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Timestamp: 2018-08-14 10:34:46
Document Index: 145506318

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 28', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 86', 'artículo 9', 'artículo 216', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 188', 'artículo 29', 'artículo 209', 'artículo 14', 'artículo 105', 'artículo 209', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 140', 'Artículo 28']

﻿ Sentencia T-515 de agosto 19 de 2015
SENTENCIA T-515 DE 19 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL TRÁMITE DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR. EL DEBER DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR, AUN CUANDO SE ENCUENTRA CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ES UN DEBER RELATIVO EN TANTO PUEDE SER OBJETO DE EXIMENTES ASÍ COMO DE PRERROGATIVAS. ASÍ, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SE HAN FIJADO EXENCIONES (I) EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, (II) EN EL PAGO DE LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR, Y (III) EN EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE LA LIBRETA MILITAR. LAS BATIDAS O REDADAS SON UNA MODALIDAD DE DETENCIÓN ARBITRARIA INCOMPATIBLE CON EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, FRENTE A LAS CUALES PUEDE EJERCERSE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. EXHORTA AL EJÉRCITO NACIONAL Y A LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO, CONTROL Y RESERVAS DEL EJÉRCITO, QUE EXPIDAN LAS DIRECTRICES NECESARIAS PARA QUE TODAS LAS AUTORIDADES MILITARES RELACIONADAS CON LOS TRÁMITES DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR CUMPLAN LOS DEBERES DE (I) INFORMACIÓN, (II) ACOMPAÑAMIENTO, Y (III) REMISIÓN, FRENTE A LAS PERSONAS QUE ESTÉN DEFINIENDO SU SITUACIÓN MILITAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO MILITAR
Sentencia T-515 de agosto 19 de 2015
Ref.: Expediente T-4.955.460
Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil quince.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, el Magistrado Mauricio González Cuerdo y la Magistrada (e) Myriam Ávila Roldán, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto-Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
En el trámite de revisión del fallo proferido por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Armenia, que resolvió, en única instancia, la acción de tutela promovida por el señor AA(1) en el asunto de la referencia.
El nueve (09) de marzo de dos mi quince (2015) el señor AA instauró acción de tutela contra el Distrito Militar Nº 39 y la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia(2), en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso (C.P., art. 29), a la igualdad (C.P., art. 13) y al trabajo (C.P., arts. 25 y 53).
1.2. Dado que no ha definido su situación militar y por ende no posee dicho documento, los militares lo condujeron a las instalaciones del Distrito Militar Nº 39, donde le practicaron los exámenes de aptitud psicofísica.
1.6. En vista de lo anterior, el 17 de febrero de 2015 interpuso un derecho de petición ante el Distrito Militar Nº 39 (perteneciente a la Octava Zona de Reclutamiento) manifestando la imposibilidad de adelantar el registro por la página web y los inconvenientes que ello le representaba, ya que por no tener definida su situación militar no podía conseguir trabajo ni obtener recursos para su manutención y el manejo de su enfermedad. Su solicitud se encaminaba a que le permitieran presentar en físico los documentos pertinentes para proseguir con el trámite para definir su situación militar (fl. 7, cr. 1).
1.7. Mediante oficio Nº 072/MDN-CGFM-CE-JEREC-DIRCR-ZONA8-JURI-DIM39-CDO de 19 de febrero de 2015, el Comandante del Distrito Militar respectivo, no accedió a la solicitud, fundamentándose en:
1.7.1. Se encuentra implementado un servicio en línea que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto-Ley 19 de 2012.
1.8. Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicitó ante el juez de tutela amparar sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo y, en consecuencia, ordenar al Distrito Militar Nº 39 la inaplicación del artículo 105 del Decreto-Ley 19 de 2012, que reciban sus documentos en físico para poder definir su situación militar y expidan el recibo de pago conforme con la Ley 48 de 1993 y su puntaje del Sisben.
2.1. Mediante auto del nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015) la Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil, Familia y Laboral ofició a la Octava Zona de Reclutamiento y al Distrito Militar Nº 39 para que rindieran informe respecto de los hechos narrados en la acción de tutela. No obstante, las entidades accionadas guardaron silencio.
— Copia del derecho de petición presentado por el accionante el 17 de febrero de 2015 ante el Distrito Militar Nº 39 (fl. 6 a 7, cr. 1).
— Copia del oficio Nº 072/MDN-CGFM-CE-JEREC-DIRCR-ZONA8-JURI-DIM39-CDO de 19 de febrero de 2015, mediante el cual el Comandante del Distrito Militar Nº 39 da respuesta al derecho de petición (fl. 8 a 9, cr.1).
— Copia del resultado del examen médico practicado al señor AA el veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), donde se aprecia que es portador del VIH.
— Certificado expedido el tres (03) de febrero de dos mil quince (2015) por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), donde consta que el puntaje del señor AA lo ubica en el Nivel 1
2. Planteamiento del problema jurídico y aspectos jurídicos a tratar.
¿La conducta omisiva de las autoridades militares frente a la imposibilidad del accionante para adelantar los trámites de la definición de su situación militar mediante el aplicativo web dispuesto para ello, vulneran sus derechos fundamentales de derecho de petición (C.P., art. 23) al debido proceso (C.P., art. 29) y al trabajo (C.P., arts. 25 y 53)?
3. Procedencia de la acción de tutela en actuaciones relacionadas con la definición de la situación militar.
3.1. La Constitución Política en su artículo 86, instituyó la acción de tutela como un mecanismo judicial de aplicación urgente, de carácter subsidiario y excepcional, para reclamar la protección de los derechos fundamentales constitucionales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en determinadas circunstancias. El inciso 3º ejusdem estableció que la acción de tutela sólo procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Esto fue desarrollado por los artículos 6º, 8º y 9º del Decreto 2591 de 1991, donde se dispone que la acción de tutela procede de manera definitiva en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial o que de existir, éste no sea idóneo o eficaz; o como mecanismo transitorio cuando se promueva para evitar la concreción de un perjuicio irremediable(3).
3.2. Tratándose de casos relacionados con la definición de la situación militar, la Corte Constitucional ha indicado que no es necesario agotar previamente la vía administrativa para presentar la solicitud de tutela —tal como lo dispone el artículo 9 del Decreto 2591 de 1991— y tampoco se debe acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que dicho mecanismo por su impredecible duración no resulta un medio eficaz para dar solución a la violación de los derechos fundamentales(4), razón por la cual la acción de tutela debe entenderse en este contexto como una petición autónoma con las restricciones previstas en la Constitución Política y la Ley(5).
4.1.1. En reiterada jurisprudencia(6) la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de los fundamentos constitucionales del deber de prestar el servicio militar.
4.1.2. Así, se ha señalado que el artículo 216 de la Constitución Política establece la obligación de todos los colombianos de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, lo cual debe ser armonizado con valores y principios constitucionales como la prevalencia del interés general como postulado estructural del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1º), los deberes de los ciudadanos de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país y propender al logro y mantenimiento de la paz (C.P., art. 95), lo cual indudablemente tiene por finalidad el fortalecimiento de la unidad de la Nación (preámbulo) y el mantenimiento de la integridad territorial para asegurar la convivencia pacífica (C.P., art. 2º)(7).
4.1.3. Lo anterior permite reiterar que la fuerza pública no existe como un fin en sí mismo, sino como un medio para materializar los principios fundamentales del Estado Social de Derecho y que resultan esenciales para la realización de un orden político, económico y social justo(8).
3.3. El servicio militar obligatorio es una carga social que irroga beneficios generales y, por ende, está vinculada al cumplimiento del fin social del Estado del logro del bienestar general (…)”(9).
4.2.1.1. Con la Ley 48 de 1993 —reglamentada a su vez por el Decreto 2048 de 1993— se regula el servicio de reclutamiento y movilización (arts. 4 a 9), así como lo concerniente a la situación militar y la obligación de prestar el servicio militar (arts. 3º y 10), su duración (art. 11) y modalidades de prestación (art. 13), así como las etapas para definir la situación militar (arts. 14 a 21)(10); las exenciones(11) y aplazamientos (arts. 27 a 29), los asuntos relativos a la libreta militar (arts. 30 a 35), los derechos prerrogativas y estímulos por prestar el servicio militar (arts. 39 y 40), las infracciones y sanciones (arts. 41 a 48) y lo atinente a la movilización y control de reservas (arts. 49 a 61).
4.2.1.2. En 1997, a través de la Ley 403 se establecieron beneficios para los ciudadanos que ejerzan el derecho al voto en las elecciones, entre los que se encuentran los de obtener una rebaja en el tiempo de prestación del servicio militar, según la modalidad de prestación (art. 2º, num. 2º), y un diez por ciento (10%) del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar (art. 2º, num. 8º, adicionado por la L. 815/2003).
4.2.1.3. A su vez, mediante la Ley 418 de ese mismo año se contempló —entre otros asuntos— que los menores de 18 años de edad no serían incorporados para la prestación del servicio militar y se fijaron las reglas correspondientes a los estudiantes de bachillerato que deben definir su situación militar.
Dicha norma ha sido prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, cuyo artículo 2º fue aclarado por la Ley 642 de 2001; 782 de 2006, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. Respecto del contenido normativo allí dispuesto, la Corte reiteró su jurisprudencia en la Sentencia T-609 de 2009 y sintetizó que:
“(i) todo varón colombiano tiene la obligación de definir su situación militar a partir de que cumpla la mayoría de edad y hasta los cincuenta (50) años de edad; (ii) los jóvenes menores y mayores de edad elegidos, pueden aplazar el deber de prestar el servicio militar y cumplir con el deber al finalizar los estudios de pregrado y (iii) quien haya aplazado y realizado los estudios de educación superior prestará el servicio militar por un período de seis (6) meses, pudiendo con esto homologar el servicio social o comunitario que exigen algunas profesiones”(12).
4.2.1.4. La referida norma fue prorrogada y modificada recientemente por la Ley 1738 de 2014, donde además de lo reseñado se dispuso que “[n]inguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para obtener título de pregrado el presentar libreta militar” (art. 2º, por medio del cual se modificó el art. 13 de la L. 418/97).
4.2.1.5. Por otro lado, con la Ley 1184 de 2008 —reglamentada por el Decreto 2124 del mismo año— se reguló lo relativo a la cuota de compensación militar, donde cabe destacar que el artículo 1º determinó que aquella
4.2.2. Debe entenderse que las disposiciones normativas descritas forman una proposición jurídica inseparable, de tal manera que se condicionan y se complementan mutuamente y por ello, no es factible aplicarlas en forma separada para construir hipótesis jurídicas distintas a las allí previstas(13).
4.3. Deber constitucional relativo.
4.3.1. En concordancia con lo anterior, se tiene que los deberes, aun cuando se encuentran consagrados dentro de los principios del Estado Social de Derecho, no pueden llegar a tal punto de ser considerados como entes revestidos de tal preeminencia que socaven los derechos fundamentales, borrando así pilares del constitucionalismo moderno, como la libertad, la igualdad y la solidaridad(14).
4.3.2. Así, se tiene que la prestación del servicio militar no es un deber absoluto, ya que la propia Constitución señala que dicho compromiso puede ser objeto de exenciones así como de prerrogativas, defiriendo a la ley las condiciones en que ello tendrá lugar(15).
4.4. Exenciones.
Para el caso del servicio militar obligatorio, una manera de armonizar la tensión entre deberes y derechos surge, precisamente, de su calidad de deber relativo(16). En razón de lo anterior, en el ordenamiento jurídico se han fijado exenciones (i) en la prestación del servicio militar obligatorio, (ii) en el pago de la cuota de compensación militar, y (iii) en el pago de la elaboración de la libreta militar.
4.4.1. Exenciones en la prestación del servicio militar obligatorio.
Este precedente fue definido por la Sala Plena de la Corte en la Sentencia C-728 de 2009 y utilizado en fallos de tutela posteriores, entre ellos las sentencias T-018 de 2012, T-357 de 2012, T-430 de 2013 y T-455 de 2014. En esta última se reiteró que ante la inexistencia de un procedimiento de índole legal para el trámite de las objeciones de conciencia, ello no es óbice para que concurra la obligación por parte de las autoridades militares de darles curso de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, que en todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia puede ser objeto de protección por parte de los jueces de tutela(17).
4.4.1.2. Por otro lado, el artículo 28 ejusdem estableció condiciones que sólo eximen en tiempo de paz(18). Dentro de estas últimas aparece contemplada, en el literal h), la causal referente a los “inhábiles relativos y permanentes”.
Al respecto, en la Sentencia T-414 de 2014 determinó que aquella es “es una medida de reparación integral, cuya satisfacción es independiente de la superación de la condición de vulnerabilidad y/o debilidad manifiesta de la víctima, pues a través de ella se busca “la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas”(19)”. En ese sentido, se determinó que “la condición de víctima no se pierde con la modificación de las anotaciones que constan en el Registro Único de Víctimas”(20).
4.4.2. Exenciones en el pago de la cuota de compensación militar.
4.4.2.1. En el artículo 6º de la Ley 1184 de 2008 se estableció que están exentos del pago de la cuota de compensación militar (i) quien demuestre pertenecer al nivel 1, 2 o 3 del Sisben; (ii) los limitados físicos, psíquicos o neurosensoriales con afecciones permanentes que de acuerdo con el concepto de la autoridad médica de reclutamiento, presenten una condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de recuperación por medio alguno; (iii) los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica; y (iv) el personal de soldados que sea desacuartelado con fundamento en el tercer examen médico.
4.4.2.2. En el artículo 188 de la Ley 1450 de 2011 se extendieron estas causales de exoneración para los menores de 25 años exentos por ley o inhábiles para prestar el servicio militar obligatorio y los mayores de 25 años, siempre que en ambos casos los beneficiarios se encuentren vinculados a la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema o el Registro Único de Población Desplazada(21).
4.4.2.3. Asimismo, mediante la Sentencia C-586 de 2014 la Corte consideró que el legislador incurrió en una omisión relativa al no incluir dentro de los beneficiarios con la exención del pago de la cuota de compensación militar a los jóvenes en situación de adoptabilidad que se encuentran bajo el cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(22).
4.4.3. Exenciones en el pago de los costos de elaboración de la libreta militar.
4.4.3.1. Las personas eximidas de la prestación del servicio militar deben cancelar además de la cuota de compensación militar —en principio—, los costos de elaboración de la libreta militar.
Esto quiere decir que los costos de elaboración de la libreta militar no siempre deben ser del 15% del salario mínimo legal mensual vigente, sino que podría ser inferior, por lo que sería razonable que se fijen criterios para graduarla —e incluso inaplicarla— respecto de personas que sean sujetos de especial protección constitucional o se encuentren en estado de indefensión por su precaria condición económica.
4.4.3.3. En concordancia con lo anterior, en la supracitada Ley 1450 de 2011 (ver considerando jurídico 4.4.2.2) se determinó que los sujetos allí enunciados también serían exentos de pagar los costos de elaboración de la libreta militar.
4.4.3.4. Mediante la Sentencia C-586 de 2014 la exoneración del pago de la elaboración de la libreta militar también fue establecida en favor de los jóvenes en situación de adoptabilidad que se encuentran bajo el cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(23).
5. Derecho de petición, derecho al debido proceso y su relación con el derecho al trabajo.
5.1.2. Sobre el contenido de este derecho existe una sólida y consolidada jurisprudencia sobre las reglas que definen el contenido y alcance de este derecho(24), las cuales fueron reiteradas por la Sentencia C-951 de 2014, y dentro de las que se destaca la siguiente:
“(…) c) La respuesta a las peticiones debe cumplir con los requisitos de: (…) 2. resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo solicitado (…)”(25) (resaltados originales).
5.2.1. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también administrativas(26).
5.2.2. El debido proceso en los asuntos administrativos implica (i) que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico en el desarrollo de los trámites que las personas inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación; (ii) la observancia “de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite; (iii) evitar que la suerte del particular quede en manos del ente administrativo, por lo cual todo acto arbitrario de éste, entendido por tal el que se aparta de las normas aplicables, implica violación del debido proceso(27).
5.2.3. En el Estado Social de Derecho, la efectividad de esta garantía, al igual que de las demás consagradas en la Carta Política y en la ley, no está en su mero reconocimiento formal sino en la observancia material que de ellas debe tener toda decisión de la administración(28).
5.2.4. Ahora bien, de acuerdo con la organización política del Estado Colombiano, el Ejército Nacional hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, por lo que en el ejercicio de sus funciones debe respetar el debido proceso y los principios que rigen la función pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política(29).
5.2.5. Así, los trámites que realicen las autoridades militares de reclutamiento deben observar el respeto por el debido proceso, a fin de evitar cualquier tipo de arbitrariedad(30), lo que implica el cumplimiento íntegro de cada una de las etapas y requisitos que conforman el procedimiento establecido en la Ley para su prestación con el fin de salvaguardar las garantías constitucionales y demás derechos fundamentales de quienes están definiendo su situación militar(31).
(iii) Corresponde al juez de tutela ordenar la anulación, inaplicación, o pérdida de eficacia de las decisiones del Ejército adoptadas por fuera del margen de la ley, no solo con el fin de eliminar la arbitrariedad en las actuaciones de las autoridades públicas, sino también con el propósito de asegurar la eficacia de los derechos constitucionales que puedan verse restringidos por la imposibilidad de acceder a la libreta militar”(32) (resaltados no originales).
5.3. El debido proceso administrativo y su relación con el derecho fundamental al trabajo.
5.3.1. El papel del debido proceso es especialmente relevante, pues no solo cumple con las funciones descritas, sino que se trata de un medio imprescindible para la realización de los demás derechos constitucionales(33).
5.3.2. En particular, se tiene que en el sistema jurídico colombiano la libreta militar constituye un documento esencial para el desarrollo individual de la persona, pues sin él no pueden llevarse a cabo algunos actos públicos o privados propios de la vida en comunidad(34).
5.3.4. De lo anterior, se infiere cómo la definición de la situación militar tiene una incidencia directa para el ejercicio de derechos de rango constitucional como el acceder a cargos públicos (C.P., art. 40) y el trabajo (C.P., arts. 25 y 53).
“se constituye en uno de los primordiales fines de la Carta Política (Preámbulo y arts. 1º, 2º, 25 y 53), poder del cual son titulares todas las personas que comprende, en principio, el acceso y la permanencia en una actividad laboral, puesto que como se ha verificado en la jurisprudencia constitucional, el derecho al trabajo se puede ver amenazado o lesionado de diversas formas, tantas como múltiples resultan ser las variadas facetas del mismo.
(…) El trabajo como derecho, ha precisado esta Corporación, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona, dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía”(35) (énfasis añadido).
6.1. En síntesis, el señor AA instauró acción de tutela contra el Distrito Militar Nº 39 y la Octava Zona de Reclutamiento para que se le permitiera adelantar en físico el trámite para definir su situación militar, dada la imposibilidad de realizarlo mediante el aplicativo web dispuesto para ello. Alega que con la conducta de los accionados se están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. El accionante afirma que el 17 de febrero de dos mil quince (2015) planteó la misma solicitud al Distrito Militar Nº 39, la cual no fue aceptada, indicándole que debía continuar con el trámite de definición de su situación militar.
6.2. Tanto el Distrito Militar Nº 39 como la Octava Zona de Reclutamiento guardaron silencio respecto de los hechos de la acción de tutela. Tampoco el Ejército Nacional de Colombia ni la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional —quienes fueron vinculados en el trámite de la tutela— rindieron informe sobre los hechos del caso.
6.3.2. Además del señalado error lógico, la Sala Civil, Familia y Laboral desconoce el postulado constitucional de la buena fe, el cual presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”(36). Además, aquella se presume, por lo que “solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente”(37), ya que el actuar doloso o fraudulento no puede tan solo afirmarse(38).
6.3.4. Finalmente, el fallo sujeto a revisión señala que el trámite para definir la situación militar fue asignado al Ejército Nacional, por lo que no es factible que el juez de tutela intervenga en la toma de dicha decisión, pues se “resquebrajaría la administración de justicia, dándose paso a que se haga un uso desmedido de la acción constitucional”. Sobre el particular, debe recordar la Sala que en un Estado Social de Derecho, en el que se ha de velar por los derechos fundamentales de todas las personas, no existen instituciones o funcionarios que se puedan sustraer al control de sus actos, razón por la cual todo el aparato estatal debe sujetar su actuación a la Constitución y propugnar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, teniendo los jueces la responsabilidad fundamental de vigilar el cumplimiento de esta máxima(39).
6.4. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si la conducta omisiva de las autoridades militares frente a la imposibilidad del accionante para adelantar los trámites de la definición de su situación militar mediante el aplicativo web dispuesto para ello, vulneran sus derechos fundamentales de derecho de petición (C.P., art. 23) al debido proceso (C.P., art. 29) y al trabajo (C.P., art. 25 y 53).
6.5. Se debe señalar que el estudio del caso se centrará en estos derechos fundamentales pese a que el accionante no alegó la vulneración del derecho fundamental de petición, ya que como lo ha señalado esta Corporación —en relación con facultad de fallar extra y ultra petita—, atendiendo a la efectividad del principio estructural de prevalencia del derecho sustancial, el juez de tutela está investido de la posibilidad de determinar qué derechos fueron los vulnerados, aún si los mismos no fueron expresamente identificados por el demandante pero se desprenden de los hechos(40).
6.6.2. La correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con un caso del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación(41).
6.6.3. Así, en el presente caso se tiene que si bien el accionante no ha podido definir su situación militar, ello no se debe a su negligencia sino que obedece a la imposibilidad fáctica de adelantar el trámite mediante el aplicativo web y la renuencia de las autoridades militares. Por lo tanto, la ratio decidendi de la T-288 de 2010 no es aplicable para la solución del caso, ya que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”(42). En consecuencia, se continuará con el análisis de fondo.
6.7. Tal como aparece consignado en el considerando 1.7 de los hechos de esta sentencia, el 19 de febrero de 2015 el Comandante del Distrito Militar Nº 39 dio respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor AA.
6.7.2. Como fue determinado supra (considerando jurídico 5.1.2.) un derecho de petición debe resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo solicitado.
Por un lado, el accionante solicitaba se le permitiera tramitar en físico la inscripción, dada la imposibilidad de realizar esta etapa mediante el aplicativo web, mas no omitir el procedimiento, tal como concluyó erróneamente al a quo (ver considerando jurídico 6.3.1).
Por su parte, el Comandante del Distrito Militar Nº 39 no dio una respuesta de fondo ni congruente con lo solicitado, por cuanto simplemente indicó —con fundamento en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993— que todo “varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar”, lo cual se realiza a través de la página web www.libretamilitar.mil.co; para concluir que se debía seguir con el trámite de definición de la situación militar.
