Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-318-de-abril-9-de-2008-sentencia-c-318?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204246ccf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 00:35:31
Document Index: 19180245

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 27', 'artículo 314', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 314', 'artículo 314', 'artículo 314', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 310', 'artículo 27', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 183', 'artículo 185', 'artículo 348', 'artículo 366', 'artículo 376', 'artículo 384', 'artículo 382', 'artículo 314', 'artículo 27', 'artículo 250', 'artículo 314', 'artículo 308', 'artículo 27', 'artículo 314', 'artículo 314', 'artículo 314', 'artículo 314', 'artículo 27', 'artículo 314', 'artículo 27', 'artículo 314', 'artículo 27', 'artículo 314', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 310', 'artículo 308', 'Artículo 241']

﻿ SENTENCIA C-318 DE ABRIL 9 DE 2008
SENTENCIA C-318 DE 09 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:DETENCIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA. NATURALEZA, ALCANCE Y CONTENIDO. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1142 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:DETENCIÓN PREVENTIVA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:439 DE JULIO DE 2008, PG.1184
Sentencia C-318 de abril 9 de 2008
Sentencia C-318 de 2008
Ref.: Expediente D-6941
“ART. 27.—El artículo 314 de la Ley 906 de 2004, quedará así:
PAR.—No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces, tráfico de migrantes (C.P., art. 188); acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C.P., art. 210); violencia intrafamiliar (C.P., art. 229); hurto calificado (C.P., art. 240); hurto agravado (C.P., art. 241, nums. 7º, 8º, 11, 12 y 15); estafa agravada (C.P., art. 247); uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C.P., art. 291); fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C.P., arts. 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C.P., art. 366); fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (C.P., art. 367); peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C.P., art. 397); concusión (C.P., art. 404); cohecho propio (C.P., art. 405); cohecho impropio (C.P., art. 406); cohecho por dar u ofrecer (C.P., art. 407); receptación repetida, continua (C.P., art. 447, incs. 1º y 3º); receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C.P., art. 447, inc. 2º)”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1142 de 2007.
Con base en los antecedentes expuestos, la Corte deberá determinar: (i) Si la previsión de prohibir la procedencia de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la de detención en el lugar de residencia del imputado, o en un centro asistencial, respecto de un grupo de delitos, vulnera la dignidad humana, la presunción de inocencia, la libertad personal, el principio de necesidad de la medida restrictiva de la libertad; y la excepcionalidad de la detención preventiva; y (ii) si la misma prohibición vulnera el principio de igualdad, por crear una discriminación injustificada y desproporcionada entre los imputados de diversos delitos, con base únicamente en la adecuación típica de las conductas punibles.
3. Límites a la potestad de configuración del legislador en materia de medidas restrictivas de la libertad personal.
3.1. De manera reiterada, con fundamento en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política (1) , esta corporación ha sostenido que el legislador, como supremo representante del poder soberano del pueblo, ostenta una libertad de configuración normativa de carácter general. Esta potestad le permite, a partir de consideraciones políticas, de conveniencia y de oportunidad (2) , desarrollar la Constitución en los términos de su propia competencia, y dentro de los límites impuestos por los principios y valores superiores.
3.2. Con todo, ese margen de discrecionalidad con que cuenta el legislador para configurar los diversos procesos no es absoluto ya que el Congreso no puede “configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos, pues —ciertamente— la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias (3) . De allí que, “en la medida en que la propia Constitución atribuye al órgano legislativo la atribución de legislar en esta materia, es entendido que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política” (4) .
3.3. En lo concerniente al régimen de la libertad personal la Corte ha hecho énfasis en que “(...) Tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta posible afectarlo (...).
... Al definir las causales de detención preventiva el legislador, actuando bajo el marco de la carta y en atención a la política criminal que adopte, utiliza los criterios que estima adecuados al logro de la finalidad de esa específica medida de aseguramiento...” (5) .
“... Ahora bien, en ejercicio de las competencias que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y en concreto del señalamiento de los casos en que sea procedente su privación, el legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia constitución y en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho fundamental”...” (6) .
