Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0879_2004.html
Timestamp: 2019-12-11 13:18:11
Document Index: 112216945

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 113', 'artículo 189']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0879_2004]
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1-1 2-1 3-1 1-2 2-2 3-2 4-2 1-3 2-3 3-3
PROYECTO DE LEY 36 DE 2002 SENADO
ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACION.
ARTÍCULO 3o. AUTORIDADES CENTRALES Y COMPETENTES.
2. Los requerimientos de asistencia deberán contener las siguientes indicacio nes:
ARTÍCULO 5o. EJECUCION DE REQUERIMIENTOS.
2. La Parte requerida informará con prontitud a la Parte requirente de la d ecisión de la Parte requerida de no cumplir en todo o en parte con un requerimiento de asistencia y del motivo de tal decisión.
ARTÍCULO 6o. DENEGACION DE ASISTENCIA.
ARTÍCULO 7o. RESERVA Y LIMITACION AL USO DE PRUEBAS E INFORMACION.
ARTÍCULO 8o. INFORMACION Y PRUEBAS.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en un artículo 5o (1) y de acuerdo con las disposiciones de este artículo, una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de realizar un embargo, incautación u otra medida cautelar sobre bienes para asegurar que estos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso o confiscación.
d) Cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea embarga r, incautar o aplicar otra medida cautelar y los fundamentos del cálculo de esa suma;
ARTÍCULO 10. EJECUCION DE ORDENES DE DECOMISO O CONFISCACION.
1. Si el requerimiento para una orden de decomiso o confiscación es realizado, la Parte Requerida puede, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5o (1) del presente Acuerdo:
ARTÍCULO 11. INTERESES SOBRE LOS BIENES.
ARTÍCULO 12. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.
ARTÍCULO 13. GASTOS.
ARTÍCULO 14. AUTENTICACION.
ARTÍCULO 15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
ARTÍCULO 16. COMPATIBILIDAD CON OTROS TRATADOS, ACUERDOS U OTRAS FORMAS DE COOPERACION.
La asistencia establecida en el presente Acuerdo no impedirá que cada una de las Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales de los cuales sean partes. Este Acuerdo no impedirá a las Partes la p osibilidad de desarrollar otras formas de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
ARTÍCULO 1o. Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El Gobierno Nacional, con base en lo dispuesto en los artículos 150 numerales 16, 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, somete a consideración del honorable Congreso de la República, el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
En virtud de las nuevas realidades de la política internacional, y reconociendo que la lucha contra la delincuencia transnacional es una responsabilidad compartida de la Comunidad Internacional, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha la búsqueda del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas; política esta encaminada a la consolidación de un canal de comunicación ágil, así como de herramientas dinámicas que permitan adelantar acciones conjuntas de control y represión de las actividades delictivas entre los Estados de América Latina y el Caribe.
Para contribuir a la realidad de estos objetivos, se debe fortalecer la cooperación bilateral entre Colombia y la República Dominicana, mediante un nuevo marco jurídico que impulse la valiosa relación en materia penal de los dos países.
El Acuerdo al establecer los mecanismos de cooperación en materia penal entre los dos países, lo hace sobre el respeto de los principios de soberanía, autonomía y no intervención entre los Estados, garantizando los derechos fundamentales y procesales de los ciudadanos de ambas naciones, en claro acatamiento a la norma fundamental del artículo 9o de nuestra Constitución que, además, preceptúa la obligatoriedad de orientar la política exterior hacia una integración cada vez mayor con los demás Estados de América Latina y del Caribe.
En la actualidad, la cooperación judicial en materia penal con República Dominicana se da a través de dos vías: exhortos y cartas rogatorias, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal y mediante los mecanismos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena en 1988, y en vigor en Colombia desde 1994, habiendo sido aprobada por la Ley 67 de 1993.
El primero de los mecanismos citados requiere numerosos trámites que hacen engorrosa su aplicación en perjuicio de las investigaciones que, sobre todo en materia penal, requieren de acciones rápidas para su efectividad. En cuanto a los mecanismos previstos en la citada Convención de Viena de 1988, son mucho más ágiles, pero solo se aplican en relación con el tráfico de estupefacientes, dejando por fuera los demás ilícitos, por lo que se hace necesaria la implementación de acuerdos como el instrumento en estudio.
Con la suscripción de instrumentos como el presente, se afianza la colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado, como lo ordena el inciso final del artículo 113 de la Constitución ya que el Ejecutivo, quien por mandato del mismo ordenamiento maneja las relaciones internacionales (artículo 189, numeral 2), pretende que las autoridades, en especial las judiciales, puedan, con la utilización de tales convenios, realizar en forma más eficaz su labor, y para este caso en particular, en lo que a prevención del delito se refiere.
Articulado del Acuerdo
El presente Instrumento consta de un preámbulo y diecisiete artículos. En el preámbulo se consagran los principios orientadores del Acuerdo. Los diecisiete artículos respectivamente son: Ambito de Aplicación, Definiciones, Autoridades Centrales y Competentes, Contenido de los Requerimientos, Ejecución de los Requerimientos, Denegación de Asistencia, Reserva y Limitación al Uso de Pruebas e Información, Información y Pruebas, Medidas Provisionales, Ejecución de Orden de Decomiso o Confiscación, Intereses sobre los Bienes, Responsabilidad por Daños, Gastos, Autenticación, Solución de Controversias, Compatibilidad con otros Tratados, Acuerdos u otras formas de Cooperación y Disposiciones Finales.
Específicamente, el Acuerdo planea adelantar acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de acciones que agilicen los mecanismos tradicionales de asistencia judicial y con ello ayudar al éxito de la investigación de procesos penales y el juzgamiento de los res ponsables.
Este Acuerdo estimula la implementación de medidas idóneas para que, en concordancia con el ordenamiento jurídico interno de las Partes, sea posible hacer el seguimiento de los autores y cómplices, así como el intercambio de informaciones y pruebas.
Es de anotar que este Acuerdo no se aplicará a las contravenciones, a la extradición ni a la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas.
Finalmente, en los aspectos relativos a solución de controversias, entrada en vigor y prórrogas, el Acuerdo se ajusta a las prácticas y normas del Derecho Internacional consagradas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en otros instrumentos internacionales.
De esta forma, honorables Congresistas, quedan expuestos los parámetros que hicieron posible la negociación del Convenio puesto a su consideración.
Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos