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Timestamp: 2018-09-20 11:39:17
Document Index: 46495120

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 48', 'artículo 29', 'Artículo 251']

﻿ Sentencia 2004-2363 de marzo 25 de 2010
SENTENCIA 2004-2363 DE 25 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA. VALOR PROBATORIO DEL LENGUAJE SIMBÓLICO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD. MENSAJE DE EVENTUAL CONSERVACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO. PRINCIPIO DE UNIDAD PROBATORIA
TEMAS ESPECÍFICOS:FALTAS DISCIPLINARIAS, PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA, CAUSALES DE DESTITUCIÓN DEL ALCALDE, DESTITUCIÓN DEL ALCALDE, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO
Sentencia 2004-2363 de marzo 25 de 2010
Radicación: 2500023250002004236302 ( 504- 2008)
Actor : José Jairo Linares Rodríguez
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “A” el 22 de febrero de 2007, accediendo de manera parcial a las pretensiones de la demanda (fl. 492-507).
“…El doctor José Jairo Linares Rodríguez, en ejercicio de su cargo como alcalde municipal de Sibaté, tenía el deber funcional de salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la lealtad, la igualdad, la imparcialidad, la celeridad, la publicidad, la economía, la neutralidad, la eficacia y eficiencia, respecto del proceso electoral de próximo 26 de octubre, y al incumplir tal deber, sin causal de justificación alguna, se hace merecedor de un juicio de reproche disciplinario, en virtud de su conducta dolosa (…) Es gravemente reprochable, que la persona que dirige los destinos de un municipio, en este caso el de Sibaté-Cundinamarca, impacte a la ciudadanía al mostrar su inclinación de voto (…)
De la conducta desarrollada por el aquí investigado, se hace evidente que actuó con pleno conocimiento que estaba desarrollando una conducta típicamente antijurídica, la intención de consumarla y la consumación de la misma, sin la existencia de circunstancias de atenuación o exoneración de responsabilidad. El doctor José Jairo Linares Rodríguez, con su conducta funcional, incursionó en indebida participación en política y, realizó una conducta objetiva descrita en la ley como falta gravísima sancionable a título de dolo…” (fl. 129-147).
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el 28 de noviembre de 2003, confirmando la sanción impuesta, al encontrar el funcionario superior, que la conducta investigada se tipificaba como falta gravísima derivada de las características del actuar del disciplinado conforme a precisas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que le permitían obrar en contrario (fl. 183 a 200).
De las faltas y las sanciones disciplinarias. La Constitución Política de 1991 plasmó en su artículo 127 las incompatibilidades de los servidores públicos, entre ellas la prohibición de tomar parte en actividades políticas para algunos de ellos. Decía el precepto en el aparte pertinente, antes de la reforma del Acto Legislativo 2 de 2004:
A su turno la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, en su artículo 23 define la falta disciplinaria como la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos que impliquen desconocimiento de los deberes sin estar amparado por causales de exclusión de responsabilidad, y en el artículo 42 ibídem, clasifica las faltas disciplinarias como gravísimas, graves y leves, precisando en el artículo 43 que las gravísimas son las que de manera taxativa describe la ley, y las graves y leves dependen de criterios tales como, el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, la trascendencia social, los motivos determinantes del comportamiento.
Es así como el artículo 48 numeral 39 de la Ley 734 de 2002, dentro de las conductas que constituyen faltas gravísimas enlista la de: “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la constitución y la ley”.
De la anterior descripción normativa se infiere que su verbo rector está constituido por la “participación” del servidor encaminada a colocar el ejercicio de la misión constitucional de gobernar al servicio de un partido o de sus seguidores, ya sea que de manera activa se influya en el electorado, o que de manera pasiva y aún con la sola presencia se esté indicando el asentimiento con la causa o movimiento político. Este último comportamiento debe ser mirado dentro del contexto del hecho que se califique(1), en procura de una efectiva realización del debido proceso y el derecho de defensa que como garantías constitucionales se han instituido a favor de las partes y de los terceros que tengan interés en una actuación administrativa o judicial, al tenor de lo previsto en el artículo 29 superior, y consiste en que toda persona natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina garantizándole principios como los de publicidad, contradicción y derecho de defensa.
A su turno la Corte Constitucional ha destacado que la estructura y funcionamiento de la administración pública están determinados por la idea del interés general; así entonces la prohibición de participación en política deriva del propósito estatal de neutralidad en la toma de decisiones y en la aplicación de las mismas, como condición indispensable para protección de éste(2). El debate democrático entonces, debe ser libre y ajeno a cualquier presión oficial, pues sólo de esta manera se garantiza una real y efectiva aplicación del derecho al voto.
“…La prohibición de participación en política, como imperativo constitucionalizado, busca tutelar el principio de imparcialidad que debe informar el quehacer público en armonía con el mandato, también superior, según el cual los servidores públicos están al servicio del estado y de la comunidad, de manera tal que cuando éstos ejercen sus competencias de modo que inclinan la balanza del aparato estatal a favor de una determinada corriente, causa o movimiento político, infringen, además del texto superior, su desarrollo legislativo (L. 200/95, art. 41-14,), constituyéndose en una manifestación del ejercicio abusivo del poder o de la autoridad por parte de quienes, de manera inequívoca, no pueden participar en política”.
“No se ha dicho que asistir a actos oficiales sea reprochable, pues ello entraña el cumplimiento de funciones propias del cargo; lo censurable radica en utilizar la presencia o, si se quiere, la influencia, para dirigir una futura contienda política …” (negrillas de la Sala)(3).
De lo probado en el proceso. Se encuentra demostrado que el demandante desempeñaba el cargo de Alcalde de Sibaté (fls. 27 a 34), cuando fue investigado y sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto es sujeto disciplinable acorde con los mandatos superiores y con las reglas fijadas en la Ley 734 de 2002.
Dicha grabación se afirma en el fallo de primera instancia, fue referida por el quejoso y traída por el investigado según constancia visible al folio 93 del expediente, en la que se lee “…solicita el uso de la palabra el Sr. defensor, (...) con el fin de aportar pruebas. (...) PRIMERO. Aporto un video casete par que obre como prueba. Este se originó en la transmisión de la cadena local, que luego fue entregado al periodista de RCN, en calidad de “refrito”, como se dice en el argot del periodismo, y citado parcialmente. (...)”.
Prueba documental: Videocasete(4). Efectuada por la Sala la revisión de la cinta que como se precisó fue determinante para la decisión sancionatoria, se observa que se trata del cubrimiento por parte del Canal Comunitario de Sibaté de la inauguración de una obra pública en la que participaron los residentes de los barrios la Paz y San Jorge y en la que hacen presencia los líderes comunales quienes son identificados por sus nombres y apellidos, y el alcalde municipal. Se aprecia también que al momento de inaugurarse formalmente la obra, el alcalde permite que el señor Obdulio Benavides Rubiano —miembro de la junta de acción comunal—, corte la cinta, y que hace también extensiva esta invitación a una señora que no es identificada en el video pero que según lo manifiesta el quejoso en su denuncia, lo reiteran los testigos y lo acepta el disciplinado, es la señora Leonor Gantivar.
El anterior argumento encuentra refuerzo en la manifestación que hace el disciplinado al interior del proceso disciplinario (fl. 89), de no ver la cinta porque ya conoce su contenido, agregando además que se trató de la entrega de la pavimentación de la vía carrera 6 A que une los barrios San Jorge y la Paz y que estos hechos ocurrieron el 20 de julio de 2003 y no el 2 de septiembre ni el 20 de junio del mismo año. Que dicho evento no fue organizado por el alcalde sino por las juntas de acción comunal quienes a su vez convocan a toda la comunidad a través de los altoparlantes.
Frente al hecho concreto de la invitación que hace a la señora Leonor Gantivar, dice el disciplinado que no la invitó expresamente, que la invitación se la hizo uno de los presidentes de la junta de acción comunal, y que la indicación que le hace para que corte la cinta se traduce en un simple acto de cortesía y respeto (fl. 90).
En primer término, la personera del municipio quien al preguntársele si estuvo presente en el acto de inauguración manifiesta que sí, que dicho acto fue organizado por los presidentes de las juntas de acción comunal quienes habían convocado a toda la comunidad del sector y entre los convocados se encontraba la señora Leonor Gantivar dada su calidad de residente junto con su familia en el barrio la Paz (fl. 95). También se oyó al señor Carlos Ferney Castañeda Alfonso encargado de la animación del evento y quien según dice anunció a la señora Leonor Gantivar por pedido del presidente de la Junta de Acción Comunal (fl. 98).
Por su parte el señor Rafael Hernández Torres manifiesta que asistió a la inauguración de la obra programada por las juntas de Acción Comunal de los barrios San Jorge y la Paz, agregando que la obra fue realizada con dineros de distintas administraciones municipales y que la señora Leonor Gantivar asistió al evento invitada por el presidente de la junta del barrio la Paz. Que dicha invitación no se hizo de manera personalizada sino a través de perifoneo para todos los habitantes de los barrios a los que beneficiaba dicha obra (fl. 100).
A su vez el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Jorge informa al folio 103 que el acto de inauguración de la obra fue programado por las juntas de acción comunal de los barrios San Jorge y la Paz y a ella asistió la señora Leonor Gantivar invitada por el presidente de la junta de acción comunal del barrio la Paz, señor Obdulio Benavides Rubiano, quien al rendir su testimonio (fl. 105) confirma este hecho y agrega que la organización del evento estuvo a su cargo y que dicha obra se efectúo con la intervención de varias administraciones. Relata que invitó al alcalde de la época señor José Jairo Linares Rodríguez y a la señora Leonor Gantivar, a participar en el acto inaugural, porque era su deber invitar a los líderes y personas prestantes del sector. Añade que por petición suya el animador del acto público, anunció a la comunidad que la ex concejal Leonor Gantivar colaboraría en el corte de la cinta, y fue por ello que le pidió a esta señora colocarse detrás del alcalde para que llegado el momento efectuara el acto simbólico de corte de la cinta.
Los anteriores deponentes fueron llamados al proceso ordinario a ratificar sus declaraciones y de las actas que contienen estas diligencias testimoniales (fls. 451- 456), se infiere que son coincidentes en los hechos que se generaron en torno al acto inaugural de la vía pública, en especial la participación que tuvo el alcalde y la señora Leonor Gantivar, quien según los deponentes asistió al evento invitada por los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios San Jorge y la Paz por ser además de residente en el sector, una persona prestante del municipio.
1. REVOCASE en su integridad la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección “A” el 22 de febrero de 2007 en cuanto accedió a las pretensiones anulatorias de los fallos disciplinarios demandados. En consecuencia:
(1) Consejo de Estado, – Sección Segunda – Subsección “B”. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia del 20 de agosto de 2009. Número interno. 2845-05. Actor. Yamile Millán Quimbaya contra la Procuraduría General de la Nación.
(2) Corte Constitucional. Sentencias T-438/92 y C-454/93
(3) Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Radicación 162-131020-05.
(4) Artículo 251. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, (...).