Source: http://legalvenezuela.blogspot.com/
Timestamp: 2016-12-04 08:04:50
Document Index: 312976870

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'in fine', 'in fine', 'artículo 284', 'artículo 294', 'artículo 326', 'artículo 311', 'artículo 22', 'artículo 368', 'artículo 372', 'artículo 376', 'e contrario']

DIVORCIO 185-A CON HIJOS MAYORES Y SIN BIENES
CIUDADANO JUZGADO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS ___________ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ______________. Nosotros, ________________________ y ___________________________, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, casados, de este domicilio, hábiles legalmente, titulares de la cédula de identidad Nº _____________ y ______________ respectivamente, debidamente asistidos por el Abogado en ejercicio ______________________, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº.__________ y de este domicilio, ante su competente autoridad ocurrimos para exponer: Contrajimos Matrimonio Civil por ante la Prefectura del Municipio Girardot del Estado Aragua, el día 17 de enero de 1984, según se evidencia en copia certificada de Acta de Matrimonio que anexamos marcada con la letra “A”. Inmediatamente después de contraído el matrimonio, fijamos nuestra residencia y domicilio conyugal por conveniencia mutua en _____________________________________________________________________________________________________. Durante el tiempo que estuvimos casados procreamos dos (2) hijos de nombres: ___________________________ y _____________________ de___ y ___ años de edad respectivamente, tal como se evidencia de copia certificada de la partida de nacimiento que acompaño marcada con las letras “B” y “C”, respectivamente, y en donde se deja constancia de la forma como fueron legalizadas dichas partidas de nacimientos por ante la Prefectura de la Parroquia Crespo del Municipio Autónomo Girardot del Estado Aragua. Pero es el caso ciudadano Juez, que la armonía conyugal después de nuestro matrimonio duro muy poco por causas diversas de incomprensión que motivaron una separación y por consiguiente nuestra unión quedó completamente rota, razón por la cual tomamos la decisión de separarnos y hemos permanecido separados de hecho por más de ____________ ( ) años, sin que haya mediado entre nosotros reconciliación alguna, por lo tanto ha habido ruptura prolongada de la vida en común. En nuestra unión matrimonial no adquirimos bienes de ninguna clase que haya arrojado ganancia alguna que liquidar, fijando cada uno de nosotros residencias separadas. Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que ocurrimos ante su competente autoridad para solicitar, como en efecto solicitamos, la disolución del vínculo matrimonial que nos une, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, llenos como han sido los extremos de Ley a cuyo efecto esta se regirá por las estipulaciones siguientes: PRIMERO: _________________________, ya identificado, fijó su residencia en el _______________________________________________; y el cónyuge _________________________________, ya identificada, fijó su residencia en ____________________________________________________________. SEGUNDO: Con relación a la Guarda y custodia de nuestros hijos, así como la pensión alimentaria no estipulamos nada, ya que ambos son mayores de edad. Finalmente pedimos, que la presente solicitud sea admitida y tramitada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley. Es justicia que esperamos en Maracay, a la fecha de su presentación.-
Nosotros,______________________, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión comerciante y titular de la cédula de identidad numero V-______________; _____________________ venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión comerciante y titular de la cédula de identidad numero V________________; ____________________, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, de profesión comerciante y titular de la cédula de identidad numero V-____________; ___________________, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión Médico Veterinario y titular de la cédula de Identidad numero V- _______________; ___________________, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión Ingeniero en Producción Animal y titular de la cédula de identidad numero V-9._________________; ______________________ venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión Ingeniero industrial y titular de la cédula de Identidad numero V- _______________; _________________, venezolana, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión Ingeniero Agrónomo y titular de la cédula de identidad numero V-________________ y _______________, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, de profesión constructor y titular de la cédula de Identidad numero V________________, por medio del presente documento declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, una fundación, sin fines de lucro, destinada a cumplir objetivos de interés social general, que tendrá su domicilio en la ciudad de ___________________, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en el presente documento constitutivo estatutario y cuyas cláusulas quedan redactadas en los siguientes términos: CAPITULO I. NATURALEZA, DENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACION. PRIMERA: La Fundación de denominará “FUNDACION ___________________”, pudiendo utilizar indistintamente su nombre completo o la abreviatura _____________, como siglas para identificarse. La Fundación es una persona jurídica de carácter privado sin fines de lucro, de nacionalidad venezolana y con patrimonio propio e independiente del de sus miembros, la cual persigue fines sociales y de carácter general. SEGUNDA: El objeto de la fundación es impulsar un amplio programa de desarrollo socio-productivo en las áreas animal, vegetal y humana, comprendiendo además producción, diagnóstico, protección del ambiente, mejoramiento de servicios básicos, de salud y cualquier otra área que implique el uso de tecnologías mediante la implantación y uso de sistema técnicos y biológicos desarrollados en Venezuela o en cualquier país del mundo, debidamente aprobados y aceptados por los organismos públicos y privados que tienen competencia en la materia, destinados a generar el mayor bienestar de la colectividad. En función de dicho objeto, prestar los servicios técnicos, biológicos y biotecnológicos para analizar, diagnosticar, mejorar la producción animal, agrícola e incluso la calidad de vida humana. En este sentido, fomentará la asistencia de servicios tecnológicos y biológicos, coadyuvando por si o por intermedio de sus miembros a la solución de problemas, apoyando los planes, iniciativas o ideas tanto oficiales como privadas que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de seres humanos; B) La producción y realización de todo tipo de cursos técnicos y talleres, laboratorios, bibliotecas y salones de lectura, ya sea en exclusividad o en cooperación con cualquier otro individuo o institución, para lo cual la Fundación podrá contratar, tanto en Venezuela, como en el exterior, las organizaciones, empresas o personal necesario; C) La elaboración y venta de folletos, libros, manuales y demás material impreso de carácter educativo; D) La elaboración y venta de elementos de propaganda, tales como camisetas, llaveros, calcomanías; E) La promoción de programas de carácter educativo en los espacios radiales, televisivos y ciberespacio; F) Auspiciar y financiar programas y actividades que sean necesarios para animar a aquellas personas que merezcan la asistencia y oportunidades de esta fundación; G) Donar becas y/o establecer fondos para asignar ayudas a estudiantes o profesionales que realicen investigaciones o estudios en general en cualquiera instituciones, sociedades o asociaciones que tengan objetivos similares a los de esta Fundación, cooperando con cualquier persona en la ayuda de dichos objetivos; I) En general, llevar a cabo todos aquellos actos que se presumen facilitan la realización del objetivo fundamental de la Fundación. TERCERA: El domicilio de la Fundación es la Ciudad de________________, la cual posee carácter nacional y que puede establecer centros de actividad en cualquier parte del país o en el extranjero, previa aprobación de su Junta Directiva. CUARTA: La duración de la Fundación es por treinta (30) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este documento en la respectiva Oficina de Registro y podrá prorrogarse siempre que una asamblea de miembros así lo decida. Su disolución procederá de conformidad con lo establecido en sus estatutos y leyes respectivas. CAPITULO II. DEL PATRIMONIO. QUINTA: El patrimonio de la Fundación estará constituido por: A) Los bienes muebles e inmuebles que en acto de su constitución son aportados por los Fundadores; B) Las donaciones, contribuciones, herencias, legados y auxilios o asignaciones oficiales o particulares, en dinero o en especies (bienes muebles e inmuebles que reciba la Fundación); C) Los incrementos patrimoniales que obtenga por el mero ejercicio de su actividad por los productos de las inversiones y de las disponibilidades de la Fundación, así como por los intereses y rentas que aquellos bienes produzcan, los cuales en todo caso deberán dedicarse exclusivamente al logro de los objetivos señalados en estos estatutos; D) Los demás bienes o derechos que adquiera la Fundación por cualquier titulo. SEXTA: Los bienes que reciba la Fundación por los medios expresados en cualquier de los literales anteriores, serán destinados al cumplimiento de sus objetivos, y su aporte no comprometerá el logro de tales fines ni su autonomía. PARAGRAFO UNICO. De los resultados netos de cada año, se destinara no menos del cinco por ciento (5%) para la formación de un Fondo de Prevención. Corresponderá a la Asamblea General de Miembros aprobar el monto de referido fondo, el cual debe ser propuesto por la Junta Directiva así como su destino para el año en curso, de acuerdo al programa de actividades que apruebe la misma Asamblea General de Miembros. CAPITULO III DE LOS MIEMBROS. SEPTIMA: La Fundación estará conformada por cuatro (4) clases de miembros: FUNDADORES, ACTIVOS, HONORARIOS Y BENEFACTORES. MIEMBROS FUNDADORES: Son miembros fundadores quienes se nombran como tales en la presente Acta Constitutiva y suscriben la misma. MIEMBROS ACTIVOS: Son miembros activos aquellas personas, naturales o jurídicas, que manifiesten su voluntad de serlo y sean admitidos como tales de acuerdo con estos Estatutos. La Junta Directiva dispondrá lo necesario para el trámite de registro e inscripción de los nuevos miembros activos; MIEMBROS HONORARIOS: Son Miembros Honorarios aquellas personas, naturales o jurídicas, quienes sean designadas como tales por la Asamblea General de Miembros en reconocimientos a sus méritos, a su contribución a la buena marcha y consolidación de la Fundación, o como de vincularse a las actividades de la misma; MIEMBROS BENEFACTORES: Son Miembros Benefactores las personas naturales o jurídicas que efectúen donaciones en dinero o en especies a favor de la Fundación, previa aceptación de ser miembro. OCTAVA: Los Miembros Activos de la Fundación ingresan a ella por postulación de algún Miembro de la Junta Directiva, la cual debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. La postulación de Miembros Activos deberá ser presentada mediante comunicación a la Junta Directiva por parte del postulante recomendando el ingreso del postulado, quien debe estar debidamente identificado en la misma. En todo caso, si el postulado fuere persona jurídica debe acompañarse copia de su Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. NOVENA: El carácter de Miembro Activo se pierde por renuencia expresa, por muerte o por alguna de las siguientes causas: A) Incumplir resoluciones de la fundación; B) Falta de probidad y/o rebeldía; C) Incurrir en actos lesivos a la moral y las buenas costumbres; D) Hacer daño voluntario, provocar desordenes y demás actos aleatorios contra la buena marcha de la Fundación o contra el ordenamiento jurídico del país: E) Observar conducta que sea perjudicial a los intereses de la Fundación; F) Utilizar el nombre de la Fundación con fines diferentes de los establecidos en sus estatutos. En el caso de las personas jurídicas, perderán su carácter de Miembros Activos o Benefactores, por liquidación y/o cancelación de la respectiva personería. PARAGRAFO PRIMERO: Además de las causales previstas anteriormente, la condición de Miembro Activo también se pierde por inasistencia injustificada a tres (03) Asambleas Ordinarias consecutivas, a las cuales haya sido debidamente convocado, sin haber enviado excusa válida por escrito a la Junta Directiva o poder para su representación por otro de sus Miembros. PARAGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva decidirá la desincorporación de cualquier Miembro Activo de la Fundación bajo las cláusulas establecidas en los literales y la decisión deberá ser ratificada por la Asamblea General de Miembros. CAPITULO IV. DE LAS AUTORIDADES DE LA FUNDACION. DECIMA: La Fundación, para el mejor desempeño y cumplimiento de sus fines y objetivos estará conformada por: A) La Asamblea General de Miembros; B) La Junta Directiva; C) El Consejo Consultivo; D) Un Administrador o comisario. DECIMA PRIMERA: La Asamblea General de Miembros, que es la máxima autoridad para fijar planes y políticas, esta conformada por la totalidad de los Miembros Fundadores y Activos. Todo Miembro Fundador y Activo tiene derecho a voz y a voto en la Asamblea General. En caso de imposibilidad de asistir, podrá hacerse representar mediante poder otorgado exclusivamente a otro miembro de igual condición. No obstante, cada miembro podrá representar mediante poder otorgado exclusivamente a otro miembro de igual condición. De igual forma, cada miembro no podrá representar a más de dos poderdantes. Los Miembros Honorarios y Benefactores podrán asistir a la Asamblea General con derecho a voz pero sin voto. DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Miembros es el máximo organismo de la Fundación y como tal le corresponden las siguientes funciones: A) Determinar las orientaciones y políticas generales a las cuales debe someterse la actividad de Fundación, con miras a lograr sus fines; B) Estudiar y apoyar las reformas de los Estatutos de la Fundación que sean presentados para su consideración por la Junta Directiva, o por no menos del treinta por ciento (30%) de los Miembros; C) Estudiar el informe anual de labores de la Fundación presentado por la Juntadirectiva; D) Estudiar y apoyar en su sección ordinaria anual el presupuesto general, el balance y el informe económico que le presente la Junta Directiva; E) Nombrar, porperiodos de cuatro (04) años, a los miembros de la Junta Directiva; F) Nombrar el Administrador y el Suplente de este; G) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Fundación; H) Determinar el monto del Fondo de Prevención y el destino que deba dársele al mismo, a proposición de la Junta Directiva; I) Acordar la disolución de la Fundación cuando ocurran las causales previstas para la misma en estos Estatutos; J) Decidir sobre sus Miembros Activos, por las causas indicadas en la cláusula novena. DECIMA TERCERA: La Asamblea General de Miembros se reunirá en sección ordinaria dos (02) veces al año, específicamente en los meses de Marzo y Octubre, sin menoscabo de que por solicitud escrita y dirigida a la Junta Directiva con un (01) mes de anticipación, la mayoría de los Miembros soliciten el cambio de fecha para la realización de dichas sesiones ordinarias. De igual forma, se reunirán extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva, o a solicitud del Consejo Consultivo o del 30% de su Miembros. La convocatoria se hará por comunicación escrita dirigida a cada uno de los miembros, con quince (15) días de anticipación, o en su defecto, por un aviso de prensa en un periódico de circulación nacional, en el cual se indicara el lugar, fecha, hora y el objeto de la reunión. Se formara quórum para deliberar y decidir con la presencia o representación del cincuenta por ciento mas uno (50%+1) de sus miembros, salvo se vayan a tomar determinaciones de las contenidas en literales “h” e “I” de la cláusula que antecede, en cuyo caso hará falta la presencia de al menos las tres cuartas (3/4) partes de los miembros para que el quórum este validamente constituido y se puedan tomar decisiones. En cualquiera de los dos casos, de no lograrse quórum en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria para la celebración de la Asamblea, en el termino de las setenta y dos (72) horas siguientes, quedando esta validamente constituida con la presencia de un veinte por ciento (20%) de los miembros y sus decisiones serán válidas y de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la Fundación. DECIMA CUARTA: El Consejo Consultivo es un órgano de alto nivel que estará compuesto por ocho (08) Consejeros, designados por la Junta Directiva y ratificados por la Asamblea General de Miembros. Se otorgara el titulo de consejero de la Fundación aquellas personas que reúnen condiciones especiales para ello. DECIMA QUINTA: Los Miembros del Consejo Consultivo durarán dos (02) años en el ejercicio de sus funciones, las cuales consisten en estudiar el estado general de la Fundación a nivel nacional e internacional, al igual que evaluar el cumplimiento de sus objetivos, y presentar a la Asambleas General o a la Junta Directiva sus conclusiones y sugerencias. DECIMA SEXTA: El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos una vez cada seis (06) meses, a solicitud de la junta Directiva o de al menos (03) tres de sus miembros. Será convocado por el Presidente de la Fundación, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los Consejeros con diez (10) días hábiles de anticipación, a la dirección que tenga registrada en los libros de la Fundación. El presidente de la Fundación deberá estar presente en dicha reuniones o se formará quórum para deliberar y decidir con la presencia de la mayoría de los Consejeros de la Fundación. De no lograrse la asistencia requerida, el mismo Consejo librará una nueva convocatoria para dentro de los diez (10) días siguientes, en cuyo caso podrá sesionar con solo tres (03) de sus miembros. El Consejo Consultivo podrá reunirse en cualquier lugar y tiempo, siempre y cuando estén presentes la cantidad de miembros requeridos. DECIMA SEPTIMA: Los Miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva y en la Asamblea General de Miembros. DE LA JUNTA DIRECTIVA. DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva estará integrada por siete (07) miembros principales y tres (03) suplentes, elegidos por periodos de cuatro (04) años por la Asamblea General de Miembros, pudiendo ser reelegidos por periodos iguales. DECIMA NOVENA: La Junta Directiva estará conformada de la siguiente manera: Un (01) Presidente, un Vicepresidente (01), un Secretario (01), un Tesorero (01), tres Directores Principales (3), tres Directores Suplentes (03). Las ausencias temporales del Presidente las cubrirá el Vicepresidente, y las ausencias de este último serán cubiertas por los directores en el orden de designación. Por su parte, las ausencias temporales de los directores principales, serán cubiertas por los directores suplentes también en el orden de designación respectivo. Las ausencias definitivas de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, serán cubiertas de la misma forma que las temporales hasta que se reúna la Asamblea General de miembros y haga la designación respectiva de acuerdo a estos estatutos. Los directores suplentes de la Junta Directiva podrán asistir a las reuniones de esta con derecho a voz pero sin voto. VIGESIMA: Las decisiones de la Junta Directiva se adoptaran con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros presentes con derecho a voto. VIGESIMA PRIMERA: Son funciones de la Junta Directiva: A) Reglamentar el funcionamiento de la Fundación; B) Designar las comisiones, grupos de trabajos, comités operativos y asesores que considera necesarios para alcanzar los objetivos de la fundación; C) Aprobar el programa anual de actividades de la fundación, así como el presupuesto general correspondiente que será presentado a su consideración por el presidente y/o por el Vicepresidente; D) Presentar a la Asamblea General de miembros el informe anual de actividades y el balance general del ejercicio económico; E) Delegar al Presidente, al Vicepresidente o Directores Principales, las funciones que estimen convenientes para dar mayor agilidad al funcionamiento de la Fundación; F) Convocar las reuniones extraordinarias a la Asamblea General de miembros, cuando lo estime conveniente; G) Todas las demás que asignen