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Timestamp: 2019-09-19 13:21:41
Document Index: 137094137

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 103', 'artículo 58', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 29']

﻿ SENTENCIA SP1120-2018/47263 DE ABRIL 11 DE 2018
SENTENCIA SP1120-2018 DE 11 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:IMPONER PENA ACCESORIA SUPERIOR AL LÍMITE FIJADO EN LA LEY TRASGREDE PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA. SE PRECISA QUE EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL ESTABLECE QUE LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CINCO A VEINTE AÑOS, EXCEPTO EN EL CASO DEL INCISO 3º DEL ARTÍCULO 52 DE LA MISMA NORMATIVA, EL CUAL ESTABLECE QUE LA PENA DE PRISIÓN CONLLEVARÁ LA ACCESORIA “POR UN TIEMPO IGUAL AL DE LA PENA A QUE ACCEDE Y HASTA POR UNA TERCERA PARTE, SIN EXCEDER EL MÁXIMO FIJADO EN LA LEY”. CON BASE EN ESAS DISPOSICIONES, SE INDICA QUE AL IMPONÉRSELE A UN PROCESADO LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR UN TÉRMINO SUPERIOR AL LÍMITE PREVISTO EN LAS NORMAS CITADAS SE TRASGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA, QUE CONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES GARANTÍAS DEL PROCESADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, INHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PENA ACCESORIA, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, APLICACIÓN DE LA PENA ACCESORIA, DURACIÓN DE LA PENA ACCESORIA
Sentencia SP1120-2018/47263 de abril 11 de 2018
SP1120-2018
Rad.: 47263
Aprobado Acta 115
Se pronuncia la Sala sobre la posibilidad de casar parcialmente y de oficio el fallo proferido el 23 de septiembre de 2015 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, que confirmó la condena emitida el siete de julio del mismo año por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá en contra de J. A. V. G.
En el fallo impugnado se declaró probado que el 10 de junio de 2013, en horas de la madrugada, J. A. V. G. y otros jóvenes que lo acompañaban golpearon y agredieron con armas corto-punzantes a L. E. B. M., de 17 años de edad, causándole la muerte. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del parque central del municipio de Anolaima, durante una riña que se suscitó entre dos grupos de muchachos de los que hacían parte el procesado y la víctima, respectivamente.
El 11 de junio de 2013 la Fiscalía le imputó al procesado el delito de homicidio, previsto en el artículo 103 del Código Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58, numeral 10, ídem. En las audiencias celebradas los días 5 y 10 de septiembre siguientes lo acusó bajo los mismos presupuestos fácticos y jurídicos, con la aclaración de que intervino en el delito a título de coautor.
Una vez agotado el trámite regulado en la Ley 906 de 2004, el siete de julio de 2015 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Facatativá condenó a J. A. V. G. a las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 300 meses, tras hallarlo penalmente responsable del delito incluido en la acusación.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la sentencia condenatoria, mediante proveído del 23 de septiembre de 2015, que fue objeto del recurso extraordinario de casación impetrado por el mismo sujeto procesal.
El 30 de agosto de 2017 esta corporación decidió inadmitir la demanda. No obstante, ordenó que la actuación regresara al despacho de la magistrada ponente, una vez en firme dicho proveído, para decidir sobre la posibilidad de casar de oficio el fallo impugnado.
El artículo 51 del Código Penal establece que “la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco a veinte años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52”. Esta última norma ordena que “en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte, sin exceder el máximo fijado en la ley…”.
En el presente caso, al procesado le fue impuesta la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 300 meses, que supera ampliamente el límite previsto en las normas atrás relacionadas.
De esta forma, se trasgredió el principio de legalidad de la pena, que, sin duda, constituye una de las principales garantías del procesado, prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que se erige en razón suficiente para que la Sala case parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en el sentido de ajustar la pena en mención a los límites previstos en la ley.
Esta corrección se hará en el sentido de declarar que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a V. G., tendrá una duración de veinte (20) años.
Casar parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en el sentido de declarar que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a J. A. V. G., tendrá una duración de veinte (20) años. En los demás aspectos, el fallo recurrido se mantiene incólume.