Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-368.CODI.%29
Timestamp: 2019-07-18 11:28:33
Document Index: 360165608

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 368, de 13/06/2018
cve: BOCG-12-D-368
161/003338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la retirada de honores, condecoraciones y cualquier otro tipo de reconocimiento que vulnere lo establecido en la Ley de Memoria Histórica ... (Página4)
161/003327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las medidas a adoptar para garantizar el mantenimiento del empleo en las empresas del Grupo Duro Felguera, S.A. ... (Página5)
161/003328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estudio e impulso de la conexión ferroviaria entre Soria y Castejón ... (Página6)
161/003330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la bonificación y bajada de tarifas al mínimo legal en la autopista AP-7 ... (Página7)
161/003331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas para paliar los daños ocasionados por las obras de la autovía A-44 o autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical, a su paso por el municipio de Vélez de Benaudalla (Granada) ... (Página8)
161/003334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el estudio informativo "Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña". Clave EI-4-LC-0016. Provincia de A Coruña y partida asignada a esta cuestión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 ... (Página9)
161/003337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén ... (Página10)
161/003326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada ... (Página12)
161/003336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a simplificar el procedimiento de homologación de titulaciones universitarias extranjeras ... (Página13)
161/003340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a posibilitar la declaración de equivalencia de los títulos universitarios extranjeros homologados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre ... (Página14)
161/003320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de impulsar el turismo sostenible a través de tasas sobre estancias turísticas ... (Página15)
161/003321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de una Vicepresidencia de la Transición Ecológica ... (Página18)
161/003322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impedir el paso por el mar territorial de buques que alberguen centrales nucleares flotantes ... (Página20)
161/003323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección medioambiental del lecho marino de las Islas Canarias tras el hallazgo de yacimientos de hafnio ... (Página22)
161/003342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica ... (Página23)
161/003325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de una Red Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios de la Red Natura 2000 ... (Página27)
161/003329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adecuación de la zona de la playa Babilonia, de Guardamar del Segura (Alicante) ... (Página29)
161/003332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de presas en las ramblas de Lebor en Totana y Las Moreras en Mazarrón, en la Región de Murcia ... (Página30)
161/003341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la corrección de las desigualdades territoriales en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) que sufre la agricultura de Teruel y otros territorios en el contexto de la Reforma de la PAC ... (Página31)
161/003335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la especialidad de urgencias y emergencias ... (Página33)
161/003324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora de la transparencia y la adopción de medidas que limiten el cobro de gastos de gestión y distribución en la compra-venta de entradas online ... (Página34)
161/003339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que los padres y madres separados/as o divorciados/as no pierdan los derechos que otorga el título de familia numerosa o carné individual del mismo ... (Página35)
161/003333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público ... (Página36)
181/001125 Pregunta formulada por el Diputado don Marc Lamuà Estañol (GS), sobre iniciativas previstas para desencallar el proyecto del Archivo Provincial de Girona, que ha quedado completamente frenado debido a las malas relaciones institucionales entre el Delegado del Gobierno en Cataluña y la Alcaldesa de Girona ... (Página38)
181/001126 Pregunta formulada por el Diputado don Marc Lamuà Estañol (GS), sobre motivos por los que el Gobierno no hizo efectiva la transferencia al Ayuntamiento de Figueres correspondiente a la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí ... (Página38)
181/001127 Pregunta formulada por el Diputado don Marc Lamuà Estañol (GS), sobre previsiones acerca de la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí ... (Página38)
Estereotipos sexistas existentes en el entorno sanitario... (Página39)
184/034610 Autor: Montero Soler, Alberto
Realización por Caja de Burgos de una consulta por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad acerca de su conversión o no en Fundación Bancaria tras su integración en Caixabank y de su derecho a nombrar a dos miembros en el Consejo de Administración de CaixaBank, así como existencia de una solicitud de un informe de dicho Ministerio a la Abogacía del Estado para instar a Caja de Burgos a convertirse en Fundación Bancaria... (Página39)
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la retirada de honores, condecoraciones y cualquier otro tipo de reconocimiento que vulnere lo establecido en la Ley de Memoria Histórica, para su debate en la Comisión de Interior.
Según informaciones periodísticas, el ex inspector de policía José Antonio González Pacheco, conocido como el torturador Billy el Niño, percibe una pensión anual vitalicia equivalente al 15 % de 14 mensualidades de sueldo y trienios en virtud de haber recibido la medalla de plata al Mérito Policial en 1977. Hasta ahora, tanto a preguntas por escrito como orales por parte de este Grupo Parlamentario, así como ante la petición oficial de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para su retirada, el Gobierno ha optado por no retirar esta condecoración y los privilegios asociados a ella.
El "Boletín Oficial del Estado" de 1 de julio de 1977, recoge que el inspector de primera García Pacheco recibió esta condecoración "en atención a los méritos que concurren en el interesado". La orden está firmada por el ministro de la Gobernación de aquella época, Rodolfo Martín Villa, y fue otorgada el 13 de junio de aquel año, dos días antes de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista y la posterior constitución del primer Gobierno elegido democráticamente tras la guerra civil.
Resulta notorio que es contrario a la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, la conocida como Ley de Memoria Histórica, que un agente policial como José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, identificado como interrogador por múltiples personas víctimas de tortura en la Dirección General de Seguridad, continúe ostentando la medalla de plata al Mérito Policial en 1977 en atención a sus méritos.
Siendo este, con seguridad, el caso más mediático, es bastante probable que no sea el único, sino que podamos encontrar muchos otros ejemplos de reconocimiento de distinto tipo en personas vinculadas a los aparatos represivos de la dictadura militar. Es inaceptable que en un estado democrático reconocidos torturadores de centenares de luchadores antifranquistas puedan seguir cobrando una pensión vitalicia de esta índole o sean honrados de cualquier manera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para:
1. Revertir de manera inmediata una situación contraria a la ética, a los principios democráticos y a la dignidad de las víctimas, retirando la condecoración a José Antonio González Pacheco y anulando los privilegios asociados a ella.
2. Iniciar de manera inmediata la revisión de cuantas concesiones de este tipo de condecoraciones y reconocimientos a miembros de la policía política del franquismo se hayan establecido para retirar aquellas que vulneren lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica en cuanto a la prohibición de subvenciones o ayudas a personas que supongan una exaltación de la represión de la Dictadura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003327
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad relativa las medidas a adoptar para garantizar el mantenimiento del empleo en las empresas del Grupo Duro Felguera, S.A.
Fundada hace más de 160 años, Duro Felguera, S.A., constituye un raro ejemplo de supervivencia y adaptación al cambio de una empresa industrial, hasta el punto de poder ser considerada una compañía emblemática de la industria asturiana, La actividad del Grupo se ha expandido en los últimos 30 años, desarrollando proyectos a nivel internacional y manteniendo sedes en Reino Unido, Canadá, China, Australia y en varios países de América Latina y África, entre otros.
Con un negocio diversificado en diferentes áreas las sociedades de la compañía emplean de manera directa a cerca de 2.000 personas, que se concentran sobre todo en Asturias y Madrid, y en torno a otras 2.000 personas que trabajan de manera permanente para empresas proveedoras y/o auxiliares del Grupo.
Los resultados de las empresas del Grupo arrojaron beneficios hasta el año 2014. En 2015, pese a haber entrado en pérdidas, la dirección del Grupo repartió dividendos por valor de 16 millones de euros. Desde entonces, y pese al mantenimiento de la actividad productiva, la empresa ha venido incrementando pérdidas, cerrando el ejercicio en 2017 con un resultado negativo de 254,5 millones, hasta acumular una deuda de 271 millones de euros al término de 2017.
La dirección del Grupo y los sindicatos calculan que se necesitaría una ampliación de capital de 125 millones de euros para poder renegociar la deuda y garantizar el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo. La representación de las y los trabajadores confirma los cálculos de la empresa. Sin embargo, ni la banca -rescatada con dinero público- ni el Gobierno asturiano han sido capaces hasta ahora de ayudar a encontrar una solución que garantice el mantenimiento del empleo.
La situación se agrava día a día, y recientemente la dirección comunicó al Comité de Empresa un Expediente de Regulación de Empleo de extinción para un porcentaje aún sin determinar de la plantilla compuesta por 470 personas en Gijón y 88 en Madrid en Duro Felguera, S.A. (DFSA) y la intención de reducir la masa salarial un 20 % en todo el grupo empresarial, después de haber aplicado a la plantilla reducciones y congelaciones salariales durante más de cinco años.
La situación del grupo empresarial hace prever que pueda esperarle el mismo futuro a Duro Felguera Operaciones y Montajes (DFOM) y Duro Felguera Calderería Pesada (DFCP-El Tallerón), lo que supondría la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en Gijón. A ello habría que añadir el efecto devastador que tendría sobre las empresas auxiliares del Grupo y sobre el empleo en las mismas.
Esta situación de dificultad deriva de la exigencia de las entidades financieras a Duro Felguera, S.A., para sacar adelante un plan de viabilidad que no han dado a conocer a las y los trabajadores ni a sus representantes. En caso de que ese plan de viabilidad no se acordara, el Grupo se vería abocado a su
cierre definitivo. La pérdida de empleos directos e indirectos supondría un drama social, así como un nuevo mazazo a la industria asturiana.
Poner en marcha de manera urgente un plan de captación de inversiones a nivel estatal para ayudar al mantenimiento de la actividad y el empleo de las empresas del Grupo Duro Felguera, S.A. Cualquier a apoyo a las empresas del grupo deberá condicionarse a una garantía de mantenimiento del 100 % de los puestos de trabajo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Segundo González García, Sofía Fernández Castañón y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003328
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el estudio e impulso de la conexión ferroviaria entre Soria y Castejón, para su debate en la Comisión de Fomento.
La línea de ferrocarril Soria-Castejón, sin servicio desde 1996, comprendía el trazado entre las estaciones de Soria y Castejón de Ebro, contando con un trazado de vía única sin electrificar y formando parte de la Línea Torralba-Castejón, que conectaba la línea Madrid-Barcelona en Torralba con las líneas Zaragoza-Bilbao y la Castejón-Alsasua-lrún, en Castejón de Ebro (Navarra).
El cese del servicio de esta línea de comunicación ha contribuido al aislamiento de una amplia zona del eje del Ebro y la meseta castellana. Con ello se reincide en un círculo vicioso que se basa en despoblación pérdida de servicios -aislamiento- más despoblación. Todo lo contrario, precisamente de lo que supuso la construcción y desarrollo de las líneas de ferrocarriles en el siglo XIX, que demostraron precisamente que las vías ferroviarias contribuyen al progreso social y económico y a la redistribución de la población en el territorio.
Recientemente, varios municipios de La Rioja, Soria y Navarra han reivindicado la reapertura de dicho servicio ferroviario, con el objetivo de impulsar las comunicaciones en unas zonas desfavorecidas en esta materia, y que causa un grave perjuicio para el desarrollo socioeconómico del entorno en igualdad de condiciones y oportunidades.
Asimismo, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, establece el marco para el desarrollo de infraestructuras de transporte en España en los próximos años impulsando el modo ferroviario tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías. La recuperación de esta infraestructura ferroviaria facilitaría la consecución de los objetivos del plan y de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
1. Estudiar el efecto que la reapertura de una conexión ferroviaria entre Soria y Castejón tendría para la fijación de la población en estos territorios, su desarrollo socioeconómico, y las necesidades de comunicación de la población.
2. Impulsar dicha conexión ferroviaria, modificando su trazado si fuera necesario, con el fin de evitar los antiguos tránsitos urbanos, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo social y económico de municipios y zonas con problemas específicos de despoblación, así como el crecimiento económico en La Rioja, Soria y Navarra.
3. Ampliar la declaración de Obligación de Servicio Público al tramo ferroviario Soria-Castejón para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y la vertebración territorial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-César Luena López, Jesús María Fernández Díaz y Javier Antón Cacho, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003330
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre bonificación y bajada de tarifas al mínimo legal en la autopista AP-7, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Gobierno de España tomará el control de manera progresiva de las autopistas de peaje quebradas, de tal modo que asumirá la gestión de las autopistas actualmente en concurso de acreedores. Entre 2018 y 2021, terminan de forma escalonada los plazos de concesión de la gran mayoría de autopistas de peaje de competencia estatal y por lo tanto, si no se realizan ampliaciones de los mismos, retornarán al sector público de forma automática y sin coste adicional.
Con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Gobierno de España instó al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que el Ministerio de Fomento pasará hacerse cargo de estas vías.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías, entre ellas la autopista AP-7 Cartagena-Vera, que pasará a manos estatales el 1 de abril.
Dadas las circunstancias y sin entrar en valoraciones sobre el negocio ruinoso que ha supuesto la autopista Cartagena-Vera, nos encontramos ante una oportunidad de apostar por un nuevo modelo de gestión pública de esta vía que hoy día se encuentra infrautilizada.
La AP-7 cuenta con un total de nueve peajes. Comienzan en el troncal de Vera A-7 y termina en el troncal de Cartagena oeste. A lo largo de los 115 kilómetros de los que consta existen siete puntos de peaje a los laterales y que son el de Cuevas del Almanzora-Los Lobos, Pulpí-San Juan de los Terreros, Águilas-Lorca, Calabardina-Cabo de Cope, Ramonete-Cañada de Gallego-Puntas de Calnegre, Totana-Mazarrón-Puerto de Mazarrón y Tallante-Las Palas-Fuente Álamo.
Según datos oficiales la franja con mayor actividad circulatoria corresponde a Mazarrón y Águilas. El tráfico de pago de la parte murciana casi duplica a la almeriense, donde el tramo Pulpí-Cuevas de Almanzora es el menos transitado.
Además, se da la circunstancia que los ciudadanos de Mazarrón tienen como centro sanitario de referencia el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena que para desplazarse hasta la ciudad portuaria, si realizan el desplazamiento por la actual AP-7, les supone un coste aproximado de 11 euros totales de ida y vuelta; una cantidad desorbitada que tienen que asumir los vecinos de Mazarrón cuando se ven obligados acudir a su centro sanitario de referencia.
Y si optan por una ruta alternativa a través de la RM-332 tienen que transitar por una carretera secundaria de montaña, con numerosas curvas peligrosas y aumentando el tiempo de desplazamiento en más de 20 minutos respecto de la AP-7, lo que en caso de urgencia sanitaria podría ser determinante.
1. Mantener en el sector público la autopista AP-7 Cartagena Vera quebrada y rescatada con dinero público, no volviendo a concesionar.
2. Reducir al mínimo legal permitido las tarifas actualmente en vigor con carácter general.
3. Establecer una bonificación del cien por cien para los usuarios de la AP-7 en el tramo Mazarrón-Cartagena empadronados en el término municipal de Mazarrón."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003331
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a paliar los daños ocasionados por las obras de la Autovía A-44 o autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical, a su paso por el municipio de Vélez de Benaudalla (Granada), para su debate en la Comisión de Fomento.
Tras la construcción del tramo de la Autovía A-44 o autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical, tramo lzbor-Vélez de Benaudalla, cuya finalización se produjo en mayo de 2009, se hicieron por parte del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla varias advertencias al Ministerio de Fomento. Dichas indicaciones iban encaminadas a señalar que el sistema hidrológico (cuencas, barrancos y corrientes de agua) de la zona en la parte alta del municipio, había sido modificado con influencia negativa para el municipio de Vélez de Benaudalla.
Estas alteraciones introdujeron desvíos en los cursos de agua respecto a los que hasta ese momento habían conducido el agua de forma natural y sin ocasionar daños al sistema hídrico existente y el resto de las infraestructuras. A consecuencia de todo ello, en septiembre de 2015 tras una intensa precipitación, gran parte del municipio se vio afectado por estas modificaciones.
Como consecuencia de dichas afecciones resultaron calles inundadas, sistemas de saneamiento y pavimentos destruidos, así como otros diversos daños materiales.
Hasta ahora se han mantenido numerosas comunicaciones con los técnicos del Ministerio de Fomento, los cuales no han tenido ningún resultado satisfactorio para atender las demandas de este municipio.
Además, se han celebrado varias reuniones por parte del Ayuntamiento con el Subdelegado del Gobierno de España en Granada, para presentar y exponer el problema, su solución y presupuesto, que aproximadamente son 180. 000 euros, mediante un informe técnico, todo ello también sin resultado hasta la fecha.
1. Estimar y aprobar los informes y soluciones técnicas presentadas por el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla.
2. Adoptar además cualquier otra solución encaminada a subsanar las carencias sobre el sistema hidrológico que presenta la mencionada autovía, que puedan ocasionar daños materiales y humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003334
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el estudio informativo "Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña". Clave EI-4-LC-0016. Provincia de A Coruña y el 1. 000. 000 de euros asignado a esta cuestión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, para su debate en la Comisión de Fomento.
Con fecha 20 de noviembre de 2014 el "Boletín Oficial del Estado",publicó un anuncio de información al público sobre un Estudio Informativo "Prolongación el acceso al Puerto Exterior de A Coruña". Clave EI-4-LC-0016. Provincia A Coruña. En dicho estudio se plantean varias alternativas y por la propia metodología marcada por el Ministerio de Fomento se selecciona la Alternativa 3, con un trazado en el contorno de los polígonos industriales de Vío y Pocomaco que conectaría la Autovía de Acceso al Puerto Exterior AC-15 y la AC-14.
El Ayuntamiento de Arteixo observa posibles "deficiencias" en la valoración de las alternativas presentadas por el Ministerio de Fomento y decide por la unanimidad de sus grupos políticos en el Pleno Municipal, PP, PSOE, BNG y TEGA, presentar alegaciones a dicho Estudio Informativo, avaladas por un estudio técnico realizado por el arquitecto Ángel Monteoliva Díaz en las que se pide que se establezca como mejor alternativa la denominada "0", más adecuada desde el punto de vista medioambiental y de territorio, con la consiguiente liberación del peaje y abono del peaje en sombra, con la variante de que la supresión del peaje se refiera a la AG-55 en la totalidad del tramo A Coruña-Arteixo, con una inversión valorada por el estudio encargado por la administración local de Arteixo en unos 22,3 millones de euros, mientras que la elegida ascendería en un principio a 32,3 millones de euros según el propio estudio informativo.
La propia ciudadanía llevo a cabo movilizaciones contra una posible decisión del Ministerio lesiva para sus intereses y respaldando las alegaciones de la Corporación del Ayuntamiento de Arteixo, también numerosos ayuntamientos del entorno, de todo signo político y la propia Diputación Provincial de A Coruña dio su apoyo a la propuesta del Ayuntamiento de Arteixo.
El 6 de noviembre de 2017, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con resolución dictada por delegación del Ministro de Fomento aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente dicho Estudio Informativo sin atender la propuesta arteixá. El Ayuntamiento de Arteixo impugna esta decisión con idéntico resultado, abriéndose ahora el plazo oportuno para el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que todos los Grupos Políticos con representación en el Ayuntamiento de Arteixo están dispuestos a presentar.
Ahora, el Gobierno de España presenta una partida de 1. 000.000 de euros en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 para el desarrollo de esta infraestructura. También se presupuesta un enlace en el núcleo de Meicende de la AC-15, importante para desalojar el transporte pesado derivado de la industria petroquímica existente en el núcleo y que por segundo año se incluye en los presupuestos, después de que en 2017 no se haya utilizado dicha partida. El Gobierno sigue omitiendo la necesidad de desarrollar otro acceso a dicha autovía en el núcleo de Suevos, donde también desarrolla su actividad una importante empresa con alta actividad de vehículos pesados, aunque el Grupo Parlamentario Socialista haya solicitado en 2017 presupuestarlo.
- Renunciar a la partida de 1. 000. 000 de euros destinada a la Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña y dedicarla a la construcción de un nuevo enlace de la AC-15 en la parroquia de Suevos.
- Tomar en consideración las aspiraciones legítimas del Ayuntamiento de Arteixo y de los ciudadanos de las comarcas de A Coruña, Bergantiños y Costa da Morte, renunciando a la construcción de esta nueva infraestructura y aceptar la propuesta de desarrollar la alternativa presentada por el Ayuntamiento de Arteixo, basada en la alternativa "0", por ser la mejor solución social, ambiental y de respeto al territorio de las suscitadas en el Estudio Informativo, negociando con el Gobierno de la Xunta de Galicia la liberación del peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo.
- Reunirse con los representantes del Ayuntamiento de Arteixo en la búsqueda de una solución negociada del conflicto antes de la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte del Ayuntamiento de Arteixo ante la Audiencia Nacional por la decisión adoptada por el Ministerio de Fomento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2018.-Pilar Cancela Rodríguez y Ricardo Antonio García Mira, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003337
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén, para su debate en la Comisión de Fomento.
Por su situación estratégica, la provincia de Jaén, siempre ha tenido un papel esencial en la vertebración ferroviaria de Andalucía, hasta finales del siglo XX, momento en el que se dan dos hechos que cambiaron su papel: en primer lugar, en el año 1992, la inauguración de la línea de AVE Madrid-Sevilla. Y en segundo lugar, la construcción de la primera línea de alta velocidad de Córdoba (dentro del proyecto de Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía). Esto supuso la pérdida de protagonismo de la estación de Linares/Baeza, que hasta entonces había sido el eje vertebrador, tanto para Andalucía Occidental como Oriental.
El proyecto de Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía (NAFA), surgió ante la necesidad de resolver el problema de explotación que se producía al paso por Despeñaperros, en la conexión ferroviaria entre la Meseta Central y Andalucía, con una saturación del 140 %. El desfiladero andaluz era un cuello de botella que estrangulaba cualquier intento de hacer crecer el ferrocarril.
Para resolver el problema, se estudió una solución de trazado alternativo, la llamada -variante de Brazatortas- como segundo acceso ferroviario a Andalucía. Este acceso, a pesar de haberse concebido como una alternativa, se ha convertido en el eje principal de paso a la comunidad andaluza y ha aislado al eje oriental de las actuaciones de alta velocidad, como a su cada vez más lejano acceso a la Red Europea.
En 2006, con la aprobación del Plan Activa Jaén, se da un nuevo impulso al transporte ferroviario de la provincia. Este plan trae consigo un gran número de licitaciones durante el periodo 2006-2011, se licitaron el 98,22 % de las inversiones previstas.
Esto, se tradujo en un incremento de los servicios hacia Madrid y Andalucía Occidental con la consiguiente adquisición de trenes de la red convencional y de alta velocidad; la construcción del intercambiador de Alcolea como nexo entre la red convencional y la de alta velocidad en la línea de Jaén- Sevilla; la licitación e inicio de las obras de la LAV (en los tramos de Jaén-Grañena y Casas de Torrubia Linares), así como el Estudio Informativo de la Línea de Altas Prestaciones Jaén-Córdoba.
Pero en 2012, con la llegada al Gobierno del Partido Popular, las actuaciones de mejora anteriores han ido decayendo hasta mínimos históricos con una inversión mínima; sirva de ejemplo la falta de inversión en la LAV Jaén-Madrid, que ha sufrido la paralización de las obras que ya estaban en marcha en algunos de sus tramos, concretamente los tramos Jaén-Grañena y Casas de Torrubia-Linares; el anuncio por parte del Ministerio de Fomento de la supresión de la doble vía de la LAV Jaén-Madrid. Así como la pérdida de servicios ferroviarios, el cierre del intercambiador de Alcolea y una falta de mantenimiento en la red cada vez más grave.
Pero además, en los Presupuestos Generales de 2017, la dotación presupuestaria denominada "Línea de Alta Velocidad Jaén-Madrid" desapareció. En vez de este proyecto presupuestario, el Ministerio pasó a dotar una nueva partida denominada Proyecto de alta velocidad por una mejora y modernización de la red convencional entre Jaén y Madrid". lo que se traduce en un abandono por parte del Gobierno de la provincia de Jaén y una situación claramente discriminatorio frente a las Líneas de Alta Velocidad de Granada y Huelva, que aparecían en sus presupuestos de 2017 como "LAV Granada Bobadilla" y "LAV Sevilla-Huelva", con sus correspondientes dotaciones presupuestarias.
Es evidente la enorme influencia que las infraestructuras ferroviarias tienen en el desarrollo de cualquier territorio. Por ello la provincia de Jaén no puede continuar aislada en el mapa ferroviario y con un déficit en infraestructuras ferroviaria que ha aumentado por la discriminación a la que se ve sometida por parte del Gobierno del Partido Popular; el cual decidió no solo no dotar presupuestariamente la LAV Jaén-Madrid en 2017; sino que en el Proyecto presentado en 2018 ha reafirmado su decisión de aislar definitivamente la provincia de Jaén del transporte ferroviario puntero e innovador forjado durante el último Gobierno socialista.
1. En la línea Jaén-Madrid:
a) Recuperación del modelo de doble vía con velocidades superiores a los 220 km/h.
b) Dotar con presupuesto suficiente en los próximos ejercicios presupuestarios para terminar las obras de los tramos ya iniciados en la provincia de Jaén.
c) Licitación de las obras en los tramos Grañena-Casas Torrubia y Vadollano-Santa Cruz de Mudela y dotar de presupuesto suficiente para ejecutarla en los próximos dos años.
2. En la línea Jaén-Córdoba:
a) Licitar los proyectos pendientes desde 2012 y dotar presupuesto suficiente para la consiguiente ejecución.
3. En la línea Jaén-Granada:
a) Agilizar la tramitación administrativa que se encuentran paralizados desde 2012 y que han sido eliminados de los últimos ejercicios presupuestarios.
4. Red convencional:
a) Aumentar la inversión en el acondicionamiento de esta red mientras se ejecuta la red de alta velocidad con el fin de no perjudicar a los usuarios.
b) Renovar la flota de trenes por otros con mayores prestaciones.
5. Servicios ferroviarios:
a) Instaurar nuevos horarios que se adapten a las necesidades de los usuarios.
b) Puesta en funcionamiento del intercambiador de Alcolea, paralizado desde 2013.
c) Elaboración y ejecución del proyecto de un intercambiador de vías en Aranjuez, que facilite la conexión de Jaén con la red de alta velocidad del Levante.
d) Incrementar los servicios diarios directos desde Jaén y Linares-Baeza hacia Madrid, así como a las capitales de la comunidad autónoma.
e) Establecer conexiones ferroviarias directas con el Levante (Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2018.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003326
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Considerando el peso que la enseñanza concertada tiene en el conjunto del sistema educativo, siendo una pieza clave porque contribuye, junto a los centros públicos, a garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.
Que el Ministerio de Educación, a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de la legislación con carácter básico es un agente esencial en las cuestiones organizativas y socioeconómicas del sector de los centros privados sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos.
Que entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada como "instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines".
1. Convocar y constituir la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible, definiendo la composición de la misma, su desarrollo reglamentario y un primer orden del día con los temas más prioritarios que afectan al sector.
2. Promover desde esta Mesa, con carácter urgente, la reanudación de los trabajos llevados a cabo hasta el año 2011 por la comisión constituida al amparo de la Disposición Adicional 292 de la LOE para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en régimen de gratuidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003336
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a simplificar el procedimiento de homologación de titulaciones universitarias extranjeras, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales por Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha sido objeto de modificación al menos en ocho ocasiones. En consecuencia, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha devenido acompañada de una sucesiva regulación debido a la falta de previsión en sus inicios, en 2007, en lugar de una correcta ejecución normativa universitaria del conocido proceso de Bolonia.
Desde el Gobierno del Partido Popular se ha buscado siempre el acuerdo y el consenso de la comunidad universitaria para establecer planes de estudios oficiales entre los 180 créditos y los 240 créditos y, actualmente, para dar respuesta a la demanda de las propias universidades acerca de la universidad dual o los programas conjuntos.
Un acuerdo del Consejo de Universidades permite conocer al estudiante la carga lectiva de los estudios universitarios que quiere cursar o que está cursando, en aras al objetivo de internacionalización de los egresados universitarios españoles dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Además se dota a las Universidades de parámetros que permiten garantizar la eficacia y la eficiencia en la elaboración de planes de estudios y se facilita a la Universidad la tramitación del correspondiente procedimiento de verificación de titulaciones universitarias.
El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, tiene una triple finalidad: la homologación de títulos extranjeros que permiten el acceso a una profesión regulada en España; la declaración de equivalencia a nivel académico, de títulos universitarios extranjeros que no dan acceso al ejercicio de una profesión regulada y, por último, el establecimiento de un procedimiento para la determinación del nivel que corresponda del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, de las titulaciones universitarias Pre Bolonia.
Este último objetivo se ha cumplido de forma exitosa por el Gobierno y, en la actualidad, todos los títulos universitarios del histórico catálogo han sido objeto de correspondencia al nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior).
Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior en el año 2000 y su concreción en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, tan solo es necesario homologar las titulaciones universitarias que permiten el acceso a una profesión regulada y, como norma general, las titulaciones que permiten el acceso a una profesión regulada son las titulaciones de Máster, si bien es posible, que haya titulaciones universitarias de grado que permitan el acceso a una profesión regulada.
Por todo ello, es necesario simplificar la tramitación del procedimiento de homologación de titulaciones universitarias extranjeras, para garantizar el acceso al mercado de trabajo a la mayor brevedad posible de los titulados universitarios que hayan egresado en una universidad extranjera.
- Realizar las modificaciones necesarias del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para dar coherencia y seguridad jurídica al sistema universitario español.
- Realizar las modificaciones necesarias en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado; para agilizar los trámites y simplificar la tramitación en el procedimiento de homologación de titulaciones universitarias extranjeras."
161/003340
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deportes
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Sergi Miquel i Valentí y don Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate ante la Comisión de Educación y Deporte, una Proposición no de Ley para posibilitar la declaración de equivalencia de los títulos universitarios extranjeros homologados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
El proceso de convergencia europea en materia de educación superior ha conducido a la renovación de las titulaciones oficiales ofertadas por las Universidades españolas, a regular la correspondencia a nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) de las antiguas titulaciones universitarias y a adaptar los procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior.
A estos objetivos responde entre otros, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
El citado Real Decreto tiene como objeto por un lado, regular la homologación, la equivalencia a titulación y a nivel académico, así como determinados aspectos de la convalidación de períodos de estudios extranjeros de educación superior por los correspondientes españoles de enseñanzas universitarias, de acuerdo con la nueva estructura de formación universitaria. Y por otro lado, establecer un procedimiento que permita al Ministerio de Educación determinar el nivel MECES al que corresponde cada título universitario de los anteriores a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.
Sin embargo, el señalado Real Decreto parece tener en su aplicación algunas disfunciones, concretamente en lo que se refiere a lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Transitoria primera "Régimen transitorio de los procedimientos". En este apartado el Real Decreto determina que "en los supuestos de solicitudes de homologación tramitadas conforme al Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, o al Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior, en los que haya recaído resolución en el momento de entrada en vigor de esta norma, no podrá iniciarse un nuevo procedimiento de homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico, con base en el presente real decreto, por lo que las solicitudes de inicio de nuevos procedimientos serán inadmitidas".
De acuerdo con ello, los títulos extranjeros de educación superior que fueron homologados con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto no pueden iniciar un nuevo procedimiento de homologación o de equivalencia con base al nuevo marco normativo y al parecer estas homologaciones pueden haberse realizado sin que los estudios hayan sido vinculados a un área de conocimiento. Lo que a la práctica genera multitud de problemas, entre otros por ejemplo, para trabajar como profesor de secundaria o profesor de universidad. Y ello además de perjudicar específicamente a las personas afectadas, repercute y reduce los beneficios de los alumnos puesto que personas adecuadamente formadas en áreas de conocimiento concretas que además son bilingües no pueden ejercer la docencia.
Por todo ello, las Diputadas y Diputados del Partit Demòcrata (PDeCAT) presentamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el apartado segundo de la disposición transitoria primera del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, con el objetivo de que los ciudadanos que hubieran cursado estudios superiores en el extranjero puedan solicitar la declaración de equivalencia a una rama de conocimiento y de esta forma obtener una especialidad, también respecto de los títulos correspondientes a estos estudios homologados con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto. Y a adoptar las medidas oportunas para ampliar las titulaciones que permiten impartir docencia, incluyendo títulos oficiales de máster y doctorado, que habiliten para una determinada especialidad, independientemente de la rama de conocimiento de los estudios de grado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2018.-Sergi Miquel i Valentí, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003320
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados Alberto Rodríguez Rodríguez y Josep Vendrell Gardeñes y la Diputada Àngela Ballester, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la necesidad de impulsar el turismo sostenible a través de tasas sobre estancias turísticas.
Ya en su séptimo período de sesiones, celebrado en abril de 1999, La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, manifestó la necesidad de que se fijara un código ético mundial para el turismo e invitó a la Organización Mundial del Turismo a fomentar la consideración e idoneidad de que los principales grupos participaran en la elaboración, la aplicación y la supervisión de su Código Ético Mundial para el Turismo. Fruto todo ello, sobrevino la proclamación del año 2002 Año Internacional del Turismo Ecológico, en la que, el Consejo Económico y social reconocía el respaldo que había recibido de la Organización Mundial del Turismo en cuanto a difundir la importancia del turismo ecológico, enfocado a la mejora de los lazos de identidad entre los pueblos de todo el mundo, fomentar la expansión del conocimiento de la riqueza del patrimonio de las diferentes culturas de la tierra y potenciar su valorización.
El propio Código Ético Mundial para el Turismo, establece en su articulado que los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. En este sentido y según el Código, las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos. Se deberá procurar la distribución del tiempo y en el espacio los movimientos de turistas, equilibrando mejor la frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. Se concebirá la infraestructura y se
programarán las actividades turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la flora silvestre.
Son especialmente asertivas las manifestaciones que realiza el propio Código, para indicar que los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando estas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente enriquecedoras y revalorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares turísticos. Por tanto el establecimiento de límites al turismo está recogido por el propio Código Ético Mundial para el Turismo, y no supone por tanto una petición estrambótica por parte de colectivos u organizaciones políticas, sino antes al contrario, un ejercicio de responsabilidad para con la ciudadanía y su "modus vivendi" presente y futuro.
Se precisan por tanto, medidas urgentes en aplicación del Código Ético Mundial de Turismo que cambien el actual modelo de masificación, así como el de la desprotección de nuestro territorio. Véase a modo de ejemplo, el incumplimiento en nuestro país de su "Art.9" por los importantes niveles de desigualdad entre los trabajadores del sector turístico de las ciudades afectadas. Así como el "Art.5" de la misma legislación mundial de turismo, para que la actividad turística tenga empleo de calidad y que su objetivo final sea también mejorar la vida a los residentes locales. La normativa vigente de financiación específica para los destinos turísticos, resulta insuficiente y basa su desarrollo turístico en la gran capacidad hotelera, véase a modo de ejemplo el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Según el mismo se establecen como requisitos para tener derecho a la financiación específica como municipio turístico, lo siguiente: no ser capital de provincia o de su comunidad autónoma, tener una población de derecho entre 20. 000 y 75. 000 habitantes y que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. Las características exigidas por la normativa, basan su desarrollo turístico en la gran capacidad hotelera y no en la segunda residencia, que no es considerada por la administración estatal a los efectos de cómputo para la fijación municipio turístico, por lo que muchos municipios dejan de percibir importantes ingresos correspondientes a la tasa impositiva de los consumos de tabaco y carburantes que se contabilizan en su término municipal.
La necesidad de que las instituciones públicas puedan prestar servicios, a partir de los beneficios generados por el turismo para poder realizar las necesarias inversiones que mejoren la calidad de los servicios públicos es un ejercicio de mera coherencia y redistribución de la riqueza. Para ello se debe compensar el coste medioambiental que supone el gran volumen de recepción de turistas, el coste de mantenimiento de los servicios públicos, así como la puesta al día de nuevas infraestructuras. De lo contrario, seguirán siendo los residentes de zonas turísticas los que asumirán unas condiciones de vida menos sostenibles y los que se verán sujetos a una mayor presión fiscal, mientras los beneficios se reparten entre unos pocos empresarios no necesariamente radicados en el territorio del que obtienen dichos beneficios. La dotación de ingresos necesarios para que los ciudadanos de los diferentes territorios alcancen una igualdad de derechos y los recursos de su territorio no se vean esquilmados, es un asunto por tanto de primera necesidad política.
Los grupos de turoperadores formados en la década de los sesenta, anticiparon desde esa época que España era una oportunidad de destino vacacional, principalmente de invierno. Si bien, es innegable que actualmente, hay una ligazón entre las grandes corporaciones turísticas internacionales y la especulación inmobiliaria que ha tejido una urdimbre cercana en buena medida al poder político en los últimos treinta años. Todo ello, ha traído consigo entre otras la generación de riqueza, la creación de empleos, así como, tasas elevadas de abandono escolar, urbanismo residencial de aluvión y grandes impactos en el litoral.
Por ello, es inevitable observar que es una demanda social la necesidad de definición de los problemas del sector y establecer políticas públicas en esa dirección que permitan, conservar la impronta ecológica, incorporar al modelo turístico una visión sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. La mejora de los recursos naturales y culturales es una herramienta clave para fomentar mejores oportunidades de empleo e ingreso en las muy diversas profesiones relacionadas.
Tanto es así, que la propia patronal turística advirtió recientemente al Gobierno de que el techo turístico habría sido desbordado ya en distintos puntos de España, con indicadores que superarían los diez turistas diarios por cada cien habitantes. Afeando de este modo la defensa recurrente por parte del Gobierno del único criterio de análisis del Gobierno, el número de turistas. En lugar de invertir en los bienes culturales y naturales añadiéndoles conocimiento humano para crear un valor sostenible, mejorar la formación y las condiciones para emprender en el ámbito sostenible y experiencias con mayor valor añadido.
Una tasa que compense a la sociedad por el coste medioambiental que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente en el territorio, contribuye inexcusablemente a mejorar las condiciones de vida de los territorios y por ende, de la sociedad española. En este sentido, el liderazgo y las herramientas pueden ser fomentadas desde la administración central, si bien las competencias en materia turística están descentralizadas, no así aquellas tocantes al empleo y la energía entre otras. El objetivo del turismo debe ser mejor las condiciones de vicia de la sociedad, y en este aspecto la ecotasa puede ayudar a paliar una de los principales problemas que genera el turismo de masas, el impacto sobre el territorio, lo que a la postre puede redundar en la adaptación del modelo turístico que permita generar unas condiciones de empleo diferentes y no introducir incentivos para que persista el alza de precios de las viviendas en las zonas turísticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Alberto Rodríguez Rodríguez y Àngela Ballester Muñoz, Diputados.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.
161/003321
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados don Juantxo López de Uralde y don Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la creación de una Vicepresidencia de la Transición Ecológica.
El cambio climático constituye el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad en su conjunto, con consecuencias potencialmente devastadoras para las futuras generaciones. A día de hoy no existe duda de que la causa fundamental del calentamiento global son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por diferentes actividades humanas que son centrales en el actual modelo de civilización: la producción industrial, la generación de energía mediante fuentes no renovables (hidrocarburos), el transporte u otras actividades tales como la agricultura o la ganadería intensivas. Desde 1992, estas emisiones se han incrementado un 62 %, con resultados gravísimos para el incremento de la temperatura del planeta: de los últimos 136 años, los diez más cálidos pertenecen al periodo que va desde 1998 hasta 2016.
La magnitud del desafío y las consecuencias irreversibles derivadas del fenómeno han convertido el cambio climático en un problema político de primer orden a nivel global. La mitigación del cambio climático, por un lado, y la adaptación a sus efectos ya inevitables, por otro, requieren una verdadera transición energética y una gobernanza climática eficaz, conciliando a todos los agentes implicados en torno a un interés común e impulsando políticas basadas en los pilares de la Unión de la Energía y los Acuerdos de la XXl Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de París (COP 21). Unas políticas que se deberán concretar en un amplio conjunto de mecanismos e instrumentos que afecten a todos los sectores de actividad de la economía (sector energético, industrial, transporte, económico, etc.).
Es evidente que hasta el momento las medidas adoptadas para mitigar los efectos del cambio climático están resultando insuficientes. Por lo que se refiere al papel de los diferentes gobiernos de España, estos prácticamente se han limitado a transponer en el derecho estatal las exigencias mínimas de la Unión Europea, y cabe apuntar que en las dos últimas legislaturas el proceso de declive de las políticas ambientales se ha venido acentuando de forma preocupante. Prueba de ello es que desde 2011 España no cuenta con un Ministerio que tenga corno eje principal el Medio Ambiente y que no esté subsumido junto a Pesca, Alimentación y Agricultura, y hoy las competencias ambientales se mantienen relegadas a un escalón de importancia inferior integradas en una única Secretaría de Medio Ambiente. Asimismo, los continuos conflictos entre el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a cuenta de la todavía no nata Ley de Cambio Climático evidencian la clara falta de coordinación entre ministerios así como la falta de estrategia para afrontar el cambio climático.
Entre las razones que explican esta falta de voluntad política en la lucha para contrarrestar el cambio climático por parte de los Gobiernos, es clave la falta de adecuación de la arquitectura institucional necesaria para abordar las políticas necesarias para combatir el cambio climático. En este sentido, conviene señalar que la envergadura de los procesos que deben ponerse en marcha, así como la transversalidad de los mismos, exigen una coordinación que requiere superar el marco de reglamentación actual. Un marco normativo y competencial que prioriza entre otras, las especificidades técnicas de cada Ministerio y su propio negociado, obviando que debe existir un análisis completo que permita el despliegue de políticas de adaptación y mitigación de forma coordinada, o la efectividad de las mismas estará condenada al fracaso. Del mismo modo, la aplicación de incentivos económicos indirectos basados en la lógica de mercado se ha demostrado ineficiente, ya que la estricta aplicación de esa lógica es la que ha generado el problema ante el que se enfrenta nuestra sociedad. En resumen, es necesaria una estrategia global desarrollada con coherencia, ya que la actual conformación del Gobierno no permite acometer los retos que se le presentan a España ante el cambio climático.
Así, la realidad del cambio climático plantea la necesidad de que sea tratada desde una perspectiva de gobernanza climática que tenga en cuenta la transversalidad del fenómeno, y por lo tanto se coordinen e integren las políticas climáticas (y ambientales) en otras políticas (energéticas, industriales, de transporte, económicas, etc.). Para conseguirlo es necesario adaptar las administraciones actuales a esta nueva realidad. Algunos países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, ya han orientado su estructura de Gobierno en dirección hacia la transición energética y hacia una economía descarbonizada. En Francia, la creación de un Ministerio de la transición ecológica y solidaria con competencias transversales en economía, transporte, energía, medio ambiente, etc., ha supuesto un auténtico avance en términos de eficacia y eficiencia en la lucha contra el cambio climático. Otros países como Suecia, ya disponen de un Ministerio de Medio Ambiente y Energía desde 1987, del que forman parte entre otras las siguientes Agencias Gubernamentales: Dirección General de Territorio, Instituto Meteorológico e Hidrológico o la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Por ello, se plantea la creación de una nueva Vicepresidencia de la Transición Ecológica que, contando con la estructura y recursos suficientes, asuma la responsabilidad de llevar a cabo las tareas de diseño, planificación, ejecución y evaluación de políticas ambientales a gran escala, aunando competencias de todos los sectores afectados e implicados, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, y facilitando el control democrático por parte de la ciudadanía de la toma de decisiones a través de mecanismos de participación y transparencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.
161/003322
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados don Juantxo López de Uralde y don Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a impedir el paso por el mar territorial de buques que alberguen centrales nucleares flotantes.
Sin embargo, si existe un referente histórico en nuestro país de las preocupaciones que entraña la navegación y transporte de sustancias o materiales nucleares, este fue la sucesión de incidentes y quejas diplomáticas acaecidas en el año dos mil. Todo ello, a consecuencia de un submarino atómico británico conocido como el Tireless. Este submarino fondeó en el Puerto de Gibraltar tras tener una fuga de refrigerante en su reactor nuclear, que ocasionó un vertido más de doscientos litros de agua
radioactiva en el mar mediterráneo. El atraque de este submarino, trajo consigo las labores consiguientes de reparación que hicieron permanecer durante más de un año en Gibraltar al submarino de infausto recuerdo.
La inauguración ha venido precedida de contundentes protestas por parte de los Estados cercanos, como Noruega y Suecia entre otras, además de la controversia generada entre la propia ciudadanía de San Petersburgo.
El uso que pretende hacer la Federación de Rusia del mismo, es el de suplir una central térmica en las aproximaciones del estrecho de Bering, constituyéndose en soporte eléctrico de las ciudades rusa en entornos remotos. Sin embargo, la finalidad última del proyecto del que el "Académico Lomonosov" es punta de lanza, parece ser contar con una posición de privilegio para poder explorar la extracción de recursos petrolíferos en el Océano Ártico, pudiendo operar en zonas aisladas.
La introducción de este tipo de buques supone una ruptura del paradigma existente, según el cual el peligro nuclear en el medio marino se circunscribía a la propulsión nuclear de buques y/o al traslado de armas o sustancias nucleares. A pesar de no ser la primera la central flotante de generación de energía, la información publicada sí resulta alarmante, en tanto en cuanto estaríamos ante un plan de producción que prevé una línea importante en el corto plazo. Tanto es así, que países como China, Argelia, Argentina o Indonesia podrían haber manifestado su interés por que Rosatom construya centrales de esta característica para ellos. Las centrales nucleares flotantes parecen por tanto, constituirse como un nuevo vector de la política energética y estratégica, que pueden llegar a introducir un arsenal de riesgo en el medio marino de imposible justificación.
En atención a lo precedente, el presidente ruso, habría apostado por el despliegue permanente de desplegará permanentemente de una fuerza naval en el mar Mediterráneo. Cualquier extensión de la misión internacional de la Federación Rusa en Siria, podría eventualmente acarrear en un futuro el paso de este tipo de centrales nucleares flotantes ante el mar territorial español, en particular ante la costa andaluza.
España debe asumir un papel de clara oposición ante los riesgos emergente de este tipo de actividad en entornos frágiles, además de un rol de garante ante eventuales riesgos que entrañaría el paso de centrales nucleares flotantes por nuestro mar territorial. El paso de los mismos, supondría un peligro para toda fa zona económica exclusiva de España, en este sentido cabe recordar que disponemos de cuatro zonas, la región cantábrica y atlántica, la mediterránea junto con la región del Golfo de Cádiz y la zona de las Islas Canarias. Un peligro que afectaría a la calidad de las aguas, a los recursos naturales, a las zonas pesqueras, y en definitiva a la seguridad de las personas y a la economía del pais.
161/003323
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez y don Josep Vendrell Gardeñes presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la protección medioambiental del lecho marino de las Islas Canarias tras el hallazgo de yacimientos de hafnio.
El hafnio es un material codiciado, debido a la escasa concentración presente en muy pocos territorios del planeta, y más aún, por su importancia como recurso necesario para la innovación tecnológica y verde, especialmente en la electrónica aplicada a las energías renovables. Otros usos serían los destinados a desarrollos informáticos de vanguardia y aquellos relativos a finalidades militares.
El actual modelo de desarrollo industrial internacional, tiene la necesidad de disponer de amplias reservas de hidrocarburos y minerales, entre ellos las denominadas tierras raras. Buena prueba de ello, resultó la salida a la luz del cable diplomático de Estados Unidos filtrado por Wikileaks en el que se enumeraban los minerales estratégicos por su grado de dependencia para dicho país, así como los países en que se acumulaban dichas reservas. Documento de la Secretaría de Estado, con la clasificación de Secreto, y número 015113, de fecha 18 de febrero de 2009, con el asunto "Request for information: critical foreign dependencies".
En este sentido, al hallazgo de telurio en aguas cercanas a las Islas Canarias, ha venido a sumarse según las publicaciones de científicos apoyados por un equipo académico internacional, la presencia de grandes concentraciones de hafnio en el lecho marino de las islas orientales del archipiélago canario.
El hallazgo viene a sumarse al reciente descubrimiento de telurio, si bien en este segundo caso su localización se encontraría a más de doscientas millas marinas de la isla del Hierro, y podría ser objeto de disputa con la República Árabe Saharaui Democrática y Reino de Marruecos debido a la actual delimitación de las aguas canarias. En este sentido cabe señalar que actualmente Canarias no dispone de aguas como territorio propio con competencias exclusivas.
La presencia de hafnio, sumada a la del telurio, requiere de un posicionamiento y garantías que no expongan al territorio canario a los intereses y presiones de las grandes empresas mineras, con los problemas geopolíticos asociados que podría traer consigo, como una alta inestabilidad política en el territorio. La falta de estudios estratégicos y de impacto medioambiental por parte de España, podría eventualmente dar lugar a procesos de extracción que afecten a los ecosistemas naturales y a la salud de las personas. No en vano, estamos ante un elemento radioactivo con los riesgos inherentes a su extracción y tratamiento.
Por todo ello, la presencia de depósitos minerales, ha llevado aparejada en muchos territorios la presencia de lobbies y grupos de presión. De hecho, la minería internacional está actualmente concentrada en unas pocas empresas, fundamentalmente de Reino Unido, Estados Unidos y Australia. En un territorio como el de las Islas Canarias, en el que actualmente se pretende implantar la canalización de gas a espaldas de su ciudadanía, con el visto bueno del Gobierno de España y el de Canarías, surgen evidentes dudas sobre el verdadero fin y las oportunidades que podría implicar una actividad extractiva en el fondo
marino. En este sentido, basta recordar el precedente existente con los permisos concedidos por el Gobierno español para prospeccionar hidrocarburos en zonas próximas a la isla de Fuerteventura, concretamente por el ex ministro José Manuel Soria, a la compañía Repsol.
Conforme a lo precedente, resulta crucial que se requiere la máxima transparencia y conocimiento de las gestiones y estudios que se realizan en territorio canario, evitando generar un efecto llamada para que fondos especuladores pretendan realizar una actividad extractiva que ponga en riesgo el "modus vivendi" de la población canaria.
En este sentido, se puede producir una afectación directa y efectos económicos, que dañarían con especial incidencia al sector pesquero. Desde la sociedad civil, se han vivido con especial preocupación y concienciación, los riesgos que contra el patrimonio natural existen, en particular el impacto en el territorio, la gestión de residuos derivados de las actividades extractivas, y la afectación a rutas principales turísticas que es uno de los principales sustentos de la economía canaria. En definitiva, una amplia mayoría de la población se viene oponiendo directamente al desarrollo de actividades económicas que pongan en peligro la calidad de nuestros recursos hídricos y la conservación del medioambiente, que ataca sin lugar a dudas, como se ha expuesto, al desarrollo humano y económico del territorio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Es igualmente conocido que las razones que explican estos precios tan elevados son varias. Tanto el déficit de tarifa, como los elevadísimos costes de distribución o las prácticas oligopólicas de las eléctricas han sido culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años. Respecto a las prácticas oligopólicas, el episodio más reciente de esta sucesión de despropósitos relacionados con la regulación del precio de la electricidad ha venido dado por la detección por parte de numerosos clientes y organizaciones de consumidores de que existen empresas comercializadoras de electricidad que habrían estado facturando erróneamente varios conceptos de la factura, que van desde deficiencias de facturación de los peajes de acceso del término de la potencia contratada hasta deficiencias de facturación por no uso o instalación del maxímetro. Estas irregularidades se habrían estado produciendo desde 2001 hasta la actualidad y estarían afectando tanto a hogares como a empresas y administraciones públicas.
En lo que se refiere a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, la normativa del sector eléctrico, por la que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno en la forma que reglamentariamente se determine y tendrán el carácter de máximos y, por tanto, no son importes aprobados por las comercializadoras, las cuales en el caso de hacerlo estarían incurriendo en una irregularidad. Del mismo modo, la normativa específica que los costes que incluirán las tarifas de acceso son los de transporte de energía eléctrica; de distribución y los costes de gestión comercial reconocidos a los distribuidores por atender a suministros de consumidores cualificados conectados a sus redes que adquieren su energía ejerciendo su condición de cualificados. Esto último reitera que las tarifas de acceso son para el pago de los citados costes, entre los cuales ya está incluido el de comercialización reconocida a algunas distribuidoras, por lo que de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno.
Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el uso de maxímetro, éstas vienen de nuevo por un exceso de facturación. Según reguló el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. En 2001, los contadores eran mecánicos y no incorporaban maxímetro, los cuales empiezan a ser instalados alrededor del año 2008. Lo que ocurre entre 2001 y 2008 es que algunas comercializadoras habrían estado facturando de forma sistemática el 100 % de la potencia contratada cuando en realidad deberían haber facturado el 85 % debido a que los contadores no incorporaban los elementos necesarios para facturar correctamente la potencia contratada. Cabe recordar en este caso que durante el tiempo que se cita, en la gran mayoría de los suministros la potencia contratada siempre se encontraba por encima de las necesidades, ya que era un concepto económico y no se tenían en cuenta los excesos o penalización para su configuración, por lo que las cantidades cobradas indebidamente por las comercializadoras podrían alcanzar cifras realmente elevadas. Pero todavía se estaría produciendo un agravante añadido y es que aun existiendo
el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, algunas comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100 % de la potencia contratada, incurriendo en un incumplimiento claro de la normativa legal.
Pero no acaban aquí las irregularidades detectadas en la facturación de la energía eléctrica, no limitándose las mismas a la actividad de comercialización eléctrica, sino siendo en muchos casos responsabilidad de las distribuidoras eléctricas. Según los estudios realizados por el Ingeniero, don Antonio Moreno Alfaro, cuatro millones de usuarios en Andalucía y, muy posiblemente, más de veinte millones en el resto de España podrían haber padecido facturaciones indebidas. Según estos estudios, a partir del 18.09.2003, fecha de entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante, REBT), aprobado por el Real Decreto 842/2002 (BOE de 18.09.2002), y, sobre todo, tras la publicación de la Resolución de 14.03.2006 de la Dirección General de Política Energética y Minas (BOE de 28.03.2006), cuyo Anexo incluye la tabla de potencias normalizadas en baja tensión, Endesa Distribución Eléctrica remitió a miles de sus abonados en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Catalunya y Extremadura un nuevo contrato en el que, al parecer y sin informarles de ello, habría incrementado unilateralmente la potencia contratada, haciéndola corresponder a la tensión nominal de 230 Voltios, vigente desde el 18.09.2003 y no aplicable, por tanto, a los suministros con contrato suscrito con anterioridad a la citada fecha, salvo que los mismos "sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiéndose por modificaciones o reparaciones de importancia aquéllas que afectan a más del 50 % de la potencia instalada" (artículo 2.2.c del REBT).
A continuación de la remisión del nuevo contrato, Endesa habría comenzado a facturar la potencia indicada en éste, incluso a los abonados que no lo habían firmado. La facturación habría sido realizada sin aplicar el coeficiente 220/230= 0,956522, incumpliendo con ello lo ordenado en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 2392/2004, modificada por el artículo séptimo del Real Decreto 1454/2005, que establece lo siguiente:
El expediente informativo fue cerrado el 02.12.2014, mediante una resolución en la que la DGIEM afirmó que "la estimación de la cantidad de suministros afectados por el incremento del término de potencia contratada debido al incremento de la tensión de suministro es de 424 194 en Andalucía".
En referencia a lo anterior y en relación al colectivo de suministros identificado en el expediente que da origen a esta resolución, no consta en esta DGIEM solicitud alguna de autorización de modificación generalizada de tensión normalizada en las redes de distribución que gestiona EDESLU en Andalucía".
A la luz de la información, la tensión nominal de 230 Voltios entre fase y neutro podría no haber sido aplicada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. solo a los 424 194 suministros afectados a los que se refiriera la resolución, sino a los 4 628 541 suministros conectados a sus redes de distribución en Andalucía.
3. El Congreso solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a que, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 3/2013, de 4 de junio, analice la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía que impuso a Endesa Distribución Eléctrica la obligación de, respectivamente, regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Así como, incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía, como los que pudiere haber en el resto de España de haberse seguido similares prácticas por otras empresas de distribución eléctrica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.
161/003325
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la protección de una Red Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios de la Red Natura 2000.
Un territorio donde los espacios de valor natural estén conectados y se permita el movimiento de fauna y flora, el intercambio de genes y, en un sentido más amplio, el funcionamiento de procesos ecológicos es clave para conservar la biodiversidad y los recursos naturales y para afrontar con mayores garantías los efectos indeseables del cambio climático. En España, sometida a fuertes procesos de transformación del paisaje y a los efectos del cambio climático, el freno a los procesos de aislamiento y fragmentación de hábitats para las especies y la búsqueda de soluciones para garantizar la conectividad ecológica se convierten en tareas especialmente relevantes para detener la pérdida de biodiversidad.
Diversos estudios ya han constatado que no es posible alcanzar los objetivos de conservación basándose únicamente en la declaración de espacios protegidos aislados. En cada vez más países, comienza a considerarse la necesidad de establecer redes de conectividad que faciliten el flujo de organismos y procesos ecológicos entre dichos espacios.
La conectividad ecológica se puede definir como la facilidad con la que se produce el movimiento de las especies y otros flujos ecológicos a través del territorio entre las diferentes zonas naturales o seminaturales. Disponer de un territorio donde las áreas naturales no estén aisladas entre sí es vital para la supervivencia de las especies y para nuestro propio bienestar, así como para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.
A pesar del aumento de la cubierta forestal de las últimas décadas, en España el histórico proceso de fragmentación y pérdida de hábitats que continúa produciéndose en la actualidad ha dejado un territorio con parches de vegetación cada vez más pequeños y aislados que por sí mismos tienen una limitada capacidad de conservar la biodiversidad a largo plazo.
La ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, estableció las bases para la propuesta de una Red Estratégica de
Corredores Ecológicos; y así, en su artículo 3, define corredor ecológico como "el territorio de extensión y configuración variables que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies".
La declaración de áreas protegidas ha contribuido a frenar, en parte, el proceso de fragmentación y pérdida de hábitats, al menos en ciertas zonas del territorio, contribuyendo a conservar in situ especies y hábitats. Estos han sido los únicos reductos donde han podido sobrevivir poblaciones aisladas de especies amenazadas como el oso pardo o el lince ibérico. En este sentido, la creación de la Red Natura 2000 en España ha supuesto un paso fundamental para la consecución de los objetivos de conservación de hábitats y especies, ya que esta red de espacios protegidos abarca aproximadamente un 27 % de nuestro territorio.
Con la adopción de la Estrategia Europea de Infraestructura Verde en 2013 1, la Comisión Europea contempla el fomento de la conectividad a través de la infraestructura verde, entendida como una red europea estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad, diseñada y gestionada para proporcionar servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad de los asentamientos rurales y urbanos.
Toda esta estrategia viene avalada por la misma Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que en su artículo 21 establece como objetivo de primer orden la conectividad de los espacios naturales.
Si bien es cierto que algunas comunidades autónomas han iniciado procesos más o menos vinculantes para identificar y gestionar corredores o áreas de interés conector, España aún no cuenta con ningún estudio que identifique una red de corredores a nivel nacional, con base científica, que no esté constreñida por los límites administrativos de una determinada comunidad autónoma y que tenga en cuenta también los posibles corredores transfronterizos con Francia, Andorra y Portugal.
La única propuesta presentada toma como "zonas núcleo" que deben ser conectadas, las masas forestales de diferente estructura, cobertura y grado de desarrollo; desde matorral, bosque claro y bosque denso, identificadas de acuerdo al Mapa Forestal de España y al Mapa de la Red Natura 2000, lo que ha permitido presentar una primera propuesta de conectividad con un rango muy amplio de especies animales asociadas a hábitats de bosque maduro y a zonas más abiertas con una escasa cubierta arbolada. Se trata de una parte importante y ampliamente representativa de nuestro territorio, puesto que engloba los requerimientos y preferencias de un gran número de especies asociadas a estos hábitats, y se conectan prácticamente todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Los considerados como zonas núcleo a conectar representan el 97 % de la superficie total de los LIC y el 87 % de la superficie total de las ZEPA en la España peninsular. En cuanto al enfoque de conectividad elegido, se han identificado los corredores prioritarios desde el punto de vista de la movilidad de un grupo de especies de fauna que son los mamíferos asociados a hábitat forestales. Los mamíferos forestales presentan un amplio rango de capacidades de dispersión, son sensibles a los cambios en las cubiertas y usos del suelo en la matriz territorial a diferentes escalas, tienen una amplia distribución y a menudo son agentes dispersantes de otras especies, como semillas. Por tanto, son especialmente valiosos como indicadores de conectividad para un conjunto más amplio de especies y procesos ecológicos en una escala espacial amplia como es la Península Ibérica.
La identificación de las zonas núcleo, las rutas, y posteriormente la definición de la anchura mínima de los corredores de acuerdo a criterios científicos, es el trabajo que hay que realizar. Después llegará la priorización de los corredores, y la identificación de los puntos críticos de la conectividad.
Los análisis y estudios preliminares disponibles muestran como el 6,4 % de la superficie es prioritaria para la conectividad ecológica de la Red Natura 2000; sin embargo, el 3 %, es decir, el 50 % de esta superficie necesaria, no está incluida en la propia Red.
Pero, además, existen otros elementos que hacen de esta estrategia una propuesta a todas luces interesante. El 1,28 % del total de la superficie discurriría a lo largo de riveras, siendo que el dominio público hidráulico no solo está protegido y debe conservarse, sino que al contar con la dotación presupuestaria procedente del canon de utilización de aguas continentales para la generación eléctrica, es relativamente sencillo apostar por ello. Además, los corredores ecológicos preidentificados no
1 1Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones: Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa /* COM/2013/0249 final.
transcurren por paisajes agrarios, en la medida que se centran en especies forestales, aunque en torno a un 10 % de su superficie es agrícola.
1. Elaborar el estudio e identificación adecuado de La Red de Corredores Ecológicos a partir de las investigaciones disponibles que identifique las prioridades y las zonas críticas actuales.
2. Incluir la Propuesta de Red Estratégica de Corredores Ecológicos en la Estrategia Nacional para la Infraestructura Verde Conectividad y Restauración Ecológica (IVCRE), que debe ser aprobada de acuerdo con las comunidades autónomas en 2018, según el plazo legal establecido en la Ley 33/2015 de reforma de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
3. Integrar esta propuesta y la Estrategia IVCRE en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
4. Ejecutar el deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico, comenzando por las zonas críticas para la conectividad, reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y recuperar la plena funcionalidad de los bosques de ribera, y espacios fluviales en su conjunto, como medida para el fomento de la conectividad.
5. Aprobar el Real Decreto para elaborar los planes de ordenación de los recursos naturales, contemplado en el artículo 17, Capítulo IV de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, como instrumento de planificación territorial más allá de los límites de los espacios protegidos.
6. Incorporar esta red de conectividad y las necesarias y oportunas acciones de conservación y restauración en los correspondientes memorandos de entendimiento con Portugal y Francia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003329
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para adecuar la zona de la playa Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Guardamar del Segura, municipio de la provincia de Alicante, cuenta con once kilómetros de playa de arena fina, la mayor parte de ella es playa natural y pertenece a un ecosistema protegido.
La playa Babilonia, ubicada en este municipio, ha ido reduciéndose de forma progresiva como consecuencia de los recientes temporales que han ido menguando la arena, aproximándose el agua del mar a las casas colindantes.
Una circunstancia agravada por los constantes vertidos que se están produciendo en la zona y por los que hay abiertos distintos expedientes por parte de la administración competente de costas.
Los problemas en la mencionada playa están creciendo hasta el punto que el ayuntamiento, en virtud de sus competencias, se ha visto obligado a clausurar este tramo de playa debido a la peligrosidad detectada.
Todo ello preocupa de manera importante a los habitantes de este municipio, por lo que se requiere de la toma de decisiones y actuaciones urgentes por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para solucionar la situación generada.
Las casas ubicadas a muy poca distancia de la costa son fruto de concesiones realizadas por el Ministerio en los años 30. En el mes de julio de este año finalizan las concesiones y el Ministerio debiera
decidir si prorrogarlas o si por el contrario debe resolverlas de manera definitiva recuperando el espacio público que ocupan.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de manera urgente las medidas oportunas para adecuar la zona de la playa Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante), realizando las inversiones precisas que permitan garantizar su uso público en condiciones de seguridad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003332
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de presas en las ramblas de Lebor en Totana y Las Moreras en Mazarrón, ambas en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El proyecto de la presa de Lebor, en el municipio murciano de Totana, comienza su andadura en el año 1998, abandonándose en su ubicación inicial en el año 2009, al formularse una Declaración de Impacto Ambiental negativa.
Por su parte, en relación a la presa de Las Moreras, en el paraje Casa de Torrecillas, en el municipio de Mazarrón, el proyecto fue redactado allá por el año 1997, con un presupuesto de 30 millones de euros. El objetivo de esta presa es laminar los caudales de la rambla de Las Moreras, que recibe los caudales del rio Guadalentín a través del Azud de El Paretón, para frenar las aguas antes de su desembocadura en Mazarrón. En septiembre de 1989 la avenida de esta rambla causó dos muertos en el camping de Bolnuevo.
Ambas obras se encuadran en el Plan General de Defensa del Alto Guadalentín, que prevé la construcción de ocho presas (Nogalte, Bejar, Torrecilla, Estrecho, Puntarrón, Lebor y Las Moreras), dos de ellas de alta capacidad, y que se aprobó en 1987 como consecuencia de la avenida de la rambla de Nogalte de 1973, tuvo un balance de un centenar de víctimas mortales. Este Plan se reactivó en el año 2012, a raíz de la riada de San Wenceslao producida el 28 de septiembre de ese año.
