Source: https://es.scribd.com/doc/248030577/Derechos-Deberes-Del-Alumnado-Normas-Convivencia-Centros-Docentes-Sosteni
Timestamp: 2018-01-24 05:41:10
Document Index: 199581627

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 81', 'artículo 149', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 132', 'artículo\n127', 'Artículo 5', 'artículo 127', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 126', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 82', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'artículo\n126', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 8', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 7', 'Artículo 25', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 49', 'artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 39', 'artículo 38', 'Artículo 41', 'artículo 40', 'Artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 29', 'Artículo 47', 'artículo 38', 'Artículo 48', 'artículo 40', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 56', 'artículo 25']

Derechos Deberes Del Alumnado Normas Convivencia Centros Docentes Sosteni
Cargado por CEIP San Andrés
Descripción: DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma...
DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el
que se establecen los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los
públicos de la Comunidad Autónoma de
D.O.E.—Número 36
Convivencia del Consejo Escolar, así como aspectos del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro.
Los cambios efectuados en el sistema educativo extremeño tras la
promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tienen su principal manifestación en el concepto mismo
de la educación y en sus propios principios y finalidades.
El Título II aborda los “Derechos y Deberes del alumnado”. El
presente Decreto, que desarrolla las previsiones contenidas en
los artículos 6 a 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, regula de forma sistematizada los derechos y deberes que corresponden al alumnado
de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estos
derechos y deberes, deberán impregnar la organización del
centro, de manera que, superando los límites de la mera declaración programática, los alumnos puedan percibir su incidencia
en la vida cotidiana. Ello sólo es posible si, respetando lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico, el Reglamento de Organización y Funcionamiento desarrolla, concreta y adapta los
derechos declarados a las especiales condiciones del centro, a
su proyecto educativo y a las necesidades propias de edad y
madurez personal de sus alumnos.
La educación no se limita a la adquisición de unos hábitos y
técnicas intelectuales, sino que adquiere la función esencial de
proporcionar a todos los seres humanos los recursos necesarios
para que actúen con libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y de imaginación, haciendo posible el pleno desarrollo de
sus capacidades y ser artífices de su propio destino.
Desde esta concepción, es necesario que el alumno perciba que
las normas de convivencia no son ajenas al centro, sino que han
sido elaboradas y adoptadas por el conjunto de la comunidad
educativa. De ahí que, en la definición y aplicación del ejercicio
efectivo de los derechos y deberes de los alumnos, es importante
que se potencie la autonomía del centro.
En una sociedad axiológicamente plural, la educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el
respeto a la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la
lucha contra las desigualdades de cualquier índole y en la disminución de los conflictos y tensiones.
En este punto, no debemos olvidar que uno de los deberes más
importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el
puesto escolar que la sociedad pone a su disposición.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Constitución
Española: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
En este contexto, los derechos y deberes del alumnado adquieren
una singular importancia dentro del proceso educativo, pasando a
constituir su contenido y resultado fundamentales.
Las familias deben desempeñar un papel fundamental en la vida
de los centros. Esta participación e implicación en los procesos
educativos que, constituyen un derecho básico de los padres y de
las madres del alumnado, son esenciales para mejorar la vida en
los centros y educar para la convivencia.
El presente Decreto contiene cincuenta y ocho artículos que se
distribuyen en tres Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, una
Disposición Transitoria y dos Disposiciones Finales. El Título I,
denominado “Disposiciones Generales”, comprende el objeto y
ámbito de aplicación, reconoce los derechos y deberes del alumnado, establece el fundamento de la convivencia escolar, las
competencias en la resolución de conflictos, regula la Comisión de
El Título III bajo la rúbrica “Normas de Convivencia” se prevén las
correcciones de las conductas contrarias a las mismas, que siempre deberán tener un carácter educativo.
Por otra parte, se introduce la figura del Mediador para la resolución conciliada de conflictos, de manera que, con el Director, el
Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia, coadyuven a la
consecución de un clima que favorezca el proceso educativo.
Con la mediación se pretende ofrecer una respuesta distinta de la
tradicional resolución de las situaciones de conflicto mediante un
procedimiento contencioso. Así, en el articulado, se establece un
procedimiento para la resolución conciliada de conflictos que,
dadas las circunstancias concretas, permitirá una solución menos
traumática de la situación contraria a la convivencia.
El interés principal en la mediación va más allá de los aspectos
prácticos del acuerdo. El objetivo, además de alcanzar acuerdos, es
orientar las relaciones de tal forma que las partes puedan expresar
y articular sus necesidades y sus intereses en un marco de reconocimiento mutuo y de búsqueda de soluciones.
El artículo 12.1. de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de
Estatuto de Autonomía de Extremadura, establece que: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidad y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el
artículo 149.1.30ª de la Constitución, y de la Alta Inspección para
su cumplimiento y garantía”.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, previo
dictamen del Consejo Escolar de Extremadura, oído el Consejo
Consultivo de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión de 20 de marzo de 2007,
Artículo 3. Fundamentos de la convivencia escolar.
La dignidad de los alumnos y de las alumnas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a las normas y a los derechos de los demás y, en especial,
a la labor docente, son fundamento de la convivencia escolar.
La Administración educativa y los órganos de gobierno de los
centros, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por
el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes del alumnado y garantizarán su efectividad, de acuerdo
Artículo 4. Competencias en la resolución de conflictos.
1. El Director del Centro es el representante de la Administración
educativa y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, favorecerá la convivencia en el centro, garantizará la
mediación en la resolución de los conflictos, resolverá los conflictos
e impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado,
de acuerdo con las normas que establezca la Administraciones
educativa y en cumplimiento de los criterios fijados en los Reglamentos de Organización y Funcionamiento del Centro, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo
127 de la citada Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
El presente Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. El Consejo Escolar tendrá conocimiento de dichas resoluciones y
medidas correctoras y velará por que las sanciones se atengan a
lo establecido en este Decreto. A tales efectos el Director comunicará al Consejo Escolar las resoluciones que cada trimestre se
hayan dictado.
Artículo 5. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.
1. Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y
deberes, su ejercicio y cumplimiento se adecuarán a la edad de
los mismos y a las características de las enseñanzas que se
encuentren cursando.
1. El Consejo Escolar, de conformidad con el artículo 127 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es el órgano
de participación en el control y gestión de los centros de los
distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.
2. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
por el alumnado se realizará en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
2. El Consejo Escolar velará por el correcto cumplimiento de los
3. En la aplicación del presente Decreto primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que
pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al amparo del
presente Decreto deberán tener carácter educativo.
Para facilitar dicho cometido se constituirá en los centros públicos
una Comisión de Convivencia integrada por el Director, que actuará como Presidente, el Jefe de Estudios, un profesor, el Educador
Social en los Centros que cuenten con este profesional, un padre
o madre del alumnado y un alumno elegidos por cada uno de
los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.
3. Los alumnos y alumnas podrán ser elegidos miembros de la
Comisión de Convivencia a partir del tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria. En ningún caso podrá ser elegido un
alumno o alumna que haya sido objeto de sanción por conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro durante el
curso en que tenga lugar la celebración de las elecciones a
miembros del Consejo Escolar del Centro.
k) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro.
4. El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar para que emita su opinión en lo
relativo a la prevención y resolución de conflictos.
2. El Consejo Escolar en Pleno, a propuesta de la Comisión de
Convivencia, emitirá un informe, que formará parte de la memoria
de final de curso, sobre el desarrollo del Plan de Convivencia del
Centro, dando cuenta del ejercicio por el alumnado de sus derechos
y deberes, analizando los problemas detectados en su aplicación
efectiva y proponiendo la adopción de las medidas oportunas.
5. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Convivencia, el Consejo Escolar podrá atribuir a uno o a varios miembros
de la comunidad educativa la capacidad para intervenir como
Mediador o Mediadores en la solución conciliada de conflictos.
Artículo 6. Funciones de la Comisión de Convivencia.
1. La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:
a) Dinamizar a todos los sectores de la Comunidad educativa
para su implicación en el proceso de elaboración, desarrollo,
evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia del Centro.
b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros.
c) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el
d) Proponer iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
e) Mediar en los conflictos planteados, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Mediador.
f) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las
correcciones en los términos en que hayan sido impuestas,
velando por que éstas se atengan a la normativa vigente.
g) Establecer las relaciones necesarias con el Observatorio de la
Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
h) Recabar la colaboración y cooperación necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la mejora de la
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque
se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
l) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo
Escolar, relativas a la convivencia escolar.
Artículo 7. Reglamento de Organización y Funcionamiento.
1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento elaborado con la
participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa, informado por el Claustro y aprobado por el Consejo Escolar en
Pleno, que en los centros públicos forma parte del proyecto educativo, contendrá las normas de convivencia del centro.
2. El Reglamento de Organización y Funcionamiento podrá concretar y adecuar a la edad y características del alumnado los derechos y deberes reconocidos en este Decreto. Dicho reglamento no
podrá tipificar conductas objeto de corrección, ni establecer medidas educativas para corregirlas no contempladas en este Decreto.
Podrá contener normas sobre organización y participación en la vida
del centro. Asimismo, contendrá los mecanismos de participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa. En el caso de los
padres y madres, se atendrá a lo establecido en el artículo 126 y
127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 8. Medidas para la prevención de conflictos.
Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de Convivencia, en el ámbito de las competencias de cada órgano, adoptarán
las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos del
alumnado y demás miembros de la comunidad educativa e impedir
la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del
centro. Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o representantes legales del alumnado.
Artículo 9. Derecho a una formación integral.
1. El alumnado tiene derecho a una formación que asegure el
2. El Centro diseñará un Proyecto Educativo, en el marco de valores universalmente reconocidos, y programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu participativo
y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro
y el entorno en que éste desarrolla su labor.
3. El Centro garantizará el derecho del alumnado a una enseñanza-aprendizaje de calidad respecto a los contenidos curriculares, la
competencia del profesorado y la adaptación a sus condiciones
Artículo 10. Derecho a ser evaluado con objetividad.
1. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea
evaluado con plena objetividad.
2. Los centros deberán hacer públicos los criterios generales que
se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la
3. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar
cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las decisiones
y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se
adopten al finalizar el ciclo o curso, de acuerdo con lo establecido por la Administración educativa, debiendo garantizarse por el
Equipo Directivo el ejercicio de este derecho.
4. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la
evaluación y lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje
del alumnado, los tutores y los profesores mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico y la marcha del
proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso.
5. El alumnado, padres o representantes legales, podrán formular
reclamaciones contra las decisiones y calificaciones que, como
resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un
ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la
Dicho procedimiento preverá la reclamación ante el órgano
competente del Centro. De persistir el desacuerdo se podrá
interponer ante la Administración educativa. En este supuesto,
dicha resolución, que se dictará previo informe del Servicio de
Inspección, pondrá fin a la vía administrativa.
Los Centros y la Administración educativa habrán de garantizar,
en todo caso, el derecho de los interesados a ser oídos en los
Artículo 11. Derecho a la igualdad de oportunidades.
1. En el marco de lo establecido en el artículo 82 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, todos alumnos y
alumnas tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas,
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen
la igualdad real y efectiva de oportunidades.
c) La realización de políticas educativas de integración y de
3. Los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, pondrán especial atención en el respeto a
las normas de convivencia y establecerán planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos los alumnos y
Artículo 12. Derecho a percibir ayudas.
1. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar
las carencias de tipo familiar, económico o sociocultural, de
forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos
niveles educativo.
2. La Administración Educativa, de acuerdo con las previsiones
normativas y las dotaciones presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y los servicios de apoyo
adecuados a las necesidades del alumnado.
Artículo 13. Derecho de protección social.
1. En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado
tiene derecho a las compensaciones económicas establecidas en la
2. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los
términos previstos en la normativa vigente.
Artículo 14. Derecho al estudio.
El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en
las actividades orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.
Artículo 15. Derecho a la Orientación Escolar y Profesional.
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación
escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal,
social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones e intereses.
2. De manera especial, se promoverá la orientación escolar y
profesional del alumnado con discapacidades físicas, sensoriales o
psíquicas o con carencias sociales o culturales, así como de aquel
otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se
desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
3. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre
toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, los
Centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias
que pueden implicar malos tratos para el alumnado o cualquier
otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia de protección de menores.
3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del alumnado y excluirá cualquier tipo de
discriminación. La Administración educativa y los Centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la
igualdad de oportunidades en esta materia.
Artículo 18. Derecho a participar en la vida del Centro.
4. Para hacer efectivo el derecho a la orientación escolar y profesional, los centros recibirán los recursos y el apoyo necesario de
la Administración educativa, que podrá promover a tal fin la
cooperación con otras Administraciones e instituciones.
2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y
secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los Delegados de grupo, en los términos establecidos en la normativa vigente. La Administración educativa regulará la opción de participación
del alumnado en los Consejos Escolares que prevé el artículo
126.5 de la Ley Orgánica de Educación.
5. Los Centros que impartan la Educación Secundaria, Formación
Profesional o enseñanza de artes plásticas y diseño se relacionarán con las instituciones o empresas públicas y privadas del
entorno, a fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo
del empleo y la preparación profesional que habrán de adquirir
para acceder a él. Además, estos centros habrán de prever las
correspondientes visitas o actividades formativas.
Artículo 16. Derecho a la libertad de conciencia.
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de
conciencia, sus convicciones religiosas, éticas e ideológicas, así
como su intimidad en lo que respecta a tales creencias.
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y
en la vida de los Centros, en la actividad escolar y extraescolar y
en la gestión de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en
3. Los Delegados de grupo no podrán ser sancionados como
consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de que las conductas individualmente
consideradas puedan dar lugar a su corrección de conformidad
con el presente Decreto.
4. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus
funciones, tendrán derecho a ser informados de las medidas adoptadas en las sesiones Consejo Escolar y otros actos administrativos
del Centro, salvo aquéllas cuyo conocimiento pudiera afectar al
derecho a la intimidad de las personas.
2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen
derecho a recibir, antes de formalizar la matrícula, información
sobre la identidad del Centro o sobre el carácter propio del
mismo, en el caso de los Centros privados concertados.
5. La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los
medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen
derecho a elegir la formación religiosa que resulte acorde con sus
creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho
a utilizar las instalaciones de los Centros con las limitaciones
derivadas de la programación de otras actividades ya autorizadas
y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de
las personas, la adecuada conservación de los recursos y el
correcto destino de los mismos.
Artículo 17. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y
dignidad personales.
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad personales, no pudiendo ser objeto, en
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
Artículo 19. Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro.
Artículo 20. Derecho de reunión.
1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 8/1985,
de 3 de julio, el alumnado podrá reunirse en sus Centros
docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar, así
como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la
Dirección del Centro, y el procedimiento se ajuste a los criterios
2. En el marco de la normativa vigente, los Directores de los
Centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión del alumnado. La Jefatura de Estudios facilitará el uso de los locales y su
utilización para el ejercicio del derecho de reunión.
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a
decisiones de carácter educativo.
3. En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de
régimen especial, el alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá de
a) El número de horas lectivas que podrá destinar a este fin
nunca será superior a tres por trimestre.
b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter
educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado.
c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán
a la Dirección del Centro con dos días de antelación, a través de
Artículo 21. Derecho a la libertad de expresión.
1. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin
perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo
con los principios y derechos constitucionales.
2. Los Centros Educativos favorecerán la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en
las que el alumnado podrá participar.
3. Los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde
se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la
Dirección del Centro, siendo canalizada a través de la Junta de
Delegados. La misma deberá ser realizada con una antelación
mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de
celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta deberá
venir avalada, al menos, por un 20% del alumnado del Centro
matriculado en esta enseñanza y por la mayoría absoluta de los
Delegados de este alumnado.
6. En relación con el apartado anterior, la Dirección del Centro
examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la
consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel
educativo que la aprobará o la rechazará por mayoría absoluta,
previamente informados a través de sus delegados.
7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea aprobada por el alumnado, la Dirección
del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a
la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso,
verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que corresponden en caso contrario.
8. El Centro adoptará las medidas correspondientes para la
correcta atención educativa del alumnado que haya decidido asistir a clase, así como las previsiones necesarias para que las situaciones de inasistencia no repercutan en el rendimiento académico.
4. El alumnado tiene derecho a manifestar sus discrepancias
respecto a las decisiones educativas que le afecten. Cuando la
discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a
través de los representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de Organización y Funcionamiento.
Artículo 22. Derecho a la libertad de asociación.
5. En el ámbito de la educación secundaria y de las enseñanzas
de régimen especial, en el caso de que la discrepancia a la que
se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta
de inasistencia a clase, a partir del tercer curso de la educación
secundaria obligatoria, ésta no se considerará como conducta
contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será
sancionable, siempre que estas hayan sido resultado del ejercicio
2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación
con el Centro, al término de su escolarización, en asociaciones que
reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar, a través de
ellas, en las actividades del Centro.
1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones,
federaciones, confederaciones y cooperativas en los términos
3. La Administración educativa, de conformidad con el artículo 7.3
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, favorecerá el ejercicio del derecho de asociación,
así como la formación de federaciones y confederaciones.
Artículo 25. Deber de respetar la libertad de conciencia.
Artículo 23. Respeto a los derechos del alumnado.
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados
al respeto de los derechos del alumnado que se establecen en el
Artículo 26. Deber de respetar la diversidad.
2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento
y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
3. La Administración educativa y los órganos de los Centros
docentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los
interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de
los miembros de la comunidad educativa que no respeten los
derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así
como para restablecer a los afectados en la integridad de sus
4. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier
persona podrá poner en conocimiento de los órganos competentes
las mencionadas conductas.
Artículo 24. Deber de aprovechar la oferta educativa.
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado.
Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes
a) Asistir a clase con regularidad y puntualidad.
b) Participar en actividades formativas y, especialmente, en las
orientadas al desarrollo de los currículos de las diferentes áreas o
c) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le
Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún
miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento,
raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
Artículo 27. Deber de buen uso de las instalaciones del Centro.
Artículo 28. Deber de respetar el Proyecto Educativo de Centro.
El alumnado debe respetar el Proyecto Educativo del Centro y, en
su caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 29. Deber de cumplir las normas de convivencia.
El alumnado tiene el deber de cumplir las normas de convivencia del
centro recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Artículo 30. Deber de respetar al profesorado y los demás miembros de la comunidad educativa.
El alumnado debe mostrar al profesorado y al resto de los miembros de la Comunidad Educativa el máximo respeto y consideración, así como respetar sus pertenencias.
Artículo 31. Deber de participar en la vida del Centro.
2. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir las decisiones adoptadas por el profesorado y por los órganos del Centro en
el ejercicio de sus respectivas competencias.
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y
en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la
Artículo 32. Elaboración de las normas de convivencia.
e) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo
de las actividades del centro.
1. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, las
normas de convivencia se recogerán el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro y se atendrán, en todo caso, a lo
2. Las normas de convivencia concretarán los derechos y deberes
del alumnado, regulados en el Título II de este Decreto, precisarán
las medidas preventivas y las correcciones que corresponden a las
conductas contrarias a las citadas normas, con sujeción, en todo
caso, a lo establecido en el presente Decreto.
3. En la determinación de las conductas deberá distinguirse entre
las contrarias a las normas de convivencia y las gravemente
perjudiciales para la convivencia.
Artículo 33. Medidas educativas preventivas.
1. Los miembros de la Comunidad Educativa pondrán especial
cuidado en la prevención de conductas contrarias a las normas
de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y
2. El Centro propondrá a los padres o a los representantes
legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas
competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar
aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que
puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las
Artículo 34. Principios generales de las correcciones.
