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Timestamp: 2018-09-21 14:27:54
Document Index: 249795781

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 272', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 60', 'artículo 145']

﻿ Sentencia 48045 de octubre 22 de 2013
SENTENCIA 48045 DE 22 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:APLICACIÓN DE PRINCIPIOS LABORALES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. SE RECORDÓ QUE EL JUEZ QUE DECIDA SOBRE DERECHOS PENSIONALES DEBE TENER EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 272 DE LA LEY 100 DE 1993, ESTABLECIÓ QUE LOS PRINCIPIOS MÍNIMOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, TIENEN PLENA VALIDEZ Y EFICACIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. DE ESTA MANERA, LOS PRINCIPIOS LABORALES DE LA CARTA POLÍTICA NO SOLO SON APLICABLES A RELACIONES DIRECTAS DE TRABAJO, SINO A TODO LO PERTINENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL. ASÍ, PRINCIPIOS COMO EL DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA DEBEN SER MINUCIOSAMENTE APLICADOS EN LOS CASOS DONDE SE PRESENTAN CONFLICTO DE LEYES PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS COMO LOS PENSIONALES, QUE ESTÁN EN CONSTANTE ROCE CON DERECHOS DE CARÁCTER FUNDAMENTAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL, PENSIÓN DE INVALIDEZ, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
Sentencia 48045 de octubre 22 de 2013
Rad.: 48045
SL 769-2013
Bogotá. D.C., veintidós de octubre de dos mil trece.
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, aspira a que se case la sentencia y, en sede de instancia se confirme la del Juzgado. Formula un cargo que tuvo réplica oportuna.
Acusa la sentencia de violar los “artículos 53 y 230 de la Constitución Nacional que condujo a la infracción directa de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, artículos 5º, 6º y 10 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año... violentando la condición más beneficiosa para mi cliente y dejó de aplicar la ley más favorable en este caso el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990”.
Concreta la acusación en que Romo Escobar satisfizo 675 semanas antes de la calificación de la invalidez, de forma que cumple las exigencias del citado Acuerdo 49 de 1990.
Transcribe un trozo de la sentencia de esta Sala, radicado 33760 de 21 de agosto de 2008, en la que se alude al principio de la condición más beneficiosa y recalca que ese debió ser el soporte para acceder a la prestación de la invalidez reclamada.
Pide desestimar el cargo, en tanto al fundarse su reclamo en la falta de aplicación del principio de condición más beneficiosa debió acudir a la modalidad de interpretación errónea y no a la de infracción directa.
Afirma que de conformidad con lo puntualizado por esta Sala, no es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa cuando la contingencia ocurre en vigencia de la Ley 860 de 2003. En su apoyo cita la sentencia de esta Sala, radicado 27892 de 31 de julio de 2006, y la 32681 de 17 de junio de 2008.
Dada la vía directa escogida, se parte de la total conformidad de la censura con los supuestos de hecho que encontró probados el tribunal, según los cuales el actor perdió la capacidad laboral en un 67,90% con fecha de estructuración de 15 de octubre de 2004; no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la citada fecha, ni 26 en el año antecedente y que cotizó al Instituto de Seguros Sociales hasta el 31 de diciembre de 1994 un total de 675 semanas.
La discusión estriba en la viabilidad de aplicar el artículo 6º del Decreto 758 de 1990, que el censor estima infringido directamente, en tanto no se utilizó para resolver el caso, fundado en la aplicación del principio de condición más beneficiosa, que a voces de la sentencia del tribunal no es admisible cuando la contingencia ocurre en vigor de las leyes 797 y 860 de 2003, amparado en jurisprudencia de la Corte que así lo indicaba.
Es verdad que la mayoría de esta Sala, modificó la postura, en lo relativo a la aplicación del citado principio, para en su lugar admitirla, previo estudio de cada circunstancia particular, y así lo dejó consignado en la sentencia 35319 de 8 de mayo de 2012:
“De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C.N., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (rad. 30581) en la que se sostuvo:
“Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la constitución de la OIT que <En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación> (resalta y subraya la Sala) (sic)”.
De lo anterior se colige que esas mismas consideraciones se extienden inclusive a las situaciones ocurridas en vigor de la Ley 860 de 2003, en tanto no existe sustento para diferenciar la aplicación de los principios enunciados, por ello se equivocó el tribunal al descartar tajantemente la condición más beneficiosa; el cargo es fundado; sin embargo, ello no traduce en que Romo Escobar tenga derecho a la pensión de invalidez, pues es claro que no es admisible, para el amparo del reseñado principio, indagar en la historia legal para encuadrar el asunto, pues ese no es su propósito. Para el caso, la norma precedente a la Ley 860 es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que en su literal b), exige “Que habiendo dejado de cotizar al sistema hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”, de modo que si aquel no satisfizo esa exigencia, en tanto las semanas que cotizó, 675, fueron previas a 1995, no puede acudirse al artículo 6º del Decreto 758 de 1990 para regular su riesgo.
Por lo visto, el cargo aunque fundado no prospera. Sin costas en el recurso extraordinario.
Según la petición que obra a folios 38 y 39 del cuaderno de la Corte, acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colpensiones, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPL y la S.S.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de abril de 2010, en el proceso que Alejandro Romo Escobar le promovió al Instituto de Seguros Sociales.