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Timestamp: 2018-07-16 19:54:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 2', 'artículo4', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 5']

TEMA 12 Bienes o Derechos de la personalidad [121617] | Derecho civil I (UBU) | Unybook
TEMA 12 Bienes o Derechos de la personalidad (2011)
TEMA 12 Bienes o Derechos de la personalidad
Tema 12: BIENES O DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 1.- CUESTIONES GENERALES Concepto Tradicionalmente, la protección jurídica del ser humano, en su esfera más inmediatamente personal, se ha realizado a través del derecho penal y más tarde, de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales propios del derecho constitucional. La protección ofrecida desde estos dos ámbitos, con ser importante, resulta insuficiente frente a agresiones no suficientemente grandes como para provocar la respuesta penal, o precedente de sujetos respecto a los cuales la respuesta constitucional no es por completo o efectiva.
Ello, unido al creciente personalismo que ha caracterizado la creciente evolución del derecho civil, ha desembocado, en fechas relativamente cercanas, de la incorporación del derecho civil a la defensa inmediata del ser humano, en su ámbito más personal, a través de la moderna categoría de los llamados derechos de la personalidad: entre ellos cabe contar, a modo de ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad física, al honor … Estos derechos de la personalidad pueden definirse como derechos subjetivos derivados de la naturaleza y de la dignidad inherente a la persona, dirigidos a proteger la esfera más inmediatamente personal del ser humano, tanto en su vertiente física (derechos a la vida y a la integridad física), como espiritual (derechos al honor, a la intimidad y la imagen) Determinación de los derechos de la personalidad Es una cuestión doctrinalmente discutida.
Los autores, casi unánimemente, consideran como tales los derechos a la vida, al integridad física, al honor, a la intimidad, ha de imagen y a la identidad (nombre). Esta enumeración permite ofrecer un concepto estricto, que considera derechos de la personalidad aquellos que se dirigen a proteger la integridad personal del ser humano, tanto en su vertiente física, como en su vertiente espiritual.
La regulación jurídica de la identidad de las personas confluyen dos intereses distintos: el del estado en identificar a sus ciudadanos y el de los propios ciudadanos, para quienes es una exigencia de su propia dignidad que se les reconozca como distintos de los demás, lo que se hace a través del nombre, que además “el boca a la persona misma, revestida de las cualidades que sustentan su reputación”.
Desde este último punto de vista, así cabe hablar de un verdadero derecho a la personalidad, ahora bien, la regulación pormenorizada en nuestro derecho del nombre y apellidos de la persona, responde más bien a las mencionadas razones de interés público, lo que justifica, como se ha indicado, que su estudio se realicen otro apartado.
Plural protección de los derechos de la personalidad La violación de un derecho de la personalidad puede dar lugar, desde el punto de vista jurídico, a una cuádruple relación: a) Penal: Si la violación de que se trata está tipificada como delito o falta. Es la relación más intensa, con la que se hace frente a las violaciones más importantes de los derechos de la personalidad, ya procedan de particulares, ya de los poderes públicos.
b) Civil: cuando la vulneración del derecho haya sido obra de particulares.
c) Administrativa y contencioso-administrativa, si la lesión procede administración pública.
de una d) Constitucional: sí los derechos lesionados merecen la consideración jurídicoconstitucional de derechos fundamentales.
Derechos de la personalidad y derechos fundamentales ( NO ENTRA ¿?) Todos los derechos de la personalidad, salvo el derecho a la propia identidad, están consagrados como derechos fundamentales en sentido estricto: Art. 15 CE – derecho a la vida y a la integridad física y moral Art. 18 CE – derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen.
Esto quiere decir que gozan de la protección reforzada que el propio texto constitucional establece para tales derechos fundamentales en sentido estricto: especial rigidez exigida para su reforma (art.168 CE), necesidad de ley orgánica para su desarrollo, que en todo caso ha de respetar su contenido esencial (art. 53.1 y 81 CE) fundamentalmente, la posibilidad de acudir ante el tribunal constitucional mediante el recurso de amparo, para denunciar la vulneración de tales derechos por los poderes públicos, así como la tutela especial ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad (53.2 ).
El recurso de amparo ante el TC se establece, precisamente, como mecanismo de reacción frente a la vulneración de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos.
Ahora bien, “ el tribunal constitucional, en no pocas ocasiones, ha otorgado su amparo frente a violaciones de derechos fundamentales procedentes de particulares, utilizando la vía indirecta de concederlo no directamente frente al acto del particular sino frente a la resolución judicial que pone fin a la tutela solicitada ante la jurisdicción ordinaria”. Resolución judicial que, ahora sí, el acto de un poder público (el poder judicial), que puede vulnerar el derecho fundamental al no preservar o restablecer el derecho fundamental lesionado por un particular.
Por último, hay que señalar también que la calificación de un derecho de la personalidad como fundamental determina la tramitación preferente del procedimiento seguido para su defensa ante la jurisdicción civil y permite el recurso a los procedimientos especiales contencioso- administrativo dispuestos por la ley 29/1998, de 13 de JULIO, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. (Artículos 114 y ss) Derechos de la personalidad y personas jurídicas Tanto o en la doctrina, la jurisprudencia se ha suscitado la cuestión de sí también las personas jurídicas son titulares de los derechos de la personalidad. (con mayor amplitud derechos fundamentales) Desde punto de vista teórico, la respuesta más correcta es la negativa: los derechos de la personalidad son propios, exclusivamente, de los seres humanos, puesto que sólo ellos están dotados, por naturaleza, de la dignidad en que tales derechos funda.
La jurisprudencia del TS y la doctrina del TC, referida básicamente al derecho al honor, han sido confusas y vacilantes.
El TS comenzó reconociendo ese derecho las personas jurídicas, pero modificó su doctrina aparte de algunas decisiones del TC que negaron que las personas jurídicas tuvieran derecho al honor.
con posterioridad, el TC ha afirmado que también a las personas jurídicas pueden corresponder tales derechos.
Naturaleza Hemos venido considerando los derechos de la personalidad como derechos subjetivos, con una vertiente civil más o menos importante, según los casos.
Esta opinión es el mayoritario la doctrina, aunque siempre va seguida de la advertencia de que nos encontramos ante unos derechos subjetivos peculiares, en razón tanto de su objeto, tan íntimamente ligado al ser de la persona, como de sus caracteres y contenido, en los términos que iremos viendo.
La opinión mayoritaria puede apoyarse actualmente sobre bases suficientemente sólidas: - En primer lugar, la reiterada configuración legal de la categoría como verdaderos derechos En segundo lugar, en cuanto tales derechos responden, en sus rasgos fundamentales, al concepto convencional de derecho subjetivo: en efecto, éste puede ser conceptuado como un ámbito de poder concedido a una persona sobre una objeto.
Pues bien, en el caso de los derechos de la personalidad, tal ámbito de poder existe, aunque es de contenido fundamentalmente negativo y consiste en la facultad de excluir la actuación de los demás en relación con el objeto protegido.
Sin embargo, no existe un verdadero poder de disposición del titular en relación con dicho objeto.
Derecho objetivo: recae sobre la misma persona. Un interés material necesitado. No se trata tanto del derecho en sí, sino del interés que yo tengo en mi derecho a la intimidad, honor.
Derecho subjetivo: titulares de este derecho son las personas físicas. Emanan de la persona. También ahora se están otorgando a las personas jurídicas (hace referencia al prestigio) Caracteres La nota distintiva de los derechos de la personalidad, que justifica su consideración como derechos subjetivos peculiares, no asimilables a ningún otro, es su vinculación al esfera más inmediatamente personal del ser humano.
Algunos caracteres comunes de estos derechos son: A) Inherentes al ser humano.
In herencia que es reconducible al artículo 10 CE, cuando establece como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social “la dignidad de la persona y los derechos inviolables que les son inherentes” Derechos inherentes al ser humano, quiere decir que se tienen por el mero hecho de pertenecer a la especie humana.
a) Son derechos innatos u originarios en cuanto se adquieren como consecuencia del hecho de ser hombre.
b) Se trata de derechos no transmisibles, por ser inseparables de la persona a la que pertenecen.
De aquí resulta también, que son inexpropiables e inembargables y que no cabe en relación con ellos el ejercicio de la acción subrogatoria.
c) Son derechos imprescriptibles, lo que quiere decir que no se extinguen, como tales derechos, por falta de ejercicio.
“ su goce es continuo, mientras no hay agresión o intromisión ilegítima”.
B) Son derechos absolutos. Oponibles frente a todos, ya sean particulares, ya poderes públicos.
Sin embargo, no son ilimitados, “ pues están sujetos, como los demás derechos, a sus propios límites intrínsecos y a los límites extrínsecos derivados de la existencia y protección de los derechos y libertades de los demás” C) Son derechos Extrapatrimoniales, en cuanto los bienes que se protegen son radicalmente personales y carecen de contenido patrimonial.
Ello no obsta a que uno de los mecanismos más característicos de reacción frente a la vulneración de estos derechos, desde punto de vista civil, sea la concesión de una indemnización pecuniaria al titular del derecho lesionado, a fin de compensar el perjuicio que le ha causado la lesión.
D) Indisponibles e irrenunciables. El titular del derecho no puede disponer por completo del mismo, desde el punto de vista jurídico, ni para transmitirlo definitivamente, en su globalidad, a otra persona ni para extinguir lo por medio de renuncia.
Lo anterior no quiere decir, que el titular de un derecho de la personalidad carezca, en todo caso de cualquier facultad jurídica de disposición en relación con ese derecho.
Es habitual admitir la existencia de una personalidad parcial o limitada, cuyo alcance es variable según el derecho que se trate: muy escasa tratándose del derecho la vida, más amplia, pero todavía restringida, en relación con la integridad física o el honor y ya en mayor alcance cuando los afectados son los derechos a la intimidad ya la propia imagen.
2.- VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Derecho a la vida El derecho a la vida “ constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”.
Se encuentra consagrado en el art. 15 CE. Es por tanto, un derecho fundamental, desde punto de vista constitucional.
Su protección es fundamentalmente penal, por medio de la tipificación del homicidio y sus formas (arts. 138 y ss CP) y del aborto (arts. 144 y ss CP) Tiene también una cierta relevancia civil la cuestión relativa al papel de la voluntad del titular del derecho, en relación con el ámbito mismo ¿hasta dónde tiene una persona, desde el punto de vista jurídico, poder de disposición sobre su propia vida? Respuesta de nuestro ordenamiento “ no admite que el individuo pueda decidir sobre su propia vida, poniendo fin a la misma”.
El TC ha declarado que “ tiene … El derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”.
El art. 143 del Código penal castiga tanto la inducción como la cooperación al suicidio y a la eutanasia –con atenuantes en las penas en algún supuesto de eutanasia pasiva–. Por otro lado, el TC ha rechazado hablarse de un derecho constitucional a la propia muerte, susceptible de ser violado por una asistencia médica coactiva.
Enlaza con esta problemática lo relativo a la asunción voluntaria, incluso a la mediante vínculo contractual, de actividades que ponen en peligro su propia vida.
TC: “una manifestación del agere licere (actuar lícitamente), en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto o que la ley no prohíbe” DÍEZ- PICAZO no suele aparecer problema cuando el riesgo de la vida se acomete por motivos altruistas o patrióticos; sin embargo, si surgen problemas cuando el riesgo es consecuencia de un contrato en el que la persona se obliga a realizar prestaciones que llevan implícito ese riesgo, como las carreras automovilísticas o el salto en paracaídas.
Por último, reseñar que el derecho a la vida no está protegido únicamente por la Constitución Española, sino también a nivel internacional, presidiendo los llamados Derechos de Primera Generación. Se halla también reconocido en numerosos tratados internacionales que exigen que todo ordenamiento jurídico respete este derecho fundamental.
Derecho a la integridad física Como en el caso del derecho a la vida, se encuentra consagrado constitucionalmente en el art.
15 CE y su principal protección es la ofrecida por el código penal en sus artículos 147 y ss (delito de lesiones) y 157 y ss (delito de lesiones al feto).
También como en el caso anterior, la reacción civil por excelencia frente a la violación de este derecho está constituida por la reparación de los derechos y perjuicios ocasionados al titular del derecho por dicha violación. (Art. 1902 cc) Se plantea de nuevo aquí la cuestión de la capacidad jurídica de disposición de una persona, en relación con su propio cuerpo. A falta de disposiciones generales de carácter civil, es el código penal el que ofrece los datos más relevantes para dar solución a la cuestión planteada.
La regla General vuelve a ser la de la negación de la existencia de un derecho absoluto a disponer sobre las partes del cuerpo: así se deduce del art. 155 CP, en cuya virtud del consentimiento del lesionado no exime de responsabilidad penal, aunque sí suaviza las penas previstas.
Junto a ello, hay que señalar que nuestro ordenamiento admite un cierto poder de disposición sobre la integridad corporal, en casos y por causas considerados como justificados: básicamente, intervenciones quirúrgicas por razones terapéuticas o estéticas, trasplantes, esterilizaciones y cirugía transexual (art.156 CP).
De acuerdo con esto, cabe disponer limitadamente del propio cuerpo : - En beneficio propio, bien por razones terapéuticas o estéticas. Aquí cabría incluir también la esterilización y la cirugía transexual, habitualmente ligadas al libre desarrollo de la personalidad, en su concepción más difundida.
- En beneficio de otro, principalmente por razones también de orden terapeútico: es el caso de donación de órganos, tejidos o fluídos corporales (sangre, médula ósea).
Existe una compleja regulación de esta materia, de donde marcadamente administrativa: - Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos.
- R.D 2070/1999, de 30 de diciembre, regulador de las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos.
Reglas de transcendencia civil, que parecen regir con carácter General en esta materia: I.
Que la extracción de órganos de cuyo trasplantes se trata sea compatible con la vida, y su función pueda ser compensado de forma adecuada y suficientemente segura por el organismo del donante. En caso de donación de sangre o componentes sanguíneos, la donación no ha de ser perjudicial para la salud del donante ni para la del receptor.
Que el donante haya emitido un consentimiento libre y suficientemente informado.
Se hace emite limitadamente que menores, incapaces o incapacitados puedan donar residuos quirúrgicos o progenitores hematopoyéticos u otros tejidos o grupos celulares reproducible es cuya indicación terapéutica sea o pueda ser vital para el receptor, en cuyo caso consentimiento será otorgado por su representante legal.
Cuando se trata de obtención de células y tejidos de una persona activa para usarlos en ella misma y para el mismo caso de personas menores de edad, incapaces naturales o incapacitados, el consentimiento se ha prestado por su representante legal.
Que la donación sea gratuita, sin perjuicio de compensar, en su caso, los perjuicios que pueda haber experimentado el donante.
Libera revoca habilidad del consentimiento en cualquier momento anterior a la donación o a la obtención del tejido o células, con explícita de exclusión que cualquier indemnización que pueda proceder de dicha revocación.
3 supuestos básicos: Extracción de órganos de persona viva. Se exige: -Que sea a título gratuito: la ley se ocupa de la recuperación del donante.
-Que el destino del órgano extraído sea su trasplante a una persona determinada y con fines terapéuticos y no estéticos.
-Debe tratarse de un órgano cuya extracción sea compatible con la vida del donante sin disminuir gravemente su calidad de vida.
-El donante debe ser mayor de edad salvo en los casos de médula ósea, en cuyo caso, el consentimiento lo da el representante legal.
-Que, previa información de las consecuencias de la operación, se consienta por escrito ante el juez encargado del registro.
-Entre la firma del documento y extracción del órgano, transcurran al menos 24 horas, pues es razonable pensar que el donante quiera revocar su consentimiento.
-La extracción se debe hacer en un centro médico autorizado.
2. Extracción de órganos de personas fallecidas. Se exige: -Se exige que sea a título gratuito.
-Que tenga fines terapéuticos o científicos.
-Que no conste negación expresa (es decir, que el fallecido no haya pedido anteriormente que no le extrajesen sus órganos).
-En caso de menores de edad o incapacitados, el art. 10 del Reglamento dice que la oposición podrá hacerse por los que hayan sido en vida los representantes legales.
-Si el fallecimiento ha sido por accidente, se requiere la autorización del juez.
-Que sea en un centro sanitario autorizado.
3.Trasplante de órganos.
Se exige que previa información médica de las características y las consecuencias de la intervención, el receptor o su representante legal consientan por escrito, firmando un documento, el cual debe estar también firmado por los médicos responsables del trasplante.
Una última ley que está relacionada con la integridad física es la ley de garantías y uso racional de medicamentos de 26 de julio de 2006, que regula situaciones en las que una persona se somete a un ensayo clínico.
3.- HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN: Caracteres y Régimen.
Los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, estrechamente emparentados, constituyen el núcleo de los derechos de la personalidad de la esfera espiritual.
Estos 3 derechos son objeto de tratamiento conjunto en el art. 18.1 CE “se garantiza el derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
art.18.4 CE se remite a la ley para garantizar el honor y la intimidad personal en el uso de la informática.
Art. 20.4 CE establece como límites expresos de los derechos de expresión e información estos 3 derechos.
En desarrollo de este precepto constitucional, se promulgó la ley orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen (LOPDH). Esta ley constituye el instrumento fundamental de protección de los mencionados derechos, desde el punto de vista civil. Junto a ella, deben también ser mencionadas la LO. De 26 de marzo de 1984, sobre el derecho de rectificación(LODR), y la LO. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP).
Así como otros derechos fundamentales recogidos la constitución, por su propia naturaleza, han de ser garantizados fundamentalmente diferente a la actuación de los poderes públicos (aunque quepan también violaciones procedentes de tus particulares), en el caso de los derechos que ahora nos ocupan las violaciones más habituales proceden de otros particulares.
De ahí que los mecanismos civiles de protección desempeñan, junto con los penales, un papel fundamental en su garantía y protección. Es más, en el caso de estos 3 derechos, el recurso de amparo ante el TC denuncia, habitualmente, violaciones imputables al poder judicial, cuando resuelve definitivamente demandas de protección al honor, intimidad o la propia imagen, formuladas por un particular frente a otro.
Junto a la protección civil, desempeña también un papel relevante la protección penal, prestada fundamentalmente a través de la tipificación de los delitos contra la intimidad del derecho la propia imagen (artículos 197 y ss CP) y de los delitos contra el honor (calumnias e injurias: artículos 205 y ss del CP).
Por último, en la medida en que se trata, desde el punto de vista constitucional, de derechos fundamentales, su vulneración puede ser denunciada ante el TC. Mediante recurso de amparo.
Ello incluye, como ya ha dicho, la posibilidad de recurrir en amparo las resoluciones de la jurisdicción ordinaria que ponen fin a una demanda por la lesión de alguno de estos derechos causados por un particular, imputando así a dicha resolución la violación de derechos fundamentales denunciada.
Concepto y caracterización La LOPDH. O no define que ha de entenderse por honor, intimidad personal y familiar, o propia imagen.
Existe ya, una nutrida jurisprudencia, tanto del TC, como de el TS, que permite perfilar suficientemente en los respectivos conceptos.
a. Derecho al honor Es habitual, en la jurisprudencia del TS, distinguir dentro del derecho al honor un aspecto subjetivo o inmanente (estima de la persona hacia sí misma, sentimiento de la propia dignidad) y otro objetivo o trascendente (estima de los demás hacia esa persona, reconocimiento que los demás hacen de nuestra propia dignidad) Un reflejo de la distinción puede encontrarse ahora en el art. 7.7 LOPDH, redactado por la LO.
De 23 de noviembre de 1995, que considera intromisión ilegítima a la “ imputación de hechos o la manifestación de juicios de Valor a través de las acciones o expresiones que de cualquier modo lesione la dignidad de otra persona, menos cavando su fama (aspecto subjetivo) o atentando contra su propia estimación (aspecto subjetivo)” Sin embargo, la doctrina más reciente del TC, acentúa el aspecto objetivo (estima de los demás), como el más propio de este derecho.
Una ulterior distinción es la que diferencia entre el honor, en sentido estricto o y el prestigio profesional. Se trata, al decir de la jurisprudencia, de conceptos diferentes, pero mutuamente implicados, hasta el punto de que, en ocasiones, los ataques al prestigio profesional (inicialmente no cubiertos por la protección específica del derecho al honor) pueden ser considerados, por su alcance y circunstancias, como lesiones al derecho al honor. En este sentido se pronuncia el TC, cada vez más decididamente.
El TC. o ha advertido, por último, que el contenido concreto del derecho al honor depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento.
b. Derecho a la intimidad Al decir del TC, el derecho a la intimidad “implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente al acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de vida humana” Esta descripción contempla el aspecto negativo (y más tradicional) del derecho intimidad, consistente en la facultad de excluir cuanto atañe a la propia persona de la acción y conocimiento o ajenos.
Junto a él se habla más moderadamente de un aspecto positivo, que consistiría en el “control por su titular de los datos e información relativos a la propia persona”. La presencia de este aspecto positivo es, precisamente, la que permite a su titular una cierta capacidad de disposición en relación con su intimidad.
El derecho la intimidad e incluye tanto la llamada intimidad corporal, como los datos económicos o bancarios de la persona, aunque ninguno de los dos casos con carácter absoluto.
Tanto el art.18 CE como la LOPDH. Se refieren no sólo a la intimidad personal, sino también a la familiar. Con ello al legislador parece referirse no tanto a un eventual derecho intimidad correspondiente al grupo familiar, cuanto a la determinación de un ámbito o de intimidad no propiamente personal, sino derivado de la especial relación de proximidad que media entre los componentes de la familia, que hace que la esfera de intimidad de cada uno de ellos integre un ámbito común de intimidad, ha calificado como familiar.
c. Derecho a la imagen También en este caso se distingue entre un contenido positivo y otro negativo de este derecho.
El contenido negativo consiste en la facultad de impedir que terceras personas obtengan, reproduzcan o divulguen la imagen de una persona sin su consentimiento.
El contenido positivo otorga al propio sujeto la facultad de decidir acerca de la reproducción y divulgación de su imagen, lo que incluye la posibilidad de comerciar con ella.
La STC 81/2001, de 26 de marzo, afirma que “ el derecho a la propia imagen consagrado en el art. 18.1 CE se configura como un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto o qué derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la abstención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad, informativa, comercial, científica, cultural … Perseguida por quien la capta o difunde” El art.7.6 LOPDH parece incluir dentro del ámbito protegido por el derecho a la imagen, una cierta defensa de la identidad personal, al considerar intromisión ilegítima en el ámbito protegido por la ley “ la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”.
Lo que se considera lesivo en este caso, es la apropiación o utilización comercial de la identidad de una persona, a través del empleo diferentes formas de identificar la: el nombre, la voz o la imagen.
Caracterización El art. 1.3 LOPDH. Califica estos derechos como irrenunciables, inalienables el imprescriptibles y dispone que “la renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el art. 2 de esta ley” 4.- LA INTROMISIÓN, EL CONSENTIMIENTO Y LA PROTECCIÓN Delimitación legal del ámbito de protección La LOPDH, “ da un tratamiento conjunto y unitario a los tres derechos de que se ocupa, sin otra distinción que la que haya en la mención casuística que hace en las intromisiones ilegítimas que tipifica” La delimitación del ámbito de protección no se organiza, por tanto, entorno cada uno de los derechos protegidos, sino que pivota en torno a la idea de intromisión ilegítima.
A tal efecto, la ley establece algunos criterios genéricos relativos a la delimitación esfera protegida (art.2.1) y a continuación, ofrece criterios conforme a los cuales quepa cualificadas una intromisión como legítima o ilegítima.
Estos criterios son, por un lado, positivos (relación de supuestos típicos de intromisión ilegítima: art.7) y por otro, negativos (causas de exclusión de carácter ilegítimo de una intromisión o supuestos no constitutivos de intromisión ilegítima: artículos2.2 y concordantes y 8) Delimitación funcional del ámbito de protección Dispone el artículo 2.1 LOPDH. Que la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí mismo o su familia.
Los criterios de delimitación son tres (ley, usos sociales y actuación del titular de los derechos).
Los dos primeros de carácter objetivo y de índole subjetiva el tercero.
a) El primero de los criterios (las leyes) que sirven para delimitar el ámbito protegido es legal.
Está constituido fundamentalmente por la propia LOPDH aunque también cabría mencionar tanto o la LOPDCP como la LO de 4 de agostó de 1997, por la que se regulan la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad de los lugares públicos.
Se observa en todo caso, que debe tratarse de leyes orgánicas, debido al carácter de derechos fundamentales que incumbe a estos derechos y a las garantías establecidas constitucionalmente para protegerlos.
b) El segundo de los criterios o los usos sociales.
De esta manera se hace depender el alcance de la protección, y la determinación de las conductas lesivas, de las convicciones sociales imperantes al resto.
Se trata de adecuar la protección a lo que socialmente se considera digna de ella, es decir, que no se considera jurídicamente lesivo lo que no es considerado lesivo socialmente.
En todo caso, debe tratarse de usos no discriminatorios, ni de consecuencias contrarias a los fines del ordenamiento.
c) Se menciona, por último, “el ámbito o que por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí mismo o su familia”.
“ es cada persona la que con su conducta establece el nivel de su reputación o el círculo de su privacidad”.
También en relación con este criterio se ha propuesto una interpretación restrictiva, a fin de evitar que su utilización acabe por desembocar en una excesiva reducción, o incluso, desaparición, del ámbito de protección, derivada de la falta de reacción frente a las eventuales vulneraciones de los derechos.
La tipificación legal de los supuestos de intromisión ilegítima El art.7 LOPDH. contiene una enumeración de supuestos que tendrán la consideración (legal) de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado genéricamente por el art.2.
Se trata de una enumeración no exhaustiva, de manera que caben intromisiones ilegítimas distintas de las expresamente enunciadas en el art.7 Como es habitual en ella, la LOPDCP no organiza el listado de intromisiones ilegítimas a partir de los derechos protegidos, sino que efectúa una mera enumeración, sin atender a criterio organizador o clasificadora alguno.
Sin embargo, las intromisiones ilegítimas tipificadas por el mencionado art.7 pueden ser conducidas a alguno de los derechos que la ley protege:   Son intromisiones ilegítimas en el derecho al honor: ◦ “La divulgación derechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre” (art.7.3).
Aquí se vulnera no sólo el derecho al honor, sino también a la intimidad personal y familiar.
◦ “ la imputación de hechos o la manifestación de juicios de Valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesione la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” (art.7.7) Son intromisiones ilegítimas el derecho intimidad personal y familiar: ◦ “ el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio acto para gravar o reproducir la vida íntima de las personas” (art. 7.1) ◦ “La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para de conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción” (art. 7.2) ◦ “La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo” (art. 7.3). Aquí cabe identificar también violación del derecho al honor.
◦ “La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional o u oficiales de quien los revela” (art.7.4)  Constituyen intromisiones ilegítimas al derecho a la propia imagen: ◦ “La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona lugares o momentos de su vida privados o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el art. 8.2” (art. 7.5) ◦ “La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga” (art. 7.6) Delimitación negativa: las intromisiones legítimas en el ámbito protegido Los artículos 2.2 y 8 LOPDH contemplan algunos casos en los cuales la intromisión en el ámbito protegido, tal y como resulta en los artículos 2.1 y 8 de la misma ley, no merecerá la consideración de legítima.
Entre ellos, quien especial relevancia el consentimiento expreso del titular del derecho, que será objeto de consideración detenida inmediatamente.
Además, la ley establece lo siguiente supuestos, en los que la intromisión no es ilegítima: 1º Cuando la intromisión estuviera expresamente autorizada por la ley (art. 2.2) o cuando haya sido acordada o autorizada por la autoridad competente de acuerdo con la ley (art. 8.1) 2º Cuando predominio un interés histórico, científico o cultural relevante (art. 8.1) 3º Dispone también el art. 8.2 que el derecho a la previa imagen no impedirá: i.
“Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capta durante un acto público o en lugares abiertos al público” ii.
“La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social” iii.
“La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público, cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria” Especial consideración del consentimiento del titular del derecho No cabe apreciar intromisión ilegítima en el ámbito protegido por la ley cuando el titular del derecho la hubiese consentido expresamente (art.2.2 LOPDH) La ley exige que el consentimiento se expresó, con lo que se concluye el consentimiento presunto, pero no el tácito: en todo caso, ha de ser inequívoco.
No se exige que el consentimiento o se ha escrito, ni que se anterior a la intromisión: puede ser simultáneo o posterior.
Cuando el titular del derecho es un menor de edad o un incapaz, el contenido “deberá ser prestado por ellos mismos se sus condiciones de madurez lo permiten”. O sea no es así, “el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del ministerio fiscal el consentimiento o proyectado.
Sí en el plazo de ocho días el ministerio fiscal se opusieron, resolverá el juez”.
De acuerdo con el artículo4.3 LOPJM, el consentimiento del menor o de sus representantes legales no será suficiente para excluir el carácter ilegítimo de la intromisión, cuando se trate de la utilización de su nombre o imagen en los medios de comunicación y pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o ser contraria a los intereses del menor. Sí parece que será bastante, en cambio, la autorización judicial, en caso de haberse opuesto el ministerio fiscal, cuando le fue comunicado el consentimiento proyectado.
Por último, dispone el artículo 2.3 que “el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento , pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas” 5.- LA TUTELA CIVIL DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN.
Procedimientos Dispone el art. 9.1 LOPDH que “la tutela judicial frente a las intromisiones legítimas en los derechos a que se refiere la presente ley podrá recabar se por las vías procesales ordinarias, o por el procedimiento previsto en el art. 53.2 CE. También podrá acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el TC ” Contenido de la protección (importante) De acuerdo con el art. 9.2 LOPDH, la acción ejercitada por el titular del derecho lesionado puede tener las siguientes finalidades, no incompatibles entre sí: - El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior.
- Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.
- La indemnización de los daños y perjuicios causados - La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos. (Todo ello, sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad) Entre las medidas a adoptar para obtener el restablecimiento del derecho vulnerado, la ley recoge expresamente el reconocimiento del derecho a replicar (que enlaza con el derecho de rectificación), la difusión de la sentencia y el derecho a la indemnización de los perjuicios causados.
Caducidad Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caduca pasados 4 años desde que el legitimado puedo ejercitar las (art.9.5 LOPDH) El conflicto entre los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las libertades de expresión e información El ejercicio de las libertades de expresión e información, garantizadas constitucionalmente (art.20) puede entrar a fácilmente en conflicto o con los derechos al honor, intimidad y la propia imagen. El legislador constitucional fue consciente de ello, que incluyó en el art.20 un número 4 conforme al cual dichas libertades tienen sus límites “especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” Los conflictos, en efecto, se han producido con abundancia, y han dado lugar a una copiosa jurisprudencia del TC, que ha consolidado una doctrina suficientemente estable en torno a las no fáciles relaciones entre los derechos y las libertades de que venimos hablando. La doctrina puede resumirse: A. Desde sentencia 12/1982, de 31 de marzo, el TC ha afirmado el Valor prevalente de las libertades de información y expresión sobre los derechos al honor, intimidad y la propia imagen.
B. Esta prevalencia, sin embargo no opera siempre igual, de manera que no se puede considerar preponderantes en todo caso las libertades de que veníamos hablando sobre los derechos analizados. Antes, el TC señala que es preciso efectuar una ponderación casuística entre las libertades y los derechos, a fin de determinar, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, sea la actuación de quien emitió la información o la opinión se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido constitucionalmente, o sea sea transgredido ese ámbito La STS de 13 abril 2011 aclara que por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.
C. El TC distingue, a estos efectos, entre las libertades de expresión y las de información.
La primera tiene un campo de acción más amplio, en cuanto las opiniones o ideas no son susceptibles de un juicio de veracidad: su único límite lo constituye la ausencia de expresiones injuriosas no relacionadas con las ideas o u opiniones que se expongan, e innecesarias para dicha exposición.
La segunda, en cambio, tiene como requisito característico la veracidad de la información. En ocasiones será difícil separar, en un texto, los elementos informativos de los valorativos, en cuyo caso habrá que atender al elemento predominante.
D. En concreto, la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto (“ expresiones claramente ofensivas, y necesarias para la información que transmitía que inútilmente vejatorias”), que no tiene nada que ver con la crítica y se coloca fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libre expresión: estamos, por tanto, ante una vulneración del derecho al honor.
E. Por lo que respecta al libertad información, el TC ha establecido fundamentalmente tras requisitos, para estimarla preferente respecto a los derechos al honor, intimidad y la propia imagen: 1) Que se trate información veraz, lo que supone, no una absoluta garantía de que la información es cierta, sino la exigencia de que el informador desarrolló una conducta dirigente de la comprobación de la veracidad de los hechos.
2) Que se trate de una información con relevancia pública, ya sea por el carácter público de la persona la que se refiere, o por el hecho en sí mismo.
3) Que lo informado sea de interés público, de manera que quepa identificar un interés legítimo de la opinión pública en dicha información.
6.- LA PROTECCION DEL HONOR Y LA INTIMIDAD FRENTE AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Planteamiento y reglas generales Dispone el artículo 18 CE que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio sus derechos” A falta de desarrollo legal, el TC en su Sentencia 254/1993 estableció, con fundamento en el art. 18.4 CE: 1) la existencia de un derecho a obtener información en relación con los ficheros automatizados dependientes de Administraciones Públicas.
2) toda la información que las Administraciones Públicas recogen y archivan ha de ser necesaria para el ejercicio de las potestades que les atribuye la ley, y ha de ser adecuada para las legítimas finalidades previstas por ella.
Los datos que se refieren a nuestra persona, incluso aquellos conocidos por muchos y que podrían ser divulgados lícitamente en sí mismos sin lesión de nuestra intimidad ni honor, no pueden recibir un tratamiento automatizado sin nuestro consentimiento, han de permanecer permanentemente bajo el control de nuestra voluntad.
La Ley protege todos los datos de carácter personal, y no sólo los que afectan más directamente al honor o la intimidad, sino "cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables".
Principios rectores Los establece la LOPDCP en sus arts. 4 y siguientes. De entre ellos cabe destacar, muy resumidamente: 1) Los datos recogidos y sometidos a tratamiento automatizado han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se han recogido, sin que puedan ser usados para finalidades incompatibles.
Se garantiza además la exactitud y veracidad de los datos, su cancelación cuando ya no sean necesarios o pertinentes para la finalidad que determinó su obtención y el derecho de acceso. Se prohíbe, por último, la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
2) Se establece el derecho de información en la recogida de datos, cuyos extremos se concretan en el artículo 5.1: existencia del fichero o tratamiento, finalidad de la recogida, destinatarios de información, carácter obligatorio facultativo de la respuesta … Tal información deberá ser proporcionada aunque los datos no hayan sido recabados del interesado 3) Se precisa el consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que le afecten, consentimiento que es revocable con justa causa y sin efectos retroactivos.
4) Se someten a un régimen de protección reforzada los datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, raza, salud y vida sexual, así como los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas.
5) Se establece el deber de secreto y custodia a cargo del responsable del fichero y de todos cuantos intervengan en cualquier fase del proceso de tratamiento de los datos; deberes estos que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular o el responsable del fichero.
6) Se regula la seguridad de los datos (art.9), así como la comunicación de los datos (art.11) ...
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