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Timestamp: 2019-01-20 07:19:24
Document Index: 1226991

Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 98', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 47', 'Artículo 8', 'artículo 143', 'Artículo 83', 'artículo 2', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'artículo 49', 'artículo 5', 'Artículo 19', 'Artículo 8', 'Artículo 56', 'Artículo 58', 'Artículo 6', 'in Fine', 'in fine']

INFORME DESDE LA SOCIEDAD CIVIL. Cuarta Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la. Implementación de la Convención Interamericana Contra la. - PDF
INFORME DESDE LA SOCIEDAD CIVIL. Cuarta Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la. Implementación de la Convención Interamericana Contra la.
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José María Flores Ponce
1 INFORME DESDE LA SOCIEDAD CIVIL Cuarta Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción Chile Transparente Capítulo Chileno de Transparencia Internacional Organización de la sociedad civil registrada ante la OEA 12 de diciembre de 2012
2 2 INTRODUCCIÓN El presente informe de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, organización de la sociedad civil acreditada ante la OEA, examina tanto el progreso como los problemas de Chile en la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, específicamente con respecto a la disposición de la Convención seleccionada para la Cuarta Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención (MESICIC), y sobre la implementación de las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité de Expertos en la Primera Ronda de dicho mecanismo. En cuanto a los órganos de control superior, se hace aquí una revisión de algunos aspectos centrales de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, entidades que se han estimado para efectos de este informe como las más relevantes en materia de combate contra la corrupción. También se ha seleccionado para el análisis el Consejo para la Transparencia, teniendo en vista que su función de resguardar la visibilidad y accesibilidad de la información de la Administración del Estado es fundamental para la prevención de la corrupción. En relación con el fortalecimiento de las disposiciones relativas a normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses, la sociedad civil advierte avances positivos, en especial con el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública, originado en iniciativa del Ejecutivo e ingresado a tramitación en el Congreso el 3 de mayo de 2011 (boletín ). Dicho proyecto contempla una nueva institucionalidad para las declaraciones de intereses y de patrimonio de las autoridades, estableciendo la posibilidad efectiva de verificar su veracidad y exactitud, a cargo de la Contraloría General de la República; sanciones para el incumplimiento de las obligaciones asociadas a tales declaraciones; y medios para su efectiva publicidad a través de Internet. Se recomienda además reactivar la discusión parlamentaria en torno a ampliar las normas sobre inhabilidades para situaciones que podrían configurar conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas. La sociedad civil también advierte un avance sustantivo en torno a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Expertos en la Primera Ronda sobre mecanismos de participación, con la reciente entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; e insta a que prontamente se implementen sus disposiciones en su totalidad.
3 3 SECCIÓN I PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS A), B) y C), SOBRE ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR Para efectos del presente informe, se han seleccionado los siguientes órganos de control superior: 1. Contraloría General de la República 2. Ministerio Público 3. Consejo para la Transparencia Con respecto a cada uno de estos órganos se entregará información sobre sus funciones y elementos más relevantes, a modo de contexto y abarcando algunos de los aspectos consultados en la pregunta C) del cuestionario I. Contraloría General de la República Objetivos y funciones: 1 La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, establecido por la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado. Se regula principalmente por la Ley Nº Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República (en adelante, Ley Orgánica CGR). 2 La labor de la CGR es eminentemente fiscalizadora; de carácter jurídico, contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. Sus funciones pueden sintetizarse de la siguiente forma: Función jurídica: ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración, mediante la emisión de pronunciamientos jurídicos obligatorios para la administración del Estado Función de auditoría: velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y respeto del principio de probidad administrativa. Función contable: generar información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los recursos y las obligaciones del Estado. 1 Información extraída del sitio web de la Contraloría General de la República: El texto completo de la Ley se encuentra disponible en el siguiente link:
4 4 Función jurisdiccional: juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, de velar por la legalidad de sus ingresos, gastos y también por la integridad del patrimonio estatal. Ámbito de funciones: Conforme al Artículo 16 de la Ley Orgánica CGR, quedan sometidos a la fiscalización de este órgano los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos creados por ley. También quedan sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional. La Contraloría no fiscaliza al Poder Legislativo, al Poder Judicial, ni a otros órganos constitucionales autónomos, tales como el Banco Central o el Ministerio Público. Autoridades y funcionarios: Conforme al inciso segundo del Artículo 98 de la Constitución Política de la República, el Contralor General es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no puede ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo. De acuerdo al Artículo 3 de la Ley Orgánica CGR, los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva confianza del Contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de toda otra autoridad. Conforme al Artículo 4 de la misma Ley, el Contralor General y el Subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. La remoción del Contralor General y del Subcontralor corresponderá al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema. Inhabilidades e incompatibilidades: Según establece el Artículo 47 de la Ley Orgánica CGR, las remuneraciones de que goce el personal de la Contraloría General de la República serán incompatibles con cualesquiera otras que correspondan a servicios prestados al Estado, con excepción de las rentas de la educación pública hasta un máximo de dos cátedras universitarias. Sin perjuicio de tales incompatibilidades, los empleados de la Contraloría con título profesional no podrán ejercer libremente su profesión cuando desempeñen un cargo para servir el cual se requiera dicho título. Recursos o reclamos: Las resoluciones definitivas que dentro de su competencia dicte el Contralor no son susceptibles de recurso alguno ante otra autoridad (Artículo 8 Ley Orgánica CGR). Presupuesto: Es determinado por el presupuesto aprobado anualmente en la Ley de Presupuestos de Sector Público, más las modificaciones que se efectúen durante el año, ya sea mediante leyes especiales aprobadas con posterioridad, la Ley de Reajuste de las Remuneraciones del Sector Público, los incrementos para financiar los proyectos de inversión; como también algunas reducciones.
5 5 Rendición de cuentas: De conformidad a lo ordenado por el artículo 143 de la Ley Orgánica CGR, el Contralor General elaborará anualmente la Cuenta Pública sobre la gestión correspondiente al año anterior. II. Ministerio Público Objetivos y funciones: Conforme al Artículo 83 de la Constitución Política de la República, el Ministerio Público es un organismo autónomo que tiene como función la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. No cuenta con funciones jurisdiccionales. El Ministerio Público se rige principalmente por la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. 3 Autonomía: El Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo, no forma parte de alguno de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo o Judicial- y cuenta con independencia respecto de ellos y de otros organismos constitucionales autónomos, como la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. La investigación y persecución de los delitos son funciones exclusivas del Ministerio Público. En esta tarea trabaja con la colaboración de otras instituciones: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil e Identificación e Instituto de Salud Pública. 4 El Ministerio Público realiza sus actuaciones procesales por medio de los fiscales. Éstos son quienes dirigen la investigación y ejercen la acción penal de manera independiente y autónoma, pero responsablemente de acuerdo a la ley. En esta se establece que deben adecuarse a criterios objetivos, velando sólo por la correcta aplicación de la ley (Ley , artículo 2 y 3 ). Autoridades y funcionarios: El Fiscal Nacional, máxima autoridad del Ministerio Público, es designado mediante el siguiente proceso: la Corte Suprema, mediante concurso público, forma una lista de cinco candidatos. La quina de candidatos es presentada al Presidente de la República, quien propone a un candidato como Fiscal nacional al Senado. La Cámara Alta puede dar su acuerdo con al menos los dos tercios de sus miembros en ejercicio, o desechar la proposición. Los fiscales regionales son nombrados por el Fiscal Nacional, según una terna propuesta por la Corte de Apelaciones de cada región. (Ley art. 29). El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales duran 10 años en el cargo y no pueden ser designados para el siguiente período (Ley art. 16 y 30 ). El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales sólo pueden ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Para acordar la remoción, deberán votar a favor de ésta al menos cuatro séptimos de los miembros de la Corte en ejercicio. En el caso de los Fiscales Regionales también puede solicitar la remoción el Fiscal Nacional (Ley , art. 53). Los funcionarios del Ministerio Público son seleccionados previo concurso público de antecedentes (Ley Art. 70). En el sitio web del Ministerio se publican los concursos y sus resultados. 5 3 El texto completo de la Ley se encuentra disponible en el siguiente link: 4 Fuente: Sitio web de Ministerio Público [7 de Diciembre 2012] 5 Ver:
6 6 Incompatibilidades o inhabilidades: El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales no podrán ser cónyuge del Presidente de la República, ni estar vinculados con él por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción. Tampoco podrán desempeñarse como fiscales en la Fiscalía Nacional, o dentro de una misma Fiscalía Regional, o en cualquier cargo dentro de una misma fiscalía, los cónyuges y las personas que tengan entre sí dichos vínculos. Las funciones de los fiscales del Ministerio Público son de dedicación exclusiva, e incompatibles con toda otra función o empleo remunerado con fondos públicos o privados. Excepcionalmente, podrán desempeñar cargos docentes de hasta un máximo de seis horas semanales (Ley art. 60 al 62). Responsabilidad: Los fiscales del Ministerio Público tienen responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones (Ley , art. 45). En caso de existir reclamos contra un fiscal deben ser presentadas por escrito al Fiscal Regional, quien debe resolverlas, también por escrito en 5 días hábiles (Ley art. 33). La responsabilidad disciplinaria de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad superior respectiva. Las infracciones serán sancionadas disciplinariamente con: amonestación privada, censura por escrito, multa equivalente hasta media remuneración mensual por el lapso de un mes, suspensión de funciones hasta por dos meses, con goce de media remuneración o remoción (Ley art. 48). Presupuesto: El Ministerio Público se sujeta a las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado. La Ley de Presupuestos del Sector Público contempla anualmente los recursos necesarios para el funcionamiento del Ministerio Público, para lo cual el Fiscal Nacional comunica al Ministerio de Hacienda las necesidades presupuestarias (Ley art 90). Rendición de cuentas: El Fiscal Nacional debe rendir cuentas en audiencia pública de las actividades del MP anualmente en el mes de abril. (Ley art. 21). Asimismo, el Fiscal Regional debe rendir cuentas en audiencia pública de las actividades desarrolladas por el Ministerio Público en la región, en enero de cada año (Ley art. 36). III. Consejo para la Transparencia Objetivos y funciones: El Consejo para la Transparencia (CPLT) tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información. Es creado por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (en adelante, Ley de Transparencia), contenida en la Ley sobre Acceso a la Información Pública. 6 Las funciones del CPLT son las siguientes: a. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informacion Pública y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. b. Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a la Ley de Transparencia. c. Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos. 6 El texto completo de la Ley se encuentra disponible en el siguiente link:
7 7 d. Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean. e. Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información. f. Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información g. Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su competencia. h. Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley. i. Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado. j. Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº , de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado. Autonomía: El CPLT cuenta con autonomía funcional, en tanto es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio (Art. 31 Ley de Transparencia). Ámbito de funciones: El CPLT tiene competencia sobre los órganos estatales que deben cumplir las disposiciones de la Ley de Transparencia, estos son: los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos. Por el contrario, no tiene competencia sobre el Congreso Nacional ni sobre el Poder Judicial, ni sobre organismos constitucionales autónomos como la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral. Autoridades y funcionarios: Conforme al Artículo 36 de la Ley de Transparencia, la dirección y administración superiores del Consejo corresponderán a un Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El Presidente hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. Los consejeros duran seis años en sus cargos, pudiendo ser designados sólo para un nuevo período. Se renovarán por parcialidades de tres años. Conforme al Artículo 38 de la Ley de Transparencia, los consejeros podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Las personas que presten servicios en el Consejo se rigen por el Código del Trabajo y las normas de probidad y las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Para contratar al personal, se realiza un llamado a concurso vía bolsas de trabajo y sitio web del Consejo. Las personas seleccionas para los cargos son publicadas en el sitio web del Consejo. 7 Las personas que desempeñan funciones directivas en el Consejo son seleccionadas mediante concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas que regulan los procesos de selección de la Alta Dirección Pública. 7
8 8 Inhabilidades e incompatibilidades: Los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores; alcaldes y concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretariorelator; miembros de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembros de los demás tribunales creados por ley; funcionarios de la Administración del Estado, y miembros de los órganos de dirección de los Partidos Políticos (Art. 37 Ley de Transparencia). Recursos o reclamos: Los particulares siempre pueden reclamar la decisión del Consejo para la Transparencia ante la Corte de Apelaciones respectiva. También pueden hacerlo los órganos o servicios públicos, salvo cuando hayan invocado como causal de reserva para oponerse a la entrega de la información el que la entrega de ésta afectaría el debido cumplimiento de sus funciones institucionales (Art. 21 Nº1 Ley de Transparencia). En tal caso no procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte. Relación con la ciudadanía: Los mecanismos que utiliza el Consejo para promover el derecho y uso de la Ley de Transparencia, es a través de capacitaciones ciudadanas. Además ha elaborado afiches, trípticos y manuales con información pertinente de cómo hacer uso de la Ley y como presentar un reclamo ante el Consejo. También posee un portal educativo llamado EducaTransparencia ( el cual contiene cursos en línea, manuales interactivos, tutoriales, etc., acerca del Derecho de Acceso a la Información, la Ley de Transparencia y el Consejo para la Transparencia. Presupuesto: Se determina anualmente por la Ley de Presupuestos de la Nación. Rendición de cuentas: El CPLT rinde cuenta anualmente a través de la Memoria Anual. 8 RESPUESTA A LA PREGUNTA D) DEL CUESTIONARIO, REFERIDA A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES I. Contraloría General de la República La Contraloría General desarrolla labores de carácter inspectivo que se originan por propia iniciativa o con ocasión de la presentación de denuncias, reclamos o peticiones expresas formuladas por diversos requirentes, en relación con hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de infracciones normativas. Al respecto, la Contraloría General desarrolla la indagación pertinente y, según el caso lo amerite, emite oficios o informes de investigación especial, dando cuenta del resultado de la misma. Tales acciones indagatorias pueden estar referidas a situaciones que infringen los principios de legalidad, probidad y protección del patrimonio público, y, en especial, la Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y los diversos Estatutos Administrativos. El resultado de estas investigaciones especiales podrá servir de antecedente preliminar fundamental para los demás procesos destinados a hacer efectivas responsabilidades penales, civiles y administrativas. Conforme a la cuenta pública de la Contraloría General de la República, durante 2011 ingresaron 421 de estas investigaciones especiales y 433 fueron finalizadas, quedando 216 investigaciones pendientes al
9 9 de diciembre de La Contraloría General, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley N , sustancia dos clases de procedimientos disciplinarios: los sumarios administrativos y las investigaciones sumarias por infracción al decreto ley N 799 de 1974, sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales. Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de ley N , sobre acceso a la información pública, y lo estipulado en el convenio de colaboración suscrito con el Consejo para la Transparencia, de fecha 3 de junio de 2009, dicho ente podrá solicitar a la Contraloría General incoar sumarios administrativos ante una eventual infracción en materias de transparencia activa o pasiva, contempladas en los artículos 45 y siguientes de dicha ley. Los sumarios administrativos son el medio formal de establecer hechos sujetos a una investigación y, si éstos fueren constitutivos de infracción administrativa, de determinar la participación y la responsabilidad consiguiente de los funcionarios involucrados, respetando el principio del debido proceso. Durante 2011, fueron iniciados 199 sumarios administrativos y finalizaron 181, quedando 157 pendientes al 31 de diciembre de Los resultados de los sumarios administrativos en 2011 fueron los siguientes: terminó en absolución un 10%; sobreseimiento, 9,8%; multa, 33%; censura, 33,5%; suspensión, 10,5%; destitución, 2,6%. En los sumarios administrativos es posible la existencia de una o más sanciones propuestas y/o aplicadas, dependiendo del número de involucrados. 10 Cabe señalar que la Contraloría recientemente ha implementado el Portal Contraloría y Ciudadano, cuyo objetivo es que los ciudadanos se conviertan en un colaborador de la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, enviando sugerencias de fiscalización y denuncias a través de los formularios online especialmente diseñados para estos propósitos. II. Ministerio Público En cuanto a delitos asociados a corrupción en el ámbito público, de acuerdo a la información estadística publicada a la fecha por el Ministerio Público, 11 han ingresado 999 causas por delitos funcionarios durante el período entre enero y septiembre del año 2012; ingresaron causas en 2011; causas en 2010; causas en 2009 y causas en Asimismo, han terminado causas entre enero y septiembre de 2012; en 2011; en 2010; en 2009 y en Durante 2012 se han aplicado términos por delitos funcionarios, de los cuales 868 tuvieron salida judicial. De éstos, se dictó sentencia definitiva en 257, siendo ésta condenatoria en la mayoría de los casos (243 sentencias condenatorias y 14 absolutorias). 73 causas terminaron por 9 Cuenta Pública 2011 de la Contraloría General de la República, páginas 21 y 22. La Cuenta Pública puede ser descargada del siguiente link: /CuentaPublica2011_2.pdf 10 Cuenta Pública 2011 de la Contraloría General de la República, páginas 24 y Información disponible en
