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Timestamp: 2019-12-14 03:54:41
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Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'Artículo 19', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19']

Por: Ana Cristina Ruelas y Eunice Sánchez
Mesas de trabajo, entre sociedad civil y legisladores para la creación de la iniciativa de Ley General de Transparencia.
Si bien es necesario reconocer la participación del Estado y las acciones que se están llevando a cabo para que estos hechos no se vuelvan a repetir. En un contexto de violencia e impunidad como el mexicano se requieren leyes que protejan los derechos de los ciudadanos, servidores públicos que trabajen en conjunto con la ciudadanía y que no sirvan a otros intereses.
*Texto publicado en Animal Político con fecha del 06 de febrero de 2015
El inicio de un año es sin duda el período perfecto para replantear estrategias y redefinir el rumbo de las políticas públicas en un país. En materia de acceso a la información y libertad de expresión hay –entre muchos otros– dos asuntos pendientes, no solo porque se plantearon como una de las políticas prioritarias del presente gobierno, sino porque la crisis social y política que vivimos a finales del 2014 requiere respuestas inmediatas, una efectiva rendición de cuentas que dé certeza a la sociedad e información plural que abone a un verdadero debate democrático.
Pendiente número 1: aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la información.
A principios de 2014 se aprobó la reforma constitucional de transparencia que gratamente, y después de un largo proceso, culminó con un texto de vanguardia. Pocos son los países en el mundo que cuentan con un reconocimiento tan amplio y acertado del derecho de acceso a la información.
Entre estos avances se destaca la eliminación del régimen de excepción que blindaba a los partidos políticos, a los fondos y fideicomisos públicos y a los sindicados y personas que reciben y ejercen recursos públicos, de otorgar información; se le otorgó autonomía constitucional al IFAI y nuevas facultades que amplían los mecanismos de exigibilidad y garantía del derecho como la facultad de revisión, de atracción y de interposición de acciones de inconstitucionalidad; además se le otorgó el carácter de definitivas e inatacables a sus resoluciones.
Luego, tras un primer intento de parlamento abierto[1], se generó una iniciativa de Ley General que amplía significativamente la protección del derecho de acceso a la información frente al marco normativo actual. Esta iniciativa hace hincapié en la promoción que, los sujetos obligados y los organismos garantes, deben hacer para llegar a poblaciones en situación de vulnerabilidad; elimina toda disposición que criminalice el ejercicio del derecho -como las de halconeo[2]– y; garantiza el derecho a la verdad de la sociedad ante violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad[3].
Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, esta iniciativa representaba un gran avance, pero horas antes de presentarla en el Pleno los Senadores introdujeron una serie de disposiciones que pusieron en riesgo su progresividad[4]: incluyen como causal de reserva de información aquella que pueda dañar la estabilidad económica[5]; imponen sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes que divulguen “indebidamente” información que pueda generar daños o perjuicios a los sujetos obligados[6] y; reconocen la reserva de información sobre infraestructura estratégica de servicios públicos por un tiempo indefinido[7].
La discusión aún no termina y estamos en la cuenta regresiva, este mes debe aprobarse la Ley General para que el Congreso no incurra en omisión. El riesgo que implica la no aprobación de esta iniciativa es grande, pues se puede tirar por la borda lo ganado en la reforma Constitucional y regresar a la inercia que nos dejó la anterior[8], un sistema de acceso a la información asimétrico y organismos garantes “autónomos”[9].
Pendiente número 2: regular la Publicidad Oficial.
Otro tema “prioritario” para nuestro Presidente fue la regulación de la asignación de la pauta publicitaria a los medios de comunicación. Después de las acusaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador respecto a los montos millonarios gastados por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, era necesario hacer una promesa inmediata y contundente a la ciudadanía que supusiera independencia de los medios. Sin embargo, como en muchos otros casos, dicha promesa se quedó en el tintero.
La regulación e publicidad oficial se planteó como uno de los compromisos en el Pacto por México (compromiso 95) y se incluyó en los transitorios de la reforma político – electoral[10] pero nada pasó y ahora pende de la voluntad política para su realización[11].
Mientras, las autoridades federales y locales aprovechan esta falta de regulación para controlar las líneas editoriales de los medios de comunicación. La asignación de publicidad oficial sobre bases partidistas y políticas moldea poderosamente el contenido informativo que reciben las audiencias. Esto limita la posibilidad de generar un debate verdaderamente plural y democrático.
Así, este año representa un gran reto para la libertad de expresion y el derecho a la información y es responsabilidad del Congreso asumirlo.
*Publicado en la edición de febrero de 2015 en Central Municipal.
[1]  Digo intento porque a pesar de que la Iniciativa se generó en conjunto con la sociedad civil y las principales fuerzas políticas, hasta el momento no se ha dado continuidad al proceso de colaboración que permita hablar de una verdadera co-creación. Para hablar de Parlamento Abierto, necesitamos considerar una participación efectiva de la sociedad en el proceso legislativo hasta el momento de aprobación de la ley.
[2]  Comunicado. ARTICLE 19 promueve amparos contra ley de halconeo en Chiapas. Disponible en: http://www.articulo19.org/newsletters/comunicado-article-19-promueve-amparos-contra-ley-de-halconeo-en-chiapas/#sthash.k7D3YVLr.dpuf
[3] Con una ley como esta estaríamos en condiciones de  obtener información sobre las investigaciones de Ayotzinapa o de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas.
[4] En riesgo sistema nacional de transparencia, disponible en: http://www.articulo19.org/en-riesgo-sistema-nacional-de-transparencia/
[5] Todo afecta el valor del dinero, las violaciones a derechos humanos, los escándalos de corrupción, etc.
[6]  Esto inhibe el funcionamiento autónomo del organismo garante y crea una nueva categoría para restringir información además de la reservada o confidencial.
[7]  De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda reserva de información tiene que estar fundada en una ley, ser temporal y ser necesaria para una sociedad democrática.
[8] Desde la reforma Constitucional de transparencia de 2007 la sociedad civil había pugnado por eliminar las asimetrías existentes en la garantía del derecho de acceso a la información entre las entidades federativas a través de una ley general que nunca se aprobó.
[9] El 7 de febrero de 2015 culmina la vacatio legis para la aprobación de la Ley General.
[10] El artículo TERCERO transitorio previó la regulación de publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de 2014.
[11] ARTICLE 19 presentó dos demandas de amparo en contra de la omisión del Congreso de regular publicidad oficial, y a pesar de que en un caso (el otro está pendiente de resolución) el Juez solicitó a las Cámaras pruebas sobre el proceso de discución que la propia Cámara no pudo solventar,el Tribunal Colegiado de Circuito decidió sobreseer el juicio.
Gobierno Abierto de camino al Distrito Federal
La democracia moderna –si existió- está en su peor momento. El esfuerzo internacional de los años 70 por imprimirle un toque de grandilocuencia respecto a las dictaduras y los totalitarismos del Siglo XX terminó por agotar los argumentos de sus más notables seguidores. Lo anterior, por no generar grandes cambios más allá de una elección periódica de nuevos líderes con viejos mandatos contenidos en los partidos políticos, y por la presión del neoliberalismo que ha construido monstruos transnacionales con un poder adquisitivo mayor al de numerosos países del mundo.
La falta de representatividad en las acciones de los congresos locales, nacionales o globales -da igual- y la incapacidad de los políticos para resolver los problemas públicos, nos demuestra constantemente que las decisiones las toman “ciertas” minorías con la limitada acción de las mayorías. Tema viejo.
Por ahí en la nebulosidad conceptual de la democracia, surgen un patrón de conductas aisladas, que parecen unir metas entre sociedad civil, defensores de derechos humanos, gobierno, académicos y otros transeúntes, con varios compromisos en común que suponen algunas prácticas notables en el entorno global: Gobiernos Abiertos. Central Municipal en su número 16 de diciembre del año pasado dedica un buen espacio al acercamiento conceptual.
Un gobierno abierto es ampliamente observado como una característica clave de los marcos legales sobre libertad de expresión, prensa, información y, por supuesto, la probidad de sus servidores públicos. Estos puntos son el cimiento de la confianza pública que requiere un gobierno abierto como principio de acción. El gobierno abierto es un concepto en transición desde los años 70´s –es muy valiente aquél que propone una definición monolítica- pero en esta década ha tenido la venia de los Estados Unidos y como bien sabemos, se vuelve con facilitad parte del ideario político.
Así, desde que Barack Obama impulsó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), nos hemos volcado a su estudio, debate, análisis, latinoamericanización y por supuesto, mexicanización.
Mientras el gobierno abierto se construye conceptualmente, lo estamos implementando por medio de la AGA y queremos probarlo en muchos espacios locales para mejorar nuestra forma de rendir cuentas, transparentar, etc. Lo escribí bien, probarlo.
Considerar un gobierno abierto no implica crear un número determinado de compromisos del gobierno con la sociedad, es una cultura de Estado y una perspectiva de política pública. El gobierno abierto es una práctica social que debe vincular a la sociedad en su conjunto (ONG´s, empresas, personas), y definitivamente no es una dádiva del gobierno.
En los trabajos previos a la Alianza para el Gobierno Abierto, Artículo 19 fue invitado por Presidencia a sentarse con algunos funcionarios de la PGR, la SEDENA y otras instituciones encargadas de la seguridad nacional y pública. La primera crítica de los servidores públicos fue que pensaba que “nosotros” queríamos transparentar las averiguaciones previas y les comentamos que el ejecutivo nos había propuesto un trabajo conjunto, que no veníamos a abrir nada sino a colaborar, pero que tampoco legitimaríamos sus proyectos; ese fue el nivel de desconfianza con el que inició este proceso. Actualmente Artículo 19 tiene dos compromisos clave sobre desaparecidos y detenidos que sin lugar a dudas pueden impactar en una cadena de acciones que mejoren el sistema judicial, pero seguimos trabajándolo con el gobierno federal.
Hace poco se planteó la posibilidad de incorporar al Distrito Federal al proyecto de gobierno abierto, y con todas sus letras, no parece viable, más bien puede ser un nuevo proyecto de simulación con costos para la ciudadanía y sin impacto real.
Hay ideas ciudadanas geniales en el DF, leyes de avanzada, proyectos sin precedentes a escala nacional y global, un posible gobierno electrónico, etc. pero eso, eso no es –ni siquiera- el piso mínimo del gobierno abierto. Un gobierno abierto se debe a la confianza ciudadana, no es opción, es la guía.
Por ejemplo, el DF cuenta con un sistema de información de averiguaciones previas. En éste las víctimas de un delito pueden dar seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público. Tener acceso a un sistema que permita dar seguimiento a tu denuncia, genera confianza en las autoridades y permite mejorar la eficiencia de las instituciones de administración de justicia.
Y podremos estar de acuerdo en lo siguiente. No se genera confianza ciudadana con una adjudicación directa sobre la Supervía Poniente o sin detenciones a altos funcionarios en el News Divine. No se genera confianza ciudadana si en las designaciones públicas de la presidenta de la CDHDF y la Comisionada del INFODF existen dudas considerables sobre los instrumentos técnicos, las calificaciones y la definición del perfil que las hace aptas.
No se genera gobierno abierto si en el espacio público, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y civiles son agredidos en las marchas que se realizan en la Ciudad de México, por parte de la policía del Distrito Federal.
No se construye gobierno abierto mientras tenemos una “Ley –vigente- de Movilidad” con la que hay que avisar 24 horas antes de salir a las calles, no utilizar vías primarias e indicar la finalidad de la manifestación.
Para que exista un gobierno abierto, no sólo debe haber una sociedad civil que coparticipe, sino que debe existir la intención y la voluntad política de cambio cultural. La confianza ciudadana es fundamental.
Es cierto que el gobierno abierto es un laboratorio aún, pero la baja confianza incrementa la pérdida de legitimidad y rompe cualquier canal de interlocución, agregando matices totalitarios o de percepciones de gobierno.
¿Quieren gobierno abierto en el Distrito federal? Generemos una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva de gobierno abierto. La transversalidad del gobierno abierto con indicadores claros puede apoyar la inclusión de las opiniones y la participación ciudadana en el DF y después dialogamos los detalles del principio de gobierno abierto.
Aún en el espacio federal tenemos límites, ¿cómo resolveremos las percepciones limitadas del gobierno del Distrito Federal sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana?
De los 26 compromisos adoptados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto por el gobierno federal, cuatro son los que están aún en mayor rezago. Los tres que están relacionados con la reforma energética y uno sobre seguridad (este compromiso es uno de los más importantes tomando en cuenta el contexto que vivimos), matices políticos que no son casualidad.
Abramos la información sobre los recursos que recibe el metro con el incremento de $3.00 por persona y el uso que se le dan, y después dialogamos sobre lo que podemos co-crear ¿va?
*Publicado en la edición de enero de 2015 de Central Municipal.
Por: Ricardo Luévano (@rickluev) y Marcela Zendejas (@marcezendejas)
La organización ARTÍCULO 19 tiene como mandato la defensa de la Libertad de Expresión, y los actores fundamentales que deben publicitar y socializar la actuación gubernamental son los periodistas y ciudadanos comunicadores en general, por eso hemos facilitado la creación de una red solidaria bajo el nombre de #RompeElMiedo que ha sido activada desde su creación nueve veces.
En caso de activarse el sistema de alerta temprana la red pasa a una segunda fase con el grupo de abogados de ARTÍCULO 19 quienes después de recibir la información confirmada activan la protección legal necesaria para salvaguardar la integridad de los y las detenidas.
Toda la información recibida y confirmada en el centro de monitoreo se vierte en un informe redactado por ARTÍCULO 19 y publicado al cerrar la jornada. En este informe no solo se presentan datos y cifras sino exigencias específicas a las autoridades responsables.
http://guiapublica.articulo19.org/wp-content/uploads/2014/12/Claroscuros-de-la-Ley-de-Transparencia-SD.mp4
Ana Cristina Ruelas de Artículo 19, Gabriela Morales de México Infórmate y Guillermo Noriega de Sonora Ciudadana formaron parte del grupo redactor de la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Conoce los puntos clave, según estos especialistas en transparencia, para comprender la importancia de la Ley General de Transparencia, los avances y los retrocesos en materia de Derecho a la Información.
Después de la inclusión del Colectivo por la Transparencia y México Infórmate en las mesas de redacción de la nueva Ley de Transparencia, los senadores deciden, de último momento, realizar cambios al borrador de la iniciativa sin consultar con la sociedad civil.
Conoce los cambios realizados a la iniciativa y cómo estos pueden afectar tu derecho de acceso a la información.
http://guiapublica.articulo19.org/wp-content/uploads/2014/12/Ley-General-de-Transparencia-¿Opaca-SD-A19.mp4
Artículo 19, como parte de las organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), ha coordinado las mesas de “Seguridad y justicia” que generaron dos compromisos sobre «la funcionalidad y utilidad de la base de datos de desaparecidos» y un «Sistema de búsqueda y localizaciones de detenidos en tiempo real». Ambas plataformas nos darán elementos de control sobre el Estado y plantearán nuevas categorías de rendición de cuentas ciudadanas, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, existe mucha resistencia para cumplir con estos compromisos, son los únicos dos del Plan de Acción 2013 – 2015 de los que no se ha firmado un plan de trabajo.
El contexto nacional requiere acciones inmediatas por parte del gobierno. La crisis de inseguridad y la falta de legitimidad de las instituciones derivado de una flagrante corrupción han puesto al país en el reflector. Durante el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, un grupo de organizaciones de 18 países exigieron a México, como Presidente de esta iniciativa, que fungiera como ejemplo y garantice verdad, justicia y rendición de cuentas ante los hechos ocurridos en los últimos meses en el país[1].
La violencia no ha cesado desde el sexenio pasado. Sin embargo, la percepción al exterior del nuevo gobierno era positiva; en poco tiempo, se lograron las “reformas estructurales”. Pero 22 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya y 43 desapariciones forzadas en Iguala fueron suficientes para romper esta idea. México sigue enrolado en una “guerra” y, en 2014, van más de 5 mil desaparecidos[2].
Por su parte, en el marco de una serie de protestas y reclamos sociales por los hechos antes mencionados, se hace pública una investigación sobre un inmueble en posesión de la familia presidencial valuado en 7 millones de pesos cuyo propietario legal está ligado al consorcio de empresas a quienes se les asignó originalmente la licitación del tren de alta velocidad México – Querétaro y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México ganó diversas licitaciones y adjudicaciones de obras públicas. Tras las presiones de la sociedad, la Primera Dama salió a justificar la propiedad de la casa y el Presidente hizo pública su declaración patrimonial[3] la cual sigue sin mostrar el precio real de los bienes y el patrimonio de su esposa situación que, nuevamente, advierte sobre el nivel de opacidad y corrupción que permean el sistema.
México no es un gobierno abierto y es necesario decirlo con todas sus letras, el cumplimiento de un plan de acción no es suficiente para hablar de rendición de cuentas y muchos menos de una verdadera relación gobierno – sociedad.
*Publicado en Alto Parlante de Animal Político el 21 de noviembre de 2014
[1] http://www.articulo19.org/gobierno-mexicano-debe-comprometerse-con-la-justicia-social-para-considerarse-gobierno-abierto/
[2] http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/estadfc112014
[3] Vale la pena destacar que el enero de 2013, el Presidente ya había hecho pública una declaración patrimonial en la que se omitía el valor de los bienes (ver: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/16/pena-nieto-publica-su-declaracion-patrimonial-sin-el-valor-de-los-bienes)
Libertad de expresión y agua. Interpretaciones desde lo local.
El tema del agua y el saneamiento sufre censura, persecución y opacidad en materia de libertad de expresión. Las interpretaciones locales en proyectos como hidroeléctricas, fracking, rellenos sanitarios, acueductos, minas, etc. no tienen ninguna propuesta de consulta popular más allá de la típica simulación gubernamental, y en sentido contrario, las personas que cuestionan o se manifiestan contra algún megaproyecto son encarceladas, amenazadas o por medio de instancias legales acusadas de difamación.
Ni todos, ni siempre son los mismos escenarios en la libertad de expresión y el agua, por eso las experiencias municipales deben deconstruir nuestra visión de lo nacional y no viceversa.
En el análisis de la política pública hay un caso icónico para hablar del diseño de políticas o programas públicos. En una comunidad aislada, el gobierno envía a sus evaluadores y regresan con importante información y diagnóstico: “Mujeres caminan 20 kilometros diarios cada mañana para ir por agua y llevarla a sus casas; aproximadamente 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Después deben preparar alimentos y atender a las familias; el cansancio en la mirada de las mujeres es brutal, no parecen empoderadas y se les observa tímidas. Es fundamental hacer algo”.
El agua es un derecho humano responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno.(Imágen tomada y modificada de VeoVerde).
Acto-consecuencia: los expertos miden la caída del agua, colocan algunas bombas, instalan tubería de PVC y protegen los acabados con varios tramos de ladrillo y concreto. El presidente municipal y diversos secretarios de la entidad se toman la foto; hay sonrisas de los niños abriendo las llaves con tarjas de concreto, tazas de barro, cámaras y encabezados en los dos periódicos locales. Todos a sus casas, una obra social sin precedentes.
Por ahí unos meses después, evaluadores de la felicidad, vuelven a la comunidad para medir el nivel de desarrollo y alegría en el espacio local. La sorpresa: el material está roto y sin uso alguno. ¿Qué pasó? ¿Terrorismo? ¿Anarquía? ¿Otro partido político se robó las bombas de agua? No.
Las mujeres rompieron las tuberías porqué a los brillantes evaluadores no se les ocurrió preguntar ¿Cuál es el problema de la comunidad? Para empezar ¿Tienen problemas?
Decidieron considerar que la distancia era el problema. Si hubieran analizado el contexto con perspectiva de género, habrían entendido que ese espacio era único para las mujeres, que caminar les brindaba una rutina casi secreta con la que podían aislarse de la típica sumisión patriarcal y un espacio de chismorreo, que ya quisiéramos un martes a las 9:00 a.m.
Claro que tenían problemas, pero no el de la distancia. Enseñarles a sembrar nuevos frutos, darles elementos para hacer inocua el agua o limpiar de escombros uno de los caminos principales a otra de las poblaciones era una solución ¿El problema? El gobierno no conoce los problemas públicos, no consulta, y no diseña de forma adecuada el uso de los recursos públicos.
En el caso de la hidroeléctrica “El Cajón” –megaproyecto del sexenio de Vicente Fox- realizada por la Comisión Federal de Electricidad sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Si hubieran existido los Principios relativos a la libertad de expresión y a los derechos al agua y al saneamiento, hubieran ignorado cada uno de los quince.
“Los ciruelos” era una comunidad de personas que vivían de la cosecha por la que tomó el nombre; el embalse de la hidroeléctrica o la cortina de concreto que impide el paso del agua del rio, inundó grandes extensiones al subir el agua incluyendo esta comunidad. La CFE construyó por medio de Ingenieros Civiles Asociados casas en un espacio cercano, una cancha de futbol cerca de un desfiladero, y les pagó –en algunos casos- $200.00 pesos por cada árbol frutal y $1,200.00 por la cosecha.
La comunidad nunca estuvo de acuerdo con la obra -ahora menos- ya que la ciruela no se da en ese lugar, por lo que la gente ha tenido que migrar a la ciudad a buscar empleo; ellos en los supermercados, como boleadores de zapatos o cargadores; ellas como vendedoras de artesanía y servicio doméstico. Por el nivel del agua que sube considerablemente cada temporada de lluvia, los animales se mezclan con la comunidad reubicada y los insectos han generado enfermedades. Lo anterior podría haberse evitado si se hubiera creado un análisis adecuado del entorno y del impacto social de la obra sexenal.
Mario Luna, vocero de la tribu yaqui detenido por la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora. (Ilustración tomada de Radio Indígena)
En otro caso emblemático y de clara persecución de gobierno para limitar la libertad de expresión en el tema del agua. Mario Luna de la tribu Yaqui representante del pueblo de Vícam fue detenido el 11 de septiembre de 2014 por integrantes –supuestamente- de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora, acusándolo de crímenes que en la declaración de los testigos se observan claras contradicciones; con ello pretenden mermar la lucha de la tribu yaqui para impedir que el Acueducto Independencia desvíe las aguas que reconoció como suyas Lázaro Cárdenas en 1940 tras una larga guerra, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado una resolución a favor del pueblo Yaqui y han sido violados diversos acuerdos internacionales en la materia.La región sur sureste del país alberga cerca del 35% de las reservas naturales de agua dulce de todo México, de hecho el sistema hidráulico Grijalva-Usumacinta tiene el mayor afluente del territorio nacional. En la capital de Chiapas, el vertedero de basura de Tuxtla Gutiérrez colinda con un predio particular que acusa a la empresa Proactiva de no contener los estándares adecuados para la protección del ambiente y el agua de la zona. También señala que la empresa encargada de la recolección de la basura contamina diversos afluentes como El Lacandón, Suchiapa, Grijalva y Santo Domingo. Héctor Montesinos Cano, -habitante del ejido y activista ambiental- describe que la contaminación proviene de los lixiviados y de los escurrimientos, porque todo el jugo de la basura que contiene metales pesados como pilas y fierros han creado ríos insalubres de olores fétidos que no pueden usarse más. La respuesta de la empresa fue una demanda millonaria a Héctor Montesinos por difamación, acompañada de la indiferencia del gobierno del estado de Chiapas.
En contexto, el suministro de agua potable y la disposición de medios de saneamiento para la población, contribuyen a disminuir la condición de pobreza, proporcionar un crecimiento en el bienestar social y lograr el desarrollo de las comunidades, además de ser un derecho universal que se debe garantizar a la población, pero la falta de consulta para describir y trazar una ruta en la política pública de las acciones de gobierno que tienen que ver con este tipo de proyectos sólo trazan el camino a la inconformidad y la protesta.
Las acciones sociales y colectivas son fundamentales para expresar nuestro derecho a ser escuchados sin embargo los gobiernos reprimen, encarcelan, ignoran e inmovilizan, para tener acceso a adjudicaciones directas o procesos de selección simulados que les reditúan grandes cantidades de dinero.
Debemos discutir con mayor precisión la relación positiva y la importancia entre el derecho a la libertad de expresión e información (libertad de expresión) y los derechos al agua y al saneamiento, de no ser así, no sólo tendremos sed y enfermedades, también viviremos en la ignorancia, el silencio y la opacidad.
*Texto publicado en la edición de noviembre de 2014 de la revista Central Municipal.