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Timestamp: 2019-11-18 14:59:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 136', 'artículo 136']

﻿ Sentencia 2012-00036 de mayo 10 de 2012
SENTENCIA 2012-00036 DE 10 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. NO TIENE EN CUENTA LOS PARÁMETROS ESPECIALES PARA COMPUTAR EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN CUANDO SE TRATA DE DESAPARICIÓN FORZADA VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DESAPARICIÓN FORZADA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 2012-00036 de mayo 10 de 2012
Radicación: 11001-03-15-000-2012-00362-00 (AC)
Actor: Ana Yuney Ayala
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué
EXTRACTOS: «IV. Las Consideraciones de la Sala
Pretende la demandante la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados a su juicio, por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, a través de cuyas providencias se rechazó por caducidad la demanda de reparación directa por ella incoada.
En orden a resolver lo pertinente en este asunto, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares, en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, además fue instituida para proteger en forma inmediata derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad, acción que es de carácter subsidiario o residual, esto es, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe aparecer debidamente acreditado en el expediente.
Dispone así mismo el mencionado decreto, que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no está demostrado en el presente proceso.
Es de anotar, que en principio la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales, pero a través de reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional elaboró la doctrina de la vía de hecho, con fundamento en la cual aquella procede contra actuaciones de hecho de los funcionarios judiciales, doctrina que ha definido en numerosos y diversos pronunciamientos que han dado lugar, así mismo, a variadas interpretaciones por parte de los jueces de tutela.
Al respecto, la Sala considera pertinente resaltar que si bien es cierto esta Sección había venido aplicando la mencionada doctrina para decidir las acciones de tutela y las impugnaciones contra los fallos de primera instancia en asuntos donde se cuestionaban providencias judiciales por supuestas vías de hecho, también lo es que la Sala Plena del Consejo de Estado, en proveído del 29 de junio del 2004, dictado dentro del Expediente AC-10203, actora: Ana Beatriz Moreno Morales, con ocasión de la pérdida de investidura de Édgar José Perea Arias como Senador de la República para el período 1998-2002, luego de hacer un juicioso y profundo estudio del asunto sometido a su consideración, llegó a la conclusión de que la acción de tutela es absolutamente improcedente contra providencias judiciales que pongan fin a un proceso o actuación, en los términos que se transcriben a continuación:
El juez de tutela, en ningún caso puede ejercer una función suplantadora de otro juez, y mucho menos cuando este obra en ejercicio de mandatos constitucionales y con el propósito de salvaguardar la ley de leyes dentro de un especial marco de competencia constitucional. Y esto es apenas consecuencia de precisos ordenamientos superiores. En efecto, si bien es cierto que toda persona está facultada para incoar la acción que consagra el artículo 86 de la Constitución Política, cuando sus derechos fundamentales constitucionales han sido vulnerados o se encuentran amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, caso en el cual, si la solicitud elevada debe prosperar, la correspondiente sentencia se proferirá en el sentido de que la autoridad actúe o se abstenga de hacerlo, no es menos evidente que este tipo de pronunciamiento no puede dirigirse a un juez de la República en relación con su función de administrador de justicia, por resultar imposible jurídicamente impartirle órdenes a fin de que dirima un conflicto de intereses o litigio judicial en determinado sentido. Y al juez de tutela, a menos que resuelva incurrir en violación manifiesta de la Constitución, le está vedado, asimismo, dictar sentencia de reemplazo porque con ello suplantaría al juez competente y, por ende, le usurparía su función pública; conducta merecedora de reproche a la luz de normas especializadas del ordenamiento jurídico. Y es que, como se dijo antes, el fallo de tutela no puede salirse del límite fijado en el artículo 86 de la Constitución Política, que consiste en mandar que el funcionario acusado “actúe o se abstenga de hacerlo”; orden de la que no son pasibles los jueces porque con ello se quebrantaría el artículo 228 de la Constitución Política, el cual prescribe que el funcionamiento de la administración de justicia es soberano ya que en virtud de tal autonomía los jueces, sometidos como residen al imperio de la ley (C.N., art. 230) dirimirán las contiendas luego de realizar una labor interpretativa de las normas jurídicas, tomando como criterios auxiliares de su actividad judicial la equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina.
De lo expuesto se desprende que la tutela, a la luz de la Constitución y la ley, no puede instaurarse contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, amén de que ello conduce a que la administración de justicia se concentre a la postre, en la Corte Constitucional y sea esta la que diga la última palabra en las distintas áreas del derecho cuyo conocimiento incumbe a otras Cortes, ... En otras palabras: con la acción de tutela contra sentencias judiciales y con el efecto que se acaba de aludir se transgrede de modo mayúsculo el mandato contenido en el artículo 228 de la Constitución Política que señala como característica de la administración de justicia el hecho de que su funcionamiento sea desconcentrado, lo que impone el respeto a las normas de competencia, sobre todo cuando estas son de origen constitucional como la del Consejo de Estado para decidir las demandas de pérdida de investidura.
Si, pues, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que abrían el espacio para que la tutela pudiera instaurarse contra los pronunciamientos de los jueces que pusieran fin a un proceso, fueron declarados inexequibles en su totalidad y por ende desaparecieron del mundo jurídico, tal como quedó explicado en los apartes del fallo C-543 de 1992 que se transcribieron antes, resulta inadmisible, por constituir enorme desaguisado, que se siga permitiendo la tutela contra providencias judiciales con el inconsistente argumento de la infalibilidad de la Corte Constitucional; ...
