Source: http://www.sanconsultores.com/2010/10/
Timestamp: 2019-03-21 05:30:45
Document Index: 302643892

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 132', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 62', 'artículo 26']

octubre 2010 – Sánchez Acuña Nieto Consultores Legales
Los empresarios y trabajadores acordaron que el salario mínimo a partir del primero de enero 2012 aumentará 5.8%, que equivale a $31.100, lo que significa que los trabajadores devengarán un salario mínimo de $566.700 pesos.
No obstante y aunque el acuerdo fue anunciado el día 15 de diciembre de 2011, no es definitivo, puesto que el Decreto que lo regula no ha sido expedido, sin embargo, lo más probable es que el Gobierno respete lo convenido entre gremios y sindicatos.
El incremento del auxilio de transporte será de 6,6%
que se elevará a $4.200
pesos para quedar en $67.800 pesos.
Conforme al incremento del salario mínimo que se acordó para el año 2012 en
$566.700 pesos, el salario mínimo integral automáticamente se elevará a
$5.667.000 pesos que equivalen a diez salarios mínimos más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía para un total de $7.367.100.
SÁNCHEZ-ACUÑA-NIETO Consultores legales
La Ley permite que las partes contratantes pacten la figura del SALARIO INTEGRAL que consiste simplemente en pagar al trabajador una suma única mensual en donde se consideran involucradas todas las prestaciones sociales y demás derechos laborales, excepto las vacaciones, que
tendrán que pagarse cada año al trabajador calculadas sobre el valor total del salario integral.
La Corte Supremade Justicia (Sala Laboral) mediante sentencia de fecha Agosto 10 de 1998 (Magistrado Ponente Francisco Escobar Henríquez), estableció de manera expresa los requisitos exigidos para la estipulación del salario integral, los cuales son a saber: a) Que el trabajador devengue una retribución ordinaria superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. b) La cláusula de estipulación siempre deberá constar por escrito. C) El salario integral mínimo pactado deberá ser equivalente a trece (13) salarios mínimos legales mensuales, en razón a que dentro de dicho pago está incluido el factor prestacional de la empresa, que como ya se indicó, no podrá ser inferior al 30% de la einarmiger bandit cuantía de 10 salarios mínimos legales mensuales.
¿Como es la remuneración del las vacaciones de salario integral?
En cuanto a la base que se debe tomar para la remuneración de vacaciones y liquidación de indemnización por despido injusto – conceptos estos que no se encuentran incluidos dentro de esta modalidad salarial -, será la que corresponda a la totalidad de la suma convenida como salario integral. Por último, es necesario tener en cuenta que respecto de los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de salario integral, la base que se toma para liquidar las cotizaciones a la seguridad social y los aportes parafiscales equivale al setenta por ciento (70%) del salario integral pactado.
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Corte Suprema de Justicia. –Sala de casación laboral–
La demandante buscaba
previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo el pago de indemnización moratoria por no
consignación de cesantías y por el no pago de prestaciones sociales, intereses moratorios y sanción por no pago oportuno de los intereses de las cesantías. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral estableció que dichas pretensiones no podían ser acogidas, pues logró probarse que a pesar de no existir explícitamente en el contrato de trabajo la denominación de salario integral, se otorgaron elementos de juicio suficientes para la verificación de que entre las partes se acordó un salario integral. La Corte NO CASA la sentencia del ad quem debido a que el Tribunal estableció que aunque no existía en forma explícita en el contrato de trabajo la denominación de salario integral, la realidad de las probanzas allegadas al expediente le permitían concluir que esa fue la modalidad salarial que acordaron las partes para el año de 2003. Aunque el artículo 1º del Decreto reglamentario 1174 de 1991 establece que el salario integral será una sola suma convenida libremente y por escrito, no dice que deba utilizarse una fórmula sacramental para su denominación, es suficiente, en este caso, que las partes, al suscribir el contrato, dejaran constancia de su intención recíproca de pactar libremente un salario integral para Php Aide esta primera fase de labores cuando la trabajadora no iba a recibir retribución alguna por comisiones…”. Advierte la Sala que la sentencia impugnada no desconoció la reiterada jurisprudencia de la Corte en lo atinente a la estipulación escrita del salario integral, sino que frente a la forma como quedó redactada la correspondiente cláusula en el contrato de trabajo, el juzgador acudió a los otros medios de convicción y desentrañó la intención de las partes sobre la modalidad salarial pactada, de suerte que no se está frente a una ausencia total de estipulación escrita, en ese puntual aspecto.
Al respecto la Sala de la Corte en la sentencia del 27 de enero de 2010, radicación 36411, expresó: “El Tribunal afirmó que el texto del Acta No. 34 hacía las veces de la estipulación escrita a que se refiere el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 y en esa aseveración no hay error alguno. En torno al salario integral, la citada disposición se refiere a una estipulación escrita sobre el mismo, pero no exige una extrema solemnidad para su eficacia como la que plantea el recurrente en su demanda extraordinaria. Basta sí, la conjunción de voluntades de empleador y trabajador consignada en escrito o escritos que acrediten sin equívoco que efectivamente ha acontecido dicho acuerdo de voluntades.
Esa orientación fue reiterada en la sentencia del 9 de mayo de 2003, radicación 19683, en la que se dijo que: “Nótese que la norma está hablando de una ‘simple estipulación escrita’, que de por sí conlleva la aceptación libre y espontánea de ambas partes, que bien puede darse en un solo acto, o mediante el cruce de varios actos”.
Expediente No. 37264 del 09 de Agosto de 2011. M. P. Luis Gabriel Miranda Buelvas
Conceptúa esta entidad que el salario integral es una forma de remuneración al trabajador
por los servicios prestados y se encuentra regulado por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo “En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.”
La ley 100 de 1993, en su artículo 15 dispone quienes serán afiliados al sistema general de pensiones en forma obligatoria de la siguiente manera:
“AFILIADOS. 3 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
“En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que
presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
“También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
“Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera administrativa, afiliados al régimen de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho régimen mientras mantengan la calidad de tales. Así mismo quienes ingresen por primera vez al Sector Público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, durante el mismo lapso.
2. “En forma voluntaria: Todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley.
En consecuencia, es claro que los extranjeros que se encuentren cubiertos por alguno de los sistemas de previsión en pensiones de su país de origen, no son sujetos de obligatoria afiliación al sistema de pensiones en Colombia, tal como se desprende del tenor literal de la norma citada.
Ahora bien, en relación con el sistema general de seguridad social en salud, el Decreto 806 de 1998, dispone en su artículo 21, las personas que deben afiliarse en forma obligatoria de la siguiente manera:
“ARTICULO 26. AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO. Las personas con capacidad de pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico previo, el cual será financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.
“Serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud:
“1. Como cotizantes:
“a) Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas, incluidas aquellas personas que presten sus servicios en las sedes diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país;
Al respecto es claro, que las personas que tienen contratos laborales que se rigen por las normas de sus países de origen, no están conjurados por el sistema general de seguridad social en salud, para ser afiliados del mismo, tal como se infiere de la norma relacionada.
Finalmente, en relación con el sistema de previsión de riesgos profesionales, el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994, dispone lo siguiente:
“ARTICULO 13. AFILIADOS. Son afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales:
Teniendo en cuenta que los trabajadores enunciados, no tendrán contrato
laboral alguno, en el territorio Colombiano, tampoco serán llamados a hacer parte de este sistema previsional.
En conclusión, no existe obligación alguna por parte de la empresa en este caso, para hacer aportes a la seguridad social de los trabajadores que vienen de otros países, con contratos vigentes y regidos por las normas de los mismos, sin embargo es necesario exigir las certificaciones de afiliación a los correspondientes sistemas previsionales de sus países de origen.
Así mismo, y de manera consecuente no habrá lugar al pago de aportes parafiscales sobre estos trabajadores.
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Corte Constitucional. –Sala cuarta de revisión–
En esta oportunidad, la corte emitió fallo por acción de tutela amparando los derechos del accionante, en el caso de un trabajador quien superó los 180 días de incapacidad, siendo negado el pago de dicha prestación por parte de la EPS y la AFP, a las cuales se encontraba afiliado, en razón a estar calificado con una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, y en tal sentido en concepto de las entidades accionadas no existía derecho al pago de tal prestación toda vez que no mediaba concepto favorable de recuperación ni reconocimiento de la pensión de invalidez, en los término de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001.
Al respecto la Corte Constitucional, hizo una interpretación sistemática del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, y señaló que permanece la obligación para la AFP, de pagar un subsidio equivalente al de incapacidad, cuando la misma se postergue por un periodo superior a los 180 días, aún en el evento que el trabajador haya sido calificado con un pérdida de capacidad inferior al 50%,
toda vez que no tiene el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.
Lo anterior, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad del accionante, quien a pesar de haber sido calificado con una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, permanece en un estado que impide el desarrollo de sus labores, razón por la cual la AFP debe pagar el
subsidio de incapacidad, una vez las mismas sean debidamente aprobadas por la EPS.
Por su parte, en el referido pronunciamiento, la Corte Constitucional reitera que en desarrollo del principio de solidaridad, el empleador debe mantener vigente el vínculo laboral con el empleado, efectuando el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, para que el mismo no quede desprovisto de sus prestaciones.
(Sentencia T – 920 de 2009, M. p. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO)
En concepto del Ministerio de Protección Social, y de manera consecuente con la actual jurisprudencia constitucional, para que opere la causal contenida en el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, concerniente al despido con justa causa por parte del empleador, cuando el trabajador permanezca en estado de incapacidad por riesgo común, un periodo superior a 180 días, es necesario que anteceda el permiso del Inspector de Trabajo en tal sentido, sin perjuicio de las indemnizaciones relacionadas con la enfermedad, a kasyno poland las que tenga derecho el trabajador.
El desconocimiento de dicho requisito, hace que el despido sea ineficaz, sin perjuicio de pagarse la indemnización
legal por despido sin justa causa, y la contenida en el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, correspondiente a 180 días de indemnización cuando el despido se realice por motivo de la disminución física. (Ministerio de la Protección Social Concepto 139336 de 19-05-2011)
La Empresas pueden prorrogar el contrato hasta por tres periodos iguales o inferiores con una antelación no inferior a treinta (30) días a fecha de vencimiento del contrato, y tales prórrogas se realizan de la siguiente manera:
Por mutuo acuerdo a través de un documento que se le adicional al contrato, en donde consta el término de la nueva prórroga y debe estar firmado tanto por la Empresa como por
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Automáticamente, si la Empresa no da el aviso de terminación del contrato en el tiempo previsto por la ley laboral, en este caso se
entiende prorrogado por igual término al inicialmente pactado. Por lo cual en la legislación laboral vigente no existe la exigencia de pactar por escrito una cláusula en el contrato en donde conste expresamente que el contrato se prorroga automáticamente debido a que ello es un mandato legal establecido en el Numeral 1 del Art. 46 del C.S.T. “Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.”
El actor solicitó que se condene a la demandada a reajustar el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación y, en consecuencia, se ordene la actualización del valor inicial de la misma, el pago de las diferencias
causadas debidamente indexadas o, en subsidio, los intereses de mora, y las costas del proceso. Mediante fallo del 03 de marzo de 2008, el ad quo CONDENÓ a la entidad demandada a reconocer como valor inicial de la pensión de jubilación del actor, la suma de $1.710.240.75, a partir del 25 de julio de 1994, apagar las diferencias causadas y las costas del proceso. El ad quem, al resolver el recurso de la parte demandante, decidió REVOCAR el proveído impugnado en Sentencia del 13 de marzo de 2009, para en su lugar absolver de todas las pretensiones de la demanda, sin costas en la alzada. Al respecto, la Sala encontró que no casaba la
sentencia demandada, ya que para la Corte, el Tribunal no incurrió en violación alguna a la Ley, cuando concluyó que resulta improcedente indexar la base salarial para liquidar la primera mesada pensional del demandante, pues si bien, el actual criterio mayoritario de la Corporación, admite la actualización de la primera mesada, tanto para pensiones legales como convencionales, la misma se ha limitado a aquellas que se causaron en vigencia de la Constitución Política de 1991, esto es, con posterioridad al 7 de julio de 1991.
Expediente No. 41974 del 02 de Agosto de 2011. M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve