Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/731105101
Timestamp: 2019-01-24 06:26:23
Document Index: 308104056

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 310', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 306', 'artículo 4', 'Artículo 22', 'Artículo 15', 'artículo 42', 'Artículo 310', 'Artículo 18', 'artículo 14']

Sentencia de Tutela nº 242/18 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 731105101
Actor: SANDRA MILENA ORDOÑEZ ACUÑA
Demandado: GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Expediente: T-6307258
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR FRENTE AL CONTROL DE DENSIDAD POBLACIONAL EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES. Se pide al juez constitucional amparar los derechos fundamentales de la accionante y de su familia y, en consecuencia, ordenar a la OCCRE revocar el acto administrativo que dispuso su expulsión de la Isla por no contar con residencia autorizada por las autoridades competentes. La anterior decisión se adoptó a pesar de que convivir en unión libre con un nativo desde hace cinco años y concebir en dicha relación dos niños nacidos allí. Se aborda temática relacionada con: 1º. El marco constitucional y el desarrollo jurisprudencial sobre la protección de las familias y el derecho a la unidad familiar y, 2º. El régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la unidad familiar y al cuidado y amor de los niños y niñas, tanto de la peticionaria como de sus hijos menores de edad. Se deja sin efectos el acto administrativo que declaró en situación irregular a la peticionaria y la sancionó con la devolución al último lugar de embarque, para que en su lugar se emita una nueva resolución mediante la cual se le otorgue la residencia permanente. Recibo Relatoria:
Sentencia T-242/18
Acción de tutela presentada por S.M.O.A. contra la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado J.F.R.C. y las M.C.P.S. y G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente
En la revisión de la providencia del 6 de diciembre de 2017 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que confirmó el fallo del 8 de marzo de 2017 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés Islas, dentro de la acción de tutela promovida por S.M.O.A. contra la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
El expediente llegó a la Corte Constitucional en virtud de lo ordenado por los artículos 86 (inciso 2°) de la Constitución y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto del 25 de agosto de 2017, la Sala de Selección de Tutelas número ocho de esta Corporación lo escogió para su revisión y lo asignó a la Magistrada Sustanciadora para su elaboración[1].
La señora S.M.O.A., originaria del municipio de Gigante, H., convivió en unión libre con el señor E. de J.V.Á., nativo de la Isla de S.A., durante cinco años en la misma Isla. Durante su unión concibieron dos niños de dos y tres años, nacidos en San Andrés.
Así mismo, en el escrito de tutela solicitó como medida cautelar que el juez de tutela derogara el acto administrativo que ordenó la expulsión de la señora O.A. y argumentó que tal medida la solicitaba “para así evitar que mis menores hijos queden en desprotección”[2].
Mediante Auto del 23 de febrero de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y S.C. admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la Gobernación departamental y a la OCCRE para que informaran al despacho sobre el contenido de la acción de tutela presentada por S.M.O.A..
Por otro lado, el despacho no accedió a la medida provisional solicitada al considerar que “se puede evidenciar que esa presunta amenaza no es inminente y no existe una urgencia que pueda este fallador judicial ordenar de forma inmediata la medida provisional”[3].
El Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia del 8 de marzo de 2017, declaró improcedente la acción de tutela invocada por la señora S.M.O.A..
El despacho expuso que se tendrían por ciertos los hechos expuestos por la accionante dado que las entidades accionadas no rindieron informe dentro del trámite. En segundo lugar, consideró que no se demostró por parte de la accionante el agotamiento de todos los mecanismos de defensa judicial “tales como el recurso ordinario de reposición y apelación contra el acto administrativo expedido por la OCCRE, sino también los extraordinarios y judiciales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”[4].
La accionante, en su escrito de impugnación del 14 de marzo de 2018, expuso que la actuación de las entidades accionadas deja en estado de abandono a sus hijos y “tiene un efecto práctico inicultable [sic] que consiste en la física imposibilidad que la madre dispensa a dichos menores los cuidados, la protección y el apoyo que, según la norma constitucional, hace parte de sus derechos fundamentales”[5].
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de la accionante donde consta que su lugar de nacimiento es el municipio de Gigante, H.[6].
- Copia simple del registro civil de nacimiento de D. de J.V.O., donde consta que nació en San Andrés (Islas) el 7 de abril de 2016[7] y en el que se registra a la accionante como su madre[8].
- Copia simple del registro civil de nacimiento de C.M.V.O., donde consta que nació en San Andrés (Islas) el 2 de junio de 2014[9] y en el que se registra a la accionante como su madre[10].
- Copia simple de declaración ante notario público del 23 de febrero de 2017 en la que comparecen la accionante y el señor E. de J.V.Á. en la que declaran su residencia en San Andrés y el tiempo de convivencia de cinco años[11].
- Constancia del notificador del 15 de diciembre de 2017 en la que E. de J.V.Á. informa que en la actualidad no convive con la accionante[12].
El 15 de mayo de 2018, la Magistrada sustanciadora profirió auto en el que vinculó al proceso de la referencia al señor E. de J.V.Á. en calidad de tercero interesado, como padre de los hijos de la accionante, para que se pronunciara respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantearon, especialmente, sobre su situación familiar actual[13].
Además, se solicitó información a S.M.O.A. sobre el procedimiento que se adelantó para su expulsión del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la situación de sus hijos menores de edad y las gestiones que realizó ante la OCCRE para obtener la residencia en la Isla de San Andrés[14].
Por último, el auto ofició a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) y a la Gobernación del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina para que aportaran copia del acto administrativo en el que se ordenó la expulsión de S.M.O.A., informaran si respecto de este se habían ejercido los medios de impugnación e indicaran el estatus de residente de la accionante[15].
Por medio de informe del 25 de mayo de 2018[16] allegado al despacho de la Magistrada sustanciadora, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó que libró despacho comisorio y oficios en cumplimiento del auto del 15 de mayo de 2018 y durante el término previsto no se recibió respuesta alguna dentro del término concedido por parte de la accionante, el señor V.Á. o las autoridades accionadas.
El Director Administrativo de la OCCRE allegó el 8 de junio de 2018 copia del Auto No. 0416 del 11 de noviembre de 2016 por medio del cual declaró en situación irregular a la señora S.M.O.A., identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.123.635.636, ordenó su devolución al último lugar de embarque y le impuso multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes[17]. También informó que sobre este auto no se interpusieron recursos y que la señora S.M.O. no puede ingresar a S.A. “hasta tanto se cumplan los presupuestos establecidos en el auto y se declar[e] a paz y salvo”[18]. Asimismo, allegó copia de la “declaración en versión libre” de la tutelante rendida ante la OCCRE el 11 de noviembre de 2016 en la que manifestó que vive en unión libre, tiene dos hijos y que está radicada en San Andrés desde hace tres años[19].
Al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas le correspondió por reparto la diligencia de notificación a la accionante del auto de pruebas decretado por la Magistrada Sustanciadora el 15 de mayo de 2018[20]. El citado Juzgado remitió constancia de la citadora del despacho judicial en la cual refiere que entabló comunicación telefónica con la señora S.M.O.A., quien a su vez manifestó que iría al Juzgado el 13 de junio de 2018 con el fin de notificarse del despacho comisorio[21].
Según el acta de diligencia de notificación personal, esta se efectuó el 14 de junio de 2018 y en la misma se le hizo entrega del auto del 15 de mayo de 2018, además de informarse que contaba con tres días hábiles para allegar respuesta a la Corte Constitucional[22].
En el caso objeto de estudio, la OCCRE ordenó la expulsión de San Andrés de la señora S.M.O.A., pese a convivir por cinco años con un residente permanente de la Isla y que sus dos hijos de dos y cuatro años también ostentan tal calidad.
A partir de lo anterior, de constatar la procedibilidad de esta acción constitucional, la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿la decisión de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de expulsar a la tutelante de la Isla por residencia irregular vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la unidad familiar y a la libre circulación y residencia de la accionante, quien al momento en que se adoptó esa decisión convivía desde hace cinco años con su compañero permanente y sus dos hijos menores de edad?
Para resolver el anterior interrogante de fondo, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) marco constitucional y desarrollo jurisprudencial sobre protección de familia (reiteración de jurisprudencia) y el derecho a la unidad familiar; (ii) el régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y (iii) el análisis del caso concreto.
En el caso de estudio, la acción de tutela fue formulada por S.M.O.A. en nombre propio, contra quien fue proferida una orden de expulsión de la Isla de San Andrés; y en nombre de sus dos hijos menores de edad respecto de los cuales ejerce la representación legal[23] como manifestación de la patria potestad. En consecuencia, la legitimación por activa, en los términos del artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, se encuentra comprobada.
También cabe señalar que la vinculación del señor E. de J.V.Á. obedece a que en el expediente se encuentran los registros civiles de nacimiento de los dos hijos de la accionante y en los cuales consta que el señor V.Á. es el padre. De ese modo, el referido ciudadano puede verse afectado por la decisión que se adopte en el caso concreto.
En el asunto de la referencia se constata que la Oficina de Control de Circulación y Residencia – OCCRE del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una dependencia del despacho del Gobernador del departamento[24] y el Decreto 2762 de 1991 le confiere a esa Oficina la labor de “realización y cumplimiento de las disposiciones”[25] del mismo. En consecuencia, la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la OCCRE, es la autoridad pública a quien se le imputa la acción presuntamente vulneradora de los derechos fundamentales, al ordenar la expulsión de S.M.O.A. de la Isla de San Andrés.
La orden de expulsión de San Andrés de la accionante emitida por la OCCRE se produjo el 16 de febrero de 2017. Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 23 de febrero de 2017. La Sala concluye que el transcurso de una semana para la interposición de la acción de tutela es un plazo razonable y oportuno vinculado a la necesidad de protección urgente de los derechos fundamentales al debido proceso, a la unidad familiar, al trabajo y a la libre circulación y residencia y, por consiguiente, la presente acción cumple con el requisito de inmediatez.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia[26].
De acuerdo con lo expuesto, es procedente el amparo cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de protección. No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, con fundamento en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, este Tribunal ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad[27]:
Existen precedentes en los que la Corte ha analizado acciones de tutela dirigidas contra las órdenes de expulsión proferidas por la OCCRE y en los que han examinado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. En el caso de las Sentencias T-725 de 2004[28] y T-484 de 2014[29] se concluyó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no era el medio idóneo para garantizar los derechos presuntamente vulnerados con la expulsión ordenada por la OCCRE y, en consecuencia, la acción de tutela procedía como mecanismo definitivo para la protección de los derechos. Lo anterior, por considerar que el debate era exclusivamente de naturaleza constitucional ya que la Corte debía determinar el ámbito de los derechos fundamentales que se estimaban violados y, además, involucraba la protección del interés superior de un menor de edad que es sujeto de especial protección constitucional.
Por otro lado, la Sentencia T-943 de 2013[30] se apartó parcialmente de las providencias arriba reseñadas al concluir que la tutela era procedente para discutir actos administrativos de expulsión adoptados por la OCCRE, pero como mecanismo transitorio al generar un perjuicio irremediable. En ese sentido, la decisión analizó la acción de tutela de varias personas residentes irregulares en San Andrés que fueron expulsadas de la Isla. La Corte manifestó que “si bien lo que se pretende debatir son los actos administrativos proferidos por la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE-, [se observaba] que las consecuencias que estos [podían] causar un perjuicio irremediable para las personas involucradas y la acción correspondiente ante la jurisdicción contencioso administrativa no resulta[ba] una garantía para la defensa de sus derechos, más, en tratándose de menores de edad que son sujetos de especial protección constitucional y que pueden estar resultando afectados con la decisión tomada por la autoridad demandada, por lo que, a juicio de esta S., [era] procedente entrar a analizar el caso de fondo, pues aunque existen medios ordinarios de defensa, estos no son del todo eficaces para garantizar los derechos de los accionantes”.
Por último, las Sentencias T-214 de 2014[31] y T-371 de 2015[32] decidieron que la acción de tutela para cuestionar los actos de expulsión proferidos por la OCCRE era procedente a partir de la existencia de un perjuicio irremediable y concedieron la tutela como mecanismo transitorio para adoptar una medida impostergable para detener la presunta vulneración de los derechos fundamentales de dos niños, sujetos de especial protección constitucional, al impedirles recibir afecto y contar con la compañía de su padre en la etapa de desarrollo.
En el presente caso la Sala considera que la tutela procede como mecanismo definitivo de protección de los derechos fundamentales invocados por la accionante, puesto que los mecanismos ordinarios de defensa a su disposición no son idóneos ni eficaces.
Esta Sala sigue la línea de decisión adoptada en las Sentencias T-484 de 2014[33] y T-943 de 2013[34], pues no puede pasarse por alto que el presente caso analiza la vulneración al derecho a la unidad familiar de una madre y de sus dos hijos menores de edad, ambos sujetos de especial protección constitucional, por lo cual la procedencia de la acción de tutela debe analizarse con mayor flexibilidad.
En efecto, tal y como lo sostuvieron los jueces de tutela en dos instancias, la accionante contó con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho junto con la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo por medio del cual la OCCRE dispuso la expulsión de la señora S.M.O.A. del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, los mecanismos ordinarios señalados no son eficaces para garantizar la protección del derecho de los dos hijos de la accionante a no ser separados de su familia. Lo anterior, por cuanto por tratarse de la protección de derechos de niños que además involucran la posible separación de uno de sus padres la celeridad en la resolución de la situación es determinante para la garantía de sus derechos. Por ello, en este caso, la demora que implica el agotamiento de los mecanismos ordinarios resulta desproporcionada respecto a la urgencia que amerita el caso.
Este acercamiento se aparta de lo decidido en la Sentencia T-214 de 2014[35] que consideró que la acción procedía como mecanismo transitorio. En esa ocasión, la decisión estudió un caso en el cual aunque también se reclamaban los derechos de niños, estos eran mayores a los que se se involucran en esta decisión. A pesar de que se tratara del amparo del derecho de sujetos de especial protección y se constató la configuración de un perjuicio irremediable, el fallo no ahondó en si el mecanismo era eficaz o idóneo, respecto a la situación planteada. Para la Sala, aun cuando tal estudio verificó la urgencia de la situación en razón a los niños, fue insuficiente en aplicar la protección constitucional a la que tienen derecho los sujetos de especial protección al delimitar su alcance, por ello se aparta de ese razonamiento.
De otra parte, la Sentencia T-371 de 2015[36], pese a que verificó la existencia de un perjuicio irremediable, no consideró que la acción procedía como mecanismo transitorio, sino como mecansimo definitivo al determinar que “debido a la inminencia del perjuicio que puede ocasionarle el abandono forzado de la Isla, sin observarse las garantías judiciales mínimas, la acción de tutela es el medio adecuado, eficaz e idóneo para contrarrestar los efectos de la decisión de la Resolución atacada”. En tales términos, el presente analisis difiere de lo decidido en el primero de los casos, toda vez que se trata de supuestos diferentes que se apartan de la urgencia que delimita la falta de eficacia del medio ordinario en esta oportunidad pero coincide con el analisis realizado tanto en las Sentencias T-486 de 2014, T-943 de 2013 como en la T-371 de 2015, ya que en todos estos casos se consideró la procedencia como mecanismo definitivo.
En consecuencia, la Sala considera que la presente acción de tutela es procedente porque los mecanismos ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no son idóneos y eficaces para garantizar los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, unidad familiar, al trabajo y a la libre circulación y residencia. Por esa razón, la Sala da por acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela y resolverá de fondo el problema jurídico planteado.
El artículo 42 de la Constitución Política establece que “[l]a familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, la cual “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Así mismo, la disposición constitucional señala el deber estatal de garantizar la protección integral de la familia[37].
Los artículos 5º y 13 Superiores protegen la institución familiar como pilar de la sociedad y sin distinciones sobre la forma en que se haya constituido, ya sea por vínculos jurídicos, biológicos o de hecho, lo cual cobija los diferentes tipos de familia y, además, proscribe cualquier distinción injustificada entre ellos[38].
A su vez, la protección a la familia prevista por la Carta Política coincide con algunos instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)[39]. En este sentido, por un lado, el artículo 16.3 de la DUDH señala que “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Por otro lado, el artículo 10.1 del PIDCP establece que “[s]e debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”. De un modo similar, el artículo 17.1 de la CADH enuncia que “[l]a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.
Cabe destacar entonces que la Constitución protege a aquellas familias que se estructuran sobre vínculos jurídicos como el matrimonio o de consanguinidad y a aquellas que surgen de facto, como las uniones maritales de hecho o las denominadas de crianza, en concordancia con el concepto sustancial y no formal de familia. Como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional, “conviene precisar que el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio del pluralismo. De tal suerte que, en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”[40].
Del deber estatal de proteger la familia como institución básica de la sociedad se deriva la garantía de la unidad familiar como derecho fundamental y, en particular, es claro que los niños y niñas son titulares del derecho a tener una familia y a no ser separados de ella. La Sentencia T-182 de 1996[41] analizó la acción de tutela interpuesta en representación de una niña contra sus abuelos paternos que impedían que conservara contacto con sus abuelos maternos y con su medio hermano, luego de la muerte violenta de su madre a manos presuntamente de su padre.
Conforme con las anteriores consideraciones, la Sentencia T-215 de 1996[42] estimó que la orden de deportación y la prohibición de regreso al país por 12 meses adoptada por el extinto DAS contra un ciudadano alemán que excedió el tiempo de permanencia en el territorio colombiano y cuyos hijos nacidos en Colombia permanecían en el país, resultaba contraria al núcleo esencial del derecho fundamental de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, pues suponían la ruptura del vínculo entre padre e hijos. Al proteger el derecho, ordenó el amparo transitorio con la autorización de la entrada al país por 30 días para regular su permanencia.
Por su parte, la Sentencia T-165 de 2004[43] revisó la acción de tutela interpuesta por una madre a nombre de su hijo para cuestionar el traslado de su puesto de trabajo a la Fiscalía Seccional en Pasto. La Corte recordó que los niños tienen el derecho fundamental a tener una familia y a no ser separados de ella y que este derecho se refiere “tanto a la cercanía física como a la anímica” que busca, en lo posible, el contacto directo permanente de los niños y niñas con su familia y, sobre todo con sus padres. De ese modo, la garantía de la unidad familiar es una protección que integra el mencionado derecho y se dirige a proporcionar el desarrollo integral del menor de edad en una etapa en la que se necesita mayor apoyo psicológico y emocional de su familia y fundamentalmente de sus padres. La Corte también señaló que es factible que se pueda afectar dicha unidad familiar “si existe una causa legal, como por ejemplo una decisión judicial referente a la privación de la libertad de uno de los padres, o una decisión judicial o administrativa que determine la separación del hijo respecto de sus progenitores”, pero aclaró que estas eran circunstancias excepcionales de la regla general de garantizar que los niños conserven el contacto con los miembros de su familia.
La Sentencia T-572 de 2009[44] resolvió la acción de tutela interpuesta por una señora a nombre de su hijo contra la Casa de Justicia, la Defensoría de Familia y la Alcaldía Municipal, todas ellas de Floridablanca, al considerar que el decreto de una medida provisional de protección a favor de su hijo y la diligencia administrativa de rescate en su vivienda con fundamento en un presunto abandono del menor de edad violaban su derecho fundamental a la unidad familiar.
Esta providencia señaló que la preservación de la unidad familiar tiene una dimensión iusfundamental que se refiere a: (i) la “familia no puede ser desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado sin justa causa fundada en graves motivos de orden público y en atención al bien común y sin el consentimiento de las personas que la integran, caso en el cual dicho consenso debe ser conforme al derecho”; (ii) la posibilidad de mantener relaciones personales estrechas y, en particular, a que los niños y niñas preserven el contacto directo con sus dos progenitores; (iii) “demanda del Estado un deber general de abstención (prohibición de puesta en marcha de medidas infundadas e irrazonables de restablecimiento de derechos de los niños) e (iv) incluye una faceta prestacional que se manifiesta en la obligación constitucional del Estado de “diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar”[45].
Posteriormente, la Sentencia T-956 de 2013[46] revisó la acción de tutela interpuesta por la madre de una niña en su representación, por la presunta vulneración de su derecho a tener una familia y a no ser separada de ella por la orden de deportación de su padre, a pesar de que este convivía con ella y con su madre.
En sede de control abstracto, la Corte Constitucional también ha tenido la oportunidad de referirse al ámbito de protección del derecho a la unidad familiar. La Sentencia C-026 de 2016[47] resolvió la acción de inconstitucionalidad dirigida contra la norma del Código Penitenciario y C. que restringía las visitas de las personas privadas de la libertad por parte de menores de edad que se encontraban en primer grado de consanguinidad o primero civil por el presunto desconocimiento del derecho de la población carcelaria y de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar.
De conformidad con lo anterior, la Corte concluyó que la norma afectaba la unidad familiar al restringir con base en criterios meramente formales la visita a niños, niñas y adolescentes que tienen un estrecho vínculo de afecto y apoyo mutuo con los reclusos y declaró la constitucionalidad condicionada de la norma demandada en el entendido de que también podrán recibir visitas de niños, niñas o adolescentes que demuestren tener un vínculo estrecho de familiaridad con la persona privada de la libertad, surgido a partir de la existencia de lazos de convivencia, afecto, respeto, solidaridad, protección y asistencia[48].
La Sala considera pertinente referirse a los pronunciamientos de esta Corporación en los que ha abordado el derecho fundamental a la unidad familiar de aquellas familias que son objeto de medidas de expulsión en el marco del régimen de control poblacional en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Sentencia T-943 de 2013[49] se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por una madre en nombre propio y en el de su hija de nueve años de edad, quien fue expulsada de San Andrés pese a que estaba pendiente la resolución de su solicitud de residencia. En esa ocasión, la Corte no sólo recordó el carácter prevalente de los derechos de los niños y niñas y el principio del interés superior del menor de edad, sino que además expuso que la garantía constitucional de tener una familia y no ser separado de ella es un derecho que debe prevalecer dado que la institución de la familia es la llamada a proveer la protección necesaria para su desarrollo físico, emocional e intelectual que tenga como fin crear un medio propicio para el desarrollo del menor de edad. Con base en lo anterior, esta Corporación concluyó que la OCCRE, con la expulsión de la accionante, afectaba a su hija y la privaba del derecho a tener una familia y a no ser separada de ella, razón por la cual ordenó a la OCCRE otorgar la residencia temporal a la accionante y dejó sin efectos el acto administrativo que dispuso la expulsión.
Por su parte, la Sentencia T-214 de 2014[50] revisó la acción de tutela promovida por una residente regular de San Andrés que actuaba como agente oficioso de su compañero permanente y de sus hijos, al considerar que la expulsión de su pareja violaba el derecho de él y de sus hijos a la unidad familiar. En esta providencia la Corte recordó que el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella es considerado por la Carta Política un derecho fundamental de los niños y niñas y señaló que su relevancia radica en que mediante su ejercicio se materializan otros derechos constitucionales. De este modo, el Tribunal Constitucional advirtió que cuando los niños y niñas son privados de los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y su desarrollo integral, se vulneran sus derechos fundamentales. Por último, advirtió que en aquellos casos en donde se ve involucrada la garantía del derecho a la unidad familiar de un menor de edad, el juez de tutela debe tomar la decisión que resulte más garante de sus libertades teniendo en cuenta que, al entrar en conflicto con otro tipo de intereses, los derechos de los niños y niñas deben prevalecer.
Finalmente, la Sentencia T-484 de 2014[51] analizó la situación de un residente irregular en San Andrés que consideró que su expulsión y la imposición de multas violaban su derecho a la unidad familiar, al ser separado de su hijo de tres años. La providencia reiteró consideraciones muy similares a las expuestas en la Sentencia T-214 de 2014 acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a no ser separadas de ella y concluyó que la expulsión y sanción pecuniaria del accionante “lesionó el interés superior del menor […] ya que lo privó de la figura paterna en una importante y temprana etapa de su desarrollo”. Para amparar los derechos del niño a tener una familia y a no ser separado de ella ordenó que se le otorgara la residencia temporal a su padre.
Con fundamento en el recuento jurisprudencial expuesto la Sala concluye que los niños y niñas son titulares del derecho a tener una familia y a no ser separados de ella y un aspecto que compone este derecho es la garantía de la unidad familiar. La protección y garantía de este derecho impone a la sociedad y al Estado las siguientes obligaciones: (i) no debe impedirse injustificadamente el acercamiento, contacto y la formación de vínculos emocionales entre los distintos integrantes de la familia; (ii) debe propenderse por conservar el contacto directo permanente de los niños, niñas y adolescentes con su familia y, sobre todo, con sus padres; (iii) los padres y demás familiares de los menores de edad deben dirigir su conducta hacia la protección y garantía de los espacios de convivencia familiar; (iv) las autoridades públicas no deben incurrir en actuaciones discrecionales que lesionen o afecten el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella y, por lo tanto, el Estado y sus autoridades no pueden afectar la unidad y continuidad de la familia, salvo que exista fundamento legal concreto, como es, por ejemplo, el ejercicio de los poderes punitivos o correccionales; (v) un deber general de abstención de adoptar medidas infundadas e irrazonables de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes; (vi) la regla general es que las intervenciones estatales que tengan como consecuencia desligar a un menor de edad de su familia son restringidas y deben cumplir con criterios estrictos de razonabilidad y proporcionalidad, y deben ser compatibles con el interés superior de los niños y niñas; y (vi) el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar.
El artículo 310 de la Constitución Política establece que “[m]ediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago”[52].
Con fundamento en el referido artículo transitorio el Gobierno expidió el Decreto 2762 de 1991 “por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. En su motivación se indica que el “alto índice de densidad demográfica […] ha dificultado el desarrollo de las comunidades humanas en las Islas; […] están en peligro los recursos naturales y ambientales del Archipiélago por lo que se hace necesario tomar medidas inmediatas para evitar daños irreversibles en el ecosistema;[y] el acelerado proceso migratorio al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es la causa principal del crecimiento de su población, por lo que se hace necesario adoptar medidas para regular el derecho de circulación y residencia en el territorio insular”[53].
Haber obtenido tal derecho en los términos previstos en el artículo siguiente”
La jurisprudencia constitucional[54] ha considerado que las condiciones que establece el artículo 2º del decreto son situaciones que dan lugar al reconocimiento automático de un derecho preexistente a residir en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Haya permanecido en el Departamento en calidad de residente temporal por un término no inferior a 3 años, haya observado buena conducta, demuestre solvencia económica y, a juicio de la Junta Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, resulte conveniente su establecimiento definitivo en el Archipiélago. La Junta decidirá sobre la conveniencia de que trata el literal anterior, tomando en cuenta la oferta de mano de obra en el Departamento Archipiélago, la densidad poblacional en el mismo y las condiciones personales del solicitante”.
Realicen actividades laborales dentro del Archipiélago, sin estar autorizado para ello”.
Las personas que se encuentran en situación irregular “serán devueltas a su lugar de origen y deberán pagar una multa hasta de veinte salarios mínimos legales mensuales”[55].
El Decreto 2762 de 1991 en su totalidad fue objeto de control de constitucionalidad en la Sentencia C-530 de 1993[56]. Esta providencia expuso que las restricciones de residencia establecidas en el régimen constitucional especial consagrado para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen fundamento constitucional pues se corresponden con los propósitos constitucionales de preservar la cultura de las comunidades nativas del Archipiélago, así como sus recursos naturales y añadió que “los derechos plenos son la regla general y sus limitaciones son la excepción […] implica entonces que allí donde por circunstancias excepcionales sea necesario limitar los derechos debe hacerse con el mínimo de sacrificio de los mismos. En este marco entonces se inscribe la norma sub júdice, de suerte que su lectura por parte de los operadores jurídicos debe apuntar siempre a minimizar las limitaciones a los derechos que en ella se restringen”[57]. La Corte declaró entonces la exequibilidad condicionada de la totalidad del referido decreto.
En síntesis, la Constitución ha autorizado el establecimiento de controles a los derechos de circulación y residencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través del Decreto 2762 de 1991, pues tienen fundamento en valores y fines constitucionalmente legítimos como la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación y la protección y gestión sostenible de los recursos naturales. En ese sentido, el referido decreto determinó las condiciones que deben cumplir aquellas personas que allí se establezcan luego de la entrada en vigencia de esta normativa para obtener el derecho a la residencia permanente, esto es, contraer matrimonio o establecer unión de hecho con un residente; fijar el domicilio común por un mínimo de tres años continuos y acreditar la convivencia al momento de solicitar la residencia; o permanecer en el Departamento en calidad de residente temporal por un término no inferior a 3 años, observar buena conducta, demostrar solvencia económica y que, a juicio de la Junta Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, resulte conveniente su establecimiento definitivo en el Archipiélago. Igualmente, la Corte Constitucional destacó la importancia del control poblacional en San Andrés para hacer efectivos mandatos constitucionales de protección a la riqueza cultural y natural de la Nación pero advirtió en sede de control abstracto que los operadores jurídicos deben interpretar las limitaciones que son resultado de las condiciones y sanciones que establece el Decreto 2762 de tal manera que se minimicen las restricciones a otros derechos.
S.M.O.A. interpone acción de tutela en nombre propio y de sus dos hijos menores de edad con el propósito de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la unidad familiar, al trabajo y a la libre circulación y residencia presuntamente vulnerados por la Oficina de Control de Circulación y Residencia – OCCRE y la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al ordenar la expulsión de la accionante de la Isla.
En el expediente de la referencia consta declaración ante notario[58] rendida el 23 de febrero de 2017 por la señora S.M.O.A. originaria del municipio de Gigante, H., y el señor E. de J.V.Á., en la que manifiestan que han convivido en unión libre por cinco años en San Andrés. Además, señalan que de su unión concibieron dos niños de dos y cuatro años, nacidos en la Isla[59]. La información sobre el tiempo de permanencia en la Isla coincide con lo expuesto por la accionante en la declaración rendida ante la OCCRE el 11 de noviembre de 2016[60].
La accionante manifestó en los hechos de su escrito de tutela que convivió con el señor E. de J.V.Á. y que se desempeñaba como “ama de casa cumpliendo a cabalidad el oficio de madre”[61]. Igualmente, se registra la constancia de notificación de la providencia de tutela de segunda instancia[62] en la que el señor E. de J.V.Á. manifiesta que en la actualidad[63] no convive con la accionante.
Como se expuso en acápites anteriores, el artículo 3º del Decreto 2762 de 1991 establece los supuestos de hecho en los que una persona puede obtener el derecho a residir permanentemente en el Archipiélago de San Andrés, uno de ellos es que “[c]on posterioridad a la fecha de expedición de este Decreto, contraiga matrimonio o establezca unión permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común en el Departamento, a lo menos por 3 años continuos. Al momento de solicitar la residencia permanente se deberá acreditar la convivencia de la pareja. La Sala considera que este requisito debe analizarse a partir del concepto de familia que establece la Constitución y al hecho de que las circunstancias de facto por las cuales se conforma la familia pueden transformarse sin que den lugar a un déficit en su protección.
En el expediente se encuentra copia del Auto No. 0416 del 11 de noviembre de 2016 que ordenó la expulsión de la accionante de la Isla de San Andrés. El Director Jurídico de la OCCRE informó que la accionante no es una residente legal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Isla y que, de acuerdo a lo resuelto en el auto referenciado, no puede ingresar al Archipiélago hasta que se cumplan los presupuestos establecidos en el acto administrativo y que se declare a paz y salvo[64]. También señaló que no existe solicitud de residencia a nombre de la accionante radicada ni que se encuentre en trámite[65].
En este sentido, de la declaración ante notario aportada como anexo a la acción de tutela se constata que la accionante en su momento cumplió objetivamente con una de las exigencias previstas en el artículo 3º, literal a) del Decreto 2762 de 1991, es decir, contraer matrimonio o establecer “unión permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio común en el Departamento, a lo menos por 3 años continuos”. Al respecto, cabe destacar que en la declaración con fines extraproceso rendida el 23 de febrero de 2017 ante el Notario Único del Círculo de San Andrés Isla la señora S.M.O.A. y el señor E. de J.V.Á. afirmaron ser residentes de San Andrés y que por cinco años habían vivido en unión libre[66].
En estos términos, el núcleo que conformaron la accionante, sus hijos y su padre corresponde a una familia basada en vínculos de hecho y filiales que, a su vez, ha sufrido transformaciones, como la separación de los padres. Tal realidad no debe incidir en el grado de protección de los niños, que surgieron por esa unión, a la unidad familiar. Esas transformaciones se refieren a lo manifestado en el escrito de tutela y en el momento en que se notificó la sentencia que resolvió la solicitud de amparo en segunda instancia, en el sentido de que la accionante y el padre de sus hijos no conviven actualmente[67].
De este modo, independientemente de la separación de los padres, los hijos de la señora S.M.O.A. y el señor E. de J.V.Á. son titulares de las protecciones constitucionales que se derivan del derecho a la unidad familiar, específicamente, el derecho a no ser separados de su familia. Es decir, los niños tienen derecho a que no se impida injustificadamente su contacto con sus padres, a que las autoridades públicas se abstengan de adoptar decisiones que afecten su derecho a no ser separados de su familia, a que en la adopción de estas medidas se apliquen principios de razonabilidad y proporcionalidad que reduzcan, de ser posible, la afectación de sus derechos y a diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a la preservación del núcleo familiar.
Lo anterior cobra aun mayor relevancia en la medida en que los hijos de la accionante se encuentran en una etapa temprana de su vida en donde se deben proteger sus derechos a recibir el afecto y el apoyo material y emocional de ambos padres, al requerir el desarrollo integral que provee la familia. N. que, de materializarse la expulsión de la accionante y los niños permanezcan con alguno de sus padres[68], significará la interrupción del contacto directo con el otro de sus progenitores y, de ese modo la expulsión repercute en la garantía del derecho de los niños a la unidad familiar, al cuidado y al amor, y correlativamente a ejercer adecuadamente el deber del ejercicio de la responsabilidad parental.
Por lo expuesto, el núcleo familiar que conforman la actora y sus hijos ha visto vulnerado su derecho fundamental a la unidad familiar, al cuidado y al amor por cuenta de la orden de expulsión y la prohibición de regreso al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dirigida a la señora O.. Tal acto administrativo se profirió pese a que en su momento la accionante cumplió el supuesto de conformar la unión marital de hecho y la permanencia en la Isla por más de tres años.
Si se tiene en cuenta que la familia conformada por la señora O.A. y sus hijos es titular de la misma protección que aquella hipotética conformada por la accionante, su pareja y sus hijos, la Sala concluye que no permitirle obtener la residencia regular en el Archipiélago la sujeta a la posibilidad de que reciba las sanciones propias de la residencia irregular, lo cual viola el derecho de sus hijos a la unidad familiar. Lo anterior, con desconocimiento de que la Constitución protege todos los tipos de familia, ya sea aquellos basados en vínculos naturales o jurídicos o por la voluntad libre de conformarla, y a que las relaciones familiares son susceptibles de transformaciones y cambios en su integración.
Por las anteriores razones, la Sala considera que para garantizar los derechos fundamentales a la unidad familiar y al cuidado y amor de los niños y niñas de los dos hijos menores de edad de la accionante, así como la igual protección de las familias, se debe inaplicar en este asunto el siguiente aparte del artículo 3º, literal a): “Al momento de solicitar la residencia permanente se deberá acreditar la convivencia de la pareja”, con fundamento en la excepción de inconstitucionalidad.
En este caso, el control por vía de excepción de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política procede para inaplicar el aparte señalado del artículo 3º, literal a), porque sus efectos generan la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y sus hijos e incurren en abierta contradicción con los mandatos constitucionales de protección de la familia y del deber estatal de implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar.
De acuerdo con lo expuesto, esta S. dejará sin efectos el Auto No. 0416 de 11 de noviembre de 2016 proferido por la Oficina de Control de Circulación y Residencia - OCCRE por medio del cual declaró en situación irregular a la señora S.M.O.A. identificada con cédula de ciudadanía no. 1.123.635.626 y la sancionó con la devolución al último lugar de embarque, al considerar que se vulnera el derecho fundamental a la unidad familiar de los hijos menores de edad de la tutelante.
En consecuencia, por las razones expuestas, la Sala Sexta de Revisión ordenará a la Oficina de Control de Circulación y Residencia - OCCRE, que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, reconozca y otorgue a la señora S.M.O.A. identificada con cédula de ciudadanía no. 1.123.635.626 la residencia permanente, en concordancia con las consideraciones expuestas en esta providencia.
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 6 de diciembre de 2017 que confirmó el fallo de primera instancia del Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés Islas, el 8 de marzo de 2017, dentro del expediente T-6.307.258. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la unidad familiar y al cuidado y amor de los niños y niñas de S.M.O.A. y sus hijos menores de edad.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto No. 0416 de 11 de noviembre de 2016 por medio del cual declaró a la señora S.M.O.A. identificada con cédula de ciudadanía no. 1.123.635.626 en situación irregular irregular y la sancionó con la devolución al último lugar de embarque. En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia – OCCRE de la Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y S.C., que en su lugar profiera una resolución mediante la cual otorgue la residencia permanente a la señora S.M.O.A. en la Isla de San Andrés, en concordancia con las consideraciones expuestas en esta providencia.
[1] El expediente de la referencia fue seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional, conformada por las M.C.P.S. y D.F.R., de acuerdo con el criterio orientador del proceso de selección “desconocimiento del precedente” y “urgencia de proteger un derecho fundamental”.
[2] Cuaderno 1, folio 6.
[3] Cuaderno 1, folio 15.
[4] Cuaderno 1, folio 27.
[5] Cuaderno 1, folio 29.
[6] Cuaderno 2, folio 8.
[7] Actualmente tiene 2 años y 2 meses.
[9] Actualmente tiene 4 años.
[10] Cuaderno 2, folio 10.
[11] Cuaderno 2, folio 11.
[12] Cuaderno 3, folio 16.
[13] El ordinal primero de la parte resolutiva del Auto dispuso “VINCULAR al trámite de la acción de tutela al señor E. de J.V.Á., identificado con cédula de ciudadanía 1.123.625.196, en calidad de tercero interesado, como padre de los hijos de la accionante, para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean. Específicamente deberá informar sobre: // (i) Si el lugar actual de residencia de S.M.O.A. es la Isla de San Andrés. // (ii) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, precise: // a) ¿Cómo retornó la referida señora a la Isla? // b) ¿La señora S.M.O.A. ha adelantado el trámite para adquirir la residencia temporal o permanente en el Archipiélago o ingreso en calidad de turista? // c) ¿Quién tiene la custodia de los menores de edad D. de J.V.O. y C.M.V.O.? // d) Como padre de sus hijos menores de edad, ¿ha acordado un régimen de visitas con la señora S.M.O.A.?”.
[14] El numeral segundo de la citada providencia ordenó “COMISIONAR al Juzgado Civil del Circuito de Archipiélago De San Andrés -reparto- para que se dirija al Barrio Las Tablitas en San Andrés Isla donde reside la señora S.M.O.A. , identificada con la cédula de ciudadanía número 1.123.365.626, le notifique la presente providencia y le informe que cuenta con tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la presente providencia, para que allegue a la Corte Constitucional respuestas sobre los siguientes interrogantes: // (i) En el escrito de tutela, usted informó que la orden de expulsión fue aplazada ¿Finalmente se llevó a cabo la expulsión? // (ii) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, precise: // a) ¿En qué fecha se llevó a cabo la expulsión? // b) ¿Cuál es su lugar de residencia actualmente? // c) ¿Con quién vive? // d) ¿Quién tiene la custodia de los menores de edad D. de J.V.O. y C.M.V.O.? // e) Como madre de sus hijos menores de edad, ¿ha acordado un régimen de visitas con el señor E. de J.V.Á.? // iii) ¿Qué gestiones adelantó ante la OCCRE para obtener la residencia temporal o permanente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?”.
[15] El ordinal tercero del auto del 15 de mayo de 2018 ordenó “Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) y a la Gobernación del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina para que, en el término máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto: // (i) Allegue copia del acto administrativo en el que se ordenó la expulsión de S.M.O.A., identificada con la cédula de ciudadanía número 1.123.365.626, del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e informe si contra el mencionado acto fue interpuesto algún recurso. En caso de que el acto haya sido recurrido, allegar los actos administrativos mediante los cuales fueron resueltos. // (ii) Rinda informe sobre los hechos que sirvieron de sustento a la acción de tutela presentada por S.M.O.A.. // (iii) Informe sobre el estatus de residencia de la accionante en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
[16] Cuaderno 1, folio 31.
[18] Cuaderno 1, folio 35.
[19] Cuaderno 1, folio 37.
[20] Cuaderno 1, folio 40.
[21] Cuaderno 1, folio 43.
[22] Cuaderno 1, folio 43.
[23] Código Civil, artículo 306: “La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres”.
[24] Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Decreto No. 227 del 29 de agosto de 2012 “por el cual se adopta la estructura orgánica de la Administración Central de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, artículo 4º: “La Administración Departamental está conformada por las siguientes dependencias: 1. Despacho del Gobernador […] 1.5. Oficina de Control de Circulación y Residencia –OCCRE-”
[25] Artículo 22 del Decreto 2762 de 1991: “Créase la Oficina de Control de Circulación y Residencia como órgano de la administración del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, para la realización y cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto”. Artículo 15 del mismo Decreto: “El director de la OCCRE mediante resolución motivada deberá declarar que una persona está en situación irregular, impondrá la multa correspondiente y consecuentemente en el mismo acto ordenará que sea devuelta a su último lugar de embarque, el comando Departamental de policía garantizará el cumplimiento de esta orden para cuyo efecto la OCCRE le prestará el concurso que sea necesario”.
[26] Sentencias T-373 de 2015 M.P.G.S.O.D. y T-313 de 2005 M.P.J.C.T..
[27] Sentencia T-662 de 2016 M.P.G.S.O.D..
[28] M.P.R.E.G.. En esta providencia se revisó la acción de tutela de un residente regular de San Andrés al que la OCCRE le negó a su compañero permanente del mismo sexo, la residencia por considerar que no existía unión marital entre parejas del mismo sexo. En esta providencia, respecto de la subsidiariedad, se señaló que “si bien es cierto que a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actores podrían lograr la protección de sus derechos, lo prolongado del proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la inmediatez de la lesión de los derechos cuya protección se solicita -en tanto que las actuaciones impugnadas comprenden la conminación para que el señor ZZ abandone en el término de cinco días el territorio insular-, y el carácter puramente constitucional del debate que se ha planteado en torno a los mismos, hace que sea la tutela el mecanismo procesal adecuado para obtener su protección. En la medida en que el pronunciamiento de la Corte debe establecer de manera definitiva el ámbito de los derechos constitucionales que se estiman violados y que tal violación sería el objeto propio del proceso contencioso administrativo, no cabe la vía del amparo transitorio, y la decisión que se adopte por esta Sala de Revisión habrá de tener carácter definitivo.
[29] M.P.M.V.C.C.. La sentencia analizó la tutela propuesta por un residente temporal que fue expulsado pese a estar pendiente la decisión sobre su solicitud de residencia permanente. Al respecto, la Corte sostuvo que “en el caso concreto, la Sala observa que desde que el señor N. fue expulsado de la Isla el dos (2) de septiembre de dos mil trece (2013), no ha podido restablecer contacto físico con su hijo de tres (3) años ni con su esposa pues, aunque puede regresar temporalmente en calidad de turista si paga la multa de quince (15) SMMLV que le fue impuesta, carece de los recursos económicos para saldar dicha obligación al encontrase desempleado. Debido a esto, considera que existe una afectación actual, continuada y grave al derecho a la unidad familiar que no puede ser corregida de manera eficaz por los medios ordinarios de defensa y que, por ende, merece ser resuelta de manera definitiva a través de la acción de tutela como mecanismo subsidiario. Esto en la medida en que (i) se está vulnerando el interés superior de un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, quien no puede recibir el afecto y contar con la compañía de su padre en una temprana e importante etapa de su desarrollo físico y emocional; (ii) dicha situación viene sucediendo hace más de seis (6) meses, y (iii) continuará existiendo hasta tanto el suscrito no regrese a la Isla de forma permanente. Como resultado de lo anterior, resultaría lesivo condicionar la resolución de la mencionada afectación al posterior pronunciamiento del juez contencioso administrativo, pues está en juego el goce efectivo del derecho fundamental a la unidad familiar de un sujeto de especial protección constitucional”.
[30] M.P.G.E.M.M..
[31] M.P.M.V.C.C.. La Sentencia analizó la situación de un residente irregular en San Andrés que fue expulsado de la Isla y, en esa oportunidad, se declaró la existencia de un perjuicio irremediable que hacía procedente la tutela como mecanismo transitorio al considerar que “desde que el señor F. fue expulsado de la Isla el dos (2) de julio de dos mil trece (2013), no ha podido restablecer contacto físico con sus hijos ni con su compañera permanente pues, aunque puede regresar temporalmente en calidad de turista si paga la multa que le fue impuesta, carece de los recursos económicos para saldar dicha obligación y emprender tal viaje. Debido a esto, la Sala considera que, a pesar de la necesaria y adecuada limitación constitucional que opera sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, existe un perjuicio irremediable relacionado con la expulsión del compañero de la accionante y la separación familiar a la que esta dio lugar. Dicho daño es actual, continuado y grave, pues compromete, como se verá más adelante, el derecho a la unidad familiar en la medida en que (i) viene sucediendo hace mas de un (1) año; (ii) continuará existiendo hasta tanto el suscrito regrese a la Isla de forma permanente, y (iii) vulnera el interés superior de dos (2) menores de edad. Esto último en cuanto le impide al suscrito vivir junto a su familia en el lugar en que ellos residen”.
[32] M.P.J.I.P.C.. En este caso se estudió la tutela presentada por una residente de San Andrés a la que la OCCRE ordenó su expulsión pese a convivir por más de tres años con su compañera permanente. La Corte examinó el cumplimiento de cada uno de los criterios que identifican la existencia de un perjuicio irremediable, y concluyó que “la acción de tutela es el medio adecuado, eficaz e idóneo para contrarrestar los efectos de la decisión de la Resolución atacada”. Sin embargo, las órdenes dadas tuvieron un carácter definitivo, no transitorio. En lo pertinente, la parte resolutiva de la Sentencia T-371 de 2015 ordenó lo siguiente: “SEGUNDO.- ORDENAR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE- del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejar sin efectos las Resoluciones No. 001833 del 29 de abril de 2010, No. 006575 del 9 de diciembre de 2011 y No. 000130 del 15 de enero de 2015, para que en su lugar, profiera una Resolución mediante la cual otorgue la residencia de la señora P.B.O.H. en la Isla de San Andrés, observando de fondo los requisitos legales y las consideraciones realizadas en esta providencia. // TERCERO.- ADVERTIR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE- del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y S.C., que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en acciones discriminatorias, especialmente basadas en la orientación sexual de los peticionarios.
[35] M.P.M.V.C.C.. La Sentencia analizó la situación de un residente irregular en San Andrés que fue expulsado de la Isla y, en esa oportunidad, se declaró la existencia de un perjuicio irremediable que hacía procedente la tutela como mecanismo transitorio al considerar que “desde que el señor F. fue expulsado de la Isla el dos (2) de julio de dos mil trece (2013), no ha podido restablecer contacto físico con sus hijos ni con su compañera permanente pues, aunque puede regresar temporalmente en calidad de turista si paga la multa que le fue impuesta, carece de los recursos económicos para saldar dicha obligación y emprender tal viaje. Debido a esto, la Sala considera que, a pesar de la necesaria y adecuada limitación constitucional que opera sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, existe un perjuicio irremediable relacionado con la expulsión del compañero de la accionante y la separación familiar a la que esta dio lugar. Dicho daño es actual, continuado y grave, pues compromete, como se verá más adelante, el derecho a la unidad familiar en la medida en que (i) viene sucediendo hace mas de un (1) año; (ii) continuará existiendo hasta tanto el suscrito regrese a la Isla de forma permanente, y (iii) vulnera el interés superior de dos (2) menores de edad. Esto último en cuanto le impide al suscrito vivir junto a su familia en el lugar en que ellos residen”.
[36] M.P.J.I.P.C.. En este caso se estudió la tutela presentada por una residente de San Andrés a la que la OCCRE ordenó su expulsión pese a convivir por más de tres años con su compañera permanente. La Corte examinó el cumplimiento de cada uno de los criterios que identifican la existencia de un perjuicio irremediable, y concluyó que “la acción de tutela es el medio adecuado, eficaz e idóneo para contrarrestar los efectos de la decisión de la Resolución atacada”. Sin embargo, las órdenes dadas tuvieron un carácter definitivo, no transitorio. En lo pertinente, la parte resolutiva de la Sentencia T-371 de 2015 ordenó lo siguiente: “SEGUNDO.- ORDENAR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE- del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejar sin efectos las Resoluciones No. 001833 del 29 de abril de 2010, No. 006575 del 9 de diciembre de 2011 y No. 000130 del 15 de enero de 2015, para que en su lugar, profiera una Resolución mediante la cual otorgue la residencia de la señora P.B.O.H. en la Isla de San Andrés, observando de fondo los requisitos legales y las consideraciones realizadas en esta providencia. // TERCERO.- ADVERTIR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE- del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y S.C., que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en acciones discriminatorias, especialmente basadas en la orientación sexual de los peticionarios.
[37] El artículo 42 de la Constitución como fundamento de la protección a la familia se encuentra en las sentencias T-606 de 2013 M.P.A.R.R., T-942 de 2014 M.P.L.G.G.P., T-070 de 2015 M.P.M.V.S.M., T-519 de 2015 M.P.G.E.M.M., T-354 de 2016 M.P.J.I.P.P., T-525 de 2016 M.P.J.I.P.P., T-177 de 2017 M.P.A.J.L.O. y T-316 de 2017 M.P.A.J.L.O..
[38] Sentencia T-071 de 2016 M.P.G.S.O.D..
[39] La referencia a las disposiciones de la DUDH, el PIDCP y la CADH relativas a la protección de la familia se encuentran en las sentencias T-606 de 2013 M.P.A.R.R., T-942 de 2014 M.P.L.G.G.P., T-070 de 2015 M.P.M.V.S.M., T-519 de 2015 M.P.G.E.M.M., T-071 de 2016 M.P.G.S.O.D., T-354 de 2016 M.P.J.I.P.P. y T-177 de 2017 M.P.A.J.L.O..
[40] Sentencia T-572 de 2009 M.P.H.A.S.P.. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias T-606 de 2013 M.P.A.R.R., T-942 de 2014 M.P.L.G.G.P. y T-354 de 2016 M.P.J.I.P.P..
[41] M.P.A.M.C..
[42] M.P.F.M.D..
[43] M.P.M.G.M.C..
[45] Reiterada en las Sentencias T-090 de 2010, T-502 y T-844 de 2011 M.P.J.I.P.C.. En la primera providencia mencionada, por ejemplo, consideraciones similares sobre el fundamento en la protección de la unidad familiar para adoptar o no medidas de restablecimiento del derecho de los niños concluyeron en que la Corte negara el amparo solicitado por una madre contra la decisión de un Juez de Familia de ordenar el allanamiento y rescate de su hijo respecto del cual el ICBF tuvo indicios serios de haber sido abandonado. Específicamente, la providencia expuso que: “para la Sala es evidente que los padres desconocieron los derechos fundamentales del menor a tener una familia y no ser separados de ella por no proporcionarle una unidad familiar, pues los padres no cumplieron con la obligación de amparar al menor, darle afecto, cuidar de él para garantizar su bienestar. En efecto, tanto la madre como el padre lo dejaron al cuidado de una tercera persona, lo cual faculta la intervención del Estado, para salvaguardar los derechos fundamentales del niño por estar en peligro inminente su integridad física y psicológica”. Por otra parte la Sentencia T-773 de 2015 M.P.L.G.G.P. se expuso que, derivada del derecho de los niños a tener una familia y a no ser separado de ella y de la protección constitucional de la familia, existe la presunción de que la familia biológica se encuentra mejor situada para brindar apoyo y afecto al niño y, en consecuencia, las autoridades administrativas encargadas de adelantar procedimientos para adoptar medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes deben adelantar todas las indagaciones para desvirtuar esta presunción. Con base en lo anterior la Corte concluyó en el caso concreto que la declaratoria de adoptabilidad se profirió sin el debido sustento probatorio y, por lo tanto, constituye una medida que violó los derechos del niño a la unidad familiar.
[46] M.P.L.E.V.S..
[48] Estos fundamentos fueron reiterados en la Sentencia C-569 de 2016 M.P.A.L.C. que declaró la inconstitucionalidad de la norma que, en aquellos casos en los que no se autorizó al niño o niña permanecer con su madre en el establecimiento carcelario, se condicione el otorgamiento de su custodia a aquella persona que acredite vínculo de consanguinidad.
[49] M.P.G.E.M.M..
[52] Artículo 310, inciso 2º de la Constitución Política.
[53] Decreto 2762 de 1991, parte motiva.
[54] Por ejemplo, Sentencia T-371 de 2015 M.P.J.I.P.C..
[55] Artículo 18 del Decreto 2762 de 1991. El Decreto 2171 de 2001 reglamentario del Decreto 2762 de 1991, artículo 14 señala que “cuando se establezca que una persona sea devuelta a su lugar de origen, bastará con que sea regresada a su lugar de último embarque”.
[56] M.P.A.M.C..
[57] Sentencia C-530 de 1993 M.P.A.M.C..
[58] Cuaderno 2, folio 11.
[59] Los registros civiles de nacimiento de los hijos menores de edad en donde consta que nacieron en la Isla de San Andrés se encuentran en cuaderno 2, folios 9 y 10.
[60] Cuaderno 1, folio 37.
[61] Cuaderno 2, folio 2.
[62] Cuaderno 3, folio 16.
[63] La constancia de notificación tiene fecha 15 de diciembre de 2017.
[64] Cuaderno 1, folio 35.
[65] Cuaderno 1, folio 35.
[66] Cuaderno 2, folio 11.
[67] La constancia de notificación tiene fecha 15 de diciembre de 2017.
[68] Vale la pena mencionar que, en el escenario en el que la orden de expulsión conduzca a que los hijos permanezcan con su madre luego de su expulsión de San Andrés, dificultaría de manera importante el ejercicio de la paternidad, es decir, la presencia y participación activa y permanente del padre en el cuidado y amor de sus hijos, y sus implicaciones en la garantía de sus derechos fundamentales especialmente el derecho al cuidado y amor para su desarrollo armónico e integral. Sentencia C-273 de 2003 M.P.C.I.V.H..
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº 11001-02-03-000-2016-02342-00 de 6 de Septiembre de 2016