esto estatutos o que sean atribuidas por la Asamblea General de Miembros. VIGESIMA SEGUNDA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente la primera semana de cada mes, el día y hora que convoque el Presidente y/o Vicepresidente. Extraordinariamente, cuando no haya sido convocada por el Presidente y/o el Vicepresidente en la oportunidad debida, el resto de los miembros de la Junta Directiva podrá convocar la reunión para la segunda semana del mes respectivo. La Junta Directiva sesionará validamente con cinco (05) de sus miembros y podrá designar un secretario fuera de seno. VIGESIMA TERCERA: El Presidente y/o el Vicepresidente son los Representantes legales de la Fundación, serán elegidos por la Asamblea General de miembros por periodos de cuatro (04) años pudiendo ser reelegidos. VIGESIMA CUARTA: Las funciones del Presidente y/o Vicepresidente actuando conjuntamente o separadamente, son las siguientes: A) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Fundación; B) Convocar a la Junta Directiva en los términos y oportunidad previstos en estos estatutos y presidir sus reuniones ordinarias y extraordinarias; C) Presentar a consideración de la Junta Directiva, la designación de las comisiones, grupos de trabajo, comités operativos que considere necesarios para alcanzar los objetivos de la Fundación y proponer su remuneración; D) La creación o supresión de cargos de personal de la Fundación; E) firmar los contratos laborales y de servicios que sean necesarios para el funcionamiento de la Fundación; F) Presentar a la Asamblea General de Miembros en nombre de la Directiva, el balance general del ejercicio económico examinado, aprobado por el Tesorero, y el informe anual de actividades; G) Presentar a la Asamblea General de Miembros el presupuesto anual y el proyecto de inversiones y gastos; H) Conocer de los aportes que se le hagan a la fundación cuando estos excedan de Cien Unidades Tributarias (100U.T.); I) Aprobar las secciones mencionadas de las cuales se hagan acreedores los funcionarios de la Institución, de acuerdo con el reglamento interno de Trabajo de Miembros de las actividades realizadas por la Junta Directiva; J) Celebrar los acuerdos o convenios con otras instituciones publicas o privadas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación; K) La apertura, movilización y cierre de Cuentas bancarias de la Fundación, así como el manejo de cualesquiera instrumentos financieros; I) Todas las otras funciones que la Asamblea General de Miembros o la Junta Directiva asignen. VIGESIMA QUINTA: El Administrador o Comisario será nombrado por la Junta Directiva por un periodo de dos (02) años y podrá tener un (01) Suplente. Con preferencia deberá ser Contador Publico o profesión afín de reconocida solvencia moral y tendrá acceso a todos los documentos de la Fundación. En caso de cumplirse este periodo sin que se designe su reemplazo, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta cuando la Junta Directiva realice la respectiva designación. La Junta Directiva fijará su remuneración. El Comisario y su Suplente no podrán ser miembros de la Fundación, ni estar relacionados dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad con los integrantes de la Junta Directiva. VIGESIMA SEXTA: Serán funciones del Comisario, las siguientes: A) Determinar las normas para la organización de la Contabilidad de la Fundación; B) Examinar las operaciones, inventarios, balances, libros, actas, y demás documentos de la Fundación y comprobantes contables correspondientes, de manera que pueda vigilar adecuadamente la contabilidad y el manejo del patrimonio de la Fundación e informar de ello a la Junta Directiva; G) Asesorar a la Asamblea, y a la Junta Directiva en relación a los aspectos contables de la Fundación; D) Realizar, verificar la exactitud de los balances e informes contables y autorizarlos con firma; E) Verificar trimestralmente el arqueo de la caja de la Fundación; F) Verificar la comprobación de todas las inversiones y valores de la Fundación y de los que esta tenga en custodia; G) Las demás que determine la Ley Venezolana o la Asamblea General de Miembros; H) En las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva tendrá voz pero no voto. CAPITULO V. DEL EJERCICIO ECONOMICO. VIGESIMA SEPTIMA: El ejercicio económico de la Fundación tendrá una duración de un (01) año calendario y comenzara el primero de Enero de cada año y culminará el treinta y uno de Diciembre del mismo año, a excepción del presente ejercicio que se iniciará a la fecha de protocolizarse el presente documento. VIGESIMA OCTAVA: La Fundación se disolverá: A) Por haberse cumplido el fin especifico señalado o el plazo fijado; B) Cuando desaparezca el patrimonio o resulte insuficiente; C) Cuando su fin deviene incompatible con la ley o con la situación real; D) Por voluntad de los miembros que componen la Fundación, tomada por la mayoría especial del setenta y cinco por ciento (75%) de sus componentes. En este caso, se deberá tener también la aprobación del
. VIGESIMA NOVENA: La disposición de los bienes que quedaren luego haber pagado el pasivo externo de la Fundación, será resuelta según lo establecido en el Articulo 23 del Código Civil Venezolano. DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS. TRIGESIMA: Para todo lo no previsto en estos Estatutos, se aplicaran las disposiciones contenidas en el Código Civil Venezolano, las Normas del Derecho Común y los principios Generales del Derecho. )”.
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIOEL PROCESO PENAL VENEZOLANO El Proceso Penal Venezolano está constituido por varias fases, las cuales, tienen su fundamento en el Procedimiento Ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal de Fecha 14 de Noviembre de 2001, teniendo como finalidad, el establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho con la debida observancia de sus principios. La fase preparatoria, fundamentalmente investigativa, en la que destaca la intervención del Ministerio Público. Corresponde al fiscal la dirección de esta fase y, en consecuencia, los órganos de policía dependen funcionalmente de aquel.La fase intermedia cuyo acto fundamental lo constituye la denominada audiencia preliminar en la que se delimitara el objeto del proceso, así, en esta etapa se determina si hay elementos suficientes para decretar el enjuiciamiento de la persona imputada o, si por el contrario, procede el sobreseimiento del proceso.La fase de juicio, fase en la que se debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto planteado.La fase de impugnación, fase en la que se debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto planteado. La fase de impugnación o recursiva en la que se cuestionara la decisión de fondo emitida por los tribunales de juzgamiento. Cabe destacar que también son recurribles las decisiones interlocutorias con fuerza o no de definitiva dictadas por cualquiera de los tribunales de primera instancia (control, juicio y ejecución).La fase de ejecución de las penas o medidas de seguridad impuestas, a cargo de un funcionario judicial (juez de ejecución) que se crea en este nuevo texto legal.El COPP atribuye a dos órganos del Estado, respectivamente, las funciones de averiguar la verdad y decidir conforme a la ley sustantiva, de esta manera se garantiza que el imputado, a quien se reconoce como titular de derechos y deberes procésales, pueda defenderse eficazmente de la hipótesis delictiva que sostiene el Ministerio Público. En orden a formular esa hipótesis delictiva el Código adjetivo atribuye al Ministerio Público la dirección de la fase de investigación o fase preparatoria del proceso penal.Inicio del proceso: A través de la investigación de oficio, denuncia y la querella:
a. Investigación de oficio (Art. 283 COOP): Por ser el Ministerio Público el director de esta primera fase le corresponde el inicio de la investigación, en caso de que la noticia del delito fuere recibida por los órganos de la policía, estos necesariamente deberán comunicarlo al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes. De conformidad con lo previsto en el COPP, artículo 284, los órganos de policía solo estarían facultados para practicar “diligencias necesarias y urgentes dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás participes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.b. La denuncia (Art. 285, 286, 287,288 y 289 del COOP): A fin de permitir que los ciudadanos puedan contribuir con el mantenimiento de la paz social que se quebranta con la comisión de delitos, se conserva la denuncia como una facultad de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de tales hechos, salvo las excepciones tradicionales, esto es, los casos de particulares, en los que la omisión de denunciar constituya delito, el caso de los funcionarios públicos que tuvieren noticia de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones y los profesionales de la salud que llamados a prestar el auxilio de su arte o ciencia, tuvieren noticias de la comisión de ciertos delitos; fuera de estos tres casos de denuncia obligatoria, esta alternativa sigue consagrándose como una facultad y por tanto el código declara que el denunciante no es parte en el proceso.c. La querella (Art. 292, 293, 294, 295, 296297, 298 y 299 del COOP): es el acto mediante el cual la victima pone en conocimiento del tribunal la presunta comisión de un delito y señala directamente a la persona a quien se atribuye su comisión. Con la admisión de la querella la victima adquiere la condición de parte.La regulación de que la querella hace el COOP prácticamente acaba con la acción popular que tradicionalmente se ha mantenido en el sistema procesal venezolano y que permite que cualquier particular agraviado o no se puede constituir en acusador.Articulo 292 COOP: Legitimación: Solo la persona natural o jurídica que tenga la calidad de victima podrá presentar la querella.Articulo 293 COPP: Formalidad: La querella se propondrá siempre por escrito, ante el juez de control.
La querella debe contener según el artículo 294 ejusdem los siguientes requisitos:1. El nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia del querellante, y sus relaciones de parentesco con el querellado.2. El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado 3. El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración.4. Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho.
