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Timestamp: 2018-09-21 12:43:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 49', 'artículo 334', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 31']

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DERECHOS HUMANOS                                 AC 04/2015
AMICUS CURIAE No 08/2015 (VENEZUELA)
1.- Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
En relación con:   Juicio realizado por el Consejo de Guerra permanente de Caracas, al ciudadano RAUL ISAIAS BADUEL en la República Bolivariana de Venezuela.
El Comité Internacional sobre Detención Arbitraria fue creado en virtud de lo establecido en la Resolución 53/144 de fecha 8 de Marzo de 1999. El mandato voluntario de derechos del Comité Internacional fue aclarado y ampliado por la resolución 58/380 de fecha 18 de Septiembre de 2003. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Comité Internacional apoya e informa de manera voluntaria al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, al Consejo de Seguridad y a los Relatores de las Naciones Unidas, así como también a la Corte Penal Internacional; Las funciones y documentación de este Comité fueron Notificadas al Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 08 de marzo de 2006.
2. Siendo el Defensor de Derechos Humanos, un mandatario voluntario de derechos, independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, y tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos se esfuerza por proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos. Y estando autorizado por la Resolución A/RES/53/144, emanada de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 8 de Marzo de 1999 y en virtud de la Nota del Secretario General de fecha 18 de Septiembre de 2003, identificada como A/58/380, donde transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe presentado por la Sra. Hina Jilani, su Representante Especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, de conformidad con la resolución 57/209 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2002, donde en la sección III se hace hincapié en la importancia que tiene para la comunidad internacional, y para las Naciones Unidas en particular, la labor que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos indubitablemente reconocida mediante la Resolución: (AG/RES. 1818 (XXXI-O/01) “Defensores de Derechos Humanos en las Américas” apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las américas, (Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001), la cual conforme a las normas supra citadas, goza de credibilidad ante los organismos internacionales según se desprende del Informe de la Representante Especial de Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Defensores de los Derechos Humanos, presentado en cumplimiento de la Resolución 57/209 de la Asamblea General, en cuyo punto 48 se lee textualmente que los Defensores de los Derechos Humanos “…También aseguran a la comunidad internacional una visión independiente de lo que sucede en realidad en una situación de emergencia, y ofrecen información para el proceso de adopción de decisiones sobre las medidas que cabe adoptar. Esta labor puede ser un apoyo determinante no sólo para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y las autoridades gubernamentales más inmediatas interesadas, sino también para el Consejo de Seguridad y otros órganos…”. “…Los defensores y defensoras de los derechos humanos son los hombres y mujeres que actúan pacíficamente para promover y proteger los derechos humanos. Son valientes personas y grupos de todo el mundo. Abordan todos los motivos de preocupación en materia de derechos humanos, desde la tortura hasta el impacto medioambiental de los residuos tóxicos, desde la mutilación genital femenina hasta cuestiones de empleo. Defienden los derechos humanos en favor de mujeres, niños, lesbianas, gays, personas indígenas, bisexuales y personas transgénero (Transexuales), refugiados y desplazados internos, y minorías nacionales, religiosas o lingüísticas. Se enfrentan a la hostilidad de sus propios gobiernos, de las empresas multinacionales e incluso de sus propias familias y comunidades…En lo referente a la Corte Penal Internacional (CPI), el papel del Defensor Internacional de Derechos Humanos en las investigaciones y enjuiciamientos de la CPI es de extrema importancia. Los Defensores, tanto de derechos humanos como de derecho humanitario, son, por lo general, testigos de violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho humanitario. Dado que ellos son los que trabajan directamente con las poblaciones afectadas, tienen un contacto privilegiado con víctimas y testigos, y pueden también recolectar pruebas (véase el artículo 6 de la Resolución A/RES/53/144, emanada de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 8 de Marzo de 1999), de que tales violaciones han ocurrido. El Defensor Internacional de Derechos Humanos tradicionalmente documenta estos eventos de los cuales es testigo o es quien tiene el testimonio directo de los testigos. Por medio de su presencia y sus contactos en el terreno, el Defensor Internacional de Derechos Humanos tiene acceso privilegiado a información y a testimonios. Como tal, el puede ser una importante fuente de información para el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en muchas instancias: durante el análisis de la situación (para determinar si tales violaciones graves se han llevado a cabo), durante la investigación, y finalmente durante el enjuiciamiento de tal caso, sea por medio de la recolección de testimonio directo, por medio de otras formas de prueba, o hasta por medio de Amicus Curiae. (Amigo de la Corte).”
Bien lo ha descrito el eminente jurista Ecuatoriano Jorge Baquerizo Minuche, Profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: “Como bien apunta el profesor argentino VICTOR BAZÁN, los amicus curiae pueden constituir herramientas válidas e incidentales en la resolución de cuestiones controversiales que presenten significativos dilemas éticos o de otra índole, por ejemplo, de análisis constitucional de una normativa de importancia o sensibilidad pública, en que la decisión por recaer sea susceptible de marcar una guía jurisprudencial para otros casos pendientes. Asimismo, en asuntos en los que esté en juego un interés público relevante cuya dilucidación judicial ostente una fuerte proyección o trascendencia colectivas; en pocas palabras, temáticas que excedan el mero interés de las partes.
Dichas presentaciones no requieren necesariamente ser de carácter legal, pudiendo ofrecer otras perspectivas (histórica, económica, sociológica, etc.), no obstante de tener alguna incidencia jurídica. Tal vez por esto, existen doctrinantes que consideran que los amicus curiae constituyen el instrumento por el cual los otros interesados (esto es, aquellos que no son parte o no firman los escritos principales) acceden a la justicia para hacer oír su voz y sus argumentos.
Por otra parte, la interposición de amicus curiae publicita los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general decidida por el Poder Judicial, identificando claramente la posición de los grupos interesados y sometiendo a la consideración general las razones que el Tribunal tendrá presente al adoptar y fundar su decisión; por todo lo cual, esta figura posibilita ampliar la argumentación de una posición, convirtiéndose en un mecanismo de novedosa participación ciudadana.”
4.-Que la República Bolivariana de Venezuela (*) es un Estado Democrático que reconoce la Preeminencia de los Derechos Humanos Universalmente reconocidos.
(*)Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. (Artículo 3. CRBV)
Que el Tribunal penal Militar Primero de Juicio, con sede en la ciudad de Caracas, sentenció condenatoriamente en fecha 12 de Julio de 2010, al ciudadano RAUL ISAIAS BADUEL, nacido en las Mercedes del Llano, Estado Guárico el día Seis (6) de Julio de 1955, y titular de la cédula de identidad N° 4.309.405, a la pena de Siete (7) años y Once (11) meses de Prisión, más la inhabilitación política por el tiempo correspondiente de la condena, por los delitos de: “Sustracción de Fondos pertenecientes a la Fuerza Armada y no de la Nación; Abuso de Autoridad y Contra el Decoro Militar”. Cuya transcripción acompaño constante de Trescientos Noventa y Un folios (391), marcada con la Letra “A” en formato Disco Compacto (CD), como Hecho Público y Notorio Judicial: http://corte-marcial.tsj.gob.ve/DECISIONES/2010/JULIO/1299-12-CJPM-CGC-007-2009-.HTML
Que mediante Resolución del Ministro del Poder popular para Defensa de fecha 23 de Julio de 2007, signada con el Alfanumérico DG 002741 se pasó a Retiro por tiempo de servicio cumplido a partir del día 18 de Julio de 2007 y publica en la Gaceta Oficial de la República signada con el N° 28.733 de fecha 26 de Julio de 2007, la cual presento de manera parcial en Dos (2) folios de la siguiente manera: La Primera Página y la signada con el N° 355.800, marcada con la Letra “B”.
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 2:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 7:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 19:
“Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 21:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 22:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 23:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 24:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 25:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 26:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 49:
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. (Resaltado nuestro)
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 334:
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 10:
Consta de Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, en la cual se puede leer:
AAF/lp…”
Sentencia que se acompaña en copia marcada con la Letra “C” constante de Siete (7) folios
Que en el Quincuagésimo Tercer período de Sesiones de las Naciones Unidas se aprobó la Resolución a/res/53/144 de fecha 8 de marzo de 1999, denominada:
“Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” la cual presento marcada con la Letra “D” constante de Ocho (8) folios.
Cuya Declaración establece en su artículo 9, cardinal 3 en sus letras a, b y c lo siguiente:
“3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:
c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.”
Haciendo uso de este derecho es que acudo ante esta Honorable Corporación para que en virtud del conocimiento procesal, notorio y comunicacional que tiene la Sala de Casación Penal, sobre la investigación y juicio llevado a cabo por la Jurisdicción militar a la apodícticamente victima RAUL ISAÍAS BADUEL identificado supra, siendo que este ciudadano no era efectivo militar para el momento de la detención, Investigación y Proceso, tal y como se evidencia en el documento marcado con la Letra “B”, lo cual no caben dudas sobre la incompetencia de los Tribunales que asumieron este temperamento, violándose el derecho humano que le garantiza el Estatuto Sustantivo en lo referente al principio del Juez Natural.
Con acierto jurisprudencial la Sala Constitucional, en lo que respecta al juez natural, el 25 de junio de 2003 estableció:
“...Conforme sentencia del 7 de junio de 2000 (Caso: Athanassios Frangogiannis), el juez natural reúne los siguientes caracteres:
‘El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces.
que el juez sea competente por la materia. Se considerará competente por la materia aquel que fuera declarado tal al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, situación que no ocurrió en este caso; o creando en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia...”. (Ponencia del Magistrado Doctor JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, sentencia N° 1737).
Esto es en definitiva lo que se conoce como Denegación de Justicia, y que afecta los derechos humanos de la apodícticamente victima Raúl Isaías Baduel al negársele de manera contumaz y grosera su derecho al Juez natural, que no requería de la solicitud de la víctima, porque si es una garantía constitucional injuria es quien la niega, me refiero a los funcionarios que han perjudicado de manera ostensible la imagen del Poder Judicial, actuando en abierta, clara e inobjetable violación de la Carta Fundamental.
No se le está solicitando a la Sala que se avoque, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como competencias comunes de cada Sala, se encuentra en primer término:
“1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley.” (Resaltado nuestro)
3.- Fiscalía General de la República (Ministerio Público) – Venezuela
4.- Dr. Héctor Pérez De La Rosa, Defensor Pro Bono de la apodícticamente víctima.
ENVIAR NOTIFICACIONES EN:
URBANIZACION EL BOSQUE, RESIDENCIAS SAN ANDRES III, PISO 6, 6D, CALLE 114, PARROQUIA SAN JOSE, VALENCIA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA.
Defensor200@hotmail.com