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Timestamp: 2016-10-25 15:55:28
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Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 28', 'Artículo 39', 'artículo 41', 'Artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 34', 'Artículo 48']

LEY 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha	LEY 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha Mis Leyes
LEY 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha Estado	:
TÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
Artículo 5. Actividades a las que resulta aplicable la Evaluación del Impacto Ambiental.
Artículo 7. Información y consultas previas.
Artículo 8. Estudio del impacto ambiental. Contenido mínimo.
Artículo 9. Estudio de las alternativas del proyecto.
Artículo 10. Derechos de acceso a la información y de la participación pública.
Artículo 11. Responsabilidad del promotor y del redactor del estudio del impacto ambiental.
Artículo 12. Información pública del Estudio del Impacto Ambiental y consultas.
Artículo 13. Plazos para resolver la declaración del impacto ambiental.
Artículo 15. Declaración del impacto ambiental: contenido, publicidad, vigencia, modificación y revisión.
Artículo 16. Publicidad por el órgano sustantivo.
Artículo 17. Coste de las medidas y establecimiento de garantías para su ejecución.
Artículo 18. Acumulación de autorizaciones de índole ambiental.
Artículo 19. Secreto industrial y comercial.
Artículo 20. Proyectos que incluyen actuaciones sujetas a Evaluación del Impacto Ambiental por el Estado y por la Comunidad Autónoma.
Artículo 21. Proyectos con repercusiones medioambientales que rebasen el ámbito regional.
Artículo 22. Vigilancia ambiental.
Artículo 23. Suspensión de actividades y condiciones complementarias.
Artículo 24. Autorización del gasto de proyectos sujetos a Evaluación del Impacto Ambiental.
TÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.
CAPÍTULO I. FINALIDAD, OBJETO Y EFECTOS.
Artículo 25. Planes y programas objeto de evaluación.
Artículo 26. Determinación de la existencia de efectos significativos en el medio ambiente de determinados planes y programas.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.
Artículo 28. Intervención previa del órgano ambiental.
Artículo 29. Informe de sostenibilidad ambiental.
Artículo 30. Consultas.
Artículo 31. Memoria ambiental.
Artículo 32. Propuesta de plan o programa.
Artículo 34. Seguimiento y verificación.
TÍTULO IV. DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN, Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO I. DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN.
Artículo 35. Vigilancia e inspección.
Artículo 38. Responsabilidad en la comisión de infracciones.
Artículo 40. Medidas adicionales.
Artículo 41. Sanción de infracciones concurrentes.
Artículo 43. Destino de las sanciones.
Artículo 44. Reparación del daño causado.
CAPÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA.
Artículo 45. Delimitación competencial.
Artículo 47. Prejudicialidad del orden penal.
Artículo 48. Plazo de resolución.
Artículo 51. Prescripción de las sanciones.
Artículo 52. Registro de infractores.
Artículo 53. Acción pública.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Libre acceso a la información en materia de Evaluación Ambiental.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Posibilidad excluir un proyecto determinado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Régimen común con otros ámbitos normativos sectoriales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Exclusión de calificación por las Comisiones Provinciales de Saneamiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Proyectos sometidos al trámite de Evaluación del Impacto Ambiental, antes de la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Atribuciones del Consejo de Gobierno.
ANEXO I. Proyectos que deberán someterse a una evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta Ley.
ANEXO II. Proyectos que serán sometidos cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.
ANEXO III. Criterios de selección contemplados en el artículo 5.1.2.
ANEXO IV. Contenido del informe de sostenibilidad ambiental.
ANEXO V. Criterios para determinar la posible significación de los efectos sobre el medio ambiente.
Se procede a revisar el listado de los proyectos y actividades que han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta los Anejos de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Evaluación de Impacto Ambiental y además, los que se incluyen hoy en las Directivas europeas (Directiva 2001/42/CE y Directiva 2003/35/CE) y en la Ley 6/2001 de 8 de mayo, así como algunas necesidades peculiares de Castilla-La Mancha.
La experiencia adquirida en la aplicación de la legislación propia de Castilla-La Mancha en estos últimos años ha evidenciado la necesidad de modificar algunos extremos de la misma, para que la tramitación de expedientes sometidos al procedimiento de Evaluación Ambiental sea sencilla y rápida, y no sea un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de esta región.
La alteración del sentido del silencio producido por la demora del órgano ambiental en emitir la Declaración de Impacto Ambiental, que pasaría a tener sentido negativo.
La determinación en virtud de la cual se declara la nulidad de los actos por los que se autoriza la ejecución de proyectos incluidos en sus Anexos I o II que deban ser sometidos a Evaluación del Impacto Ambiental, cuando no hayan cumplimentado dicho trámite.
Existen especificaciones sobre la atribución de competencias para la imposición de sanciones de carácter no pecuniario, el cierre, la suspensión y la clausura del establecimiento o actividad, de las que carece la Ley 5/1999, de 8 de abril.
Inclusión de una previsión innovadora respecto al destino de las sanciones de orden económico, indicándose que éstas deberán ser aplicadas en actuaciones de protección del medio ambiente.
Por último, se recoge una novedosa determinación, inexistente en la vigente Ley 5/1999, de 8 de abril, sobre el ejercicio de la acción pública orientada a posibilitar la exigencia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley o de sus normas de desarrollo ante los órganos administrativos o judiciales.
La Ley se estructura en cuatro títulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y dos finales. El Título I Disposiciones Generales, donde se recoge el objeto, el ámbito de aplicación de la Ley y definiciones de conceptos utilizados en la misma. Un Título II De la Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos, en el que se establecen las actividades a las que resulta aplicable la Evaluación del Impacto Ambiental, así como el procedimiento de aplicación, recogiendo expresamente el artículo 10 el derecho de acceso a la información y de la participación pública en la materia. Un Título III que regula la Evaluación Ambiental de planes y programas, y finalmente un Título IV donde se regula el régimen de infracciones y sanciones.
Por último la Ley contiene cinco Anexos. En el Anexo I se relacionan los proyectos que deberán someterse a una evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta Ley. En el Anexo II, los que deberán someterse a Evaluación cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios reflejados en el Anexo III. En el Anexo IV se refleja el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental y en el Anexo V los criterios para determinar la posible significación de los efectos sobre el medio ambiente de planes y programas,
El objeto de la presente Ley es establecer la regulación de la Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos y la Evaluación Ambiental de los Planes y Programas, públicos o privados, al objeto de prevenir, evitar o aminorar sus efectos negativos sobre el medio ambiente, y permitir al órgano administrativo que los tenga que autorizar el conocimiento de sus repercusiones ambientales.
Con la Evaluación Ambiental de Planes y Programas se pretende promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a una mejor integración ambiental de las actuaciones de preparación y adopción de planes y programas que se realicen en Castilla-La Mancha y que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, sentando así un cauce de coordinación entre la administración ambiental y las administraciones responsables de la planificación y ejecución de las diferentes políticas sectoriales.
La presente Ley es de aplicación a los proyectos, y a los planes y programas que pretendan realizarse en Castilla-La Mancha con las siguientes excepciones:
Proyectos, planes y programas cuya autorización o aprobación competa a la Administración General del Estado en virtud de la legislación sectorial y cuya Evaluación del Impacto Ambiental resulte obligatoria por aplicación de la legislación básica estatal, siempre que ésta fije, además, el procedimiento aplicable.
Proyectos relacionados con los objetivos de la Defensa Nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales necesidades.
Proyectos aprobados o autorizados mediante una Ley autonómica en aquellos casos no contemplados en la legislación básica.
Esta Ley tampoco será de aplicación a los planes y programas que tengan como único objeto la protección civil en casos de emergencia y los de tipo financiero o presupuestario.
a. Proyecto: una obra, construcción o instalación concreta, así como una actividad determinada que suponga intervención sobre el medio natural o en el paisaje, incluida la de explotación de los recursos del suelo.
b. Actividad: explotación de una industria o servicio, establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación susceptible de afectar de forma significativa al medioambiente.
c. Instalación: cualquier unidad técnica fija donde se desarrolle una o más de las actividades enumeradas en la presente Ley, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
d. Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos: el procedimiento que permite identificar, describir y evaluar de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta Ley, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio histórico y la interacción entre los factores mencionados anteriormente.
e. Titular o promotor: la persona, física o jurídica, de carácter público o privado, que solicita la autorización de un proyecto, o bien la administración pública que promueve un proyecto.
f. Órgano sustantivo: para un proyecto, es el órgano que ostenta la competencia para resolver el otorgamiento de la autorización, licencia o concesión que habilite al promotor o titular para su realización de acuerdo con la legislación que le sea aplicable.
En el caso de que un proyecto exija para su realización la concurrencia de autorizaciones distintas, es aquel órgano que posibilita en primer lugar la realización del proyecto y que para ello precise la documentación relativa a la definición, características y ubicación del mismo.
g. Órgano ambiental: para un proyecto, es el órgano de la Administración Autonómica que ejerce las competencias en materia de medio ambiente previstas en la presente Ley. En la elaboración de los planes o programas es el órgano de la Administración Autonómica que en colaboración con el órgano promotor vela por la integración de los aspectos ambientales en su elaboración.
h. Planes y programas: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración Pública para satisfacer necesidades sociales, o los promovidos por un promotor privado, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos o actividades.
i. Evaluación Ambiental de Planes y Programas: el procedimiento que permite la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad ambiental, de la celebración de consultas, de la consideración del informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de las consultas y de la memoria ambiental, y del suministro de información sobre la aprobación de los mismos. j) órgano promotor: aquel órgano de una Administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental.
k. Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
l. Personas interesadas:
Primero. Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por el procedimiento de evaluación ambiental o el de evaluación de impacto.
Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el proyecto, plan o programa que deba someterse a evaluación ambiental o el de evaluación de impacto.
m. Administraciones públicas afectadas. exclusivamente a los efectos de esta Ley, aquellas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo.
n. Zonas de reducido ámbito territorial: ámbito territorial en el que por sus escasas dimensiones el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la Evaluación Ambiental de un plan o programa, bien mediante la aplicación de la Evaluación del Impacto Ambiental de los proyectos que lo realizan.
ñ. Modificaciones menores: cambios en las características de los planes o programas ya aprobados o adoptados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.
o. Informe de sostenibilidad ambiental: informe elaborado por el órgano promotor que, siendo parte integrante del plan o programa, contiene la información requerida en el artículo 29 y en el Anexo IV.
p. Memoria ambiental: documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad ambiental, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las determinaciones finales.
Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la formulación de las Declaraciones del Impacto Ambiental de Proyectos y de las Evaluaciones Ambientales de Planes y Programas según dispone la presente Ley, con excepción de aquellos para los que estas competencias estén atribuidas por la legislación básica al órgano ambiental del Estado.
Las competencias aludidas en el apartado anterior podrán ser delegadas, por el órgano ambiental, en los órganos provinciales respectivos al objeto de conseguir una mejor ejecución de las mismas, garantizando la necesaria coordinación y uniformidad en su ejercicio.
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
Localización y descripción del proyecto y sus acciones, incluyendo la descripción de sus características físicas y de las necesidades en materia de utilización del suelo durante las fases de construcción y funcionamiento, así como la descripción de las principales características de los procesos de fabricación, con indicación de la naturaleza y cantidad de materiales a utilizar y su repercusión sobre la utilización de recursos naturales.
Estimación de los tipos, cantidades y composición de residuos, vertidos y emisiones de materia o energía resultantes, incluida la contaminación del agua, aire y suelo, ruidos, vibraciones, calor, olores, radiaciones y emisiones luminosas, tanto en la fase de construcción como en las de funcionamiento y de finalización de la actividad.
Inventario ambiental, con una descripción de los elementos del medio ambiente que puedan verse afectados de forma apreciable por el proyecto, y en particular la población, la fauna y flora y sus respectivos hábitats, la geomorfología, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas naturales, las áreas protegidas y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico, así como, en su caso, sus respectivas interacciones.
La normativa ambiental considerada.
Identificación, descripción y evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.
Examen de las alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada teniendo en cuenta su impacto ambiental
Medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos, incluida su valoración económica.
Programa de vigilancia ambiental, que deberá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el estudia.
Cuando no se haya estimado conveniente considerar alguno de los informes recibidos en fase de consultas previas, justificación de tal decisión.
En el caso de proyectos que desarrollen los planes o programas que hayan sido sometidos al procedimiento de Evaluación Ambiental regulado en el artículo 25 de esta Ley, el Estudio del Impacto Ambiental deberá recoger, de forma obligatoria, lo establecido en la misma.
1. El Estudio del Impacto Ambiental deberá evaluar a un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir determinar razonablemente la opción de menor impacto ambiental global, incluyendo la alternativa sin proyecto.
2. Las alternativas planteadas, deben ser técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa sin proyecto, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del mismo.
1. Las administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban someterse a evaluación del impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en esta Ley para garantizar que tal participación sea real y efectiva.
A tal efecto, el órgano sustantivo o en su caso el órgano ambiental, someterá el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública y demás informes que en el mismo se establezcan. Dicho trámite se evacuará en aquellas fases del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto sujeto a autorización y sometido a evaluación de impacto y tendrá una duración no inferior a 30 días.
El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, en materia de consultas transfronterizas.
Indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 8 de esta Ley y de la fecha y lugar o lugares en los que se pondrá a disposición del público tal información.
Toda información recogida en virtud del artículo 8 de esta Ley.
Si la información pública del Estudio del Impacto Ambiental ha sido llevada a efecto por el órgano ambiental, desde que finalizara el plazo de dicha información pública.
Si la información pública ha sido realizada por el órgano sustantivo, desde el día en que el órgano ambiental recibiera de aquél el proyecto, el Estudio del Impacto Ambiental y las alegaciones e informes recibidos.
Cuando la actuación afecte a áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha, el anterior plazo será de dos meses.
4. La declaración del impacto ambiental o la resolución de no sometimiento de un proyecto caducará con carácter general y como máximo a los tres años, si no se hubiera comenzado su ejecución, sin perjuicio de uno distinto que reglamentariamente se establezca, atendiendo a la tipología de los proyectos y que se reflejará en la declaración. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de Evaluación Ambiental del proyecto.
No obstante, el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación del Impacto Ambiental. El plazo máximo de emisión de la resolución sobre la revisión de la declaración del impacto ambiental será de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido la citada resolución, podrá entenderse vigente la declaración del impacto ambiental formulada en su día.
Las principales razones y consideraciones en las que se basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante la Evaluación del Impacto Ambiental.
La ocultación de datos, su falseamiento o su manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación.
El incumplimiento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución o explotación del proyecto.
FINALIDAD, OBJETO Y EFECTOS.
Que se elaboren con respecto a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, la pesca, la energía, la industria, la minería, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo y que establezca el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los Anexos I y II de la presente Ley, o
Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, y, atendiendo al efecto probable, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
2. La determinación de someterse a Evaluación Ambiental podrá realizarse, bien caso por caso, bien especificando tipos de planes y programas, bien combinando ambos métodos, según se determine en vía reglamentaria En cualquiera de los tres supuestos, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V.
Identificará las administraciones públicas afectadas y el público interesado a los que se debe consultar, a las cuales formulará la consulta dando un plazo de 20 días para que remitan sus sugerencias.
Una vez finalizado el plazo de consultas, el órgano ambiental, en el plazo de 20 días, determinará si el plan o programa, o su modificación, debe ser objeto de evaluación ambiental. En el supuesto de que deba someterse elaborará un documento de referencia con los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso y determinará el contenido, con la amplitud y el nivel de detalle necesarios, de la información que se debe tener en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental.
1. En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor debe identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa sin proyecto, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa. A estos efectos, se entenderá por alternativa cero la no realización de dicho plan o programa.
Los conocimientos y métodos de evaluación existentes,
1. El órgano promotor someterá la versión preliminar del plan o programa, incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental, a consultas en los plazos y modalidades definidos por el órgano ambiental según lo dispuesto en el artículo 28.1.c, que implicará las siguientes actuaciones:
3. Las entidades locales consultadas podrán incorporar un pronunciamiento expreso acerca de la sostenibilidad del plan o programa, entendiéndose favorable en caso de silencio,
Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN, Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN.
2. En los términos previstos en la legislación vigente y en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia para las materias reguladas por la presente Ley, las autoridades competentes y sus agentes podrán acceder identificándose cuando se les requiera, a todo tipo de obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollen las actividades sujetas a Evaluación del Impacto Ambiental.
Sus titulares deberán facilitar la realización de las labores de vigilancia y las inspecciones, permitiendo, cuando se precise, la medición o toma de muestras, así como poniendo a su disposición la documentación e información que se requiera. Durante las inspecciones, los funcionarios encargados quienes debidamente acreditados podrán ir acompañados de los expertos designados por el órgano ambiental que se consideren precisos, que estarán sujetos a las normas de confidencialidad.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan los deberes y prohibiciones establecidas por esta Ley, de conformidad con la tipificación establecida en el artículo siguiente.
3. Las sanciones por la comisión de infracciones administrativas son las previstas en el Capítulo III del presente Título.
La realización o ejecución de un proyecto sin contar con la Declaración del Impacto Ambiental cuando ésta fuere preceptiva, o él incumplimiento de las condiciones impuestas en aquélla, cuando ello tenga por consecuencia un riesgo para la salud humana o un deterioro de las condiciones de habitabilidad de las áreas protegidas o de los ecosistemas.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clausura, así como de la aplicación de las medidas cautelares o restitutorias derivadas de un procedimiento sancionador.
La comisión de una infracción grave cuando haya sido sancionada, con carácter firme, por dos o más infracciones graves en el plazo de tres años.
La realización o ejecución de un proyecto sin contar con la Declaración del Impacto Ambiental cuando ésta fuere preceptiva, o él incumplimiento de las condiciones impuestas en aquélla, cuando ello no tenga por consecuencia un riesgo para la salud humana o un deterioro de las condiciones de habitabilidad de las áreas protegidas o de los ecosistemas.
La obstrucción de la labor de vigilancia e inspección que ejerza el órgano ambiental en las materias reguladas por la presente Ley a través de sus autoridades, inspectores o agentes.
La comisión de una infracción leve cuando haya sido sancionada, con carácter firme en vía administrativa, por dos o más infracciones leves en el plazo de tres años.
Ejecuten directamente la acción infractora, u ordenen dicha acción cuando el ejecutor se vea obligado a cumplir dicha orden.
Sean titulares o promotoras del proyecto que constituya u origine la infracción.
Artículo 39. Sanciones. 1. Por la comisión de las infracciones tipificadas por la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41.2, podrán establecerse las siguientes sanciones:
Su repercusión y trascendencia en lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y sus bienes.
La afección cualitativa y cuantitativa y los perjuicios causados a los espacios y recursos naturales.
El riesgo objetivo de contaminación del medio ambiente.
Las circunstancias del responsable, su intencionalidad, el ánimo de lucro, el grado de participación y el beneficio obtenido.
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarado por resolución firme. De apreciarse esta circunstancia, el importe de las multas podrá aumentarse un 50 %, sin exceder en ningún caso del limite más alto fijado para las infracciones muy graves.
DEL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente, y cuando se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado
Artículo 48. Plazo de resolución. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos sancionadores referidos a las infracciones graves y muy graves contempladas en la presente Ley es de un año desde el inicio del procedimiento, y tres meses para las leves.
Al año las impuestas por infracciones leves,
A los dos años las impuestas por infracciones graves, y
A los cinco años las impuestas por infracciones muy graves.
1. Los infractores cuya sanción sea firme se inscribirán en un registro de infractores, de carácter público y dependiente del órgano ambiental.
En el registro se reflejarán los datos identificativos del infractor, la tipificación de la infracción, así como cuantas medidas, sanciones, multas, indemnizaciones e inhabilitaciones se impusieran.
Desarrollar reglamentariamente el procedimiento general de Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos y el de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Establecer reglamentariamente, en el marco de la legislación básica y de la presente Ley, el procedimiento adecuado para la aplicación coordinada del régimen de Evaluación del Impacto Ambiental y de la Autorización Ambiental Integrada, según la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa comunitaria o nacional concordante.
Ampliar los supuestos de proyectos, planes y programas que deban ser objeto de evaluación ambiental.
Toledo, 8 de marzo 2007.
Los siguientes proyectos correspondientes a actividades que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos, se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha:
Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvi-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática.
Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces, zonas húmedas, o áreas protegidas en aplicación de la Ley 911999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.
Préstamos cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado a.
Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, al menos, 50 MW.
Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente, con potencia térmica superior a 50 MW.
Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20 MW. O superficie ocupada superior a 100 hectáreas.
Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros, y una longitud superior a 10 kilómetros cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 kilómetros, cualquier voltaje y longitud superior a 3 kilómetros cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 25 o más aerogeneradores o que se encuentren a menos de 2 km. de otro parque eólico, o tengan más de 10 aerogeneradores cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica, así como la rehabilitación de antiguas instalaciones para su nueva puesta en marcha.
Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos,
Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y transformación dei amianto y de los productos que contienen amianto: para los productos de amiantocemento, con una producción anual de más de 20.000 toneladas de productos acabados; para los usos del amianto como materiales de fricción, con una producción anual de más de 50 toneladas de productos acabados; para los demás usos del amianto, una utilización anual de más de 200 toneladas.
Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continúa de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros, y una longitud superior a 10 kilómetros cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Construcción de aeropuertos y aeródromos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al menos, 2.100 metros, así como los que se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Proyectos de urbanizaciones así como complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros o establecimientos comerciales, individuales o colectivos, y de aparcamientos, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Parques temáticos, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10.000.000 de metros cúbicos.
Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia, excluidos los trasvases de agua potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
Que la operación tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua movilizada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos al año.
Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 1 % de dicho flujo.
En todos los demás casos, cuando alguna de las obras inherentes figure entre las comprendidas en este Anexo I.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes, así como las que se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuya la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Instalaciones de incineración de residuos peligrosos [definidos en el artículo 3.c de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos], así como las de aprovechamiento o eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o almacenamiento bajo tierra (como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos).
Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 2006/12/CE), con una capacidad superior a 75 toneladas diarias o 4 tn/hora.
Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el apartado anterior, así como de residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, y a superficies superiores a 10 hectáreas cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Instalaciones para la utilización confinada de organismos modificados genéticamente y proyectos sobre la liberación intencionada en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
Instalaciones para el tratamiento de superficie de materiales de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirtos y desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlatados, limpiarlos o impregnarlos; con una capacidad de consumo de mas de 150 kg, de disolventes por hora o mas de 200 toneladas/año.
Vallados y/o Cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.
Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente Anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente Anexo
Proyectos que serán sometidos cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.
Proyectos de concentración parcelaria (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas (Proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones.
Instalaciones de acuicultura.
Instalaciones para la cría intensiva de ganado no incluidas en el Anexo 1, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
Que la actividad se desarrolle en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 100 metros de cauces o humedales.
Que la actividad se desarrolle en un área protegida en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Que la actividad se desarrolle a una distancia inferior a 500 metros del suelo urbano o urbanízable.
Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 tm/día.
Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, envasado y enlatado de productos animales y vegetales, elaboración de vino, tratamiento y transformación de la leche, fabricación de cerveza y malta, elaboración de confituras y almíbares, instalaciones industriales para la fabricación de féculas, fábricas de harina de pescado y aceite de pescado y fábricas de azúcar, cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente, o cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Que se encuentre a menos de 500 metros suelo urbano o urbanizable de uso no industrial.
Que en edificación ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
Industrias alcoholeras.
Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos a partir de:
Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 Toneladasldía.
Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 Toneladas/día (valor medio trimestral, referido al trimestre de mayor producción).
Tratamiento y transformación de la leche, con una capacidad de leche recibida superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).
Grupo 3. Industria extractiva,
Explotaciones (no incluidas en el Anexo I) que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicoslaño o en zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 hectáreas.
El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como la declaración de aguas minerales y termales.
Explotación subterránea de recursos mineros (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Extracción de rocas, minerales o áridos mediante dragados fluviales.
Plantas para aprovechamiento de aguas minerales y termales.
Plantas de tratamiento o clasificación de áridos y de residuos de construcción y demolición.
Plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico.
Instalaciones industriales para transporte de gas, vapor y agua caliente (no incluidas en el Anexo I), de longitud superior a 3 kilómetros, y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
Oleoductos de longitud superior a 3 kilómetros, y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente. (Proyectos no incluidos en el Anexo i).
Líneas eléctricas aéreas (no incluidas en el Anexo I) de longitud superior a 3 kilómetros y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
Instalaciones industriales de combustión para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (no incluidas en el Anexo I)cuando tengan una potencia térmica superior a 5 MW o cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas.
Centrales eólicas y aerogeneradores de baja potencia conectados a líneas o subestaciones de distribución, o parques eólicos no incluidos en el Anexo I.
Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Estén situados fuera de polígonos industriales.
Ocupen una superficie superior a 1 hectárea.
h.1. Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero, fusión primaria o secundaria, incluidas las instalaciones de fundición continúa. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.2. Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos (Proyectos no incluidos en el Anexo I):
h.3. Fundiciones de metales ferrosos (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.4. Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.). (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.5. Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.6. instalaciones para la fabricación de cemento. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.7. Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.8. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.9. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana (Proyectos no incluidos en el Anexo I), excepto las industrias artesanas.
h.10. Instalaciones de calcinación y de sinterízado de minerales metálicos. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos con capacidad superior a 100 metros cúbicos.
Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Plantas para el curtido de pieles y cueros (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Planes, proyectos y actuaciones que desarrollan los planes sometidos a Evaluación Ambiental, tal como establece el Título III de esta Ley, proyectos de urbanizaciones, así como la construcción de centros o establecimientos comerciales, individuales o colectivos, y aparcamientos. (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias (proyectos no incluidos en el anejo I), en los casos:
Cuando modifiquen el trazado en una longitud acumulada de más de 10 kilómetros y no estuviesen previstas en el planeamiento urbanístico vigente.
Cuando afecten a tramos que atraviesen terrenos de pendiente superior al 25 % en una longitud acumulada igual o superior a 5 kilómetros, siempre que sobre estos tramos se plantee una ampliación de la anchura de la plataforma igual o superior a 3 metros, o bien una modificación del eje de la carretera superior al 25 % de su longitud.
En todos los casos que se realicen en áreas protegidas.
Construcción de caminos afectando a terrenos cubiertos de vegetación natural a lo largo de más de 2 kilómetros, y en todos los casos que se realicen en áreas protegidas.
Urbanizaciones de vacaciones así como complejos hoteleros y construcciones asociadas, fuera de las áreas urbanas.. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de trasferencia. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Construcción de vías navegables, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no se encuentren entre los supuestos contemplados en el Anexo I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
Obras de limpieza o desaterramiento que impliquen el vaciado de embalses.
Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no incluidos en el Anexo I), superiores a 2000 habitantes equivalentes.
Instalaciones de conducción de agua de longitud (proyectos no incluidos en el Anexo I), superior a 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 1 metros cúbicos/segundo, o de cualquier longitud cuando discurra total o parcialmente por áreas protegidas ambientalmente.
Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla (proyectos no incluidos en el Anexo I), siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
Presas que se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente.
Proyectos de construcción o rehabilitación de presas que impliquen la desviación, por si solas o sinérgícamente con otros, de mas del 25% del caudal instantáneo o del caudal medio anual del río o supongan un salto superior a 2 metros.
Otras instalaciones destinadas a retener el agua, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 100.000 metros cúbicos.
Grupo 10. Otras proyectos.
Depósitos de todos.
Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos el de vehículos desechados y centros de descontaminación de vehículos,
Pistas de esqui, remontes y teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexo I y Anexo II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o acuíferos subterráneos.
Afección a áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Instalaciones para eliminación de residuos (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Actuaciones que impliquen la eliminación de cubierta vegetal natural que afecten a longitudes superiores a 1000 metros en total o en acumulación de tramos.
Aquellos proyectos que concurran varias acciones que están relacionadas en los Anexos pero que por su dimensión queden excluidos de ser sometidos a Evaluación del Impacto Ambiental (efecto sinérgico).
Cualquier otro tipo de actividad no especificada en el presente Anexo que pueda afectar a áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
Cambios o transformaciones de cultivo cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha que entrañen riesgos ambientales.
Criterios de selección contemplados en el artículo 5.1.2.
Zonas de policía.
Los probables efectos (*) significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estas factores.
Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 34.
(*) Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
Redacción según Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Artículo 48:
Redacción según Ley 1/2010, de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para la concesión de la etiqueta ecológica en Castilla-La Mancha. Cerrar
Resolución de 09-10-2007, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, sobre la evaluación ambiental del: Programa de Actuación Urbanizadora Sector 18, en el término municipal de Bargas, cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Bargas(Expte.-PL/OT/T0/1232)Orden de 20-08-2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos y se convocan dichas ayudas para el año 2007Orden de 30- 06- 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas para el fomento de la acuicultura en la Comunidad Autónoma de Castilla La ManchaLEY 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La ManchaRESOLUCIÓN de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la información pública de las obras comprendidas en el «proyecto complementario número 2, mejora de la conducción para abastecimiento de agua a Ciudad Real desde el embalse de Gasset y nuevo depósito, conexión a Torralba de Calatrava (Ciudad Real)», sus bienes y propietarios afectadosOrden de 21-10-2008, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de convocatoria de subvenciones públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha en 2008Orden de 05/05/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos y se convocan dichas ayudas para el año 2009. [2009/6693]Orden de 26/06/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de las áreas y recursos naturales protegidos y para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios en los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha. [2009/9629]Orden de 04/08/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha. [2009/12293]RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Subestación a 400 kV de Galera y línea a 400 kV Galera-RomicaOrden de 15/12/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases regu ladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2009/19127]LEY 1/2010, de 11 de marzo, de regulación de la tasa para la concesión de la etiqueta ecológica en Castilla-La ManchaOrden de 26/07/2010, de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos. [2010/13368]RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, tramo Madrid-Oropesa, integración urbana del ferrocarril en Talavera de la Reina, ToledoOrden de 24/08/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al sector avícola de producción de huevos para el consumo humano en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para 2010. [2010/14920]RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Aeródromo privado en Chozas de Canales, ToledoLEY 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra MadronaRESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Concesión de aguas superficiales a derivar de la Laguna de la Parra, término municipal de Cañada del Hoyo (Cuenca), con destino a riegoRESOLUCIÓN de 2 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Obra civil del centro energía eléctrica de las instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Turrilla, AlbaceteOrden de 27/12/2011, de la Consejería de Agricultura,
actuaciones en materia de regadíos. [2011/18525]	Derecho.com
LEY 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha	Trámites