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Document Index: 369135610

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 105', 'artículo 22', 'artículo 10']

Publicado en BOE de 23 de Noviembre de 1979
Vigencia desde 01 de Enero de 1980
Sentencia 238/1992 de 17 de Dic. (cuestión de inconstitucionalidad 1445/1987, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres, en relación con el art. 6.2 de la L 34/1979 de 16 Nov., de Fincas Manifiestamente Mejorables - Se declara inconstitucional y, por consiguiente, nulo el inciso "No obstante, no se suspenderá en ningún caso la ejecución del Decreto impugnado" del art. 6.2 de dicha Ley) Ocultar / Mostrar comentarios El inciso "No obstante, no se supenderá en ningún caso la ejecución del Decreto impugnado" del párrafo 1º del número 2 del artículo 6 ha sido declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 238/1992, 17 diciembre («B.O.E.» 20 enero 1993).
RD 1937/1985 de 9 Oct. (CA Canarias. Traspaso de funciones en materia de reforma y desarrollo agrario. Ampliación) RD 2058/1985 de 9 Oct. (ampliación de medios traspasados en materia de reforma y desarrollo agrario de la Comunidad de Madrid) RD 1843/1985 de 11 Sep. (CA Castilla y León. Traspaso de funciones en materia de reforma y desarrollo agrario. Ampliación) RD 1079/1985 de 5 Jun. (CA Castilla-La Mancha. Traspasos de funciones y servicios en materia de reforma y desarrollo agrario) RD 1080/1985 de 5 Jun. (ampliación del traspaso de funciones y servicios a la CA Extremadura en materia de reforma y desarrollo agrario) RD 1100/1985 de 5 Jun. (traspaso a la CA La Rioja de funciones y servicios de la Administración del estado en materia de reforma y desarrollo agrario) RD 809/1985 de 30 Abr. (reforma y desarrollo agrario. Valoración definitiva y ampliación de funciones. Traspaso de la Administración del estado a la CA las Islas Baleares) RD 848/1985 de 30 Abr. (traspaso a la CA La Rioja de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de conservación de la naturaleza) RD 1124/1985 de 30 Abr. (CA Galicia. Traspaso de funciones y servicios en materia de reforma y desarrollo agrario. Ampliación) RD 1649/1985 de 19 Abr. (reforma y desarrollo agrario. Traspaso de funciones a la CA Cantabria) RD 641/1985 de 2 Abr. (traspasos de funciones y servicios. Reforma y desarrollo agrario. Principado de Asturias) RD 2295/1982 de 24 Jul. (traspaso a la CA Cantabria de funciones y servicios del Estado en materia de reforma y desarrollo agrario) RD 2423/1982 de 24 Jul. (traspaso a la CA Galicia de funciones y servicios del Estado a la en materia de reforma y desarrollo agrario) Artículo 1
c) Fincas cuya superficie sea superior a cincuenta hectáreas de regadío o a quinientas hectáreas de secano o aprovechamiento forestal, en las que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el artículo setenta y uno de la Ley de Expropiación Forzosa, deban realizarse las intensificaciones de cultivos o aprovechamientos que, atendiendo al interés nacional, sean necesarias para incrementar adecuadamente el empleo, en función de las condiciones objetivas de la explotación.
1. Para el cómputo de las superficies determinadas en el apartado c) del artículo segundo se tendrán en cuenta todas las fincas o participaciones indivisas de ellas que pertenezcan a un mismo titular y formen parte de una sola unidad de explotación.
Tratándose de fincas y secano y regadío, se ponderarán sus superficies sobre la equivalencia, al solo efecto de esta Ley, de una hectárea de regadío a diez de secano.
2. La división de una finca por actos «inter vivos», si persigue un resultado contrario a esta Ley, o cualquier otro acto o negocio jurídico en fraude de la misma, no será obstáculo para su aplicación. El Real Decreto a que se refiere el artículo sexto de la presente Ley deberá señalar, en su caso, los actos que dan lugar a la aplicación de este artículo.
1. La Administración, de oficio o a instancia de las Comunidades Autónomas, órganos preautonómicos o demás entidades interesadas, iniciará los expedientes para determinar las fincas rústicas que pudieran estar comprendidas en el artículo segundo de la presente Ley, requiriendo, cuando haya lugar, a los interesados para que presenten un plan de explotación y mejora con sujeción a las líneas generales que se les señalen sobre las transformaciones precisas, coste aproximado de las inversiones requeridas, ritmo de ejecución y plazo para la terminación del plan, que no podrá ser superior a tres años, salvo que se integre en planes de conjunto de mayor plazo elaborados por la Administración. Cuando se trate de intensificación de cultivo, las líneas directrices del plan indicarán asimismo el número aproximado de obreros fijos a quienes pueda darse ocupación, fijando el ritmo de colocación de la nueva mano de obra al que como mínimo deberá ajustarse el plan.
2. En el plazo de dos meses, prorrogables por otros dos, las personas requeridas deberán presentar el plan a que se refiere el apartado anterior, ateniéndose a las directrices que se les hubieran señalado o a otras de su propia iniciativa que permitan igualmente alcanzar las finalidades determinadas en la presente Ley. A tal efecto, los interesados tendrán acceso a los datos que sirvieron de base a la Administración para la elaboración de sus directrices. La no presentación del Plan por parte de los interesados o la no aceptación del presentado dará lugar a que sea la Administración la que redacte el plan de mejora, lo que deberá hacer en el plazo de dos meses. La falta de avenencia, tras quince días más para el estudio de fórmulas de compromiso, dará lugar a que el expediente pase inmediatamente al Ministerio de Agricultura para su tramitación y resolución, según prevé el artículo sexto.
3. Cuando se trate de fincas arrendadas o disfrutadas en virtud de cualquier otro derecho real distinto del dominio, el propietario en los mismos plazos establecidos en el apartado anterior, podrá solicitar del Ministerio de Agricultura, aportando las pruebas pertinentes, la declaración expresa de que las deficiencias que motiven las actuaciones son imputables a usuario y que siempre que, al mismo tiempo, el propietario se comprometa al cumplimiento de modo directo del plan que presente y le sea aceptado por la Administración o del que ésta hubiere redactado.
4. El incumplimiento de los compromisos contraídos con la Administración como consecuencia de lo dispuesto en este artículo dará lugar a las actuaciones determinadas en el artículo siguiente, con aplicación, en cuanto al justiprecio, de lo dispuesto para este caso en el artículo octavo, apartado tres.
2. El Decreto del Gobierno implicará el reconocimiento del interés social de la mejora del inmueble a efectos de su expropiación y la necesidad de la ocupación del mismo. Contra este Decreto, y no contra los actos preparatorios y de avenencia anteriores, cabrá recurso contencioso-administrativo. No obstante, no se suspenderá en ningún caso la ejecución del Decreto impugnado.
El inciso "No obstante, no se supenderá en ningún caso la ejecución del Decreto impugnado" del párrafo 1º del número 2 del artículo 6 ha sido declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 238/1992, 17 diciembre («B.O.E.» 20 enero 1993).
Si el recurso prosperase, el Ministerio de Agricultura podrá proponer al Consejo de Ministros la suspensión o inejecución del fallo recaído, quien podrá acordarla con sujeción a lo establecido en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y además cuando la ejecución de la sentencia pueda significar un grave problema social al tener que quedar sin efecto las adjudicaciones, arrendamientos o subarriendos realizados por la Administración.
4. Si recayese resolución del Ministerio de Agricultura imputando las deficiencias al arrendatario, el arrendador podrá desahuciar a éste si asume la realización de modo directo del plan de explotación y mejora propuesto o convenido. En la fase de avenencia, los plazos se corregirán teniendo en cuenta la duración del procedimiento de desahucio. En este supuesto, el Decreto del Gobierno quedará en suspenso y sólo se aplicará al arrendador en caso de incumplimiento de los compromisos contraídos.
1. La expropiación consistirá en la privación singular del derecho de uso y disfrute mediante el arrendamiento forzoso al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) de la finca afectada, o, cuando se trate de fincas forestales, el convenio forzoso con el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). En el caso de fincas mixtas, decidirá la Administración qué organismo u organismos han de arrendar o convenir.
2. No obstante, el Real Decreto a que se refiere el apartado dos del artículo sexto acordará que se expropie la propiedad si existen graves motivos de orden económico o social que así lo exijan. Cuando se trate de fincas cuya superficie sea inferior a cincuenta hectáreas de secano o cinco de regadío, serán objeto de arrendamiento o convenio forzoso y sólo se procederá a la privación de la propiedad a solicitud del propietario.
3. Si hubiera existido el incumplimiento del plan a que se refiere el artículo quinto no se tendrá en cuenta el valor en venta de la finca al fijar su justiprecio en el supuesto de privación de la propiedad o se fijará como renta, en el caso de arrendamiento forzoso, el menor de los valores que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el apartado uno.
4. En cuanto al ganado, maquinaria, aperos y productos existentes en la finca, será de aplicación lo dispuesto en el artículo doscientos cuarenta y siete, apartado uno, de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
1. El arrendamiento forzoso tendrá una duración de doce años, durante los cuales el IRYDA podrá acceder a la propiedad de la finca en cualquier momento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo séptimo, dos, salvo en el supuesto de las fincas de reducida extensión a que se refiere el mismo artículo. El justiprecio se determinará conforme a lo dispuesto en el apartado dos del artículo octavo.
2. En los casos de convenio forzoso con el ICONA, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/1977, de 4 de enero, sobre Fomento de la Producción Forestal.
2. En las adjudicaciones de los derechos a que se refiere el apartado anterior se dará preferencia a las formas asociadas de explotación y a los cultivadores directos y personales que necesiten ampliar la superficie cultivada para alcanzar una dimensión económicamente viable de su explotación, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y agronómicas de la comarca.
1. Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley, durante el plazo necesario para la amortización de las mejoras, los propietarios que, por su propia iniciativa y antes de iniciarse el expediente, presenten un plan de explotación y mejora que merezca la aprobación de la Administración, suscriban el compromiso correspondiente y lo lleven a efecto en los términos convenidos. Transcurridos seis meses desde la presentación del plan sin que la Administración se haya pronunciado sobre el mismo, se entenderá aprobado, quedando obligado el propietario a llevarlo a efecto en los términos por él propuestos.
2. El incumplimiento de este plan dará lugar a una multa del diez por ciento del importe total de la inversión no realizada, quedando sujeta la finca a lo dispuesto en el artículo sexto de esta Ley.
El IRYDA dará el destino previsto en el apartado primero del artículo 10 de esta Ley a las fincas rústicas que posea a título de propiedad, de arrendamiento o por cualquier otro título y que pudieran estar incluidas en el artículo segundo de la presente Ley.
En el plazo de tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Ley se iniciará expediente de oficio, según lo dispuesto en el artículo quinto de esta Ley, a las fincas que hayan sido declaradas manifiestamente mejorables de acuerdo con lo previsto en la Ley de 1953 y que todavía continúen insuficientemente aprovechadas.
En los Presupuestos para los ejercicios de mil novecientos ochenta y siguientes figurarán las consignaciones correspondientes para dichas actuaciones.
Quedan derogados los artículos 256, 257, 258, 259 y 260 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley. Subsistirán en vigor las normas contenidas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario respecto a comarcas mejorables, sin que ello obste a la aplicación preferente de la presente Ley en cuanto a las fincas comprendidas en los supuestos del artículo segundo.