Source: http://justiciaimparcial.blogspot.com/2015_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-23 10:22:32
Document Index: 66323870

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 22', 'artículo 62', 'artículo 102', 'artículo 110', 'artículo\n110']

EL FISCAL ES GARANTE DE LOS DERECHOS DE TODOS
LOS CIUDADANOS MENOS DE LOS FISCALES
En esta situación nos encontramos teniendo en cuenta que
tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo Fiscal, lejos de
rectificar una posición anclada en una interpretación restrictiva de derechos,
ya realizada mediante acuerdo del Consejo Fiscal de 20 de marzo de 2014, con un
nuevo acuerdo, éste de 16 de abril de 2015, mantiene dicha doctrina. En
síntesis, en materia de distribución de
trabajo y creación de lotes de trabajo en una fiscalía, tal parcela es competencia
exclusiva del Fiscal Jefe quien únicamente, por imperativo del artículo 22.5
EOMF, ha de oír a la Junta de Fiscales.
Pues bien, la decisión que se adopte por los distintos
Fiscales Jefes, en esta materia, sólo puede ser recurrida por los
Fiscales afectados mediante un mero escrito de queja al Consejo Fiscal,
cuando entiendan que los Fiscales Jefes han faltado a la equidad en el
reparto del trabajo, tal como dispone el artículo 110 de vetusto Reglamento de
1969. No existe otra vía para el Consejo Fiscal ni para la Fiscalía General
del Estado. No se contempla, en nuestra Carrera, ninguna posibilidad de
recurrir en alzada ni mediante ningún otro recurso administrativo. Se trata
de una materia no revisable ni en vía administrativa ni jurisdiccional. Estamos
ante la más absoluta soberanía de los Fiscales Jefes que no encuentra más
control que escuchar a su Junta de Fiscales y el posible tirón de orejas que pueda recibir del
Consejo Fiscal cuando entienda, por recurrir en queja un subordinado, que ha
incurrido en falta de equidad en el reparto del trabajo de la Fiscalía. Es
decir, estamos en el único especio opaco al control jurisdiccional de todos los
poderes públicos, según la tesis que nos imponen las asociaciones mayoritarias
y la jerarquía de la Institución.
Pues bien, todo ello viene a colación del recurso de alzada
presentado por esta asociación (APIF) el 19 de diciembre de 2014 contra el
decreto de distribución de trabajo del Fiscal Jefe de Las Palmas de 1 de
diciembre de 2014. En dicho recurso también se solicitaba la suspensión de su
entrada en vigor (que se había dotado de vacatio legis hasta el 1 de febrero de
2015) al entender que se podían producir perjuicios de difícil reparación y que
no se producía ningún daño irreparable por la no entrada en vigor, ya que se
mantendría el sistema vigente en la Fiscalía.
Lo curioso de este asunto es que la Comisión Permanente del
Consejo Fiscal, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2015, dice en el primero de
los fundamentos: “Sin perjuicio de la ulterior decisión que proceda acordar
sobre la tramitación, admisión del recurso interpuesto y sobre la competencia
que pudiese tener el Consejo Fiscal sobre las peticiones formuladas, esta
Comisión Permanente, en aplicación del art. 14.3 EOMF, entiende que es
competente a los únicos y exclusivos fines de resolver de manera expresa
y en el plazo de 30 días la petición de suspensión provisional del Decreto
pedida” (sic) (Las negritas y cursivas son nuestras).
De esta forma, sin atribuirse la competencia para conocer del
recurso de alzada interpuesto, a los únicos fines de parar el efecto positivo
que tiene el silencio contemplado en el artículo 111 de la LRJAE-PAC la
Comisión Permanente dicta el mencionado acuerdo.
asociación, entendiendo que el Consejo Fiscal no es el órgano competente para
resolver el recurso de alzada interpuesto ya que claramente nuestro EOMF
(artículo 22.7) sí señala que el Fiscal Provincial tiene como superior
jerárquico al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, tampoco es competente
para dictar el Acuerdo que elaboró el 20 de enero de 2015, por tanto, el mismo
incurre en nulidad de pleno derecho conforme señala el artículo 62.1.b de la
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Así las cosas, en atención a lo mencionado, esta Asociación
solicitó por escrito, el 24 de abril de 2015, la declaración de nulidad de este
Acuerdo al haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente, al
amparo de lo establecido en el artículo 102 de la mencionada LRJAE-PAC. Pues
bien, a pesar de lo evidente, el Consejo Fiscal ha dictado nuevo Acuerdo de
7 de mayo de 2015, en el que rechaza la declaración de nulidad del acuerdo de
la Comisión Permanente del Consejo Fiscal de 20 de enero de 2015 porque
entiende que el Consejo Fiscal es competente para conocer del recurso de alzada
interpuesto por la APIF frente al Decreto de 1 de diciembre de 2014 del Fiscal
Jefe de Las Palmas, volviendo a servirse, como fundamento, del
preconstitucional Reglamento de 1969, de su artículo 110.
Lo más llamativo de esta cuestión es que tanto el acuerdo de
20 de marzo de 2014 como el acuerdo de 16 de abril de 2015 (que aún no se nos
ha notificado) están siendo revisados jurisdiccionalmente. El primero ha sido
objeto de recurso, al haberse extendido el recurso de forma expresa a este
Acuerdo, tramitándose en procedimiento de derechos fundamentales núm. 102/2014
ante el TSJ de Canarias y, el segundo, de 16 de abril de este año, también será
objeto de recurso, cuando se nos notifique y extendamos el objeto del recurso a
dicho acuerdo, en procedimiento de derechos fundamentales que igualmente se
está tramitando en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Canarias.
1.- Los Fiscales no
tenemos acceso a recursos administrativos en los términos que se reconocen con
carácter general a los ciudadanos y a los funcionarios públicos en la Ley
interpretación que está haciendo tanto el Consejo Fiscal como la Fiscalía
General del Estado no está siendo respetuosa con la jerarquía normativa en el
sentido de dar preponderancia al Reglamento de 1969 frente a la LRJAE-PAC.
3. El mantenimiento de esta situación permite a
la jerarquía de la institución y a las asociaciones dominantes en el Consejo (que
se han encargado a lo largo de los años en colocar a asociados suyos en los puestos
más relevantes de la Carrera) controlar la Carrera fiscal por encima de
derechos y reclamaciones de los fiscales al cerrarse a los fiscales dogmáticamente las vías de
defensa jurisdiccional, cuestión esta que debería ser de prioritaria
modificación si aspira a crear unas condiciones de mínima seguridad jurídica
para los fiscales en el desempeño de su trabajo y terminar con abusos y
4.- Cabría hacer una interpretación más integradora de las normas
existentes entendiendo que, en materia de distribución de trabajo, el artículo
110 del Reglamento del 69 recoge la posibilidad de acudir en queja al Consejo
Fiscal cuando se alegue falta de equidad
y, caso de que la infracción alegada sea otra (por ejemplo arbitrariedad,
discriminación o cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico) cabría el
recurso ordinario en vía administrativa, alzada y, posteriormente, si se
considera oportuno, en vía jurisdiccional.
5.- Sería posible plantear de una vez el carácter vinculante
de lo manifestado por la Junta de Fiscales para la aprobación de una
distribución de trabajo que afecta, de forma muy notable, a toda la plantilla.
Podría ser ya el momento de conferir mayoría de edad a las Juntas de Fiscales.
Sería posible, a esta alturas, configurar de una vez a las Juntas de Fiscales
como auténticos órganos colegiados en el que su voluntad se crea por la
expresión de la mayoría y, caso de empate, decide, con voto de calidad, el Fiscal-Presidente (Fiscal Jefe).
No podemos compartir las razones que expone el acuerdo por el
que se desestima nuestra petición de nulidad, que ni siquiera termina con pie
de recurso. Se ha desaprovechado, nuevamente, una oportunidad magnífica
para introducir en nuestra reglamentación las garantías que en su días, en
1992, se dotó a la Administración, en general, por la ya citada Ley 32/1992, de
26 de noviembre, que ha supuesto un gran avance para homogeneizar el
funcionamiento, la forma de adopción de acuerdos y resolución, las garantías y
derechos de los ciudadanos y los recursos administrativos que caben frente a
las resoluciones administrativas, respecto al funcionamiento de todas las
JEFATURA DE SEVILLA DE SALVADOR VIADA
Líneas generales de
actuación. Durante los primeros meses me dedicaré a analizar el estado de la Fiscalía; a conocer a los fiscales;
a visitar las sedes; a evaluar los problemas existentes y a distinguir entre
los que pueden solucionarse desde la
Jefatura de aquellos que solo
puedan arreglarse a través de reformas fuera de mi competencia. Los
consejo y ayuda contaré. Los segundos los denunciaré sin vacilación
y presionaré todo lo que sea necesario para conseguir que se arreglen por quien
corresponda. A partir de ese
conocimiento de la Fiscalía, decidiré
si habrá cambios o no. Tengo en buen
concepto a la actual Fiscal Jefe, de manera que al margen de aprovecharme de su
experiencia en el cargo, procuraré no alterar de manera inmediata las cosas en
la Fiscalía. Los cambios que en su caso
se produzcan nunca serán radicales, al menos en la organización estructural de la Fiscalía. Considero que nada
hay que perturbe más a una plantilla que los cambios de función y la
incertidumbre de qué se hará en los días sucesivos. Pero trabajaré
con intensidad en acortar los tiempos de tramitación, en acabar con los
retrasos, en acelerar la ejecución de las sentencias y sobre todo en dar
confianza a los fiscales. Estoy en contra de un excesivo control de los
fiscales. La estructura de la
Fiscalía es jerárquica y
obedecemos como fiscales a los principios de unidad y dependencia. El control
tradicional para ejercer esa dependencia es el visado, y también la atribución
a ciertos fiscales de responsabilidades de control sobre otros
compañeros. Estudiaré la situación con la intención de conferir
mayor libertad a los fiscales experimentados, y poco a poco incrementar la que
tengan los más modernos. Mi propósito es que cada fiscal se acostumbre a
tener una mayor iniciativa en aras de una mayor eficacia, incluso a riesgo de
equivocarse, y también que –consecuentemente- asuma
responsabilidades. Los fiscales tenemos la formación de los jueces,
y por tanto, en la mayor parte de los casos debemos tener libertad para actuar,
y confianza en que esa libertad será respetada. La ley y las
directrices emanadas de la institución han de ser conocidas (ver el apartado de
formación) y respetadas, pero dicho eso, cada fiscal ha de tener la
responsabilidad de actuar conforme a las reglas establecidas, sin supervisores
que le agobien para ello. Eso se hace especialmente evidente en los
consecuencia. No me convencen (lo veo humillante para el fiscal que
asiste a Sala de Vistas y perturbador para la imagen de la institución) la
consulta a la superioridad paralizando el juicio. Las cuentas se
rinden tras el juicio y normalmente mi disposición será la de aceptar lo
realizado por el fiscal. Por
otra parte haré del buen trato al cada Fiscal una regla de conducta: aunque
pueda discrepar de lo que haga un compañero, considero a un subordinado no se
le puede abroncar o maltratar y mucho menos en público o con testigos, porque
no puede defenderse de ese ataque. Quiero que esa norma de conducta se asuma por todos y que la plantilla
esté tranquila en este aspecto. Lucharé por cambiar el
sistema de estadística actualmente vigente. Considero un despropósito que
los fiscales agobiados por el trabajo tengan que ir fichando cada asunto que
despachan, cada juicio que hacen. Debe haber un sistema mejor que
permita invertir mejor el tiempo escaso de los fiscales en mejorar sus
prestaciones. Me preocuparé de los
jóvenes especialmente. Les daré confianza, en la medida de mis
posibilidades; les haré ver que lo grave no es el error (todo el mundo se
equivoca de vez en cuando), sino la razonabilidad de la decisión
adoptada. Les animaré a trabajar en un ambiente positivo. Erradicaré
cualquier razón para tener temor en el cumplimiento de la función fiscal,
porque el los fiscales no pueden trabajar correctamente con temores. Pretendo con ello que los fiscales no tengan
ninguna duda de que el jefe les respaldará cuando sobre la base de pruebas
suficientes investiguen o
acusen a cualquier persona con independencia de la importancia política,
social, económica o profesional que ostente. Parto de la base de que todos
principio. Lo importante es la prueba, no el investigado. Y si no hay pruebas, tras haberlas buscado con diligencia –esto es muy
importante para mi-, lo procedente es el archivo de las actuaciones. Facilitaré la conciliación de la vida familiar y personal con el trabajo: los
fiscales debemos tener tiempo para pensar, o de lo contrario nos equivocamos
más. El papel se ha de despachar, pero no me gusta ver a fiscales
trabajando hasta el punto de perder la capacidad de análisis. Creo que
hay que cambiar pautas cuando en una organización algunos de sus trabajadores
están en tratamiento psicológico o con medicación por razón directa de las
condiciones del trabajo. Si ese fuera
el caso, que no lo se, lo arreglaré. Transmitiré
confianza a los compañeros en ese sentido. Intensificaré las
relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad. La Fiscalía ha de
trabajar en estrecha y
constante relación con la
Policía y la Guardia Civil, colaborando cuando sea preciso y ordenando líneas
de actuación en muchas áreas, en materias de criminalidad organizada o de
protección de las víctimas. Lo haré advirtiendo a los superiores de la
Policía que el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de
los ciudadanos que exigiré a los fiscales lo exigiré también a la Policía en
sus relaciones con estos. Trataré con las autoridades institucionales
andaluzas todas aquellas cuestiones que puedan incidir en la mejora del
Me preocupan las
víctimas y también quienes están en las posiciones más débiles en la
sociedad. Trabajaré con sensibilidad en
mejorar la respuesta para con las víctimas de los delitos, para con los menores
en desamparo, para las mujeres víctimas de maltrato, para las víctimas de
tráfico de personas y en general para todos aquellos que han de buscar en la
Fiscalía a quien reestablezca o proteja sus derechos o su seguridad. Daré publicidad a las actuaciones que al
respecto realice la Fiscalía, y trataré de contribuir a trasladar a la opinión
pública la reacción de la Justicia ante los casos que afecten a esas
personas. Y lucharé contra la falta de
reacción cuando sea el caso. Sevilla es una plaza
sede del Gobierno andaluz y los Juzgados sevillanos están luchando con energía
contra la corrupción. Con todo respeto
por el trabajo realizado por la Fiscalía en este sentido, creo que tengo bastante
más que aportar en esta materia. Estoy
seguro de que si los políticos honrados perciben una actitud inflexible y
eficaz de la Fiscalía en este tema, lo agradecerán y empezarán a colaborar para
acabar con esa lacra. Es una cuestión de
equilibrios: no se puede tener más miedo al corrupto que a las consecuencias de
infringir la ley, de la misma manera que
los fiscales no deben tener –y si lo tienen es porque el sistema funciona mal-
temor alguno a la jerarquía por cumplir lealmente con sus obligaciones. Desde la neutralidad política, seré
implacable contra cualquier acto que desde el poder de la clase que sea suponga
el quebrantamiento de la ley. Mi
convicción, por la que he luchado toda mi vida profesional -la mayor parte de
las veces contra corriente-, es la de que la
Fiscalía ha de ser neutral
políticamente. Pero esa neutralidad no lo es para quedarse
pasivo ante la corrupción, sino para luchar
con la ley pero con dureza contra la misma. Desde la Jefatura de la
Fiscalía garantizo una posición
y respecto de cualquier otra. Pero también garantizo que las
denuncias se investigarán para conocer la verdad de lo ocurrido, y que en el
ámbito de mis competencias los ciudadanos de Sevilla sabrán que las denuncias
se toman en serio, se investigan y si procede, se judicializan Será el
criterio profesional de los fiscales el que determinará la intervención de la Fiscalía, aunque como es natural la
estructura de la FGE pueda proporcionar el auxilio técnico
Considero un atributo
muy importante del fiscal la independencia de criterio (forjado sobre el
estudio de la ley y la jurisprudencia, la normativa interna de la Fiscalía así
como sobre el sentido común), sin sumisión a orientaciones ideológicas o
asociativas. Estimularé esos valores en la Fiscalía y entre los fiscales, y no prestaré
atención alguna en la Fiscalía y en la designación de cargos de
responsabilidad a la militancia asociativa o a la no militancia.
instituciones locales pero sin comprometer nunca la posición de imparcialidad
obligada del Fiscal. Tendré, en ese sentido, mucho cuidado en
atender o aceptar ofrecimientos o distinciones protocolarias que puedan ser
razonablemente entendidos como comprometedores de la posición institucional del
Ministerio Fiscal. Confiriendo la libertad a cada uno para que haga lo
que le parezca, recomendaré a los fiscales de Sevilla seguir esas pautas de
Impulsaré si encuentro
Universidad. He sido profesor universitario muchos años y más de treinta
fiscal, y se que la cooperación entre ambas instituciones puede ser beneficiosa
para ambas. Prácticas, programas de estancia de estudiantes en la
Fiscalía (podrían ayudar en varias tareas a los fiscales), clases prácticas de
fiscales en las aulas… Tengo el ejemplo de los internships o pasantías de los Tribunales
Internacionales –que he visto que funcionan estupendamente siempre que se tomen
en serio- para utilizarlo en la Fiscalía de Sevilla.
Intentaré llegar a
acuerdos con los diversos jueces decanos y con la dirección de la Audiencia de Sevilla para establecer unas
condiciones de trabajo idóneas para jueces y fiscales, y tratando al tiempo de
dar una adecuada respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Quiero ser un Fiscal
jefe dialogante, comprensivo, educado y razonable con los fiscales; pero no voy
a ser un Fiscal jefe débil. Si hay que actuar con rigor disciplinario en
supuestos en que haya algún caso de comportamientos de fiscales que perturban
el funcionamiento de la Fiscalía,
actuaré en consecuencia. Por
supuesto, asumiré las responsabilidades personales y no seré alguien aferrado
al cargo. Si me equivoco gravemente, si
pasado un tiempo razonable la plantilla de fiscales (a quienes junto con la
imparcial aplicación de la ley se orientarán mis lealtades) se coloca en franca
oposición a mi gestión, evidentemente no continuaré en el puesto. Yo voy a intentar mejorar la Fiscalía y la
Justicia, no a satisfacer ningún ego personal. Al cabo de los años,
concibo a la Fiscalía de Sevilla como un órgano del Ministerio Fiscal fuerte,
que de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, que procure una Justicia
de calidad, que esté formada por fiscales comprometidos, preparados
técnicamente, dotados de medios materiales y orgullosos de su trabajo; una
Fiscalía respetada por la judicatura y por las instituciones andaluzas y
sevillanas, cumplidora de sus obligaciones y de la cual no quepa reprochar con
fundamento que ha actuado jamás por criterios contrarios a la recta
interpretación de la ley y con igualdad para todos sin excepción: sin ninguna excepción.
Lucharé, dedicando una
parte importante de mis esfuerzos, a hacer la vida de los fiscales en la Fiscalía más agradable; a crear un ambiente de
trabajo positivo; a dar satisfacción a aspiraciones profesionales en función de
criterios objetivos y de eficacia; a ayudar en las dificultades que surjan; a
ayudarles en percibir indemnizaciones por sustituciones a que tengan derecho, a
luchar por aumentar la plantilla, a luchar por incrementar sus retribuciones, a
luchar por avanzar en derechos profesionales y a remover obstáculos que
dificulten la conciliación de la vida personal con la laboral; también a
intentar alcanzar acuerdos con las autoridades locales que hagan más fácil la
vida de los fiscales en Sevilla y su provincia. Pero todo ello, con igualdad entre todos los compañeros: sin
privilegios para nadie. Creo que
nadie conoce mejor las necesidades de su trabajo que quien lo desempeña. Por eso escucharé cualquier posible mejora en
el servicio que venga de los compañeros y tras discutirlas en Junta si es
preciso, las implementaré en la Fiscalía. Exploraré la posibilidad de escanear las carpetillas de Fiscalía, con la
finalidad de remitirlas a los fiscales de manera electrónica, de facilitar la
información del Fiscal en las apelaciones y de que la información que llega a
los fiscales del Tribunal Supremo sea más completa. Intentaré crear
una red Wifi en la Fiscalía, y en
las Salas de vistas, a fin de facilitar la utilización de dispositivos móviles
que hoy son de gran utilidad profesional. Salvo que resulte
imposible, cargaré el programa Skype en cada ordenador de los fiscales a fin de
que puedan mantener comunicación con video entre si y con otros profesionales
que manejen tal aplicación, evitando desplazamientos costosos en tiempo y
dinero. Skype es un sistema de conversación segura (prácticamente
imposible de desencriptar), cuyo uso está siendo ya generalizado por su
gratuidad y seguridad por fiscales y jueces de muchos países europeos y en
Estados Unidos, así como por instituciones de cooperación como Eurojust. Los fiscales vivimos
un aprendizaje durante toda nuestra carrera, a veces bueno y a veces
malo. Intentaré, con el ejemplo, transmitir una idea de compromiso
y lealtad con la ley, con la
ciudadanos. Intentaré proporcionar un aprendizaje bueno, no el
derivado de la indiferencia ante los problemas, el dogmatismo, la prepotencia,
la falta de humilidad o la lealtad a intereses diferentes de la aplicación de
la ley por igual para todos. Intentaré
transmitir la idea de que con temor no se puede administrar una buena
justicia. Intentaré asimismo que los fiscales –abrumados
muchas veces por el trabajo y por penosas condiciones laborales- sean
conscientes de la importancia de su función y que detrás de cada asunto, de
cada papel despachado o de cada juicio hay ciudadanos que valoran a la Fiscalía
y a la Justicia por como actúa cada uno de ellos. Si es precisa la
contratación de fiscales sustitutos la solicitaré sin demora, y cuando ello
ocurra, procuraré respecto de los fiscales sustitutos que se necesiten la formación
suficiente para que la calidad de su trabajo no desmerezca en relación con la
importancia de su función.
Funcionarios. Tengo el convencimiento de que hay que
optimizar todos los recursos de la Fiscalía. En la medida que sea posible y sobre las bases del diálogo, de la
voluntariedad del funcionario afectado y del acuerdo, intentaré aumentar las
responsabilidades de los funcionarios de la Fiscalía contribuyendo si es
posible a descargar a los fiscales de algunas de las tareas que les ocupan
tiempo. Proximidad con el
ciudadano. Acentuaré la proximidad de la Fiscalía respecto de los
ciudadanos. La Fiscalía, en lo posible ha de contar con la ayuda de
los ciudadanos expresada en sus quejas y denuncias. Esa proximidad con el
ciudadano tendrá un reflejo en un requerimiento a la Policía para que actúe en
estrategia de acercamiento de la Fiscalía al ciudadano, compareceré con la
frecuencia que sea precisa ante los medios de comunicación –acompañado del
grupo de fiscales que considere oportuno- para contestar a las preguntas que la
prensa quiera hacer en relación con el trabajo de la
Fiscalía. Sin embargo, evitaré y daré instrucciones para que
así se haga, filtraciones desde la Fiscalía que puedan alimentar la
proliferación de juicios paralelos. No me gusta ese modo de actuar
porque castiga innecesariamente al afectado por la investigación, y además
porque perjudica el resultado final del proceso. Potenciaré la figura del
Portavoz de la Fiscalía.
Especialidades. En este
momento, tengo el pensamiento de mantener la estructura de todos los servicios
de especialistas, pero en el futuro estudiaré su funcionamiento y la
eventualidad de cambios que pueda estimar positivos y que acuerde con los
fiscales. De todos modos, facilitaré la formación de fiscales no
especialistas en aquellas materias hacia las que se sientan inclinados
profesionalmente. Delincuencia
económica. La unidad de la
Fiscalía contra la delincuencia
económica tendrá conmigo un apoyo principal. Hablaré con los
fiscales e incrementaré si es preciso la dotación personal y de medios para que
trabaje a satisfacción. Si es preciso, exploraré las posibilidades
de llegar a acuerdos con la Delegación de Hacienda a fin de intensificar
la cooperación práctica en la investigación de conductas criminales. El
a aquellos supuestos en los que haya mayor prueba, será el de acelerar los procesos
y procurar condenas severas para delincuentes financieros y personas
involucradas en casos de corrupción. Y por supuesto, recuperar la mayor
parte posible del dinero sustraído o defraudado.
internacional Soy un buen
conocedor del funcionamiento y de la normativa de cooperación penal
internacional, así como de las estructuras creadas tanto en nuestro país –y en la Fiscalía- como en Europa, algo a lo que me ayuda
una larga experiencia operativa en la
Fiscalía Anticorrupción, en la
Red Judicial Europea y en el
Tribunal Penal Internacional (donde de los más de tres años de trabajó allí,
durante un tiempo me dediqué a temas de cooperación internacional). También el
haber participado en un buen número de encuentros en el ámbito de EJTN, y de haber
intervenido como experto español en los trabajos preparatorios del Protocolo
Adicional al Convenio de 2000, durante más de un año en Bruselas; y un cierto
dominio del inglés. Utilizaré esos instrumentos cada vez que sea
ámbito de mis competencias. Y lo haré con el sentido práctico que
reclaman los instrumentos internacionales establecidos al efecto, combatiendo
los obstáculos burocráticos que puedan aparecer en el camino. Tengo
contactos personales y profesionales con muchos fiscales y jueces europeos y
algunos norteamericanos, además de buenas relaciones con personas que trabajan
en Eurojust, Europol, y OLAF, y pienso utilizarlos.
Formación. Intentaré
establecer un sistema de formación de fiscales en la propia Fiscalía. Utilizando el modelo del Tribunal Penal Internacional, estableceré con cierta
periodicidad la obligatoriedad de asistir a reuniones de formación, con
e instrucciones, problemas jurídicos diversos, etc.. Negociaré una
retribución adecuada a los ponentes de dichas reuniones con quien haya que
hacerlo, e invitaré como ponentes principalmente a los fiscales de Sevilla,
pero también a abogados, procuradores, forenses, catedráticos, policías o
cualquiera que pueda ayudar a mejorar la calidad del servicio.
Estableceré un
programa semejante específico para los fiscales sustitutos.
Idiomas Facilitaré el estudio de idiomas
a los fiscales de la plantilla, en especial a los más jóvenes. Me parece un error no preocuparse de estos
aspectos ya que en el futuro el conocimiento de otras lenguas será fundamental
para progresar profesionalmente, y el hecho de que los cursos de idiomas del
CEJ estén solo en Madrid supone un problema para fiscales de otros lugares de
España. Quien lo desee, debe encontrar
facilidades para ese aprendizaje. Publicado por