Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG_D_12_297_2274.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-26 23:28:17
Document Index: 249228736

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 514', 'artículo 107', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 262', 'artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 49', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 348', 'artículo 348', 'de lege ferenda', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 297-2274, de 13/11/2018
cve: BOCG_D_12_297_2274
El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX), el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX) y la Senadora Lorena Roldán Suárez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
Palacio del Senado, 5 de noviembre de 2018.—Francisco Javier Alegre Buxeda, Luis Crisol Lafront, Tomás Marcos Arias y Lorena Roldán Suárez.
El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX), el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX) y la Senadora Lorena Roldán Suárez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo segundo. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado Tres al artículo segundo del Proyecto de Ley, pasando el actual apartado tres a ser el apartado cuatro y renumerándose los siguientes, con la siguiente redacción:
«Tres. Se añade un nuevo párrafo al artículo 514, que queda redactado como sigue:
“En particular, deberán dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores que garanticen su derecho a disponer de información previa y los apoyos necesarios para ejercer su voto.”»
Mejora técnica, en consonancia con la enmienda anterior. Además, se incluye una referencia específica a las garantías de accesibilidad para el ejercicio del derecho a información previa y de voto de las personas con discapacidad y las personas mayores.
Palacio del Senado, 7 de noviembre de 2018.—Francisco Javier Alegre Buxeda, Luis Crisol Lafront, Tomás Marcos Arias y Lorena Roldán Suárez.
El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX), el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX) y la Senadora Lorena Roldán Suárez (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.
Se propone dar nueva redacción al primer párrafo del apartado 6 del artículo 49, que queda redactado como sigue:
«6. El estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respecto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas en las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Este estado de información no financiera incluirá:»
Se sugiere reforzar la mención a las personas con discapacidad y a la igualdad y no discriminación en los estados de información no financiera consolidados y en los informes de gestión. Se incluye también una mención a la accesibilidad universal, en alineamiento con la Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre de 2016, por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad, que incluye en el artículo 3, apartado 2 a las «políticas de accesibilidad universal» entre los ámbitos de información posibles a incluir por dichas memorias.
El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 2 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2018.—Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Maria Teresa Rivero Segalàs.
El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
«Disposición Adicional (nueva). Informe del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
Anualmente, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas establecerá un informe sobre la calidad de la relevancia, neutralidad, materialidad, integridad, contexto de sostenibilidad, precisión, claridad, comparabilidad, fiabilidad de la información emitida en los estados de información no financiera.»
Es necesario que para mejorar la inclusión de los principios que deben recoger los estados de información no financiera el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas tenga un papel activo en la materia.
«Disposición adicional (nueva). Consulta no vinculante al CERSE en los proyectos legislativos que tengan relación con la responsabilidad social de las empresas.
En cualquier proyecto legislativo relacionado con la responsabilidad social de las empresas, el gobierno deberá contar con el informe no vinculante del consejo estatal para la responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas.»
Esta enmienda se presenta con el fin de potenciar la responsabilidad social corporativa entre las empresas y para que futuras leyes o reales decretos ley no mermen los avances logrados en esta ley.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
El Grupo Pa﻿rlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.
De ad﻿ición.
Añadir al finalizar el apartado 2 el siguiente texto:
Las personas administradoras son responsables por una gestión inadecuada dolosa o negligente de acuerdo con el 1902 del código civil y 263 de la ley de sociedades de capital. El incluir la información no financiera como punto separado del orden del día daría mayor entidad a la información y mayor responsabilidad a las personas administradoras, y por lo tanto obligará a que los informes sean más exhaustivos.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Apartado nuevo.
Añadir un apartado 1 bis con el siguiente texto:
«Uno bis. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 262 que queda redactado como sigue:
En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente, al personal y al cumplimiento de reglas en materia de igualdad y no discriminación y discapacidad. Salvo en lo relativo a éstas últimas, se exceptúa de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.»
Se introduce la modificación de un nuevo artículo para incluir referencias a la discapacidad.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo tercero.
Añadir un Artículo cuarto.
«Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
El texto refundido de la del Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas queda modificado como sigue:
Uno. Se añaden tres nuevos apartados en el artículo 4, que quedan redactados como sigue:
“g) Constituirse como Órgano consultivo que deberá ser de consulta obligada para las iniciativas legislativas que afecten a los objetivos para los que el Consejo ha sido creado.
h) Asumir un papel activo en la implementación de la Estrategia Española de Responsabilidad Social Española.
i) Recibir los informes de información no financiera consolidada de las empresas y las sociedades de capital, así como emitir planes anuales con memoria económica e indicadores de seguimiento de estos informes recibidos.”
Dos. Se modifica el primer apartado del artículo 4, que queda redactado como sigue:
“1. El Pleno del Consejo se reunirá, al menos trimestralmente en sesión ordinaria, y de forma extraordinaria, cuando así se acuerde por el Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Permanente. El Pleno del Consejo elaborará el régimen de funcionamiento y la adopción de decisiones lo será por mayoría absoluta de los asistentes, dirimiendo los empates por la persona Presidente mediante su voto de calidad.”»
Dado que se modifican contenidos sustanciales referentes a la Responsabilidad Social de las empresas, es necesario una actualización del CERSE para por un lado agilizar la toma de decisiones de este organismo como atribuirle nuevas funciones.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo tercero.
Añadir al finalizar el siguiente apartado con el siguiente texto:
«En ambos supuestos, el auditor deberá comprobar que el citado estado de información no financiera se encuentre incluido en el informe de gestión y deberá comprobar que el contenido se ajusta a lo establecido en los preceptos anteriores y a los criterios de aseguramiento suficiente de acuerdo con las normas de auditoria. En el caso de que en el contenido del informe se encuentren discrepancias, deficiencias en la información o errores, el auditor lo hará costar en el informe de auditoría.»
Hay que asegurar que las auditorías externas no sólo certifiquen que se cumple con la elaboración del informe, si no garantizar que este informe incluye los contenidos marcados en esta norma.
﻿El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 6 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2018.—El Portavoz, Ignacio Cosidó Gutiérrez.
El Grupo ﻿Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.
Al Artículo primero, punto Dos por el que se modifica el artículo 49 apartado 6 del Código de Comercio aprobado por Real decreto de 22 de agosto de 1885.
«6. El estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno empresarial, su organización, presencia geográfica, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.
— Empleo: número total y distribución de empleados atendiendo a criterios representativos de la diversidad (sexo, edad, país, etc.).
— Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo.
— Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
— Relaciones sociales: organización del diálogo social.
— Formación: las políticas implementadas en el campo de la formación.
— Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos.
— Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación.
— Información sobre las subvenciones públicas recibidas.
La información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.»
En la actualidad, la Directiva ha sido ya traspuesta al ordenamiento interno de algunos Estados Miembros como Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal. En todos los casos, el legislador interno se ha limitado a transcribir el contenido de la Directiva, en lo que al estado de información no financiera se refiere, dando flexibilidad a las empresas para desarrollar los diferentes apartados del referido estado, teniendo en cuenta las especificidades de cada empresa o grupos de empresas. Es decir, que el grado de detalle que en lo relativo a la información no financiera pretende exigir España a través del Proyecto de Ley, no ha sido contemplado por ningún otro país de nuestro entorno. Ni tan siquiera la Comisión Europea, en su documento «Directrices sobre la presentación de informes no financieros (Metodología para la presentación de información no financiera)» establece una concreción tan abrumadora como la recogida en el Proyecto de Ley.
Esta falta de exigencia de detalle no es casual, y responde a la finalidad de otorgar una mayor flexibilidad a las empresas a la hora de hacer pública su información no financiera, adaptándose a sus distintas particularidades. Este exceso de detalles en cuanto a la información no financiera crea un injustificado gravamen a las empresas españolas, que redundará en una pérdida de competitividad en relación con las empresas de su entorno.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Seis
Se propone ubicar la expresión «salvo disposición en contrario de los estatutos» al comienzo del primer párrafo como mejora técnica. Con ello se pretende, para mayor claridad, dejar sentado desde el primer momento la posibilidad de modificar o suprimir en los estatutos sociales el derecho de separación por no reparto de dividendos (sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2). Esta es la intención del legislador y debería quedar clara. Mantener dicha redacción al final del segundo párrafo del art. 348 bis.1 generaría confusión porque, a pesar de que solo cabría disposición contraria en los estatutos que suprima o modifique el párrafo primero, en dicho segundo párrafo también se alude a materias no dispositivas como son el ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria. 1
Por excepción, las modificaciones introducidas por esta Ley mediante el artículo segundo apartado seis en el art. 348 bis LSC serán de aplicación a las juntas generales que se celebren a partir del mismo día de su entrada en vigor.
Por razones de seguridad jurídica se necesita una disposición que aclare sin lugar a dudas cuándo se aplicará la nueva redacción del art. 348 bis LSC.
La redacción actual, al referirse a «ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018», puede inducir a confusión. De esta forma, podría intentar defenderse que sería de aplicación el régimen que se pretende derogar del art. 348 bis LSC a un acuerdo social celebrado tras la entrada en vigor de la reforma, pero referido a ejercicios anteriores a 2018 (por ejemplo, junta general en 2019 que apruebe con retraso las cuentas de 2017). Esta interpretación no es la que pretende el legislador con la reforma. Dada la importancia de mejorar el régimen del art. 348 bis LSC, la intención es que sea de aplicación a cualquier acuerdo de junta general que se celebre desde de su entrada en vigor independientemente de los ejercicios a los que se refiera.
Con la modificación propuesta no habría lugar a diversas interpretaciones, ya que la regla sería clara y fomentaría la seguridad jurídica.
Plazo para las reclasificaciones de partícipes y accionistas en aplicación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre.
El Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores de transposición de MIFID II, en la redacción que se remitió al Consejo de Estado, ya contenía dos disposiciones transitorias (décima y undécima), con un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, para la reclasificación entre IIC o entre compartimentos, clases o series de acciones o participaciones que se realicen con el único objeto de cumplir con las nuevas exigencias en materia de incentivos recogidas en MIFID II, sin que tal reclasificación tenga el efecto fiscal habitual en compras o suscripciones y ventas o reembolsos (pago de impuesto por las plusvalías) y sin que se exija previo consentimiento del cliente (imposible de recabar de todos los partícipes, al tratarse de reclasificaciones masivas).
Lamentablemente, la celeridad en la tramitación y el hecho de que esta previsión no deriva directamente de MiFID han originado su supresión del texto del Real Decreto-ley, dejando a las entidades en una situación de gran complejidad e incertidumbre jurídica que debería evitarse.
Por ello, atendiendo a que esta herramienta normativa de reclasificación debería estar ya vigente, y aprovechando que la tramitación de este Proyecto de Ley de información no financiera se encuentra considerablemente más avanzado que el del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre), se propone incorporar esta enmienda.
Tratamiento fiscal de determinadas reclasificaciones de inversores en Instituciones de Inversión Colectiva.
Las reclasificaciones a las que se refiere la disposición transitoria nueva anterior, no darán lugar a la obtención de renta para el partícipe o accionista a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y las nuevas participaciones o acciones asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados conservarán el valor y la fecha de adquisición que tuvieran las participaciones o acciones a las que sustituyen.
El tratamiento previsto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación en las reclasificaciones que se realicen entre instituciones de inversión colectiva, o entre compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, previstas en los artículos 94.2.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y 53.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que dicha reclasificación tenga como único objeto y se realicen dentro del plazo establecido en la disposición transitoria nueva anterior.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Segundo.
Disposición final primera, apartado segundo por el que se modifican los apartados 1,1bis y 2 del artículo 18 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Artículo 18 LIIC. Información a partícipes y accionistas, al público en general y publicidad.
1. Con antelación suficiente a la suscripción de las participaciones o acciones deberá proporcionarse gratuitamente el último informe semestral, exceptuando el caso de renovaciones fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, y el documento con los datos fundamentales para el inversor a los suscriptores y, previa solicitud, el folleto y los últimos informes anual y trimestral publicados. Todos estos documentos podrán facilitarse en un soporte duradero o a través de la página web de la sociedad de inversión o de la sociedad de gestión. Previa solicitud, se entregará gratuitamente a los inversores un ejemplar en papel de dichos documentos. A efectos de lo señalado en el anterior párrafo se considera soporte duradero a todo instrumento que permita al inversor almacenar la información dirigida a él personalmente, de modo que dicho inversor pueda acceder a ella posteriormente para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada y que permita la reproducción sin cambios. En la página web de la sociedad de inversión o de la sociedad de gestión se publicará una versión actualizada de los documentos previstos en este apartado.
2. Los informes anual, semestral y trimestral se pondrán a disposición del público en los lugares que se indiquen en el folleto y el documento con los datos fundamentales para el inversor, que incluirán en todo caso la dirección de la página web. Asimismo, y previa solicitud los informes anual y semestral deberán serle remitidos por medios telemáticos, salvo que manifieste por escrito su preferencia por recibirlos físicamente, en cuyo caso se le remitirán versiones en papel, siempre de modo gratuito. El informe trimestral deberá ser remitido también a los partícipes o accionistas, de acuerdo con las mismas reglas, en el caso de que lo soliciten.
Se modifica la redacción del artículo 18 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en lo relativo a régimen de información a partícipes.
La nueva redacción del artículo 18 supone una cierta mejora con respecto a la redacción vigente. Sin embargo, no se procede a una equiparación completa de las obligaciones de información de las IIC españolas, de acuerdo a lo establecido en la Directiva UCITS, por lo que, a pesar de la nueva redacción, persiste un régimen más severo para las IIC españolas que penaliza su competitividad, tanto en España como en el extranjero.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una enmienda al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2018.—El Portavoz Adjunto, Joaquim Ayats i Bartrina.
El Gru﻿po Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Seis.
Se modifica el apartado seis del Artículo segundo, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos
1. Transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos o su ausencia tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, una cuarta parte de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores y el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años sea inferior a la cuarta parte de los beneficios totales registrados en dicho periodo.
En caso de tratarse de una sociedad dominante de un grupo de sociedades (art. 42 Co.Com.) el beneficio que refiere el párrafo anterior será el del grupo consolidado. En caso de que la sociedad dominante no formule cuentas anuales consolidadas estará obligada a facilitar a los socios al mismo tiempo que las cuentas anuales, el cálculo del beneficio consolidado y el detalle de los ajustes de consolidación que afectan a su cálculo.
A los efectos del requisito de haber obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores, se entenderá también cumplido en el caso de que en cualquiera de dichos ejercicios la sociedad hubiere obtenido pérdida por causa de deterioros de valor y no mediare verificación de las cuentas por auditor.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder y, salvo disposición contraria de los estatutos.
2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio qué no hubiera votado a favor de tal acuerdo.
c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para —alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
El artículo 348 bis de la LSC, que en su origen intenta evitar la conflictividad societaria y el abuso a los minoritarios y fue configurado como medida de protección a los socios minoritarios frente a la imposición de la mayoría —así lo recuerda la propia exposición de motivos de la Proposición de Ley— ha resultado duramente cuestionado desde diversos ámbitos, especialmente desde su última entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2017.
Sin ir más lejos, desde el mundo académico y también el empresarial son numerosas las propuestas de reformulación de lege ferenda realizadas hasta el momento con el ánimo de salvar las dudas y problemas que suscita el precepto en su redacción vigente y, no son pocas, las que con mayor radicalidad reclaman incluso la inmediata derogación de la norma por constituir «un grave error del legislador cuya rectificación se impone a la mayor brevedad ya que de los contrario, motivará gran cantidad de concursos de sociedades promovidos no por sus acreedores o sus administradores sino por los propios socios que se separan». Además, coinciden en el grueso de tales críticas con diversas organizaciones empresariales de pymes, no partidarias de mantener la norma en su redacción vigente pero tampoco partidarias de su derogación ni de una nueva suspensión del precepto.
Con la voluntad de cerrar este debate, iniciado en 2011, es necesaria una nueva reformulación del precepto en los términos propuesto. Basta la lectura de distintas sentencias para advertir de inmediato el sustancial avance que aporta la reformulación contenida en la Propuesta de Ley respecto al texto vigente.
En atención a todo ello, a la propuesta realizada se incorporan aportaciones para evitar la eventualidad de desleales prácticas societarias. En primer lugar, en relación con la sociedad dominante de grupo de sociedades y en prevención del atesoramiento y concentración de beneficios en las sociedades filiales o dominadas, mediante la remisión en todo caso al beneficio consolidado como base para la determinación del porcentaje a distribuir en concepto de dividendo a los efectos del artículo 348 bis LSC.
Y en segundo lugar, para el caso de diferimiento de los beneficios a efectos disruptivos del requisito de obtención de beneficio durante los tres ejercicios consecutivos, mediante la exoneración de tal requisito en las sociedades de capital que se hallen auditadas y cuyo resultado, afecto a deterioros de valor, sea negativo en razón de éstos en cualesquiera de los tres ejercicios considerados.
Con ello, se aspira a contribuir naturalmente a la solución de la conflictividad societaria existente y desde la visión más amplia, añadir seguridad jurídica al inversor, incentivando la capitalización de las pymes y la inversión en tal ámbito, en la medida en que la distribución regular de dividendo y el derecho a desinvertir en caso contrario otorga al inversor una atractiva y dinámica alternativa a los tradicionales campos de inversión y un relevante aliciente para situarse en la condición de socio, aun minoritario.
Desde tal perspectiva, la propuesta realizada para la redacción del artículo 348 bis LSC no debe proyectarse solo para encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los accionistas a participar de los beneficios, sino también para alentar la inversión en el universo de las pymes y propiciar su solvencia y prosperidad.
﻿El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre).
El Grupo ﻿Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Seis.
Añadir el punto 4 y el 4 se convierte en 5.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Seis.
Añadir un apartado más, al punto 5 (nuevo).
e) Las Sociedades Anónimas Deportivas.