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Timestamp: 2019-05-21 14:43:33
Document Index: 102035298

Matched Legal Cases: ['artículo 206', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 5']

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICO CRIMINAL, CELEBRADA EN BARCELONA LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2013
Escrito por Grupo de Estudios Política Criminal en 10 Mayo 2013 .
A las 17,00 horas del viernes 10 de mayo de 2013, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona da comienzo, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Grupo de Estudios de Política Criminal, con la asistencia de los siguientes miembros: Teresa Rodríguez Montañés, María Luisa Cuerda Arnau, José Ricardo de Prada Solaesa, Eduardo Navarro Blasco, María Calvo López, Beatríz López Pesquera, Yolanda Rueda Soriano, Norbero de la Mata Barranco, Silvia López Ubieto, Lourdes García Ortíz, Victor Gómez Martín, Patricia Faraldo Cabana, Eduardo Ramón Ribas, Joan J. Queralt Jiménez, Elisa García España, Anabel Cerezo Domínguez, Miguel Abel Souto, Lorenzo Morillas Cueva, Ignacio Benítez Ortuzar, José Manuel Palma Herrera, Mª José Rodríguez Puerta, Antonio Doval Pais, Dulce Mª Santana Vega, Juan Carlos Carbonell Mateu, Xermán Varela Castejón, Urko Giménez Ortiz de Zárate, Mercedes García Arán, Ramiro García de Dios Ferreiro, Ramón Saez Varcarcel, José Luis Ramírez Ortíz, actuando como Secretario de la misma José María Suárez López, con arreglo al siguiente:
Discusión de los documentos presentados por las subcomisiones encargadas de elaborar una propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal de regulación del indulto, la prescripción, las dilaciones indebidas y la conformidad.
Discusión y aprobación, en su caso, de un comunicado sobre corrupción.
La Junta Directiva, tras agradecer al Prof. Queralt Jiménez su más que intensa colaboración en la celebración de esta Asamblea General en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona informa de los siguientes asuntos de interés de la vida asociativa:
-De la nueva web, que se presenta detallando algunos aspectos básicos de su funcionamiento.
-De la dimisión como tesorera, al resultarle imposible continuar con su labor por haber sido nombrada Defensora Universitaria por la Universidad de Cádiz, de la Profa. María Acale Sánchez y tras agradecerle su dedicación al Grupo, valora su sustitución y se propone que se reincorpore a la Junta Directiva la anterior Tesorera, Dña. María Luisa Cuerda Arnau, dada su indudable experiencia en la materia y generosa dedicación. La Profa. Cuerda Arnau acepta dicha petición, incorporándose nuevamente a la Junta como tesorera, lo que es aprobado por asentimiento.
Miguel Ángel Cano Paños.
Urko Giménez de Zárate.
Juan José González Rus.
María I. González Tapia.
Beatriz López Pesquera.
Ángela Matallín Evangelio.
David Morillas Fernández.
Eduardo Navarro Blasco.
José Manuel Palma Herrera.
Fátima Pérez Ferrer.
Ana I. Pérez Machio.
4. Discusión de los documentos presentados por las subcomisiones encargadas de elaborar una propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal de regulación del indulto, la prescripción, las dilaciones indebidas y la conformidad.
Se discute la propuesta de regulación del indulto presentada por la subcomisión integrada por: Antonio Doval País, Miguel Abel Souto, Dulce Santana Vega yNekane San Miguel Bergaretxe y se acuerda aprobar el texto que como anexo I se incorpora a este acta.
5. Discusión y aprobación, en su caso, de un comunicado sobre corrupción.
Se discute el comunicado sobre corrupción elaborado por el Prof. Queralt Jiménez aprobándose el texto que como anexo II se incorpora a este acta.
Se plantea la posibilidad de elaborar un comunicado sobre aborto y se acuerda que el Prof. Carbonell Mateu lo prepare y remita a la Junta Directiva.
ANEXO I. PROPUESTA ALTERNATIVA DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO (PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA).
«Se propone una nueva ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto con el siguiente articulado:
El indulto es un instituto excepcional para la extinción o aminoración de la responsabilidad criminal aplicable exclusivamente en alguna de las siguientes situaciones:
b. Cuando concurran en los penados las circunstancias a las que se refiere el artículo 206 del Reglamento Penitenciario.
No se exige que las personas interesadas se hallen a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena -como requiere el vigente art. 2.2 de la ley de indulto-. Si el indulto responde a razones de necesidad de pena, el que la persona penada se halle o no a disposición del juzgador es, en principio, indiferente para su concesión. Además, una previsión tal puede resultar en ocasiones demasiado restrictiva. Si en algún caso extraordinario se considerase fundamental tal situación del condenado, el órgano sentenciador —en cuyas manos está la iniciativa o el impulso de la solicitud— no instará el indulto.
Se formula más correctamente la referencia del actual art. 6 párrafo dos a la “indemnización civil”. Dada la naturaleza de la responsabilidad civil, su causa, el daño objetivo, no desaparecería a pesar de las razones para conceder el indulto. Se ha considerado conveniente mencionar otros efectos de la condena que han de quedar excluidos del indulto con el objeto de evitar posibles extralimitaciones.
Artículo 4. Irrevocabilidad.
La resolución firme de concesión del indulto es irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubiere sido otorgado.
En coherencia con lo previsto en el art. 1. b. Razones de coherencia sistemática aconsejan la mención expresa aquí de este supuesto.
2. En el momento en que se dé inicio a la tramitación de la solicitud de indulto en los casos a los que se refiere el artículo 5.1, el órgano sentenciador valorará si el cumplimiento de la pena puede hacer ilusoria la finalidad del indulto, pudiendo en tal caso suspender la ejecución hasta tanto se conozca la resolución sobre el indulto.
Sin embargo, y en términos cercanos a la formulación contenida en el art. 4.4 párrafo segundo del código penal, se puede suspender la ejecución de la pena hasta que se resuelva sobre el indulto. No procede incluir la variante contemplada en el art. 4.4 párrafo primero del código penal.
A este informe se acompañarán otros documentos que se consideren pertinentes y, en todo caso, el informe del ministerio fiscal.
2. La resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud deberá dictarse en el plazo máximo de 6 meses. Transcurrido este plazo sin que se hubiese dictado resolución alguna, el órgano jurisdiccional correspondiente se dirigirá al gobierno para advertir de que en el plazo de 6 meses se entenderá concedido el indulto, con arreglo a esta ley.
Aunque ello no se compadece bien con el sentido tradicional de la gracia, debe limitarse la facultad de disposición del Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta que en esta Propuesta se limitan las causas de solicitud de los indultos a las previstas en los arts. 4.3 del código penal y 206 del Reglamento penitenciario, la valoración del gobierno debe ceñirse a las consideraciones que figuran en el informe y otros documentos remitidos por el órgano jurisdiccional.
También es conveniente contar con un plazo para la resolución. Este plazo es el que se ha considerado que rige en la actualidad, tras la Ley 4/1999, DT 1ª, que modificó el art. 42 de la Ley 30/1992.
Por último, se considera conveniente aclarar el sentido positivo del silencio, después del transcurso de un año desde la solicitud.
Artículo 9. Forma y contenido de la resolución.
La resolución que conceda o deniegue el indulto se recogerá íntegramente en un Real Decreto que se insertará en el Boletín Oficial del Estado.
Dicha resolución deberá expresar el nombre y sexo de la persona interesada; el año de los hechos; la fecha de la sentencia; el órgano sentenciador; el título de responsabilidad (autoría o participación, especificando su clase); los delitos o faltas cometidos (con expresión de la figura típica concreta); el grado de su ejecución; la clase de penas impuestas (principales y accesorias) y su duración; la clase de indulto (total o parcial) solicitado y, en su caso, concedido; la pena o las penas afectadas, en su caso, por el indulto concedido; la extensión del indulto parcial y la pena resultante; la satisfacción de la responsabilidad civil; el motivo que justifique la concesión o la denegación del indulto; y el ministro firmante.
Gran parte de los contenidos que debe tener la resolución ya se suele recoger en los decretos de concesión de los indultos. Sin embargo, dada la irregularidad y generalidad que se observa en su plasmación, es conveniente exigirlo con este detalle para facilitar el control de su uso así como para detectar posibles problemas en su aplicación.
Las resoluciones del Consejo de Ministros resolviendo sobre la solicitud de indulto únicamente podrán ser recurridas por la persona interesada y por el ministerio fiscal ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que podrá entender solo de las cuestiones procedimentales.
El control del Real Decreto, como acto administrativo que mayoritariamente se considera que es, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Al tratarse de un acto del Consejo de Ministros, deberá conocer la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (art. 58.1 LOPJ).
Artículo 11. Aplicación del indulto.
La aplicación del indulto corresponderá al órgano sentenciador definido en el artículo 5.1.
Es razonable que las diligencias de declaración de la extinción o modificación de la condena correspondan al órgano sentenciador, como ya prevé el art. 31 de la vigente ley.
También a él deberá corresponder la decisión sobre la sustitución o suspensión de la ejecución de la pena de prisión que pueda considerarse a partir de la concesión de un indulto parcial, así como las decisiones de régimen penitenciario correspondientes en el caso del indulto por la vía del art. 206 del Reglamento penitenciario.
1. Anualmente, el Ministerio de Justicia presentará ante el Congreso de los Diputados una memoria sobre las concesiones y denegaciones de indultos.
2. La memoria, que será publicada, deberá recoger de forma agregada, al menos, los datos sobre las solicitudes de indultos; sus motivos; el número de indultos denegados y concedidos expresados por clases concretas de delitos; los motivos de unos y otros; el porcentaje que representan los indultos concedidos sobre el total de personas penadas; y la clase de penas indultadas.
La falta de datos oficiales sobre las concesiones y denegaciones de indultos ha impedido hasta la fecha tanto su debido control como la constatación de los problemas que pueda presentar la ley penal.
La presentación de una memoria exhaustiva individualizada podría llegar a dificultar la visión de datos de conjunto. Por ello se incluye la referencia a que los datos se presenten de una forma agregada.
Los indultos concedidos se inscribirán como nota marginal en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.
Aunque los indultos concedidos se publiquen, se considera conveniente contar con este registro para reunir toda la información relevante en relación con las condenas.
Se deroga la Ley provisional de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero por la que se modifica la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto; el art. 6.1 del RD 1879/1994, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e interior; la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de septiembre de 1993 por la que se dan instrucciones sobre la tramitación de solicitudes de indultos; y cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en la presente ley».
ANEXO II. COMUNICADO SOBRE CORRUPCIÓN. (PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA)
«La realidad de la corrupción se ha materializado con toda su crudeza en España en relativamente muy poco tiempo. Junto al número de procesos abiertos, más de 1600 y unos 1000 funcionarios y altos cargos encausados, la percepción social de la corrupción, transitada casi a diario gracias a los medios de comunicación, la ha llevado en el último barómetro del CIS a la segunda preocupación de los españoles. Lugar que se equipararía con el primero, el paro, si a la corrupción sumamos la desvaloración de los políticos y las instituciones públicas, desvaloración radical en gran medida proveniente de la propia corrupción.
La avalancha de eventos que cada día conocemos y el relato de los avatares políticos y judiciales de los casos denunciados generan, además, gran inquietud, cuando no abierto escepticismo en la ciudadanía. En efecto, pese al tiempo trascurrido desde que algunos asuntos fueron descubiertos y judicializados, distan, en buena medida, de ser resueltos por las instancias judiciales. Instancias judiciales que se ven forzadas a tomar cartas en el asunto, ante las denuncias públicas y privadas, porque las instancias políticas y de control se manifiestan muy pasivas o ineficaces para depurar los casos de corrupción. Ni existen estrictos códigos de buenas prácticas en partidos y administraciones ni los órganos constitucionales llamados al control de las cuentas públicas ejercen en tiempo y forma sus competencias.
No debe pensarse, con todo, que la lentitud de la lucha contra la corrupción se debe a una falta de previsiones legislativas. Al contrario, al menos en el terreno jurídico-penal (no así en el preventivo, político y contable), las previsiones del Derecho sustantivo y procesal son razonables, como han puesto de manifiesto diversos informes de entes internacionales que han fiscalizado nuestra realidad. Lo que presenta graves deficiencias es la implementación de estas medidas.
En efecto, al margen de una concepción trasnochada de la competencia judicial, basada en esencia en la competencia territorial y no en otras de carácter cualitativo, lo cierto es que los jueces y fiscales, principalmente, en fase de instrucción, carecen de apoyo personal y material mínimo necesario para llevar a cabo su función de determinar la existencia de los delitos que se hayan producido y de identificar indiciariamente los presuntos responsables. A ello se ha añadido en los últimos tiempo la reducción y/o supresión de unidades policiales y de la Hacienda pública destinadas de modo permanente al auxilio judicial en este ámbito.
La complejidad de estos asuntos comporta manejar volúmenes ingentes de documentación y sus correspondientes análisis, en especial contables y fiscales; ello requiere una preparación específica y una dedicación preferente, cuando no absoluta, de jueces y fiscales a estas tareas. Contrariamente a estas necesidades evidentes, se acaban de suprimir por ley el actual sistema de refuerzos judiciales, que permitía la asignación monográfica de jueces y fiscales a estas labores. Los magistrados suplentes y sustitutos se han reducido legalmente en un 80%. Ahora, en la mayor parte de casos, los jueces deben sustituir legalmente a otros jueces, asumiendo, así doble carga de trabajo.
Todo ello favorece una fuente material de impunidad al dificultar sobre manera la adecuada y profunda investigación que la corrupción requiere. Si a ello se añade un número inusitado de indultos a condenados por delitos relacionados con al corrupción el panorama no puede ser más desalentador. Finalmente, la resistencia de los cargos políticos implicados que se niegan a presentar su dimisión, como muy pronto, hasta la apertura de juicio oral, esgrimen tergiversándola la presunción de inocencia y aluden, sea cual sea su color político, la existencia de conspiraciones en su contra, no hacen más que, de nuevo, dificultar la acción de la justicia y exacerbar los ánimos de la ciudadanía.
Conviene, en fin, hacer llegar a la opinión pública nuestra alarma por la paupérrima situación de medios en la lucha contra la corrupción. Pobreza institucional que no puede entenderse bajo ningún concepto como fruto del hacer de una herencia recibida».