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Timestamp: 2018-09-24 06:28:40
Document Index: 14177931

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6']

Ley Reglamentaria del artículo 6° p.1 de la CPEUM. El derecho de réplica. ¡Atole con el dedo! / I de II - Puebla - Sólo para Abogados
Ley Reglamentaria del artículo 6° p.1 de la CPEUM. El derecho de réplica. ¡Atole con el dedo! / I de II
enero 18, 2016enero 17, 2016Por Carlos Meza Viveros
Para el jurista José Antonio Silva Carpio, porque ¡las promesas se cumplen!
Con respeto sincero
Hace unas semanas, le ofrecí a mi amiga, Carmen Aristegui, una de las mujeres más brillantes y valientes periodistas que tenemos en México, realizar un análisis relacionado con este esperpento de ley, salido de los camanduleros legisladores por órdenes de su morueco, y con la inconformidad fundada y motivada de mi jefe, mentor y principalmente amigo, Manuel Bartlett Díaz, en sus breves pero ilustrativas intervenciones en el Senado. ¡Al tema!
Al interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales y legales en materia de derechos fundamentales no deben inventarse limitaciones que no se encuentran en el texto constitucional, y sí como lo afirma el maestro Miguel Carbonell “los derechos fundamentales son, justamente, triunfos frente a la mayoría, por lo que contra ellos no es posible invocar ningún tipo de interés suprapersonal para limitarlos, a menos que dicho interés esté recogido en una norma del mismo rango que la que establece el derecho, o que dicha limitación sea esencial para preservar otro derecho fundamental”. Al citar a Ronald Dworkin, entonces las libertades consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Carta Magna no sólo exigen evitar restricciones injustificadas directas, sino también indirectas y con ello me refiero a que las leyes reglamentarias deben desarrollar a plenitud todos los derechos que los particulares pueden ejercer en este caso “el derecho de réplica”.
El texto actual del artículo 6º Constitucional dispone que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley” en tanto que la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, desarrolla solo el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio, lo que no constituye el derecho de réplica sino el de el derecho de rectificación.
Para exponer el contenido y alcances del Texto constitucional debemos recurrir a la interpretación que de tales disposiciones jurídicas han hecho nuestros tribunales de qué se entiende por “réplica”; para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito “La réplica debe entenderse como el segundo escrito que en el juicio presenta el actor, con el propósito de impugnar las excepciones y demás medios de defensa alegados por el demandado en su contestación a la demanda”, esto, conforme a la tesis visible bajo el rubro “Réplica concepto de”, el ejercer el derecho de réplica es “replicar”, palabra que constituye un verbo cuyo origen etimológico se encuentra en el latín replic?re. Se trata de la acción de rechazar o refutar un argumento a través de una respuesta que evidencie dicha oposición; sin embargo debió cuantificarse y cualificarse el contenido de dicho verbo con la finalidad de no limitar el derecho fundamental a que se refiere su inclusión en el texto constitucional y para ello atender al sentido que a la palabra réplica le da la jurisprudencia emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente visible bajo el rubro “Libertad de expresión. Sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva”. En la que réplica es sinónimo de respuesta pues textualmente refiere: “mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas”. Tal referencia obliga a entender el derecho de réplica en su sentido amplio conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de nuestra Carta Magna armonizando su contenido con lo dispuesto por la Convención Americana Sobre derechos Humanos y si ni el texto constitucional ni el instrumento internacional antes citado condicionan a que exista información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio para su ejercicio, al equipararlo a respuesta es en sí un medio de protección para dar contestación ante cualquier intromisión no grave contra personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas.
La relación entre un medio de comunicación y un particular no es una relación simétrica y si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de protección para criticar personajes con proyección pública, es no sólo lógico, sino necesario concluir que resultaba indispensable desarrollar de forma amplia la tutela del ejercicio del derecho de réplica y la contraargumentación porque son las mejores y más efectivas herramientas para defender la propia actuación o punto de vista no solo “respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 6º Constitucional y cuando le cause un agravio al interesado”, porque la ley reglamentaria no puede limitar el derecho fundamental por razones que no existen en el texto constitucional, sino siempre que se le cause un agravio al interesado como se ha sostenido en el artículo 1º de nuestra Carta Magna en concordancia con la Convención Americana Sobre derechos Humanos, debo citar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido una relación asimétrica no solo entre los particulares y los medios de comunicación, sino entre dos medios de comunicación entre sí, con lo que el derecho de contestar, de replicar, resulta indispensable para los propios medios de comunicación y para la vida de una sociedad Democrática como la que aspiramos a ser, como se advierte en la tesis visible bajo el rubro “Libertad de expresión. Su funcionamiento en casos de debate periodístico entre dos medios de comunicación.
El 13 de octubre de 2015, el senador Manuel Bartlett Díaz, en el debate llevado a cabo con motivo de la aprobación del dictamen de la Ley Reglamentaria del artículo 6º párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica Congreso de la Unión comentó:
“El contenido es lo que se discute y es lo que demostramos que es una falsedad que esta ley realmente va a garantizar el derecho de réplica, no habrá posibilidades de que esta población tenga derecho a una información veraz, esta ley le da todas las ventajas a los medios de comunicación, los aparatos de comunicación están vinculados con el poder, se mencionó que se respetan los tiempos, lo que va a llevar a los ciudadanos a ir a litigar contra los medios de comunicación, para corregir el error o la imprecisión, inexactitud, no hay una obligación de que haya pruebas para quien realiza la afirmación aún en el error o la imprecisión”.
En resumen, que contenía un procedimiento en el que a un particular se le obligaría a litigar contra los aparatos jurídicos de los medios de comunicación, lo que no se traduce en equidad y que protege a los medios de comunicación, en el que el particular se vería en un enredo de trámites legales para ejercer su derecho y no estaba alejado de la verdad pues ante el axioma jurídico que representan la supremacía constitucional y la máxima “el que afirma está obligado a probar” y “el que niega no tiene la obligación de probar salvo cuando su negación implica la afirmación de un hecho”, se emitió una ley reglamentaria, que rebasa el contenido del derecho fundamental contenido en el texto constitucional en la que el que niega está obligado a probar la inexactitud o falsedad de un hecho que no afirmó.
La Ley Reglamentaria del artículo 6º párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
Derecho de réplica: El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.
El artículo que antecede no hace real la tutela al derecho de réplica, sino solo, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen, cuando los requisitos “que sean inexactos o falsos” no existen en el texto del propio artículo 6º Constitucional ni provienen de este.
El artículo que antecede, establece que el derecho de réplica se podrá ejercer, respecto de la información inexactos o falsa, … cuya divulgación le cause un agravio cuando los requisitos “inexactos o falsa” no existen en el texto del propio artículo 6º Constitucional ni provienen de este.
El artículo que antecede, limita el ejercicio de la crítica periodística solo para el caso siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada, cuando en este sentido, si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de protección para criticar personajes con proyección pública, es no sólo lógico sino necesario concluir que la crítica a su labor también debe gozar de la mayor libertad y más amplio grado de protección, pues de lo contrario se estaría dotando a una persona, como ocurre con los medios de comunicación impresos, de un gran y desequilibrado poder para criticar impunemente, opinando e informando sin ser sujetos del mismo escrutinio público que pregonan, ejercen y cuya protección invocan.
El artículo que antecede limita el ejercicio del derecho de réplica al formato del programa y al juicio del medio de comunicación, que es el sujeto obligado, entregándole la potestad de cumplir o no con la publicación que la ley debiera exigirle, en el mismo sentido, autores como Luigi Ferrajoli o Ernesto Garzón Valdés, consideran que los derechos fundamentales conforman la esfera de lo no decidible por ninguna mayoría, puesto que constituyen una especie de “coto vedado”, cuya limitación o afectación no puede llevar a cabo ninguna mayoría (ni siquiera por unanimidad, diría Ferrajoli), y mucho menos por cuestiones tan etéreas como lo pueden ser el “interés nacional” o el “interés social”, en este caso predominó el interés del sujeto obligado.
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