Source: https://www.scribd.com/doc/129831962/El-Estado-de-Cosas-Inconstitucional
Timestamp: 2018-12-12 01:29:57
Document Index: 361337380

Matched Legal Cases: ['Artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'artículo 203', 'Artículo 82', 'Artículo 203', 'artículo 51', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 74']

Uploaded by Liliana Deysi Aycaya Aquino
ITRODUCCIÓN CAPITULO I: LA DECLARACIÓN DEL “ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL” DENTRO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. INTRODUCCIÓN: II. ANTECEDENTES: III. MARCO CONCEPTUAL: 1. Incumplimiento sistemático de las normas como afectación a la consolidación del estado social y democrático de derecho: 2. 3. El ethos corporativo del estado democrático como plasmación en la vida cotidiana: La declaración del estado de cosas inconstitucional como técnica para eliminar comportamientos anticonstitucionales en la administración pública: 4. Expansión de los efectos de la sentencia, también en un proceso de cumplimiento, por constatarse un estado de cosas inconstitucional: 5. Estado de cosas inconstitucionales y efectos de la sentencia en otros procesos:
IV. LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD: V. JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL: VI. SITUACIÓN E IMPLICANCIA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS: VII. CONCLUSIONES: VIII. ANEXOS :
ITRODUCCIÓN La jurisprudencia constitucional ha ofrecido distintas variantes interpretativas de su ejercicio en la misma perspectiva de construir conceptos que busquen consolidar una perspectiva de predictibilidad, elemento necesario para afianzar la resolución urgente de controversias en sede constitucional. ¿Por qué? Por la importancia y necesidad de formación de estándares para la dilucidación de los contenidos de los principios en sede iusfundamental, más aún cuando su calidad de mandatos de optimización exige una definición progresiva de argumentos axiológicos estandarizados, que es en esencia el desarrollo actual del Derecho Constitucional. A estándares mejor definidos, mayor posibilidad de una justicia constitucional predecible. A pautas mejor construidas de los casos en examen, mayor legitimidad de los jueces constitucionales. Una de esas variantes es el estado de cosas inconstitucional, abordado jurisprudencialmente en la STC 2579-2003-HD/TC [1] y que ha sido definido como una “técnica (que) comporta que (…..) se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración.” El caso señalado desarrolla los alcances del estado de cosas inconstitucional, una figura que la Corte Constitucional de Colombia creó en 1997, hoy de potencial utilidad para las decisiones constitucionales en tanto potencialmente, puede constituirse en un mecanismo de doctrina constitucional con carácter vinculante. El proceso en comento, con sentencia estimatoria, se refiere al proceso interpuesto por Julia Arellano Serquén en relación a la negativa del Consejo Nacional de la Magistratura de entregarle información estimada pública respecto a su proceso de ratificación como juez superior en Lambayeque, Perú. El Consejo alegaba que su Ley Orgánica señalaba que la información solicitada tenía carácter de reservada y sin embargo, el desarrollo del proceso de ratificación había sido esencialmente público. Por lo tanto, la documentación generada, en especial el acta del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, sobre el cual el Poder Judicial desestimó la entrega solicitada, era esencialmente un instrumento público y su entrega correspondía desde la perspectiva constitucional. El Tribunal ordenó la
1 FIGUEROA, Edwin, “El estado de cosas inconstitucional”, Artículo, En Línea]. Publicación disponible en < Extraído de
http://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/08/05/el-estado-de-cosas-inconstitucional-articulo/ > [Consultado el 15 de noviembre de 2012].
entrega de información solicitada y declaró como estado de cosas inconstitucional la renuencia de entrega del tipo de información aludida. Tomando como referencia el caso Arellano, nos persuadimos de la idea relevante de que a través del estado de cosas inconstitucional, pueda constituirse un efecto inter-partes de la sentencia constitucional también para aquellas personas afectadas no partes en el proceso, e igualmente afectadas por el estado de cosas inconstitucional. Expliquemos ello de modo más sencillo: si una persona es afectada en su derecho y el Tribunal declara el estado de cosas inconstitucional por una vulneración manifiesta de un derecho fundamental, otra persona, en esa misma situación, puede apersonarse a ese mismo proceso, aún sin ser parte en el mismo, y dado el estado de cosas inconstitucional declarado, solicitar la ejecución del fallo, también a su favor mas respecto a su derecho, también trasgredido en modo similar al del primer afectado. ¿Qué pasaría si respecto del derecho de un pensionista se declara un estado de cosas inconstitucional por no cumplirse el pago de su pensión, al interior de un proceso pensionario constitucional, en las condiciones que fija el estado de cosas inconstitucional?. Con certeza, cientos de pensionistas, quizá miles, podrían acudir a ese primer proceso, sin necesidad de iniciar un nuevo juicio, tan solo para reclamar la ejecución de su derecho. En estricto, admitiríamos que se afecta el debido proceso, el derecho de contradicción y el derecho a ser oído, entre otros derechos, y sin embargo, la vulneración de esos derechos no es grave, dada la prevalencia de un estado de cosas inconstitucional declarado. Si esta figura se empleara de forma intensa en nuestra jurisprudencia constitucional, se constituiría en herramienta protagónica para disminuir la carga procesal, y para reducir ostensiblemente las horas- hombre dedicadas a resolver numerosos conflictos constitucionales de naturaleza similar. ¿Es solo cuestión de decisión? El Tribunal Constitucional ha fijado lineamientos de campo iniciales [2] pero aún corresponde estructurar procedimentalmente la figura y afianzar su nivel de vinculatoriedad a efectos de que representen mecanismos efectivos de aplicación por parte de los jueces constitucionales. Los beneficios serían enormes.
2 FIGUEROA, Edwin,“ El estado de cosas inconstitucional”, Artículo, En Línea]. Publicación disponible en < Extraído de
3 Que lo realiza el Tribunal Constitucional y en otros países dicho rol lo asume la Corte Suprema de Justicia. lo cual generó la construcción de un nuevo tipo de sentencias por medio de la declaración de la existencia de un estado de cosas donde se evidenciaba un alto nivel de vulneración de los derechos fundamentales.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. sino también a otras personas en la misma situación.blogspot. así como también una serie de respuestas insustanciales.com/2011/08/la-declaracion-delestado-de-cosas. así como lo han hecho otros países en Sudamérica. Artículo. VALDIVIA. En Línea]. Carlos Manuel. . intrascendentes e equivocadas por parte de las Instituciones Públicas. relacionado con la omisión por parte de la administración pública de realizar las funciones de su competencia. que no han accionado. por ello el Tribunal Constitucional del Perú. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. optaron por ir más allá de la reiteración de su jurisprudencia que resultaba insuficiente para encontrar soluciones y propuestas que resolvieran definitivamente la falta de protección o garantía de los derechos.ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL CAPITULO I LA DECLARACIÓN DEL “ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL” DENTRO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. y cuya solución requiere la intervención de diversas entidades para entender problemas de orden estructural. así como el desacato a las resoluciones judiciales por parte de las Entidades Estatales. que logran generar situaciones fácticas que contravienen a la Constitución y cuya salida se podría encontrar en la intervención mancomunada de las distintas Entidades para resolver los problemas de orden estructural del cual adolece en el aparato Estatal. Debiendo referirse que el estado de cosas inconstitucional constituye la declaración que efectúa el Tribunal [3] cuando se constata la vulneración repetida y constante de los derechos fundamentales que afectan a una multitud de personas. pese a que existe reiterada tradición jurisprudencial sobre determinadas materias. INTRODUCCIÓN: Actualmente existe una preocupante situación en nuestro país. implicando dicha declaración que se ordenen remedios que cobijen no solo a quienes acuden a dicha acción de tutela para lograr protección a sus derechos.
ANTECEDENTES: En América Latina. administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. instituciones o personas concretas involucrados en los actos vulneratorios. un fallo histórico en el que acogió una acción colectiva de habeas corpus. tengan que imponer sucesivas demandas. Posteriormente. dicha Corte estableció la posibilidad de que sus fallos de revisión produzcan efectos más allá de las partes involucradas en el proceso. se produciría una mayor congestión judicial. entre ellas el llamado Estado de Cosas Inconstitucional en referencia. Con la declaración de una situación determinada como contraria a los derechos constitucionales (estado de cosas inconstitucional). requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. (3) La no expedición de medidas legislativas. las sentencias de las Salas de revisión o de la Sala plena. II. a efectos de obtener el mismo resultado. (2) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. Ello con la finalidad de evitar que otros ciudadanos afectados por los mismos comportamientos violatorios. circunscritos al ámbito de acción del proceso en particular. la Corte Constitucional de Colombia inicia la construcción de una jurisprudencia especial que desarrolla una tutela especial ante casos donde se configura una situación o un estado de cosas inconstitucional. emitiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. en amparo de todas las . (5) Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos. (4) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades. de parte de los órganos. es decir. allanar el camino en la búsqueda y satisfacción en los derechos afectados. se genera una serie de responsabilidades. No obstante lo anterior. sólo producían efectos interpartes. En principio. la Corte Argentina se suma a la corriente de la tutela especial del estado de cosas inconstitucional. permitiendo. Dicho recurso lo presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). los siguientes: (1) La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. que a la larga generen una mayor congestión de la carga procesal.Siendo los elementos justificantes para la procedibilidad de la declaración del estado de cosas inconstitucional. de este modo. Desarrollándolo a través de las construcciones jurisprudenciales.
no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. contenido en el fundamento 53. su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades…”[4].es decir que. sobre todo.Caso Arellano Serquén.en tanto que afectan a multitud de personas -. y que resulta necesaria no sólo para evitar que todas las personas que se encontraran en tal situación congestionen la administración de justicia. la legislación penal y penitenciaria. y retenidas en tales lugares. (iii) Que el Poder Ejecutivo de esta provincia debe informar detalladamente a las Cortes la situación penitenciaria de cada detenido. (iv) La libertad inmediata de los detenidos en comisarías que sean menores de edad y enfermos. VALDIVIA. pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados. En esta resolución. que tiene por finalidad expandir los 4 Sentencia T-153/98. . Tutela que según lo estableció la Corte Constitucional Colombiana. En Línea]. sino. Artículo. luego de una detallada revisión de la constitucionalidad de la situación penitenciaria en la provincia de Buenos Aires y de las acciones que para revertirla se vienen ejecutando.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. utilizó por primera vez la técnica de la declaración del estado de cosas inconstitucionales. organice una mesa de diálogo con el CELS y otras organizaciones nacionales. la Suprema Corte Argentina determinó: (i) Que las reglas mínimas que debe respetar la política penitenciaria son las aprobadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos.personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. (ii) Que la Suprema Corte de Buenos Aires y los Jueces de Tribunales inferiores deben hacer cesar de manera urgente la situación de ilegalidad de detención. por lo regular. se activa cuando se busca remedio a: “…situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general . porque existe una situación y no una acción que vulnera derechos fundamentales de todos los que sean afectados por ella. cuyo incumplimiento generaría responsabilidad internacional. (v) Que el gobierno provincial informe cada 60 días sobre las medidas adoptadas para adecuar la situación de los detenidos en la provincia a estos principios. y cuyas causas sean de naturaleza estructural . (vi) Exhorta al gobernador y legislatura de la provincia a reformar la ley de excarcelaciones. encomienda al gobierno provincial que.blogspot. por lo tanto. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. para que ellas tomen las disposiciones necesarias para disminuir su gravedad. y finalmente. Carlos Manuel.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. detenidas en establecimientos policiales superpoblados. sobre estos temas. Por su parte el Tribunal Constitucional Peruano (TC) en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2579-2003HD/TC.
per se. Asimismo. violatoria de derechos fundamentales. así como también de las autoridades del Ministerio de Educación. las solicitudes de entrega de información sobre el proceso de ratificación judicial. se ordenó que remita por Secretaría General del Tribunal Constitucional. una vez declarado el “estado de cosas inconstitucionales”. se declaró que el estado de cosas que originó el hábeas data. en la sentencia recaída en el Expediente Nº 060892006-PA/TC. para efectos de declarar inconstitucionales los comportamientos renuentes. dentro de un plazo razonable. es contrario a la Constitución Política del Perú. Así. Previniéndose a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura para que eviten volver a incurrir en las acciones u omisiones ilegítimas que originaron el presente proceso Debe referirse que en los procesos de amparo constitucional. 3149-2004-AC/TC. prima fase. sistemáticos y reiterados de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración”. adopten las medidas necesarias y adecuadas a fin de corregir. a fin de que en un plazo de 90 días hábiles a partir de la notificación de ésta.alcances de la sentencia en un proceso de tutela de derechos fundamentales con efectos. el Tribunal Constitucional declaró como estado de cosas inconstitucionales el régimen de precepciones del IGV por contravenir el principio de reserva de ley en materia tributaria. realicen o dejen de realizar una acción u omisión. se precisó que: “(…) Ésta técnica. Siendo necesario para que dicha declaración pueda realizarse que la violación de un derecho fundamental se derive de un único acto o de un conjunto de actos. que además de lesionar el derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración de estado de cosas inconstitucionales. en la sentencia recaída en el Expediente N°. la sentencia precitada a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En la sentencia en mención. y que ha sido objeto de la controversia en dicho proceso. dentro de los parámetros constitucionales. comporta que. en un proceso constitucional de la libertad. . inter partes. Finalmente. la técnica de la declaración del estado de cosas inconstitucionales fue utilizada por segunda vez. vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas al proceso. se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que. al momento de cumplir con las resoluciones que le reconocían derechos al personal Docente. en el fundamento 19) de la referida sentencia. interrelacionados entre sí.
en perjuicio de los derechos pensionarios de Don Grimaldo Díaz Castillo. que los abogados que autorizaron la demanda de amparo. en la que el Poder Judicial amparó la pretensión del señor Díaz Castillo. en abierto desacato a la jurisprudencia del TC. el TC pretende una reversión estructural de este problema. . llama la atención de los organismos públicos competentes. el TC observó que la actitud renuente de los abogados patrocinantes de la ONP. en lugar de acatar la sentencia. al haber ejercido una acción temeraria. Por otro lado. que ha sido reconocido de modo uniforme en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. de cara a la propia doctrina sentada por el Colegiado Constitucional. o se allane en el caso de que estuvieran en trámite. interponiendo demandas o recursos. Emitiéndose este pronunciamiento con ocasión del proceso de amparo en el que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) había solicitado la nulidad de una sentencia dictada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente Nº 22982004) a favor de don Grimaldo Díaz Castillo. Disponiéndose. con evidente perjuicio para aquellos pensionistas que acuden a ellos legítimamente. cuando los mismos pretendan desconocer un derecho pensionario. volvió a presentar una nueva demanda alegando violaciones a sus derechos procesales. atenta contra los derechos de todos los pensionistas. sino que recarga innecesariamente los estrados judiciales. como sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional. pagaran la suma ascendiente a 20 Unidades de Referencia Procesal. en consonancia con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC) en esta materia. En dicho contexto. los mismos que se presentaban manifiestamente infundados. además. Con esta declaratoria del estado de cosas inconstitucional respecto a estas deficiencias en la defensa jurídica del Estado. a efectos de que evalúen el proceder de la ONP frente a los reclamos de los pensionistas y la actuación de los Estudios de Abogados contratados por esta entidad del Estado. que suspenda la interposición de cualquier proceso judicial o recurso.Procediendo posteriormente el Tribunal Constitucional mediante sentencia emitida en el Expediente Nº 05561-2007-PA/TC de fecha 24 de marzo de 2010 a ordenar a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). así como el pago de los correspondientes intereses. pues no sólo retrasa los procesos judiciales en los cuales se discute el derecho pensionario ya claramente establecido en la jurisprudencia. que no tienen ninguna probabilidad de éxito. Sin embargo. incurriendo en un supuesto de abuso procesal. a través de sus abogados. la ONP.
el Tribunal exigió el replanteamiento de la actuación de los poderes públicos. así como también se ha evidenciado la imposibilidad material para el internamiento del beneficiario por falta de camas. programas y servicios de salud mental dirigidos a personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación. la emisión inmediata de las normas correspondientes. debido a que los Jueces no disponen el cese de la medida pese a haberse recomendado el alta médica.). determinando que los existentes no están debidamente articulados entre los sectores e instituciones del Estado. se encargue del seguimiento respecto del cumplimiento de la referida sentencia. sin embargo. el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia STC recaída en el expediente Nº 03426-2008-PHC/TC de fecha 26 de agosto del 2010. que es de naturaleza estructural. que si bien se ha detectado que el problema es de orden estructural. etc. Ministerio de Salud. Poder Judicial. integridad personal. de los demás sectores o Poderes del Estado (Ministerio de Justicia. Ministerio de Economía y Finanzas. ordenó al Poder Ejecutivo. así como las autoridades de salud. dicho Supremo interprete constitucional consideró que para la superación del problema. sino fundamentalmente. Más recientemente. etc. legislativo. se advirtió que las autoridades del INPE. habiéndose constatado la violación masiva y/o generalizada de uno o varios derechos fundamentales (derecho a la salud.) que afectan a un número significativo de personas que adolecen de enfermedad mental. de reestructuración de los procesos de contratación de estudios de abogados y/o de abogados independientes. coordinada y/o mancomunada. sólo se han limitado. para atender los procesos judiciales relacionados a reclamos de los pensionistas. a la remisión de documentos y al traslado del favorecido a los Centros Hospitalarios. a fin de que adopten un conjunto de medidas de carácter administrativo. en tal sentido. Por esta razón.que afecta a un sector que goza de especial protección constitucional. como las personas mayores. en el marco de sus competencias constitucionales. Congreso de la República. de un lado. Finalmente la sentencia dispuso que la Defensoría del Pueblo. . apreciándose que existen escasos planes. Además se ha señalado por dicha entidad. judicial y de otra índole que tengan por objeto superar de manera inmediata y eficaz las situaciones de hecho que dan lugar al quebrantamiento de la Constitución. Debe referirse que asimismo. en el cual declaró el estado de cosas inconstitucional ante la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad. se hace necesaria la intervención activa y oportuna no sólo de las autoridades emplazadas.
6“Artículo 39. cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia STC recaída en el expediente Nº 048782008-PA/TC de fecha 20 de marzo del 2009 en el fundamento 2. . en igual categoría. realicen o dejen de realizar la acción u omisión. El Tribunal Constitucional en la STC Nº 2579-2003-HD [5] [6]. Carlos Manuel. (…) 3. la sentencia respectiva efectúa un requerimiento específico o genérico a uno o varios órganos públicos a fin de que. el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo. los magistrados supremos. Artículo. En el supuesto que la declaratoria del estado de cosas inconstitucional implique que las autoridades no lleven a cabo determinadas acciones. ministros de Estado.blogspot. VALDIVIA. de acuerdo a ley. per se.3.. III.tampoco se ha realizado las gestiones intra e interinstitucionales para superar el problema. los representantes al Congreso. (…) 2.blogspot. En Línea]. Una vez declarado el estado de cosas inconstitucional.Funcionarios y trabajadores públicos (…) Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. la solicitud de los recursos materiales y económicos necesarios.2. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. Carlos Manuel. VALDIVIA. MARCO CONCEPTUAL: Debe referirse que a efectos de buscarse una definición satisfactoria. violatoria de derechos fundamentales. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. la celebración de determinados convenios o acuerdos interinstitucionales o de otra índole. etc. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y. La característica esencial de la declaración de una determinada situación como un estado de cosas inconstitucional consiste en extender los efectos de una decisión a personas que no fueron demandantes ni participaron en el proceso que dio origen a la declaratoria respectiva. En caso esto no ocurra se estará ante un supuesto de incumplimiento de la sentencia constitucional. Ha delimitado la característica primordial y los efectos del Estado de Cosas Inconstitucional de la siguiente manera: “1. si han dejado de realizarse (en cumplimiento de la sentencia) pero luego se 5 El Tribunal Constitucional en la STC Nº 2579-2003-HD. Artículo. y de esta manera comprender y enmarcar las reales dimensiones que comprende la presente técnica de construcción jurisprudencial constitucional llamada Estado de Cosas Inconstitucional.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. En Línea]. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.”.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. en ese orden. y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes. por considerarse contrarias a los derechos fundamentales. pero que se encuentran en la misma situación que fue identificada como inconstitucional. ha señalado que la técnica del estado de cosas inconstitucional busca extender los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos casos en que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. dentro de un plazo razonable. tales como la puesta en conocimiento de los titulares del sector.
respecto de la falta de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas y de la garantía de la independencia y de la nointromisión de los poderes. existiendo una directa relación con la organización y funcionamiento del aparato estatal. según la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia.. Y que supone el desconocimiento sistemático de principios básicos como el de supremacía de la Constitución. esta conjunción de hechos pueden originarse por un problema de orden estructural. sino de hechos o conjuntos de situaciones que van a configurar una serie de sucesos contrarios a la Constitución. éstas se encuentran habilitadas para acudir a la represión de actos lesivos homogéneos”. El Estado de Cosas Inconstitucional”. Carlos Manuel. Mérida. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. como acciones u omisiones que van a generar una violación de naturaleza colectiva de los derechos fundamentales. Pudiendo calificarse al estado de cosas inconstitucional como una declaratoria de inconstitucionalidad. “Estado de Derecho y de Justicia: Desviaciones y Manipulaciones. que se puede señalar que el “Estado de Cosas Inconstitucional”.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. el estado de cosas inconstitucionales es la declaratoria que hace la Corte cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas. 2006. Por su parte.” [7]. Entendiéndose el Estado de Cosas Inconstitucional como “la repetida omisión y acción generalizada de los poderes públicos. y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural.vuelven a reiterar respecto a personas que no participaron en el proceso que dio lugar a la declaratoria del estado de cosas. en el cual puede estar involucradas varias instituciones. pero no de leyes o de normas infraconstitucionales. asimismo. 7 DUQUE CORREDOR. Por lo tanto. atentando contra la supremacía constitucional. Venezuela. al desplegar una conducta sistemática y renuente contraria a la Constitución. VALDIVIA. el de la separación de poderes. 343 p. Es en ese contexto. ya sea por parte de una Institución Pública. es un conjunto de situaciones de hecho.blogspot. . sentencia N° T-025 de 2004. Universidad de Los Andes. el de la inviolabilidad de los derechos humanos y el de la autonomía y especialidad de los jueces y del reparto constitucional del orden jurisdiccional. Artículo. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. Román J. En Línea]. los efectos del fallo que declare el estado de cosas inconstitucional van más allá de las partes del proceso y trasciende a la esfera subjetiva de otras personas que solicitan el mismo petitorio.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas.
dada la cantidad de demandas de amparo o de cumplimiento a las que se ven obligados a recurrir las personas afectadas con estas práctica omisiva. La 8 “STC sobre el caso de la ejecución de una resolución que declara un derecho concedido en la Ley del Profesorado y su reglamento a todos los docentes en los supuestos claramente establecidos en la ley y en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. por lo que las instituciones estatales no pueden eludir su responsabilidad y compromiso funcional frente a los ciudadanos. En Línea].” VALDIVIA. Artículo. Carlos Manuel. lo cual deslegitima el Estado Democrático ante los ciudadanos.blogspot. pese a las múltiples sentencias emitidas. EL ETHOS CORPORATIVO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO COMO PLASMACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA: De acuerdo al Tribunal Constitucional. 09 p. hace necesario encarar este problema integralmente.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-decosas.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. Artículo. puesto que. dicha situación contraria a la Constitución.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. para el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Don José Luis Cascajo Castro “también constituye un postulado del Estado de Derecho el establecimiento de un sistema de justicia administrativa y constitucional que permita un control judicial sin lagunas de la actividad jurídica de los poderes públicos” [9]. 6. Mayo-agosto 1992. siendo dicho incumplimiento un elemento de quiebre dentro del Estado de Derecho y en el Estado Democrático. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.blogspot. en abierto desafío a la eficacia de los derechos que la Constitución reconoce. INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO DE LAS NORMAS COMO AFECTACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO: Se denuncia una actitud de resistencia a acatar las disposiciones legales. conforme lo ha diseñado el Tribunal Constitucional en la STC Nº 03149-2004AC/TC [8] de fecha 20 de enero del 2005. y para ello. que a la larga. VALDIVIA. asimismo. Carlos Manuel. . 9 “Revista del Centro de Estudios Constitucionales”.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. y no sólo desde las respuestas aisladas por cada caso que se presenta. Número 12.Debiéndose pasar a desarrollar los aspectos fundamentales que giran sobre dicha declaración. Sobre este extremo. el ente Constitucional debe velar y controlar la acción u omisión de los diversos componentes del Estado involucrados. genera desesperanza en los justiciables respecto de las soluciones que ofrece el Derecho. ésta práctica se mantiene. En Línea]. 7. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. dicha actitud se evidencia como sistemática por parte de los funcionarios de los sectores involucrados en los diversos casos de su competencia.
. VALDIVIA.Fundamento Jurídico 13. los representantes al Congreso.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas.blogspot. (…) Su gobierno es unitario.Funcionarios y trabajadores públicos (…) Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.blogspot.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-decosas.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. los magistrados supremos. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. es un imperativo que “(. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. ante todo. en ese orden.”. En este sentido dada la trascendencia del tema que se resuelve. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. En Línea].. y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes.d.. VALDIVIA. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. En Línea]. el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo. Carlos Manuel. definido como Estado Social y Democrático de Derecho conforme a los artículos 3° [11]y 43°[12] de la Constitución. representativo y descentralizado. o en los principios de soberanía del pueblo.blogspot. para dejar un mensaje claro a todos aquellos funcionarios o poderes públicos que no sólo desconocen el sistema legal imperante.) sus contenidos axiológicos se plasmen en la vida cotidiana (. de la Jurisdicción. desde el que ostenta la más alta jerarquía encarnada en el cargo del Presidente de la República. 13 Sentencia emitida en el Expediente N° 008-2003-AI/TC. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. independiente y soberana. siendo en estos modos de comportamiento. del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. En Línea]. Señalándose que es necesario recordar que el Estado Social y Democrático.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012].. es decir. ministros de Estado. en los que se incorporan los principios y los criterios de ordenación de la democracia. Carlos Manuel. Artículo. un compromiso de lealtad con los valores y principios sobre los que se asienta el Estado peruano. constituye no sólo un conjunto de reglas de derecho a las que está supeditada la actuación del poder público. una cultura o. Aconteciendo ello en razón a que el Estado Social y Democrático de Derecho. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.” VALDIVIA.)” [13]. poder premunido por excelencia de potestades y competencias para hacer realidad los mandatos de la Constitución y la ley en cada caso concreto. Artículo. En Línea]. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Carlos Manuel. (…) El Estado es uno e indivisible. que se hará uso de las técnicas resolutivas y las facultades que la doctrina y el ordenamiento permiten. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre. 12 “La República del Perú es democrática. Carlos Manuel. y se organiza según el principio de la separación de poderes. es decir. 11 “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza. sino también un conjunto de actitudes. social. de acuerdo a ley. Artículo. Los funcionarios públicos. de modo especial.construcción y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país requiere de una actitud comprometida de parte de todos los poderes públicos y. un “ethos” (término incluido por el Tribunal Constitucional como sugiere Böckenförde) que presupone determinados modos de comportarse.” VALDIVIA. Artículo. conforme al artículo 39° de la Constitución Política [10] están al servicio de la Nación.blogspot. miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. en igual categoría.. de manera especial.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. Indicando que su consolidación requiere de una colaboración permanente entre todos los poderes públicos y. Esto supone. 10 “Artículo 39. de quienes en nombre del Estado ejercen la función pública como delegación..com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas.
LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL COMO TÉCNICA PARA ELIMINAR COMPORTAMIENTOS ANTICONSTITUCIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: En este punto.com/2011/08/la-declaracion-delestado-de-cosas. el papel del Magistrado del Tribunal Constitucional no se agota en el entendimiento del contenido y alcances del principio liberal clásico de la separación de poderes públicos. de este modo. evitando que otros ciudadanos afectados por los mismos comportamientos violatorios tengan que interponer sucesivas demandas con el fin de lograr lo mismo. instituciones o personas concretas involucradas en los actos vulneratorios.) esta técnica. La edificación de una cultura constitucional es también objetivo y compromiso del Tribunal Constitucional con la sociedad peruana. Asimismo. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. 8. dentro de un plazo razonable. VALDIVIA. se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que. prima facie. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. el Tribunal Constitucional señala en el caso Arellano Serquen contra el Consejo Nacional de la Magistratura [14]. en un proceso constitucional de la libertad. Por ello. Artículo. comporta que. se señala que con la declaración de una situación determinada como contraria a los valores constitucionales. inter partes. realicen o dejen de realizar una acción u 14 En el cual se utilizó por primera vez la técnica de la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional. sino que trasciende el plano de lo axiológico.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. allanar el camino en la búsqueda y satisfacción de los derechos comprometidos. se generan una serie de responsabilidades de parte de los órganos. precisando que: “(. allanar el camino en la búsqueda y satisfacción de los derechos comprometidos permitiendo. una vez declarado el “estado de cosas inconstitucionales”. de la garantía efectiva de ciertos principios en una sociedad pluralista y democrática como la nuestra.. En Línea]. Carlos Manuel. .blogspot. el mismo que fue desarrollado de manera creativa por la Corte Constitucional Colombiana.. Así se dejó establecido en el caso Arellano Serquén.sino que desalientan la de un modelo de convivencia civilizada a partir de la Constitución. en la declaración de estado de cosas constitucional. a la que debe su mandato. con el objeto de expandir los alcances de la sentencia en un proceso de tutela de derechos fundamentales con efectos.
html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. los actos administrativos. En Línea]. o como ocurre en otros casos. del derecho comunitario. Más aún. POR CONSTATARSE UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL: El Tribunal Constitucional en la sentencia STC Nº 03149-2004-AC/TC ha señalado. VALDIVIA. TAMBIÉN EN UN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. son tan insistentes que merecen una respuesta de tipo institucional y no sólo respecto del caso en concreto al que se encuentran avocados. Editorial TEMIS. a los que a veces incluso desplazan. y en situación descendente.blogspot. que si bien dicho desarrollo tuvo su origen en la necesidad de ampliar los efectos de una sentencia en el marco de la tutela de derechos fundamentales. así lo 15 “Derecho Procesal Constitucional”. En relación con este punto. siempre que se constate que similares resistencias a acatar las normas. contra la cual no puede atentar el resto del ordenamiento jurídico. como ya lo fue en su momento el concepto de soberanía. el sentido de la Constitución tiende a ser relativizado. EXPANSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. Artículo. y sobre todo.omisión. Pero. el Tribunal ha expresado que. que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración” [15]. 9. . Carlos Manuel. que para el Maestro Domingo García Belaunde esta Supremacía Constitucional implica que la Constitución es: i) fuente de todo el ordenamiento jurídico. su propia Constitución. reconociendo de este modo una dimensión objetiva a tales derechos como parte del orden jurídico constitucionalizado. Bogotá. la expansión de los efectos de una sentencia va más allá de las partes justiciables que participan en el proceso judicial. cuando se tiende a un creciente monismo en materia de caracterización del derecho internacional. En este tipo de sentencia. en especial con el crecimiento del derecho internacional público. ii) referente obligado para todo tipo de interpretación. Pág. situación que se encuentra sustentado en el hecho que el Tribunal Constitucional es el encargado de la defensa de la supremacía constitucional. iii) la máxima jerarquía. 2001. sólo existe cuando el derecho interno de cada Estado. cabe advertir que en los tiempos actuales de globalización. per se. violatoria de derechos fundamentales.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. esta eventual supremacía del derecho internacional. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. siempre subordinado. 187. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. de más a menos. como superior a los derechos nacionales o internos. en escalones. con todas sus ramas. el Tribunal Constitucional considera que similares argumentos respaldan la necesidad de expandir los efectos de una sentencia en un proceso de cumplimiento. sin lugar a dudas. y más aún.
Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. Editorial Rubinzal – Culzoni Editores. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. coadyuvar para concretarlos. Artículo.establece. Carlos Manuel. De lo que se colige que el Tribunal Constitucional tiene respaldo de la propia Constitución. labor que realiza a partir de sus pronunciamientos y del poder ordenador de su jurisprudencia. que en Sociedades como la nuestra.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. Bogotá. cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia. En este sentido. 18 FAIRÉN GUILLÉN. Asimismo.) y a fin de que se respeten plenamente los pronunciamientos de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan. una colaboración permanente con los demás poderes públicos “(. pendientes de realizar. también se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional”.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012].html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012].° 2579-2003-HD/TC. este Colegiado enfatiza que.blogspot. Artículo. En Línea]. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. dicho Colegiado señala que también participa como agente de cambio para la plasmación de los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. En Línea]. el Tribunal Constitucional en la sentencia 03149-2004-AC/TC señala que se ha dejado establecido en el Expediente N. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Víctor y otros.. 2001. en donde los postulados del Estado Social y Democrático. con lo cual se trata de un desplazamiento querido y consentido por la propia Constitución [16]. que es fuente de derecho y vincula a toda la magistratura en los términos establecidos el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional [17]. corresponde al Tribunal... en gran medida. Las interpretaciones del Tribunal constituyen su jurisprudencia. llegase al Tribunal o a cualquier órgano judicial competente un caso análogo. Editorial TEMIS.) a fin de modificar una realidad social intolerable y contraria a los principios que informan el Estado Social de Derecho” [18]. VALDIVIA. Carlos Manuel. edición 2004.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas.blogspot.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. .”VALDIVIA. están. podemos señalar que se ha configurado un Estado 16 “Derecho Procesal Constitucional”. conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. en nuestra opinión. Ante tal escenario.. por lo que sus decisiones vinculan a todos los poderes públicos. si con posterioridad a la fecha de expedición de una sentencia de esta clase. pág. 17. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. “Poderes y deberes del Juez”. que mediante la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional: “(.blogspot. 17 “(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales. Esto supone desde luego. Pág.VALDIVIA. en muchos casos. aparte de que se ordene la remisión de copias de los actuados por la violación del derecho constitucional concretamente afectado. Artículo. En Línea]. 187. Siendo por ello. Carlos Manuel.
en el caso de los procesos constitucionales de la libertad. como sucede con el proceso de inconstitucionalidad de las leyes y el conflicto entre órganos constitucionales. que . y que dichas actuaciones de desidia e indiferencia estatal pueden provocar la irrecuperabilidad de estos derechos. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES Y EFECTOS DE LA SENTENCIA EN OTROS PROCESOS: Teniéndose en cuenta que por su propia naturaleza. En un proceso constitucional de la libertad. implementara la Corte Constitucional de Colombia. y por otro lado. que no han sido ajenas para dicho Tribunal. una acción o una actitud de inercia que atenta contra los derechos fundamentales. se considera constitucionalmente necesario y exigible que se adopte la técnica del “estado de cosas inconstitucionales” que. ya sea específico o genérico. Resultando de dichos conflictos una serie de problemas colectivos y sistemáticos en la justicia constitucional. los órganos públicos tienen la obligación de realizar o dejar de realizar. y efectuado el requerimiento pertinente. amparo y hábeas data. en tal sentido. sistemáticos y reiterados de los funcionarios. así como también la saturación y el colapso de la justicia constitucional de la libertad que devendría de tramitarse todos estos procesos. como es de verse claramente. y de esta manera. ya que se debe considerar el desmesurado crecimiento del número de demandas que tiene por finalidad conseguir tutela sobre los mismos casos que son objeto de la declaración. en su momento. 10. y a diferencia de lo que sucede con otra clase de remedios procesales constitucionales que tienen una marcada dimensión objetiva. siendo que el Tribunal Constitucional se encuentra legitimado para fijar las reglas procesales que tutelen y protejan los principios y derechos constitucionales.de cosas inconstitucional por constatarse comportamientos renuentes. a partir de la Sentencia de Unificación N. lo resuelto con la sentencia vincula únicamente a las partes que participan en dicho proceso. Por ello. lo cual va a cubrir con una nube de desesperanza las expectativas de cada persona así como el proyecto de vida trazado de los ciudadanos. pese a que no han sido prevista originalmente por el legislador. una vez que ha sido declarado el estado de cosas inconstitucional.° 559/1997. lo cual genera zozobra e impotencia por parte de los titulares de los derechos constitucionales que son objeto de vulneración o amenaza. como son el hábeas corpus.
el Tribunal Constitucional al encargarse del control de la constitución. 17. edición. ni puede ser.blogspot.I. es ese sentido. Se trata.”. del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” [20][19]. de justicia y de democracia. “Poderes y deberes del Juez”.blogspot. edición 2005.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. una cultura que garantiza a todos el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de la sociedad” [21]. Editorial Rubinzal – Culzoni Editores. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. una máquina de silogismos y ni siquiera la boca que pronuncia las palabras de la ley. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro . Artículo.“En 1995 UNESCO dio una definición de cultura de paz: «Una cultura de la convivencia y de la redistribución basada en los principios de libertad. de tolerancia y de solidaridad. Víctor y otros. conciencia y voluntad. Libertad de expresión y de información. 1ra.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. Editorial Universidad. que dentro de la labor de este Tribunal. edición 2004.también trascienda en los demás derechos de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración sobre el caso en concreto. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. Un asunto de interés nacional”. pronuncia sus propias palabras. Al respecto. Editorial Jurídica Grijley E. No pronuncia las palabras de la ley. es pos de alcanzar una cultura de paz.R. VALDIVIA. En Línea]. armoniosamente conjugadas. Artículo. pág. 20 MERLO. Carlos Manuel. el Derecho que se realiza. tiene un rol que busca asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos. es parte integrante del ordenamiento jurídico. “Hacia una justicia de paz. hacen el Derecho vivo. 11. una cultura que rechaza la violencia. para el caso que se le sometió” [19]. Maria Eva. y de satisfacer las justas exigencias de la moral. En Línea]. pág. 107. Es por ello. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. pág. 21 GUERRA CERRÓN. Es mucho más. de extender los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas que no han participado del proceso generador de la declaración de estado de cosas inconstitucional. consideramos importante apuntar que éste “no es.L. 19 FAIRÉN GUILLÉN. a través de ello. en suma. Carlos Manuel. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. VALDIVIA. “Delitos contra el honor.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. ya que los derechos podrán limitarse por ley “con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. que son frías e inertes. 2005. María Elena.. Carlos Manuel. se dedica a prevenir los conflictos desde sus orígenes y a resolver los problemas a través del diálogo y de la negociación. VALDIVIA. elaborando con los hechos y el derecho por él valorados una norma jurídica nueva.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. cuya ciencia.