1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento
de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos
2. En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta:
a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su
derecho a la educación, ni, en el caso de la educación obligatoria,
de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad
física y a la dignidad personal del alumnado.
c) La imposición de las correcciones previstas en el presente
Decreto respetará la proporcionalidad con la conducta del
alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
d) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 42 del
presente Decreto, los órganos competentes para la instrucción del
expediente o para la imposición de las correcciones deberán tener
en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias
personales, familiares o sociales, tanto en el momento de decidir
la incoación o sobreseimiento como para graduar la aplicación de
la sanción cuando proceda. A estos efectos, se podrán recabar los
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del
alumnado o a las instituciones públicas competentes, la adopción
de las medidas necesarias.
e) El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase del
alumnado por razones generales y comunicadas previamente
por la Junta de delegados no deba ser objeto de corrección,
debiendo adoptar las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el rendimiento académico, y garantizando
el derecho del alumnado que no desee secundar las decisiones
sobre la asistencia a clase a permanecer en el centro debidamente atendido.
f) La falta a clase injustificadamente y de modo reiterado
puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de
las faltas injustificadas, a juicio del tutor, los Reglamentos de
Organización y Funcionamiento establecerán el número máximo
de faltas por curso, área y materia y los sistemas extraordinarios de evaluación previstos para estos alumnos o alumnas, sin
perjuicio de lo establecido en el Decreto 142/2005, de 7 de
junio, por la que regulan la prevención, control y seguimiento
del absentismo escolar en la Comunidad de Extremadura, y
normas que lo desarrollan.
g) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de
forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del
centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado
o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos o alumnas que sustrajeren bienes en el centro
deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
Artículo 35. Graduación de las correcciones.
1. A efectos de la graduación de las correcciones, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
c) Los daños, injurias u ofensas causados al profesorado y compañeros o compañeras, en particular a los de menor edad, a los
recién incorporados al Centro o los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.
d) La acciones que impliquen la discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los
derechos de los miembros de la comunidad educativa.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así
como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado
respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros o el ejercicio de la actividad docente.
f) Cualquier acto de incorrección y de desconsideración hacia el
profesorado o cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales
o documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Decreto, los actos contrarios a las normas de convivencia del
Centro realizadas por el alumnado tanto en horario lectivo, como
en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares y durante la utilización de los servicios
educativos complementarios de transporte escolar y comedor.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de
puntualidad del alumnado las que no sean excusadas de forma
escrita por el alumnado, o sus representantes legales si son menores de edad, en las condiciones que se establezcan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro y Plan de
Actuación para el Control del Absentismo Escolar a que se refiere
la Orden de 19 de diciembre de 2005, de la Consejería de
Educación, que deberá formar parte de la Programación General
Anual del Centro.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y
de las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del
horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del
alumnado en los términos previstos en este Decreto. Todo ello sin
perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por
otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso
de las faltas injustificadas, los Reglamentos de Organización y
Funcionamiento de los Centros establecerán el porcentaje máximo
de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la
evaluación y promoción del alumnado, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula
la prevención, el control y seguimiento del absentismo escolar de
DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia determinadas en este artículo prescribirán en el plazo de sesenta días
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente
Artículo 36. Ámbito de conductas corregibles.
Artículo 37. Conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que
se opongan a las establecidas por los Centros conforme a las
prescripciones de este Decreto y, en todo caso, las siguientes:
Artículo 38. Correcciones de las conductas contrarias a las normas
1. Por la conducta determinada en el artículo 37.1.a) del presente Decreto se pondrá imponer la corrección de suspensión del
derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para
la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en
el apartado 2, del artículo 38 de este Decreto:
a) El Centro deberá prevenir la atención educativa del alumno o
alumna al que se imponga esta corrección.
a) Para las previstas en la letra f) y g), la Dirección del Centro.
b) Deberá informarse por escrito de manera inmediata al Jefe de
Estudios y al tutor en el transcurso de la jornada escolar sobre
la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor
deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o
2. Por las conductas previstas en el artículo 37.1 del presente
Decreto, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán
imponerse las siguientes correcciones:
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro,
así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los Centros docentes públicos.
d) Cambio de grupo de alumnos o alumnas por un plazo máximo
e) Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares y complementarias.
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por
un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
g) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
3. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar, sin perjuicio de
la potestad prevista en el artículo 49.2 d) del presente Decreto.
c) Para las previstas en el apartado a) y b) los profesores y
profesoras del Centro, oído el alumno o alumna, dando cuenta al
tutor y al Jefe de Estudios.
3. El alumno, sus padres o representantes legales, podrán
presentar ante el Director una reclamación en el plazo de dos
días lectivos contra las correcciones impuestas, que cuando se
correspondan con las determinadas con las letras f) y g) del
artículo 38 habrán de presentarse ante el Consejo Escolar.
Contra la resolución de la reclamación podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA Y DE SU CORRECCIÓN
Artículo 40. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
a) La agresión física a cualquier miembro de la comunidad
b) La injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa del Centro
o la incitación a las mismas.
d) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, particularmente si tienen un componente
sexual, racial o xenófobo, o se realizan a alumnos o alumnas con
Artículo 39. Órganos competentes para imponer las correcciones
de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente
y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el
artículo 38.1 del presente Decreto el profesor o profesora que
esté impartiendo la clase.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en las pertenencias de los demás miembros de
la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro.
i) El uso indebido de medios electrónicos durante las horas
lectivas, con fines de causar perturbación de la vida académica o causar daños o lesionar derechos de la comunidad
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que el
Director considere que este incumplimiento sea debido a causas
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en
el Centro prescribirán a los cuatro meses contados a partir de la
fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar.
Artículo 41. Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
previstas en el artículo 40 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan
a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a
reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales
o documentos de los Centros docentes públicos o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases
durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos
semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, se deberán
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar
la interrupción de su proceso educativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un
periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante
el tiempo que dure la suspensión, se deberán realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso educativo.
2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del
apartado 1 de este artículo, el Director podrá levantar la
suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. De esta situación informará al
3. Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra
f) del apartado 1 anterior, la Consejería de Educación garantizará
un puesto escolar en otro Centro docente.
4. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar, sin perjuicio de
Artículo 42. Órgano competente para imponer las correcciones
de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de
1. Será competente para imponer las correcciones previstas en el
artículo 41 de este Decreto el Director del Centro, que informará
al Consejo Escolar.
2. Para imponer la corrección prevista en la letra f) del apartado
1, del artículo 41, será preceptiva la autorización previa de la
3. Frente a las correcciones impuestas por razón de conductas
gravemente perjudiciales, los padres, madres o representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación ante el Consejo Escolar. Contra la resolución de la reclamación podrán los interesados interponer recurso de alzada ante
la Dirección Provincial de Educación.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES
Artículo 43. Normas de Procedimiento.
1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente
Decreto, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al
alumno o alumna y al profesor tutor.
2. La Dirección del Centro informará al Jefe de Estudios y al
profesor o profesora tutor de las correcciones que imponga por
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. En
todo caso informará a los representantes legales de las correcciones impuestas.
Artículo 44. Recusación del Instructor o de la Instructora.
El alumno o la alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al Instructor del procedimiento. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al Director o a la Directora, que deberá
resolver y ante el recusado o recusada, siendo de aplicación las
causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la
convivencia en el Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director, por propia iniciativa
o a propuesta, en su caso, del Instructor, podrá adoptar como
medida provisional el cambio temporal de grupo o la suspensión
del derecho de asistencia al centro o determinadas clases o actividades por un periodo que no será superior a cinco días. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Contra la resolución dictada por el Director de un Centro docente
se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
ante la Dirección Provincial de Educación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución del
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y
notificarse en el plazo máximo de tres meses.
Sección 2ª. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Artículo 47. Inicio del procedimiento.
El Director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo
de cinco días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento
de la conducta a corregir, con excepción de lo establecido en el
artículo 38 de este Decreto.
Con carácter previo podrá acordar la apertura de un periodo de
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto
y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Artículo 48. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un
profesor o profesora del centro designado por la Dirección del
2. El Director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así
como a sus representantes legales, la incoación del procedimiento,
especificando las conductas que se imputan, así como el nombre
del Instructor, a fin de que en el plazo de dos días lectivos
formulen las alegaciones oportunas.
3. El Director comunicará al Servicio de Inspección el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del
mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución,
el Instructor pondrá de manifiesto el expediente al alumno o
alumna y, si es menor de edad, a sus representantes legales,
comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en
el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que
5. El plazo de instrucción del expediente no puede exceder de
1. A la vista de la propuesta del Instructor o de la Instructora,
el/la Director/a dictará resolución del procedimiento.
2. La resolución contemplará al menos los siguientes extremos:
d) Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso
siguiente si el alumno o alumna continúa matriculado en el
Centro y fuese imposible cumplirla en el año académico en curso.
3. El Director notificará al alumno o alumna y a sus representantes legales la Resolución adoptada en el plazo de dos días y la
remitirá a la Dirección Provincial de Educación.
El procedimiento a que se refiere esta sección será de aplicación
para corregir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia a que se refiere el artículo 40.1 letras a), b), c), d) y e).
Artículo 51. Incoación del procedimiento.
Cuando la Dirección tenga conocimiento de una de las conductas
a que se refiere el artículo anterior, dará audiencia al alumno
asistido por el profesor o profesor tutor, que habrá recabado
información sobre los hechos. De la reunión se dará cuenta inmediata a los padres, madres o representantes legales, en su caso.
a) Cuando, a propuesta del instructor, el Director aprecie motivadamente que en la acción infractora concurren hechos de especial
y notoria gravedad.
Artículo 52. Alegaciones.
b) Cuando los padres o los representantes legales, en su caso, no
comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento conciliado.
En el plazo de tres días, el alumno o la alumna o sus representantes legales expresarán por escrito los fundamentos de su
defensa, debiendo registrar el mismo en los servicios administrativos del centro. Transcurridos el plazo sin las correspondientes
alegaciones se seguirán los trámites hasta dictar la oportuna
Al día siguiente a la recepción en el centro del escrito de alegaciones, en su caso, el Director resolverá respecto de la corrección
que se deba imponer. La resolución contendrá, además de la
medida correctiva, una sucinta descripción de los hechos y deberá
ser notificada al alumno y a los padres o representantes legales.
Dicha resolución será comunicada al Servicio de Inspección.
Sección 4ª. PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN DE
Artículo 54. Condiciones para la terminación conciliada de un
1. Podrá alcanzarse la terminación conciliada un conflicto de
convivencia cuando concurran en el alumno infractor las siguientes circunstancias:
c) Que se comprometa a realizar las acciones reparadoras que se
determinen y que efectivamente las realice.
d) Que se solicite explícitamente por el alumno o sus representantes legales, siempre que el afectado, en su caso, no se oponga
a la tramitación conciliada del procedimiento.
2. Deberá quedar constancia en la resolución del procedimiento
de la aceptación de las referidas condiciones por parte del alumno o alumna, o de sus padres o representantes legales si es
menor de edad, así como de la conformidad con la sanción fijada
y asumida en la conciliación.
c) Cuando se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento en el mismo curso escolar, respecto del alumno o alumna
Artículo 56. Las actuaciones de mediación. El instructor y el
mediador o mediadores.
1. El instructor tendrá las siguientes funciones cuando intervenga
en la tramitación conciliada de una situación de conflicto:
a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la
comprobación de los hechos y la responsabilidad del alumno en
su comisión.
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición
por causa de un conflicto de convivencia.
c) Proponer a la Dirección el archivo de lo actuado, si con las
averiguaciones realizadas estima que no existe acción sancionable.
d) Proponer a la Dirección la sanción aplicable y las medidas
reparadoras pertinentes, previamente acordadas con el alumno,
con la intervención del mediador o mediadores, en su caso.
e) Asistir al mediador o mediadores, y prestarles todo el apoyo
Podrá actuar en la solución de conflictos un Mediador o Mediadores, siempre que así se prevea en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro. En los centros que cuenten con
Educador Social podrá actuar como Mediador de conformidad con
el citado Reglamento.
2. El Instructor supervisará siempre la conciliación del conflicto
velando especialmente por que, en todo caso, se respeten las
necesarias garantías de imparcialidad, diligencia, tratamiento
educativo y confidencialidad.
Artículo 55. Supuestos excluidos.
a) Intervenir en el proceso de mediación cuando el procedimiento
elegido sea el regulado en los artículos 54 y siguientes de este
Queda excluida la solución conciliada de conflictos de convivencia
b) Ayudar a las partes a que comprendan cuáles son sus intereses, necesidades y aspiraciones para llegar a su entendimiento.
c) Auxiliarse en su función mediadora de otros miembros de la
comunidad educativa que hayan intervenido en casos de solución
conciliada.
d) Realizar el seguimiento del alumno o alumna corregido para
informar al Consejo Escolar, a través del Instructor, de la eficacia
de las medidas adoptadas.
e) Ayudar con estrategias pedagógicas para el adecuado cumplimiento de lo acordado en el procedimiento conciliado.
Artículo 57. Iniciación del procedimiento.
1. Una vez iniciado un expediente disciplinario, el Director del
Centro incluirá en la comunicación de la apertura del procedimiento la posibilidad que asiste al alumnado o a sus padres o
representantes legales de acogerse a la tramitación conciliada, con
expresión de las condiciones prevista para su terminación u optar
por la tramitación ordinaria.
2. El alumno o alumna, sus padres o representantes legales comunicará la opción elegida en el plazo de los dos días lectivos
siguientes a la notificación, personándose en el centro a fin de
que quede constancia documental.
De no comunicarse a la Dirección del Centro la opción elegida, se
aplicará el procedimiento correspondiente del presente Decreto.
3. Cuando se opte por el procedimiento conciliado, el Director
convocará al Instructor y al Mediador o Mediadora, en su caso,
para, junto con los interesados, estudiar los hechos y desarrollar
el procedimiento. Esta convocatoria se realizará en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde el término del plazo para
la comunicación de la opción elegida.
Artículo 58. Desarrollo de la conciliación.
1. Reunidos el Instructor y el Mediador o Mediadores, en su
caso, con las partes interesadas, aquél leerá la descripción de
los hechos que son objeto del procedimiento y recordará a las
partes que se está ante un procedimiento conciliado al que se
han sometido voluntariamente y que, de la misma manera,
acatarán el acuerdo que del acto se derive. Asimismo, se advertirá al alumno o alumna, a sus padres o a sus representantes
legales que las declaraciones realizadas formarán parte del
expediente disciplinario correspondiente en el supuesto de no
alcanzarse la conciliación.
2. Tras esta lectura el Instructor dará la palabra a las personas
convocadas que describirán los hechos. A continuación, se concederá
al alumno y a sus padres o a sus representantes legales, la posibilidad de alegar cuanto estimen conveniente.
El Mediador, en su caso, intervendrá de manera activa procurando
encauzar conciliadamente el conflicto con estrategias educativas y
de acercamiento entre las partes.
La aceptación de las disculpas por parte de los perjudicados
será tenida en cuenta a la hora de determinar el grado de la
corrección, sin que la no aceptación conlleve la exclusión o
paralización de la terminación conciliada.
3. Finalizadas las intervenciones, el instructor precisará el tipo de
conducta en función de los hechos comprobados y del nivel de
responsabilidad del discente, y la corrección aplicable que podría
corresponder en razón de las circunstancias concurrentes.
4. El Instructor, valoradas las declaraciones efectuadas, las circunstancias de la conducta, las condiciones del alumno o alumna y, en
su caso, la aceptación de las disculpas por el ofendido, propondrá
el cumplimiento de una corrección concreta de las previstas en el
presente Decreto. Las medidas correctoras acordadas no podrán
agravar la situación que pudiera corresponder al alumno o alumna de no haberse tramitado la solución del conflicto mediante el
procedimiento conciliado.
5. Aceptada por el alumno o alumna, en su caso, por sus representantes legales, la medida correctora y los medios para su realización, estos extremos se consignarán por escrito, finalizando el
procedimiento una vez remitido el mismo a las partes.
6. De no haber acuerdo, se continuará el expediente por el procedimiento correspondiente de los contenidos en el presente Decreto
con el cómputo de los plazos en ellos establecidos.
7. El procedimiento disciplinario conciliado se tramitará en el
plazo máximo de quince días lectivos contados desde el momento
en que el alumno o alumna, sus padres o sus representantes
legales acepten fehacientemente esta forma de solución del
8. La incoación del expediente se comunicará al Servicio de
Inspección, al que se tendrá informado del desarrollo del
Disposición adicional primera. Educadores Sociales.
Las funciones de los Educadores Sociales serán preferentemente la
detección y prevención de factores de riesgo que puedan derivar
en situaciones educativas desfavorables, la mediación en conflictos
de acuerdo con el artículo 56.2 de este Decreto, la colaboración
en la prevención y control del absentismo, además de velar por
el cumplimiento de las normas de permanencia de los alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria en el recinto escolar y la
participación en el desarrollo de las habilidades sociales, sin
perjuicio de otras atribuciones que le pudieran corresponder.
Atenderá a la prevención y, en su caso, a la atención de situaciones consecuencia de la violencia de género en los términos
que se contemplan en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
A instancias del Director podrá participar, con voz pero sin voto,
en las sesiones de los órganos colegiados de gobierno de los
Centros y en las comisiones que se formen en el seno de éstos
cuando se traten asuntos relacionados con sus funciones o así lo
estime el Director.
Disposición adicional segunda. Centros concertados y privados.
1. Los centros privados concertados adecuarán el contenido del
presente Decreto a su organización, teniendo en cuenta la normativa específica que los regula. Las competencias que, según lo
previsto en este Decreto, se atribuyen al Jefe de Estudios, corresponderán en los centros privados concertados al Director o a
aquel miembro del Consejo Escolar que se determine en sus
respectivos Reglamentos de Organización y Funcionamiento.
Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Centros
Privados concertados podrán prever la existencia de una Comisión
en el seno del Consejo Escolar con las mismas competencias que
se atribuyen en este Decreto a la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar de los Centros públicos.
2. En el marco de las disposiciones vigentes, los centros privados
no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen
interno y sus normas de convivencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.
1. El presente Decreto será de aplicación a las residencias escolares.
Para ello, en el Consejo de Residencia se constituirá una Comisión
de Convivencia que tendrá las funciones reguladas para este órgano
en el presente Decreto y que estará integrada por el Director, que
actuará como Presidente, un educador, un cuidador, un padre o
madre y dos alumnos o alumnas mayores de doce años.
2. La resolución de los conflictos y la imposición de todas las
medidas disciplinarias serán competencias del Director, de acuerdo
con las normas que establezca la Administración educativa y los
criterios fijados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Disposición adicional cuarta. Reglamento de Organización y
Los Reglamentos de Régimen Interno en vigor deberán adaptarse
al presente Decreto en el plazo de seis meses desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y, en ningún caso,
podrán aplicarse si se oponen a lo dispuesto en el mismo.
Disposición transitoria única. Retroactividad de las disposiciones
1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia que se
produzcan hasta la entrada en vigor del presente Decreto serán
objeto de correcciones previstas en la normativa que les resultaba de aplicación. No obstante, si los preceptos del presente
Decreto que resulten de aplicación a aquellas conductas fueran
más favorables para el alumnado, se aplicarán éstos, debiendo
tenerse en cuenta, a tales efectos, la totalidad de las normas de
una u otra disposición.
2. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto continuarán su tramitación con lo
establecido en el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el
que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los Centros.
Se faculta a la Consejera de Educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este Decreto y, particularmente, para regular la tramitación telemática de los procedimientos administrativos a que dé lugar la aplicación de la
presente norma reglamentaria.
El presente Decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación en el “Diario Oficial de Extremadura”.
Mérida, a 20 de marzo de 2007.
Documents Similar To Derechos y deberes de los alumnos 2007
2006 to de Régimen Interno FINALIZANDO
Comision Nacional Para La Ptu
CONEI explicado
Reglamento de Postgrado (Julio 2008)