Source: http://antap.blogspot.com/2017_02_12_archive.html
Timestamp: 2018-02-25 03:54:42
Document Index: 33422224

Matched Legal Cases: ['artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 4', 'artículo 78', 'artículo 74']

Asociación Nacional de Tramitadores Administrativos y Profesionales: 12/02/17 - 19/02/17
Ø Despido objetivo. Error excusable en el cálculo de la indemnización. El bonus por objetivos abonado el anterior año, pero correspondiente al penúltimo, ha de ser incluido en la cuantía de la indemnización. La diferencia de la cuantía entre la indemnización entregada por la empresa y la que corresponde, se debe a la complejidad jurídica derivada del modo en que se devenga y abona el incentivo. Por tanto, el despido es procedente, pero con derecho al cobro de la diferencia indemnizatoria correspondiente al bonus mencionado. STA TS 30-06-2016.
Publicado por José Carlos: a las 14:01 No hay comentarios:
Servicios prestados por abogados y procuradores del turno de oficio:
Hasta ahora los servicios prestados por Abogados y Procuradores en el denominado turno de oficio o para la asistencia letrada al detenido no estaban sujetos a IVA. La razón, de acuerdo con la Resolución de 18 de junio de 1986 de la propia DGT, venía motivaba en el hecho de que las cantidades que con cargo a los presupuestos del Estado se asignan a los citados profesionales por la prestación de dichos servicios, "obligatorios para dichos profesionales en virtud de las normas jurídicas vigentes", carecía del carácter de retribución o compensación.
Sin embargo, basándose en las premisas definitorias del servicio la DGT, en Consulta Vinculante V0179-17, de 25 de enero de 2017, ha dado ahora un giro a su anterior criterio. El cambio, como la propia Dirección General indica, se basa en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De acuerdo con lo dispuesto en la STJUE 28 julio 2016 (en el asunto 543/14) en la que se resuelven diversas cuestiones prejudiciales planteadas sobre la fiscalidad del turno de oficio por el Tribunal Constitucional belga, no todos los abogados prestan servicios en el marco del régimen nacional belga de asistencia jurídica gratuita, sino únicamente aquellos que se presentan voluntariamente para hacerlo con carácter principal o accesorio y que están inscritos a tal efecto en una lista que se elabora anualmente. Por lo tanto, prestar servicios en tal régimen no constituye sino un objetivo más entre otros de la profesión de abogado que como tal no está exento del IVA en virtud del artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112.
El artículo 132. 1 letra g) de la Directiva establece la exención para:
"las prestaciones de servicios y las entregas de bienes directamente relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social, incluidas las realizadas por las residencias de tercera edad, realizadas por Entidades de Derecho público o por otros organismos a los que el Estado miembro de que se trate reconozca su carácter social"
El TJUE concluye que el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que disfrutan de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia jurídica gratuita, como el que es objeto del litigio principal, no están exentos del IVA.
Entre otras aseveraciones, el TJUE señala que no puede considerarse que la categoría profesional de los abogados y procuradores en general tenga un carácter social, requisito de la exención prevista en la Directiva . Por ello, la sujeción al IVA de los servicios prestados por los abogados en el marco de ese régimen nacional de asistencia jurídica gratuita no conculca el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables que disfrutan de tal asistencia.
Cambio de criterio DGT
La aplicación de la jurisprudencia del Tribunal europeo, ahora trasladada, determina que la Dirección General de Tributos proceda a cambiar el criterio hasta ahora mantenido respecto de la tributación de los servicios prestados por abogados y procuradores, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, llegando a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, e indicando que forma parte de la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.
La DGT considera que la consultante, una abogado ejerciente adscrita al servicio de asistencia jurídica gratuita al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE de 12 de enero), tendrá la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y la prestación de servicios de dirección letrada en favor de las personas o entidades con derecho a la asistencia jurídica gratuita, será una operación que, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 37/1992, estará sujeta al referido Impuesto.
La contestación literal de la Dirección es la siguiente:
«(…) De acuerdo con todo lo anterior, este Centro directivo considera ajustada a Derecho la siguiente contestación a la consulta formulada, por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido:
El cambio de criterio de este Centro directivo se apoya, como se ha indicado, en la sentencia del Tribunal de fecha 28 de julio de 2016 y en la consideración de que los mencionados servicios prestados por los abogados y procuradores en el marco de la Ley 1/1996 se realizan a título oneroso toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.Uno de la Ley 37/1992 , constituye la base imponible de las operaciones sujetas, el importe total de la contraprestación pagada por el destinatario de las mismas o por un tercero.
En consecuencia, considerando que los servicios de asistencia jurídica prestados por los abogados o procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita son retribuidos no por dicho destinatario sino por un tercero, en este caso la Administración Pública competente, se llega a la conclusión del carácter oneroso de tales servicios, formando parte la base imponible de dicha prestación la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.»
Publicado por José Carlos: a las 12:56 No hay comentarios:
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Paraguay, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2016. BOE 23-01-2017
Organismos de Enlace.
Disposiciones comunes a los Organismos de Enlace e Instituciones Competentes.
Normas especiales y excepcionales.
Prórroga del desplazamiento.
Interrupción de actividades con anterioridad a la conclusión del período de traslado.
Opción del personal de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.
CAPÍTULO 1 Prestaciones económicas por enfermedad o accidente común y maternidad.
Prestaciones por enfermedad, accidente común y maternidad.
Pensiones derivadas del fallecimiento de un titular de prestaciones.
Disposiciones específicas para las prestaciones de invalidez.
Notificación y pago de prestaciones.
Control y cooperación administrativa.
TÍTULO V Disposición final
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Paraguay, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2016. (BOE 23-01-2017)
Publicado por José Carlos: a las 16:02 No hay comentarios:
Las rentas por el visado de los Colegios Profesionales están sometidas a tributación.
Las rentas procedentes de la actividad de visado desarrollada por los Colegios Profesionales no están exentas del Impuesto sobre Sociedades al constituir esta actividad una explotación económica, según establece el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en una resolución de 12 de enero de 2017.
La Sala analiza el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el director de la Inspección Financiera y Tributaria. Basa sus argumentos en que el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) establece que las rentas obtenidas por los Colegios Profesionales derivadas de la realización de una explotación económica no gozan de exención, aun cuando constituyan su objeto social o finalidad específica. Por contra, determina que no se integran en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, por no proceder del desarrollo de una explotación económica, las rentas derivadas de actividades como el seguimiento del régimen de incompatibilidades legales, el mantenimiento actualizado de registros de profesionales o la representación de la profesión.
Ø Horas extraordinarias. Vigilantes de seguridad. Cálculo de su importe. Plus de transporte y de vestuario. Examen de la naturaleza jurídica de los complementos recogidos en el artículo 74 del Convenio Colectivo de empresas de Seguridad. Aun cuando el Convenio los califica de complemento extrasalarial, tal presunción no ha sido combatida por el sindicato recurrente, limitándose a justificar su petición haciendo alusión a meros extremos formales (cuantía y forma de pago de los pluses). Doctrina jurisprudencial. STA TS 05-07-2016.
Real Decreto 20/2017, de 20 enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. (BOE 21-01-2017)
Ámbito de aplicación y otra legislación aplicable.
Obligaciones relativas a la prevención de residuos y a la puesta en el mercado de vehículos.
Obligaciones relativas a la entrega y recogida de los vehículos para su tratamiento.
Documentación de la entrega.
Instalaciones y operaciones de tratamiento.
Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización.
Obligaciones en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor.
Sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
Aplicación de otra normativa.
Referencias al RD 1383/2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
Cesión temporal para finalidades específicas de vehículos al final de su vida útil dados de baja definitiva en la Dirección General de Tráfico.
Adaptación de las autorizaciones de las instalaciones. Las instalaciones de gestión de vehículos al final de su vida útil solicitarán, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, una revisión de su autorización para adaptarlas, cuando proceda, a las previsiones de este real decreto. Las administraciones competentes resolverán en el plazo de diez meses desde la presentación de la solicitud
Adaptación a los nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
Los sistemas individuales e integrados de gestión, así como los acuerdos voluntarios existentes, se adaptarán a los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2011. A estos efectos, en los nueve meses siguientes a la publicación de este real decreto, los productores de vehículos presentarán a la autoridad competente la comunicación del sistema individual o la solicitud de autorización como sistema colectivo de responsabilidad ampliada, según lo previsto en este real decreto.
Derogación normativa. Real Decreto 1383/2002
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. (BOE 21-01-2017)
f) Equipos de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las de lluvia en las zonas no cubiertas, las cuales han de ser tratadas previamente a su vertido, de conformidad con la normativa ambiental y sanitaria establecidas por las distintas Administraciones públicas.
Publicado por José Carlos: a las 9:43 No hay comentarios:
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