Source: https://es.scribd.com/document/212032279/Instrumentos-de-Planificacion-Territorial
Timestamp: 2019-08-17 20:36:34
Document Index: 358127120

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 72', 'Artículo 72', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 2', 'artículo 2']

Instrumentos de Planificacion Territorial | Planeamiento urbano | Urbanismo
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URBANISMO PDU
Reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos Estado de Hidalgo.pdf
Norma Tecnica ProyArqEquipEstablecSaludINivelAtencion
Resolución 31-15 - Defensoria Del Pueblo CABA
Plan de Ordenacion Del Litoral de Galicia
La_Planificacion_Urbana_en_Chile.pdf
3.2. SISTEMAS:EJECUCION DE PLANES URBANOS.pdf
Planificafion Urbana
ANEXO 1 CAS N° 04
www.espaciopublico.cl
DOCUMENTO DE REFERENCIA / OCTUBRE 2013
Territorial para la Integración
Social en Áreas Urbanas
Geógrafo, Magíster en Desarrollo Urbano y Planificación Local
Universidad X Paris Nanterre. Miembro de la Red Espacio Público
Arquitecto, Magíster en Arquitectura, Doctor of Design Universidad de
Harvard. Miembro de la Red Espacio Público.
Los Documentos de Referencia son trabajos que Espacio Público encarga a investigadores, académicos y
expertos. Los documentos reflejan la visión de los autores y no necesariamente representan la opinión de Espacio
DOCUMENTO DE REFERENCIA Nº 8
1 Introducción............................................................................................................................
2 Instrumentos de planificación territorial en Chile
2.2 Enfoques de la política
3 La normativa y su impacto en la segregación: lecciones de casos
3.1 Bajos de Mena, Puente Alto
3.2 Alerce, Puerto Montt
3.3 Algunas lecciones
4 Instrumentos de planificación para la integración urbana
4.1 Crear “Zonas de Interés Social”
4.2 Incorporar cuotas de vivienda social por comuna
Anexo 1: Modificaciones a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Lo urbano tiene cada día un protagonismo creciente en lo público, mientras emerge el concepto de derecho de ciudad, equidad urbana y calidad de vida. En síntesis, las presiones de la sociedad civil demandan directa o indirectamente mejorar la distribución de los bienes y el acceso a ellos de acuerdo a las demandas sociales, servicios y oportunidades.
En ese sentido, si durante los tres primeros cuartos del siglo XX lo urbano era un espacio dominado por el Estado y sus inversiones para el desarrollo, paulatinamente durante el último cuarto de siglo se fue convirtiendo en un espacio del mercado y la inversión fue predominantemente del sector privado. Pero paradojalmente este inicio de milenio se ha caracterizado de manera cada vez más acentuada en relación a lo urbano como un espacio de la sociedad y sus comunidades.
En la actualidad, este nuevo escenario político-social ha aumentado significativamente los desafíos a abordar, como por ejemplo la segregación urbana, la participación ciudadana, la movilidad urbana, la gentrificación, la protección patrimonial, la economía local, la identidad barrial, la seguridad ciudadana, estándares de equipamientos y servicios, entre muchos otros. Detrás de cada una de estas demandas, de una u otra manera están los instrumentos de planificación urbana fuertemente presionados para poder aportar soluciones de acuerdo a los emergentes principios de integración, equidad y justicia.
El conjunto actual de leyes, ordenanzas, planes reguladores, decretos, programas, y otros tantos elementos vigentes más, conforman un conjunto de herramientas, de distintos tipos, que se han diseñado o adecuado en la medida de las necesidades y demandas, en su mayoría surgidas caso a caso. Esto ha dejado en evidencia lo inadecuadas que son estos instrumentos para el desarrollo de ciudades contemporáneas.
Luego de décadas de desarrollo urbano, con estos escasos instrumentos de planificación e inversión, casi exclusivamente orientada a subsidios, se han generado barrios vulnerables al interior de las mismas ciudades, extensos sectores deteriorados con altos niveles de hacinamiento, falta de acceso a servicios públicos e incluso con escasa conectividad (documento preliminar Política Nacional de Desarrollo Urbano).
Por otro lado las políticas urbanas con otras políticas sectoriales en general carecen de coordinación y de articulación entre sí, siendo esencial lo contrario para lograr un efecto de sinergia en territorios deteriorados. Así el foco para nuevos instrumentos con la capacidad de revertir procesos de segregación social urbana -o al menos de no generarlos ellos mismos- pasa por fomentar cadenas de diversificación de procedimientos que comprometan a todos los niveles de gobierno necesarios.
Actualmente, existe bastante consenso que estos instrumentos han llevado y colaborado a tener ciudades cada día más segregadas, ya sea por normas específicas (como densidades y constructibilidades), por falta de coordinación entre ellos, o por una falta de articulación de la inversión y la planificación. Todo esto con un Estado que aporta al problema constantemente dadas las limitaciones de las políticas urbanas en términos de visión y proyección. En definitiva, se evidencian las grandes limitaciones del instrumental para evitar estos procesos de segregación y para tener ciudades más justas.
Así, el diagnóstico de la Política Nacional de Desarrollo Urbano establece:
“La historia demuestra que no basta con tener un conjunto de leyes que establezcan normas sobre las ciudades, leyes que muchas veces responden a objetivos distintos, propios de necesidades específicas, en un tiempo y momento determinado. Al no existir un marco que establezca principios rectores y objetivos comunes no es posible ordenar las múltiples variables que inciden en el desarrollo de las ciudades y centros poblados, en términos que permitan un salto
cualitativo relevante.”
También establece que “Hay aspectos no resueltos en la evolución de nuestras ciudades, como la desconexión entre planificación urbana y condiciones mínimas de integración social”.
Ante tal situación existen sólo dos caminos de trabajo que han sido presentados de manera antagónica. Un camino es utilizar los instrumentos de planificación de manera más eficiente y mejor. El otro camino es idear nuevos instrumentos de planificación, descartando los actuales debido a un diagnóstico de su caducidad.
De modo estratégico, el presente artículo toma dos líneas de trabajo propositivo. Por una parte, pone su foco en el análisis de los instrumentos de planificación territorial existentes
en la legislación chilena –con énfasis en los planes reguladores intercomunales y comunales- respecto a su aporte efectivo a procesos de integración urbana.
Por otra parte, realiza una propuesta de ajustes a instrumentos actuales de planificación normativa y propone otros instrumentos nuevos y complementarios para una planificación coordinada e integrada, entendiendo por ello a la planificación normativa junto con los procesos de inversión.
La estructura del artículo comienza con detectar las debilidades y limitaciones de los instrumentos de planificación territoriales vigentes y su bajo aporte a la integración. Esto es realizado a través de un diagnóstico y evidencias basados en un análisis de casos de estudio en relación a su aplicación normativa.
En segundo lugar, a partir de dicho diagnóstico, se definen las lecciones a partir de los casos de estudio y también se proponen los temas, criterios y tipos de medidas para potenciales modificaciones legales a los actuales instrumentos de planificación. Para un cabal entendimiento de las modificaciones sugeridas, se agregan propuestas de cambios al texto de la ley y de la respectiva ordenanza en el Anexo 1.
En tercer lugar, se discuten nuevos instrumentos que permitan incorporar el concepto de planificación coordinada e integrada en el desarrollo de ciudades, orientados a planificar, coordinar, intervenir y prevenir procesos tanto de integración como de ocurrencia de nuevos fenómenos de segregación urbana. Estos también son compatibles con la condición actual de instrumentos de planificación.
De acuerdo a nuestra legislación se entienden como “instrumentos de planificación
territorial” al vocablo genérico que define indistintamente a los Planes Regionales de
Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos, Planes
Reguladores Comunales y Límites urbanos. Es decir, al conjunto de instrumentos que permiten guiar el desarrollo urbano de los territorios a través de la zonificación del territorio.
Existe un sinnúmero de descripciones de las funciones y atribuciones de los instrumentos de planificación territorial en diversos documentos, en la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza, sin embargo pocas descripciones y análisis existen de sus principios. Por lo mismo en este artículo se mencionará la estructura de nuestro andamiaje normativo, sus características principales y se ahondará en sus principios, como aclaratoria para los puntos más críticos a desarrollar.
La actual legislación identifica, como estructura de planificación urbana, a cuatro niveles de acción que corresponden a su vez a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal, cada uno de ellos con sus respectivos instrumentos de planificación. De los cuatro niveles de planificación sólo tres se definen:
Regional: aquella que orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones;
Intercomunal: regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana;
 Comunal: promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social.
Las tres definiciones incorporan elementos en común, como el desarrollo físico de centros urbanos. También las tres definiciones se diferencian por la escala geopolítica a la cual se relacionan y respecto a que la primera orienta, la segunda regula y la tercera promueve.
Sin embargo, más allá del carácter de las definiciones utilizadas para las tres escalas de instrumentos, todos ellos son básicamente herramientas fuertemente o completamente basadas en conceptos y capacidades de zonificación del territorio.
Estos tres niveles de planificación son en su grueso una constatación de lo existente en el territorio en relación a usos de suelo, estructura vial, y tipos de edificación. Es decir, establecen las características promedio de ámbitos estudiados y las relacionan a zonas
urbanas asimilables con el objetivo de fijar reglas de desarrollo para todos los nuevos proyectos, sean éstos promovidos por el sector privado o público.
Esto establece que en esencia tenemos un conjunto de instrumentos normativos diseñados para fijar condiciones a nuevos desarrollos básicamente a través de normas de edificación y urbanización junto a la definición de usos de suelo.
En efecto, el instrumento de planificación está logrado cuando esas diversas condiciones pueden ser implementadas a cualquier proyecto de uso permitido, siempre que sea localizado en cualquier sitio contenido en el ámbito territorial que dicho instrumento afecta. Como tales, son herramientas de planificación que informan a cierto proyecto en el territorio buscando que su inserción sea contenida en las limitaciones y condiciones fijadas. Todo instrumento de planificación definido para establecer limitaciones y condiciones es intrínsecamente reactivo respecto al desarrollo de su territorio. Son terceros los que lo requieren y utilizan como marco definidor de sus proyectos.
Dichos instrumentos en general están establecidos a nivel nacional (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), regional (Plan Regional de Desarrollo Urbano), intercomunal (el Plan Regulador Intercomunal) y comunal (Plan Regulador Comunal).
Cada uno de ellos cuenta con sus respectivas atribuciones y procesos de aprobación, dentro de los cuales es importante destacar los siguientes aspectos:
1. En general los instrumentos de planificación existentes son de carácter normativo, específicamente aquellos de nivel intercomunal y comunal, permitiendo con normas como la densidad, la constructibilidad y la altura fomentar fenómenos de segregación si no van acompañados de herramientas complementarias.
2. Ninguno de los instrumentos de planificación, que por su carácter normativo cumplen una función de establecer las condiciones para la construcción en el sitio privado, son acompañados de inversión pública, por lo que su impacto en comunas de menores ingresos generalmente tiende a la generación de déficit urbanos y por consiguiente importantes condiciones de urbanización de bajo estándar, no así en comunas de mayores ingresos, ya que las inversiones usualmente significan automáticamente mayores ingresos municipales por
concepto de patentes inversiones públicas.
A comienzos del año 2000 se deroga la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año
1985 y se elabora el programa Reforma Urbana bajo la denominación de una “mejor gestión para mejores ciudades” proponiendo tres ejes fundamentales de trabajo:
Descentralización y participación en la acción urbana.
Focalización de esfuerzos en los más pobres.
Modernización de instrumentos de gestión y modificación de instrumentos.
Así desde el año 2001 y luego de la gran modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del año 2002, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hasta la fecha se ha concentrado en apoyar con financiamiento y capacidad técnica a los municipios para que tengan sus planes urbanos actualizados. Además, se ha enfocado en el programa de actualización y de nuevos planes intercomunales, así como en las actualizaciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso y el plan Regulador Metropolitano de Concepción.
El trabajo se basó en que todas las comunas de Chile contaran con Planes Reguladores comunales actualizados y también con la elaboración de intercomunales. En el caso específico de Santiago, ya se había avanzado con el desarrollo y aprobación de un gran instrumento, el Plan Regulador Metropolitano del año 1994 y su modificación del año 1997 que incorporó la Provincia de Chacabuco. Todo esto vino aparejada con un cambio importante en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
El año 2006 se inicia otra etapa con la Agenda de Ciudades, con tres grandes proyectos. El primero, relacionado a la planificación urbana, tiene como meta garantizar que todas las comunas al año 2010 tengan sus planes reguladores actualizados, y con una participación ciudadana eficiente. Así se avanza en la actualización de 27 planes intercomunales y dentro de ellos el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (que ese año incorpora dentro del mismo las 12 comunas restantes, transformándose en la única
región de Chile que cuenta con un Regulador Metropolitano coincidente con los límites administrativos regionales). Una segunda medida es dirigida a la integración social con un proyecto de ley sobre cesiones de suelo para vivienda social. La tercera fue la ley de impacto vial urbano.
Este enorme esfuerzo desplegado para tener una cobertura nacional bajo un mismo estándar de planificación urbana se establece mientras la legislación sigue siendo básicamente la misma y los planes siguen siendo en su naturaleza los mismos planes pensados para un Chile de hace 60 años atrás.
Sin embargo, no es para nadie desconocido que hoy día -al igual que en el caso de las demandas de Vivienda- no sólo importa la cantidad de planes reguladores que las ciudades de Chile tengan, sino la calidad de los mismos y, sobretodo, las posibles atribuciones encontradas en ellos que están vinculadas directamente a la calidad de vida de los habitantes, en cuanto a conectividad, espacios públicos, localización de equipamientos, y la relación entre densidad y territorio.
En ese sentido es importante establecer una discusión constructiva partiendo por los principios básicos establecidos en la Circular Nº227 de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, emitida en el año 2009, y actualmente vigente, que establece para los planes reguladores de nivel comunal lo siguiente:
Estar orientado al desarrollo futuro.
Entenderse como un proceso continuo.
Basarse en el análisis de las condiciones existentes y la proyección de estas condiciones.
Constituirse en la mejor herramienta para el desarrollo del centro urbano al que está dirigido.
Propender a la justicia y equidad.
Buscar la integración con otras acciones públicas y privadas.
A pesar de todo este esfuerzo, la situación en la práctica no es muy alentadora, según se describe en la Política Nacional de Desarrollo Urbano:
“La cobertura de los Instrumentos de Planificación Territorial de nivel local alcanza al 68% de las comunas del país. Sin embargo, dichos instrumentos
tardan en promedio seis años en tramitarse y tienen pocas facultades para conducir el desarrollo urbano, o para vincular los usos de suelo con el transporte, o las obras públicas con el financiamiento. Muchas decisiones de inversión en vivienda e infraestructura se llevan a cabo al margen de la
planificación.”
Por otro lado la misma Circular Nº227 del año 2009 afirma que:
“No obstante lo señalado, el mayor dinamismo registrado por nuestras ciudades y territorios ha dejado de manifiesto, en los actuales planes reguladores, insuficiencias y carencias, toda vez que, cuando estos instrumentos no son ajustados a tiempo o la planificación no va acompañada de las inversiones necesarias, se generan fuertes impedimentos u obstáculos al desarrollo local, provocando efectos adversos para la calidad de vida de los ciudadanos.”
Por lo anterior, evidentemente los enfoques de política tienen directamente relación con como planificamos nuestras ciudades y por lo mismo como garantizamos calidad de vida, que se traduce en un proceso de integración social e inclusión. Hoy día nos encontramos con una barrera sideral entre lo que se planifica a través de instrumentos netamente normativos, principios, inversión y realidad.
3 La normativa y
segregación: lecciones de casos
Para ver el efecto de los instrumentos de planificación en el territorio y en las ciudades, como metodología se identificarán algunos casos de segregación significativos que reflejen no sólo la utilidad de los instrumentos vigentes sino que también su capacidad de desempeño en condiciones altamente demandantes.
En ese sentido, los casos de estudios reflejan a su vez el grado de obsolescencia de los instrumentos de planificación dada la generación efectos negativos al ser aplicados en el territorio, pero también evidencian la imposibilidad que tienen estas herramientas para revertir dichos procesos. Se hará evidente de qué modo la utilización de los mismos instrumentos de planificación para revertir los procesos negativos tiene una alta
complejidad debido a una concatenación de procesos incluyendo extensas fases de burocracia, tiempos y decisiones discrecionales a través de las cuales siempre resulta más complejo subsanar los impactos negativos que generarlos.
Bajos de Mena está localizado en la Comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana de Santiago. En el año 1979 se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 420. El sector actual de Bajos de Mena estaba identificado como sector rural E, con densidades que iban de 50 habitantes por hectáreas a 81 habitantes por hectáreas. El año 1984, la comuna aprueba su Plan Regulador Comunal reconociendo 5 sectores urbanos, siendo uno de ellos Bajos de Mena.
Figura 1. Plan Regulador de Puente Alto 1984
Figura 2. Zona U3 Bajos de Mena Plan Regulador de Puente Alto 1984
En la Figura 2 se muestra la delimitación de la zona U3 Bajos de Mena cuyas normas principales del Plan Regulador de Puente Alto fijaban una superficie predial de 250 m 2 , frentes prediales de 12 metros, altura de 12 metros, manteniendo la densidad fijada por el Plan Intercomunal Decreto 420 del año 1979.
El año 1994 con la modificación del Decreto 420 y la entrada en vigencia del PRMS 94, se genera el aumento de áreas de extensión urbana, incorporando el territorio de Bajos de Mena y sus alrededores con densidades de proyectos que van desde los 150 habitantes por hectárea a los 600 habitantes.
Producto de la factibilización normativa, es decir, de la asignación de nuevas normas al territorio en el año 1994 (aumentando sustancialmente la densidad permitida), así como de las políticas habitacionales de los últimos 20 años, el sector denominado Bajos de Mena se ha convertido en el más grande de los guetos urbanos de Chile, concentrado niveles altos de segregación, y la casi nula presencia de equipamiento y servicios.
Los gobiernos de la Presidenta Bachelet y del Presidente Piñera han emprendido diferentes acciones para poder revertir el proceso de segregación en forma parcial, con planes maestros, demolición de viviendas y otras acciones. Sin embargo, el problema persiste, no existiendo mecanismos reales y eficientes que permitan de forma clara revertir situaciones de esta envergadura, principalmente por la falta de instrumentos que conjuguen la planificación del territorio con la inversión.
En el caso de Alerce, localizado en la comuna de Puerto Montt, se origina en el año 1960 cuando el Ministerio de Tierras y Colonización realizó las primeras subdivisiones de tierras, dando origen al pueblo actual.
La presión de Puerto Montt por nuevos suelos con valores accesibles para los programas habitacionales originó el plan de ciudad satélite de Alerce a mediados de los años 90. Así
nace “el Proyecto”, que se decide realizar a través de un Plan Maestro elaborado el año
1997. Luego se modifica el Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, incorporando la localidad de Alerce al límite urbano, mediante Resolución Afecta Nº 83 del Gobierno Regional de Los Lagos, de Octubre 2001, para dar cabida al proyecto.
El nuevo Plan del año 2001, genera 8 zonas para Alerce, generando zonas con densidad de 200 habitantes por hectáreas y zonas sin densidad definida, con el objeto de poder concentrar población en el sector. Asimismo genera zonas industriales y zonas de equipamiento.
En el estudio “Ciudades con Calidad de Vida: Diagnóstico: Sistema Urbano Puerto Montt- Puerto Varas”, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo del año 2011 se concluye que Alerce es una comunidad afectada por un significativo proceso de segregación residencial y plantea un desafío crítico para la política publica en términos de integración y cohesión social.
Uno de los factores que lleva a esta conclusión es la falta de conectividad y de servicios
en la “ciudad satélite”, con tiempos de 30 minutos para llegar a centros de salud, por
ejemplo. Asimismo se detectan situaciones de hacinamientos en Alerce Norte, y problemas de transporte público para dirigirse a Puerto Montt.
Si bien en este caso el origen es la demanda de suelo, la factibilización de suelo a través de un instrumento de planificación permitió la localización y concentración de viviendas sin el respectivo equipamiento y servicios suficientes, generando un importante grado de segregación urbana.
Si bien los instrumentos de planificación territorial juegan un rol indiscutible en el desarrollo de las ciudades y barrios, y las normas que ellos fijan son la base normativa y como tales afectan de distinta manera a los distintos territorios según sus condiciones, no son en ningún caso los únicos causantes de los problemas de segregación en nuestras ciudades.
En efecto, si bien el fenómeno de segregación urbana es producido por una serie de factores en el territorio, la utilización de instrumentos de planificación únicamente dedicados a las definiciones de zonificación, a la larga aceleran y acrecientan fuertes condiciones de segregación urbana, principalmente porque dichos instrumentos sólo fijan zonas y normas asociadas al suelo sin mayor coordinación con la inversión.
A pesar de ello, no es menor que por efecto de establecer una densidad o un coeficiente de constructibilidad determinado, el tamaño predial permita el efecto de concentración e inmediatamente, si no se acompaña de otras medidas como planes de inversión pública, incentivos para la localización de equipamientos, transporte, etc., las probabilidades de encontrar extensas áreas urbanas con segregación es muy factible.
Así uno de los factores en común entre los casos es la densidad permitida por los instrumentos de planificación. En los dos casos presentados el aumento de la densidad de habitantes por hectáreas permitió un desarrollo con concentración de viviendas sin que estas extensas áreas se acompañen de inversiones para mantener y mejorar estándares o equipamientos suficientes, generando el problema de segregación urbana.
Por otro lado, es evidente que los actuales instrumentos de planificación urbana en Chile sólo están dirigidos a fijar las reglas para dar una solución a problemas inmediatos, como es el caso del déficit de vivienda, y dirigidos para fijar las reglas para el desarrollo urbano del sector privado.
En cambio, por lo menos hasta el momento, no se ha dejado espacio para la planificación de una diversidad de distintos componentes del territorio, esenciales y complementarios para prevenir los efectos negativos descritos en los casos.
Claramente estos casos dejan en evidencia que la planificación urbana en Chile no puede ser mirada sólo como un instrumento regulador, sino más bien debe ser vista como un instrumento de gestión del territorio.
Su capacidad regulatoria debe ser una de sus características, y por cierto, una de mucha importancia. En ese sentido la combinación de tipos de instrumentos de planificación y su totalidad relacionada a diferentes escalas políticas administrativas debe cumplir al menos con las siguientes capacidades:
1. Capacidad regulatoria vinculada al suelo desarrollable del territorio, y que en la actualidad ya se cumple, estableciendo los impactos que las diversas localizaciones generarán.
zonas inversión necesarios y los aportes ejecución.
públicos y privados necesarios para su
3. Gestión de procesos de planificación, inversión y de participación para las áreas de desarrollo y áreas de preservación en todo el territorio.
Desde esa perspectiva, y teniendo en consideración que los planes reguladores focalizados en principios de zonificación efectivamente inciden en los procesos de segregación, es que es necesario revisar tales instrumentos de regulación con el objetivo de ajustar las herramientas existentes y también agregar nuevas herramientas que permitan evitar procesos de segregación y a la larga poder revertir procesos existentes.
planifica ción
Antes de realizar propuestas no es irrelevante preguntarse cuál es la razón para modificar las herramientas de planificación urbana en Chile debido a que tales modificaciones siempre son muy complejas y extensas en tiempo. Es importante preguntarse si es realmente necesario generar cambios en política pública y tal vez incluso en su
institucionalidad. Es importante clarificar cuales son los objetivos de tales cambios para así dirigirlos en sentido de esa meta.
Una primera parte ya ha quedado respondida a través de la revisión de los casos de estudio. Es importante una modificación de las herramientas de planificación urbana dado que tienen una clara participación en las áreas con alta segregación. También debido a que para revertir tales situaciones, las herramientas de planificación son aún menos efectivas en sus capacidades.
La razón más clara de por qué es necesario modificar las herramientas de planificación urbana es que Chile se ha desarrollado, crecido y complejizado durante las últimas décadas como nunca antes en su historia. De hecho, en Chile no ha habido modificaciones sustanciales a sus sistemas de planificación desde hace más de tres décadas. Chile ha pasado de tener un ingreso per cápita que se ha duplicado en los últimos 10 años, los niveles de educación han aumentado considerablemente, y los niveles de pobreza han disminuido notablemente. Éstos son sólo algunos de los hechos que muestran la magnitud de este cambio. Además están las razones ya expuestas en este artículo: en paralelo al desarrollo pujante del país, se han formado áreas de concentración de pobreza con urbanización de muy bajo estándar y carentes de infraestructuras mínimas.
Para proponer un conjunto de instrumentos de planificación urbana para un nuevo sistema de planificación territorial, éstos se deben basar en los siguientes criterios:
1. No es necesario eliminar el sistema de planificación urbana vigente ni tampoco sus herramientas, sino al contrario, es necesario fortalecerlos con otros instrumentos complementarios.
2. Sí es necesario que las herramientas a agregarse sean diseñadas con objetivos claros y específicos, y con un ámbito de acción muy claro.
3. Es imprescindible establecer estándares garantizados de desarrollo urbano relacionados a calidades de espacios públicos, de infraestructura vial, de equipamiento urbano, de servicios y sobretodo de accesibilidad.
4. Los anteriores puntos implican una complejización y aumento de capacidades en los gobiernos locales, metropolitanos y regionales relacionados a las diversas escalas de desarrollo urbano del país.
5. Es necesario que los instrumentos de planificación estén íntimamente ligados a la inversión.
Estos instrumentos de planificación 2.0 deben integrar de escalas de planificación con el objetivo de establecer un sistema de planificación urbano más continuo en relación a los diversos niveles de planificación y debe basarse en tres componentes:
2. Infraestructura y equipamiento Urbano
Desde esa perspectiva se plantean tres elementos a incorporar en el sistema de planificación urbana vigente, con el objetivo de contar con un sistema más integral de herramientas que permitan actuar en el territorio de dos formas, recuperando o renovando sectores deprimidos o segregados y asimismo evitando y previniendo fenómenos de segregación urbana:
1. Los Planes de Intervención, ligados a proyectos e inversión y a estándares garantizados de urbanización.
2. Las Cuotas de Vivienda Subsidiables por el Estado, bajo dos modalidades: cuotas por comuna y desarrollo urbano condicionado en zonas de extensión.
3. Normas urbanísticas y facultades de los instrumentos.
El objetivo de los Planes de Intervención es agregar a nuestra actual planificación urbana normativa la componente de estándares urbanos y de inversión vinculantes. Esto permitiría, tanto en sectores deprimidos actualmente y en el futuro desarrollo de proyectos preferentemente sociales, asegurar calidad y estándares que eviten procesos de segregación.
Los Planes de Intervención corresponden a un instrumento de gestión que busca detonar procesos de transformación urbana, generando, potenciando y/o recuperando la capacidad de los territorios. Esto se realizará a través de una cartera de proyectos (esencialmente de espacio público y equipamiento), consistente con una visión estratégica y realizables en el corto y mediano plazo.
Por otro lado junto con los planes de intervención, es necesario fijar cuotas de viviendas subsidiables por el Estado por comuna, incorporando de esta manera el factor geográfico
y de localización respecto a la ciudad, a sus ventajas en términos de accesibilidad y cercanía.
Por último y asociado a los dos elementos anteriores, necesariamente se debe ajustar las normas desde una lógica de facultades de los instrumentos, de las normas aplicables y de los procedimientos. En particular, se propone la exigencia de estudios de Vivienda y Hábitat en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales.
De estos tres elementos se desprenden dos acciones concretas (modificaciones y ajustes a la norma):
Su objetivo es poder contar con un instrumento para fijar zonas de intervención en sectores deprimidos así como en sectores de expansión urbana o de futuros proyectos donde se asegura el nivel de intervención en el territorio.
Estas zonas de interés social conforman una zonificación en el territorio que cuenta con tres partes:
a. Plan Normativo: normas urbanísticas de la actual legislación
b. Plan de Intervención: proyectos, inversión y estándares urbanos
c. Plan de subsidios: para mantención de áreas verdes y espacio público
La definición y propuestas de zonas de interés social proponemos sea facultad de los Municipios y Gobiernos Regionales en consulta con los Municipios involucrados mediante un procedimiento simplificado que se detalla en el Anexo 1.
En zonas consolidadas, esto se realizará a través de la asignación de porcentajes a cada comuna por medio del Plan Regulador Intercomunal. En aquellas comunas que no cuenten con un Plan Intercomunal, la fijación de ese porcentaje exigible será de atribución del Gobierno Regional.
Esto implica en primer lugar incorporar en los planes reguladores intercomunales y comunales la exigencia de un Estudio de Vivienda y Hábitat que definirá la demanda de
vivienda social de cada comuna y de la intercomuna. Con ello se deberá definir un porcentaje de viviendas subsidiables por el Estado exigibles para cada comuna en base a los estudios. Dicho porcentaje se definirá en el instrumento intercomunal y cada comuna va ajustando su porcentaje de acuerdo a los estudios locales.
Para esto es necesario modificar la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, fijando como parte de los estudios básicos de los instrumentos intercomunales y comunales el Estudio de Vivienda y Hábitat, como primera medida. A partir de lo anterior, se debe agregar en la Ordenanza la facultad del instrumento intercomunal para fijar porcentajes de viviendas subsidiables por comuna, dentro de sus atribuciones descritas en su artículo 2.1.7.
El cumplimiento de dicho porcentaje debiera ser obligatorio para todas las comunas y ser redefinido mediante un mecanismo simplificado en el instrumento de planificación correspondiente cada 5 años.
Todas las cuotas de vivienda asignadas a cada comuna deben ser asociadas a una Zona de Interés Social predefinida, mediante el mecanismo descrito en el Anexo 1.
En zonas de extensión urbana fijadas por el Plan Intercomunal o Comunal, se propone realizar esto mediante el sistema de desarrollo condicionado. Para ello, se propone agregar un nuevo artículo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permita el desarrollo por condiciones. Este debe establecer que las municipalidades podrán establecer, por iniciativa propia en el Plan Regulador Comunal o mediante planes seccionales, zonas de desarrollo urbano condicionad en las cuales los proyectos podrán acceder a beneficios en términos de cambios en las normas urbanísticas. Entre otras, mayor densidad, constructibilidad, altura, ocupación de suelo, nuevos usos permitidos o reducción de la subdivisión predial, siempre que cumplan con ciertas condiciones dentro de las mismas.
En compensación, los proyectos deberán incorporar obligatoriamente porcentajes de suelo para viviendas sociales o viviendas sociales dentro de la zona en que se emplacen o al interior del proyecto. Asimismo, deberán mejorar o ejecutar obras en el espacio público y materializar equipamiento de uso público.
Figura 3. Instrumentos para la integración urbana
Uno de los problemas identificados en los innumerables diagnósticos y análisis de la nuestras ciudades es que la planificación y, específicamente nuestros instrumentos normativos, no van asociados a inversión y viceversa. Es decir, generalmente son instrumentos que se construyen sin las necesarias coordinaciones y sin un plan de implementación real. En este sentido es necesario incorporar en las memorias explicativas de los planes intercomunales y comunales un plan de inversiones de obras públicas y viviendas indicativo, como antecedentes de la propuesta, para lo cual se propone la siguiente modificación al artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
PARRAFO 1º.- De las Zonas de Remodelación y zonas de Interés Social Artículo 72º.- Las Municipalidades que tengan Plan Regulador podrán fijar "Zonas de
Remodelación", en las cuales se disponga congelar la situación existente y establecer una política de renovación de las mismas.
La Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo podrá, asimismo, en determinados casos, fijar de oficio "Zonas de Remodelación", de acuerdo a sus facultades.
Para los objetos antedichos, deberá estudiarse y aprobarse previamente un "Plan
Seccional" de la zona escogida, en que se determinen las nuevas características de ella, como ser, el aspecto urbanístico de uso del suelo, trazados viales, densidades, líneas de edificación, sistemas de agrupamiento de la edificación, coeficientes de constructibilidad, alturas mínimas y máximas, etc.
Agréguese Artículo 72 bis.- Los Municipios y Gobiernos Regionales podrán fijar “Zonas de Interés Social” en el territorio de su región y dentro de los límites urbanos que cuenten
con un Plan Regulador Intercomunal o Comunal en las cuales se dispondrá la intervención de la situación existente y establecer un plan de intervención de la misma.
Para la fijación de dichas zonas deberá estudiarse y aprobarse un “plan seccional” de la
zona escogida en que se determine un plan normativo, un plan de intervención y las
exenciones y subsidios posibles de aplicar en dicho territorio, en dos planos distintos.
Artículo 73º.- La declaración de zona de remodelación se aprobará por decreto supremo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, dictado "por orden del Presidente", a propuesta o en consulta a la Municipalidad, en la forma que determine la Ordenanza
General, y en ella se fijará el plazo dentro del cual los propietarios deberán edificar de acuerdo a las nuevas normas de la zona de remodelación.
Agréguese Artículo 73 bis.- La declaración de zona de interés social se aprobará por resolución del intendente en la forma que determine la Ordenanza General y en ella se fijará el plazo para el desarrollo de la zona de interés social.
Modifíquese Artículo 75º.- Las características técnicas mínimas que deberán tener los "Planos Seccionales de Zonas de Remodelación" y “los Planos Seccionales de interés social” y el procedimiento para su aprobación y aplicación serán regulados en la Ordenanza General.
Asimismo, se propone la siguiente modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Agréguese a continuación del último inciso del artículo 2.1.15 lo siguiente:
En los casos a que se refieren el artículo 72 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, deberá confeccionarse un Plan Seccional de Zona de interés social, el que constará de los siguientes antecedentes:
1. Plan Normativo, la fijación de nuevas normas urbanísticas para el territorio a intervenir.
2. Plan de Intervención, el que incluirá:
a) Catastro de la situación existente de la zona escogida, en base a uno o más planos que grafiquen lo siguiente:
Trazados viales, líneas oficiales y líneas de edificación existentes
Características de la edificación existente con su volumetría,
coeficientes y densidades Usos de suelo existentes
c) Plan de Obras
3. Memoria explicativa, que contenga los fundamentos de la proposición.
4. Ordenanza del Plan, en la que se determinen las nuevas características de la zona.
5. Planos, que grafiquen las nuevas condiciones de la zona.
Agréguese a continuación del último inciso del artículo 2.1.39 lo siguiente:
La fijación de "Zonas de Interés Social" por los Municipios o Gobiernos Regionales en el territorio de su región y dentro de los límites urbanos que cuenten con un Plan Regulador Intercomunal o Comunal, deberá ceñirse al procedimiento siguiente:
a) Elaborar un Plan Seccional del área con los componentes que se señalan en el artículo 2.1.15 de la presente Ordenanza.
b) Exposición al público del proyecto de Plan Seccional, durante un plazo no inferior a 15 días, para que los interesados se informen debidamente de todos sus antecedentes.
c) Observaciones del público y respuesta a observaciones, con un plazo no inferior a 10 días.
d) Envió de antecedentes a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para su visto bueno.
e) Resolución del Intendente.
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Ana Maria Sanchez Reyez