Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2010-agosto.htm
Timestamp: 2020-03-31 19:24:31
Document Index: 365818051

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo34', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 71', 'artículo 241', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 55']

INFORME PRÁCTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
INFORME PRÁCTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010
PARA REGISTROS MERCANTILES
José Ángel García-Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada.
Resumen del resumen:
1. Como disposiciones generales, dignas de interés para los RRMM y de BBMM, reseñamos las siguientes
· El RD 1000/2010 sobre visados colegiales que tiene relación con la última modificación sufrida por la Ley de Sdes. profesionales por la llamada Ley Ómnibus que modificó el apartado 3 del art. 9 dándole nueva redacción en consonancia con la modificación operada en la Ley de Colegios Profesionales por la misma Ley ómnibus. Según dicha modificación a partir de su entrada en vigor sólo será necesario el visado colegial cuando lo solicite el cliente o lo establezca el gobierno por Real decreto (Cfr. Art. 13 Ley 2/1974 de 13 de febrero). Por ello, se suprimió la referencia a los estatutos colegiales y sólo se habla ahora de trabajos profesionales que se sometan a visado, para lo cual habrá de tener en cuenta el RD 1000/2010.
· Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, según la cual las actuales Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba (SEEDs), y Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), con responsabilidad mancomunada entre sus socios deben adaptarse o transformarse, respectivamente, en sociedades anónimas con la denominación de «Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarios, Sociedad Anónima», estableciéndose un único modelo de sociedad de gestión de la puesta a disposición de los trabajadores de estiba
2. Como sentencias sobre resoluciones de interés en nuestro trabajo señalamos las siguientes:
· La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, de 21 de octubre de 2008, que ha devenido firme y afecta a la Resolución de 29 de septiembre de 2005, anulándola. En ella se reconoce claramente que las resoluciones deben dictarse en el plazo perentorio de tres meses establecido y que si así no se hace lo procedente es su anulación por extemporánea. De la misma forma se reconoce de forma palmaria la legitimación del registrador para recurrir.
· La de la AP de Murcia de 3 de Noviembre de 2008, que afecta a la resolución de 21 de Septiembre de 2006, en la que se pone en duda la doctrina de la DGRN de que si existe juicio de suficiencia no es necesario indicar en la escritura los datos de inscripción del administrador en el Registro mercantil, lo que implica que podría no estar inscrito pues  Dicho juicio de suficiencia notarial, útil para obviar la transcripción de facultades, no lo es para acreditar la validez del nombramiento ni para marginar o excluir la calificación de su legalidad . En este mismo sentido es muy importante la resolución de la DGEJ de Cataluña, RESOLUCIÓN JUS/1667/2010, de 22 de abril, en la que se exige claramente, para la inscripción en el Registro de la Propiedad, la inscripción previa del administrador en el Registro Mercantil.
· La de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de Abril de 2008, que afecta a la resolución de 14 de Mayo de 2007, sobre denominación subjetiva admisible. La anula por extemporánea, lo que sentimos pues hubiera sido muy interesante que el Tribunal entrara en el examen del fondo del asunto, dado que las cuestiones que plantean las denominaciones subjetivas en los RRMM son de gran interés para todos.
· También sobre discrepancias entre la denominación utilizada y la que resulta del certificado del Registro Mercantil Central está la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, de 11 de febrero de 2008, que ha devenido firme y que afecta a la Resolución de 17 de julio de 2006, anulándola, y que aunque por ahora se desconoce su contenido, también debe ser interesante pues es un problema que se plantea igualmente con frecuencia en los RRMM.
3. Como resoluciones de propiedad interesantes para los RRMM y de BBMM, reseñamos las siguientes:
· La resolución de 4 de Junio de 2010 que declara, una vez más, que a las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, esto es, antes del 8 de enero de 2001, se les aplica la legislación anterior, siendo la prórroga de duración indefinida y no siendo preciso solicitar nuevas prórrogas.
· La de 7 de Junio de 2010 declarando que no es posible una Anotación de embargo, estando la titular registral declarada en concurso, en base al artículo 54 de la LC, si en el mandamiento nada se dice acerca de que los bienes embargados no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, y ello aunque la providencia ordenando el embargo era anterior a la declaración del concurso.
· La resolución de 11 de Junio de 2010 que declara inscribibles en el Registro de la Propiedad español dos resoluciones judiciales inglesas por las que se declara la apertura de sendos procedimientos concursales frente a dos nacionales ingleses.
4. Resoluciones de mercantil sólo se ha dictado una la de de 29 de julio de 2010, sobre publicidad registral mercantil, de gran interés por delimitar claramente el contenido que deben tener y los requisitos exigibles a las solicitudes de publicidad formal.
5. Sobre cuestiones de interés para las oficinas registrales y notariales, vamos a seguir con el tema estrella del último mes, es decir con el TRLSC.
Una vez entrado en vigor y llegadas a los RRMM las primeras constituciones de sociedades posteriores a 1 de Septiembre de 2010, recordaremos la necesidad de adecuación de las citas de preceptos legales contenidos en los estatutos a los nuevos preceptos del TRLSC. Aunque en el informe del mes pasado nos mostrábamos ciertamente flexibles sobre la materia, a la vista de estas primeras constituciones presentadas, nos parece una necesidad insoslayable dicha adecuación de cita de preceptos legales. Pensemos que las sociedades nacen para perdurar en el tiempo y que probablemente dentro de unos pocos meses y no digamos dentro de unos pocos años, habrán desaparecido de la memoria colectiva los preceptos de las leyes derogadas por el TR y será realmente complicado, no ya encontrar el precepto legal aplicable, sino no tener duda alguna razonable, dada la fecha de otorgamiento de la escritura, acerca de cual sea la norma realmente aplicable. Ahora bien de lo que sí seguimos siendo partidarios es que dicha adecuación puede hacerse o bien cambiando la totalidad de citas legales por la nuevas contenidas en el TRLSC o bien por medio de una DA de los mismos estatutos en la que se exprese que todas las referencias a preceptos legales contenidas en los estatutos sociales, se entienden hechas a los que los sustituyen el nuevo TRLSC.
Por otra parte recordamos también la necesidad de que en los estatutos sociales, tanto de anónimas como de limitadas, conste el número de administradores, o al menos el mínimo y máximo de estos.
Por último, y para terminar este informe, señalemos que hemos advertido el florecimiento de ciertas dudas sobre la aplicabilidad o no del art.56 letra f) relativo a la nulidad de la sociedad, precepto que no comentamos en nuestro resumen independiente.
Según dicha letra podrá declararse la nulidad de la sociedad por no constar en los estatutos la cifra del capital social y las aportaciones de los socios. Pudiera parecer a primera vista que, ante sanción legal tan extrema y radical, a partir de ahora las aportaciones sociales son materia estatutaria, en contra de todas las normas aplicables desde la primera LSA de 1951. Se trata, a nuestro juicio, de una defectuosa traducción del anterior artículo34.1 b) del TRLSA en el que se decía que la sociedad era nula si no se expresaba en la escritura o en los estatutos las aportaciones de los socios. Ahora el recopilador de 2010 ha convertido la disyuntiva o en la copulativa y dando lugar a las dudas y confusiones, máxime cuando todos esperábamos que en la corrección de errores del TR se corrigiera este error como se hizo con el relativo a los bonos de fundador.
Como es lógico la doctrina correcta es la que emanaba de las antiguas leyes mercantiles en las cuales toda la materia relativa a las aportaciones sociales era objeto y contenido de la escritura y no de los estatutos. A esta conclusión además se puede llegar a través del examen del mismo TRLSC. Así el mismo art. 56 en su apartado c) nos señala como causa de nulidad el de no expresarse en la escritura de constitución las aportaciones de los socios. Por su parte el art. 23 del TRLSC relativo al contenido de los estatutos para nada cita las aportaciones sociales como su contenido propio y al contrario el art. 22, con tenido de la escritura, señala expresamente que en ella deben constar las aportaciones sociales. Por tanto ante normas contradictorias dentro del mismo texto legal es obvio que deben prevalecer, -por analogía con el principio general del derecho de que en caso de dos remisiones legales contradictorias, la 1ª excluye la 2ª-, las primeras en numeración, es decir los artículos 22, 23 y el apartado c) del mismo art. 56 y ello sin contar con los antecedentes legislativos, la tradición unánime y la misma naturaleza de los estatutos como norma corporativa, que nos llevan a la misma conclusión.
Por tanto dicho artículo no supone ningún cambio de criterio. Ahora, como antes, todo lo relativo a las aportaciones sociales debe ser materia de la escritura y no de los estatutos y no creemos que ningún tribunal vaya a declarar la nulidad de una sociedad por no constar en estatutos las aportaciones sociales, si dichas aportaciones constan, como debe ser, en la escritura de constitución de la sociedad.
*VISADOS COLEGIALES. Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
La Ley Ómnibus incluyó, entre las leyes modificadas, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con esta doctrina sobre los visados:
- Los Colegios de profesiones técnicas no podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales. Sólo los visarán cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas actuando como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno.
- Su objeto es comprobar, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional.
- Debe de concretar su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad subsidiaria que asume el Colegio.
- Su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.
- Se otorga al Gobierno la potestad de establecer los trabajos profesionales que exigirán visado obligatorio atendiendo a la necesaria existencia de una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y a la acreditación de que el visado es el medio de control más proporcionado.
Este real decreto determina los trabajos profesionales que, por quedar acreditada su necesidad y proporcionalidad entre otras alternativas posibles, obligatoriamente deben obtener el visado colegial, como excepción a la libertad de elección del cliente.
Lo en él regulado no obsta para que puedan existir otros trabajos profesionales que se sometan a visado colegial cuando así lo solicite voluntariamente el cliente.
El artículo 2 establece, con carácter exclusivo y excluyente, cuándo es obligatorio obtener el visado colegial. Los casos enumerados, de la a) a la 1) son muchos menos de los existentes hasta el momento, pues se suprimen 71. Entre los que quedan, son de destacar:
Excepción: No es obligatorio visar cuando el trabajo profesional deba presentarse ante la oficina de supervisión de proyectos de la Administración pública competente.
El artículo 3 establece el visado único aunque el trabajo se desarrolle en proyectos parciales.
Colegio profesional competente.
- El profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesional competente en la materia principal del trabajo profesional, que será la que ejerza el profesional responsable del conjunto del trabajo. Cuando haya varios colegios profesionales competentes en la materia, el profesional podrá obtener el visado en cualquiera de ellos.
- En los finales de obra, la materia principal comprende la dirección de obra y la dirección de ejecución de obra, por lo que bastará el visado de un colegio profesional competente en cualquiera de estas materias.
- Cuando una organización colegial se estructure en colegios profesionales de ámbito inferior al nacional, el profesional firmante del trabajo cuyo visado sea obligatorio podrá obtener el visado en cualquiera de ellos.
Momento. El visado obligatorio deberá obtenerse antes de presentar el trabajo profesional, en su caso, ante la Administración Pública competente. En ningún caso será posible el visado posterior a esa presentación.
Profesionales comunitarios. Los profesionales establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea deberán visar sus trabajos profesionales, cuando presten servicios en España en régimen de libre prestación sin establecimiento, en los mismos términos que los profesionales españoles, de acuerdo con lo previsto en este real decreto.
Los órganos de contratación de la Administración General del Estado no exigirán el visado colegial que no sea obligatorio.
Se derogan las disposiciones relativas al visado incluidas en los estatutos de corporaciones colegiales y demás normas internas colegiales, en aquello en que se opongan a lo aquí dispuesto.
Este real decreto se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Entrada en vigor: el 1º de octubre de 2010. Los trabajos profesionales presentados antes se regirán por la normativa vigente en el momento de presentación de dicha solicitud en el Colegio.
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PUERTOS. Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
Esta Ley refuerza la normativa que, partiendo de la Ley 27/1992, instauró los principios de autonomía de gestión y autosuficiencia económico-financiera de los puertos de interés general. Se ratifica la condición de tasas de las tarifas portuarias, ya introducida en la Ley 48/2003
Transformación en sociedades anónimas. Las entidades de puesta a disposición de personal estibador se acogen a dos figuras que coexisten actualmente, Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba (SEEDs), en las que las Autoridades Portuarias disponían de un 51% del capital social, y Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), con responsabilidad mancomunada entre sus socios y en las que se integran exclusivamente las empresas estibadoras. Se dispone que se adapten o trasformen, respectivamente, en sociedades anónimas con la denominación de «Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarios, Sociedad Anónima», estableciéndose un único modelo de sociedad de gestión de la puesta a disposición de los trabajadores de estiba.
Concesiones demaniales. Se modifica la regulación de la revisión, división y unificación, así como del rescate de las concesiones demaniales, con el objeto de que queden regulados con mayor seguridad jurídica todos los supuestos que pueden presentarse a los concesionarios y a la Autoridad Portuaria. El procedimiento de otorgamiento de una concesión se podrá iniciar a solicitud del interesado, incluyendo un trámite de competencia de proyectos, o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria, pero también se enumeran casos en que cabe el otorgamiento directo por la Autoridad Portuaria.
Texto Refundido. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses (antes del 7 de febrero de 2011), elabore un texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general y de esta ley.
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ARAGÓN. Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.
Se trata de adaptar la Ley de 1998 a las novedades legislativas habidas, en especial, el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, el cual, en su artículo 71.31.ª, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de «Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, que incluye la regulación de su organización, funcionamiento y régimen económico, así como el fomento del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social».
Las modificaciones que se introducen responden a un triple objetivo:
- dotar a este tipo de sociedades de mecanismos de actuación más ágiles y modernos que les permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias;
- adaptar su régimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado internacionalmente sobre la base de la normativa de la Unión Europea;
- e introducir diversas modificaciones de carácter sectorial en el ámbito de las Cooperativas de Trabajo Asociado, de las Cooperativas Agrarias y de las Cooperativas de Viviendas.
Citemos algunas modificaciones concretas:
- Se definen más claramente aquellas actividades que la cooperativa puede llevar a cabo directamente con terceros no socios, por tener carácter meramente preparatorio, accesorio, complementario, subordinado o instrumental.
- En el Registro de Cooperativas, se prevé la adopción de los medios de gestión telemática.
- El número mínimo de socios se reduce a tres con carácter general, con excepciones.
- Respecto a los órganos sociales, se introduce la posibilidad de utilizar medios electrónicos o telemáticos para su convocatoria.
- Se establece la obligación de que en la Asamblea General Universal estén presentes de forma directa todos los socios de la cooperativa y se procede a una mejor delimitación de las facultades que pueden ser delegadas o no por el Consejo Rector y de la posición de este órgano social en relación con la figura del director o gerente.
- Se fija un capital social mínimo que no habrá de ser inferior a tres mil euros.
- Se abre la posibilidad a la adquisición en cartera de participaciones por la propia cooperativa.
- Varía el destino del remanente en los casos de disolución y liquidación o transformación, siendo principales beneficiarias las Federaciones de Cooperativas.
- Se extiende a todas las clases de cooperativas de la facultad de poder llevar a cabo actividades que, en principio, son propias de otras pertenecientes a clase distinta.
- En las Cooperativas de Trabajo Asociado, se introduce la posibilidad de constituir la cooperativa con solo dos socios trabajadores a través de la implantación de la nueva figura de la «Pequeña Empresa Cooperativa», a la que también se le facilitan los trámites de constitución y registro.
- Respecto a las Cooperativas de Viviendas, se ha llevado a cabo una reforma general, tratando aspectos relativos a su organización, gestión y régimen económico-financiero, con el fin principal de adaptarlas a la normativa que regula la vivienda protegida. También se pormenoriza en la regulación de las gestoras de viviendas, se crea la figura del promotor social de vivienda protegida y se desarrolla la normativa relativa a la construcción por fases o promociones.
- Se habilita al Gobierno de Aragón para que regule las sociedades agrarias de transformación, dada su naturaleza de entidades asimilables a las cooperativas.
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CATALUÑA. Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
Esta ley tiene por objeto garantizar la defensa y la protección de los derechos de las personas consumidoras y establecer, en el ámbito territorial de Cataluña, los principios y normas que deben regirlas para mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras.
Desde el punto de vista formal, tiene una curiosa numeración de los artículos, importada en Cataluña por el Código civil, en la que la cifra inicial corresponde al Libro, Título y Capítulo correspondiente.
Cuenta con tres libros: el libro primero contiene las disposiciones generales, el libro segundo regula los aspectos relativos a las relaciones de consumo y el libro tercero se dedica a la disciplina del mercado y los derechos de las personas consumidoras.
Adquisición de inmuebles: Se regula en el artículo 241-1 la información que ha de darse en la oferta para la venta de inmuebles.
- Debe facilitarse información suficiente sobre sus condiciones esenciales antes de que el comprador adelante cualquier cantidad a cuenta.
- Debe informarse de la titularidad jurídica, las cargas y los gravámenes, las condiciones de uso, los servicios que existan, los gastos previsibles de mantenimiento, las condiciones económicas y de financiación de la oferta y, si es posible, los gastos previsibles de mantenimiento y los importes de los tributos que graven la propiedad.
- Debe suministrarse información sobre los tipos de garantía, los plazos, las cuantías y los medios para reclamar su ejecución establecidos por la normativa aplicable.
Resolución extrajudicial de conflictos. Se regula en el Título III del Libro I.
- Se parte de la canalización de los conflictos mediante la mediación y el arbitraje de consumo, respetando su carácter voluntario y la vinculación de los acuerdos.
- Se regula la mediación tomando en consideración los principios que la fundamentan: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y universalidad relativa a cualquier tema en cualquier asunto que afecte a los consumidores catalanes.
Registro de servicios públicos de consumo de Cataluña. Según el art. 126-11, los servicios públicos de consumo que realicen sus actividades en el ámbito territorial de Cataluña deben inscribirse en el Registro de servicios públicos de consumo de Cataluña, con finalidades informativas. Este registro depende de la Agencia Catalana de Consumo. .Se enumeran las funciones que deben de inscribirse.
Entrada en vigor: el 23 de agosto de 2010.
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INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Circular 1/2010, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de información reservada de las entidades que prestan servicios de inversión.
La información la deben de remitir:
a. Empresas de servicios de inversión mencionadas en el artículo 64 de la Ley del Mercado de Valores.
b. Entidades de crédito mencionadas en el artículo 65 de la Ley del Mercado de Valores.
c. Determinadas entidades extranjeras autorizadas para la prestación de servicios de inversión y auxiliares en territorio español:
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ILLES BALEARS. Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Integran dicho sector público instrumental los entes que se relacionan a continuación, siempre y cuando se encuentren bajo la dependencia o vinculación de la Administración de la comunidad autónoma:
Sociedades mercantiles públicas. La creación de sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las eventuales modificaciones de la escritura pública de constitución, así como los actos de adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, directa o indirecta, de la comunidad autónoma y la extinción de la entidad, requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno.
Fundaciones del sector público. La creación, la modificación de la escritura de constitución y la extinción de fundaciones del sector público requieren el acuerdo previo del Consejo de Gobierno. También requieren acuerdo las cesiones o aportaciones de bienes y derechos a una fundación previamente constituida cuando, como consecuencia de éstas, se dé la circunstancia referida en el artículo 55.1 de la presente ley, así como los actos o negocios que determinen la pérdida del carácter de fundación del sector público autonómico.
En el plazo de un año se creará y regulará un registro de entidades del sector público instrumental, como instrumento de publicidad de los principales datos y actuaciones de estas entidades.
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SOCIEDADES DE CAPITAL. Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ver la Ley corregida.
Ver página especial.
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*RECURSO GUBERNATIVO CATALUÑA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1017-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.
Se mantiene la suspensión acordada, salvo los incisos siguientes:
- Art. 3.4: «y al menos uno se basa en normas del derecho catalán o en su infracción» e
- Art. 3.4: «incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del derecho catalán»
- Art. 1: por conexión, del inciso «o junto con otros motivos»
Se levanta la suspensión en lo restante de los arts. 1 y 3.4 y de los arts. 3.3 y 7.2 de dicha Ley.
Ver resumen de la Ley.
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RESOLUCIONES MERCANTIL:
Granada, a 14 de septiembre de 2010.
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