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Timestamp: 2019-10-15 14:35:51
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 30', 'artículo 30', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 4', 'artículo 212', 'artículo 88', 'artículo 84', 'artículo 228', 'artículo 84', 'artículo 23']

﻿ DECRETO 1080 DE 1996
DECRETO 1080 DE 19 DE JUNIO DE 1996
CONTENIDO:REESTRUCTURA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. ES UN ORGANISMO TÉCNICO, ADSCRITO AL MINISTERIO DE DESARROLLO, CON PERSONERÍA JURÍDICA, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIO PROPIO.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1050 DE JULIO 15 DE 1996, PG. 1544
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 1023 DE 2012 ARTÍCULO 30 DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre su administración y recursos”.
(Nota: Derogado por el Decreto 1023 de 2012 artículo 30 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
ART. 1º—Naturaleza. La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otras personas jurídicas o naturales.
ART. 2º—Funciones de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades desarrollará las atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le corresponden, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
2. Actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los socios y entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social; (así como en los que se presenten entre la sociedad y sus acreedores, generados por problemas de crisis económica que no le permitan atender el pago regular de sus obligaciones mercantiles de contenido patrimonial).*
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-180 de 1997).
4. Solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica o administrativa de cualquier sociedad no vigilada por la Superintendencia Bancaria, o sobre operaciones específicas de la misma.
5. Velar por que las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos.
7. Ejercer las funciones que para los casos de inspección, vigilancia o control le asignan los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995.
8. Adoptar las medidas administrativas a que haya lugar, respecto de las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores, cuando así lo solicite un administrador de la sociedad o socios que representen no menos del diez por ciento (10%) del capital social.
(Nota: El presente numeral fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-180 de 1997).
c) Declarar, de oficio o a solicitud de parte, la situación de vinculación y ordenar la inscripción en el registro mercantil, en los casos en que se configure una situación de control que no haya sido declarada ni presentada para su inscripción, e imponer las sanciones a que haya lugar por dicha omisión, y
23. Desarrollar en relación con el derecho de retiro de los socios ausentes o disidentes, las señaladas en la Ley 222 de 1995, tales como:
a) Determinar la improcedencia del derecho de retiro, cuando se establezca que el reembolso afecta sustancialmente la prenda común de los acreedores;
b) Establecer plazos adicionales a dos meses, pero no superiores a un año, para que la sociedad reembolse las cuotas, acciones o partes de interés a quien hubiere ejercido el retiro de la sociedad, y
c) Adelantar el trámite correspondiente en caso de discrepancia sobre la existencia de la causal de retiro.
30. Fijar el monto de las contribuciones que las sociedades sometidas a su vigilancia o control deben pagar, en los términos del artículo 88 de la Ley 222 de 1995, y recaudar los dineros por tal concepto.
32. Enviar delegados a las asambleas y juntas directivas no presenciales, (cuando hubiere disponibilidad de personal y presupuesto).*
ART. 3º—Estructura interna. La Superintendencia de Sociedades tendrá la siguiente estructura interna:
b) Comisión de personal, y
ART. 4º—Despacho del superintendente de sociedades. Son funciones del despacho del superintendente de sociedades las siguientes:
9. Fijar el monto de las contribuciones que los vigilados y controlados deben pagar a la Superintendencia de Sociedades en los términos del artículo 88 de la Ley 222 de 1995.
21. Dirigir la elaboración de estudios sectoriales de diagnóstico económico y financiero que contribuyan al mejoramiento del sector empresarial; así como los especiales que se deriven de una actividad particular o de un grupo empresarial.
25. Adelantar las acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las disposiciones cambiarias que regulan la inversión extranjera y la inversión colombiana en el exterior por parte de personas naturales y jurídicas, así como sobre las operaciones de endeudamiento externo efectuadas por empresas o sociedades públicas o privadas.
27. Coordinar el trámite correspondiente en caso de discrepancia sobre la existencia de la causal de retiro en una sociedad.
ART. 5º—Oficina jurídica. Son funciones de la oficina jurídica las siguientes:
9. Diseñar e implantar el sistema de auditoría de sistemas de la superintendencia, estableciendo normas, metas y objetivos, y efectuar el análisis de los resultados para la toma de acciones preventivas y/o correctivas.
(Nota: Véase Resolución 160-001612 de 2004 artículo 4º de la Superintendencia de Sociedades).
ART. 7º—Oficina de conciliación y arbitramento. Son funciones de la oficina de conciliación y arbitramento, o tribunal nacional del comercio, las siguientes:
2. Coordinar las actividades de conciliación que deba conocer la Superintendencia de Sociedades, generadas por conflictos que surjan entre los socios y entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social; (así como los que se presenten entre la sociedad y sus acreedores, por problemas de crisis económica que no le permitan atender el pago regular de sus obligaciones mercantiles de contenido patrimonial).*
8. Promover la generalización, mejora y divulgación del arbitraje y la conciliación, en relación con los conflictos que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social, a fin de que los particulares acudan a su empleo como medios alternativos en la solución de conflictos.
ART. 8º—Despacho del superintendente delegado para inspección, vigilancia y control. Son funciones del superintendente delegado para inspección, vigilancia y control, las siguientes:
2. Constatar la veracidad del contenido de los informes especiales que los administradores de sociedades controladas y los de sociedades controlantes deberán presentar ante sus asambleas o juntas de socios y si fuere del caso, adoptar las medidas a que hubiere lugar.
8. Ordenar el envío al funcionario competente para su investigación, de las copias que acrediten la ocurrencia de hechos posiblemente punibles, por parte del deudor sujeto al concordato o liquidación obligatoria, los acreedores, los asociados o sus administradores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley 222 de 1995.
13. Solicitar, confirmar y analizar, la información que se necesite para conocer o para evaluar la situación jurídica, contable, económica o administrativa de cualquier sociedad no vigilada por la Superintendencia Bancaria, o sobre operaciones específicas de la misma.
14. Velar por que las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, se ajusten a la ley y a sus estatutos en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social.
a) Practicar visitas generales de oficio o a petición de parte y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se hayan observado durante la práctica de éstas e investigar, si es necesario, las operaciones finales o intermedias realizadas por la sociedad visitada con cualquier persona o entidad no sometida a su vigilancia;
e) Decretar la disolución y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos y adoptar las medidas a que haya lugar;
i) Autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y de acciones privilegiadas;
j) Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten a la ley, y
a) Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos;
d) Ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados cuando se presenten irregularidades que así lo ameriten;
f) Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con los hechos que se observen en ellas, y
d) La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de lo estatutos sociales que violen normas legales, y
e) La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias.
18. Llevar a cabo los análisis necesarios para determinar la improcedencia de derecho de retiro, cuando se establezca que el reembolso afecta sustancialmente la prenda común de los acreedores.
ART. 10.—Secretaría general. Son funciones de la secretaría general:
13. Dirigir lo relacionado con las hojas de vida y declaración sobre los bienes y actividad económica de las personas que aspiran a ocupar y ocupan cargos en la superintendencia, o de quienes celebren contratos de prestación de servicios con la misma, para enviarlas al sistema único de información de personal del Departamento Administrativo de la Función Pública, en los términos y condiciones de que trata la Ley 190 de 1995.
14. Informar periódicamente al superintendente sobre el desempeño de las funciones relativas a la atención de quejas y reclamos, precisando el mayor número de éstas y las principales recomendaciones sugeridas por los particulares, con el objeto de mejorar el servicio que presta la entidad, racionalizar los recursos disponibles y hacer más participativa su gestión, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995.
16. Adelantar los estudios requeridos para la fijación de las contribuciones que deben pagar las sociedades vigiladas y controladas y de las tarifas por servicios prestados, así como para el cobro coactivo a que haya lugar, en los términos de la Ley 222 de 1995.
ART. 11.—Dirección de informática y desarrollo. Son funciones de la dirección de informática y desarrollo, las siguientes:
1. Asesorar al superintendente en la definición de la política referida a la organización, métodos y procedimientos relacionados con el procesamiento de la información, los análisis estadísticos y los cálculos actuariales, con el fin de que la entidad pueda desarrollar adecuadamente su función.
4. Mantener un registro actualizado de las sociedades sometidas a vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades.
ART. 13.—Órganos de asesoría y coordinación. Son órganos de asesoría y coordinación de la Superintendencia de Sociedades, los siguientes:
a) Comité de coordinación del sistema de control interno. El comité de coordinación del sistema de control interno actuará como órgano asesor del superintendente de sociedades, el cual se regirá por las disposiciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1826 del 3 de agosto de 1994;
b) Comisión de personal. La composición y funciones de la comisión de personal de la Superintendencia de Sociedades, se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y
c) Comité de planeación. El comité de planeación tendrá la función de analizar los planes, programas y proyectos presentados por las diferentes dependencias de la superintendencia, teniendo en cuenta la política del Gobierno Nacional, la política sectorial y el plan nacional de desarrollo; evaluar su ejecución y proponer los ajustes que sean del caso.
PAR.—El comité de planeación contará con una secretaría técnica, conformada por el superintendente, mediante resolución, la que desarrollará las siguientes funciones:
ART. 14.—Régimen presupuestal. El manejo de los recursos presupuestales de la superintendencia se sujetará a lo establecido para los establecimientos públicos en las normas orgánicas del presupuesto general de la Nación.
ART. 15.—Patrimonio. El patrimonio de la superintendencia está constituido por los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título y por los ingresos que reciba de conformidad con las leyes vigentes.
ART. 16.—Ingresos. Los ingresos de la superintendencia están conformados por:
a) Las contribuciones de que trata el artículo 88 de la Ley 222 de 1995, dineros que serán administrados directamente por la superintendencia;
h) Los aportes, subvenciones o donaciones que reciba para el cumplimiento de sus fines, e
PAR. 1º—Las sumas por concepto de contribuciones o por prestación de servicios que no se cancelen en los plazos fijados por la superintendencia, causarán los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.
PAR. 2º—Las multas que no se cancelen oportunamente se indexarán, a partir del tercer (3) año de mora, en un porcentaje equivalente al incremento del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por año vencido corrido entre la fecha del vencimiento del plazo y la inmediatamente anterior al respectivo pago.
ART. 17.—Representación legal. La representación legal de la Superintendencia de Sociedades corresponde al superintendente de sociedades.
ART. 18.—Planta de personal. La Superintendencia de Sociedades contará con una planta global de personal, lo cual permite que el superintendente distribuya mediante resolución los cargos y ubique el personal de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio de las funciones, la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes, programas y proyectos trazados por la entidad.
ART. 19.—Régimen prestacional. El personal de la Superintendencia de Sociedades estará sujeto al régimen legal de salarios y prestaciones de los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público y a las normas especiales que actualmente rigen para los funcionarios de la superintendencia.
ART. 20.—Causales de vigilancia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, continuarán sometidas a la vigilancia de la superintendencia las sociedades a las que se refieren los decretos 1258 y 1423 de 1993.
ART. 21.—Trámite y decisión de los recursos. Para aquellos casos que de manera general determine el superintendente de sociedades, una vez interpuesto el recurso de reposición, el expediente deberá ser repartido a un grupo de trabajo distinto a aquél que conoció y proyectó la decisión recurrida, a fin de que avoque el conocimiento de la impugnación y proceda a su trámite.
ART. 22.—Competencia residual. Las facultades que de conformidad con el artículo 228 de la Ley 222 de 1995 le corresponde ejercer a la Superintendencia de Sociedades respecto de sociedades vigiladas por otras superintendencias, son las consagradas en el artículo 84 de la misma ley.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-180 de 1997).
c) Convocar a la deudora y a sus acreedores a deliberaciones, con el fin de convenir fórmulas tendientes a superar su situación, y
ART. 25.—Práctica de la inspección. Antes de proceder a decretar la apertura del trámite concursal y siempre que lo considere necesario, la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, procederá a ordenar una diligencia de inspección al ente deudor, dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud, a efecto de establecer:
PAR. 1º—Con el fin de establecer los hechos de que tratan los literales anteriores, los funcionarios comisionados para practicar la inspección podrán, entre otros, interrogar bajo la gravedad de juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera y obtener los documentos necesarios para la apertura del trámite concursal.
PAR. 2º—El informe de los funcionarios comisionados y las copias de los documentos que los soporten, formarán parte del expediente.
PAR. 3º—La superintendencia resolverá sobre la apertura del trámite concursal, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del informe correspondiente.
ART. 26.—Eventos subsecuentes en el trámite concursal. Cuando en cualquier estado del trámite del concordato el superintendente establezca cambios en la situación, que no hagan viable la recuperación de los negocios del deudor y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, podrá mediante auto declarar terminado el trámite concordatario para dar inicio a la liquidación obligatoria.
ART. 27.—Deber de información. Las personas jurídicas a que se refiere el artículo 23 de este decreto, que se encuentren incumpliendo el pago regular de sus obligaciones de contenido patrimonial, o en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las mencionadas obligaciones, o teman razonablemente llegar a cualquiera de las dos situaciones anteriores, deberán por conducto de sus administradores o del revisor fiscal, si lo hubiere, informar a la Superintendencia de Sociedades la ocurrencia de dichos supuestos, a fin de que ésta determine el ejercicio de las funciones que la atribución de control le confiere.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-254 de 1997).
ART. 28.—Legitimación. Cuando las entidades que ejerzan inspección, vigilancia o control sobre las sociedades comerciales, verifiquen la ocurrencia de cualquiera de los supuestos a que hace alusión el artículo anterior, deberán informar de ello a la Superintendencia de Sociedades, a fin de que ésta determine el ejercicio de las facultades que le otorga la atribución de control.
ART. 29.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Decreto 2155 del 30 de diciembre de 1992 y todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 19 de junio de 1996.