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Timestamp: 2015-07-31 21:22:42
Document Index: 382865037

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 130', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'in fine', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 328', 'Artículo 41', 'Artículo 49', 'artículo 40', 'Artículo 36', 'artículo 73', 'Artículo 16', 'Artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 29', 'Artículo 19', 'artículo 21']

Juan García Vara: APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LOPCYMAT
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LOPCYMAT
Aplicación del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT[1]
4.- Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Finales.
7.- Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales. Adicional: De la Transacción Laboral.[2]
En nuestro trabajo anterior habíamos señalado que el legislador remitía al Ejecutivo Nacional la elaboración de un reglamento, que contuviera gran cantidad de la materia contemplada en la Ley. De una revisión de la LOPCYMAT encontramos remisión al reglamento en varios artículos de la Ley[3] .
Es así como en fecha 22 de diciembre de 2006, por Decreto N° 5.078 del Ejecutivo Nacional, se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el cual aparece publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.596, de fecha 03 de enero de 2007, pero señalando en su cuerpo que la vigencia es a partir del 01 de enero de 2007.
Como una anotación importante a destacar, debemos señalar que el propio Reglamento, en su denominación, indica que es un Reglamento Parcial, por lo que no podemos considerar agotada la función de reglamentación en esta materia, pudiendo dictarse otros reglamentos complementarios.
El Reglamento consta de 86 artículos, más una parte relativa a Disposiciones Transitorias, Derogatoria Única y Final Única.
Este trabajo se concibe en relación directa con el referido a la Ley[4], por lo que para una mayor comprensión, recomendamos la lectura de dicho artículo. No se trata en este trabajo todo lo relativo a la materia reseñada en el índice, sino aquella sobre la cual expusimos nuestro criterio y que fue considerada por el RLey. Por último, el reglamentista suprimió del texto del Reglamento el vocablo empleador y empleadora, sustituyéndolo por patrono y patrona. El término patrono y patrona se utiliza en la Ley, aunque sólo en dos disposiciones[5].
El artículo 1 del RLOPCYMAT (RLey) prácticamente transcribe el contenido del artículo 1 de la LOPCYMAT (Ley), sin embargo debemos indicar en el objeto del RLey, mencionado en el mismo, se refiere en términos generales al objeto de la Ley, por lo que pudiéramos indicar que el objeto de la Ley es el objeto del RLey. Sería suficiente con haber dictado el RLey, en relación con el objeto[6], en la forma presentada en su encabezamiento, esto es, señalar simplemente que “El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las normas de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente de Trabajo”, porque las materias que menciona luego en dicha norma, son las que conforman el objeto de la Ley.
En términos generales, los aspectos que considera la Ley, se repiten en el RLey; se mantienen casi todos los objetivos que señala la Ley, quedando sin mencionar algunos contemplados en la Ley, pero debemos entender como enunciativo el contenido del artículo 1 del RLey.
Viene considerado el ámbito de aplicación en el artículo 2 del RLey, pero representa una transcripción del artículo 4 de la Ley. No constituye una labor reglamentista, pues al señalar el ámbito de aplicación no desarrolla una norma legal, no aporta ninguna aclaratoria o complemento de la disposición legal.
Se incluyen en el RLey los mismos trabajadores que aparecen en la Ley, y se excluyen los miembros de la Fuerza Armada Nacional, como está previsto en la Ley, repitiendo idéntico fundamento para exceptuarlos de su aplicación[7].
La consulta y participación de los trabajadores de una empresa es un derecho-deber, que se materializa o se lleva a cabo mediante los delegados de prevención, quienes son representantes de aquellos.
La Ley contempla la existencia de estos delegados, pero los criterios par la fijación del número de los mismos, fue confiada por el legislador al reglamentista, sin dejar laguna o vacío, porque contempla un tratamiento temporal sobre el número de delegados de prevención[8]. En la Ley se establecen los criterios para la determinación del número de delegados de prevención y en el RLey se repiten los criterios para el establecimiento del número de delegados de prevención, encomendando a la autoridad del trabajo, a través del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), la determinación del número de delegados de prevención que correspondan[9].
Adicionalmente a los criterios contenidos en la Ley para la fijación del número de delegados de prevención –reiterados en el RLey-, se podrán establecerse normas técnicas, por sector de actividad económica, para establecer el número de delegados de prevención.
Otro aspecto a ser destacado es que en la Ley no se indica la edad mínima para ser delegado, pero el RLey sí lo contempla, estableciendo la edad mínima en catorce años.[10]
4.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Dentro de las Disposiciones Transitorias que remiten al RLey, nos encontramos con las numeradas Cuarta y Décima Primera, relativas al Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo y demás normas que no contradigan las disposiciones de la presente Ley, y a los criterios para determinar el número de delegados de prevención, en este orden. El reglamentista, en relación con la primera, mantuvo la vigencia del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en todo lo que no contraríe el RLey, con lo cual no se da cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley, que reza “Hasta tanto no se dicte el Reglamento de la presente Ley queda en vigencia el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo y demás normas que no contradigan las disposiciones de la presente Ley”.
En aplicación literal de la norma legal, al haberse dictado el RLey, ha debido derogarse el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo; pero entendemos que esto sólo es posible si el RLey contuviera el desarrollo por reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, caso contrario, se crearía un vacío.
En conclusión, creemos que el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo será derogado cuando se dicte otro Reglamento parcial de la Ley, que contemple en su contenido las disposiciones reglamentarias que desarrollen las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.
Por lo que se refiere a la segunda disposición transitoria que remite al Reglamento, sobre los criterios para establecer el número de delegados de prevención en cada empresa, ya nos referimos a ello en precedencia[11].
En cuanto a las innovaciones, el propio RLey estableció como objeto del mismo lo concerniente a la recreación de los trabajadores, asignándole a INPSASEL competencia para ocuparse de la recreación de los trabajadores, competencia a los delegados de prevención para recibir las denuncias sobre los programas de recreación, informes sobre la utilización de las áreas de recreación, vigilancia y control sobre las áreas destinadas a recreación, evaluación de los programas de recreación.
Pero también establece un sistema de vigilancia de la utilización del tiempo libre[12] y [13], para lo cual se requiere suministrar por los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), trimestralmente, información por cada trabajador, individualmente considerado, sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias laboradas, hora de descanso dentro de la jornada, días de descanso obligatorio y los disfrutados efectivamente, días de descanso convencionales y los disfrutados efectivamente, número de días de vacaciones y los disfrutados efectivamente, beneficios sociales en materia de descanso y utilización del tiempo libre, especialmente en materia de turismo social y de cualquier otra información que se establezca por las normas técnicas.
En relación con esta materia –impacto económico de la Ley o cargas económicas-, en el RLey no se hace mención dentro de su articulado a los temas que señalamos en nuestro anterior trabajo[14], relativas a cotizaciones, adecuación de instalaciones, porcentajes de indemnizaciones -por discapacidad temporal, discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral, gran discapacidad, muerte, violación de la normativa legal sobre seguridad y salud en el trabajo y secuela o deformaciones permanentes- y multas, por lo que la normativa sobre estos temas es la contemplada en la Ley.
7.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. El RLey desarrolla el tema de las declaraciones, al cual también nos referimos en nuestro trabajo anterior[15].
Señala en primer término el RLey que tal obligación corresponde al patrono –en los casos de existencia de la relación de trabajo- y “cooperativa u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios”, como estableció el legislador en la Ley.
Sobre los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales la Ley se refiere concretamente a la declaración del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional estableciendo un lapso de 24 horas, contados a partir del accidente o del diagnóstico de la enfermedad[16], aunque habíamos opinado que en los casos de enfermedades ocupacionales el lapso de las 24 horas debería iniciarse al tener conocimiento el empleador o patrono del diagnóstico médico.
En el RLey se establece una exigencia no contemplada en la Ley, cual es la de informar y notificar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) la ocurrencia de un accidente de trabajo, pero prescribiendo que la notificación deberá llevarse a cabo “dentro de los sesenta (60) minutos siguientes a la ocurrencia del accidente” y la notificación del comité y del sindicato dentro de las doce (12) horas siguientes.
