Source: http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/conv_estrasburgo.htm
Timestamp: 2017-10-23 06:20:49
Document Index: 114647546

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 10', 'Artículo 20', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 21', 'Artículo 25', 'Artículo 32', 'Artículo 37', 'Artículo 14', 'Artículo 40']

Capítulo I USO DE LOS TERMINOS
Capítulo II MEDIDAS A ADOPTAR EN EL AMBITO NACIONAL
Capítulo III COOPERACION INTERNACIONAL
a.	"productos" significa cualquier ventaja económica que se obtenga de la comisión de un delito. Puede consistir en cualquier propiedad de las definidas en el subapartado b de este artículo;
b.	"propiedad" incluye la propiedad de cualquier clase, ya sea material o inmaterial, mueble o inmueble, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el título o cualquier interés sobre dicha propiedad;
c.	"instrumentos" significa cualquier propiedad utilizada o que se pretenda utilizar, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para cometer un delito o delitos;
d.	"confiscación" significa una pena o medida, ordenada por un tribunal tras un procedimiento judicial relacionado con un delito o delitos, que finaliza con la privación de la propiedad;
e.	"delito base" significa cualquier delito como resultado del cual se ha generado productos que puedan ser el objeto de un delito de los definidos en el Artículo 6 de este Convenio.
2.	Cualquier Parte puede, en el momento de la firma o cuando deposite instrumento de ratificación, aceptación aprobación o adhesión, media declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que el apartado l de este artículo se aplicará únicamente a aquellos a delitos o clases delitos que se especifiquen en dicha declaración.
Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para permitir identificar y localizar propiedades que sean susceptibles de confiscación en virtud de lo dispuesto en. el Artículo 2, apartado 1, e impedir que se comercien, transmitan o enajenen d propiedades.
1.	Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias en orden a facultar a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar que los archivos de un banco, financieros o comerciales sean puestos a su disposición o sean embargados, con el fin de llevar a cabo las acciones a que se refieren los Artículos 2 y 3. Ninguna Parte podrá abstenerse de actuar en virtud de las disposiciones de este artículo basándose en el secreto bancario.
2.	Cada una de las Partes tomará en consideración la adopción de aquellas medidas legislativas o de Otra clase que puedan ser necesarias para utilizar técnicas especiales de investigación que faciliten la identificación y seguimiento de los productos de un delito y la reunión de pruebas relacionadas con el mismo. Dichas técnicas podrán incluir control de órdenes, observación, intersección de telecomunicaciones, acceso a sistemas de ordenador y órdenes de presentar documentos específicos.
Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para asegurar que las partes interesadas afectadas por las medidas a que se refieren los Artículos 2 y 3 tengan recursos legales efectivos en orden a la protección de sus derechos.
1.	Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para considerar como delitos en virtud de su derecho interno, cuando sean cometidos de forma intencionada:
a. la conversión o transmisión de propiedades, con conocimiento de que dichas propiedades son producto de un delito, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de las mismas o de ayudar a cualquier persona que esté implicada en la comisión del delito base a evadir las consecuencias legales de sus acciones;
b. la ocultación o disfraz de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento, propiedad o derechos en relación con propiedades,con conocimiento de que dichas propiedades son producto de un delito; y, sujeta a sus principios constitucionales y a los conceptos básicos de su sistema jurídico:
c. la adquisición, posesión o uso de propiedades, con conocimiento de que, el momento de su recepción, dichas propiedades eran producto de un delito;
d. la participación en, asociación o conspiración para cometer, tentativa de cometer y ayudar, inducir, facilitar y aconsejar cometer cualquiera de los delitos que se establezcan de acuerdo con este artículo.
a.	será irrelevante que el delito base esté sometido o no a la jurisdicción criminal de la Parte;
b.	podrá disponerse que los delitos a que se refiere aquel apartado no sean Le aplicación a las personas que cometieron el delito base;
c. el conocimiento, la intención o la finalidad exigida como elemento de los delitos a que se refiere aquel apartado pueden deducirse de circunstancias objetivas, basadas en hechos.
a.	debería haber presumido que la propiedad era producto de un delito;
b.	actuó con el móvil de obtener un beneficio;
c.	actuó con la finalidad de facilitar que se llevasen a cabo más actuaciones delictivas.
4.	Cada una de las Partes podrá, en el momento de la firma o cuando deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa,declarar que el apartado 1 de este artículo se aplicará solamente a los delitos base o categorías de dichos delitos que se especifiquen en aquella declaración.
1.	Las Partes cooperarán entre sí en la mayor medida posible a los fines de las investigaciones y procedimientos judiciales que tengan por objeto la confiscación de instrumentos y productos de un delito.
2.	Cada una de las Partes adoptará aquellas medidas legislativas o de otra clase que puedan ser necesarias para permitirle cumplir, en las condiciones estipuladas en este capítulo, con las solicitudes:
a. de confiscación de bienes específicos que sean productos o instrumentos de un delito, así como de confiscación de productos de un delito que consistan en la obligación de pagar una suma de dinero que corresponda al valor de dichos productos;
b. de ayudar en la investigación y medidas provisionales que tengan por finalidad cualquiera de las formas de confiscación a que se refiere el apartado a anterior.
Las Partes se prestarán entre sí, cuando se les solicite, la mayor ayuda posible. en la identificación y seguimiento de los instrumentos, productos de un delito y otras propiedades que sean susceptibles de confiscación. Dicha asistencia incluirá cualquier medida que proporcione y asegure medios de prueba relativos a la existencia, localización o movimiento, naturaleza, situación jurídica o valor de las propiedades anteriormente mencionadas.
La ayuda prevista en el Artículo 8 se prestará de la forma permitida y prevista por el derecho interno de la Parte requerida y de acuerdo con los procedimientos especificados en la solicitud, en la medida en que éstos no sean incompatibles con dicho derecho interno.
Sin perjuicio de sus propias investigaciones o procedimientos judiciales, cualquier Parte puede, sin que haya mediado solicitud previa, enviar a otra Parte información acerca de instrumentos o productos de un delito, cuando considere que la revelación de dicha información puede facilitar a la Parte receptora el iniciar o el llevar a buen fin investigaciones o procedimientos judiciales, o que puede llevar a dicha Parte a realizar una solicitud en virtud de este capítulo.
1.	A solicitud de una Parte que haya iniciado un procedimiento penal o un procedimiento que tenga por objeto una confiscación, otra Parte adoptará las medidas provisionales necesarias, como el bloqueo o el embargo, para evitar que se negocie, se transmita o se enajene cualquier propiedad que, en un momento posterior,pueda ser objeto de solicitud de confiscación o que pueda servir de fundamento jurídico a tal solicitud.
2.	Cualquier Parte que haya recibido una solicitud de confiscación conforme al Artículo 13 adoptará,cuando se le solicite, las medidas mencionadas en el apartado l del presente artículo en relación con cualquier propiedad que sea objeto de la solicitud o que pueda servir de fundamento jurídico a tal solicitud.
1.	Las medidas provisionales mencionadas en el Artículo 11 serán ejecutadas de la forma permitida y prevista por el derecho interno de la Parte requerida y de acuerdo con los procedimientos especificados en la solicitud, en la medida en que no sean incompatibles con dicho derecho interno.
2.	Antes de dejar sin efecto cualquier medida provisional adoptada en virtud del presente artículo, y siempre que sea posible, la Parte que haya sido objeto de la solicitud dará la oportunidad a la Parte solicitante de presentar sus alegaciones a favor del mantenimiento de la medida.
1.	Cualquier Parte que haya recibido de otra Parte una solicitud de confiscación relativa a instrumentos o productos de un delito situados en su territorio deberá:
a.	mandar ejecutar una resolución de confiscación emitida por un tribunal de la Parte solicitante en relación con dichos instrumentos o productos de un delito; o
b.	remitir la solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una resolución de confiscación y,una vez obtenida, ejecutarla.
2. los fines de la aplicación del apartado 1 del presente artículo, cualquier Parte será, siempre que sea necesario, competente para iniciar un procedimiento de confiscación de acuerdo con su derecho interno.
3.	Lo previsto en el apartado 1 del presente artículo será también de aplicación a la confiscación consistente en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor de los productos de un delito, cuando la propiedad sobre la que puede ejecutarse la confiscación esté situada en territorio de la Parte requerida. En estos casos, si cuando ejecute la confiscación de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 la Parte requerida no obtiene el pago, podrá ejecutar la pretensión sobre cualquier propiedad disponible a ese fin.
4.	Cuando la solicitud de confiscación se refiera a un bien específico, las Partes podrán acordar que la Parte requerida pueda ejecutar la confiscación en forma de una obligación de pagar una suma de dinero que corresponda al valor de aquel bien.
1.	Los procedimientos para obtener y ejecutar la confiscación en virtud del Artículo 13 se regirán por el derecho interno de la Parte requerida.
2.	La Parte requerida estará obligada por la constatación de los hechos en la medida en que éstos vengan reflejados en una condena o resolución judicial de la Parte solicitante, o en la medida en que dicha condena o resolución judicial esté basada implícitamente en ellos.
3.	Cada una de las Partes podrá,en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación,aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa,declarar que el apartado 2 del presente artículo será de aplicación únicamente con sujeción a sus principios constitucionales y a los conceptos básicos de su sistema jurídico.
4.	Cuando la confiscación consista en la obligación de pagar una suma de dinero, la autoridad competente de la Parte requerida convertirá la cuantía de la misma a su moneda de curso legal, al tipo de cambio vigente al momento en que se adopte la resolución de ejecutar la confiscación.
5.	En el caso previsto en el Artículo 13, apartado 1.a, la Parte solicitante será la competente para decidir acerca de cualquier solicitud de revisión de la resolución de confiscación.
1.	La solicitud de confiscación efectuada conforme al Artículo 13 no afecta al derecho de la Parte solicitante de ejecutar por sí misma la resolución de confiscación.
2.	Nada de lo dispuesto en el presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de permitir que el valor total de la confiscación exceda de la cuantía de dinero especificada en la resolución de confiscación. Si una de las Partes descubre que se puede dar esta situación, las Partes interesadas deberán iniciar consultas tendentes a evitar que dicho efecto se produzca.
La Parte que haya sido objeto de la solicitud no podrá imponer prisión por falta de pago,ni ninguna otra medida restrictiva de la libertad de una persona como resultado de una solicitud efectuada en virtud del Artículo 13, si la Parte solicitante lo ha especificado así en su solicitud.
1.	La cooperación prevista en el presente capítulo podrá ser denegada cuando:
a.	la medida solicitada sea contraria a los principios fundamentales del sistema jurídico de la Parte requerida; o
b.	la ejecución de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales de la Parte requerida; o
c.	a juicio de la Parte requerida,la importancia del asunto al que se refiere la solicitud no justifique la adopción de la medida solicitada; o
d.	el delito al que se refiere la solicitud sea un delito político o fiscal; o
e.	la Parte requerida considere que el cumplimiento de la medida solicitada sería contrario al principio de ne bis in idem; o
f.	el delito al que se refiere la solicitud no constituya un delito en virtud del derecho interno de la Parte requerida, si éste se hubiese cometido dentro de su jurisdicción. No obstante, este motivo de denegación se aplica a la cooperación prevista en la Sección 2 únicamente en la medida en que la asistencia solicitada implique la adopción de medidas coercitivas.
2.	La cooperación prevista en la Sección 2, en la medida en que la asistencia solicitada implique la adopción de medidas coercitivas, así como la prevista en la sección 3 del presente capítulo, pueden ser también denegadas cuando las medidas solicitadas no se puedan adoptar en virtud del derecho interno de la Parte requerida a los fines de investigaciones o de procedimientos judiciales, si se tratase de un asunto interno similar.
3.	Cuando el ordenamiento jurídico de la Parte requerida así lo exija, la cooperación prevista en la Sección 2, en la medida en que la asistencia implique la adopción de medidas coercitivas, así como la prevista en la Sección 3 del presente capítulo, pueden ser también denegadas cuando las medidas solicitadas o cualesquiera otras medidas que tengan efectos similares no estuvieran permitidas por el ordenamiento jurídico de la Parte solicitante, o, por lo que se refiere a las autoridades competentes de la Parte solicitante, cuando la solicitud no venga autorizada por un juez u otra autoridad judicial, incluido el Ministerio Fiscal, actuando cualquiera de estas autoridades en relación con infracciones penales.
4.	La cooperación prevista en la Sección 4 del presente capítulo podrá ser también denegada cuando:
a.	de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la Parte requerida, no esté prevista la confiscación en relación con el tipo de delito al que se refiere la solicitud; o
b.	sin perjuicio de la obligación a que se refiere el Artículo 13, apartado 3, fuese contraria a los principios del ordenamiento jurídico interno de la Parte requerida relativos a los límites de la confiscación con respecto a las relaciones entre un delito y:
c.	de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la Parte requerida la confiscación ya no pueda ser impuesta o ejecutada por causa de prescripción; o
d.	la solicitud no se refiera a una condena previa, ni a una resolución de naturaleza jurídica, ni a una declaración en dicha resolución de que se han cometido uno o varios delitos, sobre cuya base se ha ordenado o se solicita la confiscación; o
e.	la confiscación no sea ejecutoria en la Parte solicitante, o esté todavía sujeta a las vías de recurso ordinarias; o
f. la solicitud se refiera a un mandamiento de confiscación resultante de una resolución adoptada en ausencia de la persona contra la cual se dirige el mandamiento y, a juicio de la Parte requerida, el procedimiento seguido por la Parte solicitante para alcanzar dicha resolución no satisface los derechos mínimos
5.	A los fines del apartado 4, f del presente artículo, no se considerará que se ha dictado una resolución en ausencia del acusado cuando:
a.	haya sido confirmada o pronunciada tras la oposición de la persona interesada; o
b.	haya sido dictada en apelación, siempre y cuando la apelación haya sido interpuesta por la persona interesada.
6.	Cuando se examine, a los fines del apartado 4, f del presente artículo, si se han respetado los derechos mínimos de defensa, la Parte requerida tomará en consideración el hecho de que la persona interesada haya buscado de propósito eludir la acción de la justicia, así como el hecho de que dicha persona, habiendo tenido la posibilidad de interponer un recurso legal contra la resolución adoptada en su ausencia, haya decidido no hacerlo. Lo mismo sucederá cuando la persona interesada, habiendo recibido en legal forma la citación para comparecer, haya decidido no hacerlo, ni solicitar un aplazamiento.
7.	Ninguna Parte podrá invocar el secreto bancario como fundamento para denegar una cooperación de las previstas en el presente capítulo. Cuando su derecho interno así lo exija, cualquier Parte podrá exigir que la solicitud de cooperación que suponga el levantamiento del secreto bancario venga autorizada ya sea por un juez o por otra autoridad judicial, incluido el Ministerio Fiscal, actuando cualquiera de estas autoridades en materia de infracciones penales.
8.	Sin perjuicio del motivo de denegación previsto en el apartado 1.a del presente artículo:
a.	el hecho de que la persona sometida a investigación u objeto de una resolución de confiscación por las autoridades de la Parte solicitante sea una persona jurídica no podrá ser invocado por la Parte requerida como obstáculo para prestar la cooperación prevista en el presente capítulo;
b.	el hecho de que la persona física contra la que se haya dictado una resolución de confiscación del producto de un delito haya muerto posteriormente,o el hecho de que la persona jurídica contra la que se haya dictado una resolución de confiscación del producto de un delito se haya disuelto posteriormente, no podrán ser invocados como obstáculos para prestar la cooperación prevista en virtud del Artículo 13, apartado 1.a.
1.	Las Partes se proporcionarán mutuamente la mayor ayuda posible para la notificación de documentos judiciales a las personas afectadas por las medidas provisionales y de confiscación.
2.	Nada de lo dispuesto en el presente artículo pretende interferir con:
a.	la posibilidad de enviar documentos judiciales por vía postal, directamente a personas que se encuentren en el extranjero;
b.	la posibilidad de que los agentes judiciales, funcionarios u otras autoridades competentes de la Parte de origen efectúen la notificación de documentos judiciales directamente a través de las autoridades consulares de dicha Parte, o a través de agentes judiciales,funcionarios u otras autoridades competentes de la Parte de destino,
salvo cuando la Parte de destino haga una declaración en sentido contrario al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación,aprobación o adhesión.
3.	Cuando se notifiquen documentos judiciales a personas que se encuentren en el extranjero afectadas por medidas provisionales o de confiscación dictadas por la Parte enviante, dicha Parte indicará los recursos legales de que disponen dichas personas en virtud de su derecho interno.
1.	Cuando tramite una solicitud de cooperación en virtud de las Secciones 3 y. 4, la Parte requerida reconocerá cualquier resolución judicial adoptada en la Parte solicitante en relación con derechos reivindicados por terceros.
2.	Podrá denegarse el reconocimiento cuando:
a. los terceros no hayan tenido suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos; o
b.	la resolución sea incompatible con una resolución anteriormente adoptada en la Parte requerida sobre la misma materia; o
c.	sea incompatible con el orden público de la Parte requerida; o
d. la resolución haya sido adoptada en contra de las disposiciones sobre competencia exclusiva previstas en el ordenamiento jurídico de la Parte requerida.
1.	Las Partes designarán una autoridad central o, en caso necesario, diversas autoridades, que serán las responsables de enviar y contestar las solicitudes efectuadas en virtud de este capítulo,de la ejecución de dichas solicitudes o de la transmisión de las mismas a las autoridades competentes para su ejecución.
2.	Cada una de las Partes, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación,aprobación o adhesión, comunicará al Secretario General del Consejo de Europa los nombres y direcciones de las autoridades designadas en cumplimiento del apartado 1 del presente artículo.
1.	Las autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas.
2.	En caso de urgencia,las solicitudes o comunicaciones previstas en el presente capítulo podrán ser enviadas directamente por las autoridades judiciales,incluido el Ministerio fiscal, de la Parte solicitante a tales autoridades de la Parte requerida. En tales casos, se enviará al mismo tiempo una copia a la autoridad central de la Parte requerida a través de la autoridad central de la Parte solicitante.
3.	Cualquier solicitud o comunicación formulada en virtud de los apartados 1
y 2 del presente artículo podrá ser presentada a través de la organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol).
4.	Cuando se realice una solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el apartado '2 del presente artículo y la autoridad no sea competente para tramitar dicha solicitud, la transmitirá a la autoridad nacional competente e informará de ello directamente a la Parte solicitante.
5.	Las solicitudes o comunicaciones efectuadas en virtud de lo dispuesto en la Sección 2 del presente capítulo que no impliquen la adopción de medidas coercitivas podrán ser transmitidas directamente por las autoridades competentes de la Parte solicitante a las autoridades competentes de la Parte requerida.
1.	Todas las solicitudes previstas en el presente capítulo se efectuarán por escrito. Podrán utilizarse los medios modernos de telecomunicación, como por ejemplo el fax.
2.	A reserva de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, no se exigirán las traducciones de las solicitudes ni los documentos que les sirvan de apoyo.
3.	En el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cualquier Parte podrá comunicar, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa,que se reserva el derecho a exigir que las solicitudes que se le formulen y los documentos que sirvan de apoyo a las mismas vayan acompañados de una traducción a su propio idioma o a uno de los idiomas oficiales del Consejo de Europa, o a uno de los idiomas que ella indique. Con esta misma ocasión podrá declarar que está dispuesta a aceptar las traducciones a cualquier otro idioma que especifique. Las restantes partes podrán aplicar el principio de reciprocidad.
1.	Cualquier solicitud de cooperación en virtud del presente capítulo deberá especificar:
a.	la autoridad que formule la solicitud y la autoridad encargada de las investigaciones o procedimientos judiciales;
b.	el objeto y el motivo de la solicitud;
c.	los temas, incluidos los hechos pertinentes (como la fecha, lugar y circunstancias del delito), a que se refieren las investigaciones o procedimientos judiciales, excepto en el caso de una solicitud de notificación;
d.	en la medida en que la cooperación suponga la adopción de medidas coercitivas:
i.	el texto de las disposiciones legales o, cuando no sea posible,un informe sobre las normas jurídicas aplicables; y
ii .	una indicación de que la medida solicitada o cualquier otra medida que tenga un efecto similar puede ser adoptada en el territorio de la Parte solicitante en virtud de su propio derecho interno;
e.	cuando sea necesario y en la medida de lo posible:
i. detalles acerca de la persona o personas implicadas, incluyendo nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y situación y,cuando se trate de una persona jurídica, su domicilio social; y
f. cualquier procedimiento especial que la Parte solicitante desee que se siga.
2.	La solicitud de medidas provisionales en virtud de la Sección 3 relacionada con el embargo de propiedades que podrían ser objeto de una orden de confiscación consistente en el pago de una suma de dinero deberán indicar también la cuantía máxima que se pretende recuperar sobre dicho bien.
3.	Además de las indicaciones mencionadas en el apartado 1, cualquier solicitud efectuada en virtud de la Sección 4 deberá contener:
a.	en el caso del Artículo 13, apartado 1.a:
i.	Una copia auténtica certificada de la resolución de confiscación dictada por el tribunal de la Parte solicitante, así como un informe de los fundamentos que sirvieron de base para adoptar dicha resolución, cuando no estén indicados en la propia resolución;
ii.	una certificación de la autoridad competente de la Parte solicitante de que la resolución de confiscación es ejecutoria y no está sujeta a las vías de recurso ordinarias;
iv. información acerca de la necesidad de adoptar medidas provisionales;
b. en el caso del artículo 13, apartado 1.b, un informe de los hechos invocados por la Parte solicitante que sean suficientes para permitir á la Parte requerida obtener la resolución en virtud de su derecho interno;
c. cuando terceras personas hayan tenido oportunidad de reivindicar derechos, aquellos documentos que demuestren que así ha sido.
1.	Cuando una solicitud no cumpla lo dispuesto en el presente capítulo o la información facilitada no sea suficiente para permitir a la Parte requerida tramitar la solicitud, dicha Parte podrá pedir a la Parte solicitante que subsane solicitud o la complete con información complementaria.
2.	La Parte requerida podrá fijar una fecha límite para la recepción de dichas modificaciones o información.
3.	En espera de recibir las modificaciones o información solicitadas en relación con las solicitudes previstas en la Sección 4 del presente capítulo, la Parte solicitada podrá adoptar cualquiera de las medidas a que se refieren las Secciones 2 o 3 del presente capítulo.
1.	Cuando la Parte requerida recibe más de una solicitud en virtud de las Secciones 3 o 4 del presente capítulo relacionadas con la misma persona o propiedad, la pluralidad de solicitudes no impedirá a dicha Parte tramitar aquellas solicitudes que supongan la adopción de medidas provisionales.
2. En el caso de pluralidad de solicitudes en virtud de la Sección 4 del presente capítulo,la Parte requerida estudiará la posibilidad de consultar a las Partes solicitantes.
1.	La Parte requerida informará a la mayor brevedad a la Parte solicitante de:
a. las actuaciones iniciadas como consecuencia de una solicitud formulada en virtud del presente capítulo;
b.	el resultado final de las actuaciones realizadas como consecuencia de la solicitud;
c.	la decisión de denegar, aplazar o condicionar, en todo o en parte, cualquier cooperación prevista en el presente capítulo;
d.	cualesquiera circunstancias que hagan imposible llevar a cabo la actuación solicitada, o que puedan retrasaría de forma considerable; y
e.	en el caso de medidas provisionales adoptadas en virtud de una solicitud de las previstas en las secciones 2 o 3 del presente capítulo, de aquellas disposiciones de su derecho interno que conducirían automáticamente al levantamiento de la medida provisional.
2.	La Parte solicitante informará a la mayor brevedad a la Parte requerida de:
a.	cualquier revisión, resolución u otra circunstancia por razón de la cual la orden de confiscación deja de tener carácter ejecutorio, total o parcialmente; y
b.	cualquier acontecimiento, de hecho o legal, por razón del cual deje de estar justificada cualquier actuación iniciada en virtud del presente capítulo.
3.	Cuando una Parte, basándose en la misma orden de confiscación, solicita la confiscación en más de otra Parte, deberá informar de ello a todas las Partes afectadas por la ejecución de la orden a que se refiere la solicitud.
1.	La Parte requerida puede subordinar el cumplimiento de la ejecución de una solicitud a la condición de que la información o pruebas obtenidas no puedan ser utilizadas ni transmitidas, sin su consentimiento previo, por las autoridades de la Parte solicitante para investigaciones o procedimientos judiciales diferentes de aquellos especificados en la solicitud.
2.	Cualquiera de las Parte podrá, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarar que, sin su consentimiento previo, la información o pruebas a que se refiere el presente capítulo no podrán ser utilizadas ni transmitidas por las autoridades de la Parte solicitan te para investigaciones o procedimientos judiciales diferentes de aquellos especificados en la solicitud.
1.	La Parte solicitante podrá exigir a la Parte requerida que guarde confidencialidad sobre los hechos y contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para ejecutar la solicitud. Cuando la Parte requerida no pueda cumplir la exigencia de confidencialidad, deberá informar de ello a la mayor brevedad a la Parte solicitante.
2.	La parte solicitante, si así se le solicita y cuando no sea contrario a los principios básicos de su ordenamiento jurídico interno, deberá mantener la confidencialidad de cualquier prueba e información que le facilite la Parte requerida, salvo en la medida en que la revelación de las mismas sea necesaria para las investigaciones o procedimientos judiciales descritos en la solicitud.
3.	Sujeta a las disposiciones de su derecho interno, cualquier Parte que haya recibido información espontánea en virtud del Artículo 10 deberá cumplir cualquier exigencia de confidencialidad que pueda imponerle la Parte que suministra la información. Si la otra Parte no puede cumplir esa exigencia, deberá informar de ello a la mayor brevedad a la Parte transmitente.
Los costes ordinarios derivados del cumplimiento de una solicitud deberán ser satisfechos por la Parte requerida. Cuando sean necesarios costes de naturaleza sustancial o extraordinaria para llevar a cabo una solicitud, las Partes se consultarán, en orden a acordar. las condiciones en que se va a cumplir la solicitud, así como la forma en que van a asumirse los costes.
1.	Cuando una persona haya interpuesto una acción por daños y perjuicios resultantes de un acto u omisión relacionado con la cooperación prevista en el presente capítulo, las Partes interesadas tomarán en consideración consultarse mutuamente, cuando corresponda, en orden a determinar la eventual indemnización por daños y perjuicios que pueda corresponder.
2.	Cualquier Parte que haya sido objeto de un procedimiento en reclamación de daños y perjuicios deberá hacer lo posible para informar a la otra Parte de dicha reclamación, cuando esta Parte pueda tener un interés en el asunto.
Firma y entrega en vigor
1.	El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros de Consejo de Europa, así como de aquellos Estados no miembros que hayan participado en su elaboración. Dichos Estados pueden expresar su consentimiento de quedar obligados mediante:
a.	firma sin reservas en cuanto a la ratificación, aceptación o aprobación; o
b.	firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación.
2.	Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa.
3.	El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha en que tres Estados, de los cuales al menos dos sean Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento de obligarse por el Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.
4.	Con relación a cualquier Estado firmante que posteriormente exprese su consentimiento de quedar obligado por el Convenio, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de expresión de su consentimiento de obligarse por el Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.
1.	Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, previa consulta con los Estados Contratantes del Convenio, podrá invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo y que no haya participado en su elaboración a que se adhiera al presente Convenio, mediante resolución adoptada por la mayoría prevista en el Artículo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa y mediante el voto unánime de los representantes de los Estados Contratantes que tienen derecho a escaño en el Comité.
2.	En relación con cualquier Estado que se adhiera, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de depósito del instrumento de adhesión ante el Secretario General del Consejo de Europa.
1.	Cualquier Estado puede, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, especificar el territorio o territorios a los que será de aplicación el presente Convenio.
2.	Cualquier Estado puede, en cualquier momento posterior, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, ampliar la aplicación del presente Convenio a cualquier otro territorio especificado en la declaración. Con respecto a dicho territorio, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de recepción de aquella declaración por el Secretario General.
3.	Cualquier declaración realizada en virtud de los párrafos anteriores podrá ser retirada, en relación con el territorio especificado en dicha declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de recepción de dicha notificación por el Secretario General.
1.	El presente Convenio no afecta los derechos y compromisos derivados de los convenios internacionales multilaterales relativos a materias específicas.
2.	Las Partes del Convenio pueden concluir acuerdos bilaterales o multilaterales entre sí sobre las materias que trata el presente Convenio, a los fines de completar o reforzar sus disposiciones o facilitar la aplicación de los principios en él consagrados.
3.	En caso de que dos o más Partes hayan concluido ya cualquier acuerdo o tratado en relación con una materia tratada en el presente Convenio, o hayan establecido de cualquier otra forma sus relaciones con respecto a dicha materia, tendrá derecho a aplicar aquel acuerdo o tratado, o a regular sus relaciones de acuerdo con el mismo, en lugar del presente Convenio, cuando ello facilite la cooperación internacional.
1.	Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que va a hacer uso de una o más de las reservas previstas en el Artículo 2, apartado 2, Artículo 6, apartado 4, Artículo 14, apartado 3, Artículo 21, apartado 2, Artículo 25, apartado 3 y Artículo 32, apartado 2. No podrá hacerse ninguna otra reserva.
2.	Cualquier Estado que haya hecho una reserva en virtud del apartado anterior podrá retirarla, total o parcialmente,mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La reserva entrará en vigor en la fecha de recepción de dicha notificación por el Secretario General.
3.	Ninguna Parte que haya hecho una reserva en relación con una disposición del presente Convenio podrá reclamar la aplicación de dicha disposición por otra Parte; podrá, no obstante, si su reserva es parcial o condicional, reclamar la aplicación de dicha disposición en la misma medida en que ella misma la haya aceptado.
1.	Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio, que serán comunicadas por el Secretario General del Consejo de Europa a los Estados miembros del Consejo de Europa, así como a todos aquellos Estados no miembros que se hayan adherido o que hayan sido invitados a adherirse al presente Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37.
2.	Cualquier enmienda propuesta por una Parte será comunicada al Comité Europeo para Problemas Criminales, que someterá al Comité de Ministros su dictamen acerca de la enmienda propuesta.
3.	El Comité de Ministros estudiará la enmienda propuesta y el dictamen remitido por el Comité Europeo para Problemas Criminales y podrá adoptar la enmienda.
4.	El texto de cualquier enmienda adoptada por el Comité de Ministros de acuerdo con el apartado 3 del presente artículo será remitido a las Partes para su aceptación.
5.	Cualquier enmienda adoptada de acuerdo con el apartado 3 del presente artículo entrará en vigor al tercer día después de que todas las Partes hayan informado al Secretario General de su aceptación de la misma.
1.	Se mantendrá informado al comité Europeo para Problemas Criminales del Consejo de Europa en relación con la interpretación y aplicación del presente convenio.
2.	En caso de que surja una controversia entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, buscarán la resolución de la controversia mediante la negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, incluido el sometimiento de la controversia ante el Comité Europeo para Problemas Criminales, ante un tribunal de arbitraje cuyas resoluciones serán obligatorias para las Partes o ante el Tribunal Internacional de Justicia, según se acuerde por las Partes interesadas.
1.	Cualquier Parte puede, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.
2.	Dicha denuncia entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
3.	No obstante, el presente Convenio continuará aplicándose a la ejecución en virtud del Artículo 14 de una confiscación que haya sido solicitada de conformidad con las disposiciones del presente Convenio con anterioridad a la fecha en que dicha denuncia entre en vigor.
a.	cualquier firma;
b.	el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
c.	cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio, conforme a los Artículos 36 y 37;
d.	cualquier reserva realizada en virtud del Artículo 40, apartado 1;
e. cualquier otro acto, notificación o comunicación relativos al presente Convenio.
Hecho en Estrasburgo, a 8 de noviembre de 1990, en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copias certificadas a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que han participado en la elaboración del presente Convenio y a cualquier otro Estado invitado a adherirse a él.