Source: https://www.magoyarse.com/2011/
Timestamp: 2020-08-12 00:50:11
Document Index: 311086039

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'artículo 51', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 76', 'artículo 34', 'artículo 76', 'artículo 33', 'artículo 22', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 160']

Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz: 2011
Como bien sabemos, los minerales son elementos inorgánicos que tienen una composición química única que los diferencia radicalmente de las rocas. Los minerales metálicos provienen directamente de la naturaleza y se encuentran siempre en estado sólido. Tenemos como ejemplos de este tipo de minerales, a aquellos que el Perú exporta permanentemente al mundo como el oro, plata, cobre, hierro, etc. La extracción y exportación de estos minerales metálicos explican en parte el crecimiento económico de nuestra patria; haciéndonos partícipes de un notorio éxito en los negocios internacionales.
Pero también existen los minerales no metálicos que se extraen por sus características físicas y químicas, siendo de mucha utilidad en la actividad industrial, al mezclarlos con otros componentes para la producción de los más diversos materiales. Así tenemos como ejemplos de este tipo de minerales no metálicos al azufre, boro, carbonato de calcio, carbonato de litio, cloruro de sodio, nitratos y yodo entre otros.
El actual gobierno ha emitido recientemente el marco legal que permite regular la regalía minera, definiéndola como aquella contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera están obligados a pagar al Estado Peruano por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.
Dentro de este marco normativo, son considerados como sujetos de la actividad minera los titulares de las concesiones mineras y los cesionarios que realizan actividades de explotación de recursos minerales metálicos según lo establecido en el Título Décimo Tercero del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM y normas modificatorias. Dicho término también incluye a las empresas integradas que realicen dichas actividades.
La Ley N° 29788 determina que la regalía minera debe ser calculada sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, considerando los trimestres calendarios siguientes: enero-marzo, abril-junio; julio-setiembre y octubre-diciembre, en base a la tasa efectiva que se estipula en el Anexo de la precitada ley. Dicha utilidad operativa se obtiene al deducir de los ingresos generados por las ventas de los recursos minerales realizadas en cada trimestre calendario; el costo de ventas y los gastos operativos, incluidos los gastos de ventas y los gastos administrativos incurridos para la generación de dichos ingresos.
Para tal efecto, los sujetos de la actividad minera tienen la obligación de presentar la declaración y efectuar el pago de la regalía minera correspondiente a cada trimestre, dentro de los últimos doce días hábiles del segundo mes siguiente al nacimiento de dicha obligación tributaria. Y en caso de vencerse dicho plazo, se le aplicará la Tasa de Interés Moratorio que ha fijado la SUNAT para las demás obligaciones tributarias que administra o recauda. Dicha declaración debe contener necesariamente la determinación de la base de cálculo de la regalía minera.
Finalmente, debemos mencionar que el monto efectivamente pagado por concepto de esta regalía minera será considerado como gasto para efectos del impuesto a la renta en el ejercicio correspondiente; en consecuencia, dicho gasto será deducible en el ejercicio en que se pague la regalía.
Fuentes: http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtModulos/independientes/regaliaMinera/index.html
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29788.pdf
http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2011/10/decreto-supremo-180-2011-ef-modifican.html
Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente UPC y USMP. Negocios Internacionales.
La protección de la propiedad intelectual es una misión que deben cumplir todos los gobiernos del planeta con el firme propósito de crear conciencia en la ciudadanía de su importancia. Estamos convencidos que todos los esfuerzos que realicemos para lograr dicha protección, nos permitirán promover la generación de mayor creatividad en esta nueva era del conocimiento que rige los destinos de la humanidad.
En ese sentido, resulta necesario establecer mayores y mejores mecanismos para detectar los casos de mercancía pirata, confusamente similar o falsificada por las fronteras aduaneras, toda vez que el éxito en estos esfuerzos, le permitirá a nuestro país proyectar una imagen al mundo de protección firme y decidida a la propiedad intelectual.
Las Medidas en Frontera constituyen en la práctica ciertas medidas temporales diseñadas para evitar que se haga una importación o exportación de productos que infrinjan el registro de una marca y permiten la suspensión de la actividad aduanera y la destrucción o el decomiso de la mercancía pirata, confusamente similar o falsificada en fronteras.
Se considera mercancía pirata a cualquiera de las copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo original. Por lo que la realización de dichas copias constituyen infracción del derecho de autor o de un derecho conexo reconocido por la legislación del país de importación.
En cambio, se define a la mercancía falsificada a cualquiera de las mercancías incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca. Precisándose que en este supuesto dichas mercancías violan los derechos de un titular de la marca reconocido por la legislación del país de importación.
La mercancía confusamente similar es cualquiera que teniendo una o más características propias de la mercancía con marca válidamente registrada, causa riesgo de confusión o de asociación con un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, induciendo a error a los consumidores sobre la fuente real del producto, afectando su naturaleza distintiva, su valor comercial o publicitario.
Recurrimos en primer lugar a las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) sobre medidas en frontera, las mismas que se inspiran en el Artículo 9 del Convenio de París de 1883 que establece la posibilidad de que los productos con marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, sean «embargados» al ser importados a cualquiera de los países de la Unión, siempre que en dichos países los referidos signos distintivos gocen de protección.
El citado Acuerdo sobre los ADPIC, en la Parte III Sección IV regula las medidas en frontera en los artículos 51° al 60°. Así tenemos por ejemplo que el artículo 51° estipula “La Suspensión del Despacho de Aduana”, facultando a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a establecer procedimientos nacionales que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías que supongan infracciones a sus derechos de propiedad intelectual, solicitar la suspensión del despacho de dichas mercancías para impedir la libre circulación. Este mismo artículo se considera como excepciones para la aplicación de dicho procedimiento a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular de un derecho o con su consentimiento con el fin de evitar que a través de estas medidas se frenen las importaciones paralelas ni se afecten a las mercancías que se encuentren solamente en tránsito.
Cabe precisar que el objeto esencial del procedimiento contenido en el Acuerdo sobre los ADPIC consiste en obtener la suspensión del despacho de aduana de aquellas mercancías que supongan infracciones a los derechos de propiedad intelectual, suspensión que no podrá exceder de 10 días hábiles, durante los cuales se debe dilucidar si realmente existe dicha infracción. Siendo oportuno destacar que las autoridades competentes también se encuentran facultadas para exigir al solicitante, cuando resultase infundado su reclamo, que realice el pago de la indemnización a favor del importador, del consignatario y del propietario de las mercancías en el supuesto que dicha retención y suspensión resulte infundada.
La Comunidad Andina cuenta con también con normas que regulan la protección de la propiedad industrial, plasmadas en la Decisión 486. Y en lo que concierne al Régimen Común sobre Propiedad Industrial y en materia de protección de los derechos de autor y derechos conexos, debemos recurrir a la Decisión 351.
En nuestro país tenemos al Decreto Legislativo N° 1092 que regula el marco legal para la aplicación de las medidas en frontera para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas. Dicho Decreto establece dos tipos de procedimientos:
a) Procedimiento a solicitud de parte, que es iniciado por el titular del derecho ante la Administración Aduanera para solicitar por escrito o por cualquier otro medio la suspensión del levante de la mercancía cuando se presuma la existencia de mercancías con marcas falsificadas o confusamente similares o mercancía pirateada que lesiona el derecho de autor. En dicha solicitud, se debe describir las mercancías supuestamente pirateadas o falsificadas y brindar cualquier otra información que permita a la Administración Aduanera su identificación y ubicación. También deben presentar información respecto al importador, exportador, consignatario, país de origen o destino, país de procedencia, medio de transporte, así como el documento en el que conste la carta fianza o garantía equivalente y el requerimiento para participar en la inspección de la mercancía objeto de la suspensión, de ser el caso.
El solicitante debe constituir necesariamente una carta fianza, caución juratoria o garantía equivalente a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o consignatario. Así tenemos que dicha fianza será ejecutada de manera inmediata una vez que INDECOPI determine que las mercancías objeto de suspensión no constituyen una infracción a los Derechos de Autor o Derechos Conexos o Derechos de Marca.
La garantía debe constituirse por una suma no menor al 20% del valor FOB de la mercancía sobre la cual se solicita la suspensión. En el caso se trate de mercancía perecible, la garantía debe constituirse por el 100% de su valor FOB. Asimismo, la garantía debe tener un plazo de vigencia no menor a treinta días calendario.
Tratándose de este procedimiento iniciado a solicitud de parte, tenemos que el plazo máximo para la suspensión es diez días hábiles contados desde la fecha de notificación al solicitante. Durante este plazo el solicitante debe demostrar que ha iniciado la acción por infracción o interpuesto la denuncia respectiva, logrando de ese modo que dicha suspensión se prorrogue por otros diez días hábiles adicionales. Debemos precisar que si dentro de dicho periodo la autoridad competente no dictase una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, entonces la Administración Aduanera se encuentra facultada para levantar la suspensión. La misma facultad ostenta la Aduana en caso el solicitante no le comunique la interposición de la acción por infracción o la denuncia respectiva ante la autoridad competente dentro del citado plazo de suspensión.
b) Procedimiento de oficio, que constituye una atribución de la Administración Aduanera para disponer la suspensión del levante de la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito, cuando existan sospechas razonables para presumir que se trata de mercancía falsificada o pirateada. En este supuesto, una vez suspendió el levante se le notifica al titular del derecho para que demuestre en el plazo de tres días que ha interpuesto la acción por infracción o denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Es oportuno indicar, que en este caso, también el plazo máximo de suspensión del levante es de diez días hábiles.
Ahora bien, si el titular del derecho demuestra haber interpuesto alguna acción o denuncia, entonces la suspensión puede prolongarse por diez días adicionales. Y si dentro de dicho periodo la autoridad competente no dicta una medida cautelar destinada a la retención de la mercancía, entonces la Administración Aduanera se encuentra facultada para levantar la suspensión. La misma facultad ostenta la Aduana en caso el titular del derecho no le comunique la interposición de la acción por infracción o la denuncia respectiva ante la autoridad competente durante los primeros tres días hábiles de haber sido notificado de la suspensión.
El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1092 aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2009-EF precisa que si bien es cierto las medidas de frontera resultan aplicables cuando se presuma que la mercancía destinada a los regímenes de importación, exportación o tránsito es mercancía pirata o falsificada; quedan excluidas de dichas medidas, las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas, precisando que en todo caso, se trata de aquellas mercancías cuyo valor FOB declarado no supera los US $ 200.
De otro lado, el mencionado Reglamento precisa que los titulares del derecho deben inscribirse en el registro a cargo de la Administración Aduanera, debiendo tener en cuenta que dicho registro deberá ser renovado anualmente dentro de los primeros 30 días de cada año calendario bajo apercibimiento de declararse la caducidad de pleno derecho del registro. Es necesario, indicar que un requisito sine qua nom para autorizarse el registro, consiste en que la Administración Aduanera solicite la opinión previa del INDECOPI.
Finalmente, en nuestra legislación nacional debemos citar al Procedimiento Específico INTA-PE.00.12 que establece las pautas a seguir por la Administración Aduanera para aplicar las medidas en frontera, siendo rescatable la precisión en el sentido que si a consecuencia de la aplicación de la suspensión del levante, vencieran los plazos a que están sujetos los regímenes aduaneros correspondientes, entonces sólo en este caso opera la suspensión de plazo de oficio.
Para adoptar de manera eficiente las medidas en frontera se requiere de una alianza estratégica entre las Aduanas e INDECOPI, dado que se trata de proteger al titular del derecho de autor o derechos conexos en su calidad de persona natural o jurídica, siempre que se encuentre plenamente facultado para autorizar o prohibir todo acto de explotación o utilización por cualquier medio de su obra artística, científica o literaria, de una interpretación o ejecución artística, de una emisión de radiodifusión o de un fonograma; no dejando de mencionar la protección que debe brindarse también al titular del derecho de marca.
Contamos con la legislación comunitaria y nacional que, sin apartarnos del principio aduanero que consiste en contribuir permanentemente a la facilitación del comercio, nos permite también proteger y hacer respetar los derechos de autor y los derechos de marca. Para lograr este propósito las Aduanas se encuentran facultadas para adoptar aquellas medidas temporales diseñadas para evitar que se haga una importación o exportación de productos que infrinjan dichos derechos; llegando en casos extremos a destruir las mercancías piratas, confusamente similar o falsificadas por disposición de la autoridad competente o por mandato judicial, salvo que el titular del derecho consienta que se disponga de otra forma.
Finalmente, resulta oportuno mencionar que la ley permite en algunos casos que las mercancías de marcas falsificadas puedan ser donadas con fines caritativos cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de las mercancías y estas ya no puedan ser identificables con la marca removida. Pero debemos precisar con respecto a las mercancías de marca falsificada, que la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen válidamente dentro de los canales comerciales. Agregando que en ningún caso está permitido que las mercancías falsificadas o pirateadas puedan ser exportadas ni sometidas a un régimen aduanero diferente, salvo en circunstancias excepcionales.
Autor: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente de la UPC y USMP.
Los servicios son prestaciones que, a diferencia de los bienes, no se pueden ver, tocar o almacenar. Los servicios aunque no se ven están presentes en casi todas las actividades que realiza el ser humano, estos contribuyen en gran medida al bienestar de los ciudadanos.
En el ámbito local, algunos ejemplos de servicios son: las conferencias, un corte de cabello, un concierto, una transferencia bancaria, una cirugía, el transporte de una mercadería de un lugar a otro; en el ámbito internacional, un postgrado que se realiza en el exterior, la asistencia técnica que presta un operario de una empresa que compra una tecnología en un país diferente al suyo, una obra de ingeniería realizada por contratistas de otro país, etc.
Una exportación de servicios se realiza cuando el pago del mismo es efectuado por un residente en el extranjero, con independencia del lugar en el que se produce, en la práctica, la prestación del servicio.
En las transacciones de servicios, es necesario tener en cuenta el tiempo, el lugar de consumo y la proximidad entre el proveedor de servicios y el consumidor.
Tal proximidad puede lograrse mediante la presencia comercial en el país importador o a través del traslado temporal de personas a otro territorio para recibir o prestar el servicio.
En definitiva la exportación de servicios es el suministro de un servicio de cualquier sector brindado por un residente hacia otro no residente.
II. Modalidades de exportación de servicios.
Las modalidades de prestación de servicios son importantes, pues muestran las características que diferencian los bienes de los servicios y cómo se comercializan los mismos a nivel internacional. En efecto, el comercio internacional de bienes implica el movimiento físico de las mercancías de un país a otro, en tanto que son pocas las transacciones de servicios que entrañan movimientos trans-fronterizos.
Para la legislación peruana, dicha exportación adopta cualquiera de las siguientes modalidades:
1.- Comercio Transfronterizo (Se presta desde el Perú hacia el exterior): NO SE APLICA IGV. La Ley N° 29646 aprueba un listado con 14 operaciones que califican en esta modalidad.
2.- Consumo en el territorio del país (Se presta en el Perú a sujetos no domiciliados): No se aplica IGV. La Ley N° 29646 aprueba un listado con 7 operaciones que califican en esta modalidad.
3.- Servicios a turistas que permiten devolución del IGV. Se aplica IGV, que posteriormente es devuelto a la salida del territorio peruano.
4.- Servicios prestados en el exterior por generadores de cuarta categoría que permiten reintegro del crédito fiscal. El profesional domiciliado en el Perú, obtiene el reintegro del IGV pagado en la compra de bienes y servicios utilizados con motivo de la prestación de sus servicios en el exterior.
Mediante la Ley Nº 29646 se tiene como finalidad establecer el marco normativo para el fomento del comercio exterior de servicios. Dicha norma entró en vigencia el día de 02 de enero de 2011. Las principales modificaciones que estipula dicha norma son las siguientes:
*El artículo 5° de la referida Ley incorpora información al segundo requisito sustancial contenido en el artículo 18° de la Ley del IGV.
*Se incorpora un párrafo en el texto del primer párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV determinando que no se considera como exportación de servicios aquellos servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada. Se permite que en este supuesto la persona natural pueda solicitar la devolución del IGV, siempre que se cumplan las condiciones señalada en el artículo 76° de la Ley del IGV y respecto de los servicios consignados en el literal C del Apéndice V de la Ley del IGV.
*Se ha incorporado el texto del artículo 34-A a la Ley del IGV, según el cual se permite la posibilidad de reintegrar el Impuesto que les fuera trasladado a las personas naturales generadores de rentas de cuarta categoría cuando prestan servicios que califican como exportación con presencia física en el exterior.
*Se incorpora un segundo párrafo al artículo 76° de la Ley del IGV permitiendo que sea objeto de devolución el IGV que haya gravado los servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural no domiciliada, señalados en el literal C del Apéndice V de la Ley, al momento de su salida del país.
*Se ha incorporado el texto del artículo 33-A a la Ley del IGV, el cual contiene una serie de requisitos que se deben cumplir para que las operaciones señaladas en el Apéndice V de la Ley del IGV sean considerados como Exportación de Servicios.
*Se ha incorporado el texto del artículo 22-A a la Ley del IGV, el cual determina que los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el Impuesto a los que se refiere el artículo 34-A de la Ley del IGV
*Se ha reordenado el texto y contenido del Apéndice V de la Ley del IGV permitiendo una mejor claridad en la aplicación de los supuestos, quedando ordenados de la siguiente manera: (i) comercio transfronterizo, (ii) consumo extranjero, (iii) presencia comercial y (iv) presencia de personas físicas.
IV. Seis ventajas de la liberalización de los servicios
La existencia de una infraestructura de servicios eficaz es una condición sine qua non para la prosperidad económica. Servicios tales como los de telecomunicaciones, banca, seguros y transporte contribuyen estratégicamente al desarrollo de todos los sectores, de bienes y servicios, con importantes aportaciones. Sin el acicate de la competencia, es poco probable que cumplan eficazmente esta función, con el consiguiente detrimento de los resultados y el crecimiento económico generales. Cada vez más gobiernos, pues, prefieren un entorno abierto y transparente para la prestación de servicios.
El acceso a los servicios mundiales ayuda a los exportadores y productores de los países en desarrollo a aprovechar su capacidad competitiva, independientemente de los bienes y servicios que estén vendiendo. Gracias a la inversión y competencia técnica extranjeras, varios países en desarrollo han podido también avanzar en los mercados de los servicios internacionales, desde el turismo y la construcción, al desarrollo de soporte lógico y la asistencia sanitaria. Así pues, la liberalización de los servicios se ha convertido en un elemento clave de muchas estrategias de desarrollo.
El ahorro de los consumidores.
Existen abundantes pruebas de que en muchos servicios, en particular los de telecomunicaciones, la liberalización hace bajar los precios, mejora la calidad y amplía las posibilidades de elección de los consumidores. Estas ventajas, a su vez, se abren paso a través del sistema económico y contribuyen a mejorar las condiciones de suministro de otros muchos productos.
Así pues, aunque algunos precios aumenten durante el proceso de liberalización, por ejemplo el costo de las llamadas locales, este incremento suele verse compensado con creces por las reducciones de precios y la mejora de la calidad en otros sectores. Además, en el marco del AGCS, los gobiernos siguen teniendo plena facultad, aun en un entorno completamente liberalizado, de imponer obligaciones universales en materia de servicios y medidas similares por motivos de política social.
Una innovación más rápida.
Los países donde los mercados de servicios están liberalizados han asistido a una mayor innovación de los productos y los procesos. El crecimiento explosivo de Internet en los Estados Unidos contrasta notablemente con el despegue más lento producido en muchos países de la Europa Continental que han vacilado más a la hora de emprender la reforma de las telecomunicaciones. Contrastes similares pueden apreciarse en los servicios financieros y de la tecnología de la información.
Mayor transparencia y previsibilidad.
Los compromisos de un país incluidos en su lista de servicios de la OMC equivalen a una garantía jurídicamente vinculante de que se autorizará a las empresas extranjeras a prestar sus servicios en condiciones estables. Esto da a cuantos tienen interés en el sector -productores, inversores, trabajadores y usuarios- una idea clara de las reglas del juego, pudiendo planificar su futuro con una mayor certidumbre, que estimula las inversiones a largo plazo.
Los compromisos asumidos en la OMC con respecto a los servicios contribuyen a estimular la inversión directa extranjera.
Esa inversión directa extranjera normalmente aporta nuevos conocimientos especializados y tecnologías que se dispersan de diversas maneras por toda la economía. Los empleados nacionales aprenden las nuevas técnicas (y las expanden cuando se van de la empresa). Las empresas nacionales adoptan las nuevas técnicas. Y las empresas de otros sectores que utilizan servicios—insumos del sector como las telecomunicaciones y la financiación también se benefician.
Fuentes: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29646.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2005/oficios/i3012005.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2009/oficios/i190-2009.htm
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/pdfs/LEY_SERVICIOS_PPT.pdf
http://www.portaltributario.com.pe/detalle.php?d=MzEwMTE=
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/ProgramadePromoci%C3%B3ndeExportaci%C3%B3ndeServicios.pdf
[2]El artículo 2° de la Ley General de Aduanas cuando define a los almacenes aduaneros incluye en dicha definición a los depósitos aduaneros de manera expresa.
* Escrito por: Mag. Javier Gustavo Oyarse Cruz. Docente de la UPC, USMP y CAEN.
De Dr. Javier Oyarse 9 comentarios:
El Acuerdo de Promoción Comercial celebrado con los Estados Unidos (tlc), comprometió a nuestro país a adoptar o mantener procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre ambos países; tales como permitir que los importadores retiren las mercancías de sus aduanas antes de cualquier decisión final por parte de su autoridad aduanera acerca de los aranceles aduaneros, impuestos y cargos que sean aplicables. Para lograr dicho propósito “Cada parte puede exigir que un importador provea suficiente garantía en la forma de una fianza, depósito o cualquier otro instrumento que sea apropiado y que cubra el pago definitivo de los aranceles aduaneros, impuestos y cargos relacionados con la importación de la mercancía”.
Este compromiso ha sido regulado en el artículo 160° de la Ley General de Aduanas estableciéndose a la garantía previa a la numeración de la declaración como un nuevo mecanismo destinado a sustentar el despacho aduanero de importación, con la particularidad que le permite al importador garantizar la deuda tributaria aduanera, derechos antidumping y compensatorios, percepciones y demás obligaciones aplicables a este régimen.
Es preciso mencionar que el Procedimiento IFGRA-PE.39 ha previsto hasta tres tipos de garantías que pueden utilizarse en este sistema de garantías previas a la numeración de la declaración: Carta Fianza, Póliza de Caución y Garantía Nominal. Las cuales permitirán aseguran el pago del íntegro de la deuda vinculada a los siguientes regímenes o solicitudes:
b) Admisión temporal para perfeccionamiento activo.
d) Restitución de derechos arancelarios.
e) Tránsito.
f) Envíos de entrega rápida, cuando las empresas de Envíos de entrega rápida actúan como importadores.
g) Transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria.
h) Traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común.
Frente a este amplio panorama de regímenes y solicitudes aduaneras que pueden ser cubiertas con la citada garantía, resulta necesario precisar que el importador puede elegir cualquiera de las siguientes modalidades para su presentación:
a) Garantía global: la cual asegura el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a más de una declaración y tiene como plazo de vigencia no mayor a un año. El monto de esta garantía debe ser no menor a un porcentaje del monto de las deudas tributarias aduaneras y/o recargos registrados durante los doce meses anteriores al inicio del trámite de presentación de la garantía más un porcentaje por riesgo.
b) Garantía específica: La cual asegura el cumplimiento de obligaciones derivadas de una declaración o solicitud de régimen aduanero y tiene como plazo de vigencia no mayor a tres meses. El monto de esta garantía debe ser no menor a un porcentaje del valor de la mercancía fijado en función del riesgo del usuario, más el monto de la deuda tributaria aduanera y recargos.
Asimismo, el importador puede consultar dicha garantía mediante el Portal de la Administración Tributaria utilizando su clave sol, accediendo de este modo a una cuenta corriente que le permitirá verificar si las declaraciones aduaneras de importación para el consumo se encuentran cubiertas con la misma.
Otro aspecto, que se debe resaltar es que la presentación de la citada garantía constituye un requisito básico para acceder al beneficio del levante aduanero en sólo 48 horas, lo cual indudablemente agiliza los despachos y se convierte en otro atractivo más para su elección por parte del importador. Adicionalmente, ofrece la ventaja de iniciar el cómputo de los intereses moratorios recién a partir del día veintiuno del mes siguiente de producida la descarga (despacho anticipado) o de numerada la declaración aduanera (despacho excepcional); con lo cual queda remota la posibilidad de su ejecución en caso de incumplimiento de pago de la deuda.
Hasta aquí hemos presentado las bondades y ventajas del sistema de garantías previas a la numeración de la declaración aduanera, las cuales corresponden al marco normativo vigente. Avizoramos que con el paso del tiempo y su debida difusión, se podrá alcanzar el ansiado objetivo de masificar su uso entre los importadores, para lo cual formulamos algunas ideas que podrían ayudar en este cometido:
*Enfatizar que este sistema de garantías es multipropósito, vale decir que no sólo se aplica para el régimen de importación para el consumo. Su ámbito de cobertura es mayor llegando incluso a aplicarse en los regímenes aduaneros de admisión temporal, tránsito, envíos de entrega rápida y drawback.
*Publicar en el Portal de la Administración Tributaria una tabla de tarifas y comisiones que hayan fijado oficialmente las diferentes entidades bancarias, financieras y de seguros para este tipo de garantías; así como las estadísticas mensuales que evidencien el crecimiento del número de despachos aduaneros que cuentan con garantía previa en las Intendencias de Aduana Marítima, Aérea y Tacna.
*Realizar una campaña de difusión de este sistema en los gremios empresariales contando con la activa participación de las Entidades Bancarias, Financieras y de Seguros, para efecto de generar competitividad.
Finalmente, tenemos que concluir estas líneas señalando que el sistema de garantías previas a la numeración de la declaración es una herramienta novedosa en nuestro país y brinda a los importadores considerables ventajas que deben ser conocidas por todos, de manera que puedan tomar la decisión correcta al momento de gestionar sus despachos de importación. Por ejemplo, si partimos del supuesto que la declaración hubiera sido numerada el 01 de Abril, el plazo para el pago de la deuda tributaria aduanera sin intereses recién vence el 20 de Mayo. Es decir 50 días calendarios después de la numeración. Durante este periodo, el mencionado importador puede aprovechar para financiar dicho pago con el dinero obtenido por la venta de las mercancías; dado que ha obtenido el levante aduanero con la sola presentación de la garantía previa sin perjuicio de cumplir con las demás formalidades aduaneras.
Publicado en Revista Logista. Mayo 2011. Perú.
¿Qué es una Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE?
La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE se define como un mecanismo de facilitación que permite a las partes involucradas, en el comercio y el transporte, alojar información estandarizada y documentos en un solo punto de entrada para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y tránsito. La información al ser electrónica, debe ser remitida una sola vez.
La VUCE se conceptualiza como "un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar, a través de medios electrónicos, los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías".
¿Por qué crear una Ventanilla Única de Comercio Exterior?
La ampliación de mercados e integración comercial con otros países tiene un impacto positivo en el actual ritmo de crecimiento del comercio exterior que se desarrolla en nuestro país. Por ello, asegurar su eficiencia y sostenibilidad futura exigen una mayor calidad, transparencia, eficiencia y rapidez en los procesos relacionados con los controles que ejercen las entidades públicas del Estado, de tal forma que reduzca la diversidad y dispersión de trámites, permitiendo controles integrados y una respuesta rápida, equivalente y transparente ante similares requerimientos de los exportadores, importadores y de los propios mercados internacionales, y sobre todo, facilite en términos de menores costos y plazos las operaciones de entrada y salida en general de mercancías al país. Este ordenamiento, integración y simplificación de procesos y documentos impactará en la eficiencia y los costos operacionales, a nivel del Estado como del sector privado e incrementará, sin duda, nuestra competitividad frente a otros países.
La VUCE se justifica en los siguientes aspectos:
Existencia de mercancías sujetas a control por parte del Estado (sanidad, seguridad, patrimonio, drogas, etc.).
Numerosos intervinientes en el control
Procesos deficientes, engorrosos y desintegrados.
Duplicidad en los requerimientos exigidos por las instituciones gubernamentales.
Exigencia de presentación de documentos emitidos por el mismo Estado
Organismos que tienen a cargo supervisión o verificación de mercancías no coordinan entre sí el momento de inspección
Predictibilidad en los trámites
¿Cómo funcionará la VUCE?
El componente de mercancías restringidas, se implementará a través del uso de medios electrónicos para la obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones que se exigen ante las entidades del Estado para la realización de las operaciones de importación y exportación de mercancías, así como para la recepción, estadía y despacho de naves de transporte internacional. Las entidades del Estado que, por mandato legal, deben intervenir en la inspección física de la mercancía al momento de su ingreso o salida del país llevarán a cabo esta diligencia de manera simultánea al reconocimiento físico que efectúa la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT en el despacho aduanero, cuando corresponda.
R.M. 037-2011-MINCETUR – Aprueban la ampliación de la relación de procedimientos administrativos que se tramitan a través de la VUCE 14/02/2011
R.M. 261-2010-MINCETUR – Incluyen 21 procedimientos administrativos en la relación que se tramita a través de la VUCE 29/12/2010
R.M. 233-2010-MINCETUR – Amplían la relación de Procedimientos Administrativos que se tramitan a través de la VUCE 12/11/2010
R.M. 137-2010-MINCETUR – Aprueban relación de Procedimientos Administrativos que se tramitarán a través de la VUCE 15/07/2010
R.M. 074-2009-MINCETUR – Incorporan miembros a la Comisión VUCE 08/06/2009
D.S. 009-2008-MINCETUR – Aprueban Reglamento del Dec. Leg 1036 que establece los alcances de la Ventanilla de Comercio Exterior 05/12/2008
Dec. Leg. 1036 - Decreto Legislativo que establece los alcances de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 25/06/2008
Dec.Leg. 1022 – Decreto Legislativo que modifica la Ley de Sistema Portuario Nacional Ley N 27943 17/06/2008
D.S. 010-2007-MINCETUR – Aprueban Reglamento para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 28/10/2007
Ley N 28977 – Ley de Facilitación del Comercio Exterior 09/02/2007
D.S.199-2006-EF – Modifican el D.S. 165-2006-EF 14/12/2006
D.S. 165-2006-EF – Crean la Ventanilla Única de Comercio Exterior 03/11/2006
Fuente: https://www.vuce.gob.pe/index.html
De Dr. Javier Oyarse 3 comentarios: