Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-921-14.htm
Timestamp: 2019-03-24 04:37:52
Document Index: 120592099

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T-921-14
Sentencia T-921/14
Al momento de proferirse la presente sentencia, la llamada pensión especial de invalidez para las víctimas del conflicto se encuentra vigente dentro del ordenamiento jurídico colombiano y constituye una prestación que debe ser garantizada a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos para su adquisición.
La pensión de invalidez para víctimas no puede ser considerada como una prestación de la misma naturaleza que aquellas contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reformas.
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez para víctimas de la violencia
Referencia: expediente T- 4.473.396
Acción de tutela interpuesta por Carlos Alirio Perengüez Regalado contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros.
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil catorce (2014)
El señor Carlos Perengüez tiene 49 años, es padre cabeza de hogar y vivía en Puerto Guzmán. El 21 de marzo de 2009, cuando iba en motocicleta por la vía que de Puerto Guzmán conduce a Puerto Rosario se encontró con un retén montado por la guerrilla de las FARC. Allí fue retenido durante 35 minutos junto con las demás personas que se encontraban en el lugar y les fueron quitados sus teléfonos celulares. Una vez se fueron los guerrilleros, se dirigió a una orilla del camino para realizar sus necesidades fisiológicas con tan mala suerte que pisó una mina anti-persona.
En vista de la situación, fue trasladado al Hospital del Municipio de Puerto Gaitán, pero por la gravedad de sus heridas debió ser remitido al Hospital José María Hernández, en Mocoa. Allí, el médico cirujano diagnostica la necesidad de amputar el miembro inferior izquierdo por el daño que ocasionó la mina y la infección subsiguiente. Igualmente, por causa del estallido del artefacto explosivo, el accionante presenta pérdida de audición y actualmente se encuentra postrado en una silla de ruedas. Los hechos anteriores han dejado al señor Perengüez en condición de discapacidad, dependiente de otros y se ve forzado a abandonar su lugar de residencia junto con su familia.
Luego de realizar los trámites respectivos, al accionante le fue calificada una pérdida de capacidad laboral del 53.15% estructurada desde el 21 de marzo de 2009. Igualmente, cuenta con una certificación emitida por la Alcaldía de Puerto Guzmán, según la cual es considerado como víctima de una mina anti-personal dentro del marco del conflicto armado, con lo cual también interpuso una denuncia penal por los hechos relatados.
El 17 de diciembre de 2013, el accionante elevó derecho de petición ante el Ministerio de Trabajo con el fin de que le fuese reconocida la pensión de invalidez en monto de un salario mínimo legal vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, con ocasión de su victimización. El Ministerio respondió el 30 de diciembre de 2013 declarándose incompetente para reconocer el pago de la pensión solicitada y remitió la solicitud a COLPENSIONES sin que esta hubiese proferido respuesta para el momento de interposición de la acción de tutela.
Por lo anterior, el accionante solicita la tutela de sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, dignidad, de petición, debido proceso y seguridad social, en su especial condición de víctima del conflicto armado y discapacitado producto de tal situación. En consecuencia, solicita que el juez constitucional ordene a los accionados reconocer y pagar la pensión contenida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997.
- Copia de las Historias Clínicas del accionante de los Hospitales del Putumayo donde fue atendido.
- Certificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, de fecha mayo 27 de 2009.
- Certificación expedida por la Alcaldía de Puerto Guzmán, que da cuenta de la condición de víctima del accionante, por haber pisado una mina anti-persona.
- Certificación expedida por la Personería de Puerto Guzmán en 2009.
- Denuncia presentada por el accionante ante la Fiscalía de la Hormiga Putumayo.
- Copia de respuesta dada por el Ministerio de Trabajo el 30 de diciembre de 2013 ante la solicitud elevada por el accionante.
Finalmente, manifiesta que aún en el hipotético caso de que se aceptara la vigencia de la pensión solicitada, el accionante no cumple con los requisitos mínimos para acceder a ella en tanto que no le falta atención en salud, que es una de las condiciones necesarias contempladas en el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, que modifica el mencionado artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Funda esta afirmación en el hecho de que en el Registro Único de Afiliados (RUAF), el actor aparece como afiliado desde el 1 de noviembre a la Asociación Indígena del Cauca y que su estado es “ACTIVO”. Así mismo, señala que el actor no ha tramitado ante la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) su reconocimiento como víctima del conflicto y que las pruebas aportadas no pueden entenderse como prueba de esa condición.
Mediante sentencia de 2 de julio de 2014, la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia dentro de la acción de tutela bajo estudio, resolviendo DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en lo que tenía que ver con el reconocimiento y pago de la pensión solicitada. CONCEDIÓ el amparo en lo referente al derecho de petición, ordenando a COLPENSIONES que en el término de cuarenta y ocho horas contadas desde la notificación de la sentencia, procediera a responder la solicitud elevada por el accionante y que había sido remitida a la mencionada entidad por parte del Ministerio de Trabajo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión. La Sala de Selección número ocho, en providencia del 22 de agosto de 2014, decidió seleccionar el presente expediente, asignándoselo a la Sala Novena de Revisión.
1. El accionante se encuentra discapacitado al habérsele tenido que amputar su pierna izquierda y haber perdido capacidad auditiva por el estallido de una mina anti – persona que pisó luego de haber sido detenido por las FARC en un retén militar el día 21 de marzo de 2009. Ante esta situación, elevó una petición ante el Ministerio de Trabajo con el fin de que le fuera reconocida y pagada la pensión especial para víctimas del conflicto armado contemplada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002. Esta petición fue resuelta negativamente por el Ministerio de Trabajo que, sin embargo, la remitió a COLPENSIONES con el fin de que fuera esta quien diera respuesta definitiva y de fondo. Esta segunda entidad nunca respondió el requerimiento, por lo cual el accionante decidió interponer la acción de tutela que aquí se estudia.
3. El artículo 86 de la Constitución de 1991 establece que la acción de tutela procederá siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En concordancia, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece las causales de improcedencia de la acción de tutela y, específicamente, en su numeral primero indica que la tutela no procederá “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
4. De lo anterior se colige que la acción de tutela no tiene como propósito servir de mecanismo alterno o de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que cuenta todo ciudadano para la protección de sus derechos y la solución de controversias. En este sentido, esta Corporación ha dejado claro que “(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo”[1].
5. Así las cosas, la Corte Constitucional ha dado alcance a los preceptos normativos citados, fijando el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela frente a los mecanismos judiciales ordinarios, de forma que esta acción constitucional sólo procederá i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, ii) cuando existiendo un medio de defensa judicial ordinario este resulta no ser idóneo para la protección de los derechos fundamentales del accionante o iii) cuando, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de defensa, la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[2]. Bajo los dos primeros supuestos, se ha entendido que la acción de tutela funge como mecanismo principal y, en el segundo, desplaza al mecanismo judicial ordinario, mientras que en el tercer caso la tutela es un mecanismo transitorio que no impide el ejercicio de acciones ordinarias.
6. En el caso en el cual existe un medio ordinario de defensa que se pretende desplazar para dar paso a la acción de tutela como mecanismo principal, es necesario establecer que el mecanismo ordinario no es idóneo para la protección de los derechos de los accionantes y, por tanto, se requiere de una evaluación en concreto, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada caso para así determinar la eficacia que tendría el mecanismo ordinario para defender los derechos fundamentales que se alegan vulnerados. Además, debe evaluarse el objeto perseguido por el mecanismo judicial que se pretende desplazar con la acción de tutela y el resultado previsible que éste puede proporcionar en lo que respecta a la protección eficaz y oportuna de los derechos de los accionantes[3], de acuerdo con las circunstancias concretas a las que se ha hecho referencia.
7. En cuanto a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esta Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que dicho perjuicio debe ser: i) inminente (esto es, que amenaza o está por suceder pronto y tiene una alta probabilidad de ocurrir); ii) grave; iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio sean urgentes; y que iv) la acción de tutela sea impostergable para garantizar adecuadamente los derechos vulnerados[4]. El cumplimiento de estos requisitos también deberá verificarse a la luz de las circunstancias propias de cada caso.
13. A partir del antecedente jurisprudencial en sede de tutela más reciente en lo atinente a la pensión especial para víctimas del conflicto contenido en la Sentencia T – 469 de 2013[5], es posible reconstruir el historial normativo de esta prestación contemplada para aliviar los efectos nocivos del conflicto sobre algunas de los sectores más vulnerables de la población.
16. La Ley 241 de 1995 derogó expresamente la normativa anterior, pero tenía una vigencia limitada. Ante esta circunstancia, el Gobierno Nacional propuso al Congreso la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en ésta ley incluyendo entre ellas la pensión especial, teniendo en cuenta el impacto favorable que había tenido en la mitigación de los efectos del conflicto. Así, el órgano legislativo aprobó la ley 418 de 1997 que, en su primera redacción, dispuso en lo pertinente:
“Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Unico para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993.”
20. Esta postura se vio ratificada definitivamente y con efectos erga omnes en sede de constitucionalidad a través de la Sentencia C – 767 de 2014[6], en la cual esta Corporación encontró que el Congreso había incurrido en una omisión legislativa relativa al expedir la Ley 1106 de 2006 por no haber contemplado la prórroga de la pensión especial de invalidez, configurando así una medida regresiva no justificada y, por tanto, contraria a la Constitución de 1991:
“(…) se concluyó (i) que el legislador creó una prestación a favor de las víctimas del conflicto armado con un término expreso de vigencia, (ii) dicho término fue ampliado sucesivamente por el Legislador y (iii) los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, prorrogaron nuevamente algunas disposiciones de la Ley 418 de 1997, pero omitieron hacerlo frente al artículo 46. Ello generó un vacío normativo, al dejar fuera del ordenamiento jurídico la prestación reconocida a las víctimas del conflicto armado que les otorga el derecho de ser beneficiarios de un salario mínimo mensual vigente, cuando la pérdida de la capacidad se ha producido con ocasión del conflicto y no se tiene otra alternativa pensional.
“PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud”.
“Es claro que la seguridad social está regulada por normas que fijan los requisitos mínimos para tener derecho a sus beneficios, sin embargo, el objeto de la presente acción de tutela, es la pensión mínima que se concede como consecuencia de un acto violento, que se encuentra regulada por disposiciones propias y exclusivas que surgen por la situación de violencia del País, cuyo régimen especial exime a sus beneficiarios de los requerimientos propios del ordenamiento prestacional”[7].
23. Del mismo modo, la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en sede de tutela mediante las sentencias T-463 de 2012[8] y la ya citada T-469 de 2013. En esta última se señaló que:
24. Finalmente, la Sentencia C- 767 de 2014 adoptó las reglas mencionadas en la Sentencia T-469 e indicó que
25. Como puede seguirse del análisis que al respecto se hizo en la Sentencia T – 469 de 2013, a partir de la modificación introducida al artículo 46 de la Ley 418 de 1997 en virtud del artículo 18 de la Ley 782 de 2002, el entonces Instituto de Seguros Sociales sería la autoridad competente para el reconocimiento de la prestación especial bajo estudio. Sin embargo, luego de la entrada en proceso de liquidación del mencionado Instituto, las obligaciones derivadas del reconocimiento de pensiones fueron asumidas por COLPENSIONES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y del Decreto 2011 de 2012.
Igualmente, con ocasión de lo establecido en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, COLPENSIONES asumió el cumplimiento de las sentencias judiciales que se profirieran contra el ISS en liquidación, de forma que esta última entidad actualmente sólo tiene competencia para realizar actos jurídicos que faciliten el proceso liquidatorio. De lo anterior resulta que COLPENSIONES subrogó al antiguo ISS en las obligaciones que por ley le correspondían a este último y que incluyen el reconocimiento de la pensión de invalidez para víctimas de la violencia.
27. El Fondo se encuentra administrado por un consorcio de empresas fiduciarias del sector público surgido a partir del Contrato No. 352 de 2007, celebrado entre el Ministerio de la Protección Social y las empresas Fiduprevisora S.A., Fiducoldex S.A. y Fiducentral S.A., quienes conformaron el denominado Consorcio Prosperar. El objeto del mencionado contrato es que el Consorcio administre fiduciariamente los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, según el artículo 25 de la Ley 100 de 1993. En el año 2013, el Consorcio Prosperar pasó a denominarse Consorcio Colombia Mayor, nombre con el que opera al momento de proferirse este fallo.
29. La Ley 418 de 1997 establece cuatro requisitos que una persona debe cumplir para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez especial contemplada en su artículo 46. Estos son i) ser víctima del conflicto, ii) haber sufrido una pérdida de más del 50% de la capacidad laboral calificada con base en el Manuela Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, iii) carecer de otras posibilidades pensionales y iv) carecer de otras posibilidades de atención en salud:
29.1 En lo que respecta al primer requisito, debe decirse que sólo hasta la expedición de la Ley 1448 de 2011, el ordenamiento jurídico colombiano adquirió una definición legal y comprensiva acerca de quiénes pueden ser considerados como víctimas del conflicto. En ese sentido, el artículo tercero de dicha ley dispone:
“ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
Sin embargo, cabe indicar que la Ley 1448 de 2011 tiene un ámbito de aplicación que no se refiere a la prestación de la que se ha venido hablando, por lo cual el citado artículo tercero sólo puede ser tomado como un referente interpretativo para decidir sobre quién puede o no ser considerado como víctima. En concordancia, para efectos de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, esta Sala estima pertinente aclarar que, dado que la Ley 418 de 1997 no estableció una fecha límite desde la cual se deba reconocer la prestación, esta tendrá que ser reconocida incluso por hechos ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1985 siempre que se cumplan los demás requisitos.
29.2 Sobre el requisito de pérdida de capacidad laboral, es necesario decir que la causa de la invalidez debe ser el o los hechos victimizantes, es decir, aquellas acciones u omisiones de los actores armados que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos. Lo anterior, por cuanto no estaría acorde con la naturaleza y el fin de esta pensión especial el que se entregara a personas que por motivos diversos al conflicto armado han perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
29.3 En cuanto al tercer requisito, esta Sala considera que debe interpretarse de manera que la prestación especial sólo tiene cabida cuando la persona víctima no tiene ninguna expectativa razonable de poder acceder a una mesada pensional, habida cuenta de que es un mecanismo que permite garantizar la subsistencia de los afectados por el conflicto y, eventualmente, de sus familias. Por supuesto, lo anterior implica que si una persona es beneficiaria de esta pensión especial y, por algún motivo, accede a una prestación de carácter pensional (una pensión de sobreviviente, por ejemplo) o algún beneficio estatal que le permita garantizar su mínimo vital, las entidades encargadas del reconocimiento y pago de la prestación excepcional podrán suspender legítimamente dicho pago al entenderse superados los supuestos fácticos que dieron origen al mencionado reconocimiento.
29.4 Finalmente, el reconocimiento de la pensión está sujeto a los que la ley denomina “carecer de otras posibilidades de atención en salud”. Con el propósito de fijar el alcance de este requisito, la Sala hará una breve referencia a los distintos regímenes de atención en salud actualmente vigentes para luego, apoyándose en los propósitos perseguidos por la pensión especial, establecer una interpretación del requisito que se ajuste a los principios constitucionales.
29.4.1 El Sistema General de Atención en Salud, creado con la Ley 100 de 1993, tiene por propósito la garantía universal del derecho a la salud de todos los colombianos. De este modo, con el fin de cumplir la meta propuesta y teniendo en cuenta las desigualdades de ingresos entre la población, el Sistema se dividió en dos regímenes así: por un lado, el Régimen Subsidiado en salud que tiene por objeto proveer a la población más pobre y vulnerable, sin capacidad de pago, un acceso integral a los servicios de salud y lograr así una efectiva garantía del derecho fundamental a la salud y, por otro, el Régimen Contributivo, en el que se encuentran quienes tienen capacidad de pago y pueden realizar cotizaciones al Sistema General mediante descuentos periódicos aplicados a su fuente de ingresos.
29.4.2 Al respecto, debe resaltarse que a partir de la Sentencia T – 760 de 2008[9], la Corte Constitucional estableció la obligación de unificar el catálogo de servicios prestados por las EPS del Régimen Subsidiado (EPS – S) con aquél que proveen las del Régimen Contributivo, en vista de que existía una situación jurídica que representaba un trato discriminatorio injustificado y constitucionalmente inadmisible, pues las personas que sí tenían capacidad para cotizar podían disfrutar de mejores y más servicios que aquellas cuyo servicio de salud estaba subsidiado.
29.4.3 Con todo, la pertenencia a uno u otro régimen sigue siendo un indicativo de los ingresos percibidos por el afiliado y, de este modo, de los recursos con los que dispone para garantizar su mínimo vital y una vida digna. Por esto, si se tiene en cuenta que para hacer parte del régimen contributivo es suficiente con devengar un salario mínimo legal vigente, es dable concluir que una persona que hace parte del régimen subsidiado y no tiene capacidad para pagar cotizaciones al sistema, es porque no cuenta con ingresos o son tan precarios que no llegan al valor del salario mínimo y, por ende, se encuentra en dificultades para garantizar su mínimo vital.
29.4.4 De lo anterior resulta que para los fines de un Estado Social de Derecho es necesario procurar la movilidad social de forma que quienes hacen parte del Régimen Subsidiado puedan superar su situación de pobreza y logren poseer los ingresos suficientes que les permitan cotizar por sí mismos y acceder al Régimen Contributivo. Por esta razón, puede decirse que uno de los propósitos más importantes del Estado debe ser el de llevar a cabo políticas que fomenten la creación de empleos para reducir la base de personas subsidiadas y, en consecuencia, sean cada vez más los que puedan contribuir al Sistema.
29.4.5 Las anteriores consideraciones deben complementarse haciendo referencia al fin perseguido por el legislador al instituir una prestación como la pensión de invalidez especial que se ha venido tratando. En este sentido, las motivaciones de la ley que contiene dicha pensión, así como las de sus sucesivas prórrogas han hecho énfasis en que esta es una medida que busca la equidad[10], a la vez que constituye un instrumento para prestar una ayuda a quienes lo han perdido todo por causa del conflicto y han visto mermada su capacidad productiva, poniendo en peligro el sostenimiento de sí mismos y de sus familias. Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que el monto que se paga por concepto de esta prestación excepcional es de un salario mínimo, que busca garantizar al menos lo suficiente para cubrir el mínimo vital de las víctimas que no tienen otras fuentes de ingresos o que estas no alcanzan a cubrir lo indispensable para vivir.
29.4.6 Por lo dicho, esta Sala se ve obligada a interpretar el cuarto requisito de acceso a la pensión especial de una manera no restrictiva y acorde con las exigencias del marco constitucional y legal. Así, se entenderá que esta exigencia se refiere a que los aspirantes a recibir la pensión no podrán pertenecer al régimen contributivo con anterioridad a que ésta les sea reconocida, por cuanto si ya se encuentran en este último quiere decir que tienen al menos los recursos mínimos para la subsistencia y, por tanto, no podrían ser beneficiarios de una prestación diseñada para cubrir las necesidad mínimas de quienes no poseen ingresos por causa de las secuelas de un hecho violento.
Esta interpretación se impone, además, porque si el requisito se entiende de manera restrictiva (es decir, interpretándolo de modo que no sería posible acceder a la pensión especial si quien la solicita tiene atención en salud, sin importar el régimen al que pertenezca), se estaría desconociendo el efecto útil de la norma, habida cuenta de que el cubrimiento universal en salud imposibilitaría su aplicación. Por el contrario, lo que se busca no es sólo garantizar el derecho a la salud de una población que ya puede acceder a él a través del régimen subsidiado, sino que esas personas víctimas puedan también garantizar su mínimo vital y eventualmente el de sus familias a través de una prestación mínima mensual, a la vez que contribuir con su inclusión al régimen contributivo.
31.1 Ante esta última afirmación, la Corte no puede más que apartarse enérgicamente de ella, por cuanto desconoce la legislación y la jurisprudencia constitucional pertinente. En efecto, como se dijo antes, la Ley 1448 de 2011 establece un criterio para reconocer quiénes pueden ser considerados como víctimas, pero para el caso bajo estudio esto sólo puede ser tomado como un criterio de interpretación, teniendo en cuenta que dicha ley no se refiere a la prestación en comento. Por otra parte, aún si en aras de la discusión se aceptara el artículo tercero de la Ley 1448 como estándar para decidir si una persona es víctima o no, dicha norma no establece como requisito para ser considerado como tal el estar reconocido por la Unidad de Víctimas.
Lo anterior porque la condición de víctima deviene del haber resultado afectado por una acción u omisión que configuró una vulneración de derechos por parte de los actores en el marco de un conflicto armado, mientras que la inscripción en un registro sólo constituye un mecanismo institucional para acceder a una serie de beneficios a los que tiene derecho una persona que ha sido victimizada.
31.2 En el caso concreto, la Sala encuentra que en el expediente obran pruebas que muestran que el accionante sufrió la mutilación de su miembro inferior izquierdo y la pérdida de audición por la explosión de una mina anti-persona, artefacto mundialmente reconocido como contrario al Derecho Internacional Humanitario[11]. De este modo, no queda duda de que el peticionario resultó afectado con ocasión de la violación de las normas del derecho internacional, en el marco del conflicto armado y, por lo tanto, debe ser considerado como una víctima para los efectos que nos ocupan.
32. En cuanto al segundo requisito, obra en el expediente documento expedido el 27 de mayo de 2009 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño[12], en el cual se indica que el accionante sufre de hipoacusia sensorial bilateral, “amputación bajo rodilla”, estrés postraumático y restricción de movimientos de dedos del pie derecho, dolencias coincidentes con aquellas detectados por los médicos de los hospitales donde fue atendido y que consignaron en las epicrisis que provenían de la explosión de una mina antipersona. En el mencionado dictamen de la Junta se indica que el actor sufre una pérdida de capacidad laboral de 53.15%, estructurada el 21 de marzo de 2009, con lo cual se cumple este requisito.
33. Finalmente, en cuanto a la no posibilidad de otra atención en salud, como bien lo señala el representante del Ministerio de Trabajo en su contestación, el accionante aparece en el RUAF como afiliado activo a la EPS – S de la Asociación Indígena del Cauca, en el régimen subsidiado. Sin embargo, como se dijo en consideraciones precedentes, una interpretación restrictiva de este requisito llevaría a consecuencias contrarias a los principios constitucionales, de forma que el hecho de que el accionante pertenezca al régimen subsidiado debe entenderse más como un indicativo de su precaria situación económica y de la necesidad que tiene de recursos, que como el no cumplimiento de un requisito para acceder a la pensión especial. Aplicando esta regla de interpretación, se tiene que el accionante cumple también con la cuarta exigencia.
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 2 de julio de 2014, proferido en única instancia por la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió la acción de tutela promovida por el señor Carlos Alirio Perengüez Regalado a través de apoderado, contra el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, COLPENSIONES y Consorcio Colombia Mayor. En consecuencia, CONCEDER el amparo solicitado.
SEGUNDO: ORDENAR a COLPENSIONES que, dentro del término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a tramitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez para víctimas de la violencia estipulada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, a favor del señor Carlos Alirio Perengüez Regalado.
TERCERO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a repetir a contra el Fondo de Solidaridad Pensional a través de su administrador fiduciario, el Consorcio Colombia Mayor, por concepto de las sumas pagadas con ocasión del numeral segundo de esta sentencia.
CUARTO: ADVERTIR a las entidades accionadas para que en adelante interpreten el contenido del artículo 46 de la Ley 418 de 1997 de conformidad con el contenido de esta sentencia y de la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en su parte considerativa.
QUINTO: NOTIFICAR de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo para que efectúe el seguimiento necesario al cumplimiento de las órdenes decretadas en la parte resolutiva de esta providencia.
SEXTO: Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[5] M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[6] M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[7] Expediente Num. 1108-01 (AC) del 1 de marzo de 2007.
[8] M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
[9] M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa
[10] Cfr. Congreso de la República de Colombia, Gaceta 364, Ley 548 de 1999, pág. 8. En el mismo sentido, obsérvese la ya citada Sentencia T-469 de 2013 (M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva).
[11] Expediente, págs. 35 a 40. Cuaderno 1. Al respecto, es posible encontrar varios instrumentos internacionales tales como el Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos (Protocolo II), la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción y la Declaración de Cartagena (2009).
[12] Expediente, págs. 33 y 34. Cuaderno 1.