Source: http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/details?docId=e53c8d0a-3ef4-42ef-a881-4eadd22772fe&channel=%2FOtros+Documentos%2FJuzgados+administrativos%2F2011&subEspacio=
Timestamp: 2020-02-28 05:29:46
Document Index: 81300575

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 86', 'artículo 137', 'artículo 136', 'artículo 14', 'artículo 97', 'artículo 38', 'artículo 82', 'Artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 30', 'Artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 136', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 177']

Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá No. 274 de 2011
T_BTA_J32_EXP_EXP_2009-00274_16_05_2011
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil once (2011)
Expediente:	2009-00274
Demandante:	JORGE GARCES ESCOBAR
Demandada: EPM BOGOTÁ S.A. ESP
"1.- Solicito que mediante el trámite del proceso ordinario de REPARACIÓN DIRECTA, se declare que EPM BOGOTA S.A. EPS a través de su representante legal es civil y administrativamente responsables de todos los daños antijurídicos y perjuicios tanto de orden material, como moral, causados al señor Jorge Garcés Escobar, por el hecho de ORDENAR su inclusión en la central de riesgos.
2- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordenará a la entidad demandada REPARAR INTEGRAMENTE Y PAGAR AL DEMANDANTE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES los cuales se estiman en una suma superior a CINCUENTA MILLONES MCTE ( $50'000.000.oo,o) los que procesalmente se demuestren y, que discrimino de la siguiente manera:
2.1- Por perjuicios materiales la suma de ($32.000.000.oo) TREINTA y DOS MILLONES MCTE, que corresponden al valor de dejado de percibir al no haber podido adquirir el equipo antes citado y el valor de las arras que tuvo que asumir al incumplir el contrato de compraventa del mismo.
2.2- Hasta cien <sic> (50) salarios mínimos legales mensuales, considerados sus perjuicios morales, según las últimas jurisprudencias del Honorable Consejo de Estado, liquidados al monto que esté el salario mínimo legal mensual al momento de producirse la sentencia condenatoria o liquidación de las sumas a que resulten condenadas las demandadas, así:
3. Las condenas respectivas, o sea el monto total de la indemnización será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., mediante la aplicación de los mecanismos, procedimientos y formulas adoptadas por el H. Consejo de Estado, en diferentes oportunidades, actualización que se hará con sus correspondientes intereses e indexación desde la fecha de ocurrencia de los hechos dañosos y hasta cuando se dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso o hasta cuando quede ejecutoriado el fallo definitivo. Así lo dejo solicitado expresamente.
4- Sobre las sumas a que resulte condenada la entidad demandada se dispondrá lo que ordenan los artículos 176 y 177 del C. C. A., en cuanto a pago de intereses corrientes y moratorios, los que se aplicaran desde la ejecutoriad de la sentencia que señale tales sumas; quedando solicitado su reconocimiento y pago en esta forma.
5. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas conforme lo han dispuesto las últimas jurisprudencias de la H. Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como consecuencia de la anterior declaración condénese a la Nación a pagar el título de indemnización o de lo que resulte probado en el proceso." (folio 2)
"1.- Mi mandante fue titular de la línea telefónica No 4823537 de EPM- BOGOTÁ, S.A, EPS línea que cedió en el año 1.997 con anuencia de la entidad.
2.- El señor Garcés acudió a varias entidades financieras entre las cuales se encuentran el Banco Popular, HSBC Y Davivienda para solicitar un préstamo por la suma de $50.000.000.oo m/cte con el objeto de destinarlo a la compra de maquinaria para usarla en los diferentes contratos de obra.
3.- El señor Jorge Garcés en su calidad de ingeniero civil fue adjudicatario de varios contratos civiles de obra, entre los cuales se cuentan los celebrados con la compañía Ercol de Medellín y la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, y para su ejecución se requería la adquisición de un Bobcat o mini cargador.
4.- Las entidades financieras le negaron los créditos en virtud de que tenía un reporte negativo por parte de las centrales de riesgo, causándose graves perjuicios económicos y morales al no poder acceder a préstamo alguno.
5.- Al elevar el reclamo ante la EPM-BOGOTÁ SA. EPS reconocieron que habían cometido un error por inconvenientes técnicos, es decir aceptaron su responsabilidad.
6.- Esta anomalía le causó a mi mandante graves perjuicios económicos y morales que se estiman en $50.000.000.oo. Mcte, en virtud de que solamente el alquiler mensual de uno de los equipos, Bodcat, o mini cargador tiene un costo de $5.500.000.oo mcte.
7.- Los daños y perjuicios morales (subjetivados y objetivados) deben calcularse sobre aquellos daños resultantes de las repercusiones económicas, de las angustias o trastornos psíquicos que se sufren como consecuencia del hecho dañoso, los cuales según las últimas jurisprudencias del Consejo de Estado pueden liquidarse hasta un monto de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales.
8.- La falla en el servicio imputable a EPM BOGOTA S.A. EPS en el hecho de la ORDEN emitida por esta de incluir en la central de riesgos a mi poderdante, a pesar de no existir ni situaciones tácticas ni legales ni mucho menos los requisitos exigidos para este tipo de trámite, lo que se traduce en la violación al Derecho al buen nombre, norma superior consagrada en el art. 15 de la C.P, puesto que EL REPORTE se origina por vía de hecho o desconocimiento de la ley. El Decreto-ley número 001 de 1984 en su artículo 86, inciso segundo, estructuran la acción de reparación directa y cumplimiento modalidad del contencioso o acción de restablecimiento del derecho antes denominado de plena jurisdicción y que constituye al igual que ésta, garantía y protección de los derechos subjetivos de los administrados desconocidos por un acto administrativo, por un hecho material o por vía de hecho de la administración, como en este caso." (folios 1- 2).
III.TRÁMITE PROCESAL
La demanda fue admitida el 7 de diciembre de 2009 (folios 36-37).
La accionada contestó la demanda oportunamente el 25 de marzo de 2010 (folios 39-46).
Por auto del 24 de mayo de 2010, se decretaron las pruebas del proceso (folios 70-73).
