Source: https://es.scribd.com/doc/39359616/REGLA-DE-EXCLUSION-PROBATORIA
Timestamp: 2018-06-18 19:00:04
Document Index: 323406946

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 159', 'Artículo 159', 'artículo 23', 'artículo 139', 'artículo 290']

Descripción: Recurso presentado al 58° Juzgado Penal de Lima, como parte de la defensa que ejercemos a favor de tres implicados en un robo agravado, debido a que éstos fueron maltratados por efectivos policiale...
Recurso presentado al 58° Juzgado Penal de Lima, como parte de la defensa que ejercemos a favor de tres implicados en un robo agravado, debido a que éstos fueron maltratados por efectivos policiales cuando fueron detenidos. Fue presentado a inicios de setiembre del presente año.
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISPCAPACIDAD EN EL PERU” “AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”
: 15702-2010 : Dra. Mitacc : Principal : SOLICITA APLICACIÓN DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA
SEÑORITA JUEZ DEL QUINCUAGÉSIMO OCTAVO JUZGADO PENAL DE LIMA
BEYKER CHAMORRO LÓPEZ, Defensor Público del Ministerio de Justicia, abogado de los procesados ALFREDO ANDRÉS GALVÁN SARMIENTO, y LUIS VICENTE CAJAS GONZALES, en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de Robo Agravado; a usted digo: I. PETITORIO: Habiendo quedado acreditado con los respectivos Certificados Médicos Legales de mis patrocinados, quienes fueron sometidos a maltratos físicos y psicológicos por parte de efectivos policiales, conforme éstos han manifestado en sus respectivas declaraciones instructivas ante su Despacho; haciendo uso efectivo del derecho de defensa; SOLICITO LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN a los medios probatorios obtenidos en Sede Policial con vulneración de Derechos Fundamentales (Declaraciones, Actas de Registro y otros), así como los que se hayan derivado como consecuencia de éstos (Atestado Policial), con la finalidad que sean declarados inutilizables y/o inexistentes, es decir no susceptibles de ser valorados durante la presente actividad procesal, conforme a los siguientes sustentos: II. FUNDAMENTOS DE HECHO: El suscrito, consigna como soporte fáctico del presente requerimiento, a los acontecimientos acaecidos luego de la intervención policial de ALFREDO ANDRÉS GALVÁN SARMIENTO y LUIS VICENTE CAJAS GONZALES, los mismos que han sido explicitados en nuestro recurso (TACHA DOCUMENTAL) de fecha 04 de junio del presente año. En dichas circunstancias, se vulneraron los siguientes derechos de ALFREDO GALVAN SARMIENTO, integridad moral, psíquica y física, seguridad personal, legítima defensa, a la presunción de inocencia, a no ser incomunicado, y a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, y los siguientes de LUIS VICENTE CAJAS GONZALES, integridad moral, psíquica y física, libertad y seguridad personal, legítima defensa, a la presunción de inocencia, a no ser incomunicado, a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, y a ser informado de las razones de su detención.
Así, ALFREDO ANDRÉS GALVAN SARMIENTO, refirió que el día de los hechos, se encontraba en completo estado de ebriedad, luego de haber estado libando licor, sin embargo no fue conducido para que pase el respectivo dosaje etílico, y que fue víctima de múltiples agresiones físicas y tratos violentos por parte de personal policial (Técnico López), en las instalaciones de la Comisaría de Santa Eulalia, suscribiendo su manifestación, acta de registro personal e incautación, papeleta de detención, acta de información de derechos del detenido y otros, sin tomar conocimiento real del contenido de éstos, no solo por encontrarse bajo los efectos del alcohol, sino que lo hizo bajo amenaza y mediando agresiones físicas y verbales, señalando además que lo mantuvieron incomunicado. Del mismo modo, el acta de registro personal efectuado a LUIS VICENTE CAJAS GONZALES, fue suscrito por éste, mediando violencia y amenaza, así como su acta de información de derechos del detenido, señalando también que fue detenido arbitrariamente, estuvo incomunicado, y fue sometido por el mismo efectivo policial referido a maltratos físicos y psíquicos. III.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: La REGLA DE EXCLUSIÓN haya sustento constitucional en el literal h) numeral 24 del artículo 2° de la Carta Magna, que a la letra dice:
“…h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.”
El Nuevo Código Procesal Penal, en su artículo VIII° - Legitimidad de la Prueba, desarrolla con mayor tecnicismo y amplitud, lo declarado por la Constitución, y estando al principio de supletoriedad, invoco dicha norma procesal, como soporte jurídico de la presente.
“Artículo VIII.- Legitimidad de la Prueba 1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.”
Del mismo modo, el artículo 159° del Nuevo Código Procesal Penal, constituye sustento jurídico de nuestro requerimiento.
“Artículo 159 Utilización de la prueba.1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.”
LA DENOMINADA REGLA DE EXCLUSIÓN1: (las negritas y el subrayado es nuestro)
En los últimos tiempos, por influjo de la jurisprudencia y doctrina norteamericana, asistimos a un fenómeno de extensión del término regla de exclusión (exclusionary rule). Con él se está haciendo referencia al efecto de expulsión del proceso penal de aquellas pruebas obtenidas con infracción de derechos fundamentales o de garantías constitucionales. El Art. VIII° introduce en el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo No. 957) peruano una regla de exclusión o, también una prohibición de valoración probatoria. En realidad los tres apartados que conforman el referido precepto conforman la misma regla de exclusión de la prueba ilícita desde perspectivas distintas. La ubicación sistemática de dicho precepto en el nuevo Código Procesal Penal hace que irradie sus efectos sobre la regulación legal de la actividad probatoria. A ese carácter interpretativo alude el propio art. X° CPP peruano al proclamar que “Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de éste Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación”. En la actualidad, la totalidad de los países incorporan en sus legislaciones determinadas normas de prohibición o exclusión probatoria aunque con significados y alcances diferentes. No obstante, es de destacar que los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales de las diferentes reglas de exclusión están notablemente influenciado por la jurisprudencia norteamericana. En los Códigos Procesales Penales latinoamericanos aprobados en los últimos años incorporan determinadas reglas de exclusión, fijando la prohibición de admisión y de valoración de aquellas pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales o de garantías constitucionales. Incluso en algunos textos procesales, como veremos a continuación, se ha reconocido expresamente eficacia refleja a la prueba ilícita.
Texto extraído de la Lectura “Legitimidad de la Prueba – Art. VIII del Código Penal” de MANUEL MIRANDA ESTRAMPES.
Recientemente el Código Procesal Penal de Colombia de 2004 introduce en su artículo 23 una cláusula de exclusión al declarar que toda prueba obtenida con violación de garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia. La incorporación de la regla de exclusión en el art. VIII introduce cierta claridad en la regulación procesal de la prueba ilícita pues permite diferenciar su régimen legal específico del régimen de las nulidades procesales previsto en los artículos 149 y ss. del CPP peruano. Ofrece además un soporte legal para el tratamiento jurídico procesal de las pruebas obtenidas violentando los derechos fundamentales de las personas lo que contribuye a una mayor seguridad jurídica, siempre necesaria en esta materia. La exclusión de las pruebas ilícitas tiene entronque constitucional por la vía del derecho a un proceso justo o debido. La introducción de reglas de exclusión o prohibición probatoria es característica de los Estados democráticos que anteponen el respeto a los derechos fundamentales frente a la eficacia del poder penal estatal. La introducción por el legislador peruano en el artículo VIII de una regla de exclusión incorpora una autolimitación en el ejercicio del poder penal estatal que se basa en el respeto de los derechos fundamentales. La regla de exclusión tiene como misión tutelar esos derechos frente a las injerencias de los órganos de persecución penal. El legislador ponderando los intereses concurrentes ha optado por dar preferencia a la tutela de los derechos fundamentales frente a la averiguación de la verdad a cualquier precio en concordancia con los valores constitucionales. No son razones utilitarias las que sirven de fundamento a la regla de exclusión del art. VIII°, sino razones constitucionales, de protección de los derechos fundamentales de las personas. En línea con lo proclamado por la STC español num. 114/1984, el fundamento último de la exclusión de las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales hay que buscarla en la posición preferente que estos derechos ocupan en el ordenamiento jurídico y en el reconocimiento constitucional del principio del proceso debido consagrado en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú. Un proceso penal no puede calificarse de proceso justo (fair trial) cuando se han incorporado y utilizado como fundamento de la declaración de culpabilidad pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales. En ese sentido, hay que recordar lo afirmado por el propio TC peruano en su sentencia de 11 de julio de 2005, dictada en el Exp. No. 3330-2004-AA, fundamento jurídico 9, “la realización del Estado constitucional y democrático de derecho solo es posible a partir del
reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es que estos derechos poseen un doble carácter: son, por un lado, derecho subjetivos; pero, por otro lado, también instituciones objetivas valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda posible. En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre las cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el estado constitucional”. La regla de exclusión contenida en el nuevo CPP actúa como norma de cierre, pues además de las concretas prohibiciones probatorias existentes en su articulado, impone la prohibición de admisión y de valoración de las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales establecidas a favor del acusado. Tanto unas como otras operan como mecanismos de depuración de las pruebas penales, esto es, como instrumentos de depuración del material probatorio que deberá valorar el órgano judicial en el momento del enjuiciamiento. Estamos ante una norma de carácter prohibitivo que impide la atribución de efectos a cualquier prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. En el CPP italiano de 1988 utiliza el término inutilizzabilta que se traduce en la carencia del valor probatorio del acto vulnerador de derechos fundamentales. El art. VIII° CPP peruano señala que “carecen de efecto legal”. Por su parte, el art. 159 CPP peruano al referirse a los efectos que produce la vulneración de derechos fundamentales proclama que “el Juez no podrá utilizar” dichas pruebas, que en términos negativos equivale a sus inutilizzabilita. Esta carencia de valor probatorio o de “efecto legal” conlleva, a su vez, dos tipos de prohibiciones, por un lado, la prohibición de admisión de la prueba ilícita, por otro lado, la prohibición de su valoración o aprovechamiento. La expresión “no podrá utilizar” no debe interpretarse como equivalente a prohibición de valoración, pues la única forma de garantizar la efectividad de la regla de exclusión es mediante su aplicación en el mismo momento de la admisión de las pruebas evitando su incorporación al proceso. En este punto, el art. 159 CPP peruano debe integrarse con lo dispuesto en el art. 155.2 del mismo texto legal que autoriza al juez a excluir en sede procesal la admisión de las pruebas prohibidas por la ley.
V. TACHA Y REGLA DE EXCLUSIÓN: Es preciso indicar, que la presente solicitud deviene por la forma ilícita en que fueron obtenidos los medios probatorios en sede policial, más no por la falsedad del contenido de éstos, toda vez que dicha cualidad ha sido cuestionada, mediante TACHA DOCUMENTAL de fecha 04 de junio de 2010. VI. 1. 2. 3. 4. MEDIOS PROBATORIOS: Declaración instructiva de Luis Cajas Gonzales. Declaración instructiva de Alfredo Galván Sarmiento. Certificado Médico Legal de Luis Cajas Gonzales. Certificado Médico Legal de Alfredo Galván Sarmiento.
POR TANTO: Solicito a usted, Señorita Juez, acceder a lo solicitado. OTROSI DIGO: Suscribo la presente, conforme a lo preceptuado por el artículo 290 del T.U.O. la L.O.P.J. Lima, 03 de setiembre de 2010.
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