Source: https://es.scribd.com/document/55453637/Responsabilidad-Por-Armas-de-Fuego
Timestamp: 2016-10-26 15:52:24
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L XXX.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
que se presume es la responsabilidad.A. No. 261 a 268 de la ley 167 de 1941. expediente No. Tales Asuntos sólo volvieron a ser de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. 5290.No. Es a partir del año de 1989 cuando se consolida como principio. expediente No. que aunque no se presentan seguras como aquellos. Santa Fe de Bogotá. se trataría ya en este caso de una tentativa por invertir una presunción que favorece la tesis del adversario.. pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.ISSN 0121-182X. sentencia del 7 de octubre de 1976). expediente No. pues como lo señala el profesor Perelman.. Esta inversión de la carga de la prueba parte también en la comunidad europea de la idea de que el profesional dispone de conocimientos técnicos. EJEA. C. 6691. Tomo segundo. suministran bases suficientes para forjar una convicción razonable. expediente No. para conocer de todos los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado4. 1. expediente No.Volumen IX. sin embargo. exp. 47 y 48. numero 1151. El artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece que el hecho legalmente presumido se tendrá por cierto. 1995 pag. 1246).. Muertes y lesiones de personas detenidas en las cárceles: sentencia del 5 de marzo de 1991. Cfr. tal posición no se logró consolidar en forma definitiva. En el mismo sentido el proyecto de ley relativo a la responsabilidad médica y a la asistencia a las víctimas de un accidente terapéutico presentado por el me-
Bogotá D. Grupo Editorial Norma. sentencia del 24 de octubre de 1975.
MAZEAUD TUNC. 259. toda vez que no se le confieren efectos exonerativos a la prueba de la ausencia de culpa o falla del servicio. 3852. Debe aclararse que los procesos de responsabilidad por ocupación permanente de la propiedad fueron de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. con la expedición del decreto ley 01 de 1984.
Se trata de presunciones de hombre o judiciales.Julio . 1631) o la utilización de armas de fuego (Sección Tercera. 42. expediente No. 4484. Si bien el Consejo de Estado al asumir la competencia plena por efecto del Decreto Ley 528 de 1964. 6465). como consecuencia de la inexequibilidad de los arts.. Vol. sentencia del 25 de octubre de 1991. Pg. “al lado de los hechos y verdades a veces partimos de presunciones.C.Diciembre 2006. ya que en otras ocasiones se dijo que la falla del servicio no se presume sino que debe demostrarse (Sección Tercera. expediente No.110
. sentencia del 28 de abril de 1989. mediante sentencia del 20 de junio de 1955 Gaceta judicial. 86 se refirió expresamente a ellos como una modalidad de la acción de reparación directa. En el apartado 2 de la proposición de Directiva de la Comisión de las Comunidades Europeas del 9 de noviembre de 1990 sobre la responsabilidad del prestador de servicios se dispone que la “carga de la prueba de la falta de culpa incumbe al prestador de servicios”. Ricardo De ÁNGEL YAGÛES.2. delictual y contractual. D. 77 . Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil. 1962. Es este el efecto más inmediato de una presunción: ella impone la carga de la prueba a quien quiere oponerse a su aplicación”5. el régimen de presunción de falla del servicio en relación con las siguientes actividades: a) Daños causados a personas sometidas a la prestación del servicio militar obligatorio: sentencia del 3 de marzo de 1989.
Daños causados con armas de fuego: sentencia del 31 de julio de 1989. 2852 (252). 5902 y 30 de julio de 1992. expediente. 3 2. ya que para exonerarse de responsabilidad el Estado debía probar un elemento extraño que rompiera el nexo de causalidad. 121. Págs. p. Las presunciones se asocian frecuentemente con lo que se produce normalmente y con lo que es razonable tomar como punto de partida. en algunas ocasiones habló de presunción de culpa frente a la actividad peligrosa de conducción de vehículos automotores (Sección Tercera. de las informaciones y de los documentos necesarios que le permiten aportar más fácilmente la prueba de su ausencia de culpa. 6897. Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño). el cual en el art. 18. 1997. . Daños causados con vehículos automotores: sentencia del 19 de diciembre de 1989. Colombia . En la Sección Tercera del Consejo de Estado. . expediente No. Esa misma regla debe resultar aplicable a las presunciones judiciales o de hombre.. Buenos Aires. Madrid.1. No. Ed Civitas S. Daños derivados de la prestación de servicios médicos y hospitalarios: sentencias del 24 de octubre de 1990.
El imperio retórico: Retórica y argumentación. sentencia de noviembre 6 del mismo año. .
estos eventos encuentran ahora en el derecho colombiano respaldo inequívoco en el artículo 90 de la Constitución. C. lo cual implicaba que lo que se presumía era la falla del servicio y no la responsabilidad. también exclusivo y determinante. la demostración de la misma sí exonera. la nueva jurisprudencia. siempre se requiere la demostración del daño. la sección tercera en la sentencia del 24 de agosto de 1992 (Exp. generalmente previstas en la ley. en cuanto no es de origen externo.G.ISSN 0121-182X.
Bogotá D. . En otros términos. . Y aunque esta especie del género falla del servicio se asemeja en cierta forma a la noción que se ha venido aplicando como tal con esa misma denominación (en los eventos de lesiones o muertes causadas por armas de dotación oficial o por vehículos automotores o líneas de conducción de energía). para exculparse. 447. la Sección Tercera del Consejo de Estado. salvo en contadas excepciones. son el daño y la relación de
causalidad). . La notion de reparation de domages en droti administratif français. ni la probada ni la presunta. 10024). estima la Sala que debe hacer algunas precisiones. cuando se habla de la responsabilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas. porque entre una y otra existen matices diferenciales así: Mientras en el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se presume dicha falla. nota 5 diador francés JEAN LEGATTE. todas las características del régimen objetivo de responsabilidad. además del hecho y la relación de causalidad existente entre el uno y el otro.. 18. 1994. independientemente de toda la noción de falta”. ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración. en relación con la conducción de vehículos automotores. etc. consagra en forma más técnica la noción de la falla presunta. Esta distinción permite entender que en los casos de falla presunta dicha presunción. Allí se dijo: “Como se observa. En cambio. bajo este régimen. El régimen así denominado tenía. “en la medida en que sugiere la presunción de todos los elementos que permiten configurar la obligación de indemnizar. No. en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas. La sección tercera en sentencia del 16 de junio de 1997 (Exp. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se puede exonerar la administración demostrando la diligencia y cuidado. la jurisprudencia inicialmente sostuvo que la administración se exoneraba de responsabilidad frente a la prueba de ausencia de falla. ha precisado que en relación con las actividades peligrosas (armas. En otras palabras.RICARDO HOYOS DUQUE
En los casos de armas de fuego y vehículos automotores. sino sólo el daño antijurídico (artículo 90 de la C.D. No. como se sabe. cuando se habla de falla presunta se entiende que la responsabilidad sigue organizada sobre la noción de falla o falta del servicio como en el evento de la falla del servicio ordinaria. Colombia . en cuanto lo que se presume es dicha falla. sostuvo que el trastorno súbito y grave de la salud del conductor no se considera fuerza mayor y por consiguiente. L. Marcel SOUSSE. sin duda. no exonera la prueba de la ausencia de falla6 . permite a la parte que se le atribuye el daño demostrar la diligencia y cuidado en su actuación.No.J. vehículos.N). A la demandada solo. en las que no juega ya la noción de la falla. 6754) precisó que mientras en relación con estas actividades por su carácter peligroso se presumía la responsabilidad y por lo tanto. con la única diferencia de que el actor no tendrá que demostrar la conducta omisiva o irregular de la administración porque ésta se presume. le incumbe a la demandada demostrar. es decir se presume uno de los tres supuestos de esa responsabilidad (los otros. es decir. Posteriormente. en el que si bien no tiene ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta – por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente -. que actuó dentro de los cánones de la mayor eficacia posible sin culpa. pag.110
. la culpa exclusiva de la víctima o el hecho del tercero.) no cabe hablar de “presunción de responsabilidad”. no exime de responsabilidad. le correspondería la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitieran romper el nexo
Cont. produciéndose así más que una presunción de falta una responsabilidad.Diciembre 2006. la fuerza mayor. por admitir prueba en contrario. por considerar que “hoy es indispensable introducir un principio de responsabilidad objetiva que repose sobre la idea de que el daño resultante de las prestaciones de los servicios defectuosos es un riesgo de la entidad que debe ser equitativamente cubierto.Volumen IX. los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. Es claro que.” En decisiones posteriores.Julio . que implica un trascendental avance en este campo. Pg. Cfr. en relación con los daños derivados de la prestación de los servicios médicos asistenciales. 77 . Paris.
sino por la manipulación de equipos y armas de extraordinario riesgo. 18. Tal recurso fue modificado en cuanto a los motivos que puede alegarse –violación directa de normas sustanciales– por la Ley 446 de 1998 (artículos 38 y 57). que la interpretación racional de los hechos permite hacer un enfoque diferente para concluir que sí se comprometió la responsabilidad de la nación por la presunción de responsabilidad que se le puede imputar a ésta por el hecho de los conscriptos sometidos a instrucción militar.C) en actividad que se cumple evidentemente con menos riesgos.Diciembre 2006. frente a las demás personas y para la seguridad y tranquilidad de éstas. En efecto. se acogió doctrina contraria a una jurisprudencia. si bien entre ellos están sometidos a una carga igual. 3852) en los siguientes términos: “ Si bien es cierto el enfoque de la demanda sus pruebas no permiten la prosperidad de la misma. Actor: Luis Yela Samboni y Otros. debe dejar el servicio en condiciones similares. en el campo de la responsabilidad administrativa donde no cabe hablar de la responsabilidad por el hecho ajeno de otro. sino que. 2. al momento del insuceso. 77 . 10922.3. En la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. municiones de guerra y explosivos de dotación oficial en ejercicio del servicio público. la tesis de la presunción de la responsabilidad en relación con los daños sufridos por quienes se encuentran sometidos a la prestación del servicio militar obligatorio (art. los que deben responder por el hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado ( art. fue revocada por la Sala Plena mediante sentencia del 20 de noviembre de 1991 (Exp. 2347 del C. Exp. 15 de marzo de 2001. al fundamentar la responsabilidad del Estado “en los principios consagrados en los arts. Si no sucede tal cosa y muere o sufre daños por fuera de los riesgos normales propios de la instrucción militar. No. por el contrario. Con esto la Sala no privatiza la responsabilidad del Estado. la Sala en este fallo reitera su posición jurisprudencial en el sentido que para imputarle al Estado un daño antijurídico proveniente del uso de estos u otros elementos que por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la comunidad. respecto de la sentencia dictada por una de las secciones en la que sin la previa autorización de la Sala Plena. 216 inciso 2 Constitución Política) fue sustentado por la Sección Tercera en la sentencia del 28 de abril de 1989 (Exp. en principio. en definitiva. Puede decirse. 2347 y 2356 del Código Civil.1. debe encontrarse probado que ellos son de dotación oficial. En relación con los daños antijurídicos causados con armas. se presumirá que lo son. que cuando una persona ingresa al servicio militar en buenas condiciones de salud.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
de causalidad. . Sin embargo.Volumen IX. no se ve razón alguna para que no pueda aplicarse igual regla a una actividad como la que se cumple durante la instrucción militar.ISSN 0121-182X. Actor: María Consuelo Enciso Jurado y otros. con riesgos tan graves que no permiten siquiera comparación con aquella.110
. Esa publicitación puede lograrse porque los sometidos a conscripción o reclutamiento. publicita un principio del derecho privado liberándolo de la nota de responsabilidad indirecta que se le asigna en éste y que no puede darse. no solo por los peligros que ella implica para los que la reciben. Colombia . La técnica de la presunción en materia de responsabilidad no corrió con buena suerte en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. siempre y cuando aparezca probado dentro del proceso que.
Si se da en el campo del derecho privado igual presunción en contra de los directores de escuelas y colegios. C. sin embargo.Ministerio de Defensa Nacional .No.Ejército Nacional. actividad de especial peligrosidad. . con apoyo en el principio iura novit curia. están gravados con una carga excepcional que impone que los perjuicios anormales que sufran les sean resarcidos por la comunidad que se beneficia del servicio que prestan.
La Ley 11 de 1975 creó el recurso extraordinario de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. que son de carácter privatista pues como que
CONSEJO DE ESTADO. únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad7. la Sala considera. como sucedió aquí el patrimonio estatal deberá responder por tal resarcimiento” Tal decisión. demandado: Nación . Sentencia de Septiembre 16 de 1999.Julio . ellos estaban bajo la guarda de la entidad demandada o que el agente que los utilizó para cometer el hecho estaba en horas del servicio” 8. . entonces. Sección Tercera.
