Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/3950
Timestamp: 2019-09-15 05:57:52
Document Index: 42948625

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'Artículo 3', 'Artículo 85', 'Artículo 38', 'Artículo 51', 'Artículo 131', 'Artículo 139', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 151', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 30', 'Artículo 18', 'Artículo 10', 'Artículo 24', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 31', 'Artículo 56', 'Artículo 10', 'Artículo 26', 'Artículo 32', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 34']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 208/1999
SENTENCIA 208/1999, de 11 de noviembre
ECLI:ES:TC:1999:208
1. Los representantes del Gobierno Vasco, mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 1989, interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 4; 7; 9; 10.1 y 4; 11; 12.2; 20; 25 a) y c); 31 a) y b); 33.1; 34.2 y 3; Título III (arts. 36 a 48) y Disposición transitoria primera, apartado 1, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (L.D.C.), por considerar que dichos preceptos no respetan el orden constitucional de distribución de competencias.
2. Mediante sendas providencias de la Sección Primera y de la Sección Segunda, ambas de 30 de octubre de 1989, se acordó admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno Vasco y por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme prevé el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, a fin de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el procedimiento y formular alegaciones, así como publicar la incoación del recurso en el "Boletín Oficial del Estado".
3. El Abogado del Estado, en la representación del Gobierno que legalmente ostenta, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 6 de noviembre de 1989, solicitó la acumulación de los citados recursos de inconstitucionalidad en razón a que su conexión objetiva justificaba, de acuerdo con el art. 83 LOTC, su tramitación y decisión conjunta, y el otorgamiento de un nuevo plazo de quince días para realizar las correspondientes alegaciones.
4. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escritos registrados el día 17 de noviembre de 1989, comunicó a este Tribunal que ni se personaría ni formularía alegaciones en los procedimientos a los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra la Ley de Defensa de la Competencia, poniéndose a disposición del Tribunal.
5. La Sección Segunda, mediante providencia de 24 de noviembre de 1989, acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 6 de noviembre de 1989 y dar traslado del mismo a las representaciones procesales del Gobierno Vasco y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña al objeto de que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente sobre la solicitada acumulación.
6. El Pleno del Tribunal, mediante Auto de 19 de diciembre de 1989, acordó la acumulación de ambos recursos de inconstitucionalidad, así como la concesión de un nuevo plazo de quince días al Abogado del Estado para que formule sus alegaciones.
7. La representación del Gobierno Vasco fundamenta la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa de la Competencia con base en las siguientes alegaciones:
a) Comienza enmarcando la L.D.C. en la necesaria revisión de la Ley anterior, Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia (L.R.P.R.C.) como consecuencia del principio de directa aplicación del Derecho Comunitario, en concreto del art. 3 f) del Tratado de Roma que prevé el "establecimiento de un sistema de garantías contra el falseamiento de la libre competencia en el mercado común", que se concretará en las previsiones sobre la incompatibilidad del mercado común con los acuerdos, decisiones y prácticas entre empresas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que puedan impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia, así como suponer la explotación abusiva por parte de una o más empresas de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. También pone de manifiesto cómo la Exposición de Motivos relaciona directamente la defensa de la competencia con el art. 38 C.E., que reconoce el principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, e implica a los poderes públicos en su protección, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
b) La representación del Gobierno Vasco analiza a continuación la materia "defensa de la competencia", a fin de proceder a su encuadramiento competencial y poner de manifiesto la invasión que la L.D.C. lleva a cabo respecto del acervo competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Teniendo en cuenta el razonamiento expuesto, la representación del Gobierno Vasco considera que la Ley de Defensa de la Competencia invade las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo relativo a la gestión en su territorio de la legislación de defensa de la competencia contenida en aquella Ley. La invasión competencial se produce en cuatro ámbitos determinados: los actos de control atribuidos al S.D.C. y al T.D.C., las autorizaciones que se atribuyen al propio Tribunal, la organización administrativa centralizada y con competencia en todo el territorio nacional encargada de aplicar la L.D.C. y los procedimientos administrativos a que se sujetan dichos órganos.
d) La demanda contiene una última precisión sobre el alcance de las competencias de ejecución de la Ley de Defensa de la Competencia que se reclaman para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dichas competencias se refieren a las prácticas que principalmente tengan lugar en el territorio de referida Comunidad Autónoma o vayan dirigidas a alterar la libre competencia en el mercado intracomunitario. Quedan fueran del ámbito de ejecución reclamado las prácticas dirigidas a un ámbito supracomunitario o que estando implicadas en el ámbito autonómico incidan o repercutan sobre el conjunto del mercado nacional. En razón a lo expuesto, la representación del Gobierno Vasco solicita del Tribunal que dicte Sentencia y declare la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados a que se ha hecho referencia.
8. La representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña alegó lo siguiente:
a) Para delimitar desde la perspectiva competencial el concepto de defensa de la competencia es necesario hacer referencia al ordenamiento comunitario pues el objetivo de alcanzar un mercado común europeo tenía presente, desde el propio Tratado de Roma, en su art. 3 f), que la competencia no podía ser falseada. Este principio se concretó en los arts. 85 y 86 del propio Tratado que prohiben determinadas conductas de los agentes económicos, así como la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado común o en parte sustancial del mismo. Principios que se han desarrollado en el Reglamento (CEE) 17/1962. Esta normativa comunitaria, que es directamente aplicable en España y que ha sido incorporada a la L.D.C., se ha materializado, desde la perspectiva de su aplicación, en la concurrencia de la Comisión de la CEE y de las autoridades nacionales, siempre con respeto del principio de autonomía institucional de los Estados miembros.
b) La titularidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre las competencias de gestión en materia de defensa de la competencia se sostiene a partir de lo establecido en el art. 12.1.5 E.A.C. que prevé:
5. Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia".
De otra parte, ello viene avalado también porque nuestro ordenamiento ha venido conectando la defensa de la competencia al contenido del comercio interior desde el punto de vista jurídico- administrativo, ya que la intervención de los poderes públicos en el ámbito del comercio interior a partir de la segunda mitad del siglo actual, abarca entre otras cuestiones la relativa a la protección y defensa de la competencia. Así se comprueba en el Decreto 262/1966, de 17 de marzo, organización administrativa que se mantiene, en líneas generales, en el Decreto 446/1976, de 5 de marzo, sobre estructura orgánica del Ministerio de Comercio, de donde pasa al Real Decreto 300/1978, de 2 de marzo, por el que se reestructura y se atribuyen funciones a la Dirección General de Consumo y de la Disciplina de Mercado.
c) La Ley de Defensa de la Competencia, al atribuir toda su aplicación a órganos administrativos dependientes de la Administración del Estado con competencia en todo el territorio nacional, impidiendo correlativamente el ejercicio de sus competencias ejecutivas a las Comunidades Autónomas competentes, según se desprende de los debates parlamentarios, incurre en inconstitucionalidad por menoscabo de aquellas competencias. Los preceptos impugnados por estar afectados por la tacha antedicha son los siguientes:
9. El Abogado del Estado expone lo siguiente en su escrito de alegaciones:
a) Comienza manifestando su discrepancia respecto del planteamiento impugnatorio del Gobierno Vasco y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, basado en su titularidad sobre las competencias de gestión en materia de defensa de la competencia. Considera la representación estatal que en dicha materia tanto la competencia legislativa como la ejecutiva pertenecen íntegramente al Estado. En tal sentido, indica que los Estatutos de Autonomía no contienen atribución expresa alguna de la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia, siendo el requisito de la expresa atribución estatutaria condición imprescindible para ostentar tal competencia, además de que el art. 149.1 C.E. no la haya reservado al Estado.
b) Subsidiariamente, para el caso de que no se apreciara el razonamiento expuesto, el Abogado del Estado considera que la competencia estatal sobre la ejecución de la "legislación de defensa de la competencia" se sustenta en el alto grado de discrecionalidad técnica que exige la aplicación de la L.D.C., que difícilmente admitiría su territorialización sin producir desigualdades sustanciales y, por tanto, la quiebra de los arts. 139.1 y 149.1.1, en relación con el art. 38, todos ellos de la C.E. El elevado margen de discrecionalidad en la aplicación de la L.D.C. se desprende de la generalidad de las conductas a que se refiere su art. 1, así como de la amplitud con que se enuncian sus consecuencias ("impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del territorio nacional"). El mecanismo de autorizaciones singularizadas refuerzan esa impresión.
c) Por último, alega que la pretensión de los recursos resulta inadmisible aunque se aceptase el criterio de que corresponde a las Comunidades Autónomas las competencias de ejecución en materia de defensa de la competencia, ya que dichos recursos, al aceptar que pueden darse supuestos de restricción o falseamiento de la competencia que, aun afectando al mercado intraautonómico, afecten también al mercado nacional, siendo por ello de competencia estatal, están realmente solicitando una sentencia interpretativa que obligaría al Tribunal a fijar el punto de conexión pertinente. Tras ello, se solicita que el Tribunal dicte Sentencia desestimatoria de los recursos de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad de la L.D.C.
10. Por providencia de 10 de noviembre de 1999, se señaló, para deliberación y votación de esta Sentencia, el día 11 del mismo mes y año.
1. En los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (L.D.C.), el primero ha impugnado los arts. 4; 7; 9; 10.1 y 4; 11; 12.2; 20; 25 a) y c); 31 a) y b); 33.1; 34,2 y 3; 36 a 48; y Disposición transitoria primera, apartado 1. Ámbito normativo de la impugnación con el que sustancialmente coincide el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, al concretarla a los arts. 4; 7; 9; 11; 12.2; 25 a) y c); 30; 31; 32.1; 33.1; 34.2 y 3; 35; el Título Tercero, Capítulo I (arts. 36 a 49) y la Disposición transitoria primera, apartado 1, de la referida Ley. Las Comunidades Autónomas recurrentes recaban para sí la competencia respecto de las facultades ejecutivas que se regulan en los preceptos antedichos, sin desconocer que al Estado corresponde la "dirección general de la economía", tal como aduce el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña; más concretamente, el Gobierno Vasco limita su reivindicación "a aquellas prácticas que principalmente tengan lugar en territorio de la Comunidad Autónoma o vayan dirigidas a alterar la libre competencia en el mercado intracomunitario" quedando fuera, por tanto, las supracomunitarias y las que, aún discurriendo en el territorio de la Comunidad, incidan sobre el conjunto del mercado nacional.
