Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000018647
Timestamp: 2020-08-12 18:08:54
Document Index: 369933832

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CPLT Jurisprudencia | Cristopher Corvalán Rivera con CARABINEROS DE CHILE
Cristopher Corvalán Rivera con CARABINEROS DE CHILE Rol: C1561-17
Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta parcial a una solicitud de información referente al número de personal en las áreas del órgano reclamado que se indica. El Consejo rechaza el amparo, Respecto de los numerales 1, 2, 5, 6 y 13 del requerimiento, por concurrir la causal de secreto establecida en el artículo 21 números 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los números 1 y 4 del artículo 436 del Código de Justicia Militar y conforme lo establecido en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia; en cuanto a los numerales 3, 7, 8, 10 y 12 del requerimiento por inexistencia; y del numeral 9 de la solicitud, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), respecto de hechos que dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo, y por aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia en lo relativo a la información que dio lugar a una investigación judicial. HAY VOTO DISIDENTE
Justicia Militar ART-436
DECISIÓN AMPARO ROL C1561-17
Requirente: Cristopher Corvalán Rivera
Ingreso Consejo: 08.05.2017
En sesión ordinaria N° 826 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1561-17.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 01 de marzo de 2017, don Cristopher Corvalán Rivera solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información:
1. Número de personal de Carabineros destinado a la Región de la Araucanía desde el año 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
2. Número de personal de Carabineros destinado a la protección de predios privados afectados o amenazados por violencia rural, durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
3. El monto en pesos del presupuesto destinado a la Región de la Araucanía durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
4. El monto en pesos del presupuesto destinado a la protección de predios privados que han sido afectados o amenazados por violencia rural durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
5. El número de personal de fuerzas especiales destinados en la Región de la Araucanía durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
6. El número de vehículos blindados y carros policiales destinados a la Región de la Araucanía durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
7. El número de personal uniformado de Carabineros que ha sido víctima de alguna agresión, denunciada, en hechos contextualizados como violencia rural durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
8. El número de personal uniformado que ha perdido la vida en hechos contextualizados como violencia rural, durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
9. Separadamente, el número de personal de Carabineros que se ha visto involucrado en casos de violencia policial o uso excesivo de fuerza, sea en casos de crímenes, delitos o simples faltas, y sea en calidad de denunciados, imputados, condenados, sumariados o dados de baja durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016. Toda esta información se solicita sea entregada separadamente, es decir, el número de denunciados, el número de sumariados, el número de condenados, etc.
10. El número de hechos denunciados que sean contextualizables como violencia rural, durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
11. El número de iglesias que han sido denunciadas o investigadas ante o por personal de Carabineros de Chile, sea por atentados, saqueos, quemas, robos o destrucción, durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 y 2016.
12. El porcentaje de incremento o disminución anual de recursos destinados a la Región de la Araucanía, desde el año 2008 al 2006, ambos inclusive, y,
13. El nombre de las comunas comprendidas en la zona Araucanía de control de orden público, el nombre de los generales que la han tenido a su cargo desde su creación, el número de personal que la integra y el presupuesto con el que cuenta. En este apartado, se solicita se detalle el presupuesto en pesos que ha tenido desde su creación y la evolución del mismo a lo largo de los años.
El concepto de "violencia rural", comprende las situaciones relacionadas con demandas vinculadas al pueblo mapuche, sean situaciones de orden público -cortes de rutas, incendios de inmuebles o predios, ocupación de predios particulares, etc.-, sean situaciones con resultados de lesiones en sus diferentes grados, homicidios, crímenes o simples delitos, atentados contra particulares, iglesias o empresas forestales, etc.
2) PRORROGA DE PLAZO: Por RSIP N° 36464, de 29 de marzo de 2017, el órgano recurrido notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, atendido que la solicitud resultó de compleja identificación y recopilación, lo que provocó destinar un mayor número de horas para procesar la información requerida.
3) RESPUESTA: El 12 de abril de 2017, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 125, de misma fecha, señalando, respecto de los numerales que se leen en el literal 1) precedente, en síntesis, lo siguiente:
Numerales 1; 2; 5; 6 y 13: Se deniega la información pedida fundada en que ésta se refiere a la cantidad de funcionarios asignados a un determinado estamento, zona geográfica o servicio policial y a la entrega de vehículos blindados y carros policiales, la que tiene el carácter de secreta por disposición del artículo 436 números 1 y 4 del Código de Justicia Militar, el cual se encuadra dentro de lo preceptuado en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia, que su vez hace referencia a lo estipulado en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, con lo cual se configura la reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con el artículo 8 de la Carta Fundamental, atendido que la divulgación de dicha información importaría una vulneración para la seguridad nacional. Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de este Consejo en tal sentido.
