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Timestamp: 2020-07-05 17:07:26
Document Index: 270473602

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 241, de 19/03/2013
cve: BOCG-10-D-241
161/001477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de la Iniciativa de Propuesta Parlamentaria Popular e impulso de la Iniciativa Legislativa Popular... (Página4)
161/001468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al mantenimiento de la plaza de Fiscal Antidroga en Jerez de la Frontera (Cádiz)... (Página5)
161/001471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre matrimonio y filiación... (Página6)
161/001473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para mejorar la seguridad ciudadana en Andalucía... (Página8)
161/001475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre determinación de especialidades en el ámbito de las Fuerzas Armadas... (Página9)
161/001464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a gestionar con carácter urgente el presupuesto de cinco millones de euros, aprobado por el Parlamento de Galicia, para la construcción del dique flotante de los astilleros de Navantia en Ferrol-Fene... (Página10)
161/001478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre supresión de los coches oficiales de los cargos públicos... (Página12)
161/001479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prestaciones económicas de los empleados públicos en situación de incapacidad temporal... (Página12)
161/001465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento, acondicionamiento y mejoras en la Línea Férrea Huelva-Zafra y su permanencia en la Red Ferroviaria de Interés General... (Página15)
161/001462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para ayudar a facilitar la vida de un jugador de fútbol profesional que haya decidido desvelar pública y voluntariamente su homosexualidad... (Página16)
161/001459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el reconocimiento del Servicio Militar Obligatorio o Prestación Social Sustitutoria a efectos de cotización a la Seguridad Social... (Página17)
161/001474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos... (Página18)
161/001466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Sistema de Infracciones para la pesca... (Página19)
161/001461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la puesta en marcha de una Estrategia frente a la pobreza... (Página21)
161/001469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la sostenibilidad de la prestación farmacéutica... (Página22)
161/001470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la difusión y apoyo a las actividades y programas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA)... (Página23)
161/001467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para impulsar y promover la igualdad entre mujeres y hombres
161/001476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre estrategia para la igualdad en el empleo... (Página26)
161/001460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la necesidad de fijar un Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)... (Página28)
181/000751 Pregunta formulada por el Diputado don Andrés José Ayala Sánchez (GP), sobre valoración de los datos económicos y del tráfico de mercancías en los puertos del Estado y de su influencia en el comercio exterior de España en 2012 ... (Página29)
181/000752 Pregunta formulada por la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP), sobre pago de expropiaciones pendientes de ejercicios anteriores para los que se preveía una partida en el Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 ... (Página30)
181/000753 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Francisco José Flores Lanuza (GP), sobre impulso del Corredor del Mediterráneo... (Página30)
181/000754 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olga Iglesias Fontal (GP), sobre valoración de los avances de la autovía A-8 del Cantábrico en la provincia de Lugo... (Página30)
232/000130 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1174/2003, promovido por el Presidente de Gobierno contra el inciso "o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas" del artículo 17.1 de la Ley de Extremadura 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura... (Página30)
232/000131 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5049/2004, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, representado por el Letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional ... (Página32)
232/000132 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1021/2004 interpuesto por el Presidente del Gobierno, y en su representación por el Abogado del Estado, contra el artículo 10, números 2 y 3, y el inciso "ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión" del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales... (Página33)
232/000133 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 988/2004, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra los siguientes artículos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 7, apartados. 1 a), 2 c), g) y h) y 3 b); 18.4, en su inciso: "excepción de los declarados como de interés general por el Estado"; 21, apartados 2, 4 y 7; 32; 36, apartado 5, en la medida en que exige que el informe sea favorable, 37, en cuanto a la regulación del silencio y de la motivación que efectúan sus apartados a) y b); 42; 46, apartados 1 y 2; 47, apartados 1 y 3; 49.2, último inciso; 56.1; 63; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; y disposiciones finales segunda y tercera ... (Página34)
161/001477
El Grupo Mixto, a instancia de los diputados Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i Coma y Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de la iniciativa de propuesta parlamentaria popular e impulso de la iniciativa legislativa popular, para su debate en la Comisión Constitucional.
No obstante, si bien la iniciativa popular está regulada constitucionalmente para las proposiciones de ley, ello no obsta que se puedan establecer otras fórmulas de participación parlamentaria popular.
De hecho, de la misma manera que la ciudadanía puede plantear Proposiciones de Ley para el debate parlamentario, también debería poder plantear Proposiciones No de Ley instando al gobierno a tomar medidas en un determinado sentido. Por ello se propone la creación de una Iniciativa de Mandato Popular, asimilable a las Proposiciones No de Ley de los Grupos Parlamentarios.
Por otro lado, la exigencia de 500.000 firmas acreditadas limita mucho la capacidad de la ILP y la convierte en algo excepcional cuando debería estar más normalizada.
Si un diputado del Grupo Mixto tiene la oportunidad de presentar iniciativas legislativas y no legislativas con un aval de votos menor a las 500.000 firmas, un número igual o superior de firmas de la ciudadanía al diputado o diputada con menos votos, debería tener el mismo derecho. De hecho, actualmente esta cifra se sitúa muy por debajo de los 50.000 votos.
Asimismo, la ILP también se ve limitada porque hay una serie de materias en las que no se le permite plantear iniciativas (materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, así como en prerrogativa de gracia). La iniciativa popular, bien sea legislativa o no legislativa, no debe ser limitada. En todo caso será el Parlamento quien apruebe o deniegue la misma, como hace con el resto de ILPs.
Finalmente, hay que tener presente que las ILPs acostumbran a quedar relegadas en la inclusión en el Pleno y que, como mucho, sólo se debate una por período de sesiones, cuando la iniciativa parlamentaria y gubernamental se debate todas las semana de Pleno ordinario.
1. Presentar, en el plazo máximo de seis meses, un Proyecto de Ley de regulación de la Iniciativa de Propuesta parlamentaria Popular (IPP) para permitir la presentación ciudadana de iniciativas no legislativas.
2. La Iniciativa de Propuesta parlamentaría Popular se podrá presentar con tantas firmas acreditadas como votos tenga el diputado o diputada que haya sido elegido con menos votos.
3. La iniciativa de propuesta parlamentaria Popular se debatirá en el primer Pleno ordinario después de su acreditación.
4. Encargar un estudio al Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la modificación de la Iniciativa Legislativa Popular para normalizar su uso. En particular, se estudiará la reducción de las firmas acreditadas y la eliminación de las condiciones temáticas. El estudio se presentará ante la Comisión Constitucional en el plazo máximo de seis meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001468
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de la plaza de Fiscal Antidroga en Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate en la Comisión de Justicia.
La legislatura pasada, concretamente el 3 de febrero de 2009, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso una Proposición no de Ley instando al Gobierno a crear un Tercer Fiscal Antidroga, con dedicación exclusiva, en la provincia de Cádiz y con sede en la Fiscalía de Área de Jerez. Una iniciativa que fue apoyada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios.
Poco después el Gobierno socialista dio cumplimiento a ese mandato parlamentario y el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto "por el que se establece la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para 2009 y entre ellas, irá una plaza de segunda categoría para la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera de la Fiscalía Provincial. Todas las plazas, dice el artículo 4 del Real Decreto que sean de nueva creación, tendrán efectividad el 30 de diciembre de 2009, según el artículo 4 del Real Decreto".
Posteriormente esa plaza se convirtió en plaza de Fiscal Antidroga de dedicación exclusiva con sede en la Fiscalía de Área de Jerez. Para ello tanto la Fiscal General de la provincia de Cádiz como el Fiscal General Antidroga, emitieron un informe positivo sobre la idoneidad de convertir la plaza de Fiscal en Fiscal Antidroga, posteriormente la designación se hizo a propuesta del Consejo Fiscal.
En enero de 2010 la provincia de Cádiz ya contaba con el Tercer Fiscal Antidroga, Jerez y la Comarca Noroeste podía dedicar de forma exclusiva un fiscal a los temas de lucha contra el narcotráfico, controlando mejor los procedimientos judiciales que abordan la investigación de las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas. Además con la creación del Grupo policial GRECO en Jerez, se completaba todo el mapa provincial de investigación, persecución y represión del narcotráfico, blanqueo de capitales y bandas organizadas, contando con una política de medios y grupos especializados tanto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como de Fiscales.
En el año 2012 el Gobierno ha suprimido el grupo policial que luchaba contra el narcotráfico y el crimen organizado (GRECO) de Jerez y en enero de 2013 ha eliminado la plaza de fiscal que se creó en 2010 y que tenía una dedicación exclusiva a los temas de narcotráfico. Lo peor es que no reconocen que esa plaza se creó para tener un Fiscal Antidroga, si a eso le sumamos que hay una plaza menos de fiscal, nos encontramos con la situación de que el fiscal que llevaba estos temas en exclusiva, podría llevar otros asuntos e incluso los temas de drogas repartirse en varios juzgados, como ya está sucediendo.
Ante esta situación y para asegurar que la zona de Jerez, Sierra y Comarca Noroeste cuente con un fiscal en exclusiva para tratar los temas de narcotráfico, en una de las zonas donde más actuaciones
delictivas en este tema se producen y mejores resultados ha obtenido la colaboración del grupo policial y la fiscalía en exclusiva en estos últimos tres años, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
1. Crear formalmente la plaza de Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía de Jerez.
2. Mientras esa plaza no se cree, restablecer la plaza de Fiscal de Refuerzo con que contaba la Fiscalía de Área de Jerez, creada en 2010 y que se ha suprimido en enero de 2013, para hacer posible la persecución del narcotráfico con dedicación exclusiva por parte del Fiscal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre matrimonio y filiación, para su debate en Comisión.
