Source: https://supremo.vlex.es/vid/768591277?pbl_until=2019-09-28&pbl_auth_token=83accacd653755e95db8f516cc1363f5
Timestamp: 2020-01-20 18:52:44
Document Index: 294734505

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 207', 'artículo 51', 'artículo 124', 'artículo 51', 'artículo 49', 'artículo 43', 'artículo 51', 'artículo 51']

STS 7/2019, 9 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 768591277
Número de Recurso: 108/2018
Número de Resolución: 7/2019
DESPIDO COLECTIVO POR FINALIZACIÓN DE CONTRATA. EXCLUSIÓN DE TRABAJADORES INDEFINIDOS. La finalización de una contrata constituye la causa de terminación natural para un contrato temporal basado en tal descentralización productiva, mientras que solo puede operar para las relaciones de duración indefinida (o las de duración determinada por causa diversa) mediante el despido colectivo o por causas objetivas. La terminación de la contrata legitima la activación de la específica causa extintiva del artículo 49.1.c ET para los contratos temporales por obra o servicio que tuvieran tal objeto. Se desestima el recurso de casación.
Por la representación de Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) se interpuso demanda de impugnación de despido colectivo de la que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que, tras exponer los hechos y motivos que se estimaban necesarios, se terminó por suplicar que se dictara sentencia por la que "se declare nula o subsidiariamente injustificada la decisión empresarial de despido colectivo, por las razones expuestas, especialmente por la discriminación habida entre contratos indefinidos y temporales, solicitando: 1.- Bien la condena solidaria de las empresas Telecyl SA, Liberbank y su filial FK2 en razón a la declaración de cesión ilegal de trabajadores, por lo que deberán ser condenadas a readmitir y reponer a la totalidad de la plantilla -tanto a los afectados por el ERE como a los excluidos por contratos de obra y servicio- en sus anteriores puestos de trabajo, así como en las condiciones que informaban sus relaciones laborales y abono de salarios de tramitación. 2.- Bien y con carácter subsidiario y en razón a la previa declaración de sucesión empresarial, la condena solidaria de las empresas Telecyl SA y Unisono Soluciones de Negocio SL para que estando y pasando por esta declaración readmitan a toda la plantilla -tanto fijos como contratados por obra y servicio- en sus anteriores puestos de trabajo y condiciones que informaban la relación laboral así como que abonen los salarios de tramitación".
Con fecha 22 de febrero de 2108 se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimamos la demanda de impugnación de despido colectivo intepuesta por los sindicatos Comisiones Obreras de Asturias frente a las empresas "Telecyl SA", "Liberbank", "Unísono Soluciones de Negocio SA" y "Factoría de Transformación y Operaciones y Servicios SL (FK2)", y, en consecuencia, absolvemos a estos últimos de los pedimentos en ella formulados".
- El 20 de agosto de 2009 las mercantiles Caja de Ahorros de Asturias (CajAstur) y Telecyl S.A. otorgaron un contrato de arrendamiento de servicios por virtud del cual la segunda de las entidades prestaría a CajAstur los servicios de centralita, servicio de ayuda al empleado, banca telefónica y banca electrónica, servicios consistentes en atención y emisión de comunicaciones telefónicas, electrónicas y telemáticas a los teléfonos y direcciones habilitados a tal fin en el Centro de Contacto, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, según las necesidades requeridas por CajAstur y en concreto:
- Ese servicio de atención telefónica de CajAstur había nacido en el año 2004, y con anterioridad a la fecha del contrato reseñado, el servicio de contact center había estado contratado con la mercantil Gestión Integral de Contratas y Centros de Trabajo SL (Gestión-C), sin que conste el formato contractual conforme al que se prestaba o regía la materialización del citado servicio. Unos 40 operarios de Gestión-C pasaron a prestar servicios para la nueva contrata, bajo la modalidad de contrato por obra o servicio determinado.
- El servicio que venía prestando Telecyl SA se materializaba en el edificio sito en la c/ San Francisco núm. 15, de Oviedo, plantas 3ª, 4ª y 7ª que la entidad bancaria le tenía arrendado por un canon mensual de 3.972,07 €, IVA aparte. Telecyl S.A. se hacía cargo del pago del impuesto sobre bienes inmuebles del local en el que radicaba el centro de trabajo, corriendo de su cuenta igualmente los gastos de seguro, luz, calefacción y demás suministros. Con anterioridad, y durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 1 de diciembre de 2013 la prestación del servicio se había materializado en un local propiedad de CajAstur sito en la Avd. del Cristo núm. 49 de Oviedo, en virtud de un contrato de arrendamiento de uso distinto a vivienda, y posteriormente, durante los años 2014 y 2015, en un edificio sito en la c/ Palacio Valdés núm. 3 y 5 de Oviedo, cuya titularidad correspondía a la inmobiliaria Zaporrel S.L., en virtud de un contrato de arrendamiento de local de negocio.
- Los sistemas y equipos informáticos empleados en la prestación del servicio eran de titularidad del banco; los teléfonos, ordenadores, auriculares e instrumental pertenecían igualmente a Liberbank, entidad que también suministraba el papel timbrado. El mobiliario (mesas, sillas, mamparas, persianas...), en parte eran de la titularidad de Telecyl S.A. y, en parte, se encontraban inventariados por Liberbank.
- Al tiempo del despido que aquí se cuestiona el número de trabajadores adscritos al centro de trabajo de Oviedo ascendía a 225 operarios, de los cuales 73 ostentaban la condición de indefinidos y el resto, 152, estaba vinculado a la empresa con contratos temporales, bajo la modalidad de obra y servicio determinado ligado a la duración de la contrata. Las relaciones laborales se encontraban sujetas al II Convenio Colectivo del sector de Contact Center (antes Telemárketing) (BOE 12/7/17). El cuadro de mando del centro de trabajo de Oviedo estaba integrado por una Responsable del Servicio, la Sra. Eulalia , cuatro supervisores y trece coordinadores. El resto de la plantilla estaba compuesta por teleoperadores y gestores telefónicos, dos administrativos y un técnico de sistemas. Hasta agosto de 2016, junto al personal dependiente de Telecyl S.A., Liberbank tenía adscritas a su servicio de contact center a 3 empleados, los Srs. Jesus Miguel , Juan Francisco y Claudio , con funciones de supervisión y control del funcionamiento del servicio, dación de indicaciones informativas y formativas a teleoperadores, estudio y seguimiento de los planes y objetivos marcados; para cuya ejecución mantenían reuniones semanales con la Sra. Eulalia y otros miembros de cuadro de mandos de Telecyl. Estos operarios ocupaban un despacho aparte en la planta baja del edificio de la calle San Francisco núm. 15 de Oviedo. A partir de agosto de 2016 estos cometidos fueron asumidos por la mercantil Factoría de Transformación de Operaciones y Servicios S.L. (FK2), sociedad filial de Liberbank, quien adscribió a esta tarea al Sr. Ángel (Director de división contact center de FK2-Liberbank), auxiliado por las Sras. Marta y Milagrosa . El expresado director de división contact center intervino y dio el visto bueno al redimensionamiento de la plataforma mediante la contratación de ETTs en el periodo estival y durante la huelga convocada por los trabajadores de Telecyl en el mes de agosto de 2017.
-La actividad de los teleoperadores y gestores telefónicos concernidos por la litis y en relación con los productos que comercializa y gestiona Liberbank a través del contact center, se vertebra en los siguientes cometidos: recepción de comunicaciones telefónicas de clientes y conclusión a través del oportuno soporte informático de las operaciones ordenadas que presentan mayor sencillez dentro de la operativa bancaria: de cuenta corriente y de ahorro (traspasos, transferencias, petición de extractos...); gestión de créditos (credicomercio); préstamos (solicitud de préstamos); de visa y tarjeta 6000 (solicitud, bloqueo, espía tarjetas, alertas CECA); de valores (compra-venta de títulos, cotización de títulos); de fondos de inversión (apertura, suscripción, reembolso); venta de entradas a través del programa ANTO; estado de cajeros etc.; realización de comunicaciones telefónicas por las propias teleoperadoras y para divulgar y ofrecer el servicio de banca telefónica u otros productos comerciales. En relación con el Servicio de Atención al Empleado (SAE) los operarios de Telecyl S.A. resolvían telefónicamente las dudas que los empleados de Liberbank les planteaban en relación con la tramitación y perfeccionamiento de las operaciones ordenadas por clientes que revestían alguna complejidad, o bien, en el caso de superar sus competencias o conocimientos, rebotaban la consulta a los correspondientes especialistas de la entidad financiera, para su ulterior resolución por estos. No obstante, a través del servicio de banca telefónica no se efectuaban operaciones como el acceso a préstamos con garantía real, determinadas contrataciones de seguros o aquellas otras que demanden análisis de riesgos, no circulando tampoco dinero físico en el citado servicio.
- Los miembros del cuadro de mandos del contact center recibieron desde los centros directivos competentes de Liberbank informaciones, instrucciones diversas e indicaciones atinentes a modificaciones en los programas y tiempos de respuesta que emplean los operadores, alteraciones o nuevos tratamiento de concretas operatorias, información a facilitar a clientes en relación con concretos productos, etc. Los trabajadores afectados por el presente despido colectivo recibieron formación a cargo de Liberbank en materia de blanqueo de capitales, valores, espía troyano, facturación electrónica, SAE.
- Respecto de los trabajadores afectados por el despido colectivo Telecyl S.A. se encargaba de organizar los calendarios, los turnos y los horarios de trabajo y de cubrir las necesidades de personal que pudieran surgir. La empresa adjudicataria ejerce el control y supervisión del personal que presta el servicio, tanto en orden al debido desempeño de su cometido como en lo que respecta a la puntualidad y asistencia al trabajo. A través de una plataforma de la intranet Telecyl gestiona asimismo las bajas voluntarias, las excedencias, las ausencias médicas, las bajas maternales y médicas, accidente de trabajo, guardas legales, permisos retribuidos y no retribuidos, horas sindicales, incidencias nóminas etc.. Durante las vacaciones, permisos, bajas médicas, etc., se encarga de las sustituciones del personal afectado por tales contingencias. Las nóminas de los empleados son abonadas por la contrata y entregadas personalmente por sus coordinadores. Telecyl elaboraba planes de formación, contando con una lista de formadores entre los que se encontraban los agentes Srs. Clemente , Domingo , Eliseo , Claudio , Darío y otros, e impartía acciones formativas con vistas a cubrir las necesidades de gestión de la plataforma, en materia de ficheros, gestión de skills, escucha de llamadas, clientes inbound, módulo de cuentas, módulo de valores, backoffice...; registrándose las acciones formativas en la aplicación "Gestión de Plataforma". El correo electrónico de los agentes de Telecyl adscritos al contact center giraba bajo el dominio "@ externos.liberbank.es "; era la contrata quien ejercía las facultades sancionadoras y disciplinarias y, en fin, quien se cuidaba de la vigilancia de la salud de los trabajadores, del desarrollo de la política de prevención de riesgos laborales y de los reconocimientos médicos de empresa.
- El centro de trabajo de Telecyl en Oviedo cuenta con un comité de empresa de 9 miembros elegidos todos ellos en la lista del sindicato Comisiones Obreras. A raíz de la huelga convocada para el 14 de agosto de 2017 por los representantes de los trabajadores, para protestar frente a los tiempos y ritmos de trabajo impuestos por la empresa, la Dirección de la empresa y el comité constituyeron un grupo de Trabajo en el SASEC que celebró reuniones los días 23 y 28 de agosto, 4 y 18 de septiembre y 23 de octubre de 2017, para negociar sobre la problemática que habían generado la convocatoria de la huelga y otros temas laborales.
- El 6 de abril de 2017 Liberbank publicó el Pliego de condiciones para la prestación de servicios de contact center, presentando oferta Telecyl S.A. en fecha de 27 de abril siguiente. Mediante comunicación de 17 de octubre de 2017 la dirección del banco participó a Telecyl S.A. la extinción del contrato firmado el 20 de agosto de 2009 entre ambas mercantiles para la prestación del servicio de atención telefónica, electrónica y telemática en el Centro de Contacto, que se daba por resuelto con efectos de 21 de diciembre siguiente.
- El 9 de noviembre de 2017 Telecyl notifica a la representación legal de los trabajadores y a la Autoridad Laboral la decisión de iniciar el procedimiento de despido colectivo en el seno de la empresa que afectaría a la plantilla del centro de trabajo de San Francisco 15 de Oviedo. En dicha comunicación se señala que el motivo de dicho despido colectivo es la resolución unilateral por parte de Liberbank del contrato de prestación de servicios que la compañía mantenía con este cliente, al haber adjudicado la entidad bancaria el expresado proyecto de banca telefónica a otra empresa.
- El 15 de noviembre de 2017 se constituyó la comisión negociadora, compuesta por 4 miembros del comité de empresa. La empresa entregó en esa fecha la documentación siguiente:
- La comisión negociadora celebró reuniones los días 23, 28 y 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2017. En la primera de ellas los representantes legales de los trabajadores consideraron que tanto el contenido de la memoria como la documentación eran conformes con la normativa, pero manifestaron que no mediaba causa justificativa porque se trataba de un supuesto de sucesión de empresas del art. 44 del ET ; en otro caso, interesaban el abono a cada uno de los 225 trabajadores del centro de trabajo una indemnización por despido de 20 días por año de servicio, con independencia del vinculo contractual. En la segunda reunión la empresa manifiesta que mantiene el despido para los 73 trabajadores con vínculo de naturaleza indefinida, y que valora la posibilidad de mejorar la indemnización por finalización de contrato a los 12 días para aquellos trabajadores con contratos de obra anteriores al año 2010 y la oportunidad de recolocar a algunos trabajadores en los centros del Entrego y de Valladolid. Los representantes legales de los trabajadores manifestaron que los 20 días de indemnización para toda la plantilla era un punto de partida mínimo. En la tercera reunión los representantes legales de los trabajadores plantearon que la petición de 20 días para toda la plantilla se reduzca a 18 días para todos los trabajadores con contrato temporal. La empresa considera que no era posible aceptar esa propuesta y plantea como última oferta una indemnización de 21 días por año para los 73 trabajadores afectados por el despido colectivo, 15 días para los contratos temporales suscritos antes de la reforma laboral de 2010 y 12 días para el resto de los contratos temporales; como requisito o condición para el reconocimiento de la mejora los trabajadores deberían firmar un documento renunciando a plantear acciones de cesión ilegal frente a Telecyl y Liberbank. En la cuarta y última reunión ambas partes insistieron en sus respectivas propuestas, cerrando el periodo de consultas sin acuerdo. En esta última reunión el comité de empresa dio traslado a la empleadora del informe previsto en el art. 64.5 del ET , haciendo constar en el mismo que se oponían al despido colectivo por las siguientes razones: a) porque desde el inicio de la relación laboral se había producido una cesión ilegal de todos y cada uno de los trabajadores a Liberbank, limitándose Telecyl a una mera función de puesta a disposición de la entidad bancaria de los trabajadores por ella contratados; b) que en todo caso se trataba de un supuesto de sucesión de plantillas residenciable en el art. 44 del ET , al venir obligada la nueva contrata, en virtud de lo previsto en el art. 18 del convenio a contratar al 90% de la plantilla de la empresa saliente, estando fuera de lugar el pago de indemnizaciones, toda vez que no existía una extinción de contratos; c) por último consideraba discriminatorias las diferentes indemnizaciones ofertadas por la empresa a los trabajadores despedidos.
- El 5 de diciembre de 2017 la empresa notificó a la Autoridad Laboral la conclusión del período de consultas sin acuerdo. En la citada comunicación la empresa manifestó que el despido colectivo afectaría finalmente a 63 trabajadores no estando incluido en dicho listado ningún trabajador mayor de 55 años. En la misma fecha, notificó a la RLT su decisión de ejecutar el despido colectivo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió el 4 de enero de 2016 en el que se constataba que la empresa había observado el procedimiento establecido legalmente y que el expediente de regulación de empleo concluía sin acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores afectados. En el informe se da cuenta de que la diferencia entre los 63 trabajadores que finalmente habían resultado afectados por el despido colectivo y los 73 inicialmente proyectados obedecía:
) 6 trabajadores habían causado baja voluntaria en la empresa durante la tramitación del despido.
) 6 trabajadores habían sido recolocados en el centro de trabajo del Entrego.
) 2 trabajadoras, las Sras. Gabriela y Inocencia , en situación de excedencia, se habían reincorporado a sus puestos de trabajo.
- El criterio seguido por la dirección de Telecyl S.A. para determinar los 64 trabajadores afectados por el despido colectivo fue la de ostentar la condición de trabajadores con contrato de trabajo indefinido. Los restantes trabajadores de la empresa afectos al servicio de contact center de Liberbank y que habían suscrito un contrato temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado bien antes de la publicación del R.D.-Ley 10/2010 o bien porque lo habían suscrito posteriormente pero no habían superado los 4 años de duración, vieron extinguidos sus contratos de trabajo por la causa contemplada en el art. 49.1.c) de Ley del Estatuto de los Trabajadores , esto es, por finalización de la obra o servicio objeto del contrato.
- Durante el desarrollo del procedimiento de despido 6 trabajadores afectados por el despido colectivo solicitaron la baja voluntaria en Telecyl y suscribieron contratos de trabajo de duración indefinida con Unisono. En documento aparte esta última empresa se comprometía a abonar a dichos trabajadores una indemnización adicional a la legalmente prevista para el despido, en el supuesto de que este fuera declarado improcedente.
- Entre la documentación aportada por Telecyl S.A. al inicio del período de consultas, obraba informe técnico elaborado por un economista, cuyo contenido fundamental transitaba por poner de relieve la trascendencia del contrato con Liberbank en las cuentas de la sociedad y los efectos que la cancelación del mismo ocasiona en sus presupuestos así como la imposibilidad de mantener la plantilla de los trabajadores afectados por el despido colectivo. De acuerdo con el expresado informe la pérdida del contrato con Liberbank comporta la perdida de uno de los clientes más relevantes, representado entre el 12,14% y el 14,81% del conjunto de los ingresos de la Sociedad en los años 2016 y 2017; en concreto en el año 2016, dicho contrato supuso una cifra de negocio de 4,77 millones de euros de un total de 33,78 millones de euros para el conjunto de la compañía, ascendiendo la media anual durante los años de vigencia del contrato al 11,50%. -Si no se llevaran a cabo las medidas de reestructuración planteadas, en la previsión de cierre para el ejercicio 2018 las pérdidas estimadas alcanzarían los 3,3 millones de euros, mientras que la racionalización de la estructura propuesta generará en el ejercicio 2018 un ahorro estimado de unos 3,1 millones de euros, al no mediar ninguna demanda de prestación de servicios alternativa, ni en volumen ni en rentabilidad en el plazo previsto. Dicho informe obra unido al folio 1574 de los autos y se da aquí por reproducido.
- El 11 de diciembre de 2017 la mercantil Factoría de Transformación de Operaciones y Servicios S.L. (FK2) y la también demandada en el presente pleito Unisono Soluciones de Negocio S.A., suscribieron contrato mercantil para la prestación por la segunda de las entidades el servicio de Contact Center para banca telefónica y centro de soporte de oficinas de Liberbank, identificándose en aquel contrato el objeto del citado servicio a través de los siguientes contenidos: a) Servicios de soporte a cliente: atención bancaria al cliente 24 horas; banca online; asistencia y gestión de las llamadas efectuadas por los comercios que tienen contratado un TPV. Operativa de Tarjetas (denuncias, tarjeta no operativa, operatorias con seguridad, traspaso de fondos lextransport y comercio seguro; phishing y troyano; credicomercio, incluyendo labores de backoffice. Servicio llamadas desviadas de oficinas (atender las peticiones del cliente que llama a su oficina); vivienda (utilizando las herramientas de la sección inmobiliaria de Grupo Liberbank facilita (sic) para la venta, alquiler y mantenimiento de los bienes). Venta de entradas de espectáculos y recintos. B) Servicios de atención al empleado (SAE) asistir a los empleados de las oficinas de Grupo Liberbank en la gestión de sus tareas diarias, y en su relación con los clientes; compresivo del SAE Operativo (resolución de consultas derivadas de las operativas habituales de las oficinas: gestión de cuentas de clientes, contratación de valores y fondos, transferencias, operaciones), y del SAE Help Desk (resolución de incidencias relacionadas con el funcionamiento de los equipos, aplicaciones, comunicaciones, etc.). El servicio acabado de referir se lleva a cabo en la plataforma o centro de trabajo sito en la ciudad de Gijón, en la planta 2ª del edificio de usos múltiples de la Fundación Laboral de la Construcción, sito en la Avda. de los Campones núm. 75, y se presta con mobiliario, equipos informáticos e instalaciones y sistemas de comunicaciones de titularidad de Unisono. La citada plataforma se constituyó en noviembre del año 2017 para asumir las tareas del citado servicio para Liberbank.
- El 18 de octubre de 2017 Unisono Soluciones de Negocio S.A. comunicó a Telecyl que era la nueva adjudicataria del servicio y le solicitó el listado de trabajadores que venían realizando el servicio de banca telefónica para Liberbank a efectos de aplicar el art. 18 del II Convenio colectivo sectorial de contact center. Recibida dicha información, el 31 de octubre de 2017 la dirección de Unisono se dirigió también por escrito a los trabajadores que prestaban el servicio de banca telefónica para Liberbank, convocándolos a una entrevista de trabajo previa a su eventual contratación, entrevistas que tuvieron lugar en la planta baja del inmueble sito en la c/ San Francisco 15 de Oviedo, con la presencia del Sr. Ángel de FK2. El 29 noviembre de 2017 la dirección de Unisono se dirigió de nuevo al colectivo de trabajadores anteriormente identificado, trasladando a los mismos ofertas de trabajo para integrarse en la plantilla de aquella empresa y, en concreto, en el servicio de Contact Center, oferta que se acomodaba a las siguientes condiciones:
- Factoría de Transformación de Operaciones y Servicios S.L. (FK2), es una sociedad filial de Liberbank constituída el 13 de noviembre de 2015 y participada al 100% por dicha entidad, cuyo objeto social es la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, formación, planificación y organización empresarial, y cuyo cometido es el de centralizar las tareas operativas y administrativas de la red de oficinas de la expresada entidad financiera. Se han cumplido las previsiones legales".
Contra la expresada resolución se preparó recurso de casación a nombre del sindicato CCOO de Asturias. Su Letrada Sra. Fernández Martínez, en escrito de fecha 13 de abril de 2018, formalizó el correspondiente recurso, basándose en los siguientes motivos: PRIMERO.- Al amparo del art. 207.d) LRJS , por error de hecho en la apreciación de la prueba obrante en autos. SEGUNDO.- Al amparo del art. 207.e) LRJS , por vulneración del art. 51 ET , art. 14 CE , en relación con el art. 15.1 y 6 ET así como la Directiva Europea 1999/70 del Consejo relativa al Acuerdo Marco de duración determinada. TERCERO.- Al amparo del art. 207.e) LRJS , por infracción del art. 43 ET . CUARTO.- Al amparo del art. 207.c) LRJS , por vulneración del art. 44 ET .
Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente se declararon conclusos los autos, y, dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, de conformidad con el art. 197 LO del Poder Judicial , se acordó inicialmente el debate del asunto por el Pleno de la Sala, señalándose para votación y fallo el día 14 de noviembre de 2018, suspendiéndose el mismo por providencia dictada en dicha fecha, y volviéndose a señalar para el Pleno del 12 de diciembre de 2018, en cuya fecha tuvo lugar. En dicho acto, la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª Maria Lourdes Arastey Sahun señaló que no compartía la decisión mayoritaria de la Sala y que formularía voto particular, por lo que se encomendó la redacción de la ponencia al Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio V. Sempere Navarro.
Antecedentes y datos relevantes.
El DC impugnado ha sido efectuado por la codemandada Telecyl y afecta al centro de trabajo de Oviedo (HP duodécimo).
Los trabajadores adscritos (225) atendían la contrata que la empresa tenía con la codemandada Liberbank, en un local arrendado por ésta, si bien Telecyl asumía el pago del IBI y los gastos de seguro y suministros (HHPP Primero, Segundo, Cuarto, Séptimo, Octavo y Noveno).
Dicha contrata finalizó el 21 de diciembre de 2017 (HP Undécimo).
El periodo de consultas se desarrolló entre la RLT y Telecyl, finalizando sin acuerdo (HHPP Decimotercero a Decimoquinto).
La decisión empresarial afecta finalmente a 64 trabajadores (HP Decimoquinto).
El criterio de selección de los afectados ha sido el de ostentar la condición de trabajador indefinido (HP Decimosexto).
A los trabajadores temporales, con contrato para obra o servicio, se les extinguieron los contratos por finalización de la contrata (HP Decimosexto).
La nueva adjudicataria de la contrata -la codemandada Unisono- ofreció a los trabajadores afectados nuevos contratos en los términos que figuran en el HP Vigésimo.
Con fecha 4 de enero de 2018 la Abogada y representante de CCOO presenta demanda impugnando el DC y pidiendo que se declare nulo o, subsidiariamente, no ajustado a Derecho. Interesa la condena solidaria de Telecyl S.A., Liberbank y su filial FK2, en razón a la cesión ilegal de trabajadores, a la readmisión de toda la plantilla en sus anteriores puestos de trabajo y al abono de salarios de tramitación. Subsidiariamente, pide la condena solidaria de Telecyl S.A. y Unisono SOLUCIONES DE NEGOCIO S.L., por existir una sucesión empresarial, a la readmisión de toda la plantilla en sus anteriores puestos de trabajo y al abono de salarios de tramitación.
Expone las razones por las que es posible plantear como cuestión prejudicial ( art. 4.2 LRJS ) la existencia de una cesión ilegal para determinar quién es el empresario efectivo.
Acepta la posibilidad de examinar la validez de los contratos temporales cuya terminación ha quedado al margen del DC, por si se estuviera intentando eludir las consecuencias de una sucesión de empresas.
Examina la doctrina de esta Sala Cuarta sobre la negociación de buena fe y la proyecta sobre el caso, descartando la vulneración de tal principio.
Analiza la eventual vulneración de los principios de igualdad y no discriminación, apoyándose en la doctrina de esta Sala Cuarta para descartar que haya habido anomalía en el modo de practicar los ceses. Deja a salvo lo que pudiera acordarse en el marco de las impugnaciones individuales de ellos.
Considera que el examen del monto indemnizatorio que deben percibir los trabajadores temporales con ocasión de su cese es materia ajena al procedimiento de DC, al estar al margen del mismo.
Examina los criterios legales y jurisprudenciales sobre cesión ilegal, llegando a la conclusión de que no se ha producido tal fenómeno en el caso.
Descarta que se haya vulnerado la prioridad de permanencia de los representantes legales, puesto que la misma no puede operar si desaparece el ámbito de la propia representación (el centro de trabajo).
Descarta la sucesión de plantillas porque la nueva contratista ha puesto en juego importante infraestructura propia.
Fijación de los hechos litigiosos.
Exigencia legal y jurisprudencial para la revisión de hechos probados.
El artículo 207.d) LRJS admite la posibilidad de que se articule un recurso de casación fundado en el " error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradicho por otros elementos probatorios ".
En SSTS 13 julio 2010 (Rec. 17/2009 ), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009 ), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010 ), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014 ), 18 noviembre 2015 (rec. 19/2015 ), 227/2017 de 21 marzo ( rec. 80/2016 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica; la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".
El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones . La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:
La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90 , o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, rec . 19/2002 ).
Rectificación del HP Quinto (Motivo Primero, apartado 1º del recurso).
Análisis del HP Quinto.
Rectificación pretendida.
Consideraciones específicas .
Ampliación del HP Décimo (Motivo Primero, apartado 2º del recurso).
Análisis del HP Décimo.
Como apunta el Informe de la Fiscalía, el párrafo que se pretende añadir con parte del contenido de las reuniones que la recurrente quiere destacar no cumple las exigencias legales y jurisprudenciales que lo permitirían, pero ello no impide que esta Sala pueda tener en cuenta íntegramente su contenido si fuera necesario puesto que puede entenderse que se tiene por reproducido. Cosa distinta es que haya de compartirse la valoración sobre sus consecuencias.
Ampliación del HP Sexto (Motivo Primero, apartado 3º del recurso).
Análisis del HP Sexto.
Designa como documentos diversos correos del Sr. Ángel impartiendo órdenes sobre dimensionamiento (folios 267,265, 371, 372 y 373) destacando (folio 372) uno en el que pregunta sobre la reacción del comité de empresa respecto de los cambios en la herramienta que bajaba de 55 a 40 segundos, (folio 373) en donde da instrucciones a seguir tras los paros convocados.
Ampliación del HP Décimo noveno (Motivo Primero, apartado 4º del recurso).
Análisis del HP Décimo noveno.
Incumplimiento del deber de negociación de buena fe (Primer subapartado del motivo 2º).
El recurso considera que la sentencia de instancia infringe el pasaje del artículo 51.2 ET cuando prescribe que "la consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad". Por su lado, el artículo 124.11 LRJS , al regular la modalidad procesal de despido colectivo, dispone que "la sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores ".
La STS 27 mayo 2013 (rec. 78/2012 , Aserpal ), seguida por otras muchas posteriores, aborda el examen de la buena fe explicando que " la expresión legal ofrece innegable generalidad, al no hacerse referencia alguna a las obligaciones que el deber comporta y -menos aún- a las conductas que pudieran vulnerarlo. Pero de todas formas, en la configuración del mismo no cabe olvidar: a) que la previsión legal no parece sino una mera especificación del deber general de buena fe que corresponde al contrato de trabajo (como a todo contrato: art. 1258 CC ) y que en el campo de la negociación colectiva especifica el art. 89.1 ET ("ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe"); b) desde el momento en que el art. 51 ET instrumenta la buena fe al objetivo de "la consecución de un acuerdo" y que el periodo de consultas "deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento", está claro que la buena fe que el precepto exige es una buena fe negocial ".
En STS 21 mayo 2014 (rec. 249/2013 , Vaersa ) se explica que " No puede hablarse de una postura inamovible de la empresa ... El hecho de que, al no alcanzarse un acuerdo, la decisión empresarial final se limitara a la indemnización legal de 20 días, sin otras mejoras, no puede afectar a la calificación de la actitud de la empresa durante el periodo de consultas. La inamovilidad contumaz como prueba de carencia de buena fe la apreciamos en el caso resuelto en la STS/4ª/Pleno de 20 marzo 2013 (rec 81/2012 ), pero porque allí se daba la doble circunstancia de la falta de información a la representación de los trabajadores y el mantenimiento a ultranza de la posición empresarial desde el inicio. Precisamente, indicábamos que cabía negar que se hubiera desarrollado un verdadero periodo de consultas "y no tanto porque no se moviesen las posiciones empresariales en el curso de las tres reuniones, sino porque a lo anterior se une también el dato significativo de la referida desinformación de los representantes de los trabajadores y la constancia inicial y final inamovible de extinguir desde el principio y sin información relevante la totalidad de los contratos de trabajo".
El periodo de consultas es un verdadero proceso de negociación en donde se exige que exista una actuación tendente a procurar el acercamiento de posiciones. Hemos rechazado que la empresa haya satisfecho tal obligación cuando se ha limitado a exponer una posición inamovible, sin efectuar concesiones u ofrecer opciones (así, SSTS 20 marzo 2013, rec. 81/2012 y 28 enero 2014, rec. 46/2013 ).
Por el contrario, cuando se han mantenido reuniones que habilitaban para desarrollar de forma eficiente la negociación al constar propuestas concretas por parte de la empresa, no es posible afirmar que ésta hubiera impedido la negociación y, con ello, viciado el periodo de consultas (en esa línea, SSTS 15 abril 2014, rec. 136/2013 y 23 septiembre 2014, rec. 52/2014 ).
Respecto de la falta de negociación para reducir o evitar los efectos del despido.
Respecto de una negociación paralela y pluri individual.
En suma, la buena fe en la negociación no queda desvirtuada por el dato de que algunos trabajadores acabaran aceptando la oferta de Unisono (al amparo del art. 18 del Convenio colectivo de empresas de Contact Center) puesto que el acuerdo en cuestión no contaba con la intervención de Telecyl. No apreciamos una intención fraudulenta de eludir los efectos de las extinciones inicialmente anunciadas con la comunicación del inicio del periodo de consultas.
Respecto de una oferta de mala fe.
Perímetro del despido colectivo (Segundo subapartado del motivo 2º).
Necesaria afectación a toda la plantilla.
Desnaturalización de los contratos temporales.
Despido de la plantilla íntegra.
Doctrina pertinente.
Sobre el abono de indemnizaciones diversas.
Desnaturalización de los contratos.
Por otra parte, la jurisprudencia ha venido aceptando la licitud de la vinculación del contrato para obra o servicio a la duración de las contratas. Es decir, la celebración del contrato para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo, pero siempre que no medie fraude interpositorio. Aunque en tales casos es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, existe, no obstante, una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, y ésa resulta una limitación conocida por las partes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste. Al respecto puede verse el recordatorio realizado en las SSTS 656/2017 de 20 julio (rec. 3442/2015 ), 874/2017 de 14 noviembre 2017 (rec. 2954/2015 ), 756/2017 de 4 octubre (rec. 176/2016 ), 166/2018 de 20 febrero ( 4193/2015 ) y 403/2018 de 17 abril (rec. 11/2016 ).
También hemos precisado que el contrato para obra o servicio puede apoyarse en causa válida mientras subsista la necesidad temporal de empleados, porque la empleadora siga siendo adjudicataria de la contrata o concesión que motivó el contrato temporal, la vigencia de éste continúa, al no haber vencido el plazo pactado para su duración, porque por disposición legal debe coincidir con la de las necesidades que satisface ( STS 20 marzo 2015, rec. 699/2014 -).
Control de la validez de los contratos temporales en un despido colectivo.
Reducción de la contrata.
Tipicidad extintiva prioritaria.
Terminación de la contrata y despido de toda la plantilla.
Aunque no sobre banca telefónica, pero sí sobre la actividad de contact center, la STS 624/2017 de 20 julio (rec. 25/2017 , Indra y Vodafone) también examina un supuesto en que la empresa extingue todos los contratos, trayendo al DC solo aquellos con duración indefinida. Esta sentencia (invocada tanto por la ahora recurrida cuanto por el recurso y los escritos procesales posteriores) desestima el recurso de la CGT contra Indra y Vodafone contra la de instancia, que declaró justificado el DC promovido por la empresa auxiliar (Indra) al haber rescindido unilateralmente la principal (Vodafone) los contratos de prestación de servicios de atención telefónica a clientes y servicios de activación técnica y back office. Previamente, ya había notificado Indra a la RLT su decisión de extinguir 42 contratos de obra con base en el art. 17 del Convenio sectorial y poco después notificó por iguales razones la extinción de 72 contratos más, de modo que el DC afectó a 400 trabajadores fijos (incluyendo los temporales cuyos contratos se habían reclasificado como indefinidos en la negociación habida en el período de consultas). Recordemos sus pasajes principales:
Cuestiones nuevas.
Con carácter previo y ante algunas de las alegaciones que se efectúan por el recurrente, debemos recordar la doctrina de esta Sala sobre las llamadas "cuestiones nuevas" en el ámbito de la casación. La STS 422/2017 de 12 mayo (DC Santa Bárbara ) ha compendiado la doctrina sobre el particular.
Sobre la distinta indemnización.
Sobre la distinta causa extintiva.
El recurso presupone que una misma causa (productiva y económica) es la que aboca a la extinción de los contratos de toda la plantilla adscrita a la contrata.
Sin embargo, como expone el Informe del Ministerio Fiscal, la terminación de las relaciones laborales de las personas adscritas a la contrata se diferencia en atención a la naturaleza fija o temporal de sus contratos de trabajo. Mientras que la empresa pone en marcha el PDC para extinguir los contratos de trabajo de los indefinidos, procede a la terminación de los contratos temporales del resto -al parecer, todos ellos por obra o servicio- acudiendo a la concurrencia de causa válida de terminación, por fin de la obra (terminación de la contrata).
Es evidente que un mismo hecho (terminación de la contrata) provoca la extinción de los contratos fijos y de los temporales. Pero ello no equivale a que el supuesto extintivo sea el mismo desde la perspectiva jurídica. El artículo 49.1 ET contiene un listado en el que aparecen tipos que solo son válidos para determinadas modalidades contractuales, como sucede con la "realización de la obra o servicio objeto del contrato" del apartado c), mientras que otros como el despido colectivo o las causas objetivas legalmente procedentes poseen espectro universal. Dicho de otro modo: la finalización de una contrata constituye la causa de terminación natural para un contrato temporal basado en tal descentralización productiva, mientras que solo puede operar para las relaciones de duración indefinida (o las de duración determinada por causa diversa) mediante el despido colectivo o por causas objetivas.
Sobre el perímetro del despido colectivo.
Sobre la validez de los contratos temporales en cuestión.
Adicionalmente, la sentencia recurrida señala que "la parte actora no identificó a lo largo del debate desarrollado en el acto de la vista un solo caso de un trabajador en el que no se hubiera respetado aquella regla (de inclusión en el DC por ser indefinido) y los dos supuestos identificados por la Inspección de Trabajo resultaron incluidos en la relación definitiva de afectados tal y como se informa en el décimo quinto de los ordinales". Como concluye el Informe del Ministerio Fiscal, la recurrente no acreditó en la instancia que fuera excluido del PDC algún trabajador temporal que tuviera que ser calificado de trabajador fijo, según dice la sentencia, y tampoco lo ha hecho en el recurso con la ampliación fáctica correspondiente a través de la vía prevista en el art. 207 d) LRJS .
Sobre el cierre del centro de trabajo.
Cesión ilegal (Tercer subapartado del motivo 2º).
Aunque Telecyl cuenta con entidad real, lo relevante es determinar si puso en juego su estructura empresarial, sin que la existencia de un "cuadro de mando" ( STS 8 marzo 2011, rec. 791/2010 ) baste para desestimar la cesión ilegal, pues este cuadro de mando se insertaba en el cuadro de mando de Liberbank primero y FK2 después.
Liberbank era la titular de los medios materiales empleados en la prestación de servicios, sin los cuales era imposible realizar las labores encomendadas, habiendo recibido los trabajadores de Telecyl formación a cargo de Liberbank en materia de blanqueo de capitales, valores, espía troyano, facturación electrónica, SAE; cita en su apoyo la STS 16 junio 2003 (rec. 3054/2001 ).
Los trabajadores de Telecyl estaban integrados en la estructura organizativa de Liberbank para lo que contaban con una numeración como Oficina de la propia entidad, debiendo entender que existe confusión de plantillas cuando se da un desempeño coordinado e íntimamente relacionado entre los trabajadores de la principal y la contratista. Además se fijó en el contrato que el precio del servicio se hacía conforme a un baremo operario/hora (HP 2º) por lo que se está poniendo la mano de obra sin incurrir en riesgo empresarial alguno, ( STS 16 junio 2003, rec. 3054/2001 ).
Para analizar el acierto o desacierto de la decisión de la sentencia recurrida debemos partir, necesariamente, del sustrato fáctico del presente litigio, tal y como ha quedado definitivamente declarado probado. Hemos puesto de relieve numerosas veces que la determinación de la existencia o no de cesión de trabajadores, prohibida por el art. 43 ET , obliga necesariamente a ceñirse al caso concreto.
Lo que persigue el art. 43 ET es que "la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones o la disminución de las garantías y que quien efectivamente es empresario asuma las obligaciones que le corresponden" ( SSTS 4 marzo 2008, rec. 1310/2007 ; 17 octubre 2010, rec. 1673/2010 ; 4 marzo 2011, rec. 3463/2010 ; 11 julio 2012, rec. 1591/2011 ; 12 julio 2017 -rec. 278/2016 -).
La STS 918/2016 de 2 noviembre (rec. 2779/2914 ), resolviendo supuesto de una contrata para facilitar información tributaria a los contribuyentes, realiza un balance de nuestra doctrina en los siguientes términos:
En el presente caso no apreciamos que concurran los requisitos que el artículo 43.1 ET y nuestra doctrina configuran como constitutivos de la cesión ilegal. La empresa que aparece como empleadora no es una mera cedente de mano de obra, sino que ejercía efectivamente su poder de organización y dirección, poniendo en juego, además, medios materiales relevantes, aun cuando también la cliente aportara algunos elementos de dichos equipos y participase en la formación de los trabajadores y en el control del resultado de la actividad, como, incluso que a los trabajadores se les facilitara una dirección electrónica en que apareciera el nombre del banco, pues ello tenía por finalidad la comunicación con los clientes de éste, porque ése era en suma precisamente el objeto de la contrata.
La sentencia recurrida cita diversa doctrina de esta Sala para descartar que Telecyl se haya limitado a una simple puesta a disposición de mano de obra a Liberbank o FK2, concluyendo en términos que asumimos:
"En suma, descartado el hecho de que en ningún momento se puso en duda la realidad empresarial de Telecyl S.A., cuyo volumen de negocio en el año 2016 se cifraba en 33,7 millones de euros, que contaba con una plantilla global de 1.150 empleados y con unos departamentos centrales en Valladolid, dos de cuyas plataformas operan en Asturias bajo la dirección de una Responsable de operaciones de la zona norte, la Sra. Concepción , a juicio de este Tribunal la empresa ejerció efectivamente las funciones inherentes a la posición jurídica y material de empresario en el contexto de la prestación del servicio de contact center, estableciendo un cuadro de mandos específico, responsabilizándose de llevar a cabo el encargo efectuado por Liberbank con el personal adscrito al centro de trabajo de la c/ San Francisco 15, asumiendo el riesgo y la obligación de rendir cuentas sobre los resultados alcanzados y la calidad de las campañas desarrolladas a cambio de una contraprestación económica del servicio ligada a los resultados obtenidos."
Nos encontramos ante un supuesto de externalización de los servicios que se detallan en los ordinales segundo y séptimo de los hechos probados, que se efectuaba según las circunstancias siguientes:
En suma, consideramos que la recurrente, de forma legítima pero errada, asume una valoración de los hechos probados diversa de la objetiva y bien fundamentada de la sentencia.
Como pone de relieve el Informe de la Fiscalía, no es óbice a lo dicho el que Liberbank fuera la titular de los sistemas y equipos informáticos utilizados en la prestación del servicio, ni que hubiera dado a los operadores de Telecyl formación específica en varias materias. El sistema de banca a distancia ya había sido creado por CAJASTUR en el año 2004 y había sido objeto de una previa externalización (HP 7º), por lo que la puesta a disposición de Telecyl de dicho material no es un dato decisivo y excluyente de la puesta en juego de una realidad empresarial; y que la contrata también había asumido el SAE (Servicio de Atención al Empleado) de CAJASTUR (HP 2º), lo que justifica el acceso a los sistemas informáticos de la entidad financiera.
