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Timestamp: 2017-04-25 07:21:00
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LA FINALIDAD NO LUCRATIVA DE LAS ASOCIACIONES - PDF
LA FINALIDAD NO LUCRATIVA DE LAS ASOCIACIONES
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María Rosario Belmonte Sosa
1 LA FINALIDAD NO LUCRATIVA DE LAS ASOCIACIONES María del Carmen Gallardo Neyra Jorge A. E. Fernández Paredes SUMARIO: I. Introducción. II. Definición de Asociación. III. La Finalidad no Lucrativa de las Asociaciones. IV. Características del Fin No Lucrativo. V. Mecanismos para cautelar la no vulneración de la finalidad No Lucrativa de las Asociaciones. 5.1 Control de los asociados. 5.2 Control del Ministerio Público. 5.3 Terceros con interés. VI. Las Exoneraciones tributarias en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro. Conclusiones. I. INTRODUCCION El desarrollo de este artículo surge a propósito de la comprobación fáctica de 3 hechos de suma importancia: el primero, las asociaciones constituyen una de las personas jurídicas a la que los ciudadanos recurren con mayor frecuencia como forma de organización, por lo que no es casualidad que actualmente existan más de 10,000 asociaciones inscritas a nivel nacional; el segundo, muchas de ellas suelen realizar importantes actividades económicas para obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines, las que tienen un gran impacto en la economía de nuestro país, esto se puede apreciar con mucha más claridad tratándose de las ONG 1 y los Centros de Conciliación, (que conforme al artículo 24 de la Ley adoptan esta forma jurídica); y el tercero, el desconocimiento que existe entre el ciudadano común, sobre su naturaleza y sus consecuencias 2, lo que suele generar una serie de conflictos a su interior, la mayoría de las veces relacionadas a su patrimonio, motivando el desprestigio de la institución. II. DEFINICION DE ASOCIACION: 1 Para López.Nieto y Mallo la denominación ONG ha sido acuñada por la ONU, la misma que puede ser definida como entidades no lucrativas (personas jurídicas o una simple organización sin personalidad) destinadas a la satisfacción de las necesidades de los grupos más desfavorecidos, diferentes de las entidades de los sectores estatales y privadas no mercantiles. En nuestra legislación las ONG tienen que optar por alguna de las formulas previstas en el Código Civil, siendo las formas más recurridas la Asociación y la fundación, en ese orden. 2 Para ilustrar este tema, mencionemos el caso de un grupo de comerciantes que ante el hecho de que iban a ser desalojados de un espacio público en el que desarrollaban sus actividades comerciales, decidieron formar una asociación para comprar un terreno y levantar sus respectivos puesto de venta. Cuando cada uno de los miembros de las asociación quisieron hipotecar los espacios que se le asignaron para obtener dinero para llevar adelante sus negocios, se dieron con la sorpresa que no podían hacerlo, porque no eran los propietarios, sino la asociación.2 Debemos empezar señalando que las personas jurídicas sin fines de lucro (asociación, fundaciones y comité) tienen especial importancia en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se puede apreciar en el artículo 2 inciso 13 de nuestra Constitución que reconoce como derecho fundamental de las personas: A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. Sobre el particular el Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho fundamental tiene un doble contenido: como un atributo de todas las personas a asociarse libremente, sin autorización previa y con arreglo a ley; y como forma de organización jurídica, constituida como consecuencia del ejercicio del derecho de asociación, limitada a los fines que se propone, los que no serán de lucro 3. En la doctrina podemos apreciar que cuando se trata de definir ese tipo de personas jurídicas, se encuentran presentes las siguientes características: a) concurrencia de personas organizadas para realizar una actividad común; b) vocación de permanencia en el tiempo; y c) finalidad no lucrativa. En esta línea de pensamiento, el artículo 80 del Código Civil ha definido a la asociación de la siguiente manera: es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común, persiguen un fin no lucrativo 4. En cuanto a las 2 primeras características no encontramos mayores problemas, lo cual no ocurren en el caso de la tercera, motivo por el cual hemos querido centrar nuestro artículo en dicho tema. Sobre este punto, no podemos dejar de mencionar que nuestra legislación ha previsto situaciones especiales en el ámbito de este tipo de entidades, las que constituyen evidencia clara de la existencia de un interés general en esta forma de organización, y es la que permite que los adolescentes 5 y los sindicatos de trabajadores 6 puedan constituir asociaciones reguladas bajo la normatividad del Código Civil. 3 Tribunal Constitucional. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, T. II. Lima: Gaceta Jurídica, p. 922 (S-324) 4 El carácter no lucrativo de las asociaciones debe entenderse como el impedimento para distribuir las ganancias que pudieran tener entre sus miembros, a diferencia de lo que ocurre en las personas jurídicas regidas por la Ley General de Sociedades, lo cual justifica que en nuestra legislación no tengan un mismo tratamiento. 5 Artículo 13 del Código de Niños y Adolescentes: El niño y adolescente tienen derecho a la libertad de asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente. Sólo los adolescentes podrán constituir personas jurídicas de carácter asociativo sin fines de lucro. Los niños podrán adherirse a dichas asociaciones.3 III. LA FINALIDAD NO LUCRATIVA DE LAS ASOCIACIONES: Como se desprende del punto anterior, el carácter no lucrativo de las asociaciones constituye una de las características más importantes en este tipo de organizaciones, y también se encuentra presente en otras fórmulas que ha previsto nuestro Código Civil, como es el caso de las Fundaciones y los Comités. Hasta no hace mucho tiempo, se solía identificar el carácter no lucrativo de las asociaciones, con la imposibilidad de éstas para desarrollar ciertas actividades económicas, pues se sostenía que las mismas, sólo podían ser desarrolladas por aquellas reguladas por la Ley General de Sociedades. No obstante ello, la realidad nos demuestra que esta afirmación no es exacta, pues tanto las personas jurídicas lucrativas así como las no lucrativas, tienden a desarrollar actividades económicas para la generación de excedentes, en un caso para repartirlo entre sus socios o, en otro, para reinvertir los mismos en la finalidad social para las que fueron creadas. En la doctrina actual existe consenso acerca de las actividades no lucrativas que pueden desarrollar las asociaciones son innumerables, empero deben ser lícitas y no contrariar al orden público ni a las buenas costumbres. Así, Carlos Fernández Sessarego señala que...dentro de esos parámetros encontramos una vasta gama de actividades no lucrativas que pueden desarrollar los miembros de la asociación. Entre ellas a título de ejemplo, cabe mencionar las de carácter cívico, religioso, benéfico, cultural, político, gremial. Deportivo u otros similares 7. Actualmente hay coincidencia en los autores consultados en que la finalidad no lucrativa de una asociación no puede definirse a partir de la actividad común que realiza, sino que... el carácter lucrativo o no de la persona jurídica está definido en la relación entre sus integrantes y las mismas 8, en ese sentido la comprobación del carácter lucrativo o no, debe hacerse a partir del destino que se le da a los beneficios económicos que se obtienen. El ejemplo que nos ilustra con claridad este tema es el siguiente:...tomemos el caso de un grupo de ciudadanos dedicados a tareas académicas 6 Artículo 19 del Decreto Ley 25593: Los sindicatos, cumplido el trámite deel registro, podrán por este sólo mérito inscribirse en el registro de asociaciones para efectos civiles (Debe tenerse presente que conforme al artículo 66 de la Ley los adolescentes pueden formar o constituir sindicatos). 7 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. En exposición de Motivos y Comentarios del Código Civil, compilación de Delia Revoredo de Debakey, Tomo IV. Lima: Industrias Avanzadas, p BELAUNDE LOPEZ DE ROMAÑA, Javier de. El proyecto de enmienda a la sección de personas jurídicas El. Código Civil del S. XXI. Lima: Jurídicas, p. 265.4 que decidan promover la cultura de los jóvenes, para cuyo caso constituyen un centro educativo que bautizan con el nombre La nueva Generación. La entidad lleva a cabo quehaceres educativos, éste es su objeto social. La finalidad que persiguen sus fundadores puede ser puramente altruista (por ejemplo, el fomento de la educación cristiana) o lucrativa como es el caso de las academias universitarias 9 IV. CARACTERISTICAS DEL FIN NO LUCRATIVO: El tema en cuestión se encuentra relacionado al tema del patrimonio de la asociación, el cual debe aplicarse necesariamente al objeto social y respecto del cual los asociados no tienen ningún derecho 10. Las consecuencias que se derivan de tal afirmación son esencialmente dos: a) la prohibición de repartir los beneficios económicos que se obtengan entre los asociados 11, y b) en caso de disolución y liquidación, el haber neto resultante no puede repartirse entre los asociados, sino que tiene que destinarse