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Timestamp: 2018-05-21 03:08:37
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Seguridad Ciudadana y Planificac
Seguridad Ciudadana y Planificación Estratégica
I. De la Seguridad Ciudadana
1. Síntesis de los Congresos internacionales
La celebración de congresos internacionales, relacionados con la materia que nos ocupa, tiene su presencia en la historia contemporánea, aportando desde diferentes enfoques, una extensa, diversa y valiosa doctrina como veremos a continuación.
Podemos agruparlos en tres segmentos temporales: De los primeros congresos; de la Comisión Internacional y, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos últimos, celebrados sin interrupción cada cinco años desde 1955.
No vamos a profundizar en todos sus contenidos, sino tomando para nuestro cometido los aspectos más relevantes.
De los primeros Congresos Internacionales
Frankfurt, 1846;
Bruselas, 1847;
Frankfurt, 1857.
Cincinnati, 1870 (Congreso Nacional con proyección mundial).
De los Congresos de la Comisión Internacional
Londres, 1872. Primer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Delito. Se crea la Comisión Internacional de Prisiones;
Estocolmo, 1878;
Roma, 1885;
San Petersburgo, 1890;
París, 1895;
Bruselas, 1900;
Budapest, 1905;
Se crea en 1919, la Sociedad de las Naciones (SDN) al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918) por imperio del Tratado de Versalles.
Londres, 1925;
Praga, 1930;
Berlín, 1935. La Comisión Internacional de Prisiones se presenta como Comisión Internacional Penal y Penitenciaria.
Se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al término de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la ciudad de San Francisco, 1945.
Holanda, La Haya, 1950.
De los Congresos de las Naciones Unidas.
Ginebra, 1955. 1º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente;
Londres, 1960;
Estocolmo, 1965;
Kyoto, 1970;
Ginebra, 1975;
Caracas, 1980;
Milán, 1985;
La Habana, 1990;
El Cairo, 1995;
Viena, 2000;
Bangkok, 2005. 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal;
Salvador, 2010;
Doha, 2015.
2. ¿Qué sabemos y entendemos por Seguridad?
Cuando hablamos de seguridad, inmediatamente la asociamos al universo jurídico-político. Es indudable que a priori sea así, pero ¿Tiene su origen en ese mismo universo en que está instalada? Para conocer mejor qué sabemos y entendemos por seguridad vamos a recurrir, en principio, a tres ciencias sociales: la Psicología, la Antropología y la Economía.
Es consecuencia de nuestra humanidad, que tengamos necesidades de diversas características y niveles, como también la imperiosa tendencia de satisfacerlas.
Una necesidad es la percepción o certeza de que nos falta algo, no solamente material, pues nuestro sistema psíquico puede llevarnos a situaciones de desequilibrio o vacío emocional que bien podemos considerarla como carencia de algo. Para todo caso, la necesidad va unida al deseo de satisfacerla, pues de lo contrario, viviríamos en frustración y de alguna manera, quizás violenta o delictiva, la exteriorizaríamos.
Nos ocuparemos entonces de aquellas necesidades básicas que tenemos las personas por nuestra sola condición de seres humanos.
En su obra "Una teoría sobre la motivación humana" (1943), Abraham Maslow (1908-1970) explica cuáles son y cómo las personas van satisfaciendo sus necesidades desde las básicas hasta las superiores.
Establece una jerarquización de las necesidades, también conocida como la "pirámide de Maslow", basándose en que toda persona está motivada a satisfacer necesidades superiores si previamente ha satisfecho las básicas o inferiores.
a. Necesidades básicas:
- Fisiológicas;
b. Necesidades superiores:
- Sociales;
- Estima;
- Auto-realización.
Las necesidades fisiológicas constituyen la primera prioridad de toda persona y se relacionan con la supervivencia. Necesidad de aire, agua, alimento, vivienda, sexo, abrigo, mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, etc.
La seguridad se relaciona con la tendencia a la conservación frente a situaciones de peligro, el deseo de estar y sentirse exento de riesgos, de poseer estabilidad y ausencia de dolor. Se busca crear y mantener un estado de orden y protección. También se relaciona con el temor de las personas a perder el control de sí mismos e íntimamente ligada al miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a la anarquía, etc.
Las necesidades sociales surgen a partir de la satisfacción de las anteriores. Cada persona tiene la necesidad de relacionarse, de agruparse formal o informalmente, de sentirse uno mismo requerido. Necesidad de compañía, de amor, de amistad, de conformar una familia y de participación social, de manifestar y recibir afecto, de vivir en comunidad, de pertenecer a un grupo, etc.
La estima, también conocida como la necesidad del ego o de la autoestima, implica sentirse apreciado, tener prestigio y destacarse dentro de su grupo social, de igual manera incluimos la autovaloración y el respeto a sí mismo. Es la necesidad de recibir el reconocimiento de sus semejantes, pues de lo contrario se frustran sus esfuerzos en generar sentimientos de prestigio y confianza.
La auto-realización representa la necesidad de trascender, de dejar huella, de realizar su propia obra y desarrollar su talento al máximo como idea-rio de cada persona. Es lograr las metas propuestas, de prosperidad personal y social, es también el rechazo a la cultura del fracaso o la derrota.
¿Qué nos dice la Antropología?
En su trabajo "Una teoría científica de la cultura" (publicado en 1944), Bronislaw Malinowski (1884-1942), relaciona la cultura con la satisfacción de necesidades humanas.
La cultura conforma un amplio, diverso y variado sistema de componentes materiales, conductuales y espirituales que permite a las personas, la satisfacción de sus necesidades básicas para su bienestar integral. Estas son:
- Nutrición;
- Cuidados corporales;
- Relajación;
- Movimiento;
La explicación de estas necesidades, dejémoslo como un ejercicio asociativo a la llevada a cabo en el punto anterior.
La satisfacción de estas necesidades en su conjunto, nos brinda un estado óptimo e integral de equilibrio y bienestar, rescatando a la seguridad como una necesidad básica, natural y cultural, que nos es propia. La falta de seguridad o inseguridad, cualesquiera fuesen sus causas, desemboca en un desequilibrio personal y grupal, que atenta contra la calidad de vida y puede derivar en situaciones de conflictividad y peligro.
Malinowski continúa refiriendo que las necesidades básicas, son satisfechas en cada comunidad de acuerdo a su cultura, a la vez que surgen otras necesidades derivadas, producto de la vida comunitaria, las cuales son de carácter cultural. De esta manera, cada sistema sociocultural brinda respuestas culturales para satisfacerlas, través de:
- Organización política y;
- Control social.
Podemos agregar, que toda comunidad para lograr la satisfacción de sus necesidades, crea instituciones de conformidad a pautas consensuadas, costumbres y normas que le son propias.
En cuestión de necesidades básicas no debe considerarse prioridades y postergaciones, pues su satisfacción debe concretarse de manera integral y simultánea, por lo que las instituciones creadas al efecto deben llevar adelante sus misiones y consecuentes funciones, coordinadamente.
¿Quiénes crean, generan y transforman permanentemente la Cultura? Nosotros. La cultura es originaria de los seres humanos y se va preservando, ampliando o modificando, conforme las necesidades a satisfacer y de aquellas que vayan surgiendo en su devenir histórico.
¿Cómo se satisfacen las necesidades de las personas?
Tal como adelantáramos, a través de instituciones. Una institución entonces, es un sistema de normas, establecidas por las personas, de carácter cultural y jurídico con el propósito de convivir en comunidad y satisfacer sus necesidades.
En todas las sociedades vamos a encontrar instituciones sociales básicas y de carácter originario:
- Familia;
- Religión;
¿Qué nos dice la Economía?
Vamos a dejar de lado el mensaje diario que consumimos de los medios masivos de comunicación, a través de los cuales la economía se reduce al precio del dólar, al comportamiento bursátil o la inversión extranjera.
"La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía" (Max-Neef)
En sus libros, "La economía descalza" (1982) y "Desarrollo a escala humana" (1993), Manfred Max-Neef (1932-?), refiere:
"la persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. En este sistema de necesidades fundamentales encontramos por una parte las necesidades de carácter existencial (por existir): Ser, Tener, Hacer, Estar; y por la otra, las necesidades de carácter axiológico (valores): Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. En consideración a lo dicho, Max-Neef ejemplifica que vivienda, alimentación y vestuario son medios para satisfacer la necesidad fundamental de Permanencia (o Subsistencia). Del mismo modo, la educación -ya sea formal o informal- el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación, sirven para satisfacer la necesidad de Entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, en general, satisfacen la necesidad de Protección".
Entendemos por protección como la defensa o reguardo de una persona ante un peligro o riesgo y cuyo fin es estar y sentirse seguro.
De la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).
La OCDE es una organización intergubernamental constituida oficialmente en 1961 y tiene sede en la ciudad de París. Está conformada por 35 países y posee sub-sedes en sus Estados miembros entre los cuales figura Brasil, Chile y México.
Índice para una vida mejor.
El índice permite comparar el bienestar en distintos países, basándose en 11 temas que la OCDE ha identificado como esenciales para las condiciones materiales y la calidad de vida, a saber:
01. Vivienda (condiciones y gasto de vivienda);
02. Ingresos (ingreso familiar y patrimonio financiero);
03. Empleo (ingresos, seguridad en el empleo y desempeño);
04. Comunidad (calidad de apoyo en el ámbito social);
05. Educación (la educación y sus beneficios);
06. Medio ambiente (su calidad, en donde se vive);
07. Compromiso cívico (participar en democracia);
08. Salud (el cuidado de la salud);
09. Satisfacción (midiendo la felicidad);
10. Seguridad (tasas de homicidios y asaltos);
11. Balance de vida-trabajo (tiempo dedicado al trabajo y al entretenimiento).
Indicador de Seguridad. (Algunas posiciones)
De manera elocuente, el siguiente cuadro ilustra las posiciones (2012-2013) de nueve países de la OCDE, apreciándose que en una escala de 0 a 10, México alcanza el Cero (0) y Japón el Diez (10).
(C/100.000 habitantes)
De otra ciencia social: La Geografía.
Resaltamos el muy importante aporte al tema que estamos viendo, del trabajo de investigación: "La calidad ambiental en Argentina" de Guillermo Ángel Velázquez y Juan Pablo Celemín (1a ed., Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina, 2013).
Se construyó un Índice de Calidad Ambiental (ICA) en base a la selección de 23 variables representativas, agrupadas en tres bloques temáticos:
1. "Recursos recreativos de base natural" (playas; balnearios, centros termales, nieve-hielo, relieve, parques y espacios verdes; etc.);
2. "Recursos recreativos socialmente construidos" (centros culturales; centros comerciales; centros deportivos; etc.) y;
3. "Problemas Ambientales" (uso de plaguicidas, contaminación, ruido, congestionamiento; tornados; inundabilidad; clima; asentamientos precarios; localizaciones peligrosas; inseguridad; etc.).
Resaltamos entonces la importancia del trabajo, a la vez que reconocer e incorporar en los parámetros de calidad ambiental (como problema) a la inseguridad, de la cual se menciona como vinculante al bienestar de las personas y la calidad del ambiente urbano en el cual viven.
Por lo visto, las Ciencias Sociales y los trabajos de una organización intergubernamental, nos permiten comprender que la seguridad de las personas, no es una concesión que el Estado les otorga, sino una obligación por representar una necesidad básica humana que les es propia por su sola condición de seres humanos y que debe ser satisfecha conforme a pautas socioculturales de cada comunidad y simultáneamente con el resto de sus necesidades.
Estas diferentes perspectivas, haciéndose hincapié en las fechas en que fueron desarrolladas, nos explican el fracaso a través de la historia, de las políticas oficiales en materia de seguridad, a la vez que indican el camino correcto para su abordaje. Esto también conlleva a revisar y reformular, los esfuerzos de la institución policial con relación a sus procederes y resultados en la prevención del delito.
Las necesidades básicas humanas, fundamentan en principio, derechos naturales, pues se corresponden exclusivamente con la sola condición humana y representan aquello que es justo y legítimo para la supervivencia y conservación de las personas. Son derechos anteriores y superiores al ordenamiento jurídico de los países, universales e inmutables, que cada Estado debe reconocer y proteger como derechos fundamentales.
De esta manera comprendemos mejor porqué la seguridad, es un derecho humano consagrado en la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre (1948; art. 1°), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948; art. 3°), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, art. 9º) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (1969; art. 7º inc. 1). Empero, el alcance del valor seguridad, no sólo comprende la esfera civil y política sino, la social, económica y cultural.
En párrafos anteriores, citamos al control social como un presupuesto muy importante en todo sistema sociocultural, dentro del cual, la función indelegable del Estado, es la verificación permanente del cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de los integrantes de su comunidad y, en caso contrario, su restitución inmediata.
La seguridad o la inseguridad, es un tema sustantivo histórico que ha sido abordado desde una óptica represiva, ejerciéndose un control social inquisidor a través del sistema de justicia penal.
3. Aproximación al concepto de seguridad ciudadana
La persona como centro de las acciones del Estado en la prevención y control del delito y la violencia
En los últimos años, la doctrina especializada trabajó en la definición de un concepto que permitiera identificar con precisión la situación de las personas enfrentadas a las amenazas generadas por hechos violentos o delictivos. Históricamente, tanto en los espacios académicos como en los marcos normativos y en las prácticas profesionales, se utilizaron diferentes definiciones para referirse a esta temática. Estas diferencias, más allá de lo meramente terminológico, involucran especialmente elementos de naturaleza conceptual sumamente relevantes que condicionan, significativamente el soporte doctrinario y los aspectos operativos del ejercicio de las funciones policiales.
Seguridad nacional, seguridad interior, orden público y seguridad pública
En relación con lo afirmado en el párrafo anterior, es común que todavía en la actualidad se utilicen conceptos diferentes para aludir, muchas veces, a un mismo objeto. Esto contribuye a generar una mayor confusión respecto a las diferentes responsabilidades de las instituciones públicas en las acciones dirigidas a la prevención y control de la violencia y el delito.
Así, se utilizan, entre otros, los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior, orden público o seguridad pública, para hacer referencia a un mismo campo de imputación de funciones estatales. La idea fuerza que tienen en común todos estos conceptos es que el objetivo de las intervenciones contra el delito y la violencia no es otro que la seguridad del propio Estado, la que se logra generando las condiciones para el mantenimiento de determinado orden político, jurídico económico o social. En otras palabras: desde que el delito y la violencia interpersonal alteran ese “orden de lo público”, el aparato estatal debe tener la capacidad operativa para suprimir esas alteraciones, en aras de lo que se considera intereses superiores del mismo Estado.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, el desarrollo de las doctrinas democráticas sobre seguridad, especialmente en América Latina a partir del restablecimiento del Estado de Derecho superados los años de gobiernos autoritarios y las dictaduras militares, permitió que se generaran los contenidos del concepto de seguridad ciudadana. En esa dirección, la doctrina especializada sostiene que el concepto de seguridad ciudadana permite alcanzar un “(…) enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas, a diferencia de la seguridad del Estado o de determinado orden político. (…) En los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a la amenaza de situaciones delictivas o violentas, se asocia a la seguridad ciudadana y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales”.
La expresión seguridad ciudadana no se refiere a la seguridad de las personas que viven en ámbitos urbanos o que poseen los requisitos para ostentar la ciudadanía política, sino a la idea de ciudadanía democrática, concebida como la capacidad de ser sujeto de derechos.
En esa dirección, y frente a los paradigmas sustentados en la idea de mantenimiento del orden jurídico y de la autoridad del Estado por sobre todas las cosas, el nuevo modelo elaborado a partir del concepto de seguridad ciudadana, tiene como objetivo “preservar derechos y libertades, a la vez que se ofrece un servicio público a la ciudadanía, y cuya misión fundamental sería la protección de la seguridad de los ciudadanos, todo ello en procura de una mejor calidad de vida”.
En suma: el concepto de seguridad ciudadana es humano-céntrico (la persona es su fin último), porque tiene que ver con las obligaciones del Estado como garante de los derechos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Esta aproximación es coherente con la doctrina clásica más prestigiosa en la materia, que enseña que: “La teoría de los derechos fundamentales (...) es, en realidad, la expresión doctrinaria de la contienda histórica que se ha desarrollado entre los individuos y los grupos sociales frente al Estado”.
Sin embargo, esto no debe conducir a una concepción de seguridad ciudadana extremadamente laxa, de una amplitud tal que incorpore otras obligaciones del Estado referidas a los derechos de las personas, pero vinculadas necesariamente a intervenciones de diferente naturaleza y alcance, relacionadas con las políticas sociales y no con la prevención y control del delito y la violencia directamente. Muchas veces, los principales operadores institucionales y decisores políticos siguen mostrando dificultades para comprender esta diferencia. En este sentido, “(…) el discurso sobre seguridad ciudadana manejado por ciertos actores, estatales o incluso no estatales, en nuestra región reproduce (voluntaria o involuntariamente) una marcada incapacidad para diferenciar lo que constituyen decisiones en materia de política criminal, de aquellas que corresponden a intervenciones en el campo de las políticas sociales. Muchas de las apelaciones a la prevención de la violencia y el delito están marcadas a fuego por esta confusión (…)”.
A los efectos de contribuir a superar estas dificultades, resulta ilustrativo el planteo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que llega al concepto de seguridad ciudadana comenzando a partir de la definición de desarrollo humano y derivando luego a la de seguridad humana.
Concretamente, por desarrollo humano se entiende el “proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos. El ingreso es una fuente importante de oportunidades (…) pero no es la fuente única: la educación, la libertad política o el medio ambiente saludable, entre otros muchos, contribuyen a que los seres humanos tengamos vidas más plenas (…) una condición fundamental para disfrutar del desarrollo humano es que las oportunidades u opciones no desaparezcan de un momento a otro o, en otras palabras, que ellas sean seguras”. A partir de estas ideas, se desprende el concepto de seguridad humana: “El desarrollo humano es un proceso de ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente; la seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre”.
La seguridad humana, entonces, implica la ausencia de amenazas, graves y previsibles, que pueden afectar el proceso de desarrollo humano. Esas amenazas pueden ser de diferente naturaleza: desastres naturales; desempleo; crisis económicas; epidemias; contaminación ambiental; rupturas del estado de derecho; criminalidad, entre muchas otras.
Una vida libre de las amenazas generadas por el delito y la violencia interpersonal es uno de los factores que integran el concepto de seguridad humana, condición necesaria para avanzar en el proceso de desarrollo humano. Sobre esta base, entonces, se asienta el concepto de seguridad ciudadana.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) define a la seguridad ciudadana como: “aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos”.
En esta misma dirección, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seguridad ciudadana debe entenderse como:
“La situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados” (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal (…) Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.
La seguridad ciudadana como política pública. Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos frente a la violencia interpersonal y la delincuencia común y organizada
Los factores posibilitadores del delito y la violencia en América Latina, se relacionan directamente con la calidad de la convivencia entre las personas. La inseguridad –objetiva o subjetiva–, deteriora seriamente los vínculos que permiten la vida en sociedad, favoreciendo la intolerancia, la segmentación residencial y los lazos de solidaridad que caracterizan a una comunidad democrática. En la región, la seguridad ciudadana no solamente se ve amenazada por los hechos criminales generados por la delincuencia común u organizada: también afectan seriamente esas condiciones de seguridad las variadas formas de violencia, aun cuando éstas no sean consideradas como delitos por las normas de Derecho Penal vigente.
Al respecto, el IIDH identifica algunas de esas manifestaciones más comunes de la violencia y el delito en la región:
(1) Delitos patrimoniales ocurridos cotidianamente en los vecindarios de las ciudades y en los lugares de trabajo y encuentro de la población. Muy en especial, los robos en las calles y robos en las viviendas que afectan directamente y cada día a muchas personas;
(2) En algunos países más que en otros, la inseguridad ciudadana está asociada al alto número de homicidios motivados por causas comunes, muchas veces consecuencia de la práctica de otros crímenes. En algunos lugares la condición de mujeres se ha convertido en factor de riesgo adicional, para ser víctima de asesinato, en muchas ocasiones asociado a la violencia sexual, dentro o fuera del hogar;
(3) La violencia contra las mujeres y contra las niñas/os. El maltrato sistemático a las mujeres y a los niños y niñas, especialmente en el ámbito familiar es una realidad muy extendida en nuestras poblaciones y –además de ser un problema relevante en sí mismo–, es una de las explicaciones más importantes de la multiplicación de otras formas de violencia entre la gente. A esto se agrega la existencia de patrones culturales que asocian la masculinidad con el ejercicio de la violencia y la portación y uso de armas de fuego;
(4) Formas violentas e ilegales de resolución de conflictos cotidianos por la acción de particulares en forma individual o colectiva, ejerciendo la violencia en su grado máximo;
(5) Los secuestros extorsivos, tanto en su forma tradicional, como en las nuevas modalidades de “secuestros al paso o exprés”;
(6) Las pandillas juveniles –que en algunos países adoptan la forma y denominación de “maras”– que reúnen a jóvenes y adolescentes de barrios populares de muchas ciudades en grupos organizados que –en función del control territorial y afirmación de identidad–, ejercitan violencia entre ellos y contra el resto de la población.
Asimismo, en muchos casos son sus miembros –individual o colectivamente considerados– autores de diversos delitos o se convierten en aliados potenciales del crimen organizado;
(7) Disputas por control territorial relacionados con el narcotráfico y la micro-comercialización de drogas. En varios lugares de la cuales las policías usualmente no pueden ingresar y en donde los narcotraficantes ejercen un control social casi absoluto, involucrando a la población y en particular a los jóvenes en redes de tráfico.
Estos espacios urbanos se convierten además en lugares propicios para que se produzcan muchas otras formas delictivas y actos de violencia;
(8) Violencia y abuso policial contra poblaciones vistas como sospechosas de albergar infractores, en particular dirigida contra jóvenes, criminalizando expresiones corporales o culturales, como los tatuajes. En algunos casos esto llega a incluso a asesinatos selectivos o a las llamadas “operaciones de limpieza social”.
La situación mencionada es la consecuencia de múltiples factores posibilitadores, también llamados, por algunos autores “factores criminógenos”. Entre estos, se señalan: “(…) la desigualdad (…) la exclusión social y (…) la progresiva limitación de oportunidades como a la insuficiencia institucional para enfrentarlos”. En ese sentido, se destaca que:
(…) una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida, en primer lugar, como parte del conjunto de los esfuerzos de los Estados por avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades, y como parte del esfuerzo de fortalecer nuestras aún débiles democracias y garantizar los derechos humanos y libertades públicas, conquistas fundamentales de las últimas décadas que no pueden ser arriesgadas. El disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado a la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia o de las violencias que puedan manifestarse en su seno.
También se ha señalado por estudios recientes que la aplicación de las llamadas “políticas de ajuste estructural”, especialmente en América Latina, generó un marcado deterioro en el papel de Estado como garante del pacto social de convivencia.
Asimismo, la aplicación de políticas de corte neo-liberal disparó procesos de profundos cambios culturales, primordialmente debido a los valores que se promovieron, relacionados con una nueva forma de organización de las relaciones sociales y personales, cuyo único ente regulador eran las reglas impuestas por el mercado. De este modo, en las sociedades de la región, los vínculos interpersonales se fueron debilitando progresivamente de forma tal que las instancias de socialización tradicionales, como la familia, la escuela, el trabajo o las organizaciones de la comunidad, perdieron progresivamente incidencia en los hábitos y las conductas de las personas. Como resultado de lo anterior, los seres humanos pasaron a ser considerados ya no como integrantes de un colectivo social, sino exclusivamente como individuos aislados, que únicamente responden a los estímulos de un modelo de consumo que promete dar rápida satisfacción a sus intereses.
A la vez, este proceso de cambio cultural impactó sobre las instituciones públicas, las que se fueron deteriorando paulatinamente. En ese contexto, el Estado se debilitó y perdió su capacidad histórica de articular los diferentes conflictos que, naturalmente, se desarrollan en la sociedad.
En consecuencia, las políticas de ajuste estructural golpearon efectivamente en América Latina sobre la economía, la sociedad, las pautas culturales y hasta en el orden político. En el mismo plano, esas políticas neoliberales generaron un sensible incremento de la pobreza y la indigencia; elevaron los niveles de exclusión social; favorecieron el desarrollo de procesos de informalidad en los diferentes sectores de la economía; y, entre otras consecuencias negativas, favorecieron un inusitado crecimiento de la violencia y la criminalidad.
Relacionado con lo afirmado en los párrafos precedentes, estudios recientes identifican los principales desajustes sociales con mayor incidencia en el delito y la violencia. Estos serían demográficos (alto número de hombres y mujeres jóvenes en situación de marginación; procesos de urbanización desordenados); familiares (aumento de familias disfuncionales); laborales (desempleo; empleo informal o de poca calidad); educativos (deserción escolar); económicos (nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen; pobreza extrema; desigualdad); políticos (escasa legitimidad del Estado); institucionales (ineficiencia de la policía y el sistema penal); culturales, relacionados con usos sociales (consumo problemático de alcohol; drogas; fácil acceso a armas de fuego); y culturales, relacionados con pautas de convivencia (tolerancia o legitimación social de la violencia; poca valoración de las víctimas potenciales).
En este escenario también se señala que los profundos cambios de diferente naturaleza que se verifican en la actualidad, contribuyen a generar una mayor percepción de inseguridad en las personas, y afectando también, de esa manera, las pautas que normaban tradicionalmente la convivencia. Se trata de los nuevos desafíos que derivan de “un mundo sin certezas”, donde:
(…) las incertidumbres crecen día a día: el cambio climático; la crisis energética; la inestabilidad de los procesos de producción de alimentos; los vaivenes de la economía; la debilidad de algunas democracias en la región. Ante la pérdida de los viejos paradigmas sobre la política, la economía y la sociedad, sustentados en fuertes principios absolutos, aparecen el miedo y la amenaza, y esto da nacimiento a la demanda de certidumbre: “no se trata de un problema individual (...) la vida colectiva requiere certidumbres y, en particular, certidumbre precisamente acerca de lo colectivo”.
Como puede apreciarse, entonces, el análisis de la situación de la seguridad ciudadana no puede basarse en una simple formulación de “causa-efecto”. Por el contrario, debe partirse de la base del examen de diferentes factores, que, eventualmente favorecen o hacen posible el surgimiento o la reproducción de conductas violentas o la comisión de hechos delictivos. Este tipo de abordaje es flexible, y reconoce la importancia e incidencia de las estructuras económica, social y de control formal, pero las transciende, asociando dinámicamente “la acción de las personas en las dimensiones educativa, cultural e histórica, al tiempo que ubica la familia como factor central, seguida de las amistades, escuela y barrio. También aprecia que los medios de comunicación son factores que inciden transversalmente en la vida nacional, tanto en el área urbana como rural. Persigue una comprensión mucho más ajustada a la realidad que el enfoque causal”.
Estos planteos nos llevan al estudio de la dimensión objetiva y de la dimensión subjetiva de la inseguridad, elementos centrales para el diseño e implementación de las diferentes actividades que deben desempeñar las instituciones públicas directamente comprometidas con la política sobre seguridad ciudadana.
Inseguridad objetiva e inseguridad subjetiva
En esta dirección, se ha señalado que la inseguridad objetiva (o inseguridad real) es “aquella situación o condición que sufre una comunidad por la que una parte significativa de sus habitantes se ven impedidos del libre y pacífico ejercicio de sus derechos humanos, como producto de acciones violentas, de cualquier tipo”.
Por su parte, se define la inseguridad subjetiva (o “percepción de inseguridad”), como “(…) el temor de los habitantes de una comunidad de verse privados del libre y pacífico ejercicio de sus derechos humanos, como producto de acciones violentas, de cualquier naturaleza, así como no percibir que esta situación evolucionará positivamente, por lo menos en el corto plazo (…)”.
Desde el punto de vista técnico, y a los efectos de la planificación operativa policial, la inseguridad objetiva puede medirse mediante las estadísticas de hechos delictivos que se cometen en una comunidad en un lapso determinado (tasas o índices de delitos denunciados) así como mediante encuestas de victimización (que permiten determinar también la llamada “cifra oculta”, esto es: los delitos cometidos que no llegan a denunciarse). Por su parte, la inseguridad subjetiva (“miedo al crimen” o “percepción de inseguridad”) puede medirse también a través de encuestas de victimización, así como mediante tablas que, desde la sociología y la psicología social, permiten elaborar los índices de temor.
También pueden destacarse otras definiciones de inseguridad objetiva y de inseguridad subjetiva.
Así, la dimensión objetiva de la violencia y el delito se entiende por algunos autores como: “los hechos de violencia, los conflictos que vulneran el orden público y los eventos delictivos cometidos en una determinada jurisdicción”. Los aspectos fundamentales de esos hechos pueden registrarse y medirse, a partir de algunos indicadores básicos, a saber:
(i) la situación y evolución de los conflictos que vulneran el orden público; (ii) la situación y evolución del delito en general, ya sea en términos absolutos o relativos; (iii) la situación y evolución de la violencia delictiva; (iv) la situación y evolución de las modalidades de criminalidad compleja (crimen organizado); y (v) las condiciones sociales e institucionales de la violencia; el conflicto que vulnera el orden público y el delito en sus diferentes manifestaciones.
Por su parte, la dimensión subjetiva de la violencia y el delito es definida como aquella referida:
(…) a los aspectos simbólicos-culturales expresados en el conjunto de sensaciones, percepciones, valoraciones e interpretaciones sociales acerca de la criminalidad y de las respuestas institucionales del sistema de seguridad pública. Sus manifestaciones básicas deben suponer el conocimiento de algunos indicadores básicos, tales como: (i) las opiniones acerca de la problemática de la seguridad y el delito, según franja etaria, género, nivel socioeconómico, lugar de residencia, y su evolución temporaria; (ii) la evaluación del desempeño y la actuación de la policía en la prevención o control de delitos así como también de los gobiernos (nacional, provincial o municipal) en la dirección del sistema de seguridad o del poder judicial en la persecución penal de las personas sospechadas de la comisión de delitos, según franja etaria, género, nivel socioeconómico, lugar de residencia; y (iii) la percepción social acerca de cualquier aspecto relevante referido a las problemáticas de la seguridad ciudadana.
En este punto debe volver a hacerse una referencia concreta al papel de los grandes medios masivos de comunicación, cuya relación con los temas vinculados a la seguridad ciudadana es siempre compleja. Se ha señalado acertadamente que la percepción de inseguridad, o inseguridad subjetiva:
(…) varía no sólo en función de la amenaza objetiva, sino en función de nuestra personalidad y de la información que tenemos sobre las amenazas. La información, en concreto, influye tanto por los contenidos que transmite (no importa que sean reales o ficticios, con tal de que se muestren “creíbles”) como por los modos como los transmite (un mismo contenido puede transmitirse tranquilizadoramente, de forma equilibrada, o en forma alarmante y producir efectos totalmente diferentes). Este último dato nos introduce en la posibilidad de la manipulación del miedo a partir de la información que se nos ofrece.
Estudios recientes en la región han avanzado en estudiar la “construcción de la inseguridad subjetiva” por parte de los medios de comunicación. Estos trabajos de investigación sostienen que la cobertura que el delito recibe en los medios gráficos no se corresponde de modo fiel con su aumento o disminución reales, así como también que los medios trabajan, sobre todo, a partir de “leading cases” –casos testigos–. Esto lleva a otros analistas a afirmar que “los medios influencian a la ciudadanía sobre la percepción de la inseguridad a través de una construcción ficticia realizada por la prensa que no necesariamente refleja los hechos que suceden realmente”.
A los efectos de eludir esta influencia de los grandes medios de comunicación sobre los niveles de inseguridad subjetiva, resulta fundamental que las instituciones directamente involucradas en la implementación de la política de seguridad ciudadana (entre las que tienen un papel fundamental las fuerzas policiales), produzcan y difundan en forma permanente información objetiva, confiable sobre los principales indicadores vinculados a la situación de violencia y delito en una determinada comunidad.
Sin embargo, en la mayoría de los países de la región:
La inexistencia de información; los datos incompletos no depurados; y los errores en la medición de las estadísticas sobre criminalidad y violencia, son algunos de los principales obstáculos para avanzar en la definición de acciones concretas de prevención y control. Se requieren, entonces, sistemas con abordajes metodológicos adecuados que permitan registrar los diferentes tipos de delitos y eventos (…) De manera complementaria, es además necesario adelantar investigaciones que documenten sobre los factores causales o las condiciones que favorecen o desfavorecen la comisión de actos violentos.
En ese orden, se señala que la información producida en el marco de la política sobre seguridad ciudadana debe ser:
(…) cuantitativa, amplia, verificable, contrastada, confiable y comparable, como líneas de base y, más adelante, como indicadores de resultados de gestión. Se requiere, por tanto, un esfuerzo importante acompañado de planes específicos y recursos suficientes para mejorar las estadísticas policiales y extender el uso de las encuestas de victimización. De igual manera es imprescindible pensar en el diseño e implementación de una política comunicacional clara que informe de los planes y compromisos de la autoridad, acompañe la ejecución de las políticas y muestre con transparencia los logros y fracasos del proceso. La información debe ser pública y estar al alcance de los vecinos. En muchos países la carencia de información tiene impacto directo en los altos niveles de temor, debido a que se generan verdaderas crisis de inseguridad por hechos aislados o puntuales. Por ello es recomendable replicar la experiencia de aquellos países del hemisferio que tienen la información accesible por internet para que los ciudadanos se informen, tomen las decisiones más acertadas y se organicen según sus necesidades, intereses y deseos.
La seguridad ciudadana como política pública
En términos generales, los países de América Latina enfrentaron históricamente los problemas derivados de la violencia y el delito exclusivamente mediante acciones de tipo punitivo, en el marco de un modelo estrictamente represivo, basado en el trípode “policía-justicia-cárcel”. Este modelo dejó de lado las estrategias dirigidas a la prevención, a la vez que, su incapacidad para concebir estrategias integrales e interinstitucionales para enfrentar a la violencia y el delito, lo llevó a desarrollarse al margen de las obligaciones del Estado de defensa, protección y promoción de los derechos humanos.
En ese marco, la tendencia fue la permanente creación de nuevos tipos delictivos; el incremento de las penas; y la apelación a medidas de “ley y orden” o “mano dura”. Sin embargo, como destacan importantes estudios regionales, estas medidas, no han logrado reducir la criminalidad, al tiempo que la impunidad ha avanzado debido a deficiencias en los sistemas policiales, judiciales y la saturación de las cárceles.
En similares términos se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
"(…) en varios países de la región se ha apelado a políticas que han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas. Por otra parte, la falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito, en ocasiones ha conducido a reproducir lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extralegal (…)."
Las dificultades y carencias antes señaladas deben ser enfrentadas y superadas a partir de la concepción de la seguridad ciudadana como una política pública. Esto debido a que, como destaca el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana es una “responsabilidad esencial del Estado”, que debe comprometer integralmente su accionar.
Esta responsabilidad estatal:
"(…) no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y tener objetivos claros y verificables de corto, mediano y largo plazo. Todos los Estados de la región deben diseñar e implementar una política nacional de convivencia y seguridad ciudadana mediante la cual se establezcan de manera clara las responsabilidades de las autoridades territoriales y de las agencias de seguridad, justicia y defensa de los Estados. La política debe tener como principios fundamentales la coordinación interinstitucional, y la complementariedad de las acciones que se desarrollen. Ello requiere de gran voluntad y compromiso político de las autoridades, pero también de las fuerzas políticas que no estén en el gobierno, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, para liderar y orientar a la ciudadanía que, muchas veces presa del temor y la desesperación, exige soluciones inmediatas a problemas que requieren de procesos complejos y de políticas y acciones multidimensionales."
Características de la política pública sobre seguridad ciudadana
La política pública sobre seguridad ciudadana es “un instrumento de planificación, que permite la racionalización de los recursos disponibles, en un marco de permanente participación de los actores sociales involucrados”. En este sentido, se señala que esta política pública debe ser integral (por abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto); intersectorial (por comprometer acciones, planes y presupuestos de diferentes actores estatales); participativa (por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad); universal (por su cobertura sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo); e intergubernamental (por comprometer entidades de los gobiernos centrales y locales). Y, especialmente, esta política pública sobre seguridad ciudadana “debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado”.
A partir de esta línea de razonamiento se llega a plantear con claridad la relación entre la política pública de seguridad ciudadana y las obligaciones del Estado de defender, proteger y promover los derechos humanos. Esta relación directa entre seguridad ciudadana y derechos humanos se advierte “al menos en tres sentidos”:
1. La repercusión que tienen los altos niveles de criminalidad y violencia y las políticas de control en el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a la justicia, por sólo mencionar algunos.
2. La garantía del derecho humano a la seguridad ciudadana es una obligación del Estado sobre la cual se legitima la propia existencia del Estado de Derecho, el cual, a través de sus diferentes instituciones, debe brindar seguridad al individuo en sí y como parte de la sociedad a la que pertenece en el libre goce de sus derechos. Cuando el Estado, ya sea por acción o por omisión, falta de articulación de estrategias, planes y políticas adecuadas, no garantiza la seguridad de los individuos y los derechos que la misma lleva aparejada (vida, libertad, integridad, propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades etc.) incumple tres tipos de obligaciones estatales al respecto, como lo son las de respetar, proteger y cumplir derivando en el fracaso parcial en garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población, especialmente de aquella más vulnerable a la violencia, justamente aquellos con más problemas de destitución de derechos.
3. La función policial constituye un servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades. La razón de ser que otorga legitimidad
a la profesión policial es la protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, razón que constituye su horizonte último. Es una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de las personas como función superior del Estado.
Modelo tridimensional de la política pública de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos
Sobre esta base, y a los efectos de constituirse en un instrumento adecuado para que el Estado cumpla satisfactoriamente sus obligaciones en materia de derechos humanos, esa política pública sobre seguridad ciudadana debe conformarse a partir de una estructura tridimensional, que permita el diseño, implementación y evaluación de planes y programas integrales, que incorporen a diferentes instituciones del sector público y haga posible la complementación y coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que:
"(...) una política pública sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos es aquella que incorpora el desarrollo de acciones simultáneas en tres áreas estratégicas: el área institucional, el área normativa y el área preventiva (...):
El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de seguridad ciudadana, los aspectos operativo-institucionales se relacionan, fundamentalmente, con los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el Ministerio Público; la defensa pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros aspectos:
1. Los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.
2. Los mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales que integran las instituciones mencionadas.
3. Las condiciones de trabajo y remuneración de estos funcionarios. El equipamiento, medios de transporte y comunicaciones disponible para el cumplimiento de las funciones asignadas (...)."
El área normativa se refiere a la adecuación del marco jurídico, tanto a las necesidades para la prevención o represión del delito y la violencia, como para el desarrollo del procedimiento penal o la gestión penitenciaria.
En esta dirección, la legislación interna debe articular equilibradamente las potestades de las instituciones estatales (sistema judicial, policial y penitenciario) con las garantías de los derechos humanos. Las normas que tienen que ver con la política de seguridad ciudadana establecen, en la generalidad de los casos, limitaciones o restricciones al ejercicio de algunos derechos humanos. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, el respeto al principio de legalidad establece que estas normas deben tener jerarquía de ley, tanto en el sentido material, como en el sentido formal (...).
En el área preventiva se incluyen responsabilidades que exceden las competencias asignadas a la administración de justicia y la policía. En este caso, y siguiendo la definición de política pública adoptada, se incorporan aquí las acciones no punitivas que deben implementar otras agencias estatales del gobierno central y de los gobiernos locales (municipales) en cooperación con organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y los medios de comunicación.
Se trata de medidas de prevención social, comunitaria y situacional, que tienen como objetivo intervenir sobre los factores posibilitadores o factores de riesgo sociales, culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que inciden negativamente sobre los niveles de violencia y criminalidad. Los responsables de diseñar la política pública de seguridad ciudadana deben tener en cuenta, inclusive, los resultados en función de la ecuación costo-beneficio de las medidas de prevención frente a las medidas de represión de la violencia y el delito.
Este planteo sustentado en la implementación de medidas simultáneas en las tres áreas mencionadas, permite pasar a analizar el tema de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, con especial referencia a aquellas situaciones relacionadas con la política pública de seguridad ciudadana.
Fuente del Item 3: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): “Derechos Humanos, Seguridad ciudadana y funciones policiales”, IIDH, 2011.
4. Del aspecto jurídico-político.
De esta manera, entramos en ese universo jurídico-político mencionado al principio. Hagamos un ejercicio de lectura y consecuente análisis pedagógico sobre dos leyes fundamentales, cuales son por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina en su Preámbulo y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 10º.
El Preámbulo de la C. N. (1853) determina seis objetivos fundamentales, reconociendo aquellos valores que conforman su proyecto de país. Vamos analizarlos bajo la óptica de nuestro Siglo.
Constituir la unión nacional.
Un objetivo con plena vigencia en nuestros días, no solamente para la Nación Argentina sino para muchos países de nuestra América Latina. Encontramos nuestras comunidades dividas por desigualdades sociales, económicas y culturales, con situaciones de enfrentamientos que impiden el desarrollo, siendo de imperiosa necesidad promover acciones de reconciliación y unidad.
Afianzar la justicia.
Como supremo valor, no solamente en el campo jurídico y político sino también en el plano social. Si bien el ideal de justicia se materializa como poder del Estado, su administración debe ser eficiente y eficaz. En algunos países de la región se verifica un reproche generalizado al funcionamiento de la justicia. Cuestiones relacionadas con el acceso a la misma, al consecuente proceso judicial y sus resultados. No basta entonces con una estructura debidamente constituida, sino que satisfaga dentro del marco constitucional, los requerimientos de la comunidad.
Consolidar la paz interior.
Un objetivo fundamental que se corresponde con la unión nacional y la justicia. Si bien en los tiempos de su dictado el pretendido era evitar y suprimir la violencia y las luchas civiles para la creación de una nación en paz, actualmente se suceden enfrentamientos de orígenes multicausales que impiden el camino hacia la paz y hacia un destino común. Resulta necesario entonces la acción de todos los actores socio-políticos para promover y sostener una cultura de la paz donde prime el entendimiento, la comprensión y la tolerancia.
Proveer a la defensa común.
En aquellos tiempos este objetivo obedecía a la necesidad de defensa del Estado, de las provincias que conformaban la Nación y de su población. De igual manera, la defensa de la propia Constitución, como garante del estado de Derecho. En la actualidad se mantiene su vigencia al enfocarse en la defensa común de los miembros de la comunidad, ante la proliferación de amenazas como la delincuencia urbana, transnacional organizada, la trata de personas, la corrupción y el narcotráfico. Defender al habitante del delito y, esto quiere decir, evitar que sea víctima o victimario.
Promover el bienestar general.
Para todos los habitantes y la comunidad en general. Es el fin último del Estado que es el bien común, creando las bases y condiciones fácticas necesarias para tal cometido. Comprende una integralidad de factores que permita a cada quien, desarrollarse plenamente y sin temor, en la satisfacción de sus necesidades básicas, a la vez que participar en el bien común.
Como cualidad natural de toda persona y valor fundamental del cual el Estado es el responsable de velar por su pleno goce y protección. Que el ejercicio de la libertad de cada quien, no menoscabe o impida el ejercicio de la libertad de sus semejantes, pero necesariamente debe gozarse junto a otros valores innatos de la condición humana que en su conjunto promueven el bienestar personal y general.
El Preámbulo finaliza con un inequívoco pronunciamiento de "Patria Grande y Abierta" hacia todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Los objetivos vistos precedentemente y sus consecuentes comentarios, se corresponden y articulan plenamente con los pilares fundamentales de la seguridad humana de los habitantes.
En el artículo 10º de la C. P. (1873), el constituyente reconoce inequívocamente, la libertad y la independencia de las personas como cualidades innatas y trascendentales de su propia naturaleza humana. Además determina como valores esenciales para la existencia, conservación y desarrollo de las personas, la vida, la libertad, la reputación, la seguridad y la propiedad, por ello su reconocimiento como derecho perfecto a su defensa y protección, resultando una saludable concordancia entre derecho natural y derecho positivo.
El Estado entonces, está obligado a garantizar esta protección y en caso de impedimento, menoscabo o violación, el derecho a defenderlos. Para este último supuesto no puede ser ejercida directamente sino a través de los organismos judiciales con los que debe contar el Estado y que deben funcionar de manera eficiente y eficaz, evitando situaciones en que el habitante perciba ausencia o desamparo e incitarlo a conductas violentas o criminales.
"El derecho de los seres humanos ha de ser mantenido como cosa sagrada, por muchos sacrificios que le cueste al poder dominante". (Emmanuel Kant: “La paz perpetua”, 1795)
Asimismo, el artículo 10º esclarece y resuelve una controversia que no surge de la Ley, aunque quizás, de la mala praxis en su aplicación, denunciada por ciertos sectores sociopolíticos y medios masivos de comunicación social, que nunca debió ser tal en un Estado de Derecho. Libertad y Seguridad no son valores antagónicos por el contrario, están reconocidos y protegidos dentro de un mismo escenario constitucional.
La seguridad de las personas, de ninguna manera implica coartar su libertad. La seguridad genera y mantiene un ámbito adecuado para el desarrollo pleno de la libertad, pues juntos transitan el mismo sendero. La ausencia o manipulación de uno, vulnera el pleno goce del otro.
Otra controversia de iguales orígenes y consecuencias, es la referencia: "ley de mano dura versus ley de mano blanda". Entendemos que ni una ni otra posición, ni aún en cierta posición equidistante. En un Estado de Derecho, solamente prima el imperio de la Ley, y la Ley, debe ser la mejor y más justa posible, porque su aplicación debe ser la expresión más pura del respeto a los derechos humanos, hablemos entonces de la “mano justa”. El “garantismo”, como concepto asociado a la “mano blanda” no es otra cosa que el apego a la ley, y si ésta, no conforma las expectativas de la sociedad, sus miembros a través de sus representantes, tienen la potestad de modificarla. No se trata entonces, de un asunto de jueces y policías, sino de legisladores.
""En el concepto del derecho perfecto la tensión entre derecho positivo y derecho natural ha sido resuelta en cuanto que todo el derecho positivo concuerda con el derecho natural. Ello tiene lugar, como Kant lo formula en su histórico tratado de 1784, "la libertad bajo leyes externas se logra en el mayor grado posible con un poder irresistible, esto es, una perfecta y justa constitución civil". Perfección es aquí la unión entre la mayor libertad posible y la mayor seguridad posible. Si tanto la idea de la mayor libertad posible, así como la idea de la mayor seguridad posible, están incluidas en el concepto de derecho de Kant, no puede haber duda de que tal concepto es un concepto "omnicomprensivo". Un concepto "omnicomprensivo" es aquel que abarca diversos principios contrapuestos y que como idea exige una realización óptima, donde la realización óptima ideal sería su perfecta realización."" (Robert Alexy: "Immanuel Kant: Vigencia de la filosofía critica", 2007)
De corolario, los objetivos constitucionales para la Argentina, fueron concebidos de conformidad a la realidad socioeconómica y cultural de 1853, donde la "elite de poder" sostenía el paradigma, que un Estado seguro implicaba un habitante seguro y, por ende, se centró en la conformación de un Estado fortalecido sobre la base de una adecuada administración general y paz interior estable.
Resulta evidente que los constituyentes nacionales tuvieron una cosmovisión integrativista de proyección futura (comparable por cierto a otros estados de nuestra Región) que permite en la actualidad una interpretación igualmente válida y sin alteraciones de espíritu, por la cual reconocemos al habitante como su actor principal, como el centro de todas las atenciones del Estado, en pleno goce y protección de sus derechos humanos, propiciando de esta manera una seguridad humana de los habitantes. No fue entonces por ellos el enfoque erróneo o distorsivo de su tratamiento, sino tal vez por la impericia o pereza intelectual de las generaciones posteriores que no comprendieron los alcances de esa visión y cumplir fehacientemente con el mandato constitucional.
Tal como se mencionara precedentemente, de la lectura de algunos textos constitucionales de países de nuestra Región, comprendemos el reconocimiento y compromiso estatal para la garantía y protección integral de todos los derechos humanos de las personas que hacen a la seguridad humana de los habitantes, asegurándoles una vida libre de necesidades y de temor a la violencia.
Es más, en la actualidad no encontraremos constituciones reñidas con los documentos internacionales de derechos humanos. Pero si gobiernos, con funcionarios "olvidadizos" o reticentes de su cumplimiento a la hora de hacerlos efectivos, en cuyo caso seguiremos teniendo una precaria seguridad convencional con una policía obligada a aplicar la ley en sectores donde la ley se desconoce, aislada del contexto social y lejana de esa integralidad a que hacíamos referencia, con la cual se caracteriza –y seamos reiterativos- la seguridad humana de los habitantes –que somos nosotros-.
Citaremos y reproduciremos entonces, ciertas partes que consideramos de interés de algunas constituciones políticas de países de nuestra Región, que contemplan las bases jurídicas fundamentales de nuestra materia de estudio.
De Bolivia (2008), el preámbulo por ejemplo:
"PREÁMBULO (párrafo tercero) Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien (…)”, además de su artículo 9º.
De Ecuador (2008), su artículo 340º:
"El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo (….); se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación….El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. (….)” además del artículo 341º.
De Colombia (1991, actualizada en 2001), su artículo 2º:
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (….) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.(…)” además de los artículos 13º, 22º, 51º y 64º, entre otros.
De Panamá (2004), su artículo 17º:
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”. En su artículo 56º: “El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos.”. Además de sus artículos 17º, 56º, 62º, 109º, 113º, 117º, 118º.
De Perú (1993), su artículo 1º:
"Defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. En su artículo 2º: “inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Inciso 23: A la legítima defensa. 24. A la libertad y a la seguridad personales.”. Además de sus artículos 3º, 4º, 7º, 10º, 11º, 14º, 23º.
A modo de corolario, como regla general, toda vez que de la lectura de un texto constitucional, encontremos reconocidos y garantizados como derechos fundamentales, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en los documentos de derechos humanos, tomando como referencia las Declaraciones Universal y Americana de 1948, sus pactos consecuentes y la pertinente legislación local, ajustada a su estricto y eficaz cumplimiento, entonces tendremos las bases jurídicas para una Seguridad Humana de los Habitantes.
Nuevamente ratificamos, que el impedimento para su plena vigencia, radica en su práctica.
Si observamos que un gobierno invierte energías y presupuesto en salvar a un banco o entidad financiera de su quiebra, cuando debería hacerlo en revertir el desempleo, la indigencia o el sistema de salud, es claro el ejemplo y, estaríamos frente a una arista filosa de inseguridad humana de los habitantes.
II. Prevención social del delito
La prevención social del delito debe responder a una planificación integral de la seguridad humana de los habitantes que en particular contenga todas las medidas y actividades que impidan la proliferación de la delincuencia, sobre la base de un control social consensuado y participativo, representado en la ley y ejercitado en las relaciones cotidianas de los miembros de la comunidad.
Nos remitimos a los contenidos de la Declaración de Caracas, el Plan de acción de Milán, la Declaración sobre prevención de la delincuencia urbana de La Habana de las Naciones Unidas y el Informe científico de París. Contestes a ello, las medidas básicas que deben adoptarse responderán al abordaje de los factores determinados en los citados documentos además de las correspondientes y convenientes a la realidad social de cada país.
En tal sentido se diferenciaran las medidas preventivas tendientes a reducir las oportunidades de comisión de delitos (eliminación de oportunidades), de aquellas destinadas al tratamiento de factores económicos, sociales y culturales (desarrollo social) que generan delincuencia. Recordemos que en el informe de París (1991) se consideraron la delincuencia ocasional y la delincuencia recurrente o persistente.
Tanto para las medidas de desarrollo social como de reducción de oportunidades, podemos abordarlas en tres niveles de actuación, primario, secundario y terciario pero, para hacerlo efectivo debe verificarse la adecuada conformación y correcto funcionamiento de las diferentes estructuras organizativas del aparato estatal orientadas a la satisfacción de las necesidades de los habitantes como del amparo y protección de sus derechos fundamentales por imperio de su ordenamiento jurídico. No sólo es la base jurídica, sino la intención, el acometimiento estatal de hacer efectivo en la práctica, un sistema de prevención.
Es importante recordar algunos párrafos de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 20 de enero de 1989 recaída en el Caso Godínez Vs. Honduras por cuanto la prevención del delito hace al pleno goce y protección de los derechos humanos:
"(….) el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. (….) La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos."
La prevención primaria es consecuente al mosaico jurídico-institucional del Estado y comprende las medidas adoptadas a través de sus diferentes ministerios o instituciones, traducidas en políticas públicas de carácter general pero integradas, tales como vivienda, empleo, servicios sociales, educación, trabajo, salud, justicia y seguridad, donde la reducción de la delincuencia, es un beneficio colateral. Por ejemplo, una acción estatal orientada a reducir la pobreza y el desempleo (desarrollo social), tendrá un impacto favorable en la prevención de la delincuencia. La sustitución del dinero en efectivo por otros medios de pago para operaciones comerciales y financieras, evitando su tenencia y traslado por los particulares (eliminación de oportunidades), tendrá igualmente un impacto favorable en la prevención del delito. En la prevención primaria la labor fundamental de la policía es evitar que las personas sean víctimas de la delincuencia pero también, que no se conviertan en delincuentes.
Las medidas de prevención secundaria son igualmente correspondientes y llevadas a la práctica por las distintas áreas de gestión estatal, como las señaladas en el párrafo anterior, pero en grado de especificidad y de competencia provincial, regional o de ciudad, respondiendo de esta manera a la idiosincrasia de los habitantes y a la situación del delito. Son políticas públicas que determinan medidas de carácter específico y asociadas a la realidad de cada comunidad ante la producción de determinadas situaciones de vulnerabilidad social o hechos delictivos. Como ejemplo, los programas dirigidos a familias cuyos hijos se encuentran en situación de riesgo (desarrollo social), constituyen medidas de prevención secundaria. Si ante el aumento de delitos contra la propiedad en una región, ciudad o barrio, se dispusieran medidas de prevención situacional como patrullajes, presencia policial fija o reconversión del espacio público (eliminación de oportunidades), será igualmente prevención secundaria del delito. En este nivel, la labor de la policía se ve comprometida por antecedentes de haberse sucedido un accionar delictivo que amerita su atención específica, redoblando esfuerzos para su neutralización.
La prevención terciaria comprende políticas y sus consecuentes medidas y actividades tras el delito ocurrido y se orientan a impedir que se vuelva a producir, como de asistencia a la víctima. Son medidas llevadas a cabo por instituciones creadas para tales fines. Por ejemplo, la labor de las instituciones de atención de liberados del sistema penitenciario o, las sentencias judiciales recaídas sobre autores de violencia de género, que incorporen su tratamiento terapéutico, será prevención terciaria. Así también, de la existencia de programas de asistencia y contención a las víctimas del delito, esto sería igualmente prevención terciaria.
La actuación de la agencia policial en este nivel de la prevención, es la consecuente ante la comisión de un delito, su investigación y esclarecimiento bajo la orientación y dirección de la justicia, sin descuidar sus potencialidades en cuanto a la asistencia primaria a la víctima y su esquema de prevención situacional que impida la repetición de hechos delictivos.
Resulta claro entonces y valga la redundancia, que las políticas gubernamentales inherentes a la prevención social de la delincuencia -entre ellas, las relacionadas con el accionar policial- deben rediseñarse dentro de un contexto integral que determinen medidas dirigidas a la eliminación de oportunidades pero también aquellas que favorezcan el desarrollo social, económico y cultural, resultando indispensable reformular las tradicionales estrategias basadas exclusivamente en la trilogía Policía, Justicia, Penitenciaría.
Un informe de las Naciones Unidas sobre la situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo para el XII Congreso de Prevención del Delito y Justicia Penal (Brasil, 2010), indicó que ciertos delitos pueden considerarse como un fenómeno en gran medida urbano que responde a factores locales, como los robos, hurtos y asaltos. En tal sentido, la planificación urbana, la prevención del delito y la acción policial parecen ser factores importantes para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos. Sin embargo, pueden diferir considerablemente de un barrio a otro de una misma ciudad. La proximidad entre los delincuentes y sus víctimas, la vulnerabilidad de los objetivos de la delincuencia, la disponibilidad de armas de fuego y drogas, la presencia de bandas, la densidad de población y las presiones y tensiones que afectan a una determinada comunidad contribuyen a aumentar el riesgo de inseguridad y delincuencia. Asimismo, el informe también señaló, que no hay correlación alguna entre las tasas de personal policial y el número de sospechosos cada 100.000 habitantes.
Esto indica que disponer de más agentes de policía no se traduce necesariamente en un mayor número de delitos esclarecidos. Tampoco existe una relación clara entre la eficacia de la policía y la región del planeta en que está situado el país, aunque la mayoría de los países que ocupan los lugares más bajos en cuanto a la productividad de la policía se encuentran en América Latina.
Esto nos permite el reconocimiento de tres factores de interés para afrontar la delincuencia urbana. La planificación, la prevención y dentro de la cual, la acción policial. Lo cual nos dice también, que la acción policial aunque necesaria e irremplazable, por sí sola, no es suficiente.
Reflexionemos brevemente acerca de los factores determinados por las Naciones Unidas del cual es conteste el informe de París. Teniendo en cuenta que la policía está presente en los tres niveles de la prevención y su labor es preponderantemente anterior a la producción delictual, evitando que las personas sean víctimas pero también que no entren en conflicto con la ley penal, cuál será entonces su posicionamiento frente a tales factores.
Las medidas tendientes al desarrollo social, no son incumbencia de la agencia policial (ver ítems a, b, c, d, e, f, g y j del informe de La Habana), pero influyen directa e indirectamente en el resultado de sus acciones, por lo que necesariamente está llamada a participar y colaborar. Empero, una mala o ausente planificación estatal en tal sentido condiciona significativamente y hasta puede hacer fracasar su desempeño.
Con relación a las medidas tendientes a la reducción de oportunidades y de incumbencia policial, tal es el caso de la vigilancia de los espacios públicos y privados (informe de París), es de responsabilidad compartida con las autoridades municipales; el control de las armas de fuego (informe de París) de diverso origen, en cuanto a su detección y secuestro, pero también es una responsabilidad compartida con otras autoridades estatales que regulan su fabricación, distribución y registro. El uso indebido de drogas (incluyendo el alcohol) y otras sustancias (inciso h, informe de La Habana e informe París), es también compartido, siendo conscientes que su dependencia merece un tratamiento asistencial y por ende, competencia del área de salud como de otras agencias preventoras.
La proliferación de las actividades de la delincuencia organizada, en especial el narcotráfico y la recepción de artículos robados (inciso i, informe de La Habana), comprendiendo la trata de personas y el tráfico de armas, es también competencia de la agencia policial pero en un contexto social donde las demás agencias oficiales estén desarrollando su labor, pues el tratamiento de la delincuencia no es extensivo a absorber las falencias o ausencias de otros operadores del sistema.
Un capítulo aparte merece la cuestión del terrorismo, donde su tratamiento, no sólo comprende a la policía sino a todo el sistema de justicia penal a los organismos del Estado.
“La policía será como la ley determine que sea”
(Cheves, informes Costa Rica ´94 y El Cairo ´95)
En consecuencia, se ajustará a lo que ella determine pero, de igual manera, cada agencia oficial debe actuar conforme a su competencia y para la cual fuera creada.
En atención a los factores vistos precedentemente, tales políticas públicas, deben focalizarse en su tratamiento específico pero simultáneo, pues si algún gobierno considera que el correcto abordaje de la delincuencia se logra exclusivamente con la acción policial o, a través de la creación de dependencias policiales, judiciales y penitenciarias, tendrá que enfrentarse a las consecuencias de un fracaso. Podrán ser medidas efectistas ante una coyuntura y de pronta pero fugaz incidencia en la opinión pública, pues lejos de constituir una solución sustentable, en tiempo perentorio, agudizarán aún más el problema.
Esto merece nuestra máxima atención y comprensión. El tratamiento de la delincuencia no pasa en exclusividad por la cantidad de personal, recursos y dinero asignados a la terna descripta.
Enfatizamos que algunos gobiernos siguen apostando fuerte, y lo reiteramos, al tradicional triángulo: policía-justicia-penitenciaría, a veces, con significativa inversión monetaria, en desmedro de otras áreas de interés como la salud y la calidad de vida de los habitantes, para comprobar tardíamente que entre las variables del delito, la respuesta económica no es tan condicionante.
Se apuesta a una tranquilidad pública coyuntural y momentánea, sobre la base de la presencia policial, lo cual es necesaria pero no proporcional al aumento o disminución de la delincuencia.
Una política de tratamiento de la delincuencia, con exclusividad en la saturación de objetivos permeables a la comisión de delitos o ya vulnerados, demandaría una fuerte inversión en agentes de policía, logística y presupuesto para su puesta en marcha y sostenibilidad, lo cual asfixiaría a la comunidad en impuestos, a la vez que no reportaría beneficios.
La persistencia y sostenimiento de un esquema de estas características, redundaría en que la posibilidad delictual, ya no dependiera del Estado, que por mandato constitucional le corresponde brindar protección y seguridad en todo momento y circunstancia, sino de la delincuencia misma.
Efectivamente, la realidad nos muestra que en muchos países de nuestra América Latina, el Estado ha perdido el control de la seguridad y ese control ha pasado a manos de la delincuencia, la cual decide quien será víctima y quien se salvará. De esta manera, las personas, en sus casas o donde se encontraren, estarían siendo permanentemente victimizadas ante un Estado pasivo y espectador, cuyo gobierno no busca o encuentra, nuevas y diferentes alternativas para protegerlas.
"Las instituciones policiales están discutiendo las maneras para tener más relación con la comunidad. En los últimos 30 años, las fuerzas de policía, tanto en sistemas centralizados como Francia, o en sistemas descentralizados con Canadá o los E.E.U.U., han organizado sus comisarías en torno al automóvil, el radio y la computadora. Se supone que la mejor intervención policial es aquella en la cual un automóvil de patrulla puede informar rápidamente desde la escena del delito. De manera que se utilizaron patrulleros visibles para disuadir la delincuencia. Pero luego el experimento en la ciudad de Kansas cuestionó la utilización de la policía en estos patrulleros móviles. Este estudio demostró que la duplicación o eliminación de patrullas preventivas de enlace no tenía efecto alguno sobre la delincuencia." (Informe Científico, Segunda conferencia Internacional sobre Seguridad, drogas y Prevención de la Delincuencia en Medio Urbano, noviembre de 1991)
Tomemos algunas consideraciones del "Experimento de patrullaje preventivo de la ciudad de Kansas" (USA), llevado a cabo entre el 1º de octubre de 1972 y el 30 de septiembre de 1973.
"Tres niveles de control de patrulla preventiva rutinaria se utilizaron en áreas experimentales. Un área, denominada "reactiva" no recibió ninguna patrulla preventiva. Los agentes concurrían al área solamente en respuesta a llamados de ciudadanos por asistencia. Este efecto redujo sustancialmente la visualización de la policía en el área. En la segunda área, llamada "proactiva", la visualización policial fue aumentada de dos a tres veces de su nivel habitual. En la tercera área, denominada "control", se mantuvo el nivel normal de patrullaje….El análisis de los datos reunidos reveló que las tres áreas no experimentaron diferencias significativas en el nivel del delito, en las actitudes ciudadanas hacia los servicios policiales, en el temor de los ciudadanos al delito, en el tiempo de respuesta policial o en la satisfacción ciudadana con el tiempo de respuesta policial…. ¿Qué significan estos resultados?....Deberán utilizarse con mucha cautela para evitar el error de creer que el experimento probó más de lo que realmente hizo. Una cosa que el experimento no mostró es que una presencia policial visible no puede tener ningún impacto sobre la delincuencia en determinadas circunstancias. El experimento mostró que el patrullaje preventivo de rutina en coches de policía identificables tiene poco valor en prevención del delito o hacer que los ciudadanos se sientan a salvo….Sería un grave error suponer que este estudio implica de ninguna manera que se necesitan menos policías en cualquier jurisdicción específica. El estudio demuestra algo muy distinto, con profundas implicaciones para los administradores de la policía. El experimento reveló que el tiempo de los oficiales de policía (60 por ciento en el experimento) puede utilizarse para fines distintos de la patrulla de rutina sin ningún impacto negativo en la seguridad pública. (…) Creemos que el experimento de patrullaje preventivo sugiere que las estrategias de implementación deben basarse en la prevención del delito específico y objetivos del servicio en oposición al patrullaje preventivo de rutina. (….)" (Traducido de: "The Kansas City Preventive Patrol Experiment", A Summary Report, Police Foundation, 1974)
Rescatamos del contenido del Experimento Kansas, que si bien no descartó que la presencia policial (uniformada, identificable) no pueda tener ningún impacto sobre la delincuencia en determinadas circunstancias (es decir: tiene su impacto, lo cual no nos cabe ninguna duda), en cambio concluyó que el patrullaje preventivo rutinario o al azar en vehículos identificables tiene poco valor en la prevención del delito o hacer que las personas se sientan a salvo, y además sostiene, que la estrategia policial debe basarse en la prevención de delitos específicos y objetivos del servicio (acciones planificadas) en oposición al patrullaje rutinario.
Este antecedente es válido para tenerse en cuenta (aunque corresponda a determinada ciudad y país con realidades que le son propias y diferentes) ante decisiones políticas que importen copias o adaptaciones foráneas que modifiquen la operatividad policial y que puedan derivar en fracaso por su no incidencia en la seguridad de los habitantes, además de generar falsas expectativas, desconcierto en los agentes policiales y gasto de presupuesto.
La policía no debe guiarse por la "doctrina de la pesca delictual" no es válido el patrullaje rutinario o indiscriminado basado en que se llevarán por delante al delito, la gente no merece su seguridad sujeta al azar. Puede que al principio imponga tranquilidad pero de comprobarse que los delitos se suceden a pesar de las patrullas, el reproche volverá a instalarse, y tal vez con mayor ímpetu. Si bien lo imponderable juega a favor de la policía, no debe validarse que su labor quede sujeta a la casualidad. No así, aquellas operaciones policiales que contemplen patrullajes basados en objetivos pre-establecidos, identificados como permeables al accionar delictivo o aquellos ya vulnerados, pero coordinados por un adecuado servicio de atención telefónica y comunicación radioeléctrica y en consideración a un coeficiente de periodicidad en la respuesta operativa.
En el caso policial, aunque extensivo a la justicia y el servicio penitenciario, saturar de agentes con recursos necesarios, evitará hasta cierto límite la delincuencia de carácter ocasional, pero no así la delincuencia recurrente o persistente. Es más, sería un incentivo para que los delincuentes planifiquen sus delitos.
Si quisiéramos volver al viejo esquema policial de algunos países de América Latina, cuál fue el "vigilante de barrio" o "vigilante de la esquina" en las ciudades, considerando al barrio la zona de edificación a ambos lados de una calle y acotada por las esquinas, necesitaríamos al menos un agente las 24 horas.
Entonces, ¿Cuántos policías necesitaríamos para tal cometido?
¿Cuántos igualmente necesitaríamos si redujéramos al horario diurno?
La respuesta sería un imposible y hasta absurda. Por supuesto que el delincuente no actuaría en esos lugares y horarios, buscaría aquellos desprotegidos y delinquir, con lo cual provocaríamos el corrimiento horizontal del delito.
Esto de ninguna manera significa que nuestro agente policial no deba trabajar en los barrios, muy por el contrario, cabe la advertencia y, por qué no su cuestionamiento, para no encasillarse en la pretensión de que, con más policías los niveles de criminalidad descienden. Recordemos que en aquellos tiempos, nuestro vigilante de barrio no estaba en "parada fija" las 24 horas y además las condiciones socio-económicas eran diferentes.
Ahora bien, si los integrantes de una comunidad detentan un poderío económico que les permita sustentar con sus impuestos una saturación barrial de manera permanente y proyectada en el tiempo, tendrán plena seguridad que donde estén, la delincuencia no actuará pero se trasladará hacia aquellas comunidades no pudientes.
"Ratificamos una vez más la vulnerabilidad del sistema que permite al delincuente observar los objetivos fijos saturados o aquellos dinámicos, y trasladarse a zonas donde pueda delinquir. De esta manera, se produce un corrimiento del delito, o dicho de otra manera, su transdistritalización, transprovincialización y/o transnacionalización o internacionalización, que no es otra cosa que la movilización horizontal de la delincuencia de un territorio a otro. Puede ocurrir también, que no se produzca su movilización y el delincuente se adapte al esquema preventivo a través de un cambio en el tipo y modalidad delictiva." (Cheves, 2008)
El empleo de la tecnología en la prevención del delito es sumamente necesario a la vez que indiscutible. Algunos gobiernos están fascinados y obnubilados con la adquisición de estos recursos que por cierto hacen sentir el presupuesto, pero tengamos presente que se trata solamente de un medio y no de un fin, por ello, la obligatoriedad de que su funcionamiento forme parte de un plan integral de la seguridad y no ser el plan en sí mismo, como consecuencia del momento.
La saturación urbana con estos recursos, cuya representación más clara es la cámara de video, ha demostrado un condicionado aporte a la investigación criminal post-delictual más que a la prevención propiamente dicha de su comisión, tal vez con un cambio significativo: la víctima del delito estará filmada a color y con audio. Su ubicación pública y funcionamiento no disuade al delincuente como se esperaba, quien si no puede destruirla, continúa actuando como si no existiera. Por otra parte, la captación en pantalla de un hecho delictivo, activa la respuesta policial con personal y logística adecuada convenientemente disponible.
Mientras todo esto ocurre, el contribuyente se ve obligado por una inadecuada política de estado, a "meter la mano en su bolsillo” para subvencionar un sistema que no le sirve, pues pareciera privilegiar el atrapar al ladrón antes que evitar su victimización, y aun así, puede que no ocurra.
Está fuera de discusión la presencia policial en la comunidad, donde se encuentre, no habrá o disminuirá el delito en términos puntuales, pero no será factor determinante para neutralizar el accionar de la delincuencia en términos generales.
La proporción que las autoridades gubernamentales asignarán a las medidas destinadas al desarrollo social y a las de eliminación de oportunidades, será el resultado de un estudio científico ajustado a la realidad social y situación del delito de cada país (Estudio de victimización y tendencias delictivas) y conteniendo un cuerpo de recomendaciones de aplicación inmediata pero con proyección futura.
En este contexto, la policía debe desarrollar su despliegue operativo en cantidad y calidad de personal, recursos logísticos y financieros suficientes, bien distribuidos y aprovechados, reales y no simulados, empleando una adecuada y conveniente metodología operativa que permita la atención rápida y profesional de los habitantes.
"No se advierte una correcta planificación de los sistemas referidos a la logística y el aprovisionamiento, lo cual involucra no sólo al material mismo, sino sus compras, sus costos, la posibilidad de stocks, el mantenimiento, reacondicionamiento y recambio, como la observación y el mejoramiento permanente del servicio a la comunidad." (Cheves, 2008)
Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado: "Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina" revela:
"En la última década la región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también la delictiva. Pese a las mejoras sociales, el subcontinente sigue siendo el más desigual e inseguro del mundo. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010. (….). Una de las principales lecciones aprendidas en la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad. (….). (….) las capacidades de los Estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así con la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad. (….). El estudio ofrece recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas de la región, entre las que destaca alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo nacional por la seguridad ciudadana como política de Estado; generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito. También para reducir el delito recomienda prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana e incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes"
El informe ratifica nuestra posición de que la producción delictual no comienza ni concluye en la policía. En este sentido es un operador más del sistema de prevención.
Conteste con lo visto, investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han manifestado tras analizar los datos y estadísticas sobre el desarrollo y la desigualdad en Sudamérica, que el empobrecimiento creciente ha multiplicado la criminalidad y la inseguridad humana.
Por lo expuesto, una indebida gestión que derive en resultados desfavorables en cuanto al diseño y puesta en marcha de políticas públicas en la materia, y en particular redefinir correctamente el rol de la policía, la pagan los habitantes con sus vidas y patrimonio, a la vez que conforma un espacio de incredibilidad hacia las instituciones con alta conflictividad social que podría derivar en la opción de venganza, la violencia y la comisión delictual. Un estado de cosas de estas características, daría lugar al desarrollo de una cultura del miedo y la conformación grosera y peligrosa, de una política criminal informal de impredecibles e incontrolables consecuencias.
La sostenida internalización y naturalización del miedo al delito en las personas, los lleva a cambiar sus hábitos cotidianos, como la manera de salir y entrar de su domicilio o de una entidad bancaria o comercial, de caminar mirando a todos lados, de vestir acorde a la necesidad de pasar desapercibidos, e incluso aprender un código lingüístico de corte mafioso para su protección personal. Peor aún, la exteriorización de pasiones mediante exaltadas acciones de reproche o venganza por mano propia, o de la puesta en marcha de vigilancias informales por parte de vecinos, el contacto e identificación ilícita de personas, hasta la típica medida de comprar armas de fuego, derivando en su tenencia, exhibición y uso, son algunos de los aspectos que los conmina a una vida que no es vida, de temor, de vigilancia y alerta, de permanente desconfianza en sus semejantes y llegado el caso de un pasaje de víctima a victimario.
La tenencia y empleo de armas de fuego en poder de la delincuencia, fortalece la gravedad de los delitos a la vez que marca vulnerabilidades en los sistemas policiales y judiciales cuyos procedimientos deben reformularse. No menos grave es la tenencia y probabilidad de empleo de armas de fuego por parte de los particulares, como refugio protector ante el temor de ser víctimas de delitos.
Lo cierto es que representa una medida peligrosa que puede contribuir a la comisión de delitos. Se suma a ello, la falta de credibilidad que le merece el accionar policial y judicial que el Estado debe revertir.
"…un dialogo platónico entre el Sr. Estado y la Sra. República. En el mismo, la Sra. República pregunta: ¿Hay cosas que no pueden realizarse? El Sr. Estado le responde: Sí. Entonces, la Sra. República pregunta: ¿Por qué? El Sr. Estado responde: Porque hay cosas que pueden realizarse, otras no pueden y una tercera división: hay cosas que no deben realizarse. La Sra. República, con cierto asombro, vuelve a preguntar: ¿Por qué no pueden o no deben realizarse algunas cosas? Porque siempre fue así contesta el Sr. Estado y agrega, desde que los estados somos el Estado, existieron cosas que sólo revisten condición de promesa para calmar los ánimos de las personas porque tanto Yo como los demás estados, estamos compuestos por personas físicas con intereses y debilidades que le son propias. La Sra. República dice: Entonces, aún en desmedro de vuestro fin último de existencia, ¿Hay cosas que no deben cambiar y permanecer como estrategia de supervivencia? Efectivamente responde el Sr. Estado y agrega: ¿Después de todo, quién soy Yo para modificar una situación de siglos de tradición? La Sra. República, atónita, le responde con una pregunta: ¿Acaso Ud. no es el Estado?". (Cheves, informe Costa Rica 2009)
La persona dispuesta a cometer un delito, y finalmente lo lleva a cabo, no fue disuadida y lo hizo a sabiendas de transgredir el ordenamiento jurídico de su país. Tampoco se amilanó por el despliegue policial, ni por las estructuras judiciales, ni establecimientos penitenciarios. Cometió el delito desestimando sus consecuencias y a pesar de todas las medidas y estructuras de prevención existentes en su país.
El panorama se completa, cuando el delincuente tiene la certeza, pues la capta en el diario vivir, que existe una amplia probabilidad de no ser atrapado por la policía y llegado el caso, un margen también a su favor de recuperar pronto su libertad, y más aún, a no ser condenado por la justicia.
La idea de aumentar las penas, de bajar la edad de imputabilidad penal, de atribuirles culpabilidad a los inmigrantes e incrementarles atribuciones a la policía, o todas a vez, ha rondado siempre en el pensamiento político, sobre todo cuando se carece de conocimiento y de políticas, pero con notable eco en algunos medios masivos de comunicación y en la opinión pública en general. Lo cierto es que el Estado debe enviar un mensaje claro y contundente al respecto.
¿Qué clase de mensaje? ¿Cuál debe ser su alcance?
Ninguna de las opciones nos parece acertada, no solamente por una cuestión de formación académica y convicción ética, sino porque no tienen entidad estadística que las respalde ni han dado resultados positivos, a la vez que demuestran un pensamiento flaco y peligroso con el riesgo probable de incrementar el espiral de violencia. No son soluciones sino promociones e incentivos a mediano y largo plazo.
El mensaje claro y contundente del Sr. Estado, a través de sus poderes e instituciones, es abordar con dureza sostenida las causas generadoras y condicionantes de la conducta delictual de una persona. Invertir en el desarrollo humano, fortaleciendo la prevención en todas sus áreas de interés, siendo persistente en revertir las desigualdades sociales, la pobreza, discriminación, la falta de empleo, etc., pues sólo así tiene sentido vigorizar las estructuras del sistema de justicia penal.
¿Y…mientras tanto?
Mientras tanto se aplicará la ley de la manera convencional y tradicional pero modificando su metodología hacia la seguridad humana de los habitantes, mediante todas sus potencialidades personales, logísticas y financieras.
En el ámbito de la policía, contar con el personal, la logística y el presupuesto necesarios para su cometido, evitando que se vea obligada a establecer un orden de prioridades en el tratamiento del delito por déficit en alguna de las áreas señaladas. Un ejercicio profesional ajustado a derecho y controlado, pero libre de influencias políticas y judiciales nocivas, como de interferencias mediáticas de ciertos medios de comunicación social.
Se impone entonces, una exhaustiva selección y capacitación de personas, recursos logísticos que respondan a las necesidades y no a las oportunidades y en cuanto al tema financiero, es igualmente clave pues la seguridad es costosa y requiere de una fuerte inversión inicial y sostenida. Todo ello respondiendo a un plan y no a la mera coyuntura, pues de lo contrario, será la delincuencia la encargada de decidir por nuestras vidas.
Sería ilógico pensar que, en relación a la delincuencia, por los motivos que fueran, se estaría dejando pasar el tiempo, o mirando para otro lado o minimizando el problema, salvo que se desconozca como llevar adelante su tratamiento.
Respetar y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes, no habilita a la producción delictual ni manipula a los gobiernos a su permisividad o tolerancia. Quien transgreda la ley, deberá responsabilizarse de sus actos de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.
No es un tema más, ni un tema menor, es un tema sustantivo que tiene un compromiso social, jurídico, económico, cultural y político, pues implica, que bajo la gobernabilidad, una persona o grupo de personas, quiera y pueda hacer lo que le plazca. Sea en el tratamiento de las causas como en los efectos, el Estado es su responsable directo, porque para eso es el Estado.
Por ello, nos resulta imposible reconocer o concluir en un fracaso en materia de prevención del delito. Es una situación en extremo peligrosa, habida cuenta de sus potencialidades, de la diversidad de calidades profesionales y recursos con los que cuenta, a no ser que la gestión gubernativa sea incorrecta o incapaz, descartando que sea deliberada. Es imposible entonces que fracase porque justamente es el Estado.
III. Planificación estratégica (PE)
Hablar de planificación es hacerlo de una importante herramienta para la debida gestión institucional. Es descartar la improvisación y pensar el futuro sobre aquello que queremos lograr.
Pero planificar, puede ser una cuestión álgida, habida cuenta que implica diagnosticar el presente y conformar una situación para saber dónde estamos, qué tenemos y qué necesitamos.
Planificamos en función de la misión y funciones de la institución, determinada por la legislación vigente. Lo hacemos también en base a un presupuesto asignado. Pero la planificación, si bien realista y, posible, no debe estar condicionada, pues de lo contario, el producto resultante: el plan estratégico, no podrá cumplirse en todos sus aspectos, entonces, se haría lo posible pero no lo debido y, nuestra obligación para con los habitantes, estaría vulnerada.
Esto implica contemplar la posibilidad de qué, para alcanzar determinados objetivos a futuro, necesitemos modificar las normas jurídicas y disponer de mayores recursos financieros, lo cual podría colisionar con otras áreas oficiales.
Tengamos presente que, la planificación estratégica, es una cuestión de Estado impulsada por los gobiernos, y no, una cuestión de Gobierno para satisfacer su gestión político-partidaria.
Repasemos, muy brevemente, algunos conceptos ya conocidos, de fundamental incidencia en todo proceso planificador a nivel estratégico.
Toda institución policial debe responder a una correcta y adecuada legislación. En ella se establecerán inequívocamente, su cuerpo axiológico, su misión, su visión y diferentes funciones. Deberá contar con una planificación integral consecuente con las pautas programáticas de la política criminal estatal preestablecida y de las directivas generales y específicas de los responsables políticos.
Es una persona jurídica, de carácter público y política, creada en términos de ley para la satisfacción de la necesidad humana de seguridad, y por ende, sus actividades tienen una incidencia directa en la calidad de vida de las personas.
La misión policial nos brinda un marco referencial, pues señala el propósito fundamental de la institución, su razón de ser e indica la necesidad social a la cual responde su creación, su incumbencia y alcance, como el beneficiario de la meta pretendida.
“El ejercicio de definir la misión está circunscrito al ámbito de decisiones directivas, en los más altos niveles de responsabilidad organizacional. Este proceso implica la definición de los productos finales o estratégicos y los resultados por los cuales la organización debe responder a sus usuarios y a la ciudadanía. Formular la misión, tiene que ver con las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos, qué hacemos, para quiénes y qué efectos o resultados finales esperamos? La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su “quehacer” institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. En el proceso de PE la fase relativa a la misión puede consistir en un ejercicio de definición de la misma o bien de revisión o actualización en el caso que ya exista.” (Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”).
Se recomienda su redacción en tiempo presente.
“No es conveniente ser ortodoxos respecto de la redacción de una misión, puede ser tan larga o tan breve como el equipo a cargo de su definición lo crea conveniente. Sin embargo, su lectura debe permitir a todos los interesados comprender ¿cuál es la esencia o especificidad del quehacer institucional? (lo que le confiere identidad a la institución) y que justifica públicamente su existencia. Un primer paso para la construcción de la misión es revisar el mandato legal de creación de la entidad/programa. (…) la revisión de la “misión” está dirigida a verificarla y actualizarla en función de lo que efectivamente está haciendo la entidad.” (Ídem).
La visión de la policía es su proyección a futuro, no solamente aquello que se pretende alcanzar, sino el posicionamiento social desde la óptica de la comunidad. Transmite su cuerpo axiológico, a la vez que describe una situación óptima en que la institución logra sus objetivos. No deja de ser un estimulante y motivador para sus propios integrantes.
“La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad y, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público.” (Ídem).
En su redacción, se empleará el tiempo futuro.
“Puede ser más amplia que la misión institucional, y debe contener aspectos que permitan a los usuarios y ciudadanos identificar lo que pueden esperar de la entidad en cuanto a valores, creación de oportunidades, proyección, etc.” (Ídem).
Cuerpo axiológico
En el cuerpo axiológico es el conjunto de principios, de valores que representan y dirigen a la institución policial, para la defensa de los miembros de la comunidad como de sus integrantes.
Así también, representa un compendio de directrices que facilita el cumplimiento de la misión y la visión institucional. Estas directrices, determinan pautas de comportamiento, sobre los cuales los miembros de la organización estarán convencidos de su respeto, acatamiento y protección, a la vez que necesariamente deben trascender a la comunidad.
Los objetivos representan los logros que queremos alcanzar como los resultados obtenidos. Se deducen a partir de la misión, la visión y el cuerpo axiológico de la institución y se formulan en oportunidad del proceso planificador. Su redacción es en tiempo infinitivo.
“La identificación de los objetivos estratégicos por parte de la organización requiere partir de un análisis situacional, en términos de establecer claramente cuáles son los bienes y servicios que provee, a quiénes, qué problemas se enfrentan en términos de capacidades, de las coberturas, cuál ha sido el desempeño pasado, las expectativas de los usuarios, etc. Este análisis es parte del proceso de diagnóstico que toma como referencia los aspectos internos y externos a la entidad” (Ídem).
También denominados objetivos generales y son de diversa y vasta perspectiva. Su redacción debe ser clara para facilitar su comprensión, precisa para que no haya dudas de aquello que se pretende y creíble, es decir nada quimérica. La frase que los contenga comenzará en tiempo infinitivo.
A partir de los objetivos estratégicos, se formularán los específicos, los cuales determinan las direcciones a seguir para llevar a cabo los objetivos generales. Su redacción será igualmente clara y precisa y el verbo en infinitivo.
Finalmente debemos considerar los objetivos operacionales, que se desprenden de los específicos y son aquellos que deberán cumplirse en el ámbito mismo de responsabilidad, en el caso policial en su comunidad, a través de diferentes tareas. Deben ser medibles y cuanti-cualificales mediante indicadores y el tiempo verbal de redacción es el infinitivo.
Conforme el diccionario de la Real Academia Española (en adelante RAE), gestionar es:
"1. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto; 2. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo y 3. Manejar o conducir una situación problemática."
Pero gestionar es una acción que importa un efecto, de manera tal que este último dependerá de las características de la primera. Esto significa que el término gestión, por sí solo, no implica que la acción se corresponda con un efecto positivo, lo cual en nuestro caso es obvio pero válido de aclararse.
En una institución policial, como en toda empresa u otra institución, sea pública o privada, interesa llevar a cabo una debida gestión cuyo efecto represente alcanzar con eficiencia y eficacia, el propósito para lo cual fuera creada, dependiendo de una conveniente normativa, como de los recursos logísticos y financieros, necesarios y al alcance de quienes sean sus líderes.
Si hablamos de normativa, comprendemos al bloque de leyes, reglamentos y protocolos del cual trasciende su cuerpo axiológico, e inherentes al personal, a la misión, visión y la planificación institucional del sistema organizacional a gestionar.
Una debida gestión, no es estática ni rígida en su ejercicio, no se conforma con hacer las cosas bien, sino mejorarlas en beneficio de todos los habitantes. Todas las medidas y actividades que demande, estarán orientadas a cumplir con su propósito fundamental. Se requiere entonces, eficacia y eficiencia, pues de esta manera, estaría encaminada hacia un liderazgo que le reportaría la confianza de su comunidad y mejores resultados en el desenvolvimiento cotidiano.
La policía debe ser competente en lo que hace y brindar el mejor servicio a menor costo. En su política interna, procurará una mejor administración de personal, recursos logísticos y financieros, como el desempeño exclusivo de funciones que le son propias. Para ello, requiere que sus conductores políticos y técnicos, sean profesionales en la materia.
En consecuencia, como agencia profesional, para lograr eficiencia y eficacia, en procura de calidad en sus servicios, no debe tener injerencias negativas de ningún sector.
En este sentido, los funcionarios superiores desempeñan un papel fundamental para la debida gestión y el control institucional, pues son los responsables de la conducción, y se deben a una cultura de previsión, desestimando la doctrina clásica de la improvisación como forma de excepción o escudo protector ante la coyuntura, emergencia o urgencia policial.
Sobre el control institucional debemos aclarar que será el estrictamente necesario pues la conducción superior de las agencias policiales hace un uso excesivo del mismo so pretexto de lograr el propósito fundamental de la agencia, desestimando el libre ejercicio de la profesión, la creatividad, imaginación e iniciativa.
Son dos conceptos que suelen emplearse indistintamente como si fueran sinónimos, pero tienen diferencias sustanciales. En muchos casos suelen también emplearse juntos, por ejemplo: "que sea eficiente y eficaz", corroborándose entonces, los distintos significados para uno y otro término.
Cuando hablamos de eficiencia, comprendemos el funcionamiento de la institución como tal, es decir como ente conformado por personas, recursos materiales y financieros inmersos en un sistema de normas. Siendo entonces la capacidad de cumplir con su propósito institucional disponiendo correctamente del personal y los recursos disponibles. Así también, de resolver problemas, de cómo se están haciendo las cosas y cómo mejorarlas.
“La eficiencia puede ser conceptualizada como “producir la mayor cantidad de servicios o prestaciones posibles dado el nivel de recursos de los que se dispone” o, bien “alcanzar un nivel determinado de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible””. (Ídem).
En cambio la eficacia, nos conecta con el mundo exterior a la institución que es el receptor de su finalidad, es decir, con el resultado. Es la capacidad de lograr el efecto deseado, lo esperado o bien, la finalidad de la institución, su propósito fundamental.
“El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados: en qué medida la institución como un todo, o un área específica de ésta está cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin considerar necesariamente los recursos asignados. (…) La eficacia es un concepto que da cuenta sólo del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.” (Ídem).
A veces se prima el éxito de la institución, es decir, su eficacia en cuanto a resultados positivos, que en la eficiencia de su funcionamiento interno, lo cual no es recomendable y amerita un severo control interno y externo, pues implica transitar un camino sinuoso que llevaría al caos y la corrupción. Lograr eficacia a como dé lugar, no es una opción válida para la debida gestión y tergiversaría la misión policial.
Lo correcto es lograr el exacto equilibro entre la eficiencia y la eficacia, de manera tal que las medidas internas adoptadas sean las correctas (eficiencia), reflejándose en un resultado igualmente correcto (eficacia). De lo contrario se podría caer en extremismos; o bien un funcionamiento interno modelo pero sin éxito en sus resultados, o bien, en resultados exitosos pero inadecuado e incorrecto funcionamiento interno de la institución. En tales casos, la debida gestión y la situación de liderazgo institucional se verían comprometidas seriamente.
Dicho lo anterior, los funcionarios superiores de la policía deben procurar desempeñarse con eficiencia y eficacia, lo cual no es opcional, es “conditio sine qua non”, pues no se admite improvisaciones y fracasos, lo cual ameritaría sus reemplazos. La capacitación especializada en este sentido es de suma importancia en los mandos medios y superiores.
Error y equivocación
El error es un fallo o juicio falso, es decir, cuando se afirma algo que en realidad no lo es, o se lo niega cuando en realidad lo es. Es el resultado adverso de acciones llevadas a cabo en determinada situación por parte de las personas involucradas y siempre presente en una "mala praxis". En este último aspecto es importante también considerar que un ambiente laboral inadecuado, la carencia de medios logísticos y financieros adecuados, propicia situaciones de "mala praxis".
Un estudio realizado en la fuerza policial de un país de la nuestra Región (1992), determinó que las seis dependencias de un distrito estaban trabajando con sólo el 38,37 % de personal policial qué, como mínimo debían poseer 12 años antes. Cada agente policial desempeñaba entonces, aproximadamente la labor de tres personas, lo cual establece condiciones iniciales y propicias para el error.
La equivocación en cambio, si bien importa igualmente un desacierto o resultado desfavorable que puede representar también una "mala praxis", no fue a consecuencia de un juicio falso, pues respondió a un racionamiento sobre las circunstancias de una determinada situación, que concluyera en dos alternativas con igual significación (igual vocación) pero que en la elección o decisión tomada, a favor de una u otra, su resultado fue desfavorable. Este resultado desfavorable o desacertado, no es un error.
Lo contrario a equivocación es lo inequívoco, porque allí no hubo duda de cuál es el curso que se debió seguir.
En consecuencia, el agente policial que en su labor cotidiana se equivoca, no asume (sin producir un análisis a la ligera), según sea el caso, la misma responsabilidad moral, administrativa o criminal que si hubiera errado.
En oportunidades, tanto el error como la equivocación, son insalvables por la gravedad de sus consecuencias, o pueden revertirse en todo o en parte, pero en tal caso, el costo para lograrlo o intentarlo, suele ser muy alto, pues implica la realización de un trabajo adicional con afectación de personal y recursos materiales y financieros. En ambos casos, la sucesión de errores o equivocaciones en el devenir institucional, comprometen seriamente la debida gestión y liderazgo como la legalidad de la actuación policial.
La RAE, define al liderazgo como:
"1. Condición de líder; 2. Ejercicio de las actividades del líder y 3. Situación de superioridad en que se halla una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito."
El liderazgo implica una situación de superioridad en que se halla una institución, dentro de su ámbito de competencia, comprendiendo también a la persona y condición del líder y el ejercicio de sus actividades. De lo cual se desprender que el líder es a quien el grupo sigue pues lo reconoce como su referente, su orientador o jefe.
El fin último del liderazgo, va que unido a la debida gestión, y es el éxito institucional, virtud a un trabajo en equipo, previamente planificado.
Habíamos dicho que comprende también, aunque no necesariamente, a la persona del líder -si lo hay- y al ejercicio de sus actividades. Por ello, al hablar de liderazgo, no es hablar exclusivamente de su cara visible, el líder, sino comprende también al grupo al cual lidera.
Si bien su liderazgo se basa en la aptitud para transmitir, comunicar e influir sobre otras personas, el concepto alcanza a las respuestas de éstas hacia el líder que se sintetizan en la confianza de seguirlo en su gestión.
El máximo responsable de la policía, sea Jefe o Director General, de acuerdo a su legislación orgánica, es aquél designado conforme a derecho, con lo cual tendrá autoridad formal o legal para su gestión y responsabilidad por el ejercicio de esa autoridad que le fuera embestida.
¿Será también el líder?
En principio ocupará legalmente el cargo, y el liderazgo no es un cargo y por ende, una persona no es líder por imperio de una norma jurídica. Hay un error consuetudinario en emplear tanto en la esfera oficial como privada, la palabra líder para referirse al gerente, jefe, director o presidente, cuando solamente están al frente de una organización.
¿Podrá serlo?
Llegará a serlo, en tanto y en cuanto, reúna como quedara expresado, ciertas cualidades personales y profesionales.
El líder es aquél que está capacitado para trabajar en grupo y tomar decisiones que hacen a la vida institucional sin descuidar el estado emocional y rendimiento de quienes tiene a su cargo. Pero como dijimos, el liderazgo comprende también al grupo, y por ende, ante la inexistencia, ausencia o pérdida del líder, puede asumir la responsabilidad de las decisiones. Si bien representan dos supuestos muy diferentes, ambos convergen en una misma meta, la debida gestión. Existen muchos ejemplos al respecto, el caso de Walt Disney que creó y lideró su empresa hasta su muerte, nadie ocupó su lugar pero actualmente sigue siendo líder mundial. Otros casos similares son el de Steven Jobs con Apple y la empresa Hewlett-Packard.
Hay diferentes estilos de liderazgo, aunque el más acertado tenga que ver con aquél ajustado a la misión, visión, cuerpo axiológico, situación institucional, como a las personas que conforman el grupo. Se prefiere un perfil de liderazgo democrático y participativo, pues no vulnera la disciplina y el orden jerárquico imperante en una policía y por el cual se aceptan contribuciones para la toma de decisiones, desestimando aquél de tinte totalitario o autocrático que manifiesta una posición absolutista y omnipresente que posiciona al grupo en un sitial secundario y meramente figurativo, sin injerencia alguna en los procesos de gestión. Peor aún, sería aquél que delega las acciones y toma de decisiones en los integrantes del grupo, esperando únicamente resultados positivos.
No es un concepto fácil de definir por las diferentes acepciones que posee. Por un lado es una cualidad referida a determinadas condiciones personales, intelectuales y profesionales y por otro, las facultades adquiridas por imperio de una norma jurídica para su desempeño funcional dentro de una institución.
Si bien la autoridad es uno de los componentes del mando, su fin último es el cumplimiento de la misión institucional. Para ello, la autoridad define los límites de quienes toman decisiones y consecuentemente de quienes reciben las órdenes y están obligados a cumplirlas.
Lo anterior es de vital importancia para instituciones como las policiales, pues uno de los graves problemas que padecen, reside en la inadecuada y caprichosa designación de sus máximos responsables (políticos y técnicos). Esta situación en general, compromete su conducción, la debida gestión y su liderazgo institucional, y en particular, en situaciones cotidianas, donde deba esgrimirse el deber de obediencia, quien imparte la orden y exige obediencia, debe poseer autoridad formal y técnica. Su facultad para hacerlo, no será exclusivamente legal sino también intelectual y moral. De esta manera agregaríamos reaseguros para que la orden no implique errores o excesos y por ende su cumplimiento no encierre compromiso penal.
"No se concibe la autoridad sin la responsabilidad, es decir, sin una sanción -recompensa o penalidad- que acompaña al ejercicio del poder. La responsabilidad es un corolario de la autoridad, su consecuencia natural, su contrapeso. En cualquier lugar donde se ejerza la autoridad, nace una responsabilidad. La necesidad de sanción, que tiene su fuente en el sentimiento de justicia.... en beneficio del interés general, es menester alentar las acciones útiles e impedir las que no tienen ese carácter (….) La responsabilidad es generalmente tan temida como la autoridad es codiciada" (Fayol, 1841-1925)
En el vértice de la pirámide encontramos el nivel más alto y único de la conducción que es la máxima autoridad y responsable de toda institución policial, lo cual nos remite al principio de unidad de mando que implica que un subordinado sólo debe recibir órdenes de un superior. En su base encontramos las unidades de proyección y contacto comunitario, virtud a un despliegue operativo material y humano. Reconocemos entonces, dos niveles en su acción y efecto. El nivel superior o estratégico y el nivel inferior o táctico. En el primer nivel, su acción es mediática y se corresponde con la dirección y administración institucional como del proceso de planificación estratégica. Es la zona encargada de llevar adelante la estrategia de la institución en cuanto a la distribución de las personas y recursos disponibles para el logro de los objetivos fijados en función de su misión y visión. La estrategia, se cumple mediante el accionar táctico y debe modificarse conforme el devenir de los resultados obtenidos en el nivel inferior, lo cual llama a mantener una permanente y fluida comunicación a través de los canales de comando y técnico.
“Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de los planes de acción y constituyen la base para el establecimiento de las prioridades en la asignación de recursos. Las estrategias proporcionan una plataforma para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos.” (Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”).
En el nivel inferior, su acción es inmediata y a través del cumplimiento de funciones y tareas, motivo de lo cual se lo conoce también como nivel operativo. Es susceptible de modificación, si el accionar táctico resulta irrealizable e inviable, o demuestra un desvío de la misión institucional.
Es posible reconocer subdivisiones en ambos niveles, que normalmente son necesarias y hasta convenientes. Así, en el nivel táctico, reconocemos un nivel de base o inferior, dedicado al cumplimiento de las tareas, al ejercicio pleno de la función de corte netamente operativo y de proyección comunitaria, y un táctico superior, dedicado al contralor, a coordinar y corregir en escena, la ejecución y forma en que se lleva a cabo el ejercicio de la función y la ejecución de cada tarea. En cuanto al nivel estratégico, podemos admitir un sub-nivel estratégico superior propiamente dicho en el cual se hallan los responsables máximos de la institución, encargados de la dirección y la administración, de desarrollar el proceso planificador (ya lo mencionamos), como de elaborar la estrategia y, un nivel estratégico inferior, responsable directo de la puesta en marcha, desarrollo ejecutivo y observación permanente de la estrategia, a través de las áreas de interés.
Conforme la RAE, significa:
“1. Acción y efecto de planificar. 2. Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado.”
La planificación institucional es fundamental en materia policial pues no cabe la improvisación y es el reaseguro para una debida gestión y un buen desempeño con éxito y liderazgo, aunque en no pocas ocasiones se verifica su faltante.
Resulta claro que estamos ante un acto fundamentalmente de naturaleza humana y por ende racional que necesita de la intervención de todas las disciplinas para lograrlo. Lograrlo en el futuro pero pensándolo en el presente. Solamente las personas tienen la cualidad de visionar el futuro, de decidir hoy aquello a realizarse en el mañana. Una idea, un pensamiento acerca de lograr algo en el futuro, importando acciones y decisiones en el presente, pero paso a paso con criterio racional. Esto nos permite inferir, que planear o planificar pretende evitar sucesos accidentales o medidas al azar.
La planificación determina una frontera profesional que nos separa de la improvisación y es un instrumento adecuado para la debida gestión y alcanzar un sólido y sostenido nivel de liderazgo institucional, a través de la resolución de problemas, la realización de proyectos y la ejecución de políticas, permitiendo lograrlo en el menor tiempo posible y con economía de los recursos empleados. Es impulsado por personas para personas, parte de una realidad y concluye en ella con el propósito de fortalecer su calidad de vida con lo cual se estará cumpliendo con la satisfacción de sus derechos de manera integral y valiéndose de la creatividad, originalidad e innovación.
En toda institución, cualquiera fuere su incumbencia, se fortalecen sus áreas de asistencia y asesoramiento en el nivel de autoridad más alto de la misma. La planificación, constituye un área de sumo interés para la conducción pero, es frecuente comprobar su ausencia en algunos organismos, en particular de la esfera oficial, so pretexto de un supuesto estatismo y rigidez ante una sociedad cambiante y renovadora, como también por la necesidad de tomar decisiones o ejecutar tareas inmediatas. Nada más erróneo, pues tales excusas representan desconocimiento profesional, falta de compromiso institucional o, quizás algún interés especial, ya que en todo el proceso planificador, si bien conlleva a una acción programática futura, se ajusta a las existencias y necesidades presentes contemplando aquellas alternativas que surjan de los imponderables.
Es la construcción de un porvenir, importando secuencialmente una reunión y análisis de antecedentes pasados y presentes, supeditada a decisiones políticas previas, pues de lo contrario resultaría inútil impulsar un proceso planificador. Es por ello que se recomienda a los gobiernos adoptar medidas sobre la base del plan resultante y no elaborar un plan ajustado a las medidas ya adoptadas, pues volveríamos a caer en la improvisación.
La planificación de la seguridad humana de los habitantes es un proceso que se inicia de abajo hacia arriba, distinguiendo diferentes niveles que interactúan permanentemente entre sí. Si nos encontramos a nivel ciudad, nuestro planeamiento será el resultado de los diferentes procesos iniciados en cada uno de los sectores o barrios en que se divide o distingue la misma. A partir de allí, vamos ascendiendo, considerando e integrando los diferentes procesos distritales hasta el nivel estatal, departamental o provincial para continuar de igual manera hasta el nivel nacional y supranacional.
La falta de planificación integral de la seguridad humana en algunos de los sectores, barrios o niveles, deriva en un desequilibrio que pone en riesgo a la comunidad y la debida gestión institucional.
La planificación estratégica, que no es otra cosa que la razón del sentido común (el menos común de los sentidos), implica el cumplimiento de una secuencia de actividades y procedimientos necesarios, orientados a producir un resultado específico, para lo cual resulta pertinente responder a preguntas tales como: ¿Qué se quiere?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Quién lo va hacer?; y deberá ser:
Racional, pues exige un proceso científico, que sea rápido y económico, que nos permita decidir nuestras acciones futuras con eficiencia y eficacia, en el marco de aquello que perseguimos;
Flexible, con el propósito de realizar ajustes necesarios;
Continuo, es decir que no se interrumpa;
Realista, que no sea quimérico, que sea realizable y,
Único, pues no debe haber superposición de planes. Solo uno que contenga varios caminos alternativos de ejecución.
El proceso planificador, admite fases que se cumplirán ordenadamente, así como una serie de elementos y un conjunto de actividades, concluyéndose en la elaboración de un plan. Por otra parte, se realimentará virtud a un control de gestión, con el propósito de verificar los resultados obtenidos y compararlos con los objetivos originariamente formulados para llevar a cabo los reajustes pertinentes.
El proceso se inicia con un diagnóstico, donde se lleva a cabo la observación, selección y análisis de los signos (lo que se ve, lo concreto) y también los síntomas (lo que se siente, lo subjetivo), de la realidad a tratar, concentrándose gran cantidad y calidad de información para su análisis epistemológico. Esto determinará una "situación" que responderá a ciertas preguntas, tales como: ¿Dónde se está?, ¿Cómo se está?, ¿Qué se tiene?, ¿Dónde se quiere ir?, ¿Qué se necesita? y ¿Cómo se hace para llegar a ello?, lo cual importa una programación y organización de actividades.
“(…) la definición de los objetivos estratégicos tiene que ver con el antiguo y clásico análisis del ambiente externo y del ámbito interno a la organización a través de la revisión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA). Este proceso consiste básicamente en un análisis de las brechas institucionales que deben ser intervenidas por la entidad para el logro de los objetivos. Las brechas pueden surgir ya sea por debilidades organizacionales, o bien de eventuales desafíos. Este análisis FODA permite realizar un diagnóstico dinámico de la institución. El compromiso por un determinado resultado requiere analizar si la organización estará en condiciones de asumir dicho desafío desde el punto de vista de sus capacidades y de las condiciones que le impone el entorno, las cuales inhibirán o potenciarán el logro de los objetivos. La identificación de las brechas o distancias entre la situación actual (diagnóstico) y la situación futura (resultados esperados), deberán ser enfrentadas a través de diferentes cursos de acción o “estrategias”. (…). El tipo de restricciones pueden provenir tanto desde la propia organización (que en este caso convencionalmente se han denominado “debilidades”), o bien desde el ambiente externo, que también se conocen mejor como amenazas. Desde el punto de vista de las condiciones favorables, éstas también pueden provenir desde el ámbito interno que en general se las ha denominado como “fortalezas”, o del ambiente externo o entorno a la organización u “oportunidades”.”” (Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”).
La revisión de la misión, visión y cuerpo axiológico es la primera tarea necesaria de nuestro diagnóstico. Implica comprobar y, de corresponder modificar sus contenidos, adaptándolos a la realidad social en general, criminológica en particular y expectativas de la comunidad.
Se deberá contar con toda la información obtenida a través de los censos de población y vivienda, indicadores socioeconómicos, pobreza e indigencia, desempleo, etc. Así como de los resultados de entrevistas y sugerencias de los habitantes, directas o a través de sus organizaciones barriales. Colegios de Profesionales y organizaciones no gubernamentales en general.
Consecuentemente, la formulación de objetivos estratégicos, es decir, qué se pretende lograr, la cual no debe estar supeditada a influencias administrativas. Para su cumplimiento, se debe realizar un relevamiento integral de la institución, para conocer fehacientemente sus potencialidades humanas, la cantidad y calidad sus existencias logísticas y recursos financieros. Ello permitirá saber cómo es la verdadera situación policial y determinar si la misma permite alcanzar los objetivos determinados.
Es la fase del planeamiento que nos conecta directamente con el futuro. Un futuro que desconocemos y siembra incertidumbre institucional, pues representa una variable fuera de nuestro control. Es justamente el manejo de la incertidumbre que nos obliga a la necesidad de llevar adelante un pronóstico en nuestra planificación estratégica. En este período no corresponde la adivinanza, sino a través de la información, del estudio y análisis de las diferentes variables obtenidas en el diagnóstico, conformar una serie de proyecciones suficientemente sólidas como para tomar decisiones a futuro. Estas decisiones deberán ser permanentemente evaluadas a los fines de verificar su vigencia y efectos.
El pronóstico nos brinda un cierto nivel de respaldo en que apoyarnos para la toma de decisiones, pues de lo contrario sería resolver las cuestiones a ciegas.
Para ello contamos con una serie de métodos de carácter cualitativo y cuantitativo. En el caso policial, surge la necesidad de utilizar métodos de ambas categorías.
Es el producto de toda planificación estratégica. Conforme la RAE, su significado es:
“3. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.".
La producción del plan, importa disponer del presupuesto necesario para su puesta en marcha y desarrollo. El problema que suele presentarse es el de una asignación inferior a la necesaria. Esta situación genera un grave conflicto pues supeditar el Plan Estratégico a una partida presupuestaria predefinida, es determinar una zona de proporcional incertidumbre para la seguridad humana de los habitantes. La correcta aplicación del plan, debe someterse a una permanentemente evaluación con el propósito de comprobar los logros pretendidos, advertir alguna desviación de los objetivos fijados, determinar sus causas y llevar a cabo las correcciones que correspondan.
Estamos hablando de una estructura, a través de la cual se hará posible la misión de la policía, alcanzándose los objetivos predefinidos mediante métodos, previsión de actividades, tiempos y los recursos logísticos y financieros necesarios para lograrlo. Representa un modelo sistemático para la gestión, para la previsión y ejecución de sus respectivos servicios, a la vez que dirigirlos y encauzarlos.
Cuya finalidad es la protección institucional de nuestra planificación y el correcto desarrollo del plan, mediante la evaluación permanente de su ejecución, como de la detección de factores que puedan modificar su estructura. Lo ideal es lograr adelantarse a cualquier desviación o mal funcionamiento y efectuar las correcciones correspondientes. Por ello importa desarrollar actividades de comprobación, inspección, fiscalización e intervención.
Una de las formas de clasificar el proceso planificador, es según el tiempo de duración de su resultado. En consecuencia, puede planificarse a corto, a mediano y a largo plazo. En este aspecto, los tiempos del plan, serán adaptables a cada país, proponiéndose en primera instancia, un corto plazo o táctico, que se estipula para su ejecución en el año posterior a su puesta en marcha. Un mediano plazo que puede comprender entre los 4 y 6 años, y finalmente, un largo plazo o estratégico que se ubica en los 10 años.
Empero, se recomienda iniciarlo, a partir de los informes finales producidos por los censos de población y vivienda de cada país, pues contienen datos de relevancia para la actividad policial en la prevención del delito, a la vez que determinan el largo plazo o alcance máximo temporal del plan, quedando asociado a lo estipulado por la normativa local vigente para la realización de los mismos.
La concepción de vincular el plazo máximo planificador con el período entre censo y censo, es reaseguro para la generación políticas públicas y sus consecuentes acciones de puesta en marcha y sostenimiento, de carácter estatal y no meramente de la gestión gubernamental de turno.
Calidad del Servicio policial
Al analizar el cumplimiento y efectos de los servicios, es posible advertir que en su puesta en marcha y desarrollo, no todos los elementos afectados han logrado los resultados esperados o uniformes. Esta situación, depende en gran medida de la complejidad de la organización policial, como de las características geográficas del territorio a proteger.
Efectivamente, se producen variaciones por diferentes causas. Estas causas pueden agruparse en eventuales, las cuales no son planificadas porque responden al azar y por ende, inevitables, y las ponderables que son atribuibles a determinadas circunstancias, que consecuentemente pueden corregirse. A su vez, este último grupo puede agruparse en función de tres factores: el humano, el material y el tecnológico.
Esto da fundamento a la necesidad de una inspección permanente del servicio policial, para verificar si se está cumpliendo el plan estratégico, analizar variaciones verificadas en el mismo con el propósito de corregir las causas ponderables, a la vez que registrar las eventuales para tenerlas presentes en futuras determinaciones, como situaciones posibles de repetición.
El análisis de situaciones que no se repiten, es objeto de estudio estadístico y permite la conformación de un listado de posibilidades a la vez que contemplar las probabilidades de reproducción aunque esto sea inequívocamente inevitable.
La mejor planificación es aquella que comprende todos los detalles pero sin entrar en detalles. Esto quiere decir que comprenderá todos los aspectos dejando una franja importante de acciones a llevar a cabo por los elementos de base o de atención primaria, de conformidad con el ejercicio discrecional de los responsables de su puesta en marcha y desarrollo, situación que se registrará convenientemente para futuras intervenciones. Esta discrecionalidad, es pilar fundamental para el buen ejercicio de la misión policial y corresponde a todos sus agentes sin distinción de grado o cargo.
Los sistemas de inspección intervendrán a lo largo de este proceso de diseño, elaboración, puesta en marcha y sostenimiento del plan de manera que la detección de problemas no sea exclusivamente al producirse su ejecución o posible fracaso o desviación.
La responsabilidad de la calidad del servicio policial alcanza a todo el personal asignado para su producción, puesta en marcha y desarrollo, a quienes se les respetarán facultades para observarlo, demorarlo o interrumpirlo en el ámbito mismo de su ejecución, en tanto y en cuanto se adviertan irregularidades. Estas situaciones serán comunicadas a la cadena de mando y a los elementos de staff.
Pero para poder inspeccionar, dentro del marco más amplio que representa el Control de Calidad del Servicio Policial, hay que determinar primeramente las Normas o Indicadores de Calidad que servirán de parámetros referenciales, lo cual representa un aspecto importante de estudio.
Estas normas o indicadores giran en torno al habitante y su comunidad, a la vez que respetaran en sus exigencias en materia policial, la realidad criminológica y la tendencia del delito, así como las potencialidades institucionales, es decir, conciliar lo que “deba hacerse” con lo que “pueda hacerse” sin que esto sea causal de incumplimiento de su misión. Es fundamental que estén de manera precisa y explícitamente fijados, con el propósito de eliminar toda posibilidad de alteración merced a criterios personales.
““Desde la perspectiva de las funciones que puede tener el indicador se pueden señalar dos: una primera función descriptiva que consiste en aportar información sobre el estado real de una actuación pública o programa, (…), y por otro lado una función valorativa que consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” basado en antecedentes objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación pública es o no el adecuado (…)”” (Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”).
El área de Control de Calidad del Servicio Policial debe ubicarse en un nivel superior de la conducción que le permita llevar a cabo su misión sin inconvenientes, influencias o presiones.
Los servicios policiales pueden examinarse en todo o en un muestreo conforme a las posibilidades institucionales. En este último caso, el mismo fijará un escenario suficientemente amplio para lograr resultados verdaderamente representativos de la realidad.
La inspección debe realizarse en tres etapas: inicial, cuyo propósito es verificar si se consideran todas las normas en la diagramación del servicio; la intermedia, para comprobar si se está haciendo las cosas bien, y finalmente, ver cómo se desarrolla el servicio.
“Indicadores de insumo: cuantifica los recursos tanto físicos como humanos, y/o financieros utilizados (…) Indicadores de proceso: miden el desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado (…) Indicadores de producto: muestra los bienes y servicios de manera cuantitativa producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamental. (…) Indicadores de resultado intermedio: son cambios en el comportamiento o estado o certificación de los beneficiarios una vez recibidos los bienes y servicios. (…) Indicadores de resultado final o impacto: Miden los resultados a nivel del fin último esperado (…)” (Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”).
Habíamos hablado precedentemente del estudio estadístico que a los fines de la inspección deberá plasmarse en un Control Estadístico que comprenda la determinación de las causas evitables y ponderables que hacen a la calidad del Servicio Policial. Empero, este control debe alcanzar todos los aspectos de la realidad criminológica como su modificación, por imperio de la intervención policial. De manera tal que existirá un sistema de levantamiento de información para ser informatizada con el propósito de conocer a ciencia cierta las variables en juego y la necesidad de sostenimiento, ajuste o reemplazo.
Aun contando con todos los instrumentos para la verificación de la calidad en el servicio, la policía controlándose a sí misma no brinda reaseguros de plena credibilidad, por ello se aconseja su certificación externa mediante la intervención de organizaciones públicas y privadas dedicadas a la materia. Nada impide tampoco, el sondeo directo de la comunidad acerca del servicio que está recibiendo y conocer su opinión al respecto. La vida, la tranquilidad y los derechos de la gente así lo ameritan.
““El desempeño logrado por la institución, debe responder no solo al cumplimiento de sus objetivos (eficacia) sino también a la eficiencia (o sea con un aprovechamiento pleno de los recursos que se le han encomendado), y la garantía por el cumplimiento de ciertos estándares y expectativas de los usuarios de la política pública (calidad). También debe asegurar que el manejo de los recursos haya sido con “economía”, o sea, garantizar un uso adecuado de los recursos públicos, a partir de la generación de ahorros, optimización de cobros, etc.”” (Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”).
Alexy, Robert: "Immanuel Kant: Vigencia de la filosofía critica", 2007;
Armijo Marianela: “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”, Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, Junio de 2011;
Cheves, Raúl Marcelo: Policía en Naciones Unidas II, editorial Dei Genitrix, La Plata, 2000; “El modelo policial hegemónico en América Latina”, editorial Seis Hermanas, La Plata, 2008; “La cuestión policial, Manual para la aplicación de la ley”, editorial Seis Hermanas, La Plata, 2015;
Jiménez, Sonia Patricia y Peralta; María Alexandra: “Herramientas de planificación y pensamiento estratégico para la gestión del postgrado y el doctorado”, Universidad del Valle Cali, Colombia, Diciembre 2004;
ONU, Recopilación de Reglas y Normas de las Naciones Unidas en la Esfera de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, Nueva York, 1993;
Ossorio, Alfredo: “Planeamiento Estratégico”, Dirección de Planeamiento y Reingeniería Organizacional Oficina Nacional de Innovación de Gestión e Instituto Nacional de la Administración Pública, Subsecretaría de la Gestión Pública, 5ta. Edición, Agosto 2003, Buenos Aires, Argentina;
Cohen, Roger (Ingeniero): Pronósticos (Gestión de recursos), Facultad de Ingeniería-Universidad de Buenos Aires;
Universidad Tecnológica Nacional (UTN): “La Planificación Estratégica y la elaboración de indicadores”, Argentina, Diciembre de 2011.