Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2013_02_05/1307
Timestamp: 2019-12-06 11:43:56
Document Index: 300145697

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 102', 'artículo 23', 'artículo 135', 'artículo 100', 'artículo 34']

Gaceta: LXII/1SPO-79
Acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite el Programa de Trabajo de esa Comisión.
Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en una visita oficial a la Base Naval "ARC Bolívar" ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013.
EL EXPEDIENTE SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL 30 DE ENERO Y LA MESA DIRECTIVA ACORDÓ QUE SE TURNARA DE MANERA DIRECTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA.
Oficio con el que remite la lista de diputados que integrarán las delegaciones de esa Cámara ante el Parlamento Centroamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Unión Interparlamentaria, el Foro Asia-Pacífico y el Consejo de Europa.
Oficio con el que remite :
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 16 de enero de 2013.
SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, el 23 de enero de 2013.
Proyecto de decreto que se reforma y adiciona los artículos 180, 184, y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el 23 de enero de 2013.
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, el 23 de enero de 2013.
Proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, el 23 de enero de 2013.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Juan Carlos Romero Hicks, el 23 de enero de 2013.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 23 de enero de 2013.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, el 30 de enero de 2013.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y por el Dip. Fernando Rodríguez Doval, el 30 de enero de 2013.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, el 30 de enero de 2013.
Propone desarrollar las bases y los principios del sistema procesal acusatorio y oral que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como desarrollar los derechos, principios y garantías de los inculpados y de las víctimas u ofendidos.
Establece las medidas y mecanismos que aseguren a toda persona el acceso a la justicia, para resolver sus conflictos de carácter penal y que los daños causados por el delito sean reparados.
Señala los medios que permitan acreditar los elementos del delito de que se trate, así como acreditar si el procesado es culpable o no del mismo y, por ende, si se afirman o no los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o de una medida de seguridad.
Establece los criterios que deberá observar el juzgador para la determinación, individualización, modificación y duración de la pena, de acuerdo con las reglas generales previstas en el Código Penal Federal; así como las atribuciones que corresponden a las autoridades competentes y de los distintos actores que intervienen en el proceso penal.
Prevé mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, así como los supuestos y condiciones de su aplicación, permitiendo con ello que la procuración y la impartición de justicia penal sea expedita e imparcial y se realice dentro de los plazos y términos fijados por la Constitución.
Plantea que el Código como parte fundamental de la legislación del sistema de justicia penal, sea de orden público, de interés social y de observancia general y obligatoria.
La iniciativa busca lograr el equilibrio entre garantismo y eficientismo, y entre los derechos de los victimarios y de las víctimas. Obliga al Ministerio Público a conducirse bajo el principio de legalidad y establece los supuestos y las condiciones para la aplicación de criterios de oportunidad.
Fundamentan la iniciativa en la necesidad de superar la dispersión de criterios legislativos; de que el sistema procesal penal se sustente en criterios político-criminales propios del Estado democrático de derecho y satisfaga las expectativas de la sociedad; y de que el sistema procesal penal acusatorio responda a las realidades nacionales.
Define como víctima al sujeto sobre el que recae la conducta típica del inculpado, sea o no titular del bien jurídico, y ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.
Considera ofendidos indirectos a los familiares de la víctima, así como a cualquier otra persona que tenga o haya tenido relación o convivencia con la misma, si han sufrido o se encuentran en situación de riesgo de sufrir algún daño por motivo de la comisión de algún delito.
Incluye como derechos de las víctimas y ofendidos el acceso a la justicia, trato digno, procuración de justicia, asesoría jurídica, información de sus derechos constitucionales y de las etapas del proceso, reparación del daño, medidas cautelares, e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público Federal en la investigación de los delitos.
Determina como inculpado a la persona a quien se le imputa la comisión de un delito, ya sea como autor o como partícipe del mismo, con derecho a ser informado desde su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan, del nombre del denunciante o querellante; y de los derechos que le asisten y que le otorgan la Constitución, los tratados y convenios internacionales.
