Source: https://bor.vlex.es/vid/ley-4-2017-28-678507193
Timestamp: 2019-07-22 19:16:40
Document Index: 111680282

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 14', 'artículo 17', 'Artículo 16', 'artículo 7', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 7', 'Artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 10', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 11', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 13']

Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja - BOR. Boletín Oficial de La Rioja - Legislación - VLEX 678507193
Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Septiembre de 2017
TÍTULO I. - arts. 7 a 9
TÍTULO II. - arts. 10 y 11
TÍTULO III. - arts. 12 a 16
TÍTULO IV. - arts. 17 a 22
TÍTULO VI. - arts. 28 y 29
Quienes tengan la condición de ciudadanos de La Rioja, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Las personas extranjeras con vecindad administrativa en La Rioja, en los términos previstos en la legislación aplicable.
Artículo 3 Concepto y naturaleza de la prestación.
La renta de ciudadanía es un derecho subjetivo reconocido a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.
La renta de ciudadanía es una prestación económica, de percepción periódica, destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación o riesgo de exclusión social, así como proporcionarles los medios necesarios para su incorporación social y, en su caso, laboral.
La renta de ciudadanía es subsidiaria respecto a cualquier prestación, contributiva o no contributiva, así como de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, constituyendo la última red de protección, sin perjuicio de las excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad.
La renta de ciudadanía es complementaria, hasta el importe que de esta corresponda percibir en su caso, respecto de los ingresos y prestaciones económicas a que pudiera tener derecho cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia. No obstante, no se complementará cuando el titular perciba ingresos que procedan de las acciones protectoras de la Seguridad Social, en cualquiera de sus modalidades contributivas o no contributivas, o de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, salvo las excepciones que se establecen en esta ley.
Su reconocimiento está condicionado a la concurrencia de los requisitos y condiciones exigidos y a la suscripción de un proyecto individualizado de inserción.
Su percepción se mantendrá ininterrumpidamente en tanto persista la concurrencia de los requisitos y condiciones exigidos, permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento y se cumplan las obligaciones y compromisos genéricos y los específicos que se determinen en el proyecto individualizado de inserción.
El derecho a la prestación económica de la renta de ciudadanía sólo puede ser ejercitado por el beneficiario individual y no podrá ser objeto de cesión, retención del pago o embargo, salvo en los supuestos y con los límites establecidos por la legislación general del Estado aplicable a la materia.
Artículo 4 Destinatarios de la prestación.
Artículo 5 Concepto de unidad familiar o de convivencia.
A los efectos de determinar el derecho a la prestación de la renta de ciudadanía prevista en esta ley, y sin perjuicio de aquellos supuestos en los que el titular sea el único beneficiario, tendrán la consideración de unidad familiar o de convivencia, las siguientes personas que residan en una misma vivienda o alojamiento:
Persona solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía.
Persona unida al solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía por una relación conyugal u otra forma de relación estable o análoga a la conyugal.
Las personas vinculadas al solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo y primer grado respectivamente.
Los menores que se encuentren bajo la guarda, en virtud de resolución administrativa o judicial de la persona solicitante o titular de la prestación de la renta de ciudadanía o, de cualquier miembro de la unidad familiar o de convivencia, de acuerdo con los apartados anteriores.
Queda excluida, en todo caso, la convivencia por razones de amistad o conveniencia.
En los supuestos en que por fallecimiento, desahucio, divorcio, separación, violencia de género, violencia intrafamiliar, o cualquier otra causa similar de disolución de la unidad familiar o de convivencia, uno o más miembros de esta, con cargas familiares, se vieran obligados a modificar su domicilio, estos podrán ser considerados, por sí mismos, como una unidad familiar o de convivencia independiente a los efectos de solicitar o mantener la prestación de la renta de ciudadanía.
Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo convivan en un marco físico de residencia colectiva, se entenderá que constituyen por sí mismas una unidad familiar o de convivencia.
Pisos tutelados, centros de acogida, públicos o dependientes de entidades privadas.
Establecimientos de alojamiento hotelero.
Casas particulares en régimen de pensión, siempre que medie contraprestación económica.
Cuando en una misma unidad familiar o de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular de la renta de ciudadanía, esta solo podrá otorgarse a una de ellas. En dicho caso, la concesión recaerá sobre la que la hubiera solicitado en primer lugar.
