Source: http://www.luispetri.com.ar/proyectos/leyrecompensa/
Timestamp: 2017-08-21 04:31:41
Document Index: 133496205

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 232', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19']

Ley Recompensa | Luis Petri
Ley Recompensa
“Cuando la injusticia se tolera
con el tiempo se pierde
la noción de lo justo”
Este proyecto tiene su origen en la necesidad de dotar al sistema penal una herramienta que permita sancionar a los eventuales responsables de un hecho delictivo, cuando por las especiales características que lo rodean tiene la capacidad de repercutir negativamente en la sociedad, ocasionando estupor y perturbación pública.
Y es así como, una de las herramientas fundamentales en la investigación judicial es el testimonio de las personas que puedan individualizar o dar con el paradero de los responsables.
La sensación de inseguridad es un estado producido por la íntima percepción que las personas tienen de los niveles de seguridad de la comunidad en la que viven.
Los altos niveles en cuanto a la sensación de inseguridad, implica personas que se sienten amenazadas y temerosas de sufrir un delito y consiguientemente modifican sus patrones de conducta en todos los órdenes, a fin de resguardar su vida, integridad física, su patrimonio y los de sus seres queridos.
De la sensación de seguridad/inseguridad de la población depende la modificación o no de comportamientos, por la percepción que la persona tiene respecto de la amenaza o asedio constante a ser víctima de un delito. Disminuyendo la sensación de inseguridad por consiguiente se mejora la calidad de vida.
Dammert y Malone sostienen que la sensación de inseguridad se encuentra íntimamente ligada con la confianza en la policía, la corrupción pública y la sensación de impunidad ante la falta de castigo a quienes delinquen.
Este último elemento, la sensación de impunidad, opera en dos sentidos opuestos, por un lado como disuasivo de costumbres y modificatorio de conductas de la población al estar amenazada y en constante estado de alerta y por el otro alienta la comisión de nuevos delitos al asumir quienes delinquen que no existirá reproche penal al no ser alcanzados por el actuar de la Justicia.
Karl Mittermaier, en su Tratado de la Prueba en Materia Penal, afirma que “Las leyes penales y las de procedimiento criminal tienen un doble objeto. Si se quiere que sean enérgicas y eficaces, si se desea el firme mantenimiento del orden y de la paz pública, es preciso que el culpable este seguro de ver inevitablemente sobre su cabeza el brazo de la justicia…”
Evitando las posturas simplistas podemos afirmar que la amenaza de la sanción resulta paralizadora para una gran mayoría pero, insuficiente para detener a los delincuentes excluidos y marginados que no encuentran oportunidades laborales, no alcanza por si solo para contener a quienes son concientes de la lentitud e ineficiencia del sistema penal, que solo detiene y condena a un porcentaje claramente inferior respecto de los delitos efectivamente cometidos. Esto es, los delincuentes han caído en cuenta que son pocos o escasos los arrestados y efectivamente condenados, por lo que el mínimo riesgo de ser aprehendido justifica la “ganancia” en la comisión del delito. Lógica perversa si se quiere pero razonamiento que se obtiene de la realidad de un sistema judicial saturado, colapsado y exiguo.
Hoy los delitos no esclarecidos, con la consecuente impunidad, sumado a otras deficiencias del sistema penal y de seguridad, elevan la sensación de inseguridad.
Es la certeza de la pena, la inevitabilidad del castigo ante la violación a la norma penal uno de los pilares fundamentales en los que debe sustentarse el sistema. La inexorabilidad de la pena como destino fatal ante la trasgresión al orden instituido.
Nadie se siente seguro en un mundo donde cualquiera puede ser victima de un delito. El ciudadano se identifica con las víctimas de los delitos, púes tiene la creencia que él puede ser la próxima víctima en cualquier momento.
Consecuencia inmediata de esta sensación de inseguridad es la exigencia de los poderes públicos de mejores respuestas y resultados en referencia a los niveles de seguridad, demandando control sobre todos los eventuales riesgos para que nadie soporte el costo derivado de acciones de terceros.
Ante delitos de amplia repercusión pública por las particulares circunstancias que rodearon el caso, la sociedad se moviliza clamando por justicia y condena de todos sus responsables.
Por ello, toda política de seguridad debe contemplar la participación de la ciudadanía tanto en la prevención del delito como en la represión de los mismos involucrándose en su esclarecimiento.
En este marco, entendemos importante que el Estado, en determinadas circunstancias, aliente e incentive el aporte de información, testimonios, documentación y todo otro elemento que permita esclarecer estos hechos delictivos que hieren y perturban el normal desenvolvimiento social. De forma tal de individualizar a sus autores, cómplices y encubridores y poder desbaratar así las bandas, lograr la libertad de las víctimas o la aprehensión de aquellos que hubieran participado en la consecución de los delitos.
En la disyuntiva de esclarecer o no un delito de gran repercusión que eleva la sensación de inseguridad, movilizando y sensibilizando a la sociedad, creemos que no existen reparos de carácter ético acerca de si el Estado puede incentivar, estimular y promover a personas a que aporten información, cuando estas no encuentran razones para hacerlo por mandato legal, como es el deber de testificar.
La recompensa puede entenderse bien como provocadora de testimonios temerosos o amenazados o por el contrario como gratificadora de conductas valientes que ayudan al reestablecimiento de la paz social seriamente comprometida por el delito perpetrado.
Es necesario revestir a todo el procedimiento de transparencia, a fin de dotar de credibilidad y confianza dando eficacia a esta herramienta.
La primera contribución en pos de la transparencia resulta de enmarcar el procedimiento a través de una Ley. Y que sea ella la que determine la oportunidad y ocasión del ofrecimiento, el merito y utilidad de la información, como también el pago de la recompensa. Es a través de la ley que se impide la arbitrariedad y discrecionalidad del otorgante, encontrándose tabulados los presupuestos, requisitos y condiciones para el otorgamiento de la misma.
La recompensa, no resulta aplicable en todos los casos y para todos los delitos por que ello sería una suerte de privatización de la obligación indelegable del Estado de proporcionar Justicia y el correlativo deber cívico de los ciudadanos de testificar todo cuanto saben de un hecho delictivo.
Este proyecto plantea -y es una de las diferencias con la legislación nacional en la materia-, como criterio para el ofrecimiento, la existencia de conmoción pública consecuencia del delito y la dificultad de su esclarecimiento, en función al reestablecimiento de los estándares de sensación de seguridad anteriores al delito perpetrado.
Contempla además de la imprescindible publicidad del ofrecimiento, un procedimiento confidencial, con actuaciones secretas, que otorga al declarante la facultad de gozar de la reserva de su identidad en caso de solicitarlo y dispone sanciones para los casos de violación a la confidencialidad del procedimiento establecido.
Reserva, confidencialidad y secreto que en modo alguno implican informalidad, ilegalidad o falta de control. Este es otro de los aspectos ligados a la necesaria transparencia del instituto que propone el proyecto, a través de la ineludible rendición de cuentas de los gastos efectuados al Tribunal de Cuentas de la Provincia, y la intervención del Escribano General de Gobierno al momento de efectuar el pago y dejar constancia del mismo. Así también la participación del Ministerio Público Fiscal a la hora de dictaminar respecto de la calidad y utilidad de la información aportada, no pudiendo en el supuesto de informe desfavorable, otorgarse pago alguno, le imprime gran confiabilidad.
En Estados Unidos, el Programa de Recompensas para la Justicia (Rewards of Justice) es uno de los medios más valiosos del Gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional. El Programa, establecido en virtud de la Ley Pública 98-533, de 1984 para Combatir el Terrorismo, es administrado por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
Conforme a este Programa, el Secretario de Estado puede ofrecer recompensas hasta de U$S 5 millones por información que impida o resuelva favorablemente actos de terrorismo internacional contra ciudadanos o bienes estadounidenses en todo el mundo. Las recompensas también se pueden pagar por información que dé lugar al arresto o la condena de terroristas que traten de cometer dichos actos o los cometan, o conspiren, ayuden y confabulen para cometerlos.
La Ley de Defensa de la Patria, promulgada por los EE.UU. en octubre de 2001, autoriza al Secretario de Estado a pagar recompensas por más de U$S 5 millones si él considera que una suma mayor es necesaria para combatir el terrorismo o defender a los Estados Unidos contra actos de terrorismo. El Secretario Powell ha autorizado una recompensa que asciende hasta $ 25 millones por información que dé lugar a la captura de Osama Bin Laden y otros dirigentes principales de Al-Qaeda.
El Programa de Recompensas para la Justicia ha tenido éxito. En los últimos siete años, los Estados Unidos han pagado más de US$ 57 millones a 29 personas que proporcionaron información fidedigna que permitió el encarcelamiento de terroristas o impidió la comisión de actos de terrorismo internacional en todo el mundo. El Programa desempeñó un papel importante en el arresto del terrorista internacional Ramzi Yousef, quien fue condenado por el ataque con explosivos contra el World Trade Center en 1993.
En la Argentina a partir de la proliferación de la modalidad delictiva de secuestros extorsivos denominados Express, se creó el a través de la ley 25.765 el Fondo de Recompensas para quienes colaboren con información para resolver el caso, ya sea la liberación del secuestrado como la detención de los miembros de la banda.
El Fondo Permanente de Recompensas tien por objeto obtener informaciones útiles relacionadas con los delitos previstos en el Código Penal en los artículos 142 bis, que trata sobre la privación ilegal de la libertad calificada; 170, que se refiere al secuestro extorsivo y 277, sobre encubrimiento.
El monto de la recompensa es fijado de acuerdo con la complejidad del caso y las dificultades para obtener información. Además, se dispone su publicidad para que la mayor cantidad de personas puedan aportar indicios ciertos e importantes para el esclarecimiento del delito.
Antecedentes en Mendoza
En nuestra Provincia esta herramienta ha sido utilizada con distintos resultados por Ministerio de Seguridad. Pero no ha constituida una herramienta propia del sistema, institucionalizada y reglamentada.
Los disímiles resultados tienen que ver en alguno de los casos con la falta de un marco normativo que de garantías al testigo o informante de no sufrir consecuencias ulteriores en su integridad a la de sus seres queridos por sus dichos o la información aportada. Otras veces la razón del fracaso se encuentra en el exiguo o bajo valor de la recompensa ofrecida en relación a la conmoción ocasionada por la perpetración del delito no cumpliendo con la finalidad de esta herramienta del sistema.
En el caso Zambrano-Rodríguez, fue a partir de una recompensa de 40 mil pesos se pudo saber dónde estaban sus cuerpos (julio 2000)
El caso de extinto policía Julio Cisterna fue asesinado en el 2000. Se ofreció dinero por datos pero nadie habló.
En los casos de Guardati, Garrido-Baigorria, se ofrecieron 5 mil pesos por cada caso.
También en el caso de Cristian Bolognezi, fue ofrecida recompensa.
De los supuestos, que en forma aislada, se han ofrecido recompensas en la Provincia, surge que:
● No ha existido el adecuado marco normativo que le de garantías al aportante, respecto a la reserva de identidad o la confidencialidad del procedimiento.
● No fue realizada la debida Publicidad respecto de alcances de la medida, monto destinado al pago y modo de hacer efectivo el pago.
● Las sumas ofrecidas en muchos de los casos resultaron insignificantes frente a la envergadura y conmoción social que el delito ocasionó, la orfandad probatoria en el expediente penal y el potencial peligro de sufrir consecuencias dañinas en su persona y/o bienes producto de la declaración.
● No se determinaban los plazos, las formas, el procedimiento, ni las causales de exclusión.
● No se preveía la concurrencia de facultades de proposición de la medida entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.
● No se dotó del debido control, que otorga la vital transparencia al instituto.
Para finalizar los conceptos y bases del proyecto, junto a los antecedentes Internacionales, Nacionales y Provinciales, arriba mencionados sirven de fundamento al presente proyecto de ley que proponemos a esta H. Cámara.
La recompensa exhuma verdades silenciadas por el miedo, alcanzando la inexorabilidad de la pena como destino fatal
ante la trasgresión al orden instituido.
Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, a ofrecer Recompensas a fin de lograr el esclarecimiento de delitos que ocasionen conmoción pública aumentando la sensación de inseguridad y exista dificultad para individualizar o dar con el paradero de sus autores.
Artículo 2°.- Se entiende por recompensa, a los fines de esta ley, la retribución en una suma cierta y determinada de dinero por parte del Ministerio de Seguridad por haber obtenido información que permita a la autoridad judicial actuante en el caso obtener:
b) La individualización y/o ubicación de elementos utilizados para la comisión de un delito;
c) La ubicación de restos materiales que sean el resultado de la comisión del delito;
d) La obtención de cualquier clase de información que le permita avanzar hacia el esclarecimiento del delito.
El Ministerio de Seguridad determinará en cada caso, con carácter previo que información se considera de utilidad y tiene relevancia para ser susceptible de recompensa.
Artículo 3°.- El Ministerio de Seguridad será el encargado de efectuar el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago de estas.
El Ministerio Público Fiscal se encuentra facultado a requerir al Ministerio de Seguridad el ofrecimiento de recompensa en los casos establecidos en la presente ley.
Artículo 4°.- Ante el requerimiento de recompensa por parte del Ministerio Público Fiscal, el Ministro de Seguridad deberá resolver el pedido dentro de los cinco (5) días de recibir las actuaciones por resolución fundada. Dicho plazo podrá ser prorrogado, con carácter de excepción, cuando las circunstancias del caso lo ameriten, a criterio de la autoridad de aplicación.
Artículo 5° .- Cuando la recompensa sea dispuesta por del Ministerio de Seguridad, previo al dictado de la resolución respectiva, se pondrá en conocimiento del órgano judicial competente la iniciativa, por un plazo de cinco (5) días, vencido el cual se presumirá que no existen objeciones que formular a la medida en trámite.
En el supuesto de existir objeciones, el Ministerio de Seguridad, resolverá fundadamente sobre la prosecución o no de la medida.
Artículo 6º. – El ofrecimiento de la recompensa deberá disponerse por resolución fundada dictada por el Ministro de Seguridad de la Provincia, y deberá contener:
● El número de expediente, carátula, Unidad Fiscal y Juzgado intervinientes;
● Una síntesis del hecho delictual investigado;
● La información que se considera de utilidad para su esclarecimiento y por la cual se ofrece recompensa;
● El monto del dinero ofrecido;
● Las condiciones de su entrega y los lugares de presentación;
PUBLICIDAD DEL OFRECIMIENTO
Artículo 7°.- El Ministerio de Seguridad, dará la más amplia difusión posible al ofrecimiento de la recompensa, a través de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. La parte dispositiva de la resolución dispuesta en el artículo anterior podrá ser publicada en los medios de comunicación de la Provincia.
DEL MONTO DE LA RECOMPENSA
Artículo 8°.- El monto de la recompensa será fijado atendiendo a la conmoción pública que el caso haya originado, su complejidad, a las dificultades que existan para la obtención de información útil y a la peligrosidad del autor.
Artículo 9°.- Si fuera necesaria la distribución de dicha suma entre dos o más personas, el monto fijado en la recompensa será distribuido entre quienes se presenten a suministrar la información en los términos del artículo 1 y conforme a la utilidad y relevancia del aporte a la investigación del delito.
Corresponde al organismo de aplicación establecer la cantidad a percibir por cada uno de los beneficiarios.
Artículo 10°.- El monto determinado conforme las pautas dispuestas por esta ley, no podrá exceder en ningún caso, la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000).
DE LA RESERVA DE IDENTIDAD Y
Artículo 11°.- Las personas que deseen aportar la información mencionada en los artículos precedentes podrán solicitar la reserva de identidad de conformidad a lo establecido por el artículo 232 del Código Procesal Penal de la Provincia.
Artículo 12°.- La obligación de asegurar la confidencialidad a la información y la reserva de la identidad de las personas que suministren información alcanza a todo funcionario o empleado que tome conocimiento de ella o intervenga, de cualquier manera, en el procedimiento que se establece por la ley. El incumplimiento será considerado falta grave.
DEL PAGO DE LA RECOMPENSA
Artículo 13°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, instrumentará el pago, previo informe del representante del Ministerio Público Fiscal actuante en la causa sobre el mérito y utilidad de la información individualmente aportada a los fines de la ley y respecto a las causales de exclusión de los beneficios que esta acuerda, debiendo expedirse dentro del término de cinco (5) días.
Artículo 14°.- Producido el informe y verificados los requisitos exigibles, se efectuará el pago mediante un acta que se labrará al efecto con intervención del Escribano de Gobierno, la que tendrá carácter secreto, constituyéndose en su depositario y deberá contener los siguientes datos:
a) la causa judicial que origina el pago,
b) nombre y apellido de las personas que intervengan, tipo y número de documento de identidad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, ocupación o profesión, y domicilio real de las mismas.
c) la transcripción del informe del ministerio publico fiscal sobre el mérito de la información aportada.
d) el monto que se abona en concepto de recompensa.
Artículo 15°.- Las actuaciones administrativas que se confeccionen para documentar el pago de la recompensa tendrán el mismo carácter que el acta mencionada en el artículo precedente, lo que será observado por todas las reparticiones y dependencias intervinientes, y sin perjuicio de las facultades de contralor a cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Artículo 16°.- En el supuesto de informe desfavorable por parte del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad no podrán entregar la recompensa las personas incluidas en el mismo.
DE LAS CAUSALES DE EXCLUSIÓN
Artículo 17°.- Quedan excluidos del derecho a requerir la recompensa establecida en la presente ley:
a) Aquellas personas que hayan participado en el hecho delictivo;
b) Los funcionarios públicos;
c) El personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad;
d) El personal perteneciente a organismos de inteligencia del Estado,
e) Los familiares de las personas mencionadas en los incisos precedentes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
La autoridad de aplicación verificará la inexistencia de las exclusiones establecidas por la ley para la percepción de la recompensa.
DE LOS FONDOS ASIGNADOS
Artículo 18°. – Los fondos que demande la implementación de la ley serán imputados a la partida específica que se habilite al efecto, en el presupuesto del Ministerio de Seguridad.
Artículo 19°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no superior de noventa (90) días de de la entrada en vigencia.