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Timestamp: 2017-05-24 17:48:32
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Plazos de pago de facturas según la directiva europea 2011/7/UE que entra en vigor hoy | Todo es electrónico
Plazos de pago de facturas según la directiva europea 2011/7/UE que entra en vigor hoy
Deja un comentario	Hoy sábado 16 de marzo de 2013 entra en vigor la Directiva 2011/7/UE que pretende acabar con la morosidad en los pagos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la Unión Europea.
La morosidad es uno de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único, y constituye uno de los mayores problemas para las empresas, especialmente para las PyMEs, ya que incide de manera muy negativa en su financiación.
La Directiva 2011/7/UE armoniza los plazos de pago de las Administraciones Públicas. Éstas tendrán que pagar sus facturas en 30 días naturales desde la recepción de la factura. Si dicho plazo no es respetado automáticamente y sin necesidad de recordatorio el acreedor tiene derecho a los intereses de demora: referencia ECB+ 8% además de 40 euros de costes de cobro (automáticamente).
Además, cualquier cláusula que excluya el pago de intereses de demora o una cláusula que establezca plazos superiores a los establecidos (30 es la regla general y hasta un máximo de 60 días naturales para empresas que operan en el sector de la sanidad pública y ciertas empresas públicas) serán automáticamente nulas y/o darán derecho a un resarcimiento por daños y perjuicios (a determinar por cada Estado miembro).
La Directiva ha queda parcialmente traspuesta en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero al que he hecho referencia en el artículo Plazo para emitir facturas y para pagarlas
En España las Administraciones Públicas adeudan en torno a 4 mil millones de euros en facturas impagadas a los autónomos y microempresas y el periodo medio de pago actual es de 148 días. Periodo, que se eleva hasta los 154 días de media para los Ayuntamientos, son las administraciones para las que mayoritariamente trabajan los autónomos y las PyMEs. Por su parte, las Comunidades Autónomas pagan, de media, en 142 días, siendo la Administración Central la que más se acerca a lo que establece la Directiva (30 días), con una media de pago de las facturas de 47 días.
En el ámbito de la empresa privada, los plazos de pago se sitúan, de media, en 95 días, existiendo una relación directa entre el tamaño de la empresa y el tiempo de demora en cobrar las facturas: cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios recibidos. Así, mientas que la gran empresa, la que cuenta con más de 1.000 trabajadores, tarda una media de 133 días en pagar las facturas, el periodo medio de pago entre autónomos y PyMEs desciende a los 67 días.
La morosidad pública es responsable del cierre de una de cada cinco empresas y de que se produzca uno de cada cuatro despides (el 25%).
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que se regularía la posibilidad de que las empresas que tengan dificultades para cobrar una factura de una administración pública puedan acudir directamente a Hacienda para que se la pague, de modo que posteriormente el Estado la deducirá del importe de transferencias destinados al órgano público moroso.
Una reivindicación de PyMEs y autónomos es que se cree el concepto de cuenta corriente público-privada de modo que se puedan compensar deudas que las empresas tengan con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas pendientes de pago a favor de las empresas y autónomos por parte de las administraciones públicas y las instituciones dependientes de ellas.
Este es el texto de la directiva:
Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales Texto pertinente a efectos del EEE Diario Oficial n° L 048 de 23/02/2011 p. 0001 – 0010
(1) Deben introducirse diversos cambios sustantivos en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales [3]. Conviene proceder a la refundición de las disposiciones en cuestión por razones de claridad y racionalización.
(4) Las acciones judiciales contra la morosidad ya están instrumentadas por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [4], el Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados [5], el Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo [6], y el Reglamento (CE) no 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía [7]. Sin embargo, para desincentivar la morosidad en las operaciones comerciales, es necesario adoptar disposiciones complementarias.
(6) En su Comunicación de 25 de junio de 2008, titulada “Pensar primero a pequeña escala — “Small Business Act” para Europa: iniciativa a favor de las pequeñas empresas”, la Comisión destacó que debe facilitarse el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a la financiación y desarrollarse un marco jurídico y empresarial que propicie la puntualidad de los pagos en las operaciones comerciales. Debe advertirse que los poderes públicos tienen una responsabilidad especial en este ámbito. Los criterios para la definición de las PYME se fijan en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [8].
(7) Una de las acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 2008, titulada “Un Plan Europeo de Recuperación Económica”, consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a las PYME, se paguen en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.
(14) En aras de la coherencia de la legislación de la Unión, a efectos de la presente Directiva debe aplicarse la definición de “poderes adjudicadores” recogida en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales [9], y en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios [10].
(15) Debe calcularse diariamente el interés legal de demora como interés simple, de conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos [11].
(18) Las facturas equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena de operaciones para el suministro de bienes y servicios, en particular, para determinar el plazo límite de pago. A efectos de la presente Directiva, conviene que los Estados miembros promuevan sistemas que generen seguridad jurídica respecto a la fecha exacta de recepción de las facturas por el deudor, incluido el ámbito de la facturación electrónica donde cabe generar constancia electrónica de la recepción de las facturas, y que está regulado parcialmente por las disposiciones sobre facturación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido [12].
(27) Las instituciones de la Unión se encuentran en una situación comparable a la de los poderes públicos de los Estados miembros en lo que respecta a su financiación y relaciones comerciales. El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [13], precisa que las operaciones de liquidación, ordenación de pagos y libramiento de pago habrán de realizarse en un plazo determinado que se fijará en las normas de desarrollo. Estas normas de desarrollo las fijan en la actualidad el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [14], y especifican las circunstancias en las que los acreedores a los que se les ha pagado con retraso tienen derecho a recibir intereses de demora. En el contexto de la revisión que se está llevando a cabo en la actualidad de estos Reglamentos, habría que velar por que los plazos límite para que las instituciones de la Unión realicen los pagos estén armonizados con los períodos legales aplicables a los poderes públicos de conformidad con la presente Directiva.
(28) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor. En consecuencia, cuando una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por los costes de cobro no esté justificada sobre la base de las condiciones acordadas al deudor o cuando sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. Por consiguiente, y de conformidad con el proyecto académico “Marco Común de Referencia”, debe considerarse abusiva para el acreedor toda cláusula contractual o práctica que se desvíe manifiestamente de las buenas prácticas comerciales, que sea contraria a la buena fe y a la lealtad contractual. En particular, la exclusión de principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre manifiestamente abusiva, mientras que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor.
(32) La presente Directiva únicamente define el término “título ejecutivo”, pero no debe regular los diferentes procedimientos para la ejecución forzosa de dicho título ni las condiciones bajo las cuales se puede detener o suspender la ejecución forzosa del mismo.
(34) Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros deben fomentar el recurso a la mediación o a otros medios alternativos de solución de conflictos. La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles [15], establece un marco por lo que respecta a los sistemas de mediación en el ámbito de la Unión, en particular en lo que se refiere a las disputas transfronterizas, sin que ello impida su aplicación a los sistemas internos de mediación. Los Estados miembros también deben animar a las partes interesadas a elaborar códigos voluntarios de conducta cuyo objetivo sea, en particular, contribuir a la aplicación de la presente Directiva.
(39) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional “Legislar mejor” [16], se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y sus medidas de transposición a nivel nacional, y a hacerlos públicos.
1) “operaciones comerciales” : las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
2) “poderes públicos” : los poderes adjudicadores tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/17/CE y en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE, con independencia del objeto o valor del contrato;
3) “empresa” : cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;
4) “morosidad” : no efectuar el pago en el plazo contractual o legal establecido, habiéndose cumplido las condiciones fijadas en el artículo 3, apartado 1, o en el artículo 4, apartado 1;
5) “interés de demora” : interés legal de demora o interés a un tipo negociado y acordado entre las empresas, observando lo dispuesto en el artículo 7;
6) “interés legal de demora” : interés simple aplicado a los pagos con demora y cuyo tipo es igual a la suma del tipo de referencia y al menos ocho puntos porcentuales;
7) “tipo de referencia” :
cualquiera de los dos significados siguientes:
8) “cantidad adeudada” : el importe principal que debe pagarse en el plazo contractual o legal establecido, incluidos los impuestos, tasas, derechos o costes especificados en la factura o en la solicitud de pago equivalente;
9) “reserva de dominio” : la estipulación contractual en virtud de la cual el vendedor conserva la propiedad de los bienes en cuestión hasta el pago total del precio;
10) “título ejecutivo” : toda decisión, sentencia u orden de pago, ya sea de pago inmediato o de pago a plazos, dictada por un tribunal u otra autoridad competente, incluidas las que son ejecutivas provisionalmente, que permita al acreedor obtener la ejecución forzosa de su crédito frente al deudor.
Artículo 3. Operaciones entre empresas
Artículo 4. Operaciones entre empresas y poderes públicos
a) poderes públicos que realicen actividades económicas de carácter industrial o mercantil y entreguen bienes o presten servicios en el mercado y que, en su calidad de empresas públicas, estén sometidos a los requisitos en materia de transparencia recogidos en la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas [17];
Artículo 5. Calendarios de pago
Artículo 6. Compensación por los costes de cobro
Artículo 7. Cláusulas contractuales y prácticas abusivas
Artículo 8. Transparencia y sensibilización
Artículo 9. Reserva de dominio
Artículo 10. Procedimientos de cobro de créditos no impugnados
Artículo 11. Informe
Artículo 13. Derogación
Artículo 14. Entrada en vigor
Artículo 15. Destinatarios
Referencias indicadas en el texto:
[1] DO C 255 de 22.9.2010, p. 42.
[2] Posición del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2010 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 24 de enero de 2011.
[3] DO L 200 de 8.8.2000, p. 35.
[4] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
[5] DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.
[6] DO L 399 de 30.12.2006, p. 1.
[7] DO L 199 de 31.7.2007, p. 1.
[9] DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
[10] DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
[11] DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.
[12] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
[13] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
[14] DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
[15] DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.
[17] DO L 318 de 17.11.2006, p. 17.
Esta entrada fue publicada en Factura digital, Factura Electrónica, Factura Telemática el 2013 . marzo . 16 por inza.	Navegador de artículos
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