Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/701353797
Timestamp: 2020-08-08 03:41:54
Document Index: 229427966

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 302', 'artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 281', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 5']

Auto nº 362/17 de Corte Constitucional, 19 de Julio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 701353797
Solicitud de nulidad de la Sentencia T-685/16. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga argumentó como causal de nulidad una incongruencia entre la ratio decidendi de la sentencia y lo resuelto en el caso concreto. Adujo que el fallo cuestionado definió unas reglas o presupuestos para contar con el beneficio de pre pensionado a los empleados de libre nombramiento y remoción en una entidad descentralizada del nivel territorial, cuando las mismas no se acreditaban en el caso concreto, dado que el cargo desempeñado por el peticionario del amparo sí correspondían a la alta dirección de la entidad. Concluye la Sala Plena que la Sala de Revisión comprometió el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionada y que la contradicción en la que incurrió resultó significativa y trascendental en lo que tuvo que ver con la decisión. Se DECLARA la nulidad de la sentencia T-685/16 y se ordena remitir el expediente al magistrado sustanciador del presente asunto, para que proyecte la nueva sentencia y por razones de unificación de jurisprudencia, sea decidida por la Sala Plena.Recibo Relatoria:
En relación con la condición de prepensionado, consideró lo siguiente: “(i) El accionante cumple con el requisito del tiempo de cotización, pues al 6 de noviembre de 2015 (fecha en la cual fue emitido el reporte emitido [sic] por Colpensiones), registraba 1347 semanas cotizadas. (ii) El accionante no cumple con el requisito de edad para acceder de manera inmediata a la pensión de vejez, pues al momento de la presentación de la tutela (19 de enero de 2016) contaba con 59 años, exigiéndosele una edad mínima de 62.”[1]. Con fundamento en tales circunstancias, la S. de Revisión concluyó que el señor S.A. sí cumplía con los requisitos para obtener una protección laboral reforzada.
“En segundo lugar se tiene que, en efecto, el señor A.S. [sic]A., al desempeñarse en el empleo mencionado: (i) estaba vinculado con una entidad descentralizada del nivel territorial; (ii) no ocupaba un cargo de ‘alta dirección’; y (iii) sus funciones se relacionaban con la coordinación de las oficinas de ‘Talento Humano, Documentos y Archivos, Atención al Usuario, Almacén e Inventarios y Mantenimiento’; la dirección de ‘los Sistemas Integrados de Gestión y Control a saber MECI, Seguridad y Salud en el Trabajo, SISTEDA, Gestión Documental, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Administración de Riesgos, Gobierno en Línea, Modernización y Gestión de la Transparencia’; la ‘asignación de parqueaderos para los funcionarios y contratistas de la Entidad y coordinación con la vigilancia para ingreso y salida de los respectivos vehículos’; ‘firma de depósitos judiciales’; ‘secretario del Consejo Directivo’; ‘coordinación de la Oficina de Control Interno Disciplinario y sustanciación de los procesos disciplinarios[47]’ ”[2].
La Dirección de Tránsito de B. promueve incidente de nulidad en contra de la sentencia T-685 del 2016, al considerar que se acredita una “incongruencia entre la RATIO DECIDENDI de la sentencia y lo resuelto en el caso concreto”[3].
Señala que la providencia define “unas reglas o presupuestos para contar con el beneficio de pre pensionado a los empleados de libre nombramiento y remoción en una entidad descentralizada del nivel territorial, correspondientes a las reglas ii y iii”[4] y que, contrario a lo expresado por la S. de Decisión, estas no se acreditan en el caso en concreto, dado que el cargo desempeñado por el ciudadano A.S.A., en su calidad de S. General de la Dirección de Tránsito de B., sí correspondía a la “alta dirección” de la entidad. Con relación a este aspecto, en el escrito de nulidad se afirma:
i) [E]s el funcionario que junto con el Director General de la entidad entre otras funciones de dirección, es quien formula las políticas, metas, procedimientos de trabajo y elabora proyectos concernientes al desarrollo de la entidad […]; ii) por principio de legalidad y conforme al artículo 122 Constitucional, no existe empleo en el sector público sin funciones, las cuales están descritas claramente en el manual de funciones de la Entidad […]; iii) dentro de la estructura administrativa de la Dirección de Tránsito de B., el SECRETARIO GENERAL […] es el segundo al mando después del Director General y el funcionario que lleva la REPRESENTACIÓN del Director General cuando este lo determina y lo reemplaza en sus ausencias teniendo bajo su responsabilidad 274 empleados de la planta que laboran en la Dirección de Tránsito de B.”[5].
La solicitud de nulidad es oportuna cuando se interpone dentro del término de ejecutoria de la sentencia cuestionada[6]. Según el artículo 302 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento de tutela de conformidad con lo prescrito por el artículo 4 del Decreto 306 de 1992, las sentencias proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas, siendo este el término previsto para solicitar la nulidad de la decisión. Una vez culmina esta término caduca la posibilidad de cuestionar la sentencia, primero, por razones de seguridad jurídica y de certeza del derecho[7] y, segundo, porque es razonable establecer un término de caducidad en relación con este tipo de solicitudes. La Corte[8] ha reconocido la posibilidad excepcional de flexibilizar este requisito en los casos en los que la nulidad se alega por ausencia de vinculación de una de las partes en el trámite, o de un tercero con interés legítimo[9]. Para tales asuntos, el término debe computarse desde el día en el que razonablemente puede considerarse que el interesado conoció la providencia que acusa de nula[10].
La legitimación en la causa por activa la tienen, en principio, quienes fueron partes procesales. Excepcionalmente se predica de los terceros afectados por la decisión objeto de la solicitud de nulidad[11], ya sea porque fueron vinculados al trámite o porque tienen alguna relación con las partes o con las pretensiones del proceso[12]. La legitimación de estos últimos, sin embargo, está sujeta a la certeza de la afectación de sus intereses, que debe ser consecuencia directa de las decisiones y las órdenes de la sentencia, pues no es procedente que estos cuestionen el fallo con juicios hipotéticos sobre los efectos de las órdenes dictadas por esta Corporación[13].
Finalmente, la persona que solicite la nulidad de una decisión de la Corte Constitucional debe demostrar de qué forma atenta contra las garantías del debido proceso, fundamento que delimita el ámbito de competencia de la S. Plena. Por tanto, le corresponde precisar, de manera clara, los preceptos constitucionales transgredidos y explicar su incidencia en la decisión[14].
Con fundamento en lo prescrito por el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[15], la prosperidad de una solicitud de nulidad de una decisión de la Corte Constitucional obedece a la acreditación de “[…] situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, […] cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso”[16]. También ha considerado que dichas situaciones deben tener repercusiones sustanciales en la decisión adoptada[17]. Eso supone, además, que la solicitud no puede fundamentarse en inconformidades con la argumentación[18] o con la decisión que se adopta[19], pues ello conduce a que se permita reabrir debates concluidos[20], lo que es improcedente.
La afectación del debido proceso debe ser, en los términos de la jurisprudencia de la Corporación, “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[21]. La conjunción de estas características, en casos concretos, le ha permitido considerar los siguientes supuestos, enunciativos, como de afectaciones cualificadas al debido proceso, que pueden dar lugar a la declaratoria de nulidad de la decisión de que se trate: (i) el cambio irregular de jurisprudencia[22]; (ii) las decisiones adoptadas por una mayoría diferente a la exigida en el ordenamiento[23]; (iii) la incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la providencia[24]; (iv) la imposición de órdenes a personas que no fueron vinculadas o informadas de la existencia del proceso[25]; (v) el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional[26]; y (vi) la falta de estudio de asuntos de relevancia constitucional que tengan efectos trascendentales en el sentido de la decisión[27].
Finalmente, se ha advertido, de manera reiterada, que el incidente de nulidad no puede promoverse como una alternativa o instancia adicional para que la S. Plena de la Corporación reasuma el debate probatorio y argumentativo previamente agotado[28].
Según consta en el expediente[29], el 20 de abril de 2017 la Secretaría del Juzgado Veintidós Civil Municipal de B. notificó a la Dirección de Tránsito de B., de la sentencia T-685 de 2016. A su vez, el 25 de abril de la misma anualidad, la referida entidad presentó escrito en el que solicitó la nulidad de la providencia[30], esto es, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación del fallo, que vencía el 25 de abril del mismo mes y año, habida cuenta de que los días 22 y 23 fueron sábado y domingo, respectivamente. Luego, queda satisfecho el requisito de oportunidad.
