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Timestamp: 2016-10-26 00:24:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 247', 'artículo 388', 'artículo 397', 'artículo 48', 'artículo 178', 'artículo 14', 'artículo 227', 'artículo 39', 'artículo 176', 'artículo 6', 'artículo 14', 'e contrario', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 42', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 176', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 311', 'artículo 439', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 1261', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 8']

Blog | Lealtadis Abogados
Blog 13 octubre, 2016 | 0
HORAS COMPLEMENTARIAS-ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA La contratación realizada a tiempo completo, tanto en modalidad indefinida como temporal, la única solución permitida para atender a una mayor carga de trabajo es la realización de horas extraordinarias. Pero este mecanismo tiene muchas limitaciones, como el tope de 80 horas anuales, siendo costoso debido a la doble cotización, y depende de la voluntad del trabajador ya que no se puede imponer su realización.
Por su parte, en épocas de menor actividad debido a un descenso de pedidos, un menor volumen de ventas o, sencillamente, menor carga de trabajo, este contrato obliga al empresario a soportar el sobrecoste que conlleva el abonar horas “ociosas” o improductivas, sin que existan mecanismos de flexibilidad que solventen este problema con suficiente seguridad jurídica.
Quizá la mala costumbre de acudir a fórmulas contractuales estandarizadas, ha impedido conocer la relevancia y utilidad que tiene el contrato laboral flexible, con bolsa de horas. El vigente artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores permite al empresario contratar a tiempo parcial –tanto con carácter indefinido como temporal, incorporando una cláusula denominada “pacto de horas complementarias” mediante la que el empresario puede exigir al trabajador la realización de más horas, sólo cuando así lo necesite.
La ventaja no estriba sólo en que sean exigibles unilateralmente, sino que esta bolsa de horas obligatoria puede alcanzar hasta un 30% adicional de las horas contratadas, siempre que, como mínimo, se hayan contratado 10 horas semanales, en cómputo anual. El pacto debe recoger el número de horas complementarias cuya realización puede ser requerida. Los convenios colectivos pueden establecer otro porcentaje máximo, que en ningún caso puede ser inferior al 30% ni exceder del 60% de las horas ordinarias contratadas.
Este pacto puede quedar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante preaviso de 15 días, una vez cumplido un año desde su celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
la atención de responsabilidades familiares.;
por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se determine, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria;
El trabajador puede negarse a su realización, pese a haber sido pactadas, sin que ello suponga incumplimiento laboral sancionable, en caso de incumplimiento del empresario.
El empresario puede, además de este 30%, ofrecer al trabajador la realización de hasta un 15% más de horas, que, esta vez sí, quedan a disposición del trabajador. (Horas de aceptación voluntaria). quien puede optar por negarse a realizarlas. En este caso, quedan expresamente excluidos los contratos de duración determinada o temporales de dicha posibilidad. El trabajador puede negarse a la realización de estas horas, sin que ello constituya conducta laboral sancionable. Estas horas no se computan a efectos de los porcentajes de horas complementarias pactadas.
Ambas modalidades de horas complementarias presentan las siguientes notas comunes:
Se retribuyen como horas ordinarias y se computan a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social, períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. Para ello, su número y retribución se debe recoger en el recibo individual de salarios y en los documentos de cotización a la Seguridad Social.
En su realización se deben debe respetar los límites legales de jornadas y descansos.
El incumplimiento por parte de la empresa de las normas y los límites legales o convencionales en materia de tiempo de trabajo se califica como infracción grave.
Por tanto, establecido en el Estatuto de los Trabajadores, existe a disposición del empresario una verdadera herramienta de flexibilidad, con la que puede tanto atender picos de actividad, como, abonar sólo las horas realmente productivas, adecuando la jornada de sus empleados a los momentos de menor actividad.
Carmen Sicilia Gutiérrez
Mar Rubio Mañas | Blog, Laboral 26 septiembre, 2016 | 0
DE LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE COMPAÑÍAS MERCANTILES CON OBLIGACIONES INSATISFECHAS EN LA DOCTRINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (EN ADELANTE, “DGRN”). ESPECIAL REFERENCIA A LA RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2016. 1.- Introito.
Por los distintos agentes que intervienen de una u otra manera en la generación, desarrollo y, sobre todo, en la extinción de las sociedades mercantiles, es sabido que un problema relevante en estos años de larga crisis, y cuya solución se está viendo sometida a diversos vaivenes, es la cuestión de cómo proceder para extinguir una sociedad mercantil cuando la misma carece del patrimonio necesario para poder atender la totalidad de las obligaciones pendientes. Pues bien, la solución jurídica que ha de darse a dicho problema -extramuros del procedimiento concursal- ha sido corregida, revisada y posteriormente vuelta a reformular recientemente por la DGRN –de forma acertada a nuestro entender[1]– para volver de nuevo al punto de partida.
Dicho esto, y una vez centremos el problema en cuestión, creemos interesante revisar ese viaje interpretativo de ida y vuelta realizado por la DGRN a fin de que se pueda entender debidamente el criterio de dicho Centro Directivo.
2.- El problema.
Por todos es conocido que (i) a los liquidadores sociales les corresponde pagar las deudas sociales (art. 385.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, (en adelante, “TRLSC”), (ii) que el balance final de liquidación sólo se someterá a aprobación de los socios “concluidas las operaciones de liquidación” (art. 390.1 TRLSC), (iii)y que éstos no podrán satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin la previa satisfacción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social (art. 391.2 TRLSC), debiendo asegurar debidamente las deudas no vencidas en ese momento (art. 394.1 TRLSC), (iv) así como que, para otorgar la oportuna escritura que documente la extinción de la compañía, se ha de manifestar que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos(art. 395.1.b) TRLSC y art. 247.2.3.a del Reglamento del Registro Mercantil), y que además los acreedores deben de contar oportunamente con información sobre el estado de la liquidación (art. 388.1 TRLSC).
Pero ¿qué ocurre si la sociedad no cuenta con el patrimonio necesario para poder pagar, consignar o garantizar esas deudas? ¿Cuál será en ese caso la obligación que se le impone al liquidador social? ¿En qué situación jurídica debe quedar esa compañía?
A estas preguntas muchos contestarán que la obligación de un liquidador ordenado será la de solicitar de forma tempestiva el concurso voluntario de acreedores (art. 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, “LC”) a fin de que, en sede de ese procedimiento universal, se decida, por un lado, si la compañía viene a mejor fortuna como consecuencia de que se recuperen bienes o derechos fruto del ejercicio de acciones de reintegración (art. 71 LC), o bien, en su caso, si determinadas personas vienen obligadas a reforzar patrimonialmente a la compañía con sus bienes propios por haber provocado o agravado la insolvencia de la misma, o haber colaborado en su caso en ésta (art. 163 a 166 LC y 172 y 172 bis LC). O por el contrario, por absoluta insuficiencia de bienes propios y ajenos (los de los calificados culpables y sus cómplices) se pueda acordar la conclusión del concurso (art. 176 bis LC) y con ello el acuerdo judicial de su extinción y la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, sobre todo en el Registro Mercantil (art. 178.3 LC).
A aquellos que, con lógica, piensan así, siempre les hemos rebatido con otra pregunta, aunque ello no sea la postura más educada a la hora de dar una contestación: ¿Y qué pasa si la sociedad cuenta con un solo acreedor?[2] ¿O si el juzgado inadmite “ad limine” la demanda interpuesta, sin ni siquiera admitirla a trámite, por insuficiencia de masa?[3]
2.- El punto de partida. La resolución de 29 de abril de 2011.
A los interrogantes apuntados en el ordinal antecedente, y para el caso concreto en que en el balance de liquidación lucía un único acreedor insatisfecho, había contestado la DGRN en su añada resolución de fecha 13 de abril de 2000, citada y ampliada a su vez por la resolución de 29 de abril de 2011, que expresamente dispone:
“…aunque es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario que el reparto del haber social entre los socios requiere inexcusablemente la previa satisfacción de los acreedores sociales -o la consignación o el depósito del importe de la obligación pendiente e, incluso, su aseguramiento o afianzamiento, según los casos (cfr. artículos 391.2, 394.1, 395 y 396 de la Ley de Sociedades de Capital, 235 Código de Comercio, y 1.708 en relación con el 1802, del Código Civil), es también cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de la sociedad.”
Y sigue diciendo la referida resolución de la DGRN:
“Por ello para practicar tal cancelación, en dicha Resolución se estimó suficiente que en el balance de liquidación, y bajo la responsabilidad del liquidador constara la inexistencia de activo alguno para la satisfacción del acreedor.
Por otra parte, la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones pendientes de la misma…”
Previamente, la referida resolución ya había anticipado, en cuanto a la afección de la norma concursal al campo registral, que:
“…en el ámbito estrictamente registral no existe norma alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de activo social a la previa declaración de concurso.”
Fruto de esta interpretación, hasta el 2012, las sociedades carentes de activo -circunstancia esta acreditadas a la luz del contenido del balance de liquidación, y bajo la responsabilidad del liquidador-, podían hacerse desaparecer, cuando menos aparentemente, del Registro Mercantil, haciendo que desaparecieran las obligaciones fiscales y mercantiles que se imponen a estas compañías y permitiendo a los liquidadores poner fin a una tarea que, en otro caso, estaría abocada a no poder realizarse. Por supuesto, siempre quedaba a salvo la posible exigencia de responsabilidad del liquidador que con dolo o culpa hubiera actuado contrariamente a los intereses de acreedores y socios (art. 397 TRLSC).
Y esto se vino haciendo así, incluso con sociedades en las que existían más de un acreedor insatisfecho, toda vez que los argumentos esgrimidos por la DGRN venían a avalar este extremo.
3.- El viaje de ida. La resolución de 2 de julio de 2012
No obstante lo dicho, la DGRN no tardó en desandar el camino andado. Y así a través de la resolución de fecha 2 de julio de 2012[4], modificó su criterio, tomando partido por el mantenimiento artificial de las compañías despatrimonializadas, básicamente por los siguientes motivos, algunos de carácter concursal y sobre los que no sabemos si hubiese sido mejor un honroso silencio:
1º.- Reconociendo que existe un vacío legal en la materia, y que para cubrirlo hay que acudir a las normas que defienden a los acreedores. Así se dice:
“Parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador no debe limitarse a constatar la existencia de un único acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su deuda, sino que debe cumplir con la obligación que le impone dicho precepto a fin de que el acreedor pueda reaccionar en defensa de sus derechos. Si así no lo hiciera, ese acreedor podría encontrarse sorpresivamente ante la situación de que cuando intentara el cobro de su crédito, bien por procedimientos de ejecución singular o bien por procedimientos de ejecución colectiva, su deudor habría desaparecido del mundo de los sujetos de derecho, careciendo su crédito de sujeto pasivo o persona contra la que dirigir la acción de reclamación.
Esta es una situación que el Derecho no puede amparar, pues ante el vacío legal que se produce en esta materia, sin norma legal directamente aplicable al caso, además de a los preceptos de la legislación societaria y concursal que analizamos en los siguientes fundamentos jurídicos de esta Resolución, debe recurrirse supletoriamente a los principios generales del Derecho, aplicables en defecto de ley o de costumbre (cfr. artículo 1 del Código Civil), y entre estos figuran los que rechazan el enriquecimiento injusto o los que proscriben la indefensión de los acreedores frente a actuaciones unilaterales de sus deudores”
Algunos confiábamos en que la DGRN siguiese afirmando que la cancelación de los asientos registrales no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones pendientes de la misma. Y cuando creíamos que la DGRN ponía en cuestión este hecho, unos párrafos después la propia resolución lo manifiesta expresamente.
2º.- Porque una interpretación literal del art. 395.1.b) TRLSC y del art. 247.2.3.a del Reglamento del Registro Mercantil, según el sentido propio de sus palabras, atendiendo a su espíritu y finalidad, “…llevan a la conclusión, «a sensu contrario», de la imposibilidad de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad y la consiguiente cancelación de los asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo indiferente a estos efectos que exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un único acreedor. Este trato indistinto para ambas situaciones resulta perfectamente lógico, pues en caso contrario se produciría el efecto paradójico de dispensar un trato peor al acreedor único frente a una pluralidad de acreedores. Y es que la sociedad mantiene su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y por tanto su personalidad jurídica, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes de las mismas (cfr. artículos 390.1, 391.2 y 395.1 de la Ley de Sociedades de Capital y 228 del Código de Comercio).”
Como puede verse, ahora sí, la interpretación ha de ser ésta, tenga o no la compañía masa suficiente con la que poder atender aunque sea mínimamente sus obligaciones.
3º.- Porque para practicar la cancelación de la hoja registral de una sociedad que se encuentra en la situación descrita, es necesaria una resolución judicial que así lo disponga en el correspondiente procedimiento concursal.
Y para ello la DGRN se mete en camisa de once varas, toda vez que justifica la ampliación del elemento objetivo de la insolvencia a concursos en los que no existe una pluralidad de acreedores, en base a “…la existencia de otra serie de normas en nuestra Ley Concursal, fundamentalmente las relativas al concurso necesario, en que no se parte de la existencia de una pluralidad de acreedores, sino que un único acreedor dispone de legitimación activa para solicitar, como alternativa a la ejecución singular del patrimonio de su deudor, la declaración de concurso necesario para poder así gozar de las garantías que proporciona la ejecución jurisdiccional de los bienes del concursado, evitando de forma simultánea la artificiosa creación de una situación de insolvencia del deudor.”[5]
Amén de ello se cita el nuevo artículo 48. Ter LC y el 172 Bis, como base fundamental para el cambio de criterio, cuando lo cierto es que ambos artículos, en lo sustantivo ya existían antes de la reforma, en el 2011, cuando se dictó la resolución que ahora se modifica, y en los mismos la reforma lo único que ha hecho son unas necesarias mejoras técnicas y procesales.
Y nos preguntamos: ¿por mucho que un solo acreedor pueda instar el concurso necesario de su deudor, o proponer medidas cautelares, si no concurren en éste tanto el elemente subjetivo (art. 1 LC) como el objetivo (básicamente el art. 2 LC), el concurso podrá ser declarado? A nuestro juicio, evidentemente no, por lo que este razonamiento resulta bastante pobre.
4º.- Por último, citando los artículos 176 BIS –éste ciertamente novedoso en el procedimiento a seguir para la conclusión del concurso por insuficiencia de masa- y el 178 LC. Y lo hace de la siguiente manera:
“A todo lo anterior se suma el argumento que se desprende del nuevo artículo 176 bis de la Ley Concursal, procedente también de la reforma tantas veces citada, del cual resulta claro que es el juez del concurso el que debe decretar la conclusión del mismo por falta o insuficiencia de bienes. Y esa declaración de conclusión del concurso le exige que no sea previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como culpable. Es más, no puede «dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa». Parece claro que todas estas medidas son establecidas en beneficio de los acreedores, quedando cerrada toda esta materia con el artículo 178 de la Ley Concursal que establece, como efecto de la conclusión del concurso de persona jurídica, su extinción, acordada por el juez del concurso, el cual dispondrá igualmente «la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme».”
No tiene en cuenta la DGRN que, como hemos de ver luego, en caso de sociedades carentes de masa, en muchos casos los juzgados de lo Mercantil han venido inadmitiendo “ad límine” las solicitudes de concurso por aquello de que no podemos “matar moscas a cañonazos” o “hacer que salga más caro el collar que el perro”, por lo que no se obtiene la resolución judicial del citado art. 178 LC. ¿Y entonces?
Llegado este punto lo verdaderamente cierto es que la postura correctora de la DGRN provocó la imposibilidad de cancelar los asientos registrales de estas sociedades, normalmente inactivas y sin masa si quiera para promover un concurso aunque solo sea a los efectos de obtener su conclusión de forma simultánea a la apertura del mismo –art. 178 bis LC-, con lo que se obligó a los liquidadores sociales o administradores, a fin de intentar salvaguardar su responsabilidad, a renunciar a sus cargos, dejando tras de sí una riada de sociedades descabezadas y sin rumbo, y un Registro Mercantil que publicitaba la existencia de sociedades inexistentes –permítaseme el juego de palabras-, que en el mejor de los casos habrán sido dadas de baja por ministerio de la norma fiscal –art. 131 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)-, que es la que finalmente habrá puesto la puntilla a la marchita compañía mercantil tras tres años de no cumplimiento de obligaciones fiscales o su declaración de fallido.[6]
4.- El viaje de vuelta. La resolución de 22 de agosto de 2016.
En esta reciente resolución –no nos consta su publicación aún- la DGRN, modifica nuevamente su criterio, y así mantiene la doctrina sentada por las Resoluciones de de 13 de abril de 2000 y 29 de abril de 2011, por lo que nuevamente obliga al Registrador Mercantil a que inscriba la liquidación y extinción de una sociedad con obligaciones insatisfechas.
Los argumentos esgrimidos son idénticos a los que se contenían en la resolución de 29 de abril de 2011 ya comentada, por lo que no vamos a reiterarlos, no obstante sí que nos parece importante referirnos a los razonamientos por los que la Dirección General modifica el criterio mantenido en las resoluciones de 2 de julio y 4 de octubre de 2012:
1.- Porque en casos en que la improcedencia de la declaración de concurso sea judicialmente declarada, no se puede condenar a los socios a la subsistencia de la inscripción registral de una sociedad disuelta y con las operaciones de liquidación realizadas (por más que por insolvencia no se haya podido satisfacer a los acreedores[7]).
2.- Porque, con independencia de que sea o no procedente la declaración de concurso, las normas de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley Concursal no supeditan la cancelación de los asientos registrales de una sociedad que carezca de activo social a la previa declaración de concurso ni a la intervención del único acreedor.
3.- Las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital relativas a la liquidación, así como la del artículo 247.2.3.a del Reglamento del Registro Mercantil (que exige para la «cancelación de los asientos registrales de la sociedad» la manifestación de que «se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la consignación o aseguramiento de sus créditos .. :»), presuponen necesariamente la existencia de bienes con los que se pueda pagar la cuota de liquidación a los socios.
4..- Del contenido de artículo 388.1 TRLSC, que impone al liquidador el deber de hacer llegar a los acreedores “el estado de la liquidación por los medios que resulten más eficaces”, no puede deducirse, sin más, que la necesaria acreditación de la comunicación al único acreedor sobre la inexistencia de bienes con que satisfacer su deuda constituya un requisito imprescindible para que se pueda practicar la cancelación. Ante la falta de una norma que imponga tal exigencia, no puede llevarse la interpretación de dicho precepto legal más allá del ámbito que le es propio: el de la responsabilidad del liquidador (por cualquier perjuicio que hubiese causado al acreedor con dolo o culpa en el desempeño de su cargo -vid. artículo 397 TRLSC-).
5.- Debe tenerse en cuenta que la cancelación de los asientos registrales de las sociedad no perjudica al acreedor.
6.- De las normas de la Ley Concursal no puede deducirse que para practicar la cancelación de la hoja registral de una sociedad de responsabilidad limitada que se encuentra en la situación descrita sea necesaria una resolución judicial que así lo disponga en el correspondiente procedimiento concursal.
Dicha conclusión no estaría suficientemente fundada en el hecho de que en algunos preceptos se emplee el término «acreedor», en singular, respecto de la legitimación activa para solicitar, como alternativa a la ejecución singular del patrimonio de su deudor, la declaración de concurso necesario (cfr. artículos 2.4, 7, 15 y 25 LC ), pues, a falta de otras normas, tal circunstancia meramente gramatical no es concluyente por tratarse de términos que bien pueden interpretarse como equivalentes a «cualquier» acreedor y no necesariamente como referencia al «único» existente. Igualmente, carece de carácter determinante el nuevo artículo 48 ter, introducido en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que establece la previsión de unas medidas cautelares concretadas en la posibilidad de embargar los bienes y derechos de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, apoderados generales o de quienes hubieren tenido dicha condición en los dos años anteriores «cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley». No puede entenderse que esta medida cautelar haga necesario cambiar el criterio sentado por la DGRN en la citada Resolución de 29 de abril de 2011, pues es evidente que aun cuando quede al margen de esta medida cautelar prevista para el concurso también queda suficientemente protegido el único acreedor, quien indudablemente podrá solicitar del juez competente como medida cautelar semejante el embargo de bienes de administradores, liquidadores o socios de la sociedad deudora, al presentar demanda contra ésta o contra aquéllos solicitando el pago de la deuda.
7.- La previsión de la conclusión del concurso en «cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa» y la regulación de determinadas especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa, con medidas establecidas en beneficio de los acreedores (artículos 176 y 176 bis de la LC), así como la disposición del artículo 178.3 de la misma Ley que establece, como efecto de la conclusión· del concurso de persona jurídica, su extinción, acordada por el juez del concurso, el cual dispondrá igualmente «la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme», no autorizan a concluir, a falta de norma que expresamente lo imponga, que la cancelación de la inscripción de la sociedad en caso de insuficiencia de bienes con existencia de un único acreedor requiera inexcusablemente la intervención de éste o un pronunciamiento judicial que lo ordene.
8.- El hecho de que no se puedan aplicar las medidas que en las normas de la Ley Concursal referidas, entre otras, no implica que el único acreedor de la sociedad insolvente se vea privado de suficiente protección. Es indudable que, al margen del procedimiento concursal, puede iniciar un procedimiento de ejecución singular contra la sociedad y contra los socios, administradores o liquidadores si la falta de pago de la deuda por la sociedad es a ellos imputable, mediante el ejercicio de la acción individual de responsabilidad (cfr. artículos 397 a 400 del TRLSC), y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar las acciones previstas en el Código Civil para los actos realizados en fraude de acreedores (art. 1291-3°) o la acción revocatoria o pauliana (art. 1111).
9.- En definitiva, a efectos de la cancelación de los asientos registrales y sin que lo impida la apelación al principio de tutela judicial efectiva –que nada tiene que ver con esta cuestión-, debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad -confirmada con el contenido del balance aprobado-, como acontece en otros muchos supuestos contemplados en la legislación societaria (cfr. artículos 160 bis, apartado 3, 170.4, 201.2.1 ° Y 2°,208.3,217.2, 218.1, 227.2.P Y 2ª , 242.3ª , 246.2.2a del Reglamento del Registro Mercantil. Vid. también el artículo 14 de la Ley 3/2009, tal como lo ha interpretado esta Dirección General en la reciente Resolución de 23 de junio de 2016; Y los artículos 42, párrafo segundo y 43 de la Ley 3/2009 en relación con el artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, según la Resolución de 10 de abril de 2014; y artículo 39.1 de misma Ley según la Resolución de 11 de abril de 2014).
5.- Sociedades con una pluralidad de acreedores y carentes de masa.
La reciente resolución de la DGRN de 22 de agosto de 2016, mantiene la doctrina sentada por las Resoluciones de 13 de abril de 2000 y 29 de abril de 2011, por lo que de nuevo se permite, extramuros del concurso, la extinción de sociedades insolventes. No obstante queda pendiente por saber si, a partir de ahora, el presente criterio, tal y como lo fue hasta el año 2011, y sus argumentos, resultarán de aplicación a aquellas compañías en las que, existiendo una multitud de acreedores insatisfechos, la sociedad está aquejada de una pobreza de masa que le impida acudir al concurso de acreedores como medio idóneo para resolver su situación patrimonial.
Y es que, a estas alturas de aplicación de la LC, a nadie le puede resultar extraño que, para muchos, la existencia de una masa suficiente con la que mantener el procedimiento –gastos provocados por la propia masa- y dotar de un fin lógico al procedimiento concursal, constituya un presupuesto de la declaración de concurso. Y siendo esto así, dicha situación conlleve una causa de exoneración del cumplimiento de la obligación de solicitud del concurso voluntario previsto en el art. 5 LC.
Somos conscientes que la doctrina es reticente a la inadmisión a trámite de la declaración de concurso por una situación de partida en la que se evidencie una falta de bienes, pero parte de la jurisprudencia de los Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales se han mostrado favorables a dicha inadmisión tomando como apoyo el concepto de “comunidad de pérdidas” [8].
Así dispone el actual art. 176.1.3º LC que procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones: “En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa”.
La posibilidad de acordarlo “…en cualquier estado del procedimiento” ha dado pie a asumir la inadmisión del concurso si, desde el inicio, se acredita la falta de activo, pues el concurso carecería de objeto. El concurso genera también unos gastos, como son la misma existencia de la Administración concursal, a la que le corresponde su retribución, y de unos gastos contra la masa, entre los que se encuentran letrados y procuradores, que deberán satisfacerse de modo inmediato.
En este sentido, es conocido que en virtud del principio de comunidad de costas y de concurrencia de acreedores interesados, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 30 de enero de 2006 ha admitido la posibilidad de inadmisión del concurso de acreedores sin existencia de masa activa desde el inicio. A estos efectos, se dice, que el art. 176 LC está pensado por el legislador para el caso de que se llegue a una fase del proceso en la que se agoten los bienes del deudor (pago a acreedores preferentes, pérdida o cualquier otra causa diferente a la carencia de bienes “ab initio” del deudor), pues carece de toda lógica y sentido, tanto procesal, como práctico, que se ponga en marcha la costosa maquinaria que impulsa el procedimiento concursal, con los gastos que ello conlleva, cuando inicialmente se conoce la inexistencia de bienes y por tanto la consecución del fin principal del mismo se revela inalcanzable. De ahí que el cumplimiento de los requisitos señalados por el citado artículo, en su apartado 2, es decir, el informe de la administración concursal favorable a la conclusión y la audiencia de las partes por término de 15 días, no constituye obstáculo procesal, cuando la inexistencia de bienes se verifica inicialmente. Cabe atender que razones de economía procesal y seguridad jurídica permiten la acogida por vía analógica de la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo en el marco de la precedente regulación del procedimiento de insolvencia, que otorgaba carta de naturaleza a la posibilidad de conclusión “ab initio” del concurso en los casos de acreditación de inexistencia de bienes y derechos del deudor, aún cuando tampoco existía entonces una previsión legal en tal sentido, silenciada u omitida también ahora en el marco de la actual Ley Concursal. En el mismo sentido, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 22 de febrero de 2007.
Y, finalmente, las objeciones a la declaración de un concurso sin masa devienen no sólo de factores económicos que entorpecen y encallan su recorrido, sino también de otros de cariz jurídico: es inútil la admisión de concursos sin masa dada la finalidad de los procedimientos concursales, pues, sea cual sea el resultado del concurso, que posiblemente embarrancará irremediablemente si el Procurador carece de fondos para las preceptivas publicaciones -y sin perjuicio de su responsabilidad-, no será posible alcanzar un convenio ni liquidar un activo inexistente (AJMER nº 1 de Bizcaia 139/2008, de 4 marzo).
No obstante lo dicho, no desconocemos el hecho de que las sucesivas reformas sufridas por LC hayan podido influir en la solución que se apunta en los párrafos antecedentes, que como decimos afirma que cabe la inadmisión “ad límine” del concurso de una sociedad carente de masa con la que poder satisfacer los gastos del procedimiento, y de patrimonio liquidable en beneficio de los acreedores.
Así, por ejemplo, la regulación concursal introducida por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, introduce en el art. 34 LC una nueva previsión que parece aludir a la posible admisión de los concursos sin masa activa. Dispone el precepto en la letra d) del apartado 2, lo siguiente: El arancel que fije la retribución de los administradores se ajustará necesariamente a la reglas, entre otras, de la efectividad, en el sentido de que en aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente. Junto con el principio de inserción gratuita en el BOE de la declaración de concurso (art. 23 LC), parece que es posible que la declaración de un concurso sin masa, porque están rebajados o anulados los prejuicios que inicialmente se ofrecían. No obstante, y en primer lugar, esta norma se refiere a masa activa insuficiente, pero no cuando el concurso carezca en absoluto de masa, porque el conjunto de concursos sin masa que pudieran declararse darían lugar al colapso del fondo que ingenuamente trata de crear ese precepto. Pero lo cierto es que la norma no se encuentra en vigor, no sólo porque no se ha aprobado su desarrollo reglamentario como exige el mismo precepto, sino porque, a más, no se ha aprobado (en realidad, en palabras del Juez de lo Mercantil almeriense, casi, ni se le espera) la “cuenta de garantía arancelaria concursal” de las disposiciones adiciones segunda y transitoria tercera del fuerte y justamente criticado por la doctrina Real Decreto-Ley.
Finalmente, la reforma operada en la LC a través de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y en concreto la regulación incluida en el artículo 176.bis, ha venido a introducir dudas adicionales sobre la posibilidad de que la suficiencia de masa sea o no considerada un presupuesto de la declaración de concurso, o lo que es lo mismo, que se permita la inadmisión “ad limine” de las solicitudes de concurso que afecten a este tipo de compañías pobres de masa.
6.- A vueltas sobre la personalidad jurídica de una sociedad disuelta y liquidada.
Como se ha dicho, las resoluciones de la DGRN comentadas parten de la base de que la sociedad que cancela sus asientos registrales no ve con ello extinguida su personalidad jurídica, afirmación esta que no resulta pacífica.
Desde hace tiempo, doctrina y jurisprudencia vienen cuestionándose si una sociedad que tras su disolución y liquidación ha sido extinguida –art 395 TRLSC-y con ello se ha procedido a la cancelación de sus asientos registrales –art. 396 TRLSC-, conserva personalidad jurídica –“controlada”- y con ello ostenta capacidad para ser parte en procedimientos judiciales –art. 6 LEC-.
Una postura es la que niega esa capacidad a las sociedades cuyos asientos registrales han sido cancelados. En este sentido el Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Almería de fecha 21 de junio de 2013, haciéndose eco de la sentencia del Tribunal supremo 503/2012, de 25 de julio, dispone que:
“La sociedad que ya no aparece inscrita en el Registro Mercantil por cancelación de la hoja registral carece de capacidad para ser parte en un proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”
Ello no obstante, el Tribunal Supremo considera que la cancelación no tiene carácter sanatorio de los posibles defectos de la liquidación. Es por ello que si tras la liquidación se hubieran dejado acreedores insatisfechos o los socios no hubieran cobrado su cuota de liquidación, cabe pedir la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación para reclamar el crédito, así como demandar a los que hubieren propiciado la indebida cancelación de la inscripción de la sociedad.
Sin embargo, la postura contraria se mantiene en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de marzo de 2013, que ha dispuesto lo que sigue:
“Como reiteradamente ha venido declarando el referido Centro, la cancelación de los asientos registrales de una sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la sociedad entablara ( Cfr. arts. 121 y 123 LSRL , 228 CC y 274.1, 277.2 y 280 a y disp. trans. 6a 2 LSA ). Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 27 Dic. 1999. En este mismo sentido, esta Sala viene refiriéndose a esta situación como de “personalidad controlada” en sentencias de 4-6-2000 y 10-3-2001. Por otra parte el art. 228 del Código de Comercio refuerza la postura de la sentencia recurrida cuando declara que: Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, a percibir los créditos de la Compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, según vayan venciendo, y a realizar las operaciones pendientes. Como establece la doctrina más autorizada al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo. En resumen, no se viola en la sentencia recurrida el art. 109 de la LSRL ni los concordantes citados, pues el mismo debe ser interpretado en relación con el art. 123 del mismo texto legal, en la redacción vigente en la fecha de autos, y 228 del C. de Comercio, lo que da como resultado la pervivencia de la personalidad jurídica de la sociedad liquidada, solo para atender a las relaciones pendientes ( STS 27-12-2011, REC. 1736 de 2008 ).”
Y a partir de ahora, quién da más…
[1] No cabe duda que la valoración que efectuamos sobre el acierto de la respuesta dada por la DGRN resulta claramente interesada, toda vez que ha sido nuestro despacho el que ha formulado e interpuesto el recurso que ha dado lugar a la resolución que pone punto y seguido a la cuestión, pero no es menos cierto que la hacemos desde el convencimiento que en este caso, y visto los intereses en juego, la solución evacuada restablece una situación que en su día no debería de haberse modificado.
[2] De sobra es conocido que la pluralidad de acreedores se erige como uno de los presupuestos objetivos de la declaración de concurso. No obstante, como luego se verá, sobre esto se pronuncia la DGRN, por lo que por respeto a la sistemática que nos hemos impuesto comentaremos este extremo al tratar de la resolución de dicho centro directivo a que se refiere el título de este comentario.
[3] En este sentido, aunque cada vez menos, son abundantes las resoluciones judiciales que lo afirman, como luego podremos ver, incluso con la normativa existente tras la reforma de la LC del 2012.
[4] De idéntico contenido es la resolución de 4 de octubre de 2012.
[5] En contra de la declaración de concursos en los que solamente existe un acreedor se posiciona la mejor doctrina y la práctica totalidad de la jurisdicción mercantil. Sirva por todos, el Auto A.P. Barcelona (s. 15ª) de 27 de abril de 2012, que expresamente afirma: “… la existencia de una pluralidad de acreedores constituye presupuesto para que pueda ser declarado un concurso, tal y como resulta del propio art. 2.1 LC, que habla del deudor “común”, lo que presupone la existencia de más de un acreedor, y del propio carácter colectivo del proceso concursal.” De forma más extensa se pronuncia a su vez el Auto A.P. Barcelona (s. 15ª) de 25 de mayo de 2011.
[6] Dicha prevención no sirve de excusa suficiente para impedir las ansias recaudadoras de la AEAT toda vez que, con una razonamiento alambicado y carente de lógica mercantil, la reciente Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, “TEAC”), de fecha 2 de junio de 2016, afirma que aunque la Hacienda Pública conozca de la inscripción de caducidad del nombramiento del administrador, o de la renuncia a tal cargo social, este hecho no libera al administrador de las obligaciones adquiridas frente a dicho organismo por su condición de representante legal de una sociedad.
[7] Nótese cómo la DGRN se refiere a “los acreedores”, en plural, y no a un solo acreedor. Aunque no se nos escapa que se nos podrá esgrimir que el presente argumento toma como presupuesto el hecho de que, con carácter previo, haya habido un intento fallido de declaración de concurso.
[8] En este sentido se pronuncia el Auto núm. 56/2012 de 14 marzo de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), el auto núm. 135/2012 de 21 septiembre (JUR 2012\398386) de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el Auto núm. 103/2011 de 15 septiembre de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª). Y algo más antiguos, el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 3 de abril de 2007, Auto del Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Almería de fecha 25 de enero de 2008, Auto de la Audiencia Provincial de la Rioja (sección 1ª) de 22 de marzo de 2007, entre muchos.
Mar Rubio Mañas | Blog, Mercantil 23 septiembre, 2016 | 0
EL AFORAMIENTO EN ESPAÑA Siendo el tema del aforamiento un tema de candente actualidad y que está a la vista de todo ciudadano cómo determinados cargos públicos se aferran a su condición de aforado cuando se ven inmersos en el enésimo caso de corrupción, creo interesante analizar esta figura en países de nuestro entorno; y basta una simple aproximación a esta materia para comprobar que, una vez más algo se esta haciendo mal en este país con el tema de los aforamientos.
Establece el artículo 14 de nuestra Carta Magna:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”,
Sin embargo podemos observar que dicho artículo carece de virtualidad practica a la vista del número de aforados que existen en territorio nacional, que asciende a la nada desdeñable cantidad de 10.000 personas, personas estas que pudieran considerarse “mimadas” a la hora de sentarse en un banquillo ante la Justicia. Y digo, nada desdeñable cantidad si tenemos en cuenta los aforamientos con los que se cuenta en otros países de gran tradición y reconocida reputación democrática como puede ser el caso de Alemania, Reino Unido o Estados Unidos donde no hay aforados, o el de Portugal e Italia donde esta prerrogativa solo es concedida al Presidente de la República, o el de Francia donde solo afecta al primer ministro y su gobierno.
En España, como no podía ser de otra forma, lo hacemos todo a lo grande y en consecuencia hay más de 10.000 aforados.
Dicho lo anterior, debemos preguntarnos, qué es un aforado, qué justificación se da para mantener dicha figura y sobre todo qué ventajas e inconvenientes puede tener para un investigado.
Para definir que es un aforado podemos acudir a cualquier diccionario y encontraremos lo siguiente:
“Persona que por su dignidad, rango o profesión goza de algún fuero o privilegio en materia de jurisdicción”.
Un aforado por tanto es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza de una serie de derechos, entre los que se encuentra que en caso de ser investigado por un delito, debe ser juzgado por un tribunal distinto al que corresponderá a un ciudadano “normal”. En el caso de España cualquiera de los aforados solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de su comunidad.
Se intentan buscar varias justificaciones a esto, siendo la más sonada aquella que aduce a evitar presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Este argumento cuestiona la independencia del poder judicial en general y los mecanismos de defensa de su independencia o lo que es peor, la idea dependencia o imparcialidad de cada juez individualmente.
El aforamiento implica alterar las reglas de competencia judicial penal (objetiva, funcional y territorial), todo ello en “beneficio” de determinadas personas, que no pueden ser investigadas en los Juzgados de Instrucción correspondientes y si ante Tribunales Superiores, lo que en mi opinión deja en una delicada posición a la jurisdicción “ordinaria”, presuponiéndose con los aforamientos que dicha jurisdicción carece de la independencia de la que ha sido investida o que pudiera ser fácilmente influenciada por las presiones políticas y mediáticas a las que pudiera verse sometido, tanto a favor como en contra del aforado.
La comparativa con otros países resulta asombrosa y escandalosa y resulta difícil encontrar una explicación racional al asunto.
Resulta difícil entender cómo en la mayoría de los casos en los que nos encontramos a un cargo público en calidad de investigado, éste se aferra al aforamiento, lo que nos obliga a preguntarnos el por qué de esa conducta. ¿por qué quieren aforamiento? ¿Tan distinta es la instrucción en un caso u otro? ¿la decisión esta condicionada por la distinta técnica jurídica? ¿Por el tiempo de la instrucción? ¿dónde existen realmente mas presiones?
Cualquier respuesta a esta pregunta dejaría, cuando menos en una situación más que delicada a la independencia del sistema judicial español y que a mi juicio contraviene derechos fundamentales.
En definitiva, con el aforamiento, lo que se hace es modificar las reglas del “juego”, alterando o modificando, las reglas procesales aplicables a los ciudadanos de a pie que, en caso de ser investigado por algún hecho punible se somete a la jurisdicción ordinaria, con la tramitación procesal ordinaria. No ocurre lo mismo en el caso de que sea un aforado el que sea investigado, pues la causa abierta por esos hechos solo podrá ser tratada por los Tribunales Superiores de Justicia o por el Tribunal Supremo, lo que a simple vista choca frontalmente con el principio de igualdad ante la ley. Así citamos el artículo según el art. 71,3 de la CE,
“En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”
Y el artículo art. 102,1 atribuye el mismo privilegio al Presidente del Gobierno y sus ministros. Esta especialidad se eleva a su enésima potencia cuando la Ley extiende esta prerrogativa a los parlamentarios autonómicos, a altos cargos de la Judicatura, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Defensor del Pueblo, a los altos cargos políticos de las CCAA, y así hasta más de 10.000 personas.
Esto no supone otra cosa, que el órgano que adopta la decisión va a ser también el que instruye la causa y por tanto el magistrado instructor está integrado en ese órgano, aunque lógicamente ya no puede formar parte de la Sala que va a enjuiciar los hechos,
El Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por el Parlamento, es quien nombra a los magistrados que integran los Tribunales Superiores en los que serían enjuiciados los aforados y “quizás” este sea uno de los motivos por los que a los partidos políticos les interesa mantener el actual aforamiento.
Es por todo esto, que mi opinión al respecto es que el aforamiento en España habría que replantearlo, no solo por el número desproporcionado de aforados, que en mi opinión, no deberían gozar de protección alguna ante un ilícito penal y no encuentro justificación alguna al porqué de variar el recorrido procesal de los mismos.
No son los políticos los únicos que gozan de estos privilegios sino que también el poder judicial, si bien en estos últimos la justificación sería más fácil y más razonable, pudiendo hallar la misma en razones de orden técnico, puesto que para que sirva como ejemplo, un magistrado del Supremo que fuera enjuiciado por un órgano inferior (Audiencia Provincial por ejemplo) ante el que pudiera obtenerse una revisión que vaya al tribunal en el que el magistrado desempeñe su trabajo, sin duda generaría, cierta intranquilidad en cuanto a la “independencia del sistema judicial se refiere.
Otro de los factores a tener en cuenta es que los aforados que son juzgados por el Tribunal Supremo, pierden la doble instancia, ya que después de esta, no queda ningún recurso posible que no sea el de amparo, que de todos es sabido no es un recurso ordinario en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Esto sin duda parece contrario a lo establecido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece literalmente:
«Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley».
Es decir ante todo esto, resulta evidente que el aforamiento, por lo menos como en la práctica se da en España, resulta desproporcionado y escaso de justificación, y que pone en entre dicho algo tan fundamental como la igualdad de todos ante la Ley, y que en poco o nada ayuda a “sanear” la imagen proyectada del panorama político español, sacudido en los últimos años en numerosos casos de corrupción cometidos por cargos públicos y todo ello ante la atenta mirada de los ciudadanos de a pie inmersos en una crisis de dimensiones desconocidas
Para concluir transcribo unas declaraciones del que fuera Juez Decano de Madrid José Luis González Armengol, que manifestaba: “El aforamiento y algunas prerrogativas son una quiebra al principio de igualdad ante la ley. La tendencia en el derecho español, es reducir al máximo todo el ámbito de privilegio procesal, porque bajo mi punto de vista los privilegios de los políticos no tienen ninguna justificación”.
Carlos Ferre Martínez
Lealtadis Abogados. Dpto. Privado
Mar Rubio Mañas | Blog, Penal 14 septiembre, 2016 | 0
INCONSTITUCIONALIDAD Y VIGENCIA TASAS Y DEPÓSITO PARA RECURRIR. Sin duda, conocéis ya la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 21 de Julio de 2.016 publicada en el BOE el 15 de Agosto, que declaró la inconstitucionalidad de las tasas establecidas para el acceso a la justicia de las personas jurídicas, ya que tuvo gran repercusión mediática. Parecía innecesario realizar ningún comentario adicional.
Sin embargo, las últimas noticias, comentarios y dudas surgidas sobre el alcance de la Sentencia nos han obligado a releer la Sentencia para intentar concretar su alcance y resolver algunas dudas.
Parece que ahora sí puede tener utilidad haceros llegar las conclusiones que se están consolidando en los Juzgados:
1º) Pese a la declaración de inconstitucionalidad de las tasas, siguen vigentes las cantidades fijas establecidas para la interposición de demanda ante la jurisdicción civil.
– Verbal y cambiario: 150 €
– Ordinario: 300 €
– Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100 €
– Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 €
2º) En lo que se refiere a jurisdicción civil se han declarado inconstitucionales y nulas las tasas establecidas para el recurso de apelación y casación.
También se han declarado inconstitucionales y nulas las tablas de porcentajes que debían adicionarse a las cantidades fijas.
3º) No procede la devolución de las tasas ya liquidadas, salvo que se hubieran impugnado (supuesto poco probable).
4º) Según nos han informado en el Juzgado el Ministerio se ha limitado a remitir una comunicación a los Secretarios Judiciales, recomendándoles:
Procedimientos incoados en los que se hubiera requerido la tasa, antes de la publicación de la Sentencia en el BOE ( 15 de Agosto), en realidad antes del 1 de Agosto, por ser todo el mes de Agosto inhábil, deberá exigirse el abono completo de la tasa, cantidad fija y porcentaje variable.
Demandas posteriores o requerimientos de pago de tasa posteriores al 1 de Agosto, únicamente en los procedimientos civiles requerir el abono de las cantidades fijas establecidas por la interposición de la demanda (las citadas en el apartado 1º)).
5º) El problema práctico está en que el impreso de solicitud de tasa que manejamos (modelo 696) no ha sido modificado y suma de manera automática el porcentaje variable a la cantidad fija establecida según el tipo de procedimiento.…. Parece solventable si como Base Imponible ponemos 1 €.
6º) NO PODEMOS OLVIDAR que la inconstitucionalidad de las tasas no afecta en absoluto a la vigencia del DEPOSITO regulado en la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ y por tanto, seguirá siendo requisito imprescindible el abono del DEPOSITO para la admisión a trámite del recurso. El más habitual, el que deberemos realizar para el recurso de apelación contra una Sentencia, que asciende a 50 €.
Para intentar haceros llegar estas aclaraciones lo más completas posibles, hemos contrastado toda esta información con el Procurador de Bilbao German Ors Simón, espero que os sea de utilidad.
Garaitagoitia – Espina C.B.
San Mames Abogados.
Grupo Lealtadis
Mar Rubio Mañas | Blog, Civil 27 julio, 2016 | 0
INTERESANTE RESOLUCIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL ADMINISTRADOR SOCIAL CON CARGO CADUCADO O QUE HAYA PRESENTADO RENUNCIA Según la reciente Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de fecha 2 de junio de 2016, aunque la Hacienda Pública conozca de la inscripción de caducidad del nombramiento del administrador, o de la renuncia a tal cargo social, este hecho no libera al administrador de las obligaciones adquiridas frente a dicho organismo por su condición de representante legal de una sociedad.
Mar Rubio Mañas | Blog, Mercantil 1 julio, 2016 | 0
MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO. EXIGENCIAS PARA SU VALIDEZ El artículo 41 del Estatuto de los trabajadores recoge las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, si existen causas justificadas para ello, el empresario puede realizar modificaciones en las condiciones de trabajo de los trabajadores siguiendo el procedimiento pertinente.
El carácter sustancial de la medida, hace referencia a las condiciones de trabajo que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral y que provoquen perjuicios al trabajador.
Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en adelante MSCT, podrán afectar a cualquier condición laboral reconocida a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos, o disfrutada por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
Se considera MSCT de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa días, afecte al menos a:
La modificación deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y posibles soluciones o alternativas para minimizar el perjuicio a los trabajadores. La consulta se llevará a cabo mediante una única comisión negociadora, integrada por un máximo de 13 miembros. Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
El Tribunal Supremo haciendo un repaso de la más reciente doctrina emanada de su Sala de lo Social respecto de los requisitos que han de concurrir para la válida constitución de la comisión negociadora y de los criterios a seguir y documentos a aportar durante el proceso negociador para la adopción de una MSCT de carácter colectivo, plantea las siguientes cuestiones:
1.- Posibilidad de comisiones negociadoras híbridas (mixta de representantes unitarios/sindicales/ad hoc). Argumenta el TS que si bien la comisión negociadora no es de libre conformación de las partes, ni tampoco cabe admitir que en su integración se conculquen los derechos representación y negociación de los trabajadores, la comisión híbrida no puede rechazarse ni determinar la nulidad del proceso negociador (TS sala general 14-5-15 Rec. 144/14).
2.- Exigencia general de buena fe negociadora. El TS no acepta que la decisión sobre la MSCT haya de declararse nula porque la empresa no hubiese ajustado su comportamiento durante el proceso negociador a las reglas que impone la buena fe negociadora. La línea jurisprudencial del TS en este sentido, establece que en el marco de la obligación de negociación de buena fe, ha de incluirse el deber de la empresa de ofrecer a la representación de los trabajadores la información necesaria sobre la medida y sus causas, no habiendo en el texto legal imposición formal alguna al respeto, bastando con que se produzca el intercambio efectivo de la información (TS 30-06-11 Rec.173/10; TS sala general 26-03-14 Rec. 158/13; TS sala general 22-12-14 Rec. 185/14). Configurado de esta manera este deber, habrá que analizar en cada caso el alcance de la posición empresarial y la manera en la que han discurrido esas negociaciones (TS sala general 18-02-14 Rec.74/13; TS sala general 21-5-14 Rec. 249/13). Por otro lado, establece el TS que la carencia de buena fe está ligada a la ausencia de un verdadero periodo de consultas, así ha de apreciarse la falta de buena fe cuando se da la doble circunstancia de la falta de información a la representación de los trabajadores y el mantenimiento a ultranza de la posición empresarial desde el inicio (TS sala general 20-3-13 Rec. 81/12; TS sala general 21-5-14 Rec. 162/13).
3.- Causas motivadoras de la MSCT. En la vigente redacción de la norma ET art.41.1 no es preciso que las modificaciones tengan el objetivo acreditado de prevenir una evolución negativa o mejorar la situación y perspectivas de la empresa, sino que basta con que las medidas estén “relacionadas” con la competitividad, productividad y organización técnica (TS 27-1-14 Rec. 100/13). En la interpretación constitucional del precepto, se sostiene que se puede tomar en consideración la definición de las “razones económicas, técnicas o organizativas y de producción” que se lleva a cabo en otros preceptos del Estatuto de los Trabajadores, si bien, para el TS, el nivel de exigencia no puede ofrecer la misma intensidad en las MSCT que en los otros supuestos.
4.- Documentación que debe aportarse en el periodo de consultas. El TS tiene dicho que resultan de obligada presencia tanto aquellos documentos que acrediten la concurrencia de las causas, como los que justifiquen las correspondientes medidas a adoptar y en todo caso, y con carácter general, todos aquellos que permitan cumplir con la finalidad del periodo de consultas (TS sala general 18-2-14 Rec. 74/13; TS 16-12-14 Rec. 263/13; TS 15-4-15 Rec. 137/13). Es evidente que la documentación a aportar no puede ser obviamente la que el legislador refiere con todo detalle para los despidos colectivos, según el RD 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, pero también es evidente que la relación documental que dicho reglamento efectúa puede servir de “elemento orientativo” para que en algún caso y en atención a cada una de las circunstancias, haya de considerarse razonablemente impuesta la aportación de unos y otros documentos, muy particularmente cuando se alegan causas económicas, y en todo caso, siempre bajo el prisma de la obligada buena fe y con la finalidad puesta en la posible consecución de un acuerdo. No obstante, no hay que olvidar que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el RD 1483/2012 refieren obligación documental expresa alguna para el periodo de consulta en las MSCT colectivas, por lo que resulta de gratuita exigencia imponer una aportación documental que no requiere la Ley.
Mar Rubio Mañas | Blog, Laboral 14 junio, 2016 | 0
EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO DE LA NUEVA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD El Real Decreto-ley 1-2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social vino a regular diversos mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, a la vez que introdujo un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 del Código Civil).
Con el mecanismo de segunda oportunidad se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación.
El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se encuadra dentro de la regulación legal concursal, fundamentalmente en el artículo en el artículo 178 bis de la Ley Concursal (LC en adelante).
En este sentido, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal, sujeto principalmente a dos condiciones:
Que el deudor sea de buena fe; y
Que se liquide previamente su patrimonio, o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa.
Cumplidos los anteriores condicionantes, el deudor puede ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25% de los créditos concursales ordinarios.
Como decimos, para poder acceder a la exoneración será necesario que el deudor lo sea de buena fe. El artículo 178 bis 3 LC regula los requisitos para poder apreciar esa buena fe:
1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. 2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.
En el caso de que no puedan cumplirse los umbrales de satisfacción del crédito previstos en el ordinal 4º la LC establece en el ordinal 5º requisitos alternativos, es decir, en los supuestos en los que haya concluido el proceso de liquidación y no se hayan satisfecho los umbrales anteriores de pago, el deudor deberá cumplir con los siguientes requisitos para optar a la exoneración de deudas:
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años. Respecto al segundo de los requisitos, es necesario que se liquide previamente su patrimonio, o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa.
Efectivamente, el párrafo 1º del artículo 178 bis LC prevé que el deudor solicite la exoneración del pasivo en la fase de liquidación, con las operaciones de liquidación concluidas, o bien concluido el concurso por insuficiencia de la masa activa, es decir, el deudor deberá solicitar la exoneración, por lo tanto, dentro del cómputo del plazo de 15 días de oposición al informe de rendición de cuentas presentada por la administración concursal.
El administrador concursal y los acreedores disponen de 5 días para poder oponerse a la petición de exoneración, si bien, los motivos de oposición solo podrán fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 del artículo 178 bis LC que comentábamos anteriormente.
Si no hay oposición a la solicitud de exoneración o si el administrador concursal y los acreedores muestran su conformidad con la exoneración, la LC establece que el juez concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso.
Esta declaración de conclusión del concurso conecta con los supuestos de conclusión del artículo 176 LC, la conclusión debe considerarse en este caso sui géneris dado que tiene unos efectos limitados:
a) Ciertamente se cesara al administrador concursal, una vez que se ha aprobado su informe final rindiendo cuentas.
b) Sin embargo, al tratarse de una exoneración provisional los créditos concursales pendientes de satisfacción no quedan definitivamente extinguidos o cancelados, se abre un plazo de 5 años en el que pueden ser revocados.
c) No se alzan todos los efectos del concurso ya que, alguno de los efectos como la paralización del devengo de intereses y la imposibilidad de iniciar o reanudar ejecuciones seguirá vigente.
Una vez que concluya el concurso, el deudor recuperará sus facultades de disponer sobre el patrimonio que no haya sido realizado durante el concurso, bien por ser inembargable, bien por no haberse podido realizar, bien por ser antieconómica su realización en el concurso.
Ahora bien, durante los 5 años siguientes a la concesión judicial del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, los acreedores, tanto los que sean de créditos exonerables como los de créditos no exonerables, podrían pedir la revocación del beneficio si concurre causa legal.
Los motivos de revocación se relacionan en el apartado 7º del tan referido art. 178b bis LC, entro los que cabe distinguir, que el deudor durante los cinco años posteriores a la exoneración provisional:
En otro caso, transcurrido el referido término de 5 años sin que se haya revocado el beneficio de exoneración provisional del pasivo insatisfecho, el Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso.
El juez deberá indicar en el auto que dicte que dicha resolución despliega todos sus efectos respecto del pasivo concursal no pagado, debiendo, en la medida de lo posible, reflejar en el auto cuáles son esos pasivos, más que nada para salvaguardar al deudor frente a posibles reclamaciones individuales de esos acreedores.
Como decimos, la exoneración del pasivo insatisfecho supone una limitación del principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 del Código Civil. En consecuencia, reconocido el beneficio, los acreedores cuyos créditos se hayan extinguido no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mimos pudiendo invocar el deudor, caso de ser demandado, ese auto de conclusión de concurso o el de reconcomiendo definitivo del beneficio de la exoneración de duras a efectos de enervar la acción entablad por el acreedor.
José Antonio Segura Ortega
Mar Rubio Mañas | Blog, Mercantil 31 mayo, 2016 | 0
Como reducir el importe del pago de IBI Actualmente existen a nuestra disposición diversos mecanismos legales que permitirían la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagan los propietarios, en algunos casos en un porcentaje incluso cercano al 90% de reducción. Para utilizar esos mecanismos adecuadamente hay que tener en consideración determinados factores. El primero de esos factores es el valor catastral asignado a cada bien inmueble.
El valor catastral es el punto de referencia sobre el que se calculan una serie de impuestos, fundamentalmente, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La Ley del Catastro Inmobiliario establece que el valor catastral se determina objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. La citada Ley también establece que el valor catastral de los inmuebles no podrá superar su valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien inmueble libre de cargas. La determinación del valor catastral se efectuará, en la mayoría de los casos, mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores.
Sin embargo, en la actualidad el valor catastral dado a los inmuebles resulta en muchos casos superior a su valor de mercado, resultando una “base imponible y liquidable” excesivamente alta, dado que los valores de mercado actuales, lejos de mantenerse, han disminuido sustancialmente, como consecuencia de la grave crisis económica padecida y de sus consecuencias a largo plazo en el sector inmobiliario.
Por otra parte, cuando hablamos de suelos o desarrollos urbanísticos, hasta hace bien poco nos encontrábamos con que si el Planeamiento Municipal asignaba a esos suelos el carácter de “Suelo Urbanizable”, de forma inmediata el Catastro pasaba a darles la consideración, a efectos del IBI, de suelos de naturaleza urbana, aplicando entonces criterios de valoración correspondientes a los suelos urbanos, lo que suponía asignarles una valoración muy elevada a tales suelos que, en la práctica y de hecho, seguían siendo suelos rústicos, pues no se habían iniciado las obras de urbanización correspondientes.
Ante estas situaciones, contamos con dos formas de impulsar una alteración del valor catastral de un inmueble:
La fórmula que más eficazmente y en mayor proporción puede alterar el valor catastral asignado a un inmueble es la que surge a raíz de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 (RJ/2014/3359), en virtud de la cual, los suelos urbanizables que no cuenten con la situación urbanística de ordenados, deben ser considerados, a efectos catastrales, como rústicos. Por tanto, respecto a todos aquellos suelos que sean urbanizables no sectorizados, o incluso urbanizables sectorizados pero que no tengan aprobado el Plan Parcial, se puede instar su cambio catastral para que pasen a tener la consideración de rústicos sólo a efectos de su valoración catastral y, por tanto, que su IBI sea calculado sobre la base de un valor catastral de suelo rústico. Con esto su valoración catastral puede reducirse a veces hasta en un 90%. Por lo demás, este cambio solo opera a efectos catastrales, es decir, que si el suelo tiene la consideración a efectos urbanísticos y según el Planeamiento Municipal de suelo urbanizable, ésta va a seguir siendo su clasificación, sin que la alteración del valor catastral, que debe considerarlo a estos efectos como suelo rustico, altere su clasificación urbanística en el Planeamiento Municipal, que seguirá siendo la de urbanizable. Posteriormente, en ejecución del Planeamiento, a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial o del instrumento que los dote de la consideración urbanística de suelos ordenados, es cuando podrá plantearse si procede su valoración por el Catastro como suelos urbanos, pero no antes de ese momento.
Otra forma de instar una modificación del valor catastral asignado a un inmueble cuando ya sea urbano, es decir, cuando se trate por ejemplo de edificaciones, construcciones, viviendas, etc, consistente en acreditar que el valor catastral actual asignado a ese inmueble excede del valor de mercado del bien inmueble concreto que se analice, toda vez que, como ya hemos apuntado anteriormente, la Ley del Catastro también establece que el valor catastral de los inmuebles no podrá superar su valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien inmueble libre de cargas. En la actualidad, sin embargo, el valor catastral dado a los inmuebles resulta en muchos casos superior a su valor de mercado, resultando una “base imponible y liquidable” excesivamente alta, dado que los valores de mercado actuales, lejos de mantenerse con respecto a los de hace unos años, han disminuido sustancialmente.
Para tramitar estas alteraciones catastrales se seguiría un procedimiento primero ante la Gerencia Territorial del Catastro y, si esto no diese resultado, se podría acudir a una reclamación económico-administrativa y posteriormente, en su caso, a un procedimiento judicial en vía Contencioso Administrativa.
Merece hacerse una especial consideración a las valoraciones que se están dando actualmente a determinados inmuebles rústicos, como es el caso de LOS INVERNADEROS, que están siendo con frecuencia objeto de revisión de su valor catastral, y se está aplicando en muchos casos el criterio de considerarlos como “nave de fabricación y almacenamiento”, cuando lo cierto es que estamos ante unas estructuras ligeras y desmontables en la mayor parte de los casos, que en nada se asemejan a construcciones de almacenamiento o fabricación industrial. Se aplican por tanto criterios previstos para el sector industrial y las instalaciones y construcciones industriales a elementos e inmuebles puramente rústicos con instalaciones ligeras auxiliares a la agricultura intensiva. Esto además se está haciendo de forma arbitraria y sin homogeneidad entre los diversos municipios integrados en las distintas zonas del territorio estatal, por lo que los agricultores deberán estar atentos para defender sus intereses ante las administraciones correspondientes.
En conclusión podemos decir que, mediante los mecanismos antes citados, se pueden obtener importantes reducciones en el pago del recibo del IBI en muchos casos, toda vez que las vicisitudes señaladas hacen necesario un reajuste importante en las valoraciones catastrales que, si bien en algunos municipios y para determinados inmuebles ya se está acometiendo “de oficio” por la Gerencia Territorial del Catastro correspondiente, en muchos otros casos no se han producido o, como en el caso de los Invernaderos, se está haciendo para empeorar la situación de los propietarios a efectos de pago del IBI, lo que hace aconsejable la defensa de sus intereses por parte de los propietarios y, en su caso, el impulso del correspondiente procedimiento de alteración del valor catastral para que se apliquen criterios razonables y más beneficiosos para ellos.
Mar Rubio Mañas | Administrativo, Blog 24 mayo, 2016 | 0
ACUERDOS DE JUECES SOBRE LOS EFECTOS PROCESALES DEL NUEVO BAREMO A LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2016 Me llega una comunicación que recoge el acuerdo de la Junta de Jueces de Asturias por el que se establece:
“De forma provisional y sin perjuicio de modificar este criterio, una vez que comiencen a examinar asuntos concretos, han decido que, para los siniestros anteriores al 31 de diciembre de 2015, en los que la reclamación se inicie a partir del 1 de enero de 2016, se aplicarán las reglas y tablas de valoración del daño vigentes a la fecha del accidente pero, en los trámites de reclamación, se exigirá el cumplimiento de los requisitos fijados en la nueva norma: reclamación, oferta/respuesta motivada, documentación médica a presentar, nombramiento de perito Forense …
Su inobservancia, para el lesionado, supondrá defecto legal en el modo de proponer la demanda y por tanto su inadmisión a trámite, correlativamente, el incumplimiento por parte de las Compañías, además de los perjuicios concretos que se fijarán en la sentencia”
En los mismos términos se ha adaptado un acuerdo de la Junta de Jueces de Vizcaya “ Se exigirá el cumplimiento del art. 7.8 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor; en la redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación; para las demandas interpuestas a partir del 1 de enero de 2.016, con independencia de la fecha del accidente de tráfico”
También me consta que en Sevilla, el Juzgado de Primera Instancia Nº 10 ha aplicado el mismo criterio.
En la Diligencia de Ordenación del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Bilbao de 15 de Febrero de 2.016 que en un procedimiento incoado con motivo de un accidente acaecido con anterioridad al 1 de Enero de 2.016 requiere a la demandante por un plazo de 10 días a fin de que se subsane la acreditación y de haber cumplido con el requisito procesal de haber realizado la reclamación extrajudicial a la entidad aseguradora conforme a los requisitos del Artículo 7.
También han tomado un acuerdo la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, no vinculante, no puede ser de otra manera, tienen que respetar la independencia judicial.
1.- Se apartan del criterio de los jueces de Bilbao. No van a exigir la reclamación previa conforme a los requisitos del Artículo 7.8 a los accidentes anteriores al 1 de Enero.
2.- Deducción en la indemnización de las prestaciones públicas percibidas:
No será aplicable a la indemnización por secuelas, se considera compensada en el multiplicador de las diferentes Tablas, ayuda de tercera persona, lucro cesante.
Será aplicable a la IT. Deducción aritmética en el cálculo de lucro cesante
3.- En relación a los traumatismos menores:
Dejan claro que su facultad jurisdiccional les permitirá valorar la prueba libremente para determinar si existe o no nexo causal.
La exigencia del informe médico concluyente, no puede suponer el establecimiento de diferentes grados de fehaciencia, verosimilitud y credibilidad de los informes periciales médicos derivados de accidentes de circulación.
Pego a continuación texto literal del acuerdo de la junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona:
“Os trasladamos los criterios NO vinculantes recientemente fijados por los Jueces de 1ª Instancia en relación a la aplicación de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que entró en vigor el pasado día 1 de enero. Hay que tener en cuenta que estos criterios no han sido adoptados en junta sectorial y carecen absolutamente de valor vinculante, por lo cual su no aplicación no genera ninguna consecuencia”.
1.-) Art. 7.8: Documentos a presentar con la demanda.
-Este requisito de procedibilidad es aplicable únicamente a supuestos en que el accidente al que se refiere ha ocurrido con posterioridad al 1 de enero de 2016.
-La aportación de la documentación correspondiente a la fase previa al juicio, con la reclamación previa a la aseguradora y la consiguiente oferta o respuesta motivada, al referirse al art. 403 LEC, constituye un requisito subsanable. Eso sí, sólo es subsanable la no aportación de los documentos, no la cumplimentación del trámite.
2.-) Art. 40 (Baremo aplicable)
La posibilidad que los intereses moratorios absorban las actualizaciones de la indemnización se refiere sólo a las compañías aseguradoras, sin que proceda distinta cuantía indemnizatoria de principal para cada uno de los obligados por el mismo siniestro (conductor, propietario, aseguradora…).
3.-) Modulación de la indemnización por la percepción de prestaciones públicas.
