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Timestamp: 2019-05-19 09:22:01
Document Index: 391898827

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 209', 'artículo 333', 'artículo 83', 'artículo 99', 'artículo 67', 'artículo 47', 'artículo 26', 'artículo 43', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 45', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 23', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 37', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 51', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 36', 'artículo 40', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 248', 'artículo 123', 'artículo 249', 'artículo 124', 'artículo 143', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 138', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 175', 'artículo 89', 'artículo 40', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 176', 'artículo 90', 'artículo 41', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 92', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 166', 'artículo 136', 'artículo 61', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 28', 'artículo 326', 'artículo 75', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 75', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 65', 'artículo 281', 'artículo 91', 'artículo 13', 'artículo 64', 'artículo 28', 'artículo 208', 'artículo 109', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 281', 'artículo 25', 'artículo 170', 'artículo 172', 'artículo 188', 'artículo 21', 'artículo 145', 'artículo 185', 'artículo 158', 'artículo 119', 'artículo 58', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 22', 'artículo 105', 'artículo 156', 'artículo 158', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 52', 'artículo 2']

﻿ DECRETO 2150 DE 1995
DECRETO 2150 DE 05 DE DICIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:MEDIDAS CONTRA LA TRAMITOMANÍA, SUPRESIÓN Y REFORMA DE REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES INNECESARIOS
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1037, DICIEMBRE 30 DE 1995, PG. 981
DIARIO OFICIAL N°:42137
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública”.
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la comisión prevista en dicho artículo, y
Que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas;
Que el artículo 84 de la Constitución Política señala que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales;
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad y eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones;
Que el artículo 333 de la Constitución Política garantiza la libertad económica para cuyo ejercicio determina que nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley y consagra la libre competencia como un derecho de todos;
Que el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en administración pública y se fijan disposiciones”, con el fin de facilitar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la corrupción administrativa, facultó al gobierno, por el término de seis meses, para expedir normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública;
Que es voluntad del gobierno, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mediante la eliminación de toda regulación, trámite o requisito que dificulte el ejercicio de las libertades ciudadanas,
(Nota: La Ley 388 de 1997 artículo 99 introduce algunas modificaciones y adiciones en materia de licencias urbanísticas).
(Nota: Modificado en lo pertinente por la Ley 454 de 1998 artículo 67).
ART. 1º—(Modificado).* Supresión de autenticaciones y reconocimientos. A las entidades que integran la administración pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 47 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 26 de la Presidencia de la República).
ART. 2º—Horarios extendidos de atención al público. En adición a sus jornadas habituales, las entidades de la administración pública deberán poner en funcionamiento horarios extendidos de atención al público, no coincidentes con la jornada laboral común, para que la ciudadanía pueda cumplir sus obligaciones y adelantar los trámites frente a las mismas.
ART. 3º—Pagode obligaciones oficiales mediante abono en cuentas corrientes o de ahorro. El Estado dispondrá de los mecanismos necesarios para pagar obligaciones a su cargo mediante el abono en cuentas corrientes o de ahorro.
ART. 4º—(Modificado).* Cancelación de obligaciones en favor del Estado. La cancelación de obligaciones dinerarias en favor de las entidades de la administración pública, podrá realizarse a través de cualquier medio de pago, incluyendo las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la utilización de tarjetas.
Para tal efecto, las entidades públicas deberán difundir amplia y profusamente las tablas y las tarifas que permitan a los particulares efectuar la liquidación y pago de tales obligaciones.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 43 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 23 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por el Decreto 19 de 2012 artículo 27 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 5º—Pago de obligaciones de entidades de previsión social. Las entidades de previsión social consignarán en cuentas corrientes o de ahorros o enviarán por correo certificado el importe de las prestaciones sociales a su cargo, a los pensionados o acreedores que así lo soliciten.
Los pagos que se remitan mediante correo, se harán a través de cheques cuyo beneficiario será el titular de la prestación, con cláusula restrictiva de negociación y para abono en cuenta abierta a nombre exclusivamente de aquél. En tal caso no será procedente exigir prueba de la supervivencia.
Del mismo modo, cuando el importe de la prestación se cancele a través de cuenta corriente o de ahorros, abierta a nombre del beneficiario de la prestación, las entidades de previsión social deberán convenir con las instituciones financieras, que las cuentas respectivas sólo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante.
En todo caso, si el beneficiario opta por reclamar personalmente ante la administración el pago de su prestación, no se le podrá exigir prueba de supervivencia. En tal evento, ésta se requerirá cuando se obre mediante apoderado.
ART. 6º—Débitos y traslados de cuentas. Tratándose de las obligaciones que los particulares tengan para con el Estado, aquéllos podrán solicitar a los establecimientos de crédito que debiten y trasladen de sus cuentas corrientes o de ahorros, los fondos necesarios para el cumplimiento de toda clase de obligaciones a favor de las entidades de la administración pública.
ART. 7º—(Modificado).* Cuentas únicas. Con el objeto de poder hacer efectivo el pago de las obligaciones de los particulares para con las entidades de la administración pública, éstas abrirán cuentas únicas nacionales en los establecimientos financieros autorizados por la Superintendencia Bancaria.
Los particulares podrán consignar el importe de sus obligaciones en cualquier sucursal del país. En tal caso, el pago se entenderá efectuado en la fecha en que se realice la consignación respectiva.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 44 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 24 de la Presidencia de la República).
ART. 8º—(Modificado).*Prohibición de la exigencia de la comparecencia personal. Prohíbese la exigencia de comparecencia personal para hacer pagos ante las entidades de la administración pública.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 22 del Ministerio del Interior).
ART. 9º—Salida de menores del país. Todo menor puede obtener pasaporte y salir del país en compañía de sus dos padres, sin acreditar ningún otro documento.
La autorización de salida del país podrá otorgarse, con carácter general, por escritura pública con la constancia sobre su vigencia.
PAR.—Para estos efectos previstos en este artículo el Ministerio de Relaciones Exteriores incluirá en los pasaportes de los menores, los nombres y los documentos de identidad de los padres.
PAR. TRANS.—Mientras en el pasaporte se incorporan las modificaciones previstas en este artículo, se exigirá la presentación del registro civil de nacimiento de los menores.
ART. 10.—(Modificado).* Prohibición de declaraciones extrajuicio. En las actuaciones administrativas, suprímese como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimiento de un derecho particular y concreto. Para estos efectos, bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad pública, la cual tendrá los mismos efectos y consecuencias de la declaración extrajuicio.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 45 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 25 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 25)
*(Nota: Modificado por el Decreto 19 de 2012 artículo 7° del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 11.—(Modificado).*Supresión de sellos. En el desarrollo de las actuaciones de la administración pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distintos de los títulos valores.
Prohíbese a los funcionarios públicos el registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la administración pública.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 46 del Ministerio del Interior).
ART. 12.—Firma mecánica. Los jefes de las entidades que integran la administración pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de algún medio mecánico, en tratándose de firmas masivas. En tal caso, previamente mediante acto administrativo de carácter general, deberá informar sobre el particular y sobre las características del medio mecánico.
ART. 13.—Prohibición de exigir copias o fotocopias de documentos que se poseen. En todas las actuaciones públicas, queda prohibida la exigencia de copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de acceder.
ART. 14.—(Modificado).* Prueba de requisitos previamente acreditados. No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste se debió acreditar por mandato legal o reglamentario, en un trámite o actuación anterior que ya se surtió. En tal caso, el servidor público tendrá por cumplido, para todos los efectos legales, el requisito que debió servir de fundamento a una actuación concluida.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 23 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 12 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 11)
ART. 15.—Prohibición de paz y salvos internos. En las actuaciones administrativas queda prohibida la exigencia de cualquier tipo de paz y salvo interno.
ART. 16.—(Modificado).* Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades de la administración pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición ciudadana que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha información.
PAR.—Las entidades de la administración pública a las que se les solicite información darán prioridad a la atención de dichas peticiones, las resolverán en un término no mayor a diez (10) días y deberán establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir la información.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 35 del Ministerio del Interior). (sic)
(Nota: Derogado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 39 del Ministerio del Interior). (sic)
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 17 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 14)
ART. 17.—Antecedentesjudicialesodepolicía,disciplinariosy profesionales. Cuando las entidades de la administración pública requieran de la presentación de los antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios o profesionales acerca de un ciudadano en particular, deberán, previa autorización escrita del mismo, solicitarlos directamente a la entidad correspondiente. Para este efecto, el interesado deberá cancelar los derechos pertinentes si es del caso.
ART. 18.—(Modificado).* Prohibición de retener documentos de identidad. Ninguna autoridad de la administración pública podrá retener la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del citado documento. Queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier dependencia pública o privada.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 14 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 8º de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 23)
ART. 19.—(Modificado).* Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, no se requerirá de la presentación de cuentas de cobro por parte del prestatario del servicio. La orden de trabajo, el contrato o el documento en el cual conste la obligación, acompañado, si es del caso, de la manifestación de recibo o cumplimiento a satisfacción suscrita por el funcionario competente de la entidad contratante, serán requisitos suficientes para el pago de la obligación contraída.
Las órdenes de compra de elementos o las de prestación de servicios que se encuentren acompañados de la oferta o cotización presentada por el oferente y aceptada por el funcionario competente, no requerirán de la firma de aceptación del proponente.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 37 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 19 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 18)
ART. 20.—(Modificado).*Expedición de duplicados de documentos de identidad. La solicitud de duplicados de documentos de identidad podrá hacerse por correo, siempre que se suscriba por el peticionario y se imponga su huella dactilar, sin perjuicio de la cancelación de derechos a que haya lugar.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 51 del Ministerio del Interior).
ART. 21.—Prohibición de los certificados de vigencia. Prohíbese la exigencia y expedición de certificados de vigencia de los documentos de identidad.
ART. 22.—(Inexequible).*Informes solicitados a las entidades públicas. Los informes solicitados a las entidades públicas por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y distritales, la Procuraduría General de la Nación, las personerías, la Dirección General de la Contaduría Pública, la Defensoría del Pueblo y las veedurías, en desarrollo de sus tareas, deberán ser presentados en un formato único.
Los documentos que soporten cada una de las actuaciones administrativas relacionadas, serán puestos a disposición de las autoridades de control, para su consulta o verificación en los archivos de las entidades públicas.
Salvo para diligencias de investigación en materia penal, no se podrán solicitar por parte de las autoridades de control, copias o fotocopias de ningún documento que repose en los archivos de las entidades públicas.
PAR.—Para tal efecto, las características de este formato serán establecidas por dichas entidades en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto. El Gobierno Nacional coordinará las tareas interinstitucionales para la expedición del decreto correspondiente.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).
ART. 23.—Formulario único. Cuando varias entidades requieran de los particulares informes de una misma naturaleza, podrán disponer el diligenciamiento de un formulario único.
ART. 24.—Formularios oficiales. Los particulares podrán presentar la información solicitada por la administración pública en formularios oficiales, mediante cualquier documento que respete integralmente la estructura de los formatos definidos por la autoridad o mediante fotocopia del original.
ART. 25.—(Modificado).* Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la administración pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado. En ningún caso se podrán inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recepcionado por correo certificado a través de la Administración Postal Nacional, salvo que los códigos exijan su presentación personal.
Para los efectos de vencimiento de términos, se entenderá que el peticionario presentó la solicitud o dio respuesta al requerimiento de la entidad pública en la fecha en que la empresa de correo certificado expidió con fecha y hora, el respectivo recibo de envío.
Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por correo de sus documentos o información requerida a la entidad pública.
PAR.—Para efectos del presente artículo, se entenderá válido el envío por correo certificado, siempre y cuando la dirección del despacho público esté correcta y claramente diligenciada.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 19 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 10 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 10)
ART. 26.—(Modificado).* Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos. Las entidades de la administración pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración.
En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares, sin perjuicio de los estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de algunas de las obligaciones legales a cargo de los particulares.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 8º del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 4º de la Presidencia de la República).
ART. 27.—(Modificado).* Avalúo de bienes inmuebles. Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.
PAR.—Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 73 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 36 de la Presidencia de la República).
ART. 28.—Posesión de particulares ante organismos de control. El acto de posesión de directores, administradores, representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas por el Estado, no requerirá de la presentación personal ante la entidad pública correspondiente.
La posesión se entenderá surtida con la autorización que imparta el funcionario competente, una vez solicitada por el interesado. Con el mismo acto se entiende cumplido el juramento requerido por la ley.
ART. 29.—Expedición de actos y comunicaciones de las entidades públicas. Todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese la administración pública por escrito, deberán adelantarse en original y un máximo de dos copias. Una de éstas deberá ser enviada para su conservación y consulta, al archivo central de la entidad.
ART. 30.—Liquidación de contribuciones de servicios a cargo del Estado. La liquidación de las tasas retributivas por la inspección, vigilancia y control que cumplen las entidades públicas no requerirá de la expedición de resolución alguna y se efectuará a través de sistemas de facturación.
ART. 31.—(Modificado).* Supresión de la firma de los secretarios generales. Ningún acto administrativo cuya competencia esté atribuida a ministro, director, superintendente, presidente, gerente, subdirectores de áreas técnicas y en general a algún funcionario del nivel directivo o ejecutivo, requerirá para su expedición de la firma del secretario general de la entidad.
Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 40 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 21 de la Presidencia de la República).
ART. 32.—(Modificado).*Ventanillas únicas. Para la recepción de documentos, solicitudes y atención de requerimientos, los despachos públicos deberán disponer de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 13 del Ministerio del Interior).
ART. 33.—Prohibición de presentaciones personales. Prohíbese la exigencia de la presentación personal en las actuaciones frente a la administración pública, salvo aquéllas exigidas taxativamente en los códigos.
ART. 34.—(Modificado).* Prohibición de exigencia de pagos anteriores. En relación con los pagos que deben efectuarse frente a la administración pública, prohíbese la exigencia del comprobante de pagos hechos con anterioridad como condición para aceptar un nuevo pago.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 24 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 13 de la Presidencia de la República).
(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 12)
*(Nota: Modificado por el Decreto 19 de 2012 artículo 10 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 35.—Pagos al tesoro público. Todos los pagos que deban efectuarse al tesoro público podrán hacerse en bancos o corporaciones de ahorro y vivienda.
Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá la apertura de las cuentas pertinentes.
ART. 36.—Decisión sobre vacaciones colectivas. Para conceder vacaciones colectivas bastará la autorización de los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores de establecimientos públicos, gerentes de empresas industriales y comerciales y los jefes de unidades administrativas especiales.
ART. 37.—Deladelegaciónparacontratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
ART. 38.—Menor cuantía para la contratación. Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 50.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual inferior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales la menor cuantía será de 125 salarios legales mensuales.
(Nota: Corregido y aclarado por el Decreto 62 de 1996 artículo 1º en el sentido de que su tenor literal únicamente modificó la menor cuantía para los efectos de la contratación pública de las entidades públicas cuyos presupuestos anuales sean inferiores a 12.000 salarios mínimos legales mensuales).
ART. 39.—Sanciones. El desconocimiento de los deberes del presente capítulo impuestos a los servidores públicos, será considerado como falta gravísima sancionable conforme a lo dispuesto el código disciplinario único.
Reconocimiento de personerías jurídicas
ART. 40.—Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. Suprímese el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro.
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fundación.
10. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye.
PAR.—Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas, se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 artículo 2.2.1.3.1 del Ministerio del Interior)
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 artículo 2.2.1.3.8 del Ministerio del Interior)
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 artículo 2.2.1.3.9 del Ministerio del Interior)
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 artículo 2.2.1.3.10 del Ministerio del Interior)
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 artículo 2.2.1.3.16 del Ministerio del Interior)
ART. 41.—Licencia o permiso de funcionamiento. Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores, las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley para ejercer los actos propios de su actividad principal.
ART. 42.—(Modificado).* Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de administradores, libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales.
Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las personas designadas.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 248 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 123 de la Presidencia de la República).
ART. 43.—(Modificado).* Prueba de la existencia y representación legal. La existencia y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere este capítulo, se probará con certificación expedida por la cámara de comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos, tarifas y condiciones que regulan sus servicios.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 249 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 124 de la Presidencia de la República).
ART. 44.—Prohibición de requisitos adicionales. Ninguna autoridad podrá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas jurídicas a las que se refiere este capítulo.
ART. 45.—(Modificado).* Excepciones. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las instituciones de educación superior; las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros; las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social (3), los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos políticos; cámaras de comercio y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley expresamente regule en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus normas especiales.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 143 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Ley 537 de 1999 artículo 1º).
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 artículo 2.2.1.3.17 del Ministerio del Interior)
ART. 46.—Supresión de las licencias de funcionamiento. Sin perjuicio del régimen establecido para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ningún establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá de licencia, permiso o autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y salubridad pública.
ART. 47.—Requisitos especiales. A partir de la vigencia del presente decreto, los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, sólo deberán:
1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedidas por la entidad competente del respectivo municipio.
2. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso, descritas por la ley.
3. Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad.
4. Cancelar los derechos de autor previstos en la ley, si en el establecimiento se ejecutarán obras musicales causantes de dichos pagos.
5. Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de establecimientos de comercio.
6. Cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal.
PAR.—Dentro de los quince (15) días siguientes a la apertura de un establecimiento, su propietario o administrador deberá comunicar tal hecho a la oficina de planeación del distrito o municipio correspondiente.
ART. 48.—Control policivo. En cualquier tiempo, las autoridades policivas del lugar verificarán el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior y, en caso de inobservancia, adoptarán las medidas previstas en la ley, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Tales funciones serán ejercidas por las autoridades, sin perjuicio de la interposición que los particulares hagan de las acciones populares, policivas, posesorias especiales previstas en el Código Civil y de la acción de tutela cuando quiera que se vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales.
Licencias de urbanismo y de construcción
ART. 49.—Licencias de urbanismo y de construcción. Los municipios y distritos estarán obligados a expedir el plan de ordenamiento físico para el adecuado uso del suelo dentro de su jurisdicción, el cual incluirá los aspectos previstos en el artículo 34 del Decreto-Ley 1333 de 1986.
Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de urbanización, parcelación para construcción de inmuebles y de terrenos en las áreas urbanas y rurales, se deberá obtener licencia de urbanismo o de construcción, las cuales se expedirán con sujeción al plan de ordenamiento físico que para el adecuado uso del suelo y del espacio público, adopten los concejos distritales o municipales.
A partir de los seis meses siguientes a la vigencia de este decreto, los municipios y distritos con población superior a 100.000 habitantes deberán encargar la expedición de licencias de urbanización y construcción a curadores urbanos, quienes estarán obligados a dar fe acerca del cumplimiento de las normas vigentes aplicables en cada caso particular y concreto.
En los municipios con población inferior a 100.000 habitantes, los alcaldes o secretarios de planeación serán los encargados de tramitar y expedir las licencias de urbanización y construcción.
ART. 50.—(Derogado).* Definición de curador urbano. El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir las licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad que la administración municipal le haya determinado como de su jurisdicción.
La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública, para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.
*(Nota: El presente artículo fue derogado por la Ley 388 de 1997 artículo 138 numeral 9º).
ART. 51.—(Derogado).* Designación de los curadores urbanos. El alcalde municipal o distrital de-signará los curadores urbanos previo concurso de méritos, teniendo en cuenta a quienes figuren en los tres primeros lugares de la lista de elegibles.
Para ser designado curador se requieren los siguientes requisitos:
a) Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero o posgraduado de urbanismo o de planificación regional o urbana;
b) Acreditar una experiencia laboral mínima de diez años en el ejercicio de actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbanos, y
c) Acreditar la colaboración del grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador urbano.
PAR.—Los curadores se designarán por los alcaldes municipales o distritales a razón de uno (1) por cada doscientos mil habitantes, cuando menos. Los municipios con población entre cien mil y doscientos mil habitantes tendrán dos (2) curadores.
ART. 52.—(Derogado).* Derechos y honorarios. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con las expensas a cargo de los particulares que realicen trámites ante las curadurías urbanas, al igual que lo relativo con la remuneración de quienes ejercen esta función, teniendo en cuenta, entre otros, la cuantía y naturaleza de las obras que requieren licencia y las actuaciones que sean necesarias para expedirla.
ART. 53.—(Derogado).* Período, inhabilidades e incompatibilidades. Los curadores urbanos serán designados para períodos individuales de cinco (5) años y podrán ser reelegidos. Igualmente, estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de (sic) previstos para los notarios públicos.
ART. 54.—Inspección, vigilancia y control. Corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico ejercer la inspección, vigilancia y control de los curadores urbanos.
ART. 55.—Definición de licencia. La licencia es el acto por el cual se autoriza a solicitud del interesado, la adecuación de terrenos o la realización de obras.
ART. 56.—(Derogado).* Vigencia de la licencia. Las licencias tendrán una duración de veinticuatro (24) meses prorrogables a treinta y seis (36), contados a partir de su entrega. Las licencias señalarán plazos para iniciar y ejecutar la obra autorizada.
La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que se compruebe la iniciación de la obra.
PAR.—En los eventos en los cuales la obra no alcance a ser concluida por causa no imputable al constructor, los términos previstos en el inciso anterior podrán prorrogarse, siempre y cuando se demuestre previamente dicha circunstancia.
ART. 57.—(Derogado).* Documentos para solicitar la licencia. Toda solicitud de licencia debe ir acompañada únicamente de los siguientes documentos:
1. Copia del folio de matrícula inmobiliaria del predio por urbanizar o construir, expedida con anterioridad no mayor de cuatro meses de la fecha de solicitud. Si el propietario fuere persona jurídica deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal expedida con anterioridad no mayor a cuatro (4) meses.
2. Copia del recibo de pago de impuesto predial en el que figure la nomenclatura alfa-numérica del predio.
3. Identificación y localización del predio.
4. Copia bibliográfica del proyecto arquitectónico.
5. Un juego de la memoria de los cálculos estructurales, de los estudios de suelos y planos estructurales, que sirvan para determinar la estabilidad de la obra.
PAR.—En los municipios con población superior a 100.000 habitantes la copia heliográfica del proyecto arquitectónico deberá presentarse suscrita por arquitecto. Así mismo, el juego de la memoria de los cálculos estructurales, de los estudios de suelos y planos estructurales que sirvan para determinar la estabilidad de la obra, deberá ir firmado por ingeniero civil.
ART. 58.—Contenido de la licencia. La licencia contendrá:
2. Características básicas del proyecto, según la información suministrada en el formulario de radicación.
3. Nombre del constructor responsable.
4. Indicación expresa de que las obras deberán ser ejecutadas de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.
5. Indicación de la obligación de mantener en la obra la licencia y los planos con constancia de radicación, y de exhibirlos cuando sean requeridos por autoridad competente.
ART. 59.—Recursos. Contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias de urbanismo o construcción procederán los recursos de reposición y apelación. Este último se interpondrá para ante la oficina de planeación o en su defecto para ante el alcalde distrital o municipal y deberá resolverse de plano.
ART. 60.—Cumplimiento de obligaciones. El titular de la licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de ella, y responderá por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecución de las obras.
ART. 61.—Control. Corresponde a los alcaldes distritales o municipales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control, durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia de urbanismo o de construcción y de las demás normas y especificaciones técnicas contenidas en el plan de ordenamiento físico, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías, en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses de la sociedad en general y los intereses colectivos.
Para tal efecto, dentro de los cinco días siguientes a la expedición de la licencia, el curador remitirá copia de ella a las autoridades previstas en este artículo.
ART. 62.—Supresión del registro estatal de títulos profesionales. Suprímese el registro estatal de los títulos profesionales.
ART. 63.—Registro de títulos en las instituciones de educación superior. A las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por el Estado corresponderá llevar el registro de los títulos profesionales expedidos, dejando constancia del número de registro en el diploma y en el acta de grado.
Dicho número se otorgará con sujeción a las reglas que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Cada seis meses, las instituciones de educación superior remitirán a las autoridades competentes que determine el Gobierno Nacional, un listado que incluya el nombre, número de registro y profesión de los graduados.
ART. 64.—(Inexquible).*Supresión de homologación o convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior en el exterior. El artículo 2º de la Ley 72 de 1993 quedará así:
“ART. 2º—Para ejercer la profesión o la cátedra universitaria, no se requerirá homologar o convalidar el título de pregrado o posgrado otorgado por una institución de educación superior en el exterior, siempre que ésta tenga la aprobación del Estado donde esté localizada. Se excluyen de lo anterior, las ciencias jurídicas y de la salud”.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-50 de 1997).
ART. 65.—Supresión del registro de diplomas. Suprímese el registro de cualquier otro diploma otorgado por una institución de educación legalmente reconocida en Colombia.
Sistema nacional de cofinanciación
ART. 66.—Funciones relativas al manejo de los recursos del sistema de cofinanciación. El numeral 3º del artículo 23 del Decreto 2132 de 1992, quedará así:
”3. Adoptar los procedimientos, mecanismos y condiciones de oportunidad para presentar solicitudes de cofinanciación de programas y proyectos por parte de las entidades territoriales, diseñados por el comité nacional de cofinanciación previsto en el numeral 6º del artículo siguiente”.
ART. 67.—Principios de la cofinanciación. El numeral 6º del artículo 24 del Decreto 2132 de 1992, quedará así:
”6. Los procedimientos, mecanismos y condiciones de oportunidad de acceso de las entidades territoriales a los recursos de cofinanciación deberán ser los mismos para todos los fondos del sistema nacional de cofinanciación. Para estos efectos, confórmase un comité nacional de cofinanciación, integrado por el director del Departamento Nacional de Planeación, o en su defecto por el subdirector, quien lo presidirá, y los gerentes o directores de las entidades que hacen parte del sistema nacional de cofinanciación.
Los miembros del comité nacional de cofinanciación actuarán con voz y voto y no podrán delegar en ningún otro funcionario su asistencia a las sesiones que realice el comité.
El comité nacional de cofinanciación, a través del director del Departamento Nacional de Planeación, podrá invitar a representantes de las entidades públicas o privadas a sus sesiones, de conformidad con los temas que se traten.
La coordinación del comité nacional de cofinanciación estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación”.
ART. 68.—Manejo de los recursos de cofinanciación. El artículo 27 del Decreto 2132 de 1992, quedará así:
”ART. 27.—Manejo de los recursos de cofinanciación. Los fondos de cofinanciación de inversión social, FIS, y el fondo de cofinanciación de inversión rural, DRI, así como Findeter, en relación con el fondo de cofinanciación para la infraestructura urbana y el fondo de cofinanciación de vías, podrán manejar directamente los recursos del sistema nacional de cofinanciación, o mediante contratos de carácter fiduciario.
