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Timestamp: 2020-03-29 16:01:30
Document Index: 4238579

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 137', 'artículo 140', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 2', 'artículo 3']

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Las Administraciones Locales responden a la categoría genérica de las Administraciones Territoriales. Son, por tanto, administraciones públicas de carácter territorial a las que se les asignan potestades de rango superior.
¿Administraciones locales o corporaciones locales?
Dimensión: ¿hacia una segunda descentralización?
Clases de administraciones locales
Aunque en el lenguaje coloquial hablemos con cierta frecuencia de la "Administración" en singular, esto es, como si solo existiera una única realidad calificable de tal y que, además, por esa misma unidad subjetiva que parecemos declarar, existiera también un mismo régimen jurídico regulador, lo cierto es que no sucede tal cosa sino que existen muy diversas "Administraciones" (véase la voz "Administraciones Públicas").
Seguidamente nos referiremos a la Administración Local como una tipología, como un conjunto singular de aquellas mismas Administraciones. Se trata de un conjunto que está dotado de una serie de características fuertemente diferenciales. Importa sin embargo dejar bien claro, sin más demora, que tampoco la Administración Local es una sola sino que hay varias. Por tanto también en este lugar se impone el uso del plural. Pensemos por ejemplo que un Ayuntamiento es cosa distinta de una Diputación Provincial y que ambas son diferentes de las Comarcas o de las Islas. Pero todas ellas, pese a su singularidad, responden juntamente a la categoría de Administraciones Locales.
Sí es cierto, sin embargo, pese a aquella diversidad multiforme que afirmamos de las Administraciones Locales, que todas ellas comparten unas importantes características que, por el contrario, no concurren en las demás Administraciones Públicas. En especial nos interesa resaltar las diferencias que existen con respecto al resto de las Administraciones territoriales, pues las locales son, en efecto, entes de naturaleza territorial.
Veamos entonces qué son las Administraciones Territoriales. Así, una vez hecha tal labor podremos ver en qué son distintas nuestras Administraciones Locales de las demás Administraciones Territoriales. Pues bien, la doctrina hace gravitar la naturaleza de estos entes territoriales en el papel importante que el territorio puede jugar en su configuración misma. Y así, "en tanto que en los entes territoriales el territorio aparece como algo que afecta esencialmente a la naturaleza de la entidad, en los no territoriales el papel del territorio se reduciría (...) al de simple ámbito para el ejercicio de las competencias que le han sido asignadas".
Vistos todos estos rasgos distintivos podemos ya decir que responden a este tipo de entes territoriales la Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y, en lo que ahora nos interesa, las entidades que integran la Administración Local.
Ya hemos declarado que el concepto de las Administraciones territoriales, formulado por referencia al especial peso que tiene para ellas el territorio, se construía a imagen y semejanza de lo que ocurría con el Estado, cuyos elementos básicos eran, por ejemplo para Jellinek, el territorio, la población y el poder. Pues bien, no otra cosa acontece con las Administraciones Locales. Éstas disponen así de un territorio sobre el que se proyecta su acción que en el caso de los ayuntamientos se denomina término municipal y que, en el de la provincia, coincide con los mismos límites administrativos provinciales. Además de un territorio encontramos una específica población. Para los ayuntamientos ese grupo poblacional viene constituido por los vecinos. En este sentido el artículo 15 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, establece que el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio; añade luego que los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio; y más aún, concluye que la condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón. Por último aquella esencia de toda Administración Pública como es el Poder está presente con evidencia para las entidades locales y se plasma en su concreta y específica organización burocrática y en las potestades que las leyes les asignan.
También se ha dicho que otra característica de las Administraciones Territoriales es la asignación de potestades de rango superior. Pues bien, el artículo 4 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, dice que en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria (ver voz: "Potestad reglamentaria") y de autoorganización; b) Las potestades tributaria y financiera; c) La potestad de programación o planificación; d) Las potestades expropiatoria (véase la voz "Expropiación forzosa") y de investigación, deslinde (véase la voz "Deslinde") y recuperación de oficio de sus bienes (véase la voz "Privilegio de interdictum proprium"); e) La presunción de legitimidad (véase la voz "Presunción de legalidad del acto administrativo") y la ejecutividad de sus actos (véase la voz "Ejecutividad de los actos"); f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora (véase la voz "Derecho Administrativo Sancionador"); g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos (véase la voz "Revisión de los actos administrativos"); h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma.
Hasta aquí se ha dicho que las Administraciones Locales responden a la categoría genérica de las Administraciones Territoriales. Pero también que son distintas de las otras dos Administraciones que responden a este mismo rasgo de territorialidad, esto es, de las del Estado y las Comunidades Autónomas. Y lo son en dos aspectos fuertemente relevantes.
En primer lugar las Administraciones Locales tienen una base corporativa de la que carecen la Administración del Estado o las de las Comunidades Autónomas. ¿Y qué significa eso? Pues sencillamente que sus órganos políticos se nutren directamente de los representantes de los ciudadanos, de los miembros de la corporación. Otro ejemplo de corporación en el que acaso se perciba con mayor claridad esta singularidad son los colegios profesionales, corporaciones sectoriales de base privada, en los que es evidente que los órganos directivos se conforman con los profesionales. Así ocurre con los colegios de arquitectos, de abogados... Pues bien, algo parecido sucede con las Administraciones Locales que se nutren en sus cuadros políticos y administrativos con vecinos. Aunque si queremos ser más precisos, diremos que eso es lo que ha ocurrido durante largo tiempo por lo que la mayor parte de los manuales de Derecho Administrativo mantienen aún la afirmación de la naturaleza corporativa de las entidades locales. Pero en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Reguladora del Régimen Electoral General, no se establece la exigencia de que los candidatos a concejales estén empadronados en la localidad. En este sentido de falta de exigencia de dicho empadronamiento para ser titular del derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 127/2007, de 22 de mayo. También la Junta Electoral Central se pronunció en su Instrucción de 4 de abril de 1991 y, entre otros, en sus acuerdos posteriores de 8 de febrero, 15 de marzo y 24 de abril de 1995, 29 de enero de 1997 o 15 de marzo de 1999. Pero, hecha esta salvedad, ha de ratificarse que en el caso del Estado o en el de las Comunidades Autónomas (que comparten sustancia política) los representantes de los ciudadanos se integran en el Poder Legislativo (las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas). El Poder Ejecutivo pasa a ser una especie de delegado de las Cámaras y queda sometido a la función parlamentaria de control. La Administración, como aparato burocrático, discernible claramente del Gobierno -de perfil mucho más político- pasa a tener ese componente mucho más organizativo-burocrático.
En el caso de las Administraciones Locales pasa algo completamente distinto. No existe poder legislativo. Los Concejales se integran en un órgano deliberante y asambleario (el Pleno) pero que en modo alguno es una pequeña cámara legislativa sino que se integra en la propia Administración. Las diferencias entre lo político y lo burocrático son también mucho más tenues de lo que acontece que en la dinámica Gobierno-Administración. Y lo que es mucho más importante: los órganos representativos se integran de modo directo (con la salvedad o matiz ya indicado) por los vecinos. El substrato corporativo está así más presente y por ello, no en vano, las denominamos a veces Administraciones Locales y otras, casi más frecuentes, Corporaciones Locales.
Otro de los rasgos diferenciales se puede atisbar después de lo dicho. El Estado es algo más que la Administración General del Estado. Es un sujeto político superior que incorpora una función parlamentaria, una función gubernativa y una función administrativa, además de otras muchas como la judicial, la internacional, el papel que desempeña la Corona... La función administrativa es, por tanto, una más entre otras muchas. Algo parecido sucede con las Comunidades Autónomas, que tienen también su Presidencia, sus Asambleas Legislativas, su Consejo de Gobierno y su Administración.
Pues bien, en el caso de las Administraciones Locales, pese a su evidente carácter democrático y representativo, no existe otra cosa que Administración Pública. Las Corporaciones Locales son Administraciones Públicas y sólo Administraciones Públicas. Y si analizamos bien los términos empleados por las leyes veremos que tal realidad queda bien puesta de manifiesto. El artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone por ejemplo que se entiende por Administraciones Públicas la Administración General "del" Estado o las Administraciones "de las" Comunidades Autónomas. Esa terminología evidencia que el Estado y las Comunidades Autónomas tienen dentro una Administración, pero que al mismo tiempo son más que ese contenido administrativo. En cambio, termina diciendo que son también Administraciones Públicas "las Entidades que integran la Administración local". En suma, que la componente administrativa integra, y colma al mismo tiempo, los contenidos de las Corporaciones Locales. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dice lo mismo: "se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas: a) La Administración General del Estado; b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas; c) Las Entidades que integran la Administración local".
Pese a que no se deba olvidar que en la noche de la historia las ciudades han jugado un papel institucional relevante, hasta el punto de llegar a ser (recordemos las Ciudades-Estado) la unidad política por antonomasia, lo cierto es que, en la mayor parte de las épocas, los pueblos y ciudades tenían una pequeña dimensión. Lo mismo sucedía son su organización política y administrativa. Pero otra cosa bien distinta sucede hoy día. En los tiempos que vivimos muchas entidades locales tienen extraordinarias dimensiones. Algunas de ellas, por su importancia y complejidad, incluso se regulan por leyes específicas. Frecuentemente están dotadas también muchas de ellas de importantes poderes públicos.
Hemos dicho que algunas de estas ciudades se regulan por leyes específicas. Es el caso por ejemplo de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, o de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.
Pero es también verdad que esa actual importancia, esas nuevas y grandes dimensiones, esas importantes competencias que ostentan, no son estáticas sino dinámicas, y además que los modelos no son siempre idénticos en el Derecho Comparado. A poco que meditemos sobre la información, desde luego fragmentaria e imprecisa, que nos llega de otros países, incluso a través de las películas, veremos que algunas de las ciudades tienen poderes muy superiores a los que en España ostentan hoy las corporaciones locales. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que la ciudad de San Francisco tiene sus propios cuerpos de policía integrales de seguridad (no sólo policías locales)?
Pues bien, todo esto viene a cuento porque en nuestro país se habían producido unas potentes tendencias encaminadas a ampliar las competencias de las ciudades en detrimento del Estado o de las Comunidades Autónomas. Y todo ello ha sido enmarcado en el concepto de una "Segunda Descentralización". Ese conjunto de propuestas y acciones afirman que la mayor proximidad que los municipios tienen con respecto a los intereses ciudadanos necesariamente ha de proyectarse en una mayor descentralización de funciones y competencias a favor de los entes locales. Juegan a la vez a favor de esta pretendida segunda descentralización principios como la autonomía en la gestión de los intereses propios, la subsidiariedad, la descentralización, el acercamiento de la gestión, una pretendida mayor eficacia en el desempeño de las funciones, la eliminación de duplicidades administrativas y la cooperación y coordinación administrativas. Entre las competencias que pudieran pasar a las ciudades estarían el urbanismo, el medio ambiente, la educación, inmigración, seguridad ciudadana, vivienda... No han faltado algunas iniciativas que en cierta medida pretendían "colgar de las ciudades" un primer escalón de la justicia, la llamada Justicia de barrio o Justicia municipal.
Conviene citar aquí el Libro Blanco de Gobierno Local, así como el Anteproyecto de Ley Básica de Gobierno Local elaborado por el Gobierno Socialista en 2005. En Valencia ha sido dictado también el Decreto 87/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para el desarrollo de esta Segunda Descentralización.
Pero todas estas tendencias no son en modo alguno pacíficas.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local contenía determinadas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria (conforme al art. 135 de la Constitución), la sostenibilidad financiera y la eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.
Esta norma pretendía clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio «una Administración una competencia», trataba de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.
Otra de las medidas adoptadas en la Ley fue la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Las anteriores palabras, y las referencias que acabamos de efectuar a las diversas tendencias políticas descentralizadoras en futuro beneficio de las Administraciones Locales que se expresaron en aquel Libro Blanco del Gobierno Local, el Anteproyecto de Ley de Bases del Gobierno Local, y la realidad (ya presente y actual) del Decreto Autonómico valenciano, nos aconsejan efectuar un somero apunte sobre las competencias que las entidades locales tienen hoy en España. Pero la percepción del panorama y de los principios por los que se mueve no es tarea fácil ya que el esquema de asignación responde a líneas, principios y técnicas de naturaleza dispar.
Como encuadramiento, y por recorrer un camino descendente en nuestro Ordenamiento Jurídico, debe notarse que la Constitución Española no establece ninguna clase de asignación directa de competencias a las corporaciones locales sino que el reparto competencial básico lo realiza tan sólo entre el Estado y las Comunidades Autónomas (artículos 148 y 149). La Constitución en este punto contiene sólo unas formulaciones generales pero no verdaderos listados de competencias. Una de tales declaraciones generales se contienen en el artículo 137 de la Constitución, en el que tras decir que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, añade que "todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". Es decir, que no se establecen competencias concretas por la Constitución que habrían de corresponder a las corporaciones locales pero sí una garantía mínima de autonomía que, naturalmente, para que exista en efecto, tiene que tener por fundamento competencias concretas. ¿Cómo a va tener autonomía alguien que carece de competencias? Una mención parecida se contiene en el artículo 140 del mismo texto constitucional, en el que se establece que "la Constitución garantiza la autonomía de los municipios".
El primer elemento, por tanto, a la hora de ver las competencias de las Administraciones Locales, es esa misma garantía de autonomía que, naturalmente, demanda la posesión de un mínimo de competencias. En otro lugar de esta Enciclopedia se desarrolla en profundidad este concepto (véase la voz "Autonomía local") y lo que significa.
Por tanto no es la Constitución la que establece las competencias que las Administraciones Locales pueden llegar a tener, sino la ley. Y será la ley por ello la que precise cuáles deban éstas ser. Estamos en el segundo paso para comprender el peculiar régimen competencial de las Corporaciones Locales en España. El primero fue una garantía de autonomía. El segundo, que será la ley, y sólo la ley, la que traduzca en contenidos competenciales concretos esa misma garantía. Esa Ley puede ser estatal o autonómica.
Pero junto a la garantía de autonomía y a la cesión a la ley de los contenidos concretos juega otro resorte cuyo contenido es impreciso. Se trata de una atribución genérica de potestades que se contiene en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, (tras su reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) aunque referida al municipio: "El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal". Estamos, pues, ante una cláusula de apoderamiento que antes era sumamente abierta pero que en la actualidad, merced a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha pasado a quedar mucho más cerrada.
Este esquema se complementa con otras dos técnicas diferentes. La primera una enumeración de ámbitos en los que la Administración local tiene que estar. Antes de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, las Administraciones Locales podían coincidir con otras en el ejercicio de competencias. En la actualidad, sin embargo, en aplicación del principio «una Administración una competencia», la Ley ha de determinar la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
Pues bien, áreas en las que las corporaciones locales tienen que estar (aunque, insistimos, no necesariamente en soledad) son:
Y por último, la ley ya no nos describe áreas globales en las que la Administración Local tiene que estar sino que establece una enumeración de concretos servicios que sí tiene, por sí sola, que prestar a los ciudadanos (artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, según modificaciones establecidas en Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).
Ahora bien, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de algunos servicios (art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril).
Recapitulando vemos que el complejo sistema de atribución de competencias a las corporaciones locales se asienta en:
- Un mandato general y primario para los demás de preservar su autonomía.
- Una genérica autorización de su presencia en todos los asuntos que afecten a la comunidad vecinal.
- Un mandato de presencia (tanto para ellas como para el resto de los poderes públicos) en ciertas concretas áreas, independiente de que en esas mismas áreas estén también otras Administraciones Públicas.
- Un mandato directo de dispensación de determinadas actividades y servicios.
- La previsión de que, junto a todo esto, las Corporaciones locales puedan obtener competencias por delegación de otras Administraciones Públicas.
Más arriba se expresó que de la misma manera en la que no podíamos hablar de una sola Administración Pública sino que había que referirse a las Administraciones Públicas y utilizar por tanto el plural, tampoco podíamos referirnos a una sola Administración Local sino que existía una variedad de ellas. Pues bien tales Administraciones Locales, que enumera el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son:
Probablemente por lo evidente del objeto aludido y, por tanto, por el general conocimiento que se supone con respecto a él, la ley no se ocupa de definirlo sino tan sólo de afirmar su carácter de entidad local básica de la organización territorial del Estado. Pero no es una entidad local básica por ser la de menor tamaño sino que lo es por su carácter generalizado y modo histórico de organización primaria de la vida local.
En segundo término aparece la provincia que, aunque sea en efecto una entidad diferente, una diferente Administración Local -con sus propias competencias- está conformada por la agrupación de Municipios.
La Isla, en los archipiélagos balear y canario, no es sólo una evidente unidad geográfica sino que es también una fórmula aglutinadora de la organización política local.
Tienen las islas sus específicos órganos de gobierno local como son los Cabildos Insulares en Canarias y, en Baleares, los Consejos Insulares.
- Las comarcas.
Las comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras
Son como asociaciones de municipios que tienen por objeto la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.
- Las veguerías (sólo en Cataluña y en la actualidad pendientes de constitución efectiva o supresión).
Han sido creadas por la Ley catalana 30/2010, de 3 de agosto.
Según el artículo 2 de esta Ley la veguería es un ente local (es decir, una Administración Local) con personalidad jurídica propia, determinado por la agrupación de municipios, y que constituye el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local.
El gobierno y la administración autónoma de la veguería corresponden al consejo de veguería.
Esas son las determinaciones legales. Sin embargo el 1 de junio de 2011 el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó congelar la aplicación de la Ley, cosa que ha sido justificada por el hecho de que todavía no se han realizado las modificaciones correspondientes en las leyes de ámbito nacional para poder sustituir las cuatro provincias catalanas por siete veguerías.
Debe notarse que esa desaparición de las provincias catalanas y su sustitución por las veguerías era un propósito central de la Ley. Sin embargo el Tribunal Constitucional, en su conocida Sentencia de 28 de junio de 2010, ya declaró que "la previsión estatutaria de la existencia de veguerías, sean cuales sean sus límites geográficos, no puede suponer la supresión de las provincias en Cataluña ni la de sus funciones constitucionales".
Posteriormente, ha sido promulgada la Ley catalana 4/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías. Según la exposición de motivos de aquélla el momento de crisis económica que sufre Cataluña, y la necesidad de dar cumplimiento a la adecuación de la normativa electoral a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 30/2010, a efectos de garantizar la efectiva e íntegra constitución de los consejos de veguería como organización territorial básica de Cataluña, hacen que sea aconsejable aplazar dicha constitución hasta que se haya producido la necesaria modificación del marco normativo aplicable.
Su disposición transitoria primera dispone, en esta misma dirección, que la constitución de los consejos de veguería se producirá una vez hayan sido aprobadas las modificaciones de la normativa estatal a las que se refiere la disposición final segunda, de la propia Ley 4/2011, incluidas las relativas al establecimiento del régimen electoral de la veguería. En aquel momento, los consejos de veguería sustituirán a las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo que determina el artículo 91.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Téngase en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 declara que el presente artículo 91.3 no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico 41 de la misma.
Para finalizar, cabe hacer referencia a la Ley 2/2017, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 30/2010, de veguerías, para crear la veguería del Penedés.
• El artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que son también Administraciones Públicas, las Entidades que integran la Administración local.
• De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son entidades locales territoriales el municipio, la provincia, la isla en los archipiélagos balear y canario, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios.
- •La legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.