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Timestamp: 2017-07-26 10:37:39
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Abogados Bahia Blanca: 2017
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CUANTO TARDE UN REAJUSTE DE CUOTA ALIMENTARIA,
Conferencia sobre la Ética Judicial
Conferencia sobre la Ética Judicial - Dr. Rodolfo Vigo
Sabido es que ni el Estado ni el Derecho pueden vivir una vida aislada al margen
de los cambios políticos, sociales, económicos y técnicos, por el contrario, tanto el
Estado como el Derecho viven la impronta de las fuerzas que determinan un momento
histórico dado. En la realidad de nuestro tiempo, la sociedad pretende de los
funcionarios públicos que respeten inexorablemente los viejos principios de la función
pública, concebida como un verdadero acto de servicio donde el interés general
prevalece respecto de los intereses particulares. En este marco, adquieren renovada
importancia los inmutables principios éticos basados en la honestidad, la
responsabilidad, la dedicación, la idoneidad, el decoro, la transparencia, la
imparcialidad, la prudencia en el ejercicio de la función pública (Sesín, Domingo)2
Los Jueces ejercen una función pública esencial, al decir de Bielsa3
, “ninguna
función del Estado y la sociedad es más digna, respetable y más necesaria que esta”.
Por ello, también le es inherente una responsabilidad especial en lo que respecta al
comportamiento ético, lo que ha motivado, tal como lo señala Luis María Pintos4
“…en los últimos años se venga observando un renovado interés por el tema de la ética
judicial, como lo demuestran entre otros antecedentes que merecen citarse: el dictado de
códigos de ética judicial en diversos países, y también en provincias argentinas, (v.g.
capítulo dedicado al tema en el Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en la IV
Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, mayo de 2001; Código de Ética Judicial
de Costa Rica; Códigos de Ética Judicial de la Provincias de Santa Fe, Córdoba,
Corrientes, Formosa, y Santiago del Estero) sin olvidar además la consagración del
tema de la ética en el art. 36 de la Constitución Nacional reformado en 1994, que exigía
Sesín, Domingo. “Objetivos del Proyecto de Código de Ética Judicial para Argentina y
Latinoamérica”, www.justiciacordoba.gov.ar/site/Docs/CEPJ/ÉticaDrSesin.doc.
3 Bielsa, Rafael, “sobre lo contencioso administrativo”, 1964, pp. 24 y ss.
“El consejo de la magistratura y los desafíos de la ética judicial,
www.conmagchubut.gov.ar/articulos/pintos.htm
la sanción de una ley sobre ética pública, plasmada luego mediante el dictado de la Ley
N° 25.188; la realización de eventos en torno al tema, como ser las "Jornadas
Internacionales sobre Ética Judicial", llevadas a cabo en la Universidad Nacional de
Buenos Aires, los días 2 y 3 del octubre de 2003, y también las sucesivas sesiones sobre
el tema: "Ética e Independencia del Poder Judicial", organizadas durantes los años
2003 y 2004 por Argenjus, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas y Fores, que reunieron primeramente a Jueces de
Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y luego a Jueces de Segunda
Instancia de los Tribunales de las Provincias Argentinas del Norte, Centro y Sur; y
publicaciones varias sobre esta materia aparecidas en diversos medios de difusión”.-
Dentro de este contexto, es que se motiva el tratamiento del desarrollo de la ética
judicial, así como la cuestión relativa a la necesidad de su codificación.-
a. Historia de la ética
b. Teorías de Fundamentación de los juicios éticos
I. 1. ÉTICA
a) Historia de la ética.-
Adentrándonos en el estudio de la historia de la ética, siguiendo para ello el
desarrollo efectuado por Douglas Price5
, debemos señalar que “…La reflexión ética
puede encontrarse ya en Demócrito, pero muchos autores consideran a Sócrates como el
iniciador de una tradición filosófica, que se nutrió precisamente de los debates con sus
antagonistas por excelencia: los sofistas.
De hecho la vida y la muerte de Sócrates, lo que se recoge de su obra, parecen
estar centradas sobre esta cuestión: la consideración del problema ético individual
como el problema filosófico por excelencia. Nada más baste recordar la célebre
cuestión planteada en el juicio que se le siguiera por “impiedad”, que nos llegara a
través del relato de Platón. Sócrates acusado de ser culpable de no creer en lo los dioses
en que la ciudad cree, de introducir otras ideas demoníacas y nuevas y de corromper a
los jóvenes, contesta a los jueces que así como en la guerra jamás abandonó el lugar
que le asignaron los magistrados, así tampoco abandonará la misión que le asignó el
Dios, su “daimon” (…) Esta pieza a la vez trágica y heroica puede ser mostrada como
el ejemplo paradigmático de las cuestiones éticas, a un tiempo del ciudadano común y
del funcionario público: la tensión entre los bienes hedónicos y los ascéticos, la cuestión
de las conveniencias individuales y las generales, la contradicción entre la razón
estratégica y la razón práctica. (…).-
5 Douglas Price, Jorge Eduardo, “Aproximación conceptual a la ética aplicada” En Ética e
Independencia del Poder Judicial Nº 2. Sesiones de Jueces de Segunda Instancia de los
Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES, 2004, págs. 15 y ss.;
http://www.foresjusticia.org.ar/PaginaHtml.asp?idseccion=16&idcategoria=15&titulo1=Temas&
titulo2=Independencia%20judicial.
Fuerza es reconocer que ya entre los presocráticos encontramos reflexiones
vinculadas a la aceptación o al rechazo de ciertas normas sociales vigentes, pero son las
reflexiones de Sócrates, en algún sentido retomadas por Platón las que inauguran como
digo esta tradición de la filosofía occidental.
No obstante será Aristóteles, (…) quien planteará la mayor parte de los temas
que luego ocupará la atención de los filósofos morales: la relación entre las normas y
los bienes, entre la ética individual y la social; la clasificación de los bienes; la
clasificación de las virtudes, la relación entre la justicia y las virtudes, el examen de la
relación entre la reflexión teórica y la vida práctica.
Aristóteles fue el primero en considerar a la ética una disciplina filosófica
independiente, distinguiéndola de los otros campos de estudio, los de la filosofía teórica
(lógica, física, matemática).
Precisamente llamó filosofía práctica, a aquella que se refiere a la reflexión
sobre las conductas humanas, reflexiones a las que divide en ética, economía y política.
La palabra usada por Aristóteles tiene obvia raíz griega, procede de ethos que
significa “uso”, “hábito” o “costumbre”, desde luego uso, hábito o costumbre
moralmente buenos. Así actúa éticamente quien sigue las normas del código moral
admitido en la polis. Así también para los romanos, en latín, la raíz es la misma: mos o
mores significa costumbre.
Este filosofo que tal vez es el que más ha influido en la historia del pensamiento
de Occidente escribió varias obras sobre Ética, así la Ética a Eudemio, la Gran Ética y
la más conocida de todas, la Ética a Nicómaco o nicomaquea. En la Gran Ética llega a
decir que la Ética, como ciencia o tratado de las costumbres es una parte y un principio
de toda ciencia sociológica, hasta el punto, sostiene, que ese mismo tratado no debería
llamarse ética, sino más bien sociología o política.
Su influencia ha sido tal, que en el campo de las ciencias morales prevaleció
durante largo tiempo, sin ser contestada, la opinión según la cual el conocimiento de lo
justo y de lo injusto no era posible de ser alcanzada con la misma certeza con que lo era
el razonamiento matemático. Conocida es su diferenciación entre episteme y doxa, entre
aquello que propiamente podríamos denominar conocimiento científico o técnico (aquél
que en términos contemporáneos llamaríamos corroborable) y la opinión, que no está,
que no puede estar, sujeta a verificación.
Por ello fue que durante siglos la instrucción de los juristas se llevó a cabo
mediante la enseñanza de la lógica tópica, es decir se le enseñaban los lugares comunes
mediante los cuales podía obtener argumentos a favor o en contra de una opinión, sea
mediante la dialéctica (o arte de la discusión) o mediante la retórica (o arte de la
persuasión), es decir “a través de disciplinas que permanecen en la esfera de la lógica
de lo probable y no deben ser confundidas con la lógica propiamente dicha, que analiza
y prescribe las reglas de los razonamientos demostrativos”. Algo que deviene de la
escuela de los sofistas, pese a que Aristóteles los acusara, siguiendo a su maestro
Platón, de sólo perseguir lo aparente, no lo real, por lo que en rigor —cuando menos en
esta materia— el estagirita parece incurrir en una contradicción. Hay que recordar,
además, que los sofistas fueron los primeros en plantear un cierto relativismo, que se
vincula con su defensa del partido democrático, y que les valiera la leyenda negra que
sobre sus métodos y opiniones se desarrollara a partir del objetivismo platónico.
El debate medieval partió de dos presupuestos inconmovibles: el de la existencia
de Dios y el del dictado del decálogo, presupuestos que como tales no eran objeto de
debate, aunque se podrían observar serias diferencias según cuáles fueran las
“pruebas” de la existencia de Dios o la misma característica del decálogo. Así la
controversia entre la tesis agustiniana de la fe y la tomista de la razón sobre la prueba
de la existencia de Dios (no hay que olvidar que el aquinate reintroduce en la cultura
occidental a Aristóteles) o la disputa que plantean Guillermo de Occam y Juan Duns
Scoto sobre la naturaleza del decálogo, es decir sobre su “variabilidad” o
“invariabilidad” que presume la disputa sobre la preeminencia de la omniciencia o la
omnipotencia como atributos de la divinidad, lo que llevara a sus respectivas
declaraciones de herejía. Posiciones que significan, para algunos (…), un preanuncio
del positivismo en tanto admiten que las normas del decálogo pueden no ser eternas o lo
que es lo mismo pudieran ser cambiadas por Dios “a voluntad”.
Pero a partir del Renacimiento, entre tantos otros renacimientos, también
renacería la filosofía ética estoica, que nos daría a la postre a Baruch de Spinoza, cuya
filosofía ética también tiene indudable raigambre teónoma, sólo que ya en modo más
“abierto” (es decir con un menor grado de “materialidad”, con una menor “precisión”
en cuanto a las normas concretas prácticas y con mayor grado de rigor formal en su
pretensión justificatoria),apertura que habían preanunciado, en las postrimerías de la
Edad Media, Guillermo de Occam y Duns Scoto.
Pero es durante la modernidad que la discusión ética se volvería
extremadamente crucial, máxime al calor de las guerras de religión, que plantearon en
los hechos la cuestión de la validez de principios morales encontrados, lo que reclamaba
precisamente a la cuestión metaética.
Así Thomas Hobbes, vendrá a sostener una línea paradojalmente positivista al
afirmar que la certeza en las cuestiones morales depende del hecho de que son una
creación nuestra, algo así como que los razonamientos morales son meramente
formales, que consecuentemente si no discutimos la verdad de la premisa mayor, no
negaremos tampoco la verdad de la menor (que es por conclusión la regla a seguir), eso
en la medida que no hayamos equivocado el procedimiento lógico. Eso significa, para
Hobbes, que el razonamiento moral parte de peticiones de principios que formulamos a
priori del mismo razonamiento, lo que no significa que sean ideas a priori, sino todo lo
contrario: meras expresiones de nuestra voluntad, algo con lo que luego coincidiría el
propio Nietzsche.
En tanto, para las corrientes adversas tanto al dogmatismo religioso como al
relativismo, actúa éticamente no quien respeta las reglas como un mero hábito, en forma
acrítica, sino aquél que lo hace respetándolas a partir de su propia inteligencia y razón,
esta será desde el mismo Platón una línea de pensamiento que aun cuando con
diferentes contenidos morales e ideológicos ocupará una de los lugares centrales de la
escena del debate moral. Para el autor de La República, la razón debe controlar la
parte emocional del alma y hacer que ésta haga lo correcto.
En la modernidad (…) será Immanuel Kant el filósofo de mayor influencia de la
modernidad, tanta como la que tuviera Aristóteles en las edades previas (…).
Kant (…) es un filósofo complejo, situado siempre como en un balance entre dos
opiniones epistemológicas y éticas que se enfrentaban y se enfrentan aún hoy duramente
en relación con la cuestión central de ambos campos: la pretensión de validez o de
verdad, sea de los juicios del ser (de los que los enunciados de la ciencia son un
ejemplo) como los del deber ser (donde se encuentran los de la ética y del derecho).
Kant afirma en el prefacio a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura
(su obra epistemológica), publicada en 1787, que el punto de partida de la nueva
“metafísica” debe ser la concepción de ciencia elaborada por Copérnico, Galileo y
Newton, es decir el concepto empirista de ciencia (…).
En la Crítica de la Razón Pura, Kant comienza preguntándose sobre cómo es
posible que conceptos, palabras, juicios, proposiciones nos informen sobre el mundo
sensible, esto es cómo es posible establecer una correspondencia entre juicios
intelectuales y objetos o datos sensibles, objetos no producidos por la mente, sino que
están fuera de ella. Esto refiere a un problema de la ontología clásica, es decir el de la
adecuación o no del lenguaje humano a objetos del mundo exterior.
Allí es cuando en la empresa de dotar a la teoría del conocimiento de unas bases
sólidas, Kant distingue entre tres tipos de juicios, es decir a las ya conocidas categorías
de los juicios analíticos y los juicios sintéticos, que sumariamente refieren a los juicios
de la razón especulativa, aquellos que devienen de la misma capacidad analítica de la
mente sin necesidad de la experiencia y por ello juicios a priori y los juicios sintéticos
aquellos que informan a partir de la experiencia. Formalmente la diferencia entre unos
y otros es que los primeros son tautológicos, por así decirlo el predicado repite al
sujeto, como la ley de identidad en la lógica; mientras que en los segundos, los
sintéticos, el predicado trae una nueva información sobre el sujeto, son en este sentido a
La novedad teórica de Kant consistirá en no aceptar que todo juicio sintético sea
a posteriori es decir que hay juicios que si bien se despiertan en nuestra atención por la
experiencia, revelan una base que no esta contenida en la experiencia sensible, lo que
quiere decir en términos modernos que están a priori en nuestro aparato cognoscitivo.
El conocimiento apriorístico no es temporalmente anterior a la experiencia para
Kant, sino que provee las condiciones de toda experiencia sensible, conforma las
estructuras de nuestra percepción, esto es que somos capaces de reconocer los objetos
únicamente por las formas puras que nosotros portamos (…).
Ahora bien Kant llama formas puras de la sensibilidad al espacio y el tiempo,
formas que permiten que los fenómenos amorfos de la naturaleza que recoge nuestra
experiencia sensible se tornen objetos y sobre ellos se puedan construir las ciencias de
la naturaleza, el resultado de aplicar las categorías a priori de la razón analítica sobre
los datos de la experiencia sensible son los conceptos (…).
