Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl4017-2018-56694-de-septiembre-19-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_eb2b0cd8c2da4654b8b42d33c1261fa9&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 14:40:00
Document Index: 164799515

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 40', 'artículo 67', 'artículo 51', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 140', 'artículo 408', 'artículo 67', 'artículo 51', 'artículo 140', 'artículo 51', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 61', 'artículo 5', 'artículo 140', 'artículo 51', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 1', 'artículo 366']

SENTENCIA SL4017-2018 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CONTENIDO:VALIDEZ Y EFECTO DE UNA CONCILIACIÓN FRENTE A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. LA CORTE SUPREMA DECIDE CASAR LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL POR INCURRIR EN ERROR AL AVALAR LA CONCILIACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES, PUES DESCONOCIÓ LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO, SUBROGADO POR ARTÍCULO 4° DE LA LEY 50 DE 1990, YA QUE, LA NORMA NO CONSAGRA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATO SE SUSPENDA POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EN CONTRA DEL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, POR EL CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO Y LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS LABORALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CONCILIACIÓN LABORAL, ACTA DE CONCILIACIÓN LABORAL, PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN LABORAL, OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACIÓN LABORAL, DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES DE LA PERSONA, VALIDEZ DE LA CONCILIACIÓN LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:563 DE NOVIEMBRE DE 2018, PÁG.2077
Sentencia SL4017-2018/56694 de septiembre 19 der 2018
SL4017-2018
Rad.: 56694
Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por Miguel Hernando Hernández Daza, Gonzalo Mora Rodríguez y Luis Carlos Plazas Plazas, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el día 26 de marzo del año 2012, reconstruida mediante providencia del 11 de julio de 2018, en el proceso adelantado por los recurrentes contra Fábrica de Electrodomésticos S.A.
Miguel Hernando Hernández Daza, Gonzalo Mora Rodríguez y Luis Carlos Plazas Plazas, promovieron demanda ordinaria laboral en contra de Fábrica de Electrodomésticos S.A., con el fin de que se declarara: la nulidad de las conciliaciones celebradas con la demandada, por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles, «al no reconocerles y pagarles los salarios y prestaciones» causados desde el «16 de abril de 2003 hasta la fecha en que celebraron las respectivas conciliaciones»; que el contrato de trabajo sigue vigente «hasta que el Juez (…) decrete mediante sentencia levantamiento del fuero sindical» que amparaba a los demandantes.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se ordenara el pago de: salarios adeudados desde el 16 de abril de 2003, «hasta el día en que el Juez laboral autorice el despido de los demandantes»; la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y vacaciones «hasta la fecha en que se autorice el despido de los accionantes»; los aportes al sistema de pensiones del 15 de abril de 2003, «hasta la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia de levantamiento de fuero sindical», así como la cancelación de la «indemnización por despido hasta la fecha que quede en firme la providencia del levantamiento del fuero sindical», cancelando «por analogía y de acuerdo con la sentencia 896 de 2004» la indemnización por perjuicios ocasionados, según lo relatado en los hechos.
Requirieron que los anteriores pagos fueran indexados, así como la respectiva condena por las costas.
Señalaron, que estuvieron vinculados con la entidad demandada así:
ACTOR INGRESO RETIRO SUELDO
Luis Carlos Plazas Plazas 30/07/1979 15/10/2003 $666.836
Miguel Hernández Daza 1/09/1981 15/10/2003 $652.672
Gonzalo Mora Rodríguez 16/10/1988 15/10/2003 $712.540
Además de lo precedente, aseveraron que el 15 de octubre de 2003, ante la Inspección Novena de Trabajo, firmaron una conciliación con la demandada, mediante la cual se dieron por terminados los contratos de trabajo, y que la accionada les pagó los derechos ciertos «como salarios, cesantías, intereses sobre las cesantías, a los aquí demandantes» hasta el 15 de abril de 2003, a pesar de que sus contratos de trabajo terminaron en fechas posteriores (15 de octubre del mismo año), con el argumento de que estaban suspendidos desde aquel día.
Señalaron que la demandada había solicitado ante el «Ministerio de la Protección Social» la autorización para el cierre definitivo y el despido de todos los trabajadores, petición que fue «radicada el 14 de abril de 2003», y el concedido el permiso en Resolución 1322 del 9 de julio de 2003, y confirmada en Acto Administrativo número 01901989 de 29 de agosto del mismo año, quedando ejecutoriados los actos administrativos el «18 de abril de 2004».
Informaron, que presentaron sendas tutelas, y a excepción de Luis Carlos Plazas Plazas, el juez ordenó el pago de salarios, reconociéndolos la demandada hasta el «15 de abril de 2003».
Resaltaron, que la Corte Constitucional en sentencia T-896 de 2004, proferida a favor de «José Humberto Ayala, Miguel Darío Velásquez, José Guerly Valero Cabeza, Pablo Emilio Mahecha Martínez, Ismael Quintanilla Mejía, Luis Eduardo Sánchez Rojas, y Rafael Sáenz», concluyó que los trabajadores celebraron las conciliaciones llevados más por un temor y necesidad que por voluntad propia al no estar recibiendo salarios.
Manifestaron que los demandantes a la fecha del retiro se encontraban amparados por fuero sindical.
La convocada al proceso, al dar respuesta a la demanda (fls. 89 a 111, cuaderno de instancia), se opuso a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos, aceptó: la existencia de la relación laboral y la celebración de las conciliaciones con cada uno de los demandante; la solicitud elevada ante el «Ministerio de la Protección Social», para el cierre definitivo de la empresa; la sentencia de la Corte Constitucional que amparó los derechos de varios trabajadores de la demandada, pero aclaró, que tal protección no involucró a los demandantes.
Como argumentos de defensa, esgrimió entre otros, que con la asesoría del apoderado de los demandantes, acordaron mediante conciliación, la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, y «se ratificó la suspensión del contrato a partir del 15 de abril de 2003».
Relató que para el año 2001, la empresa actuaba bajo la razón social de «ICASA», acreditando en aquel momento 1443,5 millones de pesos en pérdidas, y para el año 2003, la cifra subió a la suma de «1.748 millones de pesos», por ello, la Superintendencia de Sociedades, dictó el auto 401 del 14 de febrero de 2003, ordenando la venta de los activos de la sociedad.
Manifestó que ante la anterior situación, sobrevino la parálisis definitiva de la empresa, desde el mes de diciembre de 2002, por lo cual, el 1º de abril de 2003, «solicita al Ministerio que constate esta situación que constituye un verdadero caso de fuerza mayor y que da origen a la suspensión de los contratos de trabajo».
Destacó, que con asesoría del ahora abogado de los demandantes, se celebraron conciliaciones con los trabajadores, en donde además de acordar la terminación del contrato, mediante el pago de una indemnización que superaba el 50% de la que habría correspondido, se estipuló, que no se causaban salarios ni prestaciones sociales entre el 15 de abril de 2003, y la fecha de celebración de la conciliación, estableciendo ésta como fecha final de liquidación.
Reiteró que el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional, no benefició a los aquí demandantes, por cuanto ellos no actuaron como accionantes.
En lo que corresponde al fuero sindical, manifestó que no era el proceso ordinario la vía adecuada para tal solicitud, y que, si consideraban vulnerada alguna garantía foral, han debido acudir a una acción de reintegro.
Como excepciones previas, planteó: «indebida acumulación de las pretensiones», «cosa juzgada», «prescripción», y «falta de legitimación en la causa». Como de mérito, prescripción, compensación y pago, así como las que denominó, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio, la mala fe por parte de los demandantes, y buena fe de la demandada.
Concluido el trámite, el Juzgado Décimo Laboral del Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., profirió fallo el 31 de agosto de 2009, en el cual decidió:
1. ABSOLVER a la demandada FABRICA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A (…) de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por los señores […]
2. DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA propuesta por la parte demandada.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., emitió fallo el 26 de marzo de 2012, en el que confirmó la decisión de primer grado.
Teniendo en cuenta que esta Sala de la Corte, mediante providencia del 4 de abril de 2018, advirtió que faltaban 3 folios de la sentencia de segunda instancia, dispuso oficiar a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para que remitiera la correspondiente copia íntegra de la providencia.
La corporación mencionada, manifestó que luego de «una búsqueda juiciosa de la providencia solicitada la cual corresponde al extinto Tribunal de Descongestión, la cual se encontró en una caja de dicho Tribunal; sin embargo desafortunadamente la providencia presenta la misma falla denunciada en el expediente original (…)». Por lo anterior, en providencia del 2 de mayo de 2018, se dispuso remitir nuevamente al Tribunal de Bogotá D.C., Sala Laboral, para que de ser el caso se adelantaran las gestiones correspondientes para su reconstrucción.
Para dar cumplimiento a lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en audiencia celebrada el 11 de julio de 2018, y con asistencia de los apoderados de las partes, quienes expusieron lo relacionado con la motivación esgrimida por la extinta Sala de Descongestión Laboral, dispuso lo siguiente:
En primer lugar se tiene por reconstruida la sentencia emitida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá (…) fallo que como se señaló, se profirió el 26 de marzo de 2012, en el que la Sala confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho (sic) Laboral del Circuito de Bogotá, el 31 de agosto de 2009 […].
Respecto de los folios 7, 8 y 9 de dicho proveído, que hace relación específica a las motivaciones para emitir el fallo anterior, la Sala la reconstruye señalando que el Tribunal hizo un estudio de las actas de conciliación, específicamente si era procedente la nulidad solicitada por la parte actora, concluyendo, que la accionada logró demostrar que el objeto sobre el que recayeron los acuerdos conciliatorios fue lícito, es decir, que los derechos conciliados eran de naturaleza incierta y discutible, por tanto, declaró la calidad de inmutable del acuerdo que hizo tránsito a cosa juzgada. De esta forma, la parte motiva de dicha decisión tuvo como soporte lo dicho por el juez de conocimiento al impartir sentencia absolutoria, con base en lo cual, el ad quem declaró probada la excepción de cosa juzgada, por no existir vicio del consentimiento, determinando que la conciliación realizada entre las partes no estuvo viciada de nulidad, en consecuencia, surgían improcedentes las peticiones de los demandantes.
A lo precedente, es relevante agregar, que en los folios 43 a 49, cuaderno Tribunal, se encuentran partes del fallo que en su momento profirió la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., en donde se aprecia a folio 48, que dentro de las consideraciones, efectivamente inició su análisis con el estudio de las actas de conciliación.
