Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6394&iu=0
Timestamp: 2017-11-25 01:48:54
Document Index: 301245738

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 184', 'artículo 29', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 29', 'artículo 184', 'artículo 29', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 29', 'artículo 152', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 184', 'Artículo 194', 'artículo 10', 'artículo 178', 'artículo 184', 'artículo 13']

Sentencia C-648 de 2001 Corte Constitucional
SENTENCIA C-648 DE 2001
PROPOSICION JURIDICA- Integración
NOTIFICACION- Finalidad
NOTIFICACION EN PROCESO JUDICIAL- Propósitos
DEBIDO PROCESO PENAL- Falta o indebida notificación de providencias
NOTIFICACION EN PROCESO PENAL- Acto reglado
NOTIFICACION EN PROCESO PENAL- No mediación de formas procesales prescritas
PRINCIPIO DE RECEPCION DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL- Alcance/PRINCIPIO DE CONOCIMIENTO DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL- Alcance
PROCESO PENAL- Providencias que deben notificarse
PROCESO PENAL- Formas de notificación
DEBIDO PROCESO- Notificación personal/DEBIDO PROCESO PENAL- Notificación personal
DEBIDO PROCESO- No es absoluto
DERECHOS FUNDAMENTALES- Conflicto
DERECHOS FUNDAMENTALES- No son absolutos
DEBIDO PROCESO- Garantías
DERECHO DE DEFENSA- No es absoluto
DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO A LA JUSTICIA- Tensión/DERECHO DE DEFENSA- Límites
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES- Evaluación de límites
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN NOTIFICACION DE PROCESO PENAL- Presunción en defensor de privado de libertad
PROCESO PENAL- Notificación personal de privado de libertad en establecimiento de reclusión/DEBIDO PROCESO PENAL- Presunción de notificación personal de privado de libertad
DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO PENAL- Presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor/DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Notificación personal en establecimiento de reclusión
DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS- Suspensión de proceso por causas justificadas/PROCESO PENAL- Suspensión de procedimiento por causas justificadas
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Afectación por presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor
Se pregunta la Corte si puede el Estado, representado en la administración de justicia, escudarse en el acaecimiento de imprevistos para no cumplir con el deber de asegurar la efectiva comparecencia del imputado o del sindicado al proceso que se sigue en su contra. Al respecto encuentra que la respuesta es negativa, por varias razones: a) Porque teniendo en cuenta que la fuerza mayor es un hecho imprevisto e "irresistible", mientras sus efectos continúen produciéndose no puede ser calificada de "injustificada" la dilación del trámite que por ella se produce. b) Porque no resulta equitativo hacer recaer únicamente sobre el privado de la libertad las consecuencias de la fuerza mayor. c) Porque la fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye per se la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación. d) Porque una vez acaecido el hecho imprevisto al que no es posible resistir, originado dentro de un centro de reclusión, el deber del Estado es procurar el inmediato restablecimiento del orden. e) Adicionalmente, porque la norma parte del supuesto según el cual como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, se hace innecesaria la notificación y la comparecencia de éste último. g) Finamente, se produce una restricción fuerte del derecho primario de escoger personalmente el defensor originada por esta forma de notificación presunta al apoderado en los casos de fuerza mayor originada en el centro de reclusión.
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Alcance
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Desproporcionalidad por presunción de notificación personal en defensor por caso fortuito o fuerza mayor/PROCESO PENAL- Permisión de demoras justificadas
PROCESO PENAL- Suspensión por hechos imprevistos e irresistibles
DERECHO PENAL- Significado de trastorno mental
DERECHO PENAL- Significado de salud mental
NOTIFICACION EN PROCESO PENAL- Imposibilidad en persona privada de la libertad por salud mental
PROCESO PENAL- Notificación supletiva por salud mental/PROCESO PENAL- Presunción de notificación personal en establecimiento de reclusión por salud mental
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Presunción de notificación personal en defensor por alteración transitoria de salud mental
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Obligatoriedad de presencia en el proceso
PRINCIPIO DE RECEPCION DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL- Conocimiento real del contenido de providencia/DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Presunción de notificación personal en defensor por salud mental/PROCESO PENAL- Suspensión de trámite en notificación por salud mental
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Razones de salud mental de carácter transitorio o permanente
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Presunción de notificación personal en defensor por alteración permanente de salud mental
DERECHO DE DEFENSA DEL SINDICADO- Presunción de notificación personal en defensor por salud física
Actuando en nombre propio, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 241 numerales 4º y 5º de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad en contra los numerales 2º y 3º del artículo 184 de la Ley 600 de 2000 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
1. Intervención del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC
En representación de la referida institución, el doctor William Zambrano Rojas intervino en el proceso de la referencia para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas. Al parecer del apoderado judicial del INPEC, la norma se ajusta a la Constitución porque las personas privadas de la libertad tienen garantizado el conocimiento de las providencias dictadas en el marco del proceso penal seguido en su contra, por medio de sus apoderados judiciales o de sus defensores de oficio. Sugiere que atendiendo a la difícil situación carcelaria por la que atraviesa el país, es de recibo la norma del nuevo Código de Procedimiento Penal porque agiliza la tramitación de las diligencias penales.