Sólo se aplicará una deducción aritmética de la indemnización en los casos previstos de forma expresa por el legislador. Por lo tanto:
– En el ámbito de las lesiones permanentes, la indemnización resultante no se verá reducida por la percepción de pensiones públicas, puesto que este factor sólo aparece mencionado como un elemento integrado en el multiplicador de las diferentes tablas (art. 125.4.a por ayuda de tercera persona y art. 132.1.a para lucro cesante).
– En el ámbito de las lesiones temporales, sí procede aplicar una deducción aritmética de las cantidades percibidas como prestaciones, aunque únicamente respecto de la indemnización que corresponda a la víctima por lucro cesante (art. 143.3).
– El art. 135.1 no puede menoscabar la facultad jurisdiccional de valorar la prueba practicada conforme a las normas de la sana crítica y apreciar la existencia de un nexo causal en función de los hechos que hayan sido declarados probados.
– La exigencia de un informe médico “concluyente”, contenida en el art. 135.2, y en relación a la consideración como secuela de un traumatismo de columna vertebral, no puede dar lugar al establecimiento de diferentes grados de fehaciencia, verosimilitud y credibilidad de los informes periciales médicos derivados de accidentes de circulación.”
La Audiencia Provincial de Álava ha dictado un Auto el 3 de Mayo 2.016, Ponente Edmundo Rodriguez Achutegui, que sigue el criterio de los jueces de Barcelona y se aparta del acuerdo de los Jueces de Bilbao, estableciendo que los requisitos recogidos en el Artículo 7.8 modificado por la Ley 35/2015, para la reclamación previa, solo serán exigibles en las demandas que se presenten por los accidentes ocurridos con anterioridad al 1 de Enero del 2.016.
Mar Rubio Mañas | Blog, Civil 10 mayo, 2016 | 0
LA PERSONA JURÍDICA COMO CONSUMIDOR. POSICIÓN FRENTE A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN I. CONCEPTO DE CONSUMIDOR.
1.1. Concepto de consumidor en la normativa europea y española.
1.2. Concepto de consumidor en la jurisprudencia europea y española.
II. POSICIÓN DEL CONSUMIDOR RESPECTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.
2.1. Aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
III. POSIBILIDADES DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA HACER FRENTE A CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.
3.1. Si la persona jurídica tiene la consideración de consumidor.
A) Nulidad por abusividad vía artículo 8.2 LCGC.
3.2. Si la persona jurídica no tiene la consideración de consumidor.
A) Nulidad vía artículo 8.1 LCGC.
B) No incorporación vía artículos 5 y 7 LCGC.
I. CONCEPTO DE CONSUMIDOR
Son numerosas las Directivas europeas que contienen un concepto de consumidor, así y, como meros ejemplos, cabe destacar la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores, que define en su artículo 2 al consumidor de la siguiente forma: «consumidor»: toda persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.
También cabe mencionar la fundamental Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que también define en su artículo 2 al consumidor como “toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional”.
Se podría hacer referencia a muchas otras Directivas de la Unión Europea, pero en todas encontraríamos un concepto de consumidor ligado necesariamente al carácter de persona física.
El concepto comunitario de consumidor en la actualidad es un concepto ciertamente concreto, configurado a través de las siguientes características: (i) persona física, (ii) no profesional, (iii) que adquiere bienes o servicios con un propósito ajeno al desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
Sin embargo, el legislador español tradicionalmente ha recogido la posibilidad de que también las personas jurídicas sean merecedoras de la condición de Consumidores.
De hecho, el actual Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante también TRLGDCU) lo plantea precisamente como una tradición legislativa española, diciendo en el apartado III, párr. 2 de la Exposición de Motivos que: “el concepto de consumidor y usuario se adapta a la terminología comunitaria, pero respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las «personas jurídicas»”.
Así, en la ya derogada Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios se reconocía la posibilidad de que las personas jurídicas tuviesen tal consideración, diciendo que: “A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.
Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre que aprueba la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007 , cuerpo normativo ya adaptado a la normativa europea en la materia, continuó incluyendo a las personas jurídicas como Consumidores y Usuarios, concretamente su artículo tercero disponía que: “A efectos de esta Norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.
Por tanto, hemos de concluir que el derecho patrio sí que protege a las personas jurídicas y les da la consideración de consumidores y usuarios, ampliando así el abanico de protección que la normativa europea reserva a personas físicas únicamente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el precepto transcrito fue modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
El precepto actual señala que: “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
De esta modificación destaca el hecho de que se añade el requisito de que la persona jurídica actúe sin ánimo de lucro, aunque debe tenerse en cuenta que esta modificación se aplica a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014, según la disposición transitoria única de la Ley.
La definición contenida en el artículo 3 del TRLGDCU, fundamentalmente en su redacción primitiva, hay que relacionarla con lo dispuesto en el apartado III párr. 3 de la Exposición de Motivos, donde se expresa que: “El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros”.
Por tanto, a la vista de lo expuesto, se colige que el legislador español ha querido tomar como referencia el criterio utilizado por el legislador comunitario, es decir, el hecho de que para que se pueda tener la consideración de consumidor o usuario es necesario que la actuación tenga lugar al margen de una actividad empresarial o profesional, pero incluyendo entre los sujetos que pueden serlo a las personas jurídicas.
Por ello, los requisitos que una persona jurídica ha de reunir para ser considerada consumidor o usuario son, por configuración legal, los mismos que los exigidos para una persona física. Así, sólo podrá ser considerada consumidora la persona jurídica que adquiera un bien o contrate un servicio al margen de su actividad empresarial o profesional, esto es, que no incorpore dicho bien o servicio, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación de servicios a terceros.
De lo expuesto hasta ahora, queda patente que el Derecho español sí protege a las personas jurídicas cuando estas son merecedoras de la condición de consumidor o usuario. Por tanto, el elemento fundamental para determinar la presencia o no de un consumidor en nuestro ordenamiento jurídico es el destino que se da al bien o servicio y, en concreto, si la persona, física o jurídica, lo incorpora o no a una actividad empresarial o profesional.
Como ya se ha dicho, el concepto de consumidor a efectos de la legislación española no difiere del concepto de consumidor a nivel europeo, por ello el concepto de consumidor que señala el TJUE es aplicable también a las personas jurídicas a efectos internos puesto que nuestra legislación sí equipara a unos y a otros.
La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2015 señala que lo que otorga el carácter de consumidor es la finalidad con la que se adquiere un bien o servicio concreto, con lo cual es ajeno a los conocimientos o información que pueda tener la persona.
21-Como el Abogado General ha señalado en los puntos 28 a 33 de sus conclusiones, el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, tiene un carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la información de que dicha persona realmente disponga.23-A tal efecto, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio.26-En efecto, un abogado que celebra, con una persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad profesional, un contrato que, por no estar referido, en particular, a la actividad de su bufete, no está vinculado al ejercicio de la abogacía, se encuentra, con respecto a dicha persona, en la situación de inferioridad contemplada en el apartado 18 de la presente sentencia.27-En tal caso, aunque se considere que un abogado dispone de un alto nivel de competencias técnicas (véase la sentencia Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, apartado 23), ello no permite presumir que, en relación con un profesional, no es una parte débil. En efecto, tal como se ha recordado en el apartado 18 de la presente sentencia, la situación de inferioridad del consumidor respecto del profesional, a la que pretende poner remedio el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13, afecta tanto al nivel de información del consumidor como a su poder de negociación ante condiciones contractuales redactadas de antemano por el profesional y en cuyo contenido no puede influir dicho consumidor.
En el mismo sentido se ha pronunciado nuestro Alto Tribunal en la Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Nº 2820/2014 de veintiocho de mayo de dos mil catorce.
Se fija como doctrina jurisprudencial que la compraventa de un despacho para el ejercicio de una actividad profesional de prestación de servicios queda excluida del ámbito de aplicación de la legislación especial de defensa de los consumidores, sin que resulte sujeta al control de contenido o de abusividad, debiéndose aplicar el régimen general del contrato por negociación.La condición de consumidor a efectos de la directiva no depende de los conocimientos que se tenga, sino del destino de los bienes que se adquieran.
Y ese requisito de que los bienes que se adquieran no estén destinados a “reintegrarse” en el mercado, sino a un uso propio de la persona jurídica ajeno a la actividad empresarial o profesional, que se señala para las personas físicas es igualmente predicable para las personas jurídicas, puesto que tanto nuestra legislación como jurisprudencia internas equiparan a personas físicas y jurídicas bajo el mismo concepto de consumidor y, por tanto, han de cumplir con los mismos requisitos, sin que estos sean más gravosos para considerar a una persona jurídica como consumidor.
En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 7ª) Sentencia num. 396/2012 de 26 julio señala que:
Esta misma conclusión cabe extraer si atendemos a la redacción del artículo 3 del TRLGDCyU RDLeg. 1/2007 de 16 Nov. ( RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) , que establece que «…. son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional », y en cuya interpretación, algunas Sentencias de Audiencias Provinciales han considerado que tiene la consideración de consumidor el empresario o profesional (persona física o jurídica) que adquiere una vivienda, no para incorporarla a los activos de su empresa o a su proceso de producción o de comercialización ni para integrarla en su actividad profesional, sino para otros fines distintos y ajenos a la actividad empresarial o profesional, como puede ser el disfrute del mismo por el administrador único de la persona jurídica y su familia ( Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra, de 12 de diciembre de 2.011 ).
Si bien la consideración de Consumidor y Usuario se tiene, o no, a la luz de su propia normativa, es cierto que, en la práctica, esa legislación propia de los consumidores y usuarios se aplica en relación a la normativa de Condiciones generales de la contratación, por ejemplo, en el ámbito del derecho bancario, telefonía o electricidad.
La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante también LCGC) protege, no sólo al consumidor, sino al adherente del contrato en un sentido amplio, incluyendo a los profesionales, incluso siendo éstos personas jurídicas.
A tal conclusión llegamos a través de lo señalado en la Exposición de Motivos de la ley, que señala que: “Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores” (párr. 6 de preámbulo).
Por su parte, ese profesional adherente puede ser una persona jurídica, en base a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley que regula el ámbito subjetivo de la misma, concretamente el párrafo primero del mencionado artículo señala que: “La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica –adherente”.
Por tanto, para ejercitar acciones dirigidas a la no incorporación o a la nulidad de las condiciones generales de la contratación no es obligatorio que el adherente sea un consumidor o usuario, salvo que, en el precepto concreto, se indique lo contrario.
Así, en primer lugar, el artículo 5 LCGC que recoge los requisitos de incorporación de las Condiciones generales señala que:
Este artículo, como los demás de la LCGC, salvo que en ellos se disponga otra cosa, se aplica a los contratos que tengan tales tipos de condiciones, por lo que no es necesario ponerlos en relación con la normativa tuitiva de los Consumidores y Usuarios, de forma que, como veremos más adelante, para que un Tribunal pueda decretar la no incorporación de una condición general al contrato, por ejemplo, por falta de transparencia, no es necesario que el adherente sea persona física actuando fuera de su ámbito profesional, sino que tal adherente puede ser una persona jurídica y actuando además dentro del marco de su concreta actividad.
En segundo lugar, hay que hacer referencia al artículo 7 LCGC, que regula la no incorporación de las cláusulas al contrato diciendo que:
En este precepto tampoco que se exige que el adherente sea una persona física necesariamente, ni que haya de actuar al margen de su actividad empresarial o profesional o que haya que ponerse en relación obligatoriamente con la norma protectora de los consumidores y usuarios.
A mayores, el artículo 9 LCGC señala que: “La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual”.
En su apartado correspondiente, se verá como los Tribunales aplicando los artículos 5 y 7 LCGC más lo que acabamos de señalar del artículo 9 LCGC dejan sin eficacia determinadas condiciones generales de la contratación aun cuando el adherente es una persona jurídica actuando dentro de su ámbito de actividad.
De todo ello extraemos que aunque las personas jurídicas no tengan, en su caso, la condición de Consumidor y usuario no significa que no puedan atacar a las Condiciones Generales que no cumplen con los requisitos de la LCGC.
Por otra parte, en lo referente a la nulidad de las Condiciones Generales el artículo 8 LCGC establece dos posibilidades diferentes de que una condición general sea declarada nula.
Por un lado, el apartado primero del artículo señala que:
“Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”.
Este primer motivo de nulidad no requiere la consideración de Consumidor y Usuario del adherente, por tanto, por ejemplo, cuando se ejercita la acción de nulidad de condiciones generales de la contratación que imponen a la parte adherente todos los gastos de notaría, registro de la propiedad, impuestos y costas judiciales en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, al corresponder por imperativo legal al empresario predisponente, son nulas de pleno derecho, con independencia de que, en la mayoría de los casos, también puedan considerarse nulas por abusivas, como luego veremos.
No obstante, es cierto, que existen numerosas condiciones generales de la contratación que no son contrarias a normas imperativas o prohibitivas, sin ánimo exhaustivo y a mero modo de ejemplo, cabe señalar la “cláusula suelo” o las cláusulas de vencimiento anticipado insertas en ciertas escrituras de préstamo con garantía hipotecaria.
En estos supuestos, ya no resulta aplicable ese artículo 8.1 LCGC, sino que habremos de acudir a lo dispuesto por el párrafo segundo del mismo artículo, el cual dispone que:
“En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.
Por tanto, para que una Condición general de la contratación pueda calificarse como abusiva, el contrato ha de haberse celebrado con un consumidor, por tanto, las medidas más tuitivas de la Ley quedan casi reservadas para el caso de que nos hallemos ante un consumidor.
3.1 Si la persona jurídica tiene la consideración de consumidor.
La primera posibilidad de que una persona jurídica pueda “atacar” unas determinadas condiciones generales de la contratación que no cumplen con los requisitos impuestos por la LCGC es la nulidad por abusividad de las mismas en base a lo dispuesto por el artículo 8.2 LCGC.
Ahora bien, tal y como se ha señalado con anterioridad, el artículo 8.2 remite a la normativa de los consumidores y usuarios, con lo cual, la persona jurídica para tener legitimación en este tipo de acción requerirá actuar fuera de su ámbito empresarial o profesional.
A continuación se expone un ejemplo de ello. Se trata de una sociedad mercantil que reclama la nulidad de la “cláusula suelo” inserta en un contrato por abusividad y bajo los parámetros de la fundamental Sentencia de 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, a lo que el Tribunal accede por considerar que la mercantil merece la condición de consumidora.
Concretamente la Sentencia a la que hacemos mención es la de la Audiencia Provincial de Huelva de 21 de marzo de 2014 que resolvió declarando la nulidad dela misma, el mandato de inaplicarlo en el futuro y la devolución de las cantidades cobradas de más, de acuerdo con el art. 1.303 CC (quod nullum est nullum producit effectum). De este modo extiende las protecciones que la famosa Sentencia del Supremo aplicó a las personas físicas para las personas jurídicas, considerándolas consumidores. Así lo afirma la misma: “Una sociedad mercantil como la actora puede ser considerada consumidor si actúa para financiar su empresa aunque tenga su empresa otros fines u objeto social“.
Concretamente la Sentencia señala que:
La inclusión y protección a las personas jurídicas, no debe resultarnos extraña, ya que la finalidad de la normativa de protección del consumidor no es proteger a una determinada categoría de sujetos, sino garantizar el equilibrio contractual cuando las condiciones de mercado no bastan para ello, y ese desequilibrio debe evaluarse en el momento en que se formaliza un contrato específico. Es la existencia de los llamados “fallos de mercado” lo que justifican esa actuación legal, cuando la competencia en el mercado no basta por sí misma para proteger al consumidor.Es por ello que si bien es cierto que el profesional o empresario por su propia naturaleza, no se encuentra en una situación de inferioridad negocial en la generalidad de los casos, ya que dispone de preparación técnica o de recursos para hacer valer sus derechos, no lo es menos que en determinados ámbitos su profesionalidad no es suficiente para garantizar la defensa de sus derechos, tal es el caso del régimen legal de las condiciones generales de la contratación, aplicable siempre que estemos ante cláusulas predispuestas por un profesional, y no solamente cuando la contraparte sea un consumidor en el sentido dispuesto por el TRLGDCU ( RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372). No cabe otra manera de entender la legislación de protección del consumidor, sin que ello suponga una inferencia no deseada por el legislador en la libertad contractual que constituye el principio básico de la contratación, por ello no nos referimos al derecho de los consumidores como rama autónoma de nuestro ordenamiento, sino como conjunto de normas que actúan donde es necesario proteger a la parte más débil del contrato. (…). Consumidor es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial.Una sociedad mercantil como la actora puede ser considerada consumidor si actúa para financiar su empresa aunque tenga la empresa otros fines u objeto social.(…)f).- Cláusula suelo. Abuso posición dominante del banco con un empresario.Las cláusulas objeto del presente procedimiento son claro expositivo de esa situación de abuso de posición dominante que el legislador ha identificado y regulado como determinante de la nulidad de una condición general que afecta a una mercantil, como es ente caso, que comporta un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato y es contraria a la buena fe.Tal y como manifestábamos en el preámbulo la posibilidad de declarar el abuso de posición dominante por parte del demandado abarca tanto a contratos con clientes consumidores, como con empresas, personas jurídicas, debiéndose recordar que el artículo 2 LCGC dispone: ” Artículo 2. Ámbito subjetivo.
1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica- adherente-.
3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad”.
Ello va en consonancia con la declaración de la Exposición de Motivos de la referida LCGC, que en su Preámbulo señala:
” La protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto necesario de la justicia de los contenidos contractuales y constituye uno de los imperativos de la política jurídica en el ámbito de la actividad económica. Por ello la Ley pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su actividad contractual”.
“Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios…”.
Por otro lado, en la dirección de considerar a las personas jurídicas como consumidores o usuarios en supuestos de cláusulas abusivas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección 3ª de 04/06/2012 .
Para terminar, en la precitada SAP de Huelva, en relación a la aplicación de la LCGC a nuestro supuesto enjuiciado, dice expresamente:
“Esta norma resultaría de aplicación a todo cliente bancario, porque como expone en su Preámbulo, no sólo pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, sino también los de cualquiera que contrate con un profesional que recurra al uso de condiciones generales y esas condiciones pueden darse tanto en las relaciones de profesionales entre sí, como de éstos con consumidores”.
Por su parte, el hecho de que la Directiva 93/13/CEE no incluya a las personas jurídicas como consumidores no implica que la protección del consumidor no pueda alcanzar a las personas jurídicas en España; es decir, tal consideración a nivel interno de las personas jurídicas como consumidores no es contraria a la Directiva, pues ésta sólo establece los “mínimos” de protección que pueden ser ampliados por las legislaciones de los Estados Miembros como es nuestro caso.
En este sentido se pronuncia otra Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, la num. 89/2012 de 4 junio en este caso en un caso de SWAP, que señala que:
En este sentido declara el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que “La Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información” ( Sentencias de TJCE de 26.10.2006 (TJCE 2006, 299) , 4.6.2009 , 6.10,2009 y 15.3.2012 (TJCE 2012, 55) ).Según la Ley española, consumidor es toda persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajena a su actividad empresarial o profesional ( art. 3RDL 1/2007 ) de modo que se ha extendido la protección, pues la normativa comunitaria solo contempla como tales la persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional ( art. 2directiva 93/13 ); tal extensión de la protección no es contraria a la Directiva, que se limita a establecer los mínimos de armonización de los derechos nacionales, no prohibiendo a estos que protejan.(…)La legislación española ha extendido la protección más allá de los mínimos del art. 4 directiva y puede recaer sobre cláusulas accesorias o sobre lo que constituya el objeto principal del contrato, por lo que se autoriza un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible, habiendo sido extensión de la protección declarada no opuesta al derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea tras expresa consulta al efecto por el Tribunal Supremo ( STJCE 3 de junio de 2010 y STS 2.3.2011 , de 4 de noviembre de 2010 y 29.12.2010 , en sus declaraciones de abusivas de las cláusulas de redondeo al alza) y, a su vez, expresamente convertida la autorización en derecho positivo, al haberse modificado la directiva introduciéndose el art. 8 bis mediante la directiva 2011/83/UE . Las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas (art. 83), es decir, no vinculan al consumidor y deben ser apreciadas de oficio, incluso aunque el consumidor haya tenido la oportunidad de oponer la condición de abusiva y no lo haya hecho, manteniéndose la validez del contrato, salvo que la situación no equitativa no pueda subsanarse, y debiendo el juez integrar el contrato con arreglo al art. 1258 CC y a la buena fe objetiva.Las resoluciones de las Audiencias Provinciales declarando la nulidad por abusivas de cláusulas contractuales no negociadas individualmente son muy numerosas y han recaído en todos los campos mucho más allá del de la contratación bancaria, como son exclusiones de responsabilidad en los contratos de seguros, sobre mantenimiento de ascensores, sobre resolución unilateral en la compraventa de vivienda futura, etc.(…)Como podemos observar, la noción acogida por el legislador es más amplia que la de la normativa anterior, y por ello precisamente se requiere una interpretación restrictiva, lo que implica tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, que el nuevo concepto legal no abandona de forma absoluta el criterio anterior, ya que a la hora de interpretar el sentido que deba darse al “ámbito ajeno a su actividad empresarial”, de conformidad con lo dispuesto en su EM, atenderemos al destino final que se dé al bien o servicio adquirido, lo que reafirma la circunscripción de los actos de consumo al ámbito privado o familiar.En segundo lugar, el hecho de que la inclusión expresa de la persona jurídica dentro del concepto de consumidor no supone una alteración de la exigencia de que estemos ante un acto de consumo ajeno a una finalidad empresarial. En este punto el parámetro de interpretación de la EM resultará especialmente útil a la hora de determinar cuándo una persona jurídica entra dentro del ámbito de aplicación del TRLGDCU, lo que obligará al juzgador a evaluar el destino del bien o servicio adquirido, ya que el criterio determinante no es la condición subjetiva del sujeto, sino el carácter del acto, siendo así que una persona jurídica puede ser considerada consumidora si la contratación realizada no entra dentro de su actividad empresarial o profesional. (…)Ahora bien, ello no significa que todo empresario por su condición de tal actúe siempre dentro de su esfera empresarial, tal es el caso que se plantea en el Auto de la Audiencia Provincial de Girona de 20 de diciembre de 2007 en relación a un contrato de crédito personal, en el que el juzgador prescinde del carácter profesional del contratante -representante de comercio-, para fijarse en la finalidad del crédito solicitado, pues la mera condición de profesional del prestatario no implicaba per se que fuera a destinarlo a una actividad empresarial, siendo en todo caso necesaria su prueba, no pudiendo presumirse ese destino por las disposiciones que el cliente había hecho de dicho crédito hasta el momento.De igual modo no debe interpretarse sin más que la existencia de un ánimo de lucro en la adquisición excluye la consideración como consumidor del adquirente, porque como ya hemos expuesto lo que se valora es el destino del bien, no a las condiciones subjetivas del contratante ni su voluntad, aunque ésta puede ser tomada en consideración como un elemento indicativo de la ausencia de una finalidad privada.
Esta profundísima Sentencia continúa planteando una interesante cuestión acerca de cuando un sujeto, véase una persona jurídica, puede ser considerada tanto como consumidor como profesional qué es lo de debe preponderar, así señala:
Finalmente, hay que entender que en aquellos supuestos en que el adquirente pueda ser considerado consumidor y profesional al mismo tiempo hay que sopesar qué papel prepondera en el caso concreto, y en este sentido podemos atender al criterio fijado en la STJCE de 20 de enero de 2005 (TJCE 2005, 24) (Asunto Johann Gruber c. Bay Wa AG c-464/01 ) a la hora de interpretar el concepto de consumidor establecido en el Convenio de Bruselas de 1968 según el cual “Si las circunstancias objetivas no permiten demostrar de modo suficiente con arreglo a Derecho que la operación que dio lugar a la celebración del contrato con doble finalidad perseguía un objetivo profesional que no era insignificante, deberá considerarse que, en principio, dicho contrato fue celebrado por un consumidor“.En el mismo sentido la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores si bien deja claro que la definición de consumidor debe incluir a las personas físicas que actúan fuera de su actividad comercial, empresa, oficio o profesión, después matiza en su considerando núm. 17 que “No obstante, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor”.(…)Por su parte, la LCGC, si bien no habla expresamente del cliente bancario, es obvio que integra esta noción en su concepto de adherente, porque los contratos bancarios como sabemos, suelen incorporar condiciones generales. Esta norma resultaría de aplicación a todo cliente bancario, porque como expone en su Preámbulo, no sólo pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, sino también los de cualquiera que contrate con un profesional que recurra al uso de condiciones generales, y esas condiciones pueden darse tanto en las relaciones de profesionales entre sí, como de éstos con consumidores .Ello es así porque el objetivo de esta Ley es que todo aquél que deba soportar la imposición en su contrato de cláusulas predispuestas por un profesional, como es el caso del sector bancario, pueda beneficiarse de un marco legal destinado a garantizar que haya tenido la oportunidad de conocerlas de forma efectiva, no sólo por ser accesibles, sino también cognoscibles. Como podemos observar la ratio legis de la norma difiere de la que sustenta el TRLGDCU, porque aquí ya no se valora si el adherente está o no en condiciones de exigir el respeto a sus derechos, que es lo que lleva al TRLGDCU a excluir a los profesionales, sino que el hecho de que existan condiciones generales en los términos definidos por el art. 1 LCGC ya implica una posición de inferioridad en la negociación a la que está expuesto todo contratante, y no sólo el consumidor no profesional.
Además indica no sólo que prepondere la condición de consumidor sobre la de profesional, sino que, en todo caso, la prueba de que se el contrato se hizo con un profesional y no con un consumidor y, por ende, no procedía la aplicación de la normativa tuitiva de estos corresponde al profesional predisponente:
Según las reglas de la carga de la prueba contenida en el art. 217 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ., corresponde a la demandada demostrar que el cliente es “un profesional”y por tanto, no reúne los requisitos para ser acreedor de una especial tutela en materia informativa a la hora de contratar con él y en relación a la efectiva tarea informativa llevada a cabo por la misma a la hora de negociar la contratación del producto acreditando que se llevó a efecto pues es quien cuenta con mayor facilidad probatoria para hacerlo.
En definitiva, una persona jurídica puede ejercitar la acción de nulidad por abusividad cuando merezca la consideración de consumidor, e incluso, hay quien entiende que no sería necesaria tal condición de consumidor de acuerdo con la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), puede ejercitar la acción de declaración de nulidad siempre y cuando tenga la condición de adherente, sea consumidor o no.
La cual dispone que:
“Las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil a los consumidores y usuarios, deberán entenderse realizadas a todo adherente, sea o no consumidor o usuario, en los litigios en que se ejerciten acciones individuales o colectivas derivadas de la presente Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
Asimismo, las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil a las asociaciones de consumidores y usuarios, deberán considerarse aplicables igualmente, en los litigios en que se ejerciten acciones colectivas contempladas en la presente Ley de Condiciones Generales de la Contratación, a las demás personas y entes legitimados activamente para su ejercicio”.
3.2 Si la persona jurídica no tiene la consideración de consumidor.
Una vez vistos los requisitos que se exigen a una persona jurídica para ser considerada consumidor, queda claro que, en la práctica, no va a resultar fácil que esa persona jurídica, fundamentalmente si es una sociedad mercantil, pueda ser considerada como consumidora, sobre todo en los contratos que celebrados bajo la vigencia de la última modificación el artículo 3 del TRLGDCU, a la que se ha hecho alusión anteriormente, y, que exige que se actúe sin ánimo de lucro.
No obstante, el hecho de que la persona jurídica no pueda ser considerada como consumidor no implica que no pueda rebatir en un Tribunal la validez de las condiciones generales de la contratación.
Este artículo señala la posibilidad de declarar nula una condición general de la contratación si vulnera, en perjuicio del adherente, una norma imperativa o prohibitiva.
A diferencia del artículo 8.2 éste ya no exige que el adherente sea un consumidor, sino que puede ser cualquier adherente en el sentido más amplio que da la LCGC, es decir, tanto persona físicas como jurídicas, consumidoras o no.
Por ello, a través de esta vía cualquier persona jurídica podría solicitar la nulidad de condiciones tales como las que imponen al prestatario todos los gastos de notaría y Registro de la Propiedad en materia de préstamos con garantía hipotecaria.
También podría declararse nula la que impone todas las costas judiciales en caso de reclamación al prestatario también en hipotecas, en tanto en cuanto, es contraria a las normas de carácter imperativo que regulan la condena en costas en los artículos 394 y ss LEC.
Ahora bien, es posible que la persona jurídica no pueda considerarse consumidora, cerrándose así la vía del artículo 8.2 LCGC, y también es posible que la condición general concreta no sea contraria a normas imperativas o prohibitivas, véase, cláusula suelo o cláusula de vencimiento anticipado en hipotecas, con lo cual también quedaría cerrada la vía del artículo 8.1 LCGC.
Sin embargo, existe otra posibilidad para que una persona jurídica pueda oponerse a la validez de una determinada condición general.
Así, por el juego de los artículos 5 y 7 LCGC puede conseguirse la declaración de falta de requisitos de la cláusula para ser incorporada al contrato y, subsiguientemente, que se declare la no incorporación, por tanto, al margen de que la persona jurídica sea consumidor o que la condición general sea contraria a normas imperativas o no.
Por esta vía de los artículos 5 y 7 LCGC se ha señalado por varios Tribunales que la condición general no es válida y, en consecuencia, no debe ser incorporada al contrato.
En los supuestos que se van a analizar se refieren a cláusulas suelo, pero la argumentación podría ser aplicable a cualquier otra condición general de la contratación.
En este sentido, una de las más destacables es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (sección 1) de 3 de junio de 2013.
Otro de los motivos de apelación invocados se refiere al hecho de que uno de los demandantes no ostenta la condición de consumidor, ya que la entidad LOS CUQUILLOS, S.L., tiene por objeto social la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles. Esta entidad presentó junto con Don Jose Daniel y Don Faustino, demanda declarativa de nulidad y reclamación de cantidad frente a la CAJA DE AHORROS DE EXTREMADURA hoy LIBERBANK, S.A. La nulidad pretendida en la demanda se fundamentaba en el carácter abusivo de la cláusula suelo incluida en los contratos de préstamo hipotecario que los actores habían suscrito con la demandada, por falta de equilibrio en las prestaciones y obligaciones de ambas partes.Teniendo en cuenta los hechos en los que se fundamenta la demanda y los argumentos expuestos en los fundamentos anteriores, se llega a la conclusión de que el examen de la cláusula impugnada por la entidad mercantil ha de hacerse desde la perspectiva de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación ( RCL 1998, 960 ) y no desde la normativa protectora de los consumidores y usuarios.Desde este punto de vista, la cláusula suelo debe reunir los mismos requisitos de incorporación y transparencia que se exigen para cualquier condición general, aunque se emplee en la negociación entre profesionales (artículos 5 y 7 LCGC). Y tampoco puede concluirse que en el contrato celebrado por LOS CUQUILLOS, S.L., se cumplan los requisitos de transparencia establecidos por el Tribunal Supremo, como ya se ha expuesto anteriormente, por lo que la conclusión ha de ser la misma que la aplicada al resto de los contratos impugnados.
Para la Audiencia, en este caso se trata de una cláusula no transparente por falta de información y por aparentarse la existencia de una contraprestación con la inclusión de un techo. No se hacen simulaciones y no hay información previa y clara sobre otras modalidades de préstamo de la propia entidad ni se le advierte al cliente (en caso de que no existieran) de que no se le ofertan las mismas, con lo que acaba resolviendo que la cláusula suelo es nula por falta de transparencia.
También cabe mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 18 de junio de 2013: En efecto, la parte prestataria, “Alfaros 34-36, S.L.” no tiene la condición legal de consumidora, puesto que es una compañía mercantil con ánimo de lucro, en concreto una sociedad limitada, por lo que está excluida tanto del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) ( artículo 3), como de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LCEur 1993, 1071) , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Además, el contrato de préstamo hipotecario en el que se incluye la cláusula suelo no se celebró para financiar una operación con consumidores, sino que se trató de un préstamo entre una entidad de crédito y una sociedad mercantil, de donde se desprende su carácter mercantil ( artículo 311 del Código de Comercio ( LEG 1885, 21 ) ), por lo que en la constitución de la fianza solidaria los Sres. Alejandro y Benita no intervinieron tampoco como consumidores, sino como garantes de una obligación mercantil y, por tanto, partes de un contrato de fianza mercantil ( artículo 439 del Código de Comercio)(…).En relación con el problema expuesto, por un lado, es cierto que la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 241/2013, de 9 de mayo (RJ 2013, 3088) , (…) en el fundamento jurídico 201, recuerda que el control de incorporación de las condiciones generales se extiende a cualquier cláusula contractual que tenga dicha naturaleza, con independencia de que el adherente sea consumidor o no, diciendo: “En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC ( RCL 1998, 960 ) -“[l]a redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez” -, 7 LCGC -“[n]o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato […]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles […]”-.En consonancia con ello, las conclusiones a las que llega el Tribunal Supremo (fundamento jurídico 225) para considerar que la cláusula controvertida carece de transparencia -requisito del artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación -, son aplicables con independencia de las cualidades personales del adherente, al decir: “En definitiva, las cláusulas analizadas, no son transparentes ya que: a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas; c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar; d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas”.(…)Aplicando toda esta doctrina al caso de autos, las conclusiones no pueden ser diferentes a las obtenidas por las resoluciones citadas, aunque la prestataria no sea consumidora: la información respecto de la cláusula suelo incluida en el contrato suscrito por “Alfaros 34-36, S.L.” (…)es, a todas luces, insuficiente. En efecto, si la misma supera el control de inclusión, a efectos de su incorporación como condición general en el contrato, no lo hace en relación al de claridad exigible en las cláusulas, sean generales o particulares.(…)Por tanto, insistimos, la cláusula analizada no es plenamente transparente, y ello por cuanto que falta la información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; se inserta de forma conjunta con la cláusula techo y como aparente contraprestación de las misma; no existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar; y no hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.(…)Cierto es que, no tratándose la prestamista de consumidora, no sería aplicable el doble control de transparencia que se desarrolla en la Sentencia TS 241/13 (RJ 2013, 3088), pero ello no impide que puedan tomarse en consideración las normas generales sobre consentimiento contractual. La Exposición de Motivos de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación ( RCL 1998, 960 ) indica claramente que el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos con consumidores, pero añade: “Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios”(…)Téngase en cuenta que, como ha precisado el Auto de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2013 (RJ 2013, 3617) , aclaratorido de la Sentencia 241/13 (RJ 2013, 3088) , “la cláusula tiene por finalidad exclusiva proteger los intereses de la prestamista frente a las bajadas del índice de referencia” ; es decir, se predispone exclusivamente a favor de una de las partes, aprovechando su posición contractual de dominio, puesto que la prestamista no puede realmente optar por otras condiciones y la única manera de obtener el préstamo que necesita es pasar por la horca caudina de la cláusula-suelo. Como consecuencia de todo lo cual debe confirmarse la nulidad de la cláusula impugnada y su eliminación del contrato celebrado entre las partes, conforme a los artículos 9.2 y 10.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (RCL 1998, 960) , en relación con los artículos 1.256 , 1.261 y 1.300 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) .
En este caso, la Audiencia también resuelve declarando la nulidad de la cláusula suelo, por la argumentación expuesta.
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia Juzgado de lo Mercantil nº 1 De Málaga, de 30 de septiembre de 2014, que también estima la nulidad de una cláusula suelo aun cuando el adherente es una sociedad mercantil:
Así, esta cláusula suelo, tras los controles de inclusión, transparencia y abusividad debe declararse nula, de acuerdo con lo establecido en el art 9 LCGC (RCL 1998, 960) que determina que: “1. La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual.2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil (LEG 1889, 27) .”No plantea duda alguna el mantenimiento de la eficacia del contrato, limitando la nulidad a la de la cláusula TERCERA BIS en cuanto a la fijación de un suelo o límite mínimo a la variabilidad del tipo nominal de interés (FJ decimosexto de la STS 9-5-13 ).
La Exposición de Motivos LCGC afirma claramente que el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos con consumidores, pero añade a continuación que “Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios”.
Así lo dispone la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 18 de junio de 2013, concretamente señala que:
Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios” (en similar orden de ideas, artículo 9 de la Ley de 29 de diciembre de 2004 sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales). Como consecuencia de todo lo cual debe confirmarse la nulidad de la cláusula impugnada y su eliminación del contrato celebrado entre las partes, conforme a los artículos 9.2 y 10.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en relación con los artículos 1.256, 1.261 y 1.300 del Código Civil.En definitiva, si la cláusula suelo es impuesta por una parte, no habría consentimiento (art. 1261.1 C.C) y no se incorporarían al contrato (arts. 5 y 7 LCGC). Aunque el prestatario sea una empresa y se aplique la LCGC, puede anularse una cláusula. En definitiva, el debate está abierto, ya que la nulidad se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general cuando sea contraria a la buena fe y a las normas imperativas, aunque se trate de contratos entre profesionales y empresarios”.
Por su parte, la misma Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 recuerda que el control de incorporación de las condiciones generales se extiende a cualquier cláusula contractual que tenga dicha naturaleza, con independencia de que el adherente sea consumidor o no, basándonos en los artículos 5 y 7 LCGC en relación con el artículo 9 del mismo cuerpo legal.
1º) Las personas jurídicas sí pueden ser consideradas como Consumidores a efectos internos, a pesar de que ello no esté contemplado por las Directivas de la Unión Europea, ya que a nivel interno, como tradición legislativa, las personas jurídicas se han visto protegidas por la legislación tuitiva consumidores.
2º) El concepto de persona jurídica como consumidora no difiere del consumidor persona física, ambos quedan equiparados bajo un solo concepto de consumidor, de forma que en todo caso se requiere actuar fuera del ámbito empresarial o profesional del sujeto.
3º) El principal beneficio de que una persona jurídica sea considerada como consumidor es la de que pueda solicitar la nulidad por abusividad de condiciones generales de la contratación, tales como, por ejemplo, la llamada cláusula suelo.
4º) El hecho de que la persona jurídica no llegue a ser considerada como consumidora no implica que no pueda rebatir jurídicamente la validez de las condiciones generales de la contratación, en tal caso, tiene dos vías posibles:
Artículo 8.1 LCGC: nulidad de la condición general de la contratación cuando sea contraria a normas imperativas. Véase la cláusula que impone los gastos de Notaría y Registro de la Propiedad al prestatario de préstamos hipotecarios.
Artículos 5 y 7 LCGC: no incorporación de la condición general por falta de transparencia, claridad, concreción o sencillez. Véase cláusula suelo en préstamos hipotecarios.
Departamento de Derecho Bancario
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