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Timestamp: 2017-06-24 20:44:23
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[Sentencia C-011/10]- Constitucionalidad de la Ley 1278 enero de 2009- Acuerdo entre Colombia y Perú que modifica el Convenio Bolivariano de Extradición | laboralparatodos.com
[Sentencia C-011/10]- Constitucionalidad de la Ley 1278 enero de 2009- Acuerdo entre Colombia y Perú que modifica el Convenio Bolivariano de Extradición
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante apoderado especial, solicitó a esta Corporación declarar la constitucionalidad de la Ley 1278 de 2009. El escrito de intervención está dividido en tres partes: en la primera, se sostiene que se respetaron los procedimientos que definen el trámite legislativo de este tipo de normas. En la segunda, se explica el contenido de cada una de las disposiciones normativas que integran la Ley objeto de examen. Finalmente, en la tercera parte, se exponen las razones por las cuales la Ley 1278 de 2009 se ajusta a la Carta Política. Al respecto el representante judicial del Ministerio de relaciones Exteriores explica que “la celebración y adopción de este Acuerdo por parte de Colombia es desarrollo de los postulados constitucionales de soberanía, reciprocidad y coordinación entre los Estados para la lucha contra el delito nacional y transnacional”. En ese sentido, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ley 1278 de 2009 desarrolla y materializa diferentes mandatos constitucionales, entre ellos los artículos 226 y 227 (internacionalización e integración de las relaciones políticas), 9 (soberanía nacional e integración latinoamericana) y 150 num. 16 (integración con otros Estados). III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En estos dos eventos, a juicio de la Procuraduría General, se transgredió lo dispuesto en el artículo 160 constitucional adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”. Según la Vista Fiscal, “el proyecto fue anunciado para ser discutido y aprobado en la Comisión Segunda del Senado de la República el 27 y 29 de noviembre, pero se realizó el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2007 y en igual sentido sucedió en la plenaria del Senado ya que el proyecto fue anunciado para la sesión del día miércoles 23 de abril de 2008, y en realidad fue debatido y aprobado en la sesión del martes 29 de abril de la misma anualidad, no obrando en las pruebas del Expediente los anuncios previos para las citadas sesiones”. De acuerdo con la Procuraduría el rompimiento de esta regla, en los términos definidos por la jurisprudencia constitucional, configura un vicio insubsanable, que inevitablemente obliga a declarar la inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado internacional.
Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política. De acuerdo con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley 1278 de 5 de enero de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
2.1.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del veinte (20) de febrero de 2009 firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta Corporación que “el mencionado acuerdo fue suscrito por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco ‘en virtud de sus funciones sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representa al Estado’ de conformidad con el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. Respecto de este aspecto, evidentemente el artículo 7 de la Convención de Viena, aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985, dispone: “(…). 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a un Estado: a.) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b.) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c.) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.
En ese sentido, encuentra esta Corporación que no se incumplieron las formalidades requeridas para el ejercicio de la representación necesaria para la suscripción del instrumento objeto de examen .
2.1.2. Mediante aprobación presidencial del instrumento internacional con fecha del 10 de agosto de 2005 , el Presidente de la República ordenó someter el Acuerdo bajo examen a consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política.
2.2.1.1. El texto del proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República el veinte (20) de septiembre de 2007, por los entonces Ministros del Interior y de Justicia Dr. Carlos Holguín Sardi, y de Relaciones Exteriores Dr. Fernando Araujo Perdomo, siéndole asignado el número de radicado 145/07. Su texto y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 469 del 24 de septiembre de 2007 .
2.2.1.2. La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por la senadora Cecilia López Montaño y fue publicada en la Gaceta del Congreso No 578 de 2007 .
2.2.1.3. En la certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la República , no se hace referencia al anuncio para discusión y aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado del Proyecto de Ley 145/07. A pesar de lo anterior, revisado en detalle el expediente legislativo, esta Corporación advierte que la cadena de anuncios del proyecto para su respectiva discusión y aprobación en primer debate en el Senado se realizó de la siguiente manera:
(iii) Revisadas las Gacetas del Congreso allegadas por la Secretaría del Senado, no encuentra esta Corte que la Comisión Segunda del Senado se hubiera reunido el 29 de noviembre de 2007, como se anunció. Sin embargo, al revisar el consecutivo de las actas, advierte que la siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado se llevó a cabo el 4 de diciembre del mismo año, según consta en el Acta No 15 de esta misma fecha, publicada en la Gaceta Nº 177 de abril 24 de 2008. En esta ocasión tampoco se realizó la votación del Proyecto de Ley 145/07 Senado siendo aplazada nuevamente . Dice el Acta en el punto del orden del día relacionado con el anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión: “Por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión, según el artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003, se trata de los siguientes proyectos:
(iv) Al día siguiente, esto es, el 5 de diciembre de 2007, según el tenor literal del Acta No 16 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 177 de 2008, no se adelantó la votación del proyecto de ley 145/07, por lo que dentro del orden del día se incluyó en el punto “Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).” Siendo anunciada entonces para la siguiente sesión, esto es y según el consecutivo de las actas, la del 11 de diciembre de 2007, así: “Por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, según el (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003): (…) 2. Proyecto de ley número 145 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú, Modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición, firmado el 18 de julio de 1911, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).
2.2.1.4. De acuerdo con el anuncio precitado, el proyecto fue aprobado por unanimidad de los asistentes en la sesión que se adelantó el 11 de diciembre de 2007, como consta en el Acta No 17 de 2007 publicada en la Gaceta del Congreso No 178 del 24 de abril de 2008 : “El señor Secretario da lectura al título del proyecto: por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición, firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).
2.2.1.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por la Senadora Cecilia López Motaño, y publicada en la Gaceta del Congreso No 093 del 1º de abril de 2008 .
2.2.1.6. Según certificación expedida el 24 de febrero de 2009 por el Secretario General del Senado de la República Emilio Otero Dajud, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 22 de abril de 2008, según consta en el Acta de Plenaria N° 42 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 321 de 2008 . Según el texto de la referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
Revisado en detalle el contenido del Acta de Plenaria N° 42 de 2008, se estableció que la sesión finalizó así: “Siendo las 10:38 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 23 de abril de 2008, a las 3:00 a. m. (sic)” 2.2.1.7. Según la certificación referida en el numeral anterior, el Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el 29 de abril de 2008, dado que el 23 de abril de ese año no hubo sesión, con un quórum deliberatorio y decisorio de 87 senadores del total que conforman la Plenaria y aprobado por mayoría como consta en el Acta 43 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No 404 de 2008 : “La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
2.2.1.8. El texto definitivo del Proyecto de Ley 145/07 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 274 de 2008 .
Como se describió antes (supra III) la Vista Fiscal estima que en este caso podemos estar en presencia de un vicio de procedimiento legislativo insubsanable . En síntesis, la Procuraduría encuentra tres situaciones que configuran la irregularidad del rompimiento de la cadena de anuncios durante el trámite en el Senado:
(i)	En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, en la sesión del 21 de noviembre de 2007 se anunció para votación el proyecto de ley el 27 noviembre del mismo año. Sin embargo, ese día la Comisión Segunda no se reunió sino que la sesión se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2007.
(ii)	De igual manera ocurrió en la sesión del 28 de noviembre de 2007. Al momento de hacer el anuncio se convocó para el 29 de noviembre del mismo año. Sin embargo, ese día la Comisión Segunda tampoco se reunió sino que la sesión se realizó hasta el 4 de diciembre de 2008.
(iii)	Una situación semejante se presentó en el segundo debate en la plenaria del Senado, dado que en la sesión del 22 de abril de 2008 se convocó para discusión y aprobación para el día miércoles 23 de abril de 2008. Sin embargo, la Plenaria del Senado no se reunió ese día, sino que la sesión se realizó el 29 de abril de 2008.
Las tres situaciones guardan el mismo patrón fáctico: Se anuncia para discusión y votación una fecha determinada, sin embargo el día anunciado no se adelanta sesión alguna. La continuación del trámite se da en la sesión inmediatamente siguiente. La pregunta que surge es si esta situación, a pesar de su irregularidad, contiene la entidad suficiente para configurar un vicio de constitucionalidad. Este problema jurídico ya fue analizado de manera esquemática por la Corte en el Auto de Sala Plena 081 de 2008, frente a una situación similar . En este caso, la Corte comenzó por reiterar los parámetros sistematizados por la jurisprudencia constitucional, según los cuales, el anuncio debe cumplir con los siguientes requisitos: “(i) el anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley; (ii) el anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto; (iii) la fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable; y (iv) un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
Con base en lo anterior, la Corte examinará si se presentó vicio alguno relativo al requisito establecido en el artículo 160 constitucional durante el trámite del proyecto de ley en la Comisión Segunda del Senado de la República y en la Plenaria de esta célula legislativa. En efecto, aunque en la Comisión Segunda se presentaron varios anuncios, el último de ellos tuvo lugar el día 5 de noviembre de 2007 (Acta núm. 16 de 2007), habiendo sido la “próxima sesión”, el 11 de diciembre del mismo año (Acta núm. 17 de 2007), sin que se alterara la secuencia de anuncios:
Fecha del anuncio	Fecha anunciada	Consecutivo de Actas
21 de noviembre de 2007	27 de noviembre de 2007 Acta Nº 13 de 2007
28 de noviembre de 2007	29 de noviembre de 2007	Acta Nº 14 de 2007
4 de diciembre de 2007	5 de diciembre de 2007	Acta Nº 15 de 2007
5 de diciembre de 2007	11 de diciembre de 2007	Acta Nº 16 de 2007
Fecha de votación del Proyecto	11 de diciembre de 2007	Acta Nº 17 de 2007
Revisado el consecutivo de las actas, se tiene que el 27 y el 29 de noviembre la Comisión Segunda del Senado no sesionó , pero la cadena de anuncios no se rompió dado que se mantuvo la continuidad en las sesiones inmediatamente siguientes a las anunciadas, en los términos mencionados anteriormente. Lo mismo ocurrió en la plenaria del Senado donde el anuncio tuvo lugar el día 22 de abril de 2008 (Acta núm. 42 de 2008), habiendo sido la “próxima sesión”, el 29 de abril del mismo año (Acta núm. 43 de 2007), sin que se alterara la secuencia de anuncios:
22 de abril de 2008	23 de abril de 2007 Acta Nº 42 de 2007
Fecha de votación del Proyecto	29 de diciembre de 2007	Acta Nº 43 de 2007
A pesar de lo anterior, la Corte estima pertinente advertir que, a pesar de que el Senado actuó dentro de los parámetros de la regla jurisprudencial antes descrita, situaciones como la que evidenció el trámite del Proyecto bajo examen, no dejan de ser irregulares y por tanto reprochables. Por ello, la Corte Constitucional, en su condición de guardiana de la Carta, recuerda al Congreso de la República la importancia que tiene la rigurosidad del anuncio para efectos de garantizar la integridad del trámite legislativo. Así, ha dicho esta Corporación que “El requisito del anuncio previo a la discusión y votación de los proyectos de ley tiene una relación estrecha con la eficacia del principio democrático. En ese sentido, la Corte ha resaltado que lo que se pretende con esta condición del trámite legislativo es que los congresistas conozcan con la debida antelación el momento en que las iniciativas se someterán a consideración de las cámaras, evitándose con ello que sean sorprendidos por votaciones intempestivas. Así, no se está ante un simple requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley.” Es por ello que, en la medida en que el rigor en la realización y el cumplimiento del anuncio se desvanecen, de manera inversamente proporcional, aumentan las posibilidades de que exista un vicio de constitucionalidad en un proyecto de ley.
2.2.2.1. Radicado el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes con el número 313 de 2008, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el Representante a la Cámara Silfredo Morales Altamar. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 557 del 28 de agosto de 2008 .
2.2.2.2. De acuerdo a la certificación allegada a esta Corporación el veintisiete (27) de febrero de 2009 , por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado en sesión del 24 de septiembre de 2008, según el Acta No. 8 de la misma fecha, publicada posteriormente en la Gaceta del Congreso No. 42 de 2009, en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
Al final del Acta dice: “Se levanta la sesión y se cita para el día martes a las 10:00 de la mañana”. 2.2.2.3. En la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior , la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo al Acta 9 del 30 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso No 43 de 2009, el proyecto de ley bajo estudio fue aprobado “con la asistencia de 17 Honorables Representantes, en votación ordinaria”. 2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Silfredo Morales Altamar y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 832 del 21 de noviembre de 2008 .
2.2.2.5. Según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, en sesión del 25 de noviembre de 2008 se anunció la discusión y aprobación del Proyecto de Ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de Plenaria No. 153 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 15 de 2009 . Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el artículo 160 C.P. se realizó del siguiente modo:
“Señora Secretaria, hágame el favor anuncia la proyectos (…) Señor Presidente, se anuncian los proyectos para el próximo 2 de diciembre o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos (…) Proyecto de ley 325 de 2008 Cámara, 198 de 2007 Senado (…)” [subrayas fuera de texto].
2.2.2.6. Según la certificación referida en el numeral anterior , el Proyecto de Ley fue considerado y aprobado por la mayoría requerida el tres (3) de diciembre de 2008, siguiente sesión plenaria donde se debatieron proyectos de ley, con la asistencia de ciento cincuenta (150) de los representantes, de acuerdo a lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes y lo consignado en el Acta de Plenaria No. 155 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 35 de 2009 .
2.2.3 Cumplimiento de los límites temporales para tramitar el proyecto de ley. La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “[n]ingún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley . En este caso se observa que, el proyecto inició su trámite en la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2007 y el 20 de junio de 2008, y finalizó en la siguiente legislatura, desarrollada entre el 20 de julio de 2008 y el 20 de junio de 2009. Por lo tanto, se cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional. 2.2.4 Cumplimiento de los demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución. De acuerdo con el primer inciso del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate deben transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no inferior a 15 días. En el presente caso se tiene que la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 11 de diciembre de 2007 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo 29 de abril de 2008, es decir, que transcurrieron más de cuatro meses entre los debates surtidos en el Senado. Uno y otro debate en la Cámara de Representantes distaron en más de ocho días, puesto que el primero de ellos ocurrió el 30 de septiembre de 2008, y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2008. Además, entre la aprobación del Proyecto en el Senado, realizada el 29 de abril de 2008, y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, efectuada el 30 de septiembre de 2008, transcurrió un lapso mayor a quince días.
Habiéndose constatado lo anterior, la Corte observa que el trámite del proyecto de ley cumplió con las exigencias del artículo 160 de la Constitución. 2.2.5. Una vez descrito el procedimiento que surtió el Proyecto de Ley, la Corte concluye que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal, pues, en síntesis: (i) El Proyecto de Ley inició su trámite en el Senado de la República	Ver supra 2.2.1.1.
(ii) El Proyecto de Ley fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo	Ver supra 2.2.1.1.
(iii) El Proyecto de Ley fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso	En Senado: Primer debate: Ver supra 2.2.1.4.
En Cámara	Primer debate: Ver supra 2.2.2.3.
En Senado: Primer debate: Ver supra 2.2.1.2
En Cámara	Primer debate: Ver supra 2.2.2.1.
(v) Entre el primer y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior: ocho y quince días respectivamente.	En Senado	La aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 11 de diciembre de 2007 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 29 de abril de 2008; Ver supra 2.2.1.4 y 2.2.1.7.
En Cámara	El primer debate en Cámara tuvo lugar el 30 de septiembre de 2008 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2008; Ver supra 2.2.1.4 y 2.2.1.6.
(vi) Fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P. En Senado	El anuncio para el Primer debate se produjo el 05/12/2007 y la aprobación se llevó a cabo el 11/12/2007; Ver supra 2.2.1.3.
En Cámara	El anuncio para el Primer debate se produjo el 24/09/2008 y la aprobación se llevó a cabo el 30/09/2008; Ver supra 2.2.2.2.
El 5 de enero de 2009, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1278 de 2009. Fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el ocho (8) de enero de 2009, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia, dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
Mediante la Ley 1278 de 2009 se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú Modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911”, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los 22 días del mes de octubre de 2004. En términos generales, la finalidad de este instrumento internacional es adecuar las disposiciones del Convenio Bolivariano de Extradición de 1911, suscrito entre Perú y Colombia, a las necesidades contemporáneas de los países contratantes en materia de persecución del delito. 3.1. Composición y estructura normativa del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004)”.
El preámbulo describe los lineamientos generales que inspiraron la realización del Acuerdo modificatorio que ahora se examina. Básicamente, son los siguientes: (i) “la necesidad de emprender la más amplia cooperación para la extradición de personas” entre los países contratantes; (ii) bajo los “principios del respeto de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de cada Estado”; y (iii) con el fin de hacer “efectivos los esfuerzos llevados a cabo por los Estados en la represión del delito”. Los tres primeros artículos del Acuerdo modificatorio contemplan reformas al listado de conductas descritas en el Convenio Bolivariano de 1911. Así, el artículo 1 establece que los Estados parte acuerdan entregar de manera mutua las personas investigadas, procesadas o condenadas por las autoridades de uno de los dos y que se encuentren en el territorio del otro. El artículo 2 estipula que independientemente del delito, darán lugar a la extradición aquellas conductas punibles que sean sancionadas con privación de la libertad no inferior a un año en los Estados parte. Sobre este tipo de previsiones normativas dijo la Corte: “[e]l quantum establecido en la disposición objeto de análisis para la procedencia de ese instrumento de cooperación internacional, consistente en una pena privativa de la libertad no inferior a un año, tampoco desconoce los preceptos constitucionales . Ello, además de ser un claro desarrollo de la soberanía nacional, de la política criminal internacional y del reconocimiento de la autonomía del Ejecutivo en la dirección de las relaciones, resulta razonable en cuanto se reconoce la antijuridicidad de la conducta.” El artículo 3° del Acuerdo modificatorio, deroga el artículo 3 del Convenio Bolivariano de Extradición de 1911.
“La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, (…). El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios (sic) designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia . En ese orden de ideas, no es reprochable constitucionalmente la exclusión de los delitos políticos del marco de conductas susceptibles de generar la extradición de quien las comete; por el contrario, entra en plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 35 de la C.P. . En el artículo 5 se precisan otras causales en las cuales no se concederá la extradición: a) cuando por el mismo hecho, la persona objeto de la petición ya hubiera sido juzgada; b) cuando la infracción penal por la cual es solicitada la extradición fuera de naturaleza estrictamente militar; c) cuando el Estado requerido tuviera motivos fundamentados para suponer que el pedido de extradición fue presentado con la finalidad de perseguir o sancionar a la persona solicitada por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; d) cuando la conducta esté sancionada con pena privativa de la libertad menor a un año; e) cuando según la Legislación del Estado requirente la acción o la pena hubiere prescrito. La Corte observa que estas casuales respetan disposiciones constitucionales relacionadas con el debido proceso como el principio constitucional del non bis in idem, la prescripción de la pena, y la protección de derechos fundamentales como el principio de no discriminación.
El artículo 7 dispone que se puede diferir la entrega de una persona solicitada en extradición por una de las partes contratantes hasta cuando el reclamado sea absuelto, indultado o haya cumplido la condena o cuando haya cesado el motivo de su detención en el Estado requerido. Esta disposición es una clara manifestación de respeto por el principio constitucional de soberanía ya que deja en libertad al Estado requerido de enviar o no a una persona al Estado requirente cuando ésta tiene cuentas pendientes con el sistema de administración judicial. El artículo 9 establece la posibilidad de que el Estado requirente, en casos de urgencia, solicite la detención preventiva de la persona solicitada, así como la aprehensión de los objetos relativos al delito. En esta norma se describen las formas que se deben respetar cuando las partes acudan a esta figura. Aunque esta norma, en principio, no evidencia una transgresión a la Constitución, es importante advertir que su aplicación debe realizarse por parte de los operadores con la suficiente cautela, de manera que se observen siempre los parámetros requeridos por nuestro ordenamiento para la satisfacción del debido proceso.
El artículo 10 del Acuerdo modificatorio deroga su similar del Convenio Bolivariano de 1911 que, según el concepto del área de Extradiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, “autorizaba la pena de muerte en caso de que dicha sanción estuviera prevista en el Estado requerido”. Esta proscripción está conforme con la tradición constitucional colombiana sobre la prohibición de la pena de muerte que viene desde el Acto Legislativo N° 3 de 1910 y que en la Carta Política del 91 se plasmó en su artículo 11, según el cual no habrá pena de muerte en Colombia, castigo que ni siquiera se contempla en estados de excepción. Sobre este punto ha dicho la Corte que “[e]s claro que el hecho de garantizarse por parte del Estado requirente que no impondrá tal pena, incluye, para el caso en que sea Colombia el requerido, que la persona extraditada tampoco podrá ser sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni que se le impondrán penas de destierro, prisión perpetua y confiscación en cuanto tales conductas están igualmente prohibidas por la Constitución (arts. 12 y 34).” Este parámetro jurisprudencial es normativamente garantizado por el tercer inciso del artículo 11 del Acuerdo modificatorio. Adicionalmente, el artículo 11 incluye el principio de especialidad según el cual el país requirente no podrá juzgar a la persona extraditada por hechos anteriores o diversos de aquellos que motivaron la extradición.
El artículo 12 define los criterios para que el Estado requerido decida, en caso de solicitudes de extradición concurrentes. De acuerdo con esta norma es el Estado requerido, en ejercicio de su soberanía, quien define de acuerdo a las reglas fijadas en esta disposición, el orden de prelación para la entrega. Agrega el artículo 13 que “[e]starán a cargo del Estado requerido los gastos derivados del pedido de extradición hasta el momento de la entrega del extraditado a los agentes debidamente acreditados del Estado requirente, quedando a cargo de este todos los gastos posteriores”. Estas disposiciones garantizan el respeto por lo dispuesto en el artículo 9 superior en lo relacionado con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El artículo 14 del Acuerdo modificatorio deroga el artículo 16 del Convenio Bolivariano de 1911.
El artículo 15 contempla una la figura de ‘extradición simplificada’ según la cual una persona solicitada en extradición cuenta con la posibilidad de consentir su extradición en los términos en que fue solicitada, sin agotar todos los pasos del procedimiento formal. Esta fórmula de cooperación internacional, si bien garantiza la existencia de procesos de extradición más ágiles, siempre debe implementarse por parte de las autoridades de forma que se garantice el respeto por el derecho fundamental al debido proceso. Sobre este punto, específicamente, en el Acuerdo modificatorio se dispone que es posible acudir a esta figura siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículo 2 y 8 del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición. El artículo 16 del Acuerdo modificatorio desarrolla otra modalidad de cooperación internacional en la lucha contra el delito. Dispone que una persona extraditada que, después de ser entregada por un Estado al otro, logre escapar de la acción de la justicia y retorne al territorio del Estado requerido, puede ser detenida mediante simple solicitud hecha por la vía diplomática y esta persona debe ser entregada nuevamente, sin otra formalidad, al Estado al cual ya le fue concedida la extradición. Esta situación no es disfuncional frente a la Constitución dado que no implica un nuevo juicio sobre el capturado en estas condiciones o algo similar. Como dijo la Corte Suprema de Justicia “[L]a noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman” .
De igual manera, hecha la revisión de las disposiciones contenidas en el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004), la Corte encuentra que este conjunto de disposiciones, desarrollan postulados constitucionales, sin encontrar normas que contravengan enunciados normativos de la Constitución. Adicionalmente, se tiene que las normas del instrumento internacional analizado se ajustan a la Carta Política, en la medida en que, este tipo de tratados o acuerdos se erigen como mecanismos de colaboración entre los países para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad. Adicionalmente, no constituyen un atentando contra la soberanía del Estado Colombiano, en razón a que, como se dijo en sentencia C-621 de 2001, “éste se reserva el derecho de decidir sobre al asunto, con lo cual se hace efectivo el artículo 9 de la Carta Política. Así mismo, ha manifestado que además de los límites impuestos por el artículo 35 de la Carta Política, dicha figura tiene otros, también de carácter constitucional, como son “el respeto a los derechos de toda persona, como el derecho a la defensa (artículo 29) o al debido proceso (artículo 29), así como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de muerte (artículo 11) o al sometimiento a tortura (artículo 12)” .