Source: http://espanito.com/corte-suprema-de-justicia-sala-de-casacion-civil-magistrado-po-v3.html
Timestamp: 2019-12-09 11:23:03
Document Index: 187604992

Matched Legal Cases: ['artículo 1502', 'artículo 1524', 'artículo 177', 'artículo 265', 'artículo 1524', 'artículo 1501', 'artículo 44', 'artículo 1624', 'artículo 195', 'artículo 285', 'artículo 95', 'e contrario', 'artículo 249', 'artículo 95', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 22', 'artículo 232', 'in fine']

Corte suprema de justicia sala de casacion civil magistrado Ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar
Descargar 89.91 Kb.
Tamaño 89.91 Kb.
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil seis (2006)
05001-3103-009-1997-0193-01
Decídese el recurso de casación interpuesto por Hernán Botero Moreno contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2001, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional.
1. Dio origen al proceso, la demanda presentada por Hernán Botero Moreno, representado por apoderada general, para que se declarara que la prenombrada entidad le adeuda treinta millones de pesos ($30.000.000.oo) desde el 17 de diciembre de 1985, condenándola a pagársela, con corrección monetaria e intereses.
Subsidiariamente pidió que se declarara que la demandada se enriqueció sin justa causa y a su costa, en el señalado monto, y que se le impusieran condenas semejantes a las deprecadas con motivo de la pretensión principal.
2. Los hechos constitutivos de la causa de pedir, en síntesis, se reducen a que entre 1974 y 1984 Hernán Botero Moreno se desempeñó como Presidente de la corporación demandada, entidad que para el 17 de diciembre de 1985 le debía treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), por negocios varios. Que en esa fecha, Octavio Piedrahita, Gilberto Molina y Hernán Cadavid Gónima, actuando como miembros de su Junta Directiva, y este último, además, como su representante legal, suscribieron un documento reconociendo la existencia de dicha obligación y comprometiéndose a no transferir a ningún título los jugadores del equipo de fútbol Atlético Nacional que allí se relacionan.
Que aprovechando la situación suscitada por su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, la demandada transfirió a los futbolistas y no ha solventado la deuda.
3. En su respuesta a la demanda, la demandada se opuso a las pretensiones. Negó o reclamó la prueba de la mayoría de los hechos que las respaldan, admitiendo únicamente que el demandante ejerció la Presidencia durante el interregno allí indicado. Propuso las excepciones nominadas "inexistencia de la obligación demandada", porque "...no es aceptada ni reconocida por la Corporación Deportiva Atlético Nacional"; "cobro de lo no debido", porque si la misma obligación existía cuando se expidió el documento aportado con la demanda, sus signatarios actuaron como miembros de la junta directiva, sin facultades de representación de la corporación demandada, y por tanto no la vinculan con sus actos. Además, porque en la contabilidad de 1985 y los años anteriores no está reflejada la mencionada obligación; "falta de poder y representación entre los que suscribieron el documento", apoyada en que éstos obraron como miembros de la junta directiva de dicha entidad, no como representantes ni en nombre de ella, y su actuación no fue ratificada por quien ostentaba la susodicha representación; "prescripción", porque la obligación contenida en el documento "...tiene una antigüedad de once años y once meses", y por tanto de presentarse "...como documento quirografario constitutivo de una obligación pura y simple", la acción ejecutiva estaría prescrita y la "...pretendida obligación prescribió sin que se interrumpiera la misma por reconocimiento del supuesto obligado".
4. La primera instancia finalizó con sentencia desestimatoria, confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al decidir el recurso de apelación propuesto por el demandante, resolución que la misma parte impugnó mediante el recurso de casación materia de este pronunciamiento.
Para desatar la apelación, precisó el ad-quem, es menester establecer si "...existe una obligación cuyo cumplimiento pueda demandarse con intervención de la jurisdicción". Con ese propósito se ocupó del documento que obra al folio 1 del cuaderno principal, y destacado su carácter privado, así como el hecho de estar rubricado por quienes se anunciaron como sus otorgantes, en presencia de testigos, se preguntó si contiene "...elementos suficientes para predicar que de él se derivan obligaciones a cargo de la Corporación Club Atlético Nacional y a favor del señor HERNAN BOTERO MORENO, tal como se pretende en la demanda", interrogante que absolvió anotando que "...no constituye fuente de derechos u obligaciones ", y no alude a "...la fuente de la supuesta obligación que contiene y mucho menos a elementos inherentes a la modalidad de la misma, esto es, su calidad de obligación pura y simple, condicional o a plazo; elementos que marcan la pauta para establecer la oportunidad de la intervención judicial tendiente a la declaración solicitada por el actor", y por ello, no constituye, por sí, "...plena prueba de la existencia de un derecho crediticio a favor del demandante cuyo objeto y causa además se desconocen, por cuanto no son manifestados por el accionante ni probados por ningún otro medio de convicción".
Resaltó que se trata de una "...CERTIFICACION", y no de un acto jurídico unipersonal, entendido como la manifestación de voluntad de un agente único, directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos (crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas), porque no incorpora una decisión de la Junta Directiva de la demandada, consistiendo tan sólo en "...una constancia de una situación anterior de la cual no existe prueba en el proceso". Tampoco congrega, añadió, los elementos de un contrato, y por tanto "...no puede ser considerado como fuente de derechos u obligaciones". A lo sumo, dijo, podría valorarse como prueba de la existencia de una obligación, de cuyos componentes no da cuenta por sí solo.
