Source: https://legislacion.vlex.es/vid/eficacia-aseguramiento-procedimientos-penales-81112224
Timestamp: 2019-08-25 06:57:30
Document Index: 298895499

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 338', 'Artículo 338', 'artículo 334', 'Artículo 367', 'Artículo 367', 'Artículo 367', 'Artículo 367', 'Artículo 367', 'artículo 338', 'artículo 374', 'artículo 149']

Ley para la Eficacia en la Unión Europea de las Resoluciones de Embargo y de Aseguramiento de Pruebas en Procedimientos Penales (Ley 18/2006, de 5 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 81112224
Ley para la Eficacia en la Unión Europea de las Resoluciones de Embargo y de Aseguramiento de Pruebas en Procedimientos Penales (Ley 18/2006, de 5 de junio)
CAPÍTULO II. Transmisión por las autoridades españolas de una resolución de embargo o aseguramiento de pruebas para su ejecución en otro Estado miembro de la Unión Europea - arts. 5 a 9
CAPÍTULO III. Ejecución en España de las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por las autoridades judiciales de otro Estado miembro de la Unión Europea - arts. 10 a 16
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Transmisión de medidas con el Reino Unido y la República de Irlanda
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Resoluciones en curso
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Competencia estatal
ANEXO. Certificado para la ejecución de medidas de embargo y de aseguramiento de pruebas en otro Estado miembro de la Unión Europea
Norma citada en: 119 sentencias, 20 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, un tema práctico, 8 resoluciones administrativas
De conformidad con la Decisión Marco 2003/577/JAI, el ámbito de esta norma no comprende cualquier medida de embargo que pueda adoptarse en el curso de un proceso penal. Por lo pronto, no se incluyen en su ámbito de aplicación ni las medidas cautelares personales, como sería la entrega de detenidos, ni las medidas cautelares reales propias del proceso civil, incluso aunque se ejerciten -como de ordinario ocurre en el proceso español- acumuladas al proceso penal, cuyo objeto será la restitución de cosas determinadas, la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios. Tampoco se comprenden cualesquiera medidas cautelares reales propias del proceso penal, como serían aquellas que pretendieran asegurar la efectividad de la imposición de una pena de multa o el pago de las costas procesales.
Esta Ley tiene por objeto regular el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales españolas para transmitir, a las autoridades correspondientes de los demás Estados miembros de la Unión Europea, una resolución en la que se acuerde el embargo de bienes o una medida de aseguramiento de pruebas, adoptada en el curso de un procedimiento penal, cuando los bienes de que se trate se encuentren en el territorio de aquéllos.
Se regula, asimismo, la actuación que habrá de desarrollarse por parte de las autoridades judiciales españolas cuando reciban una resolución de embargo o de aseguramiento de pruebas emitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el curso de un procedimiento penal, para su reconocimiento y ejecución sobre bienes que se encuentren en territorio español.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por «autoridad judicial de emisión» la autoridad judicial del Estado miembro que sea competente para acordar las medidas a las que se refiere esta Ley en virtud del derecho de ese Estado.
ARTÍCULO 2 Resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
ARTÍCULO 3 Autoridades judiciales españolas competentes.
En España, son autoridades judiciales competentes para emitir una resolución de embargo y aseguramiento de pruebas el juez o tribunal que conozca de la causa en la que se deba adoptar la medida, así como los fiscales que dirijan las diligencias de investigación en las que se deba adoptar una medida de aseguramiento de pruebas que no sea limitativa de derechos fundamentales.
En España, son autoridades judiciales competentes para ejecutar una resolución de embargo y aseguramiento de pruebas los jueces de instrucción del lugar donde se encuentren los bienes objeto de embargo o las pruebas que deban ser aseguradas, así como los fiscales para la ejecución de aquellas medidas de aseguramiento de pruebas que pueden realizar dentro de sus competencias.
Los fiscales remitirán trimestralmente al Fiscal General del Estado un listado de las resoluciones emitidas o recibidas en España, que se transmitirán al Ministerio de Justicia, a efectos estadísticos.
ARTÍCULO 4 Indemnizaciones y reembolsos.
El Estado español reembolsará al Estado al que se haya transmitido la resolución las cantidades abonadas en concepto de reparación de daños y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses legítimos, siempre y cuando éstos no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.
El Estado español reclamará al Estado de la autoridad judicial de emisión el reembolso de las cantidades abonadas en concepto de reparación de daños y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses legítimos, siempre y cuando éstos no sean consecuencia exclusivamente del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o de error judicial.
CAPÍTULO II Transmisión por las autoridades españolas de una resolución de embargo o aseguramiento de pruebas para su ejecución en otro Estado miembro de la Unión Europea Artículos 5 a 9
ARTÍCULO 5 Transmisión de las resoluciones de embargo de bienes y de aseguramiento de pruebas.
Cuando una autoridad judicial española considere necesaria una medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, enviará su resolución a la autoridad judicial competente para que proceda a su ejecución.
Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecución competente, se solicitará la información correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto españoles de la Red Judicial Europea (RJE).
La medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se dirija a una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea se adoptará mediante auto o resolución motivada. Irá acompañada del certificado previsto en el anexo de esta Ley y se transmitirá directamente a la autoridad judicial de ejecución competente, por cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan a la autoridad judicial a la que se dirige establecer su autenticidad.
En la resolución se expresará con claridad si la cooperación judicial que se requiere consiste en la transferencia a la autoridad judicial española de los elementos de prueba o de los bienes objeto de embargo, o su permanencia en ese Estado.
El certificado, que irá firmado por la autoridad judicial española que lo expida, se traducirá a la lengua oficial, o a una de las lenguas oficiales, del Estado miembro al que pertenece la autoridad judicial al que se dirige o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado.
ARTÍCULO 7 Derecho aplicable a la medida acordada.
ARTÍCULO 8 Cese de las medidas.
CAPÍTULO III Ejecución en España de las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por las autoridades judiciales de otro Estado miembro de la Unión Europea Artículos 10 a 16
ARTÍCULO 10 Doble tipificación de los delitos.
Las resoluciones sobre aseguramiento de prueba o posterior decomiso de bienes acordada por el Estado de emisión para su ejecución en España no estarán sujetas a control de la doble tipificación cuando se refieran a hechos enjuiciados como algunos de los delitos que se enuncian a continuación, siempre que estén castigados en dicho Estado con penas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años. Estos delitos son los siguientes:
Falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro.
Delitos de alta tecnología, en particular, el delito informático.
Ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal.
Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes.
Incendio voluntario.
Secuestro de aeronaves y buques.
Cuando una autoridad judicial española reciba la resolución de una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea para que ejecute una medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas, que se refiera a un supuesto no previsto en el apartado anterior, supeditará su reconocimiento y ejecución a la condición de que los hechos por los cuales se haya dictado la resolución sean constitutivos de delito con arreglo a la ley española, con independencia de cuáles sean los elementos constitutivos o la descripción del delito en la legislación del Estado de emisión.
En materia de impuestos o de derechos de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la medida aduciendo que la legislación española no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene la misma regulación que el Estado de emisión.
ARTÍCULO 11 Reconocimiento y ejecución inmediata.
Las autoridades judiciales españolas competentes reconocerán sin más trámite y ejecutarán de inmediato la resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea cuando se trate de alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 10.
Cuando la autoridad judicial que reciba la resolución no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, deberá transmitir dicha resolución, de oficio, a la autoridad que resulte competente para su ejecución y notificarlo a la autoridad judicial de emisión.
La decisión de ejecución de la resolución deberá ser adoptada inmediatamente y comunicada sin dilación a la autoridad judicial de emisión y al Ministerio Fiscal, por cualquier medio que deje constancia escrita. Las autoridades judiciales españolas resolverán lo procedente y lo comunicarán dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la resolución.
La medida de embargo o de aseguramiento de la prueba se ajustará a la solicitud, sin que pueda extenderse a bienes o documentos no solicitados.
ARTÍCULO 12 Normas aplicables para la ejecución de la resolución.
Las medidas que hayan de ser adoptadas en ejecución de la resolución de embargo o aseguramiento de pruebas se regirán por el ordenamiento jurídico español.
Cuando la autoridad judicial de emisión haya solicitado la transferencia de los bienes o elementos de prueba, la autoridad judicial española resolverá conforme a las normas de asistencia judicial penal aplicables al caso. No se podrá denegar la transferencia de los elementos de prueba por ausencia de doble tipificación cuando la petición se refiera a alguno de los supuestos del apartado 1 del artículo 10.
Las medidas coercitivas complementarias que pueda requerir la ejecución de la resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas se adoptarán según las normas procesales aplicables en España.
ARTÍCULO 13 Duración de la medida.
La medida se mantendrá durante el tiempo que se requiera y, en su caso, hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de transferencia o decomiso cursada por la autoridad judicial de emisión.
Sin embargo, previa consulta a la autoridad judicial de emisión, la autoridad judicial española, de conformidad con las normas procesales nacionales, podrá imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duración o modificar la medida de que se trate, incluyendo la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto o modificar la medida, lo comunicará inmediatamente a la autoridad judicial de emisión, para que exponga lo que estime oportuno.
Cuando la autoridad judicial de emisión comunique que la medida que solicitó ha sido dejada sin efecto, ésta se alzará sin dilación.
ARTÍCULO 14 Motivos de no reconocimiento o no ejecución de las medidas solicitadas.
Las autoridades judiciales españolas no reconocerán ni ejecutarán las medidas de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas en los siguientes casos:
Cuando falte el certificado que ha de acompañar a la solicitud de adopción de las medidas o bien sea incompleto o no corresponda manifiestamente a la medida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
Cuando en España la medida solicitada esté prohibida por la ley.
Cuando resulte manifiestamente de la información facilitada en el certificado que la prestación de asistencia judicial para la infracción que motivó la medida vulneraría el principio de cosa juzgada, en los términos previstos en las leyes y en los convenios o tratados internacionales ratificados por España.
En los casos de insuficiencia del certificado, la autoridad judicial podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
Fijar un plazo para que el certificado sea presentado, completado o modificado.
Aceptar un documento equivalente.
Dispensar a la autoridad judicial de emisión de presentarlo si considera suficiente la información suministrada.
Las decisiones de denegación de reconocimiento o de ejecución de las medidas deberán adoptarse sin dilación y de forma motivada, y se notificarán inmediatamente a las autoridades judiciales de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita.
En el caso de que sea imposible en la práctica ejecutar la medida, debido a que los bienes o las pruebas hayan desaparecido, hayan sido destruidos, no se hayan encontrado en el lugar indicado en el certificado o no se haya indicado con la suficiente precisión dónde se encuentra el bien o el elemento de prueba, incluso tras consultar a la autoridad judicial de emisión, le será comunicada esta circunstancia inmediatamente.
ARTÍCULO 15 Motivos de suspensión de la ejecución.
Se podrá suspender la ejecución de una resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea en los casos siguientes:
Cuando la ejecución pueda impedir el buen desarrollo de una investigación penal en curso en España, durante el tiempo necesario.
Cuando sobre los bienes o pruebas de que se trate se haya dictado una medida anterior en un procedimiento judicial o administrativo, hasta que se deje sin efecto ésta, siempre que dicha medida tenga prioridad sobre posteriores resoluciones de intervención de efectos e instrumentos dictadas en causas penales con arreglo al derecho nacional.
La suspensión de la ejecución de la resolución, así como los motivos de la suspensión y, si es posible, su duración prevista, se comunicarán inmediatamente a la autoridad judicial de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita.
Tan pronto como desaparezcan los motivos de suspensión, la autoridad judicial española tomará de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resolución e informará de ello a la autoridad judicial de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita.
La autoridad judicial española competente comunicará a la autoridad judicial de emisión cualesquiera otras medidas restrictivas que hayan recaído sobre el bien de que se trate.
Contra los autos dictados por el Juez de Instrucción que resuelvan acerca del reconocimiento y ejecución de las resoluciones de embargo, incautación de bienes o de aseguramiento de pruebas emitidas por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea, el Ministerio Fiscal, el sujeto pasivo del proceso penal de que trae causa la resolución o los titulares de derechos e intereses legítimos que puedan verse afectados podrán interponer el recurso de reforma y el de apelación, que no suspenderán la ejecución.
Tan pronto como se interpongan los recursos de reforma o de apelación, el Juez de Instrucción comunicará esta circunstancia al órgano judicial del Estado emisor, por cualquier medio que deje constancia escrita, en condiciones que permitan a la autoridad judicial a la que se dirige establecer su autenticidad, para que exponga, en su caso, las consideraciones que estime oportunas en el plazo de cinco días desde la recepción del certificado.
El Juez de Instrucción informará a la autoridad judicial de emisión del resultado del recurso de reforma o apelación.
Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la resolución sólo podrán ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Transmisión de medidas con el Reino Unido y la República de Irlanda
Esta Ley será aplicable a las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se emitan con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se refieran a hechos anteriores a la misma.
Las resoluciones de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en curso en el momento de la entrada en vigor de esta Ley seguirán tramitándose conforme a las normas vigentes en aquel momento hasta su conclusión.
Se modifica el artículo 338 y se adiciona un capítulo II bis en el título V del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la siguiente redacción:
'Artículo 338.
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo II bis del presente título, los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artículo 334 se recogerán de tal forma que se garantice su integridad y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito.'
'CAPÍTULO II BIS. De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales.
'Artículo 367 bis.
'Artículo 367 ter.
Podrá decretarse la destrucción de los efectos judiciales, dejando muestras suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende. Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el Juez instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, ordenará su inmediata destrucción conservando muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, todo ello sin perjuicio de que, de forma motivada, el órgano judicial considere necesario la conservación de la totalidad. Lo conservado estará siempre bajo la custodia del órgano judicial competente.
Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será también aplicable a los efectos intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, una vez que tales efectos hayan sido examinados pericialmente.
Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez resolverá lo que estime conveniente para conservarlos del mejor modo posible.
'Artículo 367 quáter.
Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes, y previa audiencia del interesado, podrá acordar la realización de los efectos judiciales. Cuando se solicite la realización a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado del Estado, el Juez deberá acordarla, salvo que aprecie motivadamente que la petición es infundada o que, de acceder a ella, se causarán perjuicios irreparables.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el bien de que se trate esté embargado en ejecución de un acuerdo adoptado por una autoridad judicial extranjera en aplicación de la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, su realización no podrá llevarse a cabo sin obtener previamente la autorización de la autoridad judicial extranjera.
'Artículo 367 quinquies.
La realización de los efectos judiciales podrá consistir en:
Podrá entregarse el efecto judicial a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas cuando sea de ínfimo valor o se prevea que la realización por medio de persona o entidad especializada o por medio de subasta pública será antieconómica.
La realización por medio de entidad o persona especializada o mediante subasta pública se podrá llevar a cabo en todos los demás supuestos y se efectuará conforme a las normas que sobre esta materia se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se recabará el informe del Ministerio Fiscal y de los interesados.
'Artículo 367 sexies.
Lo expresado en el artículo 338 y en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo que se establezca en normas especiales, particularmente en lo previsto por el artículo 374 del Código Penal y por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y en su normativa de desarrollo.'
Esta Ley se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en materia de legislación procesal por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
ANEXO Certificado para la ejecución de medidas de embargo y de aseguramiento de pruebas en otro Estado miembro de la Unión Europea
Autoridad judicial emisora de esta resolución:
N.º de teléfono: (prefijo de país) (prefijo de ciudad) (...);
N.º de fax: (prefijo de país) (prefijo de ciudad) (...);
Lenguas en que se puede comunicar con la autoridad judicial emisora:
Datos de las personas de contacto (incluidas las lenguas en las que se puede comunicar con las personas) para solicitar información adicional sobre la ejecución de la resolución, si resulta necesario, o para concertar los aspectos prácticos del traslado de pruebas (si procede):
Autoridad competente para la ejecución de la orden de embargo en el Estado de emisión ([si la autoridad es distinta de la autoridad indicada en el apartado a)]:
N.º de teléfono: (prefijo de país) (prefijo de ciudad) (...):
N.º de fax: (prefijo de país) (prefijo de ciudad) (...):
Si procede el apartado a) y el apartado b), se deberá completar este apartado para indicar con cuál de esas dos autoridades se tiene que entrar en contacto o si ha de hacerse con ambas:
* Autoridad mencionada en el apartado a).
* Autoridad mencionada en el apartado b).
En el caso de designarse una autoridad central para la transmisión y recepción administrativas de resoluciones (sólo aplicable para Irlanda y el Reino Unido):
Persona de contacto, en su caso (cargo/grado y nombre y apellidos):
Resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas:
Fecha y, si procede, número de referencia.
2.1 Decomiso posterior.
2.2 Aseguramiento de pruebas.
Descripción de las formalidades que deben observarse para ejecutar una resolución de embargo preventivo relativa a prueba (si existieran).
Información sobre los bienes y las pruebas, en el Estado de ejecución, a que se refiere la resolución de embargo.
Descripción de los bienes o de las pruebas y localización:
a) Descripción de los bienes y, si procede, cantidad máxima que se intenta recuperar de esos bienes (si dicha cantidad máxima se indica en la medida de embargo por el valor de los productos del delito).
Descripción precisa de las pruebas.
Localización precisa de los bienes o pruebas (si no se conoce, indicar la última conocida).
Parte que tiene la custodia de los bienes o pruebas o beneficiario efectivo conocido de los bienes o pruebas, si se trata de una persona distinta de la persona sospechosa de la infracción o condenada (en el caso de que sea aplicable con arreglo al derecho nacional del Estado de emisión).
Información (si se dispone de ella) relativa a la identidad de las personas físicas (1) o jurídicas (2) sospechosas de haber cometido la infracción o condenadas (en el caso de que sea aplicable con arreglo al derecho nacional del Estado de emisión) o de las personas a que se refiere la resolución de embargos preventivos.
Apellido o apellidos:
Apellido o apellidos de soltera (en su caso):
Residencia y/o domicilio conocido; de no conocerse, indíquese el último domicilio conocido:
En caso de conocerse, idioma o idiomas que entiende la persona buscada:
Medida que debe adoptar el Estado una vez ejecutada la resolución:
1.1 Los bienes permanecerán en el Estado de ejecución a los efectos de decomiso posterior.
1.1.1 Véase la solicitud adjunta relativa a la ejecución de una resolución de decomiso dictada en el Estado de emisión el .......... (fecha).
1.1.2 Véase la solicitud adjunta relativa al decomiso en el Estado de ejecución y subsiguiente ejecución de la resolución.
1.1.3 Fecha estimada de presentación de la solicitud mencionada en 1.1.1 ó 1.1.2:
Aseguramiento de las pruebas:
2.1 Los bienes se trasladarán al Estado de emisión a los efectos de prueba.
2.1.1 Véase la solicitud adjunta a los efectos de traslado.
2.2 Los bienes permanecerán en el Estado de ejecución para que sirvan ulteriormente como prueba en el Estado de emisión.
2.2.2 Fecha estimada de presentación de la solicitud mencionada en 2.1.1:
Infracción o infracciones:
Descripción de las razones pertinentes que han motivado la resolución de embargo y un resumen de los hechos conocidos por la autoridad judicial que ha emitido la resolución de embargo y el certificado:
Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable en que se basa la resolución de embargo preventivo:
Si procede, márquense la infracción o las infracciones de la siguiente lista, en el caso de que las infracciones sean castigadas en el Estado de emisión con penas máximas de libertad de al menos tres años:
* Pertenencia a organización delictiva.
* Explotación sexual de los niños y pornografía infantil.
* Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
* Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
* Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio, de 26 de julio de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
* Blanqueo de producto del delito.
* Falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro.
* Delitos de alta tecnología, en particular, el delito informático.
* Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.
* Ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal.
* Homicidio voluntario, agresión con lesiones graves.
* Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos.
* Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes.
* Racismo y xenofobia.
* Robos organizados o a mano armada.
* Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antiüedades y las obras de arte.
* Estafa.
* Chantaje y extorsión de fondos.
* Violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías.
* Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos.
* Falsificación de medios de pago.
* Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.
* Tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares.
* Tráfico de vehículos robados.
* Incendio voluntario.
* Delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
* Secuestro de aeronaves y buques.
* Sabotaje.
Descripción detallada de la infracción o infracciones distintas de las enumeradas en el punto 1:
Vías de recurso contra la resolución de embargo para las partes interesadas, inclusive para terceros de buena fe en el Estado de emisión:
Descripción de las vías de recurso legales disponibles, incluidos los trámites necesarios que han de realizarse:
Tribunal ante el cual puede recurrirse:
Información relativa a las personas legitimadas para su interposición:
Plazo límite para la presentación de la demanda:
Autoridad del Estado de emisión que puede facilitar mayor información sobre los procedimientos de presentación de recursos en el Estado de emisión y sobre la posibilidad de asistencia jurídica y traducción:
Persona de contacto (...) (en su caso):
El texto de la resolución de embargo se adjunta al certificado.
Firma de la autoridad judicial emisora y/o de su representante que den fe de la validez del contenido del certificado:
Sello oficial (si lo hubiera).
Ley 10/1986, de 17 de Marzo, sobre Odontologos y Otros profesionales relacionados con la Salud dental.
DECRETO 139/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Valladolid, en el ámbito de los Jardines de la Rubia.
ORDEN FORAL 240/2003, de 6 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se delega el ejercicio de atribuciones en el Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra y en los Directores Generales de Política Económica y Presupuestaria, de Asuntos Europeos y Planificación, para la Sociedad de la Información,...