Bogotá D.108) por considerarla violatoria de la jurisprudencia de la Sala Plena9. Pg. S.
que constituye la sentencia de principio (stare decisis. Colombia . a pesar de que la composición del Consejo de Estado había variado. No obstante que en la sentencia de la Sala Plena se admite la aplicación del principio iura novit curia en los procesos de reparación directa. 2356 del C. por cuanto esta sirve de fundamento a la responsabilidad por el hecho ajeno.Diciembre 2006..
Michel PAILLET señala que el juez administrativo es “ el maestro de la administración de la prueba” pero que en ocasiones esa función va más allá “ cuando fabrica verdaderas reglas de prueba sobre la forma de presunciones de falta”. También la sentencia del 31 de julio de 1989. a la que se refiere el art. propio del derecho civil cuando la jurisprudencia imperante de acuerdo
con las sentencias transcritas fundamenta la responsabilidad del Estado en normas. cuyos planteamientos básicos. de la comparación de la providencia recurrida con las sentencias invocadas en la sustentación del recurso se concluye que la Sección Tercera modificó la jurisprudencia adoptada por la Sala Plena Contenciosa de la Corporación. No.Volumen IX. por darse los elementos y condiciones que de acuerdo con la ley permitan presumir su responsabilidad”12. C. en la terminología del derecho anglosajón) en materia de presunción de falla del servicio en relación con los daños causados por la utilización de armas de fuego por los agentes del Estado. Paris.. está ligada a la culpa in vigilando. Lo discutible de esta decisión de la Sala Plena es que se trataba de la muerte de un soldado a manos de otro soldado en una Base Militar y con arma oficial. Curiosamente también en este caso la votación fue de once votos a favor y siete en contra. con precisión de conceptos ya adoptados por la Sección Tercera de la Corporación.103. principios y teorías propias del derecho público. que en el hecho concurrían tres nexos perceptibles con el servicio. nociones que de tiempo atrás la jurisprudencia contencioso administrativa ha desechado. aunque su uso no sea una garantía de certeza absoluta) cfr. que “el juez debe interpretar. 1996. P.Julio .C. es decir. 77 . esto es. que la jurisprudencia civil ha derivado del art.. Para Louis de GASTINES. precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda.
Bogotá D. No es exacto que se afirme que la responsabilidad por actividades peligrosas. por lo anterior puede afirmarse que la concepción de la falla presunta se deriva de un enfoque jus privatista de la responsabilidad extracontractual que es claramente contrario a lo sostenido por la Sala Plena Contenciosa en esta materia”. Allí se dijo: “. se hicieron en la sentencia recurrida. 2347 del C. .. . de acuerdo con los hechos o causa petendi de la demanda sea posible su aplicación. . los fundamentos del derecho invocados por el demandante”. sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado” (se subraya).No. atendiendo a los criterios propuestos por la sentencia de la Sección Tercera del 17 de julio de 1990 (Exp.C. La resposabilité administrative. S – 123)11. El Consejo de Estado Francés prácticamente jamás utiliza la expresión “presunción de falta”. Pg. fue revocada por la Sala Plena en sentencia del 14 de febrero de 1995 (Exp. cuando el perjudicado la invoque como sustento de su pretensión de indemnización o en aquellos eventos en los cuales.110
. lo que no se puede desligar del concepto de responsabilidad por culpa in vigilando. La decisión fue aprobada por once votos a favor y siete en contra.
El recurso fue interpuesto por la Fiscal (hoy Procuradora) Delegada ante la Sección. acogiendo la responsabilidad directa”10. 18. “La exteriorización del juego de la presunción de falta opera por lo general en las decisiones del juez administrativo a través de la utilización del verbo revelar (tal hecho revela la existencia de una falta). cuando señala que: “ toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño. por el contrario. también se dijo: “la teoría de la falla presunta. en cuanto hace derivar la falla presunta del concepto de actividad peligrosa o elemento peligroso de las armas de dotación oficial.ISSN 0121-182X.. podrá fundamentar la responsabilidad del Estado en casos diferentes al que ahora ocupa la atención de la Sala.RICARDO HOYOS DUQUE
(sic) consagran la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno y por las (sic) actividades peligrosas. Dalloz.. 5980): Nexo temporal: el perjuicio ocurrió en horas del servicio Nexo espacial: el perjuicio ocurrió en el lugar del servicio Nexo instrumental: el perjuicio se causó con un instrumento del servicio.
RIVERO. . carece de toda lógica que por el simple prurito de mantener la pretendida autonomía del derecho administrativo en relación con el derecho privado. esto es. y que es al médico a quien le incumbe demostrar que los eventuales riesgos que puede comportar la atención de la parturienta pueden exonerarlo en el caso concreto de la responsabilidad que se le endilga”. acudiendo a la lógica de lo razonable.. 319..J. Caracas.ISSN 0121-182X. el cual ha servido de fundamento normativo para estructurar la presunción de responsabilidad por actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores en la jurisprudencia civil. El régimen de la presunción de hecho es el mismo en derecho administrativo que en derecho privado”. “la falta se separará quizás del servicio. el juez administrativo deba ignorar ese precepto legal que justamente enuncia como una actividad de esa naturaleza la utilización de armas de fuego14. En sentencia del 19 de febrero de 1998 (Exp. que este ha de culminar satisfactoriamente. Instituto de Derecho Público. a pesar de lo cual obtiene el salvoconducto que el reglamento exige para disfrutar de sus vacaciones. París. en principio ha de suponerse según las normas generales de la experiencia. que utiliza el procedimiento lógico de la presunción – inducción.. pone en evidencia una grave omisión del funcionario de la policía encargado del armerillo.. por fuera del servicio.. . causante del daño a que se contrae este proceso portara el arma estando en vacaciones. C. 8. . Colombia .Julio .Diciembre 2006. 63
Tal omisión debió aparejar la responsabilidad de la Nación y la consiguiente indemnización de perjuicios a favor del actor”13. 18. al no tener presente que dicho agente tenía a su cargo no solo la escopeta sino el revólver de marras. Les présomptions en droit administratif. lesiona con el arma de dotación oficial que sustrajo subrepticiamente a un ciudadano. Pg. El hecho claro y debidamente probado que (sic) el agente de policía. Paris.D.J. o de la guarda de la misma. una falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones. las faltas de los agentes.110
. 1969. p. sobre las Fuerzas Armadas pesa una obligación de extrema prudencia y diligencia en relación con el porte y uso de armas. L. qué personal las tiene a su cargo y que solamente pueden portarlas por razones y durante la prestación del servicio. los que en razón de su potente organización y de los medios excepcionales de que disponen. había señalado que cuando la falta personal no haya podido ser cometida por el agente sino por medio de instrumentos o de poderes puestos a su disposición por el servicio. que se traduce en unas exigencias mínimas. ¿No se tratará de una frontera artificial entre el derecho público y el derecho privado. habría conducido a declarar la responsabilidad del Estado: un agente de la Policía maliciosamente no entrega una de las dos armas que le fueron asignadas para la prestación del servicio. y no había devuelto éste al salir a gozar del citado beneficio laboral.. y de responsabili-
Ya el Consejo de Estado francés. 77 . L. Los hechos hablaban por sí solos (Res ipsa loquitar). Cuando se encontraba disfrutando de sus vacaciones. 2356 del Código Civil. En su salvamento de voto. La presunción de hecho es un acto material del juez. “Son naturalmente todos los servicios de la defensa nacional. que ya es hora de derrumbar para darle plena aplicación a unos principios generales y comunes de carácter universal? Cabe anotar que la Sección Tercera ha persistido en su posición sobre la presunción de falla en materia de servicios médicos asistenciales15. pero el servicio no se separará de la falta”. Derecho Administrativo. al menos los más frecuentes” TEISSIER (1906) citado por Jean Marie BECET en La Responsabilité de la Puissance Publique. p.No.
Bogotá D.No. 1991.G.. Cfr. simplemente porque se trata de una norma incorporada en el Código Civil.D.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
El caso que se debatía en aquella oportunidad no ofrecía mayores dudas. en el fallo Lemonnier del 26 de junio de 1918. uno de los consejeros disidentes sintetizó en forma certera esa falla del servicio: “. a partir de las conclusiones del comisario de gobierno León BLUM. como son: el inventario de ellas.Volumen IX. como lo pusieron de presente los Consejeros que salvaron su voto y manejado con la teoría de la falla probada. P. Si bien en la providencia de las Sección Tercera no se invocó para nada el art. como una manera de ejercer un control eficaz en relación con la indebida utilización de las armas por los agentes. 1984. nota 12 “el término presunción de falta” es completamente impropio para designar la presunción de hecho que el juez administrativo aplica para establecer en ciertos casos. Facultad de ciencias jurídicas y políticas.G. los que causan a los particulares los daños sino los más considerables.
Cont. Universidad Central de Venezuela.802) se dijo por la sección que “en los casos de maternidad. Aquí la falla del servicio salta a la vista y se desprende de la simple enunciación de los supuestos fácticos del caso.. 11.
194 C. Esta fórmula fue elaborada por la doctrina española.2 de la Constitución Española. de conformidad con la fórmula adoptada por el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. los daños provenientes de las redes eléctricas. En la exposición de motivos de aquella ley se dijo que debía aprovecharse la oportunidad “y que no debiera malograrse de poner remedio a una de las
Bogotá D. en cuyo caso la responsabilidad es objetiva y el Estado solo se exonera o se libera por medio de la prueba de una fuerza mayor. No. a propósito de la ley de expropiación forzosa17. reviertan al azar sobre el patrimonio particular en verdaderas injusticias amparadas por un verdadero privilegio de exoneración. nota 17 más grandes deficiencias de nuestro régimen jurídico administrativo cual es la ausencia de una pauta legal idónea que permita hacer efectiva la responsabilidad por daños causados por la administración bajo el imperio de criterios jurídico administrativos que habían caducado ya cuando fueron adoptados por nuestro ordenamiento. que utilizaba el concepto de lesión. del hecho de un tercero o de culpa exclusiva de la víctima (causa extraña)”. C.165. ésta ha sido construida en forma pretoriana por el Consejo de Estado. Tecnos. incorpora los más modernos criterios sobre la materia. 1983.RICARDO HOYOS DUQUE
dad objetiva en relación con aquellas actividades que comportan riesgo o peligro como la utilización de armas de fuego. No parece. así como del uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores son conceptos que no presentan diferencia alguna pues se trata de la creación de un riesgo excepcional por el ejercicio de actividades peligrosas. que los resultados de la actividad administrativa que llevan consigo una inevitable secuela de daños residuales y una constante creación de riesgos.820) se dijo: “en conclusión.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido renuente a utilizar el concepto de actividad peligrosa para hablar más bien de riesgo en relación con estas actividades.ISSN 0121-182X. Es posible que el asunto pudiera ser llevado nuevamente a conocimiento de la Sala Plena en razón de los recursos extraordinarios de súplica por violación de jurisprudencia. conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional. De esta manera se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insufi-
Cont. los cuales tienen relevancia jurídica al momento de definir la responsabilidad personal del funcionario. es el centro de gravedad alrededor del cual gira toda la institución de la responsabilidad estatal. en sentencia del 10 de septiembre de 1988 (Exp. por no decir prácticamente prohibitivos. dicho concepto. Citado por Jesús LEGUINA VILLA..No. además. . perjudicando el interés general no puede proteger intereses de la administración insolidarios con aquél”. toda vez que éste solo procede por violación directa de normas sustanciales (art.110
.A) y al no existir un régimen legal positivo que regule de manera precisa y detallada el tema de la responsabilidad del Estado.Volumen IX. La responsabilidad Civil de la administración Pública. interpuestos antes de su derogatoria por la Ley 446 de 1998. en particular por el profesor Eduardo García de Enterría desde 1954. Madrid. 18. Idénticas motivaciones llevaron a los constituyentes a adoptar las fórmulas del daño antijurídico para recoger en ella las diversas modalidades de responsabilidad del Estado y desligarla de la conducta individual del agente o de criterios subjetivos de imputación del daño como el dolo y la culpa. . En la ponencia que se presentó para primer debate a la plenaria de la asamblea se dijo: “Por otra parte. Sin embargo. Los límites técnicos dentro de los cuales se desenvuelve entre nosotros la responsabilidad por daños de la administración resultan tan angostos. Se ha estimado que ésta es una ocasión ideal para abrir al menos una brecha en la rígida base legal que.C. Colombia .Julio . Pg. sino que.Diciembre 2006. . en cambio. conducción de vehículos y redes de energía16 . 77 . p. que el asunto llegue a conocerse por razón del nuevo recurso extraordinario de súplica. 2ª ed. Finalmente se llega hasta el concepto del daño antijurídico como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado.
como lo hace el artículo 106. consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad al órgano estatal. Ed. 10. Así se dejó consignado expresamente en las diferentes ponencias presentadas en la Asamblea Nacional Constituyente en relación con el artículo 90 de la Constitución política. como una manera de aparentar su pretendida autonomía.
recibieron una expresión constitucional firme en el artículo 90. En palabras del profesor español Jesús LEGUINA VILLA. por lo tanto. finalmente la jurisprudencia del Consejo de Estado. En la ponencia para el segundo debate sobre este mismo punto se afirmó: “En materia de responsabilidad patrimonial del Estado. .
Ibidem. contrariamente a lo sostenido en aquella época y que vino a significar toda una revolución en la filosofía. La expresión. Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de
Estado. se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño. sentencia del 8 de mayo de 1995. para significar que ésta debe replantearse a fin de considerar como sujeto básico de ella. Estos criterios fueron acogidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-333 del 1 de agosto de 1993. como la extracontractual”21. constituye un verdadero “giro copernicano”. 18.Julio . 8118. la disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la ley 80 de 1993. siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. Exp. cual es el de la responsabilidad del Estado por los daños que le sean imputables. que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares. daño especial o riesgo”19.112. en cuanto señala que las Entidades Públicas responderán por las actuaciones. No. dentro del cual no caben todas las actuales formas y casos de responsabilidad patrimonial. “En otras palabras. se elevan a la categoría constitucional dos conceptos ya incorporados en nuestro orden jurídico: El uno. pág. No. al declarar la exequibilidad condicionada del art. es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contrac-
Gaceta Constitucional No. concluyó que los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado. tales como el de la ‘responsabilidad por daño especial’”. pues. “Por lo que hace a la imputabilidad. hechos y omisiones antijurídicos que le sean imputables y que les causen perjuicio a sus contratistas. esta manera de plantear el problema de la responsabilidad del Estado. 56. abril 22 de 1991.15. en cuanto a “consagración de un principio constitucional constitutivo (sic) de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado. describe en forma diciente la transformación ocurrida con la nueva teoría. La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño. parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe. 50 de la ley 80 de 1993. no al autor material del daño sino a la víctima que lo ha soportado20. Esta antijuricidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social”. sobre la responsabilidad extracontractual por falla o falta del servicio. C.
Bogotá D. abstenciones.No. La Corte consideró que: “La expresión acusada no vulnera la Constitución. A pesar de algunas vacilaciones iniciales. . 7 y 8. En cambio. se trata de resaltar la circunstancia de que para que proceda la responsabilidad en cuestión. es decir. La determinación de las condiciones necesarias para el efecto. reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión. Similar a la expresión utilizada por KANT – salto copernicano. no basta con la mera relación de causalidad entre el daño y la acción de una autoridad pública. La noción de daño en este caso. porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
ciencia de la llamada ‘falla del servicio público’. se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa del concepto subjetivo de la antijuricidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuricidad del daño producido por ella.Diciembre 2006.para referirse a las consecuencias epistemológicas que se derivan de enfocar el problema del conocimiento a partir del sujeto y hacia el objeto. cit. 77 . tanto de la naturaleza contractual.ISSN 0121-182X. Colombia .3 de julio de 1991. .110
. y el otro por la ley.Volumen IX. Ob. 121. Sección Tercera de Consejo de Estado. Pg. la responsabilidad de los funcionarios. p. quedará naturalmente en manos de la ley y la jurisprudencia”18. págs. sino que es necesario además que pueda atribuírsele al órgano o al Estado el deber jurídico de indemnizarlo. por la doctrina y la jurisprudencia.
. No. LA CONCILIACIÓN COMO FÓRMULA PARA REDUCIR LAS SUMAS A PAGAR 3. (Exp. consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes de la materia. Debe advertirse que la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996.RICARDO HOYOS DUQUE
3. Así lo define la Ley 446 de 1998. por lo cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo”. por esa misma jurisdicción. por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que como se ha visto. Pg. No puede desconocerse.ISSN 0121-182X. . en una doble modalidad que hasta hoy subsiste: 1) la conciliación prejudicial ante los procuradores que actúan en la jurisdicción contencioso administrativa. las controversias del Estado se solucionaran por regla general en el estadio de la conciliación y que la solución judicial de las mismas fuera residual para aquellos conflictos en los cuales definitivamente no se puede llegar a un acuerdo. La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que nace de las partes con la ayuda de un tercero. como consecuencia de la inmunidad que contempla la comisión de Viena. . en razón de la imposibilidad jurídica en que se hallaba la víctima de tales daños para perseguir su resarcimiento ante la justicia ordinaria. inciso 1 de la Carta)”..
Cont.Julio . que la consagración del daño antijurídico como fundamento constitucional de la responsabilidad estatal. Lo anterior demuestra que en este punto aún subsisten algunas confusiones derivadas del concepto tradicional de la falla del servicio como criterio de imputación principal de responsabilidad al Estado por los daños derivados de sus acciones u omisiones. la Sala Plena declaró la responsabilidad del Estado Colombiano por los daños ocasionados por agentes diplomáticos extranjeros. Los resultados de la conciliación son tangibles y su crecimiento sostenido la coloca hoy como el instrumento de mayor eficacia para disminuir la congestión judicial.
También la Sala de Casación Civil en auto del 8 de marzo de 1993. Se trata de un mecanismo de autocomposición. pero de manera condicionada.Diciembre 2006.por falla en el servicio. (art. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible. 72 de la ley 446 de 1998). al examinar el artículo 65 del proyecto de lo que hoy es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (ley 270 de 1996).No. y 2) la conciliación judicial que opera ante el juez del conocimiento frente a procesos ya iniciados pero no concluidos. C. .Volumen IX. nota 22 responder por los daños antijurídicos que sufran los habitantes de Colombia cuando resultan causados por el hecho imputable de haber concedido la inmunidad jurisdiccional correspondiente (art. en un futuro próximo. 77 . ha permitido que la jurisprudencia del Consejo de Estado. en su artículo 64 “La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias. ello no excluye ni podría excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia”.1. en forma contradictoria. el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. sostuvo. sin embargo. en sentencias del 25 de agosto y septiembre 8 de 1988 (Exp. la declare en eventos que antes parecían insospechados. LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA La conciliación contencioso administrativa se introdujo en nuestro sistema jurídico en 1991 con la ley 23. 90. con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador”. pues precisará que el artículo 50 de la ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual. que permite la solución del conflicto sin necesidad de proceso. que si bien tal precepto “hacía alusión a la responsabilidad del Estado – a través de sus agentes judiciales.002). Colombia . 18. sujeta a un control de legalidad. a pesar de que no se definió con la claridad que sería deseable el título de imputación jurídica. Así. IJ – 001 e IJ . La meta deseable sería que. sobre agentes diplomáticos (Ley 6 de 1972) 22 . 4284) había señalado que: “En últimas el Estado Colombiano otorga la garantía de
Bogotá D. el cual señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de sus agentes judiciales. no obstante.
La Ley 23 de 1991 tendrá un nuevo artículo. deberán integrar un Comité de Conciliación. así: Artículo 65B. asignándole funciones. . Colombia . departamental. Las Entidades y organismos de Derecho Público del órden Nacional. Departamental. actor: Juan Carlos Henao y otros. señaló que las entidades que tuvieran comités de conciliación creados con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. Tal disposición. “Por el cual se establecen funciones para los comités de conciliación de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones”.Volumen IX. por las siguientes razones: a) La iniciación de la celebración de la conciliación no sólo obedece a la voluntad de las partes. C. fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo. radicación: 4014 (4015-4068)
Bogotá D. tenían que adecuarlo a los nuevos lineamientos señalados en el mismo. la creación de comités de concilia-
Sentencia del 15 de mayo de 1997. prácticamente obligatoria23. se le otorga poder de decisión para definir los casos en los que procede la conciliación o cualquier otro medio alterno de solución de conflictos. 77 . COMITÉS DE CONCILIACIÓN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL La Ley 23 de 1991 (artículo 75) estableció con carácter obligatorio. El Decreto 1214 del 29 de junio de 2000. determinar la procedencia o
3. distrital y de los municipios capital de departamento y los entes descentralizados del mismo nivel. Distrital y de los Municipios Capital de Departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles.No.2. significa sacrificar los fines señalados y someter el trámite de los procesos judiciales a un requisito meramente fiscal que la Ley Orgánica del Presupuesto no contempla ni puede consagrar. Las Entidades de Derecho Público de los demás ordenes tendrán la misma facultad”. fue suspendida y posteriormente anulada por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Este condicionamiento desnaturaliza la conciliación y resulta incompatible con las normas superiores que la regulan: no se puede iniciar una conciliación porque no existe certificado de disponibilidad y éste no podrá ser expedido porque previamente no se ha presupuestado la obligación respectiva para permitir su pago.110
. procedimentales y de control vigentes. Si el fin de la conciliación es la reconciliación entre los contendientes dentro de un proceso como aplicación práctica del propósito de fortalecimiento del valor convivencia y agilizar la administración de justicia dotándola de un mecanismo expedito de solución de conflictos. sin embargo. tales como la transacción y la conciliación. Comité de Conciliación. por considerar que violaba las disposiciones de carácter legal que consagran la conciliación. Pg.ISSN 0121-182X. análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
El artículo 23 del decreto 0568 de 1996 pretendió imponer la obligación de un certificado previo de disponibilidad presupuestal como condición para la iniciación de una conciliación.
ción en los organismos de derecho público del orden nacional. conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen. Es así como el Ministerio de Defensa Nacional mediante la resolución 0907 del 4 de julio de 2001. Allí se establece que el comité de conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio. .Diciembre 2006. Dentro de las funciones asignadas están las de formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.Julio . . sujetar la iniciación de la conciliación a la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal previo. A su vez el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 señaló: “Artículo 75. sino que ha sido impuesta por la ley como mecanismo de descongestión judicial. con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas. diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad. 18. adecuó el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad.
vencidos los términos. con excepción de la del jefe de la entidad. participación que es indelegable. Entre los fundamentos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para proferir el fallo en mención. el desgaste jurídico de las partes y el beneficio que aporta para la entidad. del seis (6) de septiembre de dos mil uno (2001). quien sí podrá delegarla. La Resolución 1248 del 13 de diciembre de 2002 adecuó la conformación del comité de conciliación de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1214 de 2000. C. es decir corrientes. Consejero Ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ. que los apoderados que acuden en representación de las mismas a las audiencias de conciliación en los procesos contencioso administrativos. adoptó a partir del año 2002.Diciembre 2006.El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada. Es de anotar que los montos vigentes adoptados por el comité de conciliación para cada instancia procesal establecen una diferenciación dependiendo de factores tales como el avance del proceso. .3 EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES FRENTE AL ACUERDO CONCILIATORIO
Artículo 65. Pg. la administración pública está obligada por un acto suyo a pagar determinadas cantidades de dinero a los particulares con quienes concilia y éstos tiene derecho a recibirlos dentro de los términos pactados”.Volumen IX. 3. le asigna funciones a los comités de conciliación. según la disponibilidad presupuestal de la entidad que concilia. dado que de conformidad con las pautas jurisprudenciales señaladas hasta ese entonces. “En este orden de ideas. para que esté integrado por funcionarios del más alto nivel y exista representación de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. no se hubiese pagado lo debido”. Sin embargo. hecho que al ser aceptado. Teniendo en cuenta que el Decreto 1214 de 2000. la Corte Constitucional en sentencia C188 del 24 de marzo de 1999 declaró inexequibles las expresiones “durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago” y “después de este último”.Conclusión del procedimiento conciliatorio. se tasaba en gramos de oro..110
.. 18. del artículo 177 de la Ley 446 de 1998.No.Julio . Respecto de su conformación señala que estará integrado por el jefe de la entidad.RICARDO HOYOS DUQUE
improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Colombia . Las partes pueden convenir plazos para que dentro de ellos tengan lugar las distintas prestaciones pactadas. y en razón de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el contexto de una economía inflacionaria. . se considera – como lo señaló la Corte Constitucional – que parte del acuerdo debe ser dejando el plazo para el pago. es lógico que acuerden intereses durante dichos plazos. .MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS . el ordenador del gasto de la misma. 13232 -15646. Para el caso de la presente investigación se verificó en las oficinas que manejan el tema en el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. y que asuman a plenitud el compromiso de pagar intereses de mora cuando. El artículo 65 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
Bogotá D. se destacan los siguientes: “Lo que se espera de este. es el cabal y exacto cumplimiento de los obligados en virtud del mismo. proceso No. lo cual significa que el Estado debe reconocer intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la conciliación. dos funcionarios de dirección o de confianza. en especial cuando se trata de asuntos de contenido pecuniario. Actor: BELÉN GONZÁLEZ Y OTROS. Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último”. Sin embargo.ISSN 0121-182X. Demandado: NACIÓN . entre las que se encuentra la de señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. como se indicó anteriormente. como de cualquier acuerdo. el comité del Ministerio de Defensa Nacional. en armonía con la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. proponen a la contraparte un plazo para el pago de la obligación. el jefe de la oficina jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad. significa que en el término pacta-
El artículo 72 de la Ley 446 de 1998 señaló: “Artículo 72.los criterios para la conciliación en salarios mínimos mensuales. 77 .
no fue posible su consecución por cuanto los pagos hasta el año 1995 los realizaba el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en dicha entidad tampoco fue posible hallar estadísticas completas con la descripción de los ítems antes mencionados. como se verá en el próximo capítulo. Esta información se encuentra discriminada en el referido anexo por año y por entidad y contiene lo siguiente:
El artículo 176 del C. Pg.110
. intereses moratorios y capital pagado en los años anteriores. de los archivos existentes en la Oficina Jurídica– Grupo Contencioso Constitucional– dependencia encargada de la liquidación y expedición de los actos administrativos de cumplimiento de estas providencias. Colombia . en esa sentencia la Corte también señaló que “…a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago – momento en el cual. los intereses en muchos casos llegan casi a equipararse al valor total del capital. en atención a que la entidad.…” El Consejo de Estado. DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL DURANTE LOS AÑOS 1998 A 2002 Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomaron datos estadísticos del total de las resoluciones que liquidan condenas y conciliaciones existentes en el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. En efecto. 77 . Resulta pertinente señalar que a pesar de haberse intentado realizar la búsqueda de información a partir del año 1992. 24 término durante el cual los intereses a reconocer deben ser comerciales. dentro del mismo se pagarán intereses corrientes -. actor: Carlos José Bitar Casij. intereses comerciales. al interpretar el artículo 176 del C. dentro de los 30 días contados desde su comunicación. en el caso del Ministerio de Defensa Nacional. donde reposan los actos administrativos contentivos del cumplimiento de las sentencias y conciliaciones realizadas durante ese período. En la Policía Nacional fue necesario hacer el levantamiento de la información directamente del archivo general. pero debido a la demora en situar los dineros para pagar las indemnizaciones. la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”.A.Diciembre 2006. por concepto de demandas de reparación directa que tuvieron como origen el uso de las armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública. Una vez recopilada la información fue necesario incluirla en los cuadros que se adoptaron en forma unificada para reflejar todas las condenas y conciliaciones que se presentaron por el uso de armas de fuego durante el lapso objeto de estudio. el Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989.Volumen IX.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
do se reconozcan intereses corrientes. no puede ser conminada adicionalmente al pago de intereses moratorios25. en razón a que en las dos entidades no se
encontraron datos completos relacionados con los motivos que originaron las condenas. 18. demandado: Instituto Colombiano de la reforma Agraria INCORA.No. Subsección A. los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal [sic] a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos”. La información estadística descrita en el anexo A de este trabajo fue obtenida.C. Auto de 1 de marzo de 2001. .ISSN 0121-182X. lo cual logra rebajar por un tiempo el crecimiento de las sumas conciliadas por causa de los intereses moratorios. 4. No obstante. Sección Segunda. por gozar de dicho plazo. la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto” en el artículo 45 dispuso que: “los créditos judicialmente reconocidos. señala: “Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán.A.. consideró que el plazo de treinta (30) días resulta razonable para que las entidades públicas adopten todas las medidas de carácter presupuestal y de otro orden para dar cumplimiento a las sentencias judiciales. .C. . C. datos necesarios para realizar el diagnóstico del impacto anual en el presupuesto de las mismas con relación a lo pagado por condenas y conciliaciones originadas en el uso de las armas de fuego.
Bogotá D. (artículo 65 ley 179 de 1994). los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. El lapso objeto de estudio comprendió el período de 1998 a 2002.Julio .
Perjuicios morales. año en el que no se pudo obtener la información por cuanto no se discriminó la causa que originó tales pagos. pero sin que se hubiera efectuado discriminación alguna que permitiera inferir la causa y naturaleza del proceso. que declaró exequible. todos los intereses que se reconozcan son moratorios.
Lo anterior significa que a partir del 8 de abril de 1999.Diciembre 2006. Pg. de conformidad con la respectiva providencia que ordenó el pago. que corresponde al de radicación que se le asignó en la respectiva corporación. C. Total capital. Número del proceso. excepto cuando las partes pacten uno diferente en el respectivo acuerdo conciliatorio.RICARDO HOYOS DUQUE
Número consecutivo Número de resolución que ordena el pago Fecha de la resolución que ordenó el pago Corporación donde se tramitó el respectivo proceso contencioso administrativo que finalizó con sentencia condenatoria o conciliación Naturaleza de la acción. circunstancia que no permitió conocer cuáles fueron realizados por el uso de armas de fuego. hasta el 31 de octubre del 2000. . entendidos como la suma de dinero reconocida en las diferentes providencias. que comprende la suma de perjuicios morales y materiales. Colombia . se generan a partir de la ejecutoria del fallo condenatorio o conciliación. por concepto de los 237 compromisos adquiridos con relación al pago de sentencias y conciliaciones. Como se indicó anteriormente. En el referido acto administrativo solo se incluyó un cuadro explicativo de cada uno de los expedientes con sus respectivos apoderados.110
. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional. de conformidad con la respectiva providencia que ordenó el pago. bien se trate de sentencias o de conciliaciones y los que de conformidad con la ley 446 de 1998 se causaban durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de la ejecutoria de la providencia que ordenaba el pago o a la señalada en el respectivo acuerdo conciliatorio.No. Fue así como surgió la idea por parte de los auxiliares investigadores que al finalizar el trabajo de investiga-
Bogotá D.A. las cuales se declararon inexequibles. fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999 proferida por la Corte Constitucional. en los términos de dicha sentencia.807’786. . en razón a que en dicho año la Dirección General profirió la resolución 03853 del 8 de noviembre para pagar la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($19.
Debe aclararse que en el caso de la Policía Nacional.C. 77 .Julio . salvo las expresiones “durante los seis meses siguientes al plazo acordado para su pago” y “después de éste último”. Intereses corrientes. no fue posible obtener información detallada del año 2000.Volumen IX. Perjuicios materiales. que para el presente estudio corresponde siempre a la acción de reparación directa de que trata el artículo 86 del C.
Intereses moratorios. tal como quedó redactado a partir de la vigencia del artículo 72 de la Ley 446 de 1998. 18. Los obstáculos encontrados al pretender obtener la información requerida para iniciar el desarrollo de esta investigación. a menos que en este último caso las partes hubieran pactado un plazo para el pago. los que estuvieron vigentes hasta el ocho (8) de abril de 1999. . hicieron palpable la necesidad de que al interior del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional se cuente con una base de datos que contenga toda la información relacionada con los pagos que realicen estas dependencias como consecuencia de las condenas y conciliaciones por las que deba responder en los procesos que se siguen en su contra ante las diferentes jurisdicciones. que corresponden a los valores ordenados por la respectiva corporación que debía pagar el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional. el segundo inciso del artículo 65 de la ley 23 de 1991. que corresponden a los valores reconocidos por el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional. similar situación se presentó en el año 2002.285. análisis que fue realizado en el capítulo anterior.ISSN 0121-182X.80).
sino también en una amenaza para el normal y buen uso del presupuesto orientado hacia la seguridad de la Nación. con menoscabo del erario26.
Bogotá D.Diciembre 2006. se hiciera entrega igualmente de un software con el fin de ser adoptado y utilizado en la oficina jurídica para el caso del Ministerio de Defensa Nacional y en la Secretaría General de la Policía.oo.110
. 5. C. la Fuerza que mayor número de demandas genere. según la Contraloría General de la República. se ha convertido no sólo en un obstáculo para el direccionamiento de los recursos fiscales hacia actividades sociales prioritarias.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
ción. En tiempos recientes el país ha sido testigo presencial del crecimiento de las demandas en contra del Estado. sino también de manera extensiva. ANTECEDENTES GENERALES El impacto fiscal por el alto volumen de recursos que destina el Estado colombiano en reconocer los fallos
por demandas y conciliaciones de todo orden. Justicia y Seguridad. Dentro de las recomendaciones que formula el ente de control se señala la necesidad de fortalecer la política de defensa judicial de la Nación. de forma que pueda responder con celeridad a las demandas que le interponen. El mecanismo de la conciliación es una herramienta valiosa para ahorrarle recursos a las entidades públicas. Lo anterior busca que la información que en este instrumento tecnológico se registre. no hay sosiego y puede no haber futuro estable.700’000. lo que servirá a su vez para que por parte de los respectivos comités de conciliación se efectúen diagnósticos y con base en los mismos se pueda facilitar la función que tienen de presentar propuestas de prevención del daño antijurídico. donde solo se reconocieron los capitales de las mencionadas providencias judiciales. Marzo de 2003 (Sin publicar).Volumen IX. Colombia .000. EFECTO DE LAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN EL PRESUPUESTO DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL 6. .ISSN 0121-182X.No. etc. liquidación y posterior pago de cada condena o conciliación. . más elementos y factores que las originan se han sumado a los existentes. facilite la rendición de los informes que periódicamente solicitan las otras entidades del Estado.Julio .. radica en factores tales como la demora en los pagos. .más demandas por todo concepto-. la concientización de los afectados que ven una buena probabilidad de obtener recursos y ejercer sus derechos por esta vía y la carencia de estructuras operativas eficientes y eficaces en el Estado. que al ser asignados en forma tardía obligaron al Ministerio a expedir la resolución 1279 del 24 de diciembre de 2002. en la que se liquidaron un total de 187 sentencias y conciliaciones. por ser estas las dependencias encargadas de tramitar los actos administrativos de reconocimiento. Contraloría General de la Nación. Este crecimiento se ha dado no solo de manera intensiva . el problema. La situación en el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2002 fue la siguiente: El Decreto 3100 del 18 de diciembre de 2002 situó $13. 77 . Justicia y Seguridad: El Estado condenado? Contraloría Delegada para el Sector Defensa. Las demandas de reparación directa han aumentado ostensiblemente su valor en los últimos cinco años. que generan sobrecostos por concepto de intereses moratorios. La creciente sucesión de factores que implican una mayor responsabilidad estatal.1. lo que a su vez incrementa considerablemente los pagos. 18. es uno de sus principales desafíos. El crecimiento en el número de demandas y conciliaciones por el uso de armas destinadas a la protección de la ciudadanía por parte del Ministerio de Defensa
Sentencias y conciliaciones en las entidades del sector Defensa. las causas de las mismas. Sin equilibrio de recursos fiscales no hay prosperidad. El análisis resultante de los pagos realizados por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional por concepto de sentencias y conciliaciones como consecuencia del uso de armas de fuego durante los años 1998 a 2002 está contenido en las gráficas incluidas en el mismo anexo A. además de los órganos de control y que sirva para que al interior del mismo Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional se pueda conocer con precisión cuál es el monto de los valores reconocidos como consecuencia de las condenas y conciliaciones. Pg. Allí se alerta sobre la problemática de las sentencias y conciliaciones en contra de las entidades públicas del sector.
18. respectivamente (Gráfica 1). multiplican su incidencia en el presupuesto de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el mediano plazo. en la Policía Nacional se pagaron 54 resoluciones en el año 2001 y 64 en el 2002 por esta misma causa. Estas cifras deben ser analizadas con cuidado en el rubro de sentencias.109.Julio .Diciembre 2006.co En complemento de lo aquí señalado.000 millones.minjusticia. La falta de coordinación y de celeridad entre la misma programación y asignación del presupuesto destinado a cubrir los fallos proferidos en contra del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. artículo La Nación Demandada: Un Estudio sobre el pago de sentencias. en el 2001 el monto ascendió a 375 casos. Los mismos señalan que mientras en 1998. 77 . lo que no implica. Los datos analizados en la presente investigación. por supuesto. en un porcentaje equivalente al 84%. se observa que el monto de estos pagos por sentencias y conciliaciones no es tan dramático como lo señala el informe de la Contraloría. Entre 1998 y 2002. Autores: Armando Enrique Arias Pulido y Luis Alberto Sandoval Navas se señala: “En el año 2000. así como el aumento en inversión en armas en estas entidades ha permitido el incremento del costo fiscal por esta vía. No obstante lo anterior. Contraloría General de la República. La principal causa por la que los particulares acuden a la jurisdicción tiene que ver con los daños ocasionados por las Fuerzas Armadas.gov. es decir. Sin duda. la inadecuada remuneración de los mismos. Señala esa el Ministerio del Interior que es bastante significativo el volumen de condenas y conciliaciones que se han proferido por parte de las diferentes corporaciones contencioso administrativas. cerca del 1. No. conciliaciones y laudos arbitrales. un disentimiento de las mismas hacia el futuro.No. . como se verá. muestran que si bien. también en publicación realizada en la Revista Economía Colombiana. de Justicia y del Derecho señala como causas generadoras de las demandas contra el Estado.
Página web Ministerio del Interior y de Justicia: www. hecho que significa que generalmente. la responsabilidad por falla del servicio. en una controversia contractual señaló a cargo de la administración como pago del anticipo de un contrato la suma de $149. En concordancia con lo anterior. Es así como en el año 2000 el Ministerio de Defensa Nacional liquidó y pagó 288 casos de reparación directa por el uso de armas de fuego. C. sentencias en las que se condena por responsabilidad objetiva. . en cualquiera de los regímenes de responsabilidad se le impute la falla a las Entidades estudiadas27.998 procesos de reparación directa por un monto superior a $851.717.110
. la reducción de este problema no será posible si no se atacan de plano las mencionadas causas que lo generan. No casualmente.RICARDO HOYOS DUQUE
(Fuerzas Militares) y de la Policía Nacional no ha sido ajeno a este proceso.789.5% de presupuesto de estas entidades se orientó hacia la cancelación de las mencionadas partidas. solo contra el Ejército. particularmente en la primera de las enunciadas. lo cual explica el aumento sostenido de los pasivos contingentes por este concepto en dicho período. Pg. Pero estos no han sido los únicos factores determinantes de la problemática. Esta información del Ministerio coincide con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación durante los mismos periodos.Volumen IX. 291. en las que se han probado los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado por el uso de las armas de fuego. el volumen de procesos en curso ha ido en franco ascenso. En primer lugar. agosto de 2002. la excesiva carga operativa que genera en pocos funcionarios la atención de los procesos en curso.1% del presupuesto de gastos de funcionamiento y del presupuesto total de los mismos. la Armada Nacional y la Fuerza Aérea habían (sic) 3. el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional ejecutaron por este concepto 2. .3% y 2. el 16. el Ministerio del Interior. Nortel vs Telecom.ISSN 0121-182X. tal como se puede apreciar en los anexos A y B28.036 procesos que representaron alrededor de $120. en el 2002 la
cifra bajó a 0.7%. entre otros factores. si se tiene en cuenta que un solo laudo arbitral.7% del presupuesto total de inversiones del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional del año 2002 y el 2. se trata de cifras marginales frente al total del presupuesto de los organismos.405 millones en su gran ma-
Bogotá D. Colombia . en donde el nexo está representado por la actividad peligrosa desplegada por el miembro de la Fuerza Pública con su arma de dotación oficial. la intensificación de la guerra y de los grupos al margen de la ley. en el período 1998 – 2002 el costo fiscal derivado de la cancelación de sentencias y conciliaciones ha perdido fuerza en el total de recursos presupuestados para el funcionamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
0% del presupuesto se destina a la ejecución de las demandas y conciliaciones por todo concepto y tan solo el 0. se han reconocido $119. 18. En los anexos A y B se detallan las cifras anteriores para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. tenía contabilizadas demandas y litigios en su contra por valor de 73. cerca de las tres cuartas partes de las condenas lo fueron por perjuicios morales y una cuarta parte por perjuicios materiales. en 300%.0%) y de la Policía Nacional (36.)”. sino por la menor participación de las partidas presupuestales anuales de sentencias y conciliaciones en el presupuesto total asignado para dichas entidades.
Cont. en promedio.ISSN 0121-182X. No.574 millones por sentencias y conciliaciones derivadas del uso de armas.000 millones.
La prevención del daño antijurídico por disposición de la ley. . el cual ha promediado los $4. Sobre estos hechos parece tener incidencia la indisciplina de sus miembros (en ese año cursaban 7. en especial por mandato del Decreto 1214 de 2000.2.5% a los fallos por el uso de armas: CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y ABSORCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO
FUENTE: Leyes de presupuesto años 1998 a 2002. 5. es necesario que las Entidades estudiadas busquen la manera de reducir el volumen de causas generadoras de las condenas derivadas del uso de las armas. Particular interés revisten los intereses moratorios cancelados. año 10. Información obtenida del Ministerio de Defensa Nacional Oficina Control y Presupuesto. En este período. Las cifras señalan que en el año 2002. El Estado.Julio .3%)29. el 60. cinco veces lo que se ha reconocido en el quinquenio en referencia. Cabe señalar que mientras en el periodo analizado el número de procesos anuales cancelados pasó de 413 a 395.33 billones de pesos. las sentencias y conciliaciones han absorbido $23. solo en el Ministerio de Defensa Nacional alcanzó la cifra de los 8. un 52. Colombia .761. cifra que triplica la registrada par el año 2.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
Los porcentajes se reducen no tanto por una caída en el volumen de demandas. El presupuesto destinado por la Policía Nacional al pago de sentencias y conciliaciones en su contra. en el siguiente cuadro se observa que. nota 29 yoría por muerte o lesiones de personas y daños en bienes. se resalta el efecto adverso que genera en las finanzas del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional el incremento observado de las condenas en su contra por el uso de armas.647 procesos disciplinarios en su contra.6% del valor del capital de las sentencias y conciliaciones en 1998 a un 48.
En el quinquenio analizado.8% del presupuesto asignado para pago de sentencias y conciliaciones fue absorbido por la cancelación de sentencias o conciliaciones relacionados con el uso de armas de las Fuerzas Militares (81.1 billones le corresponden a la Policía Nacional y $2. De la suma de $43.No. al pasar de representar un 12.0% en el 2001 y 2002. creció en un 84% en este año y el de provisiones para contingencias (valor de las sentencias en primera instancia en contra de la Entidad). Dentro de los hallazgos encontrados en este trabajo de investigación. Revista El Portafolio.110
.002. ABSORCIÓN OBSERVADA DEL PRESUPUESTO Con el fin de tener un parámetro de referencia sobre el impacto que han generado en el período 1998 – 2002 las sentencias y conciliaciones canceladas por el uso de armas en el presupuesto total asignado a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 77 .000 procesos. es decir. en dicho periodo menos del 1.8 billones por año.8% del presupuesto total asignado para el pago de todo tipo de demandas en contra de las entidades estudiadas (Fuerzas Militares y Policía Nacional).068 al Ministerio de Defensa. .Diciembre 2006. respectivamente.Volumen IX. el valor promedio de las demandas ejecutoriadas pasó de $66 millones a $76 millones y el volumen aproximado de demandas en curso (no falladas). . En este período. lo cual implica contingencias cercanas a los $608. Por tal motivo.001. es obligación de las entidades del sector público a través de los comités de conciliación. al cierre del año 2.915 millones del presupuesto general. 1575 de abril 10 de 2003: “A frenar la deuda pública”.3% y 41. Pg. esto es.
En el caso del Ministerio de Defensa el porcentaje de absorción de las sentencias y conciliaciones canceladas por el uso de armas frente al total del presupuesto asignado para pagar todos los créditos judicialmente reconocidos es mayor que en la Policía Nacional. conciliaciones y laudos arbitrales”. La presente investigación coincide con el informe del Ministerio del Interior. es decir. 291.991 definió más claramente la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares coincidiendo con la evolución jurisprudencial. situación que se observa con mayor relevancia en los años 1998 y 1999. a fin de realizar los estudios de conciliación en aquellos procesos en donde son citadas a audiencia de conciliación. . Estas conciliaciones para los años 2. Es evidente que la litigiosidad en contra de la Nación ha aumentado vertiginosamente. No. .ISSN 0121-182X. Al respecto deben evaluarse diversas hipótesis: la Constitución de 1.669 millones con valor promedio unitario de $87 millones (Gráfica 1).minjusticia.905 millones.5% en la Policía Nacional. existe indiferencia hacia la misma. En el primer caso la absorción promedio anual fue de 65.2002 se cancelaron 1. cerca de $51 millones por unidad.Diciembre 2006. Pg. tanto así que los comités de conciliación se reúnen en forma habitual cada 8 días.No. 18.Volumen IX.
FUENTE: Información obtenida de Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de la Policía Nacional. En cuanto a la Policía Nacional. situación que no se evidencia en el presente trabajo de investigación. C. www. por el contrario. pues.RICARDO HOYOS DUQUE
En el caso del Ministerio de Defensa Nacional en el período 1998 . en el quinquenio se cancelaron 514 sentencias y conciliaciones que sumaron $42. “La Nación Demandada: Un Estudio sobre el pago de sentencias. (Cuadro 2). de Justicia y del Derecho cuando afirma que de 408 conciliaciones el 92%. agosto de 2002.gov. es decir. . Colombia . Contraloría General de la República.6% frente a un 43. se pasó de un modelo de irresponsabilidad patrimonial estatal a uno jurídico garantista. de Justicia y del Derecho por cuanto al realizar este organismo un análisis de los factores que desestimulan la conciliación. GRÁFICA 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PAGADAS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LA POLICÍA NACIONAL ENTRE 1998 Y 2002
como en cuantía. tanto en número
Revista Economía Colombiana. que aumentó la confianza de los ciudadanos en los órganos que administran justicia. encontró que en varias entidades (no precisa cuales) no se le da importancia a esta etapa procesal. Este hecho contradice lo expuesto por el Ministerio del Interior. Autores: Armando Enrique Arias Pulido y Luis Alberto Sandoval Navas”.co
Bogotá D. 345 corresponden a la acción de reparación directa31.522 actos administrativos definitivos por uso de armas de fuego por un valor aproximado de $76.30 También se observa que las conciliaciones en las dos entidades objeto de estudio tuvieron un alto porcentaje y muchas veces sobrepasaron los pagos efectuados por sentencias. que para el caso de la Policía Nacional en el año 2001 correspondió a un 39% y a un 23% para el año 2002.110
.000 y 2001 arrojaron entre el 57% y 70% frente al total pagado. 77 .Julio . en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional es donde más se concilia.
En esta gráfica se observa que en el Ministerio de Defensa Nacional la ejecución promedio es casi el doble de la observada en la Policía Nacional. . .000 y como los valores reconocidos por acto administrativo continuaron creciendo y aumentando la brecha frente a los montos promedio observados por el mismo Ministerio. En la gráfica 3 se observa como la Policía Nacional ha reducido el número de actos administrativos frente al Ministerio de Defensa Nacional. el capital reconocido por perjuicios morales representó en promedio el 74. la participación de los perjuicios morales en el total de erogaciones por perjuicios se mantuvo en relativo aumento.
Bogotá D. Colombia .No. el impacto de las condenas por perjuicios morales ha terminado siendo muy superior a la correspondiente por perjuicio material a favor de los demandantes. Esto supone una alta desviación entre los valores cancelados tanto por capital como por intereses en cada caso.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
FUENTE: Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.ISSN 0121-182X.Julio . . 18.8% y el 72. tanto en el Ministerio de Defensa Nacional como en la Policía Nacional.
5. Pg.
FUENTE: Información obtenida de Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de la Policía Nacional.9% del total del capital pagado por las demandas instauradas contra estas entidades por el uso de armas de fuego (cuadro 3). C.Volumen IX. especialmente a partir del año 2.Diciembre 2006. Como consecuencia de ello. Desde el punto de vista meramente financiero.110
. En este período. la amplitud de los criterios jurisprudenciales sobre el reconocimiento de perjuicios morales es particularmente onerosa.
Durante el periodo 1998 – 2002. 77 . a pesar de que los valores per cápita por sentencias son inferiores en el primero.
ISSN 0121-182X. lo constituye la distribución de los valores cancelados por concepto de intereses (ordinarios y de mora).417 millones (77.7%) a intereses corrientes y de mora.487 millones (22. Se observa cómo.Julio . 18. como por ejemplo durante las dos crisis del petróleo. 13232 – 15. .143 millones (28. 77 .4. suscita preocupación por cuanto puede ser un indicador de que los inversionistas están acudiendo a este destino anticipando tiempos peores.5%) en intereses corrientes y de mora. por lo tanto. El monto reconocido por intereses ha ganado un importante terreno.No.5%) en capital y $12. De los $76. Los acuerdos conciliatorios y las sentencias derivadas de la responsabilidad del Estado por el uso de armas de fuego en los cinco años analizados. En promedio.