Presentado por los demandantes, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.
Se persigue que la Corte case totalmente la sentencia de segunda instancia, para que, en sede de instancia, «revoque en su totalidad la sentencia de primer grado y segunda instancia, y se condene a la demandada a todas y cada una de las pretensiones de la demanda inicial».
Con el citado propósito, sustenta tres cargos que fueron objeto de réplica por parte de la empresa accionada, y se resolverán conjuntamente, por valerse del mismo elenco normativo, de las mismas consideraciones y orientarse al mismo propósito.
Acusa la sentencia por la vía directa «a causa de la FALTA DE APLICACIÓN» de los artículos: 53 de la Constitución Política, 1º, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 51, 140, 405, 406, 407, 408 del Código Sustantivo del Trabajo, 39 y 40 del Decreto 1479 de 1978, artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado en su numeral 5° por el artículo 67 de la Ley 50 del 90, «y como consecuencia de esto condujo a la aplicación indebida de los artículos 19 y 78 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social».
El recurrente comienza por aceptar todos los supuestos de hecho del fallo impugnado; resalta que en el presente proceso no se está solicitando el pago de salarios y prestaciones sociales causados hasta el 15 de abril de 2003, los cuales, afirma, fueron conciliados por las partes. Dice que aquí lo que se está pidiendo, es que se decrete la nulidad de las actas de conciliación como pretensión principal, por haberse conciliado derechos ciertos e indiscutibles de los demandantes.
La censura considera que el Tribunal incurrió en un error al avalar la conciliación en lo atinente la suspensión del contrato de trabajo por acuerdo entre las partes, con lo que desconoció las causales de suspensión previstas en el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por artículo 4° de la Ley 50 de 1990, y que, dentro de las mismas, no se consagra que el contrato se suspende por acuerdo entre las partes, violándose de esta manera el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir el carácter de orden público y la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo.
Para el censor, el contrato no estaba suspendido, pues no se allegó al plenario, alguna prueba que demostrara la configuración de alguna de las causales de suspensión que trata el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
También, afirma que solicitó como pretensión subsidiaria el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnización causados desde el 16 de abril de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, fecha en la cual «quedó ejecutoriada la Resolución 1322 del 9 de julio de 2003, mediante la Resolución 663 del 15 de marzo de 2004 expedida por la jefe de la unidad especial de Inspección y Vigilancia y Control del Trabajo del Ministerio de la Protección Social.
Luego, hace alusión al artículo 14 del CST, y destaca:
Debe entenderse que así las partes hayan conciliado derechos ciertos como salarios y prestaciones sociales el trabajador no podía renunciar a éstos derechos y se les debió haber pagado sus derechos ciertos hasta el día en que se produjo su retiro, es decir el 15 de octubre de 2003, y no hasta el 15 de abril como lo acordaron las partes, debe entenderse que si el trabajador no se encontraba laborando por disposición del empleador estaba en la situación prevista en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra lo siguiente: ‘Salario sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no halla (sic) prestación del servicio por disposición o culpa del patrón.
Así mismo, manifiesta que de acuerdo con los artículos 15 y 16 del CST, no es procedente la transacción relacionada con derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.
Luego de lo precedente, aduce que en los términos de los artículos 405 y 406 del CST, los demandantes gozaban de fuero sindical, toda vez, que del segundo de los artículos antes citados, se lee que tienen esta garantía los miembros de la junta directiva y su subdirectiva, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, así como los miembros de los comités seccionales sin pasar de 1 principal y 1 suplente.
A renglón seguido, cita el artículo 408 del CST, manifestando que el juez debe negar el permiso que se solicite para despedir a un trabajador que tenga fuero sindical, excepto que se acredite una justa causa. Relata que en el plenario «se acompañó prueba sumaria sobre el amparo de fuero sindical que gozaban los trabajadores demandantes, tal como se puede apreciar a folio 63 del plenario», así como en la Resolución 663 de 15 de marzo de 2004, donde quedó claro que «la autorización de despido y cierre de la empresa se toma sin perjuicio de la competencia que tienen los jueces de trabajo, en relación con aquellos trabajadores que están amparados por el fuero sindical».
Para finalizar, dice que el ad quem, resolvió el litigio de acuerdo con lo regulado en los artículos 19 y 78 del CPTSS, y dejó de aplicar las normas mencionadas.
Acusa la sentencia por la vía directa, a causa de la aplicación indebida de los artículos 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que, como consecuencia de la aplicación indebida, «dejó de aplicar» los artículos: 53 de la Constitución Política; 1º, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 51, 140, 405, 406, 407, 408 del Código Sustantivo del Trabajo, 39 y 40 del Decreto 1479 de 1978, 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado, en su numeral 5°, por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.
El desarrollo y la argumentación, son casi idénticos al del primer ataque, con la diferencia de que hace énfasis y transcribe, el contenido del artículo 51 del CST, subrogado por la Ley 50 de 1990, para concluir que en tal norma «no se establece que las partes de común acuerdo pueden suspender el contrato de trabajo».
Reitera los demás argumentos del primer cargo frente a la irrenunciabilidad de los derechos, y el fuero sindical que afirma ostentaban los trabajadores, por ende, se omite transcribir nuevamente lo esgrimido en la argumentación del segundo cargo.
Lo orienta por la vía indirecta y acusa la aplicación indebida de los artículos: 19, y 78 del CPTSS, 53 de la CN, 1º, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 51, 140, 405, 406, 407, 408 del Código Sustantivo del Trabajo, 39 y 40 del Decreto 1479 de 1978, 40 del Decreto 2351 de 1965.
Para el censor, el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:
a) No dar por demostrado siendo evidente, que con la conciliación se violan derechos ciertos e indiscutibles de los demandantes.
b) No da por demostrado, siendo evidente que la solicitud de despido por parte de la demandada fue radicada antes de celebrarse la conciliación entre las partes.
c) No da por demostrado estándolo que la autorización de despido fue dada por el Ministerio de la Protección Social en fecha posterior a la conciliación celebrada.
d) No da por demostrado siendo evidente que los trabajadores demandantes estaban amparados por la garantía de fuero sindical.
Como pruebas erróneamente valoradas, el libelista señaló: demanda inicial (fls. 4 al 11); conciliaciones (fls. 13 a 24), fallo de tutela 896 de 2004 (fls. 25 a 53), Resolución 663 del 15 de marzo de 2004 proferida por el «Ministerio de la Protección Social» (fls. 54 a 56), certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical (fl. 63), contestación de la demanda (fls. 89 a 120).
El desarrollo del cargo comienza por aludir a las actas de conciliación obrantes de folio 13 a 24, y argumenta con fundamento en tales documentales:
El acervo probatorio deja en evidencia efectivamente la demandada canceló salarios y prestaciones causados hasta el día 15 de abril de 2003, cuando el retiro de los demandantes se produjo el día 15 de octubre de 2003, folios 13 al 24 del expediente y que el Ministerio de Protección Social decretó la autorización de despido de todos los trabajadores el cual quedó ejecutoriado el 21 de abril de 2004.
Por lo tanto, los trabajadores demandantes tenían derecho al pago de salarios, prestaciones e indemnización hasta el día 20 de abril de 2004, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acta de conciliación por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.
Si se hubiera apreciado correctamente los folios 10 al 17, 22 al 24, 25 al 53, 129 al 130 (…) donde aparecen las actas de conciliación, la Resolución 663 del 15 de marzo de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social, la sentencia de tutela No. 896 de 2004, solicitud y cierre definitivo de la empresa radicado ante el Ministerio de la Protección Social el día 11 de abril de 2003, la conclusión a la que ha debido llegar el Tribunal era que las conciliaciones de los demandantes eran nulas […]
Lo anterior, por cuanto las partes acordaron «de manera libre y voluntaria» el pago de los salarios hasta el día 15 de abril de 2003, no obstante que el retiro de los trabajadores se produjo el 15 de octubre de 2003, y sin tener en cuenta que el «Ministerio de Protección Social», por medio de acto administrativo «decretó la autorización de despido de todos los trabajadores el cual quedó ejecutoriado el día 21 de abril de 2004».
Reitera, que las causales de suspensión del contrato de trabajo son taxativas, por ende, no podían en los acuerdos de conciliación acordar que se suspendía de común acuerdo el vínculo laboral.
IX. Réplica.
En lo que corresponde a los dos primeros cargos, manifiesta la demandada, que no obstante que fueron orientados por el sendero de puro derecho, el recurrente se refirió a aspectos probatorios, «como los relacionados con la apreciación errónea que afirma el censor, efectuó el Tribunal respecto de la suspensión del contrato», así como el análisis de la conciliación.
De igual manera, refiere que el análisis de la conciliación corresponde a un estudio de tipo fáctico, que no se puede emprender por la vía directa seleccionada.
Agrega, que «El ataque que efectúa el censor en estos dos cargos, es trivial e insuficiente, pues carece de un análisis razonado de las normas violadas».
En lo atinente al tercer cargo, resalta que «Si en criterio del casacionista, el acta es nula, su ataque solo puede formularse por la vía directa en la modalidad de la aplicación indebida».
Manifiesta que el censor en algunos pasajes del recurso reclama «los salarios insolutos, así como prestaciones e indemnizaciones por el tiempo comprendido entre el 15 de abril de 2003 y hasta el 20 de abril de 2004», y en otros pasajes la solicitud la orienta hasta el 15 de octubre de 2003, sin embargo, en ninguno de tales eventos podría hablarse de la vulneración de derechos ciertos e indiscutibles «pues como se demostró en el proceso desde finales del 2002 no se trabajaba a cabalidad en la demandada, por eso en el acta se cancelan esos salarios debidos hasta el 15 de abril de 2003».
En relación a los derechos salariales y prestacionales causados con posterioridad al 15 de octubre de 2003 (fecha de la conciliación) no hay lugar a tales emolumentos, por cuanto en la calenda antes referida, el contrato había terminado de mutuo acuerdo.
En primer lugar, como acertadamente lo apunta la parte opositora, los dos primeros cargos orientados por el sendero de puro derecho, incurren en falencias técnicas al fundar parte de su argumentación en aspectos de tipo fáctico, como por ejemplo, lo correspondiente al contenido de las actas de conciliación, para determinar de tales pruebas, si el acuerdo se fundó en derechos ciertos e indiscutibles, y las referencias que realiza frente al fuero sindical, que afirman quedó acreditado en el plenario.
No obstante lo anterior, los cargos encaminados por la vía de puro derecho, sí plantean aspectos de tipo jurídico, relacionados con la suspensión del contrato de trabajo acordado entre las partes, y el análisis de validez de tal acuerdo.
El tercer cargo, enfocado por el sendero fáctico, mezcla inapropiadamente argumentos jurídicos, como por ejemplo, determinar las causales de suspensión del contrato de trabajo, lo cual no es procedente por el sendero indirecto.
Así mismo, en su planteamiento, acusa como erróneamente valoradas la demanda inicial, las conciliaciones celebradas, el fallo de tutela 896 de 2004, la Resolución 663 del 15 de marzo de 2004, la «certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical», y la contestación de la demanda.
En el desarrollo del cargo, la argumentación se centra en las conciliaciones celebradas, y la Resolución 663 del 15 de marzo de 2004, omitiendo elaborar algún argumento con soporte en las demás pruebas acusadas, lo cual, aunque constituye una falencia del cargo, sin embargo, ello no impide el examen de fondo en relación con las documentales acusadas y respecto de las cuales sí se desarrolló la disertación pertinente.
Adicionalmente, debe resaltarse, que aunque en los tres cargos se enuncia, sin mayor argumentación, que se vulneró el fuero sindical que afirman ostentaban los recurrentes al momento de finalizar el vínculo, y con fundamento en ello, pretenden el pago de salarios «hasta el día en que el juez laboral autorice el despido de los demandantes», por cuanto consideran que no medió autorización previa para la terminación del contrato, sin embargo, debe recordarse, que el proceso ordinario laboral no es el escenario adecuado para reivindicar ese tipo de pretensiones, por ende, en relación con este puntual aspecto no se realizará análisis de fondo, además que como se verá, los trabajadores no fueron despedidos, sino que su vínculo terminó por mutuo acuerdo con la empresa.
En segundo término, en lo que respecta al fondo del litigio, son dos los problemas jurídicos a resolver:
(i) Determinar si la suspensión del vínculo contractual acordada entre las partes a partir del 15 de abril de 2003, es viable jurídicamente, o si por el contrario, se habrían violado derechos ciertos e indiscutibles; y (ii) establecer la fecha efectiva de terminación del nexo laboral para efectos de la liquidación de salarios y prestaciones sociales.
En lo atinente a los dos problemas jurídicos antes descritos, esta corporación ha tenido oportunidad de resolver situaciones de contornos casi idénticos al presente, en juicios adelantados contra la misma demandada, y originados en los mismos supuestos fácticos del sub examine. Frente al punto, en la Sentencia CSJ SL16539 de 2014, que a su vez cita la Sentencia SL10507 de 2014, se dijo lo siguiente:
[…] debe responder la Sala a la pregunta de si las partes en contienda podían conciliar el estado de suspensión del contrato desde el 15 de abril de 2003 a la terminación de la relación, frente al hecho cumplido de la interrupción de la prestación del servicio desde hacía varios meses antes a la celebración del acuerdo, ante lo cual la entidad solo había iniciado el trámite para la autorización de cierre definitivo por problemas económicos que venía atravesando, cuya licencia solo vino a obtener en forma definitiva mediante la Resolución 663 de 2004.
Ya esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el sentido de que, en los asuntos de carácter laboral, no es posible conciliar hechos y así convertir en dudosos los derechos causados de los trabajadores, sino que el objeto de dicho acto ha de ser sobre derechos, siempre y cuando estos tengan el carácter de inciertos y discutibles.
En ese orden de ideas, si a estas alturas del proceso se tiene que, en el caso del sublite, las partes aceptaron que estuvo interrumpida la prestación del servicio desde el 15 de abril de 2003, pero que el empleador solo tramitó la solicitud de autorización para el cierre definitivo de la empresa y el consiguiente despido colectivo de los trabajadores, la cual le fue concedida, en forma definitiva, con la Resolución 663 de 2004, la situación fáctica inequívoca que se deriva de lo acordado es la de que los recurrentes no laboraron desde aquella fecha hasta la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por razones atribuibles al empleador. Tales hechos fueron evidentes desde el momento mismo de la celebración de las conciliaciones, dado que, conforme a lo convenido en dicho acto, el no desarrollo de la labor se venía presentando con anterioridad al mismo acuerdo; lo que de contera indica, sin duda, que no fue el caso de que las partes decidieran, de mutuo acuerdo, suspender el contrato de trabajo en adelante, sino que las partes decidieron convalidar la interrupción del trabajo que de hecho se venía presentando, en perjuicio de los derechos ciertos de los trabajadores derivados del artículo 140 del CST, ante la ocurrencia del supuesto fáctico de este precepto.
De lo anterior se sigue que ciertamente se equivocó el ad quem al concluir que la conciliación celebrada respecto a la suspensión del contrato de cada uno de los actores no desconoció derechos ciertos, pues ya quedó visto, conforme al precedente de esta Sala, que los hechos no son conciliables con el fin de quitarle certeza a los derechos laborales ya causados; sin embargo esto fue lo que sucedió en el caso del sublite cuando las partes quisieron legalizar a posteriori la interrupción de hecho en la prestación del servicio por razones atribuibles al empleador sin justificación legal, con el ropaje de la suspensión legal del contrato prevista en el artículo 51 del CST, y de esta forma conciliar lo que ya era inconciliable, como eran los derechos ciertos de los trabajadores derivados del artículo 140 del CST, es decir el derecho a recibir los salarios y prestaciones por el tiempo que dejaron de prestar el servicio por culpa del empleador.
En otras palabras, siendo evidente que ya venía dándose de hecho la interrupción de la prestación del servicio por los actores por culpa del empleador, esta situación, para el momento de la conciliación, evidentemente ya había generado y consolidado a favor de cada uno los actores los derechos ciertos a recibir los salarios conforme al artículo 140 del CST, por tanto estos no podían ser objeto de conciliación, so pena de nulidad; y como jurisprudencialmente está definido que no se pueden conciliar hechos para restarle la certeza a los derechos que ya se habían causado en cabeza de cada uno de los actores, tampoco se podía convalidar por las partes la situación de hecho cumplida mediante la conciliación para desaparecer el supuesto generador de los efectos del artículo 140 precitado. (Resalta la Sala)
Por tanto, en lo que respecta al primer problema jurídico objeto de análisis, le asiste razón al recurrente en cuanto el ad quem se equivocó, al darle validez a las conciliaciones, en lo que tiene que ver con la suspensión de los contratos de trabajo por mutuo acuerdo desde el 15 de abril de 2003, toda vez, que como ocurrió en la situación analizada por la sentencia transcrita, en el sub examine también «las partes quisieron legalizar a posteriori la interrupción de hecho en la prestación del servicio por razones atribuibles al empleador sin justificación legal», pues en las tres conciliaciones (fls. 13 a 24) suscritas el 15 de octubre de 2003, se estipuló lo siguiente:
Ratificar que el contrato de trabajo terminó por acuerdo entre las partes, de manera, libre y voluntaria, el día 15 de octubre de 2003 y que hubo suspensión del mismo por el lapso comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2003, razón por la cual la liquidación definitiva se hace hasta el 15 de abril de 2003.
Por lo anterior, siguiendo el precedente descrito, las conciliaciones suscritas el 15 de octubre de 2003, son nulas en cuanto acordaron que el nexo contractual se entendía suspendido desde el 15 de abril de 2003.
En lo que corresponde al segundo problema jurídico, la censura considera que ello solo era posible desde la ejecutoria del acto administrativo que autorizó la terminación de los contratos de trabajo, sin embargo, se aprecia que en las conciliaciones (fls. 13 a 24) las partes de mutuo acuerdo estipularon que el contrato fenecía a partir del 15 de octubre de 2003, lo cual es válido y no implica renuncia a derechos ciertos e indiscutibles.
El anterior problema jurídico, también ha sido estudiado en casos similares al presente, promovido contra la misma demandada, en los que esta corporación al examinar el contenido de conciliaciones similares, manifestó en Sentencia CSJ SL11919-2017:
No está demás advertir por la Sala que el modo de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, sin duda alguna, está previsto expresamente en la ley, literal b) del artículo 61 del CST, modificado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990, y para su operatividad nada tenía que ver el que no estuviera ejecutoriada la autorización ministerial concedida a la empresa para despedir a los trabajadores, dado que las partes, en su libre albedrío, podían dar por terminado el vínculo en cualquier momento, al margen de la autorización que pudiera obtener la empresa para despedir colectivamente.
Por tanto, las consideraciones del juez de alzada, en cuanto a la parte de las conciliaciones que refiere a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, conservan intactas su presunción de legalidad.
Conforme a lo anteriormente expuesto, procede la Sala a casar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto negó la nulidad de las conciliaciones, en la parte del acuerdo que refiere a la suspensión del contrato desde el 15 de abril de 2003 hasta la fecha de la terminación del contrato de trabajo, supuesto fáctico que sirvió para establecer que la liquidación de prestaciones de cada uno de los contratos de los actores se haría hasta esta fecha.
En consecuencia, retomando el anterior criterio, concluye la Sala que la conciliación es completamente válida en cuanto al mutuo acuerdo que puso fin al contrato de trabajo a partir del 15 de octubre de 2003, en cambio, no reviste validez tal acuerdo, por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles, en lo atinente al pacto «a posteriori» (oct. 15/2003) de que el contrato se entendía suspendido desde el 15 de abril de 2003, y que por ello se tomaba como extremo final para la liquidación de los derechos laborales la fecha antes aludida, no obstante que el nexo culminó el 15 de octubre del mismo año.
Por lo expuesto, se casará parcialmente el fallo acusado, solamente en lo que tiene que ver con el acuerdo de suspensión de los contratos de trabajo a partir del 15 de abril de 2003, por trasgredir derechos ciertos e indiscutibles. No se casará en lo demás.
Sin costas en el recurso de casación, por cuanto prosperó parcialmente.
El juez de primera instancia, comenzó su fallo estableciendo los aspectos particulares del vínculo laboral de cada uno de los demandantes, al respecto señaló lo siguiente:
1. LUIS CARLOS PLAZAS PLAZAS: Laboró del 30 de julio de 1979 hasta el 15 de octubre de 2003, fecha en la cual se terminó su contrato por mutuo consentimiento (fls. 118 a 121) habiéndose liquidado su contrato hasta el 15 de abril de 2003, fecha a partir de la cual operó la suspensión del mismo. El último cargo desempeñado fue el de operario y el último salario básico devengado la suma de $666.836».
