Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-814-de-noviembre-5-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0cb902c9933901c2e0530a01015101c2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 05:04:45
Document Index: 257543279

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 125', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 6', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 125', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 125', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 125', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 1']

﻿ Sentencia C-814 de noviembre 5 de 2014
SENTENCIA C-814 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:GRADO DE CONFIANZA DETERMINA CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. EL LEGISLADOR NO EXCEDIÓ SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES AL EXCLUIR DEL RÉGIMEN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA Y LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA, YA QUE SE TRATA DE UN CARGO CUYA NATURALEZA Y FUNCIONES SON PROPIAS DE UN EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y EN ESA MEDIDA NO SE OPONE A LA REGLA GENERAL DEL ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN, EN CONSECUENCIA, SE DECLARARÁ EXEQUIBLE LOS EMPLEOS DE “DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA”, “DIRECTOR DE PROTOCOLO” Y “JEFES DE OFICINA ASESORA”, CONTENIDOS EN LOS LITERALES D, E Y G DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO – LEY 274 DE 2000 Y CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 909 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, FUNCIÓN PÚBLICA, CARRERA ADMINISTRATIVA, AGENTE DIPLOMÁTICO
Sentencia C-814 de noviembre 5 de 2014
Ref.: Expediente D-10151
Demanda de inconstitucionalidad contra los literales d, e y g del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000
“Decreto 274 de 2000
‘Por el cual se regula el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular’.
PAR. PRIMERO.—El cargo de embajador será, así mismo, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.
PAR. SEGUNDO.—Exceptúase de lo previsto en este artículo el cargo de director de asuntos consulares y comunidades colombianas en el exterior, o el cargo que hiciere sus veces, el cual se proveerá con funcionarios que pertenecieren a la carrera diplomática y consular y que cumplieren los requisitos para el efecto.
PAR. TERCERO.—Los funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera diplomática y consular podrán ser designados en los cargos señalados en este artículo, por virtud de la equivalencia de que trata el artículo 12 de este estatuto, en los casos en que a ella hubiere lugar, o por comisión, cuando se configuraren las circunstancias consagradas en el artículo 51, relacionado con las comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción.
En los casos previstos en este parágrafo, los cargos no pierden su carácter de libre nombramiento y remoción ni el funcionario sus derechos de carrera”.
1.1. Integración de la unidad normativa.
c) resulta imprescindible para que el fallo no sea inocuo porque el contenido normativo se replica en otra disposición no acusada(2).
La aplicación de esta figura es excepcional por cuanto implica un control oficioso del ordenamiento jurídico, en la medida en el juicio de validez recae sobre disposiciones que no fueron expresamente demandadas. Así mismo, restringe el carácter participativo de las acciones de inconstitucionalidad, en cuanto los intervinientes en el proceso no tienen la oportunidad de pronunciarse sobre los preceptos con los que se conformó la unidad y no fueron demandados. Por tal razón, la interpretación de las causales anteriores debe ser restrictiva(3).
Las pautas anteriores permiten concluir que en esta oportunidad hay lugar a la integración normativa, en virtud de la conexidad temática entre los numerales demandados del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000, y el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 909 de 2004 que no fue demandado, pero que se refieren a la clasificación de los empleos públicos, la carrera administrativa, la gerencia pública y establece sus excepciones.
En efecto, el numeral 2º dispone que: los cargos de “libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:
ministro; director de departamento administrativo; viceministro; subdirector de departamento administrativo; consejero comercial; Contador General de la Nación; subcontador general de la Nación; superintendente, superintendente delegado e intendente; director y subdirector de unidad administrativa especial; secretario general y subsecretario general; director de superintendencia; director de academia diplomática; director de protocolo; agregado comercial; director administrativo, financiero, administrativo y financiero, técnico u operativo; subdirector administrativo, financiero, administrativo y financiero, técnico u operativo, director de gestión; jefes de control interno y de control interno disciplinario o quien haga sus veces; jefe de oficina, jefes de oficinas asesoras de jurídica, planeación, prensa o de comunicaciones; negociador internacional; interventor de petróleos, y capitán de puerto” (negrilla fuera del texto original).
