Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2012/2012652DC.htm
Timestamp: 2020-02-26 09:53:28
Document Index: 108144952

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 8']

Sentencia n° 2012-652 DC de 22 de Marzo de 2012 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2012-652 DC de 22 de Marzo de 2012
Ley relativa a la protección de la identidad
El Consejo Constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el artículo 61-1, segundo párrafo, de la Constitución, sobre la ley relativa a la protección de la identidad, el 7 de marzo de 2012, por don François REBSAMEN, las señoras Jacqueline ALGUIER, Michéle ANDRÉ, los señores Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Dominique BAILLY, doña Delphine BATAILLE, los señores Claude BÉRIT-DÉBAT, Michel BERSON, Jean BESSON, la señora Maryvonne BLONDIN, los señores Yannick BOTREL, Martial BOURQUIN, las señoras Bernadette BOURZAL, Nicole BRICQ, los señores Jean-Pierre CAFFET, Pierre CAMANI, doña Claire-Lise CAMPION, los señores Jean-Louis CARRÈRE, Luc CARVOUNAS, Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Jacques CHIRON, doña Karine CLAIREAUX, don Gérard COLLOMB, doña Helène CONWAY MOURET, los señores Jacques CORNANO, Roland COURTEAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, doña Christiane DEMONTÈS, los señores Claude DILAIN, Claude DOMEIZEL, las señoras Odette DURIEZ, Frédérique ESPAGNAC, los señores Jean-Luc FICHET, Jean-Jacques FILLEUL, las señoras Catherine GÉNISSON, Samia GHALI, los señores Jean-Pierre GODEFROY, Claude HAUT, Edmond HERVÉ, Claude JEANNEROT, Roman KERDRAON, doña Virginia KLÈS, los señores Jacky LE MENN, Alain Le Vern, Jean-Yves LECONTE, doña Marie-Noëlle LIENEMANN, los señores Jeanny LORGEOUX, Jacques-Bernard MAGNER, François MARC, Marc Massion, las señoras Michell MEUNIER, Danielle MICHEL, los señores Jean-Pierre MICHEL, Gérard Miquel, Jean-Jacques MIRASSOU, Thani MOHAMED SOILIHI, Jean-Marc PASTOR, François PATRIAT, Daniel PERCHERON, Bernard PIRAS, doña Gisèle PRINTZ, los señores Daniel RAOUL, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Gilbert ROGER, doña Patricia SCHILLINGER, los señores Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Michel TESTON, René TEULADE, Richard YUNG, las señoras Leila AÏCHI, Esther BENBASSA, los señores Ronan DANTEC, André GATTOLIN, Joël LABBÉ, Jean-Vincent PLACÉ, las señoras Aline ARCHIMBAUD, Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, los señores Jean DESESSARD, Jacques MÉZARD, Pierre-Yves COLLOMBAT, Robert TROPEANO, Jean-Claude REQUIER, Jean-Pierre PLANCADE, Yvon COLLIN, doña Anne-Marie ESCOFFIER, los señores François FORTASSIN, Raymond VALL, Jean-Michel BAYLET, las señoras Françoise LABORDE, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Eliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, don Eric BOCQUET, las señoras Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Evelyne DIDIER, los señores Christian FAVIER, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, doña Brigitte GONTHIER-MAURIN, los señores Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, las senadoras Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH et don Paul VERGÈS, senadores;
Y el mismo día, por don Jean-Marc AYRAULT, doña Patricia ADAM, los señores Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, las señoras Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, los señores Jean-Louis BIANCO, Serge BLISKO, Daniel BOISSERIE, las señoras Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, los señores Pierre BOURGUIGNON, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Laurent CATHALA, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, doña Marie-Françoise CLERGEAU, los señores Pierre COHEN, Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Bernard DEROSIER, Julien DRAY, Tony DREYFUS, William DUMAS, doña Laurence DUMONT, los señores Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, las señoras Corinne ERHEL, Martine FAURE, don Hervé FÉRON, las señoras Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, los señores Pierre FORGUES, Jean-Louis GAGNAIRE, doña Geneviève GAILLARD, los señores Guillaume GAROT, Paul GIACOBBI, Jean-Patrick GILLE, doña Annick GIRARDIN, los señores Joël GIRAUD, Daniel GOLDBERG, doña Pascale GOT, los señores Marc GOUA, Jean GRELLIER, doña Elisabeth GUIGOU, don David HABIB, las señoras Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, los señores Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, doña Marietta KARAMANLI, los señores Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, Jack LANG, doña Colette LANGLADE, los señores Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, doña Marylise LEBRANCHU, los señores Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, las señoras Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, los señores Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, François LONCLE, Jean MALLOT, Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, las señoras Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, don Didier MATHUS, doña Sandrine MAZETIER, los señores Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Arnaud MONTEBOURG, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, doña Sylvia PINEL, don François PUPPONI, doña Catherine QUÉRÉ, los señores Dominique RAIMBOURG, Simon RENUCCI, las señoras Marie-Line REYNAUD, Chantal ROBIN-RODRIGO, los señores Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ et Philippe VUILQUE, diputados.
Vista la ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades;
Vistas las alegaciones del Gobierno en respuesta al recurso así como las observaciones complementarias realizadas a petición del Consejo Constitucional, registradas el 15 de marzo de 2012;
Vistas las alegaciones presentadas en réplica por los senadores recurrentes, registradas el 20 de marzo de 2012;
Considerando que los diputados y senadores recurrentes difieren ante el Consejo constitucional la ley relativa a la protección de la identidad; que impugnan la conformidad a la Constitución de las disposiciones de sus artículos 5 y 10;
SOBRE LOS ARTÍCULOS 5 Y 10:
Considerando que el artículo 5 de la Ley impugnada prevé la creación, en las condiciones prevista pro la citada ley de 6 de enero de 1978, de un tratamiento de datos de carácter personal facilitando la recopilación y la conservación de datos requeridos para la expedición del pasaporte francés y del documento nacional de identidad, destinado a preservar la integridad de estos datos; que, entre estos, figuran los datos contenidos en el componente electrónico de seguridad del documento nacional de identidad y del pasaporte cuya lista está establecida en el artículo 2 de la ley, que son, además del estado civil y del domicilio del titular, su talla, el color de sus ojos, dos huellas digitales y su fotografía;
Considerando que este artículo 5 permite que la identificación del solicitante de un título de identidad o de viaje se realice a través de la consulta del tratamiento de datos de carácter personal cuya lista se prevé en el artículo 2, con excepción de la fotografía; que prevé igualmente que este tratamiento de datos de carácter personal pueda ser realizado a través de las dos huellas digitales obtenidas en el tratamiento, en primer lugar, durante el establecimiento de los títulos de identidad y de viaje, en segundo lugar, por las necesidades de la investigación relacionada con ciertas infracciones, con la autorización del procurador de la República o del juez de instrucción, y, en tercer lugar, sobre solicitud del procurador de la República a fin de determinar, cuando sea desconocida, la identidad de una persona fallecida, víctima de una catástrofe natural o de un accidente colectivo;
Considerando que el artículo 6 de la ley impugnada permite verificar la identidad del poseedor de la carta de identidad o del pasaporte a partir de los datos inscritos sobre el documento de identidad o de viaje o sobre el componente electrónico de seguridad; que permite igualmente que esta verificación sea efectuada consultando los datos guardados en el tratamiento previsto en el artículo 5 “en caso de duda seria sobre la identidad de la persona o cuando el título presentado es defectuoso o parece dañado o alterado”;
Considerando que el artículo 10 permite a los agentes individualmente designados y debidamente habilitados de los servicios de la policía y de la gendarmería nacional, acceder al tratamiento de datos de carácter personal creado en aplicación del artículo 5, para las necesidades de prevenir y reprimir atentados contra la independencia de la nación, contra la integridad de su territorio, contra su seguridad, contra la forma republicana de estas instituciones, contra los medios de su defensa y de su diplomacia, contra la salvaguarda de su población en Francia y en el extranjero y contra los elementos esenciales de su potencial científico y económico y los actos de terrorismo;
Considerando que, según los recurrentes, la creación de un fichero biométrico de identidad que afecta a la cuasi-totalidad de la población francesa y cuyas características permiten la identificación de una persona a partir de sus huellas digitales supone un atentado inconstitucional al derecho al respeto de la vida privada; que, además, permitiendo que los datos registrados en ese fichero sean consultados con fines de policía administrativa o judicial, el legislador habría omitido la adopción de garantías legales contra el riesgo de arbitrariedad;
Considerando, en primer lugar, que el artículo 34 de la Constitución dispone que la ley establece las reglas que afectan a las garantías fundamentales conferidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas, así como el procedimiento penal; que corresponde al legislador, en el marco de su competencia, asegurar la conciliación entre, de una parte, la salvaguarda del orden público y la investigación de los autores de infracciones, ambas necesarias para la protección de principios y derechos de valor constitucional y, de otra parte, el respeto de otros derechos y libertades constitucionalmente garantizados; que siempre le está permitido aprobar nuevas disposiciones correspondiéndole a él apreciar su oportunidad y modificar textos anteriores o derogarlos, sustituyéndolos, en su caso, por otras disposiciones, siempre que, en el ejercicio de este poder, no prive de garantías legales a las exigencias constitucionales;
Considerando, en segundo lugar, que la libertad proclamada en el artículo 2 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 implica el derecho al respeto de la vida privada; que, por consiguiente, la recopilación, el registro, la conservación, la consulta y la comunicación de datos de carácter personal deben ser justificados por un motivo de interés general y aplicados de manera adecuada y proporcionada a este objetivo;
Considerando que la creación de un tratamiento de datos de carácter personal destinado a preservar la integridad de los datos necesarios para la emisión de títulos de identidad y de viaje permite asegurar la emisión de estos títulos y mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude; que está así justificada por un motivo de interés general;
Considerando, sin embargo, que, tomando en consideración su objeto, este tratamiento de datos de carácter personal está destinado a recopilar los datos relativos a la cuasi-totalidad de la población de nacionalidad francesa; que los datos biométricos registrados en este fichero, especialmente las huellas digitales, son por sí mismas susceptibles de ser vinculadas a rastros físicos dejados involuntariamente o recopilados sin su consentimiento, son particularmente sensibles; que las características técnicas de este fichero definidas por las disposiciones impugnadas permiten su consulta con fines distintos a la verificación de la identidad de una persona; que las disposiciones de la ley impugnada que autorizan la consulta o la búsqueda en este fichero no solamente a fin de emitir o renovar los títulos de identidad y de viaje y de la verificación de la identidad del poseedor de un título concreto, sino igualmente con otros fines de policía administrativa o judicial;
Considerando que resulta de lo que precede que a la vista de la naturaleza de los datos registrados, a la amplitud de su tratamiento, a sus características técnicas y a las condiciones de su consulta, las disposiciones del artículo 5 atentan contra el derecho al respeto de la vida privada, que no puede ser considerado como proporcionado al fin perseguido; que, por consiguiente, los artículos 5 y 10 de la ley deben ser declarados contrarios a la Constitución; que ocurre lo mismo, por vía de consecuencia, con el tercer párrafo del artículo 5, con el artículo 7 y con la segunda frase del artículo 8;
Considerando que el artículo 3 de la ley impugnada confiere una nueva funcionalidad al documento nacional de identidad; que según este artículo: “Si su titular lo desea, el documento nacional de identidad contendrá, además, otros datos, conservados separadamente, permitiéndole identificarse sobre las redes de comunicaciones electrónicas y utilizar su firma electrónica. El interesado decide, en cada uso, los datos de identificación transmitidos por vía electrónica.
“El hecho de no disponer de la funcionalidad descrita en el primer párrafo no constituye un motivo legítimo para negar la venta o la prestación de servicios en el sentido del artículo L. 122-1 del código de consumo ni para negar el acceso a las operaciones de banca mencionadas en el artículo L. 311-1 del código monetario y financiero.
“El acceso a los servicios de administración electrónica facilitados por el Estado, las colectividades territoriales o sus agrupaciones no puede ser limitado únicamente a los titulares de un documento nacional de identidad que presenten la funcionalidad descrita en el primer párrafo del presente artículo”;
Considerando que, según el artículo 34 de la Constitución, la ley establece las reglas que afectan a los derechos cívicos y las garantías fundamentales reconocidos a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas y el estado y la capacidad de las personas; que determina igualmente los principios fundamentales de las obligaciones civiles y comerciales; que en el estado actual de medios de comunicación y a la vista del desarrollo generalizado de los servicios de comunicación al público en línea así como la importancia adquirida por estos servicios en la vida económica y social, las condiciones generales en las que el documento nacional de identidad emitido por el Estado puede permitir a una persona identificarse en las redes de comunicación electrónica y utilizar su firma electrónica, especialmente con fines civiles y comerciales, afectan directamente a las reglas y principios citados, y, por consiguiente, pertenecen al dominio de la ley;
Considerando que el artículo 3, de una parte, permite que el documento nacional de identidad incluya “funciones electrónicas” que permitan a su titular identificarse sobre las redes de comunicación electrónicas y utilizar su firma electrónica y, de otra parte, garantiza el carácter facultativo de estas funciones; que las disposiciones del artículo 3 no precisan ni la naturaleza de los “datos” a través de las que estas funciones pueden ser aplicadas ni las garantías que aseguren la integridad y la confidencialidad de estos datos; que además no definen las condiciones en las que opera la autentificación de las personas utilizando estas funciones especialmente cuando son menores o se benefician de una medida de protección jurídica; que, por consiguiente, el legislador ha desconocido el alcance de su competencia; que resulta por ello que el artículo 3 debe ser declarado contrario a la Constitución;
Considerando que no hay lugar, para el Consejo constitucional, de plantear de oficio ninguna otra cuestión de conformidad a la Constitución.
Artículo 1º.- Son declarados contrarios a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley relativa a la protección de la identidad:
los artículos 3, 5, 7 y 10;
el tercer párrafo del artículo 6;
la segunda frase del artículo 8.
Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 22 de marzo de 2012 en la que estaban presentes: don Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, los señores Hubert HAENEL y Pierre STEINMETZ.