Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2016/07/
Timestamp: 2018-03-21 03:07:11
Document Index: 218548642

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 10', 'artículo 317', 'artículo 314', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 318', 'artículo 49', 'artículo 103', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 115', 'artículo 486', 'artículo 492']

Boletín Legal Venezuela: julio 2016
Régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico
Gaceta Oficial: http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/julio/2272016/2272016-4642.pdf#page=7
En la Gaceta Oficial N° 40.950 del 22 de julio de 2016, se publicó la Resolución N° 9.855 dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, por medio del cual se estableció un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, estableciendo mecanismo de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción. El contenido de la referida Resolución es el siguiente:
PRIMERO: Se establece un régimen especial transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, estableciendo mecanismos de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción. A tales efectos, se tendrá como fundamento los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación en ofensiva a la guerra económica, con el objeto de aumentar y fortalecer la producción en aquellas entidades de trabajo de interés social relacionadas con el sector agroalimentario.
OCTAVO: La entidad de trabajo originaria deberá durante el tiempo de suspensión, computar la antigüedad para los efectos de las Prestaciones Sociales de los trabajadores y las trabajadoras requeridos.
DÉCIMO: Los trabajadores y las trabajadoras requeridos, una vez cesada la suspensión tendrán derecho a continuar prestando servicio en la entidad de trabajo originaria, en las mismas condiciones de trabajo existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o accidente o enfermedad común, resultare discapacitado o discapacitada para desempeñar la funciones inherentes a su puesto de trabajo. En estos casos, el trabajador o la trabajadora requerido serán reubicados por el patrono originario en un puesto de trabajo adecuado a la nueva situación.
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/189108-00747-19716-2016-2010-0169.HTML
Mediante sentencia N° 747 del 19 de julio de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que conforme al principio de confianza legítima (artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), relativo a la obligación de que los criterios establecidos por la Administración Pública sólo podrán aplicarse hacia el futuro y excepcionalmente a situaciones anteriores cuando favorezca a los interesados.
Lo anterior se confirmó al resolverse una denuncia en un recurso de apelación relacionada con un criterio fijado en primera instancia por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la que erradamente se había afirmado que esa “irretroactividad” debía ceder si la aplicación hacia el pasado de un precedente administrativo beneficiaba al destinatario general de la misma: el colectivo. Al respecto, se señaló que:
“De los argumentos expuestos en la sentencia apelada, entiende la Sala, por una parte, que según la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo la garantía constitucional de la irretroactividad comporta una protección a la seguridad jurídica de los ciudadanos, a fin de que las relaciones de derecho o conductas de hecho con efectos jurídicos que ellos desarrollen no se vean sorpresiva y negativamente afectadas por el establecimiento de novedosas regulaciones cuyo contenido altere el alcance jurídico de la actuación materializada previa a su vigencia, es decir, que la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado. Este criterio es compartido por esta Sala, pues reitera lo que al respecto se ha sostenido de manera pacífica.
Pero, por otra parte, la precitada Corte en su fallo plantea un escenario jurídico distinto al criterio sostenido por esta Sala, al razonar los términos en que debe aplicarse la excepción al principio de la irretroactividad de la ley, pues, a su entender, este principio “cedería si se tratara de una normativa cuya aplicación al caso concreto beneficie al destinatario general de la misma: el colectivo”. Inclusive, insistió en afirmar lo siguiente: “Esto lo ha comprendido la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, cuando señala que la retroactividad operaría siempre y cuando el empleo de la nueva norma persiga el bienestar del colectivo” (negrilla de la Sala), haciendo para ello referencia de la sentencia Núm. 00953 del 25 de junio de 2009, dictada por esta la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de cuyo contenido no se desprenden tales afirmaciones.
En efecto, al comparar lo dicho por la Corte con el análisis jurisprudencial que precede, se puede observar que la conclusión a la que llega en su fallos es opuesta al criterio sostenido por esta Sala, quien ha precisado con claridad que excepcionalmente es permisible la retroactividad de la norma solo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano o cuando favorezca al administrado.
Esto hace necesario destacar que si bien la Sala ha establecido que el examen y aplicación de la garantía o principio de irretroactividad de la ley -o de los criterios administrativos como sucede en este caso- se establece como medida general de protección a la seguridad jurídica del colectivo, también ha sido clara la jurisprudencia al precisar que la excepción a este principio opera a favor del interesado, particular o administrado, o como quiera calificarse al sujeto que integra la relación jurídica con la Administración. Resulta entonces que en el campo del derecho administrativo esta garantía tiene una excepción, que se traduce en la aplicación de la ley en caso de que sea más beneficiosa para el administrado, como análogamente sucede en otras ramas del derecho, por ejemplo: en materia laboral para el trabajador (in dubio pro operario), o en materia penal para los reos (in dubio pro reo), siendo esta última la única prevista específicamente en nuestra Constitución, y de cuya interpretación se desprende el citado principio general del derecho.
Por esta razón, se reitera que si bien el postulado de irretroactividad de la ley propugna la prohibición general de aplicar una nueva normativa a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado, se permite, excepcionalmente, aplicar de manera particular la nueva legislación a hechos materializados antes de su entrada en vigor siempre y cuando ésta beneficie a los administrados, en el entendido de que se trata de los sujetos que mantienen una determinada relación jurídica con la Administración.
En esto términos, comparte la Sala el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, citado en la sentencia apelada, según el cual las normas legales no pueden permanecer invariables en el tiempo, sino que se deben adecuar a los cambios que se presenten en un determinado contexto, sin que nadie pueda hacer valer unos supuestos derechos intocables para oponerse a ellos, y que, por lo tanto, no existe el derecho al goce de un régimen jurídico inmutable (sentencia de la Sala Constitucional Núm. 1376 del 28 de junio de 2005). Sin embargo, cabe precisar que con el referido criterio de la Sala Constitucional no se pretende desconocer o abrogar la excepción establecida constitucionalmente a la garantía de la irretroactividad de la ley. Tampoco establece dicho fallo que la excepción al principio de irretroactividad opera siempre y cuando favorezca al colectivo, como lo sugiere el tribunal a quo, pues solo hace un análisis de la regla general que caracteriza a la garantía constitucional de irretroactividad y reconoce que dicha garantía “impide afectar los efectos ya producidos según el régimen modificado”, y que “jamás puede implicar la inalterabilidad de un régimen jurídico, máxime cuando el interés público se encuentra en medio”.
Estima la Sala que la conclusión alcanzada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo resulta además contradictoria, pues sostuvo que la irretroactividad de la ley es una garantía constitucional a favor de todos los ciudadanos o en beneficio de la colectividad y, al mismo tiempo, que la regla “cedería si se tratara de una normativa cuya aplicación al caso concreto beneficie al destinatario general de la misma: el colectivo”. Dicha argumentación carece de sentido lógico, pues en los términos planteados por el a quo la regla se confunde con la excepción, lo cual se opone a lo sostenido por la jurisprudencia que afirma que la retroactividad de la norma aplica cuando beneficie al particular, como sujeto de la relación jurídico administrativa.
En consecuencia, se concluye que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo erró al afirmar que el criterio de esta Sala establece que la excepción al principio de irretroactividad opera cuando “se tratara de una normativa cuya aplicación al caso concreto beneficie al destinatario general de la misma: el colectivo. Incluso yerra al afirmar que: 1) “Esto lo ha comprendido la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, cuando señala que la retroactividad operaría siempre y cuando el empleo de la nueva norma persiga el bienestar del colectivo”, atribuyendo tal criterio a la sentencia de esta Sala Nº 953 del 25 de junio de 2009, ratificada en la Nº 1163 del 5 de agosto de 2009, pues dicha afirmación no se encuentra contenida en los precitados fallos, y 2) cuando concluye “conteste con las consideraciones que hemos realizado, y con la posición asumida tanto por la Sala Constitucional como por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, debe esta Corte rechazar la argumentación de la recurrente referida a que ha sido vulnerada la garantía de la irretroactividad”, esto en razón de que -como se estableció- lo dicho por la Corte no constituye la posición asumida por esta Sala para determinar cuándo la ley puede ser aplicada de manera retroactiva” (énfasis añadido por la Sala).
Resolución de opción de compra venta y devolución de vivienda
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/188723-RC.000411-4716-2016-15-701.HTML
Mediante sentencia N° 411 del 04 de julio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que en aquellos casos en que se resuelva un contrato de opción de compra venta por su inejecución, en el que las partes quedarán en la misma situación como si el contrato no se hubiese celebrado, será necesario agotar la vía administrativa frente a cualquier medida judicial tendente de despojar de la posesión del inmueble destinado a vivienda, tal y como lo contempla el artículo 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda cuya interpretación hizo esa Sala en la sentencia N° 175 del 17 de abril de 2013. Al respecto, se señaló que:
“Ahora bien, en el sub iudice al haber sido decidida procedente por el ad quem la resolución del contrato de opción de compra venta, ordenándose que una vez que quede definitivamente firme fallo dictado y, habida cuenta que la parte demandada se encuentra en posesión del inmueble objeto del presente juicio, esta debe restituir al accionante el precitado inmueble, lo cual se traduce en la inexistencia de la convención de opción de compra venta, cuya consecuencia jurídica acarrea que la situación se retrotraiga al estado como estaban las partes antes de pactarse la obligación contractual, debiendo entonces devolverse mutuamente las prestaciones dadas y recibidas con motivo de las obligaciones que hubiesen ejecutado durante la vigencia del contrato, en otras palabras, los contratantes quedan como si jamás lo hubiesen hecho y con el deber de restituirse las prestaciones cumplidas.
