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Timestamp: 2017-01-21 04:31:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'Artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 60', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 85', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 132']

⭐Luis Carlos MARTÍN OSANTE Magistrado Profesor Titular en excedencia RESUMEN
Luis Carlos MARTÍN OSANTE Magistrado Profesor Titular en excedencia RESUMEN
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Felisa Silva Díaz
1 EL SEGURO DE VIDA EN EL MARCO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO EN ARAGÓN. BREVE REFERENCIA A PLANES DE PENSIONES Y FIGURAS AFINES EN EL CONSORCIO CONYUGAL ARAGONÉS Luis Carlos MARTÍN OSANTE Magistrado Profesor Titular en excedencia RESUMEN En el marco del régimen legal supletorio del matrimonio en Aragón (el denominado consorcio conyugal, regulado en los arts. 28 a 88 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad), este trabajo estudia el fenómeno del seguro de vida. También analiza, de forma más somera, la incidencia de otras figuras afines, como planes de pensiones, fondos de pensiones, etc. En primer lugar se estudia la titularidad de las figuras; y del análisis efectuado, se desprende que hay una decidida voluntad del Legislador Aragonés de situar el tema de los seguros de vida en el ámbito de los patrimonios privativos de los cónyuges. En segundo lugar, se aborda el análisis de la concertación por los cónyuges de estas modalidades contractuales. También se analiza el régimen de las deudas contraídas por razón de los seguros de vida. Es muy frecuente que se aporten fondos comunes para sufragar los pagos por contrato de seguro y figuras afines. Ello provoca que queden en el ámbito común, por una parte, la titularidad de los seguros de supervivencia concertados constante el consorcio por uno de los cónyuges en su propio beneficio, y, por otra parte, las primas abonadas respecto de los contratos de seguro concertados por uno de los cónyuges en beneficio de persona distinta del otro fuera del marco de las cargas del matrimonio (nace un deber de reembolso de primas a favor del patrimonio común). RDCA-2008-XIV 92 José Antonio Serrano García ABSTRACT Within the framework of the supplementary legal regime of marriage in Aragon (the so-called conjugal consortium, regulated in arts. 28 to 88 of Law 2/2003 ( ), on marital financial regime and widowhood), this work studies the phenomenon of life insurance. It also briefly studies the impact of other similar figures, such as pension schemes, pension funds, etc. Firstly the ownership of the figures is studied, deducing from the analysis performed that there is a decisive willingness of the Aragonese Legislator to place the question of life insurances within the field of the exclusive assets of the spouses. Secondly, the arrangement of these contract modalities by the spouses is analysed as well as the system of debts contracted by virtue of the life insurances. Common funds are frequently provided to cover the payments of the insurance contract and similar figures, which means that the ownership of the survival insurances arranged concerning the consortium by one of the spouses in his or her own benefit, on the one hand, and the premiums paid for the insurance contracts arranged by one of the spouses in benefit of a different person outside the framework of the married couple s charges, on the other hand, are also common ( a duty of repayment of premiums in favour of the common assets arises). SUMARIO I. INTRODUCCIÓN II. LA TITULARIDAD DE LOS SEGUROS DE VIDA Y LA CALIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS 1. Consideraciones generales. 2. La privatividad de los seguros de vida y de las cantidades percibidas por un cónyuge como beneficiario (Arts y 2 LREM). 3. Seguros para el caso de fallecimiento. A. Seguro de vida contratado sobre la cabeza de uno de los cónyuges en beneficio del otro, y seguro sobre la cabeza de ambos en beneficio del sobreviviente. B. Seguro de vida contratado sobre la cabeza del otro por un cónyuge en su propio beneficio. C. Seguro de vida contratado a favor de hijos del matrimonio. D. Seguro de vida contratado a favor de extraños. 10 RDCA-2008-XIV3 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón 4. Seguros de supervivencia. A. Seguros de supervivencia que vencen constante el consorcio conyugal a. Seguros concertados constante el consorcio: carácter común (art d) párrafo 2º Lrem). b. Seguros concertados con anterioridad al inicio del consorcio. B. Seguros de supervivencia que mantienen su vigencia en el momento de disolución del consorcio conyugal. III. LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA POR LOS CÓNYUGES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL CONSORCIO CONYUGAL 1. La libertad de los cónyuges en esta materia. 2. Cuestiones controvertidas. A. El pago de las primas. B. La designación de beneficiario. C. El ejercicio del derecho de rescate. D. Seguro de vida concertado por ambos cónyuges. IV. LAS DEUDAS DERIVADAS DE LOS SEGUROS DE VIDA 1. Idea general. 2. Clases de deudas generadas. A. Seguros de vida cuyas primas se consideran cargas del matrimonio. B. Actuaciones que exceden del ámbito de las cargas del matrimonio. a. Seguro de vida contratado por uno de los cónyuges. b. Seguro de vida contratado por ambos cónyuges. V. EL SEGURO DE VIDA EN LA FASE DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN DEL CONSORCIO CONYUGAL 1. Cuestiones generales. 2. Deber de reembolso de primas. 3. Seguros de vida que siguen vigentes pese al cese del régimen económico del matrimonio. VI. EL TRATAMIENTO DE LOS PLANES DE PENSIONES Y FIGURAS AFI- NES VII. CONCLUSIONES VIII. BIBLIOGRAFÍA RDCA-2008-XIV 114 Luis Carlos Martín Osante I. INTRODUCCIÓN Es muy frecuente en las operaciones de liquidación de una comunidad matrimonial encontrar la presencia de diferentes figuras de previsión, entre las que destacan los seguros de vida contratados con la idea de atender sucesos que puedan acontecer en el futuro y que deparen situaciones de necesidad: la muerte de uno de los cónyuges, la llegada a una determinada edad, etc 1. Las soluciones dadas hasta la fecha a los problemas jurídicos que estas figuras plantean en el marco de los regímenes económicos del matrimonio son muy dispares, lo que se debe en buena parte a la tradicional ausencia de una regulación clara y específica sobre el particular. El Legislador Aragonés en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, ha introducido varias normas sobre los seguros de vida, básicamente en el art. 30 (referido a los «bienes patrimoniales de carácter personal»). Por todo ello, es oportuno examinar la incidencia del seguro de vida en lo que se refiere a los regímenes conyugales, y más en concreto en el consorcio conyugal aragonés, lo que constituye el objeto propio de este trabajo. Junto a las figuras de aseguramiento propiamente dichas, nos encontramos frecuentemente con toda una pléyade de figuras de previsión que también tienen como finalidad atender situaciones de necesidad, pero que se organizan conforme a criterios un tanto diferentes del seguro, y que en España se han orientado como un sustitutivo o, al menos, como un complemento de un sistema público de Seguridad Social 2. En este campo se pueden citar, sin ánimo de exhaustividad 3 : los planes de pensiones, los planes o seguros de jubilación, las participaciones en entidades de previsión social voluntaria, las participaciones en mutualidades de previsión social, los planes de previsión asegurados, los planes de ahorro sistemático o los «unit linked». La relevancia de estas figuras determina que prácticamente no exista liquidación de una comunidad conyugal en la que no se incluya un seguro de vida, un fondo de pensiones o un plan de jubilación, y en caso de suscitarse la liquidación por vía judicial, se planteará la cuestión de su calificación jurídica y de la procedencia o no de un reembolso de primas o aportaciones. 1 Según datos del tercer trimestre de 2006 el número total de clientes de los seguros de vida se sitúa en asegurados, habiendo experimentado un crecimiento del 10,6% en los últimos doce meses, con un volumen total de ahorro gestionado de 128,5 millardos de euros. En cuanto al número de asegurados en seguros de vida colectivos cabe señalar que éste ha crecido el 20% en el último año, llegando a los clientes. Fuente: Unespa. 2 La enorme difusión de estas figuras ha motivado la creación de Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento, regulado por la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, y Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo. 3 Para otorgar el tratamiento que merece cada caso que se plantee en la práctica, será preciso calificar adecuadamente la figura en cuestión, como indica BAYOD LÓPEZ, Carmen, «Bienes privativos y comunes en el régimen económico matrimonial aragonés. La aplicación supletoria del Código Civil», Revista de Derecho Civil Aragonés, 2000, 6 (2), p. 54. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Zaragoza (sec. 5ª) en sentencia de (EDJ ) concede a un plan de jubilación un tratamiento análogo al seguro de vida. 12 RDCA-2008-XIV5 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón Conviene indicar que no son objeto de este trabajo las figuras asegurativas en las que el riesgo no es la muerte de una persona o la llegada a una determinada edad, sino la invalidez o la incapacidad de una persona 4. Como señala SÁNCHEZ CALERO 5, pese a que jurídicamente los planes de pensiones y los seguros de vida son figuras diferentes (básicamente porque no existe un asegurador en el caso de los planes de pensiones), desde un punto de vista material se trata de figuras semejantes, en la medida en que en ambos casos se pretende cubrir necesidades eventuales y futuras (supervivencia, muerte o invalidez). Junto con los seguros, estos institutos configuran un instrumento de previsión social complementaria específico, en el marco de los sistemas privados de ahorro finalista. En todas estas figuras se distinguen dos aspectos relevantes: por una parte constituyen, como acabo de indicar, una medida de previsión frente a necesidades futuras; pero, por otra parte, constituyen (o pueden constituir en muchos casos) una medida de ahorro, o sea, una forma de invertir un capital con la finalidad de obtener cierto rendimiento en forma de intereses o beneficios y de poder disfrutarlo o reinvertirlo en un futuro 6. Por esta razón, tales figuras se suelen denominar como «productos de ahorro-previsión». De esta manera las entidades financieras y las compañías de seguros combinan estas dos finalidades en los contratos que ofrecen a sus clientes. En definitiva, el análisis que se realice desde la perspectiva de los regímenes matrimoniales debe tener en cuenta estas dos facetas. La elección del cliente vendrá determinada por la rentabilidad financiera y por las consecuencias fiscales de cada producto 7, además, claro está, de tener en cuenta su situación personal y sus necesidades. 4 Sobre esta cuestión puede verse: BAYOD LÓPEZ, Carmen, «Carácter privativo o consorcial de la indemnización recibida por uno de los cónyuges como consecuencia de la declaración de incapacidad permanente absoluta (Seguro de vida y accidentes e indemnización vía convenio colectivo)», en Libro Homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, T. I, pp SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Ley de Contrato de Seguro. Cometarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, 2ª ed., Pamplona, Aranzadi, 2001 (1ª ed. 1999), pp y ss.. 6 Esta idea debe ser matizada respecto de cada figura concreta, dado que en algunas modalidades de seguro está más presente el objetivo de ahorro (p. e. seguros mixtos) y en otras sólo hay previsión (p. e. seguros temporales para el caso de muerte); vid. LE ROY, Hervé, L assurance et le Droit pécuniaire de la famille, París LGDJ, 1985, p. 118, n. 123). 7 El nuevo IRPF regulado por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, aplicable a partir de la declaración de la renta del año 2007, a efectuar a lo largo del año 2008, ha modificado de forma importante la tributación de las diferentes figuras de ahorro-previsión; vid. CAYÓN GALIARDO, Antonio (dir.)y JIMÉNEZ COMPAIRED, Ismael (coord..), El Impuesto sobre la renta de la personas físicas, en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, Las Rozas, La Ley, 2007, pp. 144 y ss. Según un estudio de la aseguradora AVIVA, pese a las modificaciones fiscales introducidas, los planes de pensiones se mantienen como la opción más aconsejable para el ahorro previsión. La segunda opción más interesante son los nuevos productos creados en el IRPF denominados «planes individuales de ahorro sistemático» (PIAS), sobre todo, si se cobran a partir de los 66 años, señala el informe. Si bien los seguros de vida gozaban hace años de un benévolo tratamiento fiscal, diversas reformas han reducido su atractivo fiscal. RDCA-2008-XIV 136 Luis Carlos Martín Osante Como se sabe, en la legislación aragonesa se establece como régimen legal supletorio el denominado consorcio conyugal, que aparece regulado en la Lrem, en los arts. 28 a 88. Tratándose del régimen tradicional del Derecho aragonés, su regulación ha evolucionado con este Ordenamiento, y cabe destacar, a los efectos del presente trabajo, que, si bien tradicionalmente ha sido configurado como un régimen de muebles y adquisiciones a título oneroso, ya en la Compilación del año 1967, y tras un sereno debate en el seno de la Comisión Compiladora de Derecho Aragonés, se decidió mantener dicho régimen, pero con la fórmula «muebles por sitios» del art. 39: los bienes muebles de mayor valor y relevancia quedaban fuera de la masa común. El Legislador Aragonés en el año 2003, profundizando en esta línea evolutiva, ha reducido la comunidad legal a una comunidad de adquisiciones a título oneroso. Por otra parte, dada la evidente actualidad de estas figuras de previsión, el Legislador Aragonés ha dedicado varios preceptos a esta materia en la regulación del consorcio conyugal. Se trata, en concreto, del apartado 1, letras c) y d) y del apartado 2 del art. 30 Lrem. También cabe citar respecto de las figuras de previsión, el art g), que otorga carácter común a las cantidades devengadas por pensiones. Estas normas constituyen una auténtica novedad en el panorama de los Derechos civiles españoles, por cuanto ni el Código civil, ni tampoco los Derechos civiles autonómicos, se habían ocupado hasta la fecha de forma expresa de esta materia. Y ello a pesar de que en Derecho comparado, los países con mayor tradición en esta materia, entre los que cabe destacar el caso de Francia, ya se habían ocupado de dictar unas reglas básicas sobre el particular 8. Hasta la regulación vigente, el tratamiento de estas figuras se ha venido realizando a nivel doctrinal y jurisprudencial, incluyéndose los seguros de vida en la categoría de los bienes que quedan al margen de la comunidad conyugal. Se distinguen, por una parte, los bienes «inherentes a la persona» 9, entre los que se incluyen las indemnizaciones por daños personales, la propiedad intelectual o los seguros de vida en algunos casos y, por otra parte, los que quedan excluidos de la comunidad por voluntad de los cónyuges, que en algún caso también pueden afectar al seguro de vida. En todo tipo de seguros (o figuras asimiladas) se deben distinguir varios aspectos para aprehender convenientemente la realidad existente. A) En un aspecto previo hay que tener en cuenta que el consorcio conyugal, al igual que otros regímenes conyugales comunitarios, desdobla las relaciones jurídicas en las que intervienen los cónyuges en dos ámbitos o facetas: la faceta externa, o de relación con los terceros y la faceta interna, o de relación de los 8 Cabe citar en este punto el art. L del Código de seguros de Francia. 9 Para DÍEZ-PICAZO («La reforma de 1981 y el régimen económico conyugal» [conferencia pronunciada en 1983], en Familia y Derecho, Madrid, Cívitas, 1984, p. 162) la justificación para que en la comunidad no lleguen a integrarse bienes de estas características radica en la necesidad que tiene la persona de disponer de un elenco material sobre el que poder llevar a cabo el desarrollo de la personalidad que exige la dignidad de la persona humana protegida en el art. 10 de la Constitución. 