2. la demanda de inconstitucionalidad sólo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203º de la Constitución [23]. 4. Los colegios profesionales. está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial. En relación al primero. Artículo. Reglamento del Congreso. 7. 3. En Línea]. asimismo. al mismo sólo le corresponde conocer en instancia única sobre la acción de inconstitucionalidad. o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo. en relación al efecto vinculante de la sentencia de inconstitucionalidad se debe considerar lo previsto en el Artículo 82º del Código Procesal Constitucional [24].IV. LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Corresponde hacer una distinción entre un proceso de inconstitucionalidad y la declaración de estado de cosas inconstitucional. se despliega hacia toda la ciudadanía. 22 Conforme a los artículos 56° y 57° de la Constitución Política del Estado. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. por sus alcances generales. por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación (…)” . Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional. en el sentido. en cambio. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. Si la norma es una ordenanza municipal. 6. así tenemos: leyes. que dichas sentencias tienen efecto vinculante para todos los poderes públicos.. debe referirse que la demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley. ello de conformidad a lo expresado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente Nº 0006-2008-PI/TC. Por tanto. decretos legislativos. en un proceso de Inconstitucionalidad no sería aplicable el estado de cosas inconstitucionales. en materias de su competencia. 23 “Artículo 203. dicha técnica jurisprudencial resultaría aplicable en los procesos de tutela de derechos fundamentales como son el amparo. tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso [22].html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. en materias de su especialidad.” 24 “(…) Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado. Aunado a ello. hábeas corpus y cumplimiento.Personas facultadas para interponer Acción de Inconstitucionalidad Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 1. vinculación que. Siendo menester señalarse que conforme a las atribuciones del Tribunal Constitucional conferidas por la Constitución Política del Perú. de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. 5. decretos de urgencia. El Presidente de la República. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas. normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. habeas data.blogspot. El Fiscal de la Nación. El Defensor del Pueblo.
2) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. En: Columnas del Derecho. ello en función a la categoría de supremo intérprete de la Constitución que goza dicho Colegiado. 3) La no expedición de medidas legislativas.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. el estado de cosas inconstitucional. 103. cumpliendo un papel preponderante en la tutela de la jurisdiccional constitucional. Carlos. tiene la potestad de controlar las sentencias de la jurisdicción ordinaria y de esta forma dar solución a los problemas de orden constitucional. Artículo. Carlos Manuel. requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. Universidad del Rosario. Pag. realizando una acción de custodia de la Constitución y disponiendo las medidas pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus mandatos y determinando los mecanismos de neutralización frente a las acciones contrarias a la 25 PARRA DUSSÁN. que involucra seriamente a sus Instituciones así como también a los funcionarios y operadores que dirigen y componen el aparto estatal. VALDIVIA. VI. . V. o ante la falta de cumplimiento o ineficiencia de la normatividad vigente. se produciría una mayor congestión judicial [25]. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. 2007. administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. 4) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas.A diferencia de este tipo de proceso. ELEMENTOS PARA LA DECLARATORIA DE ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL: Dentro de los factores que corresponde ser valorados para definir si existe un estado de cosas inconstitucional. consiste en una declaración sobre hechos y circunstancias que son generados por graves actuaciones dentro del seno de la estructura de un Estado.blogspot. “Estado de Cosas inconstitucional”. JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL: El Tribunal Constitucional como órgano supremo de la justicia constitucional. debe hacerse referencia a los siguientes: 1) La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. En Línea]. 5) Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos.
Constitución. que regula lo referente al Tribunal Constitucional establece que: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Domingo. se impone su interpretación sobre todas las demás [26]. los cuales son guiados e inspirados por el propio texto constitucional. la ley. sus hábitos. comportamientos y costumbres deben conducirse siempre dentro de una línea netamente constitucional. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. es pertinente destacar el artículo 51º de la Constitución Política del Perú. importa señalar que el mismo ha venido cumpliendo una labor primordial en la consolidación del Estado Constitucional. Carlos Manuel. Deben adoptar una actitud apegada a los parámetros éticos y morales que delimitan y sostienen los principios constitucionales. Artículo.”. político. Cit. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. y así sucesivamente. . lo cual significa. social. pues en caso de conflicto. Vale decir. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. conforme a la interpretación de los mismos que resulte 26 GARCÍA BELAUNDE. Al respecto. Ello implica precisamente que los integrantes del Tribunal deben asumir un rol de completa lealtad a la Constitución. Lo cual quiere decir que no siendo el único interprete ni tampoco el más calificado. Pág. Es autónomo e independiente. En ese sentido. tenemos también. ni menos aún el intérprete auténtico. sobre las normas de inferior jerarquía.blogspot. op. dando un sentido constitucional a las cosas. entre otros. cultural. unificador y educador que vincula a muchos ámbitos del ordenamiento jurídico. esta debe haber pasado por un momento de responsable y plena reflexión. y asimismo.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. desplegando un accionar dinámico.VALDIVIA. cuyos efectos pueden generar cambios en el ordenamiento jurídico. que el Tribunal Constitucional se debe indefectible e íntegramente a la Constitución. es el supremo. también en el ámbito económico. que al momento de emitirse alguna decisión. En Línea]. considerando que “el tribunal constitucional debe ser el “supremo intérprete de la constitución”. goza de la legitimidad y legalidad de sus actos. 186. Es por ello. asimismo. toda vez que en virtud a ella.”. que los miembros de este Tribunal en muchos casos van a trabajar sobre temas delicados y de enorme importancia para el país. que regula sobre la Supremacía de la Constitución en los siguientes términos: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal. que la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que: “Los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. de pronto se deben convertir en fieles defensores de la carta magna. el artículo 201º de la Constitución Política del Perú.
la ausencia de políticas públicas 27 CHIRINOS RIVERA. debiendo entenderse que el máximo Intérprete de la Constitución dentro del objetivo de sus atribuciones. puesto que el control no es tanto “de” la Constitución. Artículo. y de las normas acotadas anteriormente. Es en ese sentido. inexacta. de la Defensoría del Pueblo. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. que el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de declarar el estado de cosas contrario a la constitución y además de ello tomar todas y cada una de las medidas que crea conveniente para que dicha declaratoria surta sus efectos y de esta manera se logre la real eficacia y tutela de la constitución. de CHIRINOS SOTO Enrique y CHIRINOS SOTO Francisco. cabe señalar que “el artículo 201º de la Constitución peruana define al Tribunal Constitucional como “el órgano de control de la Constitución”.. ello podría resultar de una interpretación mezquina y limitativa de las reales dimensiones atribuciones y competencias que la Constitución le ha conferido al Tribunal Constitucional. Tratándose de un problema cuya solución estaría exclusivamente en manos del Congreso de la República. . sino también de su doctrina jurisprudencial (STC 0242003-AI y STC 3741-2004-AA. Carlos Manuel. Pág. en un primer momento se pone en evidencia que no se encuentra regulado como una de las facultades y competencias del Tribunal Constitucional la de declarar el estado de cosas inconstitucional. 591. ante la actuación desproporcional y arbitraria por parte de la Autoridad Administrativa. prescriben que el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional se desprende no sólo de los precedentes que emite. En ese contexto. En Línea]. no obstante. 2007. “Los Tribunales Constitucionales del Perú y España”. aunque sólo fuere desde el punto de vista semántico. En: “La Constitución: Lectura y comentario”. Por lo cual. implicaría que la garantía objetiva de los derechos fundamentales escaparía a la órbita de protección del Magistrado Constitucional en sede de acción de tutela. sin embargo. asimismo. como de lo establecido “por” la Constitución. entre otros. Edición. Editorial Rodhas S. y frente al mismo contexto de la realidad. Sonia. del Poder Ejecutivo. en función a la normatividad acotada precedentemente y conforme con el principio de separación de poderes.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012].C. a fin que preservar la supremacía constitucional en nuestro país. VALDIVIA. No la “controla”. Definición austera y.de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. 5ta. los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. tiene una directriz encaminada a realizar todo lo que esté a su alcance para lograr que la constitución conserve su integridad y supremacía frente a las demás normas legales. entre otras). quizás. por su parte. Mayo.blogspot. de la Contraloría General de la República.A. La “defiende”(…)” [27].
2da. debiendo cumplir con sus funciones y atribuciones. Gaceta Jurídica S.blogspot. constituyen una situación de hecho que como tal termina lesionando de manera constante un amplio espectro de derecho fundamentales de numerosas personas. Y es que el Estado es un sistema de órganos relacionados entre sí. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. es por ello. Artículo. Abril 2008.. el Magistrado del Tribunal Constitucional elaboró la figura del “estado de cosas constitucional”. Siendo esto así y teniendo en cuenta la jurisprudencia 28 ABAD YUPANQUI. que como respuesta a estas situaciones estructurales. Debe indicarse que otro factor que genera un estado de cosas inconstitucional es la fragilidad e intolerancia del Poder Judicial. Edición. de igual forma acatar los precedentes y las disposiciones que emita el Tribunal Constitucional.. lo cual genera en los justiciables así como en la sociedad en general una atmósfera de vulnerabilidad y de desamparo de sus derechos más elementales.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. debiéndose aclarar que en suma: “Considerar al Tribunal Constitucional como intérprete supremo no atenta en absoluto la independencia judicial. En Línea]. de cuya integración surge como producto su unidad de acción y decisión. la importante función de unificar la jurisprudencia que deberá ser respetada por el Tribunal Constitucional” [28]. .claras y coherentes en varios aspectos de la vida pública nacional. una colaboración permanente con los demás poderes públicos en el marco de las competencias que corresponden a este Tribunal en cuanto garante último de los derechos fundamentales. Carlos Manuel. encargado de la defensa de los derechos fundamentales. VALDIVIA. a fin de desvanecer el estado de cosas inconstitucional producido. Al Tribunal Constitucional le corresponde.A. que tienen su origen en la dignidad humana.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. pues. SAMUEL B. Su aporte a la tutela de los derechos fundamentales”. existiendo con frecuencia la práctica de los poderes públicos que no sintonizan con este mandato constitucional. lo cual no puede ser permitido por el Tribunal Constitucional. de donde se desprende que la independencia no excluye la interdependencia organizativa o sistemática de los órganos entre sí. 654 p. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. “El Proceso Constitucional de Amparo. o la presencia de insuficiencias graves o de contradicciones palpables entre las existentes. a fin de garantizar la eficacia y vigencia de los derechos que se encuentren amenazados o conculcados. debiendo actuar de manera firme para reencausar la actuación de los poderes públicos. que en este caso opera a través de la primacía de una determinada interpretación de la Constitución. Esto supone. desde luego. puesto que en muchos casos tampoco representa una garantía para la integridad y eficacia de la Constitución y de protección de los derechos fundamentales.
esté arreglada no sólo a las normas que lo reglamentan. erigiéndose en un agente de cambio. públicas o privadas. VALDIVIA. sobre la base de los hechos consistentes en resistirse a acatar las decisiones judiciales. adoptando decisiones de gran calado que trascienden la esfera de lo particular. cuya ejecución compromete la actuación coordinada de diferentes autoridades públicas. más comprometido con la búsqueda de soluciones profundas a los problemas estructurales que padece nuestro Estado y que repercute en el disfrute cotidiano de los derechos fundamentales de los asociados. La aplicación de esta técnica por el Tribunal Constitucional “revela la presencia de un juez constitucional mucho más activo socialmente. .blogspot. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. por ende. entre otros.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. debe darse una colaboración armónica entre ellos. sino que constituyan en conjunto instituciones eficaces y adecuadas para el logro 29 VARGAS HERNÁNDEZ. En definitiva. En Línea]. un juez constitucional que no se limita a impartir justicia para casos particulares mediante una sentencia que tiene efectos de cosa juzgada interpartes. Es por ello. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. y cuyo fin último es servir de catalizador a la actividad administrativa del Estado. puede configurarse una situación de hecho incompatible con la Constitución. sino que asume una verdadera dimensión de estadista. VII.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. Carlos Manuel. op. 206 p.precedente. atendiendo además al principio de igualdad y a fin que las instituciones públicas realicen las medidas estructurales y funcionales necesarias. a fin de modificar una realidad social intolerable y contraria a los principios que informan el Estado Social de Derecho” [29] . Artículo. Cit. Clara Inés. el mismo no puede asumir una posición neutral frente a estos hechos violatorios de la Constitución que inciden en forma continua y masiva sobre los derechos fundamentales. adecuadas a efectos de eliminar los elementos que propician la vulneración continua y colectiva de los derechos fundamentales de las personas. SITUACIÓN E IMPLICANCIA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS: Corresponde al Estado realizar determinadas actuaciones a efectos de evaluar y controlar que el accionar de instituciones. que teniendo en cuenta que la democracia basa su lógica en el equilibrio de los poderes públicos y para que los derechos de los ciudadanos sean enteramente satisfechos bajo un Estado Social de Derecho.
del objetivo último al que se dirigen. las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. en cuanto “fin supremo”. Debe expresarse que nos llama poderosamente la atención la falta de sensibilidad y la pasividad con que. en el artículo 4º de la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo– se regula lo concerniente a las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Francisco 30 El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 1. funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo se encuentran sometidos a la Constitución Política del Perú. también es cierto que el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 19158 norma sobre el principio de legalidad. las cuestiones relativas a las preocupaciones de los más débiles y la protección de sus derechos fundamentales. asimismo. entre otros. los contenidos principales de las políticas públicas. en el sentido que todas las autoridades. esto es. se suele asumir los grandes temas que comprometen la vigencia cotidiana de los derechos fundamentales. en muchos casos. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales. se establece que el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional. así tenemos en el caso de la salud. y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo”. por estar relacionadas directamente a la dignidad humana. Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios. Al respecto César Landa Arroyo señala que: “la dignidad humana es un principio rector de la política constitucional…. jurisprudencial y gubernamental del Estado…” [30]. debe dirigir la agenda de las instituciones del Estado. las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Sin lugar a dudas. así como también. a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. no obstante ello. el artículo 1º de nuestra Constitución que establece que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. entre las cuales destacan la competencia para diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales. De este modo. los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que . los lineamientos. el control del eficaz funcionamiento de dichas instituciones. en la medida que dirige y orienta positiva y negativamente la acción legislativa. conforme a lo que prevé el artículo 119º de la Constitución que establece que: “La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. pues si tal es el postulado. ser garantes del ejercicio y plena realización de auténticos derechos fundamentales. de las pensiones. corresponde al Poder Ejecutivo. Por su parte. los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
al respecto. (…). así como se ha hecho en otros Estados. se infiere que estos temas deben merecer especial preocupación y prioritaria atención por parte de los poderes públicos ya que se encuentra involucrado la dignidad del ser humano. asimismo. para garantizar una vida digna… Por tal razón. indica que: “la dignidad humana. concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional. Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica pública o privada. sumados a la abierta confrontación. inercia y desacato por parte de de dichas instituciones a los fallos y precedentes jurisprudenciales. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales. de la muy marcada y diametral diferencia que puede existir entre lo consagrado normativamente en la constitución y lo que se plantea o acontece en la realidad. esto evidentemente implica un reconocimiento por parte del Tribunal. o en otras palabras. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales. según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. los gobiernos regionales y los gobiernos locales. que han generado una serie de hechos que amenazan la institucionalidad constitucional. desnuda y pone en evidencia las diversas fallas del conjunto de instituciones que conforman los poderes públicos. sino la posibilidad de controlar efectivamente la constitucionalidad y el funcionamiento institucional de los poderes públicos. frente a este escenario resulta imprescindible recordar que: “Estado de derecho no es solo la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y la ley. una pensión constitucionalmente protegida sólo será aquella que se sustente en el principio de dignidad” en esa línea. para darle deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Al momento de declararse el estado de cosas contrario a la constitución. sino también en su dimensión sustancial o material.” .Carruitero Lecca. gobiernos locales y otras entidades. para ello resulta imprescindible la incorporación dentro de la jurisprudencia constitucional ésta técnica que está aplicando el Tribunal Constitucional. es el presupuesto jurídico de la existencia de todos los derechos fundamentales… La seguridad social y el derecho a la pensión son elementos esenciales que configuran el mínimo existencial necesario para garantizar una vida no sólo plena en faz formal o existencial. exhibe la fragilidad institucional de éstos. lo que realmente se pretende es lograr la efectivización de las normas constitucionales. La situación declarada como Estado de Cosas Inconstitucional por el Tribunal Constitucional peruano en reiteradas oportunidades.
ob.blogspot. . VALDIVIA. 342 p. lo cual también comporta un decidido compromiso de lucha frontal contra la burocracia ineficaz que se encuentra inmersa en los distintos sectores del Estado. en lo que atañe a las políticas públicas que adopta el gobierno de turno. debe existir una distribución más equitativa de los ingresos públicos entre los demás miembros de la sociedad. ello no implica. Debiendo dicho gasto social cumplirse por parte del gobierno central con una cobertura plena y eficaz dentro del plan de modernización y descentralización del Estado. toda vez que la misma Constitución consagra la independencia y autonomía de la estructura y funciones de las diversas instituciones del Estado. Artículo. una ruptura dentro del principio constitucional de la separación de poderes. siempre actuándose dentro del marco democrático. que a la vez configuran una serie de organismos e instancias que también aletargan el goce de estos derechos.operatividad a la Constitución” [31] . y si bien. la 31 DUQUE CORREDOR. a fin de buscar un mayor ordenamiento y una mejoría en la gestión pública. educación. se debe adoptar un conjunto de acciones a nivel de las instituciones públicas. que efectivamente deberán ser controlados y fiscalizados a fin de velar por la transparencia de la utilización del gasto público. Cit. Carlos Manuel. Ya que toda institución que brinda un servicio público se encuentra situado en una posición de superioridad material de suma importancia. a través de la puesta en marcha de estrategias. En Línea].. lo cual se traduce en una traba y entrampamiento para el real y pleno ejercicio de los derechos fundamentales. “La declaración del “Estado de cosas inconstitucional” dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. implica las posibilidades del propio Estado de desarrollar políticas sociales a favor de amplios sectores de la población. programas y políticas macroeconómicas que tengan en cuenta las necesidades prácticas e inmediatas del país. importa destinar parte de estos ingresos al área de la salud. En ese sentido.html > [Consultado el 20 de noviembre de 2012]. Pero si bien como se ha expresado. Román J. que conlleva intrínsecamente el deber de las instituciones públicas de un esfuerzo máximo para evitar la violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales. claro está. Publicación disponible en < Extraído de http://carlosmanuelvaldiviarod. teniendo en cuenta además la actual estructura del estado. que significa en muchos casos pagos innecesarios de los costos administrativos y una limitación de la efectividad de las acciones de la Autoridad Pública. que abarca distintos órganos. también ello requiere de un importante nivel de recursos que implica un esfuerzo presupuestal que debe ser canalizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.com/2011/08/la-declaracion-del-estado-de-cosas. entre otros ámbitos de importancia. pensionario.
Se ha verificado la existencia de un problema estructural. también ello requiere de un importante nivel de recursos que implica un esfuerzo presupuestal que debe ser canalizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. A través de la técnica del Estado de Cosas Inconstitucional se trata de dar una solución a estos hechos contrarios a la constitución y a la vez de disponer las medidas correctivas a fin de desvanecer dichas situaciones que son generadoras de violaciones a los derechos fundamentales. CONCLUSIONES: 1. que se ven compelidas a adoptar una serie de medidas para dar por terminada la violación de los derechos fundamentales. lo cual ha generado la violación sistemática y generalizada de derechos fundamentales de un inmenso número de ciudadanos. 4. 3. Por lo tanto. se persigue la realización efectiva de las normas constitucionales y de esta manera procurar en todo momento preservar la hegemonía de la Supremacía Constitucional. Si bien es cierto. 6. pero no de leyes o de normas infraconstitucionales. El estado de cosas inconstitucional consiste en una declaratoria de inconstitucionalidad. Por medio de dicha declaratoria se toman medidas correctivas con el afán de subsanar los hechos que generan violación constante y reiterada de los derechos fundamentales que incluyen e involucran en gran escala a muchas autoridades públicas. los efectos del fallo que declare el estado de cosas inconstitucional van más allá de las partes del proceso. 2. atentando contra la supremacía constitucional. Al momento de declararse el estado de cosas contrario a la constitución.cual implica una eficaz y eficiente prestación del servicio y defensa de los derechos de los administrados. orientando y exhortando a las Instituciones Públicas a consolidar sus objetivos institucionales a fin de servir mejor a las mayorías nacionales. VIII. que efectivamente deberán ser controlados y fiscalizados a fin de velar por la transparencia y la . se debe adoptar un conjunto de acciones a nivel de las instituciones públicas. sino de hechos o conjuntos de situaciones que van a configurar una serie de sucesos contrarios a la Constitución. 5. y una ineficiencia e inoperancia de las instituciones públicas.
cuya conducta responde a un compromiso profesional. toda vez que toda institución que brinda un servicio público se encuentra situado en una posición de superioridad material de suma importancia la cual implica una eficaz y eficiente prestación del servicio y defensa de los derechos de los administrados. humano y moral dentro de la Justicia Constitucional al no permanecer estoico e indiferente ante estos hechos generalizados y continuos contrarios a la constitución. VII. participando en forma dinámica y decidida en la vida constitucional del país. El Tribunal Constitucional ha optado en dar un importante paso en la lucha por la hegemonía y respeto a la constitución. académico. 7.debida racionalización de la utilización del gasto público. ANEXOS : .
a un deber de contribuir basado en el principio de solidaridad. a su vez. e. En otras palabras.J. Así. los cuales se convertirán en verdaderas obligaciones jurídicas.A. (F. igualmente. han determinado una mayor asunción de deberes por parte de los ciudadanos. (F. la transformación de los fines del Estado determinará que se pase de un deber de contribuir. si las transformaciones del Estado han conllevado. de información en la fiscalización. . para mejor atender los cambios en las necesidades sociales. (…). la responsabilidad solidaria de terceros vinculados al contribuyente por algún nexo económico o jurídico. incluso.ANEXOS Nº 1 REGIMEN DE RECEPCIONES STC Publicación Caso Proceso Fallo SUMILLAS 1.J. “…la evaluación del fenómeno tributario implicará necesariamente que sea entendido a partir de la evolución de las relaciones Estado-Sociedad en materia económica. tales como obligaciones de declaración o autoliquidación de tributos. resulta entendible que el fenómeno tributario. : EXP. también extienda sus alcances más allá de la mera obligación sustantiva al pago. e incorpore otras obligaciones sucedáneas. 12) El deber de contribuir y el principio de solidaridad En este tipo de Estado el ciudadano ya no tiene exclusivamente el deber de pagar tributos. la transformación de los roles sujeto privado-sujeto público e. VS SUNAT : Amparo : Fundado EL TRIBUTO Y LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL: La función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho. deberes de colaboración con la Administración en la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal”. basado fundamentalmente en la capacidad contributiva. sino que asume deberes de colaboración con la Administración. N° 06089-2006-PA/TC : 11/06/2007 : Express Cars S.
justamente para menguar la desigualdad en el sostenimiento de los gastos públicos a causa de la evasión tributaria. de la sociedad. aquella que se desarrolla a espaldas del fisco y. implicaría aceptar únicamente la relativización del principio de capacidad contributiva. este Tribunal entienda que la medida adoptada resulta idónea para dichos fines. 22) Los fines extrafiscales del impuesto y la lucha contra la evasión fiscal El Régimen de Percepciones cumple básicamente un fin extrafiscal. de ahí que. Esto es. (F. (F. lo cual. como en el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.J. 28) “Conviene en ese sentido precisar (…) sólo es aceptable en circunstancias excepcionalísimas bajo parámetros objetivos y razonables. cumple un objetivo extra. el Régimen de Percepción. conforme a un juicio estricto de constitucionalidad. pone en evidencia uno de los grandes problemas que ha venido aquejando a nuestro país en los últimos años: las consecuencias de los altos índices de la economía informal. mas nunca su desaparición total”. 29) Justificación del Régimen en el caso de aquellos que sí cumplen sus obligaciones . por ende. (F. en un contexto como el peruano. sino más bien en el aseguramiento del pago efectivo de un tributo que está puesto en riesgo. 24) Tributación contra Evasión: Combatir con la economía informal “La presente causa a la que podría denominarse Tributación contra Evasión. Por ello.21) “…el Estado Social y Democrático de Derecho también es un Estado que lucha contra las desigualdades sociales. donde la exigencia de pagos a cuenta no se fundamenta estrictamente en razones de necesidad de flujo permanente en la recaudación. a juicio de este Colegiado. cuando con base en la solidaridad social se incluya a “terceros colaboradores de la Administración Tributaria”. además de una misión de aseguramiento de la recaudación. “Es el caso del Régimen de Percepciones del IGV.J.J. pueda entenderse razonable y necesaria –por lo menos hasta conseguir el pleno cumplimiento de sus fines.J. Se trata de una medida cuyo fin último es la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal. como en el caso de las percepciones del IGV”. (F.la existencia de regímenes de colaboración con la Administración. por ello su carácter extrafiscal”. por lo que.
“…es indiscutible que las percepciones del IGV no constituyen un nuevo tributo (…) sino más bien se trata de pagos a cuenta o anticipos de lo que posteriormente será la obligación definitiva de pago del IGV. 36) No existe una falta de congruencia entre el IGV y las percepciones.J.tributarias “Para el Tribunal Constitucional.J. c) suponiendo que puedan darse casos extremos. a consecuencia de la percepción. es por ello que en la liquidación del IGV –restado el crédito fiscal– es posible deducir del impuesto a pagar las percepciones declaradas en el periodo o el saldo no aplicado de percepciones de periodos anteriores (artículo 4 de la Ley 28053). pues la importación se produce con expectativa de venta. 32) 2. el importador terminará adicionando mayor carga impositiva al ingreso de su mercadería al país. no es tal. b) cuando la actividad principal de la empresa es la importación y venta de vehículos (usados). pues resulta impensable que una empresa constituida para dichos fines mantenga su capital improductivo y no logre consumar sus ventas a futuro. el principio de solidaridad determina que en este caso en particular el interés público imperante en la lucha contra la evasión fiscal –constatada en concretas actividades con altos índices de informalidad– deba predominar sobre el interés privado de quienes cumplen puntualmente sus obligaciones y también se encuentran afectos por el pago de la percepción”. conforme se aprecia de su Ficha RUC a fojas 10. en los cuales la percepción del IGV determine un . por lo siguiente: a) sí existe un nexo económico entre ambas obligaciones. el argumento que cuestiona el adelanto de pago por hechos “futuros e inciertos” deja de tener asidero. (F. (F. NATURALEZA DEL PAGO DE PERCEPCIONES DEL IGV Y SUS POSIBLES EFECTOS CONFISCATORIOS Naturaleza del Pago de Percepciones. lo cual ocurriría sólo si la percepción no fuera un pago provisional. Por tales motivos no cabe afirmar que necesariamente y en todos los supuestos. el contribuyente será necesariamente sujeto del Impuesto General a las Ventas. “A nuestro juicio el perjuicio económico alegado por la recurrente debido a la supuesta falta de congruencia entre la obligación accesoria y la principal. es decir. sino definitivo.
únicamente podrían ser evaluadas en esta vía si efectivamente se demuestra que son la causa determinante de una afectación real a la liquidez y patrimonio de la empresa demandante. …” (F. “… en el expediente no obra documento alguno mediante el cual se sustenten de manera fehaciente los alegatos de confiscatoriedad expuestos por la recurrente.J. sobre todo. demostrar los efectos confiscatorios que podrían generarse en su caso”. tales supuestos necesitan ser demostrados. Consecuentemente. desvirtuándose. la demandante no ha cumplido con demostrar la confiscatoriedad. 37) Es posible evaluar la confiscatoriedad de las razones técnicas utilizadas para determinar el cálculo de la Percepción siempre que sea fehacientemente demostrado. independientemente de la constitucionalidad o no del Régimen. o. no es posible generar certeza en el juzgador sobre la veracidad de los mismos. en un caso en particular. en el caso de la empresa demandante restrinja su libertad de comercio de manera desproporcionada. “… las razones técnicas que hayan primado para determinar que en el cálculo de la percepción se tome un valor referencial (Red Book) y no el precio de compra del bien (valor FOB) o el precio del bien puesto en el Perú (valor CIF). todo contribuyente tiene habilitados los medios legales correspondientes para cuestionar y. ANÁLISIS DEL TRATO DIFERENCIADO ENTRE IMPORTADORES DE AUTOS NUEVOS Y USADOS De la aplicación del Test de Proporcionalidad.J. en todo caso.J. con claros efectos negativos sobre inversiones futuras. amenazando su propia permanencia en el mercado. estaría privando arbitrariamente al contribuyente de la libre disposición de su capital. que tal afectación se produce si Sunat establece requisitos irrazonables o retarda más de lo debido la devolución de la percepción no aplicada. que la exigencia del anticipo del IGV. en consecuencia. (F. es claro que la Administración estaría apoderándose de montos que no le son propios y. (F. puesto que. 41) 3. en ese sentido. De ahí que este Colegiado considere pertinente precisar – conforme lo hizo en el fundamento 23 de la STC 0004-2004-AI/TC– que. se concluye que este Régimen no . 39) En el caso concreto. en tales supuestos.desmedro real en el capital de la empresa.
donde se verificaría el trato desigual y arbitrario”. “En conclusión para conseguir el fin constitucional esperado –incentivar y asegurar el pago oportuno del Impuesto General a las Ventas–. puesto que sería más bien allí. se hace necesaria la aplicación de un tratamiento diferenciado del resto de importadores. pues (…) a) el grado de incumplimiento tributario es acentuado en los importadores de bienes usados. En segundo lugar. en primer lugar. el establecimiento de porcentajes diferenciados de monto de percepción al interior del referido Régimen resulta idóneo. a fin de asegurar el cobro del IGV. donde solo el 8% no presenta inconsistencias en la DJ del IGV. (…) la utilización del tributo (anticipo del IGV) con fines adicionales al recaudatorio –como en el caso de la lucha contra la evasión fiscal. conforme a los fines del Estado Social y Democrático de Derecho. Examen de Idoneidad: El medio empleado por la ley resulta congruente con la finalidad perseguida. el régimen de pago a cuenta del IGV es una medida necesaria y preferible frente a otros medios más gravosos que afectarían las libertades económicas de la recurrente”. Examen de Necesidad: “… para el Tribunal Constitucional. b) dado el nivel de deuda tributaria exigible existente. el otorgamiento de distintos porcentajes aplicables al interior del Régimen de Percepciones (medio empleado) resulta una medida de intervención de una intensidad menor o menos gravosa en comparación con la aplicación al importador de autos usados de alguna de las medidas alternativas señaladas por la Sunat (medios hipotéticos). evitándose así el incremento de la deuda tributaria que en comparación con el resto de importadores es proporcionalmente superior.resulta un medio adecuado.vulnera el derecho a la igualdad por cuanto la medida adoptada es idónea. Proporcionalidad en sentido estricto: “… a lo largo del expediente no se ha determinado que se haya dispensado un trato . En efecto. necesaria y proporcionada con el fin constitucional que se pretende conseguir.
criterios estándares generalizados para todos los supuestos. parámetros que sirvan justamente para controlar la legitimidad de su actuación” (F. Por lo tanto este Tribunal concluye que existe proporcionalidad entre la finalidad perseguida por el dispositivo legal en cuestión.J. esto es. será una cuestión a ponderarse en cada caso. la evaluación sobre qué debe entenderse por esa regulación mínima o suficiente. respecto de afectaciones al medio ambiente. dependiendo del tipo de tributo y las circunstancias que lo rodeen. siendo imposible establecer. 53). EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN EL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES Sobre la Relativización del Principio de Reserva de Ley. y la diferencia porcentual en la percepción establecida según el mayor o menor riesgo evasivo al ampararse en el artículo 44 de la Constitución (deber de promoción del bienestar general y el desarrollo de la nación)”. como tampoco lo son los riesgos potenciales que pueden producirse en uno u otro caso. su designación también debería estar cubierta por la Reserva de Ley. Evidentemente.diferenciado con efectos directos en el derecho de propiedad. El agente de percepción del IGV y la observancia de la Reserva de Ley “… en tanto elemento esencial de identidad del tributo –en igual grado de relevancia que el contribuyente directo–. mediante remisiones en blanco o sin parámetros suficientes a la norma reglamentaria. a la seguridad vial e incluso a la propia vida. “…la relativización de la materia no debe ni puede suponer jamás poner en riesgo su propia efectividad o representar su vaciamiento total.5%) o la libre competencia de la recurrente. considerando el mínimo porcentaje diferencial (1. a priori. en tanto el mercado de consumo de vehículos nuevos y usados no es el mismo. conforme este Colegiado pudo advertir en el caso de la circulación de los llamados buses camión (STC 7320-2005-PA/TC). No obstante. conforme se advierte de la Ley 28053 –norma habilitante de las Resoluciones de Superintendencia que se cuestionan en autos– se ha previsto su . En todo caso cualquier consideración respecto a los parámetros “suficientes” deberá atender a que el objetivo es que la Administración tenga pautas claras de actuación evitando la discrecionalidad abierta. 4.
(F. 56) La alícuota del Régimen de Percepción y la observancia a la Reserva de Ley “…también se aprecia carta abierta para regular componentes del Régimen. a discrecionalidad directa y exclusiva de la Administración Tributaria. con la consiguiente pérdida o disminución del capital de trabajo”. sino solo aquella referida a los elementos esenciales del tributo. dando muestra clara de la deslegalización en blanco de la materia”. cuyo núcleo debe estar contenido en la Ley y. para evitar que. de este modo.determinación abierta incluso vía Resolución de Superintendencia. sea sujeto a un posterior juicio de legalidad. excepcionalmente. a modo de integración o complementariedad.J. se recree un sistema perverso que genere a los contribuyentes sistemática y crónicamente saldos a favor. bajo los alcances derivados del mandato de la propia Ley. (…) es preciso señalar que el máximo grado de colaboración en la regulación de los elementos esenciales del tributo. La facultad de instituir pagos a cuenta por parte de la Administración no puede ser discrecional “…el Tribunal Constitucional coincide con lo sostenido por Osvaldo Casas. en el sentido de que“(. Por lo tanto. Con ello no se quiere negar cualquier posibilidad reglamentaria por parte de la Administración Tributaria. lo cual resulta contrario a los alcances del principio de Reserva de Ley. podría llegarse al absurdo de que la Sunat pueda fijar porcentajes irrazonables. etc). 60) .. De este modo. a través de estas prestaciones independientes del gravamen que en definitiva deba ser oblado. anulándose.. el Decreto Supremo y no la Resolución Administrativa. pues no existen criterios. tales como el propio monto de la percepción. recogido en el artículo 74 de la Constitución. por lo que la Ley debe reglar con la mayor precisión los márgenes dentro de los cuales pueden instrumentarse las medidas (porcentajes máximos. retenciones y percepciones– por parte de la Administración no puede ser objeto de decisiones discrecionales. (F. es. en los que no medie criterio técnico alguno y sobre los cuales no deba ninguna explicación al Legislador. topes. como el caso del sujeto pasivo. en el Decreto Supremo.) la ejercitación de la facultad de instituir pagos a cuenta de los tributos –anticipos. límites ni parámetros que permitan evaluar si la Administración desbordó el contenido de la Ley. por lo menos. cualquier posibilidad de que.J.
más aún. que evidentemente no solo atañe a la situación del demandante –interpartes– sino a todas las personas sujetas al Régimen.J. lo suspende en el tiempo. con el objeto de que el Legislador o de suyo el Ejecutivo subsanen las situaciones de inconstitucionalidad detectadas en las normas evaluadas. (F.J. también es trasladable al proceso constitucional de amparo. la razón fundamental que obliga a este Colegiado a aplicar este tipo de sentencias en este caso se sustenta en las implicancias negativas que podría generar un fallo con efectos inmediatos en el plan de lucha contra la evasión fiscal y en la propia recaudación del impuesto. ello no impide que los contribuyentes puedan cuestionar los efectos confiscatorios del Régimen en su caso particular” (F. cuando se haya detectado un estado de cosas inconstitucionales. 65) . 63) Se otorga un plazo al Congreso a fin que subsane el vicio formal detectado. LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA PROSPECTIVA Y SU APLICACIÓN AL PRESENTE CASO Las Sentencias Prospectivas pueden aplicarse a los procesos de amparo cuando se detecte un estado de cosas inconstitucionales.J. la aplicación del Régimen conforme a su actual regulación subsiste. no obstante. lo que es lo mismo. “Mediante la técnica de las sentencias prospectivas y cuando las circunstancias del caso lo ameriten. Durante el referido periodo. “…este Colegiado considera prudente otorgar un plazo al Legislador para que corrija las imperfecciones detectadas respecto a la Reserva de Ley. el Tribunal Constitucional modula los efectos de su fallo pro futuro o.5. plazo que vence el 31 de diciembre del 2007. considerando que en el estudio del caso no se han detectado vicios de inconstitucionalidad respecto a las cuestiones de fondo”. (F. 62) Aplicación de las sentencias prospectivas al Régimen de Percepciones del IGV por inconstitucionalidad formal “Detectada la inconstitucionalidad formal del Régimen de Percepciones del IGV. La modulación de tales efectos. propia de un proceso de inconstitucionalidad.
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