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Timestamp: 2017-03-26 11:33:35
Document Index: 176970502

Matched Legal Cases: ['Artículo 26', 'Artículo 31', 'artículo 8', 'Artículo 16', 'Artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 36', 'artículo 88', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 3']

LAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES/NO PERIÓDICAS A FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID - PDF
LAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES/NO PERIÓDICAS A FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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1 DOCUMENTO TÉCNICO LAS AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES/NO PERIÓDICAS A FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID Comisión de Trabajo sobre las Ayudas Económicas de emergencia/situación de necesidad para familias/personas en los Servicios Sociales Municipales INTRODUCCIÓN El presente informe responde a la preocupación de un amplio sector de la profesión por el incremento de la demanda de ayudas económicas por parte de las personas y familias que diariamente acude a los Servicios Sociales de Atención Social Primaria (en adelante ASP) de nuestros municipios. Del mismo modo, esta inquietud viene acompañada por la variación presupuestaria destinada a estas partidas, que están sufriendo recortes que hacen peligrar la respuesta que desde los Servicios Sociales de ASP se puede dar a la situación de vulnerabilidad la que se ven cada vez más familias de nuestra sociedad. El, como organización que representa a la profesión en nuestra Comunidad Autónoma, ha recogido esta preocupación, y ha realizado un estudio cuyas conclusiones se recogen en el presente informe, así como una serie de propuestas que realizamos al conjunto de administraciones que tienen competencias en la ASP. PARTE I: ANÁLISIS. 1.- El marco normativo: poco desarrollado y escasamente adaptado El marco legal es un punto fundamental para comprender las dificultades que existen en la gestión de prestaciones económicas por parte de los Servicios Sociales, por lo que éste debe ser abordado en el presente documento: Página 1 de 182 a) La Constitución Española 1 dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia social. b) El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid 2, atribuye a la Comunidad Autónoma la plenitud de la función legislativa en materia de asistencia social, así como la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en esta materia. No obstante, con posterioridad, la ley también establece que los Servicios Sociales serán prestados obligatoriamente por los municipios de más de habitantes 3. c) Posteriormente, la Ley de Servicios Sociales 4, incluye dentro de la acción protectora del Sistema Público de Servicios Sociales, las prestaciones económicas 5 que se conceden a personas o a familias para facilitar su integración social, apoyar el cuidado de personas dependientes, paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar mínimos de subsistencia. Contempla las ayudas económicas de emergencia social, así como otro tipo de ayudas, como la Renta Mínima de Inserción, (cuya finalidad no es responder a la emergencia social), y que sí tienen una regulación especial 6 en nuestra Comunidad Autónoma. Así, esta misma Ley, que nunca tuvo desarrollo reglamentario, establece 7 que será de competencia municipal la concesión de las prestaciones económicas individuales de emergencia social. De igual forma, establece 8, entre las funciones de la Atención Social Primaria, la Gestión y seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social y ayudas económicas temporales. Con respecto a la financiación de los Servicios Sociales y sus prestaciones, la Comunidad de Madrid incluye, en sus Presupuestos Generales anuales, créditos para la colaboración en el cumplimiento de las funciones de Atención Social Primaria, con objeto de garantizar que todos los ciudadanos de la región reciben un nivel básico de prestaciones sociales establecidas en la Ley de Servicios Sociales, colaborando en su financiación. A partir de este punto, cada municipio o mancomunidad establece de manera bilateral convenios de financiación con la Comunidad de Madrid que son renovados 1 Artículo Aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado por Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo 3 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, Artículo 26.c. 4 Ley 11/2003 de 27 de marzo. 5 Artículo Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. 7 Artículo Competencias de los municipios. g) Concesión de las prestaciones económicas individuales de emergencia social y de ayudas económicas temporales que tengan por objeto la integración personal. 8 Artículo 31. Funciones de la Atención Social Primaria. e) Gestión y seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social y ayudas económicas temporales, así como colaboración en la aplicación de la Renta Mínima de Inserción, en los términos que establece la Ley que regula esta prestación, y gestión de cuantas otras prestaciones de naturaleza económica pudieran delegarse. Página 2 de 183 anualmente. Estos convenios, entre otras cosas, describen las cuantías y los conceptos en los que podrá ser empleada la aportación autonómica en la ASP. Una de esos conceptos, es el de las Ayudas Económicas de Emergencia. Así, la Atención Social Primaria, es financiada por el Plan Concertado Estatal (recientemente recortado), que contribuye con un ajustado 7%, las Comunidades Autónomas con un 43%, y los Ayuntamientos con un promedio del 50% según la memoria del propio Plan Concertado 9. Por tanto, estas ayudas económicas, cuyo fin es el de paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar mínimos de subsistencia, han terminado quedando al arbitrio de cada entidad local en cuanto a su reglamentación al no existir legislación específica, aunque la Ley recoge que se debe garantizar que todos/as los/las ciudadanos/as reciban un nivel básico de prestaciones. d) Tras la entrada en vigor de la Ley de General de Subvenciones 10, este tipo de ayudas económicas pasaron a encuadrarse en el concepto de subvenciones. Si bien esta Ley establece como régimen general de concesión el de la concurrencia competitiva, hace unas mínimas excepciones 11 expresando que podrán concederse de forma directa las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una norma de rango legal, debiendo estas subvenciones seguir el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. Ello obligaría a un desarrollo normativo que no se ha producido en la actualidad en nuestra Comunidad Autónoma. Con esta normativa, se igualaron en el tratamiento, ante la ausencia de dicho desarrollo, las subvenciones que pueden recibir una entidad y las ayudas económicas de las que puede ser beneficiaria una persona física, con lo que ya se parte de una ausencia de adaptación de la normativa a las situaciones que viven las personas y familias que se encuentren con la necesidad de solicitarlas. Por ello, y debido a la aplicación de la normativa citada, es posible encontrar casos de imposibilidad para poder tramitar o gestionar una ayuda de emergencia a una persona que no está al corriente de sus obligaciones tributarias, o que la propia ayuda sea embargada posteriormente o incluso que del propio importe de la ayuda económica de emergencia, le sea retenida la cuantía correspondiente a los tributos, lo cual respondería más al interés de la propia administración que a la necesidad de la familia solicitante. 9 Memoria Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 11 Articulo 22.2 b). Página 3 de 184 Dicha normativa (sobre subvenciones), que no fue pensada para este uso, genera, en la práctica, una actuación que, dependiendo del exceso de celo profesional de los servicios de la Intervención General, dificultan o imposibilitan el acceso el cobro de las ayudas e impongan complejos sistemas de requisitos, documentos que condicionan el acceso de las familias más vulnerables a las citadas prestaciones. Sin embargo, los principios de dicha Ley, contemplados en su artículo 8, se vulneran de manera general, como veremos más adelante. Estos principios son: Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 2.- Las ayudas económicas para situaciones de emergencia y necesidad social: el recurso idóneo para situaciones de crisis puntual dentro de la intervención social en los Servicios Sociales de la Atención social Primaria. Como fruto de la normativa anteriormente expuesta, el concepto de ayudas económicas a familias y personas, ha quedado tratado de manera diferente en cada municipio de la Comunidad Autónoma, encontrando diferencias alarmantes que rompen los principios de universalidad y equidad, y de manera muy notoria en el caso del Ayuntamiento de Madrid en comparación con el resto de municipios de la Comunidad de Madrid, e incluso existiendo diferencias entre distritos. Tal es así, que, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, se utilizan nomenclaturas diferentes, conceptos diferentes, e incluso aplicaciones informáticas diferentes. Por un lado, la Ciudad de Madrid, en la que reside el 50,7% de la población de la Comunidad Autónoma, distingue, en su Ordenanza, entre ayudas económicas de emergencia y las de especial necesidad, con conceptos diferentes para cada una de ellas. En el caso de las ayudas emergencias, se contempla el pago de alojamientos, alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres, alojamientos temporales para personas mayores y pequeños arreglos en la vivienda habitual, además de contemplar otros gastos excepcionales valorados por los trabajadores sociales. En el caso de ayuda de especial necesidad, se contempla el pago de comedor para personas mayores, escuelas infantiles, comedores escolares, actividades preventivas dirigidas a menores en riesgo de exclusión, y otras actuaciones con población en riesgo de exclusión. Página 4 de 185 El convenio establecido entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid no se distingue la partida que puede destinarse a ayudas a familias o a otros conceptos de la ASP, y por lo tanto, no se puede conocer en qué conceptos específicos de las ayudas económicas se han empleado finalmente. El resto de los municipios (con alguna excepción, ya que es una decisión de carácter municipal), en los que reside el 49.3% de la población, se rige por los conceptos que se contemplan en los convenios suscritos por la Comunidad de Madrid, que en este caso sí establece la partida que puede destinarse a este tipo de ayudas, que son catalogadas como ayudas de emergencia independientemente de la urgencia de dicha necesidad. Los conceptos son los siguientes: Ayudas familiares: Aquellas ayudas de apoyo a procesos de integración social y prevención de situaciones de riesgo que afectan a personas o grupos familiares. Vivienda: Ayudas económicas concedidas por uso de la vivienda, desahucios, fianzas, alquileres y gastos corrientes derivados del mantenimiento y conservación de la vivienda. Becas de guardería: Incluirán las ayudas de guardería y/o escuelas infantiles. Ayudas complementarias: Aquellas ayudas relacionadas con la atención al menor y a la familia, cuyo objeto sea la cobertura de gastos de carácter extraordinario: libros, material escolar o de otro tipo, formación no reglada, actividades ocupacionales, campamentos, ayudas económicas destinadas a tratamientos especializados, gastos farmacéuticos, prótesis, etc. Pago residencias: Ayudas cuya finalidad sea facilitar alternativas de alojamiento a aquellas personas que por razones de edad, discapacidad u otras, carezcan de condiciones adecuadas para la permanencia en su lugar habitual de residencia. Cubrirán situaciones provisionales o en espera a recursos públicos. Dichas alternativas podrán ser centros residenciales para mayores, discapacitados, mujeres, etc. Pago pensiones: Ayudas cuya finalidad sea facilitar alternativas de alojamiento a aquellas personas que por razones de edad, discapacidad u otras, carezcan de condiciones adecuadas para la permanencia en su lugar habitual de residencia. Cubrirán situaciones provisionales o en espera de acceso a recursos públicos. Dichas alternativas se corresponderán con el pago de pensiones. Página 5 de 186 Pago de otros alojamientos en centros: Ayudas cuya finalidad sea facilitar alternativas de alojamiento a aquellas personas que por razones de edad, discapacidad u otras, carezcan de condiciones adecuadas para la permanencia en su lugar habitual de residencia. Cubrirán situaciones provisionales o en espera de acceso a recursos públicos. Dichas alternativas se corresponderán con el pago de centros, que no sean residencias o pensiones. Ayuda económica para el pago de alimentos: Ayudas destinadas a alimentación, ayudas para comedores (excepto comedores escolares), vales de comida, pago directo a casas suministradoras, bolsas de alimentos, leches infantiles, etc., que de forma puntual o con escasa periodicidad gestione el centro. Aparecerán claramente diferenciadas de otras ayudas que puedan incluir entre otras finalidades la manutención del grupo familiar. Ayuda económica beca de comedor: Ayudas concedidas para la cobertura de los gastos de utilización de comedores escolares ya sean mediante pago directo a los beneficiarios o mediante pago a los centros educativos. Dado que los conceptos en este caso son definidos por la propia Comunidad y en la aplicación informática que se utiliza en los municipios (excepto el Ayuntamiento de Madrid y algún otro ayuntamiento), sí contamos con datos que se adjuntan, según los cuales, el concepto en el que se emplea la mayor cuantía en los municipios de la Comunidad de Madrid, es en ayudas directas a familias para su inserción social, seguido por el concepto de becas de comedor, pago de vivienda y alimentos. GUARDERIA % Total F.COMPLEMENTARIAS 11% CUANTIA EMERGENCIA SOCIAL POR TIPOLOGIA Total H.PENSIONES 2% Total G.RESIDENCIAS 3% Total I.OTROS ALOJAMIENTOS EN CENTROS 0% Total J.OTROS 1% Total A.AYUDAS FAMILI 31% otal D.BECAS COMEDOR 16% Total C.ALIMENTOS 12% Total B.VIVIENDA 15% Fuente: Comunidad de Madrid Distribución del gasto según conceptos en ayudas de emergencia en los municipios de la Comunidad, excepto el Ayuntamiento de Madrid. Página 6 de 187 Estos datos apuntan que los Servicios Sociales están cubriendo necesidades básicas de las familias, incluidas algunas que deberían ser financiadas desde el sistema educativo o sanitario, lo cual indica que, en caso de retroceso de ambos sistemas, puede revertir en un colapso de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria. A pesar de no poder tener datos, y dada la problemática dentro del municipio de Madrid en lo referente al precio de la vivienda y la exclusión residencial, es de esperar que el pago de alojamientos, en el mismo, alcance un porcentaje aún mayor que en el resto de municipios. Los Servicios Sociales de ASP son los encargados de gestionar las Ayudas de Emergencia, siendo los/las trabajadores/as, como figura de referencia en la Ley de Servicios Sociales, los/las profesionales que valoran la situación de necesidad, los apoyos personales y familiares y pone a disposición del ciudadano/a los recursos que pueden contribuir a la superación de la situación de necesidad. Para ello, los y las trabajadores/as sociales enmarcan las ayudas económicas dentro de un diseño o proyecto de intervención que se elabora conjuntamente con el/la ciudadano/a, y en el que se enmarcan las actividades y recursos que van a actuar en dicha situación, tal y como se establece en la Ley, que señala que las prestaciones técnicas (intervención profesional) deben preceder, acompañar y continuar la aplicación de cualquier otro tipo de prestación El, que representan de una profesión al servicio de la sociedad, preocupado por las consecuencias sociales de esta situación. Dentro de nuestra finalidad como Colegio Oficial y en el compromiso deontológico que como profesión tenemos en la atención a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, se han venido observando múltiples carencias en lo que se refiere a las ayudas económicas, así como las noticias publicadas en torno a los embargos de dichas ayudas. Por ello, se decidió iniciar un trabajo de investigación sobre la situación de las mismas, con los siguientes objetivos: 1.- Conocer la situación actual de los Servicios Sociales Municipales en referencia a las ayudas económicas para situaciones de emergencia/especial necesidad de personas y familias. 2.- Realizar un análisis sobre este tipo de ayudas, y la respuesta que se está dando desde las Administraciones Públicas, con especial interés ante la actual situación socioeconómica. 12 Artículo 16.3 Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Página 7 de 188 3.- Realizar un trabajo de reflexión para fundamentar el posicionamiento del Colegio Oficial sobre la situación actual a la que se enfrentan las familias en situación de crisis, dentro del trabajo que se está realizando en la Alianza en la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Para ello se realizó una convocatoria a colegiados/as colaborando activamente aportando los datos e información sobre los procedimientos que se siguen para la concesión de ayudas económicas, siempre desde un óptica centrada en la persona en situación de necesidad. La respuesta fue amplia, pudiendo contar con un grupo de trabajadores/as sociales pertenecientes a 25 administraciones diferentes de la Comunidad de Madrid (municipios, mancomunidades y distritos de la capital), con lo que la muestra fue heterogénea y representativa. Dada la opacidad, la dificultad de encontrar datos claros y transparentes en relación a los procedimientos y a las partidas presupuestarias y el gasto ejecutado, se elaboró un cuestionario que fue respondido por todos/as los/las participantes. También se contó con datos de la propia administración autonómica. Los parámetros que se establecieron para el estudio fueron los siguientes: Evolución presupuestaria. Ratio población por trabajador/a social. Procedimientos internos para la gestión de ayudas económicas. Plazos de tramitaciones desde que la persona formula la demanda hasta que percibe la ayuda. Conocimiento sobre embargos de ayudas económicas. Ordenanzas y baremos que son utilizados. Solicitudes y documentación requerida a las personas y familias. Una vez analizados los resultados, se han sometido a contraste con el grupo de participantes, elaborando de manera conjunta el presente documento que recoge conclusiones y propuestas. Página 8 de 189 PARTE II: CONCLUSIONES 1.- LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES: AUMENTO DE LA DEMANDA, DISMINUCIÓN DE RECURSOS, ESCASEZ DE PROFESIONALES. La Red Básica de Servicios Sociales de Atención Social Primaria constituye una red de centros situados en el entorno del/de la ciudadano/a cuya finalidad es, según la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales AUMENTO DE LA DEMANDA En estos momentos se desconoce el aumento de la demanda, ya que no existen datos oficiales publicados más allá de los del Plan Concertado de 2009, que señalaban que la demanda había aumentado en un 39% en los últimos años. En 2009 se estimaba que el 12% de la población de la Comunidad de Madrid había recibido algún tipo de servicio o prestación social básica en el ámbito del Plan Concertado. En estos momentos, los datos apuntan un aumento de la demanda de este tipo de ayudas (de emergencia y cobertura de necesidades básicas), que en casos se está cuantificando en un 250% a nivel estatal según el Consejo General de Trabajadores Sociales 14. Dada la carencia de datos oficiales globales más actuales, es de destacar en nuestra Comunidad Autónoma el número de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción se ha duplicado con respecto a diciembre de 2008, siendo de esperar que el dato de familias que se encuentran en situación solicitar ayudas de emergencia haya tenido un crecimiento aún mayor, dado que la Renta Mínima excluye a familias sin residencia legal o con antigüedad inferior a un año en la Comunidad Autónoma que sí serían posible perceptoras de ayudas de emergencia municipales, y que el cobro de esta renta nunca es efectivo antes de los cuatro meses desde el momento de la solicitud. 