Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1600
Timestamp: 2017-11-20 02:11:23
Document Index: 248958015

Matched Legal Cases: ['artículo 418', 'artículo 421', 'artículo 25', 'artículo 76', 'artículo 90', 'artículo 63', 'artículo 95', 'artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 418', 'artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 95', 'artículo 6', 'artículo 95', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 58', 'artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 196', 'artículo 70', 'artículo 3', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 58', 'artículo 70', 'artículo 73']

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 24 DE MARZO DE 2015.
Acta de la sesión del 19 de marzo de 2015.
De los Grupos Parlamentarios para referirse sobre el natalicio de Don Benito Juárez García.
El Pleno recibe la visita de Alejandra Ancheita, galardonada con el Premio Martin Ennals 2014.
Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 5° y 8° de la Ley General de Bibliotecas.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 418 y un párrafo segundo al artículo 421 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 90 del Código Penal Federal.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforman y adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a deportistas de combate.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras…
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos…
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Por el que el Senado de la Republica condena el asesinato de cinco elementos de la gendarmería nacional fallecidos en Ocotlán, Jalisco, el 19 de marzo del 2015.
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 70 de la Ley General de Educación.
La Mesa Directiva autorizó las siguientes ampliaciones de turno.
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores presentes.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 92 ciudadanas Senadoras y Senadores.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 24 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, para su análisis y discusión correspondiente.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.
Compañeros Senadores: Por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirnos al aniversario del natalicio de don Benito Juárez García.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
Adelante, Martha.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.
Quisiera, es un alto honor, el día de hoy, poder comentar sobre el natalicio de Benito Juárez García, para lo que he tomado como referencia
La biografía de Benito Juárez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
“Apuntes para mis hijos”. Benito Juárez, Primera Edición, 1972.
Benemérito de las Américas, Bicentenario de su natalicio. Del Honorable Congreso de la Unión.
“Un indio zapoteco llamado Benito Juárez”. De Fernando Benítez Santillán.
Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para intervenir en relación a esta efeméride.
Les ruego a las y los señores Senadores, ocupen sus escaños. Estamos desahogando una efeméride muy importante. Les ruego a las y los Senadores pongamos atención en el desahogo de esta efeméride, es muy importante.
Adelante, Senador Benjamín Robles.
Coincidimos totalmente con sus palabras, hablamos, sin duda, del más importante de los Presidentes que ha tenido este país.
Por eso, compañeras y compañeros, como oaxaqueño, me gusta repetir cada 21 de marzo y hacerlo con orgullo, con gratitud, este verso de Pablo Neruda sobre Juárez: “Tu rostro fue nacido en nuestro barro”.
Y me gusta, compañeras y compañeros, no solo por su aliento poético, sino porque lo vincula directamente con la tierra de Oaxaca.
Juárez solo pudo haber nacido en el sureste mexicano, donde se combinan la creatividad humana y la carencia que ofende, y también el patrimonio cultural que la equilibra.
Sin embargo, en algún momento, Juárez dejó ser solo del sur, para transformarse en un símbolo mexicano.
El hombre en que todo buen patriota desea llegar a convertirse.
Así, Juárez expandió la sustancia de su tierra, de sí mismo, por la geografía entera de México.
Se convirtió, sin duda, en raíz, en parte de nuestra identidad, en el antepasado cuya herencia modeló los principios de cada individuo y también de cada uno de nuestros pueblos.
Una niña o un niño de Oaxaca, o de Tepic, o de Campeche, o de cualquiera de los estados que aquí ustedes representan, puede decir hoy, sin temor a equivocarse, que es descendiente de la cultura de don Benito Juárez.
Y en esto permítanme detenerme. Si lo que digo lo aceptamos, si esta niñez mexicana es heredera del pensamiento y acción del prócer, entonces, ¿por qué permitimos, compañeras y compañeros, que la vida se les presente a estos niños tan complicada y compleja?, ¿por qué permitimos que se les impida disfrutar plenamente de los derechos que les corresponden?, ¿por qué permitimos que se les niegue a nuestras niñas y niños la posibilidad de educarse con calidad y de forjarse en hogares sin violencia?
Si algo nos enseñó Juárez es precisamente a superar una niñez retórica de carencias y de tumbos; pero en eso, compañeras y compañeros, nuestra primera motivación debería ser cambiar y mejorar las condiciones de la vida de la infancia en México.
Por ejemplo, una de cada tres mujeres en el país tiene menos de 14 años, y eso sin duda que representa una gran esperanza; pero en contraste, compañeras y compañeros, las cifras de explotación y trabajo infantil en condiciones peligrosas es verdaderamente alarmante.
Por ello, nos sorprende, nos ofende, enterarse que en el campo, y aún en el doméstico, se les trate a las mujeres y a los jóvenes del país en condiciones de esclavitud, cosa que debería ser totalmente lo contrario.
Hablamos de niñas y niños escapando de sus padres, atrapados a su vez en el alcohol; hablamos de jóvenes migrantes que salen de sus comunidades porque ahí no encuentran oportunidad de trabajo; hablamos de niñas que buscan amistad en las redes sociales, porque conversar en las calles hoy ya no es frecuente; hablamos de niños, cuyo talento se malgasta en horas y horas de soledad y silencio.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, si algún homenaje estamos dispuestos a rendirle a Juárez, éste tendría que ser allanarles el camino a nuestros jóvenes, y que ninguno pase por los derroteros, que ya debió de superar hace más de 200 años el Coloso de Guelatao.
Hay que hacer realidad su esperanza; hay que llevar libertad y derechos a los individuos y las familias; hay que asegurarnos que los futuros nuevos ciudadanos aprendan los valores de la igualdad, de la justicia y la tolerancia; que la educación sea el ingrediente que les asegure comer cada día con satisfacción y renovado espíritu.
Y en el Poder Legislativo hay que implementar, sin duda, un sistema de reglas, un sistema de normas, que no sea una camisa de fuerza para los ciudadanos y sus instituciones, sino que sea un sistema que le propicie armonía y la buena convivencia; es decir, que no sólo funcione para vigilar e impedir, que no sólo funcione para sospechar y castigar, sino que incentive la honestidad, potencie la eficiencia e incentive el desarrollo.
Hay que organizar, compañeras y compañeros, el Estado de tal forma que sea el mérito y el conocimiento, y no el dogma, el que impere en sus determinaciones. Hay que devolverle el sentimiento de patria a cada ser humano que nazca en esta tierra para que nunca más se sienta solo y huérfano, pues aquí estamos millones de paisanos solidarios dispuestos, sin duda, a brindar el apoyo y la casa, el nombre y también la palabra.
Compañeras y compañeros: Este es el país de Juárez, el mismo por el que sacrificó las comodidades mundanas y se entregó a las causalidades democráticas; este es el país, y será siempre el país de Juárez, porque con él compartimos ideas, referencias, y también compartimos valores como ninguno otro de nuestros antepasados.
Por ello, compañeros y compañeras, este es el país de Juárez, y hay que preguntarse, por lo tanto, a cada paso y a cada decisión que enfrentamos en este Senado, ¿qué haría Juárez en estos casos?
Y estoy seguro, Senadoras y Senadores, que la respuesta será más certera y más justa si eso nos preguntamos, porque lo diré en los términos de Carlos Pellicer: “Juárez, eres el Presidente Vitalicio a pesar de tanta noche lúgubre. La República es mar navegable y sereno si es tiempo te consulta”.
Por eso digo, y con orgullo, ¡Que viva Juárez por siempre!
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Robles. ¡Que viva Juárez!
Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, para hablar sobre la efeméride.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
Permítanme hacer referencia a lo escrito por el profesor Miguel Ángel Torres Martínez, con motivo del 209 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, que por su belleza y significado permite traerlo a esta altísima tribuna.
El 21 de marzo de 1806, marcó el camino en la vida de un hombre, el más ardiente defensor del liberalismo, de don Benito Pablo Juárez García, el arquetipo del hombre mexicano, cuyo mérito más grande es la bondad y cuyo talento será por siempre su fe.
Conmemorar su natalicio equivale a hacer un repaso de la historia mexicana, porque hubo un momento en que la Patria se identificó en su persona. En su semblante moreno cobra fuerza el coraje de Hidalgo, en Granaditas; en él cabalga la figura de Morelos, el pensamiento de José María Luis Mora, encontramos en él la estampa de una nación multicolor: Chapultepec, Ayutla, Calpulalpan.
La Reforma fue una comunión de huracanes, de relámpagos que piensan, de ciclones que redimen, de hombres que, según Antonio Caso, parecían gigantes; fue la incisiva de Ramírez, la dulzura de Altamirano, el valor de Leandro Valle, la impasible tenacidad de Melchor Ocampo, lo que consiguió el triunfo de la razón sobre el fanatismo.
González Ortega, el estratega; Ponciano Arriaga, el paradigmático defensor de los pobres; Santos Degollado, Guillermo Pietro, Francisco Zarco, el paladín de la pluma, son ellos quienes hicieron de Calpulalpan la tumba del partido conservador, impactaron en El Cerro de Las Campanas la victoria del partido liberal. Es ahí donde surge, prominente regia, la figura de Juárez.
Y no podemos hablar en calma de alguien que nunca la tuvo, porque su cerebro crecía cuando pensaba en México, porque su mano tembló ante la desgracias, porque su espíritu de héroe se nutrió con la esperanza de México.
Juárez, naciste libre y por la Patria vives; moreno como el barro de la entraña de tu patria.
Hombre a la altura de Bolívar, de Sucre, de Artigas, de José Martí.
Hombre por la idea, cenzontle por el valor.
Hombre por la pasión, águila por la fuerza.
Hombre por la virtud, huracán por la grandeza.
La Patria eleva sus cánticos porque ha resucitado el hombre que vivió destinado a la gloria. El único hombre de la Patria que no conoció la muerte, porque pasó del trance de la vida al umbral de la inmortalidad.
Juárez, celebrar tu nacimiento simboliza un llamado para todos, para los que sufren de amnesia histórica sepan que tu nombre sigue retumbando en los muros de la Patria y tu voz de hombre reformador sigue señalando el camino de México.
Ahí está Juárez con el arma de la ley, con el escudo de la razón, enseñándonos a multiplicar la fuerza por la inteligencia.
Benito Pablo Juárez García, es un orgullo pronunciar tu nombre inmortal, que te ha valido los aplausos de los pueblos y el reconocimiento de las naciones.
Juárez representa la confirmación del carácter y el vigor del nacionalismo mexicano, la lucha por la unificación de la nación deja como herencia que los pueblos de la tierra debatan sus intereses y derechos bajo el pensamiento del Patricio: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora, gracias por sus palabras.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Irma Cobián Chávez, para presentar su intervención en esta efeméride.
La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez: “Mi deber no es atender a los que sólo representan el deseo de un corto número de personas, sino la voluntad nacional”. Benito Juárez García.
Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:
El sábado pasado fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, coincidencia grata y feliz que esta conmemoración se lleve a cabo el mismo día del nacimiento de Benito Juárez.
Un gran mexicano, de nuestra raza zapoteca, nacido en la pobreza, que luchó contra todas las adversidades que fue capaz de convertir sus limitaciones en acicate y motor para alcanzar sus objetivos: ocupar los más altos cargos públicos de nuestro país para acabar con las desigualdades y proporcionar a los mexicanos herramientas para su desarrollo.
Muy distintas son las circunstancias actuales cuando nuestro marco legal protege los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su raza o condición social.
La vida de Juárez es lección de moral cívica, ejemplo de congruencia, tenacidad y perseverancia en la acción humana para lograr un mejor porvenir.
Pensar en su papel en la historia, leer sus escritos, analizar su visión de la política y del estado, la manera como comprendió su entorno y su momento, son lecciones de las cuales debemos aprender.
Su conducta nos invita a fijarnos las metas más altas y tener la voluntad necesaria para alcanzarla.
Lo más digno de un hombre, nos enseña Juárez, es la congruencia entre sus dichos y sus hechos.
Defensor de la supremacía del poder civil, creía en la fuerza moral de las leyes por encima de partidos, amistades o intereses personales. Ejemplo de ello es su impulso a las Leyes de Reforma que, entre otras cosas, separaron los ámbitos del Estado y de la Iglesia, consolidando la idea de un estado laico, respetuoso de todas las creencias humanas y religiosas.
Junto a la generación de liberales que lo acompañó, impulsó la Constitución de 1857, en la que se consagraron nuestros principios fundamentales: la libertad de expresión y de prensa, de asociación, de tránsito, de reunión y de enseñanza.
La garantía de igualdad de derechos de petición, la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prohibición de contratos que cancelan la libertad del individuo. Por eso el Estado mexicano es eminentemente liberal.
Benito Juárez vivió siempre de acuerdo con tres ejes rectores: un acendrado nacionalismo; su confianza en las leyes y las instituciones para promover las bases del Estado liberal mexicano; y la austeridad en su entorno bajo el principio de la honrada medianía.
Éste último cobra especial relevancia ante el dispensario de muchas funciones de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno.
Si bien las circunstancias actuales no son las mismas a las habidas por Juárez, México no puede seguir siendo vulnerado por la pobreza que continúa marcando gran parte de nuestra geografía. Ante la incertidumbre de una economía paralizada, incapaz de mostrar signos de mejoría a pesar de las reformas ya aprobadas y ante la continua amenaza de la violencia provocada por el crimen organizado, la sociedad mexicana exige la presencia del Estado.
Un Estado garante del orden y de la legalidad, pues sólo observando y aplicando de manera irrestricta la ley se puede mantener la seguridad pública y la tranquilidad social.
En el complejo momento actual, la visión y el sentimiento de justicia de Juárez pueden y deben ser el modelo a seguir para superar los nuevos desafíos.
Una de las mejores maneras de celebrar el natalicio de Benito Juárez estriba en continuar la lucha por un México sin millones de excluidos, en donde cada vez más mexicanos dejan de padecer por carecer de lo más elemental.
Juárez es muestra habida de que la pobreza y las limitaciones pueden ser importante motor para la superación personal. Hombre de trabajo, idealista con gran vocación de servicio, una de sus metas fue precisamente acabar con las desigualdades.
En Acción Nacional pensando siempre en la preeminencia del interés nacional, asumimos este compromiso, aceptamos y valoramos este ejemplo, mismo que tratamos de emular y vivir cada día.
Como representantes populares tenemos la obligación de continuar impulsando aquellas reformas que dan solución a los grandes problemas de la nación, pero además teniendo siempre en mente el espíritu liberal juarista, las Senadoras y los Senadores panistas continuaremos aprobando todos aquellos ordenamientos que permitan instalar a México en la modernidad.
La historia se hace todos los días, o como dijera el poeta Amado Nervo: “Somos arquitectos de nuestro propio destino”.
Por eso el reto consiste siempre en tomar las mejores decisiones de acuerdo con las demandas de nuestra realidad, es la vieja lucha entre la historia y la práctica, entre los principios y sus consecuencias, entre la ética y la convicción y la ética de la responsabilidad.
Acertar, como fue el caso del Benemérito de las Américas, constituye la virtud del estadista quien se preocupa por las próximas generaciones, asumiendo, pues, las consecuencias que arrostran las decisiones difíciles que pueden caer en la impopularidad.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora, por sus palabras.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Eviel Pérez Magaña, para referirse a la efeméride de don Benito Juárez García.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Honorable Senado de la República:
Es dado el hombre, algunas veces, a atacar los derechos de los otros, apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud.
Pero existe una cosa que no puede alcanzar ni falsedad ni la perfidia, y que es la tremenda sentencia de la historia, ella nos juzgará
Con estas palabras, don Benito Juárez García, Presidente de México, daba respuesta a Maximiliano de Habsburgo, cuando éste, próximo a llegar a México, lo invitaba a conferenciar para obtener la paz y la felicidad de la nación mexicana.
Tres años después en Querétaro, el 19 de junio de 1867 Maximiliano de Habsburgo, Archiduque de Austria, príncipe católico de una monarquía moderada hereditaria, según el estatuto que organizó su imperio, era fusilado con Miramón y Mejía, por los delitos contra la seguridad de la nación e invasión a la República.
Restaurada la República, en su manifiesto del 15 de julio, al entrar a la ciudad de México, Benito Juárez exhorta a los mexicanos a encaminar esfuerzos para obtener y consolidar los beneficios de la paz y lanza su inmortal proclama: “que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Señoras Senadoras, señores Senadores: Nuestro calendario cívico tiene en el 21 de marzo una de sus fechas más significativas, si no es para conmemorar una de nuestras etapas históricas trascendentales, como el inicio de la Independencia de 1810, o el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, y preferimos esta fecha sobre el 18 de julio de 1872, cuando fallece, en ejercicio de sus funciones, el Presidente de México, el que encabezó la segunda Independencia de México que terminó con la inercia de tres siglos, que si bien habían concluido con la dominación española, continuaban sosteniendo los privilegios de una sociedad criolla amparada por una iglesia de culto oficial.
Un Presidente que sostuvo el laicismo como principio de gobierno y que luchó contra el imperio francés y su archiduque austriaco.
¿Qué representa en la historia de México el nacimiento de un hombre el 21 de marzo de 1806?
¿Qué significa, en nuestro sentimiento nacional, que ese hombre haya sido un indígena de la sierra zapoteca, huérfano a los tres años y que a los dos encaminara sus pasos a Oaxaca, sin más esperanza que encontrar a María Josefa, su hermana mayor?
Innumerables libros y estudios sobre don Benito Juárez García, cuya vida va de la mano de nuestra historia, nos dan diferentes perspectivas de sus trascendencias:
Benito Juárez, el niño pastor.
Juárez, el estudiante.
Juárez, el abogado defensor de comunidades indígenas.
Juárez, gobernador de Oaxaca.
Juárez, político nacional y legislador reformista.
Juárez, Presidente defensor de la República.
Juárez, el estadista.
Y también Benito, el hombre de familia, esposo y padre.
Su República itinerante durante años de zozobra para la patria, lo hizo ser parte de la historia locales de Guanajuato, Guadalajara, Colima, Manzanillo y Veracruz, durante la Guerra de Reforma; y de San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Coahuila, Durango y Chihuahua, durante la Invasión Francesa.
Y no estuvo sólo. En su gran virtud, generada por la reflexión y el estudio, lo hicieron encabezar a los liberales Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Matías Romero, entre otros.
Sin embargo, el 21 de marzo, el Benemérito de las Américas cede su lugar al niño indígena, al niño indígena que recordamos hoy, que con decisión y empeño logró abrirse paso en una sociedad clasista que lo discriminaba, para representar, sin olvidar sus orígenes, a los hombres de su tiempo.
Como ejemplo de perseverancia, es indiscutible su trayectoria.
Como ejemplo de entereza, es indudable su vida.
Como ejemplo de congruencia, basta conocer su vida pública.
Su vida es ejemplo de tenacidad y firmeza, de lucha incansable por las ideas libertarias que arrancaron las secuelas del colonialismo español que nos ahogaba.
De lucha por un país de libertades fundamentales, en un país que empezó a construirse en la segunda mitad del siglo XIX, pero que aún tiene grandes retos qué vencer.
Y en estos momentos, cuando México requiere de la perseverancia, entereza y congruencia de Juárez, en la necesaria transformación de sus instituciones, que su grandeza aliente las reformas estructurales que hemos emprendido en el marco de derechos que encausan nuestras políticas públicas, que su ideario nos conduzca a batir las brechas de desigualdad, es una obligación.
Por sus jóvenes trabajar.
Por esos jóvenes desafiantes.
Por las mujeres de México y su incansable lucha por la igualdad sustantiva.
Por la pretendida igualdad social que naufraga en un mar de discriminación que no cesa.
Por el profundo contraste económico que existe entre el norte y el sur.
Por la inacabada lucha.
Haciendo honor a su memoria, juntos hagamos un esfuerzo para lograr un mejor país para todos.
Compañeras y compañeros: Oaxaca, la provincia que albergó al niño pastor, es un ejemplo del México que reclama, del México que confronta, de ese México donde en piso de metal se vive al día, como diría el poeta, que conmemorar el nacimiento del Patricio sea la pauta para levantar la voz con firmeza a favor de quienes luchan por una vida digna desde el sureste de México.
Desde el derecho a la salud y a la educación, sea lo cotidiano y no un motivo para celebrar, que tengamos acceso al desarrollo sustentable que proteja nuestros recursos naturales y la biodiversidad que nos distingue.
Por ello, Benito Juárez García es y seguirá siendo símbolo de entereza y emblema de la voluntad que logra un noble propósito para esta gran nación, paradigma de las más altas virtudes ciudadanas, custodio de los principios republicanos y pasado de gloria que ilumina el futuro de esta gran nación.
El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Agradezco las intervenciones de las y los Senadores, que lo hicieron para conmemorar esta efeméride, en nombre de los grupos parlamentarios.
La generosidad de sus palabras, todas sus expresiones, las instituciones de México, sin regateo alguno, cada 21 de marzo, o fechas cercanas, festejamos el nacimiento de don Benito Juárez García.
El legado de Juárez, Juárez el hombre en sus diferentes etapas de su vida, pueden ser vinculados en el análisis de los asuntos que hoy son de preocupación y de solución para México.
Juárez nace en medio de una sociedad de castas y se abre el camino para llegar a ser el Presidente de México.
Juárez instala con una de sus frases: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, uno de nuestros paradigmas de nuestra política exterior.
De Juárez podemos ver la honestidad, la transparencia, la modestia y la lealtad a la patria.
Y con Juárez el hombre, el político, el héroe, debemos verlo también como parte de un equipo que le permitió tanta luz y tanta brillantez.
Desde Antonio Salanueva, Margarita Maza, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Matías Romero, entre otros.
Gracias, Senado de la República, por haber festejado esta efeméride.
El texto de la intervención de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, sobre el aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, se recibe para insertarse en el Diario de los Debates.
Compañeras Senadoras y Senadores: Se encuentra de visita en este Senado, la señora Alejandra Ancheita Pagaza, galardonada con el reconocimiento Martín Ennals 2014, por su trabajo como defensora de los derechos humanos de trabajadores migrantes y comunidades indígenas.
La visita de la Senadora Ancheita es en atención al dictamen aprobado por el Senado de la República el 14 de diciembre del año pasado 2014, por el que se resolvió felicitarla, recibirla ante este Pleno, entregarle un reconocimiento y escuchar su mensaje.
La señora Ancheita se encuentra en el salón anexo, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores: Ricardo Urzúa Rivera, Lizette Clavel Sánchez, Angélica de la Peña Gómez, Miguel Ángel Chico Herrera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, la invitan a pasar a este salón.
Honorable Asamblea: Doy la bienvenida a la señora Alejandra Ancheita Pagaza, le expreso el saludo del Senado de la República, la felicitación por el premio Martín Ennals 2014, que es el máximo reconocimiento que se entrega en la materia de los derechos humanos. Felicidades señora Alejandra Ancheita Pagaza.
Saludo también la presencia de sus gentiles familiares que la acompañan en esta visita al Senado de la República. Felicidades a ustedes.
Le solcito a la señora Ancheita haga uso de la tribuna para darnos un mensaje a la Asamblea.
Por favor, señora Ancheita.
La Ciudadana Alejandra Ancheita Pagaza: Buenas tardes a todas y a todos.
Principalmente quisiera empezar esta participación agradeciendo a todos los asistentes, Senadoras y Senadoras, de manera particular a la Senadora Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvo tan amable gesto de invitarme a participar con ustedes en este recinto.
Mi nombre es Alejandra Ancheita, soy abogada y defensora de Derechos Humanos, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Organización No Gubernamental, de diez años de trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de comunidades indígenas, comunidades ejidales, comunidades de bienes comunales y de colectivos de trabajadores y trabajadoras que han visto afectado sus derechos humanos.
El día de hoy, quisiera iniciar dirigiéndome a todos y a todas ustedes para aprovechar la oportunidad de hablar sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivimos actualmente en México, la impunidad parece ser el común denominador.
Según el reporte del programa Nacional de Procuración de Justicia del 2013 al 2018, quedan en impunidad el 93 por ciento de los delitos cometidos en México.
Los casos de tortura y desaparición forzada son dos de los problemas más dolorosos y urgentes a atender en el país. Hasta abril del 2014, de acuerdo a la información oficial, nadie había sido condenado por algún caso de desaparición forzada cometidos después del 2006.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el caso de Tlatlaya, ilustran claramente que hay una necesidad apremiante de atender estas problemáticas.
En este sentido, es de vital importancia que el Senado atienda cabalmente todas las problemáticas en materia de derechos humanos, que tiene como obligación poner especial atención.
En su agenda, el Senado ha planteado tres temas que quisiera rescatar por su relevancia, por el trabajo que realizamos en la sociedad civil, pero principalmente en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
El primero es el tema de la migración; el segundo es la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; y el tercero es la atención que el propio Senado ha puesto sobre las diversas reformas estructurales que se han impulsado en los últimos años.
Vemos que el tema de la migración, desde el Senado, sobre todo en el tema de los niños migrantes y la situación de los migrantes centroamericanos, ha sido de su interés.
Sin embargo, es importante también visibilizar la problemática de los trabajadores temporales, mexicanos y mexicanas que viajan cada año a Estados Unidos con las Visas H2A y H2B. En este tema, ProDESC ha trabajado concretamente con el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en el cual también quisiéramos trabajar con el Senado para atender la problemática específica que enfrentan los trabajadores y trabajadoras temporales, principalmente la problemática relacionada con los abusos, fraudes durante el reclutamiento y la violación a sus derechos humanos laborales.
La situación de los trabajadores que laboran en México también requiere principal atención, como muestra está el reciente caso de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, decenas de miles de jornaleros con condiciones deplorables en derechos humanos y derechos laborales se han organizado para exigir mejoras de trabajo.
Entre las exigencias de su pliego petitorio, podemos encontrar el alto al abuso sexual contra las mujeres, mujeres trabajadoras, jornaleras; que a las embarazadas se les respeten seis semanas antes y después del parto, no obligar a las madres a que lleven a sus hijos para que les ayuden con el trabajo; pago de 300 pesos por jornada laboral de ocho horas y no de 14 horas, contar con el derecho básico de la seguridad social, parar las represalias en contra de los trabajadores que se reúnan o participan en organizaciones para defender sus derechos.
Sabemos bien que en el Senado, como es muy evidente, comparten el interés por dar atención y solución a esta situación, y proponemos que como una primera acción envíen una misión de observación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para atender las solicitudes y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de San Quintín.
En el tema de la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, reconocemos, sin duda, el interés por realizar un trabajo para mejorar el respeto y promover y proteger, así como garantizar, los derechos humanos a través del seguimiento que el propio Senado ha dado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Celebramos que el Senado está visibilizando el riesgo que corren los periodistas y comunicadores, así como el respeto de sus derechos civiles y políticos, principalmente el derecho a la libertad de expresión, pero también exhortamos a no perder de vista el riesgo que corren los defensores y defensoras de derechos humanos.
De manera particular, las mujeres defensoras de derechos humanos, corremos riesgos muy específicos que se tienen que atender de manera integral.
Cabe destacar que, según la documentación que ha realizado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, sólo en el 2013 se documentaron 242 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos, de los cuales el 95 por ciento están, a la fecha, en impunidad.
En lo relativo a las reformas estructurales, observamos también con beneplácito el interés que tiene el Senado de dar atención efectiva a los efectos negativos del desarrollo, principalmente de proyectos energéticos que no toman en cuenta a las comunidades ni al entorno donde se pretenden implantar dichos proyectos.
Sin embargo, vemos con preocupación algunos intentos de regresar en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
Un ejemplo muy específico, es la iniciativa de la Ley General de Aguas, que desde la perspectiva de las organizaciones de la defensa de derechos humanos, carece de varios criterios fundamentales, en que los derechos humanos establecen como el acceso al agua y saneamiento, que es uno de los elementos fundamentales para una vida digna.
En este proceso, es importantísimo que se dé la participación de la sociedad civil, y como lo recomendó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, se debe incluir un debate público, objetivo, plural e informado, que dé voz y espacio a todas las partes interesadas. En el mismo tenor, tras la aprobación de la reforma energética, es necesario poner sobre la mesa el tema de la consulta a los pueblos indígenas sobre megaproyectos.
ProDESC forma parte de la misión de observación con la Organización Proyecto Poder, Código DH y Brigadas de Paz Internacional, sobre la consulta que se está realizando actualmente en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para dar cabida a la construcción del proyecto de la empresa Energía Eólica del Sur, en el municipio de Juchitán.
De acuerdo a los reportes que hemos publicado desde ProDESC, se han identificado graves violaciones a los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principalmente el carácter libre, previo e informado, culturalmente adecuado y de buena fe que debe de prevalecer en todas las consultas.
En particular, preocupa la serie de amenazas, intimidaciones y hostigamientos que han sufrido integrantes de la comunidad zapoteca, especialmente quienes pertenecen a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes han hecho pública su posición crítica ante la manera en cómo se va desarrollando el proceso de consulta, impulsado por el gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca.
Hoy, más que nunca, se hace urgente la actuación efectiva, integral y bajo la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
El Senado tiene la oportunidad histórica de trabajar por el bien común en el país. Esto lo podrá hacer sí, y sólo sí, se compromete a la escucha y al trabajo en conjunto, no sólo con la sociedad civil, también con los colectivos de trabajadores y trabajadoras y las comunidades indígenas, ejidales y de bienes comunales, que son quienes detentan el desarrollo real y cotidiano de los derechos humanos en este país.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchísimas gracias a usted.
Señoras y señores legisladores: El Senado de la República ha escuchado con atención a la ciudadana Alejandra Anchieta, merecedora del Premio Martín Ennals 2014. Uno de los reconocimientos más relevantes a nivel mundial, en materia de la defensa de los derechos humanos.
Este día, las y los Senadores de la República, nos sumamos al reconocimiento internacional a nuestra compatriota. Nos sentimos honrados y orgullosos de tenerla aquí.
Alejandra Ancheita, a lo largo de su trabajo, ha demostrado una férrea voluntad para defender los derechos fundamentales. Su premio debe alentarnos sobre la violación de derechos humanos y los riegos a los que se enfrentan los defensores de estos derechos.
El Estado mexicano ha logrado grandes avances en esta materia; sin embargo, aún estamos lejos de ser un país en donde se respeten plenamente los derechos humanos, estamos trabajando para ello.
Sirva su presencia, sirvan sus palabras para fortalecer la labor de los defensores de los derechos humanos en nuestro país, y particularmente para que sean útiles en la suma de esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales.
Ciudadana Alejandra Ancheita, por su conducto, le pido, lleve usted un mensaje a todos sus compañeros y dígales que la Cámara de los Senadores, que las mujeres y los hombres que integramos esta Legislatura, somos sus aliados en la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en sus labores que realiza.
Muchas gracias, estamos muy honrados con su presencia.
Para significar la visita de la señora Ancheita a esta Asamblea, y en cumplimiento al Acuerdo aprobado al 14 de diciembre pasado, la invito a subir a este presídium para entregarle el diploma que le extiende la Cámara de Senadores.
(Se hace entrega del diploma)
Señora Alejandra Ancheita, agradecemos su presencia ante el Pleno del Senado; asimismo, agradezco la visita de sus familiares, que le han acompañado en la sesión.
Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros visitantes cuando deseen retirarse del salón.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de la Asociación Civil “Compartiendo Retos”, del municipio de Tepeapulco y Ciudad Sahagún, del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.
El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Fernando Yunes.
El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Este Pleno del Senado, en diferentes ocasiones se ha congratulado por la caída de grandes capos del narcotráfico.
Sin embargo, el día jueves, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, elementos de la Gendarmería Nacional fueron embocados por la delincuencia organizada, y derivado de esto, 5 elementos fueron asesinados, 3 civiles de igual manera y 8 más están heridos.
Le solicitaría, en primer lugar, que pudiéramos hacer un enérgico llamado a las autoridades para que se dé con los asesinos de estos elementos de la Gendarmería, que reconozcamos su valor, como Senado de la República, no solamente de ellos, sino de muchos otros, que día a día arriesgan la vida por la seguridad de los mexicanos, y que pudiéramos tener un minuto de silencio para estos 5 elementos de la Gendarmería que perdieron la vida a manos de cobardes.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Yunes, vamos a tener los nombres de los integrantes de la Gendarmería que fallecieron.
En este momento damos cuenta al minuto de silencio e instruyo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios nos formule un acuerdo del Senado para efectos de exigir el esclarecimiento de los hechos.
¿Le parece que es el trámite que demos?
El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Compañeras y compañeros.
En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Roberto Albores Gleason y Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 5o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas.
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores de la República:
La Secretaría de Educación Pública se instituyó en septiembre de 1921, por José Vasconcelos, primer titular de la dependencia quien ejecutó uno de los proyectos bibliotecarios más extensos e importantes en la historia de nuestro país.
Por primera vez se crearon cientos de bibliotecas populares en todos los estados de la República y se concibió a la biblioteca como un elementos primordial para el desarrollo del país.
En 1983, solamente se contaba con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en las grandes ciudades, y el resto en alguno de los 2 mil 378 municipios existentes.
Dicha infraestructura bibliotecaria era insuficiente para atender a 77 millones de mexicanos, motivo por el cual la SEP, en ese mismo año, presentó el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, mediante el cual se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
Tal estrategia propuso la creación de por lo menos una biblioteca en la capital de cada entidad federativa, instalándose 31 bibliotecas estatales a través de la colaboración de los distintos niveles de gobierno, hecho que posteriormente dio origen a las redes estatales y delegaciones.
Para 1986, los ayuntamientos con una población mayor de 30 mil habitantes, contaron con una biblioteca municipal.
Al día de hoy, nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas, considerada como la más grande de América Latina, es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, con la participación del gobierno federal, esencialmente de carácter técnico y normativo.
Según cifras del INEGI, un estimado de 13 mil 432 bibliotecas públicas especializadas y escolares integran la Red Nacional de Bibliotecas, de las cuales opera las 7 mil 388 de carácter público establecidas en 2 mil 281 municipios, lo que representa una cobertura municipal del 93.2 por ciento del total existente en la República.
El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-20182, en su apartado de consideraciones, manifiesta que la meta nacional “México con Educación de Calidad” tiene como objetivo, entre otros, ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual resulta necesario implementar una política de Estado capaz de situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población, así como de proveer la infraestructura adecuada.
En el mismo sentido, dicho programa, en su Capítulo III denominado “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, establece en su objetivos 2 y 3 “Impulsar la educación y la investigación artística y cultural”, y “Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella” respectivamente.
Derivado de lo anterior, se propone adicionar la Ley General de Bibliotecas mediante un segundo párrafo al artículo 5o., a efecto de establecer la obligación de contar, por lo menos, con una biblioteca pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas, en todos los municipios del país.
En el mismo sentido, se propone adicionar la actual fracción I, del artículo 8o., con la finalidad de que, en la atribución de que los gobiernos de los estados tienen para integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, se especifique la obligación de que esta deberá conformarse por lo menos con una biblioteca en cada uno de los municipios.
Finalmente, para el cumplimiento de lo anterior, se establece como medida transitoria que se cuente con 3 años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Con esta reforma, se pretende que todos los municipios y en todas las delegaciones del país existan bibliotecas públicas.
No basta con que la Red Nacional de Bibliotecas se encuentre institucionalizada para nuestro sistema legal.
Para fortalecer este sistema, es necesario contar con la cobertura total en México de establecimientos que garanticen a un mayor número de mexicanos el acceso gratuito a la lectura a través de servicios suficientes y adecuados.
Así contribuimos a la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Peña Nieto, para seguir transformado a México.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona en el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.
Hoy venimos a presentar una iniciativa con la que se pretende reformar el artículo 418 y 421 del Código de Procedimientos Penales. Asimismo, los artículos 25, 76 y 90 del Código Penal Federal.
Con esta iniciativa buscamos dos objetivos muy claros.
El primero. Flexibilizar los requisitos para que las mujeres soliciten su libertad provisional, bajo protesta, cuando se trata de delitos no graves, y así no ingresen a un centro penitenciario durante el proceso de investigación.
El segundo objetivo es que el juez que dicte una sentencia de pena de prisión, que no exceda de cuatro años, a una mujer, sustituya la prisión y otorgue el beneficio de condena condicional, para que no ingrese al centro penitenciario.
De esta manera, lo que pretendemos es evitar varias consecuencias negativas para las mujeres que por primera vez se ven envueltas en una causa criminal.
Algunos datos que sustentan esta propuesta, son los siguientes:
En términos generales, las mujeres que se encuentran sujetas a un procedimiento o que se encuentran ya cumpliendo alguna sentencia; se encuentran también en una situación muy vulnerable, porque muchas de ellas son jefas de familia, madres, que tienen inclusos sus hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios.
La problemática de las mujeres en prisión se desprende del hecho de que México hemos abusado de esta figura de la prisión. Por un lado, casi la mitad de los internos que se encuentran en los centros penitenciarios del país, ya sean hombres o mujeres, son procesados y privados de la libertad bajo el sistema tradicional; pero también hay cifras que nos dicen, de acuerdo, cifras oficias del INEGI, por ejemplo, que nos dicen que más del 90 por ciento de las sentencias condenatorias tuvieron penas de prisión; el 58 por ciento de los internos, purgan penas de prisión menores a tres años; el 3.5 por ciento de las sentencias, tuvo sanciones alternativas, como multa o reparación del daño; y el 85.6 por ciento de los sentenciados, con penas de prisión, en las sentencias condenatorias, en los juzgados de Primera Instancia del Fuero Federal, tuvieron una prisión menor a cinco años.
Es por ello que, en agosto del 2014, existía una sobrepoblación de más de 56 mil 727 internos en los centros penitenciarios de todo el país, y en 217 de estos centros había sobrepoblación.
Esta situación, también, resultó debido a que la mayoría de los internos que fueron privados de su libertad, fue por delitos no graves.
Lo anterior trae consigo varias consecuencias negativas. Una de ellas, es que la prisión preventiva provoca la contaminación criminógena, esto es, cuando los procesados probablemente inocentes o quienes cometen delitos no graves, son obligados a convivir en los centros penitenciarios con delincuentes que son mucho más peligrosos y que tienen conductas criminales y un historial de criminalidad mucho más grave.
El hacinamiento también puede constituir un trato cruel e inhumano y violación a los derechos humanos de quienes están compurgando una sentencia.
En cuanto a las penas de corta duración, éstas provocan además de la contaminación criminal, que no se pueda cumplir con el objetivo de la reinserción social, por el plazo que tienen muchos de ellos para compurgar su pena.
La exposición de los internos a incidentes violentos, a redes de corrupción al interior de los centros penitenciarios, hacen que lo más probable que terminen insertos en este tipo de actividades criminales, más que una readaptación.
Por otro lado, también el encarcelamiento no solo afecta al interno, sino también al núcleo familiar. El tener en prisión a una madre o a un padre afectará no solamente a la persona en sí misma, sino a su familia y muchas veces tiene efectos colaterales a otras personas.
La prisión no solo resulta costosa socialmente, también monetariamente.
Según datos del INEGI, se destinan anualmente más de ocho mil millones de pesos para el mantenimiento de los centros penitenciarios. Esto es, hay un costo promedio de casi 140 pesos diarios por persona, que se encuentra recluida en alguno de los centros penitenciarios.
México, como todos sabemos, forma parte de las Naciones Unidas, como miembros de estas Naciones Unidas, también comparte la obligación de promover muchas de las reglas que al interior de las Naciones Unidas se promueven.
Una de ellas son las Reglas de Bangkok. Estas reglas nos dictaminan que, por un lado, se debe de dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad a las mujeres que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal.
También, nos dicen estas reglas, que cierto número de mujeres delincuentes no plantean un riesgo para la sociedad, y como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento puede dificultar su reinserción social.
Otra disposición de estas reglas, es que alienta a los Estados miembros a aprobar la legislación para establecer medidas sustitutivas del encarcelamiento y dar prioridad a la financiación de estos sistemas, así como la elaboración de los mecanismos necesarios para su aplicación.
Aunado a la anterior, la Regla 57 establece que se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y a la condena concebida específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente su historial de victimización de muchas de ellas y su responsabilidad que tienen respecto al cuidado de otras personas.
Por lo tanto, las Reglas de Bangkok, sugieren que en el caso de las mujeres delincuentes, debemos dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad.
Aprobando esta propuesta o esta iniciativa que hoy presentamos, lo que buscamos es que las personas que por primera vez se encuentren en una causa criminal, que es por un delito no grave, que siendo sentencias y no exceda más de cuatro la sentencia, puedan sustituir la pena, bajo este mecanismos de una pena sustitutiva a la de la prisión, y que busca, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Me queda claro que es un tema que habrá de debatirse, que abre el debate para los especialistas, pero que también, me parece, debemos de avanzar a buscar otros mecanismos diferentes y dejar de lado el sistema tradicional, de solamente imponer sanciones privativas de la libertad.
Esta es la propuesta, y esperemos que una vez turnadas a las comisiones, se dé un debate amplio y podamos encontrar una solución para esta problemática.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Torres Graciano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas y se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
Esta iniciativa, ciertamente la firmamos distintos Senadoras y Senadores.
Quiero hacer referencia que los graves acontecimientos de Iguala, Cocula y Ayotzinapa, derivaron, entre otras decisiones, que familiares de las personas heridas y desaparecidas recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, para solicitar, de manera urgente, medidas cautelares al Estado mexicano, a principios de octubre del año pasado.
Entre las diversas acciones, que tanto el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acordaron, se encuentra la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en donde, además de dar seguimiento al proceso de investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, perpetrada por policías municipales de Iguala y de Cocula, también se propone la creación de una legislación nacional sobre desaparición de personas, fundada en los preceptos de los tratados internacionales, que México ha aprobado.
En el Senado, como ustedes saben, tenemos ya bastante tiempo, ante los graves acontecimientos, incluso antes de los graves acontecimientos que yo menciono, discutiendo la pertinencia de una ley general, no solamente de una ley federal, sino una ley general que pueda coordinar los tres órdenes de gobierno y que defina, entre otras cosas, la pertinencia de una implementación en todo el país, a partir de definiciones claras, precisas, únicas, de base de coordinación y coadyuvancia para la efectiva búsqueda, investigación, atención a víctimas y políticas públicas frente a este grave delito que necesariamente derivarán en una legislación de observancia nacional general en todo el territorio nacional, de conformidad con lo que necesariamente tiene que fundarse en el artículo 73, fracción XXI, proceso también en el que el Senado está trabajando.
El fundamento esencial de la iniciativa que hoy presentamos, establece que, al amparo de la ley, todas las autoridades de la Federación y las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a la coordinación de sus acciones para garantizar la prevención, la investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición involuntaria de personas acordes a los principios, procedimientos y protocolos establecidos para lograr que todas las actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y de testigos, así como a regresar a la persona con vida a su núcleo familiar.
La redacción de cada uno de los capítulos y el articulado de esta iniciativa que hoy comento, toma en consideración tanto la vinculación y preceptos de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, aprobada en 1992; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de junio de 1994, en el ámbito de la OEA; el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de julio de 1998; y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de junio de 2006.
Indispensable para fundar el bien jurídico tutelado, el análisis de la legislación internacional y la doctrina que se ha venido construyendo desde la expertiz de diversos especialistas y organismos de Naciones Unidas y de la propia OEA, como también de la Unión Europea.
Por lo tanto, resulta evidente que la comisión del crimen, de desaparición forzada, viola, en perjuicio de la víctima, el derecho a su libertad y la seguridad personal; pero no sólo es importante en esta construcción del tipo penal hacer una diferencia clara de otros tipos penales, como lo son el secuestro o la trata de personas.
Porque con la desaparición forzada se violan, además, una serie de derechos humanos, como la vida, la libertad en su más amplio sentido; porque a la persona desaparecida se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona a la seguridad e integridad física, y además integridad psicológica.
Se priva a la persona desaparecida de su personalidad jurídica. El desparecido que oficialmente no existe ni vivo, ni muerto, ni en prisión, ni en libertad, queda sustraído de la protección de la ley.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera ocasión, en el caso de Anzualdo contra Perú, llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica, por eso es uno de los elementos importantes que analizamos en esta iniciativa.
De tal forma, que en el artículo 5o. de la misma, señala que: “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad, se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad, oculte el paradero del sujeto pasivo, se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima, o dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso”.
Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas el particular que, aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, realice alguna de las conductas descritas anteriormente o intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis que refería también.
Es importante, por lo tanto, señalar que la desaparición no sólo contempla desaparición forzada perpetrada por los sujetos que ya señalé. La desaparición involuntaria se emprende con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la priva de la libertad con fines distintos al del secuestro, que es finalmente el delito que definimos y, por supuesto, refrendamos con toda puntualidad, ¿cuál es, en este caso, el bien jurídico que tutela la presente iniciativa?
La desaparición forzada también ha sido conocida como una estrategia de lucha y su presión política.
Es importante que mencione, de manera muy rápida, la historia que nos ha señalado, cómo aparece por primera ocasión en América Latina, en Guatemala, en 1962, y se extendió al resto de la región latinoamericana en los años 70, 80 y 90, y fue perpetrada por regímenes dictatoriales y de gobiernos militares de facto.
El estudio de este grave crimen deriva de la práctica que sufrieron países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, pero que también estuvo presente en países como Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y México.
Fue usada, como bien sabemos, por la Unión Soviética en los años 30, y también fue perpetrada como una práctica genocida por el Tercer Reich alemán de Hitler, en la Alemania nazi.
En México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo fundamenta en la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México, obligando a México, al Estado parte, cuando menos a las siguientes obligaciones: una de carácter administrativo, otra que tiene que ver con la no repetición, la reparación del daño, pero otra también que tiene que ver con la importancia, la definición de la ley, revisión del marco jurídico que establezca el cumplimiento de obligaciones legales para la prevención, para la investigación, para justicia y verdad y, sobre todo, para la no repetición.
La definición, por lo tanto, del tipo penal, como lo he señalado, también considera la desaparición involuntaria, la desaparición equiparada de personas, los delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria y a sus equiparados, los agravantes y atenuantes punitivos, el delito de carácter continuo, su imprescriptibilidad, así como la declaración de ausencia por desaparición de personas, para garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.
Éstas son algunas de las características importantes de la iniciativa que hoy presentamos.
Enuncio, de manera general, la constitución del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos sobre personas que se encuentran privadas de la libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto.
Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, cuyo propósito es concentrar en una sola base de datos las personas que se aduce han desparecido.
Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, que integre los perfiles de las personas desaparecidas, de familiares en primer grado, en línea recta de las víctimas, y de los restos que eventualmente se encuentre de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización y ubicación de personas desaparecidas y sus familias.
Definir los protocolos de búsqueda desde un solo enfoque a nivel nacional o para la declaración de ausencia por desaparición, de la atención a víctimas y la reparación integral del daño, son indispensables para darle certidumbre a la resolución de esta grave violación a los derechos humanos.
Finalmente, la iniciativa señala que: “las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con criterios especificados en el artículo 16 de la iniciativa, deberán ser concedidos para su implementación en el Programa Nacional de Procuración de Justicia y en el Programa Nacional de Seguridad Pública”.
Acompaña, esta iniciativa, las reformas a los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que sigue, señoras y señores, es ponernos de acuerdo en la redacción de la reforma constitucional, que fundamente la aprobación de la Ley General, y con este proceso legislativo atender las recomendaciones que los organismos de Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, o de las relatorías, o de las comisiones encargadas de revisar el cumplimiento de los tratados que hemos aprobado, o del examen periódico universal y también de los organismos de la Organización Estados Americanos, que le han hecho al Estado mexicano podamos cumplir de manera irrestricta, no hay ninguna justificación seria, responsable, genuina que se imponga al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas creado por la Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En el camino andamos y debemos cumplir debidamente porque ese es el mandato que nos hadado la ciudadanía.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.
A continuación, se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a deportistas de combate.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeros colegas de la Asamblea.
Quisiera referirme a un deporte, o a varios deportes que son de combate, deportes legendarios que a través del tiempo han venido evolucionando como el boxeo, como la lucha libre, y ahora también sus subgéneros que pudiéramos enumerar en decenas y que tienen que ver con fusiones de arte marciales, con algunas prácticas de combate ancestrales, y que prácticamente ya abren la agresión física, claro que sí, sujeta a una disciplina, pero al fin agresión totalmente abierta como es el llamado “Vale todo”.
Pero antes de iniciar con esta exposición, quisiera manifestar mi más profundo dolor por la pérdida de un héroe nacional, y me refiero a un héroe deportivo que durante décadas fue heredero de una gran dinastía, la dinastía de los Aguayo, y que perdió la vida, amaneciendo el sábado, en la ciudad muy importante de Tijuana, cuyo estado Baja California represento, y me refiero a Pedro Aguayo Ramírez, el hijo del Perro Aguayo, que perdió la vida de manera lamentable en una función de lucha libre, como ya señalé, en la muy querida ciudad de Tijuana.
También quisiera, desde aquí, expresar mi dolor, mi solidaridad con sus padres, con el gran Pedro Aguayo Damián.
El Perro Aguayo, un gran luchador que durante décadas también nos brindó su talento; a la señora madre de Pedro Aguayo, a la señora Luz Ramírez de Aguayo.
Y muy particularmente también quiero saludar a mi paisano, y amigo en lo personal, Oscar Gutiérrez, El Rey Misterio 619, es el luchador con quien se confrontó el Perro Aguayo, y que ha tratado de ser lastimado por algunos medios, por algunas versiones desinformadas.
Quisiera, desde aquí, expresarle al Rey Misterio mi respeto, mi agradecimiento por esa amistad de tantos años que hemos llevado y manifestarle que lo conozco, que en Baja California, en San Diego también, por supuesto, donde está arraigado, sabemos quién es, sabemos de su grandeza, sabemos de su decoro y sabemos de su humanidad, por ello esas versiones molestas, esas versiones desinformadas, y en algún momento de mala intención, no harán nada en esa gran carrera de años que lleva como deportista.
Te saludo con todo respeto, querido Rey Misterio 619.
También quisiera señalar a la memoria de otros deportistas que han muerto en combate, ya fuera en el boxeo o ya fuera en la lucha libre, como por ejemplo, Kiko Bejines, si se acuerdan, allá por 1983, un boxeador que prometía grandes tiempos, murió precisamente en combate; recientemente Marco Nazareth, en 2009, en un combate con uno de los herederos de Julio César Chávez.
Luchadores, por ejemplo, el Oro, en 1993; el Cometa Tapatío, en el 2012; el Astro Azul, en 1973; y Sangre India, en 1979, a ellos nuestro recuerdo y nuestros respetos.
Como todos ustedes saben, el fin de semana pasada sucedió una tragedia en Tijuana, de manera súbita se trastocó el desarrollo normal de una jornada de lucha libre, un golpe repentino a uno de los contendientes le provocó una conmoción cerebral, y a los pocos minutos la muerte se hizo evidente, y las deficiencias con que se llevan a cabo este tipo de eventos también fueron evidentes.
Por eso, con la presentación de esta iniciativa en torno a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de protección a los deportistas de combate, me permito, con toda atención, llamar a mis compañeras y compañeros Senadores a la reflexión.
Estoy convencido de que si llevamos al rango de ley el deber de contar con protocolos para los deportes de combate, con ello vamos a elevar significativamente el nivel de seguridad de los contendientes.
En algunos estados ya existen protocolos, pero no se aplican en razón de que es más fuerte el incentivo de que continúen las funciones, que la preocupación por la seguridad de boxeadores, luchadores y contendientes en general.
Las muertes en los deportes de combates son reiteradas: El 3 de febrero del año en curso, Oscar González Arriaga perdió la vida en el hospital después de un combate de box.
Se requiere un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad para los atletas.
En la elaboración del protocolo, a cargo de la CONADE, deben aportar todos los involucrados: los médicos del deporte, los jueces y, desde luego, los propios deportistas.
Si le damos fuerza de ley al protocolo vamos a lograr que en el entramado de intereses, principalmente económicos, que convergen en los espectáculos deportivos de combate, se coloque por encima de todo interés el de preservar la vida y poner a salvo a los deportistas de discapacidades permanentes.
Al igual que las fábricas y que los campos, los trabajadores del deporte de combate se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a los intereses económicos.
Por ello, debemos tomar medidas legislativas para proteger a boxeadores, luchadores y exponentes de los nuevos combates en los que se combinan todo tipo de artes marciales con grados de violencia creciente.
Se trata, y explico, de establecer el protocolo por ley y de hacer que todos aquellos que intervienen en el desarrollo de los eventos recreativo-deportivos asuman un deber de cuidado.
El concepto jurídico del deber de cuidado se traduce en que la parte del protocolo que le toque a cada quien cubrir sea absolutamente exigible.
Únicamente estableciendo sanciones para el incumplimiento del protocolo es como vamos a lograr que los réferis o árbitros, los entrenadores o managers, los promotores, los organizadores, los médicos, las autoridades del deporte, las asociaciones deportivas y todos aquellos que tengan alguna participación relevante en el evento, pongan la dignidad de los deportistas por encima de cualquier otro interés.
En síntesis, para dar solución a la problemática más aguda en los deportes de combate, propongo un proyecto de Decreto cuyos enunciados normativos son los siguientes: Pongo a consideración un paquete de adiciones, empezando por el artículo 144 Bis, en el que se establece que en los deportes de combate profesional se aplicará un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes. Los jueces o árbitros, los entrenadores o managers, los organizadores del evento así como los médicos asignados al mismo, las Sociedades Recreativo-Deportivas y cualquier persona que bajo cualquier título obtenga un beneficio económico directo o indirecto con motivo de los combates tienen el deber de garantes sobre la vida y no actualización de discapacidades permanentes de los contendientes en función de las obligaciones y actividades a su cargo en términos del protocolo.
En el artículo 144 Ter, se establece el deber de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, de elaborar un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad a los deportistas. Se dispone que la CONADE deberá recabar la opinión de las asociaciones deportivas nacionales que corresponda, los órganos estatales del Distrito Federal y municipales de Cultura Física y Deporte y las asociaciones de los deportistas de combate para elaborar el protocolo. Por efecto de esta misma disposición, corresponde a los órganos estatales y del Distrito Federal de Cultura Física y Deporte, vigilar la aplicación de este protocolo.
Finalmente, el derecho también da la protección a la salud y a la protección económica, al prescribir en el artículo 144 Quáter, que los organizadores del evento recreativo deportivo de combate deberán garantizar la atención médica integral y, en su caso, indemnización a sus familias o dependientes económicos para el caso de actualización de los riesgos a que están expuestos los deportistas de combate.
A mayor abundamiento, en la parte final de este precepto, se ordena que para el caso de incumplimiento de esta obligación de contenido económico, los ingresos del evento en que se actualice algún riesgo sobre la vida o produzca una incapacidad permanente de los contendientes, quedan afectos al pago de las indemnizaciones de ley. El contrato por efecto del cual los deportistas participen en el evento recreativo-deportivo será título ejecutivo para exigir esta presentación.
En el proyecto de Decreto propongo que la CONADE vigile la aplicación de las normas de protección a los deportistas de combate y que los órganos encargados del deporte en las entidades federativas vigilen específicamente la observancia en el protocolo en cada función.
Finalmente, en los círculos deportivos y entre las multitudes que acudimos a las funciones de lucha libre y boxeo, ha sido unánime el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Pedro Aguayo Ramírez, el hijo del Perro Aguayo.
Y creemos que en lugar, creo particularmente, que en lugar de reprimir la celebración de estas funciones, que en vez de prohibirlas, que en vez de limitarlas, lo que tenemos que hacer es mejor darle mayores garantías, darle mayor seguridad en integridad y, por supuesto, en la situación económica a los deportistas que están contendiendo.
Son muchas las generaciones que hemos disfrutado de los grandes exponentes como el Santo, el propio Perro Aguayo, como el Blue Demon, como el Rayo de Jalisco, tantos y tantos que se vienen a la memoria de este orador, que lo mejor que podríamos darles es seguridad y dignidad a su práctica, y no, como lamentablemente vimos el viernes pasado, salir a un grande de la lucha libre en una tabla de triplay muerto de una arena.
Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitar al Senador Blásquez, he revisado su proyecto, y preguntarle si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Blásquez, ¿está usted de acuerdo? Como no, con todo gusto se toma nota.
También el Senador Luis Sánchez se suma a esta iniciativa, que se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.
También Martha Palafox se suma a la iniciativa, y el de la voz también se suma a la misma.
Tiene ahora la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley General de Turismo.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Hadamira Gastélum Bajo.
A nombre propio y de un grupo de compañeras y compañeros, presento esta propuesta para reformar el artículo 63 de la Ley General de Turismo.
Los datos acerca del turismo son muy alentadores, hoy tenemos una diversidad en el tema de turismo: tenemos turismo de sol y playa, ecoturismo, turismo cultural, el turismo para la salud, para el deporte.
Y esta variedad, en el tema del turismo en México, ha generado una derrama muy importante económicamente hablando y hemos podido subir los índices turísticos que México tenía.
Apenas hace unos días, la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, al inaugurar el Tianguis Turístico, presentó una serie de datos muy alentadores.
Primero, ella comentó que desde que es medido México también en los índices de avance turístico, el 2014 fue el mejor año que México ha tenido.
Habló que el turismo mundial subió 4.7 por ciento, mientras que el turismo mexicano subió 20.5 por ciento.
Quiere decir que subió cuatro veces más, casi cinco veces más que el turismo mundial.
México recibió más de 29 millones de turistas internacionales.
Y todo esto obliga a tener mucho más cuidado acerca de los prestadores de servicios turísticos.
Y cuando vemos los datos acerca de cómo se ha diversificado, cómo hemos crecido, cómo hay un reconocimiento acerca del turismo que se da en este país y vemos cómo juntos, que se consideraban difíciles que el turismo regresara como Acapulco, Guerrero, tienen datos muy alentadores, datos que reflejan que el turismo puede ser una fuente de riqueza si lo cuidamos, si lo mantenemos como hasta la fecha se ha logrado.
Por eso esta propuesta de reforma al artículo 63 de la Ley General de Turismo, tiene como propósito la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.
Es muy importante la cara que le damos al turismo, y no solamente hablo del turismo internacional, me refiero también al turismo nacional y al turismo que se desarrolla de manera local dentro de un estado.
Por eso el prestador de servicio tiene que tener un nivel muy importante en su formación.
Y esta propuesta tiene que ver con la capacitación, con la mejorar en sus prestaciones laborales. De tal manera que el prestador de servicios tenga un mejor nivel para que el turista local, nacional e internacional se vaya con un buen sabor de boca de nuestro país de los estados, de las regiones, donde se practica este turismo.
Y la propuesta es muy clara y muy alentadora porque tiene como propósito el generar una mayor expectativa y que pueda nuestro país seguir en este crecimiento del que hacía mención la secretaria de Turismo.
Por eso la reforma, en su fracción II, tiene un adición que tiene que ver que la capacitación que reciban los prestadores de servicio tenga la característica de tener un producto adecuado y que esté de acuerdo a la demanda profesionalmente preparados para prestar estos servicios, y que además busquemos la certificación de competencia laborales y el fortalecimiento especializado del capital humano.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, distinguida Senadora. Esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, para presentar a nombre propio y del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Con el permiso de la Mesa Directiva.
En cuanto que efectivamente esta iniciativa es consecuencia de una primera iniciativa que sometió el Senador Blásquez, y que en el seno de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, se revisó y se resolvió ampliar; para esta razón entonces apuntar que aquella iniciativa se turnó a Asuntos Fronterizos Norte, a Asuntos Fronterizos Sur y Estudios Legislativos, Segunda, para lo cual solicito que esta nueva iniciativa sea turnada a las mismas comisiones de manera de que concuerde el análisis.
El Senador Presidente Arturo Zamora Jiménez: Sí como no, lo consideraremos en el momento en que haga la exposición de la iniciativa, y por supuesto que estaremos pendientes para saber si esta tiene o no impacto presupuestal.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy bien, gracias.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur.
La región fronteriza siempre será diferente al resto del interior de los países por ser colindante con otros estados. En una frontera existe una forma distinta de vivir por la relación que existe entre ambos lados de esta división política.
La vida cotidiana de sus residentes se ve influencia por las relaciones humanas, culturales, económicas y políticas diferentes al resto del país. Es necesario que el Estado impulse aquellas áreas que son clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo son las fronteras, así como el fortalecimiento de la seguridad en estas.
El Estado, a través de políticas públicas, debe buscar detonar estas regiones en beneficio de todos los mexicanos.
Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone una ley que regule a las fronteras del territorio nacional para su desarrollo social y económico con el objetivo de impulsar la economía regional, lo que sin duda acarreará beneficios a nivel nacional, aprovechando las ventajas que tienen estas en un México cada vez más globalizado.
México cuenta con tres fronteras: la norte, que limita el territorio nacional y nos separa de los Estados Unidos de América; al sur México tiene dos fronteras, una con Guatemala y la otra al sureste con Belice.
Actualmente la longitud de estas fronteras es determinada por el INEGI, por mandato constitucional, y sus cifras son oficiales. Dicho instituto ha determinado que la longitud oficial de las fronteras con las que cuenta el territorio nacional son las siguientes: con los Estados Unidos de América, 3,182 kilómetros; con Guatemala 960 kilómetros; y con Belice 290 kilómetros.
Sin embargo, lo que se da a los tratados internacionales, como por el ejemplo el de Guadalupe Hidalgo, el de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el que se celebró con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda para establecer los límites con Belice, y otro con Guatemala para delimitar la frontera. Es ahora el caso que en esta iniciativa, a nivel de ley, sea esto considerado desde los tratados internacionales.
Esta Comisión se propone se integre por el Secretario de Gobernación, quien la presidirá, y por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo.
Se propone que este órgano colegiado se reúna por lo menos cuatro veces al año, en la cuales se podrán invitar a Gobernadores y Alcaldes, servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para ser escuchados respecto a temas específicos con la intención de crear políticas públicas en beneficio de las regiones fronterizas norte y sur.
Las políticas diseñadas por la Comisión deberán estar orientadas dentro de cuatro ejes temáticos, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo sustentable y seguridad pública. Estas políticas siempre serán creadas con el objetivo de responder a las necesidades particulares de las fronteras.
Por otro lado y en vista de que actualmente en diversas disposiciones existen términos como franja fronteriza y región fronteriza, se formalizan para evitar confusiones.
Dado el caso, por ejemplo, de la franja que es de 20 kilómetros, que también la ocupa la Ley del Impuesto al Valor Agregado o la Ley de Sanidad Animal, que también considera la franja fronteriza como el territorio para su aplicación.
Esta iniciativa propone la adición de una reserva fronteriza con el objetivo de dar cumplimiento a lo acordado en el acta de 1906 entre México y Estados Unidos de América en la cual se acordó que ambas naciones establecerían un área a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18.288 mts) que se considere como una “calle internacional” y en la cual no se permita que existan edificios ni construcciones de ningún género ni vías secundarias de ferrocarril, permitiendo sólo las vías principales de los ferrocarriles internacionales.
Y este espacio además sería para base de la aplicación coordinada de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, esto es: federales, estatales y municipales.
Se considere pertinente la creación de un fondo sin estructura orgánica que pueda agrupar los recursos que actualmente ya se encuentran destinados a tal fin que la Comisión pueda disponer del mismo para acciones específicas que impulsen y desarrollen las fronteras.
Esto es, los compromisos presupuestales ya concertados en el Presupuesto de Egresos Federales.
El patrimonio de este fondo estará constituido por los recursos aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año, por las aportaciones que realicen las entidades federativas al fondo, los productos que se generen por la inversión y administración de recursos y bienes que formen parte de dicho fondo, y los bienes físicos y monetarios que se aporten al fondo.
Por todo lo anterior, es necesario que existe legislación que delimite el territorio nacional, así como abrir de manera legal la posibilidad de proyectar las regiones fronterizas como motores para el impulso de la economía nacional, el desarrollo social, así como la seguridad y tranquilidad de los residentes de éstas, por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía la propuesta de Decreto.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas, como lo han solicitado el Senador proponente, Ernesto Ruffo y el Senador Antonio Blásquez, a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos Norte; de Asuntos Fronterizos Sur; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. Con todo gusto.
Sonido en el escaño de la Senadora Garza Galván.
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Ruffo, si me permite suscribir esta importantísima iniciativa, que podría equilibrar lo que tanto daño le ha hecho la reforma fiscal, precisamente a nuestras fronteras.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Con mucho gusto, de igual manera la Senadora Martha, que también lo solicitó.
El Presidente Senador Arturo Zamora: Adelante. Se toma nota por parte de Servicios Parlamentarios.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 Constitucional.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Dolores Padierna.
El pasado 8 de marzo conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer”. En él recordamos la ardua lucha que las mujeres hemos llevado a cabo a favor de la igualdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la paz y el desarrollo.
A lo largo de la historia de nuestro país, hemos luchado en pro del acceso y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
En esta valiente lucha llevada a lo largo de muchos años, quiero destacar dos hechos importantes:
El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para los puestos de elección popular.
Ocho años después de ese histórico suceso, en 1961, se nombró a la Primera Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Jurista María Cristina Salmorán.
Como hiciera mención la Ministra Olga Sánchez Cordero, doña Cristina Salmorán fue, desde siempre, una mujer consciente de su circunstancia histórica, y así lo hizo saber en su discurso de toma de posesión, como ministra al señalar que al concurrir a la integración del más alto tribunal, acrecentaba en ella la satisfacción de servir a la Patria, y que encaminaría sus esfuerzos a lograr ese objetivo, pero destacó que ella lo haría en su doble carácter de mujer y de abogada.
Otro hecho, a los 54 años, después de ese hecho histórico, solamente han sido designadas como ministrar a lo largo de 54 años, solamente han sido designadas como ministrar nueve mujeres, Libier Ayala Manso, fue designada en 1975, Gloria León Orantes en 1976.
En el periodo de 1983 a 1988, se designó a las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gil, Irma Cué Sarquis.
En 1995, se designó a la actual Ministra Olga Sánchez Cordero; y por último, en 2004, se designó a la Ministra Margarita Luna Ramos.
A lo largo de 54 años, sólo 9 mujeres han sido ministras.
Hoy la Suprema Corte nada más tiene dos ministras, demostrando la inequidad que se tiene dentro del Poder Judicial en México.
Lo anterior se acrecienta, si tomamos en cuenta que en la pasad designación del último ministro de la Suprema Corte de Justicia, dentro de la terna que envió el Ejecutivo Federal a esta Soberanía, no se tomó en consideración a ninguna mujer, habiendo mujeres destacadas que pudieron haber ocupado el cargo y que no tienen un pasado tan cuestionado como el de Medina Mora.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la CEPAL, la participación de las mujeres en los máximos tribunales de justicia, se duplicó en el periodo 2001-2011 en América Latina, pasando de 10 por ciento a 23 por ciento, sólo México mostró retrocesos.
En las Supremas Cortes de Estados Unidos, el 33.3 por ciento son mujeres; en Brasil, un 20 por ciento son mujeres; en Argentina, un 29 por ciento; en Chile, un 25 por ciento; en la Unión Europea, un 32 por ciento.
Cabe señalar que existen casos muy marcados donde el acceso de las mujeres a puestos relevantes en materia judicial, se han dado de manera plena, como en la Suprema Corte de Canadá, por ejemplo, donde de los 9 asientos para ministros, cuatro son ocupados por mujeres, recayendo, además, la presidencia de ese máximo cuerpo judicial en una mujer.
Por el otro lado, existen países donde el acceso de las mujeres a dichos puestos es casi nulo, como lo es el caso del Reino Unido, donde de 12 lugares sólo uno es ocupado por mujeres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en sus observaciones finales hacia México 2012, reconoció que dicho Comité observa con preocupación la persistencia de más prácticas discriminatorias hacia las mujeres, por lo cual se emitieron recomendaciones orientadas, entre otras, a que el Estado mexicano adopte medidas para garantizar la igualdad de oportunidad para las mujeres y los hombres en el mercado laboral.
Es preciso mencionar que, en esta Soberanía se han impulsado acciones tendientes a fomentar el acceso pleno de las mujeres a puestos de mayor relevancia.
Con la reforma constitucional, en materia de transparencia, por ejemplo, se dispuso en el párrafo décimo primero, de la fracción VIII, del apartado A, del artículo 6o. constitucional, que para la conformación del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, se deberá procurar la equidad de género, con lo cual se estipuló un derecho fundamental de las mujeres en nuestra Carta Magna.
El primer paso para lograr una verdadera transformación en el Poder Judicial en México, es garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo Tribunal Constitucional del país, sea un espacio propicio para la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los principales derechos humanos, que el órgano judicial de los derechos humanos de las decisiones del Estado y de nuestra Constitución en el Poder Judicial, donde se consolide, como acceso pleno de las mujeres a la integración del mismo, lo sea la igualdad entre los géneros.
Por lo cual, esta iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución, con el fin de estipular que en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad de género.
México no debe seguir rezagado en fomentar prácticas encaminadas o hacer retrocesos, las regresiones se están dando en todos los órdenes, ya ahora el Ejecutivo Federal, sólo manda ternas de puros hombres, excluyendo a mujeres destacadas, calificadas y de larga trayectoria, debemos alertar de esto, para que en los avances, en materia de género, no se retroceda. Ojala se logre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no desaparezcan las mujeres, y más bien los nuevos nombramientos sean para mujeres.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca de fomento.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador Arturo Zamora: Muchas gracias
Para estos efectos, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Salvador López Brito.
Tiene el uso de la palabra para referirse al presente dictamen, Senador López Brito.
El Senador Francisco López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:
Presento ante ustedes un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, que aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que se incorpore el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura en el proceso de autorización de la pesca de fomento.
Sucede que en nuestro país, cuando hay algunas especies sujetas a captura o explotación, que ante algunas instancias o empresas extranjeras desean participar en lo que se llama “Pesca de Fomento o de Investigación”, el requisito para autorizarlo es, en este momento, de acuerdo a la ley vigente, en el artículo 64, que únicamente sea la Secretaría, es decir, la SAGARPA, a través de CONAPESCA, la que autorice que los extranjeros puedan tener actividades de pesca de fomento en la captura de algunas especies marítimas.
Con esta modificación que se está haciendo del artículo 64, estamos incorporando, y lo leo textualmente:
“La Secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, para que este emita las opiniones de carácter técnico y científico para permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos o instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban de cumplirse en términos de la legislación aplicable”.
¿Cuál es el objetivo de esta modificación? Pues que nuestra entidad pública en materia de investigación, que es el INAPESCA, también participe junto con CONAPESCA en este tipo de autorizaciones que, en algunas ocasiones, se vuelven conflictivas o, incluso, son sujetos de algunas situaciones dudosas.
Por lo anterior, el hecho de incorporar a esta institución tan prestigiada en México en el tema de la investigación, también organismo desconcentrado del gobierno federal, le dará mayor credibilidad y transparencia a este tipo de autorizaciones, de permisos para que extranjeros vengan, pues, a realizar actividades de pesca de fomento en nuestro país.
Por lo anterior, les pido a esta Honorable Asamblea, amigas y amigos Senadores, su voto a favor de este dictamen, y tener en nuestra legislación pesquera vigente una condicionante más para autorizar pescas de fomento a extranjeros.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador Salvador López Brito.
A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del dictamen.
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras. Buenas tardes.
Al igual que mi compañero Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el compañero Brito, nos sumamos, como comisión, y solicitamos al Pleno que podamos dar ese voto de confianza a una Iniciativa que surgió de la Colegisladora y que nos permite fortalecer la pesca de fomento, que tiene como propósito fortalecer los casos de estudios científicos, técnicos, asimismo, con fortalecer las tareas propias de una institución tan importante como SAGARPA, como INAPESCA, pero sobre todo regular, reglamentar para que los extranjeros, pues puedan estar dentro de esta normatividad y que con ello podamos aprovechar también, pues, estos grandes recursos naturales que tiene nuestro país.
Y es por eso que desde la producción, comercialización, federación de cadenas de valor y sustentabilidad se aporta a un resultado de la integración global de la pesca, y por lo tanto, incorporar a INAPESCA al proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento realizada por extranjeros, con ello se permitirá también compartir experiencias, conocimientos, tecnologías que se han aplicado en otros países.
Estoy plenamente convencido, como mexicano, como guerrerense, en la colindancia que tenemos con el Océano Pacífico, con el Golfo de México, que debemos todos de coadyuvar, para generar de manera permanente un impulso a las nuevas metodologías, y un mayor crecimiento de la industria pesquera y acuícola.
Pero también debemos de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero con una amplia protección y sustentabilidad ambiental.
En conclusión, pues, pedimos a ustedes, que de manera responsable podamos dar este voto de confianza a favor de la reforma del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por lo que solicito su apoyo a este dictamen que fue revisado, discutido y analizado por mis compañeros integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador Sofío Ramírez. Muy amable.
Informo a la Asamblea que el texto de la intervención de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo sobre este dictamen, se ha recibido y se instruye insertarlo en el Diario de los Debates de manera íntegra.
En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 92 votos a favor y cero en contra.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que en relación con la propuesta efectuada por el señor Senador Fernando Yunes Márquez, esta Mesa Directiva suscribió un acuerdo relativo al ataque a elementos de la Gendarmería Nacional, ocurrido el 19 de marzo pasado.
Por lo tanto, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo correspondiente.
“Primero.- El Senado de la República condena el ataque de que fueron objetivo miembros de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, en el municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco, el pasado 19 de marzo, y del que resultó la muerte de cinco gendarmes y tres civiles, ajenos al enfrentamiento.
Segundo.- El Senado de la República lamenta el fallecimiento:
Del Oficial, Salvador Flores Bautista.
El Policía Tercero, José Adán Álvarez Hernández.
El Policía Tercero, Enrique González Santamaría.
El Policía Tercero, Cristian Giovanni López Becerril.
Y el Policía Segundo, César Gómez Cruz.
Asimismo, lamenta la muerte de las tres personas, que de forma incidental fueron alcanzadas por el tiroteo.
Tercero.- El Senado de la República reconoce en su muerte, el sacrificio por su empeño de proteger y servir a la sociedad, y expresa a las familias de los policías y de las personas que accidentalmente fallecieron en el enfrentamiento, su pésame y solidaridad por la pérdida sufrida.
Cuarto.- El Senado de la República exhorta a las autoridades correspondientes a concluir la investigación que permita la identificación y condena de los responsables.”
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Comuníquese el acuerdo.
Y como fue solicitado, respetuosamente, solicito que puestos de pie guardemos un minuto de silencio, en memoria de los policías y civiles fallecidos en el ataque ocurrido en Ocotlán, Jalisco, el día 19 de marzo pasado.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a los presentes, sean tan amables de poner de pie.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Pueden tomar asiento.
Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso m) al artículo 70 de la Ley General de Educación, en materia de atribuciones de los consejos municipales de participación social.
Para esos efectos, se concede el uso de la palabra al señor Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento .
Tiene usted el uso de la palabra, Senador Romero Hicks.
Lo que hoy se turna al Pleno es una minuta que proviene de la Cámara de Diputados, y tiene un tema fundamental en cualquier reforma educativa, y es el de la participación social.
La Ley General de Educación establece 4 niveles de participación: uno a nivel nacional, un segundo a nivel estatal, un tercero a nivel municipal, y un cuarto: los consejos de participación escolar.
La minuta que hemos recibido, y agradezco a los miembros de la Comisión de Educación, a la Senadora Graciela Ortiz, en la Presidencia de Estudios Legislativos, consiste en facultar a los consejos municipales para que éstos puedan proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales, preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.
Cualquier diseño curricular necesita revisar en contenidos educativos el sentido de la pertinencia de lo que el acto educativo va a desarrollar. Para ese propósito, la Secretaría de Educación Pública ha venido diseñando una serie de lineamientos, en base a las atribuciones que la legislación de la materia le otorga, para que estos consejos puedan integrar esa orientación para que la educación pueda resolver los temas y los problemas de la comunidad inmediata.
En todo el mundo, cuando se revisa una reforma educativa se requieren varias particularidades, por supuesto que tenemos que ver el contenido general, los métodos educativos, y aquí lo que queremos subrayar es el sentido de la participación social y la participación ciudadana.
En los 2 mil 457 municipios del país, que es donde el mexicano tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, es donde tenemos que conocer cómo vibran las vocaciones económicas, las vocaciones sociales, para darle ese ingrediente que hoy consideramos fundamental. Así el sistema de participación desde la escuela, el municipio, el Estado y la federación tendrá mayor calidad, mayor equidad y mayor pertinencia.
A continuación, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer los motivos correspondientes en favor del presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, Senador Daniel Amador.
Se considera que los Consejos Municipales de Participación Social en la educación son piezas claves para contextualizar la educación a las necesidades e intereses regionales que redundan en el bien común y el beneficio social.
Esta aseveración se realiza concibiendo al Consejo Municipal de Participación Social como órgano que gestiona ante el ayuntamiento y la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio.
En consecuencia, se considera pertinente que estas gestionen las acciones que propicien al conocimiento, actividades económicas, locales, preponderantes, para impulsar el desarrollo integral de la educación en las comunidades.
Esto representa una incorporación de una visión integral de desarrollo. Las comisiones dictaminadoras en la Colegisladora, pretendemos con esto hacer sentir que los consejos de participación social de la educación deben ser fundamentales, para darle un sentido de desarrollo en la reforma educativa a la capacidad de gestión de nuestras escuelas públicas en el país.
Sin duda, falta mucho por hacer, pero con la estrecha relación que debe existir entre padres de familia, autoridades, maestros, seremos capaces de poder enfrentar el nuevo reto y poder lograr cristalizar con mayor éxito la reforma educativa que este Senado aprobó.
A continuación, en los mismos términos, se concede el uso de la palabra al Senador Luciano Borreguín González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer los motivos que le corresponden en favor del presente dictamen.
El Senador Luciano Borreguín González: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes. Compañeras y compañeros:
El artículo 70 de la presente Ley de Educación, establece que en cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de las organizaciones sociales de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.
Lo que plantea el proyecto de Decreto es reformar el inciso m) de la citada ley, de manera que dentro de sus facultades se encuentren la de proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales, preponderantemente, e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.
Es de gran importancia otorgarle dicha facultad a los Consejos Municipales de Participación Social, ya que al enseñarles a los estudiantes las actividades económicas de la región en la que viven pueden elegir la que mejor se adapte a sus habilidades y desarrollarse económicamente. Además de dar impulso a las actividades de la región.
Es vital darles a conocer a los jóvenes de la región las distintas actividades económicas que se desarrollan en la misma para que se involucren en las comunidades y sean semejantes a una orientación vocacional en donde aprendan oficios y desarrollen sus habilidades.
Actualmente, se advierte de las graves carencias de políticas públicas de Estado, congruentes con los aprovechamientos integral y sustentable de los recursos naturales desde el punto de vista socioeconómico.
Efectivamente, las importantes riquezas naturales no han sido bien aprovechadas y las tendencias hacia la insustentabilidad son alarmantes, particularmente en materia de seguridad alimentaria, no solamente a causa de la falta de disponibilidad, material y alimentos, también a la falta de acceso social o económico, por lo que al enseñar a los jóvenes las distintas actividades de las regiones se estaría aprovechando los recursos naturales y logrando una sustentabilidad económica al mismo tiempo.
Propiciando que los jóvenes se desarrollen en actividades regionales se dará un mayor sustento futuro a las comunidades, además de hacer prevalecer sus costumbres, tradiciones y actividades económicas.
Al consolidar una educación integral se favorece a toda la comunidad, ya que se verán beneficiados intelectual, laboral y económicamente.
El Acuerdo 280, por el que se establecen los lineamientos generales a los que se ajustará la Constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, establece: “Que los consejos deberán elaborar un proyecto de participación social en la educación, en el que se determinen estrategias, metas y actividades de acuerdo con las necesidades de la población”.
Una de las líneas que se consideran para la formulación del proyecto es la del desarrollo social de la comunidad.
Al elevar a nivel legal lo establecido en el Acuerdo 280, se estaría cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la legitimación que tiene el Estado como rector y garante del desarrollo económico y social, y en cuanto a la operación del desarrollo democrático de la Nación.
Es importante que la educación del país contemple, en todo momento, el desarrollo económico y social, ya que además de ayudar a las familias mexicanas se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la educación en México debe ser democrática y nacional.
Nacional se refiere a que debe atender a la comprensión de los problemas, el aprovechamiento de recursos, el aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad, y acrecentamiento de nuestra cultura.
Aprobando el dictamen, se estaría logrando precisamente eso, el promover acciones diarias vinculadas al desarrollo y progreso social y económico.
Debemos considerar a la educación como una herramienta imprescindible para fomentar el desarrollo económico y social, y debemos propiciar una vinculación activa y constante entre la escuela y las comunidades.
Los consejos municipales de participación social en la educación son pieza clave para contextualizar la educación a las necesidades e intereses regionales que redunden en el bien común y en el beneficio social.
Al aprobar el presente dictamen se estaría involucrando a la ciudadanía en temas de educación de las actividades económicas de cada región y se propiciaría el desarrollo económico de las familias.
A continuación, tiene le uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con la finalidad de exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.
Uno de los objetivos que México debe alcanzar para consolidar la democracia es incentivar y crear mayores mecanismos de participación ciudadana en los que la opinión de la gente sea considerada en la toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno y al interior del Poder Legislativo.
Sin duda alguna, la educación básica y media superior tienen una enorme oportunidad para formar a los educandos hacia una ciudadanía participativa y encaminarlos a incentivar en ellos la acción en asuntos públicos del Estado mexicano.
Asimismo, la promoción de dicha participación no debe ser únicamente en la formación de los educandos, se debe aprovechar que dentro de los centros educativos converjan estudiantes, maestros, padres de familia y la comunidad en general.
En estos espacios destinados a la promoción de la participación ciudadana se debe abrir el debate y la discusión de los problemas propios de la escuela y la comunidad para buscar soluciones a dichas problemáticas mediante la colaboración de todos.
En este sentido, la Ley General de Educación contempla la integración de consejos de participación social cuyo propósito es que la sociedad se involucre en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios en la educación
Sin embargo, es necesario reconocer que es poca la eficacia de estos consejos de participación social, ya que si bien están contemplados en la ley, en la práctica, en muchos casos ni siquiera están conformados, según lo establecido, y por lo tanto su operación es deficiente.
Contrario a los principios del estado mexicano en el país se han centralizado la solución de muchos de los problemas a través del orden federal descobijando a los municipios y debilitando su funcionamiento.
Contrario a esto debería de darse un mayor reconocimiento a los municipios mediante atribuciones y funciones más amplias, esto en virtud de ser el primer contacto de los ciudadanos con la estructura del estado.
En este sentido el presente dictamen que tiene por objeto adicionar una fracción al artículo 70 para que mediante los consejos de participación social se propongan acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes, impulsen el desarrollo integral de las comunidades es significativo en dos sentidos.
En primer lugar, porque busca dar un impulso a la participación ciudadana a través de los consejos locales.
En segundo lugar, porque propone dar reconocimiento y difusión de las actividades económicas locales, y en consecuencia fortalece el sentido de pertenencia con las comunidades.
Sin embargo, el reto está en volver una realidad lo escrito en la ley, recordemos que en México una especialidad es hacer la ley letra muerta, ejemplo de ello es la reforma educativa que a más de dos años de su implementación en la que se prometieron mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, no se ha cumplido; en cambio, sólo han logrado atemorizarlos con el tema de la evaluación y la permanencia, sin ofrecerles capacitación y orientación que los prepare para el examen que presentarán, y mucho menos han obtenido mejores condiciones de trabajo.
Esto a pesar de que se han empecinado en demostrar en las bondades de dicha reforma.
En este sentido, el presente Decreto deber ir acompañado del mensaje para las autoridades educativas con el objeto de que lleven a cabo las acciones necesarias para hacer que los consejos de participación social funcionen de manera óptima y cumplan sus objetivos.
Es necesario que desde la comunidad escolar en las aulas y en todos los ámbitos de la sociedad se promueva la participación ciudadana en todos los asuntos públicos y se promueva las actividades económicas locales, ya que desde ahí se puede sentar las bases para un futuro diferente en nuestro país.
Bienvenido este dictamen que empodera y llama a la participación ciudadana.
Ojalá este Poder Legislativo, en sus dos Cámaras, puedan seguir fomentando la participación ciudadana en los temas de interés nacional y de trascendencia.
Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la finalidad de exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, ciudadano Presidente, con su venia. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
En 1992 se dio el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, y con este hecho se da también la creación de la Ley General de Educación, que fue aprobada por el Congreso Mexicano el 13 de septiembre de 1993.
De las cuestiones que nos parecieron importantes en aquél entonces, era que en la ley, en el artículo 70 se hablaba ya de los consejos de participación social en la educación en los municipios en el país y en los estados.
¿Cuáles son los objetivos que persiguen los consejos de participación social en la educación?
1.- Fortalecer y elevar la calidad de la educación.
2.- Ampliar los servicios educativos.
Déjenme decirles que la utopía no se cumple.
¿Por qué son importantes los consejos de participación social?
Sí quisiera que pusieran atención, quiénes lo integran, porque es una cuestión toral para que los que sostenemos que la educación es el motor de desarrollo de los pueblos pensemos en los consejos como la alternativa para impulsar el desarrollo de la educación, y en consecuencia el desarrollo de los pueblos.
¿Quiénes integran el consejo municipal de participación social en la educación?
Las autoridades municipales, empezando por el presidente, el síndico y el ciudadano regidor de educación.
Los padres de familia, los representantes de las asociaciones de los padres de familia, maestros distinguidos, directivos de las escuelas, representantes sindicales, quienes tendrán la obligación de velar por los derechos laborales de los trabajadores de la educación, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la misma, aquí han circunscrito los consejos de participación social, a lo que se denomina la autonomía de gestión.
Es decir, son tan amplias las facultades de estos consejos de participación social en la educación, en sus tres ámbitos, que nos parece un absurdo que a estos consejos se les use solamente para el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción, ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo.
Imagínense, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, gestores de dinero para que hagan obras en las escuelas, aulas, entre otras, laboratorios, bardas, techumbres, porque el estado mexicano evidentemente no se hace responsable.
Debe procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada una de las escuelas. Imagínense.
Actividades técnico-pedagógicas, llevar el seguimiento de actividades de la escuela, conocer resultados de la evaluación para contribuir a la formulación de contenidos locales.
Podrán opinar en asuntos pedagógicos, proponer estímulos y reconocimiento de carácter social para alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.
Esta es la parte importante de los consejos de participación social.
La Reforma propone que se adicione un inciso M para proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas, locales, preponderantes e impulsar el desarrollo integral de las comunidades.
Está bien, ya lo dice ahora en la ley, porque lo vamos a aprobar, pero es necesario reflexionar sobre la propuesta que vamos a votar de por qué no funcionan los consejos de participación social en la educación.
No funcionan por una razón: porque el gobierno en turno y los gobiernos anteriores absolutamente todo lo politizan.
Anteriormente tenían el aval de Elba Esther Gordillo, hoy tienen el aval de Juan Díaz.
Si la educación, compañeros, sinceramente digámoslo, para qué ha servidor, para generar votos para el partido en turno en el poder.
Es decir, el Presidente de la República busca sus afines para que estén en el Consejo Nacional de Participación Social.
Los gobiernos de los estados buscan a sus afines, a sus correligionarios, a sus incondicionales, para que se integren a los consejos de participación social en la educación en los estados y en los municipios la receta es exactamente la misma.
Es decir, aunque se instalan, sus fines no son educativos, sus fines son políticos cien por ciento.
La mayoría de las escuelas, compañeros, siguen en condiciones deplorables.
Recorremos el país, recorremos el estado y las escuelas carecen de las cuestiones más elementales en cuanto a infraestructura.
En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes acordamos que en el derecho a la educación se iba a insistir en mejorar la infraestructura educativa, se iba a insistir en mejorar el equipamiento, se iba a insistir en generar las condiciones físicas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones públicas del país fuera una realidad contundente.
Letra muerte, coincido con mi compañero el Senador de Zacatecas.
Un porcentaje altísimo de nuestros infantes carecen de lo más elemental para incorporarse a la escuela, carecen de alimentos sanos suficientes y nutritivos, carecen de los recursos económicos para pagar las cuotas escolares, comprar útiles escolares y uniformes.
Por último, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, déjenme decirles que seguiremos sosteniendo que la educación es el motor del desarrollo del pueblo.
Los consejos de participación social en la educación, más con esta adición que se está haciendo el día de hoy, si los hacemos funcionar pueden ser el súper combustible que requiere, el motor de la educación para sacar a México del atraso y del subdesarrollo en que se encuentra.
A favor del Decreto.
Finalmente, tiene el uso de la palabra el Senador Arquímedes Oramas Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.
En tanto le agradecemos al Senador Fidel Demédicis que haya aclarado que su voto también es a favor. Muchas gracias, señor Senador.
El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Muy buenas tardes.
Como siempre, hablar del tema de la educación es un compromiso para que quienes de una manera o de la otra hemos tenido la oportunidad no solamente de dar clases, de estar en las aulas, sino también de ejercer la administración en los servicios de educación.
Es por ello que muchos de los actores políticos están de acuerdo en que la educación es el motor para el desarrollo de un país, de un estado y de un municipio, todos están de acuerdo.
Pero la realidad es que muy pocos saben cómo echar a andar ese motor, muy pocos saben de qué manera y en muchas ocasiones se confunde la gasolina de este motor con una cuestión política, y es utilizado con fines que en muchas ocasiones no llevan a nada.
Es por eso que hoy que se presenta este presente dictamen, donde se pretende ordenar, donde se pretende involucrar, donde se pretende poner a tiempo a todos los actores en los cuales estamos involucrados a los padres de familia, a la autoridad municipal, que es la parte principal y fundamental para ordenar las políticas en todos los sentidos, estamos hoy presentándonos también para hablar a favor de este presente dictamen.
Creemos firmemente que la educación efectivamente comienza en casa.
Creemos firmemente que la educación, así en la educación primaria y secundaria, es fundamental, pero los actores políticos no podemos estar alejados de cómo se está educando a nuestros hijos.
Es por ello que es momento de poner a tiempo y que todos unamos esfuerzos, que todos escuchemos a quienes de una manera o de la otra son responsables del desarrollo de cada uno de sus municipios y que escuchemos a la población.
No considero y no consideramos, aquí en este Senado, que dejemos de escuchar a esas voces.
Por eso esto, que el día de hoy se presenta, es un instrumento que va a ser imprescindible para que haya una sociedad mucho más equitativa y que garantice al sistema educativo nacional una igualdad de oportunidades.
Es totalmente claro que en el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo en adicionar un inciso a esta Ley de Educación con la finalidad de permitir que los consejos municipales de participación social sean autoridad educativa local y que haga las diversas acciones que promuevan el conocimiento de las actividades económicas e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.
Se tiene que buscar que ahí en la base se tomen las decisiones adecuadas. Yo escuchaba hablar a mis compañeros Senadores con mucha experiencia y con mucha sabiduría, comentaban de que teníamos que ver qué era lo que necesitan los municipios para hacer programas educativos, que esos programas educativos fueran acordes con lo que requieren; que fueran acordes con lo que requiere el desarrollo municipal y el desarrollo regional.
Por eso estamos a favor, por eso creemos firmemente que tenemos que buscar nuevamente poner a tiempo las cosas. La educación es básica, y cuando escuchamos las voces de todos aquellos que quieren participar seguramente nos vamos a equivocar, y el día de mañana vamos a lamentar no darle a nuestros hijos una educación de calidad que hoy México requiere y que es motor, efectivamente, pero el motor de un México triunfante.
El Senador Presidente Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.
En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto en los términos del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar en su momento del resultado de la votación.
La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 86 votos a favor.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona un inciso m), recorriéndose el inciso m) actual para ser n) al artículo 70 de la Ley General de Educación.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, en la reunión celebrada esta mañana.
La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta.
A la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se presentó el 18 de marzo, para quedar en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.
A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, presentada el 18 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 73 constitucional, en materia de tortura, presentada el pasado 10 de febrero, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.
Al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Presidencia ratifica los turnos asignados.
Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a comisiones.
Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente que tendrá verificativo el próximo día miércoles 25 de marzo a las 11:00 horas.
(Se levantó la sesión a las 14:55 horas)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1600