14 RDCA-2008-XIV7 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón cónyuges entre sí. Pues bien, en el terreno del seguro puede actuar un cónyuge como contratante individual frente a la Compañía de seguros, que será el único que ante ésta actuará y ejercitará los derechos derivados del contrato. Pero la existencia de un régimen de consorcio conyugal implica que en el ámbito interno, en ocasiones, se deba atender a la consideración del seguro de que se trate como bien común (en su caso), y, en consecuencia, en el seno de las actividades de gestión atender a la intervención del otro cónyuge, a la hora de administrar o de disponer de un bien; y, en definitiva, de considerar el valor económico del bien de que se trate en las operaciones de liquidación y partición de la comunidad. A tal efecto es ciertamente interesante la diferenciación que hace la Doctrina entre el título y el emolumentum, concediéndose, en ocasiones, a un cónyuge la posibilidad de recibir la titularidad del seguro en las operaciones liquidatorias, pero computando su valor en el activo común. B) De otra parte y ya en lo que es propiamente la relación de aseguramiento, conviene distinguir lo que es la relación jurídico-económica en su conjunto, de lo que son los derechos o facultades concretos derivados del contrato, entre los que destacan el derecho de rescate, que corresponde al tomador del seguro de vida cuando aún no se ha producido el «riesgo» o evento asegurado y el derecho al capital del seguro, que surge cuando ya se ha producido dicho evento, y que, ab initio, corresponde al beneficiario. Los elementos que inciden en la materia que nos ocupa son diversos. A la hora de dar una respuesta adecuada a la problemática planteada en cada caso concreto será preciso atender a las diferentes variables que se presenten. En primer lugar, incide la modalidad de seguro de que se trate: puede ser un seguro para el caso de vida, un seguro para el caso de fallecimiento, o incluso mixto. En la primera modalidad el asegurador se obliga a pagar un capital o una renta a la persona designada como beneficiario en caso de muerte del asegurado. En la segunda el asegurador se obliga a pagar un capital o una renta en caso de que el asegurado viva al término del contrato; o lo que es lo mismo, supere una determinada edad. Por último, es frecuente que en las pólizas se combinen las dos modalidades, asegurando a la vez su muerte (en beneficio de un tercero) antes de una determinada edad y su vida (en su provecho) si llega a cierta edad. Sobre estos tres tipos básicos se hacen multitud de combinaciones, con la finalidad de amoldar el seguro a la concreta situación y a las necesidades de los clientes 10. Para dar una respuesta a los problemas que se planteen en las concretas situaciones también inciden otros elementos: El tomador del seguro: el contrato lo puede celebrar un cónyuge o ambos. 10 Sobre las clases de seguro, vid. TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier (dir. SÁNCHEZ CALERO, Fernando), Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, 2ª ed., Pamplona, Aranzadi, 2001 (1ª ed. 1999), pp y ss.; con anterioridad en TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier (en colaboración con SÁNCHEZ CALERO, Fernando), Comentarios al Código de Comercio y Legislación mercantil especial. T. XXIV. Ley de Contrato de Seguro, vol. 3º, Madrid, EDERSA, 1989, pp. 94 y ss. RDCA-2008-XIV 158 Luis Carlos Martín Osante El asegurado: puede contratarse el seguro sobre la cabeza de un cónyuge o de ambos. El beneficiario: puede ser uno de los cónyuges, el que sobreviva de ellos, los hijos o un extraño. El origen de las primas pagadas: puede tratarse de fondos comunes o de fondos privativos de un cónyuge. En cuanto a la terminología empleada, vulgarmente se emplea la expresión «seguros de vida» para aludir a estas figuras de aseguramiento. En la Lrem en lugar de esta expresión se utiliza la expresión «seguros sobre la vida», pero ello no significa que se trata de figuras diferentes: en realidad son expresiones sinónimas. Ciertamente, en la Ley de Contrato de Seguro de 1980 se emplea la expresión utilizada por el Derecho aragonés. No hay que confundir la expresión «seguros sobre la vida» con los «seguros para el caso de vida». Esta última categoría se refiere los seguros para el caso de supervivencia; es decir, se trata de una modalidad concreta de seguro de vida, en la que se configura como riesgo el hecho de que el asegurado alcance una determinada edad, fijada en la póliza. En las páginas que siguen analizo, en primer lugar, la calificación de los seguros de vida, atendiendo a las diferentes modalidades de aseguramiento; en segundo lugar, las cuestiones que se suscitan respecto de la contratación de los seguros de vida; en tercer lugar, el régimen de las deudas generadas en este marco; en cuarto lugar la situación de los seguros de vida en la fase de disolución, liquidación y partición del consorcio conyugal y en quinto lugar, los planes de pensiones y figuras asimiladas. El estudio se cierra con una serie de conclusiones y la bibliografía utilizada. II. LA TITULARIDAD DE LOS SEGUROS DE VIDA Y LA CALIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS 1. CONSIDERACIONES GENERALES La cuestión más relevante del tema que nos ocupa es el carácter del contrato de seguro de vida: o sea, dilucidar si se trata de un bien común o de un bien privativo. En relación con este tema, y ya en sede de liquidación y partición, se plantea la necesidad de dilucidar si el seguro de vida es un bien que debe quedar integrado en la masa de bienes comunes, o si, por el contrario, es un bien que se rige por reglas y principios específicos, debiendo revertir, en su caso, y de forma exclusiva, en favor del (cónyuge) beneficiario. En la actualidad es muy frecuente que se contrate un seguro de vida en beneficio de uno de los cónyuges, pagando las primas con dinero común. Una vez disuelto el consorcio (caso del divorcio por ejemplo) se puede discutir si es preceptivo mantener el seguro en favor del cónyuge que ha sido designado beneficiario, sin más, o si lo correcto es tener en cuenta en orden a la liquidación las primas que se han ido abonando con dinero común. 16 RDCA-2008-XIV9 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón En lo que se refiere al consorcio conyugal, a nivel puramente teórico se plantea el problema de hasta qué punto es admisible que mediante un procedimiento como el seguro de vida se desvíe o se eluda el régimen de partición legalmente previsto, que incluye en su seno todos los bienes comunes y los subrogados de los mismos. En cierta medida, la contratación de un seguro de vida cuyo beneficiario sea uno de los cónyuges puede suponer que se aparten de la división por mitad cierta cantidad de bienes comunes, lo que resulta contrario a la idea general del régimen de consorcio conyugal. No obstante, hay argumentos de peso para considerar que son admisibles los seguros de vida mediante los cuales los cónyuges ofrezcan una seguridad económica a los cónyuges en particular, y a la familia en su conjunto. El contrato de seguro se configura como un acto de previsión 11, pero en realidad este efecto no se alcanzaría si tuviera que integrarse en la partición el importe de la indemnización recibida por el cónyuge viudo beneficiario a la muerte de su consorte 12. La Lrem dedica dos apartados del art. 30 a la calificación del seguro de vida. Como se sabe, este artículo delimita los «bienes patrimoniales de carácter personal». Esta categoría incluye, por un lado, los «bienes y derechos inherentes a la per- 11 Respecto a la problemática que plantea el hecho de que se contrate un seguro sobre la cabeza de uno de los cónyuges y en beneficio del otro, la Jurisprudencia francesa antigua y algunos autores estimaban que se trataba de donaciones entre cónyuges, por lo que tales bienes