Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=642881
Timestamp: 2019-07-22 12:41:24
Document Index: 172853920

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°59
MONUMENTO A EX MINEROS DEL CARBÓN EN COMUNA DE CORONEL
INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
MONUMENTO EN MEMORIA DE POETA JORGE TEILLIER
MEDIDAS CONTRA EVASIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
INTERVENCIÓN : Alejandro Rene Eleodoro Guillier Alvarez
MODIFICACIÓN A LEGISLACIÓN SOBRE EXPENDIO, COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD DE DETERMINADOS ALIMENTOS
PETICIÓN DE OFICIO : Lily Perez San Martin
ANEXOS SESIÓN
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR GARCÍA-HUIDOBRO, SEÑORAS MUÑOZ Y VAN RYSSELBERGHE, Y SEÑORES COLOMA Y LETELIER CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE FACILITA LA ENTREGA DE PROPINAS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO (10.329-13)
Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR HORVATH, SEÑORA LILY PÉREZ Y SEÑORES GUILLIER, QUINTEROS Y ZALDÍVAR CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO, Y QUE INSTITUYE LA ELECCIÓN DE LOS INTENDENTES MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL (10.330-06)
Alejandro Rene Eleodoro Guillier Alvarez
Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
Sesión 59ª, en miércoles 7 de octubre de 2015
(De 16:24 a 19:11)
PRESIDENCIA DE SEÑOR PATRICIO WALKER PRIETO, PRESIDENTE,
Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, VICEPRESIDENTA
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón en la comuna de Coronel (9.876-24) (se aprueba en general y en particular)............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en memoria del poeta Jorge Teillier en la comuna de Lautaro (10.291-04) (se aprueba en general y en particular)...............................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (10.125-15) (se aprueba en general)...............................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (2.973-11, 4.181-11, 4.192-11, 4.379-11, refundidos) (se aprueba en particular).......................................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre publicidad de los alimentos (8.026-11) (se aprueban las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados)..............................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).........................................
Concurrió, además, la Ministra de Justicia , señora Javiera Blanco Suárez.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows Oyarzún.
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 55ª, ordinaria, en martes 29 de septiembre de 2015, y 56ª, especial, y 57ª, ordinaria, en 30 de septiembre de 2015, que no han sido observadas.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
Seis de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín N°10.057-06).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
Con los cuatro que siguen retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las iniciativas que se indican a continuación:
1) Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N°6.499-11).
2) Proyecto de ley que regula la actividad apícola (boletines N°s 9.479-01 y 10.144-01, refundidos).
3) Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión (boletín N° 9.916-03).
4) Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico , suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Perú (boletín N°10.205-10).
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que informa que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, los siguientes proyectos:
1) El que modifica el decreto ley Nº 2.833, en materia de alzamiento de prohibiciones de gravar, enajenar y celebrar actos y contratos en viviendas financiadas mediante subsidio habitacional (boletín N°10.203-14).
2) El que suspende por el plazo de cinco años la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (boletín N° 9.816-15).
--Se agregan a sus antecedentes y se manda comunicar los proyectos a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Matta, sobre operarios de cuadrilla en vialidad de la provincia de Linares.
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, informe de falla y diagnóstico estructural del puente Cau-Cau, en la ciudad de Valdivia.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor García, acerca del estado de avance del proyecto de asfaltado de la ruta Gorbea-Los Galpones, en comuna de Gorbea.
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, sobre inspección vial en la ruta Lanco-Tripayante, en la provincia de Valdivia.
Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, concerniente a proyectos de puente Industrial y construcción de Costanera Chiguayante-Hualqui, en la Región del Biobío.
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Moreira, tocante a aplazamiento del diseño del puente sobre el canal de Chacao, en la Región de Los Lagos.
Atiende petición de información, efectuada en nombre del Senador señor Ossandón, en lo relativo al estado en que se encuentra el mamógrafo del Instituto Nacional del Cáncer.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca del número de pacientes de la Región de Atacama en espera de ser trasladados a otros recintos asistenciales.
Del señor Subsecretario de Defensa Nacional:
Atiende petición de información, efectuada en nombre del Senador señor Chahuán, tocante a los problemas de salud de una persona convocada a cumplir el servicio militar en la Armada de Chile.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado:
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre de los Senadores señores Araya y De Urresti, acerca de los procedimientos utilizados por esa entidad para los efectos de los cobros asociados al sistema de becas de estudios otorgados por el Estado.
De los Senadores señor García-Huidobro, señoras Muñoz y Van Rysselberghe y señores Coloma y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio (boletín Nº10.329-13).
De los Senadores señor Horvath, señora Lily Pérez y señores Guillier, Quinteros y Andrés Zaldívar, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional en materia de descentralización del Estado, y que instituye la elección de los intendentes mediante sufragio universal (boletín Nº 10.330-06).
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos Anexos", adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001 (boletín N° 6.556-10).
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , solicito que se autorice a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la que hoy me ha tocado presidir de manera accidental, para discutir en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile (boletín N° 10.196-17).
Esta iniciativa viene con "suma urgencia".
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo planteado por Su Señoría?
El señor COLOMA.- Déjeme revisarla antes, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- No hay acuerdo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿No hubo acuerdo, señor Presidente ?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- No, señora Senadora.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Señores Senadores, hay una petición para que se autorice a las Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos sesionar simultáneamente con la Sala, tal como se ha procedido en años anteriores.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón en la comuna de Coronel.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.876-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
Educación y Cultura: sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2015.
El objetivo principal de la iniciativa es autorizar la construcción del referido monumento.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo de la Sala de fecha 15 de septiembre de 2015, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana e Ignacio Walker en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 4 y 5 del informe.
Pido que se vote, señor Presidente.
Si no hay objeciones, abriremos la votación.
Señor Presidente , voy a votar a favor de este proyecto de ley, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón en la comuna de Coronel.
Al respecto, quiero señalar lo siguiente. Y les pido a mis Honorables colegas que me pongan atención.
Se trata de una moción que viene de la Cámara de Diputados.
Pero, lamentablemente, en el Senado no se consideró un proyecto de igual naturaleza, de mi autoría, que ingresó a tramitación el miércoles 7 de septiembre del 2011 para levantar un "monumento en homenaje a los ex mineros del carbón".
Esa iniciativa fue archivada en marzo del 2014. Pedí su desarchivo en enero del 2015, lo que se hizo. Y ahora nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que busca exactamente lo mismo -¡son calcados!-, y que viene aprobado por la Comisión de Educación no obstante existir en ella otra moción, de origen senatorial, en idéntico sentido, de la cual ni siquiera se hace mención en el informe de la iniciativa que ahora nos ocupa.
Entonces, pienso que esa es una mala práctica.
Un proyecto originado en moción de un Senador que desde el 2011 se encuentra radicado en la referida Comisión, que se desarchivó en enero de este año ¡ni siquiera es considerado en el informe de la iniciativa que ahora estamos votando!
Es una mala práctica desde el punto de vista de las garantías que las Comisiones han de dar a las mociones de los Senadores.
Yo felicito a los Diputados Marcelo Chávez , Claudio Arriagada , Jorge Sabag y Víctor Torres , y voy a votar a favor de la construcción de un monumento para los ex mineros del carbón.
Sin embargo, debo mencionar además -y es una petición que me hicieron ex mineros del carbón de Coronel- que, increíblemente, había otro proyecto.
La ley N° 20.349, publicada en el Diario Oficial el 2 de junio de 2009, autorizó para erigir un monumento en la comuna de Lota en homenaje a los ex mineros del carbón.
En el artículo 5°, inciso segundo, del referido texto legal se señala que "La Comisión deberá constituirse dentro del plazo de treinta días, contados desde entrada en vigencia de la presente ley.".
El plazo establecido por el artículo 5°, inciso segundo, de la ley en comento -mi proyecto es del 2011- se halla vencido desde el 3 de julio de 2009, y aún no se erige el mencionado monumento.
Es necesario connotar, señor Presidente , que para construir un monumento se requiere tiempo y un trabajo arduo; es necesario constituir una Comisión, recolectar dineros, en fin.
Por otro lado, mediante la ley N° 19.871 se autorizó para erigir un monumento a Pablo Neruda , y ocurrió algo muy similar. La situación fue salvada con la dictación de otra ley, de 4 de junio del 2009, promovida por el Diputado Edmundo Eluchans , la cual amplió dicho plazo.
Hay varios casos similares.
Lota y sus trabajadores merecían este monumento, señor Presidente .
El proyecto que nos plantea la Cámara de Diputados fija como lugar de emplazamiento del monumento la comuna de Coronel.
Como Senador por la zona voy a hacer los esfuerzos necesarios para que aquello se cumpla. Porque ya estamos en el tercer proyecto de ley que busca exactamente lo mismo.
Creo que se trata de una iniciativa positiva, a través de la cual se destaca la labor que los trabajadores desarrollaron para la industria del carbón de la ciudad de Coronel. Es un justo reconocimiento a los mineros de Schwager. Los acompañé en los días aciagos, cuando 30 de ellos perdieron la vida incinerados en el fondo del yacimiento. Los acompañé mientras la mina estuvo activa y durante su cierre.
Está también el trabajo de los pirquineros, que también cobró muchos mártires: gente humilde que perdió la vida tras la inundación de los pirquenes, lo que dejó a las familias en una situación muy complicada.
Mi proyecto -el de 2011, que se desarchivó en 2015- promovía la ampliación del plazo para la construcción del monumento respectivo.
La iniciativa que ahora nos ocupa plantea la erección de un monumento en la comuna de Coronel: ¡bienvenida!
Yo solo quiero recomendar a la Comisión que, tratándose de esta y otras iniciativas, cualesquiera que sean -para...
Tiene un minuto para concluir, señor Senador.
... levantar un monumento, en fin-, se consideren todas las mociones presentadas sobre la materia y que a lo menos estas se refundan, para garantizar que los esfuerzos hechos queden plasmados. Si no, se produce la compleja situación de que los compromisos contraídos no se cumplen.
La Comisión de Educación tuvo difíciles debates; entre ellos, el de la reforma educacional. Y esa fue la razón que se me dio para no ver el proyecto que presenté yo.
Con mucho orgullo, con gran voluntad, voto a favor de la iniciativa que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón en la comuna de Coronel.
Señor Presidente, durante el último tiempo hemos discutido varios proyectos que tienen por objeto construir monumentos en homenaje a personas o a instituciones, como lo hacemos en este caso.
A mi juicio, lo que plantea el Senador Navarro es atendible. Y habla bien de él, por su grandeza. Porque si presentó un proyecto el año 2011 y el que ahora nos ocupa es exactamente igual, estaríamos frente a algo que pasa muy seguido: la "piratería legislativa".
Quizás podríamos ayudar a que eso no siga sucediendo. Porque existen diversas fórmulas para abordar esta situación.
El problema más serio es que reglamentariamente no se pueden fusionar iniciativas que se hallan en un trámite distinto.
Pero me parece que Su Señoría da en el clavo al plantear que la Secretaría de la Comisión debiera poner en conocimiento de su Presidente que hay un proyecto de un Senador que se encuentra pendiente. Ello, para activarlo y sacarlo adelante en su tramitación, o, en último término, fusionarlo con otro.
Lo que señala el Senador Navarro está ocurriendo constantemente.
Pareciera que a algunos asesores les gusta ir a revisar los archivos para ver cómo se adelantan en la idea de presentar determinados proyectos.
Yo he vivido varias veces esa experiencia. Y no hay fórmulas para resolver bien este problema. Sin embargo, creo que en parte concurriríamos a evitar que esto siga ocurriendo si la Secretaría de la Comisión, que -según entiendo- maneja la información sobre cuáles proyectos se hallan pendientes, advierte de esa situación al respectivo Presidente .
Señor Presidente , no voy a entrar en el debate de si este proyecto es copia de otro o no, sino que me referiré a su contenido, el cual apoyo.
El hecho de construir un monumento al minero del carbón en Coronel, que es -yo diría- el inicio de la cuenca del carbón, significa no solo un homenaje, sino también la decisión política de ir a esa zona con instrumentos, con políticas, con mecanismos que les permitan a sus habitantes salir de la situación de pobreza en que se encuentran.
Coronel es la "comuna" de la cuenca del carbón que más se ha reconvertido. No así Lota, que se encuentra inmediatamente contigua, y otras comunas más hacia el sur en la provincia de Arauco.
Por eso, además de votar a favor de la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón, quiero hacer un llamado al Gobierno para que remita prontamente al Congreso Nacional lo que ofreció el año 2014: el proyecto de ley de zona de rezago para la provincia de Arauco, al cual le pido que incorpore también a la comuna de Lota.
No hay duda que una ley de zona rezago es fundamental, pues significa una discriminación positiva hacia los territorios, las comunas y lugares donde se hallan verdaderamente los ex mineros del carbón, los pirquineros.
Sin duda, un trabajo extremadamente complejo y difícil, hecho en condiciones de verdad adversas, debe ser motivo de reconocimiento y de valoración.
Empero, no podemos quedarnos solo en los monumentos, en los homenajes.
Durante los últimos tres gobiernos se ha ido avanzando en materia de pensiones en el caso de los ex mineros de ENACAR, de empresas subsidiarias de esta. Pero eso forma parte, a lo mejor, de una ayuda más bien de carácter social, de índole asistencial. Lo importante es tener en cuenta la contribución que en determinado momento hizo la industria del carbón para que en la zona en cuestión hubiera un trabajo que ayudara realmente al conjunto de la ciudadanía.
Hoy quiero coincidir con lo que ha planteado la autoridad en el sentido de que una ley de rezago puede ser un instrumento adecuado. Mas lo significativo es que el Congreso discuta el proyecto pertinente, lo analice y lo transforme en una herramienta que nos permita decir que no solo autorizamos la construcción de un monumento como homenaje, sino que además entregamos una política pública permanente y estable para territorios de la Región del Biobío que siempre se encuentran algo desmedrados.
Así que voto a favor. Y ojalá podamos darle al monumento respectivo aquel sentido: de política pública permanente en beneficio de los habitantes y del territorio en cuestión.
Señor Presidente , creo que, tal como se ha señalado, el hecho de construir un monumento es el reflejo arquitectónico de un reconocimiento al mayor patrimonio inmaterial de la cuenca del carbón: la provincia de Arauco, más Lota y Coronel.
Por tanto, voy a concurrir con mi voto favorable a este proyecto, en la idea de que el monumento que se construirá signifique necesariamente una mirada de mayor preocupación por las consecuencias de una decisión de política pública adoptada en la década de los 90: el cierre de las minas de carbón.
Cuando la vocación productiva de una zona del país depende en forma exclusiva de determinado producto y el mayor poder comprador de él lo tiene el Estado y este, legítimamente, resuelve cerrar primero la fuente productiva y luego el poder comprador, la autoridad debe hacerse cargo de las consecuencias de tal decisión.
Ahora, si bien en la zona de que se trata se llevaron adelante procesos de reconversión -unos, con algún grado de avance, y otros, con no tanto-, en la hora actual, casi veinte años después de tal decisión, estamos en presencia de una generación de entre 50 y 65 años que no logró reconvertirse y a la que, por la dureza del trabajo realizado para extraer el carbón, se le causaron muchas enfermedades, numerosas afecciones en su salud.
Frente a eso, y ante la imposibilidad de encontrar empleo debido a la falta de inversiones en la zona, se requiere un reconocimiento.
Probablemente, el monumento en cuestión -insisto- será un reconocimiento cultural, arquitectónico. Sin embargo, se precisa un reconocimiento por la vía de una política pública.
Por eso, algunos hemos estado laborando desde hace algún tiempo justamente para dotar de protección social a aquellos que en su oportunidad entregaron su vida a la generación del carbón.
La cuenca del carbón de nuestro país era la que alimentaba a gran parte de la electricidad de la zona centro-sur de Chile.
En consecuencia, hoy se requiere una política pública de apoyo social.
Por ello, considero fundamental respaldar esta iniciativa.
Sin embargo, hay que recordar lo que decía el Senador Navarro en cuanto a que existe otro proyecto, que está durmiendo -fue aprobado en el Congreso en algún minuto, pero quedó dormido-: el relativo al monumento en Lota.
Tenía que constituirse la comisión respectiva, en fin. Pero no pasó nada.
Señor Presidente, no me parece adecuado que el Parlamento apruebe monumentos y que al final del día dependa de la autoridad administrativa llevarlos adelante o no.
La ley debe tener un sentido de estabilidad más allá de la autoridad municipal, de la autoridad gubernamental. Esa es una de las virtudes de las leyes que hace el Congreso: que trasciendan a la autoridad electa coyunturalmente.
Por tanto, lo que se requiere es que en el futuro este tipo de proyectos tengan carácter perentorio para las autoridades, sean municipales, provinciales o regionales.
Insisto, señor Presidente , en que esto es un fiel reflejo de lo que debemos construir: una política pública de protección social para esos miles de mujeres y, particularmente, de hombres que dieron su vida a la actividad del carbón -como pirquineros, mineros de empresas contratistas o de empresas del Estado, chinchorreros o chinchorreras- y que en la actualidad lo están pasando bastante mal.
En consecuencia, concurriré con mi voto favorable. No obstante, considero importante mandar aquel mensaje al Gobierno, sobre todo estando ad portas la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, para que la Subsecretaría del Interior, dentro del programa de pensiones de gracia, incorpore en la glosa correspondiente a esos exmineros y exchinchorreros, quienes hoy necesitan un beneficio de tal índole.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos favorables y un pareo); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron a favor las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Coloma, García, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
Señor Presidente , le solicito que recabe la aprobación de la Sala a los efectos de ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece la estandarización de contratos de adhesión.
El término original vence el 9 de octubre. La idea es extenderlo por una semana: hasta el viernes 16, a las 12.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Quintana e Ignacio Walker, en primer trámite constitucional, que autoriza para erigir un monumento en memoria del poeta Jorge Teillier en la comuna de Lautaro, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.291-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Quintana e Ignacio Walker):
En primer trámite, sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2015.
El objetivo principal de esta iniciativa es autorizar la construcción de un monumento en memoria del poeta Jorge Teillier en la comuna de Lautaro.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto en general y particular, en virtud de un acuerdo de la Sala de 15 de septiembre de 2015, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana e Ignacio Walker.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 5 y 6 del informe de dicho órgano técnico.
Gracias, señor Secretario .
¿Le parece a la Sala abrir la votación?
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.
Señor Presidente, como se expresa en la moción que presentamos con el Senador Ignacio Walker, la idea de este proyecto es erigir un monumento en memoria del poeta Jorge Teillier.
Al igual como en el caso del monumento a los ex mineros del carbón y en el de muchas otras iniciativas de esta índole que pasan por la Comisión de Educación, es razonable -y lo comparto- lo que acaba de plantear el Senador Felipe Harboe. Creo que en esta materia debiera haber una injerencia más directa del Consejo Nacional de la Cultura. No la tuvimos con la Ministra anterior ni la hemos tenido con el actual Ministro .
Hay en aquel órgano técnico múltiples mociones que el Ejecutivo debiera priorizar.
No obstante, en este caso no existe ninguna duda: se trata de uno de los poetas más destacados del siglo XX en nuestro país.
Jorge Teillier nació el 24 de junio de 1935 en el seno de una familia de inmigrantes franceses, lo que sin duda determinaría el carácter de este eminente expositor.
La moción señala que "su interés por las letras se desarrolló tempranamente, mostrando interés por la literatura, especialmente por la obra de autores como Julio Verne, Panait Istrati y otros que contaban cuentos de hadas que sin duda marcaron el pensamiento de este autor.
"Además, una de las características de su narrativa es que osciló entre sentimientos encontrados. Por una parte, una ingenuidad infantil y soñadora y, por otro lado, desarrolló un sentimiento de nostalgia que hace patente recuerdos de su niñez, influenciado -sin duda- por el clima del sur de nuestro país, específicamente en La Araucanía, donde la lluvia se hace presente gran parte del año y observarla caer ha propiciado más de una creación artística. Es el sur de Chile, sus bosques pluviosos y mágicos, los trenes que se pierden en la bruma, en contraposición a la soledad urbana, con sus bares, marginados y la bohemia, elementos característicos de su narrativa que lo hicieron un ícono entre sus lectores.".
La moción destaca que, "asimismo, su personalidad exteriorizaba una crítica a la sociedad, expresándose en contra de la explotación y la acumulación por parte de los sectores de mayor influencia social, lo que se refleja en la siguiente frase: `La burguesía ha tratado de matar a la poesía, para luego coleccionarla como objeto de lujo'.
"Su obra literaria" -agrega- "comenzó con la publicación de Para ángeles y gorriones (1956), al que siguió Los trenes de la noche y otros poemas (1964), Poemas secretos (1965) y Muertes y maravillas (1971).".
En el desarrollo de sus fundamentos, la moción recuerda que en el año 1953 el poeta se trasladó a Santiago para estudiar la carrera de Historia en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde fue Director de Clio, revista de Historia y Geografía de dicho establecimiento, para luego, una vez concluidos sus estudios, retornar a su ciudad natal a los fines de ejercer su vocación en el Liceo de Lautaro como profesor. Agrega que el vínculo con su ciudad natal fue una constante en su vida.
Puntualiza la moción: "Su aporte al arte no se limitó a la poesía, incursionando en expresiones de la narrativa como el cuento, ámbito en el que también tuvo un desempeño sobresaliente, siendo galardonado con diversos premios, entre los que encuentran los premios Mistral y Alerce , Premio Estímulo de la CRAV (Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar), por la creación de su cuento Las persianas; y como colaborador en diversos diarios y revistas nacionales (por ejemplo, El Siglo, Plan, Árbol de Letras y Las Últimas Noticias, entre otros). En el año 1965, publicó un ensayo: Los poetas de los lares, en el cual incluye una pequeña antología y revisa la obra de todo un grupo de poetas que centraron su obra en la provincia, la infancia y el respeto a las tradiciones, elementos característicos y recurrentes de su narrativa e interés literario. Con este se inauguró una importante vertiente de la poesía nacional: la poesía lárica o de los lares.".
Continuando con el desarrollo de sus labores, la moción destaca que "Poco antes de su muerte, el año 1993, le fue concedido el Premio Anguita , de Editorial Universitaria, al poeta vivo más importante de Chile que no hubiese conseguido el Premio Nacional; y el año 1994, el Premio del Consejo Nacional del Libro al mejor libro del año por El molino y la higuera," el cual tiene que ver también con el lugar donde fallece, en la Región de Valparaíso.
Dice la moción: "Pasó los últimos años de su vida en la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso, específicamente en la localidad de El Molino de Ingenio. Finalmente, la muerte lo alcanzó el 22 de abril de 1996 en la ciudad de Viña del Mar, a la edad de 60 años, y a pesar de esta, Jorge Teillier ha seguido sumando reconocimiento a su vida y obra. Este es el caso del lanzamiento de 10.000 de sus poemas al aire, hecho que fue realizado hace un año en la ciudad de Lautaro" (Región de La Araucanía).
"Los alcances de la poesía de Jorge Teillier" -concluye la moción- "no se limitarían con nuestras fronteras, superando inclusive las barreras idiomáticas, ya que sus obras han sido traducidas al francés, italiano, sueco, ruso, polaco, alemán y portugués; y cuenta con dos colecciones bilingües.".
En definitiva, el aporte del gran poeta chileno Jorge Teillier al mundo artístico y a nuestra sociedad en general amerita un reconocimiento por parte de la ciudadanía y de este Parlamento a su excepcionalidad, genio y talento.
Es por las razones expuestas que, unánimemente, la Comisión de Educación solicita a la Sala respaldar esta iniciativa de ley.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor y un pareo); por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, García, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.
En primer lugar, corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.125-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 58ª, en 6 de octubre de 2015.
El objetivo de este proyecto es hacer frente a la evasión en el transporte público remunerado de pasajeros de todo el país logrando controlarla de mejor manera, sancionarla con mayor eficacia y, en definitiva, reducirla. Al efecto, se implementa una serie de medidas y sanciones administrativas y penales orientadas a disminuir la evasión en el pago en los medios de transporte público de pasajeros y aumentar la educación y el control ante tal conducta.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Girardi, Letelier, Matta y Ossandón.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 53 a 60 del primer informe.
Cabe tener presente que el inciso tercero del artículo 22 bis, nuevo, propuesto en el número 3) del artículo 2º del proyecto, tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren al menos 21 votos favorables.
Señor Presidente, este es un proyecto muy importante.
Todos sabemos de la significación del transporte público a lo largo de nuestro país, y particularmente en la Región Metropolitana, donde de aquí al año 2025 vamos a tener cerca de 7 millones y medio de personas y 2 millones 700 mil vehículos privados.
Desde tal perspectiva, Santiago no es una ciudad viable.
Entonces, o establecemos un mecanismo solidario, un sistema potente de transporte público que desincentive el uso del automóvil, o estamos condenados a ser rehenes de la congestión, de la mala calidad de vida, de la existencia de niveles de contaminación totalmente invivibles, inaceptables.
Debo recordar que la Capital está 300 días al año sobre el nivel de contaminante más tóxico para las personas, que es el PM 2.5, el cual no solo provoca infartos, accidentes vasculares, cáncer, sino además graves problemas respiratorios.
En los últimos estudios, gracias al laboratorio natural que es Santiago, investigadores norteamericanos comprobaron que en Chile el PM 2.5 está directamente relacionado con el aumento de los infartos, de los accidentes vasculares y de las arritmias, porque es tan pequeño y tan tóxico que entra al torrente sanguíneo y genera un proceso de coagulación intravascular.
Por lo tanto, debemos hacer frente a esa situación.
La ciudad de Santiago sigue creciendo, pero no en función de una política que considere la ciudad que queremos, sino a base de la especulación con el uso del suelo.
Por eso nos parece tan relevante que tengamos una política de ciudad.
De hecho, nuestra Comisión de Desafíos del Futuro, en forma muy transversal, ha estado desarrollando un conjunto de encuentros con científicos, con académicos, con los principales expertos de todas las universidades de nuestro país. Tuvimos uno (es el tercero) hace diez días. Hemos escuchado a tal vez las mayores eminencias e investigadores sobre temas de ciudad, de transporte, de calidad de transporte público; hemos invitado a expertos internacionales, y tenemos la convicción de que Santiago y las demás ciudades de nuestro país se merecen una política territorial a partir de la cual se pueda generar un instrumento que concrete la ciudad que deseamos desde el rol que cumple Transportes .
En la Región Metropolitana, pues, debemos incentivar el transporte público.
Como señalaba, el principal enemigo de la calidad de vida de Santiago es el uso indiscriminado del automóvil.
Empero, hemos cometido errores, porque en el pasado, en vez de decirle al ciudadano "No use el auto, déjelo en la casa. Utilice el transporte público. Sea solidario", hicimos todo lo contrario: le dijimos "¡No sea tonto! ¡Para qué va a emplear el transporte público! Vamos a construir vías exclusivas, vías privilegiadas para el auto particular, para el transporte individual".
Evidentemente, cuando existe ese tipo de contradicciones es muy importante pensar en políticas de bien común, de transporte público.
A pesar de todo, se ha ido avanzando. El Transantiago claramente se inició como un gran desastre, lleno de problemas de diseño, de implementación, pero cabe consignar que en los gobiernos siguientes -diría que en todos, para ser justo- se han registrado mejoramientos sustantivos en el transporte público de la Capital.
En efecto, se construyen diez kilómetros de Metro por año, y la idea justamente es generar una articulación de este medio, de los correspondientes a la superficie, del taxi colectivo, pero también hacer una ciudad para el peatón, para las personas. Resulta deseable, sobre todo, privilegiar el uso de la bicicleta, sobre la base de la integración del modo de transporte a pie con el de ciclovía, con el sistema de transporte público de superficie y con el Metro.
Ello, que parece sencillo, es de una gran complejidad. Hoy día, para tener una idea, 52 por ciento de los viajes se hacen solo en bus, 22 por ciento solo en Metro y 26 por ciento en Metro y en bus. Es decir, si alguien piensa que el Metro puede reemplazar al transporte público de superficie, se equivoca. Evidentemente, este último es el que viabiliza al anterior, porque los grandes alimentadores del Metro son buses y taxis colectivos.
Debiéramos propender a que en el futuro también se incorporaran el sistema de ciclovía y de bicicleta, y generar lugares amables y agradables para caminar. Desde el punto de vista de la salud, tendríamos que incentivar el que todo chileno anduviera por lo menos treinta a cuarenta minutos diarios, que es el mínimo estándar para poder enfrentar los graves problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como infartos, accidentes vasculares y cáncer.
El objetivo es lograr una ciudad que se piense en forma integral.
Hemos avanzado en la política de que se trata, pero enfrentamos un problema. Una de las graves dificultades que afectan al transporte público es el costo. En la actualidad, un conductor gana, en promedio, cerca de un millón de pesos. Con relación a los camiones carrozados que en años anteriores se disfrazaban de buses amarillos, el importe actual de la tecnología es de un poco más del doble. Es evidente, entonces, que el sistema se ha encarecido.
No hay ningún país en el mundo donde no se requieran subsidios en el ámbito de que se trata. De hecho, el transporte público de Santiago solo implica un cuarenta por ciento por tal concepto. Si ustedes toman cualquier modelo europeo en la materia, se llega a cerca del setenta.
Un tercio del subsidio se destina a la extensión de nuevas vías de Metro y a paraderos, y otro componente paga la tarifa escolar, lo que me parece una medida muy importante, ya que los jóvenes se hallan exentos de cubrir el importe común. Solo la mitad de lo que se entrega va a la parte operativa del Transantiago.
Mas se plantea otra cuestión: al mismo tiempo que los recursos son escasos, se registra una verdadera "hemorragia", que es la evasión. Hay momentos en que esta asciende a un veinticinco por ciento. ¿Y por qué constituye una situación difícil? El Senador que habla diría que el subsidio es muy justo, porque va dirigido "a la vena" de los sectores de menores recursos, que no son los que andan en un auto particular, sino que justamente viajan en el transporte público, pero los numerosos chilenos de esfuerzo que pagan están llevando sobre sus espaldas, en el fondo, lo que representa el que otros no lo hagan por distintas razones. Y eso origina una inequidad relevante. Una gran cantidad de personas que trabajan, que estudian, cancelan su pasaje.
Como es evidente, no existe solo un problema de política pública, de financiamiento, de que el comité de expertos quiere aumentar la tarifa justamente porque los sistemas son deficitarios. Una parte de esta última medida se debe a los que no pagan, y van a tener que cubrirla los que sí lo hacen.
Entonces, el Ejecutivo , en acuerdo, diría, con la mayoría de los miembros de la Comisión de Transportes, ha enviado una iniciativa legal tendiente a desincentivar la evasión. ¿Para qué? Para poder llegar a una parecida a la de los países desarrollados.
En otros lugares hay sanciones penales. Una persona que no paga el Metro en Italia o en Francia es detenida inmediatamente. Nosotros tal vez no necesitamos llegar a situaciones extremas, pero al menos no hemos de disponer solo de una pistola de agua.
La situación es tan grave para la Región Metropolitana, para el Transantiago, y tan serio el aspecto tarifario en el sentido de que el valor del pasaje de los que pagan tendría que aumentar -repito- por aquellos que no lo hacen, que nosotros, como Comisión, después de analizar largamente el tema y discutirlo, como señalaba, con los principales expertos, científicos, académicos, hemos respaldado la idea de legislar, para que después podamos ir haciendo correcciones específicas, como también mejorando y adecuando los instrumentos.
Obviamente, se requiere respaldar esta política pública y que todos los chilenos sean sujetos de derechos. Nos parece muy importante defender aquellos que les corresponden a hombres y mujeres, en particular a los jóvenes, pero también establecer responsabilidades. Es decir, queremos construir una sociedad de derechos, pero también de personas con deberes. Y el deber mínimo que se tiene que cumplir es aquel al cual hago referencia.
Por eso, le hago al Senado un llamado a respaldar la idea de legislar, para que después -podemos no estar de acuerdo con todos los instrumentos-, en un debate más preciso, más acotado, podamos nosotros o el mismo Ejecutivo presentar indicaciones y mejorar el proyecto.
Señor Presidente , el Transantiago, cuando empezó, hace casi diez años, aspiraba a disminuir la congestión, la contaminación y la inseguridad de la locomoción colectiva de la época -el Estado no ponía en ella ni un peso- con la incorporación de una nueva flota de buses, denominados "orugas", que eran una maravilla.
En octubre de 2005, el Presidente Ricardo Lagos lo definía, en su lanzamiento, como "el mayor proceso de modernización del transporte público que jamás se ha registrado en la historia de Chile".
Creo que es bueno recordar la historia, porque pareciera que vamos olvidando los hechos. A poco andar, el proyecto emblemático de ese Gobierno, implementado por la primera Administración de la actual Presidenta Bachelet y que buscaba "en el mediano y corto plazo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana, mediante la disminución de la congestión, contaminación e inseguridad de la locomoción colectiva", terminó en un gran fracaso.
El Transantiago no solo está ligado a un proyecto frustrado, sino también a la creación e implementación de la peor política pública en la historia de Chile, tanto por cifras económicas como por la calidad del servicio. Un reciente informe de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie reveló que en 2014 dio origen a un déficit de 73 mil 413 millones de pesos. Además, determinó que los recursos contemplados en el Presupuesto del año pasado no alcanzaron, por lo cual el Gobierno ha destinado otros que, en vez de paliar los que faltaban en un sistema fracasado, podrían haberse orientado a la construcción de nuevos hospitales, la contratación de médicos especialistas o la solución de otras carencias en regiones, como la de Atacama, a la que represento.
Pero no solo surge el problema del déficit que genera año a año el Transantiago y que el Estado tiene que suplir inyectando fondos fiscales. He escuchado al Senador señor Girardi , quien no me ilusiona, sino que francamente me emociona al plantear que la cuestión supuestamente se va a arreglar. En estos casos me encuentro como en ese cuento del campo acerca del perro al que quema el agua caliente y que siente el balde y sale arrancando: escucho hacer referencia a aportes al "Transantiago" y creo que huele a peligro.
Ahora, creo que el proyecto específico que nos ocupa debió haber sido uno de los que encabezaron las modificaciones, por ser el único que tiene por objeto evitar la evasión y reforzar las facultades de los fiscalizadores para disminuir este flagelo, esta debilidad del Transantiago, que de alguna manera ha ido generando espacios para un déficit enorme.
Y cuando el colega que me antecedió en el uso de la palabra declaró que todos los años se van a seguir construyendo diez kilómetros de Metro en Santiago, ¡más me duele el alma, señor Presidente ! Porque el Estado les entrega, con suerte, amortiguadores o discos de embrague a los taxistas, como una ayuda para el transporte, sin perjuicio de las pocas platas "espejo", que observo que están en un fondo y ni siquiera se han repartido.
¡Diez kilómetros más del Metro de Santiago significan 10 mil millones de dólares! ¡Cada kilómetro implica una porrada de recursos y solo beneficia a los habitantes de la Capital!
Además, carencias como las que hemos sufrido en las regiones -cabe recordar el aluvión que afectó a cinco comunas en aquella que represento- han determinado que numerosas personas se vengan a Santiago, donde todo es mucho mejor: la educación, la salud, la cultura. ¡Todo!
El mundo al revés se mantiene: seguimos arreglando los problemas de la Capital y dejando de lado al resto del país.
Lo sostengo derechamente: la iniciativa en debate se debió aprobar antes de entregar los subsidios y junto a lo destinado, como lo expresó muy bien el Senador señor Chahuán, al transporte mediano y menor, que ha sido bastante poco. Porque el Director de Presupuestos y algunas autoridades son magos, especialistas en afirmaciones, y al final nadie sabe dónde terminan los recursos. Se anuncia: "Vamos a dar montos espejo", pero las autoridades de la Región que represento, que no son de mi color político, me dicen: "¡Si no ha llegado ni un peso, porque esa plata nos la descontaron del Fondo Nacional de Desarrollo Regional!".
Entonces, la verdad es que nos encontramos frente a una situación bastante compleja.
Habría preferido que hubiéramos despachado el proyecto hace rato. Porque no solo hay gente a la que no le gusta desembolsar por el pasaje, sino que también, como el modelo ha sido tan malo, como ha conllevado tanta demora, se ha utilizado permanentemente el argumento de que "No estoy disponible para pagar por una prestación de tan mala calidad".
Desde luego, me parece que ello es preciso disminuirlo, porque un 27 por ciento de evasión -casi un tercio- hace que nada funcione.
Sobre todo, tratándose de un sistema que ha registrado un fracaso tremendo y le ha cambiado la vida para mal a muchas personas, creo que no podemos seguirlo mejorando por la vía de construir kilómetros y kilómetros del Metro, que era antes un servicio muy bueno y al que el propio Transantiago fue afectando como un cáncer, por lo que hoy día también se halla colapsado.
Lo que funcionaba con anterioridad era malo, no un ejemplo, pero el Estado no ponía un centavo con los buses amarillos y las condiciones eran otras.
Creo que ahora damos un paso relativamente bueno, porque resulta deseable evitar la evasión, que estimo un problema serio en el actual sistema de transporte.
Si no hay objeciones, se abrirá la votación.
Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
Señor Presidente , Honorable Sala, como una memoria de largo plazo es buena, quisiera recordar que presenté un proyecto de ley idéntico que no obtuvo los votos suficientes en este mismo Hemiciclo . Ello ocurrió hace por lo menos tres años.
Y es preciso consignarlo, porque aquí se nos dijo que estábamos tratando de forzar el cumplimiento de una obligación respecto de un servicio que no se prestaba en términos eficaces y decentes.
En tal contexto, y como lo manifestamos en esa oportunidad, juzgamos muy importante la creación del Registro de Pasajeros Infractores . No hay sistema de transporte público que resista cuando se hace vista gorda de la evasión.
Se han hecho esfuerzos importantes, como también durante la Administración anterior, para lograr una mayor eficiencia.
Recordemos, además, que los contratos estaban mal diseñados. A los concesionarios del Transantiago no se les pagaba sobre la base de las personas que trasladaban. Y esa era una cuestión compleja.
En el Gobierno anterior logramos poner una cabeza, efectuar modificaciones y avanzar en esta misma dirección.
No obstante, si finalmente no hacemos nada respecto de la evasión, es muy difícil que el déficitpueda ser resuelto. Es por eso que en su oportunidad planteamos la iniciativa a que hice referencia.
No me he fijado, pero ojalá el mensaje aluda al esfuerzo que hicimos con anterioridad. Generalmente no media ningún reconocimiento. Tal como lo expusimos con el Senador señor Navarro en la reunión de Comités de ayer, muy pocas veces el Ejecutivo lo brinda acerca del trabajo sobre el particular hecho por los parlamentarios. Seguramente no hay ninguna mención al respecto.
Cabe señalar claramente que se requiere un esfuerzo muy distinto. Es preciso comprender que no puede haber impunidad para quienes evaden el pago por el concepto de pasaje.
Hacemos un llamado en el mismo sentido también desde regiones, en la medida en que el de Valparaíso es el segundo transporte público más caro de Latinoamérica y compite, en ese aspecto, con el de Concepción. Es decir, la gente de la Quinta y de la Octava Regiones no tiene por qué seguir subsidiando el sistema de la Región Metropolitana.
Por eso mismo, consideramos que el proyecto se encuentra bien orientado, recogiendo una moción anterior -y es bueno y justo señalarlo-, y esperamos que esta vez sí obtenga el apoyo de la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
Señor Presidente, la verdad es que la iniciativa en examen es bastante punitiva.
¿Dónde está la posibilidad de que los usuarios, cuando no reciben un servicio adecuado, reclamen en contra de Buses Metropolitana S.A., Redbus Urbano S.A., Alsacia S.A., SuBus Chile S.A., Buses Vule S.A., STP Santiago S.A., Express de Santiago Uno S.A.?
¿Dónde está la posibilidad de un listado de empresas infractoras?
La Comisión solo escuchó a gerentes y presidentes de las líneas de buses de superficie, que utilizan ochenta carabineros al día en el control de la evasión.
¡Qué tienen que hacer ochenta carabineros controlando el negocio de un concesionario privado! ¡El Senador que habla demanda que vayan a cuidar la seguridad de la ciudadanía y no los intereses de las empresas internacionales y nacionales que hoy día operan en el Transantiago a un costo de alrededor de 800 millones de dólares para el Estado!
El proyecto busca penalizar a los evasores. ¿Cuál es la alternativa ciudadana cuando se espera locomoción colectiva durante cuatro horas?
¿Cuál es la alternativa del usuario que tiene que pelear para poder ingresar al Metro e ir apretado como sardina en lata? ¿Dónde está la posibilidad de reclamar? ¿Cómo denunciar el mal cumplimiento del servicio por el cual paga?
¡Es el Metro más caro de América Latina!
Y viene lo relativo al sector laboral. ¡Estas empresas -las denuncio aquí- no cumplen con los derechos de los trabajadores!
¡Marco Cuadra se quemó a lo bonzo el 27 de junio de 2014! El dirigente sindical manifestó: "Lo hago -y que lo sepan- por mis compañeros de trabajo". ¡Porque se anunció su despido por altavoces, sometiéndolo a una humillación y una indignidad!
Entonces, nos encontramos con una iniciativa que busca solo -repito- sancionar a los evasores. Por cierto que la de estos es una mala conducta y que es preciso esforzarse por evitarla. Mas pregunto dónde se halla el equilibrio.
¿Dónde está el proyecto que diga: "Vamos a modificar la Tarjeta Nacional Estudiantil, en manos hoy día de JUNAEB, ya que es un desastre completo?
Cientos y miles de estudiantes recibieron tardíamente su credencial, de mala calidad, mal orientada, con miles y miles de millones de pesos gastados en licitaciones que se han traducido en un pésimo servicio.
¿Es malo que haya evasión? Así es. La gente debiera pagar por el servicio que recibe. Pero cuando este es bueno.
En consecuencia, me niego al acto sancionatorio de dar a conocer una lista de infractores cuando no veo la posibilidad de hacer otro tanto con una lista de infractores de los derechos de los trabajadores, de los usuarios. ¿Dónde se va a publicar? ¿Por qué vamos a vetar solo al pasajero? Algunos pueden pagar y no lo hacen, pero otros definitivamente se encuentran impedidos de llevarlo a cabo.
El Estado está invirtiendo dos millones de dólares al día en este sistema. Pero ¿publicar una lista de infractores resuelve el problema?
Se aumentó en 400 por ciento la cantidad de inspectores para posibilitar este control, que hoy día radica en Carabineros. ¿Qué tiene que hacer Carabineros aquí? ¿O acaso hay, en otro negocio particular, carabineros que vayan a controlar si la gente paga? ¿Hay carabineros custodiando el acceso al cine Hoyts, por ejemplo?
Ya nos hemos acostumbrado a que todos estos negocios sean subsidiados por el Estado y, particularmente, por Carabineros de Chile.
¡No tiene que haber ningún carabinero, sino guardias privados pagados por las empresas!
Pero el propio informe reconoce que hay "80 carabineros" destinados a esta labor.
Esto es como en el estadio: gran negocio para la Federación de Fútbol y para los auspiciadores, pero, al final, se llena de carabineros pagados por todos.
Señor Presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto.
Porque hemos presentado una iniciativa de ley que establece como Día Nacional del Trabajador del Transporte Público el día en que Marco Cuadra se suicidó a lo bonzo. ¡Pero se cambió la fecha al 31 de octubre! No le contaron al Ministro que ese es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Él ha propuesto esa modificación. ¡Mal asesorado, señor Ministro !
Nuestro proyecto está en la Comisión de Transportes, pero aún no se ha visto. El Día Nacional del Trabajador del Transporte Público responde a la dignidad que deben tener los conductores de ese servicio.
Porque cuando hicimos el Transantiago la idea era quitarle responsabilidad al conductor, para que solo manejara.
¡Hoy día esos trabajadores tienen que cuidarse la vida; si no, los matan!
Y, como digo, la intención original era que se preocuparan solo de manejar.
Tampoco hemos logrado que estas empresas den seguridad laboral a sus trabajadores. ¡Cometen miles de infracciones!
Yo he pedido el envío de oficios sobre el particular, señor Presidente , a pesar de que la función fiscalizadora corresponde a la Cámara de Diputados, y puedo decir que se han cursado cientos y miles de multas. Y ahí están. ¿Cuántas de ellas las pagan? La Dirección del Trabajo aún no nos puede responder porque muchas las apelan.
Entonces, como un voto de protesta, de rechazo a un sistema que no cumple con sus trabajadores (los conductores) ni con los usuarios; y frente a usuarios que no tienen posibilidad alguna de defenderse, no estoy disponible para darles más atribuciones a los abusadores. Porque este es un sistema que abusa.
Si a mí me dicen: "Vamos a sancionar a los infractores, porque evaden", yo estoy de acuerdo. Pero también debemos multar a los empresarios infractores cuando no den el servicio. Porque el usuario tiene derecho a exigir un buen servicio, y este no se da.
¿Cuántos buses circulan en la noche?
¿Cuál es la frecuencia que deben cumplir?
¿Cuánto tiene que esperar una persona para no llegar atrasada a su trabajo?
¿Cuántos trabajadores han perdido su empleo por el retraso del bus o porque no se pudieron subir a él?
Entonces, este es un proyecto desequilibrado.
Tiene un objetivo que comparto: hay que bajar la evasión. Es una mala señal de transparencia, de probidad el hecho de que haya gente que no pague, pudiendo hacerlo.
Ahora, si hay cientos de usuarios que no pueden pagar, estamos en otro problema, y habría que buscar una fórmula para que en el transporte público, subsidiado por el Estado, se contemplaran circunstancias especiales. Algunos podrán tachar de populismo esto, pero ¿puede una persona cesante pagar dos mil pesos diarios o más para ir en busca de trabajo? ¿No sería mejor que el seguro de cesantía estuviera asociado a un pase que le permitiera tener acceso gratuito al Metro y al transporte público mientras encuentra trabajo? ¿O tiene que gastar de su exiguo seguro de cesantía la plata para buscar empleo, cuando hay que recorrer una y otra empresa?
Entonces, uno dice: "seamos equilibrados". Todos queremos mejorar el transporte "público" -entre comillas, porque es privado-, pero como lo dijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle aquí, cuando era Senador, tal vez haya que pensar en recuperar para el Estado este servicio, ya que es mentira que es público. ¡Es privado! La excepción es el Metro, que era el mejor de América Latina y lo convertimos en uno de los peores después del Transantiago.
El señor PROKURICA .-
Porque la gente huyó de la superficie y se fue al subterráneo, donde había calidad. Y arriba se mantiene una muy mala calidad.
Señor Presidente , para dejar las cosas claras, yo estoy de acuerdo en que es necesario enfrentar la evasión. Pero también creo que se deben equiparar las normas. Porque aquí se dice que los propietarios de los buses podrán emplazar al que no pague. O sea, ¿vamos a tener a los señores dueños de los buses persiguiendo a los usuarios? ¿Cuál es la figura legal que se va a hacer efectiva?
Y cuando los trabajadores quieren demandar a las empresas que no les pagan, no les ponen baños, no les cumplen, ¿cómo lo hacen?
Siento que es un proyecto extremadamente desequilibrado.
Es un proyecto clasista, porque solamente se preocupa de los empresarios.
Es un proyecto empresarial y privado. Porque, si esto fuera del Estado, estaríamos criticándolo por ser mal empleador y preguntando por qué no mejora las condiciones para tener emparejada la cancha, como está de moda decir.
Señor Presidente , sé que en París, en Madrid, en Bogotá y en muchas otras partes hay multas para los evasores. Yo lo he comprobado. Como he dicho otras veces, en Madrid mantener el mejor transporte público de Europa cuesta 1.360 millones de euros, y se recaudan 800 millones. El déficit es de más de 500 millones de euros.
En ningún lugar del mundo el transporte público se autofinancia; en todas partes es subsidiado.
Entonces, mientras no tengamos una política coherente para equiparar la cancha, que asegure un buen servicio y un buen trato hacia los trabajadores, hacia los usuarios, no estoy en condiciones de aprobar un proyecto de penalización a estos últimos. Creo que es desigual, discriminatorio, arbitrario.
Les recuerdo a las señoras y los señores Senadores que deben votar.
Señor Presidente , la verdad es que el Senador que me antecedió en el uso de la palabra me volvió a sorprender, no por las frases finales, que ya son como una moda o una cantinela -un poco aburridora, pero en fin-, sino por la contradicción de su planteamiento.
Porque, en la mitad de su discurso -y lo digo con todo respeto- él reclama por el rol de Carabineros dentro de un servicio público como el transporte de pasajeros, señalando que no tiene por qué estar velando por su fiscalización. Pero, por otro lado, reclama porque a los choferes los asaltan, les roban, les quitan la vida.
Entonces, para mí lo razonable es incorporar más carabineros en este tipo de acciones y no restarles funciones o facultades.
Honestamente, yo trato de entender la lógica de su argumento y no la logro asimilar.
A mi juicio, aquí estamos con un problema muy severo, que tal como dijo otro Senador, fue advertido hace algunos años en esta misma Sala. Lamentablemente, nadie quiso prestar atención a los graves inconvenientes que traía este nuevo sistema de transporte, por tres grandes ejes.
Primero, por el costo del subsidio, como vimos a propósito de otro proyecto. Y quiero dar un dato, señor Presidente : si se aprueba el proyecto que se va a discutir la próxima semana, estaremos hablando de un subsidio, en cinco años, de 12 mil millones de dólares.
Para que ustedes lo tengan claro: es el doble del Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario.
Entonces, se está usando una política pública, no de transporte, sino de subsidio a la pobreza de una forma completamente distinta de lo que debe ser una correcta focalización, como sería destinarla a través del Ingreso Ético Familiar o de Chile Solidario.
Por tanto, tenemos, primero, un tema ético: ¿cómo se distribuyen los recursos del Estado? Ahí estamos enfrascados en la primera discusión, y a mí me parece que, si no hay un cambio ni planes, sino solo un ánimo de no subir la tarifa, ello puede ser razonable desde un punto de vista político, pero es mucho más discutible desde un punto de vista social, porque agudiza los déficits que se producen en otros proyectos sociales.
El segundo problema es la evasión.
Y el tercero, que está asociado al otro, es la insuficiente fiscalización.
En materia de evasión, me parece razonable el proyecto que se plantea en la medida en que incorpora otra facultad y otros elementos precisamente para evitar el cáncer del Transantiago hoy, cual es que 27,2 por ciento de los pasajeros no pagan su pasaje. No sé en qué actividad puede un sistema entenderse normal si semejante cantidad de usuarios no pagan.
Es un problema dramático, porque al final alguien paga. El Alcalde de El Monte decía, en su momento, que "pagaba Moya". De ahí nace esa expresión. Pero, para este efecto, "Moya" es el Estado; para este efecto "Moya" somos todos los chilenos, porque se deben sacar recursos de un sector para incorporarlos a otro.
Por tanto, también hay un problema ético: qué significa la evasión, qué significa seguir una conducta, qué significa que no haya ninguna sanción, qué significa, señor Presidente -quiero aportar un dato que nos dio hoy el Ministro -, el hecho de que nadie pague el 70 por ciento de los partes que se sacan en el Transantiago, porque no hay una lógica de requerimiento. Al no haber tampoco una lista de infractores, estos no reciben ninguna sanción real.
Entonces, tenemos 27,2 por ciento de personas que no pagan, y de los que pillan, que son pocos, el 70 por ciento no cancela la multa tampoco, como nos dijo hoy día el Ministro de Transportes. Y por eso está cambiando también su norma.
Me parece fundamental fortalecer el concepto de "antievasión". Y a mí no se me ocurre otra fórmula que generar un nuevo sistema que permita que otras instituciones -Carabineros; inspectores fiscales, municipales, del Metro- estén dotadas de atribuciones distintas de las que tienen ahora, como por ejemplo, retener el instrumento habilitante cuando se trata de un uso indebido, o cuando se utiliza un pase escolar y no se tiene la calidad de estudiante, o cuando simplemente se falsifica el documento.
Entonces, yo digo: "Quien nada hace, nada tema". Los que están cumpliendo la norma no deben temer que haya más esfuerzos públicos por generar un pago adecuado de parte de quienes hoy día no lo realizan.
El problema de este proyecto a mi juicio está en otra línea: no se aumenta el número de fiscalizadores.
Aquí enfrentamos un tema muy complejo. El costo financiero de esta iniciativa es cero; o sea, no está considerado ese incremento, lo que me produce una sensación contrapuesta.
Yo voy a apoyar el proyecto, pero creo que para ser más coherente debió ir acompañado de un esfuerzo adicional, justamente en el control de la evasión, y establecer un número de fiscalizadores relevante respecto de lo que hoy día existe.
Estuvimos viendo -no sé si se ha planteado- lo que se ha hecho en otros países que han sido exitosos. En Melbourne, donde aparecieron porcentajes de evasión alta, se impulsó una política pública que consistió en generar oficiales fiscalizadores, dotados de amplias facultades y a los que incluso les pusieron chalecos de seguridad para darles un aspecto semipolicial -aquí nadie puede decir que Australia es una nación que no respeta el Derecho-, lo que hizo que sus operaciones fueran altamente visibles, conocidas, para que despertaran cierta intimidación. Además, se les entregó un dispositivo electrónico que permite dejar registrado en pocos segundos al infractor, en vez de perder tiempo en el papeleo. De esa manera, trabajando en conjunto con la policía, aumentando el número de fiscalizadores, se consiguió reducir la evasión a 5,9 por ciento.
Entonces, ha habido políticas públicas exitosas. Este no es un problema sin solución. Lo que pasa es que hay que impulsar políticas públicas coherentes.
Aquí estamos un poquito a la chilena; o sea, dando un paso. Está bien: más facultades fiscalizadoras, incorporación de atribuciones que Carabineros o los inspectores que trabajan en el Metro no tenían, como el retener determinado tipo de instrumento. Pero, si eso no va acompañado sólidamente de mayor fiscalización, puede ser letra muerta.
En consecuencia, hago aquí un llamado a la autoridad. En materia de transporte creo que estamos con un diseño malo, pésimo, el peor de todos, pero yo veo que las autoridades lo ponen como ejemplo latinoamericano y dicen que es el mejor. ¡No sé de adónde sacan eso! Pero suponiendo que no es así, tenemos que enfrentar de un modo distinto el costo del sistema, con planes diferenciadores, con una forma efectiva de combatir la evasión y con mucha mayor eficiencia en la fiscalización.
Porque además la línea de evasión va en aumento. El promedio del año pasado era 24,2 por ciento. Hoy llega a 27,2 por ciento.
Entonces, esto es una cascada, y las cascadas son muy complejas porque después no las para nadie.
Por eso, señor Presidente , yo apruebo este proyecto. Creo que hubiera sido mejor haberlo despachado hace mucho tiempo. Pero echo de menos que haya un aumento de fiscalizadores importante en este tipo de servicio. Y sí creo que aquí necesitamos cirugía mayor.
Ahora, si estamos con remilgos -como he oído-, si pensamos que esto podría intimidar a las personas y entonces no tenemos ninguna capacidad coercitiva legal de impedir el fraude, vamos a terminar en el peor de los mundos.
Por eso, señor Presidente, apruebo la idea de legislar, con las consideraciones que he planteado.
Les recuerdo a las señoras y los señores Senadores que está abierta la votación.
Señor Presidente , el Senador Navarro acusa que este es un proyecto empresarial, que busca cuidar el bolsillo de los dueños del transporte colectivo, etcétera. Y yo creo que el propósito de este articulado -no sé si lo va a conseguir- es, más bien, intentar resguardar los cada vez más cuantiosos recursos públicos que el Estado pone a disposición del llamado "Transantiago".
En la mañana de hoy estuvimos en la Comisión de Hacienda discutiendo en particular el proyecto que va a aportar nuevos recursos al sistema de transporte y su efecto espejo en las regiones del país. Y la verdad es que son fondos muy muy cuantiosos, que se suman a los ya otorgados en leyes anteriores.
Pero, digámoslo con todas sus letras: si la evasión, el no pago del transporte público en Santiago va a continuar en los márgenes que tuvo el año 2014 -27,2 por ciento fue la menor recaudación por ese concepto-, todos los recursos públicos que entreguemos al sistema resultarán ser insuficientes. Y vamos a tener que enfrentar siempre el siguiente dilema: o se sube la tarifa, por el aumento de la evasión, o se sube el aporte estatal vía subsidio.
Señor Presidente , el lunes pasado escuchamos decir al Ministro de Hacienda , al dar a conocer el estado de la hacienda pública, que la disponibilidad de recursos fiscales para los próximos años es cada vez más restringida, más escasa; que el país crece menos; que el precio del cobre viene a la baja; que además se pretende llevar adelante una serie de reformas que requieren de importantes recursos fiscales. Por lo tanto, medidas como las que aquí se proponen, que -insisto- no sé si van a ser exitosas, de alguna manera obligan a este Senado a expresar su preocupación por lo que está ocurriendo en el Transantiago, particularmente en materia de evasión.
Señor Presidente , tal como lo dice el informe, el año 2011 aprobamos la ley N° 20.484, que modificó la Ley de Tránsito y tipificó como falta grave el no pago de la tarifa de la locomoción colectiva. Esa misma ley creó el Subregistro de Pasajeros Infractores, en el marco del Registro de Multas de Tránsito no Pagadas , y estableció que los procedimientos respectivos se tienen que llevar a cabo ante los juzgados de policía local. Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha debido reconocer que esas normas no han dado los frutos que se esperaban: la evasión en el pago de la tarifa del transporte público ha aumentado y la creación del Subregistro de Pasajeros Infractores no ha logrado impactar lo suficiente para disminuir el no pago.
La pregunta es si este proyecto lo va a lograr.
En lo personal, pienso que la situación es muy delicada, muy grave desde el punto de vista -como dije- de cautelar el buen uso de los recursos fiscales, cada vez más cuantiosos, pero también de cautelar un buen sistema de transporte público.
Qué duda cabe de que necesitamos, no solo en Santiago, sino también en las principales urbes y en el conjunto de ciudades del país, sistemas de transporte público que sean eficientes, seguros y cuyas tarifas, por supuesto, estén al alcance de la población. Y nosotros, como legisladores, debemos ser capaces de compatibilizar tales elementos.
Yo voy a votar a favor, a pesar de que tengo varias dudas, a pesar de que no sé si los remedios que se están proponiendo van a surtir efectos. Mucho me temo que nos ocurra lo mismo que sucedió con la ley que despachamos el año 2011, y que, finalmente, la evasión continúe creciendo.
Porque la solución, más que en las leyes, tal vez está en las obras que se necesitan. Se requiere, por ejemplo, construir las llamadas "zonas pagas", pero que sean zonas pagas de verdad, de tal manera que cuando los pasajeros suban al bus ya hayan pagado su pasaje, como ocurre en el Metro. La evasión en este último es mínima. Y es mínima porque todos sabemos que el pasaje hay que pagarlo con mucha anticipación y mucho antes de subir al tren.
Pues bien, si queremos que en el Transantiago, con el sistema de buses, ocurra lo mismo, tenemos que construir zonas pagas. Y eso hay que hacerlo con urgencia y de común acuerdo entre el Ministerio de Transportes y, por supuesto, los operadores del sistema de transporte público de Santiago.
No sé si por esta vía se vaya a conseguir disminuir la evasión. Voto a favor porque creo que hay que darse esa oportunidad, pero no me parece que esta sea la única solución. Hay que implementar otras, de tal modo de lograr que los pasajeros paguen con anticipación su pasaje.
Y algo muy importante -y lo dijo el Senador Montes esta mañana en la Comisión de Hacienda-: la gente que ocupa el Transantiago se queja de que tiene gran dificultad para cargar sus tarjetas Bip. No existen suficientes lugares donde cargar las tarjetas y hay muchas personas que, frente a la necesidad de ocupar el transporte, se dan cuenta de que no les queda suficiente dinero en el plástico y no tienen un lugar cercano donde ir a cargarlo.
Entonces, si no atendemos ese tipo de aspectos, va a ser muy difícil lograr cambiar un comportamiento ciudadano solo por la vía coercitiva. Y peor aún, si no tomamos medidas como la creación de zonas pagas, como facilitar la carga de la tarjeta Bip, lo que vamos a conseguir es que los usuarios cada vez más vayan teniendo la idea de que el sistema de transporte público funciona mal y que, frente a un mal sistema, no hay por qué estar pagando. Y, en lugar de disminuir la evasión, esta continuará aumentando.
Estamos frente a una iniciativa urgente, de Estado, que no va en favor de los empresarios, sino de las millones de personas que todos los días salen a las cinco, seis o siete de la mañana a tomar el transporte público. Y nosotros, el Estado, tiene la obligación de garantizar un sistema de transporte público que, como dije, sea eficiente, seguro y cuyos precios estén al alcance del bolsillo de nuestros trabajadores.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER .-
Señor Presidente , este proyecto en realidad repite una experiencia que ya se ha hecho habitual. Establece, en todo caso, un procedimiento en los juzgados de policía local para hacer frente a la evasión en el transporte público remunerado.
Si bien es cierto que impone una exigencia para todo el país, como es lo lógico y natural cuando se aprueban leyes, debo dejar constancia de que el fenómeno -como lo reconoce el propio informe de la Comisión que lo analizó- ocurre principalmente en la Región Metropolitana, no así en las demás regiones, donde presenciamos niveles bastante diferentes en cuanto al cumplimiento del público con la obligación de pagar por el valor del servicio.
En segundo lugar, observo que muchas de las personas que se niegan a cancelar el pasaje lo hacen por la insatisfacción que les genera la calidad del servicio ofrecido. No olvidemos que es bastante visible la ausencia de puntos de recarga de las tarjetas Bip en distintas partes de la Región Metropolitana y además los buses han ido presentando, con el paso del tiempo, un deterioro progresivo, sin que exista una adecuada mantención. A ello se agregan los conflictos laborales, que se han ido haciendo habituales, particularmente en la capital, y que, por cierto, son muy superiores a los que se registran en el resto del país.
Por lo tanto, el proyecto se explica, fundamentalmente, por lo que ocurre con el Transantiago, en la capital, que es otra dimensión más de un modelo de negocios que el país debería revisar, puesto que en su texto no se incluye ningún compromiso de mejora en los aspectos señalados, y otros más, que explican la insatisfacción de los usuarios y cierta rebeldía para cumplir con la obligación de pagar.
En mi opinión, más que sorprendernos el 27 por ciento de los que no pagan, debería ser al revés: sorprendernos los que sí pagan, que constituyen la amplia mayoría.
Por otra parte, pienso que ha llegado la hora de que empecemos a hacer planteamientos sobre un modelo de transporte para las regiones, el cual ha estado ausente, ha sido generalmente postergado y aparece más como un elemento compensatorio al apoyo y mejora de iniciativas de transporte para la capital. Se requieren proyectos de desarrollo de transporte público de calidad, de excelencia, para las distintas regiones.
Asimismo, hay que poner un plazo razonable al modelo de negocio que actualmente usa el Transantiago, para determinar, finalmente, si es el modelo adecuado o si tenemos que ir preparando, con tiempo y con el necesario marco de antecedentes y de evaluación de experiencias positivas, un sistema de transporte para la capital que satisfaga a sus habitantes.
El proyecto aparece, obviamente, como descompensado, desequilibrado, ya que establece nuevas sanciones para las personas que no cumplan con su deber de pagar el pasaje, pero no les entrega ninguna compensación o promesa de mejora que implique un mayor grado de satisfacción con el sistema.
Como se entiende que existe un nivel de urgencia y que, si bien está funcionando, el sistema no se financiaría sin el subsidio, me hago la pregunta de si este último es en verdad para beneficiar a los pasajeros o para hacer viable el actual modelo de negocio. Creo que ambas interrogantes son perfectamente válidas y probablemente la respuesta resulte de una combinación de las dos.
Con todo, creo que definitivamente hay que ir pensando en una evaluación y en un sistema de transporte para la capital que sea capaz de resolver los problemas descritos y de no continuar por la vía del subsidio, que es uno de los más altos y millonarios que se haya aplicado jamás en nuestro país y que beneficia fundamentalmente a Santiago.
De todas maneras, por pragmatismo y para no generar un mal inmediato mayor, voy a aprobar en general el proyecto.
Señor Presidente , acá tenemos, nuevamente, una iniciativa legal que intenta solucionar el mal diseño de un sistema de transporte público cuyos responsables no son los ciudadanos, sino, finalmente, las autoridades que lo implementaron y que no ha logrado mejorar significativamente el servicio, ni, sobre todo, el financiamiento.
Hoy, hemos terminado por tener que aplicar sanciones, algunas incluso privativas de libertad, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque contamos con un sistema que no funciona bien.
La pregunta es si la solución consiste en aplicar penas privativas de libertad -o sea, criminalizar- o en mejorar el sistema. La pregunta es si no hay otros caminos a seguir.
Yo coincido con las palabras del Senador Guillier, en el sentido de que lo que nos tiene que llamar la atención es la cantidad de gente que paga, porque, definitivamente, acá hace falta inversión en infraestructura para mejorar los puntos de pago. O sea, implementar mecanismos que permitan pagar en forma más rápida, más fácil; tener modalidades de pago fuera del bus; solucionar los problemas que presentan los puntos de carga de las tarjetas y mejorar la tecnología requerida, tanto para fiscalizar como para poder pagar -repito- de una manera más fácil.
Acá, nuevamente, el asunto se está cargando hacia el lado del usuario. Y la pregunta es dónde está la problemática real. ¿Estamos apuntando realmente a ayudar a solucionar el problema, o nuevamente estamos cargando y criminalizando una situación que, al final del día, es también responsabilidad de las autoridades al haber desarrollado e implementado un sistema que no está funcionando bien y que tampoco está obteniendo el retorno para financiar lo necesario?
Entonces, me pregunto cuántas veces vamos a tener que votar proyectos de ley que vayan solucionando las distintas problemáticas del Transantiago, mientras las familias de la capital siguen sufriendo esta realidad.
Nosotros vamos a votar a favor, pero creo que en la discusión particular habrá que pedirle al Ejecutivo , el cual, desgraciadamente, hoy día no se halla presente -debería estar el Ministro de Transportes para por lo menos responder y recoger las inquietudes de los parlamentarios-, que mejore e invierta en infraestructura para tener mecanismos de pago fuera de bus, a fin de que sea más rápido y fácil para los ciudadanos poder cumplir con su deber de pagar, pero, al mismo tiempo, las autoridades deben cumplir con su deber y responsabilidad de mejorar el sistema, que definitivamente no ha funcionado bien.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor, 2 en contra y un pareo) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 2 de noviembre.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa los señores Hernán Larraín y Navarro.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, con segundo informe de las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 11 de junio de 2008.
Salud: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.
Salud (nuevo): sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.
Agricultura y Salud, unidas (segundo): sesión 6ª, en 7 de abril de 2014.
Sesiones 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aplaza su discusión); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 42ª, en 30 de julio de 2013 (se aplaza la votación); 2ª, en 18 de marzo de 2014 (se aplaza la votación); 4ª, en 1 de abril de 2014 (se aprueba en general); 6ª, en 7 de abril de 2015 (queda para segunda discusión); 14ª, en 6 de mayo de 2015 (se aplaza la votación en particular); 26ª, en 9 de junio de 2015 (se aplaza la votación en particular); 30ª, en 30 de junio de 2015 (votación en particular pendiente); 36ª, en 21 de julio de 2015 (votación en particular pendiente); 37ª, en 22 de julio de 2015 (votación en particular pendiente); 39ª, en 4 de agosto de 2015 (votación en particular pendiente); 49ª, en 2 de septiembre de 2015 (votación en particular pendiente); 55ª, en 29 de septiembre de 2015 (votación en particular pendiente); 58ª, en 6 de octubre de 2015 (votación en particular pendiente).
Se me ha pedido que recabe la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows.
Por lo tanto, corresponde continuar la discusión particular del proyecto.
Señoras y señores Senadores, en la página 46 del comparado está pendiente la votación de la letra b) del N° 6, que pasa a ser N° 8, del artículo 3° del proyecto.
