Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25472
Timestamp: 2020-02-29 10:52:23
Document Index: 266557990

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 123', 'artículo 1', 'artículo 123', 'artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 24']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 115/2017
SENTENCIA 115/2017, de 19 de octubre
ECLI:ES:TC:2017:115
1. La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Armesto Tinoco, en nombre y representación de don Daniel Alia Coello, bajo la dirección de la Letrada doña Inmaculada Martínez López, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de diciembre de 2014.
a) El recurrente de amparo, mediante escrito registrado el 13 de diciembre de 2011, formuló demanda por despido nulo o, subsidiariamente, improcedente contra el Ayuntamiento de Parla (Madrid), dando lugar al procedimiento por despido núm. 1451-2011, tramitado por el Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid. En la demanda se exponían, entre otros aspectos, que (i) había prestado servicios en el Ayuntamiento de Parla desde el 1 de abril de 2006 hasta el 24 de octubre de 2011 en que le fue notificado el decreto del consejero delegado del Área de Personal y Régimen Interior, por el que se procedía a la extinción de su contrato de trabajo indefinido no fijo por amortización de la plaza; y (ii) que esa amortización, por requerir la necesaria modificación de la plantilla y del presupuesto, no era competencia de la junta de gobierno por lo que había sido acordado por un órgano administrativo incompetente. En relación con ello se solicitó como medio de prueba la documental consistente en el expediente administrativo sobre extinciones de los contratos de trabajo acordados por el Ayuntamiento, en que figuraba el acuerdo de la junta de gobierno local adoptado por mayoría de sus miembros el 20 de octubre de 2011, por el que se aprobó la amortización de los puestos de trabajo que se relacionan en un listado adjunto. En éste aparece un grupo de 47 trabajadores incluidos en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la corporación y otro grupo de 9 trabajadores no incluidos en la RPT.
b) Por Sentencia núm. 203/2012, de 14 de junio, se acordó desestimar la demanda interpuesta, declarando como hechos probados, entre otros, los siguientes: “Tercero: por resolución de fecha 20 de octubre de 2011, de la Junta de Gobierno Local (BOCAM 23-11-11), se procedió a la amortización de 47 puestos de trabajo en la RPT y otros nueve trabajadores indefinidos no fijos e interinos del Ayuntamiento sin inclusión en la RPT, según relación adjunta, que incluye la supresión, entre otros, del puesto de trabajo núm. 1529 personal laboral grupo C1 Administrativo de la RPT, que ocupaba el actor, sin que para ello se considere necesario acudir a los procedimientos previstos en los arts. 51 y 53 del ET” y “Quinto: En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Parla, el día 8 de noviembre de 2011, se aprobó por mayoría la revocación del expediente de regulación de plantilla municipal”.
c) El demandante de amparo interpuso recurso de suplicación, tramitado con el núm. 6445-2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando, entre otros extremos, (i) que el acuerdo de amortización de puestos de trabajo se dictó por un órgano manifiestamente incompetente y que, además, el pleno del Ayuntamiento, que es el competente, aprobó la revocación del expediente de regulación de la plantilla municipal; y (ii) que, en todo caso, hubiera resultado procedente la aplicación de los artículos 51 y ss. LET por tratarse de un despido colectivo por causas objetivas. El recurso fue impugnado por el Ayuntamiento de Parla insistiendo en la competencia de la Junta de Gobierno Local y la posibilidad de extinción de la relación laboral por simple amortización sin que sea necesaria la aplicación de los artículos 51 y ss. LET.
d) El Ayuntamiento de Parla interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue tramitado con el núm. 1451-2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, alegando, entre otros extremos, la necesidad de unificación de doctrina en relación con (i) la incompetencia de la jurisdicción laboral por razón de la materia para pronunciarse sobre la validez de un acuerdo de modificación de una relación de puestos de trabajo de una administración pública; (ii) la competencia de la junta de gobierno para adoptar el acuerdo de amortización de puestos de trabajo de personal laboral indefinido interino no fijo; y (iii) la posibilidad de extinción de este tipo de contratos sin necesidad de acudir a los trámites del despido colectivo por causas objetivas. El ahora demandante de amparo impugnó dicho recurso controvirtiendo la necesidad de unificación de doctrina en relación con todos ellos, insistiendo en el apartado de antecedentes en que el pleno del Ayuntamiento de Parla, en su sesión de 8 de noviembre de 2011 acordó “la desestimación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Extraordinaria de 20 de octubre de 2011 por el que se aprueba el expediente de regulación de personal, dejándolo sin efecto así como cuantas actuaciones derivadas del mismo pudieran haberse efectuado”.
e) El ahora demandante de amparo, mediante escrito registrado el 10 de junio de 2014, promovió un incidente de nulidad de actuaciones poniendo de manifiesto en el bloque de los antecedentes, apartado VII, la existencia de otras Sentencias anteriores a la impugnada, en las que la Sala ha analizado “los despidos realizados por el Ayuntamiento de Parla con fundamento en el Acuerdo de modificación de la RPT y de amortización de puestos de trabajo adoptado por la Junta de Gobierno de dicho Ayuntamiento”, argumentando que “ese Tribunal ha desestimado el recurso promovido por el Ayuntamiento recurrente, al quedar firme que el acto de amortización de puestos de trabajo llevado a cabo por la Junta de Gobierno de la corporación no era válido y ha sido dejado sin efecto. Circunstancia esta que es, por tanto, notoria y sobradamente conocida por la Sala que ha dictado la presente Resolución…”. Las Sentencias que cita son las siguientes:
- Sentencia dictada en R.C.UD. núm. 118/2013, el día 23/12/13. Ponente Excma. Sra. Rosa Mª Virolés Piñol”.
3. El recurrente alega que se han vulnerado sus derechos (i) a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); (ii) a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y (iii) a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), en relación con la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y el derecho al acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). Solicita que se anulen las resoluciones impugnadas con retroacción de actuaciones para el órgano judicial de casación dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 2 de noviembre de 2015, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, requerir que se remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo.
5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 7 de diciembre de 2015, acordó tener por personado y parte al Letrado don Mariano Salinas García en nombre y representación del Ayuntamiento de Parla y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52 LOTC.
6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 20 de enero de 2016, formuló alegaciones interesando la desestimación del recurso de amparo.
7. El recurrente, en escrito registrado el 12 de enero de 2016, presentó su escrito de alegaciones, ratificándose en las formuladas en la demanda de amparo.
8. El Ayuntamiento de Parla no presentó alegaciones.
9. El Pleno de este Tribunal, por providencia de 29 de noviembre de 2016, acordó, de conformidad con el artículo 10.1 n) LOTC y a propuesta de la Sala Primera de este Tribunal, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
10. Por providencia de 17 de octubre de 2017 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
1. El objeto de este recurso es determinar si las resoluciones judiciales de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo impugnadas han vulnerado los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) o a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente por declarar la procedencia de la extinción de su relación laboral con el Ayuntamiento de Parla (Madrid), sin entrar a pronunciarse, como motivo de nulidad de dicha extinción, sobre la incompetencia del órgano administrativo que acordó la amortización de plazas, que ya había sido consideraba nula en vía judicial respecto de otros trabajadores afectado por ese proceso de amortización.
2. Este Tribunal se ha pronunciado sobre el objeto de este recurso en la STC 147/2016, de 19 de septiembre, en que la Sala Segunda resolvió un recurso de amparo interpuesto por otra de las trabajadoras afectadas por esta extinción laboral y que planteaba una cuestión semejante.
3. En el presente caso, como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, han quedado acreditados los siguientes extremos:
4. En aplicación de los criterios establecidos en la citada STC 147/2016, y tal como se razonó en sus fundamentos jurídicos 4 y 5, la conclusión que debe alcanzarse en este caso es la de que también se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE), al no haberse pronunciado el órgano judicial de casación sobre la concreta cuestión controvertida de si la extinción de su relación laboral era nula por la incompetencia del órgano administrativo que acordó la amortización de plazas en que se fundamentó esa extinción.
Esta conclusión, además, se vería reforzada por el hecho, también puesto de relieve en la STC 147/2016, FJ 5, de que el órgano judicial de casación había dictado con anterioridad diversas resoluciones judiciales recaídas en supuestos que afectaban a otros trabajadores despedidos en el mismo proceso de amortización de plazas en que, aun impugnándose por el Ayuntamiento de Parla la declaración de nulidad del acuerdo de la junta de gobierno decretada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se había confirmado esa declaración por ser un aspecto ausente en la Sentencia de suplicación que se ofrecía como contraste. A esos efectos, la STC 147/2016, afirma que “la Sala ad quem, una vez apreciada la concurrencia de los presupuestos del recurso, debía resolver el debate en los términos en que éste se había planteado y resuelto en la Sentencia de suplicación impugnada y en los que figuraba precisamente aquel motivo de nulidad, dictando una decisión de fondo sin prescindir de sus propios pronunciamientos recaídos en los recursos de casación para la unificación de doctrina promovidos por la misma corporación local, en los cuales sí se dio contestación a ese punto, en concreto las Sentencias citadas en este mismo fundamento jurídico. Todo ello a fin de evitar que se produzcan situaciones de desigualdad respecto de un mismo colectivo de trabajadores, afectados por idéntico acuerdo administrativo. Al no suceder esto, una de las pretensiones deducidas por la parte recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina, ahora demandante de amparo, quedó sin una respuesta de fondo” (FJ 5).
5. La anterior conclusión alcanzada en aplicación de los criterios establecidos en la citada STC 147/2016 es también la defendida en este caso por el Pleno de este Tribunal. En efecto, la razón por la que en estas circunstancias se considera vulnerado el artículo 24.1 CE no radica en el hecho de que en la Sentencia de casación la Sala de lo Social del Tribunal Supremo haya establecido que la cuestión sobre la competencia de la Junta de Gobierno para adoptar la decisión de amortización de plazas no podía ser objeto de pronunciamiento por no resultar necesaria la unificación de criterios al no haber sido la concreta causa de nulidad estimada en la suplicación, apreciando con ello una causa de inadmisión respecto de esa particular pretensión. A esos efectos, debe recordarse la reiterada jurisprudencia constitucional respecto del derecho de acceso a los recursos, recogida por ejemplo en la STC 7/2015, de 22 de enero, FJ 2 a):
“a) El derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que incorpora como elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, aunque también se satisface con una decisión de inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Esto implica, en virtud de lo dispuesto en el art. 117.3 CE, que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas para la admisión de los recursos, como materia de legalidad ordinaria, está reservada a los Jueces y Tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error patente (SSTC 182/2006, de 19 de junio, FJ 1; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).
En este sentido, la STC 109/1987, de 29 de junio, declara que ‘[l]a decisión sobre el cumplimiento de estos requisitos y la comprobación en cada caso de la concurrencia de las exigencias materiales y formales para la admisión o inadmisión del recurso, es competencia jurisdiccional atribuida, exclusivamente, a los órganos judiciales por el art. 117.3 de la Constitución’.
b) Las formas concretas mediante las cuales se estructura un determinado proceso no tienen naturaleza constitucional, sino que pertenecen a la libertad de decisión del legislador, adoptada en función del equilibrio de intereses y valores a los que sirve el proceso. ‘Y si, en ausencia de estricta prescripción legal, son los Tribunales quienes, en el legítimo uso de su competencia, estructuran las formalidades procesales que estiman adecuadas a la situación contemplada, no cabe tampoco en principio considerar que las mismas se oponen al derecho a la tutela siempre que no se conviertan en obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo’ (STC 74/1983, de 30 de julio, FJ 3).
c) El control constitucional que este Tribunal debe realizar de las resoluciones judiciales dictadas sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene carácter externo, pues no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara con base en una causa legalmente inexistente o mediante un ‘juicio arbitrario, irrazonable o fundado en error fáctico patente’ (SSTC 55/2008, de14 de abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3).
d) Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por una parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le está conferida la función de interpretar la ley —también, evidentemente, la procesal—, con el valor complementario que atribuye a su jurisprudencia el Código civil. La STC 37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que ‘toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123.1 CE), complementa el ordenamiento jurídico, conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada por los Jueces y Tribunales’. Por otra parte, porque el recurso de casación tiene la naturaleza de recurso especial o extraordinario, lo que determina que debe fundarse en motivos tasados —numerus clausus— y que está sometido no solo a requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos comunes exigibles para los recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su régimen procesal es más estricto por su naturaleza de recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3).
En particular, este Tribunal tiene declarado que ‘corresponde al Tribunal Supremo la última palabra sobre la admisibilidad de los recursos de casación ante él interpuestos, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 123 CE)’ (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 6)”.
6. El reproche constitucional que cabe formular a la persistencia en mantener imprejuzgada esta cuestión se produce en un segundo momento cuando, una vez que se acuerda la estimación del recurso y el propio órgano judicial reconoce que tiene el deber legal de resolver el debate de suplicación, no aporta ninguna razón por la que excluye de ese debate la resolución de todas las cuestiones que de manera directa o subsidiaria estaban siendo objeto de controversia y se limita únicamente a la cuestión relativa a la legalidad de haberse seguido el procedimiento de los despidos colectivos de los artículos 51 y ss. LET y a la indemnizabilidad de la extinción de la relación laboral del recurrente, máxime cuando ya constaba al órgano judicial que había sido declarada judicialmente la incompetencia de la Junta de Gobierno para adoptar la decisión de amortización de plazas.
Debe recordarse que, como se afirma en la STC 91/2010, de 15 de noviembre, “[e]ste Tribunal ha admitido que hay un vicio de incongruencia cuando, pese a la falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obliga a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que fueran objeto del litigio (como ocurría en el supuesto resuelto por la STC 53/1991, de 11 de marzo, en relación con la casación por infracción de ley). A ello hay que añadir que las propias Sentencias que no aprecian incongruencia reconocen, sin embargo, la vulneración del art. 24.1 CE en la vertiente de motivación cuando el silencio sobre la segunda pretensión provoca resultados irregulares o paradójicos (STC 200/1987, de 16 de diciembre, FJ 3, y STC 227/2002, de 9 de diciembre, FJ 3), o cuando es posible interpretar que la pretensión estaba implícita (STC 218/2003, de 15 de diciembre)” (FJ 7).
Pues bien, en estas circunstancias, partiendo de la base de que es el propio órgano judicial el que, en el ejercicio de su competencia exclusiva para interpretar la configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina en el orden social, considera que tiene el deber legal de resolver el debate de suplicación, esa sola consideración le hubiera debido llevar, al menos, a exponer las razones por las que en esta segunda fase no se desarrollaba ninguna razón fundada en derecho para dejar sin abordar una pretensión nuclear que había sido sustentada en ese debate de suplicación. Esa obligación, además, aparece reforzada desde la perspectiva constitucional y en el marco del control externo que corresponde desarrollar en esta jurisdicción de amparo, en atención al resultado irregular o paradójico que supone el hecho de que al órgano judicial ya le constaba de manera fehaciente en el desarrollo de su labor de casación que había sido declarada judicialmente la incompetencia de la junta de gobierno para adoptar la decisión de amortización de plazas por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con otros afectados por el proceso de amortización de plazas.
7. Ha de concluirse, por tanto, que la Sentencia impugnada en este amparo, dictada el 14 de abril de 2014 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente, en su vertiente de derecho al recurso, entendido como derecho a una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones planteadas por ambas partes; lesión que no fue reparada por dicha Sala en el trámite de incidente de nulidad de actuaciones, manteniendo su criterio en el Auto de 6 de octubre de 2014.
2º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Sentencia de 14 de abril de 2014 y del Auto de 6 de octubre de 2014, dictados en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1896-2013 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
3º Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, al que se adhiere la Magistrada Encarnación Roca Trías, respecto a la Sentencia de 19 de octubre de 2017 dictada por el Pleno en el recurso de amparo avocado núm. 7315-2014.
1. El recurso de amparo objeto de la misma fue avocado al Pleno con motivo de las discrepancias surgidas en el seno del Tribunal respecto a la Sentencia 147/2016, de 19 de septiembre, emitida por su Sala Segunda. Esta, en caso similar al actual, considera vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente y, en consecuencia, anula la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2014, así como el Auto de la misma Sala del posterior 7 de julio, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra ella.
2. Sin duda fueron exigencias de justicia material las que llevaron a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional a dictaminar la nulidad de la Sentencia del Tribunal Supremo, al detectar consecuencias desiguales entre fallos que afectaban a trabajadores de la misma empresa, como consecuencia de las diversas vías procesales utilizadas para su defensa. Sin embargo, la circunstancia de que la resolución impugnada haya supuesto consagrar una situación de desigualdad respecto de un mismo colectivo de trabajadores, afectados por idéntico acuerdo administrativo, no implica en sí mismo un resultado contrario al artículo 24.1 CE, siempre que haya sido producto de la normal deriva procesal de cada uno de los respectivos procedimientos instados por los trabajadores afectados por la amortización de puestos de trabajo, que es lo que ha sucedido en este caso. Puede que por razón de las diversas estrategias procesales seguidas por cada uno de los trabajadores o debido a los diferentes criterios jurídicos sustentados por los órganos judiciales en instancias inferiores se consolidaran situaciones jurídicas distintas en relación con las eventuales causas de nulidad en las que estaba incursa la extinción de cada una de las relaciones laborales; el hecho de que no pudieran ser finalmente unificadas por los cauces del recurso de casación es cuestión que queda al margen del ámbito de aplicación del artículo 24.1 CE.
3. Permítaseme al respecto la pedantería de recordar un pasaje recientemente leído de un trabajo de Jürgen Habermas sobre el planteamiento teórico de Ronald Dworkin. Relata en él una curiosa anécdota relativa al legendario juez Holmes. “En una ocasión, en la época en que era juez de la Corte Suprema, Holmes llevó al juzgado en su coche al joven Learned Hand [quien más tarde sería el maestro de Dworkin]. Al llegar a su destino, Hand descendió del coche y se despidió agitando la mano y gritando alegremente hacia el coche, que ya se alejaba: ¡Cuide usted de la justicia, juez Holmes! Holmes pidió al conductor que detuviese el coche y diese marcha atrás en dirección al sorprendido Hand, para asomarse por la ventanilla y decirle: That’s not my job [Ese no es mi trabajo]. A continuación el coche volvió a girar y condujo a Holmes a su trabajo, que supuestamente no consistía en cuidar de la justicia”. Comprendo que para un ciudadano medio puede resultar sorprendente que un juez presuma de no ocuparse demasiado de hacer justicia; ello resulta sin duda bastante más inteligible cuando se está familiarizado con el diverso contexto en que se desarrollan una sentencia en primera instancia, una apelación, una casación (sobre todo si es para unificación de doctrina) y, no digamos, si se trata de ejercer el control de constitucionalidad.
Es bien sabido que, desde su STC 37/1995, de 7 de febrero, el Tribunal Constitucional maneja cánones de inconstitucionalidad diversos según la tutela judicial efectiva haya de garantizarse en casos de acceso a la jurisdicción, en búsqueda de una primera respuesta judicial a lo demandado, o en casos de acceso al recurso en instancias posteriores. Mientras que en el segundo caso solo exige que el órgano judicial haya ofrecido una respuesta razonable (entre otras), sin incurrir en error de hecho o pura arbitrariedad, en el acceso a la jurisdicción entran en juego criterios más incisivos sobre el fondo del asunto, vinculados a la justicia material.
En efecto, como recuerda la STC 7/2015, de 22 de enero, FJ 2 A), el “derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que incorpora como elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, aunque también se satisface con una decisión de inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Esto implica, en virtud del art. 117.3 CE, que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas para la admisión de los recursos, como materia de legalidad ordinaria, está reservada a los Jueces y Tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error patente (SSTC 182/2006, de 19 de junio, FJ 1; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3)”.
4. No deja de resultar, en nuestro caso, significativa la propuesta desestimatoria del Ministerio Fiscal, que descarta la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), por no concurrir identidad de supuestos, ni constatar modificación arbitraria e injustificada por el mismo órgano judicial respecto de sus decisiones anteriores; igualmente rechaza toda posible incongruencia omisiva, al no examinarse una cuestión que no había sido objeto de examen por la sentencia de suplicación y vedarlo, en consecuencia, la normativa referida al recurso de casación para la unificación de doctrina; no concurría tampoco, a su juicio, ningún defecto de motivación con relevancia constitucional.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 7315-2014
En aplicación de la doctrina sentada en la STC 147/2016, de 19 de septiembre, se estima el recurso de amparo interpuesto por un trabajador de un ayuntamiento con contrato indefinido no fijo despedido mediante un acuerdo de amortización de plaza adoptado por la junta de gobierno local. Pese a que el recurrente alegó la incompetencia del órgano administrativo que adoptó el acuerdo de amortización a lo largo del proceso, la Sentencia dictada en casación por el Tribunal Supremo no entró a considerar esta cuestión. En los antecedentes, la Sentencia especifica que la especial trascendencia constitucional residía en que el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no había doctrina del Tribunal en el momento de la admisión.
La Sentencia impugnada vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, ex art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso al recurso, entendido como derecho a una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones planteadas por ambas partes; lesión que no fue reparada por dicha Sala en el trámite de incidente de nulidad de actuaciones (STC 7/2015) [FJ 7].
Aplica la doctrina sentada en la STC 147/2016, para concluir que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse pronunciado el órgano judicial de casación sobre la cuestión controvertida relativa a la competencia del órgano administrativo para acordar la amortización de plazas [FJ 4].
La motivación judicial sobre las razones para dejar imprejuzgada alguna cuestión planteada en un recurso no afecta necesariamente al derecho a obtener una resolución congruente, sino, más ampliamente, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su concreta dimensión del derecho al recurso, entendido como derecho a obtener una resolución de fondo sobre las pretensiones deducidas en el mismo [FJ 2].
El parámetro de control de constitucionalidad que debe aplicarse en estos casos es que la decisión judicial de no entrar a resolver sobre la cuestión de fondo no haya incurrido en ningún defecto de motivación con relevancia constitucional por haberse producido algún tipo de arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente [FJ 2].
Implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) excluir una determinada cuestión de una controversia en un recurso de casación para la unificación de doctrina cuando se ha verificado que esa cuestión ha sido procedentemente alegada por la parte concernida y resuelta en las sucesivas instancias y debidamente suscitada en el marco del recurso de casación, de forma tal que resulte preciso pronunciarse sobre la misma [FJ 2].
Artículo 24.1, ff. 1, 2, 4 a 7, VP
Derecho a obtener una resolución sobre el fondo de las pretensionesDerecho a obtener una resolución sobre el fondo de las pretensiones, ff. 4 a 7
Derecho de acceso al recurso legalDerecho de acceso al recurso legal, Vulnerado, ff. 4, 5, 7
Falta de motivación de las resoluciones judicialesFalta de motivación de las resoluciones judiciales, ff. 4 a 7
Omisión de pronunciamiento sobre el fondo del asuntoOmisión de pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ff. 4 a 7
Recurso de casación para la unificación de doctrinaRecurso de casación para la unificación de doctrina, ff. 4 a 7