Source: http://www.elderecho.com/tribuna/civil/parejas-pension-viudedad-reciente-judicial_11_787930001.html
Timestamp: 2017-10-22 22:58:10
Document Index: 817628

Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'artículo 53', 'artículo 15', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'in fine', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 174', 'artículo 14', 'artículo 2']

I. El estado de la cuestión con anterioridad a la Ley 40/2007, de 4 de diciembre
"…a efectos de causar la pensión de viudedad no es asimilable la convivencia "more uxorio" y el matrimonio, así lo ha declarado la Sala en sus sentencias de 20 de mayo y 29 de junio de 1992 y 10 de noviembre de 1993, en las que se interpreta en sus propios términos tanto el artículo 160 -hoy 174- de la LSS como la disposición adicional 10.2 de la ley 30/1981. Pues el primero solo concede derecho a la viudedad al "cónyuge supérstite" y la segunda sólo concede la pensión de viudedad al conviviente que no pudo contraer matrimonio con el causante por impedirlo la legislación vigente hasta la ley 30/81 y que el fallecimiento se produzca con anterioridad a la misma ley”.
“…que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho”.
"A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante”.
- Que sus ingresos, durante el año natural anterior al deceso del causante, no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo periodo (párrafo I, apartado 3).
- Alternativamente, que dicho porcentaje no supere el 25% en el caso de que no existan hijos comunes con derecho a la pensión de orfandad (párrafo I, apartado 3).
- Por último, y como cláusula de cierre, que los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del SMI vigente en el momento del hecho causante (párrafo II, apartado 3), incrementándose el límite indicado en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. Resulta interesante destacar qué se entiende por “ingresos” a estos efectos: los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones (párrafo III, apartado 3).
“…resulta pues indubitado que la norma legal ha impuesto, en el concreto ámbito que nos ocupa, una doble premisa: un certificado de empadronamiento acreditativo de la convivencia… Así,… como ya tuvimos ocasión de manifestar en nuestra sentencia de 29 de junio de 2009, "es evidente que esta vía de constatación de la convivencia se configura como un requisito constitutivo del derecho que aquí se está pidiendo sin que el legislador haya contemplado otras formas o vía de constatación, como pudieran ser las sentencias dictadas en procesos seguidos en reclamación de la pensión , antes de la reforma legal (habida cuenta de que el problema y la demanda social y problemática judicial era notoria, incluso a nivel constitucional). (...) Los datos del padrón municipal constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo de sus vecinos, teniendo las certificaciones que se emitan de dichos datos el carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos (artículo 53 del R.D. 2612/1996 de 20 diciembre). Por otro lado, no hay que olvidar que, según el artículo 15 de la citada norma dispone que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente" (...) El hecho de que el legislador haya hecho expresa referencia al certificado de empadronamiento entendemos que lo es por ser el registro obligatorio para todo ciudadano y por medio de él queda constancia cierta de que el domicilio habitual de la pareja es común y por ello puede hablarse de que están conviviendo y han iniciado una vida en común, dejando de lado otros vías de menor consistencia y alejadas del carácter de notoriedad que aquél registro lleva implícito. (...) Según entiende esta Sección de Sala, esta modalidad especial de prestación exige, como la ordinaria, que exista una convivencia estable considerando como tal la que se obtiene del certificado de empadronamiento en el que deberá constar un determinado número de años de convivencia. (...) En definitiva, lo que no es posible es intentar invocar una convivencia estable con base en pruebas testificales u otros medios distintos. El legislador considera aquella convivencia como la que se obtiene de la inscripción en el padrón municipal, que es obligatoria para todos los ciudadanos…”.
La cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala (Sentencia de 25-5-2010, reiterada en otras posteriores) y a su doctrina hay que estar por un elemental principio de seguridad jurídica. Según dicha doctrina, la solución jurídicamente correcta es la de la sentencia de contraste, a saber, que la convivencia more uxorio debe poder acreditarse mediante otros medios de prueba admisibles en Derecho y no exclusivamente mediante el certificado de empadronamiento. Y decíamos, en la STS de 25-5-2010, que dicha solución es válida "para todos los casos en que se deba aplicar el artículo 174.3 que, haciendo una aproximación hacia el cumplimiento del principio de igualdad entre quienes optan por el matrimonio y quienes lo hacen por la convivencia de hecho more uxorio, concede por primera vez en nuestra evolución jurídica la pensión de viudedad también a los segundos, si bien lo hace imponiendo, en los tres primeros párrafos, determinados requisitos adicionales sobre los que no procede pronunciarnos pues no forman parte del objeto de este recurso".
