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Timestamp: 2018-03-19 06:47:06
Document Index: 398718362

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 15', 'artículo 4', 'Artículo 3']

Reforma de ART: Disminución de la “litigiosidad laboral” o avasallamiento de las instituciones Comunidad BsAs
Por Frente de Abogados Nuevo Encuentro Ciudad de Buenos Aires
Recientemente el gobierno nacional aprobó a través de un decreto de necesidad y urgencia una reforma al régimen de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), con el supuesto objetivo de disminuir lo que ellos denominan como “litigiosidad laboral”. Pero en lugar de atacar las causas de la problemática y llevar adelante una estrategia integral de prevención de los accidentes de trabajo, el macrismo ha preferido bloquear el acceso a la justicia de quienes padecen los siniestros, para incrementar la rentabilidad de las empresas aseguradoras.
INCONSTITUCIONALIDAD EN LAS FORMAS
El Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) publicado en el Boletín Oficial el 20/1/2017, en primer lugar, altera las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes. De acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, las leyes sólo pueden ser modificadas a través de otras leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Así lo dispone en su artículo 99, inciso 3°:
“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Siendo entonces adecuado recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3, del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el marco del uso de las facultades regladas en la Ley N° 26.122.”
Dicha norma prevé el procedimiento y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Claramente, las razones que el Poder Ejecutivo esgrime para eludir el trámite parlamentario mal cumplen los requisitos de necesidad y urgencia establecidos en el artículo mencionado precedentemente. Lo que se hace mediante la presente sanción es, en primer lugar, dañar nuestro sistema republicano de gobierno. No será la primera ni la última vez que el presidente Macri utiliza dicha herramienta salteando al Congreso de la Nación, ejerciendo un hiperpresidencialismo.
Resulta a todas luces absurda la expresión “la Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ley igual al del presente decreto”; toda vez que, tal como lo establece nuestro sistema de gobierno, ninguna norma se encuentra sancionada hasta que ambas cámaras la aprueban. Por otra parte, más ridículo aún resulta que se justifique la sanción del DNU en cuestión argumentando que esperar los tiempos habituales para su aprobación en la cámara de Diputados supondría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno e impediría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida. Ahora bien, no es cierto que esperar para realizar la reforma como se debe, por el Congreso de la Nación, vaya a dificultar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿cuál es el real objetivo buscado mediante la sanción de la presente norma mediante DNU?
En el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un dictamen sentando un precedente:
“El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
Por lo detallado precedentemente, el decreto en cuestión es a todas luces inconstitucional desde su origen. Por otro lado, el uso de los DNU para sortear el normal dictado de leyes por el Congreso Nacional sólo se justifica en caso de que en el país existan situaciones excepcionales, como una crisis extrema, que impidan el normal funcionamiento del Congreso, circunstancia que, claramente, no se da en el presente; y con el agravante de que la norma ya había sido sancionada por el Senado y que el mismo ya la había elevado a la Cámara revisora de Diputados para su tratamiento.
NECESIDAD Y URGENCIA POR BENEFICIAR A LOS GRUPOS CONCENTRADOS
Ante esta situación nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la real urgencia de su repentina sanción?
La respuesta es la de siempre: beneficiar a los grupos concentrados, en este caso las A.R.T., compañías de seguros con ganancias exorbitantes, cuyo costo por la mal llamada litigiosidad laboral es ínfimo.
En dicho sentido, nótese que en la Argentina suceden por año en el sector formal, de acuerdo con verificaciones realizadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, alrededor de 660.000 accidentes y enfermedades laborales. Del total de trabajadores incluidos en esta cifra, un porcentaje incierto queda con incapacidad permanente definitiva que da lugar a reparación en algunos casos reconocidos por el sistema (ART y CCMM) y en otros casos negados, lo cual de por sí origina conflictos y litigiosidad judicial. Sin embargo, el presente decreto nada dice de la cantidad de siniestros y enfermedades laborales que se producen al año; de los cuales un porcentaje incierto, no determinado finaliza el período de incapacidad temporaria y alcanza el carácter de incapacidad permanente definitiva, situación que admite una reparación monetaria (reconocida por el sistema: ART y CCMM) y en otros casos se desestima, o las indemnizaciones otorgadas se consideran insuficientes. Dichas circunstancias son tan sólo las que se resuelven en sede judicial.
Por otra parte, la urgencia repentina guarda relación con la obsesión de sancionar la presente norma a como dé lugar. El Poder Ejecutivo temía que la presente norma no traspasase la valla de la Cámara de Diputados o que la misma sufriera modificaciones estructurales que no beneficiaran a los amigos de siempre: los poderosos.
Es mentira que el decreto se sancionó con la intención de beneficiar a los trabajadores, siendo que lo que el gobierno debería haber hecho, si realmente esa fuera su intención, es modificar la ley en cuanto a la prevención laboral, circunstancia que claramente no se regula en este decreto y que delega a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; es decir no importa realmente el trabajador, su salud, la prevención, el control; solo importa la rentabilidad del sistema.
En cuanto a la norma en concreto, la misma propone modificar el viejo régimen de comisiones médicas haciendo alusión a que mediante el presente se da cumplimiento con lo que la Corte dispuso en el precedente Castillo donde se declaró la inconstitucionalidad de la federalización del sistema.
Ahora bien, el decreto nada dice sobre el hecho de que la Corte, en diversos precedentes, también ha declarado la inconstitucionalidad de las comisiones médicas como instancia obligatoria por las cuales el trabajador tiene que pasar antes de iniciar un proceso judicial. Es decir, se vuelve a imponer un procedimiento que ya ha sido objeto de análisis constitucional y sobre el cual nuestro máximo tribunal decidió que era una vara que no debía traspasarse.
La clave de bóveda del DNU se sintetiza en los siguientes aspectos:
1) La reinstalación como instancia obligatoria previa y excluyente de las Comisiones Médicas a las que los damnificados deben recurrir para reclamar sus prestaciones ante las ART u homologar acuerdos, que ahora tienen el carácter de cosa Juzgada en los términos del artículo 15 de la LCT;
2) Se llega al absurdo al imponer esta vía a quienes elijan el reclamo por la vía civil, conforme la opción del artículo 4° de la ley 26773;
3) Se restringe el acceso libre y directo a la justicia laboral, lo cual implica un viraje regresivo a los orígenes de la ley 24557 de 1995, declarada inconstitucional por la Corte Suprema;
4) Agravado todo ello, por cuanto discriminatoriamente se priva al trabajador del derecho de optar y, en consecuencia, demandar también a los obligados del sistema en sus domicilios legales tal como rige en las leyes procesales laborales vigentes en las diferentes jurisdicciones (v. gr. Art. 24 de la Ley 18345) y como se admite para el resto de los habitantes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Artículo 3º). Todo ello está destinado a prohibir la acción ante la Justicia del Trabajo con sede en la C.A.B.A., donde tiene su domicilio legal la mayoría de las ART.
No menos importante es analizar la circunstancia de que las ART, en la mayoría de los casos, deniegan prestaciones a un trabajador que sufrió un infortunio alegando que no debe ser considerado como accidente de trabajo o desconociendo las enfermedades profesionales argumentando que las mismas son preexistentes.
Las razones y materias legisladas por el DNU no son de urgencia y bien podía el gobierno, si realmente consideraba la presente situación de real urgencia, recurrir a convocar sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, como ya lo ha hecho en diciembre de 2016 para que, justamente, el Senado sancionara la reforma de la ley de riesgos enviada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, eligió el camino más sencillo, ya que temía que la presente norma no fuera sancionada por la Cámara de Diputados con todos los puntos y comas que el presente decreto posee.
Claramente, el Presidente está violando el art. 99.3 de la Constitución Nacional al modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia una ley que sólo puede ser modificada por otra norma de igual rango dictada por el Congreso. Es decir, el decreto en análisis en vez de cumplir con su objetivo (disminuir la litigiosidad); lo que va a generar es una catarata de procesos judiciales donde se plantee su inconstitucionalidad desde la metodología de sanción de la norma hasta el contenido completo del mismo.
Como siempre, el actual Presidente busca saltear al Congreso, impidiendo su funcionamiento, anulándolo por completo cuando sus deseos no son cumplidos tal como él quiere para beneficiar a los sectores concentrados de la economía, a los que más tienen, dejando en último lugar a los más desprotegidos, en este caso mofándose de los trabajadores y anulando su derecho de acceder a la justicia.