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Timestamp: 2019-08-24 05:32:08
Document Index: 402668965

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 73', 'artículo 10', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 131', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 21']

JUSTICIA AUSENTE Diagnóstico Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Liber by Propuesta Cívica - Issuu
Diagnóstico Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
JULIO DE 2010 A MARZO DE 2018
Publicado por Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. División del Norte #2657, Interior 2, Col. Del Carmen, Delegación Coyoacán C.P. 04100, Ciudad de México
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Contabilidad y administración Sandra Gisel Lozano Hurtado
Comunicación Mauricio Pérez Muñoz
Diseño y formación Sofía Guadalupe García Villeda
Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo del Reino de los Países Bajos, el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista del Reino de los Países Bajos. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación, siempre y cuando se cite la fuente.
1. Contexto de violencia e impunidad hacia la prensa en México.
2. Antecedentes y creación de una Fiscalía Especializada
2.1 Fiscalía Especializada de Atención contra Delitos a Periodistas (FEADP)
3. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión. (FEADLE) 3.1 Presupuesto y autonomía de la FEADLE 3.2 Averiguaciones previas de la FEADLE 3.3 Declaratorias de incompetencia 3.4 No ejercicio de la acción penal 3.5 Casos sujetos a reserva 3.6 Facultad de atracción 3.7 Consignaciones de averiguaciones previas 3.8 Sentencias condenatorias 3.9 Nuevo sistema acusatorio
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información
Organizaciones Naciones Unidas
INTRODUCCIÓN El presente texto tiene como objeto hacer un análisis de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión (en adelante FEADLE), en lo que respecta a su composición, presupuesto, resultados y falencias. Para esto, el texto se compone de 5 apartados, que inician desde: 1) El contexto de violencia e impunidad hacia la prensa en México. 2) Antecedentes y creación de una Fiscalía Especial. 3) Resultados especíﬁcos de la FEADLE, desagregados en el antiguo y nuevo sistema penal de justicia. 4) Conclusiones. 5) Por último una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades correspondientes. El periodo abordado de la FEADLE, es desde julio de 2010 a marzo de 2018. Las conclusiones y recomendaciones presentadas al ﬁnal de texto, tienen como objetivo fortalecer los procesos de investigación de la FEADLE, los cuales deben ser tomados en cuenta por la nueva administración que asume la presidencia el próximo 1 de diciembre de 2018. Así mismo, se espera que este texto sea una herramienta para organizaciones, personas periodistas, y/o medios de comunicación, para sus procesos de incidencia y exigencia de medidas que ayuden a erradicar la impunidad de delitos cometidos contra la libertad de expresión y acceso de información. Para su elaboración se realizaron consultas bibliográﬁcas, hemerográﬁcas, consulta de expedientes y solicitudes de información. En cuatro solicitudes de información1 al momento de la redacción del texto no se conoce su respuesta, por considerar las autoridades que la información compromete la seguridad nacional y por no contar con la información solicitada, lo cual imposibilitó acceder al total de la documentación requerida.
Solicitudes de información Nº 0001700105218, Nº 0001700105318, Nº 000600089818, Nº 0001700115818.
01 CONTEXTO DE
VIOLENCIA E IMPUNIDAD HACIA LA PRENSA EN MÉXICO.
El ejercicio del periodismo en México históricamente se ha encontrado inmerso en fenómenos tales como la cooptación, precarización laboral, persecución, censura, sometimiento ideológico a fuentes oﬁciales o poderes fácticos, y un continuo descrédito social, producto de la clientela y el corporativismo de la labor periodística. Estos procesos comenzaron a ser modiﬁcados de forma lenta y tardía, producto de los cambios sociales y políticos de los últimos años, que ha permitido de alguna forma pasar de un periodismo sujeto y dominado por el poder, a un periodismo poco a poco dirigido a las necesidades y problemáticas que afronta la ciudadanía, como lo es la inseguridad, la corrupción, la violencia y las violaciones a derechos humanos. La transformación del periodismo y la libertad de expresión en México, sin ahondar demasiado en la temática, puede tener diversas explicaciones, que a su vez no sólo ayuda a comprender los cambios en materia de la labor periodística, sino sobre todo entender algunas razones del incremento exacerbado de la violencia hacia esa población y la ausencia de respuestas efectivas por parte de los entes de Gobierno.
CONTEXTO DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD HACIA LA PRENSA EN MÉXICO
Entre esos cambios, podemos destacar la reforma política de 1977 (Rodríguez, 1981), que dio paso a un proceso lento de transición democrática, caracterizado por la eliminación de un esquema de partido hegemónico a un modelo pluripartidista, que dio lugar años posteriores a la alternancia presidencial por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Esto signiﬁcó un cambio en la vida política del país, que impactó a muchos sectores de la población de forma positiva, entre esos al ejercicio periodístico, dando apertura al debate electoral y permitiendo informar de otros procesos que de forma paralela sucedían pero no eran visibilizados. En ese mismo periodo, no se puede perder de vista, que empezó de forma paulatina el crecimiento importante en la siembra y tráﬁco de estupefacientes (Gallur, 2011), el cual marcó un nuevo ciclo de violencia en la historia actual del país, caracterizado por la militarización y las respuestas estatales fallidas2, que ha conllevado a la crisis en materia de seguridad, derechos humanos y justicia que vive actualmente México. Así mismo en ese periodo (1998) se dio el ﬁn del monopolio de la producción e importación de papel, que por más de 50 años como sostiene Cardoso, (2008), “sirvió de control gubernamental de los medios de comunicación impresos”3. Esos procesos de transformación tanto en la vida política, social y legislativa del país, sumado a la revolución tecnológica y las nuevas escuelas de periodismo con un enfoque hacía un ejercicio más social y humano de la profesión (Hernández, 2004, p.116), posibilitó la creación de más medios impresos, al igual que su digitalización, haciendo que más consumidores reciban por distintas vías información, incluidas el internet. Eso sin duda, modiﬁcó la forma en cómo se ejerce el periodismo y la manera en cómo este se relaciona con las problemáticas actuales, posibilitando que tanto comunicadores, medios de comunicación y periodistas independientes, cubran y tengan mayor difusión de temas de interés general que afectan al país, como lo es la corrupción, el crimen organizado, la violencia y el medio ambiente. Esto ha permitido un paulatino crecimiento profesional de la labor periodística durante los últimos años, centrándose en problemáticas sociales y vigilando las acciones de los gobernantes, lo cual repercute en el fortalecimiento de los procesos democráticos, pero a su vez lastimosamente los pone en el lente de los enemigos de esa democracia.
2 La estrategia de Felipe Calderón se basó en la lucha contra el narcotráﬁco, considerando que los carteles mexicanos son grupos homogéneos, donde los miembros obedecen ordenes de un capo y funcionan bajo las mismas reglas. Sin embargo, lo real es que eso no es así al haber una diferencia entre quienes producen, exportan o son meros intermediarios, que de entrada requiere diversas medidas para enfrentar y contrarrestar sus efectos, razón por la cual fue más fácil la persecución y criminalización del narcomenudeo y no de las grandes estructuras y consorcios delictivos.
Durante esa época el Estado por medio de la fundación de la Productora e Importadora de Papel, Sociedad Anónima PIPSA, constituyó un monopolio mexicano para la compra de papel al exterior, y un monopolio interno para su producción y distribución que le permitió reservarse a discreción el papel destinado especíﬁcamente a los periódicos. 3
Producto de los cambios enunciados en los últimos años, situaciones propias del corporativismo y la clientela en México, han venido modiﬁcando la relación entre prensa y poderes políticos, que si bien aún continúa con una relación estrecha, a través de la publicidad oﬁcial, la monopolización de los medios por ciertos grupos empresariales y la conexión entre Estado y crimen organizado (Alcaraz, 2017), también ha venido consolidando un periodismo crítico que se resiste a la coaptación de monopolios y actores políticos. La prensa critica e independiente, tal como aﬁrma Francisco Blanco (2016) es la que “escarba, husmea, construye y reconstruye, analiza, revisa y que no trae línea sino que obedece a la búsqueda de la verdad”. Es ese el periodismo censurado e invisibilizado en México desde el siglo pasado, por medio de normas que coartan la libertad de expresión o con el uso sistemático de la violencia, que ha traído como consecuencia que México a la fecha sea considerado por la organización Reporteros Sin Fronteras, como el segundo país más mortífero del mundo para ejercer periodismo (Franco, 2017).
La alternancia política del año 2000, fecha en la que asumió la presidencia de México Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), marcó una ruptura discursiva que prometió establecer garantías para la defensa y protección de derechos, inaugurando dos escenarios en materia de libertad de prensa abiertamente opuestos, que no sólo continúan, sino se han exacerbado. Por un lado, mientras el ex mandatario aseguraba que su gobierno no censuraría, ni reprimiría a la prensa como se hacía en el pasado (Vargas, 2005), por otro fue en ese periodo que inició la peor crisis de violencia que sufren los ciudadanos, que no ha disminuido, sino ha ido en aumento hasta la fecha. En ese sexenio cobró un número mayor las agresiones y muertes contra comunicadores, en comparación con los gobiernos previos, dejando un saldo en su periodo de gobierno de:
De los cuales se presume que los victimarios en un:
FUNCIONARIOS PÚBLICOS (Olivares, 2007).
