Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/679371945
Timestamp: 2020-08-14 14:57:06
Document Index: 145980831

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 93', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 17', 'e contrario', 'artículo 140', 'artículo 12']

Sentencia de Tutela nº 145/17 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 679371945
Se ataca la providencia judicial que revocó la medida de protección proferida por una Comisaría de Familia en favor de la accionante, por su condición de víctima de violencia intrafamiliar de tipo verbal, físico y psicológico por parte de su compañero permanente. Se aduce, que dicho fallo incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, además de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En la decisión cuestionada se argumentó que la orden de desalojo del agresor trasgredía los derechos fundamentales de éste, en virtud de su condición de adulto mayor. Se reitera jurisprudencia relacionada con los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Marco normativo y jurisprudencial nacional e internacional de protección a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. 3º. El deber que tienen los operadores jurídicos de administrar justicia con perspectiva de género, como forma de combatir la violencia contra la mujer. Se TUTELAN los derechos fundamentales invocados y se deja sin efectos la sentencia cuestionada. Se imparten una serie de órdenes, entre las que se destaca la medida de protección transitoria que se adopta mientras se profiere nuevo fallo, consistente en el desalojo del agresor de la residencia que compartía con la peticionaria. Se previene a los Comisarios de Familia y a los jueces Civiles, Promiscuos Municipales y de Control de Garantías, que deben ceñir sus actuaciones a casos similares de violencia intrafamiliar y violencia basada en género, de manera estricta a la Ley 294 de 1996 modificada por la Ley 575 de 2000 y a la Ley 1257 de 2008, con una perspectiva de género.
Acción de tutela instaurada por L.D.R. contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada M. Victoria Calle Correa, y los Magistrados A.L.C. y L.G.G.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, profiere la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos de tutela adoptados en primera instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de julio de 2016 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 29 de agosto de 2016, dentro de la acción de tutela promovida por L.D.R. contra el Juzgado Sexto (6º) de Familia del Circuito de Bogotá.
L.D.R., de 70 años de edad[2], mujer víctima de violencia intrafamiliar y de género, interpuso acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la protección reforzada como adulta mayor y mujer, a vivir una vida libre de violencias y a la administración de justicia. La accionante afirma que sus derechos fueron vulnerados por la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá de revocar la medida de protección de desalojo de su agresor, que fue proferida por la Comisaría Octava de Familia de K. 3, en el proceso por violencia intrafamiliar, iniciado por ella contra su compañero permanente. A juicio de la accionante, el fallo acusado incurrió en los siguientes defectos: (i) fáctico por indebida valoración probatoria, (ii) desconocimiento del precedente constitucional y (iii) violación directa de la Constitución.
R. fáctica de los hechos que dieron origen a la solicitud de medida de protección por hechos de violencia intrafamiliar:
1.1. L.D.R. Viuda de G. y J.E.M.H., su compañero permanente de 77 años[3], han convivido en unión marital de hecho por un lapso aproximado de cuarenta y cinco (45) años, unión de la cual nació H.E.M.R., quien actualmente tiene 41 años de edad. El núcleo familiar estaba integrado además por dos hijas de la señora L.D., fruto de relación anterior, llamadas L.J.G.R. y H.N.G.R., quienes en la actualidad tienen cuarenta y seis (46) años y cuarenta y ocho (48) años de edad, respectivamente.
1.2. El 12 de mayo de 2016, la ciudadana L.D., por intermedio de su apoderado[4], solicitó a la Comisaría Octava de Familia de K. 3 de Bogotá, proferir medidas de protección a su favor, dada su condición de víctima de violencia intrafamiliar de tipo verbal, físico y psicológico por parte de su compañero permanente. Como fundamento de su solicitud manifestó que su compañero la ofende y maltrata verbal y psicológicamente (a ella y a sus hijos), la ultraja, la empuja, la amenaza de muerte, la persigue y vigila constantemente, y la amenaza con objetos cortopunzantes que permanecen en su poder o junto a su cama. Agregó que teme por su vida porque su agresor le manifestó a su hijo, frente al conflicto entre la pareja, que “el problema tenía que explotar para bien o para mal y que pasara lo que pasara, con muertos o sin muertos el problema tenía que estallar”[5].
1.3. Por los hechos descritos, L.D. afirmó que inicialmente se vio obligada a permanecer bajo el cuidado permanente de sus hijos, en su misma residencia -en una sola habitación-, saliendo muy temprano de su hogar y regresando avanzada la noche, evadiendo el encuentro con su agresor. Sin embargo, con los días la situación se tornó insostenible razón por la cual se vio obligada a abandonar su vivienda y reubicarse en casa de su hijo menor H.M..
1.4. El 12 de mayo de 2016, la Comisaría Octava de Familia K.3. de Bogotá, mediante providencia, adoptó medidas provisionales de protección a favor de la señora L.D.R., consistentes en ordenar al ciudadano M.H. abstenerse de agredir, coaccionar, amenazar o intimidar a su compañera permanente. Asimismo, solicitó apoyo especial de las autoridades de Policía de la localidad para la protección de la mujer víctima, para evitar la consumación de nuevos actos de violencia. Finalmente, convocó la celebración de la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 575 de 2000, para el 8 de junio del mismo año[6].
1.5. En la fecha y hora señalada, se realizó la audiencia anunciada[7], contando con la participación de las partes en conflicto: L.D.R. y J.E.M.H., quienes estuvieron acompañados de sus apoderados. Rendidos los descargos por parte del agresor y surtido el trámite conciliatorio, el Despacho procedió a abrir el expediente a pruebas, teniendo como tales los documentos y fotografías aportadas. Además, ordenó recepcionar el testimonio de los tres (3) hijos de la solicitante y de un vecino de la pareja.
Surtido lo anterior, como medidas de protección definitivas, la Comisaría Octava de Familia de K. 3 (i) ordenó el desalojo del agresor de la residencia que compartía con la mujer víctima, medida prevista en el literal “a” del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, y confirió un término de 72 horas para cumplir la orden 006E con el apoyo del hijo menor de la pareja, H.M., quien debía encargarse de gestionar la vivienda, alimentación y bienestar integral de su progenitor tras el desalojo; (ii) conminó al ciudadano J.E.M. a abstenerse de realizar cualquier acto de agresión física, verbal o psicológica, y de causar escándalo o acudir de manera violenta o intimidatoria al lugar de habitación o sitios públicos donde se encuentre la señora R.; (iii) exigió su asistencia a tratamiento reeducativo terapéutico y psiquiátrico, a fin de manejar su agresividad y mejorar la comunicación con el entorno familiar; (iv) dio inicio a trámites de alimentos a favor del agresor y a cargo de sus hijos por tratarse de un adulto mayor, y finalmente, (v) estableció que la pareja debe asistir a control por psicología.
1.6. J.E.M. apeló la decisión y argumentó que la petición de medida de protección había sido extemporánea, por cuanto los hechos descritos acaecieron el 11 de febrero de 2016 y la solicitud se presentó en mayo de ese año. Además, señaló que dudaba de la validez probatoria de las declaraciones rendidas por los hijos de la quejosa, porque éstos tenían un interés personal en favorecer a su madre y perjudicarlo a él.
De la acción de tutela promovida por L.D.R. contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá
El 11 de julio de 2016[10], por intermedio de apoderado, la ciudadana L.D.R. interpuso acción de tutela contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, por considerar que esa autoridad judicial vulneró, con la sentencia dictada el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la protección reforzada como adulta mayor y mujer, a vivir una vida libre de violencias y a la administración de justicia. Ello, por cuanto revocó la orden de desalojo del agresor, emitida por la Comisaría Octava de Familia de K. en el proceso de violencia intrafamiliar.
Agregó que las órdenes emitidas por la Comisaría de Familia no desconocieron la condición de adulto mayor del agresor, ni la situación en la que aquel quedaba con posterioridad al desalojo, pues a favor de éste profirió órdenes de protección tendientes a suplir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación y vestido. Además, señaló que no se puede aplicar un trato “igualitario” a las partes en conflicto, como lo pretende el J. accionado, pues si bien ambos pertenecen a la tercera edad, no es menos cierto que solo uno de ellos –la mujer- es víctima de violencia al interior de la familia y en su condición de mujer.
Por último, recalcó que la autoridad judicial desatendió que se encontraban dados los presupuestos legales para ordenar el desalojo, previstos en el literal A del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, en virtud del cual, esta medida únicamente procede cuando se verifique que “su presencia [la del agresor] constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia”. Añadió que esta norma no establece diferencia en la condición del agresor, esto es, no señala que la misma resulte inaplicable para adultos mayores. Por todo lo anterior, calificó a la decisión del J. Sexto de Familia como “ostensiblemente arbitraria y vulneratoria de la Constitución Política”[13].
El 12 de julio de 2016, el auto admisorio de la acción de tutela se ordenó: (i) notificar al Juzgado Sexto de Familia y a todos los intervinientes en el expediente de la medida de protección y (ii) vincular de manera oficiosa a la Comisaría de Familia K.3. de Bogotá.
2.2.1. El 13 de julio de 2016, el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá argumentó que “luego de una revisión detallada de la decisión adoptada por el C. de Familia, advirtió este operador que la medida de protección en su integridad no resultaba equilibrada o proporcional para las partes, toda vez que en tratándose de dos personas de la tercera edad se deben garantizar los derechos fundamentales de ambos, asimismo, con sujeción a la norma sustancial la conducta desarrollada por el sancionado NO constituía peligro inminente para la integridad física de la señora L.D.R. y, en virtud de aquello se revocó el numeral primero que ordenaba el desalojo”[14]. Añadió que el agresor no había sido denunciado con anterioridad por violencia intrafamiliar o lesiones personales y además, que la medida de desalojo es “de las últimas que se debe adoptar y en circunstancias muy particulares de violencia física”[15].
2.2.2. El 15 de julio de 2016, la Comisaría Octava de Familia K.3. de Bogotá manifestó que el expediente original de la medida de protección reposaba en el Juzgado Sexto de Familia, razón por la cual se encontraba a la espera de la decisión que adoptara esa autoridad judicial[16].
2.3. Decisión del J. de tutela en primera instancia
El 25 de julio de 2016, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela, considerando que el J. actuó dentro de la libertad de apreciación probatoria que la ley le otorga, en ejercicio de su competencia y atendiendo el principio de legalidad. Indicó que la medida de desalojo adoptada por la Comisaría de Familia de K. no era la apropiada porque con ella se atentaba contra los derechos del sancionado, en su condición de adulto mayor. Además, que el maltrato de palabra y los improperios del agresor contra la mujer víctima, por sí solo, “no constituían amenaza para su vida”[17]. En este sentido afirmó: “[p]or ello acertadamente [el juez de familia] consideró que lo procedente era, en la situación de conflicto que se presenta, mejorar las relaciones interpersonales de las partes, confirmando las medidas impuestas al querellado por la Comisaría de Familia de conminarlo para que mejorara su conducta, absteniéndose de causales perjuicio alguno a la accionante, con la orden de asistir a terapias familiares ambas partes y la necesidad de exigir que se despoje de armas, si las tenía, para evitar mayores altercados familiares”[18]
Inconforme con la anterior decisión, la ciudadana L.D.R., a través de su apoderado judicial, la impugnó[19]. Argumentó que la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no revisó ni analizó de fondo cada uno de los cargos endilgados a la cuestionada sentencia judicial, a la luz de las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional. Afirmó que con su decisión, desconoció tanto los instrumentos nacionales como los internacionales de protección a los derechos de las mujeres, vulnerando así los derechos de la accionante a una vida libre de violencia, a la dignidad, a la vida, a la salud y, en general, sus derechos fundamentales como mujer y adulta mayor.
El 24 de agosto de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[20] confirmó la sentencia del a quo. Consideró que la autoridad judicial accionada llegó a conclusiones que eran “lógicas”, y fruto de una “juiciosa valoración que le llevó a adoptar la decisión hoy criticada, sin que sea dable por esta vía reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario”[21]. Además, mencionó que para el Juzgado Sexto de Familia “los ataques ‘verbales y psicológicos’ efectuados por M.H. a la ahora tutelante, no revestían la entidad suficiente para imponer la aludida sanción, pues, ello iría en contravía de los derechos del allí querellado, atendiendo a su avanzada edad (67 años), estimando necesario mantener las terapias familiares a fin de superar las diferencias entre los sujetos procesales”[22].
La accionante aportó fotocopias de los siguientes documentos: (i) la solicitud de medida de protección, radicada el 12 de mayo de 2016 ante la Comisaría Octava de Familia de K.[23], (ii) la providencia emitida por la Comisaria de Familia K.3. de Bogotá el 8 de junio de 2016, mediante la cual se desarrolló la audiencia prevista en el artículo 17 de la Ley 294 de 1996 y se ordenaron medidas definitivas de protección a favor de la mujer víctima L.D.R.[24]; (iii) el memorial presentado a la Comisaría de Familia de K. por el abogado C.A.R.T., en su calidad de apoderado de la parte accionante, solicitando el cumplimiento de la orden de desalojo[25], (iv) el memorial presentado a la Comisaría de Familia de K. por el abogado C.A.R.T., en su calidad de apoderado de la accionante, mediante el cual reiteró la petición del cumplimiento de la orden de desalojo proferida a favor de su representada[26], (v) la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá el 30 de junio de 2016[27].
El Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, mediante oficio IRAT-2016-11351, insistió ante la Corte Constitucional para la selección del caso objeto de estudio. Argumentó que es un asunto novedoso relacionado con el derecho fundamental de las mujeres a contar con una administración de justicia con perspectiva de género como forma de combatir la violencia. También, afirmó que la relevancia de seleccionar el expediente se debe a que entraña el desarrollo de la pedagogía constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales que desconocen la normativa constitucional e internacional de protección de los derechos de las mujeres. Agregó que la orden de desalojo procede no solo cuando se amenaza o pone en peligro la vida de la víctima, como lo consideró el J. accionado, sino también su integridad física o salud.
Insistencia del Magistrado L.E.V.S.
El magistrado L.E.V.S., en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, presentó solicitud de insistencia en la selección de la presente acción, que había sido excluida mediante auto del siete (07) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Luego de hacer un recuento fáctico del asunto, señaló que el caso debe ser revisado por la Corte Constitucional ante la evidente relevancia que presenta para el análisis constitucional y la urgencia de proteger derechos fundamentales, especialmente, porque el asunto permite hacer una síntesis de las obligaciones estatales de prevenir y sancionar la violencia de género y el compromiso constitucional e internacional en tal sentido. Recalcó que los diferentes medios probatorios que obran en el expediente demuestran que la accionante ha sido víctima de violencia por parte de su compañero permanente durante años de convivencia familiar, y que al revocar las medidas de protección adoptadas a favor de ella se desconoció la violencia padecida y se puso en riesgo su vida e integridad personal, al obligarla a compartir vivienda con el denunciado[29].
S.P.T.B., en su condición de Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, mediante escrito del 27 de enero del 2017, presentó intervención en el presente asunto.
Manifestó que tanto la decisión del J. accionado como las sentencias emitidas en sede de tutela, no analizaron la situación de la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico desde la perspectiva constitucional ni desde el bloque de constitucionalidad, lo que desconoce las subreglas fijadas para este efecto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En este sentido, afirmó que, por un lado, el J. de familia únicamente se detuvo a analizar la condición de adulto mayor del sancionado, desconociendo que la accionante también pertenece a esta población y que, además, es una mujer víctima de violencia basada en género. Por otro lado, los jueces de tutela no consideraron los requisitos generales y especiales de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, frente a los cuales se evidencia la trascendencia constitucional del asunto y el desconocimiento del precedente, según lo señala la sentencia C-590 de 2005.
Presentación del caso, planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión
El 11 de julio de 2016, L.D.R., de 69 años de edad, víctima de violencia intrafamiliar y de género, instauró acción de tutela, por intermedio de apoderado, contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá por considerar que la decisión de revocar la orden de desalojo de su compañero permanente vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la protección reforzada como adulta mayor y mujer, a vivir una vida libre de violencias y a la administración de justicia. En su criterio, se configuran las siguientes irregularidades: (i) un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al desconocer que en el expediente existían pruebas irrefutables no solo de la ocurrencia de la violencia contra la mujer víctima sino del estado de zozobra y amenaza en que se encontraba, que fundamentaron la orden de desalojo del agresor de su domicilio; (ii) la violación directa a la Constitución, al omitir aplicar el inciso tercero del artículo 42 Superior, que ordena sancionar cualquier forma de violencia al interior de las familias que destruya su armonía y unidad; y, por desconocer el artículo 93 Superior que señala el carácter prevalente en el derecho interno de los tratados y convenios internacionales, específicamente, frente a la obligación del acatamiento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por Colombia. Por último, (iii) el desconocimiento del precedente constitucional fijado en las sentencias C-408 de 1996, T-967 de 2014, al no aplicar la perspectiva de género en las decisiones de la administración de justicia conforme el bloque de constitucionalidad.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – Reiteración de jurisprudencia– [30]
Con el fin de garantizar la excepcionalidad de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la sentencia C-590 de 2005[36] sistematizó de manera expresa los requisitos formales y los supuestos sustanciales o causales de procedencia que deben cumplirse. Así, el funcionario judicial debe, por un lado, constatar las siguientes condiciones genéricas de procedibilidad: (i) que el asunto tenga relevancia constitucional, esto es, que se evidencie una afectación a los derechos fundamentales de las partes; (ii) que el actor haya agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance, con el fin de respetar el requisito de subsidiariedad; (iii) que la acción se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, para satisfacer el requisito de inmediatez y para no poner en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada; con ello, se evita que las decisiones judiciales estén siempre pendientes de una eventual evaluación constitucional; (iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, sea decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y afecte los derechos fundamentales del peticionario; para garantizar que sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan corrección por vía de tutela, de manera que se excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite o que no se alegaron en el proceso; (v) que el accionante identifique razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y la haya alegado en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; así, se busca que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y, (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela, para evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas (N.s fuera del texto).
En todo caso, es importante advertir que el cumplimiento de los requisitos genéricos y la configuración de uno o más de los defectos mencionados, “no suponen fundamentos para iniciar una controversia sobre la corrección de los fallos judiciales desde el punto de vista legal, sino un mecanismo para controvertir la validez constitucional de una providencia, pues la tutela sólo prospera en caso de que se acredite la violación o amenaza a los derechos fundamentales. Por ello, es requisito sine qua non de procedencia de la acción que se demuestre la necesidad de una intervención del juez constitucional para proteger esos derechos. Las causales de procedencia son únicamente los cauces argumentativos para sustentar esa violación”[46] (N. fuera de texto).
“La fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.” (N. fuera del texto).
La protección normativa de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar y la violencia basada en el género, en el Estado Colombiano.
Los principales instrumentos internacionales que contienen disposiciones relativas a la protección de los derechos de la mujer y a la proscripción de cualquier acto de violencia o discriminación, proferidos por dependencias de la Organización de Naciones Unidas, son: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la M. (1967)[78], la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la M., en adelante CEDAW (1981)[79], la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la M. (1993)[80], y; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la M. (Beijing, 1995). Además, en el Sistema Interamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA) profirió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la M., “Convención de Belém do Pará”[81] (1995). Esta última constituye “uno de los instrumentos internacionales más importantes en esta materia, pues es una norma que recoge las principales obligaciones que los Estados miembros de la ONU deben cumplir, evitando la reproducción de distintos tipos de discriminación en contra de la mujer. Es a partir de ahí que organizaciones y tribunales internacionales han establecido los estándares de protección de las mujeres en el ámbito público y privado”[82].
En adición a los instrumentos internacionales, también deben mencionarse las conferencias mundiales como un esfuerzo de la Comunidad Internacional para erradicar la violencia contra la mujer y alcanzar la igualdad de género. Entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995, se reunió en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial sobre la M. de las Naciones Unidas que estipuló un plan para cumplir con objetivos estratégicos y, además, se resaltó la presencia de situaciones graves de discriminación en diversos ámbitos como la educación, salud, trabajo, economía y sociedad. Por ello, instó a la comunidad internacional que fuera una prioridad el que las mujeres tuvieran plena participación igualitaria en la vida civil, social, política, económica y cultural a nivel regional, nacional e internacional, eliminando cualquier forma de discriminación originada a partir del sexo. Al respecto, también es relevante mencionar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la M., creado mediante el artículo 21 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, “como organismo encargado de hacer recomendaciones y sugerencias generales de acuerdo con el examen de los informes y datos que provean los Estados partes. En ejercicio de esta actividad, dicho comité ha proferido diversas recomendaciones referentes a la protección de los derechos de las mujeres”[83].
Se ha identificado que en los casos concernientes a violencia contra mujeres, la investigación es la etapa de mayor importancia procesal, pues es allí donde pueden obtenerse los elementos probatorios necesarios para brindar una tutela efectiva de los derechos que les asisten. Adicionalmente, en el 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre un caso de violencia intrafamiliar[85] en el que se buscaba establecer la responsabilidad del Estado Brasileño por la violencia perpetrada contra la señora M. da P.M.F. por su cónyuge durante los años en que mantuvieron un vínculo matrimonial. La Comisión determinó que el Estado Brasileño había sido negligente e inefectivo en el procesamiento y condena de agresores de violencia contra la mujer desconociendo sus obligaciones internacionales, en los términos del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará, de procesar, condenar y prevenir prácticas degradantes.
El Estado colombiano ha procurado “eliminar la brecha histórica y cultural que existe en el país entre hombres y mujeres. Así se han adoptado medidas legislativas y jurisprudenciales en temas económicos[86], laborales[87] y de protección a la maternidad[88], de acceso a cargos públicos[89], de libertades sexuales y reproductivas[90], de igualdad de oportunidades[91], entre muchas otras. Por supuesto, también se encuentra legislación referente a la violencia contra la mujer y las formas para combatirla[92]”[93]. También se han creado espacios estatales encargados de propender por la reflexión crítica de políticas, planes y programas tendientes a garantizar condiciones de equidad de género en el Estado Colombiano. Así, la Ley 1009 de 2006 creó el Observatorio de asuntos de género con carácter permanente, hoy a cargo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la M. –CPEM[94]. El Decreto 164 de 2010 fundó la Comisión Intersectorial denominada “Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las M.es”. Y, la Ley 1434 de 2011, que modificó y adicionó la ley 5ª de 1992, estableció la comisión legal para la equidad de la mujer en el Congreso.
× La Ley 294 de 1996 desarrolló parcialmente el artículo 42 de la Carta y dispuso la posibilidad de acudir al C. de Familia del lugar donde ocurrieron los hechos de violencia, para obtener la protección inmediata requerida y resguardar los derechos las personas víctimas de violencia intrafamiliar, entre ellas, las mujeres quienes representan un gran porcentaje de las víctimas de este flagelo[109]. Además, consagró los principios que deben ser tenidos en cuenta en la interpretación y aplicación de dicha Ley. Entre estos se destacan: “a) Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar; d) La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer”[110].
× La Ley 1761 de 2015, también conocida como la Ley R.E.C., tipificó el feminicidio como un delito autónomo y ordenó crear un sistema Nacional de Estadísticas para cuantificar y analizar los datos relevantes en los casos de violencia basada en género[119].
Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la M. (sic), ‘la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’[126].”
En este sentido, la Comunicación número 2/2003 del Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW (caso Sra. A.T. contra Hungría) manifestó expresamente que “los derechos humanos de la mujer a la vida y a la integridad física y mental no pueden ser anulados por otros derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho a la intimidad”[155]. Lo que fue reiterado en la Comunicación número 5/2005 del mismo Comité (caso S.G. contra Austria), cuando se explicitó, en alusión a la violencia en el hogar, “que los derechos del agresor no pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres a la vida y a la integridad física y mental”[156].
En conclusión, la perspectiva de género consiste en la necesidad de reconocer, cuando ello sea relevante, la asimetría que puede existir entre un hombre y una mujer, debido a una relación de poder. Ello se traduce en la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que incluyan acciones afirmativas para superar la discriminación. Tal concepto encuentra apoyo en los artículos 13, 42, 43, entre otros, de la Carta Política y en los instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la M. y la Convención de Belem do Pará.
El día 11 de julio de 2016[162], por intermedio de apoderado, la señora L.D.R., de 69 años de edad interpuso acción de tutela contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá por considerar que esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la protección reforzada como adulta mayor y mujer, a vivir una vida libre de violencias y a la administración de justicia, al revocar la medida de protección de desalojo del agresor emitida por la Comisaría Octava de Familia de K. en el proceso iniciado por ella contra su compañero permanente por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar.
Por lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y en consecuencia se revoque la decisión proferida por el Juzgado Sexto (6°) de Familia de Bogotá y, en su lugar, se profiera una nueva decisión que confirme las medidas de protección expedidas por la Comisaría de Familia de K. a su favor.
5.2. C. de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La Sala concluye que se cumplen los requisitos generales. En primer lugar, se trata de un asunto con relevancia constitucional, por cuanto se advierte que los presuntos errores en los que incurrió el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, centrados en la indebida valoración probatoria, el desconocimiento del precedente constitucional y la violación a la Constitución, son de una entidad tal, que pueden llegar a afectar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, en el marco del proceso de solicitud de medidas de protección seguido por ella ante la Comisaría de Familia de K. como víctima de violencia intrafamiliar y violencia basada en género. En efecto, se trata de una sentencia que al haber revocado la decisión de desalojo de su agresor, de su lugar de residencia tiene la potencialidad de transgredir los derechos de la demandante a tal punto de vulnerar su derecho a una vida libre de violencias, el derecho al acceso a la administración de justicia y la protección reforzada como adulta mayor y mujer.
En segundo lugar, se constata que fueron agotados los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, en tanto la ciudadana accionante interpuso la acción de tutela contra la decisión proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá el 30 de junio de 2016, mediante la cual se resolvió el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación contra la decisión de la Comisaría de Familia de K., expedida el ocho (08) de junio del mismo año. Contra esa decisión no procedía ningún recurso, haciéndose indispensable acudir al recurso de amparo ante la inexistencia de un mecanismo alternativo de defensa.
En cuarto lugar, se exige que cuando se presente una irregularidad en el proceso, la misma debe implicar un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se ataca y que afecta los derechos fundamentales del accionante[165]. Este requisito se encuentra acreditado, pues la alegada vulneración al debido proceso y los demás derechos fundamentales de la señora L.D.R. se presentó, según se argumenta en el escrito de tutela, porque el juez accionado valoró indebidamente los medios probatorios aportados al proceso, que daban cuenta de la gravedad de la violencia sufrida por ella y la necesidad de la permanencia de la medida de protección revocada, por lo tanto si se hubiesen valorado de forma acertada las pruebas que obraban en el expediente, el J. Sexto de Familia de Bogotá hubiese adoptado otra decisión.
El Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, mediante providencia de 30 de junio de 2016, resolvió el recurso de apelación instaurado frente a la providencia que concedió medidas definitivas de protección por parte de la Comisaría de Familia de K., a favor de la accionante. La Comisaría de Familia, en esa decisión, señaló que las pruebas recopiladas por la autoridad administrativa daban cuenta de los “ataques verbales y psicológicos”[168] y del “maltrato de palabra” y los “improperios”[169] que el señor J.E. profería contra su compañera permanente L.D.R.. Además, le otorgó plena validez probatoria a los testimonios rendidos por los hijos de la pareja en conflicto, pese a los reparos que sobre los mismos efectuó el sancionado, considerando que no existían personas más idóneas que los mismos miembros del grupo familiar para dar cuenta de lo que allí ocurría[170].
Sin embargo, contrario a las consideraciones de la Comisaría, el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá sostuvo que el “desalojo [del agresor] resulta desbordado para las condiciones del mismo”[171] y concluyó que, para conjurar tales hechos de violencia, era suficiente la conminación al agresor para abstenerse de incurrir en nuevos actos de violencia y las “terapias familiares a fin de superar las diferencias entre los sujetos procesales”[172]. Por tal motivo, resolvió revocar los numerales primero, quinto y séptimo de la decisión tomada por la Comisaría Octava de Familia K.3. de Bogotá, encaminados a ordenar: el desalojo del señor J.E.M. del lugar de residencia que compartía con la accionante, el acompañamiento por parte del ciudadano H.E.M. (hijo de la pareja) para establecer condiciones de vivienda, alimentación y bienestar de su progenitor con posterioridad al desalojo, y la solicitud a la actora de brindar información para la ubicación de los hijos del sancionado, con el fin de dar trámite al procedimiento de fijación de cuota alimentaria a favor de adulto mayor, respectivamente.
Los motivos que llevaron a la autoridad judicial accionada a adoptar esta decisión, fueron resumidos en la contestación de la presente acción de tutela, en los siguiente términos: “El despacho jamás avaló (…) los actos de violencia del señor J.E. en la persona de la señora L.D., lo que se aclaró es que la violencia denunciada en la medida de protección es merecedora de atención, seguimiento y tratamiento; pero el desalojo [del] querellado, igualmente hombre de la tercera edad a quien no se denunció con antelación por violencia intrafamiliar o lesiones personales, resulta desbordado, habida cuenta de que la medida cuestionada es de las últimas que se debe adoptar y en circunstancias muy particulares de violencia física”[173] (subrayas y negrillas del Despacho).
En efecto, el 8 de junio de 2016, H.E.M.R., hijo de la pareja, declaró ante la Comisaría de Familia que la situación no era nueva, pues su progenitor “siempre ha sido una persona violenta y agresiva (…) esto ha sido de muchos años, con él no se puede entablar una conversación (…) si no se está de acuerdo con él se sale de las casillas, grita, dice malas palabras, pienso que no es justo”[174]. Agregó que él mismo fue víctima de violencia intrafamiliar en su infancia por parte de su padre: “para mí no es sencillo tener que aceptar y eso ha sido un trabajo mío durante muchos años, durante toda la vida, conmigo lo fue, y no se haya (sic) que perdonarle en este momento, pero lo cierto es que conmigo fue muy agresivo desde muy muy niño, y eso a uno lo marca”. Indicó que el 11 de mayo del mismo año, su padre vía telefónica le manifestó que “pase lo que pase con muertos o con heridos tenía que solucionarse este problema”[175], razón por la cual teme por la vida e integridad de su madre. En este sentido, manifestó lo siguiente: “lo único que yo he visto es el temor de mi mamá hacía mi papá (…) el solo hecho que el (sic) ande con una navaja con un cuchillo conociendo sus reacciones, es[o] me deja muy inquieto y preocupado a lo que pueda pasar a mi mamá y mis hermanas. Él tiene unas navajas de esas de abrir, le gustaba pararse en la puerta de la casa con el cuchillo guardado o entre la manga del saco o la chaqueta que tenía puesta (…) para mí es muy doloroso como hijo de los dos ver que todo se desintegra de esta forma y ver a mi papá en esa posición que ha tomado y a mi mamá esperando que le pueda suceder o donde pueda amanecer, es así de triste la historia de ellos dos en estos momentos”[176].
En su testimonio, H.E.M.R. afirmó que desde que los hechos de violencia se agudizaron, y temiendo por la vida e integridad de su progenitora, sus hermanas se han visto en la obligación de permanecer con ella las veinticuatro (24) horas del día. Inicialmente, se refugiaron en un cuarto de la casa que comparten con el agresor, saliendo muy temprano de allí, hacia las cinco de la mañana (5:00 a.m.) y regresando al caer el día, con el fin de evitar el encuentro con el victimario, pero ante nuevos hechos de violencia debieron sacarla de allí y llevarla a vivir a su hogar, situación que a su juicio es inaceptable. Al respecto manifestó: “no es justo que mi papá esté en esta actitud por lo que quiera obtener de esto y mi mamá siendo una mujer de casi 70 años se vea relegada a estar de amiga en amiga y ahora con su ropa y utensilios de aseo para arriba y para abajo, ahora está viviendo conmigo, pues ella tiene su casa, (…) es muy injusto que ella esté en esta situación”[177].
Por su parte, L.J.G.R., hija de la accionante, coincidió con su hermano en los hechos expuestos y relató que el 11 de mayo 2016, el señor J.E. llamó a su hijo H. y le manifestó, frente al conflicto que mantenía con su compañera que “el problema se arreglaba con un muerto en la casa, con un estado de violencia grave, mi mami dijo que tranquilos que ese día nos salíamos de la casa porque ella no quería que sucediera algo grave”. Relató que otro día, el señor J. las persiguió (a ella, a su madre y a su hermana) cuando iban saliendo de la casa y corrió tras ellas, mientras las gritaba y amenazaba, y que temiendo por la vida e integridad de su madre, ella y sus hermanos han debido asumir su cuidado de manera permanente: “él siempre trata de abordar a mi mami cuando ella está sola, pero siempre nos turnamos para estar una con ella, nos hospedamos en una alcoba pequeña, dormíamos las tres, procurábamos que no estuviera, mi madre salía conmigo a las cuatro y media de la mañana, nos bañábamos sin hacer ruido para que no nos escuchara salir, para que no supiera que estábamos ahí, cuando me iba a trabajar cada rato las llamaba para saber cómo estaban”[178].
Además, la ciudadana L.J.G.R. se refirió a la costumbre que tenía su padrastro de portar consigo objetos cortopunzantes y de pararse en la puerta señalándolos para causar terror en la accionante. Indicó que el trato del agresor hacia su madre siempre ha sido violento, la empuja, la insulta y la descalifica con palabras ofensivas tales como que “es una inútil” o que “se va a encargar de dejarla en la miseria y que realmente nosotros no éramos nadie”[179]. Puntualmente informó que teme por la vida de su madre al manifestar que: “realmente yo si estoy preocupada por la integridad de mi mamá hasta el punto que ella tomó la decisión de no volver a la casa yo le dije que contara con nosotros para salir adelante, porque es mucha la intranquilidad que tengo como hija, yo sé que cuando ella practicaba danzas en Marsella él se paraba en las esquinas para saber para donde cogía, él la grita, se encerraba en la pieza como a rezar y a hablar solo. No es justo que uno duerma al lado de ella y se despierte y diga ‘no me mate, no me mate’ y toca pasarle un vaso de agua. A esa edad uno debe estar tranquilo”[180]. Ante la pregunta de por qué debían salir de la casa donde dormían con su madre a altas horas de la mañana la entrevistada manifestó que “porque teme por su vida ya que EDUARDO es muy violento, porque intentaba abordarla cuando ella quedaba sola, porque si no salían debían estar sin hacer ningún tipo de ruido, él la aborda siempre que ella está sola”. Y en otra respuesta agregó que “[salíamos] a veces a las tres y media o cuatro de la mañana, salía sin desayunar, deambulaba en buses en compañía de mi hermana recién operada, (…) mi madre está delicada de salud tiene un problema de salud, tiene un problema en las venas de circulación, el día que nos tocó correr decía yo no puedo correr”[181]. Sobre la afectación que la conducta violenta de su padrastro ha traído a su vida, sostuvo que han dejado a un lado compromisos laborales y académicos por cuidar a su progenitora. Relató también que cuando ella tenía once (11) años, el ciudadano J.E. “le reventó la cara”, pero que su madre no quiso denunciar el hecho por temor a que le sucediera algo más grave. Sostuvo que la violencia ejercida por el sancionado hacia L.D. no ha sido solo verbal y psicológica, sino también física.
Finalmente, H.N.G.R., hija de la accionante, en declaración rendida ante la Comisaría[182], reiteró los hechos de violencia antes descritos, las amenazas, los improperios, las ofensas y las agresiones de J.E. contra su progenitora. Relató en detalle la situación por la cual ha atravesado la actora desde meses atrás, especialmente, el hecho de tener que esconderse de su agresor saliendo de casa desde las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) y llegando al finalizar la noche. Indicó que actualmente los tres hijos y la accionante están viviendo en Cota, en la casa de su hermano menor, H.M., con el fin de salvaguardar su vida e integridad personal. Al igual que sus hermanos, insistió en que la vida de su madre corre peligro y que está muy preocupada por esta situación: “El señor se coge contra las paredes y dice que tiene que haber un muerto para solucionar la situación, se esconde dentro de las cortinas nos deja la puerta con seguro, el 8 de mayo nos puso un palo para impedir abrir la lavadora y que no la utilizáramos. Siempre está con un cuchillo dentro del pantalón dentro de la casa, no se puede hablar con él porque siempre quiere solucionar las cosas con violencia, eso me tiene preocupada, estoy enferma, temo por la vida de mi mamá, de mis hermanos y la mía. (…) Le da rabia que mi mamá no esté sola para maltratarla, toda esta situación nos tiene muy preocupados. No es justo que estemos en un lado y otro con lo necesario correteando para allá y para acá”. Puntualizó que hace algunos años ella denunció a su padrastro por maltrato contra su hermano H.M..
Finalmente, la autoridad administrativa escuchó en declaración al señor G.E.R., a petición del agresor, quien frente a los hechos manifestó ser vecino de la pareja pero no tener conocimiento alguno sobre los hechos de violencia intrafamiliar denunciados.
Sin embargo, pese a la claridad de las versiones de los testigos, la validez probatoria de sus testimonios, las fotografías aportadas por la mujer víctima de los elementos cortopunzantes que su compañero portaba (frente a las cuales el sancionado no expresó reparo alguno)[183] y la gravedad de la violencia ejercida contra la señora L.D.R., el J. Sexto (6) de Familia se limitó a señalar que “las partes en contienda pertenecen a población de la tercera edad por lo que merece protección igualitaria, es decir, al accionado no se le pueden soslayar sus derechos[184]”, desconociendo de esta manera la protección reforzada que amparaba a la accionante como mujer víctima de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y como adulta mayor. Además, el accionado omitió adoptar la perspectiva de género en el análisis del caso, en particular, que “en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”.[185]
Lo anterior denota a todas luces, que el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá desconoció la existencia de plena prueba que fundamentaba el otorgamiento de la medida de protección de desalojo, al encontrarse acreditado que en efecto la accionante L.D.R. era víctima de violencia basada en género y violencia intrafamiliar de tipo físico, verbal y psicológico, y que la presencia de su agresor, J.E.M. en su misma residencia, constituía una amenaza para su vida, su integridad física o su salud, dadas las amenazas de muerte, su comportamiento violento y agresivo, la persecución y constante vigilancia que ejercía sobre su compañera permanente, el hecho de portar objetos cortopunzantes y los antecedentes de violencia al interior del hogar.
Además, el J. accionado incurrió en error al exigir para el otorgamiento de la medida de protección de desalojo unos requisitos que la ley no contempla. Primero, no es cierto, como lo señaló en la providencia del 30 de junio de 2016 y en el traslado de la acción, que se requiera la denuncia previa al sancionado por los delitos de violencia intrafamiliar o lesiones personales para la procedencia del desalojo. Segundo, el artículo 5° de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000, modificado a su vez por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, no señala que la medida proceda únicamente “en circunstancias muy particulares de violencia física”[186] como lo sostuvo la autoridad judicial accionada. Por el contrario, la norma indica que para ordenar el desalojo únicamente se debe verificar que la presencia del agresor en el domicilio de la víctima constituya una amenaza para su vida, su integridad física o su salud, y en efecto las amenazas y agresiones probadas desconocen el derecho fundamental de la accionante a vivir una vida libre de violencias.
Para el J. Sexto de Familia de Bogotá, la condición de adulto mayor del agresor le hacía inaplicable la medida. No obstante, olvidó el fallador que esa misma condición no le impidió al sancionado ejercer constantes y sistemáticos ataques violentos contra su compañera permanente e hijos, desconociendo los deberes de protección, solidaridad y ayuda mutua que le asistían frente a su familia. Omitió igualmente el juez accionado, el hecho de que la accionante era también una adulta mayor, que además era mujer, víctima de violencia basada en género y violencia intrafamiliar frente a la cual tenía el deber estatal de protección, debida diligencia y de garantías de no repetición.
También, vale la pena resaltar que la Comisaria de Familia de K.3., en su decisión del 8 de junio de 2016, no desconoció la condición de adulto mayor del sancionado agresor J.E.M.H., pues a favor de aquel emitió órdenes de protección, relacionadas con: (i) el inicio del trámite de alimentos a su favor, a cargo de sus hijos, con el fin de suplir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación y vestido y (ii) la obligación de su hijo H.M. de apoyar a su progenitor tras el desalojo. Así que, se establecieron medidas que tuvieron en cuenta la situación del sujeto activo de la violencia intrafamiliar.
Por lo anterior, se puede concluir que en el caso concreto, la decisión del 30 de junio de 2016 proferida por el J. Sexto de Familia de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al valorar las pruebas “de manera arbitraria, irracional y caprichosa”, como se reseñó en la jurisprudencia citada[187], al no aplicar las mismas a favor de la mujer víctima y en consonancia con los instrumentos nacionales e internacionales de protección a favor de las mujeres antes reseñados. En esa medida, se puede afirmar que el J. incurrió en el supuesto definido en la sentencia T-419 de 2011[188] de esta Corporación, en virtud del cual, se incurre en error fáctico por indebida valoración probatoria “como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso[…]”.
En conclusión, la Sala considera que L.D.R. sufrió varios obstáculos para el acceso a la administración de justicia, debido a que los operadores judiciales (no solo la autoridad judicial accionada sino los jueces de tutela que conocieron la acción en primera y segunda instancia) no valoraron la gravedad e importancia de los hechos que denunciaba, ni las obligaciones que le asistían frente a la lucha contra la violencia de género. Además, el J. accionado incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al desconocer que estaban dados los presupuestos para acceder a la imposición de la orden de desalojo del agresor de su lugar de residencia, debido a la amenaza inminente que existía sobre la vida, salud e integridad de la accionante, y porque exigió para su otorgamiento unos requisitos que la ley no contemplaba.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se tomarán las siguientes decisiones tendientes a tutelar el derecho al debido proceso, a la administración de justicia, a la vida digna, a la protección reforzada como mujer y adulta mayor y a vivir una vida libre de violencia de la señora L.D.R.H.:
En primer lugar, se revocará las decisiones proferidas en primera instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que negaron la acción de tutela promovida por L.D.R. contra el Juzgado Sexto (6º) de Familia de Bogotá y en su lugar se tutelarán sus derechos fundamentales.
En consecuencia, se dejará sin efectos la decisión proferida el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de Consulta impetrado contra la decisión del ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016) proferida por la Comisaría Octava de Familia K.3. de Bogotá en el proceso de violencia intrafamiliar seguido por L.D.R. contra J.E.M.H.. En su lugar, el J. Sexto de Familia de Bogotá deberá proceder a emitir una nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en la presente providencia.
Primero.- TUTELAR los Derechos fundamentales a la administración de justicia, a la vida digna, a la protección reforzada como mujer y adulta mayor de la señora L.D.R. y en consecuencia REVOCAR las decisiones proferidas en primera instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que negaron la acción de tutela promovida por ella contra el Juzgado Sexto (6º) de Familia de Bogotá.
Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de Consulta impetrado contra la decisión del ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016) proferida por la Comisaría Octava de Familia K.3. de Bogotá en el proceso de violencia intrafamiliar seguido por L.D.R. contra J.E.M.H.. En su lugar, el J. Sexto de Familia de Bogotá deberá proceder a emitir una nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en la parte considerativa de la presente providencia.
Tercero.- ORDENAR, como medida de protección transitoria, mientras se profiere la sentencia, (i) el desalojo de J.E.M.H. de la residencia que compartía con la accionante L.D.R., conforme con el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 y (ii) conferir un término de 72 horas para cumplir la orden de desalojo. Además, (iii) H.M., hijo menor de la pareja, debe encargarse de gestionar la vivienda, alimentación y bienestar integral del ciudadano J.E.M.H. tras el desalojo, (iv) conminar al ciudadano J.E.M.H. a abstenerse de realizar cualquier acto de agresión física, verbal o psicológica, y de causar escándalo o acudir de manera violenta o intimidatoria al lugar de habitación o sitios públicos donde se encuentre la accionante, (v) exigir al ciudadano J.E.M.H. su asistencia a tratamiento reeducativo terapéutico y psiquiátrico, a fin de manejar su agresividad y mejorar la comunicación con el entorno familiar; (vi) dar trámite al inicio del proceso de alimentos a favor del agresor por parte de sus hijos, ya que se trata de un adulto mayor; y, establecer que la pareja debe asistir a control por psicología.
Cuarto.- PREVENIR a los C.s de familia, a los Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y a los Jueces de Control de Garantías que deberán ceñir sus actuaciones en casos similares de violencia familiar y violencia basada en género de manera estricta a la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, y a la Ley 1257 de 2008, con una perspectiva de género.
[1] La Sala de Selección Número Once estuvo integrada por los Magistrados G.E.M.M. y J.I.P.P..
[11] Sentencia C-408 de 1996 (MP A.M.C..
[12] Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria S.O.D.).
[31] Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó: “los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”. Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[32] En la sentencia C-543 de 1992 (MP J.G.H.G., la Corte declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-363 de 2011 (MP J.C.H.P.. En este mismo sentido se pueden consultar las siguientes sentencias. T-891 de 2011 (MP J.C.H.P., T-497 de 2013 (MP L.G.G.P., T-320 de 2012 (MP A.M.G.A., T-031 de 2016 (MP L.G.G.P..
[35] Sentencia T-310 de 2009 (MP L.E.V.S..
[36] Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[37] Defecto orgánico: “Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”. Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[38] Defecto procedimental absoluto: “Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.” Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[39] Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando “un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia.”. Sentencia T-104 de 2014 (MP L.E.V.S., T-747 de 2013 (MP J.I.P.) y T-591 de 2011 (MP L.E.V.S..
[40] Defecto fáctico: “Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.” Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[41] Defecto material y sustantivo: “Son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [T-522 de 2001] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.” Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[42] Error inducido: “Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.” Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[43] Decisión sin motivación: “Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.” Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[44] Desconocimiento del precedente: “Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”. Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[45] La violación directa de la Constitución se configura cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución. En este sentido se pueden consultar las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. E.M.L., T-1625 de 2000 (MP. M.V.S.M.) y T-1031 de 2001 (MP. E.M.L., o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver sentencia T-522 de 2001 (MP. M.J.C.E.).
[46] Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2012 (MP M. Victoria Calle Correa), T-120 de 2014 (MP M. Victoria Calle Correa), SU-432 de 2015 (MP M. Victoria Calle Correa), SU-222 de 2016 (MP M. Victoria Calle Correa), T-625 de 2016 (MP M. Victoria Calle Correa),
[47]T-625 de 2016 (MP M. Victoria Calle Correa), C-590 de 2005 (MP J.C.T.) y T-701 de 2004 (MP R.U.Y..
[48] T-419 de 2011 (MP G.E.M.M..
[49] Al respecto, “la Corte ha indicado en sus providencias que dicha causal está limitada a aquellos eventos en que la actividad probatoria realizada por el juez incurre en errores de tal envergadura que ocasionan que su fallo se torne arbitrario e irrazonable. En consecuencia, la acción de tutela no tiene la virtualidad de realizar un juicio correctivo de la valoración probatoria del juez. Se trata, entonces, de confrontar la sentencia judicial con las garantías constitucionales para así verificar un error ostensible en el decreto o práctica de la prueba”. Sentencia T-012 de 2016 (MP L.E.V.S..
[50] Sentencia T-117 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada) y T-902 de 2005 (MP Marco G.M.C..
[51] Sentencia T-1100 de 2008 (MP. H.A.S.P..
[52] T-949 de 2003 (MP E.M.L.. La Sala Séptima de Revisión conoció la tutela instaurada por un ciudadano contra dos autoridades judiciales que lo condenaron en un proceso penal, por el delito de hurto calificado y agravado, sin el debido soporte probatorio que demostrara su responsabilidad en el ilícito. Se verificó que la identidad del accionante había sido suplantada, y que al no decretar las pruebas pertinentes para identificar al verdadero sujeto activo del delito, los jueces de conocimiento habían vulnerado sus derechos fundamentales. Este defecto fáctico autorizaba a la Corte para ordenar al juez competente la modificación de la decisión judicial condenatoria.
[53] T-554 de 2003 (MP Clara I.V.H.. Esta Corporación dejó sin efectos la decisión de un fiscal que precluyó una investigación penal sin practicar un dictamen de Medicina Legal que se requería para determinar si una niña había sido víctima del delito sexual que se le imputaba al sindicado.
[54] T-1103 de 2004 (MP Clara I.V.H.. En la sentencia se declaró la nulidad de un auto que admitió una demanda de interdicción judicial por demencia, sin contar con el certificado médico actualizado que acreditará tal circunstancia, cuya demanda se soportaba únicamente en otras pruebas irrelevantes.
[55] T-713 de 2005 (MP R.E.G., la Sala Quinta de Revisión declaró la nulidad de una sentencia de segunda instancia porque el juez no se pronunció respecto de la solicitud de práctica de pruebas que el actor había formulado en ese momento procesal.
[56] T-808 de 2006 (MP M.J.C.E.) La Corte dejó sin efectos un fallo proferido por un J. de familia que otorgó el permiso de salida del país a una niña, sin valorar debidamente testimonios y documentos que permitían inferir que esta decisión era contraria al interior superior del menor.
[57] T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafúr G.). En esta sentencia se examinó la acción interpuesta contra una decisión proferida por una autoridad judicial que incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria al desconocer el alcance de un dictamen pericial rendido dentro de un proceso.
[59] T-463 de 2016 (MP Gloria S.O.D.). En esta sentencia se demostró que del mismo defecto adolecía una providencia expedida por el Tribunal Superior de Medellín que trasladó la carga de la prueba a la accionante y valoró indebidamente y de manera contraria a los parámetros constitucionales, los medios probatorios aportados al expediente, cuando se trata de analizar las inconsistencias en la historia laboral de los afiliados para el reconocimiento de su pensión de vejez.
[60] Sobre la definición de precedente se sugiere consultar las sentencias T-292 de 2006 (MP M.J.C.E., SU-047 de 1999 (C.G.D. y A.M.C. y C-104 de 1993 (MP A.M.C..
[61] Sentencia T-292 de 2006 (MP M.J.C.E.).
[62] Sobre la definición de precedente se sugiere consultar las sentencias C-104 de 1993 (MP A.M.C., SU-047 de 1999 (MP C.G.D. y A.M.C. y T-292 de 2006 (MP M.J.C.E.).
[63] Sentencia C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[64] T-082 de 2011 (MP J.I.P.C., T-794 de 2011 (MP J.I.P.P.) y C-634 de 2011 (MP L.E.V.S.. En esta última, se explica: “La Corte también refirió al grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis.”
[65] En la sentencia T-688 de 2003 (MP E.M.L., la Sala Séptima de Revisión analizó el alcance de la fuerza vinculante del precedente horizontal. En esa oportunidad, afirmó de manera categórica que las salas de un tribunal deben seguir el precedente dictado por sus similares de la misma corporación. Esta hipótesis tiene asidero siempre que los supuestos fácticos y jurídicos sean análogos. La sentencia se apoyó en dos argumentos: En primer lugar, advirtió que conforme a la estructura de los tribunales del país, los magistrados conocen las decisiones que adopta la corporación a la que pertenecen. Ello ocurre, porque un funcionario jurisdiccional es presidente de una sala, y a la vez participa en la otra. De esta manera, “el modelo parte de la idea de que una posición asumida por una sala X, será defendida por sus integrantes en las salas en que ellos participan, generándose un efecto multiplicador, pues los otros integrantes de las salas de decisión defenderán la misma posición en sus respectivas salas. Este es un mecanismo institucional para asegurar la uniformidad de la jurisprudencia de cada tribunal del país”. En segundo orden, la Sala reiteró que los tribunales tienen la función de unificar el derecho en los procesos que no son pasibles de casación, de modo que en esos eventos la corporación respectiva no puede abandonar su función de órgano de cierre, es decir, desatender su deber de definir las reglas jurídicas aplicables dentro de su jurisdicción y desconocer su mismo precedente. Así, “resulta claro que los Tribunales, no sus salas de manera individual, asumen la tarea de unificar la jurisprudencia dentro de su jurisdicción. Ello demanda que se fijen posturas claras y precisas frente a los distintos dilemas hermenéuticos sometidos a su consideración”. Esta labor implica, ha dicho la Corte, que cada sala debe conocer las decisiones de las otras, debido a que solo con estar al tanto de las demás providencias se facilita la unificación de las interpretaciones del ordenamiento jurídico. La función de homogenización de las posiciones jurídicas que realizan los tribunales como corporación es opuesta a la diferencia de los pronunciamientos judiciales de cada sala, de modo que sería contradictorio cumplir con la labor de unificación a partir del desconocimiento de otras decisiones que tienen la misma finalidad. Por tanto, los jueces que fungen como tribunal de cierre deben observar sus decisiones anteriores con el objeto de contribuir a la seguridad jurídica. La anterior regla jurisprudencial se reiteró en las sentencias T-698 de 2004 (MP R.U.Y. (e) y T-918 de 2010 (MP L.E.V.S.. Con base en los anteriores razonamientos “la [C]orte ha concluido que a los tribunales le son aplicables las reglas sobre precedente y doctrina probable” con el fin de identificar si se configura el defecto de desconocimiento del precedente. Sobre el particular, consultar la sentencia T-390 de 2015 (MP G.E.M.M..
[66] MP L.E.V.S..
[67] Sentencias T-330 de 2005 (MP H.A.S.P. y T-698 de 2004 (MP R.U.Y. (e).
[68] Sentencia SU-053 de 2015 (MP Gloria S.O.D.).
[70] T-292 de 2006 (M.J.C.E.): “En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable.”
[71] C-816 de 2011 (MP M.G.C.).
[72] Al respecto, pueden consultarse, entre otros, los siguientes autos: A-006 de 2004 (MP A.B.S.), A-096 de 2004 (MP R.U.Y. (e), A-070 de 2005 (MP Marco G.M.C.. Sobre los alcances generales de estas nulidades pueden verse entre otros también los siguientes autos: Auto 232 de 2001 (MP J.A.R., Auto 031A de 2002 (MP E.M.L.) y Auto 063 de 2004 (MP M.J.C.E.).
[73] En un principio, la jurisprudencia consideró que la violación directa de la Constitución constituía un defecto sustantivo, en este sentido se puede consultar la sentencia SU-159 de 2002 (MP M.J.C.E.). Posteriormente, la sentencia T-949 de 2003 (MP E.M.L. afirmó que se trata de un defecto autónomo que justifica la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. El criterio anterior fue acogido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (J.C.T..
[74] Sentencia T-809 de 2010 (MP J.C.H.P.. Esta causal de procedibilidad también ha sido aplicada en las Sentencias T-747 de 2009 (MP G.E.M.M.; T-555 de 2009 (MP L.E.V.S.) y T-071 de 2012 (MP J.I.P.C., entre otras.
[75] Sentencia C-776 de 2010 (MP J.I.P.P.).
[76] Sentencia C-804 de 2006 (MP H.A.S.P..
[77] Sentencia T-878 de 2014 (MP J.I.P.P.).
[82] Sentencia T-012 de 2016 (MP L.E.V.S..
[85] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N. 54/01, Caso 12.051, M. da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 de abril de 2001.
[86] Por ejemplo, las Leyes 825 de 1993 y 1232 de 2008, por medio de las cuales se protege a la M. Cabeza de Familia, entre otras.
[88] Por ejemplo, la protección de estabilidad laboral reforzada a la mujer en embarazo, a través de vía jurisprudencial, consolidada mediante la sentencia SU-070 de 2013, M.P.A.J.E.. Y la Ley1468 de 2011, por la cual se amplió la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas.
[90] Aunque en este aspecto, las medidas son tímidas, se puede nombrar por ejemplo la sentencia C-355 de 2006 (MP C.G.D.) despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas.
Decreto Ley 164 de 2010, por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las M.es".
[93] Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria S.O.D.).
[95] Sentencia T-878 de 2014 (J.I.P.P.)
[97] En la sentencia T-247 de 2010 (MP H.A.S.P.) la Corte estudió el caso de un empleador que utilizó el género como un parámetro de exclusión de una mujer para trabajar en una empresa como vigilante. En la providencia T-322 de 2002 (MP Á.T.G.) indicó que no es posible que los empleadores establezcan parámetros dentro de los cuales, sin justificación alguna, opten por contratar trabajadores solo de determinado sexo. En la sentencia T-624 de 1995 (J.G.H.G.) amparó los derechos de una mujer que deseaba ser Oficial de Infantería de M. en la Escuela Naval, carrera que no se ofrece en ningún otro centro docente del país.
[98] En el fallo C-507 de 2004 (MP M.J.C.E.) este Tribunal estudió la norma que disponía la nulidad del matrimonio y pérdida de todo efecto entre menores, partiendo de una diferencia de trato en las edades ya que para las niñas se establecía en 12 años, en tanto que para los niños en 14 años. Decidió que la disposición era constitucional siempre que se entendiera que la edad para la mujer es también de catorce años, como acaece para el hombre.
[99] En la sentencia C-1032 de 2006 (MP N.P.P.) la Corte declaró inconstitucional la norma que establecía un periodo de carencia de atención médica para las mujeres embarazadas y los niños menores a un año afiliados al régimen contributivo.
[100] La sentencia C-082 de 1999 (MP C.G.D.) se pronunció respecto del numeral 7 del artículo 140 del Código Civil.
[101] La sentencia C-101 de 2005 (MP A.B.S.) la Corte sostuvo que la norma fue promulgada en una época en la que “el paradigma de lo humano, se construía alrededor del varón, y la mujer sencillamente era vista como un elemento de adorno cuya función en la vida era servir y hacer feliz al hombre. Superada esa época, la norma lejos de perseguir una finalidad constitucionalmente admisible, lo que hace es perpetuar la histórica discriminación a la que se ha visto sometida la mujer”.
[102] Sentencia T-005 de 2009 (MP J.C.T..
[103] Sentencias de la Corte Constitucional C-722 de 2004 (MP R.E.G.) y C-667 de 2006 (MP J.A.R.).
[104] Sentencia T- 943 de 1999 (MP C.G.D.) y C-667 de 2006 (MP J.A.R.).
[105]Sentencia C-776 de 2010 (MP J.I.P.P.).
[106] Informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Poner Fin a la Violencia contra la M.: De las Palabras a los Hechos. Publicación de las Naciones Unidas, 2007, 29.
[107] Sentencia T-878 de 2014 (J.I.P.P.).
[108] Sentencia T-878 de 2014 (MP J.I.P.P.).
Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia.
[117] Sentencia T-012 de 2016 (MP L.E.V.S.)
[120] Sentencia T-878 de 2014 (J.I.P.P.).
[121] En este sentido se pronunció en la sentencia T-529 de 1992 (MP F.M.D., en la que afirmó: “[e]l respeto a la vida y a la integridad física de los demás, en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la prevención policiva o a la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, mucho menos a aquella con quien se comparten la unión doméstica de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual”.
[122] La sentencia T-382 de 1994 (MP H.H.V.) afirmó: “los tratos crueles, degradantes o que ocasionen dolor y angustia a nivel corporal o espiritual atentan de manera directa contra la dignidad humana y contra lo dispuesto en el artículo 12 constitucional, según el cual, ‘nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’”. En esta ocasión, la Sala se pronunció sobre un caso en el que la accionante era sometida por su esposo a tratos degradantes y abusivos, en los que también eran involucradas sus hijas menores. Dada la gravedad de los hechos descritos por la accionante, se consideró que un trámite ante la Comisaría de Familia, dado que es un proceso ordinario es dispendioso y lento, “Por lo tanto, mientras acude a dicha acción y la misma se decide, el ataque físico y moral de que son objeto la accionante y sus hijas continuará, y podrá llevar a que el accionado haga efectivas las amenazas que ha hecho contra la vida de la peticionaria, y a que sus hijas tengan que seguir siendo sometidas a la violencia moral, por la conducta abusiva de su padre frente a su madre.
[123] Sentencia T-487 de 1994 (MP J.G.H.. En este fallo, la Corte se pronunció sobre un caso en el que la accionante y su hija eran víctimas de maltratos reiterados por parte del accionado y tuteló los derechos a la vida y la integridad física de la accionante, al considerar que “los ultrajes a la demandante se han convertido en una descarada costumbre del atacante, merced a la impunidad en que siempre han culminado sus acometidas, pues las autoridades públicas han permanecido pasivas, pese a los frecuentes reclamos de la víctima”.
[124] En la Sentencia T-552 de 1994 (MP J.G.H., la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida y a la integridad personal de la accionante y sus hijos. Además, ordenó al accionante “abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia física o moral” contra ellos.
[125] Sentencia C-408 de 1996 (MP A.M.C..
[127] Sentencias T-608 de 2001 (MP J.A.R.) y T-133 de 2004 (MP J.A.R.).
[128] Sentencia T-789 de 2001 (MP Marco G.M.C..
[129] Sentencia T-878 de 2014 (MP J.I.P.P.).
[130] Sentencia C-285 de 1997 (MP C.G.D..
[131] Sentencia C-652 de 1997 (MP V.N.M..
[132] Sentencia C-273 de 1998 (MP A.M.C..
[133] Sentencia C-059 de 2005 (MP Clara I.V.H..
[135] Sentencia C-674 de 2005 (MP R.E.G.) En esta decisión, la Corte consideró que no existía una omisión legislativa debido a que el delito de violencia intrafamiliar no contemplaba el maltrato sexual.
[136] Sentencia C-674 de 2005 (MP R.E.G.).
[137] Sentencia C-322 de 2006 (MP Marco G.M.C..
[138] Sentencia C-355 de 2013 (MP J.I.P.C..
[141] Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria S.O.D.).
[142] A favor de las mujeres víctimas del conflicto armado, la Corte Constitucional expidió las siguientes decisiones: la sentencia T-025 de 2004 (M.J.C.E.) declaró formalmente el estado de cosas inconstitucional en la población desplazada; el Auto 200 de 2007 (M.J.C.E.) relacionado con la protección del derecho a la vida y a la seguridad personal de líderes/sas de población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo; el Auto 092 de 2008 (M.J.C.E.) adoptó medidas para la protección a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, emitió unas órdenes para la prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre las mujeres, identificó diez (10) riesgos de género y dieciocho (18) patrones de violencia y discriminación de género que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento y en el marco del conflicto armado. El Auto 237 de 2008 (M.J.C.E.) adoptó los “Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del impacto Desproporcionado y Diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas”; el Auto 251 de 2008 (M.J.C.E. señaló los riesgos y vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes desplazados y en riesgo de serlo; el Auto 098 de 2013 (L.E.V.S.) relacionado con el seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos; y, el Auto 009 de 2015 (MP L.E.V.S.) por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la M. Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
[143] En este mismo sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T-677 de 2011 (J.C.H.P..
[145] MP G.E.M.M..
[146] Sentencia T-973 de 2011 (MP G.E.M.M..
[147] Sentencia T-012 de 2016 (MP L.E.V.S..
[148] Sentencia T-878 de 2014 (MP J.I.P.P.).
[152] Sentencia T-012 de 2016 (MP L.E.V.S..
[153] Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria S.O.D.).
[154] Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria S.O.D.).
[155] Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW, Comunicación número 2/2003 (caso Sra. A.T. contra Hungría), pág. 10. La cuestión que se resolvió estribó sobre si la autora de la comunicación ha sido víctima de la violación de los artículos 2 a), b) y e), 5 a) y 16 de la Convención como consecuencia del presunto incumplimiento por el Estado parte de su obligación de protegerla de modo eficaz del grave riesgo que para su integridad física, su salud física y mental y su vida representaba su ex pareja de hecho. El Comité observó que el Estado parte admitió que los recursos empleados por la autora no bastaron para protegerla de forma inmediata contra los malos tratos infligidos por su ex pareja y que, además, la estructura jurídica e institucional del Estado parte aún no permite garantizar de forma coordinada, general y eficaz la protección y el apoyo que, según las normas internacionales deben prestarse a las víctimas de violencia doméstica. En opinión del Comité, “la descripción de los procedimientos civiles y penales seguidos en el presente caso confirma esa afirmación general. Los derechos humanos de la mujer a la vida y a la integridad física y mental no pueden ser anulados por otros derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho a la intimidad. Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado parte no ha ofrecido información sobre los recursos alternativos que la autora podría haber empleado para obtener garantías suficientes de protección o seguridad y evitar seguir siendo víctima de violencia.”
[156] Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW, Comunicación número 5/2005 (caso S.G. contra Austria), pág. 23. Frente a este caso específico, el Comité efectuó las siguientes recomendaciones al estado austriaco: “b) Enjuiciar de manera vigilante y rápida a los autores de actos de violencia en el hogar a fin de hacer comprender a los agresores y al público que la sociedad condena la violencia en el hogar y asegurar al mismo tiempo que se utilicen recursos penales y civiles en los casos en que el perpetrador en una situación de violencia en el hogar plantea una amenaza peligrosa para la víctima y asegurar también que en todas las medidas que se tomen para proteger a la mujer de la violencia se dé la consideración debida a la seguridad de la mujer, haciendo hincapié en que los derechos del perpetrador no pueden sustituir a los derechos de la mujer a la vida y la integridad física y mental. // d) Fortalecer los programas de capacitación y formación sobre violencia en el hogar para los jueces, abogados y oficiales encargados de hacer cumplir la ley, incluso en lo que respecta a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la recomendación general 19 del Comité y el Protocolo Facultativo.”
[157] Esta conclusión fue sustentada en el Informe de la implementación de la Ley 1257 de 2008, que evidenció “la cultura política de los operadores de justicia sigue permeada por patrones de discriminación contra la mujer, en tanto no investigan los casos de acoso sexual adecuadamente, y cuando abren las investigaciones exigen niveles de prueba que no se corresponden con las dificultades propias de los casos de violencia […] y que más bien tienen una valoración soterrada de la menor gravedad del delito”. II Informe sobre la implementación de la Ley 1257 de 2008, coordinado por la Corporación Sisma M. y publicado en diciembre de 2013. Y, en el Informe sobre “El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas” de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de la M. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidenció “que ciertos patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos. Existe asimismo una tendencia a considerar los casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, privados y no prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado”.
[159] MP L.E.V.S..
[163] Ver las Sentencias T-315 de 2005 (MP J.C.T.) y C-590 de 2005 (MP J.C.T., entre otras.
[165] Sentencia T-008 de 1998 (MP E.C.M., SU-159 de 2000 (MP J.G.H.G., C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[166] Sentencia T-658 de 1998 (MP C.G.D.) y C-590 de 2005 (MP J.C.T., entre otras.
[167] Sentencias de la Corte Constitucional T-088 de 1999 (MP E.C.M.) y SU-1219 de 2001 (MP M.J.C.E.) Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005 (MP J.C.T..
[176] Folio 23 y 24. I..
[177] Folio 23. I..
[178] Folio 35. I..
[180] Folio 26. I..
[181] Folio 26. I..
[182] Folios 27-28. I..
[185] Sentencia T-967 de 2014 (MP Gloria S.O.D.).
[187] Sentencia T-117 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada) y sentencia T-902 de 2005 (MP Marco G.M.C..
[188] Sentencia T-419 de 2011 (MP G.E.M.M..