Source: http://www8.helpes.eu/00004382/AccionPopular
Timestamp: 2019-04-21 21:13:17
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Matched Legal Cases: ['Artículo 23', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 7']

Acción popular—helpes.eu
Acciones populares federales estadounidenses
Acciones populares estatales
Acción popular del demandado
Acciones de la misa
Ley de E.U.
Ofertas de ampliar ley de acción popular europea
En la ley, una acción popular, un pleito de la clase o una acción representativa es una forma de pleito en el cual un grupo grande de la gente colectivamente traen una reclamación de cortejar y/o en que una clase de demandados se está demandando. Las acciones populares comúnmente se refieren como pleitos de acción popular; sin embargo, esta frase es redundante ya que la distinción histórica entre "acciones" según ley y "pleitos" en la equidad ya no se reconoce. Esta forma del pleito colectivo originado en los Estados Unidos y es todavía predominantemente un fenómeno estadounidense. Sin embargo, en varios países europeos con el derecho civil, a diferencia del sistema del derecho consuetudinario angloamericano, los cambios se han hecho en años recientes que permiten que organizaciones del consumidor traigan reclamaciones de parte de grupos grandes de consumidores.
En los tribunales federales de los Estados Unidos, las acciones populares son gobernadas por Normas federales del Artículo 23 y 28 del Derecho procesal civil U.S.C.A. § 1332 (d).
Las acciones populares se pueden traer en el tribunal federal si la reclamación se levanta según la ley federal, o si la reclamación se cae bajo 28 USCA § 1332 (d). Bajo § 1332 (d) (2) los tribunales del distrito federal tienen la jurisdicción original sobre cualquier acción civil donde la cantidad en la controversia excede 5,000,000$ y cualquier de
cualquier miembro de una clase de demandantes es un ciudadano de un estado diferente de cualquier demandado;
cualquier miembro de una clase de demandantes es un estado extranjero o un ciudadano o sujeto de un estado extranjero y cualquier demandado es un ciudadano de un estado; o
cualquier miembro de una clase de demandantes es un ciudadano de un estado y cualquier demandado es un estado extranjero o un ciudadano o sujeto de un estado extranjero.
Las clases del demandante de escala nacional son posibles, pero tales pleitos deben tener una concordancia de cuestiones a través de líneas estatales. Esto puede ser difícil si el derecho civil en varios estados carece de concordancias significativas. Las acciones populares grandes hicieron entrar el tribunal federal con frecuencia se consolidan con objetivos de prejuicio a través del dispositivo del pleito del multidistrito (MDL). También es posible traer acciones populares según la ley del Estado, y en algunos casos el tribunal puede ampliar su jurisdicción a todos los miembros de la clase, incluso del estado (o hasta internacionalmente) ya que el elemento clave es la jurisdicción que el tribunal tiene sobre el demandado.
Típicamente, se piensa que los tribunales federales son más favorables para demandados y tribunales estatales más favorables para demandantes. Muchas acciones populares se archivan al principio en el tribunal estatal. El demandado tratará con frecuencia de quitar el caso al tribunal federal. El Acto de Imparcialidad de Acción popular de 2005 aumenta la capacidad de los demandados de quitar casos estatales al tribunal federal dando a tribunales federales la jurisdicción original para todas las acciones populares con daños que exceden 5,000,000$, exclusivos de interés y gastos. Hay que notar, sin embargo, que el Acto de Imparcialidad de Acción popular contiene esculpen-outs para, 'entre otras cosas', acciones populares del accionista cubiertas por la Reforma parlamentaria de Pleito de Valores privados de 1995 y aquellos acerca de cuestiones del gobierno corporativo internas (éste típicamente traerse como acciones del derivado del accionista en los tribunales estatales de Delaware, el estado de la incorporación de las corporaciones más grandes).
El procedimiento de archivar una acción popular debe presentar la demanda con un o varios demandantes llamados de parte de una clase propuesta. La clase propuesta debe consistir en un grupo de individuos o entidades comerciales que han sufrido una herida común o heridas. Típicamente estos casos resultan de una acción de parte de un negocio o un defecto del producto particular o política que se aplicó a todos los miembros de la clase propuestos en una manera típica. Después de que la queja se archiva, el demandante debe archivar un movimiento de hacer certificar la clase. En algunos casos la certificación de la clase puede requerir el descubrimiento a fin de determinar su talla y si la clase propuesta encuentra el estándar para la certificación de la clase.
