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Timestamp: 2018-11-16 10:01:40
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Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 1', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 459', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 450']

﻿ Sentencia 35766 de abril 17 de 2013
SENTENCIA 35766 DE 17 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:DESPIDO SIN JUSTA CAUSA. LA RESPONSABILIDAD GREMIAL POR EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE PARTICIPÓ EN UN CESE DE ACTIVIDADES DECLARADO ILEGAL TIENE UNA REGULACIÓN DISTINTA A LA TERMINACIÓN CON JUSTA CAUSA DEL CONTRATO LABORAL. LOS ASPECTOS DISCIPLINARIOS DEL TRABAJO, QUE SON POR ESENCIA DE CARÁCTER CORRECTIVO Y POR TANTO PREVISTOS EN ESTATUTOS INTERNOS DE LA EMPRESA Y FRENTE A CIERTO TIPO DE FUNCIONARIOS POR CÓDIGOS DICTADOS POR EL LEGISLADOR DE TURNO, NO PUEDEN CONFUNDIRSE CON LAS JUSTAS CAUSAS DEL DESPIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO, ECOPETROL, FUERO SINDICAL CIRCUNSTANCIAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:499 DE JULIO DE 2013, PG.1150
Sentencia 35766 de abril 17 de 2013
Rad. 35.766
No obstante que la ‘falta de aplicación’ no es una modalidad de violación de la ley del trabajo, en tanto que en ninguna de las causales legales del recurso de casación se contempla, sin embargo, cuando se trata de la violación directa de la ley, la jurisprudencia lo ha asimilado a la infracción directa, que se configura cuando el sentenciador no aplica al caso la norma que corresponde por rebeldía o por ignorancia; en cambio, cuando se refiere a la violación indirecta se ha asimilado a la aplicación indebida, en tanto el juzgador la aplica en sentido negativo, es decir, cuando no encuentra los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, tal cual lo consagra en materia de la carga de la prueba el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En ese orden, lo cierto es que de los medios de convicción denunciados objetivamente lo que surge es lo siguiente:
1. La respuesta de la jefe de la Unidad de Litigio Laboral de Ecopetrol visible a folio 395 por sí misma no indica fecha alguna del conocimiento por parte de la empresa del conflicto económico suscitado por la agremiación sindical USO. Y la documentación que la acompaña (fls. 396-470) contiene el pliego de peticiones con fecha como parte de su título de 28 de noviembre de 2002, fecha que igualmente se registra como de presentación personal ante notaría por parte del secretario general de la agremiación sindical (fl. 470), pero sin que aparezca fecha alguna de recepción por parte de Ecopetrol S.A.
2. La comunicación de octubre 10 de 2005, con fecha de recibido por el Juzgado el 27 de octubre de 2005 (fl. 387), dirigida por el Secretario General de la USO, refiere la remisión al Ministerio de Protección Social y a la empresa demandada de la denuncia de la convención colectiva de trabajo por parte de esa agremiación y de su pliego de peticiones. Allí tampoco aparece la fecha de recepción de la susodicha documentación por parte de Ecopetrol S.A., ni de la documentación que la acompaña (fls. 388-394).
3. Los documentos que fueron remitidos por el secretario general de la USO al tribunal (fls. 253 y ss. del cdno. anexo 1), con la pretensión de que se tuvieran como prueba en la segunda instancia, y que en el cargo el recurrente acepta que fueron “agregados por la USO en forma inoportuna” (fl. 16 cdno. de la Corte), fueron expresamente desestimados como medios de prueba por el juez de la alzada al concluir que: 1º) el oficio inicialmente enviado a esa agremiación ya había sido contestado y su respuesta se incorporó oportunamente al proceso; 2º) no se trataba de “una prueba dejada de practicar sino de una cuya respuesta no es eficaz para demostrar el hecho de la demanda que se pretende probar, circunstancia de la que no se percató la apoderad del actor sino hasta que el juzgado puso de presente en la sentencia la falencia probatoria”; y 3º) esos documentos “fueron incorporados inoportunamente al proceso vencidas ya las etapas previstas en la ley procesal para su debida contradicción y publicidad”.
Ninguno de los anteriores argumentos mereció reparo alguno al recurrente al proponer su estudio por la vía indirecta de violación de la ley, cuando quiera que ellos fueron los sustentos esenciales del tribunal de no tenerlos como pruebas del proceso. En consecuencia, por no haber sido atacados quedan incólumes y respecto de ellos la sentencia conserva a plenitud las presunciones de legalidad y acierto que la cobijan.
Lo anterior obliga a la Corte a recordar que de nada sirve que el recurrente ataque uno a algunos de los varios que fueron los basamentos esenciales y determinantes del fallo atacado, pues, por razón de las presunciones de acierto y legalidad que revisten el fallo del juez de la alzada, es de su cargo derruir todos y cada uno de ellos, de manera que, de subsistir uno solo la sentencia permanecerá incólume. En este caso, la robustez del razonamiento del juzgador de que determinado cúmulo de documentos que se adosaron en curso de la segunda instancia no podía ser tenidos como prueba por los motivos ya anunciados, es decir, de carecer de validez y eficacia jurídica para las resultas del proceso, impide a la Corte establecer su fuerza probatoria o material, pues, en tanto de ellos se pregone tal precariedad no es dado proceder a su examen.
Pero lo que aparece más reprochable al cargo, a este particular respecto, es que se haya olvidado por el recurrente que la aducción, práctica y valoración de los medios de prueba es asunto que compete a la vía directa de violación de la ley, que no a la indirecta, que fue por la que se enderezó el presente cargo, habida consideración de tener que demostrarse por el recurrente la violación medio de las normas que gobiernan estos aspectos del fenómeno probatorio en el proceso, como canal o vehículo de las de orden sustancial del trabajo o de la seguridad social que ocupan su campo de atención o estudio.
4. En síntesis, al restringirse el cargo a la protección foral de que se ha hecho cita, mecanismo que a voces del juzgador procede “conforme al artículo 25 del Decreto-Ley 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978 y a la interpretación jurisprudencial (...), desde la iniciación del conflicto, durante toda la negociación colectiva hasta la solución del mismo, pues la norma establece que esta protección cobija a los trabajadores afiliados a un sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones desde el momento de presentación al empleador hasta cuando se haya solucionado el conflicto mediante la firma de la convención o el pacto o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral si fuere el caso”; y no haberse acreditado que la fecha de inicio del referido conflicto colectivo precedió a la del despido del trabajador, no incurrió el tribunal en los yerros que en el cargo se le predican, sin que para ello tuviere la importancia reclamada por el recurrente de la notoriedad del cese colectivo del trabajo, pues una cosa era que el dicho cese se hubiere producido, lo que bien podía ser conocido por una media poblacional de la época, y otra muy distinta, que por ese camino se pudiera establecer que el pliego de peticiones y la denuncia de la convención colectiva de trabajo por parte de la agremiación sindical hubiere sido conocida por la empresa en una específica fecha, que era lo que al caso interesaba.
Acusa la sentencia de aplicar indebidamente el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual condujo a la también aplicación indebida —como violación medio— de los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, en relación con los artículos 49, 61 y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 1º del Decreto 2164 de 1959, 432, 433, 434, 435, 436, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 467, 468, 469, 470, 471, 477, 479 y 479, “en armonía” con los artículos 1º, 3º, 5º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 55, 56, 57-4, 59, 62, 142, 340, 343, 354, 358, 373, 374, 375 y 415 “de la misma obra”, y 4, 6, 17, 23 y 25 de la Ley 734 de 2002, en relación con los artículos 1º, 2º, 4º, 11, 13, 25, 29, 39, 53 y 55 de la Constitución Política.
Asevera el recurrente que el tribunal incurrió en la aplicación indebida del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, pues dio por probado que él había participado activamente en el cese colectivo de actividades adelantado en la empresa, cuando quiera que la justas causas de terminación del contrato de trabajo no están en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo sino en el 62 de la misma obra; y dicho precepto solo “puede invocarse en el caso de que sea declarado ilegal un cese colectivo de actividades, siempre y cuando, se observe el procedimiento establecido en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1959”, pues este es un debido proceso constitucional, “cuya inobservancia genera la nulidad del despido, porque ante tal situación es inaplicable el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el 451 de la misma obra”.
La replicante señala que al no atacar los hechos del proceso, el cargo no tiene vocación de prosperidad, pues lo que obviamente ocurrió al tenerse por probada la ilegalidad del cese colectivo de actividades, fue que se aplicara el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, el despido de quienes allí participaron.
No incurrió el tribunal en la violación de la ley que indica al recurrente en el cargo al concluir, de la documentación adelantada ante el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social (fls. 99 y ss. y 901 y ss.), el acta levantada por el representante de la autoridad administrativa del trabajo que practicó la visita a las instalaciones de la empresa para verificar el cierre y sus participantes (fls. 303 y ss.); el informe del supervisor de vigilancia Salomón Baraque Cléver (fl. 315), el documento emanado de Gustavo Zúñiga (fl. 318); y las versiones de Juan Sanfeliu Yinas (fl. 319), Carlos Eduardo Bustill (fls. 323 y ss.) y el supervisor de seguridad (fl. 322) que: 1º) estaba demostrada “la realización del cese de actividades y su ilegalidad”, así como 2º) “la circunstancia de que el demandante se encontrara con permiso sindical no le impidió participar activamente en el cese de actividades”, de donde su despido resultaba válido.
Y si bien el tribunal asentó que “la Sala encuentra demostrada la participación activa del trabajador en el cese ilegal de actividades varias veces mencionado, conducta consagrada en el numeral 2º del artículo 459 (sic) del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social (sic) como justa causa para dar por terminado el vínculo laboral”, con lo cual pareciera haber entendido que existían otras justas causas distintas a las previstas por el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para que el empleador diera por terminado con justa causa el contrato de trabajo, tal aserción no tiene la trascendencia pretendida por el recurrente, pues en modo alguno con ella se desconoció que los hechos probados acreditaban que, como lo afirmara la empresa demandada en la carta de despido, “Ecopetrol dio por terminado su contrato de trabajo por haber promovido, orientado y participado junto con otros dirigentes de la USO y trabajadores temporales de Ecopetrol (...), un cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio del Trabajo, llevado a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2002”, cuestión que sí observó el juzgador en la referida carta (fls. 59 y 60), donde se le precisa a este por la empresa que tales comportamientos dan lugar a la ruptura del contrato, “de conformidad con los artículos 84 y 85 del reglamente[sic] interno de trabajo y artículo 6º del Decreto 2351 de 1965, ordinal a), numeral 6º”, esto es, “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 a 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”.
Así las cosas, la imprecisión del tribunal no reviste mayor alcance ante la robustez de los que fueron los razonamientos probatorios que dieron paso a que concluyera que la condena impuesta por el juzgador de primer grado al pago de una indemnización por despido debía revocarse, “pues el a quo no efectuó ningún análisis probatorio para concluir que no está demostrada la justa causa invocada”.
De lo que viene, no prospera el cargo.
Acusa la sentencia de ‘falta de aplicación’ de los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo y 4º, 6º, 17, 23, 24 y 25 de la Ley 734 de 2002. Violación de la ley que conllevó a la aplicación indebida del artículos 450 del Código Sustantivo del Trabajo, 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, en relación con los artículos 49, 61 y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social —como violación medio— y 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1959, lo que condujo a la violación de los artículos 432, 433, 434, 435, 436, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 467, 468, 469, 470, 471, 477, 479 y 479, al parecer del mismo código, “en armonía” con los artículos 1º, 3º, 5º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 55, 56, 57-4, 59, 62, 142, 340, 343, 354, 358, 373, 374, 375 y 415 “de la misma obra”, en relación con los artículos 1º, 2º, 4º, 11, 13, 25, 29, 39, 53 y 55 de la Constitución Política.
Esa clase de violación que atribuye al fallo, afirma el recurrente, llevó al juzgador a cometer los siguientes que singulariza como errores de hecho:
“1. Dar por demostrado sin estarlo, que la justa causa para despedir al trabajador la constituía la declaratoria de ilegalidad del cese colectivo de actividades hecho por el Ministerio de la Protección Social.
2. No dar por demostrado estándolo, que las justas causas alegadas por la empresa fueron muy distintas a la considerada por el tribunal (...).
3. No dar por demostrado estándolo que los motivos invocados por la empresa para despedir al señor Abel Pérez Triana no constituyen justas causas en los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo (...).
4. Dar por demostrado sin estarlo, que la empresa demandada cumplió el procedimiento legal para despedir al trabajador demandante.
5. No dar por demostrado estándolo, que Ecopetrol S.A. no agotó antes del despido el procedimiento disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002 para determinar y probar la existencia de la justa causa invocada en la carta con la cual termina el contrato (...).
6. No dar por demostrado estándolo, que son inexistentes las justas causa alegadas por la empresa”.
Pasa a desarrollar el cargo y a ese respecto afirma el recurrente que ninguna de las ‘causales’ a las que se refieren los artículos 48 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo corresponden a las que le fueron imputadas en la carta de despido, pues él no incumplió ninguna de sus preceptivas, simplemente lo que hizo frente al cese colectivo de trabajadores fue cumplir “una directriz ordenada por las Asamblea General de la Seccional Cartagena de la USO”; y si la empresa consideró que su conducta se enmarcaba en aquellas hipótesis legales debió adelantarle el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002, de manera que como eso no ocurrió no están probadas las justas causas para su despido.
Para la opositora el cargo está técnicamente mal orientado por referir la vía indirecta de violación de la ley pero no aludir a las pruebas del proceso; y desconocer que el tribunal dio por probado que el incumplió sus deberes como trabajador y por tanto fue que se le despidió.
Acusa la sentencia de ‘falta de aplicación’ de los artículos 4º, 6º, 17, 23, 24 y 25 de la Ley 734 de 2002 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Violación de la ley que conllevó a la aplicación indebida del artículos 450 del Código Sustantivo del Trabajo, 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, en relación con los artículos 49, 61 y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social —como violación medio— y 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1959, lo que condujo a la violación de los artículos 432, 433, 434, 435, 436, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 467, 468, 469, 470, 471, 477, 479 y 479, al parecer del mismo código, “en armonía” con los artículos 1º, 3º, 5º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 55, 56, 57-4, 59, 62, 142, 340, 343, 354, 358, 373, 374, 375 y 415 “de la misma obra”, en relación con los artículos 1º, 2º, 4º, 11, 13, 25, 29, 39, 53 y 55 de la Constitución Política; y en su demostración reproduce los argumentos del anterior cargo en cuanto a que no le fue adelantado el procedimiento disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002, si era que las causas de su despido se relacionaban con su participación en el cese colectivo de actividades que fue declarado ilegal por la autoridad administrativa del trabajo en aquella época.
Indica en capítulo separado que como tribunal de instancia la Corte debe modificar el fallo de segundo grado para restablecerlo en sus derechos.
La opositora alega que al enderezarse el cargo por vía directa, quedan en firme las conclusiones probatorias del juzgador, pues el hecho de que se ocupa no fue materia de estudio en la alzada.
XVI. Consideraciones de la Corte
Para estos dos últimos cargos la queja del recurrente se centra en que el tribunal desconoció que para podérsele despedir la empresa debió adelantarle el proceso disciplinario de que trata el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002. En el tercero agrega que su comportamiento no es justa causa de despido, pues simplemente fue la ejecución de la voluntad del ente gremial al que estaba afiliado.
Pues bien, respecto de lo primero es suficiente decir que ya la Corte ha estudiado en varias oportunidades similar planteamiento al aquí propuesto llegando a concluir que los aspectos disciplinarios del trabajo, que son por esencia de carácter correctivo y por tanto previstos en estatuto internos de la empresa y frente a cierto tipo de funcionarios públicos por códigos dictados por el legislador de turno, no pueden confundirse con las justas causas del despido, es decir, las que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo a instancia del empleador.
Así, en sentencia de 25 de enero de 2011 (Rad. 37.568), al resolver idénticos argumentos a los aquí esgrimidos por otro de los servidores de la demandada en circunstancias de terminación del contrato comunes a las aquí estudiadas, asentó lo siguiente:
“La controversia que la acusación suscita, se dirige a establecer sí[sic] el tribunal se equivoca al no declarar la ineficacia del despido del demandante, trabajador oficial, cuando se iniciaba el conflicto colectivo con la empresa sin que, a través del procedimiento dispuesto en la Ley 734 de 2002, se probara la existencia o no de las justas causas que la demandada invocara o, si por el contrario, como lo señala el ad quem, para los efectos de la extinción unilateral del contrato de trabajo, por las motivaciones expuestas por Ecopetrol, promover cese ilegal de actividades...,prevista en el reglamento interno de la demandada, no se aplica la indicada preceptiva disciplinaria.
El tribunal, para establecer que el examen de los hechos determinantes del despido no requería del trámite previsto en la Ley 734 de 2002, acogió doctrina jurisprudencial que no reconoce naturaleza correctiva en el despido y no, como lo indica el recurrente, por predicar el sometimiento del demandante al Código Sustantivo del Trabajo.
La consideración del superior respecto a la anotada controversia y a su referencia jurisprudencial, en el que se indica por esta Sala que el despido no representa sanción disciplinaria, es enmarcada dentro del contexto de la discusión en torno a si, con la expedición de la Ley 200 de 1995 o de la Ley 732 de 2002, continúan vigentes y por tanto son aplicables las disposiciones que en el Código Sustantivo del Trabajo o en el Decreto 2127 de 1945, establecen las denominadas justas causas para despedir.
La Corte, al respecto, que ha reconocido el continuado vigor de estas disposiciones, señala a la vez que los preceptos disciplinarios solo corresponde aplicarlos para las conductas de los trabajadores calificadas como gravísimas en el estatuto disciplinario como se indicara en Sentencia de Radicación 26928 del 26 de septiembre de 2006 en la que se expresó:
‘Por eso se concluye que las justas causas previstas en el Decreto 2127 de 1945 para terminar el contrato de trabajo, por parte del trabajador o del empleador, continúan vigentes y frente a ellas, se mantiene la misma regulación y el tratamiento que ha sido identificado por la jurisprudencia, que ha reiterado que el despido partiendo de las causales previstas en el Decreto 2127 de 1945, como también de las señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo, no corresponde a una medida en estricto sentido de carácter sancionatorio, por lo que en relación con estas no procede la aplicación del trámite contemplado en el Código Disciplinario, el cual, por ser propio de tal estatuto, opera solo frente a las conductas tipificadas en el mismo como configurantes de faltas gravísimas y como tales, de justas causas, también, de terminación de los contratos de trabajo. Además, como ya lo ha señalado esta Sala, frente a las faltas gravísimas, que también configuran justas causas de despido, solo procede el trámite previsto en la Ley 200 de 1995, a la que hacen expresa referencia estas consideraciones, por lo que en consecuencia, el procedimiento previsto en ella, desplaza cualquier trámite convencional establecido como previo para terminar el contrato por justa causa, originadas en el acaecimiento de una falta calificada en él como gravísima’.
‘La sentencia anterior, reiterada en la de Radicación 33936 de mayo 19 de 2009, acoge los criterios expuestos en resoluciones del mismo carácter 18823 de 25 de noviembre de 2002; 21120 del 28 de agosto de 2003, entre otras’”.
Y en lo tocante con el agregado que se hace en el tercero de los cargos, relativo al cumplimiento de directivas sindicales en el cese colectivo de actividades, basta decir que, aparte de constituir un medio nuevo inadmisible en casación, por referir hechos que no fueron oportunamente propuestos y acreditados en las instancias, y plantearse a espaldas del derecho de defensa y contradicción de la demandada, lo cierto es que, al haberse declarado ilegal el cese de actividades de que dan cuenta los autos, quienes hubieran intervenido o participado activamente en él, como aquí quedo demostrado ocurrió con el recurrente, podían ser despedidos a iniciativa de su empleador, conforme a los justas causas de terminación del contrato de trabajo previstas en la ley o en los restantes instrumentos de que tratan las disposiciones pertinentes, que fue lo que igualmente aquí se dio por probado. La responsabilidad gremial frente a tal proceder es cuestión distinta y regulada por disposiciones como el mismo artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en atención a lo también previsto por otras, como los artículos 374, 379, 380 y 381 del mismo estatuto sustantivo del trabajo.
De lo dicho, no prosperan los cargos.
Al no tener prosperidad el recurso extraordinario, que fue objeto de réplica, las costas son a cargo de la parte recurrente. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 9 de agosto de 2007 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el proceso que Abel Triana Pérez promovió contra Ecopetrol S.A. (antes Empresa Colombiana de Petróleos ‘Ecopetrol’).