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Timestamp: 2016-09-24 20:52:10
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“EL CASO BELARUS: Análisis de la queja presentada en el 2003.”
ANDRÉS PÉREZ GALLARDO
Abogado por la Universidad Nacional de Trujilllo.
Estudiante de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Publicado 6/12/2015
Monografía realizada con
ocasión del curso de Comercio Internacional y Derechos Laborales de la maestría de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
presente trabajo de investigación intenta abordar el caso Belarus referente a
la queja presentada en el 2003. Asimismo, se referenciará brevemente el
contexto anterior a la presentación de este documento.
análisis, en el primer capítulo, iniciará por realizar una explicación respecto
al procedimiento aplicado por la Organización Internacional del Trabajo (en
adelante OIT), con lo cual, describiremos el mecanismo de la Comisión de
Encuesta aplicado al caso Belarus, con ello, podemos entender uno de los
procedimientos de control de este organismo y dejar entrever otras
posibilidades de protección.
en el segundo capítulo, para poder entender lo sucedido, procuraremos
sintetizar el procedimiento en el caso Belarus, sin ánimo de transcribir lo ya
redactado en el informe emitido por la Comisión en el 2004, sino que será una
síntesis que se resumirá en cuadro comparativo para poder apreciar la posición
de los querellantes, la posición del Gobierno de Belarus y las conclusiones que
arriba la Comisión de Encuesta, las mismas que sirven de sustento para sus recomendaciones.
en el tercer capítulo se tratará de analizar el impacto de las violaciones de
derechos laborales en las cláusulas sociales y la participación de la OIT. En
este capítulo, se esbozará algunas ideas de cómo las violaciones de derechos laborales
pueden o no influir en la aplicabilidad de cláusulas sociales, qué tan
importante son para aplicar las condiciones de estas referidas cláusulas, o es
que existen otros motivos que pueden primar. Asimismo, se tratará de explicar
el rol de la OIT en estas quejas que se dilucidan a nivel internacional,
teniendo en cuenta la ausencia de coacción de este organismo.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO APLICADO AL CASO BELARUS.
empezar este estudio es conveniente realizar algunas referencias breves sobre
este organismo internacional. Como se conoce, éste fue creado en 1919 con el
Tratado de Versalles, integrándose posteriormente a la Organización
Internacional del Trabajo (en adelante OIT). La OIT
tiene una estructura tripartita en la que participan los empleadores,
organizaciones de trabajadores a nivel internacional y por supuesto
hecho de formar parte de este organismo, se adquieren obligaciones. Estas
obligaciones son más concretas cuando un estado miembro adopta y ratifica
convenios internacionales, esto implica someterse a procedimientos de control.
La OIT ha desarrollado tres tipos de procedimientos: i) El procedimiento de
control regular; ii) el procedimiento de control general y iii) y los
procedimientos especiales de control.[1]
procedimiento de control general, en este procedimiento existen dos formas, las
reclamaciones especificadas en el artículo 24 y 25 de la Constitución de la
OIT. Y las quejas, regulado en el artículo 26 de la Constitución del referido
Organismo internacional. En el
presente caso nos centraremos en las quejas dado que es el mecanismo que utilizó
la representación de los trabajadores de Belarus para denunciar violaciones de
derechos laborales frente a la OIT. En ese sentido en el los siguientes
párrafos se explicará procedimentalmente esta figura de acuerdo a lo que se
encuentra regulado en la Constitución de la OIT.
queja puede ser presentada por cualquier Miembro ante la Oficina Internacional
del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado
medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan
ratificado en virtud de los artículos precedentes. Seguidamente
el Consejo de Administración podrá, si lo considerare conveniente y antes de
referir el asunto a una comisión de encuesta, ponerse en contacto con el
gobierno contra el cual se presenta la queja. En el caso materia de análisis,
el Consejo de Administración se comunicó con el gobierno de Belarus para
informarle del procedimiento, otorgándole un plazo prudente para una respuesta.
Independientemente de ello, el Consejo de Administración podrá nombrar una
comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada y reportar un
informe. En la misma línea se actuará de oficio o en virtud de una queja
presentada por un delegado de la Conferencia.
Ahora bien, en caso de que se decidiera someter a una
comisión de encuesta una queja recibida en virtud del artículo 26, cada Miembro, le concierna o no directamente la
queja, se obliga a poner a disposición de la comisión todas las informaciones
que tuviere en su poder relacionadas con el objeto de dicha queja. Tal es así
que en el presente caso, el Gobierno de Belarus, brindó información respecto a
la queja que se había interpuesto.
Después de revisar la información remitida por las partes (en el caso de
Belarus incluso hubo audiencias presenciales), la comisión de encuesta
redactará un informe en el cual expondrá el resultado de sus averiguaciones
sobre todos los hechos concretos que permitan precisar el alcance del litigio,
así como las recomendaciones que considere apropiado formular con respecto a
las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno
reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran
Luego que la comisión elabora el informe, el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo lo comunicará al Consejo de
Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y procederá a
su publicación. Es necesario precisar que cada uno de los gobiernos interesados
deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo,
dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas
en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter
la queja a la Corte Internacional de Justicia. Posterior a ello, se procederá a
realizar los requerimientos al gobierno para que pueda informar sobre la
adopción de las recomendaciones que se originaron en el informe de la Comisión
de Encuesta. En el caso de Belarus como se verá más adelante, el comportamiento
de este país fue esquivo.
