Source: https://www.scribd.com/document/3822233/DIH-frente-violencia-belica-Perez
Timestamp: 2017-09-20 14:54:40
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DIH frente violencia bélica Perez
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO FRENTE A LA VIOLENCIA BELICA: UNA APUESTA POR LA HUMANIDAD EN SITUACIONES DE CONFLICTO
Manuel Pérez González Catedrático de Derecho Internacional Público Director Adjunto del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (CEDIH)
1. La realidad de la guerra. 2. La respuesta del Derecho. 3. El Derecho internacional humanitario y la salvaguardia de la persona en caso de conflicto armado. 4. Los rasgos esenciales del Derecho internacional humanitario: A) Los perfiles normativos. B) Los principios de base. C) Otros principios. 5. El desarrollo progresivo del Derecho internacional humanitario: A) Hitos en la evolución del Derecho internacional humanitario. B) La violencia intraestatal ante el Derecho. 6. A modo de epílogo: la quintaesencia de las reglas de Derecho humanitario aplicables en cualesquiera situaciones de violencia bélica. Bibliografía.
1. La realidad de la guerra.
Ni la vigencia del principio de la prohibición del recurso a la fuerza en el Derecho internacional de nuestros días, ni los esfuerzos colectivos por erradicar la violencia en las relaciones intersociales —en el doble plano intraestatal e internacional—, han conseguido liberar a la humanidad del azote de la guerra. Siguen estando presentes en el Mundo las diversas causas que son fuentes de conflictos a menudo cruentos: la disputa por los recursos, las reivindicaciones territoriales, 1a conflictividad social provocada por las grandes diferencias en e1 nivel de desarrollo de los individuos y de los grupos, la pugna ideológico-política, la intolerancia religiosa, el odio racial o étnico, los graves abusos del poder establecido que conllevan la supresión de los derechos humanos más fundamentales, los nacionalismos exacerbados... Causas todas ellas a las que la comunidad internacional debe enfrentarse ante todo con un enfoque preventivo, desarrollando actuaciones orientadas a acabar con las injusticias sociales, promover el desarrollo y la democratización y hacer
prevalecer un espíritu de tolerancia sobre las fobias y las exclusiones que provocan toda suerte de tensiones. Diversas razones, no obstante, dificultan que ese enfoque preventivo —que responde en definitiva a un “planteamiento holístico de la seguridad” cuyo objetivo es la consolidación preventiva de la paz abordando los factores económicos y sociales que influyen en ésta (KOFI A. ANNAN)— alcance el grado de eficacia deseado, de modo que, ante la inevitabilidad de los conflictos, se hace perentorio garantizar, por las vías que sean —internacionales o internas—, el respeto de las reglas básicas de humanidad aplicables en cualesquiera situaciones de violencia bélica; situaciones que al día de hoy se presentan en su mayor parte como conflictos armados sin carácter internacional.. En efecto, según el estudio que en su Anuario del año 2000 hace el S.I.P.R.I. (Stockholm International Peace Research Institute) sobre la situación de los conflictos armados en el Mundo, a lo largo del año 1999 se desarrollaron o siguieron desarrollándose 27 conflictos armados importantes (“major armed conflicts”) en 25 países, de los cuales sólo dos (Eritrea-Etiopía, India-Pakistán) tienen carácter interestatal. Por conflicto armado
“importante” entiende el S.I.P.R.I. aquél que implica el uso de la fuerza armada entre las fuerzas militares de dos o más gobiernos, o de un gobierno y al menos un grupo armado organizado, a resultas del cual se producen muertes directamente relacionadas con los combates de al menos 1000 personas a lo largo de un año. Aceptando en principio esta definición a efectos prácticos —fuera, pues, de toda connotación jurídica—, se puede verificar con el S.I.P.R.I. que, de esos 27 conflictos activos en 1999, 11 se desarrollaban en África, 9 en Asia, 3 en el Oriente Medio, 2 en Europa y 2 en América del Sur. Casi todos ellos son conflictos internos (Angola, Burundi, Guinea-Bissau, Ruanda, Somalia, Sudán, Afganistán, Chechenia, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Perú... ), si bien en algunos casos se produce una intervención extranjera (el Congo, Sierra leona, Timor Oriental, Kosovo). Una buena parte de ellos son prolongados (17 han venido estando activos durante al menos ocho años) o recurrentes (4 casos). Sigue habiendo, pues, guerras en el Mundo, y los conflictos armados siguen cobrándose víctimas y siguen siendo la causa principal de desplazamientos masivos de población dentro o hacia fuera de las fronteras de los Estados sacudidos por el conflicto, con la secuela de millones de refugiados y desplazados —pensemos en América Central o, más
recientemente, en diversos países de África— y de daños catastróficos que, a la salida del conflicto, hacen poco menos que imposible la reconstrucción de la vida colectiva. Y es de resaltar el hecho de que en la mayoría de los conflictos actuales las principales víctimas son las personas civiles, que corren el riesgo de perder la vida o de ser mutiladas en el curso de los combates, y a menudo se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen, convirtiéndose en desarraigadas. Para el total de las víctimas de la guerra (muertos, heridos y desarraigados), de cada diez nueve son civiles, siendo los grupos más débiles de la sociedad —entre ellos los niños, con frecuencia utilizados como soldados en las “guerras de los pobres”— los que más sufren las consecuencias de los enfrentamientos bélicos. En su “Informe del Milenio” (‘Nosotros los pueblos’. La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI), el Secretario General de las Naciones Unidas KOFI A. ANNAN advierte cómo las principales amenazas para la paz y la seguridad internacionales provienen hoy, más que de las agresiones externas, de los conflictos intraestatales, produciéndose numerosas víctimas en guerras civiles, campañas de depuración étnica y actos de genocidio en que se usan armas que se pueden adquirir fácilmente en el bazar mundial de los armamentos (párrafo 31); y añade que, pese a la existencia de numerosos convenios internacionales que tienen por objeto proteger a los sectores vulnerables, continúa e1 tratamiento brutal de los civiles en los conflictos armados, siendo con frecuencia los Estados los principales perpetradores de actos de violencia contra los propios ciudadanos que el Derecho humanitario les pide que protejan, si bien los combatientes que no son Estados, en particular en los Estados que se han destruido, suelen a su vez pasar por alto o despreciar el Derecho humanitario (párrafos 209 y 210).
2. La respuesta del Derecho.
Ante espectáculo tan desolador, la comunidad internacional ha ido tomando
conciencia y procurado dar una respuesta por medio del Derecho. Ante todo, el Derecho internacional se preocupa por establecer las condiciones en que les es licito a los Estados el recurrir a la fuerza armada (ius ad bellum). Apuntemos aquí tan sólo que, en este terreno, ha llegado a consolidarse en el Derecho internacional positivo el principio que prohibe el recurso a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas (artículo 2 párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas). Y si bien los gobiernos, sobre todo los de algunas grandes potencias, son propensos a buscar excepciones nuevas a este principio —así, en el caso de intervenciones unilaterales presuntamente basadas en razones humanitarias—, la Carta de las Naciones Unidas sólo reconoce como legítimas las excepciones de legítima defensa (artículo 51) y de acción colectiva en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión (capítulo VII —artículos 39 y siguientes—). Por otro lado, y teniendo en cuenta que la vigencia del principio de prohibición de la fuerza en las relaciones internacionales no excluye la posibilidad de hacer uso de ella, en los supuestos cubiertos por esas excepciones —pudiendo hablarse en este sentido de guerras “legales”, esto es, de usos de la fuerza justificados—, el Derecho internacional procura controlar la guerra poniéndole frenos normativos a fin de limitar sus efectos devastadores (ius in bello), sometiéndola, en definitiva, a reglas de humanidad. Tales reglas conforman el llamado Derecho internacional humanitario, uno de los grandes sectores del Derecho internacional que, inspirado en la noción ética de humanidad — igual que el Derecho internacional de los derechos humanos, con el que guarda estrecha relación (ver infra, )—, aspira a proteger a la persona en toda situación de conflicto armado, tenga éste carácter internacional o interno. Tradicionalmente se ha venido distinguiendo, dentro de un concepto lato de Derecho internacional de los conflictos armados, dos conjuntos de reglas: aquéllas que tienen por finalidad regular la conducta de los beligerantes durante las hostilidades (Derecho de La Haya o Derecho de la guerra en sentido estricto) y aquellas otras que están orientadas específicamente a proteger a las víctimas de la guerra —personas que no participan en las hostilidades o que por cualquier motivo han dejado de participar en ellas, hállense o no en poder de la parte adversa— (Derecho de Ginebra o Derecho humanitario propiamente dicho). Resulta en principio posible y aun fácil identificar las reglas pertenecientes a uno y otro conjunto. Así, la regla contenida en el artículo 27 del cuarto Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, pertenece a1 Derecho de Ginebra o Derecho humanitario en sentido propio, disponiendo entre otras cosas que las personas protegidas —hállense en los territorios de las partes contendientes o en los territorios ocupados— “tienen derecho, en cualquier circunstancia, al respeto a su persona, a su honor, a
sus derechos familiares, a sus convicciones y prácticas religiosas, a sus hábitos y a sus costumbres”, y “deberán ser tratadas, en todo momento, con humanidad y especialmente protegidas contra cualquier acto de violencia o intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública”. Por su parte, la regla recogida en el artículo 22 del Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre anejo al cuarto Convenio de La Haya de 1907, pertenece a1 Derecho de La Haya o Derecho de la guerra stricto sensu, al sentar el principio de que “los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo”, principio del que deriva la prohibición de recurrir a determinados métodos o medios de combate considerados ilícitos. Ahora bien, las reglas de uno y otro tipo están tan estrechamente relacionadas entre sí, que hoy en día tiende a superarse esa dicotomía Derecho de La Haya-Derecho de Ginebra. No en vano un básico instrumento convencional perteneciente al Derecho de Ginebra —o sea, a1 Derecho humanitario en sentido propio—, el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 1977, incorpora en su artículo 35 el principio recogido en e1 artículo 22 del Reglamento de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, establece prohibiciones específicas de recurrir a ciertos métodos y medios de guerra (por ejemplo, el uso de armas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios), y sienta el esencial principio que ordena a las partes en conflicto hacer distinción entre población civil y combatientes, por una parte, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, por otra (artículo 48 del Protocolo). Y es que no cabe duda de que estas reglas procedentes del Derecho de La Haya tienen una indudable connotación humanitaria —proteger mejor a las personas involucradas en el conflicto, combatientes y víctimas de la guerra—; razón por la cual el Tribunal Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 8 de julio de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, ha podido decir que “esas dos ramas del Derecho aplicable en casos de conflicto armado [el Derecho de La Haya, y el Derecho de Ginebra] han llegado a estar tan relacionadas entre sí que se considera que poco a poco se han convertido en un régimen complejo único, conocido actualmente como Derecho internacional humanitario”, reflejando precisamente las disposiciones de los dos Protocolos adicionales de 1977 la unidad y 1a complejidad de ese Derecho (párrafo 75 de la opinión consultiva).
3. El Derecho internacional humanitario y la salvaguardia de la persona en caso de conflicto armado.
Así pues, el Derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados se concibe en la actualidad como un vasto conjunto normativo que persigue controlar jurídicamente el fenómeno bélico —reglamentando los métodos y medios de combate, distinguiendo entre personas y bienes civiles y objetivos militares, protegiendo a las víctimas y a quienes las asisten— , con vistas a limitar en la mayor medida posible los ingentes males que el mismo causa a los seres humanos. El Derecho internacional humanitario así concebido, aun teniendo un origen esencialmente consuetudinario —la práctica derivada de los usos de la guerra, basada sobre todo en la experiencia de las fuerzas contendientes—, ha recibido a lo largo del tiempo, y en concreto a partir del Convenio de 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña, un extenso desarrollo convencional, en los dos planos del Derecho de Ginebra y del Derecho de La Haya. Bien entendido que, con independencia de ese desarrollo, resultan de perentoria aplicación unas reglas básicas —que el Tribunal Internacional de Justicia, en su sentencia de 27 de junio de 1986 sobre el fondo del asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ve enunciadas en e1 artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra— que constituyen un mínimo normativo aplicable a cualquier tipo de conflictos armados. Esto significa que el Derecho internacional general asegura en todo caso una protección humanitaria básica, indispensable, a las personas en tiempo de conflicto armado, protección que aparece normativamente expresada en la llamada “cláusula De Martens'' inserta en diversos textos convencionales del Derecho de la guerra (preámbulo del Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, en sus dos versiones de 1899 y 1907) y del Derecho internacional humanitario (artículo 1 párrafo 2 del Protocolo adicional I de 1977), en virtud de la cual, en los casos no previstos en dichos textos, las personas quedan bajo la protección y el imperio de los principios del Derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. En lo que concierne al Derecho escrito de naturaleza convencional, esto es, el plasmado en tratados internacionales, el núcleo de la regulación está constituido, en parte
principal, por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y por los dos Protocolos adicionales de 1977 a dichos Convenios (ver infra, ). Con respecto a aquéllos, hoy no se plantea ya la cuestión de la eventual aplicación de las normas contenidas en ellos a título distinto del convencional, esto es, en cuanto Derecho consuetudinario, dada la vigencia universal de los mismos. En cuanto a los dos Protocolos adicionales de 1977 (a los que habría que añadir el ya citado Reglamento de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre en cualquiera de sus versiones de 1899 y 1907), pese a que su ámbito de aplicación subjetivo es más restringido, pues no obligan a todos los Estados aunque sí a una mayoría cada vez más amplia, incluyen sin duda disposiciones —aquellas que hacen referencia a los actos que constituyen infracciones graves del Derecho internacional humanitario y que en cuanto tales lesionan derechos de la persona de carácter esencial— cuya vigencia no depende de su acuñación convencional. En cualquier caso, el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe de 1993 relativo a la decisión del Consejo de Seguridad de crear un Tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991, ha podido decir que “una parte importante del Derecho convencional humanitario ha pasado a formar parte del Derecho internacional consuetudinario” (párrafo 33 del informe), incluyendo entre las reglas convencionales que fuera de toda duda han venido a integrar este Derecho las relativas a las infracciones graves de los Convenios de 1949 y a la violación de las leyes y costumbres de la guerra tal como figuran enunciadas en el cuarto Convenio de la Haya de 1907. Teniendo en cuenta e1 carácter básico que desde la óptica de la protección de la persona humana tienen esas normas, y sin perjuicio de que se inste a los Estados que aún no lo hayan hecho a que se incorporen a los principales tratados internacionales de Derecho humanitario, incluidos algunos relativos a la prohibición de ciertos tipos de armas —según la solicitud que en este sentido les dirigen tanto el C.I.C.R. como la Asamblea General de las Naciones Unidas—, se hace necesario asegurar, en el plano internacional y en el plano interno, su efectiva aplicación. Sobre todo si se considera 1a naturaleza de Derecho internacional imperativo (ius cogens) que poseen en su mayor parte dichas normas, lo que se expresa, entre otras cosas, en el hecho de quedar sustraída su aplicación a la lógica de la reciprocidad —el respeto de ciertas normas humanitarias básicas no queda supeditado a que el adversario las respete por su parte— y en el hecho de generar obligaciones erga omnes, esto es, frente a todos, que en cuanto tales excluyen la posibilidad de prescindir de su acatamiento
incluso si las personas protegidas manifestaran la intención de renunciar a los derechos correlativos a esas obligaciones (cfr. el artículo 7 de los tres primeros Convenios de 1949 y e1 artículo 8 del cuarto Convenio).
4. Los rasgos esenciales del Derecho internacional humanitario.
A) Los perfiles normativos. No cabe duda de que el Derecho (internacional e interno) de los conflictos armados aparece inspirado, en toda su evolución, por una serie de consideraciones centradas en la necesidad de poner límites y condiciones al empleo de la violencia bélica, algo a lo que ya HUGO GROCIO se había referido en su obra De iure belli ac pacis bajo la acertada expresión de “temperamenta in bello”. De ahí que desde los albores de la disciplina del ius in bello, en su originaria expresión consuetudinaria y en las sucesivas fases de su codificación, ha estado presente, y sigue estándolo, una tensión entre la necesidad militar y las restricciones en la conducta de los beligerantes derivadas de consideraciones humanitarias. Como THOMAS MERON ha podido advertir, en tanto la necesidad militar era en el origen el factor dominante, con el tiempo fue creciendo en importancia el principio de las restricciones humanitarias (“humanitarian restraints”). En el fondo, la progresiva reducción de las disparidades entre el Derecho de La Haya —basado en parte todavía en las exigencias militares y en la conservación del Estado (JEAN PICTET)— y el Derecho de Ginebra va de la mano de la creciente significación del principio de humanidad como eje de un sistema normativo orientado a mitigar los efectos de la guerra limitando, entre otras cosas, la elección de los métodos y medios de combate en función de una mejor protección de las víctimas de la guerra, particularmente de las personas civiles y, en un plano más general, de las poblaciones civiles (precisamente en este punto los Protocolos adicionales de 1977 han venido a completar los Convenios de 1949 reforzando la protección de las personas y de las poblaciones civiles con normas que amplían el espectro de personas protegidas —incluyendo a los heridos, enfermos y náufragos civiles y al personal sanitario civil—, prohiben los ataques indiscriminados o los dirigidos como represalia contra la población civil, dispensan una protección especial a los servicios de protección civil y a las acciones de socorro a la población civil, etc. ).
Ya la Declaración de San Petersburgo de 1868 para la prohibición de la utilización de ciertos proyectiles en tiempo de guerra —susceptible de ser incluida dentro del Derecho de La Haya— respondía a la finalidad de fijar los límites técnicos en que las necesidades de la guerra deben detenerse ante las exigencias humanitarias, considerando en este sentido que el objetivo legítimo de debilitar las fuerzas militares del enemigo resultaría sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de las personas puestas fuera de combate o harían su muerte inevitable, de modo que dicho empleo sería contrario a las “leyes de humanidad”. A su vez, el entero régimen de los Convenios de 1899 y 1907, centrado en la conducción de las hostilidades, respondía en el fondo a una preocupación por humanizar la guerra al intentar limitar los comportamientos más inhumanos de los beligerantes. Preocupación ésta de la que vendría a hacerse eco el Tribunal Internacional de Justicia en su ya citada sentencia de 1986 (Nicaragua contra Estados Unidos) al apreciar que la colocación de minas, sin advertencia ni notificación y con desprecio de la seguridad de la navegación pacífica, en aguas en que navíos de otro Estado pueden tener un derecho de acceso o de paso, representa una violación de “los principios del Derecho humanitario sobre los que reposan las disposiciones específicas del octavo Convenio de La Haya de 1907'', remitiéndose en este punto el Tribunal al conocido dictum de su sentencia de 1949 sobre el fondo del asunto del Canal de Corfú en el que se evocaban “ciertos principios generales y bien reconocidos, tales como las consideraciones elementales de humanidad” (párrafo 215 de la sentencia de 1986). ¿Qué sentido tiene la invocación por el Tribunal de esos principios sobre los que reposan las disposiciones convencionales especificas pertenecientes al Derecho de La Haya? A nuestro juicio, al traer a colación esos principios y conectarlos a la idea de humanidad, el Tribunal está apuntando a la integración de las reglas sobre la conducción de las hostilidades (Derecho de la guerra en sentido estricto) en un sistema normativo global de base humanitaria que incluye, conectándolas entre sí en un continuum, reglas del Derecho de La Haya y del Derecho de Ginebra. B) Los principios de base. En la propia sentencia de 1986 (Nicaragua contra Estados Unidos), el Tribunal Internacional de Justicia, ante la tesitura de valorar ciertos comportamientos de los Estados Unidos respecto de Nicaragua (en concreto, la producción y difusión de un Manual sobre operaciones psicológicas en guerras de guerrilla para uso de las fuerzas “contras”
nicaragüenses) a la luz del Derecho internacional general, juzgó posible apreciar esos comportamientos “en función de los principios generales de base del Derecho humanitario de los que, en su opinión, los Convenios de Ginebra constituyen en ciertos aspectos el desarrollo y en cuanto a otros aspectos no hacen más que expresarlos” (párrafo 218 de la sentencia). Desde nuestro punto de vista, se trata de unos principios de vocación constructiva capaces, en cuanto tales, de llenar posibles vacíos o lagunas de la regulación convencional sobre la base de la idea de humanidad ínsita en la ya citada “cláusula De Martens”; lo que explica que la denuncia o retirada de cualquiera de los Convenios de Ginebra no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones que las Partes en conflicto deban cumplir en virtud de los principios del Derecho de gentes tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública (artículo 63 del I Convenio, artículo 62 del II Convenio, artículo 142 del III Convenio, artículo 158 del IV Convenio). Pues bien, esas obligaciones, exigibles con independencia de que las reglas de las que derivan estén acuñadas en un tratado (en este caso, en cualquiera de los Convenios de Ginebra), se sitúan en el contexto de esos “principios generales de base” del Derecho humanitario a los que se refiere e1 Tribunal, y a los que el propio Tribunal hace coincidir con las reglas del artículo 3 común a los cuatro Convenios de 1949, destinadas a aplicarse en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional pero susceptibles de aplicarse a fortiori, en su calidad de “mínimo independiente”, a los conflictos armados internacionales. De modo que, desde la óptica del Tribunal, la identidad de las normas mínimas aplicables a los conflictos internacionales y a los que no tienen tal carácter, deja sin interés la decisión de si los actos considerados en la sentencia (actos de los “contras”' respecto del gobierno sandinista, actos de los Estados Unidos en y contra Nicaragua) deben apreciarse en el marco de las reglas aparejadas para uno u otro tipo de conflictos, por donde debe llegarse a la conclusión de que, en cualquier caso, procede buscar los principios pertinentes en el referido artículo 3 común. Este precepto se nos muestra como una suerte de código esencial de principios y reglas en la doble esfera del Derecho humanitario y de los derechos humanos. Principios y reglas que no pueden dejar de aplicarse ni siquiera en aquellas situaciones, como las de los conflictos internos, en las que los Estados, a través de sus gobiernos establecidos, se resisten a aceptar la aplicación extensa de las reglas internacionales del ius in bello so pretexto de que
con ello se daría pábulo a la violencia interna al conferir un cierto estatuto internacional a los grupos rebeldes que atentan contra la legalidad constitucional. De la lectura del artículo 3 común se extrae que, en los conflictos a los que éste se refiere —y, como ya señalamos, también en los conflictos internacionales—, tienen vigencia una serie de principios: a) el que enuncia e1 deber de tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen directamente en las hostilidades (incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida o detención o por cualquier otra causa); b) e1 principio de no discriminación —cuya vigencia comparten el Derecho humanitario y el Derecho de los derechos humanos—, que no excluye la posibilidad de hacer distinciones de carácter favorable basadas en el sufrimiento, el desamparo o la debilidad natural de ciertas personas o de ciertas categorías de personas (JEAN PICTET); c) el principio de inviolabilidad, que sienta la prohibición absoluta (“en cualquier tiempo y lugar”) de los atentados contra la vida o la integridad corporal y contra la dignidad de la persona; d) el principio de seguridad, que prohibe por su parte actos como la toma de rehenes o las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal que ofrezca las suficientes garantías. Estos principios, a los que e1 Tribunal Internacional de Justicia se refiere en su sentencia de 1986 calificándolos de “principios generales de base”, pertenecen sin lugar a dudas al Derecho de Ginebra, si a pesar de lo dicho más arriba se optara por conservar (a efectos más que nada pedagógicos) la distinción entre Derecho de Ginebra y Derecho de La Haya. Pero el propio Tribunal Internacional de Justicia, en su ya citada opinión consultiva de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o e1 empleo de armas nucleares, se ha referido a otros principios generales, igualmente básicos como queda patente en la calificación que les da de “principios cardinales”, que proceden del Derecho de La Haya, y que son el principio de distinción (entre personas y bienes de carácter civil y objetivos militares), la prohibición de usar armas de efectos indiscriminados, la prohibición de causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios a los combatientes, y, en un plano más general, la negación del carácter ilimitado del derecho de los Estados a elegir los medios de hacer la guerra (párrafo 78 de la opinión consultiva). En la apreciación del Tribunal, el hecho de que ciertas reglas del Derecho humanitario aplicable en los conflictos armados —”un gran número de ellas”, según
el propio Tribunal dice— son tan fundamentales para el respeto de la persona humana y para las consideraciones elementales de humanidad, ha sido la causa de que el cuarto Convenio de La Haya de 1907 y los Convenios de Ginebra de 1949 hayan sido aceptados de forma tan amplia, y ello sin perjuicio de poder constatar a su vez que tales reglas fundamentales se imponen a todos los Estados, hayan o no ratificado los instrumentos convencionales que las expresan, porque constituyen “principios intransgredibles” (párrafo 70 de la opinión consultiva) del Derecho internacional consuetudinario. Con ello el Tribunal quiere significar sin duda que ciertas reglas esenciales de índole humanitaria, destinadas a la protección de derechos básicos de la persona, producen el doble efecto de suscitar la adhesión universal o casi universal a los tratados que las recogen y de obligar a los Estados, ya en el plano del Derecho internacional consuetudinario, en cuanto principios intransgredibles. Desde nuestro punto de vista, el carácter de Derecho imperativo (ius cogens) de esas reglas está fuera de toda duda, y los principios inderogables en los que se reflejan poseen de suyo (es decir, sin necesidad de ser contrastados con la práctica de los Estados, al representar exigencias éticas esenciales) la capacidad para reprochar de ilícito el recurso a ciertos tipos de armas. No sin razón, creemos, el C.I.C.R., en una Declaración hecha en 1997 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la opinión consultiva del Tribunal, ha insistido en que no hay excepción alguna a la aplicación de las normas del Derecho internacional humanitario a cualesquiera tipos de armas, incluidas las nuevas, y, por lo que respecta a las armas nucleares, ha llegado a la conclusión —extraída a partir de la apreciación del propio Tribunal de que el poder destructor de estas armas no puede limitarse ni en el espacio ni en el tiempo— de que le resulta difícil “plantearse cómo un empleo de armas nucleares podría avenirse con las normas del Derecho internacional humanitario”. C) Otros principios. Aparte de esos principios de base del Derecho de Ginebra y del Derecho de La Haya a los que el Tribunal Internacional de Justicia hace apelación en sus pronunciamientos de 1986 y 1996, es posible referirse a otros principios de Derecho humanitario que de uno u otro modo aparecen recogidos en los grandes textos convencionales de 1949 y 1977. Ante todo está e1 principio que establece a cargo de los Estados partes en los Convenios de Ginebra y/o en los Protocolos adicionales a dichos Convenios, la obligación
incondicional (“en todas las circunstancias”) de respetar y hacer respetar sus disposiciones (artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, artículo 1 párrafo 1 del Protocolo adicional I). Ello significa que sobre cada Estado recae, por una parte, el deber de hacer todo lo posible para que dichas disposiciones sean respetadas por sus órganos y en general por el conjunto de personas sujetas a su jurisdicción, y, por otra parte, el deber de actuar de modo apropiado para conseguir que tales disposiciones sean observadas por todos, en particular por los demás Estados. Un aspecto básico de esta obligación genérica de respetar y hacer respetar las normas convencionales de Derecho internacional humanitario es la específica obligación de proveer a la ejecución interna de las mismas, “nacionalizándolas” (LUIGI CONDORELLI y BOISSON DE CHAZOURNES), esto es, convirtiéndolas en parte integrante del ordenamiento jurídico estatal. A este respecto el C.I.C.R. viene insistiendo en la necesidad de poner en pie en los distintos Estados “medidas nacionales de aplicación en tiempo de paz” de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, necesidad encarecida, por lo demás, en sucesivas reuniones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (así, consúltese la Resolución V de 1a XXV Conferencia, Ginebra, 1986). Un corolario de este principio que ordena respetar y hacer respetar las reglas enunciadas en los Convenios y los Protocolos adicionales, es el principio de cooperación, según el cual, en situaciones de violaciones graves de esos instrumentos convencionales, los Estados partes “se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” (artículo 89 del Protocolo adicional I). Lo que a la postre significa que, a fin de no abandonar a su suerte a las víctimas de las violaciones graves del Derecho humanitario, en la lucha contra estas violaciones se precisan no sólo métodos individuales (de cada Estado por separado) sino también colectivos (mediante la cooperación internacional), sobre todo si se trata de conductas que por su especial repugnancia merecen el calificativo de crímenes internacionales, como la “depuración étnica” u otras prácticas de una gravedad equiparable. Ello estaría en la base de la creación de tribunales penales internacionales encargados de juzgar a los responsables de actos de esa naturaleza o, incluso, de la conducción in extremis de una acción de fuerza colectiva (a condición de estar dirigida o en todo caso avalada por la Organización Mundial) contra un Estado transgresor, a título, en este caso, de intervención humanitaria.
Otro principio que rige los conflictos armados es el de proporcionalidad, complementario del ya reseñado principio de distinción (ver supra). En virtud del principio de proporcionalidad —que no aparece recogido expressis verbis en los textos convencionales reguladores de los conflictos armados aunque sí reflejado en diversas disposiciones de esos textos (ORIOL CASANOVAS)— están prohibidos aquellos actos cuyos daños excedan de la ventaja militar esperada por quien los lleva a cabo: así, se consideran ataques prohibidos, por indiscriminados, aquellos que es de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista (artículo 51, párrafo 5, b) del Protocolo adicional I de 1977). Un principio que ha hallado acomodo en los bloques convencionales de 1949 y 1977 es el de responsabilidad. En el contexto de este principio, las reglas del Derecho internacional humanitario establecen obligaciones cuya violación desata, ante todo, la responsabilidad del Estado. “Ninguna Parte contratante —disponen los Convenios de 1949 (artículo 51 del I Convenio, artículo 58 del II Convenio, artículo 131 del III Convenio, artículo 148 del IV Convenio)— podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas” como infracciones graves en los propios Convenios. “La parte en conflicto —añade por su parte el Protocolo adicional I (artículo 91)— que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello”; disposición esta última que, según una cualificada opinión, se debe interpretar en un sentido que no excluya el dar cabida a otras posibles vías para hacer efectiva la obligación de reparar distintas de la indemnización, llegándose, incluso, a la imposición de sanciones en el caso de violaciones muy graves del Derecho internacional humanitario calificables como crímenes
internacionales. Pero, aparte de esta responsabilidad directa del Estado en el plano internacional por actos contrarios al Derecho humanitario a él atribuibles, está la cuestión de la responsabilidad (penal) del individuo en ese mismo plano por conductas que pugnan con elementales exigencias éticas de la convivencia internacional, entre las que se hallan sin duda alguna las violaciones del ius in bello (crímenes de guerra), además de otras violaciones como las del ius
ad bellum (crímenes contra la paz) y las de obligaciones internacionales de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano (genocidio, crímenes contra la humanidad). Los Estatutos de los dos Tribunales penales internacionales creados hasta ahora (el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda) y de la futura Corte Penal Internacional, recogen precisamente en sus textos una disposición que reconoce la existencia por separado de esos dos planos de la responsabilidad, la del Estado y la individual. En relación con esta última, es de hacer notar que, si bien excepcionalmente el Derecho internacional puede hacer funcionar un aparato sancionador propio para juzgar a los presuntos responsables de aquellas conductas (crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad), como en los casos de los citados Tribunales penales internacionales, no suele ir más allá de la fijación de las conductas delictivas —asumida en su caso por la legislación penal interna—, dejando la determinación de las penas y su imposición efectiva a los sistemas jurídicos estatales. Así, los Convenios de Ginebra establecen a cargo de los Estados partes la obligación de “tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves” contra los propios Convenios (artículo 49 del I Convenio, artículo 50 del II Convenio, artículo 129 del III Convenio, artículo 146 del IV Convenio -primer párrafo de todos ellos—); obligación a la que se añade la de hacer comparecer a los presuntos responsables ante los propios tribunales o bien entregarlos para su enjuiciamiento a otro Estado interesado en el proceso (segundo párrafo de los artículos citados, artículo 88 del Protocolo adicional I), de conformidad con e1 clásico principio aut dedere aut iudicare. Hacemos votos por la creación de una jurisdicción penal internacional de carácter permanente ante la cual pueda depurarse la responsabilidad individual de aquéllos que atentan contra reglas humanitarias básicas. En tanto esa jurisdicción no exista, el sistema de control de las ya mencionadas conductas de los individuos seguirá siendo, como ha indicado M. CHERIF BASSIOUNI, un “sistema de aplicación indirecta”, basado en el desarrollo de los Derechos penales internos y en la cooperación (policial y judicial) entre los Estados en orden a una más efectiva prevención y represión de dichas conductas. Otros principios del Derecho humanitario podrían traerse aquí a colación. Se trata de ciertos principios “secundarios” o “derivados” en tanto vinculados a alguno de los principios de base ya expuestos. Así, relacionado con el principio de limitación de métodos o medios de
hacer la guerra está el principio que, introduciendo el criterio ecológico en el ámbito de la regulación de los conflictos armados, prohibe el empleo de aquellos métodos o medios “que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” (artículo 35 párrafo 3 del Protocolo adicional I). Sobre la base de este principio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 686 (1991), declaró la responsabilidad de Irak por actuaciones durante el conflicto del Golfo que ocasionaron graves daños ecológicos.
5. El desarrollo progresivo del Derecho internacional humanitario.
A) Hitos en la evolución del Derecho internacional humanitario. Desde que, sobre la base de las ideas filantrópicas expresadas por HENRY DUNANT en su obra “Un recuerdo de Solferino”, se crea la Cruz Roja (1863) y se adopta e1 Convenio para aliviar la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña (1864), el Derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados no ha cesado de desarrollarse. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos apuntar en ese desarrollo una serie de hitos, que van perfilando tendencias normativas en una línea de humanización del Derecho de los conflictos armados. Serían, entre otros, los siguientes: a) La “neutralización” —a partir del Convenio de 1906, el ''respeto y protección”— del personal, los establecimientos y los transportes sanitarios encargados de proporcionar cuidados a las víctimas de la guerra, especialmente a los heridos, enfermos y náufragos. b) La progresiva consolidación de normas preventivas orientadas a limitar el número de víctimas en los conflictos armados, como aquéllas que instan a las partes a esforzarse por alejar de la proximidad de los objetivos militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control, y a evitar situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas (artículo 58 del Protocolo adicional I). c) La superación de la actitud inicial de los Estados partes en los convenios de Derecho humanitario de que las disposiciones de éstos dejarían de ser obligatorias si uno de los beligerantes no fuese parte en ellos (superación que se produce a partir de los Convenios de 1929, que establecen la nueva regla según la cual si, en tiempo de guerra, uno de los
beligerantes no es parte en el Convenio, sus disposiciones continuarán, no obstante, vigentes entre todos aquellos beligerantes que sean partes). d) La garantía —de base consuetudinaria— de que, en todo lo no previsto en los textos convencionales, las personas civiles y los combatientes son objeto de una protección basada en principios del Derecho internacional derivados de los usos establecidos (“cláusula De Martens”). e) La progresiva aplicación de las disposiciones de los convenios de Derecho humanitario a cualesquiera situaciones de conflicto armado, independientemente del reconocimiento o no de un “estado de guerra” en sentido técnico; lo que, en relación con los conflictos armados internacionales, ha conducido a aplicar aquellas disposiciones a las guerras declaradas y a cualesquiera otros conflictos que surjan entre los Estados contratantes aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por uno de ellos, así como a los casos de ocupación de territorio estatal en todo o en parte (artículo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949), y, a partir del Protocolo adicional I de 1977, a aquellos conflictos en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (artículo 1 párrafo 4 del Protocolo). f) La consiguiente ampliación del concepto de combatiente, para dar cabida, entre otros, a los miembros de fuerzas irregulares, de movimientos de resistencia y de movimientos de liberación nacional. g) El reforzamiento paulatino de la protección de las víctimas de la guerra, que ha conducido, entre otras cosas, a extender la protección humanitaria a los elementos civiles involucrados en la contienda (heridos, enfermos y náufragos en general —sin distingos entre militares y civiles—; poblaciones civiles en cuanto colectivos que deben ser objeto de una protección general contra los efectos de las hostilidades; ciertas categorías de personas civiles especialmente vulnerables; bienes de carácter civil y, dentro de ellos, bienes culturales; servicios de protección civil; socorros en favor de 1a población civil), sobre todo a partir de los Protocolos adicionales de 1977. h) La introducción de reglas que sientan el principio de responsabilidad, tanto estatal como individual, en caso de violaciones o infracciones del Derecho internacional humanitario que revistan especial gravedad.
i) El desarrollo, a lo largo de los años, de un sistema propio de eficacia (potencias protectoras, sustitutos de éstas, C.I.C.R., procedimientos de conciliación e investigación, Comisión Internacional de Encuesta...; ver infra, ); sin perjuicio de que el control del cumplimiento del Derecho internacional humanitario pueda conducirse asimismo a través de mecanismos pertenecientes a otros sectores normativos, como el Derecho internacional de los derechos humanos. j) La progresiva adaptación de las normas relativas a los métodos y medios de hacer la guerra (sobre todo en lo tocante a la utilización de ciertas armas y al empleo de ciertas técnicas de combate) a fin de hacer frente a los retos planteados por los avances tecnológicos en su aplicación a las actividades militares; siendo de destacar en este sentido algunas disposiciones del Protocolo adicional I como las relativas a las armas nuevas (artículo 36), a 1a prohibición de bombardeos de zona o de métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto o que pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil (artículo 51), a la obligación de no dañar el medio ambiente (artículo 55), etc. k) La complementación de las normas de Derecho humanitario que prohiben el recurso en la guerra a ciertos métodos y medios de combate, mediante tratados multilaterales —situados fuera del Derecho humanitario, pero en cercanía de él— que establecen restricciones, limitaciones y/o prohibiciones en lo referente a la fabricación, tenencia, tráfico o empleo de ciertas armas nocivas. 1) La penetración de la regulación internacional de carácter humanitario en el ámbito, durante mucho tiempo impermeable a esa regulación, de los conflictos armados internos. B) La violencia intraestatal ante el Derecho. Durante la larga etapa de desarrollo del Derecho internacional que precede a la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos de carácter interno no fueron objeto de regulación jurídica, debido a la barrera que la soberanía estatal representaba para cualquier intento de aparejar a esos conflictos reglas del ius in bello. Tan sólo la iniciativa humanitaria, sin base en los tratados o en el Derecho consuetudinario, de instituciones como el C.I.C.R., se orientaban a paliar los sufrimientos padecidos por las víctimas de esos conflictos. Un paso adelante decisivo se da en este terreno al adoptarse los Convenios de Ginebra de 1949, que por primera vez incluyen una disposición, el artículo 3 común, en la que se
establecen unas “reglas mínimas de protección” (ORIOL CASANOVAS) aplicables a los conflictos de esta naturaleza. E1 hecho de que dicho artículo esté llamado a aplicarse “en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Partes contratantes”, hace posible la aplicación de esas reglas mínimas (tratar con humanidad a quienes no participen directamente en las hostilidades, recoger y cuidar a los heridos y enfermos) a una amplia gama de conflictos internos. Un nuevo avance se produce con la adopción en 1977 de los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, siendo así que el segundo de dichos Protocolos se dedica a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. No obstante, el hecho de que el artículo 1 de dicho Protocolo declare que éste se aplicará a los conflictos que no estén cubiertos por el primer Protocolo “y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”, significa que la normativa contenida en éste está llamada a aplicarse sólo a los conflictos de alta intensidad, esto es, a las guerras civiles de corte clásico. Y, por otra parte, dicha normativa es menos completa y detallada que la recogida en el Protocolo adicional I para los conflictos armados internacionales. En efecto, en comparación con éste, el Protocolo adicional II es mucho más parco en la regulación, pues, por ejemplo, no incluye normas sobre métodos y medios de combate, reduce drásticamente el espectro de disposiciones relativas a la protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades, y no trata el importante aspecto de la represión de las infracciones; si bien va más allá que el artículo 3 común a los Convenios de 1949, pues incorpora garantías más extensas y precisas en favor de las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas (artículos 4, 5 y 6), y recoge normas sobre heridos, enfermos y náufragos que regulan aspectos como la búsqueda (artículo 8), extienden la protección al personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios (artículos 9, 10 y 11) y se refieren a la utilización del signo distintivo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (artículo 12). Consolidar y enriquecer el Derecho humanitario convencional relativo a los conflictos armados internos nos parece, pues, una cuestión pendiente. Razones éticas y jurídicas militan en pro de extender a estos conflictos el régimen básico (estatuto de combatiente y de
prisionero de guerra, regulación de los métodos y medios de guerra) aplicable a los conflictos armados internacionales. Desde la doctrina se ha defendido que, con independencia de la naturaleza internacional o interna del conflicto, debe reclamarse una sola y misma normativa jurídica internacional y, por tanto, abandonarse formalmente la distinción cuyo reflejo legal es la propia existencia por separado de los Protocolos adicionales I y II (CESAREO GUTIERREZ ESPADA). Y, en cuanto a la jurisprudencia, procede referirse, entre otras, a la decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia de 2 de octubre de 1995, recaída en el asunto Tadic (competencia), la cual constata que la distinción entre guerras interestatales y guerras civiles ha ido perdiendo su valor en la medida en que los seres humanos aparecen involucrados: “¿Por qué —se pregunta la Sala de Apelaciones— proteger a las personas civiles de la violencia bélica, o proscribir la violación, la tortura, o la deliberada destrucción de hospitales, iglesias, museos o bienes de propiedad privada, o prohibir el empleo de armas que causen sufrimientos innecesarios, cuando dos Estados soberanos están enzarzados en una guerra, y sin embargo abstenerse de aplicar las mismas prohibiciones o dispensar 1a misma protección cuando la violencia armada se desata ‘sólo’ dentro del territorio de un Estado soberano?”. Ahora bien, e1 propugnar el abandono de la distinción entre conflictos internacionales e internos con vistas a aplicar a todos ellos una única normativa humanitaria, no deja de ser, hoy por hoy, sino un pío deseo. La realidad es el contraste entre un cuerpo extenso de reglas aplicables a los conflictos internacionales y un conjunto reducido de reglas —cuya expresión convencional la constituyen el artículo 3 común y, para los conflictos de umbral elevado, el protocolo adicional II— destinadas a regular los conflictos no internacionales. Ello se debe, al fin y a la postre, a una actitud política de base de los Estados, propensos a ver en toda contienda civil un caso de rebelión, sedición o traición que debe ser tratado bajo la óptica del Derecho penal nacional, y a excluir a la vez la posible injerencia de otros Estados en sus asuntos internos. De ahí que, por ejemplo, a propósito de las garantías judiciales estipuladas en el artículo 6 del Protocolo adicional II en relación con la posible sanción de infracciones cometidas con ocasión de un conflicto armado sin carácter internacional, pueda decirse que dicho precepto no prohibe la persecución judicial de las personas por el hecho de su participación en las hostilidades, pues una tal inmunidad sólo podría derivar del reconocimiento de un estatuto de prisionero de guerra para los combatientes capturados,
estatuto no aplicable en principio en el contexto de los conflictos de esta naturaleza (GEORGES ABI-SAAB); ello sin perjuicio de que el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra induzca a las partes a esforzarse por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, todas las demás disposiciones de los Convenios, destinadas en realidad a los conflictos armados internacionales. Es de hacer notar, en fin, que el Protocolo adicional II declara no aplicarse a las situaciones de “tensiones internas y disturbios interiores” (párrafo 2 del artículo 1). En tales situaciones (sucesos de la Plaza de Tiannamen, estallidos recurrentes de violencia en la India o en Argelia, intifada palestina...), a las cuales son sin duda de aplicación las reglas
protectoras de derechos humanos cuya suspensión no está permitida ni siquiera en tiempo de guerra, deberían aplicarse a su vez ciertas reglas humanitarias mínimas (prohibición de deportaciones, asistencia a los heridos, restricciones al uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad, garantías judiciales) que vendrían a superponerse a las relativas a los derechos humanos básicos, complementándolas desde el lado del Derecho internacional humanitario.
6. A modo de epílogo: la quintaesencia de las reglas de Derecho humanitario aplicables en cualesquiera situaciones de violencia bélica.
Basándose en su irrenunciable iniciativa humanitaria y en su larga y rica experiencia, el C.I.C.R., en conjunción con la Liga (hoy Federación Internacional) de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, preparó un documento titulado “Normas fundamentales del Derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados”, con la finalidad de facilitar la difusión del Derecho internacional humanitario —difusión que incumbe, también y sobre todo, a los Estados de conformidad con los Convenios de Ginebra—. Creemos que la reproducción de este texto es una buena manera de poner broche a las consideraciones hechas por nosotros a lo largo de estas páginas, las cuales no tienen otro valor que el de introducir al estudio del Derecho internacional humanitario. Estas son, según el C.I.C.R. y la Federación de Sociedades de Cruz Roja, las “Normas fundamentales” de Derecho humanitario que deben aplicarse en cualquier situación de conflicto armado: 1. Las personas fuera de combate y quienes no participen directamente en las hostilidades tienen derecho a que se les respeten la vida y la integridad
física y moral. Serán protegidas y tratadas, en toda circunstancia, con humanidad, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. 2. Está prohibido matar o herir a un adversario que se rinda o que está fuera de combate. 3. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la Parte en conflicto que los tenga en su poder. Esta protección se extiende, asimismo, al personal sanitario, a los establecimientos, a los medios de transporte y al material sanitarios. El emblema de la cruz roja (de la media luna roja, del león y sol rojos) es el signo de esta protección respetado. 4. Los combatientes capturados y las personas civiles que están bajo la autoridad de la Parte adversa tienen derecho a que se les respeten la vida, la dignidad, los derechos personales y las convicciones. Serán protegidos contra todo acto de violencia y de represalias. Tendrán derecho a intercambiar noticias con sus familiares y a recibir socorros. 5. Cada persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. A nadie se considerará responsable de un acto que no haya cometido. Nadie será sometido a la tortura física o mental, ni a castigos corporales o a tratos crueles o degradantes. 6. Las Partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho ilimitado por lo que respecta a la elección de los métodos y de los medios de guerra. Se prohibe emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. 7. Las Partes en conflicto harán siempre la distinción entre la población civil y los combatientes, protegiendo a la población civil y los bienes civiles. Ni la población civil, como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. Los ataques se dirigirán sólo contra los objetivos militares. Se trata, como se ve, de reglas humanitarias básicas extraídas del Derecho de Ginebra y del Derecho de La Haya, y que en su proyección a todo tipo de conflicto armado conforman y ha de ser siempre
un corpus iuris esencial y unitario destinado a asegurar una protección mínima —y en tal sentido indispensable e irrenunciable— a las víctimas de la guerra.
A) Citada: Abi-Saab, Georges: “Conflits armés non internationaux”, en Les dimensions internationales du droit humanitaire (vv.aa.), Pedone/Institut Henry Dunant/UNESCO, 1986, pp. 261 y ss. Annan, Kofi A. (Secretario General de las Naciones Unidas): “Nosotros los Pueblos”. La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, Naciones Unidas, 2000; localización del texto en Internet: http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report Bassiouni, M. Cherif: Derecho penal internacional. Proyecto de Código penal internacional, Tecnos, Madrid, 1984. Boutros-Ghali, Boutros (Secretario General de las Naciones Unidas): Informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Doc. S/25704, de 20 de mayo de 1993. Casanovas y La Rosa, Oriol: “El Derecho internacional humanitario en los conflictos armados” (I) y (II), capítulos XLIII y XLIV del libro Instituciones de Derecho internacional público de Manuel Díez de Velasco, 12ª edición, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 843-882. C.I.C.R./Liga de Sociedades de Cruz Roja: Normas fundamentales del Derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados, Ginebra, 1979. Condorelli, Luigi, y Boisson de Chazournes, Louis: “Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire ‘en toutes circonstances’”, en Etudes et essais sur le droit International humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet (C. Swinarski, rédacteur), Genève-La Haye, 1984, pp. 17-35. Dunant, Henry: Recuerdo de Solferino, C.I.C.R., Ginebra, 1982. Gutiérrez Espada, Cesáreo: “El Derecho internacional humanitario y los conflictos armados internos (aprovechando el asunto Tadic)”, en Revista Española de Derecho Militar (R.E.D.M.), nº 68, julio-diciembre 1996, pp. 13-35. Meron, Thomas: “On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the Need for a New Instrument”, en American Journal of International Law (A.J.I.L.), vol. 77, n° 3, 1983, pp. 589-601. Pictet, Jean: Desarrollo y principios del Derecho internacional humanitario, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1986.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): SIPRI Yearbook 2000. Armaments, Disarmament and International Security (ver en concreto Taylor B. Seybolt: “1. Major armed conflicts”, pp. 15-49), Oxford University Press, 2000. B) Complementaria: La que se recoge en el presente volumen bajo el título “Bibliografía de Derecho internacional humanitario”.
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