Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12073
Timestamp: 2019-06-25 15:34:07
Document Index: 401011176

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 3', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 27']

Sentencia: CE SIII E 21077 DE 2012
Desestimación de propuesta de un oferente por no discriminación del impuesto de guerra
CE SIII E 21077 DE 2012
JOSE EDUARDO NAVAIS Y SERGIO MARTA VARGAS VS. MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)
Una entidad pública abrió licitación pública para asignar un contrato de reparación de vías. En el pliego de condiciones se estableció que el impuesto de guerra equivalente a un 5% del valor total del contrato estaría incluido dentro del valor total de la propuesta.
La entidad declaró desierta de la licitación pública porque ningún oferente hizo la discriminación correspondiente al impuesto de guerra, equivalente a un 5% del valor del contrato dentro de la oferta.
¿Puede una entidad pública al elaborar su pliego de condiciones dejar de incluir de manera clara y diferenciada, de los demás criterios de calificación, el impuesto de guerra?
Interpretación bajo el criterio sistemático de los pliegos de condiciones y de las propuestas. « (…) Existe una regla de interpretación, consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurídico, denominada interpretación sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación entre las partes constitutivas de un discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte –“incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iuducare vel respondere–. La correlación y referencia posibilitan la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos.
De conformidad con este criterio, los pliegos y la propuesta deben ser interpretados en función de las diferentes partes que los conforman, sin aislar o separar una de ellas del conjunto. (…)»
Función social del contratista estatal. « (…) Se debe considerar que los contratistas cumplen una función social al celebrar un contrato estatal, razón por la cual es necesario analizar el significado del término “función social” cuando se predica de la actividad de los contratistas del Estado. Seguramente, el primero que se advierte, es el de contar con su colaboración y ayuda, más allá de cuanto estrictamente deben; el segundo consiste en el cumplimiento de lo que le es propio para la correcta marcha de sus obligaciones contractuales y para el beneficio final del conglomerado social. (…)»
Renunciabilidad de las utilidades por parte del contratista. « (…) la obtención de utilidad por parte de un contratista es un derecho renunciable en los términos del artículo 15 del Código Civil, en tanto que atañe exclusivamente al ámbito de sus intereses individuales y su renuncia no está prohibida. No es posible aceptar que el reconocimiento del derecho a una utilidad sea considerado como una norma de derecho imperativo donde estén interesados el orden y las buenas costumbres en los términos del artículo 16 del Código Civil, puesto que hace parte de la iniciativa particular y de la órbita propia de su autonomía, determinar cuáles son los beneficios que el contratista habrá de obtener por la explotación de una actividad económica, o decidir, simplemente, que no obtendrá utilidad monetaria alguna.(…)»
« (…) Una propuesta puede comprender válidamente utilidades por un 0%. La Ley 80 de 1993, en su artículo 3, respecto de la finalidad de la contratación estatal y del papel de los particulares frente a ella, establecía que “los particulares… tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal implica obligaciones”.
si se hubiera considerado que el impuesto se deducía de las utilidades y que la ganancia ascendía al 0%, la propuesta habría podido ser considerada válida en tanto que habría claridad acerca del rubro al cual se imputaría el impuesto y los precios de los ítems ofrecidos no arrojarían duda ni confusión alguna. (…)»
Una entidad pública puede al elaborar su pliego de condiciones dejar de incluir de manera clara y diferenciada, de los demás criterios de calificación, el impuesto de guerra. Si se considera que el impuesto es deducible de las utilidades y las ganancias del contratista son del 0%, la propuesta es totalmente válida, en tanto que habría claridad acerca del rubro al cual se imputaría el impuesto y los precios de los ítems ofrecidos no arrojarían duda ni confusión alguna.
CONFIRMAR la sentencia del 19 de abril de 2001, dictada por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, Sala de Decisión, Sección Tercera, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia.
CE SIII E 40124 DE 2012.
Artículo 15 del Código Civil Artículo 16 del Código Civil Artículo 27 de la Ley 80 de 1993
Documento: CE SIII E 21077 DE 2012
Desestimación de propuesta de un oferente por no discriminación del impuesto de guerra..