Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-43481-de-mayo-8-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fb18bba6fec30066e0430a0101510066&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 14:07:12
Document Index: 104365287

Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 94', 'artículo 179', 'artículo 176', 'artículo 250', 'artículo 23', 'artículo 395']

﻿ Sentencia 43481 de mayo 8 de 2014
AUTO 43481 DE 08 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:SISTEMA PENAL ACUSATORIO – CONCENTRACIÓN. LA CONCENTRACIÓN SUPONE LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ DE LA AUDIENCIA, Y ESTO A SU VEZ IMPLICA QUE LAS PRUEBAS SE PRACTIQUEN EN BLOQUE, PARA LO CUAL ES IMPRESCINDIBLE QUE SE EXCLUYA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA CUALQUIER CONTROVERSIA QUE INTERFIERA CON TALES PROPÓSITOS. POR TANTO, AL INICIO DEL DEBATE PROBATORIO YA DEBE ESTAR SUPERADA CUALQUIER DISCUSIÓN EN TORNO DE SU PRÁCTICA, PRECISAMENTE PARA ELLO SE DISEÑÓ LA AUDIENCIA PREPARATORIA, ESCENARIO EN QUE SE RESUELVEN TODOS LOS DEBATES VINCULADOS CON DICHA TEMÁTICA, A TRAVÉS DE UN AUTO QUE HABRÁ DE CONTENER LA CLASE DE PRUEBA A PRACTICARSE EN EL JUICIO, LA FORMA DE SU INCORPORACIÓN, EL ORDEN DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLO QUE SE EXCLUYE DEL DEBATE, ETCÉTERAPROVEÍDO SUSCEPTIBLE DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES, PERO QUE UNA VEZ EN FIRME, DEJA RESUELTA TODA LA DISCUSIÓN AL RESPECTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CONCENTRACIÓN DE LA AUDIENCIA PROCESAL, AUTO, SISTEMA PENAL ACUSATORIO, APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:511 DE JULIO DE 2014, PÁG.1285
Sentencia 43481 de mayo 8 de 2014
AP 2421-2014
Rad.: 43481
(Aprobado Acta Nº 137)
La Corte es competente para resolver este asunto, toda vez que la decisión impugnada fue proferida por un Tribunal Superior del Distrito Judicial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 179C de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1395 de 2010.
El recurso de queja si bien no fue incluido en la Ley 906 de 2004, si fue materia de la cual se ocupó el Legislador mediante la Ley 1395 de 2010, con cuyos artículos 92, 93, 94, 95 y 96, extendió el contenido del artículo 179 del Código de Procedimiento Penal.
Según dicha normativa, el Código de Procedimiento Penal tendría los siguientes artículos:
“179A.—Cuando no se sustente el recurso de apelación se declarará desierto, mediante providencia contra la cual procede el recurso de reposición.
179B.—Procedencia del recurso de queja. Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja, dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.
179C.—Interposición. Negado el recurso de apelación, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviará inmediatamente al superior.
179D.—Trámite. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias deberá sustentarse el recurso, con la expresión de los fundamentos.
179E.—Decisión del recurso. Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.
179F.—Desistimiento de los recursos. Podrá desistirse de los recursos antes de que el funcionario judicial los decida”.
Resulta oportuno resaltar que la discusión que se suscita en relación con el recurso de queja gira exclusivamente en torno de si debe o no concederse el de apelación, de donde puede afirmarse que la sustentación vincula aspectos de contenido eminentemente procesal, lo mismo que la decisión mediante la cual se resuelva.
Por tanto se aclara, la Sala no tiene como objeto de estudio analizar si el fiscal directamente, sin acudir a testigos de incorporación, puede presentar e introducir pruebas o documentos en el curso del juicio, puesto que tal situación fue asunto de análisis en la audiencia preparatoria, escenario en el cual debió disponerse cuál era el medio para llevar dichos elementos de convicción al conocimiento del juez, mediante decisión susceptible de los recursos correspondientes; y, por tanto, dicha controversia quedó superada.
De suerte, que el problema a resolver es si procede el recurso de apelación contra la decisión proferida en el curso de la audiencia pública mediante la cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el decreto de pruebas adoptado en la audiencia preparatoria, en relación con la forma de incorporación de dos documentos.
El inciso final del artículo 176 de la Ley 906 de 2004, dispone que “La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias condenatoria o absolutoria”.
Pues bien, del contenido del artículo 250.4 constitucional se advierte que la oralidad fue incorporada como uno de los principios que irradian el sistema de partes adoptado en el Acto Legislativo 03 de 2002, lo cual se concreta en múltiples normas de la Ley 906 de 2004, orientadas, como se ha indicado en múltiples oportunidades, a garantizar que el juicio sea verbal, de viva voz, concentrado y por tanto célere y con todas las garantías.
Así, la concentración supone la continuidad y fluidez de la audiencia, y esto a su vez implica que las pruebas se practiquen en bloque, para lo cual es imprescindible que se excluya de la audiencia pública cualquier controversia que interfiera con tales propósitos. Por tanto, al inicio del debate probatorio ya debe estar superada cualquier discusión en torno de su práctica, precisamente para ello se diseñó la audiencia preparatoria, escenario en que se resuelven todos los debates vinculados con dicha temática, a través de un auto que habrá de contener la clase de prueba a practicarse en el juicio, la forma de su incorporación, el orden de su presentación, aquello que se excluye del debate, etcétera; proveído susceptible de los recursos correspondientes, pero que una vez en firme, deja zanjada toda la discusión al respecto.
Al ocuparse de precisar el contenido y alcance de la audiencia preparatoria, la Sala ha manifestado lo siguiente: (Auto jul. 13/2012, Rad. 36562):
“Por tanto, corresponde al juez en la audiencia preparatoria ocuparse de todos estos aspectos relacionados con la inclusión de la prueba en el juicio, no pudiendo evadir, ni renunciar, ni evitar las discusiones en torno de su inadmisión, rechazo o exclusión so pretexto de mantener incólume su imparcialidad, toda vez que es aquella el escenario natural de tales discusiones y no otro; al punto que de advertir afectada esa esencial condición para afrontar el juicio, puede hacer uso de las causales de impedimento previstas a fin de separarse del conocimiento del asunto”.
Es en aquella oportunidad —en la audiencia preparatoria— en que se discute todo lo relacionado con la práctica de la prueba. De manera, que luego de superado el debate en dicho acto, se insiste, ya no se puede revivir en el juicio, tal como lo ha explicado la Sala en pronunciamiento reciente AP 897-2014 Radicado 43176, al advertir:
En consecuencia, no es procedente que en los momentos procesales subsiguientes del juicio oral se retorne a los aspectos relacionados con las solicitudes probatorias y su decreto, a menos que, durante la práctica de las autorizadas, se haga necesaria la exclusión de alguna de ellas por haber sido obtenida con violación de las garantías fundamentales, como así lo dispone el artículo 23 del mismo ordenamiento, caso en el cual igual tratamiento reciben las que sean resultado de ella”.
Tampoco son objeto de recursos las decisiones que tienen la forma de órdenes, esto es, aquéllas con las cuales el juez que dirige el proceso, se ocupa de darle cumplimiento a lo dispuesto en el auto de decreto de pruebas, ley del juicio, como sucede en el asunto de la referencia; tal como esta Sala ya ha tenido oportunidad de precisarlo al indicar (AP 897-2014 Rad. 43176).
“6. En tales condiciones, la oposición al interrogatorio genera un incidente regido por la lógica del debate, cuya decisión, a cargo del juez, debe ser inmediata, como lo dispone el artículo 395 de la Ley 906 de 2004, el cual expresamente señala: «Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada. (Negrillas fuera de texto).
Por manera que cuando el juez resuelve la objeción, como común se denomina a la oposición, no hace nada diferente a emitir una decisión de cumplimiento inmediato que no es recurrible por las partes. En efecto, cuando considera que la misma es «ha lugar» o «no ha lugar», simplemente, en el primer supuesto, ordena al examinador no hacer la pregunta o replantearla, según el caso, y en el segundo evento, que el cuestionamiento no transgrede las reglas del interrogatorio ni las prohibiciones contenidas en la norma procesal y, por lo tanto, el testigo está obligado a responderla”.
Resulta inimaginable la situación a la que se llegaría si decisiones que se adoptan para dirigir y controlar la audiencia, por ejemplo aquellas por las cuales se rechaza o acepta una objeción, o se ratifica o se retira una pregunta de un interrogatorio o un contrainterrogatorio, fueran susceptibles del recurso de apelación.
De lo que se sigue, que las decisiones adoptadas en el curso de la audiencia pública, en relación con la dirección del juicio, de acuerdo con lo ordenado en el decreto de pruebas, mal podrían tener recursos, puesto que se resquebrajaría precisamente la concentración, celeridad e inmediación, principios del proceso penal que se identifican con una recta y cumplida administración de justicia.
Si bien lo deseable es que los documentos lleguen al juicio por vía de un verdadero testigo de acreditación, la orden del tribunal de tolerar una situación diferente, debió ser objeto de solicitud de inadmisión por parte de la defensa, precisamente en la audiencia preparatoria; pero una vez agotada ésta, en atención al principio de preclusión, tal discusión quedó superada.
En ese orden la Sala deberá rechazar el recurso de queja, puesto que la orden impartida y cuestionada no es susceptible de recursos, sin embargo, en aras de preservar el derecho sustancial se confirmará la decisión materia del recurso de queja por hallarla ajustada a derecho y consultar la sistemática del proceso penal que nos rige.