Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/25862
Timestamp: 2020-02-26 07:46:25
Document Index: 366130190

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HJ System - Decision: AUTO 8/2019
AUTO 8/2019, de 12 de febrero
(BOE (Official State Gazzete) number 67, of 19 March 2019)
ECLI:ES:TC:2019:8A
1. El 17 de octubre de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal oficio del Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona, al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 105-2016 que se tramita ante dicho Juzgado, el auto de 8 de octubre de 2018, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en adelante, LGSS 1994).
b) En fecha 15 de diciembre de 2016 presentó demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que se le concediera la pensión de viudedad solicitada. La demandante sostuvo una convivencia estable, notoria e ininterrumpida de más de veinte años con el causante. En cuanto a la acreditación de dicha circunstancia, efectuó las siguientes alegaciones: (i) se habían adjuntado a la reclamación administrativa diversos certificados (entre ellos, unos de convivencia emitidos por el Ayuntamiento de Sitges para el periodo a partir de 12 de julio de 1998), contratos de alquiler de vivienda, cuentas bancarias y el testamento del causante; (ii) la falta de inscripción registral se debe a la inexistencia de registro de parejas de hecho en el citado municipio y (iii) el concepto de pareja de hecho y su acreditación debe efectuarse de acuerdo con lo que disponga la legislación específica: la legislación catalana, aplicable en el supuesto, no exige inscripción en registro alguno, razón por la cual la jurisprudencia (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, de 16 de abril de 2012 y 21 de octubre de 2009) exime de dicho requisito a las solicitudes de pensión de viudedad, siempre que se cumplan el resto de los requisitos (convivencia ininterrumpida por dos años).
c) Por providencia de 24 de octubre de 2017, se acordó dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que realizaran alegaciones respecto a la pertinencia de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las partes y el Ministerio Fiscal formularon alegaciones dentro del término conferido. Las alegaciones del Letrado del Instituto Nacional de la Seguridad Social no solo se refirieron a la no pertinencia de la cuestión prejudicial, sino también, con cierta extensión, a la constitucionalidad del precepto legal aplicable en el supuesto. Por auto de 2 de febrero de 2018 el órgano judicial acordó finalizar el incidente, toda vez que no se consideró procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial.
d) Por providencia de misma fecha (2 de febrero de 2018), el órgano judicial planteó la posibilidad de formular cuestión de inconstitucionalidad con respecto al artículo 174.3, párrafos primero, segundo y tercero, LGSS 1994, que era la vigente en el momento del hecho causante con base en la posible vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 CE, en relación con el artículo 41 CE.
e) Mediante auto de 3 de abril de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 LGSS 1994.
f) El Tribunal Constitucional, mediante Auto 71/2018, de 20 de junio, acordó inadmitir a trámite la referida cuestión de inconstitucionalidad, de acuerdo con las alegaciones del Fiscal General del Estado, por entender que “la cuestión promovida solo estaría bien planteada si la estimación o desestimación de la demanda en el procedimiento a quo dependiera únicamente de la validez o invalidez de la parte de la norma que se refiere a los requisitos económicos, dependencia que no se encuentra debidamente justificada en el auto de planteamiento”.
g) Por providencia de 16 de julio de 2018 se abrió nuevamente a las partes el trámite de alegaciones previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en los mismos términos que en la resolución previa, del mismo Juzgado, de 2 de febrero de 2018, si bien razonando esta vez sobre el requisito de la convivencia de hecho, considerándolo cumplido a tenor de las SSTC 40/2014, de 11 de marzo, y 44/2014 y 45/2014, de 7 de abril. En definitiva, el órgano judicial planteó la posible vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 CE, en relación con el artículo 41 CE, con la siguiente argumentación: “en tanto que, una vez equiparada la situación de las personas que han contraído matrimonio con las parejas de hecho, se establece el requisito de dependencia económica a estas parejas, a diferencia de las personas que han contraído matrimonio, lo cual no encontraría ninguna explicación razonable de este tratamiento diferenciado, pues el fundamento de la pensión sería el mismo para los supérstites de un matrimonio que de una pareja de hecho y la situación de necesidad a la cual se refiere el artículo 41 de la Constitución Española se produce con la falta o minoración de los ingresos de la unidad familiar, lo cual afecta de igual modo al sobreviviente de un matrimonio como de una pareja de hecho”.
h) Por escrito de 6 de septiembre de 2018, la parte demandada (la entidad gestora) alegó que no cabía el planteamiento de la cuestión porque persistían los defectos en la formulación del juicio de relevancia que motivaron la anterior inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad, razonando que la demandante y el causante no se habían constituido en forma legal en pareja de hecho y contradiciendo los argumentos del juzgado (básicamente arguyendo que tuvieron quince meses para poder formalizar en documento público su convivencia); y porque no existían dudas de la constitucionalidad del artículo 174.3, párrafos primero, segundo y tercero, LGSS.
La parte demandante mostró su conformidad con el planteamiento de la cuestión, y con la apreciación de la concurrencia del requisito de convivencia; y el Ministerio Fiscal no se opuso, pronunciándose únicamente desde la perspectiva formal, en particular sobre la adecuación del contenido de la providencia a lo indicado en el ATC 71/2018, y dejando el estudio del fondo del asunto para la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
i) Mediante auto de 8 de octubre de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 LGSS 1994.
a) Por lo que respecta al juicio de relevancia, en los mismos términos que empleó en el anterior auto de planteamiento, el órgano judicial afirma que “la relevancia del precepto cuestionado está fuera de toda duda, ya que se prevé que las parejas de hecho reconocidas a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, y por tanto susceptibles de recibir el mismo tratamiento que los matrimonios, se les requiere el requisito de ingresos mínimos que no está previsto para estos últimos, sin que se justifique esa diferencia de trato y por tanto, según criterio de este magistrado, la aplicación del precepto deriva del tratamiento desigual de ambas situaciones”.
No obstante, el órgano judicial recuerda que, mediante el ATC 71/2018, de 20 de junio, el Tribunal Constitucional inadmitió la anterior cuestión de inconstitucionalidad planteada por ese mismo juzgado, por no resolver sobre la condición de pareja de hecho de la demandante con el causante: “dado que se plantea como requisito de admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad la resolución sobre la condición de pareja de hecho, procede en este momento despejar la duda sobre si el requisito de convivencia como pareja de hecho concurre”. En consecuencia, a continuación expone por qué considera que concurre el requisito de convivencia. Estos son los elementos de su razonamiento:
- La STC 40/2014, de 11 de marzo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo quinto del artículo 174.3 LGSS, que decía que “en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica”. En el apartado final del fundamento jurídico 6 se indicó que dicha declaración de nulidad solo tendría efectos para el futuro: “esta declaración de inconstitucionalidad solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme”.
- De modo que, cuando se publicó la STC 40/2014, con efectos ex nunc a partir de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (12 de abril de 2014), el requisito de inscripción en el registro de parejas de hecho era de imposible cumplimiento: no existía a nivel autonómico ningún registro al efecto, y no fue hasta que se dictó dicha Sentencia, que no se promulgó el Decreto Ley 3/2015, de 6 de octubre, relativo a la creación de registros de parejas estables, en cuyo preámbulo se justifica expresamente la regulación de dicho registro con la finalidad de facilitar, entre otras, el derecho a percibir de la Seguridad Social la pensión de viudedad, si bien el registro no entró efectivamente en funcionamiento hasta el 3 de abril de 2017.
b) En cuanto a la justificación de la duda de constitucionalidad, afirma que “la exigencia a las parejas de hecho de que exista ‘dependencia económica’ para poder causar derecho a la pensión de viudedad atenta contra el principio de igualdad ante la ley, con respecto a las parejas casadas”. Señala que existe una diferencia de trato pues se exigen ciertos requisitos económicos en un caso y no en el otro. Esa diferencia de trato entre formas de unión se justifica así en el preámbulo de la Ley 40/2007: “La ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación, intentando con ello una aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial. No obstante, habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad”.
