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Timestamp: 2016-10-21 14:03:11
Document Index: 313703366

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 28', 'Artículo 6', 'artículo 45', 'Artículo 7', 'artículo 46', 'Artículo 8', 'artículo 66', 'Artículo 9', 'artículo 67', 'Artículo 10', 'artículo 72', 'Artículo 11', 'artículo 75', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 12', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 86', 'artículo 26', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 2', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 5']

Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica	Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica Mis Leyes
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica Estado	:
TÍTULO I. MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER FISCAL.
CAPÍTULO I. MEDIDAS SOBRE FOMENTO DEL EMPLEO Y BENEFICIOS FISCALES EN LA SUCESIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES Y VIVIENDA HABITUAL.
CAPÍTULO II. MEDIDAS SOBRE ACTUALIZACIÓN DE BALANCES DE LAS EMPRESAS CON PAGO DE UN GRAVAMEN ÚNICO DEL 3 % SOBRE LAS REVALORIZACIONES DE ACTIVOS.
CAPÍTULO III. MEDIDAS FISCALES URGENTES SOBRE TRIBUTACIÓN DEL AHORRO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
TÍTULO II. MEDIDAS URGENTES PARA LA LIBERALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA.
CAPÍTULO I. COMPETENCIA Y PRECIOS.
CAPÍTULO II. SISTEMA FINANCIERO.
CAPÍTULO III. SERVICIOS FUNERARIOS Y SERVICIOS DE MATADERO.
CAPÍTULO IV. DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Controladores laborales.
ANEXO 1. Precios de ámbito nacional.
ANEXO 2. Precios de ámbito autonómico.
Las medidas de empleo se justifican en los momentos por los que atraviesa nuestra economía, por lo que todo beneficio fiscal que pueda concederse y, especialmente, si está dirigido a la creación de empleo, debe redundar en el potenciamiento de aquélla; sobre todo si afecta, además, a un sector tan sensible como el de las pequeñas y medianas empresas, que aglutinan una gran parte del empleo. A esta finalidad responden las tres medidas que se adoptan.
Las dos primeras se refieren a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y consisten en el no cómputo durante 1996 como personas asalariadas de los trabajadores contratados por tiempo indefinido con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley; y en una ampliación desde el 8 hasta el 15 % de la reducción general del rendimiento neto. La tercera medida afecta tanto al Impuesto sobre Sociedades como al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, consistiendo en una deducción en la cuota de 1.000.000 de pesetas para las sociedades y empresarios o profesionales que contraten, con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma y por tiempo indefinido, trabajadores mayores de cuarenta y cinco años.
Las medidas sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pretenden aliviar el coste fiscal derivado de la transmisión mortis causa de las empresas familiares (en su forma de empresa individual o de participaciones) y de la vivienda habitual, cuando dicha transmisión se efectuase a favor de ciertas personas allegadas al fallecido.
Por otra parte, el presente Real Decreto-ley establece un gravamen único sobre el saldo de la cuenta de actualización del 3 % con el objetivo de garantizar el adecuado control de la operación de actualización.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley existirán dos regímenes diferentes; uno, el aplicable a las plusvalías y minusvalías resultantes de elementos patrimoniales adquiridos a partir de su entrada en vigor. Este nuevo sistema gravará las plusvalías reales, y para las obtenidas en más de dos años, contará, en la generalidad de los casos, con un mínimo exento de 200.000 pesetas y un tipo del 20 %; y otro, el transitorio, aplicable a los incrementos y disminuciones derivados de elementos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma. Este último, se caracteriza porque, por una parte, consolidará una reducción del incremento de patrimonio del doble de aquélla a que tuviese derecho el sujeto pasivo, con arreglo al régimen anterior de este Real Decreto-ley, un límite temporal: 31 de diciembre de 1996; y, por otra, porque no reducirá las disminuciones de patrimonio. A ello deberá añadirse, de un lado, la corrección del valor de adquisición si el elemento se transmitiese a partir de 1997 y, de otro, el tipo de gravamen, que para 1996 será el vigente hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley, si bien limitando al 20 % el tipo aplicable a incrementos de patrimonio irregulares y que para las transmisiones que se efectúen a partir de 1 de enero de 1997 el tipo aplicable será el señalado para el nuevo sistema.