A partir de este periodo, en materia de la actividad periodística se empezó a marcar un patrón sistemático y generalizado por amenazas, hostigamiento y criminalización, sumado a los homicidios y desapariciones de periodistas (ONU, 2018, p. 16), que se ha agravado de forma progresiva, en los últimos años ante la escalada de violencia. Del año 2000 a marzo de 2018 se han documentado el asesinato de:
En posible relación con su labor periodística. De los cuales,
La mayoría de esos periodistas asesinados o agredidos por razón de su ejercicio profesional, presentan dos patrones que ejempliﬁcan la situación del país. El primero consiste en que al momento de los hechos los periodistas asesinados o agredidos, en su mayoría investigan temas relacionados con narcotráfico, política, corrupción, violencia e inseguridad5, y segundo, que los homicidios y agresiones a personas periodistas se encuentran en completa impunidad, sin que se reporten avances sustanciales en las investigaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), ha señalado que la impunidad de los delitos contra periodistas no ha sido resuelta, y el Estado mexicano no presenta ningún progreso para su erradicación, incluso a pesar de la creación de organismos especializados para perseguir y castigar los delitos cometidos en contra de periodistas (CIDH, 2010). La falta de independencia de ﬁscalías, el retraso en los procesos judiciales, la ausencia de mecanismos de supervisión, sumado a la inexistencia de protocolos de investigación y la falta de capacitación adecuada del personal, son algunos elementos identiﬁcados, que se profundiza en los apartados subsiguientes, y que dan cuenta de la falta de voluntad de las autoridades para cumplir su mandato constitucional (y de atender las múltiples recomendaciones internacionales) de prevenir y perseguir los delitos, sobre todo en un contexto de zona gris en donde tal como lo aﬁrma Carreño (2017), los intereses de políticos y criminales parecen ser indistinguibles.
Así mismo del año 2009 a diciembre de 2017 se reportaron más de 2.765 agresiones contra la prensa, de los cuales 1.814 fueron hombres, 584 mujeres y 366 medios o colectivos periodísticos (Article 19, 2018)4, siendo las principales agresiones amenazas, ataques físicos, hostigamiento y privación ilegal de la libertad.
En el sexenio de Felipe Calderón la cifra de periodistas asesinados por posible relación a su actividad periodística ascendido a 48, siendo la cifra más alta en los periodos de gobierno. En el actual sexenio que precede Enrique Peña Nieto se han registrado el homicidio de 42 periodistas y aún faltan 6 meses más de gobierno. 4
Tal es el caso del prestigioso periodista Javier Valdez de Sinaloa, quien fue asesinado el pasado 15 de mayo de 2017, siendo uno de los periodistas que más de cerca se dedicó a cubrir el crimen organizado en el país. 5
Y CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA Producto de los índices de violencia a la prensa, la ausencia de avances en las investigaciones y la presión de organismos de la sociedad civil, en el sexenio de Vicente Fox , el 15 de febrero de 2006 por medio del acuerdo A/031/06, la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (en adelante FEADP), limitando su marco de acción únicamente a delitos federales o conexos. Dicha ﬁscalía tuvo como objetivo “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros en el territorio nacional cometidos con motivo de su ejercicio profesional” (PGR, 2006).
ANTECEDENTES Y CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA
En el periodo comprendido de 2006 a febrero de 2010 la entonces FEADP, entró a operar en uno de los periodos más violentos del siglo actual, con la llegada de Felipe Calderón y la denominada “lucha contra el narco”, que estuvo marcada por la violencia que invadió al país, de la cual no se cuenta con una cifra exacta de muertos por parte del gobierno, pero se calcula que asciende a 90 mil personas (CentroProdh, 2012).
Nombre fiscal (FEADP)
Gustavo Rómulo Salas Chávez
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C, Solicitud de información Folio Nº 00017000116318. *1 de julio 2010 se crea el A/145/10 por medio de la cual se crea la Fiscalía Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión.
En ese periodo de Gobierno fueron documentados:
Reportando entre 2009 y 2010 la suma de 399 agresiones6, las cuales representan un aumento del 300% desde el inicio de ese sexenio. A pesar de que el gobierno mostraba al crimen organizado como responsable de la violencia en el país contra periodistas y medios de comunicación, de las agresiones registradas por organizaciones de la sociedad civil, se pudo constatar que en ese periodo el 49.03% de las agresiones provenían de autoridades y 26.45% de grupos del crimen organizado (Cencos, 2010). Lo anterior evidenció un aumento de agresiones contra mujeres y hombres periodistas, con participación de funcionarios públicos, que reflejó la continuación de las estrategias de silenciamiento a la prensa, acompañada a su vez por los altos índices de impunidad que reportó la Fiscalía Especializada de Atención contra Delitos a Periodistas
6 Ataques a la integridad física o material tanto de reporteros como de instalaciones a medios de comunicación (52.9%), amenazas (31.61%). Los estados más violentos fueron Guerrero, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa.
2.1 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS (FEADP) En el A/031/06 se estableció además del objeto y funciones a cargo del nuevo ﬁscal, las causales de competencia o conocimiento que deben concurrir para que la Fiscalía Especializada pudiera ejercer en la materia (art. 5). En el acuerdo se establecieron los siguientes supuestos:
I. Que se actualice, en el sujeto pasivo del
II. Que el delito de que se trate se haya
III. Que dicho ilícito sea de competencia
IV. Que el delito de que se trate sea sancio-
delito, la calidad de periodista.
federal o local, debiendo acreditarse previamente la conexidad de este último con aquél.
cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos.
nado por el Código Penal Federal con pena privativa de la libertad.
2.1 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS (FEADP)
Los supuestos del acuerdo establecieron un marco de acción limitado de actuación por parte de la FEADP, debido a que su competencia sólo radicaba en delitos federales o conexos7 y delitos con pena privativa de la libertad. Es decir, que acciones tales como amenazas o lesiones por no ser delitos federales, pero si ser sistemáticos y con gran impacto en el ejercicio periodístico no fueron conocidas por la FEADP, desconociendo así las diversas formas de violencia que recae sobre el ejercicio periodístico, sin cumplir el mandato para lo cual fue creada. Cabe mencionar que al momento de la expedición del acuerdo no se contaba con una deﬁnición de periodista que ayudara a las y los ministerios públicos a reconocer a las víctimas que denunciaban agresiones por ejercer su libertad de expresión. Esto limitó durante varios años la aplicación de los supuestos I y II, en razón a que las autoridades no comprenden el concepto de periodista o consideran que las agresiones no tienen vínculo con su labor profesional, siendo pretexto para declarar la incompetencia o no iniciar la investigación de los hechos. Adicionalmente el numeral III incorporó lo previamente desarrollado en la reforma procesal penal federal de 1994, relativa a la “competencia por conexidad”, que se previó en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), y que fue llevado a rango constitucional en el artículo 73, fracción XXI, señalando que:
A pesar de su creación y de contar con una serie de supuestos y facultades exclusivas para su funcionamiento, los resultados que reportó la FEADP en los años que operó no presentaron avance alguno (2006-2010). Al contrario como hemos anunciado las cifras de agresiones y homicidios siguieron al acecho sin que ninguna autoridad a la fecha garantice los derechos fundamentales de las víctimas.
7 Delitos conexos en términos del segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, hace referencia cuando el Ministerio Público Federal es competente para investigar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, y los jueces federales tienen asimismo, competencia para juzgarlos. Amparo directo 9/2008, 12 de agosto de 2009.
El periodo que operó la FEADP fue del 15 de febrero de 2006 al 7 de agosto de 2010. En esos cuatro años a pesar del número de agresiones y homicidios, sólo fueron atendidas
Iniciando 43 investigaciones y logrando tan sólo una sentencia condenatoria (FEADP, 2010).
Sostuvo la CNDH en la Recomendación que: Es evidente que la autoridad ministerial no llevó a cabo todas las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación procedentes, concretándose en muchos casos a recabar el testimonio de los familiares y solicitar la investigación a la instancia policiaca correspondiente. En algunos casos, no se acreditó que se haya realizado una investigación respecto del entorno laboral o periodístico, o de los indicios que surgieron de la propia investigación. (CNDH, 2009, p. 14).
De febrero de 2006 a noviembre de 2008, sólo había ejercido acción penal en 3 casos, un promedio de una acción penal por cada año (CNDH, 2009), evidenciando el poco o nulo trabajo realizado en materia de prevención y persecución de los delitos cometidos en contra de periodistas, que a su vez se refleja en la falta de voluntad8 en razón a la poca asignación de recursos (Gráﬁca 2), lo cual sin duda afectó su funcionamiento.
Presupuesto FEADP 2006
$ 2, 304,000.00
$ 1,558,278.00
$ 1,402,450.00
Fuente: Discurso sin resultados. Informe sobre la Fiscalía Especial de Atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
En la Recomendación General No. 17 del 19 de agosto de 2009 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) constató que del registro de los 505 expedientes de queja de agresiones a periodistas con los que contaba (2000-2008), las autoridades de procuración de justicia en la mayoría de los casos no esclarecieron los hechos que motivaron los ilícitos. 8 Número suﬁciente de autoridades clave con capacidad de decisión sobre el tema; entendimiento común sobre los problemas a tratar; compromiso de apoyo por parte de los actores clave que participan en la toma de decisiones; soluciones propuestas deben percibirse como efectivas, Enrique Euguren, Es Tiempo Ya, Políticas públicas eﬁcaces para el derecho a defender los derechos humanos, Cejil, 2018, p. 43, consulta: https://bit.ly/2NpFFG3
En la misma recomendación la CNDH (2009) sostuvo que la falta de resultados en la investigación de delitos contra la libertad de expresión obedecía a tres causas principales:
Los prolongados periodos de inactividad en que incurren las autoridades ministeriales.
La dilación cuando se determina la sustitución de los ﬁscales o agentes del Ministerio Público.
Cuando se remiten los casos a la Federación esta no acepta la competencia o no se logra acreditar la conexidad de los delitos, para que surta su competencia .
La creación de la FEADP si bien representó un avance institucional, no dio resultados en materia de investigación y persecución de los delitos, siendo limitada para conocer de todos los asuntos contra periodistas. Incluso en las investigaciones realizadas se acreditó que esta Fiscalía desestimó casos sin agotar las líneas de investigación vinculadas a la libertad de expresión (CNDH, 2009, p. 16). Así mismo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en su informe especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, consideró que los escasos resultados logrados por la Fiscalía, es atribuible en parte, a la falta de voluntad de los Ministerios Públicos para atraer casos e implementar planes de trabajo adecuados (RELE, 2010, p. 68). En conclusión, ambos órganos sostuvieron que las autoridades que tienen el mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia y al desarrollo de investigaciones imparciales de delitos cometidos contra periodistas, incurrió en dilación y deﬁciente integración de las indagatorias en las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas, vulnerando los derechos a la integridad, seguridad personal, así como a la seguridad jurídica (RELE, 2010, p. 28). El papel que jugó la FEADP pasó inadvertido, tal como se evidenció en el Examen Periódico Universal (EPU 2009) y en visita de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH (2010), al no cumplir los objetivos para los que fue creada, razón por la que en agosto de 2010 fue emitido el acuerdo A/145/10 “Por el que se crea la Fiscalía Especial para los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión” (FEADLE), adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad (PGR, 2012), dejando sin efecto el A/031/06.
03 FISCALÍA ESPECIAL
COMETIDOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. (FEADLE)
El acuerdo A/145/10 fue emitido por el entonces Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez, el 1 de julio de 2010. En el párrafo segundo del acuerdo se estableció que la FEADLE “será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística”. Respecto al cambio de nombre de la Fiscalía en los considerandos del acuerdo, no se estipula una razón o motivo explícito, sin embargo, se puede inferir que son parte de los compromisos internacionales (EPU, 2009) y la política nacional en materia de derechos humanos del gobierno de México; es necesario aclarar que a pesar de ser especializada en materia de libertad de expresión, de acuerdo a la información pública disponible se reconoce que sólo ha investigado delitos contra periodistas y/o medios de comunicación, sin ser atendidos los delitos cometidos en contra o como represalia hacia el ejercicio amplio de la libertad de expresión, como es el caso de agresiones en contra de manifestantes, o las vulneraciones al derecho de acceso a la información.
FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. (FEADLE)
Las funciones de la FEADLE son las siguientes:
I. Actuar dentro del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados Internacionales y demás disposiciones jurídicas.
II. Programar cursos, conferencias, seminarios, talleres, para crear una cultura de prevención del delito y respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información.
III. Ejercer la facultad de atracción para conocer delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. IV. Coordinarse con la Procuraduría General del Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, en términos del Convenio de Colaboración celebrado con la institución, a ﬁn de coadyuvar en la investigación de los ilícitos competencia de esta Fiscalía.
V. Realizar la sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos a su cargo en coordinación con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI), lo cual permitirá establecer redes de vínculos entre diferentes casos.
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, 2018 Folio Nº 0001700116418
3.1 PRESUPUESTO Y AUTONOMÍA DE LA FEADLE Desde la creación de la FEADLE dos problemas operativos se han podido identiﬁcar: la reducción presupuestal desde el año 2014 en adelante, así como la falta de autonomía política. Desde el año de su creación el presupuesto otorgado ha tenido variaciones signiﬁcativas, llegando a la actualidad a una:
En comparación al presupuesto asignado en 2014 (Gráﬁca 4). Lo anterior sucede a pesar del aumento de las agresiones a nivel nacional y la falta de resultados de la entidad. La ausencia de presupuesto adecuado para su funcionamiento impacta de forma negativa en el desarrollo de las investigaciones, sobre todo por no contar con el personal capacitado y adecuado que pueda responder al aumento sistemático y generalizado de la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación. Según el actual Fiscal Ricardo González del Pozo el número de ﬁscales y policías aumento a 22 y 15, respectivamente9. Pasando de 15 fiscales y 14 policías en cabeza de Laura Borbolla, quien dirigió el organismo entre 2012 y 2015.
GRÁFICA 04 Presupuesto asignado a la FEADLE 2010-2018 2010 - 695,419.00
2013 - 38,084,788
2016 - 25,121,369
2011 - 636,740.00
2014 - 39,013,777
2017 - 18,433,763
2012 - 3,000,000.00
2015 - 28,891,583
2018 - 17,989,600
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, fuente FEADLE.
Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, 2018 solicitud de información Folio Nº 000170015218.
Tanto las organizaciones de la sociedad civil, como los Relatores de libertad de opinión y libertad de expresión de Naciones Unidas y de la CIDH, han manifestado su preocupación ante la reducción drástica del presupuesto de la FEADLE en los últimos años, lo cual es un menoscabo al mandato legal de esta Fiscalía10.
GRÁFICA 05 Servicios generales
13,999,001 4,281,628
13,687,588
9,570,977
14,986,898
24,354,572
13,022,205
14,736,790
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, fuente FEADLE
10 Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH sobre su misión a México, pp. 10-11. Consulta: https://bit.ly/2IenBae.
Por otro lado, la falta de autonomía política para investigar por parte de la entidad ha quedado en evidencia en reiteradas ocasiones. Diversas organizaciones han puesto en evidencia que existe información que la Procuraduría General de la República, de la que la forma parte la FEADLE, es uno de los compradores del Malware Pegasus con el que se realizó espionaje a personas defensoras de derechos humanos y periodistas (Ahmed, 2017); tales como los casos acontecidos contra el equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Aristegui Noticias y Carlos Loret de Mola, investigaciones que a la fecha no reportan avance alguno (Tourliere, 2018). Otro elemento adicional que refleja la ausencia de autonomía política, se evidencia en el cambio unilateral paulatino de ﬁscales por decisión del Procurador General de la República, que ha signiﬁcado desde su creación a la fecha el nombramiento de 4 fiscales de la FEADLE, es decir, un promedio de 2 años de duración en el cargo cada uno (Gráﬁca 3). Lo anterior ha implicado que algunos de los ﬁscales designados no cumplan con requisitos mínimos para esa labor, como lo es el conocimiento en materia de libertad de expresión y capacidades para coordinar investigaciones cometidas en contra de periodistas.
ORGANIGRAMA FEALDE
GRÁFICA 06
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Ricardo Sanchéz Pozo.
Dirección general Adjunta de Delitos contra la libertad de expresión
Dirección de enlace con medios y estadísticas.
Subdirección de averiguaciones previas y consignaciones
Subdirección de enlace y evaluación
Subdirección de gestión y cumplimiento de medidas cautelares
Subdirección de prevención de delitos contra la Libertad de Expresión
Departamento de atención a denuncias y seguimiento al sistema de alerta temprana
Fiscalía Especial de atención a delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE (2018)
Subdirección de procesos penales y amparo
Departamento de juicios y amparos
Subdirección de ánalisis conductual y sistematización
Departamento de análisis criminológico
Subdirección de capacitación en prevención y protección en materia de delitos contra la Libertad de Expresión
3.2 AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA LA FEADLE11 GRÁFICA 07
Averiguaciones previas FEADLE Del 5 de julio de 2010 al 31 de marzo de 2018, fuente FEADLE
GRÁFICA 08
Medios de comunicación 174
AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA FEADLE
11 El 29 de febrero de 2016, la FEADLE inició actividades en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que se dejaron de integrar Averiguaciones Previas, dando pie a las Carpetas de Investigación desde ese año, razón por la cual en el año 2017 y 2018 no se reportan averiguaciones previas. En el presente diagnostico se desagrega ambos sistemas penales.
Las averiguaciones previas abiertas bajo el antiguo sistema penal se caracterizaron por presuntos delitos de amenazas (310): Abuso de Autoridad (140)
Homicidio (56)
Privación ilegal de la libertad (52)
Lesiones (60)
Daño en propiedad ajena (40)
Que equivalen al 88.9% de las averiguaciones previas que conoció (Gráﬁca 9).
De las 803 averiguaciones previas que ha conocido la FEADLE hasta el 31 de marzo de 2018, los estados donde se cometieron estos presuntos delitos en su mayoría fueron:
Distrito Federal (122) Guerrero (44) Oaxaca (49)
Que equivalen a más del 50% del total de las 32 entidades federativas. Las zonas geográﬁcas y el tipo de delito coinciden con las zonas con mayor índice de violencia a periodistas, según el monitoreo de agresiones reportadas por distintas organizaciones de la sociedad civil (Article 19, 2018).
AVERIGUACIÓNES PREVIAS POR TIPO DE DELITO
GRÁFICA 09
5 DE JULIO 2010 - 31 DE MARZO 2018.
Amenazas Abuso de autoridad Lesiones Homicidio Robo Privación ilegal de la libertad Daño en propiedad ajena Tentativa Homicidio Ley General Bienes Nacionales Accesos ilíctos a sistemas y equipos Violación Ley Federal de Armas Secuestro Allanamiento de morada Ataque vías de comunicación Violación Ley Federal Derecho de Autor Falsedad en Declaraciones Tentativa de privación ilegal de la libertad Delincuencia organizada Hecho posiblemente delito Falsiﬁcación de documentos Intervención comunicación privada Intimidación Contra el honor Contra la administración de justicia Ejercicio indebido servicio público Enriquecimiento ilícito Extorsión Tentativa daño en propiedad ajena Tentativa de extorsión Tentativa de robo Tentativa de secuestro Tortura 0
3.3 DECLARATORIAS DE INCOMPETENCIA De las 803 averiguaciones previas que ha conocido la FEADLE preocupa que en 442 que equivalen al:
GRÁFICA 10 Incompetencia de Averiguaciones previas 5 de Julio 2010 - 31 de Marzo 2018.
DEL TOTAL DE AVERIGUACIONES (GRÁFICA 10)
la Fiscalía especializada haya declinado la competencia para conocer los casos, siendo el periodo de la Fiscal Laura Angélica Borbolla Moreno el que reporta mayor número, siendo del año 2012 al 2014 declaradas 256 que equivalen al:
DEL TOTAL DE LAS INCOMPETENCIAS
3.3 DECLARATORIAS DE INCOMPETENCIA
La justiﬁcación legal para poder declarar la incompetencia puede ser en razón: a) El sujeto pasivo no es considerado por la autoridad como periodista. b) Que el delito cometido no tenga relación con la labor de información que realiza. Si bien pueden llegar a existir casos en donde no se cumplen los requisitos de competencia, y con fundamento en estos se declina. Existen casos más complejos en donde ha quedado en evidencia la acción unilateral sin apego a la ley, en donde la Fiscalía declara la incompetencia del asunto, bien sea negando la actividad periodística que la persona realiza o por considerar que el presunto delito no fue en relación con su ejercicio. Además sucede que se declina competencia sin haber agotado previamente todas las líneas de investigación en relación con la actividad periodística de la persona. Desde el año 2014 se dio un incremento acelerado de averiguaciones previas, que coinciden esos años con el mayor número de incompetencias declaradas. Es decir, que en vez de cumplir el mandato constitucional para el que fue creada la FEADLE y fortalecer su capacidad técnica y operativa dirigida a la persecución de delitos que es lo que debe priorizar, preﬁrió el no ejercicio de sus funciones, ni fortalecer sus procesos de investigación. En detrimento del derecho de las víctimas a contar con una investigación sin dilación, seria, imparcial y efectiva, y evadiendo la misión constitucional para lo que fue creada. Lo anterior signiﬁca que las 442 averiguaciones previas declaradas incompetencia de la FEADLE fueron trasladadas a las entidades estatales, en donde las autoridades no cuentan con órganos especializados que puedan llevar a cabo esta clase de actuaciones, ni mucho menos existe la conﬁanza institucional, en razón al contexto, en donde:
MÁS DEL 50% DE LAS AGRESIONES A LA PRENSA
Se presume fueron realizadas por funcionarios públicos y agentes estatales.
La impunidad existente conlleva a diversos impactos psicosociales en las víctimas producto de la experiencia traumática no sólo de la violación a derechos humanos, sino además por el continuum de la impunidad una y otra vez. Los principales impactos para las víctimas van desde la revictimización en los procesos de investigación ante cualquier comparecencia con la autoridad, que se presume ser la victimaria; el descrédito y deslegitimación a las autoridades y a los procesos de investigación llevados a cabo; el daño a la dignidad de las personas ligado a la sensación de desvalidez; y la inseguridad y posible destierro que continúa al no dar con el paradero de los presuntos responsables. Lo anterior a su vez, impacta de forma negativa en la comunidad, por minar la construcción de conﬁanza entre la gente. Esta situación es un impedimento al acceso a la justicia por parte de las víctimas, quienes ante la negativa de la FEADLE de asumir la competencia en las investigaciones, han tenido que recurrir a otras acciones legales para impugnar esa decisión, tales como el amparo indirecto. Si bien toda víctima puede hacer uso de está garantía legal, lo real en términos prácticos es que el tiempo en resolver el juicio de amparo puede oscilar en un promedio de:
6 MESES A 1 AÑO Lo cual afecta la investigación, siendo contrario al principio de celeridad que debe guiar toda actuación judicial, que por un lado desgasta a la víctimas, y por otro afecta las investigaciones, especialmente la recolección de elementos probatorios, sobre todo si son extraviados, modiﬁcados o de difícil acceso.
Al año 2018 según información de la propia FEADLE se cuenta con un rezago de 86 carpetas de investigación (sistema penal acusatorio), lo cual signiﬁca:
En comparación con el rezago reportado en 2016 de 225 averiguaciones previas (sistema penal inquisitivo mixto). De la información reportada por la misma FEADLE, se puede apreciar que esa disminución no obedeció a un mayor número de casos consignados, ni sentencias condenatorias; sino de la declaratoria de incompetencia (442), no ejercicio de la acción penal (122) y la clasificación de reserva (39), las cuales sumadas equivalen a 583, que representan el
Que ha conocido, sin que esto represente un avance en las investigaciones, ni mucho menos justicia para las víctimas. Tratándose del rezago de averiguaciones previas que no fueron investigadas de manera diligente, la declinación de competencia al fuero local, fue la salida injusta que encontró la FEADLE, dejando en serio riesgo de que ese cúmulo de investigaciones iniciadas en el anterior sistema penal se queden en la impunidad en las localidades.
Indalecio Benítez Mondragón es fundador y locutor de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, del municipio de Luvianos, Estado de México, fundada el 20 de noviembre de 2013, quien además escribía recurrentemente en la página Prensa Libre Luvianos, textos de opinión acerca de hechos sociales y locales, que incluían críticas a la administración Municipal. El 1 de agosto de 2014, aproximadamente a las 12:00 horas, Indalecio fue asediado y perseguido junto a su familia al llegar a casa por varios sujetos armados, quienes al ver que Indalecio escapaba del lugar empezaron a disparar hacia el automóvil, impactando con un proyectil a su hijo quien falleció en el momento a causa del disparo.
Fundador y locutor de la radio comunitaria Calentana Mexiquense.
El día 6 de agosto de 2014 Indalecio interpuso la correspondiente denuncia de los hechos sucedidos, y se dio inicio a la averiguación previa 112/FEADLE/2014 por el delito de tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena. Más de dos años después de haber radicado la denuncia, mediante oﬁcio SDHPDSC/FEADLE/1432/2016 el agente del Ministerio Público determinó que, de las diligencias practicadas no existía indicio que permitiera vincular la tentativa de homicidio con la actividad periodística, declinando su competencia y remitiendo las actuaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En el caso concreto, la FEADLE no agotó todas aquellas líneas de investigación y tuvo como consecuencia la emisión de una determinación ministerial carente de fundamento y motivación, vulnerando los derechos de acceso a la justicia. De la averiguación previa se pudo constatar que las diligencias llevadas a cabo no tuvieron como ﬁnalidad la identiﬁcación de los responsables, ni del vínculo con su actividad periodística; limitando sus actuaciones a ordenar, ejecutar y realizar actuaciones ministeriales sin la debida diligencia, sin profundizar en los motivos de la agresión perpetrada. Por lo anterior, desde el CIC-PC fueron interpuestos dos juicios de amparo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, resolviéndose el último a favor de Indalecio Benítez Mondragón el día 29 de diciembre de 2017. El juez consideró que la FEADLE no realizó las actuaciones necesarias para acreditar la inexistencia del vínculo del delito con su ejercicio periodístico, razón por la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, no debió aceptar la competencia sino regresar la averiguación previa. Resolvió a favor del peticionario y ordenó el regreso de los expedientes a competencia de la FEADLE, decisión que se dio tres años después de que los hechos denunciados fueran presentados a esa misma autoridad. A pesar de haber transcurrido:
CUATRO AÑOS DE LA AGRESIÓN
y de estar en la actualidad la investigación bajo competencia de la FEADLE, a la fecha del presenta escrito
NO SE REPORTAN AVANCES SUSTANCIALES.
3.4 NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL En cuanto al no ejercicio de la acción penal (en adelante NEAP) del total de 803 averiguaciones previas que ha conocido la FEADLE al 31 de marzo de 2018, en 122 investigaciones equivalentes al:
DE CASOS CONOCIDOS se declaró su no ejercicio (Gráﬁca 11). Según el antiguo Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 137 se contempló que el Ministerio Público no ejercitará la acción penal:
1. Cuando la conducta o los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la Ley Penal. 2. Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles, y sólo por lo que respecta a aquél.
3. Cuando, aún pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que
trate, resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable; cuando la responsabilidad penal se halla extinguida legalmente, en los términos del Código Penal.
4. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el
inculpado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal.
GRÁFICA 11 No al ejercicio de la Acción Penal - Averiguaciones previas del 5 de Julio 2010 - 31 de Marzo 2018. 45
3.4 NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
GRÁFICA 12 2010
Por fallecimiento del imputado
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, folio Nº 0001700158018
170 De la información solicitada no fue posible desagregarla en cada una de las causales de declaratoria de NEAP establecidas en el artículo 137 del CFPP, siendo únicamente proporcionados los datos referidos (Gráﬁca 12). De 122 declaratorias de NEAP al 31 de marzo de 2018, 53 se dieron en razón al perdón en casos querellables12 , en donde se logró llegar a un acuerdo, como causa extintiva de la acción penal. Esto implica en términos jurídicos que no da lugar a que se juzgue la naturaleza del delito, como sucede en los casos de prescripción y de amnistía, sino que es un hecho exterior que determina la acción penal, y bajo la cual una vez dada no hay motivo alguno para que se siga con el proceso hasta pronunciar sentencia. Los casos en los que hubo perdón y se llegó a un acuerdo de resolución del conflicto, son equivalentes al 43% del total de NEAP, sumado a las 66 agresiones en las que se determina alguna de las causales del artículo 137, equivalentes al 54%, más los tres casos (3%) en los que hubo fallecimiento del presunto responsable. En cuanto a los acuerdos establecidos entre la víctima(s) o victimario(s) a la fecha del presente texto no fue posible conocer el estado de cada uno de los anteriores, dato necesario que ayudaría a conocer los efectos y sus impactos tanto positivos y negativos en términos de satisfacción de derechos. A su vez no se tiene conocimiento de las acciones de seguimiento que realice o haya realizado la FEADLE ante estos actos de perdón, en términos de cumplimiento de medidas de reparación y garantías de satisfacción y no repetición. En el marco de la investigación no ha sido posible acceder a la información solicitada, sin lograr conocer las causales en la ley invocadas en cada una de las 66 investigaciones. Esto es reflejo adicional de falta de acceso a la información respecto al registro de delitos investigados, quedando en duda si se cuentan con criterios objetivos para determinar el no ejercicio de la acción penal.
12 Los delitos que se persiguen por querella, son aquellos que la autoridad investiga a petición de la parte afectada. Estos son, entre otros, abuso de conﬁanza, fraude, administración fraudulenta, despojo, amenazas, discriminación, fraude procesal, entre otros.
3.5 CASOS SUJETOS A RESERVA El artículo 131 del antiguo Código Federal de Procedimientos Penales, estableció que: “Si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan más datos”.
GRÁFICA 13 Reserva de averiguaciones previas del 5 de Julio 2010 - 31 de Marzo 2018. 45
De las 803 averiguaciones previas que ha conocido la FEADLE a marzo de 2018, 39 averiguaciones han sido sometidas a reserva, por no contar con elementos probatorios suﬁcientes, lo cual equivale a un:
4.8% DEL TOTAL.
27 0 2010
3.5 CASOS SUJETOS A RESERVA
Si bien la reserva está justiﬁcada en la ausencia de elementos probatorios, es necesario distinguirla del no ejercicio de la acción penal, en donde a diferencia de la segunda, la reserva obliga al Ministerio Público a ordenar a la policía la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos, siendo una resolución transitoria a la cual procede el amparo indirecto (SCJN, J.124/2010), sobre todo cuando transcurre un tiempo sin que se emita pronunciamiento alguno. De la información consultada no fue posible conocer el número de actas circunstanciadas realizadas en las averiguaciones previas sometidas bajo reserva. Esto genera dudas sobre las actuaciones desarrolladas en cada uno de estos casos, sobre todo si tenemos en cuenta el porcentaje de casos que pasan a enlistar las cifras de no ejercicio de la acción penal. En el año 2016 se presentó el mayor número de casos sometidos bajo reserva en cabeza del ﬁscal Ricardo Celso Nájera Herrera, mismo año en el que se declaró el no ejercicio de la acción penal en: 43 averiguaciones y se declinó competencia en 51, que suman:
Lo anterior refleja una política institucional dirigida al abandono de las investigaciones y el cierre de las mismas, que evidencia el poco interés y la falta de voluntad para esclarecer los delitos cometidos contra periodistas.
Marcos Juan Lázaro Santiago es un periodista experimentado que lleva más de 30 años dedicado a ese ejercicio, cubriendo noticias principalmente en el Estado de México. Durante el proceso electoral celebrado en 2015 fue víctima de campañas de desprestigio, acoso judicial y amenazas promovidas por el Movimiento Antorchista Nacional, producto de la publicación de una nota en donde la candidata del Movimiento Morena manifestó haber identiﬁcado a una persona que la hostigaba, líder de esa organización. Producto de las campañas de difamación cometidas, el 1 de septiembre de 2015 fue presentada denuncia ante la FEADLE para que fueran investigados los hechos y se condenara a los responsables. Transcurridos más de dos años de la investigación no existe ningún avance en la materia y por el contrario ante la falta de la misma, la FEADLE decidió en el mes de mayo de 2016 reservar la averiguación previa por considerar que no contaba con elementos suﬁcientes para hacer la consignación, incluso a pesar de que el demandante y sus representantes, aportaron imágenes y registros de las agresiones y presuntos responsables de las mismas.
Marcos Juan Lázaro Santiago Periodista.
A LA FECHA DE REDACCIÓN DEL PRESENTE INFORME
NO SE CUENTA CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, mediante la cual se reservó la averiguación previa.
3.6 FACULTAD DE ATRACCIÓN Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de atracción es una ﬁgura procesal de conﬁguración constitucional que le permite a algunas entidades federales conocer, de manera excepcional asuntos que no son de su competencia originaria, pero que por su trascendencia e importancia ameritan ser resueltos por el órgano especializado (SCJN, J27/2008). Desde la expedición del A/031/06 se contemplaron una serie de supuestos que deben concurrir, para que la FEADP pudiera avocarse al conocimiento respecto a delitos cometidos en contra de Periodistas. Una vez que entró en vigor el A/145/10 que crea la FEADLE, se mantuvieron los supuestos en el párrafo quinto del acuerdo y se añadió algunas especiﬁcaciones, quedando establecido que:
LA FISCALÍA “podrá ejercer la facultad de atracción”
3.6 FACULTAD DE ATRACCIÓN
Cuando se presenten algunas de las siguientes circunstancias:
1. Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión. 2. Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del
derecho a la información o de la libertad de prensa o con motivo de cualquier de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior;
3. Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común,
cuando sean conductas conexas con delitos federales con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior;
4. Que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena privativa de la libertad.
En contraste con el A/031/06, el nuevo acuerdo señaló en la fracción I como se entendería la calidad de periodista, haciendo la acotación que en la descripción puede interpretarse de forma restrictiva, al dejar la interpretación de la o el ministerio público cómo debe entenderse que la víctima se dedique a través de un medio de comunicación o de la libertad de prensa. En ese sentido, este supuesto debe interpretarse de manera progresiva y acorde a los estándares internacionales en la materia y en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que establece que:
Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públcos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
Si bien esa deﬁnición fue un paso importante para que las autoridades de forma uniforme pudieran determinar la condición de periodista, es necesario aclarar que la deﬁnición es limitada a comparación con otras deﬁniciones de personas periodistas, tal como la establecida por la CNDH en su recomendación Nº 24 (2016) “sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, que considera periodista:
A las personas que recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente.
Esta deﬁnición los Relatores Especiales de la ONU y la CIDH (2018) han instado a todas las autoridades a que observen esta deﬁnición.
En cuanto al supuesto de conocer únicamente delitos federales o aquellos del orden común vinculados con éstos, puede traducirse en un obstáculo para la obtención de justicia, toda vez que su preponderancia en la consideración de las demás hipótesis de atracción reduciría las posibilidades de las víctimas de acceder a investigaciones independientes y especializadas, puesto que las Fiscalías o Procuradurías estatales tienden a ser menos diligentes o están más propensas a estar vinculadas con los presuntos victimarios. Posterior a la promulgación del acuerdo, el 3 de mayo de 2013 fue publicado el decreto por el que se reformó y adicionaron disposiciones del Código Federal de Procedimiento Penales, el cual adicionó supuestos para el ejercicio de la facultad de atracción al artículo 10, estableciendo que:
En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos (…) Contra la resolución que niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima o el ofendido podrá interponer recurso de reconsieración, dentro de los 15 días hábiles siguientes (…) El servidor público en quien delegue la facultad, deberá resolver el recurso en un término que no excederá de 48 horas.
