Source: http://zulia.tsj.gob.ve/DECISIONES/2019/MAYO/520-23-1252-021.HTML
Timestamp: 2020-01-23 02:07:59
Document Index: 323268780

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'Artículo 936', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 207', 'artículo 271', 'artículo 208', 'artículo 197', 'artículo 429', 'artículo 8', 'artículo 429', 'artículo 1360', 'artículo 66', 'artículo 1363', 'artículo 431', 'artículo 429', 'artículo 4', 'artículo 429', 'artículo 3', 'artículo 431', 'artículo 1428', 'artículo 11', 'artículo 248']

EL JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Solicitud n° 1252
PARTE SOLICITANTE: Agropecuaria Amaltea, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Tercero del estado Zulia, bajo el número 15, Tomo 152-A 485, de fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis (2016), representada por los ciudadanos Maximiliano Raúl Mendoza Borjas y Daniel Eduardo Padrón Borjas, venezolanos, mayores de edad, identificados con los números de cédula de identidad 15.287.172 y 24.241.513, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL: Víctor Manuel García Fermín, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 10.410.367, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 116.998, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
Se inició la solicitud de título supletorio sub facti specie con ocasión a la pretensión postulada por el profesional del derecho Víctor Manuel García Fermín, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A, antes identificados, recaída sobre el fundo denominado Potro Salvaje, del cual –alega– que su representada resultó beneficiaria, según instrumento expedido por el Instituto Nacional de Tierras (INTi). Sostiene en el escrito de solicitud lo que se seguidas se reproduce:
«…[M]i representada es beneficiaria por parte del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en reunión ORD 845-17 de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante acto administrativo, de la adjudicación del predio rústico denominado “POTRO SALVAJE”, tal y como se evidencia en el Título de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° 24353179117RAT0009526 que se agregó a esta petición, con una superficie constante de TRES HECTAREAS CON OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (3 Ha con 8.418 m²), alinderado de la siguiente manera: NORTE: Terreno ocupado por Granja “Mis tres Amores”. SUR: Carretera Falcón- Zulia. ESTE: Terreno ocupado por Norberto González y OESTE: Terreno ocupado por Granja “Los Ángeles”.
Sobre el referido predio “POTRO SALVAJE”, a fines de establecer las bases para el desarrollo rural integral y sustentable tal y como lo ordena la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), en sus disposiciones fundamentales, mi representada construyó y/o fomentó un conjunto de bienhechurías e instalaciones susceptibles de explotación agrícola para la producción y venta de leche cruda y para la reproducción y venta de animales en pie, ambos rubros de la especie caprina, coadyuvando de esta manera a satisfacer las necesidades del mercado agrícola interno y los requerimientos nutricionales de la población, todo ello en el marco del cumplimiento de la función social de la tierra, de la producción nacional o interna, de la seguridad agroalimentaria y por supuesto, de la productividad agraria exigidos en la Ley de Tierras (LTDA), comentada.
El valor aproximado de lo invertido en las construcciones e instalaciones susceptibles de explotación agrícola están según el extracto del informe técnico de avalúo que se agrega a la pretensión en el orden de los TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES (Bs. 13.904.684.418, cuyo equivalente según la conversión monetaria a bolívares soberanos es de TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES SOBERANOS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs.S. 13.904.684.42) consisten en:
PRIMERO: LOS POTREROS: Son seis (06) potreros, sembrados con pastos naturales y pasto estrella. La superficie total aproximada es de dos hectáreas con ocho áreas (2,8 Ha).
SEGUNDO: VIALIDAD: En asientos y caminos el área aproximada es de una hectárea con cuatrocientos dieciocho áreas (1,0418 Ha.).
TERCERO: LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, están divididas en: CASA PARA HABITACIÓN: Una (01) casa dividida en dos (02) cuartos, una (01) cocina, una (01) sala y dos (02) baños. Pisos de concreto, paredes de bloques frisados, techo de concreto, puertas y ventanas de hierro. El área aproximada que ocupa es de ciento treinta y ocho metros cuadrados (138 m²). CORRALES: En total son quince (15) corrales. Cuatro (04) con cerca y techos de asbesto, con un área aproximada de seiscientos cuarenta y siete metros cuadrados (647 m²) en su totalidad. Cuatro (04) con cerca y techos de asbesto, con un área total aproximada de trescientos noventa metros cuadrados (390 m²). Siete (07) con cerca y techos de asbesto y poseen en su totalidad un área aproximada de trescientos noventa y ocho con sesenta y cinco metros cuadrados (398,64 (sic) m²). TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA: En total son dos (02). Un (01) tanque, con paredes de bloques frisados, piso de concreto con una capacidad aproximada de veintiún metros cúbicos (21 m³). Un (01) tanque, con paredes de bloques frisados, piso de concreto con una capacidad aproximada de diez mil litros (10.000 L). DEPOSITO: Con paredes de bloques frisados, piso de concreto, techo de zinc, con un área aproximada de dieciséis con setenta metros cuadrados (16,70 m²). SALA DE ORDEÑO: Posee dos (02) rampas de acceso de concreto, con cerca de ciclón, piso de concreto, techo de acerolit. Su área aproximada es de veintisiete con cuarenta y cinco metros cuadrados (27,45 m²). POZO PERFORADO PARA AGUA: Posee un diámetro de dieciséis pulgadas (16´), con una profundidad aproximada de cuarenta metros (40 m). PISCINA: Paredes y pisos de cemento con una capacidad aproximada de ciento cuarenta y siete metros cúbicos (147 m³). BAÑOS: Dos (02) baños con piso de cemento, paredes de bloques frisados y pintados, techos de zinc con sus piezas sanitarias. Área aproximada de tres con sesenta metros cuadrados (3,60 m²). ACOMETIDA ELÉCTRICA CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA.
CUARTO: UN JAGÜEY, que funciona como laguna principal. Se utiliza para el consumo animal y el riego de potreros. Su capacidad es de ocho mil novecientos ochenta metros cúbicos (8.980 m³).
QUINTO: CERCAS PERIMETRALES E INTERNAS, construidas de diez (10) pelos de alambre de púa, estantillos de madera y botalones que abarcan un área total aproximada de un kilómetro con doscientos noventa y tres metros (1,293 km)…».
En fecha 28 de mayo de 2018, este Tribunal le dio entrada, y acordó la práctica de la inspección judicial en auto por separado sobre el fundo denominado “Potro Salvaje”, a fin de constatar las mejoras, instalaciones y bienhechurías que –según sus alegaciones– han sido edificadas.
En fecha 4 de junio de 2018, previa instancia de parte, este tribunal acordó la inspección judicial.
En fecha 19 de junio de 2018, este Órgano Jurisdiccional, previa instancia de parte, acordó nuevamente la reprogramación de la inspección judicial dada la incomparecencia.
En la oportunidad correspondiente, vale decir, 4 de julio de 2018, este Órgano Jurisdiccional deja constancia sobre las mejoras y bienhechurías constituidas en el fundo.
En fecha 13 de julio de 2018, el apoderado judicial solicitó al Tribunal fije día y hora para que rindan declaración testimonial los ciudadanos promovidos en el escrito de solicitud, pedimento que le fue proveído de conformidad.
En fecha 1° de agosto de 2018, este Tribunal, previa instancia de parte, acordó reprogramar la evacuación de testigos promovidos.
En fecha 13 de agosto de 2018, el Tribunal declaró desierto el acto de la testimonial de los ciudadanos Jesús Daniel Rincón Ferrer, Armando Antonio Prieto Carruyo, venezolanos, mayores de edad, identificados con los números de cédula de identidad 14.895.129 y 20.621.475, dada la incomparecencia de los mismos.
En fecha 18 de septiembre de 2018, el apoderado judicial de la parte solicitante requirió al tribunal reprogramara nuevamente la evacuación de testigos, pedimento que le fue proveído.
En fecha 8 de octubre de 2018, el Tribunal declaró desierto el acto de la testimonial de los referidos ciudadanos, dada la incomparecencia de los mismos.
En fecha 26 de noviembre de 2018, el apoderado judicial de la parte solicitante promueve en calidad de testigo al ciudadano Edward Crespo Padrón, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 13.840.690 toda vez que el ciudadano Armando Prieto Carruyo no se encuentra domiciliado en el país. Igualmente, requiere al tribunal reprograme la evacuación de los testigos, pedimento que fue proveído.
En fecha 14 de enero de 2019, este Tribunal, previo requerimiento de la pretensora, reprogramó nuevamente la evacuación de testigos.
En fecha 28 de enero de 2019, este Tribunal de oficio reprogramó la evacuación de testigos.
En fecha 5 de febrero de 2019, el Tribunal declaró desierto el acto de la testimonial de los ciudadanos Jesús Daniel Rincón Ferrer y Edward Crespo Padrón, antes identificados, dada la incomparecencia de los mismos.
En fecha 22 de marzo de 2019, este tribunal, previa instancia de parte, fija la evacuación de los testigos.
En fecha 29 de marzo de 2019, este Órgano Jurisdiccional de oficio reprogramó la evacuación de testigos.
En fecha 11 de abril de 2019, debido a que este Tribunal no despachó, reprogramó de oficio la evacuación de testigos.
En fecha 24 de abril de 2019, el Tribunal declaró desierto el acto de la testimonial de los ciudadanos Jesús Daniel Rincón Ferrer y Edward Crespo Padrón, venezolanos, mayores de edad, identificados con los números de cédula de identidad 14.895.129 y 13.840.690, dada la incomparecencia de los mismos.
En fecha 9 de mayo de 2019, el apoderado judicial de la parte actora solicita al tribunal fije la evacuación de testigos, pedimento que le fue proveído de conformidad.
En fecha 20 de mayo de 2019, el Tribunal –previo acto de juramentación– llevó a cabo la rendición de la testimonial del ciudadano Jesús Daniel Rincón Ferrer, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 14.895.129, y a su vez, del ciudadano Edward Crespo Padrón, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 13.840.690.
Revisados como han sido los argumentos objeto de solicitud, este Tribunal considera que hay mérito suficiente para decidir, a lo cual se procede, no sin antes hacer las consideraciones a las que haya lugar; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en concatenación con los artículos 936 y siguiente del Código de Procedimiento Civil.
En el orden doctrinal el título supletorio también conocido como justificativo de perpetua memoria constituye instrumento público que otorga fe de la existencia de las mejoras y bienhechurías a que se contrae el mismo; por tanto no es plausible para probar y justificar la propiedad de un inmueble.
Aclarado el alcance del título supletorio, en el foro judicial surge la dicotomía en cuanto a cuál Juzgado le competente resolver el asunto gracioso, pues, por un lado se encuentra regulado por la norma civil aplicable por remisión expresa de la ley agraria; puntualmente en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, cuyo tenor se transcriben:
«Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregaran al solicitante sin decreto alguno.
El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentran los bienes que se trate».
Al tiempo que la legislación agraria, vale decir, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el artículo 197, impone:
«Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria».
Frente a esta incertidumbre es preciso denotar el criterio asumido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 200, de fecha 14 de agosto de 2007, caso Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy vs Agropecuaria La Gloria, C.A., mediante la cual aclaró la diatriba surgida, sosteniendo los argumentos que de seguidas se transcriben:
«Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales.
Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso Humberto Lobo Carrizo).
Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)». (Negrilla del Tribunal).
La referida Sala sigue afirmando el carácter especial de la materia agraria y en consecuencia el fuero atrayente en aquellos asuntos en los que se involucre el principio de la seguridad y soberanía agroalimentaria de la nación. A tal efecto, en sentencia número 24 publicada en fecha 16 de abril de 2008, prescribe:
«En el presente caso, el procedimiento donde se interpuso la demanda de tercería, es un juicio de intimación incoado a los fines de cobrar una letra de cambio, que como acto objetivo de comercio, le confiere a la cuestión controvertida un cariz mercantil, que de acuerdo a lo expuesto, atribuye el conocimiento del asunto en primera instancia a los tribunales ordinarios civiles mercantiles y en alzada a los juzgados superiores competentes por la materia y el territorio.
No obstante ello, el artículo 271 de de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia». (Negrilla del Tribunal).