Sobre el movimiento de certificar la clase, los demandados se pueden oponer a si las cuestiones apropiadamente se manejan como una acción popular, a si los demandantes llamados son suficientemente representativos de la clase, y a su relación con el bufete de abogados o firmas que manejan el caso. El tribunal también examinará la capacidad de la firma de procesar la reclamación de los demandantes y sus recursos para tratar con acciones populares.
El debido proceso requiere en mayoría de los casos que el aviso que describe la acción popular se envíe, se publique o se transmita a miembros de la clase. Como la parte de este procedimiento del aviso, deberían haber varios avisos, primero un aviso que da a miembros de la clase la oportunidad de optar de la clase, es decir si los individuos desean seguir con su propio pleito tienen derecho a hacer así, sólo hasta el punto de que dan el aviso oportuno al consejo de la clase o el tribunal que optan. En segundo lugar, si hay una oferta del establecimiento, el tribunal dirigirá por lo general al consejo de la clase para enviar un aviso del establecimiento a todos los miembros de la clase certificada, informándolos de los detalles del establecimiento propuesto.
En la ley del derecho procesal civil federal, que también ha sido aceptada por aproximadamente 35 estados (a través de la adopción del derecho procesal civil estatal gobierna similar a las normas federales), la acción popular debe tener ciertas características definidas (a menudo mandado a por la SUPERFICIE INCLINADA de la sigla):
La concordancia — debe haber una o varias reclamaciones legales o actuales comunes para la clase entera (en algunos casos, hay que mostrar que las cuestiones comunes predominarán las medidas sobre cuestiones individuales, como la cantidad de daños debido a un miembro de la clase particular),
Suficiencia — los partidos representativos deben proteger suficientemente los intereses de la clase,
Numerosity — la clase debe ser tan grande para hacer los pleitos del individuo poco prácticos (en otras palabras, que la acción popular es un vehículo superior para la resolución que numerosos pleitos individuales), y
Typicality — las reclamaciones o la defensa deben ser típicas de los demandantes o demandados.
Desde 1938, muchos estados han adoptado reglas similares al FRCP. Sin embargo, algunos estados como California tienen sistemas del derecho procesal civil que se desvían considerablemente de las normas federales; los Códigos de California aseguran cuatro tipos separados de acciones populares. Como consiguiente, hay dos tratados separados dedicados únicamente al tema complejo de acciones populares de California. Algunos estados, como Virginia, no aseguran ninguna acción popular, mientras los otros, como Nueva York, limitan los tipos de reclamaciones que se pueden traer como acciones populares.
El antepasado de la acción popular era lo que los observadores modernos llaman "el pleito del grupo," que parece haber sido completamente común en Inglaterra medieval aproximadamente a partir de 1200 adelante. Estos pleitos implicaron grupos de personas demanda o demandarse en acciones en el derecho consuetudinario. Estos grupos estaban por lo general basados en estructuras sociales existentes como pueblos, ciudades, parroquias y gremios. Lo que es asombroso sobre estos casos tempranos es que a diferencia de tribunales modernos, los tribunales ingleses medievales nunca pusieron el derecho en duda de los demandantes actuales de demandar de parte de un grupo o unos representantes para defender un grupo entero.
Como el profesor de derecho de UCLA Stephen Yeazell ha indicado, la razón más probable consiste en que el transporte abismalmente pobre, las comunicaciones y el aparato administrativo de tiempos medievales lo hicieron imposible para el soberano inglés manejar directamente el país entero en términos de individuos; era más fácil estructurar la sociedad imponiendo obligaciones a grupos que fueron hechos cumplir por el uso esporádico de la fuerza. Por su parte, los abogados y los jueces que hicieron funcionar el sistema del rey de la justicia en una sociedad estrictamente organizada en grupos no pondrían el derecho en duda de un grupo de demandar o demandarse porque hacer así traería en la pregunta la sociedad orientada por el grupo entera en la cual funcionaron.
A partir de 1400 hasta 1700, el pleito del grupo gradualmente cambió de ser la norma en Inglaterra a la excepción. El desarrollo del concepto de la corporación llevó a los partidarios ricos de la forma corporativa que se hace sospechoso hacia todas las personas jurídicas no incorporadas, que por su parte llevaron al concepto moderno de la asociación no incorporada o voluntaria. La historia tumultuosa de las guerras de las Rosas y luego la Cámara estrellada causó períodos durante los cuales los tribunales del derecho consuetudinario con frecuencia se paralizaban, y de la confusión el Tribunal de equidad surgió con la competencia exclusiva sobre el pleito del grupo.
Los casos de la cancillería en el pleito del grupo después de 1700 eran un lío totalmente incoherente, que Yeazell ha explicado señalando a las tendencias hacia fragmentación e individualismo en la sociedad inglesa durante ese período; las presiones sociales que resultan por último llevaron a la Reforma parlamentaria 1832. El problema que confundió la Cancillería era el cambio de la representación basada en el consentimiento de un grupo a la representación basada en un interés común, como la posesión de partes de una corporación. El pleito del grupo ha luchado con la tensión entre consentimiento e interés desde entonces.
Hacia 1850, el Parlamento había decretado varios estatutos en una base del caso por caso para tratar con cuestiones con regularidad afrontadas por ciertos tipos de organizaciones, como sociedades anónimas, y con el ímpetu para la mayor parte de tipos del pleito del grupo quitado, entró en una decadencia escarpada en la jurisprudencia inglesa de la cual nunca se recuperó. Fue debilitado adelante por el hecho que la equidad que suplica en general caía en la desgracia, que culminó en las Acciones de la Judicatura de 1874 y 1875. El pleito del grupo estaba esencialmente muerto en Inglaterra después de 1850.
El pleito del grupo sobrevivió en los Estados Unidos sólo gracias a la influencia del Juez asociado de la Corte Suprema Joseph Story, que lo importó en una forma mejor dicho destrozada en la ley estadounidense a través de discusiones sumarias en sus dos tratados de la equidad así como su opinión famosa en el Oeste v. Randall (1820). Aunque Story fuera muy inteligente y familiar con todos los precedentes ingleses relevantes, simplemente los resumió de una moda confusa porque "no podía concebir una función moderna o una teoría coherente para el pleito representativo: ¿por qué?" Como la mayor parte de americanos entonces y desde entonces, Story dio el individualismo por supuesto; en esa base, simplemente no podía entender una regla que permitió que un tribunal ligara a alguien que nunca había sido un partido al pleito supuestamente conducido de su parte.
El precursor más viejo a la regla de acción popular era el Artículo 48 de la Equidad, promulgado en 1833, que tuvo pleitos representativos en cuenta en situaciones donde había demasiados partidos individuales (que ahora forma el primer requisito para el pleito de acción popular, numerosity). Sin embargo, esta regla no permitió que tales pleitos ligaran a partidos ausentes situados de manera similar, que dieron la regla casi completamente inútil y eran una reflexión directa de la inhabilidad de la Historia de entender los viejos precedentes de la Cancillería ingleses. La confusión de la historia era por lo visto típica de abogados americanos del 19no siglo, ya que hasta Cristóbal Colón Langdell legendario también no podía entender los viejos casos.
Dentro de diez años, la Corte Suprema interpretó el Artículo 48 de tal modo de modo que se pudiera aplicar a partidos ausentes en ciertas circunstancias, pero sólo no haciendo caso del sentido de la llanura de la regla. A principios del 20mo siglo, el Artículo 48 de la Equidad se sustituyó por el Artículo 38 de la Equidad como la parte de una reestructuración principal de las Reglas de la Equidad, y cuando los tribunales federales combinaron sus sistemas procesales legales y equitativos en 1938, el Artículo 38 de la Equidad se hizo el Artículo 23 de las Normas federales de Derecho procesal civil.
Una revisión principal del FRCP en 1966 radicalmente transformó el Artículo 23, hizo la acción popular de opción de exclusión voluntaria la opción estándar y dio a luz a la acción popular moderna. Los tratados enteros se han escrito desde para resumir la masa enorme de la ley que apareció de la revisión de 1966 del Artículo 23. Como el pleito del grupo medieval ligó a todos los miembros del grupo sin tener en cuenta si todos ellos realmente aparecieron en el tribunal, la acción popular moderna liga a todos los miembros de la clase, a excepción de aquellos que aparecen y se oponen.
El Comité asesor que redactó el nuevo Artículo 23 a mediados de los años 1960 era bajo la influencia de dos desarrollo principal. Primero era la suposición de Harry Kalven, Hijo, y Maurice Rosenfeld en 1941 que el pleito de acción popular por accionistas individuales de parte de todos los accionistas de una compañía podría complementar con eficacia la regulación del gobierno directa de mercados de valores y otros mercados similares. El segundo desarrollo era la subida del movimiento por los derechos civiles afroamericano, environmentalism, y protección al consumidor. Como esperado, los grupos detrás de estos movimientos, así como muchos otros en los años 1960, los años 1970 y los años 1980 todos dieron vuelta a acciones populares como un medio para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, 1978 el tratado de la ley ambiental reimprimió el texto entero del Artículo 23 y mencionó "acciones populares" 14 veces en su índice.
Por supuesto, los negocios apuntados por acciones populares para infligir el daño agregado masivo han buscado modos de evitar acciones populares totalmente. En los años 1990, la Corte Suprema estadounidense publicó varias decisiones que reforzaron el "arbitraje de favoreciendo de la política federal". En la respuesta, los abogados han añadido provisiones a contratos del consumidor de la adherencia llamada "renuncias de acción colectivas". En 1999 el Foro del Arbitraje Nacional comenzó a abogar por esto tales contratos se deberían redactar para obligar a consumidores a renunciar el derecho a una acción popular completamente, y tales provisiones se han hecho muy populares entre negocios. Desde el noviembre de 2007, la validez legal de contratos de la adherencia con renuncias de acción popular es confusa, y los tribunales han dado mezclado y opiniones a veces contradictorias.
En la causa judicial de 2011 AT&T Movilidad v. Concepción, la Corte Suprema estadounidense dictaminó en una 5-4 decisión que la Acción del Arbitraje federal de 1925 se adelanta leyes del Estado que prohiben a contratos rechazar pleitos de acción popular, que lo harán más difícil para consumidores archivar pleitos de acción popular. El desacuerdo señaló a una cláusula de ahorro en el acto federal que permitió que estados determinaran cómo se pueden revocar un contrato o sus cláusulas.
Las acciones populares pueden ofrecer varias ventajas porque agregan un gran número de reclamaciones individualizadas en un pleito figurativo.
En primer lugar, la agregación puede aumentar la eficacia de la causa judicial y bajar los gastos de pleito. En casos con preguntas comunes de ley y hecho, la agregación de reclamaciones en una acción popular puede evitar la necesidad de "días que repiten de los mismos testigos y cuestiones del juicio al juicio." Jenkins v. Raymark Indus. Inc., 782 F.2d 468, 473 (5to Cir. 1986) (concesión de certificación de una acción popular que implica amianto).
En segundo lugar, una acción popular puede vencer "el problema que las pequeñas recuperación no proporcionan el incentivo a ningún individuo para traer una acción del solo que procesa su derechos." Golpecitos de Amchem., Inc. v. Windsor, 521 Estados Unidos 591, 617 (1997) (cotización de Macis v. Van Ru Credit Corp., 109 F.3d 388, 344 (7mo Cir. 1997)). "Una acción popular soluciona este problema agregando las recuperación potenciales relativamente ínfimas en algo digno de alguien (por lo general un abogado) trabajo." Golpecitos de Amchem., Inc., 521 Estados Unidos en 617 (cotización de Macis, 109 F.3d en 344). En otras palabras, una acción popular asegura que un demandado que toma parte en harmbut extendido haga tan mínimamente contra cada plaintiffmust individual compensan a aquellos individuos sus heridas. Por ejemplo, los miles de accionistas de una empresa pública pueden tener pérdidas demasiado pequeñas para justificar pleitos separados, pero una acción popular se puede traer eficazmente de parte de todos los accionistas. Quizás aún más importante que la compensación es que el tratamiento de la clase de reclamaciones puede ser la única manera de imponer los gastos de maldad en el malhechor, así desalentando la futura maldad.
En tercer lugar, los casos de acción popular se pueden traer para cambiar deliberadamente el comportamiento de una clase de la cual el demandado es un miembro. Landeros v. La inundación era un caso de punto de referencia usado para cambiar deliberadamente el comportamiento de doctores y animarlos a relatar el abuso infantil sospechado. Por otra parte, estarían enfrente de la amenaza de acción civil para daños en el agravio que próximamente fluye del fracaso de relatar las heridas sospechadas. Antes, muchos médicos habían permanecido poco dispuestos a relatar casos del abuso infantil aparente, a pesar de la ley vigente que lo requirió.
En cuarto lugar, en "el fondo limitado" casos, una acción popular asegura que todos los demandantes reciban el alivio y que los demandantes que archivan temprano no asaltan el fondo (es decir, el demandado) de todos sus activos antes de que otros demandantes se puedan compensar. Ver a Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 Estados Unidos 815 (1999). Una acción popular en tal situación centraliza todas las reclamaciones en un local donde un tribunal puede dividir equitativamente los activos entre todos los demandantes si ganan el caso.
Finalmente, una acción popular evita la situación donde las sentencias judiciales diferentes podrían crear "estándares incompatibles" de la conducta para el demandado para seguir. Ver Alimentado. R. Civ. P. 23 (b) (1) (A). Por ejemplo, un tribunal podría certificar un caso para el tratamiento de la clase donde varios obligacionistas individuales demandan para determinar si pueden convertir sus obligaciones a la acción común. El rechazo pleitear el caso en un juicio podría causar resultados diferentes y estándares inconsecuentes de la conducta para la corporación del demandado. Así, los tribunales permitirán generalmente una acción popular en tal situación. Ver, p.ej, a Van Gemert v. Boeing Co., 259 F. Supp. 125 (distrito del sur de Nueva York 1966).
Si una acción popular es superior al pleito individual depende del caso y es determinado por el fallo del juez en un movimiento para la certificación de la clase. La Nota del Comité asesor al Artículo 23, por ejemplo, declara que los agravios de masas no son generalmente "asignan" para el tratamiento de la clase. El tratamiento de la clase puede no mejorar la eficacia de un agravio de masas porque las reclamaciones con frecuencia implican cuestiones individualizadas de ley y hecho que se tendrá que procesar de nuevo en una base individual. Ver Castano v. Son. Tobacco Co., 84 F.3d 734 (5to Cir. 1996) (rechazar acción popular de escala nacional contra empresas tabacaleras). Los agravios de la misa también implican indemnizaciones por daños individuales altas; así, la ausencia del tratamiento de la clase no impedirá la capacidad de demandantes individuales de buscar a la justicia. Ver id. Otros casos, sin embargo, pueden ser más conducentes al tratamiento de la clase.
El preámbulo al Acto de Imparcialidad de Acción popular de 2005, pasado por el Congreso de los Estados Unidos, encontrado:
Hay varias críticas de acciones populares. El preámbulo al Acto de Imparcialidad de Acción popular declaró que algunas acciones populares abusivas dañaron a miembros de la clase con reclamaciones legítimas y demandados que han actuado con responsabilidad; comercio internacional negativamente afectado; y respeto público minado al sistema judicial del país.
Los miembros de la clase a menudo reciben poca o ninguna ventaja de acciones populares. Los ejemplos citados para esto incluyen honorarios grandes de los abogados, dejando a miembros de la clase con cupones u otros premios de poco o ningún valor; los premios injustificados se hacen a ciertos demandantes a cargo de otros miembros de la clase; y los avisos confusos se publican que impiden a miembros de la clase ser capaces de entender totalmente y ejercer con eficacia sus derechos.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, los pleitos de la clase a veces ligan a todos los miembros de la clase con un establecimiento bajo. Estos "establecimientos del cupón" (que por lo general permiten que los demandantes reciban una pequeña ventaja como un pequeño control o un cupón para futuros servicios o productos con la compañía del demandado) son un modo para un demandado de prevenir la responsabilidad principal impidiendo un gran número de la gente de pleitear sus reclamaciones por separado, recuperar la compensación razonable de los daños. Sin embargo, la ley vigente requiere la aprobación judicial de todos los establecimientos de acción popular, y en mayoría de los casos dan a miembros de la clase una posibilidad de optar del establecimiento de la clase, aunque los miembros de la clase, a pesar de avisos de opción de exclusión voluntaria, puedan ser inconscientes de su derecho de optar porque no recibieron el aviso, no lo leyeron, o no lo entendieron.
El Acto de Imparcialidad de Acción popular de 2005 direcciones estas preocupaciones. Los establecimientos del cupón pueden ser escudriñados por un experto independiente antes de la aprobación judicial a fin de asegurar que el establecimiento sea de valor a los miembros de la clase (28 U.S.C.A. 1712 (d)). Adelante, si la acción asegura el establecimiento en cupones, el abogado debe tomar una parte correspondiente de sus honorarios en cupones. 28 U.S.C.A. 1712 (a).
Los casos de acción popular presentan desafíos éticos significativos. Los demandados pueden sostener subastas inversas y cualquier de varios partidos puede tomar parte en discusiones del establecimiento collusive. Las subclases pueden tener intereses que divergen enormemente de la clase, pero se pueden tratar lo mismo. Los establecimientos propuestos podrían ofrecer algunos grupos (como ex-clientes) mucho mayores ventajas que otros. En un informe hecho en una conferencia ABA sobre acciones populares en 2007, los autores comentaron que "los casos competidores también pueden proporcionar oportunidades de discusiones del establecimiento collusive e invertir subastas por demandados deseosos de resolver su nueva exposición al coste más económico."
Aunque normalmente los demandantes sean la clase, las acciones populares del demandado también son posibles. Por ejemplo, en 2005, la Archidiócesis de Portland se demandó como la parte del escándalo de abuso sexual del sacerdote católico. Todos los feligreses de las iglesias de la Archidiócesis se citaron como una clase del demandado. Esto se hizo para incluir sus activos (iglesias locales) en cualquiera settlement.http://www.archdpdx.org/bankruptcy/news/class-action-notice.html Donde tanto los demandantes como los demandados se han organizado en clases aprobadas por el tribunal, la acción se llama una acción popular bilateral.
En una acción popular, el demandante busca la aprobación del tribunal de litigar de parte de un grupo de personas situadas de manera similar. No cada demandante busca o podría obtener, tal aprobación. Como una alternativa procesal, el abogado del demandante puede intentar contratar a cada persona situada de manera similar que el consejo puede encontrar como un cliente. El consejo del demandante se puede afiliar entonces a las reclamaciones de todas estas personas en una queja, una llamada "acción de masas," esperando tener la misma eficiencia y acción de palanca económica como si una clase se había certificado.
Como las acciones de masas funcionan fuera de los procedimientos detallados presentados para acciones populares, pueden plantear dificultades especiales para ambos demandantes, demandados y el tribunal. Por ejemplo, el establecimiento de acciones populares sigue un camino previsible de la negociación con abogado de la clase y representantes, escrutinio del tribunal y aviso. Puede no haber una manera de colocar uniformemente todas muchas reclamaciones traídas vía una acción de masas. Algunos estados permiten al consejo del demandante conformarse con todos los demandantes de acción de masas según una mayoría de votos, por ejemplo. Otros estados, como Nueva Jersey, requieren que cada demandante apruebe el establecimiento de las propias reclamaciones individuales de ese demandante.
El Código austríaco del Derecho procesal civil (Zivilprozessordnung – ZPO) no asegura un proceso especial el pleito de acción popular complejo. Sin embargo, las organizaciones del consumidor austríacas (Verein für Konsumenteninformation/VKI y la Cámara federal de Labour/Bundesarbeitskammer), en años recientes, han traído reclamaciones de parte de cientos o hasta miles de consumidores. Esta técnica, pronto marcada como “el estilo austríaco de acción popular”, tiene una reducción significativa en cuenta de gastos totales. La Corte Suprema austríaca, en un juicio reciente, ha confirmado la admisibilidad legal de estos pleitos en la condición que todas las reclamaciones están esencialmente basadas en las mismas tierras.
El Parlamento austríaco ha solicitado unánimemente que el Ministro de Justicia federal austríaco examine la posibilidad de la nueva legislación que asegura una manera rentable y apropiada de tratar con reclamaciones de masas. Juntos con el Ministerio austríaco de Seguridad social, Generaciones y Protección de los consumidores, el Ministerio de Justicia abrió la discusión con una conferencia sostenida en Viena en el junio de 2005. Con la ayuda de un grupo de expertos de muchos campos, el Ministerio de Justicia comenzó a redactar la nueva ley en el septiembre de 2005. Con las posiciones individuales que varían enormemente, un consenso político no se podía alcanzar.
Las leyes provinciales en Canadá permiten acciones populares. Todas las provincias permiten clases del demandante y algunas clases del demandado del permiso. Quebec era la primera provincia para decretar la legislación de medidas de la clase en 1978. Ontario era siguiente con el Acto de Medidas de la Clase, 1992. Desde 2008, 9 de 10 provincias han decretado la legislación de acciones populares completa. En la Isla del Príncipe Eduardo, donde ninguna legislación completa existe, después de decisión de la Corte Suprema de Canadá en Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, [2001] 2 S.C.R. 534, las acciones populares se pueden avanzar bajo un gobierno local del tribunal. El Tribunal federal de Canadá permite acciones populares bajo la Parte V.1. de las Reglas de Tribunales federales.
La legislación en Saskatchewan, Manitoba, Ontario y Nueva Escocia expresamente o por la opinión judicial se ha leído para tener en cuenta lo que informalmente se conoce como acciones populares "de opción de exclusión voluntaria" nacionales, por lo cual los residentes de otras provincias se pueden incluir en la definición de la clase y potencialmente ligarse por el juicio del tribunal sobre cuestiones comunes a menos que ellos opción de exclusión voluntaria en una manera prescribida y tiempo. Las sentencias judiciales han decidido que esto permite a un tribunal en una provincia incluir a residentes de otras provincias en la acción popular en una base "de opción de exclusión voluntaria".
Las opiniones judiciales recientes han indicado que los poderes de opción de exclusión voluntaria nacionales legislativos provinciales no se deberían ejercer para interferir con la capacidad de otra provincia de certificar una acción popular paralela para residentes de otras provincias. El primer tribunal para certificar excluirá generalmente a residentes de provincias cuyos tribunales han certificado una acción popular paralela. Sin embargo, en el pleito de Vioxx, dos tribunales provinciales recientemente certificaron acciones populares que se superponen por lo cual los residentes canadienses son miembros de la clase en dos acciones populares en dos provincias. Ambas decisiones están bajo la petición.
El pleito de acción popular más grande hasta ahora en Canadá se colocó en 2005 después de que Nora Bernard inició esfuerzos que llevaron a aproximadamente 79,000 sobrevivientes del sistema escolar residencial de Canadá que demanda al gobierno canadiense. El establecimiento ascendió a hacia arriba de dólares de $5 mil millones.
Según la ley francesa, una asociación puede representar los intereses colectivos de consumidores; sin embargo, cada demandante se debe individualmente llamar en el pleito. El 4 de enero de 2005, el presidente Chirac impulsó cambios que proporcionarían la mayor protección de los consumidores. Se propuso un proyecto de ley en el abril de 2006. Según las ofertas el tribunal será capaz de decidir si permitir una acción traída por una asociación de parte de consumidores (que debe comprender a al menos dos individuos) para bienes comprados según un contrato estándar. Después de que tal acción se trae, la asociación tendría derecho a identificar a consumidores adicionales durante un período de un mes. El tribunal determinaría los daños que se deben conceder a los consumidores que han optado - en a las medidas, con daños limitados con 2000 Euros; los honorarios contingentes de abogados se excluirían. El presidente de la Corte Suprema francesa recientemente declaró que "las acciones populares son inevitables." Sin embargo, la cuenta se retiró en el enero de 2007 a petición del ministro de salud Xavier Bertrand.
El 1 de noviembre de 2005, Alemania decretó el “Acto en Medidas del Caso Modelas en Disputas según la Ley de Mercados de capital (Acto del Caso del Modelo de Mercados de capital)” permiso de medidas de la muestra para traerse antes de los tribunales en el pleito que proviene de transacciones de mercados de capital de masas. No se aplica a ningún otro proceso del derecho civil. No parece a acciones populares en Statesit Unido sólo se aplica a partidos que han presentado ya la demanda y no permite que una reclamación se traiga en nombre de un grupo desconocido de demandantes. Los efectos de la nueva ley se supervisarán durante los próximos cinco años. Contiene una ‘cláusula de la puesta del sol’, y dejará automáticamente de tener el efecto el 1 de noviembre de 2010, a menos que la legislatura decida prolongar la ley o ampliarla a otras medidas de la causa civil de masas.
Italia tiene la legislación de acción popular ahora. Las asociaciones del consumidor pueden archivar reclamaciones de parte de grupos de consumidores para obtener pedidos judiciales contra corporaciones que causan la herida o el daño a consumidores. Estos tipos de reclamaciones aumentan y los tribunales italianos les han permitido recientemente contra bancos que siguen aplicando el interés compuesto en los sobregiros de la cuenta corriente de los clientes detallistas. La introducción de acciones populares está por el orden del día del nuevo gobierno. El 19 de noviembre de 2007 el Senato della Repubblica pasó una ley de acción popular en Finanziara 2008, un documento financiero para la dirección de ahorro del gobierno. Ahora (a partir del 10 de diciembre de 2007), por orden del sistema de la legislación italiano, la ley es antes de la Casa y también tiene que ser pasada por el Camera dei Deputati, la segunda casa del Parlamento italiano, para hacerse una ley eficaz. En 2004, el parlamento italiano consideró la introducción de un tipo de acción popular, expresamente en el área de la ley de los consumidores. Hasta ahora, ninguna tal ley se ha decretado, sin embargo los eruditos demostraron que las acciones populares (azioni rappresentative) no contrastan con principios italianos del derecho procesal civil. La Acción popular es regulada por el arte. 140 bis del código de los consumidores italianos y será vigente a partir del 1 de julio de 2009.
Las decisiones de la Corte Suprema india en los años 1980 soltaron el lugar geométrico estricto standi requisitos para permitir que la clasificación de pleitos de parte de derechos privara secciones de la sociedad por individuos dispuestos del público o cuerpos. Aunque no estrictamente "pleito de acción popular" como se entiende en la ley americana, el Pleito de Interés público proviniera de los amplios poderes de la revisión judicial concedida a la Corte Suprema de India y varios Tribunales Supremos bajo los Artículos 32 y 226 de la Constitución de India respectivamente. La clase de remedios buscados de tribunales en el Pleito de Interés público va más allá del mero premio de daños a todos los grupos afectados y ha continuado a veces (polémicamente) a incluir la escucha del Tribunal de la realización de legislación y hasta la enmarcación de pautas en ausencia de la legislación Parlamentaria.
Sin embargo, esta jurisprudencia innovadora no ayudó a las víctimas de la Tragedia de Gas Bhopal que eran incapaces de procesar totalmente un pleito de acción popular (como entendido en el sentido americano) contra el Carburo de la Unión debido a reglas procesales que harían tal pleito imposible de concluir y pesado para realizar. En cambio, el Gobierno de India ejerció su derecho de parens patriae para asignar todas las reclamaciones de las víctimas y se puso a litigar de su parte, primero en los tribunales de Nueva York y más tarde, en los tribunales indios. Por último, el asunto se colocó entre la Unión de Carburo de la Unión e India (en un establecimiento supervisado por la Corte Suprema de India) para una suma de Rs. 760 crores (aproximadamente 400 millones de dólares) como un establecimiento completo de todas las reclamaciones de todas las víctimas para siempre para venir.
El Pleito de Interés público se ha ensanchado ahora en el alcance para cubrir grupos más grandes y más grandes de ciudadanos que pueden ser afectados por la inacción del Gobierno. Los ejemplos recientes de esta tendencia incluyen la conversión de todo el transporte público en la ciudad de Delhi de motores Diesel a motores CNG sobre la base de los pedidos del Tribunal Supremo de Delhi; la escucha del uso forestal por los Tribunales Supremos y la Corte Suprema para asegurar que no haya ninguna pérdida injustificada de la cubierta forestal; y las direcciones que encomiendan la revelación de activos de candidatos electorales por las Casas del Parlamento y Asamblea estatal.
Sin embargo, del tardío, la Corte Suprema ha observado que el PIL ha tendido a hacerse un medio de ganar la publicidad u obtener el alivio al contrario de legislación según la constitución válida y política. Los observadores indican que muchos Tribunales Supremos y ciertos jueces de la Corte Suprema están poco dispuestos a entretener PILs, hasta los archivados por Organizaciones No gubernamentales conocidas y activistas, citando preocupaciones del equilibrio de poderes y la importancia de la fabricación de la ley democrática.
La ley holandesa permite acciones colectivas traídas por asociaciones de parte de partes perjudicadas que buscan una declaración judicial que la compañía es obligada del daño que ha causado (Código civil holandés del artículo 3:305a). Además, un acuerdo del establecimiento con la asociación como uno de los partidos, puede ser declarado ligando para todas las partes perjudicadas por el Tribunal de apelación de Amsterdam (Código civil holandés del artículo 7:907). Las partes perjudicadas tienen un derecho de opción de exclusión voluntaria.
La ley española permite que asociaciones del consumidor denominadas tomen medidas para proteger los intereses de consumidores. Varios grupos ya tienen el poder de traer colectivo o acciones populares: ciertas asociaciones del consumidor, cuerpos legalmente constituidos para defender el ‘interés colectivo’ y grupos de partes perjudicadas.
Los cambios recientes en reglas del derecho procesal civil españolas incluyen la introducción de una cuasi acción popular directamente para ciertas asociaciones del consumidor para reclamar daños de parte de clases no identificadas de consumidores. Las reglas requieren que asociaciones del consumidor representen un número adecuado de partidos afectados que han sufrido el mismo daño. También cualquier juicio hecho por el tribunal español pondrá a los beneficiarios individuales en una lista o, si esto no es posible, condiciones que se tienen que realizar para un partido para beneficiarse de un juicio.
La ley suiza no tiene ninguna forma en cuenta de la acción popular. Cuando el gobierno propuso un nuevo código federal del derecho procesal civil en 2006, sustituyendo los códigos cantonales del derecho procesal civil, rechazó la introducción de acciones populares, sosteniendo que:
Duques v. Wal-Mart, el pleito de acción popular de derechos civiles más grande hasta ahora
Lista de pleitos de acción popular
Pleito de Interés público, un sistema similar adoptado en India
Bill de Paz, un precursor inglés a acciones populares
Reparación colectiva, un marco jurídico similar actualmente en desarrollo en la Unión Europea
Manual para pleito complejo, cuarto
Banco de liquidación de acción popular de valores de Stanford
LA INTRODUCCIÓN DE ACCIONES POPULARES EN BÉLGICA
Reparación colectiva en Europa
George Parker, la Unión Europea considera la acción popular del consumidor, el "Financial times", el 4 de marzo de 2007
John Beisner y Charles Borden, en Camino a Abuso de Pleito: La Exportación Persistente de Acción popular estadounidense y Ley antimonopólica, Instituto de la Cámara estadounidense de Reforma judicial, octubre de 2006
Mattil/Desoutter: acción popular europea (alemán) WM 12/2008
Título 28 del Código de los Estados Unidos