Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43622116
Timestamp: 2020-08-07 00:48:04
Document Index: 130722329

Matched Legal Cases: ['artículo 310', 'artículo 315', 'artículo 315', 'artículo 310', 'artículo 315', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 93', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 3', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 315', 'artículo 29', 'Artículo 43', 'Artículo 47', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'in fine']

Sentencia de Constitucionalidad nº 997/04 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43622116
Codigo civil arts. 310 y 315 (parciales). Terminación de la patria potestad y emancipación judicial cuando los padres que ejerzan la patria potestad han sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. La familia y el interes superior de los niños en la constitucion política. Patria potestad como elemento material de las relaciones familiares. Constitucionalidad de las normas demandadas. Al ser el interes superior del menor un principio y no una regla, su observancia por todos los operadores juridicos implica que siempre ha de tenerse en cuenta al aplicar las disposiciones normativas referentes a las niñas y niños que habitan en nuestro estado social del derecho. exequible el numerla 4 del articulo 315 del codigo civil. Inhibida respecto de la expresion del artículo 310 del codigio civil.
Sentencia citada en: 50 sentencias, 8 artículos doctrinales, una noticia
Actor: E.A.C.Y.
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, el ciudadano E.A.C.Y., demandó la inconstitucionalidad de los artículos 310 y 315 (parciales) del Código Civil.
ART. 310.--Modificado. D. 2820/74, art. 42. La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.
"ART. 315.--Modificado. D. 2820/74, art. 45. La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:
Por depravación que los incapacite de (sic) ejercer la patria potestad.
El ciudadano E.A.C.Y., presentó demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315" contenida en el artículo 310 del Código Civil y contra el numeral 4 del artículo 315 de la misma obra, por considerar transgredidos los artículos 5, 28 inciso tercero, 29, 42 y 44 de la Constitución Política.
La Corte precisa que el 11 de mayo de 2004 fue radicada la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el cual dicha entidad plantea sus argumentos sobre las normas parcialmente demandadas. El escrito no será tenido en cuenta por haber sido presentado de forma extemporánea conforme se indica en la constancia de la Secretaría General de esta Corporación. Folio 39 del expediente.
De esa manera, señala que "cada tema relacionado con el contexto privativo de patria potestad amerita un estudio separado y diferente, sin que ninguno de ellos tenga equivalencia frente a otro, aún bajo la realidad de causales iguales pero frente a situaciones incontablemente diferentes en cuanto a las personas inmersas en cuestión. Implica esto forzosamente que el funcionario no puede estarse simplemente a lo dispuesto en el articulado, aceptando posiciones de juzgamiento iguales para todas las situaciones que reclaman su atención, cuando se encuentra frente a la ruptura de realidades en apariencia iguales, y que por el contrario son prolijas en la diferencia marcada de entidades jurídicas factuales." Folio 27 del expediente.
El P. General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de las normas parcialmente demandadas bajo el entendido que el juez no está obligado a imponer la pérdida de la patria potestad, si el interés superior del menor así lo aconseja.
No obstante, el señor P. General resalta que ese criterio no debe interpretarse en términos absolutos, por cuanto se da por descontado que el Juez de Familia habrá de tener en cuenta, al momento de decidir sobre la pérdida de la patria potestad, la clasificación doctrinal de los delitos en cuanto dolosos, culposos y preterintencionales y las especiales circunstancias que rodean al menor y a la familia en cada caso en particular y, se repite, analizar si la medida de suspensión es la mejor para privilegiar los intereses del menor comprometido.
Por su parte, en concepto del señor P. General de la Nación los textos normativos acusados constituyen medidas protectoras de los derechos de los menores hijos de familia cuyos padres son transgresores del ordenamiento penal. En este sentido precisa que dichas disposiciones armonizan con el ordenamiento constitucional y se ciñen a los postulados que imponen los tratados internacionales sobre derechos del menor y la familia suscritos por el Estado colombiano. Contrario a lo señalado por el actor explica que respecto de los padres que han perdido la patria potestad existe un procedimiento judicial para el restablecimiento de ese derecho, con lo cual desvirtúa la transgresión a la proscripción de penas imprescriptibles. No obstante, considera que los artículos del Código Civil parcialmente demandados deben ser declarados exequibles, debiéndose hacer dicho pronunciamiento bajo el entendido que el juez de familia no está obligado a imponer la terminación de la patria potestad, si el interés superior del menor así lo aconseja.
La Familia y el interés superior de los niños en la Constitución Política. La patria potestad como elemento material de las relaciones familiares
La Constitución Política de 1991 estableció dentro del catálogo de principios fundamentales Ha de recordarse que los principios fundamentales al ser normas constitucionales tienen plena fuerza normativa y son pauta de interpretación ineludible de la Carta Política en particular y del sistema jurídico en general (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-006 de 1992 M.P.E.C.M.). (Art. 5) la protección de la familia como institución básica de la sociedad y en concordancia con ello el artículo 42 Superior prescribió que ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, estando el Estado y la sociedad obligados a garantizar la integridad del núcleo familiar.
La familia además de principio fundamental y sujeto de protección por parte del Estado, constituye a la vez un derecho constitucional fundamental de los niños. En efecto, el artículo 44 de la Carta dispone que todas las niñas y niños Es pertinente recordar que de conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Convención sobre los derechos del niño y el artículo 28 del Código del Menor, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. en Colombia son titulares del derecho a "tener una familia y a no ser separados de ella", garantías estas que como las demás en cabeza de los menores, prevalecen sobre los derechos del resto de la colectividad.
En armonía con lo anterior varios instrumentos internacionales que conforme al artículo 93 Superior integran el bloque de constitucionalidad y en razón a ello son parámetro para efectuar el control abstracto de constitucionalidad, contienen la obligación del Estado colombiano de brindar especial protección al menor, dentro de ellos pueden mencionarse: la Convención de las Naciones Unidas de 1989, sobre los derechos del niño, ratificado por Colombia el 28 de enero de 1991, en cuanto señala en su artículo 19 que los Estados Partes deben adoptar toda clase de medidas para proteger a los menores de toda forma de violencia física o mental, lesión corporal o abuso, trato negligente, maltrato o explotación, incluyendo abuso sexual, mientras permanezca bajo el cuidado de los padres, guardianes legales u otra persona que tenga a cargo su cuidado; la Convención Americana sobre derechos humanos, que en su artículo 19 establece: ''Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado''; y el Artículo 3-2 de la Convención sobre los derechos del niño que señala: "2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas."
Conforme se ha explicado por esta Corporación, corolario del anterior principio, es que ''las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección - deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos.'' Corte Constitucional. Sentencia T-397 de 2004 M.P.M.J.C.E..
Esta potestad, conforme lo ha señalado esta Corporación "tradicionalmente, consistía en el reconocimiento que la ley hacía de los derechos del padre sobre sus hijos no emancipados. El Código Civil restringía al varón la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a los hijos y administrar sus bienes (CC art. 288). El legislador vino a terminar con esta forma de discriminación, situando en cabeza de ambos padres el conjunto de derechos sobre sus hijos para facilitar el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone (Ley 75 de 1968, art. 19), y disponiendo que a falta de uno de ellos correspondería al otro su ejercicio (D. 2820 de 1974, art. 24).''
''La patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos (permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y sobre sus bienes (usufructo legal y administración del patrimonio). El ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los menores no emancipados. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes de los padres puede conducir a su pérdida o suspensión.''
''Causales como el maltrato habitual, el abandono, la depravación o la privación de la libertad por pena superior a un año, facultan al juez para decretar la emancipación judicial del hijo, con la consecuente pérdida de la patria potestad del padre condenado (CC art. 315). Además de las anteriores circunstancias, el artículo 310 del Código Civil establece la suspensión de la potestad parental, después de oídos los parientes del niño y el defensor de menores (CC art. 311), en los casos de demencia, mala administración de los propios bienes y prolongada ausencia de alguno de los padres." Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 1992 M.P.E.C.M..
En el mismo sentido, la doctrina ha definido la patria potestad como "el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales." M.P. y G.R.. T.É. de Droit Civil, 1946.
Los citados autores explican que "estos derechos y facultades, únicamente se conceden a los padres, como consecuencia de las graves obligaciones que tienen que cumplir; solo existe la patria potestad porque hay obligaciones numerosas a cargo del padre y de la madre, las cuales se resumen en una sola frase: la educación del hijo." I..
Como se advierte, la patria potestad tiene como fundamento las relaciones jurídicas de autoridad de los padres frente a los hijos no emancipados que permiten a aquéllos el cumplimiento de los deberes que la Constitución y la ley les impone, dentro de dichos poderes vale resaltar el de representarlos en todos los actos jurídicos y, con algunas limitaciones el de administrar y gozar del usufructo de los bienes que éstos posean. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 25 de octubre de 1984.
Es así como la patria potestad no puede traducirse en decisiones que violenten o transgredan los derechos fundamentales del menor, de hecho por ejemplo, en aras de educar y corregir al hijo el padre no puede maltratarlo y agredirlo sin atentar contra sus derechos fundamentales a la integridad personal y a la dignidad; tampoco puede el titular de la patria potestad tomar decisiones que afecten a sus hijos, contrarias o nugatorias de su condición de ser dotado de una relativa autonomía, salvo que con ellas el menor ponga en peligro su propia vida" Corte Constitucional. Sentencia T-474 de 1996 M.P.F.M.D..
Desde esta perspectiva, el derecho constitucional preferente que le asiste a las niñas y niños, consistente en tener una familia y no ser separados de ella, no radica en la subsistencia nominal o aparente de un grupo humano (padres titulares de la patria potestad) sino que implica la integración real del menor en un medio propicio para su desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el pedagógico comportamiento de éstos respecto de sus hijos. Corte Constitucional. Sentencia T-378 de 1995 M.P.J.G.H.G..
Constitucionalidad de las normas demandadas
El artículo 310 del Código Civil que contiene la expresión demandada regula dos situaciones diferentes respecto de la patria potestad, en primer lugar lo referente a la suspensión y en segundo término, lo que concierne a su terminación, aspecto este último en que reside el aparente reproche del actor.
En lo que respecta a las causales de terminación de la patria potestad que como se ha explicado son las mismas consagradas para que opere la emancipación judicial, dispone el artículo 315 que ella puede ser decretada por el juez cuando los padres incurran en alguna de las siguientes causales: i) maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño, ii) haber abandonado al hijo, iii) depravación que los incapacite de (sic) ejercer la patria potestad, y iv) haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año.
2.3. Un reparo adicional presenta el actor contra la disposición acusada referente a la violación de la prohibición del non bis in ídem consagrada en el artículo 29 de la Carta Política, el cual dispone que toda persona tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. A su juicio, normas como los artículos 43-4 "Artículo 43. Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos: (...) 4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría...", 47 "Artículo 47. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y comporta la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento de dichos cargos, durante el tiempo de la condena." (Resaltado fuera de texto), 51 "Artículo 51. Duración de las penas privativas de otros derechos. (...) La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría de seis (6) meses a quince (15) años...." y 52 "Artículo 52. Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el Juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena..." del Código Penal facultan a los jueces penales para suspender la patria potestad cuando ésta tenga relación directa con la realización de la conducta punible o cuando la restricción de este derecho contribuya a la preservación de conductas similares a la que fue objeto de condena, no obstante con la disposición demandada se permite que con posteridad a la condena, el juez de familia de forma injustificada e innecesaria adopte una decisión en el mismo sentido.
Como queda expuesto, la disposición acusada no atenta contra los artículos 5, 28 in fine, 29, 42 y 44 de la Constitución Política, en este sentido tampoco hay lugar a declarar la exequibilidad condicionada del precepto objeto de control, como lo solicita el interviniente y el Ministerio Público.
Así, la aplicación de la causal y más en el sentido a que alude el señor P. General en nada afecta el contenido de la norma demandada. Su valoración se dirige a regular la metodología para el entendimiento del precepto, la cual por demás, en materia de normas referidas a los niños siempre ha de estar guiada por el principio de interés superior del menor como reiteradamente lo ha precisado esta Corporación. Corte Constitucional. Sentencias T-408 de 1995 M.P.E.C.M., T-514 de 1998 M.P.J.G.H.G., T-715 de 1999 M.P.A.M.C., C-814 de 2001 M.P.M.G.M.C., T-212 de 2003 M.P.J.A.R., T-510 de 2003 M.P.M.J.C.E. y T-324 de 2004 M.P.M.G.M.C., entre otras.
Para la Sala cualquiera sea la medida que adopte una autoridad dentro del Estado debe encaminarse, en desarrollo de los deberes constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico les imponen, a la materialización plena del interés superior de cada una de las niñas y niños que habitan en Colombia. Para el caso de determinaciones de carácter particular tanto las autoridades administrativas como las judiciales deberán adelantar una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado debiendo prestar la debida atención a las valoraciones profesionales que se hayan realizado en relación con el menor, y aplicando los conocimientos y métodos científicos y técnicos que estén a su disposición para garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisfaga el interés prevaleciente en cuestión. En el mismo sentido puede estudiarse la Sentencia T-397 de 2004 M.P.M.J.C.E..