6.8. Aunado a lo anterior, y tal como se determinó en esta sentencia (considerando jurídico 5.2), los trámites que realicen las autoridades militares de reclutamiento deben observar el respeto por el debido proceso administrativo.
6.8.2. En el presente caso la afirmada vulneración al debido proceso es consecuencia de la implementación de la plataforma web establecida por el Ejército Nacional en desarrollo de lo previsto en el artículo 105 del Decreto-Ley 19 de 2012, el cual dispone que:
“El Ministerio de Defensa Nacional por intermedio del Ejercito Nacional (…) iniciará un servicio en línea que facilite al ciudadano consultar en cualquier momento el estado de su situación militar, así como realizar la inscripción, cancelar el valor de la cuota de compensación militar y la expedición de un certificado que acredite que ya definió su situación militar (…)”. (Resaltados no originales).
6.8.3. En relación con el uso de los avances tecnológicos en el marco de procedimientos judiciales o administrativos, la Corte, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones que establecían formas de notificación electrónica (contenidas en la L. 1437/2011 y en el propio D.L. 19/2012), consideró que su incorporación es válida, siempre que no se pierda de vista el fin que se persigue(43) y cuando tales cambios contribuyan a realizar los principios de publicidad, eficacia y economía establecidos como marco de la función administrativa en el artículo 209 de la Carta(44).
6.8.5. En la situación bajo examen salta a la vista que se ha vulnerado el derecho al debido proceso administrativo del señor AA, pues a pesar de que él manifestara la imposibilidad de culminar el trámite y solicitara una vía alterna para cumplir con su deber constitucional, el Distrito Militar Nº 39 se limitó a indicarle únicamente que debía continuar con el trámite sin brindarle una solución eficaz y adecuada.
6.9. Ligado a lo anterior, se tiene que con la renuencia de las autoridades militares también se ve afectado el derecho al trabajo del señor AA, pues como afirma (supra considerando 1.6 de los hechos) no ha podido conseguir trabajo por no tener definida su situación militar.
En ese sentido, la actuación de las autoridades militares está impidiendo la libertad de elección y el acceso al trabajo, aun cuando su deber como autoridad pública sea el de remover las barreras, adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía (supra considerandos jurídicos 5.2.6 y 5.3.5).
6.10. Hasta este momento se ha determinado que con la actuación de las entidades accionadas se han vulnerado los derechos fundamentales de petición, debido proceso y trabajo del accionante. La anterior situación materializa el desconocimiento de los principios constitucionales en los cuales debe desarrollarse la función administrativa (art. 209 Superior) y de los principios fundamentales consagrados en los artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la Carta Política, puesto que se impide que el actor defina su situación militar en razón a un error de la administración, lo cual se aparta del deber de protección efectiva de los derechos.
6.11.1. Lo anterior tiene fundamento en el principio de efectividad de los derechos fundamentales que vincula a todas las autoridades, por lo cual éstas no pueden dejar a su arbitrio el respeto y protección de aquellos. De no ser así, las relaciones jurídicas entre el Estado y el administrado en ningún caso podrían lograr un equilibrio, lo cual resulta contrario a los postulados básicos de justicia(45).
i. Dictar normas y emitir directrices relacionadas directamente con el buen funcionamiento de sus dependencias administrativas (art. 3º, lit. b).
ii. Dictar las normas y dar las instrucciones para el correcto funcionamiento de los Comandos de Zona y Distritos Militares (art. 4º, lit. d).
iii. Controlar que se defina la situación militar de los ciudadanos en su jurisdicción, de acuerdo con las normas legales vigentes (art. 5º, lit. b).
iv. Dirigir y efectuar la inscripción de los conscriptos de su jurisdicción, para efectos de incorporación y clasificación, y controlar el proceso de incorporación de los conscriptos (art. 6º, lits. a y d).
6.11.3. A la luz de lo expuesto, se tiene que las autoridades militares de los diferentes niveles, en el marco de sus respectivas competencias, tienen un deber de informar —ya sea mediante la expedición de directrices, impartiendo instrucciones o incluso atendiendo directamente a las personas— respecto de todos los asuntos pertinentes para definir la situación militar, y que han sido expuestos a lo largo de esta sentencia (ver especialmente lo señalado en los considerandos jurídicos 4.2 y 4.4).
6.11.5. Si justificadamente no fuera posible continuar con el trámite de la definición de la situación militar mediante el deber de acompañamiento a que hace referencia el numeral anterior, las autoridades militares deben remitir a las personas que no puedan continuar con el trámite, ante los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, los cuales —según el artículo 23 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo Título II fue sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015— “tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación”.
6.12. Por otro lado, llama la atención de la Sala que, como lo manifiesta el accionante y no fue desvirtuado por las autoridades militares, en octubre de 2014 fue retenido por militares de la Octava Brigada que adelantaban una actividad de reclutamiento y posteriormente lo condujeron a las instalaciones del Distrito Militar Nº 39 en Armenia para realizarle los exámenes de aptitud psicofísica (ver nums. 1.1 y 1.2 de los hechos).
En razón de lo anterior, es necesario replicar, a modo de obiter dictum, que esta Corporación mediante la Sentencia T-455 de 07 de julio de 2014 —reiterando la jurisprudencia sentada en las sentencias C-879 de 2011(46) y T-587 de 2013(47)— estableció que
“(…) quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente incorporarlo a filas”(48).
“(…) relativo a aquellos ciudadanos inscritos, que han aprobado las pruebas de aptitud psicofísicas y que luego del sorteo son citados para concentración e incorporación mediante orden individual y concreta, adoptada por la autoridad de reclutamiento y en la cual se identifique plenamente al obligado remiso y se disponga su conducción por patrullas militares. En estos casos, se aceptó que la medida de conducción del remiso era constitucional, en tanto se trataba de una “restricción momentánea de la libertad mientras el remiso se incorpora a filas, que se prolonga durante el término en que es conducido al lugar de concentración e incorporación y, por lo tanto, no configura una detención arbitraria practicada sin previo mandamiento escrito de autoridad judicial competente”. Además, no podía perderse de vista que en estos casos ya se habían cumplido las diversas etapas de la definición de la situación militar y se estaba ante una orden concreta de conducción, bien diferente a las redadas o batidas que son por naturaleza indiscriminadas y tienen por objeto identificar ex post a los remisos, para conducirlos a zonas de concentración. (…) tales batidas o redadas son una modalidad de detención arbitraria incompatible con el artículo 28 C.P.”(49) (énfasis añadido).
Por tal razón, es necesario recordar dicha orden al Ejército Nacional de Colombia-Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas, y prevenirlos para que se abstengan de seguir realizando dichas prácticas inconstitucionales, pues además de las sanciones penales y disciplinarias que podrían conllevar, también pondrían en juego la responsabilidad del Estado tanto a nivel interno —en sede de lo Contencioso Administrativo— como a nivel internacional —ante los organismos regionales o universales de derechos humanos— al contravenir las obligaciones establecidas en diversos instrumentos del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos.
En consecuencia, se ordenará al Ejército Nacional y a la Jefatura de Reclutamiento, Control y Reservas del Ejército - Octava Zona de Reclutamiento - Distrito Militar Nº 39, que si aún no lo hubiere efectuado, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, y en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de esta providencia, que realicen todas las actuaciones necesarias para permitir el registro del señor AA y la continuación en el trámite de la definición de la situación militar, teniendo presente la situación fáctica acreditada por el accionante, por lo que se deben tener en cuenta las normas jurídicas reseñadas, especialmente las relacionadas con las causales de exoneración en la prestación del servicio militar y en el cobro de la cuota de compensación militar, señaladas en los considerandos 4.4.1 y 4.4.2 de esta sentencia.
Adicionalmente, se exhortará al Ejército Nacional y a la Jefatura de Reclutamiento, Control y Reservas del Ejército para que expida las directrices necesarias para que todas las autoridades militares relacionadas con los trámites de definición de la situación militar cumplan los deberes de (i) información, (ii) acompañamiento, y (iii) remisión a que hace alusión el considerando jurídico 6.11 de esta sentencia.
1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Armenia, que resolvió negar la acción de tutela promovida por el señor AA, y en consecuencia, CONCEDER la tutela de sus derechos fundamentales.
2. ORDENAR al Ejército Nacional y a la Jefatura de Reclutamiento, Control y Reservas del Ejército - Octava Zona de Reclutamiento - Distrito Militar Nº 39, que si aún no lo ha hecho, en el término de cinco (5) días hábiles realicen todas las actuaciones necesarias para permitir el registro del señor AA y la continuación en el trámite de la definición de la situación militar, teniendo en cuenta las normas jurídicas relacionadas con las causales de exoneración en la prestación del servicio militar y en el cobro de la cuota de compensación militar.
3. ORDENAR al Ejército Nacional que remita copia de esta providencia a todas las dependencias encargadas de tramitar cualquier tipo de reclutamiento e incorporación con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio.
4. EXHORTAR al Ejército Nacional y a la Jefatura de Reclutamiento, Control y Reservas del Ejército, que en un término no superior a un (1) mes, expidan las directrices necesarias para que todas las autoridades militares relacionadas con los trámites de definición de la situación militar cumplan los deberes de (i) información, (ii) acompañamiento, y (iii) remisión a que hace alusión el considerando jurídico 6.11 de la parte motiva de esta providencia.
1 En adelante también el accionante, el peticionario o el demandante.
2 En adelante también el accionado o el demandado.
3 Sentencia T-039 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, considerando jurídico 2.5.
4 Sentencia T-1083 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, considerando jurídico 4.
5 Sentencias T-699 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, considerando jurídico 28; y T-039 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, considerando jurídico 2.5.
6 Ver —entre otras— las sentencias T-1083 de 2004 (considerando jurídico 2), C-755 de 2008 (considerando jurídico 3.1), T-699 de 2009 (considerando jurídico 22), C-879 de 2011 (considerando jurídico 5), T-603 de 2012 (considerando jurídico 3.1.2 y ss.), T-976 de 2012 (considerando jurídico 4) y T-414 de 2014 (considerando jurídico 4.1).
7 Sentencia T-699 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, considerando jurídico 22.
8 Sentencia T-603 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango, considerando jurídico 3.1.3.
9 Sentencia T-455 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, considerandos jurídicos 3.1 a 3.3.
10 Las sentencias T-1046 de 2003 (considerando jurídico 2.3), T-1083 de 2004 (considerando jurídico 2), T-288 de 2008 (considerando jurídico 3), T-722 de 2010 (considerando jurídico 3.2.2), T-587 de 2013 (considerando jurídico 4.4) y T-774 de 2013 (considerando jurídico 4.4.1), entre otras, se refieren con más detalle a cada una de estas etapas.
11 Como se referirá infra, se tiene que además de las causales allí señaladas existen otras que han sido establecidas por la ley o que provienen directamente del texto constitucional, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional (v.gr. C-728/2009 respecto de la objeción de conciencia). Ejemplo de ello es la Ley 1448 de 2011, que en su artículo 140 establece que las víctimas están exentas de prestar el servicio militar en tiempos de paz.
12 Sentencia T-699 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, considerando jurídico 27.
13 Sentencia T-774 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, considerando jurídico 10.2.
14 Sentencia T-603 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango, considerando jurídico 3.1.4.
15 Sentencia C-755 de 2008, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla, considerando jurídico 3.2.
16 Sentencia T-603 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango, considerando jurídico 3.1.6.
17 Sentencia T-455 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, considerando jurídico 6.5.
18 Artículo 28: “Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto; // b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la perdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación //c) El hijo único hombre o mujer, [de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada separada o madre soltera]; //d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; //e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; //f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; //g) [Los casados que hagan vida conyugal]; //h) Los inhábiles relativos y permanentes; //i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo”. El primer enunciado subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-755 de 2008. La segunda expresión subrayada fue declarada exequible de manera condicionada en la misma sentencia, en el entendido que la exención se extiende a quienes convivan en unión permanente, de acuerdo con la ley.
19 Sentencia T-414 de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas, considerando jurídico 5.8, en cuya nota al pie 34 se cita la Sentencia C-912 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
20 Ídem, considerando jurídico 5.7.
21 Sentencia C-586 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, considerando jurídico 14.
22 Ídem, considerando jurídico 37.
24 A este respecto se reiteran las síntesis jurisprudenciales realizadas en las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, considerando jurídico 4; y T-1089 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, considerando jurídico 4.2.2.
26 Sentencia T-587 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, considerando jurídico 5.1.
27 Sentencias T-1083 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, considerando jurídico 3, y T-722 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, considerando jurídico 3.2.3.1.
28 Sentencia T-1083 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, considerando jurídico 3.
29 Sentencia T-039 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, considerando jurídico 5.
30 Sentencia T-976 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada, considerando jurídico 5.
31 Sentencia T-774 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, considerando jurídico 5.3.
32 Sentencia T-388 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, considerando jurídico 6.
33 Sentencia T-976 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada, considerando jurídico 5.
34 Sentencia T-325 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, considerando jurídico 8.
35 Sentencia T-1083 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, considerando jurídico 2.
36 Sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, considerando jurídico 4.
37 Sentencia C-253 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara, segundo considerando jurídico.
38 Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, considerando jurídico 19.
39 Sentencia T-1046 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, considerando jurídico 2.4.1.
40 Sentencia SU-484 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería, considerando jurídico ii.
41 Sentencia T-1026 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, considerando jurídico 4.
43 Sentencias C-012 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, considerando jurídico 4.2.2, y C-341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, considerando jurídico 5.5.3.
44 Sentencia C-016 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, considerando jurídico 6.1.
45 Sentencia T-1083 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, considerando jurídico 3.
46 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, considerando jurídico 6.
47 M.P. María Victoria Calle Correa, considerandos jurídicos 4.6 y 4.8.
48 Sentencia T-455 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, considerando jurídico 8.4.
49 Ídem, considerando jurídico 8.5.