La Dirección propuso argumentos razonables para fundamentar la nulidad de la sentencia T-685 de 2016, al considerar que se configuró un supuesto de “incongruencia entre la RATIO DECIDENDI de la sentencia y lo resuelto en el caso concreto”[31], los que satisfacen el requisito formal de argumentación.
El artículo 281 del CGP (305 del CPC), aplicable al caso por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 1992, establece que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda o las excepciones, según el caso. Esa disposición contiene el principio de congruencia de las providencias judiciales, y, tal como se ha resaltado por esta Corporación, su objeto es la garantía del derecho de defensa de las partes[32].
La congruencia de la sentencia es tanto externa como interna. La primera supone la conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en la contestación o las excepciones. De la congruencia externa de la sentencia se deriva que, salvo disposición legal en contrario, se vulnera cuando una decisión va más allá de lo pedido, bien porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la demanda (sentencia ultra petita), o porque se reconoce algo que no se solicitó (sentencia extra petita), o, finalmente, cuando la decisión no abarca la totalidad de los extremos planteados en la litis (sentencia infra petita)[33]. La segunda, esto es, la congruencia interna, supone la armonía entre la parte motiva y la resolutiva del fallo, tendiente a garantizar la certidumbre acerca del alcance de la decisión[34]. Son supuestos, así reconocidos por la jurisprudencia de la Corporación, que atentan contra la congruencia interna, (i) las decisiones anfibológicas o ininteligibles, (ii) las contradictorias o (iii) las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva[35]. La constatación de estas tres hipótesis, supone, sin duda, un análisis, no solo de la congruencia entre la parte motiva y la resolutiva, sino, en particular, al interior de la primera, de tal forma que, en aquellos supuestos en que alguno de estos tres eventos se presente y pueda dar lugar a una decisión diferente (esto es, una modificación de la parte resolutiva) se estará en presencia de una decisión contradictoria y, por tanto, susceptible de ser anulada por la Corte.
La S. de Revisión, en aplicación de las tres subreglas precedentes concluyó, primero, que el accionante cumplía los requisitos para ser considerado “prepensionado”, segundo, que “no ocupaba un cargo de ‘alta dirección’”[36] y, finalmente, infirió que las funciones desempeñadas por el tutelante no correspondían a la formulación, diseño o dirección de las políticas estatuidas por su superior jerárquico y propias del objeto de la entidad. Con fundamento en ello, amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó, de manera transitoria, el reintegro del accionante al cargo que desempeñaba o a uno de la misma categoría.
La decisión de la S. de Revisión se fundamentó, tal como se señaló en el párrafo 39, en tres subreglas. Según dicha providencia, en caso de todas ellas se acrediten, no es constitucionalmente admisible “la desvinculación que de dicho funcionario se haga, y se presumirá su capacidad para desarrollar sus labores con confianza, hasta tanto éste no adquiera su jubilación o sea declarado insubsistente por existencia de causa justificativa que, en todo caso, deberá estar relacionada estrictamente con su desempeño”[37]. En otros términos, en caso de que alguna de las tres subreglas no se acredite debe ser improcedente la acción de tutela.
La S. de Revisión, para fundamentar la tercera regla de exclusión a que se hizo referencia en el párrafo precedente consideró, por un lado, los elementos probados en el expediente y, de otro, asumió como veraces otros. Con relación a los primeros, consideró como probado, en particular, que, “(i) El señor S.A. fue nombrado en el cargo de ‘secretario general, grado 02, código 054, Nivel Directivo de libre nombramiento y remoción’ (sic), mediante Resolución No. 025 de 2012, expedida por parte de la Dirección General de Tránsito de B.”[38]. Con relación a los segundos, asumió como veraz la siguiente información, que “fue aportada por el actor y no fue objeto de controversia por parte de la entidad accionada y los vinculados al recurso de amparo, por lo que esta S. la asume como veraz”[39]:
“(iii) sus funciones se relacionaban con la coordinación de las oficinas de ‘Talento Humano, Documentos y Archivos, Atención al Usuario, Almacén e Inventarios y Mantenimiento’; la dirección de ‘los Sistemas Integrados de Gestión y Control a saber MECI, Seguridad y Salud en el Trabajo, SISTEDA, Gestión Documental, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Administración de Riesgos, Gobierno en Línea, Modernización y Gestión de la Transparencia’; la ‘asignación de parqueaderos para los funcionarios y contratistas de la Entidad y coordinación con la vigilancia para ingreso y salida de los respectivos vehículos’; ‘firma de depósitos judiciales’; ‘secretario del Consejo Directivo’; ‘coordinación de la Oficina de Control Interno Disciplinario y sustanciación de los procesos disciplinarios’”[40].