El señor Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez, solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles las normas demandadas. A su juicio, la consecuencia que aquellas consagran, sólo puede ser aplicable cuando la notificación al procesado que está privado de la libertad ha sido imposible de realizar.
Sostiene el señor Fiscal que la medida en cuestión pretende la celeridad de los trámites del proceso penal, principio que también hace parte integrante del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 Superior. "Sin duda alguna -agrega-, el Estado está obligado a agotar todos los esfuerzos y posibilidades para que el procesado detenido sea notificado personalmente, (arts 188 C.P.P. y 178 Ley 600 del 2.000). Pero frente a circunstancias insalvables, que no dependen de la voluntad del sindicado, ni de la administración, es jurídicamente válida y ajustada a la Constitución, la opción de notificación que se basa en los motivos expresamente previstos en los incisos 2º y 3º del artículo 184.".
EL señor Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, actuando dentro del término procesal pertinente, solicitó a la Corte Constitucional declarar constitucionales los numerales 2º y 3º del artículo 184 de la Ley 600 de 2000.
A juicio del señor Procurador, como no es factible obligar al Estado a lo imposible, en el caso de las notificaciones truncadas por las razones señaladas en los numerales 2° y 3° del artículo 184, resulta legítimo que la ley prevea una alternativa que, de todos modos, resulta paralela a la notificación que se hace al abogado defensor.
2. A juicio de la actora, las disposiciones que acusa desconocen el artículo 29 superior que consagra la garantía del debido proceso, pues al prescribir que en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito originados en el centro de reclusión, así como en los de enfermedad física o mental que hagan imposible la notificación personal al procesado que se encuentra privado de la libertad, ésta se entiende surtida con la notificación a su defensor, obstaculizan el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción al imposibilitarle la interposición de los recursos que quepan contra las decisiones proferidas en su contra. En su opinión, los eventos que ameritan esta forma de notificación ficta no son imputables a quien se encuentra privado de la libertad, por lo cual el Estado tiene la obligación de agotar todos los medios a su alcance para lograr la notificación personal del procesado.
3. El demandante acusa de inexequibles los numerales 2° y 3° del artículo 184 de la Ley 600 de 2000, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Civil. Dichos numerales, como se recuerda, son del siguiente tenor:
realizarla, en los siguientes eventos:."
"la proposición es completa cuando su enunciado tiene per se sentido propio, cuando puede decirse que es una unidad normativa autónoma o lo que es lo mismo, susceptible de ser aprehendida intelectualmente con pleno significado inteligible por sí sola y por lo tanto perfectamente separable del resto, el cual a su turno conserva también sentido lógico y adecuada aplicabilidad."
"Tal como lo dispone el artículo 29 de la Carta, quien sea sindicado de haber incurrido en infracción de la ley tiene derecho a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes a la acción u omisión que se le imputa; a que el correspondiente juicio o actuación se adelante ante juez, tribunal o funcionario competente, con plena observancia de todas las formas contempladas en la ley para ese proceso o actuación; a que se le aplique de preferencia la norma favorable si se trata de un asunto penal; a su defensa; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la decisión que lo condena y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 del 18 de enero de 1993).
"Es claro que, estando de por medio no solamente el derecho a la libertad personal sino la presunción de inocencia, que, como se recalca, requiere ser desvirtuada en forma contundente para llegar a la condena, el juzgador debe extremar los rigores en el cumplimiento exacto de los preceptos constitucionales, con miras a obtener la comparecencia del sindicado al proceso, agotando todos los medios posibles para localizarlo y asegurar así el ejercicio de su derecho de defensa."
5. Para garantizar los principios y derechos superiores del debido proceso y de la celeridad y eficacia de la administración de justicia dentro del proceso penal, el nuevo Código de Procedimiento Penal, contenido en la Ley 600 de 2000 de la cual forma parte la disposición ahora demandada, señala expresamente cuáles providencias judiciales deben ser notificas a los sujetos procesales. A este respecto, el artículo 176 de la referida Ley indica:
En cuanto a la forma en la cual debe surtirse la notificación de las providencias mencionadas, el nuevo Código de Procedimiento Penal se refiere a la notificación personal, por edicto, por estado, en estrados y por conducta concluyente. Y de conformidad con lo dispuesto por su artículo 177, "las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán en forma personal".
"En punto a la notificación personal, cabe destacar que la misma es el medio de comunicación procesal más idóneo, en cuanto tiende a asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas en juicio, con las debidas garantías y dentro del plazo o término que fija la ley. Ciertamente, la forma directa e inmediata como se surte -poniendo en conocimiento de los interesados la respectiva providencia y dejando constancia de ello en el acta de la diligencia-, permite integrar adecuadamente la relación jurídico-procesal facilitándole a los demandados la interposición de excepciones y demás mecanismos estatuidos para salvaguardar su derecho a la defensa.
"...se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada..." (Sentencia C-472/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
"Este acto procesal también desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. Al respecto, el profesor Emilio Pascansky, afirma que ....una providencia o resolución judicial o administrativa es procesalmente inexistente mientras no se la ponga en conocimiento de las partes interesadas. Cuando se produce esa notificación legal comienzan a correr los términos para deducir contra la resolución que le dio nacimiento, todas las defensas, contestaciones, excepciones o recursos legales a fin de que se la modifique o se la deje sin efecto si la parte contraria así lo estimase..
"Es este, pues, uno de los institutos procesales en donde confluyen y se armonizan dos de los valores jurídicos por excelencia: la justicia y la seguridad, que en términos de Kuri Breña: ....forman la urdimbre y la trama de la tela de las relaciones humanas. Estas deben ser exactas como la justicia y firmes como lo exige la seguridad....."
7. Tenemos entonces que la notificación personal es aquella que tiene la virtualidad de asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas dentro del proceso penal con las debidas garantías constitucionales, y que también se erige en la forma de comunicación que en mejor forma asegura la realización de los principios de seguridad jurídica, de celeridad y de eficacia de la función judicial, al permitir completa claridad respecto de los plazos o términos dentro de los cuales deben cumplirse las actuaciones procesales que les siguen. Por ello el legislador la ha contemplado como la forma adecuada para surtir la notificación de las principales providencias dentro del proceso penal al privado de la libertad. Sobre estas premisas pasa la Corte a examinar los cargos de inconstitucionalidad aducidos contra la norma parcialmente acusada.
8. A juicio de la Corte, la norma que ocupa su atención pretende conciliar dos intereses superiores que están en juego cuando la notificación personal al privado de la libertad resulta difícil o imposible, dadas las circunstancias de su enfermedad física o mental o de la fuerza mayor que se presenta en el centro de reclusión. Estos dos intereses son el de garantizar su derecho de defensa, y el de propender a un juicio "sin dilaciones injustificadas", los cuales, en virtud de las mencionadas circunstancias, parecen estar en contradicción en tales casos. En efecto, si bien la notificación personal al privado de libertad es la vía óptima para garantizar su intervención dentro del proceso, cuando este mecanismo de comunicación se torna difícil redunda en una dilación del trámite que en ciertas ocasiones parece necesario evitar, en aras del interés no solo público sino también particular incluso del mismo procesado, en el esclarecimiento pronto de la verdad.
".el sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales que se confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de derechos que han surgido históricamente como consecuencia de la aparición de valores contrarios, sino porque, incluso, los que responden a sistemas axiológicos "uniformes" pueden verse enfrentados o resultar opuestos a objetivos colectivos de la mayor importancia constitucional. Así, para solo mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de expresión (C.P. art. 20) se encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen nombre y a la intimidad (C.P. art. 15) y viceversa ; el derecho de asociación sindical no se extiende a los miembros de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de huelga se restringe en nombre de los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición esta limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y 74) ; el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por "los derechos de los demás y el orden jurídico" (C.P. art. 16), etc."
"Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles".
"En síntesis, como la concepción "absolutista" de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica."
11. Visto entonces que es legítimo introducir límites al ejercicio del derecho de defensa, y que la norma acusada lo hace al restringir en ciertos casos la forma de notificación personal - que constituye la manera óptima de asegurar la posibilidad de ejercer dicho derecho -, supliéndola por otra que consiste en la notificación al apoderado del privado de libertad, corresponde a la Corte establecer si dicha limitación es proporcionada. En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea constitucional, se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. "Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional."
13. Para examinar la proporcionalidad estricta de la restricción al derecho de defensa que significa la forma de notificación presunta que establece la disposición acusada, la Corte estudiará separadamente cada uno de los supuestos en que procede. En cuanto al primero de ellos, que se da "cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión" la notificación personal al privado de libertad se entiende surtida por la notificación personal a su defensor, con la constancia bajo gravedad de juramento que consigne el servidor judicial sobre el acaecimiento de tal evento, esta Corporación encuentra que el sacrificio del derecho de defensa es superior al beneficio constitucional que se logra por el aceleramiento del proceso, y que además carece de justificación, vista la naturaleza misma de la noción de caso fortuito o fuerza mayor, como pasa a verse.
a) Porque teniendo en cuenta que la fuerza mayor es un hecho imprevisto e "irresistible", mientras sus efectos continúen produciéndose no puede ser calificada de "injustificada" la dilación del trámite que por ella se produce. El artículo 29 de la Carta establece el derecho a un debido proceso "sin dilaciones injustificadas", y el 228 se refiere a la diligencia en la administración de justicia. Sin embargo, las normas constitucionales no excluyen la suspensión de los procesos por causas justificadas como pueden serlo los eventos constitutivos de fuerza mayor. El constituyente al calificar de injustificadas las dilaciones que excluyó, contrario sensu admitió la posibilidad de dilaciones justificadas como las originadas por la fuerza mayor, con lo cual restringió el alcance del principio de celeridad en garantía de los demás derechos que conforman la noción de debido proceso. Es más, el mismo legislador en otras normas no demandadas del mismo Código de Procedimiento Penal, admitió la suspensión del procedimiento por razones justificadas. En efecto, el artículo 152 de dicho ordenamiento indica al respecto: "Suspensión. El desarrollo de una actuación procesal, se podrá suspender, cuando haya causa que lo justifique dejando la constancia y señalando el día y la hora en que deba continuar."(Resalta la Corte))
b) Porque no resulta equitativo hacer recaer únicamente sobre el privado de la libertad las consecuencias de la fuerza mayor. Antes bien, para garantizar la igualdad en el reparto de estas cargas, todos los sujetos procesales debieran esperar al restablecimiento de la normalidad en el centro de reclusión, suspendiéndose el proceso hasta tal momento. La disposición acusada perjudica exclusivamente al recluso, quien ve menguado su derecho de defensa al no poder enterarse personalmente de las decisiones judiciales, sin que el proceso se detenga por el hecho de la fuerza mayor no imputable a culpa suya. Desde este punto de vista, la disposición que se examina no resulta acorde con el principio de igualdad que como norma rectora del proceso penal, y en desarrollo del artículo 13 superior, consagra el artículo 5° del nuevo Código de Procedimiento Penal cuando dice: "Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal."
c) Porque la fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye per se la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación, toda vez que si para el servidor judicial encargado de hacer la notificación personal ésta resulta imposible dada la situación imprevista e irresistible que como un terremoto o una inundación se ha presentado, para el defensor será igualmente imposible comunicarse con su defendido.
d) Porque una vez acaecido el hecho imprevisto al que no es posible resistir, originado dentro de un centro de reclusión, el deber del Estado es procurar el inmediato restablecimiento del orden, entendido como aquellas condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad y salubridad que hagan posible la convivencia de los internos y del personal de custodia y administración, y que permitan la realización de diligencias de notificación personal. Así, después de acaecida la fuerza mayor, mientras el Estado no restituya el orden en el lugar de reclusión o no provea otra solución equivalente, no puede proseguir con el trámite del proceso obviando la notificación al amparo de las circunstancias, pues ello equivale, en cierta forma, a alegar su propia culpa.
e) Adicionalmente, porque la norma parte del supuesto según el cual como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, se hace innecesaria la notificación y la comparecencia de éste último. Es decir parece equiparar la defensa técnica con la defensa material del inculpado, desconociendo la oportunidad real de ejercer ésta última. En efecto, "el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor, - defensa técnica - sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado . defensa material . las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo: defender al imputado.". Esta doble faceta del derecho de defensa emana de la misma Constitución, la cual en su artículo 29 indica que "(q)uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él". Para la Corte la conjunción copulativa "y" utilizada por el constituyente, indica claramente que el derecho de defensa no se limita a la facultad de ser asistido por un abogado, sino que se extiende a la posibilidad reconocida al sindicado de llevar a cabo su propia intervención dentro del proceso.
"La persona tiene derecho a que se le informe que en su contra cursa una investigación penal, y a hacerse o no presente en el proceso, sea que designe a un abogado de su confianza para que la represente, o que se atenga a la labor que cumpla el defensor de oficio, puesto que el proceso penal no puede adelantarse válidamente sin cumplir con el requisito de la defensa técnica del implicado. Pero la presencia de un abogado que atienda a la defensa del procesado, sólo remedia la falta de éste último, en el caso en que ha sido plenamente establecida su identidad, se le ha emplazado y, ante su continuada ausencia -voluntaria o no-, se le ha declarado ausente y se le ha nombrado defensor de oficio. Es que si la validez del proceso penal depende, entre otras cosas, de la defensa técnica del inculpado, la existencia misma del proceso depende de la de un sindicado definido. Y éste, una vez identificado, si se hace presente en el proceso, o es capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, tiene derecho a que se le oiga y se defina su situación jurídica en los plazos taxativamente señalados por la Constitución y la ley; más aún, tienen derecho a que se le oiga en ampliación de indagatoria cuantas veces considere necesarias, "en el menor término posible". El sindicado que permaneció ausente -por o sin su voluntad-, durante una parte del trámite de la investigación que se adelanta en su contra, una vez concurre al proceso o es capturado, cuenta con iguales derechos a los de aquél que estuvo presente desde la iniciación de la investigación previa y, por tanto, tiene derecho a ser oído por el funcionario a cargo del proceso, y a "solicitar sin necesidad de motivación alguna cuantas ampliaciones de indagatoria considere necesarias". El funcionario judicial que falte al deber de recibirlas (injustificadamente) en el menor tiempo posible, viola el derecho fundamental a la defensa material del sindicado".
g) Finamente, la Corte detecta que se produce una restricción fuerte del derecho primario de escoger personalmente el defensor originada por esta forma de notificación presunta al apoderado en los casos de fuerza mayor originada en el centro de reclusión, pues al tenor del inciso final del artículo 184, parcialmente acusado, "en caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor (para recibir esta notificación) se le reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la actuación".
14. En cuanto al examen de proporcionalidad de la medida adoptada por el legislador en el inciso tercero de la disposición que se examina, según el cual la notificación personal al privado de libertad se entiende surtida por la notificación a su defensor "cuando por razones de salud física o mental resulte imposible realizarla", la Corte considera que por razones metodológicas es necesario examinar separadamente los distintos supuestos de hecho que quedan cobijados por la disposición bajo examen. En primer lugar, detecta que ella regula dos tipos de situaciones en las cuales resulta imposible llevar a cabo la notificación al privado de la libertad: a) aquellas en las cuales la razón que imposibilita tal diligencia es la salud física del reo; y, b) aquellas otras en las cuales dicha razón es la salud mental del mismo. De otro lado aprecia también, aunque la norma no hace la distinción, que las causas físicas o mentales que impiden la notificación al privado de la libertad pueden revestir un carácter permanente o ser transitorias. Si todos estos supuestos de hecho podían ser regulados de idéntica manera, como lo hace la norma acusada, o si las incidencias sobre la limitación de los derechos fundamentales es diferente en cada caso, es el asunto que pasa a examinar la Corporación a fin de determinar la conformidad o inconformidad de la disposición con la Constitución.
"El trastorno mental. es aquella alteración sicosomática que el sujeto sufre en el momento del hecho, de tan profunda intensidad, por tal modo convulsionador de sus esferas intelectiva, volitiva o afectiva que le impide. darse cuenta de la ilicitud de su conducta o determinarse conforme a dicha comprensión. Puede tratarse de una anomalía biosíquica ubicable dentro de la sintomatología clínica propia de una verdadera sicosis, de una grave forma de sicopatía o de una modalidad siconeurítica; pero también es posible que una excepcional y honda aunque pasajera conmoción emotiva que obnubila la conciencia o una también transitoria pero igualmente profunda alteración del intelecto y de la volición, generada por ingestión de bebidas embriagantes o de sustancias narcóticas o estupefacientes causen trastorno semejante."
"Artículo 194. Notificación en establecimiento carcelario. La notificación de toda providencia a una persona que se halle privada de la libertad, se realizará en el respectivo establecimiento, informando al sindicado sobre los recursos que proceden contra ella y dejando constancia en la dirección o asesoría jurídica y en el expediente."
"Se agrega una nueva causal a la notificación personal supletiva en casos excepcionales cuando, por razones extrañas o atribuidas al que deba ser notificado, no fuere posible realizarla. Este último caso comprende también la circunstancia de imposibilidad de la notificación por falta de comprensión del acto por parte del procesado." (Resalta la Corte)
Las conclusiones anteriores a que ha llegado la Corte en relación con los enfermos mentales permanentes, encuentran un soporte adicional en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia, que reconocen expresamente la dignidad de estas personas y su situación de necesidad de especial protección, así como el derecho que les asiste a no ser recluidos en prisiones. En la Sentencia C - 176 de 1993, se hizo un resumen de las referidas normas internacionales, que resulta pertinente recordar. Dichas normas son las siguientes:
"a) Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de la Naciones Unidas de 1.966. Aprobado mediante la Ley 74 de 1.968, en el Preámbulo establece:
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1.969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1.972, en el Preámbulo establece:
c) El artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece:
1. Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano ...
82. 1) Los alienados no deberán ser recluídos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales.
83. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico (negrillas de la Corte)."
De conformidad con lo preceptuado por el inciso final del artículo 178 del nuevo Código de Procedimiento Penal, "la notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga." A juicio de la Corte, si esta es la forma de notificación escogida por el nuevo Código de Procedimiento Penal, debe concluirse que en casos excepcionales puede suceder que las alteraciones transitorias de la salud física (entendidas como aquellas que no afectan la salud mental de la persona, concebida esta última como la conciencia y voluntad normales), pueden hacer imposible la notificación personal. Piénsese por ejemplo en aquellos eventos en los cuales la persona ha perdido temporalmente las capacidades de oír y de leer, o solamente de oír no sabiendo leer por ningún medio, pero conservando plena conciencia y voluntad, y existiendo la certeza sobre su próxima recuperación según los peritajes médicos pertinentes. En estos casos excepcionales y se repite, transitorios, o en otros similares inimaginables, que es a los que se refiere la norma acusada pues habla de razones de salud física que hagan imposible la notificación personal, la medida adoptada por el legislador, que permite suplir esta forma de comunicación al privado de libertad por la notificación a su defensor, resulta ser desproporcionada pues conduce también a un sacrificio del derecho de defensa del inculpado que es superior al beneficio que se obtiene con la continuidad y celeridad consecuencial del proceso.
20. Con fundamento en lo expuesto hasta el momento, forzoso es concluir que las dos causales que contempla el inciso tercero del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal como justificativas de la notificación supletoria y presunta que se prevé en la disposición, deben ser retiradas del ordenamiento. En todos los supuestos de hecho que regula la norma, dicha notificación supletiva de la personal (esta última se establecía sin excepciones el antiguo Código), significa un sacrificio desproporcionado del derecho de defensa del privado de la libertad, del principio de publicidad del procedimiento y de la dignidad y especial merecimiento de un trato protector que se reconoce a la persona humana que se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta. Recuérdese que el último inciso del artículo 13 de la Constitución dispone que "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan", prescripción que es enteramente desatendida por la norma en comento, que mira exclusivamente a la celeridad del trámite. En tal virtud dicho numeral se declarará inexequible.
Que los Honorables Magistrados Eduardo Montealegre Lynett y Jaime Córdoba Triviño, no firman la presente sentencia por aceptación de impedimento.