Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2013_12_05/1471
Timestamp: 2020-02-25 19:24:07
Document Index: 276881094

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 164', 'artículo 298', 'artículo 53', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 213', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 137', 'ARTÍCULO 137', 'ARTÍCULO 456', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 11', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 3']

Gaceta: LXII/2PPO-67
Propone reformar la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”.
Propone reformas a la Ley Orgánica del Congreso, con el fin de otorgarle facultades a la Junta de Coordinación Política para que participe en el proceso de designación de los titulares de la Contralorías Internas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Con la reforma a la Junta de Coordinación Política le correspondería como nueva atribución proponer al pleno las convocatorias para la designación de los titulares de las Contralorías Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos de la normatividad aplicable para estos organismos, además de lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Con la adición de un artículo 34 ter se regula la convocatoria para la designación de los titulares de las Contralorías Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así como el tipo de votación que se requiere para ser electos, así como el periodo de duración de quienes resulten electos.
En artículos transitorios se establece que para efectos de la primera designación de los Contralores Internos de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Junta de Coordinación Política definirá el método y en su caso, los procedimientos, para presentar al Pleno la propuesta correspondiente.
Propone reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que se establezca claramente en la norma, que la inclusión del enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas será en igualdad de condiciones tanto para las mujeres, como para los hombres indígenas. Con esta reforma se instituye el principio de la igualdad del hombre y de la mujer.
Propone reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar para que no se pueda negar la prestación del servicio de las armas por motivos de discapacidad a ningún ciudadano mexicano, a petición de parte, a quienes podrían realizar algún tipo de servicio que se adecuen a su condición, dentro de nuestras fuerzas armadas en donde las actividades que se realizan son multidisciplinarias.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido negativo)
Propone establecer que el tipo penal de pesca ilegal de abulón y langosta sean considerados como delitos graves para los efectos que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales, y sí dichas conductas se cometen en asociación delictuosa, se estará a demás en lo dispuesto en el artículo 164 del Código Penal.
Propone reformas al Reglamento del Senado de la República, para establecer nuevas disposiciones en materia de cabildeo, señalando que las comisiones y los senadores en un plazo no mayor a 30 días, informarán por escrito a la Mesa Directiva del Senado, de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses para que el Presidente ordene su publicación en la Gaceta y en la página de Internet del Senado.
También con la reforma se establece la obligación de las comisiones de integrar un archivo con los documentos que las personas señaladas en el numeral 1, del mismos artículo 298, les entreguen con relación a iniciativas, minutas, proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida por el Senado. Dicha información deberá publicarse en la página de Internet del Senado para que puedan ser objeto de consulta pública.
Propone adicionar un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, para establecer que cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieren fuera del tiempo fijado para documentar el embarque y se les haya denegado el mismo, o por causa misma de la presencia a destiempo, conservarán el derecho a ser transportados en un siguiente vuelo con disponibilidad o en fecha posterior convenida con el concesionario o permisionario.
Propone que un Senador y un Diputado designados por las comisiones de Cambio Climático de ambas cámaras sean integrantes del Consejo de Cambio Climático.
Propone adicionar el artículo 35 bis a la Ley del Banco de México para establecer que las instituciones de Crédito, instituciones auxiliares de crédito, centro de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán pagar las remesas familiares, en moneda nacional al tipo de cambio de venta establecido por el Banco de México, en la fecha en que se haga efectivo.
Se adiciona un Título Octavo a la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer que se entenderá por remesas familiares, a las transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar. Señala que las Instituciones de Crédito, instituciones auxiliares de crédito, centros de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán expedir un comprobante de las transferencias o envíos monetarios que se hagan efectivos en cualquiera de sus establecimientos.
La propuesta busca redefinir la naturaleza jurídica de lo que hasta hoy se conoce como Distrito Federal, por medio de un nuevo ordenamiento jurídico que lo conserve como una entidad sede de los Poderes Federal y, en consecuencia, le otorgue una nueva división político-administrativa en función de ser considerada la capital de los Estados Unidos Mexicanos, para esto la presente persigue los siguientes objetivos: rediseñar la organización y el sistema de competencias de los órganos de gobierno del Distrito Federal; modificar el sistema de distribución de competencias con respecto a los Poderes Federales; mejorar el funcionamiento de la Administración Pública local en sus distintos niveles; reformar y democratizar la organización y el funcionamiento de los órganos político-administrativos hasta hoy denominados Delegaciones; fortalecer a los órganos autónomos del Distrito Federal, para garantizar desde su forma de composición, un desempeño acorde con criterios de eficiencia, objetividad, imparcialidad y profesionalización; y diseñar mecanismos institucionales de coordinación metropolitana
Se propone acabar con el esquema de la Asamblea Legislativa, y en su lugar se propone democratizarla internamente dotándola con mayores facultades y responsabilidades, y que ésta forme parte de debates y deliberaciones no sólo de la Ciudad, sino del país en su conjunto.
Propone suprimir en definitiva del texto constitucional, la denominación “Distrito Federal”, para sustituirla por la de “Ciudad de México”, conservando el esquema de mando único y centralizado en materia de seguridad pública que actualmente tiene y se le facultaría el derecho a iniciar leyes federales ante el Congreso de la Unión.
Se elimina definitivamente la figura del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la del Gobernador de la Ciudad de México.
Por último, se propone modificar la conformación y funcionamiento de los organismos autónomos del Distrito Federal, para que respondan en su actuar a los afanes de los ciudadanos en su conjunto, y para que representen a la diversidad de agendas que existen en la Ciudad.
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 62 de la Ley General de Salud, en materia de salud materna perinatal para la prevención de preeclampsia/eclampsia.
Propone incluir dentro de la atención materno-infantil, con carácter prioritario al aplicación del tamiz prenatal y el ultrasonido obstétrico durante el primer trimestre de embarazo para detectar el desarrollo de preeclampsia/eclampsia.
En la propuesta de modificación al artículo 4 en su fracción III, se establece la diferencia de la acuacultura que se realiza en aguas sobre la superficie de los continentes de las que no lo están, las cuales pueden ser dulces o saladas, definiéndola como Acuacultura en aguas interiores.
Se incorpora en la fracción VI del artículo 4 el término de “Aptitud Acuícola”, el cual se entenderá como el conjunto de características, físico-químicas, de infraestructura y socio-económicas, que debe reunir un polígono o área delimitada de un cuerpo de agua interior o marina, que le permitan ser determinada como área para desarrollar la actividad acuícola.
Se modifica la fracción XVI del mismo artículo, en el cual se entenderá como “Centro de Aprovechamiento Integral Acuícola y Pesquero” a la infraestructura local o regional que cuenta con equipamiento adecuado para el desembarque, acopio, conservación, transformación, comercialización y distribución de productos acuícolas y pesqueros.
En la fracción XXVII del mismo artículo establece que se entenderá por “Maricultura” a la rama de la acuacultura que involucra le cultivo de especies de la fauna y flora desarrollado en cuerpos de agua marina y salobre, dentro de estructuras fijas o flotantes.
En la fracción XXIX del mismo artículo, se define el “Ordenamiento Acuícola” al conjunto de instrumentos cuyo objeto es regular y administrar las actividades acuícolas, en áreas con aptitud para desarrollarla, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales para genera una actividad competitiva y sustentable.
Se incorpora el concepto de “Pesquería Acuacultura”, así como el concepto de “Planes de desarrollo de la maricultura”.
Finalmente se adiciona el artículo 25 Bis para establecer que INAPESCA fomentará la práctica y desarrollo de la maricultura, para lo cual podrá identificar y determinar las zonas litorales que tengan áreas con aptitud para desarrollarla, en congruencia con los ordenamientos ecológicos del territorio y marino.
Asimismo, establece que la Federación, en coordinación con las dependencias y entidades federativas podrá: fomentar la actividad en sus diferentes formas dentro de la columna de agua: superficial, media agua y fondo, así como cultivos itinerantes; promover la realización de planes de desarrollo de la maricultura a nivel regional, estatal o municipal, e impulsar el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena de valor, como centros de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, laboratorios de producción de cría y áreas de capacitación.
Las comisiones dictaminadoras consideran válidas y atendibles las razones esgrimidas en la Minuta en análisis, por lo que resuelven aprobarla en sus términos.
Las reformas propuestas en el dictamen a la Minuta proyecto de decreto tiene por objeto que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los tres órdenes de gobierno implementen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a efecto de poder prevenir afectaciones a los volúmenes de biomasa a las diversas pesquerías, debido al incremento en el nivel del mar, temperatura marina y acidificación de los océanos, entre otros.
Con las reformas se armoniza la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con lo dispuesto por la Ley General de Cambio Climático, confiriéndole atribuciones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la Política Nacional de pesca y Acuacultura Sustentables.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
La iniciativa que conforma el dictamen propone abrir la posibilidad de que dos o más patrones u organizaciones de patrones, puedan celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, convenios de subrogación para que se proporcione el servicio de guardería a sus trabajadoras.
Las Comisiones estimaron viable la propuesta contenida en la iniciativa para establecer la celebración de convenios de subrogación del Instituto con una organización de patrones, toda vez que se generarían mayores condiciones para las empresas en su propósito de instalar guarderías en razón de que con el concurso de varios patrones aumentaría la disponibilidad financiera para cubrir todos los requisitos para su instalación y operación.
Sin embargo consideraron innecesarias las propuestas de adición a los artículos 89 y 204, integrándolas en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, en el que se precisa la facultad del IMSS para celebrar convenios de subrogación con organizaciones de patrones, sin alterar la atribución que hoy tiene vigente de celebrar tales convenios con un solo patrón.
Por lo anterior, las Comisiones Unidas, decidieron aprobar el presente dictamen con la modificación propuesta.
Propone armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos para señalar en aquellos artículos que se establecía competencia a la Secretaría de Desarrollo Social a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
El dictamen propone que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”, como un reconocimiento a la relevancia de las actividades profesionales de los urbanistas mexicanos.
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LA COMISIÓN DE JUSTICIA ENTREGÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN, EN LOS ARTÍCULOS 291, 337 Y 338. PUESTAS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, FUERON ACEPTADAS Y SE INTEGRARON AL DICTAMEN.
LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN ESTUVO A CARGO DE LOS SENADORES: ROBERTO GIL ZUARTH, POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA.
PABLO ESCUDERO MORALES	PVEM
MANUEL CAMACHO SOLÍS	PRD
MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ	PAN
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	PAN	A FAVOR
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR	PRI	A FAVOR
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ	PRD	A FAVOR
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LAS RESERVAS A LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:
55, POR LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMAN.
137, POR LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD.
456 Y LA ADICIÓN DE 19 NUEVOS ARTÍCULOS, POR EL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
LA SEN. LAYDA SANSORES EXPUSO SU RESERVA AL ARTÍCULO 55. NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN. EL ARTÍCULO 55 FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS. LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ PRESENTÓ SU RESERVA AL ARTÍCULO 137, LA CUAL FUE RESPALDADA POR LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y APROBADA. EL ARTÍCULO 137 FUE APROBADO, CON LA MODIFICACIÓN ACEPTADA.
EL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO PRESENTÓ SU PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL 456 Y LA ADICIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS. NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN. EL ARTÍCULO 456 FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS.
El Código que se pretende expedir tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Señala que el proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado.
Establece las reglas de competencia, así como la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión; competencia por razón de seguridad; y competencia auxiliar.
En cuanto a los actos procesales, los aspectos novedosos que contiene el Proyecto son los siguientes: Se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción. Se eliminaron las formalidades excesivas previstas para resguardos. Debe haber una regulación mínima y flexible sobre los medios informáticos que pueden utilizarse.
Las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales, deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento, a diferencia de aquellas que adolecen de vicios de legalidad. Las resoluciones judiciales sólo deben ser autos y sentencias, por lo que se eliminan los decretos.
Los sujetos procesales previstos en el Código son los siguientes: el Órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público, el imputado, la víctima y ofendido, el Defensor, el Asesor jurídico, la Policía y la autoridad ejecutora de medidas cautelares. Tendrán la calidad de partes: el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
El Proyecto ha incorporado minuciosas disposiciones respecto de las formalidades que deberán observarse durante la detención de un imputado, en la realización de inspecciones o cateos, o en los procedimientos a seguir cuando la autoridad solicita o impone providencias precautorias o medidas de protección.
En el mismo orden de ideas, se acordó la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos, o bien, que afecten el debido proceso en el nuevo Código. Para tal efecto, se reglamentaron los actos de molestia siguientes: Cateos; Intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información; Órdenes de aprehensión/Detenciones; Toma de muestras sin el consentimiento del imputado;
Registro de la investigación; Descubrimiento de la investigación; Inspecciones corporales; Entrevistas a testigos e imputado; Identificación de sospechoso.
Propone que no se debe establecer la calificación de oficio sobre las preguntas del interrogatorio en el nuevo Código Procesal Penal. El desahogo de peritajes podrá desarrollarse por videoconferencia. Asimismo, se decidió no considerar la regulación del peritaje institucionalizado, para que en el futuro sea la jurisprudencia la que se pronuncie al respecto.
En cuanto a la suspensión condicional del proceso, el Proyecto plantea que procederá a petición del Ministerio Público y del imputado, pero en todo caso se escuchará a las dos partes. Se acordó que lo anterior procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo, por lo tanto, se rige por el artículo 17 constitucional.
El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del procedimiento. En estos casos, el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo y, como consecuencia, el Ministerio Público y el Juez valoran la pertinencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá al individuo. Este procedimiento procederá a solicitud del Ministerio Público y el momento oportuno para promoverlo será a partir del auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.
Señala que la víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión y en aquellos otros casos que el Ministerio Público lo autorice en los términos de su Ley Orgánica. La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control ejerciendo acción penal por particulares, en caso de que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso, deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.
Establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la aplicación de las medidas de protección idóneas. Si las medidas impuestas implican una restricción a la libertad del imputado, deberá celebrarse una audiencia ante el Juez de control para que la ratifique, modifique o cancele, mediante la emisión de las providencias precautorias respectivas. Asimismo, el proyecto establece que toda imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias, así como su duración, deberán estar debidamente fundadas y motivadas y tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
El procedimiento contemplado comprende las siguientes etapas: La de investigación, que encierra: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; c) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y d) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de juicio.
Se otorga discrecionalidad al órgano jurisdiccional y asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica. En todos los casos, deberá justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.
Establece sólo los recursos de revocación y apelación. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio.
El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite dictadas en audiencia, las que se resuelvan sin sustanciación, o aquellas que no admitan otro medio de impugnación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano Jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En cuanto a la apelación, el Proyecto distingue y lista las resoluciones apelables emitidas por el Juez de control y por el Tribunal de enjuiciamiento.
RAÚL AARÓN POZOS LANZ, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, PAN, QUIEN PRESENTÓ UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 28, QUE FUE ACEPTADA POR LA ASAMBLEA.
SE DECLARÓ APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Las comisiones dictaminadoras sugieren ampliar el espectro de la iniciativa hacia aquellos artículos que omiten definir el concepto de ecosistema o zona costera, y como consecuencia de dicha omisión, conllevan a dificultades interpretativas y aplicativas, por lo que resuelven modificar el inciso h), de la fracción III, del artículo 11, y la fracción X, del artículo 28; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3º, todos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Con estas reformas se define en la fracción XIII Bis, del artículo 3º, a los Ecosistemas Costeros, como las playas, las dunas costeras, los acantilados, franjas intermareales; los humedales costeros tales como las lagunas interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las Ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas inundables; los arrecifes de coral; los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas y de pastos marinos, fondos marinos o bentos y las costas rocosas. Estos se caracterizan porque se localizan en la zona costera pudiendo comprender porciones marinas, acuáticas y/o terrestres; que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos de 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación.
La reforma establece que será la Secretaría, en colaboración con las entidades federativas y los municipios, quien determinará la zona costera nacional tomando en consideración las interacciones fisiográficas y biológicas particulares de la zona que se trate debiendo publicarla en el DOF mediante acuerdo. Las reformas siguientes a la ley, incluyen a los ecosistemas costeros a efecto de ampliar la protección jurídica a los mismos en el procedimiento de impacto ambiental.
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene un punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a formar una fiscalía especial que pueda esclarecer y dar cuenta sobre los hechos ocurridos en torno al Señor Ygnacio López Mendoza.
• Proyecto de presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2013.
Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de octubre de 2013.
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el próximo 5 de diciembre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Comisión.
Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de diciembre de 2013, a las 17:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo.