Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20024628
Timestamp: 2019-05-24 17:06:49
Document Index: 270035173

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 78', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 162', 'artículo 139', 'Artículo 162', 'artículo 139', 'Artículo 139', 'artículo 241', 'artículo 2', 'Artículo 139', 'artículo 5', 'Artículo 6']

C-395 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020024628CC-SENTENCIAC395200624/05/2006CC-SENTENCIA_C_395__2006_24/05/2006200246282006SENTENCIA C-395/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA- Falta de certeza en los cargos Este Tribunal no puede proceder al análisis de constitucionalidad de la norma demandada, pues la acusación propuesta por el ciudadano, incumple la carga de certeza que se exige en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, ya que, como se demostró, la acusación recae sobre una proposición jurídica inexistente e irreal, propia del criterio subjetivo del accionante, cuyo contenido normativo resulta manifiestamente contrario a la interpretación sistemática de sus mandatos. Así las cosas, en la parte resolutiva de esta providencia, la Corte se inhibirá de pronunciarse de fondo en relación con la expresión acusada. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Naturaleza participativa INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA- Procedencia aún cuando se ha admitido la demanda Referencia: expediente D-6036
RODRIGO ESCOBAR GIL.D6036CONSTITUCIONALIDADGonzalo Rodrigo Paz MahechaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 139, numeral 4°, parcial, de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".Identificadores20020024629true40648Versión original20024629Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 139, numeral 4°, parcial, de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
ASUNTO: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 139, numeral 4°, parcial, de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
El ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad del artículo 139, numeral 4°, parcial, de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
(...) 4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes."
El accionante considera que la expresión "breve" prevista en el numeral 4° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004, vulnera el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 29, 31 y 229 de la Constitución Política.
Según el demandante, al establecer la norma acusada como deber específico de los jueces motivar de manera breve las decisiones que afectan los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes en el proceso penal, incurre en una flagrante violación del preámbulo y de los artículos 2, 4, 13, 29, 31 y 229 de la Carta Política, toda vez que bajo la apariencia de lograr la eficacia y eficiencia de la administración de justicia, permite la consolidación del "facilismo y del 'mero decisionismo' por parte de los jueces".
El accionante, luego de acudir a la definición de la palabra 'breve' contenida en el Diccionario de la Lengua Española, afirma que la norma demandada al señalar la obligación de los jueces de motivar brevemente las decisiones judiciales, permite que las mismas puedan ser proferidas "sin expresar razones, de hecho y de derecho", por lo que, en aras de priorizar los citados principios de eficacia y eficiencia, la administración de justicia se convertiría en una "fábrica de providencias" y de "fallos deshumanizados en donde solo cuenta para las estadísticas oficiales del sistema", cuando de acuerdo con la Constitución Política, las garantías y derechos fundamentales de los imputados en el proceso penal deben primar sobre cualquier otro tipo de consideración, como manifestación del carácter vinculante del Estado Social de Derecho.
Para el actor, la disposición acusada vulnera igualmente el principio de la dignidad humana establecido en el Preámbulo de la Carta, y los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, ya que permite a los jueces resolver de manera "lacónica o resumida", sin "fundamento razonable", limitando su capacidad de "raciocinio y análisis", asuntos que afectan derechos fundamentales, lo que, de contera, dificulta la posibilidad de que los afectados conozcan claramente las razones en las que se fundan las decisiones judiciales, violando, además, el ejercicio del derecho de impugnación previsto no solamente en la legislación interna, sino también en instrumentos internacionales como el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad.
De igual manera, indica que la norma acusada comporta una violación del principio de igualdad, ya que algunos ciudadanos se les resolverá su situación penal mediante decisiones fundadas y razonables, mientras que otros se verán sometidos a fallos breves e inmotivados. En sus propias palabras, el actor señala que: "No existe la menor duda de que privar al ciudadano del derecho fundamental a conocer las razones, claras y serias, en que se fundan las decisiones judiciales constituye una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y desconocimiento del principio de igualdad, pues a unos colombianos se les decidirán sus casos con razones de hecho y de derecho, mientras a otros se les resolverá de manera breve".
Con fundamento en lo anterior, el accionante concluye que: "Obligar que los jueces decidan, de manera breve, lacónica, sucinta o sin fundamentación, las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes, conduce a la arbitrariedad y al incumplimiento de una función que, como la de administración justicia, debe estar orientada por la búsqueda de la excelencia. (...) Imponer a los jueces, como deber específico, que decidan, de manera breve, las medidas que afectan los derechos fundamentales del imputado -su libertad por ejemplo- es negar el acceso a las razones del fallo, obstaculizar y negar, en la práctica, el derecho de defensa y la posibilidad de interponer los recursos, puesto que no existen razones que discutir, ni debatir. (..) Por lo anterior, (...) la expresión breve debe ser retirada del ordenamiento jurídico".
El interviniente se refiere inicialmente a la sentencia C-591 de 2005[1], mediante la cual la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". En dicha providencia, al adelantar el estudio de constitucionalidad del artículo 78 de la mencionada Ley, esta Corporación declaró la inexequibilidad de la frase "mediante orden sucintamente motivada", que se refería a la manifestación que debía hacer la Fiscalía General de la Nación, en caso de ocurrencia de un hecho generador de la extinción de la acción penal.
En esa oportunidad, según el interviniente, la Corte Constitucional tuvo en cuenta para tomar dicha decisión, entre otras, las siguientes razones, "(i) la estructura del proceso; (ii) la creación de los Jueces de Control de Garantías; (iii) la [ausencia de] competencia de la Fiscalía General de la Nación para decretar o conceder preclusiones de la instrucción; competencia y función que sólo, únicamente, le corresponde a la judicatura y, (iv) la [necesidad] de que todo [acto] [sea] motivado, máxime cuando se encuentra en estudio la preclusión de la instrucción que hace tránsito a cosa juzgada".
Sin embargo, a su juicio, tanto en dicha oportunidad como ahora, las expresiones "sucinto" o "breve" no pueden entenderse, de manera alguna, como sinónimos de irracional, lacónico o incompleto, conclusión a la que llega luego de analizar las definiciones que, de estas palabras, contiene el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que -en su criterio- la norma demandada debe ser declarada exequible.
Finaliza su intervención indicando que el texto mismo del artículo en cuestión señala que la motivación, además de "breve" debe ser "adecuada", lo que -por sí mismo- excluye la posibilidad de que se produzcan decisiones infundadas o irrazonadas.
Para comenzar señala que en el derecho penal siempre se plantea una tensión entre la eficiencia y el respeto por las garantías constitucionales. En efecto, "habitualmente se confunde la eficiencia con el eficientismo,... [que] es una degeneración del concepto de eficiencia y una de las maneras en que se expresa el eficientismo es el decisionismo procesal y el subjetivismo inquisitivo, al punto que la doctrina los ha calificado como elementos de una epistemología antigarantista".
En criterio del Fiscal, la norma acusada dispone no solamente que la motivación debe ser breve, sino también que debe ser "adecuada", lo que de entrada excluye los argumentos esgrimidos por el demandante. Por tal razón, contrario a lo que sostiene el actor, la disposición acusada establece un mecanismo que busca garantizar los derechos al debido proceso, a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad, ya que supone que los jueces -en todos los casos- deberán motivar las decisiones que adopten y que comporten una afectación de derechos fundamentales. Al respecto, el interviniente sostiene que:
"La motivación de las decisiones judiciales es un deber jurídico que tienen los jueces, es garantía de la administración de justicia, para que la actuación se ajuste al debido proceso y permita el ejercicio del derecho de defensa. De manera que la motivación adecuada, aunque breve, es una expresión del derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la administración de justicia. En consecuencia, la expresión normativa demandada no viola el derecho a la igualdad, pues el derecho a obtener una decisión motivada, cuando se trata de adoptar medidas que puedan afectar derechos fundamentales, es un deber general de los jueces en todas las jurisdicciones y en la totalidad del territorio nacional.
La motivación de las decisiones judiciales no depende de la longitud del discurso, de la referencia pormenorizada de lo expuesto por las partes o testigos y, tampoco de las citas jurisprudenciales o doctrinales que se hagan; sino de su claridad, profundidad y pertinencia con el asunto que es objeto de decisión y con lo solicitado por los sujetos procesales. Una decisión judicial que es coherente en sus planteamientos y contiene inferencias jurídicas acertadas, está legitimada y permite su impugnación, no hay entonces limitación alguna que imponga la disposición demandada al derecho a acceder a la segunda instancia, como lo sostiene el demandante. // Comparto con el demandante que es reprochable que los jueces, en sus decisiones, sean superficiales, unilaterales y contradictorios en sus argumentaciones e inferencias. Pero estos vicios del razonamiento judicial no dependen de la longitud ni brevedad de la decisión".
"En efecto, en el presente caso el demandante desprende de la expresión "breve" en la norma demandada, que limita el deber que tienen los jueces de razonar y fundamentar las decisiones, que obliga a tomar decisiones que afectan derechos fundamentales sin expresar razones de hecho y de derecho, además de discriminar a los colombianos a quienes les sería aplicada. Tales ataques no concretan la acusación e impiden que la Corte discuta el juicio de constitucionalidad de la norma. // El actor no ha formulado materialmente un cargo, sus afirmaciones no explican la forma como la expresión demandada por inconstitucional viola el preámbulo y las normas constitucionales que se estiman desconocidas, además, llega a una serie de conclusiones que no se desprenden del aparte de la norma demandada".
Para la interviniente, el actor le atribuye a la expresión "breve" un significado que ella no tiene, pues lo que la disposición acusada en realidad pretende es evitar fallos innecesariamente extensos o dilatorios y no instaurar la posibilidad de que las decisiones judiciales en materia penal sean inmotivadas.
"En su propósito de enervar la expresión arriba enunciada en el numeral 4° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004, el actor toma un camino intrincado en la interpretación de la ley, comoquiera que aduce definiciones extremas al adjudicarle un significado oprobioso y negativo a la expresión BREVE de la mencionada norma, convirtiéndola en una causal de vulneración de varios principios constitucionales, considerados como derechos fundamentales de los colombianos. Su intención le lleva a ocultar conocimientos jurídicos básicos del régimen penal, ahora de rango constitucional, que no sólo son mandatos superiores y legales sino que acompañan la actividad permanente de nuestros jueces de la república y que forman parte de la cultura jurídica del Estado. (...) En conclusión se puede afirmar que la demanda no se compagina con las perspectivas nuevas de nuestro régimen de procedimiento penal, y la dinámica judicial resultante, pues la expresión BREVE hace alusión al uso del tiempo y a la condensación de conceptos de la decisión en un juicio oral, no al olvido o desconocimiento, ni mucho menos a la supresión o reducción de lo esencial. De esta forma los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como el respeto por los derechos fundamentales de los colombianos, proseguirán incólumes en la motivación".
Para el Representante del Ministerio Público, esta Corporación debe inhibirse para examinar la constitucionalidad de la expresión "breve", contenida en el numeral 4° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda o, de manera subsidiaria, declarar exequible la expresión acusada, únicamente frente a los cargos formulados en el líbelo que dio inicio al presente proceso.
Para comenzar afirma que la interpretación que hace el accionante de la disposición acusada, es tan particular que "bien podría dar lugar a una decisión inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda", en tanto no cumple con uno de los requisitos para plantear el concepto de la violación, consistente en acreditar la carga de certeza.
Advierte, además, que el actor ignora que el deber consagrado en la disposición acusada se concreta con el contenido normativo del artículo 162 de la misma Ley, el cual establece como uno de los presupuestos mínimos que debe cumplir cualquier decisión judicial la "fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral", con lo que se asegura que las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, expresen las razones en las que se apoyan.
Finalmente, señala que la palabra "breve", definida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en el contexto de la norma, se refiere a la extensión de la argumentación del juez y no a la coherencia de la misma, por lo que, en su criterio, se garantizan los derechos de los implicados en el proceso penal y se mantiene a salvo el respeto por el debido proceso en dichas actuaciones.
En este contexto, en sentencia C-1052 de 2001[5], este Tribunal señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria[6]. En efecto, la falta de formulación de una demanda en debida forma, impide que esta Corporación pueda confrontar la disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece por completo de cualquier facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico. Precisamente, en sentencia C-447 de 1997[7], se manifestó que: "(...) no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal (...)"[8].
"La acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer sobre una proposición jurídica real y existente, y no simplemente deducida por el actor o implícita (cierta). Además, el accionante tiene la carga de exponer las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera la Carta Fundamental (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no meramente legales ni puramente doctrinales (pertinencia). Finalmente, la acusación no sólo ha de estar formulada de manera completa sino que debe ser capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de la disposición (suficiente). (Tomado de las sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)".
En esta medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro actione[11], según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar el texto acusado[12], el cargo formulado[13] o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la disposición acusada[14] o de la norma constitucional que sirve como parámetro de confrontación[15]; es viable que esta Corporación subsane los distintos defectos de las demandas que, en principio, hubieran llevado a un fallo inhibitorio y que detectados en la etapa de admisión hubieran dado lugar a su inadmisión o a su rechazo y, por ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin no solamente de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y de participación democrática, sino también con el propósito esencial de mantener "la integridad y supremacía de la Constitución", en los términos previstos en los artículos 241 y subsiguientes del Texto Superior.
"[Las] razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente, y 'no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita' e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto: 'esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden."
En el asunto bajo examen, el demandante pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión "breve" prevista en la norma acusada, por estimar que la misma conduce a la consolidación del "facilismo y del mero decisionismo por parte de los jueces", contrariando lo previsto en el preámbulo y en los artículos 2, 4, 13, 29, 31 y 229 de la Constitución Política.
