Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-425-06.htm
Timestamp: 2018-10-17 17:50:12
Document Index: 359886038

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 52', 'artículo 29', 'artículo 107', 'artículo 1384', 'artículo 2347', 'artículo 102', 'artículo 107', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 100', 'artículo 107', 'artículo 70', 'Artículo 65', 'Artículo 70']

C-425-06
Demandante: Jaime Campos Jácome.
El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente”
Alega el ciudadano que la norma acusada según la cual el tercero civilmente responsable es vinculado al proceso cuando ya se ha producido una sentencia condenatoria contra el autor del delito, “le niega a ese tercero la posibilidad de presentar pruebas tendientes a su defensa, lo condena al pago por unos perjuicios que no ha causado directamente y que pueden ser muy discutibles desde el punto de vista civil. Esta obligación no opera automáticamente por una mera relación de dependencia económica o moral sino que en ello juegan muchos factores que deben analizarse con detenimiento como son el cuidado, la vigilancia, el ejercicio de la actividad criminosa dentro del desempeño de las funciones laborales, la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa compartida y muchas más circunstancias y elementos que el código civil exige para que pueda darse la responsabilidad del tercero y fijarse la magnitud del perjuicio”.
Agrega el demandante que todas las anteriores circunstancias, que merecen un atento análisis y discusión, no pueden dilucidarse en un simple incidente de regulación de perjuicios al cual fue vinculado tardíamente el tercero civilmente responsable, luego de haber sido proferida la sentencia condenatoria, negándole a aquél la posibilidad de controvertir las pruebas de cargo, de solicitar las necesarias para ejercer su defensa y “de ejercitar cualquier medio de exculpación que pueda relevarlo de la obligación de pagar esos perjuicios pretendidos”.
Argumenta que lo que se discute frente al tercero civilmente responsable no es una obligación que surja directamente del hecho punible sino de la relación de dependencia o subordinación en que se halla el autor del ilícito con respecto a él, “en este sentido es claro que tanto la ley como la doctrina han diferenciado la responsabilidad civil de la responsabilidad penal”.
Señala que el demandante pretende que sea igual la regulación del tercero civilmente responsable en el actual sistema acusatorio, a como lo era en el sistema inquisitivo-mixto, consagrado en la Ley 600 de 2000. En tal sentido, no se trata, como lo sostiene el ciudadano, de un “simple incidente”, sino de la etapa procesal durante la cual se fijan las obligaciones tanto del condenado como del tercero civilmente responsable. Durante la audiencia que tiene lugar en dicho incidente, explica, la víctima debe formular oralmente su pretensión, la forma de reparación que persigue y aportar las pruebas necesarias, en el sentido de vincular al tercero civilmente responsable. Nada obsta entonces para que se demuestre que el tercero no está obligado a responder.
El Fiscal General de la Nación (e) interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte que “considere el aspecto de la omisión legislativa relativa planteada en este escrito y se declare la constitucionalidad de la norma demandada, condicionada a que el (sic) tercero civilmente responsable se le permita coadyuvar a la defensa en la solicitud y aporte de pruebas, desde la audiencia de formulación de acusación hasta la terminación del proceso, conforme a lo señalado en este escrito”.
Señala el interviniente que en la ley 906 de 2004 no hay una regulación clara, expresa y amplia de la intervención del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal, como sí ocurría en el decreto 2700 de 1991 y en la Ley 600 de 2000, “lo que podría llevarnos a pensar que estamos ante una inconstitucionalidad por omisión”, la cual sería relativa.
Con todo, señala que no puede pasarse por alto lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, según el cual en materias que no están reguladas en dicho Código o demás disposiciones complementarias, son aplicables aquellas del Código de Procedimiento Civil cuando no se opongan a la naturaleza del proceso penal, “por lo que la regulación del tercero civilmente responsable debe ser llenada con la normatividad del Código de Procedimiento Civil, artículo 52 y ss., lo cual estaría acorde con lo señalado por la Constitución y los tratados internacionales de derecho económicos, sociales y culturales y de derecho civiles y políticos”.
A juicio de la Comisión, la norma demandada es contraria al derecho de defensa del tercero civilmente responsable, por cuanto al momento de abrir el incidente de reparación integral ya no será posible controvertir la responsabilidad de la persona condenada, vulnerándose el artículo 29 Superior. En palabras de la Comisión “El tercero civilmente responsable deberá aceptar la sentencia condenatoria impuesta y cumplir con su obligación de indemnizar a la víctima. No obstante, no tuvo nunca la facultad de participar en el proceso para desvirtuar la responsabilidad de la persona condenada”.
Agrega que cuando el legislador incorporó la “citación” del tercero civilmente responsable sólo durante el incidente de reparación integral, esto es, una vez emitido el sentido del fallo, violó los derechos fundamentales contenidos en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad, ya que desconoció el derecho a ser oído con las debidas garantías para la determinación de sus obligaciones de carácter civil. De allí que sólo pueda entrar a discutir el monto de los perjuicios “pero no puede discutir si existe la condición primigenia por la que nuestro ordenamiento jurídico le atribuye compromiso pecuniario y es si existió el hecho naturalística y jurídico, penalmente determinado, y es si existe o no responsabilidad de la persona por la que se responde en el hecho”.
Señala que si bien, de conformidad con la sentencia C-591 de 2005 el nuestro es un sistema procesal “con identidad propia”, en el cual el tercero civilmente responsable tiene cabida, se le debe asimismo garantizar el derecho de ser oído con todas las garantías judiciales y en condiciones de igualdad.
Explica que en materia civil tal desequilibrio ya que desde el momento en que se traba la relación jurídico-procesal entre demandante y demandado, el tercero es enterado de los hechos, conoce las pretensiones, contando con amplias garantías para su defensa, es decir, “en materia civil siempre el responsable por el hecho de un tercero tiene, sustancial y procesalmente, la posibilidad de discutir todos los extremos que constituyen la fuente de su responsabilidad, de manera tal que para él debido proceso y derecho de defensa vienen a corresponder a su facultad de discutir, de cara a la víctima, si el causante del agravio obró culposamente, si dicha conducta produjo un daño, a cuánto asciende la indemnización que lo resarza y, finalmente, si el vínculo con fundamento en el cual se pretende en su contra en verdad existe y es de la naturaleza que la ley exige para que en su contra pueda imponerse una condena”.
Luego de citar diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en materia de terceros civilmente responsables, concluyen que “la sola existencia de una norma sustancial que consagre la obligación de indemnización del daño causado por otro, no da vía libre para imponer una condena sin que el tercero haya sido oído y vencido en juicio”.
De tal suerte que determinadas facultades con las cuales contaba el tercero civilmente responsable bajo el anterior esquema procesal deberán reexaminarse a la luz de la preceptiva constitucional y legal, en donde desaparece la posibilidad de la acción civil dentro y simultáneamente con la acción penal y a instancias de la parte civil, figura eliminada del escenario jurídico en la Ley 906 de 2004, “en donde la pretensión indemnizatoria se formula, ventila y resuelve en el llamado incidente de reparación integral, una vez dictado el fallo condenatorio”.
Indica asimismo que aunque en el desarrollo del proceso el tercero civilmente responsable no puede intervenir en defensa del procesado o para discutir aspectos relativos a su responsabilidad civil solidaria, por ser el proceso penal el escenario en donde se discute la responsabilidad del acusado y no asuntos como la responsabilidad civil extracontractual de un tercero, “ello no afecta la constitucionalidad de la norma acusada, pues de un lado el interviniente cuenta con todas las garantía procesales para presentar pruebas y controvertir la fuente de la obligación indemnizatoria dentro del incidente de reparación integral, y de otro lado, para que sea condenado al pago de perjuicios dentro de la actuación penal es preciso que haya sido citado dentro de la audiencia que abra el incidente de reparación se le haya dado la oportunidad de conciliar sobre la pretensión indemnizatoria, y en el evento de no llegarse a un acuerdo, la ley le reconoce el derecho a citar al asegurar, a ofrecer sus propios medios de prueba tendientes a exonerarse del pago de los perjuicios, y a que los mismos sean practicados dentro de la audiencia”.
3. Interpretación sistemática del artículo 107 del C.P.P.
Así pues, el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo importantes modificaciones en el sistema procesal colombiano. En tal sentido, en lo que concierne a los actores que integran la relación jurídico-procesal, el nuevo esquema procesal prevé expresamente las intervenciones (i) de las víctimas; (ii) del imputado; (iii) del fiscal; (iv) del juez de conocimiento; (v) del Ministerio Público; (vi) del juez de control de garantías y (vii) de los jurados, encargados de administrar justicia en forma transitoria, en los términos que señale la ley[1]. Por el contrario, el tercero civilmente responsable no es considerado ni parte ni interviniente en el mismo, lo cual no obsta para que, en los términos de la Ley 906 de 2004, sea citado al incidente de reparación integral de perjuicios.
En tal sentido, la norma legal acusada, la cual se encuentra ubicada en el Capítulo IV “Del ejercicio del incidente de reparación integral” está integrada por dos incisos: el primero, de carácter sustantivo, dispone que el tercero civilmente responsable “es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado”; la segunda, de orden procesal, establece que “El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente”.
La disposición demandada alude entonces a una responsabilidad indirecta o refleja, en contraposición con la directa o propia. Sobre el particular en el Código Civil de Napoleón, en su artículo 1384, como lo comentan Planiol y Ripert[2], se estableció que, en ciertos casos excepcionales, la ley establece una obligación de reparar el daño causado por otro sin que la víctima tenga que probar la culpa del responsable; en los demás casos, la condena a reparar un daño causado por otro supone la prueba de una falta en la ejecución de una obligación que nos incumbe personalmente o culpa in vigilando. Así, los hermanos Mazeaud explican que, en el caso de los daños causados por menores de edad, la culpa próxima es el hecho de estos últimos, quienes se encuentran bajo el cuidado de otra persona, en tanto que la culpa lejana o remota, pero determinante en relación con el daño, es aquella del padre o tutor, quienes habiendo podido evitar el perjuicio, no lo hicieron.[3]
El artículo 2347 del Código Civil colombiano, a su vez, dispone que “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno, de carácter excepcional, basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa[4]; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso[5]. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se haya bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.
Por otra parte, en aspectos procesales, se tiene que la figura del tercero civilmente responsable en materia penal se encuentra ubicada en el Capítulo IV “Del ejercicio del incidente de reparación integral”, con lo cual es necesario adelantar un examen global de dicha etapa procesal.
En tal sentido, se tiene que el incidente de reparación integral tiene lugar una vez emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, es decir, una vez agotadas las etapas procesales de investigación y juicio oral. En cuanto a la legitimación activa para solicitar el adelantamiento del mismo, el artículo 102 del C.P.P. establece una clara distinción, según la pretensión sea exclusivamente económica, situación en la cual sólo podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos o causahabientes, en tanto que, en los demás casos, esto es, cuando la petición no sea meramente pecuniaria, la solicitud deberá ser presentada por la víctima o por solicitud “del fiscal o del ministerio público a instancia de ella”. Quiere ello decir que la Ley 906 de 2004, al igual que sucede en el derecho internacional de los derechos humanos, consagra el derecho de las víctimas de los delitos a ser plenamente reparadas y no simplemente indemnizadas. En otras palabras, quien acude a un incidente de reparación integral, como lo señala la norma citada, puede tener una pretensión meramente económica, caso en el cual, la legitimación activa para solicitar la apertura del incidente se encuentra limitada a los interesados; por el contrario, cuando se busca no sólo ser indemnizado pecuniariamente sino ser reparado integralmente, esto es, se persiguen la adopción de medidas de restitutium in integrum, modalidades de reparación del daño sufrido por una determinada comunidad, medidas de satisfacción o simbólicas, la legitimación se extiende a la Fiscalía y al Ministerio Público. De hecho, puede suceder que las víctimas acudan al incidente de reparación integral sin la pretensión de la obtención de una indemnización económica, sino con el propósito, por ejemplo, de obtener otra forma de reparación del daño, como lo es la simbólica, por parte del victimario.
Ahora bien, en materia de citaciones, es preciso aclarar que el nuevo C.P.P. distingue entre notificaciones y citaciones, procediendo estas últimas cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial. De igual manera, la ley prevé la forma de realizar la citación, poniendo el acento en que “podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia de la citación.[6]” Así mismo, en la citación deberá quedar claro la clase de diligencia para la cual se requiere a la persona, si debe acudir con abogado, y de ser factible, la clase de delito, la fecha de comisión del mismo y el nombre de la víctima.
El ciudadano demandante sostiene que el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 Superior, por cuanto prevé que el tercero civilmente responsable sólo puede intervenir durante el incidente de reparación integral, cuando ya ha sido establecida la responsabilidad penal de la persona por la cual debe entrar a responder económicamente. De allí que, en su concepto, la participación de dicho tercero debía haber sido asegurada por el legislador desde la etapa de investigación y no con posterioridad a la celebración del juicio oral, cuando aquél simplemente es llamado a controvertir asuntos referentes a la responsabilidad civil, tales como el cumplimiento de los deberes de vigilancia, el monto del perjuicio, la prueba del mismo, etcétera. En igual sentido, la intervención presentada por la Fiscalía General de la Nación apunta a que la Corte declare la exequibilidad de la norma acusada, condicionándola a entender que el tercero civilmente responsable puede participar desde la audiencia de formulación de la imputación.
Así las cosas, el problema jurídico planteado en el presente caso ya fue examinado por la Corte en sentencia C-423 de 2006. En dicho fallo, esta Corporación examinó, a propósito de la medida cautelar de entrega provisional decretada contra el tercero civilmente responsable, las diversas posturas posibles en relación con la participación de estos terceros en el nuevo sistema acusatorio, para concluir diciendo “que una tercera postura en relación con la actuación de los terceros en el proceso penal, acogida por la Corte y desarrollada a continuación, se fundamenta en no equipararlos con los demás intervinientes y partes, como sucedía en el anterior sistema procesal de carácter mixto, pero tampoco en admitir que el legislador los pueda dejar completamente desamparados frente a decisiones judiciales concretas que afecten el disfrute de sus bienes, como lo son las medidas cautelares, caso en el cual se presentaría el fenómeno la inconstitucionalidad por omisión relativa. En otras palabras, si bien el tercero civilmente responsable no es parte ni interviniente en el proceso penal acusatorio, el legislador no puede negarle por completo el ejercicio de su derecho de defensa frente a la imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación.
“En otras palabras, el legislador, en virtud del artículo 29 Superior, debió haber garantizado el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable en el curso del proceso penal, en lo que atañe únicamente a decisiones judiciales que afecten de manera directa, no potencial o hipotética, sus intereses patrimoniales, como lo es el decreto y práctica de una medida cautelar; por el contrario, como salvaguarda del principio de igualdad de armas, no estaba ante el deber de permitir, antes del incidente de reparación integral, la participación del tercero civilmente responsable en el proceso. De tal suerte que el ejercicio del derecho de defensa de los mencionados terceros, inicia con el decreto y práctica de la medida cautelar, extendiéndose por el tiempo que ésta se encuentre vigente, sin perjuicio de su plena intervención durante el referido incidente procesal”.
De allí que esta Corporación resolvió “Declarar exequible el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.”, condicionamiento que igualmente se hará extensivo en el presente fallo al artículo 107 del C.P.P.
En efecto, en el anterior sistema procesal, a lo largo del Capítulo V del Título I del Libro I del C.P.P., se establece que la víctima, durante la etapa de investigación y antes de que se profiriera la providencia que ordenaba el cierre de la investigación, presentaba una demanda de parte civil, contentiva de sus pretensiones económicas, la cual era notificada personalmente al tercero civilmente responsable, el cual, a partir de entonces, ejercía su derecho de defensa. En efecto, en los términos del artículo 70 de la Ley 600 de 2000, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la demanda de parte civil, el tercero debía indicar cuáles eran los medios probatorios que pretendía hacer valer “para oponerse a las pretensiones relativas a su responsabilidad”. De igual manera, en el fallo condenatorio se concretaban las correspondientes indemnizaciones económicas. Por el contrario, en el nuevo sistema, se suprimió la demanda civil, el fallo emitido en el sentido de declarar la responsabilidad penal no contiene condena alguna pecuniaria, motivo por el cual se creó el incidente de reparación integral para determinar y precisar los aspectos civiles de la responsabilidad del acusado y de los terceros. Por consiguiente, ni durante las etapas de investigación y juicio oral se debaten realmente aspectos relacionados con la determinación de la responsabilidad civil por el ilícito, con lo cual, dejar participar al tercero en el curso de aquéllas resultaría injustificado; es más, conduciría a romper el equilibrio procesal en relación con la víctima, la cual, en materia de responsabilidad civil únicamente entraría a participar en el proceso durante el incidente de reparación integral. Con todo, la Corte precisa que, la garantía del ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable durante el incidente de reparación integral, presupone que éste sea efectivamente citado, de conformidad con las formalidades establecidas en el C.P.P., es decir, se trata de un requisito sine qua non para el establecimiento de su eventual responsabilidad patrimonial.
[1] Ver al respecto sentencias C- 873 de 2003 y C- 591 de 2005.
[2] Marcel Planiol y Georges Ripert, Traité Prátique de Droit Civil Français, París, 1930, p. 854.
[3] H. y L. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, Tomo I, Buenos Aires, 1965, p. 708.
[4] Artículo 65 del decreto 2820 de 1974.
[5] Artículo 70 del decreto 2820 de 1974.
[6] Art. 172 del C.P.P.