“... No obstante, resulta relevante aclarar que, en materia de restricciones a la libertad personal, la facultad de configuración legislativa resulta válida en la medida en que, de un lado, se mantenga un equilibrio con las demás garantías y derechos reconocidos en la Constitución y en la ley y, del otro, se expidan medidas coercitivas fundamentadas en un principio de razón suficiente que avale su operancia en el orden jurídico interno. En efecto, tal como lo ha sostenido la Corte, “aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo”...” (7) .
En este orden de ideas ha destacado la jurisprudencia que la detención preventiva dentro de un Estado social de derecho, no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal, indiscriminado, general y automático (8) . Ello implica que su aplicación o práctica no se impone siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de los personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana (preámbulo, arts. 1º y 2º).
“(...) En la norma objeto de análisis, salta a la vista que la única explicación para suprimir el beneficio del cumplimiento de la detención preventiva parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo, es la clase de delitos cuyo conocimiento se asigna a los “juzgados penales del circuito especializados”, lo que lleva a suponer, sin justificación, que, aunque no hubieren sido condenados antes por ningún delito, ni hayan intentado siquiera eludir la actuación procesal, se les impone la detención física en una cárcel del Estado a diferencia de otros sindicados, con abierto rompimiento de la igualdad de trato que surge del artículo 13 de la Constitución” (9) .
“[E]l criterio fundado en cuál es el juez que conoce del proceso para establecer si se permite que se conceda o no la medida de aseguramiento, viola por completo el derecho a la igualdad. No es razonable que a una persona, sin importar quién es, qué conducta realizó o cuál es su pasado judicial, y fundándose únicamente en el hecho de quién es el juez competente para fallar su caso, se le niegue de manera absoluta la posibilidad de solicitar y acudir a la medida precautoria solicitada (10) ”.
3.6. En conclusión, la determinación sobre las medidas de aseguramiento, los requisitos y los supuestos en que ellas resultan procedentes, así como las condiciones para su cumplimiento, son decisiones que involucran consideraciones de política criminal, de conveniencia y de oportunidad que caen bajo la órbita de competencia legislativa. Sin embargo, no se trata de una potestad absoluta sino que ella encuentra su límite en los fines constitucionales y en los derechos fundamentales, y debe estar guiada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Los criterios puramente objetivos resultan insuficientes para justificar la razonabilidad de la prohibición de una medida sustitutiva a la privación de la libertad en establecimiento carcelario.
Bajo tales premisas le corresponde a la Corte definir si el precepto que excluye de manera rotunda la posibilidad de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, en relación con una amplia gama de conductas delictivas, respeta los límites constitucionales a la potestad de configuración legislativa, en particular el carácter excepcional de la restricción preventiva de la libertad, el principio de igualdad, y los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que de este se derivan.
4. La naturaleza fines de la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria.
4.1. La institución de la detención preventiva se inserta dentro de la concepción de la libertad personal como elemento básico y estructural del Estado de derecho, que sin embargo no reviste un carácter absoluto e ilimitado, dada la necesidad de armonización de los derechos fundamentales, entre sí, y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta (11) .
(...) El Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación, empero, los casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal...” (12) .
Por tratarse de una restricción a la libertad personal, la detención preventiva debe estar precedida de los fundamentos jurídicos que conforme al artículo 28 de la Constitución la autorizan de manera excepcional al disponer que: “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado...”, salvo que concurran tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.
4.2. En desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, las medidas de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de estrictas exigencias fundamentales que estructuran su legalidad, a saber: (i) deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso al cual acceden o accederán; (ii) con carácter eminentemente provisional o temporal; y (iii) bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Adicionalmente, (iv) deben estar fundamentadas en alguna de las finalidades constitucionalmente admisibles para su imposición (13) .
“... Las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de estos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado con vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin...” (14) .
La naturaleza cautelar de la detención preventiva está relacionada con su carácter meramente instrumental o procesal —no punitivo— que impone su ineludible fundamentación, en cada caso concreto, en alguna de las finalidades mediante las cuales se provee a su justificación.
4.4.1. El artículo 250 numeral 1º de la Constitución destaca el criterio de necesidad como guía que debe orientar la imposición de una medida de aseguramiento, parámetro que se encuentra a su vez vinculado a las tres finalidades allí establecidas: (i) asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; (ii) la conservación de la prueba; y (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
El carácter exceptivo, y la vinculación a fines de la detención preventiva (necesidad), encuentra así mismo fundamento en el artículo 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, que establece: “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta... La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. (se destaca).
Son estas las únicas finalidades admisibles, que de acuerdo con el orden jurídico, pueden llevar a una privación de la libertad como medida cautelar.
4.4.3. La concepción de la detención preventiva vinculada a fines, parte de los principios de afirmación de la libertad y de la interpretación restrictiva de las normas que autorizan su limitación. Su carácter instrumental, impone al aplicador incorporar valoraciones que atiendan criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad en la decisión que restringe la libertad con fines meramente precautelativos (CPP, art. 295). De tal manera que ninguna medida de aseguramiento se puede producir al margen de una valoración sobre su necesidad, establecida a partir de alguno de los fines que constitucionalmente le son adscritos.
4.4.4. La exigencia de justificación de una medida de aseguramiento con base en cualquiera de las finalidades constitucionalmente admisibles, se convierte así mismo en un mecanismo de salvaguarda del principio de presunción de inocencia, del cual se deriva la proscripción de toda prolongación injustificada de una detención preventiva, de tal manera que se convierta en un cumplimiento anticipado de la pena. Así lo señaló la Corte al declarar que: “Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así desvirtuaría el carácter eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría por convertirse en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia (15) ”.
Si bien la Corte ha declarado la compatibilidad de la detención preventiva con el principio de presunción de inocencia (16) , ha destacado también la necesidad de su justificación en fines y razones que sean constitucionalmente admisibles. Al respecto ha indicado que : “[P]ara que proceda la detención preventiva no solo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma” (17) .
“... Es importante precisar que la resolución de detención preventiva no conlleva en todos los casos la privación efectiva y material de la libertad individual. En realidad, bajo el supuesto de que el procesado se encuentra amparado por la presunción de inocencia incluso durante la etapa del juzgamiento, “la restricción de su libertad solo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal (18) ”.
“... La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva no comporta siempre la privación efectiva de la libertad, pues dada la presunción de inocencia que acompaña al procesado durante toda la investigación penal, la restricción de su libertad solo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal...” (19) (énfasis de la Sala).
“... El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad solo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales...” (20) .
4.5. El principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento.
4.5.1. Al lado de la naturaleza excepcional de la detención preventiva y de su vinculación a fines (necesidad), se ha desarrollado el principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento (art. 307). Es el propio legislador quien lo introduce al establecer un plexo de posibilidades para el aseguramiento de los fines del proceso, que va desde la privación de la libertad en establecimiento carcelario, o en la residencia del imputado, pasando por otra serie de medidas no privativas de la libertad (21) que pueden resultar más idóneas y menos gravosas, para los fines cautelares de aseguramiento de la comparecencia del imputado, de la prueba, o de la protección de la comunidad y de la víctima.
De acuerdo con este principio “el juez podrá imponer una o varias medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer sanción prendaria” (22) .
Este sistema de gradualidad de las medidas de aseguramiento enfatiza la necesidad de intervención del juez en las valoraciones que preceden a la selección e imposición de aquella que resulte más adecuada para el cumplimiento de los fines que les son propios, atendidas las particularidades del caso concreto y determinadas circunstancias relevantes de la condición personal del imputado o acusado como “la vida personal, laboral, familiar o social (...)” (CPP, art. 314).
(...) El funcionario queda obligado a realizar en cada caso un pronóstico a partir de las condiciones personales, laborales, familiares o sociales del procesado, que armonice con los fines y las funciones que la medida restrictiva de la libertad está llamada a cumplir, de tal manera que su aplicación responda a la idea según la cual, al tiempo que se asegura la comparecencia del sindicado al proceso, la eventual ejecución de la pena, y se impide la continuación de su actividad delictual, se propende por garantizar la intangibilidad de la prueba y el normal desarrollo de la actividad probatoria por el órgano judicial”(...).