4. Por providencia de 28 de noviembre de 2018, la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó oír a la Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, y a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), alegase lo que considerase conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuere notoriamente infundada.
5. La Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 3 de enero de 2019.
a) De forma previa al análisis de los tres primeros párrafos del artículo 174.3 LGSS 1994, considera procedente informar que resulta notoriamente contraria a la doctrina constitucional la decisión judicial de tener por cumplido en el proceso subyacente el requisito de constitución formal de pareja de hecho a los efectos de la pensión de viudedad, establecido en el párrafo cuarto del artículo 174.3 LGSS, sin que se haya producido ni la inscripción en registro alguno de parejas de hecho, ni la formalización de la misma en documento público, sino solo por acreditar la existencia de pareja de hecho de acuerdo con las exigencias del derecho civil catalán: de esta forma, se hace aplicación de lo que se establecía en el párrafo quinto del artículo 174.3 LGSS, que fue declarado inconstitucional en la STC 40/2014, de 11 de marzo, a un fallecimiento que se ha producido dentro de los dos años siguientes a dicha sentencia.
La doctrina constitucional establecida en la citada STC 40/2014, confirmada posteriormente en las SSTC 44/2014, 45/2014 y 51/2014, todas ellas de 7 de abril, y en la STC 60/2014, de 5 de mayo, supone que, al suprimirse el párrafo quinto del artículo 174.3, en todas las comunidades autónomas es de aplicación lo dispuesto en el párrafo cuarto de dicho precepto. En consecuencia, la necesidad de inscripción o formalización en documento público de la situación de pareja de hecho, para obtener la pensión de viudedad, pasa a ser exigible en todo el territorio nacional (STC 40/2014, FJ 4). Por ello, la Fiscal General estima que no se trata de una cuestión de interpretación de la legalidad ordinaria, sino del cumplimiento de lo dispuesto en una Sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a su propia eficacia, cuya declaración de inconstitucionalidad, según el fundamento jurídico 6 de la STC 40/2014, “sólo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme”. El órgano judicial, en suma, señala la Fiscal General, limita la eficacia de la Sentencia de forma contraria a su texto, pues la aplaza en Cataluña hasta dos años después de su dictado.
b) Entrando ya en el análisis de la duda de constitucionalidad, comienza recordando la doctrina constitucional sobre el derecho de igualdad ante la ley, según la cual no toda diferencia de trato implica una infracción del artículo 14 CE, sino solo aquella que, suponiendo una diferencia entre situaciones iguales, no tenga una justificación objetiva y razonable, y cuyas consecuencias jurídicas no sean desproporcionadas (STC 40/2014, de 11 de marzo, FJ 4). Respecto de la diferencia de trato entre matrimonios y parejas de hecho, señala que, de acuerdo con la doctrina constitucional, el matrimonio es una institución constitucionalmente protegida (art. 32 CE) mientras que las uniones de hecho no son una institución garantizada por la Constitución, por lo que no son equivalentes, de donde resulta que el establecimiento por la norma de diferencias entre ambas instituciones no es per se contrario al derecho a la igualdad ante la ley. Esta doctrina fue aplicada específicamente a la pensión de viudedad: así, en la STC 41/2013, FJ 3, con referencia a la STC 184/1990. En el auto de planteamiento se reconoce la existencia de esa doctrina constitucional, citando ambas Sentencias y reproduciendo textualmente varios párrafos de ellas, pero viene a considerarla obsoleta o superada (“el Tribunal Constitucional consideró en su momento que la diferencia de trato entre parejas casadas —de derecho— y no casadas —de hecho— era una decisión del legislador que no vulneraba el artículo 14 CE, pero cuando el legislador ha establecido la equiparación de ambos tipos de parejas, aunque con determinados requisitos para las de hecho, que no se discuten ahora, no hay razón que justifique la diferencia de trato entre ambos tipos de unión, cuando resulta que las necesidades son idénticas en ambos tipos de familia”).
- La conformidad de la regulación del artículo 174.3 LGSS con el artículo 14 CE, en relación con los requisitos económicos establecidos para la obtención de la pensión de viudedad por los supervivientes de las parejas de hecho ha sido confirmada recientemente por el ATC 167/2017, de 12 de diciembre, FJ 4.
1. La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en adelante, LGSS 1994), actualmente derogados pero vigentes en el momento en el que se solicitó la pensión de viudedad que constituye el objeto del litigio en el procedimiento a quo. De todas formas, la redacción del mencionado precepto coincide plenamente con la del vigente artículo 221.1 del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.
Por el contrario, la Fiscal General del Estado, tras dejar constancia de las razones por las que no considera ajustado a la STC 40/2014, de 11 de marzo, el razonamiento que se efectúa en el auto de planteamiento sobre la formalización de la situación de pareja de hecho, lo que de por sí llevaría a excluir la aplicabilidad de los preceptos legales cuestionados al supuesto de hecho abordado en el procedimiento a quo, interesa la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por ser notoriamente infundada.
2. El artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que este Tribunal puede rechazar las cuestiones de inconstitucionalidad en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada.
En el presente caso, tal como se indicó en los antecedentes, el auto de planteamiento ha proporcionado un extenso razonamiento sobre la concurrencia del requisito de convivencia, dejando claro que, a diferencia del auto de planteamiento promovido anteriormente por el mismo órgano judicial, la misma duda de constitucionalidad y en el mismo procedimiento a quo (inadmitida a trámite por el ATC 71/2018, de 20 de junio, por incumplimiento de los requisitos procesales), la estimación o desestimación de la demanda solo depende ya de la constitucionalidad de la norma legal que establece el requisito de los ingresos mínimos. La circunstancia de que tanto el Letrado de la parte demandada en el procedimiento a quo como la Fiscal General del Estado en este proceso constitucional se hayan opuesto en sus alegaciones a esa interpretación de la legalidad ordinaria no es óbice para entender cumplido el juicio de relevancia de la cuestión de inconstitucionalidad suscitada, pues el cumplimiento del juicio de relevancia no tiene que ver con la calidad o el acierto del razonamiento jurídico desarrollado sobre el juicio de relevancia, sino con la aportación de un razonamiento que muestre suficientemente que la cuestión de inconstitucionalidad promovida no persigue un juicio de constitucionalidad abstracto, desligado del proceso a quo. Este Tribunal viene reiterando que es a los jueces y tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a los que corresponde comprobar y exteriorizar dicho juicio de relevancia, sin que este Tribunal pueda “sustituir, rectificar o integrar el criterio de los órganos judiciales proponentes” (por todas, STC 166/2012, de 1 de octubre, FJ 2).
No obstante, por las razones que se van a exponer a continuación puede apreciarse ya en este trámite liminar que la cuestión planteada es notoriamente infundada, expresión que según nuestra doctrina no tiene otro alcance y significado que el de la constatación de su falta de viabilidad, “sin que ello signifique un juicio peyorativo sobre la duda de constitucionalidad trasladada por el órgano judicial” (entre otros muchos, AATC 37/2015, de 17 de febrero, FJ 2; y 112/2015, de 23 de junio, FJ 2).
3. El artículo 174.3 LGSS 1994 ha sido objeto de diversos pronunciamientos de este Tribunal desde la perspectiva del artículo 14 CE (SSTC 41/2013, de 14 de febrero; 40/2014, de 11 de marzo; 44/2014, 45/2014 y 51/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo, y ATC 167/2017, de 12 de diciembre). Así, hemos declarado que la exigencia de acreditación de la pareja de hecho mediante los mecanismos probatorios legalmente contemplados no vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley (STC 51/2014), aunque sí lo vulneraba la existencia de diversos grados de exigencia entre las legislaciones de las comunidades autónomas que disponen de derecho civil propio y las comunidades autónomas que no disponen de él (STC 40/2014, confirmada por las SSTC 44/2014, 45/2014, 51/2014 y 60/2014). Igualmente hemos declarado que vulneraba el artículo 14 CE el requisito de la descendencia común que se exigía a las parejas de hecho para obtener la modalidad de pensión por hechos causantes ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley (STC 41/2013), aunque no la diferencia de trato entre parejas de hecho, a efectos del derecho a la pensión de viudedad, en función del umbral de rentas, ligado a la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad (ATC 167/2017). Hasta la fecha, en definitiva, las dudas de constitucionalidad abordadas en la jurisdicción constitucional se habían referido a pretendidas desigualdades entre distintos tipos de parejas de hecho: entre parejas de hecho cuya convivencia estaba acreditada y parejas de hecho cuya convivencia no lo estaba, entre parejas de hecho con descendencia común y parejas de hecho sin ella, entre parejas de hecho con descendencia común pero con diferente umbral de rentas y, finalmente, entre parejas de hecho cuya acreditación de la convivencia se regía por el derecho civil privativo de una Comunidad Autónoma y parejas de hecho a las que aplicaban los mecanismos probatorios contemplados en el artículo 174.3 LGSS.
Pues bien, de los propios materiales jurídicos que utiliza el órgano judicial promotor para fundamentarla (el preámbulo de la Ley 40/2007 y las SSTC 184/1990 y 41/2013) se puede extraer sin dificultad la conclusión de que su duda de constitucionalidad resulta notoriamente infundada, como bien advierte la Fiscal General del Estado:
a) De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. No toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el artículo 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, por lo que veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios, carentes de una justificación razonable o que produzcan resultados excesivamente gravosos o desmedidos (por todas, STC 149/2017, de 18 de diciembre, FJ 3).
b) Ciertamente, el órgano judicial no argumenta que sean situaciones iguales, sino que son situaciones que habrían sido equiparadas jurídicamente, y así lo afirma expresamente tanto en la providencia de 16 de julio de 2018 como en el auto de planteamiento de 8 de octubre de 2018. En consecuencia, siempre según el razonamiento del órgano promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, deberían ser tratadas de la misma forma por el legislador, o bien la diferencia de trato normativo tendría que contar con una justificación objetiva y razonable.
c) Finalmente, debe advertirse que, en contra de lo que se sostiene en el auto de planteamiento de la cuestión, la doctrina sentada en la STC 41/2013, FFJJ 3 y 4, contiene fundamentos suficientes para descartar la duda de constitucionalidad que aquí se plantea. Entonces este Tribunal señaló lo siguiente:
“3 [L]a exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema público de Seguridad Social no pugna con el artículo 14 CE, toda vez que ‘el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes. El matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, y el derecho del hombre y de la mujer a contraerlo es un derecho constitucional (art. 32.1)… Nada de ello ocurre con la unión de hecho more uxorio, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento’. Por consiguiente, nada se opone constitucionalmente a que ‘el legislador, dentro de su amplísima libertad de decisión, deduzca razonablemente consecuencias de esa diferente situación de partida’ (STC 184/1990, FJ 3). Lo que significa que ‘no serán necesariamente incompatibles con el artículo 39.1 CE, ni tampoco con el principio de igualdad, las medidas de los poderes públicos que otorgan un trato distinto y más favorable a la unión familiar que a otras unidades convivenciales, ni aquellas otras medidas que favorezcan el ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio (art. 32.1 CE), siempre, claro es, que con ello no se coarte ni se dificulte irrazonablemente al hombre y la mujer que decidan convivir more uxorio’ (STC 184/1990, FJ 2).
Así pues, siendo el derecho a contraer matrimonio un derecho constitucional, el legislador puede establecer diferencias de tratamiento entre la unión matrimonial y la puramente fáctica, concluyéndose que ‘la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre cónyuges y quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer matrimonio no es arbitraria o carente de fundamento’ (STC 184/1990, FJ 3), ni resulta discriminatoria desde la perspectiva del artículo 14 CE, pues la exigencia del vínculo matrimonial para tener derecho a la pensión de viudedad “no está privada de justificación objetiva y razonable” (STC 184/1990, FJ 4; doctrina que se reitera en términos similares en SSTC 29/1991, 30/1991, 31/1991, 35/1991 y 38/1991, todas ellas de 14 de febrero; 77/1991, de 11 de abril; 29/1992, de 9 de marzo; y 69/1994, de 28 de febrero; y AATC 188/2003, de 3 de junio; 47/2004, de 10 de febrero; 77/2004, de 9 de marzo; 177/2004, de 11 de mayo; 393/2004, de 19 de octubre, y 203/2005, de 10 de mayo)…
4. [V]alga recordar una vez más que, en la determinación de las situaciones de necesidad que han de ser atendidas, el legislador tiene un amplio margen de apreciación a la hora de regular y modificar las prestaciones para adaptarlas a las necesidades del momento, teniendo en cuenta el contexto general en que aquellas situaciones se producen, las circunstancias socioeconómicas, la disponibilidad de medios de financiación y las necesidades de los diversos grupos sociales, así como la importancia relativa de las mismas (SSTC 65/1987, de 21 de mayo, FJ 17; 134/1987, de 21 de julio, FJ 5; 97/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 184/1990, FJ 5, y 197/2003, de 30 de octubre, FJ 3, por todas).
… Tal es, justamente, la ordenación de la pensión de viudedad en el caso de parejas de hecho estables que introduce la Ley 40/2007 (dando nueva redacción al artículo 174.3 LGSS) para hechos causantes acaecidos a partir de su entrada en vigor (1 de enero de 2008), de tal suerte que su reconocimiento se fundamenta en la concurrencia de una situación real de necesidad del supérstite, en función de su nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas familiares.”
La legitimidad constitucional de la decisión del legislador al configurar así la pensión de viudedad de parejas de hecho del artículo 174.3 LGSS 1994 en la reforma introducida por la Ley 40/2007 no ofrece dudas, a la vista de los razonamientos contenidos en la STC 41/2013, FFJJ 3 y 4, antes transcritos. En efecto, desde la perspectiva del artículo 14 CE nada impide que el legislador pueda regular legítimamente la pensión de viudedad de las parejas de hecho “condicionando su reconocimiento o su cuantía (o su compatibilidad con otras rentas del trabajo o pensiones del beneficiario) a la existencia de un estado real de necesidad del supérstite o de dependencia económica del causante, así como, en su caso, a la existencia de cargas familiares” (STC 41/2013, FJ 4). Por tanto, es perfectamente constitucional una regulación de la pensión de viudedad para parejas de hecho de las características de la introducida por la Ley 40/2007, que no replique enteramente el régimen jurídico de la pensión de viudedad previsto para los matrimonios, en particular una regulación cuyo “reconocimiento se fundamenta en la concurrencia de una situación real de necesidad del supérstite, en función de su nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas familiares” (STC 41/2013, FJ 4).
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 67 ] 19/03/2019
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 5383-2018
Date of the decision 12/02/2019
Se plantea la constitucionalidad de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de seguridad social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, actualmente derogados pero vigentes en el momento en que se solicitó una pensión de viudedad. Los preceptos impugnados establecían que la pensión de viudedad se otorga a la pareja de hecho sobreviviente si se acredita una dependencia económica con respecto al causante, mientras que tal requisito no se prevé para las parejas unidas en matrimonio.
Se inadmite la cuestión por notoriamente infundada. El auto establece que el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual, aunque debe justificarse objetiva y razonablemente el trato diferenciado. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 41/2013, el auto concluye que no es discriminatorio establecer diferencias de tratamiento legal entre la unión matrimonial y la unión de hecho para el acceso a la pensión de viudedad. El matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, lo cual no ocurre con la unión de hecho, por lo que existe una justificación objetiva y razonable para regular la pensión de viudedad de forma distinta. Por tanto, es válido que se exija acreditar un estado real de necesidad del supérstite o de dependencia económica hacia el causante.
Artículo 174.3 (redactado por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre), f. 3
Artículo 221.1, f. 1
Tratamiento diferenciado en prestaciones de la Seguridad SocialTratamiento diferenciado en prestaciones de la Seguridad Social, ff. 1, 3
MatrimonioMatrimonio, f. 3
Pensión de viudedadPensión de viudedad, ff. 1, 3
Unión de hechoUnión de hecho, ff. 1, 3