Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A324-09.htm
Timestamp: 2017-11-18 01:05:02
Document Index: 203833180

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 159', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 20']

A324-09
Auto 324/09
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia T- 536 de 2009. Acción de tutela instaurada por Saludcoop EPS contra la Superintendencia Nacional de Salud.
Bogotá, D. C. dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009)
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad de la Sentencia T- 536 de 2009, proferida por la Sala Octava de Revisión.
I. LOS HECHOS PROBADOS DURANTE EL PROCESO QUE DIO ORIGEN A LA SENTENCIA CUYA NULIDAD SE DEMANDA.
La sentencia T- 536 de 2009 fue proferida por la Sala Octava de Revisión, con ocasión de una acción de tutela instaurada por Saludcoop EPS contra la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que igualmente había promovido, a través de un ciudadano, la acción pública de inconstitucionalidad que dio origen a la sentencia C- 1041 de 2007. En otras palabras, se presenta una coincidencia entre quien (i) presentó la acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 1122 de 2007; (ii) luego instauró, con base en lo decidido en el mencionado fallo de constitucionalidad, una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud; y (iii) y ahora presenta un incidente de nulidad contra el fallo de amparo.
Así las cosas, los hechos que se encontraron probados en el expediente T- 2.200.042, según consta en el texto del mencionado fallo, son los siguientes:
“La Ley 1122 del 9 de enero de 2007 estableció un límite del 30 % a la contratación que pueden realizar las EPS con sus propias IPS.
Por el valor correspondiente a la constitución de las reservas técnicas con cargo a la cuenta 616565 - Seguridad Social en Salud – Régimen contributivo.
Finalmente, mediante Auto núm. 02741 del 20 de marzo de 2000, la Entidad accionada decretó la práctica de una visita a Saludcoop EPS, atinente a la verificación de aspectos técnicos, jurídicos y financieros”.
II. ARGUMENTOS DE CADA UNA DE LAS PARTES EN EL PROCESO DE TUTELA.
La Sala Octava de Revisión, en fallo objeto de recurso, sintetizó igualmente las posturas encontradas de las partes en los siguientes términos:
“Como se ha explicado, en el presente caso, Saludcoop EPS alega que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la expedición de las resoluciones núm. 640 y 01100 de 2008, vulneró su derecho al debido proceso administrativo, motivo por el cual solicita que, como mecanismo transitorio, se ordene inaplicar los mencionados actos administrativos, hasta que la justicia contencioso administrativa se pronuncie.
III. EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA T- 536 DE 2009.
A efectos de resolver el problema jurídico planteado en el expediente T- 2.200.042, la Sala Octava de Revisión procedió a (i) sintetizar los principales aspectos de la parte motiva de la sentencia C- 1041 de 2007, en especial, aquellos directamente relacionados con los condicionamientos que figuran en la parte resolutiva del fallo, es decir, la ratio decidendi; (ii) reiteró su jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos; y (iii) resolvió el caso concreto.
Luego de resolver los anteriores aspectos, la Sala concluyó que le asistía la razón a la Superintendencia Nacional de Salud, motivo por el cual procedió a confirmar los fallos de los jueces de instancia, mediante los cuales se había negado el amparo solicitado.
IV. LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA SENTENCIA T- 536 DE 2009.
Con fecha 30 de septiembre de 2009 se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la sentencia T- 536 de 2009, presentada por Saludcoop EPS. El solicitante propone cuatro argumentos al respecto:
“(i) Desconoce el precedente constitucional sentado por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C- 1041 de 2007. En esa decisión la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 15 de la Ley 1122 de 2007, que limitó en un 30% la contratación de las EPS con IPS de su propiedad. La Corte resolvió que esa restricción no podrá oponerse a la atención de urgencias o a la libre escogencia. La sentencia T- 536 de 2009 se aparta del condicionamiento y asegura que en materia de libre elección no puede superarse el límite de integración vertical.
(ii) La sentencia T- 536 de 2009 desconoció la cosa juzgada constitucional que recae sobre la parte resolutiva de la sentencia C- 1041 de 2007 y sobre la ratio decidendi de la parte motiva de esa misma decisión. En efecto, la parte resolutiva de la sentencia C- 1041 de 2007 estableció que las EPS cuando estén en el límite de integración vertical, no podrán oponer esa situación a efectos de limitar la libertad de elección de los usuarios. La sentencia T- 536 de 2009 afirma lo contrario; es decir, que una EPS no podrá superar el límite de integración vertical ni siquiera cuando los usuarios decidan libremente ser atendidos en una IPS que sea propiedad de una EPS.
(iii) La parte motiva de la sentencia T- 536 de 2009 es internamente contradictoria con la parte resolutiva. La Corte considera en la sentencia T- 536 de 2009, que la atención de urgencias es una excepción al límite de integración vertical. Pero a pesar de lo anterior, en la parte resolutiva se abstiene de retirar del mundo jurídico la interpretación de la Superintendencia, en donde esa entidad ha indicado que el límite de integración vertical no podrá superarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los casos de atención de urgencias.
(iv) La sentencia T- 536 de 2009 desconoce la consolidada jurisprudencia constitucional, relacionada con la vía de hecho por aplicación de normas o proposiciones normativas declaradas inconstitucionales. La Corte acepta que a partir de la sentencia C- 1041 de 2007 se entiende la atención de urgencias, como una excepción al límite de integración vertical, en virtud del condicionamiento allí establecido. Sin embargo, estima que no se configura una vía de hecho cuando una entidad del Estado aplica una norma, proposición normativa o interpretación declarada inconstitucional. Por esa vía desconoce las sentencias SU 813 de 2007 y SU 640 de 1998, esta última reiterada en las sentencias SU 168 de 1999 y SU 1720 de 2000”.
V. RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DURANTE EL TRÁMITE DE LA NULIDAD.
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante escrito radicado el 26 de octubre de 2009 en la Secretaría General de la Corte, intervino en el trámite de la nulidad para solicitarle a esta Corporación abstenerse de decretarla.
Sostiene que, analizados los argumentos expuestos en sentencia C- 1041 de 2007 y T- 536 de 2009, se concluye que “no puede inferirse que la Corte, de manera alguna, entendió que las EPS podían superar el porcentaje del 30% de integración vertical con sus propias IPS con fundamento en la prestación del servicio de urgencia y en los casos de libre elección”.
Concluye afirmando que “La decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional reitera la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte, respetando los principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica. Por ello se solicita declarar improcedente la solicitud de nulidad de la sentencia T- 536 de 2009”.
2. Verificación del requisito de oportunidad en el caso concreto.
En efecto, obra en el expediente[1] fotocopia del telegrama enviado el día 25 de septiembre de 2009 al apoderado de Saludcoop EPS, lo cual significa que los términos de ejecutoria se cumplían precisamente el día 30 de septiembre, fecha en la cual fue radicado en la Secretaría General de la Corte el escrito contentivo de la nulidad.
3. Doctrina constitucional sobre la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[4], en esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una sala de revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.
Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que "se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[5] (subrayado fuera de texto)”[6]
3.1. Presupuestos que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, los siguientes[7]:
3.2. Presupuestos materiales de procedencia de peticiones de nulidad de sentencias proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.
Como quedó anotado en párrafos precedentes, de tiempo atrás, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión, en ciertos casos realmente excepcionales que implican una grave afectación del derecho constitucional fundamental al debido proceso, previo el cumplimiento de una exigente argumentación por parte de quien alega la existencia de una nulidad, debiendo entonces explicar clara y detalladamente la norma supralegal vulnerada y su repercusión en la decisión adoptada[12].
En este orden, adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”[13]. Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características[14], así:
En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[15]. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental tantas veces aludido[16].
Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[17].
4. Primera causal de nulidad invocada. Desconocimiento del precedente constitucional sentado por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C- 1041 de 2007.
Luego de analizar algunas providencias referidas a la causal de cambio de precedente, el libelista sostiene que “el razonamiento de la sentencia T- 536 de 2009 equivale a dejar sin ningún efecto práctico el condicionamiento de la Corte, pues los efectos que da esa sentencia (T- 536 de 2009) al artículo 15 de la Ley 1122 de 2007, son exactamente los mismos a los que existían antes de que fuera condicionada su constitucionalidad. Es evidente que la sentencia no sólo contraría y se aparta de la jurisprudencia constitucional sentada en la decisión C- 1041 de 2007, sino que además desconoce la cosa juzgada de esa decisión…”.
Más adelante, a manera de síntesis, el incidentalista afirma lo siguiente:
“1. La sentencia desconoce el precedente constitucional sentado por la Sala Plena de la Corte, en la sentencia C- 1041 de 2007. En esta última sentencia, la Corte estableció dos excepciones al límite de contratación que pueden hacer las EPS con sus IPS propias (integración vertical), consagrado en el artículo 15 de la Ley 1122 de 2007. Indicó que ésta norma se ajusta a la constitución, siempre y cuando se entienda que no podrá oponerse la restricción del 30% de integración vertical a los casos de urgencias y de libertad de elección. En este sentido fue condicionada la norma en su parte resolutiva. Sin embargo, la sentencia T- 536 de 2009 señala que en el caso de libertad de elección no puede superarse el límite de integración vertical del 30 % con lo cual se aparta del precedente constitucional sentado por la Corte en sentencia C- 1041 de 2007”.
Pues bien, la Sala Plena considera que el cargo de nulidad no está llamado a prosperar por las siguientes razones.
4.1. La ratio decidendi de la sentencia C- 1041 de 2007.
En la sentencia C- 1041 de 2007, la Corte constató que la Ley 100 de 1993 no había establecido límites al fenómeno de integración vertical entre las EPS y sus propias IPS, situación que vino a cambiar con la adopción del artículo 15 de la Ley 1122 de 2007, a cuyo tenor:
Vale la pena destacar que, en el curso del trámite de la acción pública, Saludcoop EPS presentó igualmente una intervención ciudadana, e igualmente el ciudadano remitió otros escritos a la Corte, precisando algunos aspectos de su demanda. En otras palabras, el pronunciamiento de la Corte en sede de control abstracto de las leyes fue promovido por la entidad autora de la petición de nulidad en el presente asunto.
Esta libertad está reconocida por el artículo 159.4 de la Ley 100 de 1993, como una garantía de los afiliados, y dentro de las finalidades perseguidas por la reforma al marco normativo del sistema general de seguridad social en salud estaba la de crear mecanismos idóneos para su garantía[18], así el artículo 25 de la Ley 1122 de 2007 confía al Ministerio de la protección social la definición de los mecanismos para que las EPS de los diferentes regímenes garanticen a los afiliados la posibilidad de escoger entre las diferentes opciones de IPS existentes en la red ofrecida por la aseguradora en su área de influencia. Adicionalmente el parágrafo del mismo artículo señala que el usuario cuya libertad de escogencia sea menoscabada o al cual se le haya prometido falsamente obtener servicios de una determinada red de prestadores puede cambiar de EPS sin importar su tiempo de permanencia en esta.
Por otra parte, en cuanto a la atención en urgencias y la limitante del 30% en materia de contratación de las EPS con sus propias IPS, la Corte consideró lo siguiente:
“Por otra parte, considera esta Corporación que la limitación a la contratación del valor de los gastos de salud tampoco puede afectar los servicios de urgencia prestados por las IPS, pues de ser así no sólo se afectaría el derecho a la atención de la salud de los usuarios del sistema, sino también se pondrían en riesgo otros derechos fundamentales tales como la vida, el mínimo vital, la dignidad humana o la integridad personal del afiliado. En efecto, por sus características la atención de urgencia[19] implica la pronta provisión de servicios en salud los cuales no pueden ser diferidos por las instituciones prestadoras bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, también se condicionará la disposición acusada en el sentido que en todo caso se deberán atender los eventos de urgencia. (negrillas y subrayado agregados).
4.2. La ratio decidendi de la sentencia T- 536 de 2009.
En la sentencia T- 536 de 2009 se siguió la ratio decidendi fijada en sentencia C- 1041 de 2007. Veamos.
En la sentencia C- 1041 de 2007 se dijo expresamente que el condicionamiento que se realizaría al artículo 15 de la Ley 1122 de 2007 “no debe entenderse en el sentido que las EPS pueden superar el límite al 30% del valor de la contratación del gasto de salud con sus propias IPS señalado en el inciso primero del artículo demandado, pues de ser así la disposición acusada quedaría sin ningún efecto práctico”.
A su vez, en sentencia T- 536 de 2009 se afirmó lo siguiente:
“Ahora bien, un examen integral y atento de la sentencia C- 1041 de 2007 indica que (i) el sentido del fallo apunta a justificar por completo la decisión del legislador en el sentido de limitar en un 30% el fenómeno de la integración vertical entre las EPS y sus propias IPS; (ii) los condicionamientos fijados por la Corte no pueden entenderse en el sentido de exceptuar el cumplimiento del mencionado porcentaje, por cuanto ello conduciría, en la práctica, a desconocer el texto de la ley, y de contera, a incumplir el fallo de constitucionalidad de la Corte; (iii) el plazo fijado por la Corte, de un año, para que la Superintendencia Nacional de Salud fije y notifique a las EPS, mediante criterios objetivos qué debe entenderse por “IPS propias”, debe comprenderse y aplicarse de conformidad con la realidad que evidencia la actuación administrativa desplegada en la materia por la Superintendencia Nacional de Salud. En otras palabras, la orden de la Corte carece de eficacia, si la mencionada entidad, al momento de proferirse el fallo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 15 de la Ley 1122 de 2007, ya había cumplido, en la practica, con lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia C- 1041 de 2007. En efecto, carece de toda lógica, y atenta contra los principios constitucionales que orientan la función administrativa, que la Superintendencia Nacional de Salud tenga que repetir toda una actuación, debidamente realizada en cumplimiento de la ley, por el hecho de que la Corte haya ordenado cumplir con una tarea, consistente en fijar unos criterios objetivos, la cual ya había sido previa y debidamente ejecutada, además con pleno conocimiento del ciudadano en acción pública de inconstitucionalidad y posterior accionante en sede de amparo constitucional.
Así mismo, en materia de atención de urgencias, la Corte en sentencia T- 536 de 2009 sostuvo lo siguiente:
“No obstante lo anterior, considera la Sala que, en casos excepcionalísimos, una EPS que se encuentre en el 30% de integración vertical con sus propias EPS deberá prestar la necesaria atención de urgencia a quien lo requiera y no pueda acudir, por la misma fuerza de las circunstancias, a otra IPS. En efecto, en estas situaciones excepcionales prevalecen los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los pacientes sobre la mencionada limitante legal. Se trata, en pocas palabras, de evitar la ocurrencia de los conocidos como “paseos de la muerte”. En otros términos se alude a hipótesis razonables y excepcitivas de régimen común, que deberán ser debidamente reguladas por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, precisamente para evitar que, por esta vía, se sobrepasen indebidamente las previsiones legales.
En este orden de ideas, la simple confrontación de los extractos relevantes de la sentencia T- 536 de 2009 con aquellos del fallo C- 1041 de 2007, evidencia que no existe contradicción alguna entre ambos. En efecto, en materia de derecho de elección de los pacientes, en la sentencia C- 1041 de 2007 se dejó muy en claro que, en ningún caso se podía superar el 30% de contratación de las EPS con sus propias IPS; de igual manera se razonó en sentencia T- 536 de 2009. Así mismo, en lo atinente a la atención de urgencias, mientras que en la sentencia C- 1041 de 2007 se afirmó que “en todo caso se deberán atender los eventos de urgencia”, en sentencia T- 536 de 2009 se dijo que en “casos excepcionalísimos, una EPS que se encuentre en el 30% de integración vertical con sus propias EPS deberá prestar la necesaria atención de urgencia a quien lo requiera y no pueda acudir, por la misma fuerza de las circunstancias, a otra IPS”.
En suma, no existe contradicción alguna entre lo decidido en sentencia C- 1041 de 2007 y lo fallado en providencia T- 536 de 2009, motivo por el cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
5. Segunda causal de nulidad. La sentencia T- 536 de 2009 desconoció la cosa juzgada constitucional que recae sobre la parte resolutiva de la sentencia C- 1041 de 2007 y sobre la ratio decidendi de la parte motiva de esa misma decisión.
Alega el incidentalista que, en la parte resolutiva de la sentencia C- 1041 de 2007 se estableció que las EPS cuando estén en el límite de integración vertical, no podrán oponer esa situación a efectos de limitar la libertad de elección de los usuarios. La sentencia T- 536 de 2009, según el peticionario, afirma lo contrario; es decir, que una EPS no podrá superar el límite de integración vertical ni siquiera cuando los usuarios decidan libremente ser atendidos en una IPS que sea propiedad de una EPS.
Considera la Sala Plena que el cargo de nulidad no está llamado a prosperar, por las siguientes razones.
Tal y como se explicó in extenso al momento de resolver el primer cargo de nulidad, en sentencia C- 1041 de 2007, la Corte precisó que, en ningún caso se podía entender que las EPS pudieran superar el 30% de contratación con sus propias IPS. En palabras de esta Corporación:
“Ahora bien, el anterior condicionamiento no debe entenderse en el sentido que las EPS pueden superar el límite al 30% del valor de la contratación del gasto de salud con sus propias IPS señalado en el inciso primero del artículo demandado, pues de ser así la disposición acusada quedaría sin ningún efecto práctico, sino en el sentido que el limite legalmente establecido a la contratación de los gastos en salud para efectos de restringir la integración vertical entre EPS e IPS propias no puede ser alegado por las primeras como un pretexto para obstaculizar la libertad de escogencia de los afiliados.
El mismo razonamiento fue seguido por la Sala Octava de Revisión en sentencia T- 536 de 2009, motivo por el cual no se presenta vulneración alguna al principio de la cosa juzgada constitucional. En efecto, en esta última se afirma lo siguiente:
“A lo largo de esta providencia se ha explicado que la Corte en sentencia C- 1041 de 2007 declaró exequible el artículo 15 de la Ley 1122 de 2007, mediante el cual se limita a un 30% la contratación directa, o a través de terceros, de las EPS con sus propias IPS del gasto en salud. Se explicó igualmente que los dos condicionamientos que realizó esta Corporación, no pueden ser entendidos como una autorización para superar dicho porcentaje, por cuanto, como se indicó en la parte motiva del fallo, tal comprensión conduciría, en la práctica, a sobrepasarlo, desconociéndose de esta forma la previsión legal, al igual que lo decido por el juez constitucional.
Así las cosas, el cargo de nulidad por supuesto desconocimiento del principio de la cosa juzgada constitucional tampoco está llamado a prosperar.
6. Tercera causal de nulidad. La parte motiva de la sentencia T- 536 de 2009 es internamente contradictoria con la parte resolutiva.
Alega el incidentalista que la Corte considera en la sentencia T- 536 de 2009, que la atención de urgencias es una excepción al límite de integración vertical. Pero a pesar de lo anterior, en la parte resolutiva se abstiene de retirar del mundo jurídico la interpretación de la Superintendencia, en donde esa entidad ha indicado que el límite de integración vertical no podrá superarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los casos de atención de urgencias.
La Sala Plena considera que el cargo de nulidad no está llamado a prosperar, por las siguientes razones.
Efectivamente, el principio de congruencia implica la existencia de una armonía entre las partes motiva y resolutiva de cualquier fallo. En el caso concreto, tal situación se presenta por cuanto, se afirma en la primera de ellas que, (i) en caso de urgencias las EPS deben atender a los pacientes, así se supere el porcentaje de contratación del 30%, por cuanto prevalece en estos casos el derecho a la vida y a la integridad personal, tal y como se sostuvo en la sentencia C- 1041 de 2007; y (ii) que la Superintendencia Nacional de Salud no desconoció el derecho al debido proceso administrativo de Saludcoop EPS, por cuanto le informó previamente el contenido de la expresión “IPS propias”, e igualmente la accionante interpuso los recursos pertinentes en vía gubernativa, asegurándose de esta forma el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. A su vez, en la parte resolutiva, se confirman las decisiones de instancias en las cuales se negó el amparo solicitado por cuanto, precisamente, no se vulneró el contenido del artículo 29 Superior.
En suma, no se presenta contradicción interna alguna en la sentencia T- 536 de 2009, por cuanto, con base en (i) los hechos probados; (ii) la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos; (iii) la constatación de ausencia de violación alguna al debido proceso, la decisión a tomar era precisamente aquella de la improcedencia del amparo en el caso concreto.
7. Cuarta causal de nulidad. La sentencia T- 536 de 2009 desconoce la consolidada jurisprudencia constitucional, relacionada con la vía de hecho por aplicación de normas o proposiciones normativas declaradas inconstitucionales.
Alega el peticionario que se configura una causal de nulidad por el hecho de que la Corte acepta que, a partir de la sentencia C- 1041 de 2007 se entiende la atención de urgencias, como una excepción al límite de integración vertical, en virtud del condicionamiento allí establecido “Sin embargo, estima que no se configura una vía de hecho cuando una entidad del Estado aplica una norma, proposición normativa o interpretación declarada inconstitucional. Por esa vía desconoce las sentencias SU 813 de 2007 y SU 640 de 1998, esta última reiterada en las sentencias SU 168 de 1999 y SU 1720 de 2000”.
La Corte considera que la alegada causal de nulidad no está llamada a prosperar, por las siguientes razones.
De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la declaratoria de nulidad de una de sus providencias, no implica reconocer que existe “un recurso contra sus providencias” ni una “nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas.” En tal sentido, en Auto 031ª de 2002 se indicó que “por razones de seguridad jurídica y de necesidad en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de la Corte reviste características particulares, pues ‘se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.’
Queda por tanto claro que la petición de nulidad no puede configurar una nueva oportunidad para reabrir debates entorno a la procedencia del amparo solicitado.
En el presente caso, precisamente, el peticionario pretende volver sobre una controversia jurídica concluida, acerca de la existencia de una vía de hecho en el caso concreto, motivo por el cual la causal de nulidad no está llamada a prosperar.
Primero: DENEGAR la nulidad de la sentencia T- 536 de 2009 proferida por la Sala Octava de Revisión.
[1] Visible a folio 27 del cuaderno contentivo del incidente de nulidad.
"b) Se trata de dos (2) situaciones similares en cuanto en los dos (2) eventos se ataca la decisión o sentencia que pone fin a una instancia o actuación; se refieren los dos (2) casos a situaciones de orden procesal dentro de la acción de tutela, y además se trata de actuaciones que se surten con posterioridad a la decisión de una instancia o actuación.
"c) La razón o fundamento de la existencia de un término perentorio para la presentación del escrito de impugnación del fallo es el bien jurídico fundamental y superior de la seguridad jurídica que motiva a ésta Corporación a establecer un término perentorio para la presentación de la solicitud de nulidad, como es, el determinar en forma clara y precisa la oportunidad para el ejercicio de una facultad procesal, en virtud del principio de la preclusión que orienta en forma general la actividad procesal y en aras de salvaguardar valores del derecho como la seguridad jurídica y la justicia.
[12] Auto 217/06.
[13] Cfr. Auto A-031/02.
[14] Auto A-031/02, Auto A-162/03 y Auto A-063/04.
[15] Auto A-217/ 06.
[16] Auto A-060/06.
[17] Pueden consultarse al respecto, entre otros, los Autos A-131/04 y A-052/06.
[18] En el Informe de ponencia para segundo debate en la Cámara al Proyecto de Ley 02 de 2006 Cámara, 040 de 2006 Senado, publicado en la Gaceta del Congreso N° 562 del 23 de noviembre de 2006, se consigna:
[19] El parágrafo del artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 señala “Se garantiza a todos los colombianos la atención inicial de urgencias en cualquier IPS del país. Las EPS o las entidades territoriales responsables de la atención a la población pobre no cubierta por los subsidios a la demanda, no podrán negar la prestación y pago de servicios a las IPS que atiendan sus afiliados, cuando estén causados por este tipo de servicios, aún sin que medie contrato. El incumplimiento de esta disposición, será sancionado por la Superintendencia Nacional de Salud con multas, por una sola vez o sucesivas, hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) por cada multa, y en caso de reincidencia podrá conllevar hasta la pérdida o cancelación del registro o certificado de la institución.”