“(...) (L)o que la ley le exige —al funcionario judicial— es el análisis individual del caso, de acuerdo a las particularidades que presente, para determinar si el procesado comparecerá al proceso; no ocultará, destruirá, deformará o entorpecerá la actividad probatoria; y no pondrá en peligro la comunidad mediante la continuación de su actividad delictual (...) (23) ” (énfasis fuera del original).
4.5.3. En conclusión, una imposición automática e indiscriminada de una determinada medida de aseguramiento resulta contraria al principio de gradualidad que impone que las medidas que se aplican como sustitutivas de otras, deban estar razonablemente fundadas en criterios de necesidad, proporcionalidad y adecuación, pues como lo ha destacado la Corte: “La detención preventiva dentro de un Estado social de derecho, no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad indiscriminado, general y automático” (24) .
5.1. La demanda se dirige contra el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 que modificó el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, precepto que regula la figura de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la que se ejecuta en el lugar de residencia del imputado o acusado. Conforme al contenido integral del artículo 314 Código de Procedimiento Penal dicha sustitución se aplica en atención a diversos criterios: (i) teleológico y de necesidad (num. 1º); (ii) de especiales exigencias de protección, o discriminación positiva (nums. 2º, 3º, 4º y 5º); y (iii) objetivos negativos.
(i) El criterio teleológico y de necesidad previsto en el numeral primero del artículo 314, justifica la sustitución de la reclusión preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia del imputado, en el cumplimiento de los fines propios de la medida de aseguramiento (supra 4.4.). Esto es, en el principio de necesidad inferido a partir de valoraciones relativas a la suficiencia de la medida para la satisfacción de los fines que la misma debe cumplir en el caso particular. El juicio de suficiencia que debe preceder a la sustitución de la medida, debe fundarse en datos empíricos como la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Mediante este criterio se sienta una regla general de apreciación vinculada a fines, que debe efectuar el juez de control de garantías en todos los eventos en que deba adoptar una determinación sobre la sustitución de la detención preventiva.
1. La edad del imputado (a) o acusado (a) —mayor de 65 años— concurrente con su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito, de los que surge la conveniencia de su reclusión en el lugar de residencia.
4. La condición de madre o padre cabeza de familia que esté al cuidado de hijo menor, o que sufriere incapacidad permanente (25) .
(iii) Como criterios negativos, es decir aquellos cuya concurrencia excluye el beneficio de la sustitución de la medida, el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, que adicionó el 314 del Código de Procedimiento Penal, introdujo el del impacto de la conducta en la afectación de la tranquilidad y la percepción de seguridad de la comunidad. Así se deduce de la exposición de motivos de la norma modificatoria:
“El incumplimiento de las detenciones domiciliarias por parte de quienes son investigados por hurtos de vehículos, quienes comercian las partes de los vehículos hurtados, los hurtos en los establecimientos públicos o medios de transporte, el hurto de ganados, los delitos sexuales, los delitos contra la administración pública, entre otros, ha creado la sensación de falta de eficacia de la administración de justicia, de impunidad y de inseguridad ciudadana, comoquiera que los delincuentes no están a buen recaudo. Por ello se presenta la propuesta de prohibir la sustitución de la detención carcelaria por la domiciliaria en estos casos, además de aumentar el control del cumplimiento de ella cuando se conceda para los delitos en los cuales no queda expresamente excluida, con la consecuencia de que su incumplimiento conllevará la reclusión inmediata en establecimiento carcelario” (26) (énfasis fuera del original).
5.2. El legislador estimó que en los eventos previstos en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, la concesión de la detención domiciliaria como sustituto de la intramural, podría significar peligro para la seguridad de la comunidad. Sin embargo, tal como se expresó en la exposición de motivos “lo ideal es que el pronóstico de riesgo para la comunidad y la víctima surja de un examen conjunto del mayor número de circunstancias previstas en el artículo 310” (27) .
Según esta última disposición, (CPP, art. 310) para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, y por ende el caso amerita la detención preventiva, será suficiente el criterio de gravedad y modalidad de la conducta punible. Sin embargo, atribuyó al juez la potestad de valorar adicionalmente y en concreto algunas circunstancias tales como: (i) La continuidad de la actividad delictiva o la probable vinculación del imputado o acusado con organizaciones criminales; (ii) el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos; (iii) la existencia de una acusación, medida de aseguramiento o mecanismo sustitutivo de pena anterior por delito doloso o preterintencional; (iv) ó la existencia de una sentencia condenatoria vigente por delito doloso o preterintencional.
Los siguientes son los eventos típicos en que, conforme al parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, no procedería la sustitución de la detención preventiva, por detención domiciliaria:
2. Homicidio agravado según los numerales 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal. 400 a 600 meses
3. Lesiones personales agravadas según los numerales 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal. De una 1/3 parte a la 1/2 de la pena, las cuales van de 16 a 180 meses, según la lesión.
4. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Homicidio en persona protegida 480 - 600 meses
Tortura en persona protegida 160 - 360 meses
Acceso carnal violento en persona protegida 160 - 324 meses
Actos sexuales violentos en persona protegida 64 - 162 meses
Prostitución forzada o esclavitud sexual 160 - 324 meses
Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos 96 - 180 meses
Perfidia 48 - 144 meses
Actos de terrorismo 240 - 450 meses
Actos de barbarie 160 - 270 meses
Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida 80 - 180 meses
Actos de discriminación racial 80 - 180 meses
Toma de rehenes 320 - 540 meses
Detención ilegal y privación del debido proceso 160 - 270 meses
Constreñimiento a apoyo bélico 48 - 108 meses
Despojo en el campo de batalla 48 - 180 meses
Omisión de socorro y asistencia humanitaria 48 - 90 meses
Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias 18 - 108 meses
Destrucción y apropiación de bienes protegidos 80 - 180 meses
Destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario 80 - 180 meses
Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto 48 - 180 meses
Ataque contra obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 160 - 270 meses
Represalias 32 - 90 meses
Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil 160 - 360 meses
Atentados a la subsistencia y la devastación 80 - 180 meses
Omisión de medidas de protección a la población civil 64 - 144 meses
Reclutamiento ilícito 96 - 180 meses
Exacción o contribuciones arbitrarias 96 - 270 meses
Destrucción del medio ambiente 160 - 270 meses
6. Desaparición forzada. 320 - 540 meses
7. Apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo. 160 - 270 meses
8. Tortura. 128 - 270 meses
9. Desplazamiento forzado. 96 - 216 meses
10. Constreñimiento ilegal agravado según el numeral 1º del artículo 183 del Código Penal. 16 - 36 meses + 1/3 parte -1/2 de la pena.
11. Constreñimiento para delinquir agravado según el numeral 1º del artículo 185 del Código Penal. 16 - 54 meses + 1/3 parte -1/2 de la pena.
12. Hurto de hidrocarburos o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o que se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo. 48 - 90 meses
13. Extorsión en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 320 - 504 meses
14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 8 - 22 años
15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 96 - 270 meses
16. Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 96 - 180 meses
18. Entrenamiento para actividades ilícitas. 240 - 360 meses
19. Terrorismo. 160 - 270 meses
20. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas. 13 - 22 años
21. Instigación a delinquir con fines terroristas para los casos previstos en el inciso 2º del artículo 348 del Código Penal. 80 - 180 meses
22. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas. 80 - 180 meses
23. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal. 5 - 15 años
24. Empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales. 160 - 270 meses
25. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales. 96 - 180 meses
26. Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas. 32 - 144 meses
27. Conservación o financiación de plantaciones ilícitas cuando la cantidad de plantas exceda de 8.000 unidades o la de semillas sobrepasen los 10.000 gramos. 96 - 216 meses
28. Delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, agravados según el numeral 3º del artículo 384 del mismo código. 8 - 20 años + 1/3 parte -1/2 de la pena.
29. Destinación ilícita de muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada, sea igual a las cantidades a que se refiere el literal anterior. 96 - 216 meses
30. Delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal cuando su cantidad supere los cien (100) kilos o los cien (100) litros en caso de ser líquidos. 96 - 180 meses
31. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. 64 - 180 meses
2. Tráfico de migrantes (C.P., art. 188) 96 - 144 meses
3. Acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C.P., art. 210); 64 - 144 meses
4. Violencia intrafamiliar (C.P., art. 229); 4 - 8 años
5. Hurto calificado (C.P., art. 240); 6 - 14 años
6. Hurto agravado (C.P., art. 241, nums 7º, 8º, 11, 12 y 15); 6 - 14 años + ½ a ¾ partes.
7. Estafa agravada (C.P., art. 247); 64 - 144 meses
8. Uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C.P., art. 291); 4 - 12 años + ½ de la pena.
9. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C.P., arts. 340 y 365) 4 - 8 años
10. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C.P., art. 366 ) 5 - 15 años
11. Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (C.P., art. 367) 96 - 180 meses
12. Peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C.P., art. 397) 96 - 270 meses
13. Concusión (C.P., art. 404) 96 - 180 meses
14. Cohecho propio (C.P., art. 405); 80 - 144 meses
15. Cohecho impropio (C.P., art. 406); 64 - 126 meses
16. Cohecho por dar u ofrecer (C.P., art. 407); 48 - 108 meses
17. Receptación repetida, continua (C.P., art. 447, incs. 1º y 3º); 4 - 12 años + 1/3 parte a la ½ de la pena.
18. Receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C.P., art. 447, inc. 2º) 6 - 13 años
Mediante la adición que introduce al artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, el legislador redujo el ámbito de discrecionalidad originariamente otorgado al juez, en la medida que excluyó del ejercicio potestativo que le había adscrito, el catálogo de delitos allí relacionado, fundado para ello en consideraciones de política criminal, de conveniencia y de oportunidad, inspiradas estas en el propósito de reforzar las exigencias de seguridad frente a determinados eventos delictivos de particular gravedad, consideraciones que, en principio caen bajo su órbita de competencia legislativa, en cuanto constituyen un desarrollo de la función de “protección de la comunidad, en especial de las víctimas” que el artículo 250 numeral 1º de la Constitución, le asigna a las medidas de seguridad.
El juicio de suficiencia acerca de la sustitución de la medida de aseguramiento, previsto en el numeral primero del artículo 314, siempre estará precedido del juicio de necesidad de la medida de detención contemplado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, mediante el cual el juez, en todos los eventos, aun en los que contempla el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1123 de 2007, efectuará no solamente la valoración probatoria que le impone aquel precepto (CPP, 308) sobre la existencia de elementos probatorios de los que razonablemente se infiera la participación del imputado en el hecho investigado, sino el juicio de necesidad que le imponen los numerales 2º, 3º, y 4º de esta misma disposición, para la adopción de la medida (28) .
6.4. De tal manera que no puede sostenerse de manera categórica que en todos los eventos previstos en el parágrafo acusado, la única alternativa sea la privación de la libertad en establecimiento carcelario, puesto que aun en las hipótesis en que procede en abstracto (CPP, art. 313) la medida de aseguramiento de detención preventiva, puede ocurrir que luego del juicio de necesidad, el juez considere que, atendidas las circunstancias del caso concreto, la medida no cumpliría ninguno de los fines que constitucional y legalmente se le atribuyen.
6.5.2. Al respecto observa la Corte que la incorporación de consideraciones como las previstas en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 314 Código de Procedimiento Penal, en un sistema de regulación de los requisitos y condiciones bajo los cuales es posible la restricción preventiva de la libertad a consecuencia de una imputación penal, responde a imperativos históricos y constitucionales, como el camino hacia la humanización del sistema penal, la fuerza normativa de los principios de dignidad, libertad e igualdad, y a las exigencias de proporcionalidad y razonabilidad que se derivan del último de los postulados mencionados.
Conviene destacar que el sentido original del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal que contemplaba, sin exclusiones derivadas de la naturaleza del delito, la posibilidad de sustituir el lugar de reclusión para la detención preventiva cuando concurrieran condiciones especiales del imputado o de un tercero, no tenía la pretensión de sustraer a determinados sujetos de imputación de las consecuencias de su actuar, sino la de adecuar las condiciones en que la medida precautelativa debía ejecutarse, a exigencias de dignidad, de humanidad, necesidad, y protección reforzada.
6.5.3. El tratamiento especial que se consigna en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 314, está establecido en algunos casos en favor del propio procesado (a) en estado de debilidad manifiesta (personas de la tercera edad o enfermos graves), y en otros, con propósito de protección de terceros que resultan afectados con la medida restrictiva de la libertad y que tienen la condición de sujetos de especial protección constitucional, como es el caso del menor lactante (num. 3º), y del hijo menor o discapacitado bajo el cuidado exclusivo del padre o madre bajo imputación (num. 5º).
6.5.6. Si se parte de la consideración de que el parágrafo acusado introduce una prohibición absoluta de la detención domiciliaria en los eventos típicos allí enunciados, con exclusión de las especialísimas situaciones previstas en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º, y con prescindencia del escrutinio y pronóstico particular del juez relativo a la satisfacción de los fines de la medida sustitutiva, se propiciarían situaciones tan absurdas y carentes de justificación racional como las que atinadamente reseña el señor Procurador en su concepto:
(...) De esta forma, la mujer gestante a quien se le imputa el delito de rebelión podrá cumplir la detención en su lugar de residencia cuando falten dos meses o menos para el parto, en virtud del numeral 3º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, en tanto que si la sindicación es por el delito de cohecho por dar u ofrecer (...) tendrá que permanecer privada de la libertad en un establecimiento carcelario antes y después del parto, simplemente por que el delito que se le imputa se encuentra dentro de los expresamente excluidos del beneficio en el parágrafo acusado, incluso si en este último evento existen elementos de juicio que evidencien que para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento es suficiente la reclusión en el lugar de residencia (num. 1º ejusdem).
Lo mismo sucederá con el enfermo de sida en estado terminal acusado de hurto, agravado por haberse cometido en un centro comercial, quien no gozará de la sustitución de la medida de detención (29) para cumplirla en un centro hospitalario, por que la adecuación típica de la conducta imputada se encuentra dentro del listado señalado en el parágrafo del artículo demandado, en tanto que si el hurto imputado se hubiere cometido en un hotel, sí podría gozar de esa medida” (30) .
Como las anteriores, son muchas las situaciones que se pueden vislumbrar en las que se plasmarían tratamientos distintos para supuestos de hecho iguales, carentes de toda justificación razonable, que por ende se traducirían en focos de discriminación intolerables en el marco de un sistema que se afinca sobre los principio de igualdad (C.N., art. 13 y CPP, 4º), dignidad (C.P., art. 1º y CPP, 1º) y libertad (C.P., art. 28 y CPP, 2º) de los cuales se derivan las exigencias de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad en la aplicación de las medidas de aseguramiento.
6.5.8. De manera que frente a estos eventos (CPP, art. 314, nums. 2º, 3º, 4º, 5º) no puede operar la prohibición absoluta de sustitución de la medida de aseguramiento que introduce el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 respecto del catálogo de delitos allí relacionado. Una interpretación del parágrafo acusado según la cual, este contiene una prohibición absoluta de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia del imputado, en todos los eventos allí enunciados, es inconstitucional por vulneración de los postulados de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad.
Por consiguiente para que la norma resulte acorde a la Constitución es preciso condicionarla (31) en el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento carcelaria por domiciliaria, bajo los siguientes presupuestos:
2. Que el peticionario o peticionaria se encuentre en alguna de las hipótesis previstas en los numerales 2º, 3º, 4º o 5º, contempladas en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, cualquiera que sea el delito imputado.
En estos eventos, adicionalmente al examen que realiza el juez para determinar si se cumplen los requisitos que permiten la imposición de una medida de aseguramiento (art. 308), deberá efectuar un juicio de suficiencia basado en el pronóstico de si la ejecución de la medida en el lugar de residencia, o en la clínica u hospital, atendidas las circunstancias particulares del imputado(a), cumplirá los fines que a la misma le asigna el orden jurídico.
En virtud de las consideraciones precedentes, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, introducido por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial respecto de las víctimas del delito, y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2º, 3º, 4º, y 5º del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007.
1. Declarar la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de la medida, siempre y cuando el peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial respecto de las víctimas del delito, y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2º, 3º, 4º, y 5º del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007.
(1) Constitución Política de Colombia. “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. 2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. (...)”.
(2) Cfr. Sentencias C-896 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
(3) Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993; C-373 de 1995; C-591 de 2005; C- 802 de 2005; C-920 de 2007.
(5) Sentencia C-774 de 2001. Referencia a las sentencias C-425 de 1997 y C-327 de 1997.
(6) Sentencia C-425 de 1997. Referencia a la Sentencia C-150 de 1993.
(7) Sentencia C-634 de 2000. Referencia a la Sentencia C-327 de 1997.
(8) Sentencia C-774 de 2001.
(9) Sentencia C-392 de 2000; M.P. Antonio Barrera Carbonell. En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 26 de la Ley 104 de 1999.
(10) Sentencia T-522 de 2001. Sala Tercera de Revisión
(11) Sentencia C-578 de 1995. Criterio reiterado en la C-774 de 2001.
(12) Sentencia C-327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. Subrayados por fuera del texto original.
(13) Cfr. Sentencia C-774 de 2001.
(14) Sentencia C-634 de 2000.
(15) Sentencia C-301 de 1993.
(16) Sentencia C-774 de 2001.
(17) Sentencia C-774 de 2001, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
(18) Sentencia C-634 de 2000. Referencia a la Sentencia C-549 de 1997. Subrayado por fuera del texto original.
(19) Sentencia C-549 de 1997. Subrayado por fuera del texto original.
(20) Sentencia C-634 de 2000.
(21) La Ley 600 de 2000 contemplaba como única medida de aseguramiento la detención preventiva. La Ley 906 de 2004 flexibilizó las posibilidades de aseguramiento, así en el artículo 307 de la Ley 906 de 2007 estableció: “medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
B. No privativas de la libertad. 1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 3. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 4. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez (ante sí mismo) o ante la autoridad que él designe. (sic)4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. la prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m.”
(22) Inciso final artículo 307 de la Ley 906 de 2004.
(23) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 17.392. Auto de enero 17 de 2002. Este criterio ha sido reiterado en varias oportunidades por esa corporación, entre otras en la sentencia de casación de julio 16 de 2002 en la que señaló: El juez deberá establecer “bajo un pronóstico racional, proporcional, y especialmente motivado que se cumplen los fines y objetivos de la misma (de la medida de aseguramiento), es decir que el procesado comparezca en cualquier tiempo al proceso, bien sea para la instrucción, el juzgamiento o la ejecución de la pena, que preservará la prueba, esto es, no ocultará, destruirá o deformará elementos relevantes para el proceso”.
(24) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001.
(25) En la Sentencia C-154 de 2007, M.P., Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte declaró la inexequibilidad de algunos apartes de este numeral con el fin de hacer compatible la disposición con el interés prevalente del menor (art. 44), y con la especial protección que la Constitución brinda a las personas en situación de debilidad manifiesta, en particular a las personas discapacitadas (art. 13).
(26) Gaceta del Congreso 250, 26 de julio de 2006, págs. 23 y 25.
(27) El listado de delitos excluidos de la detención domiciliaria estaba incluido inicialmente en la propuesta legislativa como una adición del artículo 310 de la Ley 906 de 2004 que desarrolla el concepto de “peligro para la comunidad” como uno de los requisitos que permiten decretar medida de aseguramiento.
(28) Conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal “el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia” (subrayas fuera del original).
(29) Artículo 241 numeral 11 del Código Penal en concordancia con el parágrafo del 314 del Código Procesal Penal.
(30) Procuraduría General de la Nación. Concepto D-4415, folio 13.
(31) Sobre los criterios para determinar cuando es procedente el condicionamiento de una disposición sometida a control, se pueden consultar las sentencias C-492 de 2000; C-496 de 1994; C-109 de 1995; C- 690 de 1996; C-488 de 2000; C-557 de 2001 y C-128 de 2002, entre otras.