Kant usa de variados argumentos para demostrar la incognoscibilidad de las
intuiciones de conceptos tales como Libertad, Libre Arbitrio o Dios. Y esto es
extremadamente relevante porque la Ética y el Derecho en la concepción de Kant no
están disociados de su metafísica del conocimiento, aun cuando la razón pura teorética
y la razón pura práctica se asienten en principios diferentes.
En efecto una de las tesis centrales de Kant, que de algún modo anticipa la
célebre falacia naturalista denunciada G. E. Moore, es la de la instransponibilidad de
las esferas del ser al deber ser, para él el deber ser expresa un tipo de necesidad y de
ligazón que no ocurre, no se da, de otra forma en la naturaleza.
Esto es que la relaciones categoriales que la razón pura clasifica en el mundo de
los objetos naturales, sensibles, no tiene sentido delante del deber ser que rige la
conducta humana: las leyes de la razón práctica son rigurosamente formales y la
variabilidad de los contenidos es tal que no puede ser predeterminada, ningún contenido
puede a priori, servir de criterio para separar lícito de ilícito, moral de inmoral.
Todo parámetro material es insuficiente para fundamentar una Ética Positiva, es
decir no se puede derivar de hechos la validez universal de un juicio del deber ser; de
una descripción no se pueden fijar parámetros para solucionar conflictos prescriptivos
que todavía están por suceder, concepto que como sabemos fue adoptado por Kelsen en
su Teoría General del Derecho. El dualismo kantiano entre ser y deber ser se
corresponde con las dos facultades humanas distintivas: el conocer y el actuar
(conscientemente). Mientras que en el plano teorético el conocimiento de la cosa en sí
nos está vedado, en el campo de la razón práctica, la del obrar, existe un postulado
racional incontestable que es la ley del deber. Esta ley, que es su célebre imperativo
categórico, constituye la condición de posibilidad de la conciencia moral, es decir lo
que hace posible que tengamos algo así como un conocimiento acerca de lo que debe o
El imperativo categórico tuvo por los menos dos formulaciones, una: “actúa sólo
según una máxima tal que puedas al mismo tiempo pretender que ella se torne ley
universal” y otra: “actúa como si la máxima de tu acción se debiese tornar, por tu
voluntad, en ley universal de la naturaleza”. Es decir, Kant está sentando las bases de
un pensamiento que veremos reproducirse en el constructivismo contemporáneo: el
sujeto como legislador de sí mismo, pero fijando como requisito que la regla que
determine su obrar esté dispuesto a aplicársela a todos y en todos los casos, ésta es la
respuesta a su célebre “¿qué debo hacer?” que sentó su antropología filosófica (…).
Pero agudamente se señala que Kant no puede superar el problema que plantea
su cierto etnocentrismo cultural, que lo lleva a una cierta ignorancia de las situaciones
fácticas y medio ambientales: cómo lo sería el de resolver la cuestión en la que dos
personas pretendan acciones mutuamente excluyentes, fundadas en principios opuestos
que están dispuestos a sostener como “máximas del obrar universal”.
Las respuestas a la convulsión kantiana vinieron primero desde el lado del
objetivismo, es decir del pretender transferir al campo de la ética y el derecho las
mismas certezas que se poseían en el campo de la naturaleza (certezas que el siglo XX se
ocupó de destruir o cuando menos reducir enormemente(…)). Así a través de una
axiología quasi ontológica de los valores, autores como Hartmann y Scheller
pretendieron descubrir en estos objetos unas entidades cognoscibles análogas a los
objetos de la naturaleza, que asequibles por la razón, nos dotarían de las mismas
certezas en el obrar práctico. Otros siguiendo la vía irracionalista de Hume, por tanto
del escepticismo, llegan a la indiscernibilidad de lo ético, es la teoría por caso de la
escuela de Viena, para quien los juicios éticos son apenas expresiones de voluntad del
hablante(…).
El paradigma del “anti-Kant” (…) es sin lugar a dudas Federico Nietzsche(…)”,
para quien “(…)la noción de bueno, a diferencia de la opinión de Spencer (…) quien
sostenía que bueno era igual a “útil” o “adecuado a un fin”, si se la analizaba
lingüísticamente (…), se observaba que coincidía con “noble” como contrapuesto a
“sencillo” y este término como equivalente a hombre vulgar. Esto es parte de su idea
central de que toda moral es un hábito de automagnificación, por el cual una clase de
hombres está contenta de su modo de ser y de su vida, lo que vendría a coincidir con al
teoría de Marx sobre la coincidencia entre la moral positiva de la época y la
conveniencia de las clases dominantes. Esta observación que como crítica sociológica
puede ser ampliamente compartida, desde que una observación severa de buena parte
de las morales positivas que encontramos en la historia de la humanidad pueden ser
leídas en esta clave, no autorizaba, en términos lógicos, a extraer (como lo hace
Nietzsche) la tesis de que la conducta buena es aquella que resulte afirmatoria de la
voluntad de poderío (…).
Esta crítica es buena sólo como crítica de una moral anquilosada, pero, como
dice Dussel, Nietzsche sirve como deconstructor, no como constructor y, ha incurrido,
muy a su pesar, en la célebre falacia naturalista enunciada por G.E. Moore para quien
la expresión bueno denota un único objeto simple de pensamiento entre un sinfín de ellos
y que este objeto haya sido identificado casi siempre con algún otro deriva en la falacia
que denominó “ naturalista” y que consiste en el paso indebido del es al debe, algo que
había sido preanunciado, para muchos (…) por David Hume (…).
Volviendo a Nietzsche debemos decir que él desafía, contra todos, aun contra el
comprehensivismo aristotélico, la idea de que la moral pueda ser conocida.
En la filosofía de Nietzsche existe en realidad el pesimismo del desencanto, un
pesimismo fundado en las prácticas históricas de lo que ha sido llamado moral, la obra
de este autor es a la vez una crítica de la moral positiva de su época y sus pretendidos
“fundamentos” y una advertencia sociológica certera: la moral, el discurso de la moral,
es un discurso usado para el dominio y contra él hay que estar prevenidos. Las
costumbres representan las experiencias de los hombres anteriores sobre lo que ellos
consideraron útil o nocivo; pero el sentimiento de las costumbres (de la moralidad) no
se refiere a sus experiencias, sino a la antigüedad, a la santidad, a la indiscutibilidad de
las costumbres. He aquí por qué ese sentimiento se opone a que se hagan experiencias
nuevas y a que se corrijan las costumbres, lo que quiere decir que la moralidad se opone
a la formación de las costumbres nuevas y mejores: embrutece. En Nietzsche hay
entonces una suerte de auténtico escepticismo ético (…) Nietzsche y Kant, podríamos
decir, resumen en sus más altas expresiones el pesimismo y el optimismo modernos
frente a la fundamentabilidad de los juicios éticos.
Su influencia la podríamos rastrear, por distintas vías en los siglos XIX y XX,
desde Hegel a Marx, de Husserl a Heidegger, de Kelsen a Hart, en los que podríamos
reconocer, aun con fuertes disidencias, su impronta. En la segunda mitad del siglo XX,
dos corrientes compiten particularmente en derredor de la metaética. Son las corrientes
de cuño formalista o “a la Kant”, como la Teoría de la Justicia de John Rawls o la Ética
del Discurso de Habermas-Appel, que predican la posibilidad de elaborar
racionalmente el tipo de normas que rigen una sociedad compleja como la actual,
teorías de clara pretensión “universalista” que antes que fijar un criterio concreto de lo
bueno pretenden establecer un procedimiento para su determinación (de allí el carácter
de formalistas) y las corrientes comunitaristas como las de Richard Rorty, según las
cuales los hombres viven enmarcados en un contexto social insoslayable, al interior del
cual formulan sus juicios de valor, sus decisiones y pautas, lo que hace imposible la
generalización universal, de allí que para Rorty la justicia sea un caso de “solidaridad
ampliada”.
Podemos aclarar que John Rawls es un autor más próximo a lo que podríamos
denominar el liberalismo igualitarista anglosajón, y la dupla conformada por Jürgen
Habermas y Karl Otto Apel, ubicada en la escuela de la filosofía crítica de Frankfurt y
más próximos, podríamos decir, al pensamiento social-demócrata de raíz marxista”.
b) Teorías de fundamentación de los juicios éticos
El autor que venimos siguiendo desde el punto anterior, en relación a “La
cuestión de la fundamentabilidad de los juicios éticos…” afirma que “…Algunos
respondieron que sí, desde los estoicos que buscaron dar fundamento a los mismos en el
escrutar la naturaleza (lo que dio origen a los que hemos llamado “naturalismo”) hasta
los pensadores cristianos (influenciados algunos de ellos por los estoicos) que
absorbieron la reflexión ética en la religiosa y generaron un tipo de ética que podríamos
llamar heterónoma, o más propiamente teónoma (porque sostienen el origen divino de
sus normas), hasta los propulsores contemporáneos de la ética del discurso, a la que
concurren autores muy diversos a los que Carlos Nino englobó en el común término de
“constructivistas éticos”, que sostienen la fundamentabilidad en la corrección de un
procedimiento racional de adopción de juicios; una interminable lista y saga de autores
y obras, con una no menos extensa grada de matices puede ser considerada.
No podemos dejar pasar por alto la relación que esta discusión tuvo y tiene con
las ideologías fundantes de los sistemas jurídico políticos (…). En ellos (…) existe una
fuerte vinculación entre los problemas epistemológicos y los meta éticos, que en estos se
manifiesta una fuerte infisión de aquéllos. Esto es: así como el hombre se plantea el
conocimiento de las cosas, también se plantea, aún con las distinciones que formulara
originariamente Aristóteles entre “episteme” y “doxa”, el conocimiento de lo que es
moral, o lo que es lo mismo la pretensión de validez acerca de los juicios que disciernen
Tenemos entonces instalado el mayor de los problemas de la ética o del
razonamiento práctico: que es completamente análogo al problema de la verdad en la
ciencia, a punto tal que uno de los principales defensores de la posición aristotélicotomista
del siglo XX como Kantorowicz denomina a su obra sobre el punto “El
problema de la verdad en la moral y el derecho”, clasificando muy didácticamente a los
filósofos, a partir de esta distinción, como partidarios del sí y partidarios del no. Es
decir partidarios de sostener la posibilidad de la validación de los juicios morales y
escépticos acerca de esa misma posición. (…).
Breve descripción de la cuestión en las teorías éticas contemporáneas: Cognitivismo -
No cognitivismo.
Para Georges Nakhnikian cuatro son los tipos de teorías éticas que han sido
discutidas con más ardor desde la aparición de los Principia Ethica de Moore en 1903
(…) las teorías éticas contemporáneas pueden ser clasificadas en cuatro tipos, el
naturalismo, el intuicionismo, la posición no cognoscitiva y el neokantismo.
Los cognitivistas se pueden dividir en naturalistas e intuicionistas. Según este
autor en los naturalistas contemporáneos las tesis fundamentales son: a) los enunciados
éticos son juicios genuinos, es decir que son susceptibles de ser verdaderos o falsos; b)
su verdad o falsedad se determina mediante métodos de experimentación semejantes a
los de las ciencias naturales y c) las palabras éticas son definibles mediante palabras
que se refieren a propiedades de objetos o estados de cosas científicamente
discriminables. En tanto, los intuicionistas aceptan el primer postulado, pero no los
otros dos, pues para ellos el conocimiento de lo ético es independiente de toda
experiencia, los juicios éticos son conocidos a priori por una intuición racional directa
(en términos kantianos son juicios sintéticos a priori) y los términos éticos son términos
primitivos no reductibles a otros. Esto es que para ellos los enunciados éticos son
juicios, son verdaderos o falsos; su valor de verdad es conocido independientemente de
toda experimentación u observación característica de las ciencias naturales y los
términos éticos (vgr.: bueno, correcto) nombran propiedades normativas objetivas, no
naturales, esto es que no pueden ser definidos en términos que se refieren a propiedades
Para los no cognitivistas (entre los que se encuentran principalmente los
positivistas lógicos y los filósofos oxonianos), rechazan los tres postulados. Los
enunciados éticos no pueden ser verdaderos o falsos pues no existen hechos contra los
que puedan ser contrastados y las palabras éticas son meras expresiones de voluntad el
hablante, lo que Ayer denominara “pseudoconceptos” que no nombran ninguna
cualidad o relación alguna, ni empírica ni lógica, son puramente emotivos, esto es que
cuando digo esto es bueno simplemente estoy deseando que mi interlocutor haga lo que
digo que es “bueno”. Los analistas de Oxford niegan que las palabras éticas sean
simplemente descriptivas o prescriptivas, sostienen que el sí que el significado
prescriptivo de ellas es primario; que la valoración y la descripción son dos actividades
lingüísticas muy diferentes, que el significado prescriptivo de “bueno” (la más típica de
las palabras éticas) es primordialmente emotivo (Stevenson) o encomiástico (analistas
de Oxford). Para esta tendencia no podemos hacer decisiones morales racionalmente
fundadas, desde su punto de vista el error básico de la ética normativa tradicional ha
sido la creencia de que existe un criterio superior para juzgar las elecciones últimas, las
que serían racionales en el sentido invocado. Para los filósofos de Oxford, dice
Nakhnikian, “existen buenas razones para adoptar decisiones morales últimas; pero
estas buenas razones no son objetivas en el sentido de la ética normativa tradicional.
Las elecciones morales últimas, aunque basadas en conocimiento, no son ellas mismas
actos de conocimiento, sino decisiones. Y los principios morales que son correlatos
lingüísticos de esas decisiones no son descripciones de estados de cosas científicos o
metafísicos. Son mandamientos que prescriben cómo se debe vivir”.
Finalmente los neokantianos están en una posición diferente: en parte comparten
con los intuicionistas la primera postulación, pero ese lugar en su construcción está
ocupado exclusivamente por el imperativo categórico, este imperativo es un imperativo
de conducta donde conducta se entiende como una actividad selectiva y reflexiva.
El imperativo categórico es demostrable racionalmente y el método de
demostración es puramente filosófico (especulativo) sin mezclas empíricas. No obstante
para algunos, como Lewis, la valoración depende siempre del conocimiento empírico,
pero lo que es correcto y lo que es justo no puede ser jamás determinado exclusivamente
por los hechos empíricos.”.-
Así, efectuada una reseña de las posturas de fundamentación de los principios
éticos, es necesario que previo al desarrollo sobre la codificación de la ética judicial, se
conceptualice a la ética, por cuanto este es el punto de partida para referirse luego a la
ética de las profesiones y específicamente a la ética judicial y su necesidad de
Ya entonces, en condiciones dar una definición actual de la ética, se puede citar a
, quien la define como “La mayéutica de la conciencia moral”. Por su parte
, expresa “La ética,(…) consiste en un conjunto de normas morales que configuran
el modelo de comportamiento de un grupo social determinado. Por consiguiente, en
tanto la moral está relacionada con la conducta de todos los seres humanos sin
distinción, la ética está constituida por un conjunto de tipos, modelos, cánones o
estándares destinados a regir la conducta de un grupo o sociedad determinada y, por
tanto, su gravitación en la voluntad o en la conciencia del individuo o de los grupos
cuyo comportamiento pretende dirigir o regular. Es decir que las normas éticas
establecen un modelo de comportamiento moral para regular una determinada conducta
en particular.”
Análoga definición es esbozada por Jeanneret de Pérez Cortés8
“pude definirse a la ética como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre; o el conjunto de normas morales que rigen la conducta
humana en orden al bien, en miras a su perfección”.-
I.2. ÉTICA PROFESIONAL.-
De la precedente conceptualización, podemos extraer que la Ética nos permite
conocer, juzgar y aplicar las normas morales a nuestro proceder cotidiano, y al ejercicio
de la profesión.-.
6 Hartmann, Ethik, pág. 27 de la segunda edición alemana, citado por Eduardo García Maynez,
Ética, pág. 19, décima sexta edición, Porrúa, México, 1969. Reseñado por Mariano Azuela
Güitron en la Conferencia de Clausura de las Jornadas Internacionales sobre ética judicial 2 y 3
de octubre de 2003, www.jufejus.org.ar/Docs/CronicaCompleta.doc.
Fayt, Carlos S. “Fundamentos de la ética judicial”, Rev. Jurídica La Ley, Sup.Act. del
11/07/2006.
Jeanneret de Pérez Cortés, María. “Ética y función Publica”, Revista Jurídica LA LEY, 2005-D,
Tal como lo expone Sarmiento García9
, “La moral profesional es la aplicación de
las normas morales al profesional que tiene una función que cumplir en la comunidad y
que ejerce una profesión, la cual consiste, en términos muy amplios, en el ejercicio de
alguna facultad humana tendiente a fines concretos y específicos.-
El término “profesión” proviene del latín “professio” y éste, del verbo
“profiteor” que significa confesar, declarar, ejercitar, sentir inclinación, etc. Por lo
tanto profesión indica el empleo u oficio que cada uno elige y ejerce públicamente
(…)”.-
En cuanto a “…los elementos esenciales y característicos de la profesión, puede
decirse que es la aplicación ordenada y racional de la actividad del hombre al
conseguimiento de cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de la vida
humana(…)”.
De ello podemos concluir que “…Toda profesión debe ser un ejercicio ordenado
y racional debido a que el conocimiento previo de los fines y la luz de la verdad debe
iluminarlos en la elección de los medios para lograr esos fines ordenadamente, evitando
todo obstáculo(…)”.
Asimismo, debe señalarse que “…es profesional cualquier persona que trabaja
en toda actividad pública para el bien común…”. Por ello “…tanto el ingeniero como el
albañil ejercen una profesión, es decir, una actividad pública y ambos, filosóficamente
hablando, se encuentran en un mismo plano moral…”.
Puede afirmarse que la importancia de la ética de las profesiones radica en que
“…La profesión penetra en el constitutivo esencial de la sociedad porque sólo el trabajo
organizado de los individuos, en beneficio de todos los miembros del cuerpo social, hace
posible que perdure la comunidad de los intereses. Si todos se juntan, porque todos se
necesitan, sólo en la unión de trabajo y convivencia pacífica pueden hallarse los medios
que permitan al individuo alcanzar su plenitud humana…”.
Sarmiento García, Jorge “La Ética y los jueces”, Ediciones Dike, Foro de Cuyo, 2003, págs. 81
La profesión implica, forzosamente, tres notas o características esenciales:
vocación, actividad propia e intención de servir a los demás.
El problema de la vocación es fundamental (…), la cual no es más que una
natural inclinación a un trabajo determinado (…).
La vocación (de “vocatio”: llamada) es el llamamiento, la voz interior, la voz de
la naturaleza que invita a entregarse a una actividad con empeño y con amor…”. Pero
también “…la vocación puede ser creada por el esfuerzo generoso y decidido de la
Toda profesión requiere una determinada actividad del sujeto; si, por ejemplo,
un dueño de un taller mecánico no ejerce la correspondiente actividad, no puede
llamarse mecánico, aunque sea su propietario.
La profesión de propietario no existe, como no existe la profesión de no hacer
Intención de servir a los demás
Toda profesión tiene siempre el carácter de actividad social. En efecto, la
profesión supone una organización social dentro de la cual los distintos trabajos se
distribuyen entre los hombres para lograr el bien común. Claro está que esta función
social de la profesión está en concordancia con el bien particular de quien la ejerce.
(…) La profesión es, por su propia definición, una contribución al bien común; de ahí
que si una persona busca exclusivamente su propio bien individual, sin importarle los
procedimientos, las injusticias, los agravios ni los daños que produce o puede producir
a sus semejantes, esa persona será un profesional del crimen, pero nunca un verdadero
El espíritu de servicio, pues, es esencial a toda profesión y constituye una
exigencia fundamental. (…)
Hechas las aclaraciones precedentes, podemos ahora referirnos a la conciencia
El autor que venimos siguiendo, afirma que “…la profesión y la moral tienen que
ir siempre de la mano. Toda actividad práctica, por consiguiente, para que sea buena
debe estar regulada por una norma ética…”.-
“…La función social de la profesión e incluso el rendimiento de la profesión
misma están ligados indisolublemente con la moralidad, y si una profesión no se realiza
según las normas de la moral individual y social, es evidente que el sujeto no cumple
con sus deberes…”
“…Cada profesional tiene la impostergable obligación de formar su propia
conciencia profesional, que no es otra cosa que un aspecto parcial de la moralidad
personal. Si una persona es moral en su conducta privada, seguramente lo será también
en su conducta profesional. (…) No hay ninguna actividad profesional cuyo ejercicio
exija ir en contra de las leyes morales, porque en este caso tendríamos una profesión
ilícita, y una profesión cuyo ejercicio fuera incompatible con la moral, no podría
ejercerse por dos razones: en primer lugar, por ser indigna de la persona humana, y en
segundo lugar, por ser perniciosa para la sociedad…”.
Dice Mariano Azuela Güitron10 que Atienza “…expone entre otras, estas
razones que explican la importancia de la Ética aplicada a las profesiones: a) el
pragmatismo que impregna nuestra cultura y forma de vida: importa que las cosas
funcionen, que resuelvan problemas; b) la complejidad creciente de las profesiones, que
afecta no solamente a cuestiones técnicas sino también éticas; c) la desorientación que
la complejidad de la sociedad contemporánea y el cambio acelerado generan; por
ejemplo, la pregunta ¿qué significa ser un buen juez?”.-
10 Azuela Güitron, Mariano. Conferencia de Clausura de las Jornadas Internacionales sobre ética
judicial, 2 y 3 de octubre de 2003, www.jufejus.org.ar/Docs/CronicaCompleta.doc.
1. Ética Judicial.
b) Principios éticos.
2. Necesidad de la codificación.
II.1. ÉTICA JUDICIAL.-
a) Conceptualización.-
Dado la necesidad, el significado y la trascendencia de la judicatura, en cuanto
encargados de resolver los conflictos de los miembros de la sociedad y coadyuvar al
mantenimiento de la paz social, es que se hace necesario el estudio de los principios
morales que han de observar quienes desempeñan tal función.
Conceptualizando a la ética judicial, Ballandini11, nos dice que “…está
integrada por principios formales y materiales que establecidos legal y estatutariamente
y emanados del propio derecho natural impreso en el alma del juzgador a través de su
propia reflexión, se encaminan a la realización de la justicia por medios lícitos, sean o
no susceptibles de verificación”.-
Para una mejor comprensión de lo que es la ética judicial, debemos analizarla
según su objeto material y formal. Así, Vigo12 afirma que “El objeto material, digamos
que (…) es el juez, a quien contemporáneamente podemos caracterizarlo como: 1) “una
persona humana” (…); 2) “a quien la sociedad le ha otorgado un poder” (…); 3) “en
razón de contar con ciertas idoneidades”: (…) físico-psicológica (…), científico-técnica
(…), gerencial (…) y ética; 4) “de derivar racionalmente desde todo el derecho vigente”
(…) racionalmente (…); 5) “la solución justa para los casos jurídicos puestos bajo su
competencia”: el juez al aplicar el derecho lo hace en vista de un caso al que procura
resolver asignando el derecho a quien le corresponde (…) y 6) “contando para ello con
el auxilio de colaboradores”.-
11 Ballandini, Alberto Italo, Ética Judicial, Rev. La Ley, Sup. Realidad Judicial, 20/09/2004.
12 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 28 y ss.
En lo que respecta al objeto formal, esto es el punto de vista desde el que se
estudia el objeto material, el autor sostiene: “…La ética judicial estudia al juez desde la
perspectiva del bien, o sea, de su perfección o plenitud, como también de aquellos que se
benefician o padecen la presencia de esa perfección en el quehacer judicial. (…) La
ética judicial (…), tiene por propósito señalarle exigencias que lo dirigirán a alcanzar
esa plenitud o perfección como juez, alejándolo tanto de la “maldad” judicial como de
la “mediocridad” judicial. La perspectiva ética en el juez apunta a lograr del mismo al
mejor o excelente juez, por eso su pretensión no es como el derecho de “mínima” sino
que es de “máxima”. (…) Esa perfección, y más allá de las exigencias universales o
constitutivas que puedan incluirse, debe necesariamente estar situada
históricamente….”.-
“Sintetizando, la ética judicial al ocuparse del juez lo hace intentando señalarle
racionalmente un camino que lo conducirá a la perfección como tal, de manera que
diversos bienes o intereses serán alcanzados y sus titulares (las partes en el proceso, los
abogados, la sociedad en sus diversas dimensiones e incluyendo el derecho, los colegas,
sus auxiliares y el propio juez) gozarán de la respectiva felicidad que provee esa
posesión. La ética habla con razones a la razón de su destinatario para procurar que
descubra el atractivo del bien o la perfección, y no sólo la propia sino de diversos
sujetos implicados en su quehacer…”.
“De la misma manera que la ética es inescindible a lo humano, la ética judicial
es inescindible a la actividad del juez. Aunque el juez se muestre escéptico y rechace
cualquier compromiso con ella, ineludiblemente su quehacer será fuente de obtención o
de privación de ciertos bienes o excelencias que distintos sujetos y realidades ganarán o
perderán.”
b) Principios éticos.-
A fin de establecer cuales son algunos de los principios fundamentales de la ética
judicial, tal como lo sostiene Ballandini13
, “…debemos analizar cuál es la función del
juez y definir qué es ser juez, por cuanto tal condición va más allá de la actividad
técnico jurídica, el juez desempeña en el proceso una función mucho más profunda que
la actividad de aplicar las normas y si bien el juez es un técnico en derecho, debe ser
ante todo un técnico de la vida.
Tal situación hace que al juez no le baste ser un técnico en derecho, sino que
necesita algo más, necesita tener un profundo conocimiento de lo que es el hombre y sus
circunstancias, y si bien es cierto que la ética se fundamenta en la antropología, por
cuanto solo un profundo conocimiento de lo que es el hombre se está en condiciones de
saber de lo correcto de su actuar y por supuesto tal conocimiento se hace luego más
trascendente en la actuación judicial y que pensadores jurídicos lo han calificado al juez
como perito de la vida…no sólo ha de resolver el mero problema teórico, o supuestos
jurídicos en abstracto, sino conflictos humanos y para ello se requiere una formación de
campo, integral, que le permita solventar el conflicto, no con la mera finalidad de
dilucidar la controversia, restableciendo las relaciones humanas en la medida que la
situación lo permita.
La carga de responsabilidad que tienen los jueces sobre sus espaldas en el
ejercicio de la función judicial, hasta el punto de convertirlos en partícipes de la
ordenación de la convivencia de sus conciudadanos, muestran claramente que el juez no
puede limitarse a ser un buen técnico en Derecho, que si ha de serlo, sino que tiene que
ser algo más, alguien que ha de conocer o intentarlo al menos, profundamente a los
hombres que tiene enfrente y a los que ha de juzgar en sus conductas, disponiendo de lo
que son sus intereses más profundos y personales con la plena conciencia de que de sus
13 Ballandini, Alberto Italo, Ética Judicial, Rev. La Ley, Sup. Realidad Judicial, 20/09/2004.
decisiones depende el bienestar de quienes a él acuden y de la comunidad en que se
Queda pues claro que la primera exigencia moral y por tanto ética, que a los
responsables de la actividad judicial se les presenta, es la de alcanzar una adecuada
formación, que no ha de limitarse exclusivamente a las distintas ramas del ordenamiento
jurídico, sino que ha de ir mucho más allá, hasta adentrarse, en lo posible, en el
conocimiento del hombre cuyos hechos de vida está llamado a juzgar, ya que para
juzgarlos debe comprenderlos, siendo necesario para ello, una formación técnica
complementaria en diversos campos, que le permita entender los conceptos
aparentemente extra jurídicos contenidos en la norma.
No se agota sin embargo, la exigencia ética que se plantea a jueces y
magistrados en una sólida formación técnica y humana, al juez le es exigible el respeto a
una serie de principios morales sin los cuales la actuación de la justicia no sería
posible….”.-
Refiriendo a aquellos principios morales, Vigo14 nos reseña los siguientes:
“(…) Conciencia funcional
(…) requiere que se tenga clara conciencia del objeto y fin de esa actividad (…),
en el campo judicial, la ética requiere reflexionar sobre: qué significa ser juez, de dónde
viene el poder que se inviste, qué implica la intangibilidad salarial, si es razonable que
los jueces sean a término, identificar a aquellos que han encarnado modélicamente la
función judicial, dónde empieza y termina el derecho que el juez dice en los casos,
etcétera. No es posible procurar en ser el mejor juez posible si ni siquiera se ha
reflexionado sobre todo lo implicado en la tarea.
14 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 36 y ss.
(…) Independencia
El juez ejerce uno de los poderes del Estado, y por supuesto que ello supone
tensiones con los restantes y demás poderes de la sociedad (especialmente el de los
medios de comunicación social), pero su función impone que se cumpla con
independencia, para así asegurar el respeto de los derechos de cada uno y se mantengan
los otros poderes en sus espacios constitucionales (…)
(…)Imparcialidad
El efecto civilizador y justificador del juez se vincula a esa equidistancia que
conserva respecto a las partes implicadas en el caso, por lo que corresponde su
inhibición frente a la pérdida de esa neutralidad. Esa eventual inhibición, apela a una
conciencia ética responsable del juez para evitar abusos en las excusaciones. El trato
respecto a las partes y sus abogados, debe en todo momento ser muy cuidadoso como
para no poner en interrogantes la imparcialidad requerida.
(…) Capacitación permanente
(…)Esa capacitación incluye no sólo el conocimiento de lo propiamente jurídico,
sino también de las habilidades indispensables para cumplir su servicio como —en la
medida necesaria— la de aquellos saberes no jurídicos implicados en el mismo.
(…)Prudencia
La justicia requiere de una medida que racionalmente corresponde establecer a
la prudencia, atendiendo para ello a todo el derecho vigente; a tales fines se requiere
que el juez se disponga a un diálogo racional contando para ello con el tiempo
necesario en orden a dilucidar y ponderar argumentos y contraargumentos, intente
prever las consecuencias de su decisión, tenga humildad para cambiar posiciones anteriores,
(…)Justicia
La función del juez tiene como fin fundamental, el lograr que cada uno de los
integrantes de la sociedad, como ésta misma, conserven o recuperen lo que según el
derecho vigente les corresponde; por eso ya Aristóteles vincula al juez a una especie de
“justicia animada”. Es esa indispensable tarea una de las fuentes de la paz en la
sociedad, por eso su quebrantamiento es causa de la respectiva inestabilidad.
(…)Diligencia
Dadas la relevancia e implicancias de la función judicial, quien la ejerce debe
desplegarla con toda la energía y dedicación que le es posible y exigible. Con acierto se
sostiene que es nota constitutiva de la justicia el tiempo oportuno, por lo que una
dilación en la respuesta judicial puede ser una fuente de injusticia (…)
(…) Decoro
La autoridad de un juez se apoya también en la confianza de la ciudadanía que
le exige ciertos modos externos de mostrarse o presentarse ante la sociedad. Aun cuando
corresponde someter a controles racionales esas exigencias, no es posible despreciarlas
en base a las convicciones personales del mismo juez. La condición de mandatario y
servidor de la sociedad, le impone al juez estar atento a eso que se le pide en relación al
decoro propio de la función que voluntariamente presta.
(…) Honestidad
El juez sólo debe recibir aquellos beneficios que por derecho le correspondan, y
debe ser muy cuidadoso en orden a aventar cualquier sospecha de aprovechamiento
irregular o indebido, personal o de aquellos familiares cercanos a él. Además, le está
vedado apropiarse o utilizar abusivamente de los recursos que se ponen a su disposición
a los fines de la prestación de su función.
(…) Secreto profesional
El juez no debe usar el conocimiento que tenga de las causas judiciales que están
bajo su competencia, de manera que comprometa el correcto ejercicio de su cargo o
afecte ilegítimamente los derechos de las partes (…)
(…) Afabilidad
El juez en sus relaciones con los demás miembros del Poder Judicial, los
auxiliares de la justicia y los justiciables, debe mantener una actitud de respeto y
cortesía. Su condición de servidor público le impone procurar una prudente disposición
a brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean solicitadas y resulten
procedentes, oportunas, conducentes y sin violar norma jurídica alguna.
(…) Responsabilidad institucional
El juez en tanto responsable del Poder Judicial constitucionalmente definido,
debe comprometerse en la defensa de su integridad e independencia, asumiendo un rol
activo en todos los casos en que esas exigencias estén comprometidas. Asimismo, y más
allá de los requerimientos específicos de su cargo, debe tener una disposición generosa
para asumir aquellas tareas que puedan contribuir al mejoramiento de dicho poder.
(…) Fortaleza
La función judicial requiere de quien la presta, una actitud firme frente a
cualquier intento de torcer la apropiada y correcta voluntad judicial. Es indispensable
que el juez tenga conciencia y cultive esa firmeza en las legítimas convicciones y
decisiones que corresponde adoptar, rechazando explícita e implícitamente presiones al
respecto, y procediendo a concretar las denuncias que jurídicamente correspondan.
(…) Austeridad republicana
El juez como servidor público no puede permanecer o mostrarse al margen de
las dificultades que presente la sociedad que le ha conferido su poder. Un modo de
fortalecer su indispensable autoridad, es estar atento a las justificadas repercusiones
que provocarán en aquélla los bienes que ostente en relación a la austeridad que
conlleva su cargo.”.-
II.2. NECESIDAD DE LA CODIFICACIÓN.-
Como se ha expuesto anteriormente, en la actividad judicial rigen ciertos
principios éticos, los que son a su vez exigidos por la sociedad para quien se desempeña
en la judicatura. Si bien estos principios surgen de la conciencia individual, es necesario
su establecimiento normativo, en un cuerpo orgánico y sistematizado.-
En tal sentido una de las primeras iniciativas provino de la Organización de
Naciones Unidas, quien a fin de fortalecer la integridad y credibilidad en el poder
judicial, a mediados de la década de 1980, formuló los primeros estándares de conducta
para la judicatura; en similar sentido, en Europa se aprobó en 1993 la Carta de los Jueces
relativa a la independencia del poder judicial y en 1998 la Carta Europea sobre el
Estatuto de los Magistrados. Como consecuencia de estas iniciativas internacionales,
distintas regiones y países sancionaron códigos o reglas de ética para jueces y
funcionarios judiciales. No son ajenos a este lineamiento los países latinoamericanos,
quienes en virtud de la crisis de confianza en su sistema de justicia, toman parte desde el
comienzo del siglo XXI en el desarrollo universal de la Ética profesional para
magistrados, y a nivel Regional se ha aprobado el Estatuto del Juez Iberoamericano del
Año 2001 contiene un capítulo específico sobre Ética Judicial, y el Código Modelo
Iberoamericano de Ética Judicial en el año 2006. Asimismo, diversos países
latinoamericanos poseen Códigos de Ética Judicial o estándares de conducta ética para
Jueces; entre ellos encontramos Costa Rica, Guatemala, Honduras, Chile, Venezuela,
Puerto Rico, Peru, México, Panamá y Paraguay; en la República Argentina, la
codificación se ha realizado en varias provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba,
Corrientes, Formosa, y Santiago del Estero, cuyo análisis se efectuará en el acápite
siguiente.-
En cuanto a los motivos para justificar la elaboración de un código de ética
judicial, Vigo15 expone estas razones: “1) porque éstos vienen a clarificar
15 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 33 a 35.
comportamientos -judiciales o extrajudiciales-, optando por una de las conductas
éticamente posibles (por ej. hay distintas prescripciones éticas acerca del modo
permitido a los jueces para mantener reuniones con los abogados de las partes: en
ningún caso se permiten, sin restricción alguna se pueden realizar, sólo en presencia del
secretario, previo pedido expreso, etc.), despejando así razonables dudas éticas que
puede afrontar el juez al respecto; 2) una vez fijada en el Código la conducta judicial
que éticamente corresponde se despejan las dudas del juez y, consiguientemente, gana
éste en tranquilidad atento a que cuenta con aquel respaldo que lo protegerá frente a
eventuales cuestionamientos o problemas; 3) el Código proporciona criterios objetivos
de calidad ética judicial desde donde se puede establecer quiénes son los mejores, los
mediocres y los malos jueces, y así la ética puede ser no sólo un motivo para el
reproche, sino también para el reconocimiento por los altos estándares éticos asumidos;
4) al establecerse exigencias éticas objetivas a los jueces, consecuentemente se facilita
el control y las eventuales denuncias o quejas éticas por parte de todos aquellos
interesados en la excelencia del servicio de justicia y que aportan económicamente al
presupuesto de su funcionamiento; 5) los Códigos de Ética Judicial al fijar comportamientos
u omisiones como valiosas o disvaliosas, alientan a las voluntades débiles
para que se comporten de esa manera, y, por supuesto, mucho más cuando aquéllos
contemplan mecanismos sancionatorios; 6) un Código de Ética Judicial favorece la
identidad judicial al afirmar explícita o implícitamente ciertos valores sectoriales o locales
(…) y 7) la sanción de los Códigos de Ética Judicial ha posibilitado que la
responsabilidad ética respectiva quedara configurada e institucionalizada
inequívocamente, pues a través de esa vía se definen deberes que apelan a un carácter
especifico y, consiguientemente, ello trae aparejada la responsabilidad ética
respectiva.”
Así también señala que “…en orden a fortalecer la autoridad intrínseca de un
Código de Ética Judicial, es muy importante el proceso en el que el mismo es definido y
quiénes son los que intervienen en su redacción…”
Refiere además el autor que la sanción del código de ética judicial no debe ser un
mero acto de autoridad, sino que debe resultar de un proceso dialógico y promotor de
consenso, en el que intervengan todos los interesados.-
También al respecto y en respuesta al interrogante de para qué los Códigos de
Ética Judicial, Andruet16, expone estas razones: “Los CEM en rigor hacen de pauta
pedagógica y de esclarecimiento a los magistrados acerca de ciertos comportamientos o
cuestiones, que razonablemente pueden tener un cierto marco de incertidumbre o
claroscuridad para algunos o muchos de ellos. Los códigos no deben ser considerados
como una suerte de instrumentos de oposición para la realización de la judicatura; todo
lo contrario, los nombrados catálogos de conductas judiciales al haber sido generados
desde la misma magistratura, habrán de estar reflejando el propio ethos que a ella le
resulta natural y propio. Habrán de servir como criterios referenciadores a los jueces,
de un catálogo más o menos amplio de conductas y comportamientos de su hacer
ordinario y corriente.
Los CEM sirven a final de cuentas, para que la totalidad de los magistrados se
sientan acompañados en el reconocimiento de que existen un conjunto de actuaciones
que pueden estar ubicadas en una zona de cierta incertidumbre para el magistrado en
cuanto a su realización o no, por lo cual, el criterio indubitable que acerca de ellas
formula el código, es una pauta que lejos de perturbar la conciencia ética del
magistrado, viene a esclarecerla y por lo tanto, a ayudar a su mismo actuar en los
mencionados tópicos al menos prima facie de cierta gravedad o compromiso.
16 Andruet, Armando, “¿Por qué los Códigos de Ética Judicial? En Ética e Independencia del
Poder Judicial Nº 5. Sesiones de Jueces de Primera Instancia de los Tribunales de las Provincias
Argentinas, Argenjus y FORES, págs. 54 y ss.;
En ese orientar comportamientos de los magistrados, los códigos habrán de
priorizar aquellos bienes, virtudes o prácticas judiciales que resultan convenientes o
promocionan un modelo de realización judicial que es deseable y aspirable tanto por
jueces como por los propios integrantes de la comunidad civil.
Con el correr del tiempo los CEM habrán de servir también, para hacer las veces
de multiplicadores de cohesiones entre los miembros del Poder Judicial y resultarán un
excelente anticuerpo para cualquier tipo de conductas que quieran mantenerse
encriptadas u ocultas para la sociedad por parte de los jueces. Los códigos imponen que
los magistrados en el tiempo, terminen transparentando sus actuaciones públicas o
privadas con trascendencia pública y por ello, aparecen siempre los mencionados
instrumentos como fuertes muelles a todo tipo de corrupción judicial.”.-
1. Estado de la codificación en argentina: análisis de los códigos de ética
vigentes.-
III.1. ESTADO DE LA CODIFICACIÓN EN ARGENTINA: ANÁLISIS DE
LOS CÓDIGOS DE ÉTICA VIGENTES.-
En esta instancia del presente trabajo, se procederá al análisis de los Códigos de
Ética vigentes en las Provincias Argentinas: Santa Fé, Córdoba, Corrientes, Formosa y
Santiago del Estero, siguiendo en el caso de las dos primeras las exposiciones al respecto
de Douglas Price, y en las tres restantes, las de Fayt.-
Douglas Price17, entonces, expone:
“Código de Ética para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la
Órgano y procedimiento de sanción:
En este caso, el órgano de sanción fue la Corte Suprema de Justicia provincial,
la que constituyó una Comisión Redactora del Proyecto, la que a su vez encomendó a
uno de los integrantes de la Corte, el Dr. Rodolfo Vigo y el Dr. Norberto Iturralde la
elaboración de un borrador. Aprobado el texto de un proyecto fue sometido a
consideración del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, como a los Colegios de Abogados de las cinco Circunscripciones
Judiciales de la Provincia, las que expresaron un acuerdo general y formularon algunas
observaciones, que se recogieron en el Acta de la quinta reunión de la Comisión
17 Douglas Price, Jorge Eduardo “Problemas de la Ética Judicial” En Ética e Independencia del
Poder Judicial Nº 3. Sesiones de Jueces de Segunda Instancia de los Tribunales de las Provincias
Argentinas, Argenjus y FORES, 2004, págs. 45 y ss;
titulo2=Independencia%20judicial)
Fuentes y características del procedimiento sancionatorio:
Advierten sus autores que no se ha pretendido exagerar la originalidad, sino
que se han adoptado institutos de otros modelos o se han inspirado en la doctrina
El primer carácter destacado por los mismos autores es el sectorial, pues
limita su aplicación a los magistrados establecidos por la Constitución y a los jueces
determinados por la ley, atento a la especificidad que reviste ese sector.
El segundo carácter fue la pluralidad de origen, no se siguió el camino de
convocar sólo a integrantes del Poder; se prefirió la vía pluralista, en tanto la Comisión
redactora se confió a abogados, a académicos full time, a jueces jubilados y también a
jueces en actividad.
El tercero fue el grado de consenso procurado, pasó por sucesivos tests en
consultas que al respecto se hicieron a los cinco Colegios de Abogados de la Provincia
de Santa Fe y al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe,
quienes emitieron dictámenes, a veces coincidentes y a veces críticos, habiéndose
incorporado sugerencias y correcciones en la redacción final.
Cuarto: se define como un cuerpo de principios y no jurídico (…). Afirman que
se intentaron definir quince principios que, de algún modo, constituyen la ética
concentrada, por lo que es posible suponer una gran diversidad de conductas que
pueden entrar en conflicto con esos principios. Admiten que es cierto que esas fórmulas
abiertas pueden generar cierto temor en los destinatarios, pero es ése el inevitable costo
que debe pagar la Ética profesional dado que sería imposible prever —por ejemplo—
todos los comportamientos que lesionan a la dignidad profesional. No obstante esa
opción marco, se incluyeron algunos deberes particulares que respetan la pretensión
típica de las normas.
Quinto: se define como un código ético, no jurídico, lo que constituye una
extensión reiterativa del principio anterior, en el sentido de que la Comisión Redactora,
afirma haber evitado la óptica jurídica que hubiera llevado a reiterar diferentes
deberes, prohibiciones y exigencias que ya están contemplados en el derecho. Aludiendo
a la vieja distinción kantiana, la comisión advierte que la ética, a diferencia del derecho,
no se ciñe a la conducta externa, sino que se dirige prioritariamente a la intención del
agente, “procurando que haya una adhesión libre y convencida a la exigencia ética que
se trate”.
Sexto: “casuismo”: el Código prevé una forma de superar la misma vaguedad
que resulta de la amplitud de los principios instituyendo un Consejo Consultivo, al que
se podrán remitir las dudas éticas que vayan apareciendo.
Séptimo: “accesibilidad y transparencia”. Las denuncias no sólo pueden
presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, sino
también, ante el Presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal de la
Circunscripción Judicial que corresponda al lugar de asiento del órgano jurisdiccional
al que pertenece el denunciado, lo cual implica habilitar sitios cercanos al denunciante
como para facilitar su queja. El patrocinio letrado exigido a la denuncia tiene el sentido
de que el abogado, como auxiliar de la Justicia, aporte el control que le es propio para
evitar denuncias notoriamente improcedentes.
Octavo: Autonomía de la responsabilidad ética: A los fines de aportar
confianza y credibilidad al sistema, se ha previsto un Tribunal ad hoc de
responsabilidad ética, el que cuenta con un Ministro de la Corte pero incluye dos
miembros ajenos al Poder Judicial, para permitir aventar posibilidades de sospecha de
control o direccionamiento.
Noveno: este código contempla la posibilidad de sanciones de una manera muy
flexible, aunque siempre a partir del dictamen fundado que le elevará el Tribunal ad hoc
mencionado. El proceso de responsabilidad ética no se puede dilatar injustificadamente,
y por eso se contempla que la falta de pronunciamiento en tres meses importará el
archivo automático de las actuaciones.
Al igual que otros Códigos fija principios fundamentales como guía de la
interpretación de las propias normas deontológicas, en oportunidades solapándose con
a) conciencia funcional, entendida como aquella que ordena ejercer el imperium
con prudencia, resolviendo lo justo desde el derecho vigente;
b) independencia, entendida como el deber de resistir y excluir todo tipo de
interferencias, como así también evitar conductas o actitudes que puedan
generar sospechas en contrario;
c) imparcialidad, entendida como la preservación íntima y pública de la pars
conditio entre adversarios o partes; conocimiento, como el requisito de la
permanente actualización en saberes y técnicas de su profesión;
d) dignidad y transparencia, tanto en su vida privada como profesional el juez
debe exhibir la coherencia necesaria y evitar comportamientos o actitudes que
afecten o comprometan su autoridad;
e) decoro, en lo que puede entenderse como una redundancia del principio
anterior se dice que las conductas y actitudes del juez deben ser en todo
momento compatibles con los requerimientos que respecto al decoro
predominan en la sociedad a la que presta su función;
f) honestidad, fijada como la prohibición de recibir beneficios al margen de los
que por derecho le correspondan, y apropiarse o utilizar abusivamente
aquello que se le afecta para cumplir su función;
g) diligencia, debe desplegar una actividad prioritaria orientada a cumplir del
mejor modo posible con las funciones que le son propias;
h) lealtad y secreto profesional: no debe usar el conocimiento que tenga de las
causas judiciales que están bajo su competencia de manera que comprometa
el correcto ejercicio de su cargo o afecte ilegítimamente los derechos de las
i) responsabilidad institucional: entendida como la defensa de la integridad e
independencia del Poder Judicial, y como la disposición generosa para
cumplir con aquellas tareas que más allá de los requerimientos específicos de
su cargo puedan contribuir al mejoramiento de dicho Poder;
j) afabilidad: se trata de mantener una actitud de respeto, y procurar una
prudente disposición a brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean
pedidas y resulten procedentes, oportunas, conducentes y sin violar norma
jurídica alguna;
k) buena fe: el juez debe inspirar confianza entre colaboradores, justiciables y
auxiliares de la Justicia, comportándose para ello con sinceridad, coherencia
y mesura;
l) austeridad republicana: a los fines de consolidar su autoridad, debe evitar
actitudes que resulten ofensivas a la austeridad propia del cargo;
m)prudencia, debe procurar que sus comportamientos, actitudes y decisiones
sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber
meditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco
del derecho aplicable y, por último,
n) fortaleza: el juez debe guiarse por la conciencia clara de su alta
responsabilidad y, consiguientemente, adoptar las decisiones que
correspondan no obstante el riesgo que ellas conlleven.
Por cierto desde una perspectiva teórico-crítica también se puede advertir un
cierto solapamiento entre principios que deviene en redundancias evitables, puede
observarse también que tales normas superan fácilmente un test de exigencia racional,
frente a los argumentos o intuiciones éticas de quienes están interesados en la cuestión;
de tal suerte que la objeción se torna meramente formal y como una suerte de
recomendación para futuros redactores.
Seguidamente el Código dicta la nómina de deberes prohibiciones y exigencias,
Dividiéndolas en tres partes, aquellas que se dirigen a las relaciones del juez con las
partes y sus defensores, aquellas que se dirigen a las relaciones del juez con la sociedad
en su conjunto y finalmente aquellas que se refieren a sus obligaciones para con el
Establecidas especialmente en orden a las partes y sus defensores (art. 4).-
4.1. El juez debe brindar a cada causa el estudio que ella requiera, a cuyo fin
prestará debida atención y dará respuesta a los planteos conducentes a su resolución.
4.2. El juez, al resolver jurídicamente, debe despejar con prudencia sus dudas,
sopesando las pruebas y argumentos conducentes de las partes, y procurará hacerlo con
sinceridad, fortaleza, coherencia, exhaustividad y persuasión, en un tiempo razonable.
4.3. El juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y
resolución de las causas, por lo cual evitará celosamente que factores personales o
institucionales externos interfieran en su convicción.
4.4. El juez tiene prohibido recibir regalos, presentes, donaciones o beneficios
por parte de litigantes y/o defensores, sea antes, durante o después de finalizado el
proceso donde actúen. Esta prohibición se extiende al cónyuge y a los hijos menores de
edad. Los obsequios recibidos por razones de cortesía institucional serán incorporados
al patrimonio del Poder Judicial.
4.5. El juez tiene prohibido —salvo en los casos en que la ley lo imponga o lo
faculte— mantener conversaciones privadas con los litigantes o sus defensores respecto
al mérito de las causas sometidas a su decisión. En los casos cuya urgencia lo justifique,
el juez podrá recibir a una de las partes o sus defensores, siempre en su despacho y en
presencia del secretario.
4.6. El juez no debe apartarse con facilidad o ligeramente de los expedientes
que están bajo su jurisdicción; tampoco debe aferrarse irrazonablemente a la causa
cuando existe causal de apartamiento.
4.7. El juez, en el supuesto de serle solicitado por alguna de las partes o sus
defensores que preste testimonio en un proceso, y de no existir perjuicio por su
abstención o resultar forzoso o necesario dicho testimonio, debe procurar su no
inclusión en la nómina de testigos a los fines de aventar toda sospecha de presión moral
o eventual parcialidad en la decisión judicial que se llegue a tomar.
Establecidas especialmente en orden a la sociedad (art. 5):
5.1. El juez debe obrar con convicción republicana, democrática y de respeto a
5.2. En sus relaciones con la prensa y con el público en general, con respecto a
los casos pendientes el juez: a) Tiene prohibido anticipar directa o indirectamente el
contenido de las decisiones que adoptará; b) Debe evitar comentarios sobre un caso
específico; c) Debe procurar que no trasciendan detalles de las causas en trámite; d) Si
excepcionalmente fuera necesaria alguna explicación puntual sobre un caso específico,
se hará a través de una comunicación escrita y en términos suficientemente claros para
ser entendidos por el público no letrado; e) En circunstancias excepcionales, cuando al
solo fin de esclarecer información equívoca o errónea fuese necesaria la comunicación
verbal con la prensa, podrá referirse a la tarea judicial y al proceso en general o a sus
etapas, poniendo extremo cuidado en evitar comentarios específicos sobre un
5.3. El juez tiene prohibido participar en actos o reuniones de índole política
partidaria, y evitará pronunciamientos, comentarios o afirmaciones que explícitamente
traduzcan una filiación política partidaria.
5.4. El juez tiene el deber de denunciar ante el Tribunal de Ética las violaciones
al presente Código de que haya tenido conocimiento, y la sanción disciplinaria que haya
impuesto por comportamiento que pueda constituir una falta ética.
5.5. El juez debe ser tolerante y respetuoso hacia los colegas que no coincidan
con la solución adoptada y hacia las críticas ajustadas a derecho y a la ética que
aquélla genere.
5.6. El juez tiene prohibido utilizar el prestigio de su cargo para promover
intereses privados ajenos a la función judicial.
Establecidos especialmente en orden al Poder Judicial (art. 6):
6.1. El juez debe preocuparse por conservar su despacho con el orden y el
decoro que corresponde a la investidura del servicio de justicia.
6.2. El juez velará para que los funcionarios y empleados de su tribunal
cumplan las funciones respectivas en un clima de orden, respeto y eficiencia.
6.3. El juez tiene prohibido participar en actos o espectáculos, o concurrir a
lugares, o reunirse con personas, que puedan afectar la credibilidad y el respeto propio
6.4. El juez debe observar hacia colegas, miembros del Poder Judicial,
auxiliares de la Justicia y justiciables, una actitud bien dispuesta y respetuosa.
6.5. El juez debe cumplir sus funciones con eficiencia y diligencia, alcanzando
niveles de rendimiento acordes con el promedio existente.
6.6. El juez debe colaborar en lo que esté a su alcance y dentro de sus
posibilidades con el Poder Judicial que integra en orden a mejorarlo.
6.7. El juez debe colaborar con los órganos administrativos del Poder Judicial
y facilitará la información oportuna que le sea solicitada conforme al derecho y en
orden al mejoramiento de la Justicia.
6.8. El juez debe proteger y conservar los bienes del Estado afectados al
cumplimiento de su función en el Poder Judicial, empleándolos a tales fines y evitará el
uso abusivo de los mismos.
6.9. El juez debe presentar la declaración jurada de sus bienes en las
condiciones que al respecto fijen las normas pertinentes.
6.10. El juez debe procurar no adquirir de manera directa o a través de
terceras personas bienes en remate judicial realizado en la Provincia de Santa Fe.
6.11. El juez no puede integrar entidades que comprometan la dignidad del
cargo o interfieran sus actividades judiciales.
6.12. Cuando el patrimonio del juez resulte afectado por una medida judicial
que de algún modo restrinja su propiedad o disponibilidad, deberá comunicar tal
situación al Tribunal de Ética, con mención expresa de las circunstancias que la
provocaron, a fin de que el órgano evalúe la situación y, en su caso, fije plazo al juez
6.13. En sus relaciones con la prensa y con el público en general, el juez: a)
Una vez protocolizado el decisorio y en la medida que resulte necesario para evitar
erróneas interpretaciones, con prudencia puede efectuar las aclaraciones que sean
indispensables o aconsejables, evitando intervenir en polémicas en las que aparezca
defendiendo los criterios jurídicos de su decisión; b) Puede utilizar sus propias
resoluciones firmes para fines pedagógicos o académicos, en cuyo caso tomará las
precauciones necesarias para no afectar los derechos y la dignidad de las partes; c)
Tiene prohibido participar en controversias públicas sobre casos en trámite, aunque
éstos radiquen ante otros juzgados o tribunales.
6.14. El juez deberá abstenerse de ejercer presiones destinadas a obtener
promociones o designaciones judiciales.
El mecanismo procedimental.
El código (…) crea un Consejo Consultivo al que le corresponde evacuar por
escrito las consultas que le formulen los jueces y la Corte Suprema de Justicia sobre la
interpretación y aplicación de las normas contenidas en el presente Código. Las
consultas que le formulen los jueces, y las respuestas del Consejo Consultivo, tendrán el
carácter de reservadas, salvo que el interesado acepte o promueva su divulgación. Las
respuestas del Consejo Consultivo no son vinculantes para quienes las promovieran.
El Consejo Consultivo será presidido por un ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia, e integrado por un magistrado jubilado que no ejerza la
profesión de escribano, abogado o procurador, y por un abogado jubilado que no ejerza
su profesión. Esta Constitución (o cualquier otra) es sin duda uno de los elementos
ríspidos de las discusiones en la materia y que deberán ser analizadas y sopesadas con
cuidado, indudablemente el Código de Santa Fe ha elegido un camino intermedio pero
sesgado hacia la preeminencia de la injerencia de la cúspide del sistema judicial en el
mismo como se manifiesta al conferirle a la Corte Suprema la reglamentación sobre la
forma de designación de los miembros del Consejo Consultivo y la duración en sus
funciones, las que serán ad honórem en todos los casos.
El Tribunal de Ética se integra con un ministro de la Corte Suprema de Justicia,
que lo preside; un magistrado jubilado que no ejerce la profesión de escribano, abogado
o procurador, y un abogado jubilado que no ejerza la profesión. También en este caso la
facultad reglamentaria fue delegada a la Corte.
Proceso de responsabilidad ética
Las reglas procedimentales facultan la denuncia por cualquier persona mediante
patrocinio letrado como ya quedó dicho (como una suerte de control previo de que la
denuncia supera un “umbral mínimo” de aceptabilidad), y se presenta ante el presidente
de la Corte Suprema de Justicia o el presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal
de la Circunscripción Judicial que corresponda al lugar de asiento del órgano
jurisdiccional al que pertenece el denunciado.
Recibida la denuncia, el Tribunal de Ética podrá desestimarla o disponer la
apertura de una breve investigación preliminar. En caso de desestimación, remitirá las
actuaciones a la Corte Suprema de Justicia; la falta de pronunciamiento de la misma
dentro del plazo de tres meses importará el archivo automático de las actuaciones. En el
caso que se disponga abrir la investigación, ésta se desarrollará de acuerdo con los
principios que hacen al debido proceso, ajustados a la materia objeto del mismo,
quedando facultado el Tribunal de Ética para flexibilizarlo y orientarlo conforme a sus
funciones propias.
La investigación preliminar concluirá con un dictamen del Tribunal de Ética en
el que se dará o no por acreditada la infracción denunciada. Dicho dictamen se elevará
—con las actuaciones respectivas— a la Corte Suprema de Justicia.
Recibidas las actuaciones provenientes del Tribunal de Ética, la Corte Suprema
de Justicia podrá: a) aplicar un llamado de atención o alguna de las sanciones previstas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial; b) ordenar la apertura de un sumario
administrativo; o c) promover el enjuiciamiento del denunciado.
Se aplicarán supletoriamente al proceso de responsabilidad ética las normas de
la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida en que resulten compatibles con el
mismo a juicio del Tribunal de Ética.
(…) Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de
Organo sancionatorio
En la Provincia de Córdoba, siguiendo un procedimiento análogo al de la
Provincia de Santa Fe, el Tribunal Superior de Justicia aprobó el código respectivo.
La definición del Código cordobés luce como más ceñida a los estrictos límites
del campo ético, sin invadir las zonas reglamentadas jurídicamente.
También introduce como cabeza una serie de principios que podríamos enumerar
como: a) confiabilidad basada en la diligencia, prudencia, sensibilidad y probidad; b)
independencia e imparcialidad; c) comportamiento ejemplar; d) carácter ético y no
disciplinario del Código.
Precisamente define su alcance como un cartabón de comportamiento funcional
y social que conciernen al Poder Judicial como servicio, y que son exigibles para
quienes se desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la medida de su
concurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia.
Establece a renglón seguido lo que denomina reglas funcionales, son ellas:
a) Independencia: indicando que afectan esa independencia las gestiones
funcionales que se cumplen ante otros Poderes provinciales y nacionales, o ante
cualquiera de sus dependencias, y que exceden la comunicación indispensable para
obtener aquellos cometidos de coordinación que las normas contemplan para un mejor
ejercicio de la función. Por ello se le impone la obligación de denunciar cualquier
pretendida injerencia amén de disponer las medidas útiles para rechazarlas. Se
interpreta como un atentado a la independencia funcional la “sugerencia u opinión”
fuera de los carriles admitidos en la legislación procesal.
b) Imparcialidad: Corresponde que, en cada una de las manifestaciones
funcionales y sociales, se asuma una actitud de imparcialidad, trasuntando en todo
momento una efectiva equidistancia respecto de las partes en los procesos, asumiendo
una guarda activa de ella, debiendo incluso invitar a la parte que pudiese quedar en
eventual desventaja. Todo interés propio o vínculo condicionante exige la inmediata
excusación, según las normas procesales vigentes.
c) No discriminación: Si bien se lo entiende como una derivación de la
imparcialidad, me parece necesario destacarla como una regla de autoexamen del
magistrado o funcionario que lo lleve a restringir su propia tradición de cultura,
examinándola desde la perspectiva de los estándares de moral fijados en nuestra
Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a ella por la
reforma de 1994 (cfe. art.75, inc. 22 CN).
d) Prohibición de actividad política: Esta prohibición expresa que forma
parte en rigor del deber de imparcialidad, incluye la inhibición de emitir opiniones que
trasluzcan filiación partidaria. También lo es con la actuación profesional o con la
dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la
mera administración de su propio patrimonio.
e) Compatibilidad funcional con la actividad científica, académica y cultural:
lo que incluye investigación o docencia superior (85), siempre que no
comprometan el ejercicio funcional.
f) Dedicación: Al obvio requisito de la dedicación funcional, que implica la
diligencia y el compromiso suficientes para una gestión eficaz, se le agrega el de la
preparación, actualización y perfeccionamiento profesional, incluyendo, a mi modo de
ver, de manera muy acertada, aquello que se refiere a las disciplinas auxiliares y a otros
saberes que acrecientan el conocimiento de la realidad que suscitan los casos,
contribuyen a una mayor sensibilidad social, predisponen a nuevas y mejores soluciones
conforme a derecho, sugieren reformas positivas en las normas vigentes, y permiten
prever los efectos concretos que los pronunciamientos pueden alcanzar.
g) Cooperación: En los tribunales colegiados, cada juez contribuye a una
actuación coordinada y armónica con los demás, de manera que la pluralidad de
aportes no atente contra la celeridad en las actuaciones y decisiones que les competen.
h) Prudencia y Equilibrio. Estas exigencias también aparecen como
solapadas con las obligaciones legales
i) Reserva: el código agrega un deber reforzado de reserva, al indicar que
el funcionario evita en todo momento adelantar opinión sobre la controversia, o
referirse a ésta en circunstancias que amenacen la reserva correspondiente, muevan a
suspicacias o lo expongan a recomendaciones o solicitudes indebidas. Resueltos los
asuntos sometidos a su jurisdicción el conocimiento puede utilizarse con fines
científicos, profesionales u otros de bien público, salvaguardando en lo posible los
derechos de terceros. Como parte de este deber se entiende que el magistrado no debe
confrontar públicamente su resolución con opiniones ajenas, favorables o adversas.
Puede hacerlo cuan-do se afecte el prestigio del Poder Judicial, o la credibilidad
pública en la in-dependencia, imparcialidad o equidad de sus decisiones.
j) Probidad: Entendida como la exigencia de rectitud y decoro. Hace a la
rectitud que se apliquen a la consideración del caso los conocimientos de hecho y de
derecho que sirvan a una justa resolución; y al decoro, que la actuación del magistrado
guarde en todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen
confiable la labor judicial. También implica la veda de percibir por sus servicios otras
remuneraciones que las legales, excluyendo las atenciones de mera cortesía.
k) Conducta patrimonial acorde: El patrimonio de los magistrados y
funcionarios está sometido a escrutinio, a la vez preservado de la curiosidad pública.
Establece una norma complementaria muy sana: indica que no se endeudan más allá de
lo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de sus necesidades, los montos
de sus ingresos, y los porcentajes de retención que autorizan las disposiciones vigentes.
Es decir que siempre dentro de esa misma tónica de comportamiento acorde con su
función el magistrado debe evitar las situaciones que lo coloquen en una posición de
debilidad o intranquilidad que afecten su desempeño.
l) Buen trato: Entendido como el deber de respeto, cortesía y afabilidad,
con los letrados, demás auxiliares de la justicia y los justiciables, lo que alcanza
también a la relación con los dependientes, y cuidar que la de éstos con los demás.
m) Asistencia: Deben asistir a sus despachos oficiales, y cuidar que estos se
mantengan en condiciones que salvaguarden su dignidad y decoro, la norma contiene un
solapamiento nuevamente con la legalidad, pero parece tener un obvio propósito de
n) Dignidad y sobriedad: Deben velar por su buen nombre y honor en todos
los ámbitos de su desenvolvimiento personal. Deben guardar pública y privadamente
prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y com-portamientos, firme compromiso
con la justicia y la República, y constante defensa de las normas constitucionales y
legales que dan sustento a la convivencia.
o) Recato: Guardan prudencia respecto a los lugares y las personas que
frecuentan, rehusando aquellos que puedan despertar suspicacias sobre su
imparcialidad, dedicación o probidad, así como implicarlos en disputas violentas, o
exponerlos a situaciones que vayan en desmedro de su dignidad funcional o del prestigio
que cabe al Poder Judicial.
p) Publicidad: Deben procurar que el servicio de justicia se proyecte a los
medios de comunicación social. Sin embargo se refieren a los casos cuan-do tengan
repercusión pública y no comprometan su deber de reserva, manteniéndose en los
límites de lo indispensable para satisfacer el interés público que despierta la labor
El Código de la Provincia de Córdoba mantiene una rígida coherencia en cuanto
a su carácter ético, limitando las medidas correctivas a las recomendaciones, dice
expresamente: “Los magistrados y funcionarios que incurran en actos de inobservancia
a algunas de las reglas precedentes, se hacen pasibles de alguna de las siguientes
medidas: 1) Simple Recomendación, 2) Recomendación con elevación al Tribunal
Superior de Justicia, a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las
facultades constitucionalmente asignadas”.
A efectos de responder consultas éticas de los magistrados y funcionarios, como
también de aplicar las recomendaciones deontológicas previstas, se conforma el
Tribunal de Ética Judicial, que funciona en el ámbito del Poder Judicial. El Tribunal de
Ética Judicial, podrá solicitar la colaboración ad hoc para su mejor ilustración de los
amicos curiae.
El Tribunal está integrado por cinco (5) miembros, designados por el Tribunal
Superior de Justicia, a propuesta de las Instituciones que los representan, a saber: Un
(1) magistrado propuesto por el Tribunal Superior de Justicia, dos (2) magistrados y dos
(2) abogados de la matrícula. Se designará igual número de miembros suplentes.
Todos los miembros deben estar jubilados de la función a la época de la
designación. El magistrado propuesto por el Tribunal Superior de Justicia podrá haber
pertenecido a cualquier jurisdicción. Los otros serán, uno de la Primera circunscripción
judicial y el restante, de cualquiera de las otras, a propuesta de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia. Los abogados de la matrícula
será uno propuesto por el Colegio de Abogados de Córdoba y otro, por la Federación de
Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, quien a la vez no pertenecerá al
Colegio de Abogados de Córdoba. En igual manera los suplentes.
Todos los miembros duran tres años en sus funciones y pueden ser designados
nuevamente por un período más. Sus funciones son ad honorem.
Sus funciones, además de las medidas correctivas, son: 1) Evacuar consultas
escritas de magistrados y funcionarios que así lo requieran o del propio Tribunal
Superior de Justicia; 2) Interesarse reservadamente de oficio, en comportamientos de
magistrados y funcionarios que considere prima facie que constituyen conductas
previstas en el presente Código de Ética Judicial; 3) Intervenir en las denuncias que al
mismo se le presenten o en las de comportamientos que resultaron advertidos luego de
una información oficiosa por presuntas incorrecciones deontológicas; 4) Proponer al
Tribunal Superior de Justicia la actualización y/o revisión de las reglas que constituyen
el presente Código, como así también, efectuar los aportes que en la materia puedan
hacer a la mejor realización del mismo.
La denuncia recibida por escrito, salvo que el Tribunal la rechace in limine, se
sustancia con una vista al afectado, a los fines que ejerza su defensa por un plazo de
diez días hábiles, prorrogables de oficio o a pedido de parte, acorde a la naturaleza de
la cuestión. El Tribunal de Ética Judicial, determinará el procedimiento posterior a
seguir en el caso concreto. El denunciante no es parte, sin perjuicio de su derecho a
conocer la resolución definitiva. En aquellos casos que resulte conexidad a otros
procedimientos que se estén ventilando con vinculación al contenido de la denuncia el
Tribunal de Ética podrá, de oficio, suspender el trámite hasta tanto se dicte aquella
resolución a los efectos de la mejor ponderación de la causa deontológica sub examine.
La resolución fundada es irrecurrible. Para su pronunciamiento basta la simple
mayoría. Con el dictado de la resolución el Tribunal de Ética Judicial agota su
competencia deontológica.”.-
Fayt18, nos ilustra sobre los Códigos de Ética de las Provincias de Corrientes,
Formosa y Santiago del Estero:
“Código de Ética Judicial para Magistrados, Funcionarios y Empleados del
Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.-
En el año 1998 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes
aprobó el Código de Ética para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder
Judicial, el que cuenta con 26 artículos agrupados en seis capítulos.
18 Fayt, Carlos S. “Principios y Fundamentos de la Ética Judicial”, Ed. La Ley, 2006, págs. 23 y
Comienza en el capítulo I por fijar el ámbito de aplicación, constituido por
magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la provincia de Corrientes.
Luego, en el capítulo II se define el objeto del documento en los siguientes
“normar un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables
sin excepción a todas las personas físicas enumeradas con anterioridad con la finalidad
de lograr la consolidación de los principios que conforman el sistema democrático de
gobierno afianzando la Justicia”
Dispone asimismo que las personas a las que alude el código deberán realizar
todas las actividades necesarias “para defender en todo momento y lugar la integridad y
la independencia del Poder Judicial dentro del ámbito de sus competencias legales y
reglamentarias”.
El capitulo III se ocupa de los deberes y pautas de comportamiento ético,
configurando así el núcleo del presente cuerpo, desde que allí se concentran los valores
y directrices a los que los magistrados, funcionarios y empleados deben ajustarse en su
comportamiento. A diferencia del modelo santafesino -y, en efecto, de la mayoría de los
códigos de ética judicial— no nos hallamos en este caso frente a una nómina de valores
o principios rectores de la conducta judicial: más bien se trata de una enumeración de
las conductas y el comportamiento ético definido a través de una serie de prohibiciones
a las que los sujetos comprendidos en el código deberán ajustarse.
Artículo 4º- Los Magistrados, Funcionarios y Empleados judiciales deberán
observar una conducta ejemplar en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas,
de tal forma que ese comportamiento mantenga y promueva la confianza pública.
Esta norma comprende la obligación de desempeñarse con la observancia y
respeto de los principios y pautas éticas, en especial: honestidad, probidad, rectitud,
buena fe y austeridad republicana.
Artículo 5º- Todo Magistrado, Funcionario y Empleado Judicial deberá
desempeñar sus funciones con imparcialidad, dedicación y diligencia.
Esta regla comprende los deberes y prohibiciones que se enumeran a
continuación, los que deben ser interpretados en forma enunciativa y se integran y
complementan con las normas vigentes, en especial la Ley Orgánica y el Reglamento
Interno de la Administración de Justicia.
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución
Provincial, las leyes y reglamentos dictados en su consecuencia;
b) No permitir la influencia de las relaciones familiares, sociales, políticas,
religiosas, económicas o de otra índole similar en sus decisiones judiciales; ni en
ninguna actividad que en cumplimiento del servicio de Justicia deba realizar;
c) No utilizar el prestigio del cargo para promover intereses privados o de
grupos particulares ajenos a la función judicial; solo podrá hacerse referencia al cargo
o función en los casos de las actividades propias del servicio de Justicia;
d) No hacer promesas privadas de ningún tipo que comprometan los deberes
del cargo o implique un compromiso para el Poder Judicial;
e) No integrar instituciones u organizaciones que practiquen o promuevan
la discriminación por razones políticas, de raza, sexo religión o nacionalidad;
f) No formar parte de actos o espectáculos públicos extravagantes, que
tiendan a llamar la atención, o alteren la tranquilidad y el orden, como asimismo
desplieguen una conducta reñida con el decoro y solvencia moral que en todo momento
debe estar puesta de manifiesto en sus actos;
g) Cumplir con la obligación de atender con ecuanimidad a todas las partes
como la de mantener el decoro y el orden en todas las actuaciones judiciales;
h) Cumplir con la prohibición de mantener conversaciones privadas con
algunas de las partes en litigio o en lugares u ocasiones que puedan generar
desconfianza a quienes también intervinieren en el conflicto;
En caso de que un litigante o su abogado mantengan una Audiencia con un
magistrado por algún asunto pendiente decisión, el Magistrado deberá hacer saber a la
contraparte sobre la Audiencia concedida y la posibilidad de obtener un trato similar;
i) Cumplir con la prohibición de realizar comentarios públicos sobre los
méritos de un proceso que se encuentra pendiente de decisión judicial o de notificación,
o de extenderse en comentarios subjetivos sobre el desarrollo de un proceso. Esta
prohibición no se extiende a las declaraciones que los Jueces y Funcionarios pueden
realizar sobre las funciones que desempeñan, explicar los procedimientos que se llevan
a cabo, con finalidad didáctica, o informar debidamente sobre las decisiones que se
adoptaron;
j) Cumplir con la obligación de resolver los asuntos pendientes con
celeridad impartiendo directivas a su personal para aunar esfuerzo en pos de evitar
retrasos innecesarios;
k) Cumplir con la obligación de dar igual trato a todas las personas
excluyendo todas las preferencias discrecionales especialmente respecto de otros
Magistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales, remarcándose la aplicación de este
principio en relación al personal a su cargo;
l) Cumplir con la obligación de proteger y conservar todo lo que sea
propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes a los fines autorizados, absteniéndose
expresamente de utilizar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio
particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a su función oficial;
m) Abstenerse de utilizar información adquirida en cumplimiento de sus
funciones para realizar actividades ajenas a sus tareas oficiales o permitir el uso de
ellos por particulares o en beneficio de intereses privados;
n) Deberán abstenerse de avalar o promover algún producto, servicios o
empresa que persiga fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones;
o) Deberán observar fielmente todos los procedimientos de contrataciones
públicas respetándose los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y
p) Deberán abstenerse de interpretar las normas jurídicas en tal forma de
favorecer especialmente a uno de los intervinientes en desmedro de otros en los
concursos o competencias económicas, científicas o que hagan a la carrera judicial;
q) Deberán cumplir con la obligación de priorizar el interés público por
sobre el interés privado propio o de terceros o de sectores vinculados;
r) Deberán abstenerse de discriminar injustamente mediante el suministro
de favores o privilegios especiales a alguna persona ya sea por remuneración o no;
nunca aceptar para sí o para miembros de su familia favores o beneficios en
circunstancias que podrían ser interpretadas razonablemente como obtenidas por las
influencias del desempeño de las funciones judiciales.
Artículo 6º — Los Magistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales deberán
abstenerse de recibir regalos, presentes, ventajas o donaciones de abogados y/o
litigantes antes, durante o aun después de finalizado el litigio en el que actúen, no
pudiendo percibirlos tampoco los familiares del Magistrado, Funcionario o Empleado
No podrán recibir ningún beneficio personal vinculado a la realización (...)
retardo, u omisión de un acto inherente a sus funciones.
Esta prohibición comprende también el aceptar préstamos de entidades
bancarias o financieras en condiciones preferenciales a las que se otorgan a los demás
clientes, como asimismo becas de estudio o subsidios en similares condiciones
preferenciales, que se otorguen por entidades privadas u oficiales.
Los obsequios diplomáticos o de cortesía institucional serán incorporados al
patrimonio del Poder Judicial.
Seguidamente, en el capítulo IV se enumeran una serie de actividades
incompatibles con la función judicial, tales como: administrar, patrocinar, representar,
gestionar, asesorar, participar en actividades políticas o en asociaciones sociales,
religiosas, cívicas, deportivas, económicas o educativas, así como el desempeño de
cargos, profesiones o empleos oficiales o privados. Se establecen, asimismo, como
excepciones: las prácticas docentes, científicas o meramente académicas, en la medida
que las mismas no impliquen ningún menoscabo a su actividad judicial.
El capítulo V está dedicado al régimen de declaraciones juradas de bienes, al
imponer a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales el deber de presentar
anualmente su declaración jurada, la que será luego incorporada al legajo personal.
Asimismo, se impone idéntico deber a quienes ingresen a la función y a quienes
renuncien al cargo, exigiendo esta carga como requisito para la admisión en el empleo
en el primer caso, y la aceptación de la renuncia en el segundo. Luego se detallan los
datos que deberá contener la declaración, así como su valor probatorio tanto en los
procedimientos administrativos como en los judiciales. Para el control del cumplimiento
de lo dispuesto en este capítulo se dispone la creación del Registro de Declaraciones
Juradas de bienes en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia.
Finalmente, el capítulo VI se ocupa del procedimiento a seguir ante eventuales
incumplimientos de las disposiciones del código y las sanciones disciplinarias
correspondientes. Respecto de estas últimas, se hace una remisión a lo dispuesto en la
Ley Orgánica y Reglamento Interno del poder judicial correntino, en donde se prevé
desde el llamado de atención hasta la exoneración. En cuanto al procedimiento a seguir
en estos casos no se establece un trámite específico sino, antes bien, se dispone la
aplicación del procedimiento previsto para los sumarios administrativos —en los
supuestos de sanciones de mayor gravedad— y lo establecido en la Ley Orgánica y el
Reglamento Interno para las sanciones menores.
En este aspecto, el presente código se diferencia claramente de lo dispuesto en el
código santafesino, dado que en este último se prevé un trámite específico para los casos
de incumplimiento de lo establecido en el código.
Otra de las diferencias existentes entre ambos códigos reside en el hecho de que
el documento correntino no dispone la creación de un Tribunal de Ética, antes bien,
establece que el Superior Tribunal —que actúa como órgano decisorio final— es quien
debe erigirse en Tribunal de Ética a tales efectos.
Asimismo, es de destacar que, luego de fijar las directivas generales del
procedimiento, el código deja sentada una serie de reglas interpretativas que hacen de
este código un documento original en este sentido:
Artículo 23. — Las precedentes reglas de este Código de Ética, respecto a los
Magistrados, no obstan para que el derecho a la intimidad de los mismos se encuentre
severamente protegido en el orden jurídico vigente, en particular por las norma
constitucionales, como bien inalienable de la persona humana (art. 26 de la
Constitución Provincial y/o Constitución Nacional), así como por Tratados y
Convenciones Internacionales incorporadas a la Constitución Nacional por la reforma
de 1994 (Ley 23.054, Pacto de San José de Costa Rica, art. 11). Esta norma alcanza a
Funcionarios y Empleados debiendo instrumentarse todas las acciones necesarias para
resguardar dicho derecho.
Artículo 24. — El Estado de derecho vigente presupone un Poder Judicial
independiente. Ello involucra Jueces independientes de todo otro Poder Sin embargo
debe reconocerse a los Magistrados, absoluta libertad de criterio en la fundamentación
de sus sentencias. Estos se encuentran sujetos exclusiva y excluyentemente, a su
conciencia, y su saber en la tarea que desarrollan. Toda intromisión por fuera de estos
supuestos debe interpretarse como una violación al sistema democrático y republicano
de gobierno, en desmedro del Poder Judicial.
Artículo 25º- La relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación
debe basarse en la integridad e independencia de los mismos. Los magistrados deben
poder realizar su actividad, dentro de los tiempos y modalidades propias del quehacer
judicial. Ello no implica prohibir o retacear la crítica razonable y racional de sus
Fallos, debiendo no obstante afirmarse el debido respeto y consideración a la persona
de los Magistrados, que debe estar ajena a todo interés extraño al fundamental y única
finalidad de afianzar la Justicia (conf Preámbulo de la Const. Nacional). Esto no
implica tampoco que no medie una relación apropiada de mutua seriedad,
responsabilidad con los medios de comunicación, y que éstos cuenten con el rápido
acceso a las decisiones judiciales, lo que generará una más óptima relación y conocimiento
por parte de la sociedad, de la actividad judicial. El Poder Judicial, y por cierto
los Magistrados no serán ajenos, ni insensibles a los problemas y preocupaciones, que
plantea la sociedad contemporánea con la que conviven y de la que forman parte.
Artículo 26º- Los Jueces deberán mantener el debido decoro, mesura y sentido de
oportunidad ante los medios de comunicación para evitar desvirtuar la responsabilidad
y seriedad que deben revestir sus juicios dentro y fuera de los procesos que entiende,
evitando de este modo poner en peligro el prestigio del Poder Judicial y la
independencia que caracteriza al Sistema Republicano.
Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la provincia de
El presente código —aprobado por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia en
abril de 1998— consta de 8 artículos.
El primer artículo establece, a modo de premisa general, el deber de los jueces y
funcionarios de mantener y defender la integridad e independencia del Poder Judicial.
Artículo 1º- Los jueces y funcionarios deberán mantener y defender en todo
momento y lugar la integridad y la independencia del Poder Judicial.
Luego, en el art. 2º, se fijan una serie de conductas prohibidas a los magistrados
con el fin de preservar su imagen pública, generar confianza así como reforzar el
concepto de integridad e independencia.
Artículo 2º — Los jueces y funcionarios judiciales deberán evitar un
comportamiento impropio en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas
desplegando una conducta ejemplar
Esta norma especialmente comprende:
a) La obligación de respetar y cumplir con las leyes y actuar de forma que
ese comportamiento promueva la confianza pública;
b) La obligación de no permitir que relaciones familiares, sociales, polí-
ticas, religiosas o de otra índole similar influyan en sus decisiones judiciales;
c) La prohibición de utilizar el prestigio del cargo para promover interese
privados o de grupos particulares ajenos a la función judicial;
d) La prohibición de integrar o ser miembro de instituciones u organizaciones
que practiquen o promuevan la discriminación odiosa por razones de raza,
sexo, religión, nacionalidad o políticas;
e) La prohibición de integrar o formar parte de actos o espectáculos
públicos extravagantes, que tiendan a llamar la atención, o alteren la tranquilidad y el
orden, como asimismo desplegar una conducta reñida con el decoro y solvencia moral
que en todo momento debe estar puesta de manifiesto en sus actos;
f) La obligación de respetar la libertad de conciencia, las prácticas o ritos
religiosos, como toda actividad de las personas, evitando cualquier tipo de
Luego, en el art. 3º, se establece el deber, en cabeza de los magistrados y
funcionarios judiciales, de desempeñar sus funciones de conformidad con tres valores
fundamentales que operan aquí como principios rectores de la conducta: imparcialidad,
dedicación y diligencia. A continuación, se suman otras prohibiciones a las establecidas
en el artículo precedente, inferidas, esta vez, de las citadas reglas de comportamiento.
En general, se trata de conductas que han sido vedadas al magistrado con el fin de que
éste adopte una conducta acorde a la función que cumple.
Más adelante, se aborda la cuestión relativa a las actividades extrajudiciales
vinculadas a la práctica docente, científica o meramente académica, estableciendo como
regla en esta cuestión la aprobación para el ejercicio de las citadas actividades “en la
medida que las mismas no impliquen un menoscabo a su actividad judicial”. Lo aquí
establecido coincide con lo dispuesto en el resto de los códigos. Todo ello en razón de la
función esencial asignada al magistrado que es la de dedicarse con diligencia a la tarea
judicial, por lo que podrá ocuparse de las actividades extrajudiciales referidas sólo si el
tiempo se lo permite.
A continuación se impone otro deber, cual es el de abstenerse de recibir regalos,
presentes o donaciones de abogados y/o litigantes, así como aceptar préstamos de
entidades bancarias o financieras o bien becas de estudio en condiciones preferenciales
(art. 5º). Luego se establece el deber de actualizar cada dos años sus declaraciones
juradas, las que son de carácter público. Con ello se pretende alcanzar un grado mayor
de transparencia en el ejercicio de la función judicial (art. 6º).
La última prohibición establecida en el código surge del art. 7º, mediante el cual
—a fin de evitar conductas que puedan afectar la imparcialidad de la judicatura— se
impide a los jueces y funcionarios participar en actividades políticas partidarias o de
grupos o sectores relacionados con el poder político.
Por último se prevé en el art. 8º la creación del Consejo Consultivo, órgano
encargado de asesorar, en materia de ética judicial y sobre las normas vigentes del
código, a aquellos magistrados o funcionarios que lo requieran.
Las atribuciones asignadas al Consejo Consultivo, se inscriben, todas ellas, en
este ámbito, esto es, el de órgano de consulta. Carece, por lo tanto, de facultades
sancionatorias. En cuanto a la composición del citado Consejo, se reitera aquí lo
dispuesto en varios de los códigos, entre los cuales se encuentra el modelo santafesino.
A diferencia de otros códigos reseñados, el documento de Formosa no establece
una nómina de valores o principios rectores de la conducta de los funcionarios
alcanzados por él, excepto lo dispuesto en los arts. 1º y 3º al hacer mención de ciertas
reglas a las que debe ceñirse el comportamiento de los jueces y funcionarios: defensa de
la integridad e independencia del Poder Judicial, y el deber impuesto de desempeñar sus
funciones con imparcialidad, dedicación y diligencia.
Luego, en los demás artículos —a diferencia de los demás códigos que definen el
arquetipo del comportamiento mediante el establecimiento de un conjunto de reglas y
principios axiológicos— se establecen una serie de prohibiciones que hacen a la
conducta y el ejercicio de las funciones de los sujetos alcanzados, logrando así
establecer el modelo de comportamiento de forma negativa o por exclusión (…).
julio de 1998— consta de 8 artículos. Su texto es casi una réplica del adoptado por la
provincia de Formosa, por lo cual, corresponde remitirse a lo expresado en el punto
anterior(…).”.-
A lo largo del desarrollo del presente trabajo hemos visto que la ética refleja los
principios morales que rigen la conducta del ser humano estableciendo principios del
buen proceder, necesarios para lograr una vida ordenada y pacífica en la sociedad.
Ello ha sido reconocido históricamente en todas las épocas y en todos los lugares
desde los comienzos de la sociedad misma, si bien con algunas diferencias pero no en lo
Que lo que constituye una conducta contraria a los principios éticos para cualquier
ser humano también lo es para un profesional y para un juez pero en este ultimo caso,
trae aparejada mayor gravedad al producir en la sociedad una perdida de confianza que
pone en crisis la legitimidad de la autoridad para juzgar la conducta humana ya que ella
exige no solo ser un buen juez, sino también parecerlo.
Por ello es importante establecer normas éticas que permiten honrar la integridad
e independencia de su función, y estimular el respeto y la confianza en la judicatura.-
El objetivo por lo tanto de la codificación de estas normas éticas será lograr un
nivel de excelencia y rectitud de la conducta de quienes se desempeñan en la magistratura
mediante la organización en un solo cuerpo de las normas de principios éticos, y así, al
decir de Vigo19, dejar en claro “…las exigencias que más allá del derecho podemos
establecer y demandar a aquellos que como sociedad hemos o vamos a constituir en
autoridades”.-
19 Vigo, Rodolfo Luis, “Prólogo al Código de Etica de Santa Fé”. http://www.poderjudicialsfe.gov.ar/etica/prologo.htm.
 INTRODUCCIÓN: Página 2.-
 CAPITULO I
a) Historia de la Ética: Página 4.-
b) Teorías de la Fundamentación de los juicios éticos: Página 13.-
c) Concepto: Página 16.-
2. Ética Profesional: Página 17.-
 CAPITULO II
a) Conceptualización: Página 22.-
b) Principios éticos: Página 24.-
2. Necesidad de la codificación: Página 25.-
 CAPITULO III
1. Estado de la Codificación en Argentina: análisis de los Códigos de
Ética vigentes.
 CONCLUSIÓN. Página 60.-
 INDICE GENERAL: Página 61.-
 BIBLIOGRAFIA CITADA: Página 62.-
 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA NO CITADA: Página 63.-
 NOTA DE ACTUALIZACIÓN: Página 64.-
 Sesín, Domingo. “Objetivos del Proyecto de Código de Ética Judicial para
Argentina y Latinoamérica”,
www.justiciacordoba.gov.ar/site/Docs/CEPJ/ÉticaDrSesin.doc.
 Bielsa, Rafael, “sobre lo contencioso administrativo”, 1964, pp. 24 y ss.
 “El consejo de la magistratura y los desafíos de la ética judicial,
www.conmagchubut.gov.ar/articulos/pintos.htm.
 Douglas Price, Jorge Eduardo, “Aproximación conceptual a la ética aplicada” En
Ética e Independencia del Poder Judicial Nº 2. Sesiones de Jueces de Segunda
Instancia de los Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES,
2004, págs. 15 y ss.;
http://www.foresjusticia.org.ar/PaginaHtml.asp?idseccion=16&idcategoria=15&t
itulo1=Temas&titulo2=Independencia%20judicial.
 Hartmann, Ethik, pág. 27 de la segunda edición alemana, citado por Eduardo
García Maynez, Ética, pág. 19, décima sexta edición, Porrúa, México, 1969.
Reseñado por Mariano Azuela Güitron en la Conferencia de Clausura de las
Jornadas Internacionales sobre ética judicial 2 y 3 de octubre de 2003,
www.jufejus.org.ar/Docs/CronicaCompleta.doc.
 Fayt, Carlos S. “Fundamentos de la ética judicial”, Rev. Jurídica La Ley,
Sup.Act. del 11/07/2006.
 Jeanneret de Pérez Cortés, María. “Ética y función Publica”, Revista Jurídica LA
LEY, 2005-D, 1097.
 Sarmiento García, Jorge “La Ética y los jueces”, Ediciones Dike, Foro de Cuyo,
2003, págs. 81 a 85.
 Azuela Güitron, Mariano. Conferencia de Clausura de las Jornadas
Internacionales sobre ética judicial, 2 y 3 de octubre de 2003,
 Ballandini, Alberto Italo, Ética Judicial, Rev. La Ley, Sup. Realidad Judicial,
20/09/2004.
 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y responsabilidad judicial”, Ed. Rubinzal Culzoni.
 Andruet, Armando, “¿Por qué los Códigos de Ética Judicial? En Ética e
Independencia del Poder Judicial Nº 5. Sesiones de Jueces de Primera Instancia
de los Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES, págs. 54 y
www.foresjusticia.org.ar/PaginaHtml.asp?idseccion=16&idcategoria=15&titulo1
=Temas&titulo2=Independencia%20judicial.
 Douglas Price, Jorge Eduardo “Problemas de la Ética Judicial” En Ética e
Independencia del Poder Judicial Nº 3. Sesiones de Jueces de Segunda Instancia
de los Tribunales de las Provincias Argentinas, Argenjus y FORES, 2004, págs.
45 y ss;
itulo1=Temas&titulo2=Independencia%20judicial)
 Fayt, Carlos S. “Principios y Fundamentos de la Ética Judicial”, Ed. La Ley,
2006, págs. 23 y ss.
 Vigo, Rodolfo Luis, “Prólogo al Código de Etica de Santa Fé”.
http://www.poderjudicial-sfe.gov.ar/etica/prologo.htm.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA NO CITADA:
 Basso, Domingo M. “Etica”. Ed. Abeledo Perrot, Año 2001.
 De Zan, Julio. “La ética, los derechos y la justicia”. Ed. Konrad-AdenauerStiftung
e.V.. Montevideo, 2004.
1.- Con posterioridad a la conclusión de la presente Monografía, el SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Y LA
PROCURACION GENERAL, mediante ACORDADA N° 01/2007, resolvieron
DECLARAR de aplicación obligatoria el “CODIGO DE BANGALORE SOBRE
CONDUCTA JUDICIAL DE 2001”, de conformidad a la Resolución 2006/23 del
Consejo Económico y Social de la O.N.U., complementario de los “PRINCIPIOS
BASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA” según
Resoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el
Poder Judicial de la Provincia de Río Negro a los Magistrados, con extensión a los
Funcionarios Judiciales comprendidos en las disposiciones de los arts. 199 a 201, 222 y
cc de la Constitución de la Provincia, Leyes 2430, 2434 y modificatorias.-
2.- Asimismo, en diciembre de 2010, durante una asamblea extraordinaria de la
Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de
Tierra del Fuego, realizada en Tolhuin, aprobó por unanimidad el texto de un
Código de ética que ya rige para los integrantes de esa entidad, que reza:
Artículo 1º: AMBITO DE APLICACION
El Código rige para los Magistrados y Funcionarios adheridos a la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Este Código agrupa los valores y principios éticos que guían la conducta de los
Asociados, tanto en su vida pública como privada, persiguiendo su promoción y
Artículo 3º: PRINCIPIOS Y VALORES
3.1. Independencia. El Asociado es independiente, respetando y haciendo respetar las
normas constitucionales y legales que establecen ese principio así como los ámbitos
reservados a los demás poderes el Estado.
3.2. Imparcialidad. A excepción de los Ministerios Públicos, conforme lo reglado en el
artículo 8.2., el Asociado es imparcial en sus manifestaciones funcionales y sociales,
manteniendo en todo momento una efectiva equidistancia entre las partes, sus
representantes y letrados.
3.3. Diligencia y buena fe. El Asociado realiza todo el esfuerzo que sea necesario para
que el proceso judicial se desarrolle en armonía, a la luz de los valores de lealtad y
buena fe y con pleno resguardo de la dignidad humana.
3.4. Eficiencia. El Asociado brinda un eficiente servicio de justicia cuando vela para que
los justiciables gocen de la garantía del debido proceso judicial, rechazando cualquier
trato discriminatorio en el proceso y las resoluciones que adopten o aconsejen adoptar
deben sustentarse en el principio de legalidad, conjugado con criterios de justicia y
3.5. Conciencia Funcional. La conducta funcional del Asociado se orienta a incrementar
el prestigio del Poder Judicial, actuando en todo momento con profesionalidad,
honestidad y rectitud.
Artículo 4º: OBLIGACIONES.
Son obligaciones del Asociado:
1).- Emitir las resoluciones, dictámenes o asesoramientos con motivación adecuada y
2).- Desempeñar las tareas que le impone el cargo con responsabilidad y diligencia, con
el fin de cumplirlas en un tiempo razonable.
3).- Realizar una capacitación permanente para poder garantizar la prestación de un
servicio eficiente y adecuado a las necesidades de la realidad local.
4).- Comportarse con corrección, desplegando un trato amable, respetuoso y disponible,
tanto hacia los destinatarios del servicio como para con los demás ciudadanos y
5).- Cuidar el patrimonio y los recursos que han sido puestos a su disposición para el
6).- Mantener y resguardar el secreto profesional respecto de los hechos conocidos con
motivo del ejercicio de su función.
7).- Comprometerse y trabajar para fortalecer la comunicación del Poder Judicial con
la sociedad. A tal fin deberán conjugar adecuadamente el secreto o reserva de los
hechos y datos de las causas llegadas a su conocimiento, con el derecho de la
ciudadanía a conocer la actividad judicial, procurando que la información que se brinde
posea la adecuada mesura y equilibrio y no ocasione perjuicios a las partes o terceros,
respetando el principio de legalidad.
8).- Capacitarse con el objeto de lograr la idoneidad profesional que exceda el título
habilitante del que proviene su formación técnica. En tal sentido deberán propender a
poseer conocimientos generales en todas las ciencias que tengan vinculación con el
derecho y que le permitan comprender y apreciar las cuestiones litigiosas complejas.
Artículo 5º. PROHIBICIONES.
1).- Al Juez, mantener reuniones privadas vinculadas a asuntos sometidos a su
consideración, con las partes o sus letrados, dentro o fuera del Juzgado, salvo que
razones de urgencia lo requieran o surja de la índole de la actividad a desarrollar.
En tal caso y con el fin de disipar sospechas de parcialidad, los jueces podrán convocar
al Secretario interviniente en el proceso para que las presencie.
2).- Realizar discriminaciones de cualquier índole en razón de prejuicios o convicciones
3).- Realizar actividades que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones o
4).- Afiliarse o pertenecer a asociaciones o agrupaciones que posean fines políticos
partidarios, o participar de reuniones, comentarios o realizar afirmaciones que
traduzcan una afiliación política partidaria.
5).- Poseer vinculaciones profesionales, sociedades o asociaciones con profesionales
que ejerzan en forma privada actividades vinculadas o dependientes de la función
judicial, salvo las autorizados y relacionadas con la actividad académica.
6).- Realizar promesas que se vinculen con la tarea funcional e impliquen adoptar un
compromiso reñido con los valores que este Código promueve o que tiendan a obtener
un beneficio privado ajeno a la función judicial.
7).- Utilizar el prestigio del cargo para promover intereses privados o de grupos
particulares ajenos a la función judicial.
8).- Ejercer gestiones de cualquier naturaleza tendientes a obtener ascensos o
9).- Recibir regalos o presentes que les sean otorgados en razón del desempeño en el
10).- Contraer deudas financieramente desproporcionadas con sus recursos o
constituirse en fiador en idéntico sentido.
11).- Asistir usualmente o con frecuencia a casas de juego.
Artículo 6º. INCOMPATIBILIDADES.
Son incompatibilidades del Asociado:
1).- Realizar cualquier actividad con fines de lucro o que otorgue réditos económicos o
de cualquier naturaleza, que pueda comprometer la dignidad del cargo o interferir con
la actividad jurisdiccional.
2).- Desempeñar actividades que no correspondan a la función en los horarios de
prestación del servicio de justicia, salvo autorización especial otorgada al efecto por el
Artículo 7º: CLAUSULAS DE INTERPRETACION
Las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades expuestas resultan de aplicación
sin perjuicio de las que existan en razón del ámbito específico de actuación de cada
Asociado, así como las resultantes de las disposiciones reglamentarias y disciplinarias
que sean aplicables y que surgen de la legislación vigente.
En su vida personal el Asociado mantiene una conducta acorde con los principios y
valores sustentados por este Código.
Artículo 8º: NORMAS DE APLICACION ESPECIFICA A CADA UNA DE LAS
8.1.DEL JUEZ
El Juez se conduce con plena conciencia de la importancia y trascendencia del rol que
desempeña, cumpliendo estrictamente con todas las obligaciones inherentes a su cargo,
de modo de garantizar la correcta administración de justicia, en un tiempo razonable.
El Juez al decidir actúa con sensibilidad humana y social, desinterés personal,
prudencia, coherencia y fortaleza y sus resoluciones son fruto de un juicio racional y
meditado a la luz de los valores de este Código y de los “principios mínimos sobre la
independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces en América Latina”
establecidos en la Declaración Campeche (San Francisco de Campeche, México, abril
8.2. DE LOS MINISTERIOS PUBLICOS
Los Ministerios Públicos reafirman como valores y principios inherentes a la función
que desempeñan, los siguientes:
1) Vocación de servicio
2) Efectividad y confiabilidad
3) Respeto y garantía del acceso a la justicia
4) Capacitación técnica específica.
Teniendo en cuenta la especificidad de la función, asumen el compromiso de que el
servicio se brinde con pleno cumplimiento de las garantías constitucionales a la luz de
los principios de conciencia, objetividad, legalidad y tolerancia.
8.3. DEL PERITO JUDICIAL
Los profesionales de la Dirección Pericia no realizan prácticas discriminatorias y
respetan el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad,
autodeterminación y autonomía.
Los profesionales asociados reconocen las fronteras de sus competencias profesionales,
así como los límites de su actuar pericial. Tienen especial precaución en no confundir la
tarea pericial con la del Juzgador y proveen a éste solamente aquellos servicios y
técnicas para las que están habilitados por su formación académica, capacitación y
Artículo 9º: ORGANO DE APLICACION
El Consejo Consultivo sobre Etica Judicial es el órgano que interviene y asesora las
cuestiones suscitadas por la aplicación del presente, integrado por cuatro (4) miembros,
designados entre los Asociados de mayor antigüedad profesional en la función y que
representen a: 1) los jueces, 2) a los ministerios Públicos, 3) secretarios, prosecretarios
y demás funcionarios asimilados a ellos y 4) los profesionales de todas la disciplinas
pertenecientes a la Dirección Pericial.
Existiendo más de un Asociado con igual antigüedad en el Poder Judicial, lo integrará
quien posea mayor antigüedad de título habilitante.
Artículo 10º: Procedimiento en el Consejo Consultivo sobre Ética Judicial
El Consejo Consultivo recibe denuncias o consultas de los integrantes del Poder
Judicial o de terceros ajenos al mismo, o actúa de oficio, y convoca al Asociado que
haya recibido cuestionamiento ético a fin de poner en su conocimiento esas
circunstancias, escucharlo y promover su análisis y debate.
El procedimiento será reservado, salvo que el Asociado promueva, peticione o acepte su
divulgación y el Consejo lo considere apropiado.
El Consejo reglamenta el procedimiento de denuncia o consulta. En caso de denuncia
garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, y evacua por escrito las consultas
El Consejo persiguiendo únicamente la reflexión ética de la cuestión.
Artículo 11º. De los Peritos Judiciales.
Cuando debiera evacuarse una consulta o analizarse una denuncia que involucre a los
Asociados pertenecientes a la Dirección Pericial, se tomarán en consideración los
Códigos de Ética que cada disciplina ha establecido por medio de sus principales
Artículo 12º: DISPOSICIONES TRANSITORIAS
El texto de este Código se remite al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia con el
fin de que, por su intermedio, sus normas resulten también de aplicación respecto de los
magistrados y funcionarios no asociados.
3.- Por último, actualmente la Comisión de Reglamentación del Consejo de la
Magistratura de la Nación avanza con un proyecto para adoptar el Código Modelo
Iberoamericano de Ética Judicial para el ámbito del Consejo de la Magistratura.-
etica judicial,