Source: https://adipr.wordpress.com/2007/10/18/asunto-c-9806-11102007-freeport-plc-c-olle-arnoldsson/
Timestamp: 2017-06-22 20:26:15
Document Index: 179143877

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6']

Asunto C-98/06, 11.10.2007, Freeport plc c. Olle Arnoldsson | Àrea de Dret Internacional Privat - UAB
Asunto C-98/06, 11.10.2007, Freeport plc c. Olle Arnoldsson	Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 4:14 pm Freeport compra de una sociedad, con la que colabora el Sr. Arnoldsson, un proyecto de desarollo de centros comerciales (del tipo « tiendas de fábrica ») en Kungsbacka (Suecia). Entre Freeport y el Sr. Arnoldsson se concluyó en 1999 un acuerdo verbal por el que el segundo recibiría su comisión cuando se abriera la fábrica de Kungsbacka. Mediante un compromiso escrito ulterior, Freeport confirma el acuerdo verbal añadiendo algunas condiciones para el pago de la comisión, condiciones que el Sr. Arnoldsson acceptó. Una de las condiciones establecía que el pago sería realizado por la sociedad que fuera propietaria del establecimiento de Kungsbacka. La tienda fue inaugurada en 2001 y es propiedad de la sociedad sueca Freeport AB (filial 100% de Freeport). El Sr. Arnoldsson reclamó tanto a Freeport AB como a Freeport, el pago de la comisión. Freeport AB rechazando su reclamación porque no era parte del acuerdo y que además no existía cuando se celebró el acuerdo, el Sr. Arnoldsson presentó en 2003 una demanda, basada en el art. 6. 1 del Reglamento nº 44/2001, ante el Göteborgs tingsrät (Suecia) en la que solicitaba que se condenara solidariamente a las dos sociedades a abonarle la comisión más intereses. Freeport invocó que ella no tenía su domicilio social en Suecia y que no existía una relación suficientemente estrecha entre las demandas ya que la acción dirigida contra ella tenía un fundamento contractual, mientras que la dirigida contra Freeport AB tenía un fundamento delictual o cuasi-delictual.
Las cuestions prejudiciales del tribunal remitente son las siguientes :
«1) Una demanda que se basa en la afirmación de que una sociedad anónima debe realizar un pago como consecuencia de la asunción de una obligación, ¿ha de calificarse de demanda en materia contractual, a efectos de la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento […] nº 44/2001 […], aunque la persona que asumió dicha obligación en aquel momento no fuera el representante legal ni el apoderado de la sociedad?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿constituye un requisito de la competencia judicial establecida en el artículo 6, número 1, además de los previstos expresamente en dicho artículo, que la demanda presentada ante un tribunal contra la persona que tenga su domicilio en el Estado en el que se encuentra dicho tribunal no se haya interpuesto exclusivamente con la finalidad de que conozca de la demanda dirigida contra otro demandado un tribunal distinto del que, en otro caso, habría sido competente?
3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿la probabilidad de que se estime la demanda presentada contra el demandando ante un tribunal del Estado en el que tiene su domicilio debe apreciarse de otro modo al examinar si existe el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables al que se refiere el artículo 6, número 1?».
De la sentencia del Tribunal de Justicia, destacamos los siguientes párrafos :
Sobre la primera cuestión :
« 34. Sobre esta cuestión, la competencia prevista en el artículo 2 del Reglamento nº 44/2001, es decir, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado, constituye el principio general y sólo como excepción a este principio prevé dicho Reglamento reglas de competencia especial en determinados casos, enumerados de forma taxativa, en los que la acción judicial contra el demandado puede o debe entablarse, según proceda, ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro (véase la sentencia de 13 de julio de 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, apartado 22 y jurisprudencia citada). »
« 37. Por lo que se refiere a la competencia especial prevista en el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, esta disposición establece que también se podrá demandar a una persona, si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que «las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.»
« 38. El tenor del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 no exige, entre los requisitos previstos para que pueda aplicarse esta disposición, que las acciones ejercitadas contra distintos demandados tengan fundamentos jurídicos idénticos.»
« 41. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si existe un punto de conexión entre las distintas demandas presentadas ante él, es decir, si existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado, y, a este respecto, tomar en consideración todos los elementos necesarios de los autos, lo que, en su caso, y sin que ello sea sin embargo necesario para la apreciación, puede conducirle a tener en cuenta las bases jurídicas de las acciones ejercitadas ante dicho órgano jurisdiccional. »
« 45. En el contexto del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia ha podido concluir que no puede considerarse que tengan un punto de conexión dos demandas de una misma acción, dirigidas contra distintos demandados y basadas, una de ellas, en la responsabilidad contractual y, la otra, en la responsabilidad delictual (sentencia Réunion européenne y otros, antes citada, apartado 50).
46. Admitir que una competencia basada en el artículo 5 del Reglamento nº 44/2001, que es una competencia especial circunscrita a supuestos enumerados con carácter exhaustivo, pueda servir de base para conocer de otras acciones, sería contrario al sistema del Reglamento. Por el contrario, cuando la competencia del tribunal esté basada en el artículo 2 de dicho Reglamento, como sucede en el presente litigio, la eventual aplicación del artículo 6, número 1, del mismo Reglamento será posible cuando se cumplan los requisitos enunciados en dicha disposición y a los que se hace referencia en los apartados 39 y 40 de la presente sentencia, sin que sea necesario que las acciones ejercitadas tengan fundamentos jurídicos idénticos. »
Sobre la segunda cuestión :
« 52. Procede recordar que, tras referirse a la hipótesis según la cual un demandante podría presentar una demanda contra varios demandados con el único fin de sustraer a uno de ellos de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio, el Tribunal de Justicia concluyó, en la sentencia Kalfelis, antes citada, que, para excluir tal posibilidad, es necesario que exista una relación entre las demandas formuladas contra cada uno de los demandados. El Tribunal de Justicia declaró que la norma establecida en el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas se aplica cuando las demandas formuladas contra distintos demandados son conexas en el momento de su presentación, es decir, cuando existe un interés en tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente.
53. Así, esta exigencia de un punto de conexión no se desprendía del tenor del artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas, sino que el Tribunal de Justicia la dedujo de esa disposición para evitar que la excepción al principio de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, establecida por dicha disposición, pudiera cuestionar la existencia misma de ese principio (sentencia Kalfelis, antes citada, apartado 8). Esta exigencia, confirmada posteriormente por la sentencia Réunion europénne y otros, antes citada (apartado 48), tuvo su consagración expresa en el marco de la redacción del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, que sucedió al Convenio de Bruselas (sentencia Roche Nederland y otros, antes citada, apartado 21). »
Sobre la tercera cuestión « 58. […] no procede responder a la tercera cuestión.»
[vease el comentario de esta sentencia por Jacco Bomhoff (Leiden University) disponible en http://www.conflictsoflaw.net]