En su opinión, con la citada expresión se desconocen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la impugnación y a la igualdad, pues se faculta a los jueces para motivar brevemente sus decisiones judiciales, esto es, "sin expresar razones, de hecho y de derecho", de manera "lacónica o resumida", sin "fundamento razonable", y, en general, limitando su capacidad de "raciocinio y análisis", a pesar de tener que adoptar medidas que afectan los derechos fundamentales de los imputados y de los intervinientes, los cuales gozan de primacía en el Estado Social de Derecho.
A diferencia de lo expuesto por el demandante, la expresión acusada no se refiere a la solidez ni a la coherencia argumentativa de la decisión judicial, sino a su extensión. En efecto, el artículo 139 del Código de Procedimiento Penal, en el numeral 4°, introduce no sólo uno -como lo pretende hacer ver el accionante-, sino dos parámetros básicos a los cuales debe acudir el juez para proferir sus providencias, ellos son: la brevedad y la adecuación. A través del primero, se busca que la decisión proferida sea de "corta extensión o duración"[19]; mientras que por intermedio del segundo, se pretende "acomodar" o "proporcionar"[20] al fallo judicial, el fundamento racional que permita concretar la relación de lo decidido por el juez con lo prescrito por las leyes, esto es, hacer patente los elementos fácticos y jurídicos que dan soporte a la correspondiente providencia judicial.
De manera que, contrario a lo expuesto por el accionante, la expresión demandada no le otorga al juez la facultad de proferir sus decisiones "sin expresar razones, de hecho y de derecho", o excluyendo el "raciocinio y análisis" debido, pues conforme a una interpretación sistemática de la disposición acusada, el deber de motivar brevemente no excluye la obligación de guardar un sólido y coherente análisis argumentativo que permita convalidar la adopción de medidas que impliquen una afectación a los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes, tal y como se deduce del criterio de "adecuación" exigido en el mismo precepto legal demandado.
"Artículo 162. Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo".
"De acuerdo con el entendimiento que tradicionalmente y de acuerdo con las normas positivas se ha hecho acerca del examen que procede en el momento de admisión de la demanda, por una parte, y en la sentencia, por otra, es claro que la circunstancia de que se admita la demanda mediante la constatación formal de la existencia de los requisitos legales no significa que se elimine por ello el análisis que corresponde a la parte final del proceso, por cuanto en este último momento cabe entrar ya a los aspectos sustanciales de la demanda para verificar si ella permite o no que se formule el estudio en el fondo y se arribe o no a una conclusión estimatoria que permita decidir efectivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición o disposiciones acusadas. (...)
En ese orden de ideas es claro, entonces, que bien puede acaecer que a pesar de haberse admitido la demanda, la Corte no pueda entrar a emitir pronunciamiento al momento de producir sentencia cuando del estudio que de la demanda se haga en ese momento procesal se concluya que la misma resulta sustancialmente inepta".
Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la expresión "breve", contenida en el numeral 4° del artículo 139 de la Ley 906 de 2004.
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (numeral 4 respecto de la expresion... ) Artículo 139 LEY_906_2004_31/08/2004
[8] De igual manera, en sentencia C-1299 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte sostuvo que: "el artículo 241 de la Constitución determina, de manera expresa, las funciones de la Corte y señala que a ella corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos allí expuestos.Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente existe demanda, esto es, una acusación de un ciudadano contra una norma legal planteada en los términos que señala el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991". (Subrayado por fuera del texto original).
[10] Así, por ejemplo, en Sentencia C-142 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), la Corte afirmó que: "(...) la interpretación de tales pautas [es decir, las cargas que se imponen a los accionantes para demandar], no puede tener por efecto anular el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, razón por la cual se ha de considerar con cierta 'indulgencia' al ciudadano inexperto en asuntos jurídicos (...)"
[16] Al respecto, dispone la norma en cita, subrayándose y resaltándose el aparte demandado: "Artículo 139. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes: (...) 4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes".
[23] En este mismo sentido se pronunció la Corte en sentencia C-362 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). Al respecto dijo: "Dentro del marco propio del análisis inicial en el juicio de constitucionalidad, en el auto respectivo se admitió la demanda, por encontrarse en ella la expresión del juicio relativo a la pretendida violación de los artículos 4, 9, 30, 93, y 214 de la Constitución Política. No obstante, del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella." Y agregó posteriormente: "Así las cosas, al efectuar el análisis de fondo que corresponde a esta oportunidad procesal, se ha de concluir en la ausencia de cargos que se refieran directamente al artículo 5º del Código de Procedimiento Penal atacado, y en consecuencia, la demanda por este concepto debe considerarse inepta."
[24] Al respecto, la citada norma dispone que: "Artículo 6o. Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre su admisibilidad dentro de los diez días siguientes.// Cuando la demanda no cumpla alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo, se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de súplica ante la Corte. // El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en si mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.// Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia". (Subrayado por fuera del texto original).