El ciudadano Jairo Villegas Arbeláez considera que los literales d, e y g del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000, vulneran el artículo 125 de la Constitución Política que ordena que el empleo público debe ser proveído, por regla general, mediante el sistema de carrera administrativa a través de concurso de méritos. En tal sentido los cargos de libre nombramiento y remoción son ser la excepción a la regla, y como toda excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, señala el demandante, ha establecido que el legislador solo puede crear cargos de libre nombramiento y remoción cuando se encuentra fundamentado en el principio de razón suficiente porque la naturaleza de los mismos implica la adopción de decisiones políticas o su ámbito funcional responde a asuntos de confianza calificada. Por lo anterior, señala que los cargos demandados no responden a ninguna de las excepciones previstas, sino que por el contrario se inscriben en la órbita de asuntos técnico-administrativos de la planta global, por lo cual existe la obligación constitucional de proveerlos a través del sistema de carrera administrativa.
La Universidad Santo Tomas considera que en atención a las funciones de los cargos demandados al considéralos de libre nombramiento y remoción se desconoce lo preceptuado en el artículo 125 de la Constitución Política, razón suficiente para declarar la inexequibilidad de los literales d, e y g del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000.
A partir de lo expuesto, el problema jurídico que se plantea consiste en determinar si la inclusión de los cargos de director de la academia diplomática, director del protocolo y jefes de oficina asesora entre los empleos de libre nombramiento y remoción, conforme lo hizo el Decreto-Ley 274 de 2000 —y su exclusión del régimen de carrera propio de otros funcionarios de la misma entidad—, vulneran el artículo 125 de la Constitución.
3. La carrera administrativa como regla general en la estructura de la función pública y sus excepciones.
De conformidad con el inciso 1º del artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera con el objeto de determinar los méritos y calidades de los aspirantes, los cuales están sujetos al previo cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la ley para su ingreso y ascenso, y a su vez, el retiro de dichos cargos se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por incurrir en una violación del régimen disciplinario o por las demás causales previstas en la Constitución y la ley.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre el propósito fundamental por el cual la Constitución de 1991 establece la carrera administrativa como regla general para el ingreso de todo servidor público, al señalar que “en todo caso, el propósito fundamental del sistema de carrera es garantizar el ingreso y ascenso en los cargos públicos en condiciones de igualdad a fin de hacer efectivos los principios en que se funda el Estado social de derecho”(4). En esa medida, advirtió que el carácter de regla general está directamente derivado de las previsiones constitucionales, las cuales se materializan a través del sistema de méritos propio de la carrera administrativa.
El concurso de méritos es el mecanismo adecuado e idóneo por excelencia para el acceso a cargos públicos; sin embargo, la Constitución establece excepciones a dicha regla, entre las que se encuentran los cargos de elección popular, los de trabajadores oficiales, los de libre nombramiento y remoción y los demás que determine la ley. En este sentido, esta corporación ha sostenido que, la aplicación general de la carrera administrativa como mecanismo para el acceso al empleo público encuentra justificación en el propio texto constitucional, con lo cual, se impone al legislador una necesidad correlativa de interpretar restrictivamente las disposiciones que permiten excluir ciertos cargos de dicho régimen general, y el legislador no se encuentra facultado para desnaturalizar la regla general que es el sistema de carrera administrativa para la función pública(5).
La Corte se ha pronunciado sobre las condiciones que se deben llenar para que un determinado cargo público pueda ser clasificado por la ley como de “libre nombramiento y remoción” en el sentido que la facultad del legislador es restringida pues “la competencia legislativa para la definición de cargos de libre nombramiento y remoción no supone una facultad absoluta que pueda desvirtuar la propia regla general de la carrera administrativa”(6) y concluyó que “el legislador solo está facultado constitucionalmente para determinar las excepciones a la carrera administrativa, siempre y cuando no altere la naturaleza de las cosas”, pues no puede invertir el orden constitucional que establece a la carrera administrativa como regla general(7).
En sentencias C-514 de 1994 al revisar las normas la enumeración de cargos de carrera en la Contraloría General de la Nación, esta corporación señaló que “siendo la regla general la de la pertenencia a la carrera, según los mandatos constitucionales, las excepciones que la ley consagre solamente encuentran sustento en la medida en que, por la naturaleza misma de la función que se desempeña, se haga necesario dar al cargo respectivo un trato en cuya virtud el nominador pueda disponer libremente de la plaza, nombrando, confirmando o removiendo a su titular por fuera de las normas propias del sistema de carrera. Estos cargos, de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera específica, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades”. Y en el mismo sentido, en la Sentencia C-405 de 1995, indicó que “la prevalencia de la regla general de la carrera administrativa (...) admite que solo por excepción es posible la exclusión legal de algunos funcionarios o servidores públicos cuando se presente este tipo de relación de confianza o de intuitu personae o de las responsabilidades de dirección”.
En Sentencia C-1177 de 2001 la Corte reiteró que el ejercicio de la atribución exceptiva a efectos de señalar dentro de los cargos y empleos estatales los que habrán de considerarse como de libre nombramiento y remoción tiene que reunir las dos siguientes elementos: i) debe tratarse de cumplimiento de funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional y ii) referirse a aquellos cargos en los cuales es necesaria la confianza de los servidores que tienen a su cargo esa clase de responsabilidades(8).
En relación con ciertos cargos en el servicio exterior del Estado colombiano, en la referida sentencia, la Corte determinó que si bien estos no implicaban el ejercicio de funciones de dirección, conducción u orientación institucional, sí exigían un nivel de especial confianza para el cumplimiento de sus responsabilidades, por lo cual, concluyó, que podían ser exceptuados del régimen de carrera mediante su clasificación como de libre nombramiento y remoción.
ii) Que el cargo tenga asignadas funciones y responsabilidades que exijan un nivel especial y cualificado de confianza, adicional al que se le puede exigir a todo servidor público. La jurisprudencia constitucional ha precisado que el nivel de confianza especial que se exige en este requisito se refiere a aquella que por naturaleza misma de las funciones a realizar demanda un mayor grado de reserva por parte de la persona que las ejecuta, es decir, a la confianza inherente al manejo de asuntos que pertenecen al ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata(9).
Con el fin de determinar si los cargos de “director de la academia diplomática”, “director de protocolo” y “jefes de oficina asesora” contenidos en los literales d, e y g del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000 deben ser provistos mediante el régimen de carrera resulta necesario examinar la definición de sus responsabilidades y funciones. Para ello, se debe recurrir a los dispuesto en la Resolución 4026 de 2009, “por la cual se establece el manual de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores” y en el artículo 5º de la Ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
1. Director de la academia diplomática.
En cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de director de la academia diplomática la Resolución 4026 de 2009, dentro del aparte de “Propósito principal y descripción de funciones esenciales”(10), establece que se trata de un cargo del nivel directivo(11), que tiene como propósito principal dirigir los procesos de selección y ascenso de la carrera diplomática y consular, de conformidad con lo establecido en las disposiciones que regulan el servicio exterior y la carrera diplomática y consular, así como coordinar las actividades relacionadas con los cursos de formación; capacitación y actualización; preparación de estudios e investigaciones, y ejecución de intercambios y cooperación académica, que apoyen la formulación de la política exterior y mejoren las competencias de los funcionarios del ministerio.
Adicionalmente, el artículo 5º, numeral 2º, literal a de la Ley 909 de 2004(12), “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, exceptúa de la carrera administrativa el cargo de director de la academia diplomática al considerar que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción por cuanto ejerce funciones de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices en la administración central del nivel nacional.
i) Se trata de un cargo directivo clasificado en el artículo 5º de la Ley 909 de 2004 de libre nombramiento y remoción porque incluye funciones de dirección, conducción y orientación de la política institucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con los procesos de selección, orientación y direccionamiento de cursos de formación para el apoyo en la formulación de la política exterior, es decir, cumple funciones de direccionamiento general, de formulación de políticas y directrices institucionales y de adopción de planes programas y proyectos, en las áreas a su cargo —procesos de selección y capacitación—.
Por las razones anteriores, la Corte concluye que el legislador no excedió sus atribuciones constitucionales al excluir del régimen de carrera administrativa del servicio exterior de la república y la carrera diplomática y consular el cargo de director de la academia diplomática, ya que se trata de un cargo cuya naturaleza y funciones son propias de un empleo de libre nombramiento y remoción y en esa medida no se opone a la regla general del artículo 125 de la Constitución, en consecuencia, se declarará exequible el literal d del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000.
En cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de director general de protocolo, la Resolución 4026 de 2009 establece que se trata de un cargo del nivel directivo(13), que tiene como labor principal dirigir, asesorar y supervisar las actividades propias de protocolo, en especial las relacionadas con el ceremonial diplomático del Estado, así como la acreditación, audiencias protocolarias y privilegios e inmunidades de las misiones extranjeras y su personal diplomático y administrativo.
Asimismo, el artículo 5º, numeral 2º, literal a de la Ley 909 de 2004(14), “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, exceptúa de la carrera administrativa el cargo de director general de protocolo al considerar que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción por cuanto ejerce funciones de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices en la administración central del nivel nacional.
i) Se trata de un cargo directivo cuyas funciones específicas, según el artículo 5º de la Ley 909 de 2004, incluyen las de dirección, conducción y orientación institucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con la formulación de políticas y directrices institucionales y de adopción de planes programas y proyectos.
Por las razones anteriores, no desconoce el artículo 125 de la Constitución la exclusión de este cargo del régimen de carrera administrativa del servicio exterior de la República y la cerrera diplomática y consular, en cuanto la naturaleza de las funciones y el grado de confianza requerido para la atención de las solicitudes de misiones diplomáticas extranjeras en el trámite de privilegios e inmunidades para la misma, entre otras funciones a cargo justifican que se clasifique como un empleo de libre nombramiento y remoción, en consecuencia, se declarará exequible el literal e del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000.
3. Jefes de oficina asesora.
En cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de jefe de oficina asesora de planeación, la Resolución 4026 de 2009 establece que se trata de un cargo del nivel asesor, que tiene como propósito principal asesorar a las diferentes dependencias en la formulación, seguimiento y evaluación de la política exterior y migratoria, plan estratégico, planes operativos anuales, programas y proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el fondo rotatorio adscrito y las misiones diplomáticas y oficina consulares.
Entre sus funciones esenciales están las de asesorar al ministro en el diseño y formulación de las políticas, estrategias, planes programas y proyectos institucionales para el efectivo cumplimiento de la misión de la entidad, preparar, en coordinación con el despacho del ministro, los viceministros y la secretaría general, la formulación y evaluación de la política exterior y migratoria, asesorar a las dependencias del ministerio en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales y en los procesos de planeación y programación presupuestal, entre otras.
En cuanto a la nomenclatura y clasificación del cargo de jefe de oficina asesora de jurídica, la Resolución 4026 de 2009 establece que se trata de un cargo del nivel asesor, que tiene como propósito principal brindar soporte jurídico a la secretaría general y demás áreas del ministerio sobre temas de derecho público y privado en la legislación nacional, velar por su adecuada aplicación y coordinación la adecuada y oportuna defensa jurídica de los intereses del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su fondo rotatorio adscrito, en el ámbito nacional y en las misiones colombianas acreditadas en el exterior, y los proceso de contratación y cobro coactivo de la entidad y su fondo rotatorio adscrito.
El artículo 5º de la Ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, clasifica como excepción de la carrera administrativa los cargos de libre nombramiento y remoción de jefes de oficina asesora de jurídica y de planeación al considerar que dichos cargos ejercen funciones de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices en la administración central del nivel nacional.
i) Se trata de cargos del nivel asesor cuyas funciones específicas, según el artículo 5º de la Ley 909 de 2004(15), incluyen las de dirección, conducción y orientación de la política institucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con la formulación de políticas y directrices institucionales y de adopción de planes programas y proyectos.
En la misma medida, aunque el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 909 de 2004 no fue demandado, pero por excepción a la carrera administrativa también clasifica los cargos de director de la academia diplomática, director del protocolo y jefes de oficina asesora como de libre nombramiento y remoción por cuanto cumplen funciones de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices dentro de la administración central del nivel nacional, la Corte procedió a la conformar la unidad normativa con estos apartes, en virtud de su conexidad temática. En consecuencia, se declarará la exequibilidad de los referidos cargos contenidos en el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 909 de 2004.
La Corte Constitucional luego de analizar los fundamentos legales, la naturaleza y las funciones establecidas a los cargos de “director de la academia diplomática”, “director de protocolo” y “jefes de oficina asesora”, determinó que el legislador no excedió sus atribuciones constitucionales al excluir los referidos empleos del régimen de carrera administrativa del servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular, ya que se trata de cargos que por la naturaleza de sus funciones y el grado de confianza requerido para el ejercicio de sus responsabilidades son cargos que se deben clasificar como de libre nombramiento y remoción y en esa medida no se opone a la regla general del artículo 125 de la Constitución.
1. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los empleos de “director de la academia diplomática”, “director de protocolo” y “jefes de oficina asesora”, contenidos en los literales d, e y g del artículo 6º del Decreto-Ley 274 de 2000.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, los empleos de “director de la academia diplomática”, “director de protocolo” y “jefes de oficina asesora”, contenidos en el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 909 de 2004.
(2) En la Sentencia C-539 de 1999, se enunciaron las hipótesis que permiten la integración de la unidad normativa: “Excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos. En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”. Sobre integración de la proposición jurídica pueden consultarse las sentencias C-916 de 2010, C-125 de 2013, C-105 de 2013 y C-528 de 2013, entre otras.
(3) Sobre el carácter excepcional de la conformación de la unidad normativa, cfr. la Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Se demandó la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1393 de 2009, que establece una presunción de culpa o dolo en material ambiental por las infracciones a la legislación en esta material. Pese a que varios de los intervinientes solicitaron la integración normativa con disposiciones legales con un contenido similar, con fundamento en el carácter excepcional de la figura, la Corte negó la petición, argumentando que la norma cuestionada constituía un enunciado completo e independiente cuyo contenido podía determinarse por sí solo, que aunque algunas de sus expresiones se encontraban reproducidas en otros preceptos no demandados, se referían a hipótesis fácticas distintas, y que la mera similitud no hacía imperiosa la integración. Concluye entonces que “no procede la integración de la unidad normativa y, por lo tanto, el examen de constitucionalidad habrá de recaer exclusivamente sobre el contenido normativo demandado y bajo el cargo formulado”.
(4) Sentencias C-475 de 1999 y C-161 de 2003, entre otras.
(5) Sentencias C-195 de 1994 y C-1230 de 2005, entre otras.
(6) Sentencia C-312 de 2003.
(7) Sentencia C-195 de 1994.
(8) Criterio reiterado en las sentencias C-161 de 2003, C-312 de 2003, C-553 de 2010, C-284 de 2011, SU-448 de 2011 y SU-539 de 2012.
(9) Sentencia C-514 de 1994.
(10) “II. Propósito principal.
4. Orientar la preparación y actualización de los cursos de formación, capacitación, actualización y demás programas de estudio de la academia, de conformidad con lo previsto en las disposiciones que regulan el servicio exterior y la carrera diplomática y consular y con los intereses y prioridades definidas por el despacho del ministro y los viceministerios.
5. Dirigir la presentación de los informes sobre el rendimiento académico de los alumnos de la academia, así como la información sobre el rendimiento académico de los cursos de capacitación y de actualización para el ascenso y para permanencia en el rango de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, de conformidad con las normas legales vigentes.
7. [sic] formulación de la política exterior y migratoria, en coordinación con los viceministerios y dependencias pertinentes.
15. Coordinar las actividades necesarias para el funcionamiento del consejo académico de la academia diplomática y el desarrollo de las funciones asignadas a este órgano en el Decreto-Ley 274 de 2000 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
(11) En la Resolución 4026 de 2009, de acuerdo con los niveles administrativos señalados, identifica como del nivel directivo al empleo de director de academia diplomática, código 0086, grado 22.
(12) Ley 909 de 2004, “ART. 5º—Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de periodo fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.
(13) En la Resolución 4026 de 2009, de acuerdo con los niveles administrativos señalados, identifica como del nivel directivo al empleo de director general de protocolo, código 0087, grado 22.
(14) Ley 909 de 2004, “ART. 5º—Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
(15) Ley 909 de 2004, “ART. 5º—Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de: