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Timestamp: 2017-11-18 00:39:03
Document Index: 66662132

Matched Legal Cases: ['artículo 225', 'artículo 3', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 217', 'artículo 770', 'artículo 103', 'artículo 489', 'artículo 770', 'artículo 238', 'artículo 469', 'artículo 218', 'artículo 1', 'artículo 469', 'artículo 24', 'artículo 97', 'artículo 770', 'artículo 1', 'artículo 770', 'artículo 770', 'artículo 218', 'artículo 24', 'artículo 469', 'artículo 398']

Blog | Adolfo Alonso
Menores sustracción: restitución; competencia del juzgado de violencia de género; requisitos y excepciones
La Aeafa publica un Auto en el que he intervenido como abogado del padre apelante, con la fortuna de que nos estiman la apelación y cambiando el criterio del juzgado de violencia contra la mujer declara la restitución inmediata de la niña a Suiza. La situación era de custodia compartida de ambos progenitores y se utiliza una denuncia de violencia de género como oposición a la restitución, resultando la excepción rechazada por la Excma. Audiencia Provincial, y saliendo del ámbito de la violencia de género sin prejuzgar lo que otras jurisdicciones pueden decir. Esto está aún en el aire, puesto que es más que probable que se planteen problemas de ejecución, al existir un auto de medidas provisionales.
COMPETENCIA OBJETIVA DEL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EN SOLICITUD DE RESTITUCIÓN POR TRASLADO INTERNACIONAL ILICITO DE MENOR, Y CAUSAS DE OPOSICIÓN A LA RESTITUCIÓN
El traslado o retención ilícita, no constitutivo de un delito del artículo 225 bis del Código Penal, se define en el artículo 3 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menor –CH, en adelante-.
Es necesario para la consideración del ilícito civil por el traslado o retención parental del menor, la concurrencia de un doble elemento, el jurídico, consistente en la previa existencia de un derecho de custodia atribuido por el Estado de residencia habitual del menor, y uno fáctico, consistente en el ejercicio efectivo del derecho de custodia antes del traslado.
El Auto de 31 de marzo de 2015, de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, dictado en el recurso de apelación 960/2014, estima la competencia objetiva de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer para el conocimiento de un procedimiento sobre sustracción internacional de menores, tramitado por los artículos 1.901 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, al poder encuadrarse este procedimiento de jurisdicción voluntaria en el artículo 87 ter.2 d) de la LOPJ, por la trascendencia familiar de la medida de restitución objeto del mismo, cuando simultáneamente se den los demás requisitos del punto 3 del artículo 87ter de la LOPJ. Es decir, que a la vez las partes estén incursas en un procedimiento penal por violencia de género.
El referido Auto de 31 de marzo de 2015 de la Audiencia Provincial de Madrid, que publicamos, analiza con relación al caso concreto las posibles excepciones a la restitución solicitada de la menor por el padre, en un caso en que la madre, de nacionalidad española, se trasladó con la hija a España, y en nuestro país había interpuesto una denuncia por violencia de género, siendo que la residencia habitual de la menor era en Suiza, y un Tribunal de dicho país había otorgado provisionalmente la guarda y custodia de la menor al padre. Finalmente la Audiencia Provincial, revocando el Auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ordena la restitución inmediata de la menor a su residencia habitual en el domicilio paterno en Suiza.
Recuerda también este Auto de 31 de marzo de 2015 de la Audiencia Provincial de Madrid, que las excepciones a tal restitución podían haber sido: 1. Si fue consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención de la menor – art. 13 a CH-. 2. Si transcurrió más de un año y la menor está integrado en su nuevo medio -art. 12 CH-. 3. Si aunque no concurra el anterior requisito, el requirente de la restitución no ejercía de modo efectivo la custodia en el momento del traslado o retención – art. 13 a CH-. 4. Si la restitución ponía a la menor en grave riesgo o situación intolerable – art. 13 b CH-. 5. Si se hubiera opuesto la menor afectada con cierto grado de madurez en que resultara apropiado tener en cuenta sus opiniones – art. 13 b, p2º CH-.
PENSIÓN COMPENSATORIA: EXTINCION: PASIVIDAD EN EL ACCESO AL TRABAJO QUE ADEMAS ADQUIERE CIERTO PATRIMONIO; VOCACION TEMPORAL DE LA COMPENSATORIA
Solicita el exesposo la extinción de la pensión compensatoria, concurriendo, en síntesis, las siguientes circunstancias.-
PROCEDE LA MODIFICACION DE MEDIDAS.-
Frente a la tesis de que el mero transcurso del tiempo no extingue la pensión, la Sala acuerda la extinción porque.-
-Las disposiciones patrimoniales que el esposo haya hecho no vienen al caso, pues lo relevante es: a) que lo valorado al establecer la pensión fueron los ingresos; b) que el ex-cónyuge no puede ser participe en las ganancias del otro cuando no ha tenido ningún tipo de intervención en las mismas y, el régimen económico matrimonial se encuentra disuelto desde la separación.
-… no se trata de que exista una diferencia de ingresos y rendimientos entre quiénes un día fueron esposos, sino en que tal diferencia sea considerable por la dedicación de la esposa a la familia, con pérdida de oportunidades laborales y, por lo tanto, deba continuar siendo compensada.
- … es sumamente relevante la circunstancia de que cuando los litigantes se separaron, la Sra. XXXXXX pudo haberse reincorporado al mundo laboral pues tenía preparación para ello, si no lo hizo fue porque no quiso y por tanto ella misma se negó la posibilidad de tener sus propios ingresos (al menos en apariencia) que le habrían otorgado una plena autonomía económica. En definitiva la Sra. XXXXXX optó por no desarrollar actividad laboral, y se posicionó en una actitud de inmovilismo de la que ahora no puede reponsabilizar al actor.
Por lo que respecta a los traslados del menor, desde Baleares hasta San Sebastian, el juzgado parte de la premisa de que el padre no paga alimentos aún teniendo ingresos ocultos.
Con base en ello establece un sistema de pago que intenta dejas en todo caso a salvo a la madre en el caso de impago de los viajes por parte del padre, y lo regula del siguiente modo.-
a) que los vuelos sean directos (para evitar, dada su edad, estrés al hijo.
b) que los gastos de desplazamiento, pagados por mitad, inicialmente los pague el padre y luego reclame a la madre,
c) que si el padre no paga debidamente los alimentos no recibirá cantidad alguna de la madre.
MODIFICACION DE MEDIDAS, REQUISITOS DEL HECHO NUEVO
a.- Un cambio objetivo en la situación contemplada a la hora de adoptar la medida que se trata de modificar.
b.- La esencialidad de esa alteración en el sentido de que el cambio afecte al núcleo de la medida y no a circunstancias accidentales o accesorias.
c.- La permanencia de la alteración, en el sentido de que ha de aparecer como indefinida y estructural y no meramente coyuntural.
d.- La imprevisibilidad de la alteración, pues no procede la modificación de la medida cuando, al tiempo de ser adoptada, ya se tuvo en cuenta el posible cambio de circunstancias, o al menos se pudo alegar por las partes, y no se hizo así.
e.- Finalmente, que la alteración no sea debida a un acto propio y voluntario de quien solicita la modificación, al menos en cuanto el acto exceda del desarrollo y evolución normal de las circunstancias vitales de dicha persona.”
Los criterios de distribución del “onus probandi” contenidos en el artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento Civil… corresponde la carga de probar la certeza de la alteración sustancial de circunstancias alegada que constituye el fundamento de la acción de modificación a la parte que a través de la demanda principal o reconvencional ejercita la acción en el proceso (actor o demandado reconviniente) y la de probar los hechos impeditivos, extintivos o enervatorios de la eficacia jurídica de los hechos constitutivos al demandado o al demandante reconvenido.]
La Sala desestima el recurso y confirma la posibilidad de suspensión o reducción temporal de los alimentos.
d.- ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante.
Custodia compartida. ¿Interes del menor o de los padres?
Adjunto incorporo al blog la doctrina de una sentencia, que en mi opinión camina hacia lo que parece que está siendo un proceso de institucionalización de la custodia compartida como régimen general de custodia. Desde mi punto de vista esta sentencia no hace recaer la prioridad en el interés del menor, del concreto menor, cuya problemática se somete a la resolución Judicial, sino de los padres. Advierto; a los niños no les gusta la custodia compartida, tiene para ellos demasiados problemas y cambios y les puede producir un efecto “ping-pong” psicológico. Quiero recordar aquí una custodia compartida en que una niña comenzó a autolesionarse y acabó enviando una carta a la jueza, diciéndole que no iba a pasar más por el Juzgado a realizar ninguna prueba, porque nadie le hacía caso, y solo parecía eso, una pelota de ping pon de un sitio para otro, de un país para otro, en el caso en concreto.
Pero es doctrina también ya reiterada que la custodia compartida no es cuestión de tiempo sino de otros factores, esta sentencia afina el lápiz desde el punto de vista del padre.
[Estima el recurso porque la Sala de instancia fundamenta su solución en que el reparto del tiempo favorece al padre, atribuyendo a este la custodia.
La Sala impone el régimen de custodia compartida, porque considera que lo esencial no es el reparto del tiempo sino los aspectos referidos a la toma de decisiones.
Y también insiste en los efectos positivos de la custodia compartida, a saber:
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.]
HIJOS TRASLADO
HIJOS TRASLADO: ACEPTA TRASLADO DESDE BARAKALDO A CASTELLDEFELS; NUEVA PAREJA Y NUEVO HERMANASTRO.
El Juzgado desestima la autorización de traslado del hijo común a Castelldefels, ya que en tal caso procedería el cambio de custodia a favor del padre.
La Audiencia acepta el traslado del menor.
La Sala, IMPONIENDO LAS COSTAS al padre dispone que procede el traslado.
Reitera las dos Sentencia de la Sala existentes al respecto; la de 6 de octubre de 2012 que establece que de la patria potestad, entre otras cosas, deriva la fijación del domicilio familiar, cuyo cambio deberá sustentarse en el acuerdo de los progenitores o en la decisión de uno de ellos consentida expresa o tácitamente por el otro, y solo en defecto de este acuerdo corresponde al juez resolver, lo que requiere poder calibrar de una forma ponderada la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada, sin condicionarla al propio conflicto que motiva la ruptura, debiendo protegerse los intereses del menor preferentemente, que podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia.Y la de 20 de octubre de 2014 , que dice que el cambio de residencia afecta a muchas cosas (traslado al extranjero, idioma, hábitos, escolarización, costumbres) posiblemente de más f&aa cute;cil asimilación cuando se trata de un niño de corta edad, e incluso con los gastos de desplazamiento de los traslados cuando es a un país alejado del entorno.
Acepta el traslado porque la Audiencia ha tenido en cuenta el interés de la menor al referir expresamente que es beneficioso el contacto con su nuevo hermano, y añade los siguientes:
1. La custodia estaba atribuida de común acuerdo a la madre.
2. El cambio de residencia de la madre no es determinante, ni a favor ni en contra, pues lo esencial es si ello redunda en beneficio de la menor.
3. Los informes sicosociales no consideran perjudicial el traslado, si bien apuntan por una postura conservadora, en tanto muestran su recelo a los cambios, sin causa que lo justifique.
4. Con la edad de la menor los cambios son fácilmente asumibles para la hija, incluido el cambio de lengua vehicular para la enseñanza que pasa del castellano y euskera al catalán y castellano.
5. El poder mantener el contacto diario con su nuevo hermano redunda en beneficio de la menor.
6. La atribución, en este caso, de la totalidad del coste del traslado a la madre (extremo no impugnado), potencia el contacto del padre con la menor, lo que redunda en beneficio de ésta.
7. Se ha fijado un régimen de visitas como consta en los antecedentes de hecho de esta sentencia que lejos de anular la figura paterna, le reconoce un papel relevante durante los fines de semana alternos y los períodos vacacionales, permitiendo visitas no programadas ( sin perjuicio del previo aviso).
Y todo ello con respeto a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad , y las medidas restrictivas de derechos que se ha de concretar, en las tres siguientes condiciones: “si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”.
NOTA MIA.- Que un progenitor no acepte el alejamiento de su hijo es, creo yo, algo totalmente aceptable incluso para los tribunales.
Que la Sala da razones respetables, también. Pero a cualquiera se le ocurren otras equivalentes, en interés del hijo y en dirección contraria.
Que califique de “conservadora” la postura de los que elaboran el informe por sus reticencias, me parece fuera de lugar.
Y que termine condenando en costas al padre no lo entiendo, o mejor… si lo entiendo … porque deberían darnos una tabla con los silogismos y la lógica que la Sala aplica
Anulada la sentencia que denegó la pensión compensatoria por no solicitarse expresamente
Una cosa es que la pensión compensatoria haya integrado el objeto del proceso, como se dijo al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, y otra distinta es que la esposa tenga derecho a la misma después de siete años de ruptura efectiva de la convivencia conyugal.
Reconvención expresa en materia dispositiva e interpretación del art. 770.02 lec – Parte 1
· 2.ª La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 días para contestarla.
· d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.>>>
REITERACION DE DOCTRINA.-
Reitera la doctrina contenida en la Sentencia en Pleno de 10 de septiembre de 2012 sobre la necesidad o no de reconvención expresa para solicitar pensión compensatoria, cuando en la demanda se aborda directamente la cuestión postulando su no procedencia.
Esta doctrina sostiene que cuando la parte demandante solicite que no se fije esa medida, introduciendo de manera clara y expresa su discusión en el debate, debe considerarse que se cumplen los requisitos de formalidad suficientes para considerar ampliado el objeto del proceso no solo a la posibilidad de denegar la medida, sino también, como reverso lógico, a la posibilidad de concederla. Debe interpretarse, pues, que cuando el artículo 770.2.ª d) LEC dispone, como uno de los supuestos en que se excusa la reconvención en los procesos familiares, aquel en que el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, no apreciables de oficio, «que no hubieran sido solicitadas en la demanda», la naturaleza de esta medida impone que se considere equivalente al supuesto de solicitud en la demanda el caso en que se haya solicitado su denegación, pues tiene el mismo efecto contemplado en la LEC de ampliar a su discusión el objeto del proceso”.>
Roj: STS 5579/2013
Id Cendoj: 28079110012013100665
Nº de Recurso: 157/2012
Nº de Resolución: 722/2013
En la Villa de Madrid, a quince de Noviembre de dos mil trece.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 10º de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio de divorcio nº 905/2010, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la representación procesal de doña Celsa, el procurador don Ignacio Cuadrado Ruescas. Habiendo comparecido en calidad de recurrido la procuradora doña Dolores Hernández Vergara, en nombre y representación de don Edemiro.
PRIMERO.- 1.- La procuradora doña Maria Jesús Ferrus Zaragoza, en nombre y representación de don Edemiro, interpuso demanda de juicio de divorcio, contra doña Celsa y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que:
1. Se declare el divorcio de los cónyuges y con los efectos registrales correspondientes.
2. Que la guarda y custodia de la menor, así como la atribución del domicilio conyugal, se atribuya a la Sra Celsa, compartiendo ambos progenitores la patria potestad. Respecto del régimen de visitas se solicita respecto del padre
Fines de semana alternos desde las 20 horas del viernes a las 20 horas del domingo y que durante el periodo de vacaciones escolares, permanezcan la menor, la mitad de las mismas con el padre, y la otra mitad con la madre, siempre en periodos no superiores a quince días. Estas vacaciones, en caso de discrepancia, las elegirá los años pares el padre y los impares la madre.
3. Se conceda pensión alimenticia a la menor por parte del padre, cantidad de 400 euros mensuales, que deberá abonar en la cuenta que la madre establezca para tal efecto, durante los primeros 5 días de cada mes, cantidad que se actualizará conforme a las variaciones del I.P.C. Quedan excluidos de tales cantidades, los gastos extraescolares y los extraordinarios, tales como dentistas, ortopedias, entre otros, los cuales serán sufragados por mitad entre ambos progenitores.
4. Que como ambos cónyuges tienen un préstamo hipotecario que grava ambas viviendas en LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, CAJA MADRID, con hipoteca de préstamo n° NUM000, siendo en la actualidad la cuota mensual de 959 euros, abonando de la casa sita en Sollana el 58, 61 % de dicha cuota y la de Elche el 41, 39% restante, se solicita que cada cónyuge abone la parte que le corresponde al mismo dependiendo de la atribución del uso de cada uno de los inmuebles, así la Sra Celsa deberá abonar el 58, 61% de la casa sita en Sollana. Manifestar que hay otro préstamo personal en CAJA DE EXTREMADURA Cuenta NUM001, ascendiendo actualmente la cuota de dicho préstamo a 167, 19 euros mensuales, dicha cantidad deberá ser abonada por mitad en virtud del artículo 103.3 del C.C, así como los gastos del IBI de cada una de ellas sufragando cada cónyuge las que le correspondan del uso de la misma, como agua, luz, teléfono, etc, hasta que se realice la correspondiente liquidación de la sociedad conyugal.
5. Se condene al pago de costas al demandado
2.- El procurador don Carlos Beltrán Soler, en nombre y representación de doña Celsa, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que estimando la demanda en cuanto a la petición principal de divorcio, se acuerde la disolución del matrimonio con los efectos inherentes a dicha declaración, precisando y desestimando expresamente el resto de las medidas que se pretenden en cuanto se opongan a las que a continuación se señalan:
La hija menor del matrimonio quedará bajo la guarda y custodia de su madre, continuando el ejercicio compartido de la patria potestad.
El régimen de visitas, comunicaciones y estancias con el padre será abierto y flexible, primando el sentido común y la voluntad de la menor, estableciéndose las siguientes directrices:
Fines de semana alternos desde las 20 horas del viernes a las 20 horas del domingo, debiendo recogerla y reintegrarla en el domicilio materno.
Los días festivos y puentes se unirán a los fines de semana que correspondan a cada uno los progenitores.
La menor permanecerá con cada uno de sus progenitores la mitad de los períodos de vacaciones escolares de fallas, Pascua, Navidad y verano, siempre en períodos no superiores a quince días con cada uno de ellos. El reparto de los períodos de vacaciones deberá intentarse previamente de común acuerdo por ambas partes, y sólo para el caso de existir discrepancia, corresponderá a la madre elegir la distribución de los períodos en los años impares y al padre en los pares.
Durante dichos periodos vacacionales, así como durante el desarrollo de las visitas establecido, el progenitor que no tenga en su compañía a la hija podrá comunicar con la misma en el lugar donde se encuentre, para lo que deberá conocer el lugar y domicilio donde permanezca.
- Se atribuirá el uso y disfrute de la vivienda familiar sita en Sollana, CALLE000, n° NUM002, para la madre, e hija que con ella convive, así como del ajuar doméstico y mobiliario existente en la misma. Del mismo modo, se atribuirá al padre el uso y disfrute de la vivienda de Elche, CALLE001, n° NUM003, así como del ajuar doméstico y mobiliario existente.
Ambas facultades de uso sobre las respectivas viviendas deben establecerse a cada uno de los esposos personalmente, con independencia de la convivencia, o no, con la hija común.
- Fijación de una pensión alimenticia a cargo del padre y a favor de su hija de SEISCIENTOS EUROS (600,00 #) mensuales, que deberá hacer efectiva por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta de la entidad bancaria Bancaja titulada por la madre y que a tal efecto designa, cuyo c.c.c. Ent 20771 0fic. O1 22/D.C. 54 núm. NUM004. Cantidad que será revisada anualmente con arreglo a las variaciones que experimenten los índices de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que en el futuro lo sustituya.
-Asimismo, deberá contribuir por su mitad al pago de los gastos extraordinarios considerados de carácter necesario, tales como los de carácter médico y farmacéutico en cuanto excedan la cuota de la Seguridad Social (óptica, odontología, ortodoncia) incluidos los ocasionados por larga enfermedad, especialmente los debidos a la enfermedad de diabetes recientemente diagnosticada, y expresamente las matrículas, libros y material escolar. También deberá colaborar en la mitad de los gastos extraordinarios no considerados de carácter necesario, siempre que ambos progenitores están de acuerdo en su realización.
- El esposo deberá contribuir también al levantamiento de las cargas familiares haciendo frente al pago de las sucesivas cuotas mensuales que genera el préstamo hipotecario suscrito para la adquisición de sendas viviendas familiares y que grava las mismas, suscrito con la entidad bancaria “Caja Madrid” con n° de prestamo NUM005 por un importe actual de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (959,00 #), así como el de las sucesivas cuotas del préstamo personal suscrito con la entidad bancaria “Caja Extremadura” con n° de préstamo 2099 por un importe actual de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (167,19 #).
-Ambas obligaciones tendrán, en todo caso, el carácter de carga alimenticia, con sus mismos efectos legales, pudiendo reclamarse y ejecutarse del mismo modo; y, expresamente sin que surja un derecho de crédito o reintegro de las cantidades que en tal concepto satisfaga el esposo al tiempo de la liquidación de su sociedad de gananciales.
-Fijación de pensión compensatoria a favor de la esposa y a cargo del esposo, de manera indefinida, y por importe de QUINIENTOS EUROS (500,00 #) mensuales, que deberá hacer efectiva por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta de la entidad bancaria “Bancaja” titulada por la esposa y que a tal efecto designa, cuyo C.C.C. Ent.20771 0fi.01 221D.C.541 núm NUM004. Cantidad que será revisada anualmente con arreglo a las variaciones que experimenten los índices de Precio al Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que en el futuro lo sustituya.
Todo ello con expresa imposición de costas al demandante.
3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Sueca, dictó sentencia con fecha 24 de marzo de 2011, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando parcialmente la demanda de divorcio formulada por la procuradora doña Maria Jesús Ferrus Zaragoza, en representación de don Edemiro, contra doña Celsa, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio celebrado entre ambos y acuerdo las medidas de carácter personal y patrimonial contenidas en el fundamento de derecho tercero de esta resolución.
Todo ello sin hacer declaración de costas.
Con fecha 7 de abril de 2011, se dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva es la siguiente: Decido: No dar lugar a la aclaración solicitada respeto de la sentencia dictada en fecha 24 de marzo de 2011, en el presente procedimiento de juicio de divorcio, quedando la misma redactadas en iguales términos.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de don Edemiro, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 15 de noviembre de 2011, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Edemiro, desestimando la impugnación que se formula por la representación procesal de Celsa.
Segundo.- Revocar la sentencia de instancia para en su lugar acordar..No haber lugar a establecer pensión compensatoria.
.Deber ambos cónyuges abonar al 50% los prestamos hipotecarios que gravan las viviendas gananciales y el personal.
Cuarto.- En cuanto al depósito consignado para recurrir procédase a su devolución a la parte apelante.
TERCERO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de infracción procesal la representación procesal de doña Celsa, con apoyo en los siguientes MOTIVOS:PRIMERO.- Al amparo del artículo 489.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión, al haberse infringido el artículo 770 2º d) de la Ley de Enjuiciamiento Civil determinando la nulidad que establece el apartado 3º del artículo 238 y 240. 1 ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, produciendo efectiva indefensión a esta parte. SEGUNDO.- Al amparo del motivo recogido en el ordinal 2º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y en concreto del artículo 218, ordinal 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 1.7. del Código Civil que determina que las sentencias deben ser claras, precisas con las pretensiones deducidas, que deben deducir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, y que no pueden negarse a resolver las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. Exigiendo asimismo su debida motivación. TERCERO.- Al amparo del motivo recogido en el ordinal 4º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración, en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución como lo es el derecho a la tutela efectiva en los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Por la misma representación se interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes MOTIVOS:ÚNICO.- Al amparo del art. 477.2. caso 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por infracción del artículo 97 del Código Civil, en relación con el artículo 770. 2º d) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con ello de los artículos 9.3 de la Constitución Española, y artículo 1.7. 3 y 7 del mismo Código Civil, todos aplicables para resolver el objeto del proceso, existiendo jurisprudencia contradictoria de las Audiencia Provinciales.
Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 8 de enero de 2013 se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición en el plazo de veinte dias.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Dolores Hernández Vergara, en nombre y representación de don Edemiro, presentó escrito de impugnación al mismo.
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal presentó escrito interesando la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.
3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 5 de noviembre del 2013, en que tuvo lugar.
PRIMERO.- Plantea el recurso extraordinario por infracción procesal una cuestión ya resuelta por esta Sala en su sentencia de Pleno de 10 de septiembre de 2012. Se refiere a la necesidad o no de reconvención expresa para solicitar pensión compensatoria, cuando en la demanda se aborda directamente la cuestión postulando su no procedencia. Los antecedentes del caso son los siguientes: don Edemiro interpuso demanda de divorcio contra doña Celsa, indicando en el hecho séptimo de la demanda la improcedencia de la pensión compensatoria habida cuenta la independencia económica de los cónyuges. Por la demandada se contestó a la demanda y, sin formular reconvención, se defendió frente a la alegación efectuada por el marido sobre la improcedencia de la pensión compensatoria, que reclamó en razón a la situación de desequilibrio económico existente respecto de su marido, atendidos todos los aspectos que redundan es su establecimiento: larga duración del matrimonio, dedicación pasada y futura a la familia, apoyo a la carrera profesional de su esposo y renuncias a puestos fijos de trabajo.
La sentencia de 1ª Instancia estimó parcialmente la demanda, fijando, a los efectos que aquí interesan, una pensión compensatoria a favor de la esposa de 400 euros mensuales por un periodo máximo de cinco años.
En trámite de recurso de apelación formulado por el actor, se dictó sentencia en la que, con estimación parcial del recurso, revocó la sentencia del Juzgado en el sentido de no haber lugar a la pensión compensatoria porque debió haber sido solicitada mediante reconvención implícita.
SEGUNDO.- Los tres motivos del recurso tienen que ver con esta cuestión que ya ha tenido repuesta en la sentencia indicada, de aplicación al caso puesto que se reproducen hechos prácticamente idénticos. “Esta Sala entiende, dice la sentencia, que cuando la LEC exige reconvención expresa lo hace con el fin de someter a un régimen formal la ampliación o integración del objeto del proceso, de forma suficiente para garantizar la seguridad jurídico-procesal. En elsupuesto en que la parte demandante se opone al reconocimiento de la pensión compensatoria, introduciendo el debate sobre su procedencia, debe admitirse que con ello integra en el objeto del proceso la pretensión relativa a la pensión por desequilibrio económico. Así se infiere del hecho de que el otorgamiento de una medida de esta naturaleza, discutida en el seno de un procedimiento familiar, no puede ser entendida de manera rígida como una pretensión de carácter unilateral frente a la que la otra parte se presenta con el carácter de sujeto pasivo, sino como una medida que debe ser ponderada y discutida simultáneamente en su anverso y en su reverso teniendo en cuenta diversas circunstancias atinentes a ambas partes en relación con la institución matrimonial, y ponderando intereses que están por encima de los individuales de uno y otro cónyuge. Esta es la razón por la que cuando la parte demandante solicite que no se fije esa medida, introduciendo de manera clara y expresa su discusión en el debate, debe considerarse que se cumplen los requisitos de formalidad suficientes para considerar ampliado el objeto del proceso no solo a la posibilidad de denegar la medida, sino también, como reverso lógico, a la posibilidad de concederla. Debe interpretarse, pues, que cuando el artículo 770.2.ª d) LEC dispone, como uno de los supuestos en que se excusa la reconvención en los procesos familiares, aquel en que el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, no apreciables de oficio, «que no hubieran sido solicitadas en la demanda», la naturaleza de esta medida impone que se considere equivalente al supuesto de solicitud en la demanda el caso en que se haya solicitado su denegación, pues tiene el mismo efecto contemplado en la LEC de ampliar a su discusión el objeto del proceso“.
En aplicación de esta doctrina, procede estimar la infracción en que se funda el recurso: artículo 770.2 d), LEC, en relación con los artículos 238 y 240 LOPJ ; artículo 218.1 LEC, sobre incongruencia omisiva, y artículo 24 CE, pues, en definitiva, debe apreciarse incongruencia en la falta de resolución sobre una pretensión, referente al reconocimiento de una pensión compensatoria a favor de la esposa y a cargo del marido, que cabe entender que había sido introducida en el proceso por las partes con arreglo a una razonable interpretación de la ley. Como se ha dicho, y recuerda la sentencia citada “debe valorarse la actuación del propio demandante, que, anticipándose a las alegaciones de la esposa, y en previsión de la petición formal que esta pudiera hacer al respecto en el trámite procesal oportuno, tomó la decisión de incluirla en su demanda, aunque fuera para sostener que su fijación era improcedente, -petición en sentido negativo que apoyó en razones y pruebas que consideraba pertinentes para sustentarla-. A su vez debe tenerse en cuenta la conducta procesal de la esposa, que no se limitó a defenderse de manera genérica de las pretensiones formuladas en su contra, sino que interesó expresamente el reconocimiento de la pensión en la contestación a la demanda”.
TERCERO.- Procede la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal y, como con reiteración ha señalado esta Sala, aunque en los supuestos en que el recurso es estimado por vulneración de normas reguladoras de la sentencia a las que alude el artículo 469.1.2º LEC, la DF decimosexta, 7.ª, LEC establece un régimen transitorio que obliga a dictar nueva sentencia teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación, en el presente caso, en la medida que la decisión desestimatoria de la Audiencia Provincial lo fue por razones formales, sin llegar a verificar la concurrencia de los presupuestos sustantivos en que se funda el reconocimiento de la pensión por desequilibrio, y que esta verificación precisa valorar las pruebas aportadas al respecto, función propia de los tribunales de instancia, procede aplicar el criterio seguido por esta Sala en otras ocasiones (STS de 16 de diciembre de 2010, RCIP núm. 221/2007 ) en evitación de la disminución de las posibilidades de defensa que supondría privar a las partes de una instancia, y reponer las actuaciones para que dicte sentencia resolviendo sobre la procedencia de la pretensión omitida, sin que haya lugar a examinar el recurso de casación; todo ello sin hacer especial declaración en cuanto a las costas originadas, por disponerlo así el artículo 398.2 LEC.
1. Declarar haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D.ª Celsa, contra la sentencia de 15 de noviembre de 2011, dictada en grado de apelación por la Sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Valencia en el rollo núm. 781/11, dimanante del juicio de divorcio contencioso núm. 905/2010, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Sueca.
Expidase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su dia enviados.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan. Jose Antonio Seijas Quintana. Francisco Javier Arroyo Fiestas Francisco Javier Orduña Moreno. Xavier O’Callaghan Muñoz. Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Antonio Seijas Quintana, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.