Source: http://www.franciscosantana.net/2014/10/
Timestamp: 2017-10-17 18:42:26
Document Index: 356129226

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 508', 'artículo 26', 'artículo 49', 'artículo 173', 'artículo 241', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 216', 'artículo 212', 'artículo 149', 'artículo 484']

1/10/14 - 1/11/14 ~ Jurídicas de Interés
viernes, octubre 31, 2014 Francisco Santana
"Solamente cuando haya un desacato por parte del patrono que genere la violación de los derechos constitucionales del trabajador, es que se hace posible la vía del amparo constitucional” (Sala Constitucional)
"...el 30 de mayo de 2013, la ciudadana Gregoria Josefina Hernández Graterol, debidamente asistida por la abogada Judith Ortíz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 116.519, ante el incumplimiento de la orden de reenganche y pago de salarios caídos, presentó acción de amparo constitucional ante la Unidad de Recepción y distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
El 6 de junio de 2013, el Juzgado Cuarto de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió el amparo ejercido, ordenando las respectivas notificaciones y, celebrada la audiencia constitucional, declaró inadmisible el amparo de conformidad con lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Contra dicha decisión, la representación judicial de la ciudadana Gregoria Josefina Hernández Graterol, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Juzgado Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante decisión dictada el 23 de septiembre de 2013, que declaró sin lugar la apelación interpuesta e inadmisible el amparo ejercido de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al estimar que “(…) en la actualidad fueron otorgadas facultades al Inspector de Trabajo para ejecutar las providencias por ellos emanadas” en virtud de lo dispuesto en el artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, siendo éste el fallo del que se solicita la presente revisión constitucional.
En base a ello, alegó la representación judicial de la ciudadana Gregoria Josefina Hernández Graterol que “(…) los actos de ejecución del procedimiento ya se realizaron y fueron agotados totalmente bajo la vigencia de la anterior Ley”, por lo que ante el agotamiento del procedimiento de multa y la insatisfacción de la pretensión la parte interesada interpuso el amparo constitucional contra la empresa Brillo Servicios, C.A., el cual a su decir, no debió ser declarado inadmisible, ya que “(…) es absolutamente necesario el permiso (sic) en la utilización del Recurso de Amparo Constitucional para hacer valer las Providencias de Reenganches y Pago de Salarios Caídos, pues de lo contrario los Justiciables estarían atados para hacer efectivo su derecho constitucional y tal obstáculo se traduciría en una actitud cómplice del Estado en la violación del Derecho Constitucional al Trabajo (…)”.
Improcedencia de la representación sin poder en el proceso penal. Juramentación del defensor técnico de la empresa. Lapso de oposición a las medidas de protección (Sala Constitucional)
jueves, octubre 30, 2014 Francisco Santana
"...los accionantes han fundamentado su pretensión de amparo, esencialmente, en los siguientes argumentos medulares:
a) Que la Sala nro. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia infringió el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no haber dictado una decisión expresa, positiva y precisa que resolviera todas las denuncias planteadas en la apelación.
b) Que la mencionada alzada penal vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el artículo 49 del Texto Constitucional, toda vez que ratificó la validez de una medida de protección dictada durante las vacaciones judiciales, contrariando la Resolución nro. 2011-0043 de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 39.733.
c) Que la presunta agraviante, en la sentencia hoy accionada en amparo, vulneró igualmente el derecho a la defensa y el debido proceso, toda vez que avaló la notificación que se le practicó -vía telefónica- a la sociedad mercantil 3M MANUFACTURERA VENEZUELA, mediante el cual se le comunicó a éste el contenido de la medida de protección acordada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Maracaibo.
d) Que la alzada penal también vulneró el derecho a la defensa del hoy quejoso, al impedirle injustificadamente el ejercicio de una representación prevista en la ley.
e) Que la Corte de Apelaciones accionada lesionó el derecho a la defensa, ya que no tomó en cuenta el término de la distancia a los efectos de la oposición a la medida de protección acordada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Con base en dichos argumentos, la parte actora peticionó lo siguiente: a) La admisión de la presente acción de amparo constitucional y su declaratoria con lugar en la definitiva; b) La declaratoria de nulidad de la sentencia dictada, el 10 de enero de 2012, por la Sala nro. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; c) La nulidad de la decisión del 3 de octubre de 2011, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, Extensión Maracaibo; d) La nulidad de la medida de protección acordada por dicho juzgado de control en fecha 23 de agosto de 2011.
Precisado lo anterior, debe esta Sala pasar a analizar si la sentencia accionada en amparo se encuentra o no ajustada a derecho, y a tal efecto se observa lo siguiente:
1. Respecto a la primera denuncia planteada por la parte actora en su escrito de amparo, referida a que la Corte de Apelaciones accionada no dictó una decisión expresa, positiva y precisa que resolviera todas las denuncias planteadas en la apelación, esta Sala debe reiterar que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros aspectos, el derecho de los justiciables a obtener una decisión fundada en derecho, así como el derecho a conocer las razones de las decisiones judiciales, es decir, a una decisión motivada. En virtud de tales derechos, y sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, el justiciable tiene la posibilidad de apreciar que la solución que se ha dado al caso concreto obedece a una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no a la arbitrariedad (sentencias 4.370/2005, del 12 de diciembre; 1.120/2008, del 10 de julio; 933/2011, del 9 de junio; y 153/2013, del 26 de marzo, todas de esta Sala).
La validez de una Convención Colectiva comienza a partir de su depósito. Sobre el alcance de la cláusula de retroactividad (Sala de Casación Laboral)
miércoles, octubre 29, 2014 Francisco Santana
"En el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que siguen las ciudadanas GUILLERMINA DEL CARMEN HÉRCULES, ADELAIDA LÓPEZ VILLALBAy SUSANA ROMERO GÓMEZ, representadas por los abogados Milena Mariela Pérez Rueda, José Ricardo Aponte y Roberto Alí Colmenares, contra la sociedad mercantil LABORATORIOS VARGAS, S.A., representada por los abogados Juan Carlos Varela, Liliana Salazar Medina, Emma Neher, Deyanira Rojas, Ricardo Alonso, Valentina Mastropasqua, Diana Bellorín, José Ernesto Hernández Bizot, Ángel Francisco Mendoza Quintana, Vanessa Eduviges Mancini Gutiérrez, Hadilli Fuadi Gozzaoni Rodríguez, Evelyn Del Valle Pérez Rojas y Daniela Arévalo, el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo por apelación de las dos partes, en sentencia publicada el 12 de noviembre de 2012, declaró parcialmente con lugar la apelación de la parte actora, parcialmente con lugar la apelación de la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, modificando la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 17 de abril de 2012, que declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra esta decisión, las dos partes anunciaron y formalizaron recurso de casación. Hubo contestación.
En fecha 14 de enero de 2013, se incorporaron a esta Sala previa convocatoria, el Magistrado Suplente Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas Suplentes Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, en virtud de haberse cumplido el período para el cual fueron designados los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, de acuerdo con lo previsto en los artículos 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 38 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, por lo que el 29 de enero de 2013 esta Sala de Casación Social ordena su incorporación quedando integrada por el Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Presidente; Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, Vicepresidenta; el Magistrado Octavio José Sisco Ricciardi y las Magistradas Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera.
En fecha 24 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala el expediente y correspondió la ponencia a la Magistrada Dra. SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS.
Mediante resolución N° 2014-0002, de fecha 13 de febrero de 2014, dictada por la Sala Plena de este Alto Tribunal, se crearon las Salas especiales de la Sala de Casación Social. En virtud de ello, se constituyó, para conocer la presente causa, la Sala Especial Cuarta, quedando integrada por la Magistrada Sonia Coromoto Arias Palacios, Presidenta y las Magistradas Accidentales Mónica Maylen Chávez Pérez y Bettys del Valle Luna Aguilera.
El 20 de octubre de 2014, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se celebró la audiencia oral, pública y contradictoria, todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
viernes, octubre 24, 2014 Francisco Santana
Consideraciones acerca del delito de calumnia (Sala Constitucional)
jueves, octubre 23, 2014 Francisco Santana
En primer lugar, es oportuno señalar que para el momento en que fue denunciado el accionante de autos por el delito de estafa, a saber, el 27 de marzo de 1996, el tipo de calumnia se encontraba previsto en el artículo 241 del Código Penal, y que, aun cuando en la última reforma de ese cuerpo legal efectuada en el 13 de abril de 2005 se alteró parte de la enumeración del articulado de ese instrumento legal, incluyendo la de ese delito, el cual, a partir de ese momento, se ubica en el artículo 240, no es menos cierto que el mismo ha mantenido idéntica redacción desde aquella oportunidad hasta la presente fecha y que está igualmente dispuesto entre los delitos contra la Administración de Justicia.
Actualmente, el artículo 240 del Código Penal, el cual se encuentra ubicado dentro del Capítulo III (“De la calumnia”), del Título IV (“De los delitos contra la Administración de Justicia”) del Libro Segundo del Código Penal, dispone lo siguiente:
Con relación a este delito, se ha afirmado que “...Para la elaboración del artículo 216 del Código Penal de 1897 [contentivo del tipo que hoy día se conoce en nuestro ordenamiento jurídico como calumnia] el legislador tomó como fuente el artículo 212 del Código Penal italiano de 1889...” (Código Penal: Fuentes/evolución legislativa/proyectos de reforma/doctrina/ jurisprudencia. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, vol. IV, Caracas, 1995, p. 371).
Al respecto, es lugar común en la doctrina patria reconocer la marcada influencia que tuvo el Código Penal italiano de 1889 (denominado también “Código Zanardelli”) en el Código Penal venezolano de 1897, la cual, a su vez, aun se ve reflejada, en considerable medida, en el Código Penal vigente, tal como efectivamente lo revela no sólo la estructura de este último, sino también, por ejemplo, la configuración del precitado tipo de calumnia, cuya ubicación dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, y cuya redacción, en líneas generales, guarda evidente similitud con aquella (en un sentido similar, Sosa Chacín, Jorge. Teoría General de la Ley Penal. Segunda edición, Liber, Caracas, 2000, p. 97, Mendoza Troconis, José. Curso de Derecho Penal Venezolano. Parte General. Librería Destino, s/f, p.123, entre otros).
martes, octubre 21, 2014 Francisco Santana
sábado, octubre 18, 2014 Francisco Santana
jueves, octubre 09, 2014 Francisco Santana
Plazo razonable para ejecutar el desalojo en materia inquilinaria (Sala Constitucional)
La decisión en donde consta el cómputo de la pena no puede ser tenida como una interlocutoria no sujeta a recurso de apelación (Sala Constitucional)
El 22 de julio de 2013, compareció ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la abogada María de las Nieves Rincón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 77.109, en su carácter de defensora del ciudadano RUDY QUIÑONEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.873.452, condenado por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, e interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 12 de marzo de 2013, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada, el 31 de enero de 2013, por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró sin lugar las observaciones al cómputo definitivo de la ejecución de la pena.
El 25 de julio de 2013, se dio cuenta del escrito en Sala y se designó ponente al Magistrado Doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
El 16 de octubre de 2013, esta Sala mediante sentencia N° 1347, admitió la acción de amparo constitucional interpuesta y ordenó realizar las notificaciones de ley.
ANTECDENTES DEL CASO
El 19 de octubre de 2012, el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia condenó por el procedimiento de admisión de los hechos al ciudadano Rudy Oscar Quiñonez Moreno, a cumplir una pena de diez (10) años de prisión por la comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, más las accesorias de ley.
El 14 de noviembre de 2012, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del mencionado Circuito Judicial Penal “[…]COMPUTA LAPSO DE TIEMPO DE LA PENA IMPUESTA, de conformidad a lo establecido en el artículo 484 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia determina que el penado en referencia cumplirá la condena establecida de la siguiente forma: 1) Cumplirá la PENA PRINCIPAL el día 26-04-2022; y 2) Cumplirá las tres cuartas (3/4) partes de la pena impuesta el día: 26-10-2019, fecha desde la cual optaran [sic] a la gracia de CONFINAMIENTO […]”.