Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-938-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_759920421969f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 08:19:15
Document Index: 410896924

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 217', 'artículo 220', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 87', 'artículo 171', 'artículo 174']

RESOLUCIÓN 938 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. ESTABLECE LA TARIFA APLICABLE PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LOS SALONES COMUNALES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER COMUNAL.
BOLETÍN N°:REGISTRO DISTRITAL 3449 DE DICIEMBRE 7 DE 2005
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 694 DE 2006 ARTÍCULO 6 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
“Por la cual se establece la tarifa aplicable para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado a los salones comunales destinados exclusivamente al desarrollo de actividades de carácter comunal”.
(Nota: Derogada por la Resolución 694 de 2006 artículo 6º de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confieren el literal a) del artículo 15 del Acuerdo 1 de 2000, y
Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2º de la Ley 743 de 2002, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Que en el artículo 217 (1) , del Decreto 619 de 2000, “por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”, se establece que el sistema de equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, deportivo, recreativo y de bienestar social, y prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad.
Que de conformidad con lo anterior, en el artículo 220 (2) del decreto antes citado, dentro de la clase de los equipamientos de bienestar social, que son las edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos como familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales, se establecen los salones comunales.
Que teniendo en cuenta que, en los salones comunales se desarrollan diferentes actividades de protección, integración, educación, aprovechamiento del tiempo, capacitación, reuniones de juntas y asambleas, actividades culturales en beneficio de sus comunidades, estos se constituyen en el centro de reuniones para efectos de integración de la misma, en beneficio de los sectores vulnerables de su vecindario.
Que de esta forma, los salones comunales son el producto de la unión de esfuerzos diario de la comunidad y todas las actividades que en ellos se desarrollan son de carácter comunitario.
Que la Ley 142 de 1994, únicamente se ocupó de la estratificación de los usuarios residenciales, sin entrar a definir nada respecto de los usos de los distintos inmuebles, tales como el comercial e industrial, en tal sentido, ha sido la vía reglamentaria, la regulación de cada uno de los servicios públicos domiciliarios y los contratos de condiciones uniformes de cada empresa, la que se ha encargado de hacer algunas precisiones sobre tal materia.
Que en este sentido, en el Decreto 229 de 2002, por el cual se modifica el Decreto 302 de 2000, reglamentario de la Ley 142 de 1994, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, adoptó las siguientes definiciones.
Que de acuerdo con estas definiciones, en todo uso diferente del cubrimiento de necesidades relacionadas con la vivienda de las personas (num. 3.35.) se tendrá el tratamiento de comercial o industrial.
Que para efectos de determinar si una actividad es comercial o no, el numeral 3.35. remite al Código de Comercio.
Que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 675 de 2001, los bienes comunes son partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en pro-indiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. Dichos bienes y áreas están definidas por los artículos 19 y ss. 63 y ss. ibídem. Que a su turno, la propiedad horizontal concurre al pago de las expensas comunes conforme lo ordenado por el artículo 29 de la citada norma:
“Los propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto estarán obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal”.
Que en virtud del principio de conexidad o subsidiaridad, en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y en razón a que las áreas comunes de un inmueble, incluidos sus salones comunales, pertenecen en pro-indiviso a todos los propietarios de bienes privados, y por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular, para efectos del cobro de los servicios públicos se han clasificado en el uso o estrato al que pertenezcan los bienes privados.
Que de acuerdo con desarrollo de la ciudad en las últimas décadas, en donde el área disponible por unidad familiar se ha disminuido con el fin de optimizar el uso del suelo al punto de tener viviendas de escasos 50 metros cuadrados, las comunidades y sus familias enfrentan hacinamiento, por lo cual los salones comunales se han constituido como una extensión del domicilio para cada familia que hace parte de la comunidad en donde tiene influencia un salón comunal, por lo tanto hay que darle un tratamiento en los servicios públicos domiciliarios como tal. Que en tal sentido, si el conjunto es habitacional, el área común, incluyendo los salones comunales, tendrá tarifa residencial del estrato al que pertenecen los inmuebles privados, pero si es comercial o industrial pagará la tarifa propia de estos establecimientos.
Que por su parte, los servicios públicos de los salones comunales destinados a las actividades propias de la comunidad, han sido clasificados como no residenciales y se les aplica tarifa industrial o comercial para efectos de la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado, por considerar que por ser autónomos no puede recibir el tratamiento de los inmuebles que hacen parte de un edificio o conjunto cerrado.
Que uno de los criterios del régimen tarifario, de acuerdo con el artículo 87.2. de la Ley 142 de 1994, es el de “neutralidad”, entendiendo por este, como el derecho de cada consumidor de “obtener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales”.
Que el inmueble destinado exclusivamente a actividades comunales, sin ánimo de lucro, para un grupo urbano residencial es funcionalmente equiparable al que con igual destino se encuentra en los edificios, conjuntos residenciales; lo que, por virtud del citado principio de neutralidad y de unidad de solución jurídica respecto de hechos iguales, hace necesario que se les dé el mismo tratamiento tarifario.
Que el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, entre otras facultades, cuenta con la de formular y ejecutar las políticas distritales de participación ciudadana y fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunales, mediante acciones de acompañamiento, asesoría, registro y control que les permita incrementar su participación (intervención) y capacidad de gestión en los escenarios políticos y sociales de la ciudad. Que en tal sentido, la acreditación sobre los inmuebles donde funcionan salones comunales destinados a las actividades comunitarias, sirve de soporte a la solicitud del tratamiento tarifario aquí considerado.
ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente resolución, para efectos de la facturación de los consumos de acueducto y alcantarillado de los salones comunales, que estén destinados de manera exclusiva al desarrollo de actividades de carácter comunitario, se les aplicará la tarifa residencial correspondiente al estrato asignado a las viviendas del barrio en el cual esté situado.
PAR.—En el evento que en el barrio donde se encuentre ubicado el salón comunal, tenga asignado más de un estrato, se le aplicará el estrato al que pertenezcan el mayor número de viviendas del barrio.
ART. 2º—Para obtener el tratamiento aquí establecido, el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, DAAC, deberá presentar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, a más tardar el 30 de enero de cada año, las certificaciones actualizadas de los salones comunales que adelanten actividades exclusivamente comunitarias, indicando el estrato predominante, a partir de las coberturas dadas por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, DACD, donde se determine la composición del barrio por estrato y el número de viviendas de cada uno.
ART. 3º—La JAC estará en la obligación de informar al Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, DAAC, cuando haya dejado de utilizar el inmueble para las actividades propias de la comunidad y pagar la diferencia entre el valor facturado y el valor de la tarifa comercial, durante el tiempo transcurrido desde el momento en que dejaron de utilizar el inmueble en labores exclusivamente comunales y el momento en que dio aviso al DAAC, de haber dejado de desarrollar el objeto aquí previsto, por haber transferido la tenencia del inmueble o por cualquier otra causa.
PAR.—Sin perjuicio de la anterior previsión, el DAAC y la empresa en todo momento podrá verificar la actividad que se desarrolla en el salón comunal al cual se le ha dado el tratamiento contemplado en la presente resolución, y de comprobar que en el mismo se llevan a cabo actividades lucrativas y/o de carácter comercial, de conformidad con la normatividad que regula la materia, procederá a facturarlo como usuario comercial y hará los cobros de los valores dejados de pagar, si los hubiere.
Dada en Bogotá D.C., a cinco de diciembre de dos mil cinco.
(1) Modificado por el artículo 171 del Decreto Distrital 469 de 2003.
(2) Modificado por el artículo 174 del Decreto Distrital 469 de 2003.