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 785 de 2005[41], del “nivel directivo” de las entidades territoriales, entre otros, hace parte el empleo de “S. General de Entidad Descentralizada”, código “054”. Por su parte, el “nivel directivo” de las entidades territoriales, en los términos del artículo 4.1 de este decreto, “Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos”[42].
En segundo lugar, la S. de Revisión infirió que el tutelante no ejercía funciones relativas a la “formulación, diseño o dirección de las políticas estatuidas por su superior jerárquico y propias del objeto de la entidad”, al asumir como veraz la relación de funciones que hizo el tutelante en la acción, dado que estas no fueron “objeto de controversia por parte de la entidad accionada y los vinculados al recurso de amparo”[43]. Con fundamento en esta asunción, la S. de Revisión infirió lo siguiente:
“Como se observa, las labores del señor S.A., lejos de concernir a la toma de decisiones estructurales o, como se ha insistido, a la dirección, diseño o formulación de las políticas públicas y correspondientes al objeto de la entidad a la cual se encontraba vinculado, están encaminadas a la ejecución de las directrices de su nominador, específicamente frente a la planta de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de B. [...]”[44].
La Corporación[45] ha interpretado que la referida presunción de veracidad es un instrumento idóneo para sancionar el desinterés o la negligencia de las autoridades públicas o el particular contra el que se ha interpuesto la acción de tutela, en aquellos eventos en los que el juez requiere cierta información y la misma no es allegada dentro del plazo respectivo o simplemente no se aporta. La presunción encuentra fundamento en la garantía de los principios de inmediatez y celeridad que rigen el proceso de tutela[46], así como en la necesidad de resolver con prontitud este tipo especial de peticiones, dada la trascendencia de los intereses jurídicos objeto del litigio[47].
Ha precisado esta Corporación, que la ausencia del informe de que trata el artículo 19 del decreto en cita, puede conducir, bien a la aplicación de la presunción de veracidad mencionada, o bien a que se decreten pruebas de oficio y se solicite información adicional, tal como lo dispone el último apartado del artículo 20, con el objeto de tener certeza acerca de los hechos presentados en la demanda. La elección del juez, entre uno u otro curso de acción, en todo caso, debe estar orientada por la pretensión de “llegar a una convicción seria y suficiente para fallar en derecho”, a la luz de las circunstancias de cada caso, tal como lo ha resaltado la Corporación[48]. Ahora bien, en caso de que el juez pretenda dar aplicación a la presunción, tal como lo consagra la disposición y lo ha reconocido de manera pacífica la Corporación, ella solo puede referirse a “los hechos de la demanda”[49]. Por tanto, no pueden presumirse como ciertas otras cuestiones, entre ellas las de índole jurídica. La presunción de veracidad únicamente cubre los supuestos fácticos que cimientan la vulneración de los derechos fundamentales invocados, ya sea a título de acción o de omisión, pero, en todo caso, entendidos como cuestiones fenomenológicas que sirven de apoyo a las pretensiones de la tutela.
De conformidad con las dos razones precedentes[50], la S. de Revisión comprometió el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionada. La contradicción resulta significativa y trascendental en lo que tiene que ver con el sentido de la decisión, pues se infirió, de manera contradictoria con los elementos acreditados en el proceso, que se cumplía la tercera subregla definida para la resolución del caso. En consecuencia, la decisión es internamente contradictoria dado que, al no acreditarse esta subregla no era posible deducir, lógicamente, como lo hizo la S. de Revisión, que lo procedente era el amparo de los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
Finalmente, la S. advierte que la solicitud del señor A.S.A., referente al presunto desistimiento del incidente de nulidad, por parte de la Dirección de Tránsito de B., no tiene vocación de prosperidad. Si bien, la Corporación ha aceptado la procedencia excepcional del desistimiento en sede de nulidad[51], la petición debe provenir de la persona que promovió la actuación, lo cual no se acredita en el presente asunto.
