Source: https://www.privilex.es/noticias/33-absolucion-a-nuestro-cliente-en-el-tsjcyl-4
Timestamp: 2019-12-12 12:02:43
Document Index: 164164279

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 54', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 54', 'artículo 139']

Absolución a nuestro cliente en el TSJCyL - Privilex Abogados
Absolución a nuestro cliente en el TSJCyL
En este caso, ABOGADOS defendió a nuestro cliente, quien siendo extranjero, pero con residencia en España, no le fue renovado el permiso de residencia, por tener antecedentes penales.
Reagrupación familiar. Extranjería. Antecedentes Penales en la denegación de renovación de permisos de residencia. Concesión de la renovación de la autorización de residencia temporal.
ABOGADOS consiguió ganar el pleito, siendo una de las primeras sentencias que condenaba al pago de las Costas del Juicio a la Administración. Como no estaban conformes, Apelaron y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, volvió a darnos la razón. Hoy nuestro cliente está con nosotros.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­SENTENCIA
Absolución a nuestro cliente, en la Audiencia provincial de Valladolid.
Procedimiento: RECURSO DE APELACION 0000086 /2013
De SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE VALLADOLID
Representación: ABOGADO DEL ESTADO
Contra D. Pascual
Letrado: D. ROBERTO MEDIAVILLA RAMOS
En Valladolid, a doce de abril de dos mil trece.
SENTENCIA NÚM. 620/13
En el recurso de apelación núm. 86/13 interpuesto contra la Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2012 dictada en el procedimiento abreviado 896/10 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Valladolid, en el que son partes: como apelante la Administración General del Estado (Delegación del Gobierno en Castilla y León), representada y defendida por la Abogacía del Estado; y como apelada don Pascual, defendido por el Letrado Sr. Mediavilla Ramos; sobre extranjería (renovación de autorización de residencia por reagrupación familiar).
En el procedimiento del que dimana esta apelación se dictó se dictó Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2012 por la que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pascual, nacional de Colombia, declaró la nulidad de la Resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y León de 3 de diciembre de 2010 por la cual se desestimó el recurso de alzada presentado frente a otra de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por la que se denegó al recurrente la concesión de la renovación de la autorización de residencia temporal en España por reagrupación familiar, anulándola por no ser conforme a Derecho, todo ello sin hacer expresa declaración en materia de costas procesales.
Contra la anterior sentencia la Abogacía del Estado interpuso recurso de apelación solicitando su estimación y la revocación de la sentencia apelada.
Admitido el recurso por el Juzgado y conferido el oportuno traslado, don Pascual se opuso al mismo solicitando la confirmación de la sentencia en todos sus términos, con expresa condena en costas a la Administración demandada.
Transcurridos los plazos de los artículos 85.2 º y 4º de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, se elevaron los autos y el expediente administrativo a la Sala.
Por Diligencia de Ordenación de 11 de febrero de 2013 se acordó la formación y registro del presente rollo de apelación, designándose ponente, y señalándose para votación y fallo el día 11 de abril de 2013.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la LJCA, aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
Sentencia apelada y alegaciones de las partes.
La sentencia objeto de apelación estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pascual, nacional de Colombia, y declaró la nulidad de la Resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y León de 3 de diciembre de 2010 por la cual se denegó al recurrente la concesión de la renovación de la autorización de residencia temporal en España por reagrupación familiar, por entender, en esencia, que de la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 31 LOEx y 54.9 ROEx, resulta que cuando nos encontramos ante un permiso o autorización inicial de residencia y trabajo la tenencia de antecedentes penales determina que se deniega la misma, mientras que en el caso de encontrarnos ante una renovación de la autorización de residencia y trabajo dicha normativa permite en el caso de existir antecedentes penales valorar dicha condena en función de las circunstancias del supuesto concreto; que en este caso nos encontramos con un supuesto de renovación de la autorización para residir, y a falta de norma en contrario, debe entenderse que la tenencia de antecedentes penales es un dato más a valorar por la Administración, pero no el único, no estando exenta dicha valoración del control jurisdiccional; que la Delegación del Gobierno valoró la concurrencia del antecedente penal consistente en la condena de seis meses de prisión por un delito de robo con violencia o intimidación en grado de tentativa, estimando que las circunstancias de arraigo familiar invocadas, aunque eran dignas de tener en consideración, ya que dicha pena estaba suspendida en su ejecución, carecían de entidad relevante ya que la existencia de la condena implicaba que no se ajusta a las normas mínimas de convivencia que el orden publico interno exige y que su familia no depende de él sino él de su familia; que la existencia de una condena no cancelada en los registros se trata de una circunstancia recogida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Extranjería y en el artículo 54.9 de su Reglamento a efectos de poder ser valorada por la Administración para conceder o denegar las renovaciones, pero no implica un óbice que conlleve la denegación automática; y que valoradas todas las circunstancias en conjunto, debe estimarse la petición del actor ya que se ha acreditado que la pena se encuentra actualmente suspendida, que reside con su esposa e hija menor de edad, todos ellos residentes legales en España, habiendo sido reagrupado por su esposa, que se encuentra arrepentido de los hechos, y que, en el momento de tramitación del expediente tenía un trabajo.
La Abogacía del Estado alega en apelación que si bien es cierto que no basta la mera existencia de condena penal para la denegación de renovación de permisos de residencia, sin embargo, la valoración de las circunstancias que aconsejan la renovación o no compete a la Administración del Estado en el ejercicio de una potestad discrecional, debiendo ceñirse el control jurisdiccional a los elementos reglados, es decir, a los aspectos procedimentales y a la concurrencia o no de desviación de poder, no concurriendo en el caso ni vicios procedimentales, pues el acto administrativo cumple con el requisito legal de la motivación, ni circunstancia alguna que permita apreciar desviación de poder, por lo que la sentencia se ha excedido en el dicho control de los elementos reglados correspondiente al ejercicio de una potestad discrecional y ello al margen del acuerdo o desacuerdo de la juzgadora de instancia con el contenido de la resolución administrativa.
Don Pascual se opone a la apelación alegando que la discrecionalidad debe ser fundamentada en Derecho y no ejercida de forma caprichosa, siendo el control jurisdiccional la garantía última de que la Administración no utiliza esa discrecionalidad en contra del ciudadano; y que ni siquiera en el informe obrante en el expediente al que se remite la resolución se realiza una valoración suficiente de las circunstancias, ausencia de valoración que es lo que genera indefensión pues en este caso sólo se alude a que tiene antecedentes penales, limitándose a constatar un hecho pero sin efectuar valoración alguna.
Sobre la obligada valoración de los antecedentes penales en función de las circunstancias. Desestimación de la apelación.
En orden a cómo deben valorarse los antecedentes penales para los casos de residencia temporal, el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en su redacción dada por la Ley 2/2009, de 11 de diciembre, aplicable al presente supuesto, establece que " 5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido ... 7. Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso: Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad. El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social. A los efectos de dicha renovación, se valorará especialmente el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el artículo 2 ter de esta Ley ".
En desarrollo de esta previsión legislativa y en términos similares el artículo 54.9 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, señalaba que " Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, la concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos en esta sección, excepto el recogido en el apartado 1.b) del artículo anterior. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena”.
De todo lo dicho, y cual significa la sentencia de instancia, resulta que cuando nos encontramos ante un permiso o autorización inicial de residencia y trabajo la tenencia de antecedentes penales determina que se deniegue la misma, mientras que en el caso de encontrarnos ante una renovación de la autorización de residencia y trabajo -como es el supuesto que nos ocupa- dicha normativa obliga en el caso de existir antecedentes penales a valorar la condena en función de las circunstancias del supuesto concreto, siempre y cuando se hubiese cumplido la condena, hubiese sido indultado o en situación de remisión condicional.
Así las cosas, el recurso ha de correr suerte totalmente desestimatoria y es que del tenor literal de la resolución denegatoria de 19 de agosto de 2010 de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid se desprende que la única razón de la denegación es la existencia de un informe policial desfavorable -basado en la condena penal por conformidad previa detención policial en relación con unos hechos cometidos el 13 de febrero de 2009-, con cita de los artículos 31.1 de la LOEx y 35.5 y 42.3 del ROEx. No existe pues la más mínima mención a la prevención contenida en los preceptos que hemos citado anteriormente, previsión que no es que permita discrecionalmente a la Administración sino que le obliga (" Se valorará, en función de las circunstancias... ") a efectuar dicha valoración, la cual -susceptible de control jurisdiccional en cuanto a su razonabilidad- se ha tenido que realizar por la juzgadora a quo en unos términos que tampoco han sido específicamente combatidos en apelación, todo lo cual arrastra, como ya se anticipó, su desestimación.
Costas procesales de la apelación.
De acuerdo con el criterio objetivo del vencimiento que se establece en el artículo 139.2 de la LJCA, procede imponer las costas a la Administración apelante, en la cuantía de 300 €.
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Administración General del Estado contra la Sentencia de 14 de noviembre de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Valladolid, que se confirma en su integridad, condenando a la Administración General del Estado al abono de las costas procesales de esta alzada en la cuantía de 300 #.