10 10 sobreseimiento definitivo y 14 llegaron a sobreseimiento temporal. Un número significativo de los términos con salida judicial fueron por suspensión condicional del procedimiento (415); en 10 se llegó a acuerdo reparatorio y en 54 la Fiscalía ejerció la facultad para no investigar. Para este período hubo otros 661 término con salida no judicial, la mayoría de los cuales fueron por archivo provisional (414), repartiéndose los demás entre decisión de no perseverar (133), principio de oportunidad (16) y según competencia (98). En el año 2011 se aplicaron términos por delitos funcionarios, 868 con salida judicial; de éstos, 218 fueron por sentencia condenatoria, 19 por sentencia absolutoria, 92 por sobreseimiento definitivo, 18 por sobreseimiento temporal, 450 por suspensión condicional del procedimiento, 10 por acuerdo reparatorio y 61 por facultad para no investigar. Hubo 950 términos por salida no judicial; de éstos, 606 fueron por archivo provisional; 196 por decisión de no perseverar; 34 por principio de oportunidad y 114 según competencia. Para el año 2010 las cifras fueron: términos de delitos funcionarios; 689 con salida judicial; de éstos, 217 por sentencia condenatoria, 30 por sentencia absolutoria, 75 por sobreseimiento definitivo, 17 por sobreseimiento temporal, 259 por suspensión condicional del procedimiento, 5 por acuerdo reparatorio y 86 por facultad para no investigar. Hubo 902 términos por salida no judicial, de éstos, 580 por archivo provisional, 205 por decisión de no perseverar, 13 por principio de oportunidad y 104 por competencia. Para el año 2009 las cifras fueron: términos aplicados por delitos funcionarios, 755 con salida judicial; de éstos, 236 por sentencia condenatoria; 38 por sentencia absolutoria; 138 por sobreseimiento definitivo; 31 por sobreseimiento temporal; 242 por suspensión condicional del procedimiento; 3 por acuerdo reparatorio y 67 por facultad para no investigar. Hubo términos por salida no judicial, de éstos, 524 por archivo provisional, 284 por decisión de no perseverar, 6 por principio de oportunidad y 187 por competencia. III. Consejo para la Transparencia Actividades de prevención y/o promoción: El Consejo para la Transparencia, como entidad encargada de velar por el acceso a la información de la Administración del Estado, tiene una función preventiva de la corrupción; desarrolla una diversidad de actividades de prevención y/o de promoción de la transparencia, como capacitaciones a ciudadanos y a funcionarios públicos, campañas publicitarias, impartir cursos a través del portal web EducaTransparencia, y diversos seminarios y charlas. El Consejo para la Transparencia tiene a disposición de la ciudadanía los manuales Cómo interponer un reclamo ante el Consejo para la Transparencia? y Cómo realizar una solicitud de información?. 12 Asimismo, ha generado Instrucciones Generales destinadas a los funcionarios de la Administración del Estado. 13 Actividades de fiscalización
11 11 Desde que el Consejo desempeña su labor, ha efectuado actividades de fiscalización acerca del cumplimiento de la Ley de Transparencia, a órganos de la administración central del Estado en transparencia activa, a hospitales públicos, a universidades estatales y a gobiernos locales. 14 Estudios El Consejo para la Transparencia realiza una serie de estudios sobre la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información: el Estudio Nacional de Transparencia 15 ; el Estudio de Satisfacción de Clientes 16 ; el Estudio sobre acceso a la información en el sector Salud; sobre Protección de Datos Personales; Bases para un Modelo de Fiscalización en Transparencia Activa 17 ; Evaluación de Desempeño a Organismos Públicos en el Procedimiento de Solicitudes de Acceso a la Información; Consulta Pública sobre el procedimiento administrativo en derecho de acceso a la información; y Estudio sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 18 Estadísticas Durante todo el tiempo de funcionamiento del Consejo para la Transparencia, han ingresado casos por denegación de acceso a la información, de los cuales se han despachado (equivalente al 92,5 % del total). De éstos reclamos han sido admitidos y han sido rechazados, sea por desistimiento o por decisión de inadmisibilidad. Hasta la fecha el Consejo para la Transparencia informa que se han cursado 80 sumarios administrativos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información y se han aplicado sanciones en 9 casos. RESPUESTA A LA PREGUNTA E) DEL CUESTIONARIO, REFERIDA A LAS DIFICULTADES PARA EL LOGRO DE LOS PROPÓSITOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR I. Contraloría General de la República No se comentará sobre dificultades para el logro de los propósitos de la Contraloría General de la República. II. Ministerio Público Sin ánimo de emitir pronunciamiento o comentario alguno sobre el desempeño del Ministerio Público, llama la atención la alta proporción de causas judiciales de delitos funcionarios que no culminan en sentencias, sino que en otras salidas como suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios y facultad de no investigar. A modo de ejemplo, en el período entre enero y septiembre de 2012, de los 868 términos judiciales, 415 fueron por suspensión condicional del procedimiento, en 10 se llegó a acuerdo reparatorio y en 54 la Fiscalía ejerció la facultad para no
12 12 investigar. III. Consejo para la Transparencia Una posible dificultad en torno a los objetivos del Consejo para la Transparencia la constituye la reciente jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, la cual potencialmente podría tener el efecto de reducir considerablemente el espectro de información de la Administración del Estado a la que los ciudadanos podrían acceder. El Tribunal Constitucional, en sentencia rol , de 11 de septiembre de 2012, 19 declaró inaplicable la norma del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia (Nº ), que señala que es pública ( ) toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. La inaplicabilidad concierne a un reclamo de ilegalidad deducido por la Subsecretaría del Interior en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol ), mediante el cual se impugna la decisión del Consejo para la Transparencia (rol C406-11) que ordenó entregar el contenido de correos electrónicos institucionales entre el Subsecretario y la Gobernación Provincial de Melipilla. El fundamento de la decisión del Tribunal Constitucional es que la norma citada vulneraría la garantía constitucional de la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, consagrada en el Artículo 19 Nº 5 de la Constitución. En la decisión se sostiene que los correos electrónicos son comunicaciones privadas (salvo aquellos que cumplan con ciertos requisitos y formalidades que los transforman en actos públicos), independiente de si el mensaje es público o privado, o de si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. La sentencia también se sustenta en que el texto del Artículo 8º de la Constitución Política establece la publicidad de actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos y no habla, por el contrario, de información, por lo tanto, sólo sería pública la información comprendida en aquellos cuatro términos y no toda la información en poder de la Administración. También se afirma, con respecto a los actos administrativos y sus fundamentos, que la publicidad se extiende solamente a aquellos que constan en un expediente administrativo. El alcance de las decisiones del Tribunal Constitucional en relación con la inviolabilidad de los correos electrónicos, es que la autoridad administrativa tendría un amplio margen para dejar fuera del conocimiento público información vinculada a sus funciones, bastando para ello que la información esté contenida en un correo electrónico. Se corre el peligro entonces de que autoridades y funcionarios puedan, en la práctica, determinar discrecionalmente el secreto o reserva de información, ya que desconoce la posibilidad de que exista información en poder de la Administración que sea de interés público y que no sea acto, resolución, fundamento o procedimiento, o que no esté contenida en un expediente administrativo. 19 La sentencia puede ser descargada en el siguiente link:
13 13 SECCIÓN II SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento RECOMENDACIÓN: Fortalecer las disposiciones relativas a las normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses durante y con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, y los sistemas de verificación de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses. Medida a): Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar un cargo público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades que también podrían configurar conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, que fueren aplicables durante un período razonable. Al sugerir esta medida el Comité tuvo en consideración el Artículo 56 (antes Artículo 58) de la Ley Nº de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece la incompatibilidad de las actividades de ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo; esta incompatibilidad se mantiene por seis meses después de haber expirado en funciones. La norma no ha sufrido alteraciones desde la evaluación que hiciera el Comité en la Primera Ronda, y por lo tanto se circunscribe exclusivamente al ámbito laboral, y a la relación entre fiscalizador y entidad fiscalizada. En el Informe Final de la Tercera Ronda de análisis, a propósito de la evaluación de los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe de Primera Ronda, el Comité destacó como pasos que contribuían a la implementación de la medida analizada, el Proyecto de Ley que Establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo (boletín Nº ) y el Proyecto de Ley que Regula el Lobby (boletín ); el primero de ellos permanece sin movimientos en la Cámara de Diputados desde El Proyecto de Ley que Regula el Lobby, permanece en tramitación en la Cámara de Diputados y ha sido objeto de diversas modificaciones; la última modificación sustancial fue introducida por el Ejecutivo en mayo de 2012, mediante la presentación de una indicación sustitutiva que reforma completamente el contenido del proyecto original. 20 El nuevo proyecto se limita, en lo esencial, a regular el registro de los encuentros de las autoridades con otras personas, y no regula ya la actividad 20 La indicación sustitutiva puede ser descargada del siguiente link:
14 14 de los lobbystas, por lo que ya no incluye la prohibición de realizar actividades de lobby durante dos años luego de dejar el cargo para autoridades, parlamentarios y determinados funcionarios públicos. A fin de implementar completamente la medida sugerida por el Comité, estimamos recomendable que se reanude en el Congreso el debate sobre las modificaciones introducidas por el Proyecto de Ley que Establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo, sea mediante la reactivación del mismo proyecto de ley o mediante una nueva iniciativa. Medida b): Fortalecer sistemas que permitan asegurar que las unidades de personal y de control interno de los servicios efectúen oportunamente y cuando corresponda la verificación o revisión de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses. En el Informe de la Tercera Ronda de análisis, el Comité tomó nota de los pasos dados por el Estado para avanzar en la implementación de esta medida y de la necesidad de que éste continuara dando atención a la misma, teniendo en cuenta que el proyecto de ley que fortalece las declaraciones de intereses y de patrimonio aún no había culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica y que esta medida, de acuerdo con lo anotado en el informe de la primera ronda, se fundamentó en información sobre resultados de la que podría deducirse que un alto porcentaje de las unidades de personal de los servicios no le han brindado la atención que se merece a la verificación o revisión de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses. El contenido del mencionado proyecto de ley que fortalece las declaraciones de intereses y de patrimonio fue incorporado y refundido en el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública, originado en iniciativa del Ejecutivo e ingresado a tramitación en el Congreso el 3 de mayo de 2011 (boletín ). 21 El proyecto fue aprobado en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Tal como constató el Comité en el Informe de la Tercera Ronda con respecto al proyecto de ley original, en el nuevo proyecto igualmente se otorga a la Contraloría General de la República la facultad expresa para fiscalizar la veracidad y completitud de las declaraciones de intereses y de patrimonio incluyendo la posibilidad de requerir información a otros órganos públicos tales como el Servicio de Impuestos Internos y las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras. Estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación. Medida c): 21 El texto del proyecto en la última versión a la fecha de este informe puede ser descargado en el siguiente link: El Mensaje original del proyecto puede ser descargado en el siguiente link:
15 15 Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las normas sobre conflictos de intereses. El Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública establece sanciones, hoy inexistentes, para las autoridades y funcionarios que no cumplan con la obligación de actualizar sus declaraciones de intereses y de patrimonio al momento de dejar sus cargos. Estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación. 2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) RECOMENDACIÓN: Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través de las normas legales pertinentes, y adoptar las medidas relativas a su publicidad cuando corresponda. Medida b): Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, cuando corresponda, para dar publicidad a las declaraciones patrimoniales (incluye ingresos, activos y pasivos) Si bien las declaraciones de patrimonio de las autoridades y funcionarios obligados a efectuarla son públicas, la ley chilena no establece actualmente mecanismos que permitan que acceder con facilidad a la información contenida en ellas. El Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública contempla una fórmula para que sean publicadas en Internet, de la siguiente manera: Artículo 6.- La declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones, se publicarán en el sitio electrónico que para tal fin señale la Contraloría General de la República, al cual se accederá desde su propio sitio, el que deberá permitir un acceso expedito y brindar las condiciones de seguridad e integridad de los datos ingresados. Estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación. Medida c): Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses. En el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública se otorga a la Contraloría General de la República la facultad expresa para fiscalizar la veracidad y completitud de las declaraciones de intereses y de patrimonio incluyendo la posibilidad de requerir información a otros órganos públicos tales como el Servicio de Impuestos Internos y las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras.
16 16 Estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación. 3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) (No respondida) 4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN) 4.1. Mecanismos para el acceso a la información Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar información sobre la misma. (Nota: las secciones 4.2, 4.3 y 4.4 se tratarán conjuntamente) 4.2. Mecanismos de consulta RECOMENDACIÓN: Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. Medida a): Celebrar procesos transparentes para permitir la consulta de sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Medida b): Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto Medida c): Proseguir los esfuerzos encaminados a la aprobación de una Ley Base sobre Participación Ciudadana en la Administración Pública Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública RECOMENDACIÓN:
17 17 Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que continuar avanzando en la derogación o modificación de normas que puedan desestimular dicha participación. Medida a): Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en la gestión pública, y especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública RECOMENDACIÓN: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. Medida a): Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública. Medida b): Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos. Con respecto a las medidas sugeridas por el Comité en los puntos 4.2, 4.3 y 4.4., podemos señalar que se han llevado a cabo las siguientes iniciativas en relación al fortalecimiento de la participación ciudadana: a. Promulgación de Ley N sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública Esta Ley 22 se originó de una iniciativa presentada por el Ejecutivo el año 2004, entrando en vigencia en su totalidad el 16 de Febrero del A modo general, el contenido de la Ley puede resumirse en los siguientes puntos: 1. Reconoce que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. 2. Señala que es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil. 3. Crea un Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. 4. Define qué se entiende por Organizaciones de Interés Público. 22 El texto completo de la Ley se encuentra disponible en el siguiente link:
18 18 5. Establece un Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y un Consejo Nacional de dicho Fondo. 6. Permite la participación ciudadana ante órganos de la Administración Central del Estado (ya no solamente a nivel local). 7. A nivel municipal, establece un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que reemplaza al Consejo Económico y Social Comunal. 8. Modifica las normas sobre plebiscitos comunales y de las instancias de la participación de la comunidad a nivel local. 9. Fija nuevos procedimientos para otorgar personalidad jurídica a asociaciones sin fines de lucro. De este modo, la normativa busca facilitar e incentivar la formación de asociaciones de interés público, a la vez que unifica en un marco legal común a los diversos tipos de asociaciones (corporaciones y fundaciones). Además, por primera vez crea un registro único de estas asociaciones, de modo de poder conocer cuántas existen, dónde y a qué se dedican. Ahora bien, en el tiempo de vigencia de la Ley, ésta ha encontrado dificultades en su implementación que aún no tienen una clara resolución. Algunas de éstas son: - El Registro Único que crea la Ley es responsabilidad del Registro Civil de Identificación, institución que ha debido migrar los datos desde el Ministerio de Justicia y Municipalidades, sin lograr aún una base consolidada y completa. - Las municipalidades ahora son quienes deben inscribir o modificar a las asociaciones frente al Registro Civil, pero no han sido capacitadas ni dotadas de recursos para cumplir dicho rol. - La fiscalización queda a cargo del Ministerio de Justicia, no obstante no se encuentra claramente explicitado en la Ley mediante qué mecanismos se realizará dicho control. Asimismo, el Ministerio aludido no cuenta hoy con la capacidad de recursos humanos para dicha tarea. - Los reglamentos asociados a la Ley no han sido publicados aún, estando fuera de los plazos comprometidos. - Por último, no está establecido como se hará operativo el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. b. Modificación en el padrón electoral: Inscripción automática y voto voluntario La Ley Nº Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, fue modificada por la Ley N , que Regula la Inscripción Automática, Modifica el Servicio Electoral y Moderniza el Sistema de Votaciones, promulgada el 31 de enero del Lo anterior implica que todo ciudadano que tenga cumplidos los 18 años de edad el día de la votación tiene con derecho a sufragio y se encuentra inscrito en los registros de manera automática. Como el voto es voluntario, ya no existe sanción para los inscritos que no acudan a emitir su voto.