Y en el fallo C-543/92, que constituye también cosa juzgada constitucional, se dijo que “… la misma idea de justicia sugiere la de un punto definitivo a partir del cual la sentencia no pueda ser modificada. Habiéndose llegado a él, una vez agotados todos los momentos procesales, concluidas las instancias de verificación jurídica sobre lo actuado y surtidos, si eran procedentes, los recursos extraordinarios previstos en la ley, no puede haber nuevas opciones de revisión del proceso, en cuanto la posibilidad de que así suceda compromete en alto grado la prevalencia del interés general (C.N., art. 1º) , representado en la necesaria certidumbre de las decisiones judiciales” (M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda).
No obstante lo anterior, la Sala ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, excepcionalmente, cuando con esas decisiones se vulnera ostensiblemente el derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia; comoquiera que mediante el ejercicio de la presente acción la actora pretende que se deje sin efectos unos autos proferidas en el trámite de una acción de reparación directa en la que fue parte demandante, en virtud de las cuales alega le fue vulnerado el derecho arriba mencionado, la sala entrará a realizar un estudio sobre ello.
Encuentra la Sala, que el embarazo general de la señora Ana Yuney Ayala, transcurrió sin anormalidades ni inconvenientes; es en el día del parto, el 22 de agosto de 2008, cuando posteriormente al alumbramiento la actora es notificada de que una de sus recién nacidas había fallecido, y con base a lo cual aquella interpone la demanda objeto de estudio.
El problema que enmarca el presente asunto, es entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa impetrada por la actora, lo cual determina si al momento de su presentación la misma era o no procedente.
Según los asuntos vistos en el escrito de tutela, y en las copias de los autos demandados aportados como prueba en el expediente, la señora Ayala fundamentó la demanda de reparación directa en hechos que a su juicio configuran el delito de desaparición forzada sobre una de sus hijas, por parte de los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael del Espinal, motivo por el cual pretendió una indemnización a su favor.
En relación con la caducidad de la acción de reparación directa, en tratándose del delito de desaparición forzada, el Código Contencioso Administrativo estipula un término especial, tal como se vislumbra en su artículo 136 numeral 8º:
“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
De la lectura de la citada disposición, se deduce que el término de caducidad comienza a correr: 1. Desde que la persona aparece, o 2. Desde que se tenga sentencia en firme dentro del respectivo proceso penal. A juicio de esta Sala, la expresión “sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” no consagra un tercer momento a partir del cual se contabilizan los 2 años que se tienen para iniciar la demanda, sino que por el contrario indica que con anterioridad a la ocurrencia de los 2 eventos anteriormente señalados, la acción de reparación directa puede ser promovida en cualquier tiempo, desde que ocurrieron los hechos que le dan lugar.
Al respecto, es de resaltar que la redacción del artículo en cuestión diferencia las 2 circunstancias indicadas con una o disyuntiva, mientras que al adicionar el último aparte incluye la expresión “sin perjuicio”, dando a entender que se trata de una posibilidad que se otorga a quien pretenda demandar, de hacerlo mientras el delito de la desaparición forzada continúa en ejecución.
Así lo ha entendido la Sección Tercera de esta corporación, tal como se evidencia en la providencia de 21 de febrero de 2011, la cual establece:
“De lo anteriormente expuesto se concluye que la desaparición forzada es un delito considerado nacional e internacionalmente como de lesa humanidad, que se extiende en el tiempo, desde el momento mismo en que la persona es privada de la libertad, continúa con su ocultamiento y culmina con la aparición de la víctima o con el conocimiento de su paradero.
Del estudio del material probatorio allegado al proceso, es posible establecer que el soldado Gildardo Pabón Perdomo se encuentra desaparecido desde 1998, sin que a la fecha se tenga conocimiento de su paradero, y por cuanto dicha conducta no ha cesado, no puede considerarse caducada la acción de reparación directa, toda vez que este no ha recobrado su libertad, ni tampoco se ha proferido sentencia dentro del proceso penal que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario”(1).
En ese sentido, no comparte la Sala la posición del Tribunal Administrativo del Tolima, al manifestar que la acción de reparación directa, cuando se alegue desaparición forzada, caduca a los 2 años de ocurridos los hechos cuando no se presente ninguno de los 2 presupuestos expresamente señalados por el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo; tampoco resulta adecuado, para esta sede judicial, el que el juzgado de primera instancia aplique la disposición general de caducidad de la acción de reparación directa, y no la especial cuando se alega desaparición forzada, sin motivar el porqué se separó de lo aducido en la demanda.
En virtud de lo anteriormente expuesto, considera la Sala que el término de caducidad de la acción de reparación directa promovida por el señora Ana Yuney Ayala, en la cual se alega desaparición forzada, debe contarse de conformidad con lo aquí analizado, esto es, desde ese día en que su hija apareciera, o bien a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión proferida dentro del respectivo proceso penal, el cual debió ser iniciado por la Fiscalía General de la Nación, entidad a la cual se ordenó la remisión de las denuncias hechas por la actora según lo ordenado en el acta de conciliación extrajudicial visible a folios 9 a 11 de este cuaderno.
1. REVÓCANSE los autos de 4 de octubre de 2011 y 23 de enero de 2012, proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima respectivamente, mediante los cuales se rechazó por caducidad la acción de reparación directa impetrada por la señora Ana Yuney Ayala, de radicado 2011-00372.
2. ORDÉNASE al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, realizar un nuevo estudio sobre la admisión de la citada demanda, con fundamento en los requisitos que para ello señale la normativa pertinente y en los documentos aportados por la parte actora.
3. ADVIÉRTASE al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, que al decidir sobre la admisión de la demanda incoada por la señora Ayala, contabilice el término de caducidad de su acción con base a lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia.
Si la presente decisión no fuere impugnada, por secretaría y dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.
(1) Expediente 52001-23-31-000-2010-00214-01(39360), Sección Tercera Subsección “C”. Actor: María Roselia Perdomo de Pabón y otros.