Source: https://es.scribd.com/doc/50045562/ley-de-derecho-internacional-privado
Timestamp: 2017-12-11 08:02:29
Document Index: 24415431

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 28', 'artículo 203', 'artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 40', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 57', 'artículo 44', 'artículo 58', 'in fine', 'artículo 63', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 850', 'artículo 53', 'artículo 64', 'artículo 52', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 17', 'Artículo 27', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 23', 'Artículo 22', 'Artículo 28', 'Artículo 36', 'Artículo 35', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 32', 'Artículo 41', 'Artículo 38', 'Artículo 37', 'Artículo 40', 'Artículo 39', 'Artículo 44', 'Artículo 43', 'Artículo 49', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 42', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 60', 'Artículo 63', 'Artículo 58', 'Artículo 47', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 64']

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Nueva Ley venezolana de Derecho Internacional Privado Eugenio Hernández-Bretón
Ver Ley de Derecho Internacional Privado Ver Fabiola Romero: La nueva regulación en el derecho internacional privado en Australia, Italia, Yemen y Venezuela
El 6 de agosto de 1998 fue publicada la nueva Ley venezolana de Derecho Internacional Privado ("Ley de DIP").1 Según su artículo 64 entrará en vigencia seis meses después de su publicación, es decir el día 6 de febrero de 1999. Constituye a la vez una muy significativa reforma y la primera codificación del Derecho Internacional Privado venezolano. Con su entrada en vigencia se cerrarán y abrirán nuevos capítulos en la historia del derecho venezolano. Consta de 64 artículos distribuidos en 12 capítulos, a saber: Disposiciones Generales (artículos 1 a 15); De las Personas (artículos 16 a 20); De la Familia (artículos 21 a 26); De los Bienes (artículos 27 y 28); De las Obligaciones (artículos 29 a 33); De las Sucesiones (artículos 34 a 36); De la Forma y Prueba de los Actos (artículos 37 y 38); De la Jurisdicción y de la Competencia (artículos 39 a 52); De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras (artículos 53 a 55); Del Procedimiento (artículos 56 a 62); y Disposiciones Finales (artículos 63 y 64).2 Responde, por lo tanto, a una concepción amplia del objeto del Derecho Internacional Privado. En tal sentido, regula tanto el Derecho Internacional Privado en sentido estricto, como el derecho procesal civil internacional. La nueva Ley de DIP tiene su origen remoto en el Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado elaborado por los Profesores Roberto Goldschmidt, Joaquín SánchezCovisa y Gonzalo Parra-Aranguren a solicitud del Ministerio de Justicia venezolano entre los años 1958 y 1963, posteriormente reformado en 1965.3 Durante los próximos 30 años, el entonces proyecto fue objeto de comentarios favorables en el extranjero4 y en Venezuela,5 aun cuando en esta última nunca fue objeto de una verdadera e íntegra discusión pública. Tampoco se supo nunca si el proyecto fue
el proyecto se mantuvo vivo en el pensamiento científico y en la enseñanza universitaria. Recibió también el impulso del Ministro de Justicia. aplicados a tenor del artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. encargados de coordinar la revisión del proyecto. Lo anterior justifica el hecho de que esas disposiciones fuesen parcialmente incorporadas en el proyecto de 1996. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. fueron determinantes las soluciones contenidas en las Convenciones Interamericanas ratificadas por Venezuela desde 1975 hasta 1994. a raíz de los trabajos de las Conferencias Interamericanas Especializadas de Derecho Internacional Privado. uno de los proyectistas originales. el proyecto revisado fue presentado a la Cámara del Senado.7 Con las modificaciones efectuadas. debieron aunar fuerzas . en la revisión de las reglas de derecho procesal civil internacional también se tomaron en consideración las normas sobre la materia contenidas en el Código de Procedimiento Civil de 1987. Allí se acordó por unanimidad dirigir una comunicación al Ministro de Justicia apoyando la presentación del proyecto original al Congreso Nacional para su consideración y aprobación. Allí se inició un lento proceso de discusión política. en la solución de lo problemas con elementos de extranjería. el gran esfuerzo de los asistentes en preparar sus ponencias permitió revisar el impacto del proyecto en la legislación venezolana vigente. se hizo necesario revisar las disposiciones del proyecto. En esa reunión tan sólo presentaron ponencias los Profesores de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. En la elaboración de esas convenciones fue decisiva la participación de la delegación venezolana. Asimismo. una vez más.presentado al Congreso Nacional para su discusión. que se convirtió en el proyecto de 1996. pudo beneficiarse de los comentarios del Profesor ParraAranguren. El proyecto fue resucitado en julio de 1995. Sin embargo. como tales. En abril de 1996 se celebró la Segunda Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado.6 Para la revisión del proyecto original. El tema exclusivo de esa reunión fue examinar y reconsiderar las soluciones del proyecto. Sin embargo. Las soluciones del proyecto fueron a menudo consideradas como principios generalmente aceptados de Derecho Internacional Privado y. en vista de los desarrollos de Derecho Internacional Privado en el continente americano desde 1975. No obstante. con ocasión de la celebración de la Primera Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado. Pocos meses después un grupo de profesores de ambas Universidades.
la adaptación (artículo 7). por ejemplo. otra vez más. Aun cuando la Ley de DIP muestra aquí su originalidad. fue el título de la ley. Afortunadamente otras objeciones. pero sin pausa. los profesores de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello emprendieron la tarea de presentar públicamente las disposiciones del proyecto modificado en una serie de conferencias que fueron recogidas en un volumen publicado en agosto de 1998. mayoritariamente también relativas a la denominación de la ley. Por ello. El texto de la ley tan sólo se separa en pocos detalles del texto del proyecto de 1996. Admite el reenvío de primer grado y el de segundo grado en un caso especial cuando el derecho extranjero reclamado por la . cuya redacción data de hace 35 años.9 coincidentemente. Dado que el cambio era insustancial. Por lo tanto. A finales de 1997 y principios de 1998 se hizo necesario adaptar el proyecto a la nueva Ley de Arbitraje Comercial. rápidamente fue realizado. Entre las novedades de la Ley de DIP hay que señalar la inclusión de las normas de Derecho Internacional Público entre las fuentes del Derecho Internacional Privado venezolano (artículo 1). Las Disposiciones Generales de la Ley de DIP regulan parcialmente las instituciones de la teoría general del Derecho Internacional Privado. el proyecto pasó a denominarse proyecto Ley de DIP. orden público (artículo 8). Pero tal vez la disposición más llamativa es la regulación del reenvío (artículo 4).8 En octubre de 1997. también se nota la recepción de las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Montevideo 1979). la solución de conflictos interlocales o interpersonales (artículo 3). La discusión en el Congreso ameritó la revisión de cuestiones elementales. Así. pocos días después de publicada la Ley de DIP en la Gaceta Oficial. La Ley de DIP regula lo relativo a la aplicación del derecho extranjero de la misma manera que en el país de origen y siempre que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto (artículo 2). tal vez la principal objeción. Se objetó el hecho de que el proyecto se llamara Ley de Normas de Derecho Internacional Privado. fueron rápidamente desechadas. los derechos adquiridos (artículo 5).y realizar sus mejores esfuerzos para transmitir a los miembros del Senado y también de la Cámara de Diputados la necesidad y conveniencia de aprobar el proyecto de 1996. El proceso de discusión continuó lentamente. una de las principales. esas conferencias pueden considerarse como el primer comentario de la Ley de DIP. la institución desconocida (artículo 9) y la aplicación de las normas imperativas del foro (artículo 10).
12 Tampoco se incluyó una regulación del fraude a la ley. 22. Al acogerse el criterio del domicilio se abandona la tradición venezolana vigente desde 1862. tutela y demás instituciones de protección de incapaces. o cuando. primer párrafo. El domicilio de una persona natural se encuentra en el territorio del Estado donde aquella tiene su residencia habitual (artículo 11). el divorcio y la separación de cuerpos. la filiación. a su vez. 21. como ocurre frecuentemente en el reenvío de primer grado.norma venezolana de Derecho Internacional Privado remite al derecho de un tercer Estado que. Aun cuando la Ley de DIP no regula el fraude a la ley de manera general. La verdadera gran reforma del Derecho Internacional Privado venezolano es la adopción del factor de conexión domicilio y el abandono del factor conexión nacionalidad para regular la capacidad de las personas físicas incluyendo la capacidad matrimonial. relaciones paterno-filiales. En los demás casos ordena la aplicación del derecho interno del Estado reclamado por la norma venezolana de conflicto. Por lo tanto.10 En este sentido. El domicilio de los menores e incapaces se determina independientemente del de sus padres o representantes legales (artículo 13). 11 La Ley de DIP omitió regular expresamente la cuestión de las calificaciones. 24. se acoge el reenvío cuando propende a unificar la solución nacional con la solución de Derecho Extranjero. letras a y b de la Ley de Reforma del Sistema Italiano de Derecho Internacional Privado de 1995. según la cual el estatuto personal se regía por el derecho de la nacionalidad de las personas. la más difícil y problemática cuestión de todo el Derecho Internacional Privado. Allí prevé que el cambio de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con la intención de fijar en él la residencia habitual. probablemente. El domicilio juega un papel fundamental también como criterio atributivo de la jurisdicción (artículos 15 y . Parejas casadas pueden tener domicilios separados (artículo 12). 25. adopción. En vista de que tal institución está regulada en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado su omisión sólo puede entenderse como un rechazo de la misma. la solución venezolana coincide parcialmente con la solución del artículo 13. 23. se declara competente. y las sucesiones (artículos 16. pero la ley venezolana va más allá al regular un supuesto adicional no regulado en esos dos literales. ambas son inevitablemente divergentes. 26 y 34). el aparte único del artículo 23 de la Ley de DIP regula un supuesto de fraude a la ley a los fines de la determinación de la ley aplicable al divorcio. efectos del matrimonio.
Aquí es notoria la influencia de la jurisprudencia alemana. Las obligaciones derivadas de hechos ilícitos se regulan a elección de la víctima por el derecho del lugar donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito o se han producido sus efectos (artículo 32). salvo lo dispuesto en leyes especiales. títulos valores o sociedades mercantiles— debía . se consideró que las normas relativas a temas muy especiales —seguros. Dado que la Ley de DIP no establece criterios para determinar el domicilio de las personas jurídicas. Las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero pueden registrarse en Venezuela en cualquier momento. aplicación de la lex mercatoria (artículos 29 a 31). quiebras. el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el derecho de lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación (artículo 33) La forma de los actos se regula en forma flexible y alternativa por el derecho que rige el contenido del acto o el del domicilio de su otorgante o el domicilio común de sus otorgantes (artículo 37). a falta de tal señalamiento. según sea el caso. Se abandona así la rigidez de la regla locus regit formam actus recogida en el artículo 11 del Código Civil. o establecimiento principal. Ello responde a una presunta tendencia a la unificación del derecho privado y a la circunstancia de que la reglas de Derecho Internacional Privado en materia civil. En la regulación de las obligaciones contractuales se siguen los lineamientos de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (México 1994): Autonomía de las partes. Sin embargo tales derechos sólo son oponibles a terceros después de cumplidos los requisitos que al respecto establezca el Derecho de la nueva situación (artículo 28). Ello es sólo exigido. el lugar de su dirección o administración. El cambio de lugar de ubicación no afecta los derechos válidamente constituidos según el Derecho anterior. cuando se pretende que las mismas produzcan efectos respecto a terceras personas de buena fe. la determinación del mismo se hará según los artículos 27. generalmente.13 La gestión de negocios.39). Además. sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela. vínculos más estrechos. son las mismas que en la mercantil o se derivan lógicamente de aquellas. 28 y 29 del Código Civil venezolano y del artículo 203 de Código de Comercio venezolano. sin embargo. en cuyo caso se seguirá lo dispuesto en el documento constitutivo. El estatuto real se regula por la lex rei sitae (artículo 27). De manera general la Ley de DIP omite regular de manera independiente lo relativo al derecho mercantil internacional aun cuando deroga algunas de sus disposiciones.
La sumisión no es válida en materia de acciones que afecten la creación. pero siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio venezolano (artículo 42. Nº 2 del Código de Procedimiento Civil). a no ser que lo permita el derecho del lugar de situación de los inmuebles (artículo 46). ambas disposiciones ratifican lo dispuesto en la legislación vigente (artículos 53. cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva (artículo 45). Sin embargo. se admite la derogación de la jurisdicción venezolana mediante sumisión a tribunales extranjeros o árbitros que resuelvan en el extranjero. que. Nº 2). Nº 4). En materia de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares se admite la sumisión voluntaria.hacerse en las leyes especiales siguiendo los principios generales establecidos en la ley. El criterio básico atributivo de jurisdicción es el domicilio del demandado. Nº 3 y 57. Los artículos 48 a 52 regulan la competencia territorial interna en los casos en que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer de casos con elementos de extranjería relevantes. Evita utilizar la expresión competencia procesal internacional por considerarse que se presta a confusión con la noción de competencia territorial interna. a tribunales venezolanos en materia de acciones de contenido patrimonial sin que se exija vinculación alguna con el territorio venezolano (artículo 40. expresa o tácitamente. se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o afecten los principios esenciales del orden público venezolano. sin embargo. modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. salvo que la controversia se refiera a derechos reales sobre inmuebles ubicados en Venezuela. De esta manera. sin que se exija vinculación alguna con el Estado donde tengan su asiento los tribunales o los árbitros. personalmente o por medio del apoderado. Se permite la sumisión voluntaria. por parte del demandado del hecho de realizar en el juicio. la cual también queda regulada en los artículos 48 a 52. no está acogido sino implícitamente. La derogación convencional de la jurisdicción venezolana queda regulada ahora por el artículo 47 de la Ley de DIP que clarifica y deroga el incomprensible artículo 2 del Código de Procedimiento Civil. La Ley de DIP reordena y modifica la cuestión de la jurisdicción de los tribunales venezolanos (artículos 39 a 47).los . Sin embargo. La sumisión expresa debe constar por escrito (artículo 44) y la tácita resulta por parte del demandante del hecho de interponer la demanda y.14 En materia de procedimiento civil internacional rige la regla locus regit processum (artículo 57).
En general. Corresponde ahora a la doctrina y a la jurisprudencia hacer realidad el texto de esa ley. 53. 106. que para que una sentencia extranjera surta efecto en Venezuela se exige que no se encuentre endiente. Según el artículo 44 de la Constitución venezolana las norma jurídicas no tienen efecto retroactivo. La litispendencia internacional es reconocida salvo que se trate de causas en que la jurisdicción venezolana es exclusiva (artículo 58). 26 (in fine). iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera. los artículos 116. Nº 6 de la Ley de DIP. 57. La Ley de DIP deroga todas las disposiciones que regulen la materia objeto de la misma (artículo 63). 59 (primer aparte). 108 y 879 del Código Civil. 104. 4. se admite la aplicación inmediata de las normas procesales aun en los procesos en curso. Sin embargo. 56. los artículos 2. 484 y 485 del Código de Comercio. la utilidad de la disposición inmediatamente antes referida se ve cuestionada por lo dispuesto en el artículo 53. entre otras cosas. la Ley de DIP debe valorarse positivamente. Sin que se trate de una enumeración exhaustiva quedan derogados los artículos 9. un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes. Todos los que estuvimos involucrados en su elaboración esperamos que las nuevas disposiciones orienten por caminos acertados el futuro del Derecho Internacional Privado venezolano. ante los tribunales venezolanos. Se reconoce expresamente la posibilidad de admitir la eficacia parcial de una sentencia extranjera (artículo 54). . 105. 11. 483. La gran reforma en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras consiste en la eliminación del requisito de la reciprocidad exigido por el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil (artículo 53). 54. 6. Sin embargo. 58. 850 y 851 de Código de Procedimiento Civil. 10. 55. Esta disposición prevé. La Ley de DIP entrará en vigencia el 6 de febrero de 1999 (artículo 64). Esta normas servirán de guía en la determinación de la aplicación en el tiempo de la Ley de DIP.artículos 48 a 51 no derogan las normas sobre competencia territorial interna que puede corresponder a otros tribunales venezolanos según otras leyes venezolanas (artículo 52).
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA. deberá aplicarse el Derecho interno de este tercer Estado.511. el conflicto de leyes que se suscite entre esos ordenamientos se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente Derecho extranjero. a falta de ellas. Artículo 3º. en su defecto.Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán. y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. en particular. Artículo 2º. deberá aplicarse este Derecho. se declare competente. se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano. se utilizará la analogía y. Artículo 4º. a su vez. Caracas 6 de agosto de 1998 LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º. Número 36.Cuando en el Derecho extranjero que resulte competente coexistan diversos ordenamientos jurídicos. Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el Derecho venezolano. se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados. .El Derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo. por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia.Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el Derecho de un tercer Estado que. finalmente. las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela.
Los diversos Derechos que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica. a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto. Artículo 7º. se aplicarán necesariamente las disposiciones imperativas del Derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos. CAPÍTULO II DEL DOMICILIO . que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva. Artículo 5º.Cuando el Derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles producirán efectos en la República. deberá aplicarse el Derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal. Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. no deben resolverse necesariamente de acuerdo con el Derecho que regula esta última. procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de dichos Derechos. podrá negarse la aplicación de dicho Derecho extranjero. o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano.No obstante lo previsto en esta Ley. siempre que el Derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos análogos. serán aplicados armónicamente.Las disposiciones del Derecho extranjero que deban ser aplicables de conformidad con esta Ley.En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores. Artículo 9º. sólo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Artículo 6º.Las cuestiones previas. Artículo 8º. Artículo 10.
Artículo 12. nacionalidad. Artículo 13.Artículo 11. actúa válidamente si la considera capaz el Derecho que rija el contenido del acto. Artículo 14. Artículo 15. estado y capacidad de las personas se rigen por el Derecho de su domicilio.No producirán efectos en Venezuela las limitaciones a la capacidad establecidas en el Derecho del domicilio.La persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones anteriores. cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales.El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual.EI domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad. en general. El cambio de domicilio no restringe la capacidad Artículo 18. si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. religión o rango.Cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público. que se basen en diferencias de raza. CAPÍTULO IV DE LA FAMILIA . CAPÍTULO III DE LAS PERSONAS Artículo 16. Artículo 20. extranjero o internacional no producirá los efectos previstos en los artículos anteriores.La existencia. el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el Derecho del lugar de su constitución. Por lugar de su constitución se entiende aquél en donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. la capacidad. nacional. a tutela o a curatela. Artículo 19. Artículo 17. se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual.La mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido.Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y.La existencia.adquirida.
El cambio de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. Si tuvieren domicilios distintos. CAPÍTULO V DE LOS BIENES Artículo 27. después de cumplidos los requisitos que establezca al respecto el Derecho de la nueva situación.Al adoptante y al adoptado se les aplicará el Derecho de su respectivo domicilio en todo lo concerniente a los requisitos de fondo necesarios para la validez de la adopción.El establecimiento de la filiación.Artículo 21.La tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el Derecho del domicilio del incapaz. se rigen por el Derecho del domicilio del hijo.La constitución. Artículo 24.El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieren sido válidamente constituidos bajo el imperio del Derecho anterior. Artículo 25. cuando se pretenda que produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe. así como las relaciones entre padres e hijos. Artículo 26. se aplicará el Derecho del último domicilio común. se rigen por el Derecho del lugar de la situación.Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen por el Derecho del domicilio común de los cónyuges. No obstante. por el Derecho de su respectivo domicilio. CAPÍTULO VI . para cada uno de los contrayentes. tales derechos sólo pueden ser opuestos a terceros. Artículo 23. Artículo 22. el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes. Artículo 28. Las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un Derecho extranjero competente podrán ser inscritas en cualquier momento en la respectiva Oficina Principal de Registro venezolana.EI divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda.La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo del matrimonio se rigen. sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República.
cuando corresponda. también tomará en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales. Sin embargo.La gestión de negocios. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese Derecho. en todo caso. se aplicarán. Artículo 36. los ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separado legalmente de bienes.Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes. con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Artículo 35. las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional. las normas. hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el Derecho venezolano.En el caso de que.Además de lo dispuesto en los artículos anteriores. o en el caso de que no existan o se ignoren los herederos. la víctima puede demandar la aplicación del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito. el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el Derecho del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación.DE LAS OBLIGACIONES Artículo 29.Los hechos ilícitos se rigen por el Derecho del lugar donde se han producido sus efectos.A falta de indicación válida. así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación. podrán. las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. Artículo 30. de acuerdo con el Derecho competente. los bienes de la sucesión correspondan al Estado. Artículo 31.Las sucesiones se rigen por el Derecho del domicilio del causante. CAPÍTULO VII DE LAS SUCESIONES Artículo 34. Artículo 33. los bienes situados en la República pasarán al patrimonio de la Nación venezolana.Los descendientes. CAPÍTULO VIII DE LA FORMA Y PRUEBA DE LOS ACTOS . Artículo 32.
o 3. si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos: 1. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción.Los medios de prueba. 41 y 42 de esta Ley.Además de la jurisdicción que asigna la Ley a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República. 4. El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes.Los actos jurídicos son válidos. de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. su eficacia y la determinación de la carga de la prueba se rigen por el Derecho que regula la relación jurídica correspondiente. El que rige el contenido del acto. en cuanto a la forma. Artículo 41. 2. 2. 3.Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial: 1. los tribunales de la República tendrán jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en los artículos 40. 2.Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes: 1. Cuando el Derecho venezolano sea competente. Artículo 38. sin perjuicio de que su substanciación procesal se ajuste al Derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa.Artículo 37. Cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República. para regir el fondo del litigio. Artículo 40. El del lugar de celebración del acto. Cuando se encuentren situados en el territorio de la República . CAPÍTULO IX DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA COMPETENCIA Artículo 39.
Artículo 44. 50 y 51 de esta Ley. 2.La jurisdicción que corresponde a los Tribunales venezolanos. para regir el fondo del litigio. según las disposiciones anteriores. Cuando el Derecho venezolano sea competente.No es válida la sumisión en materia de acciones que afecten a la creación.bienes que formen parte integrante de la universalidad. Artículo 43. Artículo 49.Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para dictar medidas provisionales de protección de las personas que se encuentren en el territorio de la República. del hecho de realizar en el juicio.La sumisión expresa deberá constar por escrito. Artículo 46. la competencia territorial interna de los diversos tribunales se regirá por las disposiciones establecidas en los artículos 49. personalmente o por medio de apoderado. en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Artículo 45.Siempre que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo. cualquier acto que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva. aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del litigio. o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano. por parte del demandado. por parte del demandante. del hecho de interponer la demanda y.Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre el estado de las personas o las relaciones familiares: 1. Artículo 47. Artículo 42. o árbitros que resuelvan en el extranjero. Artículo 48. modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros.La sumisión tácita resultará.Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial: . a no ser que lo permita el Derecho de la situación de los inmuebles.
Tendrá competencia para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes: 1. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. el tribunal del domicilio de la persona en virtud de la cual se atribuye competencia al Derecho venezolano. 3. 2. Cuando el Derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley para regir el fondo del litigio. el tribunal donde tuviere su domicilio la persona en virtud de la cual se atribuye competencia al Derecho venezolano. el tribunal del lugar donde se encuentre la mayor parte de los bienes de la universalidad situados en el territorio de la República.1. Artículo 51. el tribunal de la capital de la República. . el tribunal del lugar con el cual se vincule la causa al territorio de la República. 2. 4. en su defecto. Cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. aquél que resulte competente en virtud de alguno de los criterios indicados en los tres numerales anteriores y. el tribunal del lugar donde estén situados los bienes. el tribunal del lugar donde deba ejecutarse la obligación o donde se haya celebrado el contrato o verificado el hecho que origine la obligación. Cuando el Derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley para regir el fondo del litigio. el tribunal del lugar donde haya ocurrido la citación. Cuando se encuentren situados en el territorio de la República bienes que forman parte integrante de la universalidad. Cuando las partes se hubieren sometido expresamente en forma genérica a los tribunales de la República. 2. Artículo 50.Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre el estado civil de las personas o las relaciones familiares: 1. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República.
Si una sentencia extranjera no puede desplegar eficacia en su totalidad. CAPÍTULO X DE LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS Artículo 53. podrá admitirse su eficacia parcial. en materia de relaciones jurídicas privadas.Las normas establecidas en los artículos 49. 5. y que no se encuentre pendiente. las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada. 2. 4.Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1. CAPÍTULO XI DEL PROCEDIMIENTO Artículo 56. con tiempo suficiente para comparecer.Artículo 52. . de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo IX de la presente Ley.La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve.Para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera deberá ser declarada ejecutoria de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley y previa comprobación de que en ella concurren los requisitos consagrados en el Artículo 53 de esta Ley. Artículo 54. iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera. cuando les sea atribuida por otras leyes de la República. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o. Que el demandado haya sido debidamente citado. en general. Artículo 55. 3. ante los tribunales venezolanos. un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes. 50 y 51 no excluyen la competencia de tribunales distintos. 6. y que se le hayan otorgado en general.
Artículo 61. Artículo 62. Sala PolíticoAdministrativa.La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella. La solicitud de regulación de la jurisdicción suspende el procedimiento hasta que haya sido dictada la decisión correspondiente. quedando extinguida la causa. Artículo 60. Las partes podrán aportar informaciones relativas al Derecho extranjero aplicable y los tribunales y autoridades podrán dictar providencias tendentes al mejor conocimiento del mismo. o a solicitud de parte. CAPÍTULO XII DISPOSICIONES FINALES Artículo 63..Se derogan todas las disposiciones que regulen la materia objeto de esta Ley.Los tribunales de la República podrán dirigirse a cualquier autoridad competente extranjera. todo lo concerniente al arbitraje comercial internacional se regirá por las normas especiales que regulan la materia. a cuyo efecto se le remitirán inmediatamente los autos y si es confirmada se ordenará el archivo del expediente.. pero la decisión que la niegue deberá ser consultada en la Corte Suprema de Justicia. en cualquier estado o grado del proceso. . Asimismo evacuarán dentro de la mayor brevedad. diligencias probatorias o de cualquier otra actuación judicial que resulte necesaria para el buen desarrollo del proceso. Artículo 58.Salvo lo dispuesto en el Artículo 47 de esta Ley.El Derecho extranjero será aplicado de oficio.Artículo 57. para la práctica de citaciones.. mediante exhortos y comisiones rogatorias. En caso de afirmarse la jurisdicción de los tribunales venezolanos la causa continuará su curso en el estado en que se encuentre al dictarse la decisión.. los exhortos y comisiones rogatorias provenientes de tribunales extranjeros que se ajusten a los principios del Derecho Internacional aplicables en la materia.Los recursos establecidos por la ley serán procedentes cualquiera que fuere el ordenamiento jurídico que se hubiere debido aplicar en la decisión contra la cual se interponen. Artículo 59..La falta de jurisdicción del juez venezolano respecto del juez extranjero se declarará de oficio..
a los seis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho. firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo. Dada. (omissis .Artículo 64. a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho. Años 188º de la Independencia y 139º de la Federación. Año 188º de la Independencia y 139º de la Federación. en Caracas.Esta Ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. en Caracas. (omissis) Palacio de Miraflores.
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