Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-088-00.htm
Timestamp: 2019-01-17 12:35:56
Document Index: 122066459

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 88', 'artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 83', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 241', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 211', 'artículo 12', 'artículo 123', 'artículo 209', 'artículo 124', 'artículo 6', 'artículo 90', 'artículo 133']

C-088-00
CONTRATACION PUBLICA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Principios axiológicos y capacidad para contratar
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO-Capacidad para contratar
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PUBLICO EN CONTRATACION PUBLICA
Ines Adriana Sanchez Leal
Gloria Ines Muñoz Parada
Olga E. Hoyos De Ordoñez
solidaridad de los sujetos responsables.
El aparte acusado es el que se destaca en negrillas en la transcripción del artículo 40 al cual pertenece :
Opinan que “... pareciera que el legislador buscó establecer una forma de responsabilidad objetiva, de la que ha debido ocuparse de manera expresa, consagrando las causas, circunstancias que la originan y los procedimientos a seguir ante su ocurrencia, como lo exige el inciso final del artículo 88 de la Carta, sobre el cual hasta el momento nada ha dicho el legislador.”
Las accionantes manifiestan que, por otra parte, el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998 es, igualmente, violatorio del artículo 29 de la Carta Política, pues establece para el representante legal de la entidad pública y el contratista, la obligación de responder con su patrimonio, en forma solidaria con quienes dieron lugar a los sobrecostos o irregularidades en la contratación, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso por la entidad por él representada, “... sin que medie juicio de responsabilidad en su contra dentro del cual pueda establecerse su participación en estos eventos, con garantía de su derecho de defensa.”
En resumen, estiman que “la norma acusada, al imponer esta sanción, por el solo hecho de ostentar la calidad de representante legal de la entidad pública, desconoce los principios de legalidad de las conductas sancionables y de las sanciones mismas, la presunción de inocencia y la observancia de las formas propias de cada juicio, estableciendo como ya lo hemos afirmado una forma de responsabilidad objetiva, inadmisible en un Estado Social de Derecho.”
· La Corte Constitucional ha sostenido que el principio de la buena fe que proclama el artículo 83 de la Carta Política, encuentra límites y condicionamientos, derivados de otro postulado fundamental como es el de la prevalencia del interés común.
· El legislador, en la norma acusada, ha dado desarrollo al principio de responsabilidad a que se refiere el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, a cuyo tenor, todas las personas que intervienen en el proceso contractual deben responder por sus acciones y omisiones antijurídicas.
· La disposición demandada, tampoco vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, pues la misma Ley 472 de 1998, al consagrar el trámite o procedimiento que se debe seguir, al impetrar una acción popular, expresamente señala que en este imperan el debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes. (artículo 5)
· No es cierto que la norma imponga una sanción por el sólo hecho de tener la calidad de representante legal de la entidad pública, toda vez que el juez determina la responsabilidad del funcionario, dentro del proceso por el cual se tramita la acción popular, por violación o vulneración de los derechos e intereses colectivos.
Las disposición acusada pertenece a una Ley de la República. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad.
Conviene recordar que en la Sentencia C-449 de 1992[1], esta Corporación enfatizó que la actividad contractual en el Estado Social de Derecho, es una modalidad de gestión pública que ha de guiarse por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad que los artículos 209 y 123 de la Constitución Política prevén, como parámetros específicos de la función administrativa y que, en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado Social de Derecho.
Resulta también pertinente recordar que en sentencia C-178 de 1996, de la que fué ponente el H. M. Antonio Barrera Carbonell, la Corporación al referirse a la capacidad para contratar, a propósito de la regulación normativa que, sobre esta temática, se consagra tanto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como en la Ley Orgánica de Presupuesto, dijo:
La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. En efecto, según esa Corporación, los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme en el artículo 90, que representa entonces "la consagración de un principio constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la de naturaleza contractual como la extracontractual"[2]. Por ello ha dicho esa misma Corporación que ese artículo 90 "es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual"[3].
En sentir de esta Corte, tampoco es cierto que al establecer la responsabilidad patrimonial solidaria del representante legal de la entidad contratante y del contratista, con quienes concurran a los hechos que han causado lesión a la moralidad administrativa o al patrimonio público, a causa de irregularidades en la contratación pública, la norma cuestionada haya consagrado una presunción de mala fé en su contra.
Por otro aspecto, para la Corte es claro que el segmento cuestionado debe también interpretarse de manera sistemática, en consonancia con el artículo 211 de la Carta, que desarrolla el artículo 12 del Estatuto Contractual, a cuyo tenor, el representante legal de la entidad contratante puede delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, caso en el cual “la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario” .
Desde la óptica de la responsabilidad, el precepto censurado, lejos de contrariar la Carta Política, constituye cabal concreción de sus artículos 6º. y 90, los cuales consagran la responsabilidad de los servidores públicos, así como el deber para el Estado de repetir en contra de los sujetos por cuya culpa grave o dolo, se haya causado un daño antijurídico por el que haya tenido que responder.
Está también en consonancia con lo preceptuado por el artículo 123 C.P. cuyos términos categóricos reitera el artículo 209 ib., al disponer que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad” y que “ ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento;” es igualmente compatible con el artículo 124 C.P., a cuyo tenor “la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva” que concuerda con el artículo 6º C.P. que los hace responsables “por infringir la Constitución y las Leyes” y “por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, por lo que el Estado deberá repetir en su contra de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 90 C.P. “de ser condenado” a la reparación de un daño antijurídico “que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo.”.
Ha dado, pues, el Legislador, vigencia al principio de protección de los recursos presupuestales de la Nación; ha cumplido con el deber de velar por la intangibilidad
de los recursos públicos; ha propendido por la estricta observancia de la moralidad administrativa y ha dado pleno cumplimiento al mandato contemplado en el artículo 133 de la Carta Política pues, ciertamente, la justicia y el bien común requieren de herramientas que aseguren una mayor eficacia en la defensa del interés colectivo representado en los recursos del patrimonio público. En la hora presente, sin lugar a dudas, los más altos intereses nacionales, claman por su vigorosa protección, dada su grave afectación por la corrupción que, como es sabido, también ha encontrado terreno fértil en la contratación pública.
[1] M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[2] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 1995, Expediente 8118. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
[3]Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández