Source: http://www.blog.liliaaguilar.com/2015/06/01/iniciativa-relativa-al-financiamiento-publico-de-partidos-politicos-nacionales/
Timestamp: 2017-09-21 23:13:57
Document Index: 282601597

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Iniciativa relativa al financiamiento público de partidos políticos nacionales - liliaaguilar.com
La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 116 párrafo tercero de la fracción II y IV del inciso f) segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país.
Así en la introducción del principio de representación proporcional como garante del pluralismo político obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.
Lo anterior cobra relevancia ya que el pasado lunes 10 de febrero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral, la cual contempla una serie de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia. Dentro de estas reformas destacan las realizadas a los artículos 41 y 54, relativas al incremento del porcentaje para que los partidos políticos conserven su registro y la atinente al derecho a la asignación de diputados federales por el principio de representación proporcional al pasar de 2 por ciento a 3 por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, de tal forma que el derecho a la conservación del registro como partido político y el de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional quedó sujeta indisociablemente a la obtención del citado porcentaje.
No sobra comentar que la reforma al artículo 116, en su párrafo tercero, fracción segunda; creó un beneficio a favor de los partidos mayoritarios, que evidentemente fue en contra de toda práctica parlamentaria, donde mágicamente surge una modificación a dicho artículo de la cual no todos los partidos tenían conocimiento. Este beneficio vulnera la pluralidad democrática de la nación. La participación de partidos políticos minoritarios será marginal o prácticamente nula, pues no tendrá representatividad en los congresos locales, a pesar de contar con una votación superior a 3 por ciento de los electores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que el principio de representación proporcional, como garante del pluralismo político, persigue como objetivos primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, según su representación; una representación aproximada al porcentaje de votación total de cada partido y evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes.
Ahora bien, no obstante que a nivel federal quedaron regulados claramente estos derechos de los partidos políticos, en lo concerniente a las reformas al artículo 116 de la propia Constitución federal, respecto a las reglas a través de las cuales los estados organizarán sus poderes conforme a lo que dicte la misma Constitución, no así en las legislaturas locales en las que se perjudicará a los partidos minoritarios.
Con la reciente reforma político-electoral se le resta importancia al principio de pluralidad, la cual se garantiza de manera efectiva cuando todas las corrientes de pensamiento y de opinión tienen quién los represente ante el Congreso o cualquier órgano colegiado de gobierno, electo popularmente que tome decisiones que trasciendan a la sociedad.
El sistema de representación proporcional se justifica en un país como México, cuya composición multicultural genera una enorme divergencia de pensamientos, ideas, opiniones y visiones distintas, por lo que es necesario garantizar que esta pluralidad se materialice en la mayor medida posible, ante los órganos colegiados de gobierno que se integran a través de procesos electorales, lo cual se logra con la conformación de un congreso plural, en el que se encuentren representadas diversas formas y corrientes de pensamiento.
Con la reforma al artículo 116 constitucional, en las legislaciones locales miles de ciudadanos mexicanos no tendrían representación alguna ante el congreso. Por lo que es necesario complementar la representación proporcional con otras figuras que generen un vínculo mayor entre ciudadanos y representantes.
Para el análisis y mejor entendimiento, deberá considerarse que tratándose de elecciones federales:
• El derecho a la conservación del registro como partido político está sujeto a la obtención de 3 por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.
• El derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional está sujeto a que los institutos políticos alcancen por lo menos 3 por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales.
En el caso de elecciones estatales:
• El derecho a la conservación del registro como partido político estatal está sujeto a la obtención de 3 por ciento del total de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales y que esta disposición no es aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en la elección local.
• El derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional está sujeto a los porcentajes que señalen sus leyes.
• En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por mayoría relativa y de representación proporcional que represente un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
En este sentido la propia Constitución federal deja a los estados la facultad de reglamentar la forma de integración de sus legislaturas; con diputados electos por el principio de mayoría relativa y el derecho a la asignación de diputados plurinominales en cuanto a porcentaje de votación requerida y fórmulas de asignación, por así disponerlo expresamente, sin embargo no estableció, al menos textualmente, que el derecho a la asignación de diputados plurinominales estaba sujeto en primer lugar a la obtención de los porcentajes fijados por las propias entidades federativas, tal y como lo estableció el propio artículo 54, fracción II, de la Carta Magna, es decir garantizar el derecho de los institutos políticos que alcancen el umbral establecido por cada estado en el ejercicio de su autonomía y en segundo lugar aplicar los límites o topes para evitar la sobre y subrepresentación.
Por tanto, a efecto de estar acorde al texto constitucional y teniendo en cuenta el principio:”donde existe una misma razón, debe haber una misma disposición”, resulta oportuno precisar que todo partido político que alcance por lo menos el porcentaje del total de la votación válida emitida fijado por cada estado, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional y en un segundo término se aplicarán los límites o topes de sobre y subrepresentación, lo anterior a fin de armonizar los preceptos descritos y privilegiar la pluralidad en la integración de los órganos legislativos.
Las propuestas brindarán certeza y seguridad jurídica a los procesos comiciales de los estados, de tal modo que todos los participantes en el proceso electoral conocerán previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que está sujeta su actuación en la contienda.
No sobra señalar que las propuestas encuentran apoyo en las siguientes tesis emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor siguiente:
Registro: 160758
Localización: Libro I, Octubre de 2011 Tomo 1
Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 67/2011 (9a.)
Representación proporcional en materia electoral. La reglamentación de ese principio es facultad del legislador estatal
Los artículos 52 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén, en el ámbito federal, los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales tienen como antecedente relevante la reforma de 1977, conocida como “Reforma Política”, mediante la cual se introdujo el sistema electoral mixto que prevalece hasta nuestros días, en tanto que el artículo 116, fracción II, constitucional establece lo conducente para los Estados. El principio de mayoría relativa consiste en asignar cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide el país o un Estado; mientras que la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. Por otra parte, los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de distintas formas y en diversas proporciones. Ahora bien, la introducción del sistema electoral mixto para las entidades federativas instituye la obligación de integrar sus Legislaturas con diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; sin embargo, no existe obligación por parte de las Legislaturas Locales de adoptar, tanto para los Estados como para los Municipios, reglas específicas a efecto de reglamentar los aludidos principios. En consecuencia, la facultad de reglamentar el principio de representación proporcional es facultad de las Legislaturas Estatales, las que, conforme al artículo 116, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Federal, sólo deben considerar en su sistema ambos principios de elección, sin prever alguna disposición adicional al respecto, por lo que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional es responsabilidad directa de dichas Legislaturas, pues la Constitución General de la República no establece lineamientos, sino que dispone expresamente que debe hacerse conforme a la legislación estatal correspondiente, aunque es claro que esa libertad no puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas por la Ley Suprema que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto, aspecto que en cada caso concreto puede ser sometido a un juicio de razonabilidad.
Acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009. Partido de la Revolución Democrática y Diputados integrantes del Congreso del Estado de Tabasco. 26 de marzo de 2009. Unanimidad de once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Nínive Ileana Penagos Robles, Mario César Flores Muñoz y Jesús Antonio Sepúlveda Castro.
El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 67/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once.
Registro: 195152
Localización: Tomo VIII, Noviembre de 1998
Tesis: P./J. 69/98
Materia electoral. Bases generales del principio de representación proporcional
La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para desarrollar el principio de representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional, son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación.
Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 69/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Nota: Por ejecutoria de fecha 23 de mayo de 2002, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 2/2000-PL en que participó el presente criterio.
Época: novena época Registro: 195151
Tesis: P./J. 70/98
Materia electoral. El principio de representación proporcional como sistema para garantizar la pluralidad en la integración de los órganos legislativos
El principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por qué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 70/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Registro: 195150
Tesis: P./J. 71/98
Materia electoral. El artículo 229, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Quintana Roo, que prevé la asignación de un diputado al partido político que cuente, cuando menos, con un porcentaje mínimo de la votación estatal emitida, no contraviene el principio de representación proporcional
De conformidad con esta disposición, a todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 2.5 por ciento del total de la votación estatal emitida, se les asignará una diputación por el principio de representación proporcional. En primer lugar, esta disposición es acorde con la base general derivada del artículo 54, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone como requisito para la asignación de diputados por dicho principio, la obtención de un porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados. En segundo lugar, analizadas cada una de las tres fracciones del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, no de manera particularizada e independientemente unas de otras sino adminiculadas entre sí, que en su conjunto reglamentan la asignación de diputados por dicho principio, permite apreciar que no se limita la asignación de diputados por el principio de representación proporcional al hecho único de tener un porcentaje mínimo de la votación en términos de su fracción II, sino que introduce otros métodos paralelos para llevar a cabo asignaciones por este principio, lo que denota que, en su contexto normativo, la fracción II, como regla específica de un sistema general, únicamente abarca un concepto concreto para lograr la representación proporcional y que es precisamente el permitir que los partidos minoritarios que alcanzan cierto porcentaje de representatividad puedan tener acceso a las diputaciones, de tal forma que, así, inmerso el numeral en ese contexto normativo, prevé un supuesto a través del cual se llega a ponderar también el pluralismo como valor del sistema político, al margen de los demás mecanismos establecidos con el mismo fin, pero sustentados en bases distintas.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 71/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Nota: Por ejecutoria de fecha 23 de mayo de 2002, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 2/2000-PL en que participó el presente criterio.”
Las jurisprudencias presentadas en los párrafos anteriores son útiles para entender el porqué se debe derogar el párrafo segundo del artículo 116 en la recientemente aprobada reforma político-electoral. Toda vez que con éste la pluralidad que requiere toda democracia estaría siendo vulnerada.
Los partidos minoritarios, no pueden perder espacios de representación, toda vez que éstos en la mayoría de los casos representan los derechos de las mayorías. Con los que intereses ciudadanos encuentran simpatía por saber que éstos llevarán sus voces a los congresos locales y a Congreso de la nación.
Cabe destacar que la presente iniciativa tiene por objeto corregir un error o una “trampa” en la que se cayó al aprobarse la reforma electoral a finales del año 2013. Esto porque en las mesas de análisis y discusión que se realizaron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores la redacción del artículo 116 no era la que finalmente quedó, mágicamente apareció un párrafo que beneficia a la primera minoría, que como es bien sabido negoció aspectos de la reforma político-electoral a cambio de su voto en la reforma energética.
Con las propuestas que aquí se presentan estaríamos cumpliendo con los objetivos primordiales del sistema de representación proporcional, a saber: a) La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad, b) Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación, y c) Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes y la subrepresentación. Asimismo se dejaría en claro el derecho a recibir financiamiento público estatal y el acceso a las demás prerrogativas establecidas en las legislaciones estatales.
Decreto por el que se deroga el artículo 116, párrafo tercero de la fracción II y se adiciona la fracción IV del inciso f) segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se deroga el artículo 116, párrafo tercero de la fracción II y se adiciona la fracción IV del inciso f) segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.
a) al e) …
El partido político local que no obtenga, al menos tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. Los partidos políticos nacionales que alcancen por lo menos el porcentaje del total de la votación válida emitida fijado por cada estado, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal y acceso a las demás prerrogativas establecidas en las leyes estatales.
g) al p) …
V. a IX.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.