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Timestamp: 2020-02-23 15:04:46
Document Index: 292410153

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 55', 'artículo 54', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 82', 'artículo 235', 'artículo 149']

Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario. (Vigente hasta el 1 de enero de 2004)
El ámbito espacial de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos.
Los comprendidos en el apartado 7 de este artículo.
La identidad y cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros o partícipes de las mencionadas entidades se hará constar en el Catastro Inmobiliario cuando así se solicite expresamente mediante acuerdo unanime de aquéllos. Así mismo, los cónyuges en régimen de sociedad de gananciales podrán solicitar que conste en el Catastro Inmobiliario la identidad de cada uno de ellos.
Los titulares catastrales tienen el deber de colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquel conforme a lo reglamentariamente establecido. La presunción establecida en el apartado 3 del artículo 1 de esta Ley no aprovechará al titular catastral que incumpla dicha obligación.
Los titulares de los derechos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3, cuando deban darse de alta como titulares catastrales conforme a dicho apartado, están sujetos a la obligación de formalizar las declaraciones conducentes a la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones, excepto en los supuestos de comunicación o de solicitud previstos en este artículo. Asimismo, están obligados a colaborar con el Catastro Inmobiliario suministrándole cuanta información resulte precisa para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquel conforme a lo reglamentariamente establecido.
Las que remitan los Notarios y Registradores de la Propiedad, conforme al artículo 55 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, siempre que se hayan cumplido las condiciones previstas en el artículo 54 de la misma Ley.
Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente.
La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan solo a características ornamentales o decorativas.
Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin personalidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, siempre que la respectiva entidad se haya acogido previamente a lo dispuesto en el mismo.
Solicitud de baja, que podrá formular quien figurando como titular catastral hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad.
Solicitud de incorporación de titularidad, que podrá formular el propietario a que se refiere el apartado 2 del artículo 3.
Solicitud de incorporación de cotitularidades, en los casos establecidos en el apartado 3 del artículo 3.
1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 2, párrafo c, del artículo 12 de esta Ley, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores, que recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.
3. La elaboración de las ponencias de valores se llevará a cabo por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebrán con cualesquiera Administraciones públicas en los términos que reglamentariamente se establezca.
5. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores totales o parciales se publicarán por edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el Boletín Oficial del Estado o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial.
De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento, en el que se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los diez años desde dicha fecha.
De carácter simplificado, cuando tenga por objeto determinar nuevos valores catastrales en los supuestos contemplados en el artículo 12 de la presente Ley.
Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se publicará en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente en atención al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, a efectos de su notificación por comparecencia, la relación de los titulares con notificaciones pendientes en las que constará el procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. Dicha publicación irá precedida de anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según el ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su exposición pública. En todo caso la comparecencia se deberá producir en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
La falta de presentación de las declaraciones, el no efectuarlas en plazo y la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. Si fueran varios los obligados a presentar una declaración, cumplida la obligación por uno de ellos, se entenderá cumplida por todos.
El incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral a que se refiere el artículo 50 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El incumplimiento del deber de comunicación a que se refiere el artículo 5 de esta Ley.
El incumplimiento del deber de suministrar datos, informes o antecedentes a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.
2. Las infracciones tipificadas en el apartado anterior se sancionarán con multa de 60 a 6.000 euros, salvo que se trate de la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, o de la conducta prevista en el párrafo d del citado apartado, en cuyo caso la multa será de 6 a 60 euros por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados y sin que la cuantía total de la sanción pueda exceder de 6.000 euros. Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor, la Administración no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción se sancionará con multa de 1.000 a 6.000 euros.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los criterios señalados en los párrafos a, b, c, e y f del número 1 del artículo 82 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, conforme a las reglas de aplicación que se determinen reglamentariamente.
Lo establecido en la sección IV del capítulo IV del Título I de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para los bienes inmuebles que con arreglo a la normativa anterior tuvieran naturaleza rústica o urbana, será de aplicación a los bienes inmuebles de características especiales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
El Director general del Catastro será el órgano competente para resolver el recurso de alzada establecido en la sección II del capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se interponga contra las resoluciones susceptibles del mismo dictadas en aplicación de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se da nueva redacción al párrafo b del apartado tres de la disposición adicional segunda de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado como sigue:
Para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y, en general, para la identificación de las fincas, por los notarios y registradores de la propiedad.
El inciso final del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 235 del Decreto de 12 de enero de 1973, que aprueba el texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.14 de la Constitución Española.