Dispone la nulidad de las actuaciones cuando se hayan realizado sin observancia de alguna de las formalidades esenciales de la ley e impliquen violación de derechos y garantías de los participantes, salvo que el defecto haya sido saneado; se trate de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales; o la ley expresamente determine la nulidad.
El Código considera en los 28 tipos de delitos graves los realizados por la delincuencia organizada; el homicidio doloso, simple o calificado; secuestro; extorsión agravada; desaparición forzada de personas; tortura; violación; asalto en carretera o caminos; robo calificado cometido con violencia; robo de vehículos o de autopartes; robo de hidrocarburos o de sus derivados; fraudes cometidos por fraccionadores; terrorismo y genocidio.
Mantiene la figura de arraigo domiciliario hasta por un máximo de cuarenta días; permite el cateo previa autorización de un juez y limita la diligencia a especificar lugar, personas a ubicar o aprender y objetos a asegurar, así como a realizarse durante el día excepto casos de urgencia.
Dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe; asimismo, tendrá por objeto proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
En caso de condena o no, el juez deberá pronunciarse sobre la reparación del daño que se haya hecho valer en el proceso. Si no se puede establecer con certeza el monto del daño causado por el delito, el juez podrá establecerlo en abstracto. Cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, la sentencia que declare la culpabilidad de los procesados también declarará obligatoriamente la reparación del daño contra la propia organización delictiva y cada uno de sus miembros.
Finalmente, la iniciativa propone 557 artículos y ocho transitorios para abrogar el Código Federal de Procedimientos Penales publicado el 30 de agosto de 1934, que contiene actualmente 576 artículos.
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone que los dos Consejeros de la Judicatura Federal nombrados por el Senado de la República, se hará por mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los miembros presentes, dentro del término de 30 días posteriores a la presentación formal que se haga ante el Pleno o la Comisión Permanente; de no alcanzar esta votación ninguno de los propuestos; se enviará una nueva, en cuyo caso no podrá ser incluido ninguno de los contenidos en la primera, debiendo ser votada por la mayoría simple dentro del mismo término referido.
Adiciona una nueva fracción II, reforma y adiciona la fracción III del artículo 34 de la Ley de Planeación, para establecer las bases para superar las desigualdades en las regiones, a partir de la instrumentación de un sistema de planeación regional y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales e interestatales que ayude a identificar las problemáticas y su solución.
La iniciativa propone que el Ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades el diseño de mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes en el impulso del desarrollo nacional y conjuntar recursos fiscales para financiar proyectos que detonen el desarrollo regional sustentable, territorialmente ordenado, económicamente competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente responsable y financieramente viable.
Asimismo acordar los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción, que permitan aumentar el impacto social de los recursos fiscales y que promueva los diferentes aspectos del desarrollo social a partir de un sistema de planeación para el desarrollo regional.
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto fijar las bases para regular las operaciones de financiamiento que constituyan deuda pública que realicen las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal; así como el registro y control de dichas operaciones, y los montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir.
Señala que las operaciones de empréstito realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo. La desviación de los recursos procedentes de empréstitos, serán responsabilidad del titular de la entidad contrayente y se le sancionará de conformidad con las leyes que le resulten aplicables.
Los empréstitos que contraigan las entidades federativas y los municipios no podrán ser contratados con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Establece que el Estado sólo podrá contraer Deuda Pública cuando tenga estados financieros dictaminados del último ejercicio fiscal elaborado conforme a las Normas de Información Financiera, por un contador público registrado ante las autoridades fiscales. El estado financiero dictaminado sea de un ejercicio reciente, y no cuente con antigüedad mayor a doce meses al momento de contraer la deuda de que se trate, y que el mismo se haya publicado en periódicos de circulación nacional y estatal.
Estos estados financieros deberán acompañarse de documento que contenga la explicación de las bases o reglas contables utilizadas para el Registro de las operaciones de ingresos y egresos, las diferencias relevantes entre esas bases y las Normas de Información Financiera.
Señala que en la contratación de un empréstito garantizado con algún fondo específico de Participaciones, deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Asimismo, en la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
En la contratación de un empréstito garantizado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberá acreditarse que la nueva contratación más la suma de todos los créditos garantizados con el Fondo no rebasaría el 50% de lo que se haya recibido por dicho Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal
Propone establecer en la Ley de Coordinación Fiscal que se regulará los montos máximos de endeudamiento en que pueden incurrir las entidades federativas, lo anterior, según el autor, para poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están incurriendo los Estados y Municipios, amenazando seriamente su viabilidad fiscal.
Propone reglamentar en el Senado el proceso legislativo de la iniciativa preferente, a fin de establecer criterios para computar el plazo para emitir y aprobar el dictamen. Para ello, plantea reformas y adiciones a los artículos 2, 127, 179, 182, 183, 204 y 214 del Reglamento del Senado de la República.
Propone computar el plazo constitucional de 30 días para emitir dictamen de la iniciativa preferente, a partir del primer día en que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen ordene el turno a la comisión, o comisiones. En caso de que no esté instalada la comisión o comisiones que deban conocer de la iniciativa, deberán instalarse como máximo en la segunda sesión ordinaria.
Si la comisión o comisiones no hubiesen formulado o aprobado el dictamen en el plazo establecido, la iniciativa preferente o la minuta respectiva, será sometida, en sus términos y sin mayor trámite, a discusión y votación en el Pleno de la Cámara correspondiente, en la sesión siguiente. En caso de ser rechazada en la Cámara de origen no podrá volverse a presentar en las sesiones del año.
Para dar celeridad a la emisión del dictamen las comisiones podrán sesionar en Conferencia. También podrán incluirse aquellas iniciativas que sobre la misma materia hayan sido presentadas en la Cámara. El dictamen de iniciativa preferente deberá hacerse del conocimiento con un mínimo de 24 horas previo a su discusión y votación.
PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, INTERVINO LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR 91 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la supresión del requisito de visado para los nacionales de Colombia y Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico.
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reformar el artículo transitorio primero del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, con el objeto de que se amplíe su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
Que solicita al gobernador del estado de México un informe sobre las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el municipio e Chicoloapan, a partir de los hechos ocurridos los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2012 en dicho lugar.
Que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a ejercer en tiempo y forma los recursos federales distribuidos para seguridad y justicia.
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal a que, a la mayor brevedad, reduzcan el costo por la expedición de copias simples, certificadas y versiones públicas de las solicitudes de transparencia.
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de Olintla, en el estado de Puebla.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento punto de acuerdo por el que se cita a los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a que comparezcan en una reunión de trabajo ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
PABLO ESCUDERO MORALES DEL PVEM, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ DEL PRI A FAVOR.
MARCELA TORRES PEIMBERT DEL PAN.
LA PROPUESTA CON LOS PUNTOS DE ACUERDO DE CONSENSO FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
Los Grupos Parlamentarios presentaron una proposición con punto de acuerdo en relación con los sucesos ocurridos en la Torre de Petróleos Mexicanos, el jueves 31 de enero de 2013.
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO DEL PRD;
DAVID PENCHYNA GRUB DEL PRI;
ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA DEL PRD;
JAVIER LOZANO ALARCÓN DEL PAN, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN;
BLANCA ALCALÁ RUIZ DEL PRI.
LA ADICIÓN PROPUESTA POR EL SENADOR LOZANO FUE ACEPTADA.
POSTERIOR A SU APROBACIÓN, DIVERSOS SENADORES PRESENTARON UNA PROPUESTA DE ADICIÓN DE UN RESOLUTIVO QUINTO, MISMA QUE FUE ACEPTADA Y SE INTEGRÓ AL ACUERDO PRESENTADO.
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917.
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el aniversario de la Constitución de 1917.
Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día martes 5 de febrero, a las 11:30 horas, en la sala 6 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo día martes 5 de febrero a las 16:15 horas, en la salas 2 y 5 ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria relativa a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día martes 05 de febrero del año en curso a las 17:00 horas, en la salas 2 y 5 ubicadas en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LÍMITES TERRITORIALES CONSIDERÁNDOSE COMO ASUNTOS CONCLUIDOS