La letra b) introduce el siguiente inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente:
"Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, quienes atiendan en esos establecimientos estarán obligados a exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad pública, a todas las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas y tengan, aparentemente, menos de dieciocho años de edad. Asimismo, y mientras se encuentren cumpliendo con sus funciones fiscalizadoras, los inspectores municipales estarán facultados para solicitar alguna identificación que acredite la edad de los compradores".
Señor Presidente, tengo una duda que quizás pueda aclarar alguno de los miembros de las Comisiones.
La norma establece: "Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, quienes atiendan en esos establecimientos estarán obligados a exigir la cédula de identidad". ¿No debería decir: "podrán pedir la cédula de identidad"? Porque a una persona con pinta de no tener menos de dieciocho años no se le pide la identificación, precisamente por pensar que tiene más de esa edad.
Entonces, señor Presidente, habría que aclarar que quien atiende "puede" pedir la cédula de identidad y que la persona requerida está "obligada" a entregarla.
Tal como está la redacción, como que la sanción pesa sobre el que vende. Y el problema está en cómo acreditar que alguien se ve de menos o de más de dieciocho años. Puede que tenga cara de chico o cara de mayor.
Esa es mi duda, señor Presidente.
Cualquier integrante de la Comisión de Salud puede aclarar la inquietud.
Señor Presidente, el sentido que tiene el inciso es justamente proteger a la persona que, de acuerdo a lo que aprobamos en el inciso anterior, va a ser multada si entrega o vende alcohol a un menor de edad.
A mí me parece razonable. Hay personas que parecen mucho más grandes o, a la inversa, que tienen la suerte de no aparentar su edad real.
Efectivamente, la norma está poniendo la obligación de exigir la cédula de identidad y eso puede ser excesivo y no necesariamente cumplir el objeto que se persigue.
Así que, si existiera unanimidad, como todavía no estamos en votación, propondría reemplazar la frase "estarán obligados a" por "podrán". Me parece que el inciso está más bien en la lógica de facultar al vendedor para que pueda verificar la edad sin que tenga algún problema para ello, de manera de protegerlo y evitar que después le llegue una multa, sobre todo frente al caso de que efectivamente un menor aparente una edad mayor.
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
No puedo, señor Senador, porque, como hay una propuesta para cambiar una frase del inciso, si abro la votación quedaremos amarrados.
Por eso, vamos a seguir el debate.
Era para dar una explicación más o menos parecida a la de la Senadora Goic, señor Presidente .
La idea es otorgarle mayor tranquilidad al dueño o dependiente de un establecimiento frente a una persona que aparenta tener una edad que realmente no tiene.
Señor Presidente , solamente deseo recordar que el inciso primero del artículo 42 señala: "El que vendiere, obsequiare o suministrare bebidas alcohólicas, a cualquier título, a un menor de dieciocho años, en alguno de los establecimientos señalados en el artículo 3°, será sancionado con prisión en su grado máximo y multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales. Asimismo, se prohíbe a los menores de dieciocho años comprar bebidas alcohólicas".
El inciso que se está introduciendo a través de la letra b) guarda directa relación con la norma que acabo de leer, la cual contempla medidas tan graves como prisión en su grado máximo y multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la prohibición de comprar bebidas alcohólicas para los menores de dieciocho años.
¿Cómo un vendedor de botillería le dice que no a un joven que le está pidiendo que le vendan una bebida alcohólica? El inciso lo faculta -y lo obliga, incluso- para exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad.
Creo que es la única manera de garantizarle al vendedor de un establecimiento que expende bebidas alcohólicas que no va a recibir alguna sanción por negarse a la venta de un producto.
Y, en ese sentido, pienso que la norma, tal como está redactada, es bastante lógica, bastante razonable.
Dicho eso, no tengo ningún inconveniente para que, en lugar de "estarán obligados a exigir la cédula de identidad", se señale "estarán facultados a exigir la cédula de identidad", o -como lo expresó la Senadora Goic- que "podrán exigir la cédula de identidad". Eso sí, me parecería mucho mejor que se dispusiera "estarán facultados".
Lo importante es que lo puedan exigir para que si quien solicita la venta es menor de edad el vendedor no tenga obstáculo alguno para negarse a ella.
Señor Presidente , aquí intentamos cautelar que los menores de edad no puedan acceder a comprar ni a beber alcohol.
En Estados Unidos la norma es de 21 años. Y respecto a cualquier persona que ingrese a comprar alcohol y aparentemente tenga menos de esa edad la ley obliga al vendedor a solicitarle el documento que acredite su identidad.
Nosotros tenemos que elaborar leyes de verdad. Y, en tal sentido, el consignar la palabra "podrá" hará que el vendedor nunca lo pida, porque finalmente no va a perder la oportunidad de vender alcohol. Yo se los digo: basta que ustedes vayan después de las 9 de la noche a cualquier lugar de expendio de alcohol para que se den cuenta de que la mayoría de quienes lo están comprando son, aparentemente, menores de 18 años.
Creo que sería ingenuo pensar que no será un hecho que, si colocamos el término "podrá", el vendedor, a sabiendas de que lo más probable es que quien compra alcohol tiene menos de 18 años, no deseará meterse en un lío y no le exigirá su identificación.
Soy partidario de que, si queremos de verdad que se cumpla la no venta de alcohol a menores de edad, cuando haya dudas al respecto exista la obligación de solicitarles que demuestren que tienen más de 18 años, porque la ley habla de personas que aparentemente son menores.
Es la única manera de que podamos hacer efectivas estas normativas; de que podamos avanzar en un tema tan complejo; de que podamos entender que hablamos de una droga que, lamentablemente, se usa en forma masiva.
Aquí no estamos cuestionando el consumo de alcohol, sino el beber excesivo, el beber cuando se maneja. Pero hay que tener en consideración algo muy relevante: Chile registra uno de los índices más malos del mundo en esta materia. No solamente estamos entre los mayores consumidores per cápita en población general, sino que -como se ha dicho reiteradamente en el Hemiciclo- tenemos una prevalencia de intoxicaciones, de consumo excesivo en menores de 18 años también muy por sobre el promedio latinoamericano, y entre los más altos a nivel internacional.
Entonces, debemos actuar en consecuencia.
Por eso, considero que tiene que ser imperativo, obligatorio que si a la persona que vende alcohol le surgen dudas de que quien lo está comprando tiene menos de 18 años le exija que demuestre lo contrario.
Señor Presidente, deseo formular dos breves comentarios.
Primero, recordemos que la modificación a la letra a) del artículo 42 fue rechazada en la sesión anterior.
Por lo tanto, la referencia hay que hacerla al artículo 42 original, porque alguien me explicó que respecto, por ejemplo, de las penas, estas se mantuvieron como venían. Lo digo simplemente para la historia de la norma.
Este artículo me parece que está bien inspirado, pues, obviamente, como hay una sanción para quien venda alcohol a un menor de edad, es lógico colocar cierta salvaguardia, en el sentido de que la persona tenga la facultad de que se trata.
Comparto con la Senadora Goic lo relativo al cambio de "obligados" por "facultados", porque se trata de una obligación bien rara: respecto de quien desea adquirir.
También el verbo "desear" me provoca dudas. "Pretender" me parece más correcto, porque ¿cómo se pueden medir los deseos? (aunque, así como vamos, capaz que haya una máquina que pueda detectarlos). Obviamente, eso no se puede exigir legalmente.
Entonces, creo que este punto es correcto. Pero pienso que la exigencia debería ser facultativa, pues tiene que ver con una apreciación, y es muy raro generar una obligación respecto de una apreciación. Considero más propio que exista una facultad acerca de una apreciación.
En todo caso, no sé si la expresión "desear" ayuda o no desde el punto de vista textual.
Podría colocarse "adquiera".
O "pretenda".
Sin embargo, más allá de eso, me parece que está bien este artículo con las modificaciones que propongo.
No voy a dar mi opinión porque estoy presidiendo, pero se me ocurren algunas redacciones.
La señora VON BAER .-
Señor Presidente , ¿puede ayudarnos?
Podría ser "que soliciten".
"Que soliciten adquirir", más que "deseen adquirir", porque el deseo es algo muy subjetivo.
En todo caso, no me corresponde opinar.
Señor Presidente , es de toda lógica que quien puede estar sujeto a una sanción muy importante por la venta de alcohol a menores de edad tenga al menos el derecho, creo que no la obligación, a pedir que quien quiera comprar bebidas alcohólicas se identifique, para poder defenderse ante una denuncia posterior susceptible de causarle un daño mayor.
Considero que ahí no hay una contradicción. Sí la hay cuando parlamentarios que aquí votaron en contra de que Carabineros pudiera hacer control de identidad, o sea, pedirle su cédula de identidad a una persona que por alguna razón estuviera en determinado lugar -presentamos un proyecto al respecto junto con el Senador Espina hace un par de años, llamado "de control de identidad"-, ahora estén obligando no a un representante del Estado, sino a un vendedor de licores a exigir la cédula de identidad a las personas.
De alguna manera, no hay ninguna estructura en aquello, y creo que se debe tener algún sustento en los argumentos que se dan en el Senado.
Señor Presidente , solo deseo insistir en que cambiemos -creo que estamos de acuerdo con la Senadora Goic- la palabra "deberá" por "podrá", porque a quien queremos defender de verdad es a la persona que vende alcohol para que efectivamente pida la cédula de identidad y no lo venda a un menor de 18 años.
Necesito unanimidad para que efectivamente podamos votar que la exigencia de que se trata sea facultativa en vez de perentoria.
Vamos a esperar que lleguen Sus Señorías para hacer la pregunta, porque recién estamos llamando a votar.
Lo que pasa es que el Senador señor Girardi había manifestado que no era partidario de modificar la redacción. Entonces, por un tema de , estamos llamando a votar.
La consulta es la siguiente, Honorable señor Girardi , porque usted emitió también opinión sobre esto.
El texto que estamos votando dice "estarán obligados a exigir la cédula de identidad". Algunos proponen que, en vez de "obligados", se coloque "facultados". Y para hacer ese cambio necesitamos unanimidad.
Entonces, mi pregunta es ¿hay unanimidad para reemplazar la palabra "obligados" por "facultados"?
Señor Presidente, si eso genera acuerdo, estoy dispuesto a dar el consenso, pero a sabiendas de que lamentablemente no se les va a pedir mucho el carné de identidad a los menores de edad.
Sin embargo, tenemos que avanzar de a poco. El Senador Coloma sabe que vamos a presentar un nuevo proyecto apenas despachemos este para ir progresando a pasos más largos.
La señora PÉREZ ( doña Lily ).-
Yo también soy partidaria de que esta exigencia sea imperativa, sea obligatoria.
De ahí que no sé qué podemos hacer.
Lo que pasa es que para poder votar la sustitución del término "facultados" por el de "obligados" se necesita unanimidad.
La consulta es: ¿hay unanimidad para que podamos poner "facultados" en vez de "obligados"?
Si no, ¿lo vamos a perder?
Yo no puedo dar un juicio de valor al respecto.
¿Hay unanimidad?
Además, el Senador señor Coloma propuso otra cosa, que parece hacer sentido por lo que todos dijeron. En el mismo inciso segundo se dispone "a todas las personas que deseen adquirir", y él sugiere reemplazar la palabra "deseen" por "soliciten".
¿Habría acuerdo para que quede en esos términos? Porque el término "deseen" es muy subjetivo.
Me parece bien que, en vez de "estarán obligados a exigir" o "estarán facultados a exigir", se diga "podrán exigir cédula de identidad". Y después "soliciten adquirir".
¿Habría unanimidad para votar el inciso en esos términos?
El señor MOREIRA .-
A mí me gustaría que se leyera porque hay confusión.
Señor Secretario , lea exactamente cómo quedaría la redacción.
"Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, quienes atiendan en esos establecimientos podrán exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad pública, a todas las personas que soliciten adquirir bebidas alcohólicas y tengan, aparentemente, menos de dieciocho años de edad. Asimismo, y mientras se encuentren cumpliendo con sus funciones fiscalizadoras, los inspectores municipales estarán facultados para solicitar alguna identificación que acredite la edad de los compradores.".
¿Habría acuerdo para aprobarlo en esos términos?
No, que se vote.
¿Pero en esos términos?
--Se aprueba el inciso segundo del artículo 42, en los términos antes señalados (19 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, Guillier, Horvath, Matta, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa los señores Girardi y Moreira.
En seguida, las Comisiones unidas proponen agregar la siguiente letra c), nueva:
"Sustitúyese, en el inciso tercero, la expresión `diez a veinte' por `cincuenta a cien'.".
Vale decir, se aumenta el rango de la multa.
¿Les parece que abramos la votación?
Señor Presidente , aquí se aumenta la multa en el caso del administrador o el dueño del establecimiento. Son estos quienes ejecutan la conducta de vender, obsequiar o entregar alcohol a menores de edad.
Y consideramos que se justifica que la pena sea mayor, porque ellos tienen más responsabilidad que una persona que atiende en el mesón o que está contratada.
Ese es el sentido de esta norma.
Tiene la palabra el Honorable señor José García.
Señor Presidente, disculpe, pero antes de votar esto quiero hacer notar lo siguiente y pedir la unanimidad de la Sala sobre el particular.
Hay un inciso de la ley vigente, que viene inmediatamente después de lo que acabamos de votar, es decir, de la prohibición de la venta de alcohol a menores.
Ese precepto dice lo siguiente: "No obstante, se permitirá la venta, el obsequio o el suministro de bebidas alcohólicas a menores cuando éstos concurran a almorzar o a comer, acompañados de sus padres, a los recintos destinados a comedores.".
¿Eso es hoy?
Me parece que eso es contradictorio de alguna manera con lo que aprobamos. Y yo al menos soy de la idea de que debiéramos eliminarlo.
Creo que la venta de alcohol a menores debe estar prohibida siempre, aun si están acompañados por sus padres. Porque, de otro modo, quedará la puerta abierta para vulnerar las disposiciones relativas a la prohibición de venta a menores que aprobamos recién.
Eso no es materia del proyecto. Pero pienso que por alguna omisión nos estamos quedando con una norma que, en mi opinión, resulta perjudicial en esta campaña para que los menores no consuman alcohol.
La verdad es que no hay una indicación al respecto; no tenemos facultad para modificarlo, porque ya se cumplió el plazo pertinente, no obstante que es legítimo que usted piense lo que señala, señor Senador .
Corresponde votar la letra c), nueva, que aumenta el rango de la multa.
En la ley actual la multa va de 10 a 20 unidades tributarias mensuales; y se propone incrementarla al rango de 50 a 100.
Ello fue aprobado por unanimidad en las Comisiones unidas.
--Se aprueba la letra c), nueva (16 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Chahuán, García, Guillier, Horvath, Matta, Moreira, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
No votó por estar pareado, el señor Girardi.
Se deja constancia del voto a favor del Senador señor Víctor Pérez Varela.
A continuación, el número 7 (que pasa a ser 9) sugiere agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, al artículo 51:
"Para todos los efectos legales, el dueño, empresario, sean ellos personas naturales o jurídicas, o el regente de un establecimiento, se entenderán emplazados cuando la boleta de citación sea recibida por una persona adulta que se encuentre a cargo del local en que se cometa el hecho denunciado, debiendo, en el parte o denuncia respectiva, dejarse constancia, a lo menos, de la individualización del regente y de la persona a cargo del local al momento de la citación, si no fuere el regente o administrador.
"Deberá, asimismo, mantenerse en un lugar visible del local, un cartel con la individualización del regente administrador.".
Estas disposiciones fueron acogidas por la Cámara de Diputados y no fueron objeto de modificaciones en las Comisiones unidas. Pero, como se pidió votación separada de todas las normas, corresponde que todas ellas se sometan a votación, salvo las que quedaron aprobadas en junio de este año en virtud del artículo 124 del Reglamento.
Señor Presidente , entiendo la buena voluntad y el ánimo de quienes suscribieron estos incisos, pero a mí me parecen muy peligrosos.
En ellos se propone cambiar toda la forma de notificación, que es algo esencial del debido proceso.
Legalmente, es posible notificar de modo personal o por cédula en determinadas condiciones.
Además -¡ojo!-, en este caso el emplazamiento puede terminar en prisión y en una multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, según se acaba de aprobar.
¡Hay pena de prisión!
Por lo tanto, aquí no se trata de dejar un papel para algo irrelevante. Si la persona a notificar no está en el lugar, no se puede dar por emplazada.
¡Estamos hablando de prisión! No es un tema menor.
Señor Presidente , me parece que las normas del debido proceso son fundamentales. Y una de ellas es la notificación conforme al fin del procedimiento. Si alguien no se entera de la citación pertinente, a mi juicio, se vulnera un principio de garantía en el ejercicio de sus derechos.
Yo no voy a aprobar disposiciones de esta naturaleza. Si en algo no debemos introducir cambios -menos en una iniciativa de este tipo-, es en cómo se notifican los procesos judiciales, sobre todo cuando se trata de causas en las que se pueden aplicar sanciones fuertes.
Pido no innovar en esta materia.
El problema no es la notificación, sino las sanciones o el tipo de infracción. No debemos modificar la manera en que se notifica, sobre todo cuando hay pena de prisión de por medio.
Espero convencerlos al respecto.
Por querer hacer algo bien, vamos a cambiar uno de los pilares de nuestro sistema de justicia, uno que nunca ha sido objetado: el de la forma de emplazar a las personas.
Honestamente, señor Presidente, me parece una equivocación lo que se propone.
Señor Presidente , pido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Salud Pública, don Jaime Burrows.
¡Aproveche que no está el Senador Prokurica...!
Ya lo conversé con él, señor Senador.
En votación los incisos segundo y tercero que se proponen agregar al artículo 51 de la ley.
Señor Presidente , para resolver adecuadamente en este caso es esencial que los miembros de las Comisiones unidas o quienes participaron en la redacción de estas normas nos aclaren las dudas, porque se abordan dos situaciones absolutamente distintas.
La primera es cuando un inspector o un carabinero entra a un establecimiento y cursa un parte. En tal caso, es razonable que la boleta de citación sea entregada a una persona mayor que se encuentre a cargo.
Pero diferente es cuando se hace una denuncia en contra de un local. ¿Cómo se concreta eso? Yendo a un tribunal, el cual manda a notificar la denuncia. En tal circunstancia, la citación debe ser entregada de modo personal a quien corresponda.
Los incisos que nos ocupan mezclan ambas realidades, lo que tergiversa el asunto, generando confusión, y no resuelven adecuadamente el problema.
En resumen, si solo se tratara de un parte, lo propuesto tendría sentido. Pero la situación se complejiza cuando hablamos de una denuncia, pues esta cuenta con un procedimiento propio.
Sería bueno que, antes de emitir el voto, quienes participaron en el análisis de estos incisos nos aclararan las dudas.
Como ya está abierta la votación, la pregunta del Honorable señor Pérez Varela solo puede ser respondida en el tiempo de fundamento de voto de otro inscrito.
Señor Presidente, los incisos planteados se refieren, precisamente, al procedimiento que se debe seguir luego de que se cursa una infracción.
Si en ese momento no se encuentra presente el dueño, debe haber un encargado del establecimiento.
¿Se trata de un parte, entonces?
¿Y la denuncia?
Es una boleta de citación. ¡Se está citando al infractor!
¡Pero la norma habla de denuncia!
El señor QUINTERO.-
¿Dónde dice "denuncia"?
¡Es una citación al juzgado!
No hay ningún otro inscrito.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 8 votos a favor, 7 en contra, 4 abstenciones y un pareo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Goic y los señores Guillier, Matta, Moreira, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, Horvath, Prokurica y Patricio Walker.
Se abstuvieron las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Ossandón y Pizarro.
Corresponde repetir la votación, porque las abstenciones influyen en el resultado. Además, estos incisos no son normas de quórum especial.
Advierto que en la segunda votación las abstenciones se suman a la preferencia que obtenga mayor número de votos.
En votación, nuevamente.
Señor Presidente , yo voté afirmativamente, pero, leyendo con detención los incisos propuestos, noto que se abordan dos finalidades distintas: una es entregar la boleta de citación al tribunal por alguna denuncia en curso y la otra, dejar constancia de la persona a cargo del establecimiento cuando se cometió la infracción. En ese momento, se notifica del parte al regente o a quien esté a cargo del local.
Me parece que ello es confuso.
No tengo inconveniente en el segundo caso: si no está el regente, deberá recibir la notificación cualquier adulto que se encuentre a cargo del establecimiento.
Pero en las normas que nos ocupan no queda claro si el emplazamiento es por un parte o por una denuncia. ¿Por cuál de estas razones se busca citar al tribunal? La redacción del texto propuesto no lo clarifica.
Por eso, señor Presidente , ahora me voy a abstener.
Señor Presidente , la notificación al dueño, empresario o regente del establecimiento suele dificultarse muchas veces.
Ante ello, se busca que "la boleta de citación sea recibida por una persona adulta que se encuentre a cargo del local". En definitiva, solamente se quiere facilitar el procedimiento.
Ese es el sentido de los incisos propuestos.
Por eso los voto favorablemente.
--Se rechazan los incisos segundo y tercero que las Comisiones unidas proponen agregar al artículo 51 de la ley (10 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, Horvath, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica y Patricio Walker.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Goic y los señores Guillier, Matta, Moreira, Quinteros e Ignacio Walker.
Se abstuvieron los señores Girardi, Pizarro y Tuma.
A continuación, corresponde tratar el número 10, nuevo, del artículo 3º del proyecto (página 50 del boletín comparado).
Las Comisiones unidas proponen agregar este numeral, que dice:
"10.- Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:
"a) Intercálase entre las palabras "de" y "rehabilitación", lo siguiente: "prevención, tratamiento y".
"b) Reemplázase la palabra "alcohólicas", por el siguiente texto: "que presentan un consumo perjudicial de alcohol y dependencia del mismo y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud para medidas de protección de la salud pública en aspectos relativos al consumo nocivo de alcohol".
"c) Intercálase entre la palabra "prevención" y la conjunción "y" la siguiente frase "del consumo perjudicial de alcohol".
"d) Agrégase entre las palabras "rehabilitación" y "de", la palabra "social".
"e) Agrégase el siguiente inciso final: "El reglamento a que hace mención el artículo 33, regulará la forma de administración de los montos correspondientes a salud.".".
Esta norma proviene de las indicaciones 67 y 67 a, ambas aprobadas por unanimidad en las Comisiones unidas.
Si le parece a la Sala, aprobaremos el número 10, nuevo, del artículo 3º de la iniciativa.
Señoras Senadoras y señores Senadores, la última votación del proyecto...
¡Ocho años, ocho años...!
¡No lo creo...!
¡Después de la votación vamos a celebrar, pero sin alcohol...!
Prosiga, señor Secretario.
Corresponde tratar el artículo 6º del proyecto (página 57 del boletín comparado).
Las Comisiones unidas, por unanimidad, proponen sustituir el texto despachado por la Cámara de Diputados y el aprobado en general, por el siguiente:
"Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de bebidas alcohólicas deberán informar en los envases o etiquetas de éstas, la cantidad de energía presente en la bebidas alcohólicas por cada 100 mililitro del producto, según las normas establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Dicha obligación no obsta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración, comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas.".
Algunos han preguntado si está bien o mal la expresión "mililitro". Es correcta, pero me informan que debería ir en plural: "mililitros".
Si hay acuerdo, aprobaremos por unanimidad dicho artículo, con la adecuación formal señalada.
--Se aprueba el artículo 6º en los términos indicados, y queda aprobado en particular el proyecto y despachado en este trámite.
¡Aunque Sus Señorías no lo crean, hemos despachado la iniciativa!
La señora MUÑOZ.-
¡Vamos a ver qué dice la Cámara de Diputados!
Terminamos este debate, ¡y no vamos a decir después de cuántos años!
Ya nos habíamos acostumbrados a discutir esta materia. ¡Habrá que buscar un tema tan apasionante como este para no perder el hábito...!
¡Después de la sesión se puede celebrar con agua mineral...! ¡Sin piscolas, por favor...!
Pasemos al siguiente punto de la tabla.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre publicidad de los alimentos, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.026-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 66ª, en 8 de noviembre de 2011.
En tercer trámite, sesión 41ª, en 11 de agosto de 2015.
Salud: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Salud (segundo): sesión 94ª, en 15 de enero de 2013.
Salud: sesión 58ª, en 6 de octubre de 2015.
Sesiones 39ª, en 7 de agosto de 2012 (queda para segunda discusión); 40ª, en 8 de agosto de 2012 (se aprueba en general); 62ª, en 9 de octubre de 2013 (queda aplazada la discusión particular); 64ª, en 16 de octubre de 2013 (se aprueba en particular).
Cabe hacer presente que la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó diversas enmiendas al texto que el Senado despachó en el primer trámite.
La Comisión de Salud aprobó todas esas modificaciones.
Acogió por unanimidad dos de los cambios propuestos al inciso segundo del artículo 1º y las enmiendas introducidas al inciso segundo del artículo 2º y al artículo 3º.
Las restantes modificaciones solo fueron aprobadas por mayoría de votos.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto legal vigente, el proyecto despachado por el Senado y las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados, que la Comisión de Salud propone aprobar de la manera que he señalado.
¿Vamos a ir artículo por artículo, señor Presidente ?
Hay dos alternativas: una, debatir artículo por artículo o, dos, aprobar aquello que fue acogido por unanimidad en el órgano técnico y después discutir las enmiendas donde hubo votación dividida.
¿Habría acuerdo para aprobar todas las modificaciones de la Cámara Baja que la Comisión de Salud aprobó por unanimidad?
Corresponde ver ahora las enmiendas acordadas por mayoría en la Comisión.
La primera de ellas recae en el inciso segundo del artículo 1º (página 1 del boletín comparado).
El órgano especializado plantea sustituir la frase: "Además, la publicidad de dichos alimentos no" por "Ninguna publicidad de alimentos".
La norma quedaría de la siguiente forma: "Ninguna publicidad de alimentos podrá afirmar que los referidos productos satisfacen por sí solos los requerimientos nutricionales de un ser humano...".
Si hay acuerdo, abriremos la votación.
En votación la modificación al inciso segundo del artículo 1º.
Señor Presidente , la norma que aprobó el Senado en su oportunidad partía con la expresión: "Además, la publicidad de dichos alimentos no podrá".
Pero la idea es reforzarlo con: "Ninguna publicidad de alimentos".
Siendo bien parecidas las frases, me parece que la propuesta de la Cámara de Diputados es mucho más potente para el objetivo que se quiere cumplir.
En consecuencia, estoy de acuerdo con la enmienda.
Señor Presidente , efectivamente, esta modificación se introdujo en la Cámara de Diputados. Y nos pareció importante, pues el fenómeno mencionado no ocurre en el rotulado pero sí en la publicidad.
Si ustedes escuchan la radio en la mañana, la publicidad señala, por ejemplo, que si se toman determinados alimentos se podrán resolver todos los problemas relacionados con la falta de calcio; o que el consumo de un alimento específico garantiza el cien por ciento de los requerimientos de determinado nutriente. Y eso, evidentemente, es publicidad engañosa. Porque lo que debemos estimular es una alimentación balanceada, integral. Y en la publicidad -no estoy hablando del rotulado- se le atribuye a un alimento específico la capacidad de ser una especie de varita mágica que resuelve todos los problemas.
Lo que nosotros requerimos es que la gente se eduque, se informe y que, fundamentalmente, tenga una dieta balanceada, saludable, y que esta en su conjunto entregue los requerimientos que la persona necesita. Y la publicidad no puede sugerir, siquiera, que un solo alimento está en condiciones de satisfacer los requerimientos nutricionales de una persona.
Por lo tanto, lo que se busca es evitar una suerte de publicidad engañosa, que es muy frecuente y que induce a que muchas veces las personas compren, en función de eso, determinado alimento y no otro, y piensen incluso que si lo consumen tienen garantizado determinado nutriente, lo que no es así.
--Se aprueba la primera enmienda de la Cámara de Diputados al inciso segundo del artículo 1º (14 votos a favor, 7 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Girardi, Guillier, Horvath, Letelier, Matta, Ossandón, Pizarro, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Hernán Larraín y Prokurica.
Se abstuvo el señor Moreira.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Montes.
La Comisión de Salud, por 3 votos contra 2, propone aprobar las enmiendas de la Cámara de Diputados al inciso primero del artículo 2º.
Las modificaciones son las siguientes.
Remplazar la expresión "los servicios de radiodifusión televisiva" por "todos los servicios de televisión y de cine".
Sustituir el punto aparte por la siguiente oración: ", siempre que no estén dirigidas a menores de 14 años.". Se está refiriendo a la transmisión en dichos medios de la publicidad entre las 22 y las 6 horas.
Señor Presidente , lo que estamos planteando es especificar más cuando remplazamos "los servicios de radiodifusión televisiva" por "todos los servicios de televisión y de cine". Esta parece una denominación mejor.
En cuanto a la otra enmienda, cabe consignar que la norma despachada por el Senado señala que no se podrá hacer publicidad de los alimentos que constan en el inciso 1° del artículo 5° de la ley N° 20.606 -aquellos altos en sal, en azúcares, en grasa-, salvo entre las 22 y las 6 horas. Debemos recordar que la ley en proyecto busca regular la publicidad hacia los niños.
La enmienda de la Cámara de Diputados completa dicha norma con la frase: "siempre que no estén dirigidas a menores de 14 años".
Esas son las modificaciones que estamos votando.
Señor Presidente , lo que hace la enmienda, básicamente, es extender la prohibición que existía -estaba acordada en el reglamento- también al cine. Y eso me parece excesivo.
He apoyado y aprobado las normas de la ley en proyecto. Pero en esta materia voto en contra.
--Se aprueban las enmiendas de la Cámara de Diputados al inciso primero del artículo 2º (12 votos a favor, 5 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Girardi, Horvath, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa los señores Chahuán, Coloma, García, Hernán Larraín y Prokurica.
Se abstuvo el señor Tuma.
La siguiente enmienda se introduce al artículo 4°. La Comisión de Salud la aprobó por 3 votos contra 2.
El artículo 4º dispone: "Los reglamentos que se dicten sobre la publicidad y promoción de alimentos serán expedidos por el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud y serán suscritos, además, por el Ministro de Economía , Fomento y Turismo".
La Cámara de Diputados propone suprimir la frase "y serán suscritos, además, por el Ministro de Economía , Fomento y Turismo".
Señor Presidente , la redacción que había propuesto originalmente la Comisión de Salud del Senado era acorde, en términos de pedir que los reglamentos fueran suscritos por los dos Ministerios: el de Salud y el de Economía, Fomento y Turismo.
En mi concepto, eliminar a ese último Ministerio obedece a una visión, yo diría, poco consistente.
En tal sentido, estoy en contra de la modificación planteada por la Cámara de Diputados y he pedido mantener que ambos Ministerios suscriban los reglamentos.
Señor Presidente , este proyecto apunta a resolver un problema de salud pública.
Cuando uno revisa los datos -fueron entregados durante la discusión-, constata que nosotros tenemos un 25 por ciento de obesidad en niños de primero básico. ¡Un 25 por ciento! Hoy día, uno de cada cuatro niños presenta obesidad en primero básico. Si uno proyecta lo que eso significa para nuestro país en adultos, en términos de enfermedades cardiovasculares y asociadas a la alimentación, estamos hablando de un problema de salud pública. Y eso justifica las regulaciones que estamos aprobando.
Señalábamos en la Comisión que cuando se elabora un reglamento el Ministerio tutor aquí es el de Salud, y se podrá consultar. Además, es facultad de la Presidenta de la República pedir el parecer de otros Ministerios.
Pero este no es un tema de venta de alimentos, de comercio, de regulación, de derechos de los consumidores. Es una materia de salud pública.
Por eso nos parece importante que el Ministerio que esté a cargo del reglamento sea el de Salud. Y el de Economía podrá ser consultado respecto de alguna materia; al igual que el de Agricultura, si existen temas relacionados, o el del Deporte, pues algo tendrá que decir en materia de obesidad.
Sin embargo, nos encontramos fundamentalmente ante un problema de salud pública.
En atención a lo señalado, voto a favor, y llamo a los colegas a respaldar lo que mayoritariamente aprobamos en la Comisión.
Señor Presidente , lo que sucede es que en nuestro país institucionalmente existe una asimetría muy importante entre los Ministerios sociales (o que tienen que ver con la defensa del bien común) y las entidades relacionadas con la economía.
Y a nosotros no nos parece, por ejemplo, que se plantee que Salud deba firmar todos los decretos o reglamentos que quiera impulsar Economía. Se trataría de una aberración. Y tal vez sería necesario, pues muchas materias que decide Economía en sus reglamentaciones se relacionan con la salud.
Le quiero entregar un ejemplo muy claro a este Hemiciclo.
Nosotros hemos aprobado una ley pionera en Chile que va a establecer el derecho a saber, a que las personas accedan a la información pertinente cuando consuman y cuando compren determinado alimento.
La lógica más esencial del liberalismo económico es que existe una asimetría entre el consumidor y el que vende. Porque este último sabe la cantidad de sal, de grasa y de azúcar que le puso al alimento. Pero hoy día las mamás, los niños no tienen ninguna información comprensible respecto de aquello que conoce el que vende.
Y aquí estamos hablando de un derecho a saber fundamental.
Hemos establecido que los alimentos que contengan exceso de los elementos mencionados incluyan un rótulo comprensible y que, además, estén sujetos a regulaciones en materia de publicidad.
Bien lo decía la Senadora Goic: Chile tiene de las prevalencias más altas del planeta en obesidad infantil. Y las enfermedades asociadas a ella son, lejos, nuestras primeras causas de muerte.
En la actualidad ya están muriendo cien personas jóvenes al día por infartos, accidentes vasculares o cáncer. En total, fallecen 300 personas por todas las causas y 200, por infarto, accidente vascular o cáncer. Pero cien mueren jóvenes.
Y se trata de enfermedades prevenibles, a condición de hacer ejercicio y comer sano.
Mi edad es de 54 años. Cuando tenía seis, solo el 7 por ciento de mi corte sufría de obesidad. Hoy ese número asciende a 25 por ciento.
¡Este es un desastre a futuro!
Si hubiéramos permitido -no ocurrió gracias a la movilización del Senado y de muchas personas- que se impusiera la lógica que Economía tenía en este Gobierno -¡mi Gobierno!-, no hubiera habido ni ley de etiquetado; ni el sistema de señalización; ni se hubiera regulado por gramos y porciones, y no existiría ninguno de los aspectos que logramos aprobar en nuestra Corporación, porque quería elaborarse un reglamento que echaba por tierra todo lo que habíamos legislado en el Senado.
Por lo tanto, cuando uno deja al interés económico regular sobre materias de salud, finalmente está renunciando al rol de proteger la salud de las personas.
Y yo lo digo con mucha claridad: si se hubiera impuesto la visión de Economía -puede ser muy legítima-, hoy día no contaríamos con la legislación que tenemos y no existiría ningún instrumento para luchar contra un mal como el descrito.
Entonces, ¿qué planteamos? Que exista toda la coordinación, todo el diálogo, toda la información. Pero no puede ser que cuando se trata de temas de salud pública, del bien común, exista obligación de que los decretos lleven la firma de un sectorialista de Economía. Pero cuando se trata de temas de economía que afectan la salud, ahí -¡claro!- no es importante la firma del sector Salud, aun cuando tenga que ver con la salud de las personas.
Por lo tanto, nos parece que hay que eliminar esa odiosa, esa mala influencia y permitir que en nuestro país vuelvan a primar el bien común, el derecho a la vida, el derecho a la salud.
El reglamento llevará la firma de la Presidenta de la República , que tendrá que consultar a sus distintos Ministros y deberá evaluar las diversas posiciones.
Pero no nos parece lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo. Creo que no fue bueno para la defensa de la salud, particularmente en un área en la que somos los mayores deficitarios.
Nuestro país en el pasado derrotó las enfermedades infectocontagiosas. Y yo reconozco la sapiencia, la visión de esas generaciones.
Pero hoy estamos siendo totalmente derrotados. Somos una de las naciones con mayor tabaquismo, con mayor consumo de alcohol, con mayor obesidad en el planeta. Y si no tomamos medidas de prevención, tendremos una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles (infarto, accidente vascular y cáncer) que ningún presupuesto podrá enfrentar y financiar.
Por eso, considero que hay que priorizar la salud en desmedro de otras áreas que no corresponden.
Señor Presidente , cuando oigo al Senador Girardi , pienso: "Algo malo hay aquí"...
¡Oiga...!
La señora ALLENDE .-
No lo digo por él, sino por la identificación que hace del bien común con el Ministerio de Salud.
Eso es lo que me confunde. Porque no es lo mismo el bien común que el Ministerio de Salud.
Yo no sé cuál es el afán de jibarizar el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Si quieren, lo eliminan. Pero creo que tiene un rol -¡tiene un rol!-, entregado por nosotros, además.
Y esto mismo lo he visto en la modificación a la Ley de Alcoholes, donde se quieren faenar al Ministerio de Agricultura. Y en este proyecto se quieren faenar al Ministerio de Economía.
¡Se quieren faenar a todo lo que huela a un poquito más de pausa! Digámoslo de esa manera, para que no se sienta peyorativamente.
Y como no creo que el Ministerio de Salud sea Dios, ni Mahoma, ni nada parecido, sino que son seres humanos que se equivocan igual que uno -y a veces más, porque en ocasiones se les ocurren ideas de dudoso resultado final-, a mí me da muchas más garantías que reglamentos de esta naturaleza lleven también la firma del Ministro de Economía , además de la del Presidente de la República .
El Senador Girardi me pone una cara de como si fuera la Gestapo la que interviene en esta materia.
Y como yo no pienso eso, me parece legítima la participación de Economía en una información de esta naturaleza, relativa a los reglamentos de publicidad y promoción de alimentos, que constituye una actividad económica con efectos en la salud.
Pero hay una sensación de que se deben demoler Ministerios y generar el supraministerio de los dioses intocables.
Yo no comparto eso, señor Presidente.
Me sorprende que se haya llegado a tratar de eliminar el Ministerio de Economía.
Por eso, me parece que el texto despachado por el Senado es mucho más razonable, interpreta mucho mejor el bien común amplio, no el bien común de solo algunos.
En consecuencia, rechazaré la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados respecto del texto aprobado por nosotros. Porque, para que no haya ninguna sospecha, aclaro que este cambio lo introdujo la Cámara Baja. El Senado, los mismos colegas que nos encontramos acá habíamos planteado que lo razonable era incluir al Ministerio de Salud y al de Economía. ¡Lo habíamos dicho!
No sé qué pasó. Vino un tsunami y están desapareciendo algunas instituciones.
Yo por lo menos prefiero modernizar las instituciones, no demolerlas.
Señor Presidente , no quiero partir mis palabras como el Senador que me antecedió, diciendo que por escucharlo a él de repente uno siente cierta incomodidad.
Pero debo reconocer que en esta ocasión no veo ninguna razón para que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo quede excluido de conocer algo que tiene un marco regulatorio.
Aquí no se está planteando quién define el marco legal, sino cómo se dictan los reglamentos sobre publicidad y promoción de alimentos, que serán expedidos por la Presidenta de la República a través de estos dos Ministerios.
Y quiero explicar la razón de mi postura.
Por su intermedio, señor Presidente, me gustaría que el Senador Girardi escuchara lo que voy a señalar.
Yo represento a una región en la que hay muchos pescadores artesanales. Pero casi todos son recolectores de orilla, y recogen algas, esas que muchos hemos comido desde chicos: cochayuyo.
El cochayuyo, señor Presidente, no se puede exportar en nuestro país, entre otras cosas, porque no es considerado por el Ministerio de Salud como un alimento para el consumo humano.
Por intermedio de la Mesa, le pediría al Subsecretario que tomara nota de lo que estoy diciendo.
El referido Ministerio es quien pone dificultades para que el cochayuyo se declare alimento apto para los seres humanos. Es una cosa bien absurda. Todas las guaguas se crían mordiendo un pedazo de cochayuyo cuando les están saliendo los dientes.
Señor Presidente , yo entiendo que el Ministerio de Salud tiene muchas habilidades. No tengo duda de ello. Pero cuando uno quiere en diversas materias que haya una decisión lo más equilibrada posible, no veo ninguna razón para que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo quede excluido de conocerlas. Creo que es un buen complemento, dado que la ley es la que fija el marco dentro del cual han de dictarse los reglamentos pertinentes.
Voy a votar que no, en el entendido de que queremos que permanezca el texto aprobado originalmente por el Senado.
--Se aprueba la enmienda de la Cámara de Diputados al artículo 4° del proyecto (12 votos a favor, 10 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic y Muñoz y los señores Girardi, Guillier, Horvath, Matta, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Pérez Varela y Prokurica.
A continuación, señores Senadores , la Cámara de Diputados propone incorporar un artículo 5°, nuevo.
La Comisión de Salud aprobó esta enmienda por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
"Artículo 5°.- Se prohíbe toda publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna. Se entiende por sucedáneos de leche materna las `fórmulas de inicio' y `fórmulas de continuación' hasta los doce meses de edad, según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, contenido en el decreto supremo N° 977, del Ministerio de Salud, de 1996.
"El profesional que requiera indicar estas fórmulas deberá garantizar que el usuario cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente dicha fórmula, indicando en la receta el nombre genérico de ésta, es decir, fórmula de inicio o de continuación, y la edad del niño o niña que la recibirá.
"Las infracciones a las disposiciones de este artículo serán sancionadas de acuerdo al Libro X del Código Sanitario.".
¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación?
En votación el artículo 5°, nuevo, propuesto por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , esta es una de las normas más importantes de este proyecto, la cual, lamentablemente, cuando discutimos la iniciativa sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, se perdió en la trifulca del veto presidencial. Porque el Senado la había aprobado originalmente.
Hay una recomendación de todas las instituciones de salud, y en particular de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que no se permita publicidad de los sucedáneos de la leche materna.
A mi juicio, se trata de una cuestión muy sensible y querida por nuestro país. Acabamos de aprobar la lactancia materna hasta los seis meses.
Se trata de una indicación del Ejecutivo, no de la Cámara de Diputados. Pero da cuenta de todo el esfuerzo mundial por promover la leche materna, pues existe una publicidad engañosa, intencionada en materia de alimentos sucedáneos de la leche materna.
Porque es muy distinto el caso de una madre que no tiene leche suficiente y su guagüita presenta problemas de crecimiento pondoestatural a los cuatro, cinco, meses, ya que, evidentemente, debe complementar su alimentación con leche maternizada.
Lo que nosotros estamos cuestionando es la publicidad.
No debe incentivarse a la mujer para que, por razones laborales, use determinada leche maternizada. No puede haber publicidad que, por ejemplo, le diga: "Así usted puede trabajar, planificar su día".
También se realizan campañas para que la mujer que se halla en período de lactancia, que tiene leche, la remplace por un sucedáneo.
No estamos diciendo que la leche maternizada no pueda ser indicada: solo queremos que se prohíba su publicidad.
Eso es muy importante, por lo que mencioné hace un momento (no tiene sentido seguir ahondando en ello): los beneficios de la leche materna desde el punto de vista del apego.
Uno ve los niveles de agresividad que hay en nuestro país. ¡Parece que no todos fueron alimentados con leche materna hasta los seis meses...! Porque si fuera así, tal vez habría mucho más afecto, respeto por el otro.
También se ha demostrado el beneficio en materia inmunitaria.
Quiero recordar que hasta los cuatro o cinco meses de edad los niños todavía no tienen un sistema inmune maduro. Por lo tanto, reciben a través de la leche materna la inmunidad de los anticuerpos y todos los beneficios del mayor desarrollo neuronal proporcionado por los ácidos grasos esenciales que se registran justamente en esa etapa tan importante de la vida. Ellos solo están en la leche materna y no en sus sucedáneos.
Creo que en el mundo científico, en la comunidad médica o de la salud en general no hay discusión alguna sobre los beneficios de la leche materna.
Esta materia -reitero- ya había sido aprobada por el Senado; se trata de una indicación del Ejecutivo. Y es muy importante apoyarla.
Señor Presidente , quiero fundamentar mi voto a favor del artículo que nos ocupa.
La materia que se plantea acá se aborda también en el proyecto que figura a continuación en la tabla, el cual busca consagrar la lactancia materna como un derecho fundamental de la infancia y, también, de las madres. Se trata de una protección integral. Y tiene que ver con reconocer la importancia del vínculo de apego en el desarrollo del niño, más allá de los beneficios relacionados con componentes nutricionales, anticuerpos, sistema inmunológico de la leche materna.
Hoy en día todavía tenemos una tasa baja en materia de lactancia materna.
La recomendación es, ojalá, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad (por supuesto, para las madres que pueden amamantar).
Se ha demostrado que los motivos por los cuales las mujeres dejan de amamantar muchas veces se hallan relacionados con no tener una buena técnica, con no saber hacerlo. Incluso hay mitos que son fáciles de derribar con un buen apoyo. Ello les permitiría a las madres darles -así lo llamamos- "el mejor regalo" a sus niños en la primera etapa de sus vidas.
Pero todavía existen muchos casos de mujeres que no continúan con la lactancia materna.
Cerca del 56 por ciento de los niños recibe lactancia materna exclusiva. Pero esa cifra va disminuyendo en forma importante.
Los datos indican que, entre los cero y tres meses de edad, el 16, 4 por ciento de las madres deja de darle pecho a su hijo. Este porcentaje se eleva sustantivamente al 28 por ciento en niños de entre cuatro y cinco meses de vida.
Está demostrado, pues, el efecto de la publicidad en esta materia.
Por eso, siguiendo además la legislación implementada en otros países, estamos estableciendo la prohibición de toda publicidad de elementos sucedáneos de la leche materna. Porque ella puede inducir a que la remplace por una alimentación similar, pero que no tiene sus cualidades.
Incluso se señala que basta una sola mamadera para aumentar el riesgo de que los niños desarrollen alergias posteriormente.
El relleno parece una ventaja, pues los niños que los toman se quedan tranquilos al sentirse más satisfechos. Pero tiene el riesgo de que se disminuya la lactancia materna, y con ello, el vínculo de apego, el cual -y está demostrado- es fundamental si queremos niños sanos, felices y que se desarrollen integralmente.
Por eso, como Comisión de Salud, recomendamos mayoritariamente aprobar la norma propuesta.
--Se aprueba el artículo 5°, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados (12 votos a favor y 5 abstenciones), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Girardi, Guillier, Letelier, Matta, Moreira, Ossandón, Prokurica, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García y Pérez Varela.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Espina.
¡En esta sesión hemos aprobado cinco proyectos, algunos muy emblemáticos!
Ha terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
A la señora Ministra de Justicia, para que solicite INFORME DE CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO EN MATERIA DE OFICIO CONSERVATORIO PARA COMUNA DE CATEMU.
Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido MAS, Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Por la Democracia, Independientes, Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional y Partido Socialista, ningún Senador interviene.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
Los evidentes avances en las tecnologías de la información, han permitido la introducción en el mercado financiero de nuevas formas de dinero, desde La irrupción y masificación de las tarjetas de crédito con banda magnética hasta la aparición de la moneda virtual denominada bit coin, pasando, por cierto, por el enorme e ilimitado mercado de las transacciones por la web.
SI bien esta .evolución tecnológica, ha podido ser recogida en la inmensa mayoría de las actividades cotidianas de las personas sin necesidad de introducir cambios legales, ha colisionado con algunas prácticas comerciales en que la falta de regulación ha permitido ciertas situaciones que entorpecen o atentan contra los derechos de los trabajadores.
Tal es el caso de la tradicional práctica de conceder propina a los trabajadores en las diversas áreas del comercio en que tiene lugar esta práctica.
Para fortalecer el derecho de los trabajadores a obtener la propina, la Ley 20.729 introdujo un nuevo artículo 64 en el Código del Trabajo, de acuerdo con el cual, en los establecimientos que atiendan público a través de garzones, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, el empleador deberá sugerir, en cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrarío.
Posteriormente, el mensaje del Presidente Sebastián Piñera, signado con el número de Boletín 8.770-23, que adapta normas laborales al ámbito del turismo, y que actualmente se encuentra en trámite de Comisión Mixta, agregó tres nuevos incisos al referido artículo 64 del Código del Trabajo.
Por el primero, dispone que los trabajadores tendrán derecho a percibir todas aquellas sumas que por concepto de propinas entreguen los clientes de dichos establecimientos, sea en forma directa y en dinero en efectivo al trabajador, como también a través de los medios de pago aceptados por el empleador, tales como tarjetas de crédito, de débito, cheques u otros títulos de crédito. El empleador no podrá disponer de ellas, deberá entregarlas íntegramente a los trabajadores y no podrá efectuar descuentos de ninguna naturaleza sobre las mismas. Tampoco podrá distribuir las propinas, facultad que sólo recae en los trabajadores que las reciben del cliente, las que se entenderán de su propiedad.
El inciso siguiente dispone que, tratándose de pagos con tarjetas de crédito u otros títulos de crédito, el empleador deberá liquidar y enterar dichas sumas en la fecha en que acuerde con sus trabajadores, plazo que no podrá exceder de siete días hábiles desde que se recibieron del cliente. En estos casos, el empleador deberá entregar al trabajador copia del vale o comprobante en que conste la cantidad total pagada y el valor del servicio o producto adquirido. Tratándose de eventos especiales organizados por el empleador y que sean pagados con posterioridad a su celebración, este plazo se extenderá hasta la fecha de pago de la respectiva factura, cuando la propina esté incorporada a ella.
Finalmente, el nuevo inciso cuarto del artículo 64 contemplado en este proyecto aún en trámite, establece que si las propinas no son pagadas en efectivo, los plazos contenidos en el inciso anterior, podrán extenderse excepcionalmente cuando producto del aislamiento geográfico de la zona en que se encuentre el establecimiento, unido ello a la falta de medios electrónicos de pago, no sea posible entregar las propinas en el tiempo establecido.
Cualquiera sea el resultado final de la tramitación del mencionado proyecto de ley, de su sola lectura se deduce que los derechos y procedimientos que establece se refieren exclusivamente a una exclusiva categoría de trabajadores, los garzones, que se desempeñen en los establecimientos que atiendan público, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, pues el ámbito de aplicación de esta norma referida a la propina, se encuentra determinado de esta forma en el inciso primero del artículo 64, que el proyecto en cuestión no modifica.
Por lo tanto, quedan excluidos de estas normas de protección a la propina como derecho de los trabajadores a los que suele otorgárseles, todos aquellos trabajadores que se desempeñan en otras áreas en que existe esta práctica tradicional, como es el caso, a modo de ejemplo, de quienes se desempeñan en las estaciones de servicio o bombas de bencina.
En consecuencia, la posibilidad de obtener la propina a través de medios electrónicos de pago, así como la propiedad que sobre ella se asegura a los trabajadores y los procedimientos para hacerla efectiva, no benefician a este conjunto de trabajadores.
Por estas consideraciones, y con el objeto de hacer extensivas a todos los trabajadores que reciban propina las normas laborales que resguardan sus derechos a su respecto, vengo en someter a la aprobación de este Honorable Senado, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese el siguiente inciso segundo en el artículo 64 del Código del Trabajo:
"Los establecimientos señalados en el inciso anterior, así como cualquier otro establecimiento de comercio que cuente con medios electrónicos de pago, deberá permitirse al cliente hacer efectiva la propina a través de dichos medios.".
(Fdo.): Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe Herrera, Senadora.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.
1) El 30 de Diciembre 2014, en un acto público realizado en Puerto Montt, la Presidenta de la República firmó el “Proyecto de Reforma Constitucional que modifica la Constitución Política, con el fin de disponer la elección popular del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional” y que actualmente se está analizando en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado.
Este proyecto de ley, corresponde a un planteamiento histórico que han realizado las distintas organizaciones regionalistas del país, como CORCHILE, CONAREDE y los Federales. El año 2014, la Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional, entregó después de un amplio proceso participativo en las diversas regiones de Chile, su informe denominado “Propuesta de Política de Estado y Agenda para la descentralización y el desarrollo territorial de Chile. Hacia un país desarrollado y justo.”
2) Con el fin de revertir el centralismo y promover nuevos espacios para el desarrollo de las regiones a nivel nacional, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, presidida por Esteban Valenzuela y Heinrich Von Baer, hizo entrega de su informe final, en una ceremonia que se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.
Dentro de sus principales conclusiones, se presentan algunas medidas tan importantes como las reformas constitucionales esenciales para la descentralización, como son la elección popular del órgano ejecutivo, que priorizará la competencia programática en los temas relevantes da cada territorio.
Otro principio fundamental de esta Comisión, fue solicitar la introducción de reformas necesarias, que reviertan el excesivo centralismo actual y transfieran las competencias necesarias para un verdadero gobierno regional.
Con este objetivo, y sin que se destruya la unidad del estado, proponemos concentrarnos en un Estado descentralizado como regla general.
3) Los efectos del sistema centralista y concentrador, generan zonas de sacrificio y ha llevado a agotar o poner en riesgo, muchos de los recursos naturales e impedir el buen uso del extenso y diverso borde costero y del territorio nacional. Fenómeno similar, ocurre por la rica y diversa cultura que tenemos en el país. Cambiarlo desde luego no resulta fácil, en un esquema que tiende a polarizar y a ver las cosas en blanco y negro. Generar consenso y acuerdos que traspasen el poder a las regiones y a las personas, requiere de una mayor conciencia y de la participación vinculante y de educación cívica y ciudadana.
El Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, CONAREDE, ha jugado un rol relevante, así como otras más ligadas a los Movimientos Sociales y Regionalistas, entre ellos los Federales.
4) Con la presentación del proyecto reforma constitucional que permita la elección popular del Intendente, se ha dado un paso importante en esta materia. Sin perjuicio de ello, existen algunas modificaciones que son imprescindibles para darle viabilidad al proyecto de reforma constitucional, presentado por el Gobierno y así lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el mensaje del mismo, sin por ello, demorar su pronta aprobación y puesta en práctica.
5) Las modificaciones que se proponen al proyecto de Reforma Constitucional responden a los siguientes criterios:
a) Se concentran en unas pocas normas claves para lograr una reforma constitucional, que cumpla con los propósitos definidos en el mensaje del proyecto enviado por el Ejecutivo, llevando a síntesis legislativa los elementos esenciales para esta reforma.
b) Contribuyen con propuestas de modificaciones normativas mínimas, que generen consensos amplios, que puedan ser asumidas y respaldadas ampliamente por ambas ramas del Congreso.
c) Conservan, dentro de lo posible, la estructura y términos de la actual Constitución Política de la República.
6) Por lo anterior, se propone una ampliación a las reformas propuestas por el ejecutivo, que se sintetizan a continuación:
a) Manteniendo la forma el Estado, se sugiere redactar la disposición del inciso segundo de modo que evidencie una preferencia constitucional por la descentralización por sobre la desconcentración, las que en el texto de la actual Constitución Política de la República, aparecen como alternativas indiferentes. En consecuencia, se propone un mandato constitucional en que impera la descentralización como regla general, pudiendo naturalmente el legislador justificar hipótesis de mera desconcentración, de modo excepcional. En segundo término, en el inciso tercero, se enfatiza que todos los órganos del Estado deben sujetarse al imperativo constitucional de promover la descentralización, y que ello, debe hacerse en conformidad a los principios que luego sugerimos incorporar como un nuevo artículo 125 bis.
b) En otro tanto, este proyecto se hace cargo de los posibles conflictos de competencia que puedan producirse entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, o entre estos dos últimos, y deben ser objeto de resolución por un órgano jurisdiccional calificado, ya que está en juego la distribución del poder estatal en órganos territoriales diferenciados con competencias determinadas, regulados con normas y criterios estrictamente jurídicos. Por ello, esa decisión debe realizarse conforme a derecho, teniendo como elemento central las disposiciones constitucionales y legales que determinan las funciones y atribuciones del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales. En esta perspectiva, el órgano constitucional más adecuado para resolver tales conflictos en nuestro derecho, es el Tribunal Constitucional, fórmula que también se ha utilizado en el derecho comparado. Es cierto que en estos ordenamientos, a diferencia de nuestro caso, la distribución competencial específica entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, la realiza la propia Constitución, por lo que la resolución de la controversia es una materia estrictamente constitucional. Sin embargo, ello no impide atribuir esta materia a dicho órgano, atendida su posición institucional y las atribuciones que ya ostenta en la resolución de conflictos entre órganos constitucionales.
c) También la propuesta de modificación del artículo 110 materializa la división territorial de la República, de modo tal que reserva el asiento provincial para el ejercicio de las potestades presidenciales de Gobierno interior. De esa manera, por otra parte, se consagra simplemente lo que hoy ocurre en la práctica. El Orden Público, Extranjería, Aduanas y Fronteras son materias que hoy se despliegan preferentemente a través de las Gobernaciones Provinciales. Adicionalmente, se resuelve en esta norma la cuestión del control sobre la administración desconcentrada. En efecto, es obvio que siempre existirá un ámbito en que el Estado se despliega en el territorio, pero que conviene mantener bajo control centralizado. Esas reparticiones públicas deben seguir actuando bajo el control de los ministerios respectivos, y la necesaria coordinación y supervigilancia local debe estar en manos del Delegado del Gobierno central a nivel provincial. Por otra parte, de acuerdo con el Informe de la Comisión Asesora Presidencial, distinguimos dos niveles de Gobierno descentralizado: la región y la comuna. Esto permite una clara delimitación de competencias y evita una tensión constante entre dos autoridades paralelas de nivel regional, como se propone en el proyecto del Ejecutivo. El inciso segundo, que reserva a la Ley Orgánica Constitucional las materias relativas a organización territorial, el que se mantiene igual que la actual norma fundamental, también de acuerdo al citado Informe de la Comisión, que en esta materia sólo agrega sugerencias respecto de los procedimientos previos a que el Ejecutivo someta una cuestión de esta índole a consideración legislativa, procedimientos que no requieren asiento constitucional.
d) Se propone además un Art. 111 que asigne claramente las funciones de gobierno y administración de la Región al Gobierno Regional, constituido por el Intendente electo y el Consejo Regional, debidamente diferenciadas de las de gobierno interior, asignadas al Delegado Presidencial. Realizar una diferenciación entre “Gobierno de la región” y “Gobierno interior”, es de sumo importante para evitar un conflicto de roles entre las autoridades regionales existentes ya que este sobre posición de roles debilitaría al gobierno interior en el nivel de las provincias.
e) Dado que el artículo anterior asigna el gobierno y administración de cada Región a un Gobierno Regional, la siguiente propuesta de modificación delimita las funciones del intendente en cuento órgano ejecutivo del gobierno regional. Se trata entonces, por una parte, de establecer una competencia positiva (coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región); seguido de una delimitación negativa (aquello que corresponde al Delegado Presidencial provincial).
f) En coordinación con el texto propuesto para el artículo 110, que reserva el nivel provincial para el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior, así como de la coordinación de las entidades públicas desconcentradas, en el Artículo 116 se establece el órgano a cargo de dicha tarea: un “Delegado Presidencial” designado a nivel provincial directamente por el Presidente de la República y de su entera confianza. En sintonía con el Informe de la Comisión Asesora Presidencial, y con la experiencia comparada (que llama Gobernador a quien gobierna) hemos preferido el nombre de Delegado Presidencial, para evitar la extrema ambigüedad que produce asignar la tarea de gobierno a un órgano y llamar gobernador a otro distinto. Por otra parte, también se propone establecer que el Delegado Presidencial con asiento en la provincia donde se encuentre la capital regional, asuma las competencias de supervisión de la administración pública desconcentrada de nivel regional (o sea, sin expresión provincial) y de coordinación del resto de delegados en la Región, de modo de garantizar la eficiencia administrativa y evitar la duplicación de funciones y el sobrepeso del aparato público en las capitales regionales.
g) El actual texto constitucional del artículo 117 establece que “los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.” Ese texto es naturalmente incompatible con una propuesta de modificación que sustituye a los Gobernadores por Delegados Presidenciales provinciales. La facultad de designar representantes, dentro de su área de competencias, en una o más localidades que pudieran tener los Delegados Presidenciales debiera, si se estima necesario mantenerla, quedar consagrada en la ley.
h) Así como es necesario e imprescindible que la Constitución se refiera a los Gobiernos regionales, también lo es que lo haga a los Gobiernos locales. Hasta hoy, apenas la administración de cada comuna queda en manos de la respectiva municipalidad. Por ello, se propone en la presente moción, un agregado menor pero muy significativo, al inciso primero del Art. 118, atribuyendo el gobierno local, además de la administración, a las municipalidades, constituidas por su Alcalde y por el Concejo Municipal. El resto del texto del artículo queda, naturalmente, en idénticos términos que los de la actual norma constitucional.
i) Se estima esencial que en la reforma se consagren constitucionalmente algunos de los principios constitucionales del Estado descentralizado, como los enuncia el Informe de la Comisión Asesora Presidencial, en cuya justificación (página 29) destaca que la inclusión de principios orientadores del proceso descentralizador reviste importancia política y jurídica, refiriéndose, entre otros, al desarrollo de las instituciones del Estado descentralizado, al control constitucional de las leyes respectivas y a la solución de contiendas de competencia.
j) En el momento actual del incipiente proceso de descentralización de nuestro país, resulta muy deseable distinguir nítidamente entre dos ciclos electorales: 1) Elecciones Nacionales: presidenciales y parlamentarias; 2) Elecciones Territoriales: municipales (alcaldes y concejales); regionales (Intendentes y Consejeros Regionales). La Comisión Asesora Presidencial, así como la mayoría de los 15 Diálogos Regionales realizados por ésta, reforzaron dicha lógica, con el fin de que en el caso de las elecciones territoriales (municipales y regionales) se asegure: a) que las propuestas de programas de los candidatos a Alcalde y a Intendente puedan ser conocidas y debatidas integradamente por la ciudadanía en relación a un mismo territorio y a objetivos propios del desarrollo local y regional. b) que los candidatos a Intendentes y Consejeros Regionales, así como sus respectivos programas y campañas, no resulten totalmente opacados y desplazados por la visibilidad política y mediática significativamente mayor de la elección presidencial y parlamentaria. Por lo anterior y por la necesidad de reforzar el compromiso ciudadano con los desafíos comunes del desarrollo de nivel local y regional, que atañen de un modo más cercano y directo a las comunidades y territorios, resulta en alto grado deseable que el hito de esta primera elección de intendentes alcance a lograr la significación histórica, participación y legitimación ciudadana que merece. En consecuencia, es necesario realizar el mayor esfuerzo por alcanzar a elegir Intendentes en octubre de 2016, o por excepción y única vez, en noviembre de 2017, en conjunto con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Dejarla para el año 2020 no sería aceptable para las comunidades regionales que han cifrado tanta esperanza en el cumplimiento de éste compromiso, tan relevante para el efectivo avance del proceso descentralizador.
7) Es necesario hacer un reconocimiento, por el esfuerzo realizado por los señores Juan Andrés Varas, Heinrich von Baer, Esteban Valenzuela, Alejandro Ferreiro, Juan Carlos Ferrada, Humberto Nogueira y el apoyo de los comisionados, Manuel Ahumada, Diego Benavente, Jaime Bertin, Carlos Cantero, Marcelo Carrasco, Miriam Chible, María Ignacia Fernández, María Angélica Fuentes, Héctor Gaete, Ricardo Israel, María Ignacia Jiménez, Harry Jürgensen, José Marimán, Jorge Martínez, Manuel Millones, Luis Moncayo, Pedro Muñoz, Álvaro Palma, Jaime Tohá, Ismael Toloza, Teresa Valdés, Beatriz Vega, Esteban Velásquez, Patricio Vergara, quienes han colaborado de manera directa, a través de su documento “Reforma Constitucional de Descentralización: Modificaciones imprescindibles para la viabilidad del proyecto.”, y que son la base de las propuestas que realizamos en esta moción.
Por lo anteriormente expuesto, es que venimos a presentar la siguiente moción de reforma constitucional:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y QUE ESTABLECE LA ELECCIÓN POPULAR DE LOS INTENDENTES
Artículo Único: Modificase la Constitución Política de la República, en el siguiente sentido:
1) Reemplazase el artículo 3º, por el siguiente:
Art. 3. “El Estado de Chile es unitario.
Su gobierno y administración serán funcional y territorialmente descentralizados, de conformidad a esta Constitución y a la ley, la que también establecerá los casos de administración desconcentrada.
Todos los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, según los principios que esta Constitución establece.”
2) Modificase el artículo 93, de la siguiente manera:
a) Incorporase, después de su numeral 16, un 17 nuevo, del siguiente tenor:
17. Resolver los conflictos de competencia entre los órganos del Gobierno y la Administración del Estado central, los gobiernos regionales y las municipalidades.
b) Incorporase, después del inciso 18, el siguiente nuevo:
“En el caso del número 16°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de los órganos en conflicto, a través de las personas que poseen su representación judicial”
3) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:
“Articulo. 110. Para el gobierno y la administración del Estado, su territorio se divide en regiones y éstas en comunas. Para el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior, y de coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios y órganos desconcentrados, la región se divide en provincias.
La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”
4) Reemplazase el artículo 111, por el siguiente:
“Articulo. 111. El gobierno y la administración de cada región reside en el respectivo Gobierno Regional, cuyo objeto será el desarrollo social, cultural y económico de la región. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio.
El gobierno regional, estará constituido por el Intendente, quien será su órgano ejecutivo, y por el Consejo Regional.
El Intendente será elegido por mayoría simple, en votación universal directa, de conformidad a los mecanismos que establezca la ley orgánica respectiva. Los integrantes del Consejo Regional serán asimismo electos en votación universal directa conforme a la ley.”.
5) Sustitúyase el artículo 112, por el siguiente:
“Artículo 112. Al Intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, con la excepción de las potestades que corresponda ejercer a nivel provincial al respectivo Delegado Presidencial. Al Intendente le corresponde además la presidencia del Consejo Regional.
Una ley orgánica constitucional determinará la forma en que el Intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones”.
6) Reemplazase el artículo 116, por el siguiente:
“Artículo 116. En cada provincia existirá un Delegado Presidencial, el que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.
Corresponde al Delegado Presidencial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del Presidente de la República, la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos nacionales desconcentrados existentes en la provincia, así como el ejercicio de las potestades de gobierno interior que competen de modo exclusivo al Presidente de la República.
El Delegado Presidencial con asiento en la capital regional, bajo el nombre de Delegado Presidencial Regional, asumirá adicionalmente, las funciones de coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos nacionales desconcentrados de alcance regional, así como la coordinación de las tareas de los demás Delegados Presidenciales de la región.
La ley determinará las atribuciones que podrá delegarles el Presidente, y las demás que le corresponden.
7) Suprímase el artículo 117.
8) Reemplazase el inciso primero del artículo 118, por el siguiente:
“El gobierno y la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo municipal.”
9) Incorporase, después del artículo 125, un artículo 125 bis nuevo, del siguiente tenor:
“Articulo. 125 bis. En cumplimiento del mandato del artículo 3 de esta Constitución, los órganos del Estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones, competencias y atribuciones.
La ley, además, privilegiará la radicación de potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; promoverá la solidaridad interterritorial, buscando el desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.
El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, ni los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades; y deberá, cada vez que cree, transfiera o extienda las competencias de gobiernos regionales o municipalidades, atribuirles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio, y en el caso de las transferencias, a lo menos los equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.”.
10) Incorporase, una disposición transitoria vigesimoséptima nueva:
“VIGESIMOSEPTIMA: La elección por sufragio universal en votación directa de Intendentes y Consejeros Regionales se realizará cada cuatro años en conjunto con las elecciones municipales. En el evento que por alguna circunstancia la primera elección de Intendentes no se alcanzara a realizar en forma simultánea a la elección municipal de octubre de 2016, se deberá efectuar, por excepción y única vez, en conjunto con la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2017. En tal caso, los 14 Intendentes electos y consejeros regionales servirán sus cargos, de modo excepcional, por un periodo abreviado, de modo tal que en estado de régimen las sucesivas elecciones de éstos coincidan con las elecciones municipales de alcaldes y concejales.”
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.