2. GONZALO MORA RODRÍGUEZ: Laboró del 16 de octubre de 1988 hasta el 15 de octubre de 2003, fecha en la cual se terminó su contrato hasta el 15 de abril de 2003, fecha a partir de la cual operó la suspensión del mismo. El último cargo desempeñado fue el de técnico III de servicios y el último salario básico devengado la suma de $712.540 (fl. 129).
3. MIGUEL HERNÁN HERNÁNDEZ DAZA: Laboró del 1º de septiembre de 1981 hasta el 15 de octubre de 2003, fecha en la cual se terminó su contrato por mutuo consentimiento (fls. 131 a 135) habiéndose liquidado su contrato hasta el 15 de abril de 2003, fecha a partir de la cual operó la suspensión del mismo».
Con fundamento en lo anterior, el a quo concluyó que se reconoció a los trabajadores los derechos ciertos e indiscutibles, y que la bonificación concedida tenía precisamente como propósito precaver futuros litigios, por ello considero que lo pretendido se encontraba cobijado por la «cosa juzgada» como consecuencia de la conciliación celebrada.
En contra de lo decidido por el a quo, el apoderado de los trabajadores interpuso recurso de apelación, en el que insistió que sí se vulneraron, en el acuerdo conciliatorio, derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores, toda vez, que no obstante que se acordó que el vínculo laboral había finalizado el 15 de octubre de 2003, solo se cancelaron los derechos laborales causados hasta el 15 de abril del mismo año.
Agregó, que el juzgador de primer grado, desconoció que los contratos laborales de los trabajadores no se encontraban suspendidos, y que su situación se encontraba amparada por lo previsto en el artículo 140 del CST.
Tal y como se analizó en sede de casación, las conciliaciones celebradas el 15 de octubre de 2003, entre trabajadores y la demandada, no podían de manera válida «legalizar a posteriori la interrupción de hecho en la prestación del servicio por razones atribuibles al empleador sin justificación legal, con el ropaje de la suspensión legal del contrato prevista en el artículo 51 del CST, y de esta forma conciliar lo que ya era inconciliable», además que como lo destacó el apelante, los trabajadores se encontraban amparados por lo dispuesto por el artículo 140 del CST, por cuanto no prestaron el servicio por «disposición del empleador».
Debe quedar claro, que en las actas de conciliación se estableció, que los trabajadores no prestaron el servicio por razones atribuibles al empleador, las cuales en el acta de conciliación se presentaron como «fuerza mayor certificada por el Ministerio de la protección Social», sin embargo, en la citada Sentencia CSJ SL11919, en situación similar a la presente, contra la misma demandada y por hechos análogos, esta corporación determinó que no se configuraba una fuerza mayor. Dijo la Corte:
Por el contrario, justamente en ello reside la inconformidad de los trabajadores en relación con la conciliación, pues, al pretender el reconocimiento de los salarios y prestaciones por el lapso comprendido entre el 16 de abril de 2003 y la terminación del contrato de trabajo, cuando, si bien, no hubo prestación del servicio de parte de ellos, lo fue por razones atribuibles a la empresa. Por tanto, se trataban de derechos ciertos e indiscutibles en arreglo a lo dispuesto en el artículo 140 del CST y no dejaron de serlo por la sola negativa de la empresa a reconocerlos con fundamento en una aparente fuerza mayor, aunque para corroborar su dicho se hubiese realizado (a petición suya con el propósito de fabricar una prueba) una visita por el inspector de trabajo a las instalaciones de la empresa, mediante la cual se constató que esta, a la fecha de la diligencia (abr. 1/2003), llevaba paralizada por un largo tiempo, a causa de que había vendido la maquinaria, los equipos y las marcas, con autorización de la autoridad competente, pues, por el contrario, conforme a la mencionada acta, no cabía duda que la no prestación de los servicios por parte de los actores se debía exclusivamente a razones atribuibles únicamente a la empresa, las cuales ni siquiera tenía trazas de constituir fuerza mayor, en consonancia con la definición que de dicha figura efectúa el artículo 1º de la Ley 95 del 1890 y la jurisprudencia de vieja data de esta Sala que dice […]
En consecuencia, habrá de revocarse parcialmente la sentencia de primer grado, en cuanto consideró válido el acuerdo conciliatorio en lo relativo a la suspensión del contrato de trabajo de cada uno de los demandantes a partir del 15 de abril de 2003 y avaló, con efectos de cosa juzgada, el proceder de la demandada que se limitó a liquidar los salarios, prestaciones sociales y vacaciones, hasta la fecha antes referida, no obstante que el contrato terminó por mutuo acuerdo el 15 de octubre de 2003.
Siguiendo la línea jurisprudencial referida en precedencia, se ordenará a la demandada reconocer «los derechos salariales y prestacionales de cada uno de los recurrentes en casación causados desde el 16 de abril de 2003 hasta la fecha de la terminación de sus contratos de trabajo» (CSJ SL11919-2017, y SL20782-2017), tal y como se procede a calcular de manera independiente para cada uno de ellos.
Toda vez que la demanda se presentó el día 14 de diciembre de 2005 (fl. 12, cdno. de instancia) y el periodo objeto de condena es el atinente a los salarios y demás acreencias laborales desde el 16 de abril de 2003 al 15 de octubre del mismo año, por manera que en relación con dichos conceptos no operó la prescripción extintiva.
De lo que viene de decirse, las condenas que se proferirán en favor de cada uno de los demandantes, comprenden la reliquidación, teniendo en cuenta que el nexo laboral culminó el 15 de octubre de 2003, y no el 15 de abril de dicha calenda.
Así, resultan de los siguientes valores:
1. Gonzalo Mora Rodríguez
Fechas N.° de
16/10/1988 15/10/2003 5400 $712.540
Aux. Cesant.
(reg. Anterior)
Anticipos de cesantía (fls. 13 y 14) Valor cancelado en conciliación Saldo cesantía Interés/saldo
$10.688.100 $8.400.000 $1.741.819 $546.281 $65.553
Saldo cesantías $546.281
Saldo intereses cesantía $65.553
Salarios insolutos (180 días) $4.275.240
Diferencia prima de servicios primer semestre 2003 $148.446
Prima de servicios segundo semestre 2003 (proporcional) $207.830
Diferencia vacaciones $178.135
GRAN TOTAL $5.421.485
Las anteriores sumas deberán ser debidamente indexadas al momento del pago.
2. Miguel Hernández Daza
Fechas N° de
01/09/1981 15/10/2003 7965 $652.672
Anticipos de cesantía (fl.17 y 18) Valor cancelado en conciliación Saldo cesantía Interés/saldo
$14.440.368 $12.000.000 $2.294.321 $146.047 $17.526
Saldo cesantías $146.047
Saldo intereses cesantía $17.526
Salarios insolutos (180 días) $3.916.032
Diferencia prima de servicios primer semestre 2003 $129.595
Prima de servicios segundo semestre 2003 (proporcional) $190.363
Diferencia vacaciones $163.168
GRAN TOTAL $4.562.731
3. Luis Carlos Plazas Plazas
30/07/1979 15/10/2003 8715 $666.836
Anticipos de cesantía (fl.21 y 22) Valor cancelado en conciliación Saldo cesantía Interés/saldo
$16.142.989 $13.600.000 $2.033.600 $509.389 $61.217
Saldo cesantías $509.389
Saldo intereses cesantía $61.217
Salarios insolutos (180 días) $4.001.016
Diferencia prima de servicios primer semestre 2003 $139.924
Prima de servicios segundo semestre 2003 (proporcional) $194.494
Diferencia vacaciones $166.715
GRAN TOTAL $5.072.755
En relación con los aportes al sistema de pensiones durante el periodo de suspensión. La demandada no allegó prueba para acreditar que realizó el pago de los mismos en este periodo, sino que, por el contrario, se limitó, al dar respuesta a la quinta pretensión, a argumentar:
5. Esta pretensión no puede prosperar, al carecer como las anteriores de fundamentos fácticos y jurídicos, nos remitimos nuevamente a las actas de conciliación, las cuales evidencia que los contratos de trabajo se terminaron por mutuo acuerdo […]
Como se ha analizado, no existe justificación para que el empleador haya incumplido su deber de pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, en el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2003 al 15 de octubre del mismo año, por ende, se condenará a la demandada a cubrir estos aportes.
De conformidad con lo expuesto en precedencia, se revocará parcialmente la sentencia del Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., proferida el 31 de agosto de 2009, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de las actas de conciliación celebradas entre los demandantes y la empresa accionada, se impondrán las condenas cuantificadas en precedencia, y se confirmará el fallo en todo lo demás.
Las costas de las instancias estarán a cargo de la demandada, las que se liquidarán conforme a lo dispuesto en el artículo 366-6 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 26 de marzo de 2012, reconstruida mediante providencia del 11 de julio de 2018, dentro del proceso ordinario laboral que Luis Carlos Plazas Plazas, Miguel Hernando Hernández Daza y Gonzalo Mora Rodríguez, adelantaron contra la Fábrica de Electrodomésticos S.A., solo en cuanto avaló las conciliaciones formalizadas, en lo relacionado con la suspensión de los contratos de trabajo, por trasgredir derechos ciertos e indiscutibles.
1. REVOCAR la sentencia del Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., proferida el 31 de agosto de 2009, en su lugar, se declara la nulidad parcial de las actas de conciliación en cuanto los demandantes y la empresa demandada acordaron la suspensión de los contratos de trabajo a partir del 15 de abril de 2003, y liquidaron las acreencias laborales hasta la anterior calenda.
2. CONDENAR a la demandada Fábrica de Electrodomésticos S.A., a pagar a Gonzalo Mora Rodríguez, la suma de $5.421.485; a Miguel Hernández Daza, el monto de $4.562.731; y a Luis Carlos Plazas Plazas la suma de $5.072.755. Las anteriores sumas deberán indexase al momento del pago.
3. CONDENAR a la demandada Fábrica de Electrodomésticos S.A., a pagar a la entidad administradora de fondos de pensiones a la que se encuentren afiliados, o los demandantes Gonzalo Mora Rodríguez, Miguel Hernández Daza, y Luis Carlos Plazas Plazas, los aportes correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril de 2003, a 15 de octubre de 2003, con base en los salarios devengados.
4. CONFIRMAR en lo demás la providencia del a quo.