13 Artículo Página 9 de 1810 1.2.- DISMINUCIÓN DE RECURSOS a) En cuanto al Sistema de Servicios Sociales de ASP en general, hemos de apuntar, presupuestariamente, diferencias entre el Ayuntamiento de Madrid y el resto de municipios analizados: En los Distritos de Madrid, según datos del propio Ayuntamiento, se ha producido una reducción del 5% en el 2012 con respecto al 2011 en lo dedicado a Servicios Sociales de los Distritos En cómo se ha distribuido esa reducción, se comprueban datos preocupantes, como puede observarse en el siguiente ejemplo de comparativas presupuestarias: DISTRITO Chamartín Puente de Vallecas Fuente: Ayuntamiento de Madrid. DIFERENCIA PRESUPUESTOS RANKING RENTA PER CAPITA 7,51% 1 (de 21 distritos) % 21 (de 21 distritos) Sin embargo, el presupuesto transferido de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Madrid para el mantenimiento de la red básica ha aumentado en la cuantía total, desde el año 2008 al 2010, en un 17% (datos del propio Ayuntamiento), tendencia al alza que se mantiene durante el 2011 aunque no existen datos oficiales. En referencia al resto de municipios de la Comunidad de Madrid, el presupuesto que se ha traspasado por parte de la Comunidad se ha mantenido, pero también hay un comportamiento diferente según cada municipio que en ningún modo responde a la renta per cápita de la ciudadanía, sino a la voluntad municipal de cada momento, sin ningún criterio homogéneo. b) En la partida de Ayudas Económicas de Emergencia. En lo referente a las Ayudas Económicas de Emergencia, con los datos de que disponemos, hay una diferencia palpable entre lo presupuestado y lo realmente disponible en informaciones que se manejan de manera interna. Página 10 de 1811 En los presupuestos de estas partidas en los distritos, los/las trabajadores/as sociales manejan datos de recortes en los presupuestos de este año 2012 que correspondería, dependiendo del distrito, entre el 25% y el 45% con respecto al En el resto de Ayuntamientos, encontramos, en la mayoría de ellos un mantenimiento de esta partida y recortes inferiores al 25%. En algún caso aislado ha habido un incremento del presupuesto municipal para la financiación de los Servicios Sociales en su conjunto. Dado que, los datos oficiales de partidas transferidas desde la Comunidad de Madrid a los Municipios, se ha mantenido, es de interpretar que el recorte expuesto ha sido ejecutado únicamente por las entidades locales. Otra lectura que debe hacerse es si es lógico que se mantengan las partidas de estos convenios, con la grave situación socio-económica que se está viviendo años tras año, y que obliga a los Ayuntamientos a sufragar en mayor cuantía los Servicios Sociales dado el aumento de la demanda. No obstante, es necesario añadir que en algunos municipios y distritos, la partida de presupuesto no se ha recortado, pero se encuentra bloqueada, o suspendida según las informaciones que manejamos, por lo que el efecto para el/la ciudadano/a es el mismo con la gravedad de no poder conocer la causa de que la ejecución del presupuesto no se esté realizando ni a qué intereses obedece. Aún más, recientemente el Estado ha aprobado un recorte en la partida que recibían las Comunidades Autónomas (Plan Concertado) de 50 Millones de Euros que afectarán gravemente al ya malherido presupuesto general, y en concreto al asignado a las ayudas económicas a familias. Teniendo en cuenta los datos expuestos podríamos decir que más del 60% de los habitantes de nuestra comunidad autónoma no podrán tener, en este año, ayudas económicas sea cual sea la situación de emergencia que planteen, ya que no existe presupuesto, o está bloqueado en los municipios/distritos en los que residen. Esta afirmación se basa principalmente en la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Madrid. Este recorte está dejando a las familias sin acceso a una prestación reconocida por Ley, teniendo que acudir, a veces derivado por los propios Servicios Sociales, a entidades no lucrativas donde poder satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido o el pago de suministros del hogar. Este sistema de provisión, aunque necesario, supone un retroceso en un enfoque de derechos y una clara reducción de la capacidad protectora del sistema del que nos dotamos con el Estado Social y Democrático de derecho. Por tanto es normal que la familia y la sociedad civil, a través de sus organizaciones, intente dar respuesta a las necesidades sociales, pero Página 11 de 1812 es fundamental la apuesta de las administraciones públicas, en alianza con la sociedad civil para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. En definitiva: el recorte en la partida de ayudas económicas es alarmante ESCASEZ DE PROFESIONALES A pesar de que la Ley 15, señala que se establecerán, a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos debidamente ponderados, los ratios de profesionales entre la población a atender en un ámbito territorial de influencia, en aras de garantizar una cobertura de atención adecuada, según los datos de que disponemos (y lejos de la ratio que este Colegio Oficial ha defendido desde hace años como adecuada, de 1 Trabajador Social por cada habitantes), nos encontramos con variaciones, que van desde los habitantes por trabajador social hasta los sin que exista criterio de renta per cápita, desempleo o de ningún tipo, por profesional cuando la Ley establece 16 al trabajador/a social como figura de referencia de la ASP para canalizar los distintos apoyos que precise cada persona, asegurando la globalidad e integridad de las intervenciones, así como la adecuada aplicación de los recursos. La memoria del Plan Concertado 2008 establecía que la ratio en la Comunidad de Madrid era de personas por trabajador/a social. Lejos de ello, existen municipios donde se habla de ratios de trabajadores/as sociales por habitante inferiores, pero porque se realizan los cálculos incluyendo a trabajadores sociales que no están en atención directa, lo cual no es un dato real de cara a la ciudadanía. Todavía más nos preocupa que las actuales y mal-llamadas medidas de contención del gasto están contemplando abiertamente la no sustitución del personal que se jubile o sufra bajas laborales, con lo que la ratio descrita anteriormente se multiplicará, dificultando la ya difícil labor de los/as trabajadores/as sociales de acompañamiento a las personas en situación de necesidad y que vienen a constituir un importante factor de protección e inclusión social de la ciudadanía. Según dichos datos, diariamente se realizan en nuestra comunidad autónoma a más de atenciones. Además, como consecuencia de la actual situación de crisis socioeconómica es necesario señalar que existen centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid donde existen listas de espera para ser atendido por el trabajador social de referencia de hasta dos meses. 15 Artículo Artículo 25. Página 12 de 1813 Por todo ello, consideramos que en la actualidad, el Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Social Primaria y su capacidad de inclusión, se encuentra en peligro, y con él, la red de protección del Sistema de Bienestar Social a los/as ciudadanos/as. 2.- LOS PRESUPUESTOS PARAA AYUDAS ECONOMICAS PUNTUALES A PERSONAS Y FAMILIAS: RECORTES Y MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS A PESAR DE LO QUE EXIGE LA SITUACIÓN ACTUAL DE AUMENTO DE DEMANDA Los datos actuales sobre pobreza, exclusión y desempleo arrojan índices que harían necesario el incremento de las partidas de ayudas económicas de emergencia. Sin embargo, en nuestra Comunidadd Autónoma, donde el 18% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador AROPE 17, y el desempleo ha subido en un 200% desde 2007, no ha habido un aumento en el presupuesto, ni en la partida general que se destina desde la Comunidad de Madrid a sufragar la ASP, dentro de la cual figura la partida autonómica destinada a ayudas económicas de emergencia en referencia al de 2008, fecha previa a la crisis. Los datos se adjuntan en la siguiente tabla. Por ejemplo, la Comunidadd de Madridd ha aumentado en la comparativa en un 21.63% la partida dedicada al pago de las Rentas Mínimas de Inserción. Cómo es posible que, al menos, no se incrementen en el mismo porcentaje, las partidas de ayudas económicas municipales en la misma comunidad autónoma? PARTIDA PAGO A FAMILIAS RMI Informe EAPN Madrid. Página 13 de 18 Colegioo Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid14 No obstante, es necesario hacer distinciones: Según nuestros datos, la evolución de los presupuestos para la partida destinada a ayudas económicas de emergencia ha sido desigual entre el Ayuntamiento de Madrid y el resto de municipios, siendo importantes las diferencias en cuanto al indicador de presupuesto por habitante, que oscila actualmente entre los 0,56 y 0,76 por habitante según el distrito donde viva, y los 1,1 y los 7,4 por habitante en otros municipios, lo que evidencia las grandes desigualdades entre residentes de la misma Comunidad Autónoma ORDENANZAS, BAREMOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: falta de transparencia, falta de agilidad y adaptación de la administración a la situación de crisis de las familias de nuestra sociedad. Las familias que precisan una ayuda económica de emergencia se encuentran con trámites burocráticos y procesos que, a pesar de que la valoración técnica realizada por el/la Trabajador/a Social sea positiva, pueden llevar entre una semana y tres meses (en el caso de que exista disponibilidad presupuestaria). Sólo en algunos municipios, en general de tamaño pequeño, los ciudadanos pueden beneficiarse en márgenes inferiores. En relación a la existencia de ordenanzas y baremos, es necesario decir que el Ayuntamiento de Madrid sí tiene publicada su ordenanza y los baremos que regulan la valoración de las solicitudes de ayudas económicas, pero no es así en la mayoría del resto de los municipios de la Comunidad de Madrid, siendo insignificante el número de los municipios que sí están publicados. La escasa normativa reguladora de este tipo de ayudas no está adaptada a la actual situación, como puede ser en caso de impago de hipotecas y los desahucios, pudiendo encontrar casos de imposibilidad de dar una ayuda de emergencia a una persona que no pagó sus tributos (por ejemplo, el IBI) al tener que alimentar a su familia. En otro orden de cosas, es necesario añadir que, dada la actual coyuntura laboral, las ayudas puntuales que prestan los Servicios Sociales, en ocasiones es necesario que sean mantenidas en el tiempo, situaciones que en un principio no están recogidas adecuadamente dado el principio de temporalidad en el que han sido concebidas. Esta situación de ausencia de normativa genera incertidumbre e inseguridad jurídica a las familias que pretenden solicitar una ayuda económica de emergencia, algo impropio de un Estado democrático. Página 14 de 1815 4.- POBLACION EXCLUIDA: la población en situación administrativa irregular. Las personas en situación administrativa irregular (inmigrantes irregulares), que están excluidas de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, también quedan excluidas, desde las ordenanzas municipales y normativas internas (salvo alguna excepción), de poder optar a una ayuda económica de emergencia: sólo podrán disponer de servicios para personas sin hogar y la atención del tercer sector, aunque en el caso de que tengan menores al cargo sí se contemplan. En las ordenanzas analizadas, también existen diferencias, como en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde una persona (sin menores a cargo) en situación administrativa irregular, no queda excluida directamente, pero en el apartado de documentación se exigen documentos que en estos casos no pueden ser aportados (NIE, tarjeta o documento que acredite la residencia legal ). Sin embargo, la Ley 18 recoge que los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Este derecho es recogido igualmente en varios Convenios y textos internacionales suscritos por España, como es la Carta Social Europea de 1996 reconoce en el apartado I, en el artículo 13: que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a la asistencia social y médica. 5.- PRINCIPIOS RECTORES DE LAS AYUDAS ECONOMICAS: El acceso a las ayudas económicas: principios vulnerados a) Equidad La distribución de presupuestos para estas partidas no sigue criterios homogéneos, sino de voluntad política : municipios con rentas per cápita similares dedican partidas de cuantías muy distintas a este tipo de ayudas de emergencia, sin ningún criterio homogéneo. Según nuestros datos, tampoco tiene las mismas posibilidades de obtener una ayuda económica una misma solicitud según el momento del año en el que se realice, dado que la disponibilidad presupuestaria varía, sobre todo al final del año. 18 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su Artículo Página 15 de 1816 Ello apunta a una clara vulneración del principio de equidad, dado que los/las ciudadanos/as, por el hecho de residir en un municipio u otro, se encuentran con grandes diferencias en cuanto a las ayudas que puedan dar cobertura a sus situaciones de necesidad. b) Transparencia La mayoría de municipios carecen de ordenanzas o baremos que puedan ser consultados por la ciudadanía para conocer si puede ser beneficiario o no de este tipo de ayudas. La ciudadanía carece de información sobre las ayudas municipales para situaciones de emergencia o necesidad. Del mismo modo, en la mayoría de los municipios, carecen de Cartas de Servicios o no se ha dado publicidad a las mismas de manera adecuada, con lo que el/la ciudadano/a no conoce qué ayudas puede obtener de un Centro de Servicios Sociales, hecho que supone un grave riesgo familiar, o puede hacer llegar a situaciones ya inabordables que podían haberse evitado con un adecuado proceso de intervención social realizado con anterioridad. En este sentido, añadir que los datos económicos que pueden encontrarse públicamente son confusos debido a los recortes sucesivos que se producen en el transcurso de los años y a la imposibilidad de saber las causas de que la no coincidencia entre el gasto presupuestado y el gasto ejecutado. En los momentos en los que no existe disponibilidad presupuestaria, los y las trabajadores/as sociales, profesionales de referencia del sistema, a veces reciben instrucciones verbales que no son públicas, y obligan a disuadir a la ciudadanía de presentar solicitudes de ayudas económicas (aunque su existencia es publica según la Ley de Servicios Sociales), con lo que es imposible poder registrar el volumen real de demandas que están llegando diariamente a los Centros de Servicios Sociales dada la actual crisis económica. La carencia de transparencia de las administraciones en referencia a estas ayudas es alarmante. c) Eficacia y pertinencia Las ayudas económicas a personas y familias constituyen una herramienta adecuada y oportuna para las situaciones de emergencia que están viviendo, en número creciente, la sociedad madrileña y así ha sido valorado por el grupo de trabajadoras y trabajadores sociales participantes en la comisión de trabajo formada. Página 16 de 1817 Sin embargo, las dificultades señaladas, y los plazos de los trámites que siguen, hacen que disminuya la eficacia de dicho tipo de ayudas, que deben ser recibidas en muchas situaciones con carácter de urgencia. Por todo ello, queremos realizar las siguientes PROPUESTAS: PARTE III: PROPUESTAS 1.- Las administraciones (especialmente la autonómica, que es la que tiene la competencia en Servicios Sociales) deben modificar el marco legislativo para poder reglamentar las ayudas económicas a familias con normativas adaptadas a la actual situación de crisis. 2.- Deben agilizarse los procesos y plazos de gestión de estas ayudas con la finalidad de que se perciban en plazos realmente adecuados a la necesidad. En casos de urgencia (subsistencia), la aplicación debe ser inmediata, habilitando procedimientos adecuados. 3.- Debe ampliarse la ratio de atención hasta conseguir llegar al 1 Trabajador Social por cada habitantes en la Atención Social Primaria. 4.- Deben ampliarse las partidas presupuestarias dedicadas a ayudas económicas directas a familias, máxime en el momento en el que nos encontramos. Igualmente, deben asegurar la transparencia de las partidas presupuestarias, así como su ejecución. La dotación presupuestaria debe ser acorde a la situación de necesidad de los/las ciudadanos/as de un territorio, ampliándose en situaciones como la actual, de aumento del desempleo y cada vez más familias en las que ninguno de sus miembros recibe prestaciones contributivas. 5.- Las personas inmigrantes en situación irregular deben poder acceder a estas ayudas, ya que se encuentran en una múltiple exclusión de los diferentes tipos de prestaciones que puedan dar cobertura a unas garantías dignas de vida. Además hay que prever el aumento de personas que van a encontrarse en situación de irregularidad de sus permisos por no poder acreditar los periodos de cotización requeridas. 6.- Los/las ciudadanos/as deben poder conocer las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales y los baremos que son aplicados en todo momento para acceder a las mismas. Las ayudas y prestaciones de los Servicios Sociales deben ser de acceso público, no pueden seguir siendo datos ocultos por parte de las Administraciones. Página 17 de 1818 7.- Los tres niveles de la administración: central, autonómica y local deben mostrar su compromiso con el fortalecimiento de la red Servicios Sociales de Atención Social Primaria, y el trabajo social que se desarrolla diariamente. Los Centros de Servicios Sociales, sin negar el papel de otros sistemas de provisión como la familia o la sociedad civil, son la puerta de entrada a un sistema de protección que tiene como finalidad y deben visibilizar el trabajo que desde éste se hace. Del mismo modo, se debe garantizar la igualdad de oportunidades de las personas, especialmente para beneficiarse de una ayuda económica de emergencia, independientemente del lugar donde resida dentro de la Comunidad de Madrid. Por ello, y dado que el estudio realizado refleja la grave desprotección que viven los/las ciudadanos/as y familias de nuestra Comunidad Autónoma ante las situaciones de crisis económica en la que cada vez se ven más personas afectadas, por lo que consideramos necesario realizar las siguiente denuncia pública. Entendemos que la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales debe hacerse esfuerzos por parte de la Administración Estatal, Autonómica, y Municipal para abordar esta situación. Por último, señalar que los y las trabajadores/as sociales, queremos denunciar que, ante la actual coyuntura, las políticas sociales están olvidando el principio de justicia social y la responsabilidad constitucional que la administración tiene para mantener el bienestar de la ciudadanía, y las políticas sociales deben tener a las personas en situación de exclusión social o riesgo de sufrirla como eje central. No obstante, porque confiamos en la ciudadanía y siempre hemos estado trabajando junto a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, pensamos que TODAVIA SE PUEDEN modificar estrategias y políticas sociales que apuesten por la garantía de derechos sociales en nuestra Comunidad Autónoma. AGRADECIMIENTOS Desde el, queremos agradecer la colaboración desinteresada de todos/as los/las profesionales que, fuera de sus horarios laborales, han participado en esta Comisión, ya que sin su esfuerzo no hubiera sido posible. Esta colaboración constituye un reflejo del compromiso de nuestra profesión por la sociedad y por la situación en la que se encuentran aquellas personas y familias en mayor situación de necesidad. En Madrid, a 19 de junio de Página 18 de 18 Mostrar más
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