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Timestamp: 2018-04-20 09:44:44
Document Index: 334924002

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (...) - PDF
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Silvia Navarrete Rivas
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS Anteproyecto de Ley XX/2014, de xx de xx, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, para su adaptación a la normativa comunitaria. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (...) Artículo único: Modificación del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera: Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. La presente ley tiene por objeto la regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria, mediante el establecimiento de las condiciones y los requisitos de necesaria observancia para su ejercicio, así como la regulación del sistema de supervisión pública y los mecanismos de cooperación internacional en relación con dicha actividad. 2. Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. 3. La auditoría de las cuentas anuales consistirá en verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación. 1
2 Asimismo, comprenderá, en su caso, la verificación del informe de gestión que acompañe a las cuentas anuales, a fin de dictaminar sobre su concordancia con dichas cuentas anuales y si su contenido es conforme con lo establecido en la normativa de aplicación. Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: Artículo 2. Definiciones. A los efectos de lo establecido en esta ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 1. Marco normativo de información financiera: el conjunto de normas, principios y criterios establecido en: a) La normativa de la Unión Europea relativa a las cuentas consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación. b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. c) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. d) Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 2. Auditoría obligatoria: auditoría de las cuentas anuales o de las cuentas consolidadas, que sea exigida por el Derecho de la Unión Europea o la legislación nacional. 3. Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, figurando inscrita, como auditor ejerciente, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión europea o de un tercer país. 4. Sociedad de auditoría: persona jurídica, independientemente de la forma societaria adoptada, autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, figurando inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país. 5. Tendrán la consideración de entidades de interés público las siguientes: 2
3 a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores así como en el mercado alternativo bursátil, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras. b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados. c) Los grupos de sociedades en los que se integren entidades contempladas en los párrafos a) y b) anteriores. 6. Auditor principal responsable: a) Auditor de cuentas que firme el informe de auditoría de cuentas. b) En el caso de sociedades de auditoria, el auditor o auditores de cuentas designados por una sociedad de auditoría para realizar en su nombre un trabajo de auditoría y firmar el correspondiente informe de auditoría, así como, y en su caso, el auditor o auditores de cuentas designados por la sociedad de auditoría como principales responsables de realizar el trabajo de auditoría de cuentas en nombre de dicha sociedad. c) En el caso de auditorías de cuentas consolidadas, el auditor o auditores de cuentas designados por una sociedad de auditoría, como auditor o auditores principales responsables, para realizar en su nombre un trabajo de auditoría y firmar el correspondiente informe de auditoría de cuentas consolidadas; así como aquellos designados como auditor o auditores principales responsables de realizar la auditoria a nivel de entidades que forman el conjunto consolidable. 7. Estado miembro de origen: El Estado miembro de la Unión europea que haya autorizado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría a realizar la actividad de auditoría de cuentas en dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en su normativa nacional como trasposición del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, modificada por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de Estado miembro de acogida: El Estado miembro de la Unión europea, distinto del origen, en el que un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría autorizados por su Estado miembro de origen para realizar la actividad de auditoría de cuentas, obtengan la correspondiente autorización para realizar la actividad en aquel Estado, de conformidad con lo dispuesto en su normativa 3
4 nacional como trasposición de los artículos 3 bis y 14, respectivamente, de la Directiva 2006/43/CE. 9. Pequeñas entidades: Las entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las entidades tendrán esta consideración si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado. 10. Medianas entidades: Las entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del activo no supere los veinte millones de euros. b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los cuarenta millones de euros. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta. Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las entidades tendrán esta consideración si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado. Tres. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo: Artículo 3. Informe de auditoría de cuentas. 4
5 1. El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil que contendrá, al menos, los siguientes datos: a) Identificación de la entidad auditada, de las cuentas anuales que son objeto de la auditoría, del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración, de las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, de las personas a quienes vaya destinado; así como la referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada. b) Una descripción general del alcance de la auditoría realizada, con referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. Asimismo, se informará sobre la responsabilidad del auditor de cuentas o sociedad de auditoría de expresar una opinión sobre las citadas cuentas en su conjunto. c) Explicación de que la auditoría se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. Asimismo, se describirán los riesgos considerados significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las conclusiones finales obtenidas al respecto. d) Declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de la auditoría de las cuentas anuales que hayan afectado a la necesaria independencia del auditor o sociedad de auditoría, de acuerdo con el régimen regulado en la sección 2ª del capítulo III de esta ley. e) Una opinión técnica en la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. La opinión podrá ser favorable, con salvedades, desfavorable o denegada. Cuando no existan reservas la opinión será favorable. En el caso de que existan tales reservas, se deberán poner de manifiesto todas ellas en el informe y la opinión técnica será con salvedades, desfavorable o denegada. Asimismo, se indicarán, en su caso, las posibles incertidumbres significativas o materiales relacionadas con hechos o condiciones que pudieran suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad auditada para continuar como empresa en funcionamiento. También se hará referencia a las cuestiones que, no constituyendo una reserva, el auditor de cuentas deba o considere necesario destacar a fin de enfatizarlas. 5
6 f) Una opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio, en el caso de que el citado informe de gestión acompañe a las cuentas anuales. Asimismo, se incluirá una opinión sobre si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que resulte de aplicación, y se indicarán, en su caso, el detalle de las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este respecto. 2. El informe de auditoría deberá ser emitido por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría de conformidad con la normativa prevista en el artículo 6 y con el contrato de auditoría suscrito entre las partes. La falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa y en aquellos supuestos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Existencia de amenazas que pudieran comprometer de forma grave la independencia u objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª del Capítulo III. b) Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos. En los anteriores supuestos, cuando se trate de auditorías obligatorias, deberá informarse razonadamente, tanto al Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la sociedad auditada, como al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de las circunstancias determinantes de la falta de emisión del informe o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, en la forma y plazos que se determine reglamentariamente. 3. El informe de auditoría de cuentas anuales será emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hubieran realizado, y deberá estar firmado por éstos. 4. En ningún caso el informe de auditoría de cuentas anuales podrá ser publicado parcialmente o en extracto, ni de forma separada a las cuentas anuales auditadas. Cuando el informe sea público podrá hacerse mención a su existencia, en cuyo caso, deberá hacerse referencia al tipo de opinión emitida. 5. El informe de auditoría de cuentas anuales deberá ir acompañado de la totalidad de documentos que componen las cuentas objeto de auditoría y, en su caso, del informe de gestión. 6
7 6. Cuando el informe no se refiera a las cuentas anuales, le será de aplicación, en su caso, lo dispuesto para dichas cuentas. 7. El informe de auditoría será redactado en lenguaje claro y sin ambigüedades. En ningún caso se podrá utilizar el nombre de ningún órgano o institución pública con competencias de inspección o control de modo que pueda indicar o sugerir que dicha autoridad respalda o aprueba el informe de auditoría. Cuatro. Se añade un nuevo artículo 3 bis con la siguiente redacción: Artículo 3 bis. Informe de auditoría de cuentas de entidades de interés público. El informe de auditoría de las cuentas anuales de una entidad de interés público se elaborará y presentará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del presente texto refundido y en el artículo 10 del Reglamento (UE) Nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión. Cinco. Se añade un nuevo artículo 3 ter con la siguiente redacción: Artículo 3 ter. Informe adicional para el comité de auditoría en entidades de interés público. 1. Los auditores de entidades de interés público elaborarán un informe adicional al de auditoría de las cuentas anuales, que entregarán al comité de auditoría de la entidad auditada en la misma fecha que el informe de auditoría de las cuentas anuales. Si la entidad no dispone de un comité de auditoría dicho informe se entregará al órgano que desempeñe funciones equivalentes dentro de la entidad auditada. 2. El informe adicional para el Comité de Auditoría se elaborará y presentará de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento (UE) Nº 537/2014, de 16 de abril de Cuando lo soliciten los órganos o instituciones públicas con competencias de control o inspección de las entidades de interés público, el informe adicional para el Comité de Auditoría les será facilitado sin demora por parte de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Seis. El artículo 5 queda redactado de la siguiente manera: Artículo 5. Auditoría de cuentas consolidadas 7
8 1. La presente ley será de aplicación a la auditoría de cuentas a la que se refiere el artículo 1 de esta ley también cuando se trate de una auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados. 2. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, asume la plena responsabilidad del informe de auditoría emitido y, en su caso, del informe adicional para el comité de auditoría a que se refiere el artículo 3 ter, aun cuando la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores. 3. Quien o quienes emitan la opinión sobre las cuentas anuales consolidadas, o sobre otros estados financieros o documentos contables consolidados, vendrán obligados a recabar la información necesaria, en su caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entidades que formen parte del conjunto consolidable, que estarán obligados a suministrar cuanta información se les solicite. 4. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, efectuará una revisión y evaluación y revisión del trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las auditorías de entidades que formen parte del conjunto consolidable. Dichas revisión y evaluación y revisión deberán documentarse en los papeles de trabajo del auditor de las cuentas consolidadas, incluyendo la naturaleza, calendario y alcance de la labor realizada por dichos otros auditores o sociedades de auditoría, así como, en su caso, la revisión realizada por el auditor de las cuentas consolidadas de partes relevantes de la documentación de auditoría de los citados auditores realizada a efectos de la auditoría de las cuentas anuales consolidadas. A estos efectos, y para que el auditor de las cuentas consolidadas pueda basarse en el trabajo realizado por los otros auditores o sociedades de auditoría será necesario suscribir un acuerdo previo con éstos a fin de transmitir toda la documentación necesaria para la realización de la auditoría de las cuentas consolidadas. La documentación correspondiente al trabajo de auditoría de las cuentas consolidadas, que corresponde conservar al auditor o la sociedad de auditoría de dichas cuentas, deberá permitir la revisión y control del trabajo realizado por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de forma adecuada. 8
9 5. Cuando el auditor de las cuentas consolidadas no pueda evaluar el trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las cuentas de entidades que formen parte de las cuentas consolidadas, adoptará las medidas adecuadas e informará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de tal circunstancia y sus causas en los plazos y forma que se determine reglamentariamente. Entre las medidas a tomar se deberá incluir la realización de los procedimientos de auditoría necesarios para la auditoría de las cuentas consolidadas, directamente o en colaboración con otros auditores, según proceda, sobre las cuentas de las citadas entidades. 6. En el supuesto de que el auditor de cuentas consolidadas sea objeto de una inspección o investigación en relación con un trabajo de auditoría de cuentas consolidadas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, si es requerido para ello, pondrá a disposición de quien realice tal control o investigación toda la información que obre en su poder relativa al trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las cuentas de entidades que formen parte de las cuentas consolidadas, a efectos de la auditoría de las cuentas consolidadas, incluyendo los papeles de trabajo correspondientes a dichos trabajos. 7. En el caso de que una entidad que forme parte del conjunto consolidable sea auditada por auditores de cuentas o sociedades de auditoría de terceros países con los que no exista acuerdo de intercambio de información sobre la base de reciprocidad, el auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, será responsable de aplicar los procedimientos que reglamentariamente se determinen para facilitar que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas pueda tener acceso a la documentación del trabajo de auditoría realizado por los citados auditores de cuentas o sociedades de auditoría del tercer país, incluidos los papeles de trabajo pertinentes para la auditoría del grupo, pudiendo a tal efecto conservar una copia de esa documentación o acordar por escrito con estos auditores de cuentas o sociedades de auditoría un acceso adecuado e ilimitado para que el auditor del grupo la remita al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuando éste lo requiera. Si existieran impedimentos legales o de otro tipo que impidieran la transmisión de los papeles de trabajo de auditoría de un tercer país al auditor del grupo, la documentación conservada por este auditor incluirá la prueba de que ha aplicado los procedimientos adecuados para obtener acceso a la documentación relativa a la auditoría y, en caso de impedimentos distintos de los legales derivados de la legislación nacional, la prueba que demuestre la existencia de tales impedimentos. 9
10 8. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación también a la sociedad de auditoría que realice la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, así como a los auditores de cuentas que la realicen en nombre de dicha sociedad. Siete. El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera: Artículo 6. Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 1. La actividad de auditoría de cuentas se realizará con sujeción a la normativa constituida por las prescripciones de esta ley, de su Reglamento de desarrollo, así como a las normas de auditoría, de ética e independencia y de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, a las auditorías de cuentas de entidades de interés público les será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 537/2014, de 16 de abril de Las normas de auditoría son las contenidas en esta ley, en su Reglamento de desarrollo, en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea y en las normas técnicas de auditoría, en aquellos aspectos no regulados por las normas internacionales de auditoría citadas. 3. Las normas de ética incluyen, al menos, los principios de su función de interés público, competencia profesional, diligencia debida, integridad y objetividad, sin perjuicio de lo establecido en las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo III. 4. Las normas técnicas de auditoría, las normas de ética y las normas de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría se elaborarán, adaptarán o revisarán, debiendo estar de acuerdo con los principios generales y práctica comúnmente admitida en los Estados miembros de la Unión Europea así como con las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea, por las corporaciones de derecho público representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas, previa información pública durante el plazo de dos meses y serán válidas a partir de su publicación, mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su Boletín Oficial. En el caso de que las corporaciones de derecho público representativas a que se refiere el párrafo anterior, previo requerimiento del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no elaborasen, adaptasen o revisasen alguna de las normas técnicas de auditoría, las normas de ética y las normas de control de calidad interno, en la forma establecida anteriormente, éste procederá a su 10
11 elaboración, adaptación o revisión, informando de ello a las citadas corporaciones de derecho público representativas y cumpliendo también el requisito de información pública durante el plazo de dos meses. 5.Podrán imponerse requisitos adicionales a los establecidos en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión europea siempre que dichos requisitos adicionales se deriven de requerimientos exigidos por el derecho nacional o resulten necesarios para aumentar la credibilidad y fiabilidad de los estados financieros auditados. Estos requisitos adicionales serán comunicados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a la Comisión Europea, como mínimo, tres meses antes de su entrada en vigor o, en el caso de requisitos ya existentes en el momento de la adopción de una norma internacional de auditoría, en un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de adopción de la norma internacional de auditoría. Dichos requisitos adicionales podrán establecerse mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la que se declare la vigencia de los apartados correspondientes de las normas técnicas de auditoría preexistentes a la adopción por la Unión Europea de las normas internacionales de auditoría sobre la misma materia, o mediante la publicación de nuevas normas técnicas de auditoría limitadas a los referidos requisitos adicionales. Ocho. El artículo 7 queda redactado como sigue: Artículo 7. Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 1. Podrán realizar la actividad de auditoría de cuentas las personas físicas o jurídicas que, reuniendo las condiciones a que se refieren los artículos siguientes, figuren inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 2. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas será público y su información será accesible por medios electrónicos. 3. En el caso de auditores de cuentas, contendrá la siguiente información: a) Nombre, dirección, número de registro y situación en la que se encuentren inscritos. b) En el caso de estar inscrito en situación de ejerciente, se indicará el domicilio profesional, dirección de Internet, y número de registro de la sociedad o sociedades de auditoría con las que está relacionado. c) Todas las demás inscripciones como auditor de cuentas ante las autoridades competentes de otros Estados miembros y como auditor en terceros 11
12 países, con indicación, de las autoridades competentes para la inscripción, y en su caso, los números de registro. d) Las sanciones impuestas como consecuencia del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo En el caso de las sociedades de auditoría, contendrá la siguiente información: a) Nombre, domicilio social, forma jurídica, dirección de cada oficina en la que realice su actividad, número de registro y dirección de Internet. b) Nombre, apellidos, dirección y número de registro de cada uno de los socios, con indicación de quien o quienes ejerzan las funciones de administración o de dirección. c) Nombre, apellidos, dirección y número de registro de los auditores de cuentas al servicio de la sociedad de auditoría, con identificación de los que estén designados expresamente para realizar auditorías y firmar informes de auditoría en nombre de la sociedad y del periodo de vigencia de dicha designación. d) Si la sociedad está vinculada a las entidades a que se refiere el artículo 17 o 18, deberá aportar información de los nombres y direcciones de dichas entidades, o indicación de donde puede obtenerse públicamente dicha información. e) Todas las demás inscripciones como