Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r3-lr-l8-2002.t4.html
Timestamp: 2017-01-22 09:14:37
Document Index: 681587

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 84', 'artículo 35', 'artículo 2']

Ley 8/2002, de 18 de octubre, de Vitivinicultura de La Rioja. TÍTULO IV. Infracciones y sanciones (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).
Ley 8/2002, de 18 de octubre, de Vitivinicultura de La Rioja (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).
Vigencia desde 01 de Noviembre de 2002. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2008 hasta 01 de Enero de 2014
Infracciones en materia vitivinícola 1. Constituyen infracciones administrativas en materia vitivinícola las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente Ley.
2. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción de expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo común, y con las normas especiales contenidas en esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir.
3. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Capítulo I, artículos 27-30, del título IV, suprimido por el apartado 1 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
Sujetos responsables de la infracción 1. Solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa vitivinícola los sujetos que resulten responsables de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente Ley.
2. De las infracciones en productos envasados, será responsable la persona física o jurídica o comunidad de bienes cuyo nombre figure en la etiqueta, salvo que demuestre su falta de participación en los hechos constitutivos de la infracción. También será responsable el titular de la planta de envasado o embotellado cuando se pruebe su connivencia con el sujeto identificado en la etiqueta.
Si los productos envasados carecen de etiqueta, serán responsables conjuntamente el tenedor del producto y el titular de la planta de envasado o embotellado, si éste pudiera determinarse.
3. De las infracciones en productos a granel será responsable el tenedor de los mismos, excepto cuando se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior.
4. Cuando el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varios sujetos conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones cometidas y de las sanciones que se impongan.
5. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano competente. En este caso, deberá comunicarse al infractor la indemnización que procede y el plazo para su satisfacción, quedando expedita la vía judicial en caso contrario.
Concurrencia con el orden jurisdiccional penal 1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, cuando se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.
2. En los casos en que las infracciones administrativas vitivinícolas pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
En caso de que no se estime ilícito penal, o se dicte resolución que ponga fin al procedimiento penal, la Administración reanudará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.
3. La iniciación de actuaciones en el orden penal no afectará al inmediato cumplimiento de la medidas de intervención o de otro tipo que haya adoptado la Administración en caso de riesgo grave para los consumidores, a la efectividad de los requerimientos de subsanación que haya formulado, ni a los expedientes sancionadores sin conexión directa con los que sean objeto de las eventuales actuaciones penales.
Prescripción de las infracciones 1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán, las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados desde la fecha de su comisión, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Para las infracciones en materia de ayudas y subvenciones que supongan el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, el plazo de prescripción será de cinco años.
Capítulo IIInfracciones en materia vitícola
Concepto Son infracciones en materia vitícola las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales sobre viñedos y viveros, en particular sobre su plantación, regularización, reestructuración y reconversión.
Capítulo II, artículos 31-34, del título IV, suprimido por el apartado 1 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
1. No ajustarse en la plantación de viñedo a lo solicitado por el interesado y autorizado por la Consejería competente, salvo en el caso de que la conducta esté tipificada como grave o muy grave.
2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los planes de reestructuración y reconversión de viñedo, excepto si dicho incumplimiento está tipificado como grave o muy grave.
3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones de plantaciones y en la notificación de las mismas.
4. El incumplimiento de las normas de cultivo de la vid, si no existe reiteración.
1. El incumplimiento de la obligación de arrancar, antes de que finalice la segunda campaña posterior a la plantación, en caso de replantación anticipada.La sanción por esta infracción se aplicará sin perjuicio de la ejecución del aval y de la posible ejecución subsidiaria del arranque por la Administración.
2. El incumplimiento de la obligación de arrancar, antes de que finalice la tercera campaña posterior a la plantación, cuando así esté establecido como parte de las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de viñedo.
3. El incumplimiento de la obligación de permanecer en cultivo las superficies de viñedo acogidas a los planes de reestructuración y reconversión por el tiempo mínimo establecido legal o reglamentariamente.
4. El incumplimiento de la obligación de no incrementar el potencial de producción de las superficies afectadas por los planes de reestructuración y reconversión de viñedo.
