Source: https://www.slideshare.net/fundacionjubileo/pacto-fiscal
Timestamp: 2017-08-21 18:27:52
Document Index: 405165959

Matched Legal Cases: ['artículo 323', 'artículo 322', 'artículo 340', 'artículo 368', 'artículo 271', 'artículo 101', 'artículo 341', 'artículo 368']

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1. Pacto Fiscal: Un instrumento para la concertación entre la sociedad civily el Estado www.jubileobolivia.org.bo
2. PACTO FISCAL Un instrumento para la concertación entre la sociedad civil y el Estado Director: Juan Carlos Núñez V. Coordinador: Waldo Gómez R. Consultoría realizada por: Waldo Gutiérrez I. Revisión: Patricia MirandaT. · René Martínez · Guillermo Zamorano Edición: Jorge Jiménez Jemio Dirección: Edificio Esperanza, Av. Mcal. Santa Cruz 2150, Casilla 5870, Telefax: (591-2) 2125177 – 2311074 E-mail: fundajub@entelnet.bo Casilla: 5870 La Paz-Bolivia 2013 D.L. 4-3-1555-13
3. PACTO FISCAL RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................ 3 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 7 1. PACTO FISCAL: UNA AGENDA PENDIENTE ........................................................................................ 9 1.1. Pacto fiscal: la complementación del proceso constituyente y autonómico ................................................ 9 1.2. Necesidad de replanteo de la agenda económica y su orientación en beneficio de la población .......... 13 1.3. Buscando la uniformidad de enfoques .......................................................................................................... 16 1.4. Enseñanzas de la experiencia internacional .................................................................................................. 18 2. CONSTRUYENDO EL PACTO FISCAL .................................................................................................. 28 2.1. El rol del sector público en la economía ........................................................................................................ 28 2.2. Definición de pacto fiscal ................................................................................................................................ 30 2.3. Objetivos del pacto fiscal ................................................................................................................................. 31 2.4. La problemática actual como insumo para el pacto fiscal .......................................................................... 33 2.5. Lineamientos estratégicos por componente: 5x5 ......................................................................................... 39 3. RUMBO AL PACTO FISCAL ................................................................................................................... 44 3.1. Los actores del pacto fiscal .............................................................................................................................. 44 3.2. Condicionantes para la realización del pacto fiscal ..................................................................................... 50 3.3. Proceso de construcción .................................................................................................................................. 51 3.4. Sostenibilidad institucional ............................................................................................................................. 53 REFERENCIAS ............................................................................................................................................. 56 Contenido
4. Abreviaciones y siglas AC	Asamblea Constituyente ALP	Asamblea Legislativa Plurinacional CNAD	Consejo Nacional de Autonomías y Descentralización CPE	Constitución Política del Estado ETA	Entidades Territoriales Autónomas LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización SEA	Servicio Estatal de Autonomías TGE	Tesoro General del Estado TGN	Tesoro General de la Nación
5. 3 su implementación, la ausencia de un sistema de partidospolíticosparacanalizarlasdemandassociales y la falta de acompañamiento en la gestión pública que se manifiesta en un crecimiento económico bajo en relación a la cantidad de recursos extraordinarios recibidos por la exportación de materias primas, gas y minerales. Ante esta situación, es necesario proponer al país un mecanismo de concertación entre sociedad civil y Estado, para resolver la agenda pendiente con miras a la construcción de nuestro desarrollo, delineando el modelo de Estado y sociedad con base en acuerdos nacionales y compromisos recíprocos del Estado y de la población. El pacto fiscal se perfila como el instrumento para lograr tal fin, sentando las bases para la búsqueda de consensos que permitan a la sociedad civil y al Estado, concertar el desarrollo del país. Se han presentado algunas propuestas al respecto; sin embargo, las mismas caen en la simple lógica de la redistribución de recursos o en el posicionamiento regional o local, olvidando la existencia de un nivel central que, a través del Tesoro General del Estado (TGE), es el que incurre en los mayores gastos del Estado. Recogiendo la experiencia internacional, se concluye que el pacto fiscal debería tener como objetivo pacificar al país y, al mismo tiempo, construir las bases de nuestro desarrollo, por lo que en el presente documento se propone como objetivo que el pacto fiscal sea “el acuerdo económico, social y político entre sociedad civil y Estado que defina las bases para el desarrollo sustentable, considerando los ingresos y gastos, en materia competencial y fiscal-financiera del Estado, a través del nivel central y de las Entidades Territoriales Resumen ejecutivo L os problemas estructurales que afectan al desarrollodenuestropaísestánconcentrados alrededor de la exclusión social y la exclusión territorial. La primera de ellas marcada por el alejamiento de las grandes mayorías poblacionales de las decisiones sobre su propio desarrollo y, la segunda, por el fuerte centralismo que aleja al Estado de las necesidades de la población. La resolución de estos problemas estructurales fue una demanda constante de la sociedad civil; sin embargo, el sistema de partidos políticos no tuvo la capacidad para recoger el sentimiento poblacional, ahondando cada vez más las diferencias y, con ello, el descontento y la conflictividad social, hasta derivar en una crisis política y social que exigía una solución radical. La convocatoria a la Asamblea Constituyente fue el escenario donde se articuló esta demanda y el resultado, la Constitución Política del Estado, donde se establecieron los lineamientos para la reconfiguración del nuevo Estado. Dos son los pilares fundamentales que caracterizan al nuevoEstadoensubúsquedaderesolverlosproblemas estructurales anotados: el carácter plurinacional, mediante el reconocimiento expreso de las 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos que conforman el Estado y; el carácter autonómico, con el establecimiento de un sistema de gobiernos autónomos en cuatro niveles: departamental, regional, municipal e indígena originario campesino. El acuerdo nacional no logró bajar las tensiones sociales, debido a la falta de voluntades políticas para Pacto Fiscal: Un instrumento de concertación entre la sociedad civil y el Estado
6. Autónomas, para superar las desigualdades dentro del nuevo modelo de Estado boliviano”. Por supuesto, este objetivo general contiene objetivos específicos, como ser: lograr una mejora en la prestación y provisión de bienes y servicios a la población, en todos los niveles de gobierno, para lo cual deberán contar con recursos suficientes y reglas fiscales claras para ello, que implicaría, a su vez, una reducción de los actuales desequilibrios verticales y horizontales que se registran en el país. Para lograr los objetivos anteriores, se requieren acuerdos para acompañar con recursos públicos los horizontes sectoriales previamente establecidos, todo ello en el marco de las responsabilidades que tiene cada uno de los niveles de gobierno con base en las competencias que les fueron asignadas a través del texto constitucional. Se puede observar, por lo tanto, que una de las tareas iniciales de la negociación de un pacto fiscal, tal vez el primer punto no operativo de la agenda que se defina para tal, debe ser la definición de los objetivos de política pública que se están buscando, el horizonte de las mismas y el alcance del trabajo. La propuesta de contenido para el futuro pacto fiscal se ordena en cinco componentes, a partir del rol del sector público en la economía y guardando relación con el ciclo de la política pública y su financiamiento, con una clara orientación hacia el ciudadano receptor de los beneficios de la aplicación de la acción gubernamental. Cada componente cuenta con cinco lineamientos, bajo una propuesta que denominamos “5x5”, lo cual permitirá una estructuración sencilla y útil para la generación del debate: •	Generación de recursos. Los lineamientos estratégicos contenidos en este componente deben estar vinculados al objetivo de una necesidad de la transformación productiva del país, incidiendo en la generación de valor agregado, la creación de empleo digno, el incremento de la productividad y los roles de los diferentes componentes de la economía plural, de tal forma que en su conjunto la generación de recursos represente el incremento de la riqueza para el país. •	Captación de recursos. El objetivo de este componente es poder contar, a mediano plazo, con una normativa clara respecto a los temas impositivos en los sectores estratégicos, incorporando elementos de reforma tributaria para incorporar al conjunto de la población, decisiones claras respecto a las empresas públicas y coordinación en el tema de endeudamiento, de tal forma que el Estado pueda captar una mayor proporción de la riqueza generada en la economía. •	Distribución de recursos. Este componente tiene como objetivo clarificar la distribución vertical y horizontal de los recursos fiscales entre los distintos entes institucionales del sector público, tanto en transferencias, incluyendo regalías, como en impuestos; así como normas para un mejor ordenamiento de las fuentes. •	Utilización de recursos. En el componente de utilización de recursos se plantea la eliminación de ciertas restricciones al gasto público subnacional, así como la necesidad de una nueva propuesta de responsabilidad fiscal vinculada a una evaluación del costo de las competencias y a un modelo abierto de retroalimentación hacia la ciudadanía, de tal forma que el sector público pueda hacer un uso eficiente de los recursos públicos asignados. •	Gestión Pública. Los objetivos del componente de gestión pública deben estar centrados en el beneficio hacia el ciudadano, orientando todo el esfuerzo del Estado para satisfacer de la forma más eficiente y eficaz sus necesidades, a través de la dotación de los instrumentos adecuados a sus entidades. Para el efecto, se busca un replanteo del modelo de gestión pública y de los sistemas SAFCO, a fin de otorgarle flexibilidad al gasto público y descentralizar el mismo en los niveles autonómicos, una definición más clara en cuanto a sistemas de planificación, presupuestos y recursos humanos, y un nuevo enfoque de gestión por resultados con institucionalidad.
7. 5 Entendida la necesidad de replantear la agenda eco- nómica del país orientándonos en las necesidades de la sociedad civil, así como descritos los ejes que podrían regir el pacto fiscal en Bolivia, es necesario tomar en cuenta los elementos necesarios para su implementación, mediante el establecimiento de los actores que podrían ser parte del pacto fiscal, las con- diciones para que se pueda establecer este encuentro, la forma de encarar el proceso de construcción del mismo y, finalmente, el marco institucional que le dé sostenibilidad a los acuerdos logrados y permita pa- sar de las propuestas a la acción efectiva. La LMAD orienta el pacto fiscal a una concertación intergubernamental; vale decir, entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, quedando circunscrito el mismo al ámbito del sector público. La propuesta del documento es mucho más amplia y plantea la participación de la sociedad civil organizada, como un mecanismo previo al pacto fiscal, de tal forma que se pueda ir recogiendo la demanda ciudadana sobre la propuesta base del “5x5” y generando consensos para, posteriormente, mediante un pacto multiactor, se puedan lograr los acuerdos nacionales. También se hace necesario analizar los elementos condicionantes para el pacto fiscal boliviano: •	Condición 1. Realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. •	Condición 2. Presentación de los resultados oficiales del Censo. •	Condición 3. Trabajo conjunto entre el Servicio Estatal de Autonomías, el Ministerio de Economía yFinanzasPúblicas,yelMinisteriodeAutonomías. •	Condición 4. Elaboración coordinada de la propuesta técnica de diálogo para el pacto fiscal. •	Condición 5. Presentación de la propuesta técnica al Consejo Nacional de Autonomías. Conducir el proceso de construcción del pacto fiscal demandará la expresión de una voluntad política de los líderes nacionales, regionales y locales, así como de las organizaciones sociales, mediante la coordinación a través del Consejo Nacional de Autonomías y la elaboración de una propuesta técnica a partir de las demandas y propuestas de la sociedad civil. De esta forma, la propuesta técnica deberá contener tres elementos fundamentales para buscar que sea tomada en cuenta por los actores llamados a negociar el pacto fiscal: i) sustento técnico solvente; ii) legitimidad social y; iii) legitimidad política. Un elemento importante a considerar, tanto en el proceso de negociación del pacto fiscal como en la implementación de sus resultados, es el andamiaje institucional para la misma, así como el control, seguimiento y evaluación de sus resultados; para ello se plantea una serie de elementos complementarios con el fin de que los acuerdos a los que se puedan arribar sean cumplidos por los actores y, en caso de ser necesario, determinar los cambios en elementos que puedan degenerar el nuevo sistema fiscal al que se vaya a arribar. Por ello, es necesario brindar el mayor de los soportes a las instituciones recientemente creadas y que son partes integrales del proceso de negociación del pacto fiscal. Estas son el SEA y el CNA. La durabilidad de las instituciones refuerza la credibilidad de las mismas, haciéndolas vehículos válidos para las sucesivas renegociaciones fiscales que pueden producirse posteriormente. El pacto fiscal también puede ser la oportunidad de crear nuevas instituciones, como en el caso de Guatemala, que pueden o no perdurar en el tiempo. Es decir, pueden ser puntuales, como el proceso de Diálogo 2000, o permanentes, como por ejemplo las mesas de concertación de lucha de la pobreza que existen en Perú. Un primer elemento es lo que podemos denominar como control y seguimiento interno que corresponde al cumplimiento de la institucionalización permanente de las decisiones a través de la fiscalización que deben realizar los órganos legislativos de los gobiernos autónomos a los acuerdos intergubernativos que vayan a ser ratificados en este proceso; ello es posible en el marco de la naturaleza propia de estas instancias y la facultad fiscalizadora que les ha sido atribuida constitucionalmente.
8. El segundo elemento se puede denominar como seguimiento y control intergubernamental, el mismo que podrá lograrse a través de los llamados mecanismos e instrumentos de coordinación intergubernamental que ha creado la LMAD, entre los que resaltan el CNA y los Consejos de Coordinación Sectorial, estos últimos de importancia fundamental si se toma en cuenta que uno de los objetivos centrales que se ha planteado en este documento para el pacto fiscal es el establecimiento de agendas sectoriales programáticas de ejecución coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, a partir de las cuales se pueda reducir las desigualdades sociales actualmente existentes en el país. Un tercer elemento vital para la implementación, seguimiento, control y evaluación de las decisiones y acuerdos que vayan a ser adoptados en el pacto fiscal es la necesaria creación de un Consejo Económico- Financiero –para continuar con el léxico establecido por el texto constitucional y la LMAD– que funcione periódicamente y tenga una composición intergubernamental, aunque tenga una especie de Secretaría Técnica –compuesta por especialistas en materia económica y financiera– encargada de la elaboración de estudios específicos sobre los resultados del pacto. Finalmente, la participación de la sociedad civil organizada mediante una ley de control social, se torna imprescindible para garantizar no solamente la convocatoria y gestión del pacto fiscal, sino también para la implementación, seguimiento, control y evaluación de los resultados. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POR COMPONENTE: 5X5 1. GENERACIÓN DE RECURSOS 1.1. Hacia una seguridad alimentaria para todos 1.2. Reordenamiento de los subsidios a los hidrocarburos 1.3. Control de la inflación y del poder adquisitivo de las familias 1.4. Más oportunidades de trabajo 1.5. Hacia una economía verdaderamente plural 2. CAPTACIÓN DE RECURSOS 2.1. Mejora del esfuerzo fiscal de las administraciones tributarias 2.2. Hacia una reforma impositiva global 2.3. Reglas claras para el endeudamiento interno y externo 2.4. Estudio de factibilidad para nuevas empresas públicas 2.5. Mejora del régimen impositivo sobre recursos naturales 3. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 3.1. Superación del régimen de coparticipación 3.2. Ordenamiento de las fuentes de financiamiento 3.3. Reparto de recursos hidrocarburíferos y mineros 3.4. Transferencias por resultados 3.5. Fondos de compensación transitorios 4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS 4.1. Recursos autonómicos con carácter autónomo 4.2. Responsabilidad fiscal compartida 4.3. Hacia un costeo de competencias 4.4. Rendición de cuentas 4.5. Fondos de reservas internacionales 5. GESTIÓN PÚBLICA 5.1. Sistemas de administración y control 5.2. Sistemas de planificación y presupuestos 5.3. Gestión por resultados 5.4. Sistemas de recursos humanos 5.5. Reforzamiento de la institucionalidad
9. 7 E l pacto fiscal que buscamos se materialice en el país, a mediano plazo, es tanto un anhelo nacional construido con base en el nuevo modelo de Estado, como una visión de acuerdo de carácter internacional. Complementa de esta manera el resultado, la consecuencia de un proceso iniciado con la refundación constitucional, con un marco teórico y práctico específico ya recreado en otras latitudes. En el transcurso de nuestra historia, la construcción de una visión de Estado, cuyo objetivo central sea el desarrollo del ser humano, estuvo supeditada a las voluntades políticas y a la disponibilidad de recursos fiscales. Bajo esta premisa, la generación de riqueza fue una tarea prioritaria, así como el impulso de una serie de reformas estructurales orientadas a estabilizar la economía, generar una disciplina fiscal y modernizar el Estado. Paralelamente, se dieron reformas en el área social y, sin lugar a dudas, la transformación más importante estuvo dada por la Ley de Participación Popular (de abril de 1994), que estableció la descentralización administrativa por la vía municipal y la incorporación de las grandes mayorías en los niveles de decisión local. Las medidas de reforma estructural fueron amplias y abarcaron también un largo período, de manera que tocaron ámbitos muy importantes. No se puede dejar de reconocer que muchas de ellas reconfiguraron al Estado boliviano y colaboraron al desarrollo institucional. En todo caso, la mayor de las críticas se refiere a que en ese período se hizo escaso esfuerzo en la redistribución de los recursos y que fue poco el avance con relación a la disminución de la pobreza. Paralelamente, el sistema político estuvo alejado de las grandes demandas de la población, debido a sus estructuras caudillistas y clientelares, la falta de una verdadera visión de desarrollo económico y social del país y, la poca apertura para el diálogo y la concertación. A la postre, este sistema político que no acompañaba el sentimiento popular se desmoronó y, con ello, las posibilidades de la población de poder acceder por esta vía a las instancias del desarrollo. Estos elementos son los que configuran el escenario para que la población, a partir de octubre de 2003, y dentro de un marco de crisis política y social, demandara la realización, entre otros, de una Asamblea Constituyente (AC), a fin de acordar el diseño de un nuevo país que dé respuesta a los problemas estructurales que derivan en la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y la exclusión de las grandes mayorías de la población. La Constitución Política del Estado (CPE), resultante del proceso constituyente, introduce dos cambios significativos: i) la profundización del proceso de descentralización, a través de las autonomías, configurando con ello el escenario para la reconfiguración del Estado y su acercamiento a las demandas de la población y; ii) el reconocimiento de los pueblos indígena originario campesino, generando una mayor participación e inclusión en la vida política y social del país. Sin embargo, transcurridos algunos años desde la aprobación de la nueva CPE, son más las voces que expresan que la misma no es la solución definitiva a los grandes problemas anotados anteriormente, Introducción
10. persistiendo las grandes contradicciones que deben ser resueltas mediante un proceso complementario de concertación, a través de un de pacto fiscal. Adicionalmente, la crisis del sistema político nos condujo a un peligroso monopartidismo que, al no estar acompañado de un marco adecuado para la concertación y la gestión, genera un proceso continuo dedes-institucionalizacióndelEstado,quenopermite la aplicación plena de la CPE, así como tampoco aprovechar el contexto internacional favorable de precios altos para nuestras materias primas y, con ello, reconducir nuestra economía y sociedad hacia los objetivos de desarrollo. Existe un sentimiento cada vez más fuerte de reencauzar el proceso de cambio iniciado a partir del 2006, para encontrar soluciones definitivas a los problemas estructurales, a través de acciones concertadas entre el Estado y la sociedad civil. En este escenario se presenta el pacto fiscal como la gran oportunidad para que entre todos los bolivianos y bolivianas podamos acordar nuestro futuro, delineando el modelo de Estado y sociedad que queremos construir, con base en acuerdos nacionales ycompromisosrecíprocosdelEstadoydelapoblación para sentar las bases de nuestro desarrollo, orientado al bienestar ciudadano. Por la importancia del tema, se han presentado diferentes propuestas por distintas instituciones y actores; sin embargo, algunas sólo consideran la distribución de recursos financieros entre los diferentes niveles de gobierno, sin considerar las diferentes fases de la política fiscal; otras propuestas tienen un fuerte enfoque regional y local, olvidando la existencia de un nivel central que, a través del Tesoro General del Estado (TGE)1 , es el que incurre en los mayores gastos del Estado. Por este motivo, el presente documento tiene el objetivo de coadyuvar a sentar las bases para la construcción de un pacto fiscal en Bolivia, considerando como punto central el bienestar de la población, contribuyendo a crear las condiciones que permitanquetodoslosbolivianosybolivianaspuedan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. El pacto fiscal demandará la expresión de una voluntad política de los líderes nacionales, regionales y locales, así como de las organizaciones sociales, para generar un gran acuerdo nacional. El pacto fiscal debe ser visto como un proceso de largo plazo, el cual define las grandes líneas de acción, los principios rectores y los mecanismos de participación social, es decir, marca la direccionalidad a seguir, en la cual se debe regir la política pública de largo plazo y con visión de país. En cuanto a la organización del documento, luego de esta sección introductoria, se cuenta con tres secciones. La primera sección describe los antecedentes que dan origen a la necesidad de construir un pacto fiscal, rescatando las propuestas presentadas y las enseñanzas de la experiencia internacional. La segunda sección propone los lineamientos del pacto fiscal en Bolivia, a partir de la definición de su objetivo y los componentes basados en la generación, captación, distribución y utilización de los recursos públicos. Finalmente, la tercera sección establece los mecanismos de implementación del pacto fiscal, considerando la participación de la sociedad civil en la definición de su futuro, el proceso de construcción de los acuerdos nacionales y la sostenibilidad institucional que permita pasar de las propuestas a la acción efectiva. 1. La CPE cambió la denominación de Tesoro General de la Nación (TGN) por Tesoro General del Estado (TGE).
11. 9 1.1 Pacto fiscal: la complementación del proceso constituyente y autonómico A partir del 2006, Bolivia vivió un proceso constituyente que fue fruto tanto de demandas que surgieron en la década de los años 90 del siglo pasado como de los conflictos generados en la primera década del siglo XXI. Luego de instalada, la Asamblea Constituyente trabajó más de dos años para la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado y de esta manera responder y resolver las falencias del Estado republicano, es decir la pobreza, la desigualdad y la discriminación (UNIR, 2009). Durante el proceso constituyente se vivieron importan- tes conflictos que estuvieron a punto de detener total- mente el trabajo de la AC. Los más importantes fueron el embrollo de la aprobación del texto constitucional por votación de dos tercios de los asambleístas y el tema de la capitalidad plena, el cual se convirtió en el principal pedido del pueblo sucrense, como contraposición a la postura de La Paz (“la sede no se mueve”). En 2007, luego de los 12 meses establecidos para el trabajo de la Asamblea Constituyente, el texto fue apresuradamente aprobado en la ciudad de Oruro, pero, debido a la resistencia que generó la forma en la que fue aprobado y los contenidos que no fueron debidamente consensuados entre la totalidad de los asambleístas, fue necesaria la negociación con diferentes sectores de la sociedad y la oposición política. De esta manera se generó un proceso de revisión y modificación por parte de los partidos políticos y los legisladores de las cámaras de diputados y senadores (Parlamento Nacional) que duró alrededor de 10 meses. En este proceso se modificó significativamente el texto constitucional. Debido a la delicada situación política y los conflictos que se vivieron durante el periodo constituyente, los contenidos en la CPE, incluyendo aquellos referidos al ámbito fiscal, respondieron más a una visión política que técnica, lo que ocasionó que se deje de lado la necesaria reconfiguración hacia una distribución más equitativa de recursos estatales. Por dar un primer ejemplo,seconfirmóelmantenimientodeloquehasta entonces fue –y con pequeños cambios posteriores continua siendo- la distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno. Lo que sí constituyó un primer gran avance, desde un puntodevistadelgastoydelfuncionamientoautonómico de la CPE, es que ésta distribuye de manera detallada las competencias y, por ende, las obligaciones entre los diferentes niveles de gobierno, aunque volviendo al tema fiscal, no se establece una relación clara entre las competencias y las fuentes de financiamiento de las mismas, quedando establecido que los diferentes niveles autonómicos deben recurrir a las fuentes de ingresos ya existentes para financiar su ejercicio. Más específicamente, se abrió una primera vía para el ejercicio de dominios tributarios originarios por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), a través de la competencia compartida “Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivodelosgobiernosautónomos”2 ,lacompetencia Pacto fiscal, una agenda pendiente 1 2	CPE, Art. 299.I.7.
12. exclusiva departamental “Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponiblesnoseananálogosalosimpuestosnacionales o municipales”3 y la competencia exclusiva municipal “Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales”4 .Estas competencias, finalmente, serán englobadas bajo una perspectiva central, posible a través de la interpretación de la distribución constitucional competencial y de la existencia de la competencia exclusiva del nivel central del Estado “Política Fiscal”5 . Ése es el carácter actual de la Ley 0154 “de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos”, que fusiona la regulación de creación de impuestos subnacionales con base al reparto competencial, con la clasificación impositiva existente en la CPE en su artículo 323.III. Esta fusión contemplada en la Ley 0154 muestra el carácter del tratamiento fiscal-financiero del régimen autonómico boliviano en la CPE, repartido o dividido en disposiciones presentes en la tercera parte “Estruc- tura y organización territorial del Estado” y la cuarta parte “Estructura y organización económica del Es- tado”, y la preponderancia del nivel central del Estado en por lo menos tres aspectos: el régimen tributario correspondiente a los distintos niveles de gobierno, el régimen de deuda pública que también se abre a los niveles subnacionales y las normas de carácter presu- puestario. Es así que el artículo 322.III establece que el presupuesto del Estado que el Órgano Ejecutivo (del nivel central del Estado) debe presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe incluir a todas las entidades del sector público, lo cual incluiría a las En- tidades Territoriales Autónomas, que si bien son jus- tamente “autónomas”, hacen aprobar sus presupuestos en un órgano legislativo correspondiente a otro nivel de gobierno. Finalmente, el artículo 340 habla de la in- versión independiente de los respectivos presupuestos subnacionales, de acuerdo con las normas establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. Desde el punto de vista del manejo de la deuda, es también competencia exclusiva del nivel central del Estado la deuda interna y la externa6 , aspecto que también aparece en la lista de atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en los Art. 158.I.8 y 159.I.8 como en el Art. 322 de la CPE. Esta asignatura está mejor definida en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). El capítulo cuarto “Bienes y recursos del Estado y distribución” de la cuarta parte es otra sección de la Constitución que contiene disposiciones ligadas al régimen autonómico nacional; como resultado de distintas negociaciones, este capítulo cuarto contiene un artículo específico en cuanto a recursos departamentales, lo cual no existe para el nivel municipal ni para otro nivel de gobierno autónomo. Más aún, en el capítulo tercero de hidrocarburos (cuarta parte), artículo 368, se consolida el reparto de las regalías hidrocarburíferas departamentales, asegurando el 11 por ciento para aquellos departamentos productores. El régimen económico de la CPE incluye, en todo caso, aspectos que superan al meramente autonómico, de eso trata el Título I “Organización Económica del Estado” de la cuarta parte de la Constitución. En esta sección de la CPE se define, por ejemplo, el modelo económico boliviano: la economía plural constituida por formas de organización pública, privada, comunitaria y social-cooperativa, cuya igualdad jurídica también está reconocida. Se define adicionalmente la función del Estado en la economía, las políticas productiva, industrial, comercial, fiscal, monetaria, financiera y sectorial del Estado. El título II de medio ambiente, recursos naturales, tie- rra y territorio también corresponde a la parte econó- mica del Estado, aunque, probablemente i) no todos los aspectos de estos sectores deberían tener una visión económica y ii) otros sectores menos priorizados me- recerían en su caso una visión estratégica reflejada en la Constitución, como lo tiene, por ejemplo, el desa- rrollo rural en el título III de este régimen económico. 3	CPE, Art. 300.I.22. 4	CPE, Art. 302.I.19. 5	CPE, Art. 298.II.23. 6	CPE, Art. 298.II.34.
13. 11 Desde el punto de vista autonómico, bajo este escenario constitucional en el cual el texto de la CPE no pudo eliminar las desigualdades en la distribución de recursos, sí se dejó abierta la posibilidad de una modificación a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). Sin embargo, debido a las tensiones políticas durante la discusión de dicha norma, se mantuvo el esquema inequitativo de distribución de recursos. El artículo 271 de la CPE señala que la “Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas”. Este régimen económico-financiero está presente en el Título VI de la LMAD, aunque, como dice el artículo 101, es más restringido a lo fiscal que a lo económico, enunsentidoamplio(“elrégimeneconómicofinanciero regulalaasignaciónderecursosalasETAylasfacultades para su administración…”). Los primeros capítulos definen justamente los recursos de las ETA, sin mayores novedades con respecto al reparto establecido en las leyes de Participación Popular y de Hidrocarburos, para mencionar las más importantes, y la administración de estos recursos. Los siguientes capítulos definen temas de transferencias intergubernamentales y de gestión presupuestaria. El último capítulo de ese título habla del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, que sería una de las piezas importantes de reestructuración del reparto de los ingresos fiscales una vez puesto en marcha (que a tres años de la LMAD no se opera y no se ha reglamentado). La LMAD tiene otras secciones que tambiénsonpertinentesparaunafuturadiscusiónfiscal, entre las cuales están el reparto competencial ligado a temas económicos, la coordinación y la planificación del Estado, y el control y la participación social. Es necesario mencionar una última ley en el tema de las relaciones fiscales intergubernamentales. Ésta es la Ley 0154 “De clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos” que unifica la atribución de la ALP de clasificar los impuestos de los distintos niveles de gobierno con la competencia compartida de regular la creación de los impuestos subnacionales. Aquí se asumió una interpretación particular de la potestad tributaria que laCPEbrindóalasETA.Porunlado,secerróeldominio tributario subnacional a aquel definido en la norma y, Cuarta Parte Estructura y organización económica del Estado Título I Organización Económica del Estado Capítulo I Disposiciones Generales Capítulo II Función del Estado en la Economía Capítulo III Politicas Económicas Capítulo IV Bienes y recursos del Estado y su distribución Título II Medio Ambiente, RRNN, Tierra y Territorio Capítulo I Medio Ambiente Capítulo II RRNN Capítulo III Hidrocarburos Capítulo IV Minería y metalurgia Capítulo V Recursos hídricos Capítulo VI Energía Capítulo VII Biodiversidad, coca, áreas protegidas y recursos forestales Capítulo VIII Amazonía Capítulo IX Tierra y territorio Título III Desarrollo rural integral sustentable Segunda parte Estructura organización funcional del Estado Título I Órgano Legislativo Capítulo I Composición y atribuciones de la ALP Tercera Parte Estructura organización territorial del Estado Título I Organización territorial del Estado Capítulo VIII Distribución de competencias CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADORégimen Económico Régimen fiscal-financiero autonómico
14. por otro lado, se definió un control de estos dominios por parte del nivel central del Estado, a través de su ministerio cabeza de sector. Estas determinaciones confirmarían la estructura tradicional del régimen de financiamiento autonómico, altamente basado en transferencias desde el nivel central del Estado a los gobiernos subnacionales, el cual, en un Estado descentralizado, debería ser uno de los puntos centrales de una negociación fiscal. Afortunadamente, la LMAD pudo abrir el camino para la realización del pacto fiscal a través de la disposición transitoria decimoséptima, estableciendo el inicio del pacto a los seis meses posteriores a la presentación de los resultados del Censo realizado a fines del 2012; estimando un año para la preparación de estos resultados, el pacto fiscal debería comenzar a más tardar en 2014. Sin embargo, el pacto fiscal no tendría que ser sólo un acuerdo entre niveles de gobierno. Se ha visto que la CPE incluye una serie de temas ligados a lo que se interpretaría como “fiscal”, que incluye todos los temas concernientes al erario público. Por ejemplo, queda en el tapete la discusión del tema productivo, donde el Estado tiene un papel preponderante según la Constitución de 2009. En esa línea se promulgó la Ley 0144, “De revolución productiva comunitaria agropecuaria”, que establece 16 políticas de Estado: 1. Fortalecimiento de la base productiva. 2. Conservación de áreas para la producción. 3. Protección de recursos genéticos naturales. 4. Fomento a la producción. 5.	Acopio, reserva, transformación e industrialización. 6. Intercambio equitativo y comercialización. 7. Promoción del consumo nacional. 8. Investigación, innovación y saberes ancestrales. 9. Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 10. Gestión de riesgos. 11. Atención de emergencias alimentarias. 12. Garantía de provisión de alimentos a la población. 13.	Garantía de una alimentación y estado nutricional adecuados. 14.	Gestión territorial indígena originario campesino. 15. Seguro Agrario Universal. 16. Transferencias. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN PACTO FISCAL INTERGUBERNAMENTAL... Título II Régimen económico financiero Capítulo I Objetivo y lineamientos Capítulo II Recursos de las entidades territoriales autónomas Capítulo III Administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas Capítulo IV Transferencias Capítulo V Gestión presupuestaria y responsabilidad social Capítulo VI Fondo de desarrollo productivo y solidario ...GLOBAL Título I Régimen competencial Capítulo I Competencias Capítulo II Reserva de ley, transferencia y de legación competencias no previstas Capítulo III Alcance de las competencias Titulo VII Coordinación entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autonómicas. Capítulo II Consejo nacional de autonomías CapítuloIII Servicio estatal de autonomías Capítulo IV Planificación Titulo VIII Marco general de la participación y control social en las Entidades Territoriales Autónomas Capítulo I Participación social Capítulo II Control social
15. 13 En la segunda parte de este estudio se definen con mayor precisión la lista de posibles temas de negociaciónparaunpactonacionalque,naturalmente, estará influenciado por el texto constitucional y por las leyes ya promulgadas hasta el presente, de las cuales se han mencionado las más relevantes. 1.2 Necesidad de replanteo de la agenda económica y su orientación en beneficio de la población Durante los últimos años, Bolivia ha vivido un proceso de constante crecimiento, esto en parte debido a la extraordinaria bonanza de recursos que sustentan el funcionamiento de la economía, originados principalmente en el alza de los precios de las exportaciones de materias primas bolivianas y el marco impositivo vigente desde 2005, que creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Es así que el momento más agudo de la crisis internacional de 2008, el barril de petróleo cayó al rededor de $us 30 el barril, pero recuperó hasta llegar a $us 113 en abril de 2011, un nivel que se acercó a los altos precios precrisis, cuando el barril de petróleo llegó a un precio récord de $us 145, el año 2007. Es indudable el efecto positivo que tuvo el contexto internacional en las variables macroeconómicas internas. La vigorosa expansión mundial benefició a la economía boliviana a través del incremento internacional de precios y la demanda creciente por las materias primas. Este flujo singular y extraordinario de ingresos generó un alto nivel de estabilidad de la economía nacional, incrementando las reservas internacionales y los ingresos fiscales. Durante los últimos cinco años el PIB creció a una tasa promedio de 4.6%; una tasa positiva pero aún insuficiente para lograr cambios sustanciales en el desarrollo del país. Según algunos estudios se estima que el país requiere crecer a una tasa del 9% durante 15 años para poder alcanzar un nivel de desarrollo similar al de Argentina. Sin embargo, el crecimiento registrado no tiene nada de extraordinario si comparamos con crecimientos similares registrados a mediados de los años 90 y superiores en los años 70, con la diferencia que en los últimos años tuvimos un mejor contexto internacional que nos permitió mejorar extraordinariamente los ingresos, pero que no se tradujo en un mayor crecimiento. Fuente: Elaboración de Fundación Jubileo con base en datos del WTI Evolución del precio del petróleo WTI (octubre 2007 - abril 2013) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 US$/BarrildePetróleo 03-oct-07 03-oct-08 03-oct-09 03-oct-10 03-oct-11 03-oct-12 95,25 77,91 112,31 31,1 145,31 79,97
16. A pesar de la gran cantidad de recursos disponibles, la faltadeacompañamientoenlagestiónpúblicaconllevó a que el Plan Nacional de Desarrollo, para “impulsar el desarrollo productivo y la industrialización de los recursos naturales”, no pueda ser implementado en su integridad. Los indicadores macroeconómicos, en constante mejoría, fueron la base para respaldar las decisiones políticas del gobierno, relegando a un segundo plano a la economía. Los recursos fiscales se orientaron sobre todo al gasto corriente, incrementando la burocracia estatal y el consumo de las entidades públicas, generando una mayor expansión monetaria, inflación, alta dependencia del Estado y el consiguiente deterioro del TGE que empezó a mostrar signos de iliquidez a partir del 2009. Estos elementos llevaron a continuar conlapolíticaextractivadehidrocarburosyminerales, los dos sectores que mayores recursos contribuyen al erario nacional, relegando la industrialización y la diversificación productiva. Una vez más el Estado fue incapaz de dar una respuesta a los problemas económicos de la ciudadanía, postergando nuevamente sus aspiraciones, aunque esta vez ya no por falta de recursos, sino por la ausencia de políticas públicas orientadas a incentivar el aparato productivo, alentar la diversificación de exportaciones, generar fuentes de empleo sostenibles y encarar de forma estructural la reducción de la pobreza. En materia social, se redistribuyeron algunos recursos hacia los más pobres, mediante los Bonos Renta Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla; si bien las medidas sociales fueron destacadas, no son suficientes para generar un impacto significativo en losnivelesdepobrezayenalgunoscasossoncriticadas por su falta de vinculación al sector productivo y por el ahondamiento del rentismo. Algunos indicadores muestran que la bonanza de los últimos años ha permitido la reducción de los índices de pobreza y la mejora en las condiciones de vida en el ámbito nacional; sin embargo, queda pendiente el análisis de si estos esfuerzos son suficientes o si los principales problemas de la economía boliviana son en realidad estructurales. En todo caso, es necesario que la agenda económica pase a un primer plano para solucionar los problemas de la población referidos al empleo y los ingresos. Retomando el tema de la asignación fiscal, una de las principales causas para los problemas de crecimiento de Bolivia es que los recursos estatales no han sido adecuadamente distribuidos, ocasionando desequilibrios verticales (diferencias en la asignación de recursos entre niveles de gobierno) y desequilibrios horizontales (diferencias en las asignaciones de recursos entre entidades de un mismo nivel, ya sean municipios o gobernaciones). Esta característica del reparto de los recursos públicos ha sido ampliamente explicada7 . A manera de ejemplo, se puede observar en el cuadro siguiente cómo se distribuyen los ingresos y gastos per cápita entre el gobierno central (TGE), los departamentos y los municipios. Como se puede apreciar, la variación de los recursos con los que dispone cada nivel de gobierno varia significativamente, evidenciando la existencia de desequilibrios verticales. Los gobiernos subnacionales no llegan, ni agregándose ambos, al nivel de recursos y gastos administrados por el nivel central del Estado. Para el año 2013, gobernaciones y municipios tuvieron una asignación de ingresos conjuntos de Bs 2.195 por persona, contra Bs 5.185 por persona del nivel central del Estado (la distribución de competencias puede ser una de las mayores explicaciones, pero ¿es el reparto competencial actual “equilibrado” verticalmente?) 7	Fundación Jubileo (2011).
17. 15 Bolivia: Desequilibrios verticales Ingresos y gastos per cápita (En bolivianos) DETALLE 2012 2013 TGN DPTOS. MUN. TGN DPTOS. MUN. INGRESOS 4.179 677 1.150 5.185 859 1.336 GASTOS 5.048 861 1.218 5.693 1.062 1.485 RESULTADO -869 -184 -68 -508 -203 -149 Fuente: Elaboración de Fundación Jubileo con base en datos de PGE. Siseobservacómoestápresentadaladistribuciónentregobernaciones,seevidencialaexistenciadedesequilibrios horizontales que implican, por ejemplo, que en Tarija se tenga un gasto de más de 7.600 bolivianos por habitante y en La Paz el gasto apenas alcanza a menos de 450 bolivianos por habitante. Bolivia: Desequilibrios horizontales departamentales Ingresos y gastos per cápita (2013) (En bolivianos) DETALLE CHUQ. LA PAZ CBBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL INGRESOS 1.064 394 432 934 1.076 5.388 532 1.211 2.941 859 GASTOS 1.168 445 505 873 1.589 7.631 632 1.102 3.064 1.062 RESULTADO -104 -51 -73 61 -514 -2.243 -100 109 -123 -203 POBLACIÓN Censo 2012 600.728 2.741.554 1.938.401 490.612 798.664 508.757 2.776.244 425.780 109.173 10.389.913 Fuente: Elaboración de Fundación Jubileo con base en datos de PGE. Finalmente, en el caso de los gobiernos municipales, se puede observar que también existe un desequilibrio horizontal, ya que mientras en Cobija se gastan más de 5.600 bolivianos por habitante, en El Alto esta cifra alcanza a menos de 900 bolivianos por habitante. Bolivia: Desequilibrios horizontales municipales Ingresos y gastos per cápita (2013) (En bolivianos) DETALLE SUCRE LA PAZ EL ALTO CBBA ORURO POTOSÍ TARIJA STA. CRUZ TRINI. COBIJA RESTO MUN. TOTAL INGRESOS 1.545 1.528 815 1.464 1.991 1.633 2.149 1.305 1.970 4.692 1.227 1.306 GASTOS 1.826 1.967 897 1.973 2.701 1.858 3.085 1.616 2.624 5.626 1.181 1.453 RESULTADO -282 -439 -82 -510 -709 -225 -936 -312 -653 -934 46 -146 POBLACIÓN Proyec. 2010 INE (Base Censo 2001) 284.032 835.361 953.253 618.376 216.724 154.693 194.313 1.616.063 92.587 41.948 5.617.144 10.624.495 Fuente: Elaboración de Fundación Jubileo con base en datos de PGE.
18. Más allá de las cifras de la desigual distribución de ingresos y gastos estatales, están los efectos que ésta produce, ya que la misma se traduce en niveles diferentes de inversión y, por consiguiente, niveles diferentes de desarrollo entre regiones, llegando incluso a incrementarse las diferencias entre los habitantes de un municipio o departamento con relación a habitantes de otros municipios o departamentos. De mantenerse esta situación, a futuro se tendrá situaciones extremas donde se podrá constatar la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde la calidad y cantidad de servicios públicos variará de manera importante dependiendo de dónde viva una persona. De esta manera, y a partir de lo expuesto, se puede concluir que la redistribución de ingresos a través de un pacto fiscal no sólo es deseable sino necesaria para eliminar las diferencias y redistribuir los ingresos de manera que se puede luchar de manera más efectiva contra la pobreza. 1.3 Buscando la uniformidad de enfoques La idea de un pacto fiscal en Bolivia surgió a mediados de los años 2000 y se empezó a manifestar con más fuerza a partir de la redistribución de los recursos del IDH, a finales de 2007, en medio de la oposición de los departamentos a la mencionada medida, puesto que el equilibrio entre departamentos y municipios estaba siendo modificado por la distribución de los recursos del IDH. Con el tratamiento del nuevo texto constitucional, fueron entonces los gobiernos municipales, a través de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), quienes en diciembre de 2007 plantearon una propuesta de pacto fiscal, presentándola oficialmente al gobierno central en enero de 2008. La redistribución del IDH se convirtió en uno de los temas centrales del diálogo nacional convocado en Cochabamba en octubre de 2008, dentro de las negociaciones sobre las reformas al texto constitucional que luego sería aprobado por la Asamblea Constituyente. Es así que se define el artículo 341 de la CPE, que blindaría de cierta manera los recursos departamentales, junto al artículo 368 de regalías hidrocarburíferas departamentales. La FAM plantea, como primer paso del pacto fiscal, la redistribución del IDH para la compensación de desequilibrios. Sin embargo, la propuesta global es mucho más profunda, puesto que no se remite a un simplerepartoderecursosfiscales.LaFAMplanteamás específicamente los siguientes aspectos estructurales: •	Un acuerdo político entre los distintos niveles de Estado y los sectores sociales. •	El establecimiento de mecanismos de transparencia para la administración y control de los recursos públicos, para que todos los niveles de gobierno cumplan con las funciones encomendadas. •	Consensos en la definición de políticas públicas, tanto sociales como económicas. •	El establecimiento de prioridades nacionales para la superación de la pobreza a partir de metas e indicadores por cada nivel de Gobierno. •	Una redefinición del marco normativo de competencias, distribución y generación de recursos de acuerdo con intereses nacionales consensuados. A su vez, la consecución del pacto fiscal permitiría, al parecer de la FAM, los siguientes beneficios: •	Políticas públicas viables, optimización en la asignación de recursos, mejor gestión pública en los distintos niveles de Estado. •	Inversión pública consensuada y planificada, que mejora la calidad de vida de todos los bolivianos. •	Distribución del gasto público equitativa y solidaria entre los diferentes niveles del Estado y entre las diferentes regiones del país, garantizando su sostenibilidad financiera. •	Seguridad normativa para el ejercicio de las competencias y funciones. •	Los municipios y el nivel departamental del Estado participan en la elaboración de políticas públicas nacionales de desarrollo, ejerciendo su ventaja en el conocimiento de la realidad local.
19. 17 •	Se promueve la corresponsabilidad en la administración y asignación de los recursos públicos en todos los niveles de Gobierno. •	Se organiza un escenario estable para la planificación estratégica de largo plazo, que hace viable el desarrollo sostenible. Como contrapropuesta, el entonces Viceministerio de Descentralización preparó un documento con su propia visión del posible pacto fiscal8 . El mismo se basó en los cinco ejes del pacto teórico propuesto por la CEPAL, el año 1998, para proponer las siguientes líneas: 1.	Institucionalidad fiscal: fortalecimiento de empresas públicas, de capacidades fiscales del Poder Legislativo, del estatuto del funcionario público, generación de información. 2.	Transparencia del gasto público: reducción de prácticas cuasifiscales y presentación de la información fiscal. 3.	Productividad del gasto público: fomentar una cultura de gestión basada en resultados, consolidación de criterios de eficiencia, descentralización de los servicios, ordenamiento del proceso de nacionalización, fomento de programas sociales. 4.	Resguardo de la equidad: conocer la incidencia de las políticas redistributivas, consolidación del gasto fiscal, discusión de un impuesto a la renta, resguardo de la equidad en la descentralización. 5.	Consolidación del ajuste fiscal: continuar la lucha contra la evasión, reforzamiento de la tributación directa, simplificación tributaria y limitación de incentivos. Otro intento en la opinión pública de poner el pacto fiscal en la mesa de discusión se dio en 2009, cuando se creó el Consejo Nacional de Autonomías y Descentralización (CNAD) como el órgano de coordinación intergubernamental dependiente del Ministerio de Autonomías. Como parte del Consejo se estableció, justamente a cargo de la FAM, la creación de la Comisión de Transferencia de Competencias y Régimen Económico de las Autonomías y Descentralización. A través de esta Comisión se podría reposicionar el pacto fiscal como un tema de interés público. Sin embargo, el CNAD perdió en poco tiempo protagonismo debido a los factores coyunturales, entre los cuales estaba la aprobación del régimen electoral y la preferencia de los distintos actores políticos a concentrarse desde entonces más en su futuro electoral que en los temas concernientes al CNAD. Ya en 2010, una vez instaurada la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, se dio lo que sería la tercera etapa de la discusión del pacto fiscal, como parte de las negociaciones de aprobación de la LMAD. Aunque el Órgano Ejecutivo excluyó el pacto fiscal del proyecto de ley que presenta a la ALP en junio de 2010, la negociación política parlamentaria permitió, en última instancia, que la LMAD incluya una disposición transitoria sobre el tema. Existen ya algunas publicaciones sobre la parte fiscal-financiera de la LMAD, las cuales hacen ya referencia al futuro pacto fiscal (Fundación Jubileo, 2010; CEDLA, 2010; Revollo, 2011). Por ejemplo, la última propuesta de Revollo (2011) contiene cinco ejes: 1.	Ingresos propios: donde se identifican los siguientes problemas: ingresos propios subnacionales limitados, capacidad de recaudacióninferioralcostodeprovisiónde los bienes, capacidades fiscales desiguales. 2.	Transferencias: donde se identifican los siguientes problemas: participación de los impuestos nacionales, con las entidades territoriales autónomas sin exclusión, crecimiento de la recaudación en Notas de Crédito Fiscal, rentas destinadas 8	“El Pacto Fiscal: Hacia la construcción de una propuesta”. Documento de trabajo, Viceministerio de Descentralización, 2009.
20. en la coparticipación de impuestos, esquema de transferencias que ocasiona desigualdades, desconocimiento en los gobiernos subnacionales de la liquidación de transferencias. 3.	Impuestos, con los siguientes problemas: limitados impuestos traspasados a los gobiernos subnacionales, capacidades limitadas para la recaudación de impuestos. 4.	Régimen competencial: donde los conflictos están en el costeo competencial inexistente, los gobiernos subnacionales no tienen autonomía plena en la gestión de sus gastos, delegación de competencias imprecisas, baja calidad del gasto y desarticulada planificación. 5.	Reglas fiscales: donde hay que dar soluciones a la dependencia de fuentes volátiles y la sostenibilidad fiscal, los múltiples gobiernos subnacionales sobre endeudados, la distribución entre gasto corriente y gasto de inversión, los férreos candados legales en la utilización de los recursos. En casi seis años, el pacto fiscal se ha posicionado poco a poco en las discusiones de política pública, especialmente respecto a temas de reparto de los ingresos fiscales. A futuro, el mayor riesgo es que el pacto fiscal se vuelva una carta blanca para que todos los actores con intereses económicos distintos introduzcan todo tipo de demandas. En ese caso, el pacto fiscal no podría satisfacer los objetivos de los actores ni las necesidades de las mayorías. De esta manera, el rentismo y la cooptación de las demandas populares por parte de gremios, algunos sectores sociales y grupos de poder regional pueden ocasionar que se pierda la visión estratégica necesaria para un desarrollo sustentable. Encarar un pacto fiscal en un país como el nuestro, con grandes problemas estructurales que inciden en el bajo nivel de desarrollo, con reducida presencia del Estado en la atención de las grandes necesidades de la población y con pocos espacios para concertar agendas, requiere sin lugar a dudas un nivel alto de participación ciudadana, pero que debe ser ordenado para lograr la uniformidad de enfoques que se presentan sobre el tema. Por el contrario, no realizar un pacto fiscal también conlleva el riesgo de posponer las necesidades de la población y hacer crecer la insatisfacción, la conflictividad, ahondar las brechas económicas y crear un clima para una convulsión social mayor a todas las anteriormente vividas. 1.4 Enseñanzas de la experiencia internacional ¿Qué es exactamente un pacto fiscal? El pacto fiscal puede tener variadas definiciones dependiendo de los actoresoinvolucradosentemas,quesongeneralmente fiscales, como su nombre lo indica. Desde las experiencias internacionales, se puede observar que hay pactos fiscales con tamaños y alcances diferentes, incluso lo que bien puede ser considerado un pacto se lo denomina de manera diferente. Esto, en realidad, es una ventaja, ya que permite que las características propias de cada proceso, de cada país, sean incluidas en su respectivo pacto fiscal. En las experiencias internacionales siguientes se observa que es necesario que previamente se determinen claramente los objetivos buscados, los actores que deben estar involucrados, el alcance concreto de la negociación, su metodología, los principios, etc. Como consecuencia del proceso de pacto fiscal vivido en Guatemala, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1998) resaltó la necesidad de consolidar los importantes avances fiscales realizados hasta ese momento en distintos países de la región, lo cual exigía consensos duraderos sobre un régimen fiscal capaz de compatibilizar la estabilidad macroeconómica con las responsabilidades públicas en materias de crecimiento de la economía y distribución de la renta, la asignación eficiente de los recursos, la adopción de políticas públicas para consolidar las reformas y la promoción de un ambiente macroeconómico estable.
21. 19 En distintas partes del mundo se han generado experiencias ligadas a lo que entenderíamos como pacto fiscal. Con características diferentes, estas experiencias pueden ser clasificadas en procesos permanentes y procesos puntuales. Ambas pueden ser tomadas en cuenta como experiencias y lecciones válidas para un pacto fiscal boliviano. A continuación se analizan cuatro casos y para cada uno de ellos se presenta el marco institucional existente, la manera en que se desarrollan los procesos de negociación y las fases necesarias para la llegada a buen término de los distintos pactos o acuerdos. Acuerdos continuos: el caso de España En España, los pactos o negociaciones fiscales se circunscriben a una dimensión territorial, donde la negociación es entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas (CA), es decir, no se incluyen otro tipo de instancias no territoriales o sectoriales. La instancia encargada de llevar adelante la coordinación de temas financieros entre las CA y el nivel central del Estado español se denomina Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esta institución se basa en el texto de la Constitución española de 1978, que indica que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Las competencias de las CA son asignadas por la Constitución de 1978, pero el sistema de financiamiento, al igual que el caso boliviano, se define mediante una ley denominada Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, del año 1980. Esta ley denominada LOFCA, en sus más de 30 años, ha sufrido varias modificaciones, pero sigue vigente. Adicionalmente al CPFF, existe una serie de comisiones mixtas de negociación bilateral, cada una para las negociaciones entre una CA y el nivel central del Estado, que fueron creadas con anterioridad al CPFF y por lo cual llegan a tener un rol tanto o más importantequeelCPFF.Lasdenominadascomisiones mixtas paritarias Estado-CA debían asegurar la financiación de las competencias a ser transferidas a las distintas CA durante un periodo transitorio, antes de la Constitución; pero, en los hechos, estas comisiones continúan en vigencia hasta hoy. Los acuerdos de estas comisiones sí son vinculantes para el nivel central, e inclusive los acuerdos del CPFF mencionado anteriormente son ratificados en las correspondientes comisiones mixtas paritarias. Algunas de las materias sobre las cuales el CPFF tiene competencias son: la emisión de los informes y la adopcióndelosacuerdosprevistosenlaLeyOrgánica, la coordinación de la política presupuestaria de las CA con la del Estado central, el estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación, el estudio, la elaboración, en su caso, y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costos de los servicios transferidos a las CA, la apreciación de las razones que justifiquen, en cada caso, la percepción por parte de las CA de las asignaciones presupuestarias; así como los criterios de equidad seguidos para su afectación, la coordinación de la política de inversiones públicas y de la política de endeudamiento. De esta extensa lista, se puede apreciar que, en general, todo aspecto de la actividad financiera de las CA y de la Hacienda del Estado –que precise de una actuación coordinada- es parte de las funciones del CPFF. El CPFF tiene un funcionamiento preciso, ya que sus decisiones se aprueban por voto de sus miembros. Los Ministros de Economía y Hacienda, y de Política Territorial del nivel central del Estado cuentan, en conjunto, con el mismo número de votos que tiene la totalidad de los representantes de las CA; es decir que las CA y el gobierno central poseen el mismo peso a la hora de votar. En una primera instancia, las decisiones se toman por dos tercios de votos; sin embargo, si no se da tal resultado en la primera votación, la aprobación en una segunda instancia sólo requiere de mayoría absoluta, luego de adoptadas ciertas recomendaciones. Sobreeste modelo dondecoexisten comisiones mixtas y CPFF existen varias críticas, especialmente sobre la naturaleza jurídica del CPFF, el cual, en realidad, es
22. sólo un ente consultivo y deliberante, puesto que sus acuerdos tienen vinculación jurídica en la medida en que posteriormente se implementen a través del Parlamento, mientras que las comisiones paritarias son vinculantes. En una regular historia de negociaciones quinquenales, la última negociación del sistema de financiamiento español se empezó a gestar el año 2005. Existe una instancia adicional denominada Conferencia de Presidentes, creada recién en 2004 –otro mecanismo de coordinación nacional, con presencia de los presidentes del Estado y de las CA-, la cual, el mes de septiembre de 2005, empezó a negociar la revisión del último sistema de financiación para las CA de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra, cuyo sistema de financiamiento es distinto), debido especialmente a pedidos sobre la prestación pública de los servicios de sanidad y al incremento de la población de forma heterogénea, producto principalmente de la inmigración que causaba nuevas desigualdades horizontales. Durante tres años, en el marco del CPFF, pero bajo la dirección del Ministerio de Economía y Hacienda, se prepararon primero los principios y procedimientos para la reforma del sistema de financiación. Y, posteriormente, en el CPFF de julio de 2008, la propuesta final denominada “Bases para la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común”. Con base en esta nueva propuesta se procedió a una ronda de negociaciones bilaterales CA-nivel central para, a finales de 2008, remitirse una propuesta base de acuerdo, la “Reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía”. Con base en este documento, el CPFF aprobó la reforma final del sistemadefinanciaciónmedianteacuerdo,amediados de 2009. Este acuerdo fue aprobado con votos a favor de los ministros del nivel central del Estado; es decir de la mitad de los votos totales, más los votos de nueve de las quince CA de régimen común. Puesto que los acuerdos deben ser confirmados por norma, el Gobierno central recogió las recomendaciones del acuerdo de julio y presentó un proyecto de ley dos meses después. Algunas CA presentaron observaciones al proyecto de ley en el seno del CPFF de octubre de 2009, las cuales no fueron tomadas en cuenta, al considerar la presidencia del Consejo que las mismas debían ser ya presentadas como enmiendas al proyecto de ley dentro del Parlamento. Finalmente, se aprobaron las leyes que cerraron el acuerdo. El proceso duró, por lo tanto, más de cuatro años. Esta reforma de 2009 se estructura en torno a cuatro ejes básicos: i)	Incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas. Se crean dos fondos, uno de competitividad y otro de cooperación. El primero se reparte anualmente entre las CA que tengan financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, calculada en función de su población ajustada relativa (por servicio prestado). El segundo fondo está destinado a aquellas CA que tengan un PIB per cápita inferior a 90% de la media, que tengan una densidad poblacional inferior a 50% de la densidad media o que tengan un crecimiento de población inferior. También se garantiza que ninguna CA reciba menos recursos de los que recibía antes de la reforma, mediante la creación de un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Adicionalmente, se mejora la aplicación de criterios para la medición de las distintas necesidades. ii)	Refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar en el marco de la estabilidad presupuestaria. Se modifican los criterios de distribución de recursos fiscales, tomando en cuenta los cambios en cuanto a población, dispersión, extensión territorial y la atención a las personas en situación de la tercera edad y discapacitados; se mantiene el déficit público en niveles que garantizan sostenibilidad y que toman en cuenta la normativa de la Unión Europea.
23. 21 iii)	Mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Se incluye la posibilidad de realizar una actualización anual de las variables que determinan los requerimientos de financiación, adicionando a aquella evaluación quinquenal de los elementos estructurales del sistema. Eso significa que este último acuerdo no descarta una nueva modificación sustancial del sistema de financiamiento, lo cual se fue dando naturalmente en los 20 años anteriores. iv)	Aumento de la autonomía y la corresponsabi- lidad. Se definen incrementos en la cesión de impuestos por parte del gobierno central a las CA, de la siguiente manera: de 33% a 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi- cas; de 35% a 50% del Impuesto al Valor Aña- dido; de 40% a 58% de los Impuestos Especia- les de Fabricación sobre bebidas alcohólicas, tabacos e hidrocarburos; se confirma, además, la cesión de 100% de la recaudación líquida del Impuesto sobre la Electricidad. Se incremen- tan las capacidades normativas autonómicas sobre los tributos cedidos parcialmente. Se re- fuerza la participación y la colaboración recí- proca entre las administraciones tributarias de las CA y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Desdeestepuntodevistatributario,semejoralaentrega a cuenta y la liquidación definitiva de los ingresos por impuestos repartidos al nivel subnacional. Es decir, las CA reciben anualmente los ingresos correspondientes a los pagos adelantados para cada uno de los impuestos y fondos que les sean de aplicación y, posteriormente, cuando se conocen los valores finales de estos ingresos, se define la liquidación definitiva que corresponda, calculada a partir de la diferencia entre el importe de los valores definitivos de los mismos y las entregas a cuenta percibidas (no como el IDH nacional, donde la liquidación se efectúa tres meses después). Se verifica, entonces, la existencia de una serie de instituciones con una tradición de más de 30 años, y procesos de negociación largos (el último de más de cuatro años); pero estables. Acuerdos supra-fiscales: Australia En Australia, las negociaciones respecto al régimen fiscal también se realizan de manera bilateral, entre el Gobierno Federal y el nivel intermedio, el cual está compuesto por seis estados y dos territorios (Territorio Capital y Territorio Norte). Como en el caso español, no existe una periodicidad para las negociaciones, por lo que sólo se han realizado dos grandes reformas fiscales, y varios arreglos menores, pero sí un entramado institucional pre-establecido y listo para ser utilizado. Existen dos instancias políticas y dos instancias técnicas. ElConsejodeGobiernosAustralianos(COAG,porsus siglas en inglés) es el foro intergubernamental de más altonivel,elcualincluyealasprimerasautoridadesdel Gobierno Federal y de los gobiernos subnacionales, es decir, el Primer Ministro, los Premier estatales y Chief Minister territoriales, además del Presidente de la Asociación de Gobiernos Locales, entidad similar a la FAM. El COAG inicia, desarrolla y monitorea la puestaenmarchadereformaspúblicasdeimportancia nacional para las cuales es necesaria la cooperación entre gobiernos. Este Consejo es, como se dice precedentemente, convocado según requerimiento. Sus resultados son comunicados de manera pública y los acuerdos formales son entregados en forma de Acuerdos Intergubernamentales, figura que es posible en Bolivia según los artículos de la sección de coordinación de la LMAD. UnasegundainstanciaeselConsejoparalaFederación Australiana (CAF), como instancia asociativa que reúne a los primeros ministros estatales y jefes de gabinete territoriales. Sus decisiones no requieren un consenso total; es decir, no existen representantes del Gobierno Federal ni de los gobiernos locales. Las dos instancias de carácter técnico son el Consejo Australiano de Préstamos (ALC, en inglés), que se ocupa de los temas de deuda; y la Comisión de Transferencias del Commonwealth (CGC), que se
24. ocupa de los temas de transferencias. El ALC regula el endeudamiento tanto de la Federación como de los estados; se constituye formalmente como un Consejo de Ministros Commonwealth (Federación)-Estados, del cual participan los tesoreros del Gobierno Federal y de los gobiernos del nivel intermedio. La CGC se encarga de recomendar al Gobierno Federal sobre cómo lograr la equidad horizontal entre estados, mediante la modificación del régimen de las transferencias desde el nivel federal hacia los mismos; esta tarea se efectúa mediante la distribución entre estados y territorios de la totalidad de los ingresos generados por el impuesto sobre bienes y servicios de carácter nacional. Hay que tomar en cuenta que, al mismo tiempo, también existe un desequilibrio vertical, puesto que el Gobierno Federal tiene un 81% de los ingresos del sector público, pero sólo un 61% de los gastos, sobre el cual la CGC no tendría competencia. La CGC empezó su rol hace 80 años, en 1933,conelyamencionadoobjetivodeigualdad,ybasa su trabajo en los términos de referencia emitidos por el Ministro de Finanzas de Australia. Estos términos de referencia son consensuados de manera previa con los respectivos tesoreros de los estados y territorios. Más exactamente, el trabajo de la CGC se hace en consulta con los estados; pero sus recomendaciones no están establecidas por éstos. Luego del correspondiente trabajo, las recomendaciones del CGC son puestas a consideración en las reuniones anuales de los tesoreros del Gobierno Federal, de los estados y de los territorios (el Consejo Ministerial Commonwealth-Estados). La última negociación federal se inició en 2008. Siguiendo recomendaciones de los distintos tesoreros, tanto el federal como los estatales, el COAG definió los elementos clave a ser incluidos en el nuevo acuerdo, programado para finales de ese año. El trabajo fue asignado a los mismos tesoreros y a grupos de trabajo del COAG. La novedad es que este acuerdo de financiamiento estuvo acompañado de otros seis acuerdos nacionales sectoriales en las áreas de salud, vivienda, educación, empleo, discapacidad y naciones indígenas. En noviembre de 2008 se llegó al acuerdo unánime sobre la reforma del sistema fiscal intergubernamental australiano, que reemplazó al acuerdo anterior de 1999. El acuerdo también ha sido recogido por el Parlamento en el Acta (legislación) sobre las Relaciones Financieras Federales de marzo de 2009, para su aplicación desde abril del mismo año; es decir, hay una etapa de confirmación legislativa posterior a los acuerdos. El acuerdo de 2008-2009 establece que las nuevas relaciones financieras federales se dan en un nuevo marco, el cual incluye principios, objetivos y programas. Los objetivos del acuerdo son: arreglos de mutua cooperación junto a responsabilidades y roles específicamente definidos, y ajustes financieros equitativos y sostenibles; administración reducida y gastos que se acomoden a la normativa, mejor rendición de cuentas (reportes de desempeño estandarizados, simples y transparentes, con enfoque hacia resultados; provisión eficiente de servicios y reportes públicos oportunos); incentivos para llevar adelante reformas económicas y sociales; pago del Impuesto a Bienes y Servicios equivalente a los recursos generados por el mismo; ecualización de las capacidades fiscales entre estados y territorios. Los principios los componen: la reafirmación de la responsabilidad sobre la provisión de servicios por parte de estados y territorios; la rendición de cuentas; la mejora del bienestar de los australianos, aclarando roles y responsabilidades de las contrapartes; el llevar adelante una acción federal coordinada; el sustento financiero desde el gobierno federal hacia los estados y territorios y los incentivos para la reforma económica y social. Los seis programas, que detallan de mejor manera las líneas de acción, son: i)	Arreglos respecto a pagos. Se simplifica el sistema de pagos desde el Gobierno federal hacialosestadosyterritorios.Lastransferencias condicionadas se limitan a cinco, que son exactamente los mismos que los respectivos acuerdos nacionales (los seis mencionados, menos aquel sobre poblaciones indígenas).
25. 23 ii)	Arreglos institucionales. Se crea un Consejo de Ministros para las Relaciones Financieras Fiscales. Este Concejo de Ministros también brinda recomendaciones al COAG en materia fiscal, llegando a sus acuerdos por unanimidad (en oposición a la estructura del CPFF español, donde los acuerdos son por mayoría calificada). Se acuerda que cualquier cambio en el Impuesto a Bienes y Servicios debe también ser aceptado por unanimidad de los estados y territorios. iii)	Rendición pública de cuentas e informes de desempeño. Se mejoran los sistemas de información y transparencia subnacionales. iv)	Reformaimpositiva.Sellegaauncompromiso para abolir los impuestos mencionados en el acuerdo que creó el Impuesto a Bienes y Servicios. Se reconoce la necesidad de una futura reforma impositiva, para mejorar las relaciones financieras federales. v)	Política pública y objetivos de la reforma. Se redefinen los aspectos inherentes a los acuerdos nacionales. Por ejemplo, éstos ya no tendrán una duración fija y estarán focalizados en el cumplimiento de metas, sus resultados deben estar ligados a sus objetivos. Los acuerdos definirán los roles específicos de las contrapartes, además de los indicadores de desempeño y los mecanismos de rendición de cuentas. Los acuerdos específicos deberán claramente estar ligados a proyectos con base en objetivos nacionales o prioridades de gasto de la Federación. Éstos sí tendrán una duración específica. vi)	Acuerdos nacionales. Se determinan seis acuerdos nacionales en las siguientes áreas ligadas a las transferencias: salud, educación, empleo, discapacidad, vivienda y población indígena. Tenemos, por lo tanto, el ejemplo de un mecanismo de coordinación y de instituciones con larga trayectoria, algunas de éstas incluidas en el marco constitucional, con negociaciones periódicas con formato ya establecido. El pacto fiscal de libro: el caso de Guatemala Dentro los Acuerdos de Paz que se dieron en Guatemala, en los años 90, luego del largo y cruento proceso de guerra civil, se establecieron como objetivos estatales de tipo fiscal el incremento de la recaudación tributaria y la priorización del gasto público hacia la inversión social. Según esta visión, el Estado, además de recaudador, también debía ser el orientador del desarrollo nacional, el que origine la inversión pública y proveedor de servicios básicos. El desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común sería, de esta manera, el cimiento del proceso de paz. En 1998, al mismo tiempo que la CEPAL publica su libro“ElPactoFiscal:fortalezas,debilidades,desafíos”, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos y de su cronograma, creó la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (CPPF), la cual prepararía una propuesta base de carácter técnico. Esta propuesta se denomina “Hacia un Pacto Fiscal en Guatemala”. En este caso, la composición de la CPPF, de carácter técnico, significó una negociación previa entre las dos partes firmantes del proceso, el gobierno y la guerrilla, representadas dentro de la Comisión de Acompañamiento. La CPPF realizó todo el trabajo de preparación de la propuesta durante 10 meses, con base en estudios técnicos, un proceso de discusión y de consultas, tanto departamentales (territoriales) como sectoriales. La CPPF no ha sido la que ha dirigido el posterior proceso de negociación en sí, terminando su rol principal con la presentación de la propuesta. Éste podría ser el caso del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) en una negociación boliviana, aunque el SEA ya tiene una estructura definida no sujeta a negociación.
26. El proceso de Guatemala puede caracterizarse como altamente participativo. Hubo un proceso de socialización de la propuesta hecha a unas 184 organizaciones e instituciones cívicas, sociales y políticas, las cuales respondieron mediante 48 propuestas con base en el documento mencionado. Inicialmente, fueron dos los grupos identificados con posicionamientos divergentes: por un lado los empresarios, por otro, instituciones académicas y de la sociedad civil; pero, debido al gran número de respuestas que se recibieron como reacción a la propuesta, se organizó un equipo encargado de sistematizar estas respuestas, encontrando disensos en 25% de las mismas, en una variedad de asuntos: definición de equilibrio fiscal, suficiencia de recursos y logro de la meta de recaudación tributaria hasta el 2002, temporalidad de la reforma tributaria y eliminación de privilegios fiscales, progresividad del sistema tributario y marco constitucional del mismo, prohibición al Banco Central para financiar o avalar al Poder Ejecutivo. Finalmente, el año 2000, luego de un año de negociación, se logró el pacto fiscal mediante un proceso de negociación denominado Foro Nacional por el Pacto Fiscal, el cual concluyó en la firma del pacto fiscal por los siguientes actores: los tres poderes del Estado, partidos políticos, universidades, empresarios, organizaciones sociales, prensa. El contenido de los acuerdos del pacto fiscal guatemalteco muestra una lista de objetivos amplios, profundos y exigentes. Amplios debido a que abarcan distintas categorías, no sólo lo tributario, y profundos, ya que implican cambios desde la matriz del sistema fiscal nacional, y no sólo reformas a los mecanismos ya presentes. Este contenido consta de cuatro principales partes: i)	Principios y compromisos del pacto fiscal. Núcleo del pacto compuesto por ocho componentes: balance fiscal, ingresos del Estado, administración tributaria, gasto público, deuda pública, patrimonio público, evaluación y control, y descentralización fiscal. ii)	Fundamentos políticos y económicos básicos del pacto. Con cinco componentes: visión de nación, visión de Estado, naturaleza de la política fiscal, desarrollo y crecimiento e, integralidad de la política económica. iii)	Procedimientosparalaimplementacióndelos acuerdos del pacto. Esto se dio especialmente en el área tributaria. El Foro Nacional para el Pacto Fiscal insta a las distintas instituciones del Gobierno el asumir dichos acuerdos, y acuerda, además, la creación de una Comisión de Estudio sobre el Marco Constitucional del Poder Tributario del Estado. iv)	Anexos. Dos son los anexos: la programación indicativa en el tiempo de los principios y compromisos del pacto fiscal y un resumen- memoria del proceso de concertación del pacto fiscal. Para verificar el cumplimiento del pacto fue creada una Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, en los mismos acuerdos. Cuatro años después fue sustituida por una Comisión Técnica del Pacto Fiscal, con un perfil más de asesoramiento del Gobierno (ligada entonces al Órgano Ejecutivo). Pero, en definitiva, falló la aplicación. Se cree que probablemente la ausencia de una representación institucional por parte del Congreso en el proceso de negociación fue uno de los motivos más importantes para que la implementación del pacto no sea más completa. Esta experiencia de frágil institucionalidad podría ser un riesgo para el proceso de negociación boliviano. Acuerdos irreconocibles: Argentina Argentina tiene una larga historia de poderes tributarios provinciales que fueron reordenándose desde los años 30, donde se unificaron los impuestos internos. Mediante Ley Nº 20221, el año 1973, se instauró el régimen de coparticipación por el cual el 48,5% de los recursos coparticipables se destinaban directamente a las provincias del Estado federal, otro 48,5% se destinaba a la Nación (nivel central del Estado)y3%aunFondodeDesarrolloRegional.Estos
27. 25 recursos estaban compuestos por la recaudación de los impuestos nacionales a los réditos, a las ganancias eventuales, a las tierras aptas para la explotación agropecuaria, a la regularización patrimonial, a la posición neta de divisas, al parque automotor, a las ventas, a la venta de valores mobiliarios, internos, adicional a los aceites lubricantes y sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. El reparto de estos recursos entre provincias se haría de acuerdo a criterios de población (65%), la brecha de desarrollo con relación al promedio (25%) y brecha de densidad con relación al promedio (10%). Un aspecto importante de esta ley es que crea la Comisión Federal de Impuestos, compuesta por un representante del nivel central del Estado y por uno de cada provincia, todos con experiencia técnica en la materia. Esta Comisión tiene su Comité Ejecutivo integrado por el representante de la Nación y otros ocho representantes provinciales, entre los cuales deben estar aquellos de las provincias que cuenten con más del 10% de la población nacional. Las decisiones se tomarían por mayoría simple, requiriéndose un quórum de dos tercios de los componentes. Esta comisión tendrá su propio presupuesto, al cual aportarán todos los miembros según la participación de cada uno. Tanto los recursos a ser distribuidos como la forma de distribución fue modificándose a través de los años, aunque también existieron años donde los acuerdos no pudieron ser renovados. Por ejemplo, el acuerdo de 1988 (Ley Nº 23548) incluía derechos de importación y exportación, y la repartición se efectuaba de la siguiente manera: a)	El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por ciento (42,34%) en forma automática a la Nación; b)	El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (54,66%) en forma automática al conjunto de provincias adheridas, con porcentajes ya definidos por provincia; c)	El dos por ciento (2%) en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires 1,5701%; Chubut 0,1433%; Neuquen 0,1433% y Santa Cruz 0,1433%; d)	El uno por ciento (1%) para el Fondo de AportesdelTesoroNacionalalasprovincias. Esta Ley Nº 23548 es una de las “leyes convenio” que caracterizan a los acuerdos fiscales argentinos. Estas leyes tienen la particularidad de que deben ser ratificadas por los distintos órganos deliberativos provinciales; dicha figura sería recogida por la Constitución del año 1994. La parte que es específica para ciertas provincias, vista en el inciso c) de la distribución anterior, muestra ya que las negociaciones pueden resultar difíciles con ciertas provincias, creando regímenes de compensación sin fórmula específica. La parte del inciso b) también demostró que el modelo de fórmula para el reparto de coparticipación de los años 1970 iba a resultar irrepetible. No se logró un consenso en los factores de distribución, por lo que se optó por porcentajes fijos para cada provincia. En todo caso, se confirmó la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos. Sin embargo, este reparto de 1988 fue deformándose poco a poco de dos maneras. Una fue que la Nación extrajo del monto coparticipable varios recursos, sobre todo para financiar el Sistema de Seguridad Social, el Fondo para el Conurbano Bonaerense y partidas específicas en Cultura y Educación (Pilatti, 1997), reduciéndose el fondo total a repartirse entre provincias. La otra fue el traspaso de ciertos servicios o competencias desde la Nación a las provincias, sobre todo justamente en los sectores de educación y salud. De esta manera, el nivel central del Estado retuvo un importeadicionalcorrespondientealacoparticipación, para repartirlo de acuerdo con otro tipo de criterios (no aquellos de la Ley Nº 23548, sino otros ligados al costo efectivo de los servicios transferidos). El año 1992 se efectúa el “Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, el cual constituye una primera modalidad de pacto fiscal ampliado en Argentina; es decir, no circunscrito al reparto de impuestos entre la Nación y las provincias. En este pacto se tocarían, en efecto, temas de desregularización y de modernización del Estado
28. a nivel subnacional. Estos acuerdos seguirían los procesos clásicos de negociación entre poderes ejecutivos, en el cual los órganos legislativos subnacionales, a pesar de ser cruciales, puesto que deberían ratificar los acuerdos, apenas sí participaban en los procesos de negociación, en los cuales el proyecto de ley ya estaba suscrito por el respectivo Gobernador de Provincia. Las nuevas modificaciones distorsionaron aún más el régimen de coparticipación, por lo cual fue necesario un nuevo pacto, iniciado el año 1993, denominado “Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento”. Aquí se reordena el panorama tributario nacional y provincial, con derogación inmediata de ciertos impuestos, y se replantean objetivos de política pública: crecimiento de la economía, reactivación regional, fomento a la exportación, desregulación y reducción del “coste argentino”. El año 1994, la nueva Constitución argentina constitucionaliza el sistema de coparticipación vigente desde los años 30. Sin embargo, el régimen de coparticipación establecido en los años 80 seguiría sufriendo modificaciones. Mediante la Ley Nº 24468 se aumenta la alícuota del IVA, pasando de 18% a 21%; ese 3% adicional quedaría en manos del gobierno federal. La Ley Nº 24631 haría el camino inverso, coparticipando la totalidad del 21% del IVA. En total, Bonvecchi (2010) contabiliza 83 reformas impositivas entre el año 1988 y el año 2008, y 16 reformas presupuestarias. La reforma de 2002 sería el último pacto fiscal nación-provincias de carácter tributario, en medio de la crisis financiera argentina. La Ley Nº 25917 de Responsabilidad Fiscal, de 2004, constituye el acuerdo más importante de los últimos años en temas que van más allá de lo estrictamente tributario, también bajo el esquema de convenio entre Nación y provincias. Bajo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, se establecen acuerdos sobre transparencia y gestión pública (capítulo I), restricciones sobre el gasto público subnacional (capítulo II), garantía de los ingresos públicos (capítulo III), equilibrio financiero presupuestario (capítulo IV), endeudamiento (capítulo V), la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (capítulo VI) compuesto por los distintos ministros de Economía de la Nación y las provincias, y las sanciones por incumplimiento de los acuerdos (capítulo VII). De esta manera, se confirma un modelo de negociación permanente con equilibrios inestables, conlaexistenciadeunainstitucionalidaddelargadata, como en Australia y otros países del Commonwealth, pero sin ninguna disciplina en cuanto a la frecuencia de las renegociaciones. Otros acuerdos La estructura teórica de la CEPAL estableció cinco pilares fundamentales para el pacto fiscal (1998): 1.	La institucionalidad fiscal 2.	Consolidación del ajuste fiscal y la macroeconomía 3.	Resguardo de la equidad 4.	Productividad del gasto público 5.	Transparencia del gasto público Sin embargo, los acuerdos vistos en la experiencia argentina y en otras experiencias latinoamericanas (sólo la experiencia guatemalteca sería “de libro”) muestran que los procesos son altamente particulares. Por ejemplo, en Costa Rica se buscó una solución estructural al desequilibrio de las finanzas públicas mediantelamejoraenlacalidaddelgasto,lareactivación económica, la eficiencia y el fortalecimiento de la administración tributaria, así como de una mayor justicia y equidad tributaria, mediante la adopción de políticas y medidas ligadas a: 1.	La eficiencia y fortalecimiento de la Administración Tributaria. 2.	La creación y establecimiento del sistema General de Transparencia y Rendición de Cuentas. 3.	Reducción de las pérdidas del Banco Central y dolarización de los depósitos. 4.	La creación de una Comisión Evaluadora del Sistema de Pensiones.
29. 27 5.	Laregulaciónytransferenciaderecursosdel Estado a los sectores de Salud y Educación. 6.	La regulación de compras del Sector Público. 7.	Incremento de la productividad del Gasto Público. 8.	Sujeción de todas las medidas al Plan Nacional de Desarrollo. 9.	La creación de un sistema nacional de planificación que incorpore la programación macroeconómica bajo lineamientos de política presupuestaria, limitaciones al endeudamiento, políticas de hacienda pública y fondos públicos. En Chile, dentro de sus características particulares y su nivel de desarrollo económico, se plantea en forma anual cuatro principios para un pacto fiscal: 1.	Combinar responsabilidad fiscal con estabilidad macroeconómica 2.	Elevar la calidad del gasto público 3.	Promover la equidad 4.	Dotar de mayor transparencia a la acción fiscal y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática Esto muestra, como se verá en las siguientes secciones, la necesidad de hacer endógeno el proceso de pacto fiscal a venir.
30. 2.1 El rol del sector público en la economía E l modo de Estado en Bolivia –entiéndase la distribución territorial del poder entre niveles de gobierno– ha sido modificado radicalmente, pues la Constitución Política del Estado establece que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (CPE: Art. 1). Por lo tanto, en el marco del modelo de Estado establecido en el texto constitucional, identificar el rol del sector público en la economía requiere el análisis de las funciones de asignación, distribución y estabilización que tiene el señalado sector público en un esquema de descentralización de las finanzas públicas,queesloqueprecisamenteseestáintentando en Bolivia a partir de la implementación de un Estado descentralizado y con autonomías. Como bien señala José Yañez, “la teoría económica indica la necesidad de la participación del Gobierno en la economía, cuando el mercado presenta fallas en la asignación de los recursos, la distribución del ingreso y la estabilización de la actividad económica”. Por lo tanto, es posible entender la forma en la cual el sector público interviene en la economía, tanto a escala nacional como subnacional, a través de las funciones antes citadas y que se pasan a describir a continuación. Lafuncióndeasignación,dentrodelateoríaeconómica relacionada a la descentralización de las finanzas públicas, ha adquirido un consenso generalizado sobre la necesaria aplicación de ésta desde jurisdicciones territoriales menores a la nacional, ello debido a que las preferencias diferenciadas de la población local pueden ser atendidas con mayor eficiencia si la asignación de recursos está generada desde gobiernos subnacionales –para el caso boliviano, gobiernos departamentales, municipales y/o indígena originario campesinos-. Esta función de asignación como operación ideal para los gobiernos subnacionales está fundamentada por varios elementos, como son: el mayor conocimiento que tienen estos gobiernos de las preferencias de la población local, la mayor agilidad de acción que tienen éstos ante posibles cambios en las necesidades y/o preferencias, la mayor flexibilidad que presentan para la implementación de políticas públicas y, la posibilidad que se ofrece para que la ciudadanía ejerza un control más cercano a los gestores públicos (Ruiz-Huerta y Herrero, 2011). A su vez, está función de asignación, desde un punto de vista descentralizado, tiene también su fundamentación en el denominado “Teorema de la Descentralización”, planteado por Wallace Oates, en 1997, donde señala que: Construyendo el pacto fiscal 2
31. 29 “[…] cuando los costes de suministro de los gobiernos central y subcentrales sean iguales, la producción de bienes y servicios públicos será siempre más eficiente cuando proceda de los gobiernos subcentrales, puesto que éstos realizarán un suministro más adecuado a las preferencias locales y, por tanto, se minimizarán los costes de bienestar derivados del suministro uniforme que normalmente constituye la producción centralizada” (Cfr. Ibíd.: 5). Por lo tanto, conforme a lo establecido en el teorema de Oates, la magnitud de la pérdida de bienestar de la poblacióndependerádelgradodehomogeneidaddelas preferencias de ésta, donde grupos muy heterogéneos sufrirán mayores pérdidas de una decisión centralizada que una de carácter descentralizada. En este sentido, el sector público tiene un rol muy importante en esta función de la economía para brindar una asignación de recursos más eficiente, para lo que deberá tomar en cuenta las preferencias geográficamente diferenciadas de la población de un país. En el caso de Bolivia, se deberá considerar adicionalmente las capacidades técnicas de los niveles subnacionales, para acompañar la asignación de recursos y competencias con un fortalecimiento de capacidadesquepermitanunaprestaciónadecuadade bienes y servicios públicos. No existen publicaciones recientes sobre este tema9 . Por su parte, la función de redistribución está referida a laredistribucióndelarentaylariquezadetodoEstado, por ello, si bien no existe un consenso, una gran parte de especialistas en materia económica señala que esta función deberá ser establecida desde una perspectiva centralizada, pues si la política redistributiva se la realiza desde gobiernos subnacionales no sólo no sería eficaz, sino que también podría generar algunos efectos perversos. Bajo esta lógica, José Yañez señala que el establecimiento de políticas redistributivas descentralizadas podría producir un efecto de migración que resultaría económicamente ineficiente, debido a que estos espacios territoriales locales podrían terminar constituyéndose en un territorio importador de personas pobres y exportador de personas que producen mayores recursos debido a la presión fiscal que sufrirían estas últimas. Sin embargo, también existe opiniones divergentes al respecto y señalan que la función de redistribución bien podría ser aplicada desde una perspectiva descen- tralizada; al respecto, se suele señalar que “la redistri- bución se puede considerar un bien público en la me- dida en que todos los ciudadanos se benefician, directa o indirectamente, de la reducción de las desigualdades en la distribución de la renta (consumo no rival)”. En este sentido, autores como Jesús Ruiz-Huerta y Ana Herrero plantean como una propuesta que: “[…] cabría la posibilidad de que el gobierno central se convirtiese en el principal responsable de la política redistributiva (redistribución básica) y que los gobiernos subcentrales pudiesen alterar la distribución de la renta dentro de ciertos límites (redistribución adicional), admitiendo la eventual existencia de diferencias interterritoriales en la aversión a la desigualdad”. Finalmente, la función de estabilización hace referencia estricta a la función que cumple el sector público en la estabilización de la economía, por lo que existe un acuerdo generalizado en la centralización de esta función, para que la misma esté a cargo de lo que hoy denominamos como nivel central del Estado. Es frecuente que la función de estabilización, en el marco de una descentralización de las finanzas públicas, esté relacionada al ejercicio de la política 9	Ver por ejemplo Ministerio de la Presidencia (2002), Estudio de Evaluación de Capacidades Institucionales y de Gestión Prefectural. La Paz: PAP-Holanda. Ministerio de la Presidencia (2002) Estudio de Evaluación de Capacidades Institucionales y de Gestión de los Gobiernos Municipales. La Paz: PAP-Holanda.
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