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Timestamp: 2020-07-14 12:31:25
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D. LEG. Nº 1514.- Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento | EDUCACIONENRED.PE
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D. LEG. Nº 1514.- Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento
Que, la Ley Nº 29499, Ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo núm.
635; modifica los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo núm. 638; y los artículos 50, 52, 55 y 56 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo núm. 654; estableció que la vigilancia electrónica es una alternativa de restricción del mandato de comparecencia y, a su vez, la incorporó en el Código Penal como un tipo de pena privativa de libertad, que puede ser otorgada por el Juez por conversión. Asimismo, admite que la vigilancia electrónica pueda ser empleada como un mecanismo de control al conceder los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional;
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena, y el Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal;
para optimizar la evaluación y utilización de dicha medida por parte de los jueces penales, como alternativa a la prisión preventiva, en el caso de las personas procesadas, y como pena sustitutoria a la de prisión efectiva, para el caso de las personas sentenciadas y de aquellos que se acogen a un beneficio penitenciario, conversión de pena o cualquier otra medida de liberación anticipada.
"Artículo 52-B.- Conversión de la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal.
4. En todos los supuestos previstos, el cómputo de la conversión de pena privativa de libertad por la pena de vigilancia electrónica personal es a razón de un día de privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal, en concordancia con el inciso 3 del artículo 29-A del presente Código."
"Artículo 29-A.- Cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal
e) La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el mismo tratamiento." Artículo 4. Incorporación del artículo 287-A al Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957.
Incorpórase el artículo 287-A al Código Procesal Penal, en los siguientes términos:
"Artículo 287-A. Comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal.
3. En ambos casos, el Juez impone las medidas restrictivas del artículo 288, conjuntamente con las disposiciones que regulan la vigilancia electrónica personal."
"Artículo 290 Detención domiciliaria. -1. Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado:
"Artículo 3.- Definición y modalidades de la vigilancia electrónica personal
"Artículo 5.- Procedencia de la vigilancia electrónica personal
5.1. La vigilancia electrónica personal procede para las personas procesadas por delitos cuyas penas sean superiores a los cuatro (4) años, salvo que la imputación en su contra sea por uno de los delitos a los que se refiere el inciso 5.5.
Cuando se imponga la medida de detención domiciliaria, el Juez puede reemplazar la custodia de la autoridad policial o de una institución pública o privada, o de tercera persona designada para tal efecto, por la de vigilancia electrónica personal.
5.5. Para los alcances de los supuestos 5.1. y 5.2. se excluye a las personas procesadas y condenadas por los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-B, 152, 153, 153-A al 153-J, 170 al 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 181-B, 182, 183, 183-A, 183-B, 189, 200, 297, 317, 317-A, 317-B, 319 al 321, 325 al 332, 346, 347, 349, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 393 al 398-A, 399, 400, 401 del Código Penal;
por los delitos cometidos como miembro o integrante de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley Nº 30077; por los delitos tipificados en el Decreto Ley Nº 25475 y sus modificatorias; y, los previstos en los artículos 1 al 6 del Decreto Legislativo Nº 1106.
5.7. Las exclusiones previstas en el 5.5. no se aplican en los supuestos de personas procesadas que se encuentren con plazo máximo de prisión preventiva vencida y que el Ministerio Público no haya formulado requerimiento fiscal acusatorio, para lo cual el Juez puede imponer la vigilancia electrónica personal, como medida de restricción adicional a la de comparecencia que disponga, siempre que se fundamente la proporcionalidad de la medida en relación a los fines del proceso." 6.3. Modifícase el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1322, en los siguientes términos:
"Artículo 6.- Solicitud
c) Para el caso de condenados, estos pueden solicitar la imposición de la vigilancia electrónica personal dentro del procedimiento para acceder a los beneficios penitenciarios, conversión de pena en ejecución de condena. En este supuesto, la vigilancia electrónica personal opera como un mecanismo de monitoreo para la ejecución de la semi libertad o liberación condicional, de conformidad con los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal, promulgado por Decreto Legislativo Nº 654; o para el supuesto c) del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1300." El representante del Ministerio Público puede solicitar también la imposición de la medida de vigilancia electrónica personal, si la persona persona procesada o condenada, se encuentra en los supuestos a) y b), y en los procedimientos de beneficios penitenciarios.
"Artículo 7.- Requisitos
b) Documentos que acrediten las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social, o estado de salud, del procesado o condenado; en el caso de internos, esta información es brindada por el INPE a través de la emisión de los informes sociales y psicológicos correspondientes;
c) Antecedentes judiciales y penales
"Artículo 8.- Audiencia sobre vigilancia electrónica personal
"Artículo 9.- Contenido de la resolución judicial que dispone la vigilancia electrónica
"Artículo 11.- Diligencia de instalación
En caso se señale un nuevo domicilio o lugar de residencia, el INPE debe verificar nuevamente la viabilidad técnica, y comunica al Juez para que señale fecha y hora para que se proceda a la diligencia de instalación conforme a lo señalado en el presente artículo.
"Artículo 14.- Financiamiento de la vigilancia electrónica personal
El INPE es el responsable de la implementación de la vigilancia electrónica personal y asume íntegramente los costos que supone la ejecución y supervisión de la medida."
Artículo 7. Modificación de los artículos 3, 4 y 8 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena.
7.1. Modifícase el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1300, en los siguientes términos:
"Artículo 3.- Procedencia El procedimiento especial de conversión de penas procede de oficio o a petición de parte, para condenados, siempre que se presenten los siguientes supuestos:
a) Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de cuatro (04) años y encontrarse en el régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario; o b) Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de seis (06) años y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario.
c) Haber sido condenado a pena privativa de libertad no menor de seis (06) y no mayor de diez (10) y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario.
El procedimiento especial de conversión no procede para condenados que, no obstante encontrarse en los supuestos señalados en el artículo anterior, se encuentren bajo las siguientes modalidades delictivas tipificadas en los artículos: 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-B, 152, 153, 153-A al 153-J, 170 al 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 181-B, 182-A, 183, 183-A, 183-B, 189, 200, 297, 317, 317-A, 317-B, 319 al 321, 325 al 332, 346, 347, 349, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 393 al 398-A, 399, 400, 401 del Código Penal; condenados por delitos tipificados en el Decreto Ley Nº 25475; condenados por delitos cometidos como miembros o integrantes de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley Nº 30077.
7.2. Modifícase el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1300, en los siguientes términos:
"Artículo 4.- Requisitos Para el procedimiento especial de conversión de penas, el Juez debe verificar los siguientes documentos:
c) Informes del órgano técnico de tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario- INPE, que acrediten una evaluación favorable cuando la pena impuesta no sea superior a dos (02) años o dos evaluaciones favorables continuas, cuando ésta sea mayor de dos (02) y hasta seis (06) años, o tres evaluaciones favorables continuas, cuando ésta sea mayor de seis (06) y hasta diez (10) años;
7.3. Modifícase el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1300, en los siguientes términos:
"Artículo 8.- Del contenido de la resolución que dispone la conversión
a) La cantidad exacta de jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres, que el condenado debe cumplir; o el plazo por el cual se impone la vigilancia electrónica personal de forma autónoma o conjunta con la de jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
Única.- Autoriza exoneración y transferencia presupuestal
Para la implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, exonérese al Instituto Penitenciario Nacional y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 48° y 49°del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público , de lo dispuesto en el artículo 13° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que Aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020 y autorízase a realizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a favor del Instituto Nacional Penitenciario.
Dichas modificaciones presupuestales se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta de este último.
Primera. Derogación del segundo párrafo del artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo Nº 635.
Derógase el segundo párrafo del artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo Nº 635.
Segunda. Derogación del numeral 5) del artículo 287, numeral 5) del artículo 288 y numeral 4) del artículo 290 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957.
Derógase el numeral 5) del artículo 287, el numeral 5) del artículo 288 y el numeral 4) del artículo 290 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo Nº 957.
Tercera. Derogación del literal d) artículo 7, el inciso 8.2 del artículo 8 y el literal e) del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal.
Derógase el literal d) del artículo 7, el inciso 8.2. del artículo 8 y el literal e) del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal.
Cuarta. Derogación del literal a) del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena.
Derógase el literal a) del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena.
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