Source: http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/cidh1.html
Timestamp: 2017-10-19 10:45:45
Document Index: 62079737

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 174', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4']

Equipo Nizkor - Declarada admisible la petición denunciando la violación de varios artículos de la Convención Americana sobre DD. HH. en el asesinato de Carlos Escaleras Mejía por parte de Honduras.
1. El 13 de enero de 2003, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") una petición contra la República de Honduras (en adelante "el Estado hondureño", "Honduras" o "el Estado"). La referida petición denuncia la violación de los artículos 4, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), en perjuicio de Carlos Escaleras Mejía (en adelante también la "presunta víctima").
7. Los peticionarios alegan que el señor Escaleras era uno de los más reconocidos líderes populares del Valle del Aguán, habiéndose desempeñado como dirigente en diversas organizaciones, tales como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Frente común de Patronatos y la Coordinadora de Organizaciones Populares (COPA). En esta última organización, en la que su trabajo tuvo más impacto, se vinculó a los movimientos de organización comunitaria y ambientalista, que gozaban de mucha credibilidad por su fuerte denuncia en defensa de los derechos humanos. Una de las facetas importantes de su lucha fue denunciar y oponerse a las actividades de empresas que causaban daño al medio ambiente y al ecosistema del valle al derramar sustancias tóxicas en los ríos. Esto trajo como consecuencia -según declaraciones que obran en actuaciones judiciales- presiones |1| y amenazas contra su vida que culminaron con su asesinato. Alegan que su muerte sobrevino en el contexto del clima de inseguridad y persecución en que viven los defensores ambientalistas en Honduras |2|. En este sentido, mencionan la visita a Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, quien expresó en su informe que conoció de "casos de ecologistas y activistas Indígenas asesinados y amenazados a instancias de poderosos terratenientes y empresarios". |3|
9. Destacan que la investigación de los hechos que determinaron la muerte de Carlos Escaleras Mejía no fue conducente, exhaustiva, imparcial o efectiva pues estuvo marcada por el desinterés de la policía y del Ministerio Público en encontrar los verdaderos autores materiales del delito. |4| Destacan que la deficiente investigación configura la violación, por parte del Estado de Honduras, de su obligación de asegurar y proteger el derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana.
11. Con relación a los acusados de la autoría material del crimen, se dictó una sentencia condenatoria contra Lucas García Alfaro el 16 de octubre de 2002 |5| por el asesinato del señor Carlos Escalera Mejía. El señor García Alfaro fue sentenciado a cumplir una pena de diecisiete años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional.
12. Con respecto a los acusados de la autoría intelectual, los peticionarios señalan que el 20 de agosto de 2001 el juez a cargo dictó el sobreseimiento definitivo de dos de ellos, el señor Miguel Facussé Barjúm y el señor Irene Castro, sin haberlos oído previamente y sin haber realizado con respecto a ellos acto judicial alguno. Los peticionarios señalan que esta resolución judicial fue apelada el 27 de agosto de 2001 y que mediante sentencia del 14 de noviembre de 2001 la Corte de Apelaciones declaró la nulidad del sobreseimiento definitivo porque no se habían tomado los testimonios de los presuntos autores intelectuales. Los dos acusados de la autoría intelectual interpusieron recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual, con fecha 8 de agosto de 2003, declaró sin lugar el recurso porque no se habían tomado los testimonios de los presuntos autores intelectuales y devolvió el expediente al Juez de Letras Seccional de Tocoa. |6| Señalan los peticionarios que esta sala tardó casi dos años para resolver el mencionado recurso (noviembre de 2001 a agosto de 2003), lo que lógicamente trae como consecuencia un retardo en la administración de justicia.
13. Resaltan los peticionarios que, en total, han transcurrido más de seis años desde la apertura del proceso sin que se haya dictado sentencia definitiva contra todos los responsables, lapso que rebasa los límites de la razonabilidad. Alegan que el artículo 174 del Código de Procedimientos Penales establece que "las diligencias del sumario …no durarán más de un mes…" y que en el proceso por cuerda separada que se sigue contra los autores intelectuales dicha fase lleva ya seis años. Además, el caso no tiene la complejidad que señala el Estado en tanto ya se sancionó a uno de los responsables materiales de la ejecución y se absolvió a dos imputados de la autoría intelectual con una celeridad sin precedentes. A este respecto señalan que en un solo día, el 14 de octubre de 2003, el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa tramitó y resolvió varias diligencias: admitió un escrito de solicitud de presentación voluntaria de los presuntos actores intelectuales señores Miguel Facussé Barjúm e Irene Castro; dictó el sobreseimiento definitivo a favor de estos disponiendo que la decisión surtiera "efecto de cosa juzgada" y extendió carta de libertad provisional a favor de ambos. Destacan los peticionarios que el Juzgado Seccional de Tocoa realizó todas estas diligencias el mismo día 14 de octubre de 2003 para favorecer el sobreseimiento inmediato de los señores Facussé y Castro, mientras que otras diligencias para esclarecer el asesinato del señor Escalera tardaron meses y años para realizarse y otras ni siquiera se han realizado. Agregan que el 23 de octubre de 2003 los abogados de los señores Facussé y Castro solicitaron que se extendiera carta de libertad definitiva a favor de sus representados, solicitud que fue admitida y resuelta en la misma fecha, recibiendo los imputados sus respectivas cartas de libertad definitiva |7| En consecuencia, los peticionarios alegan que hubo una demora injustificada en la administración de la justicia y que los recursos de la jurisdicción interna fueron ineficaces en la práctica. Solicitan a la Comisión que, en virtud de todo los anterior, admitan la petición con base en la excepción prevista en el artículo 46 (2) (c) de la Convención Americana.
14. El Estado de Honduras alega que no patrocina una política de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias contra un determinado grupo social del país, como aducen los peticionarios y destaca que en los casos referidos el Estado ha iniciado oportunamente la investigación y ha condenado a los responsables de los crímenes. Sostiene que en los últimos años hubo una mejoría en la situación de los derechos humanos en el país. |8|
19. El artículo 46(1)(a) de la Convención establece como requisito para que una petición sea admitida "que hayan sido interpuestos y agotados los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos".
26. En consecuencia, las razones por las cuales no se agotaron los recursos internos y el efecto jurídico de la falta de agotamiento de los mismos serán analizados cuando la Comisión estudie el fondo de la cuestión controvertida con el objeto de determinar si se han configurado violaciones a los artículos 8 y 25 precitados. |9|
31. La Comisión considera que prima facie los hechos alegados por los peticionarios, de resultar probados, podrían llegar a caracterizar la violación, en perjuicio de la presunta víctima, de los artículos 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial), todos en relación con el artículo 1(1) (deber general de garantía) de la Convención Americana. En relación con la posibilidad de que los hechos alegados pudieren llegar a caracterizar una violación del artículo 4 de la Convención, la Comisión considera que el artículo 4, relacionado con el artículo 1(1) de la Convención Americana, implica un deber de protección integral que no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) |10| conforme a su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. |11| Se trata este de un deber cuyos alcances imponen al Estado, además, la obligación de investigar eficientemente y sancionar aquellas actuaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida, así como la obligación de reparar a los familiares de las víctimas los perjuicios causados por dichas violaciones. A la luz de estas consideraciones, los hechos del presente caso podrían configurar una violación del deber de garantía derivado del artículo 4 de la Convención.
1. Expediente judicial, investigación de la DGIC folio 161 apartado 3. Los peticionarios indican que: "La denuncia de la planta extractora de aceite de palma Africana trajo consigo más presiones y amenazas contra Escaleras, de hecho, el empresario Facussé mandó a advertirle, con su propio hermano René Escaleras, que por favor "aconsejara a su hermano para que no siguiera siendo un obstáculo a sus negocios"; Ver Declaración de Blanca Adilia Escobar (folio 171); Ver declaración de Marta Mercedes Alvarenga Reyes, folio 173. (Página 3, nota 17 del escrito de denuncia de los peticionarios). [Volver]
2. Los peticionarios citan, entre otros, los asesinatos de los defensores ambientalistas Blanca Jeanette Kawas, Carlos Flores, Carlos Luna y Carlos Escaleras Mejía [Volver]
3. Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, señora Asma Jahangir, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, presentado en cumplimiento de la resolución 2002/36 de la Comisión de derechos Humanos, adición, Misión a Honduras, Comisión de Derechos Humanos, 14 de junio de 2002, E/CN.4/2003/3/Add. 2, Sección C. Presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y amenazas de muerte de las que habrían sido víctimas miembros de las comunidades indígenas, ecologistas y defensores de derechos humanos, párrafo 63, anexo 1. [Volver]
4. Alegan los peticionarios que se cometieron irregularidades en los examenes forenses de los cadáveres, en los exámenes balísticos y en las pruebas testimoniales, lo que vició la investigación de los hechos. Alegan los peticionarios que se cometieron irregularidades en los exámenes forenses de los cadáveres, en los exámenes balísticos y en las pruebas testimoniales, lo que vició la investigación de los hechos. Entre otras irregularidades presuntamente cometidas citan las siguientes: 1) no fue hasta el 13 de noviembre de 1997, es decir un mes después del asesinato del señor Escaleras Mejía, que se realizó la inspección personal del juez al lugar de los hechos; 2) no existió autopsia ni se tomaron pruebas fotográficas del cadáver, elementos necesarios para llevar a cabo la investigación efectiva de una muerte; 3) no fue hasta el 27 de marzo de 1999, es decir 17 meses después de los hechos, que el Fiscal solicitó al médico forense de la ciudad de la Ceiba información sobre el reconocimiento del cadáver "todo ello en vista de no contar con el dictamen correspondiente agregado al proceso"; 4) el Fiscal solicitó infructuosamente en dos ocasiones que se requiriera un arma que había sido incautada la noche del crimen a los cuatro sospechosos y que, por ser propiedad del Ejército, había sido devuelta sin habérsele realizado examen balístico alguno; según los peticionarios hasta el día de hoy no se ha hecho un examen balístico; 5) la única diligencia que se realizó en 1998 fue cuando el 9 de febrero de ese año el testigo Narciso Daniel Castro Orozco se presentó al respectivo juzgado a ampliar su declaración; desde el 17 de marzo de 1998 al 17 de febrero de 1999, el proceso penal no tuvo movimiento alguno; 6) no se ha incorporado a los autos la declaración de Carlos Urbina a pesar que la Fiscalía la solicitó en dos ocasiones, el 24 de octubre de 1997 y el 27 de mayo de 1999; 7) En el transcurso del juicio se han apersonado diez fiscales, lo que ha restado continuidad a las investigaciones; 8) la acusación criminal presentada por el hermano de la víctima el 13 de noviembre de 2000 solicitaba la inspección de la empresa que presuntamente había emitido un cheque que involucraba a los autores intelectuales, así como un requerimiento al banco involucrado para comprobar el pago o no pago del mismo (Expediente judicial folio 2829) pero no fue sino diez meses después de aportada esta prueba que se llevó a cabo la inspección a la empresa para comprobar la emisión del cheque en cuestión (Expediente judicial, folio 479) y, 9) la resolución judicial de 20 de agosto de 2001, que sobreseyó definitivamente la causa contra dos de los presuntos autores intelectuales fue dictada sin tomar en consideración la solicitud del Fiscal de que se tomara la declaración testifical de Mario Gutiérrez, un testigo importante. [Volver]
5. Los peticionarios afirman que, en los primeros meses de la investigación, se mencionaron varios nombres de posibles autores pero que se hizo poco para tratar de investigar su vinculación con el caso. [Volver]
6. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, de fecha 8 de agosto de 2003, Anexo 1 del escrito de los peticionarios del 23 de abril de 2004, recibido en la CIDH el 24 del mismo mes y año. [Volver]
7. Según se deriva del acervo probatorio al alcance de la Comisión, el proceso penal contra los autores intelectuales de la muerte del señor Escaleras Mejía sigue contra otros presuntos autores intelectuales, los señores Juan Ramón Salgado, José Salomón Martínez y Oscar Félix Sosa Vargas. [Volver]
8. Menciona el Estado de Honduras la sanción de una nueva Ley Orgánica de Policía y de un nuevo Código Procesal Penal que abandonó el viejo modelo inquisitorio reemplazándolo por el sistema acusatorio. [Volver]
9. Véanse CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.250, Masacre de Mapiripán, Colombia, párr. 38 y CIDH Juan Humberto Sánchez, Honduras, Informe Nº 65/01, Caso 11.073, 6 de marzo de 2001, párr. 51. CIDH, Informe Nº 15/02, Admisibilidad, Petición 11.802, Ramón Hernández Berrios y otros, Honduras, 27 de Febrero de 2002. [Volver]
10. Corte IDH, Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C Nº 70, párr.172; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 139. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras Sentencia de 7 De Junio De 2003, párr. 110. [Volver]
11. Cfr. Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C Nº 69, párr.párr. 69 Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 99; y Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 199. [Volver]