Con cargo a estos recursos, podrá contratarse personal para el funcionamiento técnico y administrativo del respectivo fondo”.
ART. 69.—Organización regional. El artículo 28 del Decreto 2132 de 1992, quedará así:
”ART. 28.—Organización regional. Para el ejercicio de sus funciones de cofinanciación, los fondos de cofinanciación no tendrán dependencias regionales ni locales, pero podrán contribuir financieramente a la organización y funcionamiento en cada uno de los departamentos y distritos, de una unidad especializada en las oficinas de planeación de la respectiva entidad territorial, encargada de las funciones de promoción, coordinación, apoyo, asesoría, viabilización y evaluación de los programas y proyectos que presenten, tanto dichas entidades territoriales como los municipios del respectivo departamento.
Sin embargo, para efectos de las funciones diferentes a las del manejo de los fondos de infraestructura urbana y de vías, Findeter conservará la organización administrativa e institucional requerida.
La aprobación de los proyectos viabilizados por las unidades especializadas, estará a cargo de un comité departamental o distrital de cofinanciación, cuya composición se determinará por el comité nacional de cofinanciación.
El Conpes determinará los montos de los proyectos susceptibles de ser aprobados directamente por los comités departamentales o distritales de cofinanciación a los cuales se refiere el presente artículo.
Excepcionalmente los municipios podrán acceder directamente cuando demuestren que no han sido atendidos por los departamentos”.
ART. 70.—Eliminación de la exigencia de probar la calidad de representante legal. En los convenios de cofinanciación que se celebren entre entidades del orden nacional y entidades territoriales no se exigirá por parte de las primeras la demostración de la calidad de representante legal de la respectiva entidad territorial, la cual se certificará con un listado general que expedirá para el efecto la Registraduría Nacional del Estado Civil. El listado se actualizará mensualmente.
En los mismos convenios se presumirá que el representante de la entidad territorial tiene las autorizaciones correspondientes exigidas por la ley, lo cual declarará bajo juramento.
El representante legal de la entidad territorial responderá administrativa, disciplinaria, fiscal y penalmente en caso de no poseer las citadas facultades.
ART. 71.—Fondos departamentales y distritales. Los fondos de cofinanciación, a nivel nacional, podrán contratar la ejecución global o parcial de los recursos con las entidades que administren los fondos departamentales o distritales de cofinanciación, creados por las entidades territoriales como cuentas especiales dentro de su presupuesto. Los proyectos serán aquellos que sean aprobados por los comités departamentales de cofinanciación y su ejecución corresponderá, en todo caso, a la entidad territorial que determine el fondo de cofinanciación nacional correspondiente.
Los fondos departamentales o distritales estarán conformados con recursos de los departamentos y distritos y se regirán por los principios y normas del sistema nacional de cofinanciación.
El comité nacional de cofinanciación determinará los aspectos atinentes a materias, proyectos, montos que serán objeto de cofinanciación por dichos fondos y resolverá los conflictos de competencia que se presenten.
ART. 72.—Multas por omisión del depósito legal. El inciso último del artículo 7º de la Ley 44 de 1993, quedará así:
“La omisión del depósito legal a que se refiere este artículo, ocasionará al editor, productor de obras audiovisuales, productor fonográfico, videograbador, o importador, según el caso, una multa igual a diez (10) veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado, la cual será impuesta por el director de la Biblioteca Nacional, mediante resolución motivada”.
ART. 73.—Supresión de la reserva de nombre. Suprímese la reserva de nombre ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
ART. 74.—Vigencia del pasaporte. El pasaporte ordinario será válido por diez (10) años, contados a partir de la fecha de su expedición.
ART. 75.—Derogatoria de la presentación de la tarjeta militar para la expedición del pasaporte. Derógase el literal e) del artículo 5º del Decreto 321 de 1994.
ART. 76.—(Inexequible).*Supresión de equivalencias. Suprímense de las equivalencias establecidas en el artículo 12 del Decreto-Ley 10 de 1992 (8), las de director general de protocolo y director general de la academia, cargos que pertenecen a la carrera diplomática en la categoría de embajador.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-368 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
ART. 77.—(Modificado).* Interrupción de domicilio. El artículo 6º de la Ley 43 de 1993 (9), quedará así:
”ART. 6º—La ausencia de Colombia por un término consecutivo de cinco (5) meses al año, no interrumpe los períodos de domicilio continuo exigidos en el artículo anterior.
Únicamente el Presidente de la República con la firma del Ministro de Relaciones Exteriores podrá reducir o exonerar el término de domicilio previsto en los literales a), b) y c) del artículo anterior, cuando a su juicio se considere de conveniencia para Colombia. Así mismo, podrá eximir de la presentación de los requisitos señalados en los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 10 y 11 referentes a la documentación de que trata el reformado artículo 9º de la Ley 43 de 1993.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 175 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modifica do por el Decreto 266 de 2000 artículo 89 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 40)
ART. 78.—Presentación de solicitudes. El artículo 8º de la Ley 43 de 1993, quedará así:
”ART. 8º—Las solicitudes de carta de naturaleza se presentarán ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o las gobernaciones. Las solicitudes de inscripción de latinoamericanos y del Caribe por nacimiento se formularán ante las alcaldías de sus respectivos domicilios o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las solicitudes presentadas ante las gobernaciones o las alcaldías, serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para su decisión.
ART. 79.—(Modificado).* Documentación para adquirir la nacionalidad. Los numerales 2º, 7º, 9º, 10 y el parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 43 de 1993, quedarán así:
“2. Acreditar ausencia de antecedentes penales provenientes de autoridades competentes, en el país de origen o en aquellos de donde hubiere estado domiciliado durante los últimos 5 años antes de su ingreso a Colombia. Se exceptúan de este requisito quienes hayan ingresado al país siendo menores de edad y quienes a la fecha de la presentación de la solicitud tengan 10 años o más de domicilio continuo en Colombia”.
“7. Acreditar mediante documento idóneo el lugar y la fecha de nacimiento del solicitante”.
“9. Registro civil de matrimonio válido en Colombia en caso de que el solicitante sea casado (a) con colombiana (o)”.
“10. Registro de nacimiento de los hijos nacidos en Colombia, si es el caso”.
“PAR. 1º—El peticionario que no pueda acreditar alguno de los requisitos señalados en este artículo, deberá acompañar a la solicitud de nacionalización una carta dirigida a la comisión para asuntos de nacionalidad explicando los motivos que le impiden hacerlo para que considere las pruebas supletorias del caso y lo exoneren en el evento de no poder aportarlas”.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 176 del Ministerio del Interior).
(Nota: Modifica do por el Decreto 266 de 2000 artículo 90 de la Presidencia de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 41)
ART. 80.—Juramento y promesa de cumplir la Constitución y la ley. Adiciónase el artículo 13 de la Ley 43 de 1993, con el siguiente parágrafo:
“PAR.—En caso de conveniencia nacional, el juramento podrá ser tomado por el Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores”.
ART. 81.—Derecho del naturalizado a conservar su nacionalidad de origen. El artículo 14 de la Ley 43 de 1993, quedará así:
“ART. 14.—Los nacionales por adopción no están obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o de adopción.
PAR.—Si el nacionalizado está interesado en renunciar a su nacionalidad de origen o de adopción, el gobernador o el alcalde, así como el Presidente o el Ministro de Relaciones Exteriores, dejará constancia de este hecho en el acto de juramento”.
Certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes
ART. 82.—Expedición del certificado. El certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes se expedirá por la Dirección Nacional de Estupefacientes con destino a las siguientes entidades y exclusivamente para los fines previstos en este artículo:
1. Con destino a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para:
a) La importación de aeronaves;
b) La adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves, aeródromos, pistas o helipuertos;
c) La construcción, reforma y permiso de operación de aeródromos, pistas o helipuertos;
d) La obtención o renovación del permiso de operación de empresas de servicios aéreos comerciales, escuelas y aeroclubes;
e) La obtención o renovación del permiso de funcionamiento de talleres aeronáuticos y empresas de servicios aeroportuarios;
f) La aprobación de nuevos socios o el registro de la cesión de cuotas e interés social, y
g) El otorgamiento de licencias del personal aeronáutico.
2. Con destino a la Dirección General Marítima, Dimar, para:
a) La expedición de licencias de navegación;
b) La adquisición o matrícula de embarcación;
c) El uso y goce de bienes de uso público de propiedad de la Nación;
d) El otorgamiento de rutas y servicios de transporte marítimo, y
e) La propiedad, explotación u operación de tanques en tierra ubicados en zonas francas comerciales.
3. Para la importación, compra, distribución, consumo, producción o almacenamiento de sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
PAR.—(Modificado).* En ningún caso se solicitará y/o expedirá el certificado sobre carencia de informes sobre narcotráfico a entidades, organismos o dependencias de carácter público o a quienes lo soliciten sin fin específico.
