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Timestamp: 2019-10-23 15:45:45
Document Index: 204006571

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 770', 'artículo 259', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 145', 'artículo 148', 'artículo 66', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 19', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 4', 'artículo 50']

Recursos de Casación en
¿ Quince días Corridos o Hábiles?
Por Alvaro Puelma Accorsi
Hacer justicia, según se entiende generalmente, es dar a cada uno lo suyo. Para que se haga justicia por los tribunales, se requiere la dictación de una resolución fundada, que se pronuncie sobre los aspectos de fondo de la cuestión debatida. Sin embargo, muchas veces debido al acatamiento a normas "ordenatorio litis", el tribunal no se pronuncia sobre el fondo, sino que acepta o rechaza una pretensión por fundamentos de forma.
De ninguna manera cuestionamos que el ordenamiento jurídico contenga ciertas reglas procesales, tendientes a resguardar valores trascendentes de la convivencia en sociedad que puedan, en un caso determinado ser impidientes para que algún tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, la cosa juzgada es una institución que da seguridad a las relaciones en sociedad, al establecer la perennidad de los fallos judiciales. Por ende, se justifica que se contemplen plazos por la ley para la interposición de los recursos ordinarios y que aquellos deducidos fuera de plazo sean declarados inadmisibles, sin que el tribunal se pronuncie sobre el fondo.
Sin embargo, consideramos que constituye un imperativo categórico de justicia para que un tribunal no ejerza su jurisdicción propiamente tal, cual es, pronunciarse sobre el fondo, que en el caso concreto, se trate de acatar alguna norma legal ordenatorio litis indiscutiblemente aplicable al caso que haya sido dictada en defensa de la sociedad, de los intereses generales o del bien común. En tales eventos, se prefiere no hacer justicia, en el caso particular y en vez de ello, negar o acoger alguna pretensión en obedecimiento de normas procesales. La situación anómala de que un tribunal de justicia no cumpla su función de tal por motivos formales sólo debiera ocurrir muy excepcionalmente en asuntos indiscutibles, en que estuvieran en juego valores fundamentales del ordenamiento jurídico pues, en casos dudosos, nos parece que el tribunal debe preferir aquella interpretación que le permita ejercer plenamente su función jurisdiccional .
Cuando se sienta alguna jurisprudencia de rechazo de recursos o juicios por motivos meramente formales se produce la impresión equivocada o no de que el tribunal no cumple con su obligación de hacer justicia. Si ello deriva de la aplicación de tesis equivocadas o muy dudosas, se da la impresión que el tribunal, aplica la ley de menor esfuerzo, a la de hacer justicia, pues normalmente es mucho más simple y fácil declarar inadmisible un recurso que pronunciarse sobre el fondo.
En estos últimos tiempos nos hemos percatado de una tendencia incipiente de la Corte Suprema, que esperamos no prospere, que tiende a desestimar, con fundamentos a nuestro entender equivocados, pero en todo caso muy discutibles, a declarar inadmisibles o rechazar recursos de casación en asuntos tributarios por motivos formales.
El motivo que han estimado suficiente ciertos fallos de la Excma. Corte para declarar inadmisibles recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos sobre juicios de reclamación de impuestos, ha sido lo prescrito en el artículo 50 del D.F.L. Nº 1 del año 1993, que contiene la ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en razón que dicha disposición dispone que en los juicios en que intervenga el Consejo de Defensa del Estado, el plazo contemplado en el artículo 770 de Código de Procedimiento Civil será de quince días, que se aumentará conforme a la tabla de emplazamiento a que se refiere el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil hasta un plazo máximo de 30 días.
En virtud de esta norma en cuanto ella emplea los términos de "15 días" y no de "15 días hábiles" se pretende computar el plazo para interponer casaciones como si fuera de días corridos. Por ello, en algunas ocasiones, se han declarado inadmisibles por extemporáneos, recursos de casación interpuestos dentro del plazo de 15 días hábiles pero fuera del plazo de 15 días corridos.
La jurisprudencia citada, es grave para el contribuyente ya que motiva el rechazo por el tribunal supremo de sus pretensiones, sin entrar al fondo del asunto. Además es sumamente significativa para los abogados del contribuyente patrocinantes de tales recursos ya que a ellos puede achacársele negligencia por interponer recursos fuera de los plazos legales.
Estimamos que la doctrina de la Corte no tiene sustento por los siguientes fundamentos:
1. De conformidad con lo prescrito en el artículo 4 del Código Civil, prefieren a las normas generales establecidas en dicho código las especiales establecidas en otros códigos o leyes. Pues bien, el artículo 1 del Código Tributario establece que las disposiciones en él contenidas se aplican exclusiva y preferentemente a materias de tributación fiscal interna de competencia del Servicio de Impuestos Internos. El artículo 2 del mismo código señala que en materia tributaria las normas generales de derecho sólo se aplican en lo no previsto por el código y demás leyes tributarias. El artículo 4 del mismo cuerpo legal, por su lado, prescribe que las normas del código sólo rigen para la aplicación e interpretación del mismo y demás disposiciones legales relativas a materia de tributación fiscal interna. El artículo 10, inciso segundo, del mismo código dispone que los plazos de días establecidos en el código se entenderán de días hábiles. Por su lado, el artículo 145, inciso segundo de la misma disposición prescribe que los recursos de casación que se interpongan en contra de sentencias de segunda instancia en las reclamaciones tributarias se sujetan a las reglas contenidas en el Titulo XIX del Libro III del Código de Procedimiento Civil . Por su parte el artículo 148 del mismo cuerpo legal ordena que en todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales el presente título (asuntos procesales en el reclamo de liquidaciones de impuestos) se aplicarán en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones las establecidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil (entre otros el artículo 66 del mismo Código que establece que los plazos de días del Código se suspenden durante los feriados salvo que el tribunal, por motivos fundados disponga lo contrario).
2. El ámbito de aplicación del artículo 50 del D.F.L. 1 del año 1993 se extiende a cualquier pleito en que intervenga el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo, de acuerdo con su propia ley orgánica, puede actuar en múltiples asuntos judiciales, no solamente en aquellos de carácter tributario, como se demuestra de la lectura de lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de su ley orgánica. Queda de manifiesto, entonces, que el artículo 50 citado es una disposición más general que el Código Tributario, pues se aplica a todos los juicios en que interviene el Consejo de Defensa del Estado incluidos los tributarios; y el Código Tributario, por su parte sólo tiene aplicación en causas de impuestos. Aplicando el principio de la especialidad, prefieren en las reclamaciones tributarias la aplicación de las normas del Código Tributario respecto de aquellas del artículo 50 del D.F.L. citado, que es, como se ha dicho, de carácter más general.
3. El Código Tributario, establece que los plazos tributarios son de días hábiles tanto en general como en relación con las reclamaciones de liquidaciones de impuestos. Así lo prescribe expresamente el Código Tributario, que además en materias contenciosas se remite al Código de Procedimiento Civil en su libro I, como también a su Libro IV.; y por su lado, los plazos del Código de Procedimiento Civil, son precisamente de días hábiles.
4. Por ende, el artículo 50 del Código Civil, aun aceptando la interpretación que le ha dado la Excma. Corte en algunos fallos, no corresponde aplicarlo a las reclamaciones tributarias, sea en primera, segunda instancia y en casación, porque priman sobre dicha disposición las normas del Código Tributario y también las de Código de Procedimiento Civil que dicho código hace aplicables.
5. Es un criterio de interpretación legal aquel que emana de la historia fidedigna de su establecimiento, como lo señala el artículo 19, inciso segundo de Código Civil. Consta de la historia fidedigna de la ley (artículo 50 del D.F.L. 1) que jamás el legislador de dicho cuerpo legal tuvo la intención de restringir los plazos para interponer los recursos de casación, sino que por el contrario, pretendió ampliarlos con los aumentos de la tabla de emplazamiento según las distancias que existan entre el tribunal a quo y a quem. La intervención del senador en esa época, don Miguel Otero confirma este aserto, como aparece de las actas de sesión del Senado que trataron el proyecto que devino en la ley contenida en el D.F.L. 1 citado.
6. Por ende, la interpretación auténtica del artículo 50 del D.F.L. 1 lleva a la conclusión ineludible que los 15 días de que trata dicha disposición son de días hábiles, al menos en las causas tributarias.
7. Cabe acotar que además, consideramos que los aumentos de días que señala la tabla de emplazamiento a que se refiere el artículo 50 de DFL 1 indudablemente son de días hábiles, ya que se trata de plazos de Código de Procedimiento Civil, que el artículo 50 del D.F.L. 1 no ha alterado ni modificado en forma alguna, ni directa o indirectamente.
También pensamos que acorde con lo prescrito en los artículos 313 y 314 del Código Orgánico de Tribunales y de acuerdo con el artículo 4 del Código Civil, prefieren las normas citadas del Código Orgánico de Tribunales a aquéllas del artículo 50 del Código Civil. Por ende, que el feriado de Febrero, no se computa respecto de plazos judiciales en causas tributarias salvo que se haya decretado habilitación de feriado en el asunto de que se trate.
Muy lejos de nuestro ánimo se encuentra atacar al Poder Judicial pero no debe olvidarse que los abogados tenemos el carácter de auxiliares de administración de justicia y de esta manera formamos parte de la jurisdicción. Nuestro deber nos obliga cuando creemos que existe alguna jurisprudencia equivocada o injusta de importancia general, hacerlo saber con el fin de procurar su rectificación en pro de la justicia como del prestigio del poder judicial que formamos parte.