Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/585382-d-161-2016-de-8-nov-ca-aragon-modificacion-parcial-del-decreto-110-2014.html
Timestamp: 2018-03-24 16:42:11
Document Index: 8758989

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 27', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64']

Decreto 161/2016, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo único Modificación del Decreto 110/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón
BOA 6 Febrero 2017. Corrección de errores del D 161/2016, de 8 Nov. CA Aragón (modificación parcialmente el D 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita)
D [ARAGÓN] 161/2016, 8 noviembre rectificado por Corrección de errores («B.O.A.» 6 febrero 2017).
Mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, se produjo, con efectos de 1 de enero de 2008, el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Entre las funciones asumidas se incluye «el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con competencia en la Comunidad Autónoma de Aragón y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón».
Del análisis de la reforma de la Ley 1/1996 resulta que ésta afecta al Reglamento citado en los artículos 4 y 5 del Capítulo II, «Normas de organización y funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita», y a los artículos 19, 25, 26 y 27 del Capítulo III, que regula el «Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
Además de la reforma legislativa y de la Proposición no de Ley aprobada por las Cortes, resulta que en la aplicación práctica de los preceptos relativos a la determinación y justificación de la subvención a los Colegios Profesionales, como compensación económica por la prestación de los servicios, se ha venido planteando la necesidad de agilizar el procedimiento mediante la modificación de alguno de los preceptos del Capítulo V del Reglamento, regulador de la «Subvención por los servicios y actuaciones profesionales de abogados y procuradores en la prestación de asistencia jurídica gratuita», a fin de solucionar los problemas surgidos a lo largo del ejercicio 2015.
Asimismo, en el Capítulo VI, sobre «Asistencia pericial gratuita», se introducen modificaciones tendentes a la incorporación de los preceptos que la regulan en la Ley 1/1996, para facilitar su aplicación, añadiéndose un nuevo apartado 3 en el artículo 64, relativo a los Peritos privados, en el que se incorpora la regulación de las actuaciones que debe realizar el perito privado, exigiéndose la aprobación previa de los costes de la actuación pericial por la Dirección General competente en materia de Justicia, así como la obligación de aportación por el profesional de los documentos que acrediten el reconocimiento del derecho asistencia jurídica gratuita de quien la instó y el pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 47 y 48 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, el expediente se ha sometido a trámite de audiencia mediante traslado al Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel, y vistos los informes y alegaciones presentadas, incorporado al texto las observaciones correspondientes según los informes obrantes en el expediente.
«1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son órganos colegiados mixtos en los que participan, junto con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los representantes de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, para el ejercicio de las competencias y funciones previstas en la normativa estatal reguladora de la asistencia jurídica gratuita y en este Reglamento».
«1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Zaragoza, Huesca y Teruel estarán integradas por los siguientes miembros:
d) Un representante del Colegio de Procuradores correspondiente, designado por su Decano».
«5. En cumplimiento de la obligación de coordinación que impone el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 y con el fin de garantizar la adecuada asistencia a la mujeres victimas de violencia de género, los Colegios Profesionales estarán obligados a facilitar a la Dirección General competente en materia de Justicia, mensualmente, la relación actualizada de abogados ejercientes adscritos al turno de violencia de genero con sus correspondientes datos de contacto y fechas concretas en que se encuentra de guardia cada abogado».
Seis. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 19 Designación provisional por requerimiento del órgano judicial o administrativo
1. Si, conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que esté conociendo del proceso o el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el derecho de asistencia jurídica gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad».
Siete. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.
3. Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior. Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente.».
«Artículo 26 Impugnación de la resolución
Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno».
Nueve. Se modifican los apartados 1, 2 y 6 del artículo 27, que quedan redactados del siguiente modo:
6. El Letrado de la Administración de Justicia comunicará a la Comisión de asistencia jurídica gratuita las resoluciones que pongan fin a los procesos en los que alguna de las partes tuviera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita».
«Artículo 51 Compensación económica por turno de guardia. Justificación y tramitación del pago
7. Las cantidades abonadas para atender las finalidades referidas en el presente artículo deberán ingresarse en cuentas separadas por los Colegios de Abogados bajo la denominación «Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita».
«Artículo 52 Compensación económica por gastos de funcionamiento e infraestructura. Libramiento y forma de pago
4. Como anticipo de dichos pagos, en el último trimestre de cada ejercicio, mediante orden del Departamento competente en materia de justicia, se determinará la cantidad anual a percibir por los Colegios de Abogados y de Procuradores por este concepto para el siguiente ejercicio, a cuenta de la posterior liquidación, cantidad que en ningún caso podrá superar el 50% de lo devengado en el último ejercicio liquidado en concepto de turno de guardia y actuaciones de asistencia jurídica gratuita tras aplicar a los tramos resultantes los porcentajes antes expresados».
«Artículo 52 bis Documentos acreditativos de la certificación y justificación de la compensación por gastos de funcionamiento e infraestructura
6. Las cantidades abonadas para atender las finalidades referidas en el presente artículo deberán ingresarse en cuentas separadas por los Colegios respectivos bajo la denominación «Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita».
Trece. Se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 55, y se añade un nuevo apartado 7, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. La justificación de las actuaciones profesionales de abogados y procuradores se realizará mediante la presentación en el modelo normalizado de autoliquidación electrónica, establecido mediante orden del titular del Departamento competente en materia de Justicia, oídos los Colegios de Abogados y Procuradores de Aragón, acompañado de la documentación complementaria que en la misma se determine.
7. La falta o insuficiencia de la documentación justificativa implicará la denegación del pago de la indemnización por parte del Colegio Profesional».
«Artículo 56 Justificación por los Colegios Profesionales por actuaciones profesionales de defensa y representación
2. Dichas certificaciones dejarán constancia, de forma separada, de los reintegros económicos generados durante el trimestre y que en su caso proceda efectuar de fondos públicos previamente percibidos, correspondientes a intervenciones de abogados y procuradores designados en expedientes de justicia gratuita en los supuestos de revocación del derecho y en aquellos en los que proceda el reintegro económico, según lo dispuesto en el presente Reglamento».
«Artículo 57 Tramitación del pago de las compensaciones económicas por actuaciones profesionales de defensa y representación
4. De la justificación trimestral presentada por los Colegios se deducirán por compensación las cantidades percibidas en concepto de anticipo correspondientes al ejercicio presupuestario al que se refieran dichas justificaciones».
«Artículo 59 Memoria-Informe anual
2. La Memoria deberá contener los datos relativos al aumento o disminuciones de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, concesiones, disfunciones apreciadas y aplicación en la prestación de los servicios de los requisitos exigidos».
«Artículo 60 Contenido de la justificación anual
2. Además de la justificación anual y las trimestrales relacionadas en el apartado anterior, los Colegios tienen la obligación de justificar detalladamente, en la forma que exija la Administración competente, el destino de las subvenciones concedidas, aportando cuantos datos sean requeridos para su comprobación».
«Artículo 62 Contenido de la prestación
Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento administrativo de apremio».
«Artículo 63 Peritos pertenecientes a la Administración autonómica
2. El personal dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma no tendrá derecho a percibir honorarios por su actuación como perito judicial, sin perjuicio del derecho a percibir las indemnizaciones de servicio que procedan».
«Artículo 64 Peritos privados
4. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional aportará, además, documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso».