Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7429-de-marzo-2-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414462f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-13 04:23:34
Document Index: 254264903

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 187', 'artículo 90', 'artículo 2357', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 2357']

﻿ SENTENCIA 7429 DE MARZO 2 DE 1993
SENTENCIA 7429 DE 02 DE MARZO DE 1993
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / FALLA DEL SERVICIO PRESUNTA CUANDO LA ADMINISTRACIÓN CONTRATA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA ES COMO SI LA EJECUTARA DIRECTAMENTE. ES ELLA LA DUEÑA DE OBRASU PAGO AFECTA SIEMPRE EL PATRIMONIO ESTATAL Y SU REALIZACIÓN OBEDECE SIEMPRE A RAZONES DE SERVICIO Y DE INTERÉS GENERAL. EL HECHO DE QUE NO LA EJECUTE CON PERSONAL VINCULADO A SU SERVICIO OBEDECE, LA MÁS DE LAS VECES, A INSUFICIENCIA O INCAPACIDAD SU PROPIO PERSONAL O A FALTA DE EQUIPO ADECUADO. POR TAL RAZÓN LA ADMINISTRACIÓN, SIN QUE POR ESO PIERDA LA ACTIVIDAD EL CARÁCTER DE PÚBLICO., DEBE ACUDIR A LA COLABORACIÓN DE LOS PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS COMETIDOS DE SERVICIO. LA COLABORACIÓN EN EL CASO DE OBRA PÚBLICA NO VUELVE PRIVADA ESA ACTIVIDAD, COMO NO LE QUITA EL CARÁCTER DE PÚBLICO AL TRABAJO ASÍ EJECUTADO. ESA COLABORACIÓN POR PARTICIPACIÓN CUANDO ES VOLUNTARIA, CASO DEL CONTRATANTE DE LA ADMINISTRACIÓN CUYA ACTIVIDAD TIENDA A LA PRESTACIÓN O EJECUCIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO, HACE A ESTE PARTICULAR PARTÍCIPE OCASIONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NO EN CALIDAD DE AGENTE O FUNCIONARIO SINO COMO UN ÓRGANO MÁS DE LA GESTIÓN ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDAD PELIGROSA, RESPONSABILIDAD EN LA RECLAMACIÓN ANTE ENTIDAD PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:257 DE MAYO DE 1993, PÁG.442
Sentencia 7429 de marzo 2 de 1993
Rad.:7429
Actor: Nancy Amparo Ramírez Giraldo
Referencia: Indemnizaciones
Santa fe de Bogotá, D.C., dos de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 22 de marzo de 1992 dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
En la demanda, presentada por la señora Nancy Amparo Ramírez G. y otros contra las Empresas Públicas de Pereira en julio 12 de 1990, se narraron, en síntesis, los siguientes hechos:
1. Que la entidad demandada contrató con la firma IES Ltda. la remodelación de la línea primaria Ventorrillo-Mundo Nuevo-Huertas y derivaciones Monte Largo-El Rocío-Boston.
2. Que en cumplimiento del convenio se contrató al señor Carlos Alberto Cruz Chica por el señor Fernando Mejía Lozano, subcontratista de IES.
3. Que en desarrollo de sus labores “al observar que los cables, cuerdas o acometidas que llegaban a la casa, se encontraban enredadas en el cable nuevo que se había tendido y al tratar de desenredarlas, ese cable que estaba desenergizado hizo contacto con una línea sí energizada, por la cual resultó electrocutado, pereciendo en el acto. La línea energizada estaba peligrosamente cerca del cable recién instalado”.
4. Que la muerte del señor Cruz Chica obedeció a un riesgo al cual fue sometido por falla del servicio.
5. Que Cruz Chica tenía en ese momento 22 años, era hijo de José Gabriel Cruz Quintero y Amparo Chica M. y hermano de Luis Evelio, José Adrian, Víctor Hugo y Amparo Chica Morales.
6. Que Carlos Alberto estaba casado con Nancy Amparo Ramírez G. y tenía dos hijos en ese matrimonio: Cristian David y Juliana Cruz Ramirez.
Durante el trámite de la instancia se llamó en garantía a la Nacional de Seguros S.A. por petición de la parte demandada, como también se hizo llamamiento a la sociedad IES por solicitud de la aseguradora.
Cumplido el procedimiento de la primera etapa procesal, el tribunal denegó las súplicas de la demanda.
Inconforme la fiscalía del tribunal con la sentencia, apeló y sustentó su recurso mediante el escrito que obra a folios 286. Igualmente apelaron los actores (a fls. 290 y s.s.).
Cumplido el procedimiento de la segunda instancia es oportuno decidir.
Para la Procuradora Segunda delegada doctora Edné Cohen Daza la sentencia objeto de apelación merece ser confirmada. Así es su vista fiscal de 11 de septiembre de 1992 (a fls. 368 y ss.), a guisa de conclusión observa:
“Resumiendo, se concluye que desde cualquier punto de vista que se enfoque, el comportamiento de Carlos Alberto Cruz Chica, a no dudarlo, fue imprudente. Su condición de trabajador, conocedor del manejo v manipulación de las redes de energía eléctrica, aumenta su responsabilidad en la acusación del hecho a consecuencia del cual perdió la vida. El, consciente del riesgo y peligrosidad de su labor, ha debido, si era que no sabía que las redes estaban energizadas, constatar previamente tal circunstancia, o si tenía conocimiento de esto proceder a desenergizarlas antes de manipularlas para adelantar su labor.
Lo expuesto permite concluir con claridad y certeza que la actuación de la víctima estuvo precedida de una injustificable imprudencia, partiendo de la base que su conocimiento al respecto no era el del común de las personas, sino precisamente el de alguien experto en la materia y los riesgos, peligros y precauciones que el desempeño de la misma implicaba. La culpa de la víctima en el caso que nos ocupa ha de entenderse como una conducta imprudente y negligente, que por sí misma ocasionó el daño, significando lo anterior que no hay lugar a reparación de perjuicios por parte de la entidad pública demandada, al declararse la prosperidad de la excepción propuesta en este sentido”.
Por su lado, el señor apoderado de la sociedad llamada en garantía (La Nacional de Seguros) hace a folios 376 y siguientes un excelente estudio sobre los alcances del artículo 90 de la Constitución Nacional y su incidencia en la responsabilidad objetiva del Estado.
Al final de su escrito y como conclusión escribe:
“Con base en las argumentaciones anteriores, podemos concluir, en primer lugar, que el concepto de daño antijurídico no garantiza per se, la existencia de una responsabilidad siempre objetiva del Estado, pues ni la Constitución ni la ley, le dan esa connotación; en segundo lugar, se puede concluir que la discusión siempre estará mal planteada mientras no se entienda que, al lado de responsabilidades objetivas del Estado (riesgo excepcional, trabajos públicos, daño especial), habrá otras que necesariamente, por cuestiones lógicas y prácticas, deberán fundamentarse en la falla del servicio; que esa falla del servicio unas veces deberá ser probada por el demandante, y en otras se presumirá pudiendo desvirtuarse, según sea la naturaleza de la presunción; que por daño antijurídico debemos entender aquel que es contrario a la ley, o ilícito, lo que no impide que en algunas oportunidades la antijuricidad requiera la falla del servicio, mientras que en otros casos pueda fundarse en una responsabilidad objetiva.
Así las cosas, será estéril la discusión mientras quienes defienden la teoría de la responsabilidad siempre objetiva, no muestren con claridad los límites de ese principio. Como vamos, seguiremos pregonando ese principio general, pero al mismo tiempo, echando mano de los conceptos tradicionales de falla del servicio probada o presunta”.
Para la Sala la sentencia merece ser revocada, ya que no hace suya la perspectiva que manejó el a quo, al dar por probada la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración. En el fallo en cuestión se lee:
“Apreciadas, como lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil en su conjunto las pruebas, surge la certeza de que realmente el accidente se produjo en las circunstancias señaladas en el relato que de ellas hizo, inmediatamente después de los hechos, Jairo Valencia ayudante de la víctima. Si bien no se cuenta en este proceso con prueba directa de la advertencia que recibiera Cruz de su ayudante de lo riesgoso de la operación de bajar las cuerdas que estaban enredadas sobre la nueva red, debe ello admitirse, pues las diversas pruebas atrás analizadas concurren a su demostración, así sea con valor indiciario. Los indicios son medio de convicción al igual que las pruebas directas. Es pertinente citar lo dicho por el honorable Consejo de Estado, refiriéndose al valor probatorio de los indicios: ‘No hay duda de que en el presente caso la inferencia fue indiciaria porque no se dio la prueba directa del hecho. Pero en parte alguna el derecho probatorio le da menos valor demostrativo al indicio que a la prueba directa del hecho’ (Sent. 1438 de oct. 5 / 89, Sección Tercera, C. P., doctor Carlos Betancur Jaramillo. Exp. 5463, Extr. 83, Extrs. tomo VI, p.231).
Según se deduce del acervo probatorio, a Cruz se le impartió la orden de reconectar entre otras una red domiciliaria que dependía de un transformador. Al llevar Cruz con su ayudante, al lugar de trabajo encontró una situación anormal como era el que las cuerdas a reconectar se encontraban pendiendo de la nueva red primaria, quedando así en proximidad de unos cuarenta centímetros de la antigua red ya energizada de nuevo, lo que implicaba si se les imprimía movimiento, el riesgo de un contacto eléctrico con la corriente de la red antigua de unos trece mil doscientos (13.200) voltios. De tal riesgo fue advertido por su ayudante el señor Cruz, quien procedió a conciencia del peligro a tratar de bajar las cuerdas, como lo dijo en forma ‘suave’, operación en la que se realizó el riesgo señalado, de contacto eléctrico que le produjo la muerte.
La situación anormal de estar las cuerdas a reconectar pendientes de la nueva red, constituye evidentemente una falla en el servicio. No se conoce a quien atribuirle el hecho pero ello carece de relievancia, pues la conducta de las autoridades de que trata el artículo 90 de la nueva Constitución, ya vimos atrás que puede ser conducta de la Administración anónima por ignorarse el agente. El hecho es que al ser izada la nuevas red, arrastro consigo las cuerdas correspondientes a un usuario, que se desconectaron en la mañana en una operación cuya finalidad era evitar interferencias con el tendido y posterior izada de la nueva red. La revisión que se hizo una vez levantada y tensionada la red nueva, dejó pasar inadvertido que de ella pendían esas dos cuerdas. De otro lado, es igualmente evidente que, la orden impartida por el subcontratista al señor Cruz no incluía, no implicaba la orden de manipular las cuerdas en esas condiciones anormales, pues nada permite siquiera leve sospecha que ello fuere así.
La conducta de la víctima fue notoriamente imprudente, culposa, con conciencia del riesgo existente en la operación. Esa conducta se constituye en la causa exclusiva del accidente, a pesar de que él riesgo fuera creado en el desarrollo de la obra. El señor Cruz en forma deliberada se expuso al riego que se sabía mortal. En este caso de culpa de la víctima, no hay relación de causalidad entre el daño y la conducta por acción u omisión de las autoridades. No se está frente a un caso de con causalidad a pesar de que como se vio hubo falla en el servicio, pero esta no fue causa del accidente. No hay lugar a presumir tal nexo causal por tratarse de actividad peligrosa, ya que tratándose de un servidor público (asimilado a tal) que perece en desarrollo de sus labores como tal, debe probarse que se le sometió a un riesgo por fuera de lo normal de la actividad desarrollada como atrás se expresó. Prospera en consecuencia la defensa propuesta, como excepción, de culpa de la víctima como causa exclusiva del daño”.
Se dijo atrás que no se compartía tal argumentación en los términos absolutos planteados, porquela Sala estima que concurrió con la culpa de la víctima la falla de la administración. Concurrencia en el grado que se indicará luego, que no permite la exculpación de la responsabilidad endilgada, sino sólo la reducción en la condena en los términos del artículo 2357 del Código Civil.
Tal como lo ha dicho la jurisprudencia la causal “culpa de la víctima” es exonerativa de responsabilidad en la medida que sea exclusiva; vale decir, en la medida que muestre que el hecho dañoso no puede imputarse en forma alguna a la administración sino a la persona que sufrió la lesión.
La responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas o por la manipulación de cosas que tengan esta calificación (conducción de vehículos, extensión de redes de energía, gasoductos, armas de dotación oficial, etc., etc.) es presunta o puede calificarse como tal. Así, la persona que reclama la indemnización por los daños causados no tendrá que probar que hubo falla en el servicio, sino sólo que el perjuicio se produjo y que el hecho le es imputable a la autoridad pública. Y si se presume esa responsabilidad es entendible que la administración no pueda alegar en su defensa que actuó con diligencia y cuidado. Defensa posible, por ejemplo, en los eventos de presunción de culpa en el servicio médico oficial.
Así, cuando se habla de responsabilidad presunta, se le hace directamente la imputación de responsabilidad al ente que se estima responsable, el cual, en su defensa, sólo podrá desvirtuar dicha imputación demostrando una causa extraña ajena a su actividad como será la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho, exclusivo y determinante, de un tercero.
En cambio, cuando se afirma que se presume su culpa, se le da la oportunidad al ente señalado por el demandante como responsable para que demuestre que actuó con la diligencia y cuidado que el servicio permitía, dada su organización, infraestructura y correcto funcionamiento.
Comparte la Sala desde el punto de vista teórico la opinión del señor apoderado de la aseguradora llamada en garantía, cuando sostiene en su interesante alegato que la nueva Carta Constitucional en su artículo 90 no redujo la responsabilidad estatal a la simplemente objetiva.
Y se comparte esta tesis porque la consagración misma del daño antijurídico como supuesto de la responsabilidad estatal no está ni objetivizándola ni descartando de dicha responsabilidad la noción de falla del servicio, sino sólo ampliando su ámbito de aplicación, porque así esta puede darse no solo cuando el daño provenga de la conducta irregular o ilegal de la administración (en sentido lato, cuando el servicio funcionó irregularmente o no funcionó), sino también cuando, prescindiendo de que la actuación haya sido regular o no, quien lo sufre no tenía la carga de soportarlo.
No es del todo exacto que luego de la expedición de la Carta de 1991 la responsabilidad estatal se volvió objetiva y que en ningún evento se pueda probar la conducta irregular de la administración que produjo el daño, aunque sí puede estimarse que la jurisprudencia deberá tener también en cuenta ese criterio objetivista para su interpretación.
Enfocado racionalmente ese artículo 90 (importante avance en el derecho colombiano como que por primera vez, en forma expresa, se contempla en la Constitución la responsabilidad del Estado) surgen estos extremos que vale la pena destacar para ir despejando equívocos: a) Que se cause un daño; b) Que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autoridad pública (la administración, en sentido genérico); y c) Que ese daño sea antijurídico.
Así, la norma respeta los extremos de toda relación de responsabilidad, como que señala los sujetos activo y pasivo de la misma (la administración y el tercero lesionado), el daño y la relación de causalidad.
El daño, como es obvio, debe sufrirlo alguien. Con él se rompe el principio de no hacer daño a nadie. Y el daño tiene que ser antijurídico, o sea causado por el comportamiento irregular de la administración (irregularidad o falla que se puede dar por acción u omisión) o por ciertas conductas que, aunque puedan calificarse como regulares, producen un daño que el afectado no estaba obligado a sufrirlo.
En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio, ni por cualquiera otra fuente de las aceptadas por el derecho administrativo. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender.
Volviendo al caso concreto, muestra el acervo probatorio:
a) Que el señor Carlos Alberto Cruz Chica pereció electrocutado cuando trataba de reconectar una línea domiciliaria que se había reventado al izar las nuevas redes y que pendía de estas aun no energizadas, pero cercanas a la vieja red, esta prematuramente energizada.
b) Que el señor Cruz Chica, pese a que conocía la situación de las líneas, los horarios de trabajo con y sin energía, procedió a remover las líneas para efectuar su reconexión sin tomar todas las medidas que la prudencia imponía.
Obsérvese para entender mejor el asunto que el señor Cruz Chica, en el caso concreto, no era propiamente un tercero. Puede aceptarse que él, experto en cuestiones de electricidad, en ese trabajo era la administración misma, conocedora de la labor que cumplía. Una es la relación que lo ligaba al subcontratista; otra la de este para con IES Ltda., contratista de la administración; y finalmente otra, o sea la existente entre aquélla y esta.
c) Con la conducta negligente de la víctima concurrió también la situación de riesgo creada por la administración (la explotación de actividad peligrosa) configurativa de una falla del servicio. Así, la labor ejecutada el día de los hechos fue irregular porque la instalación de la línea nueva, si se hubiera hecho correctamente, no hubiera reventado la domiciliaria ni se habría dejado esta pendiente de las redes recién instaladas. Además no puede olvidarse para configurar esa falla que la línea antigua se energizaba de nuevo a las 6 p.m., luego de terminada la jornada, y el día de los hechos se energizó desde la 5:30; circunstancia sobre la cual ya estaba informado Carlos Alberto por su ayudante, como se infiere de los autos.
Se habla de la falla del servicio probada, pero no le queda duda a la Sala que el asunto bien pudo manejarse con el enfoque de la falla presunta que va envuelta en el ejercicio de una actividad peligrosa. Así, vista la gravedad de los hechos que comprometen a las partes involucradas, la reducción de la condena, en los términos del artículo 2357 del C.C. antecitado, será del 50%.
La falla del servicio explicada, según la demanda, causó perjuicios a los damnificados, personas unas que dependían económicamente de la víctima y sufrieron daños morales y materiales (Nancy Amparo Ramírez G., cónyuge, Christian David y Juliana Ramírez, hijos); y otras, que sufrieron sólo en su órbita aflictiva (Gabriel Cruz Quintero y Amparo Chica de Cruz, padres, y Jesús Alirio, Luis Evelio, José Adrián y Víctor Hugo Cruz Chica, hermanos).
Ahora bien. Probado el parentesco de los damnificados con la víctima, según los certificados que obran a folios 9 y siguientes del cuaderno principal deberá reconocérselas, con sujeción a la orientación jurisprudencial y hecha la reducción indicada, una indemnización por perjuicios morales en gramos oro, equivalente en pesos colombianos, así: a Nancy Amparo Ramírez G., Christian David Cruz Ramírez, Juliana Cruz Ramírez, José Gabriel Cruz Quintero y Amparo Chica Morales de Cruz de 500 gramos oro para cada uno y a Jesús Alirio, Luis Evelio, José Adrián y Víctor Hugo Cruz Chica de a 250 gramos oro para cada uno.
En cuanto a los perjuicios materiales, el reconocimiento no podrá cobijar sino a su cónyuge, señora Nancy Amparo Ramírez G., y a los hijos menores de la víctima, hasta que lleguen a la mayor edad. En este sentido y establecido la dependencia económica de la cónyuge, e hijos con el señor Carlos Alberto Cruz Ch., Ia condena se hará a favor de estos, distribuyendo los ingresos de aquel (con apoyo en el Salario mínimo legal vigente en enero de 1990, puesto que no se probó otro ingreso diferente) el la siguiente proporción, luego de descontada la suma que para su propia subsistencia gastaba el occiso, estimada en 25%: 50% para la cónyuge y el 50% restante, por partes iguales, a favor de cada uno de los hijos.
Para este efecto se aplicarán las fórmulas adoptadas por la ,jurisprudencia para los dos períodos indemnizatorios, así: el vencido o consolidado del 18 de enero de 1990 a la fecha de esta sentencia (febrero de 1993) y el futuro o anticipado de esta última fecha a la de la vida probable de Carlos Alberto para la señora Nancy (era menor que su marido); y hasta la mayoría de edad para cada uno de los hijos (19 de enero del 2.005 para Christian David y 7 de febrero del 2.007 para Juliana).
Hechas las operaciones matemáticas resulta:
Salario mínimo enero 18 / 90 = $ 41.025 (Dec. 3.000 / 89)
Indices: Enero / 90 = 129.99; enero / 93 = 273.52
Ra = 41.025 x 273.52 = 41.025 x 2.104161858
Ra = $86.323.24 - 25% = $ 64.742.43.
1.	Indemnización debida:
a) Para Nancy Amparo Ramírez Giraldo (cónyuge):
Ra - 50% de $64.742.43 = $ 32.371.21
n= Enero 18 / 90 a febrero 28 / 93 = 3 años, 1 mes, 10 días
n= 37.33; 1 = 0.004867
S= 32.371.21(1.004867) - 1
S= 32.371.21 X 0.1987081
S= 32.371.21 x 40.82763509
S= $ 1.321.639.95
Para Christian David Cruz Ramírez (hijo)
Ra = 25% de $64.742.43 = $16.185.61
n= 37.33; i = 0.004867
S= 16.185.61 x (1.000.4867) - 1
S= 16.185.61 x 40.82763505
S= $660.819.98
c) Para Juliana Cruz Ramírez (hija):
Igual suma a la de su hermano.
2) Indemnización futura:
Carlos Alberto Cruz Chica (víctima) nació: septiembre 13 de 1967.
A la muerte (enero 18 / 90) tenía: 22 años 4 meses
Vida probable: 51.34 años.
n= 51.34 x 12 = 616.08
Ra = $32.371.21; i= 0.004867
S= 32.371.21 (1.004867) - 1
0.004867 (1.004867)
S= 32.371.21 x 18.909325
0.096898684
S= 32.371.21 x 195.1453231
S= $6.317.090.23
b) Para Christian David Cruz Ramírez (hijo):
Nació: enero 19 / 87, mayoridad: enero 19 / 2005
n= enero 18 / 90 a enero 19 / 2005 = 15 años = 180 meses
Ra = $16.185.61; i = 0.004867
S= 16.185.61 (1.004867) - 1
S= 16.185.61 x 1.3963218
0.011662898
S= 16.185.61 x 119.7233997
S= $1.937.796.26
c)Para Juliana Cruz Ramírez (hija):
Nació: febrero 7 / 89; Mayoridad: febrero 7 / 2007
n= enero 18 / 90 a febrero 7 / 2007 = 17 años, 19 días
n= 204.63; Ra = 16.185.61; i = 0.004867
0.004867(1.004867)
S= 16.185.61 x 1.7007201
0.013144404
S= 16.185.61 x 129.3873879
S= $2.094.213.80
1.	Para Nancy Amparo Ramírez Giraldo:
a) Indemnización debida $1.321.639.95
b) indemnización futura: $6.317.090.23 $7.638.730.18
2. Para Christian David Cruz Ramírez
a) Indemnización debida $660.819.98
b) Indemnización futura $ 1.937.796.26 $2.598.616.24
3. Para Juliana Cruz Ramírez:
b)	Indemnización futura $2.094.213.80 $2.755.033.78
Total perjuicios materiales $12.992.380.20
Este extremo de la condena también sufrirá la reducción indicada por culpa de la víctima, en un 50% del total. Este quedará así:
1. Para Nancy Amparo Ramírez Giraldo $3.819.365.09
2. Para Christian David Cruz Ramírez $1.299.308.12
3. Para Juliana Cruz Ramírez $1.377.516.89
La entidad demandada (las Empresas Públicas de Pereira) es, por lo explicado, la responsable parcial de la tragedia en la que perdió la vida el señor Carlos Alberto Cruz Chica. La labor ejecutada por un contratista suyo, a través de un subcontratista, comprometió su responsabilidad. En repetidas ocasiones la jurisprudencia de la Sala ha tocado el punto para reafirmar que en casos como el aquí estudiado, es como si la administración hubiera ejecutado directamente la obra. Así en sentencia de octubre 9 de 1985 (proceso 4556. Actor: Gladys Mamby de Delgado) sostuvo:
“Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de obra; su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio Y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece, la más de las veces, a insuficiencia o incapacidad su propio personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por eso pierda la actividad el carácter de público., debe acudir a la colaboración de los particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por participación cuando es voluntaria, caso del contratante de la administración cuya actividad tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular partícipe ocasional de la función pública no en calidad de agente o funcionario sino como un órgano más de la gestión estatal”.
Pero como tanto la entidad pública como la contratista hicieron llamamiento en garantía, en su orden, a la Nacional Cía. de Seguros Generales de Colombia S.A. y a la Aseguradora Grancolombiana S. A., el valor de la condena deberá pagarlo en su totalidad la persona pública demandada a los demandantes beneficiados con la misma. La llamada en primer término, la Nacional, reembolsará a las Empresas Públicas lo que estas paguen a los damnificados, dentro de las limitaciones de Ia póliza 1001526. A su turno, IES, la sociedad contratista, reembolsará a la Nacional por lo que le hubiere pagado a las mencionadas Empresas. Por último, la Aseguradora Grancolombiana deberá reembolsarle a IES lo que esta le hubiere pagado a la Nacional, en los términos de la póliza R. C. - 652.082.
En otros términos, la entidad demandada pagará el total de la condena. La Nacional le pagará a la demandada lo que haya pagado. IES le pagará a la Nacional lo que le haya pagado a las Empresas. Y la Aseguradora Grancolombiana le pagará a IES lo que haya pagado a la Nacional, entendido todo dentro de los límites y condiciones de las respectivas pólizas.
En el presente asunto la transacción contenida en el documento visible a folio 61 no incide en esta controversia, dado que allí se puso fin a pretensas obligaciones laborales; y por estas mismas razones se absolverá a las demás personas llamadas en garantía.
1.	Revócase la sentencia de 22 de marzo de 1992 dictada por el Tribunal Administrativo de RisaraIda. En su lugar, se dispone:
a) Declárase responsable a las Empresas Públicas Municipales de Pereira de la muerte del señor Carlos Alberto Cruz Chica.
b)	Condénasele a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades en su equivalencia en pesos, así: a Nancy Amparo Ramírez G.. Christian David y Juliana Cruz Ramírez, José Gabriel Cruz Quintero y Amparo Chica Morales de Cruz de a 500 gramos oro para cada uno. A Jesús Alirio, Luis Evelio, José Adrián y Víctor Hugo, de a 250 gramos oro para cada uno. El Banco de Ia República certificará su valor a la fecha de ejecutoria de esta fallo;
c)	Condénasele igualmente a pagar, por concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas: a Nancy Amparo Ramírez G. tres millones ochocientos diez y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos con nueve centavos ($ 3.819.365.09); a Christian David Cruz Ramírez un millón doscientos noventa y nueve mil trescientos ocho pesos con doce centavos ($1.299.308.12) y a Juliana Cruz Ramírez un millón trescientos setenta y siete mil quinientos diez y seis pesos con ochenta y nueve centavos($ 1.377.516.89);
d) El valor de la condena deberá pagarlo en su totalidad la persona pública demandada a los demandantes beneficiados con la misma. La llamada en primer término, la Nacional, reembolsará a las Empresas Públicas lo que estas paguen a los damnificados, dentro de las limitaciones de la póliza número 1001526. A su turno IES, la sociedad contratista, reembolsará a la Nacional por lo que le hubiere pagado a las mencionadas Empresas. Por último, la Aseguradora Grancolombiana deberá reembolsarle a IES lo que esta le hubiere pagado a la Nacional en los términos de la póliza R. C - 652.082.
e) Absuélvese a las demás personas llamadas en garantía;
f) Deniéganse las demás súplicas;
g) Expídanse las copias para su debido cumplimiento.
Esta providencia fue aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 26 de febrero de 1993.
Consejeros: Juan de Dios Montes Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Daniel Suárez Hernández—Julio César Uribe Acosta
Ruth Stella Correa Palacios, Secretaria.