Source: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jacinto/politica/manual-ley-infogobierno-venezuela.html
Timestamp: 2020-07-06 21:07:18
Document Index: 378150725

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 58', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'artículo 70', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84']

Reglamento y Manual para las usuarias y los usuarios de la
(con un tejido de ideas de las y los activistas por el Conocimiento Libre2)
Una Ley resuelve problemas cuando permite que aquellos en su ámbito puedan usarla para conectar un situación indeseada con una situación feliz, cuando menos en los aspectos que regule la ley. Las reglas de conducta que se incluyen en las leyes tienen ese fin dual: inhibir la conducta indeseada, pero también indicar la correcta. Y estos juicios de correctitud están, desde luego, asociados con unos fines superiores (un espíritu, también le dicen) a los cuáles sirve la ley.
La Ley de infogobierno es un excelente ejemplo de todo eso. El fin superior, o espíritu de la ley [1], es mejorar la gestión pública y, para tal fin, el medio (o conjunto de conductas) que indica es el de las tecnologías de información libres. La solución final a la que apunta la ley es el empoderamiento de las y los ciudadanos para que puedan ejercer plenamente sus roles como usuarios y como contralores de cualquier servicio público nacional.
Esta solución es solamente posible en términos reales gracias a las libertades y derechos que garantizan eso que llamamos tecnologías de información libre, a sus usuarios y usuarias. Será posible, por ejemplo, librar el cerco informativo3 que imponen ciertas instituciones a discreción [2] de sus funcionarios y que impide que sus usuarios se enteren de cómo funcionan, exactamente, los procesos administrativos, hayan sido o no automatizados. Ningún funcionario podrá decirle: "aquí está su información, pero sólo puede acceder a ella si adquiere este sistema o paga tal licencia".
Tampoco podrán los funcionarios, acatando la ley, crear procesos exclusivos o excluyentes para la formación e información de sus usuarios. Procesos que se han convertido en mecanismos habituales para generar "ingresos propios" y que les permite generar rentas para ellos mismos4. Según las previsiones de esta ley, toda esa información y el conocimiento asociados deben estar a disposición de todos los usuarios y usuarias en condiciones de libertad. Esto no significa, por cierto, que no se puedan crear esos procesos de formación. Significa que cualquiera, funcionario o no, podrá hacerlo, siempre que el conocimiento respectivo se mantenga libre para todos. Significa apostar por un sistema educativo abierto que se construya con la participación de todos y sin el abuso de ninguno, uno de los grandes problemas pendientes en este país5.
De esta manera está abordando la ley una de las fuentes de mayor preocupación señalada por activistas por el conocimiento y las tecnologías libres: el terrible daño6 que causan las contradicciones7 y la indefinición en las sutiles situaciones de conflicto que suelen estar asociadas al intercambio de conocimiento en un estado social de derecho y de justicia. En muchos de esos casos, las llamadas limitaciones tecnológicas ("no hay sistema", "ud necesita llenar este formulario en ese sistema", "ese no es el formato"8) dependen de decisiones9 que han sido tomadas por funcionarios sirviendo a intereses que contradicen el bien público, como por ejemplo, cuando un funcionario decide adquirir una pieza de software que eventualmente obliga a sus usuarios a pagar licencias de uso.
Un último aspecto muy importante destacar en la ley es que se constituye en solución frente al funcionario que no es revolucionario y resiste, incluso pasivamente, jugando a la inercia burocrática, las transformaciones. Un país que proclama y respeta la libertad de afiliación política, no puede exigirle a ninguna persona que adopte tal o cual posición partidista, particularmente al cumplir su trabajo. Pero si puede exigirles10 a los funcionarios y funcionarias que cooperen activamente con los fines dictados por mandato popular, especialmente cuando esos funcionarios o funcionarias no alcanzan a percibir ningún problema que deban resolver11.
Exigirle a un funcionario que revise, y aún más difícil, que mejore, el servicio para sus usuarios, cambiando algún proceso que está muy bien definido en su mente y que le permite una serie de maniobras a las cuáles está acostumbrado o de las cuáles obtiene provecho mientras preserva un ingreso fijo regular (mínimo claro) y una posición estable y que solo puede mejorar contractualmente, es prácticamente imposible, a menos que existan unos mandatos legales claros.
Confiamos que esta ley proporcione algunos de esos mandatos y, en este manual, tratamos de destacar algunos de ellos como notas al margen de los artículos de la ley.
Este manual se ofrece para un ejercicio colectivo. Lo dejaremos a disposición de la comunidad como un documento de Acceso Abierto, tal como define la propia ley (ver abajo artículo 5).
Primera Versión (beta 1.5) Especificación del Reglamento
Contribuyentes y comentaristas: Jacinto Dávila
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de la información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se presten a las personas impulsando la transparencia del sector público, la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía, así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado, garantizar la independencia tecnológica, la apropiación social del conocimiento, así como la seguridad y defensa de la Nación
Este artículo establece con claridad que esta ley tiene como propósito eliminar cualquier Cerco informativo por Instituciones del estado y definir los términos de acceso a la información de la gestión pública por parte de los ciudadanos actuando como usuarios regulares o como contralores. De esta manera, se pretende evitar el daño de no tener una política definida al respecto. derecho a la participacion y uso de las tic. El accionar, sin embargo, queda limitado por condiciones discrecionales de seguridad y defensa de la nación.
Artículo 2.- Están sometidos a la aplicación de la presente Ley:
Artículo 3.- Esta Ley tiene como fines:
•Facilitar el establecimiento de relaciones entre el Poder Público y las personas a través de las tecnologías de información.
•Establecer las condiciones necesarias y oportunas que propicien la mejora continua de los servicios que el Poder Público presta a las personas, contribuyendo así en la efectividad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos.
•Universalizar el acceso de las personas a las tecnologías de información libres de y garantizar su apropiación para beneficio de la sociedad.
•Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas, a través de las tecnologías de información.
•Promover el empoderamiento del Poder Popular a través de la generación de medios de participación y organización de las personas, haciendo uso de las tecnologías de información.
•Garantizar la transparencia de la gestión pública, facilitando el acceso de las personas a la información pública.
•Apoyar el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en la gestión pública y el ejercicio de la contraloría social.
•Contribuir en los modos de organización y funcionamiento del Poder Público, apoyando la simplificación de los trámites y procedimientos que éstos realizan.
•Establecer los principios para la normalización y estandarización en el uso de las tecnologías de información, a los todos los sujetos sometidos a la aplicación de esta Ley.
•Promover la adquisición, desarrollo, investigación, creación, diseño, formación, socialización, uso e implementación de las tecnologías de información libres a todos los sujetos sometidos a la aplicación de esta Ley.
•Establecer las bases para el Sistema Nacional de Protección y Seguridad de la Información, en los términos establecidos en la presente Ley y demás normativa aplicable.
•Fomentar la independencia tecnológica y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional, sobre la base del conocimiento y uso de las tecnologías de información libres en el Estado
El reglamento debe definir los protocolos que regulen el establecimiento de relaciones entre el poder público y el poder popular-
- Derecho al seguimiento de los procesos, tickets de servicio.
- Derechos a réplica en servicios de información.
Debe incluir la definición técnica de los medios y protocolos de participación del poder popular en las TICs.
Definir grandes estrategias para la transparencia informática y la conexión con la ley de simplificación de trámites administrativos.
Definir los protocolos de estandarización de aplicaciones.
Definir el principio del trámite más breve, más eficaz y más eficiente.
Definir la arquitectura del sistema nacional de protección y seguridad a cargo de la Suscerte.
Artículo 4.- Son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública; profundizar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos; el empoderamiento del Poder Popular y contribuir corresponsablemente en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional.
Precisar la definición de actuación y de interacción entre personas mediada por TICs.
Declaración de interés público y carácter estratégico
Artículo 5.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
•Actuación electrónica: Capaz de producir efectos jurídicos.
•Acceso abierto: Característica de los documentos públicos que se refiere a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
•Código fuente: Texto escrito en un lenguaje de programación específico, contentivo de un conjunto de instrucciones que se puede compilar para generar un programa que se ejecuta en un computador, es el conjunto de líneas de texto escritas en un lenguaje de programación específico, que al ser procesadas por los compiladores e interpretadores adecuados, generan exactamente dicho programa que es ejecutado por el computador.
Conocimiento libre: Es todo aquel conocimiento que puede ser aprendido, interpretado, aplicado, enseñado y compartido libremente y sin restricciones, pudiendo ser utilizado para la resolución de problemas o como punto de partida para la generación de nuevos conocimientos.
•Criptografía: Rama inicial de las Matemáticas y en la actualidad también de la Informática, que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de hacer ilegible, cifrar y proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando una o más claves.
•Documento electrónico: Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.
•Estándares abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, aceptadas por la industria de las tecnologías de información, y que están a disposición de cualquier usuario para ser implementadas.
•Hardware libre: Dispositivos de hardware, componentes electrónicos o mecánicos diseñados para su uso en cualquier área científico técnica, cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, garantizando el total acceso al conocimiento de su funcionamiento y fabricación, y que reconociendo los derechos de autor, no están sometidos a normativas legales del sistema de patentes de apropiación privativa, otorgándose las mismas libertades contempladas en el software libre para su uso con cualquier propósito y en cualquier área de aplicación, libertad de modificación y adaptación a necesidades específicas, y la libertad para su redistribución.
•Informática forense: también llamado computo forense, computación forense, análisis forense digital o examen forense digital es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal.
•Infraestructuras críticas: Infraestructuras críticas también conocidas como estratégicas, son aquellas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre tales servicios.
•Interoperabilidad: Capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y eficiente datos, información y documentos por medios electrónicos, entre sus sistemas de información.
•Normas instruccionales: Todas aquellas providencias administrativas de efectos generales, instructivos o circulares, de carácter obligatorio, dictados con el fin de garantizar el efectivo uso de las tecnologías de información y la seguridad informática, en los términos establecidos en esta Ley.
•Poder Popular: Es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal.
•Prospectiva tecnológica: La prospectiva tecnológica también conocida como “vigilancia tecnológica”, es un proceso sistemático que analiza el estado actual y las perspectivas de progreso científico y tecnológico para identificar áreas estratégicas de investigación y tecnologías emergentes en las que concentrar los esfuerzos de inversión y así obtener los mayores beneficios económicos o sociales, la prospectiva tecnológica está orientada a un conjunto de técnicas que permiten definir la relevancia de una tecnología en un momento futuro.
•Seguridad de la información: Condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medios de protección, que garanticen un estado de inviolabilidad de influencias o de actos hostiles específicos que puedan propiciar el acceso a la información no autorizada, o que afecten la operatividad de las funciones de un sistema de computación, bajo los principios de confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad de la información.
•Software libre: Programa de computación en cuya licencia el autor o desarrollador garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo autoriza a usar el programa con cualquier propósito, copiarlo, modificarlo y redistribuirlo con o sin modficaciones, preservando en todo caso el derecho moral al reconocimiento de autoria.
•Tecnología de información: Tecnologías destinadas a la aplicación, análisis, estudio y procesamiento en forma automática de información. Esto incluye procesos de: obtención, creación, cómputo, almacenamiento, modificación, manejo, movimiento, transmisión, recepción, distribución, intercambio, visualización, control y administración, en formato electrónico, magnético, óptico, o cualquier otro medio similar o equivalente que se desarrollen en el futuro, que involucren el uso de dispositivos físicos y lógicos.
•Tecnologías de información libres: Son aquellas tecnologías con estándares abiertos que garantizan el acceso a todo el código fuente y la transferencia del conocimiento asociado para su comprensión; libertad de modificación; libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito y libertad de publicación del código fuente y sus modificaciones.
•Usabilidad: Se refiere a los atributos que deben tener los sistemas de información para que sean comprendidos, aprendidos y usados con facilidad por sus usuarios o usuarias.
El reglamento debe aclarar que todo documento público, debidamente anonimizado, debe ser de acceso abierto. En particular,
- ordenanzas TIC (Definir).
Debe definirse un protocolo para abrir un documento al público.
Deben definirse protocolos de anonimizado de documentos (para eliminar información particular de las personas).
Aclarar qué significa independencia del sistema de patentes.
Debe definirse un protocolo de reporte de software y hardware privativo que no sea estrictamente necesario.
Debe definirse los conceptos básicos de la informática forense y protocolos críticos para la seguridad informática, tales como “cadena de custodia” y anonimizado de datos personales.
También se requiere un protocolo para establecer que una infraestructura es crítica.
Debe definirse un protocolo para verificación de interoperabilidad a todo nivel.
Debe definirse una estrategia abierta para vigilancia tecnológica colectiva, con sus correspondiente protocolos de participación prospectiva.
Artículo 6.- El Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre los órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular, de conformidad con esta Ley y demás normativa aplicable.
El Poder Popular debe utilizar las tecnologías de información en los términos y condiciones establecidos en esta Ley y demás normativa aplicable.
Hace falte definir el alcance de de este deber:
¿Cuáles proceso se automatizarán?
¿Cómo se procederá? (Protocolo para proponer procesos suceptibles de automatización)
¿Cómo se verificará la utilización del sistema automático? (Protocolo para evaluación del aprovechamiento de sistemas automáticos)
¿Cómo se sancionarán las faltas a este deber?
Obligatoriedad del uso tecnologías de la información
El trámite vía TIC se convierte en un derecho de los usuarios.
¿Significa esto que todo trámite debe ser posible por vía electrónica? ¿Todos los que se puedan? ¿Quién decide?
Artículo 7.- La obligación establecida en el artículo anterior en ningún caso se entenderá como un modo de restricción o discriminación para las personas, por lo que, el acceso a la prestación de los servicios públicos, como a cualquier actuación del Poder Público, debe ser garantizada por cualquier medio existente, sin perjuicio de las medidas que la presente Ley y demás normativa aplicable establezcan, con el fin de hacer efectivo el derecho de las personas a utilizar las tecnologías de información en sus relaciones con el Estado.
¿Cómo se enfatiza la automatización y se preservan los otros medios en los casos que no se automaticen?
¿Cómo validar que el derecho se hace efectivo?
Siempre será posible hacer el trámite tradicional en papel si se puede hacer por vía electrónica.
Artículo 8.- En las relaciones con el Poder Público y el Poder Popular, las personas tienen derecho a:
1. Dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, quedando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.
3. Recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la ley que rige la materia de mensajes de datos y demás normativa aplicable.
6. Utilizar y presentar ante el Poder Público y demás personas naturales y jurídicas, los documentos electrónicos emitidos por éste, en las mismas condiciones que los producidos por cualquier otro medio, de conformidad con la presente Ley y demás normativa aplicable.
7. Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los cuales tengan la condición de interesado.
Artículo reglamento:-
Las personas tienen derecho a poseer una identidad electrónica y la correspondiente certificación digital en los términos que establece la ley y este reglamento.
Definir identidad electrónica y derechos correlativos de privacidad e intimidad.
Definición de trámite, tanto por vía electrónica como por otros medios.
Protocolos estándar para realizar peticiones y solicitudes al poder público.
Protocolo para realizar pagos, y liquidar impuestos.
Protocolo y elementos requeridos para recibir notificaciones. Relación entre identidad y correo electrónico.
Disclaimer: El usuario es responsable de proteger su identidad electrónica.
Se requiere la definición precisa de los derechos de acceso.
Prohibición expresa de copias impresas si se pueden entregar electrónicas.
Definición de formatos abiertos y protocolos para entregar documentos electrónicos.
Protocolo para intercambio de documentos electrónicos entre poder público y poder popular.
Protocolo para reclamos electrónicos.
Definición de la arquitectura estándar de los servicios TIC para organizaciones del poder popular.
Artículo 9.- Las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular, deben sujetarse a la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la presente ley y las normas que rigen la materia.
Artículo 10.- Las comunicaciones, documentos y actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se conservarán de conformidad con las condiciones que determine la Ley y demás normativa aplicable.
Articulo del reglamento:-
Cada una de las organizaciones sometidas a esta ley creará y preservará cuidadosamente una memoria electrónica de las comunicaciones, documentos y actuaciones que realicen.
Los funcionarios y funcionarias serán directamente responsables de la integridad de esa memoría y de su preservación en el largo plazo.
Queda expresamente prohibido eliminar o alterar la memoria organizacional o permitir que esto ocurra por acciones internas o externas. Cualquier corrección a la que haya lugar se agregará preservando los documentos en sus versiones previas y referenciándolos adecuadamente a la versión original.
(memoria organizacional)
¿Cuáles son las condiciones y requerimientos funcionales para que esta sea una memoria perfecta?
Artículo 11.-El Poder Público debe contar con repositorios digitales en los cuales se almacene la información que manejen, así como los documentos que conformen el expediente electrónico, a fin de que sean accesibles, conservados o archivados, de conformidad con la presente Ley y demás normativa que regule la materia.
El Poder Popular está sometido a la obligación aquí establecida en los términos y condiciones que a tal efecto se dicten.
Protocolo y principios de acuerdos de servicio para una institución que se afilia a un repositorio.
Protocolo de afiliación de un repositorio a la red nacional de repositorios.
Definición de expediente electrónico.
Un repositorio [3] es una almacén electrónico en Internet. Queda establecido que todas las instituciones públicas y del poder popular deberán contar con uno para alojar su memoria institucional. Entendemos que los repositorios deben estar alojados en instalaciones físicas nacionales. Afortunadamente, hay experiencias positivas al respecto [4].
Artículo 12.- El Poder Público y el Poder Popular deben registrar ante la autoridad competente los programas informáticos que utilicen o posean; su licenciamiento, código fuente y demás información y documentación que determine la norma instruccional correspondiente.
Protocolo de registro de programas informáticos
(Registro y) Repositorio digital de programas informáticos
La ley incluye este aparte para tipo especial de repositorio: el repositorio de software. Se entiendo que existirá un repositorio central para los programas libres que se empleen en el poder público y poder popular. Una primera aproximación ya existe: forja12, pero, obviamente, deberá adaptar su capacidad y alcance para uso masivo desde todo el territorio nacional.
Artículo 13.-El uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular garantiza el acceso de la información pública a las personas, facilitando al máximo la publicidad de sus actuaciones como requisito esencial del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, salvo aquella información clasificada como confidencial o secreta, de conformidad con la ley que regule el acceso a la información pública.
Protocolo de verificación de visibilidad pública.
Protocolo de anonimizado y de aseguramiento de la condición confidencial de la información
Artículo 14.- El Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, participa en el desarrollo, implementación y uso de las tecnologías de información libres, a fin de garantizar a las personas, en igualdad de condiciones, el acceso y la apropiación social del conocimiento asociado a esas tecnologías.
Protocolo para proponer proyectos de desarrollo de TICS en el poder público y en el poder popular.
Principio de accesibilidad (y desarrollo cooperativo)
El Poder Público desarrollará software para liberarlo.
Artículo 15.- En el diseño y desarrollo de los sistemas, programas, equipos y servicios basados en tecnologías de información, se debe prever las consideraciones de accesibilidad y “usabilidad” necesarias para que estos puedan ser utilizados de forma universal por aquellas personas que, por razones de discapacidad, edad, o cualquier otra condición de vulnerabilidad, requieran de diferentes tipos de soportes o canales de información.
Protocolo de validación de accesibilidad y usabilidad para el software y el hardware del poder público y el poder popular.
Artículo 16.- Es deber del Poder Público, en forma corresponsable con el Poder Popular, garantizar a todas las personas, a través del sistema educativo los medios para la formación, socialización, difusión, innovación, investigación y comunicación en materia de tecnologías de información libres, según los lineamientos de los órganos rectores en las materias.
Definición de áreas temáticas, objetivos de estudio y competencias esperadas para programas de formación de usuarios y usuarias TICs.
Las instituciones educativas están obligadas a enseñar las tecnologías de información libres.
Artículo 17.- El Poder Público debe proporcionar la formación en materia de tecnologías de información libres de sus respectivos colectivos laborales, para que interactúen con los sistemas y aplicaciones, desempeñando eficientemente sus labores y funciones en la gestión pública. Asimismo debe facilitar la formación de las personas, a fin de garantizar la apropiación social del conocimiento.
Artículo 18.- Los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus competencias, deben contar con un portal de Internet bajo su control y administración. La integridad, veracidad y actualización de la información publicada y los servicios públicos que se presten a través de los portales es responsabilidad del titular del portal. La información contenida en los portales de Internet tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan.
Protocolo para certificación de información oficial.
- ¿Cómo verificar integridad e identidad de un documento electrónico?
Artículo 19.- Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular a través de los portales de Internet deben ser accesibles, sencillos, expeditos, confiables, pertinentes y auditables, y deben contener información completa, actual, oportuna y veraz, de conformidad con la Ley y demás normativa aplicable.
Protocolos para contraloria social y validación de auditabilidad y veracidad de sistemas TICs
Artículo 20.- El Poder Público y el Poder Popular están obligados a garantizar en sus portales de Internet el ejercicio del derecho de las personas a participar, colaborar y promover el uso de las tecnologías de información libres, creación de nuevos servicios electrónicos o mejoramiento de los ya existentes.
Protocolo para verificación del funcionamiento del buzón de sugerencias.
Derecho a la participacion en la promoción de los servicios y uso de las tecnologías de la información
Artículo 21.- Los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular deben contener mecanismos que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación de las personas y sus organizaciones sociales, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente, en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.
Protocolos de contraloría social, reporte y seguimientos de fallas.
Mecanismos de ejercicio de contraloria social
Artículo 22.- En las actuaciones que realicen el Poder Público y el Poder Popular a través de las tecnologías de información, sólo se exigirán a las personas las medidas de seguridad necesarias según la naturaleza de los trámites y actuaciones a realizar. Igualmente, se requerirán los datos que sean estrictamente necesarios para tramitar los asuntos que haya solicitado, a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios y derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.
Protocolo de reporte de abusos en las solicitudes de recaudos.
Protocolo de verificación de requisitos.
Artículo 23.- En las actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información, documentos y comunicaciones electrónicas, en cumplimiento a las normas y medidas que dicte el órgano competente en materia de seguridad de la información.
Reglamento de suscerte?
Artículo 24.- El Poder Público debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información, a través del uso de certificados y firmas electrónicas emitidas dentro de la cadena de confianza de certificación electrónica de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la legislación venezolana que rige la materia.
Protocolos de seguridad informática.
Servicios de certificacion y firma electrónica
Los certificados y firmas electrónicas son recursos tecnológicos que permiten el cifrado y descifrado seguro de la información, con claves personales inviolables. Tales recursos son administrados por sistemas que se conectan siguiendo estrictos protocolos de seguridad de manera de crear y preservar una cadena de confianza, es decir, una red en la que cada componente puede confiar en la integridad y confidencialidad de la información que recibe y comparte.
Artículo 25.- El uso de las tecnologías de información por el Poder Público y el Poder Popular comprende la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas; en consecuencia, está sujeto a las limitaciones que establezca la ley sobre la materia.
Protocolo de reporte y seguimiento de fallas y violaciones del tipo descrito en este artículo.
De la proteccion de datos personales
Artículo 26.- Los archivos y documentos electrónicos que emitan el Poder Público y el Poder Popular, que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que los archivos y documentos en físico.
Protocolo de certificación de validez e integridad de un documento electrónico.
Artículo 27.- Cuando la Ley exija que un documento debe ser presentado en formato impreso y se encuentre en formato electrónico, tal requisito queda satisfecho cuando éste se presente en formato impreso y contenga un código unívoco que lo identifique y permita su recuperación en el repositorio digital institucional correspondiente, de conformidad con la normativa que rija la materia.
Para esto es indispensable garantizar la persistencia de los repositorios y la generación sistemática de esos códigos para cada trámite.
El código único reemplaza al sello húmedo.
Artículo 28.- Los proyectos y acciones que desarrollen el Poder Público y el Poder Popular, a fin de consolidar el uso de las tecnologías de información libres en la gestión pública, deben efectuarse de manera coordinada en los términos establecidos en la presente Ley, y están orientados al logro de los fines y objetivos del Estado, sobre la base de las políticas, estrategias, lineamientos y normas que se dicten en la materia.
Protocolo de verificación de interoperabilidad entre proyectos y sistemas TIC del poder popular y del poder público.
Artículo 29.- El Poder Público y el Poder Popular colaborarán para alcanzar la consolidación del uso de las tecnologías de información libres en el Estado.
Artículo 30.- Los procesos soportados en las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular deben ser interoperables, a fin de apoyar la función y gestión pública que éstos prestan, garantizando la cooperación y colaboración requerida para proporcionar servicios y procesos públicos integrados, complementarios y transparentes, sobre la base del principio de unidad orgánica.
Artículo 31.- El Poder Público debe procurar que el diseño y construcción de sus sistemas, programas, aplicaciones y servicios de información cuenten con facilidades de uso para la consulta electrónica, así como la veracidad y existencia de los documentos electrónicos, circunstancias o requisitos que posean y sean necesarios para realizar una determinada solicitud, trámite o servicio, sin que lo previamente descrito se le transfiera a las personas.
El Poder Popular debe igualmente garantizar que sus sistemas informáticos, cuenten con las mismas facilidades previstas para el Poder Público establecidas en el párrafo anterior y lo que establezca la normativa correspondiente.
Protocolo de certificación de validez de un documento electrónico.
Protocolo de verificación de requisitos en trámites públicos.
Artículo 32.- El Poder Público tiene la obligación de compartir entre sí la información pública que conste en sus archivos y repositorios digitales, de conformidad con lo establecido en la ley que regule la materia sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable.
El Poder Popular deberá compartir información pública sobre la gestión de los servicios públicos que se le hayan transferido, en los términos establecidos en el presente artículo y demás normativa aplicable.
Protocolo de verificación de interoperabilidad.
Los funcionarios quedan empoderados a procurar información complementaria a sus tareas en otras instancia del Poder correspondiente.
Artículo 33.- El Poder Público debe contar con una plataforma tecnológica integrada, bajo su control y administración, que permita el efectivo uso de las tecnologías de información en sus relaciones internas, con otros órganos y entes, y en sus relaciones con las personas; apoyando la gestión del sector público y la participación del Poder Popular en los asuntos públicos.
Arquitectura general de los servicios de almacenamiento y preservación de datos del poder público y del poder popular.
Protocolos de integración, interoperabilidad y control distribuidos de plataformas TICS del Poder público.
Plataforma tecnologica del Estado
¿Una nube para el Estado?
Artículo 34.- El desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información por el Poder Público, tiene como base el conocimiento libre. En las actuaciones que se realicen con el uso de las tecnologías de información, sólo empleará programas informáticos en software libre y estándares abiertos para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestados.
Protocolo para registro público de programas informáticos.
Protocolo para reporte de violaciones de este artículo.
¿y hardware propio?
Artículo 35.- Las licencias para programas informáticos utilizados en el Poder Público, deben permitir el acceso al código fuente y a la transferencia del conocimiento asociado para su compresión; su libertad de modificación; libertad de uso en cualquier área, aplicación o propósito y libertad de publicación y distribución del código fuente y sus modificaciones. Únicamente se adoptarán aquellas licencias que garanticen que los trabajos derivados se licencien en los mismos términos que la licencia original.
El Poder Popular debe garantizar que las licencias de los programas informáticos empleados en la gestión de los servicios públicos transferidos, cumplan con las condiciones y términos establecidos en este artículo.
Protocolo de verificación de licenciamiento libre y de acceso al código fuente.
Este artículo sanciona una forma estricta de “izquierdo de copia” (copyleft) para todos los programas que emplee el Poder Público y el Poder Popular.
Artículo 36.- El Estado garantiza la apropiación social del conocimiento asociado a las tecnologías de información libres que se desarrollen, adquieran, implementen y usen con el fin de emplearlas de forma independiente. Igualmente, aquellas tecnologías privativas en proceso de migración a tecnologías libres, deben garantizar el uso y ejecución de modo independiente. Para ello, se establecerán fuentes de financiamiento que impulsen programas y proyectos de investigación y desarrollo, fomenten la industria nacional de información libres y promueva la formación del talento humano en materia de tecnología de información libres, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley.
Protocolo de verificación de independencia de soportes privativos para las aplicaciones de software del poder público.
Protocolo de reporte de dependencias privativas en software y hardware.
Artículo 37.- Se crea el Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público, como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con las tecnologías de información, contribuyendo en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional. Es presidido por el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República y tendrá como fin promover y consolidar el uso, desarrollo, implementación y aprovechamiento de las tecnologías de la información en el Poder Público, mediante la coordinación de las acciones que al efecto se establezcan.
Creación del Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de la Información
Artículo 38.- El Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público, está integrado por:
1. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, en su condición de órgano directo y colaborador del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y en su condición de presidente o presidenta del Consejo Federal de Gobierno, que es quien lo preside
2. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Planificación
3. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Ciencia Tecnología e Innovación
4. El Ministerio del Poder Popular con competencia en Comunas
5. La Procuraduría General de la República
6. La Asamblea Nacional
7. El Tribunal Supremo de Justicia
8. El Consejo Nacional Electoral
9. El Consejo Moral Republicano, y
10. El Banco Central de Venezuela
Consejo nacional conformación
Artículo 39.- El Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público tiene las siguientes competencias:
1. Promover el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de información en el Poder Público y en el Poder Popular.
5. Garantizar que los programas y proyectos que se implementen en el Poder Público contemplen los requerimientos para su implantación y sustentabilidad, con base en la provisión de las capacidades financieras, institucionales y de talento humano que resulten necesarias.
Consejo nacional competencias
Artículo 40.- Se crea la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, como un instituto público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y de gestión de recursos, las cuales serán ejercidas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos por el órgano de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Planificación, con los privilegios y prerrogativas de la República, y estará adscrito al Ministerio con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho Instituto tendrá su sede en la ciudad de Caracas, y podrá crear direcciones regionales para la consecución de sus actividades en el resto del Territorio Nacional.
Creación de la Comisión Nacional de las Tecnologías de la Información
La Comisión Nacional es una institución operativa y ejecutiva, además de normativa.
Artículo 41.- Son competencias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información las siguientes:
9. Participar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela ante organismos internacionales en materia de tecnología de información, en coordinación con el ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores.
12. Autorizar al Poder Público, con carácter excepcional, el uso de tecnologías de información privativas, en los casos y condiciones establecidos en la presente Ley y demás normativa aplicable.
13. Otorgar, suspender y revocar la certificación de los programas informáticos, equipos y servicios en materia de tecnologías de información, a ser desarrollados, adquiridos, implementados, y usados por parte del Poder Público y del Poder Popular.
15. Asegurar que los funcionarios y empleados al servicio del Poder Público adquieran las competencias y habilidades necesarias para cumplir sus roles de forma efectiva, a través de programas de educación, entrenamiento y formación en tecnologías de información y seguridad informática.
23. Garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, normas y procedimientos requeridos para el intercambio electrónico de datos, información y documentos con el objeto de establecer un estándar de interoperabilidad.
29. Inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normas en materia de su competencia.
30. Abrir de oficio o a instancia de parte, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos sancionatorios previstos en la presente Ley y demás normativa aplicable, en el ámbito de su competencia.
34. Las demás que determine la ley.
Protocolo general para la elaboración cooperativa y abierta del plan nacional de Tis.
Protocolos para definición de políticas, dictámenes, lineamientos y ordenadas en TICs.
Protocolo de seguimiento a indicadores de uso de las TICs
Protocolo para el otorgamiento de excepciones que autoricen el uso del tecnología no libre en el sector público.
Protocolo de certificación de equipos y servicios TIC
Reglamentos suscerte
Protocolo de validación de calidad en los servicios públicos
Protocolos de validación de transparencia
Protocolo de registro y seguimiento de conflictos
Protocolos de apertura e instanciación de procedimientos sancionatorios.
Comision Nacional atribuciones
Artículo 42.- El patrimonio de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información estará constituido por:
3. los bienes provenientes de las donaciones, legados y aportes de carácter licito;
6. las multas por las infracciones de acuerdo a la presente Ley; los demás bienes que adquiera por cualquier título.
Comision Nacional patrimonio
Artículo 43.- La Dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información estará a cargo de un Consejo Directivo. El Consejo Directivo estará integrado por un Director o Directora General, quien presidirá el Instituto, y cuatro Directores o Directoras, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, cada uno de los cuales tendrá un suplente, designado de la misma forma, quien llenará las faltas temporales. Las ausencias temporales del Director o Directora General serán suplidas por el Director o Directora Principal que éste designe.
Comision Nacional dirección
Artículo 44.- El Consejo Directivo sesionará válidamente con la presencia del Director o Directora General o quien haga sus veces y dos Directores o Directoras. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo cuando se encuentren presentes todos sus integrantes, y por unanimidad cuando ocurriere el quórum mínimo.
El régimen ordinario de sesiones del Consejo directivo lo determinará el reglamento interno que dictará dicho ente.
Reglamento interno CONATI debe incluir el protocolo para toma de decisiones y para la designación de suplentes para llenar las faltas.
El reglamento debe aclarar que la unanimidad aplica siempre que haya asistencia completa.
Quorum Consejo Directivo de la Comisión Nacional
Artículo 45.- No podrán ser designados Director o Directora General o , miembros del Consejo directivo ni suplentes:
1. Las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente o Vicepresidenta de la República o de la máxima autoridad del órgano rector o de algún miembro de la dirección de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
4. Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos contra el patrimonio público.
Protocolo de verificación de conflictos de intereses.
Consejo Directivo restriccion a integrantes
Artículo 46.- Los miembros del Consejo Directivo serán responsables civil, penal, disciplinaria y administrativamente de las decisiones adoptadas en sus reuniones de acuerdo con las leyes que rigen la materia.
Responsabilidades de miembros consejo directivo
Artículo 47.- Al Consejo Directivo le corresponden las siguientes competencias:
5. Aprobar el estatuto de los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.
Competencias miembros Consejo Directivo
Artículo 48.- Corresponde al Director o Directora General de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información:
12. Presentar la memoria y cuenta del Instituto a consideración del Consejo Directivo y del ministerio con competencia en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Protocolos para realización de inspecciones y fiscalizaciones.
Atribuciones del Director o Directora de la Comisión Nacional
Artículo 49.- Los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información se regirán por el Estatuto de la Función Pública, salvo disposiciones especiales que el Ejecutivo Nacional decida sobre el reclutamiento, selección, ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones en el ejercicio de los cargos, la valoración de los cargos, las escalas de remuneraciones y el egreso. Las materias enumeradas en este artículo son de orden público; no pueden renunciarse ni relajarse por convenios individuales o colectivos, ni por actos de las autoridades de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Régimen de los funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional
Son funcionarios y funcionarias públicos.
Artículo 50.- Son unidades de apoyo a los efectos de la presente Ley:
1. Ente normalizador del uso de las Tecnologías de Información.
3. Y cualquier otra instancia que esté vinculada con el objeto y fines de esta Ley.
Artículo 51.- El ente normalizador en materia de tecnologías de información y el órgano normalizador en seguridad de la información ejercerán las funciones de unidades de apoyo especializadas de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, en las materias de su competencia y de conformidad con las normas de funcionamiento que dicte la Comisión.
Protocolos de coordinación CONATI Suscerte
Artículo 52.- El Centro Nacional de Tecnologías de Información, ente adscrito al órgano con competencia en tecnologías de información, es el encargado de apoyar a la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información a normalizar el desarrollo, adquisición, implementación y uso de estas tecnologías en el Poder Público y en el Poder Popular, conforme a las políticas, lineamientos y estrategias que se establezcan al efecto.
Protocolo de coordinación CONATI CNTI
Autoridad Competente (CNTI)
¿Brazo ejecutor?
Artículo 53.- El Centro Nacional de Tecnologías de Información tiene, en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las siguientes atribuciones:
7. Coordinar con el órgano competente los procedimientos, acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la gestión del Sistema Venezolano de la Calidad en materia de tecnologías de información en el Poder Público.
Protocolos de verificación de calidad en sistemas y servicios TICs
Competencias del cnti
Artículo 54.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, adscrita al ministerio con competencia en ciencia tecnologías e innovación, es el órgano competente en materia de seguridad informática, y es responsable del desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento al Sistema Nacional de Seguridad Informática, a fin de resguardar la autenticidad, integridad, inviolabilidad y confiabilidad de los datos, información y documentos electrónicos obtenidos y generados por el Poder Público y por el Poder Popular, así como la generación de contenidos en la red.
De la superintendencia de los servicios de certificación electrónica (suscerte)
Artículo 55.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica tendrá, en el ámbito de aplicación de esta Ley, las siguientes competencias:
Definir la arquitectura general del sistema nacional de seguridad informática.
Protocolos básicos para atención de eventos de seguridad informática
Competencias suscerte
Artículo 56.- La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, previo cumplimiento de las condiciones que determine la norma instruccional correspondiente, podrá acreditar a las personas naturales o jurídicas la cualidad de unidad de servicios de verificación y certificación, a fin de realizar funciones de auditoría sobre los programas informáticos, equipos de computación o servicios en materia de tecnologías de información a ser desarrollados, adquiridos, implementados y usados por el Poder Público y por el Poder Popular, para constatar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normativa aplicable.
Unidades de servicio de verificación
Artículo 57.- El Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática tiene como objeto proteger, resguardar, mitigar, y mejorar la capacidad de respuesta del Poder Público y del Poder Popular frente a riesgos y amenazas derivados del desarrollo de los sistemas de información. El Sistema Nacional de Protección y Seguridad Informática está integrado por:
1. Subsistema de Criptografía Nacional
2. Subsistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos
3. Subsistema Nacional de Informática Forense
Artículo 58.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, con el objeto de garantizar la integridad, calidad e independencia tecnológica, aprueba, certifica y homologa los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico que use el Poder Público y el Poder Popular.
De la aprobación, certificación y homologacion de los equipos o aplicaciones criptográficas
Artículo 59.- La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica es el órgano encargado de supervisar y exigir los certificados de homologación o sellos de certificación por modelo o versión de los equipos o aplicación con soporte criptográfico. A tal efecto, lleva un registro público del código de homologación para proveedores de servicios de certificación de los entes u organismos del Poder Público y del Poder Popular que hayan sido homologados y certificados.
Artículo 60.- Todas las personas jurídicas cuyo objeto sea la importación, distribución y comercialización de software privativo al Poder Público, pagarán a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información el dos y medio por ciento (2,5%), de la utilidad neta del ejercicio. Lo cancelado por este concepto, se realizará dentro de los noventas días siguientes del cierre del ejercicio fiscal.
De las contribuciones por actividades comerciales (impuesto a privativos)
Artículo 61.- Toda persona que preste servicios de software privativos al Poder Público, pagará una contribución del uno y medio por ciento (1,5%) de la utilidad neta del ejercicio, a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información.
Contribución por servicios privativos
¿Las nubes extranjeras pagarán esta contribución?
Artículo 62.- El Poder Público debe solicitar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información la certificación del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás normativa aplicable de los programas informáticos por equipos de computación según su tipo o modelo, el cual causa una tasa de 50 unidades tributarias.
Artículo 63.- La homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico, a que hace mención el artículo 58, tendrá una duración de tres años y su solicitud de tramitación causará una tasa de trescientas unidades tributarias. Las aplicaciones y equipos con soporte criptográfico libre estarán exentos del pago de la tasa prevista en el presente artículo.
Artículo 64.- La tramitación de la solicitud de acreditación o renovación como unidad de servicios de verificación y certificación se sustanciará de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y causará el pago de una tasa que no podrá ser mayor de treinta unidades tributarias ni menor a quince unidades tributarias.
Procedimiento (tasa de tramites)
Artículo 65.- La acreditación correspondiente contendrá, además de los extremos requeridos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y los previstos establecidos en el Registro Nacional de Contratistas los siguientes:
1. El tipo de acreditación que se trate
2. La determinación de las características y de los servicios que presta
3. El tiempo durante la cual se otorga no podrá ser superior a dos años
4. La remisión expresa a la norma instruccional que contenga las funciones y obligaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación.
Artículo 66.- La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, excepcionalmente, podrá autorizar, hasta por tres años, la adquisición y el uso de software que no cumpla con las condiciones de estándares abiertos y software libre, cuando no exista un programa desarrollado que lo sustituya o se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la Nación.
Protocolos para el otorgamiento de excepciones
Excepción al uso de programas informáticos libres
Artículo 67.- El órgano o ente del Poder Público al igual que el Poder Popular que sea autorizado a adquirir, usar y actualizar un software privativo, debe pagar una contribución especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación la cantidad equivalente entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor de adquisición del software privativo. Este aporte debe efectuarse dentro del ejercicio fiscal correspondiente a la adquisición del programa.
Protocolo para visibilizar requerimientos de desarrollo de software en el sector público.
Protocolo para cálculo de contribuciones especiales.
Artículo 68.- Los recursos producto de lo recaudado por concepto de contribuciones parafiscales y tasas, serán destinados al desarrollo y fomento del sector de tecnologías libres de información, en un monto no menor del cincuenta por ciento (50%) de recaudado, y el resto formará parte de los ingresos propios de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.
Destino de contribuciones parafiscales y tasas
¿Un incentivo para mantenerlas privativas?
Artículo 69.- La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información ejercerá las facultades y deberes que atribuye el Código Orgánico Tributario a la Administración Tributaria, en relación con los tributos establecidos en la presente Ley. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación ejercerá las facultades y deberes a los que se refiere este artículo, por lo que respecta a las tasas correspondientes al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Facultades tributarias y fiscales
Artículo 70.- El Estado venezolano, a través del Ministerio con competencia en ciencia, tecnología e innovación, impulsa el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la Industria Nacional de Tecnología de Información Libres, garantizando el ejercicio de la soberanía tecnológica y el desarrollo integral de la nación. A tales fines, promueve:
3. Polos de innovación regionales en la República Bolivariana de Venezuela, que asocien la investigación con la Industria Nacional de Tecnologías de Información Libres.
13. Impulsar y apoyar conjuntamente con el ministerio con competencia en materia de Comunas, la conformación de las Comunas de Tecnologías Libres, integradas por los usuarios, usuarias, activistas, colectivos y comunidades del software y hardware libres de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la presente Ley y demás normativa aplicable.
14. Cualquier otro mecanismo que permita establecer incentivos que promuevan la industria nacional de tecnologías de información libres
Protocolos de servicios de la red nacional de soporte técnico en TIL
Promoción de la industria nacional de las tecnologías de la información libres
¿Cómo se medirá la productividad de esta industria? ¿Contribuciones al fisco? ¿Cómo?
Artículo 71.- El financiamiento con fondos públicos está dirigido a impulsar un sistema económico socio productivo de las tecnologías de información libres, que desarrolle las actividades de investigación, diseño, creación, desarrollo, producción, implementación, asistencia técnica, documentación y servicios relativos tanto al software y como al hardware libres.
Artículo 72.- El Ejecutivo Nacional podrá exonerar, total o parcialmente, el pago del impuesto por enriquecimiento neto a la venta de bienes y prestación de servicios en tecnologías de información libres, de acuerdo a lo establecido en la legislación que rige la materia tributaria.
Procedimiento para exoneración de impuestos para ventas de bienes y prestación de servicios con TIL
Artículo 73.- El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación destinará, además de los aportes recaudados conforme a los artículos 63 y 64 de la presente Ley, un porcentaje no menor al dos por ciento (2%) de los recursos provenientes de los aportes para la ciencia, la tecnología y la innovación, al financiamiento de los programas y planes de promoción para consolidar la industria nacional de tecnologías de información libres, conforme a lo establecido en el artículo 70 de esta Ley.
Artículo 74.- La información que conste en los archivos y registros en el Poder Público y en el Poder Popular es de carácter público, salvo que se trate de información sobre el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la seguridad y defensa de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley que regule la materia sobre protección de datos personales y demás leyes que rigen la materia.
Artículo 75.- El Poder Público y el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, están obligados a notificar a las personas:
Herramientas para la contraloria social
Artículo 76.- El Poder Público y el Poder Popular no pueden exigirle a las personas, la consignación de documentos en formato físico que contengan datos o información que se intercambien electrónicamente, de conformidad con la ley.
Definición de documento electrónico
¿No podrán volver a pedir la fotocopia de la cédula?
Artículo 77.- El Poder Público y el Poder Popular tienen la obligación de proteger la información que obtiene por intermedio de los servicios que presta a través de las tecnologías de información y la que repose en sus archivos o registros electrónicos, en los términos establecidos en esta Ley, y demás leyes que regulen la materia.
Protocolo para protección de la privacidad y anonimizado de la información pública.
Artículo 78.- Previa solicitud de la persona legitimada, el Poder Público y el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, pueden recopilar datos de niños, niñas y adolescentes en relación a sus derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable.
El receptor de los datos debe darle prioridad, indicar los derechos que lo asisten y la normativa aplicable para llevar a cabo el trámite solicitado en beneficio del niño, niña o adolescente. Una vez que se obtenga dicha información se empleará únicamente para efectuar el trámite.
Tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes
Artículo 79.- La información a que se refiere el artículo anterior no puede ser divulgada, cedida, traspasada, ni compartida con ninguna persona natural o jurídica, sin el previo consentimiento de su representante legal, salvo cuando el menor de edad sea emancipado, en la investigación de hechos punibles, por una orden judicial, o cuando así lo determine la ley. El consentimiento expreso que se haya dado sobre la información del niño, niña o adolescente siempre puede ser revocado.
Prohibición de compartir datos personales de niñas, niños y adolescentes
Artículo 80.- Todas aquellas personas que ejerzan una función pública, incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas a la presente ley.
Responsabilidad de funcionarios públicos, funcionarias públicas, servidores públicos y servidoras públicas
Artículo 81.- Independientemente de la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, todas aquellas personas en el ejercicio de una función pública, incurren en responsabilidad y serán sancionadas por la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con molta comprendida entre cincuenta y quinientas unidades tributarias, por las siguientes infracciones:
2. Cuando ordenen o autoricen, el desarrollo, adquisición, implementación y uso de programas, equipos o servicios de tecnologías de información que no cumplan con las condiciones y términos establecidos en la presente ley y normativa aplicable a la materia, sin previa autorización de la autoridad competente.
Artículo 82.- La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información puede delegar en las Unidades de Apoyo, el inicio y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios por las infracciones cometidas a la presente ley.
Artículo 83.- Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, la Contraloría General de la República de Venezuela, de manera exclusiva y excluyente, inhabilitará al servidor público, en los siguientes casos:
Protocolo de contraloria de servicios de información.
Protocolo de reporte de software o hardware adquirido en violación de la ley.
Artículo 84.- La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información revocará las acreditaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación, así como las certificaciones que se otorguen conforme a la presente Ley, siguiendo el procedimiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las causas siguientes:
3. Cuando en la fiscalización, inspección o auditoria de un programa informático, equipo de computación o servicio de información, se hayan incumplido los procedimientos en los términos establecidos en las normas instruccionales correspondientes.
Protocolo de validación y acreditación de certificación de seguridad.
PRIMERA.- El Poder Público y el Poder Popular, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, deben registrar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información los programas informáticos que estén usando o posean, licencias y demás documentación asociada, de conformidad con la normativa instruccional correspondiente.
SEGUNDA.- En caso que algún órgano o ente del Poder Público o el Poder Popular, para el momento de entrada en vigencia de la presente Ley, cuente con tecnologías de información que no cumplan con lo aquí establecido, deberán presentar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, dentro de los doce meses siguientes, un plan institucional de adaptación o migración de la tecnologías de información para su aprobación.
TERCERA.- El Poder Público y el Poder Popular deberán elaborar los planes institucionales correspondientes para implementar el uso de las tecnologías de información libres en su gestión interna, en sus relaciones con otros órganos y entes, con el Poder Popular y con las personas. Estos planes deberán ser presentados ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, en las condiciones y términos que establezca la norma instruccional correspondiente y podrá ordenarse la aplicación de los correctivos necesarios cuando contravengan la ley y la normativa que corresponda
Cuarta.- A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la presente Ley, el Centro Nacional de Tecnologías de Información y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, procederan a su reestructuración, adecuación, organización y funcionamiento de conformidad con las competencias atribuidas en esta Ley, y se establece un lapso máximo de diez meses para tales efectos.
Protocolo para registro público de programas informáticos (base mínima de metadatos).
Protocolo para la elaboración de planes de migración y liberación de software.
Protocolo para validación de licencias compatibles con la ley de infogobierno.
Protocolo para intercambio de información entre instituciones públicas y del poder popular.
PRIMERA.- Se deroga el Decreto N° 3.390 de fecha 23 de diciembre de 2004, mediante el cual se dispone que al Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos, y servicios informaticós, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004.
SEGUNDA.- Se deroga Capítulo I del Título III y el Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes de Estado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 de fecha 15 de junio de 2012.
Protocolos para intercambio de información entre instituciones públicas y del poder popular.
PRIMERA.- Todo programa informático que se desarrolle, adquiera o implemente en el Poder Público, después de la entrada en vigencia de esta Ley, deberá ser en software libre y con estándares abiertos, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley y previa autorización del ente competente.
SEGUNDA.- El Poder Público deberá proceder a la digitalización de sus archivos físicos. Los mensajes de datos que resulten de esta digitalización seran firmados electrónicamente por la persona autorizada, con el fin de certificar dichas copias electrónicamente.
TERCERA.- La presente Ley entrará en vigencia una vez transcurrido diez meses contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Protocolo para el otorgamiento de excepciones.
Protocolo para la digitalización progresiva de archivos públicos.
Protocolos para firmado electrónico de documentos oficiales.
Protocolo para el otorgamiento de firmas electrónicas certificadas a los ciudadanos y ciudadanas.
documento base producido por @sosinformatico Tomado de la Gaceta Oficial 40.724 17 octubre 2013
[1] Dávila, J. (2006) El espíritu de la ley de tecnologías de la información. En La Lógica Política del Software Libre, disponible en: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jacinto/libros.html
[2] Dávila, J. (2006) Software libre y la discrecionalidad del funcionario. En Rebelión.org (disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=33846 y en http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jacinto/libros.html )
[3] Dávila, J., Núñez, L., Sandia, B., Silva, J., and Torrens, R. (2006a). Repositorios
institucionales y preservación del patrimonio intelectual académico. Interciencia, 31(1):22– ISSN 0378-1844. http://www.interciencia.org/
[4] Dávila, J., Núñez, L., Sandia, B., Silva, J., and Torrens, R. (2006b). www.saber.ula.ve:
Un ejemplo de repositorio institucional universitario:. Interciencia, 31(1):29–36. ISSN 0378-
1844. http://www.interciencia.org/
[5] Dávila, J. (2006) El Copyleft es derechista (también). En Rebelión.org (disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=26333 y en http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jacinto/libros.html )
1http://www.cnti.gob.ve/images/stories/documentos_pdf/leydeinfogob.pdf
http://www.unefa.edu.ve/tic/pdf/infogobierno.pdf
http://www.secretaria.usb.ve/sites/default/files/documentos/Ley%20Infogobierno3.pdf
2Los códigos cognitivos aquí comentados son el resultado de un ejercicio de análisis conceptual coordinado por la Prof. Marianicer Figueroa y con la participación de Alejandro Ochoa, Mariángela Petrrizo, Elizabeth Benitez, Marx Gómez y Jacinto Dávila.
3Cerco informativo por Instituciones del estado
4Estado asume conocimiento como suerte de renta
5Fracaso en crear una política educativa distinta
6Hace daño no tener una política definida
7Hay contradicciones del estado sobre la libre información
8http://www.cnti.gob.ve/images/stories/documentos_pdf/go_interoperabilidad1.pdf
9Limitaciones tecnológicas dependen de decisiones de funcionarios
10http://albaciudad.org/wp/index.php/2013/08/ley-de-infogobierno-impone-multas-inhabilitaciones-e-impuestos-para-quienes-se-nieguen-a-usar-software-libre-en-el-estado/
11Contradicciones dan cuenta de no problematización
12http://forja.softwarelibre.gob.ve/