Source: https://sands.legal/blog/el-procedimiento-sancionador-en-materia-de-trafico/
Timestamp: 2017-02-25 04:28:47
Document Index: 203735619

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 105', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 95', 'artículo 112', 'artículo 118', 'artículo 96']

El procedimiento sancionador en materia de tráfico | Sánchez y Sánchez
Carlos Sánchez López | 3 enero, 2016 | Administrativo | 9 minutos
En esta entrada he querido analizar un tema que afecta a casi todos los conductores alguna vez en su vida: las multas de tráfico. Esto es, el procedimiento sancionador en materia de tráfico. Concretamente, y aunque he tratado algunos puntos un poco más generales del Derecho administrativo, el tema a analizar son las sanciones de tráfico en que se notifica al conductor en persona. Especialmente, si resulta conveniente o no firmar o recoger las denuncias.
La sabiduría popular al respecto es enormemente variada. Según a quién le preguntas obtendrás una respuesta u otra a la cuestión. Hay quién dice que si firmas estás aceptando la sanción, que da igual firmar o no, que si no firmas no tienes derecho a la reducción, que si no firmas tienes más tiempo para recurrir, que debes quedártela pero sin firmar… Nunca había profundizado en este tema hasta que surgió tomando un café con un amigo de la Guardia Civil que ha estudiado Derecho, y que ha me ha motivado a escribir este artículo, ya que mi postura (que era recomendable no firmar) resultó ser completamente errónea.
¿Es conveniente firmar o recoger las multas de tráfico?
La Ley de Tráfico establece que las denuncias se notifican en el acto y que la propia denuncia tiene valor probatorio de su notificación. Los únicos casos en los que la notificación se realiza posteriormente es cuando la detención del vehículo no sea posible, el mismo esté estacionado, el agente no pueda en ese momento proceder a la detención o cuando se empleen medios automáticos (caso de los radares).
Al estar notificado por el simple hecho de que se formule la denuncia, resulta irrelevante que se firme o no la misma, o que la misma se recoja sin firmar. Los plazos para recurrirla o para proceder al pago de la sanción comienzan igualmente a contar. La firma de la denuncia no supone aceptar los hechos que la misma recoge, ni se pierde el derecho a recurrir, ni obliga a la Administración a notificarte en tu domicilio. No es necesario firmar como “no conforme” ni ninguna otra fórmula similar para seguir conservando tus derechos. Si la recoges sin firmarla el agente únicamente consignará ese hecho, por lo que tampoco existe ninguna diferencia.
El único efecto que produce no firmar o no recoger la multa es que resultará más complicado saber a qué órgano hay que dirigirse para abonar la sanción o efectuar alegaciones y recursos. Por ello, recomiendo siempre firmar o, al menos, recoger las denuncias.
Debido a los grandes cambios normativos que se han producido en los últimos meses, a los que el ámbito administrativo no ha sido ajeno, resulta preciso realizar una breve referencia al marco normativo en vigor. Algunas normas que llevaban en vigor más de veinte años han sido derogadas y reemplazadas por otras aunque, por lo general, y en lo que respecta a las normas aplicables a este artículo, los cambios han afectado más a la distribución de las mismas que a su contenido. En la fecha de escritura de este artículo las nuevas normas se encuentran publicadas pero no en vigor, por lo que se realizarán referencias tanto a las sustitutas como a las sustituidas.
El primero de los cambios viene de la mano de la derogación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). Se vuelve al régimen anterior en el que existen dos normas, una destinada a regular las relaciones externas de la Administración, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACA); y otra destinada a regular las relaciones internas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Entrarán en vigor en octubre de 2016 y los preceptos esenciales modificados son pocos.
El segundo cambio afecta a la norma específica en materia de tráfico y seguridad vial. El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV) sustituye al Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En este caso la entrada en vigor se produce el próximo mes.
El procedimiento sancionador común
Cualquier procedimiento administrativo, incluido el sancionador, cuenta con cuatro fases: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Durante la instrucción del procedimiento, y antes de dictar resolución, existe el llamado trámite de audiencia, regulado en el artículo 82 PACA y 84 LRJAP-PAC, en cuya virtud los interesados podrán examinar el expediente y, además, “podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes”, sin perjuicio de la posibilidad de realizar esas alegaciones con anterioridad. La exigencia de este trámite alcanza relevancia constitucional, apareciendo en el artículo 105 de la Constitución como un trámite inexcusable del procedimiento administrativo, hasta el punto de que su omisión da lugar a la nulidad en todo caso en los procedimientos sancionadores, y puede darla también en los no sancionadores cuando haya provocado indefensión.
En cualquier caso, todo lo anterior supone que el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos debe notificarlos a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por ellos. Y esas notificaciones deben producirse por medios que permitan tener constancia de su envío y de la recepción, lo que en la práctica suele ser un correo certificado.
Todo lo anterior es el funcionamiento común, el que se aplica cuando no existe una norma específica. Sin embargo, en materia de tráfico se cuenta con una concreta regulación del procedimiento sancionador. Su análisis es necesario para poder responder a la cuestión.
El RDL 6/2015 contiene, en sus artículos 83 y siguientes, una regulación específica para el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial. El artículo 89 establece que “las denuncias se notificarán en el acto al denunciado”, con ciertas excepciones para aquellos casos en los que no sea posible hacerlo por riesgo para la circulación, se haya tenido conocimiento de la infracción por medios automáticos, etcétera. Además, según el artículo 88 LSV, las denuncias formuladas tienen valor probatorio de la notificación de la denuncia. Es decir, si el agente ha realizado una denuncia, y en la misma no hace constar la imposibilidad de notificación, la propia denuncia sirve como prueba de la notificación con independencia de que el interesado haya o no firmado la recepción de la misma.
Por tanto, aquí se encuentra una parte importante de la cuestión que se está analizando. Aunque la denuncia no se firme o recoja, se considera que ha sido notificada. No es necesario que se notifique por otros medios, como por ejemplo una carta certificada remitida al domicilio. El simple hecho de que el agente de la autoridad haya formulado denuncia, y siempre que en la misma no conste alguno de los motivos de imposibilidad de notificación del artículo 89 LSV, supone que se tiene al interesado por notificado del procedimiento, con los efectos que a continuación se expondrán.
Una vez notificada la denuncia, y tal y como establece el artículo 93 LSV, el denunciado “dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas”. Esto es, comienza el plazo de veinte días para realizar las alegaciones precisas, dando con ello cumplimiento al trámite de audiencia.
Aunque el interesado (prefiero ese término al de denunciado) no haya firmado o recogido la denuncia podrá realizar las alegaciones precisas, pues se le tiene igualmente por notificado. Aunque es más fácil y seguro realizarlas disponiendo de la información precisa, como el motivo de la denuncia, la fecha y hora exactas, y los datos del órgano ante el cual se deben formular, datos de los que el interesado dispondría de haber recogido la denuncia.
El plazo de veinte días para la realización de alegaciones es también, como ya se ha mencionado, el plazo para optar a realizar el pago voluntario con reducción de la sanción. Lo que se puede realizar incluso no habiendo firmado o recogido la denuncia. En este punto el procedimiento puede seguir dos caminos diferentes.
Si se procede al pago de la sanción, se sigue el procedimiento sancionador abreviado del artículo 94 LSV. Esto supone que el importe de la sanción se reduce un 50%, que se renuncia a formular alegaciones, que acaba el procedimiento al realizar el pago sin que se haya de dictar resolución expresa, y que se agota la vía administrativa. Esto es, si se paga con reducción no se podrá recurrir en vía administrativa, aunque sí en vía contenciosa.
Si no se procede al pago, se sigue el procedimiento sancionador ordinario del artículo 95 LSV. Se podrán formular las alegaciones que se tengan por conveniente, se propondrá prueba o se realizará ésta de oficio. Concluida esta fase de instrucción, se elevará propuesta de resolución y existirá otro trámite de alegaciones sobre la base de lo que ya se hubiese alegado. No obstante, cuando no se hayan formulado alegaciones, y siempre que se trate de infracciones leves, infracciones graves sin retirada de puntos, o infracciones muy graves o graves con retirada de puntos que hubiesen sido notificadas con la denuncia (según lo que se ha expuesto en el apartado anterior) la denuncia será también la resolución.
En este último caso, y a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado, sigue abierta la vía para recurrir en vía administrativa, aunque dicho recurso estaría con conflicto con lo establecido, con carácter general, en el artículo 112.1 LRJAP-PAC (equivalente al artículo 118.1 PACA) y, con carácter específico, en el artículo 96.4 LSV, según los cuales para resolver el recurso administrativo no se tendrá en cuenta lo que hubiese podido alegarse o aportarse en el trámite de alegaciones. Y con ello, quedaría abierta la puerta para una inadmisión del futuro recurso contencioso-administrativo por desviación procesal.
De todo lo expuesto se deduce que no existe ningún motivo que aconseje no firmar o recoger las denuncias de tráfico. Antes al contrario, si no se firma o recoge la situación es similar a si se recibe una notificación por medios usuales (como una carta) y lo que se hace es romperla sin ver su contenido. La notificación se ha producido pero a efectos de recursos, o de realizar el pago correcto si así se estima oportuno, resulta más complicado saber a dónde y a quién hay que dirigirse, así como el cómputo de plazos. Si se desea solicitar consejo de un abogado u otro profesional, su actuación se verá dificultada por no disponer de los documentos oportunos.
Por tanto, y en conclusión, siempre hay que firmar o, al menos, recoger las denuncias de tráfico. No se pierde ningún derecho con ello, y facilita el ejercicio de la solución (pago o recurso) por la que finalmente se opte. Y a la hora de optar por recurrir, no está mal saber que sólo se ganan el 12% de los recursos…