Source: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20009930
Timestamp: 2020-08-04 22:43:51
Document Index: 336226149

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 125', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 125', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 13']

C-125 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020009930CC-SENTENCIAC125200622/02/2006CC-SENTENCIA_C_125__2006_22/02/2006200099302006Sentencia C-125/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Carencia actual de objeto Referencia: expediente D-5963
Mercedes Olaya VargasCONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, parcial, de la Ley 715 de 2001 "Por la cual dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.D5963Identificadores20020009931true21610Versión original20009931Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, parcial, de la Ley 715 de 2001 "Por la cual dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.
Sentencia C-125/06
Referencia: expediente D-5963
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, parcial, de la Ley 715 de 2001 "Por la cual dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.
Bogotá, D.C; veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, la ciudadana Mercedes Olaya Vargas demandó parcialmente el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 "Por la cual dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros" .
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, tal como obra en el Diario Oficial No. 44654 de diciembre 21 de 2001. Se subraya lo demandado.
"Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas.La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre, deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1° de febrero de 2002.
Parágrafo 2°. Para los efectos de la presente ley se entiende por orden de prestación de servicios toda relación contractual directa entre un departamento o municipio y un docente o administrativo para la prestación de servicios de enseñanza o administrativos en una institución educativa oficial, por un término no inferior a cuatro meses, con dedicación de tiempo completo, exceptuando los que se nombran o contratan para reemplazar docentes, directivos docentes o administrativos en licencia, horas cátedra y otra modalidad que no implique vinculación de tiempo completo."
La demandante señala que la disposición, en lo acusado, desconoce los artículos 13, 40 numeral 7 y 125 de la Constitución.
El concepto de violación se resume así :
El artículo 125 de la Constitución clasifica el empleo público en diferentes categorías, siendo el nombramiento "en provisionalidad" una situación excepcional y por tanto, rechazada en un Estado constitucional donde se impone el mérito para el nombramiento en propiedad en cargos públicos de carrera.
La norma objeto de demanda privilegia en forma irrazonable el nombramiento en provisionalidad, es decir convierte en regla general una situación excepcional.
La disposición demandada consagra una situación de privilegio a favor de quienes tienen una vinculación por contrato, a quienes se les ha renovado el contrato de prestación de servicios y para quienes tienen solución de continuidad, todos los cuales pueden acceder a una vinculación "en provisionalidad".
Asimismo, la norma utiliza la expresión "prioridad", lo cual realza y destaca su carácter de privilegio discriminatorio sin razón suficiente, por tanto, es una disposición contraria al principio de igualdad (artículo 13 superior), pues limitan o impiden que otras personas puedan vincularse en provisionalidad y lo que es peor aún, impide la designación en propiedad previo concurso público y abierto de méritos.
Desconoce también el derecho a acceder a los cargos públicos de que trata el artículo 40 numeral 7 de la Constitución.
En el término constitucional establecido para intervenir en la defensa o impugnación de la norma parcialmente acusada, presentaron escritos la ciudadana Claudia Patricia Otalvaro Trejos, en representación del Ministerio de Educación y el abogado Juan Camilo Bejarano Bejarano en su calidad de asesor de la Dirección Superior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las intervenciones se pueden resumir así:
- Intervención del Ministerio de Educación.
El interviniente del Ministerio de Educación, considera que no le asiste razón a la demandante, por cuanto la norma demandada consagró una disposición transitoria, mientras se proveen de manera definitiva los cargos vacantes a través de los concursos docentes.
Hace un breve resumen de las normas que consagran el ingreso al servicio educativo estatal explicando las disposiciones modificadas.
Por otra parte, en cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad plateada por la demandante, considera que no es cierto que la norma privilegie el nombramiento provisional y convierta en norma general una situación excepcional, porque como ya se manifestó, se trató de una medida temporal, a fin de no dejar a la población estudiantil sin maestros, mientras los cargos son provistos de manera definitiva previo el proceso de selección y concurso.
En consecuencia, ya para la provisión de manera definitiva de los cargos, debe tenerse en cuenta que se trató de un concurso abierto, al cual podían inscribirse en igualdad de condiciones tanto quienes estuvieran ocupando tales cargos de manera provisional como quienes no.
Concluyó afirmando que siendo los nombramientos provisionales y las órdenes de prestación de servicios, la excepción y los nombramientos en propiedad, previo el concurso de méritos, la norma general, no se encuentran fundados los argumentos de la demandante, razón por la cual solicita desestimar las pretensiones de la demanda.
- Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para el Ministerio, la actora confunde la clasificación del empleo público con las clases de nombramiento, dentro del cual se encuentra el nombramiento en provisionalidad, el que permite proveer transitoriamente un cargo de carrera, mientras se convoca un concurso público de méritos.
Adicionalmente, si bien el artículo 125 de la Constitución no se refiere a los nombramientos en provisionalidad, dicha norma otorga amplias facultades al Legislador para que regule la forma de provisión de los empleos públicos, en lo no regulado por el estatuto superior.
Finalmente, recordó el pronunciamiento emitido por esta Corporación, en sentencia C- 709 de 2005, señalando que nuevamente se estudia una norma que no puede producir efectos jurídicos actuales, puesto que el artículo 38 de la ley 715 de 2001, circunscribe el nombramiento provisional de docentes al año 2002. Por tanto, ya se agotaron lo mandatos contenidos en ella lo que hace inocuo un pronunciamiento de la jurisdicción constitucional en tal sentido.
Aclaró además que esta norma fue regulada por el Decreto 1278 de 2002, cuyo artículo 13 fue a su turno declarado exequible en sentencia C-1169 de 2004.
El señor Procurador General de la Nación, en concepto Nro. 3948 de fecha 7 de octubre de 2005, le solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por cuanto la norma acusada no está produciendo efectos jurídicos.
Al respecto, precisó que:"debe tenerse en cuenta la sentencia C-709 de 2005, en donde, la Corte resolvió declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada contra las expresiones "de manera provisional", por cuanto constató que el contenido normativo de estas expresiones se ha agotado por haberse realizado los mandatos en ella contenidos, en cuanto se refiere a la posible vinculación en provisionalidad por el año 2002 de determinados docentes a los departamentos y municipios, sin que sigan produciendo algún tipo de efecto jurídico, pues la situación concreta de los docentes a que ellas se refirieron fue regulada por una norma posterior, a saber, el artículo 13 del Decreto Ley 1278 de 2002, sobre cuya exequibilidad se pronunció la Corte en sentencia C-1169 de 2004".
2. Inhibición para fallar de fondo.
La Corte Constitucional ha expresado en forma reiterada que el examen de constitucionalidad sólo es procedente respecto de normas vigentes o respecto de aquellas que habiendo perdido su vigencia pueden continuar produciendo efectos jurídicos, y que no procede en relación con las demás disposiciones. Sobre el particular ha indicado:
"9- Así, tal y como lo ha venido señalando esta Corporación, cuando en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se acusen normas legales que han sido derogadas, sustituidas o modificadas por un acto propio y voluntario del legislador, no existe fundamento lógico para que el organismo de control Constitucional entre a juzgar de fondo su potencial incongruencia con el ordenamiento Superior, resultando necesaria la inhibición por evidente sustracción de materia. A tal determinación se llega, si se analiza que el proceso de inexequibilidad persigue, de manera específica y unívoca, retirar del ordenamiento jurídico aquellos preceptos que tiendan a amenazar o desconocer los principios y valores que la Constitución Política proclama, hecho que, por supuesto, no tienen ocurrencia cuando la norma ha dejado de regir.
"No obstante lo anterior, en procura de cumplir fielmente con la función garantizadora de la integridad y supremacía de la Constitución, esta Corporación ha precisado que la denominada sustracción de materia no siempre debe conducir a una decisión inhibitoria pues, aun en el evento en que la norma cuestionada haya perdido su vigencia formal, es muy posible que, desde el punto de vista material, la misma siga produciendo efectos jurídicos o, lo que es igual, continúe proyectándose ultractivamente, lo cual generaría un grave perjuicio para la juridicidad si tales efectos devienen contrarios a los mandatos superiores que gobiernan el Estado Social de Derecho.
"Por ello, sólo en la medida en que la norma enjuiciada haya desaparecido del ordenamiento jurídico y no se encuentre produciendo efectos jurídicos, puede la Corte acudir a la figura de la sustracción de materia y, en consecuencia, abstenerse de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. Como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia constitucional, precipitar una decisión inhibitoria sin que previamente se haya determinado la ocurrencia de estos dos supuestos, "podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la Carta". (Sentencias C-397 de 1995 y C-1144 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. También sobre este tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-757 y 074 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1373 de 2000, M. P. Alvaro Tafur Gálvis; C- 1644 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández Galindo).
Dentro de este contexto, nota la Sala que las expresiones acusadas se encuentran contenidas en una norma de carácter transitorio, pues el mandato a que hace referencia debía cumplirse en el año 2002.
Es más, dichas situaciones fueron reguladas posteriormente por el Decreto 1278 de 2002 artículo 13 (declarado exequible en sentencia C-1169 de 2004. M.P. doctor Rodrigo Escobar Gil), razón por la que no se puede afirmar que la posible vinculación en provisionalidad por el año 2002 de determinados docentes siga produciendo algún tipo de efectos jurídicos.
Igualmente, la disposición que se acusa como inconstitucional fue estudiada recientemente por esta Corporación en sentencia C-709 de julio seis (6) de 2005, Magistrado Ponente: doctor Alvaro Tafur Gálvis. Cabe tener en cuenta lo expuesto entonces por la Corte, pues incide directamente en el presente examen. En la citada sentencia, se dijo:
"4.2.2. El mandato legal a que aluden las expresiones acusadas debía cumplirse en relación con el año lectivo 2002
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial." (subrayas fuera de texto).
Para ser vinculados en propiedad. y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto."[1]
Así las cosas es claro que al no poderse predicar efectos jurídicos actuales de las expresiones acusadas contenidas en el referido artículo 38 de la Ley 715 de 2001 la Corte se encuentra en la imposibilidad de emitir una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de las mismas pues su pronunciamiento carece actualmente de objeto."
En consecuencia, la Corte se inhibirá de proferir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas.
Inhibirse para pronunciarse sobre la constitucionalidad del inciso primero (parcial), cuarto, quinto y sexto del artículo 38 de la ley 715 de 2001 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad (inciso 1 parcial, 4, 5 y 6 ) Artículo 38 LEY_715_2001_21/12/2001
[1] Cabe señalar que en relación con dicho artículo la Corte se pronunció en la Sentencia C-1169 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia donde se examinó el régimen de vinculación de docentes anterior a la expedición de la Ley 715 de 2001 y el alcance dado por la jurisprudencia a los derechos de los docentes vinculados al escalafón docente frente a un cargo similar al que se propuso por el actor en el presente proceso. Concretamente respecto de la acusación contra algunos apartes del artículo 13 aludido la Corte señaló:
Así las cosas, esta Corporación declarará exequible los preceptos legales demandados del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002, por el cargo y las razones expuestas en esta providencia." Sentencia C-1169 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.