Bogotá D. el comportamiento del salario mínimo registra una caída en el índice. En la Policía Nacional la cifra total se distribuyó en $30. Las mayores subidas del oro se han producido en épocas de fuertes procesos inflacionarios. Actores: Belén González y William Alberto González contra la Nación. Las crisis en los mercados financie5.526 millones (71. En la gráfica 4 se registra el comportamiento anual del precio del oro y del salario mínimo legal en el país. (Gráfica 5). $59. dado que el comportamiento del precio del metal ha ido en aumento en los dos últimos años frente al precio de la mano de obra no calificada.905 millones cancelados en el quinquenio por el Ministerio de Defensa Nacional.Ministerio del Trasporte . .RICARDO HOYOS DUQUE
ros también provocan intensos episodios de repunte de los precios del oro. Este cambio es un paso adelante para permitir un mejor control del presupuesto y posiblemente ha redundado en menores sumas de capital de sentencias y conciliaciones. GRÁFICA 4 COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRECIO DEL ORO Y DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL
*Años de los que no fue posible realizar el estudio y de los que se realizó una aproximación económica.3%) corresponden a capital y $17. al paso que en el oro ha sucedido lo contrario. de fecha 9 de septiembre de 2001. Pg.0% por causa de los intereses. así como las turbulencias financieras internacionales.
Un elemento importante en el reconocimiento de los valores a cancelar por capital ha sido el parámetro de medida.Volumen IX.INVIAS. lo cual se traduce en mayores erogaciones por concepto de intereses corrientes y de mora. La demora en los pagos de las condenas y conciliaciones intensifican el problema del costo de estas operaciones. . Colombia . especialmente en las condenas proferidas en contra del Ministerio de Defensa Nacional. se han visto incrementados en promedio en un 25. Históricamente el oro se ha considerado el activo refugio por excelencia para la inversión en épocas de crisis.Diciembre 2006. el tiempo que transcurre entre una senten-
Sentencia Consejo de Estado. procesos Nos. en términos porcentuales. C. Su subida. Del índice gramos oro se pasó a uno expresado en salarios mínimos legales mensuales32. PAGO DE INTERESES Uno de los aspectos más relevantes que arroja la información obtenida en este trabajo.646.110
Bogotá D. lo cual explica los mayores valores pagados en intereses de mora. entidad que lidera a nivel nacional la Defensa Judicial de la Nación. especialmente los moratorios. . en tanto que comparativamente en la jurisdicción ordinaria por cada $100 de condena solamente $1 corresponde a intereses moratorios. 18. Otro aspecto importante para tener en cuenta a efecto de lograr una revisión de los costos por intereses moratorios reconocidos. numeral 6.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
cia en firme o un acuerdo de conciliación y el pago efectivo del mismo es entre 18 y 24 meses.co Ley 510 de 1999. de 519 sentencias proferidas contra la Nación.No. encontró que del análisis del lapso 2000 a 2002. la cual a su vez. Colombia .
En estas condiciones la estrategia diseñada para la terminación previa o anticipada de los procesos a través de la conciliación. diseñando políticas y exponiendo propuestas de prevención del daño antijurídico. el 45% a nulidad y restablecimiento del derecho y el 3% a acciones contractuales.5 veces la tasa de interés corriente bancaria certificada periódicamente por la Superintendencia Bancaria. GRÁFICA 5 PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESES RECONOCIDOS
No obstante lo anterior. del art. lo que incide notoriamente en el reconocimiento excesivo del pago de intereses34. En efecto.minjusticia.Diciembre 2006. 345 corresponden a dicha acción. 77 . Señala este organismo que en materia de conciliaciones se tiene también una participación cuantiosa.33 En la siguiente gráfica se evidencia el mayor peso logrado por los intereses de mora en el capital reconocido en cada fallo y en el total de los intereses reconocidos. se reconocen intereses moratorios.Volumen IX. mecanismo establecido para reducir el monto de las condenas. la participación de las conciliaciones ha ganado peso en las entidades examinadas. una vez está en firme o ejecutoriado el fallo
La Dirección Nacional de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia. lo cual. Ley 599 de 2000. artículo 191 Código de Procedimiento Civil. . los fallos cancelados recogen la tasa
FUENTE: Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de la Policía Nacional.
De acuerdo con la Sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999 de la Corte Constitucional. literal c.ISSN 0121-182X. Información tomada de la página web del Ministerio del Interior y de Justicia: www.Julio . De acuerdo con la normatividad vigente. . es una tasa de interés efectiva que debe ser aplicable al periodo correspondiente en que se causan dichos intereses35.gov. pues analizadas 408 conciliaciones el 92%. En efecto. es decir. $34 son por concepto de intereses moratorios en la jurisdicción contenciosa. permitiría un ahorro importante.110
. es la metodología del cálculo de los mismos. en el período analizado se observaron importantes recortes en el presupuesto asignado para las sentencias y conciliaciones. Pg. en teoría. se ha visto truncada por el inusitado aumento de los mencionados intereses. 328 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. éstos corresponden a 1. 326 y numeral 1 del art. Al examinar la fórmula que aplican las dos entidades estudiadas para obtener la suma a ser reconocida por intereses moratorios. el 74% corresponde a acciones de reparación directa y que por cada $100 que el Estado en cabeza de sus Ministerios paga. se deduce que en términos efectivos se están reconociendo mayores intereses por este concepto de los que establecen las respectivas normas. así como adiciones presupuestales al final del año fiscal.
Para entender este punto. Los pasivos contingentes son obligaciones que pueden llegar a ser o no exigibles. Pg. frente a un fallo por $20 millones. CONTINGENCIAS ESTIMADAS: UNA BOMBA DE TIEMPO El panorama actual de las contingencias estimadas por demandas y sentencias en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional es preocupante. C.110
.5. El represamiento exagerado de procesos en curso amenaza la sostenibilidad de las finanzas no sólo de estas entidades. según sucedan o no ciertos hechos. Lo anterior sin considerar los pagos por intereses de mora.
Bogotá D. incrementa sustancialmente los valores de las sentencias y conciliaciones.5%) y la Policía Nacional (50. 18. El incremento en la inversión en armas para la defensa legítima de la sociedad tiene una alta correlación positiva con el incremento de las demandas contra el Estado por el uso de las mismas.
Información aportada por el Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa y por la División de Negocios Judiciales de la Policía Nacional. lo cual. La cascada de demandas por todo concepto que se instauran anualmente. indefectiblemente son factores que indirecta o directamente tienen que ver con el aumento de las demandas en contra del Estado. $166. a la fecha se tendrían contabilizados cerca de $463. la indiscutible degradación del conflicto armado al que ha asistido el país en los últimos años implica de plano la participación de la Fuerza Pública y el uso intensivo de armas para repeler los frecuentes actos violentos contra la población y los bienes civiles. En efecto. sino del propio Estado. 36 Factores como la elevada carga operativa. representa cerca del presupuesto promedio anual de trece universidades públicas en el país y de cuatro hospitales del tamaño del Hospital Militar.5%). EL CONFLICTO ARMADO Y OTRAS CAUSAS El incremento de las demandas por el uso de armas de fuegono ha sido ajeno al problema social que ha vivido el país. CUADRO 4 ACTOS VIOLENTOS PERPETRADOS POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY
Los atentados contra la población civil. 6.Diciembre 2006. (Cuadro 4).ISSN 0121-182X. Colombia .849 en exceso. A la fecha.003 millones en pasivos contingentes por este concepto 37 (Cuadro 5). supóngase el siguiente ejercicio hipotético:
las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos al margen de la ley. En el cuadro 5 se registran 58 funcionarios especializados en derecho administrativo.RICARDO HOYOS DUQUE
de interés corriente bancario certificada por la Superintendencia Bancaria para establecer la tasa de mora y aplican la proporción correspondiente para el periodo causado a una tasa nominal y no una tasa efectiva. . no fluyen con la misma rapidez que se quisiera. la demora en el trámite de los procesos en los Tribunales inciden de manera directa en el incremento de los mismos. . hay en curso cerca de 16. se termina cancelando para un período de tan sólo 270 días. que es lo financieramente correcto.Julio .No.
Así. encargados de manejar en promedio 283 demandas de todo orden. De acuerdo con el porcentaje estimado de demandas por el uso de armas de fuego y según los valores reconocidos en promedio por concepto de capital.5. como se dijo. .Volumen IX.200 demandas por todo concepto contra el Ministerio de Defensa Nacional (49. 5. las masacres. 77 . Una cifra como la anterior.
Armada Nacional y Policía Nacional).ISSN 0121-182X.110
.No.Diciembre 2006. Pg.7% de los encuestados. Análisis Vertical (Por Fuerzas) Fuerza Aérea: 38 encuestados
El 100% de los Comandantes encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego. El procedimiento de muestreo: aleatorio estratificado. 6. El 51% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las
Bogotá D. 1. seguido por el 16.Julio . .9% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos.9% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores.5% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono. . tal como la del impuesto a las transacciones financieras o tres por mil. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: El 51% contestó que esta revisión la efectúa el Grupo de Apoyo Especializado (GRUSEG). y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 93. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL INTERIOR DE UNIDADES MILITARES Y DE POLICÍA NACIONAL.3% que respondió que ésta es efectuada por personal calificado de la Unidad y en el 12.2% de los casos son los Oficiales y Suboficiales a todo nivel quienes están a cargo.7% de ellos. ya que el 93. C. 18. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 85.1% de los encuestados afirma que en sus Unidades no se cuenta con polvorín. en la mayoría de las Unidades de la Fuerza Aérea se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y se realiza semestralmente.Volumen IX. en las Unidades Militares y de Policía en el ámbito nacional y 607 efectivos diferentes a Comandantes. El 95. mientras que en otros casos (16. Así mismo se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. Encuesta dirigida al personal de Comandantes de la Fuerza Aérea.9% afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.3%) hay personal orgánico de la unidad capacitado en estos asuntos. Como conclusión acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Fuerza Aérea se lleva a cabo de una manera efectiva. Ejército Nacional. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades el 100% de los comandantes encuestados afirma que se revisa periódicamente. Según respuesta del 34. Suboficiales y equivalentes. estas labores las lleva a cabo un grupo de apoyo especializado. a un total de 368 Comandantes entre Oficiales. mediante el diligenciamiento directo por parte de los mismos de los formatos que les fueron sometidos a su consideración.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
La cancelación de esta cifra le representaría al Estado Colombiano cerca de una tercera parte de los ingresos anuales que le genera una reforma tributaria. El 75.9 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. .3% de los encuestados afirma que éste se encuentra debidamente señalizado. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas debe poseer. En conclusión. mientras que en la Unidades en las que sí lo hay. El 95. Ficha técnica: Las dos encuestas se realizaron entre los meses de Julio a Octubre de 2003. 77 .1%) respondió que en sus Unidades se realiza se-
mestralmente la práctica de tiro. Igualmente el 95. La mayoría de encuestados (53. el 91. El 53. Colombia .9% de ellos.
Como conclusión se puede decir que en la mayoría de las Unidades del Ejército se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y éste se realiza periódicamente. mientras que en la Unidades en las que sí lo hay. seguido por el 31. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas debe poseer. El 54.110
.2% de encuestados respondió que en sus Unidades se realiza semanalmente la práctica de tiro. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos y en la mayoría de los casos se han producido por error del operario. 18.7% que respondieron que ésta es efectuada por los Oficiales y Suboficiales a todo nivel. estas labores las lleva a cabo un grupo de apoyo especializado.8% de los encuestados.RICARDO HOYOS DUQUE
Unidades para la destrucción de explosivos. Como conclusión acerca del manejo de explosivos. El 83.9% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades un 97. pero el personal está adecuadamente entrenado en su manejo. .6% de los encuestados. Como conclusión acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades del Ejército Nacional se lleva a cabo de una manera efectiva. Como se puede observar.Diciembre 2006.5% de ellos afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.1% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las Unidades para la destrucción de explosivos. Como conclusión acerca del manejo de explosivos. atribuyéndole la causa.5% que afirma que esta labor se realiza mensualmente.7% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por arma de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio.6% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con arma de fuego o explosivos ocasionados por negligencia.3% de los comandantes encuestados afirma que se revisa periódicamente. El 81. mientras que en otros casos (21. Igualmente. el 84.Volumen IX. El 86.6% de los casos al incumplimiento de órdenes o no tener en cuenta las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y/o explosivos. 77 . en un 53.ISSN 0121-182X. bien sea semanal o mensualmente. Ejército Nacional: 183 encuestados
El 100% de los encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego.
El 96. imprudencia.Julio . el 58.No. Pg. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 46. Así mismo se realiza divulgación sobre prevención de accidentes.1% de los encuestados afirma que en sus Unidades no se cuenta con polvorín. etc.2% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 95. ya que el 91. negligencia. seguido por el 29. Colombia .3% de ellos. irresponsabilidad. El 85. pero el personal está adecuadamente entrenado en su manejo.9%) hay personal orgánico de la unidad capacitado en estos asuntos. confianza. El 91.1% a errores del operario (descuido. El 49. C.6%.8 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente.2% de los encuestados afirma que éste se encuentra debidamente señalizado.) y en un 30.8% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 92.4% contestó que esta revisión la efectúan los Comandantes. se puede decir que en la mayoría de las Unidades del Ejército Nacional no hay polvorines. . según respuesta del 89. Según respuesta del 65. se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Fuerza Aérea no hay polvorín. .
mientras que en otros casos (21. Según respuesta del 57% de los encuestados. En conclusión.6% de los casos es el Armero quien está a cargo.No.5% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con armas de fuego o explosivos ocasionados por negligencia. Como conclusión acerca del manejo de explosivos. Colombia . y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 90.1% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores.4% de los encuestados afirma que en sus Unidades no se cuenta con polvorín.Julio .RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente.2% respondió que ésta es efectuada por los Comandantes a todo nivel y en el 20. mientras que en la Unidades en las que sí lo hay.8 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta.7%. El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente.5% de los comandantes encuestados afirma que se revisa periódicamente.7% a errores del operario (descuido. C. El 73. Igualmente el 87. confianza. seguido por el 25. bien sea semanal o mensualmente.). El 78. en la mayoría de las Unidades de la Armada Nacional se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y se realiza periódicamente. El 81.ISSN 0121-182X. El 83. Así mismo se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades. El 95. irresponsabilidad.110
Bogotá D. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos y en la mayoría de los casos se han producido por error del operario. . Armada Nacional: 107 encuestados
El 100% de los encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego. se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Armada Nacional no hay polvorín.1% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las Unidades para la destrucción de explosivos. El 70.Volumen IX. seguido por el 24. 18. negligencia.5% de los encuestados. imprudencia. Como se puede observar. .3% de los encuestados afirma que éste se encuentra debidamente señalizado. El 51. 77 . un 92. en un 61. etc.8% de ellos contestó que esta revisión la efectúa el personal de Oficiales y Suboficiales a cargo.9% afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.3%) respondió que en sus Unidades se realiza mensualmente la práctica de tiro. el 72. . ya que el 88. El 84. Pg.3% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos.6% de los encuestados.9%) hay personal orgánico de la unidad capacitado en estos asuntos.7% de ellos.2% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con armas de fuego o explosivos ocasionados por negligencia. según respuesta del 88. pero el personal está adecuadamente entrenado en su manejo. estas labores las lleva a cabo un grupo de apoyo especializado. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 31. según respuesta del 91.2% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 89. atribuyéndole la causa.3% que afirma que esta labor se realiza semanalmente. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas de fuego debe poseer.4% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por armas de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio. La mayoría de encuestados (53. Como conclusión
acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Armada Nacional se lleva a cabo de una manera efectiva.Diciembre 2006.
negligencia. Pg. El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente.5% afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.5% y en un 15% de los casos al incumplimiento de órdenes o
Bogotá D. imprudencia.ISSN 0121-182X. 77 . y un 92. ya que el 82.Diciembre 2006. seguido por el 20% respondió que ésta es efectuada por los Comandantes a todo nivel y en el 15% de los casos es el Instructor de Tiro quien está a cargo.5%) respondió que en sus Unidades se realiza semestralmente la práctica de tiro. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 85%. Policía Nacional: 40 encuestados
El 100% de los encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego.).No.110
. Igualmente el 92. estas labores las lleva a cabo un grupo antiexplosivos. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas debe poseer. C.9% de las respuestas.5% de los encuestados. en un 30% de las respuestas. Así mismo.2% de los casos al incumplimiento de órdenes o no tener en cuenta las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y/o explosivos.5% de los comandantes encuestados afirma que se revisa pe-
riódicamente. El 65% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las Unidades para la destrucción de explosivos. Según respuesta del 47. El 65% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con polvorín. irresponsabilidad. negligencia. El 75% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por armas de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio.5% de los encuestados. El 95% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono. se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. . un 97. . imprudencia. a errores del operario (descuido. El 90% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con armas de fuego o explosivos ocasionados por negligencia. 18. mientras que en otros casos (30%) es el Jefe de Almacén quien se encarga de estos asuntos.5% de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. confianza. se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Policía Nacional hay polvorín y el personal está adecuadamente entrenado en su manejo.) y en un 11. atribuyéndole la causa. Como conclusión acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Policía Nacional se lleva a cabo de una manera efectiva. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades. en la mayoría de las Unidades de la Policía Nacional se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y se realiza semestralmente. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos y en la mayoría de los casos se han producido por error del operario. La mayoría de encuestados (72.RICARDO HOYOS DUQUE
El 84.5%.Julio . A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 45% de ellos contestó que esta revisión la efectúa el Jefe de Armamento.3% de los encuestados responde que éste se encuentra debidamente señalizado. etc. El 85% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores. según respuesta del 92. confianza. Colombia . en un 58. Como se puede observar. atribuyéndole la causa. En conclusión. a errores del operario (descuido. Como conclusión acerca del manejo de explosivos.Volumen IX. El 85% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 92. seguido por la falta de instrucción o impericia que ocupa un 22. irresponsabilidad. etc.1% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por armas de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio. .
Análisis Vertical (por Fuerzas) Fuerza Aérea: 113 encuestados
A la pregunta 1 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego el 100% de los encuestados respondió afirmativamente mientras que a la pregunta 2 sobre haber recibido instrucción previa a la manipulación de las mismas el 99.No. 18. material de guerra y explosivos en el cumplimiento de sus funciones. . Pg. hay personal encargado para dichas labores. se cuenta con manuales y se deja documentada esta labor. están relacionadas con factores inherentes a la incorrecta manipulación de las armas de fuego y explosivos por parte del operador (descuido. según la respuesta promedio del 51% de los Comandantes encuestados. Esta también sería una variable susceptible de mejoramiento. Así mismo se puede observar que en dichas Unidades se realiza divulgación e instrucción permanente de las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y explosivos y se cuenta con instrumentos para tal fin. irresponsabilidad.110
. Armada Nacional y Policía Nacional que maneja armas de fuego. (Anexo C).Volumen IX.1% de ellos respondió afirmativamente. Colombia . juegos con el arma. negligencia y/ o exceso de confianza). (promedio de respuesta del
63%). El control de munición y explosivos en las diversas Unidades es una labor que está bastante controlada.4% en promedio) se puede concluir que en las diversas Unidades de las Fuerzas Militares y Policía Nacional se revisa con cierta periodicidad el estado de armas y explosivos. C. inseguridad. . según promedio de respuesta del 90% de los Comandantes encuestados.
2. imprudencia. Como se puede observar. Por las respuestas de un porcentaje relativamente alto de los Comandantes encuestados (92. Acerca del manejo de explosivos se puede concluir que en la mayoría de Unidades aunque no cuenten con polvorín (excepto en la Policía). Sobre la instrucción y práctica de tiro se puede decir que se realiza frecuentemente y que se cuenta con los elementos para tal fin en un porcentaje relativamente alto (80% en promedio). Encuesta dirigida al personal de la Fuerza Aérea. Así mismo el 59% de los encuestados asegura que esta labor es supervisada por el Oficial de Servicio y el
Bogotá D. A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
no tener en cuenta las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y/o explosivos.Julio . por lo que la labor preventiva tendría que estar enfocada en este aspecto en particular. mientras que un 30% asegura realizar estas labores semanalmente. lo cual puede ser susceptible de mejorar. Esto indica que la instrucción preventiva al respecto se está llevando a cabo en las diversas Unidades de la Fuerza Aérea. Análisis Horizontal (comparativo entre Fuerzas)
El 100% de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional encuestados afirman que conocen el decálogo de seguridad en el manejo de armas de fuego. Ejército Nacional.ISSN 0121-182X. capacitan satisfactoriamente a su personal en el manejo de los mismos.Diciembre 2006. lo que indica que por lo menos esta mínima instrucción es dada a conocer entre el personal que manipula armas. indisciplina. pero para la destrucción de explosivos generalmente encargan a grupos de apoyo especializados (no orgánicos de la Unidad) por lo que la reglamentación en la materia no es muy conocida. . es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos que en gran parte de los casos se han producido por error del operario o falta de instrucción e impericia. el 64% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente. 77 . Acerca de la ocurrencia de accidentes se puede concluir que su frecuencia es bastante alta (mayor del 80% en promedio) y que las causas que los originan.
Pg. Con las preguntas 5.7% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y el 90.9% ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. en el ámbito nacional. encontrándose el 100% de respuestas afirmativas para la pregunta 7. 18. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades. que son normas del decálogo de seguridad. 94.Julio .Diciembre 2006. el 96. Así mismo. indisciplina.
A las preguntas 1 y 2 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego e instrucción previa a su manipulación el 98.7% de los encuestados respondió afirmativamente y para la numero 6 el 91. que son normas del decálogo de seguridad.4% de los casos esta labor es supervisada por los Comandantes y en el 42. falta de precaución. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) están correctamente capacitadas para hacerlo. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas de manejo de armas de fuego en las diferentes Unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos.2% de ellos lo hizo de la misma manera.5% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y el 95. .9% de los casos por los Oficiales y/o Suboficiales encargados.5% y 98% respectivamente). mientras que para la pregunta 5 el 86. donde tienen que hacerlo de esta manera. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) estaban correctamente capacitadas para hacerlo. observándose que un 69.6% de los casos según su opinión. encontrándose que el 43. Esto indica que estas labores se efectúan periódicamente y que son supervisadas por el personal pertinente. es decir.9%. como de las normas de seguridad. encontrándose que el 72.110
. que en las diversas Unidades de la Fuerza Aérea. A las preguntas 8 y 9. como de las normas de seguridad.No. Esto quiere decir.6% afirma que la portan sin cargar. los cuales.8% de los encuestados respondió que conoce el decálogo y el 100% haber recibido instrucción previa a la manipulación de armas de fuego. que en las diversas Unidades del Ejército en el ámbito nacional se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. el 34. . C.Volumen IX. Finalmente. A las preguntas 8 y 9.RICARDO HOYOS DUQUE
21% afirma que la realizan los Comandantes a todo nivel. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas de manejo de armas de fuego en las diferentes Unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos.2%) corresponde a los que se hallan en el área. imprudencia. negligencia. etc). respondieron que en el 44.6% de los militares encuestados no ha manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio aunque un 77% de ellos afirma haber recibido instrucción al respecto. El porcentaje de encuestados que afirman portar su arma de dotación cargada (7. mientras que un 59. 77 . Con las preguntas 5. el 95. encontrándose un alto porcentaje de respuestas afirmativas en todos los casos (87.5% afirma que la portan sin cargar.ISSN 0121-182X. en un 49. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. . se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación.5% de los militares encuestados han manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio y
Bogotá D. irresponsabilidad.9% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente. se debe a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido. Colombia .1% asegura realizar estas labores semanalmente. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad.
imprudencia. se deben a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido. encontrándose respuestas afirmativas en todos los casos (100% de los encuestados).5% afirma haber recibido instrucción previa.5% de los casos por los Comandantes y en el 36. El 86. como de las normas de seguridad. A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación. que en las diversas Unidades de la Armada Nacional
en el ámbito nacional se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. los cuales.1% de los casos por los Oficiales y/o Suboficiales encargados. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. irresponsabilidad. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas sobre la manipulación de las armas de fuego en las unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos. falta de precaución. mientras que un 32% asegura realizar estas labores semanalmente. Policía Nacional: 50 encuestados
A las preguntas 1 y 2 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego e instrucción previa a su manipulación el 100% de los encuestados respondió afirmativamente. . observándose que un gran porcentaje de ellos (81. otro porcentaje importante (15. Colombia . etc). Así mismo el 36% de los encuestados asegura que esta labor es su-
Bogotá D. es decir. Armada Nacional: 97 encuestados
A las preguntas 1 y 2 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego e instrucción previa a su manipulación el 100% de los encuestados respondió afirmativamente. imprudencia. mientras que un 80% asegura realizar estas labores semanalmente. en un 61. el 100% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y sin cargar.). los cuales.4%. Así mismo. que son normas del decálogo de seguridad. el 66% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente.1% de los casos según su opinión.7% de los militares encuestados ha manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio y un 82.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
un 86. observándose que un gran porcentaje de ellos (88. se deben a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido. el 20% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente.6%) ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. 77 .7%) ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. negligencia. que todos ellos conocen el decálogo y han recibido instrucción previa a la manipulación de armas de fuego. Pg. Así mismo. indisciplina. Finalmente. . . es decir. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades. negligencia. 18.Volumen IX.Diciembre 2006. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) estaban correctamente capacitadas para hacerlo.2% afirma haber recibido instrucción previa. irresponsabilidad. otro porcentaje importante (23. encontrándose que el 55.1%) se lo atribuyen al no tener en cuenta las normas de seguridad mientras que la falta de control o supervisión por parte de los superiores ocupa el tercer lugar de las causas con un 10. C.1% de los encuestados respondieron que esta labor es supervisada. Finalmente. A las preguntas 8 y 9. etc. indisciplina.ISSN 0121-182X. en el 50. A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación.110
. Con las preguntas 5.No. falta de precaución. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades.Julio . en un 66% de los casos según su opinión.5%) se lo atribuyen al no tener en cuenta las normas de seguridad mientras que la falta de capacitación o instrucción ocupa un porcentaje similar (10%).
