Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-01743-27315-de-abril-24-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dd4f97ec866801f0e0430a01015101f0&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 11:42:57
Document Index: 240152600

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1525', 'ARTÍCULO 44', 'artículo 50', 'artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 1525', 'artículo 1525', 'artículo 2532', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 32']

﻿ Sentencia 1998-01743 de abril 24 de 2013
SENTENCIA 1998-01743 DE 24 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS. EL CONSEJO DE ESTADO PUEDE ESTABLECER SANCIONES MÁS GRAVOSAS, COMO JUEZ DE SEGUNDO GRADO, AUNQUE EL AFECTADO SEA EL APELANTE ÚNICOESTO CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS VICIADOS DE NULIDAD ABSOLUTA, DEBIDO A LA FALTA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATISTA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1525 DEL CÓDIGO CIVIL, EL JUEZ DEBE DETERMINAR EN CADA CASO CONCRETO SI SITUACIONES YA CONSOLIDADAS, COMO LA ENTREGA DE ANTICIPOS, TERMINAN DANDO VIDA JURÍDICA A ACTOS QUE HAN SIDO INVALIDADOS. EL DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA GENERA ESA ALUDIDA ILICITUD Y, POR TANTO, DA LUGAR A DECRETAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 80 DE 1993. POR REGLA GENERAL, NO ES VIABLE QUE EL JUEZ DE SEGUNDO GRADO IMPONGA UNA SANCIÓN MÁS GRAVOSA SI HAY UN ÚNICO APELANTE, PERO SÍ LO ES CUANDO SE EVIDENCIABA FALTA DE PLANEACIÓN ATRIBUIBLE A TAL APELANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, NULIDAD ABSOLUTA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:500 DE AGOSTO DE 2013, PÁG.1345
Sentencia 1998-01743 de abril 24 de 2013
Rad. 680012315000-1998-01743-01 (27315)
Actor: Jairo Ospina Cano
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 25 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se declaró la nulidad de las resoluciones 220 de 1996 y 36 de 1997, se declaró el incumplimiento del contrato 366-1 de 1994 así como su terminación, se liquidó el contrato de tal forma que resultó a cargo del contratista el deber de cancelar la suma de $515.875,61 por concepto de devolución del saldo del anticipo y se negaron los restantes pedimentos de la demanda.
En demanda presentada el 1º de diciembre de 19981 contra el Área Metropolitana de Bucaramanga, Jairo Ospina Cano pidió que se declarara la nulidad de las resoluciones 220 del 30 de octubre de 1996 y 36 del 6 de marzo de 1997 por medio de las cuales se liquidó unilateralmente el contrato 0366-1 de 1994, la declaratoria de que el contrato se encuentra vigente pues no fue terminado legalmente, que se declarara que el demandado incumplió el contrato porque no suministró los predios en los que se iba a ejecutar la obra, porque realizó la liquidación unilateral de manera indebida y porque no canceló los trabajos ejecutados por el contratista.
Solicitó, como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se decretara la terminación del contrato, que se ordenara su liquidación y que se condenara al accionado al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales debidamente actualizados.
En subsidio, pidió que se declarara responsable a la entidad contratante por el incumplimiento del contrato al no haber adquirido oportunamente los predios en los que se debía ejecutar la obra y, en consecuencia, que se condenara al accionado al reconocimiento y pago de los valores que resulten de la liquidación del contrato.
Estimó la cuantía en $100’000.000.
El 14 de diciembre de 1994, el demandante y el demandado celebraron el contrato 366-1 por medio del cual aquel se obligó a construir, por el sistema de precios unitarios, el puente peatonal de San Antonio de Carrizal.
Como valor total del contrato 0366-1 de 1994 se convino la suma de $29’296.061,88 de la cual se canceló al contratista $11’367.829,75 a título de anticipo y que corresponden al 40% del valor del contrato.
El contratista invirtió el valor del anticipo en los asuntos relacionados con el objeto del contractual.
El plazo de ejecución de la obra se pactó en 60 días calendario contados a partir del acta de iniciación de obras, y en esta se precisó que el 2 de enero de 1995 era la fecha oficial de la iniciación y que por consiguiente el contrato terminaría el 2 de marzo de ese mismo año.
El 6 de enero de 1995 las partes convinieron suspender el contrato debido a que los propietarios de los terrenos en los que se debían ejecutar las obras, impidieron el ingreso al contratista alegando que ellos no habían enajenado sus predios a la entidad contratante.
El 23 de enero de 1995, el contratista solicita al contratante que recibiera la estructura metálica del puente objeto del contrato, cuya construcción había subcontratado con autorización previa, a lo cual se le responde que no era conveniente hasta tanto no se solucionara el conflicto sobre la propiedad del terreno.
El 10 de abril de 1995, el contratante solicita al contratista que inicien los trámites para liquidar el contrato de mutuo acuerdo debido a la imposibilidad de ejecutar las obras.
Por su parte, el contratista manifiesta su intención de construir el puente peatonal de San Antonio de Carrizal y por consiguiente, pide que el contratante resuelva el conflicto con los propietarios de los predios.
El 2 de febrero de 1996, el Interventor le comunica al contratista que está autorizado para continuar con la ejecución del objeto contractual y, el 4 de febrero siguiente, el contratista le responde manifestando que no es procedente reiniciar las obras en razón a que aún no se han adquirido los terrenos y, por otro lado, reclama el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
El 30 de octubre de 1996, el contratante expide la Resolución 220 por medio de la cual liquida unilateralmente el contrato con fundamento en que no han cesado las causas que originaron la suspensión de las obras.
El Área Metropolitana de Bucaramanga le notifica su decisión al contratista mediante el oficio GAMB-1514-96 del 5 de noviembre de 1996 en el cual manifiesta que por circunstancias ajenas a la voluntad de la Administración decidió liquidar el contrato de forma unilateral.
Como quiera que el contratista recurrió el acto administrativo por medio del cual se liquidó el contrato, la entidad contratante expidió la Resolución 36 del 6 de marzo de 1997 en la cual resolvió confirmar todas y cada una de las partes de su decisión.
Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por todos estos.
En sentencia del 25 de septiembre de 2003 el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de las resoluciones 220 de 1996 y 36 de 1997, declaró el incumplimiento del contrato 0366-1 de 1994 así como su terminación, liquidó el contrato de tal forma que resultó a cargo del contratista el deber de cancelar la suma de $515.875,61 por concepto de devolución del saldo del anticipo y negó los restantes pedimentos de la demanda.
Antes de resolver el fondo del asunto, el a quo despacha desfavorablemente las excepciones de cláusula compromisoria y de indebida acumulación de pretensiones propuestas por la entidad contratante al considerar que la legalidad de los actos administrativos sólo puede desvirtuarse judicialmente con independencia de que las partes hayan pactado una cláusula compromisoria y que tanto la solicitud de declarar la vigencia, el incumplimiento y la terminación de un contrato estatal como la de declarar la nulidad de actos administrativos expedidos en desarrollo del mismo son pretensiones propias de la acción de controversias contractuales.
El a quo advierte que el Área Metropolitana de Bucaramanga inició la etapa precontractual con el propósito de vincular a un particular a la prestación de un servicio público.
Como quiera que la administración es la responsable de realizar los estudios previos a la celebración del contrato así como el establecimiento del pliego de condiciones o de los términos de la convocatoria, cualquier conducta que realice en el ejercicio de ésta función y que genere perjuicios a su contratista le genera la obligación de indemnizar la disminución patrimonial que ocasione pues así lo dispone el artículo 50 de la Ley 80 de 1993.
Debido a que en el caso concreto la administración inició el proceso de selección del contratista sin adquirir los predios necesario para ejecutar el objeto contractual, aquella es quien debe soportar los perjuicios derivados de su falta de planeación que no el particular que resultó seleccionado.
El tribunal no se detiene a examinar la legalidad del acto administrativo por medio del cual la entidad contratante impuso una multa al contratista sancionando así el mal manejo dado al anticipo en razón a que ese no es el asunto objeto del presente debate.
Por otro lado, el sentenciador de primera instancia considera que el Área Metropolitana de Bucaramanga liquidó el contrato 366-1 de 1994 de forma ilegal pues no lo hizo en los términos del artículo 61 de la Ley 80 de 1993, según el cual la liquidación del contrato procede después de su finalización ya sea porque se ejecutó el objeto contractual o porque la administración así lo declara en ejercicio de sus facultades excepcionales.
El tribunal señala que la entidad contratante asimiló la suspensión indefinida del contrato a la terminación del contrato y en virtud del error procedió a liquidarlo de forma ilegal.
En consecuencia, el tribunal considera que el Área Metropolitana de Bucaramanga incumplió el contrato 366-1 de 1994 al no adquirir los predios sobre los cuales el contratista debía ejecutar la prestación a su cargo y por ésta razón decreta su terminación.
Como quiera que la terminación del contrato se debe a causas imputables a la entidad contratante, el tribunal lo liquida reconociéndole al contratista el valor de $11’188.212 a título de la utilidad esperada y de los gastos en que incurrió al pagar los obreros y al construir la estructura metálica del puente, valor este que una vez descontado de los $11’367.829,75 que recibió como anticipo, genera un saldo a favor del contratante por el valor de $179.617,75, que asciende a $515.875,61 ya actualizado.
Contra lo así resuelto la parte demandante interpuso el recurso de apelación por estimar que, pese a que la entidad contratante incumplió el contrato 366-1 de 1994 al inobservar tanto el principio de economía establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 como el principio de responsabilidad del artículo 26 de la misma normatividad durante la etapa precontractual, el Tribunal solo reconoció al contratista los gastos en que incurrió por concepto de obreros, construcción de la estructura metálica del puente y utilidad esperada sin incluir las erogaciones realizadas a título de compra de materiales, herramientas, instalación de la electricidad y arrendamiento de una bodega.
El apelante trajo a cuento una sentencia de esta Corporación sobre el equilibrio económico del contrato para señalar que cuando los factores que generan el desequilibrio son ajenos al contratista, a la administración le corresponde asumir los costos necesarios para que su contraparte obtenga la utilidad esperada sin que esto implique una exoneración de la obligación de soportar los riesgos normales que no los anormales o extraordinarios del contrato.
El recurrente sostiene que la entidad contratante le causó perjuicios al contratista no sólo al actuar de forma negligente durante la etapa precontractual pues no adquirió los predios sino también al prolongar indefinidamente la suspensión del contrato pues no tomó las medidas necesarias para superar la causa de la parálisis del contrato ni utilizó la cláusula excepcional de terminación unilateral del contrato.
Esta preceptiva superior encuentra cabal desarrollo en la normatividad que regula la contratación estatal, en especial en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, al disponer que “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que [además de la obtención de utilidades cuya obtención garantiza el Estado] colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”(2).
De otro lado la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos que debe mantener el Estado se concreta en la contratación estatal en las cláusulas exorbitantes de terminación unilateral, interpretación y modificación unilateral, caducidad y sometimiento a las leyes nacionales consagradas en los artículos 14 y siguientes de la mencionada ley(3).
2. De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado “deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad.
Del estudio de los componentes normativos del principio de la planeación deducimos que el legislador les indica con claridad a los responsables de la contratación estatal en el derecho colombiano ciertos parámetros que deben observarse para satisfacer ampliamente el principio de orden y priorización en materia contractual. En este sentido, observamos en la ley de contratación parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia que deben observarse previamente por las autoridades para cumplir con el principio de la planeación contractual. Se trata de exigencias que deben materializarse con la debida antelación a la apertura de los procesos de escogencia de contratistas”(4).
“...Se trata de exigirle perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través de los negocios estatales”(5) (6) (7).
Pues bien, dentro de tales parámetros, como se acaba de expresar, se encuentra el de oportunidad, parámetro este que tiene íntima relación con el momento en que ha de celebrarse el contrato pues las más elementales consideraciones sobre la prestación de los servicios públicos y la pgggggggrotección de los recursos del Estado indican que debe procederse a su celebración cuando todos los factores jurídicos, económicos, técnicos, materiales, operativos, temporales, climáticos, etc., que sean previsibles, aseguren la mayor probabilidad de que el objeto contractual se llevará a feliz término y se entregará en optimas condiciones.
Finalmente, no debe olvidarse que a las voces del inciso 2º del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 los particulares “tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que...(8) colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones” y por consiguiente de este precepto se desprende que el deber de planeación también abarca a estos colaboradores de la administración puesto que no solo tienen el deber de ponerle de presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas sino que además deben abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que desde entonces ya se evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse.
Mucho menos podrán pretender los contratistas, en este último caso, el reconocimiento de derechos económicos puesto que esto sería tanto como aspirar al reconocimiento de una apropiación indebida de los recursos públicos.
Corolario de lo que hasta aquí se ha expresado es que si, por ejemplo, una entidad estatal celebra un contrato para ejecutar una obra pública en un lapso de tiempo muy corto (v/gr. 60 días) y al momento de la celebración del negocio ni siquiera ha entrado en negociaciones con los propietarios de los terrenos sobre los cuales la obra se va a hacer, ni ha adelantado diligencia alguna para su adquisición, es obvio que en ese contrato se faltó al principio de planeación de tal manera que desde ese instante ya es evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse en el tiempo acordado y por consiguiente infringen la ley no solo la entidad estatal sino también el contratista al celebrar un contrato con serías fallas de planeación puesto que todo indica que el objeto contractual no podrá realizarse.
3.1 La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes(12).
El inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto del beneficio que la entidad estatal haya obtenido(13), constituyéndose este mandato en una excepción al régimen común previsto en el artículo 1525 del Código Civil que dispone que no se puede repetir lo que se ha dado o pagado en razón de ellos.
Si nos atenemos a los antecedentes históricos y a la razón de ser del precepto, la conclusión no puede ser otra(14).
Las leyes de partida contemplaron este evento al señalar que “sabidor seyendo algún home de aquel pleito sobre que hiciera a otro promisión era torpe, et que habie derecho por si para defenderse de non cumplirlo, si sobre esto feciese después la paga, decimos que non la puede demandar, et si la demandase, non serie el otro tenudo de gela tornar”(15).
Por estas razones es que la aplicación del artículo 1525 del Código Civil supone que el juzgador en cada caso haga un análisis para determinar si al no ordenar la restitución se desconoce, de un lado, la razón de ser de la regla jurídica contenida en el aforismo in pari causa turpitudinem cessat repetitio” y, de otro lado, si el negocio nulo termina produciendo en la práctica todos los efectos como si fuera valido.
3.3. Por la época en que se celebró el contrato de obra entre el área metropolitana de Bucaramanga y el Señor Jairo Ospina Cano (dic. 14/94), el término de prescripción extraordinaria era de 20 años porque así lo disponía el artículo 2532 del Código Civil, en la redacción que le había dado el artículo 1º de la Ley 50 de 1936.
5. En el asunto que se revisa en esta segunda instancia está plenamente demostrado que en el contrato que celebraron el señor Jairo Ospina Cano y el Área Metropolitana de Bucaramanga el 14 de diciembre de 1994, distinguido con el número 0366-1, se violó el deber de planeación toda vez que él se celebró sin haber adquirido los predios sobre los cuales se construiría el puente peatonal de San Antonio de Carrizal, ni haber adelantado las diligencias necesarias para ello, a pesar de que se pactó como plazo de ejecución de la obra un lapso de tiempo muy breve como lo fue el de 60 días que las partes convinieron, lo que desde ese momento ya indicaba, como efectivamente ocurrió, que la obra contratada no podría ejecutarse en esas circunstancias y en ese plazo.
En efecto, el plenario da cuenta de que más de dos años después de haber sido celebrado el contrato, los terrenos no habían sido adquiridos en su totalidad, tal como se deduce de la comunicación del contratista del 4 de febrero de 1996(16) y de que la obra finalmente no se construyó.
La violación del deber de planeación determina en este asunto la nulidad absoluta del contrato 0366-1 que las partes celebraron el 14 de diciembre de 1994 ya que infringieron los artículos 209, 339 y 341 constitucionales; los numerales 6º, 7º y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 3º del artículo 26, de los numerales 1º y 2º del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 1 de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales.
Ahora, como la administración le entregó al contratista la suma de $ 11’367.829,75 a título de anticipo, se ordenará que este la restituya debidamente actualizada, teniendo en cuenta que se trata de un decreto oficioso de nulidad y que la entidad estatal no se ha beneficiado toda vez que el interés público no se ha satisfecho en medida alguna ya que el puente contratado no se construyó ni siquiera parcialmente.
De otro lado, de no ordenarse la restitución del anticipo, el contrato cuya nulidad aquí se decreta terminaría en la práctica produciendo un efecto como si fuera válido y, lo que es peor, en detrimento del patrimonio público.
La cantidad será actualizada de acuerdo con la fórmula
Como índice inicial se toma 50.10 que correspondende al de diciembre de 1994 y como índice final 112.88 que corresponde al de marzo de 2013.
1. REVOCAR la sentencia del 25 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y en su lugar decretar la nulidad absoluta del contrato 0366-1 celebrado el 14 de diciembre de 1994 entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y el señor Jairo Ospina Cano.
2. CONDENAR al señor Jairo Ospina Cano a que RESTITUYA al Área Metropolitana de Bucaramanga la suma de once millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos con setenta y cinco centavos ($ 11’367.829,75) que recibió a título de anticipo, la que ya actualizada asciende hoy a veinticinco millones seiscientos doce mil setecientos ochenta y seis pesos con ochenta y siete centavos ($ 25.612.786.87).
3. ORDENAR compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen las conductas de quienes celebraron los contratos violando el deber de planeación.
Magistrados: Olga Valle de De La Hoz—Enrique Gil Botero, salvó voto—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(1) Folios 78 a 102 del cdno. 1.
(2) Lo encerrado entre corchetes fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
(3) J. O. Santofimio Gamboa. Tesis doctoral. El contrato de concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos. Universidad Carlos III de Madrid. http://hdl.handle.net./10016/8339.
(4) J.O. Santofimio Gamboa. Aspectos relevantes de la reciente reforma a la Ley 80 de 1993 y su impacto en los principios rectores de la contratación pública. En contratación estatal. Estudios sobre la reforma contractual. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 42-43.
(5) J. O. Santofimio Gamboa. Tesis Doctoral. El contrato de concesión.... Op. cit.
(6) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Exp. 14287. “(...) [l]as entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.; (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar. “1º Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2º Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3º Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”.
(7) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. Rad. 15001233100019880843101-8031. “(...) Así pues, además de los principios de transparencia, economía, celeridad y selección objetiva, consustanciales al procedimiento contractual, debe darse cuenta de otro que si bien no cuenta con consagración expresa en el ordenamiento jurídico colombiano, sin lugar a la menor hesitación forma parte de toda actuación estatal conducente a la selección de un contratista y a la celebración y ejecución del correspondiente vínculo negocial: el de planeación, como herramienta empleada en los estados sociales de derecho con el propósito de procurar la materialización de los fines del Estado o, en otros términos, de alcanzar la satisfacción de los intereses generales y la garantía de la efectividad de los derechos e intereses de los administrados; planeación asociada a la concepción general de la misma como instrumento de fijación tanto de objetivos y metas, como de los medios o procedimientos para alcanzarlos; como forma de programar la distribución de los gastos estatales en función de los ingresos que se pretende recaudar, de suerte que los mismos se reflejen en el presupuesto general de la Nación y en el de cada entidad estatal. En materia de contratación estatal, por tanto, el principio de planeación se traduce en el postulado de acuerdo con el cual la selección de contratistas, la celebración de los correspondientes contratos, así como la ejecución y posterior liquidación de los mismos, lejos de ser el resultado de la improvisación, deben constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita incardinar la actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el Estado. De hecho, aún cuando, como se indicó, el multicitado principio de planeación carece de consagración normativa expresa en el derecho positivo colombiano, su contenido y alcances bien pueden delinearse como consecuencia de la hermenéutica armónica de un conjunto de disposiciones de rango tanto constitucional —artículos 2º, 209, 339 a 353 de la Carta Política— como legal —artículos 25 (nums. 6º, 7º y 11 a 14) y 26 (num. 3º) de la Ley 80 de 1993—, con remarcado acento tras la expresa catalogación de la contratación estatal como mecanismo de promoción del desarrollo por el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 (...)”.
(8) El aparte omitido de este inciso fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
(13) La disposición expresa: “Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que esta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”.
(14) Sobre el origen y desarrollo de esta prohibición puede leerse el excelente artículo de F. Navia Arroyo. Reflexiones sobre la máxima nemo auditur, en Homenaje a Fernando Hinestrosa. Liber Amicorum, t. II, Bogotá Universidad Externado de Colombia, 1993, del cual se han tomado parte de las consideraciones sobre este aspecto.
(15) Partida V, Titulo XIV, Ley XLIX.
(16) Folio 36 del cdno. Nº 1.