Desde luego, la externalización o contratación de servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa cedente no es jurídicamente anómala o ilegal sino que integra el supuesto de hecho de la subcontratación. Desde luego, no cabe sostener que existía una confusión de plantillas por externalizar una parte de la propia actividad que tiene además características propias. Como la propia sentencia recurrida evidencia, en el concreto caso de las entidades de crédito es un fenómeno expresamente previsto en la normativa bancaria ( art. 22 del RD 84/2015, de 13 de febrero , dictado en desarrollo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito). Tampoco el hecho de cambiar el precio del servicio para fijarlo conforme a un baremo operario/hora significa que Telecyl no incurriera en riesgo empresarial alguno.
La doctrina de las sentencias que cita la recurrente de esa Sala no son aplicables al partir de supuestos fácticos completamente diferentes.
Desestimamos, en suma, este motivo y mantenemos, por ello, el pronunciamiento de instancia absolutorio de la empresa principal y su filial, codemandadas.
Sucesión de empresa (Cuarto subapartado del motivo 2º).
Esta Sala viene entendiendo que el proceso de DC solo puede tener por objeto las cuatro causas de impugnación que enumera el art. 124.2 LRJS (Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita; Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal ; Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho; Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas). La naturaleza especial y urgente de esta modalidad procesal impide plantear otras cuestiones, como la posible sucesión de empresa producida tras tomarse y notificarse la decisión extintiva, máxime si no ha mediado un contrato mercantil entre cedente y cesionario en ese sentido. Así lo corrobora igualmente el art. 26.1 LRJS que prohíbe la acumulación a las acciones de despido de cualesquiera otras ("no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo"), con las excepciones que se indican en él.
No obstante, sí hemos aceptado el análisis de la cuestión de la existencia de sucesión empresarial en los supuestos de utilización de las previsiones del art. 51 ET para evitar la aplicación del art. 44, o sea para evitar las consecuencias laborales de una transmisión, en clara incursión en el supuesto fraudulento contemplado en el art. 6.4 del Código Civil , que debe llevar como consecuencia la nulidad del acto llevado a cabo como dispone el indicado precepto, y ha de ser entendido aplicable al caso ( STS 18 febrero 2014, rec. 108/2013 ; Sodeoil y Campsared ). Pero se trata de supuesto diverso al presente, dado que no ha existido aquí negocio jurídico alguno entre las supuestas cedente y cesionaria.
La STS 687/2016 de 20 julio (rec. 303/2014 ; Mercasevilla ) advierte, de manera categórica, que "el objeto del proceso especial de impugnación de los despidos colectivos regulado por el art. 124 LRJS queda limitado a los cuatro supuestos previstos en su apartado 2, sin que la LRJS permita que se le acumule ninguna otra acción ( art. 26 LRJS ) por su carácter especial y urgente ( art. 124.6 LRJS ).
La STS 615/2017 de 12 julio (rec. 20/2017 ; Elsamex y UTE de Arona ) reitera la imposibilidad de acumular las dos acciones y añade lo siguiente:
Por su lado, la STS 879/2018 de 2 octubre (rec. 155/2017 ; Balear de Datos y Procesos, S.A.U. y Ayuntamiento de Calviá ) reitera la doctrina de referencia, explicando nuevamente lo siguiente:
En todo caso, recordemos que habrá sucesión cuando el nuevo empresario adquiere los elementos significativos del activo material o inmaterial o la parte esencial en número y competencias de los trabajadores adscritos a la actividad; de suerte que hay que analizar, en cada caso y de forma global, las circunstancias concurrentes, para determinar cuál es el núcleo que define la "entidad económica" sobre la que se produce el cambio de titularidad. De ahí que haya de examinarse el tipo de empresa o actividad, la transmisión o no de elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales, la asunción o no de la mayoría de la plantilla, la transmisión o no de la clientela, el grado de analogía de las actividades antes y después de la transmisión ( STJCE de 7 marzo 1996, Asunto Merks y Neuhuys, C-171/94 ).
De manera específica, la STS 27 enero 2015 (rec. 15/2014 ) declara la inexistencia de sucesión de empresas en un cambio de adjudicataria del servicio de "contact center" por considerar que la nueva empresa aportaba elementos materiales relevantes para el desarrollo del servicio (ponía a disposición sus propias instalaciones, sus medios técnicos y su "know how"). Sostuvimos entonces que "lo importante no es el coste de las inversiones en medios materiales, sino la necesidad de los mismos, ya que, la importancia de los factores que intervienen en la producción no se mide en términos cuantitativos, sino cualitativos, esto es atendiendo a la necesidad de los mismos para el funcionamiento de la actividad, necesidad que en este caso es evidente porque sin las inversiones hechas por la nueva contratista y demás medios materiales puestos por ella los trabajadores que contrató de la antigua no habrían podido prestar el servicio que requería la actividad por falta de instalaciones y demás medios materiales".
Por coherencia con la doctrina que hemos expuesto más arriba sobre acumulación de acciones (toda ella emanada del Pleno de esta Sala) el motivo no puede prosperar. En el seno de un procedimiento de DC es imposible examinar la eventual existencia de subrogación empresarial con fundamento en hechos posteriores.
Aunque lo anterior basta para desestimar el motivo, la sentencia recurrida razona que no puede apreciarse la existencia de sucesión porque la nueva contratista del servicio ha puesto en juego una importante aportación de medios materiales, no asumiendo los que utilizaba la saliente, lo que nos aleja de un supuesto de sucesión empresarial por asunción de la plantilla.
Además, la doctrina sobre transmisión de empresa recién recordada implica que la mera sucesión de contratistas no implica de modo automático la existencia de una sucesión empresarial, pues también en este caso debe examinarse la concurrencia de las condiciones indicadas, esto es, si ha habido una asunción de activos patrimoniales necesarios por parte de la entrante o, si por tratarse de una actividad en la cual el elemento definidor de la entidad económica es la mano de obra, se ha producido la asunción de la plantilla de la saliente.
De lo que se trata, pues, es de que, no solo la actividad sea la misma, sino que, además, se haya producido esa transmisión de elementos significativos, lo que exige analizar cuáles son en cada caso concreto los elementos que resultan esenciales o relevantes para la actividad que la entidad realiza. De ahí que en la citada STS 27 enero 2015 (rec. 15/2014 ) ponderáramos la relevancia de los medios materiales por encima de la circunstancia de la contratación del personal de la empresa saliente, llevada a cabo en virtud de la cláusula del Convenio colectivo que antes hemos transcrito, que era allí también aplicable.
En el presente caso, no es posible afirmar que se produce el mantenimiento de la misma entidad económica puesto que resulta relevante el impacto de la infraestructura y medios que la entrante pone a disposición de la ejecución de la contrata, sin que pueda deducirse que nos hallemos en un supuesto de actividad basada exclusiva o significativamente en el potencial de la mano de obra. No podemos pues traer a este caso la solución que hemos aceptado en la STS 873/2018 de 27 septiembre (rcud. 2747/2016 ) porque en aquel caso sí se trataba de una actividad sobre la que no cabía duda de la aplicabilidad de la doctrina sobre la sucesión de plantillas y, por ello, se entendió aplicable el art. 44 ET , aun cuando la subrogación se produjera por imperativo del convenio colectivo.
En definitiva, por estas dos razones debemos desestimar también este concreto motivo del recurso.
Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
Sebastian Moralo Gallego Dª Maria Luz Garcia Paredes
1. Comparto plenamente los razonamientos de la sentencia de la mayoría sobre los motivos del recurso destinados a la revisión de los hechos probados, coincidentes con la propuesta que, como Ponente, hice al Pleno de la Sala.
Igualmente coincido con la decisión alcanzada en relación con las pretensiones de la parte recurrente relativas al defectuoso desarrollo del periodo de consultas, la existencia de cesión ilegal, y la denuncia de concurrencia de una sucesión empresarial, cuyo rechazo se incluía también en aquella propuesta sometida a la deliberación.
Mi discrepancia se ciñe, como he apuntado, a la calificación del despido colectivo habida cuenta de la exclusión del mismo de los trabajadores que prestaban servicios en virtud de contratos para obra o servicio la entidad bancaria codemandada.
1. Mi planteamiento al Pleno de la Sala implicaba analizar si la interpretación, que venimos expresando hasta ahora respecto de la concurrencia de una misma circunstancia que permite extinguir todos los contratos de trabajo de un centro de forma distinta según se trate o no de contratos para obra o servicio, puede generar una situación de trato desigual respecto de los trabajadores temporales sujetos a dicha modalidad.
Es evidente que ello nos obliga a recordar que, en atención precisamente a la pérdida de la contrata, la empresa adujo causas productivas y económicas, siendo la consecuencia que la empresa extraía de tal circunstancia, la del necesario cierre del centro en cuestión. Sin embargo, la liquidación de las relaciones laborales de los trabajadores de la plantilla adscritos a dicho centro se diferenció en atención a la naturaleza fija o temporal de los contratos de trabajo, de suerte que, mientras que la empresa puso en marcha el trámite del despido colectivo para extinguir los contratos de trabajo de los indefinidos, procedió a la terminación de los contratos temporales del resto -al parecer, todos ellos por obra o servicio- acudiendo a la concurrencia de causa válida de terminación, por fin de la obra (terminación de la contrata); lo cual situó a los trabajadores temporales fuera del marco del despido colectivo.
Precisamente, del art. 4 de la Directiva y de las STJUE de 14 septiembre 2016, De Diego Porras, C-596/14 (que el recurso invoca ); 5 junio 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16 , y Montero Mateos, C-677/16 ; así como en la de 21 noviembre 2018, De Diego Porras II, C-619/17 (par. 59) se extrae con claridad que, en efecto, los trabajadores temporales no pueden recibir un trato distinto al de los indefinidos en materia de indemnización por la extinción de sus contratos cuando la situación en que se hallan es perfectamente comparable. Como señala la sentencia de la mayoría, el Tribunal de la Unión declara que la comparativa exige que, obviamente, se trate de trabajadores en circunstancias idénticas y, que por tanto también se sitúen en supuestos extintivos iguales, de suerte que se justifica que la cuantía de la indemnización pudiera ser distinta cuando la causa de la terminación de la relación laboral es distinta.
Ahora bien, en el presente caso, con independencia de cuales sean las circunstancias concretas y específicas de los trabajadores temporales integrantes de la plantilla -y sin que aquí se plantee siquiera que los mismos no fueran ajustados a derecho en términos de duración temporal, como sí sucedía en la STS/4ª de 8 julio 2012 (rcud. 2341/2011 ) y en el caso de la STS/4ª/Pleno de 13 julio 2017 (rec. 25/2017 )-, nos encontramos con que la empresa ha acudido a la extinción de sus contratos amparando la decisión en la consideración de que la terminación de la contrata suponía, a su vez, la finalización de la obra o servicio. Sin embargo, esa misma justificación la lleva- vía despido colectivo debido al número de afectados- a extinguir también los contratos de trabajo de los trabajadores indefinidos que, igualmente, prestaban servicios adscritos a la contrata. Se produce así la identidad tanto en el motivo de los respectivos ceses, como en la causa última de su contratación puesto que los dos colectivos desarrollaban el contenido de su prestación de servicios en virtud de la misma contrata en cuestión y la vida de sus respectivas relaciones laborales llega a su fin por la misma razón, siendo la propia empresa la que entiende que la pérdida de la contrata constituye una causa objetiva de extinción.
Por consiguiente, no existía razón objetiva para excluir a los trabajadores con contrato de duración determinada del ámbito del despido colectivo y, por ende, de la decisión extintiva final adoptada por la empresa. Nos hallamos ante el supuesto inverso al que se contemplaba en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión -donde se suscitaba si era comparable la finalización de los contratos temporales con el despido objetivo-, esto es, ante el caso en que el despido por causas objetivas surge mientras los contratos temporales están vigentes y, por ello, ha de afectar de igual manera a estos trabajadores y a los fijos. Es cierto que los contratos tienen una causa de extinción propia ( art. 49.1 c) ET ), pero también lo es que las causas reguladas en los arts. 51 y 52 c) ET no son exclusivas de los trabajadores indefinidos. Sostuve por ello que, concurriendo éstas, el fenómeno afecta a todas las relaciones laborales sin distinción de su duración.
Propuse por ello que quedaría por determinar cuál debe ser la consecuencia de dicha equiparación. Y señalé que, con arreglo al art. 124.11 LRJS , sólo la falta de acreditación de la concurrencia de la causa legal esgrimida por el empresario motiva que el despido se declare no ajustado a Derecho.
Pues bien, en este caso no se discute que la causa alegada concurriera, lo que sitúa el debate en la necesidad de examinar si la empresa cumplió con lo previsto en el art. 51.2 y 7 ET .
El apartado 2 del art. 51 ET exige el cumplimiento de unos requisitos formales para poder entender válidamente iniciado el periodo de consultas que, necesariamente, debe abrirse con la representación de los trabajadores. Este precepto -desarrollado en los arts. 4 y 5 del RD 1483/2012, de 29 de octubre - dispone que el escrito comunicando la apertura del periodo de consultas debe consignar, entre otros extremos, el número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido; el número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año y los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.
A mi entender todo ello conduce a la aplicación del último párrafo del mencionado art. 124.11 LRJS , con la consiguiente declaración del derecho de todos los trabajadores afectados por el cese de la actividad en el centro de trabajo en cuestión a la reincorporación a su puesto de trabajo, en los términos establecidos en el art. 123.2 y 3 LRJS .
1. En suma, el recurso debió ser estimado en en el sentido de declarar la nulidad del despido, pero sin extender la responsabilidad por el mismo a las codemandadas distintas de la empleadora.
Por ello debimos casar y anular la sentencia recurrida y, estimando en parte la demanda, declarar la nulidad del despido colectivo llevado a cabo por la empresa TELELCYL, S.A., a la que debería haberse condenado a reincorporar a todos los trabajadores afectados, con abono de los salarios dejados de percibir y, sin perjuicio de la obligación de los trabajadores que hubieran visto extinguido su contrato de trabajo de reintegrar la indemnización abonada por tal concepto, absolviéndose a las restantes partes demandadas de los pedimentos que contra ellas se dirigían.
SAP Madrid 16/2002, 14 de Enero de 2002