Source: https://es.scribd.com/doc/199272209/Ley-Organica-de-La-Procuraduria-General-de-La-Republica
Timestamp: 2016-10-22 13:56:59
Document Index: 57826251

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 17', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 14', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 16', 'Artículo 9', 'artículo 18', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 19', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 17', 'Artículo 46', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 45', 'Artículo 21', 'artículo 47', 'Artículo 14', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 46', 'artículo 46', 'Artículo 15', 'artículo 48', 'Artículo 58', 'Artículo 48', 'Artículo 16', 'artículo 58', 'artículo 56', 'artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 18', 'artículo 86', 'Artículo 88', 'artículo 69', 'artículo 88', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 19', 'Artículo 91', 'Artículo 99', 'artículo 91', 'Artículo 92', 'artículo 97', 'artículo 99', 'artículo 92', 'artículo 89', 'artículo 90', 'artículo 5', 'Artículo 23', 'Artículo 22', 'Artículo 1', 'artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 31', 'Artículo 29', 'Artículo 28', 'Artículo 35', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 33', 'Artículo 39', 'Artículo 38', 'Artículo 37', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 48', 'Artículo 52', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 54', 'Artículo 59', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 62', 'Artículo 61', 'Artículo 60', 'Artículo 64', 'Artículo 63', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 66', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'Artículo 70', 'Artículo 75', 'Artículo 72', 'Artículo 74', 'Artículo 81', 'Artículo 77', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 76', 'Artículo 78', 'Artículo 83', 'Artículo 85', 'Artículo 84', 'Artículo 82', 'Artículo 87', 'Artículo 86', 'Artículo 88', 'Artículo 90', 'Artículo 89', 'Artículo 91', 'Artículo 94', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 97', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 99', 'Artículo 98', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 105', 'Artículo 104', 'Artículo 106', 'Artículo 103', 'artículo 95', 'artículo 96']

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El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al funcionario que corresponda las responsabilidades administrativas. La Procuraduría General de la República debe verificar la necesidad y justificación de los contratos previstos en el artículo anterior y procederá a su autorización o denegación dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su recepción. El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución. Se modifica el artículo 15. de conformidad con la normativa correspondiente. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 17.”
Artículo 7º.Decreto 6. a ser suscritos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada. así como la información referente a su ejecución. destinado a homogeneizar la política jurídica del Estado. que ahora será el artículo 15. en el cual constarán los documentos y demás datos correspondientes al contrato. que será el nuevo artículo 17.286 Pág. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 15. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 16. Se incluye un nuevo artículo. La Procuraduría General de la República llevará un Registro de los contratos autorizados o denegados. requieren la autorización previa y expresa de la Procuraduría General de la República. Los contratos bajo la modalidad de honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial.
Artículo 6º. corrigiendo en lo adelante la numeración.”
Artículo 8º. 6
Sistema Integral de Asesoría Jurídica bajo su dirección. civiles y penales que le sean imputables. que ahora será el artículo 16. fijará todo lo relativo al funcionamiento del referido Sistema. Se modifica el artículo 14.
El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución. La Procuraduría General de la República puede asesorar jurídicamente a los institutos autónomos. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 18.”
. cuando a su juicio. bienes e intereses patrimoniales de la República. empresas del Estado y demás establecimientos públicos nacionales y a los Estados y Municipios. Dichas consultas serán remitidas a la Procuraduría General de la República por las máximas autoridades de los órganos de adscripción. Corresponde a la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional. Los Estados y los Municipios tramitarán sus consultas a través de sus máximas autoridades ejecutivas. que ahora será el artículo 18.286 Pág. Se modifica el artículo 16. empresas del Estado. fijará todo lo relativo al funcionamiento del Registro y las formas de supervisión y seguimiento de la ejecución de los contratos.”
Artículo 9º. y demás establecimientos públicos nacionales deben tramitar sus consultas a través del respetivo órgano de adscripción. el asunto objeto de la consulta esté relacionado con los derechos. los cuales deberán contener la opinión jurídica de los titulares de sus correspondientes consultorías jurídicas. fundaciones y asociaciones civiles del Estado.Decreto 6. debidamente sustanciados. a las fundaciones. acompañadas de los expedientes respectivos. 7
Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada deben informar periódicamente a la Procuraduría General de la República sobre las actuaciones desempeñadas por los asesores y representantes como resultados de la ejecución de los contratos. asociaciones y sociedades civiles del Estado. el cual debe contener la opinión jurídica de sus correspondientes órganos asesores. acompañadas del expediente respectivo debidamente sustanciado. Los institutos autónomos. a solicitud de sus máximas autoridades.
Se modifica el artículo 18. a los fines de coordinar y armonizar los criterios jurídicos de la Administración Pública.”
Artículo 11. 8
Artículo 10. Remitir las exposiciones de motivos de los proyectos de instrumentos jurídicos a ser sometidos al estudio y consideración jurídica de la Procuraduría General de la República. a fin que se subsanen las omisiones. Las solicitudes de consulta que no reúnan los requisitos establecidos en los artículos 18 y 19 de este Decreto Ley. en cada caso. bienes e intereses patrimoniales de la República. relacionados con los derechos. y Remitir los recaudos sobre los asuntos que deban conocer la Procuraduría General de la República y que ésta les requiera. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 19. que ahora será el artículo 20. además. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. 2. la opinión jurídica actual que les merezca el asunto sometido a consulta a la Procuraduría General de la República. Los Consultores Jurídicos de los órganos y entes de la Administración Pública están obligados a prestar su colaboración a la Procuraduría General de la República. los cuales. Sustanciar y foliar los expedientes a ser sometidos a la consideración de la Procuraduría General de la República.
4. así como los documentos y demás recaudos que sustenten dicha opinión. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 20.Decreto 6. deben enviar a la Procuraduría General de la República copia de los dictámenes y opiniones emitidos en el desempeño de sus funciones. deben estar debidamente conformados por la respectiva Consultoría Jurídica.
Los funcionarios referidos en el encabezamiento de este artículo. que ahora será el artículo 19. Se modifica el artículo 17. en los términos que establezca este Decreto Ley y su Reglamento.286 Pág.”
3. a tal efecto deben: 1. Remitir. deben ser devueltas.
Corresponde a la Procuraduría General de la República la revisión jurídica previa de los proyectos de leyes a ser sometidos a la Asamblea Nacional. Igualmente. Los sustitutos y quienes actúen por delegación del Procurador o Procuradora General de la República no pueden sustituir la representación conferida.286 Pág. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artícu1o 47. sin la previa y expresa autorización del mismo o la misma. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 46. asistidos de abogado. En este caso el poder se otorgará con las formalidades legales correspondientes. bienes e intereses patrimoniales de la República.”
Artículo 13. para que éstos. Cuando los apoderados fueren de nacionalidad extranjera se debe notificar al Presidente o Presidenta de la República. 9
Artículo 12.Decreto 6. que ahora será el artículo 21. para cumplir actuaciones fuera de la República Bolivariana de Venezuela. la Procuraduría General de la República podrá participar en los procesos de formación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional. Se modifica el artículo 45. cuya iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo Nacional. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 21. que ahora será el artículo 47. El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a abogados que no sean funcionarios de la Procuraduría General de la República.”
Artículo 14. Se modifica el artículo 44.”
. Se modifica el artículo 19. que ahora será el artículo 46. representen a la República judicial o extrajudicialmente en los asuntos inherentes a las respectivas representaciones diplomáticas o consulares. El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a los Embajadores y Cónsules de la República acreditados en País extranjero. en atención al principio de colaboración entre los Poderes Públicos. en representación y defensa de los derechos.
Se modifica el artículo 46. a objeto de que ésta. de los funcionarios o funcionarias consulares en ejercicio de sus funciones notariales. incluso a trasladarse cuando sea requerido a solicitud del Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre.) y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo. en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.286 Pág. derechos e intereses patrimoniales de la República. cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a quinientas Unidades Tributarias (500 U. el Procurador o la Procuradora podrá solicitar en casos de urgencia que así lo requieran. Las actuaciones suscritas por el Procurador o Procuradora General de la República. 10
Artículo 15. así como de los registradores públicos o registradoras públicas para autenticar o protocolizar los actos a ser suscritos en el ejercicio de sus competencias. en original o en copia certificada. el oficio de los notarios públicos o notarias públicas. En el caso de improcedencia. el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría General de la República. que ahora será el artículo 48. en el ejercicio de sus atribuciones. estando los referidos funcionarios en la obligación de prestar la mayor colaboración y celeridad para el trámite de los actos que se le soliciten. su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la reclamación. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 58. formule y remita al órgano o ente respectivo. a los fines del resguardo de los bienes. merecen fe pública.”
. debidamente foliado. Igualmente. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 48. la opinión de la Procuraduría General de la República tendrá carácter vinculante para el órgano respectivo.”
Artículo 16.Decreto 6. No se requiere la opinión de la Procuraduría General de la República. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del expediente administrativo.T. que ahora será el artículo 58. Se modifica el artículo 56.
a actividades de utilidad pública o a un servicio público. bienes e intereses patrimoniales de la República. a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión. el Tribunal debe determinar la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia. el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos.”
2. puede aprobar o rechazar la proposición del órgano o ente público que corresponda y. Se modifica el artículo 67. si la misma no es aprobada por la parte interesada. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 69. el Tribunal. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público. a petición de la parte interesada. la cual debe ser remitida al órgano o ente correspondiente.”
Artículo 18. Se modifica el artículo 86. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 88. debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercidos presupuestarios.Decreto 6. Si se trata de cantidades de dinero. nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. que ahora será el artículo 69. La parte interesada. que ahora será el artículo 88.286 Pág. según los procedimientos siguientes: 1.
. previa notificación. o si el organismo respectivo no hubiere presentado alguna. la información y documentación que ésta les requiera para actuar en representación y defensa de los derechos. Los órganos y entes de la Administración Pública deben remitir a la Procuraduría General de la República. dentro del lapso que le sea indicado. en el último caso. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaría no imputable a programas. Si se trata de entrega de bienes. el tercer perito es nombrado por el Tribunal. 11
Artículo 17. el Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva propuesta. En caso de desacuerdo.
en general. aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre.Decreto 6. a un servicio de interés público.286 Pág. derechos e intereses patrimoniales de la República. la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados. Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren. de otras entidades públicas o de particulares.”
Artículo 20. 2.”
Artículo 21. bastando para que sea procedente la medida. 12
Artículo 19. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 91. La Procuraduría General de la República puede solicitar las siguientes medidas cautelares: 1. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 99. El secuestro. 4. o si del examen del caso. que ahora será el artículo 91. Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas. El embargo. antes de su ejecución. que estén afectados al uso público. quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 92. Se modifica el artículo 97. a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público. secuestro. que ahora será el artículo 99. el juez
. que ahora será el artículo 92. en resguardo de los bienes. La prohibición de enajenar y gravar. el Juez para decretarlas. bienes e intereses de la República. alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos. de embargo. Cualquier medida nominada e innominada que sea necesaria para la defensa de los derechos. 3. deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo. Se modifica el artículo 89. Se modifica el artículo 90. emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión. empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación. Cuando se decrete medida procesal. ejecución interdictal y.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Publicaciones Oficiales imprímase a continuación el texto íntegro del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. a fin de que el organismo público que corresponda adopte las previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien. fechas y demás datos a que hubiere lugar. Adoptadas las previsiones del caso. manifestando la ratificación de la suspensión. el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República. Artículo 23. En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos. 13
debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República. las firmas.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001.Decreto 6. con las reformas aquí acordadas y en el correspondiente texto único. o su renuncia a lo que quede del lapso. quien a su vez debe informar al juez de la causa. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5. sustitúyanse donde dice “funcionarios” por “funcionarios o funcionarias” y donde dice “funcionarios o funcionarias públicos” por “funcionarios públicos o funcionarias públicas”.”
Artículo 22.286 Pág. acompañando copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. debe contestar dichas notificaciones durante este lapso. en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la República.
. Se suprime de manera íntegra el Título referido a las “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”. El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre. así como por los de la presente.
) RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN Refrendado El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas (L.S. 149° de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.) GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO
.S. 14
Dado en Caracas.S. Ejecútese.)
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.) JESSE CHACON ESCAMILLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L. (L.S.) RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.Decreto 6.S. a los treinta días del mes de julio de dos mil ocho. Años 198° de la Independencia.286 Pág.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.
S.) OLGA CECILIA AZUAJE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior (L.S.) ROBERTO MANUEL HERNANDEZ Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (L.S.) RODOLFO EDUARDO SANZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.) HAIMAN EL TROUDI
.S.286 Pág. 15
Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (L.S.) YUVIRI ORTEGA LOVERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (L.S.Decreto 6.) ISIDRO UBALDO RONDON TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Ambiente (L.) HECTOR NAVARRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.) LUIS ACUÑA CEDEÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.S.S.
S.) VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (L.) NURIS ORIHUELA GUEVARA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L.S.S.S.) FELIX RAMON OSORIO GUZMAN Refrendado El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (L.S.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal (L.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Deporte (L.S.S.286 Pág.S.) PEDRO MOREJON CARRILLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.) SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ
.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social (L.Decreto 6. 16
Refrendado La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (L.
) NICIA MALDONADO MALDONADO
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.Decreto 6.286 Pág.S.
organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República. DICTA El siguiente.076 de fecha 13 de noviembre de 2000. El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer las normas relativas a la competencia. su actuación en la defensa de los derechos. bienes e intereses patrimoniales de la República y en el ejercicio de su función consultiva.Decreto 6. VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES Artículo 1º. en Consejo de Ministros. así como las normas generales sobre procedimientos administrativos previos a las demandas contra la República.
.286 Pág. DECRETO CON RANGO. 18
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el literal a del numeral 6 del artículo 1° de la Ley N° 4 que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.
deben atender sus convocatorias y requerimientos de cualquier información. informes sobre sus actuaciones en la materia. En ejercicio de las potestades que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas a quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya otorgado sustitución deben remitir a éste. deben solicitar la opinión previa y expresa de la Procuraduría General de la República. bienes e intereses patrimoniales de la República. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que. de conciliación. bienes e intereses patrimoniales de la República. los servidores públicos y los particulares están obligados a colaborar con la Procuraduría General de la República y. o cualquier otro acto de disposición relacionados directamente con los derechos. documento u otro instrumento necesario para la formación de criterio. son competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos. a tal efecto. El Procurador o Procuradora General de la República puede determinar la forma.
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al funcionario que realice el acto las responsabilidades
. Artículo 5º. Las potestades y competencias de representación y defensa previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado. en el ejercicio de sus atribuciones realicen en sede administrativa actos de convenimiento. transacción. desistimiento. Artículo 4º. 19
Artículo 2º.Decreto 6. de compromiso en árbitros. Artículo 3º. sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República. Para el cumplimiento de los fines previstos en este Decreto Ley. alcance y periodicidad de los informes aquí referidos.286 Pág.
aún en horario no hábil. BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA REPUBLICA Artículo 9°. Artículo 8º. Artículo 7º. bienes e intereses patrimoniales de la República. 20
administrativas. registros. si fuere el caso. estadales y municipales. copia certificada de la documentación respectiva. por los daños causados a los derechos. a informar a ésta de cualquier hecho o acto que afecte algún derecho.286 Pág. Las normas de este Decreto Ley son de orden público y se aplican con preferencia a otras leyes. tienen acceso a los expedientes que se encuentren en los tribunales. registradores.
Artículo 6º.Decreto 6. civiles y penales que le sean imputables. bien o interés a favor de la República del cual tuvieren conocimiento en ejercicio de sus atribuciones y a remitirle. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas de la Procuraduría General de la República y quienes actúen en su nombre. notarios y demás autoridades nacionales. Es competencia de la Procuraduría General de la República:
. Los funcionarios o funcionarias judiciales. notarías y demás órganos nacionales. están obligados a prestar gratuitamente los oficios legales de su ministerio a la Procuraduría General de la República. TITULO II DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CAPITULO I EN MATERIA DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS. estadales y municipales. vinculados con las actuaciones que los mismos adelanten.
Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder Público Nacional. Redactar y suscribir los documentos de transferencias de titularidad de las tierras.
3. resolución. 2.
Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. alcance. las denuncias sobre hechos o actos que. caducidad. relacionados con los derechos.286 Pág. bienes e intereses patrimoniales. en los juicios que se susciten entre ésta y personas públicas o privadas. Las demás que atribuyan las leyes y demás actos normativos. 21
1. Estadal y Municipal.
. energética y ambiental que celebre el Ejecutivo Nacional. así como todo lo atinente al régimen de tierras baldías y contratos en materia minera. cuyo contenido esté vinculado con sus derechos. 4. bienes e intereses patrimoniales de la República. los documentos contentivos de actos. por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad. bienes e intereses patrimoniales de la República. 9.
8. interpretación y cumplimiento de contratos que suscriban los órganos del Poder Público Nacional. cuya competencia no les esté atribuida expresamente por mandato constitucional o legal. por nulidad. contratos o negocios de su respectiva gestión. Recibir y tramitar mediante los órganos competentes.
5. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República. a su juicio. en la cual estén involucrados los derechos e intereses patrimoniales de la República.Decreto 6. Representar y defender a la República.
6. 7. afecten los derechos. conforme a las instrucciones de los órganos del Poder Público Nacional. Redactar y suscribir. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional.
relacionados con los ingresos públicos nacionales.286 Pág. Corresponde a la Procuraduría General de la República: 1.
. deben remitir a la Procuraduría General de la República los proyectos de contratos a suscribirse. Representar y defender judicial y extrajudicialmente. de ser el caso. CAPITULO IIII EN MATERIA DE CONTRATOS Artículo 11. Los contratos a ser suscritos por la República que establezcan cláusulas de arbitraje. los derechos e intereses de la República. la cual debe hacer pronunciamiento expreso. 2. 22
CAPITULO II EN MATERIA DE INGRESOS PUBLICOS NACIONALES Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría General de la República emitir su opinión sobre los contratos de interés público nacional. Artículo 12. tanto nacional como internacional. los documentos contentivos de actos.Decreto 6. contratos o negocios relacionados con los ingresos públicos nacionales. conjuntamente con sus soportes y la opinión de la respectiva Consultoría Jurídica. conforme a las instrucciones que le comunique el Ejecutivo Nacional. y Redactar. deben ser sometidos a la opinión previa y expresa de la Procuraduría General de la República. sobre la procedencia de las cláusulas de arbitraje nacional e internacional. las máximas autoridades de los órganos del Poder Público Nacional. A los fines previstos en el artículo anterior. Artículo 13.
así como la información referente a su ejecución. de conformidad con la normativa correspondiente. El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al funcionario que corresponda las responsabilidades administrativas. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada deben informar periódicamente a la Procuraduría General de la República sobre las actuaciones
. fijará todo lo relativo al funcionamiento del referido Sistema. Artículo 17. El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución.286 Pág. La Procuraduría General de la República en su condición de órgano superior de consulta. Artículo 15. desarrollará un Sistema Integral de Asesoría Jurídica bajo su dirección. requieren la autorización previa y expresa de la Procuraduría General de la República. en el cual constarán los documentos y demás datos correspondientes al contrato. Artículo 16.Decreto 6. 23
CAPITULO IV EN MATERIA DE CONTRATACIONES DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL Artículo 14. destinado a homogeneizar la política jurídica del Estado. civiles y penales que le sean imputables. La Procuraduría General de la República debe verificar la necesidad y justificación de los contratos previstos en el artículo anterior y procederá a su autorización o denegación dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su recepción. Los contratos bajo la modalidad de honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial. a ser suscritos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada. La Procuraduría General de la República llevará un Registro de los contratos autorizados o denegados.
. el asunto objeto de la consulta esté relacionado con los derechos. cuando a su juicio. fijará todo lo relativo al funcionamiento del Registro y las formas de supervisión y seguimiento de la ejecución de los contratos. empresas del Estado. Los Estados y los Municipios tramitarán sus consultas a través de sus máximas autoridades ejecutivas. CAPITULO V EN MATERIA DE ASESORIA Sección Primera Asesoría a los Órganos del Poder Público Artículo 18. a solicitud de sus máximas autoridades. 24
desempeñadas por los asesores y representantes como resultados de la ejecución de los contratos. Corresponde a la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional. Dichas consultas serán remitidas a la Procuraduría General de la República por las máximas autoridades de los órganos de adscripción. fundaciones y asociaciones civiles del Estado. bienes e intereses patrimoniales de la República. El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución. y demás establecimientos públicos nacionales deben tramitar sus consultas a través del respetivo órgano de adscripción. Los institutos autónomos. acompañadas de los expedientes respectivos. los cuales deberán contener la opinión jurídica de los titulares de sus correspondientes consultorías jurídicas. acompañadas del expediente respectivo debidamente sustanciado.286 Pág. asociaciones y sociedades civiles del Estado. La Procuraduría General de la República puede asesorar jurídicamente a los institutos autónomos. a las fundaciones. debidamente sustanciados.Decreto 6. empresas del Estado y demás establecimientos públicos nacionales y a los Estados y Municipios.
bienes e intereses patrimoniales de la República.
. Remitir los recaudos sobre los asuntos que deban conocer la Procuraduría General de la República y que ésta les requiera. la opinión jurídica actual que les merezca el asunto sometido a consulta a la Procuraduría General de la República. deben ser devueltas. 25
contener la opinión jurídica de sus correspondientes órganos asesores. a fin que se subsanen las omisiones. a tal efecto deben: 1. Artículo 19. cuya iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo Nacional. relacionados con los derechos. 2. en los términos que establezca este Decreto Ley y su Reglamento. 3. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 21. además. en cada caso. Las solicitudes de consulta que no reúnan los requisitos establecidos en los artículos 18 y 19 de este Decreto Ley.286 Pág. Sustanciar y foliar los expedientes a ser sometidos a la consideración de la Procuraduría General de la República.Decreto 6. así como los documentos y demás recaudos que sustenten dicha opinión. Los Consultores Jurídicos de los órganos y entes de la Administración Pública están obligados a prestar su colaboración a la Procuraduría General de la República. a los fines de coordinar y armonizar los criterios jurídicos de la Administración Pública. Remitir las exposiciones de motivos de los proyectos de instrumentos jurídicos a ser sometidos al estudio y consideración jurídica de la Procuraduría General de la República. deben estar debidamente conformados por la respectiva Consultoría Jurídica. Artículo 20. y 4. Los funcionarios referidos en el encabezamiento de este artículo. Corresponde a la Procuraduría General de la República la revisión jurídica previa de los proyectos de leyes a ser sometidos a la Asamblea Nacional. Remitir. deben enviar a la Procuraduría General de la República copia de los dictámenes y opiniones emitidos en el desempeño de sus funciones. los cuales.
La asistencia a las reuniones del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional tiene carácter obligatorio. en atención al principio de colaboración entre los Poderes Públicos.286 Pág. la Procuraduría General de la República podrá participar en los procesos de formación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional. sus miembros pueden hacerse representar por otro funcionario competente.
. El Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional debe reunirse por convocatoria del Procurador o Procuradora General de la República. por los jefes de las unidades jurídicas superiores de la Procuraduría General de la República. Sección Segunda Del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional Artículo 22. quien lo preside. 26
Igualmente. Artículo 23.Decreto 6. Corresponde al Procurador o Procuradora General de la República designar al secretario del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional. para conocer y opinar sobre los proyectos de las leyes nacionales. por el Coordinador Jurídico de la Vicepresidencia Ejecutiva. el mismo debe estar integrado por el Procurador o Procuradora General de la República. que sean sometidas para su estudio. así como sobre otras materias jurídicas de interés para la República. Se crea el Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional. por los consultores jurídicos de los Ministerios y cualquier otro funcionario o autoridad cuya presencia sea requerida. cuando así lo autorice expresamente la máxima autoridad del organismo respectivo. reglamentos y demás instrumentos normativos. No obstante. a los fines de coordinar y armonizar los criterios y actuaciones jurídicas de la Administración Pública Nacional.
TITULO III DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. a objeto de conservar el contenido de los asuntos tratados.
. La Procuraduría General de la República conserva en toda su plenitud la representación y defensa de los derechos. Artículo 25. firmarán su Presidente y su Secretario.286 Pág. DEL PROCURADOR O PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CAPITULO I DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Artículo 27.Decreto 6. De cada reunión del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional debe levantarse acta que. el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 27
Artículo 24. El miembro del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional que disienta del criterio adoptado por la mayoría debe consignar por escrito su opinión debidamente razonada. una vez leída. El Procurador o Procuradora General de la República debe dictar el Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional. aun en los casos en que existan otro u otros funcionarios investidos de la misma atribución por sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República. bienes e intereses patrimoniales de la República. Artículo 26. El desarrollo de las reuniones del Consejo de Coordinación podrá ser registrado y grabado.
El Reglamento Interno de la Procuraduría General de la República debe determinar el número. Artículo 30. así como las funciones que correspondan a cada una de ellas. así como suscribir y ejecutar los contratos y ordenar los gastos inherentes a su funcionamiento.
2.Decreto 6. su competencia para ejecutar su presupuesto anual. se entiende por autonomía funcional y administrativa de la Procuraduría General de la República. la potestad para definir. Es atribución del Procurador o Procuradora General de la República suscribir y ejecutar los contratos y ordenar los gastos inherentes a la ejecución presupuestaria de la institución. Para los fines de este Decreto Ley. administrativa y presupuestaria. Para los fines de este Decreto Ley.
Artículo 32.286 Pág. La Procuraduría General de la República dispone de autonomía organizativa. El mismo deberá ser
. se entiende por autonomía presupuestaria de la Procuraduría General de la República. conforme a las siguientes disposiciones: 1. funcional. Artículo 31. sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control presupuestario del Estado. la estructura y la denominación de sus unidades internas. se entiende por autonomía organizativa de la Procuraduría General de la República. Artículo 29. establecer y ejecutar su estructura organizativa y su propio estatuto de carrera. Para los fines de este Decreto Ley. 28
Artículo 28. establecer y ejecutar modalidades de ejercicio de sus competencias. la potestad para definir. El Procurador o Procuradora General de la República elabora el proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Procuraduría General de la República y lo remite al Ejecutivo Nacional para su incorporación al respectivo Proyecto de Presupuesto del Estado.
puede sustituir. Artículo 35. Los funcionarios o funcionarias de la Procuraduría General de la República y los auxiliares del Procurador o Procuradora General de la República. mediante oficio. mediante oficio. 29
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.Decreto 6. Artículo 34. están en la obligación de
Artículo 36. Los sustitutos deben reunir los requisitos y condiciones legales correspondientes. para que actúen dentro o fuera de la República. Actúan con carácter de auxiliares del Procurador o Procuradora General de la República: 1. en los asuntos que le sean confiados. en quienes el Procurador o Procuradora General de la República pueda sustituir. o para atender determinados asuntos dentro del territorio nacional en defensa de los derechos. en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya sustituido su representación. en forma amplia o limitada. bienes e intereses patrimoniales de la República.
2.286 Pág. El Coordinador Jurídico de la Vicepresidencia y los otros consultores jurídicos de los ministerios o de sus órganos desconcentrados.
3. El Procurador o Procuradora General de la República. Los funcionarios o funcionarias. Cada unidad jurídica de la Procuraduría General de la República debe estar a cargo de un profesional del derecho. contratados para prestar servicios temporales al organismo. mediante poder otorgado con las formalidades legales correspondientes. o autoridades públicas en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya otorgado sustitución. Los abogados distintos a los funcionarios de la institución. la representación de la República en los abogados del Organismo. su representación para que atiendan aquellos asuntos relacionados con dichos órganos. Artículo 33.
CAPITULO II DEL PROCURADOR O PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Artículo 39. en la medida en que el mismo no afecte el ejercicio de las atribuciones de la institución. Artículo 38.Decreto 6. Artículo 37. La Procuraduría General de la República está a cargo y bajo la dirección del Procurador o Procuradora General de la República. puede ser ejercido por quien esté directamente interesado. dictado al efecto por el Procurador o Procuradora General de la República. El derecho de acceso a los documentos del Archivo de la Procuraduría General de la República. la información o documentación a la cual tengan acceso o conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. a tal fin. Ser ciudadano de reconocida honorabilidad. Las actuaciones de la Procuraduría General de la República podrán ser hechas en papel común y no están sujetas a obligaciones tributarias de ninguna naturaleza. quien debe ejercer las atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes. Las modalidades y procedimientos para el cumplimiento de lo previsto en este artículo son regulados en el instructivo interno. Para ser Procurador o Procuradora General de la República se requiere: 1. debiéndose. formular petición individualizada de los documentos a ser consultados. Ser venezolano por nacimiento y no nacionalidad. Artículo 40. 2. 30
no divulgar ni conservar para su aprovechamiento personal o el de terceros.286 Pág. poseer otra
Decreto 6. 31
3. traslados. hasta el cuarto grado.
Artículo 41. o de afinidad. ascensos.
Ser jurista de reconocida competencia. gozar de buena reputación. Artículo 44. haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica o haber sido profesor universitario. Además de las atribuciones generales que le confiere la Constitución y las leyes. es de la competencia específica del Procurador o Procuradora General de la República:
1. en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor titular o ser o haber sido juez superior. o el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República. Artículo 42. No debe ser designado Procurador o Procuradora General de la República.
Nombrar y remover los funcionarios y funcionarias que ejercen cargos directivos del organismo y aprobar los nombramientos. quien tenga con el Presidente o Presidenta de la República. ambos inclusive.
. Artículo 43. retiros. cambios de grado. parentesco por consanguinidad. en razón de un procedimiento disciplinario o que haya sido condenada mediante sentencia definitivamente firme a pena de presidio o prisión. hasta el segundo. excepto las actividades académicas y docentes. No podrá ser designado Procurador o Procuradora General de la República la persona que haya sido objeto de destitución de cualquier servicio del Estado. destituciones y demás actos relativos a la Carrera de la Procuraduría General de la República. con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. El ejercicio del cargo de Procurador o Procuradora General de la República es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. jubilaciones.286 Pág.
Crear oficinas para que ejerzan con carácter permanente las funciones de la Procuraduría General de la República en las regiones o Estados. en coordinación con los organismos responsables de las relaciones internacionales y comerciales de la República. 9. 4. 5. Comprometer y ejecutar el presupuesto anual de la Procuraduría General de la República y suscribir los contratos que requiera su funcionamiento. previa aprobación del Presidente de la República.Decreto 6. y aplicar los programas de modernización tecnológica que requiera el mejoramiento organizativo y funcional de la institución.286 Pág. La resolución mediante la cual se otorgue la delegación debe publicarse en la
2. 6. Designar representantes de la Procuraduría General de la República ante los distintos organismos nacionales o internacionales. en la elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales. Este reglamento debe ser publicado la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Elaborar el plan estratégico anual de la Procuraduría General de República. en Consejo de Ministros. bienes e intereses patrimoniales de la República. 11. 3. 10. 8. así como la firma de los documentos que estime necesarios. 32
Dictar el reglamento interno relativo a la estructura organizativa de la Procuraduría General de la República y la distribución de competencias entre las unidades que la conforman. bienes e intereses patrimoniales de la República. Participar. Dictar el estatuto relativo al Sistema de la Carrera y de remuneraciones de la Procuraduría General de la República. Crear y dirigir los comités de asesores que considere convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la República. a los fines de atender en dichas entidades. sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales. 7. cuyo contenido esté relacionado con los derechos. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional el proyecto de presupuesto anual de la Procuraduría General de la República. Delegar en los funcionarios del Organismo las atribuciones que tiene asignadas por ley.
. asuntos relacionados con la representación y defensa de los derechos.
Establecer directrices de integración y coordinación con las consultorías jurídicas de los órganos del Poder Público Nacional.
13. cuando la representación y defensa del interés de la República así lo requiera. para la mejor defensa de los derechos. las leyes y demás actos normativos. asistidos de abogado.
14. Aprobar los manuales de procedimientos que requiera el funcionamiento de la Procuraduría General de la República.Decreto 6. representen a la República judicial o extrajudicialmente en los asuntos inherentes a las respectivas representaciones diplomáticas o consulares. El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a los Embajadores y Cónsules de la República acreditados en País extranjero. Cuando los apoderados fueren de nacionalidad extranjera se debe notificar al Presidente o Presidenta de la República. Delegar en los funcionarios del organismo y sustituir en los funcionarios de otros organismos del Estado la representación y defensa judicial y extrajudicial de la República. 15. El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a abogados que no sean funcionarios de la Procuraduría General de la República. con las Procuradurías de los Estados y Sindicaturas Municipales. 33
Artículo 45. En este caso el poder se otorgará con las formalidades legales correspondientes. Artículo 46. para cumplir actuaciones fuera de la República Bolivariana de Venezuela.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Las demás que le atribuyan la Constitución. Las faltas temporales del Procurador o Procuradora General de la República serán suplidas por el funcionario que éste designe y deben ser notificadas al Presidente de la República.286 Pág. en representación y defensa de los derechos.
. Otorgar poderes o mandatos a particulares.
16. bienes e intereses patrimoniales de la República. bienes e intereses de la República. para que éstos.
CAPITULO III DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Artículo 49.286 Pág. procesos y procedimientos que regulan el ingreso. incluso a trasladarse cuando sea requerido a solicitud del Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre. de los funcionarios o funcionarias consulares en ejercicio de sus funciones notariales. normas. estando los referidos funcionarios en la obligación de prestar la mayor colaboración y celeridad para el trámite de los actos que se le soliciten. sin la previa y expresa autorización del mismo o la misma. el oficio de los notarios públicos o notarias públicas. Los sustitutos y quienes actúen por delegación del Procurador o Procuradora General de la República no pueden sustituir la representación conferida. la promoción. el cual se basará en los principios constitucionales y se regirá por las disposiciones del presente Capítulo. Las actuaciones suscritas por el Procurador o Procuradora General de la República. supletoriamente. Se establece el Sistema de la Carrera de la Procuraduría de la República.Decreto 6. el desarrollo y el egreso de la Institución. 34
Artícu1o 47. Igualmente. así como de los registradores públicos o registradoras públicas para autenticar o protocolizar los actos a ser suscritos en el ejercicio de sus competencias. técnicas. por la Ley que rige la Función Pública. políticas. El Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República lo conforma el conjunto de objetivos. en el ejercicio de sus atribuciones. la estabilidad. Artículo 50. Artículo 48. el Procurador o la Procuradora podrá solicitar en casos de urgencia que así lo requieran. principios. por el Estatuto correspondiente y.
. merecen fe pública.
286 Pág. por la índole de sus funciones. tengan injerencia en la toma de decisiones. los que ingresen a la Institución de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Estatuto correspondiente. El reconocimiento y la ponderación del mérito como base fundamental para la promoción dentro de la Institución. Son de confianza los cargos cuyas funciones impliquen el conocimiento de informaciones de confidencialidad y estén ubicados en los despachos de los cargos directivos. El Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República está basado en las siguientes políticas: 1. con excepción de los funcionarios o funcionarias que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción. Artículo 52.Decreto 6. 35
Artículo 51. los contratados y los obreros. a través de la compatibilización entre los requisitos del cargo y los atributos de aptitud para desempeñarlos.
. La incorporación de personal idóneo y de alto nivel de formación. 2.
Artículo 53. dictado por el Procurador o Procuradora General de la República. 2. Son de alto nivel los cargos directivos y los que. 3. El Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República se aplica a los funcionarios o funcionarias de la Institución. Son de libre nombramiento y remoción los cargos cuyas funciones son de alto nivel y de confianza. Son funcionarios o funcionarias de carrera de la Procuraduría General de la República. El Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República estará orientado hacia el logro de los siguientes objetivos: 1. El ingreso del personal mediante concurso público. Los resultados positivos de la evaluación del desempeño. Garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso a la institución. como requisito fundamental para garantizar la permanencia y la promoción dentro de la Institución.
resultados positivos de la evaluación. la promoción sobre la base de méritos. 5. 36
4. En ningún caso. Artículo 55. mediante la capacitación. Garantizar la igualdad de oportunidades.
Garantizar al funcionario el desarrollo profesional.286 Pág. De la
. el desempeño en distintas áreas profesionales de la institución y la promoción. Procurar remuneraciones acordes al nivel de formación profesional y a la magnitud y complejidad de las funciones realizadas. Garantizar a la institución su funcionamiento. experticia y dedicación especial. La Procuraduría General de la República puede contratar los servicios de especialistas sobre materias que requieran conocimientos. Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso. las capacidades. las aptitudes y las actitudes. TITULO IV DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPUBLICA Y DE LA ACTUACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN JUICIO CAPITULO I DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPUBLICA Artículo 56. los derechos consagrados a los funcionarios o funcionarias de la Procuraduría General de la República serán inferiores a los reconocidos a los funcionarios públicos o funcionarias publicas en la Constitución y en la ley.
Artículo 54. 6. mediante la aplicación de factores de eficiencia y de eficacia.Decreto 6.
T. en original o en copia certificada. el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría General de la República.286 Pág. formule y remita al órgano o ente respectivo. derechos e intereses patrimoniales de la República. a objeto de que ésta. a los fines del resguardo de los bienes. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del expediente administrativo. los instrumentos donde conste la obligación. fecha en que se causó. Artículo 59. su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la reclamación. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del criterio sostenido por la Procuraduría General de la República. acta de conciliación suscrita entre el solicitante y el representante del órgano y la opinión jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la pretensión. certificación de la deuda. cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a quinientas Unidades Tributarias (500 U. así como cualquier otro documento que considere indispensable. El órgano respectivo debe notificar al interesado su decisión. según el caso. dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la consignación del escrito contentivo de la pretensión. el cual debe contener. debidamente foliado. Artículo 57. en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. la opinión de la Procuraduría General de la República tendrá carácter vinculante para el órgano respectivo.Decreto 6. No se requiere la opinión de la Procuraduría General de la República. En el caso de improcedencia. 37
presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo. debe proceder a formar expediente del asunto sometido a su consideración. Artículo 58.) y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo. El órgano respectivo.
.286 Pág. establecimientos públicos nacionales y los órganos estadales y municipales. El ejercicio de esta atribución no exime a los respectivos órganos de la obligación de colaborar con la Procuraduría General de la República. Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intente contra la República. Artículo 62. cuando. faculta al interesado para acudir a la vía judicial. En caso de desacuerdo. La Procuraduría General de la República puede intervenir en todos los procesos judiciales en que sean parte los Institutos Autónomos. Artículo 61. Valor y Fuerza de Ley. 38
Artículo 60. por parte de la Administración.Decreto 6. queda facultado para acudir a la vía judicial. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. Corresponde a la Procuraduría General de la República representar al Poder Ejecutivo Nacional y defender sus actos ante la jurisdicción contencioso administrativa y constitucional. La ausencia de oportuna respuesta. sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo. dentro de los lapsos previstos en este Decreto con Rango. acerca de si acoge o no la decisión notificada. el interesado debe dar respuesta al órgano que corresponda. a su juicio. Artículo 64. CAPITULO II DE LA ACTUACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN JUICIO Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 63.
la información y documentación que ésta les requiera para actuar en representación y defensa de los derechos. sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario por los daños causados a los derechos. Valor y Fuerza de Ley. Artículo 68. Todas las actuaciones procesales que efectúe la Procuraduría General de la República. bienes e intereses patrimoniales de la República. dentro del lapso que le sea indicado. Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República. Artículo 69. bienes e intereses patrimoniales de la República.
. bienes e intereses patrimoniales de la República. Los órganos y entes de la Administración Pública deben remitir a la Procuraduría General de la República. sin el cumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos en este Decreto con Rango. Cuando el Procurador o Procuradora General de la República. extraordinarios y especiales establecidos por las leyes. 39
mismos afecten derechos. o de las cuestiones previas que les hayan sido opuestas. diligencia u oficio. Artículo 66. Artículo 65. se consideran como no practicadas. las mismas se tienen como contradichas en todas sus partes.286 Pág. pueden presentarse por escrito. Artículo 67.Decreto 6. Las notificaciones y citaciones realizadas al Procurador o Procuradora General de la República. no asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra ésta. incluyendo los recursos ordinarios. o los abogados que ejerzan la representación de la República.
comprometer en árbitros. Los lapsos para intentar los referidos recursos no comenzarán a correr hasta tanto no se practique la correspondiente notificación al Procurador o Procuradora General de la República. Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión.
. a ninguna medida preventiva o ejecutiva. transigir. Artículo 71. extraordinarios y especiales establecidos por las leyes. Artículo 73. hipotecas. excepción o defensa de la República. derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la República no están sujetos a embargos. La República no está obligada a prestar caución para ninguna actuación judicial. Los abogados que ejerzan en juicio la representación de la República no pueden convenir. debe ser consultada al Tribunal Superior competente. Los bienes. secuestros. sin la expresa autorización del Procurador o Procuradora General de la República.286 Pág.Decreto 6. o a la persona facultada para ello. salvo instrucción contraria de la máxima autoridad del órgano respectivo. conforme lo establecido en este Decreto con Rango. El secretario del tribunal respectivo está obligado a emitir en forma inmediata el acuse de recepción de los recursos referidos en el artículo anterior. desistir. 40
Artículo 70. dada por escrito. Artículo 75. Artículo 72. Valor y Fuerza de Ley. Artículo 74. en general. ejecuciones interdictales y. conciliar o utilizar cualquiera otro medio alternativo para la solución del conflicto. Los abogados que actúen en nombre de la Procuraduría General de la República deben hacer valer en los juicios todos los recursos ordinarios. rentas. previa instrucción escrita de la máxima autoridad del órgano respectivo.
Artículo 81. en las acciones de amparo constitucional que intente la República. Artículo 77. salvo lo establecido en el Código Orgánico Tributario. cualquiera sea el origen o la naturaleza jurídica de los créditos que se pretendan compensar. Ni las autoridades. La Procuraduría General de la República puede ejercer la representación que ostenta. se dejen perecer o se desista de ellas. o a quien esté facultado por delegación. se nieguen los recursos interpuestos. aún cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas. acompañado del libelo y de los recaudos producidos por el actor.286 Pág. Artículo 79. Sección Segunda De la Actuación de la Procuraduría General de la República cuando la República es parte en juicio Artículo 80. Las citaciones al Procurador o Procuradora General de la República para la contestación de demandas deben ser practicadas por oficio. En ningún caso es admisible la compensación contra la República. ni los representantes legales de la República. bienes e intereses patrimoniales. les hicieren el Juez o la contraparte sobre hechos de que tengan conocimiento personal y directo. En los juicios en que sea parte o intervenga la República. 41
Artículo 76. el número de sus representantes constituidos por ante un mismo Tribunal no está sujeto a limitación alguna. La República no puede ser condenada en costas. Artículo 78. El oficio debe ser entregado personalmente al Procurador o Procuradora General de la República.Decreto 6. en igual forma. ni a prestar juramento decisorio.
. cuando estén involucrados sus derechos. pero deben contestar por escrito las preguntas que. están obligados a absolver posiciones juradas.
la citación al Procurador o Procuradora General de la República debe hacerse en la forma prevista en este Decreto con Rango. por falta de citación al Procurador o Procuradora General de la República. Valor y Fuerza de Ley. sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en este artículo. Cuando la República sea citada en garantía o en saneamiento. a cuya terminación se considera consumada la citación del Procurador o Procuradora General de la República. El Procurador o Procuradora General de la República puede darse por citado. Artículo 83. Artículo 85. para que comparezca dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que conste en autos la citación. para que sean decididas en la sentencia definitiva como punto previo. comienza a transcurrir un lapso de quince (15) días hábiles.Decreto 6. El lapso para intentar este recurso es de treinta (30) días hábiles. iniciándose el lapso correspondiente para la contestación de la demanda. o por error o fraude en la misma. Cuando. la Procuraduría General de la República podrá oponer las cuestiones previas a que haya lugar. Cuando se desprenda de los autos que la reconvención versare sobre objeto distinto al del juicio principal. Artículo 84. En caso de reconvención contra la República. 42
Artículo 82. el acto de contestación se realizará en el vigésimo día hábil siguiente a su admisión. bienes e intereses patrimoniales de la República. contados a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de los hechos. se causare un perjuicio grave a los derechos.
. Consignado por el Alguacil el acuse de recibo de la citación en el expediente respectivo.286 Pág. éste puede interponer recurso de invalidación contra las sentencias ejecutoriadas o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal.
La parte interesada. el Tribunal encargado de ejecutar la sentencia notificará al Procurador o Procuradora General de la República quien. dentro del lapso de sesenta (60) días siguientes. dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el oficio respectivo. Artículo 87. sin excepción. Artículo 86.286 Pág. debe informarle sobre su forma y oportunidad de ejecución. La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República. Transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles. Este último deberá informar a la Procuraduría General de la República sobre la forma y oportunidad de ejecución de lo ordenado en la sentencia. se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General de la República y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar. Cuando la República sea condenada en juicio. puede aprobar o rechazar la proposición del órgano o ente público que corresponda y. previa notificación. los funcionarios judiciales. 43
Salvo lo dispuesto en este artículo. en el último caso. contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia. el Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva propuesta. Dentro de los diez (10) días siguientes de su notificación. la Procuraduría General de la República participará al órgano respectivo de lo ordenado en la sentencia. Artículo 88. el procedimiento para la intervención forzada se regirá conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. si la misma no es aprobada por la parte interesada. o si el organismo respectivo no hubiere presentado alguna. están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda sentencia interlocutoria o definitiva. En los juicios en que la República sea parte.Decreto 6. el Tribunal debe determinar la
la corrección monetaria debe ser fijada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país. Artículo 90.
2. el Tribunal. 44
forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia. a actividades de utilidad pública o a un servicio público. En los juicios en que sea parte la República. debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercidos presupuestarios. la cual debe ser remitida al órgano o ente correspondiente. el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. debe estimar el valor de las respectivas actuaciones. La Procuraduría General de la República puede solicitar las siguientes medidas cautelares:
. el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos. En caso de desacuerdo. el Procurador o Procuradora General de la República. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaría no imputable a programas. a los efectos de la respectiva condenatoria en costas.
Artículo 89.286 Pág. según los procedimientos siguientes: 1. el tercer perito es nombrado por el Tribunal. En los juicios en que haya recaído sentencia definitiva a favor de la República. Sección Tercera De las Medidas Cautelares Artículo 91. nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. de conformidad con lo establecido en la Ley de Abogados. o quien actúe en su nombre.Decreto 6. Si se trata de cantidades de dinero. a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión. Si se trata de entrega de bienes. a petición de la parte interesada.
a que se refieren los artículos anteriores.286 Pág. si se comprueba que los bienes afectados exceden la cantidad por la cual se decretó la medida. en resguardo de los bienes. señalándolos con toda precisión. A tal fin. el Juez para decretarlas. 45
1. emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión. aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre. bienes e intereses de la República. bastando para que sea procedente la medida. 4. Artículo 94. El secuestro. deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo. Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas.
El embargo. El Juez debe limitar las medidas preventivas a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio.
. 2. Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren. Las medidas preventivas. Cualquier medida nominada e innominada que sea necesaria para la defensa de los derechos. La prohibición de enajenar y gravar. derechos e intereses patrimoniales de la República. la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados.Decreto 6. 3. pueden ejecutarse sobre bienes que se encuentren en posesión de aquél contra quien se libren.
Artículo 92. Artículo 93. el Juez debe limitar los efectos de ésta a los bienes suficientes. o si del examen del caso.
excepción. en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición. Artículo 97. o su renuncia a lo que quede del referido lapso. si bien la República no es parte. Vencido este lapso. providencia.000 U. El Procurador o Procuradora General de la República puede intervenir en aquellos juicios en los que. el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República.T). practicada en el respectivo expediente.286 Pág. 46
Sección Cuarta De la actuación de la Procuraduría General de la República cuando la República no es parte en juicio Artículo 95. son afectados directa o indirectamente los derechos.
. debe contestar dichas notificaciones durante este lapso. el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación.Decreto 6. sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República. Artículo 96. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. bienes e intereses patrimoniales de la República. El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre. Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. manifestando la ratificación de la suspensión. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1. El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos.
a un servicio de interés público. la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
. debe contestar dichas notificaciones durante este lapso. o su renuncia a lo que quede del lapso. el juez debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República. En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República. manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso. en general. de embargo. Artículo 99. contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la República. acompañando copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. 47
En tales casos. ejecución interdictal y. son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa. Cuando se decrete medida procesal. El Procurador o Procuradora General de la República. el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos. manifestando la ratificación de la suspensión. a fin de que el organismo público que corresponda adopte las previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien.286 Pág. El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre. empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación. de otras entidades públicas o de particulares. Artículo 98. así como las notificaciones defectuosas. secuestro.Decreto 6. en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. antes de su ejecución. en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. o quien actúe en su nombre. a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público. que estén afectados al uso público. debe contestar dichas notificaciones durante este lapso. alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos.
a requerimiento motivado del Procurador o Procuradora General de la República. Artículo 100. serán sancionados con multa entre cincuenta y cien Unidades Tributarias (50 y 100 U. sin que el Procurador o Procuradora General de la República haya informado al Tribunal de la causa sobre las previsiones adoptadas por el organismo correspondiente.).
. quien a su vez debe informar al juez de la causa.T.286 Pág.Decreto 6. TITULO V DE LAS SANCIONES Artículo 101. bienes o intereses patrimoniales de la República. civiles y penales que les sean imputables por los daños causados a los derechos. sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas. Igual sanción se aplicará al superior jerárquico que no dé cumplimiento a esta medida o la retarde injustificadamente. el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República. de conformidad con el procedimiento sumario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. será sancionado de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior. sin perjuicio de las demás sanciones y procedimientos disciplinarios establecidos en las leyes. Transcurrido el lapso señalado en el artículo anterior. Valor y Fuerza de Ley. Cuando se probare a un funcionario público haber negado o retardado los requerimientos de la Procuraduría General de la República. 48
Adoptadas las previsiones del caso. Los funcionarios públicos que incumplan las obligaciones que les establece este Decreto con Rango. Artículo 102. el juez puede proceder a la ejecución de la medida. La sanción prevista en el este artículo será aplicada por el superior jerárquico del funcionario objeto de la misma.
Decreto 6. sin perjuicio de las demás sanciones legales aplicables. será sancionado con multa entre cincuenta y cien Unidades Tributarias (50 y 100 U. previa instrucción del procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada.T. La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada. Artículo 105. será sancionado con multa entre cincuenta y cien Unidades Tributarias (50 y 100 U.T. será sancionado con multa entre veinticinco y cien Unidades Tributarias (25 y 100 U.T. Artículo 104.
. sin perjuicio de las demás sanciones legales aplicables.). Artículo 106. La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada.T.). Cuando a los abogados distintos a los funcionarios de la institución que ejercen por sustitución la representación y defensa de los derechos. bienes e intereses patrimoniales de la República. Cuando a un funcionario u obrero de la Procuraduría General de la República se le probare haber divulgado algún asunto relativo al Organismo.286 Pág. La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada. Cuando se probare a un particular no haber colaborado con los funcionarios de la Procuraduría General de la República en el ejercicio de sus funciones. se les probare negligencia en el cumplimiento de sus deberes. sin perjuicio de las demás sanciones legales aplicables. previa instrucción del procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.). Cuando se probare a un funcionario haber suministrado datos y documentos falsos para ingresar a la Carrera de la Procuraduría. 49
Artículo 103. que haya tramitado o de los que tenga conocimiento. serán sancionados con multas entre cincuenta y cien Unidades Tributarias (50 y 100 U.).
921 del 22 de diciembre de 1965 y el artículo 95 y los ordinales 1° y 4° del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. publicada en la Gaceta Oficial N° 27.S. Valor y Fuerza de Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Se derogan la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de fecha 2 de diciembre de 1965.) RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO Refrendado El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.Decreto 6. a los treinta días del mes de julio de dos mil ocho. (L. 50
DISPOSICION DEROGATORIA Unica.660. Años 198° de la Independencia. publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.286 Pág. El presente Decreto con Rango.) JESSE CHACON ESCAMILLO
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L. Ejecútese.S. DISPOSICION FINAL Unica. 149° de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana. Dado en Caracas. de fecha 21 de junio de 1974.S.
) OLGA CECILIA AZUAJE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior (L.S.Decreto 6.S.) GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (L.S.) LUIS ACUÑA CEDEÑO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación (L.286 Pág.) RODOLFO EDUARDO SANZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Turismo (L.S.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa (L. 51
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.) HECTOR NAVARRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (L.S.) ROBERTO MANUEL HERNANDEZ
.S.) RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN Refrendado El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas (L.S.S.
) YUVIRI ORTEGA LOVERA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (L.Decreto 6.S.S.286 Pág.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal (L.S.) NURIS ORIHUELA GUEVARA Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información (L. 52
Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (L.) ISIDRO UBALDO RONDON TORRES Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Ambiente (L.S.) FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
.S.S.) PEDRO MOREJON CARRILLO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación (L.) HAIMAN EL TROUDI Refrendado La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (L.S.S.) FELIX RAMON OSORIO GUZMAN Refrendado El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (L.
Decreto 6.S.286 Pág.S. 53
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social (L.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Deporte (L.) NICIA MALDONADO MALDONADO
.) VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (L.S.S.) SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (L.
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