Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-00820-de-diciembre-15-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_a2c901116ec544f093e8beb8e0267b2d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 19:18:54
Document Index: 213939690

Matched Legal Cases: ['artículo 275', 'artículo 139', 'artículo 51', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 303', 'e contrario']

﻿ SENTENCIA 2015-00820 DE DICIEMBRE 15 DE 2016
SENTENCIA 2015-00820 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:SI BIEN LA INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE CONSTITUYE UNA FALTA ABSOLUTA PARA LOS CONGRESISTAS, ELLA NO RESPONDE A LA ESTRUCTURA DE UNA INHABILIDAD. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA LA INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE Y LA INVALIDEZ TIENEN IGUALES CONSECUENCIAS JURÍDICAS, EN CUANTO AMBAS FIGURAS DAN LUGAR AL RETIRO DEL SERVICIO, LO CIERTO ES QUE EL HECHO DE ENCONTRARSE PENSIONADO POR INVALIDEZ NO ESTÁ PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, COMO CAUSAL DE INHABILIDAD QUE GENERE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS. ES POR LO ANTERIOR QUE SE ADVIERTE, QUE LA CONSAGRACIÓN DE LAS INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO A LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR, EN CUANTO CONLLEVAN RESTRICCIONES AL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO, DEBE SER EXPRESA, AL TIEMPO QUE SU INTERPRETACIÓN NO ADMITE APLICACIÓN EXTENSIVA O ANALÓGICA. EN CONCLUSIÓN PARA QUE EN EL PLANO JURÍDICO SE PUEDA AGOTAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD COMO CONSECUENCIA DE UNA INCAPACIDAD LABORAL DEBE MEDIAR UNA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INTERDICCIÓN, PUES NO RESULTA SUFICIENTE EL CUESTIONAMIENTO A PARTIR DE UNA INCAPACIDAD TOTAL DERIVADA DE UN RECONOCIMIENTO PENSIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PENSIÓN DE INVALIDEZ, INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA, INHABILIDADES DEL CONGRESISTA, INCAPACIDAD LABORAL, INTERDICCIÓN CIVIL, RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA, VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA, INHABILIDAD
Sentencia 2015-00820 de diciembre 15 de 2016
Rad.: 8001-23-33-000-2015-00820-01
Actor: Alejandro Rafael Barrios de Alba
Demandado: Rafael Eloy Orozco Torres - concejal de Malambo - período 2016-2019
Asunto: Sentencia – confirma fallo que negó nulidad electoral – el demandado no se encuentra inhabilitado por ser beneficiario de pensión de invalidez
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.
Esta Sala es competente para conocer y decidir en segunda instancia el proceso de la referencia, por así disponerlo los artículos 150 y 152.8 del CPACA, y el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Se trata del acto de elección del ciudadano Rafael Eloy Orozco Torres como concejal de Malambo para el período 2016-2019, contenido en el formulario E-26 CON expedido el 1º de noviembre de 2015 por la respectiva Comisión Escrutadora Municipal (fl. 13).
Se contrae a determinar si la decisión de primera instancia debe ser confirmada, modificada o revocada, para lo cual es menester establecer si el acto demandado se encuentra viciado de nulidad, bajo el marco de la apelación, por configurarse la causal contenida en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA, en tanto, de acuerdo con la recurrente, el demandado se encontraba inhabilitado por ser beneficiario de una pensión de invalidez.
Antes de avanzar en la solución del problema jurídico planteado, es menester precisar que la Sala se relevará de examinar: (a) las cuestiones relacionadas a la atención en salud que presuntamente recibe el accionado en virtud de una convención colectiva de trabajo; y (c) si el comportamiento del demandado conlleva un enriquecimiento ilícito (art. 412 C. Pe) o si se quebrantó el principio de moralidad;
Lo anterior, por cuanto se trata de aspectos que no fueron planteados en la demanda y que tampoco se subsumen en la fijación del litigio plasmada en la audiencia inicial de este proceso. Lo contrario implicaría quebrantar el principio de congruencia y desconocer el derecho de audiencia y de defensa, inherentes al debido proceso que le asiste a la contraparte. Y adicionalmente, en lo que concierne al presunto enriquecimiento ilícito, porque se desbordaría el objeto de la nulidad electoral, de acuerdo con las previsiones del artículo 139 del CPACA.
Tampoco se referirá la Sala (e) al grado de acierto del a quo al no decretar algunas pruebas pedidas por la parte demandante. Esto, tomando en consideración que, dada la naturaleza preclusiva del proceso se trata de un aspecto que debió ventilarse en la audiencia inicial y frente al cual no se interpuso recurso alguno.
Por otro lado, conviene destacar que, tal y como bien lo señaló el Ministerio Público en esta segunda instancia, el reparo glosado en la alzada no se dirige a la falta de calidades y requisitos de elegibilidad, sino a la posible configuración de una inhabilidad, razón por la cual, partiendo del principio de justicia rogada que gobierna la jurisdicción contenciosa, será bajo el marco de esta última que se analizarán los cuestionamientos del recurrente.
Pues bien, en criterio del apelante, el señor Rafael Eloy Orozco Torres se encontraba inhabilitado, de acuerdo con la causal contenida en el artículo 51.c de la Ley 136 de 1994, para ser concejal, en la medida en que actualmente y desde 1983 percibe una pensión de invalidez, que le fue reconocida en razón de una pérdida de capacidad laboral de 66% atribuida a esquizofrenia.
Sea lo primero destacar, entonces, que la mencionada norma es del siguiente tenor:
c) La incapacidad física permanente”.
Al respecto, conviene decir que la precitada norma no responde a la estructura de una inhabilidad, las cuales han sido definidas por esta Sala como “… circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan a una persona acceder a un cargo público”; y que para el caso de los concejales, se encuentran consagradas expresamente en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, así:
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha" (negrillas propias).
O que para todos los servidores públicos, incluidos los concejales, se tipifican en preceptos normativos como el que consagra el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, que a la letra dice:
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado” (Negrillas propias).
Nótese que entre la causal primera de estas dos últimas disposiciones y los supuestos de hecho alegados por el libelista existe una relativa aproximación. Sin embargo, esta no resulta suficiente para que en el plano jurídico se pueda enervar la presunción de legalidad que reviste al acto de elección enjuiciado, habida cuenta que dichas inhabilidades tienen como punto de partida la interdicción, que debe ser declarada judicialmente, lo cual dista enormemente de lo planteado por la parte actora, que, realmente, cuestiona una incapacidad total derivada de un reconocimiento pensional en favor del demandado, que deviene de un acto administrativo expedido en 1983.
Sobre esta misma situación jurídica, conviene precisar que ya la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se pronunció en fallo de 7 de noviembre de 2007. En aquella oportunidad, examinó una demanda de pérdida de investidura en la que se acusó a un representante a la Cámara de violar el régimen de inhabilidades por haber sido llamado a ocupar el cargo a pesar de que se encontraba disfrutando una pensión de invalidez que le había sido reconocida décadas atrás. En punto a tal reparo, se dijo:
“Si bien la incapacidad física permanente y la invalidez tienen iguales consecuencias jurídicas, en cuanto ambas figuras dan lugar al retiro del servicio, lo cierto es que el hecho de encontrarse pensionado por invalidez no está previsto en la Constitución Política, como causal de inhabilidad que genere la pérdida de investidura de los congresistas.
Como se advirtió precedentemente, la consagración de las inhabilidades para ser elegido a los cargos de representación popular, en cuanto conllevan restricciones al derecho a elegir y ser elegido, debe ser expresa, al tiempo que su interpretación no admite aplicación extensiva o analógica. (…).
Así las cosas, como la situación mencionada en la demanda no está consagrada en la Constitución Política como causal de inhabilidad para ser congresista, se denegará la solicitud de pérdida de investidura” (negrillas propias).
Si bien la pérdida de investidura y la nulidad electoral persiguen objetivos distintos, el citado pronunciamiento no puede pasarse por alto en el sub examine, toda vez que en él se decanta lo posición de la Corporación en pleno respecto de la presunta violación del régimen de inhabilidades por la designación para un cargo cuando media el previo reconocimiento de una pensión de invalidez.
En ese orden de cosas, es claro que el reparo efectuado por el recurrente, tal y como fue planteado no está llamado a prosperar, pues, se insiste, resulta insuficiente para derruir la presunción. Por ende, deviene innecesaria cualquier consideración adicional en torno a la vigencia de los actos de reconocimiento pensional del demandado y de la actividad probatoria de primera instancia.
Queda por decir que la inconformidad expresada por el recurrente, en torno a la notificación de la sentencia dictada por el a quo, también debe ser desestimada, pues no resultaba imperiosa la notificación electrónica que echa de menos, en la medida en que el artículo 303 del CPACA permite la notificación por edicto, que contrario a lo indicado por aquel sí se realizó en debida forma, a través de la página web de la rama judicial, según lo pudo corroborar de propia mano la Sala.
Así las cosas, para la Sala, es claro que el fallo de primera instancia que negó la pretendida nulidad electoral debe ser confirmado.
1. CONFIRMAR la sentencia de 16 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.
Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, presidenta—Rocío Araújo Oñate, ausente con permiso—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.