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Timestamp: 2019-11-14 11:44:33
Document Index: 38780795

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 238', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 8', 'artículo 16', 'Artículo 13', 'Artículo 42', 'Artículo 42']

Decreto N� 7.837/2017 - Por el cual se reglamenta los procedimientos para las medidas preventivas e inve
DECRETO Nº 7.837/17
VISTO: La Nota SNC/SG N° 646, del 6 de septiembre de 2017 de la Secretaría Nacional de Cultura, por la cual solicita la reglamentación de los procedimientos para las medidas preventivas e investigaciones preliminares; así como la instrucción de Sumarios Administrativos para la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural»; y
CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Inciso 3) de la Constitución establece que es atribución del Poder Ejecutivo, la formación, reglamentación y control del cumplimiento de las normas jurídicas.
Que la Ley N° 1231/1986 aprueba y ratifica la convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y claramente establece que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo.
Que la Ley N° 3051/2006, «Nacional de Cultura», en el Artículo 8, Inciso j) establece que son funciones de la Secretaría Nacional de Cultura proteger el patrimonio cultural, fomentar su difusión y conservar, recuperar y restaurar los bienes que lo integran.
Que la Ley N° 5621/2016, «De Protección al Patrimonio Cultural», tiene por objeto la protección, la salvaguardia, la preservación, el rescate, la restauración y el registro de los bienes culturales de todo el país; así como la promoción, difusión, estudio, investigación y acrecentamiento de tales bienes.
Que la Ley N° 5621/2016, en su Artículo 7° establece que la Secretaría Nacional de Cultura es la máxima instancia a nivel nacional en el área de la cultura, actuando como órgano rector responsable de la aplicación de las políticas, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de esta Ley.
Que es necesario reglamentar los procedimientos para las medidas preventivas e investigaciones preliminares; así como la instrucción de Sumarios Administrativos para la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016.
Art. 1°.- Apruébase el reglamento de procedimientos para las medidas preventivas e investigaciones preliminares; así como la instrucción de Sumarios Administrativos para la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural que se regirá conforme con las disposiciones contenidas en el presente decreto reglamentario.
Art. 2°.- El presente Decreto reglamenta el procedimiento aplicable a los Sumarios Administrativos a ser instruidos por la Secretaría Nacional de Cultura para la investigación de las faltas previstas en Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural» en concordancia con la Constitución y la legislación vigente.
Art. 3°.- El procedimiento sumarial determinará él o los responsables de las infracciones o las faltas administrativas, así como las multas a ser aplicadas en consecuencia.
Art. 4°.- El Sumario Administrativo ante la Secretaría Nacional de Cultura será instruido por resolución administrativa emanada de la Máxima Autoridad de la Secretaría Nacional de Cultura, que ordene la instrucción del sumario. Dicha resolución deberá ser emitida por recomendación de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a solicitud de la Dirección General de Patrimonio Cultural o en virtud a denuncias y antecedentes remitidos por las demás dependencias que componen el Sistema Nacional del Patrimonio, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.
Art. 5°.- El juez instructor será el encargado de la aplicación del procedimiento establecido en el presente decreto y deberá dirigir el procedimiento sumarial, a tal efecto ordenará el diligenciamiento de las pruebas, fijará las audiencias, y determinará los responsables de la falta administrativa. Asimismo, deberá ordenar todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de la falta, subsanará los defectos y omisiones de que adolezca, dentro del plazo perentorio que el mismo fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades o acciones que considere como medidas de mejor proveer.
Art. 6°.- La Secretaría Nacional de Cultura, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural», podrá realizar investigaciones preliminares a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Las investigaciones preliminares serán realizadas de oficio o por denuncias de autoridades o de particulares, pudiendo estas últimas ser presentadas en forma escrita o verbal, con o sin carácter confidencial. En caso de que el denunciante solicitara la confidencialidad de sus datos, dicha Dirección General lo garantizará.
Art. 7°.- Las investigaciones preliminares realizadas en el marco de averiguaciones sobre presuntas faltas administrativas establecidas en el Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural», así como de otros hechos y circunstancias susceptibles de la aplicación de sanciones administrativas por parte de la Secretaría Nacional de Cultura, la realizarán los funcionarios designados y autorizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura. Asimismo, las Gobernaciones y Municipalidades, podrán designar fiscalizadores previa autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Los funcionarios fiscalizadores deberán labrar Acta de Intervención por infracciones a la Legislación Cultural de las actuaciones realizadas en el marco de las investigaciones preliminares que realicen, y esta debe contener:
- Fecha con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada.
- Datos del o los denunciados, nombre y apellidos, número de documento de identidad, razón social, domicilio: detallando el número de casa y calles, barrio y compañía, números de teléfonos, dirección de e-mail.
- Datos de los testigos del hecho: nombre y apellidos, número de documento de identidad, domicilio: detallando números de teléfonos, dirección de email.
- Datos del funcionado designado como fiscalizador, nombre y apellido.
- Relación sucinta o integral de los actos realizados: relato circunstanciado y preciso de los hechos con sus antecedentes.
- Pruebas o documentos que se acompañan al Acta: citar en el Acta y adjuntar toda la documentación que obre en los antecedentes del caso. En caso de no contar con algunos de ellos deberá indicar el lugar donde se encuentran dichos documentos.
En caso de no que no se pueda obtener algunos de los datos exigidos, dicha circunstancia deberá constar en el Acta de Intervención, con una breve explicación del impedimento.
Las Actas de Intervención originales labradas por los funcionarios fiscalizadores deberán ser remitidas a la Dirección General de Patrimonio Cultural en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, a ser contados desde la suscripción de la misma, so pena de sanciones administrativas que puedan ser aplicadas por la Institución a aquellos funcionarios que incumplan esta disposición.
En caso de que las personas encargadas de los establecimientos o lugares en donde se deba realizar la investigación preliminar respectiva, se negaren o impidiesen a los funcionarios fiscalizadores a cumplir con los diligenciamientos que le fueran encomendados, será instruido el Sumario Administrativo respectivo, y los fiscalizadores procederán igualmente a labrar el acta respectiva, individualizando los hechos acontecidos así como el lugar en el que se han constituido.
Art. 8°.- Si durante el transcurso de la investigación preliminar, o en cualquier otro momento después de terminada la misma, existiera sospecha de la posible comisión de un hecho punible, el funcionario fiscalizador que haya intervenido en la misma, dará inmediato aviso a la Dirección General de Asesoría Jurídica quien deberá iniciar las acciones legales ante el Ministerio Público.
Art. 9°.- Concluida la investigación preliminar, los antecedentes y el Acta de Intervención, serán remitidos sin más trámites a la Dirección General de Patrimonio Cultural, quien deberá emitir en un plazo perentorio de 10 días hábiles su dictamen, que será remitido a la Dirección General de Asesoría Jurídica, quien en un plazo no mayor a 5 días, se expedirá sobre la procedencia o no del Sumario Administrativo, bajo apercibimiento de ser pasible de sanción por mal desempeño de sus funciones en los términos de la Ley N° 1626/2000, «De la Función Pública», salvo prórroga debidamente justificada, que no podrá exceder de 3 días hábiles. Igualmente, deberá informar a la Máxima Autoridad de la Secretaría Nacional de Cultura sobre esta decisión de prórroga a fin de que adopte las medidas correspondientes.
Art. 10.- La Secretaría Nacional de Cultura, previo Sumario Administrativo, determinará el daño al bien cultural, él o los responsables de las faltas administrativas y la aplicación de la sanción pecuniaria si correspondiere.
Art. 11.- La Dirección General de Patrimonio Cultural al remitir los antecedentes a la Dirección General de Asesoría Jurídica para que se expida sobre la procedencia o no del Sumario Administrativo, deberá indicar las supuestas faltas administrativas cometidas por el/los infractor/es.
DE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO Del inicio del Sumario Administrativo
Art. 12.- La Dirección General de Asesoría Jurídica recibirá de la Dirección General de Patrimonio Cultural, los antecedentes del caso y, dentro del plazo establecido en el Artículo 8° del presente Reglamento, recomendará dar inicio al procedimiento en los casos que considere pertinente, o en su defecto recomendará el archivo del caso.
Art. 13.- En caso de existir mérito para la instrucción de Sumario Administrativo, la máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Cultura dictará resolución que instruye el Sumario Administrativo. Esta resolución contendrá:
a) La individualización del bien cultural en cuestión;
b) El relato de los hechos que motivaran la instrucción del sumario, incluyendo la mención expresa de la supuesta infracción u omisión en que incurriere el responsable o los responsables; y
c) La designación del Juez Instructor.
Art. 14.- Una vez dictada la resolución que ordena el Sumario Administrativo, el Juez Instructor deberá dictar el auto de instrucción sumarial en el que deberá resolver:
a) Dar inicio al Sumario Administrativo respectivo;
b) Designar un secretario de actuaciones;
c) Fijar el asiento del Juzgado de Instrucción Sumarial en la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Cultura;
d) Correr traslado de la instrucción al sumariado para que lo conteste en el plazo contemplado en el artículo 16 de este Reglamento, e intimarlo a constituir domicilio dentro del radio del juzgado bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la secretaría del Juzgado; y
e) Ordenar los demás trámites de rigor que fueran pertinentes.
En caso de inhibiciones, el Juez Instructor debe manifestar las causas que lo motivan a inhibirse.
Del Juez Instructor:
Art. 15.- El Juez Instructor deberá ser funcionario de la Secretaría Nacional de Cultura, de profesión abogado, designado conforme al Artículo 13 de la presente reglamentación en cada caso. El Juez Instructor tendrá a su cargo llevar adelante el procedimiento sumarial, dictaminando en su debido momento lo que corresponde en derecho y elevando a consideración de la máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Cultural el referido dictamen para lo que hubiere lugar.
Art. 16.- El secretario será designado por el Juez Instructor al momento de dictar el Auto de instrucción sumarial (AI) en cada caso, quien será en lo posible abogado, estudiante de Derecho o Notariado y será el asistente del juez instructor, encargado de recibir los documentos, custodiar los expedientes y cualquier evidencia relacionada con el objeto del sumario.
Asimismo, el Secretario será el encargado de controlar la realización de las notificaciones, los plazos y mantener informado al Juez de las circunstancias relacionadas con sus obligaciones.
De los Ujieres:
Art. 17.- A los efectos de las notificaciones que deban realizarse en el marco del Sumario Administrativo, el Juez Instructor podrá designar un Ujier, siendo exclusiva responsabilidad del mismo asegurar la realización de las notificaciones.
DE LA CONTESTACIÓN DEL SUMARIO
Art. 18.- El sumariado deberá ser notificado por cédula del Auto de inicio de Sumario Administrativo con las respectivas copias para traslado, contando con un plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente de la notificación, para presentar su escrito de descargo, bajo apercibimiento de seguirse el sumario en rebeldía si no comparece por sí o por apoderado a tomar intervención en el sumario dentro del plazo indicado.
El plazo para contestar el traslado por parte del sumariado podrá ser ampliado conforme con lo establecido en el Articulo 149 del Código Procesal Civil, a razón de un día por cada cincuenta (50) kilómetros para la Región Oriental y de un día por cada veinticinco (25) kilómetros para la Región Occidental del país.
Art. 19.-El sumariado deberá acompañar a su escrito de descargo todas las pruebas documentales que hacen a su derecho y ofrecer las demás pruebas. Asimismo, deberá constituir domicilio procesal en la ciudad de Asunción.
El sumariado deberá estar patrocinado por un abogado o en su defecto hacerse representar por uno conforme con lo dispuesto en los Artículos 57 y siguientes del Código Procesal Civil paraguayo y concordantes del Código de Organización Judicial.
Art. 20.-Si el sumariado se allanare en tiempo y forma, el Juez Instructor llamará a autos para emitir su dictamen conclusivo.
DEL PERIODO DE PRUEBAS
Art. 21.- El Juez Instructor recibirá la causa a prueba, y ordenará el diligenciamiento de las pruebas que hayan sido ofrecidas y que considere conducentes, estableciendo el plazo para producirlas que, en principio, no podrá ser mayor a los veinte días hábiles, aunque por decisión fundada del Juez Instructor el plazo podrá extenderse por otros diez días hábiles cuando la importancia y complejidad de ellas lo amerite
Serán admisibles todos los medios de prueba establecidos por ley. No será admisible la prueba de absolución de posiciones.
Art. 22.- El Juez Instructor podrá, de oficio y como medida de mejor proveer, ordenar todas las diligencias que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
En los casos en que el Juzgado requiera para la sustanciación del sumario, el informe técnico de alguna dependencia de la Secretaría Nacional de Cultura, lo solicitará vía oficio, quienes deberán contestar el requerimiento en el plazo de dos días hábiles, suspendiéndose de esta forma, los plazos sumariales, a las resultas de la remisión del citado informe.
Art. 23.- Producidas todas las pruebas, o vencido el plazo para hacerlo, previo informe del Secretario, el Juez Instructor dictará providencia ordenando el cierre del periodo probatorio y llamará autos para emitir su dictamen conclusivo. No procederá la presentación de alegatos.
Art. 24.- Una vez dictada la providencia de autos establecida en el artículo anterior, el Juez Instructor contará con un plazo de diez días hábiles para emitir su dictamen conclusivo. El dictamen conclusivo del Juez Instructor que recayese en el Sumario Administrativo será fundado y se pronunciará sobre la comprobación de los hechos investigados, y deberá expresar lo siguiente:
a) Los datos de identificación del Sumario Administrativo y de él/los responsable/s;
b) La descripción de los hechos investigados, del objeto del sumario y de la falta administrativa infringida (Art. 42 de la Ley N° 5621/2016);
c) El examen y la valoración de las pruebas producidas, si las hubiere;
d) Un breve relatorio de los diligenciamientos efectuados durante la sustanciación del sumario;
La recomendación concreta de sanción o absolución al sumariado, con los fundamentos de hecho y de derecho que lo justifiquen y con la indicación de la/s infracción/es cometidas (Art. 42 de la Ley N° 5621/2016);
e) El monto de la multa que será aplicada al infractor en caso de que lo hubiere;
f) La firma del Juez Instructor refrendada por el Secretario o Actuario;
Cuando la complejidad de los hechos investigados tornara necesario un plazo mayor para su conclusión, la máxima autoridad dispondrá conforme con un dictamen fundado de la Dirección General de Asesoría Jurídica, el plazo máximo que tendrá el Juez Instructor para finalizarlo.
Art. 25.- El Juez Instructor podrá imponer, de acuerdo con el régimen legal que fuera aplicable a cada caso, las multas establecidas en el Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016, «De Protección al Patrimonio Cultural».
Para la graduación de las faltas se tendrá en cuenta a más de la gravedad de la infracción cometida y perjuicio ocasionado, la conducta del infractor durante la sustanciación del sumario. Se considerará atenuante, el allanamiento y reconocimiento por parte del infractor, de la infracción cometida.
Las multas previstas en la Ley N° 5621/2016, «De Protección al Patrimonio Cultural», se aplicarán sin perjuicio de que las conductas determinadas puedan dar lugar a una sanción penal por la comisión de un hecho punible y a la reparación integral del daño patrimonial causado por medio de la obligación civil de recomponer e indemnizar.
Art. 26.- Una vez emitido el dictamen conclusivo, el mismo será elevado por el Juez Instructor a través de la Dirección General de Asesoría Jurídica a la Máxima Autoridad de la Secretaría Nacional de Cultura, quien deberá emitir la Resolución Administrativa.
Art. 27.- Una vez firmada la Resolución Administrativa, el expediente será remitido a la Dirección General de Asesoría Jurídica para la notificación.
Art. 28.- El infractor podrá interponer recurso de reconsideración contra la Resolución que imponga sanciones dentro de los cinco días hábiles, contados desde el día siguiente de notificada la misma.
Si la Máxima Autoridad de la Secretaría Nacional de Cultura resolviera el recurso de reconsideración en forma contraria a las pretensiones del infractor, este podrá recurrir ante el Tribunal de Cuentas en el plazo establecido por ley.
Art. 29.- La Dirección General de Asesoría Jurídica informará a la Dirección General de Administración y Finanzas sobre todas las multas que se encontraran firmes, a fin de que esta emita la correspondiente liquidación de pago.
El infractor deberá abonar la multa correspondiente en la respectiva cuenta habilitada a nombre de la Secretaría Nacional de Cultura en el Banco Nacional de Fomento, dentro del plazo establecido en la resolución que establezca la multa.
La Institución podrá efectuar un descuento de hasta el 25% de la multa impuesta en la respectiva resolución, al infractor que efectúe el pago al contado.
Art. 30.- Las recaudaciones generadas por las multas, que sean cobradas en caja o cobro compulsivo, serán distribuidas de la siguiente manera: El noventa y tres por ciento (93%) del monto de las multas provenientes de la aplicación de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural», serán destinadas como recursos propios de la Secretaría Nacional de Cultura, y el siete por ciento (7%) del monto de las multas aplicadas en el mismo concepto, será destinado al Juez Instructor que tuvo a su cargo el proceso sumarial. El Juez instructor solo podrá cobrar el porcentaje establecido en el presente artículo, una vez que el monto total de la multa haya sido efectivizado por el infractor a la Secretaría Nacional de Cultura.
Art. 31.- La resolución administrativa condenatoria tendrá fuerza ejecutiva para el caso en que deba recurrirse a las instancias judiciales para su cobro pudiendo la Secretaría Nacional de Cultura iniciar las acciones pertinentes.
Art. 32.- Es facultad de la Secretaría Nacional de Cultura, por Resolución de la Máxima Autoridad, ordenar en cualquier momento, medidas de urgencia o preventivas, tendientes a la protección de los bienes culturales. Éstas podrán ser ordenadas de oficio por la máxima autoridad, o a solicitud del Juez Instructor, o de la Dirección General de Patrimonio Cultural, mediante informe fundado con la recomendación de las medidas a ser adoptadas.
Art. 33.- Las medidas preventivas o de urgencia para la protección de bienes culturales podrán ser ordenadas y ejecutadas ante cualquier circunstancia que ponga en peligro los mismos, ya sean emanadas por la Secretaría Nacional de Cultura, Gobernaciones o Municipalidades.
Ante la negativa en el cumplimiento por parte de terceros de las medidas impuestas por la Secretaría Nacional de Cultura, esta podrá recurrir ante un juez competente para que disponga las medidas necesarias para precautelar los bienes culturales.
Art. 34.- Ante cualquier circunstancia que requiera la intervención judicial por la comisión de las infracciones previstas en la Ley N° 5621/2016, «De Protección al Patrimonio Cultural», la Secretaría Nacional de Cultura, a través de la Dirección General de Asesoría Jurídica, deberá iniciar ante el Poder Judicial las acciones legales que correspondan para hacer cesar y evitar el agravamiento del daño al bien cultural.
Art. 35.- Concluido el Sumario Administrativo, la Secretaría Nacional de Cultura, a través de la Dirección General de Asesoría Jurídica, deberá iniciar ante el Poder Judicial las acciones legales que correspondan.
Art. 36.- La Dirección General de Asesoría Jurídica, conjuntamente con la Dirección General de Patrimonio Cultural, organizará reuniones dirigidas a sus funcionarios, fiscalizadores y otros, con la finalidad de explicar las disposiciones del presente Decreto.
Art. 37.- Rigen como disposiciones supletorias y siempre que no contradigan las normas del procedimiento establecidas en el presente Reglamento, las establecidas por el Código Procesal Civil para los procesos de conocimiento sumario, en lo que fueran aplicables.
Art. 38.- El Anexo «Acta de Intervención por infracciones a la Legislación Cultural», forma parte del presente Decreto.
Art. 39.- Facúltase a la Secretaría Nacional de Cultura a establecer los procedimientos a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.
Art. 40.- El presente reglamento para las medidas preventivas e investigaciones preliminares; así como la instrucción de Sumarios Administrativos para la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 42 de la Ley N° 5621/2016, «De Protección del Patrimonio Cultural», entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Art. 41.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro del Interior.
Fdo.: Lorenzo Lezcano S.
Anexo: - Acta de intervención por infracción a la Legislación Cultural