Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653738
Timestamp: 2019-05-24 20:30:08
Document Index: 376297057

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 62', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 127', 'artículo 12', 'artículo 23', 'e contrario', 'artículo 19', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 36']

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2003
NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES
INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS DE MINISTRO DE ESTADO Y DE SUBSECRETARIO CON LOS DE DIRECTORES DE EMPRESAS ESTATALES, SEMIFISCALES O CON PARTIPACIÓN DEL FISCO
Sesión 15ª, en miércoles 20 de noviembre de 2002
(De 16:11 a 18:19)
Proyecto de ley, en segundo trámite, de Presupuestos del sector público para el año 2003 (3077-05) (se aprueba).................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público y concede otros beneficios que señala (3135-05) (se aprueba en general y particular)..........................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica normas relativas a regularización de posesión y ocupación sobre inmuebles (3101-12) (se aprueba en general).....
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece incompatibilidad entre cargos de Ministro de Estado y de Subsecretario con aquellos que indica de empresas del Estado, semifiscales o en las que el Fisco tenga participación (1296-03) (se aprueba en general).....................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, la señora Subsecretaria de Hacienda , el señor Director de Presupuestos y los señores Subdirectores de Presupuestos y de Racionalización y Función Publica.
--Se abrió la sesión a las 16:11, en presencia de 44 señores Senadores.
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que aprobó el informe de la Comisión Mixta, constituida conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Carta Fundamental, encargada de proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República las atribuciones que indica. (Boletín Nº 2.430-09).
--Queda para la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, por medio del que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lavandero, acerca de la carga tributaria real de la banca privada.
De los señores alcaldes de las Municipalidades de Los Andes y de San Felipe, mediante los cuales contestan dos oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, concernientes a empresas ubicadas en sus comunas.
De la señora Ministra de Defensa Nacional, por medio del cual informa sobre la constitución y las funciones de la Comisión Nacional de Desminado.
1.- El relativo a la aprobación del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar, adoptado por la Conferencia de la FAO mediante Resolución 15/93 (boletín Nº 2.910-10), y
2.- El referido a la aprobación del Convenio sobre Cooperación Comercial y Económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania, suscrito en Santiago el 3 de mayo de 1999 (boletín Nº 3.062-10).
--Quedan para la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria.
Corresponde continuar el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2003.
Señor Presidente , la glosa 08 fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos; sin embargo, se rechazó en la Cámara de Diputados.
Tengo entendido que el Gobierno estaría dispuesto a asumir algún compromiso en cuanto a enviar esta información. Si es así, retiraríamos la indicación para evitar un tercer trámite.
Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos , con la anuencia de la Sala.
Señor Presidente , respecto de esta glosa, debo aclarar que la indicación que presentó el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó, fue resultado de haber examinado un informe de la Comisión Mixta, en el que lamentablemente figuraba cambiado el número de la glosa, de manera que, al hacer la indicación, el Ejecutivo pensaba que estaba suprimiendo una glosa duplicada, cuando en realidad lo que hacía era suprimir algo distinto, que es la que se estaba reincorporando acá mediante indicación.
Para evitar un tercer trámite, ciertamente nos comprometemos a entregar esta información tal como estaba incorporada aquí en la glosa, sin necesidad de modificar el proyecto, si el Senado estuviera conforme con ese procedimiento.
Vamos a dejar constancia expresa de la glosa que fue así suprimida, de modo que quede asentada la obligación del Ejecutivo de proporcionar esa información.
Queda retirada la indicación.
En seguida, hay una indicación del Senador señor García a la Partida que estamos viendo, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 21, para sustituir el guarismo 1.080.041, por 10. Se refiere a Gastos en Personal de la Subsecretaría de Planificación y Cooperación, Programa de Desarrollo Indígena, MIDEPLAN BID.
Señor Presidente , debo solicitar de las señoras y señores Senadores el máximo de atención sobre el programa Orígenes y los fundamentos con que voy solicitar que no se otorgue financiamiento al gasto en Personal de este programa.
En primer lugar, quiero recordar que el programa Orígenes se financia mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, deuda que en algún momento tendremos que empezar a pagar, con una contraparte nacional.
Se trata de un programa en el cual el mundo indígena ha cifrado muchas esperanzas y expectativas. Sin embargo, ha tenido una lenta y pobre ejecución durante el presente año. La verdad es que en lo que más se ha gastado ha sido en sueldos y en bienes y servicios de consumo. Pero en programas, en beneficios directos a los sectores campesinos mapuches o a los pueblos originarios, lo cierto es que no ha producido ningún beneficio concreto directo, y se multiplican las voces de protesta.
Ése es el primer fundamento para sostener que estamos en presencia de un programa que no está funcionando en debida forma. Y el segundo es mucho más de fondo y de mayor gravedad.
Como sabrán los señores Senadores, la Región de la Araucanía, la parte sur de la Octava Región y la norte de la Décima afrontan desde hace algunos años situaciones extremadamente dramáticas motivadas por la acción de pequeños grupos de indígenas, pero capaces de causar enorme daño. En los últimos días nuevamente han desatado la violencia, quemando maquinarias, viviendas y poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de quienes viven en esos sectores.
Señor Presidente , la señora Ministra de MIDEPLAN , durante la discusión del programa Orígenes en la Primera Subcomisión de Presupuestos , tuvo a bien entregarnos el listado de las 150 personas contratadas como promotoras con el propósito de que las comunidades indígenas participen en este programa. Sin embargo, integrantes de las propias comunidades me han señalado que lo único que hacen es activismo político, como decirles que deben prepararse para luchar y recuperar las tierras que les fueron usurpadas hace 500 años. Es así como nuestra Región se está incendiando por las cuatro esquinas.
Y lo digo con fuerza, con seriedad y energía, porque la Región de la Araucanía, que es la más pobre del país, no tendrá ningún destino ni futuro si no resolvemos, de una vez por todas, los graves problemas derivados de la falta de inversión. Como los señores Senadores comprenderán, no habrá inversión posible mientras se mantenga esta grave situación de odio y enfrentamiento que cada día es mayor.
Pero, al chequear con medios de prensa e informes policiales la nómina de las personas contratadas en mi Región, grande fue mi sorpresa al comprobar, por ejemplo, que, conforme al programa Orígenes, ha sido contratado a honorarios don Adán Ayenao Contrena , con ingresos de 550 mil pesos mensuales. Sin embargo, esta persona registra los siguientes antecedentes: detenida por desorden y por oponerse a la acción de carabineros de servicio en el exterior de la CONADI sur, en Temuco, durante un acto de protesta por la construcción de la represa Ralco. Autora de maltrato de obra a carabineros de servicio, sin ocasionar lesiones, durante allanamiento a la sede del Consejo de Todas las Tierras en Temuco. Además, facilitó el camión patente PPUTV-3091, de su propiedad, a un grupo de 35 comuneros para trasladarse desde Maquehue hasta el sector del fundo San Manuel de Vilcún, los que posteriormente fueron detenidos por asociación ilícita.
Es decir, el señor Ayenao prestó su vehículo para que 35 mapuches despojaran de sus tierras a otros campesinos mapuches, provocando enfrentamientos entre los propios indígenas.
Ha terminado su tiempo reglamentario, señor Senador.
Señor Presidente , solicito algunos minutos a fin de poder entregar mayores antecedentes.
Si la Sala presta su acuerdo unánime al respecto, no tengo inconveniente.
Déjelo terminar, señor Presidente.
Tengo que ser muy estricto, porque debo atenerme al Reglamento.
Señor Presidente, entiendo la premura que hay en despachar el proyecto de Ley de Presupuestos.
No es la premura. Como dije, debo aplicar el Reglamento.
Sí, señor Presidente , pero la Sala, por unanimidad, me puede conceder el tiempo necesario para completar mis informaciones.
Bien. Pero fijando un tiempo, porque si no cualquier otro señor Senador podría solicitar lo mismo.
¿Cuánto tiempo le otorga la Sala?
Sólo necesito unos cinco minutos, señor Presidente.
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición del señor Senador.
Señor Presidente , como decía, el señor Ayenao tiene además orden de arraigo por maltrato de obra a Carabineros. Y en agosto del año pasado solicitó asilo en la Embajada de Suecia aduciendo que sus derechos eran atropellados por el Estado chileno.
También figura en esa lista don Marcelo Edgardo Ibáñez Leiva , sindicado como autor de rayados murales alusivos al 11 de septiembre.
Asimismo, fueron contratados la señora Ana Llao Llao , detenida por Investigaciones por infracción a la Ley de Control de Armas, causa 1480 de la Fiscalía Militar de Temuco; don Daniel Neculpán Licuante , detenido por abigeato junto a otras dos personas, Primer Juzgado del Crimen de Temuco ; don Ricardo Elías Acuña Huaiquilaf , por cuasidelito de lesiones graves, Juzgado del Crimen de Nueva Imperial , declarado reo el 8 de abril de 1999; don Esteban Díaz Coliñir , giro doloso de cheques, Segundo Juzgado del Crimen de Temuco , declarado reo el 7 de abril de 2000; don José Luis Levi Castillo , por conducir en estado de ebriedad y provocar daños, Segundo Juzgado del Crimen de Temuco , declarado reo el 6 de septiembre de 1996, y don José Fidel Tralma Hilcán , por infracción a la ley Nº 2.306, de Reclutamiento, Cuarta Fiscalía Militar de Valdivia , año 1990.
Ésta es una revisión somera de las personas contratadas por el programa Orígenes, y eso es lo que más me duele y preocupa. Porque, como Sus Señorías comprenderán, con ellas recorriendo las comunidades, nunca vamos a tener paz en la Novena Región.
Por eso, ruego a los señores Senadores que nos apoyen en nuestro propósito de no seguir financiando con recursos públicos a quienes tanto daño hacen a la unidad nacional, y lograr así la paz y la tranquilidad en nuestra Región.
Señor Presidente , efectivamente hace un año se concretó formalmente el programa Orígenes con la intención de solucionar los problemas de los sectores mapuches de nuestra Región. Con cierto rubor, debo decir que coincido con el análisis que sobre la Novena Región ha efectuado el Honorable señor García.
En la primera etapa del programa Orígenes, se contempla una inversión de 98 millones de dólares, financiados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se han seleccionado 400 comunidades de las 2 mil 800 existentes. Lo curioso es que no se sabe cuál fue el procedimiento empleado para seleccionarlas.
Señor Presidente , el programa Orígenes está tan mal definido que estas 400 comunidades, que teóricamente serían beneficiadas con el programa en comento, quedan excluidas de las demás franquicias que la red social otorga a esos sectores, donde mucha gente vive con menos de un dólar promedio diario o con menos de dos dólares diario. Es decir, es una realidad socioeconómica bastante paupérrima.
Por lo tanto, deseo señalar desde esta bancada que sería positivo revaluar dicho programa, deteniendo su ejecución, para que -yo diría-, en forma más científica y racional, se logren realmente los efectos beneficiosos que, especialmente quienes vivimos en la Región de La Araucanía, deseamos.
En tal virtud, me voy a sumar a la postura del Honorable señor García. Y anuncio que votaré en contra de la referida Partida.
Señor Presidente, quiero agregar un par de antecedentes que pueden ilustrar a los señores Senadores.
Primero, a este programa, según la Ley de Presupuestos, se le asignan 11 mil 700 millones de pesos, de los cuales 8 mil 700 millones son transferencias a otras entidades públicas. Por lo tanto, quedan 3 mil millones de pesos para su ejecución, y de ellos mil millones de pesos se gastan en promotores. O sea, se invierten más recursos en éstos que los que se destinan directamente a la gente modesta y pobre que hoy merece ser beneficiada en las comunidades mapuches.
Pero no sólo eso. He tenido oportunidad de entrevistarme con funcionarios de INDAP, de la CONADI, de los Ministerios de Educación y de Salud, y ocurre que los promotores, que son dos por comunidad, cumplen exactamente la misma función que desempeña el personal contratado y permanente de los organismos coejecutores que acabo de señalar. Por lo tanto, cuando se presenta un proyecto a través de la Unidad Ejecutiva Zonal, éste debe trabajarse y ejecutarse en conjunto con dichos organismos. Y los funcionarios de esas instituciones del Estado, después que realizan el proyecto, se topan con personas que están cumpliendo exactamente la misma función.
Además, la inmensa mayoría de los contratados como promotores son personas con cargos dirigenciales de partidos políticos y que no cumplen la función adecuada. Al respecto, puedo hacer entrega de la información que se nos ha hecho llegar sobre la materia por los vecinos de las comunidades afectadas.
Pero hay otro hecho extraordinariamente delicado. El concejal socialista Fernando Huaiquil , de Galvarino, reclamó porque los promotores del proyecto Orígenes en dicha comuna recomendaban a las comunidades que trabajaran con las empresas consultoras "Sociedad de Servicios Austral Ltda." y la "Sociedad Consultora CIPEX Ltda.". El motivo es que ambas aparecen en un informe de auditoría que realizó la Contraloría Regional a la Dirección General del SENCE, donde se demostró que se falsificaría documentación para cobrar cursos de capacitación que no se efectuaron y que existirían pagos dudosos e irregulares al Director Regional del SENCE y a otros funcionarios, recursos que se habrían destinado incluso a campañas políticas, según consta en el referido informe.
Por lo tanto, el hecho de que, en un proyecto destinado a beneficiar a las comunidades más pobres dentro de la Región, un porcentaje importante de los fondos se dilapide en contratar promotores que cumplen a su vez la misma función que la realizada por personal de organismos permanentes del Estado como INDAP (y además muchos de esos promotores recomienden a consultoras -que ejecutan el proyecto y ganan el dinero asignado a éste- cuestionadas por la propia Contraloría -denuncia formulada por un concejal socialista-), es una demostración de que, desde el punto de vista de los fondos destinados a los promotores -que es el motivo de la indicación-, resulta francamente inaceptable.
Por esas razones, y exclusivamente pensando que son platas que el Estado de Chile podría dedicar a mejorar la calidad de vida de esas comunidades (que viven realmente en la extrema miseria y a las cuales todos los meses se les descuentan esos dineros para que los reciban toda esa burocracia), estamos haciendo un daño enorme a las propias políticas del Gobierno destinadas a focalizar los recursos en las zonas más pobres.
Entonces, al final, la plata no llega, como quizás imagina el Presidente de la República , a los más necesitados, sino que simplemente se dilapida en un conjunto de personas que hacen activismo político y en la creación de incentivos para realizar actos de violencia, algunos de ellos en comunidades mapuches, desviándose de alcanzar el objetivo deseado, que es ayudar a los más pobre de La Araucanía.
En consecuencia, señor Presidente, solicitamos que sea acogida la indicación para rebajar los recursos asignados al financiamiento de promotores que cumplen funciones que carecen de toda justificación.
Señor Presidente, me parece que esta materia debe mirarse en profundidad y desde distintas perspectivas.
El argumento de que, porque el sistema no está funcionando bien o porque en definitiva hay personas que tienen determinados antecedentes, deberíamos eliminar el proyecto, es como la vieja tesis de don Otto de vender el sofá.
Por lo tanto, a mi juicio, debemos enfrentar el tema de manera distinta. Primero, ¿es bueno que exista un convenio con el BID con el objeto de que fondos chilenos y extranjeros ayuden a resolver el problema de los mapuches? Me parece que sí.
Segundo, ¿el proyecto ha funcionado como corresponde? Con franqueza, estoy de acuerdo en que no ha marchado bien, tal vez por razones distintas de las planteadas aquí. Creo que lo que no ha funcionado es la manera adecuada de hacer llegar esos dineros a lo que realmente las comunidades necesitan. En consecuencia, lo que se requiere es que el proyecto funcione bien.
Tercer elemento. El discutir lo que sucede con las comunidades de la Novena y Octava Regiones sólo en función del referido proyecto me parece excesivamente liviano. El tema de las etnias es bastante más profundo. Hace cuatro años el Senado discutimos largamente sobre esta materia, y las versiones que se dan desde ciertas perspectivas acerca de cómo resolver lo relativo a las comunidades indígenas no son, única y exclusivamente, las expresadas en esta Sala por los señores Senadores de la Oposición.
A mi juicio, hay otros aspectos que deben considerarse. No se trata sólo de criticar la forma como se desarrolla el programa o de exagerar el odio y la confrontación, materia que también habría que debatir a fondo para identificar cómo se generan las reacciones de los sectores más desposeídos. Porque también se reacciona cuando hay atropello a los derechos.
Excúseme, pero me queda poco tiempo.
Por lo tanto, votaré en contra de la indicación, porque me parece que la materia en análisis amerita una discusión mucho más a fondo. Estoy disponible para que el Senado inste al Gobierno a debatir seriamente esta problemática. No se trata sólo de la situación de la Región que represento.
Planteo derechamente hacer esta discusión para corregir este programa en donde está funcionando mal y alejar de él a quienes efectivamente carezcan de antecedentes suficientes para ejecutarlo.
Sin embargo, me parece inadecuado perder los fondos asignados. Es posible hacer las cosas bien sin -como señalé con toda franqueza- vender el sofá. Porque esto es muy ridículo: si hay posibilidad de llevar a cabo el programa, mejorémoslo, pero rechacemos los dineros.
El Senador señor Muñoz Barra ha pedido una interrupción a Su Señoría
Señor Presidente , deseo dejar claro que estoy convencido -porque conozco al Senador señor García - de que no hay ninguna intención malévola en el sentido de no buscar todos los medios para solucionar los graves problemas por los que atraviesa el sector indígena de la Región de La Araucanía.
A quienes vivimos en la zona nos cuesta mantener una posición intransigente y no reconocer lo que ha estado ocurriendo en ella. Es una realidad que no podemos eludir. Pero, evidentemente, como sé que el Senado no se halla dispuesto a desperdiciar recursos de origen internacional, deseo consultar al Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Mesa -tal vez así podría variar mi posición-, si está en condiciones de comprometerse, en esta sesión, a evaluar antes del 1º de enero de 2003 el resultado de este programa y pedir, por intermedio de esa Cartera, que el Banco Interamericano de Desarrollo realice similar revisión. Pienso que con ese compromiso quizás se modificarían algunas posiciones, dado que no se quiere la pérdida de fondos internacionales destinados a este sector tan necesitado del país.
Como en este momento no se encuentra en la Sala el señor Ministro de Hacienda , tal vez el señor Director de Presupuestos podría asumir ese compromiso.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Director de Presupuestos , en representación del señor Ministro , para responder a la solicitud del Senador señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , primero, en cuanto a la consulta del señor Senador , en atención al debate sobre este programa y a los distintos antecedentes proporcionados, es posible organizar un grupo de evaluación entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo que se centre en el estado de avance de este programa, identificando las medidas para hacerse cargo y corregir algunos de los problemas aquí señalados. Me parece que ello es perfectamente factible.
Segundo, lo anterior coincide con el tema de las contrataciones a honorarios, que se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos y que regiría en la medida en que sea aprobado. Justamente, a raíz de la discusión sobre este programa en la Primera Subcomisión , se incorporó en el proyecto, en el artículo relativo a las contrataciones a honorarios, la obligación de dictar un reglamento en cuanto a los programas que funcionan mayoritariamente sobre la base de ese tipo de personal, a fin de regular su desempeño, y de que, cuando existan quejas al respecto, éstas puedan ser procesadas.
En esa misma norma se incluyó un inciso que hace extensivas a los contratados a honorarios inhabilidades aplicables a los funcionarios públicos y, particularmente, a los condenados por simple delito.
Por lo tanto, el proyecto de Ley de Presupuestos ya contempla importantes resguardos respecto de situaciones como las planteadas por el Senador señor García. De modo que el Gobierno está dispuesto a recoger la preocupación dada a conocer en este debate.
Señor Presidente , en la misma dirección de lo planteado por los Honorables señores Ruiz-Esquide y Muñoz Barra , pienso que, sin perjuicio de que se evalúe el programa, el hecho de que el proyecto del Banco Interamericano quede sin entidad administradora sería una muy mala resolución del Congreso Nacional.
Por lo tanto, por lo menos desde mi punto de vista, el compromiso asumido por el Director de Presupuestos salva la situación.
Señor Presidente , participo de la idea planteada por el Senador señor Muñoz Barra.
Me preocupa la información que nos entregó el Honorable señor García , que incluye una lista de personas que laboran en este programa y que estarían declaradas reos, que serían delincuentes e, incluso, que habrían participado en actividades en contra del Estado de Chile. Estimo que tal información es extraordinariamente delicada.
Entiendo que responsablemente Su Señoría ha encontrado todos esos antecedentes en los organismos y entidades correspondientes. Me imagino que han sido aportados por los juzgados, por los jueces o por los tribunales de la zona. Sin embargo, considero muy peligroso que nos hagamos parte, con nuestro silencio, de acusar eventualmente a esas personas. No quiero decir, con mi silencio, que tales versiones sean ciertas. Tal vez el Honorable colega tenga razón.
Reitero: me parece inadecuado difundir públicamente en el Senado de la República antecedentes de carácter delictual de personas, sin que los demás Senadores tengamos posibilidad alguna de confirmar con exactitud si ellos son ciertos. Con esto se sienta un precedente extraordinariamente peligroso.
Lo lógico es que dicha información deba traspasarse a la Cámara de Diputados para que, en función de su capacidad fiscalizadora, nombre una Comisión que investigue si hay personas que -como señaló el señor Senador- participan en el programa y que están fuera de la ley.
Señor Presidente , la verdad es que la intervención del Senador señor García obliga a aclarar bien los objetivos del programa, la forma como se está implementando, los recursos destinados al mismo y el personal contratado.
Más allá de las denuncias en torno a la calidad de estos últimos, lo que es bastante relativo y subjetivo, sostener que alguien está inhabilitado de trabajar en un programa de ese tipo porque se le sorprendió rayando consignas a favor o en contra del 11 de septiembre significaría que nadie en esta Sala podría desempeñar ninguna función pública. Respecto de esta materia, algunos de nosotros hemos sufrido las consecuencias obvias por emitir opiniones políticas y realizar legítimas acciones de apoyo o de rechazo a un determinado hecho.
Si hay procesos judiciales y situaciones más delicadas y más graves, no cabe duda de que deberían ser aclarados.
Pero entiendo que la indicación del Senador señor García persigue, lisa y llanamente, paralizar el programa.
Al eliminar la partida respectiva, la entidad que administra el programa queda sin recursos y no veo cómo podría implementarse. Porque el BID exige una contraparte, que es el Estado de Chile, y si éste no entrega los recursos, a mi juicio, dicho programa no puede funcionar. ¿No es así? Si ése fuera el sentido de la indicación -aun cuando podría estar dispuesto a revisarlo, a analizarlo nuevamente, a ver sus contenidos y clarificar quiénes son las personas contratadas-, yo, por lo menos, no podría apoyarla, pese a que comparto la preocupación planteada.
Por el contrario, si la indicación busca paralizar el programa, revisarlo o darnos un tiempo para que su implementación cumpla con los objetivos fijados y dé garantías a todos, no sé si hay otra fórmula -no la veo-, salvo la propuesta por el Ministerio de Hacienda, en el sentido de comprometerse, de aquí a un mes o a un mes y medio -tal vez ese plazo no alcance-, a evaluar el funcionamiento y los objetivos del programa. Porque ése fue el cuestionamiento de fondo del Senador señor García.
Señor Presidente , en cuanto a esta materia deseo hacer tres reflexiones y una petición.
Primero, en este programa está comprometida la fe internacional de Chile. El financiamiento por parte del Banco Interamericano incluye sus propios mecanismos evaluadores; de modo que sería muy mal visto si una rama del Parlamento, en forma unilateral, más allá de las evaluaciones que realiza el BID de acuerdo con sus normas, decide pronunciarse sobre un programa determinado.
Segundo, el Honorable señor García y otros señores Senadores han manifestado legítimas dudas respecto de la forma como se lleva a cabo el programa, las cuales, en el fondo, no han sido contestadas. Por lo tanto, no estamos hablando sólo del derecho de la Oposición o de otros señores Senadores representantes de la zona a expresar sus inquietudes. No es un tema menor. Se trata de una actividad que suscita discrepancias en la forma y modo de implementarse.
Tercero, estamos en presencia de un elemento que, si bien no lo pretende la indicación del Senador García, viene a complicar aún más la situación que se vive en la zona mapuche, donde esto puede ser leído como la negación del Senado chileno a entregar los recursos respectivos, cuya forma de administración es necesario rectificar, considerando los problemas que afectan a la región.
Ya escuchamos la opinión del señor Director de Presupuestos. Entiendo que el señor Ministro de Hacienda ratificará plenamente el compromiso del Gobierno de revisar este programa, respecto de lo cual también me hago parte. Porque no basta señalar: "Para dejar tranquila a la Oposición, vamos a decir tal cosa". ¡No! Aquí hay un cuestionamiento de fondo.
Y, en virtud de ello, hago una petición al Senador señor García en el sentido de que acepte esta palabra y retire su indicación, bajo el compromiso que asumimos quienes estamos aquí de que esta materia sea realmente revisada. Lo solicito a través de la Presidencia , porque es un acto donde no pretendemos ganar una posición política, ni defender a nadie respecto de determinadas prerrogativas.
El Honorable señor García ha solicitado una interrupción.
Señor Presidente , el Senador señor García me ha dicho que intervenga, y que después, si encuentra necesario usar de la palabra, me solicitará la interrupción.
En primer lugar, la indicación de ninguna manera elimina el programa. No sé si los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra no entendieron bien o lo han querido interpretar de otra manera, pero nadie lo elimina.
Lo único que se pretende es suprimir a los promotores, dado que -como señaló el Senador señor Espina- duplican una labor que cumplen funcionarios de otros servicios que necesariamente están involucrados en las políticas del programa Orígenes. Es decir, en vez de ir una persona del FOSIS, va ésta con una del programa Orígenes; en vez de acudir alguien del INDAP, lo hace ésta con otra del programa. Y, obviamente, esta última no aporta mucho, porque son las otras las que conocen cómo funciona cada uno de los servicios involucrados.
Así que -repito- la idea es eliminar a los promotores, y el dinero que se ocupa en pago de honorarios dejarlo para que efectivamente vaya en beneficio de los mapuches más pobres, de la gente que realmente lo necesita. En vez de pagar sueldos de 550 mil pesos, destinar esos recursos en beneficio de la gente que lo requiere.
Señor Presidente , obviamente, el Senador señor García no ha podido traer todos los comprobantes de las declaratorias de reo que mencionó, porque nos hemos enterado hace muy pocos días de los nombres de las personas contratadas como promotores. Pero Su Señoría asegura que sus fuentes son buenas y fidedignas. De modo que me parecería muy bien que recomendáramos a la Cámara de Diputados iniciar una investigación, porque si esto es así, existe alguien muy culpable. No sé si es la señora Ministra , no sé si es el señor Subsecretario , que se halla a cargo de estos asuntos, o alguien más.
Por ejemplo, el Director Regional a cargo de este programa es un dentista. A mí me llama la atención esto. Ahora, ¿por qué se nombró a un dentista? Bueno, porque tiene una cualidad muy importante: fue precandidato a Diputado.
Entonces, todo el programa ha sido abordado desde esta perspectiva: colocando a personas apitutadas, que perdieron elecciones o primarias, dándoles pegas.
En realidad, el programa Orígenes ha sido utilizado para dar servicio a gente cercana a ciertos Partidos, más que en beneficio de la gente que de verdad lo necesita y -como lo mencionó el Senador señor Muñoz Barra - que vive con 600 ó 700 pesos diarios y debe mantener a una familia entera.
Ahora bien, quisiera destacar que, en efecto, aquí está comprometida la fe internacional de Chile, lo cual torna mucho más graves todas las irregularidades que están sucediendo. Porque creo que al BID no le va a agradar saber que un programa para el cual ha aportado dinero no está operando, se encuentra totalmente retrasado.
Como también dijo el Senador señor Muñoz Barra , las 400 comunidades no pueden recibir, por ejemplo, ningún beneficio del INDAP, porque se encuentran dentro del programa Orígenes; tampoco pueden optar a ningún subsidio, por la misma razón. Pero resulta que dicho programa no les da absolutamente ninguna garantía, ningún subsidio, ningún crédito. ¡Nada! Por lo tanto, estas personas, que se suponía que resultarían beneficiadas, están siendo gravemente perjudicadas, porque no reciben ayuda ni por el programa Orígenes ni por las otras redes sociales del Gobierno. Y, en cambio, la plata se está gastando -como expresó el Senador señor Espina-, más o menos la tercera parte, en sueldos para promotores, que finalmente no hacen nada; sólo duplican el trabajo de los funcionarios.
Señor Presidente , en realidad, preferiría que aprobáramos la indicación, porque ella no va a terminar con el programa Orígenes. Al contrario, significará que ese programa dispondrá de mucho más dinero para de verdad ir en beneficio de los mapuches, y en vez de gastarlo en personas que no aportan nada se destinará a la gente para la cual se creó: los mapuches y otras etnias indígenas que son extremadamente pobres.
Quiero hacer presente que varios señores Senadores me están pidiendo hacer uso de la palabra por segunda vez. De acuerdo con el Reglamento, en la discusión particular Sus Señorías sólo pueden realizar un discurso hasta por cinco minutos.
Ahora bien, si aún desean intervenir, pueden solicitar una interrupción. De lo contrario, me veré obligado a requerir la autorización de la Sala en cada caso.
Señor Presidente , conozco el programa Orígenes, porque me tocó participar en la idea que lo gestó y, después, asistir a su firma en la ciudad de Valdivia.
He seguido muy de cerca su accionar desde mi circunscripción, en un ambiente que no corresponde a aquél más duro y conflictivo que se ha dado en la Novena Región.
Me he formado un juicio respecto del programa, totalmente al margen de la violencia y de las situaciones que se han proyectado más al norte de mi zona, las cuales, en mi opinión, no deberían tener una significación muy grave en función del proyecto mismo, a pesar de las informaciones que nos ha proporcionado el Senador de la Novena Región.
En mi opinión, la fórmula propuesta por el Senador señor Muñoz Barra resulta muy importante. Y la consideraría, aun cuando no se hubiera hecho ninguna denuncia, pues tengo serias reservas respecto de la forma como se ha manejado el programa, por lo menos en mi Región, que no es propia de los mapuches, sino de los huilliches -igualmente indígenas, pero más tranquilos-, donde no hemos tenido conflictos de naturaleza similar a los acontecidos más al norte.
No me parece -y mi opinión la comparten representantes de otros Partidos- que el programa se esté dirigiendo dentro de una concepción que permita al pueblo mapuche alcanzar un desarrollo más integral.
No es mi ánimo descalificar el programa, porque creo que la intención es muy correcta. El texto, que he leído muchas veces, es muy bueno, y en buena hora que llegaron los recursos del BID. Chile debe invertir en esta materia, porque dicha etnia demanda mucho gasto, y no podemos ahorrar dinero en ella.
Sin embargo, pienso que hay que cambiar la orientación del programa. Porque debo decir que, después de doce años de andar trajinando por esos campos y conocer a las personas de allá, con las cuales tengo muy buenas relaciones, me he convencido de que muchas de las políticas explicadas no son las correctas; de que muchas de ellas están enfocadas en función de dejarlos aislados, desde el punto de vista de su entorno y de su cultura, y no de incorporarlos. Al respecto, tengo mis propias ideas, pero no es el momento de desarrollarlas.
Creo que una buena evaluación -en la medida en que no sea hecha por los propios operadores, sino por personal externo, con conocimientos-, que ojalá incluyera en los términos de referencia las opiniones de Parlamentarios que a diario estamos en contacto con esas comunidades, sería muy importante para rediseñar y mejorar la burocracia -que es demasiada, muy alta-, y así buscar gente con capacidad operativa, que se gane la confianza de los mapuches y los huilliches, la que se está perdiendo.
Señor Presidente , no cabe duda de que hemos recibido con mucha preocupación y simpatía las palabras del Honorable señor García , no tan sólo porque provengan de él -un Senador que merece toda nuestra confianza-, sino porque nos encontramos informados de lo que está sucediendo en la Novena Región.
Y tal preocupación se agranda al enterarnos de que gran parte de esas personas -activistas, terroristas- están siendo financiadas con recursos del Gobierno. Eso, por supuesto, es imposible que podamos aceptarlo.
Sin embargo, el programa Orígenes está dirigido a todo Chile, y no podemos paralizarlo porque en una Región se esté aplicando mal.
Coincido plenamente con lo dicho por el Senador señor Muñoz Barra en el sentido de hacer una evaluación en profundidad respecto de qué sucede en la Novena Región, de que en este mes que nos queda estudiemos a fondo la materia y, si es necesario, hagamos los cambios pertinentes. Pero no detengamos el programa, que -como ya señalaron aquí muchos señores Senadores- también cuenta con financiamiento internacional.
El programa es bueno en otras Regiones, pero en la Novena se está aplicando mal. Y ahí tenemos hoy el peor problema con los mapuches, donde se queman los fundos, las maquinarias; se roban los bosques; a vista y paciencia de todas las autoridades se está perdiendo el derecho de propiedad; nadie invierte y existe una preocupación muy grande.
Estamos con la Novena Región y queremos que el imperio de la ley se establezca. Pero no creo correcto que a través del procedimiento propuesto se eche abajo un programa que va en beneficio de toda la zona. Y damos nuestro completo apoyo para que dentro del presente año se estudien a fondo las verdaderas causas de lo que ocurre en la Región.
Señor Presidente , el problema mapuche es extremadamente complejo y multidimensional, y requiere un conjunto muy amplio de políticas, de programas, etcétera, para su solución. No se trata sólo de una situación de orden público o educacional -sin embargo, también lo es-, sino más bien de una relativo a la integración, en fin.
Dentro de la variedad de iniciativas respecto del mundo mapuche se encuentra el programa Orígenes, cuyo financiamiento es internacional. Y, como dijo el Senador señor Moreno , se debe tener mucho cuidado con las señales que se dan. Me parece que una decisión sorpresiva, adoptada por el Senado en un momento de intenso debate, de dejar ese programa sin parte de los recursos asignados a él puede ser muy malinterpretada en el mundo mapuche, y también por el BID.
En consecuencia, la evaluación del programa es absolutamente indispensable. Pero no creo que sea posible realizarla antes del 31 de diciembre. Ninguna evaluación seria se hace en 30 días, sobre todo en vísperas de Pascua. Es mejor que en el primer semestre o durante el curso del próximo año, y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un participante objetivo y ajeno a los intereses directos de los allí involucrados, se efectúe una evaluación a fondo del programa, porque es evidente que las dudas, denuncias y quejas presentadas son serias.
Por eso, estoy totalmente de acuerdo con la idea de realizar una evaluación del referido programa.
Hay otro punto que debo señalar, de orden más general que el anteriormente planteado.
En los últimos días hemos estado hablando de la transparencia, del nombramiento de los altos ejecutivos públicos, de concursos públicos, de sobresueldos, en definitiva, de una serie de materias que afectan en alguna medida la claridad en el manejo del Estado.
A mi juicio, una de las cosas necesarias de cautelar con especial cuidado es el nombramiento de los encargados de programas que emplean gran cantidad de personas -digamos promotores o similares-, cuyo procedimiento de designación debe velar por la idoneidad e independencia de esa gente. Porque uno de los grandes riesgos de este tipo de programas es el montaje de máquinas políticas de uno u otro signo, lo cual es en extremo peligroso.
En consecuencia, yo sugeriría que, en el contexto de las medidas de transparencia que estudia el Gobierno, se trate también el problema de cómo designar a las personas que en alto número participan en esa clase de programas.
En síntesis, no encuentro procedente ni oportuno -sobre todo, oportuno- aprobar la indicación en debate. Es indispensable evaluar, pero se necesita un poco más de plazo. Y hay que tener mucho cuidado con el sistema de nombramiento de los promotores en este programa, así como en muchos otros.
Señor Presidente, si me sobra algo de tiempo, con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Senador señor Ruiz-Esquide.
Todavía le restan dos minutos, señor Senador.
Señor Presidente , seré muy breve, por el tiempo que me han concedido para intervenir.
En primer lugar, debo señalar que en las reuniones sostenidas sobre la materia con el señor Subsecretario se dijo que las informaciones daban cuenta de que el BID había aprobado la forma como se estaba desarrollando el proyecto, contrariamente a mi opinión, pues por otras razones me había quejado respecto de su funcionamiento.
En segundo término, es preciso aclarar que no existe duplicación de funciones, por lo menos en mi zona, ya que el proyecto contiene tareas que otros organismos no efectúan. Por lo tanto, no hay duplicación. Pero sí es necesario que existan promotores, porque fundamentalmente la labor de la iniciativa es impulsar las relaciones humanas con los pueblos indígenas, y no que se trate de una simple dación de cosas materiales.
En consecuencia, igual que otros señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, pienso que aprobar la indicación es profundamente contrario al interés que tenemos por nuestras etnias. Además, creo que se debe tener cuidado por desarrollarse en una zona conflictiva, lo que no obsta a que estudiemos lo señalado aquí por el Honorable señor García. Pero no es posible que por cuatro o cinco casos se deje sin recursos un programa que ya lleva bastante tiempo de funcionamiento. Me parece que las estadísticas han de utilizarse también con cierta rigurosidad.
Por eso, señor Presidente , o se retira la indicación, o procedemos a votarla. Y en este caso pediría su rechazo, sin perjuicio de que se realice -ya anuncié mi disposición favorable- un debate a fondo del tema, pidiendo más antecedentes, si es necesario. Lo peor sería aprobar la indicación.
Señor Presidente , yo valoro la discusión que se ha generado, así como la rigurosidad con que la Oposición está controlando el buen uso de los recursos públicos y la adecuada marcha de los programas. También agradezco al Senador señor García por el planteamiento que realizó.
Pierdan cuidado, señores Senadores, que en eso yo soy vuestro mejor socio, igual que los señores Sergio Granados y Mario Marcel. No son Sus Señorías los que deben tolerar durante los 365 días del año, las 24 horas del día, las peticiones de mayor gasto. Por tanto, si alguien está interesado en que no haya dilapidación de recursos públicos ni uso de ellos en activistas o cuestiones de ese tipo, somos nosotros.
Ahora bien, estos programas binacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo tienen cierta estructura. Nuestro país no puede cancelar unilateralmente la entrega de recursos al programa, porque eso significa de una u otra forma desarmarlo.
También estoy seguro de que los señores Senadores de la Concertación que hicieron uso de la palabra expresaron su viva preocupación por el citado programa.
La naturaleza de ese tipo de contratos a honorarios se debe a que, en determinadas áreas de la política social, las ventanillas clásicas del Gobierno no son suficientes para llegar a la pobreza dura, o, en el caso que nos ocupa, al problema indígena duro, y hay que disponer de programas transitorios, con promotores que se internen, que sean capaces de dialogar con la comunidad, etcétera. Teóricamente, eso está bien. Pero es obvio que se puede prestar para abusos.
Por tanto, quiero pedir el retiro de la indicación, con el compromiso formal de que de aquí al 31 de enero o 31 de marzo del próximo año, respecto del referido programa -que, al igual que otros de tipo binacional, tiene mecanismos de auditoría interna que vamos a movilizar inmediatamente- presentaremos un informe que deje a todo el mundo tranquilo en cuanto a su saneamiento, y en caso de no ser posible, a su cancelación.
Agradezco a la Oposición y a la Concertación por prendernos luces sobre este problema. Pero -reitero- no podemos cancelar unilateralmente el programa.
Señor Presidente , sólo quiero hacer un par de reflexiones que ojalá nos ayuden.
Tengo entendido que el problema indígena viene de más de 450 ó 500 años. Por lo tanto, sería muy ambicioso pretender hoy día echar las bases que nos lleven a su solución. Con todo, me parece que ahora no es ni el momento ni la ocasión.
Aquí se debe analizar, con buen sentido, lo que acaba de plantear el señor Ministro. Reconociendo la ponderación y prudencia del Senador señor García , a mi juicio el problema no es el de los tres o cuatro casos que Su Señoría mencionó, producidos en una zona de alto grado de conflicto, sino otro, que hay que asumir.
Hoy día, lo mejor sería pronunciarnos positivamente respecto del caso mapuche, como una muestra de que nos preocupa su situación y, también, de que los consideramos íntegramente chilenos.
Me parece que no debe existir confusión en cuanto a la aprobación de la respectiva Partida, con el objeto de dar solución -entre otras cosas- a una problemática que lleva bastante tiempo.
Ojalá el planteamiento del señor Ministro sea considerado por el Honorable señor García -atendida la buena disposición y prudencia del señor Senador-, y se supere el problema.
El Honorable señor Espina le solicita una interrupción.
Señor Presidente , indudablemente los Senadores que representamos a la Novena Región no queremos profundizar más un conflicto que ya está agudizado. En nuestra opinión, el problema mapuche no se resolverá exclusivamente mediante un programa como el denominado Orígenes. Ocurre que las propias comunidades mapuches, así como funcionarios municipales y del INDAP, nos han expresado que se está produciendo una innecesaria e injustificada dilapidación de recursos, que en vez de ayudar a un mejoramiento del programa lo entorpece.
Las propias autoridades nos han hecho presente la duplicidad de funciones, con promotores en los cuales se gastan mil millones de pesos y que hacen lo mismo que el personal municipal, del INDAP, de la CONADI, del Ministerio de Salud, que también participa, o del Ministerio de Educación. Igualmente, muchos funcionarios, incluso de la Concertación, nos dicen: "Aquí se está botando la plata a manos llenas, porque se duplican labores innecesariamente". ¡Ellos nos plantearon la inquietud!
Ciertamente, no resolveremos el tema mapuche, cuyas aristas tienen otra dimensión. Sólo quiero expresar que, desde ese punto de vista, lo que estamos cuestionando es la operación en marcha.
No tengo objeción a que el camino sea el indicado por el señor Ministro de Hacienda , en el ánimo de que los Senadores también podamos participar en el proceso de evaluación, para aportar la experiencia que hemos tenido en terreno. Me refiero a los que representamos a la Región de La Araucanía y que debemos escuchar sobre el problema cada vez que visitamos la zona.
Tiene la palabra la Senadora señora Frei, a quien el Honorable señor Muñoz Barra solicita una interrupción.
Siempre que sea breve.
Puede hacer uso de la interrupción el Senador señor Muñoz Barra.
La agradezco como Senador por la Región donde existe el conflicto.
Señor Presidente , no pretendo analizar el pasado ni lo ocurrido con la etnia mapuche. Ése no es el tema, y tal vez requeriría dedicar días enteros a discutir la problemática mapuche desde sus orígenes.
Lo que quiero manifestar -ése es mi deber y mi responsabilidad- es que el programa Orígenes no ha funcionado durante un año. Éste es un hecho concreto que no podemos eludir. No es admisible dogmatizar el problema diciendo: "Como usted es de la Concertación, tiene que guardar silencio". Se trata de un hecho real y yo estoy aquí para defender los intereses de la Región que represento y, por supuesto, para actuar, modestamente, como Senador de la República.
Creo que, al revés de lo que alguien dijo, lo que hace esta Alta Corporación es velar por la fe que los organismos internacionales tienen en Chile. No ayudaría a mantener esa fe, ese prestigio, si aceptáramos que un proyecto de esta envergadura se perdiera como un vaso de agua en el desierto. El Senado está dando una muy buena y positiva señal en tal sentido.
Acepto el compromiso del señor Ministro de Hacienda en orden a evaluar la forma en que está funcionando el programa. Similar solicitud podría pedir, por intermedio del mismo señor Ministro , al Banco Interamericano de Desarrollo.
Puede hacer uso de la palabra la Senadora señora Frei.
Señor Presidente , tengo mucho respeto por la etnia mapuche, como asimismo, por los señores Senadores que representan a las regiones donde ella habita. Sin embargo, debo recordar que en nuestro territorio también viven otros pueblos originarios.
En la Segunda Región se encuentra la comunidad atacameña, que participa igualmente en el programa en cuestión. Puedo dar testimonio de que ha usado muy bien los recursos, ya que, pese a todos los problemas -quema de las iglesias de San Pedro de Atacama, del Museo del Padre Le Paige y de la Virgen en Aiquina, etcétera-, ha obtenido excelentes resultados. Incluso, el próximo sábado se va a realizar una gran ceremonia, a la que asistirá el ex Presidente Aylwin , a quien se informará de todo lo realizado en el último tiempo y de los programas que ese pueblo desarrollará en el futuro.
Señor Presidente , quiero dejar constancia de que, además del pueblo mapuche, habitan en nuestro país varias otras etnias, quizás más pequeñas en cuanto a cantidad de personas, pero igualmente valiosas y respetables y a cuyo respecto los programas están resultando muy bien.
Dada la propuesta del señor Ministro de Hacienda , ¿el autor de la indicación la mantiene?
Señor Presidente , ¿puede concederme la palabra por tres minutos?
Al parecer, existe unanimidad para otorgársela.
Con la autorización de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente , he decidido acoger la proposición del señor Ministro. Voy a hacer fe en su palabra. No tengo por qué dudar de ella, ni tampoco de la del señor Director de Presupuestos. Pero debo decir, con franqueza, que durante el mes que llevamos en la discusión de estas materias no hemos encontrado eco ni reciprocidad en los personeros del MIDEPLAN. Tanto la señora Ministra como el señor Subsecretario y el señor Enzo Pistacchio , Director del Programa , defienden la aplicación de éste como si fuera la gran panacea. No quieren escuchar ni recoger los reclamos de las propias comunidades, no obstante que en muchas de ellas ya no se deja entrar a los promotores.
Retiro la indicación, pero insisto en que estamos frente a un problema de profundas divisiones en la nación chilena. Esto es grave y debe preocupar a todos los Senadores de la República.
Se va a dar lectura a otra indicación.
Está suscrita también por el Senador señor García y recae en la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 25, Ítem 31, Asignación 544, denominada "Gastos Asociados de Administración", para sustituir el guarismo "$593.293" por "$10".
Por la misma razón que se dio para aquélla, ¿la retiraría el Senador señor García?
Señor Presidente , me referiré de inmediato a tres indicaciones de similar tenor -cambian solamente las cifras-, para hacer reflexionar acerca de lo siguiente.
Muchas veces los recursos que queremos que lleguen a los sectores más pobres, a la gente más necesitada, terminan enredándose en burocracia, en más gastos administrativos. Aquí nos referimos al Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Resulta que el FOSIS, a pesar de sus recursos para pago de personal, para bienes y servicios de consumo y para desarrollar algunos programas, pide, además, otros dineros para gastos asociados de administración: 593 millones de pesos en un ítem; 1.386 millones en otro; 1.233 millones para financiar 480 monitores del Programa Chile Solidario o Programa Puente y 1.065 millones en Gastos Asociados de Administración, también para este último.
Por lo tanto, señor Presidente, pido al señor Ministro de Hacienda que asumamos el mismo compromiso: que sean revisados tales gastos y lo relativo a contratación de 480 monitores para el Programa Chile Solidario.
¿Saben los señores Senadores qué está ocurriendo hoy en día? Que esas personas "chocan" con las asistentes sociales de los municipios, porque realizan el mismo trabajo.
Con todo gusto, Su Señoría, con la venia de la Mesa.
Sólo deseo expresar al señor Senador que esos monitores son contratados con la participación de los municipios.
En el país la mitad de las municipalidades pertenece a un sector y la otra mitad al otro. O sea, es muy difícil que ocurra en forma generalizada lo que manifiesta el señor Senador. Es posible que ello acontezca en un lugar o en otro, pero a nivel nacional es diferente.
Puede continuar el Honorable señor García.
Señor Presidente , debo aclarar que los monitores son contratados por el FOSIS, y que éste los pone a disposición de los municipios para llevar a cabo el Programa Chile Solidario.
En consecuencia, se puede concluir que, mediante ese programa, a las familias indigentes y que viven en situación de extrema pobreza se les está entregando un bono de 10 mil 500 pesos por seis meses. Para ello se están gastando mil 200 millones de pesos en monitores y otros mil y tantos millones en gastos asociados de administración.
Eso significa que se está utilizando el 40 por ciento de los recursos destinados a las familias más pobres exclusivamente en la parte administrativa y en personal, en circunstancias de que el FOSIS tiene más de 380 funcionarios a lo largo del país. Cuenta igualmente con vehículos propios. Es decir, dispone de la infraestructura necesaria como para atender a esas familias y sacarlas de su condición de extrema pobreza.
Por lo tanto, si el señor Ministro asume el mismo compromiso que en el caso anterior, no tengo inconveniente en retirar las indicaciones.
¡No estoy de acuerdo con el señor Senador, porque se trata de otro programa!
De manera muy seria debo informar lo siguiente: se trata de dos programas con una envergadura distinta. Podríamos analizar lo que sucede con el Programa Orígenes al 31 de marzo y con el Programa Chile Solidario al 30 de junio.
¿Por qué Chile Solidario? ¿Me permite, señor Presidente?
No puedo autorizar la interrupción sino con el asentimiento del señor Ministro.
¡Pido una interrupción al señor Ministro!
Señor Presidente , la situación es completamente distinta. En efecto, aquí ha habido una opinión bastante unánime de quienes han seguido el Programa Orígenes; vale decir, tanto Parlamentarios de Oposición como de Gobierno han manifestado que no funciona bien.
Ahora bien, con respecto al Programa Chile Solidario, por lo menos, en la Región que represento hay una muy buena opinión acerca de cómo se lleva a cabo.
En consecuencia, se trata de dos situaciones completamente distintas y no se puede asimilar una a la otra. Con respecto al Programa Chile Solidario, lo expresado por el Senador señor García , al menos en la Séptima Región, no tiene ninguna justificación, porque se está desarrollando un buen trabajo. Y no sólo se trata de gente en terreno que entrega el bono solidario de 10 mil 500 pesos, sino que también se da atención integral a las familias de extrema pobreza, etcétera. Es decir, se realiza un trabajo personalizado con ellas.
Por consiguiente, no me parece razonable asimilar las dos situaciones.
Puede continuar el señor Ministro.
Lo que abunda no daña. No tengo problema alguno en comprometer al 30 de junio una evaluación en terreno respecto a cómo ha funcionado el Programa Chile Solidario, para ver si hay algún tipo de descoordinación entre monitores y asistentes sociales. Sin embargo, tengo la impresión de que el sistema opera relativamente bien.
No tenemos problema en adoptar formalmente el compromiso de hacer, a fines del primer semestre, junto con las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, una evaluación de la marcha de ese programa.
¿Está satisfecha su inquietud, señor Senador? ¿Retira las indicaciones o prefiere votarlas?
Las retiro, señor Presidente.
Quedan retiradas; y se deja constancia del compromiso del Ejecutivo en lo que respecta a la evaluación de ese proyecto a fines del primer semestre.
--Quedan retiradas las indicaciones.
Hay una cuarta y última indicación del Honorable señor García para sustituir el guarismo "$7.060.721" por "$5.827.721" en el Capítulo 02, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Subtítulo 33, Ítem 87, Asignación 001, denominada "Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes".
Tiene la palabra al Senador señor García.
Señor Presidente , ya me referí a esta indicación, que destina 1.233 millones de pesos para financiar 480 monitores del Programa Chile Solidario. Y, como lo hice con las anteriores, también la retiro.
En seguida, el señor Presidente ha declarado inadmisible la indicación suscrita por el mismo señor Senador, que propone sustituir el encabezamiento del artículo 1º del proyecto de Ley de Presupuestos por el siguiente:
"Fíjese el límite máximo de los gastos del presupuesto del sector público para el año 2003 y apruébase la estimación de los ingresos para el mismo año, según el detalle que se indica:".
Por las razones dadas por la Secretaría y conforme al artículo 62, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, se trata de una norma relacionada con la administración financiera del Estado, al fijar un límite al cálculo de ingresos.
En virtud de lo anterior, la he declarado inadmisible, como se ha hecho en otras oportunidades.
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos también se declaró así.
No sé si la Sala quiere pronunciarse sobre ella.
--Se declara inadmisible.
De igual manera, el señor Presidente ha declarado inadmisible la indicación del Honorable señor García , para sustituir el encabezamiento del artículo 2º por el siguiente:
"Fíjase los aportes fiscales máximos en moneda nacional y en moneda extranjera convertida en dólares, para el año 2003, y apruébase la estimación de los ingresos para el mismo año, a las partidas que se indican:".
Por la misma razón anterior, la declaro inadmisible.
La siguiente indicación del Honorable señor García recae en el artículo 16, que dice:
"Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos de servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.
"Las entidades señaladas en el inciso anterior deberán enviar a la Dirección de Presupuestos, antes del 30 de abril de 2003, un informe de los gastos en publicidad y difusión que hubieren efectuado en el ejercicio presupuestario 2002, especificando las actividades realizadas y su monto respectivo. Dicha Dirección remitirá los referidos informes a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento de tal plazo.
"Los gastos en publicidad y difusión autorizados en este artículo deberán ser informados semestralmente a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. La información solicitada deberá remitirse al Congreso a más tardar 30 días después del cierre de cada semestre del año.".
El Senador señor García propone agregar los siguientes dos incisos, nuevos:
"Las instituciones públicas mencionadas no podrán realizar campañas de imagen institucional o para promover determinadas políticas o programas que no se encuentren legalmente aprobadas o bien llevándose a efecto.
Señor Presidente , en primer lugar, solicito retirar el segundo inciso de mi indicación, porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados el día de ayer. Como desgraciadamente no tuvimos tiempo de verificar lo despachado por ella, presentamos la indicación completa.
No ha sido incorporado, en cambio, el primero de los incisos, que prohíbe a los organismos públicos hacer publicidad sobre materias o iniciativas que no estén debidamente aprobadas por el Parlamento o que no se estén llevando a efecto. Y lo voy a mantener, porque me parece que lo sucedido con la publicidad del Plan AUGE es francamente escandaloso. No hay razón alguna que justifique haber gastado 600 millones de pesos, con las necesidades de los hospitales públicos, el endeudamiento que arrastran, la disminución de las horas extraordinarias de los trabajadores de la Salud. Más aún cuando se trata de una iniciativa en pleno trámite en el Congreso Nacional. Considero, además, un atropello al Parlamento difundirlo como si estuviera aprobado o en ejecución, en circunstancias de que aún está discutiéndose.
Señor Presidente , esto ya se debatió en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y en la Subcomisión respectiva. Con un argumento similar al expresado hace un rato, a propósito de las encuestas, estoy en desacuerdo con esta indicación.
A mi juicio, lo importante es que, cuando se formula una propuesta de política pública por el Gobierno, éste tiene legítimo derecho de tratar de obtener el apoyo social y ciudadano necesario para darle piso a ese planteamiento. Y entre los instrumentos de que dispone para lograrlo están, ciertamente, las campañas publicitarias. Eso implica necesariamente que lo fundamental de ellas, de la persuasión para obtener apoyo social, debe hacerse en el momento en que la política pública es solamente una propuesta. Porque, una vez aprobada, se apunta a difundir su contenido y no a justificar las razones por las cuales se promueve.
En consecuencia, éste es uno de los legítimos instrumentos de Estado en la formulación de políticas públicas.
Cabe precisar, ya que el Senador señor García mantiene el primero de los incisos contenidos de su indicación, que otra idéntica fue suscrita por la Honorable señora Matthei.
Se votarán simultáneamente.
Señor Presidente , me voy a permitir rechazar las indicaciones, porque, de acuerdo con la legislación vigente, la Contraloría General de la República está obligada a reparar aquellos gastos en publicidad que no estén expresamente autorizados por la ley. De manera que, a mi parecer, lo procedente es poner los antecedentes en conocimiento del organismo contralor para que tenga a bien informar si ha estudiado el problema, si ha formulado reparos o no lo ha hecho. Considero que las indicaciones están absolutamente de más, porque el asunto está regulado por la ley.
Resultado de la votación: 18 votos a favor; 18 en contra, 2 abstenciones y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, García, Horvath, Martínez, Matthei, Orpis, Prokurica, Romero, Stange y Vega.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Boeninger, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Pizarro, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Parra y Zurita.
No votaron, por estar pareados, los señores Fernández y Larraín.
Debe repetirse la votación.
A los señores Senadores que se abstuvieron se les llama a definir su postura.
--Repetida la votación, nuevamente se registra empate, esta vez a 19 votos, y 2 pareos, dándose por rechazadas las indicaciones.
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 3º, que requiere quórum calificado.
--Se aprueba, dejándose constancia de que emiten pronunciamiento favorable 37 señores Senadores, con lo que se cumple con el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede los aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica, con informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3135-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda (verbal), sesión 15ª, en 20 de noviembre de 2002.
1.- Reajustar en 3 por ciento las remuneraciones de los trabajadores del sector público, a contar del 1º de diciembre de 2002.
2.- Conceder los aguinaldos de Navidad del año 2002 y de Fiestas Patrias del año 2003 para los sectores activo y pasivo, y
3.- Reajustar, a partir del 1º de julio de 2003, las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar para personas de escasos recursos.
La Comisión aprobó el proyecto en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, Ominami y Prokurica. Y en la misma forma lo despachó en particular, con excepción de los artículos 24 y 25, que fueron aprobados por 3 votos a favor, de los Honorables señores Boeninger, Foxley y Ominami, y 2 en contra, de los Senadores señora Matthei y señor Prokurica.
Corresponde hacer presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, el proyecto debe ser discutido en general y en particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Alberto Arenas, Subdirector de Racionalización y Función Pública del Ministerio de Hacienda.
En la discusión general y particular a la vez, tiene la palabra el Honorable señor Ominami, Presidente de la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, en rigor, la iniciativa tiene la misma estructura que la presentada el año pasado. En su aspecto fundamental, establece un reajuste general de remuneraciones para el sector público, a partir del 1º de diciembre de 2002, de 3 por ciento. Los beneficiarios son todos los trabajadores de dicho sector, incluidos las municipalidades, los docentes públicos y privados y la salud primaria.
Es importante destacar que, en el caso de muchos sectores específicos, como los trabajadores de la educación y la salud, el reajuste es complementario a los arreglos particulares que ellos han negociado con el Gobierno, que forman parte de otras leyes. En consecuencia, el 3 por ciento es adicional a los reajustes pactados.
Asimismo, se reajustan en igual porcentaje las subvenciones otorgadas a las instituciones colaboradores del SENAME.
Se establecen nuevos montos para el aguinaldo de Navidad, que será de 25 mil 964 pesos por rentas líquidas de hasta 278 mil 100 pesos y de 13 mil 775 pesos para remuneraciones superiores. Ese aguinaldo será percibido por 583 mil 883 personas.
Como se indicó, se consagran otros beneficios que son parte de la estructura regular del proyecto. Es el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias, que se fijó en 34 mil 65 pesos para las rentas líquidas de hasta 291 mil 728 pesos y en 23 mil 729 pesos para las remuneraciones superiores.
También se extiende la entrega de los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias a todos los trabajadores con incapacidad laboral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.
Se establece un bono de escolaridad, por una sola vez, de 33 mil 564 pesos, por cada hijo de entre 5 y 24 años que sea carga familiar, el que se pagará en dos cuotas, en marzo y junio de 2003. Y una bonificación adicional al anterior, por cada hijo que cause este derecho, de 14 mil 43 pesos para los funcionarios que perciban remuneraciones de hasta 278 mil 100 pesos.
Se incrementa el aporte a las universidades estatales en 1.808.562 miles de pesos.
Se establecen aguinaldos para el sector pasivo. En el caso del de Fiestas Patrias, el monto será de 9 mil 339 pesos, con un incremento por carga de 4 mil 807 pesos, y en el de Navidad, de 10 mil 712 pesos, con un incremento por carga de 6 mil 47 pesos.
Por último, el costo total de la iniciativa es de 202.949 miles de millones de pesos, siendo su principal componente el reajuste de remuneraciones y subvenciones para el año 2003, que corresponde a 104.442 miles de millones de pesos, a lo cual hay que agregar, en orden decreciente, el gasto por concepto de aguinaldo de Navidad para 2002 y de bono de invierno para 2003.
Éstos son, señor Presidente , los principales beneficios establecidos en el proyecto y su costo total, tanto respecto de lo que se entregará durante este año como en el próximo.
Señor Presidente, yo voy a alegar exactamente lo mismo que el año pasado, cuando dije:
"El artículo 23 de este proyecto concede el bono de invierno a los pensionados del INP, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744. También da este bono a los pensionados del nuevo sistema que se encuentren percibiendo pensiones mínimas, pero con un requisito: que esa pensión mínima tenga la garantía estatal. Por otra parte, también se otorgan un aguinaldo de Fiestas Patrias y otro de Navidad, excluyéndose a los pensionados del nuevo sistema.
"Señor Presidente , en varias oportunidades hemos señalado que estos aguinaldos se pagan con fondos generales de la Nación, no con las cotizaciones del INP o con las de las mutualidades de la ley Nº 16.744. En el fondo, se trata de dinero que da el Estado para personas con necesidades y que perciben pensiones mínimas. Y, a nuestro entender, el criterio debería ser siempre entregárselo a quienes lo requieren, independientemente del sistema que les paga la pensión.".
Eso fue lo que sostuve el año recién pasado, señor Presidente , cuando anuncié que votaría a favor del proyecto, pero advirtiendo que sería la última vez que lo haría en la medida en que se siguiera discriminando en contra de quienes perciben pensiones mínimas de parte de las AFP. Éstos se hallan en tan malas condiciones como los pensionados del INP, aunque en este último caso el dinero proviene del Fisco. En fin, hice todo un alegato en ese sentido.
En aquella ocasión, 13 de noviembre de 2001, el señor Ministro de Hacienda , don Nicolás Eyzaguirre, expresó lo siguiente (y leo textualmente): "Señor Presidente , efectivamente, este tema se discutió en la Comisión de Hacienda. De parte del Ejecutivo existe voluntad para revisar las normas, por cuanto nos parece saludable el principio de que, en términos de los recursos públicos, los con igual condición socioeconómica deben recibir el mismo trato.
"Entonces, queda entendido que en el próximo proyecto esto deberá ser apropiadamente revisado.".
Tengo el sentir -más bien el pesar- de señalar que dicho compromiso no fue cumplido. En realidad, preferiría que ahora tomara la palabra el Senador señor Prokurica , porque nosotros vamos a hacer reserva de constitucionalidad sobre este punto.
Lo que aquí sucede es que hay pensionados, tanto del INP como de las AFP, que se encuentran en las mismas condiciones. Se trata de personas que cumplieron con los requisitos legales para obtener la garantía estatal relativa a sus pensiones y que, en el caso del Servicio de Seguro Social, cotizaron durante 1.040 semanas, exigencia que en el nuevo sistema es de 20 años. Ahora, si uno multiplica 20 años por 52 semanas, verá que el resultado da las mismas 1.040 semanas. Es decir, los requisitos para acceder a la garantía estatal de pensión, tanto en el antiguo sistema como en el nuevo, son idénticos: completar 20 años o 1.040 semanas de cotizaciones. Desgraciadamente, esos imponentes no lograron obtener, con la totalidad de sus cotizaciones, una pensión mayor a la mínima, y por lo tanto accedieron a la garantía estatal que les permite aumentar sus pensiones hasta el equivalente a la mínima.
Se trata de personas que están exactamente en la misma situación de pobreza, exactamente en la misma situación ante el Estado, y exactamente en la misma situación en todo. Sin embargo, mientras unas reciben aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad, las otras nada perciben.
Idéntica lucha dimos para que el bono de invierno fuera concedido a cuantos son acreedores a pensión mínima con garantía del Estado. Y la ganamos. Pero en lo que respecta a esto otro, desgraciadamente no se hizo la revisión a la cual se comprometió el señor Ministro de Hacienda.
Por eso, el Senador señor Prokurica y la Senadora que habla votamos en contra de los artículos 23 y 24 en la Comisión. Y con su anuencia, señor Presidente , mi Honorable colega -tengo entendido que ya solicitó el uso de la palabra- hará a continuación el alegato legal y constitucional correspondiente.
Efectivamente, señora Senadora, pero primero está inscrito el Senador señor Martínez.
Señor Presidente , mi planteamiento es coincidente con lo expresado por la señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra.
He leído con profundo dolor los artículos 23 y 24 del proyecto, que sencillamente significan que la igualdad ante la ley no se está respetando en nuestro país.
Existe un grupo de chilenas y chilenos que estuvieron toda su vida al servicio del Estado, en alguna de las ramas de la Defensa Nacional. Me refiero a los retirados de las instituciones armadas, hoy olvidados por el resto del país. El Gobierno no los considera para nada, y desde hace dos años -aquí figuran claramente los efectos de la ley aprobada- deben pagarse ellos mismos sus pensiones de retiro.
En efecto, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas que impuso en CAPREDENA, cada retirado aporta 6,5 por ciento al fondo de pensiones y, en el del personal de la DIPRECA, ese aporte representa el 4,5 por ciento. De acuerdo con la partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la cantidad total que el Estado destina al pago de pensiones alcanza a 2 billones 712 mil 628 millones de pesos. En tanto, lo que el Estado entrega a las personas que sirvieron en alguna de las ramas de la Defensa Nacional corresponde a 32 por ciento de esa cifra.
Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí no hay igualdad ante la ley, definitivamente. Y no la hay porque cuando en enero, por intermedio de esta misma Corporación, se planteó al Presidente de la República la posibilidad de incorporar a estos chilenos y chilenas en la ley que suprimió la cotización de 4,5 por ciento a los pensionados de las antiguas cajas, hoy refundidas en el Instituto de Normalización Previsional, esa petición no fue acogida. De manera que ellos siguen pagándose parte de su pensión a través del descuento de 6,5 por ciento que se les hace. O sea, reciben sólo 93,5 por ciento de lo que les aporta el Estado, lo cual me parece absolutamente contrario a la igualdad ante la ley.
Lo mismo pasa con el personal afiliado a la Dirección de Previsión de Carabineros, al cual se resta el 4,5 por ciento de su pensión.
Además, esta desigualdad ante la ley resulta muy molesta y odiosa, porque hace aparecer un aspecto que ha sido amplificado por la prensa. Se plantea la figura terrible del peso de la previsión de la Defensa en las cuentas nacionales y en los gastos sociales, en circunstancias de que ello no es efectivo. Cuando el Estado acepta que un chileno ingrese a servir en la Defensa Nacional, tiene presentes dos elementos. En primer lugar, que la defensa del país no es un problema privado, no es una actividad privada que pueda ser efectuada por una empresa. Y, en segundo término, que al admitirlo como parte de la Defensa -obligación ineludible del Estado- se suscribe un compromiso mediante el cual éste contrata a una persona a cambio del pago de un sueldo, más la previsión que lo acompaña. Es decir, una vez que esta persona termina sus funciones, el Estado sigue aceptando su continuidad para los efectos de la pensión de retiro que aún le debe.
Lo anterior lleva a concluir dos cosas. Primero, que lo que consumen la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la DIPRECA no puede ser calificado como de monstruosidad terrible. No es así, puesto que obedece a un acuerdo con el Estado. Y segundo, que es absolutamente necesario que en las mencionadas cajas se establezca, por una parte, la contabilidad individual de las pensiones devengadas que el Estado debe a las personas que sirvieron en las instituciones armadas -lo cual corresponde a un manejo estadístico perfectamente posible que permitiría conocer con exactitud cuánto es lo que el Fisco debe colocar por el pago pendiente a esos chilenos y chilenas-, y por la otra -algo sumamente importante-, que CAPREDENA y DIPRECA terminen el año haciendo un balance público de sus movimientos de valores para evaluar con precisión cuál es la verdadera dimensión de los compromisos que tiene el Estado con las chilenas y chilenos que sirvieron en la Defensa.
El problema es doloroso, porque si uno analiza el nivel de las pensiones de personas de 70 u 80 años, que se retiraron hace mucho tiempo de acuerdo con los primitivos regímenes, se encuentra con que algunas estos están recibiendo menos que la pensión mínima asistencial, lo que agrega un aspecto más odioso al asunto. Hay una agravante. El año pasado, en el acuerdo que aprobó el Presupuesto del año 2002, se estableció claramente que el Estado de Chile iba a dar un paso más para resolver este problema, pero hasta el día de hoy no se ha hecho, como ha quedado claramente reflejado. Considero que los artículos 23 y 24, por la desigualdad en que coloca a los chilenos que sirvieron en la Defensa, son discriminatorios, y, por lo tanto, ilegales.
Me pliego al planteamiento de la Senadora señora Matthei en el sentido de que aquí hay un problema de inconstitucionalidad que debe plantearse de una vez por todas.
Señor Presidente , no repetiré los argumentos que ya se han expuesto respecto de un beneficio al que tienen derecho todas las personas pertenecientes a una misma condición.
A nuestro juicio, los artículos 24, 25 y 23 del proyecto violan las garantías constitucionales consagradas en el número 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental en cuanto a la igualdad ante la ley, y además las que se refieren al derecho a la seguridad social en el sentido de que estos beneficios siempre tienen que ser iguales.
Para ese efecto, un grupo de Senadores presentaremos un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en virtud del número 2º del artículo 82 -referente a las facultades destinadas a resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional-, con relación a los artículos ya mencionados.
Se hará la correspondiente reserva de orden constitucional.
Señor Presidente , hemos venido a presentar el proyecto de ley que otorga un reajuste de tres por ciento -como lo establece su artículo 1º- a las remuneraciones de los trabajadores del sector público, con el objeto de asegurarles su poder adquisitivo.
El índice del costo de la vida experimentó entre noviembre del 2001 a la fecha una variación aproximada -todavía se desconoce el porcentaje de noviembre del año en curso- de alrededor de 2,8 ó 2,9 por ciento. Por tal razón el reajuste se fijó en tres por ciento, y se determinó con el propósito claro, deliberado, de garantizar, como dije, el poder adquisitivo de aproximadamente medio millón de trabajadores.
Nos parece razonable y adecuado haber llegado a una situación tal que nos deja en condiciones de estimar que ya no hay discusión respecto a inflación acumulada versus inflación proyectada, porque estamos en una etapa en que en Chile ese fenómeno se ha estabilizado.
Consideramos también importante reiterar un par de aspectos planteados por el Senador señor Ominami.
El primero de ellos es que este reajuste es adicional a otros beneficios otorgados a diversos grupos de trabajadores que se han visto favorecidos con acuerdos sectoriales. Cabe advertir que estas medidas actúan sobre la base de un crecimiento real de la masa salarial del sector público que, por distintos efectos, ha aumentado su dotación. De modo que estamos hablando de preservar en general una política de mejoramiento de las condiciones y beneficios del sector estatal.
Es importante que el Senado observe que, mientras procedemos en esta forma en Chile, en los países vecinos, particularmente en los más cercanos, se aplican políticas muy regresivas con relación a los ingresos de los trabajadores del sector público. En Uruguay los han reducido en 25 por ciento en términos reales; en Argentina, en más de un tercio en los últimos años, y en Brasil, que registra durante el mismo período una inflación aproximada de 30 por ciento, han estado congelados durante cinco años.
Es decir, en un contexto donde los trabajadores públicos de muchos países están pagando el costo de políticas de ajuste, nosotros no sólo mantenemos el poder adquisitivo de estas personas que nos son tan importantes, sino que a la vez se están otorgando distintos beneficios sectoriales asociados a desempeño y a determinadas metas. Por eso nos parece importante agradecer el acuerdo unánime de la Comisión en cuanto a respaldar este reajuste.
En lo referente a las observaciones planteadas en la Sala por la Senadora señora Matthei y los Senadores señores Prokurica y Martínez , debo precisar lo siguiente.
Considero que en este caso no existe un problema de constitucionalidad en sentido estricto, porque respecto de esta materia hay cierta claridad en el sentido de que lo que no puede ocurrir es que, en sistemas previsionales de la misma naturaleza, existan beneficios distintos.
Todos sabemos, por ejemplo, que el régimen previsional de las Fuerzas Armadas consagra beneficios y requisitos diferentes de los previstos en el decreto ley Nº 3.500; que tiene reglas determinadas de capitalización y ahorro individual, como requisito de jubilación. Sería absurdo -y en esto voy a remitirme siempre a la cuestión de constitucionalidad- que pretendiéramos evaluar, en los términos del decreto ley Nº 3.500, beneficios para algunas de las personas que hacen esta acumulación de pensiones en su cuenta individual, y no para otras. Eso sería claramente inconstitucional. Pero no lo es, evidentemente, que las reglas y requisitos para pensionarse sean distintas en el régimen previsional de las Fuerzas Armadas que en el decreto ley Nº 3.500, porque ello está configurado en los orígenes de los cuerpos legales que dan vida a estas leyes. Es decir, son sistemas distintos por una gran cantidad de consideraciones que no creo que venga al caso enumerar ahora.	Obviamente, no es un problema constitucional el que, a mi entender, motivó las intervenciones de la Senadora señora Matthei y del Senador señor Prokurica , sino más bien un asunto de equidad respecto de personas y pensionados pobres. Eso es algo que estamos en condiciones de compartir. Son ángulos disímiles.
Los beneficios en regímenes previsionales distintos no están, a mi juicio, en el centro de la discusión que nos propone la señora Senadora , sino en el hecho de que un conjunto de pensionados más bien pobres reciben, en determinadas circunstancias, beneficios similares. Y en relación con esa materia es que otorgamos -como bien lo saben la Senadora señora Matthei y el Honorable señor Prokurica- el bono de invierno a la totalidad de los pensionados que perciben ingresos mínimos (en torno a 35 mil pesos, actualmente), y que son unas 630 mil personas en todo Chile.
La verdad es que estamos hablando de otras dos prestaciones, que son los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias, que tradicionalmente se otorgaban en el antiguo sistema de pensiones. Por lo tanto, tendríamos que innovar en el sentido de darles también, como lo hacemos, el bono de invierno.
La solicitud reiterada por la Senadora señora Matthei -nos releyó la formulada el año anterior- es que consideráramos tal situación para los efectos de esta discusión presupuestaria.
Quiero al respecto hacer las siguientes precisiones.
Los beneficiarios de esos dos aguinaldos adicionales (de Fiestas Patrias y de Navidad) serían actualmente 35 mil 864 personas. El punto esencial es que nosotros no hemos concluido un trabajo que es muy importante para el conocimiento del Senado, en el que determina la proyección y el número de personas que van a cruzar el umbral de las pensiones mínimas en la próxima década, y, en consecuencia, cuál sería el efecto fiscal -hoy no es significativo- de la evolución del sistema de pensiones basado en el decreto 3.500, es decir, de capitalización individual, y cuántos miles, o quizá millones de personas tendrán acceso a pensiones mínimas.
Sin duda, constituye una justificación respecto de quienes no las perciben, porque, insisto, el argumento de equidad o de justicia no lo estamos negando. Pensamos que es válido. Queremos, simplemente, solicitar a los señores Senadores que han argumentado en tal sentido, permitirnos presentar ese estudio con nuestra disposición a tratar el asunto con carácter de urgente en la primera sesión de la Comisión de Hacienda, en el mes de diciembre.
Ésa es nuestra disposición; ésa es nuestra voluntad.
No puedo concedérsela porque antes se halla inscrito el Senador señor Ominami. Si Su Señoría le cede...
No está el Senador señor Ominami.
Quiero formular una breve consulta, señor Presidente.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. Quizá después podría darle una interrupción al Honorable señor Martínez , que la está solicitando.
Señor Presidente , frente a las intervenciones de los Senadores señora Matthei y señor Prokurica , con el Honorable señor Ruiz tenemos la siguiente duda. ¿Qué pasará en el hipotético caso de que el Tribunal Constitucional acepte el requerimiento de inconstitucionalidad? Lo más probable es que el Tribunal diga: "O el beneficio se entrega a todos o a ninguno, en razón de la discriminación". Porque ése sería el argumento. ¿No es así? Como el Tribunal Constitucional no puede aumentar el Presupuesto ni destinar fondos, de acogerse la presentación de los señores Senadores, todo el resto de los pensionados quedaría sin los dos aguinaldos a que se ha hecho mención.
Porque ese Tribunal no tiene iniciativa legislativa. Sólo el Ejecutivo , a través del Ministerio de Hacienda, puede determinar si paga o no los beneficios a los ahora 35 mil pensionados o a la proyección de ellos a que hacía alusión el señor Ministro.
Creo que el tema es atinente, señor Presidente. Entiendo el planteamiento. No se debe discriminar a quienes perciben pensiones mínimas, independientemente de si éstas tienen o no la garantía del Estado. El señor Ministro del Trabajo señaló la proyección de las miles de personas que podrían quedar afectadas por esta situación.
Quiero saber cuál es el efecto.
La respuesta es muy clara. Si el Tribunal declara inconstitucional una disposición, no se puede aplicar. Por iniciativa del Ejecutivo , el asunto tendría que volver al Parlamento, el que podría corregirlo o no.
Le agradezco su explicación, señor Presidente. Me queda más claro. Si se llegara a aprobar dicha presentación, alrededor de 500 mil ó 600 mil pensionados no recibirían esos beneficios.
El Honorable señor Martínez puede hacer uso de la interrupción que le había concedido el Senador señor Pizarro.
El problema que estoy planteando ya se tocó el año pasado. A los pensionados de las seis Cajas que se refundieron en el INP se les suprimió la cotización de 4,5 por ciento. Similar petición se hizo para las Cajas de Previsión de la Defensa y de Carabineros, pero hasta el día de hoy no ha sido aceptada. Es decir, los únicos jubilados en Chile que, independientemente del régimen previsional a que pertenecieron, siguen pagándose parte de ella son los retirados de la Defensa Nacional, en todas sus ramas.
Eso es lo que estoy planteando. En ese sentido, evidentemente hay una inconstitucionalidad porque la ley no es igual para todos. Incluso, se han hecho referencias a personas de 70 años que son afectadas por el mismo problema que sufren muchos de los pensionados de las Fuerzas Armadas, en cuanto a tener que devolver parte de la pensión, etcétera.
Solicito que el Supremo Gobierno se haga cargo de esta situación. El Senado formuló la petición, pero no ha habido respuesta. Se han presentado casos; pero lo cierto es que aproximadamente 120 mil chilenos se están pagando a sí mismos la pensión y eso, a mi juicio, es algo odioso frente a la igualdad ante la ley. Eso es lo que estoy planteando.
Su Señoría ya intervino, pero si la Sala lo autoriza, puedo otorgársela con el mayor gusto.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que éste no es solamente un problema de equidad, sino también de constitucionalidad.
Efectivamente, los dos sistemas previsionales tienen naturalezas distintas. El INP es de reparto, y el de las AFP, de capitalización individual. Ambos se ponen en el caso de qué es lo que sucede con una persona que, después de trabajar cierta cantidad de años, no logra obtener una pensión que el Estado ha considerado mínima para sobrevivir. La ley estableció exactamente los mismos requisitos para los sistemas de reparto y de capitalización a fin de otorgar la garantía del Estado para subir, a la mínima, la pensión resultante. En lo concerniente a la garantía del Estado, el INP la concede a quienes han cotizado 1.040 semanas y las AFP la otorgan sobre la base de 20 años. Cualquier persona que haga la multiplicación se dará cuenta de que el resultado es idéntico. Por lo tanto, éste es un problema constitucional.
No queremos llevar las cosas al extremo. Entendemos que si en el Tribunal Constitucional se gana el recurso, el resultado será desastroso para 600 mil familias. No es nuestra responsabilidad porque, como digo, el compromiso alcanzado en la Ley de Presupuestos del año pasado fue muy claro en el sentido de que en el próximo proyecto de Presupuestos -o sea, en éste- la situación sería apropiadamente revisada. Ésas fueron las palabras textuales.
Como entiendo que ha habido mucha preocupación y problemas, por esta vez vamos a aceptar el ofrecimiento de que tratemos de que este tema se analice, en diciembre, a la vuelta de las semana regional, en la primera sesión de la Comisión de Hacienda. En todo caso, advierto que el próximo año tendremos todo redactado y que recurriremos al Tribunal Constitucional. Y el problema ya no será nuestro. Ha habido dos compromisos y espero que efectivamente se cumplan.
Debo señalar al Ministro señor Solari que mi impresión es que se ganará el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, porque se trata de un problema constitucional y no derivado de la naturaleza de los sistemas previsionales. En el fondo, se trata de sistemas en virtud de los cuales el Estado decide otorgar su garantía a quienes han trabajado más de 20 años y que, sin presentar "lagunas" u otros problemas, no han alcanzado a obtener la pensión mínima. En ese caso, el Estado aporta la diferencia. Por lo tanto, ambos sistemas previsionales se hallan, a este respecto, exactamente en las mismas condiciones ante la ley. Por eso, ganaríamos, lejos, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Señor Presidente , no es nuestra intención causar graves problemas ni que se "caigan" dos o tres artículos. Por consiguiente, vamos a confiar nuevamente en la palabra de los señores Ministros y esperamos que esta materia se analice efectivamente en diciembre, en la primera sesión de la Comisión de Hacienda.
No habiendo ningún otro señor Senador inscrito, declaro cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la iniciativa.
Señor Presidente, deseo que se deje constancia del planteamiento que expresé en torno a las pensiones.
Siempre queda la constancia, señor Senador.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que modifica normas relativas a la regularización de la posesión y ocupación sobre inmuebles, informado por la Comisión de Medio Ambientes y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3101-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 6ª, en 16 de octubre de 2002.
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 13ª, en 9 de noviembre de 2002.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales deja constancia de haber discutido el proyecto solamente en general, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Los objetivos principales de la iniciativa consisten en ampliar el alcance de los beneficios establecidos en el Título II de la ley Nº 19.776, a los ocupantes irregulares de terrenos fiscales y extender el plazo para presentar las respectivas solicitudes, como asimismo, proponer una modificación al decreto ley Nº 2.965, de 1979, con el fin de hacerse cargo de situaciones de irregularidad que no están contempladas en la legislación vigente.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Horvath, Martínez, Pizarro y Stange.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija el 9 de diciembre, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
Señor Presidente , quiero manifestar que apoyo naturalmente el proyecto sobre reajuste del sector público -que se votó hace un momento-, pero dejo constancia de la discriminación a que se ha referido el Senador Martínez y que afecta al personal en retiro de las Fuerzas Armadas.
Se dejará la constancia formulada por Su Señoría.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incompatibilidad entre los cargos de Ministro de Estado y de Subsecretario con aquellos que indica de empresas del Estado, semifiscales o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1296-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Economía, sesión 14ª, en 20 de noviembre de 2002.
La Comisión de Economía señala en su informe que el objetivo principal del proyecto es prohibir a los Ministros de Estado y a los Subsecretarios ser directores de empresas estatales, de empresas autónomas del Estado o que cuenten con aportes de éste.
La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Orpis), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, y su texto se consigna en el informe.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general, y también en particular por no haber sido objeto de indicaciones.
Señor Presidente, según entiendo, antes de dar por despachado el proyecto hay que fijar plazo para formular indicaciones.
Como no se presentó ninguna, se aprobó en general y particular.
Tengo que pedir autorización a la Sala para reabrir el debate.
El problema es el siguiente. La Comisión aprobó por unanimidad el primer informe. Sin embargo, el Gobierno anunció la intención de presentar indicaciones en el segundo informe.
En ese caso, abramos plazo para presentar indicaciones.
Se podría fijar hasta el 9 de diciembre, a las 12.
Y se entendería que el proyecto sólo se aprueba en general.
Me opongo, señor Presidente. Es muy respetable la posición planteada, pero la Sala se opuso en su momento a reabrir el debate. La Mesa dio por aprobado en general y particular el proyecto.
Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Ése es el tema.
Estamos revisando el acuerdo. Eso se puede hacer perfectamente.
Señor Presidente , si el Ejecutivo quiere formular indicaciones, creo que lo sensato es permitirlo, para no tramitar un veto con posterioridad.
En ese sentido, acogería el planteamiento hecho, porque, de lo contrario, el Ejecutivo insistirá en su criterio mediante un veto aditivo. Es preferible despachar el proyecto en su trámite normal.
Procedamos así, para evitar un veto.
¿Habría objeción?
Estoy de acuerdo, porque la explicación dada por el Senador señor Larraín tiene sentido. Por lo tanto, le doy mi apoyo.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija plazo para formular indicaciones hasta el 9 de diciembre, a las 12.
Al señor Alcalde de la comuna de Angol, solicitándole información acerca de CIERRE DE ESCUELAS RURALES Y FUSIÓN DE DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS.
Al señor Intendente de la Región de La Araucanía , respecto de NÓMINA DE EMPRESAS CONSULTORAS Y FUNCIONARIOS CONTRATADOS EN PROGRAMA ORÍGENES (ambos de la NOVENA REGIÓN).
De los señores LARRAÍN, NARANJO, ROMERO Y VALDÉS:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, sobre PLANTEAMIENTO DE SECTOR AGROINDUSTRIAL ANTE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Socialista, Institucionales 1, Institucionales 2, Mixto Partido Por la Democracia, Demócrata Cristiano, Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes y Renovación Nacional, ningún señor Senador hace uso de ella.
--Se levantó a las 18:19.