Artículo 6 Concepto de cargas familiares.
Artículo 7 Requisitos del titular.
Tener la residencia efectiva en cualquier municipio de La Rioja, de forma ininterrumpida y al menos con un año de antelación a la solicitud.
Ser mayor de veintitrés años.
Constituir una unidad familiar o de convivencia, como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.
No disponer su unidad familiar o de convivencia de los medios económicos necesarios para atender las necesidades básicas de la vida.
No disponer de rendimientos mensuales superiores al ochenta por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) correspondiente al mismo periodo cuando se trate de un solo integrante, e incrementada esta cuantía en un veinte por ciento del IPREM por el primer miembro de la unidad familiar o de convivencia, un quince por ciento más por el segundo y un diez por ciento más por cada miembro adicional, hasta un máximo del ciento veinticinco por ciento.
No encontrarse su unidad familiar o de convivencia en el supuesto de recursos suficientes establecido en el artículo 8.3 de la presente ley.
Haber ejercitado o estar ejercitando las acciones pertinentes para el cobro de cualesquiera derechos o créditos que eventualmente pudieran corresponderle en virtud de título legal o convencional.
No haber prescindido voluntariamente de la realización de un trabajo adecuado ni haber donado bienes por importe superior a cuatro veces la cuantía básica anual de la renta de ciudadanía en los seis meses anteriores a la solicitud de la prestación.
No residir en centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad o de personas con enfermedad mental, ni en establecimientos penitenciarios.
Artículo 8 Carencia de rentas.
Reglamentariamente se determinará la forma de computar los rendimientos y el patrimonio de la unidad familiar o de convivencia a efectos de acreditar la carencia de rentas regulada en el artículo 7.d) de esta ley.
En todo caso, no tendrán la condición de ingresos computables los siguientes:
Los ingresos que procedan de ayudas y prestaciones de servicios sociales de naturaleza no periódica y de importe inferior a cuatro veces la cuantía básica de la prestación, las prestaciones en el ámbito de la protección de la infancia, así como las becas públicas de educación o formación y similares.
Las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.
Los ingresos generados por la venta de la vivienda habitual cuando los mismos se reinviertan en su totalidad en la compra de vivienda del mismo tipo, o en un negocio o puesto de trabajo propio.
Las asignaciones económicas percibidas como prestación familiar por hijo, o menor acogido a cargo, menor de 18 años.
Las prestaciones económicas procedentes del Sistema de Salud de naturaleza no periódica.
Las cantidades que la persona solicitante esté percibiendo por pensión de alimentos, por resolución judicial o convenio regulador, cuando su importe sea inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Se considerará que se dispone de recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la vida cuando la unidad familiar o de convivencia en la que se integra el titular disponga de un patrimonio cuyo valor sea superior a cuatro veces la cuantía en cómputo anual del límite máximo de rendimientos mensuales establecido en el artículo 7.d).1.º de la ley, en función del número de miembros. Igualmente, se considerará que se dispone de recursos suficientes cuando la unidad familiar o de convivencia disponga de capital mobiliario por importe superior al doscientos treinta por ciento del IPREM, en cómputo anual.
No se considerará recurso patrimonial, a los efectos del apartado anterior, la vivienda habitual del titular de la renta de ciudadanía.
Artículo 9 Compatibilidades e incompatibilidades.
Compatibilidad e incompatibilidades con pensiones o prestaciones públicas:
La renta de ciudadanía será compatible, siempre que no se supere el límite de rentas del artículo 7.d), con la percepción por el titular de las siguientes pensiones o prestaciones:
Prestación o subsidio por desempleo de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Pensión de viudedad en favor de menores de 65 años, de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Pensión de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, contributiva o no contributiva, de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Renta Activa de Inserción percibida por mujeres víctimas de violencia de género.
Cualquier otra prestación de naturaleza asistencial, de importe inferior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía, no comprendida en el apartado siguiente.
La renta de ciudadanía será incompatible con la percepción por el solicitante de las siguientes pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección:
Incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, contributiva o no contributiva, de importe superior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Viudedad en favor de mayores de 65 años.
Renta Activa de Inserción, salvo en los casos de mujeres víctimas de violencia de género.
Prestaciones del Sistema de Empleo cuyo importe sea igual o superior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Prestación o subsidio por desempleo de importe igual o superior a la cuantía básica de la renta de ciudadanía.
Compatibilidad e incompatibilidades con actividades económicas:
La renta de ciudadanía será compatible con el trabajo realizado por cuenta ajena por el solicitante cuyo importe sea inferior a la cuantía básica de la renta, siempre que los ingresos obtenidos por su realización sumados al resto de rentas de la unidad familiar de convivencia no superen el límite de rentas del artículo 7.d).
La renta de ciudadanía será incompatible con la titularidad del perceptor de la prestación de cualquier tipo de establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera. Igualmente, será incompatible con la realización por el perceptor de cualquier clase de actividad económica a título lucrativo que, por sus características, deba dar lugar a su inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
TÍTULO II Artículos 10 y 11
Artículo 10 Obligaciones del titular.
Destinar la prestación a atender las necesidades básicas de la unidad familiar o de convivencia.
Realizar las contraprestaciones incluidas en el proyecto individualizado de inserción.
Colaborar con los profesionales encargados del seguimiento y evaluación del proyecto, facilitando su labor.
No ausentarse de La Rioja por un período superior a 30 días computados por cada año natural.
Comunicar a la Administración concedente, en el plazo máximo de quince días, las modificaciones en la situación personal, familiar o patrimonial que de acuerdo con la presente ley puedan implicar la modificación, suspensión o extinción de la prestación.
Cumplir y ejercer adecuadamente los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda y custodia de los menores, en el supuesto de tenerlos a su cargo.
Mantener ininterrumpidamente su demanda de empleo en el departamento competente del Sistema de Empleo, no rechazar una oferta de empleo adecuado y comunicar cualquier oferta de empleo a los profesionales que realicen el seguimiento de su proyecto de inserción. Mediante informe de los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención se podrá exonerar al titular de la renta de esta obligación cuando por sus características personales y/o sociales no pueda acceder al mercado laboral.
Ejercer las acciones pertinentes para el cobro de cualquier derecho económico que pueda corresponderle.
A los efectos de lo dispuesto en la letra h) del apartado anterior, tendrá la consideración de empleo adecuado aquel que pueda ser desarrollado por la persona titular de la prestación sin grave perjuicio para su situación personal o sociofamiliar, de forma tal que su aceptación no implique la desatención esencial de algún miembro de la unidad familiar o de convivencia que precise cuidados especiales y continuos, o situaciones análogas de incompatibilidad. Dicha circunstancia se acreditará por los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención.
Artículo 11 El proyecto individualizado de inserción.
El titular de la renta de ciudadanía tendrá el derecho y la obligación de participar en un proyecto individualizado de inserción.
A estos efectos, corresponde a los Servicios Sociales del Primer Nivel de Atención diagnosticar la situación personal y socioeconómica de la persona solicitante.
Las contraprestaciones del proyecto individualizado de inserción consistirán preferentemente en actividades de formación destinadas a la inserción laboral del solicitante, si bien podrán realizarse simultáneamente o en alguna de las fases del proyecto medidas de intervención en otras áreas, tendentes a la adquisición de hábitos prelaborales.
Cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá modificar el proyecto individualizado, replanteando las fases y contraprestaciones del itinerario de inserción. La modificación requerirá el acuerdo entre el Servicio Público que haya elaborado el proyecto y el titular de la prestación. Cuando la modificación suponga la intervención de un servicio público distinto al que haya elaborado el proyecto, se le remitirá el expediente para que realice un nuevo proyecto.
Los proyectos de inserción contendrán indicadores de rendimiento y percepción, que permitan valorar no sólo el cumplimiento de los objetivos de inserción social o laboral de los destinatarios, sino también la valoración de los propios destinatarios sobre los proyectos.
TÍTULO III Artículos 12 a 16
Artículo 12 Cuantía básica de la renta y complementos.
La cuantía básica mensual de la renta de ciudadanía estará cifrada en el ochenta por ciento del indicador público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico.
El complemento por el primer miembro será el veinte por ciento del IPREM.
El complemento por el segundo miembro será el quince por ciento del IPREM.
El complemento por el tercero y siguientes miembros será el diez por ciento del IPREM.
Artículo 13 Determinación de la cuantía de la prestación.
A tal efecto, la cuantía mensual de cada prestación vendrá determinada por la diferencia entre el importe fijado en el artículo 12 y el total de recursos o ingresos que perciban todos sus destinatarios. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13.3 y 14.
Cuando se reconozca la compatibilidad de la renta de ciudadanía con el acceso a un trabajo por cuenta ajena del perceptor de la misma, para calcular la cuantía a percibir, no se tendrá en cuenta durante el primer año el cincuenta por ciento de dichas rendimientos de trabajo, ni durante el periodo de percepción de la renta aquellos inferiores a la cuantía mínima de la prestación.
Artículo 14 Cuantía máxima y mínima de la prestación.
La cuantía máxima de la prestación a percibir será del ciento veinticinco por ciento del IPREM.
La cuantía mínima de la prestación a percibir será el veinticinco por ciento de la renta de ciudadanía correspondiente a su unidad familiar o de convivencia.
Cuando la resolución se dicte transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 17, y sea estimatoria, la prestación se devengará a partir del primer día del mes siguiente al cumplimiento de dicho plazo.
Artículo 16 Mantenimiento temporal de la prestación.
Con el fin de no producir interrupciones en la percepción de la prestación, el fallecimiento del titular, su internamiento en establecimiento penitenciario, así como cualquier otra causa que determine la imposibilidad de que continúe siéndolo y no genere derecho a otra prestación, conllevarán el mantenimiento temporal de la renta de ciudadanía en otro miembro de la unidad familiar o de convivencia en la que aquel se integra que reúna los requisitos establecidos en el artículo 7 y lo solicite, en tanto se resuelve sobre la nueva titularidad.
TÍTULO IV Artículos 17 a 22
Artículo 17 Normas generales sobre procedimiento.
El procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir la renta de ciudadanía atenderá, en todo caso, a los criterios de simplificación, coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática.
El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado, acompañándose la documentación que reglamentariamente se determine.
Será competente para resolver el órgano de la consejería competente en Servicios Sociales que se determine reglamentariamente.
La resolución será dictada y notificada en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 18 Modificación de cuantía.
Artículo 19 Suspensión del derecho.
Cuando el titular de la renta de ciudadanía realice un trabajo por cuenta ajena incompatible con la percepción de la renta de ciudadanía, en los términos del artículo 9.2 de la ley, se suspenderá el derecho a la misma a instancia de la persona titular por un periodo máximo de seis meses, reanudándose cuando decaiga la circunstancia que motivó la suspensión.
Cuando los rendimientos de la unidad familiar o de convivencia superen con carácter temporal el límite de rentas del artículo 7.d).1.º, se suspenderá el derecho a la misma a instancia de la persona titular, por un periodo máximo de seis meses, reanudándose cuando decaigan las circunstancias que lo motivaron.
Artículo 20 Extinción del derecho.
El derecho a la renta de ciudadanía se extinguirá por:
Pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
Percepción de una prestación o pensión incompatible con la renta de ciudadanía.
Ejercicio de una actividad económica incompatible con la renta de ciudadanía.
Fallecimiento de la persona titular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley.
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el artículo 10 por causa imputable al titular, así como de las contraprestaciones asumidas por este en el proyecto individualizado de inserción.
Mantenimiento de la causa que dio lugar a la suspensión de la percepción de la prestación por tiempo superior a seis meses.
Falseamiento en la declaración de ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta dirigida a obtener o conservar la renta de ciudadanía.
Trasladar la residencia a un municipio ubicado fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En los supuestos de extinción contemplados en las letras e) y g) del apartado uno de este artículo, la persona titular no podrá volver a solicitar esta prestación en el plazo de seis meses y un año, respectivamente. En ambos supuestos, el plazo se contará desde la notificación de la resolución de extinción.
Artículo 21 Efectos económicos.
Los efectos económicos de la modificación de cuantía se producirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca la causa que la determine. No obstante, si el interesado incumple la obligación de comunicar la modificación sobrevenida, los efectos económicos favorables solo se producirán desde el primer día del mes siguiente al momento en el que la Administración tenga constancia de dicha modificación.
Los efectos económicos de la suspensión y de la extinción se producirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca la causa determinante de la misma.
En los supuestos de reanudación de la prestación derivada de una suspensión, los efectos económicos se producirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se presentó la solicitud de reanudación ante el órgano competente.
Artículo 22 Revisión y reintegro.
El mantenimiento de los requisitos de acceso, así como el importe de la prestación económica, se podrán revisar en todo momento por la consejería competente en Servicios Sociales.
En aquellos casos en que dejen de cumplirse los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación, procederá la extinción de la misma y, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 23 Colaboración interadministrativa.
Las Administraciones públicas de La Rioja colaborarán, en el marco de sus competencias, en las actuaciones de estudio, valoración e informe de casos, acreditación de condiciones y situaciones, procedimiento de reconocimiento del derecho, elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos individualizados de inserción, seguimiento de la prestación y demás actuaciones previstas en la presente ley.
Las entidades locales, a través de los Servicios Sociales del Primer Nivel, desarrollarán las siguientes funciones:
Detección de las unidades familiares o de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o de riesgo de exclusión social, informándoles sobre los requisitos y condiciones para el acceso a la prestación, prestándoles asesoramiento y colaborando con las mismas para la correcta tramitación de la solicitud de la renta de ciudadanía.
Elaboración del proyecto individualizado de inserción en los casos de solicitantes que no puedan acceder a los programas de inserción laboral.
Seguimiento, evaluación y revisión de los proyectos individualizados de inserción que les corresponda elaborar en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2 de esta ley.
Comunicación a la consejería competente en materia de Servicios Sociales de los incumplimientos de sus obligaciones por parte de los titulares de la prestación, cuando se detecten en el seguimiento de los proyectos de inserción elaborados desde los Servicios Sociales del Primer Nivel.
Artículo 24 Comunicación y cesión de datos.
Las Administraciones públicas, en los términos previstos en la legislación reguladora del régimen jurídico de cada categoría o clase de datos, comunicarán los datos de este carácter relativos al titular y al resto de los destinatarios, con el consentimiento de los mismos, cuando su conocimiento sea necesario para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de cedente y cesionario en relación con las actuaciones previstas en la presente ley.
Cuando la situación económica y patrimonial de los interesados deba acreditarse mediante certificaciones emitidas por la Administración tributaria estatal, la presentación de la solicitud supondrá autorización a los órganos competentes de la Administración autonómica para que soliciten directamente dichas certificaciones.
Artículo 25 Equipos de incorporación sociolaboral.
Artículo 26 Financiación de la renta de ciudadanía.
Artículo 27 Ampliación de créditos.
TÍTULO VI Artículos 28 y 29
Artículo 28 Objeto de la Comisión.
Reglamentariamente se creará la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía, adscrita a la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Servicios Sociales.
La Comisión llevará a cabo el seguimiento de la renta de ciudadanía, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora de la prestación, velando por la consecución de sus objetivos en el marco de la planificación de la inclusión social.
Artículo 29 Composición, funcionamiento y régimen.
La Comisión estará integrada por representantes de las consejerías competentes en Servicios Sociales y Empleo, de las entidades locales, de las entidades sindicales y empresariales más representativas y de las organizaciones que actúan en el ámbito de la exclusión social.
La composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía se determinarán reglamentariamente.
Disposición adicional primera Cómputo del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Disposición adicional segunda Mujer embarazada en situación de riesgo social.
Las mujeres embarazadas en situación de riesgo social constituyen por sí mismas una unidad familiar o de convivencia en los términos del artículo 5 de la ley.
Para acceder a la renta de ciudadanía únicamente se les exigirá que acrediten la residencia legal y el requisito de carencia de rentas del artículo 8 de la ley.
Reglamentariamente se determinará la forma de acreditar la condición de mujer embarazada en situación de riesgo social.
Disposición adicional tercera Medios personales y materiales.
Disposición transitoria única Extinción de las prestaciones de inserción social.
A partir de la entrada en vigor previsto en la disposición final tercera, se producirá la extinción de la prestaciones de inserción social reguladas por el Decreto 24/2001, de 20 de abril. Los titulares de aquellas pasarán a ser titulares de la renta de ciudadanía, asignándoles el importe correspondiente a la cuantía básica de la misma.
En el plazo máximo de un año, se revisarán los expedientes correspondientes a los titulares a los que se refiere el apartado anterior de esta disposición y se actualizarán las cuantías de la renta de ciudadanía a las que les correspondan en aplicación del artículo 13 de la presente ley.
Disposición final primera Modificación del anexo del Catálogo de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.
Logroño a 28 de abril de 2017.- El Presidente, José Ignacio Ceniceros González.