Por auto del 7 de diciembre de 2010, se corrió traslado para alegar de conclusión (folios 104- 105). Dentro del término respectivo, el demandante y la demandada usaron de su facultad legal y el Ministerio Público presentó concepto (folios 106-125).
Planteó su posición así:
"Apoyo la presente demanda en las siguientes normas de derecho, las que discriminare en presente acápite así: Constitución Nacional, preámbulo, Arts. 2, 6, 11, 16, 29, 42, 90 y concordantes de la misma. Art. 2341 y concordantes del Código Civil, y. Art. 83, 86, 128, 136, 137, 138, 176, 177 y 217 del C.C.A.
Conforme al numeral 4o del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, no es necesario indicar las normas violadas y explicar el concepto de la violación. Pues tal requisito, conforme a la disposición en comento, solo es necesario cuando se trata de impugnación de un acto administrativo. Por el anterior expreso que se ha dado una vulneración expresa al régimen jurídico vigente, como del conjunto de las normas citadas como fundamento de derecho.
El Estado en ejercicio de sus funciones o actividades, incurre en la llamada FALTA O FALLA DE LA ADMINISTRACION O DESEQUILIBRIO DE LAS CARGAS PUBLICAS, tratándose de simples actuaciones administrativas, hechos (reporte en las centrales de riesgo con la carga que implica tenerse como ciudadano no apto para obtener apoyo económico en sus empresas) y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños y perjuicios causados a los administrados.
Es así como la norma Constitucional consagra la tesis más importante del derecho público moderno, en el que se encuentra el Principio de Legalidad, el de auto limitación del poder público y el del estado de derecho, compartida necesaria de la responsabilidad, si los poderes públicos están obligados a actuar dentro de los límites constitucionales.
De acuerdo al Art. 90 de la Constitución, donde la Jerarquía del H. Consejo de Estado ha encontrado el fundamento jurídico de la responsabilidad estatal, por conductas erróneas, independiente que estas hayan nacido, como resultado de conductas negligentes o imprudentes, las cuales son merecedoras de la CULPA ADMINISTRATIVA, o tenga causa en el riesgo creado, o el hecho de haberse imputado una carga especial a los asociados, la cual rompe el principio de IGUALDAD ANTE LA LEY.
Estas normas unas de carácter Constitucional y otras de carácter administrativo, en concordancia con la jurisprudencia de carácter JUS-PUBLICISTA, de nuestros .jueces plurales administrativos, concretizan la llamada responsabilidad general, plena o común de la Nación respecto de la ocurrencia de HECHOS DAÑOSOS, tales como los descritos en los hechos de la demanda.
En el caso en concreto se encuentran estructurados los elementos de la responsabilidad extracontractual - estatal. A causa del hecho dañoso por Agentes del Estado omisivos en su actuar al no respetar el derecho de los demandantes a buen nombre y el acceso al crédito. Desapareciendo el postulado de que las autoridades están- instituidas entre otras para salvaguardar los bienes de los asociados de esta Nación, naciendo con ellos el desequilibrio social correlativamente el perjuicio para el particular y el consecuente derecho de ser reparado en proporción al perjuicio causado."
En los alegatos de conclusión (106-107) presentados el 14 de diciembre de 2010 por la parte actora, manifestó que era evidente la presencia de la falla del servicio por el reporte injusto en las Centrales de riesgo Data Crédito. Situación que le generó al señor Garcés Escobar graves perjuicios como la pérdida de su credibilidad comercial, enorme depresión y una gran afectación emocional al ver que sus proyectos para lograr un bienestar económico para él y su hija.
B.PARTE DEMANDADA
La parte demandada interpuso dos excepciones previas acerca de la procedencia de la presente acción, la primera es la falta de jurisdicción y la segunda la caducidad de la acción.
Respecto a la falta de jurisdicción la entidad demandada cita los artículos 82, 83 y 86 del Código Contencioso Administrativo, mediante los cuales se establecen los litigios que son objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de dicho artículos deducen que para la reparación de un daño derivado de un hecho, omisión o <sic> operación administrativa se exige como requisito que ésta haya sido causado por una entidad pública o un particular que ejerza funciones públicas, condiciones que según la entidad demandada ella no reúne.
Lo anterior en virtud de que según lo manifestado por la entidad demandada EPM BOGOTÁ ESP, es una empresa de servicios públicos, que aunque se encuentra dentro del marco de la Rama Ejecutiva, tiene una exclusión expresa por norma del trato de empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, por lo que en su condición de empresa de servicios públicos y naturaleza especial, se rige por el derecho privado, por lo que el actor incurrió en un error al demandarla a través de la acción de Reparación Directa.
Además la entidad accionada respecto al tema manifiesta lo siguiente:
"Debido a lo anterior, se configura en el caso presente, una visible la excepción de falta de jurisdicción del Juez Administrativo para atender las suplicas de la demanda, pues se reitera EPMBOGOTÁ S.A.E.S.P, no es una entidad pública de la Rama Ejecutiva contra la cual, sea posible instaurar acción de reparación directa."
Sobre la caducidad de la acción afirma la entidad accionada que es evidente que el hecho causante del presunto daño, consistente en el reporte a la central de riesgos DATACRÉDITO ocurrió hacia el año 2005, como se puede deducir del acápite de hechos y omisiones que sirven de fundamento para la presente acción del escrito de la demanda.
Por lo tanto como el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo determina que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa y el actor ratifica que el reporte tuvo lugar en el año 2005, el plazo para iniciar la acción se encuentra caducado desde el año 2007.
La entidad accionada en su escrito de contestación de la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la parte accionante y propuso las excepciones de mérito que se mencionaran a continuación.
Primero propuso la excepción de que nadie puede alegar en su favor su propia culpa y en cuanto al caso en concreto afirma que esta debe prosperar ya que es claro que en el hecho tercero del soporte táctico, de donde., deriva sus perjuicios, el actor pretende que la empresa corra con los gastos que su conducta irresponsable al contratar sin la capacidad financiera le acarreó.
Plantea además la excepción de que la culpa grave es atribuible exclusivamente al actor y al respecto manifiesta que el actor no tuvo el mínimo cuidado que una persona negligente tendría con sus negocios, esto en virtud de que no tenía la capacidad financiera necesaria para cumplir con sus obligaciones.
En este punto la entidad accionada manifestó:
"Así, y teniendo en cuenta que el menoscabo sufrido por el actor con el fin de dar cumplimiento a la obligación asumida por el mismo, en su calidad de contratista, tuvo su origen en la etapa contractual o pre-contractual, donde se debió analizar la capacidad financiera, experiencia entre otras, y no podrá pretender vincular una causa exógena como causal del perjuicio esgrimido por el actor."
Finalmente la entidad accionada se refiere al rompimiento del nexo de causalidad entre el hecho y el daño y afirma que no está demostrado ni se puede determinar que la causa del daño o perjuicio del actor en contra de la empresa EPM BOGOTÁ ESP esté ligada mediante el nexo de causalidad, lo que quiere decir que el reporte en la base de datos de las centrales de riesgo no es la causal del pago de cincuenta millones de pesos por los contratos suscritos por el actor.
"Es así como se debe concluir que la conducta de la empresa no puede ser tenida como premisa para la consecuencia, del daño que esgrime el actor, sino que dicha conducta hizo parte de un análisis elaborado por los bancos que otorgan créditos.
Ello fue lo expuesto por el Banco Davivienda ante la petición del actor, en la cual solicitaba a dicha entidad financiera que determinara cual era la situación primaria que permita al banco denegar el crédito solicitado (…)
Así, queda claro que la labor de un banco para otorgar un crédito es el estudio de variables que cada entidad analiza con el fin de garantizar el pago del mismo, por parte del solicitante. En ese sentido, la negativa de un crédito no puede ser tampoco causa del supuesto daño recibido por el actor, como consecuencia del pago por contratos adjudicado a éste."
En los alegatos de conclusión (fls 108-111) presentados dentro del término legal por la parte demandante, reiteró todos los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, solicitando que se negaran las pretensiones de la demanda bajo el supuesto fáctico que probatoriamente no se desvirtuaron	las afirmaciones, indefinidas presentadas ante el Despacho.
La Procuraduría 83 para la Conciliación e Intervención ante juzgados administrativos de Bogotá Sección Tercera rindió concepto bajo los parámetros que a continuación se mencionan.
Inicialmente realizó un análisis de la responsabilidad del demandado y encontró que del expediente se sustrae que el demandante fue injustamente incluido en las centrales de riesgo, lo anterior en virtud de que siempre habla sido caracterizado por ser un ciudadano cumplido con sus obligaciones financieras y económicas y la empresa EPM BOGOTÁ ESP, lo reportó incurriendo en un error, ya que el demandante no tenía ninguna deuda con la empresa, ocasionándole graves perjuicios a sus derechos al buen nombre, intimidad y <sic> igualdad.
Afirma el procurador ,que de esa manera la empresa demandada incurrió en una falla en el servicio que presta, ya que con el reporte que realizó del accionante en la central de riesgos de Data Crédito ocasiono que los bancos o entidades financieras mantuvieran un reporte negativo del demandante y como efecto de ello se le privó del derecho a acceder a créditos bancarios causándole así perjuicios económicos al no tener la posibilidad de adquirir un equipo para el ejercicio de su actividad como ingeniero civil y encargado de varias obras de la misma naturaleza con entidades oficiales.
Posteriormente hizo referencia a la actuación vulnerante de la administración y al respecto aduce que las irregularidades o fallas en la actuación de la administración se traducen en lo que se ha venido denominando como culpa, "falta o falla del servicio, que es la figura principal en la que se fundamenta la responsabilidad administrativa y que se presenta cuando no ha funcionado, ha funcionado mal o tardíamente.
Al respecto también manifestó lo siguiente:
"Si bien es cierto que presuntamente la empresa demandada ocasionó un perjuicio al demandante, manteniendo un reporte negativo que no tenía lugar, también es cierto que el Juzgado Administrativo en ejercicio de su poder discrecional, ordenó el recaudo de la prueba idónea que era necesaria para comprobar que efectivamente el reporte negativo lo hubiere realizado la empresa demandad, es decir solicito se oficiara a las entidades financieras, para que informaran que entidad había solicitado el reporte negativo y durante cuánto tiempo permaneció reportado, prueba indispensable para declarar responsable al ente demandado, igualmente no se encuentra prueba del dicho del apoderado del demandante, en cuanto a la aceptación de responsabilidad por parte del ente demandado, siendo de esta manera improcedente por falta de prueba concretar la responsabilidad por parte de la empresa demandada."
En cuanto al daño o perjuicio que se pretende adjudicar a la administración el procurador hizo mención a las características que se deben reunir para que una persona pública sea responsable y en cuanto al caso en concreto encuentra que el daño reúne la característica de especial porque ocasiono un daño o perjuicio a un particular, quien se encontraba actuando dentro de la legalidad al no mantener ningún tipo de deuda con ningún establecimiento público, ni de otra naturaleza.
Sin embargo respecto a que el daño debe ser real o cierto y que para ello debe probarse que efectivamente se lesionaron los derechos del demandante, es en ese punto donde se ve desvirtuada la existencia de un daño antijurídico porque no existe prueba que permita concluir sin lugar a duda que fue el demandado el responsable del daño producido.
Como consecuencia de lo anterior en cuanto a este punto la procuraduría concluye:
"Al examinar el caso en mención no podemos afirmar que la entidad demandada halla desplegado la actuación que se alega por parte del demandante, ay <sic> que faltan pruebas dentro del sumario que estén orientadas a demostrar que efectivamente fue la empresa demandada la autora del reporte negativo que acusa el demandante, así las cosas no podemos concluir que el daño sea antijurídico y que lo hubiere provocado la entidad demandada, por lo tanto se rompe el nexo de causalidad, al no lograr obtener material probatorio que nos permita verificar que realmente la entidad que realizó dicho reporte fuese la EPM BOGOTÁ ESP."
Sobre la caducidad de la acción de Reparación Directa encontró la Procuraduría que el accionante se encuentra dentro del término de los dos años legales para acudir ante esta jurisdicción, por lo que es procedente continuar con el trámite de la misma.
En conclusión el concepto del Ministerio Público es el siguiente:
"Una vez analizados, los hechos, pretensiones, material probatorio, condiciones para analizar la responsabilidad del Estado, naturaleza jurídica de la entidad demandada, presentación de un verdadero daño antijurídico, como la operación del fenómeno de caducidad, tenemos que, definitivamente existió vulneración de los derechos invocados por el apoderado del demandante, ya que se presentó, un reporte negativo en centrales de riesgo, cuando según lo alude no tenía ningún tipo de deuda para que fuese reportado, más al no existir prueba sumaria sobre la responsabilidad de la entidad demandada, se hace imposible la continuación del análisis sobre la existencia de falla por parte de la administración en cabeza del ente demandado, por tanto no es posible acceder al amparo de los derechos invocados, por lo tanto lo procedente es negar la misma."
a. Copia auténtica de la consulta hecha ante la CIFIN, visible a folios 11 a 15 del cuaderno principal.
b. Copia simple del derecho de petición elevado al banco HSBC visible a folio 21 del C.1.
c. Copia simple del derecho de petición elevado al banco Davivienda visible a folio 22 del C.1.
d. Copia simple del derecho de petición elevado por el señor Jorge Garcés Escobar a la E.P.M, visible a folio 52.
e. Copia simple de la respuesta de la E.P.M al derecho de petición presentado por el señor Jorge Garcés Escobar, visible a folio 53-54.
f. Copia simple de la respuesta de la entidad bancaria Davivienda al derecho de petición presentado por el señor Jorge Garcés Escobar, visible a folio 53-57.
g. Copia simple del paz y salvo correspondiente a la línea telefónica a nombre del señor Jorge Garcés Escobar el cual fue expedido, visible a folio 58.
h. Original de la información allegada por la CIFIN, donde relaciona la información correspondiente a la obligación No 136137 desde el año 2005 a 2009, visible a folio 86 a 88.
La demandada E.P.M Bogotá S.A E.S.P., formuló las excepciones de:
Antes de precisar el régimen jurídico aplicable a este caso, el Despacho se pronunciará respecto de la naturaleza jurídica de empresa de servicios públicos domiciliarios E.P.M. S.A. E.S.P. para así poder determinar la jurisdicción competente.
De la información allegada en la contestación de la demanda referente a la composición accionaria de la EPM BOGOTÁ, el Despacho concluye que efectivamente el capital público es mayor al 50%, por ende el régimen jurídico de conformidad con el artículo 14.6 de la ley 142 de 1994,[1
es el correspondiente para las sociedades de economía mixta.
Respecto al criterio para determinar la naturaleza de las sociedades de economía mixta el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera:[2
"SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA - Su naturaleza proviene de la composición del capital
Su naturaleza mixta proviene de la composición de capital, tanto estatal como particular, de manera que no pueda afirmarse que sea de propiedad privada o pública, pues en ella concurren uno y otro sector para el desarrollo de unas determinadas actividades industriales o comerciales. Sobre el particular remite la Sala a la sentencia. de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del inciso 2o del artículo 97 de la ley 489 de 1998, por cuanto tenía en cuenta la proporción de los aportes estatales para determinar la naturaleza de la sociedad cuando, desde la perspectiva constitucional, el sólo hecho de la concurrencia de capital público y privado configura su naturaleza mixta, sin consideración a la proporción de uno y otro.
Existen dos posiciones respecto a la naturaleza de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Aparecen los que consideran que estas sociedades no forman parte de la estructura del Estado y los que consideran que si la integran.
Sostienen los que la niegan lo siguiente:
1. Que no están incluidas en la Ley 489 de 1998; 2) que las mismas conforman un tipo societario especial; y 3) que son entidades privadas.
Sin embargo, considera el Despacho al tenor de la Jurisprudencia del Consejo de Estado,[3
que el artículo 38 de la ley 489 de 1998, trajo como integrante de la Rama Ejecutiva del Poder Público la Sociedades de economía mixta, y las definió como entidades descentralizadas por servicio."
Analizada la naturaleza jurídica de la E.P.M BOGOTÁ S.A E.S.P, el Despacho se pronunciará respecto de la Jurisdicción y competencia de conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2007.
"Artículo 1º. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedarla así:
"La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional". (Negrillas fuera de texto)
"Artículo 2. Derógase el artículo 30 de la Le y 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.
"Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001. (Negrillas fuera de texto)
Al tenor de la norma citada, el Despacho precisa lo siguiente:
- Determinó juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.
- Incluyó de manera expresa a las sociedades de economía mixta, siempre que el capital estatal de las mismas fuere superior al 50%
El Consejo de Estado Sección Tercera, mediante auto de fecha febrero 8 de 2007, señaló el alcance de la norma y precisó lo siguiente:
"... las sociedades mixtas, con capital igual o inferior al 50%, tendrán, como juez natural, al ordinario, sin importar el tipo de acción, acto, hecho o situación que dé lugar al proceso donde sean parte.
Por lo anterior, el Despacho concluye que la jurisdicción competente para conocer de las controversias originadas por los hechos administrativos de las Sociedades de Economía Mixta es la Contencioso Administrativa por medio de la acción de reparación directa.
El numeral 8 del artículo 136 del C.C.A, establece que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. Para el Despacho, es cierto tal y como se extrae del proceso, que el reporte en las Centrales de Riesgo- Datacrédito – fue eliminado de las centrales de riesgos el día 22 de Enero del año de 2009 (fls 86- 89). Lo anterior, nos lleva a la conclusión de que a pesar de que el reporte negativo en las centrales de riesgos data del año 2005, éste se prolongó hasta el año 2009. Por lo que considera el Despacho, que el término para contar el fenómeno de la caducidad coincide con el día 23 de Enero de 2009.
Teniendo en cuenta que la demanda fue radicada el día 24 de septiembre de 2009, tal y como consta a folio 26 del expediente, el Despacho determina que no ha operado el fenómeno de la caducidad.
Nadie puede alegar en su favor su propia culpa, La culpa grave de la víctima es atribuible exclusivamente al actor y el Rompimiento en el nexo de causalidad entre el hecho y daño.
El Despacho parte por precisar en relación a los planteamientos hechos por la demandada E.P.M Bogotá S.A E.S.P., que los mismos no constituyen hechos impeditivos o extintivos de la pretensión, razón por la cual no ostentan en estricto sentido el carácter de excepción; sino, que por atacar la controversia misma aduce aspectos sustanciales que deben precisamente ser abordados en el fondo del asunto, pues están dirigidos a determinar si, en el presente caso, le asiste responsabilidad alguna a la demandada.
Parte el Despacho por precisar el régimen bajo el cual entra a estudiar la presente controversia jurídica. Se aclara en consecuencia que en el presente litigio y dada la situación de hecho, el caso se estudiará bajo el régimen de responsabilidad del Estado por falla del servicio.
La jurisprudencia Colombiana, ha sostenido con insistencia que para que se declare la responsabilidad es menester que se presenten en forma concurrente la existencia de una daño, el nexo de causal y la imputación de la responsabilidad jurídica por ese daño.
"En relación con los hechos que inciden en la producción de un daño, es importante precisar las imputaciones fácticas, entendida como los hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones, o el señalamiento de las causas materiales en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño."
Este es el primer elemento a estudiar en el juicio de responsabilidad. Con relación a este elemento y a lo que aparece probado en el expediente, el Despacho hace las siguientes precisiones de acuerdo al caso concreto:
A folio 86 del cuaderno principal, obra prueba documental allegada por la CIFIN, de acuerdo a lo decretado en el auto que abrió a pruebas visible a folio 72.
En dicha prueba documental, la citada entidad certifica que una vez verificada la información reportada por la, entidad fuente, es decir E.P.M Bogotá S.A E.S.P, se constató que se encontraba vigente la obligación No 136.137. A su vez, afirmó que la citada obligación fue eliminada directamente por la entidad el día veintidós (22) de Enero de 2009.
Para el Despacho, adquiere relevancia la contestación de la demanda por parte de la EPM- BOGOTÁ (FLS 43-46 del cuaderno principal) en su numeral I inciso 5. En dicho numeral, manifiesta a este Despacho que el hecho alegado por la parte demandante es parcialmente cierto, aduciendo que por causas que escapan a la capacidad de reacción de la empresa, se generó el reporte en las centrales de riesgo.
En el mismo sentido, en los alegatos de conclusión presentados por la entidad obrantes a folios 108 y 111, el Despacho constata nuevamente que la parte demandada acepta la existencia de un reporte en la central de riesgos, tal como reza en el escrito: "En este orden de ideas, el demandante nunca probó que el reporte ante la central de riesgos fue la única causal por la cual se le negó el crédito."
Una vez identificado el hecho que pudo dar origen al presunto daño, corresponde al Despacho determinar si la existencia de dicho hecho produjo un daño antijurídico al demandado.
Considera el Despacho, al tenor de la jurisprudencia, que el daño como fundamento esencial de la responsabilidad extracontractual del Estado, debe ser antijurídico, es decir, un daño que no está obligado a soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario.[4
De esta noción de daño antijurídico, se destaca entonces, que no todo daño es indemnizable, ya que pueden existir cargas públicas impuestas por la ley a todos los ciudadanos que pueden afectar sus derechos personales y patrimoniales, pero sin embargo, todos están en la obligación de soportarlo.
Las centrales de riesgo se encargan de administrar la información financiera, crediticia, comercial y de servicios relativa a la forma como las personas y las compañías han cumplido o no con sus obligaciones de crédito. Con esta información se conforma la Historia de Crédito de las personas o empresas. Está probado en el expediente (fl 86-88) que efectivamente hubo un reporte negativo de mora desde el 28 de febrero de 2007 al 31 de mayo de 2009, fecha relevante para el Despacho, y que ayuda a determinar la existencia del daño antijurídico.
En efecto, en la contestación de la demanda la entidad se allana al hecho primero de la demanda, aceptando parcialmente la existencia del hecho. Dicha manifestación, reza de la siguiente manera:
"Al hecho primero: Es parcialmente cierto. Si bien es cierto que el actor fue titular del contrato de condiciones uniformes de TPBCL, con número de línea telefónica 4823537, no lo es que se hubiese cedido en 1997, por cuanto la comunicaciones (sic.) dirigida a la empresa, que hizo conocer de la cesión del contrato a la señora Silvia Piedad Quijano, fue tramitada el 15 de febrero de 2007".
De lo anterior, el Despacho concluye, que efectivamente hubo un reporte injusto, ya que si la línea telefónica fue cedida a otra persona con efectos desde el 15 de febrero de 2007, no tenía porque la entidad reportar al señor Garcés Escobar en las centrales de riesgos por obligaciones incumplidas desde el 15 de febrero de 2007 en adelante.
Adquiere gran relevancia para el Despacho, y refuerza su análisis de responsabilidad por la conducta de E.P.M Bogotá S.A. E.S.P., el hecho de que la entidad aceptará su propia culpa en la respuesta al derecho de petición visible en copia simple a folio 53, dicha respuesta en su numeral 2 reza así:
"2.Por otra parte, si bien es cierto EPMBOGOTA, incurrió en un error involuntario al momento de efectuar el reporte a centrales de riesgo, éste se ocasionó por un servicio que fue solicitado por el señor GARCÉS ESCOBAR JORGE LUIS, y conforme a autorización expresa por él dada, respecto a un servicio que fue cedido posteriormente, situación que fue puesta en conocimiento de la empresa por el señor GARCÉS en el mes de enero de 2009 y detectada con la verificación pertinente y solucionada con agilidad por parte de EPMBOGOTÁ en el mismo mes de enero de 2009, como se desprende de los soportes por usted allegados".
Dicho documento, a pesar de que la entidad lo aportara en copia simple con la contestación de la demanda (fl 53), se le dará valor probatorio de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que prescribe lo siguiente:
"Artículo 11. En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva."
Del expediente, se extrae que el reporte generado en las centrales de riesgo, se debió a la falta de diligencia por parte de la entidad, aunque el reporte en las centrales de riesgo fue eliminado con posterioridad el 22 de enero de 2009. Dicha falta de diligencia, generó un daño que el administrado no estaba en la obligación de soportar.
Llama la atención del Despacho, la contestación de la demanda por parte de la EPM-BOGOTÁ (FLS 43-46 del cuaderno principal) en su numeral I inciso 5:
"Al hecho quinto: Es parcialmente cierto. Es cierto que por causas que escapan de la capacidad de reacción de la empresa, se generó un reporte en la central de riesgo que no tenía otro fin que reflejar un mal hábito de pago por la línea 4823537".
De lo anterior, el Despacho infiere, que efectivamente existió un daño antijurídico. Ésta situación adquiere relevancia con la aceptación de responsabilidad por parte de la entidad, en el entendido, que lo que está afirmando con la contestación de la demanda, es la incapacidad de la entidad de tomar las correctivos pertinentes ante un imprevisto o dificultad, como lo fue en este caso particular el reporte a las centrales de riesgo. Ahora bien, si lo que existe es un mal hábito en el pago de la línea, dicho reporte debe afectar a quien en la actualidad ostenta la posición de titular de la línea telefónica.
De las anteriores consideraciones, se desprende que el daño alegado por el afectado, posee todas sus condiciones de existencia, que le dan la entidad para que se <sic> indemnizable. Hablar de las condiciones de existencia significa, que el daño tenga los elementos necesarios para su existencia, es decir, debe ser personal y cierto.
Para finalizar este análisis, el Despacho considera que existe un daño antijurídico que debe ser indemnizado en concordancia con lo prescrito por la Carta Constitucional en su artículo 90 y por la Jurisprudencia del Consejo de Estado.[5
Ahora bien, en cuanto al nexo causal, que se refiere al nexo o la relación que debe existir entre el hecho determinante del daño y el daño como tal, corresponde al Despacho determinar, cuál fue el hecho determinante que produjo finalmente el daño que causó el detrimento, para luego entrar a estudiar a quién se le puede imputar dicho detrimento.
La doctrina considera que deben existir tres (3) condiciones del nexo causal; argumento que se considera de recibo para el caso que se estudia:
a.) La proximidad: en el sentido de que la causa del daño sea próxima o actual, en consecuencia no se tiene en cuenta los actos remotos; solamente se tiene en cuenta las causas determinantes en la producción del daño; ello precisamente para no diluir la responsabilidad del autor inmediato del hecho e igualmente para no responsabilizar en forma indefinida a personas cuya causa no es actual ni determinante.
b.) Debe ser determinante: con esta exigencia la doctrina quiere indicar que el hecho sea necesario, vale decir, que se pueda establecer que sin el hecho el daño no le hubiera ocurrido. En general, la doctrina considera determinante un hecho, o una omisión en la causación del daño, cuándo aquél ha contribuido en un mayor grado a la producción de éste, es decir, cuando ha sido la condición más activa.
c.) Debe ser apta o adecuada: en el sentido de que esa conducta en términos normales conlleve siempre a la ocurrencia del respectivo daño o perjuicio; se le conoce como causalidad adecuada. (Sobre estos aspectos puede verse derecho civil, tomo II, de las obligaciones Arturo Valencia Zea).
Como consecuencia de lo expuesto en la demanda y del material probatorio allegado al proceso, se determina que efectivamente el señor Jorge Garcés Escobar fue reportado de manera injusta en las centrales de riesgo, situación que le generó presuntamente perjuicios materiales e inmateriales que serán materia de estudio por el Despacho al momento de la determinación y tasación de los perjuicios.
3. IMPUTACIÓN Y RÉGIMEN APLICABLE
La imputación dentro de la responsabilidad se ha entendido como el elemento que permite atribuir FÁCTICA Y JURÍDICAMENTE un daño a una determinada persona natural y jurídica.[6
De entrada, el Despacho considera que el régimen para imputar la responsabilidad civil extracontractual del Estado en el presente caso es la FALLA DEL SERVICIO, que se estudiará a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Constitución política de Colombia.
La falla del servicio corresponde al régimen de responsabilidad subjetivo, que se caracteriza por el predominio de la culpa de la administración. Según la Jurisprudencia del Consejo de Estado,[7
esta surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales:
-El daño antijurídico sufrido por el interesado.
-El deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada.
-Que exista una relación de causalidad entre esté último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.
Podemos precisar entonces, que la falla del servicio comprende todo tipo de acciones u omisiones de la administración, que en su imperfecto funcionamiento pueden generar irregularidades que dan lugar a daños imputables al Estado.
Es evidente, para el Despacho, de acuerdo al material probatorio aportado al proceso, que el reporte equivocado en las centrales de riesgos sin causa que lo justificara, del señor Garcés Escobar, se puede encuadrar dentro del régimen de la falla del servicio.
Pasa al Despacho a determinar si frente al caso planteado puede predicarse responsabilidad de la entidad accionada.
En virtud del artículo 90 de la C.P, para que se pueda condenar a la administración por el daño ocasionado, es necesario que se acredite por un lado, la existencia de un daño antijurídico, y por otro lado, la imputación de ese daño antijurídico al Estado. De lo anterior, se resalta la necesidad de poder atribuir la responsabilidad al Estado para que pueda resarcir el perjuicio causado por las acciones y omisiones en que incurrió la administración.
Como consecuencia de lo expuesto en la demanda y del material probatorio allegado al proceso, se determina que efectivamente el Señor Garcés Escobar, sufrió un daño consistente en el reporte en las centrales de riesgo sin justificación alguna, situación que es imputable a la responsabilidad extracontractual de la EPM-BOGOTÁ S.A E.S.P.
Para complementar lo anterior, adquiere relevancia para el Despacho, el hecho que la entidad en la contestación de la demanda haya aceptado su responsabilidad parcial al momento de generar un reporte en la central de riesgo al afectado. Adquiere relevancia este hecho, en el entendido que para la fecha del reporte, el señor Garcés Escobar, ya no era titular de la línea.
Con base en las anteriores consideraciones, entra el Despacho a establecer los perjuicios solicitados.
4. DETERMINACIÓN Y TASACIÓN DE PERJUICIOS
Con base en lo solicitado por el actor, el Despacho procede a pronunciarse respecto de los perjuicios solicitados y causados, con ocasión del reporte del demandante en las centrales de riesgo.
Solicita la parte actora la suma de ($32.000.000.oo) Treinta y Dos Millones de Pesos M/CTE, que corresponde al valor dejado de percibir al no haber podido adquirir el equipo antes citado y el valor de las arras que tuvo que asumir al incumplir con el contrato de compraventa del mismo. Presenta como hecho relevante, que acudió varias veces a entidades financieras entre las cuales se encontraban el Banco Popular, HBSC y Davivienda para solicitar un préstamo por la suma de $50.000.000 M/CTE con el objeto de destinarlo a la compra de maquinaria para usarla en los diferentes contratos de obra.
Según el doctrinante, Juan Carlos Henao,[8
los perjuicios de orden material son aquellos que atentan contra bienes o intereses de naturaleza económica, es decir, medibles o mesurables en dinero. En los artículos 1613 y 1614 del código civil, se establece que el perjuicio material se divide en daño emergente y lucro cesante. La jurisprudencia del Consejo de Estado por su parte ha precisado que son objeto de reparación en el sistema legal colombiano, tanto en el campo contractual como en el extracontractual el daño emergente y el lucro cesante.[9
Existe daño emergente cuándo un bien de carácter económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima y lucro cesante cuándo un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima. De la anterior definición y -de las pretensiones del actor, el Despacho, infiere que el afectado pretende como lucro cesante: el "valor dejado de percibir al no haber podido adquirir el equipo antes citado" y como daño emergente: "el valor de las arras que tuvo que asumir al incumplir con el contrato de compraventa del mismo".
De acuerdo a las anteriores anotaciones, entra el Despacho a analizar si de acuerdo al material probatorio recaudado y aportado al proceso, es posible indemnizar los rubros de daño emergente y lucro cesante;
4.1.1 Análisis Probatorio
El Despacho tiene como hecho relevante la situación alegada por el afectado y que apunta a que diferentes entidades Bancarias le negaron un préstamo cuya finalidad era destinarlo a la compra de maquinaria para usarla en los diferentes contratos de obra. Para probar tal situación, la parte actora con la demanda aportó copia simple de derechos de petición (fls 21-22) dirigidos a las entidades Bancarias HSBC y Davivienda, en las que solicita que se le certifique por escrito el reporte que aparece por parte de la EPM quien le impide poder adquirir el crédito. Al respecto, Davivienda se pronuncia a la solicitud del Señor Garcés Escobar, mediante comunicación en copia simple visible a folio 56, manifestando lo siguiente: "Una vez efectuado el correspondiente análisis de su solicitud, le informamos que esta no puede ser atendida en forma positiva debido a que el Banco Davivienda dentro de su política de crédito analiza algunas variables de la solicitud de crédito y de acuerdo al puntaje asignado se reserva el derecho de aprobarla o rechazarla". De la anterior manifestación, el Despacho de entrada advierte que la aprobación de un crédito en una entidad Bancaria, obedece a varios criterios y condiciones fijados en las políticas de cada entidad financiera, que de acuerdo al cumplimiento de dichos criterios y condiciones otorgan cierto puntaje, que en últimas determina si se aprueba o se rechaza la solicitud de crédito. Lo que hace que la decisión de la aprobación de un crédito, obedezca a varios parámetros objetivos y no sólo se limite su negación a un reporte negativo en las centrales de riesgo por parte del solicitante.
Corresponde entonces al Despacho, determinar si dicho reporte en las centrales de riesgo por error de la entidad demandada influyó de manera determinante en que le negarán el crédito por no alcanzar el puntaje necesario; o por el contrario, dicho reporte no tuvo gran incidencia en el puntaje asignado por la entidad Bancaria.
Para probar el anterior supuesto de hecho, el Despacho de acuerdo a lo solicitado en la demanda mediante auto de prueba visible a folio 70-73, decretó lo siguiente:
"a.2 Oficios. Solicita la parte demandante se oficie "HBSC y DAVIVIENDA para que informen si el señor Jorge Garcés Escobar solicitó el otorgamiento de un crédito, fecha de la solicitud y motivo por el cuál se rechazó el préstamo. Los bancos HBSC, DAVIVIENDA, la central de riesgo DATA CRÉDITO y el CONSORCIO OP INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, dentro de los quince (15) días, remitirá el documento solicitado por la parte demandante".
Transcurrido más de cuatro (4) meses y más que vencido el término que estipula la ley como duración del período probatorio, se requirió mediante auto de fecha veintitrés de Noviembre de 2010, a la parte actora, para que le- diera cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas acápite de oficios. Dicho requerimiento, tenía la finalidad de que las entidades HSBC y DAVIVIENDA allegarán al Despacho la respuesta de por qué se le negó el préstamo Bancario al señor Garcés Escobar. A pesar del requerimiento y del vencimiento del término otorgado por el Despacho para el cumplimiento del auto la parte actora no le dio cumplimiento, razón por la cual el Despacho en uso de sus facultades mediante auto de Diciembre siete (7) de 2010 (fl 104) decidió dar por desistida la prueba y corrió traslado para alegar de conclusión. Por tal razón, el Despacho considera que existe una insuficiencia en materia probatoria para la acreditación del nexo de causalidad entre la falla del servicio y los perjuicios materiales que se pudieron causar al señor Garcés Escobar. A pesar de que en el expediente se allegan diferentes documentos y el testimonio rendido por el señor José Vicente Macheta Gutiérrez (fl 100-101) que pretenden demostrar las erogaciones económicas que tuvo el señor Garcés Escobar, dicho material resulta completamente insuficiente para estructurar en el asunto sub judice la obligación de la entidad para reparar los perjuicios materiales que alega el demandante. Encuentra el Despacho que la parte actora no hizo el esfuerzo necesario para probar que con ocasión del reporte negativo en las centrales de riesgo no pudo obtener un crédito bancario que a su vez le causaría unas perjuicios materiales.
Por otra parte, el Despacho respecto del testimonio de la señora Aurora Inés Mora Mora (fls 97-99), encuentra incertidumbre que influye a la hora de apreciar la prueba.
A continuación se citarán apartes de la diligencia de testimonio:
"PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho si usted vio o <sic> oyó al funcionario del banco cuando le manifestó al señor GARCÉS que su solicitud no obtendría éxito debido a que se encontraba con reporte negativo en la central de riesgo por deuda de la E.P.M en más de un año. CONTESTO: Me consta. PREGUNTADO: Recuerda usted si dicho funcionario manifestó que con esta causal es decir el reporte de la E.P.M en la central de riesgo era el motivo y el único motivo por el cual el banco no le haría el préstamo al señor GARCÉS. CONTESTO: Recuerdo que el funcionario manifestó que debido al reporte negativo que presentaba por parte de la E.P.M no era viable que se otorgara el crédito.
Cuándo se le concedió el uso de la palabra, al apoderado de la parte demandada, PREGUNTO:" Manifiéstele al Despacho si las palabras exactas del funcionario asesor comercial fueron, el único motivo por el cual el banco no otorgaría el crédito es el reporte negativo de la E.P.M. CONTESTO: el término único como tal no se utilizó.
No entiende el Despacho por qué si se manifestó por parte de la testigo, "Que el funcionario le manifestó que debido al reporte negativo que presentaba por parte de la E.P.M no era viable que se otorgara el crédito", y después ante la pregunta del apoderado de la parte demandada manifiesta que no le consta que dicha situación fuera la única causal. Esta situación adquiere gran relevancia a la hora de valorar el testimonio. Considera el Despacho en virtud de su competencia, que dicho testimonio es impreciso, contradictorio y no guarda una relación de concordancia con lo manifestado inicialmente por la testigo. Por lo anterior, el Despacho desestimará la prueba testimonial.
Para el Despacho es claro que esta clase de perjuicios no tienen una naturaleza económica, ya que no son medibles en dinero, sin embargo, esta clase de indemnización se ubica desde el ámbito de la compensación y no de la restitución del bien afectado. Entiende el Despacho, que la compensación en el sentido de que lo que se va a otorgar es un bien equivalente en dinero que le ayude aliviar su pena.
Según la Jurisprudencia del Consejo de Estado,[10
se define el daño moral como el dolor espiritual, sufrimiento, pena, congoja que afecta tanto a la víctima directa del daño como a sus parientes cercanos y terceros damnificados muy próximos a ella.
Por regla general, el daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización. El artículo 177 del código de procedimiento civil afirma que: "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". Es necesario entonces, que el demandante con las afirmaciones que haga de la existencia del daño aporte las pruebas que lleven a determinar su existencia. Sin embargo, existe una tendencia del Juez Colombiano a moderar la rigidez del principio de la carga de la prueba sin que se pueda afirmar que se presume la existencia misma del daño, el Juez se ha apoyado en presunciones que aligeran de manera importante la carga de la prueba.
Ha sido interesante esta posición de la Jurisprudencia Colombiana en el sentido en que se presume por parte del Juez el extremo mínimo del daño sufrido por la víctima. Por lo anterior, el Juez puede utilizar elementos de juicio que le permitan establecer el perjuicio sufrido por la víctima y una cuantificación mínima del daño.
Del caso en concreto, se extrae que la parte demandante solo se limitó a informarle al Despacho que sufrió angustias y trastornos psíquicos como consecuencia del reporte injusto en las centrales de riesgo, empero sin las pruebas necesarias que llevaran al Despacho a valorar la verdadera magnitud que causó dicho hecho dañino en la esfera psíquica. Sin embargo, el Despacho presume de acuerdo a las reglas de la experiencia que existen una serie de derechos subjetivos y personalísimos que pueden resultar vulnerados ante la situación de un reporte injusto en las centrales de riesgo.
Esta clase de derechos se relacionan con la reputación, el pundonor y el buen nombre que pueden verse afectados por la vulneración de su contenido por parte de la administración. Aunque en el expediente no se probó que el afectado fuera una persona cumplida o incumplida en sus obligaciones, el Despacho presume, que mientras una persona no sea reportada en las centrales de riesgo es porque tiene un comportamiento normal en el pago de sus obligaciones adquiridas y por ende, dicha situación implica que en condiciones normales, tenga grandes posibilidades de acceder por medio del crédito a bienes y servicios ofrecidos en el mercado financiero.
Concluye el Despacho, que efectivamente el señor Garcés Escobar sufrió un perjuicio moral que lo afectó en su esfera psíquica, ya que fue reportado de manera injusta en las centrales de riesgo. Por lo anterior, el Despacho procederá a la indemnización de este rubro.
4.2.1 TASACIÓN
La jurisprudencia ha señalado que no existe una medida exacta del dolor o la pena,[11 por la que corresponde al juez su tasación de forma discrecional de acuerdo a la entidad o la gravedad del daño.
Teniendo en cuenta la independencia del Juez Contencioso Administrativo para fijar en cada caso, con sustento en los hechos, pretensiones y pruebas, y según su juicio razonable y proporcionado, la indemnización del daño moral, el Despacho procederá a reconocer el siguiente monto:
Para el Afectado: Al señor Jorge Garcés Escobar se le reconocerán Diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de indemnización por perjuicios morales.
PRIMERO.- Declárese administrativamente responsable a EPM BOGOTÁ S. A. E.S.P., por los perjuicios ocasionados con ocasión del reporte injusto en las centrales de riesgo al señor JORGE GARCÉS ESCOBAR.
SEGUNDO.- Condénase a EPM BOGOTÁ, S. A., E.S.P., a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales al señor JORGE GARCÉS ESCOBAR la suma de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
TERCERO.- Deniéganse las demás pretensiones.
QUINTO.- Para el cumplimiento de la presente sentencia, se dará aplicación a lo establecido en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
SEXTO.- Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría los gastos ordinarios proceso, y en caso de remanentes devuélvanse interesado.
Última modificación: 19/07/2012 09:17:45 AM
Publicado: 16/04/2012 11:25:00 AM
¿La empresa EPM BOGOTÁ S.A. E.S.P es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados tanto de orden material como moral a un ciudadano como consecuencia de haber ordenado su inclusión en la central de riesgos?