Source: http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/consulta8.html
Timestamp: 2017-02-26 07:50:10
Document Index: 69525803

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20']

Equipo Nizkor - Texto de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú.
Texto de la "Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo" en su versión aprobada por el Congreso el 19may10.
Dictamen recaído en los proyectos de ley núms. 413/2006-CR,
427/2006-CR, 2016/2007-CR, 3370/2008-DP, 3457/2009-CR, 3648/2009-CR,
3698/2009-CR y 3749/2009, por los que se desarrolla la Ley del Derecho de
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.
LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U
ORIGINARIOS RECONOCIDO EN EL CONVENIO N° 169 DE LA ORGANIZACIÓN
La presente ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta
a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les
afecten directamente.
La presente ley se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio N°
169 de la Organización internacional del Trabajo, ratificado por el Estado peruano mediante
Resolución Legislativa N° 26253.
Artículo 2°- Del derecho a la consulta
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados en forma previa sobre las
medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sea sobre
su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar
la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que
afecten directamente estos derechos.
La consulta a la que hace referencia la presente ley es implementada de forma obligatoria sólo por
Artículo 3°.- Finalidad de la consulta
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos
indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten
directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma
de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos.
Artículo 4°.- De los Principios
Los principios rectores del derecho a la consulta son:
a. Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o
administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.
b. Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose
a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento del valor de cada
una de eílas.
c. Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u
originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo.
El Estado y los representantes de las instituciones u organizaciones de los pueblos indígenas u
originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario
y conductas antidemocráticas.
d. Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de
medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las
circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados.
e. Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos razonables, que
permita a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios
conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre las medidas legislativas o administrativas
objeto de consulta.
f. Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u originarios
en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.
g. Información oportuna: Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de
las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto
de vista, debidamente informados, sobre las medidas legislativas o administrativas a ser consultadas.
El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y
con la debida anticipación.
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS
Artículo 5º.- Sujetos del derecho a la consulta
Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos
colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.
Artículo 6º.- Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios
Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a través de sus
instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres
Artículo 7º.- Criterios de identificación de pueblos indígenas u originarios
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en
cuenta criterios objetivos y subjetivos.
Los criterios objetivos son:
i .Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
ii. Estilos de vida, vínculos espirituales e históricos con el territorio que
tracicionalmente usan u ocupan.
iii. Instituciones sociales y costumbres propias.
iv. Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población
Por su parte, el criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo
colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.
Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos
podrán ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los
criterios señalados en el presente artículo.
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no alteran
su naturaleza, ni sus derechos colectivos.
DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 8º.- Etapas del proceso de consulta
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deberán cumplir
las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta:
a) Identificación de las medidas legislativas o administrativas que deben ser objeto de
b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.
c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa.
d) Información sobre la medida legislativa o administrativa.
e) Evaluación interna en las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre
las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.
f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos
indígenas u originarios.
g) Decisión.
Artículo 9º.- Identificación de medidas objeto de consulta
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas
legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de
los pueblos indígenas u originarios, de modo tal que de concluirse que existiría una afectación
directa a sus derechos colectivos se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas.
Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios
pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a determinada medida que
consideren que Ies afecta directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio
correspondiente a la entidad estatal, promotora de la medida legislativa o administrativa y
responsable de ejecutar la consulta, la cual debe evaluar la procedencia del petitorio.
En caso la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el pedido de las
instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, tal acto
puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder
Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este órgano, cabe acudir ante los órganos
jurisdiccionales competentes.
Artículo 10°.- Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada
por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa, sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance.
Artículo 11°.- Publicidad de la medida legislativa o administrativa
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla
en conocimiento de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios
que serán consultadas, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados,
tomando en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan.
Artículo 12°.- Información sobre la medida legislativa o administrativa
Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u
originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida
anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida
legislativa o administrativa.
Artículo 13°.- Evaluación interna de las organizaciones de los pueblos indígenas u
Las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un plazo
razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de las medidas legislativas
o administrativas y la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos
Artículo 14°.- Proceso de diálogo intercultural
El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de las medidas legislativas o
administrativas, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas u originarios, así como sobre las sugerencias y recomendaciones que
éstos formulen, las cuales deberán ser puesto en conocimiento de los funcionarios y
autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso de consulta.
Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en un Acta de
Consulta, la cual contendrá todos los actos y ocurrencias realizadas durante su desarrollo.
Artículo 15°.- Decisión
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde
a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica
una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los
pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las
consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos
colectivos reconocidos constitucionalmente y en los tratados ratificados por el Estado
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso
de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso no se alcance un acuerdo,
corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.
Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y
Artículo 16º.- Idioma
Para la realización de la consulta se toma en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos
indígenas u originarios; particularmente, en aquellas áreas donde la lengua oficial no sea
hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos de consulta
deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van a ser
objeto de consulta, los mismos que deberán estar registrados ante el órgano técnico especializado en materia
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA
Artículo 17°.- Entidad competente
Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativas relacionadas
de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios son las competentes
para realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas que contempla la presente
Artículo 18°.- Recursos para la consulta
Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de consulta, a
fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios.
Artículo 19°.- Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena
Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado en
materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes:
a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la
b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos
indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en
c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas u originarios e identificar a aquellas que deben ser consultadas respecto de una
medida administrativa o legislativa.
d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar
la consulta, sobre la calificación de las medidas legislativas o administrativas, proyectadas
por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los
pueblos indígenas u originarios a ser consultados.
e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos indígenas u
originarios que serán consultados en la definición del ámbito y características de la consulta.
f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos indígenas u originarios y
sus organizaciones representativas.
g) Registrar los resultados de las consultas realizadas.
h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las lenguas indígenas u
i)	Otros contemplados en la presente ley, otras leyes o en su reglamento.
Artículo 20°.- Creación de Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios
Créase la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios y sus Instituciones
Representativas, la que estará a cargo del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder
La base de datos contendrá la siguiente información:
a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas u originarios se
b) Referencias geográficas y de acceso.
c) Información cultural y étnica relevante.
d) Mapa etnolingúistico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas
u originarios ocupan o utilizan de alguna manera,
e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado, y
f) Organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus líderes o
representantes, período y poderes de representación.
PRIMERA.- Para efectos de la presente ley, se considera al Instituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) como el órgano técnico especializado en
materia indígena del Poder Ejecutivo.
SEGUNDA.- La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación
ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas, ni deja sin efecto las medidas
administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.
TERCERA.- La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, a fin de que las entidades estatales, responsables de llevar a cabo procesos de
consulta, cuenten con el presupuesto y la organización requerida para ello.
Lima, 19 de mayo de 2010
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