Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-30682-de-mayo-23-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c0dd65730bdf008ce0430a010151008c&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-04 21:42:41
Document Index: 364938263

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 75', 'artículo 14', 'artículo 114', 'artículo 112', 'artículo 111', 'artículo 85', 'artículo 66', 'artículo 112', 'artículo 58', 'artículo 411', 'artículo 411', 'artículo 58', 'artículo 65', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 112']

﻿ Sentencia 30682 de mayo 23 de 2012
SENTENCIA 30682 DE 23 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:TEORÍAS CONSPIRATIVAS. PARA SER ACEPTADA, LA TEORÍA CONSPIRATIVA NO NECESITA, EN PRINCIPIO, PRUEBA DISTINTA A LA DEL HECHO O FENÓMENO MISMO SUSCEPTIBLE DE EXPLICACIÓN, ASÍ COMO SIMPLES CONJETURAS, COINCIDENCIAS O SOSPECHAS RELACIONADAS CON EL MISMO. INCLUSO TODO LO QUE HAYA SUCEDIDO ANTES, O LO QUE OCURRA DESPUÉS, PUEDE ALIMENTAR LA CREENCIA EN EL ‘INFLUJO SECRETO’ DE LOS IMPLICADOS, SIN IMPORTAR QUE UNA CONTRASTACIÓN RAZONABLE SUGIERA LO CONTRARIO, POSTULAR SIN MAYOR SUSTENTO UNA TEORÍA CONSPIRATIVA IMPIDE, O POR LO MENOS DIFICULTA, LA CRÍTICA RACIONAL, ADEMÁS PUEDEN TENER MÉRITO PROBATORIO EN UN PROCESO PENAL, SIEMPRE QUE SUS FUNDAMENTOS SEAN SUSTENTADOS DE MANERA RAZONABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, PRUEBA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:487 DE JULIO DE 2012, PÁG.1249
Sentencia 30682 de mayo 23 de 2012
La Sala es competente para proferir decisión de fondo dentro del proceso de única instancia seguido contra Lucero Cortés Méndez, representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Bogotá para los periodos constitucionales 2006-2010 y 2010-2014, según lo previsto en el artículo 235 numeral 3º y parágrafo de la Constitución Política, así como en el artículo 75 numeral 7º de la Ley 600 de 2000.
Este último aspecto, sin embargo, fue variado por la Sala en fallos de única instancia del pasado 18 de enero de 2012, en los cuales sostuvo que “el incremento del quantum punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no aplica al trámite especial para aforados de la Ley 600 de 2000”(13).
2. De la valoración probatoria.
(i) En primer lugar, Rafael Vélez Fernández manifestó que Jorge Alonso Flechas Díaz, magistrado de la Sala Disciplinaria de la alta corporación, lo llamó para preguntarle acerca del expediente contra Juan Carlos Salazar Torres, un asunto que el declarante tenía a su cargo. En dicha conversación, le solicitó que “lo subiera rápido al Consejo Superior”(14).
En efecto, según el numeral 2º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, a los consejos seccionales de la judicatura les corresponde asumir “los procesos disciplinarios contra [...] los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción”.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, debe resolver los recursos de apelación y de hecho, así como el grado de consulta, “en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 112 ibídem.
En el proceso seguido contra Juan Carlos Salazar Torres, tal como lo reconoció la sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca de 30 de abril de 2009,(15) rigió el trámite de transición de que trata el artículo 111 de la Ley 1123 de 2007, o Código Disciplinario del Abogado(16). Por ende, el procedimiento que le era aplicable fue el consagrado en el Decreto 196 de 1971, o “estatuto del ejercicio de la abogacía”.
El artículo 85 de esta normatividad señala que el denunciante “solo podrá intervenir como coadyuvante en los procesos disciplinarios y su desistimiento no extingue la acción”, es decir, carece de legitimidad para, entre otras cosas, apelar la sentencia. La Ley 1123 de 2007 no es más amplia en este sentido, toda vez que el parágrafo del artículo 66 señala:
Además, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior no podía conocer en el grado de consulta la decisión definitiva dentro de tal actuación procesal, a menos que esta hubiere sido desfavorable al abogado y no hubiere sido impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(17).
Ello implicaba también la vulneración del principio de imparcialidad, pues denota en el servidor público que hizo alusión al encuentro (quien no solo era segunda instancia de Rafael Vélez Fernández, sino además podía juzgarlo y sancionarlo en materia disciplinaria) la orientación de ayudar a la parlamentaria, que daba la casualidad era esposa del quejoso en el expediente contra Juan Carlos Salazar Torres.
(iii) En tercer lugar, Rafael Vélez Fernández dijo que la magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón de Gómez, el mismo día en que habló con Angelino Lizcano Rivera, le pidió “que debía sancionar al abogado Salazar Torres”,(18) porque “ellos también lo condenarían”(19).
(i) En primer lugar, Lucero Cortés Méndez, debido a su calidad de representante a la Cámara, se hallaba en una situación en la cual, si así lo quería, podía presionar a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para obtener de manera ilícita cualquier beneficio por parte de ellos. La procesada, desde que fue elegida congresista, no solo participaba en la elección de dichos funcionarios, sino que, además, como estuvo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara (circunstancia que reconoció en ampliación de indagatoria —“[e]stuve desde julio de 2006 hasta diciembre de 2009”(20)), podía investigarlos en materia penal.
La testigo incluso señaló, refiriéndose al disciplinario de Salazar Torres, que, a la salida de una reunión sostenida con un magistrado de apellido Flechas, Lucero Cortés Méndez le comentó: “ojalá ahora sí impulsen el proceso”(21). También manifestó que el esposo de ella le comentaba “que ahora sí iba a salir adelante con ese proceso, porque había encontrado personas que podían intrigar ante el magistrado Vélez Fernández”(22).
Dicho interés se explica en razón de las rencillas originadas por las relaciones comerciales, supuestas defraudaciones, deslealtades profesionales, pérdidas de elevadas sumas de dinero, etc., entre Manuel Arturo Rincón Guevara y Juan Carlos Salazar Torres. Es más, el esposo de la procesada sostuvo en su declaración que, a pesar de tener con este último conflictos que han suscitado la pérdida de miles de millones de pesos, la única acción que adoptó contra su otrora amigo y socio empresarial fue la denuncia en el disciplinario (“la única medida que he tomado contra él es la queja instaurada contra el Consejo Superior de la Judicatura [sic] por falta a la ética, no más”(23)). El resultado del proceso, por lo tanto, le era muy importante.
(iii) En tercer lugar, de la charla que Rafael Vélez Fernández sostuvo con su (sic) Angelino Lizcano Rivera a comienzos de 2008 (tal como fue reseñada en precedencia), puede colegirse tanto el interés como el conocimiento de la invitación. Es decir, si Angelino Lizcano Rivera le ofreció a su inferior judicial presentarle a la acusada y hablar con ella acerca del disciplinario contra Juan Carlos Salazar Torres, era sensato advertir que el proponente concertó antes con la congresista la posibilidad de concretar tal encuentro.
La declarante afirmó que Cortés Méndez habló a solas con Jorge Alonso Flechas Díaz y luego la llamó para preguntarle por el número del expediente disciplinario, radicado que el funcionario anotó para luego hacer una llamada telefónica, de la cual escuchó la expresión “mi doctor, lo necesito ya con carácter urgente”(24).
“Preguntado: ¿Usted tiene idea de qué personas estarían detrás de esa persecución a su esposo? Contestó: no podría señalar a nadie en especial, pero sí es curioso y extraño, si se quiere, que las mismas denuncias que yo tengo provengan de las mismas personas con los mismos anónimos y los testigos sean siempre los mismos, de hecho, creo que la mayoría de los procesos en mi contra en la Corte Suprema y la Procuraduría se han iniciado por fuente anónima y la señora Carmen Cecilia Moreno es testigo en, mínimo, cuatro de dichos procesos, y siempre se firman los anónimos bajo el seudónimo de José Gómez, yo creo que son más, y Carmen Cecilia es testigo en mínimo cinco, y ha sido apoderada mía y de mi esposo en varios procesos. Preguntado: ¿Qué interés tendría Carmen Cecilia Moreno Araújo en incriminarla a usted injustamente? Contestó: desconozco los motivos, sin embargo, sí quisiera pedir a la honorable Corte Suprema se haga una investigación de los últimos números telefónicos celulares de las personas involucradas en la denuncia que interpuso mi esposo en el año 2000 ante la Fiscalía por el hurto de un paquete accionario de una empresa de televisión por cable Superview, avaluado hoy en 100 millones de dólares, las personas son el señor Luis Alfredo Baena Riviere, el señor Carlos Humberto Isaza, Martha Liliana Guevara y, por otro lado, llamadas al celular del señor Juan Carlos Salazar Torres, exabogado de mi esposo, al magistrado Rafael Vélez del Consejo Seccional de Cundinamarca y de otro lado llamadas al celular del señor Sergio Osorio, abogado de Luis Alfredo Baena y testigo en mi contra de uno de mis procesos. Preguntado: ¿Para usted qué relación existe entre el magistrado Rafael Vélez Fernández y las personas relacionadas con los negocios de Manuel Arturo Rincón Guevara? Contestó: desconozco, pero si se logra establecer comunicación telefónica entre Carmen Cecilia y alguno de ellos, entre el magistrado y alguno de ellos, podemos contestar esa pregunta”(25).
Por supuesto, a lo largo del proceso no se logró establecer nexo relevante alguno entre Rafael Vélez Fernández y Carmen Cecilia Moreno Araújo, o entre cada uno de ellos y las personas señaladas de ser los enemigos del esposo de la procesada (Juan Carlos Salazar Torres, Sergio Antonio Osorio Fernández, Luis Alfredo Baena Riviere, etcétera), menos cualquiera otra circunstancia de la cual pudiera inferirse, en forma racional, la existencia de un plan difamador contra Lucero Cortés Méndez. Que Carmen Cecilia Moreno Araújo haya visitado en cierta ocasión a Rafael Vélez Fernández cuando acompañaba a Manuel Arturo Rincón Guevara, o que la declaración de Carmen Cecilia Moreno Araújo tuvo origen en el testimonio de Juan Carlos Salazar Torres,(26) de ninguna manera constituyen hechos indicadores en tal sentido.
3. Análisis de los alegatos de la defensa.
3.1.1. En sede del extraordinario recurso de casación,(27) la Sala ha precisado que toda hipótesis, o teoría, es una proposición (o conjunto de proposiciones) de contenido lógico-objetivo que intenta solucionar una situación problemática. Cuando el problema radica en entender un fenómeno, el enunciado se limitará a explicarlo. Por lo tanto, una teoría es una propuesta de solución o, simplemente, una explicación.
Las teorías conspirativas gozan de fácil acogida y divulgación en la sociedad. Por ejemplo, son frecuentes en los debates políticos y no dejan de presentarse en los procesos judiciales, no solo como una manera de cuestionarlos irracionalmente (las decisiones de los jueces se justifican por la acción encubierta de sectores de poder con intereses retorcidos), sino además como mecanismo inserto en el contradictorio, sobre todo en las estrategias de defensa.
No obstante, para su prosperidad, quien la plantea no debe limitarse a la sola proposición, ya que tiene la carga procesal de sustentar de manera razonable los fundamentos de su postura (esto es, mediante elementos de convicción pertinentes y conducentes, así como con argumentos de hecho o de derecho, relacionados con la aserción fáctica —atinente al complot— que se pretende demostrar).
“Es decir, además de los argumentos, las pruebas siempre podrán derrumbar las conclusiones fácticas derivadas de las reglas de la experiencia, pero estas carecen de la virtud de imponer, sin el apoyo fáctico necesario, la existencia del fenómeno. Por eso, las reglas de la experiencia van precedidas de la frase ‘siempre o casi siempre’ y no de la expresión ‘todas las veces’. En este sentido, guardan similitud con enunciados de probabilidad (del estilo ‘en esta situación, lo más frecuente es’ o ‘bajo estas condiciones, existe una propensión a’) y no con leyes científicas en estricto rigor”(28).
El planteamiento parte de supuestos equivocados. Cuando Jorge Alonso Flechas Díaz habló con Rafael Vélez Fernández y le pidió que “subiera rápido”(29) el disciplinario de Juan Carlos Salazar Torres al Consejo Superior, el declarante, contando únicamente con esa información, no podía inferir que la persona que se beneficiaba de ello, en provecho de su marido, era la representante a la Cámara. El testigo solo pudo comenzar a razonar de otra manera cuando habló con Angelino Lizcano Rivera, quien le ofreció presentarle a Lucero Cortés Méndez para que le comentara las incidencias de la actuación procesal. En palabras de Vélez Fernández, dicha charla tuvo lugar “en los primeros meses del 2008, en su despacho”(30). Y la conversación con Julia Emma Garzón de Gómez fue “para esa misma fecha”(31).
La realización, en este caso, del tráfico indebido de influencias debe analizarse como un acto complejo, compuesto de diversas acciones, las de los magistrados Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez, quienes en forma contraria a derecho le exigieron a un inferior que sancionara al abogado Juan Carlos Salazar Torres. Si dicho acto complejo culminó “en los primeros meses del 2008”,(32) la Sala no encuentra tardío ni mucho menos extraño que el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca cumpliera con su deber como servidor público de denunciar todos los delitos y faltas disciplinarias de las que llegase a tener conocimiento unos cuantos meses más tarde, en palabras del defensor de Cortés Méndez, en septiembre de ese mismo año.
“[...] me encontré en el pasillo del piso sexto, creo, al doctor Rafael Vélez y nos saludamos y le pregunté ‘¿al fin qué pasó con su caso?’ y él me contó que lo habían sancionado, yo le dije ‘pero por otro proceso, supongo’, le repliqué yo, me observó que no era por otro proceso, sino por el mismo proceso. Yo le dije ‘tan raro, porque la decisión que se había tomado era absolutoria, no entiendo qué pudo haber pasado’ y no me quedé con la curiosidad y le pregunté al doctor Juvinao [magistrado auxiliar] qué había pasado allí y me contestó que cuando él llevó el expediente con el proyecto a la magistrada María Mercedes, ella le había dicho que estaba de acuerdo con la ponencia del doctor Temístocles [la rechazada] y se lo mandó a él, quien lo presentó nuevamente a sala, ya conformada creo que por ella y dos magistradas nuevas encargadas, que creo no tenían razón del trámite anteriormente surtido y votaron favorablemente. En ese momento de la conversación del pasillo el doctor Vélez creo que hizo el comentario de que eso era en retaliación por no haber sancionado un abogado que una congresista quería que sancionara, pero fue en esa oportunidad, no fue antes. Le estaban pasando como una cuenta de cobro y se refirió a la congresista Lucero Cortés Méndez, que era que lo habían sancionado porque él no había querido sancionar a un abogado en un proceso disciplinario del que conoció [...] debe ser uno o dos días después de que se tomó la decisión, porque él andaba por los pasillos nuevamente, moviéndose, como averiguando qué había pasado”(33).
En efecto, en la entrevista que apareció publicada en el diario El Espectador el 12 de octubre de 2008, Rafael Vélez Fernández no solo afirmó que “desde el año pasado”(34) (es decir, desde el 2007) fue “objeto de unas recomendaciones por parte de unos magistrados de la Sala Disciplinaria para que falle en contra de un abogado”,(35) sino que además precisó que la charla con Jorge Alonso Flechas Díaz fue “[e]l año pasado”(36) (esto es, el 2007).
El testigo de cargo ratificó el contenido de esa aserción fáctica mediante la declaración por certificación jurada allegada a este proceso(37).