quedaban fuera de la comunidad. Para NAST, M. (Les Régimes Matrimoniaux. T. VIII del Traité Pratique de Droit Civil Français, de PLANIOL y RIPERT, París, LGDJ, 1ª ed por..., pp ) cuando se realiza en favor de un esposo, estamos ante una donación entre cónyuges, ya que se atribuye carácter propio a un bien de los cónyuges: «la mujer es efectivamente donataria del marido, pero la donación tiene como objeto las primas, entendiéndose que el marido ha donado directamente a la mujer las primas, con cláusula de exclusión de la comunidad, y que la mujer ha empleado la suma en concretar un seguro personal. Existe en realidad donación indirecta del beneficio producido por el contrato; pero la comunidad sólo se empobreció por la cuantía de las primas, que constituyen, por tanto, el verdadero objeto de la donación.» En una línea similar COLOMER, André (Droit Civil. Régimes matrimoniaux, 5ª ed., París, Litec, 1989, p. 366) considera que hay una donación de las primas. LACRUZ BERDEJO («Los seguros sobre la vida y la comunidad de gananciales en el nuevo régimen», en el Libro homenaje al Profesor José Beltrán de Heredia y Castaño, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1984, p. 369 [también publicado en Comentarios a la Ley del Contrato de Seguro, dir. VERDERA TUELS, Evelio, Madrid, Colegio Universitario de Estudios Financieros, 1982, pp ]) niega que se trate de una donación, ya que cuando sean cantidades reducidas se pueden considerar como «atenciones de previsión»; y si se trata de cantidades importantes, faltan los presupuestos técnicos necesarios para calificarla como tal. A esto se añade la presunción de que el estipulante tiene la intención de atribuir el beneficio del seguro sin obligación de reembolso. RENCHON, Jean-Louis («Le statut des droits procédant d un contrat d assurance-vie», en la obra colectiva 15 annees d application de la reforme des régimes matrimoniaux, Bruselas, E. Bruylant, 1991, p. 80) justifica la calidad de acto de previsión, pero no desconoce la posibilidad de que pueda existir una donación. Tal donación no se podrá deducir en abstracto, sino que dependerá de las circunstancias: de la intención de los cónyuges, de la importancia de las primas, del capital asegurado, etc. 12 Vid. MALAURIE, Philippe y AYNÈS, Laurent, Cours de Droit Civil. Les Régimes Matrimoniaux, París, Cujas, 1991, p RDCA-2008-XIV 1710 Luis Carlos Martín Osante sona» y, por otro lado, los «bienes intransmisibles inter-vivos» 13. Fue el profesor LACRUZ quien analizó en profundidad esta materia a partir de los años cincuenta del siglo pasado 14, de tal forma que se llegó a incorporar un precepto en el art. 38.2º de la Compilación del año 1967 con esta calificación como bienes privativos. Dado que en la Compilación la comunidad incluía todos los bienes muebles, una exclusión explícita de tales bienes era muy conveniente 15. Los estudios del profesor LACRUZ han inspirado el contenido de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, sobre esta materia, y su influencia en la Comisión Aragonesa de Derecho Civil se pone de manifiesto tras el examen de las Actas de sus reuniones LA PRIVATIVIDAD DE LOS SEGUROS DE VIDA Y DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR UN CÓNYUGE COMO BENEFICIARIO (ARTS Y 2 LREM) El apartado 1.c) del art. 30 Lrem (referido a los bienes patrimoniales de carácter personal) otorga carácter privativo a las titularidades de los contratos de seguros. Este precepto dispone lo siguiente: «1. Son también privativos: (...) c) Las titu- 13 Como indica ESCUDERO CLARAMUNT, Juan (Comentario a los arts. 36 a 40 [disposición general y activo del régimen matrimonial legal] de la Compilación aragonesa, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo, T. XXXIII, vol. 1º, Madrid, EDERSA, 1986, p. 421) no se alude a los que no tienen en absoluto valor patrimonial. 14 Cabe destacar los dos estudios siguientes: LACRUZ BERDEJO, José Luis, «Bienes comunes y bienes privativos en el régimen matrimonial aragonés», RDN, nº 14, 1956, pp y nº 15, 1957, pp ; y LACRUZ BERDEJO, José Luis, «Los bienes privativos de los cónyuges en la comunidad legal aragonesa», en Estudios de Derecho Privado Común y Foral, T. III, Familia y otros temas, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de Estudios Registrales, 1993 (publicado inicialmente en Temis, nº 25, 1969, pp ), pp Si bien la Compilación no recogió ningún precepto específico sobre el seguro de vida, en el Informe del Seminario, se contempló esta figura, e incluso se llegó a incluir en el artículo referido a los muebles por sitios una presunción legal en este sentido respecto de la «titularidad del contratante de un seguro de vida». Esta previsión no se incorporó al texto del art. 108 del Anteproyecto de Compilación elaborado por la Comisión Aragonesa, ni tampoco se incluyó en el texto finalmente aprobado; vid. COMISIÓN COMPILADORA DE DERECHO ARAGONÉS, Informes del Seminario ( ), Zaragoza, El Justicia de Aragón, edición de 1996, Vol. II, p En la reunión de 8 de noviembre de 2000 (COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, inéditas, Acta nº 101, p. 5) D. José García Almanzor, ponente en esta materia, indicó de forma expresa que se había tenido en cuenta las reflexiones elaboradas por el profesor LACRUZ sobre los seguros. Ciertamente, el pensamiento del profesor LACRUZ sobre los seguros de vida y el régimen económico del matrimonio evolucionó con el tiempo. Quizás las obras que mayor reflejo tienen en el texto de la Lrem sean las siguientes: LACRUZ BERDEJO, José Luis, «Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación (Fuentes del régimen matrimonial legal y bienes comunes y privativos)», en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, Dir. José Luis Lacruz Berdejo y Jesús Delgado Echeverría, DGA, Zaragoza, vol. II, 1993, pp ; y LACRUZ BERDEJO, «Los seguros sobre la vida», cit., pp. 363 y ss. 18 RDCA-2008-XIV11 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón laridades de pensiones de cualquier clase y las de los contratos de seguros» 17. Esta declaración general suscita varias cuestiones interpretativas. Cabe preguntarse, en primer lugar, por la extensión de dicha declaración. La ley emplea la expresión «titularidad». Cabe entender que el legislador está pensando en la posición del contratante o tomador en el contrato de seguro. El seguro, por su condición de contrato, es algo más amplio que un simple bien o que, incluso, un mero derecho: comporta una serie de derechos y obligaciones, y, por ello, ha llegado a ser calificado como una verdadera relación contractual. El titular de dicha relación debe ser el cónyuge contratante, sin que el otro cónyuge se pueda inmiscuir en la relación con la Compañía de seguros. Mención aparte merecen los seguros de vida contratados por ambos cónyuges. En tal caso, y a pesar de que la Lrem no lo indica de forma expresa, cabe entender que no es aplicable el precepto estudiado. La titularidad del contrato corresponderá a ambos cónyuges, que ostentarán la condición de tomadores, y a ellos les corresponderá el ejercicio de los derechos derivados del contrato. Lo relevante es que la prestación se percibirá como consecuencia de un seguro de vida, y es indiferente la modalidad por la que se reciba 18. Cabe hacer notar que esta norma se refiere a cualquier tipo de contrato de seguro, sin que quede limitada a los seguros de vida. De tal forma que aplicando la regla «ubi lex non distinguit», no cabe excepcionar la aplicación de dicho precepto en otros tipos de contratos de seguro diferentes al de vida, ya sean otros seguros de personas, ya sean seguros de daños. Por otra parte, en el art d) párrafo primero Lrem se establece que las cantidades percibidas por un cónyuge como beneficiario de un seguro de vida también tienen carácter privativo. En este precepto se dispone lo siguiente: «1. Son también privativos: (...) d) Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de los cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.» Esta regla es común en otros países de nuestro entorno que han regulado de forma expresa el tema, entre los que cabe citar a Francia 19 y a Bélgica 20. La norma legal aclara que tiene carácter privativo, tanto lo percibido en forma de capital como lo percibido en forma de pensión. De esta forma, no entrará en juego la regla del art g) Lrem, que establece el carácter común de lo percibido por pensiones privativas, y que, precisamente, recoge una salvedad respecto del art La redacción del precepto no se modificó desde el texto inicial redactado por la ponencia, como se desprende del estudio de las Actas de la Comisión; vid. COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p Así se entendió en la Comisión Aragonesa de Derecho Civil: «las cantidades percibidas por un seguro sobre la vida concertado por un tercero o por el otro cónyuge deben ser privativas con independencia de que se perciban como un capital o como una pensión»; Acta de 22 de noviembre de 2000, nº 102, p Esta regla se refleja en el art del Código de Seguros. 