Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S68-04.html
Timestamp: 2014-09-17 23:39:14
Document Index: 279474130

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 64']

John Elliot v. Estados Unidos, Caso 28/03, Informe No. 68/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 348 (2004). INFORME N° 68/04
5. Tras la presentación de la petición inicial por los peticionarios, la Comisión, por nota del 9 de enero de 2003, solicitó a estos que brindaran información adicional sobre el acto o la situación denunciada, e información acerca de si se había cumplido con los requisitos de los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Comisión. En una comunicación del 9 de enero de 2003, los peticionarios respondieron al pedido de información de la Comisión.
6. Por nota del 14 de enero de 2003, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la petición del Sr. Elliott, con un pedido de información dentro de los dos meses, conforme a lo establecido por su Reglamento. En la misma nota, la Comisión también solicitó, en virtud del artículo 25 del Reglamento[1], que Estados Unidos adoptara las medidas urgentes necesarias para preservar la vida del Sr. Elliott en tanto estuviera pendiente la investigación de la Comisión sobre las alegaciones que constan en la petición. También por nota de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios que se había remitido al Estado la petición del Sr. Elliott y que se habían pedido medidas cautelares en su nombre.
14. Con respecto a la sustancia de sus denuncias contra el Estado, los peticionarios argumentan que el período prolongado en que el Sr. Elliott estuvo a la espera de ser ejecutado, constituye un tratamiento inhumano y, en consecuencia, una violación del derecho a no ser sometido a un castigo cruel, infamante o inusitado, según el artículo XXVI de la Declaración Americana.[5] En respaldo de su posición, los peticionarios citan la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt y Morgan c. Jamaica, [6] conforme a la cual la Corte dictaminó que en todo caso en que la ejecución ha de llevarse a cabo más de cinco años después de pronunciada la sentencia, existe la presunción de que la demora constituye un castigo o tratamiento inhumano o degradante. Análogamente, los peticionarios citan la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Soering c. Reino Unido, [7] en el que la Corte reconoció “el fenómeno de la espera para ser ejecutado” y sostuvo que un período prolongado de demora en espera de ser ejecutado puede ir más allá del umbral de un trato humano previsto en el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.[8] Además, los peticionarios señalan que varias otras jurisdicciones han adoptado un enfoque similar.[9]
d. El tribunal de primera instancia posteriormente fijó la ejecución del Sr. Elliott para el 24 de agosto de 1994. El Sr. Elliott presentó entonces un pedido de suspensión de su ejecución, el 2 de agosto de 1994, el cual le fue concedido.
e. La Corte de Apelaciones Penales desestimó la solicitud del Sr. Elliott en una acción de habeas corpus, en setiembre de 1999, y el Tribunal de Distrito Federal denegó el pedido de habeas corpus en setiembre de 2001. En julio de 2002, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito afirmó la decisión adoptada por el Tribunal de Distrito Federal.
23. Además, en relación con la jurisprudencia del sistema interamericano, el Estado argumenta que la Comisión nunca sostuvo que un cierto período de tiempo en espera de ejecución constituya per se una violación de la Declaración Americana. En particular, el Estado cita el caso de Andrews c. Estados Unidos[21] en que Estados Unidos afirma que la Comisión concluyó que una serie de factores, considerados en conjunto, constituía una violación de la prohibición de un “castigo cruel, infamante o inusitado” dispuesto en el artículo XXVI de la Declaración Americana. Estos factores incluían el tiempo transcurrido en espera de ejecución, la presunta parcialidad del jurado por discriminación racial, la fijación de por lo menos ocho fechas de ejecución y condiciones penitenciarias inadecuadas. El Estado subraya que en Andrews, la Comisión no concluyó que había existido una violación exclusivamente en base al tiempo transcurrido en espera de ejecución.[22] 24. Con respecto a las alegaciones de los peticionarios de que el Sr. Elliott fue sometido a “escasos servicios” y a un trato “brutal”, el Estado responde que, la escasez de servicios de interacción social es una característica intrínseca de la sanción penal y que no se han presentado hechos que fundamenten la afirmación de que el Sr. Elliott fue sometido a un trato brutal.[23]
38. De acuerdo con el artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión, ésta debe abstenerse de considerar las peticiones que se presenten después de transcurrido un período de seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada del dictamen final, en casos en que los recursos de la vía interna hayan sido agotados. En el caso presente, la petición de los peticionarios fue presentada el 6 de enero de 2003 y, por tanto, no más allá de seis meses después de la fecha en que se desestimó su petición final de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el 13 de enero de 2003. El Estado no ha contestado específicamente la presentación de la petición en plazo. En consecuencia, la Comisión concluye que no existen obstáculos para la consideración de la petición de los peticionarios de acuerdo con el artículo 32 de su Reglamento.
44. Sobre la base de las conclusiones de hecho y de derecho que anteceden, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia,
[6] Comité Judicial del Consejo Privado, Pratt y Morgan c. Jamaica, 2 A.C. 1 (1994).
[25] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que, en relación con los Estados Miembros no partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, dirigirse al gobierno de tales Estados con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formular recomendaciones a tales Estados, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. Véase también la Carta de la Organización de los Estados Americanos en sus artículos 3, 16, 51, 112, 150; el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus artículos 49, 50; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/88 “ Interpretación de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,” 14 de julio de 1989, Ser. A N° 10 (1989), párrs. 35 a 45; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, caso 9.647, Res. 3/87, 22 de setiembre de 1987, Informe Anual 1986-87, párrs. 46 a 49.
[27] Elliott c. el Estado, 858 S.W. 2d 478 (Corte de Apelaciones Penales 1993).
[28] Elliott c. Texas, 510 U.S.997 (1993).