Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6550&iu=0
Timestamp: 2018-06-21 19:34:01
Document Index: 335417802

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'Artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 211', 'artículo 213', 'artículo 217', 'artículo 214', 'artículo 223', 'artículo 6', 'artículo 210', 'artículo 226', 'artículo 10', 'artículo 214', 'artículo 211', 'artículo 216', 'artículo 211', 'artículo 217']

RECURSO DE CASACION PENAL- Demandada
Ver arts. 211, 213, 216 y 217, Ley 600 de 2000 , Ver Sentencia Corte Constitucional 252 de 2001
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y cumplidos los requisitos y trámites contemplados en el Decreto 2067 de l.991, ha pronunciado la siguiente
La demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no
Artículo. 216. Limitación de la casación. En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220, la Corte deberá declararla de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales.
Artículo. 217. Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas, procederá así:
Artículo 205
IV. INTERVENCION DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación rindió concepto en el presente proceso, solicitando a esta Corporación que haga los siguientes pronunciamientos: declarar exequible la expresión "ejecutoriadas" del artículo 205; declarar exequible el inciso demandado del artículo 210; declarar la exequible las expresiones "ejecutoria" del inciso segundo del artículo 210; "no demandantes" del artículo 211; "demandantes" del artículo 213; "demandante" de los artículos 216 y 220; "demandada" del artículo 217 y declarar exequible el inciso primero del artículo 214 de la Ley 600 de 2000.
Con relación a los términos "demandada","demandante", "demandantes" que contienen las normas acusadas, expresa que en nada se oponen al ordenamiento constitucional. El uso de ellas, responde a la nueva concepción que de la casación tiene hoy el legislador. El examen de un cargo de constitucionalidad, así obrara la Corte Constitucional como legislador positivo, no puede consistir en reemplazar una palabra por otra, o excluir la expresión del ordenamiento como legislador negativo, como lo propone el demandante, de modo que al retirarse la expresión acusada se rompería con la oración gramatical y con ello el entendimiento de la norma.
 En segundo lugar, declaró inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 223 del C.P.P, tal como fueron modificados por el artículo 6° de la Ley 553 de 2000, y de estos mismos incisos del artículo 210 de la Ley 600 de 2000.
 En tercer lugar, declaró inexequibles el artículo 226 A del C.P.P, tal como fue introducido por el artículo 10 de la Ley 553 de 2000 y el artículo 214 de la Ley 600 de 2000.
En criterio del actor, las mencionadas expresiones deben ser declaradas inconstitucionales - o por lo menos debe dárseles una alcance para entender que se refieren a los términos de "no recurrentes", "recurrente", "recurrida", "impugnada"-, puesto que desconocen que desde la perspectiva constitucional la casación en materia penal es considerada un medio de impugnación de carácter extraordinario.
"De ahí que la Corte Constitucional haya afirmado en sentencia anterior posteriormente reiterada, al analizar dicho canon superior que, "Obviamente, el examen de esta última disposición (se refiere al art. 235-1 C.P) admite que el Constituyente al señalar la función de la Corte Suprema de Justicia no incorporó un concepto vacío, neutro o abierto que pudiera ser colmado por la legislación o por la jurisprudencia o al que se le pudiesen atribuir notas, ingredientes o elementos de naturaleza diferente a las que integran dicho instituto, de tal manera que se alteraran completamente sus características, como por ejemplo convirtiéndose en recurso ordinario u otra instancia, o que pudiese ser adelantado de oficio; por el contrario, en juicio de la Corte Constitucional, si el Constituyente incorpora dicha noción, debe interpretarse que quiere que el legislador con sus regulaciones no altere de modo sustancial las nociones esenciales y básicas que integran dicho instituto, como las que acaban de reseñarse." 1(Subraya la Corte)
Según el Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares, la expresión "demandante" hace alusión "a la persona que ejercita una acción o en cuyo nombre se ejercita. El que presenta la demanda o en cuyo nombre se presenta. El que pide en juicio alguna cosa. Sinónimo de actor en sus dos primeras acepciones".4
De acuerdo con el diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales de Manuel Ossorio "demandante es quien asume la iniciativa de un juicio con la presentación de una demanda." Y demandado es "aquel contra el que se dirige una demanda en lo procesal y que de no acceder a ella adquiere carácter definido con la contestación de la demanda. Es la parte contrapuesta al demandante".5
Carnelutti considera que la locución demanda denota la carga procesal que le incumbe al actor, puesto que quien quiere hacer valer un derecho en juicio habrá de proponer la demanda ante la autoridad judicial. En este orden se tiene que la demanda es una condición para hacer valer una pretensión en juicio; por ello toda demanda debe contener una pretensión, que es un acto de declaración de voluntad por parte del actor. Sin embargo, la demanda no debe confundirse con la acción.6
Sobre este particular cabe anotar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el recurso de casación es un juicio técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando), sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo), y excepcionalmente sobre las bases probatorias que sirvieron de sustentación para dictar la sentencia acusada. De ahí que la casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo.9
Luego, bajo este contexto la expresión demanda de casación pone de manifiesto la necesidad de que el escrito contentivo del recurso cumpla a satisfacción con las exigencias de ley, sin caer en los excesivos rigorismos que antaño habían sido decantados por la jurisprudencia y que hicieron de la casación un verdadero rito procesal, situación que terminó por enervar los principios de acceso a la administración de justicia y de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la C.P), defectos estos enhorabuena superados por las reformas legales introducidas a través de los Decretos 2282 de 1989 y 2651 de 1991, en relación con los cuales esta Corte se pronunció en las sentencias C-586 de 1992 y C-215 de 1994, avalando la constitucionalidad de las medidas adoptadas.
Entonces, si la casación es un recurso extraordinario de impugnación revestido especialmente de un procedimiento técnico que supone su sustentación por medio de la llamada demanda de casación, debe concluirse que las expresiones acusadas de los artículos 211, 213, 216 y 217 de la Ley 600 de 2000, desde esta óptica, se ajustan a la concepción constitucional de dicho instituto, y por tanto, deben ser declaradas exequibles.
La solución adoptada en este caso por la Corte es congruente con el principio constitucional de la conservación del derecho, puesto que si se aceptara que los segmentos censurados son inconstitucionales por contravenir el sentido de la casación como recurso extraordinario, los preceptos que los contienen perderían todo su sentido semántico y legal y serían ¿ como bien lo anota el Jefe del Ministerio Público-, inaplicables para el operador jurídico.
A este respecto debe la Corte reiterar que el lenguaje de una norma legal no es axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia constitucional; pero si el contenido normativo de una disposición es constitucionalmente admisible desde cierta perspectiva constitucional, no sería lógico declarar su inexequibilidad, puesto que se estaría retirando del ordenamiento una regulación que es materialmente legítima. Lo procedente en estos eventos es aplicar - como en efecto se hace en esta ocasión -, el mentado principio de conservación del derecho. 11
 Que las palabras "no demandantes" contenidas en el artículo 211 del C. de P.P se avienen a la Carta Política, porque se refieren a los demás sujetos procesales distintos al recurrente en casación a quienes se les debe correr traslado de la demanda para que presenten sus alegatos dentro del término allí establecido.
 Que la expresión "demandante" de los artículos 213 y 216 ejusdem, también se aviene a los dictados superiores, por cuanto alude a las personas que dentro del proceso penal tienen legitimación para recurrir en casación, es decir, los mismo sujetos que vienen actuando como tales en el proceso penal y que hacen uso de este medio extraordinario de impugnación.
 Que la expresión "demandada" del artículo 216 del C.P.P, es constitucional, porque se refiere a la sentencia que es objeto del recurso extraordinario de casación.
Por estas razones los segmentos acusados "no demandantes" del artículo 211, "demandante"de los artículos 213 y 216 y "demandada" del artículo 217 de la Ley 600 de 2000, serán declarados exequibles.
6. Franceso Carnelutti, "Instituciones de Derecho Procesal Civil". Págs. 165 a 172. Ed. Oxford University Press. 1999. Vol. 5. Primera Serie
7. Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Vigésima primera edición. Ed. Espasa Calpe. Pág. 677
9. Torres Romero Jorge Enrique y Puyana Mutis Guillermo, Manual del recurso de casación en materia penal. Bogotá.
10. En nuestro medio, el casacionista Humberto Murcia Ballén estima que la expresión "demanda de casación" - empleada frecuentemente en el ámbito del proceso civil-, hace mención a la necesidad de fundamentar este recurso extraordinario. En su obra "Recurso de casación civil" Editorial Gustavo Ibáñez. 1999, dice al respecto: