Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00155-42812-de-septiembre-14-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_fa81ecee4ef740bdb8673dd8233ce2e9&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 23:16:19
Document Index: 67236041

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 185', 'artículo 267', 'artículo 294', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 170', 'artículo 392', 'Artículo 392', 'Artículo 28', 'artículo 74', 'Artículo 7', 'artículo 49', 'Artículo 9', 'Artículo 414', 'Artículo 535', 'artículo 170']

﻿ SENTENCIA 2003-00155/42812 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017
SENTENCIA 2003-00155 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:DEBILIDAD PROBATORIA EN UN PROCESO PENAL CONDUCE A LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. CUANDO LA ABSOLUCIÓN DE UN INDIVIDUO QUE HA ESTADO PRIVADO DE LA LIBERTAD NO DEVIENE PROPIAMENTE POR LA APLICACIÓN DEL INDUBIO PRO REO, SINO, MÁS BIEN, A CAUSA DE LA DEBILIDAD PROBATORIA EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL HAY LUGAR A LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL. ASÍ, CUANDO NO EXISTE PLENA PRUEBA DE QUE EL SINDICADO COMETIÓ EL HECHO NO ES POSIBLE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, POR LO QUE AL CONSIDERARSE INOCENTE SE CONCLUYE, JURÍDICAMENTE, QUE NO PARTICIPÓ EN EL HECHO PUNIBLE. EN EFECTO, LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEMANDA UNA INVESTIGACIÓN EFICIENTE Y PROCLIVE A RESPETAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DEL SINDICADO, POR LO QUE SI EL ESTADO FINALMENTE NO DESVIRTÚA LA REFERIDA PRESUNCIÓN DEBE RESPONDER POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A QUIENES SE AFECTE CON EL PROCESO JUDICIAL. DE ESTE MODO, AL SER APLICABLE EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN OBJETIVO LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD CON OCASIÓN DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD NO DEPENDERÁ DE LA ILEGALIDAD, FALLA O YERRO EN LA DECISIÓN QUE ORDENA LA PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, SINO DEL CUMPLIMIENTO DE UNOS REQUISITOS, A SABER: I) SE IMPUSO EN CONTRA DEL ACCIONANTE UNA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD EN EL MARCO DE UN PROCESO PENALII) DICHO PROCESO CULMINÓ CON DECISIÓN FAVORABLE A SU INOCENCIA, Y III) EL DAÑO Y LOS CONSECUENTES PERJUICIOS SURGIDOS DE LA RESTRICCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD, DEMOSTRACIÓN CON LA QUE SURGE A CARGO DEL ESTADO LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL CIUDADANO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Sentencia 2003-00155/42812 de septiembre 14 de 2017
Exp.: 42812
Rad.: 19001-23-31-000-2003-00155-01
Actor: Tulio Aníbal Quiñones Quilindo y otros
11. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto la producción o fuente del daño alegado se atribuye a las acciones u omisiones presuntamente cometidas por la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial, que según la parte actora, le provocaron perjuicios morales y materiales que deben ser indemnizados integralmente.
12. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está probado que el señor Tulio Aníbal Quiñonez Quilindo estuvo privado de la libertad desde el 2 de junio del año 2000(3) hasta el 2 de octubre del 2002(4).
12.1. De igual forma, se probó el vínculo de parentesco existente entre la persona antes mencionada, su esposa María Esmeralda Muñoz Agredo(5); sus hijos Iván Darío Quiñónez Muñoz, Julián Quiñónez Muñoz, Yon Jairo Quiñónez Muñoz, y Luz Aida Quiñónez Muñoz(6); y sus hermanos Alcides Quiñónez Quilindo, Alirio Ortencio Quiñónez Quilindo, Elvia Marina Quiñónez Quilindo y Walicia Quiñónez Quilindo(7).
13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la privación de la libertad del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo se produjo con ocasión de varias decisiones tomadas por la Fiscalía General de la Nación, pues esta fue la entidad que ordenó su captura(8), impuso en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva(9) y resolución de acusación por el presunto delito de homicidio en el grado de tentativa(10), de manera que se tendrá a la entidad como legitimada en este asunto.
13.1. También se encuentra legitimada en la causa por pasiva la rama judicial, dado que a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo quedó a disposición del juzgado 5º penal del circuito de Popayán, autoridad que dictó sentencia condenatoria en su contra por el presunto delito de homicidio en la modalidad de tentativa(11), aunque posteriormente fuera absuelto por la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán(12).
13.2. En este punto se aclara que tanto la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial hacen parte de la persona jurídica Nación, entidades a las que los actores les endilgan responsabilidad por los daños sufridos, solo que para efectos de la responsabilidad se estudiará el grado de injerencia que estas tuvieron en la producción del daño alegado, a fin de determinar si una eventual condena se ordenaría con cargo a su presupuesto.
14. Concerniente a la caducidad, en tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(13).
14.1. Acorde con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que la sentencia del 2 de octubre de 2002, emitida por la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, por medio de la cual se absolvió a Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo del delito de homicidio en la modalidad de tentativa, adquirió firmeza el 1º de noviembre de 2002(14), de manera que el plazo límite para ejercer el medio de control vencía el 2 de noviembre de 2004. Y comoquiera que la demanda fue radicada el 18 de febrero de 2003 (fl. 64 vto, c. 1), esta se presentó dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
15. La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Tulio Aníbal Quiñonez Quilindo, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el punible homicidio en la modalidad de tentado, constituye una detención injusta que comprometa la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación y de la Nación - rama judicial.
16. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en atención a lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En consecuencia, las pruebas decretadas y practicadas en el proceso penal adelantado contra Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, el cual se incorporó al presente expediente como prueba trasladada, pueden ser valoradas por la Sala, dado que fueron surtidas con audiencia de las demandadas en este caso, pues se trata de una investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial, ambas integrantes de la persona jurídica Nación.
17. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:
17.1. El 28 de enero de 1999, ante la fiscalía 3ª de reacción inmediata de Popayán, se hizo presente la señora Nery Valencia de Garzón, quien presentó denuncia verbal, en la que relató que el día anterior, su cuñado, el señor Jaime Garzón, mientras se encontraba en un potrero y se disponía a ejercer labores de ordeño fue impactado en la nuca por un disparo propinado por el señor “Tulio” (fl. 6, c. 2).
17.2. Posteriormente, el 5 de febrero de 1999, rindió declaración el señor Jaime Garzón Obando ante la fiscalía segunda delegada ante los juzgados penales del circuito, quien respecto de los hechos relató (fls. 9-11, c. 2):
Eso fue en la vereda de Chiribío, municipio de Sotará (Cauca), yo iba de la casa de la finca que llama “El Molino” a un potrero que está ubicado en la vereda “La Palma” donde está el ganado que ordeño; iban siendo las siete y media de la mañana, iba casi para llegar al potrero, me faltarían unos diez minutos, yo iba a caballo, iba en una vuelta donde hay siembras de maíz, cuando iba allí oí el tiro y sentí el quemonazo (sic) en la nuca, yo no me caí, el caballo dio la vuelta como para devolverse hacia la casa y ya vi que él me había disparado era este señor Tulio Jiménez (sic), él se llama Tulio Quiñónez (…) o sea que se llama Tulio Quiñónez Quilindo, ya entonces cuando lo vi que era él yo arranqué pero no para la casa de la finca, sino hacia donde iba a ordeñar o sea a la Palma y entonces este señor hizo otros tres (3) tiros, pero a mí ya no me alcanzaron a pegar más, sino que solo fue el primero; una vez estuve en el corral le dije a un señor que es amigo y que tiene una casa allá, que me hiciera el favor de ordeñar las vacas y de traerme la leche. Yo después me devolví por el potrero abajo pero ya no me encontré con Tulio, pero yo venía herido y sangre estaba botando y ya llegué a la casa de la finca donde vivo, pero yo en ningún momento perdí el conocimiento. En eso ya bajaba un señor Otón González en el carro de él y fue quien me trajo aquí a Popayán y me llevaron de una vez al Seguro Social (…) PREGUNTADO: Diga qué motivos tenía o tiene el señor Tulio Quiñónez para tratar de matarlo; si son enemigos y las razones de tal enemistad y desde cuanto tiempo hace que se le han presentado problemas con él. CONTESTÓ: (…) El problema de Tulio con todos nosotros es porque la finca donde vivimos el anterior dueño prefirió venderla a nosotros y no a ellos (…) entonces desde ahí de declararon enemigos de nosotros y primero comenzaron a pelear con mis dos hermanos, Horacio y José Efraín Garzón y a ellos ya hacen 18 meses que los mataron. Entonces cuando ellos subían a la finca “La Palma” ese señor Tulio les había dicho que se esperaran lo que les iba a pasar.
17.3. El 22 de noviembre de 1999, la fiscalía 2ª delegada ante los juzgados penales del circuito de Popayán - unidad de vida, profirió orden de captura en contra del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (fl. 18, c. 2).
17.4. Comoquiera que no fue posible la ubicación del encartado, fue declarado persona ausente mediante providencia del 16 de mayo del 2000 de la fiscalía 2ª delegada ante los juzgados penales del circuito de Popayán - unidad de vida (fls. 34 y 35, c. 2).
17.5. No obstante lo anterior, el señor Quiñónez Quilindo fue capturado el 2 de junio del 2000 por la Policía Judicial del Departamento de Policía del Cauca(15).
17.6. El 6 de junio de 2006, la fiscalía delegada ante los jueces penal del circuito - unidad vida e integridad personal emitió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra de Tulio Aníbal Quiñones Quilindo como probable autor del delito de homicidio tentado, agotado en la humanidad de Jaime Garzón Obando, por lo siguiente (fls. 52-59, c. 2):
Tenemos que el ofendido Jaime Garzón Obando efectivamente fue lesionado con la intención de causarle la muerte, el día 27 de enero de 1999 cuando se dirigía a cumplir con sus acostumbradas labores de campo, como es la de ordeñar el ganado que tenían en un potrero distante de su casa de habitación y en el preciso momento en que pasaba por un maizal a diez minutos aproximadamente del lugar a donde se dirigía, recibió un tiro de arma de fuego a la altura del cuello, al voltear el caballo, pudo observar claramente que quien le había disparado era su enemigo de muchos años, el señor Tulio Aníbal Quiñónez Q, quien al ver que este continuaba con la marcha, procedió a hacerle tres disparos más sin lograr impactarlo.
Para el despacho está claro en principio que quien atentó contra la vida de Jaime Garzón Obando, fue el injurado Quiñónez Quilindo, con quien tiene desavenencias desde hace muchos años y quien 15 años atrás lo había amenazado, lógicamente este al darse vuelta el caballo pudo identificarlo plenamente, por cuanto es conocido en la región y vecino suyo, si la lesión le hubiere causado la muerte tal vez se desconocida (sic) al criminal; pero como este quedó con vida pudo identificarlo plenamente, máxime si los hechos ocurrieron en horas de la mañana a plena luz del día (…)
Tenemos igualmente los testimonios de los señores José Tomás Pillimue Becerra y Tulio Enrique Mosquera Gómez, quienes tratan de sacar (sic) justificar a su compañero de labores, pues estos trabajan en la empresa “Cartón Colombia”, tal como ellos lo afirman, además de ser el segundo de los nombrados cuñado del sindicado. Estos testimonios el despacho los aprecia con reserva, pues como ya se manifestó el segundo es cuñado del sindicado y los mismos pretendiendo justificar que antes de los acontecimientos este se encontraba laborando, se contradicen en sus explicaciones, el primero asegura que acostumbra a llegar a las seis y media de la mañana y ese día había madrugado mucho y cuando llegó a trabajar ya estaba Quiñónez Quilindo en el lugar de trabajo, contrario a lo dicho por su cuñado quien asegura que Tulio Aníbal luego de saludarlo se quedó en el camino hablando con su hermano y él se vino a pie, llegó a las 7 a.m. primero y posteriormente su cuñado, diferente a lo expuesto por el mismo sindicado quien asegura que el solo paró un momento, iba en bicicleta, a responder el saludo de Tulio Enrique Mosquera y continuó para su trabajo llegando cuando faltaba 12 minutos para las 7 a.m., nunca aseguró como lo hace ver su cuñado que hubiere quedado dialogando con su hermano Alirio Quiñónez, el continuó el camino y si iba en bicicleta, lógicamente hubiere llegado primero que su cuñado, pero no fue así.
17.7. El 3 de octubre del 2000, la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito de Popayán - unidad investigativa de delitos contra la vida e integridad personal calificó el mérito del sumario, en el sentido de proferir resolución de acusación en contra de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, como probable autor del delito de homicidio tentado, por cuanto (fls. 157-166, c. 2):
El conjunto probatorio encabezado por el testimonio del principal interesado en el establecimiento de la verdad y el consecuente castigo de la acción al real responsable, que consulta los criterios valorativos del artículo 294 de la Ley Procesal Penal, sumado al indicador antecedente de la causa o móvil para actuar delictivamente desprendido de las diferencias que sostenían años atrás por la posesión de los bienes terrenales, y presentado por los principales protagonistas, así como el efectual (sic) de la deficiente justificación radicada en que la coartada del mecanismo de defensa cimentada en la ausencia del escenario del hecho por el tiempo de comisión, no logró ser ratificada por los declarantes señalados como soportes, de manera que se cerró el círculo de imputación en desfavor del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, como único autor de las lesiones con intención de matar agotadas en la integridad corporal de Jaime Garzón Obando con proyectil disparado con arma de fuego.
17.8. La anterior decisión quedó debidamente ejecutoriada el 24 de octubre del 2000, razón por la que el proceso fue remitido para el trámite de la etapa judicial (fl. 175, c. 2), cuyo conocimiento correspondió al juzgado 5º penal del circuito de Popayán, quien avocó conocimiento del asunto el 27 de octubre del 2000 (fl. 178, c. 2).
17.9. El 13 de diciembre de 2001 el juzgado 5º penal del circuito de Popayán dictó sentencia en la que condenó al señor Marco Tulio Quiñónez Quilindo como autor penalmente responsable del delito de homicidio en la modalidad de tentativa, de suerte que le impuso la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión, y la subsidiaria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual, con sustento en lo siguiente (fls. 259-298, c. 2):
Los anteriores elementos probatorios tienen la suficiente condición demostrativa para crear certeza moral respecto de la existencia de la conducta punible, al punto que se puede afirmar de manera cierta que Jaime Garzón Obando, efectivamente fue víctima en la fecha indicada, a consecuencia de las lesiones recibidas, y que le fueron causadas con arma de fuego, de un atentado contra su vida, que obligó a su inmediata internación en la clínica del Instituto de Seguros Sociales (…)
El material probatorio de esta forma discriminado y estudiado, permite llegar al conocimiento cierto que los hechos materia del presente proceso tuvieron su génesis en las lesiones de que fue objeto el 27 de enero de 1999, en el sitio conocido como Chiribío, municipio de Sotará, con arma de fuego, el señor Jaime Garzón Obando, a manos de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, los cuales se encuentran debidamente probados tanto en su aspecto material u objetivo, como respecto de la autoría y responsabilidad en cabeza del procesado en turno, toda vez que la sindicación en su contra es clara, de forma que no permite dudas de ninguna índole; y aunque el único testigo de los hechos es el propio ofendido, existen en el plenario elementos de juicio diferentes, como la prueba de aspecto objetivo y los dichos de personas ajenas a los acontecimientos, que ratifican sus manifestaciones y los hechos concreto en sí mismos, lo mismo que la señalización que se hace desde un comienzo de las pesquisas en contra del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, persona a la cual se señala por sus nombres y apellidos, así como por sus rasgos personales y sus características particulares que lo individualizan de manera indubitable (…)
17.10. La mencionada providencia fue impugnada y revocada en segunda instancia por la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán mediante sentencia del 2 de octubre del 2002, autoridad que decidió absolver al señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo del delito de homicidio tentado por la existencia de dudas respecto a su responsabilidad penal, dado que (fls. 3-33, c. 4):
Radica el busilis probatorio en la prueba de certeza sobre la culpabilidad de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo que la Fiscalía y el juzgado del conocimiento la radica en el testimonio de la víctima Jaime Garzón Albán y el indicio de motivación por parte del acusado, prueba esta que aparece controvertida por la defensa con argumentos que la debilitan, por cuanto el dicho de Jaime Garzón Obando presenta inconsistencia de consideración.
El indicio de motivación no era exclusivo para Aníbal Quiñónez Quilindo, debido a problemas de ganados a consecuencias de los cuales perdieron la vida dos hermanos de Jaime Garzón Obando; existe una pluralidad de testigos que ubican al acusado en el lugar de trabajo, a distancia considerable de los hechos; aparecen vacíos procesales como la ausencia de inspección judicial para establecer las distancia del lugar del atentado a los puntos de referencia, esto es la morada del acusado y el lugar de su trabajo.
Consecuencialmente no es completa la valoración de la prueba, así se adopte el sistema de la libre convicción o el de la sana crítica, que requiere, como lo manda el Código de Procedimiento, la estimación de los elementos de convicción en su conjunto (…)
Al referirse esta providencia a las pruebas de cargo, observó que la identificación de la víctima hace de su agresor, parte principalmente de la vestimenta que portaba equivocándola a punto tal, que debió haber sido ampliada su acusación para que concretara el color de la vestimenta, cuyo desacierto quedó flotando en el expediente. Los cierto es que Tulio Aníbal sólo portaba el casco amarillo de la empresa Cartón Colombia, que se lo vieron una pluralidad de testigos a tempranas horas de la mañana. Este casco no lo observó la víctima, pero sí dice que vio el uniforme de la empresa que no portaba el acusado, que portaba ropas de color diferente al señalado por el mismo ofendido.
La víctima, Jaime Garzón Obando, momentos después del insuceso, con la primera persona que se encontró fue con Samuel Quiñónez, quien se abstuvo de declarar en el proceso. Era de esperar que las circunstancias de apremio en que se encontraba Garzón le hubieran determinado la solicitud de auxilio, referido que era víctima de un ataque señalando a su agresor. Sin embargo, no lo hizo, sin que diera la razón lógica de su silencio.
La defensa ha hecho énfasis en los vacíos de la actuación, cuya atención habrían permitido afianzar las hipótesis que de un principio se tejieron sobre la responsabilidad penal de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (…) En efecto, la inspección judicial al lugar de los hechos habría hecho claridad sobre la visibilidad real de Jaime Garzón Albán y, lo que es muy importante, las distancias del lugar de los hechos a la casa del acusado y al lugar de su trabajo. Hay una noticia seria de un hecho grave que cobró la vida de dos hermanos de Jaime Garzón Obando, sin que se hubiere hecho la exploración probatoria para establecer si la víctima que, como sus hermanos, también venían dedicados al negocio del ganado, podía ser objeto también, de las enemistades que ocasionaron la muerte de Efraín y Horacio Garzón Obando, citados por el acusado en su indagatoria. Tampoco, extrañamente se oyó a Julián Quiñónez, hijo del acusado, a quien se refiere la víctima como su enemigo y quien, al igual que su progenitor, estaba laborando en Cartón Colombia (…)
Las anteriores reflexiones presta una utilidad en el caso presente, porque los testimonios de Martha Obando, Tulio Enrique Mosquera Gómez, José Tomás Pillimue Becerra, Francisco Obando Astaiza y Mario Hernando Fernández Fernández, entre otros, aparecen desestimados por la afinidad en el trabajo de Cartón Colombia con el acusado. Empero, la sana crítica conforme a las normas enunciadas en la parte considerativa de este proveído, exige que individualmente se analice la aseveración que cada uno de los declarantes hace sobre lo inquirido. Se trata de personas de elemental cultura e instrucción; moradores todos ellos del campo y por consiguiente de cultural ancestrales que no participan de los perniciosos hábitos defraudadores de la ley, tan notorios en las ciudades y en grandes capitales. Se entiende que han prestado un juramento al que se le conserva más respeto en el campo que en la ciudad. Sus expresiones en general son sencillas. En algunos momentos se logra apreciar una voluntad de favorecer a Tulio Aníbal Quiñónez, presentándolo como persona honesta, correcta u cumplidora de su trabajo, pero sin que se note un desvío de la verdad al respaldarlo enfáticamente en la versión que éste da del vestido que llevaba el día de los hechos, que no era el de la empresa y su asistencia al lugar de trabajo en las primeras horas de la mañana.
Esos testimonios, algunos se recibieron a instancia de la esposa de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, como lo afirman los mismos declarantes paladinamente, sin malicio de ninguna clase, manifestándole el testigo que acudiría a declarar lo que vieron y esto lo exponen en forma circunstanciada indicando el sitio del encuentro con Tulio Aníbal y la parte del trayecto que hicieron en su compañía y su presencia en el lugar del trabajo, algunos de ellos describiendo la topografía del terreno y las distancia aproximadas de la casa de habitación de cada uno de ellos y la del acusado al lugar de trabajo.
En algunos casos, un testigo veraz puede poner en duda su testimonio por el afán de que se le crea, exagerando datos que se le piden. Esta circunstancia podría conducir a la desestimación del dicho del testigo que quiere contribuir al esclarecimiento de la verdad, pero que torna su versión en presentación artificiosa de lo que en realidad ha visto. En el caso que nos ocupa, los dichos de los testigos relacionados se concretan en afirmar que se encontraron camino al trabajo con Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, que no vestía el uniforme de la empresa, pero sí su casco amarillo y que éste inició su labor en el horario habitual.
No existe ninguna prueba que demerite las aseveraciones de los testigos mencionados.
En estas condiciones, el dicho acusatorio de la víctima pierde eficacia probatoria, razón por la cual la sustentación del fallo condenatorio, que debe ser de certeza, se desintegra. Esto impone que se revoque la decisión impugnada y en su lugar se absuelva a Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, en razón del ilícito del homicidio tentado, por el cual se lo sentenció en el proveído objeto del recurso.
17.11. Con ocasión de la investigación adelantada en su contra por el presunto punible de homicidio en el grado de tentativa, el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo permaneció privado de la libertad desde el 2 de junio del año 2000(16) hasta el 2 de octubre del 2002(17).
18. Para resolver el asunto puesto a consideración de la Sala es preciso resaltar primero que la libertad personal es un derecho esencial de la persona y, como tal, está reconocido en la Constitución Política(18) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad(19).
18.1. La libertad consiste, básicamente, en la capacidad de la persona de hacer lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo(20).
18.2. La libertad, como principio y derecho humano, comprende en su núcleo esencial tanto “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(21).
18.3. En su carácter de principio, la libertad es un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege la propia autorrealización del individuo. Como derecho fundamental, la libertad goza de preeminencia en el orden superior, sólo puede ser regulada o intervenida por la potestad legislativa, se encuentra protegida por la prohibición de afectar su contenido esencial y su aplicación es directa e inmediata y obliga a todos los órganos y agentes del Estado.
18.4. El mencionado derecho, no obstante, no tiene carácter absoluto e ilimitado pues debe armonizarse con otros bienes y derechos de rango constitucional. En consecuencia, la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva es considerada admisible, pues el objeto de tales medidas es “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(22). Estas medidas deben ser decretadas por una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso con plenas garantías, y un carácter eminentemente provisional o temporal, con el fin de que no se conviertan en una sanción anticipada.
18.5. La restricción de la libertad no solamente debe sujetarse a estos requisitos formales y sustanciales, sino que su imposición estar motivada con claridad y suficiencia, y ajustarse a los principios, valores y derechos que consagra la Carta Política, así como a los parámetros fijados por el derecho internacional de los derechos humanos. En todo caso, debe tener en consideración la gravedad del delito cometido, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, los antecedentes penales del sindicado, la circunstancia de haber sido aprehendido en flagrancia, el desacato a decisiones judiciales previas o la asunción de una conducta reprochable con posterioridad a la ejecución del hecho punible(23).
19. En el presente caso es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal seguido contra Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, la sentencia del 2 de octubre de 2002, emitida por la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán (v. párr. 17.10), ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. El proyecto de la referida ley estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional, quien condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:
Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(24).
19.1. La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—(25).
19.2. Además, cabe advertir que durante la vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía declararse en todos los casos en que se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(26). Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000(27), esto es, el Código de Procedimiento Penal. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la subsección, los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, tales causales pueden ser aplicadas para derivar responsabilidad por expresa orden constitucional(28).
19.3. Fuera de los tres eventos contemplados en la norma en mención, la responsabilidad extracontractual de la administración puede resultar comprometida también cuando por ejemplo al término del proceso penal la presunción de inocencia del sindicado se mantiene incólume, lo cual ocurre en los eventos en los que la absolución se origina en la aplicación del principio indubio pro reo.
19.4. En otros términos, la responsabilidad del Estado en tratándose de casos de privación injusta de la libertad no se encuentra supeditada exclusivamente a la configuración de una de las tres causales señaladas en la norma sustantiva penal, pues si bien estas constituyen su marco normativo, aquella encuentra su génesis y justificación en la causación de un daño antijurídico que el afectado no está en la obligación de soportar, esto en los términos del artículo 90 constitucional.
20. En lo que respecta al daño, se encuentra demostrado que el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo permaneció privado de la libertad desde el 2 de junio del año 2000 hasta el 2 de octubre del 2002 (v. párr. 17.11), para un total de 2 años y 4 meses.
21. Ahora, en relación con la imputación es menester destacar que para la Sala el régimen de responsabilidad aplicable por la privación injusta de la libertad es en principio objetivo, razón por la cual no es imperativo establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996. No obstante, ello no es óbice para que en un caso concreto, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, habida cuenta que si se encuentra acreditada la falla del servicio procede su declaración.
21.1. Empero, es importante señalar que en el sub lite el título de imputación aplicable será el objetivo, y por ello la declaratoria de responsabilidad con ocasión de la privación injusta de la libertad no dependerá de la ilegalidad, falla o yerro en la decisión que ordena la privación preventiva de la libertad, sino que estribará en el sobreseimiento a posteriori, razones por las cuales no es del caso adelantar un análisis que evidencie la actuación defectuosa de las entidades demandadas, aunque sí suficiente para corroborar los supuestos de responsabilidad estatal, los cuales fueron debidamente demostrados, a saber: i) se impuso en contra del accionante una medida restrictiva de la libertad en el marco de un proceso penal; ii) dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, y iii) el daño y los consecuentes perjuicios surgidos de la restricción al derecho fundamental de libertad, demostración con la que surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.
22. Bajo tal horizonte de compresión, para el caso concreto se encuentra acreditado que:
22.1. Según la denuncia realizada por la señora Nery Valencia de Garzón el 28 de enero de 1999 ante la fiscalía 3ª de reacción inmediata de Popayán, el día anterior, el señor Tulio Aníbal Quiñónez, quien presuntamente tenía el propósito de asesinar al señor Jaime Garzón, disparó contra su humanidad, provocándole una lesión en la nuca (v. párr. 17.1).
22.2. Posteriormente, el 5 de febrero de 1999, el ente investigador recibió declaración de la víctima, el señor Jaime Garzón Obando, quien relató con mayor detalle lo sucedido y aseguró haber reconocido a su agresor, esto es, al señor Tulio Quiñónez Quilindo, de quien afirmó tenía motivos para asesinarlo debido a rencillas personales relacionadas con una finca donde residía y en la que el presunto autor del hecho habría tenido interés. También aseguró que tiempo atrás el señor Quiñónez Quilindo habría tenido conflictos con sus hermanos Horacio y José Efraín Garzón a quienes habían asesinado hace 18 meses (v. párr. 17.2).
22.3. Por consiguiente, el 22 de noviembre de 1999, la fiscalía 2ª delegada ante los juzgados penales del circuito de Popayán emitió orden de captura en contra del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (v. párr. 17.3) y aunque en un principio fue declarado como persona ausente (v. párr. 17.4), finalmente fue capturado el 2 de junio del 2000 (v. párr. 17.5).
22.4. Así, correspondió a dicha fiscalía resolver la situación jurídica provisional del procesado, por lo que el 6 de junio del 2000 le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, ya que aparte de considerar que la materialidad del hecho punible se encontraba probada, pues así lo respaldaban dictámenes médico legales que dieron cuenta de las lesiones sufridas por el señor Garzón Obando, también estimó creíble la existencia de desavenencias entre el afectado y Quiñónez Quilindo, además que le otorgó credibilidad a los dichos de la víctima quien dijo haber identificado a su agresor. En cambio, le restó credibilidad a los testimonios de los compañeros de labor del encartado que lo ubicaban en el lugar de trabajo, por cuanto uno de ellos era su cuñado, al tiempo que advirtió contradicciones en los dichos de todos ellos (v. párr. 17.6.).
22.5. En consecuencia, el 3 de octubre del 2000, la fiscalía 2ª delegada ante los jueces penales del circuito de Popayán calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo como probable autor del delito de homicidio tentado, decisión en la que reiteró lo dicho en la medida de aseguramiento, ya que le otorgó relevancia al testimonio de Jaime Garzón Obando y nuevamente apreció con reserva las declaraciones de descargo (v. párr. 17.7).
22.6. Dicha decisión cobró ejecutoria a partir del 24 de octubre del 2000 (v. párr. 17.8), de suerte que el asunto fue conocido en la etapa judicial por el juzgado 5º penal del circuito de Popayán que el 13 de diciembre de 2001 emitió sentencia condenatoria contra el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo en calidad de autor del delito de homicidio tentado sobre la persona de Jaime Garzón Obando.
22.7. El mencionado despacho judicial hizo un recuento de los elementos probatorios recaudados y ratificó la materialidad del hecho delictivo. Adicionalmente, comulgó con las consideraciones de la Fiscalía General de la Nación, ya que estimó probada la autoría y responsabilidad en cabeza del acusado, pues pese a que el único testigo presencial de los hechos era el propio ofendido, consideró que en el plenario obraban elementos de juicios que ratificaban sus manifestaciones (v. párr. 17.9.).
22.8. No obstante, en vía de apelación, la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, al resolver la impugnación que interpuso la defensa, revocó la condena y en su lugar absolvió al acusado. Dicha autoridad no puso en duda la ocurrencia del hecho delictuoso, pero sí cuestionó la culpabilidad del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo.
22.9. De esta manera, dijo que el indicio de motivación no se derivaba solamente respecto de Aníbal Quilindo, pues dentro del proceso se hizo referencia a problemas derivados de tenencia de ganado, a partir de los cuales perdieron la vida los hermanos de Jaime Garzón Obando. También encontró vacíos procesales, tales como la ausencia de inspección judicial, la cual era indispensable para determinar la distancia desde el lugar donde ocurrieron los hechos hasta la residencia del acusado y su lugar de trabajo.
22.10. Adicionalmente, el fallador encontró inconsistencias respecto de la identificación que hizo la víctima de su agresor, pues esta partió, principalmente, de las prendas que usaba, ya que relató que vestía el uniforme de la empresa donde trabajaba (Cartón Colombia), contrario a lo afirmado por los testigos que se encontraron al señor Quiñónez Quilindo de camino a su trabajo, quienes aseguraron que éste último no vestía el uniforme de la empresa, pero sí un casco amarillo al que la víctima no refirió.
22.11. Resaltó el tribunal que el señalamiento hecho por el señor Garzón Obando no se produjo de manera inmediata sino tiempo después de ocurrido el hecho y refiriendo que era su enemigo. Igualmente desvirtuó el indicio de oportunidad, ya que los testigos señalaron de manera uniforme haberse encontrado a Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo rumbo al trabajo el día de los hechos, pruebas que le restaban credibilidad a la acusación, particularmente respecto de la presencia del procesado en el lugar de los hechos.
22.12. En consecuencia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán desvirtuó el fallo condenatorio al encontrar que no existía certeza de la responsabilidad penal del acusado, circunstancia que llevó consigo a emitir fallo absolutorio (v. párr. 17.10).
23. En consecuencia, entiende la Sala que no se demostró la participación del demandante en el punible investigado, por cuanto así fue establecido en la providencia absolutoria dictada por la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, que afirmó que no existían los medios probatorios necesarios para proferir condena contra aquel procesado. Por tal razón, lo sucedido en el proceso penal, a juicio de la Sala, fue que el Estado en ejercicio del ius puniendi no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del afectado.
23.1. Sobre este aspecto, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
Siguiendo un reciente precedente(29), la Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, en el presente caso fue deficiente la actividad probatoria en sede criminal, falencia que en estricto sentido no generó duda razonable sino más exactamente falta de prueba incriminatoria como acertadamente lo apuntó la vista fiscal en primera instancia.
Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado finalmente no desvirtúa la presunción de inocencia, patrimonialmente debe responder por los perjuicios ocasionados a quienes se afecte con el proceso judicial(30).
23.2. En conclusión, la absolución a favor del hoy demandante Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo no devino propiamente por aplicación del indubio pro reo, sino más bien a causa de la debilidad probatoria en el marco del proceso penal y, en consecuencia, estima la Sala que al no existir plena prueba de que el sindicado cometió el hecho, es posible afirmar que existe responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ya que este no pudo desvirtuar la presunción de inocencia, y al considerarse inocente es menester colegir jurídicamente que no participó en el hecho punible. De lo contrario, la presunción de inocencia sería inane.
24. Adicionalmente, a partir del acervo probatorio, no se avizora que el demandante hayan actuado con dolo o culpa grave desde la perspectiva civil como causal eximente de responsabilidad, pues su vinculación al proceso penal se produjo, principalmente, a raíz del testimonio rendido por la víctima, el señor Jaime Garzón Obando, a cuya acusación el juez penal se le restó credibilidad, dado que su contra pesaron factores que minaron la veracidad de sus afirmaciones, tales como el hecho no acertar en la forma cómo estaba vestido el presunto agresor el día de los hechos y lo afirmado por otros testigos que ubicaron al señor Quiñónez Quilindo en un lugar distinto a aquel en que se produjo el disparo. Luego, el señalamiento de la víctima, evidentemente, no puede servir de fundamento para tener por demostrado un comportamiento gravemente culposo o doloso del acusado, ya que es una situación que escapa a su voluntad, máxime cuando dentro del trámite penal se le restó credibilidad a lo dicho por la víctima, por las razones ya anotadas.
25. En este sentido, le asiste razón al Tribunal Administrativo del Meta al asignarle responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial, órganos que pese a obrar en cumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales, con la decisión mantener preventivamente privado de la libertad a Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, provocaron un daño antijurídico que excedió las cargas que dicha persona estaba en el deber de soportar.
25.1. En esos términos, dado que Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo merece ser compensado por el hecho de haberse quebrado en perjuicio suyo el principio de igualdad ante las cargas públicas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que declaró administrativamente responsables y de manera solidaria a la Nación - Fiscalía General de la Nación y rama judicial por los daños antijurídicos causados a la parte actora.
26. No obstante, vale aclarar que en la sentencia impugnada no se precisó el grado de responsabilidad que debía asignársele a cada una de las demandadas, situación, que como se vio en los párrafos anteriores (v. párr. 8 a 8.2) impidió la aprobación del acuerdo conciliatorio logrado en esta instancia por las partes.
26.1. Se trata entonces de una situación que debe tomarse como un aspecto no resuelto por al a quo, lo que obliga a pronunciarse a esta instancia de conformidad con lo ordenado en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual en el fallo deben analizarse todos los hechos en que se funda la controversia(31), máxime cuando en el presente caso la rama judicial en la apelación afirmó que la responsabilidad administrativa solo podía recaer en la Fiscalía General de la Nación, por cuanto esta posee autonomía administrativa y presupuestal y además porque el daño alegado proviene de decisiones tomadas por dicho ente, por ser el encargado de adelantar la investigación y recaudar el material probatorio obrante dentro del proceso (v. párr. 6.1.4.).
26.2. Así las cosas, se destaca que en casos similares en los que el proceso penal se ha regido por las normas procesales de la Ley 600 del 2000 o del Decreto Ley 2700 de 1991, donde el trámite ha superado la etapa investigativa a cargo de la Fiscalía General de la Nación, culminado con resolución de acusación, y consecuentemente se ha pasado a la etapa judicial asumida, evidentemente, por la rama judicial y terminado con sentencia absolutoria de primera instancia, esta Sala ha considerado(32) que el daño solo le es imputable a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad que impuso la medida de aseguramiento, en virtud de la cual se mantuvo privado de la libertad al demandante, pero no a la segunda, por cuanto en aplicación del Código de Procedimiento Penal, en este caso de la Ley 600 del 2000, vigente en la época de los hechos, el control de la medida de aseguramiento por parte del juez de conocimiento, solo procede a petición motivada de parte, por lo que no puede afirmarse que en ausencia de esta estaba obligado a revisar de manera oficiosa dicha medida, esto, con base en el artículo 392, que disponía:
Artículo 392. Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.
1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas.
2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica.
3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez.
Reconocido el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar. (Se destaca)
26.3. En esas condiciones, como no se acreditó que se hubiera promovido ante el juez de la causa el control de legalidad de la medida de aseguramiento, la responsabilidad por la privación de la libertad a cargo de la rama judicial solo tiene lugar desde que le impuso condena en primera instancia.
26.4. En efecto, si bien es cierto que la privación de la libertad del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo se produjo desde un inicio con ocasión de la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, autoridad que también profirió medida de aseguramiento en su contra y resolución de acusación, no lo es menos que la restricción de la libertad del procesado también se prolongó gracias a que el juzgado 5º penal del circuito de Popayán dictó sentencia condenatoria el 13 de diciembre de 2001 (v. párr. 17.9), de manera que por virtud de tal decisión el demandante tuvo que permanecer recluido hasta que se resolviera el asunto en segunda instancia mediante decisión del 2 de octubre de 2002 de la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán (v. párr. 17.10).
26.4.(sic) Bajo tal panorama, la Sala asignará responsabilidad a cada una de las demandadas en proporción al tiempo total en que el señor Tulio Aníbal Quiñónez estuvo privado de la libertad, acorde con los siguientes parámetros: (i) el lapso trascurrido entre la captura, ocurrida el 2 de junio del 2000 (v. párr. 17.5), y un día antes de dictarse sentencia penal de primera instancia, es decir, el 12 de diciembre de 2001 (v. párr. 17.9), que se traduce en 18,36 meses, será asignado a la Fiscalía General de la Nación; y (ii) el tiempo sucedido entre la sentencia penal condenatoria del 13 de diciembre de 2001 (v. párr. 17.9) y la libertad del procesado, ocurrida el 2 de octubre de 2002, luego de emitida la sentencia absolutoria penal en segunda instancia (v. párr. 17.10 y 17.11), que arroja 9,36 meses, tiempo este último que será imputado a la rama judicial.
26.5. De este modo, los tiempos antes anotados respecto del periodo total de privación, 28 meses o 2 años y 4 meses, arrojan un porcentaje del 65% para la Fiscalía General de la Nación y un 35% para la rama judicial, que se traducen en la proporción en que cada una de las accionadas deberá pagar la condena impuesta, sin que de ello se derive que la responsabilidad no es solidaria, pues los beneficiarios pueden reclamar de cada una de las accionadas la satisfacción de la totalidad de la condena, solo que aquella que la satisfaga en su integridad podrá reclamar a la otra el reintegro de la parte que no le corresponda.
27. En cuanto a los perjuicios morales, se advierte que la aplicación del criterio jurisprudencial vigente sería suficiente para reconocer a favor de los actores una compensación superior a la enunciada en el fallo de primer grado.(33)
27.1. Sin embargo, al no haberse cuestionado este punto, la Sala se limitará a confirmar la decisión del tribunal de reconocer, a favor de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (privado de la libertad), el valor correspondiente a 90 smlmv; para su esposa María Esmeralda Muñoz Agredo (esposa) y sus hijos Iván Darío Quiñónez Muñoz, Julián Quiñónez Muñoz, Yon Jairo Quiñónez Muñoz y Luz Aida Quiñónez Muñoz, la cantidad de 45 smlmv; y para los hermanos Alcides Quiñónez Quilindo, Alirio Quiñónez Quilindo, Elvia María Quiñónez Quilindo y Walicia Quiñónez Quilindo, el equivalente a 23 smlmv, para cada uno, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente para le fecha de ejecutoria de la presente providencia. Lo anterior, por cuanto al ser las entidades demandadas apelantes únicas, no es posible hacer más gravosa su situación, en virtud del principio non reformatio in pejus.
28. Concerniente a los a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, con sustento en dos certificaciones emanadas de la Cooperativa Agroforestal del Cauca (fl. 20, c. 1 y 384, c. 2) en las que se hizo constar que el demandante laboraba para dicha empresa antes de ser capturado, el a quo encontró demostrado que el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo era económicamente activo, de suerte que reconoció a su favor lo dejado de percibir por el tiempo en que este estuvo privado de la libertad (28 meses), más 8,75 meses, estimado como el lapso en que una persona tardaría en conseguir empleo, según el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA(34). De manera que se calculó el periodo a indemnizar por un total de 36.75 meses y con base en el salario mínimo legal vigente para la época de su detención, debidamente actualizado, ya que no se logró establecer el monto preciso de lo devengado, suma que fue debidamente indexada. En ese orden, el valor por el aludido concepto arrojó la cantidad de $ 21.496.332,86.
28.1. Nótese que el tribunal excluyó del cálculo el 25% que los empleados devengan a modo de prestaciones sociales, No obstante, dado que la actora no apeló, la Sala se limitará a actualizar lo reconocido por la primera instancia, de acuerdo con la fórmula: “Va x IPC final / IPC inicial”.
28.2. Así, “Va” es el valor a actualizar ($ 21.496.332,86), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (137,80)(35), el IPC inicial el índice de la serie de empalme de la fecha de la sentencia de primera instancia (107,90)(36).
28.3. En consecuencia, se reconocerá a favor de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, un monto de $ 27.453.148, por concepto de reparación del lucro dejado de percibir con ocasión de la privación injusta de la libertad.
29. Sobre los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente se tiene que estos no fueron solicitados en la demanda ni reconocidos en la sentencia de primera instancia.
MODIFICAR la sentencia del 28 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que quedará así:
1. DECLÁRESE patrimonial y administrativamente responsables a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación - rama judicial, por los daños antijurídicos causados a al señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, con ocasión de la privación injusta de su la libertad.
2. Como consecuencia, CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación - rama judicial, a pagar a la parte demandante los siguientes conceptos:
Perjuicios morales: (i) A favor de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, el valor correspondiente a 90 smlmv; (ii) para María Esmeralda Muñoz Agredo, Iván Darío Quiñónez Muñoz, Julián Quiñónez Muñoz, Yon Jairo Quiñónez Muñoz y Luz Aida Quiñónez Muñoz, la cantidad de 45 smlmv, para cada uno; y (iii) para Alcides Quiñónez Quilindo, Alirio Quiñónez Quilindo, Elvia María Quiñónez Quilindo y Walicia Quiñónez Quilindo, el equivalente a 23 smlmv, para cada uno. Para este efecto deberá tenerse en cuenta el salario mínimo vigente en el año de ejecutoria de esta providencia.
Perjuicios materiales por lucro cesante: A favor de Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo, la suma de veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 27.453.148).
3. Las demandadas responderán en forma solidaria por la condena impuesta. Sin perjuicio de ello, la Nación - Fiscalía General de la Nación pagará el 65% de la condena y la Nación - rama judicial el 35%, siendo entendido que los demandantes tendrán la posibilidad de reclamar el pago de la totalidad de la condena a cualquiera de dichas demandadas, de suerte que si alguna de ellas la satisface totalmente tendrá derecho a solicitar a la otra el reintegro del porcentaje que no le corresponda.
2 Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, Auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
3 Acta de derechos del capturado suscrita el 2 de junio del 2000, por parte del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (fl. 38, c. 2). Oficio del 2 de junio de 2002, suscrito por el sargento segundo Edwar Andrés Mosquera Agredo, mediante el cual deja al señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo a disposición del fiscal 01 grupo vida (fl. 37, c. 2).
4 Boleta de libertad de fecha 2 de octubre de 2002, librada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán (fl. 37, c. 5). Certificación emitida por el coordinador jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de Popayán del 26 de junio de 2006, donde hace consta que el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo permaneció en recluido en dichas instalaciones desde el 29 de junio del 2000 hasta el 2 de octubre de 2002 (fl. 66, c. 4).
5 Conforme aparece en el certificado de registro civil de matrimonio emitido el 27 de febrero de 2003 por la Registraduría Municipal de Sotará - Cauca (fl. 72, c. 1).
6 Según se desprende de los certificados de registro civil de nacimiento emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 6 de noviembre de 2006 (fls. 11, 13, 14 y 15 c. 1).
7 Tal como se desprende de los registros civiles de nacimiento emitidos por la Registraduría Municipal de Sotará - Cauca, de donde se desprenden que los mencionados tienen en común a los padres Mercedes Quilindo y Marco Tulio Quiñónez (fls. 16, 17, 18, y 19, c. 1).
8 Mediante providencia del 22 de noviembre de 1999 (fl. 18, c. 2).
9 A través de resolución que definió su situación jurídica el 9 de junio del año 2000, dictada por la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito - unidad de vida e integridad personal de Popayán (fls. 52-59, c. 2).
10 Mediante resolución del 3 de octubre del 2000 de la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito - unidad de vida e integridad personal de Popayán (fls. 157-166, c. 2).
11 Esto es, a través de fallo del 13 de diciembre de 2001 (fls. 259-298, c. 2).
12 Por medio de sentencia del 2 de octubre de 2002 (fls. 344-371, c. 2).
13 En este sentido ver Auto de la sección tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y Auto de 9 de mayo de 2011 de la subsección C, sección tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
14 Así aparece en certificación emitida por el secretario del juzgado 5º penal del circuito de Popayán, donde se expresó: “Que este despacho, cursó un proceso por el delito DE LA TENTATIVA DE HOMICIDIO, en contra de Tulio Aníbal Quiñones Quilindo, identificado con la c.c. # 10.519.058, el cual terminó con SENTENCIA ABSOLUTORIA dictada en segunda instancia por la Sala cuarta de decisión penal del tribunal superior de este distrito judicial con fecha de dos (2) de octubre de dos mil dos (2002), y la cual alcanzó el grado de ejecutoria el primero (1º) de noviembre del mismo año 2002” (fl. 70, c. 1).
15 Acta de derechos del capturado suscrita el 2 de junio del 2000, por parte del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (fl. 38, c. 2). Oficio del 2 de junio de 2002, suscrito por el sargento segundo Edwar Andrés Mosquera Agredo, mediante el cual deja al señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo a disposición del fiscal 01 grupo vida (fl. 37, c. 2).
16 Acta de derechos del capturado suscrita el 2 de junio del 2000, por parte del señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo (fl. 38, c. 2). Oficio del 2 de junio de 2002, suscrito por el sargento segundo Edwar Andrés Mosquera Agredo, mediante el cual deja al señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo a disposición del fiscal 01 grupo vida (fl. 37, c. 2).
17 Boleta de libertad de fecha 2 de octubre de 2002, librada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán (fl. 37, c. 5). Certificación emitida por el coordinador jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de Popayán del 26 de junio de 2006, donde hace consta que el señor Tulio Aníbal Quiñónez Quilindo permaneció en recluido en dichas instalaciones desde el 29 de junio del 2000 hasta el 2 de octubre de 2002 (fl. 66, c. 4).
18 Constitución Política. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...)
19 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la secretaría general de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (...); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...).
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C nº 170, párr. 52.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
25 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
26 Decreto 2700 de 1991. “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
27 Ley 600 de 2000. “Artículo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”.
28 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, Exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
29 Sentencia de ésta misma subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, con ponencia de la doctora Conto Díaz del Castillo.
30 Sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 20.314, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
31 El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, dispone: “La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”.
32 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B”, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Rad. 39028, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En el mismo sentido las sentencias del 26 de noviembre de 2015, Rad. 40180 y del 2 de noviembre de 2016, Exp. 38324, ambas como ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero.
33 En jurisprudencia reciente de la corporación, se consideró que, sin perjuicio de las circunstancias especiales de cada caso, los siguientes lineamientos permiten orientar la discrecionalidad del juez para la tasación de los perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad: (i) si la privación es superior a 18 meses, se sugiere reconocer la suma de 100 smlmv; (ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; (iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se recomienda el reconocimiento de 80 smlmv; (iv) si fue mayor a 6 meses pero no rebasó los 9 meses, hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; (v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; (vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smlmv; y (vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. Consejo de Estado, sección tercera, Sala plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
34 Cfr. Uribe, José Ignacio y Gómez, Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, Documentos Laborales y Ocupacionales, nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.
Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y reiterada por esta subsección en sentencia de 3 de diciembre de 2012, Exp. 26258, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.
35 IPC de julio de 2017.
36 IPC de junio de 2011.