Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68338
Timestamp: 2018-02-20 21:27:05
Document Index: 244335304

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 8', 'artículo 162', 'artículo 258', 'artículo 8', 'artículo 163', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 233', 'artículo 163', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 163', 'artículo 238', 'Artículo 2', 'artículo 163', 'artículo 238', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 163', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 238', 'artículo 238', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 238', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

Decreto 1778 de 2016 Nivel Nacional
Medio de Publicación: Diario Nacional No. 50053 del 10 de noviembre de 2017.
En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 708 de 2001 y los artículos 162 y 163 de la Ley 1753 de 2015, y
Que el artículo 162 de la Ley 1753 de 2015 -Plan Nacional de Desarrollo 20142018 "Todos por un Nuevo País", modificatorio del artículo 258 de la Ley 1450 de 2011, establece que la Nación podrá enajenar o entregar al Colector de Activos Públicos de la Nación, Central de Inversiones S.A. (CISA) sus participaciones accionarias minoritarias, cuya propiedad haya sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la Nación o que provengan de una dación en pago, siempre y cuando la participación no supere el diez por ciento (10%) de la propiedad accionaria de la empresa. Igualmente establece que en el evento en que la Nación decida entregar las acciones para que el Colector de Activos Públicos adelante el proceso de enajenación, éste se efectuará conforme al modelo de valoración y al procedimiento establecido por CISA.
Que el artículo 8 de la Ley 708 de 2001 señala que los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como los órganos autónomos e independientes, con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, las sociedades de las entidades y no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa que éstas deben tener, deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas de acuerdo al reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el artículo 163, ordena a las entidades públicas del orden nacional con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las entidades en liquidación, a vender los inmuebles que no requieran para el ejercicio de sus funciones y la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencida, al Colector de Activos Públicos, Central de Inversiones S.A. (CISA).
Artículo 1. Modifíquese el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 2.5.2.1. Definiciones:
1. Activos inmobiliarios. Son todos los inmuebles de propiedad de la entidad pública. Para efectos del presente decreto se entiende por activos inmobiliarios el derecho proindiviso o cuota entidades públicas sobre bienes inmuebles, así como derechos fiduciarios en fideicomisos que tienen como bien(es) fideicomitido(s) inmuebles.
2. Bienes inmuebles requeridos para el ejercicio sus funciones: Aquellos Activos Inmobiliarios propiedad de las entidades públicas cumplan con una o varias de las siguientes condiciones:
ii) Que hagan parte de proyectos de Asociación Público Privada de que el artículo 233 de la Ley 1450 de 2011;
iii) Que hagan parte proyectos de inversión pública relacionados con funciones de la entidad pública propietaria y cuenten con autorizaciones comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias o extraordinarias.
3. CISA. Es el Colector de Activos Públicos, Central de Inversiones S.A. -CISA, sociedad comercial de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de naturaleza única, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos, al régimen de derecho privado, encargada de contribuir a la adecuada gestión de activos estatales.
4. Gastos administrativos de los Activos Inmobiliarios: Son aquellos gastos derivados de servicios públicos, cuotas administración, impuestos, tasas y contribuciones, seguros, avalúos o cualquier otro gasto relacionado con los Activos Inmobiliarios; así como todos aquellos que se requieran para la obtención de los paz y salvos pertinentes que permitan la escrituración y registro; y los derivados de la custodia, defensa, promoción y enajenación de los activos recibidos por CISA.
Dichos gastos administrativos podrán corresponder tanto a períodos causados con anterioridad a fecha recibo del inmueble por parte CISA, como a períodos posteriores.
5. Modelo de Valoración: Es una herramienta técnica utilizada por CISA, incorpora metodologías matemáticas, financieras y/o estadísticas, cual es aprobada por la Junta Directiva de ISA y arroja el al cual las entidades públicas deben vender a C los diferentes activos. Igualmente, el Modelo Valoración, junto con las políticas definidas por la Junta Directiva de CISA, arroja precio cual ésta comercializa a terceros los activos adquiridos en desarrollo de su objeto social.
6. Sistema de Información Gestión de Activos -SIGA: El Sistema de Información de Gestión de Activos -SIGA es la única herramienta de información activos Estado, en cual se consolidan las características generales, técnicas, administrativas y jurídicas de mismos.
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, las entidades públicas podrán realizar la depuración definitiva de los saldos contables, en los eventos en que la cartera sea de imposible recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente. En todos los casos se debe realizar un informe detallado de las causales por las cuales se depura.
9. Administración de Cartera Vencida: Es el desarrollo de las actividades orientadas a la evaluación, seguimiento, control de la cartera, cobro pre jurídico y jurídico, y en general el desarrollo de las gestiones conducentes a la obtención del pago.
Artículo 2.5.2.1.1. Administración del Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA). En su calidad de colector de activos públicos y coordinador de la gestión de activos del Estado, CISA, continuará con el desarrollo, administración y mantenimiento del Sistema de Gestión de Activos -SIGA, con el fin de contribuir a normalización o monetización de los activos públicos.
De tal forma CISA seguirá teniendo a su cargo la administración, mantenimiento y expansión del SIGA, como consolidación del inventario total de los activos Estado, incluyendo aquellos que respaldan pasivo pensional y cuya gestión se desarrolle en disposiciones complementarias al presente título.
Parágrafo. CISA podrá desarrollar todas las actividades que permitan la integración del SIGA con otros sistemas información pública que puedan llegar a contribuir, directa o indirectamente, con aseguramiento de la calidad de los datos sobre activos del Estado. Con la finalidad de asegurar la calidad de los datos reportados en el SIGA, las entidades públicas que administren información de activos públicos deberán facilitar los procesos de interoperabilidad y acceso masivo a la información a CISA.
Artículo 2.5.2.1.2. Reporte de información. Para los fines previstos en el artículo anterior, todas las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos e independientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas naturaleza mixta con o sin ánimo de lucro, así como cualquier entidad, unidad o dependencia productora información que se caracterice por ser unidad jurídica y/o administrativa y/o económica, que desarrolle funciones cometido estatal y controlen, administren, manejen o de cualquier forma tengan a su cargo recursos públicos deberán registrarse, reportar y/o actualizar, según caso, la información general, administrativa y jurídica sobre todos sus activos al SIGA, 1 incluyendo los que hayan recibido entidades en liquidación y estén afectos al pasivo pensional, bajo los estándares, tiempos y frecuencias establecidos por el administrador del Sistema.
La información deberá actualizarse una vez se presente un hecho o una situación jurídica que modifique de cualquier forma los datos reportados. Igualmente, cada vez que una entidad a las que hace referencia el presente artículo adquiera un activo fijo inmobiliario deberá reportarlo al SIGA a partir de la fecha de inscripción del acto adquisición en registro de instrumentos públicos.
CISA definirá y divulgará los procedimientos, tiempos y frecuencias para el reporte y actualización de la información de activos en el SIGA. En ese mismo sentido, los representantes legales de cada entidad obligada a reportar y los funcionarios autorizados por para el reporte de datos serán del cumplimiento del reporte bajo los estándares definidos y de la pertinencia, exactitud, oportunidad, accesibilidad, interpretabilidad, coherencia, integridad y consistencia de los datos suministrados.
Artículo 2.5.2.1.3. Garantía de la calidad de la información. Los representantes de las entidades públicas obligadas a reportar la información, deberán garantizar la oportunidad de los reportes, al igual que la idoneidad del personal responsable del reporte, para cuyo efecto deberá registrarse en el SIGA cualquier cambio o novedad del personal autorizado por la entidad para el registro, reporte y/o actualización de la información en el Sistema.
Artículo 2.5.2.1.4. Condiciones de la Información: Las entidades públicas obligadas a reportar la información, deberán registrar en el SIGA la información correspondiente a los indicadores establecidos por CISA que permitan medir la eficiencia en la gestión de los activos fijos inmobiliarios.
Artículo 2.5.2.2.1. Modelo de valoración de cartera. Las condiciones incluidas en el Modelo de Valoración de Cartera para la fijación del precio de la cartera a adquirir, serán las siguientes:
2. La estimación de la tasa de descuento del flujo en función de los ingresos, costos y gastos asociados a la cartera, incluyendo además los factores de riesgo inherentes al deudor, a la(s) garantía(s) que ampara(n) la cartera ya la operación, que puedan afectar el pago normal de las obligaciones.
Artículo 2.5.2.2.2. Forma de pago. El valor arrojado por el Modelo de valoración se reflejará en el contrato interadministrativo o en el acta de entrega que se suscriba para la adquisición y será girado en los plazos fijados por CISA, atendiendo sus disponibilidades de caja, así:
Artículo 2.5.2.2.3. Administración de Cartera no Vencida y de Cartera de Naturaleza Coactiva: La Cartera no Vencida y la Cartera Naturaleza Coactiva podrá ser administrada por CISA, para lo cual habrá de celebrarse correspondiente contrato interadministrativo en el cual se establecerán las obligaciones las partes y las comisiones que cobrará CISA por dicha gestión.
Parágrafo: La Cartera no Vencida también podrá ser adquirida por CISA, de acuerdo con su Modelo de Valoración y atendiendo para el efecto los procedimientos y reglas establecidas en los artículos anteriores.
Artículo 2.5.2.3.1. Venta de Activos Inmobiliarios no requeridos para el ejercicio de funciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, modificatorio del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, las entidades públicas del orden nacional deberán vender a CISA todos aquellos Activos Inmobiliarios que no requieran para el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las entidades en liquidación.
Artículo 2.5.2.3.2. Excepciones a la obligación de venta de inmuebles a CISA: Se exceptúan de la obligación de venta a CISA consagrada en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, modificatorio del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 aquellos activos inmobiliarios que, si bien no son requeridos por las entidades públicas del orden nacional para el ejercicio de sus funciones, presentan una o varias de las siguientes condiciones:
4. Pesen sobre ellos condiciones resolutorias de dominio vigentes o procesos de cualquier tipo en contra de la entidad pública propietaria o ésta hubiere iniciado algún proceso.
9. Hayan sido declarados de Interés Cultural, conforme a la Ley 1185 2008.
10. Aquellos cuyo valor de compra resulte ser cero (O) o negativo, conforme al Modelo de valoración de CISA.
11. Se trate de inmuebles que se enmarquen en las condiciones establecidas en los artículos 1 y 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Ley 1001 de 2005.
12. Se trate de inmuebles a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) o de inmuebles especiales a cargo de la Sociedad de Activos SAE.
Parágrafo: En los eventos previstos en los numerales 3,4, y 7 del presente artículo CISA podrá tomar la decisión de adquirir los Activos Inmobiliarios para adelantar el proceso de saneamiento a que haya lugar, para proceder posteriormente, a su enajenación de conformidad con los procedimientos establecidos para el efecto.
Artículo 2.5.2.3.3. Listado de bienes inmuebles susceptibles de enajenación a CISA: Las entidades públicas del orden nacional a las que hace referencia el artículo 163 de la ley 1753 de 2015, deberán elaborar un listado de bienes inmuebles que no requieran para el ejercicio de sus funciones. Este listado deberá incluir la identificación de los inmuebles y las fechas programadas para realizar la venta a CISA.
El modelo para la elaboración del listado de bienes inmuebles susceptibles de enajenación se encontrará en el Sistema de Gestión de Activos SIGA. Este listado debe publicarse por las entidades en el SIGA a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal.
Artículo 2.5.2.3.4 Avalúo comercial. En todos los casos para realizar la venta a CISA, las entidades deben contar con el avalúo comercial del inmueble realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por Lonjas de Inmuebles o Avaluadores que estén inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores en los términos de la Ley 1673 de 2013. Estos avalúos deben tener una vigencia máxima de un año. No obstante, en el evento en que el avalúo se encuentre vencido, las partes podrán suscribir la correspondiente transferencia y acordar una cláusula de reajuste del precio, una vez se obtenga el nuevo avalúo.
Artículo 2.5.2.3.5. Precio y Forma de Pago. Tomando como base el valor del avalúo comercial, CISA realizará el análisis del inmueble según criterios técnicos, jurídicos y comerciales de acuerdo a su Modelo de Valoración, y fijará el precio de compra del inmueble. Esta metodología, junto con sus políticas y procedimientos será aplicable igualmente por CISA en el proceso de enajenación de los inmuebles a terceros en desarrollo de su actividad de movilización de los activos.
Artículo 2.5.2.3.1.1. Comercialización y Administración de Inmuebles. Las entidades públicas podrán contratar los servicios del Colector de Activos Públicos para que éste realice la comercialización, administración o saneamiento de los Activos Inmobiliarios que no sean comprados por CISA. El Contrato Interadministrativo suscrito entre CISA y la entidad pública definirá el alcance de las labores de administración y/o comercialización según las necesidades de la entidad estatal y bajo las políticas y procedimientos del Colector, cobrando por este servicio una comisión o tarifa.
Las comisiones y/o tarifas por las labores de administración y comercialización y en general los Gastos Administrativos de los Activos Inmobiliarios podrán ser descontados por el Colector de Activos Públicos de los recursos que perciba por dicha gestión y/o de los frutos recibidos durante la administración o de los valores recibidos de la venta. Si se determina que los frutos o recursos a percibir por la administración de los inmuebles no son suficientes para cubrir las comisiones de CISA o los Gastos Administrativos, ésta informará a la entidad antes de la suscripción del contrato, para que la misma surta los trámites para la expedición de la disponibilidad presupuesta! correspondiente.
Artículo 2.5.2.3.1.2. Transferencia de inmuebles recibidos en desarrollo del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011. CISA podrá enajenar los inmuebles que hubieren transferido las entidades públicas en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y del artículo de la Ley 1420 de 2010 Y que a la fecha de expedición de la Ley 1753 de 2015 no hubieren sido enajenados por CISA, siguiendo para el efecto su modelo de valoración y sus políticas y procedimientos.
Artículo 2.5.2.3.2.1. Transferencia de recursos producto de la enajenación que realice CISA. El Colector de Activos Públicos (CISA) girará al final de cada ejercicio a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el resultado neto derivado de las ventas a los terceros, de los inmuebles que haya recibido a título gratuito en el marco de las Leyes 1420 de 2010 y 1450 de 2011.
ii) Los gastos administrativos definidos en el numeral 4° del artículo 2.5.2.1 del presente título, asumidos por CISA.
iii) Aquellos asumidos por colector de activos de inmuebles posteriormente revocados;
Parágrafo. En aquellos eventos en que los inmuebles transferidos gratuitamente al Colector de Activos Públicos (CISA), en virtud de la aplicación del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, estén produciendo frutos, y estos sean percibidos por CISA, el valor de estos, al igual que los rendimientos, intereses y demás valores derivados de los mismos serán descontados del valor de la comisión de que trata presente artículo.
Artículo 2.5.2.4.1. Planes de enajenación onerosa. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y los Órganos Autónomos e Independientes del orden nacional, deberán adoptar sus planes de enajenación onerosa de conformidad con lo establecido en la Ley 708 de 2001.
Artículo 2.5.2.4.2. Procedimiento del plan de enajenación onerosa. Las entidades mencionadas en el artículo anterior deberán actualizar sus planes de enajenación onerosa bimestralmente, mediante acto administrativo suscrito por su Representante Legal. Dicho acto administrativo deberá expedirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del bimestre correspondiente, siempre que la entidad haya adquirido la propiedad del(los) bien(es) inmueble(s) durante dicho periodo.
1. Estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina;
3. Los contemplados en el inciso 10 del artículo 10 de la Ley 708 de 2001, vale decir, aquellos que tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deberán ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en las disposiciones sobre estos inmuebles fiscales contenidas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y el artículo 10 del Decreto 724 de 2002 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Agricultura y Desarrollo Rural.
El plan de enajenación onerosa deberá publicarse en la página web la entidad dentro los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición y por un término de dos (2) d De igual manera, se deberá enviar copia del mismo al Colector de Activos Públicos (CISA), dentro de los (3) días hábiles siguientes a su publicación.
Si transcurrido término establecido en el inciso anterior, la entidad propietaria no hubiere vendido sus bienes inmuebles, los mismos se ofrecerán a las entidades públicas, por una sola vez, a de la página web de entidad y en un periódico de amplia circulación nacional, publicados en la misma fecha, para que en un plazo no mayor treinta (30) días calendario, aquellas que estén interesadas soliciten por escrito la transferencia a título gratuito, solicitud que debe ser atendida en un plazo no mayor treinta (30) días calendario, contados a partir de su recibo.
La solicitud transferencia a la entidad propietaria del bien debe contener la destinación que se le dará al inmueble para:
Artículo 2.5.2.4.3. Sanciones. La omisión, la información incorrecta o el incumplimiento por parte de los responsables de la ejecución de lo previsto en presente título, las sanciones disciplinarias y fiscales que establezca la ley.
ENAJENACIÓN PARTICIPACIONES ACCIONARLAS MINORITARIAS LA NACIÓN A TRAVÉS DE CISA Y DE LAS PARTICIPACIONES MINORITARIAS ACCIONARLAS DE PROPIEDAD DE CISA
Artículo 2.5.2.5.1. Venta de participaciones accionarias minoritarias de la Nación a través del Colector de Activos Públicos (CISA). El presente Capítulo se aplica al proceso de enajenación, total o parcial, de aquellas participaciones accionarias en las cuales la propiedad de las mismas haya sido producto de un acto en que no haya mediado la voluntad expresa de la Nación o provengan de una dación en pago, siempre y cuando esta participación no supere el 10% de la propiedad accionaría de la empresa.
En desarrollo de lo aquí dispuesto la Nación podrá enajenar directamente o entregar al Colector de Activos de la Nación las participaciones accionarías objeto del presente reglamento.
1. Enajenación Directa. Cuando la Nación opte por enajenar directamente participación en una empresa, no le será aplicable el procedimiento de enajenación establecido en la Ley 226 de 1995, sino que tal como lo dispone la Ley 1753 de 2015 deberá dar aplicación al régimen societario al que se encuentre sometida la empresa cuya participación es objeto de enajenación, en concordancia con las normas de derecho privado.
i. El valor y forma de pago de la remuneración de CISA, el cual podrá ser de la venta.
ii. Los métodos de valoración, los cuales se adelantarán siguiendo al efecto el modelo de valoración y el procedimiento establecido por CISA, para lo cual ésta última podrá contratar a un tercero que desarrolle actividades de banca de inversión para que adelante y/o apoye el proceso de valoración.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente Capítulo aplica en su totalidad a la participación accionaria, en los términos ya definidos, que haya adquirido CISA en desarrollo de su objeto social, independientemente de si la participación la ostenta directamente o a través de derechos fiduciarios."
Artículo 2. Vigencias y Derogatorias: El presente Decreto rige a partir de su publicación y modifica íntegramente el Titulo 2 de la parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
Dado en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de noviembre del año 2016