Source: http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1467/delitos-urbanismo.htm
Timestamp: 2019-02-22 14:07:13
Document Index: 411834703

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 319', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 66', 'e contrario', 'artículo 45', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 55', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 40']

Los Delitos De Urbanismo En El Vigente Codigo Penal - Libro Gratis
2.- LOS DELITOS DE URBANISMO EN EL VIGENTE CODIGO PENAL.
Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo se encuentran regulados en el Capítulo Primero del Título XVI del Libro II del Código Penal, cuya redacción dada por la Reforma operada por la Ley Orgánica 1/2005, con entrada en vigor el 1 de Julio de 2015, es con la que vamos a trabajar a lo largo de esta Ponencia.
El Titulo lleva por nombre “DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACION DEL TERRITORIO, EL URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y EL MEDIO AMBIENTE”. Por su parte el Capítulo dentro de aquella nomenclatura general titula “DE LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO” que es el mismo con el que denominado este estudio.
Lo componen dos artículos de contenido bien distinto: el primero, el 319, se refiere propiamente al delito de construcción ilegal mientras que el segundo, el 320, realmente tipifica una modalidad de prevaricación administrativa que es aquélla que se da por decisiones que avocan hacia las primeras de las conductas sancionadas.
Pasamos a su análisis por separado:
2.1. EL DELITO DEL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO PENAL.
“ 1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fueses superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultantes en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fé. En todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letgras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.
La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 ha modificado el texto de los apartados 3 y 4 del precepto trascrito.
Además de esta modificación el texto originario también lo fue por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio que entró en vigor hasta el 23/12/2010.
También debemos tener en consideración la Consulta de la Fiscalía General del Estado 1/2003, de 25 de Julio, sobre la nueva configuración típica que presenta el delito contra la ordenación del territorio a partir de las medidas de liberalización del sector inmobiliaria operado por el Real Decreto-Ley 4/2000. Igualmente y del mismo Organismo Público la Instrucción 4/2007, de 10 de Abril, sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías.
De la simple lectura de esta última Instrucción de la FGE vislumbramos como la protección del Urbanismo y Medio Ambiente ha ido tomando carta de naturaleza, en su trascendencia, en un Órgano tan trascendental en la protección del interés general de la ley como es el Ministerio Fiscal. En el fondo, uno de los primeros estiletes de los Gobiernos para promover la acción de la justicia en aquellos asuntos que se consideran de trascendencia política y social.
Lo primero que nos debe hace pensar este artículo es en el fracaso administrativo sobre materia tan notoria como lo es el medio ambiente y el urbanismo. El Derecho Administrativo ha fracasado.
Incriminar o penalizar estos ilícitos administrativos –concretamente los más graves, cierto es reconocerlo- se debe a la incapacidad de los distintos órganos de la Administración Territorial Española de atajar los casos de corrupción urbanística de los últimos años (últimas dos ó tres décadas podíamos afirmar sin tener que sonrojarnos). La situación ha llegado a ser desastrosa –con todas sus letras- y ello pese a la ingente normativa legal y administrativa tanto estatal como autonómica, sin desdeñar la local con tan amplias competencias en esta materia.
Ha existido una construcción descontrolada que se conoció como “burbuja inmobiliaria” con graves consecuencias ambientales y sociales, por no silenciar la económica. Es más, esa insaciabilidad económica de muchos, es la que ha llevado a aquel descontrol y perjuicio. Las autoridades competentes, los organismos de control y los agentes encargados de la vigilancia de la ordenación y planificación del territorio, con la mano invisible de los intereses económicos en juego empujando por detrás y una corrupción como vez más galopante y desvergonzada han llevado a una discrecionalidad en los estamentos estatales, autonómicos y locales que nos han conducido a la situación tan lamentable que hemos sólo referido porque con los calificativos ya nos da una idea de la situación de deterioro al que se ha llegado.
Las medidas introducidas desde estos ámbitos territoriales para paliar el problema no solo han resultado, en la mayoría de los casos, ineficaces sino que han provocado la sensación de que se han dictado precisamente para embrollar aún más la situación y que el descontrol administrativo campe a sus anchas.
A ello debemos añadir que los Ayuntamientos tienen una competencia amplísima en urbanismo sin apenas control por los organismos superiores que unido a ser una fuente de ingresos excesivamente ventajosa favorecieron la corrupción de muchos de ellos en pos de la vulneración de las mismas normas que protegían aquellos dos ámbitos.
Es ahora, con los años (demasiada lentitud), cuando empiezan a aparecer casos de corrupción donde la disciplina urbanística ha sido el eje o una parte muy relevante de aquellas conductas. Tarde, como casi siempre, en una materia y unos derechos de futuro que a corto plazo vista parece no interesar a nadie con capacidad de poder conminatorio inmediato.
Una de las novedades más importantes que se introdujo en la primera reforma a que aludimos más arriba fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del ámbito urbanístico en aquellos supuestos previstos en la norma (art. 31 bis del Código Penal) y que encierran dos conductas diferenciadas:
Delitos cometidos por los representantes legales, administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que han cometido los delitos en nombre de las mismas o en su provecho.
Delitos cometidos por los subordinados de aquéllos y que han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las circunstancias del caso. Lo que podríamos calificar como comisión por negligencia o, en su caso, in vigilando, sobre aquellas personas.
Las penas están agravadas en relación a las personas físicas e, incluso, con una remisión al artículo 66 bis del mismo Cuerpo Legal que pueden llevar, por aplicación de este precepto a la disolución de la persona jurídica pasando por la prohibición, temporal o definitiva, de la realización de actividades así como la intervención judicial que se podrán incluso adoptar durante la instrucción de la causa penal como medida cautelar por el instructor.
Pero el paisaje no resulta tan idílico, pues con la aprobación de este artículo quedó pendiente de las reformas procesales que permitieran su correcta y práctica aplicación. A ello hemos de adicionar un aspecto aún más desalentador: de la nueva responsabilidad penal quedan excluidas las personas jurídicas de derecho público. Hecha la ley hecha la trampa. Justamente con el sector que más debía controlarse pues, en gran medida, fue el corruptor de las privadas o favoreció su irrupción en la disciplina urbanística con tan nefastas consecuencias.
Estos tipos penales agravados, tanto en las personas físicas como en las jurídicas los vamos a omitir de un análisis pormenorizado por no extender más allá de lo necesario el propio contenido de la Ponencia y las personas a quienes va dirigida dentro de un Congreso mucho más genérico al que este tema puede resultar un tanto adyacente.
Antes de entrar en un estudio técnico jurídico del delito vamos a definir importantes figuras dentro del mundo del urbanismo –agentes urbanísticos- que ya fueron regulados por la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, en sus artículos 9 y ss. Así encontramos, a saber:
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno.
Salvo que la responsabilidad penal quede claramente fijada en algunos de estos agentes de la construcción la Jurisprudencia ha establecido que aquella será de asumida de forma solidaria por todos ellos. La dificultad surgirá en determinar en vía penal aquella concreta responsabilidad atendiendo a lo difuso de algunas de aquellas actividades bien en su concreción bien en su forma de proyectarse sobre la disciplina urbanística concreta. De todos modos, grosso modo, se puede establecer que salvo otra acreditación de contrario, en el propietario del terreno van a confluir todas las responsabilidades penales, especialmente en aquellas edificaciones individuales.
Si ya nos parece harto complicado las distintas figuras de agentes urbanísticos no podemos dejar pasar el hacer una relación de los diferentes instrumentos que controlan la ordenación del territorio. Vamos a citar a continuación los más importantes y usuales, con la opinión generalizada de que nos hemos introducido en un bosque de definiciones que no sabemos distinguir o entender pero que están ahí y por ello hay que enunciarlas. Y conste que nos vamos a ceñir a lo mínimo imprescindible. Significar que vamos a transcribir la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues la Ley del Suelo -2008- es más genérica a este estudio de detalle al tener competencias en la materia las CC.AA que han asumido aquéllas (todas) y que nos puede servir indistintamente para cualquiera de ella dado que los instrumentos son idénticos con cambios nada interesantes ni confusos en cuanto a su nominación:
“La clasificación del suelo:
* Suelo urbano
Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
Letra B) del número 2 del artículo 45 redactada por el apartado 18 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012.
*Suelo no urbanizable
*Suelo urbanizable.
c) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible".
Sin solución de continuidad transcribimos la regulación de la ordenación urbanística en este misma Ley:
"LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
- Los instrumentos de la ordenación urbanística
* Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación urbanística
- Los instrumentos de planeamiento:
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizan las gestiones de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.
lLetra a) del número 1.B) del artículo 10 dejada sin contenido por el apartado dos del artículo 23 de Ley [ANDALUCÍA] 13/2005, 11 noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo («B.O.J.A.» 21 noviembre).Vigencia: 11 diciembre 2005
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la delimitación de las áreas homogéneas a las que se refiere el artículo 45.2.B).c), con la identificación de las parcelas a las que el planeamiento les atribuya un incremento de aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras en las que se materialice el cumplimiento del deber de las personas titulares de esta categoría de suelo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.3. Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios. lLetra b) del número 2.A) del artículo 10 redactada por el apartado 4.4 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012
- Otros instrumentos de planeamiento general
c) Las finalidades previstas en las letras a), e), f) y g) del apartado 1, y cualquier otra de naturaleza análoga que se establezca en los Planes de Ordenación del Territorio, cuando se formulen en desarrollo directo de los mismos. lLetra c) del número 2 del artículo 14 redactada por el apartado 7.º del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012
3. La Consejería competente en materia de urbanismo incluirá en el registro administrativo previsto en el artículo 40, de forma separada, todos los bienes y espacios contenidos en los Catálogos aprobados".
A estas alturas el lector puede encontrarse bastante perdido entre la vorágine legislativa que hemos ido transcribiendo. Sólo advertirle que hemos reducido aquella labor a lo mínimo imprescindible pues aún puede encontrar mayor número de instrumentos de ordenación del territorio e, incluso, con nomenclatura distinta (aunque en realidad tampoco muy diferente) pero si a ello adicionamos los tipos de licencias, los estudios, y todo lo concerniente al aparato burocrático que se pone en marcha cada vez que se promueve alguno o algunos de estos instrumentos ya nos dará una idea aproximada de la complejidad de esta materia y de los tecnicismos que la adornan.
Era necesario esta labor aunque reconozcamos la dificultad añadida que supone a la lectura de la monografía pero lo imprescindible no se puede dudar en omitir.