SÍNTESIS DEL CASO BELARUS EN LA OIT: A PROPÓSITO DE LA QUEJA PRESENTADA EN
conveniente realizar una síntesis de este caso, para poder luego abordar
aspectos centrales que serán discutidos en el tercer capítulo de este trabajo
de investigación. Lo que a continuación se redacta se basó principalmente en un
informe emitido por la Comisión de Encuesta en el 2004. El 18
de Junio de 2003, 14 delegados trabajadores presentaron una queja en virtud del
artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) referente al incumplimiento de Convenio 87 (Libertad sindical y
protección del derecho de sindicación) y Convenio 98 (derecho sindicación y
negociación colectiva), ambos ratificados por Belarus en 1956.
carta trata sobre 14 puntos que a líneas generales, tratan sobre injerencia
gubernamental en temas sindicales, materializados en asuntos internos, en
promulgación de normas, negativa de registros, acoso y amenazas, entre otras
actividades antisindicales.[2]
cabe precisar que en años anteriores el Comité de Libertad Sindical había
examinado varias quejas por violación de derechos sindicales en Belarús. El
Consejo de Administración aprobó las conclusiones provisionales aprobadas por
el Comité. El Gobierno invitó a una misión para discutir sobre las cuestiones
relativas a este caso, misión que se llevó a cabo en septiembre de 2003. En
otras oportunidades la comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
ha formulado observaciones al Gobierno de Belarús en relación con el
cumplimiento de los convenios a que se refiere la queja presentada de
conformidad con el artículo 26 de la Constitución, y que en los años 2001 y
2003 la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examinó diversas
cuestiones relacionadas con el cumplimiento del Convenio Num 87 en la
legislación y en la práctica. En
esta oportunidad la queja materia de estudio, ha sido presentada al amparo del
artículo 26 de la Constitución de la OIT, se refiere en gran medida a
cuestiones que ya han sido sometidas al Comité en el marco del procedimiento
especial relativo a la Libertad Sindical, por lo que en esta ocasión el Consejo
de Administración procederá con el establecimiento de una comisión de encuesta,
tal como se especificó líneas arriba en el primer capítulo.
comisión se celebró en Ginebra, los días 28, 29 y 30 de enero de 2004, en esta se estableció que la Constitución
de la OIT no fija las reglas de procedimiento que ha de seguir una Comisión de
Encuesta. El consejo de Administración decidió que ellos mismos establecieran
sus reglas. Se adoptó reglas que se respetarían en la segunda reunión incluía
una misión a Minsk (15 al 23 de Abril de 2004) y una audiencia formal en
Ginebra (27 y 28 de Abril de 2004). Tercera reunión: Del 19 al 23 de Julio de
2004 en la que se realizaron reportes finales.
República de Belarús se hizo miembro de las Naciones Unidas en 1945 y de la OIT
en 1954. Asimismo, ratificó instrumentos internacionales. En el ámbito que nos
importa en esta monografía, se adhirió al Convenio sobre la Libertad Sindical y
la protección del derecho de sindicación, 1948 (num. 97) y el Convenio sobre el
derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949 (num. 98) en 1956.
parte del análisis, es conveniente realizar una síntesis de lo que la Comisión
de Encuesta arrojó en su informe, claro, luego de haberse determinado los
argumentos e información obtenidos de las partes, declaraciones orales y
testimonios. De los 14 puntos anteriormente señalados, la Comisión de Encuesta
decidió agrupar sus conclusiones en los siguientes puntos:
DE ENCUESTA - OIT
Num. 2: Registro de sindicatos.
La aplicación de este decreto volvió difícil
el registro para algunas organizaciones de primer grado. Una de las
principales requisitos en cuestión era: La confirmación del domicilio legal
de la asociación, esto resulta complicado respecto a la obtención de locales
que puedan ser usados para establecer domicilio legal. Los empleadores no
están obligados a dar espacios a los sindicatos para ello.
La confirmación del domicilio es un
requisito perfectamente simple y razonable, como lo argumenta el Gobierno.
Las residencias privadas y garajes, no son aceptables para el uso de sede de
La Comisión concluye que el problema no es
meramente la incapacidad de cumplir con exigencias razonables para el
registro, sino que existen varios motivos para cuestionar si el decreto num 2
fue aplicado arbitrariamente.
El requisito mínimo del diez por ciento y
la exigencia de un domicilio legal constituyen obstáculos. En el último caso,
impide la libre constitución de organizaciones sindicales y afecta solamente
a aquellas que no pertenecen a la estructura de la FPB o se oponen a su
dirigencia, por lo que al considerarse estos requisitos como una autorización
previa, estaría contraviniendo al artículo 2 del Convenio 87 el cual señala
el derecho a los trabajadores a constituir y afiliarse a organizaciones de su
propia elección, sin autorización previa.
Respecto al requisito del diez por ciento mínimo
de los miembros de la empresa para constituir un sindicato autónomo del
ámbito, resulta excesivo.
Precisa que no es un obstáculo para la
creación de un sindicato dado que se aplica a sindicatos autónomos y no a
organizaciones de base creadas por sindicatos nacionales.
Los querellantes mostraron pruebas de las
injerencias del Gobierno en los asuntos internos de los sindicatos en lo que
respecta a elecciones, presión de directivas a menguar la actividad sindical,
a creación de sindicatos paralelos y a la intervención del FPB.
Señala que no existen medidas de
injerencias si se han dado instrucciones en contra de la actividad interna de
La Comisión concluye que la independencia
de la FPB ha sido seriamente comprometida bajo la dirección del Sr. Kozik.
Agrega que bajo su liderazgo, la FPB ha consentido diversas medidas que
provocaron el debilitamiento del movimiento sindical independiente,
particularmente del REWU y el AAMWU. Lo anteriormente señalado, implicaron
serios obstáculos en el camino de sindicalistas que aspiraban a ejercer sus
derechos de sindicación libremente y en sindicatos independientes.
antisindical, acoso y actos de represalia. Los querellantes precisaron y probaron que
recibieron amenazas para persuadir de que cambiaran su afiliación sindical o
se abstuvieran de actividades sindicales y sobre actos de represalia que se
negaban a ser intimidados, como por ejemplo, descensos de categoría,
traslados, nivel local, no renovación de contratos, entre otros. E incluso
agresiones físicas, arrestos y detenciones.
EL gobierno niega y no toma en serio los
alegatos referidos a este punto.
La Comisión considera que el Gobierno no ha
cumplido con su obligación, en virtud del Convenio num. 98, de garantizar
medidas efectivas de protección contra la discriminación antisindical,
acompañadas por sanciones suficientemente disuasivas, ni ha asegurado
adecuadamente el derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a las
organizaciones que estimen conveniente, con lo dispone el artículo 2 del
Convenio num. 87.
con efectos sobre los sindicatos
En este punto se refiere al decreto núm.
24, relativo al uso de ayuda exterior bajo la forma de donaciones y a la ley
sobre actividades de masas. Los querellantes precisan que mediante esta
normatividad se mantuvo limitaciones al uso de la ayuda exterior gratuita,
así como las limitaciones de llevar a cabo reuniones públicas, cortejos,
marchas callejeras, manifestaciones, huelgas, entre otros.
Para el Gobierno estas medidas sólo buscan
volver más transparente la situación anterior y a crear un procedimiento
rápido y simple para el registro de ayuda externa. En cuanto a las actividades de masas,
precisa que sólo se establece un procedimiento que es necesarios para la
protección de los derechos de la comunidad en general y para garantizar la
La Comisión basándose en los artículo 5 y 6
del Convenio núm. 87 implica el derecho a beneficiarse de las relaciones
establecidas con organizaciones internacionales de trabajadores o
empleadores. El impedimento de este derecho por parte del decreto num 24 no
está acorde con el Convenio antes referido, es decir, son incompatibles con
el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar
sus actividades y a beneficiarse de la asistencia que pueden prestar las
organizaciones internacionales de trabajadores.
Asimismo, la Comisión considera que la
disposiciones del Gobierno respecto a las actividades de masa constituyen una
violación a los derechos de las organizaciones sindicales a organizar sus
actividades libremente, sin injerencia de las autoridades públicas, tal como
lo dispone el artículo 3 del Convenio num. 87.
Los querellantes precisan que la anulación
de sus registros ha impedido su derecho a la negociación colectiva al perder
El Gobierno avala las normativas
relacionadas a las limitaciones a la libertad sindical y precisa
restricciones de representación y formación de sindicatos al existir
numerosos sindicatos sectoriales de la FPB.
La Comisión estima que restringir el
diálogo social a una sola Federación de sindicatos, cuya independencia ha
sido cuestionada, traería como consecuencia generar un monopolio de un
sindicato controlado por el Estado e infringir el derecho de los trabajadores
contemplados ene l artículo 2 del Convenio 87, a constituir las
organizaciones que estimen conveniente y afiliarse a ellas.
IMPACTO DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS
LABORALES EN LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y LA
PARTICIPACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA OIT.
En este capítulo vamos a relacionar
las violaciones de derechos laborales en este país y las implicancias desde el
punto de vista de las cláusulas sociales, este último término relacionado con
el Comercio Internacional. Respecto
a las violaciones laborales, como habíamos apreciado del informe de la Comisión
de Encuesta, se ha cuestionado el requisito mínimo del diez por ciento y la
exigencia de un domicilio legal constituyen obstáculos. En el último caso,
impide la libre constitución de organizaciones sindicales y se ven afectadas solamente
aquellas que no pertenecen a la estructura de la FPB o se oponen a su
previa, estaría contraviniendo al artículo 2 del Convenio 87. Asimismo, el
Gobierno no ha cumplido con su obligación, en virtud del Convenio num. 98, de
garantizar medidas efectivas de protección contra la discriminación
antisindical, acompañadas por sanciones suficientemente disuasivas. Por otro
lado, cuestiona las prohibiciones de la ayuda internacional. Otro punto importante, es respecto a los obstáculos a
las actividades de masa, lo cual constituye una violación a los derechos de las
organizaciones sindicales a organizar sus actividades libremente, sin
injerencia de las autoridades públicas, tal como lo dispone el artículo 3 del
bien, Bielorrusia desde la década de los años noventa formó parte del Sistema
Generalizado de Preferencias. Este sistema es un programa de Estados Unidos, la
finalidad de este programa es fomentar el crecimiento económico de los países
en desarrollo aplicando mecanismos comerciales, entre ellos principalmente la preferencias
comerciales, entre ellas, reducciones arancelarias. Por otro lado, estos
beneficios estaban supeditados a protección de derechos laborales, entre ellos,
los relacionados a libertad sindical, caso contrario se sometían a sanciones de
suspensión o exclusión.[3]
tipo de sistemas, tal como se ha visto en las sesiones de este curso y en la
doctrina especializada, se les denomina cláusulas sociales y al ser
preferencias comerciales es una ventaja comercial, se las considera de carácter
caso de Bielorrusia, para gozar de estos beneficios del referido sistema tenía
como cláusula social la protección de derechos laborales relacionados principalmente
a la Libertad Sindical y como hemos apreciado la problemática referente a la
protección de estos derechos se vio afectada por el propio gobierno como se
explicó líneas arriba. Tal es así que se planteó la queja del año 2003, a pesar
que anteriormente ya se habían denunciado temas similares en aquel país.
respecto, en el año 2000, el Sistema Generalizado de Preferencias dirigido por
Estados Unidos tomó la decisión de suspender de este sistema a Bielorrusia, en
el contexto de una crisis económica que tuvo sus orígenes en el autogolpe de
Lukashenko y volvió económicamente inestable a este país sumado a ello la
pérdida de confianza de la inversión extranjera. Es conveniente precisar que previa
a la referida suspensión existieron problemas de índole económico, político y
diplomático entre Estados Unidos y Bielorrusia.
los autores Lanza A. Compa y Jeffrey S. Vogt, considera que es muy evidente que
la decisión suspender las preferencias comerciales a Bielorrusia, es decir, el
proceso desde la petición inicial haya durado sólo 3 años. Para ellos, fue bastante
rápida en comparación con las revisiones prolongadas de varios otros países,
algunos de los cuales nunca resultaron en suspensión.[4]
autores explican que la celeridad se debió al parecer al debido volumen
insignificante de comercio entre los Estados Unidos y Bielorrusia y ejemplifica
que el valor de las importaciones de Bielorrusia sólo era de $ 26.7 millones para el año de 1999.[5]
otro lado, comparan este suceso con la negativa del gobierno de suspender los
beneficios comerciales para Tailandia, a pesar de una considerable evidencia de
violaciones de derechos laborales, incluso después de una revisión de 8 años.
Es de precisar que Tailandia siempre ha sido criticada por estas
violaciones como por ejemplo las
críticas formuladas contra el gobierno tailandés, uno de ellos, citan los
autores, fue la Ley de Relaciones Laborales Empresa Estado de 1991, que
prohibió los sindicatos en las empresas estatales y el acoso a dirigentes
Compa y Vogt, la negativa a la suspensión a Tailandia, tiene su motivo en la
importancia de la relación comercial entre los Estados Unidos y Tailandia. De
acuerdo con un informe publicado por La Asociación del Comercio, Tailandia ha
sido siempre uno de los principales usuarios del SGP. Precisan que los Estados Unidos importaron más
de $ 2.2 mil millones de bienes elegibles de Tailandia libres de impuestos en
2000. Para nuestra posición, en el caso de Tailandia, la aplicabilidad y
efectividad de la cláusula social no tuvo impacto alguno, siendo relegada a un
segundo plano.[6]
idea central, y opinión que compartimos con los autores citados, fue que si bien
la decisión de suspender a Belarús fue justificada, además de las violaciones
derechos laborales, la motivación principal fue el impacto de importancia a la
economía de EE.UU, es decir, primó el aspecto económico. Por lo
que, consideramos que lo que debe primar para la suspensión de las preferencias
comerciales es lo relacionado a la observancia de los trabajadores
internacionales los derechos como condición de una cláusula social,
lamentablemente en el caso de Bielorrusia, lo que primo fue el aspecto
económico. Esto nos permite inferir que la cláusula social se perjudicó su naturaleza
desde el punto de vista jurídico y ético.
anteriormente expresado, cabe preguntarse cómo podemos asegurarnos que la
aplicación de una cláusula social pueda realmente cumplirse ante violaciones de
derechos laborales. Es probable que esta interrogante también nos invite a
preguntarnos cuál es la participación del Organismo especializado en temas
laborales como lo es la Organización Internacional del Trabajo. Al
respecto de los procedimientos de la OIT, nos hemos referido en el primer
capítulo, en este capítulo, esbozaremos algunas ideas referente a la actuación
del informe emitido por la Comisión de Encuesta en el 2004, en los años
posteriores, el comportamiento del gobierno de Belarus fue esquiva y de poca
colaboración, algunos pasos se avanzaron en la implementación; sin embargo, la
situación no ha variado sustancialmente, opinión compartida por los autores Colin
Fenwick, Tonia Novitz en un balance que hicieron del caso en el año 2010.
Incluso para el año 2013, la OIT insistía en varios puntos que se indicaron en
el 2004 en el reporte emitido por la comisión de encuesta. [7]
autores Fenwick y Tonia Novitz se preguntan por los procedimientos de la OIT si
es un mecanismo efectivo para la protección de derechos laborales. Al tratar de
encontrar una explicación, precisan que a pesar de los incumplimientos por el
gobierno de Belarus, es probable que el contexto de este país en caso no exista
este organismo internacional en encuentre en una situación peor. [8]Esto nos trae consigo un
elemento más para analizar, referente a la ausencia del poder de coacción por
parte de este Organismo y al poseer con herramientas sancionadoras tal vez
puede que las recomendaciones que efectúan demoren en cumplirse en el tiempo;
sin embargo, su participación como ente orientador sigue siendo vital para el
desarrollo de los derechos laborales a nivel internacional. CONCLUSIONES
- El procedimiento que realizó la
Comisión de Encuesta en el caso Belarus, encontró que la queja planteada
presentaba situaciones que contravenían a los Convenios Internacionales de la
OIT referente a Libertad Sindical.
- A pesar de las recomendaciones en el
informe de la Comisión de Encuesta, el gobierno de Belarus fue esquivo y la situación
referente a la queja presentada no ha variado sustancialmente.
- El Sistema Generalizado de
Preferencias ha suspendido los beneficios comerciales a Belarus, a pesar que en
otros casos ante flagrancias de violaciones de derechos laborales no ha ocurrido
así dado que esos países contaban con un tráfico comercial importante,
situación que no ha ocurrido en Belarus y por ello su suspensión muy acelerada.
- Suspensión de los beneficios
comerciales no se deben principalmente a condiciones establecidas por las
cláusulas sociales, sino que puede obedecer a otros motivos, principalmente de
carácter económico, con la cual, se desnaturaliza su aplicación.
- La OIT es un organismo que carece de
coacción; sin embargo, su participación es vital para la orientación del
respeto de los derechos laborales a nivel internacional.
- CANESSA, Miguel. La protección
internacional de los derechos laborales. Editora Tirant to Blanch. Valencia.
2008. 574 pp.
- COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S.
Labor rights in the generalized system of preferences: A-20 year review. Cornell
University ILR School.. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles
- TORTELL, Lisa.The ILO, freedom of association and Belarus de (OIT). En:
Human rights at work: Perspectives on Law and Regulation editado FENWICK, Colin
y NOVITZ,Tonia Bloomsbury Publishing. Disponible en Internet: https://books.google.com.pe/books?id=rA_cBAAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=The+ILO,+freedom+of+association+and+Belarus+de+Lisa+Tortell+(OIT).&source=bl&ots=EHgRuZSgaE&sig=WHaJ0Lj7argeHbsPJFyH1sbk624&hl=es-419&sa=X&ei=zX-ZVdHdL8abNqjNubgF&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=The%20ILO%2C%20freedom%20of%20association%20and%20Belarus%20de%20Lisa%20Tortell%20(OIT).&f=false
CANESSA, Miguel. La protección internacional de los derechos laborales. Editora
Tirant to Blanch. Valencia. 2008. Pag. 389 y ss.
1. la injerencia
gubernamental en los asuntos internos de los sindicatos, inclusive en
cuestiones como las elecciones sindicales o la celebración de congresos,
conferencias y otras reuniones estatutarias de los órganos directivos de los
sindicatos a nivel nacional, regional y local; 2. la adopción y promulgación de
leyes y decretos-leyes antisindicales; 3. la negativa al registro de las organizaciones
sindicales; 4. el acoso y las amenazas, incluidas las amenazas de tipo físico; 5.
los traslados arbitrarios de dirigentes, afiliados y activistas sindicales; 6.
la destitución, el despido o la dimisión forzada de dirigentes sindicales
electos de sus cargos lectivos o
ejecutivos dentro de los sindicatos; 7. la dimisión forzada de los trabajadores
a su afiliación sindical; 8. la negativa de las autoridades gubernamentales y
de los empleadores a proporcionar a los sindicatos los medios necesarios para
llevar a cabo sus actividades legítimas, incluidos los medios materiales, como,
por ejemplo, un domicilio jurídico, lugar para oficinas o instalaciones
provistas de electricidad y equipos de telecomunicaciones;9. la anulación de
instalaciones destinadas a recaudar la cotización sindical por retención en
nómina; 10. la injerencia en la libre disposición de las cuotas sindicales y la
cotización sindical; 11. la congelación de las cuentas bancarias de los
sindicatos; 12. la denegación del derecho de las organizaciones sindicales
nacionales a tomar parte en reuniones reglamentarias con las instituciones de
trabajo tripartitas del país; 13. la ausencia de consulta a las organizaciones
representativas nacionales en relación con la designación del representante
trabajador de la delegación nacional en la Conferencia Internacional del
Trabajo; 14. otras violaciones graves a los derechos sindicales
[3] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system
of preferences: A-20 year review. Cornell
University ILR School. Pág. 203. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles [4] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system
University ILR School. Pág. 231 y
ss. Disponible en Internet: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=articles
[5] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system
[6] COMPA, Lance A y VOGT Jeffrey S. Labor rights in the generalized system
[7] TORTELL, Lisa.The ILO, freedom of association and
Belarus de (OIT). En: Human rights at work: Perspectives on Law and Regulation
editado FENWICK, Colin y NOVITZ,Tonia Bloomsbury Publishing. Pág
402 y ss. Disponible en Internet: https://books.google.com.pe/books?id=rA_cBAAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=The+ILO,+freedom+of+association+and+Belarus+de+Lisa+Tortell+(OIT).&source=bl&ots=EHgRuZSgaE&sig=WHaJ0Lj7argeHbsPJFyH1sbk624&hl=es-419&sa=X&ei=zX-ZVdHdL8abNqjNubgF&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=The%20ILO%2C%20freedom%20of%20association%20and%20Belarus%20de%20Lisa%20Tortell%20(OIT).&f=false
[8] TORTELL,
Lisa.The ILO, freedom of association and Belarus de (OIT). En: Human rights at
work: Perspectives on Law and Regulation editado FENWICK, Colin y NOVITZ,Tonia
Bloomsbury Publishing. Pág 402 y ss. Disponible en Internet: https://books.google.com.pe/books?id=rA_cBAAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=The+ILO,+freedom+of+association+and+Belarus+de+Lisa+Tortell+(OIT).&source=bl&ots=EHgRuZSgaE&sig=WHaJ0Lj7argeHbsPJFyH1sbk624&hl=es-419&sa=X&ei=zX-ZVdHdL8abNqjNubgF&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=The%20ILO%2C%20freedom%20of%20association%20and%20Belarus%20de%20Lisa%20Tortell%20(OIT).&f=false Publicado por
LA PROTECCIÓN EN SUPUESTOS DESPIDO ARBITRARIO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
Estudiante de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Monografía realizada con ocasión del curso de Globalización y Trabajo Decente de la maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
trabajo monográfico pretende explicar el desarrollo y contenido que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos otorga a las interposiciones de demandas que
contiene de manera expresa o tácita la solicitud de la protección del Derecho
al Trabajo, contemplado en instrumentos internacionales. En el caso en
concreto, cuando nos referimos al Derecho al Trabajo, hacemos alusión a lo que
nuestro Tribunal Constitucional ha interpretado en el Exp. 1124-2001-PA/TC[1],
cuando señala que el contenido de este derecho comprende el acceder a un puesto
de trabajo y el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Los casos que
se han tomado para análisis son “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado
Alfaro y otros) Vs. Perú” y “Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú”,
coincidentemente ambos iniciados contra el Estado Peruano. En estos casos se
trataron acerca de despidos arbitrarios que se alegaron y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos realizó un desarrollo más enfocado a la
protección de otros derechos (de naturaleza procesal) y no a Derechos Laborales
que fueron materia de interposición, es decir, restando importancia a los
derechos sociales, económicos y culturales contemplado en el artículo 26 de la
antes del análisis de las sentencias indicadas se procederá a realizar a manera
descriptiva una breve reseña de los derechos contenidos en instrumentos
internacionales y que son objeto de protección el Sistema Interamericano de
protección de Derechos humanos y establecer algunos temas de competencia y
legitimidad, conceptos que encontramos en los referidos instrumentos
ALCANCES GENERALES RESPECTO A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos se encuentra dentro de un organismo internacional fundado el 8 de Mayo
de 1948, la denominada Organización de Estados Americanos (a partir en adelante
OEA). Al mismo tiempo su trabajo se representa en dos órganos importantes dado
que materializan la aplicación de derechos humanos: La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante CIDH) y la Corte Internacional de Derechos
Humanos (en adelante CorteIDH), ambos organismos se encuentran facultados para poder
ventilar temas relacionados a derechos laborales, siempre y cuando se encuentre
cristalizados en instrumentos internacionales objetos de protección (que más
adelante detallaremos).
