Source: https://es.scribd.com/document/163523212/cautelar-glaciares
Timestamp: 2019-04-20 08:57:40
Document Index: 120207555

Matched Legal Cases: ['Artículo 41', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 7']

DEMANDA DE ALIMENTOS LISTA.docx
/// Juan, 02 de noviembre de 2010.AUTOS Y VISTOS: Que se encuentra para resolver la medida cautelar solicitada a fs. 239 y vta. de los autos n° 33.339, caratulados “ A.O.M.A y Otras c/ ESTADO NACIONAL p/ Acción de Inconstitucionalidad.Y CONSIDERANDO: I - Que la medida cautelar solicitada en los presentes autos por los actores ASOCIACION MINERA OBRERA ARGENTINA – AOMA NACIONAL Y AOMA
SECCIONAL SAN JUAN; CAMARA MINERA DE SAN JUAN; CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO, SECCIONAL SAN JUAN (C.G.T. San Juan); CAMARA DE SERVICIOS MINEROS DE SAN JUAN (CASEMI); y CAMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCION, se realiza en el contexto de una acción declarativa contra el ESTADO NACIONAL, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares del ambiente periglacial, donde pretenden que se suspendan los efectos de la ley nº 26.639 promulgada y publicada el día 28 de octubre de 2010.II - Los actores manifiestan que se ven afectados en la continuidad de los emprendimientos actualmente en desarrollo en territorio provincial y especialmente en zona de alta montaña y cordillerana y la existencia de nuevos emprendimientos productivos, en particular correspondientes a: obras de arquitectura e infraestructura; a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, todas las que la mentada ley prohíbe; con la lógica consecuencia de la incertidumbre en el ejercicio de los derechos a trabajar y ejercer toda industria lícita, a la creación de fuentes de trabajo y al empleo digno y al desarrollo y progreso sustentables de la comunidad en que se desenvuelven sus
ya que tales facultades y competencias constitucionales de la Provincia son avasalladas y anuladas por la ley. por cuanto dichos actos – en este caso ley – gozan de un grado elevado de legitimidad que sólo puede ser desvirtuado por razones que imponen una gravedad tal que necesiten de este remedio judicial para evitarla.IV. 123.asociados como fuentes directamente generadoras de inversiones y trabajo. las medidas de no innovar no proceden respecto de actos administrativos o 2 .También continúan diciendo que dicha ley crea un estado de incertidumbre sobre el ejercicio de las facultades y competencias constitucionales de la Provincia de San Juan. de empleo y desarrollo humano. en la que viven y se desarrollan los sujetos que representan. además de los Artículos. choca con el Derecho Público Provincial en materia de protección del medio ambiente y de los glaciares y demás recursos hidrológicos. 121. 124.En este orden tiene dicho la doctrina apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 5.Analizando la procedencia de la medida solicitada debo tener en cuenta primariamente que las medidas cautelares dictadas contra actos legislativos deben ser tratadas con carácter restrictivo. como también a diseñar y ejecutar sus políticas productivas.V. que “ Si bien.III .Sostienen que dicha norma es contraria a la Ley Suprema pues viola directamente su misma fuente (Artículo 41). colisiona con un Tratado Internacional y sus Protocolos Adicionales Específicos. con respeto y protección del ambiente. 75. respecto de los cuales tiene jerarquía inferior. por vía de principio. inc. 122.. en orden a gestionar y administrar sus recursos naturales y ponerlos al servicio del desarrollo armónico. 18 y 19 y demás normas concordantes. alterando la jurisdicción local. 125. Que no se ajusta a los principios de legalidad y congruencia y no aprueba positivamente el control de razonabilidad.
41 de la constitución Nacional: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica (caso "Ángel Estrada"..Poder Judicial de la Nación 2010 – “Año del Bicentenario” legislativos. El temor fundado por los actores se encuentra acreditado toda vez que los plazos señalados en la propia ley (art. como contrarios a disposiciones de Derecho Federal de mayor jerarquía. a través de la sentencia declarativa. y el art. Rojas – Segunda Edición Actualizada Tomo I. 888 – Roland Arazi y Jorge A. 15 y 17 de ley 26. entre otros. las necesarias para complementarlas. sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.639) estarían corriendo.) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pág. por mandato de los arts. 6.Conforme lo establece el art. Rubinzal-Culzoni. 124 in fine “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. (CSJN. 22-5-97.VII La verosimilitud del derecho que se invoca se encuentra dada por el posible enfrentamiento con normas de carácter constitucional que a prima faccie se encuentra acreditado por el propio texto de la ley reprochada. 6) Acerca del alcance del control judicial. tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima faccie verosímiles. se hiciera lugar al pedido de inconstitucionalidad planteado por los actores. se ha elaborado la doctrina del "control de los actos en ciernes" para precaver las consecuencias USO OFICIAL disvaliosas o perjudiciales que podrían derivarse de la ejecución de un acto emanado del poder público. se podrían estar alterando normas de Derecho Federal si. Doctrina que ha recepcionado la Corte y tribunales inferiores. habida cuenta de la presunción de validez que ostentan. y a las provincias.VI . Ed. 5-4-2005). LL 1998-B-58 y 19-5-97.La CSJN ha señalado la amplia cobertura del control judicial sobre todos los actos públicos. Fallos 330:2049 2617 3109 3777.”. generan un 3 . LL 1997-E521. Ésto sumado a las prohibiciones contenidas en el art.
correspondiendo para ello analizar si existieron presupuestos excesivos en la actividad legislativa al prohibir actividades y establecer evaluaciones de impacto ambiental diferenciadas según las actividades proyectadas y las excluidas.VIII . la prohibición contenida en el artículo 6º del Proyecto de Ley sancionado resulta excesiva. 6 y 7 y los que se correlacionan y que tienen vinculación. Presidenta en ejercicio actual.675 prevé el sistema de evaluación de impacto ambiental previo a la autorización de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente. no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto mínimo ambiental. que no se encuentran prohibidas. 14 de la Constitución Nacional.En parte.estado de incertidumbre acerca de las actividades que se desarrollan en zonas en las que pueden existir glaciares o ambiente periglacial según la conceptuación que se esgrime en el art. Que el artículo 7º del Proyecto de Ley dispone que todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial.418 que contenía normas análogas a las aquí legisladas. 3 y que debiera realizar el Instituto Argentino de Nivología. 5 de la ley cuestionada. 2 de la ley y que quedarían determinadas según el inventario que crea el art.Todo ello crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los actores que se ven afectados en sus derechos al trabajo y a ejercer industrias lícitas. en virtud de que la Ley General del Ambiente Nº 25. Que.IX . estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación 4 .. mediante el cual la Sra. ya fue considerada dicha situación como inválida en cuanto presupuesto mínimo ambiental por el Decreto 1837/2008. de conformidad a lo estipulado en el art. hasta tanto exista sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.Por otra parte. considero procedente el dictado de esta medida cautelar dejando en suspenso la aplicación de los arts. vetara el Proyecto de Ley 26. Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) conforme el art.
las que no pueden 5 . podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas. implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas. también en otro considerando del citado decreto expresa: “ Que la prohibición de actividades descripta en el referido artículo 6º del Proyecto de Ley. XI . según corresponda conforme escala de intervención. la prohibición de construcción de obras de infraestructura no toma en cuenta que muchas de ellas tienen carácter público y son de uso comunitario como los pasos fronterizos. si bien establece que le cabe a la contengan los presupuestos Nación “dictar las normas que de protección”. dejó bien establecido que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan. de regir. incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo. reconoce mínimos expresamente las jurisdicciones locales en la materia. En este USO OFICIAL sentido. afectan el bienestar perseguido.Poder Judicial de la Nación 2010 – “Año del Bicentenario” ambiental estratégica. científicas y deportivas. Que el referido artículo 7º del Proyecto de Ley condiciona cualquier otra actividad no prohibida a la presentación y aprobación de estudio de impacto ambiental. y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera.Con relación a los derechos afectados invocados por los actores. la que. daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. en ejercicio de poderes propios. Tal conclusión procede de la Constitución Nacional. así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades. conforme a la normativa vigente.A su vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 318:992. X . con excepción de las actividades de rescate. previo a su autorización y ejecución.
7 y 15 de la ley 26. XIII . causa Verga. 6 . Y por último. También de los artículos 6 y 7 de la ley atacada por las razones esbozadas en los considerandos IX. Fallos 318:992.639. 230 del CPCCN para el dictado de la medida cautelar. ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 306:2060 “que como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares. 2 y relacionadas a las actividades prohibidas que establece el art.Todo esto hace presumir la verosimilitud en el derecho invocado necesaria para el dictado de la presente medida cautelar. sino sólo de su verosimilitud”. y otros s/ Daños y Perjuicios” 20-062006). en virtud de mi competencia. del art. X y XI. 41. 2. por lo que se debe ordenar suspender los efectos de los artículos 2. corresponde disponer la suspensión de la aplicación de los arts. 3.ser alteradas (art. teniendo en cuenta que su aplicación no traería consecuencias dañinas al ambiente protegido.XVI . 3 y 5 conforme los fundamentos esgrimidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 15. con ello se configuran los requisitos exigidos por el art. 6. porque contiene los plazos de ejecución relacionados al inventario del art. considero prudente. considerando 7°. tercer párrafo de la CN. 6 de la ley 26.XII .A.Con relación al alcance que comprende la suspensión ordenada.En este orden. Angela y Otros c/ Tagsa S. XV .639.Que asimismo.144 de la Provincia de San Juan que regula dicha protección. toda vez que existe vigente la ley 8. ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia de derecho pretendido. 5.Que el peligro en la demora se advierte en forma objetiva si se consideran los diversos efectos que podría provocar la aplicación de la disposiciones impugnadas (Fallos: 314:1312). 3 en las zonas donde se encuentren las formaciones conceptuadas por el art.XIV.
Regístrese y notifíquese.C.III.639 avasalla la autonomía provincial de San Juan.Poder Judicial de la Nación 2010 – “Año del Bicentenario” delimitarla a la jurisdicción territorial de la provincia de San Juan. 6. 199 del C. Dr. y en su mérito. 7. y tomando en cuenta los argumentos esgrimidos por los actores que consideran que la ley 26.Previo a cursarse la notificación de la presente al Estado Nacional mediante Oficio de estilo..N.Por todo ello RESUELVO: I. los representantes acreditados en la demanda. MIGUEL ANGEL GÁLVEZ – Juez Federal – Es copia del USO OFICIAL original que tengo a la vista. 5. y 15 de la ley 26. deberán rendir caución personal en los términos del art.Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los actores..Dr.Fdo.. disponer la suspensión de la aplicación de los arts.C.P.639 en el territorio de la provincia de San Juan. Doy Fe. 3. II. 2. Juan Carlos Pérez – Secretario 7 .
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