Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/65905
Timestamp: 2019-10-23 21:03:58
Document Index: 401876024

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 72', 'Artículo 84', 'artículo 84', 'ARTÍCULO 84', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 84', 'artículo 18', 'artículo 84', 'artículo 52', 'artículo 54', 'Artículo 90', 'artículo 90', 'Artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 54', 'artículo 90', 'artículo 97', 'artículo 54', 'artículo 84', 'artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 84', 'Artículo 90', 'Artículo 97']

Gaceta: LXIII/2PPO-10/65905
La iniciativa tiene como propósito realizar una nueva adecuación a la legislación penal, con el objetivo de eliminar los estudios de personalidad de la legislación federal, ya que esta figura, según el autor, ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
The initiative aims to make a new adjustment to the criminal law, with the aim of eliminating personality studies of Federal Legislation, as this figure, according to the author, has been declared unconstitutional by the First Chamber of the Supreme Court justice.
Articles Reform: Reform articles 52, 54, 84, 90 and 97 of the Federal Penal Code.
El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA ELIMINAR LOS ESTUDIOS DE PERSONALIDAD.
Como era previsible, la implementación del sistema de justicia acusatorio ha representado un reto de grandes dimensiones para todas las instituciones e instancias encargadas de su aplicación.
Desde un principio era claro que se generaría una curva de aprendizaje, toda vez que no era una labor fácil el cambio de un procedimiento escrito enclavado en un sistema de rasgos inquisitorios, a un procedimiento oral de carácter acusatorio, cuya principal premisa es la presunción de inocencia del imputado, como tampoco muchos operadores del nuevo sistema podrían dejar atrás de un día para otro, las viejas concepciones y doctrinas jurídicas que aprendieron y aplicaron durante años.
Las reformas de justicia de 2008 y de derechos humanos de 2011, representaron un replanteamiento de nuestro sistema de justicia de tal envergadura que, por desgracia, muchos profesionales del derecho, llámense jueces, magistrados, defensores, agentes del ministerio público, se han resistido a aceptar y, en consecuencia, se han negado a asumir y aplicar sus principios en el ejercicio de su labor cotidiana. Ello resulta preocupante, pues mientras más tiempo pase sin que el sistema de justicia sea aplicado correctamente, tanto más tardará en arrojar resultados positivos para nuestra sociedad.
Uno de los cambios más significativos que trajo aparejado el sistema acusatorio, fue sin duda la sustitución del viejo paradigma del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, esto es, en nuestro nuevo sistema de justicia, la persona es sancionada únicamente por el acto comprobadamente cometido y no por sus características individuales, tales como su personalidad, condición socioeconómica, entre otras, las cuales, en el anterior sistema, eran tomadas en cuenta por el juez para efectos de la imposición de la pena, su individualización, el otorgamiento de beneficios, así como otros objetivos de clasificación penitenciaria.
Tales características, como sabemos, eran analizadas en dictámenes periciales relativos a la personalidad del imputado o sentenciado y el juzgador los consideraba como un elemento más -incluso en múltiples ocasiones como el elemento determinante- para imponer una sanción, agravarla, atenuarla, o para otorgar o negar un beneficio preliberacional.
Sin embargo, como ya se señaló, con la sustitución del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, los estudios de personalidad dejaron de tener validez, en virtud de que en el sistema acusatorio la personalidad del imputado es irrelevante, pues la sanción, en su caso, será impuesta tomando en consideración el acto que probadamente haya cometido. Así lo consideró ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia:
Registro: 2005884
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I
Tesis: 1a./J. 20/2014 (10a.)
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 175/2007, de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", estableció que conforme a lo previsto expresamente en el último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal el juzgador, al individualizar las penas a imponer, puede tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado. Ahora bien, una nueva reflexión lleva a abandonar este criterio y, por ende, a interrumpir dicha jurisprudencia, en virtud de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete; por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante, pues los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, así, se cumplen criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella, las que se aplican a pesar de estar sustentadas en razones claramente ajenas al estricto quebranto de una norma penal.
Amparo directo en revisión 343/2012. 25 de abril de 2012. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo en revisión 1238/2012. 20 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo en revisión 3751/2012. 3 de abril de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.
Amparo directo en revisión 1378/2013. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz.
Amparo directo en revisión 665/2013. 5 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos.
Tesis de jurisprudencia 20/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiséis de febrero de dos mil catorce.
El criterio anterior, emitido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, representó un avance para la aplicación del sistema acusatorio, pero es necesario advertir que, a pesar de haber sido publicado en el Semanario Judicial de la Federación desde marzo de 2014, el Congreso de la Unión no ha eliminado de la legislación federal los estudios de personalidad, situación inexplicable si consideramos que durante el último año legislativo, se han llevado a cabo reformas tendientes a ajustar algunos aspectos del nuevo sistema, cuya praxis en aquellas entidades en las que ya se encontraba operando, mostró que estaban insuficiente o inadecuadamente reguladas.
Artículo 84, fracción II
Actualmente, el Código Penal Federal sigue contemplando expresamente los estudios de personalidad, como uno de los requisitos a colmar para conceder la libertad preparatoria del sentenciado; esto en la fracción II del artículo 84, que establece que, del examen de personalidad del sentenciado, se debe presumir que está totalmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. Tal prescripción es clara y absolutamente opuesta al derecho penal del acto; tan es así, querecientemente la propia Primera Saladel Máximo Tribunal emitió la siguiente tesis:
Registro: 2012508
Tipo de Tesis: Tesis aislada
Publicación; viernes 09 de septiembre de 2016
Tesis: 1a. CCXXII/2016 (10a.)
LIBERTAD PREPARATORIA. LA INCLUSIÓN DE EXÁMENES DE PERSONALIDAD PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El artículo 84, fracción II, del Código Penal Federal, dispone que se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando se cumpla, entre otros requisitos, con un examen de la personalidad del sentenciado, del cual se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. La última reforma al citado precepto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1971 y, de su trabajo legislativo, se puede concluir que la inclusión de exámenes de personalidad para decidir sobre la libertad preparatoria obedece a la instauración de las técnicas criminológicas de ese momento, que se consideraban útiles para alcanzar los objetivos de la readaptación social del sentenciado, siendo que la readaptación social parte de la premisa de que el destinatario es un sujeto mental o psicológicamente desviado que requiere tratamiento. Ello se refrenda con la afirmación del legislador en el sentido de que el derecho penal tiene como objeto que el sentenciado adquiera una "vida normal". De este modo, para el legislador basta con que el dictamen de personalidad arroje un resultado negativo para no conceder el beneficio preliberacional, esto es, que el tratamiento terapéutico de readaptación social no hubiere surtido los efectos deseados de transformar al individuo en una persona con "vida normal", lo cual no satisface el estándar constitucional de reinserción social y, por tanto, es violatorio de derechos humanos. En efecto, el cambio de paradigma previsto en el artículo 18 constitucional no tiene la pretensión de evaluar elementos que tiendan a calificar la condición psicológica del sentenciado. Un beneficio preliberacional, preparatorio, para ser considerado como tal, debe estar apoyado de manera indispensable en los resultados del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Así, la reinserción social no puede depender de un cambio psicológico o de forma de pensar y de sentir del interno, pues ello implicaría un retroceso al concepto de readaptación social, abandonado expresamente por el Poder Reformador en el año 2008. Lo anterior no implica que el legislador no cuente con libertad de configuración legislativa para fijar los requisitos que deben reunirse en materia de beneficios preliberacionales; sin embargo, el ejercicio de esta atribución debe ceñirse al postulado constitucional antes referido.
Amparo en revisión 1003/2015. 30 de marzo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
Es claro, pues, que la fracción II del artículo 84 debe ser eliminada en virtud de ser contraria los principios que rigen al sistema acusatorio.
Además del precepto mencionado en el apartado anterior, existen algunas otras disposiciones que, si bien no refieren expresamente a los estudios de personalidad, establecen previsiones que necesariamente implican tomar en consideración la personalidad del imputado o sentenciado. Tal es el caso del artículo 52 del propio Código Penal Federal, referente a los aspectos que el juzgador debe tomar en consideración para fijar las penas y medidas de seguridad a imponer; particularmente su fracción VII que habla de “condiciones especiales y personales”.
Cierto es que el propio texto de esta fracción condiciona que tales condiciones especiales y personales deben ser relevantes para determinar la posibilidad del sujeto de haber ajustado su conducta a la norma,sin embargo, también es claro que tal relevancia queda completamente sujeta a la valoración del juzgador, por lo que la norma deja abierta una rendija por la que el juzgador podría tomar en consideración un aspecto de la personalidad del imputado, argumentando que se trata de una condición personal relevante para el caso concreto. En consecuencia, en el artículo en cuestión resulta necesario imponer la prohibición expresa para el juzgador, de tomar en consideración la personalidad del imputado para imponer la sanción penal.
Otro ejemplo es el artículo 54, que no solamente habla de circunstancias subjetivas del autor del delito, sino que además adolece de una deficiente redacción que no deja del todo claro si lo que no puede hacerse extensivo a los demás intervinientes, es el aumento o disminución de la pena, o las circunstancias del autor del delito. Ello porque en el primer párrafo, el sujeto de la oración es el aumento o disminución de la pena (en singular); sin embargo, el párrafo cierra diciendo que no son aplicables (en plural) a los demás sujetos, por lo que podría entenderse que lo que no es extensivo son las circunstancias del autor.Esta última idea se corrobora con el segundo párrafo, que habla del conocimiento de tales circunstancias, por parte de los demás sujetos.
Por tal virtud, la presente iniciativa propone una reformulación del texto que clarifique su objetivo y de paso elimine la consideración de circunstancias subjetivas del autor del delito.
Artículo 90, fracción I, inciso c)
En cuanto al artículo 90, relativo a la condena condicional, el inciso c) de su fracción I establece el requisito de “que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir”, es decir, para conceder la condena condicional, el juzgador debe tomar en consideración “antecedentes personales”, expresión que, por un lado, resulta difusa y por ende podría constituir una rendija para que el juzgador tome en consideración aspectos propios de la personalidad del sentenciado, pero por otro lado también implica que el juzgador tome en consideración situaciones que nada tienen que ver con el delito por el que se juzga y, por tanto, sólo producen la estigmatización del imputado, lo que resulta inaceptable en un sistema acusatorio como el nuestro.
Artículo 97, primer párrafo
Finalmente, el artículo 97, relativo a la figura del indulto y que que fue parte de la llamada miscelánea penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio pasado, se refiere al dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el cual se evalúa la conducta del sentenciado y el grado de reinserción social que ésta refleja.
En ese sentido -y a reserva de lo que para efectos de dicho dictamen establece la Ley Nacional de Ejecución Penal- es necesario que tanto los requisitos para conceder el indulto, como el contenido del dictamen del órgano ejecutor, sean lo más objetivos posible para así garantizar que no se evalúe al sentenciado por sus rasgos de personalidad. En este punto debemos considerar que el órgano ejecutor, al valorar la conducta del sentenciado, tendrá naturalmente una tendencia a considerar los aspectos relativos a su personalidad; por tanto, resulta conveniente reformular el texto del artículo 97, a fin de que el dictamen del órgano se aleje lo más posible de ese tipo de consideraciones.
En virtud de todo lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito realizar una nueva adecuación a la legislación penal, con el objetivo de eliminar una figura que ya ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90, el primer párrafo del artículo 97; se derogan el último párrafo del artículo 54, la fracción II del artículo 84;se adiciona un último párrafo al artículo 52, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
I. a VII.- …
Bajo ninguna circunstancia el juzgador podrá tomar en consideración la personalidad del imputado para fijar la pena o medida de seguridad.
Artículo 54.-Las calidades y las relaciones personales del autor de un delito, no serán aplicables ni tomadas en cuenta para el aumento o disminución de la pena de los demás sujetos que intervinieron en él.
Artículo 84.-…
II.- SE DEROGA
Artículo 90.- …
c)Que por tener un modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir.
Artículo 97.-Cuando conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, el sentenciado refleje un alto grado de reinserción socialy su liberación no represente un riesgo objetivo y razonablepara la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE A LOS 20 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.