5. Los cambios en la ejecución de los planes de reestructuración o reconversión de viñedo, bien sean de titularidad, de parcela o de algunas de las características de las parcelas indicadas en la solicitud de la ayuda, si no son previamente autorizados por la Administración.
6. El incumplimiento reiterado de las normas de cultivo de la vid.
7. La utilización de los derechos de plantación por persona distinta a aquella a quien le hayan sido concedidos por la Administración o en superficies distintas o para fines distintos de aquellos para los que se hayan concedido.
1. La plantación o el cultivo de viñedo sin disponer previamente de autorización de plantación en vigor. En este sentido será objeto de infracción el incumplimiento de la obligación de arranque una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se notificó por la autoridad competente la obligación de proceder al mismo. En el supuesto de que el titular del viñedo no llevara a cabo el arranque, responderá subsidiariamente el propietario de la parcela.
2. La plantación, replantación, injerto, cultivo y sobreinjerto con variedades de vid no clasificadas como autorizadas para la zona de producción, salvo las excepciones establecidas legalmente para los viveros y para las superficies destinadas a la investigación y experimentación científica.
3. El sobreinjerto con variedades que no sean de vinificación.
4. La entrega de uva para vinificación procedente de viñedos que estén incumpliendo la normativa vitivinícola vigente.
Capítulo IIIInfracciones en materia vinícola
Concepto Son infracciones en materia vinícola las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales sobre producción, elaboración, almacenamiento, crianza y comercialización de productos vitivinícolas.
Capítulo III, artículos 35-38, del título IV, suprimido por el apartado 1 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
Infracciones leves Las acciones u omisiones que vulneren las disposiciones legales en materia vinícola se calificarán como leves, excepto en los supuestos calificados como graves o muy graves en los artículos siguientes.
1. El incumplimiento de las prohibiciones de sobreprensado de la uva, de prensado de las lías de vino, y de la reanudación de la fermentación del orujo de la uva con fines distintos de la destilación.
2. La utilización de prácticas y tratamientos enológicos autorizados en proporciones distintas de las autorizadas o fuera de los límites, condiciones o plazos establecidos legalmente.
1. La tenencia en las explotaciones agrarias e industrias vitivinícolas o en locales anejos, de sustancias enológicas o cualquier otro tipo de sustancias o productos susceptibles de ser utilizados en los vinos, no autorizados por la legislación vigente en materia vitivinícola.
2. La producción, elaboración y, en su caso, crianza, de productos vitivinícolas utilizando sustancias, prácticas, tratamientos o procesos no autorizados o prohibidos por la legislación vigente; la adición o sustracción de sustancias o elementos que modifiquen su composición con fines fraudulentos; así como el destino al consumo humano directo de los productos resultantes de tales prácticas.
3. El incumplimiento de la obligación de destinar a la destilación productos y subproductos vitivinícolas, en aquellos casos en que esté establecido por las disposiciones legales vigentes.
4. El incumplimiento por el productor de la obligación de destinar a destilerías la uva procedente de superficies cuya producción solo pueda ponerse en circulación con dicho destino.
5. La producción, elaboración, circulación, tenencia y comercialización de productos vitivinícolas que no respondan a las definiciones legales de los mismos.
6. La puesta en circulación de productos vitivinícolas con fines prohibidos o distintos de los legalmente autorizados.
7. La elaboración de vino a partir de entregas de uva procedentes de viñedos que se encuentren incumpliendo la legislación vitivinícola.
Capítulo IVInfracciones en materia de documentos y registros
Concepto Son infracciones en materia de documentos y registros, en general, las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales que establezcan obligaciones sobre declaraciones, documentos, registros, libros-registro, asientos, certificados, etiquetados y demás documentos.
Capítulo IV, artículos 39-42, del título IV, suprimido por el apartado 1 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
1. La no presentación del certificado acreditativo de la inscripción oficial de la empresa, industria, almacén, materia o producto en el Registro de Industrias Agrarias de la Consejería competente, cuando estuviera obligado a ello, o la no exhibición del mismo en el local correspondiente en la forma en que estuviere establecido.
2. El incumplimiento de la presentación dentro de los plazos marcados de las declaraciones de plantación o arranque de viñedo, de los partes de producción, elaboración, documentos de acompañamiento, mermas, existencias y movimientos de productos o materias, o la presentación de declaraciones o partes defectuosas o inexactas, cuando éstas sean obligatorias.
