Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00097-de-noviembre-21-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_efdafc12a35502dee0430a01015102de&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 07:36:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo37', 'artículo 61', 'artículo 352', 'artículo 352', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 4']

﻿ Sentencia 2007-00097 de noviembre 21 de 2013
SENTENCIA 2007-00097 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS. LAS CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS SOLO SON PROCEDENTES EN RELACIÓN CON TERRENOS URBANIZABLES, SIN QUE PUEDA EXTENDERSE A LAS VÍAS QUE SE CONSTRUYAN POR VALORIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, AVALÚO CATASTRAL, ACTO ADMINISTRATIVO, CESIÓN OBLIGATORIA GRATUITA, TERRENO BALDÍO URBANO
Sentencia 2007-00097 de noviembre 21 de 2013
Ref.: Expediente 2007-00097-01.
Actora: Fiduciaria Superior S.A.
Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo contenido en los oficios 2006EE12861 de 14 de septiembre de 2006 y 2006EE16544 de 24 de noviembre de 2006, que en respuesta a su solicitud, negaron reformar la cláusula segunda de la escritura pública de cesión zona reserva ambiental en la Urbanización Portal de Los Álamos, número 670 de 23 de mayo de 2001, otorgada en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá, folio de matrícula inmobiliaria número 050C-1525690 (fl. 47), con el objeto de excluir de la cesión gratuita el área de terreno descrita como zona de control ambiental 3(1), comprendida entre los mojones 61-113-102-104-90-107-106-108-109-110-111-112-61, con una cabida de 1.800.57 metros cuadrados (fls. 29-36, cdno. ppal.); dicha solicitud la hizo porque consideró que dicho lote de terreno fue afectado al Plan Vial, por lo que continúa perteneciendo al patrimonio autónomo que administra, denominado Fideicomiso Engativá.
La actora fundamentó dicha solicitud en el cumplimiento que se debe dar a las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 30 de mayo de 2002 (Exp. 2000-00236, demandante Fiduciaria Superior S.A., demandado el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - fl. 199 del cdno. ppal.), y la que la confirmó, dictada por el Consejo de Estado el 3 de noviembre de 2005 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo - fl. 55 del cdno. 2).
Dado que la actora afirma que el litigio ya fue resuelto a su favor por esta jurisdicción, pero que el a quo lo desconoció en su sentencia, debe la Sala en primer lugar referirse a las sentencias que respectivamente declararon y confirmaron la nulidad del Oficio 83626 de 1º de diciembre de 1999, emanado del IDU.
En efecto, la sentencia del tribunal, que esta sección confirmó, declaró la nulidad del mencionado Oficio, por medio del cual el IDU solicitó a la Fiduciaria Superior S.A. (fls. 53 y 54, cdno. ppal.) ceder una porción del terreno de la Urbanización El Portal de Los Álamos, en los siguientes términos:
“... Obra: Avenida Longitudinal de Occidente.
... me permito informarle que hemos recibido su oficio... donde nos reitera la aceptación de la oferta de compra del inmueble ubicado en la carrera 96 Nº 64 – 20 Urbanización el Portal de los Álamos) STAP-3400-3646, notificada el día 8 de noviembre de 1999 (...).
Al respecto le manifiesto, que mediante escritura pública número 3283 del 10 de septiembre de 1997 de la Notaría 11 del Círculo de Santa Fe de Bogotá, D.C., su representada englobó tres lotes de terrenos conformando un solo inmueble con un área total de 70.234.71 m2, asignándole folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1474473.
El Acuerdo 06 de 1990 dispone en sus artículos 418 y 419 del Acuerdo 06 de 1990, la obligación de ceder una proporción del terreno cuando este sea urbanizable. Esta figura de la cesión obligatoria y gratuita del 7% o de los porcentajes establecidos en el citado acuerdo, supone contraprestación al urbanizador del terreno, por cuanto a la postre se refleja en el precio del terreno restante que a su vez aumenta el valor por motivo de las obras de urbanización a emprenderse y por recibir el beneficio de la obra a desarrollar por la administración en virtud del plan vial.
Esta obligación de ceder un porcentaje en forma obligatoria y gratuita, recae sobre todo aquel propietario de un terreno urbanizable, único requisito exigido por la norma en comento.
Tratándose de un inmueble con un área de 70.234.71 metros cuadrados, la cesión equivalente al 7% es de 4.916.42, área esta que deberá ser transferida al Distrito Capital a título gratuito como área de cesión para el plan vial.
No obstante haber desenglobado mediante la escritura pública antes enunciada el lote correspondiente a la zona de cesión y aclarada mediante el instrumento número 1476 de 12 de julio de 1999 de la Notaría 11 del círculo de Santa Fe de Bogotá, D.C., asignándole el folio 50C-1498337, dicha obligación se mantiene por cuanto el terreno ya fue en parte desarrollado.
En esta forma, le manifiesto como conclusión que en virtud de la figura ampliamente descrita, dicha zona de terreno requerida para la obra avenida longitudinal de occidente, no será objeto de adquisición por parte de este instituto, pero deberán dar cumplimiento a la transferencia en virtud de la cesión obligatoria y gratuita” (destacado y subraya fuera de texto).
La sentencia proferida por esta sección, el 3 de noviembre de 2005, resumió, acogió y confirmó lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de 30 de mayo de 2002, que declaró la nulidad del Oficio 83626 de 1º de diciembre de 1999, antes transcrito. En dicha providencia se dijo:
“... El tribunal advierte que en los alegatos de conclusión el apoderado de la actora solicitó que se decida el mérito del litigio teniendo en cuenta, como fundamento principal de fondo, el fenómeno jurídico del decaimiento del acto reconocido por la ley y la jurisprudencia nacional, debido a que los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 990 (sic) fueron declarados nulos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decisión confirmada por el Consejo de Estado.
Esgrime que el problema jurídico consiste en determinar si el acto acusado es nulo porque su soporte jurídico - los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990 del Concejo Distrital de Bogotá, D.C., infringen, entre otros preceptos, los artículos 4º, 34 y 58 de la Constitución Política, al ordenar una confiscación o expropiación de un bien inmueble de propiedad de la actora, sin indemnización, con destino a una vía pública denominada Avenida Longitudinal de Occidente,más concretamente, un área de 4.916.42 m2 que corresponden al 7% del total del lote identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1498337, que considera el IDU debe transferir al Distrito Capital a título gratuito como área de cesión del plan vial.
Sostiene el a quo que es evidente que los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990 prevén (...) si se trata de un terreno urbanizable, el propietario debe ceder a título gratuito una porción del área como requisito para la obtención de la licencia de urbanización. En este último caso la administración, logra que el porcentaje de la propiedad privada que cede el particular pase a sus manos sin que exista contraprestación alguna por dicha cesión.
Si bien los artículos 2º y 22 de la Ley 9ª de 1989 establecen que se pueden hacer cesiones obligatorias y gratuitas, estas últimas solo pueden hacerse en relación con terrenos que se pretenden urbanizar,no pudiéndose extender a vías que se vayan a construir por valorización, como ocurre en este caso, donde el IDU pretende que se le transfiera a título gratuito al Distrito Capital un área de 4.916.42 m2 para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, argumentando que dicho 7% supone contraprestación al urbanizador por la valorización del bien que le queda luego de cedido el porcentaje mencionado.
Considera el tribunal que el 7% que el particular cede a la administración no puede tomarse como una contribución por valorización, porque los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990 no contemplan esa cesión como forma de pago. Además, la cesión gratuita obligatoria que prevén los citados preceptos constituye una verdadera expropiación sin indemnización, pues la administración despoja al particular de una parte de su inmueble para la construcción de una vía arteria, la cual si bien lo beneficia, es el mismo particular quien a través de la contribución por valorización paga a la administración dicha utilidad.
Con fundamento en lo anterior, concluye que los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990 son violatorios de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, por cuanto la cesión gratuita y obligatoria constituye una expropiación sin indemnización, motivo suficiente para declarar la nulidad del acto acusado.
Enfatiza que la cesión gratuita que la actora realizó a través de la Escritura Pública 670 de 23 de mayo de 2001 fue de las zonas de espacio público de la urbanizadora, estipulándose, en relación con el lote de reserva, que será transferido al IDU una vez dicha zona quede afectada por la construcción del plan vial arterial mediante pago de indemnización, según lo previsto en los artículos 31 de la Ley 9ª de 1989, 61 de la Ley 388 de 1997 y sus complementarios, escritura que demuestra que el Distrito Capital o el IDU no han recibido gratuitamente el terreno ubicado en la carrera 96 Nº 64-20, con matrícula inmobiliaria número 50C-1498337 de esta ciudad, y por ende que la actora no tiene derecho a su pago e indexación. (...)” (destacado y subrayas fuera de texto)
En esta sentencia, la Sala manifestó “En cuanto a que se tenga por cierto el valor otorgado al predio de propiedad de la actora en el dictamen pericial rendido en este proceso, la Sala considera que una vez demostrado que tal predio no ha salido de la esfera de su patrimonio, el valor en aquel estimado es irrelevante, pues lo cierto es que la declaratoria de nulidad del oficio demandado, que establecía la obligación para la actora de transferirle al IDU 4.916.42 m2 correspondientes al 7% del total del área del lote de terreno, restablece por sí sola su derecho, cual es el de no tener que ceder, a título gratuito, el área mencionada”.
Lo cierto es que el acto acusado fue declarado nulo, porque las cesiones obligatorias y gratuitas, solo son procedentes en relación con terrenos urbanizables, sin que pueda extenderse a las vías que se vayan a construir por valorización, como lo pretendía el IDU, fundamentándose en los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990 del Concejo de Bogotá, que reglamentan la conformación del sistema vial arterial en las urbanizaciones; dichas normas establecen:
“ART. 418.—Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial.
Todo predio ubicado parcial o totalmente sobre una zona de reserva vial del Plan Vial Arterial deberá segregar está zona del resto del terreno para transferirla a la entidad encargada de la ejecución de la vía.
Si se trata de un terreno urbanizable de conformidad con el presente acuerdo, deberá ceder a título gratuito una proporción del área a ceder, tal como se indica más adelante, como requisito para la obtención de licencia de urbanización.
Si es la entidad encargada de la ejecución de la vía la que expresa el interés en la adquisición del área antes de que se inicien las gestiones para urbanizar el predio, bien porque el propietario, aunque se trate de un inmueble urbanizable no urbanizado, no se haya propuesto su desarrollo inmediato, la entidad podrá negociar toda el área a segregar conforme a la Ley 91 de 1989, o proceder a su expropiación.
En este caso, para obtener después licencia de urbanización o de subdivisión del inmueble, el interesado, sea que se trate del mismo propietario o de un adquirente posterior, deberá restituir en dinero efectivo a la entidad encargada de la ejecución de la vía que hubiere pagado en su totalidad el área objeto de cesión, una suma equivalente a la proporción de cesión obligatoria que le hubiera correspondido ceder para la ejecución de la vía a título gratuito en el evento de urbanizar, suma que será determinada conforme a avalúo actualizado del Departamento Administrativo de Catastro Distrital.
El propietario que desee evitar los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá voluntariamente ceder la proporción desde un principio aunque no esté interesado o no pueda solicitar licencia de urbanización.
Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio del ordenamiento contenido en el capítulo VII del título segundo de la parte especial para los efectos allí regulados”.
“ART. 419.—Proporción del área de cesión obligatoria para la conformación del sistema vial arterial.
En las normas específicas que se adopten como requisitos para tramitar las áreas, se determinará:
1. La proporción del área de los predios que deba ser entregada como cesión obligatoria a título gratuito para la ejecución del Plan Vial Arterial, en aquellos predios en los que se hallan previstos zonas de reserva vial para dicho plan, proporción que será la siguiente en los distintos tratamientos:
a. Tratamiento de Desarrollo. El 7% del área bruta de terreno.
‘Excepcionalmente y con el solo objeto de disminuir en sectores específicos los costos de urbanización, podrán tenerse como parte de la sección transversal de la vía, lo cual será materia de definición en los respectivos decretos de asignación de tratamiento”.
La parte resaltada y subrayada de las normas transcritas fue declarada nula mediante sentencia de 3 de agosto de 2000, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se dijo que lo consagrado en los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, es violatorio de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, por cuanto, la cesión gratuita obligatoria para la conformación del sistema vial arterial constituiría una expropiación sin indemnización. Esta sentencia fue confirmada por esta sección mediante sentencia de 30 de agosto de 2001 (Exp. 1996-8166-01(5595), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Ahora bien, mediante los actos acusados el Dadep negó a la actora la solicitud de modificar la cláusula segunda de la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, porque considera que la Zona de Control Ambiental 3 cuya área es de 1.800.57 metros cuadrados, que se incluyó junto con otras zonas, como cesión a título gratuito al Distrito Capital y se registró con matrícula inmobiliaria 50C-1525690, no corresponde a una obligación por la construcción de la Urbanización El Portal de Los Álamos, cuya licencia fue expedida el 15 de agosto de 1997 mediante la Resolución 50139 de la Curaduría 5, sino que corresponde a la zona de reserva para la construcción del Plan Vial, por lo que la cesión no sería gratuita, como lo consideraron las mencionadas sentencias emanadas de esta jurisdicción.
La referida escritura pública que se encuentra a folios 37 y siguientes del cuaderno principal, señala que entre el cedente Fiduciaria Superior S.A. y el Distrito Capital de Bogotá, declaran que han acordado una cesión a título gratuito que se regirá por las siguientes estipulaciones:
“Primera: propiedad del terreno. El cedente declara que es propietaria del título de fiducia mercantil del terreno denominado El Portal de los Álamos. (...) El quince (15) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) mediante Resolución 50139 de la Curaduría Urbana 5 se concedió licencia de urbanismo y el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) mediante resolución 40264 de la Curaduría Urbana Nº 5 se aprobó la modificación del proyecto urbanístico a solicitud de la Fiduciaria Superior S.A. con el plano topográfico E216/1-04 del diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se adoptó como plano del proyecto urbanístico el CUA-E216/4-05 y en el artículo 4º se definió la zona de reserva del plan vial arterial con un área de 3.162.23 m2, ... .
PAR.—Mediante la escritura pública mil ciento sesenta y cinco (1165) del veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999) de la notaría once (11) del Círculo de Bogotá, se aclararon algunos lotes y linderos quedando el área total del terreno en una extensión de 69.896.60 m2 y se definió la segregación del predio en mayor extensión de la zona de reserva correspondiente al plan vial arterial en un área de 3.190.90 m2registrada con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-1498337 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, la cual deberá ser transferida al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— una vez que dicha zona de reserva quede afectada por la construcción del Plan Vial Arterial, mediante el pago de indemnización según lo previsto en el artículo37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 61º de la Ley 388 de 1997 y sus complementarios, previa cesión gratuita al Distrito Capital de Bogotá de 223.36 m2 correspondientes al 7% del área bruta de cesión, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 352 del Decreto 619 de julio 28 de 2000 por el cual se adopta EL Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Capital de Bogotá.
Segunda: Cesión gratuita. El cedente transfiere a título de cesión gratuita a favor del Distrito Capital de Bogotá, libre de todo gravamen con destino al uso público, de acuerdo con el plano CU4-E216/4-05 y las resoluciones 50139 del quince (15) de agosto de 1997, 40264 del trece (13) de enero de mil novecientos noventa y nueve y ALU 40317 del ..., con la cual se aclara la Resolución 40264 respecto al cambio de numeración de algunos lotes..., el derecho de dominio y posesión que tiene sobre las siguientes zonas (...).
a) Control ambiental 1 comprendida...
b) Control ambiental 2 comprendida...
c) Control ambiental 3 comprendida entre los mojones 61-113-102-104-90-107-106-108-109-110-111-112-61 con una cabida de 1.800.57 m2(este terreno según la escritura colinda en varias partes con la zona de reserva vial del Instituto de Desarrollo Urbano —IDU— es el que la actora reclama, que se le devuelva) (destacado fuera de texto).
Según esta escritura, la zona de reserva correspondiente al plan vial arterial, que quedó pendiente para ser transferida al IDU por parte de la actora, tiene un área de 3.190.90 m2, que al quedar afectada por la construcción del plan vial arterial, debe dicha entidad indemnizarle a la Fiduciaria Superior S.A., previa cesión de 223.36 m2 al Distrito Capital, lo cual corresponde al 7%, del área bruta del área de cesión, de conformidad con artículo 352 del Decreto 619 de 28 de julio de 2000, por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Capital, que disponía:
“Normas generales del tratamiento de desarrollo.
1. Generación de espacio público. En los predios en los que se adelanten procesos de urbanización se deberá prever con destino a la conformación del espacio público las siguientes áreas:
a. Las áreas para la malla vial arterial principal y complementaria y para las infraestructuras de servicios públicos. La construcción de los sistemas anteriores los adelantarán las empresas o entidades responsables de su ejecución. Serán de cesión obligatoria y gratuita hasta el 7 % del área bruta del predio afectado por la malla vial arterial”(2).
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 30 de mayo de 2002, al que se hizo referencia, que declaró la nulidad del Oficio 83626 de 1º de diciembre de 1999, confirmado por esta corporación, se refirió únicamente a este oficio en el cual el IDU señaló una cesión gratuita de 4.916.42 m2 para el plan vial, por parte de la Urbanización el Portal de Los Álamos ubicado en la Carrera 96 Nº 64-20, matrícula inmobiliaria 50C-1474473; en dicha sentencia se dijo claramente, “que la cesión gratuita que la actora realizó a través de la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001 fue de las zonas de espacio público de la urbanizadora, estipulándose, en relación con el lote de reserva, que será transferido al IDU una vez dicha zona quede afectada por la construcción del Plan Vial Arterial mediante pago de indemnización, según lo previsto en los artículos 31 de la Ley 9ª de 1989, 61 de la Ley 388 de 1997 y sus complementarios, escritura que demuestra que el Distrito Capital o el IDU no han recibido gratuitamente el terreno ubicado en la carrera 96 Nº 64-20, con matrícula inmobiliaria 50C-1498337 de esta ciudad, y por ende que la actora no tiene derecho a su pago e indexación”. Esta corporación, al confirmar la sentencia, se refirió al área mencionada en el oficio del IDU, y confirmó que el predio no había salido de la esfera del patrimonio de la actora, luego no había lugar a indemnización, como lo señaló el tribunal.
Queda claro en los fallos anteriores, que la cesión gratuita que la actora realizó a través de la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, fue de la zona de espacio público de la urbanización, no del plan vial.
En efecto, en la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, que la actora pretende que el Dadep modifique, que se refirió al mismo terreno al que aludió el oficio del IDU declarado nulo por esta jurisdicción, denominado El Portal de Los Álamos, carrera 96 64-20, matrícula inmobiliaria 50C-1474473, se observa, que en ella se estipuló que la zona de reserva para el plan vial era de 3.190.90 m2, y no de 4.916.42 m2, como lo había señalado el IDU en el oficio declarado nulo por esta jurisdicción.
De manera que mal podría la actora fundamentar la demanda de este proceso, en la sentencia de esta sección de 3 de noviembre de 2005, que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 30 de mayo de 2002, en la cual además se enfatizó en que, la cesión gratuita se hizo como consecuencia de la urbanización, yque la zona de reserva para el plan vial no había salido del patrimonio de la actora, pues no se traspasó al IDU.
Por lo anterior, precisamente, el 5 de septiembre de 2006, mediante Oficio 059111 STPJ-64000, el IDU respondió el derecho de petición de la actora, en los siguientes términos:
“Dando respuesta a su derecho de petición, me permito informarle lo siguiente:
1. Tal como se indicó en nuestro Oficio IDU-032901 STPJ-6400 del 06 de junio de 2006, la sentencia proferida por la jurisdicción contencioso administrativa, determinó la improcedencia de la cesión gratuita a la que hace alusión el registro topográfico 1128 levantado por la unidad de predios del IDU, respecto de un área de 3.190,90 m2 que en un futuro, podrían ser utilizados para la Avenida Longitudinal de Occidente.
2. La zona de control ambiental equivalente a 1.725,52 m2 fue cedida por esa fiduciaria al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público —Dadep—, como requisito para la aprobación de una licencia urbanística solicitada por ustedes, así que, en dicho acto jurídico el IDU no tiene ninguna injerencia ni puede por lo tanto retrotraerlo o pedir su anulación.
3. La zona mencionada en el punto primero equivalente a 3.190,90 m2, que se menciona como de reserva vial, no ha tenido afectación definida legalmente, en los términos del artículo 37 de la Ley 9a de 1989, en el entendido de que la afectación como tal, debe imponerse mediante acto administrativo que se inscribirá en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
En consecuencia, si dicho acto administrativo, jamás ha existido, resulta incuestionable que la firma propietaria jamás ha tenido limitaciones al derecho de dominio, y en consecuencia, puede usar y gozar del bien sin ninguna limitación e incluso disponer su enajenación si así lo desea.
Dado que la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, en el tramo comprendido entre la calle 13 y el Aeropuerto Guaymaral, no cuenta con recursos presupuestales, ni se encuentra prevista su ejecución en corto plazo, no es posible para el IDU adquirir en este momento el dominio y posesión de dichos terrenos que como antes se dijo, y se ratificó por el Consejo de Estado, continúan en cabeza de la firma propietaria, sin que exista ninguna actuación del instituto que afiance válidamente la reclamación de perjuicios que se menciona en su solicitud”.
Luego la actora tampoco puede fincar sus pretensiones en este oficio, conforme lo expresó en el escrito de la demanda, pues claramente lo que se entiende es que el IDU solamente informó para el plan vial un área de 3.190,90 m2 que en un futuro, podrían ser utilizados para la Avenida Longitudinal de Occidente, que era un tema de su competencia, lo cual quedó expresado en la escritura pública que la entidad demandada se negó a modificar, a través de los actos acusados.
Como conclusión de todo lo expuesto, se tiene que tanto el tribunal como el Consejo de Estado, se pronunciaron sobre las zonas de cesión para vía pública contenidas en el oficio del IDU declarado nulo; si bien los fallos hicieron mención de las zonas de espacio público de la urbanización que la actora cedió a título gratuito a través de la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, lo cierto es que con ello no se estaba pronunciando acerca de la legalidad o no de ellas.
En otras palabras, los actos acusados en el presente proceso fueron expedidos por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - Dadep; se refieren a las zonas de cesión obligatorias gratuitas al Distrito Capital que se generan en razón de proyectos urbanísticos, en este caso por parte de la Urbanización Portal de Los Álamos, por lo que es fuerza concluir, contrario a lo afirmado por la actora, que esta jurisdicción no se ha pronunciado sobre el asunto, pese a que los actos declarados nulos y los aquí demandados versen sobre el mismo terreno y sobre la misma escritura pública.
En efecto, prevén los actos acusados:
— El Oficio 2006ER11978, responde al derecho de petición que la actora Fiduciaria Superior S.A. hizo al Dadep, de reformar la escritura pública de cesión de la zona de reserva ambiental de la Urbanización Portal de Los Álamos, folio de matrícula inmobiliaria 050C-1474473 (fl. 20, cdno. ppal.).
La entidad demandada, explicó que conforme a las resoluciones 50139 de 15 de agosto de 1997 y 40264 de 13 de enero de 1999, emanadas de la Curaduría Urbana, se suscribió la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, por medio de la cual se efectuó la cesión a título gratuito de las zonas de uso público de la Urbanización Portal de Los Álamos a favor del Distrito Capital, actos administrativos que son de obligatorio cumplimiento tanto para los particulares como para la administración; que la sentencia judicial expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado, se refiere al caso de las cesiones para obras del plan vial arterial mas no de las cesiones gratuitas de las zonas de uso público que se generen en los proyectos urbanísticos.
— El Oficio 2006EE16544, señaló que no son procedentes los recursos de reposición y apelación, porque existe la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, mediante la cual se transfirieron al Distrito Capital las zonas de cesión obligatorias gratuitas aprobadas por la Curaduría Urbana para el proyecto urbanístico denominado “Portal de Los Álamos”, lo cual se sustentó en los actos administrativos de la Curaduría Urbana 5, a saber: resoluciones 50139 de 15 de agosto de 1997, mediante la cual se concedió la licencia de urbanización y 40264 de 13 de enero de 1999, mediante la cual se aprueba la modificación al proyecto urbanístico.
En este último acto el Dadep explicó que su respuesta al derecho de petición, así como la escritura pública 670 de 2001, se fundamentan en actos expedidos por la Curaduría Urbana que gozan de presunción de legalidad.
En efecto la Resolución 50139 de 15 de agosto de 1997, que concedió la licencia de urbanización al predio El Portal de Los Álamos, especifica la zona de control ambiental cedida al Distrito Capital como cesión tipo A, en los siguientes términos:
“De las áreas de cesión gratuita al distrito capital totales de la urbanización.
1.1. Cesión tipo A
• Zona verde (área suburbana)... 13.75%
7.711.38 m2
• Zona verde y comunal… 3.52%
1.971.61 m2
• Control ambiental válido como cesión tipo A… 3.89%
2.181.47
Total cesión tipo A ...
21.15%” (destaca la Sala fuera de texto) 11.864.46 m2
Lo anterior fue reiterado por la Resolución 40264 de 13 de enero de 1999, por medio de la cual la misma Curaduría Urbana aprobó la modificación del proyecto urbanístico mencionado, en el cual en su artículo 4º.2 señaló dentro de las áreas de cesión al Distrito Capital para control ambiental válido como cesión tipo A un área de 2.181.42 metros cuadrados, prácticamente la misma zona ya señalada en la resolución anterior.
Lo anterior quedó plasmado en la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, en el ítem de control ambiental (fl. 43, cdno. ppal.), en el cual se incluyeron las siguientes áreas:
a) Control ambiental 1, con especificación de sus linderos, con una cabida de 239.10 metros cuadrados.
b) Control ambiental 2, con especificación de sus linderos, con una cabida de 141.75 metros cuadrados.
c) Control ambiental 2, comprendida entre los mojones 61-113-102-104-90-107-106-108-109-110-111-112-61 con una cabida de 1.800.57 metros cuadrados, que es el área que la actora reclama que no debió ceder a título gratuito, porque corresponde al plan vial.
Las tres áreas de control ambiental que consideró la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, suman 2.181.42 metros cuadrados, lo que coincide con lo ordenado por las resoluciones de la Curaduría Urbana. Esta área es de naturaleza diferente al área de 3.162.23 metros cuadrados de reserva vial que se menciona en el artículo 4º.1.4 de la Resolución 40264 de 13 de enero de 1999, que aprobó la modificación al proyecto urbanístico, que textualmente señala:
4.1. Información del predio.
4.1.1. Nombre: El Portal de los Álamos
4.1.2. Área bruta: 69.896.60 m2
4.1.3. Área suburbana: 10.954.33 m2
4.1.4. Zona de reserva plan vial: 3.162.23 m2
4.1.5. Área neta urbanizable 55.780.04 m2”
Por lo anterior, la Sala considera que los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperidad y, por ello habrá de confirmarse la sentencia apelada.
TIÉNESE a la doctora Lilian Andrea Rodríguez Albarracín, como apoderada del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, de conformidad con el poder obrante a folio 155 del cuaderno del recurso.
(1) A folio 47 del cuaderno principal obra el documento Matrícula Inmobiliaria 50C-1525690 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, en la cual consta la tradición que a título gratuito hizo la Fiduciaria Superior S.A. al Distrito Capital de Bogotá, mediante la escritura pública 670 de 23 de mayo de 2001, de la zona de control ambiental 3 con un área de 1.800.57 metros cuadrados.
(2) El Consejo de Estado mediante sentencia de 11 de octubre de 2007, Exp. 2001-00248-02, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, confirmó la providencia de 12 de junio de 2003, proferida por el tribunal de Cundinamarca que negó la pretensión de declarar la nulidad del aparte resaltado, porque tenía que ver con predios que adelanten procesos de urbanización.