La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, ampliando esta institución a las parejas formadas por personas del mismo sexo, fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005 gracias al trabajo y reivindicación de los colectivos LGTB, convirtiendo a España en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario después de los Países Bajos y Bélgica. Canadá lo haría pocos días después.
Dicho texto legal fue objeto de recurso por varios diputados del PP ante el Tribunal Constitucional, resuelto en sentido favorecedor de la igualdad, afirmando la Sentencia dictada que la Constitución "se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad", de modo que se pueda leer el texto fundamental "a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual".
En la misma línea de avance hacia la plena igualdad, el Tribunal Constitucional ha declarado, mediante Sentencia de 14 de febrero, inconstitucional el apartado de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social de 2007, que solo reconocía la pensión de viudedad a las parejas de hecho cuando hayan tenido hijos comunes, impidiendo así acceder a esta retribución a las parejas de hecho del mismo sexo, por considerarla discriminatoria en aplicación del artículo 14 CE.
La reivindicación de igualdad en el derecho al acceso al matrimonio se ha cursado con éxito desde entonces en distintos Estados Norteamericanos (Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Vermont y Washington). Además de los Países Bajos, Bélgica y Canadá, el matrimonio igualitario es legal en Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, en México D.P., Quintana Roo (México) y Alagoas (Brasil).
Como vemos, la legalización del matrimonio igualitario es imparable en todo el mundo. Prueba de ello son los casos recientes de Francia y Reino Unido. En el caso del Reino Unido, la Cámara de los Comunes británica aprobó, el martes 5 de febrero de 2013, la legalización del matrimonio igualitario por amplia mayoría, proyecto legal que aún debe ser aprobado por la Cámara de los Lores.
En Francia la Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual. El 2 de febrero de 2013 la Asamblea Nacional aprobó por amplísima mayoría (249 frente a 97) el primer y más importante punto de la nueva ley que elimina las diferencias de género para la institución matrimonial.
La historia situó al Estado español en un lugar privilegiado, al aprobar una reforma legal de reconocimiento de una demanda de igualdad justa e histórica antes que los países de nuestro entorno europeo. Este hecho debe ser motivo de orgullo para esta Cámara que representa la soberanía del pueblo
y que supo escuchar esta demanda social. Por primera vez en muchos años, nuestro Estado supo ponerse en la vanguardia mundial de ampliación de derechos.
Estos avances en la igualdad en los que el Estado español ha sido pionero deben extenderse a la filiación de los hijos/as de parejas del mismo sexo. A pesar de que la legislación reconoce la igualdad de todas las parejas, independientemente del género de las personas que las forman, y que esto ha sido recientemente reforzado por sentencia del Tribunal Constitucional, lo cierto es que las parejas homoparentales ahora mismo sufren una discriminación a la hora de filiar a sus hijos e hijas. Esto sucede de manera diferente si las parejas están o no casadas.
Respecto a las parejas casadas, en las que la filiación de los hijos debería ser automática, como lo es en la inscripción de hijos/as de parejas heterosexuales casadas, en la mayoría de los Registros Civiles se está exigiendo la comparecencia durante el embarazo ante el Encargado del Registro Civil de ambas mujeres, y debe acreditar que el embarazo es fruto de inseminación anónima con conformidad de la no gestante. Estamos ante una no presunción de maternidad que además viene acompañada de un plazo perentorio, como es realizar la manifestación durante el embarazo. Dado que existe un vínculo matrimonial, la presunción debiera ser de maternidad, pudiendo cualquiera de las dos madres acudir al registro, al igual que ocurre en el matrimonio heterosexual.
En cuanto a las parejas no casadas la discriminación es plena. La legislación actual no permite la filiación conjunta a parejas de hecho formadas por dos personas del mismo sexo, cosa que sí está prevista en el caso de parejas formadas por un hombre y una mujer.
Mención especial, merecen las situaciones de desamparo en la que viven los menores nacidos antes de la Ley 13/2005 en el seno de parejas del mismo sexo. Previo matrimonio han de iniciar un tedioso proceso de adopción.
Para los casos en los que han sufrido un proceso de separación sin contraer matrimonio, los menores no tienen reconocida de manera legal a una de sus madres al no existir la posibilidad de realizar la filiación conjunta en el momento de su nacimiento. Esta situación aboca a las madres no reconocidas de manera legal a la vía judicial para intentar ver reconocido sus derechos de maternidad y los de sus hijos/as, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna sentencia que resuelva estas situaciones de discriminación.
Una regulación de la filiación de los hijos e hijas sin la necesidad de concurrir en matrimonio sería clave para resolver parte de casos anacrónicos.
Por todo ello, realizo la siguiente
- Insta al Gobierno español a avanzar en la eliminación de las desigualdades que aún perduran en nuestro ordenamiento jurídico estatal en materia de filiación tanto en parejas casadas, estableciendo la presunción de maternidad en el matrimonio homosexual, como en parejas no casadas, permitiendo la filiación conjunta.
- Manifiesta su apoyo a la tramitación parlamentaria de las leyes relativas al matrimonio entre personas del mismo sexo que se están cursando en la actualidad tanto en Reino Unido como en Francia.
- Invita al resto de países de la Unión Europea a avanzar en la igualdad de derechos y dar los pasos necesarios para que el matrimonio igualitario sea reconocido en todos los países miembros y así poder declarar la Unión Europea como "territorio libre de homofobia de Estado".
- Insta al Gobierno a trasladar a las instituciones europeas esta declaración con el fin de que la lucha por erradicar la homofobia forme parte de la agenda europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001473
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Interior.
Una vez conocidos los datos de criminalidad en Andalucía, los socialistas tenemos una serie de preocupaciones, la primera que el Gobierno esté recortando de forma importante los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía, en segundo lugar que se destinen los agentes necesarios para la Operación Verano 2013 y en tercer lugar que se ponga en marcha un plan específico para reducir los robos con violencia en viviendas.
Según reconoce el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaría en el primer año de Gobierno de Rajoy se han retirado 338 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía. Concretamente 177 Policías Nacionales y 166 agentes de la Guardia Civil.
Este dato es otra muestra de la inseguridad que sufren los ciudadanos con este Gobierno de Rajoy. La gente está perdiendo su empleo con esta reforma laboral, así como la protección por desempleo, se están recortando las políticas sociales y el Estado de bienestar, y a eso se añade un recorte en los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En segundo lugar nos parece muy importante mantener los efectivos para la Operación Verano 2013 de años anteriores, sobre todo en zonas turísticas. Durante el verano las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se reducen en un tercio en el número de agentes como consecuencia de las vacaciones, esa reducción se ha paliado hasta ahora con los agentes en prácticas que se estaban formando, pero en 2013 sólo van a salir 150 nuevas plazas para todo el territorio nacional, aunque las jubilaciones rondarán las 3.000 o incluso 4.000.
Por tanto, nos encontramos que cuando más crece el turismo, que es en temporada veraniega, se puede producir una importante bajada de los efectivos policiales y eso es un daño importante para la imagen de nuestro sector turístico.
En tercer lugar, pedimos un plan específico para combatir los robos con violencia en viviendas. Andalucía está sufriendo una considerable oleada de robos en domicilios en 2013 a tenor de las estadísticas que maneja el Ministerio del Interior y que constata un incremento de un 22%, aunque en algunas provincias como Jaén dicho incremento alcanza el 65%. Una media de 60 asaltos a viviendas diarios o en Córdoba con un aumento del 40%.
En este contexto, le pedimos al Gobierno que no utilice la crisis para tener una Andalucía más insegura y más desprotegida.
1. A incrementar el número de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía al objeto de mejorar la seguridad ciudadana.
2. A que se destinen los efectivos necesarios para la Operación Verano 2013, en una cifra similar a la de años anteriores.
3. A impulsar un plan específico en Andalucía para reducir los robos con violencia en viviendas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001475
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre determinación de especialidades en el ámbito de las Fuerzas Armadas, para su debate ante la Comisión de Defensa.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó en el inicio de la presente Legislatura una Proposición no de Ley sobre enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas instando al Gobierno para que adoptaran una serie de medidas orientadas a seguir progresando en la mejora de la calidad profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, conjugando la formación militar con los estudios oficiales del sistema educativo general.
Al mismo tiempo, sometía a debate una segunda para impulsar la enseñanza de perfeccionamiento, entendida como elemento necesario para complementar la formación inicial y actualizar de forma permanente los conocimientos adquiridos. Una preparación de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en todo momento, debe acompasarse a las necesidades que se presenten en el ejercicio profesional y en el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas.
Enseñanza de perfeccionamiento que, junto con la de altos estudios de la defensa nacional y de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2007, de 24 de abril, de la carrera militar, tienen como finalidad preparar al militar profesional para la obtención de especialidades, tanto las complementarias de la formación inicial como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y actualizar o ampliar sus conocimientos.
Es conveniente reproducir uno de los apartados en el que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a: "continuar con el desarrollo de la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, partiendo de la determinación de las especialidades que deberían adquirir los militares a partir de determinados empleos y que servirán para configurar sus trayectorias profesionales, definidas en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar".
Es notorio el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años, y que está teniendo continuidad en la presente Legislatura, con la puesta en marcha de los nuevos modelos de formación de oficiales y suboficiales y la implantación de forma progresiva de los planes de estudios, tanto de la formación militar como de las titulaciones de grado a cursar por los futuros oficiales y de las correspondientes a la formación profesional de grado superior a desarrollar por los suboficiales.
Manteniendo esa línea es necesario afrontar el desafío de mejorar y hacer más eficiente, sobre la base de la experiencia acumulada en los ejércitos donde los conceptos de "formación continua" y "evaluación profesional" tienen una acreditada tradición, todo el sistema de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa para que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de, como señala el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 74 de la citada Ley de la Carrera Militar, "reorientar su perfil profesional para el cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad" o bien, "lo adaptarán para perfeccionarse dentro de los que vinieran ejerciendo" y concluye ese párrafo, "adquiriendo en su caso una nueva especialidad"
También es preciso prestar atención a la regulación de los requisitos para el ascenso a los que se refiere, en este ámbito del perfeccionamiento, el artículo 90.2 de la citada Ley 39/2007 que afectan de una forma determinante a los miembros de las Fuerzas Armadas no sólo en el momento que sean exigibles sino desde muchos años antes en el proyecto de trayectoria personal y de progresión profesional.
El Ministerio de Defensa tiene en trámite avanzado un proyecto de real decreto de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa que se ha remitido a informe de las Asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, pero nada se sabe sobre la determinación de especialidades de la que según la PNL aprobada se debería partir para continuar con el desarrollo de la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional.
Se considera incongruente que el citado Real Decreto se tramite y apruebe con anterioridad a las conocidas como segundas especialidades o de segundo tramo, que sin duda deben ser no solo parte
importante de la enseñanza de perfeccionamiento, sino en buena medida su razón de ser. La enseñanza es una herramienta, un medio no un fin, para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas. No es posible efectuar un diseño adecuado de la enseñanza de perfeccionamiento sin saber que se quiere de ella y una parte importante de la respuesta a ese interrogante está en la determinación de las especialidades.
Además esta situación coincide con un momento en el que, según afirman diversos responsables del Ministerio de Defensa, se está procediendo a una importante revisión de las estructuras orgánicas del conjunto del propio Ministerio y de las Fuerzas Armadas, así corno de las infraestructuras correspondientes, que sin duda tendrá incidencia en la racionalización y ubicación de los centros docentes militares.
En consecuencia parece oportuno que, previo debate entre los Grupos Parlamentarios, se dé un nuevo impulso a la acción del Gobierno para que se den pasos firmes en la determinación de las especialidades para atender las necesidades de la organización militar y el ejercicio de las actividades profesionales en los diferentes puestos orgánicos, dando cauce también a las legítimas aspiraciones de desarrollo profesional y progresión de carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas en los correspondientes cuerpos, escalas y especialidades y en las diferentes categorías militares.
1. Proceder con urgencia a la determinación de las especialidades en el segundo tramo de la carrera militar y, partiendo de ella, promover una enseñanza de perfeccionamiento que permita integrar la experiencia profesional en la especialidad fundamental de origen, con una formación dirigida a satisfacer las exigencias en el desempeño profesional en los diferentes campos da actividad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, así como en la Proposición no de Ley sobre estas materias aprobada por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su sesión del día 28 de marzo del 2012.
2. Concretar los requisitos para el ascenso relacionados con la enseñanza de perfeccionamiento, así como el régimen transitorio para su aplicación, exigibles en determinados empleos de acuerdo con los artículos 75 y 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
3. Contar, de acuerdo con lo acordado y establecido en el apartado 4 de la Proposición no de Ley sobre enseñanza de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa nacional, aprobada por la Comisión de Defensa en su sesión del día 28 de marzo de 2012, con las propuestas e informes de las Asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas para la determinación de las especialidades y el diseño básico de la enseñanza de perfeccionamiento, muy especialmente en lo que se refiere a las categorías de suboficiales y de tropa y marinería."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Luis Tudanca Fernández y Diego López Garrido, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001464
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a gestionar con carácter urgente el presupuesto de cinco millones de euros, aprobado por el Parlamento de Galicia, para la construcción del dique flotante de los astilleros de Navantia en Ferrol-Fene.
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 49806, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
El sector naval de Ferrolterra considera como una de sus oportunidades de revitalización y mantenimiento la construcción de un dique flotante que amplíe sus actividades en la sección de reparaciones. Esta consideración es unánime en la comarca y está avalada por sindicatos, partidos políticos, confederaciones empresariales, colectivos técnicos o el mismo movimiento social y cívico de la zona.
En los últimos tiempos asistimos a profundos desencuentros entre el partido de gobierno estatal y su homólogo en Galicia utilizando argumentos y contraargumentos que, hasta la fecha, paralizan y entorpecen la construcción de la citada infraestructura.
La contestación ante estos desacuerdos y apoyando la necesidad de ampliar las posibilidades de trabajo de los astilleros de Navantia Ferrol-Fene, se produce con una continuidad sistemática por parte de la totalidad del tejido ciudadano que tiene como premisa que el futuro económico y social de la comarca necesita la apuesta política por el dique flotante.
La comarca de Ferrolterra está indiscutiblemente ligada al sector naval. Sector que proporcionó trabajo a lo largo de la historia de Ferrol y que hoy, tiene las llaves del futuro de la zona, ya que renunciar a la economía que sustenta, supone desperdiciar mano de obra altamente cualificada y, sobre todo, poner en riesgo el mantenimiento de un porcentaje muy elevado de familias de toda una comarca.
A favor del dique flotante juega el factor temporal ya que reportaría carga de trabajo "a corto plazo" lo que subraya, además que la construcción del mismo no supone un gasto sino una inversión con repercusión directa en la revitalización económica y social de la comarca de Ferrolterra.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a gestionar con carácter urgente el presupuesto de cinco millones de euros, aprobado por el Parlamento de Galicia, para la construcción del dique flotante de los astilleros de Navantia en Ferrol-Fene."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001478
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la supresión de los coches oficiales de los cargos públicos, para su debate en la Comisión Constitucional.
En un momento de crisis en que se están recortando desde gastos suntuarios a gasto social, pasando incluso por derechos sociales y laborales, sorprende que la clase política mantenga privilegios.
Los representantes políticos deben ganar un sueldo digno por su trabajo y tener cubiertos los recursos y desplazamientos necesarios para el buen desarrollo del mismo, de la misma manera que debiera tenerlo cualquier otro trabajador. Pero los privilegios no deben ser pagados con dinero público.
Uno de los gastos suntuarios más visibles, polémicos e indignantes para la población es el excesivo uso de coches oficiales con sus respectivos conductores. Existe una gran cantidad de cargos oficiales cuyo coche oficial con conductor no se justifica desde un punto de vista de seguridad, sino tan sólo desde el punto de vista de la comodidad, del mantenimiento de un privilegio, privilegio aún mayor en estos tiempos.
No obstante, se considera que en algunos casos como el del propio Presidente del Gobierno, la seguridad aconseja el uso de coches oficiales. Para que la razón de la seguridad sea la excepción a la regla y para dar publicidad y legitimidad al uso de coches oficiales se considera oportuno que estos sean aprobados por el Congreso de los Diputados.
A pesar de que el pasado 8 de noviembre, el Consejo de Ministros redujo un 66% los coches de representación de altos cargos de la Administración General del Estado, esta medida se considera insuficiente, atendiendo al gran número de coches oficiales de que gozan los cargos públicos. Ciertamente, se ha limitado el número de altos cargos y autoridades con coche asignado, pero no el derecho de éstos a usarlo. Lo que se limita es el derecho a usarlo de manera exclusiva, pero no compartida. Asimismo, hay cargos como los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en que no se justifica la utilización de coche oficial cuando ya tienen una tarjeta de taxi para los desplazamientos necesarios para su trabajo en Madrid.
1. Suprimir, en el plazo máximo de un año, todos los coches oficiales de los cargos públicos, con sus respectivos conductores.
2. Exceptuar de lo establecido en el punto anterior aquellos cargos públicos que tengan asignados más de dos guardaespaldas, para garantizar su seguridad. Las excepciones concretas deberán ser aprobadas por el Congreso de los Diputados.
3. Enviar un informe al Congreso respecto al número y uso de los coches oficiales de la Administración General del Estado, así como el Plan de eliminación de los mismos en virtud de los puntos anteriores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001479
siguiente Proposición no de Ley sobre prestaciones económicas de los empleados públicos en situación de incapacidad temporal, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Constitución Española dispone en su artículo 43.2 que "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".
La incapacidad temporal es aquella situación en la que se encuentra el trabajador/a que, por causa de enfermedad o accidente, está imposibilitado/a para el trabajo con carácter temporal, precisando asistencia sanitaria.
Los/as trabajadores/as que se hallan en esta situación tienen derecho a percibir una prestación económica cuya finalidad es paliar la ausencia de salarios derivada de la imposibilidad de trabajar. Las causas que pueden provocar esta incapacidad son enfermedad común o profesional, accidente, sea o no de trabajo, y los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja del trabajo.
El artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, redujo drásticamente la prestación económica que percibe el personal al servicio de las Administraciones Publicas, de los organismos y entidades dependientes de aquellas y de los órganos constitucionales cuando se encuentra en la situación de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común. Hasta entonces los empleados públicos percibían en dicha situación el 100% de sus retribuciones.
La nueva normativa básica, efectiva desde el 15 de octubre de 2012, establece límites a las administraciones públicas para complementar las prestaciones en caso de incapacidad temporal.
Según dicha normativa se podrán complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario al servicio de la Administración pública, así como el personal estatutario y laboral incluido en el Régimen General de Seguridad Social, en las situaciones de incapacidad temporal de acuerdo con los siguientes límites:
a) Cuando se trate de una incapacidad temporal por contingencias comunes, siempre que no haya hospitalización, intervención quirúrgica, ni la incapacidad derive de un embarazo, durante los tres primeros días se reconoce un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Supone una pérdida de retribuciones del 50% como mínimo.
b) Desde el cuarto y hasta el vigésimo, ambos inclusive, se permite que las administraciones públicas otorguen un complemento retributivo que, sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Es decir, en este tramo, la Seguridad Social sí otorga el 60% de la base reguladora (cotización del mes anterior a la baja) y el Decreto ley permite incrementar hasta el 75%.
En este caso la pérdida de retribuciones es del 25% como mínimo.
c) A partir del día vigésimo primero se reconoce una prestación equivalente a la totalidad de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Teniendo en cuenta, además, que se trata de límites máximos, esto es, que las administraciones pueden decidir no complementar hasta dichos porcentajes las prestaciones obligatorias del régimen en la Seguridad Social, las reducciones pueden ser incluso mayores.
La justificación de dicha reducción ofrecida por el Gobierno se basa en una pretendida homogeneización del régimen de los empleados públicos con el sector privado, sin tener en cuenta que en éste, mediante convenio, dichas prestaciones pueden incrementarse hasta el cien por cien de las retribuciones.
Los datos no avalan tampoco una argumentación del Gobierno relativa a la mala utilización de recursos. Por el contrario, los programas instaurados en los últimos años están reduciendo significativamente la incidencia, (número de procesos de IT/1000 trabajadores), la prevalencia (perceptores de IT en vigor/1000 trabajadores protegidos) y el gasto (incremento de 4,49 % en 2009 a una disminución de -3,49% en 2011) de las personas en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes.
De la exposición de motivos del Decreto ley -que literalmente dice "se modifica temporalmente el régimen retributivo del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, durante la situación de Incapacidad Temporal, sin perjuicio de que se establece un mandato dirigido a las Administraciones Públicas a adoptar
medidas para reducir el absentismo de su personal"- se deduce que se trata de una medida de ahorro en el gasto público a costa de la protección de la enfermedad de los trabajadores. Un impuesto más a los empleados públicos que ya han sufrido recortes de sus retribuciones en todas y cada una de las medidas que repercuten en la ciudadanía en general. Un impuesto más a la enfermedad, en este caso a los trabajadores públicos.
La incapacidad temporal se considera parte del proceso médico en el que un facultativo puede indicar, para la curación de una patología, un tratamiento farmacológico, reposo absoluto o parcial, que se refleja en un acto administrativo de Baja Laboral. Por tanto, no se puede penalizar a un trabajador o trabajadora por seguir las indicaciones para completar su tratamiento de curación.
No se puede negar que se pueden producir casos puntuales de fraude. En estos supuestos las administraciones son las responsables de combatirlos con programas de control, como ya se está haciendo, sin perjudicar al resto de trabajadores y trabajadoras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en esta Cámara una proposición de ley que pretende la supresión del artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012 y de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales para 2013, así como la modificación de diferentes preceptos de la normativa reguladora de la seguridad social de los empleados públicos, con el fin de reponer la situación jurídica anterior al citado Decreto-ley y, en consecuencia, restablecer la plenitud de prestaciones económicas en situación de incapacidad temporal.
Además de estas consideraciones de carácter general relativas a la incapacidad temporal de todos los empleados públicos, se ha de tener en cuenta que existen ciertos colectivos afectados por esta norma en los que la protección de la situación de incapacidad temporal beneficia no sólo al trabajador sino también a la ciudadanía. En primer lugar al trabajador, al ser parte del tratamiento prescrito por el facultativo. De su seguimiento dependerá tanto el tiempo de recuperación como el riesgo a recaídas o concatenación de situaciones de incapacidad temporal por el mismo proceso. En segundo lugar, supone una protección para los terceros con los que está en contacto, ya que su continuidad en el puesto de trabajo, por las funciones que realiza o la población que atiende, puede poner en riesgo la salud o seguridad de terceros. La pérdida económica derivada del Real Decreto-ley 20/2012 puede dar lugar a la solicitud de alta voluntaria e incluso a desincentivar la solicitud justificada de IT de estos trabajadores.
Como ejemplo de estos colectivos se pueden señalar:
- Los sanitarios que padezcan enfermedades infectocontagiosas (14 de los diagnósticos más frecuentes en IT) cuya permanencia en su puesto de trabajo puede poner en riesgo la salud de los pacientes que atienden.
- Los conductores con patologías relacionadas con vértigos y mareos (entre los 30 procesos más frecuentes) e incluso músculo-esqueléticas (los procesos más frecuentes y los que más días de baja acumulan), que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas que trasladan y la del resto de conductores.
- Docentes con patología infectocontagiosa o psicológica.
- Sanitarios y cuidadores con alteraciones músculo-esqueléticas, etc.
El Real Decreto-ley 20/2012, en los artículos 9.5, disposición adicional sexta. 2 y disposición adicional decimoctava 1.ª segundo párrafo, permite en casos muy excepcionales y debidamente justificados de incapacidad temporal que cada Administración Pública pueda establecer un complemento hasta alcanzar el cien por cien, como máximo, de las retribuciones; además dispone con carácter básico que los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica se considerarán en todo caso debidamente justificados.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que deben modificarse los citados preceptos para incluir, con carácter básico, como situaciones de IT que también den lugar a un complemento del cien por cien de las retribuciones todos aquellos supuestos en los que el mantenimiento de la incapacidad temporal del trabajador sea garantía de protección de la salud y seguridad de terceros.
1. Modificar la normativa reguladora de la seguridad social de los empleados públicos con el fin de que las prestaciones económicas que perciban en la situación de incapacidad temporal constituyan el cien por cien de sus retribuciones.
2. En todo caso, modificar aquellos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para incluir, con carácter básico, entre los supuestos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que permiten a los trabajadores públicos la percepción del cien por cien de sus retribuciones aquellos en los que el mantenimiento de la incapacidad temporal sea garantía de protección de la salud y seguridad de terceros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Gracia Fernández Moya y Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001465
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre mantenimiento, acondicionamiento y mejoras en la Línea Férrea Huelva-Zafra y su permanencia en la Red Ferroviaria de Interés General, para su debate en la Comisión de Fomento.
La línea férrea Huelva-Zafra, que une la capital onubense con la provincia de Badajoz, y viceversa, es una infraestructura crucial para el desarrollo socioeconómico y turístico, así como para garantizar la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de las zonas por las que transita, esencial para nuestro presente y nuestro futuro.
Esta legendaria y centenaria vía de comunicación es una seña de identidad de la zona, un medio de transporte útil y necesario, cómodo, barato y seguro para los ciudadanos; y un instrumento esencial para fomentar el turismo emergente, además de ser un medio de transporte limpio. Entendida además, como transporte propicio de mercancías, la línea Huelva-Zafra es fundamental en los dos sentidos de su recorrido por un lado para dar salida hacia el Norte la producción industrial y a las transacciones, y en sentido inverso para hacerlo desde la provincia de Badajoz hacia el sur como elemento básico para el desarrollo económico industrial y agroganadero, con el puerto de Huelva como uno de los puertos más importantes y emergentes del sur de Europa.
Este ferrocarril ha sufrido varias amenazas de cierre a lo largo de su historia y de nuevo en estos momentos nos encontramos con la intención del Gobierno de España de desmantelar la misma por entenderla "deficitaria y no rentable", en un plan de recortes falto de transparencia y que está generando preocupación y desconcierto en las provincias afectadas, y que obvia la rentabilidad en términos de vertebración territorial, de rendimientos sociales cumpliendo el deber de garantizar la movilidad de los ciudadanos, y de desarrollo económico, si cabe hoy más necesario en momentos de crisis profunda.
Si a esto añadimos que durante la pasada legislatura se realizaron inversiones de mantenimiento y mejora en la misma que se han visto eliminadas en los presupuestos actuales, así como la modificación de horarios producida hace pocos meses que dificulta su uso, entre otros, podemos concluir la intención del Ejecutivo para con dicha línea y la falta de compromiso con los ciudadanos y ciudadanas y empresas e industriales que se verían perjudicados con el cierre y desmantelamiento de la misma, decisión que en ningún caso podemos consentir y debemos evitar.
1. Garantizar la continuidad de la actividad de la Línea Huelva-Zafra, considerándola de interés General y por tanto siendo declarada como Obligación de Servicio Público.
2. Continuar las obras e inversiones necesarias para reformar integralmente la vía, así como la modificación de horarios garantizando la circulación de trenes diariamente en horario de mañana y tarde, sin que ninguna estación o apeadero quede sin servicio, para garantizar de este modo su utilidad y rentabilidad.
3. Presentar un Plan, con carácter de urgencia, que fije plazos de ejecución y dotación presupuestaria de las mejoras y cambios necesarios para garantizar el mantenimiento de esta importante vía de comunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-María Soledad Pérez Domínguez, Javier Barrero López, José Ignacio Sánchez Amor y María José Rodríguez Ramírez, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para ayudar a facilitar la vida de un jugador de fútbol profesional que haya decidido desvelar pública y voluntariamente su homosexualidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La Federación Alemana de Fútbol (DFB) tiene previsto enviar a todos los clubes de la Bundesliga un documento que lleva por título "Umgang mit coming-outs im Fussball", que en español podría llamarse Cómo hacer frente a la salida del armario en el fútbol. El documento está siendo elaborado por un grupo de ocho expertos y enumera una serie de medidas que pueden ayudar a facilitar la vida de un jugador profesional que haya decidido desvelar, voluntariamente, su homosexualidad.
"La DFB siempre trabaja en temas sensibles y la homosexualidad en el fútbol profesional es un tema altamente sensible", ha señalado Stephan Brause, un portavoz de la Federación Alemana de Fútbol. "Esta iniciativa pretende abarcar dos escenarios posibles: tenemos que saber cómo reaccionar si mañana un profesional sale voluntariamente del armario y también tenemos que estar preparados, si un jugador nos pide ayuda", añadió Brause. Según estudios realizados por distintas universidades inglesas, la mayoría de los futbolistas conocen la homosexualidad de varios de sus compañeros de equipo, aunque son pocos los que lo hacen público.
La idea nació después de que un jugador profesional homosexual diera una entrevista anónima donde confesó la enorme presión que sufre al tener que ocultar su opción sexual. La entrevista tuvo un enorme impacto, hasta el punto de que hasta la canciller Angela Merkel alentó a los jugadores a que salieran del armario. "Debemos enviar una señal: No debéis tener miedo", dijo la canciller en su mensaje dirigido a los jugadores gais anónimos. "Debéis saber que vivís en un país donde ya no hay que tener miedo", insistió.
No es la primera vez que el mundo de la política reacciona contra la homofobia en el deporte. Hace unos años, el primer ministro británico David Cameron se reunió con directivos, activistas y exjugadores para abordar el problema del racismo y la homofobia en el deporte. El presidente de la federación inglesa auspició la iniciativa "Opening doors and joining in" (abriendo puertas e incluyendo), que trataba de hacer frente a la forzada invisibilidad de los deportistas gais.
En España no se han producido iniciativas como las inglesas o alemanas, a pesar de algunos preocupantes antecedentes como los protagonizados por alguien que fue presidente de un gran club de la Primera División española, quien llamó "maricón" a un árbitro tras una derrota y, además, dijo que
había sido recompensado en sus aficiones pederastas. El resultado de tal acción fue una inhabilitación por parte de UEFA de 18 meses. Sin embargo, para el mencionado presidente, la del árbitro no sería la única vez que acusó a alguien de ser homosexual, y llegó a argumentar su negativa a fichar al delantero alemán Jürgen Klinsmann porque "perdía aceite"...
1. Promover e impulsar la elaboración de un documento o guía similar al desarrollado en la Bundesliga de Alemania, para hacer frente a la invisibilidad de los deportistas gais, así como una serie de medidas que pueden ayudar a facilitar la vida de un jugador de fútbol profesional que haya decidido desvelar pública y voluntariamente su homosexualidad.
2. Implicar a las instituciones más representativas del fútbol español, como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o la Liga de Fútbol Profesional (LFP), en la promoción e impulso de los valores de tolerancia, convivencia y el respeto para luchar contra la homofobia en el mundo del fútbol, y para la elaboración del documento citado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del Servicio Militar obligatorio o Prestación Social sustitutoria a efectos de cotización a la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Actualmente no existe el reconocimiento de! Servicio Militar obligatorio o Prestación Social sustitutoria como período cotizado de manera universal, quedando solo reconocido en determinadas situaciones. El artículo 125.2 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, considera el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria como situaciones asimiladas al alta, en caso de suspensión del contrato de trabajo. El artículo 161.bis.2.c) del mismo texto legal establece que se computan como cotizados a la seguridad social el período de prestación de servicio militar obligatorio y el período de prestación social sustitutoria, con el límite de un año, a los exclusivos efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva de 33 años, en los supuestos de jubilación anticipada. En la disposición Adicional 28.ª de la Ley 27/2011 se dispone que el Gobierno presentará un proyecto de ley, en el plazo de un año (período ya excedido), que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que se pueda reconocer un período de asimilación del tiempo de servicio militar o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionadas por tales circunstancias. De tales previsiones normativas se deduce la hasta ahora escasa y pobre consideración del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria en nuestro sistema de Seguridad Social, especialmente en cuanto a la integración de dichos períodos en el cómputo de la carencia y de las correspondientes prestaciones que se derivan de ésta.
Resulta injustamente discriminatorio que se mantenga una situación de agravio con un colectivo importante de aquellas generaciones de ciudadanos que se vieron obligados -con carácter forzoso- a prestar unos servicios que hoy, en cambio, sí se les reconocen a los que voluntaria y/o profesionalmente
los prestan. Se trata, pues, de un asunto de simple justicia intergeneracional con quienes tuvieron que aparcar sus responsabilidades laborales o retrasar su entrada en el mercado de trabajo, cuando menos. Son diversos los elementos que dibujan una discriminación de difícil explicación.
En primer lugar, por la propia naturaleza jurídica de tales servicios, como prestación personal obligatoria por ley, que movilizó a personas sustrayéndolas de su vida ordinaria, familiar y laboral y que vieron paralizada y/o interrumpida ésta por dicha causa. En este sentido, se podría, al menos, encontrar cierto paralelismo y similitud entre el servicio militar o prestación social sustitutoria y los actuales trabajos de colaboración social (en los que los perceptores de prestaciones por desempleo tienen obligación de participar), con la diferencia de que en este último caso sí se cotiza y computa a efectos de futuras prestaciones del trabajador, mientras que no es así con el antiguo servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria.
En segundo lugar, la propia naturaleza material de tales servicios, que se prestaron, en su mayoría, por personas desplazadas de su domicilio habitual, con gastos considerables del pecunio particular del ciudadano y quebranto económico para las familias, en tareas muchas veces penosas y/o peligrosas o de alta responsabilidad, pues no en vano concurrían en ellas servicios con armas y explosivos o de turnicidad y disponibilidad plena las 24 horas del día, todo lo cual configuraba un servicio exigente y absorbente, muy jerarquizado y susceptible de alta siniestralidad y riesgo laboral en contingencias profesionales. En resumen, toda una serie de notas distintivas y singulares que, en cambio, sí se consideran -y hasta se priman- en otros ámbitos socioprofesionales.
En tercer lugar, debemos destacar que varios de los países del entorno, como Francia y Alemania, reconocen los periodos durante los que se presta el servicio militar o el servicio social sustitutorio, como períodos de cotización obligatoria.
Y, en cuarto lugar, resulta inexplicable el tratamiento especial y diferenciado que se viene aprobando durante estos últimos años para diversos colectivos, equiparándoles en derechos o estableciendo ciertos beneficios en sus carreras laborales con efectos en sus prestaciones.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente en el próximo período de sesiones un proyecto de ley en el que se aborde íntegramente el reconocimiento pleno del servicio militar obligatorio o, en su caso, la prestación social sustitutoria en nuestro sistema de Seguridad Social, especialmente en todo lo relativo a su cómputo como período de seguro a efectos de carencia, de porcentaje ordinario y adicional de la base reguladora y de coeficientes reductores; o que, subsidiariamente, se aplique de forma paulatina y gradual ese reconocimiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001474
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ratificación del Convenio n.º 189 de la OIT y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
En junio de 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio n.º 189 y la Recomendación n.° 201 sobre Trabajo decente para los trabajadores domésticos.
El Convenio 189 establece las condiciones laborales mínimas en este sector de actividad. Establece los derechos y principios básicos, y exige a las Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. Las normas mínimas establecidas abarcan ámbitos como: el respeto y protección de los derechos fundamentales en el trabajo
(libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación trabajo forzoso, abolición trabajo infantil), información sobre condiciones de empleo, horas de trabajo (tiempo de trabajo y descanso, horas extra, vacaciones pagadas, remuneración) seguridad social y cobertura de la maternidad, entre otras.
La Recomendación 201 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, también adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, complementa al Convenio 189. A diferencia de este, la Recomendación 201 no se ratifica. Esta proporciona directrices prácticas sobre posibles medidas legales y de otro tipo, para poder hacer efectivos los derechos y principios enunciados en el Convenio.
En la reunión del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 se adoptó un Acuerdo para la no ratificación del Convenio n.°189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos y su sumisión, junto a la Recomendación n.º 201, a las Cortes Generales a los efectos exclusivos de su conocimiento, sin proporcionar argumentos claros que motiven tal decisión.
El empleo en el sector de los servicios del hogar siempre se ha caracterizado en nuestro país por la precariedad, la irregularidad y la desprotección social. En este sentido, la Ley 27/2011 y el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar representó un avance indudable y supuso la equiparación con el resto de los trabajadores por cuenta ajena tanto en las condiciones de trabajo como en protección en seguridad social, exceptuando el despido y la prestación por desempleo.
A pesar del balance positivo por parte de todos los sectores que ha representado esta nueva normativa en lo relativo a la emersión del empleo sumergido hemos de lamentar el paso atrás hecho por el Gobierno mediante el Real Decreto 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, que representa menor protección para las personas que trabajen menos de 60 horas, un aumento real de los costes de cotización debido a la reducción en los tramos de las bases de cotización e inseguridad jurídica para las familias.
De no ser que el Gobierno quiera retroceder en el reconocimiento de derechos de este sector, en línea de la última reforma mencionada, es incompresible que no ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo del servicio doméstico, pues las discrepancias que puedan surgir se podrán modular con modificaciones legales.
Según los datos de la última Encuesta de Población Activa el empleo doméstico ocupa a 658.000 personas en España, de las cuales un 90% son mujeres. Según el movimiento laboral registrado el 54% de las personas afiliadas al régimen del hogar son extranjeras.
Por todo ello, consideramos necesario que el Gobierno continúe apoyando este sector y adquiera compromisos para que en nuestro país y en el resto del mundo deje de ser una ocupación infravalorada socialmente, mal remunerada y se equipare a cualquier otra ocupación.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar el Convenio n.° 189 de la OIT y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001466
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Sistema de Infracciones para la pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El viernes 1 de marzo entraba en vigor el denominado popularmente carnet por puntos para la pesca. Se trata de un sistema de penalización de las infracciones graves no solo con sanciones económicas, si no también con la asignación de un determinado número de puntos. De llegar a un tope de 90 puntos, las embarcaciones perderán sus licencias de pesca. En caso de que capitanes y patrones acumulen 130 puntos, quedarán inhabilitados para ejercer sus profesiones durante un año.
El Reglamento publicado el 29 de febrero en el BOE, también recoge que los puntos quedarán cancelados de oficio a los tres años. O lo relativo a las denominadas listas negras, es decir, si un barco con la licencia suspendida o retirada es sorprendido cometiendo actividades ilegales, será incluido en una lista negra de buques de la UE que practican la pesca pirata.
Desde que se aprobó el Reglamento de control de la UE, que en la actualidad fue traspuesto por el Gobierno español a la normativa estatal, el sector pesquero de bajura trabajó en la elaboración de alegaciones que presentó hace ya un año.
Un sector que consideró totalmente injusto que se ponga al mismo nivel el régimen sancionador para las grandes flotas de altura que para las flotas de bajura y el marisqueo, puesto que los daños no son comparables en uno y otro caso.
Esta es la razón por la que presentaron en su día una serie de alegaciones a fin de adaptar el Reglamento a las circunstancias y especificidades de cada sector. Y en lo concerniente al sistema de penalización advirtieron de que únicamente se persiguiesen objetivos recaudatorios, a similitud de lo que está ocurriendo con las multas de tráfico,
La pesca de bajura criticó el bloqueo de sus propuestas para elaborar un Reglamento de Control adaptado a las características de la flota mayoritaria de la UE, que es la pesca de bajura, que representa más del 70%. Consideran que se está sometiendo una flota local, sostenible, propia de comunidades costeras, a un sistema pensado para otro tipo de buques.
Debe tenerse en cuenta las repercusiones socioeconómicas que para el sector de la pesca de bajura tiene la aplicación del Reglamento de Control. Han tenido que adaptar sus unidades de pesca, los equipos electrónicos, la formación profesional, lo que ha desembocado en un coste económico importante que finalmente solo aporta incertidumbre a unos profesionales que en su mayoría, en el caso de Galicia, son trabajadores autónomos o miembros de una familia con una unidad de explotación de pequeña entidad que no se puede considerar empresa.
Para la pesca de bajura, los puntos de mayor dificultad de aplicación del Reglamento son los referentes al marcado e identificación de buques y artes de pesca porque los métodos que tradicionalmente se utilizan están basados en años de experiencia de trabajo en un determinado tipo de costa, volumen del buque, utilización de artes de pesca.
En cuanto al sistema de localización de buques, indican que aplicar a una parte de la flota artesanal (mayores de 12 metros a partir del 1 de enero 2012) la obligación de llevar dispositivos de localización vía satélite y transmisión de datos, son medidas muy complejas para buques que comparten caladeros muy reducidos con otros buques de menor entidad.
La obligatoriedad del cuaderno diario de pesca impreso para buques de más de 10 metros, supone la burocratización de la actividad pesquera en pesquerías multiespecíficas y que trabajan con varias artes. En lo concerniente al cuaderno diario de pesca electrónico para buques mayores de 12 metros, se suma el añadido de la burocratización y la complejidad del sistema.
Sobre la potencia motriz, no se contempla el enfoque de seguridad, en los buques de bajura solo aparece el objetivo de control burocrático. En cuanto al control de la comercialización, contrasta el control exhaustivo sobre las capturas realizadas en las costas comunitarias con el nulo control sobre las importaciones que lesionan gravemente los intereses de la pequeña flota.
El sistema de infracción por puntos va a provocar importantes perjuicios en la flota de bajura. Por eso, es necesario que el gobierno español reclame una revisión del sistema de puntos para la pesca de bajura, estableciendo un sistema más justo y proporcionado al volumen de la flota a pequeña escala.
Hay cuestiones del Reglamento de infracciones que resultan totalmente inapropiadas. Así, denominar capitán a un patrón de la pesca de bajura con una embarcación por ejemplo de 7 metros con un motor fueraborda, deja en evidencia el desconocimiento que el legislador tiene de la realidad de la flota pesquera de bajura en nuestras costas. Puede ser un excelente profesional de la pesca pero presionarlo con tareas
burocráticas susceptibles de ser penadas con sanciones del tipo propuesto en el artículo 7 no es una medida equilibrada ni justa.
Asimismo, disienten del hecho de que las infracciones graves asociadas a la explotación de la embarcación tengan que castigar también a los patrones de las mismas.
El régimen de sanciones, en el caso de las infracciones leves de 60 a 600 ? y en las graves de 601 a 60.000 ?, es otro tema cuestionado por la flota de bajura puesto que las faltas cometidas por esta flota que carece de descartes, no faena habitualmente en aguas internacionales, tiene una operativa de comercialización a pequeña escala altamente controlada en lonjas de las cofradías de pescadores que da poco margen para fraudes.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas
- Dialogar con el sector pesquero de bajura para atender sus demandas y alegaciones en relación al Sistema de Infracciones para la pesca que uniformiza el sector pesquero, sin distinguir entre la pesca de bajura y la pesca de altura.
- Modificar el sistema de penalización de infracciones en la pesca a fin de contemplar las especificidades de la flota de bajura, y adaptar dicho Sistema a sus características y a su realidad pesquera."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de una Estrategia frente a la pobreza, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Estamos ante una crisis que no es únicamente económica, de un sistema que genera riqueza a costa de dejar a millones de personas en situación de pobreza y exclusión social.
Ante esta crisis, los sucesivos gobiernos desde 2008 han puesto en marcha graves recortes sociales, haciendo que paguen sobre todo quienes no son responsables de la actual situación. Es necesario un cambio de modelo, en el que la pobreza y la exclusión social se combatan con justicia y equidad.
El crecimiento económico sostenido que hemos tenido en España durante más de quince años (1994-2007), no solamente no ha reducido las tasas de pobreza, tanto la relativa como la severa , sino que además ha agravado las desigualdades entre el segmento más rico y el segmento más pobre de la población. Ello es debido a que no se han abordado los problemas estructurales que están en la base de las desigualdades.
Hay claras evidencias de que la crisis que estamos padeciendo en los tres últimos años ha traído consigo un aumento de la pobreza y nuevos fenómenos de exclusión social, discriminación y pérdida de derechos. El incremento desorbitado de desempleo, junto con las drásticas políticas de ajuste de gasto, se traduce en el aumento de situaciones de exclusión social, pobreza y vulnerabilidad de las personas.
La Estrategia Europa 2020 fija objetivos económicos y sociales para la Unión Europea en la presente década, tanto en términos de crecimiento, como en materia de empleo, formación y reducción de la exclusión. España ha de hacer los esfuerzos necesarios para cumplir esos objetivos.
Prevención y lucha contra la pobreza
1) Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan Estatal de Emergencia contra la pobreza y a favor de la inclusión social 2014-2020 en el marco de la Estrategia Europea 2020 y cuyos objetivos sean medibles, evaluados y actualizados anualmente y que incluya, entre otras medidas:
a) Un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.
b) Una Renta Básica de Ciudadanía garantizada en todo el país como derecho subjetivo, partiendo de las Rentas Básicas de Inserción de las Comunidades Autónomas.
c) Incrementar las dotaciones necesarias para que los albergues de acogida para personas sin hogar puedan afrontar las nuevas necesidades generadas por la crisis económica y el desempleo.
2) Incluir en su Estrategia las recomendaciones de la Red Europea contra la pobreza (Ingreso Mínimo garantizado, vivienda como bien básico, escolarización efectiva frente al fracaso y al abandono, cobertura sanitaria universal, cambio de la gestión de los servicios sociales, derechos de los inmigrantes y legalización del papel esencial del Tercer Sector).
3) Dotar a las entidades locales de los medios suficientes para:
4) Asumir las medidas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde la consideración de la vivienda como bien básico no sujeto a especulación y el reconocimiento de la dación en pago de la vivienda.
5) Paralizar los desahucios en casos de pobreza manifiesta, y ofrecer soluciones alternativas desde las Administraciones Públicas.
6) Asegurar la integración de las personas extranjeras con igualdad de derechos sociales.
7) Introducir cláusulas sociales en la contratación pública.
8) Reconocer y regular por Ley el papel esencial que juega el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en las políticas de inclusión."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001469
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud español tiene entre sus puntos fuertes la amplia red de oficinas de farmacia que en España son unos 21.000 establecimientos sanitarios en los que los profesionales de la farmacia ofrecen servicios de alta calidad y gran cercanía.
En 2012 se han presentado especiales incidencias en el pago de la factura farmacéutica entre algunas Comunidades Autónomas y los colegios profesionales de farmacéuticos que han condicionado y condicionan el acceso de la población a la prestación farmacéutica del sistema público de salud.
Especialmente llamativos han sido los casos de Valencia, Castilla-La Mancha o Cataluña, aunque otras Comunidades Autónomas tienen dificultad en el pago de la factura.
Estos impagos y estos retrasos ponen en riesgo la viabilidad de las farmacias y, por tanto, la viabilidad de la prestación farmacéutica al tiempo que generan una enorme incertidumbre en el conjunto del sector español de oficinas de farmacia.
De manera especial se ven afectadas las oficinas de farmacia emplazadas en el medio rural y aquellas que tienen bajos volúmenes de ventas.
Cabe señalar que el Real Decreto-ley 9/2011 estableció un procedimiento novedoso de apoyo a farmacias con bajos volúmenes de ventas para garantizar la accesibilidad y calidad en el servicio, así como la adecuada atención farmacéutica a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Se trata de una medida dirigida a oficinas de farmacia que estén ubicadas en núcleos de población aislados o socialmente deprimidos y cuyas ventas anuales totales estén por debajo de un nivel determinado en dicha norma legal.
Más de un año después de la llegada al Gobierno del Partido Popular, el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida a pesar de la grave situación que atraviesa la farmacia rural.
El sector está atravesando una situación compleja y difícil que requiere la adopción de medidas firmes que aseguren un elemento esencial para la calidad del sistema sanitario: garantías de accesibilidad a una prestación de calidad que hoy está en serio riesgo en algunas partes del territorio nacional.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es responsable de asegurar la equidad y la calidad de la prestación farmacéutica y de coordinar las políticas de las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Se hace necesario, por tanto, asegurar la solución efectiva de esta problemática para no deteriorar la calidad asistencial, el acceso a los medicamentos por parte de los ciudadanos y la viabilidad del modelo español de farmacia.
1. Considerar entre las prioridades de los fondos destinados a dar liquidez a las Comunidades Autónomas, el pago de la factura farmacéutica a las oficinas de farmacia y hacer posible que aquellas Comunidades que así lo soliciten puedan afrontar las deudas pendientes con las oficinas de farmacia.
2. Proponer al Pleno del Consejo Interterritorial la aprobación urgente de criterios comunes para la aplicación de las Ayudas a Oficinas de Farmacia de núcleos de población aislados o socialmente deprimidos que quedó establecida en el Real Decreto-ley 9/2011.
3. Elaborar, en consenso con los agentes implicados y con el conjunto de las Comunidades Autónomas, un Plan Estratégico para el sector farmacéutico que refuerce la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, la calidad de las prestaciones y un nuevo modelo retributivo para las oficinas de farmacia que contribuya a mantener una aportación profesional de la máxima calidad en el servicio al ciudadano."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001470
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la difusión y apoyo a las actividades y programas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), para su debate en la Comisión de Cultura.
La celebración en Cartagena en 1982 del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina y la presentación en sociedad del Centro y Museo de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas dependiente del Ministerio de Cultura, inició el periodo de mayor implicación institucional en la gestión del patrimonio cultural ubicado en aguas españolas y la excavación científica de barcos hundidos. La ratificación de España, en junio de 2005, de la Convención Internacional sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO y la aprobación, en el año 2007, del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, supusieron un importante impulso a la arqueología subacuática en nuestro país.
Los vínculos de Cartagena con la protección del patrimonio subacuático español están fuertemente unidos a la historia del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. El museo, que tiene su origen en el antiguo Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena, recibió un importante respaldo en el año 2008 con la inauguración como Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, y la decisión de convertirlo en institución eje del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, convirtiéndose en un centro de referencia nacional e internacional y de formación de nuevos profesionales en las disciplinas relacionadas con el patrimonio cultural subacuático.
La importancia de ARQUA en la preservación, investigación, documentación, enriquecimiento y difusión del importante patrimonio subacuático español exigen que se redoblen los esfuerzos por parte del Gobierno de la Nación, con el objeto de garantizar adecuadamente los fines y funciones de ARQUA y difundir la imagen del museo dentro del ámbito nacional e internacional, de forma que se convierta en un foco de difusión de nuestra historia y nuestra cultura y en un atractivo turístico que contribuya a la generación de actividad económica en la región.
1. Llevar a cabo un programa de difusión nacional e internacional del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, con dotación económica suficiente, que aproveche los importantes fondos culturales del museo como un nuevo atractivo turístico de Cartagena y la Región de Murcia. Especialmente se desarrollarán estrategias dirigidas al público turista.
2. Incrementar las dotaciones al programa de adquisiciones del museo, de forma que se permita recopilar los importantes fondos, públicos y privados, hoy dispersos por la geografía española.
3. Renovar la página web del Museo para convertirla en una herramienta de comunicación acorde con los nuevos criterios de navegabilidad, además de convertirla en una plataforma para la accesibilidad a las colecciones, fondos documentales y bibliográficos.
4. Continuar con los trabajos técnicos de análisis, restauración, inventario, estudio y catalogación de los bienes culturales de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes", recientemente recuperados para España, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, donde se expondrá el tesoro de forma permanente.
5. Reforzar el programa de exposiciones temporales.
6. Ampliar y consolidar el trabajo y la investigación en red con otros museos e instituciones tanto en el ámbito nacional como internacional en materia de arqueología subacuática.
7. Reforzar los sistemas de detección de actividades ilegales en el perímetro costero, de forma que se garantice la protección de los yacimientos subacuáticos.
8. Incorporar nuestra red de museos estatales al Plan anual de Acción Exterior para la promoción de la marca España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-María González Veracruz, Pedro Saura García y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001467
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad sobre medidas para impulsar y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Desde los inicios del movimiento feminista, las mujeres hemos estado luchando por una sociedad mejor que iguale en derechos y oportunidades a todas las personas. Las mujeres hemos sido y seguimos siendo las impulsoras y promotoras de grandes cambios que han contribuido decididamente al enriquecimiento de la democracia, de tal manera que hemos demostrado positivamente que sin nosotras, esta no existe.
Democracia significa que las diferencias, diversidades y opciones no marcan ningún tipo de exclusión o discriminación. De ahí que las mujeres no cejemos en nuestro empeño en que se acaben de una vez por todas todos los comportamientos sexistas y patriarcales. Por eso defendemos una sociedad que no consienta, ni permita, ni avale que las mujeres sigan siendo discriminadas ni explotadas en ninguna de sus formas.
Democracia significa que el respeto y la libertad son valores irrenunciables. Por ello para nosotras la autonomía personal y económica, la capacidad de movimiento, de elección y el empleo son derechos que conforman el concepto de igualdad de género.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
- Desarrollar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de activar las políticas públicas específicas para las mujeres, incorporando la perspectiva de género de manera efectiva y analizando los impactos de género en cada una de las medidas de recorte y acciones legislativas que adoptan.
- Derogar la Reforma Laboral de manera que se legisle para que el empleo sea realmente un derecho universal, de calidad, fijo y retribuido con salarios iguales para mujeres y hombres en trabajos de igual valor y erradicar definitivamente las diferencias retributivas existentes.
- Adoptar con carácter de urgencia un plan integral contra la feminización de la pobreza que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como personas mayores o familias monoparentales.
- Poner en marcha todos los recursos públicos que sean necesarios para la creación y desarrollo de nueva ocupación que permita que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo asalariado y se actúe ante la pérdida de oportunidades que excluyen a las mujeres del trabajo productivo.
- Actuar para un reparto justo del trabajo reproductivo entre hombres, mujeres y servicios públicos, para que no recaigan en ellas los roles y estereotipos sexistas, ni las cargas de trabajo que conllevan los cuidados.
- Articular las modificaciones necesarias del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para que realmente todas las mujeres puedan tener acceso a este recurso con una dotación mensual adecuada.
- Iniciar en el presente año los trámites pertinentes para el debate social y parlamentario para la modificación y ampliación de la actual Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al objeto de que la ley realmente recoja todo tipo de violencia que de forma estructural se ejerce contra las mujeres. Que se actúe con contundencia y se dispongan de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad invirtiendo en la educación, la prevención y la reparación de las mujeres víctimas del machismo y de sus hijas e hijos.
- No producir ninguna modificación restrictiva de la IVE. Y muy al contrario, se modifique el actual Código Penal para la despenalización total del IVE, y que la Ley de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recoja el derecho de la libre decisión de las mujeres y que garantice su práctica y cobertura por la red sanitaria pública en todos los lugares del estado español.
- Avanzar en la reforma de los permisos por nacimiento y adopción entre ambos progenitores para que sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria.
- No modificar la Ley de Bases de Régimen Local en un sentido restrictivo y de limitación de competencias de los municipios y, por tanto, que las políticas de igualdad sigan siendo asumidas, también, desde las entidades locales.
- Potenciar e impulsar el papel activo de las mujeres en todos los sectores sociales: movimientos sociales, educativos, culturales, representativos, económicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001476
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre estrategia para la igualdad en el empleo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Las políticas y objetivos de igualdad entre mujeres y hombres han ido avanzando en España durante los años de consolidación de la democracia, contribuyendo a construir una vida mejor para las mujeres en nuestro país, al proteger y reconocer sus derechos y extender así las condiciones de libertad y derechos para el conjunto de la sociedad.
La prioridad de las políticas activas de igualdad, junto a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones feministas, del conjunto de las fuerzas progresistas y, sobre todo, de las mujeres, han incrementado el impacto del cambio y la modernización que se ha registrado en la sociedad española. Junto a los avances en materia de educación y salud, y a través de las políticas integrales para la igualdad, las mujeres han ido progresivamente ocupando espacios en la vida pública, en la economía y en el
crecimiento más allá del PIB, en las artes, en la ciencia, en los deportes, en las empresas. Así debe recordarse el próximo 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres.
No obstante, las desigualdades persisten y deben removerse muchos de los actuales obstáculos existentes para que la igualdad sea plena y efectiva en todos los ámbitos públicos y privados. Además, algunas de las brechas existentes, especialmente en empleo, en la disparidad de rentas, oportunidades y recursos disponibles que discriminan a las mujeres, se están viendo agudizadas como consecuencia de las rígidas políticas de ajuste fiscal, del impacto de la reforma laboral y de los profundos recortes en el Estado del Bienestar que se han venido adoptando. El desempleo femenino crece significativamente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como se constata en los últimos datos de la EPA.
Esta destrucción de empleo, resultado directo de la reforma laboral, hace además imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, expulsa a los sectores más vulnerables del empleo como las mujeres, y más específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades familiares. Asimismo, los recortes en servicios públicos esenciales relacionados con la educación y las escuelas infantiles, en la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, donde trabajan muchas mujeres -tanto en las administraciones públicas como en las empresas y entidades sociales prestadoras de dichos servicios públicos- influyen directamente en la caída del empleo de las mujeres y en que estas además tengan muchas más dificultades para la conciliación. Las especiales dificultades para !a igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural se intensifican por los recortes en la prestación de estos servicios y del Estado del Bienestar.
La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado representa un activo fundamental para la recuperación económica de nuestro país y el cambio hacía un modelo de crecimiento más sostenible. Una economía globalizada, basada en el conocimiento no puede prescindir de la mitad del talento y de la capacidad de una sociedad si quiere alcanzar ventajas competitivas. En esta grave crisis que estamos viviendo, saldremos con las mujeres, o no saldremos.
Las políticas activas de incorporación de las mujeres al empleo deben ser asumidas como una obligación y una oportunidad que debe ser acompañada y sostenida por una red pública que atienda las tareas de cuidados para hacerla posible, al tiempo que genera empleo. Este binomio es, sin duda, una inversión rentable pues constituye, además, una fuente de ingresos para el Estado así como muchos otros beneficios sociales.
1. Abrir un proceso de diálogo social para acordar un nuevo marco laboral, suspendiendo mientras tanto los aspectos más dañinos de la reforma laboral, especialmente en lo relativo al acceso y mantenimiento del empleo, formación y promoción profesional de las mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
2. La urgente puesta en marcha de un Plan de Empleo para las mujeres, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
- Incentivación de la actividad empresarial, garantizando el acceso de las mujeres al crédito.
- La recuperación de políticas activas de empleo específicas para mujeres, teniendo en cuenta a aquellos grupos de edad y situación económica más desfavorables y priorizando el apoyo a las mujeres del medio rural.
- El seguimiento por las administraciones públicas de la aplicación efectiva de los planes de igualdad de género en las empresas y su periódica evaluación y mejora, a través de la negociación colectiva.
- Objetivos y mecanismos concretos destinados a eliminar la desigualdad salarial, incorporando la negociación sindical.
3. Establecer en España un sistema de cuotas obligatorias en los Consejos de Administración de las grandes empresas, al objeto de asegurar el objetivo de presencia equilibrada de ambos géneros, con el fin de alcanzar al menos el 40% de la representación de mujeres en dichos órganos de decisión.
4. La puesta en marcha de políticas públicas que focalicen y establezcan mecanismos para asegurar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres.
5. Derogar la suspensión de la ampliación del permiso de paternidad.
6. Modificar el sistema de cálculo de las pensiones de jubilación en relación con los contratos a tiempo parcial, dado que el sistema actual supone una discriminación indirecta hacia las mujeres, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.
7. Mantener los derechos y prestaciones recogidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y recuperar la financiación por parte del Estado del Convenio Especial con la Seguridad Social de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que de esta forma se incorporan al sistema contributivo de pensiones.
8. Adoptar un plan de fomento de las empresas de economía social para la prestación de servicios de proximidad, cuidado de personas dependientes y programas de desarrollo sostenible en zonas rurales, favoreciendo el emprendimiento femenino, la capacitación, así como el incremento de su afiliación a la seguridad social a través de los empleos obtenidos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de fijar un Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Las organizaciones en las que se integran las asociaciones de ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad a través de la Federación Española de Asociaciones de ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), llevan desde hace tiempo comprometidas con la tarea de que las
administraciones públicas realicen actuaciones tendentes al reconocimiento efectivo de los derechos de las personas afectadas por el TDAH y a la mejora de su situación y expectativas, porque en la misma se contienen de forma general y sintetizada las aspiraciones y demandas de los afectados por el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y sus familias.
La FEAADAH considera muy importante que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país conozcan la relevancia del impacto personal y social del TDAH, justifica plenamente la necesidad de conseguir una amplia movilización social tendente a difundir los conocimientos sobre el TDAH y su tratamiento para que todos los implicados, personas e instituciones, asuman los retos que la minimización de sus consecuencias negativas demanda. En esta tarea está plenamente comprometida la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las acciones oportunas para fijar un día internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), con el propósito de que la ciudadanía en general conozca la relevancia del impacto personal y social del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
181/000751
Diputado don Andrés Ayala Sánchez.
¿Qué valoración hace el Gobierno de los datos económicos y del tráfico de mercancías en los Puertos del Estado y de su influencia en el comercio exterior de España en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.-Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.
181/000752
Diputada doña María Concepción Santa Ana Fernández.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 preveían una partida en el Ministerio de Fomento para el pago de expropiaciones pendientes de ejercicios anteriores. ¿Se ha realizado el pago, en qué cuantía y a qué ejercicios se contraía la obligación de pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.-María Concepción Santa Ana Fernández, Diputada.
181/000753
Diputado don Mario Francisco José Flores Lanuza.
¿Cómo esta impulsando el Gobierno el Corredor del Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.-Mario Francisco José Flores Lanuza, Diputado.
181/000754
Diputada doña María Olga Iglesias Fontal.
¿Cómo valora el Gobierno los avances de la autovía A-8 del Cantábrico en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.-María Olga Iglesias Fontal, Diputada.
232/000130
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1174/2003, promovido por el Presidente de Gobierno contra el inciso "o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas" del artículo 17.1 de la Ley de Extremadura 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1174-2003, promovido por el Presidente de Gobierno contra el inciso "o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas" del artículo 17.1 de la Ley de Extremadura 11/2002, de 12 de diciembre, de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura. Han sido parte la Asamblea de Extremadura y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Presidente, don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer de este Tribunal.
Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1174-2003 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el inciso "o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas" del artículo 17.1 de la Ley del Parlamento de Extremadura 11/2001, de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, y, en consecuencia, declarar su inconstitucionalidad y nulidad.
Dada en Madrid, a 28 de febrero de 2013.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5049/2004, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, representado por el Letrado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional.
232/000132
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1021/2004 interpuesto por el Presidente del Gobierno, y en su representación por el Abogado del Estado, contra el artículo 10, números 2 y 3, y el inciso "ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión" del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1021-2004 interpuesto por el Presidente del Gobierno y en su representación por el Abogado del Estado, contra el artículo 10, números 2 y 3, y el inciso "ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes a su profesión" del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Ha comparecido y formulado alegaciones el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, representado por su Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal.
Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1021-2004, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el inciso "ni para la realización de actividades por cuenta de aquéllos, correspondientes
a su profesión" del artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales, y, en consecuencia, declarar su inconstitucionalidad y nulidad.
232/000133
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 988/2004, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra los siguientes artículos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 7, apartados 1 a), 2 c), g) y h) y 3 b); 18.4, en su inciso: "excepción de los declarados como de interés general por el Estado"; 21, apartados. 2, 4 y 7; 32; 36, apartado 5, en la medida en que exige que el informe sea favorable; 37, en cuanto a la regulación del silencio y de la motivación que efectúan sus apartados a) y b); 42; 46, apartados 1 y 2; 47, apartados 1 y 3; 49.2, último inciso; 56.1; 63; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera, y disposiciones finales segunda y tercera.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 988/04, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra los siguientes artículos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 7, apartados. 1 a), 2 c), g) y h) y 3 b); 18.4, en su inciso: "excepción de los declarados como de interés general por el Estado"; 21, apartados 2, 4 y 7; 32; 36, apartado 5, en la medida en que exige que el informe sea favorable; 37, en cuanto a la regulación del silencio y de la motivación que efectúan sus apartados a) y b); 42; 46, apartados 1 y 2; 47, apartados 1 y 3; 49.2, último inciso; 56.1; 63; disposición
adicional primera; disposición transitoria tercera, y disposiciones finales segunda, y tercera. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
1.º Declarar que el proceso ha perdido objeto en relación con los artículos 7.1.a; 7.2.h; 21.2; 7.2.g); 32; disposición final tercera; 7.3.b); 18.4 en su inciso "a excepción de los declarados como de interés general por el Estado"; 21.7; 37.b; 49.2; 63; disposición transitoria tercera, 7.2.c), 46.1 y 47.3, así como con la disposición final segunda en lo que a estos se refiere por no tratarse de una impugnación autónoma sino derivada de la impugnación de los preceptos citados.
2.º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la disposición final segunda con el alcance señalado en el fundamento jurídico 7.