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Timestamp: 2017-08-19 05:07:36
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 311', 'artículo 310', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 311', 'artículo 17', 'artículo 310', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 39']

Decreto Foral 24/2010, de 28 de setiembre, de creación y regulación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales
Publicado en BOG núm. 203 de 22 de Octubre de 2010
Artículo 2 Ámbito competencial subjetivo y objetivo
Artículo 4 Inamovilidad de sus miembros
Artículo 5 Objetividad, imparcialidad y sigilo
CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Artículo 6 Número de miembros
Artículo 12 Secretario/a
Artículo 13 Convocatoria de las sesiones
Artículo 16 Acta
Artículo 17 Interposición, tramitación y resolución de los recursos contractuales
Artículo 19 Impugnación de las resoluciones y actos del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales
Disposición adicional primera Apoyo técnico y administrativo al Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales
Disposición adicional segunda Renovación de la primera composición del Tribunal
Disposición final primera Designación de sus miembros y constitución del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales
DF 14/2012 de 2 Abr. Gipuzkoa (estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Foral y Función Pública)
Véase el número 2 del artículo 1 de D. Foral [GIPUZKOA] 14/2012, 2 abril, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Foral y Función Pública («B.O.G.» 13 abril).
La Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (DOUEL de 20 de diciembre), ha establecido nuevas previsiones a fin de potenciar las garantías de transparencia y no discriminación y de dotar de recursos eficaces y rápidos contra decisiones adoptadas por poderes adjudicadores y entidades contratantes.
En concreto, y en relación con el órgano responsable de los procedimientos de recurso, el modelo consagrado por la Directiva 2007/66/CE permite optar entre un órgano jurisdiccional o un órgano administrativo que sea independiente del órgano de contratación. Así, la nueva redacción del artículo 2 de la Directiva 89/665/CE establece en su apartado noveno las características de este último órgano y precisa que el nombramiento de quienes integren esta instancia independiente y la terminación de su mandato deberán sujetarse a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Como mínimo, añade la Directiva, el presidente o presidenta de esta instancia independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Concluye el repetido precepto señalando que esa instancia independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento contradictorio y que tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes.
En cumplimiento de estas modificaciones, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, incorpora un nuevo libro, el VI, a la Ley de Contratos del Sector Público, dedicado en sus artículos 310 a 319 al recurso especial en materia de contratación; concretamente, el artículo 311 encomienda a un órgano administrativo independiente la resolución del recurso especial en materia de contratación que prevé, con carácter potestativo, el artículo 310. Dispone al respecto que la persona titular de dicho órgano independiente, o en el caso de que fuera colegiado, al menos su presidente o presidenta, ha de contar con una cualificación jurídica y profesional que garantice un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. En cuanto al nombramiento de quienes integren esta instancia independiente, la terminación de su mandato y su revocabilidad, reitera el mandato de la Directiva de garantizar su independencia e inamovilidad.
De conformidad con la disposición adicional trigésimo tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha de ajustar su contratación a las normas establecidas en dicha Ley para las administraciones públicas, lo cual implica la necesidad de crear en el seno de la Administración Foral, en ejercicio de su competencia de autoorganización, un órgano que atienda los cometidos señalados por la Unión Europea no sólo en lo referente a la mayor transparencia y no discriminación, sino, también, al reforzamiento de la seguridad jurídica en ese ámbito, siguiendo, a su vez, las pautas marcadas por la reciente reforma de la legislación sobre contratos públicos a la que se ha hecho mención.
A tal fin, el presente Decreto Foral crea el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, regulando a lo largo de los cuatro capítulos de los que consta, su adscripción orgánica, su composición y funciones con la vista puesta en garantizar su independencia funcional, la cualificación técnica y profesional de sus integrantes y su inamovilidad durante su mandato, así como los demás requerimientos establecidos en las normas antes citadas.
De esta manera, el capítulo I (disposiciones generales), tras disponer en su artículo 1 la creación y adscripción de dicho órgano administrativo, regula en el artículo 2 su ámbito competencial subjetivo y objetivo, y dedica los artículos 3 a 5 a desarrollar aspectos directamente relacionados con la garantía de su independencia e imparcialidad.
El capítulo II regula la composición y las funciones de los miembros del Tribunal, estableciendo un número mínimo de 3, el presidente o la presidenta y 2 vocales. Fija igualmente los requisitos que han de cumplir quienes integren dicho tribunal, a quienes se exigen determinadas cualificaciones jurídicas y profesionales y un mínimo de tiempo de desempeño profesional, en el intento de aunar la capacitación con la experiencia, y garantizar de esta forma, un órgano solvente y preparado. Se regula, asimismo, en este capítulo, la designación y funciones tanto del presidente o presidenta como de sus vocales, y la renovación escalonada del Tribunal.
El capítulo III recoge el funcionamiento del Tribunal en cuanto órgano colegiado, regulando la convocatoria de sesiones, el quórum de constitución y adopción de acuerdos, el voto particular y el contenido del acta de las sesiones.
El capítulo IV, dedicado al procedimiento, se remite en cuanto a la interposición, tramitación y resolución de los recursos contractuales, en primera instancia, a la normativa de contratación administrativa (las leyes 30/2007 y 31/2007) y, con carácter supletorio, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Termina el capítulo con el artículo 19, que establece la recurribilidad de los actos y resoluciones del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Además, y para contribuir a su eficaz funcionamiento, la disposición adicional primera atribuye a la Dirección General de Régimen Jurídico las labores de apoyo administrativo y técnico al Tribunal. Por su parte, la disposición adicional segunda regula la renovación de la primera composición del Tribunal y la disposición final primera establece plazos para la designación y constitución del mismo. Para terminar, la disposición final segunda prevé la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral.
En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departamento de Presidencia y Administración Foral, previa deliberación y aprobación del Consejo de Diputados en sesión del día de la fecha,
1. Se crea el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales.
2. El Tribunal se adscribe al Departamento de Presidencia y Administración Foral sin integrarse en su estructura jerárquica.
1. Corresponderá al Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales el conocimiento y resolución de los recursos a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, relativos a los contratos en los que sea parte la Diputación Foral de Gipuzkoa, su Administración Institucional y sus Sociedades Públicas Forales, y todos aquellos poderes adjudicadores que estén bajo su control en los términos del artículo 311.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
2. También será competente para conocer y resolver los recursos que se susciten con respecto a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada y contemplados en el artículo 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que hayan recibido subvención por parte de las entidades a las que se refiere el apartado anterior y, en caso de concurrencia con otras administraciones públicas, cuando la cuantía de la subvención concedida por dicha entidad sea la de mayor importe y, en el caso de igualdad de importe, si quien recurre decide interponer el recurso ante el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, siempre que éste resulte competente conforme a las reglas anteriores.
3. En concreto, el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales conocerá:
a) Del recurso especial en materia de contratación contra los actos mencionados en el artículo 310.2 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, cuando se refieran a alguno de los contratos que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo.
b) De la cuestión de nulidad regulada en los artículos 37 a 39 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
c) De la reclamación en los procedimientos de adjudicación de los contratos y de la cuestión de nulidad, previstas en los artículos 101.1.a) y 109 a 111 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
El Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales es un órgano administrativo especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.
1. Durante el tiempo que dure su mandato los miembros del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales son inamovibles.
2. Los miembros del Tribunal no pueden ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
b) Por renuncia aceptada por el Consejo de Diputados.
c) Por pérdida de los requisitos que son necesarios para su designación.
La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) se acordará por el Consejo de Diputados previo expediente instruido al efecto, con audiencia de la persona interesada.
1. Los miembros del Tribunal ejercen su función con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno ni a instrucciones de ninguna clase de los órganos de la Diputación Foral.
2. Tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los que concurra alguna de las causas de abstención y recusación establecidas en la legislación en materia de procedimiento administrativo común.
3. Cualquier miembro del Tribunal que sepa de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior debe ponerlo en conocimiento del Tribunal, a fin de que éste decida, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, si debe o no abstenerse del estudio y votación del asunto correspondiente. El Tribunal adopta el acuerdo que proceda en la misma sesión en que la cuestión se plantee, sin necesidad de ponencia previa. Los miembros afectados por posibles causas de abstención no pueden participar en el estudio, deliberación y votación sobre su apreciación que lleve a cabo el Tribunal, y quedan vinculados por el acuerdo que éste adopte.
4. Los miembros del Tribunal han de guardar secreto sobre los asuntos sometidos a su conocimiento y sobre las propuestas de acuerdos o resoluciones, mientras no sean aprobadas por el propio Tribunal y, en todo tiempo, sobre las deliberaciones del Tribunal en torno a las resoluciones adoptadas y votos emitidos.
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales está compuesto por un presidente o presidenta y dos vocales. Si el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento así lo aconseja, se podrá incrementar el número de vocales que hayan de integrar el Tribunal, que siempre será impar.
En su composición se garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitacion, competencia y preparación adecuada.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.3 para la suplencia del presidente o presidenta, en los supuestos de ausencia, enfermedad u otra causa que sin ser motivo de cese imposibilite el cumplimento efectivo de las obligaciones de cualquiera de sus miembros durante un periodo superior a un mes y ello afectase de manera importante al trabajo del Tribunal, su presidente o presidenta podrá solicitar a la diputada o diputado foral de Presidencia y Administración Foral que proponga al Consejo de Diputados la designación de una persona suplente que asuma las funciones de la ausente o imposibilitada hasta su reincorporación efectiva. La persona suplente debe reunir los requisitos establecidos para la designación de vocales.
El Tribunal se renueva cada tres años a razón de un miembro cada vez.
El miembro cesante continúa en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su puesto quien le suceda en el mismo.
1. El presidente o presidenta del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales debe ser funcionario o funcionaria de carrera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, perteneciente a un cuerpo o escala del Subgrupo A1 con licenciatura o grado en Derecho y con una experiencia profesional superior a diez años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado con la contratación pública.
2. Su designación se realiza por el Consejo de Diputados, mediante acuerdo, a propuesta de la diputada o diputado foral de Presidencia y Administración Foral, por un período de seis años, prorrogable por una sola vez.
1. Son funciones del presidente o presidenta las previstas con carácter general para las presidencias de los órganos colegiados de las administraciones públicas y en particular:
a) Ostentar la representación ordinaria del Tribunal.
b) Programar sus actividades previa consulta a los vocales.
d) Designar al o a la ponente de cada asunto de acuerdo con los criterios aprobados por el propio Tribunal, velando por una equilibrada asignación de la carga de trabajo entre sus miembros.
f) Cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente.
2. Durante las sesiones, la presidenta o presidente, o quien le supla, ejerce las siguientes funciones:
3. Las facultades contempladas en el apartado 1, excepto la prevista en la letra a), son delegables en cualquiera de los vocales. En ausencia de delegación expresa, en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención u otra causa legal, suplirá al presidente o presidenta el vocal o la vocal presente de mayor antigüedad en el cargo; en caso de igualdad, quien tenga más antigüedad como funcionario o funcionaria de los cuerpos o escalas que dan acceso a la condición de vocal y, si persistiera la igualdad, la persona de mayor edad.
Vocales y secretario/a
1. Los vocales del Tribunal deben ser funcionarios de carrera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pertenecientes a cuerpos y escalas del Subgrupo A1, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a cinco años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo.
2. Los vocales se designan por el Consejo de Diputados, mediante acuerdo, a propuesta de la diputada o diputado foral de Presidencia y Administración Foral por un período de seis años, prorrogable por una sola vez.
Son funciones de los vocales las previstas con carácter general para los miembros de los órganos colegiados de las Administraciones Públicas y en particular:
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a su disposición en igual plazo.
b) Redactar y presentar al Tribunal las propuestas de resolución de los asuntos cuya ponencia les haya asignado la Presidencia.
c) Asistir a las sesiones y participar en los debates.
d) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, concurrente o discrepante con el parecer de la mayoría, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición y las que se les atribuya en la normativa vigente.
1. El Tribunal designará, entre sus vocales, a quien ejercerá de secretario o secretaria.
2. La suplencia del secretario o secretaria en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad recae en quien ostente la otra vocalía, si son sólo dos. Si son más de dos vocales, en quien acuerde el Tribunal y, en su defecto, en el o la vocal de menor antigüedad en el cargo; y en caso de igualdad, en quien tenga menos antigüedad como funcionario o funcionaria de los cuerpos y escalas que dan acceso al Tribunal y, si persistiera la igualdad, en la persona más joven.
3. Al secretario o secretaria del Tribunal le corresponde, en su calidad de vocal, las funciones enumeradas en el artículo 11, y además, las siguientes:
a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones, así como la documentación necesaria relativa a los asuntos que hayan de tratarse en las mismas.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Tribunal por orden de la Presidencia, así como las citaciones pertinentes.
d) Expedir, por orden de la Presidencia y con su visto bueno, certificaciones de actas, resoluciones y acuerdos.
e) Recibir y llevar el registro de entrada y salida de los recursos, escritos, comunicaciones y demás documentos que se dirijan al Tribunal.
f) Cualesquiera otras funciones inherentes a la condición de secretario o secretaria de un órgano colegiado.
1. Las sesiones del Tribunal se convocarán con la periodicidad necesaria, atendiendo al número y naturaleza de los asuntos pendientes, de conformidad con la programación que acuerde la Presidencia.
2. La convocatoria deberá hacerse a todos los miembros del Tribunal y con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
3. La convocatoria se hará con entrega del orden del día, la documentación de los asuntos que deben cursarse y copia de las propuestas de resoluciones o acuerdos que vayan a debatirse.
1. El Tribunal se entiende válidamente constituido con la asistencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría, o de quienes les suplan.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
3. Cada miembro presente deberá expresar a la Presidencia el sentido de su voto, que sólo podrá ser favorable o desfavorable a la resolución o acuerdo sometido a votación. No se admitirá la abstención en la votación, salvo lo dispuesto en el artículo 5.3. Tampoco podrán ponerse reservas, condiciones o matizaciones a las resoluciones y acuerdos, salvo que se formulen a través de votos particulares.
1. Los miembros del Tribunal podrán formular voto particular en relación con el acuerdo de la mayoría, siempre que lo anuncien antes de levantar la sesión.
2. Los votos particulares podrán ser concurrentes o discrepantes con el sentido de la resolución y no podrán fundarse en motivos no expresados en la sesión correspondiente. Se remitirán por escrito a la Secretaría dentro de un plazo no superior a cinco días contados a partir de la redacción definitiva de la resolución, a la cual se incorporan.
1. Los acuerdos del Tribunal constarán en acta, la cual expresará, sucintamente, la fecha, la hora de inicio y de conclusión de la sesión, las personas asistentes y las ausentes, los acuerdos tomados, los votos particulares anunciados y los asuntos pospuestos para otra sesión.
2. Las actas se aprueban al final de la sesión, o en la sesión siguiente, y se firman por la Secretaría y la Presidencia.
La interposición, tramitación y resolución de los recursos contractuales se realiza con arreglo al procedimiento establecido al efecto en la normativa sobre contratación administrativa y, en concreto, a lo dispuesto en:
a) Los artículos 310 a 319 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, con las especialidades señaladas en el artículo 39, cuando se trate de una cuestión de nulidad.
En lo no previsto en las normas citadas en el artículo anterior y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 316 de la Ley 30/2007 y 105 de la Ley 31/2007, será de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo establecido en la normativa vigente en materia de contratación administrativa y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las resoluciones y los actos dictados por el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales no serán objeto de recurso en vía administrativa y contra los mismos sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
El Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales contará, para su funcionamiento, con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección General de Régimen Jurídico.
1. La duración del mandato de quienes integren la primera composición del Tribunal será la que resulte de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. La primera renovación del Tribunal se efectuará a los tres años de la designación de sus miembros y recaerá en la o el vocal que se determine por medio de sorteo realizado al efecto. La segunda renovación tendrá lugar a los seis años de la designación y afectará al otro u otra vocal. La tercera renovación se llevará a cabo a los tres años de la segunda y será la del presidente o presidenta, que permanecerá en el cargo hasta entonces.
1. La Diputación Foral procederá a designar al presidente o presidenta y a los vocales del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente Decreto Foral.
2. El Tribunal se constituirá en el plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de la designación de sus miembros.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y será aplicable a los recursos que se interpongan a partir de la fecha de constitución del Tribunal.