Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/24449
Timestamp: 2020-07-02 19:43:40
Document Index: 394295742

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Sentencia: C-045-2017
Medidas y disposiciones para proyectos de infraestructura de transporte y facultades extraordinarias.
C-045-2017
Acción pública de inconstitucionalidad con el artículo 14 literal c) de la Ley 1682 de 2013 ‘Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias’.
1. El ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry demanda el artículo 14 literal c) de la Ley 1682 de 2013 ‘Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias’, pues considera que se vulnera el artículo 13 de la Constitución en tanto se introduce una discriminación irrazonable y sin fundamento objetivo para los contratos relacionados con la infraestructura de transporte, pues les impone un régimen arbitral diferente al de los demás contratos celebrados por cualquier entidad pública o particulares que desempeñen funciones públicas. Mientras la disposición acusada establece, a su juicio, que en las discusiones arbitrales provocadas por contratos sobre infraestructura de transporte los árbitros y amigables componedores no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, desde su punto de vista es claro que en los demás litigios arbitrales, originados en contratos celebrados por cualquier entidad pública o particular que desempeñe funciones públicas, los árbitros sí tienen esa competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012. 2. Los Ministerios de Minas y Energía y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo mismo que las Agencias Nacional de Minería, Nacional de Infraestructura y Nacional de Defensa Jurídica del estado, la ANDI y el Procurador General de la Nación solicitaron a la Corte inhibirse puesto que la demanda carece de certeza, por cuanto plantea una lectura de la norma demandada y de la que invoca como referente de comparación el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 que no se infiere de su texto, de su finalidad y del contexto jurídico en el cual se insertan. 3. De igual forma, algunos intervinientes señalaron que para plantear un cargo de igualdad no basta con mostrar una diferencia de regulaciones, sino que además es preciso identificar cuáles son los grupos que reciben el tratamiento diferenciado, en qué reciben un trato distinto y, supuesto lo anterior, por qué esa regulación diferenciada sería discriminatoria y contraria a la Carta, sin embargo el demandante omitió tales requisitos y se limitó a señalar una presunta discrepancia entre dos normas legales sin expresar por qué esa diferencia sería inconstitucional.
¿El artículo 14 de la Ley 1682 de 2013 al prohibir someter a arbitraje la legalidad de los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades excepcionales, o también las consecuencias de estos últimos vulnera el artículo 13 constitucional?
Que “sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda.
Es necesario analizar si es posible invocar como parámetro de comparación de la norma demandada el artículo 1º, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012. De conformidad con la posición presentada por algunos intervinientes, “según la cual la previsión mencionada habilita el arbitramento sobre controversias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos, pues se contrae –según puede inferirse de su texto y de la jurisprudencia nacional pertinente- a prescribir que los conflictos vinculados con las consecuencias económicas de los actos administrativos proferidos en ejercicio de facultades excepcionales deben decidirse en derecho. En consecuencia, según esta interpretación, en realidad no habría, entre la norma demandada y el artículo 1º de la Ley 1563 de 2013, una disparidad en lo que atañe a la posibilidad de definición arbitral de las controversias sobre la legalidad de actos administrativos dictados con base en facultades excepcionales, pues ninguna de las dos disposiciones lo admite.”
Para la Corte, “existe un problema de aptitud pues el demandante erige como comparación el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, pero le atribuye un sentido que no se sigue obvia o evidentemente de su texto, de su contexto de creación, o de sus fines entendiendo que la disposición dice textualmente que cuando se sometan a arbitraje las controversias surgidas por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, “incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho, en otras palabras, de la previsión legal no se deriva inmediatamente el sentido que le asigna el accionante, quien tampoco ofrece argumentos en respaldo de su entendimiento de la norma referida. Por lo cual, si este referente de comparación era vertebral para estructurar su cargo de igualdad, sin un sustento del mismo el cuestionamiento de constitucionalidad resultaría insuficiente, pues aparte de que se hace una lectura incierta de la disposición acusada, la proposición normativa que invoca para la comparación tampoco se deduce evidente o razonablemente del texto legal que cita.”
“Una censura por discriminación o vulneración del derecho a la igualdad, por tanto, solo es apta si además de identificar una diferencia de trato entre personas, y tras hacer una revisión suficiente de los elementos normativos relevantes, concluye que esa diferencia no tiene justificación e interviene de manera irrazonable un principio constitucional. En el presente caso, sin embargo, la acción pública se circunscribe a aducir una supuesta diferencia de regulación en dos normas, con base además en interpretaciones de las mismas que carecen de certeza y suficiencia, y acto seguido no expone razones para sustentar por qué ese presunto trato diferente resulta discriminatorio y contrario a la Carta. Por lo cual, sus acusaciones en realidad no son específicas ni suficientes”
La acción pública carece de certeza. Para empezar, el literal c) demandado del artículo 14 de la Ley 1682 de 2013 se limita a excluir del arbitraje las discusiones en torno a la legalidad de los actos administrativos referidos, y no a sus consecuencias jurídicas.
La Ley 1682 de 2013 integra la Ley 1563 de 2012 a la regulación de la solución de controversias en materia de infraestructura de transporte, y esta autoriza a los árbitros para fallar en derecho las diferencias surgidas de las consecuencias económicas de los actos administrativos proferidos en ejercicio de facultades excepcionales. Por lo cual, la Corte no advierte razones para concluir que el artículo 14, literal c), de la Ley 1682 de 2013, prohíba –como lo sostiene el actor- someter a arbitraje las controversias originadas en las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en virtud de facultades excepcionales.
INHIBIRSE, por las razones expuestas, de emitir un fallo de fondo respecto de la demanda contra el artículo 14 literal c) de la Ley 1682 de 2013 ‘Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias’.
Sentencia C-1052 de 2001 MP Manuel José Cepeda Espinosa Sentencia C-457 de 2015 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Sí. Alberto Rojas Ríos
artículo 14, literal c), de la Ley 1682 de 2013 el artículo 1º, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012
Ficha: SENTENCIA: C-045-2017