Source: http://www.derecholocal.es/novedades_jurisprudencia_ampliada.php?id=CATPJ:7D904AC9
Timestamp: 2015-03-01 06:48:49
Document Index: 296527223

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 69', 'artículo 82', 'artículo 24', 'e contrario', 'artículo 138', 'artículo 140']

EDJ 2009/19145, STS Sala 3ª de 3 marzo 2009
EDJ 2009/19145
Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 3-3-2009, rec. 9070/2004. Pte: Herrero Pina, Octavio Juan
El TS desestima los recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Aracena contra la STSJ que declaró el derecho de la ahora recurrida a ser indemnizada por las referidas Administraciones de forma solidaria, por los daños derivados de la anulación del proyecto de urbanización, del que la damnificada era promotora. La Sala desestima el recurso planteado por el Ayuntamiento al considerar que la entidad promotora, aunque se haya disuelto, conserva su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza, siendo el ejercicio de esta acción una de las operaciones en la que se materializa, y respecto a la impugnación de la valoración de la prueba realizada por el tribunal "a quo", no se considera ilógica o irracional. Igual suerte desestimatoria corre el recurso de la Junta de Andalucía al considerar que la acción de responsabilidad se ejerció en plazo por el perjudicado, y existía una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado lesivo, razonando que tal declaración de nulidad tuvo como causa la infracción del art. 138, b) Ley del Suelo 1992.
En la Villa de Madrid, a tres de marzo de dos mil nueve.
Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo los recursos de casación interpuestos por el Letrado de la Junta de Andalucía y por el Procurador de los Tribunales D. Antonio de Palma Vill·lón en nombre y representación del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), contra la sentencia de 18 de marzo de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 2692/1996, en el que se impugnan las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas al Ayuntamiento de Aracena y a la Junta de Andalucía, solicitando indemnización de forma solidaria en la cantidad de 351.869.088 ptas., más los intereses legales al 10% anual desde la fecha de declaración de la nulidad de la licencia. Se ha personado también como recurrido el referido Ayuntamiento de Aracena.
PRIMERO.- La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 18 de marzo de 2004, objeto de este recurso, contiene el siguiente fallo: "Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Conimpro Inmobiliaria, S.L., contra las desestimaciones de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas ante el Ayuntamiento de Aracena y la Administración de la Junta de Andalucía, referidas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, que anulamos por estimarlas disconformes con el ordenamiento jurídico, declarando el derecho de la recurrente a ser indemnizada por las referidas Administraciones, de forma solidaria, en la suma de 52.508.759 pesetas, más sus intereses legales desde la reclamación administrativa, hasta la fecha de notificación de esta sentencia; y todo ello sin hacer especial condena de costas".
SEGUNDO.- Una vez notificada la citada sentencia, se presentaron escritos por la representación procesal del Ayuntamiento de Aracena, de la Junta de Andalucía y de la entidad Conimpro Inmobiliaria, S.L., manifestando su intención de interponer recursos de casación y por providencia de 16 de septiembre de 2004 se tuvieron por preparados, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
TERCERO.- Con fecha 8 de noviembre de 2004 se presentó escrito de interposición del recurso de casación por la representación del Ayuntamiento de Aracena, haciendo valer cuatro motivos al amparo del art. 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción y solicitando que se case y anule la sentencia recurrida y se desestimen íntegramente las peticiones indemnizatorias de Conimpro Inmobiliaria, S.L.
Por su parte la Junta de Andalucía formalizó el escrito de interposición del recurso el 13 de diciembre de 2004, invocando dos motivos de casación al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción y solicitando que se case la sentencia, declarando ajustadas a Derecho las desestimaciones recurridas.
CUARTO.- Por auto de 28 de enero de 2005 se declaró desierto el recurso preparado por la entidad Conimpro Inmobiliaria, S.L. y por providencia de 28 de marzo de 2006 se admitieron los recursos interpuestos, de los que se dio traslado, recíprocamente, a ambos recurrentes para que formalizaran escritos de oposición, lo que hizo la representación del Ayuntamiento de Aracena, entendiendo que no le resulta imputable una eventual responsabilidad patrimonial, que solo correspondería a la Junta de Andalucía. Por su parte esta última Administración dejó transcurrir el plazo sin formalizar escrito de oposición.
QUINTO.- Conclusas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 25 de febrero de 2009, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina.
