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Timestamp: 2018-12-11 20:27:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1902', 'artículo 1902', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 3']

Los patinetes eléctricos son vehículo de movilidad personal (VMP), por consiguiente excluidos de la consideración de vehículo de motor.
¿Quién responde en el caso de accidente causado con patinete?
Se han puesto, actualmente, de moda el desplazamiento en las grandes ciudades con el patinete eléctrico, para lo que se han creado muchas empresas de alquiler de patinetes eléctricos.
Empresas como Lime-S, o empresas participadas entre Alphabet y Uber, alquilan por minutos dichos patinetes.
¿Es obligatorio disponer de seguro para los propietarios o usuarios de los patinetes?
El aseguramiento obligatorio de los vehículos en su circulación solo tiene lugar cuando estos tienen la consideración de vehículos de motor. Así lo dispone el Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, que en su artículo 1º indica señala aquello que tiene la consideración de vehículo motor, y por tanto, debe ser objeto de aseguramiento obligatorio.
“Artículo 1. Vehículos a motor.
1. Tienen la consideración de vehículos a motor, a los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la obligación de aseguramiento, todos los vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de forma temporal o definitiva del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico….”
No obstante lo anterior, el usuario o propietario del VMP podrá voluntariamente contratar un seguro en los términos establecidos en la legislación general de seguros o, deberá contratarlo, en los casos en los en los que para su utilización en vía urbana, la autoridad local lo establezca.
Seguro no obligatorio del patinete eléctrico
En la actualidad la Ley de Seguridad Vial, no impone la obligatoriedad de seguro alguno para este tipo de vehículo, que no considera como tales obligados a un seguro obligatorio de responsabilidad por accidente.
¿Entonces quién responde por el daño causado?
Si no existe seguro, es evidente, de acuerdo con el Código Civil, en su artículo 1902, que establece que, “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” quien responde con su patrimonio es el que ocasiona dicho daño.
¿Que acción se puede ejercitar por el accidentado?
El accidentado puede existir lo que se denomina la acción “aquiliana”, ejercida por la victima, que considerada judicialmente viene a establecer en la práctica un resarcimiento del daño ocasionado.
¿Quién respondería en el caso de que el accidente fuera causado por un menor en patinete?
La obligación que impone el artículo 1902, antes referido es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
Que dice la Dirección General de Tráfico sobre los patinetes eléctricos
De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, los VMP, podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local.
La autoridad municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Cuando queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será aplicable lo dispuesto para estos en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor.
En concreto, el uso de los VMP debe realizarse atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico vial.
Artículo de TUABOGADODEFENSOR,COM
Una vez más vuelve a las noticias el famoso Impuesto de Sociedades, gracias al acuerdo firmado por PSOE y Podemos para reformar tal impuesto, resultando que las empresas con unos números de negocio superiores a 20 millones de euros deberán tributar un importe mínimo del 15% de la base imponible. De este modo se limita la posibilidad de las deducciones y bonificaciones.
Cabe destacar que toda esta reforma del impuesto de Sociedades estará vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del estado, hecho que, a día de hoy, no tiene acuerdo ni fecha.
Así pues, es un buen momento para conocer ciertos conceptos y detalles que cincelan el Impuesto de Sociedades.
1.- ¿Qué es el Impuesto de Sociedades?
La legislación fiscal prevé el Impuesto de Sociedades para gravar a las personas jurídicas. Similar al IRPF para las personas físicas, es de naturaleza directa y personal y hace tributar a las personas jurídicas por las riquezas obtenidas en un ejercicio determinado.
2.- ¿Quién debe presentar este impuesto?
Son sujetos pasivos de dicho Impuesto de Sociedades todas las personas jurídicas ( sociedades anónimas, sociedades limitadas, etc.) en general: las sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas y sociedades agrarias, las entidades sin ánimo de lucro y desde el 2016 las sociedades civiles con actividad mercantil.
También es digno destacar que afecta a todos aquellos autónomos que hayan creado una sociedad.
3.- ¿Cuáles son los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades?
El Impuesto de Sociedades maneja diferentes tipos impositivos:
● Tipo General: Desde el 2016 posee un valor del 25%.
● Tipo Reducido 15%: está vinculado a nuevos emprendedores y se aplica a sociedades recién constituidas en los dos años siguientes. Se aplica en el primer período impositivo donde la base imponible sea positiva. Es necesario que la sociedad posea actividad económica iniciada y reconocida.
● Tipo Reducido del 20%: Se trata de un tipo reducido que se aplica a las sociedades cooperativas.
4.- ¿Cuándo debe presentarse el Impuesto de Sociedades?
Se trata de un impuesto que no tiene un plazo fijo de presentación.
Cada sujeto pasivo posee su propio plazo, esto quiere decir que va emparejado a partir de la fecha en la que concluye el periodo impositivo.
Por norma general se ha de presentar en los 25 días naturales que siguen a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo.
5.- ¿Cuántos cambios ha sufrido el impuesto de Sociedades?
No se puede decir que este impuesto haya sido un concepto fijo y consensuado. En la última década se contabilizan hasta 200 cambios legales, entre ellos: la deducción por deterioros, las pérdidas de transmisión entre carteras… A todos estos cambios habrá que sumar la futura reforma propuesta.
6.- ¿Qué es el Régimen de consolidación fiscal en el Impuesto de Sociedades?
Existe una alternativa para tributar el impuesto de sociedades: el Régimen de consolidación fiscal. Este régimen supone que distintas sociedades se integren de forma conjunta como sujeto pasivo frente al impuesto de sociedades en vez de tributar de forma individual. La aplicación de este régimen es de carácter voluntario.
7.- ¿Qué modelos se han de presentar para su liquidación?
Todo impuesto para su liquidación requiere de la presentación de diferentes modelos, el Impuesto de Sociedades no es una excepción:
● Modelo 200. Modelo a presentar por las sociedades cuyo ejercicio económico coincida con el año natural. Su presentación está supeditado a la no existencia de actividad o mínimas rentas.
● Modelo 202. Este modelo está relacionado con los pagos fraccionados. En el caso que en el modelo anterior se haya obtenido un resultado positivo, se ha de presentar este modelo. El tipo general que se paga en estos casos es el 18% se ha de realizar en los meses de octubre, diciembre y abril. Para resultados mayores de 10 millones de euros el tipo a pagar es del 23% y en los bancos el 25%.
● Modelo 220. Modelo para los grupos de sociedades.
Como has podido observar el Impuesto de Sociedades es uno de los más importantes, pues grava las personas jurídicas. Pero a pesar de esto es el único tributo que recauda menos desde la crisis económica.
De hecho, las estimaciones confirman un descenso del 45,8% en comparación a la última década. Si la última reforma ve la luz se espera aumentar los ingresos derivados de este impuesto, sobre todo al eliminar la posibilidad de deducciones.
Articulo redactado por: Alejandra López
En este post, no vamos a calificar o dar un diagnóstico de la existencia o no en España de si se vulneran o no derechos fundamentales cuando en alguna Comunidad Autónoma se impida que un alumno en una escuela de cualquier parte de España, pueda recibir la enseñanza en Castellano o español (CE), cada cual tendrá que sacar sus conclusiones.
El derecho constitucional de la educación
La Constitución en el artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza y hace referir su objeto a un determinado contenido delimitado por una serie de postulados constitucionales y por un conjunto de facultades ejercitables.
En este sentido, siguiendo lo expresado en la Constitución, el Tribunal Constitucional ha ratificado que no toda enseñanza se halla constitucionalmente protegida sino sólo aquélla que respeta el contenido y objeto que la propia Constitución ha fijado en el art. 27.2 cuando señala que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Junto a esta delimitación del objeto de la libertad de enseñanza que se orienta a la educación, en el mismo artículo constitucional se sigue concretando al fijar otras facultades o poderes que integran su contenido como son las “facultades de inspección, homologación y consiguiente control del sistema educativo por los poderes públicos”.
¿Que dice el Tribunal Constitucional sobre la enseñanza en Castellano?
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 2018, interpuesta en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1377-2014, interpuesto por el Gobierno de Cataluña contra el artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), dice entre sus apartados y fundamentos:
Es consolidada doctrina que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, “el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado” (SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 10, 337/1994, FJ 10, y 31/2010, FJ 24), doctrina que halla su reflejo en el art. 150.1.d LOE (no modificado por la LOMCE), que atribuye a la Alta Inpección de Educación, entre otras, la función de “[v]elar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables”.
En este marco, lo que debemos discernir en este proceso se circunscribe únicamente a determinar si la específica modalidad de intervención estatal en la escolarización de alumnos diseñada en los tres últimos párrafos de la disposición adicional 38ª.4.c) LOE se concilia con el poder de vigilancia conferido al Estado o si, por el contrario, desborda los límites de lo constitucionalmente admisible.
¿A quién corresponde velar por el cumplimiento de la norma lingüística?
Dice el Tribunal Constitucional, en la Sentencia antes citada, que “Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias que constitucionalmente le están reservadas y sin soslayar los límites y exigencias que ha fijado la jurisprudencia constitucional.”.
Las aclaraciones necesarias del Tribunal Constitucional
El indiscutible protagonismo del Tribunal Constitucional como legislador continuado de los derechos, nos conduce a la necesidad de estudiar los derechos fundamentales como derechos limitados a través de su jurisprudencia.
Fuente de información principal: Anuario da Facultad de Dereito – Ana Aba Catoira y STC 20-02-2018)
¿Responde alguien por lesión sufrida en la playa?
En estos días vacacionales, como es lógico y normal, se producen muchas lesiones en la playa, como consecuencia de la afluencia masiva de personas, tanto locales, como veraneantes y como consecuencia de ello, se producen muchos tipos de lesiones por muy distintas causas.
Todas o casi todas las lesiones que se producen en la playa, son causadas fortuita e involuntariamente, pero unas pueden dar lugar a algún tipo de responsabilidad por parte de las instituciones, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o el Estado.
Pero ¿Qué competencias tiene el Ayuntamiento en las playas?
Las competencias de los Ayuntamientos respecto de las playas, según la Ley de Costas, son entre otras, mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las personas.
Responsabilidad civil de los Ayuntamientos por lesiones en las playas
Es posible que conforme a este otorgamiento de competencias, el Ayuntamiento correspondiente deba responder patrimonialmente o civilmente, por las lesiones que un usuario de la playa sufra como consecuencia del anormal funcionamiento de sus servicios, como es la limpieza de la playa, la falta de previsión en salvamento en la orilla (si la prevención de salvamento, está a su cuidado), tropiezos por pasarelas en mal estado, etc. y siempre que exista nexo causal entre la falta de asistencia del servicio del Ayuntamiento y la lesión sufrida.
Como exigir la responsabilidad al Ayuntamiento
Para exigir esta responsabilidad el usuario afectado, tendrá que remitir un escrito al Ayuntamiento con las pruebas que pueda valerse exigiendo la responsabilidad por las lesiones sufridas.
Competencias no atribuidas a los Ayuntamientos
La Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, órgano competente en la ordenación y control del tráfico marítimo, tiene sus competencias propias, y por tanto no serían de los Ayuntamientos en cuanto a:
La ejecución y control de la normativa de protección marítima.
La seguridad de la navegación y del salvamento de la vida humana en la mar.
La ordenación general de la actividad náutica de recreo.
La coordinación de las emergencias marítimas y la activación de los equipos de evaluación de emergencias y el seguimiento y control de su actividad.
La dirección de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como de la limpieza de las aguas marinas.
¿Que es una Orden Europea de detención y entrega?
La orden Europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con la finalidad de lleva a cabo la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada, por estar incursa en acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
¿Sobre que tipos penales se puede dictar la Euroorden?
Se podrá dictar una orden de detención europea por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor en su Código Penal señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses o, cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad.
VER TIPOS PENALES
¿Los Estados Europeos que deben hacer?
Los Estados miembros de la Unión ejecutarán toda orden de detención y entrega europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la Decisión marco europea.
La Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
¿Motivos por los que no se ejecutaría una Euro-orden?
Los motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea se enumeran en el artículo 3 de la Decisión marco eurpea, en virtud del cual:
Cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución de la orden europea de detención se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena.
Cuando sobre la persona buscada pese en un Estado miembro otra resolución definitiva por los mismos hechos que obstaculice el posterior ejercicio de diligencias penales.
¿Puede un Tribunal de un Estado miembro entrar en el fondo de una cuestión de Euroorden planteada por otro Estado miembro?
Evidentemente NO, ya que el fundamento de la Orden Europea de Detención y Entrega es la agilidad entre la Justicia de los países miembros.
En el propio preámbulo de la la disposición legal se dice: “los mecanismos tradicionales de cooperación judicial tienen que dejar paso a una nueva forma de entender las relaciones entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros basada en la confianza.”
Fuente de información principal: Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.
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