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Timestamp: 2018-03-22 04:12:10
Document Index: 390141849

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 160', 'artículo 174', 'artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 159']

FERROAFICIONADOS UNIDOS DE CHILE - Causa rol 257-08 EFE contra Rebolledo Arias y otros - Legales y Financieros
Causa rol 257-08 EFE contra Rebolledo Arias y otros
#1 · 08/Dic/2009, 23:40
Recurso 669/2008
Fecha 25/11/2008
Tipo TRABAJO-APELACION SENTENCIA DEFINITIVA
Caratulado EMPRESA DE FF. DEL ESTADO CON CACERES PEÑA BERNARDO Y OTROS
Ubicación Corte de Apelaciones
LITIGANTES RECURSO 669/2008
Abogado Recurrente GARCIA NEIMAN EDGARDO RODRIGO
Recurrente DEL ESTADO EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DATOS EXPEDIENTE PRIMERA INSTANCIA
Rol Interno Tribunal (RIT)
257- 2008
Juzgado Materia Fecha Ingreso Expediente
2º JUZGADO DEL TRABAJO DE CONCEPCION D01 09-06-2008
Recurso 669/2008 - Resolución: 26547 - Secretaría: LABORAL
CORTE DE APELACIONES CONCEPCION.
Concepción, veintiocho de julio de dos mil nueve.
Se eliminan el motivo 12° del fallo de primer grado; se le reproduce en lo demás y se tiene también presente:
1º Que se han elevado estos autos para conocer de la apelación deducida en contra de la sentencia de primera instancia por la parte demandante quien pide sea revocada, haciendo lugar a la demanda de desafuero laboral, autorizando expresamente el despido de los trabajadores demandados, por haberse acreditado los hechos reprochables y las causales imputadas, con costas del recurso.
2° Que en estos autos, se ha solicitado el desafuero de los trabajadores Bernardo Cáceres Peña, César Pérez García, Gerardo Díaz Santos, Claudio Vera Meza, Cristian Yáñez Cuevas, Sergio Gómez Yissi, Cristian Palacios Mundaca, Eugenio Ramírez Jara, Marco Rivas Aburto, Luis Pérez Constanzo, Juana Rivas Molina, Gustavo del Tránsito Arias Rebolledo y Jaime Rebolledo Arias, por haber procedido a realizar acciones tales como haberse tomado ilegalmente y de forma violenta las principales instalaciones del Centro de Control de Tráfico de la Empresa y dependencias administrativas de FESEUB S.A., hechos ocurridos el 29 de mayo de 2008, y que según se indica en documentos que rolan de fojas 25 a fojas 33 motivó, incluso, la revocación de la autorización a once de ellos para continuar desarrollando labores de vigilantes privados, por no reunir los requisitos de idoneidad cívica y moral que exige la ley, lo que aparece corroborado en informe de fojas 136. Los hechos expuestos motivaron que los trabajadores, según reconocimiento expreso y tácito efectuado en las diligencias de absolución de posiciones fueran detenidos por Carabineros.
3º Que la sentencia de autos dio por establecidos hechos tales como que el 29 de mayo de 2008 un grupo de tra bajadores de la empresa demandante, se tomaron las dependencias que indica, siendo desalojados por Carabineros; que instalaron barricadas; que fue agredido físicamente el gerente de operaciones de la empresa y que uno de los demandados (Luis Alfredo Pérez Constanzo) fue detenido por Carabineros por haber sido sorprendido gritando improperios al público usuario de los servicios de la empresa y otros que detalla.
4° Que no obstante haber estimado la juez a quo que de los hechos que reseña fluyen fuertes presunciones como para concluir que tratándose de los demandados se cumplen los requisitos que el artículo 174 del Código del Trabajo exige para hacer posible la autorización para despedir, ha decidido no otorgarla, por un lado, por tratarse de una autorización facultativa y, por otro, porque la presunta participación de los demandados en los hechos referidos debe ser establecida en sede criminal.
5° Que, efectivamente, el artículo 174 del Código del Trabajo en su tenor literal señala que el juez "podrá" conceder la autorización para despedir al trabajador aforado cuando éste incurra en algunas de las causales que la norma señala, pero la expresión utilizada no puede ser entendida como una licencia conferida al juez para proceder de manera arbitraria o sin razón, lo que atentaría en contra de la misión que la propia Constitución Política de la República le ha entregado. Lo que la norma quiere decir, en opinión de estos sentenciadores, es que la autorización puede ser otorgada sólo en el caso de configurarse esas causales, pero no en otras no indicadas en la norma. Sostener lo contrario puede llevar a un fin no permitido por el derecho, cual es, el perdón previo de toda conducta indebida, rechazada en cualquier sistema de derecho. Implicaría una situación privilegiada respecto de un trabajador aforado más allá de toda lógica, pues el gozar de fuero laboral no solo le impediría ser despedido sin autorización judicial previa o por la sola voluntad del empleador, sino además, le daría la posibilidad de incurrir en actos reñidos con la convivencia laboral y continuar desempeñándose en la empresa, quedando su retiro de la misma entregado a la sola voluntad del juez. Debe recordarse que la ley laboral expresamente indica que el contrato de trabajo termina, sin derecho a indemnización alguna, cuando el empleador le ponga término por alguna de las causales indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Lo que el artículo 174 del mismo texto quiere precaver es que la situación sea estudiada por un juez antes de ponerle término al mismo, pero no puede ser entendida como la posibilidad de que aun cuando se haya configurado la causal invocada, éste disponga la continuación del contrato de trabajo. En este mismo sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema el 23 de septiembre de 2008, rol 4295-2008 y ya bajo la vigencia del nuevo proceso laboral, la Corte de Apelaciones de Copiapó, en fallo de 12 de marzo de 2009, rol 19-2008.
Tampoco es requisito para configurar las causales de terminación del contrato de trabajo la existencia de una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, ni siquiera apareciendo que los hechos pudieran revestir caracteres de delito. Se trata de estudiar simplemente la terminación de un contrato y no la determinación de responsabilidades delictuales.
6° Que la demandante al solicitar la autorización para despedir, ha invocado las causales contenidas en los números 5, 6 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo y, en concordancia con lo ya razonado, en el parecer de esta I. Corte se ha configurado en la especie la primera de las causales invocadas, esto es, la existencia de actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos, lo que se considera suficiente para autorizar el despido de los trabajadores señalados en la demanda. Configurándose la causal indicada, no resulta necesario pronunciarse sobre las demás.
7° Que en segunda instancia, se acompañaron por la demandada documentos que rolan de fojas 171 a fojas 180, consistentes en liquidaciones de sueldo a nombre de César Pérez García, Eugenio Ramírez Jara y Gerardo Andrés Díaz Santos, correspondientes al mes de mayo de 2009; cartas de aviso de despido por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, dirigidas a Bernardo Alfonso Cáceres Peña, Luis Alfredo Pérez Constanzo, Claudio Lizardo vera Meza, Cristián Andrés Yáñez Cuevas, Sergio Faustino Gómez Yissi, Cristian Boris Palacios Mundaca y Marco Antonio Rivas Aburto, todas fechadas el 21 de agosto de 2008.
8° Que en nada incide en la autorización para despedir, el que habiéndose decretado la separación provisional de los trabajadores sin derecho al pago de remuneraciones, el empleador haya continuado pagándolas, pues la medida es de carácter precautorio y establecida en beneficio exclusivo del empleador, pudiendo renunciar a ella, como al parecer lo hizo, por lo menos parcialmente.
8° Que los demás documentos dan cuenta de hechos que no han sido motivo del juicio, por los que no alteran lo ya concluido.
9° Que, en consecuencia, de conformidad con lo razonado se sigue que la solicitud de la demandante en relación a que se le autorice para poner término al contrato de trabajo de los demandados aforados, es perfectamente procedente, máxime si la sentencia recurrida ha dado por establecidos los hechos que motivan la autorización judicial solicitada.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 159 Nº 5, y 174 del Código del Trabajo, SE REVOCA, sin costas, la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil ocho, escrita de fojas 143 a fojas 153, en cuanto rechaza la solicitud de la demandante en orden a que se le autorice para poner término al contrato de trabajo de la demandada, y en su lugar se decide que SE ACOGE, sin costas, la demanda deducida en lo principal del escrito de fojas 37 por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en contra de Bernardo Cáceres Peña, César Pérez García, Gerardo Díaz Santos, Claudio Vera Meza, Cristian Yáñez Cuevas, Sergio Gómez Yissi, Cristian Palacios Mundaca, Eugenio Ramírez Jara, Marco Rivas Aburto, Luis Pérez Constanzo, Juana Rivas Molina, Gustavo del Tránsito Arias Rebolledo y Jaime Rebolledo Arias, otorgándose, en consecuencia, autorización al empleador para poner término a la relación laboral que lo unía con los demandados por aplicación de la causal contemplada en el artículo 159 Nº 5 del Código del Trabajo.
Regístrese y devuélvase, con su custodia
Redacción de la abogada integrante doña Ruth Gabriela Lanata Fuenzalida.
Rol 669-2008.
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