Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1999/00444-1998-AA.html
Timestamp: 2017-12-16 05:01:08
Document Index: 336788858

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40']

0444-1998-AA
EXP. 444-98-AA/TC
WILMER ROJAS RUÍZ
En Trujillo, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia sentencia;
Recurso Extraordinario interpuesto por don Wílmer Rojas Ruiz contra la resolución expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas trescientos cuarenta y uno, su fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada, declaró improcedente la demanda.
Don Wílmer Rojas Ruiz interpone Acción de Amparo contra el Jefe del Frente Policial de San Martín-Huánuco, por violación de sus derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral.
Alega el demandante que mediante Resolución Jefatural N° 010-JFPSM-HCO/F1 fue pasado a la situación de disponibilidad como miembro de la Policía Nacional del Perú, sin que previamente se haya realizado investigación ni permitido ejercer el derecho de defensa, de conformidad con el Decreto Supremo N° 026-89-IN (Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú), así como el Decreto Legislativo N° 745 (Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú).
Precisa que se le ha impedido ejercer el derecho de defensa al no permitírsele confrontar con las personas implicadas en el hecho que motivó su pase a la situación de disponibilidad. Recuerda que la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de San Martín ha ordenado el archivamiento definitivo del proceso penal que se le venía siguiendo por el delito de hurto agravado, el mismo que mediante Ejecutoria Suprema, la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, declaró No Haber Nulidad en la sentencia consultada.
Admitida la demanda, ésta es contestada por el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, quien solicita se declare improcedente, en razón de lo siguiente: a) No se ha agotado la vía previa; b) La posibilidad de interponer la demanda ha caducado desde que, entre la fecha que fue pasado a la situación de disponibilidad, el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, al veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete fecha en que presenta la demanda, han transcurrido en exceso los sesenta días hábiles que prevé el artículo 37° de la Ley N° 23506; y, c) El demandante fue pasado a la situación de disponibilidad, luego de que a partir de las investigaciones practicadas por el Equipo de Investigación Especial de la Policía Nacional del Perú se determinara su participación en el hurto agravado de equipos de comunicación pertenecientes a la Policía Nacional del Perú, procediéndose de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90° inciso f) y 116° del Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP.
Con fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, el Juez del Tercer Juzgado del Trabajo de Trujillo expidió sentencia declarando fundada la demanda, por considerar principalmente, que no se respetó el derecho al debido proceso administrativo. Interpuesto el Recurso de Apelación, con fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad expide resolución, revocando la apelada, y reformándola, la declara improcedente, por considerar, principalmente, que la demanda se interpuso fuera del plazo previsto en el artículo 37° de la Ley N° 23506. Interpuesto el Recurso Extraordinario, los actuados son elevados al Tribunal Constitucional.
1. Que, conforme se acredita del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se deje sin efecto ni valor legal alguno la Resolución Jefatural N° 010-JFPSM-HCO/F1, su fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y, en consecuencia, se ordene la reposición del demandante al servicio activo de la Policía Nacional del Perú, sin perjuicio del pago de sus remuneraciones y demás derechos dejados de percibir hasta la fecha.
2. Que, en tal virtud, y dado que los términos en que se ha planteado la pretensión procesal en el proceso de amparo discurren por determinar si en el caso de autos se interpuso la demanda dentro del plazo previsto por el artículo 37° de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, este Tribunal Constitucional observa:
a) Según se está al documento obrante a fojas tres, la Resolución Jefatural N° 010-JFPSM-HCO/F1, fue expedida con fecha tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y en la fecha, mediante Oficio N° 236-JFPSM-HCO/F1, se transcribió su contenido al demandante, en virtud del cual se le pasó de la situación de actividad a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria.
b) Según se está al documento obrante a fojas nueve, aun antes de haberse dispuesto el pase a la situación de disponibilidad, ante el Segundo Juzgado Penal de Tarapoto ya se le había abierto instrucción al demandante por la presunta comisión del delito de hurto agravado en agravio del Estado, el mismo que finalmente concluyera con la expedición de una Ejecutoria Suprema de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, obrante a fojas treinta y dos, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por virtud del cual se le absolvió en forma definitiva del delito de hurto agravado.
3. Que, en consecuencia, a juicio de este Tribunal Constitucional, el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 37° de la Ley N° 23506, en el caso de autos, debe de computarse desde el día siguiente en que se notificara la Ejecutoria Suprema que expidiera la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, ocurrida finalmente con fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y siete; dado que de haberse exigido que se interpusiera la demanda no bien generado el acto que se considera como lesivo, ello hubiese significado que el Juez Constitucional que conoce la Acción de Amparo, al evaluar la arbitrariedad o no de la sanción de corte administrativo, eventualmente propiciase la expedición de una resolución judicial contradictoria a aquélla que pudiese expedir el Juez Penal que conocía del delito que se le imputaba; por lo que habiéndose interpuesto la demanda con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, corresponde a este Tribunal Constitucional ingresar a evaluar las razones de fondo de la litis.
4. Que, ingresando a evaluar las razones de fondo que el Recurso Extraordinario entraña, este Tribunal Constitucional no puede dejar de observar que si bien el objeto del proceso penal es distinto del objeto del procedimiento administrativo, que concluyó con el pase a la situación de disponibilidad del demandante, es evidente que en el presente caso, existe entre ambos una relación de causalidad, dado que el demandante fue sancionado administrativamente por los mismos hechos que se investigaron en sede judicial, lo que supone que, habiéndose determinado la inexistencia de responsabilidad penal por idénticos hechos a los que motivaron la sanción administrativa, el pase a la situación de disponibilidad dispuesta por la Resolución Jefatural cuestionada haya devenido en arbitraria.
5. Que, en tal virtud, no puede argüirse, en el presente caso, como lo ha sostenido la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que exista una relación de independencia entre la sanción administrativa impuesta al demandante respecto de su responsabilidad penal, conforme a lo previsto por el artículo 40° del Decreto Legislativo N° 745, puesto que, como aparece de autos, especialmente de la Resolución Jefatural N° 010-JFPSM-HCO/F1 y de la Ejecutoria Suprema expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, fueron los mismos hechos los que se ventilaron en ambas vías, negándose judicialmente las conclusiones a las que se llegó en la vía administrativa.
6. Que una interpretación distinta del artículo 40° del Decreto Legislativo N° 745, en casos análogos como el presente, llevaría al absurdo de considerar que la inocencia, no ya presunta, sino judicialmente declarada, se tornase en una declaración lírica para su beneficiario, puesto que poco o nada le serviría a éste para enervar los efectos de una sanción administrativa, cuya responsabilidad, judicialmente, después ha sido declarada inexistente.
7. Que lo expresado en los fundamentos jurídicos anteriores no significa que este Tribunal Constitucional pretenda enervar la validez de los alcances previstos en el artículo 40° del Decreto Legislativo N° 745 y, concretamente, el de la distinción de la responsabilidad administrativa y la que pueda constituir una de naturaleza judicial, puesto que, como se ha indicado, en el presente caso, el pase a la situación de disponibilidad del demandante se debió a un hecho que, simultáneamente a la consideración de una falta grave en el orden administrativo, fue considerado como delito, no alegándose para la determinación de tan grave sanción administrativa ningún otro hecho adicional que pudiera importar una falta.
REVOCANDO la resolución expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas trescientos cuarenta y uno, su fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo interpuesta; dispone la no aplicación para el demandante de la Resolución Jefatural N° 010-JFPSM-HCO/F1, ordena se reincorpore a don Wílmer Rojas Ruiz a la situación de actividad de la Policía Nacional del Perú, en el mismo grado que ostentaba. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.