Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1367:ES:NOT
Timestamp: 2013-05-20 15:50:19
Document Index: 44561628

Matched Legal Cases: ['artículo 251', 'artículo 6', 'artículo 37', 'artículo 195', 'artículo 280', 'artículo 226']

EUR-Lex - 32006R1367 - ES
Reglamento (CE) n o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
DO L 264 de 25.9.2006, p. 13/19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
edición especial en búlgaro: Capítulo 15 Tomo 17 p. 126 - 132
edición especial en rumano: Capítulo 15 Tomo 17 p. 126 - 132
entr. en vigor: 28/09/2006; entrada en vigor fecha publicación + 3 ver art. 14
entr. en vigor: 28/06/2007; aplicación ver art. 14
órgano de la UE
medio ambiente, disposiciones institucionales, información y verificación
propuesta Comisión; COM 2003/0622 final
dictamen Comité Económico y Social; DOCE c 117/2004 p 52
dictamen Parlamento Europeo; DOCE c 103E/2004 p 612
posición común Consejo; DOCE c 264E/2005 p 18
posición Parlamento Europeo; emitido el 18/01/2006
resolución Parlamento Europeo; emitido el 04/07/2006
decisión Consejo; emitido el 18/07/2006
52003PC0622 adopción Actos citados:
32005D0370 Seleccionar todos los documentos que citan este documento
Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, a la vista del texto conjunto aprobado el 22 de junio de 2006 por el Comité de Conciliación [2],
(1) La legislación comunitaria en materia de medio ambiente tiene como objetivos, entre otros, contribuir a la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente y a la protección de la salud de las personas, promoviendo así el desarrollo sostenible.
(2) El sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente [3] hace hincapié en la importancia de proporcionar una información adecuada sobre el medio ambiente y de abrir posibilidades reales de participación pública en el proceso de toma de decisiones medioambientales, incrementando con ello la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones, y contribuyendo a la concienciación y el apoyo públicos a las decisiones adoptadas. Al igual que sus antecesores [4], el programa también fomenta una aplicación más efectiva de la legislación comunitaria sobre la protección del medio ambiente, a través del cumplimiento de la normativa de la Comunidad y de la actuación contra las violaciones de la legislación medioambiental comunitaria.
(3) El 25 de junio de 1998 la Comunidad firmó el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, "el Convenio de Aarhus"). La Comunidad aprobó el Convenio de Aarhus el 17 de febrero de 2005 [5]. Las disposiciones del Derecho comunitario deben ser compatibles con dicho Convenio.
(4) La Comunidad ya ha adoptado un conjunto de medidas legislativas que está en evolución y que contribuye a lograr los objetivos del Convenio de Aarhus. Es preciso disponer que los requisitos del Convenio se apliquen a las instituciones y los organismos comunitarios.
(5) Es oportuno abordar los tres pilares del Convenio de Aarhus, a saber, el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en un mismo texto legislativo, y establecer disposiciones comunes en cuanto a objetivos y definiciones. Ello contribuirá a la racionalización de la legislación y al incremento de la transparencia de las medidas de aplicación que se adopten a nivel comunitario.
(6) Como principio general, los derechos garantizados por los tres pilares del Convenio de Aarhus lo son sin discriminación por razón de ciudadanía, nacionalidad o domicilio.
(7) El concepto de autoridad pública se define en el Convenio de Aarhus de manera muy amplia, siendo el concepto básico que en todos los ámbitos donde se ejercen funciones públicas deben establecerse derechos para los individuos y sus organizaciones. Por consiguiente, es preciso que las instituciones y los organismos comunitarios contemplados por el presente Reglamento sean objeto de una definición igualmente amplia y funcional. En cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Aarhus, pueden excluirse del ámbito de aplicación del Convenio las instituciones y los organismos comunitarios cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos. Sin embargo, por motivos de coherencia con el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión [6], las disposiciones sobre el acceso a la información medioambiental deben aplicarse a las instituciones y organismos comunitarios cuando actúen en ejercicio de poderes legislativos.
(8) La definición de información medioambiental en el presente Reglamento abarca toda la información, disponible en cualquier forma, que se refiera al estado del medio ambiente. Esta definición, similar a la adoptada en virtud de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo [7], presenta un contenido igual a la adoptada en el Convenio de Aarhus. La definición de "documento" que figura en el Reglamento (CE) no 1049/2001 abarca la información medioambiental tal y como se define en el presente Reglamento.
(9) Es conveniente que el presente Reglamento incluya una definición de "planes y programas" que tenga en cuenta las disposiciones del Convenio de Aarhus y responda a un enfoque paralelo al adoptado en relación con las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria vigente. Los "planes y programas relacionados con el medio ambiente" deben definirse en función de su contribución a la consecución de los objetivos y prioridades de la política comunitaria de medio ambiente o a su posible importante efecto en relación con tales objetivos y prioridades. Durante un período de diez años a partir del 22 de julio de 2002, el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente fija los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente y determina las acciones previstas para alcanzarlos. Al final de dicho período, debe adoptarse un nuevo programa de acción en materia de medio ambiente.
(10) Habida cuenta de que el Derecho medioambiental se halla en constante evolución, la definición correspondiente debe hacer referencia a los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente, tal como se establecen en el Tratado.
(11) Los actos administrativos de alcance individual han de poder ser objeto de una posible revisión interna cuando sean vinculantes y surtan un efecto externo. De forma similar, han de estar cubiertas las omisiones en los casos en que exista la obligación de adoptar un acto administrativo en virtud del Derecho medioambiental. Dado que pueden excluirse los actos de las instituciones u organismos comunitarios que actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos, también habrán de excluirse otros procedimientos de investigación en los que las instituciones y los organismos comunitarios actúen en calidad de instancia de revisión administrativa en aplicación de lo dispuesto en el Tratado.
(12) El Convenio de Aarhus aboga por el acceso del público a la información medioambiental, ya sea en el marco de una solicitud o como resultado de su difusión activa por parte de las autoridades a las que se refiere el Convenio. El Reglamento (CE) no 1049/2001, en el que se establece una serie de normas que se ajustan en gran medida a lo dispuesto en el Convenio de Aarhus, se aplica al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como a las agencias u organismos creados en virtud de un acto jurídico comunitario. Es necesario que la aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 se haga extensiva a todas las instituciones y los organismos comunitarios.
(13) Procede adoptar en el presente Reglamento aquellas disposiciones del Convenio de Aarhus que no quedaron recogidas, total o parcialmente, en el Reglamento (CE) no 1049/2001, en particular las relativas a la recogida y difusión de información medioambiental.
(14) Para que el derecho de acceso del público a la información medioambiental sea efectivo, es fundamental que la información sea de calidad. Por consiguiente, es preciso adoptar normas que obliguen a las instituciones y los organismos comunitarios a garantizar dicha calidad.
(15) Las excepciones contempladas en el Reglamento (CE) no 1049/2001 deben aplicarse subordinadas a cualquier otra disposición específica en el presente Reglamento relativa a las solicitudes de información medioambiental. Los motivos de denegación en lo que se refiere al acceso a la información medioambiental deben interpretarse de forma restrictiva, teniendo en cuenta el interés público atendido por la divulgación y si la información solicitada se refiere a emisiones en el medio ambiente. El término "intereses comerciales" abarca los acuerdos confidenciales celebrados por instituciones u organismos que actúen en su capacidad bancaria.
(16) En virtud de la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad [8], se ha creado una red a escala comunitaria para potenciar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, con la asistencia de la Comisión, a fin de mejorar la prevención y el control en la Comunidad de una serie de enfermedades transmisibles. La Decisión no 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [9] adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública que complementa a las políticas nacionales. La mejora de la información y los conocimientos a fin de fomentar la salud pública y el aumento de la capacidad de reaccionar rápida y coordinadamente ante los riesgos sanitarios, que son dos elementos de este programa, son objetivos que también se ajustan por completo a los requisitos del Convenio de Aarhus. Por lo tanto, el presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión no 2119/98/CE y la Decisión no 1786/2002/CE.
(17) El Convenio de Aarhus exige la adopción de disposiciones que permitan la participación del público en la elaboración de los planes y programas relativos al medio ambiente. Dichas disposiciones deben exigir el establecimiento de plazos razonables para informar al público sobre el proceso de toma de decisiones relativas al medio ambiente de que se trate. Para que sea efectiva, la participación pública debe producirse al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones son aún posibles. Al adoptar disposiciones sobre la participación pública, las instituciones y los organismos comunitarios deben designar al público susceptible de participar. El Convenio de Aarhus requiere asimismo que, en la medida adecuada, las Partes se esfuercen por dar oportunidades para la participación del público en la preparación de las políticas relativas al medio ambiente.
(19) Para garantizar medidas reparadoras adecuadas y efectivas, incluidas las que pueda acordar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con arreglo a las disposiciones pertinentes del Tratado, procede que a la institución u organismo comunitario responsable de la acción impugnada o que, en caso de supuesta omisión administrativa, no actuó, se le ofrezca la posibilidad de reconsiderar su decisión o, en caso de omisión, de actuar.
(20) Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y que cumplen determinados criterios, en particular para garantizar que son organizaciones independientes y responsables que han demostrado que su principal objetivo es el fomento de la protección del medio ambiente, deben poder solicitar la revisión interna a escala comunitaria de los actos u omisiones en virtud del Derecho medioambiental de una institución u organismo comunitario, para su reconsideración por la institución u organismo en cuestión.
(21) En los casos en los que los procedimientos previos de revisión interna no prosperen, la organización no gubernamental de que se trate podrá interponer recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo a las disposiciones pertinentes del Tratado.
(22) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 37.
1. El presente Reglamento tiene el objetivo de contribuir a la aplicación de las obligaciones derivadas del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, "el Convenio de Aarhus"), mediante el establecimiento de normas para aplicar las disposiciones de dicho Convenio a las instituciones y organismos comunitarios, en particular por los siguientes medios:
a) "solicitante": toda persona física o jurídica que solicite información medioambiental;
c) "instituciones u organismos comunitarios": las instituciones, organismos, oficinas o agencias públicos creados por o en virtud del Tratado, salvo cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos. No obstante, las disposiciones en virtud del título II se aplicarán a las instituciones u organismos comunitarios cuando actúen en ejercicio de sus poderes legislativos;
d) "información medioambiental": toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material y que se refiera a:
i) la situación de elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, el paisaje y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos,
ii) factores como las sustancias, la energía, el ruido, las radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, las emisiones, los vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en el inciso i),
iv) informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental,
vi) el estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, emplazamientos culturales y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en el inciso i) o, a través de estos elementos, por cualquiera de los extremos citados en los incisos ii) y iii);
e) "planes y programas relativos al medio ambiente": los planes y programas:
i) cuya elaboración y, si procede, adopción corresponda a una institución u organismo comunitario,
ii) que sean exigidos en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, y
iii) que contribuyan a la consecución de los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente o puedan tener un efecto significativo para el logro de dichos objetivos, según lo establecido en el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, o en cualquier programa general posterior de acción medioambiental.
f) "Derecho medioambiental": la legislación comunitaria que, independientemente de su fundamento jurídico, contribuya a perseguir los objetivos de la política comunitaria en materia de medio ambiente tal como se establecen en el Tratado: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente;
h) "omisión administrativa": la no adopción, por una institución u organismo comunitario, de un acto administrativo definido en la letra g).
a) artículos 81, 82, 86 y 87 (normas sobre competencia);
b) artículos 226 y 228 (procedimiento por incumplimiento);
c) artículo 195 (reclamaciones ante el Defensor del Pueblo);
d) artículo 280 (procedimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude).
A efectos del presente Reglamento, el término "institución" del Reglamento (CE) no 1049/2001 se entenderá como "institución u organismo comunitario".
a) los textos de tratados, convenios o acuerdos internacionales y de la legislación comunitaria sobre el medio ambiente o relacionados con él, y de las políticas, programas y planes relacionados con el medio ambiente;
b) los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los puntos contemplados en la letra a), cuando las instituciones u organismos comunitarios los hayan elaborado o dispongan de ellos en formato electrónico;
c) las medidas adoptadas en los procedimientos por incumplimiento del Derecho comunitario a partir de la emisión del dictamen motivado en virtud del artículo 226, párrafo primero, del Tratado;
d) los informes sobre la situación del medio ambiente indicados en el apartado 4;
f) las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos medioambientales, o una referencia al lugar donde se puede solicitar esa información o acceder a ella;
g) los estudios sobre el impacto medioambiental y las evaluaciones de riesgo relativas a los elementos medioambientales, o una referencia al lugar donde se puede solicitar esa información o acceder a ella.
a) el proyecto de la propuesta, si se dispone del mismo;
b) la información medioambiental o la evaluación relevante para el programa en elaboración, si se dispone de la misma, y
c) las modalidades prácticas de participación, incluyendo:
i) la entidad administrativa de la que puede obtenerse la información relevante,
ii) la entidad administrativa a la que pueden transmitirse observaciones, opiniones o preguntas, y
iii) los plazos razonables que concedan suficiente tiempo para que el público sea informado y para que este se prepare y participe efectivamente en el proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente.
a) sea una persona jurídica independiente y sin ánimo de lucro con arreglo a legislación o práctica nacional de un Estado miembro;
b) tenga por objetivo primordial declarado promover la protección del medio ambiente en el contexto del Derecho medioambiental;
c) haya existido durante más de dos años y esté trabajando activamente en el objetivo mencionado en la letra b);
d) el asunto a que se refiera la solicitud de revisión interna entre en el ámbito de su objetivo y de sus actividades.
[1] DO C 117 de 30.4.2004, p. 52.
[2] Dictamen del Parlamento Europeo de 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29.4.2004, p. 612), Posición Común del Consejo de 18 de julio de 2005 (DO C 264 E de 25.10.2005, p. 18) y Posición del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2006 (no publicada aún en el Diario Oficial). Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2006 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 18 de julio de 2006.
[4] Cuarto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente (DO C 328 de 7.12.1987, p. 1). Quinto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente (DO C 138 de 17.5.1993, p. 1).
[5] Decisión 2005/370/CE del Consejo (DO L 124 de 17.5.2005, p. 1).
[6] DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
[7] DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
[8] DO L 268 de 3.10.1998, p. 1. Decisión modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
[9] DO L 271 de 9.10.2002, p. 1. Decisión modificada por la Decisión no 786/2004/CE (DO L 138 de 30.4.2004, p. 7).