Source: https://groups.yahoo.com/neo/groups/comite_colombiano_de_arbitraje/conversations/topics/305?viscount=-30&l=1
Timestamp: 2017-10-24 06:25:46
Document Index: 112776217

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 127', 'artículo 277', 'artículo 44', 'artículo 72', 'artículo 140', 'artículo 147', 'artículo 127', 'artículo 277', 'artículo 44', 'artículo 140']

ENVIO SENTENCIA
Apreciados doctores: Les remito esta sentencia del Consejo de Estado que entre otros aspectos toca a profundidad aspectos relacionados con la justicia
34239 COVIANDES INCO.doc
Les remito esta sentencia del Consejo de Estado que entre otros aspectos toca a profundidad aspectos relacionados con la justicia arbitral; el recurso extraordinario de anulación; la legitimación del Ministerio Público para interponer el recurso de anulación contra un laudo arbitral; y la cosa juzgada como causal del recurso extraordinario de anulación.
A continuación resumo las principales conclusiones sin pretender comprender toda la extensión del amplio e interesante fallo:
1. En torno al tema de la justicia arbitral, el Consejo de Estado considera que esta es de naturaleza jurisdiccional, puesto que si bien para las partes es voluntaria la inclusión de la cláusula compromisoria y la decisión de acudir a la justicia arbitral, el proceso arbitral en Colombia amen de lo expresado por el artículo 116 de la Constitución Política le confiere a los árbitros “la facultad de administrar justicia y determina que su decisión tiene los mismos efectos de una sentencia, luego su naturaleza no puede ser contractual.”
2. Con relación a la naturaleza del Recurso Extraordinario de Anulación, la providencia señala que es un recurso excepcional previsto en la legislación colombiana, por medio del cual se pretende que el juez corrija los errores en que hayan incurrido los árbitros al aplicar las normas procesales que reglan el arbitraje y declare su decisión final total o parcialmente nula. Por lo que “con este recurso no se abre una segunda instancia”. Asimismo se ratifica que “por regla general sólo es posible examinar el laudo arbitral por la existencia de vicios de procedimiento (in procedendo) en los cuales haya podido incurrir el tribunal de arbitramento y de manera excepcional por vicios de fondo (in judicando).”
3. Sobre si el Ministerio Público está legitimado para interponer el recurso de anulación, la sentencia señala que ello si es viable teniendo en cuenta el artículo 127 del CCA –modificado por el art. 35 de la ley 446 de 1998-, el cual también es aplicable a los procesos judiciales arbitrales; igualmente con fundamento en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política , que establece las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación ; y además, con fundamento en el artículo 44 del Decreto 262 de 2000, el cual dice que los Procuradores Judiciales en lo Administrativo, en su condición de agentes del Ministerio Público, deben intervenir ante los Tribunales de Arbitramento. Ahora bien, también la Sala determinó que el Ministerio Público también debe ser condenado en costas en aquellos eventos en los cuales se declare infundado el recurso extraordinario de anulación que esa agencia estatal hubiere formulado.
4. Sobre el alcance del numeral 4 del artículo 72 de la Ley 80, esto es, “Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”, se manifiesta que por intermedio de ella se pretende garantizar el cumplimiento del principio de congruencia, según el cual, el contenido de las resoluciones judiciales debe ser coherente con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes. De igual forma para garantizar el principio de la congruencia en el material arbitral, debe tenerse en cuenta también el contenido del pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso), a partir del cual se define la competencia del tribunal de arbitramento y los precisos límites dentro de los que puede actuar. Por consiguiente, se indica que dentro de esta causal encuadran varios eventos: que el laudo decida más allá de lo pedido en la demanda (ultra petita), que decida sobre asuntos no pedidos en la demanda (extra petita), o incluso cuando los árbitros actúen por fuera de su competencia, bien sea porque el asunto no es objeto de transacción o porque esté por fuera de las expresas facultades otorgadas por las partes en el pacto arbitral.
5. Con relación a la cosa juzgada como causal del recurso extraordinario de anulación, se expresa en la sentencia que la cosa juzgada no constituye causal de anulación de los laudos arbitrales y, por tanto, no resulta viable y procedente su invocación como fundamento del correspondiente recurso extraordinario. Lo anterior toda vez que dentro del régimen legal de las causales específicamente consagradas para el recurso extraordinario de anulación no se encuentra prevista, de manera autónoma, aquella relacionada con la cosa juzgada. A lo que se suma que el legislador, al erigir la cosa juzgada en causal del recurso extraordinario de revisión, se abstuvo de hacerlo en relación con el recurso extraordinario de anulación.
6. En este orden de ideas, la Sala puntualiza que en cuanto la cosa juzgada no constituye una causal autónoma del recurso extraordinario de anulación y su sola existencia no determina, per se, la configuración de alguna de las causales consagradas expresa y taxativamente en la ley para la procedencia de dicho recurso, a su reconocimiento sólo podrá proceder el juez de la anulación en la medida en que la decisión que sobre dicha excepción hubieren adoptado o dejado de pronunciar los árbitros llegue a afectar la congruencia del Laudo en relación con lo pedido en el proceso, de manera que en esas circunstancias se estarían configurando otras causales de anulación, pero no por la existencia misma de la cosa juzgada sino por el hecho de que propuesta la excepción el Tribunal de Arbitramento competente no se hubiere pronunciado sobre la misma.
7. Igualmente el fallo manifiesta que no resulta de recibo la argumentación presentada por el recurrente en el recurso de anulación, con relación a que el laudo impugnado estaría viciado de nulidad en cuanto habría sido proferido por un Tribunal de Arbitramento que carecería de competencia para juzgar la controversia sometida a su conocimiento y que por ello mismo se habría configurado la causal según la cual el laudo debe anularse cuando hubiere recaído sobre puntos no sometidos a la decisión de los árbitros, todo por el hecho de que ese mismo litigio ya habría sido materia de un laudo anterior. Recuerda el Consejo de Estado que la cosa juzgada en el régimen legal vigente no excluye, per se, la competencia del juzgador a cuyo conocimiento, con posterioridad a la expedición del primer fallo, le sea sometida la misma controversia que se hubiere ventilado entre las mismas partes en un proceso anterior. En tal sentido es para la Sección Tercera evidente que la existencia o configuración de la cosa juzgada no afecta ni elimina, per se, la competencia del juez a cuya decisión se somete de nuevo el litigio ya resuelto, por la sencilla razón de que si ello fuere así, las actuaciones de este nuevo juez resultarían nulas, sin posibilidad de ser saneadas, precisamente, por falta de competencia (artículo 140- 2 C . de P. C.), y, por ende, no habría juez alguno que pudiere declarar válidamente la configuración de dicha cosa juzgada, aunque la encontrare debidamente acreditada. Añade la sentencia al respecto que “por esa vía, en consecuencia, si se admitiere que la cosa juzgada determinare la falta de competencia de todo nuevo juzgador que examinare el mismo asunto, se llegaría a una verdadera denegación de justicia porque entonces todo juez que encontrare debidamente probada la excepción de cosa juzgada –previa o de fondo-, en lugar de declarar su prosperidad debería limitarse a reconocer su falta de competencia para pronunciarse sobre el litigio en cuestión –sin poder pronunciar fallo alguno acerca de la excepción de cosa juzgada que le hubiere sido oportuna y debidamente formulada-, habida cuenta de que dicha controversia ya habría sido objeto de un pronunciamiento definitivito previo y si osare declararlo así, esa misma providencia estaría afectada ya de nulidad insaneable, por la referida falta de competencia.”
8. Por último, la sentencia ratifica que requisito indispensable para que el Tribunal de Arbitramento pueda estudiar comparativamente el asunto y decidir acerca de la configuración, o no, de la respectiva cosa juzgada, se requiere de manera indispensable que los correspondientes árbitros se hubieren declarado previamente competentes para conocer del litigio sometido a su consideración y en especial de las pruebas allegadas, comoquiera que así lo determina el artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, según el cual el Tribunal de Arbitramento debe resolver sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio estime necesarias después de haber resuelto sobre su propia competencia, a todo lo cual ha de procederse en el marco de la primera audiencia de trámite.
Como advertía previamente estos comentarios no pretender sustituir la obligada lectura de la aludida sentencia, sino establecer los principales aspectos ahí tocados.
Estimado Hernando, muchas gracias por la infomacion y por tu cuidadoso resumen sobre esta importante sentencia. Un saludo muy cordial MJ Cepeda El 30 de junio
Message 2 of 2 , Jul 1, 2010
Estimado Hernando, muchas gracias por la infomacion y por tu cuidadoso resumen sobre esta importante sentencia.
MJ Cepeda
El 30 de junio de 2010 19:12, HERNANDO HERRERA <herreramercado@...> escribió:
3. Sobre si el Ministerio Público está legitimado para interponer el recurso de anulación, la sentencia señala que ello si es viable teniendo en cuenta el artículo 127 del CCA –modificado por el art. 35 de la ley 446 de 1998-, el cual también es aplicable a los procesos judiciales arbitrales; igualmente con fundamento en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política, que establece las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación; y además, con fundamento en el artículo 44 del Decreto 262 de 2000, el cual dice que los Procuradores Judiciales en lo Administrativo, en su condición de agentes del Ministerio Público, deben intervenir ante los Tribunales de Arbitramento. Ahora bien, también la Sala determinó que el Ministerio Público también debe ser condenado en costas en aquellos eventos en los cuales se declare infundado el recurso extraordinario de anulación que esa agencia estatal hubiere formulado.
7. Igualmente el fallo manifiesta que no resulta de recibo la argumentación presentada por el recurrente en el recurso de anulación, con relación a que el laudo impugnado estaría viciado de nulidad en cuanto habría sido proferido por un Tribunal de Arbitramento que carecería de competencia para juzgar la controversia sometida a su conocimiento y que por ello mismo se habría configurado la causal según la cual el laudo debe anularse cuando hubiere recaído sobre puntos no sometidos a la decisión de los árbitros, todo por el hecho de que ese mismo litigio ya habría sido materia de un laudo anterior. Recuerda el Consejo de Estado que la cosa juzgada en el régimen legal vigente no excluye, per se, la competencia del juzgador a cuyo conocimiento, con posterioridad a la expedición del primer fallo, le sea sometida la misma controversia que se hubiere ventilado entre las mismas partes en un proceso anterior. En tal sentido es para la Sección Tercera evidente que la existencia o configuración de la cosa juzgada no afecta ni elimina, per se, la competencia del juez a cuya decisión se somete de nuevo el litigio ya resuelto, por la sencilla razón de que si ello fuere así, las actuaciones de este nuevo juez resultarían nulas, sin posibilidad de ser saneadas, precisamente, por falta de competencia (artículo 140-2 C. de P. C.), y, por ende, no habría juez alguno que pudiere declarar válidamente la configuración de dicha cosa juzgada, aunque la encontrare debidamente acreditada. Añade la sentencia al respecto que “por esa vía, en consecuencia, si se admitiere que la cosa juzgada determinare la falta de competencia de todo nuevo juzgador que examinare el mismo asunto, se llegaría a una verdadera denegación de justicia porque entonces todo juez que encontrare debidamente probada la excepción de cosa juzgada –previa o de fondo-, en lugar de declarar su prosperidad debería limitarse a reconocer su falta de competencia para pronunciarse sobre el litigio en cuestión –sin poder pronunciar fallo alguno acerca de la excepción de cosa juzgada que le hubiere sido oportuna y debidamente formulada-, habida cuenta de que dicha controversia ya habría sido objeto de un pronunciamiento definitivito previo y si osare declararlo así, esa misma providencia estaría afectada ya de nulidad insaneable, por la referida falta de competencia.”