Carmen Cecilia Moreno Araújo, por su parte, aseguró que acompañó a Manuel Arturo Rincón Guevara a que hablara con Rafael Vélez Fernández “más o menos en el año 2007, hacia septiembre”(38). Y que estuvo con Lucero Cortés Méndez cuando visitó a Jorge Alonso Flechas Díaz y este le preguntó por el disciplinario de Salazar Torres. Según la deponente, esto “fue mucho antes de yo haber ido al Consejo Seccional con Manuel, unos quince días antes”(39). Si fue días antes de la reunión con Rafael Vélez Fernández, ello significa que, para la testigo, el encuentro fue en el 2007.
Jorge Alonso Flechas Díaz, a su vez, reconoció bajo la gravedad del juramento lo siguiente: “la representante Lucero Cortés sí me visitó para el año 2007, pero la verdad no recuerdo el mes o la fecha”(40).
Y la procesada, quien reconoció visitar a Jorge Alonso Flechas Díaz en compañía de Carmen Cecilia Moreno Araújo, ubicó el hecho en el 2007. En la diligencia de vinculación, dijo que “posiblemente fue en el primer semestre”(41). En la ampliación de indagatoria, precisó que se dio “entre el 22 y el 28 de mayo de 2007”(42).
Ahora bien, es cierto que en su declaración por certificación jurada durante la etapa de instrucción, Rafael Vélez Fernández, al narrar los hechos, aseguró que la llamada de Jorge Alonso Flechas Díaz fue “[e]n el año 2006”(43). Así mismo, en la declaración ordenada durante la etapa del juicio, indicó: “Jorge Alonso Flechas me llamó en fecha que no recuerdo con precisión, por allá en el año 2006”(44). La primera certificación fue del 3 de marzo de 2009(45); la segunda, del 14 de febrero del presente año(46). No es de extrañar, por lo tanto, que esta errónea evocación sea una trampa de la memoria debido al paso del tiempo.
Aunque no lo afirmó de manera explícita, el abogado sugirió que la aludida conversación habría ocurrido en el 2006 por la declaración del esposo de la procesada (sic) Manuel Arturo Rincón Guevara, quien aseveró que visitó a Rafael Vélez Fernández, en compañía de Carmen Cecilia Moreno Araújo, “entre febrero y marzo de 2006”(47). Dijo además que dicha cita ayudó a concertársela un amigo suyo, Juan José Neira, de quien adujo llamó al magistrado del Consejo Superior para conseguírsela(48). En sustento de lo anterior, aportó registros de llamadas de la línea telefónica Comcel, a nombre de dicha persona, que acreditaban marcaciones, durante los primeros meses del 2006, al número del móvil del testigo de cargo(49).
De ser esta la postura del defensor, también estaría equivocada. La única duda que se suscitaría al respecto sería en lo atinente a la época de la cita de Manuel Arturo Rincón Guevara con Rafael Vélez Fernández y no de la conversación entre la acusada y el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Carmen Cecilia Moreno Araújo pudo haberse equivocado al ubicar temporalmente un encuentro antes o después del otro, o al separarlos con un intervalo de quince días, etcétera. Pero las manifestaciones iniciales de Rafael Vélez Fernández, la certificación jurada de Jorge Alonso Flechas Díaz y la indagatoria, así como la ampliación, de la procesada son unánimes al señalar que ello se dio en el año 2007.
Además, si la procesada siempre ha sostenido que el encuentro con Flechas Díaz, el día que la acompañó la testigo, fue solo de carácter “institucional”, ello significa necesariamente que para esa época, sea cual fuese, ya era servidora pública.
Adicionalmente, tampoco es correcto plantear que, si la reunión con Jorge Alonso Flechas Díaz se dio en el 2007, esta únicamente ocurrió por razones del ejercicio de sus respectivos cargos, pues en este sentido el expediente cuenta con la declaración de Carmen Cecilia Moreno Araújo, quien al respecto fue enfática en asegurar que fue invitada a suministrarle al magistrado del Consejo Superior datos acerca del procesado Juan Carlos Salazar Torres, y que ello de inmediato originó una llamada, aparentemente al funcionario inferior. En palabras de la testigo:
“[...] llegamos al Consejo Superior de la Judicatura, exactamente a la oficina del doctor, que ya no está ahí, Flechas, creo. Yo me quedé en la salita y Lucero entró y estuvo hablando con él un rato, después ella abrió la puerta del despacho y me dijo: ‘ven un momento’, me presentó al magistrado y Lucero me dijo: ‘tú tienes el número del proceso contra Juan Carlos Salazar y el nombre del magistrado que lo tiene’, entonces le dije: ‘sí, espera un momento, yo lo tengo en la libreta donde anoto todos los procesos’, una vez entregué esos datos el magistrado Flechas lo anotó en un papel e hizo una llamada, no sé a quién, para que se encontraran, mejor dicho, para que fuera a su oficina, hasta ahí sé. [...] Simplemente escuché cuando Flechas le decía: ‘mi doctor, lo necesito ya en mi despacho, con carácter urgente’, fue todo lo que escuché. [...] Yo no me quedé, él colgó y en ese momento yo pedí permiso y salí porque creía que no era de mi incumbencia estar ahí pues solo fui llamada para dar un radicado, salí nuevamente a la salita y esperé más o menos quince minutos a que saliera la representante. [...] lo único que me manifestó es que ‘ojalá ahora sí impulsen el proceso’, fue todo lo que me dijo”(50).
Lo importante en este asunto era establecer que estas personas fungían como magistrados de la alta corporación para comienzos del año 2008, época en la cual el testigo de cargo situó temporalmente las presiones de los mismos. Entonces, si Angelino Lizcano Rivera se posesionó como magistrado del Consejo Superior el 30 de enero de 2008, como lo sostuvo en audiencia el profesional del derecho, ello no riñe con la aserción fáctica del declarante. Y si bien es cierto que Julia Emma Garzón de Gómez solo fue elegida magistrada titular el 12 de septiembre de 2008,(51) también lo es que estuvo encargada en dicho puesto, a título de provisionalidad, desde el 10 de marzo hasta el 20 de agosto de 2008,(52) periodo que a su vez se ajusta a la época de los hechos imputados (principios del 2008, antes del 9 de abril de ese año).
“El declarante interpretó esa decisión como una retaliación por no haber atendido las presiones y sugerencias de sancionar al abogado Juan Carlos Salazar Torres, en la medida en que, en la sala de 28 de noviembre de 2007 (con otra composición de magistrados), la decisión según él adoptada por la mayoría del consejo era la de absolverlo de toda responsabilidad disciplinaria.
“La verdad de esa aseveración no le corresponde decidirla a la Corte, sino a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el ente investigador de los magistrados implicados. Además, se trata de un asunto complejo, en el cual se deben esclarecer varios problemas de orden fáctico y jurídico, entre ellos:
“(i) ¿Adquiere fuerza vinculante de cosa juzgada la decisión que en la respectiva sesión de magistrados adopta la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura? ¿O esta solo se produce cuando es suscrito el fallo correspondiente?
“(ii) En caso de ser afirmativa la respuesta a la primera pregunta, ¿se adoptó por mayoría en la sesión de 28 de noviembre de 2007 la decisión de absolver de toda responsabilidad disciplinaria a Rafael Vélez Fernández? En este sentido, el acta 129 no aclara nada (‘[l]a ponencia fue negada presentándose cuatro votos en contra’) y hay testimonios enfrentados. Carlos Mario Isaza Serrano, funcionario que participó en esa sala (pero no en la de abr. 9/2008), es muy claro al sostener que el rechazo del proyecto de condena inicial obedeció a que la única intención de los votos en contra era la de proferir absolución. Sin embargo, los otros magistrados (Guillermo Bueno Miranda, Eduardo Campo Soto y Rubén Darío Henao Orozco), manifiestan no recordar con claridad lo que pasó en esa sesión o creían que su voto negativo fue en otro sentido.
“Y (iii), en el evento de que la Sala Disciplinaria hubiera incurrido en una arbitrariedad al sancionar el 9 de abril de 2008 a Rafael Vélez Fernández cuando ya no le era jurídicamente viable hacerlo, ¿qué relación podría establecerse entre lo anterior y las presiones que de acuerdo con el funcionario provinieron de Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez para sancionar a Juan Carlos Salazar Torres?
“Al contrario de lo sostenido por el defensor, la Sala advierte que, en términos de credibilidad, lo trascendente en este caso es que, desde un comienzo, la única explicación que halló el testigo de la supuesta irregularidad de su sanción fue la de no responder favorablemente a los intereses del esposo de la congresista [...]
“[...] lo importante a esta altura de la actuación no radica en precisar si la sanción de 9 de abril de 2008 fue ajustada a derecho o no (eso lo investigará la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes), sino que, desde un punto de vista psicológico, los señalamientos de Rafael Vélez Fernández que a la postre perjudican a la procesada obedecieron al convencimiento (errado o no) de haber sido víctima de una retaliación por no sancionar a Juan Carlos Salazar Torres, situación que en lugar de cuestionar apoya la realidad histórica de la imputación fáctica.
“En otras palabras, él se sintió víctima de una sanción injusta y se lo adjudicó al único hecho anómalo que en razón de sus funciones como servidor público había experimentado antes de la decisión: las presiones e influencias indebidas que sus superiores Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez efectuaron a instancias o a nombre de Lucero Cortés Méndez”.
“[...] yo a eso [a lo de Lucero Cortés Méndez] no le puse mucha atención, no solo porque ya estaba afuera, sino porque conocía de la cercanía de la doctora María Mercedes con el doctor Temístocles y de la previsión hacia el doctor Henao y hacia mí, entonces yo pensé que la devolución de ese proceso, en esas condiciones tan irregulares, era por un tema de poder, de restregarnos en la cara que ellos sí podían sacar sus proyectos adelante, porque cuando le derrotamos el proyecto al doctor Temístocles, fue peyorativo contra los costeños, ‘¿es que aquí los costeños no son justiciables?’, y yo le repliqué que no se trataba de ser justiciables o no, sino de decidir frente a derecho, entonces ahí lo que se presentó fue una pugna de poder dentro de la Sala”(53).
El defensor invitó a la Sala a entrar en una discusión semántica, ajena a la solución del problema probatorio planteado. Valorada en conjunto, la acción de Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez no solo implicó preguntar por el disciplinario contra Juan Carlos Salazar Torres. También se le insinuó o incluso exigió adoptar una decisión en determinado sentido (con comentarios como el de ‘subir rápido el proceso’ o que ‘ellos también lo condenarían’). Eso constituye tráfico de influencias.
3.2.6. La credibilidad de Carmen Cecilia Moreno Araújo no se afecta por los correos electrónicos de tono injurioso que le envió al hermano de Lucero Cortés Méndez, pues se trató de una provocación que solo demuestra una relación de enemistad actual, pero no en la época para la cual la testigo de cargo rindió su declaración bajo la gravedad del juramento.
En efecto, Carmen Cecilia Moreno Araújo testificó en esta actuación el 23 de junio de 2009(54). Lucero Cortés Méndez fue vinculada al proceso el 10 de diciembre de 2010(55). En esa diligencia, la sindicada se refirió a Carmen Cecilia Moreno Araújo como una abogada de su esposo que se ocupaba de asuntos “de menor importancia”,(56) que tenía ánimos de demostrar “que ella era buena abogada”(57). Ante los señalamientos de la testigo, presentó dos explicaciones: (i) que “pareciera que la doctora Carmen Cecilia sufriera de mitomanía”(58) y (ii) que tiene un antecedente penal por el delito de abuso de confianza.
En ampliación de indagatoria de 16 de agosto de 2011,(59) se le preguntó acerca de la relación sostenida con la testigo y, una vez más, no se refirió a términos de enemistad o intensidad en la misma, sino solo a su incompetencia como abogada:
“Preguntado: ¿Cuándo terminó su relación con Carmen Cecilia Moreno Araújo y en qué términos quedó esa relación y por qué razón? Contestó: termina en el momento que siendo la apoderada de un embargo de mis muebles de mi casa me llega una notificación de que fueron rematados, hecho que hubiera podido evitarse si la abogada hubiera mostrado los papeles de propiedad de los muebles y no lo hizo, cuando llegaron a mi casa, fue a recoger los muebles, no puedo determinar ahorita la fecha exacta, a partir de ese momento no me volvió a contestar el teléfono. Preguntado: ¿Cómo era su relación con Carmen Cecilia Moreno Araújo?, ¿qué relación tenían? Contestó: era empleada de mi esposo, una relación cordial, pero no soy muy dada a intimar con muchas personas, teníamos una relación cordial, mi esposo sí le tenía mucha consideración”(60).
“[...] como Carmen Cecilia estaba casi todo el tiempo conmigo, había relación de mucha amistad porque Carmen Cecilia es una mujer sola, no tiene hijos, no tiene familia en Bogotá y normalmente casi siempre pasaba todas las fechas con nosotros, navidad, fin de año, en una ocasión salimos fuera del país y Carmen Cecilia se ofreció a cuidar a los niños, y lo hizo, como una relación de amistad”(61).
“[...] lo último que tuvimos después de todo este recuento, de esa mala asesoría de ella [Carmen Cecilia Moreno Araújo], contraté una abogada, Linda Ruiz Sánchez, en diciembre de 2007 [...], la doctora Linda Ruiz y Carmen Cecilia Moreno estuvieron dos meses en cruce de procesos, información y estrategias, hasta que Carmen Cecilia Moreno exigió un dinero que no se le dio y desde ahí no he tenido más conocimiento, eso fue en el primer trimestre del 2008 [...], a la fecha no he vuelto a saber nada diferente de Carmen Cecilia Moreno, sino que ha actuado como testigo en varios casos en la Corte contra mi señora Lucero Cortés”(62).
“Con ‘resolución de acusación’, fallo inapelable de última instancia de la Fiscalía General de la Nación, dejo al descubierto una cadena de delitos maquinados por Luis Alfredo Baena Riviere y sus colaboradores, en el robo del 25% de la empresa ‘Superview-Telmex’ de mi familia. En esta gran estafa han tratado de desviar los verdaderos indicios en su contra en todas las instancias judiciales y hábilmente con colaboración de sus abogados han venido engañando a la Corte Suprema y a los medios de comunicación desinformándolos e induciéndolos al error, con miles de denuncias en mi contra, gracias a Dios nuestra justicia ha permitido que se sindique a los verdaderos delincuentes y se aclare que con Lucero Cortés lo que había detrás era un tema de plata únicamente, lean este confidencial”(63).
“No me vuelvas a enviar correos, oíste, no me vuelvas a enviar correos, no son dignos que lo reciba, todo lo que tenga que ver con ustedes me importa y me vale culo, culo, culo, oíste, me valen culo, partida de H.P., MP, arribistas, quieren tapar el sol con un dedo, amanecerá y veremos. La verdad siempre se antepone [...], sáfate de irrealidades, quítate el manto de impunidad con que te han querido cubrir, reconozcan sus debilidades mentiras, fragilidades y sé feliz, no joda”(64).
La Sala no encuentra incomprensible que una persona, que ha sido testigo de cargo en un proceso penal contra otra, reaccione con insultos ante los señalamientos públicos de esta última, en razón de los cuales queda implícito que la primera tan solo sería parte de una conspiración urdida por delincuentes. En otras palabras, no es absurdo esperar una respuesta injuriosa ante una provocación de índole aparentemente calumniosa.
