Source: https://psicolog.org/organizacin-de-los-estados-americanos-v3.html
Timestamp: 2020-05-29 01:44:09
Document Index: 84569926

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 132', 'in fine', 'artículo 28', 'artículo 127', 'artículo 6']

ARGENTINA RESPUESTA AL CUESTIONARIO RESPUESTA AL
En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la Ley 25.087, que modifica el Título III del Libro Segundo del Código Penal. Sus principales disposiciones son
Río Negro, Jujuy y Entre Ríos
2. ¿Se ha adoptado un plan de acción o una estrategia nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Acciones que se desarrollan en la actualidad
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-II/doc.20/08
RESPUESTA AL CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ
En la legislación interna de la República Argentina existen normas penales civiles y administrativas que tienen como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, después de la ratificación de la Convención Belém do Pará se sancionaron la gran mayoría de las leyes provinciales de Violencia Familiar, se modificó la legislación penal en el año 1999 y se dictaron distintas disposiciones administrativas.
En diciembre de 1994, se sanciona la Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, reglamentada en marzo de 1996 por Decreto 235/96. Con relación al marco legislativo y, teniendo presente la organización federal del Estado Argentino su ámbito de aplicación es la Ciudad de Buenos Aires, por lo que las jurisdicciones provinciales son invitadas a adherir a la misma.
En 22 provincias sobre un total de 23, las legislaturas respectivas han sancionado leyes de violencia familiar, la mayor parte ellas luego de la ratificación de la Convención.
En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la Ley 25.087, que modifica el Título III del Libro Segundo del Código Penal. Sus principales disposiciones son:
Sustituye la rúbrica del título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”. Representa un cambio fundamental en la conceptualización de las agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las personas. Se pasa de considerar que estas agresiones afectan la pureza o castidad de las víctimas o el honor de algún varón a refererirlas a la integridad y dignidad como personas.
Elimina el concepto de mujer honesta.
Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales, de acuerdo al daño provocado: abuso sexual, abuso sexual calificado y violación.
Modifica la definición del artículo 119º sobre violación, partiendo de un concepto más amplio, al considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier vía. Tiene distintos supuestos de agravamiento en los cuales las penas se elevan entre 8 y 20 años de prisión o reclusión, agravamiento que se hace extensivo a los casos de abuso sexual calificado en las situaciones de ultraje grave y en los mismos supuestos del delito de violación.
Deroga el artículo 132º que eximía de prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima, eliminando la posibilidad de que el violador sea eximido de la pena por casarse con la víctima.
Introduce la figura del avenimiento. Si la víctima fuera mayor de 16 años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal la podrá aceptar excepcionalmente si ha sido formulada libremente y en condiciones de plena igualdad y cuando fuera comprobada una relación afectiva preexistente. En tal caso la acción penal se extingue.
Las víctimas podrán instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Separa los delitos de corrupción y de prostitución agravando las mínimas de las penas de prisión o reclusión en el caso de los/as menores. En ambos casos, establece como límite de minoridad la edad de 18 años. Cuando se trata de mayores de esa edad está penada cuando mediare engaño, abuso, relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.
El delito de pornografía sanciona al que produjere o publicare imágenes pornográficas o espectáculos en vivo, con la participación de menores de 18 años y a quienes facilitare el acceso o lo distribuyera a menores de 14 años.
En el año 1998 se crea la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación. La intervención de la Oficina se sustenta en dos niveles y momentos que deben integrarse: un nivel asistencial-terapéutico y el de orientación e información. Posteriormente se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una Unidad Fiscal Especializada para la investigación de delitos contra la integridad sexual, trata de personas y prostitución infantil. El Procurador General de la Nación ha presentado un proyecto de ley concerniente a las víctimas de delitos contra la integridad sexual, y otro, sobre la Represión de la trata de personas y la asistencia a sus victimas que está a consideración Congreso Nacional. Actúa como punto focal de la trata de personas y tiene como funciones centralizar la información con el objetivo de identificar y asistir adecuadamente a las víctimas y procurar el castigo de los responsables y, en su caso, diseñar nuevas estrategias de investigación, sensibilizar a los actores institucionales acerca de la problemática y capacitar a los funcionarios públicos.
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó en diciembre del 2003 el Protocolo de Acción ante Víctimas de Violación que establece la obligación de proporcionar a la víctima de violación la medicación dirigida la anticoncepción de emergencia y aquella destinada a prevenir el contagio de VIH-SIDA, estableciendo los plazos en los que se debe dar inicio al tratamiento. Se aplica en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y el Hospital de Infecciosos Dr. Francisco J. Muñiz. Mediante Resolución Nº 140/04 que tiene el propósito que todas las comisarías y dependencias en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que reciban una denuncia por un delito contra la integridad sexual instruyan a las víctimas sobre la posibilidad de recibir asistencia médica inmediata a los mencionados hospitales.
La provincia de Misiones en el año 2003 sanciona la Ley Nº 4013 de "Protección y Asistencia a las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual”, el Ministerio de Salud Pública es la autoridad de aplicación. El Ministerio Público Fiscal da asesoramiento legal gratuito, el acompañamiento y la contención necesarios para realizar la denuncia si la víctima así lo decide. El Ministerio de Gobierno es el encargado de instrumentar mecanismos adecuados en comisarías y destacamentos a los fines de la recepción de las denuncias y/o exposiciones.
La provincia de Mendoza mediante la Ley Nº 7222 del año 2004 dispone la Creación del "Registro contra la Integridad Sexual" en el ámbito de la Justicia Provincial dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que mediando orden judicial se integra con los datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales, de los condenados por delitos tipificados como Delitos contra la Integridad Sexual, se complementa con fotografías y registros de ADN.
La provincia de Corrientes por Ley Nº 5665 del año2005 propone implementar un Protocolo de acciones conjuntas para la prevención, el tratamiento y la contención de víctimas de violencia sexual a través del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano y de los organismos de Seguridad
Acoso Sexual. El Decreto 2385/93. Este Decreto incorpora la figura del Acoso Sexual, a la Reglamentación del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública para el personal de la Administración Pública Central. En el Capítulo “Los Deberes y Prohibiciones”, como segundo párrafo del inciso e) del artículo 28º, se dispone:….."aclárase por coacción de otra naturaleza, entre otros, el acoso sexual, entendiéndose por tal el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Las denuncias o acciones que corresponda ejercer con motivo de la presunta configuración de la conducta antes descripta podrán ejercitarse conforme el procedimiento general vigente o, a opción del agente, ante el responsable del área recursos humanos de la jurisdicción respectiva".
La Ordenanza Nº 47.506, AD 230-57 BM 17/1/94 incorpora el Acoso Sexual como falta sancionable, dentro del régimen disciplinario que rige en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones han dictado leyes provinciales que lo sancionan en sus jurisdicciones, siempre en el ámbito del sector público.
Asimismo, lo incluyen, expresamente, las leyes provinciales dictadas sobre Violencia Laboral de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero únicamente en la esfera del sector público de las respectivas provincias
Existen varios proyectos presentados en el Congreso Nacional sobre Violencia Laboral que incluyen al acoso sexual que comprenden también al sector privado.
En el año 2005 se abre una Oficina Especializada en el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para recibir denuncias sobre violencia laboral (incluye acoso sexual) de empleados estatales de la Administración Central, que recibe la denuncia y presenta la acusación.
La Ley nacional y todas las leyes provinciales tienen como finalidad esencial que, junto con la denuncia, se soliciten medidas cautelares conexas o medidas autosatisfactivas, también los jueces de oficio pueden disponer este tipo de medidas, al tomar conocimiento de los hechos.
Las medidas cautelares que contemplan están destinadas, por un lado, a proteger a las víctimas de la violencia en situaciones de riesgo y/o hacer cesar las situaciones de violencia y/o evitar su repetición, mediante la exclusión del hogar del agresor y/o la prohibición de su acceso al domicilio, a los lugares de trabajo o de estudio del o la damnificada; otras, como ordenar el reintegro al domicilio de quien ha debido salir del mismo, por razones de seguridad personal. Por otro lado, garantizan el derecho alimentario, la tenencia de los hijos/as, así como el contacto y comunicación con los/as mismos/as.
Estas medidas pueden ser dictadas por el juez sin tener que citar al agresor, por razones de peligro para la víctima. Pero de manera inmediata el mismo debe ser oído, ya que goza de las garantías del debido proceso. Es decir, que una vez dispuestas por el juez de la causa, estas medidas permiten ordenar desde un primer momento, y aunque tengan carácter provisorio, los principales puntos de conflicto que se suscitan entre los miembros del grupo familiar. Por ejemplo, la exclusión del hogar suele tener como resultado inmediato el cese de la violencia o la pacificación familiar. Al mismo tiempo, al decidir el juez la fijación de una cuota alimentaría, la tenencia de los hijos y/o el régimen de visitas, según corresponda en cada caso, soluciona problemas de gran peso como el de la subsistencia, el lugar de residencia y el contacto de los/las menores con el cónyuge excluido del hogar.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que estas medidas no son taxativas, y el juez podrá adoptar otras que considere necesarias, a fin de proteger situaciones de riesgo o de abuso de algún miembro del grupo familiar. La Ley de la provincia de Buenos Aires, expresamente dispone que el juez podrá dictar toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima.
Las garantías que otorgan todas estas medidas a las víctimas, despejan una serie de limitaciones que pesan en el ánimo de las mujeres y que sirven de freno, muchas veces, para el ejercicio de sus derechos, por temor a la sobrevivencia económica del grupo familiar, el alejamiento del hogar, la pérdida de la tenencia de sus hijos/as, etc.
En los casos de acoso sexual en la ley de la provincia de Sana Fe que involucra a la administración pública siempre que el hecho no configure delito será reprimido con una multa de diez (10) y hasta cinco (5) días de arresto, dependiendo la sanción de la gravedad, circunstancias y consecuencias que de los actos se deriven.
La provincia de Buenos Aires también sanciona el acoso sexual dentro de la Administración Pública y dispone una sanción de orden correctivo, que podrá implicar apercibimiento o suspensión de hasta 60 días corridos, salvo que por su magnitud y gravedad pueda encuadrarse en las figuras de cesantía, exoneración o ser considerado falta grave, según el régimen disciplinario de que se trate.
La Ley de violencia laboral de la ciudad de Buenos Aires (siempre en el ámbito de la administración pública establece que las conductas definidas como de acoso sexual deben ser sancionadas con suspensión de hasta 30 días, cesantía o exoneración, sin prestación de servicios ni percepción de haberes teniendo en cuenta la gravedad de la falta y los perjuicios causados.
Puede aplicarse la suspensión preventiva del/la agente.
El Código Penal en su artículo 127 ter. sanciona la trata internacional con fines de prostitución y establece una pena de 3 a 6 años, es la única sanción penal en relación a esta temática.
Ninguna de las leyes de Violencia Familiar termina su proceso en una sentencia y no traen disposiciones de carácter indemnizatorio destinadas a la reparación de los daños sufridos por la víctima. La excepción es la legislación de la provincia de Santa Cruz que dispone que el juez en la sentencia podrá ordenar, a pedido de parte, que el agresor indemnice por los daños causados por traslados o en la propiedad, por los gastos legales, gastos médicos, etc., y en general, la reparación de todos aquellos que el maltrato causó.
¿Existe sanción para los/las funcionarios/as públicos que no cumplen con la aplicación de las leyes de violencia?
Si existe. Las leyes de violencia familiar imponen la obligación en el caso de los menores de edad, incapaces o discapacitados que tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que pueda existir de hacer la denuncia respectiva en un plazo de 72 horas. La ley de la provincia de Buenos Aires dispone que en caso de incumplimiento de esta obligación, se tomen una serie de medidas por parte del tribunal o juez interviniente, que pueden ir desde la citación de oficio a la causa, imposición de multas y, en caso de corresponder, remisión de los antecedentes al fuero penal. Las mismas son extensivas respecto del tercero o superior jerárquico que por cualquier medio obstaculizara o impidiera la denuncia, (art. 4º). El resto de las leyes de violencia familiar exige la obligación de la denuncia pero no establece sanciones en caso de incumplimiento.
La legislación de Santa Fe en su artículo 6º resuelve: que el magistrado interviniene proveerá las medidas conducentes a fin de brindar al agresor y/o al grupo familiar asistencia médica-psicológica gratuita "la participación del agresor será de carácter obligatorio". Con la misma concepción y un articulado similar, las Leyes de Río Negro, Jujuy y Entre Ríos. La Ley de San Juan, considera que el juez, atendiendo a la naturaleza de la causa, la presunción de peligro inminente para la víctima y/o su núcleo familiar, y los antecedentes personales del victimario, podrá ordenar mediante resolución fundada, la realización de terapia psicosocial obligatoria para aquellos casos y/o hechos delictivos, que permitan la excarcelación de los agresores. A tal fin, se deberán integrar gabinetes especializados dentro del ámbito del Poder Judicial y/o mediante convenio con el área respectiva del Poder Ejecutivo. Tanto en la ley nacional como en el resto de las legislaciones provinciales prevén brindar este tipo de asistencia a los agresores y al grupo familiar. En la ciudad de Buenos Aires se desarrolla el Programa Grupo de Autoayuda para Hombres Violentos de la Dirección General de la Mujer.
Se desarrollan acciones de capacitación que se describen en este informe pero no hay una disposición que lo haga obligatorio para funcionarios públicos.
Desde la creación del Consejo Nacional de la Mujer en el año 1992 y en cumplimiento de las obligaciones contraídas por la República Argentina ante los organismos y foros regionales e internacionales, este organismo ha incorporado la violencia contra la mujer como una de sus líneas de acción prioritarias.
En tal sentido, ha desarrollado diferentes actividades y programas destinados a la prevención, la erradicación y la atención de la Violencia Contra la Mujer.
Acciones que se desarrollan en la actualidad:
El Consejo Nacional de la Mujer impulsa y trabaja en la elaboración de un PLAN ACCION NACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL AMBITO FAMILIAR. Para ello, desde el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales (CNCPS) se ha constituido un Comité Interinstitucional, donde se encuentran representados los Ministerios que lo integran, y se ha mantenido contacto e intercambio con diversos organismos del ámbito nacional que resultan estratégicos para la elaboración y ejecución de dicho Plan (Ministerio de Justicia, de Interior, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, etc.), coordinado por el CNM.