Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/84/1
Timestamp: 2017-10-23 02:58:36
Document Index: 382714665

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 3', 'Artículo 13', 'artículo 5', 'Artículo 16', 'artículo 3', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 25', 'artículo 2']

«LEY DEL VOLUNTARIADO
La solidaridad, el altruismo y el compromiso con la vida comunitaria son valores profundamente arraigados en la tradición social y cultural de Andalucía. Preocuparse por los demás, ofrecer de forma espontánea y generosa la ayuda a quien lo necesita, implicarse personalmente en los problemas comunes, son actitudes cotidianas sobre las que se ha ido construyendo una sociedad cuyo sentido humanitario y tolerante constituyen rasgos fundamentales de un patrimonio cívico que se debe preservar y promocionar.
La importancia de este movimiento del voluntariado ha sido reconocida por la Asamblea General de la Naciones Unidas que, en su sesión de 17 de diciembre de 1985, proclamó el 5 de diciembre de cada año como Día Internacional de la Personas Voluntarias para el Desarrollo Económico y Social, adoptándose, posteriormente, la Resolución contenida en el Informe del Segundo Comité A/40/1041 de 19 de febrero de 1986, en la que se destaca la necesidad de promover la acción voluntaria
organizada y la de fortalecer y ensanchar sus relaciones con las Administraciones Públicas.
En el marco de las instituciones de ámbito europeo, la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, ratificada por España el 29 de abril de 1980, y la Resolución del Parlamento Europeo sobre asociaciones sin fin de lucro en la Comunidad Europea, de
13 de marzo de 1987, coinciden en reconocer el trabajo
voluntario como parte del derecho de libre asociación, esencial a la democracia y amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por su parte, diferentes Comunidades Autónomas han venido aprobando su propia normativa para regular el voluntariado en el ámbito de su territorio y competencias. En nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 45/1993, de 20 de abril, del Voluntariado Social de Andalucía, por el que se regula el voluntariado social a través de entidades colaboradoras, ha constituido un precedente del reconocimiento de la participación de los ciudadanos a través de las entidades sin ánimo de lucro.
De acuerdo con estos precedentes, dentro del marco de los valores enunciados, el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias con carácter exclusivo que permiten llevar a cabo la regulación de la acción voluntaria que se contiene en esta Ley, incorporando a su ordenamiento jurídico una norma con rango de Ley que sirva para reconocer, promover y regular el importante caudal de participación ciudadana que supone la actividad voluntaria organizada. Porque la Humanidad, y Andalucía con ella, se enfrentan a retos del presente y a desafíos de futuro que requieren la concurrencia de todos los recursos y capacidades sociales, de la participación ciudadana, de la cooperación entre la iniciativa pública y la iniciativa privada, en la búsqueda y puesta en marcha de las respuestas que garanticen un futuro mejor para todos los hombres y mujeres.
Presidente de la Junta de Andalucía I I
La Ley del Voluntariado de Andalucía parte del reconocimiento de que el carácter autónomo y dinámico del movimiento
voluntario constituye un valor a proteger y fomentar. De esta forma, la Ley no pretende establecer más requisitos legales que los necesarios para garantizar los derechos y deberes que se apuntan, con carácter general, en las diversas recomendaciones internacionales sobre la materia, en especial los que se recogen en la Carta Europea para los Voluntarios, propuesta por Volonteurope, y en la Declaración Universal sobre Voluntariado elaborada a iniciativa de la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios, que fue aprobada en el Congreso Mundial de Voluntarios, celebrado en París en 1990.
La Ley pretende, fundamentalmente, promover la libertad de los ciudadanos a expresar su compromiso voluntario a través de los cauces y organizaciones que mejor satisfagan sus intereses y motivaciones. Asimismo, obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan la participación a través de la acción voluntaria organizada y a disponer los medios y recursos para posibilitar el ejercicio efectivo de la acción voluntaria y su promoción en la sociedad civil, evitando establecer trabas que coarten el desarrollo de su autonomía y capacidad de iniciativa.
Con esta Ley, la Junta de Andalucía asume que el concurso de un movimiento voluntario, independiente, autónomo y vigoroso, es una necesidad para la mejora de la calidad de vida que los poderes públicos deben garantizar, reconociendo el ejemplo de solidaridad y civismo que su existencia brinda como un
saludable fenómeno social ampliamente extendido en Andalucía, desarrollado y adulto, imprescindible para construir una sociedad más participativa, humana y acogedora.
De igual modo, la Ley asume que la esencia de la acción voluntaria se fundamenta en el compromiso libre, responsable y altruista de los voluntarios, expresado sin que exista
obligación personal o medie retribución económica alguna. Por ello, considera que su mejor incentivo es el reconocimiento de su interés social y el establecimiento de las medidas de apoyo que faciliten la eficacia de sus actuaciones.
La Ley del Voluntariado de Andalucía se articula en
diferentes títulos en los que se recogen el conjunto de disposiciones generales sobre los destinatarios de la acción voluntaria organizada, sobre personas voluntarias y entidades que desarrollan la acción voluntaria, sobre el Registro General de tales entidades, sobre las Administraciones Públicas y sobre la participación. También se incluyen las disposiciones adicionales que se han considerado necesarias.
En las disposiciones generales se establece que el objeto de la Ley es regular la acción voluntaria organizada, no entrando a considerar las actuaciones aisladas o esporádicas, realizadas por razones de amistad, benevolencia o buena vecindad. La Ley es, por tanto, una norma para el voluntariado organizado, esto es, que se desarrolla a través de entidades sin ánimo de lucro. Las Administraciones Públicas, en su respuesta a las
necesidades sociales y en su tarea de apoyo y promoción de la acción voluntaria, deberán colaborar y convenir sus acciones y programas con las organizaciones sociales existentes en su ámbito de competencia. Sólo de forma excepcional y en ausencia de otras alternativas, podrán las Administraciones Públicas promover la organización de acciones voluntarias que le estén directamente vinculadas y que, en cualquier caso, deberán atenerse a lo establecido en esta Ley.
Sin embargo, no se crea en el marco de la presente Ley una nueva categoría de asociación en relación a las entidades que desarrollan la acción voluntaria. Tampoco se ha querido entrar a considerar las motivaciones u orientaciones personales de los voluntarios, que, en cualquier caso, habrán de respetar los principios básicos establecidos por la Ley.
La Ley, por tanto, define la acción voluntaria organizada como una actividad específica que hay que considerar de forma objetiva y positiva, diferente de cualquier otra actividad o forma de prestación de servicios, ya sea civil, laboral, funcionarial o mercantil. En el mismo sentido, la Ley define la especificidad de la acción voluntaria organizada respecto a la acción pública, estableciendo los términos en que sus
respectivas actividades de interés social deben ser
consideradas complementarias.
Así considerada, la actividad voluntaria se basa en un conjunto de relaciones entre personas físicas (voluntarios y
beneficiarios) y personas jurídicas (las entidades y las Administraciones Públicas) que es necesario regular
estableciendo, entre otros contenidos, derechos y deberes de unos y otros.
Con relación a las entidades que desarrollen una acción voluntaria, la Ley opta por establecer unos requisitos legales mínimos. La Ley del Voluntariado de Andalucía, sin embargo, amplía los derechos de estas entidades, reconociéndoles formalmente su condición de instrumentos de participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y
atribuyéndoles el derecho a estar representadas en los órganos de consulta e interlocución que se creen para hacer efectiva esa participación, de modo que se facilite por parte de las Administraciones Públicas su colaboración en el seguimiento y evaluación de la gestión y ejecución de las iniciativas que sean objeto de consulta. Estos nuevos derechos se articularán a través de los órganos de participación e interlocución que la Administración de la Comunidad Autónoma promocionará en todos los niveles administrativos de su territorio.
La Ley no pretende imponer modelo organizativo alguno a un movimiento voluntario cuya autonomía se garantiza por su articulación mediante entidades independientes de todo poder público. No obstante, de acuerdo con el principio de pluralismo que la inspira, la Ley obliga a las distintas administraciones a preservar la diversidad del mundo asociativo, apoyando especialmente a las pequeñas y medianas asociaciones, y alentando la creación de plataformas, redes y órganos de coordinación que permitan mejorar su capacidad de gestión e interlocución.
En lo que respecta a las disposiciones sobre las
Administraciones Públicas, la Ley establece las competencias en materia de voluntariado de la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, proponiendo el marco de un Plan Andaluz de Voluntariado como instrumento de coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones. Así mismo, con relación a las subvenciones y ayudas públicas a entidades que desarrollen programas de voluntariado, la Ley establece las condiciones que obligan a las Administraciones Públicas a actuar con transparencia, objetividad e
imparcialidad, removiendo los obstáculos y simplificando y agilizando los procedimientos administrativos para facilitar la eficacia de la acción voluntaria.
Esta vocación de servicio al interés general, que debe inspirar tanto a la acción pública como a la propia acción voluntaria organizada, obliga a establecer unos requisitos mínimos para los programas y proyectos de voluntariado que cuenten con financiación pública. La facultad inspectora, que la
Administración debe asumir, se centra fundamentalmente en la obligación de evaluar la eficacia social de los programas desarrollados con fondos públicos, la adecuada administración de éstos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
La Ley, además, establece las medidas con las que los poderes públicos deben fomentar el ejercicio efectivo de la acción voluntaria organizada. La Administración de la Junta de Andalucía se obliga así a establecer, en el marco de las disponibilidades presupuestarias, la financiación pública destinada a la promoción, formación y apoyo del voluntariado en Andalucía.
Finalmente, la Ley considera una serie de disposiciones adicionales sobre tipos específicos de voluntariado, como el de cooperación desarrollado por voluntarios en el extranjero, o el de protección civil, contemplado en la Ley 2/1985, de 21 de abril.
Por todo ello, la Ley del Voluntariado, que tiene la vocación de ser un instrumento eficaz para la promoción y la ordenación del voluntariado en nuestra Comunidad Autónoma, aspira además a ser un ejemplo de las nuevas relaciones entre Administración Pública y sociedad que la Junta de Andalucía considera
necesarias para avanzar por el camino de libertad y bienestar social que lleva a una sociedad más solidaria, democrática y humana.
La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la acción voluntaria organizada, desarrollada por los ciudadanos y ciudadanas a través de entidades sin ánimo de lucro, regulando los derechos y obligaciones que surgen de la relación entre las personas voluntarias y las entidades, así como su colaboración con las Administraciones Públicas en la conformación de políticas públicas.
La presente Ley es de aplicación a toda actividad de
voluntariado organizado que se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en el ámbito de
Artículo 3. Concepto de acción voluntaria organizada.
b) Que sean consecuencia de una decisión libremente adoptada.
c) Las realizadas por los objetores de conciencia en
cumplimiento de la prestación social sustitutoria, y cualquier otra actuación que se derive de una obligación personal o deber jurídico.
d) Las realizadas como práctica profesional, laboral o
cualquier otra fórmula orientada a la acumulación de méritos.
b) La participación como principio democrático de intervención directa y activa de los ciudadanos y ciudadanas en las
responsabilidades comunes, promoviendo el desarrollo de un tejido asociativo que articule a la comunidad desde el
reconocimiento de su autonomía y pluralismo.
Artículo 5. Areas de actuación.
La acción voluntaria organizada podrá desarrollar sus
actividades de interés general en áreas de actuación tales como: servicios sociales y sanitarios; defensa de los derechos humanos, superación de la exclusión social, superación de la discriminación social por discapacidad, la desigualdad por motivo de género, el racismo, la xenofobia, y la homofobia, áreas de necesidad social; la protección, información y formación de los consumidores y usuarios; orientación sexual; medio ambiente; consumo; educación, ciencia, cultura, deporte, ocio y tiempo libre; patrimonio histórico; emergencias y protección civil; integración de la población inmigrante; cooperación, solidaridad internacional y educación por la paz, y cualquier otra área de necesidad o interés general de naturaleza y fines análogos a las actuaciones voluntarias enumeradas anteriormente y que se ajusten a lo dispuesto en esta Ley.
b) La promoción y defensa de derechos individuales y
2. En ningún caso podrá la acción voluntaria organizada reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las
Administraciones Públicas andaluzas de garantizar a los ciudadanos las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos frente a aquéllas.
Artículo 7. Derecho a beneficiarse de la acción voluntaria.
1. Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de la acción voluntaria, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, etnia, género, sexo,
orientación sexual, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2. En todo caso, la acción voluntaria organizada que, al amparo de esta Ley, se desarrolle en colaboración con las
Administraciones Públicas de Andalucía deberá dar prioridad a las actuaciones que den respuesta a las necesidades de las personas y grupos con mayores carencias.
Artículo 8. Derecho a una acción voluntaria de calidad.
2. Los destinatarios de la acción voluntaria tienen derecho a recibir información, tanto al inicio como durante la ejecución de los programas de acción voluntaria, sobre las
características de los programas de los que se beneficien, así como a colaborar en su evaluación.
Artículo 9. Derecho a sustituir a la persona voluntaria asignada o prescindir de la acción voluntaria.
Cuando existan causas que lo justifiquen, los destinatarios de la acción voluntaria podrán solicitar y obtener el cambio de la persona voluntaria asignada, si lo permiten las circunstancias de la entidad, pudiendo en cualquier caso prescindir en todo momento de los servicios de un determinado programa de acción voluntaria.
Artículo 10. Concepto de persona voluntaria.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por persona voluntaria la persona física que partícipe en una acción voluntaria organizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.
b) Al respeto a su libertad, dignidad, intimidad, creencias y orientación sexual, sin que puedan ser tratados con
discriminación o menoscabo de sus derechos fundamentales.
d) A ser asegurados contra los riesgos de accidente y
enfermedad así como respecto a los daños y perjuicios causados a terceros, derivados directamente del ejercicio de la
actividad voluntaria, con las características que se
e) A que, por parte de la entidad responsable de los programas, les sean reembolsados los gastos que pudieran derivarse del desempeño de sus actividades, siempre que hayan sido
previamente autorizados por la misma.
f) A disponer de una acreditación identificativa de su
condición de personas voluntarias.
g) A obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución, y a solicitar de las entidades en que
colaboren la acreditación de los servicios prestados.
i) A realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y
características de aquélla.
b) Guardar la debida confidencialidad respecto de la
información recibida y conocida en el desarrollo de su
f) Seguir las instrucciones técnicas para el adecuado
desarrollo de las actividades encomendadas, que se les señalen por los responsables de los programas designados por la entidad organizadora.
Artículo 13. Requisitos legales de las entidades que
desarrollen programas de acción voluntaria.
1. Las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria habrán de estar legalmente constituidas, tener personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro, actuar en algunas de las áreas establecidas en el artículo 5 de la presente Ley, y contar con la participación de personas voluntarias.
Las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria tienen los siguientes derechos:
e) Cualesquiera otros derechos reconocidos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, referidos al
Las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria deberán:
a) Cumplir los acuerdos establecidos con las personas
voluntarias en el compromiso de incorporación.
c) Cubrir los gastos que pudieran derivarse de la acción voluntaria, dotándola de los medios adecuados para el
cumplimiento de sus cometidos y reembolsando a las personas voluntarias los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad, siempre que hayan sido previamente autorizados por la entidad.
d) Facilitar la participación de las personas voluntarias en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y
actividades en que intervengan.
e) Proporcionar a las personas voluntarias la formación y orientación necesaria para el desarrollo de sus actividades, dotando a las personas voluntarias de los conocimientos teóricos y prácticos precisos y garantizando el oportuno reciclaje a lo largo de su etapa como voluntario.
h) Llevar un registro de altas y bajas de las personas
voluntarias que colaboren con la entidad, con indicación de los programas a los que estuvieran adscritos.
Artículo 16. Compromiso de incorporación.
La incorporación de las personas voluntarias a los programas de acción voluntaria organizada será compatible con su condición de miembro de la entidad que lleve a cabo el programa y, en todo caso, deberá ser formalizada por escrito mediante el correspondiente compromiso que, además de recoger las
características de la acción voluntaria establecidas en el artículo 3 de la presente Ley, tendrá como mínimo el siguiente contenido:
b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se comprometen a realizar las personas
c) La formación requerida para la realización de las
actividades a realizar y, en su caso, el proceso que deba seguirse para obtenerla.
d) La duración del compromiso y las causas y formas de
desvinculación por ambas partes.
Artículo 17. Creación.
1. Se crea el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, que será público y que tendrá por objeto la
inscripción de las entidades que cumplan los requisitos previstos en esta Ley.
2. El Registro General de Entidades de Voluntariado de
Andalucía asumirá las funciones de calificación, inscripción y certificación.
Artículo 18. Funciones de las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, desarrollarán las siguientes
a) Sensibilizar a la sociedad sobre los valores de
solidaridad y civismo que inspiran a la acción voluntaria organizada, así como sobre el interés social de sus
b) Fomentar y promover la participación social de los
ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de acciones de voluntariado a través de entidades que desarrollen programas de acción voluntaria.
c) Establecer las medidas de apoyo financiero, material y técnico a la acción voluntaria organizada, facilitando recursos públicos para el adecuado desarrollo y ejecución de las acciones voluntarias a través de convocatorias anuales de ayudas y subvenciones para programas de captación, fomento y formación del voluntariado en aquellas entidades, previamente inscritas en el registro general previsto en esta Ley,
prestando especial atención a las entidades de carácter social y declaradas de utilidad pública que desarrollen programas de acción voluntaria.
h) Propiciar la mejora de la capacidad de gestión e
interlocución, facilitando la creación de plataformas, redes y órganos de coordinación.
i) Realizar el seguimiento y la evaluación de los programas de acción voluntaria que se desarrollen con financiación pública para asegurar su interés social, valorar su eficacia,
garantizar la adecuada administración de los recursos y velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones legales de aplicación.
2. Sólo de forma excepcional ante situaciones imprevistas de catástrofes y emergencia general, y a falta de otras
posibilidades de actuación, podrán las Administraciones Públicas promover acciones voluntarias, estableciendo los mecanismos para que tales iniciativas se organicen de forma independiente en el plazo de tiempo más breve posible y, en cualquier caso, debiendo atenerse a lo establecido en esta Ley en materia de derechos y deberes de las personas voluntarias.
a) Ostentar la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante los organismos oficiales de orden
supraautonómico, estatal o supraestatal.
b) La coordinación entre las Administraciones Públicas
andaluzas, en los términos previstos en la Constitución Española, los tratados internacionales, el Estatuto de
Autonomía para Andalucía y demás disposiciones vigentes.
d) La planificación y coordinación general de las políticas públicas en materia de acción voluntaria organizada conforme a los principios y criterios contenidos en esta Ley, respetando la independencia de las entidades que desarrollan programas de voluntariado y la autonomía de las Entidades Locales.
e) Establecer los criterios de distribución de los recursos propios, así como conceder ayudas y subvenciones, de acuerdo con lo previsto en el título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y concertar o convenir los servicios que sean de su competencia.
Artículo 20. Competencias de las Entidades Locales.
Las Entidades Locales, en el marco de las competencias que tienen atribuidas por la legislación de régimen local, tendrán las siguientes funciones en materia de voluntariado:
a) Hacer cumplir las disposiciones de esta Ley en las
acciones de voluntariado que se desarrollen en el ámbito local.
d) Facilitar a las entidades y personas que desarrollen acciones voluntarias en el ámbito local los mecanismos de asistencia técnica, formación e información, así como
establecer las medidas de fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, consideren adecuadas.
i) Cualquier otra que les pudiera delegar la Junta de
Artículo 21. Ayudas y subvenciones.
3. Las entidades responsables de programas de acción voluntaria organizada que reciban ayudas y subvenciones o celebren convenios o conciertos con las Administraciones Públicas estarán obligadas a someterse al seguimiento y evaluación de sus actuaciones, acreditar las actividades realizadas y justificar el destino de la financiación recibida, en los términos que establezca la normativa de aplicación.
Artículo 22. Programas de acción voluntaria.
1. Los programas de acción voluntaria que soliciten
financiación de las Administraciones Públicas de Andalucía deberán concretar al menos los siguientes aspectos:
f) El presupuesto del programa, detallando el concepto de los gastos previstos y, en especial, el coste del personal
remunerado, si lo hubiere, y del voluntario empleado en el desarrollo del programa.
g) Las fuentes de financiación del programa, detallando la aportación de la propia entidad, las ayudas y subvenciones solicitadas y obtenidas de las distintas Administraciones y cualquier otro ingreso previsto.
h) Los criterios de evaluación de sus objetivos y los
mecanismos de control y seguimiento de sus actuaciones.
2. Las Administraciones Públicas podrán establecer las
circunstancias y proporción en que los programas organizados como acción voluntaria pueden incorporar personal remunerado, en su caso. Asimismo, podrán fijarse los criterios y proporción en que la entidad responsable deberá financiar el programa para recibir financiación pública.
2. El Plan contemplará el conjunto de acciones que en esta materia desarrolle la Administración de la Comunidad Autónoma, posibilitando la integración en su marco de las actividades e iniciativas de otras Administraciones Públicas y demás
entidades públicas o privadas con las que se acuerde su incorporación y participación en el mismo.
b) Actividades de investigación y formación en materia de voluntariado que permitan un mejor conocimiento de las
necesidades, recursos y actividades existentes; garanticen la calidad de las actuaciones de las personas voluntarias mediante una adecuada preparación básica y específica, y contribuyan a mejorar la gestión de la acción voluntaria organizada.
d) Fórmulas de coordinación orientadas a promover la
colaboración entre las iniciativas pública y privada;
establecer foros, redes, plataformas y órganos de
interlocución, y facilitar el intercambio de experiencias entre Administraciones Públicas y entidades estatales, supraestatales o de otras Comunidades Autónomas.
e) Cualesquiera otras que, de acuerdo con esta Ley, se
consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos de la acción voluntaria organizada.
Artículo. 24. Derecho a la participación.
Artículo 25. Organos de participación del voluntariado.
2. En cada provincia andaluza existirá un Consejo Provincial del Voluntariado, que ejercerá las funciones de coordinación, promoción, seguimiento y análisis de las actividades de voluntariado que se realicen en sus respectivos ámbitos territoriales. De la misma forma, se podrán crear en los municipios los correspondientes Consejos Locales del
4. El Consejo Andaluz del Voluntariado presentará, con
periodicidad anual, ante el Parlamento de Andalucía la Memoria descriptiva y valorativa del desarrollo y aplicación de esta Ley, así como sus efectos en el ámbito de la acción voluntaria y en cuanto a la no sustitución del empleo que las
Administraciones Públicas tienen la obligación de crear para la prestación de servicios públicos y sociales de su competencia.
Disposición adicional primera. Voluntariado de protección civil.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III de la presente Ley, la acción voluntaria en materia de gestión de emergencias y protección civil, a efectos de organización, funcionamiento y régimen jurídico, se regirá por su normativa específica, así como por las disposiciones de la presente Ley en lo que resulte de aplicación.
Disposición adicional segunda. Voluntariado en el extranjero. La acción voluntaria que se desarrolle en el extranjero por entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley se regirá, en su caso, por la normativa específica de cooperación para desarrollo y por lo dispuesto en la presente Ley,
estableciéndose como excepción a lo previsto en su artículo 2, siendo obligatorio en este caso la suscripción de una póliza de seguros de enfermedad y accidente a favor de las personas voluntarias que tendrán derecho a las exenciones, inmunidades y prerrogativas que, en su caso, se deriven de la aplicación de los acuerdos internacionales que haya suscrito España sobre la materia.
Disposición adicional tercera. Habilitación de créditos. La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus disponibilidades presupuestarias, podrá habilitar un programa presupuestario específico para la financiación de la promoción, formación y apoyo del voluntariado en Andalucía, que será gestionado por la Consejería competente en la materia, sin perjuicio de los créditos para ayudas y subvenciones de programas de acción voluntaria en las distintas áreas que pudieran contemplarse en los respectivos presupuestos de las demás Consejerías.
Disposición transitoria primera. Período de adaptación. Las Administraciones Públicas de Andalucía y las entidades que desarrollen programas de voluntariado deberán ajustarse a lo dispuesto en esta Ley en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Registro de Entidades. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el título V de la presente Ley, al Registro de Entidades de acción voluntaria le será de aplicación lo prevenido en el Decreto 45/1993, de 20 de abril, del Voluntariado Social de Andalucía, sin perjuicio de que el mismo dependa de la Consejería competente en la materia.