Source: https://legis.pe/apuntes-racismo-peru-caso-saga-falabella/
Timestamp: 2018-09-22 13:59:26
Document Index: 118969298

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 323', 'artículo 36']

Apuntes sobre el racismo en el Perú. A propósito del caso Saga Falabella | Legis.pe
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Apuntes sobre el racismo en el Perú. A propósito del caso Saga Falabella
El 6 de septiembre, la empresa Saga Falabella lanzó un anuncio publicitario que promocionaba colchones de una conocida marca. El vídeo muestra a dos jóvenes compañeras de cuarto que se habían mudado recientemente. La mujer de tez blanca es presentada como limpia y ordenada, mientras que su roomate, Valeria, una mujer afroperuana, tiene distintas costumbres. Por eso, al final la protagonista nos confiesa que su secreto es un colchón que evita los malos olores y nos pide que no se lo digamos a Valeria.
Casi de inmediato, empezó el debate en las redes sociales. Por un lado, algunos usuarios señalaban que el spot era completamente racista, mientras que otros cibernautas reconocían que el anuncio si bien no era discriminador, pudo haber sido realizado con mayor cuidado. Otro grupo consideraba que no había ningún problema e, inclusive, calificaron de susceptibles las reacciones en contra.
A través de su plataforma Alerta contra el racismo, el Ministerio de Cultura expresó que el derecho-principio de igualdad es un mandato que debe ser respetado tanto por el Estado como por la ciudadanía. De igual modo, señaló que la difusión de mensajes que reproducen estereotipos y prejuicios racistas es reprochable, por lo que exhortó a los responsables a ofrecer disculpas públicas a la población afrodescendiente y a la comunidad en general.
En ese contexto, Saga decidió retirar el spot y, posteriormente, publicar un comunicado donde lamentaba lo ocurrido, al mismo tiempo que señalaba que valora la diversidad y promovía el respeto a las diferencias.
La discriminación como conducta prohibida por el ordenamiento
De acuerdo con el Informe 008-2013-DP/ADHPD de la Defensoría del Pueblo, titulado “La lucha contra la discriminación: Avances y desafíos”[1] es extensa la normativa que aborda el problema de la discriminación.
Así, a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone en su artículo 2.1 que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”,. Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 24) señalan que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación, enfatizando la primera de ellas que “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
A nivel nacional, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución contempla el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, prohibiendo toda forma de discriminación por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica
o de cualquiera otra índole. Asimismo, inciso 19 del artículo 2 reconoce el
carácter pluricultural de la Nación, así como el derecho de toda persona a su
Sobre la discriminación el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 48-2004-PI/TC, ha señalado lo siguiente:
No toda desigualdad constituye necesariamente, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.
De acuerdo con el profesor Wilfredo Ardito[2], a pesar de que en el año 1971 el Perú ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Estado no consideró necesario tipificar ni el racismo ni ninguna otra forma de discriminación dentro del Código Penal, como dicha Convención indicaba.
Según Ardito, en nuestra historia reciente la mayor parte de la sociedad peruana había naturalizado el racismo al punto que parecía que se trataba de comportamientos “normales” que no era necesario combatir; sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XX, con la creciente migración a las ciudades y la expansión de la educación se producirían cambios muy marcados. A fines de dicho siglo, “se produjo la composición
étnica de los sectores altos y medios, y existían muchas personas de rasgos andinos y mestizos con elevados ingresos económicos, quienes acudían a universidades
privadas, tiendas exclusivas y otros espacios de consumo”[3].
Como señala el reconocido abogado[4], la capacidad de consumo no modificó las concepciones racistas imperantes en la sociedad. Por el contrario, empezó una selección étnica en bares y discotecas que excluía a personas indígenas y negras. En ese contexto, el rol del Indecopi fue fundamental para poner al descubierto las prácticas racista de los dueños y administradores de estos lugares. En ese sentido, a fines de 1998 se aprobó la Ley 27049 que sancionaba la discriminación en el acceso al consumo y consagraba que las personas no podían ser discriminadas.
No obstante, en la década del 90 algunas sentencias del Poder Judicial rechazaban las denuncias interpuestas ante el Indecopi por considerar que los establecimientos tenían derecho a contratar libremente. En ese sentido, el limitado alcance de la mencionada leía que solamente se establecía algunas causales (raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de cualquier índole) no impidió, como señala Ardito, que el Indecopi siga considerando que las empresas privadas tenían derecho a impedir el ingreso de una persona por no tener “vestimenta adecuada”.[5]
De acuerdo con Ardito[6], en el año 2000, se aprobó la Ley 27270 que por primera vez incorporó al Código Penal el delito de discriminación, que sufrió cambios en el camino hasta adquirir su actual redacción. El artículo 323 del Código Penal prevé:
“El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36”.
El 13 de noviembre de 2012, de acuerdo con el diario El Comercio, el Segundo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Junín dictó sentencia por el delito de discriminación racial en agravio de Asunción Algendones. A pesar de que la compañera de trabajo que la llamó “negra cocodrilo” no recibió sanción; dos empleados de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo (Sedam) fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva y al pago de cinco mil soles de reparación civil. Por ello la señora Algendrones seguirá con el proceso, puesto que la persona que profirió los insultos fue excluida del proceso.
Como señala Gabriela Perona, asesora del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, en entrevista del diario El Comercio, el único proceso judicial con sentencia condenatoria que ha marcado un precedente legal en el Perú, es el iniciado por Azucena Algendrones contra una compañera de trabajo que la llamó “negra cocodrilo”.
A pesar de que el 4 de junio de cada año se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, sucesos como el señalado, permiten apreciar que el racismo persiste en nuestra sociedad, y a veces se encarama en discursos aparentemente neutros. Si bien no es común que haya sentencias que sancionen los insultos racistas, el caso Saga Falabella debe ser visto como una oportunidad para debatir seriamente sobre el tema. De hecho, la actriz que participó en el vídeo señaló que “en ningún momento hubo intención de mi parte en perpetuar los prejuicios contra los cuales luchamos día a día la gente afro y las personas que no lo son pero que también se suman a la lucha“.
[1] Defensoría del Pueblo (2013). Serie Informes de Adjuntía – Informe Nº 008-2013-DP/ADHPD. 10 de setiembre de 2018 de Publicaciones Defensoriales. Sitio Web: http://www.defensoria.gob.pe/nodiscrimines/descarga-3.html
[2] Wilfredo Ardito Vega (2015). El tratamiento penal del delito de discriminación
en el Perú: evolución y límites. 10 de setiembre de 2018 de Foro Jurídico. Edición decimocuarta. Sitio web: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13746