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Timestamp: 2020-04-03 08:14:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 19', 'artículo 205', 'artículo 39', 'artículo 205', 'artículo 113', 'artículo 111', 'artículo 6', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 28']

Poder Judicial « Jorge Horacio Gentile « Página 3
Los cordobeses sin amparo
El gran logro que significó en 1957 el fallo en el caso “Siri” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por primera vez admitió la acción de amparo y permitió que los tribunales de todo el país pudieran mediante un procedimiento expeditivo tutelar los derechos humanos vulnerados por el estado, se vio seriamente entorpecido cuando un gobierno de facto dictó en 1967 la llamada la Ley 16.986, que de inmediato imitaron las provincias, entonces intervenidas, como Córdoba (ley 4915).
Estas normas, se encuentran inexplicablemente todavía vigentes, a pesar de los 31 años de democracia, período en el que solo en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se modificaron alguna de sus cláusulas impeditivas (Art.43), pero que hasta la fecha no se consiguió sustituirlas por otras que garantice los derechos de los ciudadanos.
Sorpresivamente, en Córdoba, escondida en algunas cláusulas de una ley ómnibus (10.249) que modifica normas tributarias, se ha producido una drástica modificación de la ley provincial de facto, con el claro propósito de favorecer a la provincia, y a los entes que de ella dependen, cuando sean demandados mediante amparo.
La reforma dispone
Que la acción, cuando se dirija en contra la provincia o sus entes autárquicos, empresas o sociedades del estado, debe plantearse ante las cámaras, con competencia en lo contencioso administrativo, seguramente en la inteligencia que estos tribunales son, en general, más indulgentes con el accionar del gobierno provincial.
Se reemplaza a los jueces de primera instancia, donde se tramitarán los demás casos, por un tribunal colegiado, lo que significa que cualquier medida cautelas audiencia o sentencia debe pasar por el despacho de tres jueces y no por uno como en los otros amparos o juicios ordinarios.
Ello implica que los entes provinciales; a diferencia de los municipios, las comunas, las ONG y los simples ciudadanos; serán “juzgados por comisiones especiales”, prohibidas por la Constitución (Art. 18), lo que, además, es contrarío al principio de igualdad ante la ley, declarado, también, por la Ley Fundamental (Art. 16).
La norma omite definir cuál es el “tribunal de alzada” donde se ventilarán las apelaciones de los fallos de estas cámaras, seguramente con la idea de que recalarán en alguna sala el Tribunal Superior, cuya competencia sólo puede ser habilitada por una ley expresa, según dispone la Constitución Provincial (Art. 165 inc.3), lo que no ocurre en este caso, y con lo que se recargará, aún más, la tarea de este Alto Tribunal.
La ley establece otro inexplicable privilegio, contrario a la igualdad, cuando dispone que la acción de amparo, en estos casos, “perimirá cuando la causa se haya encontrado paralizada por más de tres meses sin que el demandante inste su prosecución, cualquiera sea su estado (…) En estos casos la declaración de caducidad de instancia hará cesar de pleno derecho las medidas cautelares que se encontraren vigentes, debiendo el Tribunal disponer en el mismo acto su cancelación o levantamiento.”
Como no en todas las ciudades de la provincia hay cámaras, en muchos casos los demandantes y sus abogados tendrán que trasladarse a otras ciudades para tramitarlo, lo que significa una clara discriminación para quienes viven y trabajan donde hay jueces pero no cámaras.
A poco de promulgada el Tribunal Superior de Justicia dictó la Acordada 1257 (3/2/2015) que instrumenta el ingreso de los amparos, a que refiere esta ley, ante las cámaras contencioso administrativas, en vez de declararse incompetente para hacerlo, por la evidente inconstitucionalidad de la reforma, lo ha sido recurrida por el abogado Roberto Olmedo con sólidos fundamentos.
En nuestra provincia ya era, ante de esta ley, muy difícil defender a quienes veían vulnerados sus derechos mediante amparos, por las trabas permitidas por las referidas leyes de facto y por el temor, de algunos jueces, a contrariar decisiones de funcionarios político, a lo que se agrega ahora esta sorpresiva reforma, que agravarán aún más el desamparo de los cordobeses, que siguen esperando la sanción de un Código de Procedimiento Constitucional, que regule el amparo, el habeas corpus, el habeas data, etcétera, sin restricciones, como tiene Tucumán, en base al proyecto que en 1990 presenté en el Congreso de la Nación.
Espero que José Manuel de la Sota, a quién no le tenemos que explicar lo que significa estar privado de la libertad injustamente, y con quién hemos bregado juntos en defensa de los derechos humanos en la constituyente provincial de 1987, haga derogar, cuanto antes,injustas disposiciones.
En el debate previo a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial la diputada Elisa Carrió expresó: “señalo la nulidad absoluta e insanable del procedimiento legislativo, (y) planteo la inconstitucionalidad de la norma y el atentado al orden constitucional por parte de su Presidencia.”i Si ello fuera así a partir del 1ª de agosto de 2015 los abogados y jueces, podrán invocar y aplicar o el Código de Cristina Fernández de Kirchner o los actuales de Dalmacio Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo, según convenga a los interesados, ya que la sanción del primero es nula por haber sido inconstitucional.
Génesis de nuevo Código
El Decreto Presidencial Nº 191 del 23 de febrero de 2011 creó “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”; que presidió el Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e integraron Elena Highton de Nolasco, vicepresidente de dicho Tribunal y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci; la que en el plazo de 365 días debía elevar al Poder Ejecutivo el anteproyecto.
La Comisión lo elaboró durante ese año consultando a un centenar de juristas, pero solo sobre el “ámbito específico de (su) especialidad”, resultando extraño que entre los mismos no haya habido ningún diputado, senador, ni constitucionalistas.
Mientras, que en ese año 2011, la Corte Suprema dictó 9886 fallos, sin que los ministros Lorenzetti y Highton hayan dejado de ejercer como jueces.
El anteproyecto se elevó al Poder Ejecutivo el 27 de febrero de 2012, oportunidad en el que Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso para acotar el plazo de su tratamiento parlamentario, y anunció que el proyecto sería aprobado – aunque no a “libro cerrado”- en el año 2012. Esto lo reiteró por la prensa (21 de septiembre de 2012), el presidente de la Cámara de Diputado Julián Domínguez y la diputada Diana Conti en la Audiencia Pública de Córdoba el 4 de octubre.
La Presidenta se refirió al proyecto de Código en el discurso de apertura de sesiones del Congreso el 1º de marzo afirmando: No estamos ante un acto de legislación, estamos ante un verdadero acto de codificación, similar al que hizo Vélez Sarsfield que tuvo inspiración en la codificación, que es una de las tareas más importantes que se le asignó a Napoleón Bonaparte. Los que hayan visitado la tumba de Napoleón Bonaparte podrán observar que en uno de los recordatorios de sus principales obras, además de las batallas, obviamente está precisamente haber sido el autor de la codificación civil francesa. Yo medio en broma, medio en serio, les decía a los integrantes de la comisión que me iba a sentir Napoleón el día que les mandara a ustedes el código.
El Poder Ejecutivo lo envió el 8 de junio a ambas cámaras del Congreso, un mensaje (N° 0884/12) que incluía, en un mismo proyecto de ley, la aprobación del Código redactado por la Comisión de juristas, con algunas e importantes modificaciones – como la amputación de la responsabilidad civil del estado y de sus funcionarios -, y al mismo tiempo proponía crear una Comisión Bicameral para que lo estudiara. ii
Como estas dos cosas no podía aprobarse en una misma ley el día 4 de julio de 2012 las dos Cámara del Congreso, apartándose del proyecto que acompañaba el mensaje del Poder Ejecutivo, votaron dos resoluciones idénticas y crearon así una “Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación” que debían integrar 15 diputados y 15 senadores, que: Tendrá vigencia hasta la aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y contará con NOVENTA (90) días, a partir de su conformación, para emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo. Debemos entender que se trata de días corridos ya que no se ha aclarado que sean hábiles, lo que permitiría que el mismo se vote antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año.
La creación de una Comisión Bicameral es que no encuentra otra justificación que cumplir con el anuncio presidencial del 27 de marzo, cuando Cristina Fernández de Kirchner recibió el proyecto de la comisión de juristas, de que el mismo sería aprobado este año 2012, con lo que se limitaba el tiempo del tratamiento y se acotaba o suprimía el debate,
A diferencia del trámite el Código Civil que se aprobó en el año 2002 en Brasil, y que rige desde el año siguiente, tuvo 27 años de gestación y de debate.
La Comisión Bicameral aprobó el 21 de noviembre de 2013 un dictamen de mayoría y cinco de minoría, que fueron remitidos al Senado, que lo trató entre el 27 y el 28 de noviembre de 2013 en una sesión especialiii, y después de un primer y acotado debate respecto de la interpretación del artículo 205 del Reglamento interno del Cuerpo, de si debía haber un debate y votación en general y otra en particular, y si el oficialismo admitiría modificaciones, como consecuencia del mismo.
Luego de ello se abrió el debate, sin aclarar si lo era sobre el tratamiento en general o particular, para lo cual el presidente dijo que: el miembro informante por el oficialismo, el senador (Marcelo) Fuentes, va a abrir el debate de los códigos unificados iv. En su discurso aclaró que el informe lo hacía junto al senador Aníbal Fernández, quién lo sucedió en el uso de la palabra. En el mismo, luego de recordar a Napoleón, que detenido en Santa Elena, dirá: La gloria de las cuarenta batallas ganadas se borra rápidamente con Waterloo; lo que nadie podrá borrar es el Código Civil. Lo que alude a la broma de la presidenta en la apertura de sesiones del Congreso. Luego hizo una crítica descalificante al decir: Así, en el Código de Vélez Sarsfield se impone, lisa y llanamente, una visión anglofrancesa: racionalista, individualista, liberal, fundamentalmente abstencionista de lo argentino y solapadamente calvinista. Un determinismo muy claro, que queda gráfico en este tema”; y en otra dura crítica se pregunta: “¿Por qué se impone el Código Civil a partir del 1° de enero de 1871, paradójicamente un año antes de la publicación del Martín Fierro? ¿Por qué? Porque se impone en base a la aniquilación del gaucho, en base a la aniquilación del indio, en base a la separación y al desprecio del mestizo. v
Le siguieron el senador Ernesto Sanz (UCR), quien pidió que se le aceptaran modificaciones al texto en debate, las senadoras Sonia Escudero, Liliana Negre de Alonso y otros integrante del Cuerpo que durante doce horas expusieron sus posiciones sobre el tema.
El último expositor fue el senador Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque oficialista, que antes de señalar algunos aciertos del proyecto, como el referido al divorcio, la adopción, la sociedad unipersonal, expresó respecto de: (…) el pensamiento de este Código. La verdad es que yo no lo comparto. Voy a funcionar por supuesto, como siempre he funcionado –y además represento a la mayoría–, con un concepto de disciplina política, pero el pensamiento de este Código está hecho por civilistas de la escuela de la UBA, de la cátedra de Alterini; pensamientos de la Corte en la última etapa, con fallos dictados por la mayoría, que van perfilando que las obligaciones y las relaciones entre el Estado y los particulares dejan de pertenecer al derecho público y pasan a ser materia del derecho privado. Este pensamiento privatista, esta ideología privatista del Derecho Civil por encima del Derecho Público, del Derecho Administrativo, e incluso por encima del propio Derecho Público provincial, es la que anida el pensamiento y la ideología de este Código, y yo no lo comparto. (…) Este Código tiene una matriz y tiene un pensamiento, que es el de los civilistas. Para que quede claro, es un pensamiento de los civilistas, de los que diseñaron este modelo: de la doctora Kemelmajer, jurista de nota, del doctor Lorenzetti. (…)
A lo que agregó luego que: “el artículo 19 tampoco me satisface. Yo tengo un pensamiento laico; digamos, las cosas que son del Estado son del Estado y las que son de Dios son de Dios. Indudablemente que me hubiera gustado más el texto completo, el que teníamos diseñado, el del seno materno y a otra cosa. Era la vieja estructuración de Vélez Sarsfield. Yo espero que en el ámbito de la Cámara de Diputados este debate pueda ser superado, que pueda realmente volver a retomarse la senda de un camino que es el correcto, porque este Congreso ha votado la Ley de Fertilización Asistida, hemos diseñado leyes de inclusión para posibilitar que mujeres que no podían tener niños y que lo deseaban fuertemente como un acto de amor, de necesidad afectiva y porque querían un hijo, pudieran tenerlo. Mediante este mecanismo legislativo de la fertilización le hemos brindado esa posibilidad. Entonces, esto tiene que estar en línea, tiene que haber un principio de concurrencia, de coherencia. Espero que lo corrija la Cámara de Diputados.vi Lo que demuestra falta de convicción de lo que se votaba, contradicciones entre los redactores y quienes lo aprobaron obligados por una rigurosa disciplina.
Luego de aprobarse inserciones en el Diario de sesiones pedida por algunos senadores y de un nuevo cambio de palabras respecto de la interpretación del artículo 205 del Reglamento, que dice: Todo proyecto de ley se vota, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos o nominalmente a fin de permitir registrar la forma en que ha votado cada senador. La Cámara puede resolver por mayoría absoluta de sus miembros presentes obviar este procedimiento cuando existe dictamen de comisión unánime o no se han planteado disidencias (…), se retira la oposición ante la negativa del bloque oficialista de que se aprobara en general y luego se debatiera y votara en particular.
La sesión comenzó con un debate previo a pedido del diputado Mario Negri (UCR): para que distintos presidente de bloques hicieran “un planteo de previo y especial pronunciamiento vinculado con las cuestiones reglamentarias y con las mayorías necesarias” vii, oportunidad en la que los opositores formularon las siguientes objeciones y mociones como que:
lo que se iba debatir no era un dictamen de comisión;
para habilitar el tratamiento de la cuestión, aunque se tratare de una sesión especial, había que votar antes una moción de tratamiento sobre tablas que necesitaba para ser aprobada tercios de los votos, que no disponía el oficialismo.
La diputada Graciela Camaño recordó que: “todo el arco opositor se pronunció en favor de esa Comisión Bicameral porque decíamos que era necesario que hubiera una Comisión ad hoc que estudiara detenidamente lo que había elaborado la comisión redactora y lo que había modificado el Poder Ejecutivo, que por cierto, también es mucho y ha perdido el objetivo.(…) en aquella oportunidad el señor diputado (Juan Mario) País (…) expresó lo siguiente: “Esta Comisión no altera de modo alguno los procedimientos que impone la Constitución para la formación y sanción de las leyes”. Y recordó que la diputada Diana Conti agregó: “El proyecto en consideración en modo alguno dice lo que ocurre después de que la Comisión dictamine. Luego del trámite de la Comisión, continúa el trámite legislativo.” viii
La moción de sobre tablas no se votó y el presidente Domínguez, luego del retiro del recinto de los opositores, declaró: “que el artículo 39 indica que el presidente de la Cámara debe hacer observar el reglamento en todas sus partes, como ejercer las demás funciones que en él se le asignan. Con el más sagrado respeto a su opinión (refiriéndose al pedido de que se vote la moción del diputado Negri), me hago cargo (…) e iniciamos el tratamiento del tema por no existir razones para efectuar esa votación. (Aplausos.)”ix
El presidente de la Cámara Julián Domínguez abrió el debate en general y particular y luego de escucharse distintos discursos y de aprobarse algunos pedidos de inserciones en el diario de sesiones, efectuadas por diputados oficialistas o aliados, dispuso: “Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley sobre unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo con la sanción del Honorable Senado, que introdujera modificaciones al dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, en los términos de la resolución de la Honorable Cámara de Diputados aprobada el 4 de julio de 2012. (Orden del Día N° 829)”– Se practica la votación nominal y conforme al tablero electrónico, sobre 135 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa.”x El total de diputados que integraban el Cuerpo es 257.
El mensaje del Poder Ejecutivo que envía al Congreso el proyecto de ley no tiene ingreso en “cualquiera de las Cámaras del Congreso”, (Art. 77 de la Constitución), sino a ambas al mismo tiempo, lo que constituye la primera contradicción con la Ley Fundamental.
En el Senado se la giró a la Comisión de asuntos constitucionales la que, apartándose del proyecto despachó un proyecto de resolución, que luego fue aprobada simultáneamente por el plenario de ambas Cámaras (sin que se reformaran los respectivos reglamentos internos); por la que se creó una Comisión Bicameral de 15 diputados y 1t5 senadores, para que en el plazo de 90 días diera “aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”. Ello contradice los Reglamentos de ambas Salas que exigen que todo proyecto debe ser girado a una o más comisiones permanentes (Arts. 89 del Senado y 122 de Diputados), y por tratarse de un Código Civil y Comercial corresponde se los gire en ambas Cámara, sucesivamente, al menos, a las respectivas Comisiones de legislación general por lo que disponen los respectivos Reglamentos (Arts.64 del Senado y 63 de Diputados).
En el Senado se aprobó el dictamen de la Comisión Bicameral se debatió y aprobó en una sola votación, lo que fue objetado por la oposición invocando el artículo 205 del Reglamento, y retirándose del recinto antes de la votación. La Constitución es muy clara al afirmar que los proyectos de leyes tienen que ser aprobados primero en general y luego en particular (Art.79), lo que fue transgredido en ambas Cámaras, aunque la excepción de que ello sea admisible cuando haya un despacho unánime de comisión, como indican los Reglamentos, lo que no ocurrió en este caso.
Como bien señala Eduardo Menem “ese pretendido dictamen no fue distribuido a los legisladores y puesto a observación durante 7 días hábiles, como lo exigen el Reglamento (Arts. 113 y 50 inc. 5)” de Diputadosxi. En esta Cámara el Orden del Día N° 829, sin fecha de impresión, ni dictamen, con lo sancionado en el Senado, y sin referirse al “término del artículo 113” (los 7 días hábiles para que los diputados formulen observaciones).
Otra objeción el ex senador Menem (en la misma publicación) señala: “el dictamen de la Comisión Bicameral es que fue suscripto por legisladores que habían terminado sus mandatos, por lo que el mismo perdió su vigencia al producirse la renovación de dicha Cámara, según lo determina el artículo 111, párrafo 3° del Reglamento pertinente.” (de Diputados)
Que estas razones tornan nula la sanción de la ley que aprobó el Código y las normas complementarias ajustándonos a los criterios sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Binotti” (15-V-2007) por el que se declaró la nulidad de una votación del Senado y “Bussi”xii.
Córdoba, junio de 2015.
[i] Diario de sesiones Reunión 17ª – 12ª Sesión Ordinaria [Especial] – 01 de Octubre de 2014 Período 132).
[ii] Creación de una Comisión Bicameral para su examen y aprobación; derogación del Código Civil aprobado por ley 340 y del Código de Comercio aprobado por leyes 15 y 2637, excepto los artículos 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5 que se incorporan como artículos 631 a 678 de la ley 20094; derogación de las leyes 11357, 13512, 14394, 18248, 19724, 19838, 20276, 21342 (con excepción del artículo 6), 23091, 25509 y 26005; artículos 361 a 366 y capítulo III de la ley 19550; artículos 36, 37 y 38 de la ley 20266; artículo 37 del decreto 1798/1994, artículos 1 a 26 de la ley 24441; capítulo I (con excepción de segundo y tercer párrafo del artículo 11) y capítulo III (con excepción de segundo y tercer párrafo del artículo 28) de la ley 25248; capítulos III, IV, V y IX de la ley 26356; leyes complementarias; norma complementaria sobre separación personal; Anexo I (cuerpo normativo del nuevo Código civil y comercial de la nación); Anexo II (modificación a legislación): modificación de las leyes 17801, 19550 y 24240.
[iii] Diario de sesiones 19° Reunión – 9° sesión especial del Senado.
[iv] Diario de sesiones del Período 131º – 19ª Reunión – 9ª Sesión especial – 27 y 28 de noviembre de 2013.
[v] Diario de sesiones antes citado.
[vi] Diario de sesiones citado.
[vii] Diario de sesiones citado.
[viii] Diario de sesiones citado.
[ix] Diario de Sesiones citado.
[x] Diario Clarín del 10/10/14 “Código Civil: sanción nula, es inconstitucional”.
[xi] En la misma publicación.
[xii] Considerando 7º, Fallos: 324: 3358.
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