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Timestamp: 2014-07-23 07:27:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 421', 'artículo 411', 'Artículo 378', 'artículo 49', 'Artículo 385', 'Artículo 390', 'Artículo 393', 'Artículo 394', 'Artículo 394', 'artículo 398', 'Artículo 395', 'Artículo 421', 'artículo 421', 'Artículo 411', 'artículo 405', 'Artículo 434', 'artículo 430', 'artículo 433', 'artículo 411', 'artículo 421']

Artículos del Código Penal que violan los DDHH y discrimina las mujeres en Venezuela. - Activistas de Amnistía Internacional Venezuela
Artículos del Código Penal que violan los DDHH y discrimina las mujeres en Venezuela.
Publicado por pacheco judith en 19 / 03 / 2010 a la(s) 6:40pm en Derechos de las Mujeres y Niñas
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français : 18.01.2010 La discrimination des femmes dans l’actuel code pénal vénézuelien
Un informe de la FUNDACION CEPS
08.01.2010. Venezuela. LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL ACTUAL CÓDIGO PENAL
A vísperas de culminar el período legislativo de la Asamblea Nacional no deja de llamarnos la atención que aún persista en la normativa legal venezolana concepciones tan discriminantes a la condición de la mujer como se evidencial en vigente Código Orgánico Penal.
Cuando en el 2001, conocimos el caso de Linda Loaiza, nos estremecimos y repudiamos de manera general la brutalidad del maltrato del cual fue víctima, tres años después volvimos a estremecernos ante la posibilidad que su agresor saliera libre. Un año después, en el 2005 asistimos a la reforma del Código Penal y permitimos que se mantuviera en éste los elementos que podrían haber legitimado la agresión contra Linda, cuyo caso solo es la punta del iceberg de una sociedad altamente machista y patriarcal.
Celebramos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todos los logros obtenidos sobre participación política de la mujer venezolana: tenemos la paridad 50/50 para la elección de cargos públicos, tenemos tal vez la más alta participación de mujeres en funciones públicas, incluyendo el hecho que de los cinco poderes públicos cuatro de ellos son encabezados por mujeres y el de tener renombradas ministras en el gabinete presidencial. .. aún falta. Un país no puede, menos aún uno que dice avanzar a una revolución socialista y feminista, no puede tolerar un CO patriarcal y absolutamente antifeminista y machista.
A continuación publicamos un estudio sobre el COP realizado por la jurista Liliana Carrera Silva que esperamos sea de interés y sirva para iniciar la movilización necesaria en pro de lograr una reforma que se ajuste a la Venezuela actual.
En el año 2005 se produjo una reforma al Código Penal, la cual se publicó en la Gaceta Oficial Nº 5.763 Extraordinario del 16 de marzo de 2005 y se reimprimió, por error material, en la Gaceta Nº 5.768 Extraordinario del 13 de abril de ese mismo año.
La falta de preparación y de análisis que caracterizó tanto la reforma del 16/03/05 como la reimpresión de la misma, dieron cuenta de una escasa voluntad del legislador de actualizar el Código Penal y hacerlo más eficiente, justo y respetuoso de los Derechos Humanos de la mujer.
En efecto, en el nuevo Código Penal, no sólo se volvieron a promulgar como delitos algunos que habían sido ya derogados expresa o tácitamente por otras leyes previas o por la Constitución, o que habían sido declarados nulos por inconstitucionales (por ejemplo, el artículo 421), sino que se publicaron de nuevo y de manera irregular hasta títulos completos que habían sido derogados previamente en razón de la promulgación de nuevas leyes que regulaban los mismos supuestos de hecho y atribuían a la demostración de éstos consecuencias jurídicas precisas.
Después de 10 años de promulgada la Constitución y de 4 años de vigencia de esta reforma, se confirma la urgencia de proceder a una nueva reforma del Código Penal.
Este documento analizará los artículos aún vigentes en el Código Penal y que violan de forma clara el espíritu constitucional y los derechos humanos de las mujeres, puntualmente los artículos 2, 3, 19, 20, 21, 23, 75 y 77 y 49.2 de la CRBV.
Los artículos del Código Penal que analizaremos están ubicados en dos títulos: el VIII y el IX. Del título VIII analizaremos los artículos 378.2, 385, 393, 394, 395 y 421 (declarado nulo en 1980). Del título IX analizaremos el artículo 411 y 434. Finalmente haremos referencia al capítulo IV de este título de forma muy breve, para reflexionar sobre la necesidad de despenalizar, aunque sea solo parcialmente, el aborto.
A.- Título VIII: “De los delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias”.
1.- Artículo 378.2 “El acto carnal ejecutado en mujer mayor de dieciséis años y menor de veintiuno con su consentimiento, es punible cuando hubiere seducción con promesa matrimonial y la mujer fuere conocidamente honesta; en tal caso la pena será de seis meses a un año de prisión.”
Esta disposición carece absolutamente de sentido hoy por hoy, como todas las referidas a la Seducción Calificada, también conocida como “seducción bajo promesa matrimonial”. Además de ser manifiestamente desactualizada, por una parte, obliga a la mujer -contra la que se comete este delito-, a demostrar que es “conocidamente honesta” y, por otra, mantiene erróneamente el límite de la mayoría de edad en 21 años.
Semejante descripción no sólo choca con el principio de igualdad entre el hombre y la mujer que impregna todo el espíritu constitucional, sino que impone una carga de la prueba que igualmente vulnera de forma flagrante el “principio de inocencia” constitucional consagrado (artículo 49.2.), presumiendo la “deshonestidad” de la mujer que acusa a un hombre por estos delitos.
2.- Artículo 385.2
“Cuando alguno de los delitos previstos en este y los anteriores artículos (rapto), se hubiere cometido solo con el fin de matrimonio, la pena de prisión podrá aplicarse en lugar de la de presidio”. (el paréntesis es nuestro).
Esto supone que una mujer raptada por un hombre, verá como la pena del mismo se atenúa, única y exclusivamente porque la intención del rapto era casarse con ella, otorgándole al hombre y al matrimonio que este ofrezca, un significado superior al de la propia dignidad de la mujer raptada contra su voluntad.
3.- Artículo 390
“En los delitos previstos en los artículos precedentes (inducción a la prostitución, corrupción de menores), el enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación de la parte agraviada o de su representante legal, menos en los casos en que el autor del hecho punible sea ese mismo representante legal. Cuando el culpable sea el marido y la mujer fuere menor, la querella deberá proceder de la persona que, si aquella no fuere casada, tendría sobre ella el derecho de patria potestad o de tutela.
Será consecuencia de la condena la pérdida del poder marital”.
Se mantiene la referencia a la pérdida del ya desfasado “poder marital”, entendido éste como el PODER del marido sobre la esposa, cuando el culpable de los delitos de corrupción e inducción a la prostitución (Arts. 387 y siguientes) sea el hombre (Art. 389, último párrafo).
4.- Artículo 393
“El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos 374, 375, 376, 378, 387, 388 y 389 quedará exento de pena si antes de la condenación contrae matrimonio con la persona ofendida, y el juicio cesará de todo punto en todo lo que se relacione con la penalidad correspondiente a estos hechos punibles. Si el matrimonio se efectúa después de la condenación, cesarán entonces la ejecución de las penas y sus consecuencias penales. Los reos de seducción, violación o rapto serán condenados, por vía de indemnización civil, si no se efectuare el matrimonio, a dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda y, en todo caso, honesta”.
Este artículo es, sin duda, es uno de las más escandalosamente inconstitucionales, al menos por 5 razones:
a) Señala que el hombre que haya violado a una mujer, la haya inducido a la prostitución o haya tenido actos de corrupción con ella siendo menor, quedará exento de pena si, antes de ser condenado, contrae matrimonio con la víctima.
b) Incluso el artículo va más allá al señalar que el Estado no sólo perdonará al hombre violador, que ANTES de ser condenado se case con su víctima, sino incluso a aquél que después de condenado se case con ella, cesando tanto la ejecución de las penas como sus consecuencias penales.
c) Igualmente, aplican los mismos beneficios en caso que la violación sea perpetrada por dos o más hombres; es decir, si alguno de los violadores contrae matrimonio con la víctima, todo el grupo queda exento de pena.
d) El artículo señala que el hombre que no se case, deberá indemnizar a la mujer violada, seducida o raptada pero sólo si ésta es viuda, soltera y honesta, en todo caso. Nuevamente se habla de la honestidad de la mujer como condición para el disfrute de un derecho, esta vez, el de exigir la indemnización civil producto de una violación, de un rapto o seducción. Se presume pues, otra vez, su deshonestidad invirtiendo la carga de la prueba y vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia. Esto permite situaciones tan absurdas como la imposibilidad por parte de una mujer divorciada o de una prostituta, de solicitar una indemnización por violación, ya que su honestidad en los términos de este Código, estaría en entredicho.
Por otra parte, en contraste con el caso de los delitos de violación, inducción a la prostitución, corrupción de mujer menor e incluso, seducción o rapto bajo promesa de matrimonio (artículos 378, 387 y 393) en que se presume la deshonestidad de la mujer víctima y ella debe desvirtuarla para que sea condenado el hombre, para que se tipifiquen estos delitos y por tanto se dé la responsabilidad del hombre, éste no debe probar su propia “honestidad/fidelidad”, la cual se presume, quedando otra vez la carga de la prueba en la mujer.
En síntesis, cuando la mujer acusa al hombre por violación, inducción a la prostitución, corrupción de menor, rapto o seducción bajo promesa de matrimonio, es ella quien debe desvirtuar su propia presunta deshonestidad, mientras que cuando es ella la acusada por un hombre, como es el caso del adulterio (como se verá a continuación), se presume la fidelidad/honestidad del mismo.
5.- Artículo 394
“La mujer adúltera será castigada con prisión de seis meses a tres años. La misma pena es aplicable al coautor del adulterio”.
Desde el Código Penal de 1.863 (pasando por los Códigos Penales de 1.873, 1.897, 1.904, 1.912, 1.915, 1.926, 1.964 y 2.000) permanecen en la legislación penal venezolana de forma incomprensible disposiciones penales sobre el adulterio.
El Artículo 394 penaliza además sólo la infidelidad de la mujer con prisión de entre 3 meses hasta 3 años, eximiendo al marido (o pareja de hecho) que incurre en la misma conducta de pena alguna.
Este artículo tipifica una conducta que por el sólo hecho de provenir de una mujer merece una pena privativa de la libertad (adulterio/infidelidad). Cuando la misma conducta proviene de un hombre, dicha masculinización genera su destipificación (no se prevé sanción).
Además de que la mujer perdería su libertad incluso por un aislado caso de infidelidad, el artículo 398 del Código Penal indica que la única excepción a esta pena, es que pruebe que durante el año anterior a su conducta adúltera, su marido o pareja de hecho -acusador- también fue infiel.
Esto rompe nuevamente el principio de igualdad constitucionalmente establecido y no sólo entre el hombre y la mujer sino genéricamente hablando: aunque la mujer probase su inocencia y la infidelidad de su acusador, éste nunca perdería su libertad, mientras que ella sí.
6.- Artículo 395
“El marido que mantenga concubina en la casa conyugal, o también fuera de ella, si el hecho es notorio, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. La condena produce de derecho la pérdida del poder marital. La concubina será penada con prisión de tres meses a un año”.
A diferencia del delito de adulterio, este artículo hace del concubinato un delito imputable sólo al hombre (lo cual también rompe el principio de igualdad constitucional, esta vez a favor aparentemente de la mujer). Sin embargo, en este caso, llaman la atención al menos tres aspectos:
Por una parte, que para que el delito de concubinato se adecue y surja la responsabilidad penal del hombre, se exige una relación extendida en el tiempo, mientras que para el adulterio (sólo predicable de la mujer), no. Basta con un único acto de adulterio para que la mujer pierda su libertad.
Por otra parte, que cuando se trata de concubinato del hombre se exige que además se trate de un “hecho notorio”, es decir, conocido públicamente, cuestión que no se exige en el caso del adulterio.
Por último, nuevamente vemos como la mujer lleva toda la carga de la prueba: mientras ella debe probar la infidelidad del hombre (pues esta no se presume) para poder librarse de la pena, cuando del concubinato de su marido se trata, es ella quien debe probar que es notorio dicho concubinato (aunque en principio legalmente no deban probarse lo hechos notorios, en la práctica se demuestran).
7.- Artículo 421
Este artículo fue declarado nulo en 1980 por parte de la entonces Corte Suprema de Justicia con base en la Constitución de 1961. No obstante esta nulidad por inconstitucionalidad, ni en la reforma realizada al Código Penal en el año 2000 ni en la realizada en el 2005, se excluyó el artículo del Código y por tanto de forma sorprendente, sigue apareciendo en él reflejada. Dicho artículo atenúa las penas que el Código asigna por homicidio y lesiones, cuando el marido mata a su mujer (y/o a su amante) por haberla sorprendido en acto de adulterio.
El artículo señala literalmente:
“No incurrirán en las penas comunes de homicidio ni en las de lesiones, el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos.
Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten, en su propia casa, en los hombres que sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras”.
Las normas anuladas por inconstitucionalidad desaparecen jurídicamente y, por tanto, nadie puede invocarlas ni aplicarlas. La nulidad del artículo 421 debió ser acatada y respetada por el órgano legislativo. Esto hace aún más incomprensible que el legislador de la reforma de 2000 y del 2005, no haya excluido este artículo del texto legal, incumpliendo un mandato judicial con efectos erga omnes y efecto de cosa juzgada.
Ahora bien, el hecho de que el órgano legislativo haya dictado de nuevo el Código desacatando la cosa juzgada del artículo declarado nulo, no activa nuevamente el delito. No obstante su presencia en el texto penal, genera toda suerte de inseguridad jurídica para las mujeres, que se verán expuestas a solicitar al Tribunal Supremo se pronuncie cada vez que se comenta un error judicial a raíz de su existencia, como ya ha ocurrido hasta el día de hoy. (</
B.- Título IX De los Delitos contra las personas, capítulo 4: “Del aborto provocado”
1.- Artículo 411
“Cuando el delito previsto en el artículo 405 (homicidio) se haya cometido en un niño recién nacido, no inscrito en el Registro del Estado Civil dentro del término legal, con el objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada en dicho artículo se rebajará de un cuarto a la mitad”. (el paréntesis es nuestro).
El artículo reconoce la disminución de la pena para los hombres (no para las mujeres) que por salvar su propio “honor” o la “honra” de su esposa, madre, descendiente, hermana o hija adoptiva mate a un niño recién nacido.
2.- Artículo 434
“Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de uno a dos tercios y el presidio se convertirá en prisión, en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”
El artículo reconoce la disminución de la pena para los hombres (no para las mujeres) que por salvar su propio “honor” o la “honra” de su esposa, madre, hija o hermana, interrumpan con o contra la voluntad de la mujer, su embarazo.
Por otra parte, este Título toca un tema fuertemente polémico: la penalización “total” sin excepción alguna de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer (artículo 430).
“La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”.
La única excepción que permite despenalizar un aborto contemplada por el Código Penal no se la otorga a la mujer, que es la titular de sus derechos reproductivos, sino a un tercero: el facultativo “que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta” (artículo 433 inciso final).
Dejando de lado esta incongruencia dentro del texto penal, la cuestión es que la despenalización (parcial o total -durante un plazo dado por la Ley-), sin duda, ha supuesto y supone serias contradicciones, incluso dentro del mismo movimiento revolucionario, ya que se alegan argumentos éticos, religiosos y personales por parte de los Asambleístas al momento de proceder a una reforma del Código Penal en este sentido (caso del 2005), cuando los principios aquí defendidos son parte integrante del pensamiento socialista.
Sería propicio llevar a buen término una reforma que incluyera la despenalización -al menos parcial- del aborto, esto es, en casos de incesto, violación, daño fetal y peligro de vida de la madre (a iniciativa de ésta).
No hay que olvidar que en nuestra región se da la tasa de abortos inseguros más alta a nivel mundial: anualmente se practican 3,7 millones de abortos, por lo que se estima una tasa de 26 por cada mil mujeres en edad reproductiva. Los abortos inseguros son la causa del 25% de todas las muertes femeninas que suceden en los países latinoamericanos y el Caribe, de alrededor del 12% en África, y del 10 % en Asia. (Funes, B; 2008).
La penalización del aborto genera un alto índice de muertes maternas dada la clandestinidad a la que se ven avocadas las mujeres; mutilaciones que impedirían el ejercicio futuro de la maternidad; complicaciones pre, peri y postnatal; embarazos producto de violaciones; malformaciones fetales; secuelas de abortos practicados de manera clandestina; y, distintas consecuencias psicosociales que impactan negativamente en las mujeres y en su entorno familiar y comunitario. Es además un fenómeno que ataca a la población femenina más vulnerable económicamente.
Acerca del Titulo VIII: “De los delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias”
Cambiar el nombre del título VIII. En efecto, se consideran delitos contra las “buenas costumbres” porque el Código sigue injustificadamente anclado en un discurso plagado de simbolismos machistas e inconstitucionales: una mujer violada significa una ofensa de honor del HOMBRE. Esta terminología además, resulta antigua y responde a las costumbres y ordenes burguesas y reaccionarias. Se sugiere utilizar la más moderna y extendida terminología utilizada por el Fondo de Desarrollo de la ONU para la mujer: “Delitos contra la libertad y la integridad sexual”.
Derogación del Capítulo V (Del Adulterio). Por una parte, porque el capítulo entero recibe por título el nombre de uno solo de los delitos consagrados en él: “Del adulterio”, sólo imputable a la mujer, y por otra parte, por por las razones constitucionales que ya explicamos arriba al referirnos puntualmente a cada artículo y, por último, porque existen razones de actualidad social que hacen difícil imaginar que una persona por ser infiel (y la persona con quien lo es) o concubino (y su concubina) deban ser privados de su libertad, castigando de paso a posibles hijos habidos dentro y fuera del matrimonio.
Respecto al Título IX
Además de reformar el artículo 411 y 434, por el claro acento machista que conllevan, se sugiere -como ya se comentó- analizar la posibilidad (a falta aún de casi un año para elecciones parlamentarias) de despenalizar el aborto al menos parcialmente.
Esto recalcaría la coherencia institucional que desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género se está promoviendo en este sentido y acompañaría las diferentes acciones que desde este Ministerio se desarrollan respecto de la educación para la planificación sexual.
Ampliar y mejorar la atención de los servicios públicos de salud hacia las mujeres víctimas de violencia sexual que tienen como consecuencia embarazos no deseados.
Barajar la posibilidad de crear una instancia mixta entre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Asambleístas, los movimientos sociales (feministas y no feministas), y el TSJ (que en su momento hizo un anteproyecto de reforma penal en la que incluso se despenalizaba el aborto): esta instancia se encargaría de analizar una nueva reforma del Código Penal que garantice la constitucionalidad y la modernización del nuevo Código.
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Junta NacionalPermalink Responder para pacheco judith el 19 / 03 / 2010 a las 7:05pm Es claro, que en la actualidad todavía sigue existiendo ciertas disposiciones penales que violan los derechos de la mujeres en muchos aspectos, violando claramente el principio de la no discriminacion y en consecuencia, produciendo evidentes desigualdades, pero a mi modo de ver las cosas, esto tiene que ver un poco, con la falta de voluntad y se pudiera pensar además, la falta del conocimiento jurídico sobre la materia, pues no es posible que se hayan dejando preceptos, v.gr. el artículo 421, que ya había sido anulado por la antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena 05/03/1980 y lo hayan incluido de nuevo en la impresión de las Reformas subsiguientes, hecho este que, obligó de nuevo al Tribunal supremo, en Sala Constitucional a pronunciarse en fecha 05/04/2006, donde ratifica la decisión de 1980.
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