Finalmente.) Sobre el manejo de explosivos se puede concluir que en promedio el 65% de los miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional no ha tenido que hacerlo. como de las normas de seguridad. sobre la instrucción preventiva y práctica de tiro se puede concluir que está controlada y se realiza correctamente ya que el promedio de respuestas a estas preguntas fue bastante alto (97. 99.
Según lo anterior. Análisis Horizontal (comparativo entre Fuerzas)
Nacional.Volumen IX. como para la manipulación y mantenimiento del arma de dotación. 77 . mientras que el mismo promedio en la Armada Nacional y Policía Nacional sí. encontrándose que el 76% de los policías encuestados ha manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio y el 100% de ellos afirma haber recibido instrucción previa.
En promedio el 99.4% en promedio) ha recibido instrucción preventiva al respecto. . Esto quiere decir.ISSN 0121-182X. que en las diversas Unidades de la Policía Nacional. lo que indica que por lo menos esta mínima instrucción les es dada a conocer. material de guerra y explosivos en el cumplimiento de sus funciones afirma que conoce el decálogo de seguridad en el manejo de armas de fuego. . encontrándose el 100% de respuestas afirmativas para las preguntas 5 y 7 mientras que para la pregunta 6 las respuestas afirmativas fueron de un 98%. un relativo alto porcentaje de los encuestados (86. se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego.7%.7% del personal encuestado de la Fuerza Aérea.RICARDO HOYOS DUQUE
pervisada por el Oficial de Servicio y el 30% afirma que la realiza el Armerillo. C. y en un 38% se lo atribuye a no tener en cuenta las normas de seguridad. se debe a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido.8%. el 100% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y el 66% de ellos afirma que la portan sin cargar. Armada Nacional y Policía Nacional que maneja armas de fuego. que son normas del decálogo de seguridad. las respuestas promedio entre los encuestados sobre aspectos relacionados con la misma fueron: han recibido instrucción previa de manejo. Pg. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) están correctamente capacitadas para hacerlo. negligencia. A las preguntas 8 y 9. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. se puede deducir que tanto la instrucción para difundir la normatividad que sobre el manejo de armas de fuego se ha expedido al interior de cada Fuerza y de la Policía Nacional (anexo F). falta de precaución. Independientemente de lo anterior.).110
. Frecuencia de mantenimiento: diaria o semanal. supervisión del mantenimiento: a cargo del personal de cuadros. en un 62% de los casos según su opinión. Acerca del arma de dotación. .No. es un aspecto controlado en las distintas Unidades donde se aplicaron las encuestas. irresponsabilidad.7%.Julio . Colombia . Ejército
Así mismo. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas de manejo de armas de fuego en las diferentes Unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos. portan el arma de dotación cargada: 88% (el promedio baja por aquellos que por encontrarse en el área portan su arma de dotación cargada). 18. los cuales. imprudencia.Diciembre 2006. Con las preguntas 5. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades. La frecuencia de ocurrencia de accidentes por armas de fuego y explosivos al interior de las Fuerzas Militares y Policía Nacional es bastante alto (84% en promedio) y las causas que los ocasionan según respuesta promedio del 60% de los
Bogotá D. en el ámbito nacional.1%. observándose que un gran porcentaje de ellos (96%) ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. prácticas de arme y desarme: 93. indisciplina. portan el arma de dotación asegurada: 98. etc.
de los derechos del ciudadano frente al Estado. . C. sino del propio Estado. Esta cifra representa el 16. en Colombia esto ha sido posible. 77 .0% y en la Policía Nacional en un 38.7% del presupuesto total de inversiones del año 2. 77 C.Diciembre 2006. irresponsabilidad.002 de estas entidades. daño especial. El represamiento exagerado de procesos en curso amenaza la sostenibilidad de las finanzas no sólo de estas dependencias. imprudencia. se incluyen los diferentes criterios de imputación del daño a particulares elaborados en su larga evolución por la jurisprudencia del Consejo de Estado (falla del servicio.ISSN 0121-182X. fuerza mayor).110
. Solo cabe por tanto. juegos con el arma. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El daño antijurídico es un concepto genérico en el cual se engloban todos los supuestos que permiten declarar la responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) y en el que a su vez.Volumen IX. el 60.000 millones (tres cuartas partes lo fueron por perjuicios morales y solo una cuarta parte por perjuicios materiales. presunción de responsabilidad en actividades riesgosas y peligrosas. 90 inc. 18. La jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que en relación con los daños derivados de la prestación de los servicios médicos asistenciales se presume la falla del servicio. 54 ley 80 de 1993). Entre las causas que han influido en el incremento de las demandas y de los mayores valores cancelados por intereses está la intensificación del conflicto interno armado y de los grupos al margen de la ley. Las cifras señalan que en el año 2002. El panorama actual de las contingencias estimadas por demandas en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional por armas de fuego es preocupante. En este periodo el valor promedio de las condenas pasó de $66 millones a $76 millones. En el quinquenio analizado. a un 48. el valor de los intereses moratorios pasó de representar un 12. toda teoría de la responsabilidad refleja una cierta
forma de civilización”.No. la cual puede desvirtuarse por la entidad demandada con la prueba de la diligencia y cuidado (ausencia de falla en el servicio) o la existencia de un elemento extraño que rompa el nexo de causalidad (hecho exclusivo de un tercero. También la falta de coordinación y celeridad entre la misma programación y asignación del presupuesto destinado a cubrir los fallos proferidos.A. Colombia . etc. Pg. por lo que la labor preventiva tendría que estar enfocada en este aspecto en particular.2002 en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional se pagaron un total de 2.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
encuestados están relacionadas con factores inherentes a su incorrecta manipulación por parte del operador (descuido. alegar y probar la existencia de un elemento extraño. art. inseguridad. El cambio para la tasación de la indemnización por daño moral de gramos oro a salarios mínimos legales mensuales permitirá un mejor control del presupuesto. presunción de falla del servicio. además de haber redundado en menos erogaciones toda vez que el comportamiento del precio del metal ha ido en aumento en los últimos años frente al precio de la mano de obra calificada.6% del capital de condenas en 1.Julio .036 condenas y conciliaciones por el uso de armas de fuego por $120.00% en el 2001 y 2002 respectivamente.. la responsabilidad del Estado se desliga de criterios subjetivos como el dolo y la culpa.C. culpa exclusiva de la víctima. así como el aumento en inversión y en armamento. gracias a la paciente labor jurisprudencial del Consejo de Estado como garante.03%. 2 Constitución Política. indisciplina.3% y un 41. Si como lo expresara el profesor RIVERO la posibilidad para los ciudadanos de obtener reparación de los daños imputables a la potestad pública es una pieza esencial del Estado liberal. art. En este orden de ideas. .200 demandas por todo concepto contra el Ministerio de Defensa
Bogotá D.).8% del presupuesto asignado para pago de sentencias y conciliaciones fue absorbido en la cancelación de fallos por el uso de armas de fuego en las Fuerzas Militares en un 81. y “más allá de su valor práctico. En relación con actividades peligrosas o riesgosas (utilización de armas de fuego) la prueba de la diligencia y cuidado no exonera de responsabilidad. A la fecha hay en curso cerca de 16. . En el período de 1998. los cuales solo juegan al momento de definir la responsabilidad personal del funcionario (art. en una buena medida. negligencia y/o exceso de confianza).998. a lo largo de su historia.
C. Se observa igualmente por información recibida de las dependencias objeto de estudio. lo cual estima unas contingencias por demandas y sentencias por el uso de armas de fuego de aproximadamente $463. Dirección de Armamento Ejército Nacional. Público.Diciembre 2006. 77 .1.5%) y la Policía Nacional (50. Manual FAC 3-055 Público sobre Prevención de accidentes aéreos. Pg. Dirección de Armamento Ejército Nacional. Colombia . Boletín Técnico No. Boletín Técnico No. 2001 COMANDO FUERZA ÁEREA COLOMBIANA.110
.Oficina Jurídica.5%). JUSTICIA Y SEGURIDAD: Dirección de Estudios Sectoriales. para el presente año se vincularon seis abogados por contrato de prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar las funciones de defensa judicial del Ministerio ante diferentes Tribunales a nivel nacional. que para las vigencias 2003 y 2004. Enero de 1990 CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA. Segunda edición. Normas de Seguridad Contra Accidentes. 11 de Agosto de 1998. Por información recibida del Ministerio de Defensa Nacional.RICARDO HOYOS DUQUE
Nacional (49.Grupo Contencioso Constitucional. 2001 COMANDO EJERCITO NACIONAL: Boletín Técnico No. Manual Ejército 1-2 Publico. 29 de Octubre de 1984. Reglamento para el servicio de tropas en orden público urbano y desastres civiles. COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. COMANDO FUERZA ÁEREA COLOMBIANA.003 millones. Esto permitirá que al momento de su manipulación se reduzca en gran medida la accidentalidad por estas causas. COMANDO FUERZA ÁEREA COLOMBIANA.Volumen IX. Diciembre de 1999. Finalmente. Edición No. 2001 COMANDO EJÉRCITO NACIONAL. COMANDO EJERCITO NACIONAL. Decálogo de Seguridad para el manejo de armas de fuego. 18. 2001 COMANDO EJÉRCITO NACIONAL.Julio . Estos porcentajes demuestran que los valores pagados por el uso de armas de fuego siguen siendo ostensiblemente altos frente al rubro de “sentencias y conciliaciones” asignado durante estas vigencias. 1978.6.
BIBLIOGRAFÍA COMANDO EJÉRCITO NACIONAL.ISSN 0121-182X. 3-9. Sentencias y
Bogotá D. es de señalar que el esfuerzo del Estado debe estar orientado a la reducción o mitigación de las causas que incrementan estas obligaciones. Revista Seguridad Aérea.006/01 DIARM. Dirección de Armamento Ejército Nacional. FM. 3-17 Reservado. lo que se considera permitirá una mejoría en la calidad de la defensa de la entidad frente al volumen de las demandas en curso. Otra medida preventiva para la reducción de interese en las condenas la constituye la necesidad de efectuar una mejor programación y ejecución del presupuesto asignado para el rubro sentencias y conciliaciones de las entidades objeto de estudio. Reglamento del Servicio de Guarnición FM. mediante la elaboración y aplicación de políticas de prevención del daño antijurídico. . Esto involucra una adecuada coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Edición No. COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. Boletín Técnico No. .No. . Junio de 1999.1999. Dirección de Armamento Ejército Nacional. COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. Revista Seguridad Aérea.10/01 DIARM.008/01 DIARM.05/02 DIARM. el porcentaje de los pagos por créditos judicialmente reconocidos por armas de fuego representó el 17 y 18% en la Policía Nacional y para el mismo periodo un 37% y 39% en el Ministerio de Defensa Nacional frente a la totalidad de condenas y conciliaciones por otras causas. Dentro de estas políticas de prevención se encuentra la necesidad que al interior de todas las unidades de la Fuerza Pública se refuerce la instrucción al personal militar y policial sobre la normatividad especial existente sobre el uso y manejo de armas de fuego que han expedido cada uno de los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional.
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