Source: http://composi.info/informe-integrado-proyecto-de-ley-ley-para-la-investigaci.html?page=5
Timestamp: 2019-02-17 22:43:06
Document Index: 113846968

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 14']

5.2. Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) - Informe integrado proyecto de ley ley para la investigaci
5.3. Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988)
5.2. Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas (1971)
La Ley N.º 4990, que aprueba la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, del 10 de junio de 1972, es un texto que contiene varios artículos que, de alguna manera, inciden directamente en lo pretendido en el Proyecto de Ley N.º 19256; por ello, ponemos de relieve la lectura del artículo 2.4, que empodera a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a comprobar que las sustancias a producir en un Estado Parte, no causen estado de dependencia, ni producen estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tenga como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora o del juicio o del comportamiento o de la percepción o del estado de ánimo, o un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de la Lista Primera, Segunda, Tercera o Cuarta, y que haya pruebas suficientes de que la sustancia es, o puede ser objeto de un uso indebido tal, que constituye un problema sanitario y social, que justifique la fiscalización Internacional de la sustancia.
Asimismo ese numeral indica que “La Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanitario y social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, junto con cualesquier recomendaciones sobre las medidas de fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen.”
El instrumento internacional está diseñado, de modo que Costa Rica debe rendir cuentas a la OMS y a la JIFE, cuando se fiscalice sustancias, producto de material, catalogado como estupefaciente. Dentro de las exigencias están:
licencias para la fabricación, el comercio y la distribución.
recetas médicas para el suministro o despacho38.
cumplir las obligaciones relativas a la exportación e importación previstas en el Convenio.
El Proyecto de Ley No. 19256, en lo atinente a licencias, es conteste con la Convención de 1971, ya que el instrumento internacional obliga a los Estados a adoptar un régimen doméstico de aprobaciones, ello se puede apreciar meridianamente en el artículo 8, norma internacional, que dice:
1. Las Partes exigirán que la fabricación, el comercio (incluido el comercio de exportación e importación) y la distribución de las sustancias incluidas en las Listas Segunda, Tercera y Cuarta están sometidas a un régimen de licencias o a otro régimen de fiscalización análogo.
En el tema de los registros, la Convención de Viena, artículo 11.1, obliga al Estado costarricense a: “1. Con respecto a las sustancias de la Lista Primera, las Partes exigirán que los fabricantes y todas las demás personas autorizadas en virtud del artículo 7, para comerciar con estas sustancias y distribuirlas lleven registros, en la forma que determine cada Parte, en los que consten los pormenores de las cantidades fabricadas o almacenadas, y, para cada adquisición y entrega, los pormenores de la cantidad, fecha, proveedor y persona que las recibe.”
Igual de controlado es el asunto de la importación y exportación de sustancias, de hecho, el artículo 12.1.a. del mismo instrumento, señala: “1. a) Toda Parte que permita la exportación o importación de sustancias de las Listas Primera o Segunda exigirá que se obtenga una autorización separada de importación o exportación, en un formulario que establecerá la Comisión, para cada exportación o importación, ya se trate de una o más sustancias.”
Finalmente, es de resaltar el artículo 15, que viabiliza la inspección por parte de las autoridades nacionales, indicando: “Las Partes mantendrán un sistema de inspección de los fabricantes, exportadores, importadores, mayoristas y minoristas de sustancias sicotrópicas y de las instituciones médicas y científicas que hagan uso de tales sustancias. Las Partes dispondrán que se efectúen inspecciones, con la frecuencia que juzguen necesaria, de los locales, existencias y registros.”
Esta Convención fue aprobada por la Conferencia convocada a efecto de regular el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en su Sexta Sesión Plenaria (ONU), celebrada el 19 de diciembre de 1988, aprobada por la Asamblea Legislativa, mediante Ley N.º 7198, del 25 de septiembre de 1990. Es un instrumento, si se quiere, esencialmente punitivo, prohibitivo, coercitivo. Siendo un instrumento internacional que se coloca por encima de la ley ordinaria, según la pirámide kelseniana, hay que analizarlo, sin duda, a la luz de la propuesta de ley 19.256.
De importancia hemos de señalar que el artículo 3 inquiere al Estado costarricense a adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, “ii) El cultivo de la (…) planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada”. Ergo, sería posible la legalización o la no tipificación, cuando la ley doméstica lo autorice mediante un sistema rigurosamente controlado. El tema está, en que quienes estén actuando fuera de las licencias, concesiones, autorizaciones o regulaciones, se someten, o debe recaer todo el peso de la ley, con tipos penales concretos, cuestión que no se observa claramente en la iniciativa de ley, salvo algunas pocas concordancias39.
Por ejemplo, el artículo 14.2, de esta Convención, que regula el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y sustancias sicotrópicas, manifiesta que, “2.- Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de (…) cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente.”
Es muy importante la cita anterior, ya que el Proyecto de Ley sub examine contiene la apertura del cultivo del cannabis en Costa Rica, autorizándose bajo el sistema o procedimiento de contratación administrativa (cartel concursal), con adjudicación de concesiones y la firma de contratos de concesión, con tipos o categorías de licencias, asuntos que se desarrollarán más adelante cuando se analice el articulado.
Preliminarmente, lo que hay que señalar es que el instrumento internacional no cierra la posibilidad a un Estado para que regule el cultivo y producción, pero exige, que quienes estén al margen de los controles estatales –ilegalmente-, sean fuertemente sancionados.