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Timestamp: 2017-05-28 20:15:15
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Los pueblos indígenas ante la Suprema Corte. (2002)DOCUMENTO 1. PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO. (1996) DOCUMENTO 2. PROPUESTAS CONJUNTAS. (1996)DOCUMENTOS 3.1 y 3.2. (1996)Acuerdo respecto a los Documentos. (1996)Los Acuerdos de San Andrés. Introducción y antecedentes históricos. (2001)Cronología de los Acuerdos de San Andrés. (2001)¿Qué son los Acuerdos de San Andrés?. (1996) Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación. (1996)Preguntas frecuentes sobre la llamada Ley Cocopa. (2001)¿Qué propone la iniciativa de ley de la COCOPA?. (2001)Sobre la propuesta de Ley de la Cocopa. Conferencia de Prensa. 24 de enero de 1997Reflexiones sobre la importancia de la Ley Cocopa. (2001)Convenio 169 OIT. Convenio Sobre Pueblos Indigenas y TribalesLas Razones de la Iniciativa de la COCOPA. (Argumentos de un dirigente indio). (2001)El significado de los Acuerdos de San Andrés para la Sociedad Civil. (Una lectura de los Acuerdos desde la Selva de Concreto). (1996)El contexto del primer aniversario de la firma de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena. (1997)Los Acuerdos de San Andrés: entre la paz y la guerra. (1998)Lo que el gobierno no quiere cumplir. Sí, a los Acuerdos de San Andrés sin interpretación. (1998)La Campaña Zenofóbica y Los Acuerdos de San Andrés. (1998)San Andrés: tres años, tres. (1999)Ley Indígena. Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. 28 de abril de 2001El Dictamen del Senado, a favor del Plan Puebla Panamá y no de los derechos indígenas. (2001)La Casa de la Justicia a prueba. Controversias constitucionales en materia de derecho indígena. (2002) Los Pueblos Indígenas ante la coyuntura de las Controversias Constitucionales y posibles escenarios. (2002)Carta al EZLN de varios Municipios Indígenas de Morelos. (2002)La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por los Pueblos Indígenas contra la Reforma Constitucional. (2002)Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)Votación en los Congresos estatales del Dictamen de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena. (2001)Fallo de la SCJN en contra de las Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)El reconocimiento de los derechos y cultura indígenas y la incopetencia del sistema política mexicano. (2002)Los pueblos indígenas ante la Suprema Corte. (2002)Con su Resolución de la Corte cierra a los Pueblos Indígenas la última puerta del Estado. (2002)Acto enfrente de la SCJN después del Fallo declarando improcedentes las Controversias Constitucionales en Materia Indígena. (2002)¿Queda esperanza para los pueblos indígenas?. (2002)El Estado cierra todas las puertas a la paz. Rechazo a las Controversias Constitucionales. (2002)La necesidad de una reforma constitucional segura. Derechos indígenas y recursos naturales. (2002)San Andrés: los saldos de un incumplimiento. (2004)Los Acuerdos de San Andrés. Campaña Internacional por la Ley Indígena. (2001)
RESUMEN PARA AUTORIADADES INDÍGENAS
DE LOS MUNICIPIOS QUE INTERPUSIERON CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES ANTE LA SUPREMA CORTE
7/SEPTIEMBRE/2002
El pasado viernes 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro improcedentes las controversias constitucionales interpuestas ente ella.
La noticia fue conocida por los abogados a través de los medios de comunicación, y hasta el martes 10 de septiembre la resolución fue notificada formalmente a las autoridades en sus domicilios legales.
Los Argumentos de la Corte para declarar improcedentes las controversias constitucionales.
La Corte señalo que las controversias constitucionales son improcedentes por que el órgano reformador (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislaturas de los Estados) no puede ser controlado, por la Corte ni por ningún otro poder.
La Corte señala que de acuerdo con el artículo 105 constitucional, en su fracción I – que establece los asuntos de competencia de las SCJN en materia de controversias constitucionales-, no faculta a este cuerpo colegiado a revisar los procedimiento de reforma constitucional, en virtud de que el llamado “Órgano Reformador” no es de igual naturaleza que aquellos que realizan las funciones de gobierno, aunque se conforma por el Congreso del a Unión y las legislaturas de los estados, porque le corresponde, en forma exclusiva, acordar las reformas y adiciones a la Constitución. Por ello, no es susceptible de ningún tipo de control constitucional.
Esto quiere decir que el órgano Reformador no es sujeto en contra del cual se pueda promover la controversia constitucional, por lo que la corte no pide revisar sus actos.
De esta manera, en la resolución de las controversias constitucionales, la Suprema Corte sostienen que esta impedida constitucionalmente para pronunciarse sobre el fondo de las mismas.
El Pleno de la SCJN, (por la mayoría de 8 ministros de 11) estableció también que, si bien los municipios sustancialmente demandas la invalidez del proceso de reformas y no el contenido de los artículos modificados. Los actos impugnaos en las controversias tomaron parte del mismo proceso, por lo que jurídicamente no pueden separarse de su objeto fundamental, que es la apropiación y declaratoria de reforma de la Constitución.
Sostuvo, asimismo, que el Órgano Reformador, al establecer la procedencia de las controversias constitucionales con motivo de las “disposiciones generales” que se estimen contrarias a la Constitución, se refirió a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sena federales o locales, inclusive tratados internacionales, más no a las reformas y adiciones constitucionales, ni al proceso que les da origen.
En la sesión plenaria, los Ministros analizaron inicialmente dos proyectos de resolución: uno de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, que proponía la improcedencia de las controversias constitucionales; y otro, del Ministro Mariano Azuela Güitron, que planteaba superar el aspecto de improcedencia, para entrar al análisis de los argumentos formulados en la demanda, pero que estimaba que no asistía la razón jurídica a los demandantes.
Ante esta Resolución, los argumentos jurídicos que nosotros podemos manejar, son:
Que la Constitución, sí establece un sistema de control de la constitucionalidad de todos los actos, sin excepción alguna, que llevan de los órganos que integran el Órgano reformador, y lo estableció precisamente en el mecanismo previsto en el artículo 105 de la Constitución, a cargo de la H. Corte.
El Poder Constituyente, fundador originario del régimen del derecho vigente en la República mexicana, no estableció un régimen de excepción de la aplicación del mecanismo de control de constitucionalidad previsto en el artículo 105, para los actos que realizaran los órganos que integran el Órgano reformador en virtud de la función contenida en el artículo 135. Tampoco estableció privilegios ni permisividades que pudieran poner en riesgo la soberanía popular; por el contrario, estableció la institución de la controversia constitucional, como medio de control que asegurara que la actuación inconstitucional de los órganos que forman parte del Órgano reformador fueran sancionados con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y no previó el Constituyente de 1917 un régimen de excepción respecto de los actos que realizan los órganos que integran el Órgano reformador del virtud de la función contenida en el artículo 135, porque hizo una clara distinción entre la naturaleza jurídica y política de un Poder Constituyente y la de un Órgano reformador. Mientras que el Poder Constituyente tuvo su origen en el consenso social de otorgarle mandato expreso, amplísimo y perentorio de crear la Constitución, el Órgano reformador tuvo su origen en el texto constitucional, cuyo mandato quedó delimitado exclusiva y expresamente a la función contenida en el
artículo 135 de la propia Constitución.
Ello explica sin lugar a dudas, la aplicación del mecanismo de control de la constitucionalidad contenida en el artículo 105 constitucional, de los actos que en virtud de la función contenida en el artículo 135, realizan los órganos que integran el Órgano reformador. De esa manera queda reafirmada y garantizada la soberanía popular y la supremacía del orden constitucional contenidas en la Constitución.
ARTICULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
b). La Federación y un municipio;
i). Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
j). Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, ...
Con su resolución la Corte niega todo lo solicitado, implica que deja a los legisladores con las manos libres para reformar la Constitución Federal, institucionalizando el autoritarismo y poniendo en riesgo el proceso de democratización del país y la vigencia de los derechos humanos. La resolución emitida puede generar desánimo para una parte del movimiento indígena y probable radicalización de otra, alejara la posibilidad de resolver la situación de exclusión en que se ha mantenido a los pueblos indígenas en México, la aplicación del Convenio 169, así como la búsqueda de paz en Chiapas. Implica también que los pueblos desde su lucha por la autonomía continúen enfrentando los cacicazgos locales que podrían sentirse fortalecidos, así como la presencia agresiva de inversión privada que continuará impunemente tratando de explotar los recursos naturales que pertenecen a los pueblos indígenas.
La noticia conocida el 6 de septiembre de 2002, representa una agresión a los pueblos indígenas de México. Constituye también una burla a quienes hemos apostado a la construcción de un México más justo, democrático e incluyente. Así lo ha querido la Corte y con ello han reproducido la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista al cual han estado sometidos los pueblos indígenas. Con la resolución de la Corte, la paz en México se ha alejado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los Acuerdo de San Andrés, ha sido nuevamente pisoteado.
El camino de la legalidad está agotado. Las puertas del Estado mexicano se han cerrado para los Pueblos Indígenas. Ninguno de los tres poderes del Estado ha tenido capacidad, para responder en términos justos y dignos, a las demandas de los pueblos indígenas. En consecuencia nadie tiene ya la autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos indígenas para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán, como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino, cuáles serán las resistencias y hacia donde puede andar la esperanza.
http://www.sjsocial.org/PRODH/especiales/cronologia_indigena/ Regresar El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche...