Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A038-09.htm
Timestamp: 2017-11-22 05:47:08
Document Index: 292533211

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 86', 'artículo 93', 'artículo 86']

A038-09
Auto 038/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reglas jurisprudenciales/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior jerárquico común/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual para dirimir conflictos de competencia
CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento y resolución directa de conflictos de competencia aunque exista superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Aplicación de los principios básicos para la protección de derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES-Conocimiento directo de la Corte Constitucional en aras de garantizar sin más dilación el acceso a la administración de justicia
ACCION DE TUTELA-Competencia a prevención de todos los jueces/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivo la solicitud o donde se produjeron sus efectos
ACCION DE TUTELA-Elección del accionante cuando despachos judiciales de la misma especialidad tienen competencia para su conocimiento/ACCION DE TUTELA-Derecho para reclamar ante jueces a prevención la protección de derechos fundamentales
Referencia: expediente ICC-1345
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño) y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali Valle.
Acción de tutela promovida por Hernando Germán Revelo Vela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Regional Sur Occidente.
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009).
1. El señor Hernando Germán Revelo Vela interpuso a través de apoderado, el 12 de agosto de 2008, acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección Regional Sur Occidente, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con las decisiones adoptadas por la citada entidad dentro del proceso disciplinario fallado en su contra.
2. La acción fue repartida al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño) que mediante auto del 13 de agosto de 2008 resolvió abstenerse de conocer de la solicitud de protección constitucional al advertir que la sede de la dependencia de la entidad tutelada es la ciudad de Cali Valle, por lo cual consideró que no le asistía competencia para tramitar el reclamo de protección constitucional por cuanto la presunta vulneración de los derechos fundamentales no acaece en el municipio de Ipiales. En consecuencia, remitió el expediente a la Oficina Judicial de Cali para que se efectuara el respectivo reparto entre los Jueces Penales del Circuito de de esa ciudad.
3. Cumplido lo anterior, la actuación fue asignada al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali que mediante auto del 25 de agosto de 2008 dispuso la devolución del expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño). Lo anterior, al considerar que en aplicación de la regla jurisprudencial contenida en el Auto 086 de 2007 de la Corte Constitucional, el lugar de la vulneración es donde reside el accionante –o sea, la ciudad de Ipiales conforme surge del texto del poder[1] otorgado a la apoderada del tutelante. Adicionalmente, señaló que en caso de que el despacho judicial de Ipiales insistiera en negarse a asumir el conocimiento de la acción de tutela, planteaba colisión negativa de competencia.
4. Recibido nuevamente el expediente por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño) mediante auto del 14 de noviembre de 2008 consideró como no aceptables los argumentos esgrimidos por el despacho judicial de Cali, por cuanto la violación o amenaza se suscitan en esa ciudad y por lo mismo aceptó el conflicto de competencia.
5. Por lo anterior, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que defina la colisión presentada.
La Corte Constitucional, en relación con los conflictos de competencia que se suscitan entre los jueces de tutela ha fijado dos reglas jurisprudenciales fundamentales que no presentan mayores dificultades para su comprensión: i) los conflictos de competencia surgidos en el trámite de las acciones de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común a las autoridades judiciales involucradas y, ii) sólo deben llegar a la Corte Constitucional aquellas colisiones de competencia que no pueden resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen, por no existir superior jerárquico común. Así, ha reducido a un ámbito meramente residual su competencia para dirimir este tipo de controversias procesales.[2]
De esta manera la colisión suscitada, en el presente caso, entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño) y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali (Valle) debió ser resuelta por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
Teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido (casi seis meses) desde que se interpuso la tutela y la fecha en que esta Corporación conoce de este conflicto de competencia, la Sala Plena considera necesario entrar a dirimirlo directamente, en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante.
La Sala debe precisar que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que establece el factor para determinar el funcionario judicial que debe decidir una solicitud de protección constitucional, siendo aquel “con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”. Este precepto fue reglamentado mediante el Decreto 1382 de 2000 que en su artículo 1º también señala que “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”. (Resaltado fuera de texto)
Son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, así, es competente: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.
Como se presenta en el asunto de la referencia, puede ocurrir que se verifiquen varias de las alternativas enunciadas y en esa medida tanto el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño) y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali (Valle), desde su óptica tendrían fundamento para considerar que era al otro Despacho Judicial al que correspondería conocer de la acción impetrada por el Señor Revelo Vela. Así, para el juzgado de Ipiales se estaría frente a la alternativa (i) y para el juzgado de Cali se configuraría la opción (iii).
En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial[5] según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional y plantear innecesariamente colisiones de competencia, es la elección que haya efectuado el accionante. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
Sobre este particular ha precisado la Corte que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”[6]
Por lo anterior, aplicando la regla jurisprudencial indicada, el despacho que desde el mes de agosto de 2008, debió asumir el conocimiento de la solicitud de tutela era el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño), no sólo por asistirle competencia por el factor territorial, sino porque esa fue la elección de la accionante. En consecuencia se le remitirá el expediente para que asuma sin más dilaciones la acción de tutela de la referencia.
Finalmente, en observancia del principio que surge del artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada a los despachos judiciales en colisión para prevenir la ocurrencia de futuros casos violatorios de la Carta Política,[7] como el del accionante, en el que a pesar de haber transcurrido casi seis (6) meses de haber interpuesto su acción de tutela, a la fecha, no existe pronunciamiento de fondo sobre el particular y todo por el desconocimiento de los funcionarios judiciales de las reglas constitucionales[8] como jurisprudenciales que ha fijado esta Corporación, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional.
Primero.- ORDENAR al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales (Nariño), que de forma inmediata, asuma el conocimiento de la solicitud de protección constitucional de la referencia conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.- Por Secretaría General, comuníquese a los despachos judiciales en colisión la decisión adoptada en esta providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 038 DE 2009
Referencia: ICC-1345
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ipiales y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali - Valle
[1] Folio 11 del expediente.
[5] Corte Constitucional. Autos 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 149 y 017 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 021 de 2003, 030 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 036 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 037A de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 043 de 2003, 044A de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 045 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 049 y 081 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 083 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 y 105 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 072 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 123 de 2004, 137 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y 213 de 2005, entre otros.
[6] Corte Constitucional. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[7] Los funcionarios que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar cualquier decisión dentro del trámite de una solicitud de amparo no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1-1) y que dentro de esos derechos se encuentra el que tiene toda persona a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (art. 25-1). En estas condiciones los jueces y corporaciones que conocen de acciones de tutela, deben actuar conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (artículo 93 Superior) cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente responsabilidad internacional.
[8] De conformidad con el artículo 86 Superior “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”