Los supuestos establecidos en el código fueron retomados en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP), el cual abrogó al Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), en el marco de la Reforma constitucional en materia penal de 2008. El CNPP establece que la facultad se podrá ejercer cuando se presente uno o varios de los siguientes supuestos:
Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatales o municipales. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatales o municipales. Se trate de delitos graves así caliﬁcados por este Código y legislación aplicable para prisión preventiva oﬁciosa; La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real. Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate. Los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta; en la Entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
“En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción” (CNPP, art. 21). Aunque el CNPP retoma fielmente los supuestos que deben cumplirse para ejercer la facultad de atracción, es importante señalar que el legislador dejó a un lado la posibilidad de las víctimas de presentar un recurso de reconsideración, lo cual si estaba garantizada en el CFPP. Ello niega la interposición de cualquier recurso ordinario ante la negativa de las autoridades, lo cual da la posibilidad a las víctimas a recurrir a la acción de amparo en caso de que la FEADLE decida no conocer de un delito del fuero común, haciendo más tardado el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Así mismo en el mes de octubre de 2013 se promulgó el decreto por el que se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que : “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”
Finalmente, durante 2017 y 2018, la FEADLE trabajó en la creación de una propuesta de Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, que contiene criterios de carácter orientador para que las autoridades federales y estatales de procuración de justicia atiendan estos casos en debida forma. Dentro del protocolo se incorporan lineamientos básicos que permiten al ministerio público conocer en qué momentos es posible que la Federación asuma la responsabilidad de continuar con la investigación, o si es posible iniciar labores de coordinación entre autoridades estatales y federales. En el Protocolo establece que la decisión de atraer o no un caso, no se debe limitar únicamente a la relación entre el delito y el ejercicio periodístico o de libertad de expresión, sino además se debe considerar las capacidades institucionales de los entes estatales para llevar a cabo las investigaciones, que implica descartar acciones u omisiones por parte de los entes investigativos para dilatar la investigación, indicios de la participación de autoridades estatales, el tipo de trabajo periodístico que realizaba la víctima y por último, los resultados del análisis de contexto.
A la fecha del presente texto el protocolo de investigación fue aprobado por los órganos de gobierno de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, y se espera que se inicien los cursos de capacitación para su adecuada implementación tanto en la FEADLE, como en las entidades estatales. Con estas reformas legales se estableció el fundamento jurídico para el ejercicio de la facultad de atracción de la FEADLE, deﬁniendo parámetros más claros para su procedencia, permitiendo a las autoridades tener más claridad sobre la competencia entre la Federación y los estados en materia de persecución de delitos cometidos en contra de periodistas13.
GRÁFICA 14 Asuntos atraídos por la FEALDE 4 de Mayo 2013 - 31 de Marzo 2018.
Abuso de Autoridad (14)
Privación Legal de La Libertad (1)
Tentativa de Robo (1)
Tentativa de Homicidio (1)
Daño Propiedad Ajena (3)
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, folio Nº 1700105118
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del Amparo en Revisión 1422/2015, estableció que: “El Ministerio Público Federal, puede atraer delitos del fuero común cuando sean cometidos contra alguna persona que realice la función periodística, sin que sea necesario que éste presente acreditación de algún medio de comunicación, pues basta con que la persona demuestre que desempeña dicha función habitualmente, ya sea de forma independiente o en alguna empresa de comunicación, de tal manera que también serán competentes los jueces federales para conocer de delitos del fuero común cuando el Ministerio Público ejerza tal facultad de atracción”. 13
De las 803 averiguaciones previas abiertas por la FEADLE de esas sólo en 48 casos se ejercitó la facultad de atracción (Gráﬁca 14), lo cual equivale a un:
DE LAS AVERIGUACIONES. Según información de la misma institución de 2013 a 2015, 44 asuntos fueron atraídos por la FEADLE y en 2016 tan sólo 4, lo cual equivalen al total de casos atraídos por esta institución. Lo anterior significa, que a pesar de la reforma a la fracción XXI del artículo 73 y el fundamento legal que la faculta para atraer casos, durante los años 2010 a 2013 ningún caso fue atraído, igual que sucede en el año 2017 y los meses transcurridos del año actual. Lo anterior refleja una falta de proactividad de las instituciones y una tardanza en ejercer sus facultades, lo cual va en detrimento de su mandato constitucional y del acceso a la justicia por todas las víctimas periodistas y sus familiares. Respecto a la atención integral a víctimas, el no ejercicio de la facultad de atracción implica que no sea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (en adelante CEAV) quien brinde la atención, lo cual implica que las víctimas sean atendidas por las comisiones estatales, que son órganos que no han terminado de crearse, ni cuentan con los recursos suﬁcientes para su funcionamiento (Ramírez, 2018).
En los estados en donde mayor se ha ejercido esta facultad son:
Las cuales equivalen a más del:
Las principales diﬁcultades identiﬁcadas en el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la FEADLE, radican principalmente en la interpretación restrictiva de la ﬁgura, la Fiscalía dejó de lado la interpretación amplia y garantista en cuestión de protección.
DE LOS CASOS ATRAÍDOS. Así mismo de esos casos atraídos los presuntos delitos en donde más se ha ejercido la facultad de atracción, es por: Abuso de Autoridad (14)
Homicidios (08)
Robo (04)
La FEADLE, fue dotada legalmente para hacer un uso amplio de esta facultad que le deviene de la constitución y desarrolla el CNPP en las nueve fracciones de su artículo 21, faltando a su deber constitucional de interpretar en el sentido más amplia y protector de la persona, preﬁriendo hacer un uso discrecional de esta facultad, en donde a pesar de contar con criterios objetivos para su aplicabilidad no ha surtido los efectos deseados, por la falta de control a dicha potestad que facilita la arbitrariedad respecto la especialidad de los órganos que deben desarrollar las investigaciones de agresiones cometidas en contra de periodistas.
Su uso discrecional por parte de las autoridades, no ha posibilitado la atracción de casos, a pesar de que en la mayoría de delitos como mínimo se encuentra un supuesto de alguna de las causales establecidas en la ley. Esto ha impactado de manera negativa el esclarecimiento de hechos y de acceso a la justicia por parte de las víctimas, que se refleja por el bajo número de casos atraídos desde la creación de la FEADLE, y en la ausencia de recursos legales a favor de las víctimas para contrarrestar la decisión adoptada. Así mismo, en los casos de no ejercicio de la facultad de atracción, según lo estableció la normatividad, existe la obligación de la FEADLE de brindar coordinación y colaboración con las entidades federativas, sin embargo, legalmente se desconocen las formas, procedimientos y trámites llevados a cabo hasta el momento. El no ejercicio de la facultad de atracción, o su selectividad reducida, va en contravía de la ﬁnalidad misma de la ﬁgura, que en términos de la FEADLE fue pensada para dar respuesta a los casos donde:
Presuntamente existe un vínculo entre el delito y algún funcionario público.
Dar celeridad a las investigaciones.
Atender casos de extrema urgencia.
A la fecha de la elaboración del diagnóstico, en el protocolo de homologación de investigación para delitos cometidos en contra de periodistas, se establecieron criterios orientadores. Cabe hacer la claridad de la ausencia de Protocolo lleva más de 8 años a pesar de recomendaciones internacionales (CIDH, 2010). Una vez aprobado el protocolo se espera que la FEADLE haga uso adecuado de la facultad de atracción, garantizando el acceso a la justicia de las víctimas. Lo anterior, sin duda requiere de mayor voluntad por parte de las autoridades, en razón de que su funcionamiento y atracción de casos depende en parte de los recursos económicos, infraestructura y recursos humanos, los cuales siguen siendo limitados, en un contexto exacerbado de violencia, en donde es insuﬁciente el personal capacitado para esa labor.
Armando Saldaña Morales fue un periodista y locutor del estado de Veracruz, quien trabajaba en las estaciones radiofónicas La Ke Buena y Radio Max, y había colaborado con otros medios de la región, entre los que se destacan El Mundo de Córdoba, El sol de Córdoba y la Crónica de Tierra Blanca. Además era locutor del programa La Grilla punto y Debate, cargos que ocupó hasta el día lunes 4 de mayo en el Estado de Oaxaca, en donde su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y cuatro disparos que acabaron con su vida. Una vez conocidos los sucesos, la investigación fue asumida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca con el número de legajo de investigación 1137/FACAT/2015, por el delito de homicidio. Desde que se asumió la investigación en el Estado de Oaxaca el CIC Propuesta Cívica quien representa a las víctimas solicitó a la FEADLE el ejercicio de la facultad de atracción, en razón al vínculo entre el homicidio con su labor periodística, debido a que previamente había recibido amenazas con motivo de su labor periodística por haberse pronunciado acerca de un candidato del PRD.
Periodista y Locutor del Estado de Veracruz
A pesar de lo anterior, el día 10 de septiembre de 2015, suscrito por el Lic. Ricardo Celso Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se declaró la improcedencia del ejercicio de la facultad de atracción, sin ni siquiera haberse adoptado las diligencias solicitadas por sus representantes y sin analizar debidamente la declaración de las víctimas, elementos que, de haberse realizado, habrían establecido la relación del delito cometido en contra de Armando Saldaña y su labor periodística.
A LA FECHA NO SE HA CONDENADO A NINGUNO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, QUIENES CONTINÚAN EN LIBERTAD, SIN QUE A LAS VÍCTIMAS SE LES HAYAN GARANTIZADO SUS DERECHOS DE ACCESO SUS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DE CONTAR CON UN ÓRGANO ESPECIALIZADO.
3.7 CONSIGNACIONES DE AVERIGUACIONES PREVIAS La acción de consignar en materia de derecho penal, es la ﬁgura a través de la cual el Ministerio Público ejercita la acción punitiva, al considerar que cuenta con los indicios de la existencia del delito y la presunta responsabilidad del inculpado. Esta era la denominación en el antiguo sistema de justicia penal, en la que con el escrito de consignación que realiza el MP, inicia el procedimiento judicial; órdenes de comparecencia y aseguramiento precautorio, teniendo para ello que ofrecer las pruebas que evidencian la comisión del delito y la presunta responsabilidad. En el marco del total de las 803 las averiguaciones previas que ha conocido la FEADLE desde su creación en el año 2010 a marzo de 2018, reportó el número de 125 averiguaciones previas consignadas ante un juez (Gráﬁca 15), que equivale a un:
DE LAS INVESTIGACIONES, CON UN PROMEDIO DE: 15 CONSIGNACIONES POR AÑO.
GRÁFICA 15 Consignaciones de Averiguaciones Previas 5 de Julio 2010 - 31 de Marzo 2018. 2010
3.7 CONSIGNACIONES DE AVERIGUACIONES PREVIAS
Si bien la acción de consignar en sí no es sinónimo de justicia para las víctimas, sí es una acción importante en términos de investigación y elementos probatorios, debido a que es producto de las acciones coordinadas por el Ministerio Público. Preocupa en términos numéricos el bajo porcentaje de consignaciones en comparación con el número de averiguaciones previas y agresiones documentadas por organizaciones de la sociedad civil. Esto signiﬁca en términos prácticos una ausencia en las capacidades de investigación por parte de la FEADLE, tanto para agotar de forma adecuada los planes de investigación, como para recaudar los elementos necesarios que permita consignar los casos ante los jueces. (Gráﬁca 16.)
GRÁFICA 16 Consignaciones por Tipo de Delito
Abuso de autoridad Lesiones Tortura Amenazas Privación ilegal de la libertad Daño en Propiedad Homicidio Robo Ataque a las vias Secuestro Falsedad de Declaración Porte ilegal de armas
10 2 6 6 4 1 1 1 1
Del total de las 125 averiguaciones previas consignadas ante un juez, el:
Delitos de Robo y Amenaza
Privación ilegal de la libertad y daño en propiedad
Cada uno de los delitos de ataque a vías, secuestro, falsedad de declaración y porte ilegal de armas y explosivos (Gráﬁca 16).
Preocupa los bajos resultados en delitos de alto impacto como lo son el homicidio, sobre todo por las cifras reportadas por la FEADLE, en donde se contabilizan:
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, folio Nº 0001700158118
84 ASESINATOS DE PERIODISTAS COMETIDOS EN MÉXICO desde 2010 (ONU, 2018, p. 10).
La FEADLE a marzo 31 de 2018 conoció de 56 averiguaciones previas de homicidio, las cuales sólo han sido consignadas 4, y sólo una cuenta con sentencia condenatoria de los responsables.
3.8 SENTENCIAS CONDENATORIAS14 A pesar de las irregularidades expuestas en el marco de las acciones realizadas por la FEADLE, la forma en que mejor se concretizan sus pocos o nulos resultados en materia de persecución del delito, se ve reflejado respecto a las pocas o nulas sentencias logradas por delitos cometidos contra periodistas, la cual es un cifra realmente preocupante. La palabra impunidad procede del sustantivo latino impunitas-atis cuyo signiﬁcado literal es “sin castigo”, que en términos del sistema penal es la ausencia de sanción por un delito que se comete.
DE 8 AÑOS DE CREACIÓN, LA FEADLE SÓLO HA CONSEGUIDO 4 SENTENCIAS CONDENATORIAS (GRÁFICA 17), DE UN MARGEN DE 803 AVERIGUACIONES PREVIAS que ha conocido a marzo 31 de 2018. Eso equivale una eficacia del 0.4%, que implica que el 99.6% de averiguaciones continúan sin ser resueltas.
GRÁFICA 17 Número
Elaboración propia, Centro de investigación y Capacitación Propuesta Cívica, 2018 Folio Nº 0001700105418
14 Según intervención del Fiscal Ricardo Sánchez el día 7 de noviembre de 2018 en el marco del Examen Periódico Universal, precisó que a la fecha se cuentan con 8 sentencias condenatorias, de las cuales 4 han sido en los transcurrido de 2018. Por la periodicidad del diagnostico y las solicitudes de información a marzo de 2018 no se contaba con esa información.
Al respecto, cabe mencionar que la no investigación y persecución de los delitos, envía un mensaje a la ciudadanía de falta de credibilidad ante las instituciones de impartición de justicia, como a su vez, envía un mensaje al victimario de que su conducta a pesar de haber causado un daño no tiene una sanción. En ese sentido, la impunidad puede obedecer a diversos factores, como falta de denuncia, ausencia de investigación, congestión de juzgados, expedición de normas que bloquean la sanción penal, falta de ejercicio de su facultad de atracción, ausencia capacitación adecuada por quienes operan la investigación, falta de resolución de las investigaciones y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades. Sin embargo, en el caso de crímenes contra periodistas en México es la sumatoria de todas las anteriores, más la impunidad estructural, fruto de la violencia, desigualdad, corrupción y falta de conﬁanza por parte de los ciudadanos en la justicia, entendida ésta como la ausencia de funcionalidad de las institucionales estatales. En ese sentido, la impunidad no se ha disuelto sino se ha institucionalizado, siendo uno de los obstáculos más serios para un adecuado disfrute de los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación del Estado de Derecho. La impunidad estructural y generalizada hacia delitos cometidos en contra de periodistas, trae como consecuencia el no disfrute de los derechos de verdad, justicia y reparación, elementos interrelacionados que son necesarios en todo proceso que se trata de superar un pasado de violaciones a derechos humanos. Si bien durante los 12 últimos meses se ha visto un fortalecimiento de la FEADLE en cuanto a personal, creación de nuevas unidades y expedición de órdenes de aprehensión hacia presuntos responsables, las cuales antes no existían; tal como sugiere Dennis R. Fox (1997), debemos prestar más atención en los resultados que en los procedimientos, debido a que es de esa forma como las autoridades desvían las exigencias de justicia, siendo esa desviación un ejemplo de falsa conciencia que induce a percepciones erróneas o ilusorias sobre el papel desempeñado por las autoridades. La ausencia de justicia repercute en el conjunto de la sociedad, incluso a pesar de existir en la actualidad un marco normativo e institucional, tanto en el ámbito nacional e internacional que puede coadyuvar a combatir eﬁcazmente la impunidad, en un contexto en donde se ha convertido en la regla general y no en la excepción.
3.4 NUEVO SISTEMA ACUSATORIO Los pocos o nulos resultados de la FEADLE se ven reflejados tanto en el viejo, como el nuevo sistema penal acusatorio, el cual entró en vigencia en todo el territorio nacional el día 16 de junio de 2016. Si bien el hecho de dar tránsito a un nuevo sistema penal es un avance importante, a dos años de su vigencia, presenta múltiples falencias. Entre las que se destacan, la falta de una Unidad de Seguimiento de medidas cautelares, la ausencia de personal capacitado (incluyendo a las corporaciones policiacas en materia pericial, investigación, primeros respondientes y órgano ministerial), la no utilización adecuada de medios alternativos de resolución de conflictos, y por último, la ausencia de un área de supervisión y evaluación técnica de la operación del sistema. La crisis de impunidad a nivel generalizado en el país, permeada por la corrupción que ha impactado todos los escenarios de la vida pública, han imposibilitado un desarrollo sustancial, quedando en deuda nuevamente los derechos de las víctimas y la sociedad en general de contar con instituciones autónomas, independientes y caliﬁcadas. La falta de credibilidad y conﬁanza ha llevado a un grado tal, en donde los ciudadanos no creen ni confían en el aparato de justicia (Ángel, 2018), lo cual implica que bajo estas circunstancias, la débil democracia tenga pocas probabilidades de consolidarse.
GRÁFICA 18 Carpetas de investigación de Febrero a Marzo 2018.
Del 29 de febrero al 31 de marzo de 2018, la FEADLE ha conocido el total de 265 carpetas de investigación (Gráﬁca 18):
22 - 2018 2016
3.9 NUEVO SISTEMA ACUSATORIO
GRÁFICA 19 Siendo los delitos más comunes.
Amenazas (118)
Abuso de Autoridad (31)
Daño en Propiedad Ajena (11)
Robo (28)
Privación ilegal de la libertad (7)
Homicidio (28)
Acceso ilegal a sistemas de cómputo (7)
LAS CUALES EQUIVALEN AL:
DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN (Gráﬁca 19).
Del total de las 265 carpetas de investigación que ha conocido la FEADLE a marzo 31 de 2018, sólo ha conseguido sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, con datos de prueba suficientes en 6 casos. Es decir, que tan sólo en el 2.2% de las carpetas de investigación ha logrado recabar los elementos suﬁcientes para justiﬁcar racionalmente, que el imputado probablemente participó en la comisión del hecho delictuoso. Esta cifra da cuenta de la crisis en materia de investigación y persecución de los delitos. Por ejemplo en materia de homicidios a periodistas, según cifras de la FEADLE se han abierto 28 carpetas de investigación, y sólo en 3 casos se han abierto procesos penales. Esto refleja que la capacidad humana y material de la FEADLE es inadecuada e insuficiente, para un contexto en donde sólo a mayo de 2018, se habían contabilizado el:
ASESINATO DE 5 PERIODISTAS
Y LA PRESUNTA DESAPARICIÓN DE UNO.
Por consiguiente, ante la grave crisis de justicia se hace necesario con urgencia priorizar los casos de mayor gravedad, en este caso los delitos de amenaza, homicidio y desaparición, que impactan de forma diferenciada no sólo a las víctimas, sino al tejido social de la población afectando gravemente el ejercicio de libertad de expresión. De las 265 carpetas de investigación, se ha declarado: Archivo Temporal (07)
Acuerdos Reparatorios (07)
Incompetencias (27)
NEAP (15)
Abstención a Investigar (07)
Están en tramite un total de 196 carpetas, sumado al rezago de averiguaciones previas reportadas a marzo 2018 que equivalen a 86. Lo anterior signiﬁca, que del total de las 803 averiguaciones previas, más las 265 carpetas de investigación, suman un total de 1068 investigaciones penales conocidas por la FEADLE, y que a la fecha sólo se encuentran abiertas 282, es decir el:
DE LOS PRESUNTOS DELITOS CONOCIDOS.
La FEADLE carece de planes de investigación eﬁcaces, que conlleva al no agotamiento de todas las líneas de investigación que le permitan identiﬁcar a los presuntos responsables, sin determinar su grado de autoría o participación, ni todos los extremos de cada delito, que se deriva a su vez del no análisis contextual en el que se produjeron las agresiones. Adicional a eso, la falta de preservación de evidencia policial y forense, como los engorrosos requisitos legales impuestos a las víctimas y representantes, evidencia la falta de capacitación ante el nuevo sistema penal acusatorio, que afecta de manera directa los derechos de las víctimas. Esto perpetua la falta de conﬁanza y legitimidad hacia las autoridades, y el derecho de acceso a la información de la sociedad por el efecto inhibidor que causa hacia la prensa.
CONCLUSIONES No existe un sistema uniﬁcado de agresiones a la prensa por parte de las instituciones de gobierno, lo cual hace que exista diferencias entre los datos que reporta cada una de las instituciones, en donde a pesar de su importancia para la creación de medidas preventivas y de mejores análisis de contexto no se ha llevado a cabo. Los prolongados periodos de investigación e inactividad en que incurren las autoridades ministeriales es una constante, tanto en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, lo cual afecta su desarrollo, impactando de manera negativa las líneas de investigación, recolección de elementos probatorios y datos de prueba. Existe una falta de voluntad de los ﬁscales para hacer ejercicio de la facultad de atracción, a pesar de contar con un marco normativo que establece criterios claros y objetivos. Su uso selectivo, potestativo y discrecional no ha posibilitado la atracción de casos, a sabiendas que en la mayoría de los delitos cometidos en contra de periodistas se está inmerso en alguno de los supuestos establecidos en la ley. La FEADLE no cuenta con el presupuesto adecuado para atender el conjunto de delitos que se cometen en contra de personas periodistas, sobre todo en un escenario de incremento de violencia hacia esta población.
SU PRESUPUESTO SE HA REDUCIDO EN MÁS DEL 40% EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2014,
en un contexto en el que las agresiones han aumentado en más del 30%, pasando de 326 agresiones 2014 a 507 en 2017 (Article 19, 2018)
El número de Fiscalías y policías investigadores de la FEADLE, no corresponden a la cantidad de investigaciones abiertas, siendo insuﬁciente el personal para atender el rezago existente que se calcula puede ser mayor a 300 investigaciones de delitos cometidos contra la prensa, sin que se conozca un diagnostico o un plan de contingencia que atienda el rezago de las investigaciones. La FEADLE carece de autonomía política para investigar los delitos cometidos contra periodistas, siendo reflejo de eso los casos de espionaje en donde se presume que la PGR, de la cual la FEADLE hace parte, es uno de los compradores del Software Pegasus. Sumado a lo anterior, el cambio unilateral de ﬁscales por decisión del Procurador General, ha signiﬁcado a la fecha el nombramiento de 4 ﬁscales desde la creación de este órgano especializado.
De las averiguaciones previas que ha conocido la FEADLE, se puede constatar una política institucional de rechazo a asumir la competencia de los delitos cometidos contra periodistas, lo cual se evidencia en que el
55% DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE HA CONOCIDO DECLINÓ SU COMPETENCIA,
al igual que el reducido número de casos atraídos a marzo de 2018, que no ascienden a más de 48.
La declinación de competencia sin criterios rigurosos y sin haber agotado todas las líneas de investigación, es producto de la falta de protocolos homologados de investigación, que ante su ausencia va en perjuicio del derecho de acceso a la justicia, siendo contradictorio con el principio de celeridad que debe guiar toda actuación judicial, especialmente en la recolección de elementos probatorios. En el marco de las investigaciones, la FEADLE no agota todas las posibles líneas de indagación relacionadas con su labor periodística, evidenciando no sólo la falta de capacitación, sino también de voluntad política para atender y dar con los responsables de las agresiones. La FEADLE carece de sistemas de transparencia que den cuenta del seguimiento y avance en cada una de las investigaciones, en razón a que si bien tienen reportes mensuales de actividades, la información es incompleta, al no desagregar y especiﬁcar las medidas adoptadas en los casos de su conocimiento. Durante los últimos meses se ha dado un fortalecimiento de la FEADLE en términos de personal y creación de nuevas unidades de trabajo, los cuales a la fecha del presente diagnóstico no han representado un avance en términos de justicia a las víctimas. Lo cual se evidencia en que el:
99.6% DE DELITOS CONTINÚAN SIN RESOLVER, EVIDENCIANDO QUE LA IMPUNIDAD
es estructural y generalizada, al contar a la fecha con tan sólo 4 sentencias condenatorias de delitos cometidos en contra de periodistas. Existe una falta de capacitación en los ﬁscales, policías investigadores y primeros respondientes, en materia de libertad de expresión, como del nuevo sistema penal acusatorio. Lo anterior impacta de manera negativa en los planes de investigación, atención a víctimas y recolección de pruebas.
RECOMENDACIONES Establecer un sistema unificado para la recopilar y publicar estadísticas detalladas y desglosadas de los ataques realizados en contra de periodistas, incluyendo datos relativos al enjuiciamiento penal de cada uno de los delitos. Garantizar cada una de las fases de la etapa de investigación, conforme a los principios de celeridad, legalidad y debido proceso. Hacer uso objetivo y transparente de los criterios del ejercicio de la facultad de atracción, a fin de que las investigaciones no se frustren por demoras irrazonables. Garantizar el funcionamiento adecuado de la FEADLE, y el aumento sustancial de investigadores y fiscales, lo cual incluye aumentar a su vez, la capacidad de la reciente Unidad de Análisis de Contexto. Asegurar que la FEADLE continúe siendo una fiscalía especial dentro del organigrama de la nueva Procuraduría General, garantizando a nivel local la creación de unidades de investigación especializadas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Establecer indicadores de proceso y resultado para el adecuado seguimiento a la implementación del protocolo homologado, con participación de organizaciones de la sociedad civil. Capacitar al personal de la FEADLE en el nuevo sistema penal acusatorio, con énfasis en técnicas de investigación, cadena de custodia y juicio oral, que les permita gestionar casos penales y llevarlos a la justicia. Crear una unidad de género que se enfoque específicamente en ataques contra mujeres periodistas.
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JUSTICIA AUSENTE Diagnóstico Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Liber
El presente texto tiene como objeto hacer un análisis de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión, en lo que respecta a su composición, presupuesto, resultados y falencias