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Timestamp: 2020-07-13 02:21:11
Document Index: 140750113

Matched Legal Cases: ['artículo 422', 'artículo 39', 'artículo 246', 'artículo 24', 'artículo 400', 'artículo 69', 'artículo 382', 'artículo 396', 'e contrario', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 427']

Sentencia nº 1206 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Agosto de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 743402829
Sentencia nº 1206 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Agosto de 2018.
Sentencia núm. 1206
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 8 de agosto de 2018, que dice:
Moscoso Segarra, en funciones de P.; Esther Elisa Agelán
G., Distrito Nacional, hoy 8 de agosto de 2018, años 175° de la
Sobre el recurso de casación interpuesto por Pedro Paniagua
Herrera, dominicano, mayor de edad, soltero, obrero, no porta cédula de
identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Principal núm.
26, del barrio Sabana Grande, de la ciudad y provincia de San José de
Ocoa, República Dominicana, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 294-2015-00168, dictada por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 18 de
agosto de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al J.P. en funciones dejar abierta la audiencia para
el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el llamado de las
Licdo. M.Á.R.C., defensor público, en representación
del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 14 de
noviembre de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto la resolución núm. 1161-2017, dictada por esta Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia el 27 de Marzo de 2017, que declaró
recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 3 de julio de 2017, fecha que
fue suspendida por mandato del Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, a raíz del paso del H.I., fijándola nueva vez mediante auto núm. 21-2017, para el 4 de octubre de 2017, fecha en la cual se difirió
vistos los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427
febrero de 2015; 265, 266, 379, 381, 382, 383, 385 y 309 del Código Penal
Dominicano, 39 y 40 de la Ley núm. 36 sobre Comercio, P. y Tenencia
de Armas; y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por
la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de
septiembre de 2009, respectivamente;
que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos
que el 24 de mayo de 2012, la Procuraduría Fiscal Adjunta del
Distrito Judicial de San José de Ocoa, presentó formal acusación con
solicitud de auto de apertura a juicio contra P.P.H. (a)
La Pepa y Á.D.A.M. (a) P., dando a los hechos
sometidos supuesta violación de los artículos 265, 266, 379, 381, 382, 383,
385, 309 del Código Penal, y 39 y 40 de la Ley núm. 36, sobre Comercio,
P. y Tenencia de Armas;
que apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial
de San José de Ocoa, dictó la decisión núm. 00148 el 25 de junio de 2013,
consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual se admitió la
acusación en contra de los imputados P.P.H. (a) La
Pepa y Á.D.A.M. (a) P., bajo los tipos penales
establecidos en los artículos 265, 266, 379, 381, 382, 383, 385 y 309 del
Código Penal, y 39 y 40 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y
Tenencia de Armas;
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de San José de Ocoa, el cual dictó la sentencia núm.
00048-2013 el 5 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo establece:
“ PRIMERO : Se varía la calificación dada al expediente en la Jurisdicción de la Instrucción; SEGUNDO : Se declara a los imputados Á.D.A.M. y P.P.H., culpables de violar los artículos 265, 266, 309, 379, 383 y 385 Código Penal, y artículos 39 y 40 de la Ley 36-65, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas de Fuego, en perjuicio de E.R.M.M., por haberse aportado pruebas suficientes y concordantes que comprometen su responsabilidad penal en el presente caso; TERCERO : En consecuencia, se condena a Á.D.A.M. y P.P.H., a cumplir cada uno una pena de 20 años de reclusión; CUARTO : Se declara en la forma, buena y válida la constitución en actores civiles, y en cuanto al fondo, se condena a Á.D.A.M. y P.P.H., a pagar solidariamente a los actores civiles la suma de 125 mil pesos, por los gastos incurridos por la víctima, y al pago de una indemnización de 2 millones de pesos, como justa compensación por los daños causados con su actuación delictual; QUINTO : Se condena a los imputados al pago de las costas civiles a favor y provecho del L.. M.C., quien afirma haberlas avanzado”;
los imputados, intervino la sentencia núm. 294-2014-00211, dictada por la
San Cristóbal el 20 de junio de 2014, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha dos (2) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), por la Licda. E.R.M.P., abogada adscrita a la defensa pública, actuando en nombre y representación de los imputados Á.D.A.M. y P.P.H., contra la sentencia núm. 00048-2013, de fecha cinco (5) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO: Anula la decisión recurrida precedentemente descrita, en consecuencia, de conformidad con el artículo 422.2.2 del Código Procesal Penal, ordena la celebración total de un nuevo juicio, a los fines de una nueva valoración de las pruebas; TERCERO: Envía las actuaciones del presente proceso por ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, a fin de que se realice una nueva valoración de las pruebas; CUARTO: E. a los imputados recurrentes, del pago de las costas del procedimiento de alzada, por no ser atribuibles a las partes, el vicio en que se ha incurrido en la sentencia impugnada, de conformidad con el Art. 246 del Código Procesal Penal; QUINTO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;
que en razón del envío resultó apoderado el Tribunal Colegiado
de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Peravia y procedió a dictar la sentencia núm. 070/2015 el 9 de marzo
de 2015, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada al hecho por el juez de la instrucción, de los artículos 265, 266, 379, 381, 383, 385 y 309 del Código Penal Dominicano, y 39 y 40 de la Ley 36, sobre armas; SEGUNDO: Declara culpable a los ciudadanos Á.D.A.M. (a) P., y P.P.H. (a) Pepa, por haberse presentado pruebas suficientes que realizaran asociación de malhechores, robo con violencia, en violación a los artículos 265, 266, 309 y 382 del Código Penal Dominicano, y el artículo 39 párrafo III de la Ley 36, sobre armas, en perjuicio del señor E.R.M.M.; en consecuencia, se condena a veinte (20) años de reclusión mayor a cada uno de los procesados; TERCERO: Condena a los procesados al pago de las costas penales; CUARTO: Acoge como regular y válida la constitución en actor civil en cuanto a la forma, por cumplir con los requisitos legales, en cuanto al fondo, condena a los procesados al pago de una indemnización de dos millones (2,000,000.00), a favor de la víctima constituido como actor civil, como justa reparación; QUINTO: Condena a los procesales, al pago de las costas a favor del abogado concluyente, la que debe ser liquidada por estado; SEXTO: Fija lectura íntegra de la presente sentencia para el día diecisiete (17) de marzo de año dos mil quince (2015). Vale cita para las partes presentes y representadas”;
los imputados, intervino la sentencia núm. 294-2015-00168, ahora
Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 18 de agosto de
2015, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veinticuatro (24) del mes de abril del año 2015, por la Licda. E.R.M.P., actuando en nombre y representación de los nombrados Á.D.A.M. y P.P.H., en contra de la sentencia núm. 070-2015, de fecha nueve (9) de marzo del año 2015, emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, la sentencia recurrida queda confirmada; SEGUNDO: E. a los recurrentes del pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, ya que los mismos han estado asistidos por la defensa pública; TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;
técnica, alega un único medio de casación:
“ Único Motivo : Sentencia manifiestamente infundada. A.. 426.3. Al analizar la sentencia impugnada, es muy evidente determinar que la misma contiene el vicio que le atribuye la defensa de manifiestamente infundada, dado que no cumple en modo alguno con el contenido del artículo 24 del Código Procesal Penal, que impone la obligación de motivar las decisiones judiciales, a propósito de lo cual es oportuno indicar que en el título de la sentencia donde dice “Del estudio del caso la corte considera”. La misma se limita a describir las formalidades en que se presentó el recurso de apelación, seguido del párrafo donde hace referencia al derecho de recurrir, en el tercer párrafo de ese mismo punto señala el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público contra nuestro asistido P.P.H. y el coimputado; en el siguiente describe algunos contenidos en el recurso de apelación, y en el marcado con el
3.5, en el cual la Corte a-qua trata de justificar su decisión… Expresiones mediante las cuales la defensa sostiene el criterio que en nada justifican el rechazamiento del recurso de apelación del imputado P.P.H., siendo que esas expresiones devienen en enunciados genéricos que resultan insuficientes y no permiten comprender el razonamiento que hizo la Corte aqua para fallar como lo hizo, pues el hecho de que el recurso de apelación redactado por la abogada que anteriormente asistía la defensa técnica del imputado no fue explícito en su teoría argumentativa, pero de forma sencilla expone el medio que considera viciada la sentencia, lo que fue la logicidad en la motivación de la sentencia, y siendo que la propia corte hace referencia, en otras palabras, a que la apelante sostuvo la defensa de su recurso de apelación en torno a que el imputado fue condenado únicamente con el testimonio de la víctima E.N.M., y en vez de analizar la corte a profundidad esa realidad, a los fines de determinar si con ese medio de prueba era suficiente para condenar al imputado P.P.H., lo que hace es citar de forma infundada una jurisprudencia, que por demás sustenta en la íntima convicción del juez, la cual en atención al contenido del Código Procesal Penal en los artículos 172 y 333, la misma quedó desfasada, ya que las pruebas especialmente las testimoniales, deben de ser valoradas en base a la lógica y la san crítica, y no en base a criterio que el juzgador considere en su íntima convicción, por devenir en ilegal y por demás, arbitrario. En ese mismo orden, por lo expresado por la defensa del imputado al conocer del recurso de apelación y la Corte a-qua cita, de que la sentencia de primer grado basó la condena del imputado solo en el testimonio de la víctima, esto así, porque la defensa es de criterio que en el presente proceso no fueron presentadas pruebas suficientes que vincularan al imputado P.P.H. con los hechos atribuidos, en razón de que las presentadas por el representante del Ministerio Público fueron el testimonio de víctima, el cual resulta altamente fantasioso e incoherente, ya que sostiene haber sido objeto de robo por parte de nuestro asistido P.P.H., y el coimputado Á.D.A.M., sobre el cual en sus declaraciones no refiere una fecha, si no que mientras se transportaba en una motocicleta hacia su casa… Que en otro orden, e independientemente de la otra abogada que asistía al imputado no lo indicara, la Corte a-qua, por disposiciones de la parte final del artículo 400 del Código Procesal Penal, del cual se desprende que la corte, en atenciones al principio de oficiosidad, cuando hay violaciones de carácter constitucional y procesal, según se desprende del contenido del artículo 69 del Constitución Dominicana, debió observar que el tribunal de primer grado no valoró las pruebas de cargos en atenciones al contenido de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal. En cuanto a la responsabilidad penal retenida al imputado y que la Corte a-qua al ratificar la sentencia de primer grado sin la más mínima explicación que justifique su decisión, entendemos que son también parte de las razones que hacen que la decisión ahora impugnada por este recurso sea manifiestamente infundada, ya que no hay méritos en su contenido que la hagan mantenerse en el tiempo; debido a que estaba en el deber de observar que la sentencia de primer grado no da las explicaciones que justifiquen la condena contra nuestro asistido P.P.H. (a) Pepa, por asociación de la malhechores, golpes y heridas, robo con violencia y porte ilegal de armas de fuego, tipificados y sancionados por el contenido de los artículos 39 de la Ley 36-65, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas e imponer una sanción de 20 años de prisión. En cuanto a la asociación de malhechores: sobre el cual es de importancia indicar que el mismo no es un tipo penal autónomo por sí solo, y el tribunal de primer grado, lo cual no observó, no ofreció explicaciones concretas de cuáles fueron las acciones y las pruebas que sustentan el mismo, pues al imputado P.P.H. (a) Pepa, no fue señalado ni probado que se reuniera con otras personas a planificar previamente la comisión de los hechos atribuidos, ya que este tipo penal requiere de un concierto previo… En cuanto a los golpes y heridas: Partiendo de que si el tribunal de primer grado, y que al parecer la Corte asumió como válido, atribuyó valor positivo al testimonio de la víctima y querellante E.R.M., quien manifestó que la persona que le realizó el disparo que le produjo la herida que señala, lo fue el apodado P., quien es coimputado Á.D.A.M., de lo cual se desprende que es absurdo… En cuanto al robo con violencia: Tipificado y sancionado por el contenido de los artículos 379 y 382 del Código Penal…; …por lo tanto, al no probarse la existencia del arma de fuego ni quién es el propietario, no hay forma de probar que estamos en presencia del alegado robo, y menos la violencia que refiere el contenido del artículo 382 del citado Código Penal, dado que los acusadores no aportaron pruebas para establecerlo, pero además, la persona que alegadamente sustrajo el arma no es señalada por la víctima que fue nuestro asistido… En cuanto al porte ilegal de arma de fuego…”;
Considerando, que según se extrae del fallo impugnado, la Corte aqua para justificar la decisión, expresó lo siguiente:
“Que la parte recurrente realiza un desarrollo errático del medio, y ataca más que a la sentencia, las conclusiones del Ministerio Público en principio, ya que refiere que este funcionario en sus conclusiones, no se refirió al artículo 396 del Código Procesal Penal, lo que en realidad resulta incomprensible, siendo que este artículo hace referencia al recurso de la víctima y parte civil, lo que nada tiene que ver con la sentencia que se recurre, pues el código lo ubicó en disposiciones generales de los recursos. Que aunque de manera diluida, dicha parte recurrente plantea que la sentencia está afectada de ilogicidad en su motivación, en cuanto a la valoración de la prueba, la articulación del argumento está referida a situaciones ajenas al medio que plantea, ya que ubica la ilogicidad en que el tribunal no debió condenar a los imputados por la sola declaración de la víctima, lo cual en sí mismo no sustenta el medio que plantea, pues en cuanto a la víctima, lo cual en sí mismo no sustenta el medio que plantea, pues en cuanto a la apreciación de la confiabilidad de los testimonios, la jurisprudencia ha establecido que “los jueces son soberanos para darle credibilidad a lo que ellos entienden que se ajusta más a la verdad, lo que no puede ser criticado por los jueces de casación, salvo desnaturalización de los hechos” …Sentencia del 10 de octubre del año 2001, núm. 41, B.J. 1091, Pág. 488. Que la Corte ha verificado las declaraciones testimoniales que fueron servidas a cargo, y resulta que no solo fue recibido el testimonio de la víctima, sino también el testimonio del señor J.M.M.B. y M.A. de la Cruz Briseño; que en la valoración que los Jueces del Tribunal a-quo realizan de las mismas, no existe desnaturalización de los hechos de la causa, como tampoco ilogicidad, por lo que no prospera el recurso de que se trata”
(ver numerales 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, Págs. 10 y 12 de la decisión de la corte);
Considerando, que la parte recurrente presenta vastas
argumentaciones impugnativas, de manera destacada en un primer
aspecto en cuanto a la valoración de las pruebas de tipo testimonial, al
ser las declaraciones ofrecidas por la víctima, las que le resultan
incoherentes;
Considerando, que esta reclamación descansa sobre la valoración de
pruebas de naturaleza testimonial, torneando su contenido a una
desnaturalización de los hechos acontecidos, al entender que no se
comprobó el accionar delictivo del imputado dentro del cuadro
imputador;
Considerando que la Corte a-qua al examinar la subsunción
realizada por el Tribunal a-quo, sobre las pruebas testimoniales atacadas,
todas ellas directas en cuanto a su contenido, las que plasmó y valoró de manera íntegra en su decisión, al encontrarse corroboradas entre sí,
siendo justipreciadas positivamente por la alzada apelativa, y al mismo
tiempo con los demás elementos de pruebas. Que el imputado fue
sindicalizado como uno de los atracadores, no sutilmente como un
simple acompañante, quedando retenido la responsabilidad penal del
justiciable, fuera de toda duda razonable;
Considerando, sobre la valoración de las pruebas, específicamente
de los testigos del juicio, esta S. ha sostenido en innumerables fallos
que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el juicio
escapa al control del recurso; que el tribunal de alzada no puede
censurar al juez de primer grado la credibilidad otorgada a las
declaraciones de testigos, por depender este asunto de la inmediación, es
decir, solo el juez de juicio puede valorar si el testigo declaró tranquilo o
nervioso, si fue pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello
es que se sostiene que ese punto es un asunto que escapa al control del
recurso, en razón de que no es posible que un tribunal de alzada revise la
credibilidad dada por el juez de juicio a un testimonio que la corte ni vio
ni escuchó, a no ser que se produzca una desnaturalización de los
testimonios rendidos, lo que no ocurrió en la especie. Agregando a esto,
esta Segunda Sala advierte que la víctima declaró en el juicio celebrado
ante la Corte a-qua, pudiendo apreciar y crear sus propias impresiones conjuntamente con los elementos de pruebas y declaraciones que ya
formaban parte de las actuaciones;
Considerando, que un segundo aspecto versa sobre la
determinación de los hechos, opinando el recurrente que los mismos no
pudieron ser comprobados, como resulta ser la asociación de
malhechores, que eran varias personas, pudiendo ser cualquiera quien
poseyera y operara la supuesta arma de fuego, si determinarse quién
infringió las heridas a la víctima, así como verificar si el robo fue
ejecutado con arma;
Considerando, que el recurrente adentra su recurso a numerables
detalles del fáctico, los cuales fueron probados y ponderados en una
segunda instancia por la Corte a-qua. Reclama incluso, por la fecha en
que ocurrieron los hechos, “el 21 de septiembre de 2012, aproximadamente a
las 23:30, en el lugar denominado Boca de P.”;
Considerando, que en relación a lo argüido por el recurrente,
destacamos que entra dentro del poder soberano de los jueces del fondo,
la comprobación de la existencia de los hechos de la acusación, la
imputado; que la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, tiene solo el deber de verificar la apreciación legal de esos
hechos y comprobar si los hechos tenidos por los jueces como constantes,
reúnen los elementos necesarios para que se encuentre caracterizado el
ilícito por cuya comisión han impuesto una pena;
Considerando, que por último, ha sido presentado queja en el
escrito de recurso de apelación presentado por su anterior defensa
técnica, la cual ciertamente resulta escueto, siendo descifrado por la
Corte, analizando y contestado las denuncias presentadas, que contrario
a lo argüido, se realizara un análisis conjunto de la decisión, en virtud de
la facultad que confiere el artículo 400 del Código Procesal Penal,
estatuyendo: “Que en atención a lo que establece en parte el artículo 400 del
Código Procesal Penal, la corte tiene competencia para revisar, en ocasión de
cualquier recurso, las cuestiones de índole constitucional aún cuando no hayan
sido impugnadas por quien presentó el recurso. Que en el caso que se trata, en lo
que ha sido el proceso de juzgamiento de los imputados han sido observados
todas las disposiciones atinentes a tutela judicial efectiva y debido proceso de ley,
y la sentencia contiene una suficiente y adecuada motivación que justifica su
dispositivo;” (ver numeral 308, Pág. 10 de la decisión). Advirtiendo esta
Segunda Sala que lo reclamado fue respondido, además, realizó un
examen completo y concienzudo, la cual se encuentra sustentada en los
elementos probatorios claramente debatidos y presentados en el cuerpo motivacional de las decisiones tomadas por las instancias anteriores,
siendo de lugar desestimar el aspecto de este medio impugnativo
presentado;
Considerando, que realizando un aparte a las reclamaciones sobre el
tipo penal retenido al imputado – asociación de malhechores, robo
agravado, golpes y heridas - constituyen medios nuevos que no pueden
ser propuestos por primera vez en casación, toda vez que el recurrente
no había formulado ningún pedimento formal ni implícito en el sentido
ahora alegado ante la Corte en este aspecto, para que se pronunciara
sobre el mismo, más frente a la denuncia del lacónico recurso apelativo,
es de indicar que al analizar la valoración probatoria, ámbito del referido
recurso, la corte en una evaluación complementaria de la decisión acogió
tanto el tipo penal retenido con la indicada calificación y la sanción a
Considerando, que en cuanto a la reclamación sobre la motivación
genérica que realiza la Corte a-qua, a juicio de esta sala, la Corte a-qua
ejerció adecuadamente el control vertical respecto de lo resuelto en el
tribunal de primer grado, al valorar y estimar, plasmando
adecuadamente sus motivaciones en dicho acto jurisdiccional;
Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y
satisfacen las exigencias de motivacional, dado que en la especie el
tribunal de apelación desarrolla sistemáticamente su decisión; expone de
forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada, y su
caso en cuestión; de tal manera, que esta Sala de la Corte de Casación no
avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, procediendo en tal
sentido, a desestimar el recurso que se trata;
Considerando, que en ese sentido, la Sala Penal de la Suprema Corte
de Justicia, en atención a lo pautado por el artículo 427.1 del Código
Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero del
2015, procede a rechazar el recurso de casación que se trata, confirmando
la decisión recurrida;
tribunal halle razón suficiente para eximirlas total o parcialmente; por lo
que procede dispensarlas en virtud de las disposiciones de la Ley núm.
277-03, que instituye el Servicio Nacional de Defensa Pública, la que contiene el no pago de las costas penales cuando interviene en la
asistencia de algún imputado;
Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por P.P.H., contra la sentencia núm. 294-2015-00168, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 18 de agosto de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma la decisión impugnada;
Segundo: E. al recurrente P.P.H., del pago de las costas por estar asistidos de la Defensa Pública;
Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines correspondientes.
(Firmados) A.A.M.S.-EstherE.A.C.-HirohitoR..
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 23 de octubre de 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.