Source: https://es.scribd.com/document/342003030/Fallo-Buenos-Alves-Argentina
Timestamp: 2019-04-19 22:39:10
Document Index: 45893228

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 67', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 144', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 68']

Cargado por Gaston Aricuri
Prescripcion de La Accion Penal en La Bigamia
Análisis de Obligaciones
DE 5 DE JULIO DE 2011
1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 11 de mayo de 2007 (en
adelante “la Sentencia”) emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), mediante la cual
decidió, inter alia, que el Estado debía:
7. […] realizar los pagos de las cantidades establecidas en la […] Sentencia por
concepto de daños materiales, daños inmateriales y reintegro de costas y gastos dentro del
plazo de un año, contado a partir de la notificación de la […] Sentencia […].
8. […] realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las
correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias
que la ley prev[iera] […].
9. […] publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de
amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 8, 71 a 74, 86, 95, 113 y 117
y la parte resolutiva de la […] Sentencia […].
2. Las comunicaciones de 9 de octubre de 2008; 2 de marzo, 26 de agosto y 22
de septiembre de 2009; 6 de enero y 3 de febrero de 2010, y 2 y 10 de junio de
2011, así como sus anexos, mediante los cuales la República Argentina (en adelante
“el Estado” o “Argentina”) se refirió al cumplimiento de la Sentencia.
3. Los escritos de 23 de junio y 10 de diciembre de 2008; 16 de septiembre de
2009; 8 de febrero, 15 de marzo y 28 de julio de 2010, y 1 y 10 de junio de 2011 y
sus anexos, mediante los cuales la representante de la víctima (en adelante “la
representante”) presentó sus observaciones a la información remitida por el Estado.
El Juez Alberto Pérez Pérez, por razones de fuerza mayor, no pudo asistir al 91 Período Ordinario
de Sesiones y, en consecuencia, no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución. El Juez
Leonardo A. Franco, de nacionalidad argentina, se excusó de conocer el presente caso, de conformidad
con los artículos 19.2 del Estatuto de la Corte y 19 del Reglamento de la Corte.
4. Las comunicaciones de 11 de febrero y 22 de septiembre de 2009; 10 de
agosto de 2010, y 9 de junio de 2011, mediante las cuales la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o
“la Comisión”) presentó sus observaciones a la información remitida por el Estado y
la representante.
5. Las notas de la Secretaría de 4 de mayo, 24 de junio y 8 de julio de 2010, y 3
de mayo de 2011 mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente de la
Corte, se requirió a las partes información sobre el cumplimiento de la Sentencia.
1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el
supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2. Argentina es Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) desde el 5 de
septiembre de 1985 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa
3. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes
en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en
que sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel
interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones2.
4. En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte,
según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser
prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra y dentro del plazo establecido
5. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional
del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados
deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta
sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden,
por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya
establecida3. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos
los poderes y órganos del Estado4.
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de
2003. Serie C No. 104, párr. 131; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de mayo de 2011,
Considerando quinto, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú.
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 1 de julio de 2011, Considerandos tercero y cuarto.
Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la
Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94
de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Caso Castillo Páez Vs. Perú. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de mayo
de 2011, Considerando cuarto, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 2, Considerando quinto.
Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte de 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 59, Considerando tercero; Caso Castillo
Dicho Decreto estableció que al monto de dichas indemnizaciones “deber[ían] agregarse los intereses moratorios por el lapso transcurrido desde el vencimiento del plazo de la [S]entencia (11 de mayo de 2008) hasta la fecha de su efectiva cancelación”.579. Perú. Caso Ivcher Bronstein Vs. México. b) con relación a Inés Maria del Carmen Afonso Fernandez y Verónica Inés Bueno. en relación con los intereses moratorios debidos al señor Bueno Alves. y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. 5 Cfr.140. En particular. y computó el lapso transcurrido desde el 11 de mayo de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2009. A. Explicó que para el cálculo de dichos intereses moratorios utilizó la “tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina”. 255612 por la cantidad de $355. 3 6.87 (trescientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos argentinos con ochenta y siete centavos). la cual fue transferida el 26 de noviembre de 2009. supra nota 2. y Caso Radilla Pacheco Vs. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz. supra nota 3. "por la suma equivalente […] a U[S]$ 353. daño inmaterial. como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones del Tribunal. El Estado informó que mediante el Decreto No. supra nota 2.356. por la cantidad de $38. . que el 30 de septiembre de 2009 se emitió la orden de pago SIDIF No. o sea la suma de $ 1. 215293 respecto al daño material. Considerando sexto. 1249/2009 de 14 de septiembre de 2009 se dispuso el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte. de acuerdo a lo determinado por la Subsecretaría de Servicios Financieros y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 54. 37. supra nota 2. Párr. 255618.00 [un millón trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve pesos argentinos]”. el Estado señaló: a) con respecto al señor Juan Francisco Bueno Alves.355. Asimismo. En la misma fecha la Tesorería General de la Nación realizó la transferencia. Perú. Considerando quinto. Páez Vs.00 (treinta y ocho mil ciento cuarenta pesos argentinos). Serie C No. teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos5. Perú. las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos). Considerando sexto. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. México.000 [trescientos cincuenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América]. 255617 y SIDF No. Considerando cuarto. para cada una. costas y gastos. indicó que el 18 de noviembre de 2009 se emitió la orden de pago SIDIF No. en el Banco HSBC. Obligación de pagar las cantidades establecidas por concepto de daños materiales. daños inmateriales y reintegro de costas y gastos (punto resolutivo séptimo de la Sentencia) 7. Caso Radilla Pacheco Vs. Competencia. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir. sino también en relación con las normas procesales. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. que el 18 de noviembre de 2009 se emitieron las órdenes de pago SIDF No.
00 (treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos argentinos) para el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial establecidas a favor de los mismos. Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. para cada uno. hasta tanto. las disposiciones del Código Civil por las cuales “en todo pago […] primero se imputan los intereses y finalmente el capital. 297597 y SIDF No 297598.725.950. a cada una de estas víctimas les fue pagado $11.29 (once mil setecientos veinticinco pesos argentinos con veintinueve centavos) respectivamente. Por último. La representante alegó que. [sería] imposible el cumplimiento de la obligación”. folio 241).000. los cómputos de intereses fijando para su cumplimiento la fecha en que se depositaron los montos del pretendido capital”. porque el señor Bueno Alves aceptó y firmó una “Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en cuenta Bancaria”6. no sea notificado fehacientemente a este Servicio Administrativo. Por concepto de intereses moratorios. contrario a lo indicado por la representante (infra Considerando 10). […] extinguirá la obligación del deudor por todo concepto. c) con respecto a Juan Francisco Bueno e Ivonne Miriam Bueno. en todos los casos. “el Estado ha dado por congelados.330. Indicó que si se realizó alguna retención. teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen. 9. en relación al cálculo de intereses moratorios. se había solicitado información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). [… no procede] en esta cuestión”.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América). expuso que. para que este último “percib[iera] el crédito de condena establecido a su favor en la [S]entencia”.725. que el 23 de diciembre de 2009 se emitieron las órdenes de pago SIDF No. d) en cuanto a la señora Tomasa Alves De Lima. y desarrollando diversos alegatos sobre los conceptos de intereses compensatorios y punitorios argumentó lo siguiente: 6 En dicha autorización se señala que "la transferencia de fondos a la cuenta […] indicada. Por concepto de intereses moratorios. Dichas cantidades fueron depositadas al señor Bueno Alves en virtud de poderes especiales otorgados por Juan Francisco Bueno e Ivonne Miriam Bueno a su padre. . que “hasta tanto no se proceda al inicio de la sucesión y se acompañe la correspondiente Declaratoria de Herederos. tomo I. equivalentes a 10. cuando deberían computarse “hasta el momento del pago de la totalidad de la deuda”. Adicionalmente el Estado señaló que las indemnizaciones pagadas fueron acreditadas “sin deducciones derivadas de eventuales cargas fiscales”. Además.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América). cualquier cambio que se opere en la misma. Dichas cantidades les fueron transferidas a ambas víctimas el 7 de diciembre de 2009.000. Agregó que. 4 equivalentes a US$10. “esta fue propia de una norma estrictamente bancaria”. a cada una de estas víctimas les fue pagado $11. ante la duda sobre un posible cobro de impuestos. 8. madre fallecida del señor Bueno Alves. por la suma de $37. El beneficiario exime al [E]stado Nacional de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria”.29 (once mil setecientos veinticinco pesos argentinos con veintinueve centavos).76 (once mil trescientos treinta pesos argentinos con setenta y seis centavos) y 11.
Indicó que debido a la tasa de cambio aplicada y la forma de imputación del pago aplicada por el Estado. 5 a) con respecto al señor Juan Francisco Bueno Alves. a la fecha. indicó que el Estado debía “una porción del capital ordenado en la Sentencia en base a la aplicación de intereses no previstos por el Estado […] al momento del efectivo pago”.16 (doscientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos argentinos con dieciséis centavos).47 (diez mil setecientos cuatro pesos argentinos con cuarenta y siete centavos). [el Estado] dio por congelados los intereses a esa fecha [sin considerar] la demora en la que incurrió [hasta el 30 de noviembre de 2009. una porción del capital ordenado en la [S]entencia”. “sin afectaciones fiscales”. de tramitación que conllevan los expedientes sucesorios teniendo presente [asimismo] que a la conclusión del trámite exigido. De acuerdo a lo anterior. son de competencia de la [República Oriental] del Uruguay y que debe[n] considerarse los extensos plazos. Indicó que debido a la tasa de cambio aplicada y la forma de imputación de los pagos realizados por el Estado. Asimismo. indicó que al 31 de mayo de 2011. dicha acreditación no les fue comunicada sino hasta el 20 de enero de 2010. De acuerdo a lo anterior. el 4 de enero de 2010. le continúan posteriores certificaciones Ministeriales y Consulares del Uruguay y de la Argentina”. y que ambos han decidido hacer uso de la indemnización correspondiente a su madre. indicó que al 31 de mayo de 2011 el Estado debía al señor Bueno Alves un saldo correspondiente a capital de $295. el Estado debía a cada una de estas víctimas. a la fecha. en beneficio de cada una de estas dos víctimas. el 30 de septiembre de 2009. a sus cuentas en el Banco de la Nación Argentina en el Uruguay. c) en cuanto a Juan Francisco Bueno e Ivonne Miriam Bueno. confirmó el pago a cada una.967. “para la compra de . al proceder al] pago de los [intereses moratorios]”. confirmó los dos pagos que le fueron hechos y señaló que la segunda suma transferida por el Estado a favor del señor Bueno Alves fue acreditada en su cuenta el 30 de noviembre de 2009. solicitó la “liberación de las acreencias ordenadas por la Corte en su Sentencia”. de acuerdo a los poderes especiales otorgados a su favor. Agregó que los hermanos Manuel Bueno Alves y Juan Francisco Bueno Alves son los únicos derechohabientes de la señora Alves De Lima. por lo cual esta última debería ser considerada “la fecha real de pago”. una porción del capital ordenado en la [S]entencia [con] base a la aplicación de los montos depositados por el Estado [a]rgentino en concepto de capital e interés”. Sin embargo. “en moneda dólar estadounidense”. y d) respecto a la señora Tomasa Alves De Lima.920. que al 31 de mayo de 2011 ascendía a $10. confirmó los pagos hechos por el Estado en la cuenta del señor Bueno Alves del Banco HSBC. éste “adeuda[ba]. un saldo correspondiente a capital de $9. éste “adeuda[ba]. Señaló que “los trámites judiciales exigidos por el Estado. aún cuando dicha cantidad fue acreditada en sus respectivas cuentas el 14 de diciembre de 2009. respecto a estas dos víctimas observó que.42 (nueve mil novecientos veinte pesos argentinos con cuarenta y dos centavos). Observó que “mediante la pretensión de estar pagando capital. según “const[a en] el registro e identificación de los familiares aportado en el presente caso”.704. b) en relación a Inés María del Carmen Afonso Fernández y Verónica Inés Bueno Afonso. años.
Indicó que los pagos realizados a los señores Juan Francisco Bueno Alves. 6 un panteón familiar”. corresponden a $59. Subrayó que el “valor divisa sólo se debe tener en cuenta en operaciones comerciales internacionales y no en pagos de condena del Estado por indemnizaciones de ninguna naturaleza”. Además.36 (cuatrocientos noventa y cinco pesos argentinos con treinta y seis centavos). Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno fueron sometidos a retenciones fiscales que posteriormente fueron devueltas. Cfr. folios 1203 y 1204). Adicionalmente. 10. en relación a los pagos realizados en pesos argentinos. presuntamente aplicada por el Estado. En un escrito posterior. y $238. para lo cual aportó las planillas de cotizaciones del dólar correspondientes a las fechas pertinentes.101. folio 1201). la representante señaló que el saldo por la retención impositiva sobre la indemnización calculada por el Estado para estos dos hijos del señor Bueno Alves.…] sin hacer[le] mención y/o referencia del texto impreso al pi[e]”. La representante agregó que el saldo por intereses pendientes de pago por retención impositiva sobre los intereses de la indemnización era de $ 495. (supra Considerando 8) señaló que la firma de dicha planilla le fue exigida al señor Bueno Alves por la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Planilla de cálculo de la deuda. Planilla de cálculo de la deuda. folio 1205).55 (dos mil ciento un pesos argentinos con cincuenta y cinco centavos). La representante señaló que los intereses pendientes de pago por esta indemnización. supra nota 7. la representante señaló que el saldo por retención impositiva sobre la indemnización calculada por el Estado era de $ 2. manifestando que “la [l]ey argentina respecto a las [o]bligaciones. en lugar de la cotización “dólar divisa”. señaló que a Verónica Inés Bueno y María del Carmen Afonso se les debe una retención por 7 En particular. los cuales no estarían previstos en la Sentencia8.49 (cien pesos argentinos con cuarenta y nueve centavos). supra nota 7. La representante también agregó que se debían diversos montos a las víctimas relacionados con la retención por “Comisión Transferencia” cobrada por el Banco de la Nación Argentina Sucursal Montevideo. para cada uno. folio 1202.00 (cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos argentinos). para cada una. Igualmente.25 (novecientos ochenta y un pesos argentinos con veinticinco céntimos).70 (quinientos veintiún pesos argentinos con setenta centavos). [y] dispone que el acreedor es quien imputa los pagos y que primero se cancelan los intereses y posteriormente el capital”. al actualizar el cálculo al 31 de mayo de 2011.68 (doscientos treinta y ocho pesos argentinos con sesenta y ocho céntimos) por la retención por 52 días de una porción del segundo pago realizado a su favor. se opuso a la forma de imputación de los pagos realizados por el Estado. al 31 de mayo de 2011 la retención a Verónica Inés Bueno y María del Carmen Afonso Fernández generaría un saldo. la representante indicó que el Estado debía pagar al señor Bueno Alves $981. supra nota 7. Planilla de cálculo de la deuda. pero que el Estado debía pagar intereses correspondientes al tiempo de retención7. de acuerdo al Banco de la Nación Argentina. Cfr. por $100. En un escrito posterior. Asimismo. observó que la tasa de cambio que ha debido ser aplicada. “como condición insalvable para […] realizarle el depósito ordenado por la Corte[. .652. Cfr. de $521. En relación a la planilla de “autorización de acreditación de pagos” mencionada por el Estado.21 (veinticuatro pesos argentinos con veintiún centavos). Cfr. era la correspondiente a la cotización “dólar billete”. supra nota 7. Cfr.67 (once pesos argentinos con sesenta y siete céntimos) por la retención por 17 días de una porción de cada uno de los pagos realizados a favor de Juan Francisco Bueno e Ivonne Miriam Bueno. era de $24. por la retención por 56 días de una determinada porción del primer pago realizado a su favor. consideró que el Estado debía $11. agregó que el saldo por la retención impositiva sobre los intereses de la indemnización era. folio 1200). al 31 de mayo de 2011. Además. 8 Según la representante. Planilla de cálculo de la deuda presentado como anexo por la representante (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. tomo II. Planilla de cálculo de la deuda. actualizado al 31 de mayo de 2011. se encuentra legislada en el Código Civil.
el día anterior al pago”10. En relación con la tasa de cambio. La Corte nota que en relación al pago a favor del señor Bueno Alves. recordó que el Estado debía pagar el interés moratorio correspondiente a la demora en el pago de las indemnizaciones. Por lo tanto. supra nota 7. la tasa de cambio aplicable a los pagos realizados en pesos argentinos a los señores Juan Francisco Bueno Alves. la Comisión observó "con preocupación" que "se estarían realizando quitas a las sumas depositadas en concepto de indemnización". Cfr. Argentina. 11. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Respecto a la discusión entre las partes sobre el interés moratorio y la tasa de cambio aplicable. folio 1208). utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que est[uviere] vigente en la plaza de Nueva York. la representante alegó que las tasas de cambio aplicables eran aquellas vigentes al momento en que dichas cantidades fueron efectivamente acreditadas en la cuenta del señor Bueno Alves. 164. párr. La Corte valora positivamente los pagos hasta ahora realizados por el Estado para el cumplimiento de la presente obligación. 12. Caso Bueno Alves Vs. Finalmente. el saldo por esta retención sería de $343. el Tribunal recuerda que la Sentencia establecía que el Estado debía cumplir sus obligaciones “mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda argentina. el Tribunal pasará a analizar cada una de estas discrepancias. las cuales se refieren a: i) la tasa de cambio aplicable.843 pesos argentinos por cada 9 Según la representante. Estados Unidos de América. Reparaciones y Costas. salvo que por razones imputables al Estado. Planilla de cálculo de la deuda. A continuación. ii) la forma de imputación de los pagos realizados y el cómputo del periodo de mora. Por último. lo cual sería contrario a la Sentencia. el Estado emitió la orden de pago y realizó la transferencia el 30 de septiembre de 2009. al momento de emitir la orden de pago. . Asimismo. observa que existen ciertas discrepancias entre las partes en relación a dichos pagos. lo cual no ha sido probado en este caso. 14. la Corte observa que mientras el Estado utilizó las tasas de cambio vigentes al momento de emitir las órdenes de pago correspondientes. 7 mantenimiento de cuenta cobrada por el mencionado banco9. la Comisión consideró que “en caso de ambigüedad correspondería aplicar la interpretación más favorable a los intereses de la víctima de una violación [de] derechos humanos”. para lo cual utilizó una tasa de cambio de $3. la diferencia genere un perjuicio desproporcionado a la víctima. Fondo. i) tasa de cambio aplicable 13. la tasa de cambio que estará vigente para la fecha en que dicho pago se haga efectivo.12 (trescientos cuarenta y tres pesos argentinos con doce centavos). señaló que en abril de 2011 se le habría solicitado al señor Bueno Alves el pago de impuestos en relación con el dinero que le fue depositado en relación con las indemnizaciones ordenadas por la Corte. al 31 de mayo de 2011. Al respecto. De otra parte. el Tribunal considera que no es razonable requerir al Estado que prevea. iii) los alegados intereses debidos por retenciones fiscales. Serie C No. No obstante. y iv) la solicitud de “liberación de las acreencias” ordenadas por la Corte a favor de Tomasa Alves De Lima. 224. 10 Cfr. Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno debía ser aquella que estuviera vigente en la bolsa de Nueva York el día anterior al pago y no las del Banco de la Nación Argentina aportadas por la representante.
La Corte observa que el Estado. sin negar la existencia o interpretación de dichas disposiciones de derecho interno. lo cual.8432 pesos argentinos por cada dólar de los Estados Unidos de América11. en: http://online. 12 Cotizaciones dólar-peso argentino extraídas de “The Wall Street Journal”. La tasa de cambio vigente en Nueva York el día anterior a dicha fecha era de $3. según explicó. también ha cancelado por intereses una suma superior a los ochenta mil dólares (supra Considerando 7). el Tribunal considera que. en las circunstancias específicas del presente caso. Con respecto a la forma de imputación de los pagos realizados por el Estado.wsj. el Estado emitió las órdenes de pago correspondientes el 23 de diciembre de 2009 y utilizó una tasa de cambio de $3. la Corte observa que la diferencia entre ambas tasas es mínima. El Estado. la representante se opuso a dichas consideraciones del Estado. En consecuencia. La representante alegó que el señor Bueno Alves no estaba al tanto de estar otorgando su consentimiento al momento de firmar la mencionada planilla (supra Considerando 10). Verónica Inés Bueno. . pues alegó que de acuerdo a la legislación argentina primero debería imputarse el pago de intereses y después el capital correspondiente. además de pagar lo ordenado por la Corte. En relación al período de tiempo computable para el cálculo de los intereses moratorios. la Corte observa que el Estado pagó ciertas cantidades de dinero a Juan Francisco Bueno Alves. por lo cual estima que no es razonable ordenar al Estado un nuevo pago por dicha cantidad. las cuales explicó correspondían al capital de las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia a su favor.795 pesos argentinos por cada dólar de los Estados Unidos de América.html?mod=mdc_pastcalendar.wsj.com/mdc/public/page/2_3021-forex-20091222. 17. y de esta forma siguen generando intereses moratorios hasta su cancelación definitiva. Asimismo. la Corte observa que el Estado calculó los intereses moratorios debidos al señor Bueno Alves desde la fecha de vencimiento de la obligación hasta el 30 de septiembre de 2009.com/mdc/public/page/2_3021-forex-20090929. ii) forma de imputación de los pagos realizados y cómputo del período de mora 15. Al respecto. 16. Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno. no de los intereses. a favor del señor Bueno Alves realizó un segundo pago que consideró abarcaba los intereses moratorios correspondientes a la indemnización previamente pagada. no es procedente que la Corte resuelva sobre la controversia entre las partes respecto a cómo procedía aplicar las alegadas disposiciones de derecho interno sobre la imputación de intereses. el Tribunal considera que la tasa de cambio que utilizó el Estado era la aplicable. En relación a Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno. La tasa de cambio vigente en Nueva York el día anterior a dicha fecha era de $3.8008 pesos argentinos por cada dólar de los Estados Unidos de América12. derivaría en que las cantidades aún pendientes de pago por el Estado forman parte del capital debido. Inés del Carmen Afonso Fernández. 8 dólar de los Estados Unidos de América. La representante 11 Cotizaciones dólar-peso argentino extraídas de “The Wall Street Journal”. De otra parte. cuando emitió la orden de pago a su favor. consideró que no aplicaban en el presente caso porque el señor Bueno Alves había firmado una autorización de acreditación de pagos (supra Considerando 8) por el cual consentía que dichas disposiciones no aplicaran en este caso.html?mod=mdc_pastcalendar. en: http://online. Sin embargo.
14 Cfr. como informó el Estado. por parte de los derechohabientes. 225. 9 observó que dichos intereses han debido ser calculados hasta el 30 de noviembre de 2009. la Administración Federal de Ingresos Públicos habría insinuado al señor Bueno Alves la posibilidad de que tuviera que pagar impuestos relacionados con los pagos recibidos por las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia. de dicho requisito. en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria”15. la Corte solicita al Estado adoptar todas las medidas para impedir que dichas indemnizaciones sean objeto de reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales según lo dispuesto en la Sentencia13. párr. Sin embargo. Caso Bueno Alves Vs. en abril de 2011. el Tribunal recuerda que. Argentina. iv) solicitud de “liberación de las acreencias” ordenadas por la Corte a favor de Tomasa Alves De Lima 19. por lo cual no son imputables al Estado. la Corte considera que si. supra nota 10. Más aún. . en relación a la indemnización debida a la señora Tomasa Alves De Lima. “conforme al derecho interno aplicable”14. la Corte también recuerda que. conforme a la Sentencia. 13 Cfr. Caso Bueno Alves Vs. la Corte advierte que no sólo dichas cantidades fueron devueltas en su integridad. Argentina. sino que las retenciones fueron realizadas por el Banco HSBC. cuando efectivamente fue transferida dicha cantidad a la víctima. párr. de acuerdo a la Sentencia. 15 Cfr. es razonable aceptar el cálculo de intereses moratorios hasta la fecha en la que se emitió la orden de pago. supra nota 10. 226. supra nota 10. Por último. Caso Bueno Alves Vs. En relación con los intereses presuntamente debidos a los señores Juan Francisco Bueno Alves. Respecto a la información reciente según la cuál. párr. Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno por las retenciones fiscales sufridas. dicha cantidad debía ser repartida entre sus derechohabientes. Similares consideraciones son aplicables al pago de intereses correspondiente a las demás víctimas. el cumplimiento de la presente obligación está sujeta al acatamiento. iii) alegados intereses debidos por retenciones fiscales 18. Argentina. 223. Ahora bien. no existe evidencia alguna que el Estado se hubiere beneficiado de dichas retenciones. debido a que el tiempo transcurrido hasta el pago efectivo no fue excesivo y no quedó demostrado que las demoras entre la orden de pago y la acreditación del mismo en el banco respondieran a un obrar claramente irrazonable por parte del Estado. el derecho interno requiere la presentación de una declaratoria de herederos. en la medida que “por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que estos las reciban dentro del plazo [establecido en la Sentencia]. de forma tal de justificar el cobro de intereses por tales supuestos beneficios alegados por la representante. conforme a la información aportada por la propia representante. En consecuencia. la Corte considera que. en las circunstancias específicas del presente caso. el Estado [debía] consigna[r] dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera argentina. Por lo anterior. el Estado debe cumplir con esta consignación hasta tanto los beneficiarios de los pagos cumplan el derecho interno aplicable en este aspecto.
tomo I.] 2º. se encuentra pendiente de cumplimiento lo correspondiente al pago de la indemnización a la señora Tomasa Alves De Lima. 13 (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. Obligación de realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea (punto resolutivo octavo de la Sentencia) i) Alegatos e información remitida por las partes 21. La decisión de primera instancia16. dado que no “rev[estían] la naturaleza de los crímenes que 16 Incidente de prescripción de la acción penal de 17 de diciembre de 2003 resuelto por el Juzgado de Instrucción No. Incidente de prescripción de la acción penal. Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno. tomo I. en el marco de las circunstancias específicas del caso concreto. El 11 de agosto de 2004 se emitió una decisión de segunda instancia19 en la que se confirmó la prescripción decretada porque los hechos no constituían un crimen de lesa humanidad. y iii) “por encontrarse atacada la garantía de razonabilidad de la duración del proceso”. Inés María del Carmen Afonso Fernández. En virtud de las consideraciones precedentes. emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en adelante "la Corte Suprema" o "la Corte Suprema de Justicia"). 22. folio 182. folio 169) 17 La decisión precisó que se “descartó el tipo de la tortura para centrarse en la figura de apremios ilegales.. folio 186. supra nota 16. ello con base a la valoración de la calidad de la prueba disponible”. teniendo en cuenta que el derecho de defensa incluye “el derecho a un proceso sustanciado en un plazo razonable”. la causa “no se enc[ontraba] paralizada por dilaciones intencionales”. el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales. El Estado informó sobre las decisiones en el ámbito interno mediante las cuales se declaró la prescripción del presente caso y. 10 v) Conclusión de la Corte 20. [. El fallo establece que “se había vuelto insoslayable acabar de una vez y para siempre con el estado de incertidumbre que importa toda sujeción a una pesquisa criminal”. Cfr.. remitió decisiones de primera y segunda instancia que se emitieron con anterioridad al fallo de la Corte Interamericana y que no habían sido allegadas al Tribunal. considerando que el máximo de pena a aplicar era de cinco años18. Además.. Dicha instancia argumentó que: i) no se trataba de un crimen de lesa humanidad.] Cfr.Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo: [. ii) “no ha[bía] mediado acto interruptivo” de la prescripción. por ende. la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento total a los pagos debidos respecto a Juan Francisco Bueno Alves. Verónica Inés Bueno. 18 Art. Al respecto.. conforme al Considerando 19 de esta Resolución. El Estado también remitió una tercera decisión. la finalización de la investigación.. Incidente de prescripción de la acción penal. De otra parte. supra nota 16. con posterioridad a la sentencia del Tribunal. 19 Sentencia emitida el 11 de agosto de 2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. emitida el 17 de diciembre de 2003. consideró extinta la acción penal por el delito de “apremios ilegales”17. B. folio 189). . 144 Bis.
la propia condición humana”. 22 La Corte Suprema “compart[ió] [e hizo] suyos los fundamentos y conclusiones del señor Procurador General. . El 11 de julio de 2007. b) “los hechos supuestamente ocurridos en el presente caso no constituyen delitos de lesa humanidad”. relativa al bien jurídico protegido. Por tanto “se trata de constatar que en esa época la tortura como práctica estatal se encontraba claramente prohibida como crimen contra la humanidad” y que la codificación más moderna no restringe el espectro de lo aceptado como crimen de lesa humanidad. por su generalización. es evidente que en la República Argentina. ya que “los delitos de los que habría sido víctima [el señor] Bueno Alves no se corresponden con el propósito internacional tenido en [cuenta] al momento de estatuir crímenes de lesa humanidad”. “sino que en todo caso lo ha ampliado. no existía un Estado o una organización dependiente del Estado que evidenciara la característica básica de haberse convertido en una maquinaria perversa de persecución sistemática y organizada de un grupo de ciudadanos. desviándose en su fin principal de promover el bien común y la convivencia pacífica”. ni bajo una definición general. Nota SDH-DAI No. emitida el 11 de mayo de 2007. 11 vulneran. […] sería un delito de lesa humanidad [y por lo tanto]. Decisión de la Corte Suprema de Justicia de 11 de julio de 2007 (expediente de supervisión de cumplimiento de la sentencia. ya que “[l]o central de la queja radica[ba] en la alegación de que el delito presuntamente cometido en perjuicio [del señor] Bueno Alves. En el presente caso. se trataría de un delito imprescriptible”. folio 58). gravedad y sistematización perversa. Cfr. Cfr. fue notificada al Estado el 30 de mayo de 2007. ni bajo un análisis más específico. al emitir su respuesta a un recurso interpuesto por el señor Bueno Alves21. En particular. En su sentencia. La decisión de la Corte Suprema22 se concentró en determinar “si los hechos investigados […] se subsum[ían] en la tipología de crímenes de lesa humanidad”. lo cual no puede causarle agravio al recurrente”. durante el año 1988. la Corte Suprema de Justicia confirmó la prescripción de la acción penal relativa al presente caso. “[a]ún cuando el hecho de la tortura particular se encontrara demostrado. cuarenta días después de emitida la decisión de la Corte Interamericana20. tomo I. 170/08 de 1 de octubre de 2008 (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. […] remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación copia de lo resuelto por [la] Corte Interamericana a los efectos pertinentes”. 23. sobre los elementos constitutivos de este tipo de crímenes. 21 El Estado señaló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia resolvía un recurso de hecho presentado por el señor Bueno Alves en contra del rechazo de un recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de segunda instancia que confirmó “la prescripción de la acción penal respecto del imputado”. “la Corte Suprema consideró que los hechos supuestamente ocurridos en el presente caso no constituían un delito de lesa humanidad por lo cual no resultaban imprescriptibles”. folio 71). 20 La decisión de la Corte Interamericana. 24. a cuyos términos se remit[ió] en razón de brevedad”. la Corte Suprema consideró que: a) “la tortura como práctica estatal se encuentr[a] prohibida por normas de derecho consuetudinario que preexisten incluso a la Convención contra la Tortura […] de 1984”. El Estado añadió que “sin perjuicio de ello. tomo I.
no hay razón para su no aplicación a los casos concretos”. La representante señaló que desconocía “si las [c]ausas [j]udiciales que dieran origen al caso en cuestión están siendo investigadas”. subrayó que “[l]a impunidad de los responsables y la falta de justicia. e) por lo que. 12 Respecto a la presencia de los elementos constitutivos de los crímenes de lesa humanidad. Al respecto. ya que “la mayoría de los involucrados y/o denunciados en los distintos procesos judiciales intentados continúan hoy desempeñándose como funcionarios del Estado”. no existe ninguna razón para interpretar ese fenómeno como la ejecución por omisión de una política específica del Estado contra algún grupo definible por características comunes”.] obedece exclusivamente al propósito de otorgar impunidad a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos. sobre todo. Destacó que con la información aportada por el Estado se “p[uede] ver lo lejos que [se] est[á] de obtener la obligada investigación de los hechos denunciados. observó que “[q]ueda claro que con la Resolución de la Suprema Corte […] el Estado pretende justificar la decisión de no investigar los delitos cometidos por sus funcionarios”. l]o que no es admisible es que se prosiga una persecución penal contra legem del imputado para evitar una eventual condena internacional al Estado”. c) “el deber de investigar […] no puede constituir fundamento autónomo suficiente para proseguir el ejercicio de una acción penal que ha sido declarada extinguida cuando el hecho investigado no es un delito imprescriptible”. señaló que “la conducta presumiblemente cometida en perjuicio [del señor] Bueno Alves no reviste la característica de constituir un ataque que forme parte de un conjunto de actos y. 25. así como los responsables de los mismos”. han tenido un impacto ‘devastador’ en la vida de la víctima y sus familiares”. d) “lo vedado a los Estados por el deber de garantía (artículo 1. transcurridos 22 años de los hechos. de una política estatal […] y aun cuando se entendiera que existe una práctica policial extendida de perjudicar a ciudadanos. “en tanto no haya ninguna sospecha de que la modificación del régimen de algú[n instituto jurídico procesal. f) si bien esto “deja abierta la cuestión referida a una eventual responsabilidad internacional del Estado si es que se ha dejado de investigar o sancionar por inactividad. Resaltó que la decisión de la Corte Suprema que confirmó la prescripción de la acción penal se emitió con “posterior[idad] a la notificación de la [S]entencia de la Corte Interamericana”. Adicionalmente. como la prescripción de la acción punitiva del Estado. morosidad o cualquier otra falta imputable a sus órganos[. pero de ningún modo puede ser entendido como prohibiendo que esos hechos queden sometidos a las reglas generales de extinción de la acción y de procedimiento por la sola razón de que su aplicación pudiera conducir al dictado de una absolución o de un sobreseimiento”.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es el dictado de leyes o de cualquier otra disposición con la finalidad de impedir la investigación y la sanción de las graves violaciones de los derechos humanos (crímenes de lesa humanidad). Observó que el mencionado fallo “pretende alcanzar a la totalidad de .
Además. 207. incluyendo la “desaparición de documentación original y protocolizada”24. es decir. así como a la totalidad de los responsables en los hechos denunciados ya que tal beneficio. Vs. indicó otros procesos. Fondo Reparaciones y Costas. párr. En este sentido. Por ello. Bolivia. Entre dichos procesos mencionó causas abiertas por delitos de amenazas cometidas por uno de los policías procesados23 y por delitos de desaparición y destrucción de medios de prueba. 57144 ante el Juzgado de Instrucción No. . 217. 111 y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Ecuador. párr. Asimismo. por tal razón. Serie C No. El Tribunal precisó en la Sentencia dictada en el caso 23 La representante aludió a la “causa No. ii) Consideraciones de la Corte 27. sus familiares y la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido y con el deber del Estado de evitar y combatir la impunidad. Observó que la obligación de investigar está vinculada con el derecho de las víctimas. respecto a los hechos del presente caso. Reparaciones y Costas. limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores25. 61720 y causa No. entre los que se encuentra la prescripción. El razonamiento de la Corte Suprema tuvo como fundamento que dichos hechos no constituían un crimen de lesa humanidad y. 171. que la prescripción de la acción penal fue declarada el 17 diciembre de 2003. 25 Cfr. favorecería a los co-imputados. señaló que “esper[aba] que el Estado en su próximo informe present[ara] información actualizada sobre la reacción de la Corte Suprema […] frente a la remisión de las partes pertinentes de la Sentencia”. 13 los […] procesos iniciados. 6269/96 ante el Juzgado de Instrucción No. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. folios 275 y 276). esta Corte ha señalado que la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y que. sin que dicha situación fuera informada a esta Corte por alguna de las partes. El Tribunal observa. tomo I. generalmente. Resaltó que el cumplimiento de la presente obligación no debería verse impedido por la invocación de cualquier instituto de derecho interno. Al respecto. no se relacionan con un delito imprescriptible. la Corte Suprema de Argentina confirmó la prescripción a favor de un funcionario público investigado por los hechos de tortura contra el señor Bueno Alves. por lo cuales se mantendría la presente obligación del Estado. 24 Causa No. […] también policías […] y a todos y cada uno de los funcionarios judiciales y administrativos del Estado que estuvieron de una u otra forma involucrados en el proceso de encubrimiento de los delitos que pretendían estar investigando”. consideró que “el Estado argentino deb[ía] completar una investigación real y efectiva para identificar y sancionar a las personas responsables de las violaciones […] en el presente caso”. 13 (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. folios 275 y 276). La Comisión expresó que “lamenta[ba] profundamente” la declaratoria de prescripción de la investigación por las torturas”. La Comisión agregó que no ha sido presentada información sobre los procesos administrativos y disciplinarios iniciados respecto de los responsables de las violaciones ocurridas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 25156 ante el Juzgado de Instrucción No. 30” (expediente de supervisión de cumplimiento de Sentencia. presuntamente iniciados con ocasión de los hechos del presente caso. la Corte resalta que cuarenta días después de notificada la Sentencia. Fondo. 28. tomo I. aproximadamente tres años y medio antes de que se notificara la Sentencia del presente caso. Caso Albán Cornejo y otros. 26. 23” y la “causa No.
Ecuador. Caso Vera Vera y otra Vs. Esta jurisprudencia también fue sostenida en otro caso reciente. Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial anterior. 30. Este criterio. párr. la Corte reiteró que “son inadmisibles las […] disposiciones de prescripción […] que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. Sentencia de 19 de mayo de 2011. relacionados con un disparo sufrido por la víctima y su fallecimiento. Fondo y Reparaciones. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”30. No se puede atribuir al imputado en un proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración de justicia. párr. Serie C No. Ecuador la Corte consideró que “no es posible determinar la improcedencia de la prescripción penal” en los hechos de dicho caso. De manera más reciente. 219. Serie C No. 27 Caso Albán Cornejo y otros Vs. Gelman Vs. Reparaciones y Costas. se reiteró que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. supra nota 25. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. 224. once días después. la Corte señaló que la improcedencia de la prescripción usualmente ha sido declarada por las peculiaridades en casos que involucran graves violaciones a derechos humanos. párr. tales 26 Caso Albán Cornejo y otros Vs. 31 Cfr. 171. Caso Gelman Vs. 111. Bolivia. el Tribunal señaló que: el imputado no es responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. 14 Albán Cornejo Vs. 28 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsern Peña Vs. Reparaciones y Costas. las ejecuciones sumarias. Bolivia. fue aplicado al caso mencionado al tratarse de “la tortura o el asesinato cometid[o]s durante un contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”29. Ecuador el criterio consistente en que “la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional”26. Ecuador. Ecuador. supra nota 25. Ahora bien. Excepciones Preliminares. la improcedencia de la prescripción. particularmente. ni por la falta de la debida diligencia de las autoridades estatales. párr. 221. supra nota 25. 112. párr. A diferencia de estos últimos casos. párr. Serie C No. en la Sentencia emitida también recientemente en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. 207. 225 32 Cfr. 29 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsern Peña Vs. Además. 208. Uruguay. Uruguay31. 29. a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas”28. mientras se encontraba bajo custodia del Estado32. en la Sentencia dictada por el Tribunal en el caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 122. La improcedencia de la prescripción no fue declarada en dicho caso por tratarse de una negligencia médica y por no cumplir con el criterio de la Corte ya señalado. lo cual traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley27. Sentencia de 24 de febrero de 2011. 30 Cfr. en el cual se alegaron violaciones graves a derechos humanos. Brasil. Bolivia. en el caso Vera Vera y otra Vs. Brasil. párr. supra nota 25. . Excepción Preliminar. Fondo. Fondo.
párr 117. Fondo. y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. 191. 31. que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas. párr. 86. y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. 36 Cfr. Sin embargo. 32. supra nota 36. párr. . párrs. Fondo. 37 Cfr. Fondo. Ecuador. párr. México. de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios37. 216. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad. 87. párr. que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. si se determina su responsabilidad penal. Argentina. 15 como la desaparición forzada de personas. supra nota 36. 175. y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. Mexico. supra nota 25. Ahora bien. Adicionalmente. con independencia de si una conducta constituye un crimen de lesa humanidad. Sentencia de 30 de agosto de 2010. supra nota 36. Serie C No. Reparaciones y Costas. Caso Fernández Ortega y otros Vs. Caso Vera Vera y otra Vs. 4. 143. 175. párr. debido a que tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil35. Esta obligación implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y. 38 Cfr. supra nota 32. México. se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1. 215. imparcial y efectiva38. esta Corte ha señalado que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención36. las violaciones de derechos humanos ocurrieron en contextos de violaciones masivas y sistemáticas33. Reparaciones y Costas. ni ante la Corte Suprema de Argentina ni ante esta Corte fue probado que los actos de tortura cometidos en contra del señor Bueno Alves cumplieran los requisitos para establecer que fuera un crimen de lesa humanidad. 35 Caso Bueno Alves Vs. la ejecución extrajudicial y tortura. Caso Fernández Ortega y otros Vs. 191. Serie C No. 166 y 167.1 de la Convención Americana. 65. A la luz de ese deber. Bolivia. Reparaciones y Costas. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. en general. 140. una investigación seria. una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. En algunos de esos casos. supra nota 36. párr. la obligación conforme al derecho internacional de procesar y. México. el presente caso no se relaciona con un crimen de lesa humanidad. Honduras. México. párr. de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 33 Cfr. Sentencia de 29 de julio de 1988. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado. Serie C No. Serie C No. ello no significa[ba] que deb[ieran] ser calificados per se como delitos de lesa humanidad”34. párr. 34 Caso Bueno Alves Vs. este Tribunal indicó que “si bien los actos de tortura perpetrados contra el [señor Bueno Alves] ha[bían] quedado alcanzados por la protección […] de la Convención [Americana]. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 177. deben iniciar ex officio y sin dilación. sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos. 175. Argentina. Fondo. Es decir. Caso Velásquez Rodríguez Vs. 33. párr. Excepción Preliminar. Honduras. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. párr. En efecto. o como una mera gestión de intereses particulares. supra nota 25. Excepción Preliminar. Sentencia de 31 de enero de 2006. supra nota 25.
y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. que "deben eliminarse otros impedimentos al 39 Cfr. Al respecto. Case No. en su caso. la reparación de los daños producidos por la violación de derechos humanos40. Honduras. 176. supra nota 30. Asimismo. el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia ha señalado que una de las consecuencias del carácter jus cogens que la comunidad internacional ha atribuido a la prohibición de tortura se relaciona con la obligación de investigar. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Fondo. inhumanos o degradantes. Serie C No. CCPR/C/21/Rev. Case of Abdülsamet Yaman v. Excepción Preliminar. Brasil. 40 Cfr. Brasil. y Caso Gelman Vs. IT-95- 17/1-T. Serie C No. Fondo. el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas44 ha señalado. juzgar y. Caso Garibaldi Vs. en cuanto sea posible. Por otro lado. Por su parte. Brasil. investigar y eventualmente sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar. para. párr. párr. en su caso. 35. 140. Honduras. parr. 41 Cfr. párr. Vs. 166. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Excepciones Preliminares. Reparaciones y Costas. Turkey. 166. párr. En este fallo la Corte Europea señaló que: “…where a State agent has been charged with crimes involving torture or ill-treatment. 31 “Naturaleza de la Obligación jurídica general impuesta a los estados partes en el Pacto”. párr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. supra nota 30. 26 de mayo de 2004. Observación general No. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. supra nota 36. supra nota 36. 140. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablece. párr.13. 205. párr. párr.1/add. I. 34. 43 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. 203. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. sancionar o extraditar individuos acusados de tortura. los Estados deben prevenir. así como otras consecuencias como la imposibilidad de prescripción de la tortura43. 16 los derechos humanos39. 189. . 42 Cfr. y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción41.Y. órganos universales y regionales de protección de derechos humanos se han pronunciado respecto a los alcances de la obligación de debida diligencia en la investigación de delitos relacionados con hechos de tortura y los efectos que ello tiene para el análisis de la prescripción. el restablecimiento. México. Honduras. 37. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Reparaciones y Costas. 112. 44 Comité de Derechos Humanos. supra nota 30. 156. supra nota 31. del derecho conculcado y. ECHR. además. entre ellos la tortura y otros tratos crueles. 18. Case of Prosecutor v.C..T. 1998. párr. Furundžija. 288. supra nota 36. it is of the utmost importance for the purposes of an “effective remedy” that criminal proceedings and sentencing are not time-barred and that the granting of an amnesty or pardon should not be permissible”. el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que cuando un funcionario estatal ha sido acusado de delitos relacionados con tortura o tratos crueles. respecto a infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en la legislación nacional. Uruguay. Judgment of 10 December. para. Como consecuencia de esta obligación. es de suma importancia para garantizar un recurso efectivo de protección judicial que el proceso penal no enfrente limitaciones derivadas de la prescripción u otro tipo de obstáculos como la amnistía42. 140. 36. Brasil. a la víctima en la plenitud de sus derechos. si es posible. 55. Judgment of 2 november 2004.
6. De otro lado. En sus conclusiones sobre Turquía. can be investigated. Forty-first and Forty-second session. 48 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Marruecos. 5 (f). 6 (d). 17 establecimiento de la responsabilidad penal. CAT/C/CR/30/4. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención. supra nota 46. 45(5). supra nota 47. párr. 43(5). 7(c). 49 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Turquía. Recomendación. CAT/C/CR/30/4.. párrs. párrafo 6 (b). may in some cases be subject to a statute of limitations. el Comité contra la Tortura recomendó que las acciones adelantadas con el fin de castigar este crimen. Así por ejemplo.. 5 de febrero de 2004. UN Doc. párr. el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha expresado su reserva sobre la aplicación de la prescripción al crimen de tortura45. el Comité indicó que “regrets the lack of information provided as to whether the offence of torture. párr. no deben estar sujetas a la prescripción. Report of the Committee against Torture. Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Eslovenia. en vista de su gravedad”46. en los casos en que sean aplicables tales prescripciones". el Comité indicó que “the State party should ensure that the penalties of the Criminal Code be brought in line with the proportional gravity of the crime of torture. as established by article 1 of the Convention.. para. 23 de diciembre de 2002. 6 (b). en 2002. 29 período de sesiones. Documento de Naciones Unidas CAT/C/CR/30/5. 7 (f). Por su parte.. que privaría a las víctimas de su derecho imprescriptible a intentar una acción de justicia”47 y recomendó al Estado Parte incluir “en el Código de Procedimiento Penal disposiciones que prevean el derecho imprescriptible de toda persona que haya sido víctima de un acto de tortura a intentar una acción de justicia contra todo torturador”48.nsf/Get?Open&DS=A/64/44&Lang=E.. al evaluar en 2002 la Constitución de Venezuela. mayo de 2004. En relación con Serbia. 51 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Eslovenia.] imp[usiera] al Estado la obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos. párr.un. De otro lado. señaló que “considera[ba] positivo que la Constitución [.c. 46 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Chile. 27 de mayo de 2003. 2008-2009. . 7 (f). 38. Comité contra la Tortura. The Committee urges the speedy completion of judicial reforms so that no statute of limitations will apply to torture" (énfasis añadido). entre ellos [. Conclusiones y recomendaciones. El Comité recalcó que “acts of torture as well as attempts to commit torture and acts by any person which constitute complicity or participation in torture. el Comité recomendó que se “[d]erogue las normas de prescripción de los delitos relacionados con la tortura”49. Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Chile. En sus conclusiones sobre Eslovenia. Report of the Committee against Torture. párr. en sus Observaciones Finales sobre Chile en 2004. el Comité recomendó al Estado Parte “considerar eliminar o extender el [actual] plazo de diez [10] años para la prescripción del delito de tortura. The Committee is of the view that acts of torture cannot be subject to any statute of limitations” (énfasis añadido). en sus conclusiones sobre Marruecos. para. En sus conclusiones sobre 45 El Comité contra la Tortura. 27 de mayo de 2003. CAT/C/CR/29/2 párr. En sus observaciones respecto a Lituania. Documento de Naciones Unidas CAT/C/CR/31/2. supra nota 45.] los plazos de prescripción excesivamente breves. 47 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Marruecos. A/64/44. el Comité manifestó su preocupación por el hecho de que el delito de tortura esté sujeto a prescripción50 y recomendó al Estado Parte que “[d]eclare imprescriptible el delito de tortura”51.org/access. Recomendación. Disponible en: http://daccess-ods. prosecuted and punished without time limitations” (énfasis añadido). which is punishable under other provisions of the Criminal Code. [y. 5 (b).] declar[are] imprescriptibles las acciones para sancionarlos [. CAT/C/CR/32/5. el Comité expresó su preocupación por “[l]a aplicación a los actos de tortura del período de prescripción previsto en el derecho común.]”. párr. 50 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Eslovenia. 27 de mayo de 2003. supra nota 50..
40. pueden propiciar serias dificultades para la debida investigación de algunas violaciones de derechos humanos. es importante tener presente que ciertos contextos de violencia institucional. Documento de Naciones Unidas CAT/C/FRA/CO/3. 41. cuando en realidad merecerían la calificación de tortura54. asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad (por ejemplo apremios ilegales). Asimismo. además de ciertos obstáculos en la investigación. que formalmente satisfacen lo que dispone el artículo 4 de la Convención. es debilitada en la aplicación práctica de esas disposiciones por los jueces. 16 de septiembre de 1998.. 18 Francia. con disminuido efecto disuasivo. CAT/C/CR/33/1. sancionados con penas inferiores. Al respecto. la Corte recuerda que en su Sentencia precisó que: en la sustanciación de la causa […] las autoridades judiciales no investigaron los hechos con diligencia y la carga procesal recayó en gran parte sobre el señor Bueno Alves. 53 Cfr. Considerando undécimo y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.] Comité contra la Tortura. Informe sobre el quincuagésimo tercer período de sesiones. frecuentemente prefieren procesar a los victimarios por tipos penales de menor gravedad. Suplemento No. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. contempladas en el artículo 144 tercero del Código Penal. 54 Comité contra la Tortura. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009. en particular la sanción prevista para los casos de muerte como consecuencia de tortura. Finalmente. la prescripción no sigue las reglas comunes sino los lineamientos de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y de la jurisprudencia de órganos internacionales de derechos humanos”53. al evaluar respecto a Argentina los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención de la Tortura. párr 5.. En cada caso concreto. la no procedencia de la prescripción en un determinado momento puede relacionarse con el objetivo de impedir que el Estado evada precisamente la rendición de cuentas por las arbitrariedades que cometan sus propios funcionarios en el marco de dichos contextos. la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. en el eventual análisis de la impunidad en un proceso judicial. Al respecto. 39. aspecto que incluso ocurrió en el presente caso y que implicó que se considerara que el máximo de la pena para el cómputo de la prescripción fuera de cinco años (supra Considerando 22). sancionados con penas inferiores. . Dicho Comité señaló su preocupación por: [l]a práctica reiterada por parte de los funcionarios judiciales de realizar una calificación errónea de los hechos. al rechazar un alegato de prescripción en relación con un caso de tortura que no estaba relacionado con un patrón generalizado señaló que en casos “como tortura. Caso Gutiérrez Soler Vs. en relación con Argentina. Asimismo. el Comité contra la Tortura ha mostrado su preocupación por la utilización de la figura de "apremios ilegales" en la investigación del delito de tortura. 44 (A/53/44). el Comité contra la Tortura señaló que "la severidad de las penas que sancionan la tortura. El rol que jugaron el Ministerio Público y el Juez fue notoriamente pasivo. El último se limitó la mayor parte del tiempo a recibir las solicitudes de prueba de la parte 52 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Francia. teniendo en cuenta específicos argumentos sobre prueba. [. el Comité recomendó al Estado Parte tipificar en su legislación penal el delito de tortura como “infracción imprescriptible”52. 10 de diciembre de 2004. 3 de abril de 2006. Colombia. Estos lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos deben ser considerados al momento de analizar la aplicación del derecho interno. Sentencia de 17 de septiembre de 2008 (Recurso de Revisión). los que como ha comprobado el Comité en el examen de los antecedentes de un número importante de casos.
Caso Molina Theissen Vs. Argentina. es necesario recordar que. dada su 55 Cfr. En suma. el contenido inicial de reparación que un allanamiento puede significar para las víctimas y sus familiares se desvanece conforme trascurre el tiempo58. dependió casi exclusivamente de la actividad de la víctima y no culminó en las reparaciones de los daños causados a ésta. 210. Argentina. sin reparar el daño causado. se dejaron de lado las investigaciones pertinentes a la denuncia de golpes en el estómago y la privación de medicamentos. cuando analicen la posible prescripción de un delito de tortura. 43. 19 querellante. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. sometiendo a los responsables […] de denegación de justicia ante los procesos judiciales y procedimientos administrativos que fueran jurídicamente viables y más adecuadamente efectivos para la consecución de ese objetivo”56. el Tribunal considera que dicho reconocimiento suponía el pronto y efectivo cumplimiento de las órdenes dispuestas. y a pesar de que el señor Bueno Alves refirió la presencia de un tercer individuo mientras se le aplicaban los golpes en el oído y en el estómago. en el presente caso. Si las autoridades estatales permanecen inactivas. el Tribunal considera que la calificación de los hechos como "apremios ilegales". Asimismo. Por otra parte. Considerando decimoctavo. Además. Caso Bueno Alves Vs. párr. algunas de las cuales nunca fueron resueltas favorablemente. Por tanto. […] estar[ía] en condiciones de adoptar las medidas apropiadas para que la comisión de los hechos ilícitos no queden impunes. párr. 57 Cfr. la Corte concluye que las autoridades judiciales. párr. Resolución de la Presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de agosto de 2009. 22. las personas identificadas como responsables de los golpes en contra del señor Bueno Alves no fueron vinculados al proceso sino hasta mucho tiempo después de iniciado el mismo. (énfasis añadido) 42. 56 Cfr. Teniendo en cuenta estas manifestaciones del Estado. supra nota 10. el Estado “acept[ó] las conclusiones contenidas en el [I]nforme 26/05 adoptado por la […] Comisión […]. 44. “asumiendo [así] su responsabilidad integral en el caso”55. mientras que el primero no procuró allegar toda la evidencia que podría resultar útil para establecer la verdad de los hechos. en el proceso ante la Corte el Estado expresamente se comprometió “a realizar sus mejores esfuerzos en concluir las investigaciones en la forma más rápida posible respecto de los hechos que dieron lugar a la generación del daño en la persona del señor Bueno Alves mientras estuvo detenido”. Teniendo en cuenta todo lo anterior. supra nota 10. no se procuró identificar a ese sujeto. la omisión del Estado respecto al cumplimiento de la presente medida de reparación no guarda relación con el reconocimiento de responsabilidad efectuado en el presente caso. el proceso penal no identificó ni sancionó a ningún responsable. si bien en su Sentencia la Corte señaló que tal reconocimiento de responsabilidad constituía “una contribución positiva al desarrollo de[l] proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana”57. supra nota 10. Asimismo. 45. . y no como hechos de tortura es contrario al reconocimiento de responsabilidad internacional y al compromiso adoptado por el Estado ante este Tribunal. De otra parte. 34. como así también las consecuencias jurídicas que de ello se deriva[ban]”. De esta manera. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 58 Cfr. el Estado también manifestó que “[u]na vez que se determin[aran] concretamente [los hechos del presente caso]. Caso Bueno Alves Vs. Guatemala.
de conformidad con el derecho internacional. 31. . Publicación de la Sentencia (punto resolutivo noveno de la Sentencia) 48. por regla general. 20 gravedad. se solicitará al Estado remitir. Este criterio no implica que la Corte desconozca los alcances e importancia que tiene el instituto procesal de la prescripción. pues consideraba que “la Comisión [había] cometi[do] un error gravísimo [en el caso] como es el de haber evaluado la prueba de manera equivocada respecto de la denuncia realizada de la violación al artículo 7 de la Convención”. en 2007. en el plazo establecido en la parte resolutiva de la presente Resolución.486 el 10 de septiembre de 2008 y en el diario “La Prensa” el 25 de septiembre de 2008. es reconocido como garantía del imputado. sin que la Corte Interamericana hubiera sido informada por el Estado de dicha situación al momento de emitir su Sentencia. La Comisión tomó nota de las publicaciones realizadas por el Estado. aclaró que entendía que “las sentencias de la Corte son inapelables y se trata[ba] de [un] caso cerrado”. 46. la cual no guarda relación con el reconocimiento de responsabilidad. C. Todos estos elementos. 49. una negación al acceso a la justicia por parte de una víctima de tortura. El Estado informó que las partes pertinentes de la misma fueron publicadas en el Boletín Oficial No. En la medida en que ello era contrario al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. dicha información debía haber sido puesta en conocimiento de la Corte en ese momento. a través de la Corte Suprema de Justicia (supra Considerandos 23 y 24). el Estado emitió una decisión. Además. En tal sentido. De otro lado. información detallada y completa sobre todos los procesos e investigaciones iniciados en relación con los hechos del presente caso. 50. deben declarar dicha prescripción. con posterioridad a la Sentencia. 61720). el cual. en algunos países de la región. y remitió una copia de dichas publicaciones. salvo que. Asimismo. el Tribunal queda a la espera de mayor información sobre los procesos mencionados por la representante (supra Considerando 25) respecto a obstáculos en la investigación relacionados con presuntas amenazas (causa No. justifican que el Tribunal mantenga abierta la orden de investigar emitida en la Sentencia. la Corte observa que en el presente caso la prescripción de la acción penal había sido declarada por tribunales argentinos en 2003 y 2004 (supra Considerando 22) y se encontraba en curso su examen por la Corte Suprema de Justicia. ni con la Sentencia emitida por esta Corte. sumados a la falta de investigación con debida diligencia de la tortura ocurrida. cuando fuere conducente. 47. Al respecto. El Tribunal considera que. La representante manifestó que el “[señor] Bueno Alves se siente agraviado con las publicaciones realizadas”. el instituto procesal de la prescripción debe aplicarse cuando corresponda. Ahora bien. en consecuencia. el Estado no puede invocar en la etapa de supervisión de cumplimiento un hecho a su favor que conoció y que debió comunicar diligentemente a la Corte. el Tribunal recuerda que. 25156) y alegada desaparición y destrucción de medios de prueba (causa No. con el compromiso de investigar asumido por el Estado ante este Tribunal. solo después de que se haya efectuado una investigación con debida diligencia. se compruebe una clara falta de debida diligencia en la investigación y. como en el presente caso.
cuando declaró “inadmisibles las alegaciones. 66 y 67. daños inmateriales y reintegro de costas y gastos al señor Juan Francisco Bueno Alves y las indemnizaciones a Inés María del Carmen Afonso 59 Cfr. 60 Reglamento aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. Consecuentemente. conforme a la prueba aportada y teniendo en cuenta lo informado por las partes. Caso Bueno Alves Vs. 67 y 68. Argentina. de conformidad con lo señalado en el Considerando 52 de esta Resolución. DECLARA QUE: 1. 21 51. establecida en el punto resolutivo noveno del fallo de esta Corte.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De conformidad con los Considerandos 7 a 20. el Tribunal reitera que “no encontr[ó] elementos para modificar […] lo ya resuelto por la Comisión”. supra nota 10. El Estado ha dado cumplimiento total a su obligación de publicar las partes pertinentes de la Sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional (punto resolutivo noveno de la Sentencia).3. el Estado ha dado cumplimiento total a su obligación de realizar los pagos debidos por concepto de daños materiales. 52. […] sobre [la] violación del artículo 7 de la Convención”59. 62. Asimismo. . el Tribunal reitera que. 65.1 y 30 del Estatuto y 31 y 69 de su Reglamento60. 2. párrs. de conformidad con los artículos 33. 62.1. 25. los fallos de esta Corte son definitivos e inapelables (supra Considerando 4). la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento total a la obligación de publicar la Sentencia. en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones. Respecto a las observaciones presentadas por la representante. como bien lo indica la representante. POR TANTO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
a saber: a) realizar el pago de la cantidad establecida en la Sentencia respecto a la fallecida señora Tomasa Alves de Lima (punto resolutivo séptimo de la Sentencia). reparaciones y costas de 11 de mayo de 2007. Ivonne Miriam Bueno y Juan Francisco Bueno (punto resolutivo séptimo de la Sentencia). El Juez Eduardo Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente. 2. respectivamente. 3. . 22 Fernández. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión hasta el cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso. 3. de conformidad con lo señalado en los Considerandos 19. en los plazos de seis y cuatro semanas. Y RESUELVE: 1. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representante de la víctima que presenten sus observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior. de conformidad con lo estipulado en el artículo 68. Requerir al Estado que adopte a la brevedad todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de fondo. Verónica Inés Bueno. un informe detallado en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento de conformidad con lo señalado en el punto declarativo cuarto. contados a partir de la recepción del informe. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representante de la víctima. 4. 27 a 47 de esta Resolución.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y b) realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea (punto resolutivo octavo de la Sentencia). a más tardar el 15 de noviembre de 2011. el cual acompaña la presente Resolución.
23 Diego García-Sayán Presidente Manuel E. Diego García-Sayán Presidente Pablo Saavedra Alessandri Secretario . Ventura Robles Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet Alberto Pérez Pérez Eduardo Vio Grossi Pablo Saavedra Alessandri Secretario Comuníquese y ejecútese.
51. haciendo presente que la inadmisibilidad en autos de las decisiones de primera y segunda instancia. de 5 de julio de 2011. 61. circunstancias todas éstas que es de presumir que estaban en conocimiento del Estado y que éste no hizo valer ante la Corte en la oportunidad antes señalada. Caso Bueno Alves Vs. la revisión del laudo. siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia. emitidas en el orden jurisdiccional interno de la República Argentina en 2003 y 2004. además de lo expuesto en la Resolución (Considerando 46) al principio de Derecho Internacional según el cual ningún Estado puede aprovecharse de su propia negligencia1. también resulta inadmisible en mérito. el proceso en el que se pronunciaron las decisiones que ratifica. es decir. tales decisiones constituyen hechos que.” Y en el Art. 1 Tal principio se expresa. en el Art. en particular. ARGENTINA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Concurro con mi voto a la “Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. dejándolas en firme. al pronunciarse el fallo. que declararon la prescripción antes de la emisión del fallo en esta causa y remitidas por el Estado durante la supervisión de este último. debía haberlos invocado durante la tramitación del procedimiento que ha dado lugar a la sentencia cuyo cumplimiento se supervisa.1 CIADI que dispone: “Cualquiera de las partes podrá pedir. al tiempo de dictarse el laudo. las confirmó. y por ende. de que ella integra. entre otros textos jurídicos. dándolo por finalizado. mediante escrito dirigido al Secretario General. VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI A LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 5 DE JULIO DE 2011 CASO BUENO ALVES VS. fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo. hubiere sido desconocido por el Tribunal y por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia. obedece. E incluso. la invocación de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina de 11 de julio de 2007 que. que señala: “Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que. antes de su dictación. fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión.1 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. se aplica igualmente el aludido principio de Derecho Internacional. de suerte que. y siempre que. habiendo sido conocidos por el Estado.” . Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia”. a este respecto. en el marco de un recurso interpuesto en contra de las citadas decisiones.
25 Eduardo Vio Grossi Juez Pablo Saavedra Alessandri Secretario Comuníquese y ejecútese. Eduardo Vio Grossi Juez Pablo Saavedra Alessandri Secretario .
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