2. En los presentes recursos de inconstitucionalidad subyace una controversia competencial respecto al ámbito de aplicación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pues pese a que las partes admitan sin reserva alguna que corresponde al Estado la potestad de normación en materia de "defensa de la competencia", el debate radica en la determinación de la Administración competente para la ejecución de los preceptos de la L.D.C.
a) En efecto, las representaciones de las Comunidades Autónomas recurrentes sostienen, en esencia, que los antes mencionados preceptos de la L.D.C. han invadido las competencias de ejecución que sus respectivos Estatutos les reconocen respecto de la "legislación de la defensa de la competencia". De un lado, porque esta materia no está incluida en la relación de competencias del Estado que se contiene en el art. 149.1 C.E. y, en los respectivos Estatutos de Autonomía, aquél sólo ha asumido la competencia relativa a la "legislación" ex art. 149.3 C.E. De otro, porque la atribución a las recurrentes de la competencia de ejecución es consecuencia de estar integrada la materia "defensa de la competencia" en la de "comercio interior", de la cual forma parte; materia ésta que una y otra Comunidad Autónoma asumieron con carácter exclusivo en sus Estatutos (art. 10.27 E.A.P.V. y art. 12.1.5 E.A.C., respectivamente).
b) Frente a este planteamiento, el Abogado del Estado alega que los preceptos de la L.D.C. impugnados por las Comunidades Autónomas son enteramente conformes con el bloque de la constitucionalidad. En primer lugar, porque si las atribuciones de competencias a las Comunidades Autónomas han de ser explícitas y no implícitas, es incuestionable que los respectivos Estatutos de las recurrentes no les han atribuido competencias de ejecución en materia de "defensa de la competencia". En segundo término, puesto que si bien esta materia no se encuentra incluida en el art. 149.1 C.E., tampoco cabe admitir, como se pretende por las Comunidades Autónomas recurrentes, que forme parte integrante de la de "comercio interior", ya que posee una sustantividad propia. De suerte que, en definitiva, corresponde al Estado tanto la competencia legislativa como la ejecutiva en materia de "defensa de la competencia" en atención a la cláusula residual del art. 149.3 C.E. Alegando asimismo, si bien con carácter subsidiario, que el Estado también puede invocar los arts. 139.1 y 149.1.1 en relación con el art. 38 C.E. en atención a las particularidades de esta materia.
3. En cuanto a lo primero, como extremos más relevantes del contenido y finalidad de la L.D.C. conviene retener los siguientes.
a) El antecedente inmediato de la L.D.C. es la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas restrictivas de la Competencia, cuyos defectos trata de superar la primera según se afirma en su Exposición de Motivos. En la que también se alude a "las normas comunitarias de política de competencia" como inspiración de la nueva Ley. Esto es, los arts. 85 a 94 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (T.C.E.), hecho en Roma el 25 de marzo de 1957 y en vigor para España desde el 1 de enero de 1986, así como los diversos actos normativos en esta materia adoptados por los órganos comunitarios. Antecedentes que podrían haberse prolongado a la legislación norteamericana sobre libre competencia, pues sabido es que ciertos preceptos del T.C.E., como es el caso de los arts. 85 y 86 en relación con el 3 g), están inspirados en los arts. 1 y 2 de la Sherman Act de 1890, a la que seguiría la Clayton Act de 1914. De lo que se desprende, pues, que un dato determinante para la adopción de la L.D.C. de 1989 ha sido la entrada en vigor para España en 1986 de las normas comunitarias que regulan esta materia, con el objetivo de adaptar nuestra legislación a esta normativa.
b) La finalidad específica de la Ley según su Exposición de Motivos es la de "garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla contra todo ataque contrario al interés público". Agregando a continuación que este objetivo es "compatible con las demás leyes que regulan el mercado". Lo que pone de relieve que la normativa de defensa de la competencia, de un lado, está dirigida a salvaguardar un interés general, la ordenación o el buen funcionamiento del mercado. Y lo lleva a cabo mediante ciertas reglas y el establecimiento de procedimientos de control por entidades públicas que permiten que los agentes económicos que concurren en el mismo lo hagan en condiciones que garanticen su libertad de participación; excluyendo, correlativamente, aquellas conductas que puedan interferir ese marco de libertad de los concurrentes y, de este modo, afectar al mencionado interés general. De otro lado, que esta finalidad específica es la que caracteriza a la disposición legal aquí examinada, ya que en la ordenación del mercado también concurren otros sectores normativos con un contenido propio y al servicio asimismo de intereses generales, extremo sobre el que se volverá más adelante.
c) Consecuente con esta finalidad específica, la L.D.C. regula, en primer término, la libre competencia entre empresas, prohibiendo las conductas que puedan producir el efecto de impedirla, restringirla o falsearla así como el abuso de una posición dominante en el mercado por una o varias empresas, si bien se establecen posibles excepciones y autorizaciones de dichas conductas. Pues al igual que la normativa comunitaria en la que se inspira, la defensa de la libre competencia en el mercado no se concibe en términos absolutos sino con la finalidad de que se produzca una competencia "eficaz" (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de octubre de 1977, asunto 25/76, Metro SB-Grossmarkte GH («BOE» núm. 300, de 16 de diciembre de 1999) Co. c. Comisión) o "suficiente" según la Exposición de Motivos de la Ley. Dato que se proyecta en el Capítulo Primero del Título I al establecerse allí un régimen de autorizaciones y de sanción de las infracciones. Asimismo, en el Capítulo Segundo del mismo Título de la L.D.C. se regulan las concentraciones de empresas, estableciendo un procedimiento de control de estas operaciones, pues si bien pueden constituir un factor de dinamismo y racionalización del mercado, también pueden ser, en contrapartida, cauces para falsear la libre competencia desde una posición dominante en el mismo. Y en el Capítulo Tercero, que cierra la parte sustantiva de la Ley, se regulan las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a recursos públicos, en la medida que éstas también pueden falsear la libre competencia de las empresas en el mercado.
d) Los Títulos II y III de la L.D.C. se refieren, respectivamente, a los órganos a los que se confía la defensa de la libre competencia --el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia, como ya se ha dicho-- y al procedimiento para la aplicación de esta normativa. Respecto a dichos órganos ha de tenerse en cuenta, de un lado, su carácter administrativo, dado que el primero está "adscrito orgánicamente al Ministerio competente por razón de la materia" --si bien ejerce sus funciones "con plena independencia"-- y el segundo está "integrado" en dicho Departamento ministerial (arts. 20 y 36). De otro, en cuanto a sus funciones, que al S.D.C. le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a esta materia, mientras el T.D.C. ejerce funciones que se extienden a la fase resolutoria de los mismos, tanto respecto a las autorizaciones como a las sanciones previstas en la Ley, pudiendo ser recurridas en la vía judicial contencioso-administrativa tanto la adopción de medidas cautelares como las resoluciones definitivas del T.D.C. (art. 48), como ya se declaró por este Tribunal respecto a la Ley anterior en la STC 80/1983. Y en relación con el procedimiento, el Capítulo Primero del Título III regula el relativo a acuerdos y prácticas prohibidas y autorizadas ante el S.D.C. y el T.D.C. y el Capítulo Segundo establece ciertas disposiciones comunes.
e) En suma, la L.D.C. establece un conjunto de intervenciones de los poderes públicos para evitar aquellas prácticas y situaciones "que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, apareciendo así la defensa de la competencia como una necesaria defensa, y no como una restricción, de la libertad de empresa y de la economía de mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencias naturales de éste" (STC 88/1986, fundamento jurídico 4º). Y estas intervenciones, obvio es, inciden sobre "las relaciones jurídico-privadas de los empresarios mercantiles", ya que, como se dijo tempranamente en la STC 37/1981, fundamento jurídico 3º, "toda la actividad económica y, dentro de ella, la actividad que, en el sentido más amplio, podemos designar como actividad mercantil, aparece disciplinada hoy en las sociedades que siguen el modelo de la economía de mercado, por un conjunto de normas en donde se mezclan de manera inextricable el Derecho público y el Derecho privado".
4. Respecto a la segunda cuestión, esto es, la relativa a las relaciones entre las normas internas y las de Derecho comunitario en la regulación de la materia, ha de tenerse presente que la finalidad de unas y otras es la de garantizar el libre juego en el mercado de los agentes económicos que en él participan; aunque el mercado afectado por las conductas y situaciones prohibidas, en uno y otro caso, tenga ámbitos distintos. Pues los efectos restrictivos de la libre competencia que, con independencia de su origen, determinan la aplicación de la normativa comunitaria, son aquéllos que se producen "dentro del Mercado Común" y, por tanto son "susceptibles de afectar el comercio entre los Estados miembros" (arts. 85 y 86 T.C.E.). Mientras que las legislaciones de éstos serán aplicables en relación con el mercado nacional, siempre que los efectos de las conductas o situaciones prohibidas no desborden este ámbito.
5. Para analizar la controversia competencial que se somete a nuestra decisión, resulta conveniente partir de que la materia "defensa de la competencia", como tal, no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución. Por consiguiente, en la medida en que el conjunto de competencias atribuidas al Estado por la Constitución no lo impidan, podrá corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos.
6. Aún prescindiendo de esa conclusión, del simple hecho de que la totalidad de la defensa de la competencia no haya quedado reservada al Estado, sino sólo la legislación, cabría deducir inmediatamente que las competencias ejecutivas en materia de defensa de la competencia han de estimarse, en alguna medida, atribuidas a las Comunidades Autónomas; conclusión a la que podría llegarse por un mero razonamiento a contrario: la atribución de la legislación al Estado comportaría, de suyo, la asunción, con el alcance que luego se dirá, de la ejecución por las Comunidades Autónomas recurrentes, en tanto no resulte incluida en otras competencias estatales.
7. De cuanto se ha expuesto se desprende que la ley impugnada es conforme a la Constitución en tanto representa un ejercicio de la competencia estatal sobre legislación en defensa de la competencia y en tanto, además, atribuye al Estado la ejecución respecto de prácticas restrictivas de la competencia que, teniendo lugar en un ámbito territorial no superior al de la Comunidad Autónoma, puedan afectar a la libre competencia en el conjunto del mercado nacional o en ámbitos supracomunitarios. Su inconstitucionalidad, en cambio, habrá de declararse en la medida en que atribuya al Estado la totalidad de la competencia ejecutiva, invadiendo, de ese modo, las competencias de tal índole que, a tenor de cuanto se ha dicho, han de reconocerse a las Comunidades Autónomas recurrentes.
8. Dados los términos en que se declara la inconstitucionalidad de los preceptos a que se hace referencia en el fundamento jurídico anterior, ha de diferirse la nulidad de los mismos hasta el momento en que, establecidos por el Estado los criterios de conexión pertinentes, puedan las Comunidades Autónomas recurrentes ejercer las competencias ejecutivas que aquí se les reconocen. Pues, de lo contrario, se produciría en la defensa de la competencia un vacío no conforme con la Constitución, pues los intereses constitucionalmente relevantes que con ella se tutelan podrían verse desprotegidos en el ámbito en el que la potestad ejecutiva correspondiese a las Comunidades Autónomas.
1º Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y, en consecuencia, declarar inconstitucional la cláusula "en todo o en parte del mercado nacional", contenida expresamente o por remisión en los arts. 4, 7, 9, 10, 11, y 25 a) y c), en la medida en que desconoce las competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa de la competencia atribuidas a las Comunidades Autónomas recurrentes en sus respectivos Estatutos, difiriendo su nulidad hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, puedan las Comunidades Autónomas ejercitarlas.
