Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97478
Timestamp: 2019-10-15 21:37:41
Document Index: 212380497

Matched Legal Cases: ['Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 123', 'artículo 123', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 123', 'Artículo 5']

El que suscribe, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos décimo primero, décimo quinto, décimo sexto y demás relativos y aplicables del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al tenor de la siguiente:
El primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo poder público está obligado a resguardar los derechos humanos del magisterio y velar para que reciban un trato digno, acorde con la trascendencia de la tarea que la sociedad les ha encomendado. Bajo tales consideraciones, el imperativo ético de un gobierno que ha de guiarse por la equidad, debe reflejarse de manera forzosa en la inserción de los que en otro tiempo fueron excluidos.
No obstante, a nombre de la reforma educativa neoliberal, el magisterio nacional fue sometido a un estado de excepción que buscaba, desde la más costosa y agresiva propaganda, confrontar a la sociedad con aquellos que históricamente habían luchado por ese valioso patrimonio social llamado educación. La lógica de fondo era aniquilar la fortaleza de las y los maestros, por considerar que representaban el mayor obstáculo en la implementación de las medidas para lograr la privatización de la educación e imponerle una visión empresarial-neoliberal. De ahí, las tendencias discriminatorias, el acoso, la persistente persecución e inclusive el encarcelamiento y asesinato de algunos docentes.
Como consecuencia de lo anterior, surgió un importante movimiento de resistencia, que insistió en reivindicar el derecho fundamental a la educación, como un proceso de protección frente al embate brutal y feroz de una clase poderosa que constitucionalizó el desmantelamiento de la plaza de base, de la representación sindical y los derechos colectivos, la inestabilidad laboral, el desarme cultural y la discontinuidad pedagógica.
Esa lucha se dio en las instancias judiciales, pero también en el ámbito escolar y pedagógico, y casi inevitablemente, se consolidaron las agendas alternativas que buscaban la reedificación estructural de la educación para lograr la recuperación de un país lastimado por la pobreza y la desigualdad. Además, se fincó la necesidad imperiosa de recobrar la bilateralidad contractual y las facultades del sindicalismo democrático para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
Históricamente, las maestras y los maestros han desempeñado un rol fundamental en la defensa de la educación pública en México, así como en la salvaguarda de su gratuidad, equidad y laicidad. Por tal motivo, la voz de éstos debe ser considerada e incluida en toda reforma que pretenda realizar cambios al Sistema Educativo Nacional.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, ha escuchado sus inquietudes y demandas, en lo que respecta a la pérdida de sus derechos laborales adquiridos, la precarización del empleo, la intensificación del trabajo docente, la imposición de mecanismos de diferenciación salarial, el impacto provocado por el despojo de la plaza de base para la continuidad pedagógica y la estabilidad laboral, la implantación de políticas de competitividad, así como las diversas consecuencias de la progresiva privatización de la educación, que han impedido que ésta sea considerada como un derecho humano fundamental y habilitador de otros derechos y, en cambio, se vea tan sólo como un negocio lucrativo. Como consecuencia, el Poder Legislativo de la LXIII Legislatura, validó amplias facultades a la Secretaria de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que impulsaron la participación privada en funciones que, impidieron el fortalecimiento del rol del Estado en la garantía del derecho y la articulación del aparato estatal con la sociedad.
Esta Ley, es el resultado de un diálogo y trabajo continuo con los trabajadores de la educación, en un momento histórico de cambios y transformaciones, orientado entre otras cosas, a lograr la verdadera refundación de la educación en nuestro país bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana. Estamos convencidos que la educación debe ser el eje rector de la Cuarta Transformación, el motor para lograr el desarrollo integral económico, social, lingüístico y cultural de nuestro país, en consecuencia, resulta ineludible renovar y fortalecer las instituciones del Estado llamadas a cumplir con su más alta función, la protección y garantía del derecho fundamental a la educación para todas las personas.
México vive un proceso de reconstrucción política e institucional cuyo fin es la puesta en marcha de un verdadero Estado social y democrático de derecho, capaz de garantizar a sus ciudadanos el goce de todos sus derechos y libertades para la realización del bien común, en un ambiente de paz, convivencia y justicia social.
Para ello, es necesario que en este momento histórico que vive el país, la educación recupere los principios fundamentales que son sustento importante del carácter democrático, laico, plural e incluyente de nuestra República Federal Representativa.
La presente Ley, tiene como objeto y fin, contribuir a ejecutar acciones legislativas, de gestión pública, inversiones y creación del marco institucional estratégico que permita a las maestras y maestros echar finalmente por tierra el descrédito del que fueron objeto y recuperar su relación laboral con el Estado, incorporando en la presente norma el paradigma histórico del Artículo 123 constitucional, el cual busca el equilibrio entre los medios de producción y el trabajador.
Con el advenimiento de la Cuarta Transformación de México, será posible reforzar el pilar fundamental de todo sistema educativo, que son las maestras y maestros, de la mano del resto de trabajadores de la educación, es por ello que este Grupo Parlamentario reconoce a la representación sindical, conjuntamente con la representación institucional durante los procesos de selección, para el ingreso, promoción y reconocimiento.
Para crear esta Ley es necesario recordar que antes de la mal llamada reforma educativa se aplicaba el Artículo 123 Constitucional, para el ingreso, ascenso y permutas, la cual se realizaba por medio de procesos de selección escalafonarios, en los que se evalúan los factores escalafonarios como son antigüedad, aptitud, conocimientos y puntualidad, los cuales se vertían a través de dictámenes escalafonarios, elaborados por una comisión mixta de escalafón compuesta por el representante de las autoridades educativas y la representación sindical.
Las normas que regulan este proceso, tienen por objeto primordial cumplir con el paradigma plasmado en el Artículo 123 constitucional Apartado B, que de manera implícita busca constantemente el equilibrio entre los factores de producción y los trabajadores por medio del sindicato; de igual manera y siguiendo este paradigma, se aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado como reglamentaria de artículo constitucional anterior, de manera conjunta con el Reglamento Escalafonario de los Trabajadores de la Secretaria de Educación Pública.
En cuanto a la justicia laboral, que también cumplía de manera constante con el mismo paradigma, -al estructurarse para la administración de la justicia por un represente del trabajador, un represente del patrón y uno del Estado-, quienes resolvían en caso de algún dictamen que vulnerara derechos laborales y sindicales durante un proceso de selección escalafonario, que podía ser impugnado mediante recurso ordinario de inconformidad ante la Comisión Mixta de Escalafón, para satisfacer el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de los trabajadores al servicio del Estado.
La efectividad de la justicia laboral permitía someter a consideración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la resolución del recurso de inconformidad, de forma que históricamente la legislación tanto constitucional, legal y reglamentaria siempre protegió la estabilidad en el empleo por ser el pilar más importante de los derechos de los trabajadores de la educación.
No obstante, con la consolidación de la reforma educativa neoliberal del año 2013 proyectada en los artículos 3º y 73 constitucionales, se aseguró la implementación del paradigma económico de la nómina magisterial, fundamentada en los supuestos de la calidad educativa, el interés superior de la niñez y la idoneidad de los docentes, bajo los cuales se justificó la validez constitucional del régimen de exclusión o de excepción laboral, al eliminar las Comisiones Mixtas de Escalafón para el ingreso y los ascensos, las cuales fueron sustituidas por la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, cancelando toda posibilidad del equilibrio entre los medios de producción o bien el patrón y los trabajadores, ante la existencia de la justificación del máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros mandataron que la representación sindical debería convertirse en un mero espectador durante los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, ante lo cual la representación sindical no podía ejercer su función constitucional de estudio, mejoramiento y defensa de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. Sin duda alguna, la llamada reforma educativa se convirtió en una reforma laboral-administrativa, que trajo como consecuencia principal la persecución de las maestras y los maestros del país.
Actualmente es necesario advertir que en ninguna reforma constitucional realizada al Artículo 123 constitucional se reconocen las Comisiones Mixtas de manera explícita, tampoco se señala claramente sus facultades para los ingresos, ascensos y permutas, de igual manera se omite la mención expresa sobre la participación del sindicato en todos los procesos laborales dentro de la fuente de trabajo y su materia; pero tampoco existe una prohibición para reconocer los alcances del sindicato, todo lo anterior se reconoció en leyes secundarias del Artículo 123 constitucional.
La inclusión en el Decreto de reforma constitucional de los artículos 3º, 31 y 73 del 15 de mayo de 2019, de conceptos que previamente aparecen en el Artículo 123 constitucional Apartado B y sus leyes reglamentarias, hace necesario definirlos de manera clara y precisa, a fin de evitar lagunas jurídicas que en el pasado terminaron interpretándose en perjuicio de los trabajadores de la educación, razón por la cual es importante para la elaboración de esta ley secundaria, observar los principios de reserva de ley, irretroactividad y supletoriedad de la ley.
En este sentido, la presente Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, contiene un apartado de definiciones amplio que deriva fundamentalmente del paradigma de intangibilidad de la dignidad humana en materia de trabajo y que constituye un nuevo paradigma discursivo, que no sólo reconoce los derechos laborales y sindicales de las Maestras y los Maestros, sino que también los reivindica frente a la sociedad, devolviéndoles el carácter de actores relevantes en la formación del sujeto social frente a la Cuarta Transformación, la nueva era de reconstrucción y transformación del país.
Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del párrafo VII y VIII y el décimo sexto transitorio del artículo 3º constitucional, y rige la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y tiene por objeto regular y reconocer los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento, que coadyuve a la función docente como factor esencial del proceso educativo, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea magisterial.
La formación integral, continua y permanente para las Maestras y los Maestros, constituye un derecho, e impartirla es responsabilidad de las autoridades educativas y de los integrantes del Sistema Educativo Nacional.
El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley excepto a lo relativo a la organización curricular, los planes y programas de estudio alternativos y comunales. Los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley, excepto la Educación Inicial y la Educación Normal y de formación de las maestras y los maestros.
I. Regular el Servicio de Carrera de los Maestros y las Maestras;
II. Establecer los procesos de selección, factores y términos de la admisión, promoción y reconocimiento;
III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Sistema de Carrera de los Maestros y Maestras.
IV. Asegurar la transparencia, publicidad, equidad e imparcialidad de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento.
V. Asegurar la igualdad de condiciones en los procesos del Sistema de Carrera de los Maestros y Maestras.
Artículo 3.- Son sujetos del servicio que regula esta Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, las entidades federativas y municipios, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, excepto Educación Inicial y Educación Normal y Formación de Maestros y Maestras.
Proceso de selección: Es el medio por el cual la Coordinación Dictaminadora determina la admisión, reconocimiento y promoción de los maestros y las maestras.
Coordinación Dictaminadora: Es el sistema organizado en cada dependencia educativa, compuesta de manera igualitaria por la autoridad educativa y la representación sindical.
Admisión: es el ingreso a la labor docente a cada tipo, nivel y modalidad educativa.
Promoción: Es el derecho de los maestros y las maestras, a obtener la categoría inmediata superior que le dictamine la coordinación dictaminadora.
Reconocimiento: es el incentivo económico, social e institucional que de manera individual y colectiva que obtienen los maestros y maestras.
Igualdad de condiciones: cuando los aspirantes a una vacante para la admisión o promoción concurran cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el profesiograma autorizado por la autoridad educativa federal y la representación sindical.
Transparentes: es el mecanismo mediante el cual deberá publicarse la convocatoria con los requisitos para el ingreso, promoción y reconocimiento, para garantizar que la información de cada aspirante, así como el resultado del proceso de selección sean de fácil acceso al público.
Públicos: Los procesos de selección deberán ser publicados en cada una de sus etapas, para la sociedad en general, sin limitación de acceso a la información en cada una de ellas.
Equitativos: serán equitativos los procesos de selección siempre que las partes que intervienen en la Coordinación Dictaminadora, puedan proponer de manera igualitaria a las personas que deben ingresar al servicio educativo previo cumplimiento de los requisitos que la norma señale para tal efecto.
Imparciales: cuando exista igualdad de condiciones en los procesos de selección se resolverá esta cuestión en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Artículo 123 constitucional apartado B.
Conocimientos: La posesión de los principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempeño de una plaza.
Aptitudes: La suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y la eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada.
Experiencia: El tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente, o a otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por la presente Ley, siempre que el trabajador haya sido sujeto de un proceso de reasignación con motivo de la reorganización de servicios.
Autoridad Educativa Federal: A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;
Autoridad Educativa Local: Al Ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;
Autoridad Educativa Municipal y de las Alcaldías: Al Ejecutivo de cada uno de los Ayuntamientos y Personas Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;
Autoridades Escolares: al personal que realiza funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros educativos. Para la educación superior, las que se establezcan para el ejercicio de la función social educativa;
Autoridades Indígenas y Comunitarias: Las autoridades que sean designadas en los territorios con autogobierno, en los pueblos indígenas y afromexicano, de acuerdo a sus sistemas normativos y de designación propios;
Representación Sindical: Es quien tiene la titularidad para representar a los trabajadores sindicalizados reconocido por las autoridades en materia del trabajo.
Capacitación: Al conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o habilidades complementarias para el desempeño de la función docente;
Educación: Proceso social dialógico, cognoscitivo e inacabado por medio del cual se enriquece la cultura, lenguas y los conocimientos de los que interactúan en el acto pedagógico, con una intencionalidad claramente definida. Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que las personas tomen consciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su pensamiento crítico.
Educación Básica: A la que comprende los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, incluyendo la educación indígena, la educación especial e inclusiva, la educación comunal y la que se imparte en los centros de educación básica para adultos;
Educación Media Superior: A la que comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes, incluye la Educación Indígena, la Educación Especial e Inclusiva, la Educación Comunal;
Escuela: A la unidad básica del Sistema Educativo Nacional, configurada por los las y los, los trabajadores de la educación, los padres de familia, la comunidad local y la infraestructura educativa, regida por el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural, social y personal, la solución de las problemáticas y conflictos de manera democrática y consensada; así como por el diseño y operación de proyectos compartidos que les permiten participar en el diseño, operacionalización y evaluación de los contenidos curriculares y programas educativos. Contribuye a la humanización, transformación, emancipación y formación integral del sujeto social;
Incentivos: A los apoyos en dinero o en cualquier otra modalidad por el que se reconoce al personal docente su responsabilidad, experiencia, antigüedad o cualquier otro elemento a dictaminar, mediante sus méritos;
Norma: al reglamento que establecerá las condiciones, requisitos y demás que no prevé la Ley para su mayor observancia.
Ley: al presente ordenamiento.
Nombramiento: Al documento que expida la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado para formalizar la relación jurídica-laboral con el personal docente y con el personal con funciones de dirección o supervisión. Esta relación laboral se regulará por la Ley Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional. En razón de su temporalidad podrá ser:
Base: Es el nombramiento que garantiza la estabilidad laboral sustentada en la Plaza de Base y la estabilidad laboral para las maestras y los maestros basándose en el principio de continuidad pedagógica, para así salvaguardar el interés superior de la niñez y de todo tipo de alumno con el fin de servir como fundamento principal en la formación del sujeto social y el desarrollo integral del país.
Perfil: Al conjunto de características que reúnen los egresados de las normales públicas, así como requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente para los trabajadores de la educación pública;
Personal con funciones de Dirección: A aquél que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar conducente al aprendizaje; organizar, apoyar y motivar a los docentes; realizar las actividades administrativas de manera efectiva; dirigir los procesos de mejora continua de la escuela; propiciar la comunicación fluida de la escuela con los padres de familia, tutores u otros actores sociales de la comunidad y desarrollar las demás tareas que sean necesarias para que se logren los aprendizajes esperados. Contempla a directores, subdirectores y coordinadores de actividades para la Educación Básica. Jefes de departamento, subdirectores y directores en la Educación Media Superior; y para ambos tipos educativos a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional autorizada. En el caso de educación superior, comprende a los rectores, directores de facultad, coordinadores de carrera;
Personal con funciones de Supervisión: A la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover el derecho a la educación; favorece la comunicación entre escuelas, padres de familia y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Este personal comprende, en la Educación Básica, a supervisores, inspectores, jefes de zona o de sector de inspección, jefes de enseñanza o cualquier otro cargo análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes en la Educación Media Superior.
Personal Docente: Actores directos del proceso educativo, social dialógico, cognoscitivo, crítico e inacabado por medio del cual se enriquece la cultura, lenguas y los conocimientos de los que interactúan en el acto pedagógico, con una intencionalidad claramente definida y para la formación del sujeto social, con el fin de contribuir en la transformación del país. Incluye a los docentes, docentes de lenguas, a los asesores técnicos pedagógicos, a los jefes de enseñanza, a los profesionales docentes encargados de impartir educación física, artística, especial, indígena y tecnologías, los profesionales docentes encargados de los talleres técnicos y artísticos, así como los laboratorios de las diversas disciplinas de estudio.
Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica: Al docente que en la Educación Básica y Media Superior cumple con los requisitos establecidos en la presente Ley y tiene la responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría señalada y constituirse en un agente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas a partir de las funciones de naturaleza técnico pedagógica que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado le asigna. Este personal comprende, en la Educación Media Superior, a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes;
Rectoría del Estado: es la facultad que tiene la federación para autorizar y gestionar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de manera anual el presupuesto que se requiera para la admisión, reconocimiento y promoción, así como de los incentivos para los maestros y las maestras.
Artículo 5. En la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley se deberán observar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, supletoriedad, irretroactividad, y transparencia.
DE LA COORDINACIÓN DICTAMINADORA
DE LA ADMISIÓN Y LOS ASCENSOS
Artículo 6.- Se entiende por coordinación dictaminadora al sistema organizado en cada dependencia conforme a las bases establecidas en este título, para efectuar la admisión, promociones de ascenso de los trabajadores y reconocimientos.
Artículo 7.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, todos los trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior.
Artículo 8.- En cada dependencia se expedirá un Reglamento de la coordinación dictaminadora conforme a las bases establecidas en este título, el cual se formulará, de común acuerdo, por el titular y el sindicato respectivo.
Artículo 9.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los elementos a dictaminar.
Artículo 10.- Elementos para dictaminación:
Los que definan las entidades federativas de acuerdo a sus modelos regionalizados y contextualizados de educación
Artículo 11.- Los elementos a dictaminar se calificarán por medio de los tabuladores o a través de los sistemas adecuados de registro y evaluación que señalen las normas.
Artículo 12.- En cada dependencia funcionará una Coordinación Dictaminadora para los procesos de selección para la admisión, reconocimiento y promoción, integrada con igual número de representantes del titular y del sindicato, de acuerdo con las necesidades de la misma dependencia, quienes aplicaran el método en caso de igualdad de condiciones. Si no hay acuerdo, la designación se realizará por los tribunales en materia del trabajo o bien la autoridad laboral de cada entidad en un término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro candidatos que las partes en conflicto le propongan.
Artículo 13.- Los titulares de las dependencias proporcionarán a las Coordinaciones para los procesos de selección, los medios administrativos y materiales para su eficaz funcionamiento.
Artículo 14.- Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos que se observan en las Coordinaciones Dictaminadoras en los procesos de selección y de sus Organismos Auxiliares en su caso, quedarán señalados en los reglamentos y convenios, sin contravenir las disposiciones de esta Ley.
Artículo 15.- Los titulares darán a conocer a las Coordinaciones Dictaminadoras de los procesos de selección las vacantes que se presenten dentro de los diez días siguientes en que se dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la creación de plazas de base.
Artículo 16.- Al tener conocimiento de las vacantes, las Coordinaciones Dictaminadoras en los procesos de selección procederán desde luego a convocar a un concurso, entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondientes las cuales serán púbicas, y transparentes.
Artículo 17.- Las convocatorias señalarán los requisitos para aplicar derechos, plazos para presentar solicitudes de participación en los concursos y demás datos que determinen los reglamentos de las Coordinaciones Dictaminadoras en los procesos de selección.
Artículo 18.- En los concursos, las Coordinaciones Dictaminadoras procederán a verificar las pruebas a que se sometan los concursantes y a calificar los elementos a dictaminar, teniendo en cuenta los documentos, constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con la evaluación fijada en los reglamentos.
Artículo 19.- La vacante se otorgará al trabajador que habiendo sido aprobado de acuerdo con el reglamento respectivo obtenga la mejor calificación.
Artículo 20.- Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los categorías respectivas con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas por la Coordinación Dictaminadora.
Artículo 21.- Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que, para esos puestos, señala cada una de las dependencias.
Artículo 22.- Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no intervendrá la Coordinación Dictaminadora; el titular de la dependencia de que se trate nombrará y removerá libremente al empleado interino que deba cubrirla, dando aviso a la representación sindical quien observara que dicho nombramiento no vulnere derecho de los trabajadores.
Artículo 23.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por dictamen obligatorio que emita la Coordinación Dictaminadora en los procesos de selección; pero los trabajadores ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter de provisionales, de tal modo que si quien disfrute de la licencia reingresare al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa los corrimientos de niveles de los nombramientos y/o categoría y el trabajador provisional de la última categoría correspondiente, dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para el titular.
Artículo 24.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán las que se originen por licencias otorgadas a los docentes.
Artículo 25.- El procedimiento para resolver las permutas de empleos, así como las inconformidades de los trabajadores afectados por trámites o movimientos que dictamine la coordinación, será previsto en los reglamentos.
De reconocimiento y los estímulos.
Articulo 26.- Los elementos a dictaminar serán la experiencia, la aptitud y los conocimientos, así como otros que acuerden las autoridades educativas federales, locales y la representación sindical.
Articulo 27.- Los procesos de selección que realizara la coordinación dictaminadora con sus organismos auxiliares, serán público, transparentes, imparciales, equitativos, en el que los maestros y maestras podrán concurrir en igualdad de condiciones.
DE RECONOCIMIENTO Y LOS ESTÍMULOS
Articulo 28.- La autoridad educativa federal en coordinación con las autoridades educativas estatales, crearan un programa de estímulos para los maestros, maestras, directores, supervisores, jefes de sector, jefe de enseñanza, asesor técnico pedagógico, con el objetivo de incentivar la labor docente.
Artículo 29.- Los estímulos serán económicos, pedagógicos y sociales, para los maestros, maestras, supervisores, jefes de sector, de enseñanza y asesores técnicos pedagógicos, los cuales se otorgarán conforme a la normatividad.
Artículo 30.- Los estímulos se otorgarán una sola vez y en los periodos que señala la norma, que se cumplan con los requisitos de la misma.
Artículo 31.- Los requisitos de los estímulos, podrán variar de acuerdo al modelo alternativo de educación de cada entidad federativa en su caso.
Artículo 32.- Los estímulos solo se podrán tramitar en las fechas y periodos que señala la autoridad educativa estatal y podrán tramitarse hasta un año después de cumplir los requisitos que la norma señala.
Artículo 33.- La autoridad educativa federal conjuntamente con la representación sindical de los trabajadores de la educación, creara un programa para el reconocimiento de los maestros y maestras, el cual será regulado por la norma que para este efecto se emita, en el que se reconocerá la participación de la coordinación dictaminadora para otorgarlos.
Artículo 34.- El reconocimiento de los maestros, maestras, directores, supervisores, jefes de sector, jefe de enseñanza, es el incentivo económico, social e institucional, que otorga la coordinación dictaminadora conforme a las normas de este programa.
Artículo 35.- El reconocimiento una vez otorgado será permanente para el maestro o maestra, director, supervisor, jefe de sector y jefe de enseñanza que lo obtuvo, el cual únicamente podrá ser revocado por las siguientes causas:
Por resolución de la coordinación ante la tramitación del recurso de reconsideración que se tramitara ante el mismo y que promueven quien se considere afectado con su otorgamiento por tener un mejor derecho.
Por resolución judicial de los tribunales en materia del trabajo.
Porque la relación laboral se extingue.
Artículo 36.- El reconocimiento puede otorgarse de manera individual o colectiva, siempre que se cumplan los requisitos que señale la norma.
Artículo 37.- Ante la igualdad de condiciones el reconocimiento deberá otorgarse a quien tenga a su cargo una familia o bien demuestre tener mayor antigüedad como trabador de la educación.
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL
Artículo 38.- La autoridad educativa federal, determinara el catálogo de puestos, cargos y funciones, conjuntamente con la representación sindical, que tendrán acceso a los programas de estímulos y reconocimientos.
Artículo 39.- La autoridad federal diseñará los programas para los reconocimientos como los estímulos conjuntamente con la representación sindical de los trabajadores de la educación.
Artículo 40.- La autoridad federal como titular de la rectoría de la educación, autorizara la base financiera de los estímulos y reconocimientos que dictamine en su caso la coordinación dictaminadora.
Artículo 41.- La autoridad federal vigilará que los programas de estímulos y reconocimiento únicamente se aplicarán para educación básica y media superior.
Artículo 42.- La autoridad federal podrá revocar todo estímulo y/o reconocimiento que se otorgue de manera contraria a esta ley y la normatividad respectiva, por lo que estos, no tendrán efectos jurídicos y será nulo de pleno derecho.
Artículo 43.- La autoridad federal conjuntamente con la representación sindical dictaminarán en la normatividad el valor de cada uno de los elementos a dictaminar en los procesos de selección que realice la comisión dictaminadora.
Artículo 44.- La autoridad educativa estatal podrá presentar ante la autoridad educativa federal, sub elementos a dictaminar, que acuerde con la representación sindical, para que sean valorados en los procesos de selección por la coordinación dictaminadora previa autorización de la autoridad federal.
GENERALIDADES DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO
Artículo 45.- Los estímulos y reconocimiento podrán otorgarse con base en la normatividad de la materia, las cuales pueden tomar en cuenta la profesionalización y actualización de los docentes, así como la labor docente por medio de los modelos educativos estatales alternativos y contextualizados.
Artículo 46.- Los estímulos y reconocimientos de carácter económico deberán tramitarse con anticipación ante la autoridad educativa estatal, para que esta solicite el financiamiento a la autoridad federal, en atención a los periodos fiscales.
Artículo 47.- La autoridad educativa estatal y federal en todo momento podrán observar la autenticidad de las pruebas documentales necesaria para el otorgamiento de los estímulos o el reconocimiento, si de ellos advierte un documento apócrifo, dará vista a la autoridad competente y revocará este beneficio económico, el cual deberá ser devuelto a la autoridad federal en términos de la normatividad.
Artículo 48.- El reconocimiento y estímulos, en el caso que lo requieran deberán ser comprobados ante la autoridad educativa estatal y federal.
Artículo 49.- El recurso administrativo comprenderá los recursos de revisión, de queja y reconsideración.
I.- El recurso de revisión procederá contra resoluciones de autoridades educativas, dictadas con fundamento en la Ley General de Educación, la presente Ley y disposiciones derivadas de éstas en materia educativa;
II.- El recurso de queja, procederá por omisión o falta de respuesta después de transcurridos 60 días hábiles de la presentación de cualquiera solicitud, planteadas a las diversas autoridades educativas federales y/o locales que tengan estrecha relación con la aplicación de las leyes y normatividad en materia educativa.
Artículo 50.- El recurso de revisión podrán interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que emita cualquiera de las autoridades educativas por la aplicación de las leyes federales en materia educativa.
Artículo 51.- Ambos recursos se interpondrán por escrito ante la autoridad educativa inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u omitió responder a la solicitud de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, mismo que deberá contener los siguientes requisitos:
I.- Nombre y domicilio del recurrente;
II.- Constancia que acredite la personalidad del recurrente;
III.- Agravios que le cause la resolución u omisión;
IV.- El ofrecimiento de pruebas. Para la documental, deberán acompañarse los documentos probatorios. La confesional es inadmisible.
Artículo 52.- Recibido el escrito en que se promueve el recurso, la autoridad educativa deberá:
I.- Sellarlo y firmarlo de recibido anotando la fecha, hora y anexos que se acompañan, devolviendo copia con dichas anotaciones al interesado.
II.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del escrito inicial deberá dictar acuerdo sobre su admisión o desechamiento.
Artículo 53.- El término para desahogar pruebas será de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del acuerdo de admisión del recurso.
Artículo 54.- Concluido el término probatorio se concederá al recurrente tres días hábiles para que alegue lo que a su derecho convenga. La autoridad resolverá en un término de quince días hábiles.
Las resoluciones de los recursos se notificarán personalmente al recurrente o a sus representantes legales.
Artículo 55.- Los efectos de la interposición del recurso de revisión son:
I.- Suspender la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas, descuentos o bien suspensión de beneficios económicos a favor del trabajador de la educación.
II.- Suspender la ejecución de otras resoluciones administrativas, en el caso de omisión si esta contiene efectos positivos estos serán susceptibles de suspensión de acuerdo a la valoración que realice la autoridad inmediata superior quien tramita el presente.
Artículo 56.- Procede la suspensión de la resolución impugnada, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:
II.- Que no se ocasionen daños o perjuicios a los educandos o a terceros en términos de esta Ley, y
III.- Que no implique la continuación del hecho u omisión que motivó la resolución impugnada.
Artículo 57.- El presente recurso de reconsideración se tramitará ante la coordinación dictaminadora para la admisión, reconocimiento y promoción.
Artículo 58.- El recurso de reconsideración procede contra los dictámenes o resoluciones que determinen la admisión de expedientes o desecamientos de los mismos, así como contra las resoluciones o dictámenes que emita en los procesos de selección para la admisión, reconocimiento y promoción, todos emitidos por la coordinación dictaminadora.
Artículo 59.- Los requisitos para la tramitación del recurso de reconsideración son obligatorios y serán los siguientes:
III.-Señalar al tercero interesado en el dictamen;
IV.- Agravios que le cause la resolución o dictamen todas las anteriores la autoridad está obligada a emitirlas por escrito;
Artículo 60.- Una vez presentado el recurso de reconsideración, la autoridad emitiría un auto de admisión del mismo o bien de desecamiento.
Artículo 61.- En la auto admisión del mismo, contendrá el plazo para presentar pruebas como para su desahogo, alegatos y resolución, señalaran las pruebas que se presentaron con el escrito del recurso de reconsideración y el reconocimiento del tercero interesado.
Artículo 62.- El auto de admisión o que desecha el recurso de reconsideración se notificará al promovente en un término de 5 días hábiles, después de presentado, el cual se notificará de manera personal a quien lo promueve o bien a su representante legal, así mismo en el caso de que se admita el recurso deberá notificarse de manera personal al tercero interesado.
Artículo 63.- La coordinación dictaminadora conjuntamente con su organismo auxiliar en materia jurídica, tramitarán dicho recurso de revisión, para lo cual deberán otorgar a los que lo promueven, un plazo de cinco días para desahogar las pruebas que presentaron, cinco días para que expresen sus alegatos por escrito y en un término de 10 días emitir la resolución del recurso de reconsideración.
Artículo 64.- Las resoluciones del recurso de reconsideración podrán ser para revocar o confirmas la negativa de admitir expedientes para los procesos de selección en los que se realiza admisión, reconocimiento y promoción, o bien para revocar o confirmar el dictamen o resolución por el cual se admite, promociona o reconoce la coordinación dictaminadora, a los aspirantes a maestros, maestros, maestras, directores, supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza y asesores técnicos pedagógicos.
SEGUNDO.- Todas las disposiciones legales o administrativas contrarias al presente Decreto, quedaran sin efecto.
TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, todos los nombramientos de las maestras y maestros, serán conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
CUARTO.- El presente Decreto únicamente tendrá efectos retroactivos en beneficio de los maestros y maestras, por lo que para los trabajadores de la educación contratados hasta antes del 2013, sus relaciones laborales se seguirán regulando en términos del Artículo 123 constitucional Apartado B y su Ley Reglamentaria.
QUINTO.- En lo no previsto en el presente Decreto, se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
SEXTO.- Para los procesos de selección para la admisión, se observará, de manera obligatoria lo que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el profesiograma aprobado por la autoridad educativa y la representación sindical.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de julio de 2019.