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Timestamp: 2017-03-29 10:59:19
Document Index: 189577802

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 913', 'Artículo 1014', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2']

Firma Electrónica. | Derecho Informatico - 2009
Marcelo Venegas Hernández
.- LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.-
El progreso científico y tecnológico de las últimas décadas ha venido dando forma una realidad nueva, en la que algunos ven la aparición de una nueva era en la historia de la Humanidad. Se habla hoy de globalización y de sociedad de la información, para describir un fenómeno que alcanza casi a la totalidad del mundo, que ha visto transformadas las formas de comunicación tradicionales debido a la masificación las redes computacionales digitales, que permiten un intercambio casi instantáneo de conocimientos e información, transacciones comerciales, etc. Esta nueva realidad, en la que juega un papel importante la masificación del acceso a Internet, está produciendo un cambio en las formas de relacionarse de las personas entre sí y con sus gobiernos, y abre infinitas posibilidades en el campo de la educación, las comunicaciones, el comercio, las administración pública, etc., dando aparición a lo que se ha dado en llamar comercio electrónico o “e-commerce”, negocios electrónicos o “e-business” y, últimamente, el gobierno electrónico o “e-government”. Este fenómeno está produciendo transformaciones políticas y jurídicas a todo nivel, alcanzando incluso a las relaciones entre los Estados, al poner en jaque la vigencia del contenido de conceptos tan tradicionales como los de desarrollo, soberanía, territorio y jurisdicción, y formulando nuevas exigencias para resolver, mediante legislaciones adecuadas, las nuevas situaciones que aparecen y la solución de los conflictos que ellas traen aparejados.
Esta nueva realidad ha dado forma a lo que se llama “Sociedad de la Información”, la que se caracteriza por la aparición conjunta de varios fenómenos: a) Los llamados multimedios, que integran sonido, datos e imagen, que ha ido acompañada por la convergencia entre telecomunicaciones, computación y televisión, de manera que las distinciones tradicionales entre telefonía, televisión, ondas radiales y TV cable tienden a desaparecer; b) La difusión cada vez más amplia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, cuyos usos tienden a extenderse a todos los ámbitos de la vida económica y social, y se combinan con otras tecnologías facilitando los procesos de cambio organizacional de comunidades, empresas e instituciones; c) La maximización de la eficiencia y eficacia social de las nuevas tecnologías cuando operan en redes, no sólo redes físicas formadas de computadores y cables de fibra óptica, sino también de redes sociales y comerciales de información y conocimiento, que aumentarán su utilidad para los usuarios y para la sociedad, en la medida que más personas y empresas estén conectadas a ellas; d) La aceleración de la producción y difusión global del conocimiento y la información. Las nuevas tecnologías potencian la sinergia entre conocimiento e innovación. Esto implica que mientras más invierta el país en recursos humanos, mayor será su dominio sobre estas nuevas tecnologías y mayor será su capacidad de innovar, generando nuevas bases de competitividad y bienestar social, y e) El desarrollo de una nueva infraestructura de información, que tendrá en el futuro un papel igualmente importante para el crecimiento y el bienestar, como el que actualmente tiene la infraestructura física de caminos, puertos, servicios sanitarios, etc., ya que la multiplicación de las redes digitales, y el enriquecimiento del contenido que viaja por ellas, facilitará el desarrollo de empresas y mercados, el funcionamiento eficiente y descentralizado del sector público, así como el tránsito hacia una sociedad civil cada vez más abierta y comunicativa.
II.- PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.-
El uso masivo de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, especialmente la red Internet, ha desarrollado fuertemente el comercio electrónico, planteado diversas problemáticas jurídicas, en cuanto al reconocimiento legal del mensaje de datos, lugar y oportunidad en que se entiende despachado, recibido y formado el consentimiento, legislación y jurisdicción aplicable, propiedad intelectual, nombres de dominio, contenidos que circulan por las redes, privacidad de los datos, servicios de certificación, entre otros:
a).- Propiedad Intelectual.-
Muchos de los productos que se comercializan por medio de comunicaciones electrónicas son intangibles, denominados bienes digitales, tales como vídeo, sonido, fotografías, bases de datos, programas computacionales, texto, animaciones, etcétera, los que pueden ser considerados como creaciones intelectuales, susceptibles de ser amparadas bajo las normas del derecho de propiedad intelectual.
Conforme lo ha señalado el profesor Renato Jijena Leiva, en un informe presentado al Senado de la República, el régimen tradicional de protección autoral está colapsando y siendo superado, porque históricamente fue concebido para obras soportadas material y no digital o magnéticamente. Las redes han “desmaterializado” las obras creadas por los autores, ya que las creaciones originales digitalizadas se reproducen, circulan y se distribuyen rápida y electrónicamente, sin que se encarnen en un soporte físico concreto o en alguna de las formas envasadas que históricamente han contenido las obras artísticas e intelectuales, haciéndose fácil que sean ilícitamente reproducidas, transformadas y copiadas con fines comerciales o “pirateadas” y sin que exista diferencia alguna entre un original y una copia electrónica.
A lo anterior cabe agregar las nuevas obras que nacen o se crean digitalmente, sin que necesariamente consten en un soporte impreso.
b) Direcciones IP y Nombres de Dominio.-
Las direcciones IP son un conjunto de números que identifican los distintos computadores conectados a una red. Para facilitar el uso de estos números en Internet, se les asocian nombres de Dominio (DNS Domain Name Server). Esta asignación de nombres de dominio a direcciones IP en Internet, ha generado una serie de conflictos, particularmente por el registro indebido de nombres de dominio idénticos a marcas comerciales de terceros.
Así como las marcas comerciales permiten al consumidor identificar procedencia y calidad de bienes y servicios, asociándolos al legítimo productor o proveedor, lo mismo ocurre con los nombres de dominio, que permiten identificar a proveedores de información, bienes y servicios a través de Internet, de modo tal que los nombres de dominio pueden ser considerados como una extensión de las marcas comerciales, no pudiendo permitirse que un tercero se apropie indebida y gratuitamente de una creación que no le pertenece y del prestigio logrado frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo ajeno.
En Chile, los nombres de dominios se asignan e inscriben en un registro que administra el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. En un principio, no se estableció relación alguna con el Registro de Marcas del Ministerio de Economía. Posteriormente, se agregó al reglamento respectivo una instancia de arbitraje obligatorio en el caso que dos personas reclamen un mismo nombre, debiendo el árbitro necesariamente considerar el posible registro previo de las marcas al momento de decidir quien tiene el mejor derecho de usar el dominio en disputa.
c) Privacidad.-
La proliferación del comercio electrónico ha facilitado la creación de grandes bases de datos, con información sobre datos personales de personas físicas e jurídicas, los que fácilmente pueden ser recopilados, procesados, almacenados y cruzados sin autorización de su titular, y ser comercializados, por ejemplo, para realizar marketing directo.
También tiene gran importancia la protección de los datos personales o nominativos de quienes firmen y sean certificados digitalmente por los prestadores de servicio de certificación.
De este modo, es indispensable velar por la adecuada protección de la privacidad de las personas, consagrada en el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República, fortaleciendo las normas contenidas en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
d) Seguridad jurídica en las transacciones electrónicas.-
Uno de los principales problemas que presentan las transacciones efectuadas mediante comunicaciones electrónicas, radica en la seguridad de las mismas. Esta afecta a la autenticidad de las partes, confidencialidad e integridad y reconocimiento del respectivo documento electrónico.
Relacionado con lo anterior, aparecen problemas relativos a la prueba de las transacciones electrónicas y a las posibles reclamaciones de usuarios u organizaciones de consumidores, derivados de la ejecución de los bienes o servicios contratados electrónicamente.
Existen empresas que realizan funciones de certificación de firmas y documentos, utilizando técnicas de criptografía, sin que exista legislación que las regule, siendo recomendable establecer los requisitos mínimos y procedimientos que deben seguir tales empresas en la prestación del servicio de certificación, ya que la fe pública y la seguridad jurídica de las transacciones que certifican están de por medio.
e) La desaparición de las fronteras.-
La sociedad de la información es el resultado de la fusión que se ha ido produciendo entre la informática y las telecomunicaciones, en un proceso sumamente dinámico y cambiante. El mejor representante de esta realidad es Internet, una enorme red abierta y mundial de millones de computadores interconectados entre sí. Este nuevo espacio virtual, conformado por esta red de computadores que se comunican, sin barreras ni fronteras físicas ni jurídicas, se le ha denominado Cyberespacio o la Aldea Global.
Una consecuencia de este fenómenos ha sido la dificultad de hacer cumplir las leyes o resoluciones judiciales dictadas por los órganos de los diversos países, ante la imposibilidad de actuar imperativamente sobre emisores de información que se encuentran fuera de su territorio, pero que pueden enviar información a los habitantes de todo el mundo. Un ejemplo claro ha sido la publicación en Internet de un libro prohibido por la justicia chilena y lo ocurrido en Francia con la divulgación de los últimos años de vida del presidente Francois Miterand, a través de una página web. La prohibición por las autoridades de la publicación de dicho libro, no impidió que el pueblo francés conociera su contenido a través de la Internet. Las acciones legales no pudieron tener efecto ya que el suministrador de servicios de Internet estaba situado fuera del alcance de la soberanía Francesa.
Esta es la misma realidad en la que se desarrolla el comercio electrónico, lo que obliga a dar a cualquier regulación que se pretenda un carácter internacional, de modo de compatibilizar en la mayor medida posible los criterios adoptados por las diversas legislaciones. Además, plantea problemas que requieren una solución, tales como, el determinar en caso de conflicto la jurisdicción competente, legislación aplicable y lugar, oportunidad y forma en que se perfeccionan las transacciones electrónicas.
f) Los “cyberdelitos”.-
Internet es por excelencia una red abierta, sin restricciones de ningún tipo y sin barreras físicas, por la que es posible distribuir sin restricción alguna todo tipo de información en formato digital, esto es, imágenes, videos, animaciones, audio y texto, a la vez que puede ser utilizado como medio para cometer fraudes y otros delitos.
De este modo, además de los grandes beneficios y progresos que ha permitido Internet, también ha sido un medio empleado para la transmisión de contenidos ilícitos o nocivos, así como también un medio usado para actividades criminales y terroristas.
No obstante la tipificación de estas actividades en muchos países, la naturaleza misma de Internet impide que tales conductas puedan ser perseguidas y sancionadas, salvo que exista un consenso internacional que se plasme en algún tratado.
Así, nace la posibilidad de perseguir la responsabilidad en los proveedores de servicios de información, de contenidos y operadores de telecomunicaciones, materia que ha sido objeto de gran debate en los foros internacionales y que es conveniente regular.
III.- REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL CYBERESPACIO.-
Los problemas referidos han sido discutidos extensamente en distintos foros internacionales, tales como las Naciones Unidas, ALCA, OMPI y la Comunidad Económica Europea, generándose diversas propuestas y recomendaciones legislativas.
Entre ellas, cabe destacar la Ley Modelo de la UNCITRAL (United Nations Commission International Trade Law) sobre Comercio Electrónico, aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 51/162 de 1996, elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, recomendándose su incorporación a los ordenamientos de cada país, como un medio para facilitar y dar seguridad a las relaciones jurídicas electrónicas entre particulares.
De este modo, UNCITRAL es una legislación marco, que regula las firmas y documentos electrónicos, manteniendo un criterio de absoluta neutralidad tecnológica, para no inhibir el uso de las nuevas tecnologías que van apareciendo día a día, ofreciendo un marco jurídico uniforme, precisamente en reconocimiento al carácter transnacional del comercio electrónico, dando a los mensajes digitales el mismo estatuto jurídico que los documentos impresos en papel.
Siguiendo a UNCITRAL, con fecha 21 de agosto de 1999 se publicó en el Diario Oficial 43673, de Colombia, la Ley N° 527, que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación.
Por otra parte, con el objeto de dar unidad al tratamiento jurídico de estas materias, la Comunidad Europea promulgó el 13 de Mayo de 1998 una directiva sobre firma digital y, en la sesión plenaria del 6 de mayo de 1999, se aprobó la propuesta modificada de la directiva, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y, especialmente, la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los estados miembros.
En 1999, España dictó el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, siguiendo en términos generales la directiva del Comunidad Europea. Cabe destacar que España optó por entregar el servicio de certificación a empresarios privados, por estimar que en dicho país existe un sector empresarial capaz de prestar un servicio eficiente de certificación de la firma electrónica. De este modo, el Real Decreto-ley persigue, respetando el contenido de la posición común respecto de la directiva sobre firma electrónica, establecer una regulación clara del uso de ésta, atribuyéndole eficacia jurídica y previendo el régimen aplicable a los prestadores de servicios de certificación.
IV.- LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN CHILENA.-
Si bien existen en Chile diversas normas aisladas, relacionadas con las comunicaciones electrónicas y el documento digital, no existe hasta ahora una normativa que regule específicamente y de modo orgánico tales materias. Por ello, los servicios de certificación se prestan actualmente en Chile por diversas empresas privadas, ya que obedecen a una necesidad del mercado, sin que exista regulación al respecto.
Sin embargo, se han ido dictando una serie de normas que regulan materias específicas en el campo de los usos de la tecnología de la transmisión electrónica de datos. Entre estas normas aisladas cabe consignar las siguientes:
Artículos 113 y 113 bis Código de Procedimiento Penal, que permiten al juez del crimen valerse de resultados obtenidos por medio de la computación y se reconocen como pruebas las películas cinematográficas, fotografías, fonografías y otros sistemas de reproducción de la imagen y del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe.
Inciso segundo del artículo 913 del Código de Comercio que establece que el libro bitácora o diario de navegación tiene el valor de un instrumento público, siempre que las anotaciones en él estampadas lleven la firma del oficial de guardia y estén visadas por el capitán de la nave. Agrega la disposición que las anotaciones también podrán estamparse por medios mecánicos o electrónicos, siempre que éstos garanticen la fidelidad y permanencia de los datos consignados.
Artículo 1014 del Código de Comercio, relativo al contrato de transporte marítimo, señala que cuando el transportador o el transportador efectivo se hagan cargo de las mercancías, el primero deberá emitir un conocimiento de embarque al cargador, si éste lo solicita. A este respecto, la norma dispone que la firma en el conocimiento de embarque podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, perforada, estampada en símbolos o registrada por cualquier medio mecánico o electrónico.
Ley Nº19.479 que modifica la Ordenanza de Aduanas y la Ley Orgánica del Servicio de Aduanas. Su artículo 2 letra a) facultó al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley que regulen los procedimientos relativos a la entrada y salida al país de personas, mercancías, vehículos, así como la presentación y cancelación de manifiestos y declaraciones de destinaciones aduaneras, modalidades de pago y normas de origen, permitiendo que puedan efectuarse mediante teleproceso o transferencia electrónica.
Ley Nº19.506 que modifica diversas normas tributarias y la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Su artículo 2º introduce diversas modificaciones al Decreto Ley 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (I.V.A.). Así, permite que la Dirección del Servicio de Impuestos Internos pueda autorizar el intercambio de mensajes electrónicos mediante el uso de diferentes sistemas tecnológicos, exigiendo los requisitos necesarios para resguardar debidamente el interés fiscal. Agrega la modificación que la impresión en papel que se efectúe, cuando el Servicio lo disponga, tendrá el valor probatorio de un instrumento privado emanado de la persona bajo cuya firma electrónica se transmitió.
Artículo 30 del Código Tributario que establece que la Dirección del Servicio de Impuestos Internos puede autorizar a los contribuyentes para que presenten los informes y declaraciones en medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante medios tecnológicos.
Artículo 7 de la Ley 18.876, que definió el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de deposito y custodia de valores, norma que, en relación al contrato de depósito, establece expresamente que entre los depositantes de una misma empresa, las transferencias de valores depositados que sean consecuencia de las operaciones que se realicen, se efectuarán mediante cargo en la cuenta de quien transfiere y abono en la del que adquiere, sea en base a una comunicación escrita o por medios electrónicos que los interesados entreguen a la empresa. Esta comunicación ante la empresa es título suficiente para efectuar tal transferencia.
Decreto Supremo Nº380 de 1982 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías y sus Anexos, adoptado por las Naciones Unidas el 24 de mayo de 1980. A propósito de la emisión de los documentos de transporte multimodal, el Convenio, en su art. 5 numeral 3, establece que la firma en ellos podrá ser registrada por cualquier medio mecánico o electrónico, siempre que no sea incompatible con las leyes del país en que tales documentos se emitan.
El Decreto Supremo N°114 de 19 de abril de 1989 que fijó el Reglamento del Sistema de Pronósticos Deportivos de Polla Chilena de Beneficencia. En su artículo 9 se regula el registro computacional, señalándose que los pronósticos efectuados por el apostador en el volante serán leídos o captados por medio de los equipos que Polla determine, generándose inmediatamente un registro computacional de la información. De la apuesta realizada quedará constancia en un documento impreso denominado recibo, el que constituye el comprobante y el medio de prueba de la participación del apostador en el concurso. El inciso final del artículo establece que los registros computacionales de las apuestas son el medio válido para acreditar los pronósticos realizados por el apostador, y que toda anotación o señal que aparezca en el recibo y que difiera de las asentadas en los registros computacionales es nula y de ningún valor.
Decreto Supremo Nº1015 de 1995 del Ministerio de Hacienda (Reglamento de la Ley 19.155) que establece las normas en virtud de las cuales el Director Nacional de Aduanas podrá autorizar a los despachadores de aduanas para formalizar sus declaraciones mediante un sistema de transmisión electrónica de datos.
Decreto Supremo Nº81 de 1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que regula el uso de la firma digital y los documentos electrónicos en la administración del Estado, como soporte alternativo a la instrumentalización en papel de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado. El decreto no designa expresamente a ningún ente certificatorio, permitiendo que cada servicio tenga su “ministro de fe” para manejar las claves públicas de los titulares de firmas digitales, y emitir los certificados correspondientes, de forma que el sistema de firmas digitales quedaría debidamente completo.
V.- OTRAS INICIATIVAS RELACIONADAS CON LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS EN CHILE.-
Existen además diversas iniciativas de la administración del Estado relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones electrónicas en Chile, como las que se indican a continuación:
a) Proyecto Enlaces
El proyecto Enlaces del Ministerio de Educación comenzó en 1992, como un proyecto piloto con 12 escuelas en Santiago y comprende la capacitación de profesores, una red universitaria de asistencia técnica a los establecimientos, recursos informáticos (PCs y conectividad) y didácticos (software y contenido). Desde mediados de 1999 más de 4.200 escuelas y liceos subvencionados están conectados a Internet y para el 2000 el sistema llegará al 90% de la población escolar.
b) Compras Públicas
El Estado creó un Programa de Modernización del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, para llevar las operaciones de abastecimiento del Estado a Internet. Se trata de un sistema a través del cual se puede publicar, almacenar y distribuir la información referente a las compras y contrataciones estatales. Cualquier persona que esté en condiciones de ofrecer productos o servicios puede inscribirse en el sistema, como proveedor potencial del Estado.
Con la modificación en 1997 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, se habilitó un sistema de acceso por Internet para que los contribuyentes hagan sus declaraciones de rentas personales anuales, así como presentar información sobre sueldos, dividendos, retiros, retenciones y pagos de IVA. En 1999 el servicio recibió el 22% del total de declaraciones de impuesto a través de Internet. A lo anterior cabe, agregar el envío electrónico de facturas digitales y diversas normas del Servicio sobre el valor probatorio de los documentos tributarios soportados digitalmente.
Sin embargo, el Servicio ha validado las copias impresas en papel pero no los originales soportados digital o electrónicamente, tal como se dispone, por ejemplo, en la letra f) del artículo 3° de la Resolución 1515 de Abril de 1995, al señalarse que las facturas electrónicas sólo existen legalmente cuando, en forma posterior a su tramitación, se imprime en un formulario previamente timbrado un documento que registre el total de las operaciones electrónicas realizadas durante un mes.
d) Aduanas
El Servicio Nacional de Aduanas fue la primera repartición pública en incorporar aplicaciones de tecnologías avanzadas, mediante un sistema EDI que recibe y canaliza electrónicamente la documentación de comercio exterior presentada por exportadores, importadores y agencias de aduana.
En 1999, el 95% de las declaraciones de importación fue presentada electrónicamente utilizando esta herramienta.
En el Capítulo II sobre Normas Generales de la Resolución Nº1681 o “Manual de Procedimientos Operativos para la Transmisión Electrónica de Documentos”, de 8 de Abril de 1999, se señala, respecto del valor probatorio de los mensajes, que los archivos computacionales de los mensajes EDI constituyen “instrumentos electrónicos que, en caso de conflicto, pueden ser admitidos por los Tribunales de Justicia, constituyendo prueba de los hechos contenidos en él, a menos que se evidencie lo contrario“, agregándose que para establecer este medio de prueba los usuarios de la transmisión electrónica deben entregar, a requerimiento del Servicio Nacional de Aduanas, copia del intercambio electrónico en un medio externo de respaldo y el documento electrónico impreso en soporte papel. Finalmente, se indica que dicha evidencia en medio magnético e impresa deberá proveerse sin alteraciones ni demoras y, que en caso de alegar destrucción o pérdida de la información, se estará exclusivamente a la data que provea la Red de Valor Agregado o a la que se obtenga de los sistemas de respaldo del Servicio.
De este modo, en Chile ya existe normativa en ciertas áreas, algunas vinculadas directamente al comercio electrónico, creadas principalmente mediante la potestad reglamentaria de las autoridades administrativas, habiéndose iniciado un proceso irreversible de validación del documento electrónico, el que se ha acelerado a partir de junio de 1999, cuando se dictó el Decreto Supremo N° 81 que regula la utilización de la firma digital por los órganos de la administración pública.
VI.- DECISIÓN DE LEGISLAR SOBRE LA MATERIA EN CHILE.-
El 1 de Julio de 1998 el Gobierno de Chile creó la “Comisión Presidencial Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación“, la que fue presidida por Jorge Leiva Lavalle (Ministro de Economía), su secretario ejecutivo fue Alvaro Díaz Pérez (Jefe División Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía), y la integraron Germán Quintana (Ministro de Planificación), Gutemberg Martinez (Presidente Cámara de Diputados), Sergio Romero H. (Senador de la República), Fernando Rojas Vender (Comandante en Jefe Fuerza Aérea de Chile), Juanita Gana, (Subsecretaria de Telecomunicaciones), José Antonio Gómez (Subsecretario de Justicia), Jaime Ravinet (Alcalde Santiago), Rabindranath Quinteros (Intendente Décima Reglen), Walter Riesco (Presidente Confederación de la Producción y el Comercio), Pilar Armanet (Presidenta Consejo Nacional de Televisión), Florencio Utreras (Director REUNA), Juan Rada (Experto Internacional), José Pedro Torres (Presidente ACTI), Eduardo Vera (Director Proyecto Access Nova Universidad de Chile), Adolfo Brauchi (Presidente Sindicato Ingenieros de Ejecución Compañía Telecomunicaciones de Chile), Pedro Hepp (Coordinador Nacional Programa Enlaces, Ministerio de Educación), Carlos Alvarez (Gerente de Desarrollo Estratégico CORFO) y Claudio Orrego (Secretario Ejecutivo Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública)
La Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación presentó su informe final el 26 de Enero de 1999, después de siete meses de trabajo. Durante este período convocó a cuatro grupos de trabajo, en los cuales participaron más de cien personas que estudiaron los siguientes temas: Legislación Comercial y Regulación; Nuevas Tecnologías y Redes Digitales para el Desarrollo Productivo y Tecnológico; La Modernización del Estado y el Uso de las Nuevas Tecnologías; y Sociedad de la Información, Equidad y Desarrollo Cultural.
Los grupos de trabajo debatieron intensamente estas temáticas, recogieron más de mil páginas en informes, así como más de cien proposiciones de acción. Sobre la base de este trabajo, la Comisión Presidencial debatió y concordó en la presentación de su informe, aprobado por unanimidad, el que se denominó “Chile: Hacia la Sociedad de la Información”.
Se consignó en el informe que la influencia de la tecnología en la comunidad se refleja en todos sus sectores. La trascendencia de los medios masivos de comunicación, apoyándose en los avances tecnológicos, ha tomado uno de los roles principales en la sociedad, al grado que algunos sociólogos llegan incluso a apodar esta última etapa de la historia como “la sociedad de la información”, generándose enormes transformaciones que se acelerarán en la próxima década.
Se agrega que en el ámbito económico, la automatización de la producción, la informatización de empresas y la difusión de mercados electrónicos se incrementa rápidamente, surgiendo el desafío de construir nuevas ventajas competitivas, siendo necesario, para lograrlo, aumentar la incorporación de nuevos conocimientos e innovaciones a la producción de bienes y servicios, formar una fuerza de trabajo de calidad mundial y estimular la emergencia de nuevos sectores intensivos en tecnologías digitales, tales como servicios productivos, industria del turismo, servicios financieros, servicios de educación, así como las industrias culturales y audiovisuales, entre otros.
Asimismo, se indica que nuestra sociedad está experimentando cambios sustantivos en su vida cotidiana, puesto que un verdadero arsenal de innovaciones transforma radicalmente sus formas de trabajo y estudio, sus hábitos de cultura y entretención, el modo como comercian, se informan o comunican, y la manera como acceden a servicios básicos, como el transporte, la educación y la salud, concluyéndose que acelerar la masificación y la universalización del acceso a los beneficios que conllevan estas nuevas tecnologías adquiere, entonces, una importancia estratégica. Un buen ejemplo son las declaraciones de impuestos a través de Internet.
Se establece que el Estado, en tanto productor de servicios e información por excelencia, está sufriendo importantes mutaciones en la medida que se sigue incrementando su informatización y el uso de las redes electrónicas. El desafío en este ámbito consiste en acelerar el cambio institucional para maximizar el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Así, se podrá modernizar la gestión pública y profundizar la descentralización del Estado, abriendo nuevos caminos para lograr el desarrollo sustentable, el bienestar social y la expansión de una sociedad civil más abierta, participativa y ciudadana. En virtud de estas transformaciones, está emergiendo una sociedad de nuevo tipo, que alternativamente se denomina Sociedad de la Información o sociedad del conocimiento. Se trata de un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y distribución de conocimiento e información constituye la fuente fundamental de productividad, bienestar y poder.
Agrega el informe que la oportuna inserción de Chile en el veloz tránsito mundial hacia la sociedad de la información encierra promesas de prosperidad material, equidad social, revitalización cultural y desarrollo democrático difícilmente imaginables unos pocos años atrás. El logro de estas promesas demanda al país una apuesta estratégica por el futuro, que exige una rápida adaptación institucional a los cambios que inducen las nuevas tecnologías de información y comunicación. Así, se afirma que no resulta exagerado afirmar que Chile está en plena transición hacia la sociedad de la información. Por de pronto, ha logrado un salto escalar al haber digitalizado completamente su infraestructura de telecomunicaciones. Entre 1990-98 el número de teléfonos per cápita se triplicó, el número de celulares creció desde cero hasta 800 mil unidades y el número de abonados a TV cable creció desde cero hasta 900 mil hogares. También ha registrado avances significativos en la informatización de empresas y, en menor medida, de hogares, sextuplicando el número de computadores per cápita en el mismo periodo, lo que ya ha generado efectos perceptibles: en 1998, un 19% de los ocupados trabajó con computadoras y casi un 11 % de los hogares disponía de un computador.
El informe destaca que éste ha sido un proceso casi enteramente impulsado por las fuerzas del mercado. De hecho, el sector privado ha sido sumamente dinámico, según lo demuestra el explosivo crecimiento en el uso de Internet en nuestro país, según se resume en un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, donde se informa que en Chile ya hay un millón de usuarios de Internet; 36% de ellos ha efectuado compras por Internet en los últimos 12 meses, habiendo gastado US$ 13 millones en compras en 1999, cifra que aumentará a US$ 45 millones este año y a US$ 455 en el 2004; el tiempo promedio de conexión es de 10,7 horas a la semana, superando el promedio de los países de habla hispana y portuguesa; las ventas entre empresas por medios electrónicos fueron de US$ 75 millones en 1999, estimándose en US$ 216 millones para este año y US$ 5.666 en el 2004; y ya existen 58 empresas dedicadas al comercio electrónico minorista en Chile, entre las cuales están Falabella y Almacenes París, cuyas ventas ascendieron a US$ 2,6 millones en 1999, esperándose un aumento a US$ 25,4 durante el curso de este año.
Sin embargo, este avance dista de alcanzar su potencial de desarrollo, por cuanto coexisten grandes retrasos en el desarrollo de la infraestructura de información en Chile, entre los cuales se destaca el hecho que la rápida informatización de las empresas contrasta con su lenta integración a redes digitales de información para realizar negocios, debido a que todavía no existen ni una legislación adecuada para el comercio electrónico ni un marco regulatorio ágil y eficiente para fomentar mayor competencia y transparencia en el mercado de servicios de telecomunicaciones de valor agregado.
De este modo el informe recomienda “impulsar el desarrollo de un marco jurídico que valide el uso del documento y la firma digitales, tanto para el Estado como para el desarrollo del comercio electrónico”, mediante “la presentación de un proyecto de ley de comercio electrónico a principio del año 2000.”
VII.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA.-
Definición de Firma Electrónica en la legislación internacional y comparada.-
Sin perjuicio, de las definiciones de Firma Electrónica que propone el artículo 2° del Proyecto de Ley del Ejecutivo actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, que se transcribe más adelante, en las legislaciones comparadas y en doctrina se han elaborado definiciones para este concepto, las que señalan al respecto lo siguiente:
Uncitral, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional: Proyecto de régimen uniforme para las firmas electrónicas.
Firma electrónica: Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y (todo método relacionado con un mensaje de datos) que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos e indicar que el titular de la firma aprueba la información contenida en el mensaje de datos.
Firma electrónica refrendada: Se entenderá una firma electrónica respecto de la cual se pueda demostrar, mediante la aplicación de un procedimiento de seguridad (método), que esa firma electrónica:
Es exclusiva del titular de la firma (para los fines para los) (en el contexto en el) que se utilice.
Ha sido creada y consignada en el mensaje de datos por el titular de la firma o utilizando un medio bajo el control exclusivo del titular de la firma (y por ninguna otra persona)
Ha sido creada y está vinculada al mensaje de datos al que se refiere de forma que garantice con fiabilidad la integridad de dichos mensajes.
Directiva de la Comunidad Económica Europea: Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo acerca de un marco común para las firmas electrónicas, adoptada el 30 de noviembre de 1999.
Firma Electrónica: Se entenderá los datos en forma electrónica adjuntados o lógicamente asociados a otros datos electrónicos que sirven como método de autenticación.
Firma Electrónica Avanzada: Se entenderá la firma electrónica que cumple los siguientes criterios:
Tiene una relación singular con el signatario
Puede identificar al signatario.
Es creada con medios que el signatario puede mantener bajo su control exclusivo.
Está vinculada a los datos con los que guarda relación de tal modo que puede detectarse cualquier cambio
ulterior de los datos.
Alemania: Ley de Firmas Numéricas de 1997
Firma Numérica: El sello sobre datos numéricos creados con una clave privada que, utilizado conjuntamente con una clave pública conexa a la que se adjunta un certificado de clave criptográfica de un certificador o de la autoridad prevista, permite identificar al titular de la clave y verificar la autenticidad de los datos.
España: Real Decreto- Ley 14/1999:
Firma electrónica: Es el conjunto de datos, en forma electrónica, anexos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge.
Firma electrónica avanzada: es aquella que permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera que éste vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos.
Estado de Illinois de Estados Unidos de Norteamérica: Electronic Commerce Security Act 1998.
Firma Electrónica: Se entenderá la firma que autoriza o tramita la expedición de un certificado.
Estado de Georgia de Estados Unidos de Norteamérica: Georgia Electronic Records and Signatures Act.
Firma Electrónica: es un método electrónico o digital ejecutado o adoptado por una parte con la intención de asegurar o autorizar un documento, el cual es de uso único de una persona y capaz de verificarse, se encuentra bajo el sólo manejo de una persona que lo usa, y que está vinculada a un archivo de manera tal que si éste es modificado, la firma electrónica es invalidada.
Singapur: Electronic Transactions Act 1998, Ley N°25 de 1998.
Firma electrónica: Se entenderá las letras, caracteres, cifras u otros símbolos en forma digital adjuntados o lógicamente asociados a un registro electrónico, y ejecutados o adoptados con la intención de autenticar o aprobar el registro electrónico.
Colombia: Ley N°327 de 1999.
Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.
Proyecto de Ley sobre Comunicaciones Electrónicas de los Diputados Sres. Alberto Espina y Patricio Walker.
Firma Electrónica: Conjunto de datos, en forma electrónica, anexos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio de autenticación.
Firma Electrónica Avanzada: Es la que permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que permitan asegurar la integridad del documento en el que se contiene la firma.
Características de la Firma Electrónica.-
En las definiciones y conceptos transcritos se advierten algunos elementos característicos de toda firma electrónica, a saber:
1. La firma puede ser cualquier método o símbolo.
2. La firma se basa en medios electrónicos utilizados o adoptados por una parte.
3. La intención de dicha parte es vincularse o autenticar un documento.
4. La firma electrónica ha de cumplir todas o algunas de las funciones de la firma manuscrita.
Nótese que éstos elementos, se consagran, por interpretación, en las definiciones del art. 2° letra e) y f) en el Proyecto de Ley del Presidente de la República y en cuanto a la Moción de los Diputados Espina y Walker, en el artículo 2° letra i).
Asimismo, se puede constatar que algunas normas extranjeras -y los proyectos nacionales reconocen dos tipos de firma electrónica, las que podríamos definir, siguiendo al Proyecto de Ley del Presidente como Simple y Avanzada. La diferencia entre una y otra, se explica porqué la primera, es muy amplia en su concepto, implicando una falta de definición en cuanto a la tecnología aplicada, insuficiencia en cuanto a la seguridad y ausencia de valor probatorio a efectos de la autenticación del autor, aparte de su nula aportación respecto de la integridad del mensaje.
La segunda, precisamente, es la firma electrónica avanzada o llamada, también, refrendada, la que cumple, para la seguridad del tráfico comercial, con las exigencias expuestas, que son las siguientes:
1. Que ella se encuentre vinculada al signatario de manera única.
2. Que permita la identificación del signatario.
3. Que fue creada por medios que el signatario puede mantener bajo su exclusivo control, y
4. Que esta vinculada a los datos relacionados de modo que se detecte cualquier ulterior modificación.
Este tipo de firma debe cumplir con las condiciones que son necesarias y propias de la firma tradicional u ológrafa, es decir función indicativa del autor del mensaje, función declarativa y función probatoria.
Las exigencias enumeradas recogen principios que tradicionalmente se le exige a las transacciones de comercio electrónico. Estos principios se pueden explicar de la siguiente manera:
Principio de Integridad: Es cuando los datos no han sido alterados desde el momento en que la firma electrónica fue añadida a ellos. Ello garantiza que los elementos básicos del negocio que se efectúa por medios electrónicos, como el precio, la cantidad y las características de lo contratado, entre otros, se considerarán válidos salvo que la parte en desacuerdo demuestre que efectivamente han sido alterados o se han incumplido las normas de seguridad establecidas para garantizar la integridad de la información.
Principio de Autenticidad: Es toda vez que la firma electrónica pertenece efectivamente a la persona que la realizó. Esta garantía es necesaria para dar a cada parte la certeza de que la otra es realmente quien dice ser. La base técnica de esta presunción se encuentra en la seguridad de los procedimientos usados. Esta garantía está asociada a las normas del procedimiento usado, y además a la certificación pertinente.
Principio de no repudio: Es aquel que se encuentra recogido en la presunción de que la firma electrónica fue añadida por dicha persona con la intención de firmar los datos, y que por lo tanto, dio su pleno consentimiento al contenido de la transacción. Ello significa que las partes intervinientes no podrán rechazar las obligaciones contractuales derivadas del negocio llevado a cabo, salvo en el caso que demuestren que concurre algún vicio del consentimiento previsto en la legislación nacional.
c).- Firma electrónica, firma digital, otros dispositivos de firma y el principio de la neutralidad tenologica.-
Frecuentemente, se suele confundir ambos conceptos, en circunstancias que corresponden a dos cosas distintas. En efecto, entre firma electrónica y firma digital existe una relación de genero a especie, por cuanto, la segunda corresponde a un tipo de la primera.
Es así, que firma digital, es aquella que ha sido creada usando un sistema de criptografía asimétrica o de clave pública. Estas se basan en el uso de un par de claves asociadas: una clave privada o clave de firma, conocida sólo por el titular que debe mantenerla en secreto (incluso puede ser hasta desconocida para éste, pues se podría mantener en una tarjeta inteligente por ejemplo) y una clave pública o clave de verificación, matemáticamente relacionada con la primera, y libremente accesible por cualquier persona.
Simplificando el procedimiento podemos decir que el emisor del mensaje aplicará, sobre el documento, la clave privada, a efectos de firmar; luego el documento será, verificado por el destinatario con la clave pública de aquel; si el resultado es positivo, se tiene garantía de la autenticidad e integridad del mensaje, así como del no rechazo en origen. Pues el mensaje verificado con la clave pública sólo pudo haber sido firmado con la clave privada del emisor (y por ello se atribuye a su titular; por tanto, existe autenticación), no ha sido alterado en tránsito (esto es integridad), y además, finalmente, el emisor del mensaje no puede negar ser el autor de ese mensaje con un determinado contenido (no rechazo en origen). Por lo anterior, es que se asimile, en algunas leyes, la firma electrónica avanzada y la firma digital, por cuanto la primera cumple los requerimientos y principios que la segunda exige.
Algunos autores han planteado que convendría en el país aplicar el sistema de firma digital, atendido el hecho que es la tecnología que se puede usar de manera segura en estos momentos y porque además ya es usada en algunos servicios públicos, conforme lo dispone el Decreto Nº81 de 1999, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que regula el uso de la Firma Digital y los Documentos Electrónicos en la Administración del Estado.
Muchos autores y legislaciones han planteado, abiertamente, que la única firma electrónica avanzada posible es la digital, por cuanto, ella cumple con todos los requerimientos y condiciones para ser asimilada a la firma ológrafa y que por lo mismo es la que debe ser utilizada.
Se dice que la firma digital es un tipo de firma electrónica, con lo que se quiere destacar que existen, además, otros procedimientos para efectuar firmas electrónicas avanzadas. La creación de nuevas tecnologías permite la existencia de dispositivos biométricos, como la voz del titular, el escaneo de la huella digital o del iris del ojo, etc., los que también podrán dar seguridad en cuanto a la identificación electrónica.
En los Proyectos de Ley del Presidente y de los Diputados Espina y Walker, se señala que no se debería limitar la firma electrónica a una sola tecnología y que por el contrario la ley debe propender a la neutralidad tecnológica. Cabe destacar que la Ley Modelo de la Uncitral y la Ley Española, entre otras, plantean similar principio normativo.
VIII.- PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA.-
El 09 de agosto de 2000, mediante Mensaje Nº158-342/, el Presidente de la República sometió a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre firma electrónica y servicios de certificación de firma electrónica, que ingresó 22 de agosto a la Cámara de Diputados. Una vez aprobado en primer trámite constitucional por dicha Corporación, ingresó al Senado, el 5 de junio de 2001, y actualmente está siendo analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.
En el Mensaje mediante al cual se envió el proyecto de ley al Congreso Nacional, y cuyo texto se transcribe más adelante, se señala que Chile debe disponer, a la brevedad posible, de un marco legal que valide la firma electrónica para el comercio y las transacciones electrónicas y que otorgue a los actos y contratos celebrados por medios electrónicos de comunicación, el mismo reconocimiento y protección ante la ley que reciben los celebrados de manera convencional, es decir, en soporte de papel. Asimismo, se reconoce que la tendencia mundial ha sido regular primero la firma electrónica y el documento electrónico y luego otros temas del fenómeno tecnológico
El proyecto presentado por el Presidente de la República, se unió a dos proyectos anteriores presentados por iniciativa parlamentaria, el primero de ellos, en antigüedad, ingresado al Senado el año 1999 y denominado “Proyecto de Ley sobre Documentos Electrónicos” (Boletín N°2348-07) y el segundo, de junio del 2000, denominado “Proyecto de Ley sobre Comunicaciones Electrónicas” (Boletín N°2512-07).
IX.- TEXTO DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-
Se transcribe a continuación el texto completo del Mensaje Nº158-342/, con que S.E. el Presidente de la República propuso el Proyecto de Ley sobre Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Firma Electrónica, Boletín Nº2.571-19, que actualmente debate el Congreso Nacional:
Apenas transcurrido poco más de un siglo de la última revolución industrial, el mundo y nuestro país asisten a una nueva revolución tecnológica, cuyo impacto probablemente superará al que en su momento trajo consigo la popularización de la imprenta y el libro. Ya no se trata sólo de la revolución de las computadoras, sino de la revolución de Internet, una red mundial que abre extraordinarias posibilidades para el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos los chilenos.
En el ámbito económico, la automatización y la informatización de empresas, junto con la difusión de mercados electrónicos, tiende a expandirse rápidamente, cambiando en forma radical los paradigmas de la gestión competitiva.
Al mismo tiempo, una proporción creciente de chilenas y chilenos está experimentando cambios sustantivos en su vida cotidiana, puesto que un verdadero arsenal de innovaciones está transformando sus formas de trabajo y estudio, sus hábitos de cultura y entretención, así como el modo en que comercian, se informan o comunican. A su vez, el Estado, en tanto productor de servicios e información por excelencia, sufrirá importantes mutaciones en la medida que siga incrementando su informatización y uso de las redes electrónicas. El desafío en este ámbito consiste en acelerar el cambio institucional para maximizar el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Así, se podrá modernizar la gestión pública al servicio de la ciudadanía, profundizando también la descentralización del Estado y abriendo nuevos caminos para la expansión de una sociedad civil más abierta, participativa y ciudadana.
Chile tiene las condiciones para integrarse plenamente a la revolución tecnológica y mi
gobierno ha hecho de este desafío una tarea país .Para impulsar el pleno aprovechamiento de la revolución tecnológica en curso, el gobierno ha establecido una estrategia orientada por tres grandes propósitos.
Primero, la universalización de acceso a Internet, a costos razonables.
Segundo, el desarrollo de la competitividad utilizando intensivamente las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Tercero, la modernización del Estado, al servicio de todos los chilenos. Esta estrategia se compone de los siguientes lineamientos de política.
Primero, impulsar la conectividad orientada hacia la masificación del acceso a Internet
y las computadoras. Ello se logrará impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones y también desarrollando una red nacional de infocentros y quioscos de información Internet.
Segundo, impulsar el desarrollo de contenidos y servicios nacionales pertinentes, oportunos y útiles para los ciudadanos y las empresas.
Por un lado, esto implica que el Estado debe colocar información pública y servicios útiles para la ciudadanía, con la meta de lograr una ventanilla electrónica única. Por otro lado, se apoyará el desarrollo de la industria privada de contenidos y servicios.
Tercero, acelerar el aprendizaje nacional en el uso y dominio de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Esto implica fortalecer el programa “Enlaces”, impulsar un sistema similar en capacitación y adecuar la educación de adultos para que considere también los requerimientos de la infoalfabetización.
Finalmente, la adecuación de leyes y normas al fenómeno de Internet, para así facilitar el desarrollo del comercio y de las comunicaciones electrónicas.
Es, en este contexto, que presento este proyecto de ley a vuestra consideración.
La revolución tecnológica ha traído consigo el uso de las comunicaciones electrónicas entre las personas, las empresas y el Estado de una manera que hace 15 o 10 años no podríamos haber imaginado.
Ello ha permitido, principalmente gracias a la penetración del uso de Internet y el posterior nacimiento del comercio electrónico, que se desarrollen nuevas formas de entender al mercado y de cómo este funciona.
Esta nueva forma de operar del mercado es parte de la nueva economía que se difunde por el mundo entero.
La difusión del comercio electrónico mejorará la competitividad de nuestra economía y, al mismo tiempo, favorecerá el nivel y calidad de vida de chilenas y chilenos, mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo mejor remunerados.
Las pequeñas y medianas empresas en particular, se beneficiarán de las nuevas oportunidades que emergen para vender sus productos a los mercados locales, regionales y mundiales.
Por su parte, los consumidores se beneficiarán de una creciente variedad de bienes y servicios, a precios menores, todo lo cual se hace posible mediante el comercio electrónico.
Sin embargo, hay obstáculos legales al desarrollo del comercio electrónico. En efecto, uno de los factores que ha impedido un desarrollo mayor del comercio electrónico en Chile y en el mundo, es la inseguridad al momento de realizar transacciones electrónicas, debido a un sistema jurídico que no está adecuado para
recoger las exigencias del mismo.
Reconociendo este fenómeno, la Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, creada en el pasado gobierno, en su informe al Presidente de la República presentado en el mes de enero del año 1999, concluyó en la necesidad de avanzar en el marco jurídico normativo que regulara el comercio electrónico.
Dicho marco, señala la propuesta, debía apuntar a reconocer que los documentos electrónicos tengan la misma validez de todos aquellos actos jurídicos que pueden y deben celebrarse por escrito.
El Gobierno pasado asumió los primeros pasos para impulsar la firma electrónica.
En Junio de 1999, emitió un decreto supremo que legalizó en el ámbito del sector público el documento y la firma digital, proceso que ahora está en su fase piloto. Al mismo tiempo, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia. y Reglamento del Senado se presentó una moción parlamentaria de firma digital, cuyo propósito era extender al sector privado la validación del documento y firma digital.
El consenso creciente sobre la necesidad de impulsar el comercio electrónico, se ha traducido también en numerosas propuestas e iniciativas, de expertos y también asociaciones gremiales que presentaron incluso propuestas de proyecto de ley sobre comercio y firma electrónica.
En este contexto, cabe destacar la reciente moción parlamentaria sobre “Comunicaciones Electrónicas”, presentada en la Cámara de Diputados.
Estas iniciativas son las que inspiran el presente proyecto de Ley.
También ha tomado como referencia, la experiencia comparada internacional, en particular la ley modelo y el proyecto de Régimen Uniforme para las Firmas Electrónicas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ( UNCITRAL), así como extensas consultas con expertos de los sectores público y privado.
Ante esta diversidad de temas, el gobierno ha optado, considerando su urgencia e importancia, por que Chile disponga, a la brevedad posible, de un marco legal que valide la firma electrónica para el comercio y las transacciones electrónicas. No hacerlo implica desperdiciar oportunidades de ganar competitividad e impulsar el desarrollo económico de nuestro país.
Por cierto, ello no menoscaba el esfuerzo que se continuará haciendo para presentar leyes o apoyar mociones originadas en el parlamento, orientadas a seguir adecuando nuestra normativa y ordenamiento jurídico al fenómeno de Internet. El enfoque descrito sigue la tendencia internacional sobre la materia.
La mayoría de las legislaciones han optado por regular primero la firma electrónica y el documento electrónico, siguiendo, la mayor parte de ellas, las recomendaciones que al efecto propone la Ley modelo UNCITRAL.
No existe experiencia alguna que haya tenido como objeto regular en un solo cuerpo legal todos los temas que se cruzan con el fenómeno tecnológico que he señalado anteriormente.
III. LA REGULACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN
La primera ley sobre firma electrónica se aprobó en 1995, en el Estado de Utah, Estados Unidos. Regula la firma electrónica en base al sistema de criptografía; establece una autoridad licenciante de los certificadores (el Departamento de Comercio de Utah) y reconoce las consecuencias jurídicas de las firmas electrónicas, siendo equiparadas a las firmas manuscritas.
Posteriormente surgieron proyectos legislativos en Georgia, California, Washington y otros estados norteamericanos.
De esta manera, la ley modelo adopta un nuevo criterio: el del “equivalente funcional”.
Este artículo proviene de Comunidad Virtual de Gobernabilidad y Liderazgo
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La prueba de las obligaciones y la firma electrónica