Por lo que respecta a lo que el RLey llama “declaración formal” se mantiene el lapso establecido en la Ley, cual es, dentro de las 24 horas contadas a partir del accidente o del diagnóstico de la enfermedad,
En cuanto a la forma para “informar y notificar” el accidente de trabajo, señala el RLey que podrá hacerse en forma escrita –se entiende mediante comunicación- o por portal Web, teléfono o fax, mientras que la “declaración formal” se hace utilizando los formatos o formularios elaborados por INPSASEL. Sobre este punto de “informar y notificar” habría que tener la suficiente previsión, para poder demostrar después que la información y notificación se hizo por alguno de los medios sugeridos por el RLey.
En relación con la notificación de la enfermedad ocupacional, el reglamentista mantiene la condición prevista en la Ley, cual es dentro de las 24 horas siguientes al diagnóstico de la enfermedad.
En relación con la calificación del origen de la enfermedad o del accidente, el RLey le atribuye la competencia al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)[17], como así se establece en la Ley, sin que aparezca la posibilidad de delegar tales funciones.
ADICIONAL: DE LA TRANSACCIÓN LABORAL.
Mención especial merece el tema relativo a la transacción laboral, no incluido en el texto de la Ley, razón por la que no fue tratada en nuestro trabajo anterior sobre el tema.
El reglamentista incluye en el RLey una materia no considerada en la Ley, no dándose en este caso el supuesto de reglamentar una disposición contenida en una ley. No hay en la Ley referencia alguna a la transacción, ni menos el procedimiento a seguir, órganos, requisitos, condiciones o limitaciones, recursos.
La norma en cuestión[18] establece en primer lugar que la transacción sólo es posible en “materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo”, por lo que pareciera que se excluye la posibilidad de transigir en aspectos relativos a descansos, utilización del tiempo libre, recreación, entre otros.
Pero además de esta limitación, la mencionada disposición reglamentaria exige, en segundo lugar, que se haya cumplido con lo previsto en el ordenamiento jurídico, en la más amplia acepción del término, pudiendo interpretarse dicha enunciación como el cumplimiento de los requisitos contenidos en las normas sustantivas sobre salud, seguridad, condiciones o la observancia de las disposiciones adjetivas en relación con la transacción, o ambas.
Por otra lado, en tercer lugar, requiere que la transacción “verse sobre las condiciones y oportunidad de pago de los derechos litigiosos o discutidos”, en cuyo caso la transacción pareciera entonces estar prevista para los casos de pago de cantidades de dinero por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales –artículo 130 de la Ley. Habría que pensar cómo se cuantifican los derechos relativos a seguridad, condiciones y medio ambiente del trabajo, y si estos derechos son susceptibles de transar o transigir. Como cuarto elemento a cumplir se establece que el monto a pagar al trabajador no puede ser inferior al “fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales”, de acuerdo al informe que al efecto se elabore. No consta en ninguna disposición de la Ley esta facultad de INPSASEL[19].
De esta forma, obliga interpretar que el Instituto –INPSASEL- debe producir un informe con un monto mínimo y que la transacción debe estar ubicada en una cantidad no inferior al monto estipulado por el Instituto como mínimo, pudiendo transigir por una cifra superior este monto.
Dicho informe –no aparece previsto en la Ley-, pero tendría el carácter de acto administrativo, pudiendo demandarse su nulidad, de no llenar los requisitos legales, ante los tribunales competentes, aunque pensamos que la competencia no estaría en los Tribunales Superiores del Trabajo como primera instancia, porque no se trataría de un recurso contencioso administrativo contenido en la Ley –repetimos “no aparece previsto en la Ley”- que es el supuesto establecido por el legislador en la Disposición Transitoria Séptima, ni de una actividad a cumplir por el organismo, por mandato legal.
Como quinto requisito asoma el RLey que dicha transacción debe constar por escrito, lo cual, a todas luces, se ofrece como un elemento que coadyuva a la seguridad jurídica, y posibilita la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la homologación de la transacción.
Por último se requiere que la transacción “contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motive y de los derechos en ella comprendidos”, copiando la exigencia del Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Pero nos preguntamos, para qué esta última exigencia si se transa por el monto mínimo establecido por INPSASEL o superior a éste; en el informe del Instituto deben plasmarse los derechos reclamados y el monto mínimo para su indemnización; la actividad de las partes se circunscribe al acuerdo sobre el monto por el que transan los derechos contenidos en el informe del Instituto.
Otro de los aspectos a puntualizar, por la redacción de la disposición reglamentaria, se refiere a la oportunidad en que debe pronunciarse el Inspector del Trabajo sobre la homologación de la transacción.
La norma del RLey señala de manera indubitable, que el funcionario del trabajo, para homologar la transacción debe cuidar dos extremos: que el trabajador actúe libre de constreñimiento –ya mencionado en precedencia- y solicitar y recibir de INPSASEL el informe pericial, en el que se establece, entre otros aspectos, el monto mínimo a ser pagado al trabajador. De esta manera, pareciera que las partes no disponen del informe pericial y debe el Inspector del Trabajo solicitarlo al Instituto, una vez presentada la transacción y decidir dentro de los tres días siguientes al recibo del informe pericial que solicitó.
El inspector del Trabajo competente sólo deberá precisar si el monto transado es igual o superior al monto mínimo indicado por INPSASEL y, además, constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, sin necesidad de verificar si en la transacción quedan conculcados los derechos del trabajador, porque ese aspecto debe o debería estar considerado y cuidado en el informe que presenta INPSASEL como cantidad mínima a pagar al laborante, previo requerimiento y recibo del informe.
Ahora bien, si la norma reglamentaria establece que la transacción no puede celebrarse por una cantidad inferior al monto mínimo indicado por INPSASEL en su informe y efectivamente se conviene en pagar ese monto mínimo, dónde está la recíproca concesión, para qué la homologación si se está pagando el monto autorizado o permitido. Indica la disposición de marras que lo resuelto por el Inspector del Trabajo podrá ser recurrido ante los Tribunales Superiores con competencia en materia del Trabajo. Esta competencia no está asignada o atribuida por disponerlo la Ley, sino por contemplarlo el RLey.
La competencia a un determinado Tribunal para pronunciarse sobre una materia específica no puede ser atribuida por una disposición reglamentaria; es de reserva legal y la norma que lo acuerde debe integrar un cuerpo de ley, no de reglamento, decreto o resolución.
Por otra parte, consideramos que los Tribunales Superiores del Trabajo no son alzada de las Inspectoría del Trabajo. Esta parte del artículo 9 del RLey viola o quebranta lo establecido por el legislador en el Capítulo I, Título II de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo[20]. La circunstancia que los Tribunales Superiores del Trabajo, por disposición legal, conozcan transitoriamente –mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social- sobre los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, no es suficiente –procesalmente considerado- para que por vía reglamentaria se le asigne una competencia –incluso permanente- en materia de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.
Y sobre esta competencia asignada por el RLey, también tendríamos que preguntarnos cuál el procedimiento a seguir. Tenemos en primer lugar el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual, en nuestro criterio, no es aplicable en este caso, porque el legislador previó ese procedimiento sólo para reclamar resolver la controversia surgida entre patrono y trabajador[21], en las materias revistas en la Ley Adjetiva[22], no para declarar la nulidad del acto administrativo que homologó la transacción sin llenar los extremos exigidos por el artículo 9 del RLey; basta para rechazar la idea la circunstancia de la mediación, las audiencias preliminares, las consecuencias jurídicas por la incomparecencia, entre otros.
En segundo lugar pudieran aplicarse –por analogía- las disposiciones de la LOTSJ[23], en relación con el procedimiento sobre las solicitudes de nulidad de los actos administrativos, procedimiento que se aplica en relación con el contenido de la Disposición Transitoria Séptima de la LOPCYMAT, pero actuando el Tribunal Superior como primera instancia, no como alzada de un organismo administrativo del trabajo, porque se omitirían todas las actuaciones relativas al requerimiento del expediente administrativo, notificaciones por prensa, notificaciones a los órganos públicos competentes, que son actuaciones a cumplir en la primera instancia.
No pueden los Tribunales Superiores del Trabajo crear un procedimiento, por ser materia de reserva del legislativo, ni son aplicables los procedimientos en la forma concebida en la LOPT y LOTSJ, respectivamente. Por último, en la parte in fine del referido artículo 9 RLey se expresa la consecuencia jurídica de haber llevado a cabo un acuerdo o convenio entre las partes, sin cumplir los requisitos exigidos en la mencionada norma, esto es, que las partes pueden haber acordado una cantidad para transar sus diferencia, puede estar homologada la transacción por el Inspector del Trabajo y, sin embargo, no produce cosa juzgada, pudiendo demandarse su nulidad por falta de uno o algunos de los requisitos previstos a cumplir por prescribirlo la disposición comentada.
Sin embargo pareciera inducir a confusión la parte final de dicho párrafo cuando señala que si la transacción resulta anulada, el trabajador “conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”. Y nos preguntamos, cuáles obligaciones, las de la indemnización por el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional o de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, incluidas la antigüedad, vacaciones, utilidades, etc., o de todas las obligaciones. No resulta procedente la mezcla, debiendo entenderse, en criterio de quien escribe, que el trabajador conserva el derecho a reclamar lo que pudiera corresponderle por la indemnización surgida del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, pese a estar homologada la transacción y participar ésta –en principio- de la institución de la cosa juzgada, cuando no se cumple con los requisitos previstos en dicha disposición.
En conclusión, somos de la opinión que el reglamentista no puede asignar competencia a un Tribunal, ni tampoco constituirlo en alzada de un órgano administrativo laboral, como son las Inspectorías del Trabajo; las facultades en este sentido son de reserva legal y corresponden a la Asamblea Nacional.
[1] Relacionado con nuestro anterior trabajo “Algunas Consideraciones sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”, Legislación en Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Barquisimeto 2006, Organización Pitágoras, Librería J. Rincón, pp. 61 a 94. [2] No fue considerado en nuestro anterior trabajo; no está previsto en la LOPCYMAT.
[3] Artículos 4, 6, 11, 14, 20, 23, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 66, 71, 90, 91, 117, 118, 119, 120 y en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Décima Primera
[4]“Algunas Consideraciones sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”, Legislación en Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Barquisimeto 2006, Organización Pitágoras, Librería J. Rincón, pp. 61 a 94. [5] Artículos 4 y 120 de la Ley.
[6] Artículo 1 RLey.
[7] Artículo 328 de la CRBV.
[8] Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley.
[9] Artículo 41 de la Ley.
[10] Artículo 49 del RLey.
[11] Ver supra 3.- Consulta y Participación.
[12] Desarrolla el ordinal 9° del artículo 40 de la Ley.
[13] Artículo 36 RLey.
[14] Ob. cit., pp. 74 a 83.
[15] Ob. cit., pp. 76 a 81.
[16] Desarrolla el artículo 73 de la Ley
[17] Artículo 16, ordinal 15 del RLey.
[18] Artículo 9 del RLey.
[19] El tratadista Gerardo Mille Mille, en un trabajo publicado en “El Sol de Margarita" y "Correo del Caroni", Enero 2007, ha expuesto: “La Ley no faculta a INPSASEL para fijar el monto mínimo en referencia; simplemente establece que este Instituto CALIFICARÁ EL ORIGEN del accidente o enfermedad.” [20] Organización y Funcionamiento de los Tribunales del Trabajo.
[21] Título I de la Exposición de Motivos de la LOPT y el artículo 1 de la LOPT.
[22] Artículo 29 eiusdem.
[23] Artículo 19 (apartes: primero, quinto, octavo y noveno) y artículo 21 (apartes: décimo, décimo primero y décimo tercero).
Abogado UCV. Ampliación de Estudios en Derecho del Trabajo y Seguridad Social UCV. Magister Scientiarum UCV. Escolaridad completa en Estudios de Doctorado UCV. Gerencia del Conflicto: Negociación, Mediación y Arbitraje IESA. Profesor de Postgrado UCV y UCAB. Juez Superior Titular del Trabajo (Jubilado). Miembro de Número del Instituto Venezolano de Derecho Social. Miembro Titular del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo. Miembro de Número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Miembro de Número de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Miembro Mayor de la Federación Interamericana de Abogados.