Puso de presente que por no reunir los caracteres de un título ejecutivo, se promovió un proceso de conocimiento, huérfano de pruebas que brinden certidumbre sobre la fuente y los elementos constitutivos de la obligación cuyo "...cumplimiento se demanda".
Agregó que el artículo 1502 del Código Civil conjuga los elementos de existencia y validez de los actos jurídicos, sobre los cuales se han suscitado inconsistencias en el asunto sub-exámine, por cuanto deben diferenciarse "...dos momentos, a saber:"
Así, puntualizó, si el documento traído como prueba de la obligación es, como lo señala el recurrente, "...el reconocimiento de una deuda", eso significa que la obligación no emana de él sino de un acto o hecho jurídico anterior, que constituye la fuente de la obligación certificada, y no se logró establecer.
Consideró, en todo caso, que dada su naturaleza, y el hecho de haberse signado por miembros de la Junta Directiva de la entidad demandada, debían examinarse "...los elementos de validez de dicho acto", tarea en la cual observó que la capacidad de la citada entidad está comprobada y que su Presidente, por tener la representación legal de la misma, está facultado para adquirir derechos y contraer obligaciones, dentro de los términos fijados por las disposiciones estatutarias.
Estimó que la discusión suscitada en el curso de la primera instancia en torno a la persona que desempeñaba ese rol en la fecha de expedición del referido documento, quedó superada con las pruebas decretadas en el trámite de la segunda, que señalan como tal a Hernán Cadavid Gónima, averiguación que en su opinión no cambia la conclusión sentada por el a-quo, porque de acuerdo con los estatutos aportados, dicho funcionario "...no tenía facultades para obligar a la persona jurídica que representa por la suma de treinta millones de pesos (arts. 24 y 29 de los estatutos de la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional y su reforma del 18 de junio de 1973, vigentes para el 17 de diciembre de 1985), amén de que el documento aportado con la demanda no fue realizado en una reunión ordinaria o extraordinaria de la Junta Directiva; sino que aparece como una manifestación informal de sus suscriptores y por tanto no puede generar obligaciones a cargo de la entidad demandada"
Siguiendo esa línea de argumentación dedujo la esterilidad del debate acerca de las facultades de las cuales estaba investido para tal oportunidad, por la ausencia de prueba de la existencia de la obligación cuya declaración se impetró.
Rechazó la argumentación del recurrente alusiva a que la causa real y lícita de toda obligación se presume legalmente -artículo 1524 del Código Civil-, destacando que dicha presunción está llamada a operar cuando la obligación está debidamente demostrada, presupuesto cuya ausencia reiteró. Desechó asimismo su alegación tocante a la confesión de la existencia de la pluricitada obligación, anotando que, "...a contrario sensu, de la respuesta dada a los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito formuladas por la parte accionada, se colige la negación de la existencia de la obligación manteniéndose la posición de no aceptar ni reconocer el contenido de dicho documento, alegando que la obligación que allí se menciona no figura en la contabilidad del año 1985 ni años anteriores del Club Deportivo".
Apoyado en los precedentes razonamientos, confirmó íntegramente el fallo apelado.
Con apoyo en la primera de las causales se casación, se proponen tres cargos contra la sentencia de segundo grado, de los cuales la Corte sólo abordará el primero, por estar llamado a tener éxito.
En el marco propio de la mencionada causal, se acusa la sentencia por ser violatoria, en forma indirecta, de los artículos 28, 633, 640, 641, 666, 1494, 1501, 1502, 1505, 1524, 1617 y 1624 del Código Civil; 196, 822 y 823 del Código de Comercio; 8 de la ley 153 de 1887; 175, 177 en concordancia con el 1757 del Código Civil, 187, 194, 198, 201, 218, 252, 258, 264, 265, 279 y 285 del Código de Procedimiento Civil, por causa de los errores de hecho y de derecho cometidos por el fallador en la apreciación probatoria.
Previa observación sobre la imprecisión que caracteriza el fallo, por cuanto "...unas veces da a entender que la obligación cuyo cumplimiento se exige de la demandada nace del documento aportado a la demanda -confundiendo así la existencia de la obligación con su prueba- y otras veces da a entender que el mencionado documento busca probar una obligación preexistente", se concretan los errores probatorios denunciados, fraccionando la acusación hacia tres aspectos básicos:
1. Lo pretendido en la demanda. Por este aspecto, se enjuicia al fallador por malinterpretar la demanda, por cuanto una veces afirma "...que en ésta se pretende que la condena se haga porque el documento arrimado contiene la obligación que se debe cumplir, y otras asevera que con el documento se busca probar la preexistencia de una obligación", sin parar mientes en que en los hechos segundo y tercero-cuarto se expresa con claridad que con él se comprueba la existencia de la obligación cuya declaración se impetra, sin que en parte alguna de su texto se mencione que nace "... con el documento del 17 de diciembre, sino que existía antes; que el documento reconoce la deuda".
