Source: http://museodeltransportecaracas.blogspot.com/p/escrito-contestacion-demanda.html
Timestamp: 2020-02-19 03:28:50
Document Index: 229419581

Matched Legal Cases: ['artículo 324', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 346', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 6', 'Artículo 174', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 126', 'Artículo 136', 'Artículo 138', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 346', 'artículo 61', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 443', 'artículo 8', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 62', 'artículo 31', 'artículo 38', 'Artículo 346']

Juez de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Juan Federico Argüello Urpín, de mayor edad, de nacionalidad venezolana, domiciliado en Caracas, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, titular de la cédula de identidad número V-6.972.332, de profesión Abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el número 35.198, en el Colegio de Abogados del Distrito Capital bajo el número 20.984, en el Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui bajo el número 2.372, habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia, ex artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, según consta en Credencial expedida por la Sala de Casación Civil bajo el número 4703 SCC; Apoderado Judicial de la parte accionada en este proceso, denominada Fundación Museo del Transporte, plenamente identificada en estos autos; ante su competente Autoridad ocurro respetuosamente, estando dentro de la oportunidad procesal a que se contrae el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de exponer, contestar y solicitar lo siguiente:
Conforme a las previsiones contenidas en el citado artículo 61, así como en acatamiento a lo resuelto por este Juzgado de Sustanciación, en el acta levantada en fecha Veinte (20) de Junio de Dos mil doce (2.012), con ocasión de la celebración de la Audiencia Preliminar en este proceso que nos ocupa; promuevo y opongo a la Actora, República Bolivariana de Venezuela, la siguiente Cuestión Previa, de modo que sea examinada y resuelta por la Sala Político Administrativa, en Punto Previo de la definitiva respectiva; a saber:
Unica: Conforme a las previsiones contenidas en el ordinal primero (1°) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil vigente; promuevo y opongo expresamente a la Actora de especie, la Cuestión Previa relativa a la Incompetencia por Razón de la Cuantía de este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, para conocer, instruir, sustanciar y decidir válidamente, conforme a Derecho, el presente litigio sometido a su jurisdicción; Cuestión Previa esta que resulta absoluta y plenamente Procedente en Derecho, conforme a los razonamientos que, infra, se expresarán de seguidas en este mismo Capítulo.
El Titulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa está referido a la "Estructura Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa", distinguiendo claramente entre la "máxima instancia" dentro de esa Jurisdicción que corresponde a esta Sala Político Administrativa, seguida por los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Juzgados Superiores Estadales de esa Jurisdicción, hasta llegar a los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El Titulo III, por su parte, desarrolla la Competencia de los Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
1) El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece, expresamente, que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
…"2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios...si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 UT), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad".
2) El artículo 24 eiusdem establece que los denominados Juzgados Nacionales de dicha jurisdicción son competentes para conocer de:
…"2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios...si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 UT) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 UT)..."
3) El artículo 25 ídem señala que los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
…"2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios...si su cuantía no excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 UT)..."
4) Por último, el artículo 26 ibídem atribuye la competencia de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción, siendo tales las demandas propuestas por usuarios de organizaciones públicas o privadas por la prestación de servicios públicos; así como "cualquier otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes".
Como se puede apreciar y juzgar objetivamente, en tres (3) de los cuatro (4) órganos judiciales contencioso administrativos, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vincula directamente la competencia conforme a la cuantía real, objetiva, comprobable y cierta del asunto litigiosos, a la Unidad Tributaria (U.T.), que para la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa, estaba fijada en la cantidad de Cincuenta y cinco Bolívares (Bs. 55,00).
Así pues, para la determinación de la competencia por la cuantía de las acciones que intenten los sujetos activos mencionados en la normativa, se debe multiplicar el valor de la unidad tributaria al momento de la presentación de la demanda, por el número de unidades atribuido por la ley a cada instancia judicial, y compararlo con la cuantía atribuida a la demanda.
Más, aún cuando el procedimiento antes reseñado sea sumamente simple, a efectos que el demandante pueda determinar con certeza el valor real, cierto, objetivo y comprobable de la acción deducida, ello no implica ni significa que la estimación del valor de cualquier acción deducida en estrados, quede al libre arbitrio o capricho irreflexivo o irracional del litigante; ya que de esta forma, contaría con una ventaja indebida e ilegítima respecto a su contendor en la litis, de impedirle u obstaculizarle en grado sumo la posibilidad, dentro del variado elenco de defensas proponibles y admisibles en juicio, de objetar y enervar una estimación de la cuantía del asunto litigado que incide y afecta, directa e inmediatamente, el ejercicio oportuno y pleno de su derecho constitucional, inviolable como justiciable, de defenderse idóneamente y con todos los medios lícitos a su alcance, de las aseveraciones o alegatos de su contraparte incluyendo, obviamente, la contraprueba y enervamiento de la cuantía estimada de la acción deducida en su contra, de modo de reducirla a sus justos, ciertos y racionales límites o, de acuerdo a la contraprueba habida en el mérito del asunto, demeritar y suprimir por completo del debate y del juzgamiento de la causa, la cuantía aducida por el actor en su libelo.
En el caso que nos ocupa, es necesario destacar y hacer notar precisamente que el contrato cuya resolución fue demandada por la República Bolivariana de Venezuela, es uno de Comodato o Préstamo de Uso; y dentro de sus características propias e inmanentes, se encuentra la gratuidad del mismo entre el comodante y el comodatario; vale decir, no existe ni puede pactarse o convenirse entre ambas partes contratantes, el pago de contraprestación alguna, bien sea en dinero o en especie; ya que el objeto de este tipo específico de contratos consiste en la cesión del uso de un bien, en forma absolutamente gratuitas y por un plazo determinado, con la única obligación para el comodatario, simétrica con la obligación principal del comodante de ceder ese uso gratuito; de restituir la posesión del bien cedido al término del plazo fijado en la convención o en el momento en que, conforme a la ley, se presuma fundada y plenamente que el bien cumplió con el uso para el que fue cedido.
En el caso de autos, la representación judicial de la Actora debió, para determinar ciertamente, sin lugar a duda alguna, el Tribunal competente conforme a la cuantía cierta, real y objetiva de la acción que nos ocupa en estos autos, a efectos que la conociera y juzgara válidamente, actuar de la manera siguiente:
1) Verificar que, en ausencia del pago de alguna contraprestación a la República Bolivariana de Venezuela, como comodante, o en ausencia de algún otro medio objetivo de determinación de la cuantía –pues, como hemos dicho supra, se trata en este caso, de un contrato de comodato, gratuito por definición y excelencia-; debía proponer su acción, en todo caso, ante los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en este caso de la Región Capital, toda vez que como se indicó anteriormente, el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, expresamente atribuye la competencia por la cuantía a esos Juzgados, para conocer y decidir válidamente de las demandas que, en su valor cierto o estimado, no excedan de Treinta mil Unidades Tributarias (30.000 U.T.); es decir, ante la incerteza del establecimiento racional y objetivo de la cuantía de esta acción que nos ocupa, en todo caso, es a estos Juzgados Superiores a quienes les corresponde el conocimiento de este litigio, actuando como primera instancia en el marco del mismo.
2) En todo caso, si la Actora pretendiese sostener la tesis que lo que debe considerarse para la cuantía es el valor comercial del bien sobre el cual se contrató el comodato de especie, debió entonces determinar con precisión, con certeza, el valor real de dicho inmueble, que como adujo expresamente esta representación judicial accionada en la oportunidad en que se celebró la Audiencia Preliminar, es inapreciable objetivamente -o de poder serlo, sería objetivamente considerado como un bien inmueble con un valor real de muy poca monta- por tratarse de un lote de terreno sin valor comercial o fuera del comercio, ya que su zonificación urbana es de naturaleza cultural y recreativa, para Edificaciones de Uso Público, Parques, Plazas, Areas Libres y Campos Deportivos Públicos; conforme lo disponen expresamente los artículos 6°, 174°, 176°, 177°, 178° y 179°, así como el respectivo Plano de Zonificación del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, publicado íntegramente con la citada norma municipal, de la vigente Ordenanza de Zonificación del Municipio Autónomo Sucre, de fecha Primero (1°) de Octubre de Mil novecientos noventa y dos (1992), publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda, número extraordinario 382-10/92, en fecha Catorce (14) de Octubre de Mil novecientos noventa y dos (1992), Año MCMXCII, Mes X.
A efectos que la Sala Político Administrativa disponga de los elementos de convicción necesarios y suficientes para juzgar y declarar la absoluta Procedencia de la Cuestión Previa promovida y opuesta en esta oportunidad, nos permitimos transcribir textualmente, el contenido y dispositivo de los artículos supra citados de la antedicha ley local urbanística, vigente en el ámbito territorial del Municipio Sucre del Estado Miranda, en el cual se encuentra situado físicamente el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”; y que regula y delimita los atributos del mismo, como propiedad inmobiliaria de la República Bolivariana de Venezuela y, por ende, plena, absoluta e indiscutiblemente sujeta como tal titular del derecho de propiedad afirmado en autos sobre la cosa extra comercio in commento, a las limitaciones al uso y ejercicio de su derecho de propiedad sobre la misma:
“Artículo 6°.- A los efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes tipos de zonas: (…omissis…)
Zona E-P: Edificaciones de uso público. (…)
“Artículo 174°.- Las zonas E-P son aquellas que han sido destinadas por la Nación o el Municipio para fines administrativos o para uso y utilidad pública.”
“Artículo 176°.- Las zonas P son aquellas que serán dedicadas exclusivamente a parques de uso público, plazas, áreas libres y campos deportivos públicos.
En dichas zonas sólo se permitirá la construcción, reconstrucción o modificación de edificios destinados a los siguientes usos:
a) Edificios complementarios de los parques, plazas, y campos deportivos públicos.
b) Otros relacionados con la cultura y recreación.”
“Artículo 177°.- A lo largo de los bordes superiores del cañón de las quebradas deberá dejarse un espacio libre de no menos de seis (6) metros de ancho. El ancho definitivo de dicho espacio libre lo fijará en cada caso el Plano Regulador respectivo.”
“Artículo 178°.- Queda terminantemente prohibido la apertura de calles y la construcción de casas o edificios de cualquier clase en el espacio comprendido entre los bordes superiores del cañón de las quebradas establecidos según el Artículo anterior.”
“Artículo 179°.- Queda terminantemente prohibido construir o reconstruir edificios que afecten o puedan afectar a los colectores marginales de los ríos y quebradas, excepto en los casos en que la construcción se haga en la forma en que la Ingeniería Municipal disponga para la absoluta seguridad de dichos colectores.” (Citas textuales, negrillas, subrayados y resaltados nuestros).
Conforme se observa, a simple vista, en el Plano de Zonificación que forma parte integrante de la referida Ordenanza Municipal in commento, la porción de terreno urbano ocupada, desde hace más de cuarenta (40) años, por el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, al igual que la porción de terreno urbano ocupada desde similar período por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), ambos colindantes por su frente con el Parque del Este “Rómulo Betancourt” (actualmente redenominado “Generalísimo Francisco de Miranda”); están clasificados o zonificados por la única Autoridad Urbanística Local en el ámbito territorial del Municipio Sucre del Estado Miranda, expresamente, como lotes de terrenos urbanos para uso exclusivo y único de Edificaciones de Uso Público, Parques, Plazas, Areas Libres y Campos Deportivos Públicos; excluyéndose así, legalmente, su uso para otro destino distinto al delimitado expresamente por la citada Ordenanza de Zonificación.
En el ámbito urbano nacional, esta ausencia absoluta de valor de intercambio o comercial del lote de terreno urbano sobre el cual se encuentra construido y enclavado el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, en el ámbito territorial del Municipio Sucre del Estado Miranda; encuentra su fundamento normativo orgánico en las disposiciones contenidas en los artículos 118, 119, 121, 122, 126, 136 y 138 de la vigente Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio que, copiadas a la letra, expresan lo siguiente:
“Artículo 118. Planes de Ordenación Urbanísticos. Los Planes de Ordenación Urbanísticos delimitan el contenido del derecho de propiedad, quedando este derecho vinculado al destino fijado por los planes, conforme al ordenamiento constitucional y legal.”
“Artículo 119. Régimen del Suelo. La competencia urbanística, en concordancia con el régimen del suelo, comprende las siguientes funciones:
1. Determinar la utilización del suelo en congruencia con la utilidad pública y la función social y urbanística de la propiedad.
2. Asegurar el mantenimiento de una densidad adecuada al bienestar de la población.
3. Imponer la justa distribución de las cargas y beneficios del plan entre los propietarios afectados.
4. Afectar las plusvalías del valor del suelo originado por el plan al pago de los gastos de urbanización.
5. Adquirir terrenos para construir patrimonios públicos de suelo.
Estas facultades tienen carácter enunciativo y no limitativo, y comprende cuantas otras fueren congruentes con la misma.”
“Artículo 121. Función Social de la Propiedad Urbana. La propiedad urbana tiene una función social y, en tal virtud, estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta Ley y en cualesquiera otras disposiciones que se refieren a la materia urbanística, y en los reglamentos, planes y normas complementarias que dicten las autoridades urbanísticas competentes.”
“Artículo 122. Afectación al Derecho de Propiedad. Los Planes de Ordenación Urbanísticos, Planes Municipales de Ordenación del Territorio y Planes Especiales afectan el contenido del derecho de propiedad, quedando este derecho vinculado al destino fijado por dichos planes, conforme al ordenamiento constitucional, las disposiciones contempladas en esta Ley y demás normas aplicables a la materia.”
“Artículo 126. Calificación del Suelo Urbano. Las autoridades urbanísticas de instancia nacional y de instancia municipal, respectivamente, determinarán mediante la normativa aplicable y referida a los planes para los cuales tienen competencia atribuida, las distintas calificaciones del suelo urbano, las condiciones y características de los procesos de urbanización, parcelamiento y reparcelamiento, con especial referencia a los asentamientos no controlados. En este último caso, las determinaciones que se establezcan deberán precisar las condiciones de dichos asentamientos, a los fines de señalar las características de desarrollo aplicables, y las etapas y modalidades del proceso de erradicación u ordenación si tal fuera el caso.”
“Artículo 136. De la Ejecución. Las actividades que impliquen ocupación del territorio a ser desarrolladas en áreas urbanas, serán ejecutadas por organismos públicos y privados o por particulares y deberán estar acordes con las ordenanzas municipales y ajustadas a las Variables Urbanas Fundamentales previstas en esta Ley, así como a los demás instrumentos jurídicos que regulen la materia urbanística, siendo el ente competente para su autorización el municipio.”
“Artículo 138. Zonas de Parques y Recreación. Las zonas de parques y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso; las destinadas a servicios comunales o de infraestructura, sólo podrán afectarse a otro uso cuando fueren sustituidas por otras de igual uso y, por lo menos, igual dimensión y similares características. Cualquier otro uso o acto contrario será nulo de nulidad absoluta y el organismo competente, municipal o nacional, podrá ordenar, por cuenta del infractor, la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención de lo dispuesto en el presente artículo. Las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de determinados servicios o vías conforme lo establezca el Reglamento.” (Citas textuales, negrillas, subrayados y resaltados nuestros).
De la interpretación concordante y armónica de las disposiciones normativas orgánicas y municipales supra citadas y transcritas, se puede evidenciar plenamente, de cara a la comprobación de las absolutas legitimidad y procedencia en Derecho de la Cuestión Previa promovida y opuesta en esta oportunidad procesal; que el único uso legalmente permitido y posible para el lote de terreno urbano sobre el cual se encuentra enclavado el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, es el cultural, de preservación histórica patrimonial y recreativo.
Así mismo lo reconoce y confiesa expresamente la Actora en su libelo, en el folio tres (03), al referir expresamente que subscribió con mi patrocinada un contrato que tuvo por objeto el uso gratuito de un terreno “terreno con zonificación especial para actividades culturales ubicado en el Municipio Leoncio Martínez, del Distrito Sucre del Estado Miranda” (Sic). Confesión y reconocimiento expresos de este hecho, por parte de la Actora en su libelo, que le opongo expresamente en esta oportunidad procesal.
En consecuencia de esta circunstancia plenamente probada en estos autos, por derivar su comprobación de expresas disposiciones normativas orgánicas nacionales y municipales vigentes; cualquier otro uso que se le pretenda dar al citado lote de terreno por su propietaria, deviene en radical y absolutamente ilegal por ser nulo textualmente y, simétricamente a este hecho cierto, el citado bien inmueble está fuera del comercio, por expresa disposición legal en este sentido, careciendo en lógica consecuencia, de valor de cambio o comercial alguno; y así pido respetuosamente de esta Sala Político Administrativa, sea expresamente declarado en Punto Previo de la definitiva respectiva.
Sin embargo, aún contra lo preceptuado expresamente por las antedichas normas orgánicas nacionales y urbanísticas municipales transcritas, la representación judicial de la Actora obvió la observancia y aplicación para la determinación cierta, real y objetiva de la cuantía de este asunto, todas las precitadas normas orgánicas y locales vigentes a la fecha y, arbitraria e irracionalmente, le asignó a la acción por ella deducida en estrados, una cuantía de Seis Millones de Bolívares exactos (Bs. 6.000.000,00), sin justificación ni racionalidad algunas, así como carente de cualquier asidero material, lógico y jurídico, como quedó plenamente probado supra; de modo de eludir artificiosa, ilegítima e ímprobamente, la expresa determinación de competencias prevista en la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y negarle de esta guisa a nuestra representada su derecho constitucional inviolable, como justiciable en esta litis, de acceder al doble grado de jurisdicción, ex artículo 49 Constitucional.
El principio de la Doble Instancia o Doble Grado de la Jurisdicción ha sido pacíficamente considerado por nuestra doctrina y jurisprudencia, como principio integrador del debido proceso, en la medida en que posibilita el ejercicio del derecho de defensa contra las decisiones judiciales. Este principio alude a permitirle a cualquier justiciable, impugnar una eventual sentencia condenatoria, ya que toda sentencia judicial puede ser consultada o apelada, salvo las excepciones que consagre la ley; es decir, consiste en el derecho a que la sentencia judicial pueda ser revisada por el superior jerárquico, en la escala judicial, del juez que la emitió; garantizando con ello que el debate u objeto de decisión judicial pueda ser examinado, al menos, por dos funcionarios diferentes, el de la Primera Instancia y su Alzada. Este es el espíritu teleológico primordial del proceso venezolano, recogido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por ende, carece de todo sustento lógico y jurídico la argumentación expresada por la representación judicial de la Actora, que actuó por ella en la celebración de la Audiencia Preliminar en este proceso; refiriendo que la competencia de esta Sala Político Administrativa, para conocer y decidir válidamente este litigio que nos ocupa, devenía justificada en el hecho que la persona que había subscrito, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, el último Contrato de Comodato vigente entre ésta y nuestra patrocinada, había sido el ciudadano Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables para dicha época y su alta personería pública, determinaba que fuese este Máximo Tribunal el competente para conocer y decidir esta acción que nos ocupa.
Contrariamente a esa afirmación sostenida en la citada Audiencia Preliminar por la representación judicial actora y actuante en ella; yerra completamente en la deducción de tan erróneo argumento, ya que el caso sub iudice se refiere a una acción esencialmente civil, de pretensa y negada resolución del citado Contrato de Comodato celebrado, y vigente hasta 2018, entre la Actora y nuestra patrocinada; en modo alguno, estamos en presencia de una solicitud autónoma de Amparo Constitucional, deducida ante esta Sala Político Administrativa, contra alguna actuación administrativa, amenaza de actuación u omisión de ella, efectuada o atribuible al ciudadano Ministro del Poder Popular para el Ambiente, caso en el cual, por vía de ejemplo para revelar lo inidóneo y erróneo de la argumentación actoral in commento; si atraería, eventualmente, la competencia para conocer y decidir válidamente este tipo específico de solicitudes autónomas a este Máximo Tribunal, en razón del fuero especial y privilegiado correspondiente a los Ministros del Poder Popular, ex artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Pero en el caso específico que nos ocupa, ciudadanos Magistrados, a los efectos de la validez y de la licitud del negocio jurídico civil, reflejado y contenido en el citado Contrato de Comodato, al igual que sucede con todos y cada uno de los contratos anteriores en tiempo al comentado; siempre y cuando la persona natural que firmó, en su momento, cada uno de los ejemplares de dichas convenciones civiles, haya estado provista del correspondiente nivel de habilitación administrativa (delegación de firma) para subscribir válidamente dichos contratos, en nombre y representación de la República; carece de relevancia el nivel o rango funcionarial de dicha persona natural para efectos de determinar, a posteriori y eventualmente, la jurisdicción competente para conocer y decidir lícita y válidamente cualquier litigio que pueda surgir entre ambas partes contratantes.
Por ende, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a la luz de los razonamientos y evidencias fehacientes supra expuestas y producidas, ciudadanos Magistrados, deviene en radical y absolutamente incompetente, por razón de la cuantía estimada por la representación judicial actora, como valor absolutamente irreal, exagerado e infundado evidentemente, atribuido por ella a la acción deducida en este Alto Estrado contra mi patrocinada; y, simétricamente, deviene en absolutamente competente por esta misma razón, uno cualesquiera de los Juzgados Superiores Estadales en lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el Area Metropolitana de Caracas o, en su defecto, uno cualesquiera de los Juzgados de Municipio con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas; debiendo declinarse la competencia de este Alto Tribunal, para conocer y decidir válida y lícitamente el presente litigio, en uno cualesquiera de los antedichos Juzgados, remitiendo con oficio respectivo el presente expediente, a los efectos legales pertinentes; y así respetuosamente, solicito sea declarado expresamente en Punto Previo de la definitiva respectiva.
Por todo lo antes expuesto, ex ordinal primero (1°) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, mi patrocinada se ve precisada a oponer a la presente demanda, la declinatoria de la competencia de este máximo Tribunal, lo que solicito, respetuosamente, sea oportunamente declarado por esta Sala Político Administrativa.
Contestación a la Demanda propuesta contra la Fundación Museo del Transporte.
En la eventualidad, negada de plano por improcedente jurídicamente, que la promoción y oposición de la Cuestión Previa precedentemente argüida y probada, sea desestimada por esta Sala Político Administrativa; conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con lo señalado en los artículos 359, 360, 361 y 364 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente a este proceso jurisdiccional, ex artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en nombre de mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, contesto la demanda que, por resolución de contrato de comodato, ha incoado en su contra la República Bolivariana de Venezuela, en los términos siguientes:
Hechos libelados que la Fundación Museo del Transporte, admite expresamente como ciertos.
1.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que la República Bolivariana de Venezuela adquirió la propiedad de un (01) inmueble, perteneciente originariamente a la Sucesión Manuel Díaz Rodríguez, en fecha 20 de Junio de 1951; según consta en documento protocolizado ante la antigua Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 12 de Julio de 1951, anotado bajo el Número 22, folio 54 y su vuelto, Tomo Primero (1°), Protocolo Primero.
2.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que el referido inmueble posee, aproximadamente, una extensión total de 635.500 metros cuadrados, que era o es denominado como “Hacienda San José”, situado todo ello en jurisdicción del hoy Municipio Sucre del Estado Miranda; contenido dentro de los linderos generales señalados por la Actora, al folio dos (02) del escrito libelar que encabeza estas actuaciones.
3.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que según el Decreto número 2.092, de fecha 22 de marzo de 1977, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria de la misma fecha, cesaron varios Ministerios en sus actividades desde el día 31 de marzo de 1977, entre ellos, el antiguo Ministerio de Obras Públicas; transfiriéndose las competencias, atribuciones, funciones, derechos y obligaciones propias de dicho ente a otros creados a raíz de su división orgánica funcional.
4.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que en 1978, el Senado del entonces Congreso de la República (hoy Asamblea Nacional), autorizó al Ejecutivo Nacional para donar la cantidad de 616.476 metros cuadrados del antedicho lote de terreno urbano, así como sus bienhechurías, al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), según consta en el Acuerdo de la Cámara del Senado, publicado en la Gaceta Oficial Número 31.505, de fecha 09 de Junio de 1978; haciéndose la salvedad que en dicha donación, no se incluyó la porción de terreno en la que funciona, desde hace más de cuatro décadas, el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael” y la sede administrativa nacional del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).
5.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que en fecha 04 de Diciembre de 1981, el Instituto Nacional de Parques, en su cualidad de Administrador de la porción de terreno remanente, ocupada parcialmente por el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”; celebró y subscribió válidamente con la Fundación Museo del Transporte, un contrato que tenía por objeto el uso gratuito del terreno con zonificación especial para actividades culturales ubicado en el Municipio Leoncio Martínez, del Distrito Sucre del Estado Miranda, con la finalidad que la Fundación exhibiese los bienes y estructuras que se encontraban en el mencionado inmueble, recibiendo mi patrocinada, como contraprestación por estos servicios, la cantidad de Sesenta Mil Bolívares (Bs. 60.000,00), equivalente en el vigente cono monetario, a Sesenta Bolívares (Bs. 60,00); contrato este producido por la Actora, como anexo libelar, marcado con la letra “B”, que mi patrocinada acepta y reconoce expresamente como documento cierto y exacto, a los efectos de este litigio que nos ocupa.
6.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que el predicho contrato tuvo una duración de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su firma, prorrogables automáticamente por períodos iguales, salvo las notificaciones previas mutuas en sentido contrario al indicado, previstas en el texto del citado convenio.
7.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que dentro de los bienes muebles dados para su exhibición, conservación y preservación técnica especializada por mi patrocinada, Fundación Museo del Transporte; se encuentran unas maquetas arquitectónicas de la ciudad de Caracas, que reproduce el centro de nuestra capital en su época colonial; elaboradas por la Arquitecto Ruth Neumann, que son propiedad del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), instituto autónomo con personería jurídica y patrimonio propios y separados de la República Bolivariana de Venezuela; adscrito al entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), actualmente, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA).
8.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que en fecha 23 de Abril de 1985, se celebró y subscribió lícita y válidamente entre las mismas partes contratantes; otro Contrato en las mismas e idénticas condiciones que el antes reseñado, pero con un aporte o contraprestación dineraria para mi patrocinada, por la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00), equivalente en el vigente cono monetario, a Cuarenta Bolívares (Bs. 40,00), con una vigencia de un (01) año, contado a partir de la fecha de su subscripción; contrato este producido por la Actora, como anexo libelar, marcado con la letra “C”, que mi patrocinada acepta y reconoce expresamente como documento cierto y exacto, a los efectos de este litigio que nos ocupa.
9.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que en fecha 05 de Diciembre de 1987, el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, sucedido universalmente hoy por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; celebró y subscribió lícita y válidamente con mi patrocinada, un Contrato de Comodato mediante el cual, cedió en préstamo de uso las mismas estructuras, el mismo terreno y los demás bienes objeto de los contratos anteriormente reseñados; con la especificación obligatoria adicional y novedosa, que las colecciones de vehículos automotores, aeronaves y locomotoras se exhibieran en dicha sede museística de manera permanente.
10.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que dicho Contrato de Comodato tuvo una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de sus subscripción; contrato este producido por la Actora, como anexo libelar, marcado con la letra “D”, que mi patrocinada acepta y reconoce expresamente como documento cierto y exacto, a los efectos de este litigio que nos ocupa.
11.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que antes del vencimiento o fenecimiento del referido Contrato de Comodato, las mismas partes contratantes celebraron y subscribieron válida y lícitamente, en fecha 06 de Octubre de 1990, un nuevo Contrato de Comodato con idénticas condiciones a las contenidas en el contrato anterior, con la única variación o salvedad que su vigencia sería de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su subscripción; contrato este producido por la Actora, como anexo libelar, marcado con la letra “E”, que mi patrocinada acepta y reconoce expresamente como documento cierto y exacto, a los efectos de este litigio que nos ocupa.
12.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que en fecha 03 de Junio de 2008, un grupo de funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, se presentaron en la sede del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, a efectos de realizar una inspección en sus áreas; así como entregó a la ciudadana Marla Heath, secretaria de la Fundación Museo del Transporte, una comunicación escrita, fechada el 02 de Junio de 2008 y, presumiblemente, subscrita por la ciudadana Yuvirí Ortega Lovera, quien se afirmó Ministra del Poder Popular para el Ambiente; mediante la que se pretendió que mi patrocinada entregase de inmediato el bien mueble tantas veces referido, al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; evidenciándose en dicho texto que se requirió la entrega del citado inmueble, fundando dicha petición en un contrato que, jurídicamente, carecía de existencia y validez entre la hoy Actora y mi patrocinada, para el día 02 de Junio de 2008.
Cabe resaltar, en este punto, ciudadanos Magistrados, que el sedicente “Oficio”, identificado por la representación judicial actora con el número 001052, fechado el 02 de Junio de 2008 y, presumiblemente, subscrito por la ciudadana Yuvirí Ortega Lovera, como tal Ministra del referido Despacho, evidencia por si mismo varias irregularidades en su texto que conducen a desestimarlo completamente de esta litis como elemento probatorio válido y lícito, a saber:
A) El documento en referencia hace alusión a una petición de entrega o restitución inmediata del inmueble que sirve de sede al Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, así como a mi patrocinada, fundando dicha petición en un Contrato de Comodato fechado el 06 de Octubre de 1990 y que, para la fecha del sedicente “Oficio”, estaba absolutamente fenecido y sustituido, en su valor y eficacia jurídica, por un nuevo Contrato de Comodato celebrado y subscrito entre las mismas partes contratantes, el 03 de Septiembre de 1998, en idénticas condiciones al que sustituyó y con un plazo de vigencia de veinte (20) años, vale decir, hasta el 03 de Septiembre de 2018, inclusive.
B) El sedicente “Oficio” en comentario, como tal actuación administrativa del Despacho del Ambiente, carece por completo de sello húmedo que identifique al despacho del ciudadano Ministro del Poder Popular del Ambiente, en funciones para el día 02 de Junio de 2008; resultando ser uno de los requisitos formales y esenciales de validez de dicho documento, conforme a las previsiones de la vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el estampado del correspondiente sello húmedo oficial del órgano que emitió, supuestamente, dicho documento administrativo.
Ante estas dos evidentes irregularidades en dicho documento, aportado a esta litis por la representación judicial actora como anexo libelar, marcado con la letra “G” e inserto al folio 40 de este expediente; estando en la oportunidad procesal pertinente para ello, desconozco íntegramente dicho documento antes referido e identificado, careciendo el mismo de cualquier efecto jurídico válido de cara a esta litis; y solicito respetuosamente de esta Sala Político Administrativa, que el mismo sea desechado completamente de este proceso que nos ocupa.
13.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que entre la República Bolivariana de Venezuela y mi patrocinada, se celebró y subscribió lícita y válidamente, un Contrato de Comodato en fecha Tres (03) de Septiembre de Mil novecientos noventa y ocho (1998), en idénticas condiciones al celebrado y subscrito entre ellas el día 06 de Octubre de 1990, substituido íntegramente en sus efectos jurídicos por el actualmente vigente; con un plazo de duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de su firma, esto es, hasta el día Tres (03) de Septiembre de Dos mil dieciocho (2018); contrato este producido por la Actora, como anexo libelar, marcado con la letra “H”, que mi patrocinada acepta y reconoce expresamente como documento cierto y exacto, a los efectos de este litigio que nos ocupa.
14.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que mi patrocinada ha celebrado y subscrito lícita y válidamente, dos (02) contratos de arrendamiento, en fechas 19 de Julio de 1994 y 12 de Diciembre de 1997 respectivamente, con la sociedad mercantil Telecomunicaciones Movilnet, C.A., propiedad del Estado Venezolano; para efectos de instalar y mantener operativa, una estación repetidora de ondas de radio, para prestar en condiciones de mayor eficiencia, el servicio público de telecomunicaciones mediante el uso de telefonía móvil celular; actividad pública ésta protegida, regida y administrada exclusivamente por el Estado, conforme lo dispone la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
15.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que mi patrocinada celebró y subscribió lícita y válidamente con la sociedad mercantil Peliexpress, C.A., tres (03) contratos de arrendamiento, fechados los días 18 de Diciembre de 1998, 10 de Noviembre de 2004 y 14 de Septiembre de 2007 respectivamente; para efectos de desarrollar y prestar el servicio público de transporte terrestre de personas y bienes; actividad regida por el Estado, conforme a las previsiones de la vigente Ley del Transporte Terrestre.
16.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que mi patrocinada celebró y subscribió lícita y válidamente con la sociedad mercantil Consorcio Fondo de Bienes de Venezuela, C.A. (FONBIENES), un Contrato de Concesión fechado el día 29 de Septiembre de 2002, por el cual dicha empresa exhibe permanentemente en la sede del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, vehículos automotores nuevos y de última generación, cumpliendo una doble función social mediante dicha exposición permanente, conocida como “Salón del Automóvil del Siglo XXI”, tanto en la exhibición de parte del patrimonio histórico automotor venezolano, contrastado con la exposición permanente de vehículos automotores antiguos y clásicos que exhibe mi patrocinada desde hace más de cuatro décadas; como permitiendo al público usuario de los servicios culturales, históricos y recreativos que ofrece el antedicho Museo, si es su deseo, obtener planes de financiamiento para la adquisición programada de los modelos de vehículos automotores exhibidos en dicha sala de exposiciones, en condiciones preferenciales frente a otras alternativas de financiamiento para la adquisición de este tipo de bienes muebles. Adicionalmente, según se estableció en el citado Contrato, la empresa concesionaria presta a la comunidad de usuarios del Museo, servicios públicos gratuitos de conciertos de música, charlas sobre la historia del automóvil como medio de transporte, visitas guiadas de estudiantes de todos los niveles educativos, a su sala de exposiciones; amén de proveer de los recursos mínimos necesarios para la conservación, mantenimiento y preservación en las mejores condiciones, de las distintas salas, exposiciones, colecciones y bienes exhibidos en la sede del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, al igual que sucede con los demás concesionarios y arrendatarios de mi patrocinada, con excepción de la Organización de Rescate Humboldt; con cuyo pago de las contraprestaciones dinerarias convenidas, mi patrocinada obtiene los recursos dinerarios necesarios para cumplir idóneamente con su actividad de curaduría del Museo, así como para sufragar sus costos de funcionamiento; todo ello, ciudadanos Magistrados, sin que la República Bolivariana de Venezuela deba aportar cantidad de dinero alguna para cumplir esta obvia función social y cultural por excelencia, en beneficio directo e inmediato de la colectividad en general.
17.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que mi patrocinada celebró con el ciudadano Freddy Estévez García, en fecha 21 de Julio de 2005, un Contrato de Concesión para la elaboración de alimentos y bebidas dentro de la sede del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, para suministrarlos tanto al personal empleado y obrero de mi patrocinada, de modo de cumplir con el pago del beneficio social no remunerativo de alimentación para sus trabajadores; así como para suministrarlos a los estudiantes que, diuturnamente desde hace más de cuatro décadas, visitan en forma guiada las instalaciones del Museo los días miércoles de cada semana, al igual que para el público usuario que hace lo propio los fines de semana. Vale decir, la actividad contratada cumple una indiscutible función social, en beneficio de los trabajadores del Museo y del público usuario de sus servicios culturales y educativos.
18.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que mi patrocinada celebró con la asociación civil “Organización de Rescate Humboldt”, en fecha 20 de Junio de 2000, un Contrato de Comodato que tiene por objeto el uso de un local del Museo, habilitado para tal fin, como sede operativa permanente de este órgano auxiliar del Sistema Nacional de Administración de Emergencias y Protección Civil, bajo la rectoría del Estado Venezolano, por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia; que histórica y tradicionalmente, ha sido la organización de rescate y protección civil voluntaria, decana o pionera en Venezuela, de este tipo de actividades auxiliares para el Estado Venezolano, en este especial y relevante rol público.
19.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que la Cláusula Novena del Contrato de Concesión vigente entre ambas partes contratantes, hoy litigantes; expresamente autorizó a mi patrocinada a celebrar contratos de concesión o de otra índole, para procurarse la obtención de sus propios recursos para el funcionamiento del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, con la única condición de informar, avisar o notificar a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de la celebración y subscripción lícita y válida de los referidos contratos. Así lo dispone la citada Cláusula que, copiada a la letra, reza:
“NOVENA: ‘EL COMODATARIO’, dentro de la duración del presente contrato fijado en la Cláusula Sexta, podrá celebrar contratos de concesión para la prestación de servicios públicos o de otra índole para beneficio del Museo, con el fin de obtener ingresos para el mismo, debiendo informar en cada caso a ‘EL MINISTERIO’.” (Cita textual, negrillas, subrayados y resaltados adicionales míos).
20.- Admito expresamente y, por tanto, es hecho relevado de todo debate y comprobación en esta litis, que tanto el Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, como las distintas colecciones de maquetas, vehículos de tracción de sangre, vehículos automotores, aeronaves y locomotoras, forman parte del Registro General de Bienes de Interés Cultural, que lleva el Instituto de Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conforme lo dispone el artículo 10 de la vigente Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. El citado Museo forma parte integral del Sistema Nacional Público de Museos, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Determinados previamente, pues, los hechos libelados por la Actora, que mi patrocinada expresamente admite y reconoce como ciertos y, por ende, relevados de toda prueba en esta litis; pasaré de seguidas a expresar los hechos libelados que mi patrocinada niega, rechaza y contradice terminante y categóricamente, por ser absoluta y radicalmente falsos, erróneos o inciertos.
Hechos libelados expresamente negados por la accionada Fundación Museo del Transporte.
1.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que sea jurídicamente eficaz, la pretendida e irregular solicitud de restitución de los bienes entregados a mi patrocinada en comodato, contenida en un sedicente “Oficio”, identificado con el número 001052, fechado el día 02 de Junio de 2008 y presumiblemente subscrito por la ciudadana Yuvirí Ortega Lovera, afirmando proceder como Ministro del Poder Popular para el Ambiente. Negativa específica ésta fundada en las obvias irregularidades que, a simple vista se observan en la referida documental, producida por la Actora junto con el libelo y marcada con la letra “G”, referidas anteriormente en este escrito; amén de fundarse, supuestamente, dicho requerimiento en un Contrato fenecido y sustituido por otro de fecha distinta a la enunciada en dicha documental cuestionada; careciendo el contrato a que alude dicha documental desconocida, de existencia, eficacia y validez jurídica en su totalidad. Simétricamente, desconozco íntegramente el documento constituido por el sedicente “Oficio” número 001052, ex artículo 443 del Código de Procedimiento Civil.
2.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, haya desvirtuado las obligaciones contraídas en el Contrato de Comodato celebrado con la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 03 de Septiembre de 1998, vigente por veinte (20) años hasta el día 03 de Septiembre de 2018, inclusive.
3.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya destinado el inmueble y sus demás bienes intrínsecos, cedidos a ella en comodato por la Actora, para efectuar actividades que afectan notoriamente las instalaciones, así como la colección de vehículos; o haya permitido, consentido o tolerado que los inquilinos o concesionarios de la misma, hayan efectuado o efectúen actividades que afectan notoriamente las instalaciones, así como la colección de vehículos; como falsa y erróneamente lo libeló la Actora en estos autos.
4.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que en la sede del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”, se realicen todo tipo de eventos festivos, que impliquen una alta rotación de personas y que los asistentes ingieran bebidas alcohólicas, como falsa, mendaz y erróneamente lo libeló la Actora en estos autos.
5.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, haya omitido informar, notificar o avisar oportuna y tempestivamente a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; la celebración y subscripción lícitas y válidas de todos y cada uno de los contratos de arrendamiento y concesión antes referidos e identificados en este escrito; conforme lo dispone obligatoriamente la Cláusula Novena del Contrato de Comodato actualmente en curso y vigente entre ambas partes contratantes, hoy litigantes.
6.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, haya “desnaturalizado” (sic) el carácter gratuito del Contrato de Comodato celebrado y subscrito entre ambas partes contratantes, hoy litigantes, en fecha 03 de Septiembre de 1998 y vigente hasta el 03 de Septiembre de 2018, inclusive.
7.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya desvirtuado la naturaleza del Contrato de Comodato celebrado con la Actora, en fecha 03 de Septiembre de 1998, vigente hasta el 03 de Septiembre de 2018, inclusive.
8.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, haya destinado las instalaciones y vehículos para la celebración de eventos festivos en la sede del Museo del Transporte de Caracas “Guillermo José Schael”.
9.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya usado en forma distinta a la convenida en el citado Contrato de Comodato, los bienes muebles e inmuebles a que se contrae el objeto del mismo.
10.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya “desnaturalizado” (sic) el Contrato de Comodato in commento y, simétricamente, niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya dejado de cumplir las obligaciones aceptadas por ella, como contratante, contenidas en la Cláusula Segunda del citado Contrato de Comodato vigente a la fecha; tal como falsa, mendaz y erróneamente lo libeló la Actora, al folio siete (07) de estos autos.
11.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya “desviado” (sic) la naturaleza del citado Contrato de Comodato celebrado y subscrito entre ambas partes contratantes, hoy litigantes, el 03 de Septiembre de 1998 y vigente hasta el 03 de Septiembre de 2018, inclusive; tal como falsa, mendaz y erróneamente lo libeló la Actora, al folio nueve (09) de estos autos.
12.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya cedido a terceras personas, distintas a las partes contratantes originarias, hoy litigantes, mediante contratos de arrendamiento y “otras figuras, parte del terreno para actividades sin previa autorización del Ministerio” (sic, Actora dixit); según lo libeló falsa, mendaz y erróneamente la Actora, al folio nueve (09) de estos autos. Por el contrario a esa afirmación infundada, ciudadanos Magistrados, la Cláusula Novena del Contrato de Comodato vigente entre ambas partes, expresamente estableció como única condición para la licitud y validez de las contrataciones hechas por mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, informar en cada caso de celebración de una contratación como las reseñadas anteriormente en este escrito, a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Obviamente, ciudadanos Magistrados, en simple Lógica y en buen Derecho, mi patrocinada fue autorizada expresamente en dicha Cláusula Novena, a efectuar las contrataciones como las comentadas supra, con la única condición para su validez y licitud, de informar en cada caso al citado Ministerio; informaciones estas efectuadas por escrito al referido Ministerio, conforme se comprobará plenamente en esta litis, en su oportunidad procesal pertinente.
13.- Niego, rechazo y contradigo expresa, terminante y categóricamente que mi patrocinada Fundación Museo del Transporte haya contravenido el objeto del citado Contrato de Comodato, celebrado y subscrito con la hoy Actora, en fecha 03 de Septiembre de 1998, vigente hasta el 03 de Septiembre de 2018, inclusive, como falsa, mendaz y erróneamente lo libeló la Actora, al folio nueve (09) de este expediente.
A efectos de desvirtuar completamente las aseveraciones afirmadas en forma falsa, mendaz y errónea por la Actora en su libelo, precedentemente negadas, rechazadas y contradichas determinadamente por mi patrocinada en este Epígrafe Segundo, ciudadanos Magistrados; con los elementos documentales públicos y ciertos de convicción emitidos por la misma Actora, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su antecesor, a título universal, el suprimido Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; resulta necesario y conveniente para la recta (rectius) actividad de juzgamiento a desplegarse en esta litis por esta Sala Político Administrativa, citar textualmente el contenido del Memorandum identificado con el Número 1254, fechado el día Cinco (05) de Diciembre de Mil novecientos noventa y cuatro (1994), remitido a la ciudadana Luisa H. de Rojas, Jefe de Gabinete del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), antecesor o causante directo e inmediato del actual Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA); por la Consultora Jurídica encargada de dicho Ministerio, ciudadana Doctora Abbie Decan Guevara; mediante el cual la precitada Consultora Jurídica informa a la Jefe de Gabinete del citado Ministerio, que una vez revisados por ese servicio de apoyo jurídico, los convenios individuales celebrados entre mi patrocinada y las distintas asociaciones a las que se les otorgó concesiones; que dichas contrataciones están ajustadas a Derecho por las razones que, seguidamente, cito textualmente:
“1) Por cuanto la cláusula novena del Contrato de Comodato de fecha 06-09-90 suscrito entre el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y La Fundación Museo del Transporte, la autoriza para realizar tal tipo de concesiones y
2) Porque al remitir copia de cada uno de las concesiones otorgadas, tal como se evidencia en la comunicación de fecha 13-09-94 dirigida al ciudadano Ministro, está cumpliendo con lo también previsto en la cláusula en comento, que los obliga a mantener informado al Ministerio sobre cada una de las concesiones por ella celebrados.
Por las razones que anteceden se concluye que la Fundación Museo del Transporte, procedió de conformidad con lo estipulado en una de las cláusulas contentivas del Contrato de Comodato suscrito con este Organismo en la fecha anteriormente indicada, en consecuencia las concesiones otorgadas son perfectamente valederas.” (Cita textual, negrillas, subrayados y resaltados adicionales míos).
A los efectos de comprobar y acreditar fehacientemente en estos autos, las absolutas pertinencia, conducencia e idoneidad de la antedicha prueba documental, contenida en el documento público administrativo promovido y opuesto a la Actora en esta oportunidad, ciudadanos Magistrados; en conformidad con lo señalado por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta necesario citar y transcribir, textualmente, en este punto el contenido del artículo 11 de la vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:
“Artículo 11.- Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos definitivamente firmes.” (Cita textual, negrillas, resaltados y subrayados míos).
En fecha muy anterior a la deducción por la República Bolivariana de Venezuela, de la pretensión accionada en estos autos contra mi patrocinada, ciudadanos Magistrados; ya la misma Actora, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), sucesor o causahabiente, a título universal, del extinto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), había reconocido y declarado públicamente, a favor de mi patrocinada como particular administrado y, simétricamente, como justiciable en esta litis; que las concesiones individuales hechas desde hace más de veintidos (22) años, eran y son plenamente lícitas, legítimas y válidas respecto a la República Bolivariana de Venezuela, como Comodante respecto a mi patrocinada Fundación Museo del Transporte. Así pues, a la letra expresa, positiva y precisa del artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, dicha declaración constitutiva de estado a favor de mi patrocinada, no puede ser revisada, desconocida, modificada o suprimida por la hoy Actora, como Administración Pública Central, en perjuicio de la Fundación Museo del Transporte, por prohibirlo expresamente la citada norma orgánica que regula y ordena, entre otras cosas, las relaciones entre la Administración (República Bolivariana de Venezuela) y los particulares administrados (Fundación Museo del Transporte); y así pido, respetuosamente, de la Sala Político Administrativa, en recta (rectius) aplicación del Principio de Universalidad de sus decisiones, ex artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; sea expresamente declarado en su oportunidad procesal pertinente para ello.
Conforme lo permite expresamente el artículo 62 de la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como fue aclarado y establecido por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político Administrativa, en el Acta levantada con ocasión de la celebración de la correspondiente Audiencia Preliminar en este proceso; hago reserva expresa del lapso procesal probático establecido en la norma orgánica citada, para promover y producir útil y tempestivamente, todos y cada uno de los medios de prueba que sustentan la defensa de mi patrocinada, expresada en este escrito que nos ocupa en esta oportunidad procesal.
Impugnación de la Cuantía estimada por la Actora, como valor de la acción deducida contra la Accionada en estos autos.
Conforme lo permite y autoriza expresamente el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal como lo autoriza el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil vigente; expresamente en este acto impugno íntegramente, por ser evidentemente irreal y exagerada, la cuantía en que estimó la Actora de especie, el valor dinerario de la acción resolutoria que ha incoado contra mi patrocinada Fundación Museo del Transporte, en autos de este expediente.
A efectos de soportar material y jurídicamente la procedencia de esta impugnación expresa de la referida cuantía, estimada arbitraria e irrealmente por la Actora en la cantidad de Seis Millones de Bolívares exactos (Bs. 6.000.000,00); reproduzco y hago valer la argumentación y pruebas de la misma, expresada en el Punto Previo de este Escrito de Contestación a la presente Demanda, con ocasión de la promoción y oposición a la Actora, de la Cuestión Previa contenida en el ordinal Primero (1º) del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, atinente a la Incompetencia por razón de la cuantía real y objetiva de la acción in commento, de esta Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal.
En este sentido anotado supra, ciudadanos Magistrados, pido respetuosamente que la cuantía de la acción que nos ocupa, impugnada tempestivamente por mi patrocinada, sea absolutamente desestimada y desechada de este proceso, junto con todos los demás pronunciamientos pertinentes en Derecho.
Finalmente, solicito respetuosamente que el presente Escrito de Contestación a la demanda propuesta por la República Bolivariana de Venezuela, contra mi patrocinada, sea oportunamente providenciado y agregado a los autos de este expediente, para que surta sus efectos jurídicos correspondientes en esta litis; y simétricamente, solicito respetuosamente que, en Punto Previo de la definitiva respectiva, sea expresamente declarada Procedente y Con Lugar la Cuestión Previa promovida y opuesta a la Actora, declinándose el conocimiento y decisión de este asunto en el Juzgado de inferior jerarquía correspondiente; y en la eventualidad que tal declaración y decisión no se conceda por esta Sala; solicito respetuosamente que la presente demanda por resolución del Contrato de Comodato, celebrado y subscrito entre la Actora y mi patrocinada, en fecha 03 de Septiembre de 1998, vigente hasta el 03 de Septiembre de 2018, sea expresamente declarada Improcedente y Sin Lugar en la definitiva, junto con todos los demás pronunciamientos a que haya lugar en Derecho.-
Es Justicia que impetro de ustedes, en Caracas, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de Dos mil doce (2012).
Abgº Juan Federico Argüello Urpín.
C.I. N° V-6.972.322; Inpreabogado N° 35.198; CADC N° 20.984;
CAEA N° 2.372; TSJ N° 4703 SCC.