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Timestamp: 2020-08-10 11:01:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 39', 'artículo 43', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 124']

JSD | José María Soberanes Díez - Formas de organizacion estatal
A. Estado unitario
Históricamente la primera forma de organización estatal es la unitaria. Y es que el Estado moderno surge como un ente que surge para concentrar y unificar el poder, cooptando a los entes intermedios, característicos del Antiguo Régimen, volviéndolos subordinados y dependientes. El estado moderno, pues, busca tres unificaciones: la del poder, en el sentido de que todos los poderes se concentren en la Asamblea; en la población, estableciendo que todos son titulares de los mismos derechos; y en el territorio, haciendo aplicable el derecho por igual en todo el espacio del Estado.
El Estado unitario es aquel en el que existe un solo centro de poder que extiende su accionar a lo largo del territorio respectivo. Cuenta con un solo Poder legislativo, que legisla para todo el Estado, y una sola Constitución vigente para todo el territorio. De esta forma, existe una unidad de ordenamiento, de autoridades, de gobernados y de territorio.
En algunos Estados, no obstante, se establecen divisiones territoriales que faciliten la actuación estatal. Esta puede ser de distintas formas. Será centralizada si únicamente existen agentes aplicadores a lo largo del territorio, sin capacidad de tomar decisiones. Será desconcentrada si se les permite a las autoridades esparcidas por el territorio tomar determinadas decisiones, pero sometidas al poder central. Será descentralizada si esas autoridades que se esparcen por el territorio tienen capacidad para tomar decisiones con autonomía en los temas que autorice la ley.
B. Confederación
Históricamente la confederación supuso un paso hacia el federalismo. En el caso de Estados Unidos, las Trece Colonias que surgen como entidades soberanas tras la guerra de independencia, tenían similitudes, como en sus costumbres y en su composición social, pero también diferencias. Por eso decidieron unirse pero manteniendo su autonomía. Así, en los Artículos de la Confederación decidieron tener un Congreso común, pero estar separados en cuanto a la función judicial y a la administrativa.
Lo mismo ocurrió en Europa. En Alemania, tras la caída del Imperio Germánico surgieron distintas unidades autónomas pero con un aspectos en común. Por ello decidieron unirse, pero manteniendo su autonomía. Así, en 1815 se creó una confederación alemana compuesta por 39 Estados, 35 monarquías y 4 ciudades libres. En Suiza, tras el intento de Napoleón de crear un Estado unitario, se inició un proceso de volver las cosas al estado anterior a Napoleón, separando las distintas entidades suizas, los llamados cantones. A este proceso se le llamó un “nuevo antiguo régimen”. Pero dentro de su autonomía decidieron permanecer unidos para determinados temas y por ello surgió la Confederación Helvética.
De lo anterior tenemos que la confederación es una unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por leyes comunes. Se distingue de la federación puesto que en este caso los estados no renuncian a su soberanía y, por tanto, son más importantes.
En la actualidad no existen estados con estas características. Suiza conserva como nombre oficial el de Confederación Helvética, pero propiamente no lo es, pues sus cantones no son entes soberanos de derecho internacional.
Más parecido a una confederación sería la Unión Europea, cuyos estados miembros continúan siendo soberanos, pero tienen normas que les son comunes y a las que están sometidos.
Como se dijo, la confederación surgió como un paso previo hacia la federación. En Estados Unidos las colonias confederadas comenzaron a tener muchas desigualdades entre sí: moneda distinta, ejércitos distintos, etcétera. Por ello decidieron avanzar en su unión y constituirse en una federación, invento norteamericano. Lo mismo ocurrió en Alemania en donde, para lograr una unidad económica, se unieron los estados libres bajo el liderazgo de Bismark.
Debe señalarse, no obstante, en México el proceso no fue así. México era un país originariamente unitario, pero que se dividió en diversas entidades federativas. Esta división en entidades federativas se hizo con base en las distintas provincias en las que se había dividido el territorio en la Constitución de Cádiz de 1812 que, a su vez, se basaba en la división del territorio en intendencias que existía desde el reinado de Carlos III. Las provincias, no obstante, eran divisiones administrativas del poder central y no constituían estados autónomos. No obstante, tras algunos años y después de la independencia que hicieron de México, Yucatán y Chiapas se unieron a la Federación.
El estado federal es, pues, una agrupación de entidades relativamente autónomas asociadas para la conformación de un Estado compuesto por estas entidades. Así pues, en los estados federales existen dos tipos de entidades: la Federación y las entidades federativas.
La composición del estado federal por diversas unidades generó la duda de quién era el soberano, si el estado federal o las entidades federativas. Una primera teoría sostuvo que la soberanía recaía en la Federación, pero ello implicaba que no existían estados soberanos. Una segunda teoría sostenía que los soberanos eran las entidades federativas, pero ello implicaba que los mismos podrían separarse. Una tercera teoría afirmaba la co-soberanía, esto es, que la compartían los estados y la federación, pues la misma recaía en el pueblo.
En México tales teorías parecen confundirse. El artículo 40 constitucional califica a los estados de “libres y soberanos”, dándole razón a la segunda teoría. El artículo 41, en cambio, señala que los estados están sujetos al pacto federal, con lo que se decanta por la primera teoría. Por su parte, el artículo 39 indica que la soberanía recae en el pueblo, con lo que se acepta la co-soberanía.
En mi opinión, toda vez que los Estados tienen que sujetarse al pacto federal en todo momento, no puede señalarse que los mismos sean soberanos. Así, cuando la Constitución menciona que son soberanos, en realidad hay que entender que son autónomos. El que no tengan soberanía los estados implica que no puede aceptarse la primera ni la tercera teoría, que suponen este elemento. Ello implica que estamos en la teoría de que la soberanía recae en la Federación.
El estado federal se compone, como se dijo, de la federación y de unidades territoriales llamadas estados, provincias o regiones, que son autónomas en determinadas materias. Si se llaman estados, hay que distinguir entre el estado federado y el estado nacional. En algunos casos existen territorios que son gobernados por el estado nacional, como el caso de Washington en Estados Unidos, conocidos como territorios federales o distritos federales.
Las entidades federativas tienen facultades de autogobierno en determinadas materias, distintas a las que corresponden a la administración federal. No existe subordinación de la Federación a las entidades ni viceversa. Hay una separación de competencias y cada una es autónoma en las materias que le corresponden. La única limitante que tienen la Federación y las entidades es el respeto a la Constitución Federal que les es común a ambas.
En México las entidades federativas son enumeradas en el artículo 43 constitucional. En dicho artículo se mencionan dos clases de entidades: los Estados y la Ciudad de México.
Los estados son autónomos en las materias locales, en las cuales gobierna a través de sus propios poderes. El Distrito Federal, en cambio, no tiene poderes propios puesto que se trata de un territorio en el que gobiernan los poderes federales. Así pues, son entidades de naturaleza distinta.
La clasificación así vista parece no representar mayor problema. Hay materias federales y materias locales. Sin embargo, hay materias que tienen un ámbito federal y un ámbito local. A estas se les llama materias coincidentes. Cada nivel de gobierno puede legislar en esa materia, aunque se encuentra acotado por el mismo ámbito de acción. El Congreso puede legislar, por ejemplo, sobre la administración pública federal, pero no sobre la local. Y una legislatura estatal puede legislar sobre la administración pública local pero no sobre la federal.
Junto a las materias coincidentes existen las concurrentes. Se trata de materias en las que pueden legislar válidamente las legislaturas locales y el Congreso de la Unión por una disposición expresa constitucional. En estas materias, el ámbito que corresponde legislar a cada nivel de gobierno es determinado por una ley del Congreso de la Unión denominada “ley general” o “ley marco”. Así, para poder establecer a qué nivel de gobierno corresponde legislar un ámbito de una materia concurrente, debe acudirse a la ley marco relativa.[1]
En España surgió una forma de organización estatal intermedia entre el federalismo y el estado unitario: las comunidades autónomas. Una comunidad autónoma es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional de España, está dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, mediante sus propios representantes. En principio el Estado español tiene todas las competencias, pero mediante Estatutos de Autonomía le cede a cada una de las regiones en lo particular algunas de estas. De esta forma, las distribución de competencias entre el Estado y las comunidades depende de cada Estatuto en lo particular.
Una diferencia destacada en todo caso entre un estado federal y un estado autonómico se observa en la capacidad constituyente, pues no tienen esa capacidad las comunidades autónomas como si lo tienen en las federaciones. Asimismo, mientras en un estado federal existe una organización completa (legislativa, ejecutiva, judicial), en el estado regional/autonómico no existe un poder judicial en cada comunidad, sino que es el mismo para todo el estado
En cualquiera de las formas de organización estatal antes vistas, existen municipios, pues los mismos son la forma más simple de organización política.
En la antigua Roma, los municipios se identificaban con las ciudades libres. Actualmente los municipios se identifican con las ciudades o pueblos. Es cierto que los municipios pueden abarcar más de una población y que el poblado en el que se asienta el gobierno municipal se denomina cabecera municipal. Sin embargo, la regla general es identificar una población con un municipio.
Los municipios se gobiernan por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, que tiene a la cabeza un presidente municipal o alcalde. Todos los miembros del ayuntamiento son electos por elección popular y, en México, deben de estar representados los diversos partidos políticos.
Los municipios son importantes puesto que constitucionalmente tienen una serie de facultades que le son propias, en las que no puede intervenir ni la Federación ni el Estado, en caso del Estado Federal. En nuestro país, este ámbito es definido por el artículo 115, fracción III constitucional, en la que se señalan actividades que únicamente los municipios pueden desarrollar, como el servicio de agua potable, el de limpia, el de alumbrado público, etcétera.
La diversidad de ordenes jurídicos en México
El hecho de que los estados tengan autonomía legislativas en determinadas materias distintas a la de la Federación implica que en los estados federales existan distintos ordenes jurídicos. En México existe un orden jurídico federal y treinta y un ordenes estatales. A ellos hay que agregar el municipal, pues tales entidades tienen determinadas facultades constitucionales que le son propias. Además, debe agregarse el orden jurídico del Distrito Federal, que es distinto al de los estados. Si todos estos son unidos por la Constitución Federal, es posible hablar de cinco ordenes jurídicos en México: el estatal, el federal, el constitucional, el municipal y el del Distrito Federal.
[1] FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. (Jurisprudencia P./J. 142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XV, enero de 2002, p. 1042.) LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. (Tesis P. VII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXV, abril de 2007, p. 5.)