Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-872_2002.html
Timestamp: 2020-05-30 09:15:38
Document Index: 297051016

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'Artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 189', 'artículo 336', 'artículo 163', 'artículo 195', 'artículo 157', 'artículo 189', 'artículo 163', 'artículo 242', 'artículo 163', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 156', 'artículo 157', 'artículo 103']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-872_2002]
Sentencia C-872/02
La Constitución regula el proceso de formación de las leyes. Así, un proyecto sólo puede llegar a ser ley si versa sobre una misma materia, fue presentado por quien tuviese iniciativa para tal efecto, y surtió los trámites pertinentes en el Congreso, a saber: (i) haber sido publicado oficialmente antes de darle curso en la comisión respectiva, (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara y (iii) en segundo debate en la plenaria de la respectiva corporación, y (iv) haber obtenido la sanción del Gobierno. Además, deben respetarse los respectivos quórums y mayorías y los plazos entre los distintos debates.
LEY-Finalidades de exigencias sobre formación
LEY-Requisitos/PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Alcance/PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS EN LA LEY-Reglas constitucionales que gobiernan la aprobación/PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS EN LA LEY-Consecuencias derivadas del proceso de formación
Los requisitos no están diseñados para obstruir los procesos o hacerlos más difíciles. Según el principio de instrumentalidad de las formas, las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo. Tal concepción tiene entonces plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos dos consecuencias, en primer lugar la interpretación del alcance de las normas que gobiernan la formación de las leyes es realizada teniendo en cuenta los valores materiales que esas reglas pretenden realizar. Pero, y esta es la segunda consecuencia, ello no implica que las formas procesales en general, y las normas constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular, sean irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores significativos.
LEY-No toda vulneración de una regla sobre formación implica inconstitucionalidad/LEY-Irregularidad irrelevante
Es claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el Reglamento del Congreso, acarrea la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad. En ciertos casos, puede tratarse de una irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia.
LEY-Vicio en la formación convalidado
Puede ocurrir que el vicio exista, pero sea convalidado en el proceso mismo de formación de la ley, en la medida en que se haya cumplido el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, o la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una autoridad que tenía competencia para ello. En tal contexto, es obvio que, en función de la prevalencia del derecho sustancial, no tiene sentido que la Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición acusada.
LEY-Vicio en la formación no convalidado que puede sanearse por devolución
Puede ocurrir que exista un vicio en la formación de la ley, y éste no haya sido convalidado, pero la Corte constate que el vicio puede ser subsanado durante la revisión de constitucionalidad de la ley. En tal evento, la Carta expresamente establece que el juez constitucional debe devolver la norma sujeta a control a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, ésta proceda a subsanarlo.
LEY-Vicio en la formación no convalidado que puede sanearse por la misma Corte
LEY-Posibilidad de saneamiento de vicios en la formación
LEY-Vicio de procedimiento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY-Presupuestos a examinar ante irregularidad en el trámite
Para que el juez constitucional constate que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley es necesario que examine (i) si la entidad del defecto es tal que constituya un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) si en realidad es un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado durante el trámite de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.
LEY-Publicación del texto aprobado
LEY-Error de transcripción de la fecha
LEY-Trámite de urgencia/LEY-Oportunidad de retiro de mensaje de urgencia
LEY-Firma del Presidente de la República/LEY-Sanción
LEY-No necesidad de escritura de nombre y cargo
LEY-Omisión de escribir nombre completo y cargo por Jefe de Estado
Referencia: expediente D-3882
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 643 de 2001, "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar".
Demandante: Orlando Ordoñez Chavarro
Bogotá, D.C., octubre quince (15) de dos mil dos (2002).
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Orlando Ordoñez Chavarro solicita ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 643 de 2001.
A continuación se transcribe el texto de la norma, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 44.294 del diecisiete (17) de enero de 2001,
"por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar"
Artículo 36. Apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares. Son modalidades de juegos de suerte y azar en las cuales las apuestas de los jugadores están ligadas a los resultados de eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, tales como el marcador, el ganador o las combinaciones o aproximaciones preestablecidas. El jugador que acierte con el resultado del evento se hace acreedor a un porcentaje del monto global de las apuestas o a otro premio preestablecido.
? El Ministro de Salud, o su delegado, quien lo presidirá.
? El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
? Un representante de la Federación Nacional de Gobernadores.
? Un representante de la Federación Colombiana de los Municipios.
? Un representante de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la Salud Pública designado por los representantes legales de tales organizaciones.
? Un representante de las asociaciones médicas y paramédicas designado por los representantes legales de tales asociaciones.
? Ingresos.
? Gastos de administración y operación; y
? Transferencias efectivas a los servicios de salud.
Mauricio Bustamante García"
El demandante considera que la ley acusada viola los artículos 29, 163 y 189 numeral 9 de la Constitución. El actor analiza el procedimiento seguido por la ley y señala que el 19 de noviembre fue aprobado en la Cámara el texto del proyecto de ley 035 de 1999, pero existe una constancia suscrita por el Representante Oscar Dario Pérez Pineda que contradice lo publicado en la Gaceta del Congreso, pues tal constancia establece que la aprobación se presentó el 18 de noviembre, lo cual viola el reglamento del Congreso (artículo 36 de la Ley 5 de 1992) pues la publicación no fue hecha correctamente. Tal error viola el debido proceso pues no respeta la publicidad de actos y documentos oficiales.
Sobre la supuesta violación al artículo 163 de la Carta, el demandante señala que la solicitud del trámite de urgencia para un proyecto de ley es una potestad que el Constituyente le asignó al Presidente de la República de manera indelegable, pero consta en la Gaceta del Congreso No. 419 de octubre 13 de 2000, que el funcionario que hizo uso de la mencionada facultad fue el Ministro de Justicia y del Derecho, Delegatario de funciones presidenciales, de acuerdo con el Decreto 1933 de 2000, aunque posteriormente el Presidente de la República insistió sobre un mensaje que algunos Congresistas consideraron inexistente. Además, aunque algunos alegan que en la insistencia aparece la firma del Presidente de la República, el actor señala que aunque se pudiera suponer que esa es la firma del Presidente, es claro que la firma del empleado público debe tener todas las letras del nombre y apellido que lo identifique, lo cual no ocurre en este caso. Así, el haber dado trámite de urgencia a esta ley sin que ello fuera pertinente, es una violación al artículo 163 de la Constitución y por tanto la ley 643 debe ser declarada inexequible. De otro lado, este artículo también resulta vulnerado porque a pesar de que el gobierno quiso retirar la solicitud de insistencia sobre el trámite de urgencia, el vicio de procedimiento ya se había consumado pues el orden del día fue alterado luego de recibir y estudiar la solicitud.
En cuanto a la violación del artículo 189, el demandante alega que se consumó ya que el Presidente de la República no firmó el texto de la ley demandada y por tanto no la sancionó como lo ordena la Carta.
El ciudadano Bernardo Alfonso Ortega Campo, en representación del Ministerio de Salud, interviene en este proceso para solicitar que la Corte declare la exequibilidad de la ley 643 de 2001. Para el interviniente, el monopolio rentístico está autorizado por el artículo 336 de la Constitución pues tiene una finalidad de interés público y social, y éste es el marco en el cual surgió la ley acusada. De otro lado, respecto a los posibles vicios de forma, anota que el Ministro Delegatario tenía la facultad para solicitar el trámite de urgencia sobre el proyecto de ley sobre el régimen del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en virtud del decreto 1933 de 2000.
Para el Ministerio de Salud, tampoco existe un vicio por la ausencia de la transcripción de los nombres y apellidos del Presidente de la República al momento de sancionar la ley, pues "la calidad de funcionario y en este caso de Presidente es inherente a la condición con que ejercita su función". Además, todo el argumento del demandante sólo podría ser una violación a la simple formalidad, lo cual no es suficiente para generar un vicio de inconstitucionalidad. Cita el interviniente diferentes sentencias en las cuales la Corte Constitucional se refiere a los vicios formales y materiales en la expedición de los actos jurídicos así como otras muchas referidas al trámite de las leyes y las competencias de los funcionarios públicos. Con base en ellas, el ciudadano anota que las objeciones a la firma del Presidente de la República hechas por el actor, no son de recibo ya que se trata de una persona que ha accedido al cargo por elección popular. Además, agrega, es por todos conocido quién ejerce tales funciones y no está demostrado que la firma no corresponda a la del Presidente de la República.
La ciudadana María Olga Montejo Fernández, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interviene a fin de solicitar que la Corte declare la exequibilidad de la ley 643 de 2001. Para la interviniente, la normatividad acusada no viola el debido proceso establecido en la Constitución ya que los textos publicados en la Gaceta del Congreso fueron aprobados, independientemente del error de transcripción que hace referencia al jueves 19 de noviembre, cuando en realidad se refería al jueves 18 de noviembre. Lo anterior no afecta en nada el trámite de la ley ni tampoco vulnera el debido proceso.
En cuanto a la supuesta violación del artículo 163, para la interviniente es claro que el Ministro Delegatario obró de acuerdo con la Constitución, que en su artículo 195 señala que el encargado del Ejecutivo tendrá las mismas atribuciones que el Presidente, y por tanto, podía solicitar el trámite de urgencia para el proyecto de ley.
3. Intervención de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA
Manuel Guillermo Rueda Serrano, representante legal de FASECOLDA, interviene a fin de solicitar que la ley 643 de 2001 sea declarada exequible. Para el ciudadano, el error tipográfico en la Gaceta del Congreso sobre el día en que se aprobó el proyecto es un error involuntario que en nada afecta el trámite del proyecto de ley. Así, para el interviniente, no fueron pretermitidos los requisitos señalados por la Constitución durante el trámite de la ley. Recuerda entonces los requisitos de un proyecto para convertirse en ley de la República, tal como están consignados en el artículo 157 de la Constitución y en el reglamento del Congreso.
En cuanto al mensaje de urgencia en el trámite del proyecto, observa el ciudadano que los apartes que cita el actor sobre la procedencia de la solicitud no se refieren a que la aprobación del proyecto de ley haya ocurrido con ocasión de su efectiva admisión. Así, independientemente de la validez de la solicitud del trámite de urgencia presentada por el Ministro Delegatario, el proyecto fue tramitado sin tener en cuenta su existencia, pues para la fecha de la plenaria tal solicitud se había retirado. Sobre la supuesta violación del artículo 189 de la Carta, el ciudadano estima que es claro que el Presidente sancionó la ley, ya que ésta fue promulgada, y es sabido que no puede promulgarse una ley que no ha sido sancionada.
El Procurador General de la Nación, en concepto No. 2907, recibido el 11 de junio de 2002, interviene en este proceso para solicitar que la Corte declare exequible la ley acusada. Considera el Ministerio Público que en la publicación efectuada en la Gaceta del Congreso No. 493 del 1° de diciembre de 1999 no se presentó el error a que alude el demandante ya que el texto del proyecto de ley fue aprobado en primer debate en sesión ordinaria en la Cámara de Representantes el 19 de noviembre de 1999, y el 18 de noviembre se aprobó la proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto de ley. Así, es diferente la aprobación del informe con que termina la ponencia y otra distinta la aprobación del informe del texto del proyecto de ley. Por tanto, el cargo del actor surge de la confusión entre estos dos momentos del trámite de la ley.
En cuanto al trámite de urgencia, la Vista Fiscal considera que ante la solicitud del Ministro Delegatario, el Presidente del Senado le dio prelación en el orden del día al proyecto "lo cual suscitó un debate en torno a la competencia del ministro delegatario para solicitar el trámite de urgencia y a la simultaneidad del trámite de urgencia y de la insistencia". Con todo, en el mes de octubre, el Ministro Delegatario retiró la solicitud y por tanto el proyecto de ley que dio origen a la ley 643 de 2001 no fue sometido a dicho trámite, y aunque se le dio prelación en el orden del día, no fue adelantado dentro de los plazos perentorios previstos en el artículo 163 de la Carta. Luego, la Procuraduría concluye que siguió el trámite ordinario.
En cuanto a la sanción de la ley, el Ministerio Público considera que ésta fue debidamente sancionada por cuanto a folio 102 del expediente se observa la firma del jefe de estado.
Asunto previo: caducidad de las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma
2.- De conformidad con el numeral 3 del artículo 242 de la Constitución, las acciones de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes por vicios de forma caducan en el término de un año contado desde la publicación del respectivo acto. En este caso, observa la Corte que la Ley 643 fue publicada el 17 de enero de 2001 y la demanda fue presentada el 15 de enero de 2002. De acuerdo con ello, la acción no había caducado y por tanto procede el estudio de los cargos.
3.- De acuerdo con el planteamiento del demandante, corresponde a esta Corte determinar si existen vicios de procedimiento en el trámite de la ley acusada por los siguientes aspectos: el error que figura en la Gaceta del Congreso sobre la fecha de la sesión en que se aprobó el proyecto de ley cuestionado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la solicitud de trámite de urgencia presentada por el Ministro Delegatario de funciones presidenciales, y la supuesta falta de sanción presidencial de la Ley.
Al respecto, los intervinientes y el Ministerio Público consideran que los cargos son infundados. Sobre el primer asunto, algunos afirman que se trató de un error tipográfico que no afecta el trámite de la ley. Por su parte, la Vista Fiscal anota que el demandante incurre en una confusión al asimilar la aprobación del informe con que terminó la ponencia al proyecto de Ley con la aprobación del texto del mismo. En cuanto al trámite de urgencia, dos de los intervinientes consideran que el Ministro Delegatario tenía la facultad de solicitarlo, otro ciudadano y el Procurador entienden que el trámite del proyecto de Ley no tuvo en cuenta esa solicitud y es irrelevante entonces analizar si el Ministro Delegatario tenía la potestad de solicitar el trámite de urgencia o no. Finalmente, Sobre el último aspecto, los ciudadanos intervinientes y la Vista Fiscal consideran que la falta de transcripción de los nombres y apellidos del Presidente de la República no representa un vicio, pues basta con su firma, ya que es de todos conocida su identidad y no está demostrado que se trate de una falsificación.
4.- Teniendo en cuenta que todos los cargos son por vicios de procedimiento, la Corte comenzará por recordar cuáles son los requisitos para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, para luego estudiar las distintas acusaciones.
Requisitos de aprobación de las leyes
5.- La Constitución regula el proceso de formación de las leyes. Así, un proyecto sólo puede llegar a ser ley si versa sobre una misma materia (CP art. 158), fue presentado por quien tuviese iniciativa para tal efecto (CP art. 154), y surtió los trámites pertinentes en el Congreso, a saber: (i) haber sido publicado oficialmente antes de darle curso en la comisión respectiva, (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara y (iii) en segundo debate en la plenaria de la respectiva corporación, y (iv) haber obtenido la sanción del Gobierno (CP art. 157). Además, deben respetarse los respectivos quórums y mayorías (CP arts 145 y 146), y los plazos entre los distintos debates (CP art. 159).
Estas exigencias persiguen finalidades de gran importancia tales como potenciar el principio democrático y preservar el contenido esencial del régimen institucional diseñado por el Constituyente según el cual Colombia es un Estado democrático fundado en la soberanía popular (CP arts 1° y 3°) con una forma de gobierno presidencial, separación de las ramas del poder y con un ente legislativo bicameral (CP arts 113, 114 y 115).
Las reglas constitucionales sobre formación de las leyes adquieren entonces pleno sentido si se tienen en cuenta esos objetivos, pues ellos buscan proteger el diseño de forma de gobierno establecido por el Constituyente, al mismo tiempo que buscan potenciar el principio democrático, a fin de que el debate en el Congreso sea amplio, transparente y racional[1].
6.- Pero los requisitos no están diseñados para obstruir los procesos o hacerlos más difíciles. Según el principio de instrumentalidad de las formas, las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo. Tal concepción tiene entonces plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos dos consecuencias, en primer lugar la interpretación del alcance de las normas que gobiernan la formación de las leyes es realizada teniendo en cuenta los valores materiales que esas reglas pretenden realizar (art. 1°, 2° y 228 de la Constitución). Por esta razón la Corte ha dicho que "las normas constitucionales relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, o dificultar la libre discusión democrática en el seno de las corporaciones representativas, pues ello equivaldría a desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental"[2].
Pero, y esta es la segunda consecuencia, ello no implica que las formas procesales en general, y las normas constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular, sean irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores significativos. Esta Corte ha aclarado entonces que la flexibilización del trámite de las leyes establecida en la Carta de 1991 "no significa que los vicios en que pueda incurrirse carezcan de trascendencia en términos que en ocasiones puedan llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que adolezca de los mismos"[3].
El principio de la instrumentalidad de las formas.
7.- Así, en primer término, es claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el Reglamento del Congreso, acarrea la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad. En ciertos casos, puede tratarse de una irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia[4].
En tercer término, puede ocurrir que exista un vicio en la formación de la ley, y éste no haya sido convalidado, pero la Corte constate que el vicio puede ser subsanado durante la revisión de constitucionalidad de la ley. En tal evento, la Carta expresamente establece que el juez constitucional debe devolver la norma sujeta a control a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, ésta proceda a subsanarlo (CP art 241 par).
Finalmente, puede ocurrir que existan vicios en el proceso de formación de la ley, y que éstos no hayan sido convalidados en el trámite legislativo, pero pueden ser subsanados por la misma Corte Constitucional, al pronunciarse ésta sobre la norma en cuestión.
8.- La Corte destaca que tanto en derecho comparado, como en el caso colombiano, la gravedad del vicio no tiene incidencia directa sobre las posibilidades de saneamiento o convalidación del mismo. Un vicio grave puede entonces llegar a ser convalidado o subsanado, mientras que vicios de menor entidad pueden carecer de esa posibilidad. Con todo, la Corte precisa que la posibilidad de saneamiento se debe interpretar y ejercer en forma razonable; en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio, que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento legislativo.
Así, para que el juez constitucional constate que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley es necesario que examine (i) si la entidad del defecto es tal que constituya un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) si en realidad es un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado durante el trámite de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.
Con base en los anteriores criterios, entra la Corte a examinar si los defectos enunciados por el actor en la formación de la ley acusada implican o no su inconstitucionalidad.
La publicación del texto aprobado por la Comisión Tercera de la Cámara
9.- De acuerdo con el cargo expresado por el demandante, existe un vicio en el trámite de la ley acusada por cuanto la aprobación del texto discutido en el primer debate realizado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 18 de noviembre y no el 19, que fue la fecha publicada en la Gaceta del Congreso. De los documentos obrantes en el expediente se colige que el 19 de noviembre de 1999 se aprobó el texto del proyecto de ley en la comisión tercera constitucional permanente de la Cámara de Representantes (fl. 444), pero el 18 de noviembre de 1999 se aprobó la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley (fl. 476). Este informe (fls. 479 a 495) finaliza con la proposición de darle primer debate al proyecto, pero según constancia obrante en el folio 833 la comisión tercera aprobó el proyecto el 18 de noviembre de 1999.
10.- Evidentemente estos datos generan confusiones pero no se constituyen un vicio en el trámite de la ley, pues al parecer se trata de un error de transcripción como será demostrado a continuación. En efecto, como consta en el folio 445 del expediente, el proyecto se aprobó en primer debate en la Cámara de Representantes el jueves 19 de noviembre. Pero el 19 de noviembre de 1999 fue un viernes. Así, parece que el error se presentó al momento de escribir la fecha, pues el día de la semana en el cual se llevó a cabo la sesión (jueves) no ofrece ninguna duda.
Con todo, la cuestión de publicar una fecha de manera incorrecta puede configurar un vicio si ésta tiene efectos sustantivos, por ejemplo frente al respeto de los lapsos entre los debates (art. 160 C.P.), situación que como se muestra a continuación no ocurrió ni puede generar duda alguna. La aprobación del texto presentado en primer debate en la Comisión Tercera Permanente de la Cámara de Representantes se dio el 18 de noviembre 1999, la aprobación por parte de la Plenaria de esta Corporación fue hecha el 7 de diciembre del mismo año respetando plenamente estos lapsos cualquiera que fuera el día de aprobación del texto estudiado en el primer debate. Por su parte, la Comisión Tercera del Senado de la República aprobó el texto en las sesiones del 13 y 14 de junio de 2000, la Plenaria de esta Corporación aprobó el texto durante las sesiones del 18 de octubre y del 7 de noviembre (fl. 246)
Como consta en el expediente, a pesar del error de transcripción de la fecha, la publicación fue realizada y se cumplió la finalidad de la misma que es darle publicidad al proceso legislativo. Además, no existe ninguna violación a los lapsos constitucionales establecidos para tramitar las leyes y por tanto esta irregularidad no configura un vicio.
11.- Con todo, debe la Corte llamar la atención sobre la importancia de consignar datos exactos dentro del trámite de las leyes a fin de hacer claridad y no generar confusiones como la que dio lugar a este cargo de la demanda.
12.- El segundo cargo se refiere a que el ministro delegatario en ejercicio de funciones presidenciales no estaba habilitado para presentar el mensaje de urgencia registrado el 28 de septiembre de 2000 por el Ministro de Justicia como ministro delegatario de funciones presidenciales. Frente a esta solicitud el Presidente de la República presentó insistencia el 3 de octubre de 2000. Así, el Senado inició con este asunto en la sesión del 4 de octubre de 2000. Esta situación generó un debate sobre la potestad del ministro delegatario para solicitar el trámite de urgencia en el cual se concluyó que el Gobierno debía hacer claridad sobre esos mensajes y el trámite solicitado. La solicitud de insistencia fue entonces retirada por el ministro delegatario (fl 78). Al respecto es importante aclarar que por tratarse de una potestad del Ejecutivo ("El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley (...) la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto (...)" artículo 163 C.P.) y al no existir prohibición alguna sobre el retiro de este tipo de solicitudes, es claro para esta Corte que un mensaje de urgencia o de insistencia puede ser retirado cuando aún no ha surtido sus efectos, consistentes en agilizar el trámite de un proyecto de ley en el Congreso. En este caso, es evidente que el ejecutivo hizo uso de esa facultad de presentación y ante el debate suscitado en el Congreso decidió retirarlo. Incluso en el oficio a través del cual el mensaje de insistencia fue retirado, el Ministro Delegatario aclaró que "de ninguna manera ha querido con este mecanismo constitucional entorpecer ni presionar el debate que debe tener esta iniciativa" y por ello retiró la insistencia. Aunque reiteró la necesidad de adelantar el trámite legislativo a la mayor brevedad. Por tratarse entonces del ejercicio de una potestad y no de una obligación, el Ejecutivo puede o bien solicitar el trámite de urgencia o no hacerlo, incluso puede hacerlo y luego retirar el mensaje si considera que es lo conveniente para el debate legislativo, como de hecho ocurrió en el caso bajo examen.
Ante el retiro del mensaje de insistencia, es irrelevante llevar a cabo un estudio sobre el punto, pues el trámite de urgencia no se llevó a cabo. La sesión del 4 de octubre de 2000 sólo se ocupó de debatir el punto y solicitar una aclaración de la posición del Gobierno sobre la solicitud de urgencia, pero no se ocupó del estudio del proyecto de ley y por tanto no es de recibo el argumento del demandante sobre un supuesto efecto del mensaje de urgencia y de la solicitud de insistencia en la sesión del 4 de octubre de 2000 en el Senado de la República. De otro lado el trámite del proyecto de ley no sufrió alteración alguna, y se desarrolló conforme al procedimiento ordinario ya que no se tuvo en cuenta el mensaje de urgencia. Por tanto no se presentó irregularidad ni vicio alguno, pues el mensaje de urgencia presentado por el Ministro delegatario no tuvo efectos jurídicos. Por ello, el cargo será desestimado, sin que la Corte tenga que examinar si efectivamente el Ministro delegatario tenía facultades para presentar el mencionado mensaje.
Firma de los empleados públicos, el caso del Presidente de la República
13.- El actor arguye que el presidente no sancionó la ley demandada pues todo empleado público debe firmar escribiendo con todas sus letras el nombre y el apellido y la denominación del cargo. Como fue mencionado anteriormente, no toda irregularidad en el trámite y expedición de las leyes vicia las mismas. Así, siendo un hecho notorio quién es el Presidente de la República, no es necesario aclarar su identidad a través de la escritura de su nombre y cargo. Ello es pertinente si puede presentarse una confusión en cuanto al cargo o identidad del funcionario. De lo contrario, siendo claro quién era el Presidente de la República al momento de sancionar la ley, no se configura un vicio por la omisión de escribir el nombre completo y el cargo, pues es conocida su identidad, no sólo por la tratarse del jefe de estado, sino por haber sido escogido a través de un proceso público como lo es la elección popular. Así, no existe vicio alguno y por tanto no procede el cargo.
Declarar EXEQUIBLE la Ley 643 de 2001 "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar", por los cargos estudiados en esta oportunidad.
Aclaración de voto a la Sentencia C-872/02
LEY-Vicio subsanable debe devolverse a la autoridad que lo profirió (Aclaración de voto)
PROYECTO DE LEY-Publicación de ponencia antes de iniciación del debate (Aclaración de voto)
Con el debido respeto por las decisiones de la Corporación y compartiendo, como comparto la declaración de exequibilidad de la Ley 643 de 2001 a que se refiere la Sentencia C-872 de 15 de octubre de 2002, me veo precisado sin embargo a aclarar mi voto, por las siguientes razones:
1ª. En el acápite denominado "el principio de la instrumentalidad de las formas", en el párrafo final del numeral 7º de las consideraciones del fallo se expresa que cuando existan vicios en el proceso de formación de la ley y "estos no hayan sido convalidados en el trámite legislativo", "puede ocurrir" que ellos sean "subsanados por la misma Corte Constitucional, al pronunciarse esta sobre la norma en cuestión".
A la Corte Constitucional le corresponde el ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 241 de la Carta y debe sujetarse estrictamente a ellas, tal como la propia Corporación así lo ha sostenido.
En ese orden de ideas el párrafo del citado artículo 241 de la Constitución, lejos de facultar a la Corte para que ella subsane algunos vicios de formación de la ley, lo que le ordena, de manera clara y precisa es que cuando tales vicios de procedimiento sean subsanables y en ellos se haya incurrido en la formación del acto sujeto a su control, "ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado". Si esto último sucede, es decir si se subsana el vicio por quien tiene competencia para ello, -que no es en todo caso la Corte Constitucional-, esta "procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto".
2ª. Como queda establecido en la motivación de la sentencia, existe en este caso imprecisión con respecto a la fecha en que se produjo la aprobación por la Cámara de Representantes en su Comisión Tercera, del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 643 de 2001, imprecisión esta que puede llevar a discusión sobre la legalidad del trámite del proyecto, como la planteada por el demandante.
Con todo, ella se superó por el estudio atento de la Corte sobre los antecedentes legislativos que permitieron establecer el trámite respectivo del proyecto que se convirtió en la Ley 643 de 2001.
No obstante, reitero en esta oportunidad la posición que con otros tres magistrados hemos venido sosteniendo, conforme a la cual la publicación de las ponencias para surtir el primer debate en las Comisiones de cada una de las Cámaras, o el segundo en las Plenarias, debe realizarse antes de la iniciación del debate respectivo pues, en caso contrario se afecta el principio democrático de la publicidad del trámite de los proyectos de ley y se vulnera, de esa manera no sólo el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, que es el reglamento del Congreso sino, también el artículo 157 de la Constitución Política.
PROYECTO DE LEY-Facultad discrecional de trámite de urgencia del Presidente de la República (Aclaración de voto)
PROYECTO DE LEY-No retiro solicitud de trámite de urgencia por uso de facultad y modificación del procedimiento ordinario (Aclaración de voto)
PROYECTO DE LEY-Solicitada la urgencia no puede modificarse el procedimiento (Aclaración de voto)
REF.: Expediente D-3882
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 643 de 2001, "Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.
Con el respeto que me merece la mayoría de la Corporación, me permito consignar las razones de mi aclaración de voto.
Existen dos problemas que se hace necesario separar para evitar confusiones: Uno, el problema de si el Ministro delegatario de funciones presidenciales tiene competencia, para solicitar trámite de urgencia de un proyecto de Ley que se este tramitando en el Congreso de la República en aplicación del artículo 103 de la Constitución y, el segundo problema, es el de si, solicitado el trámite de urgencia, (lo que implica una modificación del procedimiento ordinario, entre otras la deliberación conjunta de las comisiones permanentes); con posterioridad a esta solicitud se puede volver al trámite ordinario.
En mi sentir, el Presidente puede o no hacer uso de la facultad de solicitar el trámite de urgencia y esa faculta es discrecional del Presidente; pero una vez hace uso de esa facultad y modifica el procedimiento ordinario no puede retirar la solicitud, pues ya se ha señalado un procedimiento a seguir de conformidad con la Constitución Nacional. Una vez se ha solicitado la urgencia de un proyecto de Ley, no puede modificarse el procedimiento de ella ni siquiera por voluntad del Congreso, mucho menos por voluntad del Gobierno; el procedimiento queda fijado de manera definitiva y, obliga por igual al Congreso y al Gobierno sin que se pueda volver al procedimiento ordinario y si el proyecto de ley no continúa con el procedimiento extraordinario es deber de la Corte declararlo inconstitucional.
[1] Al respecto, ver sentencia C-737 de 2001.
[2] Sentencia C-055 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 6.
[3] Sentencia C-500 de 2001. MP Alvaro Tafur Galvis, en similar sentido ver la sentencia C-026 de 1993. MP Jaime Sanín Greiffenstein. Consideración I.2.
[4] Esta Corte ha señalado que, a pesar de que en principio los informes de ponencia deben ir firmados por todos los ponentes, en caso de divergencia de criterios entre ellos, la falta de firma de quienes que se apartaron de la posición mayoritaria, no constituye realmente un vicio de procedimiento, pues esa situación "no tiene la suficiente entidad para viciar la legitimidad de la publicación del informe ponencia para segundo debate. En efecto, las discrepancias entre los ponentes no pueden llegar al punto de torpedear el proceso legislativo, a través de conductas negativas que desvirtúan la función legislativa". Sentencia C-055 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero, fundamento 8.