Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v5.html?page=13
Timestamp: 2019-08-21 19:52:37
Document Index: 39072644

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 4']

La Comisión señaló que “el artículo 4.1 de la Convención p[odría] ser interpretado en el sentido de otorgar una facultad al Estado de regular la protección de la vida desde el momento de la concepción, pero no necesariamente un mandato de otorgar dicha protección”. Argumentó que dicho artículo “no establec[ía] un derecho absoluto o categórico en relación con las etapas prenatales de la vida” y que existía “un reconocimiento internacional y comparado del concepto de protección gradual e incremental de la vida en la etapa prenatal”. Agregó que “la interpretación del artículo 4.1 de la Convención indica que el ejercicio de una facultad concebida por dicho instrumento internacional, no está exento de escrutinio [de la Corte] cuando interfiere con el ejercicio de otros derechos establecidos en el mismo, tales como, en el presente caso, los derechos a la vida privada, familiar, autonomía y a fundar una familia”.
El representante Molina alegó que “la concepción […] no es un concepto unívoco” y que “la resolución de la Sala se ciñ[ó] a una determinada corriente filosófica sobre [su] definición, […] desatendiendo la tutela que conlleva[ba] la discapacidad reproductiva de procrear”. Agregó que “la frase `en general´ […] supone tener las excepciones suficientes para que no se dejen desprotegidos otros derechos” y que “debe […] existir una interpretación respecto del derecho a la vida que permita y no restrinja de manera absoluta la salvaguarda de los derechos convencionales”.
El representante May alegó que el derecho a la vida “no tiene carácter absoluto ni irrestricto” y “está sujeto a excepciones y a condiciones”. Indicó que “la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos […] nunca ha afirmado que el no nacido sea acreedor de una protección absoluta, irrestricta e incondicional a partir del momento de la concepción o implantación” y “[t]ampoco los Tribunales Constitucionales han formulado tal aseveración”. Señaló que si bien “[e]l derecho interno puede conceder protección más amplia […], esas ampliaciones no pueden "suprimir el goce y ejercicio de los derechos". Argumentó que las definiciones de varios diccionarios señalan que el “momento de la fertilización es un proceso distinto al de la concepción o implantación”. Asimismo, arguyó que cualquier protección jurídica de la vida a partir de la “concepción” debe surgir a partir de la implantación del embrión en el útero materno, pues antes de la implantación exitosa y sana en el útero materno, no hay ninguna posibilidad de que se genere un nuevo ser”. Manifestó que “[p]ostular la fertilización como el surgimiento de una nueva persona humana es arbitrario e incorrecto” y “menosprecia también el papel de la madre durante el desarrollo en el útero”. Por otra parte, argumentó que “el nacimiento con vida determina la existencia de la persona humana y el reconocimiento de su personalidad jurídica”, por lo que “no es titular de un derecho irrestricto e incondicional a la vida”, y “[e]l no nacido es un bien jurídico pero no una persona”.
El representante May alegó que “el artículo 4.1 [de la Convención Americana no] contempla […] dentro de su contenido o ratio legis al embrión” y que los tratados internacionales de derechos humanos no contienen “una referencia expresa de la cual se pueda deducir que un embrión o un preembrión son vida humana, menos que sea persona humana o ser humano”. Además, sería insostenible la "posición del margen de apreciación" porque haría depender el contenido sustantivo de los derechos humanos de la interpretación estatal”. El representante May alegó que “[n]ingún texto internacional (salvo el artículo 4.1 [de la Convención] protege el derecho a la vida a partir del momento o proceso de la concepción o implantación”, mientras que los “demás instrumentos internacionales se refieren únicamente a un derecho que protege la vida del ser que ha nacido vivo y no al no nacido”.
El Estado alegó que “la evidencia científica […] demuestra que el inicio de la vida humana comienza con la concepción o lo que es lo mismo con la fertilización o fecundación”, la cual ocurre cuando “las membranas de las células del esperma y del óvulo se fusionan”. TIII 462 Consideró que “[c]ientíficamente wl cigoto [y] un adulto son equivalentes [por ser] organismos humanos completos en diferentes etapas del ciclo humano”. Agregó que el cigoto “no es simplemente una célula humana […] sino un nuevo ser humano”, que “alberga todas las instrucciones necesarias para construir el cuerpo humano, el cual inmediatamente inicia una compleja secuencia de eventos que establece las condiciones moleculares para el continuo proceso de desarrollo embrionario” y “por divisiones sucesivas y diferenciación formará cada una de la células presentes en el embrión, feto, recién nacido, niño y adulto”. Asimismo, aseveró que se debe “prote[ger] al más vulnerable de odos los seres humanos: el embrión y reconocer su dignidad intrínseca más allá de su vinculación con el útero materno”. Concluyó que “si el embrión humano es […] un ser humano, de conformidad con la misma definición que da el artículo 1.2. [de la Convención], el embrión humano es persona”.
Respecto a una interpretación teleológica, el Estado argumentó que “si bien en el momento de elaborar la Convención Americana en 1968 no se tenía certeza de cuándo ocurría la concepción, y no existía la [FIV], es claro que la norma obliga a los Estados a proteger la vida humana desde su etapa embrionaria más temprana”, dado que “la intención de la mayoría de los Estados del sistema interamericano siempre fue proteger la vida humana desde [el] momento de la concepción”, por lo que los “términos de `concepción´ y `fecundación´ deben ser tratados como sinónimos”. Arguyó que del proceso de aprobación de la Convención Americana “se desprende claramente que no es cierto que la intención de los Estados no haya sido la protección de la vida desde la concepción, pues más bien ese fue el objetivo buscado al aprobarse la norma, a diferencia de lo que había ocurrido años atrás al emitirse la Declaración Americana”. Alegó que la interpretación de la palabra “concepción” no puede realizarse mediante referencia al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por no ser “la literatura de referencia que normalmente se utiliza para entender términos científicos”, tampoco se “ha actualizado la definición de concepción conforme los avances científicos desde 1947” y una “interpretación de esta naturaleza tiene un carácter restrictivo, lo cual no es permitido por el artículo 29.1 de la Convención”. Por otra parte, argumentó que “la frase `en general´ únicamente está pensada para casos excepcionales como la legítima defensa, el riesgo de muerte de la madre o el aborto involuntario”.
En cuanto a otros tratados internacionales de derechos humanos, el Estado señaló que la Declaración Universal de Derechos Humanos “protege al ser humano desde su individualidad, la cual puede determinarse desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide” y que el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […] reconoce la vida del embrión de manera independiente a la de su madre”. Agregó que el “derecho a la vida de forma absoluta ha sido admitid[o …] incluso por el Comité de Derechos Humanos”, y que la Convención sobre los Derechos del Niño protege “[a]l niño incluso antes de nacer” . Sobre este último tratado, alegó que “los Estados convinieron en que el concepto [de niño] debería tener tal amplitud, que permitiera que los países que optaran por dar protección a los menores [de edad] desde antes de su nacimiento, pudieran por ser parte del instrumento internacional sin tener que modificar su respectiva legislación”, por lo que argumentó que existe “un margen de apreciación a efectos de otorgar la condición de niño a los menores no nacidos”, como lo hace la normativa costarricense sobre la materia.
Finalmente, el Estado alegó que “la doctrina del consenso moral como factor del margen de apreciación, […] ha establecido que, en orden a restringirlo, el consenso debe ser claro y evidente”. Al respecto, argumentó que: i) no “existe consenso en relación con el estatuto jurídico del embrión”; ii) “no existe consenso sobre el inicio de la vida humana, [por tanto] debe también otorgarse margen de apreciación sobre la regulación de la técnica" de la FIV, y iii) no es válido el argumento de que “como existen otros Estados que, por omisión legislativa, permiten la práctica de la [FIV], Costa Rica ha perdido su margen de apreciación”. Consideró que “[l]a doctrina del margen de apreciación ha sido ampliamente desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana existen algunos precedentes que “contemplan la posibilidad del Estado de regular determinadas materias conforme a su discreción”.
La Corte ha señalado que el objeto del presente caso se centra en establecer si la sentencia de la Sala Constitucional generó una restricción desproporcionada de los derechos de las presuntas víctimas (supra párr. 135). La decisión de la Sala Constitucional consideró que la Convención Americana exigía prohibir la FIV tal como se encontraba regulada en el Decreto Ejecutivo (supra párr. 76). Para ello, la Sala interpretó el artículo 4.1 de la Convención en el entendido de que dicho artículo exigía una protección absoluta del embrión (supra párr. 75). Por su parte, el Estado ha ofrecido argumentos complementarios para defender esa interpretación efectuada por la Sala. Al respecto, la Corte ha analizado con mucho detenimiento el presente caso teniendo en cuenta que intervino el más Alto Tribunal de Costa Rica, y que éste en su sentencia realizó una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana. Sin embargo, esta Corte es la intérprete última de la Convención, por lo cual estima relevante precisar lo pertinente respecto a los alcances de dicho derecho. En consecuencia, el Tribunal analizará si la interpretación de la Convención que sustentó las injerencias ocurridas (supra párr. 75) es admisible a la luz de dicho tratado y teniendo en cuenta las fuentes de derecho internacional pertinentes.
Hasta el momento la jurisprudencia de la Corte no se ha pronunciado sobre las controversias que suscita el presente caso en lo que respecta al derecho a la vida. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y muertes imputables a la falta de adopción de medidas por parte de los Estados, la Corte ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos261. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho. Asimismo, la Corte ha señalado que el derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa) y que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción262. Ello incluye adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna.
En el presente caso la Sala Constitucional consideró que éstos y otros alcances del derecho a la vida obligan a efectuar una protección absoluta del embrión en el marco de la inviolabilidad de la vida desde la concepción (supra párr. 76). Para analizar si existe una obligación de protección absoluta en esos términos, la Corte procede a analizar el alcance de los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Americana respecto a las palabras "persona", "ser humano", "concepción" y "en general". El Tribunal reitera su jurisprudencia según la cual una norma de la Convención debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana263, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos264. En ese marco, a continuación se realizará una interpretación: i) conforme al sentido corriente de los términos; ii) sistemática e histórica; iii) evolutiva, y iv) del objeto y fin del tratado.