Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583932&fecha=15/01/2020
Timestamp: 2020-01-21 10:53:52
Document Index: 259182214

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 272', 'artículo 60', 'Artículo 105', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 105', 'artículo 73', 'artículo 24', 'artículo 73', 'artículo 73', 'ARTÍCULO 272', 'ARTÍCULO 297', 'artículo 272', 'artículo 272', 'artículo 73', 'artículo 297', 'artículo 272', 'Artículo 105', 'artículo 45', 'Artículo 60', 'artículo 69', 'artículo 69', 'Artículo 24', 'artículo 41', 'Artículo 105', 'Artículo 73', 'Artículo 41', 'Artículo 45']

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 105/2017
TERCERO. Preceptos que se consideran vulnerados. Son los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, inciso d), II, III y VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; y 2, 3, 6 y 7 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
CUARTO. Admisión. Mediante proveído veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 105/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación.
Asimismo, el transitorio cuarto otorgó un plazo de ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el segundo transitorio para que el Congreso de la Unión, las Legislatura de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidieran las leyes y realizarán las adecuaciones normativas correspondientes.
Las reformas y adiciones respecto del Código Penal para el Estado de Morelos se encuentran ajustadas a los parámetros establecidos en el Código Penal Federal por el Congreso de la Unión.
No se genera una doble legislación en la materia dado que la propia Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes referida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es clara en establecer que los Estados tienen la capacidad de llevar a cabo las adecuaciones necesarias para tener un marco jurídico armonizado.
SEXTO. Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Morelos sostuvo que las nomas impugnadas fueron emitidas en estricto apego al ámbito competencial de facultades establecida en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Respecto del artículo 272, fracción XV, que establece el delito de abuso de autoridad, así como del numeral 297, fracción XIII, que prevé los delitos de procuración y administración de justicia, es de manifestarse que si bien es cierto los mismos son similares, habiendo a todas luces diferenciación entre las mismas, hecho que se efectuó con el fin de especificar las características de cada uno de los delitos, y que el legislador consideró prudente con el ánimo de que la autoridad sancionadora pudiera aplicar la norma guiándose de conceptos con características específicas y penas variantes.
SÉPTIMO. Intervención de la Procuraduría General de la República. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en ausencia del Procurador General de la República, se apersonó en el juicio designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
OCTAVO. Cierre de la instrucción. Formulados alegatos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre artículos del Código Penal para el Estado de Morelos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.
SEGUNDO. Oportunidad. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizará, en primer lugar, la oportunidad de la acción.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1), dispone que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente que fue publicada la norma, si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
La norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que obra agregado al expediente(2), por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del jueves veinte de julio al viernes dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por lo que al ser presentada el viernes dieciocho, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja cuarenta y nueve del expediente, resulta oportuna.
TERCERO. Legitimación. A continuación, se analizará la legitimación de quien promueve la acción, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.
Suscribe el escrito respectivo, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo.(3)
Por otro lado, la representación y las facultades del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran consagradas en el artículo 15 fracciones I y XI de la Ley que regula el mencionado órgano.(4)
CUARTO. Causal de improcedencia. El Congreso de Morelos hizo valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria en relación con la fracción II, inciso g), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Resulta infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que el análisis relativo a si los artículos impugnados violan o no los derechos humanos contenidos en la Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE."(5)
QUINTO. Incompetencia del Congreso local para legislar en relación con el delito de desaparición forzada. De la lectura integral de la demanda se advierte que la accionante considera entre otros aspectos, que el Código Penal para el Estado de Morelos transgrede las facultades legislativas de la Federación al regular la materia de desaparición forzada.
Suplidos en su deficiencia, son fundados los conceptos de invalidez en atención a lo que se expondrá a
Aunado a lo anterior, el Congreso de la Unión al reglamentar dicho precepto constitucional, emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.
Estos criterios sobre la facultad exclusiva de la Federación para legislar sobre los tipos penales y sus sanciones respecto de los delitos mencionados en el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal ha sido determinada por este Tribunal Pleno, en las acciones de inconstitucionalidad 2/2016(6), 48/2015(7), 1/2014(8), consideraciones que, en el presente caso, se reiteran en respecto a los delitos
de desaparición forzada de personas y tortura.
Asimismo, se aclaró que dicha potestad legislativa de los Estados, ha sido eliminada con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, conforme con la cual corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única que regirá en toda la República en materia procedimental penal, por lo que a partir de ella las entidades únicamente pueden continuar aplicando las normas que en ese momento se encontraran vigentes.
ARTICULO 272 BIS.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
ARTICULO 272 TER.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión. Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.
ARTICULO 272 QUATER.- Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.
ARTICULO 272 QUINTUS.- La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.
Como se advierte de la transcripción anterior, los artículos combatidos prevén el tipo penal de delito de desaparición forzada así como las sanciones, agravantes y atenuantes aplicables a quienes cometan dicho ilícito.
Conforme hasta lo aquí expuesto es claro que el Congreso del Estado de Morelos invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión al legislar sobre cuestiones relativas a la desaparición forzada, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 272 bis, 272 ter, 272 quater y 272 quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, en su texto contenido en el Decreto Número Dos Mil Ciento Noventa y Tres, publicado en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
No pasa inadvertido que en términos del artículo 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas(9), los delitos previstos serán del conocimiento de la autoridad federal, cuando i) se encuentre involucrado un servidor público federal; ii) Se actualicen hipótesis previstas en otra disposición que le otorguen competencia a
la Federación; iii) Exista sentencia de un organismo internacional de protección de derechos humanos; iv) El Ministerio Público de la Federación lo solicite; o, v) Cuando involucre a una persona relacionada con la delincuencia organizada. En caso contrario, corresponderá a las autoridades de las entidades federativas.
Sin embargo, en la Constitución General se reservó la facultad legislativa en la materia a la Federación en cuanto a la determinación de los tipos penales y sus sanciones, por lo que el margen de actuación por parte de las autoridades de las entidades federativas, se encuentra limitado a la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos previstos en dicha norma, sin que puedan legislar al respecto. Por tanto, las referidas facultades de investigación y persecución ni el ámbito de competencia que le pudiera reservar la ley general a la legislatura estatal no obstan para declarar la invalidez de los artículos combatidos.
Tampoco es óbice a las anteriores consideraciones, el argumento del Ejecutivo y el Congreso del Estado de Morelos, en el sentido de que en tanto no se expidiera la ley de la materia las legislaciones locales en la materia siguen vigentes. Es cierto que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada fue publicada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (con posterioridad a la emisión de las normas impugnadas) y en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional se reconoció la ultraactividad de la ley local mientras se expedía la ley general relativa(10). Sin embargo, este Tribunal Pleno ha sostenido que el mandato del Órgano Reformador de la Constitución no se trata de una instrucción de carácter formal, sino sustancial, esto es, no era necesario que se emitiera la ley general correspondiente para que se considerara que los Congresos Estatales ya no podían legislar en la materia, pues como ya se dijo desde la entrada en vigor de la reforma al artículo 73 de la Constitución Federal, el legislador local carecía de competencia para emitir leyes en materia de desaparición forzada.
SEXTO. Incompetencia del Congreso local para legislar en relación con los delitos de tortura y de tratos o penas crueles. De acuerdo con el marco normativo sentado respecto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional, resulta igualmente fundado el concepto de invalidez relativo a la incompetencia para el Congreso del Estado de Morelos respecto a establecer tipo penales relacionados con el delito de tortura y de otros tratos o penas crueles.
Por otra parte, el Congreso de la Unión al reglamentar dicho precepto constitucional, emitió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, y que entró en vigor al día siguiente, esto es, con anterioridad a la publicación de las normas generales impugnadas (diecinueve de julio de dos mil diecisiete).
Ahora bien, a partir del decreto legislativo impugnado, los artículos 272, fracción XV y 297, fracción XIII, del Código Penal para el Estado de Morelos disponen literalmente lo siguiente.
ARTÍCULO 272.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando: (...)
XV. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos inhumanos o degradantes.
ARTÍCULO 297.- Son delitos contra la procuración y administración de justicia, los cometidos por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes:
XIII. Obligar al imputado a declarar en su contra, usando la incomunicación, intimidación o tortura;
Así, es claro que respecto a los citados artículos, el Congreso del Estado de Morelos invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión al legislar cuestiones sustantivas sobre el delito de tortura, equiparando el tipo penal con el de abuso de autoridad y delito contra la administración y procuración de justicia, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de la fracción XV del artículo 272 y del numeral 297,
fracción XIII del Código Penal para el Estado de Morelos.
Como consecuencia de la invalidez de las porciones normativas, resulta innecesario el estudio de los argumentos dirigidos a la violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, así como el de supremacía constitucional, pues en nada variaría la conclusión alcanzada, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia plenaria P./J. 37/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(11)
SÉPTIMO. Extensión de efectos. En el considerando precedente se declararon inconstitucionales las fracciones XV del artículo 272 y XIII del numeral 297 del Código Penal para el Estado de Morelos, por contener descripciones típicas de delitos cuya tipificación y sanción corresponde al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal.
En el penúltimo párrafo del artículo 297 del Código Penal para el Estado de Morelos(12) en su porción normativa que dice "XIII" y en el último párrafo del artículo 272 de ese mismo ordenamiento(13), en su porción normativa que refiere "XV", se establecen sanciones para los tipos penales cuya inconstitucionalidad se declaró en esta ejecutoria.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2006, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA"(14).
OCTAVO. Efectos. De conformidad con los artículos 73 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(15), las declaratorias de invalidez a que se refiere este fallo se emiten conforme a los siguientes efectos:
2) La invalidez decretada en este fallo podrá tener efectos retroactivos al diecinueve de julio de dos mil diecisiete, fecha en que entró en vigor éste, conforme a lo dispuesto en su artículo transitorio segundo del decreto legislativo publicado en esa misma fecha en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos(16), acorde con lo dispuesto por el artículo 45, párrafo segundo, de la citada Ley Reglamentaria(17), atendiendo a las circunstancias particulares y a los principios generales y disposiciones legales aplicables en materia penal,
3) Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa y a los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos; y
4) Los procesos penales iniciados con fundamento en las normas declaradas inválidas se encuentran viciados de origen, por lo que, previa reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas o la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, según corresponda, sin que ello vulnere el principio non bis in ídem.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 272, fracción XV, 272 BIS, 272 TER, 272 QUATER, 272 QUINTUS y 297, fracción XIII, del Código Penal para el Estado de Morelos, reformados y adicionados, respectivamente, mediante Decreto número dos mil ciento noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicha entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta decisión.
TERCERO. Se declara la invalidez, por extensión, de los artículos 272, párrafo último, en su porción normativa "XV", y 297, párrafo penúltimo, en su porción normativa "XIII", del Código Penal para el Estado de Morelos, reformados mediante Decreto número dos mil ciento noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicha entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, de conformidad con el considerando séptimo de esta determinación.
CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Morelos, en los términos precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a la causal de improcedencia.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo a la incompetencia del Congreso local para legislar en relación con el delito de desaparición forzada, consistente en declarar la invalidez de los artículos 272 BIS, 272 TER, 272 QUATER y 272 QUINTUS del Código Penal para el Estado de Morelos, adicionados mediante Decreto número dos mil ciento noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicha entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, relativo a la incompetencia del Congreso local para legislar en relación con los delitos de tortura y de tratos o penas crueles, consistente en declarar la invalidez de los artículos 272, fracción XV, y 297, fracción XIII, del Código Penal para el Estado de Morelos, reformados mediante Decreto número dos mil ciento noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicha entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena por razones distintas, González Alcántara Carrancá por razones distintas, Esquivel Mossa por razones distintas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, respecto del considerando séptimo, relativo a la extensión de efectos, consistente en declarar la invalidez, por extensión, de los artículos 272, párrafo último, en su porción normativa "XV", y 297, párrafo penúltimo, en su porción normativa "XIII", del Código Penal para el Estado de Morelos, reformados mediante Decreto número dos mil ciento noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicha entidad federativa el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, relativo a los efectos, consistentes en: 1) determinar que las declaratorias de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Morelos, 2) determinar que la invalidez decretada en este fallo pueda tener efectos retroactivos, atendiendo a las circunstancias particulares y a los principios generales y disposiciones legales aplicables en materia penal, y 4) determinar que los procesos penales iniciados con fundamento en las normas declaradas inválidas se encuentran viciados de origen, por lo que, previa reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas o la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, según corresponda, sin que ello vulnere el principio non bis in ídem.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, relativo a los efectos, consistente en: 3) determinar que, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa y a los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
El señor Ministro José Fernando Franco González Salas no asistió a la sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve por gozar de vacaciones, en virtud de haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al segundo período de sesiones de dos mil diecisiete.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Rúbrica.- Hizo suyo el asunto, Ministro Javier Laynez Potisek.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de veinte fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 105/2017. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de enero de dos mil veinte.- Rúbrica.
1 Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial, si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
2 Fojas 168 a 265 del expediente.
3 Foja 50 del expediente
4 Articulo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional
XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte
5 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, pág. 865. Registro: 181395.
6 Sesión de ocho de agosto de dos mil dieciséis. Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por la invalidez total del artículo 69, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado III, relativo al estudio de fondo, en su primera parte, consistente en declarar la invalidez del artículo 69, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción normativa Secuestro.
7 Sesión de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con salvedades, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. con salvedades, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, relativo a la incompetencia del Congreso local para legislar en relación con los delitos de secuestro y trata de personas, consistente en declarar la invalidez de los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, en las porciones normativas secuestro y trata de personas.
8 Sesión de tres de agosto de dos mil quince. Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz apartándose de algunas argumentaciones, Luna Ramos, Franco González Salas en contra de consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I. con reservas, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, por lo que ve a la declaración de invalidez de los artículos 29 Bis y 100, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Sonora y 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales del Estado.
9 Artículo 24. La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando: I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley; II. Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación; III. Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley; IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, o V. Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o
colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada. La víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada.
10 Tercero. La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas.
11 Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acción de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004; Pág. 863. Registro digital: 181398.
12 A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI y XXXVII, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.
13 Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI, XIII, XIV y XV, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
14 Cuyo texto es el siguiente: Conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este Alto Tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas debe ser clara y se advierta del estudio de la problemática planteada. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, febrero de 2006, pág. 1169, registro 176056]
15 Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener: I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; II. Los preceptos que la fundamenten; III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados; IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen; VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación.
16 SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día diecinueve de julio de dos mil diecisiete, previa publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libc:'.ad", órgano de difusión del Estado de Morelos.
17 Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.