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Timestamp: 2019-12-07 04:32:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 90', 'artículo 149', 'artículo 8', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 87', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 141', 'artículo 149', 'artículo 90', 'artículo 90']

DS. Senado, Pleno, núm. 81, de 27/04/2006
celebrada el jueves, 27 de abril de 2006
Tercero (Continuación)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación)
-- De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 11, de fecha 11 de abril de 2006). (Número de expediente S. 624/000009) (Número de expediente C. D. 122/000050).
-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 47, de fecha 26 de abril de 2006). (Número de expediente S. 621/000047) (Número de expediente C. D. 121/000046).
-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 48, de fecha 26 de abril de 2006). (Número de expediente S.
621/000048) (Número de expediente C. D. 121/000047).
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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) <<4760)
De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular <<4760)
El señor García Miralles, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Maqueda Lafuente anuncia la retirada de las enmiendas números 1 a 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Guillot Miravet retira las enmiendas números 5 a 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Castillo Jiménez retira la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces, intervienen los señores Mendoza Cabrera, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Castillo Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria <<4762)
El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas 1 a 3 del señor Cuenca Cañizares. El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas números 43 a 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas números 5 a 9 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Caneda Morales defiende las enmiendas números 22 a 42 del Grupo Parlamentario Popular.
La señora Vicente González, del Grupo Parlamentario Socialista, interviene en turno en contra.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Vicente González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que la votación de este proyecto de ley tendrá lugar después de debatir el siguiente, con el que está relacionado.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria <<4770)
Se inicia el debate de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular, en cuya defensa interviene el señor Caneda Morales. En turno en contra interviene el señor Bru Parra, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces, intervienen el señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y el señor Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular. El señor Bru Parra y el señor Caneda Morales intervienen por el artículo 87.
Sometida a votación, se rechaza la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular por 115 votos a favor y 120 en contra.
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El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendida su enmienda número 1. El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas números 12 a 26 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Caneda Morales da por defendidas las enmiendas números 8 a 11 del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra interviene el señor Bru Parra, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos , y Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza la enmienda número 1, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 2 votos a favor, 225 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 11 a 26, menos las números 13 y 16, que soportan transaccionales, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 7 votos a favor y 226 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 223 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 11, del Grupo Parlamentario Popular, por 114 votos a favor y 121 en contra.
Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 60137 y 60138 por 120 votos a favor y 115 en contra.
Se aprueba el dictamen por 121 votos a favor y 114 en contra.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (Votación) <<4783)
Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 3 votos a favor, 224 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 43 a 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 225 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 119 votos a favor y 116 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 5 a 9, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 224 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 22 a 42, del Grupo Parlamentario Popular, por 116 votos a favor y 119 en contra.
Se levanta la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
-- DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (S. 624/000009) (C. D. 122/000050).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación con la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador García Miralles.
El señor GARCÍA MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. La proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular fue presentada y tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 15 de marzo de 2005.
Consta de un artículo único, una disposición derogatoria y una final. Se proponen un nuevo preámbulo para la Ley Orgánica 3/1984 y unas modificaciones concretas en su articulado.
En general, se trata de facilitar el ejercicio de este procedimiento de democracia semidirecta. Entre las innovaciones más destacadas cabe mencionar la ampliación del plazo de recogida de firmas de 6 a 9 meses, prorrogables por otros tres, y la posibilidad de realizarla electrónicamente. Por otra parte, los pliegos de firma podrán editarse en las dos lenguas cooficiales de las comunidades que las tengan. Se suprime la necesidad de que se acompañen estos pliegos con los certificados de inscripción de los firmantes en el censo. En adelante, tras la presentación de los pliegos, será la Oficina del Censo Electoral la que tenga que comprobar la inscripción y el número de firmas.
Frente al silencio anterior sobre el momento en que tenía que iniciarse la tramitación de una proposición de ley por iniciativa popular regularmente presentada, se impone ahora un plazo máximo de seis meses para la toma en consideración. Finalmente, se actualiza el importe máximo con que puede ser indemnizada la comisión promotora por los gastos originados, debidamente justificados, y por la decisión de la iniciativa y recogida de firmas; dicha indemnización se fija en 300.000 euros, revisables anualmente conforme a las variaciones del IPC.
En el Senado se presentaron 11 enmiendas. La Comisión Constitucional debatió esta proposición de ley orgánica el pasado 6 de abril y aprobó dos enmiendas transaccionales que afectan a los artículos 7.4 y 13.2 de la Ley Orgánica 3/1984. En lo demás, se propone mantener el texto remitido por el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene como voto particular sus enmiendas 1 a 4, y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés hace lo mismo con sus enmiendas 5 a 7. Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene la número 9.
Comienza el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Defensa de las enmiendas. Para defender las del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: «Egun on». Gracias, señor presidente.
Anuncio que nuestro grupo retira sus enmiendas en beneficio del consenso.
Por el Grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Anunciamos también la retirada de las enmiendas de nuestro grupo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Castillo.
La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
También nuestro grupo anuncia que retira la enmienda que mantenía viva.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
Anunciamos nuestro voto favorable a esta proposición de ley que propone un avance en la democracia directa. Esto es siempre una buena noticia para quienes creemos que la democracia es la forma más adecuada de vivir en comunidad.
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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo se ha sumado al consenso. De hecho, ya lo hizo en los trámites de ponencia y comisión. Anunciamos, pues, nuestro voto favorable y celebramos que la proposición de ley se apruebe por unanimidad.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Nos sumamos a la felicitación por el consenso obtenido.
Debatimos una buena ley, que impulsó el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds en el Congreso, y que aportará una serie de ventajas que facilitarán la participación semidirecta de los ciudadanos. Con todo, habríamos querido ampliarla en dos sentido: en primer lugar, reduciendo el número de firmas necesarias para promover la ILP y, en segundo lugar, modificando las materias excluidas de la iniciativa legislativa popular.
No obstante, la ley da un paso adelante, es una buena ley, por eso la apoyamos.
La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero sumarme al consenso con el que esta reforma de la Ley Orgánica 3/1984 salió del Congreso de los Diputados. Después de un debate interesante en la Comisión Constitucional, hemos conseguido mantener y traer al Pleno, con ese mismo espíritu, el texto que allí se aprobó.
Destacaré que la mejora de una ley que tiene 22 años supone fundamentalmente la posibilidad de incorporar la recogida de firmas a través de mecanismos electrónicos. También hago hincapié en la novedad que incluye --y por tanto la mejora-- la reforma de la ley en cuanto a la posibilidad de hacer el pliego de recogida de firmas en las lenguas cooficiales, y, por supuesto, la ampliación del plazo para la recogida de esas firmas. Junto a eso está la posibilidad de resarcir económicamente por los gastos a quien promueva la recogida de firmas. Son los aspectos más importantes que justifican la reforma de una ley que, repito, después de 22 años, no ha tenido muchos efectos prácticos. De 34 iniciativas, sólo ocho terminaron llegando a las Cámaras, y de esas ocho sólo una se convirtió en ley. Sin embargo --lo han dicho los otros portavoces-- supone la posibilidad de intensificar, de hacer posible la participación directa en la capacidad normativa de los ciudadanos.
Esta ley orgánica, por tanto, es muy importante; es el instrumento que permite esa participación directa en un sistema democrático, y esperamos que, con estos elementos que la mejoran y la modernizan, se utilice más y que sea el instituto que permita llegar a los ciudadanos a la creación de la norma que va a regular la convivencia entre todos nosotros.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos, señorías. Nos reúne un asunto sin duda alguna importante: la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, para modificar la Ley Orgánica 3/1984, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Como todos ustedes saben, la iniciativa legislativa popular es un instrumento de participación de los ciudadanos --como aquí se ha hecho-- en la formación de la ley. El artículo 23 de nuestra Carta Magna, de la Constitución de 1978, establece la participación directa de los ciudadanos en la vida pública. Existe una participación directa a través del referéndum y también una participación semidirecta a través de este instrumento que es la iniciativa legislativa popular.
En primer lugar, quisiera señalar que en el Grupo Parlamentario Popular aplaudimos en su día la oportunidad de la presentación de esta iniciativa por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, ya que entendimos que después de 22 años era necesario mejorar y modernizar una institución de participación democrática como es la iniciativa legislativa popular.
El modelo de democracia español, según la Constitución de 1978, es el de la democracia representativa, y por ello los partidos políticos de nuestro país representan un papel medular en nuestro sistema, siendo el cauce fundamental de participación de los ciudadanos en la vida del Estado. El objetivo de la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds es el de facilitar el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, eliminando las trabas y las cautelas innecesarias, simplificando los procedimientos y reduciendo los requisitos existentes para llevarla a cabo.
El derecho a la iniciativa legislativa popular --y quiero hacer hincapié en ello-- implica la posibilidad de iniciar el procedimiento legislativo a través de la recogida de firmas, si bien logra su plena efectividad en el momento mismo del debate de su toma en consideración. Así ha quedado recogido en el artículo 13.1 de la ley.
En el trámite en el Congreso de los Diputados se llegó a un texto bastante consensuado sobre esta iniciativa, pero hay que resaltar que con la tramitación de esta propuesta se ha puesto de manifiesto que es posible llegar a grandes acuerdos entre todos los grupos parlamentarios, y eso, sin duda alguna, es fundamental.
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Ya han comentado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que en la tramitación parlamentaria de esta propuesta hemos logrado, entre todos, incorporar bastantes mejoras respecto de la ley de 1984; entre todos hemos conseguido dotar de una mayor relevancia a esta figura de nuestro ordenamiento jurídico; hemos podido presentar los pliegos de firmas en cualquiera de las lenguas cooficiales de España; hemos logrado recoger firmas a través de los métodos electrónicos, incorporando también esta iniciativa legislativa popular a la sociedad de la información; hemos ampliado el plazo de recogida de firmas de seis a nueve meses, prorrogables por tres meses en casos de fuerza mayor; hemos actualizado la cuantía económica para llevar a cabo la iniciativa; hemos conseguido que el Congreso de los Diputados tenga que tramitar las iniciativas en un plazo prudencial, punto importante que aparece recogido en el artículo 13.1 cuando establece un plazo máximo de seis meses para que las Cámaras incorporen en el orden del día del Pleno la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Creemos que el establecimiento de este plazo máximo garantiza aún más, si cabe, a el derecho ejercicio de la iniciativa legislativa popular para los proponentes, ya que con ello se evita que estas queden olvidadas en un cajón del Congreso de los Diputados. Además, hemos conseguido fomentar entre todos el diálogo, haciendo posible que la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular se persone para su defensa en un momento del procedimiento legislativo.
Señorías, agradezco que todos los grupos que habían mantenido sus enmiendas las hayan retirado en aras del consenso final, que va a hacer posible que hoy aprobemos un dictamen que, sin duda, ha conseguido mejorar la Ley 3/1984, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Podemos sentirnos satisfechos de haber llegado a este texto de consenso, pues todos hemos sido capaces de ceder --unos más y otros menos-- para conseguir una buena reforma de la Ley Orgánica 3/1984; así lo hicimos en el Congreso de los Diputados y así resultó del debate en la Comisión Constitucional de esta Cámara con la incorporación de las dos enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y apoyadas por todos los grupos. Espero que el consenso alcanzado y el objetivo logrado con el texto del dictamen que hoy vamos a votar siga siendo una pauta a la hora de actuar para posteriores iniciativas que se presenten en las Cámaras que conforman las Cortes Generales de España.
Por las intervenciones de los grupos parlamentarios entiendo que hay unanimidad respecto de esta ley. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) En tal caso, señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución Española, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S. 621/000047) (C. D. 121/000046).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda me cabe el honor de presentar el proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
Quiero recordar que el proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el 3 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario una vez finalizado el plazo de presentación de vetos y enmiendas, que expiraba el 15 de marzo y que fue ampliado al 22 de marzo de 2006.
A este proyecto de ley se presentaron un total de 62 enmiendas distribuidas de la siguiente forma: de la 1 a la 3, del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 5 a la 10, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; de la 11 a la 21, del Grupo Parlamentario Socialista; de la 22 a la 42, del Grupo Parlamentario Popular; y de la 43 a la 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia acordó incorporar las enmiendas 11 a 21, del Grupo Parlamentario Socialista, con una modificación técnica en la número 13, así como el mantenimiento del resto del texto remitido por el Congreso de los Diputados. Igualmente, acordó aplazar el debate del resto de las enmiendas presentadas para una fase ulterior del procedimiento. La representante del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés retiró la enmienda número 10. La comisión aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia. Se han presentado cinco votos particulares, a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno las siguientes enmiendas: las números 1 a 3, del Senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las números 5 a 9, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; las números 22 a 42, del Grupo Parlamentario Popular; y las números 43 a 62, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Comenzamos con el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos, a continuación, a debatir las enmiendas. En primer lugar, las del
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Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer acto de presencia en lugar del señor Eduardo Cuenca Cañizares, al que se está haciendo una entrevista en la radio. No sé si es el procedimiento habitual, pero voy a dar por defendidas las enmiendas 1 a 3. Disculpe, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.
En el trámite del siguiente proyecto de ley orgánica, en el tendrá lugar el debate de un veto, nos podremos extender con mayor amplitud sobre la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En este proyecto de ley se prevé una reforma de la Ley 18/ 2001 con un carácter técnico, pero como se ha visto en la dictamen de la comisión, precisamente el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado un número importante de enmiendas. Estas enmiendas responden a una serie de puntualizaciones que queremos hacer con vistas a dos aspectos que la ley no recoge con la suficiente precisión. La primera es una mejor adaptación de acuerdo con nuestras enmiendas, acorde con la delimitación del sector público definido a nivel europeo y afectado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y basado en la financiación por la inclusión o no del ente del Sistema Europeo de Cuentas.
Nestras enmiendas se dividen en tres bloques, y uno de ellos es éste.
Consideramos que con ellas mejoramos la adaptación a la metodología e incluso a la terminología de la Unión Europea en toda aquella área que lleva a los pactos de estabilidad y crecimiento y al ajuste a éstos.
El segundo bloque hace referencia a cuestiones internas. De ahí nuestra enmienda número 45 referida al principio de estabilidad presupuestaria para que, de conformidad con el Pacto de Toledo, se garantice el mantenimiento del sistema de Seguridad Social y su viabilidad futura.
Como es lógico, cuando tratamos las cuentas públicas de un año dentro del ámbito de estabilidad presupuestaria hemos de tener en cuenta un aspecto tan esencial, como es el sistema de Seguridad Social y de pensiones que, por otra parte, me permito recordar que es una de las cuestiones más críticas en los informes de la Unión Europea, tanto de la Comisión Europea como en el informe anual del Banco Central Europeo.
Finalmente, hay otros aspectos que sustanciamos en nuestras enmiendas, a partir de la número 48, para poner de relieve el papel que debe desempeñar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este proyecto, el Gobierno asume una representación, así como el establecimiento de unas directrices que entendemos que no corresponde aplicar si no se da previamente acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas. Tener en cuenta los acuerdos y la situación de cada comunidad autónoma debería conllevar un papel más relevante del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ello nos ha movido a presentar una serie de enmiendas que constituyen el tercer ámbito que motiva nuestras propuestas de modificación. Aunque tienen una traducción que podría parecer técnica, obedecen a dos cuestiones de fondo: por una parte, una mejor adaptación a las directrices y a la terminología, incluso a un mejor ajuste respecto de las instituciones de la Unión Europea, dentro del marco donde se discuten y aprueban los planes de estabilidad y crecimiento; y, por otra parte, una mejor adaptación y ajuste respecto a los acuerdos de las diversas administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, en cuanto a compromisos internos --ya he hecho referencia a uno muy específico, el Pacto de Toledo--, que, en su mayoría, llevan a reconocer un papel más relevante del Consejo de Política Fiscal y Financiera para exponer la situación y alcanzar acuerdos entre las comunidades autónomas y la Administración Central del Estado.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender la enmienda número 4, que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos mantienen a este proyecto de ley.
Hemos propuesto la supresión de la disposición final tercera, como defendimos en la comisión, debido a que en el Congreso de los Diputados, con fecha 17 de mayo de 2005, se había aprobado por una amplia mayoría una resolución mediante la cual ya se instaba al Gobierno a utilizar normas con rango de ley para introducir normativas básicas en el ordenamiento jurídico español. Entendemos que, en su cumplimiento, el Gobierno del Estado debería comprometerse a que fuera esencialmente la ley la que estableciera los diferentes principios y directrices generales, cuya aplicación corresponde desarrollar y ejecutar a las comunidades autónomas en el ámbito de las competencias que tienen reconocidas.
De este modo, entendemos que se dota de claridad, estabilidad y certeza normativa al ordenamiento jurídico, finalidades estas que únicamente aceptan excepciones de carácter puntual cuando las medidas que vayan a poner en práctica las comunidades autónomas no garanticen suficientemente la preservación de la norma básica, pero que incluso en tales circunstancias debieran quedar a la discusión del poder legislativo.
Por el Grupo Parlamentario Entesa de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.
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La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, Entesa Catalana de Progrés mantiene cinco enmiendas a este proyecto de ley. Son enmiendas que provienen del Congreso, de dos de los grupos que integran nuestra coalición, y debo decir que no hay una posición común respecto a ellas pero corresponde a esta portavoz defenderlas.
Las propuestas planteadas hacen referencia a tres aspectos concretos. En primer lugar, la consideración de que el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el sector público local se haga en términos agregados, es decir, que se contemple el conjunto del sector local. El segundo aspecto es que sea preceptivo un informe previo de las comunidades autónomas respecto del al objetivo a fijar para los entes locales en aquellos casos en que las comunidades autónomas ostenten competencias en materia de tutela financiera. Y el tercer aspecto es atribuir a la ley, en concreto a la Ley general de presupuestos, la fijación de la tasa de variación del producto interior bruto nacional real que determine el umbral de crecimiento económico por debajo del cual se podrá excepcionalmente presentar déficit por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales y, asimismo, la fijación de la tasa de variación del PIB nacional que determine que se deberá presentar superávit. Esta es una propuesta alternativa a lo contemplado en el proyecto de ley, que atribuye al Consejo de Ministros la fijación de dichas tasas de variación del producto interior bruto.
Lo que se pretende con estas enmiendas es, en síntesis, de clarificación de los procedimientos de fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria, y en relación con la última propuesta, se trata de favorecer el debate parlamentario en la fijación de los umbrales de crecimiento que dan lugar al objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, presidente.
Señorías, creo que nos han cambiado el guión, porque estas dos leyes siempre se discuten conjuntamente ya que una es complementaria de la otra. Por ello hubiese sido más lógico defender primero el veto, en el que de una forma genérica se explica el porqué de nuestra posición negativa a esta reforma. En cualquier caso, voy a pasar a defender las enmiendas porque si no, no tendrían luego sentido.
La enmienda número 22, en la que se solicita la supresión de la exposición de motivos, resume nuestras teorías, porque a lo largo de estas reformas se van dando una serie de causas que, en definitiva, justifican el déficit vistiéndolo de distintas maneras. Y es que esta ley, que en su día fue un instrumento fantástico de política económica, con sus numerosas flexibilizaciones deja de serlo y se acomoda a las situaciones y circunstancias de cada momento.
Por otra parte, aumenta el intervencionismo del Estado al pedirse muchísima información, que además no creemos que sea buena para la transparencia, sino todo lo contrario.
Tampoco nos gusta, como recoge la exposición de motivos, que se establezca como forma de fijar el déficit las relaciones bilaterales.
Pienso que eso siempre da lugar a arbitrariedades y a que unas comunidades autónomas tengan más capacidad de presión que otras si en un momento determinado tienen ganas de tener déficit.
Por último, como síntesis de esta exposición de motivos, mencionaré la referencia que se hace a los ciclos económicos. Entendemos que nadie ha definido lo que es un ciclo económico, siempre es aleatorio, y es una causa más de ambigüedad para justificar cualquier tipo de déficit.
La enmienda número 23, al artículo único, propone la supresión de la expresión «... a lo largo del ciclo económico» por las razones que he expuesto, es decir, porque nadie sabe lo que dura un ciclo, y podríamos pensar que durante una década en que una economía no tuviera un alto crecimiento, todos los años se podría justificar un alto déficit, dejando la economía hipotecada gravemente para el futuro.
La enmienda número 24 solicita la supresión del último párrafo del artículo único, apartado dos, que viene a recoger lo que decíamos sobre el aumento de control. Y es que hoy en día, tal y como está la ley, ya se tiene toda la información. Se hace hincapié en que las cuentas de la Seguridad Social, como las del resto de la Administración del Estado, deben estar separadas a efectos de transparencia, y posteriormente, con los distintos componentes, se pueden hacer las composiciones que se quiera; pero la transparencia queda salvaguardada porque se sabe cuál es la situación de uno y cuál la situación de una y otra.
La enmienda número 25 propone la supresión del apartado cuatro precisamente porque recoge el espíritu de la ley. Se ha cambiado la expresión «equilibrio presupuestario» por «estabilidad presupuestaria», que resulta más ambigua, y da pie a cualquier interpretación, dejando al margen al equilibrio.
La enmienda 26 pretende la supresión del apartado cinco, debido a que mediante este apartado desaparece la obligación del equilibrio anual.
Ahora se admite el déficit y se introducen factores muy discrecionales de estabilidad a lo largo de un ciclo, sin que haya una manera objetiva de definir en qué momento de ese ciclo nos encontramos, porque realmente no existe. Incluso se permite a las comunidades tener un margen de déficit más amplio que el del Estado, y dependerá del Gobierno de turno.
La enmienda 27 pretende suprimir el apartado seis. De nuevo en este apartado se da pie a la arbitrariedad porque se fija una finalidad que no hay forma de que sea objetiva y ni siquiera real, sino que está condicionada a futuribles nadie puede asegurarse que sean ciertos.
La enmienda 28 suprime el último párrafo del apartado siete. En este apartado se da por supuesta la existencia del déficit, es como si necesariamente tuviera que haber déficit, y aleatoriamente se pudiera evitar.
La enmienda 29 pretende la supresión del apartado ocho. Vuelve a preverse un déficit, y se renuncia al objetivo de no alcanzarlo como algo prioritario.
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La enmienda número 30 pretende la supresión del apartado nueve, que es el equivalente al apartado 4, por el cambio de la expresión «equilibrio presupuestario» por «estabilidad presupuestaria».
Las enmiendas números 31, 32 y 33, suprimen los apartados diez, once y doce. Se trata de un simple cambio de numeración de artículos.
La enmienda número 34 propone la supresión del apartado trece, porque lo que en la ley actual se recoge como excepcional, que es el déficit, con esta redacción se modifica, y se da por supuesto el déficit, considerándose excepcional el equilibrio. Es un cambio flagrante del espíritu de la ley.
La enmienda número 35 pretende la supresión de una frase que aparece en el apartado quince. En nuestra opinión, sobra la expresión «incumpliendo el objetivo de estabilidad», porque presentar un déficit de por sí ya supone incumplir el objetivo de estabilidad.
La enmienda número 36 propone la supresión del apartado dieciséis por los mismos motivos aludidos en los apartados cuatro y nueve.
La enmienda número 37 suprime los apartados diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno, que suponen el traslado de toda esa relajación, por distintos motivos, de las comunidades autónomas a las entidades locales.
La enmienda número 38 pretende suprimir el apartado veintidós porque se hace una referencia a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en nuestra opinión no es necesaria.
La enmienda número 39 suprime la disposición transitoria primera por considerar que es otra flexibilidad adicional e innecesaria que permite que haya déficit cuando haya bajo crecimiento. Es tan evidente que a lo largo de la legislatura, y por comparación con otras economías, la exigencia del control del gasto y del equilibrio genera el crecimiento y no al revés, que esta disposición implica una regresión en la cultura económica de este país.
La enmienda número 40 pretende la supresión de la disposición transitoria segunda, porque vuelve a utilizarse, de otra manera, pero con los mismos efectos, el ciclo económico y su evolución para justificar el déficit.
En la enmienda número 41 se suprime la disposición final segunda. A la consideración de la ley como legislación básica del Estado se hacen multitud de salvedades que entendemos que no son necesarias. Como explicaremos en el veto, creo que es una de las justificaciones de esta reforma.
En la enmienda número 42 se suprime el segundo párrafo de la disposición final sexta. Al igual que todas las anteriores, es necesaria esa supresión porque se vuelve a dar una facilidad e incluso una invitación a incurrir en déficit.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ. Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera manifestar, en primer lugar, por si hay alguna duda, que el Partido Socialista y el Gobierno socialista siempre han apostado por la estabilidad presupuestaria, primero, porque era un compromiso electoral, y segundo, porque esa estabilidad ha sido defendida a lo largo de estos dos años de legislatura por los diferentes miembros del Consejo de Ministros y los compañeros que sustentamos el Grupo Parlamentario Socialista.
Entendemos que la estabilidad presupuestaria constituye la mejor forma de asegurar el gasto social y la inversión pública que sean sostenibles en el tiempo. Además, la disciplina fiscal otorga confianza a los agentes económicos, refuerza las condiciones para conseguir estabilidad de precios, crecimiento y empleo y garantiza que el Estado siga cubriendo las necesidades colectivas básicas.
En este sentido, en términos generales, está establecida la reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que estamos defendiendo, al entenderse que la disciplina fiscal debe referirse al ciclo económico para permitir el libre juego de los estabilizadores automáticos y el consiguiente efecto anticíclico del presupuesto. Además, la disciplina presupuestaria debe afectar al conjunto del sector público a todos los niveles de la administración.
Queremos que la estabilidad presupuestaria sea real y no puramente nominal. No nos vale una ley que proclame el déficit cero sobre el papel, como en ocasiones anteriores --y no hace falta que me remita a ello--, y que no logre que se equilibrio presupuestario se dé en la realidad.
Recuerden que se dijo en alguna ocasión que el Estado nunca había tenido déficit cero y que las comunidades autónomas, a pesar de lo que le dice la estabilidad presupuestaria, tampoco. Pero hoy sabemos, y tenemos datos concretos y reales, que en anteriores ocasiones hubo once comunidades autónomas que registraron déficit; por cierto, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, pero sólo es un añadido al que me remito. Y también más de la mitad de las entidades locales sufrieron déficit. Por eso hay razones para modificar estas leyes en general, y en concreto la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Como éste es el turno de posición respecto de las enmiendas que se han presentado con anterioridad, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por Izquierda Unida, aunque el señor Cuenca no las haya podido defender, anuncio de antemano que nuestra posición es la misma que mantuvimos en el Congreso para ser coherentes con lo que hemos estado explicando.
En primer lugar, la enmienda número 1 pretende que para fijar el objetivo de estabilidad de los entes locales se solicite un informe a las comunidades autónomas que ostenten tutela financiera. Pues bien, he de indicar que el objetivo de estabilidad presupuestaria responde a una actuación de política general y no a una manifestación del ejercicio de tutela financiera, como pretende la enmienda. Además, hay que recordar que es el Estado el que establece en exclusividad las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Así lo indica el artículo 149.1.13ª de la Constitución.
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En el propio proyecto de ley, basado en los principios constitucionales de cooperación, coordinación y lealtad recíproca entre entidades territoriales, se indica que existe un informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local cómo órganos de coordinación multilateral. Por otro lado, según lo que se mantiene en la enmienda, si se atribuye la tutela financiera de las entidades locales a las comunidades autónomas, además de ser inconstitucional, se podría dar la paradoja de que se establecieran objetivos distintos entre entidades locales de diferentes comunidades autónomas.
La enmienda número 2, que es igual a la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, pretende establecer la aplicación de los procedimientos de la propia ley en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad por el conjunto del sector local. Quiero resaltar que el principio de estabilidad debe cumplirse por todas y cada una de las administraciones públicas. Entiendo la preocupación que se tiene por la financiación de las entidades locales, pero también es cierto que con la propuesta de las enmiendas de Izquierda Unida y de la Entesa se podrían producir situaciones injustas de compensación entre administraciones locales; es decir, mientras unos ayuntamientos pueden tener unas cuentas saneadas, incluso con superávit, otros podrían incurrir en déficit permanentes y no corregirse por verse compensados por esos ayuntamientos vecinos que sí cumplen ese principio.
Con lo cual, aunque de manera global se pueda cumplir el principio de estabilidad, no sé si se cumpliría el principio de justicia.
Por último, en cuanto a la enmienda número 3 de Izquierda Unida, semejante a la número 10 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, a cuya portavoz agradezco que la retirara en comisión, pediría a su portavoz que también la retirara porque no tiene sentido ya que da lugar a que se incumpla el objetivo de estabilidad una vez cumplida esta ley. Por tanto, por coherencia le pediría que retirara esa enmienda.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, le anuncio al senador Maqueda que sí que la vamos a aceptar --no está en este momento en el hemiciclo-- porque, aunque en principio íbamos a mantener la misma posición de nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, es decir, la íbamos a rechazar, puede ser que allí no se analizara lo suficiente por nuestros compañeros, pero en el Senado sí lo hemos hecho. Y vamos a aceptarla porque la justificación es coherente. Hay que reconocer que la ley debe establecer los principios y directrices generales y a las comunidades autónomas les corresponde desarrollarlos y ejecutarlos. Y en caso de duda, se establecerán excepciones cuando las comunidades autónomas no garanticen la norma básica. Por tanto, señorías, debemos felicitarnos por la aportación a la ley del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proponer la supresión de esa disposición.
En cuanto a las cinco enmiendas que mantiene la Entesa, como bien ha dicho su portavoz, me voy a referir, una a una, a nuestra justificación para, en principio, no aceptarlas.
La enmienda número 5, relativa a la aplicación del principio de transparencia en el ámbito local, pretende que las comunidades autónomas puedan recabar información de las entidades locales para cumplir ese principio. Aunque entiendo que se propone en aras de la transparencia, es al Gobierno de la nación al que le corresponde velar por el principio de estabilidad presupuestaria en el ámbito del sector público. Es el propio Ministerio de Economía y Hacienda el que debe informar a la Comisión Nacional de Administración Local sobre el grado de cumplimiento de estabilidad y el que, además, responde ante las instituciones comunitarias. Por tanto, demos un voto de confianza al ministerio, para que sea el que recoja la información financiera necesaria precisa para que el cumplimiento de estas funciones, sin que intermedien otras administraciones, porque de lo contrario se podría dificultar y complicar la gestión de la información y el correcto cumplimiento de los principios de estabilidad.
En relación con la enmienda número 6 de la Entesa, me remito a lo que he manifestado al portavoz de Izquierda Unida sobre la enmienda número 2, que es exactamente la misma, relativa al principio de estabilidad para el conjunto del sector local. Como he dicho antes, tampoco en este caso la podemos aceptar, porque no tiene sentido que unos ayuntamientos paguen el no cumplimiento de otros que sí pagan.
La enmienda número 7 de Entesa, pretende determinar la tasa de variación del PIB nacional real que determine el umbral de crecimiento económico, según el cual el Estado y las comunidades autónomas y determinadas entidades locales podrían presentar déficit. Sin embargo, la estabilidad presupuestaria que hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Socialista, no sólo en este proyecto, sino también a lo largo de todas nuestras intervenciones, y que está recogida en nuestro programa electoral, ha de definirse a lo largo del ciclo económico. Por tanto, debe ser, como bien he dicho anteriormente, el Consejo de Ministros el que fije el objetivo de estabilidad presupuestaria, previo informe de los órganos de coordinación multilateral, y para un período de tres años, con lo que se eliminaría la incertidumbre que podría derivarse de toda negociación actual, como pretende la enmienda. Así pues, no podemos aceptarla. Y para que no le quepa duda, según el artículo 8.3 de la ley el objetivo conjunto de estabilidad presupuestaria ha de ser aprobado en la Cortes Generales, con lo cual sí se somete a discusión parlamentaria dicha tasa del PIB que pretenden ustedes fijar en el objetivo de equilibrio.
En cuanto a la enmienda número 8, ocurre exactamente lo mismo que con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto: no podemos aceptarla porque el que tiene la competencia exclusiva de planificación general de la actividad económica es el Estado.
Por último, la enmienda número 9 establece que la tasa de variación del PIB nacional real que determine el déficit o superávit sea fijada en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Pero eso no hace más que introducir incertidumbre económica, y no es el objetivo propio de una ley de estabilidad.
En definitiva, no podemos aceptar las enmiendas de Entesa en su conjunto.
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Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, no es que no estemos de acuerdo con algunas de las consideraciones que se hacen, pero me voy a remitir a lo que pusimos de manifiesto en el Congreso para ser coherentes con lo que allí dijimos.
Hay una serie de enmiendas que pretenden garantizar el respeto a la autonomía financiera de las comunidades autónomas obviando la competencia exclusiva del Estado. Pero, como bien he dicho anteriormente, remitámonos al artículo 149.1.13ª de la Constitución, en el que se dice que las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica es competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, señorías, no tiene ningún sentido que se respete la autonomía financiera puenteando la Constitución.
También se pretende establecer un criterio, que en principio es meramente contable, el SEC, para el ámbito institucional de aplicación de la ley, cuando el propio criterio establecido por la ley es de carácter presupuestario y atiende a la organización territorial del Estado establecida, y, por tanto, también está recogido en la Constitución. Con lo cual no podemos aceptar el criterio del SEC, sino el criterio propio de la ley.
Se busca recoger en la definición del principio de estabilidad las necesidades a largo plazo del sistema de Seguridad Social y además la definición de que exista un déficit consecuencia de la coyuntura económica. Pero, señoría, no se puede llegar a tanta concreción en la definición del principio de estabilidad; en todo caso sería más correcto que eso se determinara en el objetivo de estabilidad, cosa que, por otro lado, ya se hace en el proyecto de ley, concretamente en el artículo único, apartado seis.
También se pretende que puedan presentarse déficit excepcionalmente cuando el ciclo económico prevea un crecimiento individualmente inferior a la tasa de variación del PIB. Pero el informe del ciclo está para el conjunto de la economía española. No puede separarse la aportación al PIB nacional de las entidades locales, de comunidades autónomas y del Estado por un lado, porque se introducen mayores complejidades en los percibimientos, además de que la evolución del PIB nacional y del PIB regional no tienen por qué ser iguales. Como bien he dicho antes, el artículo 149.1.13ª de la Constitución --perdonen que insista en este artículo, pero es importante para mi explicación-- establece la competencia exclusiva del Estado para las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica, y no puede ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que reciba la memoria plurianual ni el que verifique el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en la Unión Europea en materia de estabilidad, como se pretende en las enmiendas. Corresponde al Gobierno, en calidad de órgano competente para ejercer la coordinación general de la actividad económica, la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Por tanto, no podemos admitir que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que realice esas funciones.
Por otro lado, también se pretende un incremento del déficit del 0,05 para inversiones de las entidades locales, que sea del 0,25 del PIB nacional, y un déficit adicional para inversiones de las comunidades autónomas que vaya del 0,25 por ciento del PIB nacional al 1 por ciento del PIB de la respectiva comunidad autónoma. Pero entendemos que es más adecuado mantener las cuentas públicas dentro de unos límites razonables, sin poner en peligro el pacto de estabilidad y crecimiento. Además, y para proteger a las entidades locales, se pretende aplicarles el principio de estabilidad a lo largo del ciclo y que la Comisión Nacional de la Administración Local ejerza funciones a la hora de establecer criterios de inversiones, cuando corresponde al propio Gobierno esa competencia.
El proyecto de ley potencia los principios de solidaridad, cooperación, coordinación y lealtad recíproca entre las entidades territoriales, por lo que queda recogida la protección que propone esta enmienda.
También se pretende que la central de datos de información de riesgos financieros de las entidades locales se establezca entre el Estado y las comunidades autónomas, cuando la competencia es exclusiva del Estado.
Por último, se manifiesta la pretensión de dar carácter excepcional a los municipios turísticos, algo que no podemos aceptar, porque si incluyésemos otro tipo de demandas excepcionales no estaríamos ante la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, sino en la ley específica de estabilidad presupuestaria, que entiendo no es lo que usted pretende ni yo tampoco. Por tanto, no podemos aceptar tal especificidad. Después de haber aprobado en el año 2005 la ley de presupuestos, en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria se pretende recuperar en la tramitación parlamentaria el objetivo de estabilidad, algo en lo que no podemos estar de acuerdo.
Por último, me referiré a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Quisiera decirle al senador Caneda, para facilitarle el trabajo, que, en vez de realizar el esfuerzo de presentar 20 enmiendas, la mayoría de ellas de supresión, hubiese sido más fácil también presentar un veto a esta ley, pues no tiene sentido que hayan presentado tantas enmiendas de supresión sin una justificación real. Por tanto, y como no aportan nada, no podemos estar de acuerdo con ellas. Las reformas que nosotros pretendemos no están basadas en la mentira, la confusión o en la duda, sino en la transparencia y en la información, tanto de esta ley como en la que posteriormente debatiremos.
En el proyecto de ley de reforma de las leyes de estabilidad hay que resaltar varias cuestiones, algunas de las cuales son novedades importantes: la separación de objetivos entre la Seguridad Social y el resto de las administraciones, la existencia de mecanismos preventivos ante posibles fluctuaciones cíclicas y la regulación más realista de los mecanismos correctivos. En definitiva, el modelo de reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, en concreto, de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, pretende lograr un equilibrio a lo largo del ciclo, en el que se superen las insuficiencias detectadas en la normativa actual y se refuerce la estabilidad presupuestaria a través de medidas como el establecimiento de una definición del principio de estabilidad a lo largo del ciclo, basado en el equilibrio de las cuentas entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios a lo largo del ciclo, al igual que de las cuentas de la Seguridad Social. Todo ello debe
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compatibilizarse con la mejora de la productividad, un mayor consenso con las administraciones territoriales y el máximo respeto a la autonomía de las administraciones tributarias, respetando, por supuesto, la Constitución y algo tan importante como es la transparencia y la información, una de las razones importantes por las que se han reformado las leyes de estabilidad presupuestaria.
Nuestra posición respecto de las enmiendas es clara. No podemos estar de acuerdo con las aportaciones propuestas. Sin embargo, como ya he dicho, apoyaremos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Posteriormente, tendremos la oportunidad de debatir una importante ley que va en esta misma dirección, y esperamos que cuente con el apoyo del resto de los grupos por su importancia.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hacer una disección de este proyecto de ley de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que va a intentar disciplinar las decisiones de los responsables de política económica y presupuestaria de las comunidades autónomas. En un mundo en el que las necesidades y los gastos son cada vez más importantes y las demandas de los ciudadanos cada vez más acumulables, es fundamental disciplinar a los responsables y a los ciudadanos, pero no se pueden cumplir ciertos objetivos sin las dotaciones correspondientes.
El proyecto de ley que debatimos intenta modificar la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, y concienciar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de la necesidad de una filosofía de estabilidad, al objeto de lograr la igualación presupuestaria, aunque es difícil, sobre todo en un momento en el que las demandas del Estado del bienestar son cada vez más importantes.
Este proyecto pretende informar y actualizar las cuentas, de forma que tengan transparencia y claridad suficientes a fin de que, tanto el gasto corriente como el gasto de inversión, dispongan de sus fuentes de financiación y no se generen los correspondientes déficit.
Hay que aprovechar el hecho de que los ejercicios anuales se relacionen con las situaciones del ciclo económico; los ciclos económicos tienen momentos de superávit presupuestario por el aumento del crecimiento económico y momentos de depresión; es fundamental que tanto los gestores como los responsables de las administraciones aprovechen los momentos de superávit y guarden para los momentos de déficit; es algo que se ha hecho desde los tiempos bíblicos.
Con respecto al País Vasco, esta ley pretende crear un juego de fuerzas aunque , debido al concierto económico en los tres territorios y al convenio en Navarra, la estabilidad presupuestaria, la conformidad con los recursos, el equilibrio presupuestario y las cuentas consolidadas en orden han sido siempre criterios y principios que se han llevado a conciencia.
Nos preocupa --y con esto termino, señor presidente-- la disposición final tercera, relativa al carácter básico de las normas de desarrollo, en la que, de nuevo, la Administración intenta incluir actuaciones en las que, en mi opinión, las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco tienen una competencia básica con el concierto económico y fiscal y con el convenio.
En conjunto, nos parece una ley necesaria, que va a disciplinar a los gestores y a los tenedores de las cuentas anuales y que intentará poner orden en las demandas de los ciudadanos, aunque sería fundamental que siguiera cumpliéndose el Estado del bienestar y que la democracia del Estado español fuera extendiendo el bienestar y la riqueza a los ciudadanos.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.
Señorías, voy a intervenir brevemente. He expuesto ya la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en el turno de defensa de nuestras enmiendas, pero quiero insistir en que la deriva de la posición del actual Gobierno resulta cada vez más preocupante en el sentido de que intenta --entiendo que es muy cómodo para el ministro de Economía y Hacienda-- centralizar al máximo sus decisiones y obviar la posición y la autonomía financiera y presupuestaria que se debería reconocer a las comunidades autónomas. El encaje es difícil, porque hay unos compromisos que debemos cumplir con la Unión Europea y que yo apoyo: los programas de estabilidad y crecimiento, que han tenido una buena orientación y nos han llevado a un compromiso adecuado para conseguir una situación equilibrada desde el punto de vista presupuestario y del control del gasto. Sin embargo, esta política, que apoyo, no debe llevar a obviar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas, y esto es lo que ocurre en cada propuesta anual cuando revisamos el programa de estabilidad presupuestaria en el ámbito español.
Hay tres cuestiones que nos preocupan. La primera es que las propuestas de estabilidad presupuestaria no se ajustan adecuadamente dentro del marco de la Unión Europea. La segunda es que el Gobierno asume unas competencias y capacidades que corresponden al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y la tercera se refiere a aspectos de orden interno: hay pactos tan fundamentales como el Pacto de Toledo que comienzan a sufrir distorsiones, y esto es alarmante. De ahí que lamente que el Grupo Parlamentario Socialista, como grupo que sustenta al Gobierno, apoye esta postura, que es contraria al reconocimiento
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y al ejercicio de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Quiero dar las gracias a todos los grupos que han manifestado su apoyo a la enmienda número 4 de nuestro grupo. Especialmente, le agradezco sus palabras a la senadora Vicente. Estamos de acuerdo con ella en que esta enmienda no tendría que haber llegado viva al Senado, sino que tendría que haberse aprobado en el Congreso, porque es de justicia respetar las atribuciones de las comunidades autónomas.
Nos alegramos de que el proyecto de reforma de la ley de estabilidad presupuestaria haya alcanzado el consenso que vamos comprobando por las intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición de nuestro grupo sobre las enmiendas de los demás grupos parlamentarios. Coincidimos con el Grupo Parlamentario Socialista en su apoyo a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero no vamos a apoyar las enmiendas de los demás grupos.
Quiero hacer un comentario breve sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Cuenca, que coincide con una enmienda de nuestro grupo que retiramos en el trámite de ponencia. Nuestra enmienda tenía una homóloga en la ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y con ambas se pretendía adelantar a los Presupuestos Generales del Estado para 2006 la posibilidad de que las entidades territoriales incurrieran en déficit. Lógicamente, pretendíamos acordar la propuesta con el Gobierno, en coherencia con la filosofía y el objetivo de la reforma, que basa la fijación de los objetivos en el consenso. Puesto que el acuerdo no se produjo, lo lógico era retirar las enmiendas, y así lo hizo nuestro grupo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Intervengo muy brevemente, señor presidente, para responder al senador Gasòliba que dice que pone en duda que esta ley respete la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Señoría, este proyecto de ley y el que a continuación debatiremos, respetan la autonomía financiera, pero también la Constitución, con lo cual no podemos rechazar una parte de la misma porque no tendría mucho sentido.
Quiero manifestar que esta reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria pretende lograr una estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y presenta una mayor transparencia, mayor información y una regla fiscal más efectiva, que es lo que estábamos buscando.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Ha dicho muy bien la portavoz socialista que el Grupo Parlamentario Popular pide la supresión en esta ley. No nos gusta la reforma; y comprendemos que no haya venido el ministro a presentarla. Entre los muchos que en su día elogiaron esta ley estaba precisamente el vicepresidente Solbes. Esta ley ha marcado un hito en toda Europa sobre el control de gastos, y no creo que la reforma obedezca a razones económicas.
En cuanto a los puntos que se ha comentado que aporta, ya le he dicho en el turno de enmiendas, y luego lo explicaré en la defensa del veto del siguiente proyecto de ley, que no creo que sean ciertos. Todos podemos defender lo que queramos, pero el hecho de que se pida mucha más información es la mejor forma de que no haya transparencia. Evidentemente ahora se puede separar la Seguridad Social de las cuentas del Estado, pero cuando se inició el recorte de gastos en 1996 la Seguridad Social estaba en una situación crítica y no era el momento. Ahora se puede separar, pero ya he dicho que ello no aporta transparencia, porque siempre se han sabido cuáles eran los ingresos y gastos de la Seguridad Social y del resto de las cuentas del Estado. Por tanto, no creo que esto sea una aportación nueva.
Este proyecto de ley responde simplemente a una petición de los ayuntamientos y comunidades autónomas de tener más déficit, y se hacen una serie de apaños. Se hace un desarreglo de la ley vigente bajo circunstancias absolutamente ambiguas, como que sea bueno para la economía o como que pueda haber un desfase con el desarrollo de la Unión Europea en la sociedad de la información. Es decir, se hacen una serie de apaños que pueden ser interpretados como quiera cada uno de los interlocutores y que justificarán el déficit.
Por todo ello todas nuestras enmiendas son de supresión y no apoyaremos ninguna que vaya a facilitar el déficit, aunque se vista del color que se quiera.
Si les parece bien, pasamos a debatir el siguiente proyecto de ley, que tiene que ver con el que acabamos de debatir, y después someteremos a votación los dos proyectos de ley; primero el que vamos a debatir ahora, y después el
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que acabamos de debatir, votando primero el veto, y realizando después el resto de las votaciones.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S.
621/000048) (C. D. 121/000047).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda tengo el honor de presentar el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el 3 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario una vez finalizado el plazo de presentación de vetos y enmiendas, que expiraba el 15 de marzo y fue ampliado hasta el 22 de marzo de 2006.
A este proyecto de ley se presentó un veto por parte del Grupo Parlamentario Popular y un total de 26 enmiendas distribuidas de la siguiente forma: la número 1, por parte del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 2 a la 4, por parte del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; de la 5 a la 7, por parte del Grupo Parlamentario Socialista; de la 8 a la 11, por parte del Grupo Parlamentario Popular, y de la 12 a la 16, por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia acordó incorporar las enmiendas 5 a 7 del Grupo Parlamentario Socialista, así como el mantenimiento del resto del texto remitido por el Congreso de los Diputados. Igualmente acordó aplazar el debate del resto de las enmiendas presentadas para una fase posterior del procedimiento.
La representante del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés retiró la enmienda número 4.
La comisión aceptó, como dictamen, el texto propuesto por la ponencia.
Se han presentado cuatro votos particulares, a través de los cuales se mantienen, para su debate y votación en el Pleno, la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular y las siguientes enmiendas: la número 1 del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 2 y 3, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; las números 8 a 11, del Grupo Parlamentario Popular, y las números 12 a 26, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Pasamos a continuación al debate de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el senador Caneda.
Ahora sí subo a la tribuna a defender el veto presentado a una ley que ha sido uno de los pilares de la política económica del Gobierno del Partido Popular. Creo que ha sido un excelente instrumento para poder tener el crecimiento largo y sostenido del que hoy disfrutamos todos, incluso el Gobierno socialista, que presume de él.
Lo normal en toda reforma hubiera sido que asistiera el ministro para hacer su presentación, y, en segundo lugar, que hubiéramos tenido la oportunidad de mantener conversaciones con alguien del Partido Socialista --yo sueño con ello--, aunque no hay ninguna posibilidad si ellos no quieren. Prueba de que cuando quieren nos llaman para hablar, es que hemos aprobado por consenso leyes como la de tropa y marinería, la ley antitabaco o la de violencia de género; realmente, cuando han querido que se produjera el consenso, lo ha habido. En este caso no nos han llamado porque se quiere hacer un ejercicio que está muy de moda: ser anti PP cuando conviene, cuando creen que es positivo y prefieren alejarse.
Seguramente Woody Allen haría una buena terapia analizando esos deseos de autoafirmación que les hacen decir: yo soy más progre, soy de izquierdas y no puedo negociar con el Partido Popular.
Dado que el padre de esta ley es el Partido Popular, lo normal hubiera sido que se le hubiera invitado para realizar las reformas, para adaptarla, si es que fuera necesario, y quizá así habría quedado mejor.
Cuando ambos partidos, de forma moderada, nos hemos ido alternando, no nos ha ido mal a lo largo de todos estos años, por lo que esa buena costumbre debería conservarse.
Fue en 1996 cuando se empezó a hablar de control del gasto, y cuando la economía estuvo realmente saneada fue cuando se puso en marcha la ley, que es el instrumento legal que confirma este espíritu. Desde entonces han mejorado muchas cosas, y aunque hoy esta ley mutile la que existía y de forma encubierta --como luego explicaré-- aunque se rompa totalmente el espíritu de la ley, hay algo de lo que me siento contento --y lo dije en su defensa cuando comenzó a gestarse--: que ha logrado cambiar la cultura económica de este país. Hoy muy pocos, salvo algunos excéntricos --que es bueno que existan, siempre que sean pocos y no gobiernen-- defienden la bondad del déficit. Hace diez años se decía eso, pero hoy nadie lo defiende abiertamente, y, si se dice, es de forma oculta y con cierto pudor. Eso es bueno; algo hemos ganado, porque el crecimiento desde el año 1996 hasta el 2004 no se debe al mayor gasto público; se bajó el gasto, de forma que recursos que antes se absorbían por el sector público se liberaron
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para el sector privado, que es el que ha motivado todo el crecimiento. Eso es lo que nosotros queríamos preservar. Si había que reformar la ley, lo podíamos hacer, pero preservando este espíritu, que es el que ha permitido la sostenibilidad del sistema de protección social. Hoy es muy fácil hablar del superávit de la Seguridad Social, pero no lo era hace diez años, cuando estaba en quiebra. Hoy entre todos hemos hecho este cambio, pero debemos ponernos normas, debemos autolimitar el control para no volver a las andadas.
La credibilidad que ha ganado España en los mercados no ha sido porque sí, sino por normas como esta. Creemos que no es bueno cambiarla, y mucho menos sin intentar llegar a un acuerdo. Queremos que nos escuchen por qué pensamos que no es bueno modificar esta ley. A fin de cuentas, este modelo de crecimiento, y no sólo en este aspecto de la estabilidad, sino también en otros muchos, fue criticado por el Grupo Parlamentario Socialista. Curiosamente, siguen criticándolo, aunque parasitan su éxito, porque el éxito de este modelo y los superávit que estamos teniendo son los que les permiten tener alegrías con los gastos.
En estos años hemos pasado de unos récords históricos negativos (máximo de deuda, máximo de déficit, máximo de paro) como nunca había tenido España a unos récords positivos en todo. ¿Por qué cambiarlo, por qué ir dinamitando todo lo que ha hecho el Partido Popular solo porque lo haya hecho el Partido Popular? ¿Por qué primar una vez más el triunfo de los políticos sobre los ciudadanos? Es una vuelta al pan para hoy y hambre para mañana. Recuerdo cuando en 1991 y 1992 se llegó a una alegría desmesurada del gasto porque decíamos: ¡qué bien vamos!, ¡cómo va todo!, ¡vamos a gastar!, y se llegó a otro récord histórico, la recesión de 1993. Esperemos que el incremento de cultura de todas las administraciones y gobernantes no nos haga caer en eso. Vamos bien, pero con muchos problemas que luego comentaremos. A esto hay que dedicarse y no a derribar lo hecho.
El objetivo de equilibrar los ingresos y los gastos cada año no es un capricho o una obsesión del Partido Popular, sino un ejercicio de prudencia y responsabilidad necesario para que el crecimiento sea sostenido y, además, honrado con el futuro, que no hipotequemos a los que vienen después. Esta ley fue una magnífica herencia para el Gobierno socialista, cuyo valor hoy aminoran notablemente. Son evidentes los resultados en todas las áreas económicas, pero podemos fijarnos de forma especial en la tasa de actividad, en la que este país ha subido más del 50 por ciento su número de trabajadores, o en la convergencia con Europa, que en estos años ha sido realmente admirable. ¿Todo ello hace pensar que haya que cambiar la forma de presupuestar y la Ley General de Estabilidad Presupuestaria o, como sucede en la próxima reforma del IRPF, aspectos que van contra la productividad del país? Creo que no. Habría que ejercer menos de anti PP y crear más.
¿Qué les puede llevar a querer modificar esta ley? ¿Las presiones nacionalistas? Yo no acabo de entender por qué los grupos nacionalistas admiten con absoluta normalidad --como, por otra parte, debe ser-- una directiva comunitaria y rechazan siempre una norma básica española. ¿Qué tiene de malo una norma para todos y que defendemos entre todos? ¿Qué tiene de malo que conduzcamos por la derecha? Luego cada uno tiene su autonomía financiera, su capacidad de ingresos y de gastos, pero --valga el símil--conduzcamos todos por la derecha. Ésta es una norma básica de la economía española, pero como es del Gobierno de España se dice que no.
Hay normativa y directivas comunitarias que son mucho más contundentes y que influyen más en la política interna de cada autonomía, pero no se ponen en duda. Este antiespañolismo, que además puede ser también una necesidad de autoafirmación --como antes he dicho en relación al PSOE por sentirse de izquierdas--, no lo entendemos. Y no lo entendemos, después de 25 años, cuando a cualquier sitio que vayamos comprobamos que a España se le admira por su transición política, por la social, por su crecimiento económico, por el incremento de la tasa de actividad, por su respuesta ante los atentados terroristas, sobre todo ante los del 11M, e incluso por sus éxitos deportivos. Somos un país bastante normal, decente. No hay por qué ser tan antiespañol simplemente porque queramos reafirmar una autonomía. Me imagino que es porque da votos porque, desde luego, sentido no tiene. Ayer decía el portavoz de un grupo parlamentario que no es verdad que seamos el país más descentralizado de Europa, porque en Francia los trenes regionales los manejan las regiones. ¡Eso es lo único que manejan las regiones! Somos un país muy descentralizado, con un 20 por ciento del gasto en el Gobierno central, que es para todos. Esa política de vaciar totalmente de competencias al Estado no tiene ningún sentido.
En definitiva, no entendemos estas razones de los nacionalistas y, por tanto, no las compartimos, como tampoco las de una izquierda excéntrica que defiende abiertamente el déficit. Por comparar, ni Japón, ni ningún otro país que haya optado por tener más deuda y pretender crecer con más gasto público ha obtenido buenos resultados, por lo que querer repetirlo en nuestro país me parece muy poco razonable.
Sus señorías repiten constantemente que durante el Gobierno del Partido Popular ninguna de las administraciones, sobre todo las comunidades autónomas, cumplía la ley y terminaba con déficit cero. Evidentemente. El hecho de tener un objetivo no significa que todo el mundo lo cumpla. Las comunidades autónomas, también las gobernadas por el Partido Popular, han mostrado desviaciones, pero en el simple objetivo de pretender conseguir este equilibrio ya se ha recorrido mucho camino en España. Era importante intentar lograr este equilibrio, que existiera la idea de que eso es bueno. No entendemos que por el hecho de perseguir este objetivo en todas partes haya que presentar al Gobierno central como enemigo de las autonomías, un Gobierno central que, desde nuestras tesis no victimistas, no va contra nadie.
Hay que tener respeto a la autonomía, y en casi todas las leyes se pone «sin perjuicio de», para que nadie se sienta herido en su devenir autonómico, pero al reflexionar comprobamos que el único centralismo que queda en la España de 2006 es el de algunos gobiernos autonómicos
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con sus territorios. Hoy nadie decir con seriedad que en España se vive en un régimen centralizado. Ni desde el Partido Popular ni desde el Partido Socialista se puede hacer esa afirmación. Apenas le quedan competencias a este Gobierno central y mucho menos será después de los próximos estatutos.
Hay actividades sobre las que es más sencillo legislar desde la distancia que desde la cercanía. Hay que controlar los gastos, pero cuando se realizan transferencias a una comunidad autónoma, que lo primero que se hace es aumentar las plantillas y subir los sueldos. Por tanto, para algunas materias, resulta mucho más difícil controlar algunos gastos desde la proximidad. Admitamos, pues, las normas básicas, que entiendo que son buenas para todos, porque la propensión al gasto puede recaer en todas las administraciones, y televisiones españolas hay muchas. Lo que pasa es que Radiotelevisión tiene cuenta de resultados, mientras que muchas consejerías y ministerios no la tienen, y puede haber lugares donde la eficacia de los recursos públicos no se haga con el debido control.
Por eso, no podemos estar de acuerdo con esta reforma que motiva el aumento de gastos, tan difícil luego de evitar. La propensión al incremento de gastos estructurales queda para siempre y resulta muy difícil de corregir. Esta reforma conlleva esta tendencia, por lo que significa un paso atrás en los logros obtenidos en nuestra cultura económica. Por eso, pensamos que es más sensato seguir armando la estructura de crecimiento que, primero, el Partido Socialista y, luego, el Partido Popular, con colaboración de otros partidos, han hecho y deben seguir haciendo en España.
En la actualidad, se han generado algunos problemas: tenemos un déficit exterior récord, tenemos una caída de la tasa de ahorro récord, tenemos un endeudamiento familiar récord, la productividad ha caído como nunca en España, y va a caer más en el próximo año, y la tasa de inflación, sobre todo el diferencial con el resto de Europa, también se ha disparado.
Hay que tomar medidas ante estos peligros que van apareciendo, para que se corrijan estos récords que venimos batiendo en solo dos años, porque la inercia solo dura un tiempo. No se debe continuar en el mismo empeño --lo digo una vez más, porque creo que solo es una política anti Partido Popular-- de tenerse que cargar todo lo que haya hecho el Gobierno anterior.
Pero, aparte de las genéricas, quiero citar las causas concretas. Pensaba referirme a 18 causas, pero como el senador Maqueda me ha dicho que sea breve, únicamente lo haré a nueve.
La negociación del objetivo del déficit pasa a producirse de forma bilateral en esta ley entre el Estado y las comunidades autónomas, es decir, queda abierta al clientelismo partidista, a las necesidades, a las debilidades del Gobierno que tenga que hacerlo. Hay muchas posibilidades de que la urgencia política y el interés del voto prime sobre el interés general. Lo podemos vestir de forma muy bonita, pero esa es la realidad.
El concepto de estabilidad cíclica del que se habla es, per se, generador de déficit. ¿Dónde están los déficits que tienen todas nuestras comunidades autónomas? ¿Dónde están los déficits espectaculares que teníamos que tener todos después de diez años de crecimiento? No lo hay.
En los años de bondad no habrá superávit, mientras que en los años con un mínimo problema habrá déficit --lo habrá incluso sin ese mínimo problema, como explicaré.
Me resulta muy difícil admitir que hoy, en 2006, se programen pérdidas.
Las pérdidas tienen que ser excepcionales, y por causas excepcionales, como contempla la ley actual, puede haber un déficit, pero no prever ya que vamos a tenerlo. Eso es lo que hace esta ley.
La ambigüedad con que se cuantifica el déficit invita a que se produzca.
Frases como «si concurren circunstancias que lo justifiquen» o «convergencia con la Unión Europea en I+D y sociedad de la información», cuando todas nuestras comunidades están lejos de la media, son puertas al déficit político. Y una frase genérica que dice: «Siempre que contribuya a mejorar la economía.» ¿Quién va a decir que lo que va a hacer no contribuye a mejorar la economía? ¿Voy a decir que va a contribuir a empeorarla? Ésas son causas de déficit en la nueva ley.
Por otra parte, nos aleja de Europa porque Francia, Alemania o Italia son países que cambiaron el pacto de estabilidad porque no pudieron, por impotencia, porque no han sido capaces de hacer un contrato, porque tienen problemas serios. Nos interesa estar en el club al que pertenecía España, donde estaban el Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Dinamarca o Suecia, países con gran tradición de equilibrio presupuestario y a los que siempre les ha ido bien. En los diez años en los que España ha ido bien, con equilibrio presupuestario, Francia, Italia y Alemania han ido mal. ¿Por qué tenemos que imitarles? ¿Por qué, si somos nosotros los que tenemos razón en nuestra forma de actuar? Castra la posibilidad de hacer política fiscal. He dicho antes que al Gobierno le quedan muy pocas competencias, pero cuando surja un conflicto entre autonomías para determinar a cuál se le endosa el déficit, ¿a quién se le va a endosar? Pues al Estado, al Gobierno central. Esto también me parece obvio.
Creemos que ese uno por ciento que se admite va a ser el punto de partida y no el punto final. Unas veces será por deuda histórica, otras por desfase de infraestructuras, otras por exceso de inmigrantes, porque no cubren la ley de dependencia o porque la sanidad requiere mucho. Hay infinidad de justificaciones para que todo el mundo diga que ese año tiene que tener déficit.
También creemos que hay una discriminación en los ayuntamientos. Primero, porque no va a ser nada fácil que la Comisión Nacional de Administración Local llegue a decir quién tiene que tener déficit. Como esto no va a pasar, lo va a tener que decidir el Gobierno y el Gobierno lo va a decidir de forma arbitraria. Eso ya nos parece mal, pero también nos parece mal que en función de la población de cada ayuntamiento unos puedan tener déficit y otros no, porque eso es discriminación.
Déficit para invertir --octavo punto--. Creo que es una regresión absoluta que se pueda decir que este déficit es bueno porque es productivo. Si quiere invertir dentro del cien de su presupuesto, dedique una parte a gastos corrientes,
otra a despilfarro y otra a la inversión, y si tiene necesidades haga un poco menos de despilfarro. En todos los sitios se puede mejorar la gestión, pero no me diga que justo después del cien es cuando tengo que pensar qué euro voy a dedicar a invertir. Las inversiones tienen que estar programadas en el presupuesto ordinario.
Por último, y no menos importante en este resumen, debo decir que hoy todos conocemos las dificultades que vamos a tener debido al envejecimiento. La esperanza de vida --lo leía hace unos días-- ha vuelto a subir espectacularmente en España. Vamos a tener una esperanza de vida de 89-90 años dentro de poco. Estamos ya en 83 años en mujeres y hay que considerar que los avances en la sanidad y en tecnología van a provocar unas necesidades financieras cuantificables en gastos de pensiones y asistencia por alzhéimer. Lo sabemos perfectamente.
Pues bien, con este panorama, los políticos que primen la relajación del control de gasto y que defiendan el déficit son unos irresponsables absolutos. Dentro de diez o quince años miraremos atrás, pero hoy nos estamos engañando. Si la Seguridad Social se contabilizara como el resto de los presupuestos, por devengo, tendría unas necesidades apabullantes, y si sabemos que vamos a tener este problema, ¿cómo, después de unos presupuestos que gastan más de lo que sube la riqueza, se puede traer una ley que incita al déficit?
El señor CANEDA MORALES: Termino, señor presidente, y disculpe.
En nuestra opinión, esta ley acaba con el concepto de equilibrio presupuestario, sustituye un criterio sencillo y objetivo de control del déficit por uno absolutamente subjetivo y bilateral, es decir arbitrario.
A través de una exhaustiva reglamentación de obligaciones de información disminuye muchísimo la transparencia real y por eso vetamos esta ley que, en definitiva, viene a entorpecer los avances que habíamos conseguido en la limitación de la discrecionalidad de los gobiernos y en la contención de los excesos de todos, tanto de los gobiernos del Partido Popular como del resto de los grupos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.
Realmente estoy un poco perplejo después de tanta pasión en un asunto esencialmente técnico y que no es para tanto, porque esta manía persecutoria de acoso y derribo de esta Cámara contra el Grupo Parlamentario Popular no la veo por ninguna parte, excepto en la apasionada imaginación de su señoría. Por cierto, permítame que le explique algo que sabe perfectamente, y es que usted, como miembro del órgano de dirección de esta Cámara es responsable colegiadamente de la ordenación de los debates, y el debate de esta ley se ha situado el jueves por la mañana porque así lo ha decidido quien puede decidirlo, que es la Mesa de la Cámara en reunión conjunta con la Junta de Portavoces, y los jueves por la mañana hay Comisión Delegada de Asuntos Económicos que preside el señor ministro de Economía, que estaba encantado, como siempre, de venir a presentar sus leyes si hubiera podido, y ayer hubiera podido venir, pero hoy jueves tiene sus obligaciones gubernamentales, y que yo sepa, entre las múltiples virtudes que adornan a mi paisano, don Pedro Solbes, todavía no figura el divino don de la ubicuidad, por lo que no puede estar aquí, y esa fue una decisión de la que usted colegiadamente forma parte. Dicho lo cual, don Pedro Solbes no está aquí porque no puede estar, no por otro motivo.
Respecto a la reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, yo creía que usted se iba a centrar más en el asunto en concreto y que no iba a iniciar una diatriba que nos va a llevar por un derrotero que yo no quería, pero, evidentemente, usted marca la clave del debate, ha marcado clave de sol y yo le voy a seguir en la clave que usted ha marcado, pero antes vamos a entrar en asuntos concretos, y al «Diario de Sesiones» me remito.
Cuando ya en el año 2001 se planteó el debate de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en esta Cámara, siendo ministro de Economía don Cristóbal Montoro, yo marqué claramente cuál era la posición de mi grupo en aquellos momentos, y dije que en absoluto estábamos en contra de la estabilidad presupuestaria, y mucho menos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento alcanzado en Amsterdam en 1997. Pero aquella Ley de estabilidad presupuestaria iba mucho más allá de lo que nos obligaba el pacto de estabilidad y crecimiento. Nosotros veíamos que era una ley problemática, que nacía sin consenso, que no respetaba la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que iba a motivar --como sucedió-- una cantidad innecesaria, a nuestro juicio, de recursos de inconstitucionalidad, que perseguía un objetivo de estabilidad presupuestaria con independencia de la coyuntura y del ciclo económico, que tenía un marcado carácter y un sesgo procíclico --como ocurrió--, que no garantizaba su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas y las administraciones locales --y así ocurrió, porque de las diecisiete comunidades autónomas diez no la cumplieron y una gran parte de las administraciones locales tampoco pudieron--, que no garantizaba el cumplimiento ni la separación de ámbitos de los agentes del Estado, que era marcadamente asimétrica puesto que solamente concedía capacidad de generación de déficit a un agente, que era el Estado, y simplemente marcaba a otro con capacidad de financiación, que era la Seguridad Social.
En fin, hace cinco años, estando en la oposición y compartiendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, marcamos ya una serie de problemas sobre la ley y unas líneas generales de reforma que había que seguir. Lo decíamos hace cinco años y ahora simplemente reformamos una ley en línea con lo que decíamos entonces. Por lo tanto, no se trata ni de confabulación, ni de conspiración, ni mucho menos de furor antipopular, manía o acoso y derribo. Y
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mucho menos de eso que usted dice y proclama sobre que existe una tendencia a eliminar una ley que, según usted, vino a salvar a la Seguridad Social de la quiebra. Ésa es una falsedad absoluta que usted reitera con la mayor impudicia e inverecundia, porque en España la Seguridad Social jamás ha estado en quiebra. Es una de las típicas mentiras de la parafernalia del Partido Popular.
Tampoco puede afirmar con total impunidad parlamentaria que el equilibrio presupuestario conduce al crecimiento, lo cual es absolutamente falso.
Más bien sucede al contrario: es el crecimiento el que conduce al equilibrio presupuestario, entre otras cosas porque en España incluso disponemos de estudios sobre la materia y sabemos que, coyunturalmente, el déficit o superávit responde al ciclo con una elasticidad cercana al 0,4 por ciento. O sea, aproximadamente, por cada punto de variación del PIB responde con un 0,4 por ciento; si cae el crecimiento un punto, el déficit aumenta un 0,4. Ilustres económicos han realizado estudios al respecto y todo el mundo sabe que es al contrario, que es el crecimiento el que conduce a equilibrar las cuentas.
Pero ustedes siguen empeñados en hablar de sus magníficos resultados y de la estabilidad presupuestaria, que con ustedes nunca pasó de ser una entelequia y una pura proclama propagandística virtual porque jamás consiguieron superávit. (Rumores.) Ustedes dejaron déficit, y eso sin contar con la cantidad de pufos que dejaron bajo las alfombras, cercanos a los 15.000 millones de euros. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Aquí, simplemente, se ha conseguido un superávit real con el Gobierno socialista, exactamente un superávit del 1,1 por ciento, y por primera vez en la historia de España por parte de la Administración del Estado. Ustedes jamás se acercaron ni remotamente al superávit, solo en su propaganda. ¡Jamás! (Rumores.) Así es que dejen ya de repetir cuestiones que son falsas, porque con ustedes simplemente creció la deuda y el endeudamiento en España.
Contésteme usted por qué --con datos suyos, con datos de la Dirección General del Tesoro-- en España, desde el día 31 de diciembre de 1995, la deuda pública no hizo más que crecer. ¿Cómo es posible que con ustedes hubiera superávit, si la deuda pública no hacía más que crecer? Desde el día 31 de diciembre de 1995 al 31 de diciembre de 2004, la deuda pública aumentó en 79.777 millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿Qué misterio hay en esto? ¿Cómo es posible que no haya déficit y la deuda pública se dispare? Senador Caneda, explíqueme que no haya déficit en España y, sin embargo, la deuda pública crezca. ¿Qué misterio hay en todo esto? Pues, señoría, que no hay más cera que la que arde, y si hay deuda --y con ustedes la deuda pública en España se disparó-- es porque hay actividades públicas que no han sido cubiertas por los ingresos tributarios, ni más ni menos. O sea, que en España, durante los ocho largos años del Gobierno Popular, simplemente lo que pasó fue que aumentó la deuda, subieron los impuestos y se recortó el gasto social, produciéndose un claro retroceso sobre todas las medias europeas. (Rumores.)
Insisto en que son temas en los cuales yo no quería entrar. Si usted se ha metido por esa pendiente, yo le sigo; insisto: clave de sol, clave de sol; clave de fa, clave de fa. Yo quería hablar de estabilidad presupuestaria, y usted se ha medito por un sendero que, con las cifras en la mano, es peligroso para ustedes, pero no rehúyo en absoluto su debate. Con ustedes, el gasto social en España retrocedió un 7,2 por ciento respecto a la media europea. Con datos de Eurostat, en España, en 1995, el gasto social suponía un 62 por ciento de la media europea y solo cinco años después había bajado a un 60 por ciento y respecto al gasto público en educación suponía el 4,7 por ciento del PIB en 1995 y en 2000 había caído a 4,2.
Ustedes hablan mucho de superávit y con ustedes simplemente había déficit social. Se produjo un retroceso en gasto social durante los ocho años del Gobierno Popular absolutamente en todo. Por ejemplo, según sus datos, en privatizaciones ingresaron 5,5 millones de euros; en pérdida de capacidad adquisitiva de los funcionarios por congelación de sus salarios, 2 millones de euros; en ahorro financiero por pago de interés, 2 millones de euros. Ustedes no solamente tenían que haber conseguido superávit, sino tenían que haber repartido un dividendo extra a los ciudadanos españoles. (Rumores. Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Venga!) Sigamos con el tema que debía habernos ocupado aquí y del que, con independencia de sus diatribas propagandísticas, no teníamos que habernos salido. Esta ley simplemente intenta reformar lo que estaba mal hecho en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y es que sitúa el objetivo de estabilidad presupuestaria en el ciclo, en el sentido de que cuando la situación económica sea de auge, permitir que haya superávit, que actúen los estabilizadores automáticos, pero sin que ocurra, como con ustedes, que los estabilizadores automáticos conducían a sesgos procíclicos. Y, al contrario, si la situación no fuera de auge, que se permitiera transitoria y coyunturalmente una situación de déficit; un déficit, senador Caneda, que en ningún caso significa un recurso discrecional ni arbitrario porque la ley prevé que esté reglado, con unos umbrales perfectamente establecidos. Por lo tanto, el recurso al déficit en modo alguno es arbitrario ni discrecional, porque están perfectamente establecidos los cauces, los ámbitos, los umbrales de la forma en que va a establecerse.
En cuanto a la estabilidad --que a usted le preocupaba-- el presupuesto, del recurso a la productividad, también está perfectamente establecido; es una situación que se produce en todos los países europeos, la llamada norma de oro, la «golden rule», por la cual se permite una situación de un limitado endeudamiento, siempre que la inversión a la cual se dirige ese endeudamiento o ese déficit se dirija a mejoras en la productividad, que en ningún caso puede suponer más allá de un 0,5, del cual una parte tiene
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que ser un 30 por ciento, concretamente, procedente de ahorro de esa propia institución.
Por otro lado, una parte importante de la reforma de la ley --y así lo han reconocido los grupos de esta Cámara-- viene a respetar algo que la ley anterior no respetaba, que era la autonomía financiera tanto de las autonomías como de las entidades locales. Y así, tanto las enmiendas que se han aprobado en la anterior ley --concretamente la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, dirigida a suprimir la disposición final tercera-- como las transaccionales que se van a aprobar en esta ley con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, van dirigidas precisamente a respetar y a consolidar esa autonomía financiera de las autonomías y de las entidades locales.
En esta ley también se consagra algo importante, que es la separación de objetivos entre los componentes de las administraciones tanto del Estado como de la Seguridad Social, que ya no podrán compensar sus situaciones financieras y, por tanto, la Seguridad Social ve cómo podrá dedicarse a consolidar sus fondos de reserva sin que su superávit tenga que ir a compensar el posible déficit de la Administración General del Estado.
En definitiva, es una ley bastante más rigurosa, que no separa ni rompe nada de la ley anterior, excepto en los cinco puntos que le acabo de señalar, senador Caneda: respecto a situar el objetivo de estabilidad encajado dentro del ciclo, pero sin que eso suponga que ni el posible superávit ni el déficit sean una situación discrecional del rector de la política económica --del «policy maker»--, sino que lo sitúa como absolutamente reglado, no arbitrario. Que permite, insisto, el recurso a un déficit muy limitado siempre que esto vaya dirigido a inversiones, a mejora de infraestructuras, a fomento de investigación y desarrollo, en definitiva, a un tipo de gasto dirigido a mejora de la productividad. Que consolida y mejora la autonomía financiera. Que en modo alguno rompe ni supone una situación --como decía usted-- de subasta con ningún tipo de administración porque la relación está perfectamente reglada a través del Consejo de Política Fiscal, y en el caso de que no se llegue a acuerdo con la autonomía siempre queda la cláusula de cierre en manos del Ministerio de Economía y Hacienda. Y se me olvidaba incluso la introducción de una situación también muy común en toda Europa, como es el mecanismo llamado de alerta temprana, por el cual el Ministerio de Economía, si detecta que otra administración autonómica o local está en fase de incurrir en un situación alarmante desde el punto de vista de las cuentas públicas, puede, con comunicación o a la Comisión Nacional de Entes Locales o al Consejo de Política Fiscal y Financiera, avisarle de la situación en que se encuentra para prevenir --por decirlo en términos coloquiales-- antes que curar.
Por lo tanto, ni se produce ruptura o vaciamiento de las competencias del Estado, ni se produce ninguna situación en la cual se vaya a dar discrecionalidad o arbitrariedad alguna, ni se rompe ninguna otra situación, ni va a haber ningún tipo de alegría, despilfarro, ni nada por el estilo, porque insisto en que la norma general es mayor rigor en las cuentas públicas y sostenimiento del equilibrio presupuestario, situándonos simplemente en una posición tradicional que además ha sido la norma en la política europea de los años dorados --la política socialdemócrata razonable de 1945 a 1975--, que ha permitido el mayor crecimiento en la historia económica mundial y, por supuesto, en la europea.
Yo comparto con su señoría, senador Caneda, la aversión al déficit por el déficit; por lo tanto, a mí no me predique esa aversión. Yo le aconsejo que donde tiene tierra de infieles donde predicar y convertir es en mi tierra. ¡Vaya a la Comunidad Valenciana, donde está el mayor déficit de comunidades autónomas, y predique allí, en mi tierra, predique allí esa aversión al déficit y al despilfarro! ¡Vaya allí porque allí hay infieles por convertir --de su partido, no del mío--! Vaya allí, porque allí encontrará el mayor déficit per cápita de comunidad autónoma de España.
Vaya allí, donde desde el año 1998 no se respeta la LOFCA, y el señor Zaplana endeudó hasta las cejas a la Generalitat Valenciana, como continua haciéndolo el señor Camps. Allí hay infieles poco ortodoxos con las cuentas públicas. Allí tiene usted clientela para convertir, no aquí.
Vaya a la Comunidad Valenciana y predique cómo está el déficit.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: El señor Caneda ha planteado una serie de definiciones, y cuando habla de irresponsable o de excéntrico quiero decirle que aquí hay uno. Según su criterio en cuanto al déficit, aquí tiene a uno de los que califica de irresponsables y excéntricos por defender el déficit, y no lo oculto. Le digo esto por varias razones.
Creo que ser de derechas no es nada malo, se lo aseguro, esté tranquilo; se trata de una posición ideológica, de la defensa de unos valores y unos intereses. Sin embargo, lo peor es tener un déficit como el que usted tiene, y es que usted no ha sido cargo público en un ayuntamiento, pero con su discurso ni se presente, porque no asistiría ni al pleno de un ayuntamiento aunque gobernara por mayoría absoluta el Partido Popular.
Usted no conoce lo que está diciendo. ¿Cómo se puede usted permitir satanizar aquí a los ayuntamientos, si no ha pisado ninguno? ¿Cómo puede usted decir lo que ha dicho? ¿Cómo puede llamar excéntricos o irresponsables a alguno de nosotros por defender no sé qué déficit? En primer lugar, quisiera aclararle algunas cuestiones. En el marco europeo aceptado por todos hemos hablado de establecer el déficit entre el 0 y el 3 por ciento. Por lo tanto, tan legítimo y posible es el 0 que un déficit del 2,9,9,9 período. Sin embargo, yo no le diré, como le han dicho anteriormente, que vaya usted a lugares donde gobierna su partido para comprobar el déficit. Le han hablado de Valencia, pero si quiere le hablo de la ingeniería en Madrid y de cómo hacen ustedes para escamotear la deuda. Mejor me lo callo y no lo hablamos.
Me preocupan sus afirmaciones respecto a los ayuntamientos. Además, me imagino que usted, como padre de
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familia, entiende qué es eso del déficit. Cuando es necesario que papá vaya a pedir un dinero al banco porque en casa hay que hacer una inversión o, en términos coloquiales y domésticos, comprar un chándal o los libros, no creo que en casa nadie le esté llamando a usted irresponsable porque tenga que atender a las necesidades o prioridades que tiene. Pues con los ayuntamientos ocurre lo mismo, señor Caneda, pero, además, con un agravante durante los últimos ocho años que han gobernado ustedes, y es que esos ocho años han sido lo peor para los ayuntamientos, por un motivo: les han cargado de gran cantidad de competencias y obligaciones y no les han asignado las prestaciones económicas correspondientes. ¿Cómo vamos a atender los ayuntamientos la política de inmigración, la escolarización de 0 a 3 años o las políticas sociales, si no es acudiendo a ese déficit entre el 0 y el 3 por ciento? Ustedes han seguido cargando y cargando a los ayuntamientos de competencias y obligaciones, y ahora vienen a decirnos que todos ellos son irresponsables. ¿Cómo no vamos a ser irresponsables? Un alcalde o un concejal, como un buen padre de familia, tiene que atender la demanda que le plantea su ciudad y las necesidades urgentes de sus ciudadanos y ciudadanas, que no comprenden discursos como el planteado por usted aquí. Usted no lo ha vivido y es muy fácil desde la tribuna, desde la ausencia de la gestión, decir que son irresponsables los que defienden no se qué endeudamiento. ¿Por qué tiene que ser muy bonito un déficit cero o un déficit positivo cuando hay carencias sociales? ¿Qué le decimos a un municipio cuando por problemas de inmigración o de desintegración social tiene que corregir sus tasas e invertir en recursos y en políticas sociales? ¿Qué le decimos? Les daremos la receta del señor Caneda, que con ella vamos a ir muy lejos.
Pero estoy convencido de que los alcaldes y los concejales de su partido dirán: son cosas del señor Caneda, porque al que gobierna o al que tiene que trabajar no le queda más remedio que actuar.
También es positivo que el déficit esté entre el 0 y el 3 por ciento, porque lo ha marcado Europa. Usted ha dicho que lo peligroso es pasar del 3 por ciento, pero nadie está diciendo aquí que a cualquier administración, en este caso a los ayuntamientos, le apetezca tener todos los años un déficit entre el 0 y el 3 por ciento. O usted ¿qué cree? ¿Que un gobernante con responsabilidad en un ayuntamiento está contento de tener cada año entre el 0 y 3 por ciento de déficit? Esto tiene unas causas y unos mecanismos, y cada gobernante se plantea como corregirlos para al próximo año. El problema es que las recetas que ustedes nos han planteado hasta ahora han sido dañinas porque es como dar a entender que al año que viene no habrá política de inmigrantes, que al año que viene no habrá escolarización de 0 a 3 años, que al año que viene no habrá que atender las políticas de la mujer, de la juventud, deportes, etcétera.
Esto es lo que ustedes plantean como receta pero, ¿quién lo atiende? Pues con su receta, nadie.
Por tanto, lo lamentable es que encima me cueste comentar que esta ley tenga que ser de izquierdas. Y es que con su discurso ¿cómo no vamos a poder separar a unos con su discurso del Partido Socialista? Porque usted está al monte, políticamente hablando. Están ustedes arriba en el monte y así es imposible pactar con ustedes. Hay que gritarles: ¡Bajen, bajen! La realidad es que hay más de 8.000 ayuntamientos que están en dificultades y ustedes durante ocho años se han dedicado a: pum, pum, pum. Es cierto que entonces las comunidades autónomas tenían posibilidades y ahora tienen todavía más. Sin embargo, hay una administración pobre, que siempre paga el pato, cuando a las comunidades les cargan servicios o prestaciones o cuando como el Estado se las ha cargado ¡Venga, hombre! ¡Menos ya! ¡Menos ya! ¡Menos ya! Si no, cuando acuden ustedes a la FEMP ¿qué les cuentan? Para que vean, señorías, son distintas realidades.
Por tanto, señor Caneda, voy a votar en contra de su veto, no porque considere que la ley sea revolucionaria o de izquierdas, hasta ahí no voy a llegar, sino porque después de escuchar su discurso no me cabe la menor duda. Y espero que su partido le ponga cuatro añitos a trabajar en un ayuntamiento --de alcalde, no crea que le degrado-- y luego vuelve usted y nos lo explica. (Aplausos.--Risas.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. (Pausa.) Tiene la palabra la señora Aroz.
En la tramitación de las leyes que hoy se reforman, mi grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés presentó dos vetos proponiendo una regulación de la estabilidad presupuestaria más flexible y que fuese respetuosa con la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los entes locales; es decir, proponíamos una regulación con los criterios que hoy constituyen los objetivos de la reforma.
Por tanto, señorías, la lógica y la coherencia nos llevan a no apoyar este veto del Grupo Parlamentario Popular que va precisamente en contra de dichos criterios.
La reforma obedece a un compromiso del Gobierno cuyo cumplimiento merece nuestro reconocimiento. La regulación del año 2001 tenía virtudes --justo es reconocerlo-- y ha tenido efectos positivos, como señaló el Vicepresidente Segundo del Gobierno, señor Solbes, en el debate en el Congreso, y estoy de acuerdo con el senador Caneda en que quizá la más importante de estas virtudes sea la de haber consolidado la cultura de la estabilidad presupuestaria. Pero también justo es reconocer --y así le ruego que lo haga usted, senador Caneda--, que esta regulación de 2001 tenía unas deficiencias políticas, jurídicas y económicas que son las que la reforma que hoy tramitamos pretende solventar.
Los objetivos de la nueva regulación de la estabilidad presupuestaria, con los que coincidimos plenamente, se
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sintetizan, a nuestro juicio, en los siguientes puntos: en primer lugar, la adecuación del principio de estabilidad al ciclo económico para reforzar, así, la función estabilizadora de la política fiscal. En segundo lugar, la separación del Estado y la Seguridad Social, dentro de la fijación del objetivo de estabilidad. En tercer lugar, mayor efectividad en el compromiso de las entidades territoriales con la disciplina fiscal, partiendo del respeto a su autonomía financiera y sobre la base del consenso y la corresponsabilidad. Y, en cuarto lugar, la mejora de la transparencia presupuestaria con nuevas obligaciones de información.
No es la primera vez que hablamos de estos criterios, señorías. Hemos tenido ocasión de debatirlos. En concreto, lo hicimos en el trámite de aprobación de los acuerdos de estabilidad presupuestaria en 2004 y 2005, y poco hay que añadir a lo que se dijo entonces y a lo que expuso nuestro grupo. En todo caso, quiero destacar algunos argumentos, coincidiendo con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Bru, para rebatir algunas consideraciones que se han expuesto.
En primer lugar, y hay que decirlo con toda claridad, contundencia y objetividad, la nueva regulación no implica, señor Caneda, relajar la disciplina fiscal. Hay que decir que el supuesto normal que se contempla es el equilibrio o el superávit presupuestario y, excepcionalmente, el déficit. La flexibilidad que se introduce no busca relajar la disciplina, sino permitir que la política fiscal tenga mayor eficacia como instrumento de estabilización y de apoyo al crecimiento económico. Por eso se consideran dos circunstancias que justifican la posibilidad de incurrir en déficit: una situación económica desfavorable y aumentos de inversión que tengan impacto positivo en el crecimiento. En segundo lugar, la nueva regulación evita la discrecionalidad porque, como ya se ha dicho, se establecen unos umbrales de crecimiento que sirven de referencia para graduar en cada situación los objetivos de superávit, de equilibrio o, excepcionalmente --insisto--, de déficit. En tercer lugar, se respeta la autonomía presupuestaria de las entidades territoriales.
En relación con el procedimiento de fijación de los objetivos, se ha referido usted a que se establecen mecanismos bilaterales que podrían dar lugar a acuerdos espurios en función de los intereses de cada comunidad autónoma. Sin embargo, hay que decir que, junto a los mecanismos bilaterales, que nosotros valoramos positivamente, hay también mecanismos de coordinación multilateral como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local, que tendrán que emitir informes preceptivos antes de que se fije el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Finalmente, y en cuanto a los programas de inversión, la nueva regulación es coherente, como ha señalado el senador Bru, con la regla de oro de las finanzas públicas, que justifica incurrir en déficit siempre que este se destine exclusivamente a financiar formación bruta de capital. Además, establece suficientes cautelas para no poner en peligro la situación económico financiera de las administraciones públicas. Estas cautelas ya se han recordado aquí, y no voy a insistir en ellas.
Acabo, señorías, señor presidente, expresando la satisfacción de mi grupo por esta reforma, que hace más eficaz y transparente la regulación de la estabilidad presupuestaria, es respetuosa con la autonomía de las entidades territoriales y potencia la cooperación y el consenso entre todas las administraciones públicas. Por todas estas razones, señorías, señor Caneda, no vamos a apoyar el veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.). Tiene la palabra el senador Caneda.
Hago uso de la palabra simplemente para hacer un comentario. Creo que el señor Bru ha tomado demasiado café esta mañana, porque he dicho bastante tranquilo mi opinión sobre la ley. A usted solo le ha faltado decir que España entró en el euro con el PSOE. Todas esas aseveraciones que hace merecen una película de Woody Allen, porque debe ser un tema de complejos.
No entiendo que no vea usted la evidencia. He dicho que hay cosas que hacen ustedes bien y pienso que en nuestra época ha habido cosas que han ido bien. No hace falta que diga que somos los más malos del mundo ni que todo lo han hecho ustedes, señor Bru.
En 1996 la situación de la Seguridad Social era la que era y tenía unas deudas tremendas. Eso es verdad; y el que en 1996 trabajaban 12 millones de españoles y ahora más de 18 millones es una realidad. Esas cosas han pasado, pero encima he dicho que ha sido la sociedad y no el Gobierno quien las ha hecho. No entiendo, pues, por qué sale como un toro desbocado.
La ley tiene cosas que consideramos buenas. Efectivamente, el fondo de contingencia, la plurianualidad, el techo del gasto aportaron a la forma de presupuestar de este país una modernidad que ha sido muy buena; y lo mantengo: ha sido uno de los pilares del cambio de la economía española.
Eso es así, pero comprendo que haya gente que opine de otra forma.
El señor Cuenca se ha dado por aludido cuando he hablado de comunidades autónomas porque él lo siente como de ayuntamientos. A usted le gusta el déficit y a mí no, pero no pasa nada. Yo creo que el déficit es malo per se y si no es por algo excepcional, y excepcional no es tener un 3 por ciento todos los años.
De la intervención del senador Bru puede dar la sensación de que en las administraciones sobran los dirigentes, porque si estamos creciendo hay superávit, y, si no, hay déficit. Es decir, que el que alguien gestione bien o mal no tiene importancia. En estos ocho años nuestros principales clientes y proveedores, Alemania, Italia y Francia, han estado en épocas de crecimiento bajo o negativo y, sin embargo, España ha ido bien de forma sostenida, y quiero creer que la labor de las personas influye en que las cosas salgan bien o mal, y en que no se deja al albur de que
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cuando las cosas vayan bien tendremos superávit. No, creo que hay que intentar que las cosas vayan bien controlando el gasto.
Cuando me habla del ayuntamiento, señor Cuenca, estoy casi de acuerdo con el trasfondo de sus palabras, pero, por supuesto, no con la forma agresiva de decirlas. Es verdad que los ayuntamientos están ejerciendo competencias que no les corresponden, pero ¿esto también se debe al Partido Popular? Creo que habría que pensar que a lo mejor las comunidades autónomas se están quedando con unos fondos que deberían estar en los ayuntamientos, que son los que de verdad están ejerciendo las competencias.
Quiero que reflexione sobre una cosa. En ningún momento he hecho en mi intervención una distinción entre los gobiernos del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida o del Partido Nacionalista. Estoy hablando en general de lo que entiendo que es mejor para la gestión, y han ido bien los del Partido Popular en comunidades autónomas que han tenido déficit.
¡Claro que los hay! Si yo no creo que porque alguien pertenezca a un partido tiene un concepto u otro de la gestión. Simplemente mantengo que, como bien ha dicho la senadora Aroz con la elegancia que le caracteriza, está en desacuerdo conmigo.
Creo que esta reforma invita a la flexibilización excesiva y da un sinfín de justificaciones al déficit, y es muy difícil, por las razones, por ejemplo, que ha expuesto el senador Cuenca, que en algún momento alguien no se agarre a ellas. Como creo que es verdad que el control de gasto tiene que ser una norma, un objetivo a cumplir para no dejar hipotecas a las siguientes generaciones, estamos a favor de este veto y en contra de la reforma de la ley.
Muchas gracias. (El señor Bru Parra pide la palabra.)
Señoría, entiendo que pide usted la palabra por el artículo 87. (Pausa.) Tiene su señoría la palabra.
Un minuto, y por seguir con el símil taurino, senador Caneda, yo creo que, lejos de salir cual astado, he procurado salir cual picador para templar el excesivo furor de su señoría, pero, en todo caso, le voy a decir dos cosas.
Yo he reconocido públicamente, por escrito en la prensa y en esta tribuna, que la herencia recibida ha sido buena, pero en la herencia, junto con otras cosas, hay déficit sociales. Y otra cuestión: la historia económica de España no comienza en 1996. Yo he reconocido, por supuesto también el presidente Zapatero y el ministro Solbes, que la herencia fue buena. Ahora bien, todas las instituciones económicas, OCDE, Banco Mundial, FMI, dicen y expresan que el ciclo económico alcista en España comienza en 1994; aún estoy esperando a un solo miembro del Partido Popular que reconozca esa situación. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Caneda Morales pide la palabra.)
Tiene la palabra el senador Caneda, que entiendo que solicita también la palabra.
Senador Bru, yo lamento que a usted le guste la controversia, pero yo sí reconozco siempre esa situación, y hoy he vuelto a repetir las bondades de los gobiernos precedentes, sean del PSOE o sean del PP, en su conjunto.
En cualquier caso, si desde 1994 España está teniendo un ciclo alcista, a lo mejor en que tengamos doce años de crecimiento sostenido, como no está teniendo nadie, a l mejor tienen algo que ver las políticas del Partido Popular (El señor Bru Parra: A lo mejor.) Yo insisto en que no hago esas distinciones que usted se empeña en hacer: hay una política que considero buena, y esta ley era uno de los pilares de esa buena política.
Vamos a proceder a votar el veto presentado a esta ley que estamos debatiendo; posteriormente seguiremos con el debate de las enmiendas de esta misma ley y, a continuación, votaremos la ley que acabaremos de debatir, así como la que hemos debatido al inicio de la mañana.
Señorías, sometemos a votación la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 115; en contra, 120.
Pasamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el senador Cuenca, para defender la presentada por su grupo. (Rumores.) Señorías, rogaría silencio, o abandonen el hemiciclo, por favor.
La doy por defendida en sus justos términos. (Rumores.)
A continuación, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.
Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo o guarden silencio.
Señorías, en la línea de las enmiendas que ya he defendido en el anterior proyecto de ley, me reafirmo en esa misma posición respecto a este proyecto de ley orgánica por considerar que no respeta de manera adecuada la autonomía que corresponde en el ámbito financiero y presupuestario a las competencias reconocidas a las comunidades
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autónomas. Esto se sustancia en una serie de enmiendas, en algunas de las cuales me centraré con especial atención.
La enmienda número 12 modifica el apartado uno del artículo único, y tiene como fundamento la clarificación de la posibilidad de permitir incurrir en déficit a una comunidad autónoma en el supuesto de que su crecimiento sea inferior a la tasa de variación prevista en el artículo, con independencia del crecimiento del resto de las comunidades autónomas.
Por otro lado, se considera oportuno elevar la capacidad de deuda siempre que se destine a desarrollar inversiones productivas como garantía de crecimiento. No se debe considerar de la misma forma el déficit provocado por el aumento de inversión que el provocado por el gasto corriente.
Asimismo, la instrumentación del principio de equilibrio presupuestario de las comunidades autónomas debe corresponder al Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano colegiado entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas. Aquí estamos trasladando a nivel de comunidades autónomas y al propio proyecto de ley un debate que ya hubo en la Unión Europea sobre qué se consideraba déficit y si de este se debía excluir la parte de inversión destinada a gasto corriente. Aquí es lo mismo, hay comunidades autónomas que pueden gastar sin romper el equilibrio presupuestario ni incidir en el conjunto del déficit porque puede compensarse con la situación de otras comunidades autónomas. De ahí que solicitemos una intervención más directa del papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se pueda llegar a entender que en algunos ámbitos el gasto no tiene la misma trascendencia porque si es en inversión puede ser, como se dice en terminología económica, una inversión productiva. Por lo tanto, es una discusión muy de fondo, evidentemente de compensación entre las comunidades autónomas, y en torno a la definición de gasto y de inversión productiva que debería contemplarse en este proyecto de ley.
También haré una especial referencia a la enmienda número 13, con la que hemos llegado a una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista apoyada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular, que mejora la propuesta inicial del texto del Congreso de los Diputados y hace referencia a la regulación del principio de equilibrio presupuestario en las comunidades autónomas y lo que corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entendemos que con nuestra propuesta respecto al artículo 3.3 queda mejor precisado el objetivo. Y nos congratulamos de que al menos en este aspecto se haya podido llegar a un acuerdo, que, por otra parte, ya estaba prefigurado en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados.
Lo mismo sucede respecto a la enmienda número 16, que para nosotros resulta de gran trascendencia, puesto que en ella se reconoce específicamente y se establece con claridad el principio de bilateralidad. Dado que hay diferentes niveles y competencias, así como situaciones de las comunidades autónomas, es preciso establecer la posibilidad en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de alcanzar acuerdos específicos entre el Gobierno central, concretamente, el Ministerio de Economía y Hacienda, y los representantes de las comunidades autónomas en dicho Consejo. Creemos que esto significa una clarificación y un avance conceptual muy importante, lo que, por otra parte, ha de dar lugar a un mejor encaje de los, previsiblemente, nuevos estatutos de autonomía en diversas comunidades.
También querría llamar la atención específicamente sobre la enmienda número 19, respecto de la que supongo que el Grupo Parlamentario Socialista cambiará de opinión y apoyará. La senadora Vicente esgrimía la autoridad de la Constitución Española. Precisamente nosotros presentamos esta enmienda para garantizar el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, que también regula, respeta y reconoce la Constitución Española.
Después de varias sentencias del Tribunal Constitucional en esta línea, yo no haría tanto uso del recurso a la Constitución Española. Ampararse en ella no me parece un buen argumento, sobre todo si tenemos en cuenta estas sentencia, porque también la Constitución Española reconoce el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Por tanto, en buena lógica, sería coherente que el Grupo Socialista apoyase esta enmienda, que recuerdo a sus señorías que es una modificación del apartado cinco del artículo único del texto que contemplamos.
La enmienda número 20 sigue en la línea de respetar la autonomía de las comunidades autónomas. Pretendemos que los acuerdos en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, por lo que responde a las competencias asumidas por las comunidades autónomas, se alcancen en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no como progresivamente se va determinando en los diversos proyectos de ley del actual Gobierno, que muestra esta deriva de querer volver a una posición de excesiva injerencia, correspondiente a una posición centralista y centralizadora, que no está de acuerdo ni con la política que dice que desarrolla el Gobierno socialista ni con las propias competencias reconocidas en las comunidades autónomas. En el apartado seis volvemos a reiterar el papel que debe desempeñar, y que se debe reconocer, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Proponemos un nuevo apartado al artículo único que delimita mejor el concepto de estabilidad presupuestaria de acuerdo con lo que también hemos establecido y comentado en el anterior proyecto de ley. Hay un marco que lleva a la utilización de determinados conceptos que se sustancian en la posición que el Gobierno español presenta y defiende ante la Unión Europea con los acuerdos existentes con los respectivos pactos de estabilidad y crecimiento. Es bastante incoherente e ilógico que lo que se presenta ante la Unión Europea no tenga luego una traducción fiel en nuestros proyectos de ley. En este caso, con este nuevo apartado al artículo único, lo que hacemos es subsanar lo que entendemos que es esta disfunción, y ajustamos la ley a los acuerdos del Gobierno español en la Unión Europea.
Finalmente, las enmiendas números 25 y 26 hacen referencia a un nuevo apartado al artículo único y a una disposición final y tienen la misma base. En este caso no resulta adecuado otorgarles el carácter de orgánico a determinados
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preceptos porque se trata de una ley general presupuestaria y debería ser tratada como tal y no como orgánica.
Insisto en que nuestras observaciones y enmiendas responden a tres preocupaciones. En primer lugar, respetar adecuadamente las competencias de las comunidades autónomas y reivindicar el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Celebramos haber llegado a un acuerdo plasmado en las dos enmiendas transaccionales que permiten reconocer el principio de bilateralidad con los representantes del Consejo de Política Fiscal y Financiera y haber mejorado su papel, como se reconoce en la enmienda transaccional relativa a la enmienda número 13.
Un segundo aspecto es adecuarnos mejor a los compromisos del Gobierno español en el pacto de estabilidad y crecimiento que se establece anualmente en el seno de la Unión Europea.
El tercer aspecto, obviamente, es aquel que hace referencia a que hay cuestiones que tendrían que quedar fuera del ámbito de una ley orgánica.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.
Mi grupo mantiene sólo dos enmiendas a este proyecto de ley. Provienen del Congreso y son únicamente de uno de los grupos integrantes de nuestro grupo parlamentario. No hay una posición común de Entesa Catalana de Progrés respecto a estas enmiendas. En todo caso, me corresponde defenderlas.
Se trata de dos enmiendas muy concretas. La número 2 va en la dirección de reforzar el procedimiento bilateral para determinar el objetivo de estabilidad de cada comunidad autónoma que se recoge en el artículo único dos del proyecto que modifica el artículo 5.3 de la ley orgánica vigente.
Se pretende que se haga referencia a dicho procedimiento bilateral también en el artículo cuatro, que se refiere a la función del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La enmienda número 3 propone una redefinición del esfuerzo fiscal adicional al que se hace referencia en la modificación del artículo 5 en lo que respecta al procedimiento de fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas.
El proyecto de ley recoge el esfuerzo fiscal diferencial derivado del ejercicio de la comunidad autónoma y de su capacidad normativa. La propuesta que hace la enmienda es que se calcule sobre los ingresos tributarios recaudados en cada comunidad autónoma en porcentaje de su producto interior bruto regional, considerando que el esfuerzo fiscal diferencial depende de diversos factores que no quedarían reflejados con la redacción actual del proyecto, que se refiere a la capacidad normativa.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.
Doy por defendidas las enmiendas, puesto que el contenido y el fondo son los mismos que los ya explicados en la ley que acabamos de debatir. (El señor Bru Parra pide la palabra.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
Voy a intervenir desde el escaño porque voy a ser muy breve. (El señor Bru Parra pide de nuevo la palabra.) Lo fundamental de esta ley es que...
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría.
El senador Bru me había solicitado la palabra para el turno en contra, y no lo había visto.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención va a ser muy breve.
No podemos aceptar la enmienda que el senador Cuenca ha dado por defendida y que es coincidente con algunas de las que ha defendido en nombre de uno de los grupos integrantes de la Entesa, puesto que daría lugar a un incumplimiento del objetivo de estabilidad para el año 2006 que ya fue aprobado por estas Cortes Generales, aparte de que introduciría un alto grado de complejidad.
Tampoco podemos aceptar la enmienda de Entesa referida al esfuerzo fiscal, que ha defendido, en nombre de los otros grupos que la integran, la senadora Aroz, y no podemos aceptarla porque en nuestra opinión el esfuerzo fiscal previsto ha de ser el derivado de la capacidad normativa de cada comunidad autónoma y no del diferencial respecto al PIB.
Consideramos que la enmienda de Entesa al artículo 5, en lo que se refiere a la negociación bilateral, está ya sustanciada en las enmiendas transaccionales 13 y 16. Por tanto, el espíritu de esta enmienda se subsume en las transaccionales que hemos aceptado con el Grupo de Convergència i Unió.
Respecto a las enmiendas que acaba de defender el senador Gasóliba, consideramos que la número 12 es básicamente una discusión de carácter cuantitativo sobre si se prefiere aumentar los límites del endeudamiento sobre el déficit previsto, sobre el cíclico o sobre las inversiones. En nuestra opinión no es preciso aumentarlo, está bien como está, con el 0,25 es suficiente, y son más adecuados, a fin de garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas, los topes cuantitativos previstos en la ley.
Una segunda parte de esta enmienda --y voy a detenerme más en este punto porque en realidad plantea una filosofía
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constitucional que subyace en el resto de las enmiendas-- hace referencia a qué criterios generales deben o no ser examinados por el Ministerio de Economía para determinar las inversiones. Parece que aquí de lo que se trata es de cuestionar los límites de las competencias estatales previstas en el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, relativo a las competencias exclusivas del Estado respecto a las bases generales de la coordinación de la política económica del Estado. Creo que es esto --la competencia exclusiva del Estado sobre la política económica general-- es lo que subyace en la enmienda 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como en las números 15, 17, 22, e incluso en la enmienda 19, aquella a la que el señor Gasòliba apelaba ante la senadora Vicente para pedirle que compaginase la defensa de la autonomía financiera; autonomía financiera que mantenemos y que se sustancia ampliamente con la aceptación de la supresión de la disposición final tercera de la ley anterior e incluso de estas dos transaccionales. Pero en caso de admitir la enmienda 19, la autonomía financiera reconocida en la Constitución chocaría con las competencias estatales reconocidas en el artículo 149 de la Constitución Española.
En resumen, creo que se produce cierta colisión entre nuestra interpretación y la que mantiene, lógicamente, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como grupo nacionalista que es --y lo entendemos y lo respetamos--, respecto a los límites y alcance de las competencias del Estado que establece el artículo 149.1.13ª de la Constitución. Son divergencias que tenemos y que vamos a seguir teniendo.
Es más, me preocuparía que el senador Gasòliba aceptase mi posición, pero también lo contrario: que yo aceptase la suya. La prueba es que antes algún senador nos ha acusado de romper el Estado y, sin embargo, usted todavía sigue hablando de posiciones o tendencias centralistas y centralizadoras, con lo cual parece que vamos por buen camino; estamos en la posición correcta cuando unos piensan que estamos saliéndonos de unos ejes y rompiendo el Estado y otros que todavía, pese a que ustedes han reconocido que hacemos un esfuerzo de aproximación, consideran --concepción que no comparto pero respeto-- que hay resabios centralistas o centralizadores.
En este caso concreto han de reconocer que en ese bloque de enmiendas que he leído y estudiado con atención y cariño, en concreto las números 15, 17, 19, 22, 23 e incluso la 26, subyacen las diversas interpretaciones que mantenemos ustedes y nosotros sobre el alcance y el contenido del artículo 141.1.13ª de la Constitución Española. Hay divergencias que, presumiblemente, van a seguir existiendo, y en el fondo ese es el motivo por el que mi grupo no puede aceptar las enmiendas que ustedes han planteado.
El caso de la enmienda 24 que usted plantea es diferente. Consideramos que en ella proponen una modificación, no de la ley general complementaria que estamos debatiendo aquí, sino de la LOFCA, y pensamos que la reforma de una ley orgánica no es el momento más adecuado para hacerlo. Pensamos que, aunque sea indirectamente, no procede introducir una modificación de la LOFCA y, como en el fondo eso es lo que pretende esta enmienda, no vamos a aceptarla.
Con la enmienda 25 ustedes pretenden privar a esta ley orgánica en varios de sus apartados del carácter de ley orgánica, lo cual entra en conflicto con el dictamen del Consejo de Estado que informa esta ley orgánica; en él precisamente se establece que para regular la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas sin entrar en colisión con ellas debe elaborarse una ley orgánica. Siendo respetuosos con el dictamen del Consejo de Estado, si estamos regulando la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas y debe hacerse a través de una ley orgánica, no podemos enmendarlo ahora y privarle del carácter de ley orgánica que el dictamen del Consejo de Estado considera necesario para poder regular la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas. Por estos dos motivos, uno de técnica jurídica, y otro de modificación de la LOFCA, y respecto al bloque al que me he referido fundamentalmente --creo que me lo reconocerá-- por esta diferente interpretación del artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, es por lo que lamento no poder aceptar, senador Gasòliba, las enmiendas, aunque realmente hemos dado un paso importante --somos gradualistas y seguiremos trabajando en el futuro aproximando posiciones--, como usted mismo ha reconocido, con la aceptación de las enmiendas transaccionales 13 y 16.
Mi grupo está muy satisfecho de que todos los grupos de esta Cámara apoyen esta aproximación entre el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, al cual le agradezco, en aras de la brevedad procesal, que haya desistido de defender sus enmiendas, puesto que coincido con el senador Caneda en que, en el fondo, sería repetir lo que se ha dicho en el debate sobre el veto.
Ahora sí que tiene la palabra el senador Urrutia, y le pido disculpas.
El señor URRUTIA ELORZA: Señor presidente, no me debe pedir disculpa alguna estando en la víspera de San Prudencio y celebrando hoy la retreta y mañana las fiestas en Vitoria y Álava y, sobre todo, siendo usted alavés. (Risas.) Con respecto a las enmiendas que ha presentado mi grupo, apoyaremos las transaccionadas, algunas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, sobre todo, las competenciales, solo por referencia y cercanía en cuanto al planteamiento.
Me ha preocupado un poco lo expuesto antes por los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Estamos planteándonos una ley de estabilidad presupuestaria con vistas al futuro, y siempre estamos mirando hacia atrás. Vamos a plantear la estabilidad, el orden, la disciplina con vistas al futuro. Nos esperan años difíciles, porque tenemos una serie de compromisos,
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sobre todo --y el senador Gasòliba lo ha planteado-- el Estado de bienestar y los cuatro pilares. El primer pilar es la educación y lo que esta supone, sobre todo en el tramo de 0 a 3 años, y pronto debatiremos la ley universitaria, con el esfuerzo que habrá que hacer para la adaptación a Bolonia. El segundo pilar es el tema sanitario, el envejecimiento poblacional. El tercer pilar son las pensiones y los compromisos: el compromiso del 14 de febrero del Ecofin. ¿Cuál es el futuro del sistema público de pensiones por ese envejecimiento? Tenemos también la futura ley de dependencia y su financiación. ¿Se nos escapan los fondos europeos o hay una rebaja? Debemos ser realistas no sólo en cuanto a las comunidades autónomas y al Estado, sino también respecto a las entidades locales. Comprendo lo que decía mi compañero, el señor Cuenca Cañizares, y las referencias al señor Bru y al señor Caneda. Debemos tener cuidado con los gastos y con los ingresos. Me parece que esta ley de estabilidad debe poner orden y juicio, y no hay que mirar atrás no sea que nos convirtamos en la mujer de Lot al hablar de si el crecimiento se produjo en 1994, en 1996 o en 2000. Miremos al futuro, pongamos orden en las cuentas.
Desde el punto de vista de País Vasco y como representante de Eusko Alkartasuna, diré que todos debemos mantener orden y disciplina.
¿El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.
Con la intervención del senador Bru hemos entrado en el debate de dos temas de fondo,muy interesantes y ambos conceptuales. Como dije anteriormente, el primero es un debate que ya se produjo en la Unión Europea en la calificación y valoración del gasto, en la valoración del déficit y en la parte del gasto público de la llamada inversión productiva; el fondo del debate fue la conveniencia o no de su incorporación en la evaluación del déficit. Lo que plantea nuestra enmienda respecto de las comunidades autónomas es precisamente eso, pero ello nos lleva al segundo debate --también de carácter conceptual--, que es el siguiente: Nosotros lo que defendemos es que el establecimiento de los parámetros y de la aplicación de los acuerdos que llevan a la estabilidad presupuestaria se haga en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que, además --acorde con lo que ya se propone y previsiblemente se tendrá que aplicar con la aprobación de nuevos estatutos--, lleva al concepto de bilateralidad en la negociación que haga el Ministerio de Economía y Hacienda, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representantes de las respectivas comunidad autónomas, de forma bilateral.
El senador Bru, muy hábilmente, dice: Celebro que hayamos aproximado posiciones. No tengo ninguna reserva en manifestarlo así, pero es que se había producido un alejamiento. A nosotros lo que nos preocupa es que de manera progresiva, en las sucesivas propuestas del Gobierno, en sus de proyectos de ley, hay un intento de centralizar cada vez más e imponer más las posiciones, y aunque insisto en que entiendo que es mucho más cómodo para el Ministerio de Economía y Hacienda y para el propio ministro hacerlo así, ya no estamos en este ámbito, ya no estamos en una administración centralista, afortunadamente. Pero las tendencias continúan aflorando, y esto es lo que intentamos corregir con nuestras propuestas, algunas de las cuales, de una manera muy limitada, han permitido llegar a un acuerdo, pero que conste que es una aproximación dentro de una tendencia que lleva a un alejamiento de lo que tendría que ser el debate, las decisiones y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
Informo a la Cámara de que estamos de acuerdo con las transaccionales que se han establecido entre los diferentes grupos sobre la base de las enmiendas de Convergència i Unió y que, en consecuencia, las apoyaremos.
Mi grupo parlamentario va a apoyar las enmiendas transaccionales a las números 13 y 16 de Convergència i Unió, que vienen a reforzar el ejercicio de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, así como los mecanismos de bilateralidad. No vamos a apoyar el resto de las enmiendas presentadas por los argumentos con los que me he opuesto al veto en el trámite anterior.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero expresar en este caso mi deseo de equivocarme en cuanto a los defectos que he visto en la reforma. Como ha dicho el senador portavoz de Eusko Alkartasuna, tenemos en la sociedad española unos retos realmente importantes, difíciles, y espero que en 2007 no dejen de repetirse los resultados de 2005, los últimos que tenemos con esta ley vigente. Creo que es un esfuerzo que todos tendremos que hacer.
Ojalá seamos capaces de asumir
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la constitución europea en cuanto al principio de subsidiariedad y que haya un claro reparto de las competencias de forma que, una vez repartidas, los ayuntamientos tengan las suyas y las comunidades autónomas las suyas, con lo cual tendremos unas normas que nos permitirán a todos emplear energías en vencer esos retos que se nos presentan.
No me queda nada más que lamentar no haber participado más activamente en esta ley a la que, como saben todos, tengo un especial cariño.
En primer lugar, procedemos a votar el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Comenzamos votando la enmienda número 1 del senador Cuenca Cañizares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, dos; en contra, 225; abstenciones, siete.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 12 a 26, menos la 13 y la 16, que soportan transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a favor, siete; en contra, 226.
Votamos a continuación las enmiendas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, cinco; en contra, 223; abstenciones, siete.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 8 a 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 114; en contra, 121.
A continuación, votamos las propuestas de modificación del dictamen con los número de registro 60.137 y 60.138.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 120; en contra, 115.
Señorías, votamos el dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 121; en contra, 114.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas, de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S. 621/000047) (C. D. 121/000046) (Votación).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de la reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
Comenzamos con las enmiendas del senador Cuenca Cañizares, números 1 a 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, tres; en contra, 224; abstenciones, ocho.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 43 a 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, ocho ; en contra, 225; abstenciones, dos.
Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 119; en contra, 116.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, números 5 a 9.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 11; en contra, 224.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 22 a 42.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 116; en contra, 119.
Votamos el dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas, de forma previa a la sanción del texto por Su Majestad el Rey.