sociedad de auditoría ante las autoridades competentes de otros Estados miembros y de terceros países, con indicación de la autoridad competente para la inscripción y, en su caso, el número de registro. f) En su caso, si la sociedad de auditoría está inscrita en virtud de lo establecido en el artículo 10.4, con indicación del Estado miembro de origen en el que estuviera autorizado. g) Las sanciones impuestas como consecuencia del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo En el caso de auditores de cuentas, así como de sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países, deberán figurar de forma separada, debiendo en todo caso identificarse como tales aquellos a que se refieren respectivamente el artículo 9.3 y el último párrafo del artículo , con la mención de que no están autorizados para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en España. 6. La inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas no facultará para el ejercicio de otras actividades distintas a las previstas en el artículo 1, que requerirán las condiciones de titulación y colegiación exigidas por la legislación aplicable en cada caso. 12
13 7. Los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, salvo aquellos a los que se refiere el artículo 9.3, deberán seguir cursos y realizar actividades de formación continuada, los cuales podrán ser impartidos, en la forma y condiciones que se establezcan reglamentariamente, por las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, las entidades docentes autorizadas u otras entidades. Nueve. El artículo 9 queda redactado de la siguiente forma: Artículo 9. Auditores de cuentas autorizados en otros Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países. 1. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en otros Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que reglamentariamente se determinen. Para obtener la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberán superar una prueba de aptitud sobre la normativa española aplicable a la auditoría cuyo conocimiento no se hubiese acreditado en el Estado miembro en que el auditor de cuentas esté autorizado. 2. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en terceros países, en condiciones de reciprocidad, que cumplan requisitos equivalentes a los exigidos en el artículo 8.2, párrafos a), b) y c), así como con la obligación de formación continuada a que se refiere el artículo 7.7. Para obtener la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberán acreditar, al menos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8.1, párrafos a) y c), superar una prueba de aptitud equivalente a la que se refiere el apartado anterior, en los términos que reglamentariamente se determinen, y disponer de domicilio o establecimiento permanente en España o designar a un representante con domicilio en España. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, deberán en todo caso inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en terceros países que emitan informes de auditoría sobre cuentas anuales o cuentas anuales consolidadas de una entidad constituida fuera de la Unión Europea y cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado en España, excepto cuando la entidad auditada emita exclusivamente obligaciones, bonos u otros títulos de deuda negociables que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 13
14 a) Que hayan sido admitidos a negociación en un mercado regulado en España antes del 31 de diciembre de 2010 y cuyo valor nominal por unidad sea de euros como mínimo en la fecha de emisión o de importe equivalente a éste. b) Que hayan sido admitidos a negociación en un mercado regulado en España después de diciembre de 2010 y cuyo valor nominal por unidad sea de euros como mínimo en la fecha de emisión o de importe equivalente a éste. Esta excepción no se aplicará cuando la entidad emita valores que sean equiparables a las acciones de sociedades o que, si se convierten o si se ejercen los derechos que confieren, den derecho a adquirir acciones o valores equiparables a acciones. Los auditores de cuentas a que se refiere este apartado deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Que cumplan requisitos equivalentes a los exigidos en los artículos 8.1, párrafos a) y c), y 8.2, párrafos a), b) y c). b) Que designen a un representante con domicilio en España. c) Que los informes de auditoría a los que se refiere este apartado se realicen con arreglo a las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea y a lo estipulado en la Sección 2ª del Capítulo III o, en su caso, con arreglo a las normas y requisitos declarados equivalentes por la Unión Europea. d) Que tengan publicado en su sitio de Internet, el informe anual de transparencia a que se refiere el artículo 26, o un informe que cumpla los requisitos equivalentes de información. La inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de estos auditores de cuentas no les faculta para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en relación con entidades domiciliadas en España. Sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea, los informes de auditoría emitidos por estos auditores de cuentas de terceros países no registrados en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas no tendrán efecto jurídico en España. Diez. El artículo 10 queda redactado de la siguiente manera: Artículo 10. Sociedades de auditoría. 1. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como las sociedades de auditoría de cuentas las sociedades mercantiles que cumplan 14
15 los siguientes requisitos: a) Que las personas físicas que realicen los trabajos y firmen los informes de auditoría en nombre de una sociedad de auditoría estén autorizadas para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España. b) Que la mayoría de los derechos de voto correspondan a auditores de cuentas o sociedades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. c) Que una mayoría de los miembros del órgano de administración sean socios auditores de cuentas o sociedades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. En caso de que el órgano de administración no tenga más que dos miembros, al menos uno de ellos deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente apartado. En todo caso, no podrán inscribirse como sociedades de auditoría: a) Las sociedades en las que exista identidad sustancial con otra ya inscrita. Se entiende que existe identidad sustancial cuando se compartan socios o auditores de cuentas que constituyan la mayoría del capital social o del órgano de administración. b) Las sociedades en las que figure como administrador un auditor de cuentas que figurase inscrito como administrador en otra sociedad de auditoria ya inscrita. 2. Será de aplicación a las sociedades de auditoría lo dispuesto en el artículo La dirección y firma de los trabajos de auditoría realizados por una sociedad de auditoría de cuentas corresponderá, en todo caso, a uno o varios auditores de cuentas que pueden ejercer la actividad de auditoría en España y que estén designados por la sociedad de auditoría como auditores principales responsables para realizar la auditoría, así como para firmar el informe en nombre de dicha sociedad. Un auditor de cuentas no podrá estar designado para participar en la realización de trabajos de auditoría de cuentas en nombre de más de una sociedad. 4. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas las sociedades de auditoría de cuentas autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que pretendan ejercer la auditoría en España, siempre que el auditor principal responsable o los auditores principales responsables que realicen la auditoría figuren inscritos en situación de ejerciente en el Registro 15
16 Oficial de Auditores de Cuentas. La autorización en otro Estado miembro se acreditará mediante certificado emitido por la correspondiente autoridad competente dentro de los tres meses anteriores a la solicitud. La inscripción de estas sociedades se comunicará a las autoridades competentes de los Estados miembros de origen. Las retiradas de autorización de sociedades inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuando también estuvieran inscritas en otro Estado miembro, serán comunicadas al Estado miembro de acogida, con indicación de la causa de la misma En todo caso deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas las sociedades y demás entidades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas de terceros países que emitan informes de auditoría en relación a las cuentas anuales a que se refiere el artículo 9.3. En estos casos, se exigirá a quienes firmen los informes en nombre de la entidad el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo. Para estar inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, estas sociedades y demás entidades de auditoría deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Que el auditor de cuentas que firme el informe de auditoría en nombre de éstas y la mayoría de los miembros de su órgano de administración cumplan con los requisitos equivalentes a los exigidos en los artículos 8.1, párrafos a) y c), y 8.2, párrafos a), b) y c). b) Que los informes de auditoría a que se refiere este apartado se realicen con arreglo a las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea y a lo estipulado en la Sección I del Capítulo III, o en su caso, con arreglo a las normas y requisitos declarados equivalentes por la Unión Europea. c) Que designen un representante con domicilio en España. d) Que tengan publicado en sus páginas de Internet el informe anual de transparencia a que se refiere el artículo 26, o un informe que cumpla requisitos equivalentes de información. Los informes de auditoría emitidos por las sociedades y demás entidades de auditoría a que se refiere este apartado no inscritas, no tendrán efecto jurídico en España, sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea. La inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de estas sociedades y demás entidades de auditoría no les faculta para el ejercicio de la actividad de auditoría. Las sociedades y demás entidades de auditoría a que se refiere este apartado causarán baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cuando incumplan 16
17 alguno de los requisitos establecidos en este apartado, por renuncia voluntaria o por sanción. Once. Se añade una Sección 1ª Escepticismo y juicio profesional en el Capítulo III Ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas., en el que se integra el artículo 12 cuyo contenido queda redactado como sigue: Sección 1ª. Escepticismo y juicio profesional Artículo 12.- Escepticismo y juicio profesional 1. En la realización de cualquier trabajo de auditoría de cuentas, el auditor de cuentas deberá actuar con escepticismo y aplicar su juicio profesional. 2. Escepticismo profesional es la actitud que el auditor de cuentas debe adoptar en la realización de su trabajo de auditoría, que implica mantener siempre una mente inquisitiva y alerta ante cualquier circunstancia que pueda indicar una posible incorrección en las cuentas anuales auditadas y examinar de forma crítica las conclusiones de auditoría. Dicha actitud de escepticismo profesional supone reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones materiales en las cuentas anuales a auditar, incluyendo fraudes o errores, sea cual fuere la experiencia anterior del auditor de cuentas en relación con la honestidad e integridad de los responsables de la administración y directivos de la entidad auditada. En particular, el auditor de cuentas mantendrá una actitud de escepticismo profesional cuando revise las estimaciones de la dirección de la entidad relativas al valor razonable, al deterioro de activos y provisiones y a los futuros flujos de tesorería determinantes de la capacidad de la entidad para seguir como empresa en funcionamiento. Asimismo, será necesario mantener una actitud de escepticismo profesional al realizar una evaluación crítica de la evidencia de auditoría obtenida, lo que implica cuestionar la evidencia de auditoría contradictoria, la suficiencia y adecuación de la evidencia obtenida y la fiabilidad de los documentos, respuestas y otra información obtenida de la entidad auditada. 3. Se entiende por juicio profesional la aplicación competente, así como adecuada y congruente con las circunstancias que concurran, de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia del auditor de cuentas de conformidad con las normas de auditoría, de ética y del marco normativo de información financiera que resulten de aplicación para la toma de decisiones en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas. 17
18 El juicio profesional debe ser ejercido por el auditor de cuentas en la realización de cualquier trabajo de auditoría, debiendo documentarse adecuadamente. No se admitirá la mera remisión al juicio profesional como justificación de decisiones que, de otra forma, no estén respaldadas por los hechos o circunstancias concurrentes en el trabajo o por la evidencia de auditoría obtenida y que no sean conformes con lo establecido en la normativa citada en el párrafo anterior. Doce. La Sección 1ª pasa a ser la Sección 2ª Independencia Trece. Se añade un nuevo artículo 12 bis con el siguiente contenido: Artículo 12 bis. Principio general de independencia y deber de adopción de medidas de salvaguarda. 1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser y parecer independientes, en el ejercicio de su función, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su independencia en relación con la revisión y verificación de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables pudiera verse comprometida. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, así como toda persona en condiciones de influir directa o indirectamente en el resultado de la auditoría, deberán abstenerse de participar de cualquier manera en la gestión o toma de decisiones de la entidad auditada. En todo caso, se entenderá que se ha producido dicha participación cuando dichas personas o entidades hayan colaborado o formado parte del órgano decisor de dicha entidad o cuando la decisión se haya tomado teniendo en consideración informes, trabajos de asesoramiento o recomendaciones realizados por dichas personas o entidades. Asimismo, los auditores de cuentas y sociedades de auditoría deberán abstenerse, en todo caso, de realizar la auditoría de cuentas de una entidad en aquellos supuestos en que incurran en alguna causa de incompatibilidad de las previstas en el artículo 13. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría adoptarán las medidas necesarias para que, al realizar un trabajo de auditoría su independencia no se vea comprometida por conflictos de intereses o relaciones comerciales, laborales, familiares o de otra clase, directa o indirectamente, ya sean existentes o potenciales. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, para asegurar su independencia, deberán detectar e identificar las amenazas a la citada independencia, evaluarlas, y, cuando proceda, eliminarlas aplicar las medidas de 18
19 salvaguarda adecuadas y suficientes para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptablemente bajo que no comprometa su independencia. En cualquier caso, las medidas de salvaguarda serán adecuadas a la dimensión de la actividad de auditoría del auditores de cuentas o de la sociedad de auditoría. Las amenazas a la independencia podrán proceder de factores como la autorrevisión, interés propio, abogacía, familiaridad o confianza, o intimidación, derivados de la existencia de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, laboral, familiar o de otra clase, directa o indirectamente, y ya sea existente o potencial. Si la importancia de estos factores en relación con las medidas de salvaguarda aplicadas es tal que compromete su independencia, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría se abstendrán de realizar la auditoría. Estas medidas de salvaguarda serán objeto de revisión periódica y se aplicarán de manera individualizada para cada trabajo de auditoría, debiendo documentarse en los papeles de trabajo de cada auditoría de cuentas. 2. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, podrá generarse o ser percibido, generalmente, un conflicto de interés cuando concurran las siguientes situaciones: a) La posesión de instrumentos financieros de cualquier entidad vinculada a la entidad auditada excepto cuando se posean de forma indirecta a través de servicios de inversión colectiva diversificada. b) La existencia de una relación laboral, comercial o de otra índole con la entidad auditada. Cualquiera de dichas situaciones comprometerán la independencia del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, si concurren en los auditores de cuentas o los auditores principales responsables designados por la sociedad de auditoría, en los directivos, empleados o cualquier persona cuyos servicios estén a disposición o bajo el control del auditor de cuentas o la sociedades de auditoría, o familiares próximos de todos ellos, en los términos definidos en el artículo 16, o pertenezcan a la red definida en los artículos 17 y 18, siempre que puedan participar o tener capacidad para influir en el resultado de un trabajo de auditoría de auditoria. 3. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es el organismo encargado de velar por el adecuado cumplimiento del deber de independencia, así como de valorar en cada trabajo concreto la posible falta de independencia de un auditor de cuentas o sociedad de auditoría. Catorce. El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma: Artículo 13. Causas de incompatibilidad. 19
20 1. En todo caso, se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no goza de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una empresa o entidad, además de en los supuestos de incompatibilidad previstos en otras leyes, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en los auditores principales responsables del trabajo de auditoría: a) La condición de cargo directivo, incluido el de responsable del área de económica financiera, o de administración, el desempeño de puestos de empleo o de supervisión interna en la entidad auditada, o el otorgamiento a su favor de apoderamientos con mandato general por la entidad auditada. b) Tener interés significativo directo en la entidad auditada derivado de un contrato o de la propiedad de un bien; realizar cualquier tipo de operación relacionada con instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada; o poseer instrumentos financieros de la entidad auditada o de una entidad vinculada a ésta cuando, en este último caso, sean significativos. A efectos de lo dispuesto en esta letra, se exceptúan los intereses o propiedad de un bien que se posean de forma indirecta a través de instituciones de inversión colectiva diversificada. c) La solicitud o aceptación de obsequios o favores de la entidad auditada, salvo que su valor sea insignificante o intrascendente. 2. En todo caso, se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una empresa o entidad, además de en los supuestos de incompatibilidad previstos en el apartado 1 de este artículo, cuando en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad que no tenga la consideración de interés público, concurra alguna de las siguientes circunstancias en los auditores principales responsables del trabajo de auditoría: a) La prestación a la entidad auditada de servicios de contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros. b) La prestación a la entidad auditada de servicios de valoración que conduzcan a la evaluación de cantidades significativas, medidas en términos de importancia relativa, en los estados financieros u otros documentos contables de dicha entidad correspondientes al período o ejercicio auditado, siempre que el trabajo de valoración conlleve un grado significativo de subjetividad. c) La prestación de servicios de auditoría interna a la entidad auditada, salvo que el órgano de gestión de la entidad auditada sea responsable del sistema global de control interno, de la determinación del alcance, riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditoría interna, de la consideración y ejecución de los resultados y recomendaciones proporcionados por la auditoría interna. 20
21 d) La prestación de servicios de abogacía simultáneamente para la entidad auditada, salvo que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al período o ejercicio auditado. e) La percepción de honorarios derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada, siempre que éstos, en cada uno de los últimos tres ejercicios consecutivos, representen más del 30% del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría. f) La prestación a la entidad auditada de servicios de diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de la información financiera, utilizados para generar los datos integrantes de los estados financieros de la entidad auditada, salvo que ésta asuma la responsabilidad del sistema global de control interno o el servicio se preste siguiendo las especificaciones establecidas por dicha entidad, la cual debe asumir también la responsabilidad del diseño, ejecución, evaluación y funcionamiento del sistema. 3. En todo caso, se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una empresa o entidad, además de en los supuestos de incompatibilidad previstos en el apartado 1 de este artículo, cuando en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad que tenga la consideración de interés público, concurra alguna de las siguientes circunstancias en los auditores principales responsables del trabajo de auditoría: a) Las circunstancias y supuestos previstos en los artículos 4.1 y 4.2 del Reglamento (UE) Nº 537/2014, de 16 de abril de b) La percepción de honorarios derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada, siempre que éstos, en cada uno de los últimos tres ejercicios consecutivos, representen más del 15% del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría. c) La prestación de los servicios previstos en el artículo 5.1 del Reglamento (UE) Nº 537/2014, de 16 de abril de 2014, así como la prestación de servicios distintos a los previstos en dicho artículo 5.1 del Reglamento (UE), cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5.4 de ese mismo Reglamento. d) La prestación de servicios a los que se refiere el artículo 5.5 del Reglamento (UE) Nº 537/2014, de 16 de abril de 2014, cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5.5 de ese mismo Reglamento. 21