Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-444-de-julio-7-de-1992?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414ce2f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 21:29:45
Document Index: 148935043

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 93', 'artículo 95', 'artículo 189', 'artículo 217', 'artículo 241', 'artículo 248', 'artículo 93', 'artículo 12', 'artículo 248', 'artículo 12', 'artículo 248', 'Artículo 116', 'Artículo 137', 'Artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 217', 'artículo 248', 'artículo 20', 'artículo 318', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 320', 'artículo 321', 'artículo 250', 'artículo 331', 'artículo 95', 'artículo 15']

﻿ SENTENCIA T-444 DE JULIO 7 DE 1992
SENTENCIA T-444 DE 07 DE JULIO DE 1992
CONTENIDO:HÁBEAS DATA, EJERCICIO FRENTE A INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA INTIMIDAD, DERECHOS SUSCEPTIBLES DE ACCIÓN DE TUTELA, HÁBEAS DATA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCESO PENAL, INVESTIGACIÓN, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL HÁBEAS DATA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:249 DE SEPTIEMBRE DE 1992, PÁG.894
EJERCICIO FRENTE A INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES
Ref.: Sentencia T-444. Expediente Nº T-1109.
Santafé de Bogotá, D.C., julio siete de mil novecientos noventa y dos.
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, ha pronunciado la siguiente sentencia, en el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1109, adelantado por J. ...
De conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional llevó a cabo la escogencia para su revisión de la acción de tutela de la referencia.
Por reparto le correspondió a esta Sala la revisión de la sentencia Nº T-1109, cuyo expediente fue recibido el día 31 de marzo del año en curso.
En el marco del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión.
J... confirió poder al abogado Luis Guillermo Pérez Casas para presentar ante el Juez Superior (reparto) de Santafé de Bogotá una petición de tutela fundamentada en los hechos siguientes:
El día 15 de junio de 1991, la Brigada 13 del Ejército Nacional recibió unas llamadas telefónicas anónimas que informaban sobre una reunión de integrantes del E.L.N., que se celebraría en el aula del centro pastoral ..., ubicado en Facatativá.
Según los informes, al parecer la reunión sería de una fracción disidente del denominado Ejército de Liberación Nacional E.L.N., grupo “Lorenzo Alcantuz”.
La señorita J... se encuentra actualmente detenida en la cárcel del Buen Pastor en Santafé de Bogotá, cumpliendo la orden de un juzgado de instrucción de orden público, el cual encontró pruebas para presumir la comisión del delito de rebelión.
Obra en el expediente una constancia de antecedentes de la señorita J..., allegada por los organismos de inteligencia del Estado, en donde califican a la peticionaria de “rebelde”, integrante del E.L.N., sin que sobre ella pese sentencia condenatoria por ese acto.
La peticionaria ejerció una acción de tutela, fundamentada en los siguientes artículos de la Constitución: 5º (primacía de los derechos inalienables de la persona), 15 (derecho al buen nombre y a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se haya recogido sobre ella en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas), 21 (derecho a la honra), 28 (principio de la libertad individual), 29 (debido proceso) y 248 (antecedentes penales y contravencionales).
2. Fallo del Juzgado Veintinueve Superior de Santafé de Bogotá (providencia de febrero 24 de 1992).
En primera y única instancia, el Juzgado 29 Superior no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por J. ... El objeto de la solicitud de tutela era pedirle al juez que ordenara a los organismos de inteligencia del Estado la rectificación de las informaciones que se recogieron sobre ella y al Estado colombiano la protección de su buen nombre.
El juzgado practicó las siguientes pruebas: ratificación de la solicitud que presentó el abogado Luis Guillermo Pérez Casas; inspección judicial sobre el expediente Nº 4010 que cursa en el Tribunal de Orden Público de Santafé de Bogotá contra J... y otros; y allegó al expediente los documentos que poseía el comando de la vigésima Brigada del Ejército Nacional y la Unidad Investigativa de Orden Público sobre el asunto en cuestión.
1. Los derechos fundamentales de la peticionaria no se encuentran amenazados, ya que por el sólo hecho de adelantar una investigación o averiguación administrativa por autoridad competente no se vulneran derechos de la persona que se investiga.
2. Los organismos de seguridad del Estado tienen las mismas facultades señaladas en la Constitución (art. 217) para la fuerza pública; en virtud de ellas adelantaban sus labores de inteligencia bajo reserva sumarial, razón por lo cual la accionante no tendría acceso a documentos que posea dicha institución.
1. Del derecho a la intimidad.
1.1. La Constitución de 1991.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley...”.
1.2. La intimidad y el habeas data en particular.
El habeas data, es el derecho de obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de datos. Este derecho implica la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre sí mismo y la facultad de corregirlos. Con este derecho se pretende proteger la intimidad de las personas ante la creciente utilización de información personal por parte de la administración pública, de entidades financieras, educativas, profesionales u otras organizaciones privadas. Lo importante es que las personas no pierdan el control sobre la propia información, así como sobre su uso.
El autor español Luis Alberto Pomed considera que la finalidad del habeas data es la de “proteger a los individuos frente a todo ataque contra su esfera de intimidad que tuviera lugar a través de la informática” (1).
El Convenio del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981, relativo a la protección de los individuos respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, dice que el habeas data abarca, según el artículo 2º, “cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable” (2).
Este derecho establece una doble línea de salvaguarda de los particulares; por una parte, incorpora obligaciones exigibles a entidades públicas y privadas que recopilan y tratan información, tales como de regirse por principios de lealtad, legitimidad con relación a la finalidad para la que se recolectaran los datos. Y por otra parte consiste en el derecho que tiene toda persona a exigir del Estado el respeto a derechos como el de la intimidad personal y familiar y a su buen nombre.
(1) Pomed Sánchez, Luis Alberto. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Madrid 1989, pág. 255.
(2) Convenio del Consejo de Europa. Citado por POMED, Luis Alberto. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Madrid 1989, pág. 255.
1.3. Fundamentos teóricos del tema “La Vida Privada”.
Tres autores vienen de inmediato a la memoria a partir de las preguntas formuladas: Hobbes, Orwell y Foucault. Hobbes concibió al Estado como Leviathán, esto es, como un gran animal monstruoso que devoraba al individuo. Orwell vislumbró en su libro “1984” un Estado omnipotente que controlaba completamente a los gobernados a través de un sofisticado sistema de vigilancia permanente. Foucault ha anotado que, por ejemplo, la escuela, el sexo y las cárceles, han sido utilizadas como poleas sutiles de transmisión del poder, con el ánimo de controlar y disciplinar el tejido social.
Ahora bien, el tema de la vida privada en general y de la intimidad en particular plantea las dos dimensiones fundamentales del hombre: la individual y la social. La humanidad ha asistido a un largo proceso de sociabilización caracterizado por la manifestación social, la concentración urbana y el intervencionismo estatal. En este marco se inscribe el estudio de la intimidad en la sociedad contemporánea. Como anota Foucault, “vivimos en una sociedad que se caracteriza por una vigilancia permanente sobre los individuos por alguien que ejerce sobre ellos un poder” (3). Ya antes Ortega y Gasset había llamado la atención sobre los peligros que engendra la colectivización de la humanidad. En efecto, este autor afirma que “la socialización del hombre es una faena pavorosa. Porque no se contenta con exigirme que lo mío sea para los demás... sino que me obliga a que lo de los demás sea mío” (4). En este sentido, el derecho de la intimidad tiende a proteger al hombre en su aislamiento necesario frente a sus semejantes, frente a la prensa y frente al Estado.
La vida privada, al sentir de Novoa Monreal, “está constituida por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor o su recato a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento” (5).
Para Recaséns Siches, “Intimidad es sinónimo de conciencia, de vida interior, por lo tanto este campo queda completamente fuera del ámbito jurídico, puesto que es de todo punto de vista imposible penetrar auténticamente en la intimidad ajena” (6).
Reconocen en forma expresa el derecho a la intimidad, entre otras, las Constituciones de Venezuela (art. 59), Turquía (art. 15), Ecuador (art. 28.4), Egipto (art. 45), España (art. 18.1), Portugal (art. 33 ), Puerto Rico (art. 2º), Bulgaria (art. 50), Perú (art. 2º), Alemania (arts. 10 y 13), Bulgaria (art. 5º), Guatemala (arts. 23 y 24), Italia (arts. 14 y 15) y México (art. 16).