PRIMERO.- La Sentencia recurrida recoge, como antecedentes necesarios para resolver el litigio, "tal y como se hacen por la sentencia de esta Sala de 15 de mayo de 1995, confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre del 2000, y sobre cuyo alcance -el de tales pronunciamientos- después de precisara:
1°: Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Aracena, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo, fueron publicadas el 19 de diciembre de 1992, y sirvieron de marco y soporte normativo del Proyecto de Urbanización del Sector La Boleta, de la que era promotora la recurrente, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Aracena por acuerdo de 28 de octubre de 1993.
2°: Antes de tales Normas Subsidiarias, mediante Decreto 157/91, de 30 de julio, se declaró bien de interés cultural -BIC- por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el conjunto histórico de Aracena, con mención de inmuebles y su entorno, descritos en su Anexo, en el que no se encontraba incluido el terreno o área objeto del referido Proyecto de Urbanización, y así se lo hizo saber la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Aracena, cuando este solicitó autorización de la Administración Cultural antes de resolver sobre la aprobación de ese Proyecto de Urbanización, aunque, ante determinada presión social, la Dirección General de Bienes Culturales procedió, en resolución de 3 de febrero de 1994, a incoar expediente para la delimitación del entorno afectado por la declaración como BIC del Castillo de Aracena, en cuya nueva delimitación contenida si se incluían los terrenos sobre los que se ubicaba el Proyecto de Urbanización.
3°: Con independencia de esto, ya propuesta de la Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente de Huelva por denuncias recibidas, se había acordado la paralización de las obras de urbanización al amparo de 10 dispuesto en el art. 50.2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía , en previsión de posibles restos arqueológicos; si bien dicha orden de paralización de las obras de urbanización fue levantada un mes después ante el informe de la Arqueóloga de la Junta de Andalucía refiriendo la inexistencia de tales restos.
4°: Solicitada que fue de la Consejería de Cultura por parte de la recurrente autorización para la construcción de doce viviendas unifamiliares en hilera en la urbanización A, ubicada en la calle La Boleta de Aracena, la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, que precisaba la necesaria autorización previa de la Administración Cultural incoado que estaba expediente para la delimitación de un nuevo entorno del BIC que es el Castillo de Aracena, consideró que no era momento oportuno para conceder o denegar dicha autorización dado el trámite procedimental en el que se encontraba el expediente, que no permitía aun conocer si se incluirían o no los terrenos en cuestión, si bien consideraba que el proyecto no respondía al "modelo tipológico existente en el área ni a las formas de colonización que las laderas del Castillo han venido históricamente sufriendo", y que "no es aceptable que el frente de las edificaciones que dan a la calle Boleta tenga la altura y numero de plantas que se contemplan en el proyecto presentado", aunque esta propia Dirección General de Bienes Culturales abría el camino a lo que, según entendía, podía desembocar en una autorización de las obras siempre que, entre otras condiciones, se limitase a dos el número de plantas, sin que las situadas al fondo del solar superen la cota de las situadas en la parte inferior y se rompa la linealidad en fachada con un diseño individualizado de estas, adaptándose a la orografía de la zona; resolución que motivo incluso que por la propia recurrente se presentara un proyecto de modificación de las Normas Subsidiarias, en cuya memoria justificaba una disminución sustancial de la edificabilidad por su efecto beneficioso sobre el entorno monumental.
5°: Así estaban las cosas cuando, impugnado aquel acuerdo de aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Aracena el 28 de octubre de 1993 del Proyecto de Urbanización del Sector La Boleta, de la que era promotora la recurrente, cuya ejecutividad fue suspendida por esta misma Sala el 3 de marzo de 1994, recae sentencia en el recurso seguido en la Sección Cuarta con el núm. 277/94 dictada por el Pleno de esta Sala el 15 de mayo de 1995, confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre del 2000, que declara su nulidad por infracción del artículo 138 apartado b) de la Ley del Suelo de 1992 EDL1992/15748 , pues, como se dice en la sentencia de esta Sala, se dejo al margen en la impugnación "toda la repercusión jurídica que la actuación ulterior de la Administración autonómica pudiera conllevar"; nulidad que se decretó, como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo, sobre la base de que dicho precepto se aplica en todo caso, existan o no Planes de Ordenación o Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento y ser de inexcusable observancia, "el excepcional valor histórico-monumental que representa para Aracena específicamente, y para todo el país, el castillo enclavado en la cima de una colina, y la consecuencia derivada de ello, de la necesidad de preservar de conjuntos edificatorios, proyectados sobre las laderas de la colina, que puedan desfigurar y alterar la serena contemplación del citado castillo", y reflejarse en fin, de la valoración de todo el material probatorio allí acopiado, "claramente la agresión visual que supone la construcción de edificios en las laderas de la colina, para la contemplación del castillo situado en su cima, y el rompimiento de la armonía del paisaje".
Razona la Sala de instancia la responsabilidad solidaria de ambas Administraciones demandadas, por su participación en las actuaciones urbanísticas de las que se hace derivar la responsabilidad patrimonial, y en cuanto a la indemnización pretendida, considera indemnizable la cantidad desembolsada por honorarios de arquitectos, que asciende a 7.550.058 ptas., así como "el importe de los seguros suscritos, el costo de las maquetas y diseños elaborados, el de la acometida de agua, los gastos financieros por el aval que le fue exigido por el Ayuntamiento y los correspondientes gastos de materiales, pues todos ellos están justificados por sus correspondientes facturas; así como atender a la reclamación que se hace por el importe desembolsado en concepto de sueldos y salarios de trabajadores, debidamente desglosados por operario y fecha, al constar con el correspondiente refrendo documental". Reconoce igualmente la cantidad de 35.000.000 ptas. en concepto de pérdida de beneficios. Termina señalando la cantidad total de 52.508.759 ptas., más los intereses legales desde la reclamación administrativa y hasta la notificación de la sentencia, sin perjuicio de los que puedan devengarse ex art. 106.2 de la Ley de la Jurisdicción.
SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se interponen los recursos de casación ya indicados, haciéndose valer en el correspondiente al Ayuntamiento de Aracena, al amparo del art. 88.1.c) de la Ley procesal, los siguientes: En primer lugar, se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 24 y 20 CE EDL 1978/3879▼ art.20 EDL 1978/3879 art.24 EDL 1978/3879 y 359 LEC EDL2000/77463 ), por no haber atendido la Sala de instancia a su petición de que recabara de la representación de la recurrente acreditación de que su personalidad se mantenía y no había dejado de ser sociedad, a la vista de las manifestaciones de los testigos sobre cierre empresarial y disolución como consecuencia de las pérdidas, alegado indefensión.
El motivo así planteado no puede prosperar, pues la parte se limita a reproducir la solicitud formulada en la instancia y la falta de atención por la Sala, sin tener en cuenta ni referirse en ningún momento a la respuesta dada por el Tribunal a quo a dicha cuestión en la sentencia, que en su fundamento de derecho segundo señala que: "debe rechazarse en primer lugar la excepción de falta de capacidad procesal de la sociedad recurrente, que ha sido alegada por la representación técnica del Ayuntamiento de Aracena en el escrito de conclusiones, invocando lo dispuesto en el artículo 69.b) de la Ley 29/1998 EDL1998/44323 (artículo 82.b. de la anterior Ley Jurisdiccional, que es la aplicable), aunque interesando que se le requiera antes a la recurrente para que acredite si se ha disuelto o no, dada la subsanabilidad de ese obstáculo de su falta de capacidad procesal (mas bien el interrogante acerca de su subsistencia por dicha recurrente suscitado, que parece desprenderse de las propias manifestaciones efectuadas en escritos de la misma Conimpro Inmobiliaria, S.L., según las cuales"... se ha visto abocada a su cierre patronal" así como"... hubo de disolverse legalmente como consecuencia de las perdidas..."). Y se debe rechazar puesto que, admitiéndose que bien pudieron tratarse estas palabras de un recurso dialéctico para encarecer la magnitud de los daños cuyo resarcimiento se postulan, si lo que pone en duda la representación técnica del Ayuntamiento de Aracena, es la subsistencia de la capacidad de obrar de la sociedad recurrente que ya no sería "nadie" por concurrir causa de disolución, es preciso recordar que el art. 109.2 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada(de igual tenor por cierto que el art. 264 de la L.S.A EDL1989/15265 .), es claro en proclamar que, aun en el caso de sociedad disuelta, se conserva la personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza, siendo una de las operaciones en que se materializa, la percepción de los créditos de la sociedad (ex art. 116.c de dicha Ley 2/1995), a cuya consecución propende el ejercicio de la presente acción." La parte recurrente no tiene en cuenta cual es el objeto de recurso de casación que, como señalan las sentencias de 24 de noviembre de 2003 y 25 de mayo de 2005,"no es el examen de nuevo, sin limitación alguna, como si de una segunda instancia se tratara, de la totalidad de los aspectos fácticos y jurídicos de la cuestión o cuestiones planteadas en la instancia.
Lo es, dada su naturaleza de recurso extraordinario, con fundamento en motivos legalmente tasados y con la finalidad básica de protección de la norma y creación de pautas interpretativas uniformes, el más limitado de enjuiciar, en la medida y sólo en la medida en que se denuncien a través de los motivos de casación que la Ley autoriza, las hipotéticas infracciones jurídicas en que haya podido incurrir el órgano judicial a quo, bien sea in iudicando, es decir, al aplicar el ordenamiento jurídico o la jurisprudencia al resolver aquellas cuestiones, bien sea in procedendo, esto es, quebrantando normas procesales que hubieran debido ser observadas". Lo cual determina la exigencia de la adecuada crítica de la aplicación de la ley efectuada por la Sala de instancia como fundamento de sus pronunciamientos, sin lo cual no cabe su revisión en el ámbito de la casación, y debe mantenerse el criterio de la Sala de instancia, como sucede en este caso en el que, frente a lo que se alega en este motivo, el Tribunal a quo da una respuesta suficiente y fundada sobre la cuestión planteada por el Ayuntamiento, que permitía a este hacer valer frente a ella los motivos de impugnación que estimara oportunos, por lo tanto sin indefensión alguna, siendo atribuible a su propia decisión el no discutir las apreciaciones y valoraciones jurídicas recogidas en la sentencia que, por ello, no pueden revisarse en este recurso.
En consecuencia el motivo debe desestimarse.
TERCERO.- En el segundo motivo de casación se alega la valoración equivocada, ilógica, falta de razón y desproporcionada de la prueba, con vulneración de los arts. 1214 del Código Civil EDL1889/1 , 217, 282 y 326 de la LEC EDL2000/77463 y la jurisprudencia, manteniendo, en relación con la apreciación de la Sala que "al no contestarse expresamente a la reclamación previa de Conimpro Inmobiliaria S.A., donde también aparecían las facturas, eso significa aceptación", que la valoración de la sentencia no es acertada, porque si el Ayuntamiento desestima por silencio, el sentido es el rechazo de sus peticiones, con los documentos que se hayan aportado a la reclamación.
En el tercer motivo de casación, citando como infringidos los mismos preceptos, cuestiona la valoración de la Sala de instancia en el séptimo fundamento de derecho, en el sentido de aun no habiendo sido adverados los documentos, en cuanto la representación procesal del municipio al proponer como documental el expediente, acepta su contenido, en el que constan todos los documentos invocados por el recurrente para solicitar la indemnización, alegando en este motivo que el pedir el expediente no supone aceptar la realidad y bondad de todo él, cuando en la reclamación previa, la demanda y conclusiones ha negado conceptos, partidas y cifras.
En el cuarto motivo de casación, con invocación como infringidos de los mismos preceptos, alega que incumbe la prueba a quien reclama la responsabilidad patrimonial, que debe incluir la cuantificación del daño peseta a peseta, cuestionando el valor dado por la Sala de instancia a los documentos e informe económico tenidos en cuenta sin la adveración de sus autores, sin venir los testigos propuestos por las partes que la Sala de instancia rechazó, concluyendo que en la sentencia se hace una valoración no ya contraria al ordenamiento jurídico sino a la propia lógica de las cosas, con indefensión del Ayuntamiento recurrente.
Se cuestiona en estos tres motivos la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia en relación con las partidas objeto de indemnización, y ello al amparo del art. 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, a cuyo efecto debe tenerse en cuenta, como señala la jurisprudencia, que la expresión razonada de los motivos que deban servir de fundamento al recurso de casación no es una mera exigencia rituaria desprovista de sentido, sino un elemento determinante del marco dentro del que debe desarrollarse la controversia y en torno al cual este Tribunal ha de pronunciarse, de ahí la necesaria identificación del motivo a cuyo amparo se plantea el recurso, cuyo alcance determina el art. 88.1 de la Ley procesal, y que tratándose de la infracción de las normas que disciplinan la valoración de la prueba, en las que en este caso se sustenta el planteamiento de la parte, lleva a la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia (S. 18-10-2003), que debe hacerse valer por el cauce del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y no por la letra c) de dicho precepto, como ha hecho la parte recurrente, pues el principio de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos que consagra el artículo 24 de la Constitución EDL1978/3879 comporta que estos errores constituyan vulneraciones del citado derecho y por ende infracciones del ordenamiento jurídico susceptibles de fiscalización en casación (Ss. 17-9-2001 EDJ2001/31868 , 18-11-2003, 8-2-2005 EDJ2005/13331 , 6-7-2005) EDJ2005/116919 .
Pero aun superado esta deficiencia en el planteamiento de los tres motivos, y argumentándose en todos ellos que la valoración de la Sala de instancia no resulta lógica ni razonable, conviene señalar que es doctrina jurisprudencial consolidada (Sentencias de 11 de marzo, 28 de abril, 16 de mayo EDJ1995/3912 , 15 de julio, 23 de septiembre y 23 de octubre de 1995, 27 de julio y 30 de diciembre de 1996, 20 de enero y 9 de diciembre de 1997, 24 de enero EDJ1998/1343 , 14 de abril, 6 de junio, 19 de septiembre, 31 de octubre, 10 de noviembre y 28 de diciembre de 1998, 30 de enero, 22 de marzo, 18 de mayo y 19 de junio de 1999) EDJ1999/18994 que no cabe invocar en casación los preceptos que en la valoración de las pruebas obligan a sujetarse a la sana crítica con el fin de sustituir la del juzgador por la propia, salvo que la misma resulte ilógica o arbitraria, o como señala la sentencia de 18 de abril de 2005, no basta con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, sino que es menester demostrar que dicha apreciación es arbitraria o irrazonable, o conduce a resultados inverosímiles (Ss. 1-3-05, 15-3 05).
Y es el caso que, frente a las alegaciones del recurrente, la Sala de instancia justifica la valoración del informe del economista y los demás documentos de forma suficiente, así y a propósito del referido informe económico, señala que: "No se aportó por primera vez con el escrito de interposición de recurso (doc. núm.20) el referido informe económico; este ya estaba incorporado al expediente administrativo que en su día se remitió a la Sala, y no solo por providencia de 2-4-01 dictada en el ramo de prueba de la recurrente se admitió, teniendo por reproducidos, los documentos incorporados así como los del expediente administrativo, sino que este mismo expediente administrativo (en el que se halla incorporado el informe) fue propuesto como prueba documental por el propio Ayuntamiento de Aracena en su escrito de 2-2-01, y admitida como tal por providencia, también de 2-4- 01, dictada en su propio ramo de prueba. No se rechazó, pues, el informe y los documentos justificativos de los daños por la Corporación local; al contrario, se propuso como propio medio probatorio. Por tanto, no es acogible la alegación del Ayuntamiento de Aracena en su escrito de conclusiones cuando, refiriéndose a que la recurrente propone como prueba la documental del expediente, afirma "que había sido rechazada por mi representada en la vía administrativa (en lo referente a documentos en que basaba la reclamación)", puesto que, de un lado, también la representación procesal del Ayuntamiento propone a su vez y así se le admite, el expediente administrativo que incorporaba el informe y esos, precisamente, documentos en que basaba la reclamación, y, de otro, porque tampoco ninguna constancia hay de ese rechazo que alega, si la desestimación que hizo el Ayuntamiento codemandado en vía administrativa a la reclamación presentada lo fue por silencio administrativo, como refleja la certificación del acto presunto expedida el 31-1-96, y nunca aportó el expediente que hubo de formalizar, lo que, con manifiesta y expresa protesta, hacía notar a este órgano jurisdiccional la recurrente en el mismo encabezamiento de su escrito de demanda. Así pues, que no se admitiera la testifical del economista que elaboró el informe a los efectos de su ratificación, ni la del arquitecto y aparejador de la obra de urbanización que, se decía, con aquel colaboraron en la redacción de tal informe, no le resta la virtualidad probatoria que le corresponda (según se expresara a continuación), como tampoco a los documentos obrantes en el expediente administrativo en los que la recurrente justificaba los daños habidos".
Por otra parte y en relación con los honorarios de arquitectos y otras partidas, señala la Sala de instancia que "Alega el Ayuntamiento que "no se trajo a arquitectos y otros técnicos para adverar posibles gastos de honorarios", pero sin tener en cuenta que tal abono esta documentalmente justificado con las minutas incorporadas al expediente. Del mismo modo, y por igual razón, se deben resarcir el importe de los seguros suscritos, el costo de las maquetas y diseños elaborados, el de la acometida de agua, los gastos financieros por el aval que le fue exigido por el Ayuntamiento y los correspondientes gastos de materiales, pues todos ellos están justificados por sus correspondientes facturas; así como atender a la reclamación que se hace por el importe desembolsado en concepto de sueldos y salarios de trabajadores, debidamente desglosados por operario y fecha, al constar con el correspondiente refrendo documental".
En estas circunstancias podrá discreparse de tal valoración, pero en modo alguno puede hablarse de irrazonabilidad o falta de lógica y menos aun resultado arbitrario, pues se exponen las razones por las que tales documentos e informe resultan representativos de los perjuicios invocados, que no quedan desvirtuadas por las alegaciones de la parte, pues contrariamente a lo que sostiene la misma, la Sala de instancia no deduce el valor del informe económico de la incorporación como medio de prueba por el Ayuntamiento como contenido del expediente sino como prueba de la parte allí recurrente, a lo que ha de añadirse que, como resulta del art. 326 de la LEC EDL2000/77463 invocado por la parte, la falta de autenticación de los documentos privados no impide la valoración de los mismos por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. No se justifica, por lo tanto, la sustitución de la valoración de la prueba efectuada en la instancia por la que en este recurso efectúa el Ayuntamiento recurrente.
Cabe añadir en cuanto a la infracción de los demás preceptos que se denuncia en este motivo, que además de referirse el art. 1214 del Código Civil EDL1889/1 , derogado por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que regula la carga de la prueba en el art. 217, también citado, como señala la sentencia de 27 de enero de 2003, "la infracción de las normas sobre la carga de la prueba sólo puede invocarse en casación cuando la sentencia impugnada imputa erróneamente las consecuencias de la falta de la prueba a una parte a la que no corresponde. Dicha invocación no permite discutir la conclusión del Tribunal acerca del hecho mismo de la falta de prueba de un hecho, como ocurre en el caso examinado", es decir, no permite cuestionar el resultado de la valoración de las pruebas a que llega el órgano judicial, que es lo que aquí se pretende.
Por todo ello estos tres motivos de casación deben ser desestimados.
CUARTO.- En cuanto al recurso interpuesto por la representación de la Junta de Andalucía, se denuncia en el primer motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, la infracción del art. 106.2 de la Constitución EDL1978/3879 y del art. 142.4 de la Ley 30/1992 EDL1992/17271 , alegando que estamos ante una exigencia de responsabilidad patrimonial por anulación de un acto administrativo y en tal caso, y en tales circunstancias la reclamación se formuló antes de que la sentencia que anulaba el Proyecto de Urbanización fuera firme, ya que estaba pendiente de casación resuelta por sentencia del año 2.000, incumpliendo el plazo establecido en el art. 142.4 de la Ley 30/92 EDL1992/17271 . Entiende que se infringe igualmente tal precepto en cuanto la anulación del acto no presupone de manera automática derecho a indemnización, invocando la doctrina jurisprudencial al respecto y concluyendo que la sentencia no ha tenido en cuenta que se trataba de actuaciones ajustadas a Derecho, que fueron circunstancias sobrevenidas las que determinaron la anulación y que el propio recurrente presentó un proyecto que no se pudo ejecutar.
En el segundo motivo, también al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se denuncia la infracción del art. 106.2 de la Constitución EDL1978/3879 y los arts. 139 y 140 de la Ley 30/92 EDL 1992/17271▼ art.139 EDL 1992/17271 art.140 EDL 1992/17271 , alegando que no concurre imputabilidad de dicha Administración ni el nexo causal que sería exigible para dar lugar a su responsabilidad, refiriéndose al objeto del recurso 277/94 resuelto por la sentencia de 15 de mayo de 1995, la redacción del Proyecto por la entidad reclamante, que la responsabilidad se le imputa por la aprobación de las Normas Subsidiarias, las cuales no fueron impugnadas en dichos autos, que la relación de causalidad resulta de organismo autor del Proyecto anulado (se refiere a la Administración municipal) y los efectos que causa esa anulación, por lo que considera que no le es imputable esta responsabilidad, que solo sería imputable al organismo autor del acto anulado, es decir, al Ayuntamiento. Añade que no se puede imputar responsabilidad a la Consejería de Cultura por iniciar un expediente de delimitación del entorno, que se infringe el art. 140 de la Ley 30/92 EDL1992/17271 al apreciar la responsabilidad solidaria de ambas Administraciones y concluye que la sentencia de instancia olvidó pronunciarse sobre la antijuridicidad del daño, preguntándose si no está el recurrente obligado a soportar las consecuencias de un acto en el que el mismo ha participado.
Ambos motivos presentan elementos que aconsejan un examen conjunto, así y en primer lugar, respecto de la primera infracción que se denuncia, el art. 142.4 refiere el inicio del cómputo del plazo de reclamación al momento que se dicta la sentencia definitiva, en protección del derecho de la parte a efectos de que el plazo de prescripción de la acción no empiece a correr sino desde que la declaración de nulidad del acto administrativo a que se anuda la responsabilidad patrimonial sea definitiva, pero ello no puede interpretarse en sentido negativo para el perjudicado que interpone la reclamación cuando ya existe una declaración de nulidad del acto, aunque no sea definitiva, en un procedimiento en el que se ha producido la suspensión de la efectividad del acto y con ello el perjuicio que se denuncia, más aun cuando tal declaración de nulidad resulta definitivamente confirmada, que es el caso y que justifica el pronunciamiento al respecto de la Sala de instancia, que responde claramente al planteamiento de la Administración recurrente cuando señala que, si bien la responsabilidad se anuda a la declaración de nulidad del Proyecto de Urbanización, que en el momento de la reclamación sólo se había producido en la sentencia de instancia de 18 de mayo de 1995, pendiente de casación, la ejecutividad del acuerdo aprobando el Proyecto ya había sido suspendida por la Sala, dando a entender que los perjuicios invocados por la parte ya se habían iniciado lo que justifica la reclamación formulada.
En segundo lugar y al hilo de la segunda infracción denunciada, debe señalarse que la Sala de instancia no declara la responsabilidad patrimonial de la Administración recurrente como una consecuencia automática de la declaración de nulidad del Proyecto de Urbanización, lejos de ello y aun referida dicha circunstancia como origen de la reclamación, la Sala acude a los requisitos que la jurisprudencia exige con carácter general para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración y valora la concurrencia de los mismos en este caso, para llegar a la conclusión de que existe una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado lesivo, razonando que tal declaración de nulidad tuvo como causa la infracción del art. 138.b) de la Ley del Suelo de 1992 EDL1992/15748 , que dicho precepto es aplicable existan o no Planes de Ordenación o Normas Subsidiarias de Planeamiento, por ello entiende responsable al Ayuntamiento aun cuando la aprobación por el mismo del Proyecto de Urbanización se ajustara a las Normas Subsidiarias vigentes y, por la misma razón, establece la responsabilidad de la Administración Autonómica, que aprobó las Normas Subsidiarias de Planeamiento sin valorar adecuadamente las previsiones del citado art. 138.b) de la Ley del Suelo de 1992 EDL1992/15748 , que recoge lo ya previsto en el art. 73 del Texto Refundido de 1976. Cabe referir al respecto, que ya en la citada sentencia de 15 de mayo de 1995, la Sala hacía referencia a la relación entre las Normas Subsidiarias en los términos que habían sido aprobadas y la nulidad del Proyecto, cuando indicaba que "la actividad urbanizadora autorizada por la Administración con las consecuencias edificatorias que ello conllevaría si aplicáramos las Normas Subsidiarias actualmente vigentes, que en definitiva es lo que indirectamente se impugna, conduce a un resultado claramente contrario al mandato que el legislador impone con el art. 138 TRLS". Pero, además, la Sala de instancia refuerza la responsabilidad de la Administración autonómica, poniendo de manifiesto cómo, ante determinada presión social, la Dirección General de Bienes Culturales, por resolución de 3 de febrero de 1994, inicia expediente de delimitación del entorno afectado por la declaración de BIC del Castillo de Aracena, en el que sí se incluyen los terrenos a que se refería el Proyecto de Urbanización en cuestión, lo que supone para la Sala "confirmación y apoyo de la interpretación y valoración de la prueba que justificó habida la infracción del tan citado artículo 138. b)". Apreciaciones que, además, contienen y suponen una valoración sobre la falta de una justificación razonable de la actuación de la Administración autonómica, que aprueba una delimitación del entorno afectado por la declaración de BIC del Castillo de Aracena que, sin alteración de las circunstancias, se ve impelida a modificar por determinada presión social y cuyo reflejo lleva a aprobar unas Normas Subsidiarias en términos que los órganos jurisdiccionales no consideran respetuosos con la salvaguarda de dicho entorno en los términos legalmente establecidos.
Por lo demás, lo que se acaba de exponer deja claro que la declaración de nulidad del Proyecto de Urbanización no es consecuencia de circunstancias sobrevenidas sino de la actuación administrativa previa, que no tuvo razonablemente en cuenta las previsiones legales en la definición de los instrumentos urbanísticos aplicables al caso. De la misma manera que refleja la razón por la que no se contempla la responsabilidad de la entidad reclamante como autora del Proyecto, en cuanto se refleja en la sentencia que se ajustaba a tales instrumentos urbanísticos y que así fue aprobado por la Administración competente. A tal efecto, la simple pregunta de la parte sobre si no está el recurrente obligado a soportar las consecuencias de la anulación de un acto en el que el mismo ha participado, además de constituir una cuestión nueva no planteada en la instancia, que como tal y no habiendo sido objeto de pronunciamiento alguno de la Sala de instancia no puede fundar un motivo de casación, tampoco contiene el razonamiento sobre la infracción en la aplicación de la ley o la jurisprudencia que exige el planteamiento de un motivo de casación (art. 921 LJCA EDL1998/44323 ), que debe justificar la parte y no remitir a una respuesta del órgano jurisdiccional, que en casación examina y valora las infracciones en la medida que se denuncian y razonan sin pueda sustituir en esta función a la parte.
Finalmente, tampoco la alegación de infracción del art. 140 de la Ley 30/92 EDL1992/17271 puede acogerse, pues el hecho de que el acto anulado haya sido aprobado por la Administración municipal no excluye la participación causal de la actividad de la Administración autonómica en el resultado lesivo, como se ha razonado antes y se recoge en la sentencia recurrida, participación existente que justifica la declaración de responsabilidad solidaria efectuada en la instancia, en cuanto no resulta posible una delimitación precisa del alcance de cada una en los términos que establece el último inciso del referido precepto, lo cual es conforme además con la jurisprudencia de esta Sala, a la que se refiere la sentencia de 26 de junio de 2007 EDJ2007/80345 por referencia a la de 5 de mayo de 2005, según la cual, "como señalamos en la STS de 23 de noviembre de 1999 EDJ1999/42917 "El principio de solidaridad entre las Administraciones públicas concurrentes a la producción del daño resarcible emana, como dice la sentencia de 15 de noviembre de 1993, de la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones no sólo cuando, a partir de la entrada en vigor del artículo 140 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, se dan fórmulas "colegiadas" de actuación, sino también, al margen de este principio formal, cuando lo impone la efectividad del principio de indemnidad que constituye el fundamento de la responsabilidad patrimonial. Así ocurre cuando la participación concurrente desde el punto de vista causal de varias Administraciones o las dudas acerca de la atribución competencial de la actividad cuestionada imponen soluciones favorables a posibilitar el ejercicio de la acción por el particular perjudicado, sin perjuicio de las relaciones económicas internas entre aquéllas (v. gr., sentencia de 13 de febrero de 1997, recurso número 14259/1991)".
Por todo lo expuesto, los motivos de casación examinados deben ser desestimados.
QUINTO.- La desestimación de los motivos invocados lleva a declarar no haber lugar a ambos recursos de casación, y determina la imposición legal de las costas a las partes recurrentes, si bien, en este caso la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA y no habiendo comparecido partes recurridas distintas de las recurrentes, se entienden compensables y en consecuencia tal imposición carece de contenido económico.
Que desestimando los motivos invocados declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por el Letrado de la Junta de Andalucía y por el Procurador de los Tribunales D. Antonio de Palma Vill·lón en nombre y representación del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), contra la sentencia de 18 de marzo de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 2692/1996, que queda firme; con imposición legal de las costas a las partes recurrentes en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Manuel Sieira Miguez.- Octavio Juan Herrero Pina.- Luis María Diez-Picazo Gimenez.- Joaquín Huelin Martínez de Velasco.- Agustín Puente Prieto.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj:28079130062009100139