Con ese entendimiento, dice el censor, se desfiguró su genuino sentido y se le hizo decir dos cosas antagónicas, anomalía que torna anfibológico el razonamiento jurisdiccional e imposibilita atacarlo bajo dos afirmaciones totalmente opuestas.
2. La existencia de la obligación. En este campo se le formulan al fallador las siguientes críticas:
2.1. No ver la confesión vertida en el mismo documento, acerca de la existencia de la obligación objeto de la pretensión, catalogándolo como "...una simple certificación, una manifestación informal de voluntad ".
Explica el impugnador que el escrito mencionado fue firmado por miembros de la Junta Directiva del Club Atlético Nacional, uno de ellos su representante legal, como lo reconoció el fallador, quienes obrando como integrantes del órgano directivo de la institución demandada, aceptan hechos que le son adversos, principalmente que a Hernán Botero Moreno se le adeudan treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), comprometiéndose adicionalmente a no transferir unos jugadores hasta tanto se cancele la suma indicada. Considera que sólo cercenando su contenido objetivo podía afirmarse que se trata de una certificación informal, puesto que muestra una cosa distinta: el reconocimiento de una deuda a cargo de la demandada, en nombre de la cual se asume también el compromiso ya mencionado.
Anota que al parecer el fallador aludió peyorativamente al vocablo "certificación", ignorando que "...dentro de un lenguaje común y jurídico, los términos 'certificar', 'aceptar', 'reconocer', 'admitir', 'afirmar', 'confesar' tienen un significado equivalente", desatino que lo condujo a desconocer "... que el documento muestra que se confiesa que se adeuda una suma de dinero".
Agrega que por menospreciar su prístino significado, entendió "...que no estaba en presencia de un acto jurídico encaminado a producir efectos jurídicos, para darle la mera connotación de certificación informal", pese a consignar una manifestación de voluntad de sus signatarios, destinada a producir efectos jurídicos, como "...reconocer una deuda existente a favor de HERNÁN BOTERO MORENO y en contra de la Corporación demandada". Tan es así, agrega, "...que el mismo documento muestra que quienes firmaron se comprometieron a nombre de la Corporación a no traspasar determinados jugadores de fútbol hasta que no se cancelara la deuda".
Observa que si bien marginalmente el Tribunal adujo que el mismo documento "...no representa una decisión de la Junta Directiva (p. 9) ni fue realizado en una reunión ordinaria o extraordinaria", esa argumentación ningún sentido tiene cuando se ha demostrado que "...contiene una confesión realizada por el representante legal en ejercicio de sus funciones, para lo cual estaba habilitado por los estatutos".
2.2. Pretermitir el testimonio de Oscar Ríos, "...que confirma ese poder de representación de los firmantes".
Destaca el censor que si bien su exposición muestra una clara tendencia a favorecer los intereses de la sociedad demandada, cuya gerencia ostentó, también refleja con nitidez que "...OCTAVIO PIEDRAHITA era quien hacía y deshacía en la entidad demandada", que se le consideraba dueño de ella y que "...ni una hoja de papel se movía sin su consentimiento", afirmaciones que apoya en apartes de su versión, concluyendo que lo hubiese apreciado el ad-quem, "...habría encontrado que OCTAVIO PIEDRAHITA, firmante del documento, tenía en la fecha respectiva poderes absolutos en la Corporación demandada. Era el dueño y se sentía el dueño. Disponía a su antojo. Todos los negocios cuantiosos pasaban por su aprobación. Existía, además, un caos administrativo y contable -lo que se corrobora con el hecho de que ni la misma demandada fue capaz de aportar los estatutos vigentes en 1985".
Para descartar la invocación de un medio nuevo, aclara que no está pregonando la existencia de una representación aparente, pero que el testimonio omitido claramente evidencia "...la existencia de la obligación porque ¿ quién más que quien era el asociado mayoritario de la Corporación, que se sentía dueño y así lo aceptaban los integrantes de los órganos, que hacía y deshacía, estaba en posibilidad fáctica de reconocer la existencia de una deuda?"
2.3. Pasar por alto la confesión que surge de la renuencia de la sociedad demandada a la exhibición de las actas de entrega de la gerencia general desde 1984, solicitada con el fin de "...demostrar la existencia de la deuda", y decretada oportunamente, conducta de la cual se dejó la correspondiente constancia en el expediente y de la que debió desgajarse la confesión referida, puesto que la existencia de la obligación objeto de la pretensión es un hecho susceptible de ser probado por ese medio.
2.4. No tener en cuenta los siguientes indicios que se desprenden de la conducta procesal de la corporación demandada:
2.4.1. Que al dar respuesta a la demanda, la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional sostuvo que Hernán Cadavid Gónima no era su representante legal para el 17 de diciembre de 1985, posición que mantuvo al interrogar al testigo Oscar Ríos y sobre la cual estructuró su defensa.
Observa el recurrente que de acuerdo con las pruebas decretadas por iniciativa del sentenciador de segundo grado, para la oportunidad señalada Cadavid Gónima no sólo había sido nombrado como Presidente de dicha entidad, sino que expresamente había aceptado el cargo, y tres días después de firmar el documento allegado con la demanda presidió una asamblea extraordinaria, suscribiendo el acta respectiva en la apuntada calidad.
Anota que "...Doce años después, aún siendo el Presidente y representante de la Corporación, afirma que ni era el Presidente ni había aceptado el nombramiento, cuando realmente lo era más de un año antes de firmar el documento", táctica que a su juicio buscaba frustrar el establecimiento de la obligación, con desconocimiento de los principios de lealtad y buena fe que deben guiar la conducta procesal de las partes.
2.4.2. La respuesta evasiva de Cadavid Gónima a la pregunta que se le formuló en su declaración de parte, referente a "...si era cierto o no que la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional se comprometió a no transferir a los jugadores que menciona el documento hasta tanto no se le pagase a HERNÁN BOTERO la suma de treinta millones de pesos", puesto que él como miembro de la Junta Directiva y representante legal de dicha entidad tenía que saber si era cierto o no el hecho por el cual se le indagaba, tanto más, dice, cuando él firmó el documento, como se aceptó al dar respuesta a la demanda.
2.4.3. La actitud pasiva que la misma parte asumió, con total abstracción de su deber de contribuir a la verificación de los hechos discutidos.
Expresa el censor que al proponer la excepción de cobro de lo no debido, tras manifestar que los signatarios del mencionado documento lo hicieron como miembros de una junta que no tenía su representación, la demandada afirmó que "...Tanto es así que en la contabilidad de 1985 y de los años inmediatamente anteriores en que el presidente de la Corporación era el demandante no aparece reflejada la mencionada obligación", pese a lo cual no aportó las partes pertinentes de la contabilidad, o los balances generales para demostrar su aserto.
2.4.4. La ausencia de explicación por parte de Cadavid Gónima "...acerca del motivo que tuvo para firmar el documento. Su silencio al respecto es sumamente locuaz".
2.5. Incurrir en error de derecho al apreciar el documento adosado con la demanda, por un doble aspecto:
Primero, por considerar que la confesión alegada por la parte demandante no tiene asidero "... porque la demandada negó la deuda al contestar los hechos de la demanda y al proponer excepciones", ya que producida la confesión sólo se puede infirmar con otros medios de prueba, y por tanto "...Es un desatino jurídico afirmar que una confesión se destruye por la simple negativa que posterior a la confesión realice la parte perjudicada. No sólo porque se acabaría la prueba de la confesión, sino también por la potísima razón de que una negación no es en sí misma una prueba"
Segundo, por exigir que "...para que un documento pruebe una obligación preexistente es necesario que él contenga los elementos que modalizan la obligación, su causa y su objeto y, además, muestre la fuente".
Sobre el precedente cuestionamiento explica que de conformidad con los artículos 1494, 1495, 1500, 1502 y 1506 del Código Civil, entre otros, en nuestro derecho positivo impera el consensualismo de los actos jurídicos, con las excepciones legalmente establecidas, principio en desarrollo del cual el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil consagra, entre los diferentes medios probatorios, el documento, prueba que es "...solemne sólo cuando así lo exige la ley, tal como se desprende del artículo 265 ibídem. Por manera que mientras no se acredite la exigencia legal de la solemnidad ha de tenerse como consensual el acto jurídico, lo que implica que se pueda probar mediante documento".
Anota que siendo auténtico el documento aportado, "... él era apto para probar la existencia de la obligación -arts. 258, 264, 279 del C. de P. Civil-". Que no se requería probar la causa, de acuerdo con el artículo 1524 del Código Civil, que su objeto estaba constituido por "...lo que él precisamente muestra, es decir, el pago de treinta millones de pesos", y las circunstancias que la modalizan "...son elementos accidentales del negocio jurídico", al tenor del artículo 1501 del Código Civil, de modo que "...no siendo necesario demostrar la causa de la obligación ni sus modalidades, exigió una prueba especial, cuando, conforme a las normas de estirpe probatorio ya reseñadas la existencia de la obligación, no siendo el acto solemne, se puede demostrar con cualquier medio".
Sostiene que al exigir la prueba de las circunstancias mencionadas "...para darle eficacia al documento", el sentenciador "...incurre en protuberante yerro jurídico", porque para configurar la confesión basta que verse sobre hechos desfavorables al confesante, sin que se precise acreditar la fuente de ese hecho adverso. Dice que "...Para que un documento auténtico que contiene una confesión sirva de prueba de la obligación no exige la ley en ninguna parte del régimen probatorio que, a su vez, se demuestre la fuente de esa obligación confesada", porque "...una cosa es que probada la fuente se prueba la obligación y, otra muy distinta, es que probada la obligación sea necesario probar su fuente".
Añade que de acuerdo con los artículos 258, 264 y 279 del Código de Procedimiento Civil, el documento privado auténtico sirve como prueba de lo aun meramente enunciativo, y como ese documento "...que por su naturaleza es confesión extrajudicial", goza de autenticidad, "...hace fe de que la demandada le adeuda al demandante la suma allí indicada, aspecto suficiente para probar la existencia de un vínculo jurídico que tiene por objeto una prestación de dar y, por lo tanto, generar acción personal".