El COPP (Art. 280 y S.S.) atribuye al Ministerio Público la dirección de esta primera fase y por esta vía, la preparación del juicio oral, en tal virtud, su labor fundamental será la búsqueda de la verdad, la recolección de todos los elementos de convicción orientados a determinar si existen o no razones para proponer la acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o de otro modo, requerir el sobreseimiento. Al mismo tiempo debe posibilitarse la defensa del imputado.Una vez interpuesta la denuncia, recibida la querella por la realización de un hecho punible, o de oficio, procederá el Representante del Ministerio Público, siendo titular de la acción penal, a ordenar el inicio de la investigación, disponiendo de la práctica de todas las diligencias necesarias y tendientes a determinar las circunstancias que puedan influir en:
- En la calificación del hecho;- En la responsabilidad de sus autores; y,- En el aseguramiento de las evidencias relacionadas con su perpetración.El Ministerio Público dentro de los treinta días continuos siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitara al juez de control, mediante escrito motivado, su desestimación (Art. 301 COOP), cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción esta evidentemente prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Acto Conclusivo: Esta primera fase a cargo del Ministerio Público puede concluir de tres maneras:
a) Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público, lo que el Código denomina Archivo Fiscal. b) Con la solicitud de sobreseimiento que efectué el fiscal del Ministerio Público ante el juez de control, y,c) Con la proposición de la acusación, acto que daría lugar a la apertura de la fase intermedia
A) Archivo Fiscal (Art. 315 - 317): Si el fiscal del Ministerio Público, una vez desarrollada la investigación, estima que no hay elementos suficientes para proponer la acusación, decretara el archivo. Esto no evita la posibilidad de que posteriormente se pueda reabrir esa investigación si aparecieren nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la victima que haya intervenido en el proceso y el código reconoce un recurso a su favor, dado que esta tiene la posibilidad de solicitar al juez de control que examine los fundamentos del archivo es decir la victima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes. En este caso si el juez estima que la solicitud de la victima esta fundada, debe declararlo y remitir las actuaciones al Fiscal Superior para que este ordene a otro fiscal de proceso realizar lo pertinente, es decir el nuevo fiscal que recibe las actuaciones, analizando su contenido, podrá disponer la practica de otros actos de investigación y presentar un acto conclusivo.Indudablemente que el recurso de la victima ante el juez de control podría cumplir, un efecto preventivo, pues, “ningún fiscal ve con agrado el exponerse a un procedimiento de provocación de la acción, solo se abstendrá de iniciar un procedimiento oficial en casos verdaderamente fundados.B. Sobreseimiento (Art. 318 – 324): La segunda forma de concluir esta fase es con el sobreseimiento que puede solicitar el fiscal ante el juez de control. El sobreseimiento es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno o varios imputados determinados, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal.El sobreseimiento se caracteriza por: a. Un pronunciamiento judicial, aun cuando se acuerde por solicitud del fiscal del proceso. Art. 320 COPP “El fiscal solicitara el sobreseimiento al Juez de control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente. En tal caso se hará el siguiente trámite: Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocara a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate. Si el juez no acepta la solicitud enviara las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición Fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictara pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenara a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.b. Fundado, pues debe dictarse cuando esta acreditada alguna de las circunstancias previstas en el articulo 318 del COPPc. Se dicta respecto de las personas y no en cuanto a los hechos.d. Recurrible, toda vez que las partes que se consideren agraviadas por este pronunciamiento pueden impugnarlo.e. Tiene autoridad de cosa juzgada, pues impide la posterior apertura de un proceso con los mismos sujetos respecto del mismo hecho.El Fiscal deberá solicitar al juez de control es sobreseimiento cuando:1. El hecho objeto del proceso no se realizo o no puede atribuírsele al imputado; Si uno de los objetos del proceso y, básicamente de la fase preparatoria, es la comprobación del hecho punible presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó la apertura del proceso no hubiere existido o se determina que el imputado no es el responsable de el, esto es, no es autor ni participe del hecho de que se trata, procede la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento. 2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; Esta causal permite al Fiscal introducirse en la teoría del hecho punible y analizar la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad del comportamiento del imputado, es decir, debe el Fiscal inicialmente apreciar si el hecho que ha investigado encuadra o no en algún tipo penal, si ese hecho es o no contrario al ordenamiento jurídico, si esta amparado por alguna causa de inculpabilidad o si, a pesar de tratarse de un hecho típico, antijurídico y culpable, el legislador prescinde de la imposición de la pena.3. La acción penal ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; Respecto de este motivo, deben interpretarse armónicamente las previsiones del Art. 48 del COPP (extinción de la acción penal) y Art. 103 y ss. Del CP (extinción de la responsabilidad penal). El articulo 48 del COPP enumera como causales de extinción de la acción penal: 1) La muerte del imputado. 2) La amnistía. 3) El desistimiento o el abandono de la querella en los delitos de instancia de parte agraviada. 4) El pago del máximo de la multa, previa la admisión del hecho, en los hechos punibles que tengan asignada esa pena. 5) La aplicación de un criterio de oportunidad, en los supuestos y formas previstos en este código. 6) El cumplimiento de los acuerdos reparatorios. 7) El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el Juez, en la audiencia respectiva. 8) La prescripción salvo que el imputado renuncie a ella. 4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
Si no existe un “fundamento serio” no es posible la proposición de la acusación, por tanto, si no es posible que puedan incorporarse nuevos elementos a la investigación y los recabados son suficientes para solicitar el enjuiciamiento Público del imputado, el Fiscal del Ministerio Público debe solicitar la declaratoria de sobreseimiento; lo contrario supondría el someter al imputado a un proceso carente de fundamento que irremediablemente desencadenara en una sentencia absolutoria, exponiéndolo, no obstante a la pena del banquillo.Conforme a lo previsto en el Art. 324 COPP, el auto por el cual se ordene el sobreseimiento de la causa debe reunir los siguientes requisitos:1. El nombre y el apellido del imputado; con esta exigencia se persigue la identificación inequívoca del imputado; a tal efecto, deberá atenderse a la identificación verificada con base a la regla del Art. 126 del COPP, es decir a través de sus datos personales y señas particulares.2. La descripción del hecho objeto de la investigación; En resguardo del principio ne bis in ídem, debe determinarse el hecho que motivo el inicio del proceso. Tal determinación, cuando el sobreseimiento se dicta en la audiencia preliminar, deberá estar referida a la imputación hecha en la acusación por el Ministerio Público.3. Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación de las disposiciones legales aplicadas; este requisito supone que el juez deberá indicar en la decisión las razones que le llevaron al convencimiento de que esta acreditada la causal de sobreseimiento, detallándolas una a una.4. El dispositivo de la decisión; este dispositivo debe necesariamente guardar relación con los fundamentos antes esgrimidos que motivaron el decreto de sobreseimiento respecto del o los imputados.El Ministerio Público o la victima, aun cuando no se haya querellado, podrá interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto que declare el sobreseimiento. Art. 325 COOP.C. Acusación (Art. 326): Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, deberá proponer la acusación ante el juez de control, con base al Art. 326, la acusación deberá contener: 1) Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor. 2) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado. 3) Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan. 4) La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. 5) El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad. 6) La solicitud de enjuiciamiento del imputado.El juez de control deberá determinar si hay o no elementos suficientes para llevar a juicio al imputado, con base a la acusación del Ministerio Público y a los argumentos de la defensa que se ventilen en el acto central de la fase intermedia, cual es la audiencia preliminar. Esa determinación supone que el juez deberá efectuar no solo un control formal sobre la acusación, control que se reduce a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, esto es, identificación del o los imputados y la descripción y calificación del hecho atribuido, sino también un control material que consiste en el análisis de los requisitos de fondo en que se basa el pedido del Ministerio Público, es decir, si la acusación tiene un fundamento serio.El control material sobre la acusación pretende evitar los efectos estigmatizantes del sometimiento a un proceso del cual quedaran secuelas, independientemente de su resultado, efecto que la doctrina española denomina “pena de banquillo”.Es en consecuencia la acusación, el único acto conclusivo que tiene la potencialidad para dar inicio a la fase siguiente, pues tanto el archivo fiscal como el sobreseimiento mantienen el proceso en fase preparatoria , lo cual tiene una serie de implicaciones en cuanto a la forma de computar los lapsos procésales; no obstante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en diversas sentencias ha sostenido que “ el sobreseimiento es un acto conclusivo que finaliza con la fase de investigación o preparatoria, entrando automáticamente a la fase intermedia, en la que no se computaran los sábados, domingos, días feriados o los días en que no haya despacho, todo ello de conformidad con los artículos 172 y 320 del COPP”.
La fase intermedia es la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia primaria y fundamental del principio acusatorio; la existencia de la acusación, es decir, que haya un sujeto diferente del órgano judicial que ejercite la acción penal. Esta etapa ubicada entre la fase preparatoria y la de juicio oral, tiene por función determinar si hay fundamento serio para llevar a juicio el imputado, con ello se previene la sanción anticipada o llamada por la doctrina española “pena del banquillo”, la cual se configuraría si el juez de esta fase se limitare a intervenir de manera meramente formal homologando lo actuado por el Ministerio Público.Según las previsiones del COPP durante la fase intermedia, se procura además la depuración del procedimiento, toda vez que pueden las partes oponer las excepciones que no hayan sido planteadas con anterioridad o que se funden en hechos nuevos, no es posible, sin embargo, que el juez de control ordene la práctica de nuevas pruebas ni pueda complementar la acusación.
En esta fase destaca como acto fundamental la celebración de la denominada audiencia preliminar, concluida la cual debe el juez de control admitir la acusación (total o parcialmente) o sobreseer el proceso, por tanto su finalidad es determinar la viabilidad de la acusación de allí que algunos la denominen “juicio de acusación” o control de la acusación.La audiencia preliminar es el acto procesal mas importante de la fase intermedia de los llamados sistemas acusatorios de oralidad plena (como el del COPP). El contenido de esta audiencia es básicamente un debate sobre los hechos del proceso sobre su calificación y sobre la viabilidad de la acusación.La audiencia preliminar tiene como objeto fundamental resolver sobre la admisibilidad o no de la acusación. Si bien tal audiencia tiene carácter contradictorio ello no posibilita que en la misma puedan plantearse cuestiones propias del juicio oral, vale decir actos que requieran de una actividad probatoria que resulta ajena a ese momento procesal.Audiencia Preliminar Art. 327 COPP: Presentada la acusación el juez convocara a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte. La victima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria, adherir a la acusación del Fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 326. La admisión de la acusación particular propia de la victima al término de la audiencia preliminar, le conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiere sido declarada desistida. Conforme a lo establecido en el Art. 328 del COPP, hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el Fiscal, la victima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado, pueden realizar por escrito los actos siguientes: 1. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos.2. Pedir la imposición o revocación de una medida cautelar.3. Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos.4. Proponer acuerdos reparatorios.5. Solicitar la suspensión condicional del proceso.6. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes. 7. Promover las pruebas que producirían en el juicio oral, con indicación de su pertinencia y necesidad. 8. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal.Articulo 329 COPP, Desarrollo de la Audiencia: El día señalado se realizara la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones.Durante la audiencia el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en este Código.El juez informara a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso.En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y Público.Articulo 330 COPP, Decisión: Finalizada la audiencia el Juez resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación del Fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que esta se suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible;2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la victima;3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren alguna de las causales establecidas en la ley;4. Resolver las excepciones opuestas;5. Decidir acerca de medidas cautelares; 6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos; 7. Aprobar los acuerdos reparatorios;8. Acordar la suspensión condicional del proceso;9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida parea el juicio oral.Auto de apertura a juicio (Art. 331): Este auto, que debe dictar el juez de control al término de la audiencia preliminar si admite la acusación debe contener, según lo dispuesto en el artículo 311 COPP:1. La identificación de la persona acusada;2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda; y, de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación;
4. La orden de abrir el juicio oral y público;5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el juez de juicio6. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones u los objetos que se incautaron.Conforme a lo dispuesto en la aludida norma el auto de apertura a juicio es inapelable.
Es en la fase de juicio donde se concretan en su mayor esplendor los principios del procedimiento que rigen el sistema procesal desarrollado por el COPP: oralidad, publicidad, inmediación y concentración, al igual que algunos principios del proceso, como la libre valoración de las pruebas y la participación ciudadana activa y pasiva en la administración de la justicia.
En atención al principio de la oralidad todos los actos del debate deben efectuarse en forma verbal, admitiéndose solo por excepción la incorporación de pruebas a través de su lectura, la inmediación, como principio probatorio, supone que el tribunal llamado a decidir debe haber presenciado las pruebas en las cuales habrá de fundar tal decisión, este principio conlleva a la identidad física del juzgador, la publicidad se entiende como la garantía de que a los actos del debate puede asistir quien tenga interés en hacerlo, situación esta que permitirá establecer un control popular sobre la administración de justicia, dado la intervención pasiva de la ciudadanía, y la concentración y continuidad, conllevan a que solo se admitan suspensiones especiales y precisamente determinadas, lo cual resulta lógico, pues si el juez debe decidir sobre la base de las pruebas que se han practicado en su presencia, la suspensión prolongada del debate afectaría el recuerdo de las resultas de tales pruebas y por tanto la confiabilidad de la decisión.Presentación del debate: En este periodo tiene lugar como aspecto fundamental la integracional del tribunal; es en esta oportunidad, donde en función del delito de que se trate se va a materializar el principio de participación ciudadana. En tal virtud, si se tratare del juzgamiento de un delito que merece pena de más de cuatro años de privación de libertad, corresponde conocer a un tribunal mixto (integrado por un juez profesional y dos escabinos). Cuando se tratare de un delito que mereciere pena inferior a cuatro años de privación de libertad corresponde conocer a un tribunal unipersonal integrado por un juez profesional y deben seguirse los tramites del procedimiento abreviado.También pueden las partes, durante los actos de preparación del debate promover pruebas complementarias de las cuales tuvieron conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar.
Desarrollo del debate: En esta etapa tiene lugar la apertura del debate que se regirá por los ya mencionados principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, y donde la actividad probatoria estará presidida por los principios de concentración e igualdad, por tanto los únicos actos de prueba que el tribunal apreciara, son los que se practiquen en el juicio oral, con inmediatez y contradictoriedad, salvo el caso excepcional de la prueba anticipada que se incorpora al juicio por su lectura.Una vez constituido el tribunal, juramentados los escabinos, si se trabaja de un tribunal con participación popular, y, verificada la presencia de las partes, el juez presidente debe declarar abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. Seguidamente debe exponerse la acusación por parte del fiscal y el querellante, si lo hubiere, y el defensor su defensa.Si durante el debate se comete un delito, el tribunal debe ordenar la detención del autor y el levantamiento de un acta con las indicaciones pertinentes, aquel debe ser puesto a disposición del funcionario del Ministerio Público que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, a fin de que proceda a la investigación. Debe destacarse que es este el único caso establecido en el COPP en el cual el juez realiza un acto propio de los órganos de persecución penal, no obstante se justifica en la circunstancia de que el delito perpetrado en audiencia es un delito flagrante y, en estos casos, incluso cualquier particular estaría facultado para aprehender al sospechoso, a tenor de lo dispuesto en el articulo 248 del Código adjetivo.Incorpora el legislador adjetivo un nuevo tipo penal, cual es, mentir sobre las generales de ley durante el interrogatorio en audiencia publica por el juez o en caso de ser repreguntado por las partes. En este caso la sanción es prisión de seis a dieciocho meses o multa del equivalente en bolívares de diez a cuarenta unidades tributarias.Todas las cuestiones incidentales que se susciten durante la audiencia deben ser tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga el orden del debate.Expuestas la acusación y la defensa, debe oírse al acusado (aun cuando el COPP lo sigue denominando imputado) quien debe ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia. El juez presidente debe explicarle con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, advertirle que el debate continuara aunque no declare y que puede declarar sobre el objeto del debate todas las veces que lo estime pertinente.Debe permitirse al acusado que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente por el Ministerio Público, el querellante, el defensor y el tribunal, en ese orden.A fin de resguardar el derecho a la defensa se dispone la advertencia al acusado, en caso de que en el curso de la audiencia el tribunal observe la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes. Con ello se garantiza la posibilidad de que el acusado se refiera a ella y no sea sorprendido con una calificación jurídica que no pudo contradecir y, al mismo tiempo, que la acusación presentada por el Ministerio Público y la victima (o solo esta si se trata de delitos de instancia privada) pueda defender su pretensión.. De la misma manera debe procederse en caso de ampliación de la acusación realizada por el Ministerio Público o por el querellante que genere un cambio en la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, sin perjuicio del derecho de las partes, a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Si ese derecho fuere ejercido, el tribunal deberá suspender el debate por un plazo que fijara prudencialmente y el cual tiene como limite la previsión del articulo 337 del COPP, según la naturaleza de los hechos y las necesidades de la defensa. El querellante puede adherirse a la ampliación realizada por el Ministerio Público.En efecto, sin perjuicio del control que ejerce el juez, tal como se desprende de lo establecido en los artículos 351 y 363 del COPP, es posible que durante el debate el Ministerio Público amplié la acusación “mediante la inclusión de un nuevo hecho que no haya sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura a juicio, que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, o que el juez de juicio sentencie con base a una calificación jurídica distinta a esos autos, siempre que hubiere advertido al acusado sobre tal posibilidad.
Orden de la recepción de las pruebas: Después de la declaración del acusado el juez presidente debe recibir la prueba en el orden siguiente: en primer lugar deben intervenir los expertos. Si resulta conveniente el tribunal puede disponer que los expertos presencien los actos del debate. Seguidamente se recibirá la declaración de los testigos, uno por uno. Antes de su declaración los testigos no pueden comunicarse entre si, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo el juez presidente debe disponer si continúan en la antesala o se retiran.La comunicación entre los testigos no impide su declaración, pero el tribunal debe apreciar esta circunstancia al valorar la prueba conforme al sistema previsto en el artículo 22 del COPP.
Una vez que el testigo o experto hayan expuesto la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento sobre los hechos objeto del proceso, el juez debe permitir el interrogatorio directo, iniciándolo quien lo propuso y luego las otras partes, en el orden que el juez presidente lo considere conveniente. En todo caso se procurará que la defensa interrogue de último. Luego, el tribunal puede interrogar al experto o al testigo.El juez presidente debe moderar el interrogatorio y evitar que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurando que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las partes. Las partes pueden solicitar la revocación de las decisiones al juez presidente cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen.El experto o testigo que oportunamente citado no haya comparecido, puede ser conducido por medio de la fuerza publica, a tales efectos, el juez puede solicitar a quien lo propuso que colabore con la diligencia. La inasistencia de cualquiera de ellos puede dar lugar a la suspensión del juicio por una sola vez. Sino concurrieren al segundo llamado o no pudieren ser localizados para su conducción por la fuerza pública, el juez continuara prescindiéndose de esa prueba.Los objetos y otros elementos ocupados deben ser exhibidos en el debate, mientras que las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales deben reproducirse en la audiencia, según sus formas de reproducción habitual. Tales objetos pueden ser presentados a los expertos y a los testigos durante sus declaraciones, a quienes se les solicitara reconocerlos o informar sobre ellos.En todo caso la recepción de las pruebas debe iniciarse con las propuestas por el Ministerio Público, luego con las del querellante y concluir con las del acusado. El juez presidente solo puede alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.Clausura del debate: Terminada la recepción de las pruebas, el juez presidente debe conceder la palabra, en primer termino al fiscal, luego el querellante y posteriormente al defensor, para que expongan sus conclusiones. Seguidamente debe otorgar al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar, para referirse solo a las conclusiones formuladas por la parte contraria. No se permite la lectura de escritos, salvo que se trate de citas textuales de doctrina o jurisprudencia con el fin de ilustrar el criterio del tribunal. Si está presente la victima y esta desea exponer, debe dársele la palabra, aunque no haya presentado querella. Finalmente, el juez presidente debe dar al acusado la última palabra. Este derecho del acusado, como una manifestación del derecho a la defensa que impediría nueva contradicción del acusador sobre sus alegatos de defensa, puede, como derecho al fin, ser renunciado por aquel. Una vez que el acusado expusiere, si a bien lo tiene, el juez debe declarar cerrado el debate.Retiro de la acusación: El COPP no contempla previsión alguna sobre el retiro de la acusación por parte del Ministerio Público. Por tanto, resulta fundamental el manejo de los criterios que podrían esgrimirse en caso de que planteara tal situación. Al respecto, cabria considerar dos supuestos:
a) Dado que el ius puniendo pertenece al Estado, ya no podría evitarse la sentencia correspondiente, salvo que se tratare de delitos perseguibles a instancia de parte agraviada.
b) Retirada la acusación por parte del titular de la acción penal, desaparece también el objeto del proceso.Nos inclinamos por la primera postura por considerar que no obstante que el Ministerio Público , ejerce la acción penal en nombre del Estado, ese mismo Estado por ser el titular del ius puniendi, debe ajustarse a la legalidad y decidir con base al resultado del proceso, por tanto, si el debate ha conducido a una sentencia condenatoria, a pesar del retiro de la acusación el tribunal debe condenar; ello no obsta para que absuelva si esa es la consecuencia que se deriva de las pruebas practicadas en su presencia.Deliberación y sentencia: Una vez concluido el debate el tribunal debe decidir, para ello, si se tratare de un tribunal mixto los integrantes del tribunal deben previamente haber deliberado en secreto.Si se trata de un tribunal mixto el juez profesional y los escabinos decidirán conjuntamente, con ello se pretende superar la muy difícil separación entre hechos y derecho, no obstante que en caso de declararse la culpabilidad por este tribunal, la decisión sobre la calificación jurídica y la sanción penal o la medida de seguridad correspondiente, es responsabilidad exclusiva del juez presidente.Si se tratare de un tribunal mixto, tanto el juez profesional como los escabinos pueden salvar su voto. En caso de estos últimos el juez presidente debe asistirlos. La sentencia, como decisión judicial que le pone fin al juicio, no puede sobrepasar el hecho imputado en la acusación. Esta limitación, que recibe el nombre de principio de congruencia entre acusación y sentencia, impide al juez sentenciar con base a una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio si no advirtió previamente al acusado de tal posibilidad.Esa congruencia o correlación debe ser subjetiva y objetiva. La primera se refiere a la persona del acusado e implica que no podrá ser condenado si no tuvo previamente aquella condición. La correlación objetiva se refiere al hecho punible e impone su inmutabilidad.
La sentencia que se dicte deberá contener los siguientes requisitos (articulo 364 COPP): 1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta-, el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal.2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio.3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados.4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho.5. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan.6. La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar y aquella valdrá sin esa firma.De lo anterior se advierte que son tres los tipos de sentencia que puede dictar el tribunal de juicio (absolutoria, de sobreimiento, y de condena) Si se dictare una sentencia absolutoria esta ordenara la libertad del imputado, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y fijara las costas. Aun cuando tal pronunciamiento judicial no este firme debe ordenarse la libertad del acusado, la cual se hará efectiva desde la propia sala de audiencias.
Por su parte la sentencia condenatoria fijara las penas y medidas de seguridad que correspondan y, de ser procedente, las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Igualmente en las penas o medidas de seguridad la sentencia fijara provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, pues el cómputo definitivo de una u otra corresponde al juez de ejecución una vez que la sentencia adquiera firmeza. También la sentencia fijara el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa y decidir sobre las costas y la entrega de objetos ocupados a quien el tribunal considera con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales competentes, y sobre el comiso y destrucción, previstos en la ley.Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandara inscribir en el una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal, del proceso en el cual se dicto la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento.Como aspecto significativo destaca la obligatoriedad de que la sentencia se emita inmediatamente después de la deliberación que en secreto deberán efectuar los jueces que integren el tribunal una vez concluida la audiencia: juez profesional en el caso del tribunal unipersonal, escabinos y juez profesional en el caso de tribunal mixto, según se haya integrado el tribunal.Se prevé como supuesto excepcional que si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornan necesario definir la redacción de la sentencia, se leerá solo su parte dispositiva y el juez presidente (en todo caso el profesional) expondrá sintéticamente a las partes y al público los fundamentos de hecho y de derecho, que motivaron la decisión. La publicación de la sentencia se llevara a cabo, a mas tardar, dentro de diez días siguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva.Todo lo acontecido durante el debate debe ser reflejado en el acto que el Secretario debe levantar al efecto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 368 del COPP, tal acta debe contener por lo menos, las siguientes enunciaciones:1. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones.2. El nombre y apellido de los jueces, partes, defensores y representantes3. El desarrollo del debate, con mención del nombre y apellido de los testigos, expertos e intérpretes, señalando los documentos leídos durante la audiencia. 4. Las solicitudes y decisiones producidas en el curso del debate, y las peticiones finales del Ministerio Público, querellante, defensor e imputado.5. La observancia de las formalidades esenciales, con mención de si se procedió públicamente o fue excluida la publicidad, total o parcialmente.6. Otras menciones previstas por la ley, o las que el juez presidente ordene por si o a solicitud de los demás jueces o partes.7. La forma en que se cumplió el pronunciamiento de la sentencia, con mención de las fechas pertinentes.
8. La firma de los miembros del tribunal y del secretario.El acta solo demuestra el modo como se desarrollo el debate, la observancia de las formalidades previstas, personas que han intervenido y actos que se llevaron a cabo y debe ser leída por el secretario ante los comparecientes inmediatamente después de la sentencia, con lo que las partes quedaran notificadas.Con este acto concluye la tercera fase del procedimiento ordinario contenido del COPP. En caso de que se recurra la sentencia dictada se verifica el inicio de la fase de impugnación o de recursos.
Pero, el proceso no llega allí, puesto que luego de dictada la sentencia, se procede a la ejecución de la misma: FASE DE EJECUCION (Art. 478 y siguientes), correspondiente al Tribunal de Ejecución.PROCEDIMIENTOS ESPECIALESMientras que en el procedimiento ordinario puede advertirse una fase preparatoria, una intermedia, una de juicio, una de impugnación y otra de ejecución, los procedimientos especiales se caracterizan por la supresión de una o varía de esas fases o, por establecer alguna modalidad en cuanto a su desarrollo.1 PROCEDIMIENTO ABREVIADO El COPP prevé en el artículo 372, tres supuestos para la aplicación de este procedimiento, el cual se ventilara ante el tribunal de juicio unipersonal.1. Que se trate de delitos flagrantes. En este caso no importa el quantum de la pena.2. Que se trate de delitos menores, esto es, aquellos que merezcan pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su límite máximo.3. Que se trate de delitos que no merezcan pena corporal o privativa de libertad.Delitos flagrantes: En el caso de delitos flagrantes, el aprehensor debe, dentro de las doce horas siguientes, poner al aprehendido a disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes debe presentarlo ante el juez de control y exponer como se produjo la aprehensión. El fiscal del Ministerio Público puede solicitar ante el juez la aplicación del procedimiento abreviado u ordinario.El juez de control deberá calificar la flagrancia, esto es, si la situación encuadra o no, en la previsión del Art. 248 del COPP. Si estima que está acreditada la flagrancia y el Ministerio Público hubiere solicitado la aplicación del procedimiento abreviado, debe remitir las actuaciones al tribunal de juicio unipersonal, para que este convoque la celebración del juicio oral y Público dentro de los diez a quince días siguientes. En este caso el fiscal y el querellante deberán presentar la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y a partir de allí deben seguirse los trámites del procedimiento ordinarioEn caso de que el juez de control determine que no se trata de un delito flagrante, deberá levantar un acta en la que se hará constar esta circunstancia y se seguirán las disposiciones del procedimiento ordinario.En todo caso, el juez de control debe pronunciarse sobre los pedimentos fiscales dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que es puesto a su disposición.Delitos Menores: Si se tratare de delitos menores, esto es, aquellos que merezcan pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su límite máximo o delitos que no merezcan pena privativa de libertad, el fiscal del Ministerio Público puede solicitar, dentro de los quince días siguientes al primer acto de procedimiento, la aplicación del procedimiento abreviado. En este caso el juez debe oír al imputado y dictar la decisión que corresponda.
La admisión de los hechos supone una renuncia (voluntaria) al derecho a un juicio, principio garantizado no solo por el COPP en Art. 1 sino también por instrumentos internacionales ratificados por la Republica. Al mismo tiempo, tal admisión evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultara costoso.Delitos en los que procede: A diferencia de la exigencia de la legislación española que limita la conformidad con los hechos a aquellos que constituyan delitos menores graves, el COPP no hace reserva alguna, en consecuencia, procede la admisión respecto de cualquier hecho punible.
Oportunidad Procesal: El COPP prevé en el artículo 376 que la admisión puede concretarse en la audiencia preliminar y, tal acto tiene lugar durante la fase intermedia.Según el articulo 49.1 Constitucional toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, tales caros se corresponden en la terminología del COPP con la acusación, por tanto si la admisión de los hechos puede conllevar a la imposición inmediata de la pena, tal admisión solo puede efectuarse una vez admitida la acusación, por ello es la acusación el acto procesal que fija los hechos objeto del proceso, en consecuencia, permitir la admisión en una oportunidad anterior a la de la audiencia preliminar supondría una violación constitucional. Por las mismas razones, en el caso de flagrancia, la admisión de los hechos puede verificarse una vez formulada la acusación y antes del inicio del debate.
Requisitos de la admisión: La admisión que de los hechos haga el imputado debe ser:a. Voluntaria: Dado que esta admisión supone una renuncia a derechos y garantías judiciales, el imputado debe conocer el alcance de su aceptación y, en consecuencia, debe voluntariamente renunciar a esos derechos.b. Expresa: No cabe una tacita admisión de los hechos. La renuncia a cualquier derecho debe ser expresa; mas aun tomando en consideración que como consecuencia de tal admisión puede generarse para el imputado una sentencia condenatoria.c. Personal: No es posible que el imputado, a través de apoderado o representante pueda admitir los hechos, máxime cuando el acto de la audiencia preliminar supone la necesaria presencia del imputado.Recursos: El COPP en su articulo 451 declara la recurribilidad de la sentencia definitiva dictada en el juicio oral, lo que debe determinar la procedencia del recurso no es la oportunidad procesal en que se dicte sino sus efectos, cual es poner fin al proceso. Tal criterio fue recogido con una sentencia de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia en nombre de 1999.Efectos: Cuando el COPP en Art. 376 prevé que el imputado que admita los hechos objeto del proceso “podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena”, no esta con ello estableciendo la obligatoriedad de que la sentencia a dictarse debe necesariamente ser condenatoria. En efecto es posible que el hecho admitido por el imputado no sea típico, antijurídico, culpable o punible y, que tal situación no fue oportunamente advertida por el fiscal quien debió solicitar el sobreseimiento en lugar de formular la acusación. En estos casos, no tendría el juez en que fundar una sentencia de condena y por tanto, si hubiere identidad entre el hecho imputado y el hecho admitido y el pronunciamiento que deba dictar el tribunal no requiera actividad probatoria, la decisión a dictar debe ser el sobreseimiento.
3 PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADOEn desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución en los numerales 2 y 3 del Art. 266 al Máximo Tribunal de la Republica, regula el COPP, entre los Art. 377 y 381, el tramite previo a seguir para el enjuiciamiento del Presidente de la Republica, de quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado. En estos casos se requiere que el Fiscal General de la Republica presente querella ante la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, mediante sentencia N 1331 del 20 de junio 2002, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal estableció que la victima puede solicitar el antejuicio de merito, pero no puede formalizarlo sin la intervención del Ministerio Público, pues a este corresponde “con base en lo que investigue, la proposición formal del antejuicio de merito o los demás actos conclusivos del proceso penal establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”. Posteriormente, mediante sentencia del 24 de Septiembre del mismo año asentó que la cualidad de victima se debe analizar en el caso concreto.
Una vez recibida la querella, la Corte Suprema de Justicia debe convocar, dentro de los treinta días siguientes, a una audiencia oral y publica para que el imputado de respuesta a la querella. Abierta la audiencia, el Fiscal General de la Republica debe explanar la querella y de inmediato el defensor exponer los alegatos correspondientes. En estos casos se admite replica y contrarréplica y el imputado tiene la ultima palabra.Concluido el debate la Corte debe declarar, dentro de los cinco días siguientes, si hay o no merito para el enjuiciamiento.Si el Tribunal Supremo de Justicia declara que hay merito para el enjuiciamiento del Presidente de la Republica, debe continuar conociendo de la causa hasta sentencia definitiva, previa autorización de la Asamblea Nacional, a tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 266 Constitucional.
a. Si se tratare de algún alto funcionario que no tuviere la condición de parlamentario, este quedara suspendido del ejercicio de sus funciones y el Tribunal Supremo de Justicia continuara conociendo de la causa hasta sentencia definitiva.b. Si se tratare de un miembro de la Asamblea Nacional, el enjuiciamiento solo será procedente en caso de que la Asamblea acuerde el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. En caso de que se levantare tal privilegio, deben remitirse los autos al Tribunal Supremo de Justicia quien continuara conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. Si se tratare del defensor o defensora del Pueblo, funcionario que goza de inmunidad conforme a lo establecido en el Art. 282 de la Constitución, debe procederse al allanamiento de tal inmunidad, sin embargo, no establece la Constitución ni la ley cual es la autoridad competente para efectuar el allanamiento, no obstante por ser la Asamblea Nacional el órgano del poder Público a quien compete la designación del Defensor del Pueblo, estimamos que será tal órgano legislativo el legitimado para allanarle la inmunidad.Cumplidos los requisitos anteriores, la causa seguida al alto funcionario debe tramitarse conforme a las reglas del proceso ordinario, es decir, procede la convocatoria para el juicio oral y Público, pues la función que en el procedimiento ordinario ejerce el juez de control respecto de la acusación, en este caso la desempeña el Tribunal Supremo de Justicia; por tanto, la declaratoria de haber meritos para el enjuiciamiento equivale al auto de apertura de juicio.
4. PROCEDIMIENTO DE FALTASToda vez que el Art. 1 del Código Penal declara la falta como un hecho punible, la legislación procesal debe regular el trámite para la imposición de la sanción respectiva. A tales efectos el COPP prevé que el funcionario que haya tenido conocimiento de la falta, o aquel que la ley designe para perseguirla, debe solicitar el enjuiciamiento. En su solicitud deberá indicar:
1 Identificación del imputado y su domicilio o residencia.2. Descripción resumida del hecho imputado, indicando tiempo y lugar.
3. Disposición legal infringida.4. Señalamiento de los datos pertinentes, agregando los documentos y los objetos entregados por el infractor o que se incautaron.5. Identificación y firma del solicitante.
Debe destacarse que en este procedimiento el imputado solo estará asistido de defensor si el lo nombrare, es decir, no se obliga al Estado a proveer al enjuiciado de la defensa técnica. Esta situación podría resultar lesiva del derecho de defensa y del principio de igualdad pues en los casos de procedimiento por delitos, no obstante permitirse la autodefensa o defensa material, se garantiza la obligatoriedad de la asistencia técnica, mas aun, considerándose que el imputado debe inicialmente manifestar si admite o no su culpabilidad y tal admisión puede suponer una asesoría u orientación letrada.Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en Art. 124 del COPP tiene la condición de “imputado”, “toda persona a quien se le señale como autor o participe de un hecho punible, por un acto de procedimiento”. Luego si los hechos punibles se dividen en delitos y faltas (Art. 1 CP), la persona a quien se atribuya la comisión de una falta también tendrá la condición de imputada, y por tanto, los derechos que le reconoce el Art. 125 ejusdem, entre ellos, “ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe el o sus parientes y, en su defecto, por un defensor Público”.Igual que en el procedimiento ordinario, las partes pueden hacer valer cualquier medio de prueba, salvo que estos fueren manifiestamente contrarios a la Constitución o a la Ley. Durante el debate el tribunal debe oír brevemente a los comparecientes y apreciar los elementos de convicción presentados, con base en ellos absolverá o condenara.
En caso de que no se incorporen medios de prueba durante el debate, el tribunal debe decidir sobre la base de los elementos acompañados con la solicitud, y, si nadie comparece, debe dictar la decisión sin más trámite. En este caso y pesar que el COPP no desarrolla este aspecto, la garantía del debido proceso exige que la única decisión que pueda dictarse ante la inasistencia de las partes sea una suspensión, pues tratándose de hechos punibles de acción publica la ausencia del Ministerio Público no puede interpretarse como un desistimiento, pero la ausencia del imputado tampoco podría ser estimada como un reconocimiento de culpabilidad. La decisión dictada en este procedimiento es irrecurrible.Si hubiere necesidad de imponer al imputado alguna medida cautelar, es debe ser proporcional a la falta cometida. En todo lo demás, deben aplicarse las reglas comunes, que se adecuen a la brevedad y simpleza del procedimiento.
La extradición se rige por las normas del titulo VI del COPP, los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela.Se distinguen los trámites a seguir en caso de extradición activa y pasiva:
El tramite para la extradición activa, esto es cuando Venezuela interviene como Estado requiriente, solicitando a otro la entrega de otra persona que se encuentra en su territorio, bien para juzgarla o para que cumpla la pena que le ha sido impuesta, se inicia con la solicitud del juez de control a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se tuviere noticias de que un imputado respecto del cual el Ministerio Público ha presentado la acusación y el juez de control ha dictado una medida cautelar de privación de libertad, se haya en país extranjero.En caso de fuga de quien este cumpliendo condena, prevé el COPP que el tramite ante la Corte debe iniciarlo el Juez de Ejecución, lo cual es lógico pues con base en las previsiones de este instrumento legal, corresponde al juez de ejecución entre otras atribuciones , velar por la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme, por ello debe ser ese funcionario judicial el legitimado para solicitar el inicio del tramite de extradición si se requiere el cumplimiento de la pena impuesta no ejecutada o la pena cuyo cumplimiento se hubiere quebrantado.
a) Su nombre, apellido, edad, domicilio o residencia y numero de cedula de identidad.b) El delito por el cual pretende acusar, con una relación detallada de las circunstancias que permitan acreditar su comisión, incluyendo, de ser posible, lugar, día y hora aproximada de su perpetración.
c) La justificación acerca de su condición de victima y,d) El señalamiento expreso y preciso de las diligencias que serán objeto de la investigación preliminar.
1. Cuando el imputado sea incapaz será representado, para todos los efectos por su defensor en las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal.2. En el caso previsto en el numeral anterior, no se exigirá la declaración previa del imputado para presentar acusación, pero su defensor podrá manifestar cuanto considere conveniente para la defensa de su representado.3. El procedimiento aquí previsto no se tramitara conjuntamente con uno ordinario.4. El juicio se realizara sin la presencia del imputado cuando sea conveniente a causa de su estado o por razones de orden y seguridad.5. No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abreviado, ni las de suspensión condicional del proceso.6. La sentencia absolverá u ordenara una medida de seguridad.El tribunal debe ordenar la aplicación del procedimiento ordinario si estima que el investigado es inimputable, esto es, que no tiene capacidad de entender o querer, situación que podría presentarse en caso de enfermedad mental suficiente que prive al sujeto de la conciencia o libertad de sus actos o en el supuesto de que el hecho se hubiere cometido bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y tal ingestión tuvieren el efecto de una enfermedad mental.
- Ejercicio de la acción civil ante el tribunal civil- Ejercicio de la acción civil ante el tribunal penal, esto es, ante el juez unipersonal o el juez presidente del tribunal que dicto la sentencia. Esta posibilidad requiere la firmeza de la sentencia penal condenatoria.
2. Los datos necesarios para identificar al demandado y su domicilio o residencia; si se desconoce alguno de estos datos podrán solicitarse diligencias preliminares al juez con el objeto de determinarlos,3. Si el demandante o el demandado es una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro, 4. La expresión concreta y detallada de los daños sufridos y la relación que ellos tienen con el hecho ilícito,5. La cita de las disposiciones legales en que funda la responsabilidad civil del demandado,6. La reparación deseada y, en su caso, el monto de la indemnización reclamada,7. La prueba que se pretende incorporar a la audiencia.
El plazo para que el juez se pronuncie sobre la admisibilidad o rechazo de la demanda es de tres días siguientes a su presentación. Para tal pronunciamiento debe examinar: 1. Si quien demanda tiene derecho a reclamar legalmente la reparación o indemnización,2. En caso de representación o delegación, si ambas están legalmente otorgadas, en caso contrario, fijara un plazo para la acreditación correspondiente,3. Si la demanda cumple con los requisitos señalados en el Art. 423. Si falta alguno de ellos, fijara un plazo para completarla.
Si el juez admite la demanda, debe ordenar la reparación del daño o la indemnización de perjuicios. La decisión debe contener:1. Los datos de identificación y domicilio o residencia del demandado y del demandante y, en su caso, de sus representantes;2. La orden de reparar los daños, con su descripción concreta y detallada, la clase y extensión de la reparación o el monto de la indemnización; 3. La intimación a cumplir la reparación o indemnización, en caso contrario, a objetarla en el término de diez días;4. La orden de embargar bienes suficientes para responder a la reparación y a las costas, o cualquier otra medida cautelar, y la notificación al funcionario encargado de hacerla efectiva.En caso de que el demandado fuere el condenado, este solo puede objetar la legitimación del demandante para pedir la reparación o indemnización, u oponerse a la clase y extensión de la reparación o al monto de la indemnización requeridas. Conforme se dispone en el primer aparte del Art.427 del COPP, el tercero civilmente responsable, puede agregar a esas objeciones las basadas en la legalidad del titulo invocado para alegar su responsabilidad. Las objeciones deben formularse por escrito, indicándose la prueba que se pretende incorporar a la audiencia.
Según el órgano que los resuelve:a. No devolutivos: En este caso se solicita al mismo órgano del cual emano la decisión, la examine nuevamente y subsane el error cometido. Es el caso de la revocación que prevé el COPP. Estos recursos son llamados remedios en algunos sistemas.b. Devolutivos: Resuelve un órgano superior, generalmente colegiado (apelación y casación).
a. Recursos ordinarios: Revocación y apelación.b. Recursos extraordinarios: Casación y revisión.
1. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación:2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez de control en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio;3. Las que rechacen la querella o la acusación privada;4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva;5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas impugnables por este Código;
6. Las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena;7. Las señaladas expresamente por la ley.
2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral; Si la decisión de la alzada debe partir de los hechos probados en las instancias y pronunciarse únicamente sobre los aspectos de derecho, el que la sentencia no este motivada impide el cumplimiento de ese objetivo pues tendría la Corte de Apelaciones que deducir cuales fueron los hechos que se consideraron probados y que por lo tanto sirvieron de fundamento a la sentencia recurrida y con ello estaría realizando una actividad que solo corresponde a la instancia, cual es, la apreciación de los hechos. 3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión; No cualquier quebrantamiento de formas sustanciales de los actos es motivo de apelación, solo aquella que cause indefensión. En efecto, si uno de los postulados del actual proceso penal es la celeridad de los juicios, tal objetivo quedaría desvirtuado si cualquier vicio de forma hiciere procedente la impugnación. En tal virtud, solo las situaciones en que se impide a la parte el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, harían procedente la apelación. El efecto de la declaratoria con lugar de este motivo de apelación es la nulidad de la sentencia y la nueva celebración del juicio oral, para lo cual se aplicara la regla del Art. 457.
Sin lugar: Si la decisión declara sin lugar el recurso, el TSJ deberá devolver las actuaciones a la Corte de Apelaciones de origen.Incorpora el legislador venezolano el principio de la doble conformidad, es decir, la inadmisibilidad de recurso alguno, si concurrieren dos sentencias absolutorias; tal prohibición se concreta en caso de que se ordene la apertura de un nuevo juicio en contra de un acusado que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia, y se dicte nuevamente a su favor una sentencia absolutoria.
1. Cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola;2. Cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente;3. Cuando la prueba en que se baso la condena resulta falsa;4. Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió;5. Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme;6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida.
1. El penado.2. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital.3. Los herederos, si el penado ha fallecido.4. El Ministerio Público a favor del penado.5. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria o post penitenciaria.6. El juez de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena.
- Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho: Cuando el motivo fuere que la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulto demostrada plenamente, que la prueba en que se baso la condena resulto falsa, o en la promulgación de una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuye la pena establecida. - Juez del lugar donde se perpetro el hecho: (en este caso debe tratarse el tribunal de juicio): Cuando el recurso se funde en que con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurrió o se descubrió algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el penado no lo cometió, o cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o mas jueces que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme.Trámite: El procedimiento del recurso de revisión debe regirse por las reglas establecidas para el de apelación o el de casación, según el caso. Ello depende del tribunal ante el cual se solicite la revisión.
La negativa de la revisión o la sentencia confirmatoria de la anterior, no impiden la interposición de un recurso fundado en motivos distintos, pero las costas de una revisión rechazada están a cargo de quien la interponga.Conclusiones.
- Los elementos probatorios a ser recibidos;La calidad del hecho delictivo determinándose si procede o no el enjuiciamiento: FASE INTERMEDIA (Art. 327 - 331 COPP).