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Timestamp: 2019-09-18 16:03:42
Document Index: 214008301

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 206', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 35', 'artículo 57', 'artículo 583', 'artículo 212']

Boletin Correspondiente a 2015-08-05Regresar
En relación con aquellos contribuyentes que sean omisos del cumplimiento de la obligación de presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia, junto con su documenta­ción comprobatoria, y tal como se expresó en el Oficio 03194 del 05 de febrero de 2015, no son beneficiarios de dicha condición especial de pago, ya que quienes no presentan la declaración mencionada junto con lo documentación anexa, no son objeto de emplazamiento para decla­rar, sino por el contrario, a través de pliego de cargos, y cuyo resultado final se deriva en una Resolución Sanción, motivo por el cual no se podrían encuadrar en los supuestos de la norma.
Por otro lado, y en relación con aquellos contribuyentes que sean inexactos en su Declaración Informativa de Precios de Transferencia, junto con su documentación comprobatoria, podrán hacer uso del parágrafo 4 del artículo 56 de la Ley 1739 de 2014, siempre y cuando la modificación de la declaración reseñada y aquella información soporte de la misma, conlleve correlativamente unacorrección de la declaración del Impuesto sobre la Renta.
( 2015-08-05) Consultar
Se solicita contestar si, para efectos del cálculo de la retención en la fuente, ¿es requisito que la persona natural clasificada en la categoría de empleado solicite a su pagador la detracción del 25% de renta exenta de que trata el numeral 10 del artículo 206 del E.T.? o el agente retenedor puede disminuir la base de retención con la renta exenta, teniendo en cuenta los topes mensuales por los pagos que le realiza a la persona con categoría de empleado.
Lo anterior de conformidad con la redacción del parágrafo 3° del artículo 2° del Decreto Reglamentario número 1070 de 2013. Sobre este particular es menester exponer que el Decreto Reglamentario número 1070 de 2013 en su artículo 2º dispone una limitación para el monto de la aplicación de la detracción en relación con los factores mencionados en el mismo artículo y con la clasificación que se haga a la persona de acuerdo con el artículo 1º ibídem, tal como se lee del contenido de las disposiciones así:
Teniendo en cuenta que la función registral a cargo de las cámaras de comercio es taxativa y reglada, solo podrán abstenerse de registrar un acto sujeto a registro, como sería el caso de las actas de liquidación, por disposición legal o si estas son ineficaces o inexistentes. Por lo tanto, podrán registrarse sin exigir el pago de las renovaciones atrasadas.
No obstante, debe tenerse presente que para efectos de cancelar la matrícula mercantil de una sociedad en liquidación o de sus establecimientos de comercio se deberán renovar los años anteriores a la disolución y liquidación de la sociedad, es decir, pagar las renovaciones atrasadas, en virtud del artículo 50 de la Ley 1429 del 2010, en concordancia con el artículo 51 del Decreto 2042 del 2014, precisó la Superintendencia de Industria y Comercio.
Así las cosas, en los términos del artículo 35 del Código de Comercio, la matrícula mercantil se cancelará definitivamente a solicitud de quien la haya obtenido, una vez pague los derechos correspondientes a los años no renovados, los cuales serán cobrados según la tarifa vigente en cada año causado, indicó la entidad. (Superindustria y Comercio, Cpto. 15107600, Jun. 26/15)
La condición especial de pago prevista en el artículo 57 de la Ley 1739 del 2014 parte del supuesto de actos administrativos relacionados con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, de competencia de entidades facultadas para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel nacional, en relación con las cuales se hayan determinado sanciones, y que las obligaciones que se deriven de esas actuaciones oficiales estén en mora.
Esta disposición se refiere a obligaciones exigibles contenidas en liquidaciones oficiales ejecutoriadas. De modo que, si se paga la totalidad de la obligación principal, se condonaran parte de los intereses de mora a que haya lugar y sanciones, en un mayor o menor porcentaje, dependiendo de la oportunidad en que se efectúe el pago, es decir, si se efectuó hasta 31 de mayo del 2015 o después de esta fecha y hasta la vigencia de la condición especial de pago.
También es aplicable el beneficio a las sanciones impuestas mediante resolución independiente exigibles por encontrarse en firme que, sin embargo, estén en mora del pago de la obligación allí determinada. Si se pagó después del 31 de mayo del 2015 y hasta la vigencia de la condición especial de pago, se reduce en un 30 %, debiendo pagar el 70 % de la misma con su actualización.
Por lo tanto, al limitarse al ámbito tributario, aduanero y cambiario, no aplica a sujetos pasivos objeto de multas de carácter ambiental. (DIAN, Cpto. 726 (15962), Mayo 28/15)
Las respuestas a los derechos de petición y consultas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) son de carácter general y de conoci­miento público, por tanto, los datos que conforman el documento público no tienen restricción.
Así lo puntualizó la Dian al pronunciarse sobre si se deben publicar con los datos personales de los consultantes (nombres y apellidos, dirección física o electrónica, cargo, empresa y número telefónico) o se debe omitir esa información tanto en la publicación en el Diario Oficial como en las copias que se dejan a disposición del público y en otros medios de divulgación.
Para la entidad, “Debe entenderse la reserva legal de los actos administrativos como función de la protección de información que compromete derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional, pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta.
El artículo 583 del Estatuto Tributario indica que la información tributaria sobre las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias sí tienen el carácter de información reservada.
En cuanto a si es procedente acoger la solicitud de reserva cuando esta se solicita expresamente, la autoridad tributaria consideró importante precisar que la reserva de un documento público debe interpretarse de manera restrictiva y a lo taxativamente enunciado por la ley. Por tanto, “al no conservar esta figura las consultas realizadas a la Dirección Jurídica, estas serán de carácter general y de conocimiento público”, agregó. (DIAN, Cpto. 472 (0742), Jun. 3/15)
Haciendo un breve resumen, es bueno recordar que en el tema depensiones el aporte total debe ser del 16% sobre el salario que tiene: para el empleado, la empresa aporta el 12% y usted el 4% restante; para el independiente, asume toda la carga de ese valor.
Y a parte de los otros descuentos, si su salario este 2015 es superior a $2’577.400, puede encontrar uno adicional que se denomine “Fondo de Solidaridad” que, si estuviera completo diría “fondo de solidaridad pensional”. ¿Qué es eso y por qué se lo están cobrando?
El Consejo de Estado ratificó que no estudiará informes de la Dian respecto al eventual impacto fiscal del traslado de domicilio de Isagén, actualmente en Medellín (Antioquia), a la hora de estudiar la legalidad de la venta de la participación estatal en la empresa (vea Consejo de Estado niega recurso de súplica contra suspensión de venta de Isagén).
Tras rechazar un recurso de súplica que buscaba que se tuvieran en cuenta estos elementos, la Sección Cuarta explicó que la herramienta procesal tiene por fin controvertir las decisiones del magistrado ponente y no solicitar nuevas pruebas.
La Sala indicó que, en los términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011), esta no es la instancia para elevar requerimientos de esta índole.
Teniendo en cuenta que la modificación al reglamento de la segunda etapa de la venta de Isagén, publicada el 3 de marzo pasado, imponía una prohibición de siete años para que los compradores de la empresa trasladaran su domicilio hacia un destino distinto a Medellín (Antioquia), el accionante pretendía que fueran examinados informes de la Dian relacionados con el impacto tributario que para el Estado traería esa migración.