3. La omisión de asientos en los Libros-Registro o la anotación de los mismos fuera del plazo establecido, si los movimientos están acreditados por los correspondientes documentos de acompañamiento u otros documentos oficiales u oficialmente reconocidos para la circulación de productos vitivinícolas.
4. La no comunicación al órgano administrativo correspondiente de la Comunidad Autónoma de la modificación relativa al cambio de titularidad y al arrendamiento de viñedos e industrias vitivinícolas.
5. Los errores, las inexactitudes o la omisión de datos no fundamentales que contengan los documentos de acompañamiento de productos vitivinícolas.
6. La expedición, circulación o comercialización de productos vitivinícolas cuyas etiquetas incumplan las disposiciones legales en materia de designación y presentación, así como la tenencia de dichos productos ya embalados y dispuestos para su expedición, circulación o comercialización, salvo que dicho incumplimiento esté tipificado como grave o muy grave en los artículos siguientes.
1. La falta de los Libros-Registro o de cuantos documentos sean obligatorios según las disposiciones legales vigentes.
2. La omisión de asientos en los Libros-Registro y las inexactitudes en los mismos, fuera de los casos previstos en el artículo anterior como falta leve.
3. La no presentación de las declaraciones de plantación o arranque de viñedo, ni de los partes de producción, elaboración, existencias y movimientos de productos o materias, cuando éstos sean obligatorios.
4. La falta de comunicación a la Consejería competente del abandono de cultivo del viñedo o la paralización de las actividades de las industrias vitivinícolas.
5. El incumplimiento de las instrucciones que emanen de la Consejería competente, siempre que se trate de actividades meramente formales no tipificadas en otros artículos de la presente Ley.
6. La tenencia de etiquetas, embalajes y envases que contravengan las disposiciones legales sobre etiquetado, presentación y designación de productos vitivinícolas.
7. La falta de comunicación a la Consejería competente, dentro de los plazos establecidos, de las pérdidas accidentales en el transporte y manipulación de productos vitivinícolas.
8. El incumplimiento de la obligación de guardar los Libros-Registro y los documentos de acompañamiento durante los cinco años posteriores a su cierre o a su fecha, respectivamente.
9. La posesión de maquinaria o útiles en las industrias vinícolas sin la preceptiva inscripción de los mismos en los registros legalmente establecidos, así como la omisión de darlos de baja en dichos registros cuando por cualquier causa queden inutilizados o no sean aptos para su finalidad.
10. La expedición, circulación y comercialización de productos vitivinícolas en cuyo etiquetado se omitan indicaciones obligatorias, así como la tenencia de dichos productos ya embalados y dispuestos para su expedición, circulación o comercialización.
Infracciones muy graves 1. La inexistencia de la inscripción oficial de la empresa, industria, almacén, materia o producto en el Registro correspondiente de la Consejería competente, cuando estuviera obligado a ello.
2. El ejercicio de actividades en las industrias vínicas sin estar inscritas en el correspondiente registro o cuando aquellas actividades no estén previstas en dicha inscripción, o ésta haya sido cancelada.
3. La instalación o modificación, en los casos de ampliación, reducción, perfeccionamiento y traslado de las industrias vínicas, con incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de regulación de dichas industrias.
4. La expedición, transporte y recepción de productos vitivinícolas sin documentos de acompañamiento, cuando éstos sean obligatorios, o con documentos de acompañamiento en los que se omitan requisitos fundamentales.
5. La expedición de documentos de acompañamiento que contengan indicaciones falsas y la recepción de tales documentos a sabiendas de la falsedad de dichas indicaciones.
6. La expedición, circulación y comercialización de productos vitivinícolas carentes de etiquetado cuando éste sea preceptivo, así como la tenencia de dichos productos ya embalados y dispuestos para su expedición, circulación o comercialización.
7. La expedición, circulación o comercialización de productos vitivinícolas en cuyas etiquetas, envases, embalajes o propaganda, se utilicen indicaciones falsas, prohibidas o engañosas sobre la naturaleza, composición, origen o procedencia, calidad, variedad de vid, clase y categoría del producto, así como la tenencia de dichos productos ya embalados y dispuestos para su expedición, circulación o comercialización.
Capítulo VInfracciones por obstrucción
Concepto Las infracciones por obstrucción se califican como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración infringido, y de la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora sobre la actuación de los inspectores, conforme se expresa en los artículos siguientes.
Capítulo V, artículos 43-46, del título IV, suprimido por el apartado 1 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
Infracciones leves Son infracciones leves las que impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, salvo que dichas obligaciones sean requeridas en el curso de una visita de inspección y estén referidas a registros, documentos o información que deban obrar en la empresa inspeccionada de forma obligatoria.
Infracciones graves Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales tienen encomendadas los inspectores de la Consejería competente, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa, serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora, y se calificarán como infracciones graves, excepto en los supuestos calificados como leves o muy graves en el artículo precedente y siguiente.
Infracciones muy graves Se calificarán como infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia de los inspectores en las viñas, bodegas o establecimientos inspeccionados.
b) Los supuestos de coacción, amenaza, represalia, violencia o cualquier otra forma de presión ejercida sobre los inspectores, así como la tentativa de ejercitar tales actos.
c) La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de mercancía intervenida cautelarmente por los inspectores.
d) La reiteración de conductas de obstrucción calificadas como graves.
Capítulo VIResponsabilidad y sanciones
Criterios de graduación de las sanciones 1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en la presente Ley podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los criterios establecidos en los apartados siguientes.
2. Una vez calificadas las infracciones en la forma dispuesta por esta Ley, las sanciones se graduarán en atención a la apreciación de las siguientes circunstancias, según se considere puedan agravar o atenuar la responsabilidad en la infracción y, en consecuencia, la graduación de la sanción a aplicar:
a) La concurrencia de intencionalidad o de negligencia en la conducta del sujeto responsable.
b) El incumplimiento de las advertencias previas y de los requerimientos de la Administración o de sus órganos de inspección.
c) La superficie de cultivo o el volumen de los productos afectados por la infracción.
d) La gravedad de los daños o perjuicios causados o que pudieran haberse causado.
e) La trascendencia de la infracción para los consumidores.
f) La subsanación voluntaria por el sujeto responsable de los defectos observados en la inspección.
g) La cuantía de la cantidad defraudada o indebidamente percibida, o del beneficio obtenidocomo consecuencia directa o indirecta de la infracción.
h) La negativa o la resistencia a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección.
i) La concurrencia con infracciones sanitarias o el hecho de haber servido la infracción vitivinícola para facilitar o encubrir dichas infracciones.
j) La sanción correspondiente a la infracción calificada como muy grave del apartado 1 del artículo 34 se impondrá en su grado máximo.
3. Los criterios de graduación recogidos en el apartado anterior no podrán utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.
4. La resolución administrativa que recaiga en el procedimiento sancionador deberá explicitar los criterios de graduación tenidos en cuenta, de entre los señalados en el apartado segundo de este artículo.
En caso de que no se considere relevante ninguna de las circunstancias enumeradas en dicho apartado, la sanción se impondrá en el tramo inferior del grado mínimo.
La infracción que consista en la persistencia continuada de su comisión, se sancionará en el máximo de su calificación.
5. En todo caso, en la graduación de la sanción que corresponda deberá procurarse que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.
Capítulo VI, artículos 47-50, del título IV, suprimido por el apartado 1 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre).
Cuantía de las sanciones 1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 60 a 3.000 euros, pudiendo rebasar esta última cantidad hasta alcanzar el 50 por 100 del valor de la base por las hectáreas o del valor estimado de los productos o mercancías, cuando la infracción afecte directamente a viñedos, productos o mercancías.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3.001 a 15.000 euros, pudiendo rebasar esta última cantidad hasta alcanzar el 100 por 100 del valor de la base por las hectáreas o del valor estimado de los productos o mercancías, cuando la infracción afecte directamente a viñedos, productos o mercancías.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 15.001 a 600.000 euros, pudiendo rebasar esta última cantidad hasta alcanzar el 500 por 100 del valor de la base por las hectáreas o del valor estimado de los productos o mercancías, cuando la infracción afecte directamente a viñedos, productos o mercancías.
4. Las bases para la imposición de las multas se determinarán multiplicando la producción anual media por hectárea, en el quinquenio precedente a la infracción, en la zona donde esté enclavada la finca afectada por la infracción, por el precio medio de la uva alcanzado en la misma zona durante el año anterior a la infracción.
