Source: http://redibpdp.iijusticia.org/components.php?name=Articulos&artid=155&idioma=spanish
Timestamp: 2019-05-20 03:17:22
Document Index: 302054505

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 63', 'artículo 10', 'artículo 44', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 54', 'artículo 598', 'artículo 49', 'artículo 63', 'artículo 10', 'artículo 63', 'artículo 171', 'artículo 63', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 171', 'artículo 63']

Inicio - Busquedas - Presentación - Ayuda - Recortes de prensa 19 de Mayo de 2019
Guatemala [ 27 Septiembre 2000 ] [Corte de Constitucionalidad] Expediente No. 438-2000 caché ES
Con el fin de conocer el contenido del convenio celebrado en el juicio de alimentos un tercero solicito certificación de convenio celebrado en juicio, sin perjuicio de auxiliar o no en el futuro a cualquiera de las partes del fenecido juicio. Invocó en su exposición los artículos 171 y 198 de la Ley del Organismo Judicial y citó los artículos 50, 91, 63, 66, 67, 69, 70 y 79 ibid. El tribunal resolvió: "no ha lugar en virtud que el presentado no es sujeto procesal dentro del presente proceso"
Ante esta solicitud de acceso a el tribunal de primer grado consideró: "...En la petición de certificación que hizo el accionante del amparo, no demostró cuál es el interés que le asiste al solicitar tal documento, por lo que no siendo parte en el proceso y no actuando tampoco en representación de ninguna de las partes, y siendo que conforme a lo establecido por el artículo 49 del Código Procesal Civil y Mercantil, nadie podrá hacer valer en el proceso, en nombre propio, un derecho ajeno, lo resuelto por la señora Juez de Primera Instancia, está en consonancia con nuestra legislación, estando la misma facultada para calificar la procedencia de la publicidad del referido convenio, por tratarse de asuntos de índole familiar, los que a criterio de la autoridad impugnada, deben mantenerse en forma reservada, ello conforme a lo preceptuado por el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial. ... "
Se confirma la decision ya que el solicitante no acredita interés legítimo en el asunto que reclama.
APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintisiete de septiembre de dos mil.
En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de doce de abril de dos mil dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, constituida en Tribunal de Amparo , en el amparo promovido por Luis Armando García Parada contra el Juez de Primera Instancia del Ramo de Familia del Municipio de Amatitlán, Departamento de Guatemala. El postulante actuó con su propio patrocinio.
I. EL AMPARO
Interposición y autoridad: presentado en la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia el seis de marzo de dos mil. B) Acto reclamado: resolución de catorce de febrero de dos mil, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el amparista, contra la resolución que le denegó extender certificación que solicitó en el juicio oral de alimentos promovido por Elsa Araceli López Cuevas contra Angel Agustín Guillén Reyes: C) Violaciones que denuncia: derechos de defensa, de petición y al debido proceso . D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por el postulante se resume: a) en el Juzgado de Primera Instancia Ramo de Familia de Amatitlán presentó solicitud para obtener la certificación de un convenio celebrado en el juicio oral de alimentos promovido por Elsa Araceli López Cuevas contra Angel Agustín Guillén Reyes; b) en resolución de veintiséis de enero de dos mil el tribunal resolvió que no ha lugar a lo solicitado en virtud que el presentado no es parte en el proceso; c) contra la resolución anterior interpuso recurso de revocatoria que fue declarado sin lugar en resolución de catorce de febrero de dos mil. Considera violados sus derechos ya que la autoridad impugnada no tramitó ni entró a conocer conforme la ley el recurso de revocatoria, pues al momento en que se resolvió la solicitud de certificación y se notificó, se produjo una vinculación procesal; asimismo, la autoridad impugnada incurrió en notoria ilegalidad al no resolver una petición de punto de derecho establecido en la ley. Solicitó que se le otorgue amparo. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en los incisos a) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los artículos 12, 28, 30, 31, 154 y 204 de la Constitución Política de la República; 16, 17 y 63 de la Ley del Organismo Judicial.
II. TRAMITE DEL AMPARO.
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: Elsa Araceli López Cuevas y Angel Agustín Guillen. C) Informe circunstanciado: a) el veintiséis de enero dos mil el postulante presentó un escrito actuando en nombre personal y bajo su propia dirección y procuración, solicitando certificación del convenio de fijación de pensión alimenticia, la que fue resuelta en forma negativa ya que no era parte dentro del proceso, tal como lo establece el artículo 44 del Decreto Ley 107, y complementándose con los artículos 49 y 50 del mismo cuerpo legal, desprendiéndose de ello que todas las pretensiones procesales son de índole personal, de tal cuenta que terceras personas ajenas a intereses litigiosos de las partes no puede hacer valer derechos que no le corresponden; b) el accionante menciona que se violaron los artículos 12, 28, 29, 54 y 204 de la Constitución, lo cual no es cierto, porque en lo que lo que respecta al artículo 12 se dio intervención de conformidad con las fases procesales de ley; en cuanto al artículo 28, en ningún momento se le vedó el derecho de que presentara sus escritos, ya que los mismos fueron resueltos conforme a la ley; en lo que se refiere al artículo 29, no se le vedó el derecho de acceso al tribunal; además, en relación al artículo 54, no es cierto que la actuación del juez sea superior a la ley sólo por el hecho que las resoluciones impugnadas sean contrarias a los intereses de las partes; c) en cuanto a las normas ordinarias, específicamente los artículos 63 y 171 de la Ley del Organismo Judicial, al postulante no se le ha negado el acceso al proceso, y en la segunda norma es de notar que es una ley de carácter general y por ende las de carácter especial tiene primacía; d) por otra parte, el interponente planteó recurso de revocatoria, al que no se le dio trámite por no ser parte dentro del proceso, de conformidad con lo que establece el artículo 598 del Decreto Ley 107. D) Pruebas: a) escritos de fecha veintiséis de enero de dos mil en el que solicitó certificación del convenio celebrado en el juicio oral de alimentos, y de catorce de febrero del mismo año, donde plantea recurso de revocatoria; b) resoluciones de fechas veintiséis de enero y catorce de febrero de dos mil en las que se resolvió no ha lugar por no ser parte en el proceso. E) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: "...En la petición de certificación que hizo el accionante del amparo, no demostró cuál es el interés que le asiste al solicitar tal documento, por lo que no siendo parte en el proceso y no actuando tampoco en representación de ninguna de las partes, y siendo que conforme a lo establecido por el artículo 49 del Código Procesal Civil y Mercantil, nadie podrá hacer valer en el proceso, en nombre propio, un derecho ajeno, lo resuelto por la señora Juez de Primera Instancia, está en consonancia con nuestra legislación, estando la misma facultada para calificar la procedencia de la publicidad del referido convenio, por tratarse de asuntos de índole familiar, los que a criterio de la autoridad impugnada, deben mantenerse en forma reservada, ello conforme a lo preceptuado por el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial. Que si bien el amparista señala como casos de procedencia del amparo, las literales a) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en ningún momento se ha privado a éste del goce de sus derechos, toda vez que dentro de ese proceso el accionante del Amparo no tiene ningún derecho que defender, ni existe amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. En el presente caso, como se desprende del informe y del propio memorial de interposición de la presente acción de Amparo, la señora Juez de Primera Instancia, acogió su derecho de petición y el hecho de no haber accedido a lo solicitado por el amparista, no significa que haya dejado de resolver. Las consideraciones anteriores llevan a este Tribunal a concluir que las resoluciones dictadas por la señora Juez de Primera Instancia del Ramo de Familia del Municipio de Amatitlán, de este departamento, están conforme a la ley, habiendo la autoridad impugnada actuado en el ejercicio correcto de las facultades que ésta ley le confiere, no existiendo en consecuencia agravio reparable por esta vía razón por lo cual el amparo debe denegarse por improcedente, debiendo condenarse al postulante a pagar las costas procesales causadas e imponerle al mismo en su carácter de Abogado auxiliante la multa de Un Mil quetzales como luego se declarará...". Y resolvió: "...Deniega la acción de amparo planteada por el Abogado Luis Armando García Parada, contra la señora Juez de Primera Instancia del Ramo de Familia del Municipio de Amatitlán de este departamento; II) Condena en costas al Abogado Luis Armando García Parada y habiendo éste actuado en su propio auxilio, le impone la multa de Un Mil quetzales que deberá pagar ante la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de tres días de que esta sentencia alcance firmeza...".
III. APELACION
El postulante apeló.
El amparista no alegó. B) El Ministerio Público expresó: a) el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial contiene el principio constitucional de publicidad en los actos de administración, estableciendo casos de excepción de los cuales no se encuentra ninguno analizado en el amparo; b) con base en lo anterior, la autoridad impugnada ha actuado en forma ilegal pues se limitan los derechos constitucionales del solicitante, ya que al no extender la certificación solicitada argumentando que el solicitante no es parte en el proceso, viola su derecho de petición y el de acceso a los órganos encargados de administrar justicia, pues el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial no limita tal derecho. Solicitó se revoque la sentencia impugnada y se le otorgue amparo.
AUTO PARA MEJOR FALLAR:
Esta Corte, en auto para mejor fallar, ordenó traer para examinarlo directamente, el expediente 183-98 que documenta el tramite y decisión del juicio oral de fijación de pensión alimenticia que contiene, entre otros actos, las resoluciones reclamadas.
Es improcedente el amparo cuando el solicitante no acredita interés legítimo en el asunto que reclama.
A esta jurisdicción constitucional corresponde el análisis del acto de autoridad que se imputa como causante de agravio por el quejoso, quien lo sustenta en su denuncia de violación a sus derechos de defensa, petición y debido proceso. Basa su argumentación en que, a su criterio, la decisión judicial contra la que reclama infringió los artículos 12, 28, 30, 31, 154 y 204 de la Constitución y 16, 17 y 63 de la Ley del Organismo Judicial. Mediante la interposición del amparo, pretende la reparación del agravio que denuncia, sosteniendo, como se deduce de su argumentación, derechos de superior jerarquía, y, como consecuencia, corresponde a esta Corte resolver su apelación. Al respecto, y por haber sido oportunamente apelada la sentencia del a quo, procede hacer el resumen de su alegación y de las constancias en autos.
En primer término, para ubicar el caso, se relaciona el juicio oral de fijación de pensión alimenticia planteado ante el tribunal (el ahora reclamado) por Elsa Araceli López Cuevas, en nombre propio y de su menor hijo, contra Ángel Augustín Guillén Reyes (sic). La actora compareció auxiliada por el abogado José Efraín Ramírez Higueros y la procuración de Walter Alejandro Ramírez Carranza, pasante del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos. El demandado no propuso abogado para su patrocinio. En el juicio, en la fase de conciliación, las partes llegaron a un acuerdo, por lo que el tribunal, hallándolo a derecho, lo aprobó, resolviendo además que el convenio tenga calidad de título ejecutivo, que se garantizaran los pagos de las pensiones alimenticias para el menor con el salario que el demandado devenga y, al quedar firme, que se extendieran las certificaciones solicitadas a costa de los interesados. La demandante, con el auxilio del abogado Erwin Rolando Rueda Masaya, solicitó que se le extendiera certificación del juicio, a lo que el tribunal no accedió porque "el abogado que auxilia no es el inicialmente propuesto como abogado director".
Posteriormente se presentó ante el tribunal el abogado Luis Armando García Parada exponiendo: "Con el fin de conocer el contenido del convenio celebrado en el juicio arriba indicado, por el presente memorial solicito certificación de convenio celebrado en juicio, sin perjuicio de auxiliar o no en el futuro a cualquiera de las partes del fenecido juicio". Invocó en su exposición los artículos 171 y 198 de la Ley del Organismo Judicial y citó los artículos 50, 91, 63, 66, 67, 69, 70 y 79 ibid. El tribunal resolvió: "no ha lugar en virtud que el presentado no es sujeto procesal dentro del presente proceso" Esta resolución fue notificada a las partes. Contra el mismo se inconformó el presentado abogado García Parada, por medio de recurso de revocatoria, que fue resuelto negativamente por el tribunal con la misma justificación: "no ha lugar, en virtud de que el presentado no es parte dentro del presente proceso" Igualmente dicho auto (que es el reclamado en amparo) fue notificado a las partes.
Alega el interponente que el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial contiene el principio de publicidad de los actos y diligencias de los tribunales y que el 171 de tal ley le permite solicitar certificaciones de los expedientes. Conectado con tales disposiciones acusa la violación de varios preceptos constitucionales, a saber: 28, derecho de petición y obligación de resolver conforme la ley; 30, publicidad de los actos administrativos; 31, acceso a archivos y registros estatales; 154, sujeción a la ley por parte de funcionarios; y 204, que en la administración de justicia se observará el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado.
Básicamente se postulan con la acción interpuesta derechos constitucionalizados, por lo que, en primer término, procede reconocer que, en efecto, existe un principio general de publicidad de los actos de la administración pública que permite que los habitantes del país puedan obtener información de esas actuaciones, bien sea por medio de su examen directo como por la facultad de obtener copias y certificaciones. Esta premisa halla sustento en preceptos de la Constitución, como los citados artículos 30 y 31, en cuanto a la publicidad, y 28, en lo relativo al derecho de petición.
Mandamientos como los anteriores deben ser aplicados siempre con las debidas reservas que impone el principio de que los derechos no pueden ser absolutos, en tanto que, para la organización social, sean necesarias las apreciaciones relativas o condicionales de hecho. De manera que al principio de publicidad invocado, podría oponérsele el del derecho a la intimidad o de la vida privada que también tienen rango constitucional, y que se extrae de lo previsto en los artículos 23, 24, 30 y 35, de cuyo respectivo tenor se interpreta que preservan: la intimidad del hogar-- lo que incluye la protección de valores subjetivos--; la inviolabilidad de documentos (los realizados por la inmediación pública que no dejan de tener carácter privado, como es un acuerdo sobre alimentos para un niño); la salvedad de datos proporcionados por los particulares con garantía de confidencialidad (que sería la que la ley reconozca); y el respeto a la vida privada (aunque referido al ejercicio de la emisión del pensamiento, es indicativo de ese valor). Refuerza esta tesis del carácter fundamental del derecho a la intimidad o vida privada, que se encuentra debidamente reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que, por virtud de los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República, forma parte del ordenamiento interno del país con rango constitucional. Aun más, el artículo 30 del Código de Menores garantiza la privacidad de las actuaciones que se refieren a menores.
A propósito del concepto indicado, en materia jurisprudencial es oportuno citar parte de una sentencia del Tribunal Constitucional Español: "El reconocimiento explícito en un texto constitucional del derecho a la intimidad es muy reciente y se encuentra en muy pocas Constituciones, entre ellas la española. [art 18.1] Pero su idea originaria, que es el respeto a la vida privada, aparece ya en algunas de las libertades tradicionales. La inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia, que son algunas de esas libertades tradicionales, tienen como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida privada personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo autorización del interesado. Lo ocurrido es que el avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado a extender esa protección más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada. De aquí el reconocimiento global de un derecho a la intimidad o a la vida privada que abarque las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de vida. No siempre es fácil, sin embargo, acotar con nitidez el contenido de la intimidad." (STC 110/84, 26 nov 1984)
Advirtiéndose, por lo anterior, que el ejercicio de los derechos debe hacerse conforme la ley, que cumple con equilibrar sus alcances en relación con derechos ajenos, se estima que si bien no se entiende que haya prohibición en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial para extender certificaciones judiciales a quien no haya sido parte, y que el artículo 63 ibid dispone como principio general acerca de la publicidad de actos y diligencias de los tribunales, también establece la excepción de reserva por razones de moral o seguridad pública. De manera que, si el ahora postulante del amparo no demostró actuar autorizado por alguna de las partes en el juicio oral de autos, y la materia sobre la que el mismo versó concierne a actos de la vida privada de aquellas, no tiene un interés legítimo que defender en el presente proceso, por lo que su pretensión está fuera de lugar y, como consecuencia, debe confirmarse la parte resolutiva de la sentencia apelada, pero con modificación en cuanto no procede la condena en costas al interponente porque la autoridad contra la que actuó no estaría legitimada para cobrarlas y los terceros interesados no comparecieron a este proceso. Igualmente debe revocarse la multa que se le impuso como abogado responsable de la juridicidad de la acción, porque para resolver fue necesario acudir a fuentes interpretativas que no están al alcance obligado del patrocinante.
Artículos citados y 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República; 8o., 10, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 149, 163 inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes aplicables resuelve: I) Confirma la parte resolutiva de la sentencia apelada; II) revoca el apartado II de dicho fallo; III) Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvase los antecedentes.
CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS
LUIS FELIPE SAENZ JUAREZ
RUBEN HOMERO LOPEZ MIJANGOS
JOSE ARTURO SIERRA GONZALEZ
MANUEL ARTURO GARCIA GOMEZ