Por todo lo antes expuesto, considerando que en este caso, los efectos de la resolución del contrato de opción de compra venta comporta la desocupación de un inmueble destinado a vivienda del opcionante; y por cuanto no consta en autos que la parte actora haya agotado la vía administrativa previa a la judicial ante el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, como lo exige el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, así como tampoco que la tenencia del inmueble sea ilícita, esta Sala de casación Civil, en uso de sus atribuciones, procederá a casar de oficio y sin reenvío la sentencia recurrida por dársele curso a una pretensión inadmisible, en consecuencia anulará todas las actuaciones ejecutadas en esta causa, incluyendo el auto de admisión de la demanda. Así se resuelve”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 16:33 No hay comentarios:
Anuncio del recurso de casación ante una Notaría Pública
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/188624-RC.000405-29616-2016-16-098.HTML
Mediante sentencia N° 405 del 29 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que conforme al artículo 317 del Código de Procedimiento Civil es posible anunciar el recurso de casación ante un Notario Público de la Circunscripción Judicial del Juzgado que dictó el fallo, lo cual es tan importante como la propia formalización, al punto de que la falta de alguno de ellos genera similares consecuencias en cuanto a la resolución del recurso de casación. En efecto, tanto el artículo 314 como el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, tienen como finalidad la autenticación de la fecha del anuncio y la formalización del recurso de casación, es decir, que no haya lugar a dudas acerca de la oportunidad en que tales hechos ocurrieron, dado su transcendental interés procesal. Por realizar esta actuación el Notario que autentica y da fecha cierta al escrito de formalización que se le presente, no realiza ninguna actividad fuera de su competencia, por cuanto es de la naturaleza de sus funciones efectuar tales tareas. Al respecto, se señaló que:
“La interpretación extensiva de la disposición prevista en el artículo 317 de la ley civil adjetiva realizada en el fallo precedentemente expuesto y vigente hasta la fecha, en criterio de esta Sala de Casación Civil, se ajusta a los principios y garantías constitucionales que propugna nuestro Texto Fundamental, toda vez que permite a la parte que se rebeló contra el fallo dictado en alzada, presentar su escrito de formalización ante cualquier órgano que lo autentique, sea por intermedio de un juez, notario, incluso registrador, ello en aras del resguardo del principio pro actione, y al mismo tiempo, actúa en beneficio del derecho constitucional a la defensa así como de la garantía a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia.
En razón de las anteriores consideraciones, se declara procedente la solicitud de reapertura del lapso para formalizar y, en consecuencia, habiéndose ya presentado ante esta Sala de Casación Civil, en fecha 1° de marzo del año en curso, el escrito de formalización, se hace innecesario conceder un nuevo plazo, por tanto, se ordena la continuación de la sustanciación del mentado recurso, correspondiéndole a la parte demandada -si a bien lo tuviere-, consignar el correspondiente escrito de impugnación dentro del lapso de veinte días consagrado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, contados a partir de la notificación del presente fallo”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 13:00 No hay comentarios:
Derecho a la defensa y procedimientos administrativos
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/188824-00693-7716-2016-2014-1128.HTML
Mediante sentencia N° 693 del 07 de julio de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el derecho a la defensa y el debido proceso comprende, entre otros: (i) el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esta posibilidad; (ii) el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; (iii) el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; (iv) el derecho que tiene el administrado a presentar, controlar y contradecir pruebas en el procedimiento; (v) el derecho que tiene el particular a ser informado de los recursos y medios de defensa; y (vi) el derecho a recurrir la decisión que considere gravosa a sus intereses, todo esto conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (sentencia N° 1678 del 25 de noviembre de 2009, caso: Manuel Rosales Guerrero). Al respecto, se señaló que:
“De las actuaciones antes descritas se observa que efectivamente la Administración actuó ajustada a derecho al iniciar y sustanciar el procedimiento administrativo en contra de la empresa General Motors Venezolana, C.A., pues de las actas que conforman el expediente administrativo se desprende que (i) a la recurrente le fue garantizado el derecho a ser oído, pues tuvo la posibilidad de exponer los alegatos que consideró necesarios para su defensa; (ii) acceso al expediente; y (iii) en la resolución definitiva le fueron indicados los lapsos y recursos administrativos disponibles conforme a la Ley. (…)