Estos comentarios, en todo caso, sugieren que hoy en día existe una situación de enemistad e animadversión entre Lucero Cortés Méndez y Carmen Cecilia Moreno Araújo, suscitada a raíz de las declaraciones que esta ha efectuado ante las autoridades judiciales. De ninguna manera indican que ello era así para la época del testimonio. Por el contrario, los medios de prueba advierten que la relación entre estas dos personas era cordial, pero distante, y que terminó por el mal rendimiento de las gestiones judiciales a la testigo encomendadas. De estas circunstancias, no se puede desprender profunda animosidad o deseo de faltar a la verdad ante la justicia.
“En efecto, no afecta la lesividad ni la tipicidad de la conducta punible atribuida en esta providencia el hecho de pretender, mediante el ejercicio de influencias indebidas, que un funcionario profiera una decisión que además sería contraria a derecho debido al fenómeno de la prescripción. El tipo penal, como se deriva de lo transcrito en el capítulo de la imputación jurídica, cuenta como ingrediente subjetivo el de ‘obtener cualquier beneficio derivado del ejercicio de parte de servidor público’. La conducta de tráfico de influencias de servidor público puede tener como fin último un acto, decisión o reconocimiento que podría reputarse acorde con el ordenamiento jurídico, pero también una acción de carácter ilegal o incluso delictivo. Por lo tanto, si se le pidió a Rafael Vélez Fernández emitir un fallo de condena dentro de un asunto cuya acción disciplinaria ya prescribió, habría un mayor grado de reproche, pues sería una conducta relacionada con la comisión de otros delitos. En este caso, el menoscabo a los principios que rigen a la administración pública en general, y a la de justicia en particular, tendría más intensidad.
“La supuesta prescripción tampoco afecta la credibilidad o la seriedad de la imputación fáctica, en la medida en que, por lo anteriormente dicho, no sería absurdo ni contrario a la razón que la congresista procurara un fallo prevaricador desde el punto de vista objetivo, aunque con visos de legalidad”(65).
“ART. 411.—Tráfico de influencias de servidor público. El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.
En efecto, la acción demostrada se ajusta a la adecuación normativa: Lucero Cortés Méndez fungía en la época de los hechos como servidora pública (representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2006-2010). Actuó en provecho de su marido Manuel Arturo Rincón Guevara y en detrimento de un enemigo de este, Juan Carlos Salazar Torres. Su conducta consistió en aprovecharse de sus relaciones públicas y de su posición como congresista para ejercer de manera indebida influencias en el magistrado Rafael Vélez Fernández, encargado de decidir la suerte del abogado. Lo hizo por intermedio de los superiores funcionales y jueces disciplinarios del funcionario Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez, todos ellos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y eso se tradujo en las exigencias o sugerencias que tales personas le hicieron al funcionario para sancionar a Salazar Torres.
También están demostradas las circunstancias genéricas de mayor punibilidad, atribuidas en la providencia acusatoria, de que tratan los numerales 9º y 10 del artículo 58 del Código Penal.
Es decir, a todo servidor público le puede ser atribuido el delito de que trata el artículo 411 del Código Penal, en la medida en que haya utilizado de manera indebida influencias derivadas de su cargo o funciones. Pero esto último no significa que, por esa sola razón, dicho agente cualificado tenga una posición socialmente relevante. Habrá funcionarios que no ocupan puestos de elevada prestancia social y, sin embargo, pueden traficar influencias en el sentido descrito por el tipo. Pero, en este asunto, Lucero Cortés Méndez no solo se aprovechó de su calidad de congresista para obtener por intermedio de los superiores de un magistrado del Consejo Seccional la sanción disciplinaria de un abogado, sino también le es predicable un mayor grado de reproche por la realización del injusto, debido precisamente a su cargo como representante a la Cámara.
De esta manera, la Sala reitera el criterio aducido en la calificación del mérito del sumario, de acuerdo con el cual “el tipo de tráfico de influencias de servidor público puede ser cometido por cualquiera que cumpla la calidad del sujeto activo e influya indebidamente en otro servidor público en razón del ejercicio de su cargo, circunstancia independiente al reconocimiento de la relevancia social de este último”(66).
Por todo lo expuesto, y dado que en el comportamiento típico de la procesada no medió cumplimiento de deber jurídico alguno, ni cualquier otra circunstancia o precepto permisivo que justifique o devengue en lícita la conducta, aunado a que es persona imputable, quien al momento de vulnerar el bien jurídico tuvo capacidad para comprender la ilicitud de su acto y determinarse de acuerdo con esa compresión, la Sala declarará que Lucero Cortés Méndez es responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 de la Ley 599 de 2000 y agravado por los numerales 9º y 10 del artículo 58 del Código Penal.
Como en la calificación del mérito del sumario a la procesada se le imputaron las circunstancias genéricas de agravación reconocidas en precedencia (C.P., art. 58, nums. 9º y 10), la Corte fija el ámbito de movilidad en el que habrá de determinarse la pena en los denominados cuartos intermedios, cuyos extremos son, como se dijo, de 5 a 7 años de prisión.
Dado que el requisito objetivo de que trata el numeral 1º del artículo 65 del Código Penal no concurre en el presente asunto (pues la sanción impuesta de prisión supera los tres años), la Corte no le concederá a la sentenciada la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
En lo que a la prisión domiciliaria del artículo 38 del ordenamiento sustantivo se refiere, es de advertir que la pena mínima prevista para el delito por el cual se procede es inferior a los cinco años de prisión. Por lo tanto, se cumple con el presupuesto previsto en el numeral 1º de la norma en comento.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte motivos por los cuales el desempeño personal, laboral o social de Lucero Cortés Méndez, distinto a la conducta punible materia de reproche, permitiría deducir de manera seria, fundada y motivada que pondría en peligro a la comunidad o que no evadirá el cumplimiento de la sanción impuesta. Por el contrario, el comportamiento procesal de la sentenciada revela que siempre ha sido respetuosa de las decisiones de la administración de justicia. Y desde el punto de vista de los fines de la pena, la Corte, teniendo en cuenta lo ya expuesto en precedencia acerca de la gravedad de la conducta punible, no considera razonable ni tampoco proporcionado que se ejecute la pena privativa de la libertad en establecimiento de reclusión de acuerdo con el propósito de una retribución justa. Tampoco estima necesario que operen los fines de prevención especial o de reinserción social, pues la procesada está integrada a la sociedad. En lo que atañe a la función de prevención general, no deviene en trascendente la aludida ejecución de la sanción en la cárcel, pues la declaratoria de condena, el registro de antecedentes penales y su cumplimiento en la residencia escogida por la sentenciada resultan suficientes para satisfacer el efecto disuasivo que se pretende obtener, así como el afianzamiento en el orden jurídico.
En consecuencia, la Sala le reconocerá a Lucero Cortés Méndez el mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena en el sitio de residencia indicado por la procesada, previa suscripción y pago de caución por un (1) salario mínimo legal mensual vigente, con la cual garantice el cumplimiento de las obligaciones relevantes previstas en el numeral 3º del artículo 38 del Código Penal.
5. DAR cumplimiento a lo dispuesto en “otras determinaciones”. Contra esta providencia, no procede recurso alguno.
(13) Sentencia de 18 de enero de 2012, Radicación 32764. En el mismo sentido, fallo de 18 de enero de 2012, Radicación 27408.
(14) Folio 67 del cuaderno II de la actuación principal.
(15) Folios 151-152 del cuaderno III de la actuación principal.
(16) ART. 111.—Régimen de transición. Los procesos que se encuentren con auto de apertura de investigación al entrar en vigencia este código continuarán tramitándose de conformidad con el procedimiento anterior [Nota: la Ley 1123 de 22 de enero de 2007 entró a regir, según el artículo 112 ibídem, “cuatro meses después de su promulgación”, esto es, a partir del 22 de mayo de 2007].
(17) PAR: 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.
(18) Folios 66-67 ibídem.
(20) Folio 252 del cuaderno V de la actuación principal.
(22) Folio 261 ibídem.
(23) Folio 178 del cuaderno V de la actuación principal.
(24) Folio 260 del cuaderno II de la actuación principal.
(25) Folios 253-254 del cuaderno V de la actuación principal.
(26) Cfr. al respecto la providencia que definió la situación jurídica de la procesada, folios 232-233 del cuaderno IV de la actuación procesal: “[...] de esta última persona, Juan Carlos Salazar Torres indicó que se trataba de una mujer que trabajó con Manuel Arturo Rincón Guevara y cuyo nombre había sido visto mencionado en el expediente disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura” (fl. 233, ibídem).
(27) Cfr. sentencia de casación de 26 de octubre de 2011, Radicación 36357.
(28) Sentencia de 2 de noviembre de 2011, Radicación 36544.
(29) Folio 67 del cuaderno II de la actuación principal.
(33) Folios 66-68 del cuaderno IV de la actuación principal.
(34) Orozco Tascón, Cecilia, ‘Denuncié a cuatro magistrados del Consejo Superior’, entrevista a Rafael Vélez Fernández en El Espectador, 12 de octubre de 2008 (www.elespectador.com).
(37) Folio 64 del cuaderno II de la actuación principal.
(38) Folio 258 ibídem.
(39) Folio 249 ibídem.
(40) Folio 49 del cuaderno III de la actuación principal.
(41) Folio 91 del cuaderno IV de la actuación principal.
(42) Folio 248 ibídem.
(43) Folio 67 del cuaderno II de la actuación principal.
(44) Folio 229 del cuaderno VII de la actuación principal.
(45) Folio 63 del cuaderno II de la actuación principal.
(46) Folio 228 del cuaderno VII de la actuación principal.
(47) Folio 171 del cuaderno V de la actuación procesal.
(49) Folios 6-71 del cuaderno VI de la actuación principal.
(50) Folio 260 del cuaderno II de la actuación principal.
(51) Folio 112 del cuaderno I de anexos.
(52) Folio 109 ibídem.
(53) Folio 67 del cuaderno IV de la actuación procesal.
(54) Folio 256 del cuaderno II de la actuación principal.
(55) Folio 78 ibídem.
(56) Folio 80 ibídem.
(57) Folio 86 ibídem.
(58) Folio 93 ibídem.
(59) Folio 247 ibídem.
(60) Folio 258 del cuaderno V de la actuación principal.
(61) Folios 174-175 ibídem.
(62) Folio 173-174 ibídem.
(63) Folio 222 del cuaderno VI de la actuación principal.
(64) Folio 224 ibídem.
(65) Folios 270-271 ibídem.
(66) Folio 126 del cuaderno VII de la actuación principal.