En reciente data la misma Sala en la sentencia n° 8 de fecha 15 de enero de 2015 (caso: Julio César Rojas y otros), ratificó los criterios anteriormente referidos, señalando lo siguiente:
«(…) esta Sala Plena a fin de garantizar tanto la uniformidad de los criterios suscritos como una correcta aplicación de justicia, en beneficio de la seguridad jurídica, que se ve afectada cuando existen sentencias que aplican criterios diferentes para dilucidar un mismo asunto, abandona el criterio jurisprudencial establecido en la citada sentencia N° 111 del 07 de octubre de 2008, que fue reiterado en la sentencia N° 1 del 15 de enero de 2009, y las sentencias Nros. 4, 5, 6 y 7 del 25 de febrero de 2009, entre otras, y por la Sala Especial Segunda de la Sala Plena en las sentencias Nros 32 del 13 de agosto de 2013 y 92 del 12 de diciembre del mismo año, en cuyos fallos se le atribuyó la competencia para conocer de las solicitudes de títulos supletorios, en las que estaban involucrados bienes susceptibles de explotación agraria, a la jurisdicción civil. En consecuencia, se declara que el juez agrario es el competente para proveer títulos supletorios sobre bienes vinculados o dedicados a la actividad agraria, en particular, el juez de primera instancia agraria del lugar de ubicación de los mismos; dejando claro que si los bienes de que trata tal justificativo no estuvieren dedicados a dicha actividad agraria el juez competente para acreditar la posesión u otro derecho real sobre éstos ha de ser el juez civil ordinario correspondiente; trámite en el cual cada juez, conforme a su especialidad, tomará en consideración las normas sustantivas que regulan el derecho real de que se trate, a la luz de los principios que informan la materia agraria y civil, respectivamente. Así se declara» (Negrilla del Tribunal).
De un prolijo análisis de lo anterior, este Tribunal colige que la competencia de los Juzgados Agrarios de Primera Instancia de la República viene determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones que se someten a su conocimiento. Así resultará propio analizar con detenimiento los intereses en conflictos, pues, pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria también son perfectamente susceptibles de instrucción en la jurisdicción civil, a saber, acciones reivindicatorias, acciones de deslinde, sucesorales, contractuales, de créditos, entre otras; distinguiéndose entre sí, por cuanto la competencia agraria se le atribuye a aquellos asuntos de índole agroproductiva y por ende repercuten en la seguridad agroalimentaria de la Nación y/o en la protección de la biodiversidad y/o de los recursos naturales renovables que tutela la Constitución.
En estricta sujeción al caso de estudio, importa recordar el criterio pacífico y reiterado de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que señala: «(…) [L]a competencia de los tribunales de la Jurisdicción agraria viene determinada por el objeto sobre el cual versan las pretensiones deducidas, siendo que dicho objeto debe estar directamente vinculado con la actividad agraria (…) aún cuando los Justificativos de perpetua memoria se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil (artículos 936 y siguiente), ello no implica que en todos los casos la competencia esté asignada a la Jurisdicción civil (…)», mucho más cuando el artículo 197 numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo antes trascrito.
En consecuencia, la competencia para conocer, tramitar y proveer solicitudes que se encuentren vinculadas con actividades de vocación agraria le corresponde a los Tribunales Agrarios de Primera Instancia de acuerdo a la ubicación del inmueble, en atención a los criterios legales, jurisprudenciales y doctrinales.
Dentro de este marco, observa esta Sentenciadora, que la pretensora requirió título supletorio sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías fomentadas en el fundo denominado “Potro Salvaje”, ubicado en el sector La Y, parroquia José Cenovio Urribarri, municipio Santa Rita del estado Zulia, cuyos linderos son los siguientes: Por el NORTE: terreno ocupado por Granja Mis Tres Amores, SUR: carretera Falcón-Zulia, ESTE: terreno ocupado por Norberto González y OESTE: terreno ocupado por Granja Los Ángeles.
Resulta indefectible que el objeto de la presente solicitud se encuentra afecto a la actividad agraria como quiera que a la empresa postulante le fuere otorgado título de adjudicación por el Instituto Nacional de Tierras –Ente que se encarga de la regularización de la tenencia de las tierras con vocación agraria–, el cual recayó sobre el terreno en el que se encuentran edificadas las mejoras y bienhechurías; ubicado geográficamente en territorio que comprende la competencia de este Órgano Jurisdiccional, razón por la cual, este Juzgado Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, situado en la categoría “B” del escalafón señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es competente ratio materiae y ratio loci para conocer de la solicitud deducida y Así se establece.
Establecido lo anterior, se procede a valorar el material probatorio promovido por la representación judicial de la solicitante, y en tal sentido, observa que promovió y evacuó los siguientes medios:
1.	Copia certificada del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Tercero del estado Zulia, bajo el número 15, Tomo 152-A 485, de fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis (2016). (Folios 04 al 10 del expediente).
La anterior documental, distinguida con el número 1, se compone de la copia fotostática certificada de un documento privado debidamente registrado, el cual adquiere publicidad frente a terceros en virtud de su registro y publicación en el Registro Mercantil, la cual debe ser valorada de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.363 y 1.384 del Código Civil, y con las previsiones de la Ley del Registro Público y del Notariado, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas o tachadas. Así se establece.
2.	Copia simple de Registro Único de Información Fiscal (RIF) de la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A. (Folio 15 del expediente).
3.	Copia simple del título de adjudicación socialista agrario y carta de registro agrario n° 24353179117RAT0009526, expedido por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante reunión ORD 845-17, de fecha 05 de septiembre de 2017, a favor de la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Tercero del estado Zulia, bajo el número 15, Tomo 152-A 485, de fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis (2016). (Folios 16 y 17 del expediente).
4.	Copia certificada de levantamiento topográfico del predio rural Potro Salvaje expedido por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), en fecha 21 de noviembre de 2017. (Folio 18 del expediente).
Las anteriores documentales, distinguidas con los números 2, 3 y 4, se componen de copias fotostáticas simples y certificadas de documentos públicos con carácter administrativo, las cuales en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, gozan de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no se desvirtúen o sean impugnadas el contenido de las mismas, de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1360 del Código Civil. Así se establece.
Importa denotar que en atención al artículo 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el acto administrativo promovido y emanado del Instituto Nacional de Tierras (INTI), transfiere la posesión legítima de la tierra productiva ocupada y trabajada por él o los adjudicatarios. En consecuencia, este instrumento acredita que efectivamente la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A, , inscrita en el Registro Mercantil Tercero del estado Zulia, bajo el número 15, Tomo 152-A 485, de fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis (2016), representada por los ciudadanos Maximiliano Raúl Mendoza Borjas y Daniel Eduardo Padrón Borjas, antes identificados, se encuentra en posesión del fundo denominado “Potro Salvaje”, y habida consideración de lo anterior, en uso de las mejoras y bienhechurías que refiere en el escrito de solicitud, salvo que posteriormente se demuestre lo contrario. Así se establece.
5.	Original de factura número A-000000001, expedida por la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A., de fecha 12 de marzo de 2018. (Folio 19 del expediente).
La anterior documental, distinguida con el número 5, se compone de original de documento privado que debe ser valorado, conforme al artículo 1363 del Código Civil, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no se desvirtúe o sea impugnada el contenido de la misma. Así se establece.
6.	Original de factura número A-000008478, expedida por la empresa Servinsumos Agrozulia, C.A, de fecha 22 de noviembre de 2017. (Folio 20 del expediente).
La anterior documental, distinguida con el número 6, se compone de original de documento privado emanado de tercero cuyo contenido debe ser ratificado por quien lo suscribe mediante la prueba testimonial, conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no ocurrió en actas y en consecuencia se desestima del acervo probatorio. Así se establece.
7.	Legajo de copias fotostáticas simples de cédulas de identidad de los ciudadanos Jesús Daniel Rincón Ferrer, Armando Antonio Prieto Carruyo, Maximiliano Raúl Mendoza Borjas, Daniel Eduardo Padrón Borjas, Víctor Manuel García Fermín y Edward Enrique Crespo Padrón. (Folios 21 al 24 y 54 del expediente).
Las anteriores documentales, distinguidas con el número 7, se componen de las copias fotostáticas simples de documentos públicos, las cuales deben ser valoradas de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4 del Código Civil que permite su aplicación por analogía habida cuenta que el artículo 429 alude a los documentos públicos negociales, y con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas o tachadas. Así se establece.
8.	Copia fotostática de “informe técnico de avalúo”, suscrito por el ingeniero Juan Carlos Nava Luzardo, el cual anexa tablas que indican el valor de las tierras, cultivos, construcciones e instalaciones. De cuyo contenido no se distingue el lote de terreno sobre el cual recae el mismo.
La anterior documental, distinguida con el número 8, se compone de original de documento privado emanado de tercero cuyo contenido debe ser ratificado por quien lo suscribe mediante la prueba testimonial, conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no ocurrió en actas y en consecuencia se desestima del acervo probatorio. Así se establece.
La prueba por excelencia, consta en actas en fecha 04 de julio de 2018, constituida por la inspección judicial que practicó este Juzgado, recaída sobre el fundo denominado “Potro Salvaje”, oportunidad en la cual se observó la existencia de las siguientes mejoras, bienhechurías e instalaciones:
«(…)Se deja constancia que al fundo se accede por un portón de mallas de ciclón de color azul, y en el patio central del mismo se observan las siguientes mejoras y bienhechurías: una casa de habitación principal construida con paredes externas de bloques frisadas y pintadas en parte y otra parte sin pintar, e internamente frisadas y pintadas, techos de zinc sobre estructura de hierro, puertas y ventanas de hierro con sus protecciones de hierro, pisos externos de cemento rústico, e internamente con pisos de cemento pulido, dividida en dos habitaciones, dos salas de baños, un área común; un depósito de paredes externas de bloques frisadas y pintadas, e internamente frisadas sin pintar, piso de cemento pulido, techo de zinc sobre estructura de hierro, que consta de dos puertas de hierro y dos ventanas de hierro; una estructura externa de paredes de bloques frisadas y pintadas, bloques de ventilación, piso de cemento rústico, techo de zinc sobre estructura de hierro, dividido en una sala de baño y una ducha; un tanque a nivel del suelo, cilíndrico de concreto con base de concreto, destinado al almacenamiento de agua con capacidad aproximada de 10.000 litros; una estructura de concreto rústico abierta, techo de zinc sobre estructura de hierro, que consta de dos rampas de concreto y mesón de concreto para ordeño de cabras; nueve corrales delimitados con media malla de ciclón con bases de concreto, pisos de arena, siete consta con techo de abesto sobre estructura de hierro y dos con techos de zinc sobre estructura de hierro, con sus comederos de plásticos y bebederos de concreto, y portones de ciclón con marcos de hierro; un corral de maternidad, delimitado con media malla de ciclón con bases de concreto, portón de ciclón, con comederos de hierro, piso de cemento rustico; un corral delimitado con estructura metálica pisos de arena, techos de zinc sobre estructura de hierro, un jagüey artificial; un pozo perforado de 40 metros de profundidad aproximadamente, con una bomba sumergible de 1 HP de fuerza; un tanque de concreto a nivel del suelo, con media pared de bloques frisadas y pintadas, pisos de cemento, con capacidad para 8.000 litros aproximadamente; igualmente, se deja constancia que el fundo está dotado de electricidad monofásica, se encuentra dividido en seis potreros, y se encuentra totalmente cercado con estantillo de madera, con ocho, nueve, y diez hilos de alambre de púas. (…)».
Respecto a este medio probatorio, el jurista Emilio Calvo Baca, en su obra “Código Civil Venezolano Comentado y Concordado” (Ediciones Libra 2004: Pág. 855), señala que es el «(…) medio probatorio por el que el Juez constata personalmente, a través de todos los sentidos, los hechos materiales que fundamentan la controversia», el cual debe ser valorado de conformidad con los artículos 472 y 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1428 del Código Civil venezolano, constituyendo plena prueba las circunstancias y hechos que el Juez aprecie a través de sus sentidos; desprendiéndose del referido medio las mejoras, bienhechurías e instalaciones que alega la parte solicitante. Así se establece.
Finalmente, en relación a las testimoniales promovidas de los ciudadanos Jesús Daniel Rincón Ferrer y Edward Crespo Padrón, tal como consta en las actas, este tribunal en atención al principio de inmediación y a las facultades referidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estima que los testigos fueron contestes y congruentes en las respuestas que se les formuló, que en el caso que nos ocupa, recayeron sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías que conforman el fundo denominado “Potro Salvaje”. Así se establece.
En consecuencia, del análisis del acervo probatorio estima este tribunal que hay suficientes elementos de convicción sobre la existencia de las mejoras y bienhechurías recaídas sobre el fundo Potro Salvaje, el cual fue objeto de adjudicación a la parte hoy solicitante; lo cual será declarado de manera expresa y positiva en el dispositivo del presente fallo.
No obstante, antes de proceder a dictar el dispositivo en la presente causa, considera importante este órgano jurisdiccional, traer a colación el primer aparte del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa”.
En virtud del cual, la sentencia que se dicte en el presente asunto, dejará expresa constancia que se dejarán a salvo los derechos que pudieran tener terceros sobre las referidas mejoras y bienhechurías.
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional considera suficiente los medios probatorios previamente indicados y valorados, para declarar JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A., sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías descritas en la inspección judicial practicada sobre el lote de terreno denominado “Potro Salvaje”, y así se hará constar en el dispositivo de la presente sentencia. Así se decide.
1°) ÚNICO: JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de la sociedad mercantil Agropecuaria Amaltea, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, bajo el número 15, Tomo 152-A 485, de fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis (2016), representada por los ciudadanos Maximiliano Raúl Mendoza Borjas y Daniel Padrón Borjas, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 15.287.172 y 24.241.513; sobre las mejoras, bienhechurías y edificaciones construidas en el lote de terreno denominado “Potro Salvaje”, ubicado en el sector La Y, parroquia José Cenovio Urribari, municipio Santa Rita del estado Zulia, cuyos linderos son los siguientes: Por el NORTE: terreno ocupado por Granja Mis Tres Amores, SUR: carretera Falcón-Zulia, ESTE: terreno ocupado por Norberto González y OESTE: terreno ocupado por Granja Los Ángeles.; demarcados por los puntos de coordenadas levantadas en proyección Universal (sic) de mercator (UTM), según se desprende del título de adjudicación emitido por el Instituto Nacional de Tierras (INTI); cuyas mejoras se encuentran descritas de la siguiente manera: “«(…)Se deja constancia que al fundo se accede por un portón de mallas de ciclón de color azul, y en el patio central del mismo se observan las siguientes mejoras y bienhechurías: una casa de habitación principal construida con paredes externas de bloques frisadas y pintadas en parte y otra parte sin pintar, e internamente frisadas y pintadas, techos de zinc sobre estructura de hierro, puertas y ventanas de hierro con sus protecciones de hierro, pisos externos de cemento rústico, e internamente con pisos de cemento pulido, dividida en dos habitaciones, dos salas de baños, un área común; un depósito de paredes externas de bloques frisadas y pintadas, e internamente frisadas sin pintar, piso de cemento pulido, techo de zinc sobre estructura de hierro, que consta de dos puertas de hierro y dos ventanas de hierro; una estructura externa de paredes de bloques frisadas y pintadas, bloques de ventilación, piso de cemento rústico, techo de zinc sobre estructura de hierro, dividido en una sala de baño y una ducha; un tanque a nivel del suelo, cilíndrico de concreto con base de concreto, destinado al almacenamiento de agua con capacidad aproximada de 10.000 litros; una estructura de concreto rústico abierta, techo de zinc sobre estructura de hierro, que consta de dos rampas de concreto y mesón de concreto para ordeño de cabras; nueve corrales delimitados con media malla de ciclón con bases de concreto, pisos de arena, siete consta con techo de abesto sobre estructura de hierro y dos con techos de zinc sobre estructura de hierro, con sus comederos de plásticos y bebederos de concreto, y portones de ciclón con marcos de hierro; un corral de maternidad, delimitado con media malla de ciclón con bases de concreto, portón de ciclón, con comederos de hierro, piso de cemento rustico; un corral delimitado con estructura metálica pisos de arena, techos de zinc sobre estructura de hierro, un jagüey artificial; un pozo perforado de 40 metros de profundidad aproximadamente, con una bomba sumergible de 1 HP de fuerza; un tanque de concreto a nivel del suelo, con media pared de bloques frisadas y pintadas, pisos de cemento, con capacidad para 8.000 litros aproximadamente; igualmente, se deja constancia que el fundo está dotado de electricidad monofásica, se encuentra dividido en seis potreros, y se encuentra totalmente cercado con estantillo de madera, con ocho, nueve, y diez hilos de alambre de púas. (…)».
Se dejan a salvo los derechos de terceros que puedan detentar interés sobre las mismas, de conformidad con los artículos 11 y 937 del Código de Procedimiento Civil; instándose al beneficiario a acogerse a los mecanismos de participación y regularización establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Devuélvanse los originales con sus resultas a la parte interesada, previa certificación por Secretaría.
Déjese copia certificada por Secretaria de la presente sentencia, en conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
ABG. ALESSANDRA P. ZABALA MENDOZA
ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS