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Timestamp: 2017-12-15 10:09:06
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Sentencia A.P. Santander 196/2010 de 23 de junio. Delito contra el derecho de los trabajadores. Lesiones imprudentes. Falta - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Santander 196/2010 de 23 de junio
Delito contra el derecho de los trabajadores: Atenuación de la responsabilidad de director facultativo de una empresa, ya que fue un tercero ajeno al imputado quien ordenó accionar la máquina, por la avería sufrida por una cinta transportadora de áridos, encomendando su reparación a una persona de mantenimiento, no habiendo recibido formación alguna específica sobre tal actuación para desatascarla, con el consiguiente atrapamiento del brazo por el trabajador. Medidas de seguridad laboral: Irregularidades apreciadas sobre el respeto a las reglas de seguridad laboral en el ámbito del accidente producido. Evaluación de riesgos: Inexistencia.
SENTENCIA: 02196/2010
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIAROLLO RP 54/10
S E N T E N C I A 196/10
En la Ciudad de Santander, a veintitrés de Junio de dos mil diez.
Este Tribunal de la Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria, ha visto en grado de apelación la causa PA 385/07 del Juzgado de lo Penal núm. Uno de Santander, Rollo de Sala núm. 54/10, seguida por delito Contra el Derecho de los Trabajadores contra Belarmino, Adelaida y Beatriz.
Ha sido parte apelante en este recurso Belarmino, representado por el Sr. Zabal-Jado Rodríguez, defendido por el Sr. Valle Robles.
PRIMERO: En la causa de que este Rollo dimana, por el Juzgado de lo Penal indicado se dicto con fecha seis de noviembre de dos mil nueve Sentencia cuyo relato de Hechos Probados y Fallo son del tenor literal siguiente:
"Hechos Probados: el acusado D. Belarmino, mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñando las funciones de Director Facultativo de la empresa Candesa (Canteras de Santander, S.A.), el día 9 de Junio de 2003 en el centro de trabajo de la empresa Candesa donde desarrolla sus funciones, sita en Herrera de Camargo, Barrio La Verde s/n, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el cargo de Director Facultativo que desempeña ordeno a D. Hipolito, quien presta sus servicios como trabajador por cuenta ajena en el Régimen General de la S.S. en la empresa " Ángel Cimiano Movella" con domicilio en Calle Varadero n° 20 de Santander, empresa subcontratada por Candesa, en la cual presta sus servicios en el referido centro de trabajo, ante la avería sufrida por la cinta de transporte de áridos, no encontrándose en el centro ningún mecánico de la empresa Candesa para efectuar las labores de desatascar la cinta transportadora, le da la orden a Hipolito quién únicamente desempeña funciones de mantenimiento, no desempeñando habitualmente esa tarea ni habiendo recibido formación alguna específica sobre tal actuación, para que untase pasta en el tambor de la cinta trasportadora de ácidos con el fin de desatascarla.
En el incidente y actuaciones dirigidas a subsanarlo, las ordenes fueron emitidas por el acusado Belarmino y ejecutadas bajo la supervisión de la encargada de producción Da Adelaida, quien se encontraba junto a un operario de electricidad en el puesto de mando situado al inicio de la cinta y sin visibilidad sobre la zona de atrapamiento, comunicándose con las personas que se encontraban en la cinta en la zona en que dando pasta al tambor pretendían solucionar la avería mediante walki, emitiendo las ordenes de arranque al puesto de mando para accionar el funcionamiento de la cinta, en uno de los momentos en que se efectuaban esas labores de reparación, la cinta atrapo el brazo del trabajador Hipolito, dejándole atrapado en el lugar durante mas de media hora, al no poder efectuar el corte de la cinta, no encontrándose en el centro de trabajo ningún mecánico que pudiese manejar el soplete.
Como consecuencia del accidente sufrido, el trabajador Hipolito sufrió considerables lesiones en el brazo derecho objetivadas en el informe médico forense emitido, de las que preciso intervención quirúrgica.
La acusada Da Beatriz, mayor de edad y sin antecedentes penales, quien en la fecha del accidente se ocupaba de la coordinación en seguridad entre la empresa y el Servicio de Prevención Ajeno, por el que la empresa había optado como modo de organización preventiva, actuó en relación al suceso acaecido conforme al plan de prevención de riesgos laborales y seguridad de la empresa.
Fallo: QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. Belarmino como -autor criminalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad penal, de un delito contra los derechos de los trabajadores regulado en el Art. 317 del CP y de un delito de lesiones del Art. 147. 1,2 y 3 del CP en consunción conforme al Art. 8c) del CP a la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Se imponen al condenado el pago de las costas procesales.
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Da Beatriz como autora criminalmente responsable de una falta de lesiones imprudentes del Art. 621.3 del CP."
SEGUNDO: Por Belarmino, con la representación y defensa aludidas, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, admitido a trámite por providencia del Juzgado de 14 de enero de 2010; una vez dado traslado del recurso a las demás partes conforme ordena la Ley, se elevó la causa a esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Santander, en la que tuvo entrada el día 25 de febrero pasado, y tras su examen se ha deliberado y Fallado el recurso en el día de la fecha.
PRIMERO: Recurre la representación de Belarmino la sentencia del Juzgado de lo Penal que le condenó por la autoría de un delito del artículo 317 del Código Penal en concurso con otro del 152 -la sentencia se refiere al del 147, si bien se estima que es un error material pues aquél era por el que se acusaba-. El recurso solicita la absolución de tales imputaciones y dice que debería haber actuado Inspección de Minas, y no Inspección de Trabajo, que se hubiera percatado de la imposibilidad de que el accidente aconteciera dando pasta al tambor en la cinta transportadora; que concurre negligencia del trabajador; que no se comunicó al ahora recurrente la visita de la Inspección ni se le citó para comparecer; también se alega error en la apreciación de la prueba, refiriéndose a la declaración del accidentado, al documento de seguridad y salud ITC MIE SM 2/0/01, se dice que las labores de dirección en la planta de Herrera de Camargo las ocupaban las otras dos imputadas que han resultado absueltas, jefe de producción y técnico superior en prevención de riesgos laborales.
El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y pidió la confirmación de la sentencia.
SEGUNDO.- En los hechos probados de la sentencia recurrida se describe que el condenado era el director facultativo del centro de trabajo y que se produjo una avería en la cinta transportadora; para arreglarla, ordenó al luego lesionado que untase pasta en el tambor, función para la que no estaba contratado ni formado, de manera que quedó atrapado por la cinta más de media hora, no existiendo ningún mecánico en el centro en aquel momento, y sufrió lesiones de importancia en uno de los brazos. El lesionado era trabajador de una empresa subcontratada para labores de mantenimiento; pese a conocerlo el imputado, le mandó efectuar trabajos de reparación de la cinta; la labor que desarrollaba exigía una posición forzada y el trabajador no desarrollaba esa tarea habitualmente ni estaba formado para efectuarla.
La sentencia condena por la autoría de un delito contra los derechos de los trabajadores por imprudencia del artículo 317 del Código Penal y un delito de lesiones por imprudencia del artículo 152. El artículo 317 del Código Penal castiga la comisión imprudente de las conductas castigadas en el artículo 316, no facilitar medios a los trabajadores para el desempeño de su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, con infracción normativa y riesgo grave para la vida, salud o integridad física y se dice que el delito se comete de forma negligente en cuanto supone inobservancia de deber de cuidado o diligencia al enviar a reparar la avería a un trabajador no capacitado y sin formación.
También se castiga pero no por un delito de lesiones dolosas del artículo 147, sino de lesiones causadas por imprudencia del artículo 152, 1, 2 y 3 del Código Penal, precepto cuya pena es la finalmente aplicada. Se trata, por tanto, de determinar si ha habido conducta imprudente penalmente relevante por parte del recurrente, imprudencia que se extiende tanto a la infracción de las normas de seguridad y salud laboral como a la causación de las lesiones sufridas por el trabajador.
TERCERO.- Este tribunal no estima relevante, a estos efectos, la alegación referida a que debió actuar la Inspección de Minas y no la Inspección de Trabajo puesto que lo trascendente es la corrección de las conclusiones a que ésta llegó. Y a tal fin no sólo existe la testifical practicada en la vista oral de este caso, sino la documental aportada en las actuaciones referida tanto al informe de la Inspección de Trabajo como a la posterior sanción a la empresa, la contestación a las alegaciones que formalizó ésta (obrantes en f. 392 y ss. de la causa) y la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Lo mismo cabría decir de la referencia del recurso a que no fue oído en el expediente seguido por la Inspección de Trabajo puesto que la condena se funda en lo actuado en la presente causa.
De esta forma, no se advierte error en la relación que la sentencia de instancia efectúa sobre las irregularidades apreciadas sobre el respeto a las reglas de seguridad laboral en el ámbito del accidente producido en cuanto se determina que la empresa no había procedido a la evaluación de riesgos, no había realizado la reparación con la máquina desconectada pese a que podía haberlo hecho así, no se había encomendado a un trabajador capacitado específicamente para ello, ni formado específicamente en un procedimiento de trabajo seguro.
CUARTO.- La STS 6-7-2008 dice que, en la regulación del delito contra los derechos de los trabajadores, "el régimen penal de protección alcanza a distintos bienes específicos, entre ellos la seguridad e higiene en el trabajo (arts. 316 y 317 Código Penal, en relación con el artículo 40.2 Constitución Española), describiéndose dos tipos, doloso y por imprudencia grave, en forma omisiva, constituyendo infracciones de peligro concreto, que debe ser grave para la vida, salud e integridad física de los trabajadores, alcanzando su consumación por la existencia del peligro en sí mismo, sin necesidad de resultados lesivos, que de producirse conllevarían el régimen del concurso ideal (artículo 77 Código Penal). Tratándose también de una norma penal en blanco que se remite genéricamente a "las normas de prevención de riesgos laborales", especialmente, pero no sólo, a la Ley 31/1995, de 8-11, de Prevención de Riesgos Labores, sino a todas las dictadas en la materia con independencia de su rango jerárquico. Y el contenido de la omisión se refiere a "no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas", lo que equivale también a una norma penal incompleta e indeterminada que ha de llenarse según el caso y sus circunstancias, es decir, empíricamente, estableciéndose una suerte de relación de causalidad entre la falta de medios y el peligro grave para la vida, salud e integridad física".
En este sentido, señala la SAP Cantabria 31-3-2004 que la jurisprudencia suele hacer una interpretación amplia de lo que por "medios no facilitados" debe entenderse al comprender entre ellas la falta de la debida instrucción de los trabajadores o la no adopción de las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud que existan tanto en la empresa en su conjunto como en cada puesto de trabajo o función en concreto. En este sentido, el artículo 14.1 de la citada Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ya indicaba que el derecho de información y consulta, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente -al que se refiere el art. 21 - forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y el artículo 15.1, al señalar los principios generales que deben inspirar la actuación preventiva del empresario, menciona el de evitar los riesgos (letra a), combatir los riesgos en su origen (letra c); dar las debidas instrucciones a los trabajadores (letra i), o planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo y la influencia de los factores ambientales en el trabajo (letra g), y el artículo 18.1 a) señala que el empresario adoptará las medidas necesarias a fin de que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
En cuanto a la comisión imprudente, una cosa es la falta de prevención del riesgo equivalente a la omisión de las medidas necesarias y adecuadas exigidas conforme a la legislación laboral y otra distinta su insuficiencia o defectuosidad, lo que debe dar lugar a los dos tipos de comisión previstos, radicando su diferencia en el elemento subjetivo: conciencia del peligro cuando se trata del tipo doloso, y a pesar de ello omisión de medidas adecuadas y necesarias, e infracción del deber del cuidado por ausencia de todas las previsibles y exigibles al garante de la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 14.2 Ley 31/1995), teniendo en cuenta que el ámbito ordinario e intenso de la protección corresponde sustancialmente al derecho laboral y que su trascendencia penal debe constituir remedio extremo (STS 26-7-2000). La gravedad del peligro habrá de determinarse desde un doble punto de vista: por el grado de probabilidad del resultado y por la entidad misma del resultado probable. La imprudencia leve la constituye una conducta ligera y de imprevisión venial, por falta de atención bastante, referida a un deber que cumplir, originándose el mal sobrevenido por el negligente descuido del agente en su quehacer lícito, situándose la diferenciación entre distintas clases de imprudencias punibles en un terreno de circunstancialidad y relativismo ante el caso concreto debatido.
En cuanto al sujeto activo del delito, se atiende a la falta de previsión del riesgo creado por las obras dirigidas por el facultativo como garante de la seguridad y salud de los trabajadores (STS 26-7-2000) o se indica que la garantía de seguridad e higiene en el trabajo es obligación, en primer lugar, del empresario (art. 4 y 19 E.T.) pues es el empresario en el orden laboral el que tiene el dominio del riesgo, el que está legalmente obligado a exigir y a facilitar los medios y procurar las condiciones para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles, pero aunque la L.P.R.L. ha configurado un deber de seguridad imputado al empresario, este artículo no tiene más efecto que el de configurar el sujeto activo de las infracciones administrativas de manera que en el ámbito penal el concepto de autor es del todo independiente o autónomo, de ahí que tratándose de un empresario persona jurídica, sujeto activo puede ser también el administrador o encargado del servicio, y no sólo quien ostente jurídicamente dicha condición sino también todos aquellos que ejerzan de hecho facultades de dirección y organización sobre la prestación laboral y además en el artículo 318 se alude también a "quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello", refiriéndose a la responsabilidad penal directa de las personas pertenecientes a la plantilla de la empresa y careciendo de poder de decisión, sí se hallan en situación idónea por su perfil profesional para evitar el peligro (SAP Cantabria 31-3-2004).
QUINTO.- Sobre la imputación al ahora recurrente de la responsabilidad por negligencia, tanto del delito contra la seguridad de los trabajadores como del de lesiones por imprudencia, la sentencia recurrida entiende que se trataba del máximo representante de la empresa, realizaría por tanto, el papel del empresario, y poseería la autoridad para comprobar y aprobar los aspectos relativos a la organización del trabajo y a la formación y seguridad de los trabajadores. El director facultativo de la empresa es el competente y responsable para garantizar la protección del bien jurídico de la seguridad de los trabajadores y su integridad física y aquí omitió la diligencia debida al enviar a reparar la avería a un trabajador sin capacitación ni formación específica. Y su actuación deviene negligente, con negligencia grave propia del tipo delictivo aplicado, al no comprobar la existencia de evaluación de riesgos, al encomendar una tarea a un trabajador -no subordinado directo al ser parte de una subcontrata- a quien se encarga una tarea sin considerar si el mismo realizaba habitualmente tal tipo de trabajos, si estaba o no formado, omitiendo cualquier dotación suficiente de medios (como un soplete) y personal (mecánicos) que podían ser precisos para resolver problemas como el planteado, y sin atender, en fin, a la capacidad del mismo para solucionar la avería sufrida. De esta forma, se infringen los artículos 14, 16 y 17.2.bde la Ley 31/1995 y los 3.5 y 5.4 del Anexo II del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo.
La referencia del recurso a la ITC.MIE.S.M.02.0.01 no exime de la responsabilidad declarada, responsabilidad que, como se ha dicho, deviene tanto de su cometido general -en la posición de empresario que le otorga responsabilidad sobre los planes de prevención de riesgos en la empresa y la formación de trabajadores-, como de su orden particular al operario para que procediese a efectuar el trabajo. Y ello es independiente de que pudiera considerarse a la explotación concreta en que se produjo el accidente una unidad de explotación en la cual el Director Facultativo estuviese asistido por un Ingeniero (punto 1.3.3. de la citada Instrucción) pues ni se acredita con fehaciencia tal división en la ejecución de las labores de la empresa ni ello incide en los aspectos que se han relatado como propios de la responsabilidad del Director Facultativo. En el esquema de responsabilidad de la empresa que obra al f. 320 -emitido por un perito cuyo informe fue sometido a contradicción en el acto del juicio oral- el recurrente aparece como Director Facultativo y, como subordinados suyos, entre otras personas, la Jefa de Producción, Adelaida, quien no aparece que, en este ámbito, tuviera poder de decisión independiente del Director Facultativo, al menos en el caso concreto en que fue éste el que dio la orden de reparación; al f. 516 figura el Plan de Labores de 2003 de la "Canteras de Santander, S.A." y quien aparece como director facultativo autorizado es Belarmino y, frente a lo que señala el recurrente, en el documento de Seguridad y Salud obrante al f. 527 no aparece que Adelaida estuviese designada como responsable de la cantera de Herrera de Camargo. Respecto de la existencia de una técnico superior en prevención de riesgos laborales, no cabe que este tribunal analice de nuevo su imputación pues resultó absuelta y ello ha quedado firme, si bien cabe afirmar que no incide en la responsabilidad que por sus actos y omisiones personales se ha exigido al recurrente. En consecuencia, no se aprecia que sea errónea la inclusión de los hechos probados en la conducta típica del artículo 317 del Código Penal.
SEXTO.- Sin embargo, sí que parece claro que existe un hecho del que no se puede responsabilizar al condenado, la puesta en marcha de la máquina en que se produjo el accidente sin asegurarse de poder hacerlo sin peligro; el recurrente ni estaba presente cuando ello sucedió ni consta que fuese el responsable del funcionamiento habitual de la máquina. Aquí entraría en juego la posible responsabilidad de terceros. No cabe analizar la de personas concretas no enjuiciadas o cuya absolución es firme pues no son objeto de recurso; únicamente cabría examinar la posible contribución negligente del propio trabajador y la misma no aparece afirmada en los hechos de la sentencia de instancia, de igual manera que tampoco se contemplaba en la sentencia dictada en la jurisdicción social, y este tribunal, sin presenciar de manera personal y directa la prueba practicada, no se encuentra en mejor posición que el juzgador de instancia para llegar a una conclusión distinta sobre tal extremo, sobre que fuese el trabajador quien diera la orden de poner en marcha la máquina, algo que no se desprende de lo actuado.
En cualquier caso, lo cierto es que fue un tercero ajeno al imputado quien ordenó accionar la máquina y que ello fue causa inmediata del atrapamiento sufrido por la víctima, lo que tiene como consecuencia la atenuación de la responsabilidad concreta en cuanto a la causación de las lesiones al intervenir factores no sólo directamente atribuibles al recurrente sino también otros de los que no se le puede responsabilizar en tal grado. De ahí que se degrade la imprudencia por la aparición de concausas en la producción de las lesiones, lo que da lugar a que la misma no pueda ser calificada como grave, tal como le había sido atribuida, sino que como leve, también merecedora de reproche penal, tanto por su relevancia (atendida la contribución a la causación de la conducta analizada en los anteriores fundamentos) como por el resultado lesivo producido (lesiones cuya sanación precisó de tratamiento médico quirúrgico), pero sin superar la consideración de una falta del artículo 621.3 del Código Penal.
La consecuencia es, persistiendo la condena por el delito del artículo 317 del Código Penal, que es de aplicación no el artículo 8 sino la punición separada de ambas infracciones, como si se tratase de un concurso real, al disponerlo así el artículo 77 del Código Penal cuando sea más beneficioso el castigo separado de ambas infracciones. Las penas pecuniarias que se imponen en el mínimo legal al no haber petición superior y la de prisión del artículo 317 del Código Penal en tres meses y quince días atendiendo a la relevancia del hecho.
SÉPTIMO.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada.
Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de Belarmino y contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal número Uno de Santander a que se refiere este rollo, debemos revocar y revocamos la misma en cuanto condena al citado recurrente como autor de un delito del artículo 152 del Código Penal (147 se decía erróneamente en el Fallo de tal sentencia), petición de la que se le absuelve, siendo condenado en su lugar por una falta del artículo 621.3 del Código Penal; en consecuencia, se impone al recurrente, por la autoría de un delito del artículo 317 del Código Penal, la pena de prisión de TRES MESES Y QUINCE DÍAS, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de TRES MESES con cuota diaria de DOS EUROS -con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago en los términos del artículo 53 del Código Penal - y por la autoría de una falta del artículo 621.3 del Código Penal, la pena de multa de DIEZ DÍAS con cuota diaria de DOS EUROS -con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago en los términos del artículo 53 del Código Penal -, ratificando en lo demás la resolución recurrida y con declaración de oficio de las costas de esta alzada.