provisionales, y paga salarios caídos hasta que dé cumplimiento.
Existe la nulidad del despido, pero procede en muy pocos casos.
Los estándares internacionales. Una base imprescindible
Recuento de lo que sucede en el ámbito internacional, sobre todo en los estándares que se pudieran estar implementando empresas multinacionales.
Habrá que llamar la atención que en Francia se empezó a aplicar una reforma laboral en donde la esencia de la misma es priorizar los acuerdos individuales sobre los acuerdos colectivos, priorizar los acuerdos del centro de trabajo por las negociaciones por rama industrial.
En Francia es donde los acuerdos por rama industrial han sido los más avanzados, sin embargo esta reforma ha dado marcha atrás a los derechos colectivos de los trabajadores. En los meses de marzo y abril se han dado importantes manifestaciones.
En Brasil el gobierno está planteando una llamada modernización de las reformas laborales. Entre otras modificación está la de permitir terciar todas las actividades incluyendo las especiales, lo que quiere decir outsourcing libre. Se aumenta de 90 a 180 días los periodos de prueba, favorecen la negociación individual sobre la colectiva.
Este es el tema que en el ámbito internacional se está priorizando para desaparecer el tema de la negociación colectiva y en esencia está afectado los derechos de los trabajadores.
Se crean condiciones de representantes no sindicalizadas para negociar condiciones laborales. Obviamente un tema a modo Una flexibilización laboral que plantea el incremento a la jornada diaria de 8 a 12 horas de trabajo con 36 horas de descanso; la creación de un banco de horas como el que se plantea en Italia y España, donde algunas personas pueden laboral 12 o más horas sin el pago de tiempo extraordinario y otro día laborar 5, 6 horas.
En Brasil hay un límite al acceso a la justicia laboral, quienes ganan más de 2,200 reales, aproximadamente 12,058 pesos, no tienen acceso a la justicia gratuita, deberán de pagarla.
En Inglaterra se plantea que para tener acceso a la justicia se debe de pagar, dados los altos costos que significa la problemática de la justicia laboral
Se plantea también contratas sin duración mínima, sin indemnización.
Se habla de una nueva figura de Trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar sus servicios a un único empleador, sin vínculo laboral permanente, es decir, una especie de esclavo sin derechos laborales y sin la posibilidad de tenerlos. Habla también de la reducción de los costos de indemnización, entre otros.
Quita el requisito de homologación sindical en el caso de despidos colectivos; elimina la contribución sindical obligatoria, cuotas sindicales.
Esta reforma ha tenido implicaciones en Argentina, donde se plantea por parte de empleadores y funcionarios de gobierno, declarar que sería perjudicial para la competitividad argentina una brecha tan importante entre lo que está ocurriendo en Brasil y no se lleve a cabo en Argentina.
En Argentina se establece que el trabajador si puede renunciar a las condiciones que acordó cuando fue contratado. Desaparece todo escenario de derechos adquiridos, excluye a los trabajadores independientes y a los trabajadores autónomos, económicamente dependientes llamados usualmente asalariados encubiertos, se excluyen del contrato de trabajo si la dependencia económica de la empresa es menor a 80 por ciento, es decir, puede haber un escenario de trabajadores informales dentro de la propia empresa sin que haya reconocimiento a su relación laboral.
Debemos también atender cómo se ve el derecho laboral en la era Trump. En este sentido señalaré algunos aspectos.
Se ha referido al embarazo de las trabajadoras como un inconveniencia para el empleador y las empresas;
Habla de tener cuidado respecto de las licencias de paternidad, pues pudieran afectar la competitividad del país;
Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres señala que las mujeres ganarían lo mismo si hacen igual de buen trabajo que un hombre;
Buscaría facilitar el despido de servidores públicos.
Los verdaderos legisladores, los verdaderos congresos donde se legisla, no están en las cámaras de diputados o de senadores, sino en las grandes multinacionales. Hay un escenario de estandarización donde el objetivo es estar priorizando la libertad individual. Hablan de la libertad sindical para formar los sindicatos que ellos prefieran y que sea un tema que priorice la libertad sindical colectiva.
Este es un escenario donde los grandes cambios de la legislación laboral se dan en un escenario de gobierno en los cuales hay una posición francamente de derecha y aprovechan los congresos para llevar a cabo leyes más regresivas en perjuicio de los trabajadores y se establezca una brecha cada vez mayor.
Hay una serie de Convenios en la Organización Internacional del Trabajo, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos por cuanto a temas de derechos humanos, pero que sin embargo éstos no tienen una aplicación efectiva en virtud de que los mecanismos están horadando los derechos colectivos.
En Chile el Presidente Piñera tiene también una propuesta en la que también están planteando la afectación de derechos colectivos.
Me parece que hay que estar en alerta y señalando esto.
El tema laboral no es un tema que tenga alcances gremiales, en la esencia, en la razón de ésta hay una motivación económica de las grandes multinacionales, y los dirigentes políticos solamente son títeres para estar uniformando criterios laborales para establecer una brecha mayor entre ricos y pobres.
Usar la legislación laboral para empobrecer más las naciones dependientes como es el caso de nuestro país. Habrá que ver que esta reforma que se pretende llevar a cabo se tenga en cuenta el escenario internacional, lo que está ocurriendo en el ámbito colectivo, e individual y de estabilidad en el empleo.
Poder detener una contrarreforma laboral tiene que ver con la organización amplia de la sociedad en su conjunto.
Una justicia laboral real para México
Lo que necesitamos a nivel estratégico, lo que necesitamos en éste país hace muchos años es una reforma laboral integral que modernice las relaciones de trabajo, que nos ponga al día con el mercado internacional ya que estamos insertos en la globalización y con base en esa globalización garantice los derechos de los patrones y los derechos de los trabajadores.
Nos hemos encontrado con que en este país se ha entendido como reforma laboral, lo que llaman dar seguridad jurídica a las inversiones para crear trabajo y que termina siendo trabajo precario.
Nos han querido vender como reforma laboral únicamente la reforma de la Ley Federal del Trabajo, cuando lo que necesitamos es cirugía mayor a todo el mundo del trabajo.
No podemos hablar de reforma laboral sino tenemos una reforma integral del mundo del trabajo. Si no tenemos primero una reforma que de fin a la discriminación que resulta dos apartados en nuestro artículo 123.
No podemos hablar de una reforma laboral, sino garantizamos, por ejemplo, los derechos de los trabajadores por cuenta propia. En cualquier parte del mundo un profesionista libre es un trabajador que tiene derechos incluido el de la seguridad social.
No podemos hablar de reforma laboral sino revisamos todo el trabajo. El trabajo informal, el trabajo que ha surgido de la exclusión de la gente del mercado formal de trabajo, generado una afectación a la economía, a la recaudación fiscal, pero que ha ayudado a despresurizar la relación entre los sectores productivos y la economía en general.
Esa es la que necesitamos. Es muy difícil que la veamos en un modelo de capitalismo salvaje, en un entorno internacional como lo menciona Manuel Fuentes, sin embargo sí tenemos que aspirar a ello.
Cómo se podría lograr. Armonizando los Convenios internacionales que supuestamente son de aplicación obligatoria en nuestro país que los trata de eludir en todo momento su cumplimiento, Los que han gobernado e incluso los que aspiran a gobernar en los próximos seis años.
Necesitaríamos una reforma laboral que garantice la estabilidad en el empleo, por ejemplo haciendo nuestros los derechos que otorga el Convenio 187 de la OIT; necesitamos hacer efectiva la libertad sindical entendida no solo como derecho a tener sindicato y un contrato colectivo de trabajo o a tener derecho a la huelga como instrumento de lucha para mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos que entenderlo de manera integral.
Esto el derecho internacional nos da la fórmula por medio del Convenio 87 y del Convenio 98 de la OIT, que garantiza la negociación colectiva para todos los trabajadores, no nada más para los trabajadores del apartado A. Por eso no se ha ratificado ese convenio.
Nos hemos dado un falso debate sobre si es necesario o no ratificarlo puesto que desde el año de 1998 la Conferencia Internacional del Trabajo emitió una declaración sobre los derechos fundamentales en el trabajo; y manifiesta la obligatoriedad de ese convenio en especial, por el simple hecho de pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo.
Necesitamos un programa de trabajo decente a nivel nacional. Trabajo decente aunque nuestra Ley Federal del Trabajo lo mencione, necesitamos que se convierta en una cultura. Es decir, tener un trabajo con derechos y prestaciones y los derechos tutelados por el estado, porque esa es su obligación constitucional.
Tenemos una reforma de los derechos humanos del artículo 1º constitucional y no se puede hablar de esa reforma sin hablar de los derechos humanos laborales.
Tenemos en nuestro texto constitucional de tener una reforma o sentar las bases de una reforma de ese tipo, qué tendríamos que hacer?
Interpretar el texto constitucional actual con base en los principios y derechos que garantizan esos convenios internacionales y que muchos de los cuales han estado en nuestras leyes. En nuestra Ley Federal del Trabajo se garantiza el derecho a la sindicación, a la contratación colectiva. El problema es que la contratación colectiva legalmente está monopolizada por los sindicatos y ha terminado por llevarla, en lugar de a los trabajadores por permitir que el ejercicio lo decidan los patrones, convirtiendo el Contrato Colectivo de Trabajo , en un modelo de negocio más para los abogados patronales, que se está revirtiendo, incluso, en contra de los patrones.
Necesitamos una reforma que sea armónica en todo el país, no podemos tener, por ejemplo, 32 leyes de Centro de Conciliación. Podríamos tenerla en la Ley Federal del Trabajo;
Tendríamos que tener un procedimiento totalmente regulado en la Ley Federal del Trabajo y que los poderes judiciales únicamente se encarguen de la infraestructura de tener los juzgados que correspondan, sin tener que estar discutiendo cuestiones de procedimiento porque eso nos lleva, por ejemplo en la iniciativa de Michoacán, de que haya dos instancias en materia laboral, cuando el procedimiento laboral ha sido uniinstancial, pero además, por ejemplo, la iniciativa del PRI, que propone la regulación del procedimiento nos habla también del procedimiento uniinstancial.
Qué pasará si se aprueba esa iniciativa del PRI y en Michoacán tenemos procedimiento biinstancial, cuando el procedimiento legal aplicable no contempla la apelación.
Habría que reforma esa ley? No necesariamente, porque tendríamos esa ley federal que por supuesto es de observancia general.
Deberíamos tener una actitud proactiva del gobierno federal, señalando, negociando, comentando, socializando el tema no sólo con los académicos, los líderes sindicales, sino con los mismos trabajadores haciéndoles conocer los derechos que se tienen. No es gratuito en todos lados donde vamos la gente conozca poco de estas reformas. Se convierte en un tema tabú, cuando por ejemplo cuando se hizo la reforma penal, se realizó una campaña publicitaria grande. Y en el caso de ésta reforma no sólo no se llevó a cabo una campaña publicitaria, sino que la campaña publicitaria es engañosa, donde la Secretaría del Trabajo decía que como ya se había aprobado la reforma laboral ya los juicios duraban tres meses y que ya no existían las juntas de conciliación y arbitraje.
Hay un tratamiento del tema donde no se le da la importancia que tiene porque al imponerse el modelo económico neoliberal el, trabajo se precariza en todos los niveles, se precariza en la justicia, se precariza en el ejercicio cotidiano de los derechos constitucionales de los cuales forman parte los derechos internacionales del trabajo.
Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo empezar? ¿Cómo actuar? Sabemos que resulta muy complicado.
Yo sostengo que la lucha de clases sigue existiendo contrario a lo que muchos dice, sigue existiendo y la van ganado los patrones.
Necesitamos que los trabajadores se incorporen a la lucha de clases recuperando sus derechos, construyendo sus propias organizaciones clasistas, asumiendo que por ejemplo el derecho de sindicación es un derecho de los trabajadores y hoy en día en la cultura de los trabajadores se piensa en el sindicato como algo ajeno, no se asume como un derecho.
Requerimos que la existencia de la organización se asuma como un derecho. Necesitamos que los trabajadores entiendan que tienen que ser ciudadanos de tiempo completo y eso incluye el centro de trabajo; y necesitamos que lo exijan para que los patrones lo reconozcan, el gobierno lo tutele y lo haga valer.
Es decir, recuperar derechos. Para formar un partido político se necesitan una cuantas firmar y para aspirar a mi contrato colectivo de trabajo me proponen que sean todos los trabajadores de la fuente de trabajo. Ahí estamos perdiendo derechos ciudadanos.
Un derecho ciudadano básico es elegir a los representantes. Pero en éste país, la practica ha permitido que el patrón elija al representante sindical. Y de aprobarse la iniciativa del PRI corremos el riesgo que eso quede establecido en la ley, por supuesto que habrá que impugnarlo y hacer valer la insconstitucionalidad la inconvencionalidad de una redacción de esa naturaleza.
Pero si hubiera una fuerza organizada de los trabajadores en términos clasistas seguramente que el debate podría llevarse a otro lado.
El tema laboral es u tema que importa poco en este país, importa poco porque así conviene a los dueños del dinero y a los dueños de las fuentes de trabajo. Pareciera que también conviene así a los gobiernos; pero no conviene así a los trabajadores.
Y pareciera que también conviene a sí a los sindicatos, porque esta reforma podría terminar brindando a los sindicatos que existen pero imposibilitando que vayan sindicatos nuevos.
Viendo el sindicato como modelo de negocios a lo mejor a todos los sindicatos les conviene,. Necesitamos recuperar entonces el sindicalismo de clase.
Necesitamos asumir la libertad sindical como un derecho integral. De nada sirve tener sindicato sin derecho a la huelga; de nada sirve el derecho a la huelga sin derecho a participar en la elaboración del contrato colectivo de trabajo.
Yo sostengo que el derecho al contrato colectivo de trabajo debe ir más allá de la consulta. Tendríamos que incorporar normas que obliguen a que el contrato colectivo de trabajo se elabore con la participación de los trabajadores desde la fuente de trabajo. No es un invento, no es nada del otro mundo, está en la Ley Federal del Trabajo actualmente para la elaboración del reglamento interior de trabajo, un mecanismo donde los trabajadores participan en la elaboración de ese reglamento.
Sin innovar grandes cosas podremos crear elementos para reconstruir esa ciudadanía laboral. Recuperar a los trabajadores sus derechos ciudadanos plenos y eso nos podrá permitir también, construir un mercado de trabajo realmente moderno donde podamos empujar productividad, capacitación y una serie de medidas que beneficien a todos los participantes en los procesos productivos de trajo y sería un mecanismo verdadero de distribución de la riqueza, no necesitaríamos becas de subsistencia y creamos un mercado de trabajo decente.
Hablar de la reforma laboral significa no solamente hablar de la parte adjetiva sino de la sustantiva, hablar de salario y de otras cuestiones que trascienden a la justicia laboral de la cual coincido que es una discusión pendiente y permanente en nuestro país.
La propuesta que han presentado los Senadores del PRI contiene retrocesos que hay que revisar.
En Enero de 2018, bajo un acuerdo del grupo parlamentario, desde el punto de vista político y legislativo no es una propuesta en la que vayan todos. Se puede coincidir con algunos planteamientos, pero está fuera de tiempo.
Identificó dos argumentos políticos que siguen vigentes que permitieron presentar un cuerdo por unanimidad en la Cámara de Diputados, uno de estos es la discusión de la parte comercial del TLCAN, que si bien es cierto que tiene su capítulo laboral, cualquier señal que mandara alguna de las partes negociadores en materia laboral podría ser entendida como temas a negociar y a México no le conviene.
Ante las voces que señalan que la votación se va a fin de año el gobierno federal ha sido cuidadoso en no manejar eso.
El otro argumento es que la iniciativa del PRI contiene elementos lesivos para los derechos de los trabajadores y discutirlo en medio del proceso electoral pudiera tener alguna reacción de la clase trabajadora.
Para Michoacán se tiene que recuperar, como en todos los estados, el papel de la sociedad civil, de especialistas, funcionarios del gobierno y del Supremo Tribunal y delos tribunales. Hace falta un plan estratégico con una realidad local.
Se debe contemplar un presupuesto que permita el cambio.
La reforma en materia de justicia laboral no debiera quedar solo en una modificación a la ley, sino que signifique un cambio de percepción y mentalidad respecto de las relaciones laborales concebidas desde la sociedad.
¿Cuál sería el modelo de justicia laboral ideal?
¿El cambio de juntas de conciliación a tribunales laborales es avance o retroceso?
¿Trabajadores del apartado A y B?
¿Cuánto dura un juicio laboral en Chile?
Puede haber un juicio laboral ideal pero con presupuesto. Se puede pensar en juicios laborales a distancia, que reduzca los tiempos.
He realizado un estudio del procedimiento mercantil y el procedimiento civil y los que hicieron la propuesta resulta ser una calca del procedimiento mercantil. No se trata igual al patrón y al trabajador.
Al pasar al poder judicial plantea una situación de desequilibrio para el trabajador.
En los últimos 30 años de las jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito, de cada diez, nueve son en contra del trabajador.
No me parece que la Suprema Corte de Justicia juegue un papel favorable al trabajador, por el contrario, se ha reformado la ley laboral, por llamarle de alguna manera, a través de las jurisprudencias y ha hecho nugatoria la legislación civil.
Por eso es importante que no desaparezca la función social de los tribunales laborales. El tema es muy importante y aunque haya transcurrido más de un año, la propuesta es que desde el Congreso de la Unión se impulsen foros de análisis, de discusión donde participen todos los actores, sindicatos, empresarios, autoridades, magistrados, jueces, con el fin de ir revisando cómo puede ser una justicia laboral, una justicia que pueda ser pronta, expedita, completa e imparcial, que sea posible y sin perder el sentido social, y para ello debe haber una posibilidad para que todos los actores participen de una manera profesional y lograr una reforma laboral por consenso.
El Congreso está en falta. El Poder Judicial puede obligar al Congreso a que atienda la omisión legislativa, como pasó con la ley reglamentaria del artículo 134, la ley de comunicación gubernamental, que se tuvo que aprobar cuando una asociación civil recurrió al Poder Judicial para que le obligara a hacerlo.
Aprovechemos el tiempo para que se discuta ampliamente.
Las relaciones laborales han cambiado. Tenemos que pensar cuáles son las relaciones laborales que están ganando en el mundo. Pensemos en las próximas generaciones, en los jóvenes en un cambio de mentalidad.
Pensar en cuál sería el modelo ideal, creo que es el que evita que haya justiciables. Si tuviéramos una auténtica negociación colectiva estoy convencido que no tuviéramos tantos juicios.
Estoy convencido que si hubiera realmente un sindicato que defienda y exija los derechos de los trabajadores el nivel de conflictividad se reduciría. En ese sentido tendría que ser un objetivo, porque con los modelos que hemos venido aplicando cada vez hay más juicios.
La reforma laboral de 2012 dijo que se reducirían la cantidad de juicios, eso no ha ocurrido y el hecho de que dure un año el pago de los salarios vencidos, la reforma al artículo 48, lo que ha hecho es revertirse en contra de los trabajadores.
Es una precarización del trabajo, porque entendíamos los salarios vencidos como parte del derecho a la estabilidad en el empleo.
Qué es lo que necesitamos. La previsión. Estamos en una situación difícil, puede ser inaplicable de momento.
En la coyuntura a qué tendríamos que aspirar? A un procedimiento ágil, breve; incluso buscar que asuntos de menor cuantía no tengan que llegar al juicio como se planteas ahora, sino que en la audiencia preliminar resolverse.
Tenemos muchos asuntos, por ejemplo, para designación de beneficiarios. Tenemos muchos asuntos en organismos descentralizados por pago de una prestación, y eso genera una carga de trabajo enorme. Debiéramos buscar un procedimiento así.
En la iniciativa del PRI se plantea un procedimiento mixto donde se inicia con la presentación, demanda, contestación de demanda, reconversión, si hay reconversión contestación a la reconversión por escrito, para efecto de dar paso después a un procedimiento oral, presencial por el juez, parecido a lo que ocurre en Chile.
Pudiera eso ayudar? Tal vez. Pero creo yo que tendríamos que estarle apostando a esos mecanismos de agilizar las pruebas. Por ejemplo entrar a un procedimiento probatorio más ágil, por ejemplo el tema de las cargas probatorias como está actualmente pudiera ser efectivo si obligáramos a que realmente los documentos que establece la ley, con los que debe contar el patrón fueran obligatoriamente aportados en el juicio, lo que en otros países se llaman las pruebas dinámicas; de tal manera que la fatiga probatoria se reduzca.
Sin embargo, de qué me sirve que la ley obligue al patrón a conservar los documentos que acrediten las condiciones de trabajo, si no hay en la ley un mecanismo que obligue a aportarlos en el juicio en su etapa probatoria. No está en ninguna de las iniciativas hasta ahora y eso es lo que requeriríamos.
Por otro lado, si servirá de mucho o poco la desaparición de las juntas, en este momento es un debate desfasado porque en nuestra norma constitucional ya no van a existir. Lo que tendríamos que ver es que en la etapa transitoria es cuál funciona mejor, sin embargo si dejamos los dos modelos subsistir, que parece que es la tendencia generalizada, por lo menos en las propuestas que se tienen.
Si subsiste el castigo presupuestal a las juntas y si se va a ver reflejado en el nuevo modelo de justicia laboral, vamos a estar en lo mismo. El problema no es cuál modelo es mejor, sino cómo nuestro modelo futuro nos ayuda a no tener tantos juicios y que los que se tengan se resuelvan de manera ágil.
Las sanciones para servidores públicos en Chile. Desvinculación del cargo, enviarlos a sumarios administrativos, sin perjuicio de poder ejercer acciones penales o civiles.
El recurso de queja. Los abogados pueden interponer un recurso en contra del juez cuando no está fallando conforme a derecho.
Dentro del Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema pueden ejercer medidas disciplinarias en contra de los jueces lo que les impedirá postularse a otros cargos dentro del Poder Judicial como ascender a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema.
La mayoría de los procedimientos se terminan en la primera instancia lo cual lleva a que éstos duren en promedio tres meses.
Los casos que pasan a la segunda instancia y llegan a la Corte Suprema duran alrededor de 18 meses.
Cuando se falla en primera instancia la mayoría de los empleadores cumplen con la sentencia. Para el caso que no se cumpla existen los juzgados de cobranza laboral y previsional que tienen facultades para embargar los bienes del empleador, no sólo los bienes de la empresa. Y otras medidas que permiten un cumplimiento efectivo de la sentencia, por lo que es reducido el número de casos donde se debe obligar a su cumplimiento.
El mejor modelo de relaciones laborales es el que se centra en la perspectiva de trabajo. Mientras haya una efectiva negociación colectiva, efectiva libertad sindical, efectivo derecho de huelga, las condiciones de los trabajadores mejoran sustancialmente.
Chile y México no garantizan el derecho de negociar colectivamente y tampoco ejercer el derecho de huelga como lo establecen los estándares internacionales de la OIT, lo que ha provocado que México y Chile sean de los países con mayores niveles de desigualdad.
Los países con menores niveles de desigualdad tienen negociaciones colectivas por sector económico, negociación colectiva por rama. Y esta es la mejor forma de disminuir la desigualdad.
En la práctica el modelo chileno de justicia laboral ha dado buenos resultados, lo que no ha hecho el derecho sustantivo del trabajo.
Este foro aporta mayor información sobre la propuesta que se pretende discutir y aprobar en el estado de Michoacán, es una propuesta que puede mejorarse, pero lo importante es que ya existe una iniciativa.
Los participantes tienen la responsabilidad de conocer mejor esa propuesta y mejorarla.
Deseamos que todos los congresos locales esperan a que se apruebe la reforma federal para dar paso a las reforma en cada estado.
La segunda mesa nos dejó muchas reflexiones. La experiencia de Chile en la materia.
Nosotros en México no tenemos porque correr y hacer las cosas mal, si queremos una justicia verdadera debiéramos pensar en la experiencia de Chile.
Para hacer una reforma nacional hay que mirar el entorno nacional.
Debemos tener una reforma laboral que cumpla con la reforma constitucional de febrero de 2017.
Una reforma laboral puede contribuir a cambiar el modelo de relaciones laborales.
Si los y las trabajadoras no intervienen en este proceso se puede aprobar una ley que puede ser dañina, porque cómo lo apuntó Manuel Fuentes, las reformas en el mundo se están haciendo en un contexto en el que las multinacionales llevan mano.
Y las y los trabajadores al vernos afectadas con estas reforma debemos participar.
Tan importante es esta reforma laboral y en este momento tenemos más elementos de juicio para entrar a la discusión y debate.
Tenemos que seguir participando en este tipo de foros, por lo que los invito a que podamos seguir trabajando, ya los ponentes lo han comentado, hay voces a favor y en contra, y no tenemos un modelo hacia dónde vamos a seguir. Buscamos que sea una reforma justa, equitativa para beneficio de nuestra sociedad y lo ideal es que no hubiera conflictos. Habrá que ir reflexionando sobre estos temas.
El modelo chileno tiene tres procedimientos muy ágiles que resultan eficaces para tener esos tiempos de resolución. De ello puede haber algo rescatable que se incluya en el nuevo sistema.
Es importante la difusión de la cultura de la legalidad, del estado de derecho, del respeto a la ley, son valores que tenemos que ir trabajando y no prestarnos a la simulación. En un estado de derecho debe hacerse el respeto pleno a la ley y por supuesto que debe ser parte en el cumplimiento de las sentencias y procesos.
El CIDE concluyó que operadores, abogados y servidores públicos en las juntas, se prestan a una serie de situaciones para ver quién vendía la “mejor mentira” para poder ganar un juicio laboral.
Es una simulación bárbara lo que sucede, y se pretende acabar con esta reforma. Tenemos que ir trabajando sobre esta cuestión de valores.
La justicia laboral no debe quedar limitada, hay que ver otras experiencias internacionales. Tenemos más elementos de juicio y eso es lo enriquecedor.
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO (MICHOACAN)
Con la participación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Fundación Friedrich Ebert, la Campaña Reforma Laboral para Todos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la Asociación Civil “Abogados Laboristas del Estado de Michoacán”, este jueves 21 de junio de 2018, se inauguró en el Centro de Información Arte y Cultura (CIAC) “El Foro internacional Reforma Laboral para todos” ¿Hacia dónde va Michoacán?
El presídium estuvo conformado por el Dr. Héctor Pérez Pintor, Secretario Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en representación del Dr. Medardo Serna González, Rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, el Lic. Luis Fernando Rodríguez Vera, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la maestra. Inés González Nicolás, Coordinadora del Diálogo Sindical y de Genero de la Fundación Friedrich Ebert, el Lic. Valente Aguilar Gutiérrez, Vice-Presidente de la Asociación Civil de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán A.C, el Dr. Pablo Franco Hernández, Secretario General de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Lic. David —– Director de Trabajo y Previsión Social en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán Tena, Director de Trabajo y Previsión Social y el Lic. Rafael Hernández Soriano, Diputado Federal.
El objeto del foro, fue crear un espacio de análisis y reflexión del estado que guarda la Reforma Constitucional laboral del 24 de Febrero del 2017 y las 5 propuestas de modificación a leyes secundarias en proceso de discusión y aprobación en el Senado de la Republica, con la participación de destacados académicos, Funcionarios y Litigantes en la materia.
https://www.facebook.com/tca.michoacan.gob.mx/?hc_ref=ARTTyBsJhVAs1p9MEWsGuWUVEZR6p7xjDTQ4OPapJf4-hkp5d6D4WlT5wkFR3brqr-o&fref=nf
Oscar Celaya/Quadratín | 21 de junio de 2018
MORELIA, Mich., 21 de junio de 2018.- Para lograr una Reforma Laboral adecuada para el estado se deben de tomar en cuenta todos los sectores de la sociedad civil, consideró el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Luis Fernando Rodríguez Vera.
Al participar en el Foro Internacional, Reforma Laboral para todos ¿Hacia dónde va Michoacán? señaló que las autoridades encargadas de sacar adelante este proyecto no han abierto el proceso a la comunidad académica y a las instituciones involucradas.
“A partir de este foro nosotros tenemos que comenzar a luchar también porque seamos escuchados para que se logre una adecuada Reforma Laboral en el estado”, manifestó en este marco.
Señaló que también se debe de tomar en cuenta la opinión de los sindicatos, al considerar que los organismos laborales son quienes deben de tener una participación más activa.
En este sentido, Rodríguez Vera agregó que se necesita de un Centro Estatal de Conciliación Laboral que sea realmente descentralizado e independiente, que no sea sujeto a las decisiones del gobierno en turno.
“De lo que se trata es de buscar una justicia laboral equitativa y justa”, dijo, al recordar que la propuesta para su creación sigue en el Congreso local, aunque aclaró que el Poder Judicial no cuenta con presupuesto, infraestructura, ni personal humano para iniciar con la Reforma Laboral.
El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje consideró también que debido al proceso electoral, no ve que en lo inmediato puedan concluirse los asuntos pendientes para sacar la Reforma Laboral adelante.
“Esta Legislatura va en proceso de salida. Tendremos que esperar que asuman su responsabilidad los nuevos senadores para que puedan emitir su opinión respecto a estas leyes. Estaban programados cuatro foros a nivel nacional pero se cancelaron porque van de salida. No le están dando mucha importancia a esto”, comentó.
Rodríguez Vera recordó que las propuestas para reformar la Constitución local ya se encuentran en manos del Congreso del Estado pero que aún se desconoce cuándo se llevará a cabo la discusión. No obstante, consideró que existen pequeños avances para adecuar las leyes secundarias.
https://www.quadratin.com.mx/economia/michoacan-debe-tomar-en-cuenta-a-todo-sector-para-lograr-reforma-laboral/
Michoacán: Análisis, reflexión y actualización; objetivo del Foro Internacional “Reforma laboral para todos”
Morelia, Michoacán; 21 de junio del 2018.– Para que los jóvenes conozcan la posible ruta de las reformas laborales que se han venido dando, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en conjunto con la Junta de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo el foro Internacional “Reforma laboral para todos ¿Hacia dónde va Michoacán?”.
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PorMiMorelia.com
https://www.mimorelia.com/expertos-asociaciones-civiles-y-estudiantes-discuten-sobre-importancia-de-aplicar-una-reforma-laboral-en-michoacan/
Michoacán: Sindicatos deben involucrase en el desarrollo de la Reforma Laboral: TCAEM
“Tenemos que lograr una cierta independencia para garantizar que la justicia laboral sea equitativa” (Foto: Especial)
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Michoacán: Todos deben participar para una reforma laboral adecuada
Así se manifestó durante el Foro Internacional, “Reforma Laboral para todos”, ¿Hacia dónde va Michoacán?, que se llevó a cabo este jueves.
Morelia, Michoacán.- Totalmente detenido está el proceso para lograr una real Reforma Laboral, existen varias propuestas ante el congreso y será difícil que la actual legislatura lo aborde, señaló Luis Fernando Rodríguez Vera, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Al asistir al Foro Internacional, “Reforma Laboral para todos”, ¿Hacia dónde va Michoacán?, que se llevó a cabo este jueves, destacó que es importante y necesario la participación de todos los sectores involucrados y dijo existe muy poco interés principalmente de los sindicatos.
Cabe recordar que la reforma laboral fue presentada por el Gobierno de la República en febrero del 2017 y es momento que no ha logrado aterrizar.
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Michoacán: Existe desinterés del sector obrero para participar y aportar a la reforma laboral: Luis Fernando Rodríguez Vera
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