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Timestamp: 2020-04-06 15:45:17
Document Index: 365745709

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 46', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 4', 'Artículo 9']

2.1.5.1. En materia de protección de animales.- - Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de...
2.1.5.1. En materia de protección de animales.-
Atribuidas por la Ley 8/1991, de 30 de abril de protección de los animales, en su artículo 22,:
En sustitución en su caso de los Ayuntamientos corresponderá a los Cabildos:
Establecer y efectuar un censo de las especies de animales domésticos y de compañía que se determinen reglamentariamente
Recoger, donar, esterilizar o sacrificar, cuando fuera preciso, los animales domésticos vagabundos, abandonados o entregados por su dueño o poseedor, directamente o mediante convenios con asociaciones de protección y defensa de los animales.
Albergar a estos animales durante los períodos de tiempo señalados normativamente.
Tramitar y, en su caso, resolver, los expedientes sancionadores previstos por esta Ley.
2.1.5.2. En materia de protección del patrimonio documental.-
Atribuidas por la Ley 3/1990 de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias (arts.15, 18 y 23):
Planificación y coordinación, junto con la Comunidad Autónoma, de la organización y servicio de los archivos canarios de uso público y de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario
Creación de los Archivos Generales Insulares
Junto con el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos les corresponde:
Conservar y defender el Patrimonio Documental Canario, sin perjuicio de la colaboración exigible a los diferentes organismos y entidades de carácter público y a las personas privadas que sean propietarios o custodien parte de ese Patrimonio documental.
Velar para que los propietarios, conservadores y usuarios de los archivos y documentos constitutivos del Patrimonio Documental Canario respondan de las obligaciones y cargas que, según los casos, les correspondan y de las consecuencias de su incumplimiento.
Contribuir al mantenimiento de tales obligaciones y cargas mediante la concesión de ayudas, subvenciones o acceso a créditos especiales
Junto con el Gobierno de Canarias favorecerán el conocimiento y la difusión del Patrimonio Documental Canario
Junto con el Gobierno de Canarias establecerán los planes de edición de guías, inventarios, catálogos e índices de los documentos conservados en los archivos de uso público, sin perjuicio de la colaboración exigible a las instituciones de carácter público y a las personas privadas.
Derecho de tanteo y retracto en caso de transmisión de patrimonio documental
Autorización de salida de su sede de los bienes integrantes del patrimonio documental.
Promover, junto con el Gobierno de Canarias, el depósito en archivos adecuados de fondos documentales cuando no estén amparados por las exigencias mínimas de conservación
Incoación de expedientes sancionadores en materia de patrimonio documental
2.1.5.3. Pesca.-
Las atribuidas por el artículo 20.2 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias:
Incoar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones administrativas previstas en esta Ley
2.1.5.4.-Sanidad
Atribuida por el artículo 46 la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias según la cual corresponde a los CbI:
1.- La ejecución de campañas de saneamiento zoosanitario, así como el control de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
3. La participación en el Consejo Canario de la Salud y en los Consejos de Dirección del Area de Salud y en el de Participación Hospitalaria
2.1.5.5.-Proteccion de consumidores y usuarios (genérica para todas las EELL):
Atribuidas por el artículo 46 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias según la cual:
Artículo 46.- Competencias de las entidades locales.
2. El ejercicio de las competencias tendrá que ser determinado por el correspondiente decreto u ordenanza
2.1.5.6. Otras atribuciones (en colaboración con otras administraciones):
2.1.5.6.1.- Empleo la Ley 12/2003, de 4 de abril, de Servicio Canario de Empleo, art. 10:
Los Consejos Insulares de Formación y Empleo son órganos del Servicio Canario de Empleo, en los que se garantizará la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos comprendidos en el respectivo ámbito insular y los agentes económicos y sociales más representativos. Sus competencias serán:
2.1.5.6.2.- Educación y formación permanente de personas adultas de canarias, Ley 13/2003, de 4 de abril, de educación y Formación permanente de personas adultas de Canarias, artículo 24:
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la colaboración del resto de las administraciones públicas y entidades privadas, garantizará la consecución de los fines, principios y objetivos previstos en esta Ley, así como el eficaz desarrollo de sus líneas programáticas y actuaciones específicas.
2.1.5.6.3.- Igualdad entre mujeres y hombres, Ley 1/2010, de 26 de Febrero de Igualdad entre mujeres y hombres, artículo 4:
2.1.5.6.4.- En materia de cooperación internacional para el desarrollo, la Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación internacional para el desarrollo, Art. 22:
A instancia de las Entidades Locales se creará el Fondo Canario Local de Cooperación internacional al desarrollo con el fin de fortalecer las acciones de cooperación que se realicen en la Comunidad Autónoma y aumentar la eficiencia de los recursos locales destinados a este fin.
2.1.6.- EL NUEVO MARCO COMPETENCIAL DE LOS CBI, LA LEY 8/2015 DE 1 DE ABRIL .-
El art. 5 de la misma distingue, como se venía haciendo por las leyes anteriores, entre competencias propias como ente local isla y añade, con una expresión equivoca pues no puede referirse sino a la legislación básica del Estado: “…y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su legislación específica”. Pues el apartado 2 del mismo precepto enmarca las que les pueden ser delegadas como instituciones de la CCAA y el apartado 3 del art. 7 suma a las anteriores las delegables por los municipios de su isla, previendo al apartado 4 el ciclo inverso.
En el Capítulo II del Título I de la Ley, se desarrollan las competencias propias de los CbI como ente local del territorio-isla, en virtud de lo previsto en el art. 141.4 de la CE y art. 41 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la LRSAL.
En concreto el art. 8 traslada las competencias previstas en el art. 36 de la LRSAL para las Diputaciones y además el art 9 añade para la CC AA de Canarias:
Artículo 9.- Atribución de competencias propias a los cabildos insulares.
Del precepto destaca el apartado 1, en el que el legislador autonómico mandata al legislador sectorial y al ejecutivo que, en caso de estar presente y ser preponderante el interés insular, sean atribuidas las competencias a los CbI, así en los apartados 2 y 3 el desarrollo del espíritu de la LRSAL referente a la evitación de duplicidades entre estos y la administración de la CCAA y el mantenimiento, en todo caso, de la suficiencia financiera en la atribución y ejercicio competencial.
En el art. 23 se establecen los criterios por los cuales se reservan al ejercicio de la administración propia de la CCAA, las competencias asumidas por la misma en su EEAA:
Que la adecuada satisfacción del interés público afectado haga preciso el desempeño autonómico de las funciones que abarque la competencia.
Que la naturaleza de la actividad o servicio impongan su prestación autonómica por afectar a dos o más islas,
Por afectar al equilibrio interterritorial
Por razones de igualdad y equidad entre los ciudadanos
Por razones de igualdad y equidad entre las islas,
Por su representatividad del archipiélago,
Por razones sociales o económicas,
Por cualquier otra causa establecida en el ordenamiento jurídico.
La atribución de competencias por parte de la CCAA a los Cabildos Insulares, siempre y cuando estos las acepten (art. 23.3) lo que conlleva la no exigencia de que sean atribuidas por igual a todas las islas, como si se exigía por la legislación anterior (Art. Ley 4/1990), se desglosa en la ley de la siguiente forma: