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Timestamp: 2018-05-27 19:39:12
Document Index: 403589339

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 223']

Publicado en BOCL núm. 96 de 22 de Mayo de 2013
Artículo 1 Forma de gestión del Servicio
Artículo 4 Presentación de ofertas
Artículo 5 Responsabilidad en la gestión
CAPÍTULO II. Organización del servicio
Artículo 6 Obligaciones del adjudicatario
Artículo 7 Dirección, supervisión y control del servicio
Artículo 8 Funciones a cumplir por el adjudicatario en relación al servicio
Artículo 9 Medios y recursos para la prestación del servicio
Artículo 11 Régimen del contrato
Artículo 12 Requerimientos del sistema tecnológico
Artículo 13 Instalaciones, infraestructura y equipamientos
Artículo 14 Precio del contrato
Artículo 15 Modificación del contrato
CAPÍTULO V. Documentación y publicidad
Artículo 17 Características de los documentos a utilizar por el adjudicatario
Artículo 18 Campañas de divulgación e información
CAPÍTULO VI. Extinción, resolución y régimen sancionador del contrato
Artículo 19 Extinción del contrato
Artículo 20 Resolución del contrato
Artículo 21 Incumplimientos contractuales
Artículo 22 Condiciones esenciales del contrato
Artículo 23 Régimen de penalizaciones
CAPÍTULO VII. Reversión, rescate y supresión del servicio
Artículo 24 Reversión
Artículo 25 Rescate del contrato por la Administración
Artículo 26 Supresión del servicio
Artículo 27 Finalización del contrato
Disposición adicional Régimen de dotaciones
La Administración de la Comunidad de Castilla y León se constituyó en entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único europeo 1-1-2 por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 16 de octubre de 1997, en cumplimiento del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se incorporó a la normativa autonómica, la Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991. Asimismo, se reguló este servicio público en el Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, donde se concretaron las prestaciones que dicho servicio debería facilitar a los ciudadanos, sin perjuicio de la forma de gestión que pudiera establecer la administración, y se atribuyeron las correspondientes competencias a la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial. En la actualidad, tal y como se señala en el artículo 1 del Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la competencia en materia de protección ciudadana y seguridad pública, corresponde a la citada Consejería.
La administración de la Comunidad de Castilla y León ha ido asumiendo las competencias que la Ley de Protección Civil y la normativa sectorial en esa materia relativa a la seguridad pública atribuyen a la Comunidad Autónoma, siendo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el órgano que tiene encomendado el desarrollo y ejecución de aquellas competencias, cuyos instrumentos de ejecución son el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León y los distintos planes especiales.
Según lo anterior, considerando que la finalización del contrato vigente está prevista para el próximo 31 de diciembre de 2013, procede aprobar una nueva orden con el fin de mantener la eficacia en la gestión del servicio, y garantizar su adaptación a las necesidades que puedan surgir durante la vigencia del nuevo contrato, de forma que pueda responder tanto al incremento de las demandas de los ciudadanos, como a los requerimientos a los que deba hacer frente la administración derivados de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma a través del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y demás planes especiales, de manera que se asegure el cumplimiento de los objetivos del servicio público, y se garantice que los recursos puestos a disposición de la entidad adjudicataria para la prestación del servicio se empleen de forma adecuada a su fin y con las máximas de eficacia y eficiencia.
La decisión de utilizar esta fórmula contractual prevista expresamente por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (T.R.L.C.S.P) en su artículo 19.1.b, precisa la aprobación de la presente orden para organizar dicho servicio público, como paso previo al expediente de contratación administrativa de concurrencia pública.
En consecuencia, y en atención a las facultades conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
1.– El servicio público de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único europeo 1-1-2 se gestionará por la Administración de la Comunidad de Castilla y León de forma indirecta, y tendrá la naturaleza de contrato administrativo especial, adjudicado mediante procedimiento abierto.
2.– La Dirección del objeto del contrato corresponde al Director de la Agencia de Protección Civil («APC»), quien ejercerá las competencias de dirección, coordinación, control y supervisión del servicio público, asistido por el Equipo Técnico que designe y el Servicio Castilla y León 1-1-2.
3.– El «Centro Castilla y León 1-1-2» es la denominación de la estructura organizativa y material que la entidad adjudicataria del contrato dispondrá para el cumplimiento de los servicios que el Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, encomienda al Centro Integrado de Gestión del Teléfono 1-1-2, en relación con la atención a las llamadas de urgencia, la coordinación de los incidentes, y el apoyo técnico a los Centros de Coordinación Operativa en emergencias.
4.– El conjunto de los sistemas y de los recursos organizativos, humanos, técnicos y materiales propios de la Administración, los cedidos por ésta a la entidad adjudicataria del contrato, y los que dicha entidad deba asignar para el cumplimiento de las funciones del servicio público, configuran un sistema específico que se designará abreviadamente como «E1-1-2».
El régimen jurídico del contrato se regirá por lo establecido en el Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por el que se regula servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2, en la presente disposición, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. L.C.S.P. y demás normativa sobre la materia de contratos administrativos en vigor, en los pliegos de condiciones que servirán de base para la licitación, y supletoriamente y en especial, el régimen del contrato de gestión de servicios públicos.
1.– La Administración se reserva para su gestión directa las funciones de dirección, supervisión y control del servicio público, que serán ejercidas por el Director del Contrato, asistido por el Director del Equipo Técnico y el Servicio Castilla y León 1-1-2, y aquellas otras que, por razones de interés público, se considera necesario en relación con la gestión de las emergencias y el apoyo a los planes de protección civil, y que se especificarán en los pliegos.
2.– La dirección, supervisión y control del servicio público, respecto a las funciones encomendadas en el contrato al adjudicatario, serán desempeñadas por el Director de la APC quien designará un Equipo Técnico con capacidad para llevar a cabo las actuaciones y comprobaciones que estime oportunas. La empresa adjudicataria vendrá obligada a tener informada a la Administración, en todo momento, del cumplimiento de las prestaciones encomendadas. A estos efectos, el Equipo Técnico tendrá acceso en tiempo real a los sistemas de monitorización y registro de las llamadas, a las bases de datos que la plataforma tecnológica mantenga sobre las llamadas recibidas y los incidentes generados, y a cualquier otra información y documentación sobre el servicio público de que el adjudicatario disponga, así como a las instalaciones donde se lleven a cabo sus funciones. Para ello, el Adjudicatario deberá dotar los puestos necesarios en la APC con los equipos y las herramientas informáticas y telemáticas que sean precisas para que el Equipo Técnico pueda acceder a los datos e informaciones de origen, y elaborar los informes procedentes.
3.– De igual forma, la APC designará el personal que, propuesto por otras Administraciones Públicas o pertenecientes a otras entidades privadas, puedan estar presentes en las instalaciones en aras a conseguir un tratamiento completo y adecuado de la urgencia o emergencia que pueda surgir.
El Adjudicatario deberá cumplir, en relación con la atención a las llamadas de urgencia prevista en el Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, las siguientes funciones:
– Garantizar la continuidad del servicio, con renovación y actualizaciones.
– Mejorar la explotación y la seguridad, con nuevos sistemas de ayuda a la explotación.
– Incorporar ampliaciones tecnológicas, con nuevas capacidades de interconexión.
– Servicios básicos: Explotación, operación, mantenimiento y contingencia.
– Servicios avanzados: Mejora en la explotación, soporte a la operación, aseguramiento de la interoperabilidad y capacidad de gestión de proyectos.
1.– La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios técnicos y materiales adecuados, y de los recursos humanos especializados, suficientes y cualificados que, de acuerdo con los parámetros de servicio, los indicadores de calidad y las condiciones tecnológicas, establezca la APC. Los puestos de operación y el dimensionamiento del personal necesario para cubrir el servicio público de forma continuada (365 días x 24 horas) serán especificados en la propuesta del adjudicatario, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos que se establezcan en el pliego de prescripciones técnicas. En todo caso, los recursos que se determinen deberán estructurarse de acuerdo con las áreas organizativas que se especificarán en el pliego de prescripciones técnicas, cuyos responsables serán designados por el adjudicatario, previa aprobación de la Administración.
2.– Al objeto de asegurar la calidad en la prestación del servicio, todo el personal dependiente de la empresa adjudicataria deberá participar en los programas de formación inicial y continuada establecidos en un Plan de Formación, que será aprobado por la APC y sufragado por el adjudicatario.
1.– La empresa adjudicataria gozará del régimen de concesión o autorización administrativa de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León según proceda, respecto a las instalaciones del Centro Castilla y León 1-1-2 y los medios y recursos puestos a su disposición por la Administración Autonómica, en los términos que determine el órgano competente de la Consejería de Hacienda o de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en virtud de su correspondiente ámbito competencial, determinando el estado y afectación de dichos elementos.
2.– En todo caso, las dotaciones que vaya a poner la Administración se indicarán en los pliegos de prescripciones técnicas.
1.– La empresa deberá utilizar los documentos previstos por las disposiciones legales y reglamentarias, en los que será obligatorio hacer constar la vinculación con la «Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Agencia de Protección Civil». La APC autorizará el sistema de clasificación de documentos, los modelos que deberán tener los mismos, tanto los de uso interno como externo, fijará las estadísticas a confeccionar y el tiempo obligatorio de conservación de documentos.
2.– En caso de que, por cualquier motivo, la empresa cesara en su actividad, deberá remitir a la APC, en el plazo de un mes, los documentos que, en su caso, deba conservar obligatoriamente, según la clasificación autorizada.
3.– La empresa deberá informatizar la gestión de sus servicios, de acuerdo con las instrucciones que reciba de la APC.
La empresa deberá realizar a su costa aquellas campañas divulgativas o de información general que se determinen en el pliego de prescripciones técnicas, y así mismo podrá proponer las que considere convenientes para su autorización preceptiva por la APC de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En todo caso, toda campaña divulgativa o de información que se realice, cualquiera que sea el medio utilizado, deberá contener la vinculación con la «Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Agencia de Protección Civil».
1.– La Consejería de Fomento y Medio Ambiente podrá ordenar la incoación del expediente de resolución del contrato suscrito, además de por las causas previstas en el artículo 223 y concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R.L.C.S.P. por las siguientes:
2. Para la aplicación de las causas de resolución del contrato, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. L.C.S.P. El expediente de resolución se instruirá por la Agencia de Protección Civil elevándose propuesta al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que resolverá, previo informe de la Asesoría Jurídica.
1.– Se considerarán incumplimientos graves:
2.– Se consideran incumplimientos leves cualquier otra acción u omisión que suponga incumplimiento de las normas reguladoras del contrato o de las instrucciones recibidas.
1.– Si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, antes del término del contrato, estimase conveniente para el interés general gestionar el servicio por si misma o mediante una Entidad de la Administración Institucional, podrá ordenar unilateralmente su rescate.
2.– Acordado el rescate, la empresa tendrá derecho a percibir la siguiente indemnización:
1.– El contrato se extinguirá por supresión del servicio, acordada unilateralmente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
2.– La indemnización a la empresa se determinará según lo dispuesto en el artículo anterior.
1.– La finalización del contrato por cualquiera de las causas previstas en esta orden, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el T.R. L.C.S.P. y normas de desarrollo, no eximirá del cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones fiscales y laborales.
2.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León no asumirá, en ningún caso, los contratos de trabajo que haya concertado la empresa para el desarrollo de su actividad, correspondiendo el poder de dirección empresarial sobre los mismos durante toda la vigencia contractual a la adjudicataria.
3.– Declarada la finalización del contrato, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente podrá asumir directa y temporalmente la prestación del servicio o designar, también con carácter temporal, un Delegado Gestor con todas las facultades precisas para desarrollarlo, hasta que quede definitivamente organizada su nueva forma de gestión, sin que tal designación suponga la atribución de ningún tipo de derecho preferente que prejuzgue la nueva forma definitiva de prestación del servicio.