En cuanto a las comunas y presupuesto consultado en el numeral 13 se accede a la entrega de dicha información.
Numerales 3 y 12: Se adjunta archivo en formato Excel con el gasto ejecutado en la IX Región durante los años 2012 al 2016. Hace presente que de acuerdo a las características propias de los antecedentes incorporados al sistema de información de la gestión financiera del Estado (S.I.G.F.E.) actualmente sólo es posible obtener información correspondiente al período entregado. Al efecto aclara que Carabineros no cuenta con un presupuesto anual asignado por Ley de Presupuesto del sector público, el cual no contempla una asignación específica para las altas reparticiones, reparticiones u otras unidades policiales, por consiguiente los recursos se entregan conforme a las necesidades de cada estamento institucional.
Numeral 4: indicó que no existe asignación de recursos que se utilicen directamente en las medidas de protección que señala, sino más bien existe la utilización de recursos logísticos en dichas labores policiales, los que proviene del presupuesto único otorgado a la institución por la Ley de Presupuesto, el cual es distribuido de acuerdo a las distintas necesidades internas de la comunidad a nivel nacional.
Numerales 7, 8 y 10: Se deniega esta información fundado en que el sistema de automatización de unidades policiales (AUPOL) no cuenta con la categorización o variable "violencia rural" que permita filtrar la información y generar un reporte estadísticos sobre las materias consultadas
Numeral 9: En lo referido al uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial, señaló que si los hechos dieron origen a causas llevadas a los tribunales militares, no son el órgano competente para responder, ya que los antecedentes no obrarían en su poder y si los hechos dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo, tampoco se puede hacer entrega de la información, ya que esta información en la forma pedida no existe en los registros institucionales y su búsqueda implicaría la distracción indebida de los funcionarios, configurándose la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
Al respecto señala que los sumarios administrativos se encuentran a cargo de órganos técnicos denominados Fiscalías Administrativas de Carabineros, que forman parte de la orgánica administrativa en todo el país a nivel de prefecturas. Por consiguiente para reunir la información solicitada, tendría que efectuarse el requerimiento a cada uno de los estamentos en cuyo poder se encuentran los respectivos sumarios administrativos para que destinen a cierta cantidad de funcionarios a leer detenidamente todos los expedientes instruidos en el período consultado, a fin de determinar si existe alguno que diga relación con el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial y en la afirmativa proceder a extraer los datos pedidos y sistematizarlos por años. Realizadas las consultas de rigor se obtuvo que entre los años 2010 y 2016 existen un total de 3.360 sumarios administrativos ordenados instruir los cuales versan sobre distintas materias, sin que se pueda determinar a priori la cantidad de funcionarios que habría que destinar exclusivamente para su revisión y el tiempo que ello demandará, atendido que no se conoce la cantidad de fojas de cada expediente, todo lo cual implicaría una distracción indebida de los funcionarios destinados a dicha labor.
Numeral 11: Se adjunta recuadro estadístico con el número de hechos de violencia que han afectado a establecimientos religiosos de diversos credos en la Región de la Araucanía con información sólo para los años 2015 y 2016.
Por último agrega que la institución no se encuentra obligada a elaborar información que no se encuentra sistematizada para el solo efecto de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, todo lo cual implicaría distraer indebidamente a los funcionario de sus labores habituales, particularmente en este caso, que el requerimiento se extiende a asuntos de variada naturaleza.
4) AMPARO: El 8 de mayo de 2017, don Cristopher Corvalán Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a la solicitud de información.
Además el reclamante circunscribió su amparo a los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 del requerimiento. Los numerales 3 y 12 fueron acotados a los años 2008 al 2011 y el numeral 13 a la dotación, señalando en síntesis lo siguiente:
Numerales 3 y 12: Respecto del presupuesto destinado a la Región de la Araucanía y su porcentaje de incremento o disminución en los años 2008 y 2011, señala que por disposición del artículo 5 de la Ley de Transparencia el órgano se encuentra obligado a entregar la información requerida cualquiera sea el soporte en que se contenga, y no sólo la contenida en el sistema de información de la gestión financiera del Estado (S.I.G.F.E.), sin que resulte razonablemente creíble que Carabineros no disponga de esta información, entre otras razones, porque la institución debe anualmente emitir informes de ejecución presupuestaria y para ello debe tener como referencia los presupuestos que le han sido asignados, máxime si Carabineros ha entregado esta información en otras solicitudes de información, como por ejemplo, de la prefectura de Cautín.
Numerales 7, 8 y 10: En cuanto al número de Carabineros que ha sido víctima de alguna agresión y/o que ha perdido la vida en hechos contextualizados como "violencia rural" entre los años 2008 y 2016, estima que el órgano debiera entregar estos antecedentes, toda vez que es un hecho público y notorio que la posee, ya que en instancias oficiales y públicas se ha referido a fenómenos delictuales en la Araucanía categorizados como hechos de "violencia rural", según cita y reseña pormenorizadamente en el presente reclamo, donde aparecería de manifiesto que Carabineros emplea reiteradamente estas palabras para informar públicamente determinados hechos y dar a conocer cifras a organismos públicos oficiales. Finalmente analiza latamente que denegar esta información vulnera la teoría de los actos propios y el principio de la confianza legítima en los actos de la administración.
Numerales 1, 2, 5, 6 y 13 en lo pertinente: En cuanto al número de personal de Carabineros y vehículos destinado a la IX Región en las categorías que indica, señala que Carabineros debe mantener su actuar ya que toda esta información ha sido entregada en audiencias públicas, con cuya reserva se vulnera la teoría de los actos propios y el principio de la confianza legítima en los actos de la administración al cual se refiere en detalle. Cita jurisprudencia del Consejo sobre test de daño y se refiere a la primacía de principios democráticos.
Numeral 9: Respecto al número de personal de Carabineros en al IX Región que se han visto involucrados en hechos de violencia policial o uso excesivo de la fuerza durante los años 2008 al 2016, pone en duda la causal invocada por Carabineros para denegar la información, pues bastaría con revisar la carátula de cada expediente o la hoja de vida de los funcionarios para entregarla. Destaca la necesidad de conocer los hechos requeridos en el marco de un control democrático del ejercicio de las potestades públicas de Carabineros, pues son innumerables los hechos en que se han vistos involucrados Carabineros por estos hechos. Cita recursos de amparos interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y jurisprudencia judicial al respecto.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E1009, de 16 de mayo de 2017, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros
Mediante ordinario N° 164, de 30 de mayo de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:
Respecto de los numerales 3 y 12 del requerimiento, junto con reiterar lo informado al requirente en su oportunidad, agrega que esta información obra en su poder sólo desde el año 2012 al 2016, toda vez que con anterioridad a esa data la información no se encuentra desagregada a nivel de zonas de Carabineros, ya que la ejecución presupuestaria sólo entrega totales a nivel país, tanto en el sistema S.I.G.F.E como en los registros de Carabineros. Por tanto no existe la información en la forma consultada.
En cuanto a las solicitudes reclamadas de los numerales 1, 2, 5, 6 y 13 referidas a las dotaciones y vehículos de Carabineros en la Región de la Araucanía, se reitera que esta información se encuentra amparada por el secreto establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, agregando que la información de prensa a que alude el reclamante solo constituyen antecedentes de incremento o modificación de dotaciones, vehículos e infraestructura pero no da cuenta de la totalidad de los recursos destinados a la Región de la Araucanía para el control del orden público, ya que se trata de información parcial que no afecta la seguridad nacional. Se cita jurisprudencia de este Consejo al respecto en materia de dotación y equipos logísticos. En síntesis señala que la revelación de recursos estratégicos con que cuenta Carabineros de Chile en una determinada zona del país y el análisis de la evolución de los hechos delictivos en la misma, produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones, ya que conocer esta información, afectaría la planificación estratégica de la institución, y por tanto, su función principal, cual es proteger a las personas y mantener el orden público pues se develaría su capacidad operativa efectiva, generando una sensación de poco personal y desprotección o de exceso de personal dedicado a estas tareas en detrimento de otras.
En lo tocante a los numerales 7, 8 y 10 del requerimiento, se reitera lo informado con ocasión de la respuesta agregando que este tipo de delitos categorizados de "violencia rural" no existe, siendo solo una nomenclatura usada para reunir aleatoriamente eventos que ocurren en el sector rural de una determinada localidad. En tal sentido los datos a que alude el reclamante y que fueran entregados en una sesión de la Comisión Especial investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía, informe que se acompaña, no contiene antecedentes alguno sobre la materia consultada. Por tanto no existen antecedentes sobre la materia consultada en ningún soporte a los que se refiere el artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por último agrega que efectuada una búsqueda, se ha podido determinar que existe un informe preparado para la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional sobre "hechos asociados a violencia rural" años 2014-2016, el que se acompaña, estimándose no procedente entregar al recurrente por contener variada información estratégica y de operaciones policiales que se encontrarían protegidas por el artículo 436 del Código de Justicia Militar.
En cuanto al numeral 9 del requerimiento, reitera los fundamentos señalados con ocasión de la respuesta para denegar la información, fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por no encontrase sistematizada esta información. Respecto a los hechos que dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo, señala que para sistematizar la información que se encuentra contenida en 3.360 sumarios administrativos que versan sobre distintas materias. En tal sentido, si un funcionario pudiese revisar dos sumarios diarios para determinar si los hechos investigados constituían delitos, el tiempo que tornaría tal proceso sería de 1.680 días hábiles, luego para obtener la información en poco más de 20 días hábiles, debiera disponerse de al menos 75 funcionarios, esto es uno por zona y prefectura, sacando, consiguientemente, a ese personal del servicio policial para dedicarlo a labores que no son propias del mismo. Por último, en cuanto a las causas llevadas por los tribunales, indica que la institución no tiene antecedentes sobre la materia ya que no hace seguimiento de tal información, agregando que esta solicitud no fue derivada ya que las fiscalías y tribunales militares tienen asiento en todas las regiones del país, existiendo más de una en alguna de ellas, lo que habría significado efectuar tantas derivaciones como entidades existen a lo largo del país, lo cual también significaría una distracción indebida para el personal que se destinara a ello.
1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la entrega parcial de la solicitud singularizada en el literal 1) de lo expositivo, referida a diversa información policial sobre la Región de la Araucanía entre los años 2008 al 2016. El amparo se circunscribe a los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 del requerimiento, acotándose los numerales 3 y 12 a los años 2008 al 2011 y el numeral 13 sólo a lo relacionado con dotación.
2) Que, en lo tocante a los numerales 1, 2, 5, 6 y 13 del requerimiento, referidos a las dotaciones, por año (1), para la protección de predios privados afectados o amenazados por violencia rural (2); de fuerzas especiales (5), de personal que integra las comunas de la Región consultada (13), y al número de vehículos blindados y carros policiales (6), todo ello destinado a la Región de la Araucanía entre los años 2008 al 2016, el órgano denegó esta información, por tener el carácter de secreta por disposición del artículo 436 números 1 y 4 del Código de Justicia Militar, el cual se encuadra dentro de lo preceptuado en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia, que su vez hace referencia a lo estipulado en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, con lo cual se configura la reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental, atendido que la divulgación de dicha información importaría una vulneración para la seguridad nacional.
3) Que, como primera cuestión, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 1 de dicho artículo, "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal", y en el N° 4, "Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".
4) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).
5) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, Carabineros de Chile ha señalado que en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 de dicho articulado, fundado en que la revelación de recursos estratégicos con que cuenta Carabineros en una determinada zona del país produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones, ya que al publicitar esta información se afectaría la planificación estratégica de la institución, y por tanto, su función principal, cual es proteger a las personas y mantener el orden público, pues se develaría su capacidad operativa efectiva en una zona determinada como ocurre en este caso con la Araucanía, generando sensaciones que pueden ir desde la existencia de poco o excesivo personal, o bien de desprotección en cuanto a las tareas de mantenimiento del orden público, en abono o detrimento de otras.
6) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, especialmente considerando que conforme a lo establecido en el artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia, la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que concurra una causal de secreto o reserva, la que en este caso se acredita, pues, a juicio de este Consejo, tal argumentación, señala y acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida en una zona como es la Araucanía, por tanto, tal parámetro se satisface en este caso.
7) Que, a mayor abundamiento, este Consejo ha reservado excepcionalmente este tipo de información policial, por existencia de afectación al ejercicio de la función de seguridad pública propia de Carabineros de Chile, como ocurrió en los amparos rol C675-15, donde se consultó por información relativa a cantidad de funcionarios que participaron en operativos para disolver cortes de carreteras en determinados predios, los amparos roles C671-15 y C395-15, en los cuales se consultó por los turnos de trabajo de unidades en la que prestaron funciones, en un período determinado, seis funcionarios policiales, en un cuartel ubicado en una zona fronteriza como es Chile Chico, en la Región de Aysén, en el amparo rol C3948-16, relacionado con los turnos, los equipamientos y armamentos contemplados por Carabineros de Chile, para la vigilancia, patrullaje y cumplimiento de medidas de protección policial, en un lugar de alta afluencia de público como es el Metro de Santiago y en el amparo C237-17, en el cual se consultaba sobre por documentación detallada sobre procedimientos y todo tipo de registro utilizado por Carabineros, para dar cuenta de las notificaciones y diligencias realizadas por funcionarios a solicitud de Tribunales de Familia.
8) Que, en consecuencia, en opinión de este Consejo revelar información policial, en una zona como es la Araucanía, donde resulta un hecho público y notorio, la ocurrencia en los años consultados de eventos atribuibles a hechos de amenaza y grave violencia, envuelve un riesgo probable, con suficiente especificidad para afectar al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, y en definitiva a la seguridad pública, razón por la cual se configuran las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, no obstante no haber sido alegada la primera de ellas, expresamente por el órgano, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 números 1 y 4 del Código de Justicia Militar y en concordancia con el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo respecto de estos numerales.
9) Que, respecto a la información reclamada de los numerales 3 y 12, del requerimiento, referidos al presupuesto destinado a la Región de la Araucanía y su porcentaje de incremento o disminución entre los años 2008 y 2011, respectivamente, el órgano recurrido agregó que la información en la forma pedida obra en su poder sólo desde el año 2012 en adelante, toda vez que con anterioridad a esa data la información no se encuentra desagregada a nivel de zonas de Carabineros, ya que la ejecución presupuestaria sólo entrega totales a nivel país, tanto en el sistema de información de la gestión financiera del Estado (S.I.G.F.E.), como en los registros de Carabineros. Por tanto no existe la información en la forma pedida en los años reclamados.
10) Que, por su parte , en cuanto a los numerales 7, 8 y 10 del requerimiento, referidos al número de Carabineros que ha sido víctima de alguna agresión (7); que ha perdido la vida en hechos contextualizados como "violencia rural" (8) y a hechos denunciados como "violencia rural" (10), entre los años 2008 y 2016, Carabineros denegó esta información fundado en que el sistema de automatización de unidades policiales (AUPOL) no cuenta con la categorización o variable "violencia rural" que permita filtrar la información y generar un reporte estadísticos sobre las materias consultadas, agregando que este tipo de delitos categorizados de "violencia rural" no existe, siendo solo una nomenclatura usada para reunir aleatoriamente eventos que ocurren en el sector rural de una determinada localidad. Por tanto no existen antecedentes sobre la materia consultada en ningún soporte a los que se refiere el artículo 10 de la Ley de Transparencia.
11) Que, a mayor abundamiento el órgano recurrido indicó que el informe y los datos a que alude el reclamante y que fueran entregados en una sesión de la Comisión Especial investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía, ante el Congreso Nacional, no contiene antecedente alguno sobre la materia consultada, a lo más se refiere a cantidad de personas detenidas vinculadas a hechos de violencia rural en dicha zona. Analizado el referido informe, titulado "Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, hechos asociados a Violencia Rural" - "Informe N° VR-01 al 12 de marzo de 2016, tenido a la vista, se constata, en lo que interesa, que si bien dicho documentos contempla información categorizada como "violencia rural", estos indican información estadística general sobre eventos policiales, detenciones, como asimismo, casos de incendios, delitos de homicidios frustrado, usurpación entre otros, sin especificar la información en la forma pedida.
12) Que, en consecuencia, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, referida a los numerales 3, 7, 8, 10 y 12, del requerimiento, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado explicó que lo solicitado en dichos numerales no existe en la forma pedida, no resulta posible requerir la entrega de ésta, puesto que no constan en este expediente antecedentes que permitan controvertir la alegación de inexistencia, por tanto se rechazará el presente amparo respecto de estos numerales.
13) Que, por último, en lo tocante al numeral 9 del requerimiento, referido al número de personal de Carabineros en la IX Región que se ha visto involucrado en hechos de violencia policial o uso excesivo de la fuerza, sea en casos de crímenes, simples delitos o faltas, y en su calidad de denunciados, imputados, condenados, sumariados o dados de bajas, durante los años 2008 al 2016, la cuas se solicita "(...) sea entregada separadamente, es decir, el número de denunciados, el número de sumariados, el número de condenados, etc.", Carabineros denegó esta información por no encontrase sistematizada, cuya elaboración implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al efecto, respecto a los hechos que dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo señaló que para sistematizar la información tendría que revisar 3.360 sumarios administrativos que versan sobre distintas materias. En tal sentido, si un funcionario pudiese revisar dos sumarios diarios para determinar si los hechos investigados constituían delitos, el tiempo que tornaría tal proceso sería de 1.680 días hábiles, luego para obtener la información en poco más de 20 días hábiles, debiera disponerse de al menos 75 funcionarios, esto es uno por zona y prefectura, desviando a dicho personal del servicio policial para dedicarlo a labores que no son propias del mismo. Por último, en cuanto a las causas llevadas por los tribunales, indica que la institución no tiene antecedentes sobre la materia ya que no hace seguimiento de tal información, agregando que esta solicitud no fue derivada ya que las fiscalías y tribunales militares tienen asiento en todas las regiones del país, existiendo más de una en alguna de ellas, lo que habría significado efectuar tantas derivaciones como entidades existen a lo largo del país, lo cual también significaría una distracción indebida para el personal que se destinara a ello.
14) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.
15) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado, pues indicó pormenorizadamente el conjunto de actividades que significaría la obtención de la información citada en tales literales, que consiste en revisar uno a uno los expedientes tramitados por esta Institución, en el período consultado estimando que ello implicaría disponer de al menos 75 funcionarios, de diversas zonas y prefecturas, solo para los efectos de dar respuesta a esta solicitud de acceso.
16) Que en este orden este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c),, de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, respecto de los hechos consultados que dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, ella está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. En virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el presente amparo respecto de este literal.
17) Que, en cuanto a las causas consultadas llevadas por los tribunales de justicia, si bien el órgano recurrido denegó dicha información fundada en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, sin embargo, este Consejo estima, que al no ser posible individualizar las instancias policiales para conocer esta información y pudiendo encontrarse radicadas en múltiples organismos, se configura más bien la hipótesis del artículo 13 de la Ley de Transparencia para denegar la información. Por tanto, aunque el órgano no lo haya alegado, respecto de esta información se rechazará el amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 citado, teniéndose por informado del tal circunstancia al reclamante mediante el presente acuerdo.
I. Rechazar el amparo deducido por don Cristopher Corvalán Rivera, en contra de Carabineros de Chile. Respecto de los numerales 1, 2, 5, 6 y 13 del requerimiento, por concurrir la causal de secreto establecida en el artículo 21 números 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los números 1 y 4 del artículo 436 del Código de Justicia Militar y conforme lo establecido en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia; en cuanto a los numerales 3, 7, 8, 10 y 12 del requerimiento por inexistencia; y del numeral 9 de la solicitud, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), respecto de hechos que dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo, y por aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia en lo relativo a la información que dio lugar a una investigación judicial, todo ello en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristopher Corvalán Rivera y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.
La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, respecto de los numerales 1, 2, 5, y 13 del requerimiento, en base a las siguientes consideraciones:
1) Que, en lo tocante a los numerales 1, 2, 5, y 13 del requerimiento, referidos a las dotaciones, por año (1), para la protección de predios privados afectados o amenazados por violencia rural (2); de fuerzas especiales (5) y de personal que integra las comunas de la Región consultada (13), todo ello destinados a la Región de la Araucanía entre los años 2008 al 2016, este Consejero estima, que si bien, tal como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación, el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), sin embargo, para determinar si el contenido de dicha disposición, en este caso, puede dar lugar a la reconducción material referida en el considerando 4° precedente, se debe distinguir entre la información pedida correspondiente al período 2008 al 2014 y del 2015 al 2016.
2) Que, al efecto, si bien, en lo tocante a la información correspondiente al período 2015 al 2016, dada la actualidad de la misma, a este Consejero le resultan plausibles los argumentos esgrimidos por la reclamada para reservar la información en virtud del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, sin embargo, disiente respecto de la aplicación de esta reserva respecto del período 2008 al 2014, por tratarse de información histórica, sin que se advierta en qué medida una información de esa data pudiera afectar hoy día las funciones del órgano.
3) Que, en tal sentido, estima que publicitar la dotación consultada respecto del período 2008 al 2014, cede ante la necesidad de transparentar las políticas públicas de distribución de personal de Carabineros en una región determinada, resultando esencial para el ejercicio de un control social efectivo. Por tanto, respecto del período 2008 al 2014, desestima la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia invocada por Carabineros.