Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-q-28-de-junio-25-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204155eef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-08-18 12:47:10
Document Index: 231222657

Matched Legal Cases: ['artículo 310', 'artículo 130', 'artículo 309', 'artículo 331', 'artículo 310', 'artículo 331', 'artículo 309', 'artículo 348', 'artículo 183', 'artículo 39']

AUTO Q-28 DE 25 DE JUNIO DE 1996
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA. TÉRMINO PARA INTERPONERLO.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:296 DE AGOSTO DE 1996, PÁG.940
Ref.: Expediente Q-028. Demandante Durán Muñoz y Compañía Ltda. Recurso de queja
Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis.
Decide la Sala acerca del recurso de queja interpuesto por la parte demandada, Distrito Especial de Santafé de Bogotá, para que sea concedido el recurso extraordinario de súplica presentado contra la sentencia de 17 de agosto de 1995 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 22 de agosto de 1991 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictó la suya de 17 de agosto de 1995, revocatoria de la anterior.
Esta sentencia fue notificada por edicto fijado durante los días 24, 25 y 28 de agosto de 1995.
La parte demandada, el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, por escrito presentado el 31 de agosto de 1995, solicitó la aclaración y corrección matemática de la sentencia.
El expediente pasó al despacho del consejero sustanciador del proceso el 4 de septiembre de 1995 y la solicitud fue denegada por auto de 14 de los mismos, notificado por estado fijado el día 19 siguiente.
Posteriormente, mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 1995, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de súplica contra la referida sentencia de 17 de agosto. El recurso fue rechazado por auto de 20 de octubre de 1995 bajo la consideración de que fue interpuesto extemporáneamente, siendo que el término para hacerlo había vencido el 4 de septiembre, esto es, cinco días después de la notificación de la sentencia.
Contra esta decisión interpuso la parte demandada el recurso de reposición y, en subsidio, solicitó la expedición de copias de algunas piezas del proceso. Para sustentar el recurso alegó la entidad demandada que el término para interponer el recurso extraordinario de súplica transcurrió inicialmente durante los días 29, 30 y 31 de agosto y 1 y 4 de septiembre de 1995; que dentro del término de ejecutoria de la sentencia solicitó su aclaración y corrección; que, más aún, el 4 de septiembre el expediente se encontraba en el despacho del sustanciador para el trámite de la solicitud, fecha en que por esa circunstancia no corrió término alguno; que la solicitud fue resuelta mediante auto de 14 de septiembre de 1995, notificado por estado del día 19 de los mismos; que entre la fecha en que inicialmente habría ocurrido la ejecutoria de la sentencia, dentro de la cual se solicitó su aclaración y corrección, y el 19 de septiembre de 1995, quedaron suspendidos los términos.
El recurso fue resuelto por auto de 30 de enero de 1996 en el sentido de no revocar el auto impugnado; se ordenó, así mismo, la expedición de las copias solicitadas. Para decidirlo así estimó la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo que, de acuerdo con la ley, el recurso extraordinario de súplica debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto o de la sentencia de que se trate; que la sentencia recurrida fue notificada por edicto fijado el 24 de agosto de 1995 por tres días, y que en tales condiciones el término para interponer el recurso corrió los días 29, 30 y 31 de agosto y 1 y 4 de septiembre de 1995; y que siendo que el recurso fue presentado el 26 de septiembre de ese año, lo fue en forma extemporánea. Termina la providencia diciendo que la solicitud de corrección de errores aritméticos no interrumpe la ejecutoria de la sentencia, ya que puede intentarse en cualquier tiempo, según lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil; y que aunque la recurrente también solicitó la aclaración, esta solicitud, en la forma propuesta, carecía de toda seriedad.
La parte demandada interpuso el recurso de queja alegando, en síntesis, que su escrito de 31 de agosto de 1995 tuvo la virtualidad de interrumpir la ejecutoria de la sentencia, de manera que una vez se decidiera acerca de lo solicitado “se retomaba el respectivo cómputo”, además, dijo, el 4 de septiembre de 1995 el expediente se encontraba en el despacho del consejero sustanciador, por lo que no es cierto “que haya corrido esa fecha como factor del cómputo”.
Mediante sentencia de 17 de agosto de 1995, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 22 de agosto de 1991 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esa sentencia fue notificada por edicto fijado durante los días 24, 25 y 28 de agosto de 1995, fecha esta última en que quedó surtida la notificación, todo en conformidad con lo establecido en los artículos 323 y 324 del Código de Procedimiento Civil.
Ello indica que el término para interponer el recurso extraordinario de súplica, según lo dispuesto en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, habría vencido el 4 de septiembre de 1995, esto es, cinco días después de la notificación de la sentencia.
Pero, por escrito presentado el 31 de agosto de 1995, la parte demandada presentó solicitud de aclaración y corrección matemática de la sentencia.
Para decidir esa solicitud, pasó el expediente al despacho del Consejero sustanciador del proceso el 4 de septiembre de 1995.
La solicitud fue denegada por auto de 14 de los mismos, que fue notificado por estado del día 19.
Después, el 26 de septiembre de 1995, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de súplica contra la sentencia de 17 de agosto de 1995.
Ha de elucidarse, entonces, si el recurso fue oportunamente interpuesto o si, por el contrario, como se resolvió mediante los autos de 20 de octubre de 1995 y 30 de enero de 1996, lo fue extemporáneamente, porque el término para hacerlo había vencido el 4 de septiembre de 1995.
Pues bien, según lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, pueden aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella; también los autos podrán aclararse, de oficio o a petición de parte, dentro del mismo término.
Y según lo establecido en el artículo 331 del mismo código, las providencias quedan ejecu-toriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes o cuando quede ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, dice el mismo artículo, en caso de que se pida aclaración o com-plementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que resuelva la solicitud.
Entonces, y esta es la primera conclusión, las providencias quedan ejecutoriadas, si es el caso, cuando han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren proce-dentes; y siendo así que contra los autos interlocutorios y las sentencias de las secciones procede el recurso extraordinario de súplica dentro de los cinco días siguientes a su notificación, esas providencias son firmes cuando ha vencido ese término sin que se haya deducido el recurso extraordinario de súplica, cuando es el caso.
La segunda conclusión a que se llega es que solicitada la aclaración de tales sentencias o autos dentro del término de su ejecutoria, esto es, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la providencia que resuelva acerca de la aclaración.
Finalmente, si dentro del término de ejecutoria del auto o de la sentencia puede deducirse el recurso extraordinario de súplica, y ese término es el de la ejecutoria del auto que resuelva la solicitud de aclaración, es claro que dentro del mismo término puede interponerse el recurso extraordinario de súplica.
Por lo demás, es claro que el recurso extraordinario de súplica dependerá en muchos casos de la aclaración que se haga, y la providencia no es definitiva sino después de resuelta la solicitud de aclaración, lo que indica también que sólo a partir de la notificación de la providencia que resuelva acerca de la solicitud de aclaración ha de correr el término de que disponen las partes para recurrir.
Para el caso, entonces, siendo que el auto de 14 de septiembre de 1995, mediante el cual se resolvió denegar la aclaración solicitada, fue notificado por estado de 19 de los mismos, y siendo también que el recurso fue interpuesto el 26 de septiembre de 1995, es decir, dentro de los cinco días siguientes a la notificación o, mejor, dentro del término de ejecutoria, lo fue oportunamente.
Finalmente cabe señalar que la solicitud de corrección de errores aritméticos no interrumpe la ejecutoria de la providencia de que se trate, pues tales errores pueden ser corregidos por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, como está dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto, habrá de concederse el recurso extraordinario de súplica deducido por la parte demandada, el Distrito Especial de Santafé de Bogotá, contra la sentencia de 17 de agosto de 1995.
Revócanse los autos de 20 de octubre de 1995 y de 30 de enero de 1996 dictados por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, denegatorios del recurso extraordinario de súplica deducido contra la sentencia de 17 de agosto de 1995 dictada por esa misma Sección.
En su lugar, se concede el recurso interpuesto.
Comuníquese esta decisión a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo para que remita el expediente respectivo a la Secretaría General, para la tramitación del recurso. En firme esta providencia, archívese el expediente. Notifíquese.
Joaquín Barreto Ruiz, Vicepresidente—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Germán Ayala Mantilla—Mario Alario Méndez—Julio Enrique Correa R.—Mirén de la Lombana de Magyaroff—Javier Díaz Bueno, con salvamento de voto—Clara Forero de Castro—Delio Gómez Leyva—Luis Eduardo Jara-millo M.—Alvaro Lecompte Luna, salvo voto—Carlos Arturo Orjuela G., con salvamento de voto—Juan Alberto Polo Figueroa—Libardo Rodríguez R.—Consuelo Sarria Olcos—Manuel Santiago Urueta A.
Con el respeto de siempre por las decisiones mayoritarias de la Sala, nos permitimos sintetizar nuestro disentimiento respecto del auto proferido en este asunto, así:
1. El auto mencionado establece una igualdad, que no compartimos y antes bien estimamos equivocada, entre lo que es el término de ejecutoria de las providencias judiciales, y el plazo para interponer los recursos extraordinarios. En efecto, se afirma en su parte motiva que
“... las providencias quedan ejecutoriadas, si es el caso, cuando han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes; y siendo así que contra los autos interlocuto-rios y las sentencias de las secciones procede el recurso extraordinario de súplica dentro de los cinco días siguientes a su notificación, esas providencias son firmes cuando ha vencido ese término sin que se haya deducido el recurso extraordinario de súplica”.
Y más adelante se sostiene que
“La segunda conclusión a que se llega es que solicitada la aclaración de la sentencia o del auto dentro del término de su ejecutoria, esto es, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la providencia que resuelva acerca de la aclaración”.
Es decir que se confunde la ejecutoria propiamente dicha, con el plazo para interponer el recurso extraordinario de súplica.
2. El artículo 331 del CPC, aplicable por analogía (modificado por el Decreto 2282 de 1989, reforma 155), reza lo siguiente:
“Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos y han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
Las sentencias sometidas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta”.
3. Así las cosas, es obvio que la aclaración a que se refiere el artículo 309 del mismo estatuto procesal civil debe pedirse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia; vencido este término, la solicitud resulta extemporánea, y el auto o sentencia quedan ejecutoriados, pese a que sean susceptibles del recurso extraordinario de súplica, que sí puede interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a esa notificación. Empero, el auto del cual nos apartamos dice que esa aclaración puede pedirse dentro de los mismos cinco (5) días que señala la ley para interponer el recurso extraordinario de súplica, lo cual no es cierto.
4. En ese orden de ideas, la providencia objeto de nuestros reparos conduce a la tesis de que ningún auto interlocutorio o sentencia quedan ejecutoriados sino pasados los cinco (5) días del plazo para interponer el recurso extraordinario de súplica, lo que en nuestra opinión es equivocado, pues que una característica de los recursos extraordinarios es, precisamente, la de su procedencia frente a providencias ejecu-toriadas, lo que no acontece con los recursos ordinarios, que por el contrario, proceden contra decisiones no ejecutoriadas.
5. Estimamos que esta confusión puede suscitar problemas serios frente al tema de la exigi-bilidad o no de las obligaciones contenidas en las providencias judiciales de lo contencioso administrativo sin razón alguna, porque en nuestro sentir el tenor literal de las disposiciones aplicables es claro, diáfano y preciso.
6. Con un propósito únicamente didáctico piénsese qué ocurre con recursos que tienen un término específico en la ley, como el de reposición (tres días según el artículo 348 del CPC —modificado por el Decreto 2282 de 1989, reforma 168—), o el de súplica (tres días según el artículo 183 del CCA —modificado por el artículo 39 del Decreto 2304 de 1989—); pues según la tesis prohijada en el auto citado, pese a que transcurriera dicho término, la providencia respectiva no estaría ejecutoriada sino al vencimiento del quinto día, lo cual es a todas luces errado.
Álvaro Lecompte Luna—Javier Díaz Bueno—Carlos Arturo Orjuela Góngora.