20 Esta regla se plasma en el art. 127 de la Ley de Contrato de Seguro. 21 Vid. SERRANO GARCÍA, José Antonio, Manual de Derecho Civil Aragonés, DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (dir.), PARRA LUCÁN, Mª Ángeles (coord.), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2ª ed (1ª ed. 2006), p.365. RDCA-2008-XIV 1912 Luis Carlos Martín Osante Del análisis conjunto de estas dos normas, que en el artículo indicado se formulan por separado, se desprende que hay una decidida voluntad del Legislador Aragonés de situar el tema de los seguros de vida en el ámbito de los patrimonios privativos de los cónyuges. El propio contrato de seguro, junto con los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, y que vinculan al cónyuge tomador con la Compañía de seguros, se integra en su ámbito personal, y, por ende, escapan de la masa común del consorcio. De esta forma, las prestaciones que un cónyuge pueda recibir como consecuencia de la existencia de un seguro de vida (aquí la norma se refiere exclusivamente a este tipo de seguros) a su favor (en la condición de beneficiario) pasan a formar parte de su patrimonio privativo. Cabe hacer notar que serán privativos el capital o la pensión recibidos por un cónyuge, no sólo por los contratos de seguro concertados por terceros extraños al matrimonio, sino también por los contratos de seguro concertados en el seno del matrimonio (con independencia de que sea tomador el cónyuge beneficiario, el otro cónyuge o ambos). La ubicación sistemática de estas normas en el artículo de la Lrem referido a los bienes de carácter personal sirve de base para fijar cuál es el fundamento de las mismas. Efectivamente, las consideraciones que he efectuado sobre el carácter personal del contrato de seguro son las que avalan su calificación como bien privativo. La decisión sobre la calificación del contrato de seguro como bien privativo se adoptó en el seno de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. El estudio de las Actas revela que no existieron discrepancias sobre este particular 22. Ciertamente, la tendencia seguida en la doctrina científica y la Jurisprudencia que se han ocupado del tema es la de otorgar carácter privativo a la titularidad de los seguros de vida 23. No obstante, a nivel doctrinal existe una corriente minoritaria que tiende a ubicar los seguros de vida en el ámbito de la comunidad conyugal 24. La regla prevista en el art d) párrafo primero Lrem concuerda plenamente con el contenido del artículo 88 de la Ley de Contrato de Seguro, en el que se establece que la prestación del asegurador debe ser entregada al benefi- 22 COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p LACRUZ BERDEJO («Los seguros sobre la vida», cit., pp ) consideraba que la titularidad en el supuesto de «seguros para el caso de muerte» es privativa, aunque las primas se satisfagan con dinero ganancial, ya que «el desarrollo y expresión de la personalidad de cada cónyuge, su derecho sobre la propia persona y su entorno, sobre la actividad y libertad, constitucionalmente garantizado, precisa de la posibilidad de celebrar contratos que luego sean para él algo propio, gobernado por él mismo, con independencia de la procedencia de la contraprestación o de la naturaleza privativa o común de lo adquirido». Por tanto la facultad de designar el beneficiario y de rescatar las primas es personalísima del cónyuge asegurado. No obstante, señala que para el pago de las primas con dinero ganancial debería haber acuerdo previo de los cónyuges. 24 Vid. FRATICELLI TORRES, Migdalia, La incidencia del régimen de gananciales en el contrato de seguro de vida, Madrid, Dykinson, 2005, pp. 178 y ss. 20 RDCA-2008-XIV13 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón ciario, incluso a pesar de las reclamaciones que puedan efectuar herederos o acreedores del tomador del seguro 25. Este precepto tiene su base en la prevalencia del derecho (propio y autónomo) del beneficiario sobre la suma asegurada respecto de otros sujetos con un interés sobre la misma 26. En una fase posterior se da la posibilidad de dirigir las reclamaciones frente al beneficiario, pero sólo se admiten aquellas reclamaciones que pretendan el reintegro de las primas pagadas «en fraude de sus derechos». No es suficiente, por tanto, con que se haya alterado el destino (particional) de algunos bienes, sino que es necesario, además, que exista un fraude de los derechos de los herederos o de los acreedores. En tal caso, no procede la nulidad del contrato, que es eficaz frente al testador y frente a los acreedores, sino el reembolso de las primas excesivas por parte del beneficiario. En el consorcio conyugal este principio servirá para evitar abusos, y para reintegrar a la comunidad los bienes que no debieron salir de ella. En definitiva, el Legislador Aragonés admite que los cónyuges mediante el contrato de seguro alteren las reglas particionales del consorcio conyugal y aseguren la situación personal del beneficiario para el futuro 27. Existe una evidente especialidad en materia de seguros de vida, lo que determina que pueda haber cierta confrontación de principios entre las normas del consorcio conyugal y las normas propias del seguro de vida. La solución de tales conflictos no debe pasar por imponer una total preponderancia de las reglas generales del consorcio conyugal, sino por integrar ambos institutos, teniendo en cuenta especialmente la voluntad de los cónyuges En la misma línea, el art. 8 apartado 10 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 2002 establece lo siguiente: «Las prestaciones de los planes de pensiones deberán ser abonadas al beneficiario o beneficiarios previstos o designados, salvo que mediara embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo caso se estará a lo que disponga el mandamiento correspondiente». 26 Vid. LACRUZ BERDEJO, «Los seguros sobre la vida», cit., p. 363; TIRADO SUÁREZ, Comentarios al Código de Comercio, cit., pp. 226 y ss. Este precepto tiene su antecedente en el art. 428 C. de c. 27 Para la sociedad de gananciales, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel («Comentario al artículo Cc», en Comentario del Código civil, T. II, Madrid, Min. de Justicia, 1991, p. 668) reputa el contrato de seguro en favor de un cónyuge pagado con bienes gananciales, como un supuesto de «privatividad» de bienes gananciales por acuerdo de los cónyuges. 28 El mayor problema para aplicar estas reflexiones sobre los seguros de supervivencia se planteaba anteriormente por la regla de la inmutabilidad del régimen económico matrimonial, y también por la prohibición de ventas y donaciones entre cónyuges. En el Derecho aragonés estas dificultades no se presentaban, como indicada LACRUZ BERDEJO, «Bienes comunes y bienes privativos», cit., p Superados ambos obstáculos, no hay ningún impedimento de fondo para admitir la validez de tales reflexiones en lo que respecta al consorcio conyugal. El hecho de que se contrate un seguro para el caso de muerte de un cónyuge (asegurado) en favor del otro cónyuge (beneficiario), supone apartar una cantidad de la liquidación del régimen económico de comunidad, para atribuírsela al cónyuge beneficiario, en detrimento de la parte correspondiente al otro cónyuge o los herederos. Se podría alegar que hay una modificación del régimen conyugal, pero tal modificación está admitida tradicionalmente en Derecho Aragonés. Por otro lado, también se admiten las donaciones entre cónyuges, lo que permite el pago de las primas del seguro con dinero común. En definitiva, no hay ningún obstáculo de fondo que impida la asignación de bienes comunes para costear seguros cuyo beneficiario sea uno de los cónyuges. RDCA-2008-XIV 2114 Luis Carlos Martín Osante La calificación del contrato de seguro como un bien privativo de orden personal determina que sea el cónyuge titular el que tenga la legitimación para ejercer los derechos derivados del contrato que se otorgan al tomador 29. Así, el cónyuge tomador, como veremos en el apartado siguiente con más detenimiento, está facultado para designar al beneficiario, ejercitar el derecho de rescate, etc. En cuanto «posición contractual» en el marco de la relación con la Compañía de seguros, la titularidad le corresponde al cónyuge tomador. El otro cónyuge no puede interferirse en dicha relación. El hecho de que se contrate el seguro de vida constante el régimen, o el hecho de que las primas se paguen con dinero común, no permite al cónyuge no titular intervenir en dicha relación jurídica. En cuanto al valor de rescate 30, la afirmación legal de privatividad de los contratos de seguros de la letra c) del art Lrem determina, en todo caso, que este valor también tenga carácter privativo? Se trata de una cuestión muy relevante en materia de seguros de vida, ya que da la medida del valor patrimonial de estos bienes. Una interpretación conjunta de los preceptos que venimos comentando debe llevar a la conclusión de que el valor de rescate, en cuanto valor patrimonial, y en la medida en que haya sido generado con bienes comunes durante el consorcio, debe merecer la consideración de bien común. A tal efecto hay que tener en cuenta que la letra c) del referido precepto alude a las «titularidades» de los contratos de seguros, lo que permite admitir, también en el terreno de los seguros de vida, la diferenciación existente en otros ámbitos entre la titularidad en sí y el valor patrimonial de la misma. En el apartado 1.a) del art. 31 se otorga carácter común a los rendimientos de los bienes inherentes a la persona. El valor de rescate no es propiamente un rendimiento, pero se trata de un valor netamente patrimonial que puede recibir un cónyuge durante el matrimonio, por una pura decisión personal. Pensemos en la existencia de un seguro a prima única de cierta importancia pagado con bienes comunes que se contrata constante el consorcio y que a los pocos meses de ser contratado, se ejercita el derecho de rescate por el cónyuge titular individualmente, percibiendo una elevada cantidad de dinero. Hay que precisar a este respecto que la letra d) del precepto comentado otorga carácter privativo a las percepciones como beneficiario del seguro de vida, pero no alude a las percepciones por el ejercicio del derecho de rescate. El ejercicio del derecho de rescate le corresponde al cónyuge titular del contrato de seguro, pero el importe recibido de la Compañía de seguros pasa a integrar el patrimonio común en determinados casos, como examino a continuación 31. El apartado d) del art otorga carácter privativo a las 29 Vid. COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p Esta figura no es aplicable a los seguros de supervivencia, ni tampoco a los seguros temporales para el caso de muerte (art. 98 Ley de Contrato de Seguro), salvo que se pacte de forma expresa. 31 La Audiencia Provincial de Huesca en sentencia de (AC 1997\1803) entiende que las cantidades rescatadas del plan de pensiones por el cónyuge titular durante la vigencia de la sociedad de gananciales tienen carácter ganancial. Ésta solución es la que predomina en la doctrina de las Audiencias Provinciales, y pueden citarse al efecto: Auto Audiencia Provincial León (Sección 2), 22 RDCA-2008-XIV15 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón cantidades percibidas por un cónyuge como beneficiario de un seguro de vida, pero no se refiere a cualesquiera percepciones obtenidas por los cónyuges, ni, por supuesto, establece que la prestación del rescate sea privativa. La Lrem en el apartado 1.d) párrafo segundo del reiterado art. 30, establece una excepción a la regla de privatividad de las cantidades percibidas de la Compañía de seguros, y fija el carácter común de las prestaciones del seguro de supervivencia en determinadas condiciones 32, como veremos en el apartado II, 4, A de este trabajo. 3. SEGUROS PARA EL CASO DE FALLECIMIENTO Estas modalidades de seguro son las que más propiamente tienen la consideración de actos de previsión y a los que son plenamente aplicables las ideas expuestas con carácter general. En estos casos es preciso distinguir quién es el beneficiario del seguro. A. Seguro de vida contratado sobre la cabeza de uno de los cónyuges en beneficio del otro, y seguro contratado sobre la cabeza de ambos en beneficio del sobreviviente En el caso de que se contrate un seguro sobre la cabeza de uno de los cónyuges en beneficio del otro, y también cuando se pacte un seguro sobre la cabeza de ambos en beneficio del sobreviviente, en aplicación del art d) párrafo primero Lrem, en caso de fallecimiento del cónyuge asegurado, el otro cónyuge, en su condición de beneficiario recibe la suma asegurada como bien privativo 33. En la fase de liquidación y partición, si fallece el cónyuge asegurado, el otro cónyuge recibe como beneficiario el capital asegurado y este importe no se incluye en el inventario de los bienes comunes. Si premuere el cónyuge beneficiario, el otro cónyuge, en su calidad de tomador, mantiene el derecho a designar nuevo beneficiario. Es por ello que debe entenderse incluido este caso en el ámbito de aplicación del art Lrem, como veremos en el apartado referido a la disolución, liquidación y partición del consorcio conyugal. de (AC 1999\4179); Sentencia Audiencia Provincial Valencia (Sección 10), de (JUR 2002\186694). Por su parte, la SAP Zaragoza (sec. 5ª), de (EDJ, ), en relación con la liquidación de un consorcio conyugal, entiende que el precio de un rescate efectuado constante matrimonio respecto de un plan de pensiones concertado por el esposo con anterioridad al matrimonio, es privativo del mismo, revocando en este punto la sentencia de instancia. Este caso no empece lo manifestado en el texto, ya que no se trata de un fondo de pensiones concertado constante matrimonio. No obstante, cabe indicar que la sentencia no alude al deber de reembolso de las primas costeadas con fondos comunes. No parece que por las partes del proceso de liquidación, partición y división se hubiera suscitado dicha cuestión. 32 Ya LACRUZ BERDEJO ([con la colaboración de SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís], Derecho de Familia. El matrimonio y su economía, Barcelona, Bosch, 1963, p. 509) mantenía el carácter común del capital en este caso. 33 BAYOD LÓPEZ («Bienes privativos y comunes», cit., p. 55) siguiendo a LACRUZ BERDEJO, consideraba bajo el régimen de la Compilación que la indemnización era privativa del cónyuge y no debía reembolso a la comunidad. RDCA-2008-XIV 2316 Luis Carlos Martín Osante De esta forma, al fallecimiento de un cónyuge se concede una seguridad en la posición del viudo, proporcionada por la voluntad de ambos cónyuges, o incluso por la voluntad de uno de ellos. No se trata de una modificación del régimen económico del matrimonio, sino de fijar una previsión para el caso de muerte. Sin embargo, en tanto que liberalidad, los legitimarios del cónyuge tomador, así como los acreedores (sean personales o consorciales) podrán ejercitar frente al beneficiario las medidas para la defensa de sus derechos 34. Tratándose de un seguro sobre la cabeza de un cónyuge en beneficio del otro, si se produce el fallecimiento del cónyuge beneficiario, el propio LACRUZ indicaba que, falleciendo antes el cónyuge beneficiario que el titular, éste habrá de cambiar de beneficiario y la obligación de reembolso posiblemente renacerá 35. En esta categoría han de incluirse las prestaciones recibidas en virtud de la participación del cónyuge fallecido en planes de pensiones, fondos de jubilación, participaciones en entidades de previsión social voluntaria y figuras similares. Pese a haberse costeado con fondos comunes, no tendrán la consideración de bienes comunes, sino que la prestación correspondiente a este supuesto (la de viudedad) será percibida íntegramente por el cónyuge viudo, sin que hayan de integrarse en la comunidad partible. En cuanto al reembolso, el art Lrem interpretado a contrario, excluye el deber de reembolso de primas. B. Seguro de vida contratado sobre la cabeza del otro por un cónyuge en su propio beneficio Si el seguro se contrata sobre la cabeza del otro (asegurado) por un cónyuge (tomador) en su propio beneficio, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que aunque la Ley de Contrato de Seguro en su art. 83 párrafo 2º exige como regla 34 Como se sabe, sobre la base de entender que la operación de aseguramiento, cuando el importe de las primas excede de la medida normal u ordinaria de previsión, constituye una liberalidad, la Doctrina en materia de seguros admite el ejercicio de las medidas de reducción de donaciones inoficiosas en relación con el seguro de vida (art. 88 de la Ley de contrato de seguro), por lo que los legitimarios pueden exigir al beneficiario que reintegre a la comunidad la mitad de las primas excesivas que hubiera costeado el causante con fondos de la comunidad; vid. TIRADO SUÁREZ, Comentarios al Código de Comercio, cit., p Pero en el Derecho aragonés el cónyuge viudo ostenta cierta amplitud de derechos tras la muerte del otro cónyuge. Así, el art. 101 Lrem le concede el usufructo de todos los bienes del premuerto y de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad. La parte de libre disposición (atribuible, por ende, al cónyuge viudo) es de 1/2 del caudal. Pues bien, todo ello significa que la reducción sólo afectará a la parte que exceda de todos estos límites, incluso se deberá tener en cuenta que la mitad del dinero común le corresponde al cónyuge beneficiario, por lo que aún se verá más limitada la posibilidad de ejercer esta medida de reducción. Por lo que se refiere a los acreedores, hay que señalar que el beneficiario recibe su derecho por vía contractual inter-vivos y no por vía de sucesión del tomador (GIRÓN TENA, José, «Seguro de personas. Disposiciones comunes y seguro sobre la vida [arts. 80 a 90]», en Comentarios a la Ley del Contrato de Seguro, dir. VERDERA TUELS, Evelio, Madrid, Colegio Universitario de Estudios Financieros, 1982, pp ), por lo que aquéllos podrán ejercitar las acciones de rescisión de donaciones en fraude de sus derechos, en relación con las primas satisfechas, siempre que se trate de primas de un montante excesivo, atendiendo a las consideraciones ya señaladas; vid. TIRADO SUÁREZ, Comentarios al Código de Comercio, cit., pp Si son acreedores consorciales podrán exigir el reintegro de la totalidad de las primas satisfechas con fondos consorciales. Si son acreedores personales, sólo la mitad. 35 LACRUZ BERDEJO, «Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación», cit., p RDCA-2008-XIV17 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón general el consentimiento del asegurado (el otro cónyuge) para la validez del contrato, aquél no es necesario si puede «presumirse de otra forma su interés por la existencia del seguro». Pues bien, tratándose de un matrimonio es lógico considerar que existe un interés por parte del cónyuge asegurado en que el otro pueda concertar un seguro para conseguir cierta estabilidad en caso de fallecimiento. En aplicación de las reglas generales del art c) y d) párrafo primero, tantas veces citadas, es factible entender, en primer lugar, que la titularidad del seguro le corresponderá al cónyuge tomador. Para el caso de primas acomodadas a las circunstancias familiares se tratará de una atención de previsión a cargo de la comunidad 36 ; lo que será así con mayor razón si el cónyuge asegurado ha dado su consentimiento a la realización del contrato. Las primas que excedan de este límite se deberán reintegrar por el beneficiario en favor del caudal común 37. En caso de fallecimiento del cónyuge asegurado, el capital recibido por el cónyuge viudo será bien privativo 38. En caso de fallecimiento del cónyuge tomador y beneficiario, el contrato mantiene su vigencia, y será necesario determinar si los herederos desean mantener la vigencia del contrato. C. Seguro de vida contratado a favor de hijos del matrimonio La prestación a su favor la recibirán directamente de la Compañía de seguros. En cuanto al reembolso, en aplicación del art Lrem, será procedente el reembolso cuando se contrate fuera del marco de las cargas del matrimonio. D. Seguro de vida contratado a favor de extraños También en este caso la prestación la recibirán directamente de la Compañía de seguros. El deber de reembolso de primas tiene lugar en todo caso, de conformidad con lo establecido en el art Lrem. 36 Para la sociedad de gananciales, vid. MARTÍN MELÉNDEZ, Mª Teresa, La liquidación de la sociedad de gananciales. Restablecimiento del equilibrio entre masas patrimoniales, Madrid, McGraw Hill, 1995, p LACRUZ BERDEJO («Bienes comunes», cit., p. 131), para el régimen legal aragonés de muebles y adquisiciones a título oneroso, entendía que el reintegro debía ser completo. En Bélgica no existe pleno acuerdo al respecto, y así RENCHON (op. cit., pp ) entiende que se deben reintegrar todas las primas, en tanto que SIMON, C. («Droit à la prestation assurée à l échéance du contrat», en la obra colectiva Droit notarial de l assurance-vie, Aspects patrimoniaux, aspects fiscaux, Academia- Bruylant, Louvain-la-Neuve y Bruxelles, 1989, p. 398 [citado por RENCHON, op. cit., p. 83, n. 11]) señala que unas primas satisfechas en el marco de una medida de previsión normal gravan definitivamente la comunidad. 38 Así lo entienden LACRUZ BERDEJO, «Bienes comunes», cit., p. 131; MARTÍN MELÉNDEZ, op. cit., p En bélgica el art º del Código civil establece que son propios: «los derechos resultantes de un seguro de personas suscrito por el propio beneficiario y adquirido por él después de la disolución del régimen»; vid. RENCHON, op. cit., pp RDCA-2008-XIV 2518 Luis Carlos Martín Osante 4. SEGUROS DE SUPERVIVENCIA Como se sabe, en estos supuestos se toma como elemento determinante del nacimiento de la obligación de pago de la prestación del asegurador la llegada del sujeto asegurado a una edad fijada en el contrato. Esto viene a significar que cuando el capital sea satisfecho al beneficiario, los dos cónyuges seguirán vivos, por lo que no siempre se habrá producido la disolución del régimen. En esta modalidad asegurativa es más frecuente que el mismo cónyuge sea a la vez tomador, asegurado y beneficiario. En ocasiones se habla de «seguros de jubilación», que en ciertos aspectos deben ubicarse en este terreno. En muchas ocasiones se trata de seguros de grupo (art. 81 Ley de Contrato de Seguro), que se constituyen en favor de los miembros de un determinado colectivo; ya sean los trabajadores de una empresa 39, los miembros de una asociación profesional, o los usuarios de un determinado servicio. Para dar respuesta a la problemática que plantean esta clase de seguros, hay que distinguir entre los seguros que vencen constante el consorcio frente a los que siguen vigentes en el momento de la disolución del consorcio. A. Seguros de supervivencia que vencen constante el consorcio conyugal A su vez, en los casos de vencimiento constante el consorcio hay que distinguir dos supuestos en relación con el momento en que se contrata el seguro: los contratados antes y los contratados después del inicio del consorcio conyugal (normalmente la fecha en que se contrae matrimonio). a. Seguros concertados constante el consorcio: carácter común (art d) párrafo 2º Lrem) Respecto de los seguros concertados constante el consorcio y que a su vez vencen durante la vigencia del régimen (este sería el supuesto típico de un seguro concertado en relación con la edad de jubilación del cónyuge correspondiente), el art d) párrafo 2º Lrem establece el carácter común de las cantidades devengadas con anterioridad a la disolución: el capital recibido tiene carácter común 40. Este precepto dispone lo siguiente: «Por excepción, en el seguro de supervivencia contratado durante el consorcio por uno de los cónyuges en su beneficio, serán comunes las cantidades devengadas antes de la disolución de aquél. En este caso, se reintegrará al patrimonio privativo el valor actualizado de las primas satisfechas a su costa.» 39 La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los Seguros Privados, en su Disposición Adicional Undécima estableció la obligación de que las empresas instrumentaran sus compromisos de pensiones mediante planes de pensiones o contratos de seguro. 40 Esta regla ya venía defendida por la doctrina:. LACRUZ BERDEJO, «Bienes comunes», cit., p. 115; «Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación», cit., p. 60; BAYOD LÓPEZ, «Bienes privativos y comunes», cit., p. 54; MARTÍN MELÉNDEZ, op. cit., p. 318; MALAURIE y AYNÈS, op. cit., p. 160; ABRY, Bernard, Cass. civ. (1ª), 31 marzo 1992, JCP, Éd. G., 1993, II, 22059, p. 209; RENCHON, op. cit., pp RDCA-2008-XIV19 El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón Cabe hacer notar que la regla exige para su aplicación la concurrencia de los siguientes requisitos (que se deben cumplir de forma cumulativa): Se debe tratar de un seguro de supervivencia. El contrato de seguro se debe concertar durante la vigencia del consorcio conyugal. La contratación ha de efectuarse de forma individual por uno solo de los cónyuges. El cónyuge tomador o contratante ha de ser, a la vez, el beneficiario del seguro. Con este precepto se evita que la contratación de un seguro de vida por un cónyuge en su propio beneficio sirva para detraer bienes de la masa común y transformarlos en privativos 41. La solución fijada en este precepto venía indicada por la doctrina respecto de la sociedad de gananciales 42. En este precepto no se indica que sean comunes las cantidades percibidas en concepto de beneficiario, sino que se refiere a todo tipo de cantidades, de donde se desprende que también en el caso de ejercicio del derecho de rescate será común la prestación del rescate 43. En este supuesto no hay un aspecto personal del seguro que faculte al beneficiario para excluir de la comunidad el capital recibido. La Ley otorga carácter común a las «cantidades devengadas», que pueden ser, tanto la indemnización por alcanzar la edad fijada en la póliza, como el importe obtenido por el ejercicio del derecho de rescate incluso antes del vencimiento del contrato. El origen del dinero con el que se paguen las primas no es relevante: serán comunes las cantidades percibidas, ya se paguen con dinero común, ya se paguen con dinero privativo. No funciona, por ello, el principio de subrogación real. Pero si el dinero con el que se han satisfecho las primas del seguro concertado individualmente era privativo de uno de los cónyuges, la ley fija un derecho de reembolso a favor del patrimonio privativo. Esta cuestión puede suscitar cier- 41 Vid. COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p Vid. LACRUZ BERDEJO, «Los seguros sobre la vida», cit., p La Doctrina discute sobre este supuesto («assurance personnelle»). Algunos autores consideran que el capital será común si se produce la restitución durante la vida de la comunidad, y propio en caso contrario, con derecho de reembolso de las primas pagadas con bienes comunes; vid. MALAURIE y AYNÈS, op. cit., p. 160; RENCHON, op. cit., pp ; ABRY, op. cit., p A la Cour de Cassation (31 marzo 1992) llegó un caso en que se había concertado un seguro de vida en beneficio del suscriptor, cuyas primas se pagaron con bienes comunes. El Tribunal entiende que el valor de la póliza forma parte del activo común, por lo que se deben tener en cuenta en las operaciones de partición, con inclusión del contrato en el lote del suscriptor, como titular de los derechos que le afecten. ABRY (op. cit., p. 209) afirma en relación con este caso que: «los contratos de seguro retraite son la mayoría de las veces contratos de capitalización, que son un modo de colocar, entre otros, en los términos decididos por el suscriptor, el montante de su ahorro, aumentado con los intereses capitalizados.» 43 Conforme al contenido del art. 98 Ley de Contrato de Seguro en el seguro de supervivencia sólo concurre derecho de rescate en caso de pacto al efecto. RDCA-2008-XIV 2720 Luis Carlos Martín Osante tas dificultades en la práctica, ya que para mantener la integridad de los patrimonios sería preciso conocer de una forma detallada con qué fondos se ha ido pagando las primas, lo que normalmente no sucederá, dado que lo más usual es que no se guarde una contabilidad minuciosa sobre el particular. El hecho de que en estas modalidades de aseguramiento se fije el carácter común de las cantidades devengadas se basa en que se trata de seguros de capitalización o ahorro que suele contratar un cónyuge en su propio beneficio, como se puso de manifiesto en el seno de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil 44. b. Seguros concertados con anterioridad al inicio del consorcio El seguro concertado por un cónyuge con anterioridad al inicio del consorcio presenta alguna particularidad a este respecto. Procede aclarar que el beneficiario puede serlo tanto el cónyuge tomador (caso más habitual) como el otro cónyuge. Es obvia la condición de este seguro como bien privativo 45, en aplicación, en primer lugar, de la regla prevista en el art. 29 párrafo primero Lrem, que otorga carácter privativo a todos los bienes que pertenecen a cada cónyuge al iniciarse el consorcio. En segundo lugar, también es de aplicación de la regla general del art c) Lrem, que otorga carácter privativo a los contratos de seguro. Por lo que se refiere a las cantidades devengadas, es de aplicación de la regla general del art d) párrafo primero, según la cual la prestación concedida por el asegurador es un bien privativo del cónyuge beneficiario. Al tratarse de un seguro concertado con anterioridad al inicio del consorcio, no entra en juego la excepción del párrafo segundo de dicho precepto, que, como he indicado, exige para otorgar carácter común a las cantidades devengadas que el seguro se haya concertado durante el régimen. Partiendo del carácter privativo del contrato de seguro y de la cantidad recibida, cabe preguntarse si es procedente el reintegro de las primas abonadas con fondos comunes (lógicamente se trata de primas abonadas constante el régimen). Aunque esta modalidad de seguro de vida no se contempla en el párrafo segundo del art d), es aplicable el apartado 2 del art. 30, que establece una regla general en materia de reembolso de primas en materia de seguros de vida. 44 COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 22 de noviembre de 2000, nº 102, p. 8. José García Almanzor indica la coherencia existente en este punto con la regla aprobada en materia de fondos de inversión en la que se hace común la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión. 45 BAYOD LÓPEZ («Bienes privativos y comunes», cit., p. 54) para el régimen de la Compilación, siguiendo a PIQUERAS VALLS, Juan («Titularidades conflictivas y derechos de seguros», en la obra colectiva Actuación del abogado de familia en temas patrimoniales de actualidad, ed. Asociación Española de Abogados de Familia, Dykinson, Madrid, 1998, pp ) admitía el carácter privativo, con deber de reembolso de primas a favor de la comunidad. En este sentido se pronuncia para el Derecho vigente: BAYOD LÓPEZ, Carmen, «Bienes privativos y comunes en el régimen económico matrimonial aragonés (Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad)», en Homenaje al Profesor Lluis Puig i Ferriol, Barcelona, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, vol. I, p RDCA-2008-XIV Mostrar más
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