5. Cuando la multa haya de imponerse en función del valor de los productos o mercancías, éste se calculará con arreglo al precio medio en la zona en el mes en que se cometió la infracción, si pudiera determinarse su fecha y en otro caso en el mes en que la infracción se descubra.
Si la infracción consistiera o tuviera por efecto aparentar una categoría o una calidad superior para el producto o mercancía, se aplicará el precio medio del producto de la categoría o calidad superior pretendida.
Reincidencia 1. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior, en el plazo de los 365 días naturales siguientes a la notificación de la sanción, siempre que la resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza en vía administrativa.
2. En caso de reincidencia, la cuantía de la sanción que proceda podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso más de un 50 por 100 sobre las cuantías máximas previstas en esta Ley para cada clase de infracción.
3. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves podrá dar lugar a la suspensión de actividad, durante el tiempo que se determine, que no podrá exceder de un año.
Sanciones accesorias 1. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos de esta Ley sobre infracciones graves y muy graves a los planes de reestructuración y reconversión de viñedo, los infractores podrán ser sancionados accesoriamente del siguiente modo:
a) Pérdida automática de las ayudas, subvenciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de ayudas, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción.
b) Adopción de cláusulas de penalización en la devolución de las ayudas indebidamente percibidas o en la reducción de las ayudas pendientes de percibir.
c) Exclusión del acceso a tales ayudas por un período máximo de cinco años.
2. No tienen la consideración de sanciones accesorias:
Capítulo VIIInspección
Inspección y requisitos de las actas de inspección 1. En el ejercicio de su función, los inspectores de la Consejería competente tendrán el carácter de autoridad pública y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así mismo, estas funciones podrán ser realizadas por los servicios que prevea la Consejería competente.
2. Los inspectores podrán acceder directamente a la documentación administrativa, industrial, mercantil y contable de las explotaciones, industrias y establecimientos que inspeccionen, cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendrán carácter confidencial.
Tanto los órganos de las Administraciones Públicas, como las empresas con participación pública, organismos oficiales, organizaciones profesionales y organizaciones de consumidores prestarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite por los servicios de inspección.
3. Los inspectores levantarán la correspondiente acta de la inspección por triplicado, en la que harán constar, además de las circunstancias personales del interesado y los datos relativos a la empresa inspeccionada, los hechos constatados por el inspector que motivan el levantamiento del acta, destacando, en su caso, los hechos relevantes que sirvan de base a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, a la tipificación de la infracción y a la graduación de sanción.
El acta será suscrita por el inspector y por el cultivador del viñedo, empresa, industria o establecimiento sujeto a inspección, o ante su representante legal o persona responsable, y en defecto de los mismos, ante cualquier persona que se halle en la explotación, industria o establecimiento, en poder de la cual quedará una copia del acta.
Ambos firmantes podrán consignar en el acta cuantos datos o manifestaciones estimen oportunos, así como cuantas incidencias ocurran en el acto de la inspección o de levantamiento del acta.
Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta, ésta será autorizada con la firma de un testigo, si fuere posible, sin perjuicio de exigir las responsabilidades contraídas por esta negativa. En todo caso, el acta será autorizada por el inspector.
4. Los hechos constatados por el inspector que se formalicen en las actas de la inspección observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen resulte concluyente lo contrario.
5. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos correspondientes.
Obligaciones de los inspeccionados 1. Las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de los inspectores:
a) A suministrar toda clase de información sobre viñedos, instalaciones, productos o servicios, permitiendo la directa comprobación de los inspectores.
b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, de los movimientos de productos, de los precios y de los conceptos en que se descomponen los mismos.
c) A facilitar copia o reproducción de la referida documentación.
d) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o mercancías que cultiven, elaboren, distribuyan o comercialicen, sin que puedan exigir ningún tipo de compensación económica por ello.
e) Y, en general, a consentir la realización de las visitas de inspección y a facilitar su desarrollo.
2. Cuando a requerimiento de la Administración, o espontáneamente, se aporten declaraciones o documentos, deberán ir firmados por persona con facultad bastante para representar a la empresa.
La falsedad, así como la constancia en dichos documentos de datos inexactos o incompletos, se sancionará de conformidad con lo previsto en esta Ley, sin perjuicio de que, si se observare la posible existencia de delito o falta, se deduzca el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia.
Medidas cautelares adoptadas en la inspección 1. En caso de que se estime conveniente por el funcionario encargado de la inspección, éste podrá disponer que la mercancía quede retenida hasta que se disponga lo que proceda.
2. En tales casos, el plazo de la retención acordada por el inspector será de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de levantamiento del acta de inspección; dentro de dicho plazo, deberá comunicarse al interesado la confirmación de la retención de la mercancía o el levantamiento de esta medida precautoria.
3. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador podrá acordar, mediante sucesivas prórrogas, retenciones de las mercancías u otras medidas precautorias hasta la resolución del expediente.
Toma de muestras 1. En caso de que se estime conveniente por el inspector, se tomarán muestras del producto objeto de inspección, sin que esta actuación sea susceptible de compensación económica.
2. La toma de muestras se realizará mediante acta formalizada, que cumplirá los requisitos exigidos por esta Ley a las actas de inspección. En el acta se transcribirán íntegramente cuantos datos y circunstancias sean necesarios para la identificación de las muestras.
3. Cada muestra constará de tres ejemplares homogéneos, en cantidad suficiente para el examen y análisis de la misma y serán acondicionados, precintados, lacrados y etiquetados, de manera que con estas formalidades y con las firmas de los intervinientes estampadas sobre cada ejemplar, se garantice la identidad de las muestras con su contenido, durante el tiempo de la conservación de las mismas.
4. El depósito de los ejemplares de cada muestra se hará de la siguiente forma:
a) Si la empresa o el titular del establecimiento donde se levante el acta fuera el elaborador, almacenista, envasador o persona cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta de las muestras recogidas y acondicionadas en la forma antes indicada, uno de los ejemplares quedará en su poder, bajo depósito, junto con una copia del acta, con la obligación de conservarla enperfecto estado para su posterior utilización en prueba contradictoria, si fuese necesario.La desaparición, destrucción o deterioro de dicho ejemplar de la muestra se presumirá maliciosa, salvo prueba en contrario.
Los otros dos ejemplares de la muestra, quedarán en poder de la inspección, remitiéndose uno de ellos al Laboratorio que haya de realizar el análisis inicial.
b) Si el dueño del establecimiento o de la empresa inspeccionada actuasen como meros distribuidores del producto investigado, quedará en su poder una copia del acta, pero los tres ejemplares de la muestra serán retirados por la inspección, en cuyo caso, uno de los ejemplares se pondrá a disposición del elaborador, almacenista, envasador o persona cuyo nombre figure en la etiqueta o de persona debidamente autorizada que lo represente, para que la retire si desea practicar la prueba contradictoria, remitiéndose otro ejemplar al Laboratorio que haya de realizar el análisis inicial.
Análisis 1. Las pruebas periciales analíticas se realizarán en el laboratorio oficial o en los privados acreditados por la Administración para estos fines, empleando para el análisis los métodos que, en su caso, se encuentren oficialmente aprobados y, en su defecto, los recomendados nacional o internacionalmente.
2. El laboratorio oficial y oficialmente reconocido, a la vista de la muestra y de la documentación que le acompaña, realizará el análisis y emitirá a la mayor brevedad posible los resultados analíticos correspondientes y, en caso de que se les solicite, un informe técnico, pronunciándose de manera clara y precisa sobre la calificación que le merezca la muestra analizada.
3. Cuando del resultado del análisis inicial se deduzcan infracciones a las disposiciones vigentes, se incoará expediente sancionador de acuerdo con el procedimiento contenido en la presente Ley, con las siguientes peculiaridades:
En el supuesto de que el expedientado no acepte el resultado del análisis inicial, sin perjuicio de acreditar lo que convenga a su derecho por cualquier medio de prueba, podrá solicitar del instructor la realización de un análisis contradictorio, de acuerdo con una de las dos posibilidades siguientes:
a) Designando, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador, un perito de parte para la realización del análisis en la Estación Enológica de Haro, siguiendo las mismas técnicas empleadas en el análisis inicial y en presencia del técnico que certificó dicho análisis o persona designada por el mismo. A tal fin, el instructor o el propio Laboratorio comunicará al interesado la fecha y la hora de realización.
b) Justificando ante el instructor en el plazo de ocho días hábiles a partir de la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador, que el ejemplar de la muestra correspondiente ha sido presentado en otro Laboratorio oficial para se que realice el análisis contradictorio por el técnico que designe dicho Laboratorio utilizando las mismas técnicas empleadas en el análisis inicial.
El resultado analítico y, en su caso, el informe técnico complementario deberán ser remitidos al Instructor del expediente en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la iniciación de procedimiento sancionador, entendiéndose que, transcurrido dicho plazo sin haberse practicado el análisis y haberse comunicado al Instructor, el expedientado decae en su derecho.
4. La renuncia expresa o tácita a efectuar el análisis contradictorio o la no aportación de la muestra obrante en poder del interesado, supone la aceptación de los resultados a los que se hubiese llegado en la práctica del primer análisis.
5. Si existiera desacuerdo entre los dictámenes de los análisis inicial y contradictorio, se designará por sorteo, entre los laboratorios acreditados para la realización de los mismos, otro Laboratorio oficial u oficialmente acreditado que, teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores análisis y utilizando la tercera muestra, realizará con carácter urgente un tercer análisis que será dirimente y definitivo.
6. Los gastos que se deriven de la realización del análisis contradictorio serán de cuenta de quien lo promueva. Los originados por la realización de los análisis inicial y dirimente serán a cargo del inculpado, salvo que los resultados del dirimente rectifiquen los del análisis inicial, en cuyocaso ambos serán sufragados por la Administración.
El impago del importe de los análisis inicial y dirimente, cuando sean a cargo del expedientado, dará lugar a la oportuna recaudación en vía ejecutiva, con arreglo a la normativa aplicable.
7. Cuando la situación de peligro para la salud pública o la importancia económica de la mercancía cautelarmente inmovilizada así lo aconsejen, se convocará a un mismo acto y en la Estación Enológica de Haro a tres peritos, dos de ellos nombrados por la Administración y uno en representación del interesado, para que practiquen los análisis inicial, contradictorio y, en su caso, el dirimente, sin solución de continuidad.
8. Durante el tiempo necesario para la incorporación al expediente de los resultados de los análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, quedará en suspenso el transcurso del plazo máximo legal para dictar y notificar la resolución del procedimiento de que se trate.
Capítulo VIIIProcedimiento sancionador
Normativa aplicable El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la presente Ley, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, así como a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, del Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, siendo de aplicación subsidiaria lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Capítulo VIII, artículos 56-60, del título IV, redactado por el apartado 2 del artículo 35 de la Ley [LA RIOJA] 13/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014 («B.O.L.R.» 30 diciembre). Téngase en cuenta, que este capítulo comprendía anteriormente los artículos 56-59.
Principios de tramitación El procedimiento se ajustará a los siguientes trámites:
a) Se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del Director General del Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.2 del artículo 2 del Decreto 20/2001, de 20 de abril, por el que se regula el ejercicio de competencias administrativas en desarrollo de la Ley 3/1995, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otro órgano administrativo -en particular de los que tengan atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación- o por denuncia.
b) Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación. Estas actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación, que levantarán acta de lo actuado.
Medidas cautelares en la tramitación del procedimiento 1. En los supuestos en que sea previsible el decomiso de la mercancía por existir fundadas sospechas de adulteración, falsificación o fraude, el órgano competente para iniciar el procedimiento podrá proceder cautelarmente a la intervención de la misma, sin perjuicio de que en la resolución que se dicte, se decrete el decomiso definitivo o se deje sin efecto la intervención ordenada.
2. Asimismo, el instructor podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias paraasegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
Órganos competentes Serán competentes para resolver los expedientes sancionadores por las infracciones a que se refiere la presente Ley:
a) Los Directores Generales para la imposición de multas hasta 15.000 euros.
b) Los Consejeros para la imposición de multas entre 15.001 y 600.000 euros.
c) El Consejo de Gobierno de La Rioja para la imposición de multas que excedan de 600.000 euros.
Hasta tanto se dicten, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, nuevas disposiciones en desarrollo de la misma, continúan en vigor las normas dictadas en materia de vitivinicultura hasta la fecha, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan al contenido de esta Ley.
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas normas y disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.