*(Nota: Modificado por la Ley 962 de 2005 artículo 36)
(Nota: Suprimido por el Decreto 19 de 2012 artículo 92 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 83.—Término de vigencia de los certificados. El certificado expedido tendrá las siguientes vigencias:
1. Los otorgados para sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes hasta por cinco (5) años.
2. Los otorgados para realizar trámites ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tendrán las siguientes vigencias:
a) Para obtener licencia de personal aeronáutico, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años;
b) Para la obtención y renovación de permisos de operación de empresas de servicios aéreos, servicios aeroportuarios, escuelas, aeroclubes y talleres aeronáuticos, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la resolución que otorgue el permiso de operación de la empresa;
c) Para la obtención y renovación del permiso de operación de aeródromos, pistas o helipuertos, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la resolución que otorgue el permiso de operación del aeródromo, pista o helipuerto;
d) Para la aprobación de nuevo propietario o explotador de aeródromo, pistas o helipuertos, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en la resolución que apruebe el nuevo propietario o explotador, y
e) Para los demás trámites, podrá otorgarse hasta por un (1) año.
3. Los otorgados para realizar trámites ante la Dirección General Marítima, Dimar, tendrán las siguientes vigencias:
a) Para obtener y renovar licencia de navegación, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años y quedará sujeto en su vigencia al término estipulado por la Dirección General Marítima en la resolución que otorgue la licencia de navegación;
b) Para el otorgamiento de rutas y servicios de transporte marítimo, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años;
c) Para el otorgamiento de uso y goce de bienes de uso público, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años;
d) Para la propiedad, explotación u operación de tanques en tierra ubicados en zona franca comercial, podrá otorgarse hasta por cinco (5) años, y
e) Para la adquisición y/o matrícula de embarcación podrá otorgarse hasta por un (1) año.
PAR. 1º—No obstante, el certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente. Dicha anulación será informada a las autoridades correspondientes y contra ella procede únicamente el recurso de reposición.
PAR. 2º.—Los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, expedidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se encuentren vigentes al momento de entrar a regir el presente decreto, se entenderán expedidos por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de los mismos.
PAR. 3º—El Consejo Nacional de Estupefacientes continuará fijando las tarifas por la expedición de los certificados a que se refiere este capítulo, conforme a las normas vigentes.
ART. 84.—Requisitos. En adelante y con el fin de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, no se podrán exigir autenticaciones, presentaciones personales, declaraciones de industria y comercio, constancias de empresas proveedoras, certificaciones de profesionales del área química, matrículas mercantiles de personas jurídicas, licencias de navegación, fotocopia del documento de identidad de la tripulación para obtener o renovar permiso de operación de las empresas de servicios aéreos comerciales, ni los que exigen formalidades especiales como la visita que practica Ingeominas para el caso del manejo de las sustancias químicas controladas.
ART. 85.—Supresión de visto bueno de la Dirección de Estupefacientes en licencias de importación. Elimínase el visto bueno previo de la Dirección Nacional de Estupefacientes para la aprobación de las licencias de importación de sustancias químicas controladas. El Incomex expedirá tales licencias, de conformidad con el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, dentro de los límites aprobados, y reportará mensualmente las licencias de importación aprobadas.
ART. 86.—Eliminación de la inscripción en el Ministerio de Salud. Elimínase la inscripción ante el Ministerio de Salud para las personas naturales o jurídicas que compren, importen, distribuyan, consuman, produzcan y almacenen sustancias químicas controladas, sin perjuicio de las visitas de control que dicha entidad pueda realizar cuando sea necesario, así como la obligación de sellar y foliar el libro de control de las sustancias químicas.
ART. 87.—Excepciones. Cuando se trate de entidades, organismos o dependencias de carácter público, no se requiere la presentación del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Para adquirir las sustancias químicas controladas, éstas lo harán mediante autorización expresa y escrita de su representante legal quien podrá designar dentro de la entidad, a un funcionario responsable de las mismas.
ART. 88.—Renovación del certificado. Tratándose de la renovación del certificado de carencia de antecedentes de narcotráfico, el particular sólo deberá actualizar los datos que reposan en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
ART. 89.—Petición de informaciones a otras entidades. Los incisos 1º y 2º del artículo 3º del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2272 de 1991, quedarán así:
“Recibidas las solicitudes debidamente diligenciadas, la Dirección Nacional de Estupefacientes, demandará simultáneamente de las entidades competentes la información de los registros debidamente fundamentados que posean sobre antecedentes relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, que reposen en los respectivos archivos en relación con las personas solicitantes, así como la práctica de la visita dispuesta para el control de sustancias químicas que sirven para el procesamiento de estupefacientes, según lo dispuesto por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Las autoridades competentes dispondrán de un término de quince (15) días para enviar por escrito la información solicitada. El incumplimiento de esta obligación constituirá falta gravísima”.
Inscripción y registro de abogados
ART. 90.—Inscripción de abogados. Suprímese el trámite de inscripción de los abogados en los tribunales superiores de distrito judicial previsto en el Decreto 196 de 1971.
ART. 91.—Prohibición de aprobar tarifas de honorarios de abogados para el ejercicio profesional. Suprímese la facultad del Ministerio de Justicia y del Derecho de aprobar las tarifas de honorarios para el ejercicio profesional de abogado.
Acreditación de la judicatura
ART. 92.—Competencia. En adelante corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ejercer la función de expedir el certificado que acredite el cumplimiento de la judicatura para optar al título de abogado. Suprímense las demás funciones previstas en el artículo 24 del Decreto 3200 de 1979.
ART. 93.—(Inexequible).* Requisitos para acreditar la judicatura. El literal h) del numeral 1º del artículo 23 del Decreto 3200 de 1979 quedará así:
“h) Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a la inspección y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o de Sociedades”.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-281 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis)
Registro de instrumentos públicos
ART. 94.—(Modificado).*Procedimiento de registro. A partir del 1º de abril de 1996, para el registro de instrumentos públicos se presentará el formato de registro que para tal efecto elabore la Superintendencia de Notariado y Registro, debidamente diligenciado por el notario ante el cual se haya otorgado la escritura pública, donde consten los elementos básicos del negocio jurídico relevantes para su inscripción.
A la copia notarial de la escritura con destino al registro se adjuntará el formato referido.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional C-64 de febrero 11 de 1997).
*(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 166 del Ministerio del Interior).
ART. 95.—Publicaciones en el Diario Oficial. A partir de la vigencia del presente decreto, sólo se publicarán en el Diario Oficial, los siguientes documentos públicos:
a) Los actos legislativos y los proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;
b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el gobierno;
c) Los decretos y resoluciones ejecutivas expedidos por el Gobierno Nacional, cuya vigencia se determinará en el mismo acto de su expedición, y los demás actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del orden nacional, cualquiera que sean las ramas u organizaciones a las que pertenezcan;
d) Los actos de disposición, enajenación, uso o concesión de bienes nacionales;
e) La parte resolutiva de los actos administrativos que afecten de forma directa o inmediata, a terceros que no hayan intervenido en una actuación administrativa, a menos que se disponga su publicación en otro medio oficial destinado para estos efectos o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones, y
f) Las decisiones de los organismos internacionales a los cuales pertenezca la República de Colombia y que conforme a las normas de los correspondientes tratados o convenios constitutivos, deban ser publicados en el Diario Oficial.
PAR.—Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación (y no será necesaria su publicación)*.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-646 de 2000 declaró exequible la expresión: “...y no será necesaria su publicación” del parágrafo del presente artículo, en el entendido de que los actos administrativos de carácter subjetivo de las autoridades del orden nacional, y especialmente aquellos a los que se refiere el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, cuya acción de nulidad tiene caducidad, se publicarán debidamente en el Diario Oficial o en otro medio oficial destinado para el efecto; y únicamente por el cargo de inconstitucionalidad por omisión que contra el mismo presentó el demandante).
ART. 96.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, los convenios o contratos interadministrativos no requerirán de la publicación en el Diario Único de Contratación.
ART. 97.—Derogatorias. Deróganse el artículo 11 de la Ley 51 de 1898, la Ley 139 de 1936, los artículos 2º, 10 (y 11 de la Ley 57 de 1985)* y las demás normas que sean incompatibles con lo expuesto en el presente decreto.
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-847 de 1999, en cuanto sólo podía derogar el segmento: “requiriendo la autorización del Ministerio de Gobierno, del Gobernador, Intendente, Comisario o del Alcalde en su caso").
ART. 98.—(Modificado).* Certificación del interés bancario. La Superintendencia Bancaria surtirá el trámite de certificación del interés bancario corriente, mediante su envío periódico a las cámaras de comercio, una vez haya sido expedida. De igual manera, publicará tales certificaciones en un diario de amplia circulación nacional.
Ninguna autoridad podrá exigir la presentación de esta certificación para adelantar procesos o actuaciones ante sus despachos. Bastará con la copia simple del diario donde ésta aparezca.
(Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 49 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 28 de la Presidencia de la República).
ART. 99.—Índice de ajuste para seguros. En los procesos de ejecución con título hipotecario, no se requerirá la aprobación previa por parte de la Superintendencia Bancaria de índices para ajuste de seguros de terremoto e incendio.
ART. 100.—Mejoras de inmuebles de entidades vigiladas. Las mejoras de inmuebles de entidades vigiladas no requerirán de aprobación previa de la Superintendencia Bancaria.
Con sujeción a las instrucciones que con carácter general imparta esta superintendencia, las entidades vigiladas deberán remitirle con la periodicidad que ésta señale un informe cuando el valor de la operación de estas mejoras exceda el 50% del patrimonio técnico de las entidades, o cuando los activos fijos de éstas superen el 100% de su patrimonio técnico.
ART. 101.—Facultades en relación con las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida. La Superintendencia Bancaria continuará ejerciendo en relación con las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, además de las funciones asignadas específicamente en el numeral 7º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero (19), las funciones adscritas de manera general a la entidad para el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia respecto de las instituciones financieras, siempre que no pugne con su especial naturaleza.
ART. 102.—Facultades de sala general. Sustituir los artículos 3º y 4º del Decreto 1169 de 1980 por el siguiente texto:
“La Sala General de la Superintendencia de Valores ejercerá las facultades que le otorga la ley, mediante normas de carácter general contenidas en resoluciones.
El Superintendente de Valores y los superintendentes delegados, adoptarán decisiones en los asuntos de su competencia mediante resoluciones de carácter general o particular, de acuerdo con la naturaleza de las mismas. Las decisiones de los órganos de la Superintendencia de Valores podrán también adoptarse mediante circulares, oficios u otros actos administrativos idóneos, cuando la naturaleza del mismo así lo requiera”.
(Nota: Derogado elinciso primero del presente artículo por la Ley 964 de 2005 artículo 75)
ART. 103.—(Derogado).* Visitas de la superintendencia. Modificar las reglas 2ª, 4ª y 6ª del artículo 6º del Decreto 1169 de 1980 las cuales quedarán así:
“2. Cuando por motivo de una visita o investigación sea necesario analizar operaciones finales o intermedias que hayan realizado los emisores de valores, las entidades sometidas a su vigilancia o cualquier otra persona que intervenga en el mercado público de valores, el Superintendente de Valores, los superintendentes delegados o el funcionario comisionado para el efecto podrán exigir toda aquella información o documentación que considere necesaria. En caso de renuencia para entregar lo solicitado, el Superintendente de Valores o los superintendentes delegados podrán imponer las sanciones de que trata el artículo 6º de la Ley 27 de 1990”.
“4. Cuando ello sea preciso para el cabal cumplimiento de sus funciones, quienes hayan sido designados para practicar una visita o investigación, podrán solicitar el auxilio de las autoridades judiciales o de policía, las cuales quedan facultadas para dictar mandamiento escrito para efectuar registros y allanamientos.
Así mismo, los funcionarios visitadores tendrán la facultad de imponer las sanciones de que trata el artículo 6º de la Ley 27 de 1990 en los casos en que exista renuencia por parte de quienes deban producir una prueba dentro de una visita o una diligencia”.
“6. Del informe correspondiente se dará traslado al interesado a la dirección registrada en la entidad, cuando a ello hubiere lugar”.
*(Nota: Derogado por la Ley 964 de 2005 artículo 75)
ART. 104.—Ofertas públicas autorizadas. Sustituir los artículos 9º, 10, 11 y 12 del Decreto 1169 de 1980, por el siguiente texto:
“Cuando se trate de una oferta pública de valores cuya emisión o colocación deba ser autorizada por la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Valores podrá tramitar simultáneamente la respectiva solicitud, pero se abstendrá de pronunciarse hasta tanto reciba copia de la providencia por medio de la cual se autorizó la emisión o la colocación con la constancia de su ejecutoria.
En los actos que autoricen una oferta pública de valores deberá indicarse el término dentro del cual ella deberá realizarse. Vencido dicho término sin que la misma se haya efectuado caducará la autorización respectiva.
La Superintendencia de Valores deberá resolver sobre las solicitudes de autorización de oferta pública o de inscripción de un valor o intermediario en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la petición respectiva. No obstante, si las informaciones o documentos que proporcione el interesado no son suficientes para decidir se le requerirá la entrega de lo faltante y será a partir del día siguiente a aquel en que éste haya sido entregado, que comenzará a correr el término previsto en este artículo.
Vencido este plazo sin pronunciamiento de la Superintendencia de Valores se considerará despachada favorablemente la solicitud del interesado”.
ART. 105.—Funciones del secretario general. Modificar el artículo 16 del Decreto 1169 de 1980, el cual quedará así:
“Corresponde al secretario general de la Superintendencia de Valores expedir las certificaciones relativas a los actos de la entidad. No obstante, dicho funcionario podrá delegar tales funciones en uno o algunos de los funcionarios adscritos a su dependencia, sin perjuicio de que las reasuma en cualquier momento, para lo cual no se requerirá formalidad específica alguna”.
ART. 106.—Solicitudesentelasuperintendencia. Modificar el artículo 20 del Decreto 1169 de 1980, el cual quedará así:
“Sin perjuicio de los requisitos que deban cumplirse en cada caso, las solicitudes que deban ser resueltas por la Superintendencia de Valores no requerirán formalidad alguna”.
ART. 107.—Delegación para operaciones de crédito público. El Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá delegar en el director general de crédito público la facultad de autorizar la celebración de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas y operaciones de manejo de deuda pública de las entidades estatales.
ART. 108.—Autorización para modificar condiciones financieras en acuerdos de pago. Para efectos del artículo 13 de la Ley 185 de 1995, la autorización de la modificación de las condiciones financieras de los acuerdos de pago en que haga parte la Nación y de los créditos de presupuesto, se entenderá impartida con la firma del Ministro de Hacienda y Crédito Público en el documento respectivo.
ART. 109.—Derogatoria. Derógase el Decreto 3141 de 1983 (sic).
(Nota: Corregido por el Decreto 297 de 1996 artículo 1º).
ART. 110.—Competencia de las capitanías de puerto de primera categoría. Las capitanías de puerto de primera categoría, además de las funciones generales atribuidas por ley, serán competentes para:
a) Autorizar o resolver las solicitudes de alteración o modificación que se vayan a efectuar en una nave o artefacto naval menor o hasta de 16 metros de eslora de diseño, tanto en astilleros nacionales como extranjeros;
b) Autorizar o resolver las solicitudes de construcción de naves menores o hasta de 16 metros de eslora de diseño, tanto en astilleros nacionales como extranjeros;
c) Autorizar o resolver las solicitudes de desguace de una nave o artefacto naval menor o hasta de 16 metros de eslora de diseño, tanto en astilleros nacionales como extranjeros;
d) Sin perjuicio de la competencia asignada a la Dirección General Marítima para la expedición de las licencias de explotación comercial de astilleros, expedir la licencia de explotación comercial para talleres de reparación naval;
e) Expedir las licencias para entrenamiento a/b de los alumnos de último año, o que hayan terminado un curso de complementación, con categoría de oficial, al igual que las del personal de marinería;
f) Expedir las licencias para marinería cubierta, máquinas y pesca, que efectúen navegación regional y costanera;
g) Expedir las licencias para patrón de bahía;
h) Expedir las licencias para marinería de yates y naves deportivas;
i) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la construcción en playas marítimas o terrenos de bajamar, en un área hasta de 200 metros cuadrados, que se efectúe en material permanente, sobre terreno consolidado y previa presentación de la licencia ambiental;
j) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la relimpia de canales siempre y cuando se den las condiciones iniciales de dragado, y
k) Autorizar o resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la construcción temporal de kioscos, instalación de carpas, ventas y, en general de construcciones no permanentes en bienes de uso público.
ART. 111.—(Derogado).* Libreta militar. El artículo 36 de la Ley 48 de 1993, quedará así:
“ART. 36.—Cumplimiento de la obligación de la definición de situación militar. Los colombianos hasta los cincuenta (50) años de edad, están obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndole a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los siguientes efectos:
a) Celebrar contratos con cualquier entidad pública;
c) Tomar posesión de cargos públicos;
d) Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior”.
ART. 112.—Simplificación de la contratación del ICA. El artículo 65 de la Ley 101 de 1993 quedará así:
“ART. 65.—El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio del Instituto Agropecuario, ICA, deberá desarrollar las políticas y planes tendientes a la protección de la sanidad, la producción y la productividad agropecuarias del país. Por lo tanto, será el responsable de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico de las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de los insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y a minimizar los riesgos alimentarios y ambientales que provengan del empleo de los mismos y a facilitar el acceso de los productos nacionales al mercado internacional.
Para la ejecución de las acciones relacionadas con la sanidad agropecuaria y el control técnico de los insumos agropecuarios, el ICA podrá realizar sus actividades directamente o por intermedio de personas naturales o jurídicas oficiales o particulares, mediante la celebración de contratos o convenios o por delegación para el caso de las personas jurídicas oficiales. Para este efecto, coordinará las acciones pertinentes con los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente y con las demás entidades competentes.
No obstante el ICA podrá homologar automáticamente los controles técnicos efectuados por las autoridades competentes de otros países. Dicha decisión podrá ser revocada en cualquier tiempo por un comité de homologación que para tal efecto se constituya, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
PAR. 1º—Los funcionarios autorizados para estos propósitos tendrán el carácter y las funciones de “inspectores de policía sanitaria”.
PAR. 2º—La junta directiva del ICA establecerá los criterios que deberán tenerse en cuenta para celebrar contratos o convenios de que trata el presente artículo”.
ART. 113.—Suspensión de las licencias de construcción y transporte público terrestre. El inciso primero del artículo 281 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
“ART. 281.—Conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, las licencias de construcción y de transporte público terrestre deberán suspenderse si no se acredita la afiliación de la respectiva empresa a organismos de seguridad social una vez inicien labores”.
ART. 115.—Competencia para sanciones. El inciso primero del artículo 91 del Decreto-Ley 1295 de 1994, quedará así:
“ART. 91.—Le corresponde a los directores regionales y seccionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social imponer las sanciones establecidas a continuación, frente a las cuales opera el recurso de apelación ante el director técnico de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
(Nota: Véase Ley 1562 de 2012 artículo 13)
ART. 116.—(Derogado).* Inscripción de empresas de alto riesgo. El artículo 64 del Decreto-Ley 1295 de 1994, quedará así:
“ART. 64.—Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades económicas, de que trata el artículo 28 del Decreto-Ley 1295 de 1994, serán consideradas como empresas de alto riesgo, y deberán inscribirse como tales en las direcciones regionales y seccionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dentro de los dos meses siguientes a la expedición de este decreto. Igualmente aquellas que se constituyan hacia el futuro deberán inscribirse a más tardar en los dos meses siguientes a la iniciación de sus actividades”.
(Nota: Derogado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 208 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 109 de la Presidencia de la República).
ART. 117.—(Derogado).* Pensiones especiales de vejez. El artículo 2º del Decreto-Ley 1281 quedará así:
“ART. 2º—Los afiliados al sistema general de pensiones que se dediquen en forma permanente y por lo menos durante quinientas (500) semanas, continuas o discontinuas, al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
La pensión especial de vejez se reconocerá por parte de la entidad administradora de pensiones correspondiente con base en la historia laboral del afiliado en donde conste el número de semanas cotizadas en forma especial”.
*(Nota: Derogado por el Decreto 2090 de 2003 artículo 11 del Ministerio de la Protección Social)
ART. 118.—Derogatorias. Derógase el inciso segundo del artículo 281 de la Ley 100 de 1993 y el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 10 de 1991 y las normas que lo reglamentan.
ART. 119.—Competencias. El artículo 170 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
“ART. 170.—El sistema general de seguridad social en salud está bajo la orientación y regulación del Presidente de la República y del Ministerio de Salud y atenderá las políticas, planes, programas y prioridades del gobierno frente a la salud pública, en la lucha contra las enfermedades endémicas y epidérmicas (sic) y el mantenimiento, educación, información y fomento de la salud, de conformidad con el plan de desarrollo económico y social y los planes territoriales de que tratan los artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993.
El Presidente de la República podrá delegar las funciones de inspección y vigilancia del sistema general de seguridad social en salud, en el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y en los jefes de las entidades territoriales.
El Superintendente Nacional de Salud podrá celebrar convenios con las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud para facilitar el ejercicio de sus funciones y establecerá mecanismos de coordinación, cooperación y concertación con el fin de evitar la duplicación de información y procurar la racionalización de las actividades de inspección y vigilancia. Además fomentará el desarrollo de una red de controladores del sistema general de seguridad social en salud”.
ART. 120.—Conceptos favorables. El parágrafo 1º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
“PAR. 1º—Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales requerirán el concepto favorable de los ministros de Hacienda y de Salud; y las que tengan implicaciones sobre la calidad del servicio público de la salud requerirán únicamente el concepto favorable del Ministro de Salud”.
ART. 121.—(Derogado).* No discriminación. El artículo 188 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
“ART. 188.—Las instituciones prestadoras de servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios.
Cuando ocurran hechos de naturaleza asistencial que presuntamente afecten al afiliado respecto de la adecuada prestación de los servicios del sistema general de seguridad social en salud, aquél podrá reclamar ante el comité técnico científico integrado por la empresa promotora de salud a la cual esté afiliado, integrado de la siguiente forma: un representante de la EPS, un representante de la IPS y un representante del afiliado, quien podrá concurrir directamente. Si persiste la inconformidad ésta será dirimida por un representante de la dirección municipal de salud”.
(Nota: Véase Decreto 128 de 2010 artículo 21 del Ministerio de la Protección Social)
*(Nota: Derogado por la Ley 1438 de 2011 artículo 145)
ART. 122.—Simplificación de los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar. Se podrán celebrar directamente los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar con entidades sin ánimo de lucro del sistema nacional de bienestar familiar.
ART. 123.—Ámbito de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo, contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.
PAR.—Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de “petición”, comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios.
ART. 124.—De la obligatoriedad de la entrega de la cuenta de cobro o recibo oportunamente. Todo suscriptor o usuario tiene derecho a recibir oportunamente la cuenta de cobro o recibo de obligación a su cargo y la empresa la obligación de entregar oportunamente el recibo correspondiente. Las empresas deberán entregar la cuenta de cobro a los suscriptores o usuarios por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de pago oportuno señalada en el recibo.
ART. 125.—Unificación de tasa. De conformidad con el artículo 119 de la Ley 6ª de 1992, el Gobierno Nacional establecerá una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos de propiedad industrial, independientemente de si la decisión que adopte la administración resulta favorable o no a las pretensiones del solicitante.
ART. 126.—Redistribución de competencias. Los trámites y decisiones relacionadas con las solicitudes de diseños industriales se adelantarán en la división de nuevas creaciones de la delegatura de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
ART. 127.—Legalización de explotaciones mineras. Prorrógase por un (1) año el término estipulado por el artículo 58 de la Ley 141 de 1994 para que la autoridad competente adelante el trámite de las solicitudes de legalización de explotaciones mineras de hecho.
La legalización de explotaciones mineras de hecho que estuvieran en trámite, no imposibilitan el otorgamiento del amparo administrativo, si se satisfacen los requisitos señalados en el Código de Minas.
Dentro del citado término las autoridades ambientales y mineras competentes estarán obligadas a agotar todos los trámites que sean del caso, en las actuaciones iniciadas para legalizar explotaciones mineras de hecho. Para tal propósito, la viabilidad ambiental y plan de manejo ambiental de que trata el artículo 3º literales e) y f) del Decreto 2636 de 1994 tendrán la fuerza y efectos de una licencia ambiental. Como parte de la asistencia técnica a que tiene derecho el interesado en el trámite, la autoridad ambiental competente diseñará el respectivo plan de manejo ambiental.
ART. 128.—Distribución de regalías. Adiciónase el artículo 56 de la Ley 141 de 1994, así:
“Las regalías recaudadas por las termoeléctricas, industrias cementeras e industrias del hierro en los términos del parágrafo del artículo 22 de esta ley, serán distribuidas y transferidas por la entidad que designe el Ministerio de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días siguientes al de la consignación de la correspondiente regalía”.
ART. 129.—Vinculación al servicio educativo estatal. El artículo 105 de la Ley 115 de 1994 quedará así:
“ART. 105.—Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación del personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial.
Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes previo concurso hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.
Los concursos para nombramientos de nuevos docentes serán convocados por los departamentos o distritos, cuando se trate de proveer cargos financiados con el situado fiscal o los recursos propios y por los alcaldes municipales, en el caso de la provisión de vacantes con cargo a recursos de la entidad territorial; los educadores podrán inscribirse en la entidad territorial convocante y como resultado del proceso saldrá una lista de elegibles, la cual corresponderá al número de plazas o cupos para proveer en cada municipio. El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, establecerá un sistema para celebrar los concursos, de tal manera que se asegure la total imparcialidad.
No obstante lo anterior, si realizado el concurso, alguno de los que figura en la lista de elegibles no acepta el cargo, podrá el nominador nombrar al que haya obtenido el puntaje más alto entre los que aprobaron el concurso.
Igualmente, si el concurso debidamente celebrado se declara desierto, se podrán nombrar docentes y directivos docentes, sin necesidad del requisito del concurso, para proveer vacantes o nuevas plazas ubicadas en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad, o cuando se trate de los contratos celebrados en desarrollo de los artículos 8º de la Ley 60 de 1993 y 200 de la Ley 115 de 1994.
PAR. 1º—Al personal actualmente vinculado se le respetará la estabilidad laboral y en el caso de bachilleres no escalafonados, tendrán derecho a incorporarse al escalafón nacional docente, siempre y cuando llenen los requisitos respectivos, en un plazo no mayor de dos (2) años. Si transcurrido este plazo no se han escalafonado, serán desvinculados del servicio educativo, salvo los bachilleres que se encuentren prestando sus servicios docentes en zonas de difícil acceso y en proceso de profesionalización comprobado, en cuyo caso contarán con dos años adicionales para tal efecto.
PAR. 2º—Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial”.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-562 de 1996).
ART. 130.—Miembros y período de la junta. El parágrafo del artículo 156 de la Ley 115 de 1994, quedará así:
“PAR.—La Junta Nacional de Educación, JUNE, contará con una unidad técnica operativa de carácter permanente y estará dedicada al estudio, análisis y formulación de propuestas que le permita cumplir con sus funciones y coordine sus actividades.
La organización, la composición y las funciones específicas de la unidad técnica, serán reglamentadas por la JUNE”.
ART. 131.—El literal g) del artículo 158 de la Ley 115 de 1994 quedará así:
“g) Emitir concepto previo para el traslado del personal docente y administrativo dentro del municipio, con sujeción a lo previsto en el artículo 2º de la Ley 60 de 1993, el estatuto docente y la carrera administrativa y sin solución de continuidad”.
ART. 132.—De la licencia ambiental y otros permisos. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones, de carácter ambiental, necesarios para la construcción, desarrollo y operación de la obra, industria o actividad. La vigencia de estos permisos será la misma de la licencia ambiental.
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos y condiciones para la solicitud y obtención de la licencia ambiental.
PAR.—El presente artículo comenzará a regir seis (6) meses después de la entrada en vigencia del presente decreto.
ART. 133.—Diagnóstico ambiental de alternativas. Adiciónese el artículo 56 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo:
“PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales la autoridad ambiental podrá prescindir de la exigencia del diagnóstico ambiental de alternativas”.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-433 de 1996).
ART. 134.—Plan de manejo ambiental. El Gobierno Nacional determinará los casos en los cuales bastará la presentación de un plan de manejo ambiental para iniciar actividades. En este caso fijará los requisitos y contenidos de dichos planes de manejo ambiental.
ART. 135.—Autoridades ambientales. Ninguna autoridad diferente al Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos o áreas metropolitanas podrá exigir requisitos ambientales, así como imponer medidas preventivas o sanciones por violación a normas de carácter ambiental, salvo en los casos de delegación hecha conforme a la ley o reglamento.
Esto no exime a las entidades territoriales de ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en coordinación con las respectivas autoridades ambientales.
(Nota: Declarado Inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-243 de mayo 20 de 1997).
ART. 136.—Licencia ambiental global para la etapa de explotación minera. Adiciónase el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo:
“La autoridad ambiental podrá otorgar una licencia ambiental global para la etapa de explotación minera, sin perjuicio de la potestad de ésta para adicionar o establecer condiciones ambientales específicas requeridas en cada caso dentro del área objeto del título minero”.
ART. 137.—Homologación automática. Los equipos importados o producidos en el país, destinados al servicio privado de transporte, con excepción de los vehículos de carga de acuerdo con normas técnicas internacionales de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, control gráfico o electrónico de velocidad máxima, de control a la contaminación, facilidades para los discapacitados entre otras, homologadas por las autoridades de transporte y ambientales del país de origen, no requerirán de homologación alguna ante autoridad colombiana.
Las autoridades de comercio exterior y de desarrollo económico solicitarán la exhibición de los documentos de homologación o aprobación de los modelos a ensamblar o importar que hayan sido expedidos en los países de origen. El cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la aprobación de las importaciones, ensamble o fabricación de los mismos en territorio colombiano.
PAR.—Cuando dichos vehículos sean de diseño y fabricación nacional, deberán enviar las características de los modelos para su aprobación por parte de las autoridades de desarrollo económico y ambiental.
ART. 138.—Reposición de los equipos de transporte terrestre automotor, de servicio público de carga, de pasajeros y/o mixto. Con fundamento en los artículos 5º y 6º de la Ley 105 de 1993, las autoridades de tránsito y transporte de las entidades territoriales, velarán por el cumplimiento de las condiciones establecidas en dichas disposiciones sobre vida útil y reposición del parque automotor.
PAR.—A partir del 1º de enero de 1996, queda prohibida en todo el territorio nacional la repotenciación, habilitación, transformación, adecuación o cualquier otra categoría similar que busque la extensión de la vida útil determinada por la ley, para los equipos destinados al servicio público de transporte.
(Nota: Corregido el parágrafo por el Decreto 1090 de 1996 del Ministerio de Transporte).
ART. 139.—Expedición y vigencia de la licencia de conducción. La licencia de conducción de vehículos de servicio particular será de duración indefinida, mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que exige la ley, para su otorgamiento. No obstante, cada seis años, el titular de la licencia deberá realizarse un examen de médico profesional que certifique su aptitud física y psíquica.
La licencia de conducción de vehículos de servicio público se expedirá por tres (3) años, renovada por períodos iguales. Para la renovación de la licencia sólo se requerirá acreditar la aptitud física y psíquica.
En los casos de incapacidad física o psíquica sobrevinientes que determinen que un conductor está incapacitado para manejar o sea peligrosa la conducción de un vehículo, las autoridades de tránsito podrán cancelar o suspender la licencia de conducción.
La elaboración, expedición y entrega de las licencias de conducción corresponderá a los organismos de tránsito competentes, quienes podrán contratar con el sector privado su elaboración y entrega.
PAR.—Las licencias de conducción de vehículos de servicio particular vigentes al momento de expedición del presente decreto, serán de vigencia indefinida.
ART. 140.—Eliminación del certificado de movilización. Elimínese en todo el territorio nacional el trámite de la revisión técnico-mecánica y la expedición del certificado de movilización para todos los vehículos automotores, con excepción de aquellos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto.
Los vehículos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros deberán someterse anualmente a una revisión tecnicomecánica para que les sea verificado su estado general. Los vehículos nuevos de servicio público sólo empezarán a someterse a la revisión técnico-mecánica transcurrido un año desde su matrícula.
ART. 141.—Trámite de la posesión. Para efectos de la posesión en un cargo público o para la celebración de contratos de prestación de servicios, bastará la presentación de la cédula de ciudadanía. Una vez verificada la posesión o suscrito el contrato de prestación de servicios con duración superior a tres (3) meses, la entidad pública procederá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, a solicitar los antecedentes disciplinarios y judiciales.
En caso de verificarse que quien tomó posesión de un cargo público o quien suscribió contrato de prestación de servicios está incurso en antecedentes de cualquier naturaleza, se procederá a revocar el nombramiento o a terminar el contrato de prestación de servicios.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 artículo 2.2.5.7.4. del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 142.—Comisiones para empleos de libre nombramiento y remoción. El acto administrativo que confiere la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción deberá ser autorizado solamente por el jefe del organismo en donde presta sus servicios el empleado, de lo cual se informará al Departamento Administrativo de la Función Pública.
ART. 143.—Constitución de entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuas. Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa.
PAR.—Las entidades de que trata el presente artículo formarán una persona distinta de sus miembros individualmente considerados, cuando se realice su registro ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la empresa asociativa, el fondo de empleados o la asociación mutua.
ART. 144.—Registro en las cámaras de comercio. La inscripción en el registro de las entidades previstas en el artículo anterior, se someterá al mismo régimen previsto para las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, contenido en el capítulo II del título I de este decreto.
ART. 145.—Cancelación del registro o de la inscripción. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar, en cualquier momento, la cancelación del registro de una entidad bajo su competencia o de la inscripción en el mismo de los nombramientos de los miembros de sus órganos de dirección y administración, revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a las normas legales o estatutarias.
ART. 146.—Reformas estatutarias. A partir de la vigencia del presente decreto, la reformas de estatutos de las cooperativas y demás organismos vigilados por el Dancoop no requerirán ser autorizadas por parte de ese organismo, sin perjuicio de las demás autorizaciones especiales que éste debe otorgar de acuerdo con sus facultades. Sin embargo, las reformas estatutarias deberán ser informadas a ese departamento tan pronto sean aprobadas, para el cumplimiento de sus funciones y para que pueda ordenar las modificaciones respectivas cuando las reformas se aparten de la ley.
ART. 147.—Eliminación del control concurrente. Las facultades de control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas no podrán ejercerse respecto de entidades y organismos cooperativos sujetas al control y vigilancia de otras superintendencias.
ART. 148.—Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.
ART. 149.—Derogatorias. Derógase el Decreto-Ley 131 de 1976 y los que lo reglamenten y el Decreto 1820 de 1990.
ART. 150.—Afectación. Nada de lo dispuesto en el presente decreto afectará las disposiciones vigentes cuando las regulaciones, trámites o procedimientos se encuentren consagrados en -códigos, leyes orgánicas o estatutarias.
ART. 151.—Sanciones. El desconocimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos en el presente decreto será considerado falta gravísima, sancionable conforme a lo dispuesto en el código disciplinario único.
ART. 152.—Vigencia. Las normas contenidas en el presente decreto entrarán a regir a partir de su publicación, con excepción de las contenidas en el capítulo II del título I y en el capítulo XV del título II, las cuales entrarán a regir tres meses después de la fecha de dicha publicación en el Diario Oficial.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 5 de diciembre de 1995.