En lo que refiere a la CIDH respecto a
la protección derechos laborales el artículo 44 de la Convención Americana de
Derechos Humanos indica que “cualquier
persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida
en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por
un Estado parte.”. Por parte de la CorteIDH, que según el artículo 61 CADH,
señala que sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un
caso a la decisión de la Corte, agrega que es necesario que sean agotados todos
los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la misma convención.
En lo que refieren a los temas que
puedan ventilarse en sus despachos, tenemos que para ambos son de aplicación
los instrumentos internacionales que en el presente trabajo monográfico,
referenciamos a aquellas que tengan un contenido relacionado a los derechos
laborales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Protocolo
Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales o Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana para la
Discapacidad. Ahora bien, para en el caso de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, existe algo adicional que considerar dado que este organismo,
si bien es cierto no los aplica directamente, sí considera a los Convenios de
la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) para utilizarlos
como herramientas de consulta e interpretación pero siempre relacionándolas
directamente con los derechos transgredidos en instrumentos internacionales que
sí son objeto de protección[2],
siendo que esto tiene relación con lo precisado por el artículo 29 de la
Convención Americana de Derechos Humanos el cual precisa que el goce y ejercicio de cualquier derecho debe
ser orientado de acuerdo con las leyes de los Estados Partes o de acuerdo con
otro instrumento internacional que se haya ratificado (es decir, esto incluye a
los Convenios de la OIT, siempre y cuando hayan sido ratificados).
A continuación, vamos a reseñar
instrumentos internacionales objeto de protección parte de la CIDH y de la
CorteIDH, los cuales contengan derechos laborales o relacionados a ellos, así
tenemos a: A. Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José:
- Prohibición de esclavitud y servidumbre
(art. 6). Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 1. Nadie puede
ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de
esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie debe ser
constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países
donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada
de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido
de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal
competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la
capacidad física e intelectual del recluido. 3. No constituyen
trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a. los trabajos o
servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de
una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial
competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la
vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los
efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas
jurídicas de carácter privado; b. el servicio
militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el
servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; c. el servicio
impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el
bienestar de la comunidad, y d. el trabajo o
servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. - Derecho de reunión (art. 15) y Libertad
de asociación (art. 16) que podrían estar relacionado con la libertad sindical.
Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce
el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho
sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de
la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas
o los derechos o libertades de los demás. Artículo
16. Libertad de Asociación 1. Todas
las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole. 2. El
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas
por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo
dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y
aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía. - Derechos económicos, sociales y
culturales (artículo 26)
26. Desarrollo Progresivo Los Estados
Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por
vía legislativa u otros medios apropiados. B. Protocolo Adicional a la CADH en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador
al trabajo (art. 6).
6 Derecho al
Trabajo 1. Toda persona
tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad
lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados
partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la
orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente
aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen
también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada
atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva
posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
justas, equitativas y satisfactorias de trabajo (art. 7).
Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo Los Estados
partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se
refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo
e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; b. el derecho de
todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación
nacional respectiva; c. el derecho del
trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se
tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de
servicio; d. la estabilidad
de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la
legislación nacional; e. la seguridad e
higiene en el trabajo; f. la prohibición
de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18
años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud,
deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún
caso podrá constituir un impedimento
para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la
instrucción recibida; g. la limitación
razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. Las jornadas
serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o
nocturnos; h. el descanso,
el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración
de los días feriados nacionales.
sindicales (art. 8).
Sindicales 1. Los Estados
partes garantizarán: a. el derecho de
los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para
la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los
Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y
confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar
organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también
permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen
b. el derecho a
la huelga. 2. El ejercicio
de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las
limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean
propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden
público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y
las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía,
al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las
limitaciones y restricciones que imponga la ley. 3. Nadie podrá
ser obligado a pertenecer a un sindicato. - Derecho
a la seguridad social (art. 9).
Artículo 9 Derecho a la Seguridad Social 1. Toda persona
tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de
la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus
dependientes. 2. Cuando se
trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad
social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos
de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de
mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. III.
ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL DESPIDO ARBITRARIO.
sentencias que se analizarán, tal como se adelantó en la introducción de la
presente monografía corresponden al “Caso Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú” y “Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú”.
al “Caso Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú”, los hechos del presente caso tuvieron
lugar en 1992, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, en este gobierno fueron
cesados 1110 funcionarios y servidores del Congreso, como consecuencia de una
racionalización de personal del Congreso).
al “Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs.
Perú”, los hechos del presente caso tuvieron
lugar en 1996, en esa época se dispuso el Programa de Evaluación del
Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se despidió a un grupo de
trabajadores. Los afectados interpusieron acciones judiciales los cuales fueron
declarados fundados mediante diversas sentencias, incluso por parte del Tribunal
Constitucional, sin embargo, dichas sentencias no fueron cumplidas ni
ejecutadas. En
los ambos procesos, existió coincidencia en los derechos alegados por la
Comisión: Artículo 1 (Obligación de respetar los
derechos) - Artículo 2 (Deber de adoptar
disposiciones de derecho interno) - Artículo 8 (Garantías judiciales) - Artículo 25 (Protección judicial) - Artículo 26 (Desarrollo progresivo) Además
en el caso de Acevedo Jaramillo, se incluyó el Artículo 16 (Libertad de asociación).
bien en el desarrollo de los argumentos, de los derechos alegados como
transgredidos, la Comisión Interamericana a pesar de estar en juego derechos
laborales y sociales, no se pronunció por ninguno de manera directa, ni
siquiera lo indicado en el artículo 26 de la Convención Americana; a pesar de
haber sido solicitado, específicamente en el despido arbitrario y los efectos
negativos de este accionar (en remuneraciones, seguridad social, etc.)
A pesar de ello, la CorteIDH, decantó su
posición por unas resoluciones de carácter netamente procesal y no sustantiva,
esto tiene su explicación dado que sólo consideró que se afectó el artículo
8.1. y 25.1. y 25.2. de la CADH que a continuación precisamos:
Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los
Estados Partes se comprometen: a)
A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal el
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b)
A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c)
A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso. En el caso
de Acevedo, resolvió que sólo se había afectado el artículo 25.1 y 25.2 de la
CADH y en el caso de los trabajadores cesados del Congreso resolvió que sólo se
afectó el artículo 8.1. y 25 de la CADH.
Es decir, la Corte sólo se orientó a
indicar en los casos de referencia que se afectó las garantías judiciales y la
protección judicial a tener un recurso idóneo para la defensa de derechos
fundamentales, como se aprecia este enfoque sólo responde a un solución de
carácter procesal y no frontal al verdadero problema de los ceses arbitrarios y
si las mismas les correspondía la reposición en base al contenido del Derecho
al Trabajo lo que es comprendido dentro
el artículo 26 de la CADH, situación que en nuestro país sí se cristalizó a
través de la sentencia 1124-2001-PA/TC, por el cual el Tribunal Constitucional
Peruano indicó en su fundamento 12 que el derecho al trabajo está reconocido
por el artículo 22º de la Constitución y el contenido esencial de este derecho
constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por
una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa, por
lo que respecto al segundo aspecto se trata del derecho al trabajo entendido
como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Análisis que la
CorteIDH no realiza y deslinda la solución con un enfoque meramente
procesalista, como afectación al debido proceso. Si bien es cierto, en el caso
de los trabajadores cesados en el Congreso indicó expresamente sobre qué
versaría su enfoque (sobre las garantías judiciales, no sobre determinación del
cuestionamiento del despido), sí reconoció que las violaciones a dichas
garantías (judiciales) necesariamente tuvieron consecuencias perjudiciales para
las presuntas víctimas, en tanto que cualquier cese tiene consecuencias en el
ejercicio y goce de otros derechos propios de una relación laboral, es decir,
la afectación para la Corte es la transgresión de esas garantías y eso trae
como consecuencia (si por así llamarlo colaterales) afectaciones de carácter
laboral, cuando el enfoque debió ser que a partir de la violación de los
derechos laborales en sí los que se refiere de manera general el artículo 26 de
la CADH trae consecuencias negativas. Ahora bien, las consecuencias, adelanta
que sólo las considerará de ser el caso en el capítulo de reparaciones,
reafirmando su posición de dejar en segundo plano el pronunciarse sobre estos
Por el tema de las reparaciones, en el
caso de Acevedo Jaramillo, la Corte, ordenó la Reposición en sus puestos de
trabajo en un plazo de un año y, si esto no fuera posible, brindarles
alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones
que tenían al momento de ser despedidos y caso de no ser posible el Estado
deberá pagar una indemnización por concepto de terminación de las relaciones
laborales por causa injustificada. Asimismo, como
disposiciones para temas de jubilación.
trabajadores cesados del congreso, considera como reparación el acceso a un
recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá constituir a la mayor
brevedad un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades para
decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas
regular y justificadamente del Congreso de la República o, en caso contrario,
que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes. Y por
otro lado una indemnización por el daño inmaterial (moral) ocasionado
ascendente a $ 15, 000.00 dólares. Sin embargo, a diferencia del caso Acevedo
Jaramillo, no indican como reparación la reposición de los trabajadores (debe
tenerse en cuenta que no se pronunció sobre la validez del despido, sino por un
tema netamente de enfoque procesal), situación que es reclamada a través de una
solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas de fecha 30 de noviembre de 2007, por la cual e pregunta
a la CorteIDH “¿Por qué el fallo de la
Corte se apartó de su jurisprudencia en casos análogos al nuestro en que ordenó
la reposición de los trabajadores, el pago de salarios caídos, el pago por
concepto de daño moral, por costas y otros?” Así como también se le
pregunta sobre los alcances y supervisión de ese proceso sencillo, raído y
eficaz que promueve en su resolución. La CorteIDH más adelante declara
inadmisible la demanda de interpretación por no adecuarse a lo previsto en los
artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del Reglamento e indica que supervisará la creación de ese
proceso. Estas situaciones nos permiten apreciar aún más cómo la falta de
pronunciamiento en esos extremos puede perjudicar en las reparaciones respecto
a la protección de sus derechos laborales, en el caso concreto el derecho al
trabajo y no ser despedido arbitrariamente, derechos que son comprendidos dentro
del artículo 26 de la CADH.
de las razones por las que la CorteIDH no se pronuncia sobre el artículo 26 de
la CADH puede ser que al ser derechos económicos, sociales y culturales de
naturaleza progresiva, pueden ser más cotosos para el Estado que los derechos
civiles. Esta afirmación es referenciada por Gerardo Pisarello quien alega que
las causas principales de la vulneración de derechos sociales se encuentran en
la enorme concentración de poder económico, en la propia consideración de los
derechos patrimoniales como derechos absolutos, siendo esta noción incompatible
con los derechos humanos. Agrega que también tiene que ver con la percepción
que disponemos de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos
de segunda categoría, devaluados. Afirma que esta concepción ha sido generada
por los mitos generados en torno a las clases y categorías de derechos. Así
explica que los civiles y políticos, se presentan como derechos negativos, que
no necesitan una intervención del Estado y como los más baratos, en cambio los
DESC se perciben como los derechos caros, en los que la protección por parte de
los Estados se torna más dificultosa. El autor, se orienta por la indivisibilidad
de los derechos y asegura que no existe ninguna diferencia de fondo en los
derechos civiles y los sociales dado que todos los derechos tienen naturaleza híbrida.[3]
línea que Gerardo Pisarello, es conveniente manifestar lo señalado por el juez
Cançado Trindade al proponer terminar con la dicotomía entre los derechos
civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales: “el
objetivo y el interés de la supresión progresiva de la dicotomía entre los
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales
residen en la búsqueda y la realización de una protección internacional tan
eficaz para los segundos como para los primeros”. [4]
vista a lo expresado podríamos encontrar una respuesta a esta resolución
tangencial por parte de la Corte de los derechos sociales en las sentencias precitadas.
- La protección de los derechos sociales
(derecho al trabajo y a no ser despedido arbitrariamente) comprendidos dentro
del artículo 26 de la CADH no son tratados frontalmente por la CorteIDH en las
resoluciones precitadas.
CorteIDH se orienta por la solución de estos casos por un enfoque procesalista
de garantías judiciales y protección judicial (Artículo 8 y 25 de la CADH).
resolución no adecuada de estos conflictos pueden resultar perjudicial en el
hecho de las reparaciones a dictarse.
- La dicotomía de la diferencia entre los
derechos civiles y políticos en referencia a los derechos sociales es una
tendencia que se encuentra marcada en cuanto a que las primeras tiene una
connotación abstencionista y la segunda deviene en una acción positiva por parte
del Estado y que puede orientar las resoluciones emitidos por órganos
internacionales, como lo es el presente caso.
Gerardo. “La exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales.” En el Seminario “La justiciabilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales” que tuvo lugar en Barcelona
los días 16 y 17 de diciembre de 2004 y fue organizado por el Observatorio DESC
en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
(Disponible en internet: www.descweb.org/files/justiciabilidad-derechos-economicos.pdf)
A.A. Cançado, Antonio. “La protección internacional de los derechos
económicos, sociales y culturales, 60, en Estudios básicos de derechos humanos I. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Serie Estudios de Derechos Humanos. San
José de Costa Rica. 1994.
Rodolfo. “Estado social de derecho y
derechos humanos”, en Revista
Número, No. 39 Separata Especial del Seminario “Colombia Insiste en los
Derechos Humanos” (en: http://www.revistanumero.com/web/index.php?catid=29).
Miguel, “Los derechos laborales en el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” (en:
http://www.losrecursoshumanos.com/derechos-laborales.ht).
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Adoptada en San José de
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”.
Suscrito por la Asamblea General de la OEA, en San Salvador, El Salvador, el 17
Constitucional recaída en el expediente N° 1124-2001-PA/TC.
Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, sentencia del 7 de febrero de
Caso Trabajadores cesados del Congreso. Aguado Alfaro y otros vs. Perú,
sentencia del 24 de noviembre de 2006.
[1] Fundamento 12 – Exp. N°
1124-2001-PA/TC.
[2] En el caso Baena
Ricardo vs. Panamá, en su fundamento 171, indica que para arribar a las
conclusiones sobre si el Estado vulneró el derecho a la libertad de asociación,
la Corte toma particularmente en cuenta las afirmaciones contenidas en la
demanda de la Comisión, las constancias que figuran en el expediente y las
Recomendaciones del Comité de Libertad Sindicial, al resolver el caso N° 1569,
en la que estuvo inmerso el Estado de Panamá.
[3] PISARELLO, Gerardo. “La exigibilidad de los derechos
en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores. (Disponible en internet: www.descweb.org/files/justiciabilidad-derechos-economicos.pdf)
[4] A.A. Cançado, Antonio. “La protección internacional de los derechos
Carlos Andrés Pérez GallardoFac. de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo.Correo: carlosperez_unt@hotmail.com
Mural artístico UNT
“EL CASO BELARUS: Análisis de la queja presentada ...
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