El segundo gran grupo de medidas tiene como objetivo el fomento y la liberalización de la actividad económica. Así, en materia de defensa de la competencia, resulta preciso dotar de mayor transparencia y agilidad al tratamiento de las conductas y prácticas restrictivas, modificándose a tal efecto la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, clarificando algunos aspectos de la misma.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 4/1991, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la progresiva adaptación del sector petrolero al marco comunitario, contemplaba la desmonopolización de la distribución de los gases licuados del petróleo. Al igual que en el caso anterior, la concentración de la logística primaria y de transporte en manos de la antigua titular de la gestión del Monopolio de distribución de los Gases Licuados del Petróleo (GLP), hoy Repsol Butano, Sociedad Anónima, dificulta el acceso a este mercado por parte de empresas competidoras. Por todo ello, el presente Real Decreto-ley establece que las instalaciones de recepción, almacenamiento y transporte propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad Anónima (CLH), de Repsol Butano, Sociedad Anónima y de Distribuidora Industrial, Sociedad Anónima (DISA) podrán ser utilizadas por terceros en condiciones no discriminatorias, transparentes y objetivas.
En su virtud, y a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros de Justicia, Industria y Energía, Trabajo y Asuntos Sociales y Administraciones Públicas previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución, dispongo:
MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER FISCAL.
MEDIDAS SOBRE FOMENTO DEL EMPLEO Y BENEFICIOS FISCALES EN LA SUCESIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES Y VIVIENDA HABITUAL.
El rendimiento neto de las actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá reducirse en un 15 % durante 1996.
5. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual o de participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el punto dos del apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, para obtener la base liquidable, se aplicará en la imponible, con independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los apartados anteriores, otra del 95 % del mencionado valor, siempre que la adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que, a su vez, falleciese el adquirente dentro de este plazo.
Del mismo porcentaje de reducción, con límite de 20 millones de pesetas por cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años, que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
MEDIDAS SOBRE ACTUALIZACIÓN DE BALANCES DE LAS EMPRESAS CON PAGO DE UN GRAVAMEN ÚNICO DEL 3 % SOBRE LAS REVALORIZACIONES DE ACTIVOS.
El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización se llevarán a la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, que formará parte de los fondos propios.
5. Los sujetos pasivos que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 3 % sobre el saldo acreedor de la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio. Este gravamen se ingresará conjuntamente con la declaración por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización.
El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades ni del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su importe se cargará a la cuenta Reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible de los tributos anteriormente referidos.
7. La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo previsto en los párrafos a y b del apartado anterior y el valor anterior a la realización de las operaciones de actualización de los elementos patrimoniales, teniendo en cuenta las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles, será el importe de la plusvalía debido a la depreciación monetaria. El importe resultante se abonará a la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, y sumado al valor anterior a la realización de las operaciones de actualización, teniendo en cuenta las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles, determinará el nuevo valor del elemento patrimonial actualizado.
8. El saldo de la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades ni del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
9. El saldo de la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio será indisponible hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración tributaria. Dicha comprobación deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de cierre del balance en el que consten las operaciones de actualización, en la forma que reglamentariamente se determine.
Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para realizar la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o, transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización, a reservas de libre disposición.
Dichas reservas darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos prevista en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
La aplicación del saldo de la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio a finalidades distintas de las previstas en el párrafo anterior, determinará la integración del mismo en la base imponible del período impositivo en el que dicha aplicación se produjo, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.
10. Las pérdidas habidas en la transmisión de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a los efectos de su integración en la base imponible, en el importe del saldo de la cuenta reserva de revalorización del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio correspondiente a dichos elementos. Dicho saldo será disponible.
MEDIDAS FISCALES URGENTES SOBRE TRIBUTACIÓN DEL AHORRO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Artículo 6. Modificación del artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 7. Modificación del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 8. Modificación del artículo 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 9. Modificación del artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 10. Modificación del artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 11. Modificación del artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 12. Modificación de la disposición transitoria quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 13. Incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley. Artículo 14. Tipo de gravamen de las rentas irregulares en 1996. TÍTULO II.
MEDIDAS URGENTES PARA LA LIBERALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA.
COMPETENCIA Y PRECIOS.
1. Se modifica el artículo 1, al que se le añade un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, al que se le añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
Dichos acuerdos adoptados por el Servicio de Defensa de la Competencia serán revisables ante el Tribunal de Defensa de la Competencia en los términos previstos en el artículo 47.
1. Queda suprimida la Junta Superior de Precios. Sus funciones en relación con los precios autorizados serán asumidas por la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo informe será preceptivo para la aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las modificaciones de precios detallados en el anexo 1. Se exceptúan los precios de la electricidad, cuyo informe compete a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, las tarifas telefónicas y de los servicios de telecomunicaciones determinados por la normativa del sector, cuyo informe compete a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que se crea por el Real Decreto-ley 6/1996, y el gas canalizado para usos domésticos y comerciales y gases licuados del petróleo (costes de comercialización), cuyo informe compete al Ministerio de Industria y Energía.
2. Las modificaciones de precios solicitadas se valorarán teniendo en cuenta la evolución de los costes del sector y las ganancias de productividad, en el marco del establecimiento de crecimientos máximos de los precios sectoriales formulados en términos de variaciones del I.P.C. minoradas en determinados porcentajes. Excepcionalmente podrán utilizarse técnicas alternativas, siendo necesaria su previa justificación ante el órgano competente para informar las modificaciones de precios.
3. Quedan liberalizados los precios autorizados de ámbito nacional que no han sido incluídos en el anexo 1 de este Real Decreto-ley.
4. La aprobación de los precios autorizados de ámbito autonómico contemplados en el anexo 2 compete a las Comisiones Autonómicas y Provinciales de Precios.
5. Los precios comunicados de ámbito nacional y autonómico incluidos en los anexos 2 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de febrero de 1993, que modifica el régimen de precios de determinados bienes y servicios, quedan eximidos de los correspondientes requerimientos.
6. Las competencias de la suprimida Junta Superior de Precios para desarrollar y mantener la información que permita el seguimiento permanente de los precios de los principales bienes y servicios en sus distintos niveles de comercialización quedan asumidas por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Hacienda.
7. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la aprobación de las variaciones de los precios incluidos en el anexo 1, así como la de dicha relación de precios.
1. Son Entidades de Capital Riesgo las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo.
2. Se considerarán Sociedades de Capital Riesgo (SCR) aquellas cuyo objeto social principal sea la promoción, mediante la toma de participaciones temporales en su capital, de empresas no financieras que no cotizan en el primer mercado de las Bolsas de Valores ni en ningún mercado secundario organizado y que no estén participadas en más de un 25 % por empresas que cotizan en dichos mercados o que tengan la consideración de entidad financiera.
3. Los Fondos de Capital Riesgo (FCR) son patrimonios administrados por una sociedad gestora, que tendrán el mismo objeto principal que el definido en el apartado anterior.
1. Las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo adecuarán su política de inversiones a los criterios expresamente establecidos en sus Estatutos o Reglamentos de Gestión, respectivamente.
2. En todo caso, deberán mantener, como mínimo, el 60 % de su activo en acciones y participaciones en el capital de las empresas que sean objeto de su actividad. Dentro de este porcentaje, podrán dedicar hasta 15 puntos porcentuales de su activo a cualquier fórmula de financiación a medio y largo plazo de las empresas participadas.
Hasta el 10 % de su activo en participaciones en el capital de empresas que no cumplan los requisitos exigidos en el artículo 12, apartado dos del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo.
Efectivo o valores a corto plazo de fácil realización.
En el caso de Sociedades de Capital Riesgo, hasta el 10 % de su capital social en elementos de inmovilizado necesarios para el desarrollo de su actividad.
3. Con independencia de lo anterior, las Entidades de Capital Riesgo no podrán invertir más del 15 % de su activo en una misma empresa, ni más del 35 % en empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por grupo de sociedades el definido en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
4. Las Sociedades de Capital Riesgo no podrán invertir en empresas pertenecientes a su grupo, tal y como se define en el artículo 4 antes citado de la Ley 24/1988.
5. Los porcentajes de los apartados 2 y 4 anteriores deberán alcanzarse por la Entidad de Capital Riesgo en el plazo de dos años desde su constitución o, en el caso de incumplimiento temporal de los coeficientes con ocasión de una desinversión, en el plazo de doce meses.
6. Reglamentariamente podrán establecerse limitaciones a la inversión en determinados tipos de activos, así como un coeficiente máximo de liquidez a mantener por estas entidades.
7. A los efectos de los porcentajes previstos en este artículo se habilita al Ministerio de Economía y Hacienda para determinar los conceptos que integran el activo de las Entidades de Capital Riesgo.
Las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, reguladas en el Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, disfrutarán de exención parcial por las rentas que obtengan en la transmisión de acciones y participaciones en el capital de las empresas a que se refiere el artículo 12 del citado Real Decreto-ley en que participen, según el año de transmisión computado desde el momento de la adquisición. Dicha exención será del 99 % a partir del tercer año y hasta el décimo incluido.
2. Artículo 21. Modificación de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de las Instituciones de Inversión Colectiva.
SERVICIOS FUNERARIOS Y SERVICIOS DE MATADERO.
Artículo 22. Liberalización de los servicios funerarios. Se liberaliza la prestación de los servicios funerarios.
Se modifica el apartado 3 del artículo 86, suprimiendo la mención servicios mortuorios.
Se modifica el apartado 1.c del artículo 26, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 25. Condiciones de acceso a las instalaciones. Artículo 26. Requisitos para la solicitud de utilización de las instalaciones. Artículo 27. Contrato de acceso a las instalaciones. Artículo 28. Comunicación de precios. Artículo 29. Limitación del acceso de terceros a las instalaciones. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Prórroga del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Coeficientes de actualización correspondientes a 1996. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Controladores laborales.
Hasta que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones esté en disposición de ejercer las funciones descritas en el apartado 1, del artículo 2, del Capítulo I del presente Real Decreto-ley, éstas serán asumidas de forma transitoria por la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario y entrada en vigor de determinados preceptos. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Real Decreto-ley.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Precios de ámbito nacional.
Precios de ámbito autonómico.
Artículos 25, 26, 27, 28 y 29:
Derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Artículo 20 (apdo. 2):
Derogado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14; Disposición adicional segunda:
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional nº 189/2005, de 7 de julio. (BOE nº 186 Suplemento, de 5 de agosto de 2005).
Redacción según Sentencia del Tribunal Constitucional nº 189/2005, de 7 de julio. (BOE nº 186 Suplemento, de 5 de agosto de 2005).
Redacción según Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Artículo 20 (apdo. e):
Redacción según Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Artículo 5:
La Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas fue derogada por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.
Convalidado por Resolución de 20 de Junio de 1996, del Congreso de los Diputados.
La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha sido derogada por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
LEY 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestorasLEY 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes BalearsLEY 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter PúblicoLEY 10/1996, de 18 de diciembre, de Medidas Fiscales Urgentes sobre corrección de la Doble Imposición Interna Intersocietaria y sobre Incentivos a la Internacionalización de EmpresasLEY 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2000REAL DECRETO 927/1998, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACION DE LOS TRANSPORTES TERRESTRESREAL DECRETO 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanísticaORDEN de 1 de diciembre de 1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 11 de noviembre de 1999, por el que se aprueba el programa de descuentos "Plan Europa 15" para el servicio telefónico de ámbito internacional, cursado a través de líneas individuales y accesos básicos de la Red Digital de Servicios Integrados de "Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal"ORDEN de 22 de septiembre de 1999 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 9 de septiembre de 1999 por el que se aprueba el programa de descuentos para el servicio telefónico cursado a través de líneas de acceso básico de la Red Digital de Servicios Integrados de "Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal"LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión EuropeaLEY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008RESOLUCION 6397/2007, de 12 de diciembre, de la Directora General de Empresa, por la que se aprueban las tarifas para el suministro de agua del Ayuntamiento de Etxalar para el año 2008Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las tarifas por prestación del servicio público de auto-taxi en Gijón y AvilésOrden 5/2008 de 21 de abril de 2008 por la que se aprueban las tarifas del servicio de auto-taxi del municipio de LogroñoAcuerdo de 22 de diciembre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los nuevos precios por prestación del servicio público de auto-taxi en Oviedo, Gijón y AvilésAprobación definitiva de creación y modificación de la tasa por servicio de cine y espectáculos municipales y otrasOrden 18/2009, de 13 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las tarifas del servicio de auto-taxi del municipio de LogroñoLEY 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010LEY 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011Orden nº 23/2011 de 9 de mayo de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueba la
modificación de los precios del transporte colectivo urbano
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