Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9533
Timestamp: 2020-08-08 15:59:04
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BOE.es - Documento BOE-A-2019-9533
Documento BOE-A-2019-9533
«BOE» núm. 151, de 25 de junio de 2019, páginas 67493 a 67528 (36 págs.)
BOE-A-2019-9533
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/20/cnu692
a) El Subprograma Estatal de Formación incluye las actuaciones relacionadas con la formación de investigadores, tecnólogos, técnicos y otro personal dedicado a las actividades de I+D+i, asegurar la adquisición de las competencias necesarias requeridas para la ejecución de dichas actividades, y dar respuesta a la demanda de investigadores, tecnólogos, personal de investigación y gestores de I+D+i de nuestro sistema.
b) El Subprograma Estatal de Incorporación comprende las actuaciones destinadas a impulsar la carrera investigadora mediante la incorporación y estabilización de investigadores, tecnólogos, personal de investigador y otros recursos humanos necesarios para el adecuado desempeño en materia de I+D+i de las instituciones y organizaciones de nuestro país, reforzando la contratación de personal altamente cualificado.
c) El Subprograma Estatal de Movilidad tiene como objetivo promover la movilidad geográfica e interinstitucional de investigadores y tecnólogos que se encuentran en diferentes etapas en el desarrollo de su carrera investigadora; contempla igualmente la movilidad internacional y la atracción de talento como un aspecto esencial de la propia carrera investigadora.
1. La presente orden persigue las siguientes finalidades:
2. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con los criterios y procedimientos de selección de operaciones previstos en la normativa comunitaria reguladora de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (en adelante Fondos EIE), en el caso de que estén cofinanciadas por dichos fondos. Dichos criterios y procedimientos de selección de operaciones deberán recogerse, de forma explícita, en las convocatorias dictadas al amparo de esta orden.
1. Podrán tener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias, efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan, y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso:
1.º Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante Ley 14/2011, de 1 de junio).
2.º Universidades públicas, sus Institutos universitarios, centros adscritos y las Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
3.º Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D+i.
4.º Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de Institutos de investigación biomédica o sanitaria y normas complementarias.
5.º Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el Registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales centros.
6.º Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en sus Estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social tengan la I+D+i como actividad principal.
7.º Centros privados de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que tengan definida en sus Estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social a la I+D+i como actividad principal.
2. Podrán ser beneficiarios los centros de I+D a que se refiere la disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y los centros públicos de I+D+i de investigación agraria o alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas integrados en el sistema INIA-CC.AA. En el caso de que alguno de estos centros careciese de personalidad jurídica propia, constará como beneficiaria la administración pública a la que pertenezca.
3. Las ayudas que se otorguen en virtud de esta orden a organismos de investigación y difusión de conocimientos, en cuanto que financian actividades no económicas, no tendrán la consideración de ayudas de Estado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01) y por lo tanto no les será de aplicación lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley 38/2003, de 17 de noviembre), ni las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el Mercado Común.
2. Las entidades a que se refiere este artículo deberán pertenecer a alguna de las categorías enumeradas en el artículo 3, y cumplir los requisitos que se establezcan para los beneficiarios.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre), así como las que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión.
2. En el caso de ayudas cofinanciadas con los Fondos EIE, los beneficiarios deberán cumplir con lo establecido en la normativa específica que los regula.
3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas concedidas y del órgano concedente, en cualquier publicación, producto, documento o resultado derivado de la actividad financiada, incluyendo la tesis doctoral en el caso de las ayudas del Subprograma Estatal de Formación en I+D+i que tengan ese objeto, y en los contratos de servicios y laborales, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas, mencionando expresamente, al menos, la convocatoria y la referencia de identificación de la actuación. Además, deberán publicar la concesión de la ayuda en su página web con mención expresa del órgano concedente. En el caso de que la actuación esté cofinanciada, los medios de difusión de la ayuda concedida al amparo de esta orden, así como su relevancia, deberán ser al menos análogos a los empleados respecto a otras fuentes de financiación.
5. Los beneficiarios deberán presentar, en su caso, el contrato laboral financiado por la ayuda y comunicar las incidencias que puedan ocurrir durante la vigencia de la ayuda. Las convocatorias establecerán el plazo en el que deberán realizarse las presentaciones o comunicaciones.
6. Los beneficiarios deberán poner a disposición del personal contratado las instalaciones y medios materiales necesarios para el desarrollo normal de su trabajo, así como garantizarle los derechos y prestaciones de los que disfruta el resto de trabajadores de similar categoría.
7. Las convocatorias podrán requerir la participación de personal de la entidad. En tal caso las convocatorias deberán precisar el tipo de personal requerido para la actuación, así como los requisitos que le puedan ser exigidos.
8. De acuerdo con lo establecido en el anexo I sobre organismos de investigación y difusión de conocimientos, cuando estas entidades lleven a cabo actividades económicas y no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de sus actividades deberán contabilizarse por separado.
9. Las convocatorias deberán, siempre que sea pertinente, recoger medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal y la igualdad de género.
2. Dichas entidades, con las que se formalizará conforme al artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el correspondiente convenio de colaboración, podrán llevar a cabo, en todo o en parte, la gestión de las ayudas, o efectuar la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos.
1. Las actividades objeto de las ayudas enmarcadas en esta orden se desarrollarán de forma individual.
2. Las ayudas reguladas en esta orden financiarán, total o parcialmente, las actuaciones contempladas en los correspondientes Subprogramas Estatales de Formación en I+D+i, Incorporación y Movilidad, que comprenderán, entre otras, las siguientes actividades:
a) La realización de tareas de apoyo y/o la adquisición de competencias y capacidades en docencia universitaria y en el desempeño de actividades de I+D+i mediante fórmulas que permitan, en su caso, compatibilizar la actividad lectiva, la formación en I+D+i y el desempeño de actividades laborales.
b) La incorporación, incluyendo la contratación, de personal para la ejecución de actividades de docencia universitaria y de I+D+i de ámbito nacional o internacional.
c) La formación y especialización para la mejora y adquisición de conocimientos y técnicas necesarios para llevar a cabo actividades de docencia universitaria y de I+D+i, incluyendo las realizadas en organismos o infraestructuras científico-técnicas nacionales o internacionales.
d) La movilidad del personal docente universitario y de I+D+i incluyendo la realización de estancias en centros de I+D por parte del personal en formación y los proyectos de cooperación bilateral internacional que tengan por objeto la mejora de la formación del profesorado universitario de posgrado.
e) Cualquier otra actividad contemplada en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de I+D+i.
5. Las convocatorias determinarán, para las ayudas que impliquen la formalización de un contrato laboral, atendiendo al objeto o finalidad de la misma, las condiciones a incluir en los contratos que serán objeto de financiación.
1. Cuando el beneficiario sea una persona física, y las ayudas se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, en aplicación del artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será suficiente la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de que deba justificar el desarrollo de la actividad realizada.
2. En el resto de los casos, las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas.
a) Gastos de personal derivados de la incorporación a los organismos de investigación de docentes, investigadores, tecnólogos, personal técnico y otros profesionales en I+D+i, en virtud de las actuaciones contempladas en los subprogramas estatales a que se refiere el artículo 1.
1.º Los gastos derivados de la contratación del personal, incluyendo los costes salariales y la cuota patronal de Seguridad Social.
2.º Los gastos de matriculación en cursos de doctorado.
3.º Los costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación. Se incluyen los costes inherentes a la preparación de actuaciones formativas y el material docente o formativo.
4.º Los gastos de incentivación de la contratación estable de personal investigador por los organismos de investigación, incluyendo los costes salariales y la cuota patronal del personal incorporado con carácter estable.
b) Gastos derivados del desarrollo y ejecución de las actividades de I+D+i en los que estén implicados los investigadores, tecnólogos, docentes universitarios, personal técnico y otros profesionales en I+D+i incorporados a los organismos de investigación en virtud de las actuaciones contempladas en los subprogramas estatales a que se refiere el artículo 1.
1.º Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de personal que determinen las convocatorias.
2.º Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero («leasing»), mantenimiento, reparación y amortización de activos materiales, como instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y otros elementos necesarios para la actuación.
3.º Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares.
4.º Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico.
5.º Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos.
6.º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena competencia.
7.º Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas, consultoría sobre el empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación.
8.º Otros costes derivados del asesoramiento, realización de estudios y publicidad.
9.º Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto.
10.º Costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación, incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones formativas y el material docente o formativo.
11.º Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos y seminarios.
12.º Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se deriven directamente de la actuación.
13.º Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal que determinen las convocatorias.
14.º Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de costes.
15.º Costes de utilización y acceso a las infraestructuras científicas y técnicas singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales.
16.º Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
17.º El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se requiera su aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
c) Gastos de movilidad, derivados de estancias en otros organismos de investigación o docentes nacionales o extranjeros.
1.º Gastos de viaje, que podrán incluir, entre otros, billetes de avión y otros medios de transporte, y gastos de transporte en automóvil, que se abonarán en función del kilometraje. Se financiará el importe real justificable de los gastos, pudiendo cada convocatoria establecer un límite en función del país de destino o del número de kilómetros que suponga el viaje.
2.º Gastos derivados de la obtención de visados o de la contratación de seguros, para los que se podrá aportar una cantidad fija que, en su caso, se indicará en cada convocatoria.
3.º Gastos de alojamiento y manutención. Se financiará una cuantía diaria fija que se tabulará en cada convocatoria en función del área geográfica o país de destino y de la cual no se solicitará justificación.
d) Programas de cooperación bilateral internacional, que se instrumentarán en el marco de Convenios o acuerdos para la realización de proyectos conjuntos en los que deberán articularse las líneas de colaboración que podrán dar lugar a subvenciones a estudiantes para formación en enseñanzas de posgrado, movilidad de Profesores de universidad e investigadores posdoctorales, incluidas las de corta duración para la puesta en contacto de los grupos y realización de talleres y seminarios.
e) Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en las convocatorias.
3. No podrán imputarse gastos de viajes, incluyendo los de desplazamiento, alojamiento y manutención, que excedan de las cuantías establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, con independencia del régimen jurídico aplicable al personal afectado.
4. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley 9/2017, de 8 de noviembre), para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
5. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto, teniendo en cuenta asimismo y en su caso, la normativa de los Fondos EIE que le sea de aplicación.
6. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir la actividad financiada, como mecanismo que garantice la capacidad económica y financiera.
1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, anticipo reembolsable, o una combinación de ambas. No será necesaria la presentación de garantías.
Artículo 10. Cuantía e Intensidad de la ayuda y criterios para su determinación.
4. Excepcionalmente, cuando se prevea que el volumen del importe de solicitudes pudiera ser significativamente superior al importe global máximo destinado a la ayudas y no supusiera ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, se podrá admitir la posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare del exceso entre lo solicitado y el importe global máximo destinado a las ayudas.
Artículo 11. Incompatibilidades, concurrencia y acumulación de ayudas.
2. Cuando las ayudas se refieran a actuaciones cofinanciadas por un fondo EIE, se respetará, asimismo, el régimen de concurrencia y acumulación de ayudas previsto en su normativa específica.
Artículo 12. Ejecución de la actividad.
1. La actividad objeto de ayuda se realizará, en cada actuación, dentro del periodo de ejecución que determinen las convocatorias o las resoluciones de concesión, teniendo en cuenta, en su caso, el objeto o la finalidad de la ayuda.
2. Las inversiones y gastos efectuados por el beneficiario podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezcan las convocatorias o las resoluciones de concesión. El gasto y pago del informe de auditor a que se refiere el artículo 8.2.b).17.º, podrán realizarse hasta que finalice el plazo de presentación de la documentación de justificación de la ayuda.
Artículo 13. Comunicaciones.
1. En aplicación del artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre), las comunicaciones a los interesados, tengan estos la condición de personas físicas o jurídicas, de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en la petición de informes de avance intermedio, así como en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
4. Cuando se envíe una notificación, se remitirá un aviso de cortesía al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
5. Las entidades solicitantes deberán estar previamente inscritas en el Registro y Administración de Entidades disponible en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por su parte, las personas físicas que actúen como representantes legales o solicitantes deberán estar previamente inscritas en el Registro Unificado de Solicitantes, disponible en la indicada sede electrónica.
Artículo 14. Procedimiento de concesión.
Artículo 15. Órganos competentes.
1. El órgano competente para la iniciación del procedimiento será la persona titular de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación o quien ostente la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a las unidades dependientes de la Secretaría General de Universidades, la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación, o la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de sus competencias. Las convocatorias indicarán las unidades que, conforme a la normativa aplicable, resultan competentes en función del objeto de la ayuda. En convocatorias que deban ser iniciadas de forma conjunta por más de un órgano, de conformidad con el apartado 1, podrá designarse un único órgano instructor
3. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación o a quien ostente la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 16. Presentación de solicitudes.
3. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas dentro de plazo, que incluyan tanto el formulario como el resto de la información y documentos determinados en la convocatoria como parte integrante de la solicitud.
4. La presentación de la solicitud llevará implícito el consentimiento para comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda, conforme a lo establecido en los artículo 11 de esta orden.
7. Si la solicitud, con el contenido al que se refiere el apartado 2 de este artículo no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 17. Instrucción del procedimiento.
b) La preevaluación de las solicitudes, que se hará siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las convocatorias. En esta fase el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. En todo caso, tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración científica o técnica. En caso de que en esta fase se hubiera producido la exclusión de algún solicitante se le notificará tal extremo en la forma que determine la convocatoria.
c) La evaluación de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
Artículo 18. Evaluación y selección.
1. La evaluación de solicitudes se realizará por Comisiones de evaluación, mediante la comparación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos, vistos, en su caso, los informes mencionados en el artículo 17.a).
2. El procedimiento de evaluación podrá contemplar, si así se prevé en la convocatoria y como medio de prueba adicional de los criterios de evaluación previstos en el anexo III, la celebración de entrevistas presenciales o videoconferencias, cuando proceda, siempre que dichas actuaciones respondan a una convocatoria pública, y respeten el principio de igualdad de oportunidades. Cuando así lo determinen las convocatorias, la evaluación, en sus distintas fases, podrá desarrollarse en lengua inglesa en aquellos aspectos de índole técnica que lo requieran por la dimensión internacional de las ayudas.
3. Las convocatorias establecerán que el procedimiento de evaluación de las solicitudes se realice en una o en dos fases.
4. Las Comisiones de evaluación serán específicas para cada una de las modalidades de actuación indicadas en el anexo III y serán designadas por el órgano concedente. Las Comisiones tendrán la siguiente composición:
a) Presidencia: La persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación
b) Vicepresidencia: La persona titular de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. En caso de ausencia, podrá ser sustituido el correspondiente adjunto/a o asimilado/a.
1.º Tres funcionarios/as de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
2.º Un o una representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
3.º En su caso, hasta ocho expertos/as con el perfil que se determine en la convocatoria.
d) Asimismo, contarán con un Secretario/a que será un funcionario de la AEI, con nivel mínimo de Jefe/a de Servicio, que actuará con voz pero sin voto.
a) Presidencia: La persona titular del órgano gestor del programa de ayudas.
b) Vicepresidencia: El adjunto/a del órgano gestor del programa de ayudas y, de no existir éste, un funcionario/a de dicha Unidad con nivel mínimo de Jefe/a de Área.
1.º Un o una representante de entre los experto/as que hayan participado en la evaluación.
2.º Un funcionario/a de la Secretaría General de Universidades.
d) Secretaría: Un funcionario/a, con nivel mínimo de Jefe/a de Servicio del órgano instructor, que actuará con voz pero sin voto
e) En el caso de la Comisión mixta evaluadora de las solicitudes del programa predoctoral en el Instituto Universitario Europeo, dos representantes de dicho Instituto.
5. En caso de evaluación en dos fases, la Comisión previa, que evaluará la primera fase, estará constituida al menos por la Vicepresidencia y dos Vocales de la Comisión de evaluación. Así mismo, contará con un/a Secretario/a que actuará con voz pero sin voto.
7. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de las Comisiones de evaluación se regirá por lo establecido en sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (en adelante, Ley 40/2015, de 1 de octubre).
Artículo 19. Criterios de evaluación de solicitudes.
Artículo 20. Propuesta de resolución.
a) La persona o personas o entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la ayuda, junto con la cuantía y condiciones de la misma.
3. Con ocasión del trámite de audiencia, y cuando así lo prevea la convocatoria, podrá recabarse en el mismo acto la aceptación de la ayuda por los solicitantes seleccionados. En este caso y cuando las ayudas estén cofinanciadas con Fondos EIE, la notificación incluirá, para cada ayuda, la información prevista en la normativa específica de dichos Fondos que sea de aplicación.
6. Cuando resulte procedente, el órgano instructor notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como beneficiarios tras el trámite de audiencia la propuesta de resolución definitiva para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen la aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta y, en los casos legalmente exigibles, aporten los justificantes o documentos requeridos, si no lo hubieran hecho con anterioridad. Será de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 3 de este artículo.
Artículo 21. Reformulación de solicitudes.
3. La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la misma difiera sus efectos a una fecha posterior.
1. Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión en la forma que se establezca en las mismas.
a) Modificaciones en la determinación del beneficiario. Se podrán autorizar:
1.º Los cambios de titularidad relacionados con la fusión, absorción y escisión de entidades.
2.º El cambio de beneficiario de la ayuda, siempre que el nuevo cumpla los requisitos establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de esta orden, se comprometa a mantener la actividad objeto de la ayuda y no se alteren los principios de igualdad y concurrencia, garantizándose que el nuevo beneficiario reúne los requisitos que le hubieran permitido obtener la ayuda. La autorización requerirá de un informe técnico en el que se constate la idoneidad del nuevo beneficiario para garantizar la viabilidad de la actuación y se podrá exigir un informe de un auditor de cuentas externo a la propia entidad, que certifique el estado económico de la ayuda concedida en la fecha de la solicitud de cambio.
b) Prórroga del plazo de presentación de contratos e incorporación de los contratados. En casos excepcionales, debidamente acreditados, se podrá autorizar la ampliación de los plazos establecidos en las convocatorias para la formalización y presentación de los contratos y para la incorporación de los contratados a los organismos de investigación.
c) Interrupción y prórroga del plazo de ejecución de los contratos. Las entidades beneficiarias podrán solicitar la interrupción y la prórroga del plazo de ejecución de los contratos de trabajo financiados durante el tiempo en que esos contratos sean suspendidos por las siguientes causas:
1.º Permiso de maternidad o paternidad.
2.º Adopción.
3.º Guardia con fines de adopción o acogimiento.
4.º Riesgo durante el embarazo.
5.º Riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
6.º Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el mismo.
7.º Incapacidad temporal por causas distintas a las del punto anterior por un periodo de al menos 2 meses consecutivos.
8.º Otras circunstancia en las que legalmente proceda la suspensión de los contratos.
d) Cambio del investigador o técnico contratado, cuando la naturaleza de la actuación financiada lo permita.
e) Prórroga del plazo de ejecución de actividades de I+D+i. Cuando se haya concedido una ayuda para actividades de I+D+i del personal incorporado, podrá solicitarse la ampliación del periodo de ejecución, si se dan circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, que hayan impedido la ejecución de la actividad en el plazo inicialmente previsto. No se autorizarán ampliaciones que excedan de la mitad de la duración inicial de la actuación.
3. No será necesaria autorización para los incrementos de hasta un 20% en los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con disminución de otros, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda.
3. Cuando los pagos se realicen en varias anualidades, éstos estarán condicionados a la presentación de la documentación requerida para la justificación económica y/o a la presentación de los informes científico-técnicos de avance de la actuación y, en el caso de estos últimos, si así lo establece la convocatoria, a su valoración positiva.
4. El órgano concedente de la ayuda podrá acordar, como medida cautelar a raíz de la intervención de las autoridades de control competentes, nacionales o europeas, la retención del pago a la que se alude en el artículo 88.3 .c) de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha retención se realizará sobre las cantidades pendientes de abonar al beneficiario en el supuesto de indicios racionales de fraude y/o de la incorrecta obtención, destino o justificación de la ayuda percibida.
5. La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 25. Justificación científico-técnica y económica.
2. La justificación científico-técnica consistirá en la presentación de una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación como mínimo de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento de la obligación del acceso abierto a las publicaciones a las que dé lugar la actuación financiada, cuando sea de aplicación. Además podrá requerirse un informe elaborado por las personas cuya formación, incorporación o movilidad se financia.
3. La justificación económica se realizará mediante una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas que podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades de cuenta justificativa: ordinaria, con aportación de informe de auditor o simplificada. La utilización de una u otra modalidad se determinará en la correspondiente resolución de convocatoria y se regirá por las reglas siguientes:
4. En cualquier caso, tanto los beneficiarios como, en su caso, las entidades colaboradoras deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido durante un plazo de cuatro años a computar de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y quedarán a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su comprobación en cualquier momento.
5. En el caso de que, en virtud de lo previsto en el artículo 23.2 de esta orden, se hubiera producido una sustitución del beneficiario, cada uno de ellos será el beneficiario de la ayuda en el periodo y por la cuantía que determinen, consideradas conjuntamente, las resoluciones de concesión y de modificación de la concesión, a la vista del presupuesto gasto y de la actividad realizada en el momento de la sustitución. Cada beneficiario será responsable de la ejecución y justificación de la parte de la ayuda que le corresponda.
Artículo 26. Seguimiento científico-técnico y análisis ex post de las actuaciones.
4. Los resultados negativos de los seguimientos o comprobaciones de las actuaciones financiadas podrán ser tenidos en consideración cuando el interesado solicite una nueva ayuda del Plan Estatal de I+D+i, con motivo de la valoración de los criterios de evaluación relativos a la trayectoria académica o profesional del candidato/a.
Artículo 27. Actuaciones de comprobación y control económico.
1. El beneficiario y, en su caso, la entidad colaboradora estarán sometidos a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas y, en su caso, por la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, en virtud de lo establecido en la normativa relativa a la gestión de las ayudas financiadas con los fondos EIE.
3. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en el plazo previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la normativa específica aplicable a las ayudas financiadas con fondos EIE, sobre la base de una muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios o a las entidades colaboradoras la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra, así como realizar los controles recogidos en cada uno de los planes anuales de actuación mencionados en el artículo 85 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 28. Reintegro y pérdida del derecho al cobro.
2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la orden de bases, en la resolución de convocatoria de ayuda, en su caso, en la normativa europea y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de esta orden.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
e) La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o incumplimiento de lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en caso de tratarse de un beneficiario sometido a dicha normativa, significará la reducción de la ayuda en un importe equivalente al no justificado por este motivo y sin perjuicio de lo previsto por la normativa europea en aquellos casos que resulte de aplicación.
8. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las ayudas en forma de anticipos reembolsables, en ausencia de otra normativa específica distinta de la indicada en los apartados anteriores, se regirán, en cuanto a su concesión seguimiento y justificación, por las prescripciones de la citada ley, de su reglamento y de esta orden que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, sin perjuicio de lo indicado en la disposición adicional tercera.
Disposición transitoria primera. Ayudas a entidades que no tienen a consideración de organismos de investigación y difusión de conocimientos.
Disposición transitoria segunda. Convocatorias de ayudas del plan estatal de I+D+i que sustituya al vigente.
Madrid, 20 de junio de 2019.–El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque Duque.
1. Organismo de investigación y difusión de conocimientos
a) Se define organismo de investigación y difusión de conocimientos como: toda entidad (universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación) independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
b) Condiciones que deben cumplir los organismos de investigación y difusión de conocimientos para ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden:
1.º Cuando una entidad de este tipo lleve a cabo tanto actividades económicas como actividades no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado.
2.º Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de acceso preferente a los resultados que genere.
c) Teniendo en cuenta que las ayudas reguladas en esta orden de bases solo financian actividad no económica, no se considerará que la entidad realiza actividad económica si se producen simultáneamente las siguientes circunstancias:
1.º La actividad económica es necesaria para la entidad y de alcance limitado.
2.º La actividad económica está relacionada directamente con el funcionamiento de la entidad o estrechamente vinculada a su principal uso o actividad no económica.
3.º La actividad económica consume exactamente los mismos insumos (como material, equipamiento, mano de obra y capital fijo) que las actividades no económicas.
4.º La capacidad asignada cada año a las actividades económicas no supere el 20 por ciento de la capacidad anual total de la entidad de que se trate.
2. Centros de adscripción
3. Centros de destino
a) Actividades de I+D+i:
7.º El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los programas y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión Europea, en particular del Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea (Horizonte 2020 y los que le sucedan).
c) Actividades no económicas de los organismos de investigación e infraestructuras de investigación. Se considera que las siguientes actividades suelen ser de naturaleza no económica:
i. La educación para lograr más y mejor personal cualificado. Según la jurisprudencia y la práctica decisoria de la Comisión, y tal como se expone en la Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal y en la Comunicación sobre los Servicios de Interés Económico General (SIEG), la educación pública organizada dentro del sistema nacional de educación, financiada predominantemente o enteramente por el Estado y supervisada por este puede considerarse una actividad no económica.
d) Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): incluyen en España, para el período 2014-2020, los cinco fondos estructurales. A los efectos de esta Orden solo se consideran el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y el Fondo Social Europeo (FSE).
f) Proyecto de I+D+i internacional: Proyecto que se lleva a cabo por el beneficiario o beneficiarios dentro de una actuación internacional, que ha sido objeto de una evaluación y selección por un comité internacional en el marco del Espacio Europeo de Investigación (Artículo 185 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ERAnets, «Joint Programming Initiatives»-JPI, «Joint Technology Initiatives»-JTI, Proyectos Importantes de Interés Común Europeo-PIICE, según los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea 2014/C 188/02, etc.) o de un acuerdo internacional en el que la parte española recibe la financiación a través de una ayuda en el marco de esta orden.
Subprograma Estatal de Formación en I+D+i
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 262 de 31 de octubre de 2019 (Ref. BOE-A-2019-15662).