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Timestamp: 2020-08-05 02:49:21
Document Index: 166749565

Matched Legal Cases: ['Artículo 38', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 37', 'artículo 38', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 35', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 6']

Concepto 009 de 15-07-2008
FECHA DE LA CONSULTA: Radicada en el CTCP el 30 de julio de 2007
Nº DE RADICACIÓN CTCP: 00357
TEMAS: Información financiera de proponentes extranjeros
Por su parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública contempla entre sus funciones servir como órgano consultor del Estado y de los particulares en aspectos técnico – científicos de la contaduría pública y del desarrollo del ejercicio profesional, razón por la cual no puede extenderse al análisis de aspectos de la contratación, cuya competencia recae exclusivamente en la entidad convocante,tal como ocurre con la evaluación del cumplimiento de requisitos establecidos en el respectivo pliego de condiciones o términos de referencia, así como de los demás aspectos que tienen que ver con la interpretación y aplicación de los mismos.
Los documentos de contenido financiero no tienen puntaje alguno, se trata del estudio que debe realizar la empresa de licores de Cundinamarca, para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos establecidos en el presente numeral y demás normas vigentes sobre la materia, estableciendo como resultado si el oferente cumple o no cumple. Con el fin de verificar la capacidad financiera de los oferentes, deberán presentar los documentos relacionados a continuación:
¿Estados financieros básicos comparativos con corte a 31 de diciembre de 2006, debidamente clasificados en corriente y no corriente, firmados por el representante legal, contador que los elaboró y dictamen del revisor fiscal para los casos previstos por la ley, art. 203. C.co. Y art. 13 de la ley 43/90, presentados de acuerdo con el decreto 2649 de 1993:
Ahora bien, dentro del proceso se ha presentado una unión temporal constituida por dos empresas 100% panameñas que forman parte de un conglomerado de 19 compañías cuyo control está a cargo de una de las que está conformando la unión temporal. Es decir; se conformó una unión temporal entre la compañía verela hermanos s. A y bodegas América s. A. Subsidiaria de la primera, que de acuerdo con las notas de los ef. al 30 de septiembre de 2006, subsiste como sociedad que posee todos los derechos, privilegios, exenciones, facultades y franquicias, las propiedades, deudas y demás derechos.
No debe olvidarse que la decisión de un proponente en el sentido de participar en un proceso de selección es meramente particular y libre, esto es, totalmente autónoma.
Conforme lo expuesto, resulta entonces claro, que habiéndose exigido unos Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2006, debidamente certificados y dictaminados, dicha exigencia no se puede cumplir con otros Estados Financieros de corte anterior, esto es, 30 de septiembre de ese año 2006, pues la información que contienen unos y otros (presumiblemente no puede ser la misma), dada la fecha de corte y el periodo de tiempo que abarca o comprende cada uno de estos periodos. Ello, sin perjuicio de las especifidades y diferencias propias que contrae la información financiera de un periodo intermedio en comparación con la del fin del ejercicio anual.
2.1 Estados Financieros certificados y dictaminados:
En la precitada prescripción de los pliegos de condiciones se exige a los proponentes que aspiren a participar validamente en el proceso de selección de contratistas, la presentación de Estados Financieros firmados por el representante legal, Contador Público que los elaboró y dictamen del Revisor Fiscal para los casos previstos por la ley, aspecto que nos aboca al análisis del Artículo 38 de la Ley 222 de 1995, norma a través de la cual se explica que son Estados Financieros dictaminados:
Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión «ver la opinión adjunta» u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente,
Se colige de lo anterior que, el dictamen corresponde exclusivamente al Revisor Fiscal o al Contador Público independiente que hubiera examinado los Estados Financieros, lo que conlleva a que este profesional esté debidamente autorizado para ejercer en Colombia, conforme al Artículo 1° de la Ley 43 de 1990 .
“ARTÍCULO 37 — ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS: El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.” (Subrayado fuera del texto original)
Lo expuesto, denota entonces que, el profesional contable debe asegurarse de manera fundamentada que cada “afirmación o aseveración” en que se representa cada una de las partidas que componen los elementos de los Estados Financieros, corresponde con la realidad económica del ente. Huelga decir que, una “afirmación o aseveración” se entiende (y así se debe leer), como una partida reconocida en los Estados Financieros, esto es, incorporada como parte de los mismos, la cual ha sido valuada correctamente y aceptada en su integridad
2.2 Necesaria inmediación real del contador público respecto de los hechos económicos y la información financiera que suscribe:
Como expresamente lo señala el inciso segundo del trascrito artículo 38 de la Ley 222 de 1995, los Estados Financieros dictaminados deben ser suscritos por el Revisor Fiscal o, a falta de éste, por el Contador Público independiente que los hubiere examinado, anteponiendo la expresión «ver la opinión adjunta» u otra similar, lo que quiere decir que no basta firmar los Estados Financieros, sino que, se requiere de manera sustancial el Dictamen o Juicio Profesional de quien asume esta responsabilidad, pues éste tiene el alcance y el sentido de lo que en él se afirma; no más, pero tampoco menos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que solo pueden dar fe pública (ya sea como preparadores de la información financiera o como dictaminadores de la misma), los contadores públicos legalmente inscritos en la Junta Central de Contadores, tal como lo dispone el Artículo 10 de la Ley 43 de 1990, que nos enseña:
“Artículo 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. “ (Resaltado fuera del texto original)
“Artículo 35. Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría Pública: La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. El Contador Público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado. El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o
jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí. “ (Resaltado fuera del texto original).
2.3 Dificultades adicionales para el examen de la información financiera de un proponente extranjero:
En todo caso, conviene señalar que en algunos países, la presentación de la información financiera consolidada sustituye la necesidad de presentación de Estados Financieros individuales separados por cada ente subordinado, lo cual, conforme a nuestros Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, no es aceptado en Colombia, pues, como se anotó, las empresas subordinadas deben preparar y difundir su propia información financiera, más allá que la matríz la presente de forma consolidada.
“ARTÍCULO 6° — DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS: Se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el Conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.” (Los resaltados no hacen parte del texto original)
“ARTICULO 1° — DEFINICIÓN: De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.” (Los resaltados no hacen parte del texto original)
“ARTICULO 2º — ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad.
En este orden de ideas, en los términos anteriores se absuelve la consulta presentada, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó a la información suministrada por el consultante, que su texto fue debatido y aprobado unánimemente en la sesión del día 15 de Julio de 2008, con ponencia del Consejero Dr. Jaime A. Hernández V.
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