Esta riada puso de manifiesto la importancia de construir estas presas. El embalse de Puentes, remodelado en el año 2000, aguantó más de 2000 m3/segundo, un 33 % más de caudal y que podría haber arrasado la ciudad de Lorca si el agua no hubiera tenido el amparo del pantano de Puentes. La presa que se mantuvo cerrada en todo momento, recogió en ese día 12,8 Hm3.
Las ramblas de Lebor y Las Moreras tienen obras proyectadas y paradas desde hace más de veinte años.
El día 15 de octubre de 2015, la entonces consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez Cacha, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno aseguró que el entonces presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, firmaría un acuerdo con la Ministra Isabel Tejerina para que el Estado acometiera con cargo a los presupuestos de 2016, obras en las presas de Lebor (para retener entre 12 y 13 Hm3 para los riegos de Totana) y Las Moreras (para retener entre 20 y 25 Hm3 para los riegos de Mazarrón y Lorca). La consejera se afanó en atribuir al presidente de la Comunidad todo el mérito de estas inversiones hidráulicas que el Gobierno de España acometería en la Región de Murcia. La consejera recordó que esta infraestructura es una reclamación histórica y que las avenidas han costado en el pasado vidas humanas.
Las obras en Lebor y Las Moreras, a pesar del empeño atribuido por la consejera al presidente, ni se acometieron en 2016, ni hay perspectiva de que se acometan, de hecho, ni en los presupuestos para el 2017 aparecieron partidas específicas para estas obras, ni tampoco en los previstos para 2018 se prevén. Según el anterior consejero, Francisco Joder, porque los proyectos que se redactaron en su día han quedado desfasados.
Es urgente que estas presas sean una realidad en breve con el fin objetivo de evitar el fatal coste en vidas humanas de anteriores riadas, así como para evitar los daños ocasionados a la agricultura, a la ganadería y a las infraestructuras, pero también para paliar el déficit hídrico de la Cuenca del Segura, de hecho, la consejera señaló en su día que se podrían almacenar hasta 40 Hm3.
Recuperar y actualizar los proyectos de construcción do las presas de Lebor en Totana y Las Moreras en Mazarrón, ambas en la Región de Murcia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-María González Veracruz, y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la corrección de las desigualdades territoriales en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) que sufre la agricultura de Teruel y otros territorios en el contexto de la Reforma de la PAC.
Las ayudas directas de la PAC juegan un papel determinante en la configuración de la renta agraria. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 72,47 % de las rentas, cuando se excluye la ayuda, resultan negativas. De ahí la importancia no sólo del mantenimiento del sistema de ayudas directas a la renta, sino de su mejora a través de una reforma en profundidad, tal y como se propone en este mismo documento.
La última reforma de la PAC, llevada a cabo en 2014, puso de manifiesto sus debilidades e incoherencias. Tras la aprobación de la aplicación de la nueva PAC mediante los Reales Decretos 1075/2014, de aplicación de pagos directos, y 1076/2014, de asignación de derechos de pago básico, los agricultores de la provincia de Teruel manifestaron su disconformidad por considerar que el resultado de la regionalización productiva, y los menores importes resultantes del pago por hectárea, suponían un agravio comparativo con respecto a las otras dos provincias aragonesas. Es un caso flagrante de los efectos perversos de una PAC que trata por igual a todos los territorios, consolida los derechos de las regiones más productivas, y condena al abandono a las comarcas rurales más castigadas y con mayores dificultades estructurales.
El desacuerdo en la provincia de Teruel logró articular a diversos colectivos, asociaciones, y cooperativas agrarias a través de la Plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel (AGRIGATE).
Los análisis llevados a cabo por el propio Gobierno de Aragón ¡muestran que, efectivamente, la provincia de Teruel presenta una situación desfavorable en el contexto regional. No solo porque la ayuda media individual sea menor (8.695 ?año en Teruel siendo la media de Aragón 9.934 ?/año), sino porque dicha circunstancia concurre con el hecho de que la renta agraria media finalmente resultante para los y las productoras turolenses es significativamente inferior (2.851 ?año de renta agraria media en Teruel, cuando la media de Aragón está en 5.105 ?/año). Estos datos confirman que el problema es mucho más
complejo y profundo que la mera consideración de los importes por hectárea en los que se basa el Pago Básico del primer pilar de la PAC.
Esta situación no es exclusiva de Teruel, sino que la podemos corroborar cuando analizarnos las 50 regiones agrarias definidas en El Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, y vamos contrastando los datos de comarcas tradicionalmente desfavorecidas. Además, esta situación supera el ámbito de competencia de los gobiernos autonómicos, y deviene del mismo diseño de la PAC y de la incapacidad y falta de voluntad del Ministerio de Agricultura para utilizar el margen de maniobra que tiene para hacer una aplicación más adecuada. La asignación de los derechos de pago por regiones establecido en la Orden AAA/1747/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales definitivos y número máximo de derechos de pago básico, establecidos por asignación inicial, que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico, confirmó esta situación de injusticia.
Una de las cuestiones de fondo está en la apuesta por mantener no la actividad agraria y ganadera como básica para la dinamización económica sobre todo de las comarcas más desfavorecidas, y así contribuir a frenar el abandono y la despoblación. Se trata de una cuestión esencial de equilibrio territorial y de cohesión social. El dinero de la política agraria pública debe destinarse a objetivos públicos. Así, la producción estándar total presenta una importante variabilidad territorial en Aragón, consecuencia del diferente potencial agroclimático y productivo de los distintos territorios que configuran la Comunidad Autónoma. Así, frente a un valor medio de 21.915 ?/explotación para el conjunto de Aragón, destacan las comarcas del Bajo Cinca, con 65.525 ?/explotación, y Monegros, con 46.984 ?/explotación, por un extremo, y sin embargo, en otras comarcas como el Maestrazgo en Teruel, vemos indicadores de 8.097 ?/explotación, o en Sobrarbe, Huesca, con 7.372 ?/explotación.
Si no se consigue diseñar un buen reparto de las ayudas de la PAC, las explotaciones familiares agrarias irán desapareciendo (como ha pasado en las últimas décadas) en favor de empresas de servicios o multinacionales que cultivarán y trabajarán el campo, pero sin preocuparse por cuidar y mantener vivos los pueblos. Si no se consigue diseñar una adecuada estructura de reparto de las ayudas, las comarcas más despobladas, más desfavorecidas, aquellas que tienen dificultades agroclimáticas importantes, se convertirán en desiertos demográficos.
En el contexto del debate de la reforma de la PAC, y conforme vamos accediendo a documentos oficiales, el pasado 29 de noviembre de 2017, la Comisión de Agricultura de la Unión Europea presentó su comunicación sobre la futura PAC post 2020 titulada "El futuro de los alimentos y de la agricultura". El punto 3 establece de forma clara dos consideraciones: Una ayuda justa a la renta para que los agricultores puedan vivir de su trabajo y Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Asimismo, en el punto 2 de dicha comunicación, titulado Hacia un nuevo modelo de aplicación y una PAC más simple se explica "En el modelo de aplicación de la futura PAC, la Unión debe establecer los parámetros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de intervención, requisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros deben responsabilizase en mayor medida y ser más transparentes en cuanto a cómo cumplen los objetivos y logran las metas acordadas".
Si como todo parece indicar, Los Planes Estratégicos de la PAC se consolidan como el nuevo instrumento de gobernanza y aplicación, cada Estado Miembro deberá presentar a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea un Plan Estratégico de la PAC en el que se establecerá cómo cada país va a medir y aplicar los puntos estratégicos establecidos desde la Unión Europea. Se trata de un instrumento que bien diseñado y gestionado, puede representar una nueva oportunidad para una aplicación de la PAC más justa.
Abrir un debate amplio y profundo en coordinación con las Comunidades Autónomas y con los representantes de las organizaciones agrarias y sociales sobre:
- La eliminación de los derechos históricos de la PAC.
- La distribución adecuada de los fondos de la PAC entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con criterios consensuados y pactados.
- La orientación de la PAC dirigida a apoyar la actividad agraria y ganadera en las comarcas agrarias con dificultades estructurales.
- El diseño de la estructura de las ayudas directas para vincularlas al nivel de renta y al ejercicio profesional de la actividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003335
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la especialidad de urgencias y emergencias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La medicina de urgencias y emergencias es un sistema de respuesta rápida ante situaciones críticas, para la que es necesaria tener una formación de calidad, por y para la seguridad de los pacientes.
En la actualidad hay 27 millones de consultas al año en los servicios de urgencias españoles, consultas realizadas por un 16 % de la población, lo cual indica que hay personas que acuden varias veces al año, más de la mitad mayores de 65 años y menores de 16. Asimismo, las urgencias suponen la entrada de casi el 60 % de los pacientes que ingresan en los hospitales, lo que refuerza la necesidad de abundar en la adecuada formación de los profesionales que las atienden. Muchos de los usuarios corresponden a sectores vulnerables de la población, con elevado índice de fragilidad y cronicidad.
En enero de 2015, se publicó el estudio "Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: derechos y garantías de los pacientes", elaborado por los distintos Defensores del Pueblo, donde se analizan los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias y su impacto en el funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre sus conclusiones se recomienda la creación de la especialidad médica de urgencias y emergencias que tendría efectos positivos en los resultados de calidad asistencial, el funcionamiento de los servicios y una más eficaz organización hospitalaria. Por otra parte, más del 98% de los responsables de los servicios de Urgencias y Emergencias firmaron una declaración conjunta solicitando la creación de esta especialidad.
Un total de 22 países de la Unión Europea ya tienen reconocida la Medicina de Urgencias y Emergencias como especialidad médica, además de estar regulada en más de 100 países del mundo. Por otra parte, la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) también reconoce la medicina de urgencias y emergencias como una sección independiente.
En nuestro país, en el ámbito de la sanidad militar se creó la especialidad complementaria de Medicina de Urgencias y Emergencias, mediante la Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre.
En relación con el ámbito civil, el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad que fue anulado por el Tribunal Supremo, establecía que las "urgencias y emergencias" fuesen consideradas un "área de capacitación específica". Sin embargo, a la vista de lo expuesto anteriormente, sería deseable que se plantease la creación de la especialidad de urgencias y emergencias en nuestro país.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a plantear a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud la consideración de las urgencias y emergencias como especialidad en el
nuevo mapa de troncalidad y especialidades que debe regular el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad."
161/003324
Don Enric Bataller i Ruiz, Diputado de Compromís, del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la transparencia y la adopción de medidas que limiten el cobro de gastos de gestión y distribución en la compra-venta de entradas online, para su debate en la Comisión de Cultura.
De acuerdo a la información de diversas plataformas de compra-venta de entradas para eventos culturales como el cine, conciertos de música, funciones de teatro, espectáculos de circo... los gastos de gestión y/o distribución, que sufraga el comprador, responden a la necesidad de cubrir los costes derivados de la página web, del software utilizado, de la aplicación para smartphone, así como de la posible atención al cliente. Si atendemos a esta explicación resulta extraño que el gasto se consigne a cada una de las entradas adquiridas y no se consigne este cargo por operación de venta o transacción.
Actualmente ya existen plataformas de compra-venta online que no añaden gastos de gestión y algunos operadores reconocen que estos cargos por servicio o comisiones, no están relacionados con los costes del servicio sino con los sobrecargas que impone el recinto o el promotor; de ahí que existan elevadas oscilaciones en el importe de estos gastos en función de la sala, el espectáculo o incluso del operador de venta. Un agravio comparativo que es doblemente grave en el caso de los centros culturales de titularidad pública: ¿Por qué una entrada para el Palau de les Arts no acarrea un gasto adicional para el usuario y una entrada para el Teatro Español sí?
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción-Facua asegura que estos cargos "no se ajustan a ley", ya que en la práctica supone repercutir sobre el cliente un gasto derivado de la actividad del empresario.
En muchos de los casos los gastos de gestión y/o distribución adolecen de falta de transparencia, ya que no se informa previamente de la existencia e importe de esta cantidad, e implican porcentajes abusivos superiores al 10 % como, por ejemplo, las entradas de cine que en el caso de la compra online cargan 0,90 euros sobre una entrada de 8.20 euros. La falta de información contraviene el artículo 60 bís del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que señala:
1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato u oferta, el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal del empresario. Estos suplementos opcionales se comunicarán de una manera clara y comprensible y su aceptación por el consumidor y usuario se realizará sobre una base de opción de inclusión.[...]
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cuestionan también por qué la venta online -con la conexión a Internet, el ordenador, y la impresora del usuario- implica un gasto de gestión que no conlleva la venta presencial en taquilla.
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros culturales de titularidad pública no cobren gastos de gestión y/o distribución por la venta online de localidades, mediante la utilización de plataformas de software libre.
2. Adecuar la normativa legal para obligar a las empresas a informar al usuario, de forma clara, del coste por los gastos de gestión y/o distribución antes de acceder a la pasarela de pago de la plataforma de compra-venta.
3. Incluir sanciones a las empresas que no cumplan con la obligación citada en el punto anterior.
4. Convocar a todos los agentes implicados: plataformas de compra-venta, promotores, organizaciones de usuarios, propietarios de locales... para definir un cuadro-marco que establezca límites al cobro de gastos de gestión y /o distribución para terminar con los cargos abusivos.
5. Determinar que el gasto de gestión se aplique por venta o transacción y no por entrada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Ignasi Candela Serna, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003339
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que los padres y madres separados/as o divorciados/as no pierdan los derechos que otorga el título de familia numerosa o carné individual del mismo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Viene siendo una práctica habitual el hecho de que, en los casos de ruptura matrimonial, uno de los cónyuges sea el que disfrute los beneficios que otorga el título de familia numerosa, por regla general el que más prisa se da en su renovación, siendo luego prácticamente imposible que el otro consiga dicho documento.
En los casos de custodia compartida tan solo uno de los padres se beneficia del mismo aunque los hijos sigan viviendo con los dos cónyuges en casas diferentes. Sin embargo, en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, en su Artículo 2, donde se habla del Concepto de Familia Numerosa, en su apartado C, dice lo será: "El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal". También en este mismo apartado hace referencia a que: "En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan con él, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos".
Así mismo en el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, en su Artículo 1, vuelve a reafirmar en su apartado C, lo expuesto anteriormente en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
Dicho esto nos encontramos con que un padre o madre, separado o divorciado, con custodia compartida, con quien comparten casa sus hijos según establezca el régimen de visitas del convenio regulador y que además cumple con sus obligaciones de prestación de alimentos por estar bajo su dependencia económica, no puede beneficiarse de los mismos derechos que el otro progenitor, creándose una situación discriminatoria, máxime cuando ese mismo progenitor puede tener otros hijos con su nueva pareja que también estarían excluidos de los beneficios que otorga el Título de Familia numerosa y que
sus anteriores hijos si disfrutan con su otro progenitor. Una situación injusta entre sus propios hijos, que lo son todos por igual, biológica y legalmente.
Esta misma situación también se da en los padres o madres donde es uno de ellos el que tiene la guardia y custodia. Uno disfruta del título de familia numerosa, y el otro, a pesar de cumplir con SUS obligaciones legales en el sostenimiento económico de sus hijos y, en no pocas ocasiones, la totalidad de los gastos del hogar donde conviven los hijos con el padre o madre que tiene la guarda y custodia, no lo disfruta y además con esta discriminación también arrastra a los otros posibles hijos de su nueva relación, que también son sus hijos. Unos lo disfrutan y los otros no. Hay que tener en cuenta que los hijos continúan siéndolo, tanto legal como biológicamente, aún después de una separación o divorcio, siendo ellos los que otorgan la condición de Familia Numerosa, salvo en los casos de discapacidad de los progenitores.
También se da la situación de los padres que, aun viviendo en la misma unidad familiar, no aparecen ambos en el título de Familia Numerosa, siendo solo uno de ellos el que tiene el derecho a disfrutar de las ventajas legales del mismo. Parejas de hecho que lo son toda una vida y a lo largo de ella solo uno ha sido familia numerosa con los hijos de ambos, al no existir "vínculo conyugal" como así lo refleja la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas en su Artículo 2, apartado 3: "A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos". Este apartado de la Ley deja fuera del disfrute del Título de Familia Numerosa a los padres separados o divorciados y a uno de los que pertenecen a una pareja de hecho, a través de lo que llaman "vínculo conyugal", mientras que si se lo otorga al otro cónyuge de uno de los padres ("...cuando exista vínculo conyugal y en su caso, al cónyuge de uno de ellos"), quedando fuera los padres biológicos aunque estén cumpliendo con sus obligaciones legales en el sostenimiento económico y prestación de alimentos.
Con ello se consigue que una de las partes, tras una separación o divorcio, utilice un documento que debería beneficiar a los dos padres y a los hijos de ambos, en un arma arrojadiza que sirva para hacer daño a la otra parte, ya que es muy difícil que tras una ruptura de pareja pueda negociarse de forma pacífica el uso del mismo, como así lo requiere la Ley en su Apartado 2.C : "En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia".
- Que los padres y madres divorciados, separados o pertenecientes a parejas de hecho, con familias numerosas a su cargo, no pierdan dicha condición por ese motivo.
- Que el Estado les siga emitiendo el título y/o carnet individual de familia numerosa a través de las Direcciones Territoriales en todas las Comunidades Autónomas y así se eliminen los agravios comparativos.
- Que la palabras "vínculo conyugal" desaparezcan de una Ley que debe atender a la diversidad de las distintas tipologías de Familias Numerosas, ya que dichas palabras no se ajustan al derecho de forma injusta para las mismas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003333
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño universal o diseño para todas las personas" y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El plazo máximo que señalaba dicha disposición finalizó el 4 de diciembre de 2017. En esa fecha debían cumplirse las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social; espacios públicos urbanizados y edificaciones; medios de transporte; oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales; bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
El Gobierno no solo no intensificó los esfuerzos a medida que la fecha se acercaba, sino que recortó los recursos que se destinaban a políticas de accesibilidad. El resultado es claro y es innegable. El plazo ha expirado y las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación no se dan. La Administración General del Estado no ha cumplido la Ley.
El Gobierno tampoco ha dado cumplimiento a la disposición final tercera de Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo apartado 2 señala: "en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad". Este incumplimiento se ha producido a pesar de que el trabajo estaba hecho. Cuando el Partido Popular llegó al poder en diciembre de 2011, ya estaba preparado un Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, así como su informe de impacto económico y la memoria de análisis de impacto normativo. El trabajo lo había dejado hecho el Gobierno socialista, solo había que continuarlo. Sin embargo, la desidia de este Gobierno ha hecho que, tras siete años en el poder y con el plazo establecido por Ley más que sobrepasado, carezcamos de este importante desarrollo normativo.
La ausencia de reglamento sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad. Este incumplimiento ha llevado al CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España por su inacción.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de tres meses, el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2018.-Joan Ruiz i Carbonell y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/001125
Diputado don Marc Lamuà Estañol
¿Tiene previsto el Gobierno tomar alguna iniciativa que permita desencallar el proyecto del Archivo Provincial de Girona, que ha quedado completamente frenado debido a las malas relaciones institucionales entre el Delegado del Gobierno en Catalunya y la Alcaldesa de Girona, perjudicando a todos los ciudadanos de la demarcación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2018.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.
181/001126
¿Por qué el Gobierno no hizo efectiva la transferencia de 500.000? al Ayuntamiento de Figueres para la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí tal como se había comprometido en los Presupuestos Generales del Estado del año 2017?
181/001127
¿Piensa el Gobierno mantener el compromiso de inversión en la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí, tal como se comprometió en su día el Portavoz del PP y actual Delegado del Gobierno en Catalunya?
184/034480
Autor: Igea Arisqueta, Francisco (GCs).
Retirada de su pregunta sobre estereotipos sexistas existentes en el entorno sanitario.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.
184/034610
Realización por Caja de Burgos de una consulta por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad acerca de su conversión o no en Fundación Bancaria tras su integración en Caixabank y de su derecho a nombrar a dos miembros en el Consejo de Administración de CaixaBank, así como existencia de una solicitud de un informe de dicho Ministerio a la Abogacía del Estado para instar a Caja de Burgos a convertirse en Fundación Bancaria.
1. En cuanto a la petición de que se remita informe de la Abogacía del Estado contenida en la letra C de la presente pregunta, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 91662, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001476).
Las entidades Cajasol; Caja Navarra; Caja Canarias y Caja de Burgos conformaron en el año 2010, a partir de un Sistema Institucional de Protección (SIP), el banco "Banca Cívica".
Posteriormente, en agosto de 2012, Banca Cívica pasó a integrarse en Caixa Bank.
Durante el proceso, las entidades integrantes de Banca Cívica debían convertirse en fundaciones bancarias siguiente los lineamientos marcados por el Real Decreto-Ley 2/2012 de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero; por la Ley 9/2012 de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; y por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (LCAFB).
En concreto, y para lo que aquí nos ocupa, era relevante para saber si debían convertirse en fundaciones bancarias según lo dispuesto en el artículo 32.1 de la LCAFB. Así, según dicho artículo: "Se entenderá por fundación bancaria aquella que mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración".
Como ya se ha señalado, el 26 de junio de 2012 Banca Cívica (Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias) es absorbida por Caixa Bank y, en consecuencia, las referidas cajas de ahorro pasan a ser accionistas de Caixa Bank.
Cajasol, al igual que Caja Navarra, pasan a tener un 1,22% de participación en el capital social de CaixaBank; mientras que Caja Burgos y Caja Canarias tienen un porcentaje algo menor. Evidentemente, no cumplen el requisito de mantener una participación del 10% del capital de CaixaBank. Pero, según su acuerdo de integración, sí que cumplen el segundo de los requisitos porque a las cuatro cajas se les reconoce la posibilidad de nombrar a dos consejeros en el Consejo de Administración de CaixaBank.
Es por ello que nos vemos obligados a realizar las siguientes preguntas al Ministerio de Industria y Competitividad:
B) ¿Solicitó el Ministerio de Economía un informe a la abogacía del Estado para justificar su respuesta e instar a Caja de Burgos a convertirse en Fundación Bancaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2018.-Alberto Montero Soler, Diputado.