Y, entrando ya en la argumentación de fondo para adoptar esa posición, añadíamos en la citada sentencia: "A partir de ahí, la redacción del cuarto párrafo de dicho artículo 174.3, referido a "cuando se considerará" que existe pareja de hecho, permite diversas interpretaciones. Una es la que hace el INSS y la sentencia recurrida, según la cual se eleva indebidamente el certificado de empadronamiento a un auténtico "requisito constitutivo" de dicha relación afectiva. Pero hay una interpretación, mucho más acorde con el principio de igualdad constitucional, con el sentido histórico de la evolución normativa en que se inserta este nuevo artículo 174.3 y con otros criterios hermenéuticos a que más adelante nos referiremos, que es considerar el certificado de empadronamiento como un medio probatorio más, entre otros posibles, lo que, además, tiene la ventaja de permitir la prueba en contrario, esta vez a favor del INSS: puede haber un falso certificado de empadronamiento (o que fue verdadero en su día y ha dejado de serlo) que no se corresponde con una convivencia afectiva more uxorio real (que o bien nunca existió o que ha dejado de existir) y dicho certificado no debe prevalecer". Y concluíamos: "Un criterio hermenéutico que abona además esta interpretación es el sistemático: dentro del propio párrafo del artículo 174.3 en el que aparece el certificado de empadronamiento se habla de una "convivencia estable y notoria"; pero es claro que lo notorio es lo que no necesita de prueba, aquello cuya real existencia se evidencia por sí misma, luego mal se puede exigir simultáneamente que el hecho en cuestión se acredite exclusivamente mediante una prueba meramente formal como es el certificado de empadronamiento. Y algo más adelante, en el mismo párrafo del artículo 174.3, se dice que "la existencia de la pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja". Es evidente que tal prescripción legal entra en contradicción con cualquier interpretación que lleve a concluir que el certificado de empadronamiento es la única prueba admisible de la convivencia. Es claro que la inscripción o el documento público recién citados tienen mucho mayor valor jurídico que el certificado de empadronamiento que, al fin y la postre, no refleja más que un hecho cambiante y aleatorio, como es la vecindad. Vecindad que, por mil motivos diferentes, por ejemplo por muy justificadas razones de trabajo y más en un mercado laboral tan móvil como el actual, puede ser distinta para ambos integrantes de la pareja de hecho -o de un matrimonio- sin que ello signifique absolutamente nada respecto a la existencia del vínculo en cuestión" (…).
“…ha de acogerse la exigencia de inscripción en el registro de parejas de hecho, no pudiéndose desatender las prescripciones normativas al amparo de otros criterios de interpretación legal. No olvidemos que el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del sistema, en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquél. En definitiva, los "derechos de Seguridad Social" son derechos de contenido legal y requieren de la intermediación legislativa, correspondiendo al legislador determinar el alcance del derecho de los ciudadanos, estableciendo los requisitos y condiciones que se precisen para hacer efectivo ese derecho. En el ejercicio de su potestad, el legislador puede, sin duda, contemplar una pluralidad de situaciones jurídicas diversas y regularlas de manera diferente. En el supuesto concreto contemplado, el legislador ha querido, como manifestación de legalidad ordinaria, fijar los contornos legales que han de regir para aplicar el derecho a la pensión de viudedad, imponiendo los requisitos mencionados para que las situaciones de parejas de hecho -cuando el fallecimiento del causante se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada por Ley 40/2007- puedan generar pensión. Otra consideración conllevaría la alteración los perfiles identificativos de la prestación, haciéndose extensible la acción protectora de la Seguridad Social a un ámbito distinto al pretendido por el legislador, modificando con ello el marco de aplicación al que la norma va dirigida…”.
“…los "derechos de Seguridad Social" son derechos de contenido legal y requieren de la intermediación legislativa, correspondiendo al legislador determinar el alcance del derecho de los ciudadanos, estableciendo los requisitos y condiciones que se precisen para hacer efectivo ese derecho. En el ejercicio de su potestad, el legislador puede, sin duda, contemplar una pluralidad de situaciones jurídicas diversas y regularlas de manera diferente. En el supuesto concreto contemplado, el legislador ha querido, como manifestación de legalidad ordinaria, fijar los contornos legales que han de regir para aplicar el derecho a la pensión de viudedad, exigiendo para que las situaciones de parejas de hecho, cuando el fallecimiento del causante se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada por Ley 40/2007 puedan generar pensión como uno de sus requisitos el que el causante y el beneficiario se encontrasen inscritos en el correspondiente registro de parejas de hecho. Otra consideración conllevaría la alteración de los perfiles identificativos de la prestación, haciéndose extensible la acción protectora de la Seguridad Social a un ámbito distinto al pretendido por el legislador, modificando con ello el marco de aplicación al que la norma va dirigida…”.
“…los términos de la norma no dejan lugar a dudas de que son requisitos acumulativos, y por tanto, el requisito de constitución formal como pareja de hecho, en los casos de fallecidos a partir del 1 de enero de 2008, es diferente al de la convivencia y resulta imprescindible para tener derecho a la pensión, de suerte que no tienen esta protección las parejas de hecho "puras", que no se han constituido como tales en la forma legalmente prevista para quedar sujetas al régimen jurídico propio de éstas…”.
Por el contrario, otra corriente doctrinal ha estimado que las exigencias legales deben ser entendidas de forma laxa. La Sentencia del TSJ Baleares de 18 de febrero de 2010 (EDJ 2010/53996) entendió que la pareja de hecho, como su propio nombre indica, no puede estar sometida a requisitos constitutivos como si de un matrimonio se tratara. La inscripción o la constitución mediante documento público sólo puede tener valor "ad probationem", al igual que la inscripción del matrimonio y, desde esta perspectiva, el TC en Sentencia 199/2004 de 15 de noviembre (EDJ 2004/173728) otorgó amparo constitucional a quien se le había denegado la pensión de viudedad por no haber sido inscrito el matrimonio canónico, declarando que "considerar inexistente el matrimonio no inscrito y negar la condición de cónyuge a quien ha demostrado su válido vínculo matrimonial, pone de manifiesto que se otorga a la inscripción un valor constitutivo, lo que no resulta acorde a lo que expresamente establece el art. 6.1 CC, a la par que aboca a un resultado claramente desproporcionado como es la denegación de la pensión". Lo mismo -entiende esta corriente- puede afirmarse respecto de la pareja de hecho cuya existencia con antelación superior a dos años queda debidamente acreditada aún sin haber sido registrada o constituida formalmente mediante documento público.
“…a más de convivir juntos cuando menos desde el año 1986, se aportan otros documentos que acreditan (aunque la inclusión de tales extremos en el relato de hechos debiera haberse instado en anterior motivo) una relación de afectividad análoga a la conyugal, tales como una cuenta corriente común abierta en Caja España en 1-1-91, o una póliza de decesos en vigor desde 1-5-74, en la que figura el finado como titular y como asegurados el mismo y la demandante así como una hija cada uno de ellos, o, lo que es más significativo, una escritura pública de reciproco y amplio apoderamiento entre ambos ante notario efectuada el 22-10-93 y ante el que comparecen formalmente como "esposos". Estamos ante documento público asimilable al que podría haberse otorgado para constituirse formalmente en pareja de hecho…”.
Ahora bien, esta cuestión quedó zanjada por la Sentencia del TS, Sala 4ª, de 21 de febrero de 2012 (EDJ 2012/48602), en virtud de la cual los requisitos legales de "existencia de pareja de hecho" y de "convivencia estable y notoria”, establecidos en el art. 174.3 TRLGSS son distintos, y deben concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente, declarando, textualmente, esta resolución lo siguiente:
"6.- En ambos casos se trata de solicitantes de viudedad que acreditan convivencia con el causante superior a cinco años, (aunque sin que consten hijos comunes en la sentencia recurrida), habiéndose producido los fallecimientos tras la entrada en vigor de la Ley 40/2007, cuando perduraba el supuesto de pareja de hecho , sin que en ninguno de ellos se hubiera acreditado "la certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja", tal como contempla el art. 174.3 in fine LGSS. Pese a tales coincidencias, la sentencia recurrida deniega la pensión mientras que la de contraste la reconoce. Es evidente, pues, la contradicción, según admite expresamente el Ministerio Fiscal, y, por tanto, debemos entrar una vez más en el fondo del asunto, invocando la beneficiaria recurrente como infringidos los arts. 174.3 LGSS, 14, 139.1, 39.1 y 2, y 149.1.17 de la Constitución Española.
- Como recuerda la reciente sentencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2011, de conformidad con doctrina jurisprudencial unificada, que recuerda también el preceptivo dictamen del Ministerio Fiscal, la solución más ajustada a derecho de las confrontadas en esta casación unificadora es la contenida en la sentencia recurrida, por lo que el recurso debe ser desestimado.
- Como señalamos en la STS citada, "El fundamento de la doctrina jurisprudencial sentada en las mencionadas sentencias, que hacemos nuestro en la presente decisión y cuyos razonamientos sobre los diversos extremos planteados damos por reproducidos, --no pudiendo por otra parte, este Tribunal inaplicar las disposiciones con rango legal posteriores a la Constitución aunque entendiera que infringen aquélla sin plantear la posible cuestión de inconstitucionalidad (art. 5 LOPJ), lo que la Sala no entiende que en este caso sea procedente, al no entrar en conflicto la regulación de distintas Comunidades autónomas sobre la acreditación de pareja de hecho--, se puede sintetizar, en lo que aquí interesa, como ha hecho la mencionada en último lugar, en los siguientes puntos: 1) que los requisitos legales de "existencia de pareja de hecho" y de "convivencia estable y notoria", establecidos ambos en el vigente artículo 174.3 LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente; 2) que, en el mismo precepto legal, las reglas de acreditación de uno y otro requisito son asimismo diferentes; 3) que la "existencia de pareja de hecho" debe acreditarse, de acuerdo con el repetidamente citado artículo 174.3 LGSS, bien mediante "inscripción en registro específico" de parejas de hecho, bien mediante "documento público en el que conste la constitución" de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas"."
"…aunque el artículo 5 del Decreto 124/2000, de 11 de julio, que regula el Registro de parejas de hecho en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece que la inscripción en dicho Registro "tendrá efectos declarativos", es lo cierto que "la pareja no utilizó tal medio de formalización y tampoco la escritura pública". Y sobre esto último añade: "La sentencia de instancia informa de que la demandante y el causahabiente manifestaron ser cónyuges entre sí en escritura notarial de 29-4-98" (referida a una compraventa de finca urbana). Pero tal manifestación no puede hacerse equivalente a la de constitución de la pareja de hecho exigida en el precepto que se comenta. Ello es así porque una cosa es la expresión de la manifestación de voluntad constitutiva de la pareja de hecho, y otra muy distinta que, a ciertos efectos en el ámbito jurídico civil o mercantil, se quiera hacer valer una cierta vinculación, que para el caso tiene un alcance meramente circunstancial y de oportunidad, limitado al negocio de que se trate…”.
Por otro lado, es interesante la Sentencia del TSJ Andalucía, sede Granada, Sala de lo Social, sec. 1ª, nº 937/2011, de 13 de abril (EDJ 2011/28864) que conoció de un supuesto en el que la Dirección Provincial del INSS denegó la pensión de viudedad a la solicitante tras el fallecimiento de su pareja en el año 2009 en estado de separado legal, con el argumento de no hallarse constituida formalmente como pareja de hecho en los dos años anteriores al fallecimiento (dicha pareja no se hallaba inscrita en ningún registro público). La pareja de hecho, según la reclamante, se basaba en la convivencia con el fallecido al menos desde el nacimiento de su primer hijo común -1985- constando en las actuaciones un informe del Alcalde de la localidad de Níjar donde consta que la actora y el fallecido convivieron desde el año 1984. La cuestión objeto de análisis -según se dice en la citada resolución- se centra en determinar si se cumple con el requisito de acreditación de la existencia de "pareja de hecho" realizada con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante y si la misma se justifica en algún tipo de documento público. Para resolver la cuestión planteada, la Sala acude a lo dispuesto en el art. 317 LEC, que precisa lo que ha de considerarse, a efectos de prueba en el proceso, documentos públicos; concediéndole tal carácter -y por tanto teniendo por justificado el requisito exigido en el art. 174.3º TRLGSS-, a la cartilla de la Seguridad Social del fallecido emitida por el INSS el 13 de junio de 1989 justificativa de afiliación (documento que refleja los datos que constan registrados en Tesorería) y en el que se puede leer la identificación, ya en 1989, de la ahora recurrente como "esposa". Como razona la Sala ad quem:
- De un lado, la inscripción en el registro o la formalización en documento público de la pareja de hecho sólo surten efectos cuando se producen con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. Insistimos, la inscripción en registro público tiene, a estos efectos, valor constitutivo, pero ella sola no basta, sino que es necesario cumplir con el requisito temporal de que dicha inscripción, o bien la constancia en documento público, date con una antelación mínima de dos años al fallecimiento.
- De otro, la pareja de hecho supérstite sólo puede acceder a la pensión, con independencia de la contingencia que haya provocado el óbito, cuando demuestre, a través del pertinente certificado de empadronamiento, que había convivido con el causante de forma estable, ininterrumpida y notoria durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. La oportunidad de este requisito temporal ha sido destacada y reconocida por la Sentencia del TS, Sala 4ª, sec. 1ª, de 15 de marzo de 2011 (EDJ 2011/26085) para la que:
"…cosa distinta es que, una vez acreditada la existencia de la pareja de hecho, la normativa de Seguridad Social exija que la misma haya durado al menos cinco años (o seis años para los supuestos de fallecimiento del causante anterior al 1 de enero de 2008) para que el sobreviviente pueda lucrar la pensión de viudedad. Se trata simplemente de un período de carencia -en el sentido más propio de la expresión, que no es equivalente a período mínimo de cotización- pero nunca de un requisito de existencia de la pareja de hecho en sí misma considerada. Y, una vez acreditada la existencia de la pareja de hecho, su duración se verifica por el mero transcurso del tiempo, mientras la pareja de hecho no haya dejado de existir por cualquiera de las causas de separación que el ordenamiento jurídico prevea al respecto…".
Pues bien, ya desde los primeros momentos esta norma suscitó opiniones que la estimaban inconstitucional, y es que como pusiera de manifiesto la Sentencia del TSJ País Vasco, Sala de lo Social, sec. 1ª, de 14 de abril de 2009 (EDJ 2009/148824) la regulación introducida por la Ley 40/2007, de 1 de julio, en este aspecto, podría atentar contra el principio de igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, quebrantar la obligación de los poderes públicos de mantener un "régimen público", es decir, único y unitario, de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la uniformidad del acceso a las prestaciones en todo el territorio estatal.
Por otra parte, la desigualdad observable entre esas diversas leyes autonómicas es una consecuencia lógica del principio de autonomía política y no viola el artículo 14 de la Constitución por encontrar una justificación objetiva y razonable en el mencionado principio. Se entendería, así, que existe una igualdad básica en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho, aunque existiría una cierta desigualdad de orden secundario derivada de la distinta forma de acreditar la existencia de la pareja de hecho de acuerdo con las diversas leyes autonómicas aplicables en cada caso...”.
“…la Sala tiene dudas sobre si la regulación que contiene el párrafo quinto del artículo 174.3 de la LGSS respeta el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución, en cuanto establece para ciertas Comunidades Autónomas, por vía de remisión a su legislación específica, una regulación sobre la acreditación de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho que difiere de la regla general sobre tal extremo contenida en el párrafo cuarto del mismo precepto legal. Esta distinción, tratándose de una prestación de Seguridad Social, resulta además muy preocupante si tenemos en cuenta que el artículo 2.1 de la Ley General de Seguridad Social dice: "El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad". Y la LGSS es una ley estatal, que constituye legislación básica de Seguridad Social, lo cual abre una nueva perspectiva -inescindiblemente unida a la anterior- a esta cuestión de inconstitucionalidad y que fue puesta en evidencia por una de las partes interesadas en el pleito. En efecto, siendo competencia exclusiva del Estado "la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social" (art. 149.1, 17ª CE), no parece constitucionalmente admisible que sean leyes autonómicas -aunque en virtud de remisión por la ley estatal- las que contengan la regulación de un aspecto tan importante de la pensión de viudedad de las parejas de hecho cual es "la consideración de pareja de hecho y su acreditación", que es el requisito ineludible para poder obtener dicha pensión…”.
“…la duda de constitucionalidad planteada por el órgano judicial ha sido resuelta por este Tribunal en la reciente STC 40/2014, de 11 de marzo, en la que lo hemos declarado inconstitucional y nulo por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 CE. En efecto, según hemos señalado en esta Sentencia, la norma cuestionada introducía en la regulación de la pensión de viudedad un criterio de diferenciación entre los sobrevivientes de las parejas de hecho carente de justificación, en tanto que la remisión que realizaba a la legislación específica de las Comunidades Autónomas de Derecho civil propio daba lugar a que los requisitos de acceso a la pensión de viudedad fueran distintos en función de la definición de la pareja de hecho y los modos de acreditarla previstos en las correspondientes legislaciones de las referidas Comunidades Autónomas. A este respecto, precisamos que el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS no constituía una norma de legislación civil vinculada al art. 149.1.8 CE, sino una norma de Seguridad Social, que en principio y salvo justificación suficiente, que no concurría en ese caso, debía establecer "con el más exquisito respeto al principio de igualdad" los requisitos a cumplir por las parejas de hecho para poder acceder a la pensión de viudedad. Lo contrario, conducía "al resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del art. 14 CE en relación con el art. 149.1.17 CE" (FJ 5). En suma, concluimos que "no es posible deducir finalidad objetiva, razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho" (FJ 5)…”.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de febrero de 2015.