Source: https://boletinjuridico.gtt.es/la-carga-de-la-prueba-de-la-cuantia-del-recurso-de-casacion-ordinario-y-la-impugnacion-de-una-ponencia-de-valores-catastrales-un-aviso-a-navegantes/
Timestamp: 2018-12-17 19:22:39
Document Index: 258830937

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 24', 'artículo 24']

Por eso, de entrada, el artículo 41.1 de la LJCA determina la cuantía del recurso contencioso–administrativo cuando se impugna un acto administrativo atendiendo al “valor económico de la pretensión objeto del mismo”. Previsión que es especificada por el artículo 42 de la citada Ley, remitiendo a la legislación procesal civil a la hora de fijar el valor económico de la pretensión, aunque determina una serie de especialidades; entre ellas, las más significativa para nuestro estudio: “Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél”. Ahora bien, cuando se impugnen disposiciones generales, los recursos se reputarán de cuantía indeterminada.
Esta posibilidad –que, de entrada, implica enmendar la plana a la Sala de Instancia, y corregir la cuantía que ésta haya fijado– tiene su envés en la obligación del Tribunal Supremo (así lo denota la utilización del imperativo: “pondrá de manifiesto”) de trasladar la posible causa de inadmisión a las partes personadas para que, en el plazo de 10 días, aleguen cuanto estimen pertinente en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva y a que no se le impida el acceso al recurso.
No en vano, si el Tribunal Supremo –ya no digamos la Sala de Instancia, que es tratada con cierto desdén por esta doctrina–, admite a trámite el Recurso de Casación ordinario y ordena el reparto a la Sección correspondiente es de suponer que lo hace porque no ha apreciado ningún motivo de inadmisibilidad del recurso, tampoco por razón de la cuantía. Porque, si así hubiera sido, antes de dictar, en su caso, Auto de inadmisión, debiera haber concedido un trámite de 10 días a las partes personadas para que formularan las alegaciones que estimaran procedentes, tal y como ordena preceptivamente el citado artículo 93.3 de la LJCA, que establece: “3. La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisión del recurso a las partes personadas por plazo de diez días para que formulen las alegaciones que estimen procedentes”.
Pues bien, ante tal devenir procesal, y ante la reclamación de la necesidad de conceder previamente el trámite de audiencia del citado artículo 93.3 LJCA, el Tribunal Supremo, en Auto de 17 de julio de 2013, dictado en el Recurso no 1325/2011, efectúa otra matización de suma trascendencia: “mantiene este Tribunal que el citado trámite es de aplicación al supuesto de que expresamente se haya de resolver sobre admisión o inadmisión mediante auto, no en la fase de resolución por Sentencia, en la que es posible acoger de oficio causa de inadmisibilidad sin oír a las partes”.
Este Auto ha recalcado, que: “b) No cabe inadmitir un recurso con base en una interpretación de la norma procesal que se revela infundada. Y los órganos jurisdiccionales ordinarios, en este caso el supremo órgano de la jurisdicción contencioso–administrativa, debe interpretar y aplicar las normas condicionantes de los recursos conforme al principio «pro accione» como correlato del derecho a los recursos establecidos en la Ley del que son titulares los justiciables”.
Y, concretamente, en el Fundamento Jurídico quinto, estima el incidente al considerar que: “La tercera consideración que nos lleva a estimar el incidente de nulidad formulado es que en la Sentencia frente a la que se formuló se sustenta en una interpretación excesivamente restrictiva de la exigencia de la cuantía necesaria para el acceso al recurso (arts. 96.3, 40 a 42 LJCA) que puede entenderse contraria al derecho al recurso como integrante de la invocada tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE”.
Así, la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Constitucional no 116/2012, de 4 de junio, dictada en el Recurso de Amparo no 2689/2004 –que, por su claridad, reproducimos–, establece: “Conforme a una reiterada doctrina, «los órganos judiciales deben ponderar la entidad real de los defectos que advierten en los actos procesales de las partes en relación con el cierre del proceso y el acceso a la jurisdicción, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto apreciado y la sanción que debe acarrear, y procurar, siempre que sea posible, su subsanación, al objeto de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso, como un instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. En dicha ponderación debe atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida y a su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, así como a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal incumplido o irregularmente observado (SSTC 87/1986, de 27 de junio, F. 3; 117/1986, de 13 de octubre, F. 2; 33/1990, de 26 de febrero, F. 3; 331/1994, de 19 de diciembre, F. 2; 145/1998, de 30 de junio, F. 2; 35/1999, de 22 de marzo, F. 4; 195/1999, de 25 de octubre, F. 2; 193/2000, de 18 de julio, F. 3; y 285/2000, de 27 de noviembre, F. 4)» (STC 153/2002, de 15 de julio, F. 3; en el mismo sentido, SSTC 182/2004, de 2 de noviembre, F. 3; 176/2005, de 4 de julio, F. 3; 6/2009, de 12 de enero, F. 3; o 79/2012, de 17 de abril, F. 7)”.
El Tribunal Supremo sostiene que: “en la medida en que la Sentencia de instancia ha declarado no sólo la nulidad de las valoraciones catastrales individuales, sino también la nulidad de la Ponencia de Valores, la pretensión del Abogado del Estado no puede quedar limitada a las cuotas resultantes de las valoraciones catastrales de la totalidad de los inmueble afectados por la Ponencia de Valores anulada por la Sentencia de instancia, sin que pueda presumirse, sin riesgo de equivocación, que todas las cuotas resultantes del IBI de todos los valores catastrales afectados por la Ponencia anulada sean inferiores a 150.000 euros”.
Sin embargo, también podemos traer a colación otros pronunciamientos del mismo Tribunal que asumen una orientación distinta. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 (Rec. no 477/2010), se deja sentado que: “ha de rechazarse que la cuantía en el presente caso haya de entenderse como indeterminada, estando por el contrario constituida por la cuota anual del IBI resultante de la aplicación de la Ponencia de Valores a las fincas de la recurrente afectadas, y que constituye el interés económico casacional”.
Ante tal situación, resultaba pertinente recordar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia no 153/2002, de 15 de Julio, dictada en el Recurso de Amparo no 6868/2000, afirmó, en doctrina plenamente aplicable al caso, en su F.J. segundo, que: “debe indicarse también que para que las decisiones de inadmisión por falta de cumplimiento de los requisitos procesales sean acordes con el derecho a la tutela judicial efectiva es preciso, además, que el requisito incumplido, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el supuesto planteado, no sea susceptible de subsanación o que, siéndolo, el actor no haya hecho un uso correcto de tal posibilidad (en el mismo sentido, entre otras muchas, STC 122/1999, de 28 de junio, F. 2)”.
“Si el órgano judicial no hace posible la subsanación del defecto procesal que pudiera considerarse como subsanable, o impone un rigor en las exigencias formales más allá de la finalidad a que las mismas responden, la resolución judicial que cierre la vía del proceso, e impida el acceso al mismo, será incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial ya que los presupuestos y requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, con la consecuencia de que, si aquella finalidad puede ser lograda sin detrimento de otros bienes o derechos dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto (SSTC 92/1990, de 23 de mayo, F. 2; 213/1990, de 20 de diciembre, F. 2; 172/1995, de 21 de noviembre, F. 2; 285/2000, de 27 de noviembre, F. 4; 79/2001, de 26 de marzo, F. 6; y 205/2001, de 15 de octubre, F. 4).
Así pues, la necesidad de dar ocasión a la subsanación del defecto advertido, cuando éste, atendida la ratio de su exigencia procesal, sea susceptible aún de reparación sin menoscabo de la regularidad del procedimiento y sin daño de la posición de la parte adversa, y siempre que, en definitiva, no sea de apreciar una posición negligente o contumaz en el recurrente, depende, pues, no de la existencia de previsiones legislativas específicas en cada procedimiento, sino del contenido normativo del mismo artículo 24.1 CE, regla ésta que, según se acaba de recordar, impone al Juzgador un deber de favorecer la defensa de los derechos e intereses cuya tutela ante él se reclame, sin denegar dicha protección mediante la aplicación desproporcionada de las normas procesales que prevén una resolución de inadmisión o de eficacia equiparable (STC 285/2000, de 27 de noviembre, F. 4)”.
“Ahora bien, si tenemos en cuenta que efectivamente como señala la parte recurrente este Tribunal ha venido perfilando la doctrina referente a la naturaleza jurídica de las Ponencias de Valores, habiéndose interpuesto el recurso en un momento en el que se asentaba la referida doctrina, y, atendiendo a la existencia de un principio de prueba, representada por las liquidaciones de IBIs de distintos años, sobre que efectivamente la cuantía podría ser suficiente a los efectos de interponer Recurso de Casación, de suerte que de haberle otorgado el trámite de alegaciones, a la vista de las razones que funda el incidente de nulidad instando por la recurrente, éste podría resultar determinante para entrar a dilucidar los motivos de casación que la parte recurrente opuso a la Sentencia objeto del recurso, al no otorgársele dicho trámite toma sentido la denuncia de infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que formula la recurrente.
Si bien una resolución judicial que resulte motivada declarando la inadmisbilidad por concurrir alguna de las causas tasadas al efecto no es contraria al principio de tutela judicial efectiva, sin embargo alcanza dicho principio la máxima expresión cuando se entra a resolver sobre las cuestiones que constituyen el fondo de la controversia, si a ello unimos que en este caso por los antecedentes referidos se antojaba más que oportuno oír a las partes al respecto, lo que podría haber sido trascendental a los efectos de que en lugar de una resolución de inadmisión se hubiera podido entrar a dilucidar sobre los motivos casacionales opuestos, ha de convenirse que el dictado de la Sentencia sin previamente hacer uso del trámite de alegaciones en este caso concreto, ha producido indefensión a la parte con quiebra de su derecho a la tutela judicial efectiva, procediendo anular la Sentencia y retrotraer el trámite al momento previo a resolver, otorgando a las partes plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen procedentes sobre una posible concurrencia de causa de inadmisibilidad por insuficiencia de cuantía”.
« Impuesto sobre Actividades Económicas (Consulta Vinculante V2724-13, de la Subdirección General de Tributos Locales, de 16 de septiembre de 2013)
Tribunal Económico-Administrativo Central, Sección Vocalía 4ª, Resolución de 18 Julio de 2013, rec. 3797/2011 »
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