Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654077
Timestamp: 2019-07-16 05:09:44
Document Index: 377116133

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 60', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 18', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 47']

MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HORVATH, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMPENSACIÓN PARA QUIENES SE DESEMPEÑEN COMO VOCALES DE MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS (2848-06)
Sesión 19ª, en miércoles 19 de diciembre de 2001
(De 11:25 a 13:36)
Proyecto de ley, en primer trámite, que introduce diversas reformas a la Carta Fundamental (2526-07) (vuelve a Comisión para informe complementario)
Concurrieron, además, el señor Ministro del Interior y el señor Asesor Jurídico del Ministerio del Interior.
--Se abrió la sesión a las 11:25, en presencia de 20 señores Senadores.
Se da por aprobada el acta de la sesión 17ª, ordinaria, en 20 de noviembre del presente año, que no ha sido observada.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Hamilton, en primer trámite constitucional, que modifica el número 1º del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, con el propósito de reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado (boletín Nº 2.847-07).
Tres de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha dado su aprobación a los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y sus Anexos, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador y de Chile el 30 de noviembre de 2000 (boletín Nº 2.773-10), y
2) Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la Confederación Suiza sobre la promoción y la protección recíproca de inversiones y su protocolo, suscritos en Berna el 24 de septiembre de 1999 (boletín Nº 2.622-10).
3) Proyecto de ley que modifica el artículo 5° de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito , con el fin de permitir el reconocimiento de las licencias de conducir expedidas en el extranjero (boletín Nº 2.658-15).
Del señor Ministro del Interior , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al contenido de la resolución Nº 2.118, de la Subsecretaría de Pesca.
De la señora Ministra de Salud , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la posibilidad de dotar a la caleta de Carelmapu de un consultorio que cuente con una cámara hiperbárica de descompresión.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , por medio del cual remite copia de un oficio del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea , sobre la replanificación de las medidas adoptadas para restringir los gastos institucionales en la Antártica.
Del señor Presidente del Senado de la República Dominicana , con la que manifiesta su satisfacción por la visita de trabajo efectuada por una delegación de funcionarios de nuestra Corporación, integrada por los señores José Luis Alliende, Roberto Bustos y Jaime de Mayo, en el marco del Convenio de Cooperación Institucional suscrito entre ambos Senados en agosto recién pasado.
Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en sendos proyectos de ley, en primer trámite constitucional, iniciados en mociones del Senador señor Bitar:
1.- El que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, disponiendo la obligatoriedad de instalar salas cunas en establecimientos industriales y de servicios que indica (boletín Nº 1.879-13), y
2.- El que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, con el propósito de extender a todas las trabajadoras los beneficios que proporcionan las salas cunas (boletín Nº 2.030-13).
Del Senador señor Horvath, mediante la cual inicia un proyecto de ley que establece compensación para quienes se desempeñen como vocales de las mesas receptoras de sufragio (boletín Nº 2.848-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras no sea incluido por Su Excelencia el Presidente de la República en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
De don José Ulises Díaz Espinoza, en virtud de la cual pide la rehabilitación de su ciudadanía (boletín Nº S 597-04).
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero, y de los Senadores señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la Carta Fundamental, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre de 2001 y 18ª, en 18 de diciembre de 2001 (queda pendiente su discusión general).
Señor Presidente , en realidad, éste es un debate muy de fondo, porque, como todos sabemos y se ha reiterado, una constitución política es el ordenamiento jurídico fundamental de una nación-estado; nos involucra a todos en forma sistemática y nos regula en sus principios y fines como sociedad.
La Constitución de 1980 se originó como consecuencia y necesidad de reordenar estructuralmente una profunda crisis de nuestra nación-estado en lo social, en lo político y en lo económico. Su resultado es el desarrollo del Chile presente, con sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, su modificación debe considerar sólo aquellos aspectos relacionados con los cambios de escenarios o lo que sea consecuente con ellos.
Reformas de esta naturaleza son un problema-país y nos involucran a todos por igual, como lo expresa el articulado de la Carta. Por este particular carácter de origen, su texto debe considerar los principios esenciales y consecuentes con la tradición de la patria y la filosofía que ha inspirado su cultura y sus diversas etnias relacionadas con sus derechos desde el origen de la nación, para garantizar como fin último la coexistencia pacífica del poder y la libertad.
Esta relación vida-sociedad-constitución es un principio en el origen de toda nación-estado, y, por lo tanto, su norma regulatoria básica debe tener el mismo carácter, definiendo sólo principios esenciales. Sin embargo, cada pueblo tiene su historia, consecuencia de grandes y a veces dramáticos conflictos que han generado la fórmula práctica de sus constituciones, que, como sabemos, se expresa en sus propios estilos, los cuales varían desde los consuetudinarios hasta los escritos y que, en ambos casos, pueden ser breves o extensos.
Llama la atención que países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos y muchos otros, de complejas historias, se definan por normas constitucionales basadas en principios breves, lo cual, obviamente, tiene grandes ventajas, por cuanto estos principios, por ser orígenes, son comunes a toda la sociedad, se mantienen sobre intereses coyunturales y, por lo tanto, perduran inalterablemente en el tiempo; son esencias lógicas de ordenamiento, sin complejidades jurídicas y entendibles para todos los ciudadanos.
La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, vigente desde 1787 -es decir, desde hace 214 años-, me parece la más práctica y eficiente del mundo. Con sólo 6 artículos y sus posteriores 26 enmiendas, regula el destino de 250 millones de habitantes en la nación más poderosa del planeta, con su compleja historia por todos conocida. Tampoco puedo dejar de mencionar, a modo de reflexión, los Diez Mandamientos, la gran Constitución del mundo, eje virtuoso sobre el cual han girado por casi cuatro mil años los pueblos de la Tierra.
Nuestra realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Nacimos como consecuencia de descubrimientos y conquistas de imperios, con sus naturales conflictos de intereses locales y regionales. En nuestra corta historia, hemos desarrollado un ordenamiento jurídico como respuesta a conflictos puntuales: en 1833, a los problemas de nuestra independencia; en 1925, a los grandes conflictos de 1891, y en 1980, como una restauración al quebrantamiento político, económico y social que finalizó el 11 de septiembre de 1973.
Cada una de esas Constituciones tiene sus fuentes en el Derecho Constitucional, que las fundamenta, y mucha presión de reordenamientos específicos generados en desacuerdos la mayoría de las veces irreconciliables, razón por la cual se alejaron de los principios y regularon más bien los conflictos de su presente, que eran prioritarios, sin permitir la definición práctica de un ordenamiento social amplio y flexible, de conveniencia y validez para todos, a partir del cual se derivaran las estructuras jurídicas de leyes subsidiarias, consecuentes con los cambios inevitables de cada tiempo.
Tal como lo he señalado, la Carta de 1980, al materializar la inevitable adecuación de sus principios a las circunstancias de la época, tuvo la gran virtud de establecer aspectos estructurales para una nación-estado que la Constitución de 1925 no pudo considerar.
En forma muy breve, me permito hacer algunas reflexiones generales que me parecen pertinentes, ya que en la discusión particular cada reforma será analizada en detalle, con la correspondiente visión de Estado y fundamentos técnicos que estoy seguro que el Senado sabrá otorgar a una materia del mayor interés nacional, pero que también, como fin superior, afectará al bien común de todos los chilenos.
El conflicto entre el Presidente y el Parlamento fue quizás el problema central de la historia política del siglo XX, y ello es clave en nuestro análisis. La década de los 80 es un momento bipolar beligerante en la historia del mundo. El fin de la crisis nacional del 73 tiene sus fundamentos, en gran medida, por la influencia del imperio soviético, la guerra fría, la exportación de la revolución cubana, el terrorismo ya en su máxima expresión, entre otros, factores que contribuyeron -querámoslo o no- a configurar esta Constitución, vigorizando el Poder Ejecutivo , para generar y estabilizar un sistema de Estado autónomo y consecuente con este nuevo Chile.
El modelo económico de libre mercado es, sin lugar a dudas, el cambio más trascendente desde 1920 a la fecha. Los intereses globalizados están demandando inevitablemente nuevas regulaciones. Este nuevo modelo económico, principio estructural de nuestro desarrollo, necesitaba de su presencia en la Carta Fundamental, como lo son algunos aspectos del artículo 60 o el Capítulo XII, referidos al Banco Central, y numerosas otras precisiones o leyes orgánicas que lo fortalecen, como la seguridad social, la Administración del Estado, complejos sistemas de exportación o importación, etcétera.
Otro aspecto que considero un pilar básico de esta gran reforma a la Constitución del 25 es el relacionado con las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad, y como consecuencia, el Consejo de Seguridad Nacional. Recordemos que la Fuerza Aérea fue fundada en 1930 y Carabineros en 1927, dando origen a nuevos conceptos de defensa y seguridad. Por otra parte, el sistema político de la época, anarquizado al extremo por circunstancias de todos conocidas, aún después de 30 años se debatía entre presidencialistas y parlamentaristas, entre un Estado tutor o un Estado privatizador.
Nuestras Fuerzas Armadas son únicas en el mundo, por su historia, eficiencia vocacional y obediencia jerárquica. No son únicas por equipamiento, lo son por sus doctrinas, principios y presencia institucionalizada, considerada por primera vez en la Constitución de 1980. Son pocos los gobiernos del mundo que tienen bajo su control instituciones tan jerarquizadas como la chilena, razón por la cual me parece altamente sensible cualquier modificación al Capítulo X de la Carta Fundamental, que en sus conceptos otorgan esta solidez institucional.
La Constitución del 80, por lo tanto, fue una consecuencia inevitable, sin la cual difícilmente habríamos logrado este presente, que es distinto y único en la historia. El gran problema está en que el tiempo avanza inexorablemente. Es una evolución cosmológica, demostrada por la ciencia. Es un hecho que no controlamos ni dominamos y nos obliga a pensar y aceptar que necesariamente surgirán escenarios distintos para cada momento, cada cual con sus particularidades, que inciden en el desarrollo y la vida de toda sociedad.
El reciente ataque terrorista a los Estados Unidos es un hecho inédito, por sus circunstancias y por sus efectos, que nos obliga a repensar principios y doctrinas relacionados con la seguridad y con la defensa local, regional y global. Sin embargo, éstos son demasiado recientes como para poder decantarlos y nos tomará tiempo concluir sus verdaderos alcances. Pero inevitablemente generarán un efecto directo en las organizaciones y doctrinas relacionadas con nuestra seguridad y defensa interior, razón por la cual me parece prematura la discusión, por ejemplo, del cambio de la dependencia de Carabineros, sin una redefinición o análisis de estas nuevas doctrinas de seguridad interna o externa, que necesariamente surgirán como consecuencia de estos complejos sucesos.
En conclusión, señor Presidente, podría resumir lo siguiente:
La Constitución del 80 marca un hito esencial de nuestra historia y ha sido el factor que inició el proceso de transformación al Estado moderno y desarrollado que es un objetivo nacional.
El escenario nacional y mundial en que se origina esta Carta fue único, como lo es todo momento de la historia. No estaban presentes la globalidad, las comunicaciones y el naciente terrorismo globalizado, que conforma un nuevo escenario que la autoridad política de la nación debe analizar en forma serena, filosófica y estricta, si realmente deseamos un bien común seguro y eficiente.
Quisiera recordar en esta Sala la visión y sabiduría de uno de nuestros más grandes estadistas del siglo pasado, el Presidente don Arturo Alessandri Palma , quien el 1º de julio de 1924, a propósito de la Constitución del 25, señalaba textualmente: "bienaventurados los pueblos que evolucionan a tiempo, tendrán paz y orden, evitando hecatombres y caídas". Me pareció prudente considerar estas palabras, por ser tan oportunas en este presente y en estas circunstancias, en que también analizamos una nueva reforma constitucional tan importante para nuestro destino democrático.
Señor Presidente , de una simple lectura de las actas de los debates de la comisión que elaboró la Constitución de 1980, se comprueba que ésta estuvo orientada fundamentalmente a erigir toda clase de trincheras jurídicas para impedir que se pudieran repetir en Chile sucesos como los ocurridos a comienzos de la década de los 70.
Han pasado de esos hechos casi 30 años y mucha agua ha corrido indudablemente bajo los puentes. El mundo es otro, los problemas son otros, la Unión Soviética ya no existe y Chile ha cambiado profundamente.
Existen grandes consensos y pocas discrepancias, lo cual no significa que no haya problemas que resolver. Tal vez uno de los más graves, que no hemos logrado solucionar, es la discrepancia básica y frontal que la Concertación tiene con el sistema institucional heredado del Gobierno militar.
El traje le queda al país absolutamente estrecho. Fue hecho para otras circunstancias y para encarar problemas del siglo XX, pero no sirve para el siglo XXI.
La Constitución, de acuerdo con lo que el propio Gobierno militar dijo, es autoritaria, tecnificada, etcétera. La verdad es que corresponde a la tesis de los años 60 y 70, en la política exterior norteamericana, de la lucha antisubversiva o contrainsurgencia, y que otros llaman de la "seguridad nacional". Todo ello destinado a impedir que las mayorías puedan representar, en una teoría de contrapesos y con un árbitro final, el papel que se autoasignaron las Fuerzas Armadas. Y todo para evitar un triunfo del marxismo. Esto hoy día parece un chiste viejo.
Los rasgos más groseros de esta deformación institucional han sido atenuados por sucesivas reformas, pero la estructura esencial está ahí.
Desde que comenzó esta discusión en el país, a raíz de la apertura de 1983, después dejada sin efecto con un nuevo estado de sitio, para reaparecer para el plebiscito de 1988, y de ahí no detenerse más, se han señalado los enclaves autoritarios: Senadores institucionales y vitalicios, Consejo de Seguridad Nacional, inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el carácter de éstas como garantes de la institucionalidad, etcétera.
Y, para más remate, aún se mantiene un sistema binominal que condena fatalmente al país a la ingobernabilidad, porque, mientras la teoría política universal busca gobiernos fuertes para enfrentar las fundamentales tareas del día de hoy, nuestro sistema institucional está inspirado en dos principios que conducen fatalmente a la ingobernabilidad, y especialmente a no poder enfrentar una crisis en caso de que ella se produzca: por un lado, un excesivo presidencialismo, acompañado de un Congreso con muy pocas facultades, pero al cual el sistema binominal condena al empate, motivo por lo cual el Presidente de la República , por mucho poder que tenga, no puede legislar.
Finalmente, nos encontramos con que el Primer Mandatario por sí solo no puede resolver los problemas, y el Parlamento sólo tiene una influencia negativa: impedir determinadas legislaciones, esto es, que se enfrenten de verdad los problemas, lo que provoca el desprestigio de ambas instituciones y el riesgo del surgimiento de un nuevo populismo al estilo del que hemos visto en varios países de América y también fuera de nuestro continente.
La intrascendente campaña parlamentaria recién concluida, en que no se discutió ni un solo tema de real interés para la ciudadanía, sino que primó el derroche económico y el "marketing" político, es el mejor acierto de lo que estoy planteando.
Hace mucho rato, señores Senadores, que llegó la hora de que todos los sectores políticos entendamos que es necesario adecuar de una vez por todas la Constitución de 1980 a la realidad chilena de los inicios del siglo XXI.
Creo, además, que deben enfrentarse todas las reformas de una vez, incluido el sistema binominal, que por sí solo puede conducir al país a una crisis peor que la del año 1973, porque, al llevar al empate político, deja a los Gobiernos inermes en caso de crisis y sin consenso para enfrentarla.
De una vez por todas, debemos tener una Carta Fundamental adecuada al país de hoy, respaldada, si no por la unanimidad de los chilenos, al menos por un amplio consenso, como lo tuvo la Constitución de 1833, cuando se modificó en 1870 (lo que no impidió la Revolución de 1891, pero sí permitió un rápido arreglo), y como lo tuvo la de 1925, cuando se restableció la institucionalidad en 1932.
Y no pongamos de ejemplo la permanencia de las Constituciones inglesa y de Estados Unidos, porque corresponden a otros hábitos políticos muy distintos a los nuestros.
Puede ser que este tema no atraiga mayoritariamente a la población. Eso depende, por lo demás, del interés que le den los medios de información. Pero, aunque sea así, a los conductores del país debe preocuparles, porque de ello depende todo lo demás.
Es posible entender la actitud de algunos sectores un poco a la defensiva tras la vuelta a la democracia, pero no hoy día en que aspiran al poder, precisamente. No siempre las instituciones que hasta ahora los respaldan seguirán con ellos, pero, además, no es bueno que si llegan a ser Gobierno -lo que espero que no ocurra, aunque es posible- se afirmen en dichos bastiones autoritarios, pues el Chile actual no es el de 1973 a 1990.
Nuestro país tiene una contradicción entre la aspiración ciudadana ampliamente mayoritaria que se expresa en un deseo de perfeccionar nuestra democracia, y la existencia de una institucionalidad que no la representa. Para subsanar ello se requiere reformar la Constitución Política dictada en 1980, así como algunas leyes, las que, no obstante algunas enmiendas, siguen siendo la expresión de un régimen autoritario que, entre otros rasgos, establece una fuerte presencia militar que adquiere preeminencia ante la ciudadanía y la autoridad civil democráticamente elegida, y una sobrerrepresentación de algunos sectores.
Nuestra Constitución tiene mucho del sello de desconfianza en la democracia, propia de quienes poseen un pensamiento autoritario. Por ello, es una Carta Fundamental que establece una democracia restringida y sujeta a la tutela de las Fuerzas Armadas y de Orden. Al respecto, quiero recordar las palabras del Presidente de la Comisión Redactora de la Constitución de 1980, don Enrique Ortúzar , quien expresó: "El modelo tradicional, la democracia liberal, había fracasado en nuestro país estrepitosamente y está hoy haciendo crisis en el mundo entero... así nació la idea de una nueva democracia, vigilante, protegida, autoritaria..." ( Chacarillas , 9 de julio de 1979).
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ha logrado un consenso que constituye un avance, aunque insuficiente, y que resuelve terminar con algunos de los enclaves autoritarios referidos. La Comisión nos propone, además, algunas otras modificaciones al texto constitucional que estimo pertinentes, como reconocer la diversidad de origen de los chilenos que forman parte de la nación y declarar la especial preocupación del Estado por las poblaciones indígenas originarias, sin por ello debilitar el carácter indivisible de la nación chilena. También las reformas propuestas buscan reforzar la regionalización del país; fortalecer la probidad administrativa; mejorar la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados; derogar el delito de difamación; rebajar a cuatro años el período presidencial, y eliminar la actual facultad del Jefe de Estado para convocar a legislatura extraordinaria. Estas propuestas y otras señaladas en el informe nos parecen muy positivas.
Una Constitución Política debe ser, además de la ley suprema que establece los derechos de las personas, la naturaleza, estructura y funciones principales de las instituciones del Estado, un pacto social democráticamente generado que disponga una institucionalidad correspondiente a las características de la nueva época en que vivimos. Hemos demorado mucho en lograr este pacto social. Por ello, las deformaciones del sistema democrático de nuestro país nos ubican a la retaguardia de las democracias modernas.
Soy un convencido de que quienes obstaculizan las reformas constitucionales están impidiendo, con recursos carentes de legitimidad moral, la posibilidad de construir una democracia verdaderamente participativa, representativa, sin subterfugios y socialmente integrada, que reconozca sin limitaciones el derecho del pueblo a autogobernarse, y que establezca el respeto a los derechos esenciales de las personas y la realización de la libertad e igualdad que se expresan socialmente en la justicia.
Considero que la democracia es más profunda cuando amplía la posibilidad de participación. Con libertad y sin participación sólo tendremos liberalismo, pero no democracia política. Y tras esta aspiración de democracia política, aún estamos institucionalmente muy rezagados.
Una de las debilidades de nuestro sistema político, y una de las causas de la apatía política -particularmente de los jóvenes-, obedece al hecho de no haber establecido suficientes canales de participación ciudadana que permitan a los chilenos sentirse actores en la toma de las grandes decisiones nacionales, y no limitarse a la emisión de un voto cada 4 ó 6 años.
Las reformas constitucionales que hoy discutimos tampoco avanzan en cuanto al tipo de régimen político que tenemos. La Constitución de 1980 establece, en el marco de una mayor debilidad del Estado, un régimen presidencial fuerte y un Parlamento débil.
Ya me referí al desbalance de atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Sin embargo, en esto hay una materia más de fondo que me parece atinente dejar enunciada. Me refiero a la necesidad de pensar en una alternativa distinta a nuestro régimen presidencialista fuerte. No se trata de establecer un sistema parlamentario en nuestro país, sino de considerar la posibilidad de instaurar lo que los constitucionalistas han denominado un "régimen semipresidencial", el que, en mi opinión, tiene la virtud de articular más armónicamente las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo, otorgando más funcionalidad y eficacia al quehacer político-legislativo del país.
Según sondeos de opinión realizados, se concluye que la mayoría de nuestros ciudadanos considera imperfecta la democracia chilena. Por este hecho y por nuestras propias convicciones, estimo que no debemos continuar postergando la aspiración de más democracia para Chile.
El informe que hoy nos presenta la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia constituye, sin duda, un avance en el perfeccionamiento de nuestra democracia. Por tal razón, votaré favorablemente esta iniciativa, con las excepciones particulares a que he hecho referencia. Sin embargo, dejo constancia de que las reformas propuestas consensualmente por la Comisión aún son insuficientes.
Señor Presidente , sin ser parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, junto con otros Senadores participamos prácticamente en la totalidad de sus sesiones. En ellas seguimos los planteamientos de los distintos expertos, y, con posterioridad, estudiamos el material y los documentos que nos han entregado.
La Comisión ha presentado un completo informe a la Sala. Y, al igual que otros señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, felicito a quienes han hecho posible una recopilación tan sistemática y fácil de trabajar como la que ahora tenemos a la vista.
La proposición que se nos ha entregado contempla 32 modificaciones a la Carta Fundamental. Algunas son mayores; otras constituyen elementos que podrían haber tenido una discusión mucho más fácil y sencilla.
No obstante lo anterior, el meollo del problema que nos preocupa actualmente apunta a saber si existe o no acuerdo en el país para modificar una Carta que, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre su génesis, su forma de aplicación y la normativa que ella contempla, para quien lea su texto debe quedarle claro que incluye muchas normas de la Constitución de 1925, e incluso, recoge algunas de la de 1833. Sin embargo, sus elementos distintivos son las llamadas "válvulas de seguridad", que se incorporaron con el objeto de que funcionen en un régimen concebido para una transición semi-autoritaria. Pero, por el contrario, lo hicieron sobre la base de una transición democrática. Y allí es donde quedaron al descubierto las imperfecciones de la Constitución.
Por eso, observo como un signo bastante positivo el que desde distintas vertientes del pensamiento político y la representatividad chilena, se ha llegado a la conclusión de que hoy día es necesario modificar la Carta Fundamental.
En consecuencia, aquí hay que pronunciarse sobre las materias principales. ¿Y cuáles son ellas? La primera, la duración del mandato presidencial. La actual Constitución fue modificada en este sentido. No olvidemos que preveía ocho años al efecto y que en una votación prácticamente unánime y especial se rebajó a seis años. Pero ahora todos hemos concordado en el debate habido en la Comisión en que el período presidencial debería ser de cuatro años. Por lo tanto, es un paso que realmente da una señal positiva.
¿Cuál es lo segundo que está dentro de las posibilidades de modificación? El incorporar en la Constitución el reconocimiento de nuestras etnias y pueblos originarios, punto en el que la inmensa mayoría, no digo que la unanimidad, se ha pronunciado favorablemente en la Comisión.
Lo tercero, que suscita también bastante consenso, es el reforzamiento de la regionalización y la descentralización del país, materia que fue contemplada explícitamente en la definición de la Constitución al establecer el número de Regiones y su calificación. Sin embargo, se piensa ahora en la necesidad de brindar a esta materia mayor reconocimiento y en trasladarla del rígido esquema contemplado en la Carta Fundamental a una ley orgánica, a fin de que el país pueda enfrentar más adecuadamente su desarrollo. Se ha considerado incluso la reagrupación de algunas Regiones en el futuro, en una medida tendiente a lograr una realidad mucho más específica a lo que es la economía y la forma como hoy día se lleva a cabo su distribución entre la población. Por ello, no creo que ese punto revista mayor importancia.
No advierto mayor dificultad tampoco en la discusión de los estados de excepción, materia extraordinariamente delicada y sensible en la Constitución, porque es ahí donde está la base del respeto a los derechos humanos. Y el modo cómo se manejen los estados de excepción es precisamente el mecanismo de defensa que tienen los ciudadanos para resguardarse de las arbitrariedades o los abusos que bajo una situación de excepción o de no excepción -cuando son más permanentes- pueden llevar a conculcar derechos civiles o incluso a situaciones de violencia personal.
Pero no he visto que en eso exista gran dificultad.
¿Dónde están los problemas mayores? En tres áreas. Primero, en el sistema electoral diseñado en la Constitución del 80 con el objeto de estructurar la primera válvula de seguridad. Válvula de seguridad que es elemental para cualquiera que estudie el sistema, conformado por distritos electorales -sesenta-, los cuales no se atienen a lo que la propia Constitución define como Región, provincia y comuna. Las provincias, en varios distritos, no coinciden con ellos mismos. Más aún, se han quebrado diferentes provincias para compensar cuotas electorales, a fin de asegurar la posibilidad de lo que, en el fondo, el sistema binominal contempla. Y es que dos tercios valen, representan y pesan lo mismo que un tercio. Es así. Algunos me dirán que es un sistema que da algunas garantías. Sí, pero analizando la ley de sociedades anónimas, o incluso el modo cómo se manejan las empresas familiares, no he encontrado ningún ejemplo, Honorables colegas, en donde haya una empresa en la que quien controla los dos tercios del paquete accionario, pese igual que el dueño de un tercio del mismo. O donde un integrante de una empresa familiar formada por tres personas -cuyos miembros, de acuerdo con la legislación vigente, tienen un peso determinado- tenga tantas atribuciones como los otros.
¿Cuál es la conclusión? Muy simple: lo que es bueno para los negocios, es malo para el país. Por lo tanto, si es bueno dejar que a nivel de empresas la mayoría mande, no es bueno para el país que en los negocios nacionales la mayoría mande. Hasta un alumno de la enseñanza media podría llegar a la misma conclusión.
¿Cuál es la razón? Ya lo he dicho: generar un mecanismo de defensa a fin de que la soberanía popular no contase con la posibilidad y capacidad de establecer las leyes que esa mayoría requería. Y eso es lo que estamos viendo incluso en los episodios de estos días. Más allá del cálculo, de los resultados electorales, de la ingeniería que resulte de ello, queda en evidencia tal característica del sistema binominal, beneficie a quien beneficie, porque el problema no está ahí, sino en si reconocemos o no la existencia de la soberanía popular como una fuerza mandataria en lo que respecta a las leyes de nuestro país. Y eso es lo que hoy día debe ser modificado.
He visto en la Comisión que algunos señores Senadores manifiestan su no disponibilidad a modificar el sistema binominal. Creo que pasadas las elecciones habrá un período de madurez y reflexión y que esa misma posición podrá ser flexibilizada, porque quienes hemos participado en el debate estamos disponibles para buscar un sistema proporcional corregido, modificado, que no sea el óptimo, en último término, pero que permita acercar las mayorías a su real representación en el Parlamento.
Algo se ha avanzado -no mucho- a nivel municipal. Aún quedan algunos elementos, pero hoy día el Parlamento chileno, nuestra sociedad, ha ido acercando la elección del municipio a la posibilidad de una representación mayor, al haber separado la elección de alcalde de la de concejales, o incluso al permitir la elección de siete concejales en una fórmula que permite dar una proporcionalidad en el voto.
En consecuencia, no aprecio en estos momentos algún impedimento para que en el Senado, incluso en forma gradual, pudiésemos ir construyendo un mecanismo que permitiese acercarnos a un sistema proporcional corregido, sobre la base de dar mayor representatividad a la gente.
Hago un llamado a reflexionar y avanzar sobre esta materia .	¿Cuál es el segundo elemento contemplado como válvula de seguridad? Los quórum. Vale decir, cualquiera que sea la mayoría que se obtenga, existe una tabla al respecto. Y, francamente, cuesta explicar a las personas ajenas a las labores del Congreso las razones por las cuales algunos proyectos deben ser aprobados por los cuatro séptimos, un tercio, tres quintos, o mayoría simple. Uno tiene que dar casi una charla a las personas para decirles "miren, hay leyes de esta naturaleza, modificaciones que precisan tal quórum". En el fondo, reconozco que podría recurrirse a un sistema mucho más simple: fijar a las enmiendas constitucionales un quórum alto, y adecuar las demás leyes a la expresión de la mayoría. Lo demás es un subterfugio, es buscar un argumento con el objeto de complicar la existencia. Y aquí, obviamente, advierto que no hay un espacio de consenso. En esta materia no he visto desarrollarse un espacio positivo. Pero creo que en este caso se tiene que intentar avanzar.
¿Cuál es el tercer elemento? Es también una válvula de seguridad que, aunque en la actualidad no actúa como tal, se mantiene en un trasfondo. Me refiero al Consejo de Seguridad Nacional y a la seudoinamovilidad de los Comandantes en Jefe. ¿Por qué digo la "seudoinamovilidad"? Porque los Comandantes en Jefe hoy día son designados por un período determinado de cuatro años, no prorrogables. Por lo tanto, la inamovilidad está sólo contemplada en el caso de que, eventualmente, un Comandante en Jefe contradijese lo que es la política nacional o entrara en contradicción con el mandato del Presidente de la República . En tal circunstancia, éste debe recurrir a un sistema peculiar, por decir lo menos, para intentar removerlo, cual es el de intentar quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está escrito. En la actualidad, frente a la eventualidad de que un Comandante en Jefe discrepe o incurra en un hecho que violente la línea de jerarquía con el Presidente de la República , el único mecanismo a que puede acudir es al de asistir a ese organismo e intentar romper la unidad de las Fuerzas Armadas. No dispone de otro medio. Y eso no es bueno para las Fuerzas Armadas, no es bueno para el país, no es bueno para la estabilidad institucional.
Por lo tanto, no creo que aquí esté el escollo principal. Yo no he escuchado a nadie en la Comisión durante el año en que hemos estado participando en ella, plantear que desea la politización de las Fuerzas Armadas o que, sencillamente, aspira a volver a un sistema de inestabilidad en la designación de sus mandos.
No. Respetaremos -y respetamos- que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros se designen de acuerdo a lo que rige hoy en día sobre la base de quinas, de donde el Presidente de la República escoge entre las cinco más altas antigüedades; es decir, ya existe un sistema de autoseguridad desde el punto de vista del respeto institucional. Pero el principio de la disciplina se cumple en las Fuerzas Armadas, pues, para quien no acate una orden o muestre discrepancia con el Comandante en Jefe de la institución, no existe la posibilidad de un comité de votación que lo sancione.
Por lo tanto, creo que podemos llegar a un acuerdo; y yo lo percibo a través de un mecanismo en el que, respetando la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional modificado, bajo un sistema de consulta, podamos restituir al Presidente de la República la facultad de remover a un Comandante en Jefe, ante un hecho fundado y públicamente conocido, dentro de la inamovilidad de cuatro años de que goza.
El último punto al que deseo abocarme y que ha sido planteado también por algunos señores Senadores se refiere a la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior.
Comprendo que este asunto presente un problema de sensibilidad. Pero, desde el punto de vista de una correcta interpretación de las leyes y su funcionamiento en la práctica, no veo ningún peligro ni daño real en que Carabineros pase a depender de quien responde por el orden público en el país, que es, precisamente, el Ministro del Interior y los delegados del Presidente de la República , que son los intendentes y gobernadores en la estructura administrativa del país.
Éstos son los elementos que se hallan en juego.
Al término de mi intervención, quiero señalar que hemos trabajado durante un año en esta iniciativa, probablemente en forma silenciosa; pero que ahora llegó el momento de pronunciarnos. Por ello, soy partidario de que votemos y de que el país sepa si estamos o no estamos dispuestos a avanzar en el perfeccionamiento de la Constitución. A mi juicio, cualquier otra explicación significa que sobre el Senado volvería a recaer la imagen de que, ante la imposibilidad de ponernos de acuerdo en los pasillos, se recurre al requisito de mandar para las calendas griegas cualquiera definición. Eso no le hace bien al Parlamento ni a la sociedad chilena.
En seguida concluyo, señor Presidente.
Si existen discrepancias, el sistema democrático posee un mecanismo para resolverlas: la votación. Nos someteremos a ella, y cada uno asumirá sus consecuencias.
Entonces, anuncio mi voto favorable a las reformas de la Constitución propuestas, en los términos en que se hallan planteadas en el informe de la Comisión. Espero que a través de las indicaciones y de la discusión particular podamos dirimir lo relativo a las dos únicas materias que aún no se han resuelto.
Señor Presidente , voy a realizar una intervención que, a la luz del debate que nos ocupa, resultará un tanto heterodoxa.
En primer lugar, de todo lo que heredamos de nuestro traumático pasado, la materia que ahora discutimos es la única que permanece en la agenda pública política y, en consecuencia, perturba las relaciones políticas y de alguna manera afecta la legitimidad percibida del sistema.
El otro asunto que aún persiste es el de los derechos humanos, pero él se encuentra firmemente radicado en los tribunales de justicia, y no creo que sea materia de debate político ulterior.
En segundo término, hemos vivido durante doce años en lo que yo llamo "un consenso constitucional incompleto". Las reformas pactadas en 1989 fueron, sin duda, un gran paso adelante, porque permitieron avanzar de una situación de desconocimiento de la legitimidad de la Constitución por una parte mayoritaria de la ciudadanía a una de acatamiento general de sus disposiciones, lo que, naturalmente, permitió el funcionamiento de la democracia chilena a partir del 11 de marzo de 1990.
No obstante, ese acatamiento envolvió desde el comienzo el que quedara un conjunto de materias pendientes, reivindicadas desde un comienzo por el sector mayoritario que se hizo cargo del Gobierno en 1990. Y es bien sabido que esas reformas pendientes, esas reivindicaciones que nos han acompañado durante 12 años, fueron bautizadas en el lenguaje político como "enclaves autoritarios" y otros términos parecidos. De manera que, aunque los acuerdos de 1989 constituyeron un gran paso, sin embargo, fue insuficiente si pensamos en un consenso constitucional completo.
Ahora bien, es cierto que las reformas constitucionales pendientes afectan e interesan más a la Concertación de Partidos por la Democracia que a la Oposición. La Concertación las ha venido planteando desde 1990. La Oposición pasó muchos años rechazándolas de plano con distintos razonamientos. Y la verdad es que, pese a apoyos parciales en algunos instantes, los intentos para llegar a un acuerdo constitucional completo a través de los años una y otra vez no fructificaron.
¿De qué se trata esto? No voy a abordar el tema desde el punto de vista de la doctrina sobre la teoría democrática -por eso, señalé que haría una intervención heterodoxa-, sino que, a estas alturas de comienzos del siglo XXI, simplemente quiero analizarlo desde la perspectiva del mejor funcionamiento y de las necesidades del sistema político chileno y, en consecuencia, del país.
Lo nuevo que hoy vivimos es el alto grado de acuerdo alcanzado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado respecto de prácticamente todas las materias, con excepción de dos. Ella trabajó muy intensamente durante más de un año y amplió el radio de los temas considerados desde las reformas históricamente reivindicadas por la Concertación a un conjunto de materias adicionales, en las que, a la luz de la experiencia vivida, hubo acuerdo en el sentido de la necesidad de algunas enmiendas constitucionales, para perfeccionar el funcionamiento del sistema político chileno y de nuestras instituciones democráticas.
Ese consenso abre, pues, una nueva gran oportunidad -creo que la mejor que hemos tenido- para que, de una vez por todas, podamos completar efectivamente el consenso y sacar el tema de la agenda política nacional.
¿Por qué es importante que tal consenso se complete y que las reformas puedan aprobarse?
En primer término, desde el punto de vista del análisis ideológico del sistema, lo medular es justamente eso: la oportunidad de completar el consenso y de fortalecer la legitimidad del sistema político, a fin de que la Constitución sea un texto no sólo acatado, sino aceptado positivamente por todos los sectores.
Pienso que este hecho -el fortalecimiento de la legitimidad del sistema- debiera interesar no sólo a todos los partidos políticos -que en la Comisión han ido dando su acuerdo respecto de las distintas materias-, sino, también a algunos Honorables colegas que, a juzgar por el debate de ahora (me refiero a quienes proceden de las Fuerzas Armadas), parecen estar en una posición muy contraria a las reformas. De modo que a ellos les señalo que no se trata de un ataque o desmantelamiento de "la obra del Gobierno Militar" ni nada que se le parezca, sino de perfeccionar nuestras instituciones a la luz de la experiencia y de la realidad en que nos encontramos.
En definitiva, basta pensar que al cabo de veinte años de vigencia parece absurdo que alguien pueda atribuirle cierta intangibilidad a la Constitución.
Para reforzar tal razonamiento, deseo señalar que, para muchos, completar el acuerdo constitucional es una forma y condición para cerrar lo que se ha dado en llamar "la transición". Sin duda, un país no puede vivir eternamente en ese estado y debe cerrar los capítulos heredados del pasado si es que la subsistencia de ellos da margen a que algunas personas piensen que, de algún modo, todavía están viviendo en una cierta transición.
Además, esta razón de fondo tiene trascendencia desde el punto de vista del desarrollo del país, porque fortalecer la legitimidad del sistema político y eliminar un elemento contencioso de la agenda implica un refuerzo para la estabilidad del mismo y, en consecuencia, los elementos de cooperación dentro de él, todo lo cual es importante para el futuro desarrollo del país, sometido a desafíos extraordinariamente complejos en el siglo XXI, que es el de la globalización. Eso como primer elemento.
Un segundo aspecto que creo necesario tener en cuenta es que en todas las encuestas practicadas a lo largo de los años, los cambios que se consultaron de manera directa a la ciudadanía han contado con un amplio apoyo, mucho mayor que el obtenido por el bloque político mayoritario de este tiempo; de manera que la reforma tiene fuerte respaldo ciudadano.
A propósito de lo anterior, parece importante señalar que una cosa es la no existencia de un compromiso directo o de un gran interés de parte de la gente por las reformas, y otra distinta no reconocer que cuentan, sin embargo, con amplio apoyo de la opinión pública. Y eso es relevante.
En tercer lugar, no se trata sólo de la ciudadanía. Cuando se lee lo escrito durante estos años y se escucha a los distintos expertos, constitucionalistas y cientistas políticos que han opinado en los medios de comunicación y en la propia Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se aprecia un abrumador acuerdo académico acerca de la necesidad de las reformas. De modo que no es un capricho de la clase política el que estemos debatiendo el asunto en la Sala.
En cuarto término, está el juicio internacional. Desde 1990, ha existido siempre una sombra sobre la democracia chilena. Se ha señalado que hay elementos de la normativa constitucional vigente que no encuadran en la tradición democrática del mundo occidental. Entiendo que se pueda discrepar de tales juicios; pero el hecho en sí mismo es importante para un país que se abre al exterior, que se incorpora al mundo global y cuya integración, naturalmente, comienza por el ámbito que le es propio: el de las democracias occidentales del planeta. En consecuencia, resolver el asunto y eliminar la sombra que pende del juicio internacional tiene gran ventaja e importancia. Éste no es un problema de soberanía ni de nacionalismo, sino de razonamiento lógico, en cuanto a que la integración en el mundo implica una cuestión multidimensional y no sólo económica.
Se ha señalado que no se debe perder tiempo en materias que no importan a las personas. Quiero sostener que las reformas constitucionales en análisis sí tienen importancia para ellas; y cito, por vía de ejemplo, cinco temas concretos, sin entrar en los dos en que aún no se ha producido acuerdo.
Primero, el acortamiento del período presidencial es, sin duda, algo que interesa extraordinariamente a la gente, como también la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, porque implica una evaluación más frecuente del Presidente de la República por los ciudadanos; porque conlleva la reducción del número de elecciones; porque evita que un Presidente o herede un Congreso elegido dos años antes o se vea sometido a una nueva elección a los dos años de un mandato de seis, y porque facilita la formación de mayorías de gobierno. En fin, muchos otros razonamientos podrían considerarse, pero claramente esto es algo de interés para los ciudadanos.
Segundo, la definición más precisa de la justicia constitucional se logra con la eliminación de la dualidad actual entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, concentrando tal función en el primero. Ello aumenta la certeza jurídica y, en definitiva, permite tener mayor claridad respecto de los recursos judiciales que en cada caso corresponda interponer. Ésta es, naturalmente, una materia de interés para todos los ciudadanos.
Tercero, debe disponerse de una normativa más ordenada, clara y precisa respecto de los estados de excepción. ¿Quién puede decir que ése no sea un tema que preocupa a la ciudadanía?
Cuarto, aunque algunos puedan tener dudas al respecto, el hecho de que el Consejo de Seguridad Nacional deje de nombrar personas de obvia función política -como Senadores y miembros del Tribunal Constitucional-, contribuirá en gran medida a evitar en las Fuerzas Armadas una politización absolutamente contraproducente y negativa.
Quinto, el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados es una aspiración de toda Oposición, en una época en que los problemas de honestidad, corrupción y cumplimiento de la ley por parte de la autoridad están en el centro del interés ciudadano.
En consecuencia, no cabe ninguna duda de que estamos frente a reformas que importan a la gente.
En seguida, deseo disipar muy rápidamente dos cuestionamientos hechos durante el debate: uno, que se estaría impidiendo a esta Cámara ocuparse de otras materias, lo cual suena totalmente absurdo. Pese a que la Comisión ha estudiado el tema durante un año, inclusive en sesiones extraordinarias, con un trabajo intensísimo, simultáneamente -como consta al Senado- despachó asuntos que se convirtieron en leyes de la mayor trascendencia para el país.
Otro cuestionamiento se refiere a la consulta que debe hacerse a la nación en materia de enmiendas constitucionales. En verdad, quien sostenga eso está afirmando que no debe haber ningún tipo de reformas, por cuanto no hay constitución en Chile ni en otras partes que, en general, surja de un procedimiento de ese tipo. Por algo, para resolver problemas de esta complejidad se ha instituido en el mundo la democracia representativa.
Deseo referirme ahora a dos aspectos en los cuales no ha habido acuerdo: el sistema electoral y la forma de nombramiento y de pase a retiro no voluntario de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. No quiero hacer ninguna observación específica al respecto, por creer precisamente que de eso se trata: que en la discusión aún pendiente logremos llegar a acuerdo.
No obstante, quiero hacer una afirmación fundamental: es importante entender que no habrá consenso constitucional real y que no sacaremos el tema de la agenda pública si no logramos cubrir todos los asuntos. El consenso constitucional se alcanzará si abarca la totalidad de aquéllos. Si quedan algunos en el tintero, significará que, en uno u otro momento, más temprano que tarde, la materia reaparecerá en el debate político y, en consecuencia, no habremos cumplido el objetivo que nos hemos trazado.
Por ello, lo único que agregaré es que en la discusión de estos temas se requiere flexibilidad para llegar a acuerdo por parte de todos los actores, a fin de conseguir plenamente el objetivo. Y esto es algo que compete a todos los que deben contribuir a ello, sin distinción alguna. Hay muchas oportunidades y caminos para lograrlo en el debate pendiente.
Señor Presidente , como sabemos, la Constitución Política constituye el marco jurídico y el pilar fundamental del Estado de Derecho. En consecuencia, recurrir a la enmienda de este ordenamiento requiere una justificación que pueda sostenerse; que solamente pueda ser abordada por esta vía; que la haga necesaria e imprescindible para el país, y que tenga, además, actitud de permanencia al interior de la institucionalidad democrática que en dicho marco se consagra.
Aunque ésta es una concepción bastante obvia para los especialistas, no parece que el sector político tenga claridad sobre ella. En efecto, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuál de los problemas más urgentes y graves que afectan a nuestro país en la actualidad será solucionado mediante esta reforma constitucional?; ¿por qué debemos considerar estas enmiendas como necesarias para los chilenos?, ¿en qué contribuirán a mejorar nuestra calidad de vida o la convivencia nacional?
Me formulo estas preguntas -y no soy el único que se las hace-, porque considero que ninguna de las reformas propuestas son un aporte, directo o indirecto, a la solución ni de los problemas de la cesantía, de la delincuencia, ni de la crisis por endeudamiento de la pequeña y mediana empresa, ni de los problemas de salud o de educación, de pobreza, de marginalidad, y tantos otros que aquejan, día a día, a nuestros compatriotas.
Sin perjuicio de lo anterior, me parece algo ingenuo pretender que estas reformas constitucionales contribuirán a cerrar el denominado "periodo de transición política", iniciado luego de la plena instauración del régimen democrático, a partir del 11 de marzo de 1990.
Respecto de este punto, pienso que, como comunidad, hemos prestado poca atención a la fuerza de la realidad. Han transcurrido ya casi 30 años de la ocurrencia del pronunciamiento militar y más de 20 desde el retorno a la democracia, y aún seguimos insertos dentro de un periodo de transición. Cabe preguntarse, entonces, ¿existe realmente la voluntad política de poner término a dicho período?
Considero válido este cuestionamiento, pues, a través de estos años, se ha hecho un análisis sesgado de todas las consecuencias del quiebre institucional chileno ocurrido en 1973, y se ha aplicado un doble estándar para juzgarlas. Sin embargo, lo más importante es que han obtenido notables dividendos políticos de este manejo algunos sectores que realmente no están interesados en dar vuelta la página, porque perderían su bandera de lucha y, por tanto, quedarían sólo con el vacío de sus concepciones políticas, anquilosadas y superadas por la historia.
En consecuencia, la alteración de nuestra institucionalidad, con miras a concluir la transición, constituye -como he dicho- una verdadera ingenuidad, ya que, si de verdad existiera voluntad en tal sentido, esto ya habría ocurrido sin necesidad de reforma alguna.
En efecto, estamos hablando de una situación que debe superarse sobre la base de la voluntad de todos los sectores de la nación y no mediante la dictación de normas jurídicas, por muy constitucionales que ellas sean. El marcado afán por modificar la Carta Fundamental no responde a necesidades del país y de los chilenos, sino a intereses de determinados sectores políticos, que desean la eliminación de lo que ellos denominan "enclaves autoritarios".
Lamentablemente, en este proceso se afectarán, en forma desfavorable, diversas instituciones de nuestro actual ordenamiento y se introducirán elementos contradictorios en un sistema que ha demostrado su capacidad de enfrentar adecuadamente toda clase de situaciones políticas, sociales e históricas, hecho que nadie pone en duda respecto de nuestra actual Constitución Política.
Me parece de la mayor gravedad e inconveniencia volver a la antigua práctica de recurrir a reformas profundas e importantes para resolver problemas que se relacionan más directamente con la capacidad de buena administración y liderazgo que con los constantes cambios en las reglas del juego, lo que a nadie beneficia.
Las naciones que padecen las realidades políticas más inestables e ineficientes se caracterizan por su permanente llamado al cambio profundo de sus instituciones, perdiendo sus esfuerzos y esperanzas, ahogadas en las consecuencias que conlleva la falta de una línea sólida y permanente en su principal estructura jurídica. Chile parece haber superado esta clase de orientación política y no deberían introducirse elementos en la institucionalidad nacional que la vuelvan a acercar, tan imprudentemente, a los vaivenes del debate interno, que tiene -y debe tener- un saludable lugar alejado de las bases constitucionales de nuestro sistema democrático.
Me parece inconveniente, por ejemplo, conceder la nacionalidad, con todos los derechos que ello involucra, a personas que no se avecindarán en Chile. Y, por lo tanto, podrán decidir, con su voto, sobre situaciones que jamás les afectarán directamente; ni serán tocadas por las consecuencias de sus decisiones.
Por otra parte, estimo inconsistente que la Sala haya concedido a los fiscales nacionales, a propósito de la reforma procesal penal, la inamovilidad en sus cargos, fundada en la necesidad de independencia y atendida la naturaleza de sus funciones, y que ahora pretenda negarla a los máximos representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuya labor es claramente profesional y, por ende, no debería estar sujeta a la simpatía del Gobierno de turno.
Dado que nos encontramos en la discusión general del proyecto, limito mis consideraciones a esos dos ejemplos.
Finalmente, hago presente que no comparto, en modo alguno, las razones que se han esgrimido para modificar la Constitución Política.
No creo que ello ponga término al proceso de transición, porque no es el medio adecuado ni eficaz para hacerlo, existiendo aún sectores políticos minoritarios que siempre considerarán insuficiente cualquier enmienda constitucional por profunda que ella sea, debido a su línea política de confrontación permanente.
Hago notar que los cambios propuestos son inconvenientes, contradictorios y negativos para nuestra institucionalidad, ya que no representan el fin de un proceso de adecuaciones, sino el comienzo de un periodo de acercamiento retrógrado hacia antiguos vicios políticos que ya han sido erradicados de nuestra vida nacional.
En su mayoría, se trata de normas sobre cuestiones programáticas que alejan el interés de los problemas reales que afectan a nuestro país y que en nada contribuyen a su solución.
Creo, sinceramente, que no podemos seguir aplicando la mentalidad del "maestro chasquilla", cambiando lo que está bien para justificar la gestión y ocultando la ineficiencia mediante la detección de fallas que no existen, sin abordar las que requieren de una solución urgente y cuya búsqueda es, por lo demás, compleja.
Chile merece un cambio de mentalidad, de su clase política y de sus representantes, basado en el espíritu de colaboración, en el profesionalismo y en el respeto por las directrices técnicas y científicas que deben regir la búsqueda de soluciones a los problemas de cada área del quehacer nacional, dentro del marco de valores tan característico de nuestra idiosincrasia.
Señor Presidente , la presente proposición de reformas constitucionales, contenida en el informe evacuado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de noviembre de 2001, merece, a mi juicio, los siguientes comentarios.
¿Interesa realmente a la ciudadanía que se reforme la Carta Fundamental?
Planteo esta pregunta, en atención a que el domingo 16 de diciembre pasado se mostró, en una encuesta periodística hecha por un importante matutino de Santiago, que sólo el 1,5 por ciento de los ciudadanos entrevistados estimaba conveniente efectuar modificaciones a la Constitución de 1980. Esta cifra, como también lo han demostrado anteriores sondeos, refleja claramente que la preocupación de la ciudadanía versus la de algunos señores legisladores están absolutamente disociadas y son divergentes.
La verdad es que, en 20 años de vigencia de nuestra Carta Fundamental, sus efectos beneficiosos se han traducido claramente en una estabilidad y en una seguridad en sus principios básicos, que han permitido el desarrollo y el crecimiento de Chile en medio de graves situaciones exteriores y de tensiones políticas y sociales internas, que han encontrado su cauce ordenado y efectivo para disolverlas, solucionarlas o encaminarlas.
Entonces es válida la pregunta: ¿para qué cambiarla?
Salvo que la interpretación correcta sea que, frente al realismo que manifiesta la ciudadanía en torno a lo que realmente le interesa, aparezca una ceguera política donde todo apunta a concentrarse en la posible creación de una especie de partitocracia, hecho que constituyó la gran falla de la Constitución de 1925. Prueba de ello es que, en la reciente campaña electoral, ningún candidato esgrimió el tema de las reformas a la Constitución como bandera de lucha para encantar o cautivar a sus electores.
Por otra parte, estas reformas se presentan con un mínimo de difusión en la ciudadanía, lo que debilita la idea de que la gestión parlamentaria debe ser transparente y, por lo tanto, mostrada a la gente con la claridad, insistencia y argumentación que aquella demanda. Dada la profundidad de los cambios que se proponen, este requisito aparece como un hito fundamental para que la reforma sea apreciada en su validez democrática por los ciudadanos, a quienes afectará directamente.
No se trata de no reconocer que en el Parlamento se encuentra representada la soberanía popular, sino de que ésta debe ser ejercida con una difusión de lo que se hace de tal magnitud que se entiendan claramente los alcances de lo que se está legislando. Desgraciadamente, la envergadura de los cambios y la complejidad que encierran sus alcances, hasta el momento sólo son conocidos por una minoría ilustrada, lo que los hace muy ajenos y lejanos al común del ciudadano.
Las cambios constitucionales siempre tienen un alcance y un efecto a largo plazo, de manera que en su estudio y planteamiento debe establecerse una mayor claridad conceptual acerca de lo que se pretende lograr con ellos, pues de otra manera surge el riesgo comprobado de deformar el esqueleto conceptual de la estructura constitucional que se desea modificar, resultando de esto un incordio de visiones que rompen la correlación armónica de esta estructura.
Estas reformas rompen el delicado equilibrio de poderes que contempla actualmente la Constitución de 1980, por cuanto se aumentan las facultades presidenciales sin establecer su correspondiente contraparte. Se aprecian mayores injerencias del Senado y de la Cámara de Diputados en aspectos que no necesariamente reemplazan los contrapesos que hoy existen para balancear el poder presidencial.
De la lectura del informe, en ciertas discusiones, se aprecia que no existe claridad, por ejemplo, en los conceptos de nación, de quiénes son sus integrantes y de los derechos y obligaciones que conlleva la nacionalidad. También hay ciertas proposiciones que se alejan de la realidad histórica de Chile, como la que suprime las tareas constitucionales establecidas en el artículo 90 para las Fuerzas Armadas y Carabineros, reemplazándolas por aquella que dice que corresponderá a los órganos del Estado garantizar el orden institucional de la República.
De ello se desprende que el fundamento real de la reforma es eliminar la función que la Carta Fundamental asigna a las instituciones armadas, argumentando que ella corresponde a todos los órganos del Estado. Con ello, en el fondo, se persigue un fin real distinto del formal, generando una hipótesis irreal e impracticable, cual es que todos los órganos del Estado ( Ejecutivo , Legislativo, Judicial, etcétera), incluyendo a quienes los integran y sirven, garanticen el orden institucional de la República, lo que requerirá acciones absolutamente definidas, concretas, específicas y urgentes.
Lo anterior genera diferentes interrogantes en orden a cómo se actuará, pues cuando ocurre una situación tan grave y urgente, como el hecho de que no se esté garantizando el orden institucional, no hay respuestas claras, los ánimos se enardecen y llegan a resultados que no se prevén al comienzo, pero que ya se han vivido en nuestra historia nacional. La solución propuesta no es idónea y tiende a generar una situación anárquica que ciertamente puede precipitar -como ocurrió en 1891- una guerra civil.
Estas apreciaciones se hacen también extensivas a otras modificaciones propuestas, que indican claramente que debería alargarse el tiempo de estudio para efectuarse una nueva revisión de los alcances de las opiniones vertidas por la Comisión, como algo previo a la necesaria discusión de estas propuestas. Esto tiene especial importancia porque en el presente caso no ha concurrido un análisis comparado de dos textos de reformas que abarquen los mismos temas, para estudiarlos entre sí, sino que más bien las mociones debatidas aparecen como una continuación de una serie de modificaciones ordenadas secuencialmente, sin que los razonamientos hechos por la Comisión hayan sido comparados con aquellos que sobre los mismos temas realizó la Comisión Ortúzar o el Consejo de Estado cuando se elaboró la Carta de 1980, cuyo estudio y redacción demoraron seis años.
Ello es evidente cuando se plantea, por ejemplo, la derogación del delito de difamación, donde la idea básica de la reforma es suprimir la norma actual, que establece que comete delito quien a través de un medio de comunicación social imputare a una persona un hecho o acto falso o le causare injustificadamente daño, descrédito, sea a la víctima o a su familia, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario, director o administrador del medio de comunicación social.
Sería interesante, antes de resolver respecto de esta reforma, realizar una encuesta entre las personas y sus familiares que han sido víctimas de la norma que se pretende derogar, acerca de qué piensan de la difamación a que fueron sometidas. En este sentido, conviene tener en cuenta que detrás del texto que se propone eliminar está el derecho humano fundamental de toda persona de exigir al Estado donde vive que se respete su dignidad. Pero, con o sin encuesta, lo que se halla en juego en esta derogación es el mencionado derecho que asiste a todo individuo de exigir a aquél que defienda su honra y la de su familia.
Por otra parte, llama la atención que, cuando se habla de modificar los estados de excepción constitucional, se suprima toda referencia al Jefe de la Defensa Nacional (autoridad militar) que contempla actualmente la Constitución en los respectivos estados de excepción, sin perjuicio de la gravedad que reviste el hecho de eliminar la participación del Consejo de Seguridad Nacional en la aprobación de esos estados. Resulta extraño que ni siquiera sea obligatorio el que dicho órgano sea oído por el Presidente de la República antes de aprobarse los estados de excepción.
Por tal razón, esta reforma refleja una suerte de infantilismo político, incomprensible para la actual relación cívico-militar, al retrotraerse estas relaciones a los niveles existentes al 10 de septiembre de 1973.
A todo lo anterior, concurren dos situaciones delicadas, pero que deben ser mencionadas en esta argumentación.
La primera de ellas es que en el informe de la Comisión se anuncian otros temas que serán incluidos en la discusión, en un segundo informe, con lo cual se pierde la visión de conjunto necesaria para la comprensión real de esta reforma, planteándose el absurdo de que hay que emitir opinión sobre aspectos que no se conocen y que sólo se verán con posterioridad a la aprobación o rechazo de la idea de legislar. Este procedimiento es anormal y antirreglamentario.
La segunda situación apunta a que habría una suerte de acuerdo político entre las partes que, a mí entender, no ha sido conocido por la totalidad de los señores Senadores e impide completar la idea para aprobar o rechazar estas materias, que son el centro político del texto constitucional.
En fin, parece que resulta absolutamente necesario un nuevo estudio del presente documento, a la luz de un tiempo adicional, que permita profundizar más en el planteamiento y completar su contenido. Esto es tan evidente que, por ejemplo, cuando se habla de las nuevas inhabilidades parlamentarias, se incluye a todos los oficiales de las instituciones de la Defensa; pero nada se dice de los suboficiales, que tienen igual capacidad para postular a cualquier cargo político. Esta situación demuestra que ha faltado más información a la Comisión y que se estaría introduciendo un severo factor de politización y de quebranto de la disciplina y el orden militar.
Por lo tanto, mi posición es, en general, contraria a la idea de legislar. Estimo que el presente informe debería regresar a la respectiva Comisión para un nuevo estudio, a fin de completar el análisis de los temas que se anunciaron, pero que no se discutieron.
Señor Presidente , deseo manifestar que desde hace aproximadamente once años nos encontramos con una Constitución que ha actuado como una camisa de fuerza, para evitar que la soberanía sea ejercida plenamente por el pueblo chileno.
Hay, a lo menos, siete aspectos principales respecto de los cuales no ha existido el más mínimo acuerdo para llevar adelante una reforma constitucional, en virtud de los quórum exigidos y la existencia de un sistema binominal donde las minorías se hallan sobrerrepresentadas. Estos temas escapan a una simple reforma constitucional, lo que nos lleva a resolver este grave "impasse" mediante la institución existente: el plebiscito.
Sobre el particular, deseo abundar con algunos antecedentes. ¿En qué se parece la Constitución de 1925 a la de 1980? En algo textualmente exacto: en los artículos 109 y 117, respectivamente, que sirven para resolver las controversias suscitadas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así, a raíz de una reforma constitucional, es posible convocar a plebiscito.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre ambas Constituciones? Se halla en el artículo 1º de la Carta de 1925, que establecía: "El Estado de Chile es unitario. Su Gobierno es republicano y democrático representativo.".
El artículo 2º expresaba: "La Soberanía reside esencialmente en la Nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece.".
¿Qué es lo novedoso en la Carta de 1980 respecto de la de 1925? Establece por primera vez en la historia de Chile el plebiscito.
Al efecto, el inciso primero del artículo 5º, incorporado en el Capítulo I, Bases de la Institucionalidad -es necesario destacarlo-, dispone: "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas". Éste es el núcleo de la propuesta que el país tiene en el Texto de 1980.
Su forma y contenido indican que se trata de una norma dispositiva que puede exigirse jurídicamente a gobernantes y gobernados y tiene la particularidad de dar acción para obligar a su cumplimiento.
El ya mencionado artículo 5º reconoce a cada uno de los ciudadanos electores de Chile el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos a través de los mecanismos referidos -el plebiscito y las elecciones periódicas- y a ejercitar mediante ellos la soberanía, con la sola limitación del respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Entre esos derechos esenciales figura el de participar en el gobierno del país, que, por lo tanto, debe ser respetado y promovido. Esta calidad es reconocida por la normativa internacional relativa a los derechos humanos: Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que son obligatorios para Chile.
Reconocimiento del plebiscito en la Constitución de 1980
Todo nuestro ordenamiento fundamental, hasta los detalles de las leyes orgánicas constitucionales, es íntegramente plebiscitario. No resulta raro, entonces, que la propia Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios regule en primer lugar los plebiscitos y después las elecciones.
Cabe considerar que sólo la Carta de 1980 reconoció, por primera vez, que el plebiscito es un instrumento para que el pueblo de Chile ejerza su soberanía. En todas las Constituciones anteriores, como un precedente histórico, sin hallarse reconocido, se había utilizado para reformas constitucionales totales o parciales de importancia.
El plebiscito para el evento de conflictos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo frente a una reforma constitucional estaba contemplado en la Carta de 1925, como ya señalé.
En consecuencia, lo único nuevo y diferente fue, primero -y esto es lo importante-, suprimir la exclusividad del Gobierno chileno como representativo, y segundo, aprobar el artículo 5º del Texto Fundamental, que dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio del plebiscito y las elecciones periódicas. Y ésta es, por supuesto, la gran y primordial diferencia entre la Constitución del 25 y la del 80, además de los enclaves que ésta instaló.
Por otra parte, habría sido absurdo efectuar este cambio tan profundo en cuanto a lo representativo y al ejercicio de la soberanía sólo para limitarlo -como desean hoy algunos- a lo que ya existía en la Carta del 25 para zanjar las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso ante una reforma constitucional puntualmente apoyada por los dos tercios de ambas ramas del Parlamento y rechazada por el Ejecutivo. Es indudable que, si esta disposición tan trascendental y novedosa se incorporó por primera vez, fue para que se ejerciese y no para convertirse en una institución inoperante y carente de validez en sí misma, o en letra muerta.
Todo lo anterior está concatenado con el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Suprema, que prescribe que se llamará a plebiscito en los casos expresamente previstos en la Constitución. Y, como ya manifesté, su artículo 5º es lo diferente y lo más preponderante y novedoso contemplado en ella, corroborado por el artículo 18 de la Carta y las tres Leyes Orgánicas Constitucionales que organizan en el Texto Fundamental el plebiscito, y en segundo lugar, cómo se llama a las elecciones periódicas, estableciendo un rango de privilegio de aquél sobre éstas al mencionarlo prioritariamente.
Hay otro elemento determinante, al cual ya me referí. En la Constitución del 80 se definió a Chile como "una República democrática", eliminándose el vocablo "representativo" que figuraba en la Carta de 1925. Ello "quiere hacer resaltar su carácter democrático directo o al menos semidirecto"; "incluso más, quiere indicar que toda la organización jurídica de la República de Chile será fruto de la decisión directa del pueblo a través de sus representantes elegidos. En todo caso, se elimina toda exclusividad del factor "representativo" en la forma de ejercer el gobierno democrático. Todo lo cual concuerda con la enunciación prioritaria del plebiscito como forma de ejercer la soberanía por el pueblo en el Artículo 5º".
Configurando el carácter esencial del plebiscito en el origen de la institucionalidad democrática, la conclusión no puede ser otra que la siguiente: "si por un plebiscito se aprobó una Constitución, con ese mismo instrumento el pueblo puede determinar la reforma de la misma, el cambio total e incluso intervenir en las decisiones constitucionales, legislativas, judiciales, administrativas, militares y de control que le están reservadas.
Es más: "ninguna norma jurídica positiva de ningún órgano del Estado o de la sociedad puede oponerse a dicha voluntad soberana a menos que el ejercicio de esta soberanía contradiga los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana".
Repugna a la equidad natural que 30 Senadores, más 120 Diputados, más el Presidente de la República no puedan aprobar una reforma constitucional debido a la oposición de 16 Senadores, de los cuales 9 pueden ser designados, uno vitalicio y sólo 6 elegidos, y que no haya nada que hacer.
El tratadista Carl Schmitt señala:
"También las lagunas de la Constitución -a diferencia de las oscuridades y discrepancias de la opinión de las leyes constitucionales en particular- pueden llenarse tan sólo mediante un acto del Poder Constituyente. Todo caso imprevisto cuya decisión afecte la decisión política fundamental es decidido por él".
"Si alguien pudiese estimar que existiría una laguna constitucional en la normativa orgánica constitucional que debiera implementar la institución del plebiscito obligatorio o vinculante en el período permanente de la Constitución de 1980, por la imposibilidad histórica, política, ética, filosófica y jurídica de los dos únicos casos que contempla, el poder constituyente originario del pueblo es el único componente llamado a llenar completando así la Constitución que algún constitucionalista estimase incompleta, para cuyo efecto los poderes constituyentes derivados ( Presidente y Congreso) de común acuerdo o separados, deben llamar al pueblo a pronunciarse sobre uno o más proyectos específicos de normativa orgánica sobre el plebiscito".
Por otra parte, el profesor universitario y abogado don José Galiano publicó un estudio -no ha sido rebatido- donde afirma: "El artículo 5º de la Constitución de 1980, en su inciso 1º, consagra -como lo hacen virtualmente todas las constituciones del presente siglo- el principio de la soberanía popular; y lo hace en los siguientes términos: "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.".
Y en seguida sostiene: "De manera que para la Constitución que nos rige, el plebiscito es el primer instrumento de que dispone el pueblo de Chile para ejercer, efectivamente, su soberanía; es decir, su derecho a autogobernarse. Las "elecciones periódicas" y las "autoridades que la Constitución establece" son instrumentos que están mencionados en segundo y tercer orden, respectivamente, y no tienen esa ubicación por casualidad, sino porque se trata de herramientas que sólo permiten el ejercicio indirecto de la soberanía; a diferencia del plebiscito, que constituye el único medio directo de que dispone el pueblo para autogobernarse.".
Más adelante agrega: "Despreciar el plebiscito como instrumento de decisión de los problemas más trascendentales de las naciones, es despreciar la democracia como único sistema donde los derechos humanos sean posibles y donde existan, al menos, bases estructurales que permitan aproximarnos a mayores rangos de igualdad. El plebiscito es el instrumento más eficiente y adecuado para compartir bajo opciones equivalentes relaciones más justas de convivencia. Por eso no les gusta a quienes defienden privilegios, situaciones ventajosas preadquiridas, o estructuras sociales clasificadas por órdenes de propiedad, riqueza, ancestro, vinculaciones o educación. Llamando al pueblo a plebiscito para decisiones sobre cosas fútiles," -como lo han hecho algunos alcaldes- "parece disimularse la marginación del pueblo respecto de las cosas trascendentes.".
En la publicación de la Secretaría General titulada "Los derechos humanos y las elecciones", correspondientes a enero de 1995 -párrafo 24, página 4)-, se dice textualmente:
"La noción de las elecciones democráticas hunde sus raíces en el concepto fundamental de la libre determinación. Este derecho básico está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas (párrafo 2 del artículo 1º), y en el artículo 1º común al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.".
"De manera igual que según la organización universal, nadie puede invocar el principio de autodeterminación de los pueblos para cancelar, precisamente, el derecho del pueblo a darse la estructura institucional que crea más conveniente; y es precisamente el plebiscito, el instrumento más idóneo para que exprese su opción soberana.".
"Todo cuanto se sostenga para negar la legitimidad jurídica del cambio total o parcial de una Constitución por vía plebiscitaria no son sino argumentos políticos y no jurídicos. Porque el derecho tiene una lógica elemental que no puede ser infringida o violentada por la redacción de una norma arbitraria -sea legal o constitucional- cuyo texto resulta incoherente con la institución básica que pretende desconocer, destruir o limitar. ¿Si la soberanía reside en el pueblo, cómo puede invocarse una norma que impida al pueblo ejercer su soberanía? Porque eso es lo que objetivamente hacen quienes invocan el artículo 15 de la Constitución de 1980 para impedir que opere el artículo 5º de la misma Constitución.".
Por tales razones, creo que, frente a estos problemas tan serios, graves y profundos, el Primer Mandatario se encuentra autorizado para dictar un decreto supremo y convocar a un plebiscito, como lo han hecho todos los gobernantes a partir del nacimiento de la República, ya que todas las Constituciones se modificaron por un plebiscito sin estar este instrumento establecido expresamente en ellas, a diferencia de la Carta de 1980.
Por tales razones, señor Presidente , termino señalando que no me gusta la forma en que se expresa esta reforma constitucional. Y veré en cada caso cómo voy a votar, porque soy contrario a cancelar, o a cambalachar, o a cambiar la institucionalidad de los Senadores designados por cualquier otra disposición a este respecto, especialmente por el sistema binominal.
Se me pidió solicitar la autorización de la Sala para que ingrese el abogado señor Jorge Claissac, Asesor Jurídico del Ministerio del Interior.
Señor Presidente , la necesidad de emprender la tarea de una reforma de la Constitución de 1980 tras veinte años de vigencia fluye del hecho de que la mayor parte de la ciudadanía se manifiesta contraria a materias esenciales establecidas en esa Carta, la que, en consecuencia, hoy no representa el sentir popular.
Por otra parte, también resulta un hecho relevante que los dos candidatos finalistas en las últimas elecciones presidenciales se hayan mostrado acordes en la modificación del Texto Fundamental, con las correspondientes diferencias o matices.
Finalmente, los partidos que integran la Alianza por Chile han asumido ante el país el compromiso de contribuir decididamente a cerrar el período de transición política, iniciado luego de la plena instauración del régimen democrático a partir de marzo de 1990.
El debate en cuestión debería acotarse y referirse estrictamente al régimen político-institucional chileno. Para ello es necesario reconocer que un sistema democrático se asienta en el respeto al principio de la soberanía popular, que es el único que permite la expresión adecuada de la voluntad ciudadana y que, en definitiva, posibilitará avanzar en el consenso acerca de las fórmulas que den vida a estas reformas.
En materia de modificaciones constitucionales, se ha avanzado en varios aspectos, como la descentralización y ciertas transferencias de poder a niveles regionales -intentándose establecer aquí un principio de democracia representativa y directa-, y además, en los temas de justicia, los referidos a la Reforma Procesal Penal, al Ministerio Público y otros. Con todo, es el momento de abordar las enmiendas de fondo que requiere esta Constitución.
El Gobierno ha expresado su opinión por intermedio del señor Ministro del Interior , con la finalidad de proceder a una reforma constitucional sustantiva. Éste sería el camino viable para terminar con el proceso de transición.
El núcleo más importante se refiere a "La organización del poder", y también, a la filosofía que inspiró al constituyente de 1980, materializada en el concepto de "Una democracia protegida", que arranca como apéndice de la teoría de la seguridad nacional vigente en aquel tiempo. A su vez, esta figura se materializa en el rol asignado a las Fuerzas Armadas, a las que se da el carácter de "garantes" de la institucionalidad nacional. En otras palabras, se trata de un tutelaje militar sobre la institucionalidad surgida de la soberanía popular.
Esa condición debería ser suprimida. Asimismo, habría que reestudiar el alcance del principio de la "no deliberación".
En estas materias, estimamos que todos cuantos integran la Administración del Estado, sean civiles o militares, tienen un compromiso indiscutible en la preservación y garantía de la democracia; incluso, el ciudadano común, tal como lo manifiesta, por ejemplo, la Constitución española.
En consecuencia, no se divisa el fundamento jurídico vigente para mantener esa exclusividad de "garantes", toda vez que las instituciones que conforman el Estado de Derecho están funcionando.
Por último, en el marco de estas mismas materias, estimo que el Consejo de Seguridad Nacional debe ser sólo de carácter consultivo y no resolutivo.
La esencia de la presente reforma es crear definitivamente una Constitución estable y que no sea cuestionada por la mayoría de los chilenos.
Hay que entender de una vez por todas que, bajo los autoritarismos, la estabilidad nacional responde a la lógica de la fuerza, pero que, en democracia, la estabilidad institucional depende de la solidez de los acuerdos y de la amplitud del consenso. La reforma promovida, al igual que en todas las democracias maduras, aspira a que tengamos una Constitución que Una y no que Divida.
Es necesario insistir en que prevalezcan los valores de una filosofía democrática que se manifieste en que el poder lo ejerzan quienes fueron elegidos por el pueblo, y directamente ellos, y en que la gente pueda expresar su voluntad libremente y elegir autoridades que respondan al mandato popular, sin subterfugios.
Sobre este punto esencial nos podemos referir a uno de los Poderes del Estado, el Legislativo, y en especial, a la composición del Senado. Creo que ya existe acuerdo entre ambos proyectos de reforma en torno a la supresión de los Senadores designados y vitalicios, a quienes hay que reconocer sus valiosos aportes al mejoramiento de nuestra legislación. Pero, dadas las circunstancias actuales y la madurez política de los chilenos, es necesario contar con un Senado totalmente electo. Como muy bien lo expresó el Senador señor Díez : "el reto lógico es ahora la elección popular de todos los parlamentarios, porque eso corresponde a la dignidad de las personas, a su participación verdadera en elegir su país. Expreso categóricamente que los no elegidos es una Institución que no tiene sustento lógico hoy día". Agrega en seguida: "La Concertación está muy comprometida con el desarrollo democrático e institucional del país".
Un tema muy importante guarda relación con la generación de autoridades. Me refiero al sistema electoral, conocido como sistema binominal. Éste favorece la formación de bloques políticos que se alejan del centro. Si se quisiera consolidar dos bloques de centro estable, se tendría que optar por un mecanismo como el de Estados Unidos, en el cual se elige un representante por distrito y donde los dos Senadores de cada Estado se escogen en comicios alternados, renovándose sólo un Senador por cada elección. En el sistema binominal, cada distrito escoge dos Parlamentarios. Para que un partido o coalición se quede con los dos representantes, debe obtener el doble de votos de cualquier otra lista en competencia. Por tanto, para asegurar los dos Diputados un partido debe obtener 66,6 por ciento más un voto. Una distribución del 60 por ciento para un partido y de 40 por ciento para otro produce el mismo resultado que un empate a 50 por ciento para cada partido. Lo dañino del sistema no es sólo que sobrerrepresente a la minoría. Lo peor es que el sistema es muy resistente al cambio. Ello explica que, por realismo político, quienes son elegidos por un sistema no quieran luego cambiarlo. Por otra parte, el sistema binominal también crea incentivos para que los candidatos al Parlamento sólo busquen obtener el 33 por ciento más un voto para asegurar su elección.
Si bien el sistema electoral no está incluido en la reforma constitucional, es necesario puntualizar la urgencia de aprobar esta reforma, no obstante la fuerte oposición de algunos sectores. Concluimos diciendo que el sistema binominal no es democrático. Esta materia debería incorporarse en una nueva Ley Orgánica de Votaciones Populares y Escrutinios.
Una de las instituciones que también debe ser revisada en el marco de estas enmiendas se refiere a la facultad del Presidente de la República de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros. Esta cuestión, de fundamental importancia, debe ser discutida con la mayor profundidad a fin de encontrar una solución, de tal manera que se reconozca definitivamente esta prerrogativa propia del Jefe del Estado , sin restricciones, tal como existía en las Constituciones anteriores de nuestro país y como contemplan, además, todas ellas en el mundo.
Destaco las coincidencias que nos unen en estas materias: la eliminación de la diferencia entre legislatura ordinaria y extraordinaria, que permitirá al Congreso manejar mejor la agenda legislativa; el término de la realización de un Congreso Pleno para ratificar las reformas constitucionales; la revisión del papel del Parlamento en cuanto a la aprobación de los tratados internacionales; el aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, elevando a rango constitucional las comisiones investigadoras y la modificación de la integración del Tribunal Constitucional, subiendo de siete a nueve sus integrantes y otorgándoles, además, mayores atribuciones.
Mi más profundo deseo es que, en un clima de entendimiento y diálogo, salvando las diferencias, resolvamos cuestiones sustantivas de nuestra convivencia democrática.
Aprovecho esta ocasión para felicitar a la Comisión por el rigor de su labor y a los redactores del informe porque nos han entregado un instrumento de trabajo de primera calidad.
Hace sólo unas horas han terminado las votaciones que renovaron la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. La contienda electoral ha finalizado y es el momento de centrarnos a trabajar juntos para impulsar estas reformas. El pueblo que nos eligió espera confiado en soluciones eficaces y en un plazo prudente, ya que han transcurrido diez años desde que planteamos estos problemas. Creo que es el mayor imperativo de nuestro mandato en la hora presente.
Señor Presidente , me pronunciaré favorablemente respecto de la idea de legislar y, naturalmente, votaré a favor todas las modificaciones aprobadas por la Comisión.
Señor Presidente , del informe de la Comisión de Constitución se desprende que en este Senado hay una amplia mayoría partidaria para analizar y avanzar en reformas a la Constitución que nos rige. Pero, en este punto, creo importante definir si la calidad de las instituciones se mide por su funcionamiento o sólo por su aceptación.
Es un hecho que la Carta Fundamental contiene normas que no son de general aceptación. Probablemente, si se ponderan las encuestas -como aquí se ha señalado-, se verá que hay aspectos institucionales que mayoritariamente no concitan la aprobación de la ciudadanía. Pero lo mismo sucede con muchas otras disposiciones. Lo importante es si esa desaprobación relativa de la comunidad nacional es motivo suficiente para introducir reformas sin poner énfasis en lo esencial, que es el funcionamiento de las instituciones.
Yo me preguntaría: si somos tan celosos de seguir la voz de las encuestas de opinión pública para avanzar en reformas a la Constitución, ¿no debiéramos ser igualmente celosos, por ejemplo, para introducir modificaciones al sistema de partidos o al funcionamiento de los partidos políticos, que tienen muy pobre evaluación en ese tipo de encuestas?
El tema de las percepciones debe pesar en nuestras decisiones, debemos considerarlo, pero no podemos caer en el voluntarismo, dejarnos llevar sólo por él y desatender lo fundamental, a saber, el funcionamiento de las instituciones.
Por eso, cuando se están resolviendo enmiendas constitucionales tan sustanciales como la composición del Senado, es bueno evaluar, apegándonos a la verdad, lo que ha sucedido en estos doce años de pleno funcionamiento de esta Carta y de la Corporación en que nos encontramos. Y realmente la conclusión a que debiéramos llegar es que nuestras instituciones funcionan. Nos gusten o no nos gusten, funcionan. Y el país ha podido resolver problemas importantes con la Constitución vigente, y si no ha solucionado otros de igual relevancia no se ha debido a la normativa que contiene, sino a otros entrabamientos que nos afectan como actores políticos. Y, probablemente, si se hubiese desplegado más énfasis en ponernos de acuerdo, en desprendernos de ideologismos, podría haberse avanzado en temas de administración que quizá habrían mantenido la tasa de crecimiento del país, hoy estancada.
No podemos echarle la culpa de los problemas de hoy al sistema institucional. Éste nos permite construir y avanzar. De hecho, así lo ha demostrado cuando el país ha estado bien administrado. Y las detenciones y problemas actuales no pueden achacarse al sistema institucional. Si se evalúa el funcionamiento de la institución de los Senadores designados o institucionales, se verá que ellos han permitido a los Gobiernos de la Concertación, por ejemplo, aprobar todas las leyes que aumentan impuestos. Ningún proyecto de ese tipo ha sido rechazado en este Senado. Y eso es algo importante de tener en claro.
Recién estuvo presente en la Sala el señor Ministro del Interior . Durante la campaña electoral parlamentaria él puso gran énfasis en que la Oposición habría impedido al Gobierno administrar y hacer las cosas que, se lamenta, no se hicieron. Pero eso se aparta absolutamente de la verdad, porque ningún proyecto impulsado por el Gobierno ha sido obstaculizado por la Oposición, salvo una muy mala reforma laboral, que fue rechazada felizmente en el año 1999 y por desgracia aprobada, en términos muy parecidos, a comienzos de este año. Por lo tanto, decir que esta institucionalidad o, más aún, que los Senadores institucionales han impedido funcionar a los Gobiernos de la Concertación, se aparta absolutamente de la verdad, porque, en estricto rigor, ellos han facilitado la administración.
Creo que la institución de los Senadores designados ha demostrado, en la práctica, sus bondades. Desgraciadamente, ha sido desnaturalizada. Lo digo con mucha franqueza. Es lamentable que en algunas designaciones se haya privilegiado aspectos políticos, y que determinados Senadores institucionales -los aprecio y respeto como personas, y felizmente los tengo frente a mí- hayan asumido una posición política y se hayan integrado a una bancada política, porque eso desnaturaliza la institución de los Senadores designados. Afortunadamente, ello no ha impedido que en Comisiones y como legisladores hayan cumplido un papel que no puede merecer reprobación alguna y que prestigia la institución que ellos representan. Lo único lamentable es la desnaturalización que se produce al integrarse a bancadas políticas.
En fin, señor Presidente , pienso que al analizar ciertas estructuras es importante identificar también sus bondades. El sistema binominal, por ejemplo, si bien genera una gran pugna al momento de designar a los candidatos y durante la campaña electoral, que los pone en lucha al interior de cada alianza, el hecho concreto es que permite que el Congreso funcione en forma ordenada, dando al sistema político una operatividad muy importante. Para mí, es mucho más relevante que el Parlamento funcione bien que lograr campañas pacíficas. No sacaríamos nada con un sistema proporcional, con gran cantidad de candidatos y campañas en paz, si las mayorías cambiaran día a día según las negociaciones y los traspasos de pequeños grupos de Parlamentarios desde una bancada a otra o desde un sector a otro, porque eso desestabilizaría el orden natural a que debe responder el Congreso, que es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, y, en definitiva, produciría ingobernabilidad. Y todo por facilitar las campañas en vez de privilegiar el funcionamiento del Parlamento.
El sistema binominal vigente ocasiona muchos problemas durante el desarrollo de las campañas para elegir a los legisladores, pero permite contar con un Congreso que, si quiere, puede funcionar muy bien.
Como decía anteriormente, cuando se trata de introducir reformas, hay que preocuparse de ver cómo han funcionado las instituciones y cuáles fueron los motivos que llevaron a crearlas. Me llama la atención que no se hagan esfuerzos para entender que muchas normas e instituciones de la Constitución de 1980 se fundamentan en defectos de funcionamiento que acusó la Carta de 1925. Por ejemplo, el Presidente de la Comisión de Constitución , al reseñar las enmiendas que propone ese organismo, dijo que la designación de embajadores debería ser aprobada por el Senado. Recordó que ésa era la norma que regía en la Constitución de 1925 y que fue eliminada en la de 1980 porque se hizo mal uso de ella al negarse el nombramiento de un embajador en el Perú. Se mencionó al ex Ministro Jesús Rodríguez . Sin embargo, no explicó el modo en que ese defecto de funcionamiento evidenciado en la Carta anterior sería superado al ser repuesto aquel precepto en la actual Constitución.
Temo que muchas de las atribuciones que se entregan al Senado -que en la forma planteada, será un Senado empatado- vayan a producir una fuerte paralización. Fui uno de los que votaron en contra de la reforma constitucional que otorgó a esta Corporación la facultad de ratificar la designación de los ministros de la Corte Suprema. Creo que, si bien la norma ha funcionado, hay que mirar las cosas en perspectiva. En esa oportunidad advertí que, probablemente, los jueces que tomaran decisiones duras que afectaran a un sector político iban a quedar fuera del Máximo Tribunal. Ello se ha dado así, en parte. Es cierto que el Ministro Milton Juica integra hoy la Corte Suprema, pero también lo es que la Ministra Campusano no pudo llegar a ese organismo. Al final, las normas dependen de cómo los actores juegan y se mueven dentro de ellas.
Temo que muchas normas que se están estableciendo, que exigen un grado de acuerdo muy grande, a la larga deterioren el funcionamiento de las instituciones, donde el Senado está entrando a intervenir en lo que se refiere al nombramiento de sus personeros. En definitiva, las negociaciones políticas, que, miradas fríamente, pueden ser muy razonables, en la práctica van a ir generando una carga sobre los partidos políticos -y sobre sus directivas, que son las que al final negocian- que va a desvirtuar las cosas, y los va a hacer esclavos del excesivo poder que se les está entregando.
Creo que muchos de los defectos de la Constitución de 1925 se debieron a que se fue llevando a quienes tomaban las decisiones a una suerte de esclavitud de los grupos de presión. Y todos los daños que se evidenciaron progresivamente en nuestra institucionalidad económica -que, a la postre, significaron la paralización y la incapacidad del país para crear crecimiento y dar posibilidades a todos, y que desembocaron en una crisis social y política- se originaron en la entrega de enorme poder a determinados personeros y directivas, los que, en definitiva, se convirtieron en esclavos de los grupos de presión, de los grupos sindicales, de los grupos que fueron creando una legislación a su modo y conveniencia. Sería un tremendo error que nosotros repitiéramos esas equivocaciones.
El actual sistema es orgánico y permite que cada institución juegue en función de las otras. Por eso, al momento de pensar en modificar nuestra Constitución, tenemos que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta la eficacia y funcionamiento de la actual institucionalidad, que ha permitido a Chile avanzar, a diferencia de la de 1925, que lo hizo desembocar en una crisis por empantanamiento. Debemos poner énfasis en esos aspectos y no en otros, ya sea voluntaristas, de percepción o de lo que es o no es políticamente correcto, porque, de esa manera, estaremos actuando con realismo y sentido de futuro y evitando caer en el error, que podríamos lamentar con el tiempo, de volver a un sistema que paralizó al país, como el que existía en la Constitución anterior.
Aún quedan algunos Senadores inscritos para intervenir. Pero, si me permite la Sala, antes quisiera hacer un planteamiento con el objeto de despejar un poco las cosas y clarificar nuestro trabajo.
Según el propio informe -que es bastante completo-, hay dos temas que requieren mayor precisión y que conscientemente se dejaron para ser completados en la discusión particular. Cuando en la reunión de Comités se trató cuáles podrían ser las indicaciones procedentes o improcedentes, algunos señores Senadores plantearon una discusión sobre la materia, ante lo cual yo apliqué la norma del Reglamento y de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sobre qué cosas son procedentes o improcedentes, de acuerdo con el criterio de la Presidencia , ya sea de la Comisión o de la Sala. Porque había inquietud en cuanto a qué pasaba con dos materias que son parte importante y trascendente de toda la reforma constitucional.
En esa línea y después de haber conversado con el Ejecutivo , quiero plantear a la Corporación que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, sin perjuicio de continuar agotando el debate en la Sala, con el objeto de que dicho organismo técnico dé una solución -positiva, negativa o intermedia- respecto de estos dos puntos dentro de un plazo determinado, que podría ser el 9 de enero de 2002, para no postergar su conocimiento más allá de lo que requiere la opinión pública.
En esas condiciones, daría mi aprobación, señor Presidente .
Estaría de acuerdo el Presidente de la Comisión de Constitución .
Entonces, en ese sentido quisiera plantearlo a la Sala, sin perjuicio de continuar escuchando a los señores Senadores que estén inscritos para intervenir en la mañana, y en la tarde nos ocuparíamos de la tabla ordinaria que tenemos pendiente.
Señor Presidente , nuestra bancada parlamentaria está absolutamente disponible para votar favorablemente la idea de legislar en el día de hoy.
En el informe elaborado por la Comisión existe absoluta claridad en cuanto a que quedaron dos materias pendientes para el segundo informe, y se deja constancia de ello.
Ahora, si el señor Presidente plantea la necesidad de que la iniciativa vuelva a Comisión, nosotros no somos obstáculo para ello. Pero queremos dejar expresa constancia de la disposición de los Senadores de la UDI y de Renovación Nacional respecto de votar favorablemente hoy la idea de legislar con absoluta claridad, porque no existe confusión alguna en el informe de la Comisión de Constitución.
Muy bien. Espero que se mantenga esa misma decisión hasta la próxima fecha.
Señor Presidente , la verdad es que la Comisión ha realizado un trabajo exhaustivo durante más de un año y medio, con gran asistencia técnica, con la colaboración muy eficiente del Gobierno y con la participación no sólo de los miembros de la Comisión, sino también de un número muy grande -mayor que el de cualquier otra Comisión- de señores Senadores que no forman parte de ella.
Ese trabajo exhaustivo es el que da fuerza a este texto, que hemos tenido ya varias semanas para repasar. La Comisión deliberadamente dejó dos aspectos pendientes para el segundo informe, respecto de los cuales no se había llegado a acuerdo, con el ánimo, precisamente, de encontrar una fórmula de consenso.
Debo reconocer que en esto ha habido buena disposición de ambas partes para, partiendo de puntos de vista divergentes, lograr un acuerdo en la mayor parte de la reforma.
Celebro -no podría ser de otra manera- escuchar aquí a representantes de la Oposición decir que van a votar favorablemente. No estoy de acuerdo, porque no me parece útil y perfectamente podría evitarse que el proyecto fuera de nuevo a Comisión. Sin embargo, si existe voluntad para proceder así, yo estaría dispuesto a que fuera enviado a ella, pero sujeto a algunos requisitos: que la Comisión evacue su informe dentro de 10 días, que demos por terminado el debate en la materia a que se refiere el informe actual y que fijemos una fecha para votar -unánime o no unánime, de mayoría y de minoría-, dentro de un plazo que no exceda el 10 ú 11 de enero de 2002.
Señor Presidente , quería pedir una aclaración.
Entiendo que hay acuerdo para enviar el proyecto a Comisión a fin de buscar una solución a los dos temas que se han mencionado. Pero si no lo hubiera sobre esas dos materias, de todas maneras llegaría a la Sala el proyecto y votaríamos todo aquello que hoy día estamos tratando.
Creo que no podemos sujetar la reforma a que exista acuerdo en esos dos temas.
La facultad del Senado de seguir conociendo el proyecto está dentro de nuestras propias atribuciones, salvo que el Presidente de la República lo retire de la convocatoria, caso en el cual no podríamos pronunciarnos. Pero no es ésa la voluntad del Ejecutivo.
Señor Presidente , deseo respaldar la propuesta formulada por el señor Presidente en el sentido de que el proyecto de reforma constitucional vuelva a la Comisión de Constitución con el propósito de aclarar al máximo, en la medida de lo posible, los dos temas que se han discutido largamente aquí, relacionados con los Senadores designados y con el sistema electoral.
Asimismo, considero un plazo razonable que el 8 ó el 9 de enero -como lo señaló Su Señoría o el Presidente de la Comisión- el informe esté nuevamente en la Sala con mayor precisión sobre esta materia.
Ahora, al igual que el resto de las bancadas, nosotros tenemos la voluntad de votar favorablemente el proyecto de reforma constitucional. Pero, evidentemente, estos temas forman parte de la discrepancia y de la discusión política más de fondo que hoy existe, que es clave. De modo que nuestra bancada está de acuerdo en que la iniciativa vuelva a la Comisión.
Señor Presidente , deseo respaldar su proposición.
En nuestra opinión, los llamados temas pendientes son demasiado importantes como para que podamos pronunciarnos hoy día, aunque sea en general sobre la reforma constitucional, existiendo todavía esa discusión.
Desde ese punto de vista, nos parece que lo más acertado es que el proyecto vuelva a la Comisión en los términos en que el señor Presidente lo propuso.
Señor Presidente , los términos en que Su Señoría ha planteado la posibilidad de que la iniciativa vuelva a la Comisión son muy claros. Y si en la Comisión no se produce acuerdo unánime acerca de esos puntos de vista, se procederá a votar y habrá una posición de mayoría y otra de minoría. Por lo tanto, es la manera más completa de resolver un asunto que está pendiente en los términos y plazos a que se ha referido el Honorable señor Hamilton .
Señor Presidente , el Comité Institucionales 1 está totalmente de acuerdo con su propuesta, porque se corrige un defecto y se completa el informe para tener una visión global de las reformas propuestas. Así que no habría problemas.
Quiero dejar bien en claro que el acuerdo se toma en los siguientes términos.
1.- El proyecto de reforma constitucional vuelve a la Comisión de Constitución para los efectos de hacer un informe complementario del primer informe.
2.- El plazo para que el proyecto vuelva a la Sala con un acuerdo, a favor, en contra o intermedio, es el 9 de enero, como tiempo máximo. En esa fecha fijaremos el día en que se votará. Para decidir esto se reunirán los Comités el día martes correspondiente a esa semana y determinaremos el día y la hora, que seguramente será la sesión siguiente.
Luego, se tiene entendido que el debate realizado es parte ya de la discusión general y no la vamos a repetir toda de nuevo, salvo los que no están inscritos y los que quedaron pendientes, que tienen derecho a participar. Ello, para que no reiteremos todo un debate que ya se realizó.
Entonces, con el objeto de que no haya confusiones, la Mesa va a proceder en ese sentido.
Estoy de acuerdo, con una salvedad: es indispensable fijar el día de la votación. Si se cambia la fecha después, es distinto. De lo contrario vamos a tener el problema que se planteó ayer en cuanto a que no haya votación, pues el debate se puede prolongar indefinidamente.
Quiero ser bien franco, señor Presidente .
Le garantizo al señor Senador que en la reunión de Comités pertinente vamos a fijar el día y la hora de votación general del proyecto, que seguramente se va a realizar en la sesión siguiente, es decir, el martes 15 o cuando corresponda.
Me basta su palabra, señor Presidente .
Tiene mi palabra de que así va a ser.
Podrían continuar con el uso de la palabra los señores Senadores que están inscritos, hasta las 14.
Está inscrito a continuación el Honorable señor Stange.
¿Vamos a continuar sesionando en la tarde también?
Sí, señora Senadora, porque hay diversos proyectos en tabla.
Uno de ellos, que se refiere a la condonación de deudas CORA, será tratado a petición del Senador señor Larraín. También existen dos iniciativas originadas en mociones del Honorable señor Bitar. Además, está el Acta de Ejecución acordada entre Chile y Perú.
Suspendamos el debate, señor Presidente.
Señor Presidente , me reservo el derecho de intervenir cuando reciba el informe complementario.
¡Entonces, es preferible no seguir ahora!
¿Habría acuerdo en dejar pendiente el debate?
Señor Presidente , ayer presenté una moción mediante la cual se pretende corregir una omisión en que se incurrió en la ley que deroga la pena de muerte. El Gobierno respondió afirmativamente hoy día e incluyó la iniciativa en la convocatoria extraordinaria, y esta tarde, a las 15:30, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se reunirá para aprobarla.
Por lo tanto, como es un asunto menor, de mero trámite, solicito que el proyecto se trate en Fácil Despacho en la sesión de esta tarde.
No habría inconveniente en incluirlo en la tabla de esa sesión, una vez que llegue informe de la Comisión.
No damos el acuerdo, señor Presidente.
Lo lamento, Senador señor Hamilton, pero no hay acuerdo.
1.— La Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios establece los procedimientos y funciones de los que se desempeñan como vocales en las mesas receptoras de sufragios.
2.— Los vocales se designan por las Juntas Electorales establecidas según la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
3.— El trabajo que significa desempeñarse como vocal es de gran responsabilidad y significa al menos una labor que supera las 10 horas continuas.
4.— Si bien las elecciones populares de autoridades municipales, parlamentarias, presidenciales y plebiscitos se realizan mayoritariamente en
días de fines de semana, del mismo modo se afectan el descanso y actividades de estas personas en su desempeño como vocales.
5.— Por lo anteriormente señalado es conveniente establecer una compensación en descanso o una remuneración por el trabajo que significa la función de vocal y que el Ejecutivo considere el estudiar un pago único para el desempeño de esta función. Por lo anterior es que vengo a presentar la siguiente
“Establece compensación para quienes se desempeñen como vocales de las mesas receptoras de sufragios”
Agréguese el siguiente artículo 47 bis a la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
“Las personas que se desempeñan efectivamente como vocales tendrán derecho a exigir por parte de sus empleadores un descanso equivalente compensatorio o bien una compensación económica proporcional a su remuneración”.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.