Source: https://legislacion.vlex.es/vid/reordenacion-sector-publico-andalucia-252481757
Timestamp: 2019-09-21 09:42:11
Document Index: 157690795

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 26', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 57', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 10', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 50', 'artículo 68', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 50', 'artículo 57', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 35', 'Artículo 35', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 28']

Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía (Ley 1/2011, de 17 de febrero) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 252481757
SECCIÓN 1ª. De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados en concesión administrativa a particulares y de las medidas para facilitar el acceso a la propiedad
SECCIÓN 2ª. De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria - arts. 33 y 34
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Personal directivo de las agencias
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Ejercicio de potestades públicas
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Selección y acceso
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Ámbito de negociación
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Propuestas normativas de control
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Medios propios
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Reapertura del plazo del Decreto 293/2002, de 3 de diciembre
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. División de las explotaciones agrarias comunitarias
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Venta con precio aplazado
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Del acceso a la propiedad de los cultivadores provisionales
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio de las entidades instrumentales públicas que se extinguen
Dentro de aquellas medidas se encontraba el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Dada la especial repercusión de sus medidas, el Gobierno andaluz consideró que la configuración del citado Decreto-Ley podía ser adecuadamente complementada en una serie de aspectos, de forma que su aplicación fuera expresiva de un elevado grado de consenso, y en ejercicio de las competencias que el artículo 47.1.1ª. del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma sobre la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos y de sus entidades instrumentales, por una parte, así como del artículo 26.2 del mismo, que garantiza a los sindicatos más representativos la participación institucional en la Junta de Andalucía para el desempeño de sus funciones propias.
ARTÍCULO 1 Principios generales y Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
En relación con la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se establece lo que sigue:
Se mantiene la actual redacción del apartado 3 del artículo 57, en los términos que estableció el apartado cuatro del artículo 1 del Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando concurran las circunstancias previstas en la Sección 4ª. del Capítulo II del Título III de esta Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, podrá adecuar los actuales organismos autónomos al régimen de las agencias de régimen especial.
ARTÍCULO 2 Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO 3 Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme a la letra a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas en la Orden de atribución.
ARTÍCULO 7 Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
El Servicio Andaluz de Empleo quedará subrogado en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, así como del personal de los Consorcios UTEDLT de Andalucía, desde la fecha en que se acuerde su disolución o extinción.
El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio del Servicio Andaluz de Empleo quedan encomendados al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol se regirá por la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por las disposiciones de su ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación.
ARTÍCULO 11 Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines, recursos económicos y representación y defensa de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezcan por el Consejo de Gobierno.
La Agencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias de régimen especial.
Son fines generales de la Agencia la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería a la que quede adscrita, así como la gestión, en el marco de la planificación, dirección y control de esta, de programas y acciones de fomento; de vigilancia e inspección; de prestación y gestión de servicios públicos, y de asistencia técnica, en materias agraria y pesquera; para lo que quedará habilitada con las competencias, funciones y potestades administrativas para el ejercicio de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, que le confieran sus Estatutos y las demás normas habilitantes que le puedan ser de aplicación.
El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Agencia quedan encomendados al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo.
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
El organismo autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A.), creado por la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, queda extinguido, con efectos desde el día 31 de diciembre de 2010.
Los bienes titularidad del I.A.R.A. se incorporarán al Patrimonio de la Junta de Andalucía y se adscribirán a la Consejería competente en materia de agricultura. Tales bienes continuarán rigiéndose por su normativa específica, además de por lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 15 modificado por la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
Artículo 15 modificado por la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2013.
El resultante de la liquidación del patrimonio de las Cá-maras Agrarias Provinciales será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo anterior, y con carácter preferente, a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.
ARTÍCULO 18 Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines, recursos económicos y representación y defensa de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
La Agencia se rige por lo dispuesto en esta Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.
La promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que estas se integran para favorecer su bienestar, así como la gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en materia de protección a la infancia.
El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
El Decreto de aprobación de los Estatutos establecerá el régimen de subrogación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
El Instituto Andaluz de las Artes y las Letras pasa a denominarse Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y adopta la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
La Agencia se rige por la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales.
ARTÍCULO 21 Transformación y subrogación.
La adquisición, construcción, conservación, mantenimiento y mejora de obras, equipamientos e instalaciones hidráulicas con motivo de las encomiendas de gestión que reciba.
Queda extinguida la Agencia Andaluza del Agua, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Decreto por el que se apruebe la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, para integrar en la misma las competencias y órganos propios de la Administración hidráulica de la Junta de Andalucía.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
SECCIÓN 1ª De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados en concesión administrativa a particulares y de las medidas para facilitar el acceso a la propiedad Artículos 25 a 32
Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias constituidas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A.), que se encuentren en régimen de concesión administrativa, otorgada al amparo del artículo 57.º de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, podrán acceder a la propiedad sobre las mismas, en el plazo y con las condiciones que se establecen en los artículos 26 y 27 de la presente Ley.
Podrán solicitar el acceso a la propiedad las personas físicas o jurídicas, titulares originarias de la concesión administrativa, o sus causahabientes.
Las solicitudes se presentarán preferentemente ante la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de agricultura en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicado el bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que procederá a tramitar el correspondiente procedimiento y remitirlo junto con la propuesta a los servicios centrales de la Consejería competente en materia de agricultura para su resolución.
El plazo de presentación de solicitudes será de doce meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre.
La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la Presidencia del I.A.R.A., y cuando se produzca la extinción de la citada entidad, a la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura, a propuesta de la Delegación Provincial de la referida Consejería que corresponda.
Para el acceso a la propiedad se concederá un plazo máximo de tres años, a partir de la notificación de la resolución reconociendo el derecho, durante los cuales las personas concesionarias habrán de amortizar el precio de la adjudicación abonando un interés del 3,5% durante el segundo y tercer año.
Las personas concesionarias a quienes se otorgue el derecho de acceso a la propiedad quedarán autorizadas para constituir hipoteca sobre las fincas objeto de la enajenación.
Al valor de enajenación calculado conforme al apartado anterior le será aplicada una reducción en función de criterios de antigüedad, según los distintos tipos de ocupación de los lotes, generación de empleo cuantificada en unidad de trabajo agrario por encima de unos mínimos, así como esfuerzo inversor efectuado por los solicitantes, excluidas las ayudas públicas recibidas.
Del precio a liquidar así determinado se descontarán los cánones abonados por las personas adjudicatarias durante el período en que se hubiere mantenido la concesión administrativa sin derecho de acceso a la propiedad.
La enajenación, división o segregación ínter vivos de la explotación, en el plazo de veinticinco años a contar desde la firma de la escritura pública de transmisión de la propiedad, conllevará la pérdida del derecho a las reducciones del valor de enajenación que fueron contempladas en el apartado 2 del artículo anterior.
Las cantidades que, en aplicación del apartado anterior, debieran ser ingresadas en la Hacienda Pública lo serán incrementadas en el interés legal del dinero por el plazo transcurrido desde la entrega del título de dominio del bien a la persona interesada hasta la fecha de modificación de este título de dominio.
Quedarán excluidas de la limitación establecida en el presente artículo las aportaciones al capital, o la disposición por cualquier otro título, de los bienes transmitidos por el I.A.R.A. a favor de entidades asociativas, en las que se integren como socios las personas titulares de aquellos, siempre que, en la escritura pública de transmisión de la propiedad que al efecto se otorgue, la entidad que adquiera los bienes se subrogue expresamente en la obligación de devolución a la Hacienda Pública de las reducciones del valor de enajenación, con los intereses legales, consignada en los dos apartados anteriores, cuando tenga lugar alguno de los hechos contenidos en los mismos dentro de los veinticinco años de la transmisión a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
SECCIÓN 2ª De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria Artículos 33 y 34
Las concesiones administrativas sin derecho de acceso a la propiedad, cuyos titulares no se acojan a lo dispuesto en la Subsección 1ª. de la Sección 1ª. del presente Capítulo dentro de los plazos conferidos al efecto, o que no pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, o que por motivos no imputables a la Administración no hayan podido finalizar el procedimiento acorde a sus intereses, no podrán acogerse a beneficios futuros para el acceso a la propiedad de la explotación agraria, pudiendo la Administración iniciar actuaciones para el rescate de la concesión administrativa.
En el supuesto de que se comprobase el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas concesionarias, la Administración iniciará de inmediato los correspondientes expedientes de caducidad, indemnizando a las personas adjudicatarias por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que aquellas subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes, procediéndose a continuación a su desalojo.
Si el plazo inicial por el que tales concesiones fueron otorgadas se hubiere cumplido, sin que hubiere mediado prórroga expresa, y transcurrido el plazo previsto, la Administración competente procederá a requerir a las personas adjudicatarias para que desalojen las fincas, indemnizando, en su caso, a aquellas por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes.
Las adjudicaciones en cultivo provisional, otorgadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, cuyos titulares no se hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o no pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, no serán renovadas, requiriéndose a las personas cultivadoras para que procedan al desalojo, previa indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca por aquellas, siempre que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los gastos originados por sus ocupantes sufragados por el I.A.R.A.
Asimismo, a las personas arrendatarias históricas de bienes del I.A.R.A. que no ejercitaron en plazo el derecho de acceso a la propiedad que les concedía el artículo 2.2 de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos, la Administración agraria les concederá un plazo para solicitar la enajenación a su favor al amparo de lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre.
ARTÍCULO 35 Del destino de los bienes no ocupados por terceras personas adscritas a la Consejería competente en materia agraria.
Las tierras destinadas al uso agrícola, los bienes y derechos inherentes a las mismas procedentes del extinto patrimonio del IARA y actualmente adscritos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y sus entidades instrumentales, que no se encuentren en posesión de terceros por cualquier título jurídico, serán objeto de enajenación o cesión a favor de entidades asociativas agrarias a través de un procedimiento que garantice la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, y que será objeto de desarrollo reglamentario, priorizando el acceso a la tierra a los jóvenes que se incorporen a la actividad y tengan como objetivo proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo. Igualmente se priorizará el acceso a la tierra a agricultores y ganaderos que vayan a desarrollar modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada.
Las corporaciones locales, en cuyo término municipal radiquen las tierras a que se refiere el párrafo anterior, podrán adquirir las mismas con preferencia respecto a cualquier otra entidad, abonando el precio de las fincas en los términos del párrafo tercero de este artículo.
El precio de enajenación será el determinado mediante la correspondiente tasación pericial por parte de la Administración enajenante. Cuando las corporaciones locales ejerciten la opción contenida en el párrafo precedente y acrediten el interés social de los fines a que pretendan destinarse los bienes, se reducirá su precio de enajenación en un treinta por ciento respecto a su valor de tasación.
Artículo 35, modificado por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2014.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los Estatutos de las entidades instrumentales y la modificación de las estructuras orgánicas de las Consejerías a las que afecta esta Ley deberán aprobarse y publicarse antes del día 30 de junio de 2011. Antes de la misma fecha habrán de concluirse todas las operaciones jurídicas derivadas de la misma.
La constitución efectiva de las agencias públicas empresariales creadas de acuerdo con la presente Ley, así como de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de sus respectivos Estatutos.
En los casos en que, como consecuencia de la reordenación del sector público andaluz, se produzca la supresión de centros directivos de Consejerías o la extinción de entidades instrumentales públicas o privadas en las que sea mayoritaria la representación y la participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, la integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial que asuman el objeto y fines de aquellas se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Consejería competente en materia de Administración Pública y que aplicará las siguientes reglas:
Al personal funcionario que se integre orgánicamente en una agencia de régimen especial o se adscriba funcionalmente a una agencia pública empresarial le será de aplicación el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía.
El personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas, en las condiciones que establezca el citado protocolo de integración, y tendrá la consideración de personal laboral de la agencia pública empresarial o de la agencia de régimen especial. El acceso, en su caso, de este personal a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía solo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público.
El personal laboral de las agencias de régimen especial procedente de la Administración General de la Junta de Andalucía se integra orgánicamente, manteniendo su condición de personal laboral de dicha Administración, siéndole de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.
Los convenios colectivos, así como los acuerdos derivados de la interpretación de los mismos, aplicables a las entidades extinguidas o transformadas y a la Administración General de la Junta de Andalucía seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades o de la citada Administración, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo, sin perjuicio de lo establecido en la letra d) de este apartado.
La masa salarial del personal laboral al servicio de la nueva entidad no podrá superar, como consecuencia de la reordenación regulada por esta Ley, la del personal de las entidades que se extingan o se transformen.
El personal directivo de las agencias es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos de las mismas, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas.
Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas serán desempeñados, en todo caso, por personal directivo que tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o jefes de personal de las agencias.
Las agencias creadas o transformadas de acuerdo con la presente Ley son medio propio de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que también puedan serlo de otras Administraciones Públicas cuando así se disponga en sus Estatutos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6, párrafo tercero, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las agencias tienen la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, estando obligadas a realizar los trabajos que estos les encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos trabajos podrán realizarse mediante modelos de colaboración público-privada en la financiación. Las agencias no podrán participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores dependientes de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador o licitadora, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
Aquellos adjudicatarios actuales de explotaciones constituidas por el IRYDA o el IARA que hubiesen accedido al cultivo al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, prolongándose en dicha situación mediante contratos anuales por un período de diez o más años, podrán acceder a la propiedad sobre las explotaciones que cultivan, en los mismos términos y condiciones previstos para los concesionarios en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del Capítulo III, con excepción de lo dispuesto en su artículo 28.3, de esta Ley, siéndoles de aplicación lo establecido en sus disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta.
Los adjudicatarios cuya concesión administrativa hubiese finalizado, por habérseles comunicado expresamente por parte de la Administración el término de la misma, o caducado, y hubiesen continuado en el cultivo mediante contratos anuales, como cultivadores provisionales, podrán acogerse a lo establecido en la presente disposición adicional, computándose el tiempo que hubiesen estado en situación de concesión administrativa a efectos de obtención de la antigüedad requerida.
Disposición Adicional Decimoquinta, añadida por la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
Quedan sin efecto todos los preceptos contenidos en otras normas y cuyo tenor se reproduce en la presente Ley, así como cuantas normas contradigan o se opongan a lo dispuesto en la misma.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para el desarrollo reglamentario, mediante Orden, de lo dispuesto en la Subsección 3ª. de la Sección 5ª. del Capítulo II de la presente Ley, referida a las Cámaras Agrarias, y en su Capítulo III, relativo a las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, en lo que concierne a los aspectos procedimentales.