Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-162-2011-ap-madrid-sec-20-rec-807-2009-08-03-2011-10681901
Timestamp: 2017-10-23 00:47:03
Document Index: 248513560

Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'artículo 22', 'artículo 22', 'e contrario', 'artículo 526', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 394', 'artículo 398']

Sentencia Civil Nº 162/2011, AP - Madrid, Sec. 20, Rec 807/2009, 08-03-2011 | Iberley
Sentencia Civil Nº 162/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 20, Rec 807/2009 de 08 de Marzo de 2011
Sentencia Civil Nº 351/2015, AP - Madrid, Sec. 14, Rec 401/2015, 18-11-2015
Órden: Civil Fecha: 18/11/2015 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Garcia De Ceca Benito, Paloma Marta Num. Sentencia: 351/2015 Num. Recurso: 401/2015
Sentencia Civil Nº 397/2009, AP - Alicante, Sec. 9, Rec 1168/2008, 30-06-2009
Órden: Civil Fecha: 30/06/2009 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: Calvet Botella, Julio Num. Sentencia: 397/2009 Num. Recurso: 1168/2008
Sentencia Civil Nº 114/2016, AP - Malaga, Sec. 5, Rec 187/2015, 06-03-2016
Órden: Civil Fecha: 06/03/2016 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Hernandez Barea, Hipolito Num. Sentencia: 114/2016 Num. Recurso: 187/2015
Sentencia Civil Nº 160/2014, AP - Vizcaya, Sec. 5, Rec 193/2014, 30-09-2014
Órden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: Ap - Vizcaya Ponente: Cuenca Garcia, Leonor Angeles Num. Sentencia: 160/2014 Num. Recurso: 193/2014
Sentencia Civil Nº 83/2008, AP - Alicante, Sec. 5, Rec 352/2007, 14-02-2008
Órden: Civil Fecha: 14/02/2008 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: Ubeda Mulero, Jose Luis Num. Sentencia: 83/2008 Num. Recurso: 352/2007
Resolución Vinculante de DGT, V2056-13, 19-06-2013
Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 19/06/2013
Núm. Resolución: V2056-13
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 20/01/2014
Ponente: Martinez Montero De Espinosa, Purificacion
Núm. Sentencia: 162/2011
Núm. Recurso: 807/2009
Núm. Cendoj: 28079370202011100062
SENTENCIA: 00162/2011
Rollo: RECURSO DE APELACION 807 /2009
En MADRID, a ocho de marzo de dos mil once.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 899/2008 , procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 38 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 807/2009, en los que aparece como parte apelante Ángeles , representado por el procurador D. NAVARRO CERRILLO VIRGILIO, y como apelado Pedro Enrique , representado por el procurador D. ROBERTO DE HOYOS MENCIA, sobre reclamación de cantidad, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª PURIFICACIÓN MARTÍNEZ MONTERO DE ESPINOSA.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid, en fecha 6 de mayo de 2.009, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Uno.- con estimación de la demanda interpuesta por don Pedro Enrique , representado por el procurador don Roberto de Hoyos Mencía, contra doña Ángeles , representada por el procurador don Virgilio Navarro Cerrillo; Dos.- condeno a doña Ángeles al pago de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.941,20) de principal, así como al pago del interés legal sobre dicho principal desde la presentación de la demanda el día 28.5.2008, y, desde la fecha de la presente sentencia, de los intereses de la mora procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; Tres.- ello, sin perjuicio de tener en consideración, a efectos de eventual ejecución de sentencia, que la demandada abonó en 23.4.2009, el importe antes expresado de 2.941,20 euros ante el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid, importe recibido por don Pedro Enrique ; Cuatro.- por último, condeno a la demandada al pago de las costas.".
No se aceptan los de la sentencia recurrida en todo aquello que contradicen a los siguientes
PRIMERO .- Para una mejor compresión de lo resuelto se han de dejar fijados los siguientes hechos, que aparecen plenamente acreditados en autos por la prueba documental obrante en los mismos:
1º.- Por el actor Don Pedro Enrique se dirigió demanda contra la Comunidad de propietario del número NUM000 de la CALLE000 de Madrid, de la que es comunera la aquí demandada, dictándose sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número 19 de los de Madrid, el día 3 de noviembre de 2006, por la que se condenó a la expresada Comunidad al pago de 15.600,80 euros en concepto de indemnización por traslado de muebles y enseres, así como 168.656,50 euros en el de daños.
2º.-Por el actor se solicitó la ejecución provisional de la mencionada sentencia, al margen del recurso de apelación interpuesto por la Comunidad, haciéndose entregas a cuenta por parte de la misma, pero que no cubrían el importe de la condena.
3º.- Como se ha dicho, contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, que se sustanció ante la Sección 14ª de esta Audiencia Provincial, dictándose sentencia el día 30 de junio de 2008 por la que se estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el actor, así como por la Comunidad, quedando incrementada la condena por traslado a 34.231,60 euros, y reducida la condena por daños a 112.437,66 euros.
4º.- Por el actor se presentó escrito de aclaración o complemento de la referida sentencia, que se resolvió por auto de fecha 30 de octubre de 2008 por la que se acordó suplir el pronunciamiento omitido, en el sentido de que sí se había preparado en forma el recurso de apelación por la Comunidad, por lo que sí se podía entrar a conocer del fondo del mismo.
5º.- Contra la expresada sentencia se preparó recurso de casación por el actor, que luego no interpuso, dictándose auto el día 13 de abril de 2009 por el que se declaró desierto.
6º.- Mientras tanto, y al no poderse obtener el pago del importe de la condena en la ejecución provisional, por el actor se promovió, el día 28 de mayo de 2008, la demanda que aquí nos ocupa por la que reclamaba el pago de 6.523,66 euros; importe que entendía debía satisfacer la aquí demandada en virtud del coeficiente de participación que le correspondía en la expresada Comunidad.
7º.- La demandada fue emplazada el día 1 de septiembre de 2008 y contestó a la demanda el día 29 del mismo mes y año, celebrándose la audiencia previa el día 17 de diciembre de 2008, dictándose auto día 19 siguiente por el que se acordó la suspensión del procedimiento por litispendencia.
8º.- Tras la firmeza de la anterior sentencia se alzó la suspensión y se celebró nueva audiencia previa el día 5 de mayo de 2009, en la que el demandante interesó la continuación del juicio por los intereses devengados y las costas, aun cuando la demandada había consignado el 23 de abril de 2009 el principal en el otro procedimiento; pretensión a la que se opuso la demandada por estimar que debía aplicarse el artículo 22 de la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil .
9º.- Por el Juez "a quo" se ha dictado sentencia por la que se ha estimado la demanda y ha condenado a la demandada al pago de 2.941,20 euros de principal, intereses legales y costas, en base a la acción subsidiaria contemplada en el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal , sin perjuicio de que en ejecución de sentencia se tenga en cuenta la consignación efectuada en el otro procedimiento seguido contra la Comunidad.
10º.- Contra dicha resolución se ha alzado la parte demandada en base a los siguientes motivos: 1º.- insiste en que, cuando se volvió a señalar la audiencia previa, ya había satisfecho la cantidad reclamada y, por tanto, el juicio había quedado sin objeto, procediendo el archivo sin imposición de costas, y 2º.- la cantidad inicialmente reclamada era muy superior a la finalmente concedida, razón por la que no puede ser condenada al pago de intereses, que no se habían devengado; terminando suplicando que recayese sentencia por la que se revocase la apelada y se dictase otra conforme a lo solicitado en su escrito de contestación a la demanda, absolviéndola de sus pedimentos y con imposición de las costas causadas a la parte actora.
11º.- El recurso ha sido expresamente impugnado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, que estima no desvirtuados por las alegaciones de la parte apelante; insistiendo en que cuando se promovió la demanda no había satisfecho cantidad alguna, por lo que es correcta la condena al pago de los intereses hasta el momento de la consignación, así como la imposición de las costas causadas en la primera instancia.
SEGUNDO .- Centrado en los precedentes términos el objeto del recurso, el mismo debe ser acogido por las razones que, seguidamente, pasaremos a exponer.
El demandante, antes de que se pusiera fin por sentencia firme en el otro procedimiento, decidió solicitar su ejecución provisional conforme la Ley le faculta. Ahora bien, como claramente establece el artículo 526 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , se trata de una facultad o beneficio que la Ley le confiere a quien haya obtenido una sentencia a su favor en primera instancia; pero sin olvidar que los pronunciamientos que contiene no son de carácter firme y están sometidos a revisión por el tribunal competente.
El artículo 22 de la Ley de Propiedad horizontal establece que la comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a los terceros con todos los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho.
Quiere ello decir que, en el caso que nos ocupa, el actor, sin que exista un pronunciamiento judicial firme que declare a la comunidad demandada responsable de los daños y perjuicios que le reclamaban en el otro procedimiento, y sin dirigir su acción en él contra la propietaria aquí demandada, ha procedido a iniciar en este procedimiento una acción basada en un crédito inexistente, en la medida en que el pronunciamiento condenatorio dictado en el otro procedimiento está sometido a revisión y no puede producir los efectos de la cosa juzgada. Buena prueba de ello es que, dictada sentencia por la Audiencia Provincial, se revocó parcialmente la recaída en primer instancia y, en conjunto, se redujo la condena inicialmente impuesta a la Comunidad.
Es decir, el actor, en el momento de interponer la demanda que aquí nos ocupa el día 28 de mayo de 2008, carecía de acción contra la demandada, al no existir pronunciamiento condenatorio de carácter firme por el que se declarase la responsabilidad de la misma y se cuantificase el importe de la indemnización a que, en su caso, hubiere lugar, puesto que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial lo fue el 30 de junio de 2008, con independencia de todas las demás vicisitudes procesales posteriores a las que ya se ha hecho mención. Es más, el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal no se está refiriendo a un nuevo procedimiento en el que se ejercite la acción subsidiaria contra el propietario; sino que contempla la acción subsidiaria ejercitada en el mismo procedimiento contra la comunidad y los copropietarios, cosa que allí no se hizo y, por ello, es por lo que está promoviendo este nuevo pleito, pero para cuya viabilidad es necesario que exista una sentencia firme de condena a la Comunidad, por la que se determine que ésta es efectivamente responsable y en qué medida; no bastando para ello la existencia de una mera ejecución provisional, que se trata, como se ha dicho, de una facultad del actor, pero sólo y exclusivamente frente a quien en dicho procedimiento ha resultado provisionalmente condenado.
Consecuentemente con lo expuesto, el recurso debe ser acogido y revocada la sentencia apelada para dictar otra por la que se sobresea y archive el procedimiento por falta de acción de la parte actora.
TERCERO .- El sobreseimiento y archivo del procedimiento por falta de acción comporta la imposición de las costas causadas en la primera instancia al demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .
CUARTO .- Como se acoge el recurso, no se efectúa especial pronunciamiento sobre costas en esta alzada, por lo que cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad, a tenor de lo establecido en el artículo 398.2 de la citada Ley Procesal .
SE SOBRESEE el procedimiento número 899/08 seguido a instancia de Don Pedro Enrique ante el juzgado de primera instancia número 38 de Madrid contra Doña Ángeles , por falta de acción, con imposición de las costas causadas en la primera instancia a la parte actora; procediéndose al archivo del mismo y sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas originadas en esta alzada a ninguna de las partes