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Timestamp: 2018-04-25 19:03:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 33', 'artículo 23', 'artículo 33', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 23', 'artículo 546', 'artículo 554', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 23', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 59']

Trabajo Fin de Grado Facultad de Derecho - PDF
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Nieves Moya Figueroa
1 Trabajo Fin de Grado Facultad de Derecho Informe sobre cuestiones marítimas, transfronterizas y otros problemas jurídicos Curso Alumno: David Rodríguez Rodríguez. Tutora: Profa. Dra. Dna. Carmen Garcimartín Montero. 1
2 ÍNDICE GENERAL ABREVIATURAS FRECUENTES... 4 INFORME JURÍDICO I 1. La competencia funcional de Guardia Civil La competencia territorial de la Guardia Civil El contrabando y la problemática de la autorización judicial La detención y puesta a disposición judicial Consideraciones finales INFORME JURÍDICO II 1. El derecho de asilo Otorgamiento/ denegación del derecho de asilo al supuesto de hecho Consideraciones finales INFORME JURÍDICO III 1. Prestación por desempleo Prestación familiar por hijos menores Acta de infracciones laborales. Procedimiento sancionador Acta de infracciones laborales respecto al supuesto de hecho Consideraciones finales
3 INFORME JURÍDICO IV 1. Contrato de arrendamiento de buque Contrato de fletamento Contrato de Transporte Marítimo Seguro Marítimo Consideraciones finales INFORME JURÍDICO V 1. La responsabilidad civil. La acción social y la acción individual La responsabilidad penal Responsabilidad tributaria Responsabilidad laboral Condición de Senador y procedimiento de detención Consideraciones finales BIBLIOGRAFÍA GENERAL ANEXOS I. Precio labores del tabaco II. Solicitud de Asilo III. Solicitud de la prestación por desempleo IV. Solicitud del subsidio por desempleo V. Solicitud de la prestación familiar por hijo a cargo VI. Acta de infracción laboral VII. Contrato de embarque VIII. Contrato de arrendamiento de buque IX. Contrato de Fletamento X. Contrato de Transporte Marítimo XI. Conocimiento de embarque o Bill of Lading XII. Contrato de Seguro Marítimo
4 Abreviaturas frecuentes: ACNUR CDM CE CIAR CNUDM CONVEMAR CP FJ LECrim. LGSS LGT LISOS LO LOPJ LPGE LSC LTM RC RD RJ RRM SA TC TS V ZC Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Convención del Derecho del Mar. Constitución Española. Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Convención del Mar Código Penal. Fundamento Jurídico. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley General de la Seguridad Social. Ley General Tributaria. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ley Orgánica. Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ley de Sociedades de Capital. Ley de Transporte Marítimo. Recurso de Casación. Real Decreto. Repertorio de Jurisprudencia. Reglamento del Registro Mercantil. Sociedad Anónima. Tribunal Constitucional. Tribunal Supremo. Véase. Zona Contigua. 4
5 ZEE Zona Económica Exclusiva. 5
6 I. Se solicita informe razonado sobre la legalidad de la actuación de las autoridades españolas en relación con el buque Pobre Mitrofán, su carga y sus tripulantes. 1. La competencia funcional de Guardia Civil. En primer lugar debemos comenzar el informe analizando la actuación de la Guardia Civil y su competencia para interceptar el buque. Como sabemos, son las patrulleras de la Guardia Civil las que interceptan el buque Pobre Mitrofán bajo sospechas de ser utilizado para operaciones de contrabando. Según la Ley Orgánica 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 1, la Guardia Civil tiene asignadas entre otras las funciones de velar por el cumplimiento de la Ley, prevenir la comisión de actos delictivos, investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes tanto en el territorio nacional como en el mar territorial así como La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos etc. Concretamente en esta Ley en su artículo 11.2 letra b), dice que la Guardia Civil ejercerá las funciones que, con carácter genérico se asignan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros, en el mar territorial. Por otro lado la competencia para conocer de los delitos fiscales y de contrabando viene reconocida en la citada Ley. Al respecto el artículo 12 establece que será ejercida por la Guardia Civil la función de El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando y La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. De hecho, corresponde a la Jefatura Fiscal y de Fronteras, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil organizar y gestionar el resguardo fiscal del Estado, las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente, así como la custodia y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y mar territorial y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular 2. Esta tarea es llevada a cabo en las aguas marítimas españolas por dicha Jefatura a través del Servicio Marítimo de la Guardia Civil -actuando conjuntamente con el Servicio de Costas y Fronteras- regulado en el Real Decreto 246/ que establece en su artículo 1 que Las funciones que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye al Cuerpo de la Guardia Civil se ejercerán en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del mar territorial determinado en la legislación vigente y excepcionalmente, fuera del mar territorial, de acuerdo con lo que se establece en los tratados internacionales vigentes. 1 V. Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Art V. Real Decreto 400/2012 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, modificado por el Real Decreto 1181/2008 del 11 de julio, art V. Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero, por el que se regula el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. 6
7 Por todo esto podemos determinar que efectivamente la Guardia Civil dispone de plena competencia para interceptar el buque Pobre Mitrofán. 2. La competencia territorial de la Guardia Civil. Una vez aclarada la aptitud de las autoridades para llevar a cabo la actuación de interceptar el buque debemos entrar a considerar el hecho determinante de que dicha intervención se llevase a cabo a 50 millas de la costa. El marco legislativo básico lo encontramos en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de , que entró en vigor en España en febrero de Con la creación de este convenio se manifiesta que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la situación geográfica de los Estados 5. Bajo esta premisa el CNUDM separa los mares y océanos en cuatro zonas, estableciendo los derechos y competencias correspondientes a cada una de ellas para los diferentes Estados, tanto los ribereños como los de interior. En primer lugar se distingue el Mar Territorial 6. Este se extiende 12 millas náuticas (22,22 Km) desde la costa, concretamente desde la línea de bajamar escorada. Los derechos que el Estado ejerce sobre su mar territorial son análogos a los que ejerce sobre su territorio y aguas interiores. En el mar territorial el Estado ribereño tiene una soberanía plena, con la limitación relativa al paso inocente. Esta institución se encuentra recogida en la Convención de Ginebra de 1958 sobre mar territorial y zona contigua y en la propia Convención sobre el Derecho del Mar de Según los artículos 17 y siguientes del CNUDM el derecho de paso inocente se les reconoce a los buques de todos los Estados y se entiende por tal el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de atravesarlo sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o una instalación portuaria, de forma rápida e ininterrumpida salvo causa justificada. Además el artículo 19 establece una serie de supuestos que, por ser perjudiciales para la paz, el buen orden y la seguridad del Estado ribereño, se pone fin al derecho de paso inocente entre los que encontramos actos de contaminación intencional y grave, cualquier actividad de pesca etc. En segundo lugar encontramos la denominada como Zona Contigua 7. Es el espacio marítimo que se extiende, de forma contigua como su propio nombre indica, a partir del Mar Territorial ocupando una extensión de 24 millas náuticas (44,45 Km) desde la línea de base que sirve de referencia para medir la anchura del MT. En esta Zona el Estado 4 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), Convención del Derecho del Mar (CDM), o también Convención del Mar (CONVEMAR) aprobada el 30 de abril de 1982 en Nueva York. 5 V. Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Al respecto véase JULIO D. GONZÁLEZ CAMPOS, LUÍS I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, 4ª ed., Thomson Civitas (2008), págs. 640 y ss. 7 Ibíd. págs. 664 y ss. 7
8 ribereño podrá adoptar todas aquellas medidas necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial ; así como sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos (art. 33 CNUDM). La siguiente zona delimitada es la Zona Económica Exclusiva. El artículo 1 de la Ley 15/ define la ZEE como aquella zona marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de doscientas millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura de aquél. En este espacio marítimo las competencias soberanas del Estado ribereño son aún más limitadas que en la Zona Contigua. Concretamente el artículo 56 del CNUDM determina que el Estado ribereño tendrá Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Así mismo el propio articulado de la Convención otorga jurisdicción tan sólo en materia de islas artificiales, instalaciones y estructuras, investigaciones científicas, protección y preservación del medio marino (tanto recursos vivos como no vivos).como podemos ver el régimen jurídico de la ZEE tiene un marcado carácter económico. Por último la Convención otorga la calificación de Alta Mar 9 a todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico 10. En este espacio marítimo rige el principio de libertad de los mares 11 y comprende tanto para los Estados ribereños como los Estados sin litoral un amplio abanico de libertades entre las que se encuentran la libertad de pesca, investigación, navegación etc. Ningún Estado podrá reivindicar su soberanía en cualquier parte de la Alta Mar, sus competencias se limitan a sus nacionales con las excepciones relativas a la piratería, transporte de esclavos y el denominado derecho de persecución. El derecho de persecución 12 que acabamos de mencionar se encuentra recogido en el artículo 111 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y constituye una verdadera excepción al principio de jurisdicción exclusiva V. Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica. 9 Al respecto, véase JULIO D. GONZÁLEZ CAMPOS, LUÍS I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, 4ª ed., Thomson Civitas (2008), págs. 667 y ss. 10 V. CNUDM de 1982, art Al respecto véase JULIO D. GONZÁLEZ CAMPOS, LUÍS I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, 4ª ed., Thomson Civitas (2008), págs. 673 y ss. 12 Ibíd. págs. 681 y ss. 13 Tal y como recoge el art. 92 de la CNUDM de 1982: Los buques navegarán bajo el pabellón de un solo Estado y, salvo en los casos excepcionales previstos de modo expreso en los tratados internacionales o en esta Convención, estarán sometidos, en la alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. 8
9 Según el artículo 111: 1. Se podrá emprender la persecución de un buque extranjero cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. La persecución habrá de empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor, y sólo podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua a condición de no haberse interrumpido. No es necesario que el buque que dé la orden de detenerse a un buque extranjero que navegue por el mar territorial o por la zona contigua se encuentre también en el mar territorial o la zona contigua en el momento en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el buque extranjero se encuentra en la zona contigua definida en el artículo 33, la persecución no podrá emprenderse más que por violación de los derechos para cuya protección fue creada dicha zona. 2. El derecho de persecución se aplicará, mutatis mutandis, a las infracciones que se cometan en la zona económica exclusiva o sobre la plataforma continental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las instalaciones de la plataforma continental, respecto de las leyes y reglamentos del Estado ribereño que sean aplicables de conformidad con esta Convención a la zona económica exclusiva o a la plataforma continental, incluidas tales zonas de seguridad. Como se menciona en este caso, las patrulleras de la Guardia Civil interceptan el buque Pobre Mitrofán a 50 millas de la costa, por tanto la detención se produce en la Zona Económica Exclusiva. Como ya hemos mencionado más arriba la soberanía de los Estados en este espacio tiene un mero carácter económico y según los datos reflejados en el supuesto no podemos determinar si se llevó a cabo el derecho de persecución o no. Si bien todo apunta a que efectivamente no se realizó. Por el principio de territorialidad 14 recogido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los tribunales españoles serán competentes para conocer de los delitos y faltas cometidos en territorio español. Tal y como dice el Tribunal Supremo en la sentencia 1/2008 una norma sólo puede ser infringida en el lugar donde rige 15 y por tanto un hecho sólo será punible conforme a la Ley española únicamente cuándo y dónde esté vigente. El territorio español en sentido jurídico engloba las aguas interiores y el mar territorial pero no así la Zona Contigua a que se refiere el artículo 33 de la CNUDM ni la Zona Económica Exclusiva a que se refieren los artículos 55 y ss. de la citada Convención. Por lo tanto no es posible extender la jurisdicción española a aquellos hechos constitutivos de delito llevados a cabo en estas dos Zonas a excepción de aquellos que entren dentro de la esfera de competencias que otorga la Convención para cada Zona. Por tanto sólo podrían perseguirse en la ZC los delitos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial; y en la ZEE aquellos cometidos contra el medio ambiente marino, islas artificiales e instalaciones. 14 Al respecto véase DIEGO MANUEL LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho Penal, Parte General I, Universitas (1999), págs. 201 y ss. 15 V. Sentencia núm. 1/2008 de 23 enero. RJ 2008\43 FJ 1º. 9
10 Habiéndose interceptado el buque por tanto en la Zona Económica Exclusiva por un posible delito de contrabando y no por un delito de los mencionados arriba y así mismo no dándose las circunstancias necesarias que dan lugar al derecho de persecución que justificaría dicha actuación, todo parece indicar que las autoridades españolas carecían de jurisdicción para actuar. No obstante entra en juego aquí el denominado territorio flotante, concepto que alude a la jurisdicción que se extiende a los buques y aeronaves abanderados en España 16. La propia CNUDM en su artículo 91 hace referencia al mismo cando dice que cada Estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción en un registro en su territorio y para que tengan el derecho de enarbolar su pabellón. Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. Así mismo el artículo 92 establece que los buques navegarán bajo el pabellón de un solo Estado y, salvo en los casos excepcionales previstos de modo expreso en los tratados internacionales o en esta Convención, estarán sometidos, en la alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. La inscripción de un buque en el registro de un país le otorga la nacionalidad del mismo, sometiéndolo a la jurisdicción del Estado del pabellón 17. En España este registro se encuentra recogido en el Real Decreto 1027/1989 por el que se regula el abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo. Este Registro de Buques y Empresas Navieras es un registro público de carácter administrativo que tiene por objeto la inscripción de los buques abanderados en España y las empresas navieras españolas y servir como instrumento de control para individualizar el buque, conocer sus características y los derechos existentes sobre el mismo. Según el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. A través de este artículo la jurisdicción española se extiende a cualquier delito cometido en buques de pabellón español, independientemente de las aguas en las que se encuentren 18. Por todo lo expuesto podemos determinar que la actuación de la Guardia Civil es la correcta pues a pesar de encontrarse el buque a 50 millas, en la Zona Económica Exclusiva, los tribunales españoles tienen jurisdicción en base al principio de territorialidad al enarbolar el mismo la bandera española. 16 Al respecto véase DIEGO MANUEL LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho Penal, Parte General I, Universitas (1999), pág Al respecto véase JULIO D. GONZÁLEZ CAMPOS, LUÍS I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y PAZ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, 4ª ed., Thomson Civitas (2008), pág Al respecto véase DIEGO MANUEL LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho Penal, Parte General I, Universitas (1999), pág
11 3. El contrabando y la problemática de la autorización judicial. Otro detalle que se menciona en el caso es el hecho de que operación se llevase a cabo en base a sospechas de que el buque Pobre Mitrofán realizase actividades de contrabando. El enunciado no aporta más detalles por lo que debemos suponer que la actuación de la Guardia Civil respondía a un anterior proceso de investigación y autorización judicial para interceptar y registrar el buque. Siendo así debemos remitirnos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en su artículo 546 dice que El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. Y así mismo el artículo 554 enuncia que se reputan domicilio a los efectos de los artículos anteriores, entre otros, a los buques mercantes nacionales. Entendemos por tanto que la actuación de la Guardia Civil se encontraba amparada por un auto del juez de instrucción que autorizaba la entrada y registro del buque. De no ser así, sin una autorización judicial los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo podrían efectuar el registro si tuvieran indicios claros de que se está cometiendo un delito y únicamente respecto de aquellas zonas del barco que no son susceptibles de amparar por el derecho a la inviolabilidad del domicilio recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española por no ser un reducto de la intimidad personal o familiar. Serían zonas como la cubierta, la bodega etc. En el resto de departamentos como por ejemplo los camarotes, el registro sólo sería posible amparados por una autorización judicial. Así lo manifiestan numerosas sentencias del Tribunal Supremo 19. Si efectivamente no dispusieran de la autorización judicial pertinente la actuación correcta sería la escolta del buque a puerto y, ya con la autorización y la presencia del secretario judicial, registrar el resto de dependencias. Habiendo aclarado que el registro del buque se adecúa a derecho resta ahora analizar la incautación de las cajetillas de tabaco y la detención de los tripulantes. En primer lugar las actuaciones de la Guardia Civil deben verse formalizadas mediante la extensión de unas diligencias en la que se harán constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el procedimiento sancionador que pudiera derivarse se produzcan, así como las manifestaciones de la persona o personas presuntamente responsables. Así lo establece el RD 1649/ que aclara que si bien estas diligencias no están sujetas a un modelo de forma, sí deben contener una serie de datos debido a su carácter de documento público y valor probatorio. En cuanto a la incautación de las cajetillas estamos ante un posible delito de contrabando tipificado en la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando, complementada con el Real Decreto 1649/1998 mencionado anteriormente por el que se 19 V. Sentencia núm. 2292/2001 de 29 noviembre. RJ 2002\1427 (FJ 11); Sentencia núm. 109/1997 de 3 febrero. RJ 1997\688 (FJ 5); Sentencia núm. 1108/1999 de 6 septiembre. RJ 1999\7380 (FJ 7); Sentencia núm. 624/2002 de 10 abril. RJ 2002\6311 (FJ 3). 20 V. Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el Título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando. 11
12 desarrolla el Título II de la presente Ley, relativo a las infracciones administrativas de contrabando. Dicha Ley en su artículo 2.3.b dice: Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) ( ) b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a euros. El artículo 1 a su vez dice que cometerán delito de contrabando quienes importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera. Debemos ahora calcular el valor de las cajetillas de tabaco para comprobar si estamos efectivamente ante un delito de contrabando y ver si supera los Los criterios de valoración se encuentran regulados en el artículo 10 de la propia LO de represión del contrabando que estipula que si se trata de géneros estancados se ha de calcular por el precio máximo de venta al público en relación con la fecha de realización del ilícito. Efectivamente tras consultar la tabla de precios elaborada por el Comisionado para el mercado de tabacos (Vid. Anexo I) correspondiente a los cigarrillos para el año 2014 podemos comprobar que el valor de lo incautado no llega a los sino que apenas llega a los No obstante es la propia Ley la que en su artículo 11 tipifica el acto como infracción administrativa cuando, tratándose de labores de tabaco, el valor de la mercancía no llega a los Esta LO clasifica en su artículo 12 las infracciones administrativas en leves graves y muy graves. Concretamente tratándose de labores de tabaco la sanción correspondiente recibiría la calificación de muy grave ya que el valor de lo incautado supera los La sanción se materializará en una multa pecuniaria para la cual la Ley diferencia en su artículo 12 diversas ponderaciones según se trate de mercancías genéricas o de labores de tabaco. Concretamente al tratarse de cajetillas de tabaco la multa ascenderá a una cantidad comprendida entre un 275% y el 350% del valor de lo incautado. Los criterios de graduación a seguir aparecen reflejados en el artículo 12bis de la Ley y en el artículo 6 y siguientes del RD 1649/1998 y contemplan varios escenarios como la reiteración, la resistencia u obstrucción a la investigación etc. En cuanto al comiso del tabaco tanto la Ley como el propio Reglamento contemplan, en sus artículos 5 y 14 respectivamente, que toda sanción que se imponga por una infracción administrativa de contrabando llevará consigo el comiso de los bienes. 4. La detención y puesta a disposición judicial. Por último se nos presenta en el caso que los nacionales españoles son puestos a disposición judicial nada más llegar al puerto mientras que el resto de los detenidos llevados a las dependencias policiales. Esta actuación por parte de las autoridades podría no ser la correcta por el motivo que se expone a continuación. En primer lugar no procedería la puesta disposición judicial en el caso de que se les hiciera responsables del contrabando por tratarse de un procedimiento administrativo. El 12
13 artículo 13 de la Ley Orgánica 12/1995 especifica que será competente para conocer de las infracciones de contrabando los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Concretamente corresponde al Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo la competencia territorial para acordar e imponer sanciones consistentes en multas y decretar el comiso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos en virtud de la resolución de 10 de febrero de 1999, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre competencia territorial en el procedimiento sancionador por infracciones administrativas de contrabando. El procedimiento 21 a seguir hubiera sido: Inicio. Notificación del acuerdo de inicio al sujeto infractor Tramitación. Trámite de audiencia y alegaciones del interesado. Terminación. Resolución que contenga la sanción impuesta o la no procedencia de la misma. Tratándose de una sanción administrativa la detención de los españoles y el danés no sería procedente ya que no se dan los supuestos recogidos en los artículos 490 y siguientes de la LECrim. Dicha detención y puesta a disposición judicial sólo sería posible si fueran sospechosos del delito de tráfico ilícito de inmigrantes y una vez finalizadas las primeras diligencias, esto es tal y como enuncia el artículo 13 de Ley de Enjuiciamiento Criminal consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas ( ) pudiendo acordarse las medidas cautelares pertinentes. No obstante si transcurridas las 72 horas desde la detención el juez de instrucción o Tribunal a quien se hiciese la entrega no hubiere acordado la prisión provisional deberán ser puestos en libertad. Dadas las circunstancias del caso, sólo procedería la detención en el caso de los extranjeros indocumentados. Al hallarse en situación irregular procedería la expulsión del territorio español sin necesidad de expediente de expulsión tal y como recoge el artículo 58.3.b) de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (de ahora en adelante Ley de extranjería). También lo recoge así el Real Decreto 557/ en su artículo 23.1 letra b), especificando que Se considerarán incluidos, a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones. A este respecto el punto 2 de dicho artículo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de 21 V. Real Decreto 1649/1998, arts. 15 al V. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/
14 Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la denegación de entrada será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país (art Ley de Extranjería). La particularidad, que analizaremos más detenidamente en el siguiente informe, se produce al solicitar por parte de estos el derecho de asilo pues el artículo 58.4 de la LO 4/2000 establece una excepción por la cual no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a trámite de la petición. Si se prevé que la expulsión no se llevará a cabo en un plazo de 72 horas se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión 23. El ingreso en dichos centros de internamiento aparece regulado en el artículo 60 y 62 de la Ley de Extranjería y será acordado por el juez mediante auto motivado. Estos no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio y gozarán una larga lista de derechos y deberes Consideraciones finales. En conclusión, la actuación de las autoridades es, a raíz de los datos que se pueden extraer del caso, la correcta. La guardia civil tiene la competencia necesaria para llevar a cabo la actuación y la legitimidad para poder interceptar el buque la encontramos por un lado en los indicios debidamente fundados y por otro en el hecho de que sea de pabellón español. El registro es el correcto suponiendo que se ampare en el auto de un juez y en caso contrario sólo lo sería respecto de aquellas dependencias del buque no susceptibles de aprovechamiento privado análogo al domicilio. Así mismo el comiso del contrabando es una actuación correcta y la detención de los extranjeros también por ser sospechosos del mismo y estar involucrados en un delito de tráfico ilegal de inmigrantes y hallarse indocumentados y en situación irregular. En el caso de los españoles, por ser sospechosos del tráfico ilícito de inmigrantes han seguido el procedimiento ordinario en estos casos. Si por el contrario sólo fueran sospechosos del contrabando por tratarse de una infracción administrativa se seguiría otro procedimiento. 23 V. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, arts y V. LO 4/2000, Art. 62 bis y art. 62 ter, sobre los derechos y deberes de los extranjeros internados. 14
15 II. Se solicita informe razonado sobre las solicitudes de asilo, determinando tanto su concesión como su denegación. 1. El derecho de asilo. Tal y como se menciona en el caso una vez llevados a puerto y detenidos los inmigrantes solicitan el asilo (Vid. Anexo II). El derecho de asilo se encuentra recogido en el artículo 13.4 de la Constitución española que establece que será la ley la que determine los términos y condiciones en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Concretamente es la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria la que se encarga de regular dicha materia en nuestro país, ampliada por un amplio abanico normativo compuesto por reglamentos, real decretos, normas comunitarias y convenios internacionales que se expondrán más adelante. El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. Dicha condición se reconocerá de aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país (art.3 Ley 12/2009). Esta protección implica la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido así como la dispensa de una protección subsidiaria 25. En cuanto a las solicitudes de asilo comenzaremos el informe exponiendo los elementos más importantes a tener en cuenta. En primer lugar el derecho a presentar la solicitud de asilo les corresponde a todas las personas nacionales no comunitarias y las apátridas presentes en territorio español (art. 16 de la Ley 12/2009). Si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de conocer y examinar las solicitudes presentadas por los extranjeros en su territorio, esto no obliga a dicho Estado como es lógico- a autorizar en todos los casos la entrada o estancia del solicitante de asilo en su territorio 26 conservándose el derecho a devolver o expulsar al solicitante de asilo a un tercer Estado. La mera presentación de la solicitud despliega un abanico de efectos que resultan indudablemente beneficiosos para los sujetos del caso que han entrado de forma irregular en el territorio español. Como mencionábamos más arriba el hecho de entrar 25 Al respecto, véase la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, art Según el art. 29 del Acuerdo de Schengen que entró en vigor en España el 1 de marzo de 1994, Las Partes contratantes se comprometen a que sea examinada toda solicitud de asilo presentada por un extranjero en el territorio de una de ellas. No obstante Este compromiso no obligará a una Parte contratante a autorizar en todos los casos la entrada o estancia del solicitante de asilo en su territorio. 15
16 irregularmente implica la expulsión directa del territorio nacional 27, no obstante con la presentación de la solicitud del asilo esto no ocurre. Es así debido a que solicitada la protección el extranjero no puede ser objeto de devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida 28 y supondrá la autorización de permanencia provisional en España, cualquiera que sea la situación jurídica del solicitante según la legislación de extranjería o la documentación de que disponga (art. 11 RD 203/1995). En cualquier caso, en tanto no se resuelva sobre la admisión de la solicitud, la autoridad competente puede adoptar las medidas cautelares pertinentes que estime oportunas en relación con la normativa vigente de extranjería e inmigración. Aquí entra en juego el internamiento al que hacíamos referencia en el primer informe en centros especiales cuya regulación aparece en la ya mencionada anteriormente Ley Orgánica 4/2000 o Ley de Extranjería. En cuanto a qué Estado tiene la competencia para conocer de estas solicitudes de asilo en concreto, la respuesta la encontramos en el Reglamento de Dublín II y en el Acuerdo de Schengen. Si los extranjeros dispusieran de un visado el Estado competente sería el de expedición de dicho visado excepto si dicho visado hubiere sido expedido en representación o con autorización por escrito de otro Estado miembro. En tal caso este último Estado miembro será responsable 29. No obstante dado que los sujetos del caso concreto carecen de documentación y no sólo eso sino que además entraron en la frontera del país de forma irregular, la competencia en el caso que nos ocupa es efectivamente del Estado Español 30. Aclarada la competencia del Estado Español resta determinar el órgano encargado de examinar y conceder o denegar el asilo. La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional (Ley 12/2009 Art. 23). Las labores en rasgos generales de la Oficina son principalmente de instrucción y auxilio en el proceso y vienen determinadas en el artículo 3 del Real Decreto 203/1995 por el que se aprueba el reglamento regulador del derecho de asilo y de la condición de refugiado. El examen propiamente dicho corresponde a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). La CIAR es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, que está compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en política exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad (Ley 12/2009 Art. 23). Una vez concluida la instrucción el expediente se eleva a la Comisión, la cual como hemos dicho lo examinará y si considera que está completo elevará una propuesta de resolución motivada e individualizada al Ministro de Justicia e Interior (RD 203/1995 Art. 26). En el caso de que lo considere incompleto podrá solicitar a la Oficina de Asilo y Refugio que subsane los defectos. Una vez la propuesta llegue a manos del Ministro de Justicia e Interior, si este está de acuerdo con ella adoptará la resolución pertinente. Si por el contrario discrepa sobre la concesión o denegación de 27 Sobre los requisitos de entrada, autorización, denegación y salida véase CARLOS ESPLUGUES MOTA, GUILLERMO PALAO MORENO Y MANUEL DE L. SEGRELLES, Nacionalidad y Extranjería, 3ª ed., Tirant lo Blanch (2006), págs. 175 y ss. 28 V. Ley 12/2009, art. 19 y RD 203/1995, art V. Reglamento Dublín II, Art V. Reglamento Dublín II, Art. 10 y Acuerdo de Schengen, Art. 30 letra e). 16
17 asilo plasmada en la propuesta de la Comisión, el Ministro elevará el expediente al Consejo de Ministros para que resuelva. En cuanto al Derecho aplicable a la hora de examinar una solicitud de asilo el Acuerdo de Schengen en su artículo 32 es explícito al afirmar que La Parte contratante del examen de la solicitud de asilo lo llevará a cabo con arreglo a su Derecho nacional. Esto es, en el caso de España, con arreglo a la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Como hemos dicho la condición para el reconocimiento del derecho de asilo es ser víctima de actos de persecución. Estos, con sus correspondientes exclusiones, se encuentran recogidos en los artículos 6 y siguientes de la Ley 12/2009. A este respecto la Ley habla de fundados temores de persecución. Así mismo el artículo 26 señala que para que se resuelva favorablemente la solicitud bastará que aparezcan indicios suficientes de persecución o de daños graves. Como podemos comprobar la Ley apela a motivos fundados e indicios, ambos conceptos jurídicos indeterminados. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que no es exigible una prueba plena de los hechos relatados en la solicitud de asilo sino que basta con aportar indicios suficientes de la real existencia de la persecución 31. Con la expresión indicios suficientes la Ley se refiere a aquellos indicios que permiten concluir que hay una razonable certeza de que lo que sostiene el recurrente coincide con la realidad contando el órgano jurisdiccional de una amplia libertad de apreciación a fin de sopesar los datos de que dispone 32. Una de las pruebas indiciarias más determinantes es la que se conoce como información sobre el país de origen. Para ello se suele acudir a fuentes de información de fiabilidad contrastada, como los informes diplomáticos y consulares y sobre todo los informes del ACNUR. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es un órgano de las Naciones Unidas encargado de proteger los derechos de los refugiados y los apátridas. De hecho la propia Ley 12/2009 en su Título IV y en su reglamento establecido por el RD 203/1995 se hace referencia a la presencia de ACNUR en el proceso como garante de la adecuación a derecho de la resolución y protector de los derechos del solicitante. La validez de los informes redactados por este organismo queda plasmada en la Directiva 2005/85/CE en su artículo 8 que establece que uno de los requisitos para el examen de la solicitud es que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), respecto a la situación general imperante en los países de origen los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto. Así ha calado en nuestra jurisprudencia que habla en relación con un manual elaborado por el ACNUR, de la reconocida autoridad en esta materia del organismo internacional que lo ha elaborado 33 y reconociendo en una sentencia 31 V. sentencia del TS de 3 de diciembre de 2010, RC nº 5306/2007; Sentencia del TS de 10 de octubre de 2011, RC 3933/2009 y Sentencia del TS de 29 de septiembre de 2011, RC 1623/ V. Sentencia del TS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 (FJ 4º) 33 V. Sentencia del TS de 18 de octubre de 2012, RC nº 875/
18 anterior 34 sobre ese mismo informe que aunque carece de carácter normativo y vinculante por proceder de un organismo internacional de reconocida autoridad en esta materia como es el ACNUR, puede ser citado a efectos argumentativos. Como podemos comprobar por lo expuesto y citando nuevamente al TS 35 es clara la suma importancia que reviste la intervención del ACNUR en los procedimientos administrativos de asilo. Así pues y a modo de síntesis, recalcamos que la jurisprudencia exige la concurrencia e tres requisitos para conceder el asilo: en primer lugar que el relato de asilo presentado por el solicitante sea detallado y coherente tanto en su contenido interno como con la situación del país de procedencia; en segundo lugar que se aporte prueba indiciaria suficiente de la veracidad del relato; y por último que la información sobre el país de origen corrobore lo expuesto por la solicitante de asilo y no pueda obtener protección de las autoridades del mismo. Una vez valoradas las pruebas e informes se dicta la resolución que podrá conceder el asilo o denegarlo. En el caso de que se conceda se despliega todos los efectos derivados de la denominada protección subsidiaria recogidos en el artículo 36 de la Ley 12/1995: protección contra la devolución, permiso de residencia, mantenimiento de la unidad familiar etc. Si por el contrario se deniega el asilo el artículo 37 es claro al establecer que dicha resolución determinará, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, o salida obligatoria del territorio español en el plazo que se indique Otorgamiento/ denegación del derecho de asilo al supuesto de hecho. Teniendo presente todo lo expuesto hasta ahora procedemos a analizar a continuación las distintas solicitudes que se presentan. En cuanto a la solicitud de los 4 nacionales daneses ésta sería desestimada. La razón es sencilla pues la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece en su artículo 16 que tan sólo las personas nacionales no comunitarias y las apátridas presentes en territorio español tienen derecho a solicitar protección internacional en España. Así mismo el Protocolo (nº 24) sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en su primer y único artículo resalta la consideración de que los Estados miembros de la Unión Europea constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y que por lo tanto la solicitud de asilo efectuada por un nacional de un Estado miembro sólo podrá tomarse en consideración en determinados supuestos extraordinarios. Por otro lado el artículo 20 de la citada Ley del asilo menciona que el Ministro del Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio, podrá, mediante resolución motivada, no admitir a trámite las solicitudes cuando, entre otras causas, la persona 34 V. Sentencia del TS de 15 de julio de 2011, RC nº 2575/ V. Sentencia del TS de 29 de abril de 2011, RC nº 2530/2009 (FJ 5º). 36 V. Real Decreto 203/1995, Art
19 solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea de conformidad con lo establecido en el Protocolo nº 24 mencionado arriba. En cuanto a los efectos de la no admisión en este caso, el RD 203/1995 es explícito al señalar en su artículo 23 que la desestimación de una solicitud de asilo lleva aparejada la orden de salida obligatoria del extranjero, en el plazo que se le indique. No obstante si el solicitante de asilo inadmitido reuniera los requisitos necesarios para permanecer en España con arreglo a la normativa de extranjería, o si se considerara que existen razones humanitarias el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar su permanencia en España en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento. Efectivamente los extranjeros daneses cumplen los requisitos de entrada establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 240/ , esto es, tener en posesión el pasaporte o documento de identidad válido y en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular. Por todo lo expuesto no queda sino desestimar la solicitud de asilo, si bien no procedería la expulsión del territorio español. Respecto a los nacionales peruanos y filipinos analizaremos su situación de forma conjunta ya que ambos casos presentan muchas similitudes. Al contrario que en el caso anterior al no tratarse de nacionales comunitarios sí pueden solicitar el asilo conforme a la Ley 12/2009. No obstante tal y como establece el artículo 3 de dicha Ley y tal y como mencionábamos unas páginas antes, el derecho de asilo sólo se les otorga a aquellas personas a las que se les reconozca la condición de refugiado, esto es aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Por tanto cualesquiera otros episodios de ataques o intromisión en los derechos que no responda a alguna de esas razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual podrán ser protegibles a través de otras instituciones pero no a través del asilo como así lo reitera la jurisprudencia en numerosas sentencias 38. Ateniéndonos al tenor literal de lo expuesto en el caso ni los nacionales de Perú ni los de Filipinas podrían ostentar la condición de refugiado a ojos de la Ley. Además a la hora de valorar una solicitud de asilo es primordial, y así lo manifiesta la jurisprudencia, el relato del solicitante 39. El hecho de los solicitantes de uno y otro país no hayan aportado ningún tipo de prueba o relato como se desprende del caso- es motivo más que suficiente por sí sólo para denegar la solicitud de asilo. No obstante podría otorgárseles la permanencia en España por causas humanitarias. Este tipo de protección aparece desligada del propio derecho de asilo y puede llegar a 37 V. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 38 V. Sentencia del TS de 10 de octubre de 2011, RC nº 3822/2009 y Sentencia del TS de 15 de julio de 2011, RC nº 2575/2008 (FJ 4º). 39 V. Sentencia del TS de 22 de junio de 2012, RC nº 6085/2011 (FJ 4º). 19
20 desplegar sus efectos en el caso de que se deniegue el mismo aun cuando el solicitante carezca de documentación 40. Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido 41 que asilo y protección por razones humanitarias son dos instituciones jurídicas diferenciadas y que la denegación del asilo no determina fatalmente el rechazo de la autorización de permanencia por razones humanitarias, sino que, muy al contrario, abre la puerta al examen de esta posibilidad y que Cuando se trata de valorar la autorización de permanencia en España por razones humanitarias no se requiere la constatación de una persecución individual sino que cobra más relieve el análisis del conflicto social y del modo en que éste afecta a la persona inmersa en él, que puede ser acreditado a través de la información detallada sobre la evolución del país de origen. Dichas razones humanitarias no tienen que responder a las mismas razones de asilo 42 y por tanto el factor más referente a la hora de autorizar la permanencia en España ha sido la consideración de circunstancias personales de los solicitantes no necesariamente vinculadas con esas causas de asilo 43 teniéndose en cuenta aquellas situaciones de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona solicitante en su lugar de procedencia. Por todo lo expuesto no se podría conceder el permiso de residencia temporal por razones humanitarias ni a los nacionales filipinos ni a los nacionales peruanos correspondiendo su expulsión del territorio español. Sin embargo estos podrían no ser expulsados además de quedar exentos de la responsabilidad administrativa si, como bien enuncia el artículo 59 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, denuncian a los autores o cooperadores del tráfico ilícito de inmigrantes, o cooperan y colaboran con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores. Por último tenemos el peculiar caso de la familia proveniente de Uagadugú capital de Burkina Faso. Ambos padres alegan haber huido del país por temor a que a sus dos hijas se les practicase la ablación en su pueblo natal. Burkina Faso ha arrastrado una tradición histórica que sigue arraigada en la población, aun cuando la práctica de la mutilación genital femenina ha sido prohibida en dicho Estado hace más de 20 años. Aunque es cierto que la legislación vigente la castiga con penas de cárcel de hasta 10 años y que efectivamente se ha reducido su práctica de forma significativa con el paso del tiempo (la prevalencia entre las niñas de 15 a 19 años en comparación con las mujeres de 45 a 49 se ha reducido en alrededor de 19 a 31 puntos porcentuales) 44, no es menos cierto que se sigue practicando especialmente en las zonas de poblado y fronterizas (Burkina Faso limita con Mali dónde sí es legal la ablación). 40 V. Ley 12/2009, art. 37 y la LO 4/2000, art V. Sentencia del TS de 22 de junio de 2012, RC nº 6085/2011 (FJ 4º). 42 V. Sentencia del TS de 24 de febrero de 2012, RC nº 2476/ V. Sentencia del TS de 4/11/2005, RC 4752/2002; Sentencia del TS de 18/11/2005, RC 5194/2002; Sentencia del TS de 22/09/2006, RC 2956/2003 y Sentencia del TS de 16 de junio de 2008, RC 1579/ Al respecto, véase el Informe Unicef, Hoja de datos: Mutilación/escisión genital femenina. 20
FACULTAD DE DERECHO INFORME SOBRE CUESTIONES MARÍTIMAS, TRANSFRONTERIZAS Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS AUTOR: ESTELA RODRÍGUEZ GIL TUTOR: CARMEN GARCIMARTÍN MONTERO JULIO 2014 TRABAJO FIN DE GRADO: 612G010311314