a la persona que se haya previsto en los estatutos o, en su defecto, a la que señalen la Sala Civil de la Corte Superior, conforme lo prevé el artículo 98 del Código Civil 12. Este tema aparentemente claro no lo es en realidad, por el contrario, es el que suele generar una serie de conflictos al interior de las asociaciones, tanto por que la persona común desconoce este puntos y, porque en nuestros Tribunales esta materia no ha sido desarrollada, sobre todo si se tiene en cuenta que en la práctica la repartición de los beneficios económicos entre los asociados puede adoptar mil formas, una más sofisticada que la otra. A lo anterior, habría que agregar que en la medida que una organización genera excedentes, produce también en algunos miembros de la entidad, la falsa expectativa de tener derecho a ella, pues no alcanzan a comprender las razones por las que no pueden tener derecho a la misma, si trabajaron para ello. 9 BOZA DIBOS, Beatriz. La persona jurídica sin fines de lucro: Entidades meramente altruistas o filantrópicas?. En revista Témis N 11, p LUNA VICTORIA, Cesar. El Régimen Patrimonial de las Asociaciones Civiles. En revista Thémis, N 5, pi. 51 y Luna Victoria incluye también en este prohibición la devolución de aportes, lo cual se desprende de la interpretación de los artículos 78, 91, 98 y 124 (contrario sensu) del CC. (Ibid. P 55) 12 La segunda parte del mencionado artículo resulta sumamente importante como criterio de interpretación, al darle la posibilidad que la Sala Civil de la Corte Superior pueda ordenar, cuando lo establecido en el estatuto no pueda darse o en el supuesto de no haberse designado a la persona a la cual se deberá entregar el haber neto resultante, que el haber neto sea entregado a otra persona jurídica de fines análogos (no necesariamente iguales), teniendo en cuenta el interés de la comunidad; esto es, viendo como se beneficia a más personas.5 V. MECANISMOS PARA CAUTELAR LA NO VULNERACIÓN DE LA FINALIDAD NO LUCRATIVA DE LAS ASOCIACIONES: Tal como lo hemos señalado, en la práctica, podemos apreciar que la finalidad no lucrativa de las asociaciones se vulnera con suma facilidad, en algunos casos, con el asentimiento de sus asociados, quienes recurren a innumerables justificaciones para efectos de la contabilidad, como bonos especiales, privilegios injustificados a sus directivos, etc. Este tipo de vulneraciones a menudo suelen resultar impunes, pues no tenemos conocimiento que se haya hecho uso de la facultad que concede el artículo 96 del CC ni que se haya sancionado a los infractores, lo cual creemos, obedece a que los mecanismos que establece el Código Civil resultan insuficientes, además de adolecer de claridad. Sobre el particular, se mantiene vigente la crítica que en su oportunidad se formulará sobre lo lacónico de su regulación: Si el punto de partida fue evitar la regulación patrimonial de la asociación porque este aspecto no era importante (dada la finalidad no lucrativa) este punto de partida ya había sido superado por la realidad hace mucho tiempo (inclusive mucho antes del debate del nuevo Código). Si la opción básica fue una regulación básica y técnica, contradice la opción pedagógica de otras partes del Código 13. Este punto de vista crítico se ve reforzado si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos los asociados no suelen ser abogados, y la asesoría legal preventiva no es una de las características del común de los peruanos, por tanto desconocen los mecanismos que tienen para proteger sus derechos y las formas que se le exige para que puedan hacer uso de aquellos. 5.1 Control de los asociados: El código le ha dado un papel principal en esta materia a los asociados, si revisamos el artículo 92 del Código Civil podremos apreciar que se reconoce el derecho de los asociados a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, lo cual nos parece totalmente correcto y acertado. 13 LUNA VICTORIA, Cesar. El Régimen Patrimonial de las Asociaciones Civiles. En revista Thémis, N 5, p. 50.6 A continuación, el mencionado dispositivo legal establece que las acciones impugnatorias contra los acuerdos mencionados, deben ejercitarse en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la fecha del acuerdo o, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que su inscripción tuvo lugar (si el acuerdo fuera inscribible) ante el Juez Civil del domicilio de la Asociación, prescribiendo además que el trámite será el del proceso abreviado. Es pertinente anotar, que el ejercicio del aludido derecho, se encuentra supeditado al cumplimiento previo de ciertos requisitos, según se den los siguientes supuestos de hecho: a) si se trata de asociado no concurrente a la Asamblea General, b) si el asociado fue privado ilegítimamente de emitir su voto (asistió a la Asamblea pero se le impidió votar), y c) si el asociado concurrió a la Asamblea y se opone al acuerdo. Sobre los dos primeros supuestos huelgan los comentarios, más no así en el tercero, donde el mencionado dispositivo exige para poder demandar un requisito adicional: deberá dejar constancia en el acta su oposición al acuerdo. Personalmente, consideramos que uno de los temas que generan mayor controversia giran en torno a este tema, en primer lugar, porque debe tenerse en cuenta que en la práctica, el derecho del asociado (que asistió a la Asamblea General y desea impugnar judicialmente un acuerdo), se vulnera con facilidad, pues basta para ello omitir en el acta de la sesión su oposición expresa al acuerdo y, el sentido de su voto, así lo haya solicitado expresamente; más aún cuando es común, que las actas sean redactadas días después de producida la Asamblea y, las observaciones a sus defectos u omisiones, se formulen en la asamblea siguiente; lo que puede originar que ésta se lleve a cabo luego de transcurrido el plazo establecido en la norma. Abunda el hecho que existen pronunciamientos emitidos por la Sala Civil de la Corte Suprema 14, en el sentido que el derecho de impugnación de los asociados, sólo puede ejercitarse dentro de los plazos previstos y, en la vía del proceso abreviado. El mencionado criterio lo compartimos parcialmente, pues consideramos que no sería aplicable tratándose de un acuerdo que vulnera una norma imperativa (como es el caso del carácter no lucrativo de la asociación), por lo que nada impediría que, vencido el plazo aludido, pueda impugnarse a través de la vía del proceso de conocimiento; 14 Cas. N y Cas7 pretensión que podría ser incoada no sólo por asociado (con o sin los requisitos que exige el artículo 92 del Código Civil), sino también por el Ministerio Público o por cualquier persona con legítimo interés para ello, tal como ocurre en el ámbito de la Ley General de Sociedades 15, en el que el interés privado es aún más fuerte que en el de las asociaciones. El fundamento de éste punto de vista estriba en la primacía de las normas de carácter imperativo, pues ningún ordenamiento jurídico puede admitir que la voluntad de la Asamblea General infrinja los mandatos de la ley así lo quieran sus asociados, más aún, cuando los mecanismos previstos para que un asociado pueda defenderlas resultan insuficientes. 5.2 Control del Ministerio Público: El Código Civil no ha sido claro respecto del rol que debe desempeñar el Ministerio Público en la fiscalización de las asociaciones, lo cual ha creado cierta sensación en ellas, en el sentido de que no están obligadas a dar ningún tipo de explicaciones a entidad distinta, salvo a la SUNAT en temas estrictamente tributarios. Ello obedece de alguna manera, a aquél punto de vista que sostiene -haciendo una interpretación restrictiva del artículo 96 del CC-, que la intervención del Ministerio Público sólo podría darse en aquellos casos en que se hubiera incurrido en causal de disolución, la cual deberá solicitarla ante el Poder Judicial. Consideramos que el punto de vista descrito no es el correcto, pues este tipo de entidades requiere de un control externo, a fin de no vulnerar sus fines y custodiar que sus actividades sean lícitas, observando el orden público y las buenas costumbres. Sobre el particular Fernández Sessarego, al comentar el artículo 96 tantas veces mencionado señala que: la norma se fundamenta en la necesidad de contar con un sistema que permita supervigilar y, en su caso, requerir y obtener la disolución de aquellas asociaciones que desnaturalizan su finalidad no lucrativa con propósitos ilícitos, son contrarias al interés público o a lo que resulta ser la concepción moral imperante dentro de una comunidad 16 (el subrayado es nuestro). Dentro de este contexto, somos de la opinión que nada impide que el Ministerio Público pueda intervenir para controlar si una persona jurídica esta cumpliendo con su fines, si sus actividades se están 15 Ver artículo 139, 142 y 150 de la Ley General de Sociedades 16 Op. cit. P. 1978 desarrollando dentro del marco que establece la ley, respetando el orden público y la buenas costumbres o, cuando tenga noticia de que no se están cumpliendo. Sobre el particular, debemos mencionar que la intervención del Ministerio Público en los supuestos previstos por la norma han sido casi nulo, lo cual podría significar una de 2 cosas: a) que las asociaciones son respetuosas de las normas y no las transgreden, o b) que no llegan a conocimiento del Ministerio Público las posibles infracciones que puedan darse en este tema. El artículo 159 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece con toda claridad que la función principal del Ministerio Público es la defensa de la legalidad. Si esto es así, y luego de una interpretación sistemática por comparación de norma y teleológica, podemos afirmar que no existe impedimento alguno para que el mencionado órgano autónomo pueda fiscalizar a las personas jurídicas no lucrativas, además de tomar las medidas pertinentes cuando conozca sobre acuerdos que vulneren el carácter no lucrativo de las asociaciones, aún cuando ello no implique solicitar la disolución judicial de la asociación, tales como solicitar la nulidad de un acuerdo determinado, se determine la responsabilidad de los Directivos por mala gestión, etc. En este punto de nuestro análisis, debemos mencionar que sería importante que las normas del Código Civil establezcan expresamente facultades de control para el Ministerio Público, a través de inspecciones periódicas, estableciendo la obligación de las asociaciones la presentación de los balances anuales, etc; o en su defecto, establecer como sucede en el caso de las Fundaciones, un órgano administrativo con facultades de control y sanción, empero sin facultades de disolución, ya que el artículo 2 inciso 13 de la Constitución lo prohibe Terceros con interés: Los terceros, a menudo, juegan un papel sumamente importante en este tipo de personas jurídicas, tal es el caso de quienes contribuyen con sus donaciones (para que sean destinados directamente a los fines de la asociación o para que mediante ellas puedan 17 Debemos mencionar que a nivel del Congreso se han formulado diversos Proyectos de Ley para la fiscalización de las ONG (que en su mayoría son asociaciones), como son el 6560, 5894, 5890, 3293 y9 obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines) y/o los beneficiarios de la actividad de las asociación o del destino de su patrimonio (en caso de disolución). A pesar de la importancia del tema, el libro de personas no lo ha tratado. Lo cual genera serias controversias al momento de determinar quienes deben ser considerados terceros con legítimo interés, de los mecanismos que tienen a su alcance para que puedan intervenir en determinados casos o para la defensa del fin no lucrativo de la asociación, etc. Tal hecho suele generar algunas preguntas: qué sucede cuando conocen que la asociación esta repartiendo utilidades entre los asociados? qué pasa cuando las donaciones no se han aplicado al fin previsto por el donante? o qué hacer cuando los beneficiarios del trabajo de la asociación conocen que los fondos no se vienen aplicando correctamente?. Como se puede advertir, el tema es de suyo complicado. El artículo VI del TP del Código Civil establece que Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. En este caso habría sido conveniente establecer quienes deben ser considerados como terceros con legítimo interés, por ejemplo en el caso de los beneficiarios el tema es sumamente discutible. En todo caso, en el marco de la legislación que tenemos le corresponderá al Juez determinar, en cada caso concreto, cuando nos encontramos frente a un tercero con legitimo interés, quienes no tendrán impedimento alguno para interponer las acciones pertinentes para evitar se vulneren el carácter no lucrativo de los asociaciones a través de un proceso judicial, en la vía procedimental de conocimiento. No obstante lo anterior, tratándose de terceros con legítimo interés o no, tampoco existe ningún impedimento para que puedan denunciar tales hechos al Ministerio Público, para que pueda proceder conforme a sus atribuciones. VI. LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS EN EL CASO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO. El tema de las exoneraciones tributarias constituyen un elemento importante cuando hablamos de personas jurídicas sin fines de lucro, debiendo precisar que no todas las asociaciones por ser tales gozan de este beneficio, sino que procede en los casos 391, además del que propone la creación de una Superintendencia de Administración de Cooperación Internacional.10 previstos por la norma correspondiente y previa solicitud de parte, razón por la cual esta es una de las materias que deberíamos tener en cuenta al momento de la redacción de los estatutos, por las implicancias que tiene. El artículo 19 del Texto Unico de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N EF sustituido por el artículo 2 de la Ley 27386, establece quienes son los sujetos que pueden gozar de la exoneración del pago por este concepto, y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ello. En el caso de las asociaciones, el inciso b) del mencionado dispositivo, alcanza a las rentas destinadas a sus fines específicos en el país de las Asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de vivienda; siempre que no se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados y, cuando en los estatutos esté previsto que su patrimonio será destinado en caso de disolución, a cualquiera de los fines antes mencionados. Asimismo en el segundo párrafo del texto legal mencionado se establece que, no estarán sujetas a dicha exoneración, las rentas provenientes de operaciones mercantiles distintas a sus fines estatutarios, que realicen las fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro. Como lo hemos señalado, en el ámbito de las asociaciones se pueden diferenciar los fines de la persona jurídica y, las actividades económicas que éstas realizan con el objeto de obtener recursos. Dentro de este contexto, resulta pertinente hacer 2 afirmaciones: a) que no toda persona jurídica no lucrativa se encuentra exonerada, sino sólo aquellas que tienen como fines la que se consignan en la norma aludida, y b) se entiende que la exoneración alcanza a las donaciones de bienes, tanto nacionales o extranjeras, que se apliquen directamente a los fines de la asociación; más no estarían exoneradas las ganancias que se obtengan de la realización de actividades económicas para obtener fondos o, las donaciones que se reciban y que no puedan destinarse directamente a sus fines. Consideramos que la redacción de la norma no es feliz, una primera crítica que se puede hacer, es que no guarda coherencia con la regulación realizada en el Código Civil; así,11 podemos señalar lo siguiente: a) para la concesión de este beneficio se pone énfasis en la actividad común que desarrolla la asociación, sin tener en cuenta la importancia de actividad que realiza para la colectividad, la eficiencia de la misma, etc; b) nos parece una redundancia cuando la norma expresa la exigencia que siempre que (las rentas) no se distribuya, directamente o indirectamente entre los asociados, pues como lo hemos señalado precedentemente, la característica central de las asociaciones son su finalidad no lucrativo, lo que implica necesariamente tal prohibición; c) no se justifica la obligación de... que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines mencionados ; pues de destinarse el patrimonio a un fin distinto al mencionado en la norma acotada, nada impide que se le pueda quitar ese beneficio y, porque aún en el supuesto que los estatutos no lo establezcan, resulta de aplicación el artículo 98 del CC, el cual le dá facultades a la Sala Civil de la Corte Superior proceda teniendo en cuenta el interés social. Dentro de este tema, un punto importante que no debe soslayarse, es que más allá del hecho de que una asociación se encuentre o no exonerada del impuesto a la renta, si ésta vulnera la prohibición de repartir los beneficios económicos obtenidos entre los asociados, este hecho además de las implicancias civiles que tendría -y que ya hemos señalado-, tendría implicancias en el ámbito tributario, tanto para los asociados que los recibieron como para la Persona Jurídica que lo repartió; y, dependiendo del caso concreto, podría inclusive tener implicancias en el ámbito penal. Conclusiones: La importancia del rol que vienen desempeñando las Asociaciones en nuestra sociedad es incuestionable; resultando ser el tema más controvertido sobre las mismas su carácter no lucrativo, el cual puede ser vulnerado fácilmente, especialmente en un contexto en que ese tipo de personas jurídicas realizan actividades económicas que generan importantes beneficios y, sobre el cual los mecanismos previstos para evitar la vulneración del carácter no lucrativo de la asociación son insuficientemente claros. La complejidad del tema hace necesario la adopción de variadas medidas, sugiriéndose las siguientes: a) difundir en la población los alcances y limites de este tipo de personas jurídicas no lucrativas; b) propiciar que el Ministerio Público realice una función12 contralora en este tipo de personas jurídicas, otorgándosele facultad para intervenir las mismas en casos en que se adviertan irregularidades en su administración y no solamente en el caso a que se refiere el artículo 96 del CC; c) reformular el texto legal vigente, en especial, el aspecto referido al diseño de mecanismos eficientes de controles externos e internos, definiendo con claridad los alcances del derecho de impugnación de los asociados y terceros, y mejorar el aspecto procesal que el tema involucra; y, como consecuencia de ello, d) esperar que la Jurisprudencia determine los casos en que se vulnera el fin lucrativo así como, precise quienes deben ser considerados para tales efectos terceros con interés para iniciar la acción correspondiente. 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