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Timestamp: 2020-08-09 18:05:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 40', 'artículo 5', 'artículo 184', 'artículo 11', 'in fine', 'artículo 11', 'in fine', 'artículo 11', 'in fine']

Sentencia nº 696 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Julio de 2016. - Jurisprudencia - VLEX 671278873
Sentencia nº 696 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Julio de 2016.
J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
Sentencia No. 696
Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor J.N.V., suizo, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad núm.
-0077015-7, domiciliado en la sección de Bávaro, municipio de Salva León de Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia núm. 247-2012, de fecha 13 septiembre de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
Oída en la lectura de sus conclusiones a la Licda. E.A., por sí y el Licdo. F.A.G.P. y el Dr. R.L.M., abogados de parte recurrida F.G.P.;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de septiembre de 2012, suscrito por el Licdo. V.E.G.R., abogado de la parte recurrente J.N.V., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de octubre de 2012, suscrito por el Licdo. Freddy
Gil Portalatin, quien asume su propia defensa y el Dr. R.L.M., abogado de la parte recurrida; J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;
La CORTE, en audiencia pública del 13 de julio de 2016, estando presentes los magistrados J.A.C.A., D.M.R. de G. y B.R.F.G., asistidos del Secretario;
Visto el auto dictado el 25 de julio de 2016, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte
Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad y a la magistrada M.O.G.S., jueza de esta Sala para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere, consta: a) con motivo a la solicitud de aprobación de estados de gastos y honorarios interpuesta por el Licdo. F.A.G.P., en lo relativo a la demanda en referimiento en levantamiento de embargo retentivo u oposición incoada por Seaquarium Punta Cana, C. por A., contra J.N.V., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el siguiente Auto núm. 88/2012, de fecha 15 de junio de 2012, el cual expresa: “PRIMERO: Modificar el estado de costas y honorarios presentado por el LICDO. F.A.G.P., depositado en fecha de mayo del año 2012, producido con motivo de la demanda en referimiento levantamiento de embargo retentivo u oposición, incoada la compañía SEAQUARIUM PUNTA CANA, C.P.A., en contra del señor J.N.V.; SEGUNDO: Aprobar dicho estado de costas y honorarios por la suma de SETENTA Y SIETE MIL PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$77,000.00)”; que no conforme con dicha decisión el señor J.N.V., interpuso recurso de impugnación contra Freddy
Gil Portalatin, a raíz del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó a sentencia civil núm. 247-2012, de fecha 13 de septiembre de 2012, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de impugnación interpuesto por el señor, J.N.V., en contra del Auto No. 88/2012, de fecha 15 de Junio de 2012, dictado por la Jueza de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho en tiempo hábil y de acuerdo a derecho; SEGUNDO: Rechazar, en cuánto al fondo, por los motivos expuestos, la instancia de impugnación de que se trata; TERCERO: Compensando las costas del procedimiento” (sic);
Considerando, que el recurrente propone en su memorial de casación los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Incorrecta aplicación de la Ley
G. O. 8870 sobre Costas y Honorarios de los Abogados; Segundo Medio: Vicio de Falta de base legal”;
Considerando, que de su lado, la parte recurrida solicita que sea declarado inadmisible el presente recurso de casación, en atención a las disposiciones del artículo 11 de la Ley núm. 302, sobre Honorarios de Abogados;
Considerando, que no obstante, la parte recurrente solicita en su memorial casación que se admita su recurso debido a que el texto del Art. 5, P.I., literal C de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento
Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 16 de diciembre de 2008, es J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
inconstitucional por limitar desproporcionadamente el acceso al recurso de casación;
Considerando, que la referida disposición legal ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC/0489/15, del 6 de noviembre del 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su sentencia el plazo de un (1) año a partir de su notificación, al vencimiento del cual dicha norma devendrá inconstitucional con todos sus efectos; que, posteriormente, mediante sentencia TC/0022/16, del 28 de enero del 2016, el mismo Tribunal Constitucional juzgó que “hasta tanto venza el plazo de un (1) otorgado por la citada decisión para la expulsión del referido artículo 5, párrafo II, literal c), de la Ley núm. 491-08, que modificó la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de mil novecientos cincuenta y tres (1953), la misma tendrá constitucionalidad y mantendrá su vigencia, por lo que al ser aplicada por jueces estas estarán revestidas de una presunción de no vulneración a derechos fundamentales por esta causa”; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”; que, por lo tanto, procede rechazar la inconstitucionalidad invocada y valorar la admisibilidad del presente recurso de casación a la luz del
5, P.I., literal C de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 16 de diciembre de 2008, que aún se mantiene vigente hasta el vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional;
Considerando, que luego de dejar resuelta la cuestión de constitucionalidad formulada por la parte recurrente, se impone, con antelación análisis de los medios de casación propuestos, examinar el medio de inadmisión formulado por la parte recurrida;
Considerando, que en ese sentido es oportuno señalar, que la parte recurrida, como se ha visto, sustenta su medio de inadmisión amparada en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley núm. 302, Sobre Honorarios de Abogados, modificada por la Ley núm. 95-88 del 20 de noviembre de 1988, el cual establece su parte in fine que la decisión que intervenga como resultado del recurso ejercido respecto de una liquidación de gastos y honorarios “no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario (…)”; J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, mediante sentencia del 30 de mayo
2012, varió el criterio que había mantenido con anterioridad, en el sentido de las decisiones proveniente de una impugnación de gastos y honorarios
tenían abierto el recurso de casación, y en la actualidad se inclina por reconocer al ser la casación el recurso extraordinario modelo, en el cual existe una lista
cerrada de motivos en virtud de los cuales se interpone, es de toda evidencia que el legislador al momento de dictar el artículo 11 de la Ley núm. 302, parte in fine y establecer que las decisiones que intervengan sobre la impugnación de gastos y honorarios no serán susceptibles de recursos ordinarios ni extraordinarios, evidentemente que excluyó la posibilidad del ejercicio de dicho recurso en esta materia;
Considerando, que además, fue establecido en la indicada sentencia que la exclusión del recurso extraordinario de la casación en materia de impugnación de gastos y honorarios no configura una limitación a la garantía fundamental del derecho al recurso, ya que esa garantía queda cubierta cuando se interpone un recurso que asegure un examen integral de la decisión impugnada por ante un tribunal de superior jerarquía orgánica del cual emanó la decisión criticada, lo cual se satisface con la impugnación que se produce ante el tribunal inmediatamente superior contra el auto que liquida y aprueba un estado de J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
gastos y honorarios, que en nuestro país es un recurso efectivo, en razón de que garantiza el examen integral de la decisión impugnada al permitir una revisión tanto fáctica como normativa del caso;
Considerando, que en base a las razones expuestas, esta jurisdicción, reitera mediante la presente decisión el criterio establecido en su sentencia del 30 mayo de 2012 y declara inadmisible el presente recurso de casación, tal como solicitará la parte recurrida, por no ser susceptibles de ningún recurso las decisiones dictadas en materia de impugnación de gastos y honorarios, conforme establece, de manera expresa, el artículo 11 de la Ley núm.302, en su parte in fine, lo que hace innecesario el examen de los medios formulados por la parte recurrente, debido a los efectos que generan las inadmisibilidades una vez son admitidas.
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor J.N.V., contra la sentencia civil núm.
7-2012, de fecha 13 de septiembre de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia en la parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con J.N.V. vs.F.G.P. Fecha: 27 de julio de 2016
distracción de las mismas en beneficio del Licdo. F.A.G.P., quien actúa por sí y conjuntamente con el Dr. R.L.M..
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 27 de julio de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración.
Firmados).-Julio C.C.G..-Dulce M.R. de Goris.-José A.C.A..-