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Timestamp: 2017-02-22 10:41:14
Document Index: 171682231

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 322', 'Artículo 13', 'Artículo 1197', 'Artículo 38', 'Artículo 117', 'Artículo 15', 'Artículo 322', 'Artículo 1197', 'Artículo 41', 'Artículo 230', 'Artículo 117']

Obra Social para la Actividad Docente (O.S.P.L.A.D.) c/ Buenos Aires, Provincia de Seleccione un autor deseado cerrar A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Seleccione una revista cerrar Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública | Año Editorial I a XII (REVISTA RAP)
Buenos Aires , Revista: Ediciones Especiales Obra Social para la Actividad Docente (O.S.P.L.A.D.) c/ Buenos Aires, Provincia de
Medida cautelar. Obras sociales. Acción declarativa. Norma provincial que impone obligaciones vinculadas a la recaudación de las rentas públicas. Embargos sobre créditos. Medida cautelar. Obras sociales. Acción declarativa. Norma provincial que impone obligaciones vinculadas a la recaudación de las rentas públicas. Embargos sobre créditos. Rechazo de la medida. Criterio restrictivo. Actos de los poderes públicos. Percepción de la renta pública. S.C., O. 241, L. XLIII. Juicio Originario. "Obra Social para la Actividad Docente (O.S.P.L.A.D.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad". Suprema Corte:
A fs. 13/22, la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), entidad de derecho público no estatal (decreto del P.E.N. 492/95 y 359/96 y resoluciones conjuntas de la ANSSAL 6108/95 y del INOS 148/96) en su condición de agente natural del Sistema Nacional de Salud (Artículo 15 de la Ley Nacional Nº 23.661), promueve la acción prevista en el Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía, Subsecretaría de Ingresos Públicos, Dirección Provincial de Rentas), a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad de la disposición normativa serie "B" 049/07, modificada por su similar serie "B" 61/07, dictada por el Subsecretario de Ingresos Públicos a cargo de la Dirección Provincial de Rentas.
La cuestiona en cuanto le impone responsabilidades y obligaciones no autorizadas por el marco legal (Artículo 13 bis de la Ley Nº 13.529) por lo que son ajenas a los fines para los cuales fue creada como obra social y resultan propias de la Dirección de Rentas local. Se trata de supuestos en los que se dispongan embargos sobre sumas de dinero destinadas al pago que deban efectuar como agentes de retención sobre el impuesto sobre los ingresos brutos de los contribuyentes (prestadores de tal entidad) cuya deuda se haya reclamado en un juicio de apremio, lo cual viola los Artículos 14 bis, 17, 18, 19, 31, 43, 75, inc. 22, 99, inc. 2, 116 y 117 de la Constitución Nacional y en las Leyes 19.655, 23.660 y 23.661, decreto nacional 429/95, resolución conjunta ANSSAL-INOS 6108-148/96 y Artículo 1197 y concordantes del Código Civil.
Solicita además el dictado de una medida cautelar (Artículos 230, 232 y concordantes del C.P.C.C.N.) a fin de que se suspenda la aplicación de la disposición normativa serie "B" 049/07, modificada por su similar serie "B" 61/07 hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
A fs. 23, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.
En efecto, toda vez que una entidad de obra social, que litiga en el fuero federal (Artículo 38 de la Ley Nº 23.661 y doctrina de Fallos: 326:314), demanda a una Provincia con derecho a la competencia originaria de la Corte, según el Artículo 117 de la Constitución Nacional, una solución que satisfaga ambas prerrogativas jurisdiccionales conduce a determinar que la causa tramite en la instancia originaria del Tribunal (v. dictámenes de este Ministerio Público del 17 y 28 de febrero de 2005 en las causas O. 721, XL, Originario "OSPLAD c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ ejecución fiscal" y O. 466, XXXIX, Originario "OSPLAD c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", cuyos fundamentos, en este último, compartió el Tribunal en su sentencia del 26 de abril de ese año, entre muchos otros).
O. 241, L. XLIII. Juicio Originario. "Obra Social para la Actividad Docente (O.S.P.L.A.D.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad".
1º) Que a fs. 13/22 la Obra Social para la Actividad Docente (O.S.P.L.A.D.), en su condición de agente natural del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Artículo 15 de la Ley Nº 23.661), promueve la acción prevista por el Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía, Subsecretaría de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas), a fin de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la disposición normativa serie "B" 49/07, modificada por su similar serie "B" 61/07, dictada por el Subsecretario de Ingresos Públicos a cargo de la Dirección General de Rentas.
La cuestiona en cuanto le impone obligaciones que no se encuentran previstas en la ley fiscal y que resultan ajenas a su función principal, que es brindar protección de salud a sus más de 300.000 beneficiarios. En ese sentido, señala que la disposición tachada de inconstitucional, la obliga, en su carácter de agente de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, a trabar embargos sobre fondos que la obra social deba abonar a contribuyentes con deuda impositiva reclamada en un juicio de apremio, cualquiera sea el impuesto de la que provenga, para lo cual, antes de efectuar pagos a cualquiera de sus miles de prestadores, ya sea que resulten o no pasibles de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, debe acceder a la aplicación informática "Embargo de derechos de crédito" disponible en el sitio de internet de la Dirección Provincial de Rentas, y si de la consulta resulta que el prestador de la obra social registra deuda impositiva en instancia judicial, debe embargar ese crédito bajo responsabilidad de considerársela responsable solidaria de la obligación fiscal. Agrega que la normativa cuestionada también le impone la carga de asumir el carácter de depositaria de los fondos embargados -con las consecuencias legales que se derivan de tal condición- hasta tanto se concrete la transferencia pertinente al juicio de apremio correspondiente.
Aduce que las obligaciones y responsabilidades que la disposición cuestionada establece no encuentran respaldo en las normas invocadas para su dictado, ni en ninguna otra del Código Fiscal. Además, explica que esas cargas implicarían asumir una serie de funciones que no le corresponden y que no está en condiciones de cumplir por la cantidad de prestadores que tiene la obra social, y que pondrían en riesgo el cumplimiento de la cobertura de salud que debe dar a sus afiliados.
Luego de otras consideraciones, concluye en que la disposición normativa objetada es nula, de nulidad absoluta e inconstitucional, porque reglamenta en forma exorbitante el Código Fiscal, y porque viola los artículos 14 bis, 17, 18, 19, 31, 43, 75, inciso 22 y 99, inciso 21 de la Constitución Nacional, las Leyes Nº 19.655, 23.660 y 23.661, el decreto nacional 429/95, la resolución conjunta ANSSAL-INOS 6108-148/96 y el Artículo 1197 y concordantes del Código Civil.
Además solicita el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspenda la aplicación de la disposición normativa serie "B" 49/07, modificada por su similar serie "B" 61/07, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. 2º) Que este juicio es de la competencia originaria de este Tribunal, de acuerdo a la exposición de los hechos que se efectúa en la demanda y en la presentación de fs. 27/30 (Artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y de conformidad con los fundamentos y la conclusión dados en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los que cabe remitir en razón de brevedad.
3°) Que la jurisprudencia de esta Corte ha establecido reiteradamente que la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora, y que dentro de aquéllas la innovativa constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, lo que justifica una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 316:1833; 319:1069; 326:3729, entre otros).
4º) Que esa estrictez debe extremarse aún más cuando la cautela innovativa se refiere a actos de los poderes públicos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan (Fallos: 328:3018, 3023, entre otros) y, en particular, si se trata del examen de medidas suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales (Fallos: 313:1420, entre otros), porque la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por las respectivas normas es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (cfr. Fallos: 312:1010, entre muchos otros).
5º) Que en su mérito en el sub lite el Tribunal considera que no se configuran los presupuestos necesarios para acceder a una medida cautelar como la pedida (Artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Admitir la radicación de estas actuaciones en la instancia originaria de esta Corte, prevista en el Artículo 117 de la Constitución Nacional. II. Rechazar la medida cautelar solicitada. III. Correr traslado de la demanda interpuesta a la Provincia de Buenos Aires, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días. Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de La Plata. Notifíquese.
Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt ¿ Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda.
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