[1] Fls., 32 y 32 vlt. (págs., 23 y 24 de la providencia cuya nulidad se solicita).
[2] Párrafo 7, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[3] Fl., 3.
[4] Fl., 2 vlt.
[5] Fl., 2 vlt.
[6] Al respecto pueden verse, entre otros, los autos A-116 de 2017, A-026 de 2015 y A-395 de 2014.
[7] Auto 232 de 2001.
[8] Auto 054 de 2006.
[9] En estos casos no resultan exigibles, para tales sujetos, los mismos deberes de diligencia y cuidado propios de las partes procesales.
[10] Al respecto pueden verse, entre otros, los autos A-012 de 2015 y A-217 de 2011.
[11] Al respecto pueden verse, entre otros, los autos A-175 de 2009 y A-185 de 2008.
[12] Auto 043A de 2014.
[13] Auto 287 de 2014.
[14] Al respecto pueden verse, entre otros, los autos A-168 de 2013 y A-009 de 2010.
[15] “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. || La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.
[16] Auto 116 del 2017.
[18] Auto 003ª de 1998.
[19] Auto 382 de 2014.
[20] Auto 232 de 2001.
[21] Auto 381 de 2014, negrilla propia.
[22] Al respecto pueden verse, entre otros, los autos A-381 de 2014 y A-080 de 2000.
[23] Auto 070 de 2015.
[24] Auto 091 de 2000.
[25] Auto 287 de 2014.
[26] Auto 008 de 1993.
[27] Auto 031A de 2002.
[28] Auto 022 del 2013.
[29] Fl., 38.
[30] Fl., 1.
[31] Fl., 3.
[32] Sentencia T-455 de 2016.
[33] Cfr. Sentencia T-455 de 2016.
[34] Auto 170 de 2009.
[35] Auto 157 de 2015, que, a su vez, cita como fundamento lo señalado por esta Corporación en los autos 270 de 2014, 284 de 2011, 077 de 2007, 217 de 2006 y 162 de 2003.
[36] Párrafo 7, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[37] Apartado final del párrafo 8, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[38] Párrafo 3, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[39] Apartado final del párrafo 7, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[40] Párrafo 7, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[41] Esta reglamentación se resalta, además, fue utilizada por la S. de Revisión para fundamentar la segunda subregla a que se ha hecho referencia; además, fue ampliamente desarrollada en el título 4 de la parte considerativa de la sentencia cuya nulidad se estudia. Este decreto “establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”.
[42] La norma reglamentada, en relación con este empleo, que corresponde al literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909, dispone que el empleo de “S. General”, bien sea en la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial, como en la Administración Descentralizada del Nivel Territorial, corresponde a uno de libre nombramiento y remoción, por corresponder a un cargo de “dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices”.
[43] Apartado final del párrafo 7, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[44] Apartado inicial del párrafo 8, del título 5, de la parte considerativa de la sentencia T-685 de 2016.
[45] Sentencia T-517 de 2010.
[46] Sentencia T-633 de 2003.
[47] Sentencia T-391 de 1997.
[48] Sentencia T-192 de 1994. En otras decisiones de esta Corporación, se ha resaltado que el decreto y práctica de pruebas de oficio es conveniente para arribar a, “una convicción seria sobre los hechos presentados en la demanda, sin que se precipite a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante” (Sentencia T-825 de 2008, que, a su vez, cita como fundamentos de esta inferencia lo señalado por la Corporación en las sentencias T-848 de 2006, T-631 de 2007, T-229 de 2007 y T-1047 de 2003).
[49] Al respecto, entre otras, confrontar lo señalado en las sentencias T-859 de 1999, T-120 de 2000, T-306 de 2010, T-773 de 2010 y T-707 de 2011.
[50] El párrafo inicial de cada una de ellas corresponde, respectivamente, a los párrafos 47 y 50.
[51] Auto A-163 de 2011.
Auto nº 616/17 de Corte Constitucional, 15 de Noviembre de 2017
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº 11001-0203-000-2016-01459-00 de 8 de Noviembre de 2016