3. Las facultades del representante legal de la demandada para confesar, tema sobre el cual se le formulan dos críticas al ad-quem:
3.1. Incurrir en error de hecho cuando concluyó que el Presidente de la demandada "...no tenía facultades para obligar a la persona jurídica que representa por la suma de treinta millones de pesos", porque no vio que los estatutos vigentes para la época no le prohibían confesar la existencia de una deuda, cualquiera que fuese su monto, puesto que las restricciones impuestas por los artículos 24 y 29 estaban referidas a la celebración de contratos y no a la ejecución de otro tipo de actos jurídicos, conceptos que no es dable asimilar.
Relieva el recurrente que "...Tan se referían esos estatutos sólo a contratos, que en la reforma de 1985 (literal e del artículo 44), (...), ya se incluye la palabra acto independiente de la palabra contrato".
Añade que de considerarse ambigua la anterior regulación, debió aplicarse el artículo 1624 del Código Civil, interpretándola contra la demandada, pues fue ella quien la redactó, entendiendo, por tanto, "...que el Presidente no estaba limitado para celebrar actos distintos a los contratos", imprecisión que en todo caso, dice, pasó desapercibida para el juzgador.
3.2. Pretermitir el indicio que se deriva del silencio de la demandada sobre la ausencia de poderes precisos de los suscriptores del documento para reconocer la obligación, puesto que centró su defensa en dos aspectos diferentes: que Hernán Cadavid Gónima no era el Presidente de la Corporación el 17 de diciembre de 1985, y que la junta directiva no tenía facultades de representación, pero nunca alegó que "...el Presidente estaba limitado por los estatutos para confesar tal obligación" conducta que debe ser apreciada como indicio en su contra, porque si la restricción verdaderamente existiera, así se habría proclamado al dar respuesta a la demanda.
1. Cuando de la prueba documental se trata, si el hecho que el documento representa es una declaración del hombre, que bien puede ser de voluntad, es decir, una manifestación de esa naturaleza, dirigida a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, o una declaración de ciencia o conocimiento sobre determinados hechos, pertenece a la categoría de los denominados documentos declarativos, catalogados, en el primer caso, como declarativos-constitutivos o dispositivos y en el segundo, como pura o simplemente declarativos, o testimoniales, distinción cuya importancia reside en que "...de la pertenencia de la declaración a una u otra categoría depende que el documento aparezca, por lo general, como fuente primaria o secundaria de prueba: si el documento contiene una declaración constitutiva, sirve, por lo general, para la deducción directa del hecho a probar (cuando sea la declaración misma constitutiva), y si representa una declaración testimonial, sirve, en general, para la deducción indirecta del hecho a probar (cuando en vez del hecho testimoniado sea el hecho del testimonio), es decir, para la deducción de éste mediante la deducción directa del testimonio (hecho documentado)" (Francesco Carnelutti, La Prueba Civil, Ediciones Arayú, Buenos Aires, pág. 180).
De corresponder a los de la última clase (declarativo o testimonial), si la manifestación documentada proviene exclusivamente de una de las partes en el proceso en el cual se hace valer, a cuyos intereses resulta perniciosa, se clasifica como confesorio, porque su contenido se equipara a una confesión extrajudicial, desde luego a condición de que satisfaga las condiciones generalmente exigidas para constituirla, confesión cuya prueba resulta del documento, que en esa precisa hipótesis se instituye en prueba de la prueba, porque si es de naturaleza extrajudicial la confesión que de esa aserción se desprende, se trata entonces de un medio probatorio que debe ser cabalmente comprobado por quien quiere aprovecharse de él -artículo 195 - 6 del Código de Procedimiento Civil- y es de otros elementos probativos de donde su prueba aflora, de ahí que en el caso de haberse documentado, el escrito le sirva de prueba. Como explica Redenti, se trata de "una probatio probanda (prueba que debe ser probada), y se resolverá en un desplazamiento del thema probandum (tema de la prueba) (del hecho confesado al hecho de haberse realizado la confesión)", situación que el mismo autor ejemplifica así: "...quien hace un pago, es corriente que se haga librar por la otra parte la confesión de haberlo recibido (recibo). Si ello no obstante y después de que ello ocurra, se pide en juicio su condena a pagar, bastará para hacer que se rechace la demanda ope exceptionis (en virtud de la excepción), que produzca, es decir haga conocer oficialmente al juez, el recibo, adquiriéndolo para los autos. El recibo (como escritura privada, ...) probará la confesión; la confesión a su vez probará la realización del pago, y este (si no obsta otra cosa) valdrá para hacer que se acoja la excepción" (Derecho Procesal Civil, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 286).
2. El Tribunal concluyó que la obligación por la cual se aboga en la pretensión principal no fue demostrada, porque el documento que se trajo para respaldarla no es constitutivo, dado que no incorpora su fuente y tampoco es suficiente para acreditarla, porque nada dice sobre sus elementos, modalidades, etc., aspectos de los cuales tampoco halló rastros en las restantes piezas del haz probatorio, predicamentos que la censura busca descalificar comprobando que el derecho crediticio invocado tiene el soporte probatorio apropiado.
Anticípase desde ya que ese quehacer no es fructífero en lo que tiene que ver con el aludido escrito, porque son múltiples los defectos que ostentan las críticas que frente a él se proponen.
Para comenzar, el recurrente ve una postura ambivalente en la dialéctica del Tribunal, porque en veces "...da a entender que la obligación cuyo cumplimiento se exige de la demandada nace del documento aportado a la demanda -confundiendo así la existencia de la obligación con su prueba-, y otras (…) da a entender que el mencionado documento busca probar una obligación preexistente", pero al aplicarse a demostrar los errores probatorios denunciados, incurre en conducta análoga, porque en principio protesta porque se ignorara que "…muestra que se confiesa que se adeuda una suma de dinero", atribuyéndole una función meramente probatoria, pero a la vez expresa su descontento porque el fallador no advirtiera que "… estaba en presencia de un acto jurídico encaminado a producir efectos jurídicos", revistiéndolo de una naturaleza constitutiva, cayendo, como se dijo, en la misma ambigüedad que censura.
Por supuesto que si lo que plantea es que la confesión pertenece a la categoría de los llamados actos jurídicos unipersonales, la equivocación no podría ser mayor, puesto que la confesión es siempre una declaración de ciencia y no una manifestación de voluntad, que es un elemento de la esencia del acto jurídico en general y como tal, no puede faltar en la constitución de un acto de esa especie. Adicionalmente, no está dirigida a constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, como ocurre con la declaración de voluntad que le da vida a aquél, sino a rendir la prueba de relaciones preexistentes de tal tipo.
De entender, sin embargo, que la acusación se orienta a que el memorado documento comprueba el derecho de crédito en el cual se engasta la pretensión, la disparidad que envuelve la tesis acusatoria, de todas maneras obsta su análisis.
Lo anterior, porque de una parte se reclama el error jurídico cometido por el Tribunal cuando exigió que "... para que un documento pruebe una obligación preexistente es necesario que él contenga los elementos que modalizan la obligación, su causa y objeto y, además, muestre la fuente", puesto que "...en el derecho colombiano impera el consensualismo de los actos jurídicos, con las excepciones que consagra la ley en materia de actos solemnes", y por tanto "...mientras no se acredite la exigencia legal de la solemnidad ha de tenerse como consensual el acto jurídico, lo que implica que se pueda probar mediante documento", de modo que siendo auténtico el documento aportado, "...él era apto para probar la existencia de la obligación", y que "...no siendo necesario demostrar ni la causa de la obligación ni sus modalidades, exigió una prueba especial, cuando conforme a las normas de estirpe probatorio ya reseñadas, la existencia de la obligación, no siendo el acto solemne, se puede demostrar con cualquier medio", reflexiones con las cuales se queja, en definitiva, porque no se admitiera como prueba directa del hecho a probar, es decir, de la obligación alegada, cuando de tal alcance está dotado el documento, por lo general, en el caso de incorporar una declaración constitutiva, naturaleza que rechazó siempre en la manifestación allí vertida, y paralelamente censura que se soslayara la confesión que aflora de la atestación en él consignada, que suministraría la prueba del deber de prestación alegado, posturas que resultan a todas luces incompatibles porque el aludido documento prueba directamente la obligación reclamada, en cuanto registra su fuente, o comprueba la confesión extrajudicial que da fe de su existencia precedente, pero no las dos cosas simultáneamente, porque un elemento de convicción no puede reflejar un mismo hecho directa e indirectamente a la vez.
Con todo, si lo que el recurrente pretende evidenciar es que la prestación en cuestión se prueba con la confesión de la corporación demandada que surge de la atestación documentada, otro obstáculo, vinculado ya a la técnica del recurso, descalifica ese planteamiento, porque si el Tribunal no se negó a aceptarla, porque la pasara por alto, o porque la considerara infirmada, como se argumenta, sino porque entendió que no podía derivarla al no haberse aceptado por la demandada el contenido del documento, es evidente con él no se impugna el juicio del fallador a ese respecto.
3. Aunque la inidoneidad de los reparos expresados frente al apuntado medio de prueba los despoja de eficacia impugnaticia, la fundabilidad de los que se oponen a otras probanzas del haz probatorio allana en todo caso la viabilidad del recurso.
Así, consta en el libelo introductor del proceso demanda que el demandante solicitó ordenar a la corporación demandada que exhibiera "...todas las actas de entrega de la gerencia general ocurridas desde 1984 , que reposan en su sede ubicada en (...), así como copia de los balances anuales desde 1985 y los contratos de transferencia de los juzgadores SERGIO SANTIN (sic), FELIPE PEREZ, SANTIAGO ESCOBAR y JOHN JAIRO TRELLEZ", con el fin de "... demostrar la existencia de la deuda" (fl. 11 c. 1).
Dicha prueba fue decretada en proveído del 11 de mayo de 1998, pero únicamente respecto de las actas de entrega de la gerencia general desde 1984 (fl. 39 c. 1), determinación que la demandada no objetó pero tampoco acató, puesto que no las exhibió en la oportunidad pertinente (fl. 1 c. 2), ni comprobó la existencia de una causa justificativa de su renuencia, circunstancia que el actor solicitó hacer constar en el expediente (fl. 44), desde luego para que, en la pertinente oportunidad, se dedujese la consecuencia probatoria prevista por el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, esto es, para que se tuviese por cierto el hecho que con dicha prueba se proponía demostrar, consistente, como se dijo, en "...la existencia de la deuda", todo lo cual fue soslayado por el sentenciador de segundo grado.
También pasó por alto que al dar respuesta a la demanda y concretamente al sustentar la excepción denominada "falta de poder y representación entre los que suscribieron el documento", la demandada sostuvo que "...para el 17 de Diciembre de 1985 el Doctor Hernán Cadavid Gonima no había aceptado el nombramiento como Presidente del Club Atlético Nacional", manifestación que desde luego no tenía otro objeto que desconocerle su condición de representante legal en la oportunidad indicada, para privar de todo efecto vinculante la manifestación vertida en el escrito adosado a dicho libelo, que por estar reñida con la realidad, debía ser apreciada como indicio grave en contra de dicha parte, pues así lo estatuye el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto: como se desprende de la documentación incorporada al proceso, particularmente la que se obtuvo en el curso de la segunda instancia, en la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación Deportiva Atlético Nacional llevada a cabo el 11 de octubre de 1984, se nombró a Hernán Cadavid Gónima como Presidente de la institución, cargo que éste aceptó en la misma oportunidad (fls. 47 y 48 c. tribunal); mediante oficio fechado el 21 de noviembre del mismo año, se solicitó a la oficina jurídica de la Gobernación de Antioquia la inscripción de su nombramiento (fl. 30), y el 20 de diciembre de 1985, es decir, tres días después de la expedición del documento referenciado, Cadavid Gónima presidió, en ejercicio del citado cargo, la asamblea extraordinaria de la misma institución en la cual se aprobó una reforma estatutaria, todo lo cual demuestra que contrario a lo manifestado por la demandada, el 17 de diciembre de 1985 Hernán Cadavid Gónima era su Presidente y representante legal, pues su desempeño como tal en los días inmediatos a la suscripción de la certificación aportada, permite deducir sin dificultad que para tal oportunidad también fungía en la anotada condición, tanto más, si como se dijo, desde más de un año atrás se habían producido su nombramiento y aceptación, amén de solicitarse la inscripción de su designación ante la autoridad competente.
Inadvirtió también el fallador que al plantear la excepción de cobro de lo no debido, la entidad demandada afirmó que "...en la contabilidad de 1985 y de los años inmediatamente anteriores en que el Presidente de la Corporación era el demandante, no aparece reflejada la mencionada obligación", pese a lo cual no presentó los libros respectivos, que sin lugar a dudas constituían un valioso instrumento para corroborar su alegación y el desafuero del demandante, amén de omitir toda explicación sobre las razones por las que se expidió la certificación aportada por aquél, como lo observa el recurrente, conductas que ciertamente desdicen de la fundabilidad de su resistencia a la pretensión y son indicativas, por el contrario, de la existencia del derecho reclamado, pero no fueron apreciadas por el ad-quem, no obstante estar autorizado por el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil para deducir indicios de la conducta procesal de las partes, sin perjuicio desde luego de inferir aquellos, específicamente señalados por la ley en relación con algunos comportamientos de los litigantes, como ocurre con el indicio resultante, entre otras conductas, de expresar afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad en la contestación a la demanda, como antes se anotó -artículo 95 ejusdem-.
Ahora bien, como efectivamente el ad-quem dejó de lado la confesión ficta deducida de la circunstancia atrás mencionada, prueba que de suyo es suficiente para demostrar que el 17 de diciembre de 1985 la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional le adeudaba a Hernán Botero Moreno la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), puesto que la existencia de una obligación dineraria a cargo de una persona jurídica de derecho privado, independientemente de su fuente, es un hecho que puede acreditarse por tal medio, confesión que por lo demás se ve reforzada con los indicios pasados por alto por el juzgador, la contundencia de los yerros que se le imputan no se remite a duda, como tampoco su influjo en la resolución combatida, puesto que debido a ellos negó la declaración de existencia del derecho de crédito por el cual propugnó el actor, y la correlativa atribución para obtener su realización, infringiendo indirectamente, por falta de aplicación, las normas sustanciales que relaciona el cargo, particularmente las que le otorgan el derecho a establecer el crédito invocado y hacerle producir sus efectos, circunstancia que releva a la Corte de examinar los restantes errores denunciados.
El cargo, en consecuencia, resulta fundado.
Como la prosperidad del mismo conduce a la casación del fallo, corresponde a la Corte decidir, en sede de instancia, el recurso de apelación propuesto por el demandante.
1. Los presupuestos procesales se encuentran reunidos y la validez formal del proceso no amerita ningún reproche.
2. Principalmente pretendió el demandante que se declarara que la corporación demandada le adeuda, desde el 17 de diciembre de 1985, la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000), y consecuencialmente que se le condenara a pagarle dicho valor, ajustado monetariamente desde la citada fecha, junto con los intereses legales comerciales devengados hasta el pago.
3. Como se dejó explicado al resolver el cargo que resultó fundado, la prueba del derecho de crédito en el cual subyace la pretensión surge de la confesión ficta deducida de la renuencia injustificada de la demandada a la exhibición de los documentos solicitados por el demandante, puesto que se trata de hecho que legalmente no ha sido sustraído del ámbito de tal medio probatorio, ni respecto del cual la ley exija una prueba específica, confesión que por lo demás se fortifica con el indicio grave que pesa sobre la misma parte, por consignar negaciones falsas en su respuesta a la demanda y con los indicios que se desprenden del comportamiento procesal ya analizado.
Refuerza de igual modo la existencia del derecho en cita, la certificación expedida por Octavio Piedrahita T., Hernán Cadavid Gónima y Gilberto Molina H. miembros de la Junta Directiva de la Corporación demandada, quienes diciendo actuar en esa calidad dieron cuenta de la obligación por treinta millones de pesos que para el 17 de diciembre de 1985 tenía dicha institución con el actor, manifestación que por provenir de personas que tenían a su cargo la dirección de la entidad, por integrar uno de sus órganos de gobierno, de conformidad con el artículo 14 de los estatutos para ese momento vigentes y que en ese número, incluso, constituían quorum suficiente para adoptar las decisiones del caso -artículo 26-, ilustra sobremanera acerca de la existencia del derecho crediticio en comentario, ya que por su especial posición debían tener los elementos de juicio indispensables hacer una manifestación de ese contenido y alcance, documento que al consignar una declaración de sus suscriptores en el sentido indicado, quienes frente a la mencionada entidad tienen la calidad de terceros, goza de eficacia demostrativa, así su contenido no haya sido ratificado, pues ninguna petición en ese sentido elevó la parte contra la que se adujo, como lo exigía el artículo 22 del decreto 2651 de 1991, vigente por la época, lo mismo que el artículo en el tenor introducido por
No escapa a la Corte que en los términos del artículo 232 - 2 del Código de Procedimiento Civil, cuando se trata de probar obligaciones originadas en contrato o convención, como ocurre en el caso, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito debe apreciarse como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que la omisión de uno u otro obedezca a alguna de las causas que la norma señala, indicio que así pudiera derivarse en el caso, resultaría infirmado por el resultado que en sentido contrario ofrecen los elementos persuasivos que se han dejado considerados.
Como lo normal es que las obligaciones se contraigan en forma pura y simple, y por lo mismo, que se hagan exigibles desde el momento mismo de su nacimiento, en esa forma debe considerarse adquirida la obligación por la demandada, pues no existe prueba de la existencia de circunstancia alguna mediante la cual hubiere sido modalizada, alterando sus efectos ordinarios.
Por tanto, como de acuerdo con lo que se ha dejado constatado, desde el 17 de diciembre de 1985 el deber de prestación a cargo de la demandada se halla insoluto, debe accederse a la revalorización de la suma debida, como se solicita, no así al abono de los intereses legales comerciales que se reclaman, puesto que la obligación no se contrajo por comerciantes, ni se demostró que tuviera su fuente en un acto o contrato de índole mercantil. Se ordenará, en cambio, el pago del interés legal del 6% anual, sobre el capital, durante el interregno solicitado.
4. Dedúcese de lo expuesto que la pretensión principal está llamada a prosperar, circunstancia que fuerza el análisis de las excepciones propuestas por la entidad demandada.
Las de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, no pueden abrirse camino porque el derecho crediticio postulado quedó suficientemente establecido con las pruebas examinadas.
Agrégase que lo arguido en sustento de la segunda, sobre que "...en la contabilidad de 1985 y de los años inmediatamente anteriores en que el presidente de la Corporación era el demandante no aparece reflejada la mencionada obligación", no pasó de ser una afirmación huérfana de comprobación, pues como ya se mencionó, los libros anunciados, que fácilmente permitirían corroborar tal aserto, nunca fueron presentados por la interesada.
La excepción de falta de poder y representación de los suscriptores de la certificación allegada con la demanda debe correr igual suerte, pues demostrado quedó que Hernán Cadavid Gónima sí representaba legalmente a la demandada por la época de su otorgamiento, mientras que sus otros signatarios no se atribuyeron la representación dubitada, actuando como miembros de su junta directiva, calidad que no fue desconocida por aquélla.
En cuanto toca con la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, igualmente resulta infructuosa, puesto que no fue esa la acción promovida, y aún si tal acción se hubiere extinguido por el aludido fenómeno, aún subsistiría, según el régimen vigente por la época, la acción ordinaria, que fue precisamente la que se adujo para obtener el reconocimiento de la deuda a cargo de la demandada.
5. Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia del 10 de julio de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra la CORPORACIÓN DEPORTIVA CLUB ATLÉTICO NACIONAL, y obrando en sede de instancia, RESUELVE:
REVOCAR la sentencia apelada, disponiendo en su lugar:
Declárase que la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional le adeuda al señor Hernán Botero Moreno la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), desde el 17 de diciembre de 1985, y consecuentemente condénase a pagarle la citada cantidad, corregida monetariamente desde esa fecha hasta que se produzca el pago, según certificación que expida el Banco de la República sobre la pérdida del poder adquisitivo del peso durante tal interregno, actualización que se concretará de conformidad con lo previsto en los artículos 307, inciso 2º, y 308, in fine, del Código de Procedimiento Civil, junto con los intereses que hubiere devengado durante el mismo período, a la tasa del 6% anual.
Costas de ambas instancias a cargo de la corporación demandada. Liquídense respectivamente por el Tribunal y el juzgado de conocimiento.
Sin costas en el recurso de casación, atendida su prosperidad.