Source: https://lexgradibus.com/trabajadores-de-gobierno/
Timestamp: 2019-05-27 09:37:55
Document Index: 187446275

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 77', 'artículo 123']

Trabajadores de gobierno no son sujetos al INFONAVIT
Los trabajadores de gobierno, no tiene acceso al INFONAVIT…
Por redactor 15 febrero, 2019 no responses. burócratas , laboral , vivienda
De lo enumerado, y resaltado por el autor del presente escrito, podríamos afirmar que para Trabajadores de Gobierno, que se encuentran en organismos descentralizados, tendrían sus relaciones laborales, dentro de la LFTSE, con ello, NO APLICARÍA las disposiciones en materia de vivienda con el INFONAVIT, sin embargo, esta exégesis NO ES CORRECTA, debido que ya han existido diversos procesos litigiosos, tan es así que el máximo tribunal de México, ya fijo postura, siendo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Enero del año 2000, que LO DECLARÓ INCONSTITUCIONAL al resolver el AMPARO EN REVISIÓN 1575/93, dando su interpretación definitiva al derivar en la Tesis de jurisprudencia 1/1996. Aprobada por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en sesión privada del quince de enero del año dos mil, misma que se reproduce a continuación:
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.
El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.», del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva.
TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCION FEDERAL, POR EL APARTADO «A» DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.
El organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, al no formar parte del Poder Ejecutivo Federal, no se rige por el Apartado «B» del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino por el Apartado «A» de dicho precepto, específicamente dentro de la jurisdicción federal, conforme a lo establecido en su fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que reserva a la competencia exclusiva de las Juntas Federales, los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma descentralizada por el gobierno federal, características que corresponden al referido organismo descentralizado, aunque no sea el lucro su objetivo o finalidad, ya que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, por empresa se entiende, para efectos laborales, la organización de una actividad económica dirigida a la producción o al intercambio de bienes o de servicios, aunque no persiga fines lucrativos.
El artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, establece las relaciones jurídicas derivadas de un contrato de trabajo, entre una persona física o moral y otra física que presta a aquella un trabajo personal subordinado, esto es, una actividad humana, intelectual o material, independiente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio, en los términos del artículo 8° de la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento que, según su artículo 1°, es reglamentario del referido apartado A; por lo tanto, las relaciones jurídicas existentes entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, no están sujetas a la aplicación del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, sino a la del apartado B del mismo precepto, en cuya fracción XI, inciso f), se consagra el derecho de los aludidos trabajadores de gozar de créditos baratos para adquirir habitaciones higiénicas, mediante la constitución de un fondo nacional, es decir, el mismo mecanismo financiero establecido para los trabajadores del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, pero encaminado a beneficiar a los trabajadores de los Poderes de la Unión, considerando que a estos no les son aplicables las normas del citado apartado A y, por consiguiente, tampoco les son aplicables sus Leyes Reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo o la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ahora bien, en el caso de los Municipios, el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, precisa que el vínculo jurídico entre los mismos y sus trabajadores se rige por las leyes expedidas para tal efecto por las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus ordenamientos reglamentarios, lo que significa que las normas del trabajo burocrático de los Estados y Municipios deben contemplar los derechos y obligaciones mínimos que prescribe el artículo 123 de la Constitución Federal, considerando que el artículo 115 de la Constitución Federal se refiere al apartado B del artículo 123 constitucional, toda vez que los Municipios, como célula administrativa del Estado Mexicano, gozan de la misma naturaleza pública que los Poderes de la Unión y sus instituciones. Por lo tanto, a los Municipios integrantes del Estado de Chihuahua, no le son aplicables las disposiciones del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por ende, tampoco las de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, salvo que se acredite la existencia de un convenio celebrado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, que establece lo siguiente: «Los municipios podrán celebrar convenios entre sí o con instituciones públicas o privadas para la prestación de los servicios de Seguridad Social a sus trabajadores.», en tal virtud se concluye que a las relaciones laborales surgidas entre los Municipios y sus trabajadores no les son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ni la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que tampoco están obligados a aportar al Fondo de la Vivienda consagrado en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal.
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