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Timestamp: 2020-03-29 20:34:54
Document Index: 180009781

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 152', 'artículo 261', 'artículo 370', 'artículo 368', 'artículo 362']

BOE.es - Documento BOE-A-2017-7862
Documento BOE-A-2017-7862
«BOE» núm. 160, de 6 de julio de 2017, páginas 57426 a 57431 (6 págs.)
BOE-A-2017-7862
En el recurso interpuesto por doña M. E. B. P. como administradora única de la sociedad «FHC París, SL», contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Burgos, don Ramón Vicente Modesto Caballero, a inscribir una escritura de cese y nombramiento de administradores de dicha sociedad.
Mediante escritura autorizada por el notario de Burgos, don Julián Martínez Pantoja, el día 7 de diciembre de 2016, con el número 3.785 de protocolo, se elevaron a público determinados acuerdos de cese y nombramiento de administradores de la sociedad «FHC París, SL». Entre otras actividades incluidas en el objeto social, figura la siguiente: «a) La construcción y promoción de todo tipo de edificaciones, la compraventa de terrenos, solares y edificaciones, así como la prestación de servicios de asesoría, administración y gestión empresarial en los ámbitos económicos, administrativo, financiero, contable y fiscal».
El día 30 de enero de 2017 se presentó copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Burgos y fue objeto de la calificación negativa que, a continuación, se transcribe: «Ramón Vicente Modesto Caballero, Registrador Mercantil de Burgos, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: Diario/Asiento: 80/135 F. Presentación: 30/01/2017. Entrada: 1/2017/451,0. Sociedad: FHC París, SL. Autorizante: Martínez Pantoja, Julián. Protocolo: 2016/3785. En unión de: 01.–Escritura autorizada ante el Notario Martínez Pantoja, Julián con fecha 7 de diciembre de 2016, número 3786/2016 de su protocolo de Burgos de 07/12/2016, Fundamentos de Derecho (defectos) 1.–Las actividades de “Prestación de servicios de asesoría en los ámbitos… financiero, contable y fiscal”, contenidas en el objeto social inscrito desde su constitución –11 de diciembre de 1997–, hacen referencia a actividades profesionales en los términos del artículo 1.1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Habiendo transcurrido los plazos establecidos en la disposición transitoria primera de la citada ley, sin que de este Registro resulte el acuerdo de adaptación de la misma a la expresada ley, la sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja registral de la Sociedad. En consecuencia, deberá presentarse para su inscripción: 1. Bien el acuerdo de liquidación de la sociedad. 2.–Bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y simultáneamente, su adaptación a la citada Ley 2/2007. 3.–O bien la reactivación de la sociedad y simultáneamente, la modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene, todo ello de conformidad con la ley citada y RDGRN de 11 de enero de 2016, 17 de octubre de 2016 y 16 de diciembre de 2016. En relación con la presente calificación: (…) Burgos, 14 de febrero de 2017 (firma ilegible) El Registrador».
Contra la anterior nota de calificación, doña M. E. B. P., como administradora única de la sociedad «FHC París, SL», interpuso recurso el día 23 de marzo de 2017 mediante escrito en el que expresa los siguientes fundamentos de Derecho: «1.º).–(…) 2.º).–Que la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales es una norma que regula a las auténticas sociedades de profesionales, y en la cual se establece que para que una sociedad sea considerada como tal debe de cumplir, entre otros, los siguientes requisitos que vienen descritos en los artículos 1 y 5, a saber: el ejercicio en común de una actividad profesional, la cual se configura, a los efectos de esta Ley y de su aplicación, como aquella para cuyo desempeño se exige una titulación universitaria oficial o bien una titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, y además la inscripción como colegiado en el correspondiente Colegio oficial, puesto que el ejercicio de las actividades profesionales del objeto social sólo se podrá efectuar a través de la persona colegiada. 3.º).–Que la mercantil FHC París, S.L. nunca ha tenido ni ejercido actividad profesional alguna, en primer lugar por no ser este su objeto social, y en segundo porque ninguno de sus socios es profesional titulado colegiado en ningún colegio profesional, y que la actividad que realiza es la de producción y venta de energía eléctrica (apartado c) del objeto social), siendo que el código correspondiente a la actividad principal de la sociedad en el CNAE es el 4010, según resulta de las cuentas anuales depositadas en el propio Registro. 4.º).–Que de entre las actividades que componen el objeto social de la compañía y que en un momento dado pudiese realizar, la de “… la prestación de servicios de asesoría, administración y gestión empresarial en los ámbitos económico, administrativo, financiero, contable y fiscal.” a que alude el registrador es una actividad/es para los que no se requiere titulación universitaria ninguna ni existe colegio profesional alguno al que haya de inscribirse obligatoriamente para el desarrollo de la/s misma/s, por lo que no es una actividad profesional pues no constituye el objeto de una profesión titulada y por ello dicho objeto no cumple ni se ajusta a los términos del artículo 1.1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, ni de él se deduce que la sociedad pueda realizar dicha actividades directamente, como resultaba del objeto de la Sociedad de servicios de arquitectura, que fue objeto de la Resolución de la DGRN de 11 de enero de 2016 (vide en especial su fundamento de Derecho segundo), y que claramente aparecía en el objeto social de ésta (y cuyo ejercicio sí exige una titulación y colegiación obligatoria). Tampoco sería de aplicación la resolución de la D.G.R.N. de 17 de octubre de 2016, ya que la misma se refiere a la confirmación de la negativa de inscripción de una escritura de reducción de capital social de una sociedad disuelta, que nada tiene que ver con nuestro caso en concreto, ni la Resolución de la DGRN de 16 de diciembre de 2016 ya que la cuestión discutida a efectos de calificación como servicio profesional es el asesoramiento jurídico, el cual no se encuentra dentro de las actividades del objeto social de FHC París, S.L. 5.º).–Que desde que entró en vigor la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (hace más de 8 años), no ha procedido a adaptar los Estatutos de la Sociedad a dicha Ley, por no ser la misma una sociedad o profesional, habiendo estado ejerciendo hasta la fecha su actividad de construcción con total normalidad, tanto para sí como para terceros, además de que desde que entrara en vigor dicha Ley, la Sociedad ha modificado sus estatutos y reelegido a su administrador, sin que por parte del Registro Mercantil se comunicara situación irregular alguna. 6.º).–Que la disolución de la Sociedad “FHC París, SL” por aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, no es aplicable a esta Sociedad por no ser ni haber sido nunca una sociedad que ejerza actividades profesionales, por lo que, Solicita que dado que objeto social de la Sociedad “FHC París, SL”, no es ni ha sido nunca el de ejercer directamente actividad profesional alguna, y conforme las alegaciones manifestadas en este recurso, sea revocada la decisión del Sr. Registrador en cuanto a la disolución de pleno derecho de la Sociedad y proceda a la inscripción solicitada».
Mediante escrito, de fecha 28 de marzo de 2017, el registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Vistos los artículos 18, 20 y 223 del Código de Comercio; 23.b), 360, 364, 368, 370, 371, 396, 398 y 399 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 8.2.d), 8.4, párrafo tercero, 9, 11, 13 y 17.2 y la disposición adicional segunda y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; los artículos 1.3.º, 40, 38, 66, 82, 211 y siguientes, 258.3 y 324 de la Ley Hipotecaria; 7, 40.2, 178, 238 y 242 del Reglamento del Registro Mercantil; la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de junio de 1986, 23 de abril de 1993, 26 de junio de 1995, 21 de abril, 6 de mayo y 22 de julio de 2005, 10 de julio y 9 de diciembre de 2006, 14 de marzo de 2007, 10 de enero, 1 de marzo y 29 de septiembre de 2008, 5 y 6 de marzo, 28 de mayo y 3 y 6 de junio de 2009, 5 de abril y 14 de noviembre de 2011, 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre de 2016 y 2 de marzo y 5 y 24 de abril de 2017.
1. En el supuesto a que se refiere este recurso el registrador fundamenta su negativa a practicar la inscripción de los acuerdos sociales formalizados mediante la escritura calificada en que, según expresa en su calificación, al tener la sociedad incluidas en su objeto algunas actividades que se refieren a servicios profesionales («prestación de servicios de asesoría en los ámbitos (…) financiero, contable y fiscal») y no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja registral, de modo que para inscribir tales acuerdos sociales deberá presentarse, bien el acuerdo de liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su adaptación a la citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.
La recurrente alega: a) que la Ley 2/2007 regula las auténticas sociedades de profesionales, que cumplan determinados requisitos que detalla; b) que la sociedad representada nunca ha tenido ni ejercido actividad profesional alguna; c) que la actividad indicada por el registrador no es una actividad profesional, pues no constituye el objeto de una profesión titulada; d) que no se han adaptado los estatutos de la sociedad a la Ley 2/2007 por no ser la misma una sociedad profesional, y e) que no es aplicable la disolución de la sociedad conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007 por no ser ni haber sido nunca una sociedad que ejerza actividades profesionales, por lo que solicita que sea revocada la decisión del registrador en cuanto a la disolución de pleno derecho de la sociedad.
2. Respecto de la solicitud de la recurrente en relación con la constancia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso como el interpuesto en este expediente es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley Hipotecaria), de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias, y nunca frente a la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.
Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo–, de indudable trascendencia a la vista de que la legitimación registral opera sobre la base de ese contenido del asiento (cfr. artículos 38 y 97 de la Ley Hipotecaria y 20 del Código de Comercio), el asiento queda bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la misma Ley Hipotecaria (cfr. los artículos 1.3.º, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –artículos 211 y siguientes de la Ley Hipotecaria y 314 a 331 del Reglamento Hipotecario– se trasladan al ámbito mercantil (cfr. artículo 40.2 del Reglamento del Registro Mercantil), son especialmente rigurosos cuando aquéllos son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a quienes la rectificación afecte y el consentimiento del registrador (cfr. artículos 217 y 218 de la citada Ley Hipotecaria) cuya oposición tan sólo puede suplirse por resolución judicial.
Por lo demás, cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio de 2012, esta Dirección General (vid. Resoluciones de 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre de 2016 y 2 de marzo de 2017) ha sentado una consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. No obstante, si tal exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo cuando por los documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral.
Hechas las aclaraciones precedentes, en relación con las consecuencias que del asiento de cancelación practicado se derivan, únicamente cabe recordar que con ocasión de la declaración de disolución de pleno derecho de las sociedades anónimas incursas en la previsión de la disposición transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, esta Dirección General tuvo ocasión de elaborar una doctrina expresada en un gran número de Resoluciones. Según la citada doctrina, la expresión «disolución de pleno derecho», expresión procedente del artículo 152 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que se incorporó al texto refundido de 1989 por medio del artículo 261 de la Ley de Sociedades Anónimas y que hoy se recoge en el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital, hace referencia a la mera circunstancia de que la sociedad entra en disolución por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley sin que sea preciso una previa declaración social al respecto. De este modo se distingue la disolución de la sociedad derivada de un acuerdo societario (meramente voluntario, artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital, o provocado por la concurrencia de causa de disolución, ex artículo 362 de la propia Ley), de aquellos otros supuestos en que la disolución se produce «ipso iure» al concurrir el supuesto previsto legalmente (por ejemplo, disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales).
Las consideraciones anteriores son de plena aplicación al presente expediente. Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de administrador prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el órgano de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos.