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Timestamp: 2016-10-23 00:24:07
Document Index: 156927618

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 3', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98']

Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de La Laguna número 1, don Sergio Saavedra Queimadelos, a inscribir una escritura de compraventa
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de La Laguna número 1, don Sergio Saavedra Queimadelos, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de La Laguna número 1, don Sergio Saavedra Queimadelos, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Martínez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad de La Laguna número 1, don Sergio Saavedra Queimadelos, a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Santa Cruz de Tenerife don Javier Martínez del Moral contra la negativa del Registrador de la Propiedad de La Laguna n.° 1, don Sergio Saavedra Queimadelos, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 8 de octubre de 2003 don Javier Martínez del Moral, Notario de Santa Cruz de Tenerife, autorizó una escritura de compraventa, por virtud de la cual don Julio D. E., doña Hermógenes D. E. y doña Teresa D. E. venden a don Diego R. G. Una finca urbana. Debe destacarse que doña Teresa D. E. interviene en representación de don Dámaso D. E.
En dicha escritura compraventa se expresa que «Intervienen todos en su propio nombre y doña Teresa, además, en nombre y representación de su hermano don Dámaso D. E según poder que le confirió en escritura de 27 de agosto de 2003, ante la Notario de Tacoronte, doña María Teresa González Heredia, número 636 de su protocolo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, yo, el Notario, hago constar, que a mi juicio según resulta de la escritura pública reseñada, la apoderada se encuentra suficientemente facultada para vender la participación indivisa que corresponde al poderdante en la descrita finca, aun mediando autocontrato, conflicto de intereses o doble o múltiple representación, así como para formalizar todos los demás pactos complementarios contenidos en la presente escritura pública. Manifiesta la apoderada que sus facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad jurídica de su representado en este acto. Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de compraventa».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad el 3 de noviembre de 2003, causando el asiento de presentación 1401 del Diario 179 y fue objeto de la siguiente calificación:
3. La citada Resolución vinculante de 12 de abril de 2002 reconoce la vigencia del artículo 18.1° de la Ley Hipotecaria acerca de la calificación registral. En efecto, según esa Resolución el artículo 98.2 de la Ley 24/ 2001, debe interpretarse -en relación con el contexto del resto de la Ley (confróntese artículo 3.1 del Código Civil) que no ha modificado el esquema de la seguridad jurídica preventiva ni la función que en ese esquema desarrollan sus protagonistas- (...) sin merma de la función Calificadora de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (apartado 3 de la Resolución).
Con esta reinterpretación del artículo 98, la DGRN (se refiere a las citadas resoluciones de 23 y 26 de marzo y 3 y 21 de mayo de 2002) en realidad transforman lo que eran dos exigencias en una sola pues la reseña de las facultades pierde autonomía respecto del juicio de suficiencia y aquélla y éste se funden en una sola proposición pretendidamente apodíctica que, además a de complementarse con la remisión a la calificación del acto efectuada por el Notario al inicio del otorgamiento. De seguir esta tesis bastaría con la previa calificación de la escritura para que con una fórmula genérica y sacramental como las descritas -de indiscutible eficacia universal por cuanto sirve potencialmente para cualquier escritura con independencia de su contenido- se estimaran cumplidas
las exigencias del precepto en cuestión, impidiendo de facto el ejercicio de la función calificadora que en materia de capacidad de los otorgantes IMPONE al Registrador el vigente artículo 18 de la LH que quedaría en este extremo vacío de contenido.
La calificación es de 12 de noviembre de 2003, notificándose al Notario el día 21 del mismo mes y año, según sostiene el Notario en el hecho primero de su recurso, pues este dato no se hace constar en el Informe del Registrador, no obstante ser éste el momento procedimental idóneo.
El Notario instó la calificación de Registrador sustituto recayendo en el Registrador de Santa Cruz de la Palma que en ese momento estaba siendo servido como interino por don Oscar Germán Vázquez Asenjo, el cual procede a calificar el 8 de enero de 2004. La calificación de este Registrador es idéntica, incluso en su literalidad a la del Registrador competente territorialmente, con leves matices que se refieren al fundamento de derecho primero y a ligeras modificaciones en los fundamentos restantes.
El Notario interpone su recurso el 9 de febrero de 2004.
El Registrador evacuó su informe el 9 de febrero de 2004, elevando el expediente a esta Dirección General para su resolución.
Vistos los artículos 1259, del Código Civil; 18,19 bis, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, de 28 de abril de 2004 y de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003, 30 de enero y 18 de marzo de 2004 y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003 y 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una escritura de compraventa.
De hecho, sosteníamos en el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de este Centro Directivo de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004 que «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el
título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, que «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, yo, el Notario, hago constar, que a mi juicio según resulta de la escritura pública reseñada, la apoderada se encuentra suficientemente facultada para vender la participación indivisa que corresponde al poderdante en la descrita finca, aun mediando autocontrato, conflicto de intereses o doble o múltiple representación, así como para formalizar todos los demás pactos complementarios contenidos en la presente escritura pública. Manifiesta la apoderada que sus facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad jurídica de su representado en este acto. Tienen, a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de compraventa». Por tanto, el juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una escritura compraventa.
Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que atendidos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 17 bis de la Ley del Notariado, al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico documentado en el título, siendo este aspecto capital el que
debería haber calificado el Registrador, esto es, si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el negocio jurídico concluido.
Madrid, 20 de octubre de 2004.-La Directora General, Pilar BlancoMorales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad de La Laguna número 1.