Source: http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNzC0Mzc7Wy1KLizPw8WyMDQwsDMyOwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoApXGXRzUAAAA=WKE
Timestamp: 2019-09-19 13:34:22
Document Index: 188982281

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 214', 'artículo 28', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 213', 'Artículo 34']

Entrada en vigor del nuevo Reglamento...
El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 8, Sección Presupuestos y contabilidad, Agosto 2018, pág. 40, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 6884/2018
LO 2/1982 de 12 May. (Tribunal de Cuentas)
L 7/1988 de 5 Abr. (funcionamiento del Tribunal de Cuentas)
RD 424/2017, de 28 Abr. (régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local)
El 18 de marzo de 2018 entró en vigor el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo (LA LEY 3893/2018), por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (1) .
Ahora es el turno del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local (LA LEY 7080/2017) (en adelante, RCI) (2) . El próximo 1 de julio es el día de su entrada en vigor. No obstante hay que tener presente que las auditorías de cuentas se realizarán sobre las cuentas anuales del ejercicio contable que se cierre a partir del 1 de enero de 2019 (3) .
El RCI (LA LEY 7080/2017) trae causa de la propia Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) (LA LEY 21274/2013), que modificó los artículos 213 (LA LEY 362/2004) y 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004) (TRLRHL), y encomendó al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales.
Las auditorías de cuentas se realizarán sobre las cuentas anuales del ejercicio contable que se cierre a partir del 1 de enero de 2019
La Memoria de Análisis de Impacto Normativo del RCI (LA LEY 7080/2017) señala, entre los objetivos del Real Decreto, los siguientes:
La propia Memoria indica cuáles son las novedades más destacables que se incluyen en el RCI (LA LEY 7080/2017):
3) En materia de discrepancias se desarrolla el artículo 218.2 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) regulando la habilitación del Presidente de la Entidad Local para poder elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
Son numerosas las dudas suscitadas con ocasión de la aprobación del RCI (LA LEY 7080/2017).
Son numerosas las dudas suscitadas con ocasión de la aprobación del RCI
Las cuestiones que COSITAL planteó iban referidas a si en la auditoría de cuentas anuales de sociedades mercantiles municipales resulta aplicable el régimen previsto en la legislación mercantil y de auditoría de cuentas cuando dichas sociedades están obligadas a auditar sus cuentas anuales de acuerdo con dicha legislación; o, si por el contrario, en este tipo de sociedades en materia de auditoría de cuentas en todo caso rige el régimen jurídico de control interno regulado en el nuevo RCI (LA LEY 7080/2017).
Recordemos que el RCI (LA LEY 7080/2017) viene a desarrollar reglamentariamente las formas de ejercicio del control financiero de la actividad económica-financiera del sector público local, de tal forma que en el artículo 29.3 del RCI (LA LEY 7080/2017) se regula, como una de las modalidades de ejercicio del control financiero, la auditoría pública. Y en la letra A) de este artículo se regula la auditoría de cuentas anuales, como una forma de la auditoría pública.
a) Las sociedades mercantiles municipales que tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría, de conformidad con la normativa mercantil o de auditoría de cuentas, estarán sujetas en cuanto a la realización de dicha auditoría al régimen establecido en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LA LEY 11987/2015) y su normativa de desarrollo, en todos sus aspectos: normas de auditoría a aplicar, nombramiento de auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna distinción a este respecto de cualquier otra sociedad mercantil, ni siquiera por razón de la titularidad de las acciones o participaciones sociales.
Otra de las dudas suscitadas con ocasión de la aprobación del nuevo RCI (LA LEY 7080/2017) ha sido la relativa al modelo de control simplificado regulado en el Título V del RCI (LA LEY 7080/2017). Recordemos que este modelo se puede aplicar a aquellas Entidades Locales que cumplan los requisitos recogidos en la Regla 1 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local (LA LEY 15750/2013), que se reducen básicamente a requisitos de presupuesto y población.
Si cumplen los requisitos de presupuesto y población, potestativamente, podrán aplicar el régimen de control simplificado del Título V del RCI (LA LEY 7080/2017). En este caso, tal y como dispone el artículo 40 del RCI (LA LEY 7080/2017), la función de control financiero no es de aplicación obligatoria, salvo en los supuestos en los que se deban realizar auditoría de cuentas de algún ente o los controles financieros que deriven de obligación legal.
En estos casos, es decir, cuando deba realizar auditorías de cuentas obligatorias, o controles financieros derivados de una obligación legal, deberán elaborar el Plan Anual de Control Financiero, tal y como recoge el artículo 31 del RCI (LA LEY 7080/2017). Sin embargo, dado que los citados controles se van a realizar en base a una obligación legal, no sería necesario incluir un análisis de riesgos, puesto que su inclusión en el Plan deriva de la citada obligación legal, mientras que la realización de un previo análisis de riesgo va encaminado a determinar, en su caso, controles que no tienen carácter obligatorio en base a la normativa.
La decisión de aplicar el régimen simplificado u ordinario de control es una decisión que compete exclusivamente al órgano de control de la Entidad Local
Las entidades dependientes de las Entidades Locales (consorcios, organismos, sociedades…) estarán sometidas al régimen de control al que esté sometida la Entidad Local de la que dependan, obviamente en las modalidades que, en virtud de su forma jurídica, el RCI (LA LEY 7080/2017) establece para ellas.
El artículo 13 del RCI (LA LEY 7080/2017) recoge, en su apartado 4, que:
Así, la inclusión de este control dentro del marco de las actuaciones del control financiero que recoge el artículo 13 (LA LEY 7080/2017) citado y dado que el artículo 40 del RCI (LA LEY 7080/2017) exime a las Entidades Locales que apliquen el modelo simplificado de la obligación de aplicar la función de control financiero, podemos concluir que estas podrán establecer la función interventora en régimen de requisitos básicos sin necesidad de llevar a cabo un control financiero posterior.
Como ya hemos comentado, en un modelo de control de régimen simplificado el Plan Anual de Control Financiero debe elaborarse cuando existan entes que deban ser sometidos a auditoría de cuentas, tal y como recoge el artículo 29.3.A) del RCI (LA LEY 7080/2017) y cuando exista una obligación legal de llevar a cabo determinadas actuaciones de control.
La posibilidad de utilizar un modelo de control simplificado por una Entidad Local no está condicionada por la aplicación del modelo contable
• La establecida en la disposición adicional 3ª de la Ley 9/2013, de 20 de diciembre (LA LEY 20761/2013), de control de la deuda comercial del sector público (que se reproduce en el artículo 32.1.f del RCI (LA LEY 7080/2017)).
• Las incluidas en los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre (LA LEY 21255/2013), de factura electrónica.
Tal y como establece el artículo 31.4 del RCI (LA LEY 7080/2017), una vez elaborado el Plan Anual de Control Financiero se remite al Pleno a efectos informativos.
• La decisión de aplicar el régimen de fiscalización previa de requisitos básicos en materia de gastos (artículo 13.1 del RCI (LA LEY 7080/2017)).
• La decisión de sustituir la fiscalización previa de derechos e ingresos por la toma de razón en contabilidad (artículo 9.1 del RC (LA LEY 7080/2017)I).
• Los extremos adicionales a los establecidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros de función interventora en régimen de requisitos básicos (artículo 13.2 c del RCI (LA LEY 7080/2017)).
La selección de controles sobre la base de un análisis de riesgos y su inclusión en el Plan Anual de Control Financiero es una competencia exclusiva del órgano de control
Otra de las inquietudes en relación con la entrada en vigor del nuevo RCI (LA LEY 7080/2017), en relación con el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, es si se va a modificar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 que aprueba los requisitos esenciales para cada tipo de expediente, para adaptarlo sobre todo a los cambios en materia contractual. Teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, parece que tendremos que esperar.
Otro tema que preocupa y mucho al colectivo de habilitados nacionales es, sin duda alguna, el de las actuaciones de comprobación material de la inversión. Existe práctica unanimidad en valorar como inalcanzables las actuaciones contenidas en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017), por la que se transponen a nuestro ordenamiento las Directivas Comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP (LA LEY 17734/2017)), mucho más amplias que las que recoge el RCI (LA LEY 7080/2017).
Recordemos que conforme al apartado tercero de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP (LA LEY 17734/2017):
«El órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos efectos y los demás previstos en la Ley».
Otro tema interesante del nuevo RCI (LA LEY 7080/2017) es que se regula, por primera vez, la colaboración de los auditores privados en el control interno de las Entidades Locales. Para la ejecución de las funciones de control financiero, en la modalidad de auditoría pública a propuesta del órgano interventor y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos Convenios o contratos, podrán colaborar con las Entidades Locales otros órganos públicos o firmas privadas de auditoría (5) .
En relación con esta materia, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.1 (LA LEY 1196/1982)), 9 (LA LEY 1196/1982) y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo (LA LEY 1196/1982), del Tribunal de Cuentas y a tenor de lo previsto en los artículos 12 (LA LEY 640/1988) y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LA LEY 640/1988), aprobó en sesión de 29 de octubre de 2009 el Informe de Fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de Auditorías en las Entidades Locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006, y acordó su elevación a las Cortes Generales, para su tramitación parlamentaria y su remisión a los Plenos de las Corporaciones Locales, según lo prevenido en el artículo 28.4 (LA LEY 640/1988)de la Ley de Funcionamiento (6) .
— Para que lleve a cabo de forma coordinada con las entidades públicas, la oportuna divulgación, información y capacitación de los órganos y personal que pertenezcan a los mismos, con respecto a los trámites de expedientes en los que repercuta la puesta en marcha del nuevo RCI (LA LEY 7080/2017).
El mandato recogido en el artículo 213 del TRLRHL, prevé cubrir un vacío legal
La LRSAL (LA LEY 21274/2013) fijó, entre sus objetivos, el de garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso en las Entidades Locales.
Conforme al artículo 213 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), en su redacción dada por la LRSAL (LA LEY 21274/2013):
Conforme se indica en el propio RCI (LA LEY 7080/2017), el mandato recogido en el artículo 213 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), prevé cubrir un vacío legal y hacer posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público.
El último barómetro del CIS (10) sitúa la corrupción como el segundo problema que más preocupa a los españoles (11) . ¿Conseguirá el nuevo RCI (LA LEY 7080/2017) ser un antídoto contra la corrupción?
Disposición final tercera del Real Decreto 128/2018 (LA LEY 3893/2018).
Disposición final segunda del RCI (LA LEY 7080/2017).
Disposición transitoria única del RCI (LA LEY 7080/2017).
Artículo 34 del RCI (LA LEY 7080/2017).