2º Declarar, en cuanto a la Disposición transitoria primera, apartado 1, de la Ley impugnada, la pérdida sobrevenida del objeto del recurso.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Julio Diego González Campos a la Sentencia dictada en los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, al que se adhieren los Magistrados don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y don Vicente Conde Martín de Hijas.
1. Los elementos centrales de la fundamentación de la Sentencia sobre los que radica mi discrepancia, brevemente expuestos, son los siguientes:
a) Respecto a los criterios empleados para el deslinde competencial, la Sentencia ha justificado la atribución a las Comunidades Autónomas recurrentes de la competencia ejecutiva en materia de "defensa de la competencia" con base en una interpretación, ciertamente novedosa por su naturaleza conceptual, de la cláusula "sin perjuicio" contenida en los arts. 10.27 y 12.1.5, respectivamente del E.A.P.V. y del E.A.C. Cuando en contraste con tal planteamiento hemos declarado que "en orden a la determinación de la identidad o naturaleza de una intervención de los poderes en la disciplina del libre mercado y su consiguiente adscripción a uno y otro título competencial, resulta particularmente necesario acudir a criterios teleológicos, precisando el objeto predominante de la norma" [STC 88/1986, fundamento jurídico 4º, doctrina que se reitera en la STC 264/1993, fundamento jurídico 4º A)]. Y en atención a su finalidad específica para la disciplina del mercado y su vinculación con la garantía de la libertad de empresa del art. 38 C.E., hemos diferenciado la materia "defensa de la competencia" de otras que también concurren en dicha ordenación, como es el caso de la "protección de los consumidores" (SSTC 71/1982, 88/1986, 225/1993 y 228/1993) e incluso del "comercio interior" [SSTC 71/1982, fundamento jurídico 15; 225/1993, fundamento jurídico 7º B) y 264/1993, fundamento jurídico 4º A)]. De lo que se desprende, en definitiva, que en atención a dicho criterio, era procedente concluir que la materia "defensa de la competencia" no puede quedar integrada en la de "comercio interior", salvo que se aporte una justificación ulterior, que la Sentencia no contiene; pues incluso se ha prescindido, sorprendentemente, del examen de los argumentos expuestos por las Comunidades Autónomas recurrentes para fundamentar su pretensión.
b) Respecto a la interpretación conceptual que se lleva a cabo en el fundamento jurídico 5º de la Sentencia, basta exponer a continuación cuáles son sus elementos esenciales para que pueda apreciarse que, en buena lógica, la conclusión a la que se llega sólo es una petitio principii. Se parte, en efecto, de considerar que la función de la cláusula "sin perjuicio" en los antes mencionados preceptos estatutarios no es otra que la de eliminar un posible conflicto, "siquiera sea éste meramente conceptual o aparente", entre la materia "comercio interior" que las Comunidades Autónomas han asumido en sus Estatutos y, en lo que aquí importa, la materia "defensa de la competencia". De lo que se pasa seguidamente a afirmar, sin que se aporte justificación al respecto, que tal conflicto "sólo puede radicar en que, al menos en el plano conceptual o abstracto, se solapen, siquiera sea parcialmente, sus ámbitos de aplicación respectivos". Sin que se precise en modo alguno cuáles son los concretos aspectos en los que se produce ese solapamiento y cuáles no, como era obligado. Y, por último, con base en la referencia hecha en las SSTC 88/1986 y 264/1993 a "dos aspectos de la ordenación del mercado", se pretende corroborar lo anterior sosteniendo que si el comercio es un elemento esencial del mercado, una competencia de ordenación del mercado --como es la de "defensa de la competencia", aunque ello no se explicite-- "habrá de constituir, al menos parcialmente, un modo de intervención pública en el comercio y ser, sólo en esa medida, conceptualmente comercio".
Con la particularidad de que si bien en el fundamento jurídico 6º inicialmente se afirma que cabe prescindir de esa conclusión, sin embargo la inclusión o el solapamiento de una materia en la otra a partir de este razonamiento conceptual vuelve a operar decisivamente para la delimitación competencial --junto al dato de que en los Estatutos de Autonomía sólo se reserve al Estado la competencia en materia de "legislación de defensa de la competencia"--, puesto que más adelante se afirma que ha quedado "establecido que la materia 'defensa de la competencia' puede quedar, al menos en parte, incluida en la de 'comercio interior'". Cuando ésto, precisamente, es lo que era preciso demostrar, máxime si este extremo constituía el presupuesto de las pretensiones de las Comunidades Autónomas recurrentes y, además, sus alegaciones en favor de tal inclusión eran muy distintas de las expuestas en la Sentencia.
c) Por último, la atribución de las Comunidades Autónomas recurrentes de la competencia ejecutiva en materia de "defensa de la competencia" reposa en la distinción general entre legislación y ejecución. Lo que ha de compartirse, si bien el contenido y la finalidad de las actuaciones ejecutivas en esta materia debieran haber merecido un examen detenido. Pero lo que me importa destacar es que en el fundamento jurídico 6º de la Sentencia de la que discrepo se limita la competencia ejecutiva atribuida a las Comunidades Autónomas, a cuyo fin se hace intervenir la competencia del Estado ex art. 149.1.13 C.E.
2. En efecto, dado que los preceptos estatutarios aquí considerados reservan al Estado la "legislación de defensa de la competencia", conviene tener presente, en primer lugar, que nos hallamos ante un supuesto en que la ley estatal interviene, por expresa previsión de los Estatutos, para delimitar las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas (SSTC 25/1986 y 45/1998). Y al respecto hemos declarado que "cuando el Estatuto cierra el proceso de delimitación competencial remitiendo a las prescripciones de una ley estatal", en tal caso "el reenvío operado atribuye a la ley estatal la delimitación positiva del contenido de las competencias autonómicas" (STC 76/1983, fundamento jurídico 4º). A lo que cabe agregar que, en virtud de la cláusula "sin perjuicio" de dichos preceptos estatutarios, no sólo se reservan al Estado competencias que no están expresamente incluidas en el art. 149.1 C.E. sino que, además, mediante esa reserva se pone de manifiesto que las competencias estatales inciden decisivamente sobre la competencia asumida por la Comunidad Autónoma, al igual que incide el principio incluido en dicha reserva y, asimismo, otros preceptos constitucionales relevantes.
3. La cláusula "sin perjuicio" por tanto, no puede ser interpretada aisladamente sino en relación con el bloque de la constitucionalidad. Lo que se evidencia con claridad en el apartado 1 del art. 27 E.A.C. --y otro tanto cabe decir respecto al art. 10.27 del E.A.P.V.-- puesto que dicho precepto contiene una expresa referencia bien a otros preceptos constitucionales (arts. 38 y 131 C.E.), bien a la reserva al Estado de conformidad con el art. 149.1 C.E. de otras competencias que, en los términos de la STC 15/1989, fundamento jurídico 1º, tienen por objeto aquellas materias que "la Constitución toma como punto de referencia para fijar las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, quedan al margen del ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía". Como es el caso de la competencia estatal ex art. 149.1.13 C.E.
4. De lo que resulta, a mi entender, que la "legislación de defensa de la competencia" que se reserva al Estado en virtud de la cláusula "sin perjuicio" de los preceptos estatutarios aquí considerados necesariamente ha de ponerse en relación con los "principios básicos del orden económico" así como con ciertos preceptos constitucionales. Máxime si así se pone de relieve con claridad en el art. 12.5 E.A.C., como se ha indicado, ya que la competencia exclusiva en materia de "comercio interior" se asume "de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado [y]... en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131 y en los núms. 11 y 13 del apartado 1 del art. 149 de la Constitución...".
a) A este fin ha de determinarse, en primer lugar, el significado de la relación establecida en el citado precepto estatutario entre su inciso inicial, donde se hace expresa referencia al art. 38 C.E. y, de otra parte, la reserva en favor del Estado de la "legislación sobre defensa de la competencia", contenida en su apartado 5. Y para esclarecer dicho significado es apropiado recordar, en lo que aquí importa, ciertos pronunciamientos de nuestra jurisprudencia. Pues en la STC 37/1981, fundamento jurídico 3º, se declaró en relación con la legislación mercantil que "Sólo a través de sus órganos centrales puede el Estado determinar cuál es el ámbito propio de la actividad libre del empresario y sólo la legislación emanada de esos órganos centrales puede regular la forma en que nacen y se extinguen los derechos y obligaciones a que el ejercicio de esa actividad puede dar lugar y el contenido necesario de aquéllos y éstas". Y en la STC 88/1986, fundamento jurídico 4º, tras declarar, en términos generales, que "El reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, como marco obligado de la libertad de empresa, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta, art. 38, inciso segundo, por parte de los poderes públicos supone una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales", se alude a la defensa de la competencia en cuanto "forma de intervención del Estado en la regulación del mercado, que deriva de los mismos términos del art. 38" de la Norma fundamental, con independencia de que junto a esta materia "pueden encontrarse otras ... que se fundan en preceptos constitucionales específicos, como el art. 51, en sus apartados 1 y 3".
b) De esta doctrina se desprende la existencia de una estrecha correspondencia entre la libertad de empresa como presupuesto estructural para la ordenación del mercado y la necesaria intervención del Estado para garantizar su ejercicio. Lo que exige actuaciones no sólo normativas sino también de ejecución, encaminadas a la defensa de la libre competencia, dado que para garantizar la libertad de empresa es preciso establecer no sólo prohibiciones generales de determinadas conductas, sino también adoptar concretas medidas para su investigación y sanción así como posibles autorizaciones singulares de innegable carácter ejecutivo.
c) Lo que entronca igualmente con la exigencia, derivada de la llamada "constitución económica", de que "el orden económico nacional sea uno en todo el ámbito del Estado", en cuanto "presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores", según se declaró en la STC 1/1982, fundamento jurídico 1º y se ha reiterado en muchas posteriores (SSTC 71/1982, 32/1983, 28/1986 y 88/1986, entre otras). Pues no cabe olvidar, como antes se ha expuesto, que en los orígenes de los preceptos estatutarios aquí considerados se formuló desacuerdo respecto a su inicial redacción en cuanto pudieran contradecir los preceptos constitucionales que establecen reservas competenciales en favor del Estado "o atentar a la necesidad funcional de un espacio económico y común con facultades públicas únicas y comunes".
5. Por último, a la misma conclusión negativa respecto a las pretensiones de las Comunidades Autónomas recurrentes podía haberse llegado desde otro planteamiento distinto del precedente y que permite explicar que los preceptos estatutarios aquí considerados, al atribuir al Estado sólo la "legislación de defensa de la competencia", nada expliciten respecto a la ejecución en esta materia.
Como ha alegado el Abogado del Estado, si de conformidad con la cláusula primera del art. 149.3 C.E. una Comunidad Autónoma sólo tiene "las competencias que haya asumido en el Estatuto de Autonomía" y, en el presente caso, como se desprende del tenor de los preceptos estatutarios aquí considerados, las recurrentes no han asumido expresamente la competencia de ejecución en materia de "defensa de la competencia", la conclusión ha de ser que "esta competencia, con carácter general, corresponde al Estado" (STC 38/1982, fundamento jurídico 2º y, en el mismo sentido SSTC 42/1983, fundamento jurídico 4º; 82/1984, fundamento jurídico 2º; 84/1984, fundamento jurídico 1º y 123/1984, entre otras). Pues no cabe olvidar, en efecto, que en virtud de la segunda cláusula del precepto constitucional antes mencionado al Estado corresponde, sin necesidad de que exista una expresa determinación en el art. 149.1 C.E. o en los Estatutos de Autonomía, la competencia sobre las materias que no hayan sido asumidas en éstos por las Comunidades Autónomas. Lo que supone, según los expresivos términos de la STC 146/1992, fundamento jurídico 1º, que "el fondo competencial del Estado no resulta de las atribuciones específicas resultantes de la Constitución y de los Estatutos, como es el caso de las Comunidades Autónomas, sino el que resulta, a partir de un fondo genérico, de las 'sustracciones' al mismo operadas por los Estatutos en el marco de la Constitución. En este sentido bien puede decirse que la competencia estatal no es sino una competencia 'residual', si bien con un 'núcleo duro' garantizado por la Constitución".
2. Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Fernando Garrido Falla a la Sentencia que resuelve los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 2009 y 2027, de 1989, interpuestos contra determinados preceptos de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia.
1º.- Subrayo, de entrada, que la defensa de la competencia es un principio estructural en el sistema de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" (art. 38 C.E.), sistema cuyo funcionamiento podría convertirse en anárquico sin una adecuada ordenación de la competencia en la totalidad de los sectores económicos (industrial, comercial, agrícola y de servicios) que componen el mercado nacional. De acuerdo con el art. 149.1.13 de nuestra Constitución, pertenece al Estado el título competencial (de carácter horizontal, según cierta terminología) para imponer tal ordenación. Cosa distinta, como quedó dicho, es que pueda reservarse la ejecución, en los términos expresados y siempre que se trate de comercio interior (es decir, intracomunitario y sin repercusión exterior), a las Comunidades Autónomas.
2º.- Es cierto que en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades recurrentes (y en las que no han recurrido también) se atribuye a su competencia exclusiva el "comercio interior ... sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia". Pero difiero de la interpretación que al término "sin perjuicio" se da en el fundamento jurídico 5º de la Sentencia y que, desde luego, me parece no equivalente a "con excepción" o "con la salvedad de..." (para extraerlos del ámbito conceptual del comercio interior). A lo que se apunta con dicho sintagma es a la delimitación exterior con respecto a cuestiones fronterizas que, con argumentos que cabalmente --y a mi juicio erróneamente-- la Sentencia comparte, pudieran dar lugar a confusión.
3º.- Cuando se redactaron y aprobaron los Estatutos de Autonomía la expresión "legislación sobre defensa de la competencia" tenía un valor entendido, tanto desde la perspectiva de nuestro Ordenamiento jurídico (donde ya existía una normación desde 1963), como desde el punto de vista del Derecho comparado. Obviamente el acento no se ponía sobre el término "legislación" como opuesto a "ejecución", sino sobre el contenido de la legislación ya existente sobre la materia y que incluía, pues sería absurdo entenderlo de otra manera, todo el "mecanismo" creado para conseguir la finalidad perseguida por el legislador, incluido, por supuesto, el Tribunal de Defensa de la Competencia con las competencias que se le atribuían.
4º.- En cuanto al fallo (que he votado) mis reservas mentales tienen que ver con el hecho de que, por la vía de un recurso de inconstitucionalidad, hemos resuelto, en puridad, un conflicto de competencias planteado por dos singulares Comunidades Autónomas que ha de tener inevitablemente, sin embargo, efectos erga omnes.
Numéro et date BOE [Nº, 300 ] 16/12/1999 Correction1
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 2009-1989, 2027-1989
Fecha de resolución 11/11/1999
Promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña respecto a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Competencias sobre comercio interior, defensa de la competencia, y planificación general de la actividad económica. Votos particulares.
La materia se halla incardinada en ; y al reservarse al Estado en los Estatutos respectivos la sobre defensa de la competencia, la ejecución queda, sin más, y con las limitaciones que luego veremos, atribuida a las Comunidades Autónomas [FJ 5].
La materia , como tal, no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución. Por consiguiente, en la medida en que el conjunto de competencias atribuidas al Estado por la Constitución no lo impidan, podrá corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos [FJ 5].
La competencia del Estado en la materia no dimana exclusivamente de la atribución estatutaria [FJ 6].
Parece innecesario destacar el carácter básico que, desde la competencia estatal ex art. 149.1.13 C.E., reviste cuanto a la defensa de la competencia se refiere, pues nos hallamos ante un elemento definitorio del mercado. De modo que no sólo la normación, sino todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional habrán de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por lo tanto, las actuaciones ejecutivas en relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos hayan de realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas recurrentes [FJ 6].
Además, el Estado, en virtud de sus competencias normativas, puede y debe establecer los criterios de conexión pertinentes, siempre que resulten constitucional y estatutariamente correctos (STC 243/1994) y los imprescindibles mecanismos de colaboración e información recíproca (SSTC 100/1991, 236/1991, 243/1994, y 196/1997) [FJ 6].
Los Estatutos han de interpretarse en el marco prederterminado por la Constitución [FJ 6].
Pese a la indudable relevancia de la normativa comunitaria en esta materia, nuestro examen ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta exclusivamente la distribución de competencias resultante del bloque de la constitucionalidad ( SSTC 132/1989, 65/1990, 28/1991, 64/1991, 111/1993 y 13/1998, entre otras) [FJ 4].
No sólo es útil, sino también obligado para la correcta aplicación del sistema de distribución competencial, el prestar atención al modo en que una determinada institución jurídica ha sido configurada por la normativa comunitaria [FJ 4].
La cláusula , que los preceptos impugnados contienen expresamente o por remisión, ha de ser declarada contraria al orden constitucional de competencias [ FJ 7].
Dados los términos en que se declara la inconstitucionalidad de los preceptos contrarios al orden constitucional de competencias, ha de diferirse la nulidad de los mismos hasta el momento en que, establecidos por el Estado los criterios de conexión pertinentes, puedan las Comunidades Autónomas recurrentes ejercer las competencias ejecutivas que aquí se les reconocen [FJ 8].
Ley 16/1989, de 17 de julio. Defensa de la competencia
Artículos 4, 7, 9 a 11, 25 apartados a), c) (anula parcialmente)
Artículos 12, 20, 30, 31, 32.1, 33.1, 34, 35 a 49
Ley de los Estados Unidos de América de 2 de julio de 1890, reformada (Sherman Act, as amended; 15 USC 1-7)
Ley de los Estados Unidos de América de 15 de octubre de 1914, reformada (Clayton Act, as amended; 15 USC 12)
Artículo 3 g), f. 3
Artículo 85, ff. 3, 4
Artículos 85 a 94, f. 3
Reglamento (CEE) núm. 17/62, del Consejo, de 6 de febrero de 1962. Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado
Artículo 38, ff. 2, 5, 6, VP I, VP II
Artículo 51.3, VP I
Artículo 131, f. 5, VP I
Artículo 139.1, ff. 2, 6
Artículo 149.1, f. 2, VP I
Artículo 149.1.1, ff. 2, 6
Artículo 149.1.6, f. 5, VP II
Artículo 149.1.11, ff. 5, 6, VP I
Artículo 149.1.13, ff. 5, 6, VP I, VP II
Artículo 149.3, f. 2, VP I
Artículo 151.2, VP I
Artículo 10.26, VP I
Artículo 10.27, ff. 2, 5, VP I
Artículo 12.1.5, ff. 2 , 5, VP I
Artículo 30.1.4, f. 5
Artículo 18.1.6, f. 5
Artículo 10.1.14, f. 5
Artículo 24.13, f. 5
Artículo 8.1.6, f. 5
Artículo 10.34, f. 5
Artículo 34.1.5, f. 5
Artículo 35.19, f. 5
Artículo 31.11, f. 5
Artículo 56 d), f. 5
Artículo 10.38, f. 5
Artículo 26.3.1.2, f. 5
Artículo 32.10, f. 5
Título I, capítulo I, f. 3
Título III, capítulo I, ff. 1, 3
Exposición de motivos, ff. 3, 7
Artículo 4, ff. 1, 7
Artículo 7, ff. 1, 7
Artículo 9, ff. 1, 7
Artículo 14 (redactado por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril), f. 1
Artículo 15 (redactado por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril), f. 1
Artículo 15 bis, f. 1
Artículo 15 ter, f. 1
Artículo 16 (redactado por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril), f. 1
Artículo 17 (redactado por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril), f. 1
Artículo 18 (redactado por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril), f. 1
Artículo 25 a), ff. 1, 7
Artículo 25 c), ff. 1, 7
Artículo 31 (redactado por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril), f. 1
Artículo 31 a), f. 1
Artículo 31 b), f. 1
Artículo 31 bis, f. 1
Artículo 34.3, f. 1
Artículos 36 a 48, f. 1
Disposición transitoria primera, apartado 1, ff. 1, 7
Disposición final, apartado 2, f. 1
Reglamento (CE) 1310/97 del Consejo, de 30 de junio de 1997. Modifica el Reglamento (CEE) 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas
Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril. Medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de febrero de 1969 (Walt Wilhelm y otros c. Bundeskartellamt, asunto 14/68)
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de octubre de 1977 (Metro SB-Grossmärkte GH & Co. KG c. Comisión, asunto 26/76)
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de julio de 1980 (Fiscal de la República y otros c. Bruno Giry y Guerlain S.A. y otros, asuntos 253/78 y 1 a 3/79)
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 5, 7
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 5, 6, 7
Competencias en materia de defensa de la competenciaCompetencias en materia de defensa de la competencia, ff. 5, 6, 7
Estado de las autonomíasEstado de las autonomías, ff. 6, 8
Legislación versus ejecuciónLegislación versus ejecución, f. 6
LegisladorLegislador, f. 8
Libre competenciaLibre competencia, ff. 3 a 7
MercadoMercado, f. 6
Nulidad de la ley diferida temporalmenteNulidad de la ley diferida temporalmente, f. 8
Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 4, 5, 6, 7, 8
Ordenación general de la economíaOrdenación general de la economía, f. 6
Principio de lealtad constitucionalPrincipio de lealtad constitucional, f. 8
Unidad de mercadoUnidad de mercado, f. 6
Defensa de la competenciaDefensa de la competencia, Antecedentes históricos, f. 3
Defensa de la competenciaDefensa de la competencia, Régimen jurídico, f. 3
Defensa de la competenciaDefensa de la competencia, ff. 4, 5, 6, 7
Horarios comercialesHorarios comerciales, f. 5
Tribunal de Defensa de la CompetenciaTribunal de Defensa de la Competencia, f. 7
CataluñaCataluña, ff. 5, 7
País VascoPaís Vasco, ff. 5, 7