2. De los alcances del habeas data.
2.1. Los nexos habeas data - Estado.
Esta Sala de Revisión de la Corte, luego de haberse detenido en consideraciones generales sobre el artículo 15 de la Constitución, entra a precisar los nexos habeas data-antecedentes penales.
(3) FOUCAULT, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Gedisa, Barcelona, 1980, pág. 99.
(4) ORTEGA Y GASSET, José. La socialización del hombre. Obras completas, sexta edición, Editorial Revista de Occidente. Madrid, 1963, pág. 745.
(5) Ibídem, págs. 87 y ss.
(6) RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de filosofía del Derecho. Sexta edición, Porrua, México, 1978, pág. 181.
—La persona tiene el derecho a que de ella se conozca sólo lo mínimo para el normal convivir en sociedad.
—El Estado tiene el derecho a conocer lo máximo necesario para la debida protección de las personas y las instituciones.
¿Cómo hacer compatibles estos dos derechos?
¿Cuál es la frontera entre ellos?
La respuesta a estas preguntas exige Constitución siguientes artículos de la Constitución:
a) El artículo primero establece que el Estado colombiano se funda, al mismo tiempo, “en el respeto de la dignidad humana... y en la prevalencia del interés general...”.
b) El artículo segundo dispone que, entre los fines esenciales del Estado, se encuentran: “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes..., mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica...”.
c) El artículo 15 regula el derecho a la intimidad en general y al buen nombre y al habeas data en particular, cuando afirma que todas las personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
d) El artículo 21 dice: “se garantiza el derecho a la honra”.
e) El artículo 29 consagra “el debido proceso” y la presunción de inocencia.
f) El artículo 86 consagra la “acción de tutela para reclamar ante los jueces... la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales...”.
g) El artículo 93 regula la prevalencia en el orden interno de “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos...”, los cuales sirven además como guía de interpretación de los derechos y deberes consagrados en esta Carta”.
h) El artículo 95 introduce el concepto de “derecho-deber”, cuando dice que “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”.
Se enumeran allí varios deberes de la persona, entre los que se destaca el numeral tercero: “Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”. Esta norma será la piedra de toque de esta sentencia.
Así mismo, el numeral cuarto de este artículo dispone que es también deber el “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”.
i) El artículo 189 dice en el numeral quinto que es función del Presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.
j) El artículo 217, relativo a la fuerza pública, es del siguiente tenor en su inciso segundo: “las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
k) El artículo 241 numeral noveno es el fundamento de la competencia de la Corte Constitucional para revisar “las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela...”.
1) El artículo 248, por último, es una de las normas más importantes para los fines de este fallo. Dice el artículo: “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales” .
Luego del anterior recorrido por la Constitución, es preciso referirse a los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia relativos al habeas data, de conformidad con lo prescrito por el artículo 93 superior. Este artículo le confiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental.
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) artículos:
—14.1: “...la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes...”.
—17.1: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada...”.
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” (Ley 16 de 1972), artículos:
5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.
8.2: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
11.1: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
11.2: “Nadie puede ser objeto de ... ataques ilegales a su honra o reputación”.
Como fundamento de los Tratados Internacionales sobre el derecho a la intimidad, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 12 establece:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra, o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
De conformidad con las normas citadas, esta Sala considera que son varias las conclusiones que de ellas se derivan, a saber:
Primero, uno de los valores materiales que informa la Constitución Política de Colombia de 1991 es el pluralismo. En efecto, desde el preámbulo hasta las disposiciones transitorias, se consagra una combinación de diferentes valores, principios e ideologías, al tiempo que se protege la confluencia de diferentes razas, etnias, lenguas, sexos y religiones. Ello no hizo sino reflejar la pluralista integración de la Asamblea Constituyente.
Segundo, esta heterogeneidad conceptual está destinada a la convivencia. No se trata pues de establecer cuál orientación debe excluir a las demás, sino de concebir la forma de hacerlas compatibles.
Quinto, que al tiempo que la persona, se regulan también las condiciones para el ejercicio del poder público, destacándose el hecho de que el Estado está concebido para servir a la comunidad, no siendo por tanto un fin en sí mismo.
Séptimo, que los derechos humanos son más importantes que los aspectos orgánicos y procedimentales del poder, ya que éste tiene por fin a aquellos.
Esta idea del “contenido esencial” de los derechos fue expuesta por Häberlen, que la definió como “el ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas”(7).
(7) HABERLEN, Peter. El Contenido Esencial como Garantía de los Derechos Fundamentales.
Recapitulando, en el marco de una sociedad pluralista, destinada a convivir en paz, y a fin de que los hombres disfruten de un Estado que les sirva, debe dotarse a éste de las herramientas legítimas pertinentes para ello, las cuales sin embargo no deben desconocer el contenido esencial de los derechos humanos, pero sí limitarlos en tanto que su ejercicio civilizado implica deberes respecto a los demás.
De la conclusión anterior esta Sala deduce los elementos para responder a la pregunta inicial: ¿cómo trazar la frontera entre el derecho a la intimidad de las personas y el derecho estatal para controlar el orden?
La regla general debe ser, en consecuencia, que como el Estado tiene por misión el servicio a todas las personas, para ello debe dotarse, respetando los derechos humanos y el debido proceso, de idóneas herramientas que le permitan mantener un clima de paz y convivencia, de suerte que pueda incluso recopilar y archivar información sobre una persona, en el marco de sus legítimas y democráticas funciones, siempre y cuando no divulgue ni dé a la publicidad por ningún medio la información sobre esa persona, salvo el evento que ella tenga antecedentes penales o contravencionales, esto es, que tenga una condena proferida en sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 constitucional, que se reproduce en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, como principio rector del nuevo ordenamiento procedimental.
En otras palabras, los organismos de seguridad del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las instituciones. Pero, eso sí, dichas instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre una persona, salvo en el único evento de un “antecedente” penal o contravencional, el cual permite divulgar a terceros la información oficial sobre una persona.
Y por “antecedente” debe considerarse única y exclusivamente las condenas mediante sentencia judicial en firme al tenor del artículo 248 constitucional.
La anterior interpretación, considera esta Sala recoge el sentido de la Constitución de 1991 y de los pactos y convenios internacionales ratificados por Colombia.
a) Artículo 116: “...los tribunales y jueces, administran justicia”.
b) Artículo 137: “Cualquier comisión permanente (del Congreso) podrá emplazar a toda persona... Si en el desarrollo de la investigación se requiere... la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente”.
c) Artículo 250:
“Corresponde a la Fiscalía General de la Nación de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos... Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:
3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial...”.
d) Artículo 251:
“Son funciones especiales del fiscal general de la nación:
5. Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.
e) Artículo 217: “La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes...”.
Sin embargo el principio debe ser matizado a la luz de la limitación para la divulgación a terceros.
No obstante, si por el cruce de información ésta podría ser conocida por terceras personas —por ejemplo en el caso de una audiencia pública ante un juez o de una audiencia en una sesión especial del Congreso—, la información en estos casos no podrá contener datos perjudiciales de la persona, distintos de los “antecedentes” de que trata el artículo 248 de la Constitución. De lo contrario se violaría el derecho a la intimidad de las personas por culpa del Estado.
Aparte de las disposiciones constitucionales otras normas de orden legal y reglamentario regulan la materia, así:
El Decreto Nº 2699 de 1991 (noviembre 30) por el cual se expidió el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el literal a) del artículo transitorio 5º, del capítulo 1º de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia.
En relación con el suministro de información al Gobierno, el fiscal general sólo lo hará cuando sea necesario para la preservación del orden público.
“ 1. Asesorar al fiscal general en la definición de la política referida a la recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte al desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la entidad.
3. Organizar la recolección y procesamiento de toda la información básica para las investigaciones criminales”.
b) El Decreto 2700 (Código de Procedimiento Penal) que entró a regir el 1º de julio de 1992, dispone que durante la investigación previa las diligencias son reservadas.
c) De manera específica, el Decreto 2398 de 1986 se ocupa de las normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de certificados judiciales y de policía.
“Los archivos son de carácter reservado y en consecuencia el Departamento Administrativo de Seguridad, sólo expedirá previa solicitud escrita certificados o informes de las anotaciones contenidas en ellos, así:
a) A los peticionarios de sus respectivos registros.
b) A los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigación referente a la persona de quien solicita.
c) A las autoridades administrativas que necesiten conocer antecedentes de personas llamadas a ejercer cargos públicos”.
La reserva de la investigación cumple dos fines primordiales: 1º asegurar el éxito de las tareas de indagación; 2º garantizar la efectividad de la presunción de inocencia.
La libertad de expresión e información no puede formularse de manera absoluta. Existen legalmente consagradas, la prohibición de revelar datos concernientes a la investigación penal. Sancionados están los casos de violación de secretos oficiales o industriales y existe, de otra parte, la obligación ética, para ciertos profesionales, de abstenerse de revelar datos que se han confiado por razón de su investidura o actividad: médicos, paramédicos, sacerdotes, abogados, sicoanalistas, entre otros.
Como acertadamente lo consideró el profesor Hans Joachim Schneider,
“Las noticias sobre crímenes fascinan a la población desde hace siglos. En la edad media cantantes itinerantes iban con éxito de pueblo en pueblo difundiendo sus romances, los cuales en su mayor parte eran historias de asesinatos. Las historias de crímenes no son novedades en sentido estricto, ya que no refieren nada realmente novedoso. Siempre son narrados conforme al modelo del “hecho sensacionalista acostumbrado” porque cumplen una función exonerante para la sociedad; a través de ellas el ciudadano “respetuoso de la ley” puede separarse del delito; le ponen de manifiesto su identidad “normal” y se puede sentir satisfecho de ser mejor que el delincuente y de haber podido evitar con éxito el delito.
...Existe en la población una gran necesidad de noticias criminales porque son entretenidas y ahuyentan el aburrimiento de la vida cotidiana. Los medios de comunicación de masas satisfacen gustosamente esta demanda, ya que las noticias criminales son fáciles de conseguir y baratas y porque con ellas se puede vender casi cualquier producto. Existe, por tanto, una simbiosis, una alianza impía entre los medios de comunicación de masas y la sociedad” (8).
Nadie duda hoy de la importancia de los medios masivos de comunicación en la vida de una sociedad organizada. No se trata de desconocer el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Carta, sino que todo lo que se exige de los medios de comunicación de masas puede resumirse en una frase: deben contribuir a la consecución de la convivencia pacífica a través de la verdad, la sinceridad y la imparcialidad a fin de que nos enfrentemos con ética profesional, con responsabilidad a los problemas de desviación social y delincuencia. De allí surge su responsabilidad social consagrada en la Constitución.
Siendo la reserva el aspecto más importante sobre el cual se edifica la investigación y acusación (competencia del fiscal) y el juzgamiento (competencia del juez), es necesario distinguir entre las etapas de la recopilación y evaluación de la información, la investigación previa, la actuación de la Fiscalía General de la Nación y la etapa final de juzgamiento.
La recopilación y evaluación de la información que realizan la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) y el Departamento Administrativo de Seguridad, tienen como fundamento los artículos 217 y 218 de la Constitución, en concordancia con los artículos 1º (dignidad humana y prevalencia del interés general), 4º (respeto y obediencia a las autoridades), 29 (debido proceso), 83 (presunción de la buena fe), en la función de mantener el orden constitucional y la convivencia pacífica y en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal (colaboración de organismos oficiales y particulares), así como por la Convención Americana de Derechos Humanos artículos 32 Nº 1 y 2 que consagra la correlación entre derechos y deberes.
(8) SCHNEIDER, Hans Joachim. La criminalidad en los medios de comunicación de masas. Derecho penal y criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad Externado de Colombia. Volumen XI. Nº 37. Enero/abril de 1989. pág. 151.
La persona sin embargo no está desprotegida en esta materia; la Constitución le garantiza que en el rastreo, recopilación y evaluación, se respetarán, los artículos 11 (derecho a la vida), 12 (torturas y desapariciones, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (igualdad), 15 (en la recolección, tratamiento y circulación se observará el respeto a la libertad y demás garantías) y 29 (debido proceso); y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan el derecho al buen nombre.
“Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”.
“Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna” .
“El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo”.
Con fines investigativos, los jueces y funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría”.
“Son deberes de los empleados guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en razón de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, aun después de haber cesado en el cargo y sin perjuicio de denunciar cualquier hecho delictuoso” .
Las garantías establecidas tanto en la Constitución (artículo 29) como en la ley, las determinadas en el Código de Procedimiento Penal y en el Decreto 2699 sobre la Fiscalía General de la Nación, tienen como fundamento la protección especial a la dignidad de la persona humana, como el derecho a la integridad personal (art. 11) y a la intimidad (art. 15) respaldados por los siguientes instrumentos internacionales:
a) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por Colombia en virtud de la Ley 78 de 1986;
b) La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, ratificada por Colombia en virtud de la Ley 28 de 1959;
c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, en sus artículos 1 º, 5 º, 27 , ratificada por Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968;
d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2º numeral 2º, 4º numeral 2º y artículo 7º, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968;
e) La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 9º numeral 1º, 19, 32, 35, 36 y 37 numeral 1º, ratificado mediante la Ley 12 de 1991;
f) La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en su artículo 5º literal b) (Ley 22 de 1981);
g) Convención Internacional para la Represión y el castigo del crimen de Apartheid, en su artículo 2º, literal b), segundo acápite (Ley 26 de 1987);
h) Convenio Nº 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribales en los países independientes, en su artículo 2º, numeral 7º (Ley 31 de 1967), entre otros.
Por otra parte la información necesaria a la opinión pública de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos de la Fuerza Pública (Ejército y Policía Nacional), el Departamento Administrativo de Seguridad y los organismos oficiales y particulares que realizan labores permanentes y especiales de Policía Judicial, debe limitarse a la mención de las personas presuntamente involucradas, los bienes decomisados, incautados, aprehendidos u ocupados, así como de las circunstancias en que ocurrieron los hechos sin emitir juicio de responsabilidad.
Se denomina investigación previa la etapa anterior al proceso que tiene por objeto determinar si el Estado ejercerá o no la acción penal. Reemplaza la etapa que el Código de Procedimiento Penal de 1987 denominaba “Indagación preliminar”. Es una actuación anterior al proceso en donde se pretende esclarecer las dudas relativas al posible ejercicio de la acción penal. El artículo 320 del Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia el 1º de julio, establece que en la investigación previa intervienen quienes ejerzan funciones de policía judicial bajo la dirección del Fiscal, las unidades de fiscalía y el Ministerio Público.
En esta etapa de investigación previa las actuaciones serán reservadas para los terceros ajenos a ella y sólo podrán ser conocidas por los funcionarios que intervienen en ella, el imputado y su defensor. Así el artículo 321 consagra la “reserva de las diligencias” en los siguientes términos:
“Durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias”.
La Constitución Política le encomienda al Fiscal las tareas de investigar y acusar. En ejecución de estas funciones debe garantizar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, en consecuencia, todas las autoridades y los particulares están obligados a acatar cualquier decisión que tome la Fiscalía de acuerdo con la ley.
En la etapa de instrucción el funcionario judicial tiene la obligación de averiguar la verdad material.
Así, la Constitución en el artículo 250, inciso final, dispuso:
''''La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten''''.
Igual que las etapas anteriormente consideradas, la “instrucción”, también debe ser reservada, y así se establece en el artículo 331:
“Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de hecho”.
Esta obligación, como la de mantener la reserva en todas las etapas de la investigación, tiene como fundamento el artículo 95 de la Constitución, que en su numeral 7º establece: “colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia”, como un deber de la persona y del ciudadano.
“Dentro del proceso penal la investigación es reservada para quienes no sean sujetos procesales y el juicio es público. Se aplicarán las excepciones previstas en el código sobre reserva”.
Dentro del proceso de instrucción y sin perjuicio de la eventual investigación previa, se distinguen las etapas de investigación, sumario y juicio. La controversia de las pruebas se permite en cualquiera de las tres etapas de la actuación. La reserva cobija las etapas de investigación previa e investigación propiamente dicha o instrucción. Adicionalmente el concepto de reserva se extiende a las actuaciones realizadas por los jueces regionales y los fiscales que actúan en éstos.
a) Existe un principio general para que el Estado pueda conducir la investigación de todas las personas y obrar con la responsabilidad que ello impone. Luego el Estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al interesado sólo aquella parte que puede conocer, actualizar o rectificar en virtud del artículo 15 de la Constitución, según lo antes expuesto. Y frente a terceros la reserva es total.
b) Este principio tiene fundamento en la Constitución Política y en la ley que determina la reserva para ciertos documentos de la administración pública.
c) La recolección, evaluación y encauzamiento de la información se debe ejercer dentro de los límites que imponen el respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución, pactos internacionales y disposiciones legales.
d) La investigación, su soporte científico y el resultado tienen por objeto nutrir al investigador (en la investigación previa o en la investigación-instrucción), y debido a su especial carácter reservado está prohibido darla a conocer a terceros; por lo tanto para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento o incluso en la etapa de investigación previa, por más importante que resulte el hallazgo hecho y mucho menos en “ruedas de prensa” realizadas a fin de explicar a la opinión pública el método utilizado, o los resultados obtenidos o los presuntos infractores de la ley penal, pues este comportamiento viola el derecho al buen nombre, entorpece el desarrollo de la futura investigación penal y es un mecanismo de presión de un fallo anticipado.
e) El Fiscal debe realizar una labor de evaluación de la prueba allegada y con base en ello y en los principios de controversia de la prueba decide acusar o precluir la investigación. Por lo tanto el procesado goza de todas las garantías constitucionales y legales para la observancia del debido proceso.
f) El juicio es público y, allí sí, y sólo allí, toda persona puede conocer las decisiones que en el mismo se adopten.
4. El habeas data y las etapas preprocesales y procesales.
Recapitulando, diremos que en la primera etapa de recolección y evaluación de la prueba existen dos subdivisiones. La primera hace referencia al soporte científico de la prueba allegada, a la cual no tiene acceso ni siquiera el interesado por razones de defensa del interés general y de control interno para lograr la eficacia.
Sobre el resultado, el interesado puede conocer, actualizar y rectificar dichas informaciones en ejercicio del derecho a la intimidad, desde la etapa de investigación previa. Los terceros sólo desde el juicio cuando así lo establezca una prueba plena que lo determine o como resultado de un proceso penal, administrativo o disciplinario que ordene su modificación.
5. La existencia de otro medio judicial de defensa.
Si el suministro de la información se lleva a cabo en las etapas de recolección y evaluación de la información, investigación previa e instrucción mediante la reproducción fiel del material probatorio o de cualquier pieza procesal o preprocesal, existen medios judiciales de defensa que permiten la sanción de los responsables de la conducta, como lo establecen los artículos 155 y 289 del Código Penal, y los artículos 321 y 331 de Código de Procedimiento Penal.
Si la información es errónea o contiene juicio de responsabilidad, el medio judicial de defensa no es otro que la acción de tutela por la violación de los derechos constitucionales fundamentales a la rectificación en condiciones de equidad (art. 20), al buen nombre (art. 15) y a la honra (art. 21) —frente a la persona directamente afectada— o el derecho a recibir información veraz e imparcial (art. 20) —frente al ciudadano—.
6. Consideraciones en relación con el caso concreto.
De conformidad con todo lo anterior se des prende que a la peticionaria no se le ha vulnerado ni amenazado su derecho fundamental a la intimidad, y es por ello que la sentencia revisada será confirmada.
En efecto, si los organismos de inteligencia del Estado tienen reseñada en calidad de “rebelde” a la petente, ello es conforme a derecho siempre y cuando no sea dado a conocer por fuera de los organismos.
Si un tercero o la misma accionante solicitan acceso a la información que el Estado tiene de ésta, las entidades oficiales competentes sólo podrán decir que —no estando condenada sino sólo detenida—, ella no tiene ningún tipo de antecedentes.
Si del resultado del proceso que cursa en el Juzgado de Orden Público se demuestra que la peticionaria es absuelta de todo delito que presuntamente ella ha cometido, el juez competente está en la obligación de informar a las autoridades y a los organismos de inteligencia que adecuen su información a lo resuelto en el proceso.
Así mismo, si el juez advierte que, antes de que la información sea asequible a terceros, esto es, antes del juicio, aquella no ha sido debidamente reservada y se ha filtrado a la opinión pública, deberá adoptar las medidas conducentes para investigar los delitos y demás infracciones a que hubiere lugar, con el fin de proteger, ahí sí, la intimidad de la peticionaria.
En mérito de lo expuesto, esta Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
1. CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 29 Superior de Santafé de Bogotá, con las aclaraciones aquí formuladas.
2. Comuníquese el contenido de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad y a la Dirección General de la Policía Nacional.
3. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional, envíese al despacho de origen y cúmplase.
Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Simón Rodríguez Rodríguez.