Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-947-de-diciembre-18-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f356a9f37b8e02cee0430a01015102ce&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 14:35:51
Document Index: 395910509

Matched Legal Cases: ['artículo 433', 'artículo 478', 'artículo 353', 'artículo 373', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 353', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 376', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 4', 'artículo 435', 'artículo 55', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 416', 'artículo 2']

﻿ Sentencia T-947 de diciembre 18 de 2013
SENTENCIA T-947 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL-NO SUSCEPTIBLE DE AMPARO MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE HA CONSUMADO DAÑO SOBRE ESTE. EL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL ES UNA GARANTÍA FUNDAMENTAL QUE HA SIDO CALIFICADA POR ESTA CORPORACIÓN COMO UN DERECHO SUBJETIVO, DE CARÁCTER VOLUNTARIO, RELACIONAL E INSTRUMENTAL, EL CUAL NO SE AGOTA EN LA POSIBILIDAD DE CREAR ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES O EMPLEADORES, SINO QUE COMPORTA TAMBIÉN EL DERECHO DE VINCULACIÓN A ORGANIZACIONES QUE REPRESENTEN E INTERPRETEN LOS DERECHOS Y LOS INTERESES DE CADA INDIVIDUO. ADICIONALMENTE, SU REAL Y EFECTIVO EJERCICIO, SE MATERIALIZA A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO, INSTRUMENTO PARA CONCRETAR LA PAZ EN EL ÁMBITO LABORAL POR MEDIO DE UN ACUERDONO OBSTANTE, SIENDO ESTE UNA GARANTÍA FUNDAMENTAL, NO ES SUSCEPTIBLE DE LA TUTELA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL, EN EL MOMENTO EN QUE SE CONSUMA SU VULNERACIÓN, DADO EL CARÁCTER PREVENTIVO Y NO INDEMNIZABLE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA, LO QUE NO IMPLICA QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO REACCIONE MEDIANTE OTROS MEDIOS PARA SU POSTERIOR RESTABLECIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, EMPLEADOR, DERECHO DE SINDICALIZACIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, CONVENCIÓN COLECTIVA, SINDICATO, OIT, RECOMENDACIONES DE LA OIT, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-947 de diciembre 18 de 2013
Ref.: Expediente T-4018024
Acción de tutela interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa General Motors Colmotores S.A. Sintragmcol contra General Motors Colmotores S.A. y el Ministerio de Trabajo
Bogotá, D.C., diciembre dieciocho de dos mil trece.
En la revisión del fallo dictado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, en la acción de tutela incoada por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa General Motors Colmotores S.A. Sintragmcol contra General Motors Colmotores S.A. y el Ministerio de Trabajo.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión de la mencionada corporación, de acuerdo con los artículos 86 inciso 2º de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. En agosto 29 de 2013 la Sala Octava de Selección lo escogió para revisión.
En marzo 14 de 2013, mediante apoderada, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa General Motors Colmotores S.A. Sintragmcol (en adelante el sindicato) promovió acción de tutela contra General Motors Colmotores S.A. (en adelante la empresa) y el Ministerio de Trabajo (en adelante el Ministerio), argumentando violación a sus derechos fundamentales de asociación sindical, debido proceso y negociación colectiva (fl. 1, cdno. inicial), la empresa por haberle negado el trámite del pliego de peticiones presentado en marzo 12 de 2012, y el Ministerio por haberla absuelto en la Resolución 1438 de septiembre 12 de 2012.
1. Sintragmcol es una organización sindical de primer grado y de empresa legalmente registrada y constituida ante el Ministerio de Trabajo (fl. 1, ib.).
2. En marzo 12 de 2012, previa aprobación por la asamblea del sindicato, esta organización presentó a la empresa el pliego de peticiones.
3. En marzo 13 de 2012 la empresa devolvió al sindicato el pliego de peticiones, expresando su negativa a iniciar las conversaciones, argumentando la existencia de un pacto colectivo de trabajo vigente hasta abril 30 de 2013 y una convención colectiva de trabajo vigente hasta junio 24 de 2013.
4. Ante lo anterior, en marzo 28 de 2012 el sindicato presentó ante el Ministerio de Trabajo querella administrativa contra la empresa.
5. Mediante Resolución 1438 de septiembre 12 de 2012 el Ministerio absolvió a la empresa por estimar que no incurrió en violación del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo al no iniciar las negociaciones con el sindicato.
6. Interpuesto por el sindicato recurso de reposición contra este acto administrativo, mediante Resolución 99 de febrero 11 de 2013 el ministerio confirmó aquella resolución, por encontrar que entre la empresa y el sindicato Sintraime estaba vigente una convención colectiva de trabajo que no había sido denunciada y de la cual eran beneficiaros los afiliados a Sintragmcol, y también que existía un pacto colectivo de trabajo celebrado entre la empresa y los empleados no sindicalizados.
7. Concedido el recurso de apelación, mediante resolución 188 de febrero 28 de 2013 el ministerio confirmó la resolución impugnada, por las mismas razones.
8. Las citadas resoluciones 1438 (sep. 12/2012), 99 (feb. 11/2013) y 188 (feb. 28/2013), contradicen el Concepto 93994 de abril 5 de 2011 emitido por el Ministerio de Trabajo, respecto de la viabilidad de que en una misma empresa se apliquen simultáneamente dos convenciones colectivas de trabajo.
Con base en lo anterior afirma que el sindicato accionante está facultado por la ley para presentar pliego de peticiones, por lo que solicita al juez constitucional, i) revocar la Resolución 1438 de septiembre 12 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo, y ii) ordenar a la empresa General Motors Colmotores S.A. iniciar la negociación del pliego de peticiones presentado por el sindicato, en un término no mayor a las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo.
En marzo 21 de 2012, la accionada General Motors Colmotores S.A. se opuso a las pretensiones de la tutela y manifestó que en la empresa está vigente una convención colectiva de trabajo con Sintraime(1), así como un pacto colectivo de trabajo celebrado con los empleados no sindicalizados, instrumentos de los cuales son beneficiaros quienes se afiliaron a Sintragmcol. Por lo anterior considera irregular la presentación del pliego de peticiones por parte de este sindicato, a cuyos miembros ningún perjuicio se está causando.
Expresó que no es posible la coexistencia de dos o más convenciones colectivas de trabajo en una misma empresa y que, para la fecha de estos descargos, ya se había celebrado un nuevo pacto colectivo de trabajo con los empleados no sindicalizados y se estaba negociando una nueva convención colectiva con los sindicalizados, a la cual se invitó a Sintraime (fls. 40 a 47, ib.).
Aportó copia del Concepto 192568 de diciembre 10 de 2012 del Ministerio de Trabajo, en el cual se afirma que ”si en una empresa o entidad se encuentra vigente una convención colectiva de trabajo, únicamente será posible adelantar la negociación de un nuevo pliego de peticiones con el mismo sindicato o sindicatos que la suscribieron, o con otra organización sindical, cuando la convención se haya denunciado dentro de los términos que contempla el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, dentro de los sesenta (60) días anteriores a la expiración de su vigencia” (fl. 56, ib.).
Adjuntó fotocopia del pliego de peticiones presentado por Sintragmcol (fls. 79 a 118, ib.), de la vigésima quinta convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y Sintraime (fls. 120 a 169, ib.) y del quinto pacto colectivo de los trabajadores de GM Colmotores S.A. 2011-2013 (fls. 171 a 218, ib.).
En marzo 22 de 2012, a través del director territorial de Cundinamarca, el accionado Ministerio de Trabajo expresó que “si bien es cierto que Sintragmcol tiene derecho a presentar pliego de peticiones a la empresa GM Colmotores … no es menos cierto que esta atribución no es absoluta, por cuanto deben respetarse ciertas reglas a la hora de presentar pliego de peticiones estando vigente una convención colectiva” (fl. 228).
Mediante fallo de abril 5 de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, protegió los derechos al debido proceso y a la negociación colectiva del sindicato, ordenando a la empresa iniciar la negociación del pliego de peticiones presentado por Sintragmcol, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esa decisión, mientras que negó la solicitud de revocatoria de la Resolución 1438 (sep. 12/2012) proferida por el Ministerio de Trabajo, por considerar que tal decisión debe ser adoptada por la autoridad judicial previo el trámite ante la jurisdicción contencioso administrativa (fls. 240 a 249, ib.).
Soportó su decisión contra la empresa en jurisprudencia de esta Corte, según la cual no solo es posible la coexistencia de sindicatos en una misma empresa sino también la vigencia de varias convenciones colectivas de trabajo en la misma entidad. Citó para el efecto la Sentencia T-251 de abril 16 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), en la cual se mencionan las decisiones contenidas en los fallos C-063 de enero 30 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-797 de junio 29 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y C-567 de mayo 17 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), todos de la Corte Constitucional.
Ahondó su exposición expresando: “Decretada la inexequibilidad del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la posibilidad de la coexistencia de más de un sindicato en la misma empresa y por consiguiente con fundamento en el numeral 3º del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo la facultad de celebrar convenciones colectivas lo que genera también la posibilidad de que exista el mismo número de convenciones colectivas de trabajo y que los mismos sindicatos también presenten pliegos de peticiones, los cuales contrario a lo sostenido por el Ministerio de Trabajo no necesariamente deben coincidir en las etapas de negociación pues no existe norma alguna que así lo exija reclamándose así un requisito inexistente, el cual atenta directamente contra el derecho a la negociación colectiva de que goza todo organismo sindical” (fl. 246, ib.).
También argumentó la existencia de un perjuicio irremediable en cabeza del sindicato, para lo cual citó la Sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) de esta Corte.
Inconforme con la determinación, en abril 11 de 2013 la empresa accionada impugnó la decisión de primera instancia, argumentando que resulta contradictorio mantener la firmeza de la Resolución 1438 (sep. 12/2012) y a la vez ordenar a la empresa iniciar conversaciones con el sindicato, pues lo decidido por el acto administrativo ratifica que la conducta de la empresa se ciñó a la legislación vigente.
Refuerza este argumento con la sentencia de junio 5 de 2012, radicación 42.225 de la Corte Suprema de Justicia (M.P. Camilo Tarquino Gallego), de la que extrae el argumento según el cual el Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa laboral, es competente para exonerar a una empresa de negociar el pliego de peticiones presentado por un sindicato.
Afirma que, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 904 de 1951, “No puede existir más de una convención colectiva de trabajo en cada empresa. Si de hecho existieren varias vigentes, se entenderá que la fecha de la primera es la de la convención única para todos los efectos legales. Las posteriores convenciones que se hubieren firmado se considerarán incorporadas en la primera, salvo estipulación en contrario”, por lo que la orden del tribunal no solo no es susceptible de aplicación, sino que contraría expresa norma legal. Destaca que entre la empresa y Sintraime se han celebrado convenciones colectivas de trabajo desde hace más de 30 años, y es por tanto dicho sindicato el concernido sobre la vigencia y denuncia de la convención.
Enfatizó que ningún derecho se ha vulnerado al sindicato, pues la empresa actuó legítimamente tal como lo reconoció la autoridad administrativa y además existe un mecanismo para que se puedan negociar simultáneamente varios pliegos de peticiones, lo que debe hacerse unificadamente según lo previsto en los numerales 2º y 3º del artículo 11 del Decreto 1373 de 1966(2).
Sostuvo que, contrario a vulnerar derechos fundamentales del sindicato al negarse a negociar el nuevo pliego de peticiones protegió el derecho a la igualdad de los trabajadores, pues según afirma, la Corte Constitucional ha definido que en una misma empresa no pueden existir diferentes condiciones laborales entre los beneficiarios de la convención colectiva y los del pacto colectivo, que en GM Colmotores S.A. son idénticas.
Para llegar a tal conclusión, la corporación de segunda instancia consideró que “es admisible que en una empresa converja más de un sindicato, así como su facultad de iniciar conversaciones con miras a suscribir acuerdos colectivos pues de esto deriva precisamente la autonomía de que goza cada organización sindical, sin que ello implique abuso del derecho, es simplemente el uso del poder dispositivo que la misma constitución le ha conferido a tales organizaciones” (fl. 23, cdno. 2 instancia).
Precisó que la negociación colectiva sí podía llevarse a cabo pues así lo ha afirmado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sustento de lo cual citó un aparte del fallo de tutela proferido por esa corporación en mayo 8 de 2012 radicado 43081, así (fls. 24 a 25, ib.):
Esa orientación fue reiterada por la Corte en la sentencia de anulación del 28 de febrero de 2012, radicado 50975, en estos términos: ‘Ciertamente la existencia de una convención colectiva de trabajo en una empresa suscrita por determinado sindicato, no impide que otra asociación sindical promueva un conflicto colectivo de trabajo, el cual debe o puede culminar en la suscripción de otra convención colectiva, o en caso extremo con la expedición de un laudo arbitral en las hipótesis reseñadas por la ley. Naturalmente, también puede colegirse que en la nueva convención pueden pactarse beneficios o prestaciones iguales, distintas o superiores a las que estaban consagradas en el anterior convenio colectivo, y de la misma manera, es posible que en instancia arbitral igualmente pueden disponerse esa clase de beneficios en igualdad, superiores o distintos a los pactados, pues cada conflicto colectivo económico o de intereses, tiene su propia dinámica que no está sujeto necesaria e inexorablemente a lo que previamente haya sido convenido entre la empleadora y un sindicato. Si la finalidad del conflicto colectivo, como ya se tiene adoctrinado, es el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el anterior aserto se explica por sí solo’”.
Ratificó que si bien es posible la coexistencia de sindicatos, no lo es la de convenciones colectivas, pues a más de contrariar el artículo 1º del Decreto 904 de 1951, se afectaría el derecho a la igualdad de los trabajadores y de los sindicatos, así como su estabilidad y seguridad jurídica.
Insistió en que la igualdad en las relaciones laborales está consagrada en el artículo 13 superior y en el 10 del Código Sustantivo del Trabajo, así como en los convenios internacionales de la OIT, principio que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en sentencias como la T-335 de marzo 23 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), de la cual citó el siguiente extracto, resaltando como se transcribe (fl. 14, cdno. Corte):
“Quizás las dos manifestaciones más claras del efecto irradiación del principio constitucional de igualdad en las relaciones laborales son, en primer lugar, la consagración de un catálogo de derechos sociales a favor de los trabajadores y, en segundo término, la extensión del principio de no discriminación a la relación laboral. En efecto, a fin de alcanzar un nivel mayor de igualdad y de libertad en el proceso de negociación de las condiciones de trabajo, el derecho constitucional incorporó un inventario de derechos sociales, —dentro del que se encuentran el derecho de asociación sindical, de negociación colectiva y de huelga—, que tiende a equilibrar el poder y las responsabilidades de trabajadores y empleadores. Adicionalmente, para limitar el ejercicio arbitrario del poder del empleador —e incluso de los sindicatos o asociaciones de trabajadores—, la Constitución y el derecho laboral consagraron un sistema de garantía de los derechos individuales del trabajador, a cuya cabeza se encuentra el derecho a la no discriminación, es decir, el derecho a ser tratado con igual consideración y respeto”.
En diciembre 6 de 2013, en la Secretaría General de la Corte Constitucional fue recibido memorial de la apoderada judicial de Sintragmcol, en el cual manifiesta que “se ha dado cumplimiento al fallo de tutela emitido el 5 de abril de la anualidad, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, confirmado el 22 de mayo por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia” (fl. 29, ib.); por lo anterior, en mayo 15 de 2013 se firmó convención colectiva de trabajo entre la empresa accionada y los sindicatos Sintraime y Sintragmcol, instrumento vigente desde mayo 1º de 2013 hasta abril 30 de 2015.
Anexó copia de la convención colectiva y su constancia de depósito, en la cual consta que tal instrumento beneficia a 103 trabajadores afiliados a Sintragmcol (fls. 30 a 71, ib.).
Igualmente, en diciembre 9 de 2013, fue recibido memorial del apoderado judicial de GM Colmotores S.A., en el cual expresa que se dio cumplimiento a la orden impartida por el juez de tutela de primera instancia, confirmada por el de segunda instancia, a resultado de lo cual se adelantaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por Sintragmcol y como consecuencia se celebró la convención colectiva de trabajo con Sintraime, que incluyó a Sintragmcol.
Adjuntó copia de las comunicaciones enviadas por la empresa al presidente de Sintragmcol en las cuales lo invita a negociar el pliego de peticiones, de las actas elevadas durante la negociación de tal pliego y del capítulo de la convención colectiva celebrada con Sintraime y Sintragmcol, del cual son beneficiarios los afiliados a Sintragmcol (fls. 77 a 138, ib.).
La Corte Constitucional es competente para examinar en Sala de Revisión esta acción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (num. 9º) de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Esta Sala de Revisión debe determinar, i) si la actuación reprochada a General Motors Colmotores S.A., al negarse a negociar la convención colectiva presentada en marzo 12 de 2012 por Sintragmcol, es violatoria de los derechos de asociación, negociación colectiva y al debido proceso, invocados por el sindicato accionante; y ii) si la actuación del Ministerio de Trabajo al absolver a la empresa por los mismos hechos atenta contra tales derechos.
En los instrumentos internacionales, el artículo 2º del Convenio 87(3) de la OIT relativo a la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación, consagra el derecho de asociación sindical así:
En el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo(4) aparece:
ART. 353.—Derechos de asociación.
Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.
Esta Corte ha señalado que bajo ese derecho de asociación subyace la idea básica de libertad sindical, que amplifica esas prerrogativas “como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento”(5), lo cual implica la facultad que tienen estas organizaciones “para auto conformarse y auto regularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes ….”(6).
3.2. Internacionalmente el derecho a la libertad sindical ha evolucionado así:
(i) La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919) reconoce en su sección primera el principio de la libertad de sindicación.
(ii) También lo hacen los convenios OIT 87, “Sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación”, y 98(7), “Sobre derecho de organización y negociación colectiva”(8).
(iii) La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, en su artículo 23 apartado 4º, dispone: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
(vi) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 reconoce en su artículo 8º el derecho de toda persona a fundar sindicatos, afiliarse a ellos, formar federaciones y confederaciones, el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y el derecho a huelga.
(viii) El Convenio 154(9) de la OIT y la Recomendación 163 de 1981(10), regulan la negociación colectiva.
vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical”(11).
3.4. De estas características, también se ha establecido que la libertad sindical no es un derecho absoluto, “en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que ‘la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos’ (art. 39, inc. 2º) y que, los convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio”(12).
Para esta Corte, el marco regulatorio expedido por el legislador “debe respetar la autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus reglamentos, los requisitos de admisión de afiliados y su forma de gestión administrativa y financiera, en desarrollo del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de tales organizaciones, a que ya se ha hecho referencia”(13).
El reconocimiento a la libertad sindical se ha consagrado en múltiples constituciones del mundo como “derecho fundamental”(14), del cual no solo es titular el trabajador individualmente considerado, sino también la agremiación, asociación o “sindicato”.
3.5. Respecto de la procedencia de la acción de tutela para amparar derechos sindicales, es de recordar que, en términos generales dicha acción no opera cuando existen otros medios judiciales de defensa(15), siempre y cuando esos medios sean eficaces e idóneos para la protección real de los derechos constitucionales fundamentales.
Esta Corte, en Sentencia T-441 de julio 3 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, puntualizó: “… es claro que no en todas las ocasiones en que una resolución administrativa sea la causante de la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental y que sea posible su cuestionamiento a través de las vías de los recursos ordinarios, puede el juez de tutela desechar la protección del derecho constitucional fundamental, pues es necesario realmente verificar en el caso concreto si los recursos a que alude la normatividad son verdaderos medios de defensa que le garanticen a la persona el goce pleno de su derecho”.
Entre ellas la Sentencia C-567 de 2000 antes citada, declaró inexequible el numeral 1º del artículo 26 del Decreto-Ley 2351 de 1965 que disponía que en una misma empresa no podían coexistir dos o más sindicatos de base. Aquí la Corte consideró que este precepto limitaba el derecho de los trabajadores a establecer las organizaciones sindicales que estimen convenientes, advirtiendo que la garantía de la libertad sindical y la protección del derecho fundamental de sindicalización constituyen la regla general, de manera que toda limitación ha de estar constitucionalmente justificada, como ocurre en general cada vez que se procure introducir limitaciones legales al ejercicio de derechos fundamentales.
En la misma providencia citada, se declaró inexequible el numeral 3º del artículo 26 del Decreto-Ley 2351 de 1965, que disponía que si ninguno de los sindicatos agrupaba a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación correspondería conjuntamente a todos ellos. El fundamento de esta inconstitucionalidad consistió en que, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación sindical, si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato, este tiene la representación “y, siendo ello así, resulta violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle por la Ley que esa representación deba necesariamente ejercerla ‘conjuntamente’ con otro u otros sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical”(16).
Adicionalmente, en la mencionada Sentencia C-063 de 2008, fue declarado inexequible el numeral 2º del artículo 26 del Decreto-Ley 2351 de 1965, que consagraba que cuando en una misma empresa coexistieren un sindicato de base y uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, correspondía al sindicato que agrupara la mayoría de los trabajadores de dicha empresa.
También debe mencionarse lo decidido por esta corporación en la Sentencia C-797 de 2000 precitada, que declaró inexequible el parágrafo del artículo 376(17) del Código Sustantivo del Trabajo, que al consagrar las atribuciones exclusivas de las asambleas, había dispuesto que cuando en el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, estos integrarán la asamblea para adoptar pliegos de peticiones, designar negociadores y asesores y optar por la declaración de huelga o someter el conflicto a decisión arbitral.
El artículo 2º del Convenio 154 de la OIT, hace referencia a la negociación colectiva “como un concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y otros”(18).
Respecto de este Convenio 154, es de recordar que para esta Corte “no cabe duda que hace parte de la legislación interna, tanto a la luz del artículo 53 constitucional, como por haber sido aprobado por medio de la Ley 524 de 1999(19), sin embargo, hasta la fecha esta corporación no ha declarado que haga parte integrante del bloque de constitucionalidad ni en sentido estricto ni en sentido lato. En efecto, en la Sentencia C-161 de 2000 en la cual se examinó la exequibilidad del Convenio 154 y de su ley aprobatoria no hubo un pronunciamiento de esta corporación, y sentencias posteriores en las cuales se ha hecho alusión al mismo tampoco han dilucidado el extremo en cuestión”(20).
Igualmente, “a pesar que expresamente no se ha hecho una manifestación en tal sentido es posible verificar que esta corporación en algunas decisiones ha empleado sus estipulaciones para establecer el alcance del derecho de negociación colectiva(21), tal como ocurre por ejemplo en las sentencias C-1234 de 2005(22) y SU-1185 de 2001(23). Esta corporación entiende que tal utilización se ajusta al carácter del Convenio 154 de la OIT pues si bien es un tratado internacional sobre un derecho humano —el derecho de negociación colectiva— no prohíbe su suspensión bajo los estados de excepción y en consecuencia no hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto”(24).
Son estrechas las relaciones entre el derecho de asociación sindical y el de negociación colectiva, pues como ya lo ha considerado la Corte(25), el derecho a la negociación colectiva es consustancial al de asociación sindical, en cuanto aquel hace efectiva la misión sindical de representar y defender los intereses de sus afiliados, materializando el derecho a la igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización se sitúa en plano de igualdad frente al empleador.
Con todo, siendo clara la relación entre estos derechos, cada uno conserva su esencia. Así, el de asociación sindical persigue asegurar la libertad sindical, mientras el de negociación colectiva constituye un mecanismo para regular las relaciones laborales; en tanto el de asociación sindical es fundamental, el de negociación colectiva prima facie no lo es, aunque puede adquirir tal condición cuando su vulneración implique la amenaza del derecho al trabajo o a la asociación sindical(26).
Los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva no son absolutos, pues además de la restricción que significa el respeto por otros derechos, este último puede ser, según la Constitución, limitado por la ley bajo la condición de que tal reserva sea razonable, proporcional y justificada, en cuanto busque proteger otros bienes constitucionalmente relevantes como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos de la política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica o la función social de las empresas, entre otros(27).
En cuanto a las fuentes internacionales, el Convenio 87 de la OIT se refiere a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización y el Convenio 98 al derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Sobre estos dos instrumentos, la Corte ha estimado que forman parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto se refieren a derechos humanos fundamentales como el trabajo mismo, la libertad sindical y la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva(28).
El artículo 4º del Convenio 98 dispone que deben adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre empleadores y organizaciones de empleadores, por una parte, y organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el fin de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Este convenio hace hincapié en la autonomía de las partes y en el carácter voluntario de las negociaciones.
Cabe recordar finalmente la Recomendación 163 de la OIT, que entre los medios sobre el fomento de la negociación colectiva contempla adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales, en la medida en que resulte necesario y apropiado, para que “a) las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sean reconocidas a efectos de la negociación colectiva; b) en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento a efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos, respecto del carácter representativo de esas organizaciones, establecidos en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores”(29).
Según el inciso 2º del artículo 435 del mismo código, de llegarse a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la convención colectiva que constituye una norma jurídica dictada por la empresa y los trabajadores, a través de un acuerdo de voluntades reglado y formal, que se convierte en fuente autónoma de derecho(30) dirigida a regular las condiciones de trabajo, con sujeción a los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles de los trabajadores.
Esto lo ha ratificado la jurisprudencia(31) cuando afirmó que la convención colectiva: “Es un instrumento de gran importancia en la regulación de derechos en las relaciones obrero-patronales; tiene como referente constitucional el artículo 55 Superior en cuanto se garantiza el derecho de negociación colectiva; por su origen y finalidad carece del alcance nacional de las leyes; las partes que la celebraron, son las llamadas, en principio, a fijar su sentido y alcance, y se trata de una prueba de las obligaciones entre las partes, de suerte que cuando el derecho pretendido tiene como base una convención colectiva, no puede menos que acreditarse en juicio, toda vez que es fuente de derechos para quien la invoca en su favor y la prueba de la misma será su texto auténtico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad competente, o cuando menos la certificación sobre el hecho del depósito, admitiéndose también la copia o la fotocopia simple siempre y cuando contenga la constancia del depósito”(32).
Así, a la luz de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, la convención colectiva de trabajo, a la vez que pone fin a un conflicto colectivo de trabajo, constituye fuente formal de derecho para regular las relaciones laborales entre las partes, fruto del acuerdo de voluntades entre empleadores y sindicatos de trabajadores(33).
Sintetizando lo expuesto en esta providencia, se observa que el derecho de asociación sindical —garantía fundamental que ha sido calificado por esta corporación como un “derecho subjetivo, de carácter voluntario, relacional e instrumental”(34)— no se agota en la posibilidad de crear organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más fielmente los derechos y los intereses de cada individuo y comporta, además, su real y efectivo ejercicio, el cual se materializa a través de la negociación colectiva y de la convención colectiva de trabajo, instrumento de trascendental importancia en las relaciones colectivas de trabajo que concreta la paz en el ámbito laboral por medio del mutuo acuerdo.
Al respecto, en la Sentencia T-308 de abril 11 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, esta corporación indicó:
También ha expuesto la Corte Constitucional que el hecho superado se presenta cuando “en el entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado”(35).
Observando lo igualmente manifestado por este tribunal en ocasiones recientes(36), recuérdese que el artículo 86 de la Constitución señala que toda persona puede reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en los casos previstos al efecto, mediante un amparo que consiste en una orden para que el sujeto contra quien se reclama la tutela cese el quebrantamiento o la amenaza.
Como igualmente se ha indicado en varios fallos recientes, existen eventos en los que el amparo solicitado se torna innecesario debido a que la amenaza, la omisión o el hecho generador de la acción, ha desaparecido en el transcurso de esta y no procede ordenar que se realice algo que ya ha sido efectuado(37).
Acorde al referido artículo 86 superior, la Corte ha expresado que la acción de tutela, por regla general, tiene un carácter eminentemente preventivo y no indemnizatorio(38), como quiera que su finalidad constitucional se encamina a evitar que se concrete el peligro o la violación que conculque un derecho fundamental, mediante la protección inmediata(39).
En aquellas situaciones en las cuales el daño se consumó o la presunta vulneración o amenaza fue superada con la satisfacción o salvaguarda de las garantías invocadas, se presenta una sustracción de materia o carencia de objeto, donde ya no tendría razón ni sentido que el juez impartiese las órdenes pretendidas, aún en caso de concluir que la acción prosperaría(40).
La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la sustracción de materia por carencia de objeto, que conlleva que las órdenes sean inocuas(41), no deja sin embargo de tener diferenciación según el momento en el cual se satisface o conculca definitivamente un derecho.
Si la satisfacción o el menoscabo se presentan durante el trámite de las instancias o en sede de revisión, surge la carencia actual de objeto, que hace ineficaz la tutela, al existir un hecho superado si se restableció la garantía invocada, o un daño consumado al no quedar opción de restablecimiento o defensa. Empero, aunque en aquellas situaciones no sea factible determinar una medida de protección, el juez debe declarar la carencia actual de objeto por daño consumado y solo disponer lo que aún fuere pertinente, en cabal atención de las particularidades del caso concreto(42), pero sin perder de vista la ineficacia o inanidad de alguna orden para la defensa y protección de derechos fundamentales, finalidad última de la acción de amparo.
En el caso que se revisa se buscaba determinar si la conducta de General Motors Colmotores S.A., al negarse a negociar la convención colectiva presentada por Sintragmcol en marzo 12 de 2012, constituía violación de los derechos de asociación y negociación colectiva del sindicato, y si la Resolución 1438 de septiembre 12 de 2012 del Ministerio de Trabajo que absolvió a la empresa (confirmada por las Res. 99, feb. 11/2013 y Res. 188, feb. 28/2013), vulneraba el derecho de defensa de aquella organización.
La empresa argumentó en su defensa, i) la existencia de una convención colectiva vigente con Sintraime y un pacto colectivo con los trabajadores de la empresa, instrumentos de los cuales son beneficiarios los afiliados a Sintragmcol; ii) la existencia de norma vigente (D. 904/1951, art. 1º), que impide la existencia de más de una convención colectiva de trabajo en una misma empresa, y iii) la firmeza de la resolución 1438 (sep. 12/2012) que la absolvió.
Por otra parte, sindicato y empresa han manifestado a esta Sala en sendos escritos que, en cumplimiento de la anterior decisión adelantaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por Sintragmcol y como consecuencia de ello en mayo 15 de 2013 firmaron una convención colectiva de trabajo con Sintraime y Sintragmcol, instrumento con vigencia de dos (2) años (mayo 15/2013 a abr. 30/2015), cuya copia y registro de depósito anexaron.
1. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
2. Por Secretaría General de esta corporación, LÍBRESE la comunicación indicada en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Metálica, Metalúrgica y Siderúrgica, Electrometálica y Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del Sector.
(2) “Decreto 1373 de mayo 26 de 1966 del Ministerio de Trabajo, artículo 11. 1. En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión.
PAR.—Cuando el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los trabajadores de determinado oficio o especialidad al servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato, el pliego de peticiones que éste le presenta a la empresa deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo.
PAR.—El Ministerio del Trabajo determinará en cada caso, de oficio o a solicitud de parte, a qué sindicato corresponde la representación de los trabajadores, previa la investigación que realice la división de asuntos colectivos”.
(3) Convenio Relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, adoptado en San Francisco, en la 31ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 9 de julio de 1948, que entró en vigencia el 4 de julio de 1950, fue aprobado por Colombia mediante Ley 26 de 1976 y ratificado el 16 de noviembre de 1976.
(4) Subrogado por el 38 de la Ley 50 de 1990 y modificado por el 1º de la Ley 584 de 2000.
(5) C-385 de abril 5 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(7) Convenio relativo a la aplicación de los principios de sindicación y negociación colectiva, adoptado en Ginebra, en la 32ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 1º de julio de 1949, que entró en vigencia el 18 de julio de 1951, fue aprobado por Colombia mediante Ley 27 de 1976 y ratificado el 16 de noviembre de 1976.
(8) Los convenios 87 y 98 integran el bloque de constitucionalidad (art. 93 superior) en sentido estricto; Cfr. Sentencia C-466 de mayo 14 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(9) Convenio sobre el fomento de la negociación colectiva, adoptado en Ginebra en la 67ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 3 de junio de 1981, que entró en vigencia el 11 de agosto de 1983, aprobado por Colombia mediante Ley 524 de 1999 y ratificado el 8 de diciembre 2000. Ley y convenio fueron declarados exequibles en Sentencia C-161 de febrero 23 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(10) Convocada en Ginebra en junio 3 de 1981, por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y adoptada en la 67ª reunión de la Conferencia General de la OIT.
(11) C-797 de junio 29 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, antes citada.
(13) C-201 de marzo 19 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(14) Ese carácter también ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional. Cfr. T-41 de junio 19 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(15) T-003 de mayo 11 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(16) C-567 de 2000, antes citada.
(17) Modificado por el artículo 16 de la Ley 11 de 1984.
(18) C-063 de enero 30 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-161 de 2000, ya referidas.
(19) “Así se reconoce en la Sentencia C-1234 de 2005”.
(20) Cfr. Las alusiones al Convenio 154 en los fallos C-1234 de 2005, SU-1185 de noviembre 13 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-809 de agosto 5 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(21) “Precisamente la jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho de negociación colectiva no se agota en la celebración de convenciones o pactos colectivos en virtud de la definición amplia del derecho en cuestión contenida en los artículos 2º y 6º del convenio, sobre esta aspecto son esclarecedoras las sentencias SU-1185 de 2001 y C-1234 de 2005.”
(22) “En esta decisión la Corte se pronuncia in extenso sobre el alcance del Convenio 154 de la OIT para establecer el alcance del derecho a la negociación sindical con ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo”.
(23) “En esta sentencia se emplea el artículo 2º del Convenio 154 para definir el derecho de negociación colectiva”.
(24) Cfr. C-280 de 2007, anteriormente referida.
(25) C-009 de enero 29 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-112 de marzo 25 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; entre otras.
(26) Ver C-1050 de octubre 4 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda; C-161 de 2000, citada; T-418 de junio 19 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez y SU-342 de agosto 2 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(27) C-280 de abril 18 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
(28) Cfr. T-441 de 2000, SU-342 de 1995 y T-418 de 1992, anteriormente citadas.
(29) C-063 de 2008, ya citada.
(30) SU-1185 de 2001, ya referida.
(31) Cfr. sentencias de abril 21de 2004, M.P. Carlos Isaac Nader (rad. 20.721) y abril 7 de 1995, M.P. Rafael Méndez Arango (rad. 7.243).
(32) “Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, en sentencias mayo 20 de 1976, de mayo 16 de 2001 y de diciembre 14 de 2001”.
(33) Cfr. sentencia de la Corte Suprema de Justicia de abril 7 de 1995 (rad. 7243), ya citada.
(34) T-656 de 2004, ya referida.
(35) Cfr. T-612 de septiembre 2 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(36) Cfr. T-005 de enero 16 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(37) Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras sentencias, las proferidas en 2011 T-035 de febrero 3, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-087 de febrero 15, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-108 de febrero 23, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-199 de marzo 23, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-201 de marzo 23 y T-271 de abril 11, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-291 de abril 14, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-309 de abril 28, T-504 de junio 30 y T-546 de septiembre 1º, M.P. Huberto Antonio Sierra Porto; y T-743 de octubre 3, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(38) Cfr. T-083 de febrero 11 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(39) Cfr. T-943 de diciembre 16 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
(40) Cfr. T-659 de agosto 15 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(41) Cfr. T-083 de 2010, ya referida.
(42) En la precitada Sentencia T-083 de 2010, se indicó que a los jueces de instancia y a la Corte Constitucional les concierne, (i) pronunciarse de fondo acerca del daño consumado y si existió violación de derechos, para determinar si en las instancias el amparo debió ser concedido; (ii) instar a la parte demandada para que se abstenga de incurrir en hechos similares a los planteados en la demanda; (iii) informar al actor o a su familia sobre los medios de reparación del daño; (iv) compulsar copias a las autoridades obligadas a investigar las actuaciones objeto de la acción, cuando a ello haya lugar; y lo demás que se considere pertinente, para proteger “la dimensión objetiva” de la garantía que fue conculcada.