De lo antes expuesto, se puede concluir que si bien la Administración no apreció (en los términos pretendidos por la recurrente) sus argumentos (los cuales fueron presentados de manera extemporánea) lo cierto es que la Dirección de Fiscalización del Servicio Eléctrico, no solo valoró el escrito de alegatos y defensas presentado el 26 de diciembre de 2013, sino que tomó la decisión de recibir los escritos que extemporáneamente fueron presentados por la empresa recurrente, concluyendo de igual forma que la empresa General Motors Venezolana, C.A., no había podido demostrar que tuviese un Contrato de Suministro que le permitiera conectarse a las instalaciones eléctricas del operador y prestador de servicio, incurriendo de este modo en la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 103 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Igualmente es importante advertir que la Dirección encargada de sustanciar el procedimiento administrativo valoró sus argumentos, pues la Resolución impugnada al momento de analizar la sanción y la aplicación de una de las causales que atenúan la sanción contemplada en el artículo 94 Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico señaló expresamente “en cuanto a esta circunstancia atenuante, conviene precisar, conforme quedó establecido en los autos, que el usuario investigado procedió a realizar los trámites pertinentes a la normalización de la situación irregular”, no obstante concluyó que igualmente se había configurado la circunstancia agravante descrita en el numeral 10 del artículo 93 ejusdem” (énfasis añadido por la Sala).
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 15:30 No hay comentarios:
Prohibición de las Juntas de Condominio de privar el servicio de agua por deuda
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Junio/1658-160603-03-0609.htm
Mediante sentencia N° 1658 del 16 de junio de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, censuró que una Junta de Condominio suspende el servicio de agua a uno de los apartamentos de ese condominio por el incumplimiento en la obligación de pago de una cuota de gastos de condominio, toda vez que esa Junta no tiene la capacidad de hacerse justicia por su propia mano. Al respecto, se señaló que:
Asimismo, ciertamente, como lo expresó el Juzgado que conoció en primera instancia, la actuación lesiva limita y restringe los atributos del derecho de propiedad (también contemplado en la Constitución, en su artículo 115) que ostenta la agraviada sobre el inmueble al que le fue suspendido el servicio de agua por la Administración de la Junta de Condominio del Edificio Saint Thomas que forma parte del Conjunto Residencial Las Islas, al haber limitado su capacidad de uso y disfrute”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 16:07 No hay comentarios:
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/rc-00042-290305-03778.htm
Mediante sentencia N° 42 del 29 de marzo de 2005, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la falta de juramentación de un testigo, antes de contestar, constituye una irregularidad sustancial en la evacuación de la prueba, imputable al juez y que no puede ser subsanada o convalidada por las partes y que ocasiona la nulidad de ese acto aislado del procedimiento por la falta de cumplimiento de una formalidad esencial para su validez, y da lugar a la reposición para la renovación del mismo, lo cual constituye una causal de casación de oficio. Al respecto, se señaló que:
“La Sala reitera este precedente jurisprudencial y deja sentado que el juramento del testigo es una forma procesal establecida para la validez de esa prueba en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, que debe constar por escrito de conformidad con lo previsto en el artículo 492 ordinal 2° eiusdem, en cuyo cumplimiento está interesado el orden público.
El juramento del testigo persigue garantizar la veracidad del testimonio, pues el declarante debe estar conciente de que declarar hechos falsos constituye un delito penal castigado con prisión y, por ende, su falta de cumplimiento impide que el acto alcance la finalidad por la que es consagrado en el ordenamiento jurídico.
Además, sostener el criterio contrario implicaría legitimar el cumplimiento arbitrario por parte del juez, en clara subversión del proceso y en desobediencia al mandato legal, con la consecuencia de que la parte promovente resulta privada de la prueba, así como la contraparte que pretenda obtener los beneficios que la prueba es capaz de proporcionarle, por aplicación del principio de comunidad de la prueba, en clara lesión de su derecho de defensa.
Por lo que, con fundamento en las razones anteriormente expuestas, la Sala declara de oficio la omisión de esa forma procesal y ordena la renovación de los testimoniales rendidas por los ciudadanos Iris Mercedes González Mujica, Carlos Ramón Sánchez, Violeta Margarita Orta y Eduardo Rafael Romero Sivira, lo cual determina la nulidad de los actos consecutivos practicados con posterioridad a estos actos declarados írritos”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 17:55 No hay comentarios: