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Timestamp: 2017-09-21 06:56:47
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Aula Virtual OSCE Compras estatales seace ley contrataciones documentos: Capítulo 2 del Módulo 1.-Principios Rectores de la Contratación Pública
Capítulo 2 del Módulo 1.-Principios Rectores de la Contratación Pública
I. Ejercicio de la función pública
Comenzaremos el estudio de este tema con la lectura de la siguiente opinión, emitida por la Direcciòn Técnico Normativa de OSCE:
Opinión Nº 005-2008/DOP.- “En relación con la aplicación de la normativa, debe indicarse que la actuación de la Administración Pública se encuentra regida por el principio de legalidad. Por lo tanto, todo acto de la Administración debe fundarse en la normativa vigente; es decir, existe una vinculación positiva de la Administración a la ley, de modo que toda actuación administrativa deba referirse a un precepto jurídico.
En el caso de la contratación pública, la Ley y el Reglamento consagran las normas básicas y los procedimientos que deben observar las Entidades del sector público para adquirir o contratar bienes, servicios u obras. Ello por cuanto el artículo 76º de la Constitución Política del Perú reconoce a la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado como de orden público, y, por ende, de cumplimiento obligatorio.
En esa medida, los actos y decisiones que adopten las Entidades o, específicamente, los Comités Especiales durante la tramitación de un proceso de selección, deben sujetarse de manera estricta a lo dispuesto por la Ley, el Reglamento y toda norma sobre contrataciones y adquisiciones del Estado que resulte aplicable, sin que pueda adicionarse supuestos no contemplados expresamente por la normativa o que no deriven de dichas disposiciones.
Ahora bien, respecto de la descalificación de las propuestas económicas, el artículo 130º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece que “… En el caso de los procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje y, de existir alguna incorrección, deberá descalificarla, procediendo a realizar la misma verificación de la propuesta que sigue en el orden de prelación”.
Sobre el particular, se observa que, tratándose de procesos convocados bajo el sistema de precios unitarios, la normativa vigente de contrataciones y adquisiciones del Estado penaliza con la descalificación de la propuesta, cualquier error aritmético en la oferta económica.
De lo indicado en los párrafos precedentes se advierte que la aplicación del artículo 130º del Reglamento no admite discrecionalidad; por lo que si el postor incurre en el supuesto de descalificación previsto por la norma, no se puede realizar una interpretación que conlleve a una consecuencia distinta a la regulada”.
En el caso planteado se advierte que el artículo 130º del entonces Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado describía la decisión que debía adoptarse en el proceso de selección convocado bajo el sistema de precios unitarios o tarifas. Si se daba el caso que la propuesta económica que obtuviera el mayor puntaje, hubiese incurrido en error en alguna de las operaciones aritméticas que la sustentan.
La Administración no puede escapar a la legalidad de la norma, que le dicta con precisión lo que debe hacer: descalificar la propuesta económica. Dicha disposición no le confiere al operador de la norma un margen para valorar individualmente la mejor solución.
El artículo 130º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, materia de nuestro ejemplo, que generó la Opinión Nº 005-2008/DOP, ha sido modificado por el numeral 5) del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF, por cuanto ahora “En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda (…)”. Observamos que la posición del legislador de la normativa de contrataciones del Estado es ahora abismalmente diferente a la anterior: adopta una posición más flexible, lo cual constituye un logro en nuestro ordenamiento jurídico.
De lo anteriormente expresado, se aprecia que le tema que nos ocupa está vinculado a la vigencia del principio de legalidad.
En el Derecho Público el principio de legalidad, previsto en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, posee una significación distinta a la de otros ordenamientos de naturaleza privada, en el sentido de sujetar la actuación de la Administración Pública a lo expresamente reconocido en las normas correspondientes. Así, en contraste con el Derecho Privado —ámbito dentro del cual se verifica la preeminencia de la autonomía de la voluntad de los privados— donde lo que no está prohibido por Ley expresa está permitido; en el Derecho Público, la Administración carece, en principio, de autodeterminación no sólo en el orden de los fines, sino en el de sus actuaciones concretas; esto significa que la actuación de los sujetos requiere de una habilitación legal previa, sin la que carecería de todo poder jurídico.
Si bien es cierto que las actuaciones de la Administración deben estar sujetas a lo establecido en el ordenamiento jurídico, no siempre estarán taxativamente descritas en él y, en ocasiones, incluso esto resultaría imposible por la diversidad y el carácter imprevisible de algunas situaciones. Es por ello que la norma ha contemplado algunos supuestos donde existe una libertad que debe ser ejercida entre determinados parámetros, dependiendo de criterios sostenidos en los principios orientadores del Derecho Administrativo.
De esta manera, podemos destacar la existencia de dos tipos de potestades o actuaciones de la Administración: actuaciones regladas y actuaciones no regladas.
1. Actuaciones regladas
Las potestades regladas son aquellas en las que la ley determina exhaustivamente las condiciones de su ejercicio y regula las consecuencias o efectos que produce. En estos casos, la Administración se limita a aplicar la ley en sus propios términos.
A continuación citamos algunos ejemplos de esta clase de actuación pública, contemplados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Ejemplo Nº 1: La emisión del informe por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones en el proceso de selección declarado desierto.
“Cuando un proceso de selección es declarado desierto total o parcialmente, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá emitir informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del proceso, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente” (Tercer párrafo del Art. 78º del Reglamento).
Ejemplo Nº 2: Rechazo de plano por las unidades de trámite documentario de las entidades o del Tribunal de OSCE, del recurso de apelación presentado prematuramente.
“El recurso de apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella que sea presentado antes de haberse efectuado el otorgamiento de la Buena Pro, será rechazado de plano, sin mayor trámite, por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda, con la simple verificación en el SEACE de la fecha programada para el otorgamiento de la Buena Pro” (Numeral 3 del art. 110 del Reglamento).
Ejemplo Nº 3: Aplicación de la penalidad por mora por la entidad al contratista.
“En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse” (Primer párrafo del art. 165º del Reglamento).
2. Actuaciones discrecionales
Una actuación administrativa es discrecional cuando la Administración, al hacerla efectiva, puede optar por distintas soluciones y todas ellas son formalmente válidas. Su aplicación resuelve aquellos supuestos en los que la Ley no puede, de forma general y anticipada, definir y regular todas las condiciones de ejercicio de una potestad o todas sus consecuencias, por ser ambas imprevisibles o variables según las circunstancias. En estos casos, la propia Ley atribuye a la Administración la posibilidad de valorar, de acuerdo con dichas circunstancias, tales condiciones y efectos, pudiendo, consiguientemente, actuar en un sentido o en otro.
La potestad discrecional no supone, sin embargo, que la Administración disponga de una libertad incondicionada para actuar, por cuanto el ámbito de discrecionalidad que la ley le otorga no afecta en bloque a todos los elementos de la actuación administrativa, sino sólo a alguno de ellos, estando los demás regulados y excluidos de la libre apreciación administrativa.
A continuación citamos unos casos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, donde se advierte claramente la adopción de potestades de esta índole.
Ejemplo Nº 1: Evaluación realizada por el Tribunal, de criterios para la determinación gradual de sanción económica, a árbitros en materia de contratación pública.
“El Tribunal evaluará los actuados y, de concluir que asiste responsabilidad, sancionará económicamente a los árbitros con una multa no menor de una (1) ni mayor de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias vigente. La graduación de la sanción se sujetará a los criterios establecidos en el artículo 245° en lo que corresponda” (Tercer párrafo del art. 238º del Reglamento).
Ejemplo Nº 2: En determinadas circunstancias, la entidad podrá requerir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al contratista otorgándole plazos mayores a cinco días pero nunca mayores a quince días.
“Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras.” (Primer y segundo párrafo del art. 169º del Reglamento).
Ejemplo Nº 3: Una Entidad fija el plazo que otorgará al postor adjudicatario, para efectos de la suscripción del contrato.
“Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.” (Numeral 1 del art. 148º del Reglamento).
Resulta muy interesante advertir que en el siguiente ejemplo confluyen las dos potestades explicadas. La potestad reglada aparece cuando se especifican cuáles son los factores de evaluación que deberán considerarse en los procesos de selección para contratación de obras y; la potestad discrecional deberá emerger de los márgenes que la norma establece respecto a los puntajes a asignar, los cuales serán determinados por la autoridad administrativa sobre la base de los principios que rigen en la contratación pública y, supletoriamente, en el procedimiento administrativo general.
Ejemplo Nº 4: El Comité Especial, al elaborar las Bases, fija el puntaje de los factores de evaluación dentro de los parámetros que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece.
“3. Las Bases deberán considerar los siguientes márgenes de puntaje para los factores de evaluación:
3.1 Experiencia en obras en general: De 15 a 20 puntos.
3.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 35 puntos.
3.3 Experiencia y calificaciones de personal profesional: De 30 a 35 puntos.
3.4 Cumplimiento de ejecución de obras: De 15 a 20 puntos” (Numerales 3 y 4 del art. 47º del Reglamento).
Resulta relevante indicar que los principios generales del derecho son un criterio de interpretación cuando las normas son poco claras o existe algún vacío legal. Todos los principios suelen ser concurrenciales al caso en que se pretende aplicar, pero solo algunos tienen mayor afinidad con la naturaleza de la materia que se discute.
II. Principios del Derecho Administrativo
Los principios del derecho administrativo están contenidos en el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 y son 16:
Principio de presunción de veracidad
Principio de conducta procedimental
A continuación, dado que las definiciones de los aludidos principios están previstas en la Ley, consideramos pertinente explicarlos a través de algunos ejemplos, hallados en pronunciamientos, opiniones y resoluciones del Tribunal de OSCE.
EJEMPLO Nº 1: Principio de legalidad
En su planteamiento original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Ello obedecía a una interpretación estricta del principio de la separación de poderes originado en la Revolución francesa. El principio de legalidad opera entonces como una cobertura legal previa de toda potestad: cuando la Administración cuenta con ella, su actuación es legítima.
Resolución Nº 461.2008.TC-4.- “Es por ello, que las Bases no pueden incluir requisitos y/o condiciones ilegales o violatorias de disposiciones normativas, por cuanto la actuación estatal debe regirse por el respeto al principio de legalidad. En ese sentido, la clara y precisa identificación del objeto materia de convocatoria, la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, así como los criterios de evaluación y calificación constituyen requisitos fundamentales que deben estar contemplados en las Bases, toda vez que sin dichos elementos los postores no sabrán exactamente qué proponer, o sus propuestas no podrán ser cotejadas con el mínimo de objetividad necesaria que garantice un tratamiento igualitario a los concurrentes.”
EJEMPLO Nº 2: Principio de razonabilidad
Con este principio se busca que exista proporción entre los medios a emplear por la autoridad administrativa y los fines públicos que deba tutelar, siempre y cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados,
Resolución Nº 001.2008.TC-3.- “Por tanto, en aplicación del Principio de Razonabilidad, contemplado en el numeral 1.4 del Título Preliminar y en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley N.° 27444, y atendiendo a la necesidad de que las empresas no sean privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer el cometido de la norma infringida, este Colegiado considera conveniente imponer diez (10) meses de inhabilitación temporal a la empresa Servicios Generales Y Electromecánicos Industriales SRL en razón a la naturaleza de la infracción y del documento apócrifo; la conducta procesal del infractor, quién carece de antecedentes en lo que respecta a haber sido inhabilitado anteriormente en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado.”
EJEMPLO Nº 3: Principio de informalismo
Consiste básicamente en excusar al administrado de exigencias formales no esenciales.
Resolución Nº 227.2008.TC-2.- “Asimismo, sobre ambos alegatos del impugnante también debe tenerse en cuenta que el Principio de Informalismo, establece que se deben evitar formalismos excesivos que puedan afectar los derechos de los administrados; por lo que no cabe descalificar a ningún postor por no presentar el índice de documentos ni la Declaración de ser Micro o Pequeña empresa. Al respecto, este principio impone la obligación de interpretar las normas en forma favorable a los administrados subsanando posibles omisiones u errores formales dentro del procedimiento, en este sentido la exigencia de un “orden” en la preparación de la propuesta técnica no constituye siquiera un error en algún aspecto formal, por lo cual el argumento que se debe aplicar el principio de Informalismo para subsanar este hecho no es compartido por este Colegiado, toda vez que el mismo no sería de aplicación para el presente caso”.
EJEMPLO Nº 4: Principio de eficacia
La exigencia de eficacia es consustancial a una Administración, caracterizada por la nota de servicialidad. La eficacia es un criterio de legitimidad de la Administración.
Resolución Nº 710.2006.TC-SU.- “Ahora bien, dentro de los principios administrativos que recoge la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el numeral 1.10 del Artículo IV de su Título Preliminar se consagra el de eficacia, el cual consiste en hacer prevalecer el cumplimiento de los fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre las formalidades no relevantes, aplicando criterios de economía y flexibilidad a favor del administrado. Correctamente entendida, la eficacia no es una regla jurídica con contenido sustancial que permita su aplicación inmediata ni tampoco una técnica administrativa que lo haga asumible sino, más bien, es una calidad axiológica alcanzada, que supone un juicio sobre los resultados de la actuación administrativa, por lo que no puede medirse por la propia Administración ni coetáneamente sino por los usuarios o administrados.
Por tal motivo, debe entenderse el valor de la eficacia como una obligación de la Administración y de los administrados a ser virtuosos en sus actos procedimentales, y no como un mero principio de orden programático a futuro para la Administración en general.
De este principio se desprende que la regla de la economía procesal se dirija a evitar la realización de trámites innecesarios, producir actos ya efectuados, retrotraer actuaciones procesales y a propiciar, entre otros, la conservación de actos.”
EJEMPLO Nº 5: Principio de conducta procedimental
Conforme a este principio ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.
Resolución Nº 742.2008.TC-1.- “Por otro lado, este Tribunal considera necesario referirse a la conducta procedimental del postor impugnante en el presente procedimiento, la cual como se ha podido advertir en los numerales precedentes, se encuentra orientada a dilatar innecesariamente la satisfacción oportuna de las necesidades de La Entidad, tal como se evidenció del presente procedimiento, puesto que si se quería corroborar la eficacia, la idoneidad y la calidad del producto ofertado por el postor ganador de la Buena Pro, debió solicitarse las pruebas pertinentes a dicho postor, el cual como bien se indicó precedentemente demostró el cumplimiento de lo requerido por las Bases.
EJEMPLO Nº 6: Principio de privilegio de controles posteriores
Según este principio las Entidades del Sector Público deben privilegiar las técnicas de control posterior, en lugar de las técnicas de control preventivo, en los procedimientos que se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados los procedimientos que conduce.
Resolución Nº 379.2007.TC-2.- “En consecuencia, tanto por aplicación del principio de privilegios de controles posteriores, como en mérito a las facultades del Comité Especial para realizar todas las acciones tendientes a obtener un proceso de evaluación técnica de mayor certeza y calidad, resulta perfectamente válido y ceñido a derecho que dicho colegiado disponga la realización de una inspección a las instalaciones de los postores con el fin de verificar el cumplimiento de lo declarado por éstos en sus propuestas; en nuestro caso particular, con la manifestación respecto a contar con el stock ofertado”.
EJEMPLO Nº 7: Principio de celeridad
Por el principio de celeridad, las actividades procesales se realizan diligentemente y dentro de los plazos establecidos.
Opinión Nº 91.2005-GTN.- “CONSULTA: En el caso de los procesos de adjudicación de menor cuantía ¿El registro es automático o lo hace la propia Entidad o cada proveedor deberá acercarse a registrarse luego de la invitación cursada por la Entidad? //
OPINIÓN: Aún en los procesos de adjudicación de menor cuantía convocados mediante invitación existe la obligación por parte de los proveedores de registrarse como participante, no obstante la gratuidad del registro. Empero, dada la simplicidad y celeridad que prima en este tipo de procesos de selección, el citado registro podrá realizarse incluso mediante una comunicación cursada vía correo electrónico o fax, siempre que conste indubitablemente la intención de dicho proveedor de participar en el referido proceso de selección”.
III. Principios del régimen de la contratación pública
Los procesos de contratación regulados por la Ley y su Reglamento se rigen por los principios que a continuación se enumeran; sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios están contemplados en el artículo 4) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Estos principios son axiomas fundamentales que rigen la actuación de los agentes públicos y privados que intervienen en las contrataciones estatales. Buscan garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a costos o precios adecuados.
Tienen por finalidad servir de criterio interpretativo e integrador para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas y constituyen parámetros para la actuación de los funcionarios. Asimismo, ayudan a suplir los vacíos que las normas puedan tener.
El siguiente cuadro nos indica los alcances de cada uno de estos principios:
Promoción del Desarrollo Humano No dejar de lado al hombre que es el beneficiario final. Todo proceso debe satisfacer necesidades y a la vez cumplir metas y objetivos, lo que impacta en la población social
Los actos referidos a las contrataciones deben caracterizarse por su honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
Libre Concurrencia y Competencia Fomentar la participación (en términos positivos), a diferencia de competencia que es no discriminar (lo negativo).
Imparcialidad Acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad se adoptarán en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas.
Razonabilidad Antes sólo se decía expresamente para los factores de evaluación. Ahora se amplía y se aplica a todos los actos de las 3 fases.
Eficiencia Los bienes, servicios u obras que se contraten, deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.
Publicidad Transparencia, SEACE.
Transparencia Toda contratación deberá realizarse sobre criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores.
Economía En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las Bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias.
Vigencia Tecnológica Los bienes, servicios u obras deben reunir condiciones de calidad y modernidad tecnológica para cumplir fines requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
Trato Justo e Igualitario Todo postor de bienes, servicios u obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo excepciones.
Tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio.
Equidad Medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Ejemplo: GFC no es obligatorio para MYPES.
Sostenibilidad Ambiental Compras verdes. No generar impacto ambiental negativo. Ver la sostenibilidad del bien durante su vida útil. Ver también el costo de eliminación del bien, lo menos perjudicial.
EJEMPLO Nº1: Principio de libre concurrencia y de competencia
Actualmente el principio de competencia ha sido fusionado al principio de libre concurrencia, entendiéndose por este doble concepto que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.
Resolución Nº 1058.2008.TC-02.- “En el caso que nos ocupa, los bienes a adquirirse en el ítem Nº 07, son: ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS; por lo que, conforme a lo establecido en las Bases Integradas, la experiencia puede ser acreditada con la venta de este bien o de sus similares. Para efecto de considerar a los bienes similares, en el presente caso, tratándose de experiencia en ventas, válidamente se puede acreditar con la documentación que respalde haber realizado ventas en bienes relacionados a mobiliario; es decir, muebles en general; criterio que ha sido considerado por este Colegiado en anteriores pronunciamientos. Ahora bien, la experiencia puede acreditarse no únicamente con prestaciones en ventas de bienes iguales, sino con aquellos que resultan similares; por lo que, establecer lo contrario, implicaría contravenir el principio de libre competencia, y restringir la experiencia de manera exclusiva a la ejecución de una determinada prestación, recortando dicha experiencia del postor, que si bien no se ha dedicado a suministrar idéntico producto, cuenta con experiencia en el mercado por suministrar productos similares”.
EJEMPLO Nº 2: Principio de vigencia tecnológica
Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
Resolución Nº 387.2008.TC-4.- “Sin embargo, estando a la omisión de parte de la Entidad de emitir sustento técnico que permita confirmar esta situación, corresponde exhortarla a que, previamente a la suscripción del contrato, y en observancia del privilegio de controles posteriores del cual goza, verifique si los productos propuestos por el postor ganador cumplen las exigencias requeridas por las Bases y si, de ser el caso, se ajustan a la necesidad de la contratante, para cuyo propósito deberá cotejar si la superioridad a la que alude este adjudicatario resulta de la aplicación del principio de vigencia tecnológica recogido en el numeral 7 del artículo 3 de la Ley”.
EJEMPLO Nº 3: Principio de eficiencia
Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.
Resolución Nº 871.2008.TC-4.- “Por otro lado, el artículo 40.1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley № 27444, dispone que las Entidades están prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de documentos que hayan sido expedidos por la misma Entidad o por otras Entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia Entidad a solicitud del Administrado. Como es evidente, esta norma no es aplicable a los procesos de selección, pues bastaría que los postores ofrezcan documentos que obran en la Entidad o en alguna dependencia del sector al que pertenece ella, sin presentarlos físicamente, para que el Comité Especial se vea en la obligación de acudir, indagar y obtener la documentación de sus archivos o del de otras Entidades y así desplegar una actividad, que no es su deber ni obligación y que, en puridad, le corresponde desarrollar al propio administrado, quien es el que está en mejor disposición y es el interesado en obtener dicha documentación, lo que además contraviene el Principio de Eficiencia que debe regir las contrataciones del Estado”.
EJEMPLO Nº 4: Principio de economía
En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.
Opinión Nº 1-2008-DOP.- “Adicionalmente, tomando en consideración el principio de economía, y en general, la finalidad de los principios que rigen las contrataciones y adquisiciones del Estado, prevista en el último párrafo del artículo 3° de la Ley, resulta razonable que se permita recurrir a un proceso de selección más expeditivo como la Adjudicación de Menor Cuantía, en aquellos casos en los cuales, pese a haberse instaurado las condiciones que permitan la pluralidad de postores a efectos de seleccionar la mejor propuesta, no hubiese sido posible adjudicar la Buena Pro en dos convocatorias consecutivas referidas a un mismo proceso de selección”.
EJEMPLO Nº 5: Principio de moralidad
Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
RESOLUCION Nº 983-2008.TC.- “En consecuencia, no debe perderse de vista que el documento cuestionado fue utilizado para acreditar un hecho determinado que es la experiencia del profesional propuesto para el cargo de “Evaluador/Diseñador de Procesos” y obtener así un mayor puntaje, lesionándose, conforme lo considera este Colegiado, los Principios de Presunción de Veracidad y de Moralidad que la normativa de contratación pública, con sustento legal, cautela. Considerando que las propuestas técnicas están compuestas básicamente por documentos, los postores se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de los mismos, en cumplimiento de los Principios de Moralidad y Presunción de Veracidad. En este sentido, toda vez que las propuestas técnicas presentadas por los postores deben ser claras y contener información congruente, atributos sin los cuales resulta imposible determinar no sólo la exactitud de la información, importante de por sí en el orden formal, sino que, además, impide una correcta y unívoca evaluación del alcance de estas, se concluye que existen razones suficientes que desvirtúan la presunción de veracidad que amparaba la cuestionada constancia de trabajo, al evidenciarse que se ha presentado un documento que no corresponde a la realidad, lo que constituye una infracción del Principio de Moralidad. Por tanto, corresponde descalificar la propuesta del postor adjudicatario”.
EJEMPLO Nº 6: Principio trato justo e igualitario
Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.
RESOLUCION Nº 728-2008.TC-1.- “En aplicación de los dispositivos antes reseñados, existe un mandato expreso de la Ley y su Reglamento que dispone la obligatoriedad por parte de los postores de presentar su propuesta económica con un precio unitario de 2 decimales, libre de incorrecciones aritméticas y además enmarcadas dentro de los límites previsto en el artículo 33 de la Ley. Es por ello que, en sujeción de la norma, en aplicación del principio de trato justo e igualitario, que se encuentra comprendido en el inciso 8 del artículo 3º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, todos los postores deben ser sometidos a las mismas reglas de participación sin obstáculo ni distinción alguna”.