Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A296-10.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:36:27
Document Index: 195515500

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 86']

A296-10
Auto 296/10
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO Y JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA DE PERSONA DESPLAZADA CONTRA ALCALDIA EN PROYECTO DE VIVIENDA-Competencia de Juzgado Promiscuo Municipal para que trámite primera instancia
Referencia: expediente ICC-1658
Acción de tutela instaurada por Ana Rita Parrado Castaño contra la Alcaldía Municipal de Ramiriquí, Boyacá.
1. La señora Ana Rita Parrado Castaño presentó ante el Juzgado Penal del Circuito de Ramiriquí, acción de tutela contra la Alcaldía de ese municipio, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad.
2. Señaló que es desplazada del municipio de Arbeláez, Cundinamarca y que en la actualidad reside en el municipio de Ramiriquí, Boyacá. Que participó en un proyecto de vivienda denominado “Barrio Galán” en el cual exigían la suma de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000) para que fuera adjudicado el inmueble y para cubrir gastos relacionados con papelería.
3. Manifestó que dicho proyecto fue demandado por irregularidades en el trámite y en consecuencia, el dinero aportado “se encuentra perdido”. Alegó que además de haber perdido el abono para la vivienda, no cuenta con recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su familia, la cual depende económicamente de ella.
4. Expuso que en la actualidad se está desarrollando un nuevo proyecto de vivienda en el cual se exigen la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) y el lote, para iniciar la construcción, pero no cuenta con esos recursos. Agregó que es ella quien vela por la manutención de las 8 personas que integran su núcleo familiar, razón por la que necesita acceder a una vivienda digna.
Finalmente, solicitó que se ordenara a la Alcaldía de Ramiriquí que adjudique a su favor el subsidio de vivienda que la administración otorga a la población desplazada. Igualmente, que se ordene como medida provisional el inicio de las gestiones correspondientes a obtener dicho subsidio y las demás ayudas económicas ofrecidas por el Estado Colombiano a este grupo poblacional.
5. La demanda fue presentada personalmente ante la secretaría del Juzgado Penal del Circuito de Ramiriquí, el cual mediante auto de fecha 26 de julio de 2010 y de acuerdo con lo establecido en el inciso 3º, numeral 1º del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, ordenó la remisión del proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de dicho lugar, toda vez que la acción se dirige contra una autoridad del orden municipal.
6. Recibido el expediente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí mediante providencia de fecha 27 de julio de 2010, declaró su incompetencia argumentando que el juez ante el cual se presentó la acción de tutela ha debido avocar el conocimiento de la misma, de acuerdo con el auto 124 de 2009. Como consecuencia de lo anterior, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencia presentado.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la solución de los aparentes conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Sin embargo, en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común[1]
Ahora bien, las normas que determinan la competencia en materia de tutela, son el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[2], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas.
La Corte recuerda que en auto de Sala Plena de 26 de septiembre de 2000, dispuso la inaplicación de dicho decreto reglamentario por resultar incompatible con los mandatos superiores, aplicando así la figura de la excepción de inconstitucionalidad con efectos interpares. Con posterioridad, el 14 de marzo de 2001, el Gobierno mediante Decreto 404 de 2001, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382, en espera de que el Consejo de Estado resolviera la legalidad del mismo. En julio de 2002[3], esta Corporación declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo, denegando los demás cargos de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa corporación.
En el caso objeto de estudio, el Juzgado Penal del Circuito de Ramiriquí, despacho ante el cual se presentó la demanda de tutela de la referencia, en aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 y teniendo en cuenta que la misma se dirige contra una autoridad del orden municipal, dispuso la remisión del expediente a los jueces municipales de Ramiriquí. Por otro lado, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de dicho municipio, no avocó el conocimiento de la demanda y propuso conflicto de competencia, toda vez que, a su juicio, el funcionario que recibió el expediente ha debido conocer del mismo de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009.
De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto para la Sala no existe el conflicto de competencia alegado sino una aparente controversia originada por la omisión de una operación administrativa.
Al respecto, esta Corporación en repetidas ocasiones ha expresado que el Decreto 1382 de 2000 no establece reglas para determinar la competencia de un funcionario judicial frente a una acción de tutela, sino que contempla disposiciones para el reparto de la misma. Igualmente, ha sostenido que dichas normas deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos sea caprichoso o arbitrario[5].
Frente a esta situación excepcionalísima resulta necesario aclarar que en estos casos, el funcionario ante el cual se radica la demanda tiene el deber de manifestar que la remisión del proceso, de acuerdo con las reglas del Decreto 1382, es producto de la operación administrativa de reparto por no existir en dicha localidad la dependencia encargada de realizar tales funciones[6].
Regresando al caso sometido a consideración de esta Sala, frente a la especial circunstancia en la que la demanda presentada por la señora Ana Rita Parrado no surtió el procedimiento de reparto por la dependencia encargada para tal efecto, en consonancia con el numeral 2 del artículo 2 del Acuerdo No. 208 de 1997, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que establece que las oficinas judiciales tienen la función de “realizar diariamente el reparto automatizado o manual de los procesos que ingresen a todos los juzgados ubicados en su sede”, para la Sala, la operación administrativa realizada por el Juzgado Penal del Circuito de Ramiriquí resulta válida y ajustada a los presupuestos contemplados en el Decreto 1382 de 2000.
Lo anterior, por cuanto es clara la asignación que realiza el citado decreto para conocer en primera instancia de las acciones de tutela contra autoridades públicas del orden municipal, a los Jueces de esa categoría.
En este orden de ideas, como en el presente caso la autoridad accionada es del orden municipal[7] y por mandato del Decreto 1382 de 2000 el amparo ha debido ser tramitado por los jueces municipales, esta Sala dejará sin efectos el auto de fecha 27 de julio de 2010 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, despacho al que fue remitido inicialmente por el Juzgado Penal del Circuito de ese lugar en funciones de reparto. En virtud de lo anterior, se ordenará la remisión del expediente a esa agencia judicial para que de forma inmediata, tramite la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, de fecha 27 de julio de 2010.
Segundo: REMITIR el expediente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí para que de forma inmediata, tramite la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Penal del Circuito de Ramiriquí, la decisión adoptada en esta providencia.
[1] Ver autos 167 de 2005, 240 de 2006 y 280 de 2007.
[2] Ver Auto A-099 de 2003.
[3] Sentencia del 18 de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[5] Auto 124 de 2009.
[6] Ver auto de fecha 27 de julio de 2010. ICC-1610.
[7] La acción se promovió contra la Alcaldía de Ramiriquí.