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Timestamp: 2019-10-16 22:23:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 30', 'artículo 332', 'artículo 332', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 55']

﻿ SENTENCIA 5253 DE OCTUBRE 12 DE 1999
SENTENCIA 5253 DE 12 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL EN EL PROCESO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, COSA JUZGADA, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:336 DE DICIEMBRE DE 1999, PÁG.2219
Sentencia 5253 de octubre 12 de 1999
EFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL EN EL PROCESO CIVIL
Expediente 5253
Santafé de Bogotá, D.C. doce de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 12 de septiembre de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el proceso ordinario de Walter Vallejo Valencia contra Industria Licorera de Caldas.
1. Tal proceso de abrió con el libelo en que el actor pidió que a la demandada se la declare civilmente responsable de los perjuicios que le causó José Uriel Marín Isaza, empleado de la misma.
2. Fundó sus pretensiones en que el 29 de agosto de 1990, encontrándose en el andén de la avenida 28 entre calles 24 y 25 de Manizales, frente a la ferretería donde laboraba, fue atropellado con el espejo retrovisor de la camioneta Chevrolet Luv, modelo 1988, placas OU 28-03, perteneciente a la empresa demandada y conducida a la sazón por su empleado José Uriel Marín Isaza, con tal mala suerte que, tras caerse, las ruedas traseras del vehículo pasaron sobre sus piernas, las que resultaron fracturadas, amén de que sufrió desviación del tabique nasal, produciéndole incapacidad permanente y definitiva, pues no pudo volver a su actividad acostumbrada. El accidente ocurrió porque el automotor se desplazaba a excesiva velocidad y muy recostado sobre el andén.
3. Contestó la demandada con expresa oposición a las pretensiones. Dijo que el automotor marchaba a una velocidad normal y sobre la zona destinada al tráfico vehicular, negó así mismo que con el retrovisor hubiese atropellado al actor.
Excepcionó así:
a) Inexistencia de responsabilidad y culpabilidad civiles, dado que en la investigación penal iniciada por tales hechos, se decretó la cesación de todo procedimiento en favor del conductor sindicado, por haberse encontrado probada “una causal excluyente de responsabilidad”. Decisión que, ejecutoriada, produce efectos de cosa juzgada erga omnes;
b) Carencia de acción, en vista de que además, de lo anterior, Walter se constituyó allí en parte civil, y, por lo tanto, ya quedó cerrada la posibilidad de discusión en materia indemnizatoria, y
c) Ausencia de culpa, porque el accidente obedeció a circunstancias ajenas al conductor, puesto que el actor ocupó el espacio y la vía destinados al tránsito de los vehículos automotores. Hubo culpa exclusiva de la víctima pues se encontraba muy a la orilla del andén y de espaldas a la calle; y posiblemente estaba jugando o peleando con uno o más de sus compañeros, perdió el equilibrio y cayó a la vía, con el infortunio de ser recibido por el vehículo, lo que genera una causa extraña.
4. El 12 de abril de 1994 se clausuró la primera instancia, mediante fallo desestimatorio que profirió el juzgado cuarto civil del circuito de Manizales, el cual, apelado que fue por el demandante, confirmó el Tribunal Superior de Manizales en el suyo de 12 de septiembre del mismo año.
5. Visto quedó que el del tribunal fue recurrido en casación por la misma parte.
Tras el relato litigioso, al ocuparse de la eficacia de la cosa juzgada destacó que la que se produce en materia penal, a diferencia de la civil, genera efectos erga omnes. Apuntó también que las causales que en tal caso determina la “improcedibilidad de la acción civil” no son taxativas, teniendo cabida, por tanto, otras no mencionadas en el artículo 55 del Decreto 050 de 1987, norma aplicable a esta controversia.
Así, “cuando la resolución o decisión absolutoria proferida por el juzgador en lo criminal se fundamenta o apoya, en tratándose de responsabilidad civil extracontractual por culpa probada (C.C., art. 2341), en que no existió dolo ni culpa del autor del menoscabo, o, en que el accidente generador del perjuicio ocasionado durante el ejercicio de actividades peligrosas (art. 2356 ibíd.), es el resultado de una causa extraña, la determinación exculpatoria pronunciada por el juez punitivo produce efectos frente a todo el mundo, así en el artículo 55 del Decreto 050 de 1987, no se hubiera contemplado estos eventos como uno de aquellos que constituyen cosa juzgada penal”.
Hizo ver que la no taxatividad en el punto fue decidida por la Corte Suprema al analizar el artículo 30 del Decreto 409 de 1971 (de alcance idéntico al 55 precitado), pues que en fallo de 29 de agosto de 1979 indicó que si la justicia penal, por ejemplo, sobresee definitivamente porque llega a la conclusión de que el hecho se debió a culpa exclusiva de la víctima, “debe acatarse la cosa juzgada penal, esto es, no puede ponerse en duda cuál fue la verdadera y única causa del fallecimiento (o de las lesiones) de la víctima... Es imperativo lógico que la verdad es una y que no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario”.
De manera que si en este caso los jueces penales hallaron que el accidente obedeció a una causa extraña no imputable al conductor del vehículo, y por ello ordenaron cesar todo procedimiento en contra de Uriel Marín Isaza, no cabe deducir la responsabilidad civil endilgada en la demanda, en razón precisamente de los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. De ahí que confirmara el fallo que reconoció la excepción de cosa juzgada.
De los cuatro cargos formulados al amparo de la primera causal de casación, sólo fueron admitidos los tres primeros, de los cuales se despacharán conjuntamente, por la razón que en su lugar se dirá, los reseñados como primero y tercero.
Denuncia la violación directa de los artículos 2341 del Código Civil (por falta de aplicación) y 332 del de procedimiento civil (por aplicación indebida).
El primero de ellos viene al caso porque el daño está “suficientemente probado”, ya que “en ninguna parte del proceso se pone en duda la ocurrencia del hecho”; el segundo, en cambio, es impertinente, porque no se da la triple identidad de objeto, causa y partes.
Acusa la vulneración indirecta de los artículos 2341, 2347, 2349 y 2350 del Código Civil, 187 y 332 del de Procedimiento Civil y el 56 del de procedimiento penal, a consecuencia de error de derecho en la apreciación de las pruebas.
El impugnador acepta que hubo cesación del procedimiento penal por hallarse probado el hecho de un tercero, lo que constituye un verdadero caso fortuito; pero, dice, en el campo civil es diferente, por cuanto en tal evento es menester que se determine la persona del tercero, según jurisprudencia de la misma Corte.
Y resulta que en la presente controversia los juzgadores de instancia “no apreciaron que la empresa demandada, ni en la contestación de la demandada ni con el testimonio rendido por la señora Fanery Libreros determinan quién o quiénes fueron los terceros que afirman ellos lanzó a Walter Vallejo sobre la calzada (...); es más, ni siquiera se encuentran seguros de si la víctima se encontraba a orillas del andén, ni tampoco saben a ciencia cierta si fue empujado o no”, en orden a cuya comprobación transcribe el recurrente los pasajes testificales que a su juicio vienen al caso.
“Esta falta de apreciación probatoria por error de derecho” condujo a la violación de aquellas normas sustanciales. El tribunal, entonces, no ha debido conformarse con la simple afirmación de que un tercero empujó al demandante, “sino que ha debido exigir la prueba plena de tal hecho y la identificación de la persona que lo cometió”.
Estúdianse globalmente porque igual adolecen de fallas técnicas que impiden auscultar el mérito de los mismos.
De todos es sabido que el derecho de impugnación en general implica una confrontación de pareceres entre el recurrente y el juzgador, que es lo que precisamente genera la inconformidad del primero. La quintaesencia de todo recurso, pues, consiste en refutar, combatir, opugnar. Características que sube de punto en tratándose de un recurso de linaje extraordinario, como el de casación, en donde es deber insoslayable del impugnador mostrar señaladamente a la Corte cuál es el contraste jurídico; sólo así podrá evidenciar que de su lado está la razón.
Por ello extraña echar de menos en la acusación de los cargos primero y tercero tal planteamiento contrastante, por supuesto que es lo mínimo que por antonomasia reclama toda impugnación. El recurrente, en general, limitose a exponer el punto de vista suyo, sin mencionar siquiera en qué puede diferenciarse con el del tribunal. El escueto enunciado de los cargos lo evidencia tanto que sobra cualquier comentario. El tercer cargo, que parecería exento de esta objeción, plantea que cuando en punto de responsabilidad se pruebe el hecho de un tercero, es menester que se determine éste; sin embargo, es refulgente que de eso sólo nadie podría extraer si fue que el sentenciador ad quem dijo lo contrario sobre el particular.
Tanto, que el primer cargo da a entender que el tribunal hubiese en verdad aplicado el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en lo que constituye una inexactitud. La sentencia, en efecto, no sólo dijo expresamente aplicar el 55 del Decreto 050 de 1987, regulador de la cosa juzgada en materia penal, sino que elucidó que no se trataba de la cosa juzgada en lo civil, disciplinada por el artículo 332 precitado, que apenas sí tiene efectos relativos. Esto pone de manifiesto, al paso, que la norma a acusar era aquélla y no ésta.
Además, el tercero de los cargos perdió de vista la capital diferencia existen entre error de hecho y de derecho, como que sin embargo de denunciar éste trajo un planteamiento propio del otro; ciertamente, al endilgar a los juzgadores que “no apreciaron” que ni en la contestación de la demanda ni en el dicho del testigo se determinó la persona del tercero causante del hecho dañoso, lo que a juicio suyo constituye, según lo señaló más adelante, una “falta de apreciación probatoria”, alude al aspecto puramente objetivo de las pruebas, cosa que es característica del error de facto, por oposición a la contemplación jurídica que relieva el de derecho; es evidente, pues, “que cada uno de los dos errores, el de hecho y el de derecho, asume una entidad específica propia, en cuya virtud no pueden confundirse ni hacerse derivar el uno del otro” (sent. Cas. Civ., sep. 5/67).
En suma, estos cargos han sido formulados inidóneamente, lo cual determina su necesaria improsperidad.
Pone de presente el quebrantamiento del artículo 55 del Decreto 050 de 1987, por errónea interpretación, al otorgársele “unos efectos y alcances de que carece”.
A vuelta de enumerar y clasificar las hipótesis que contempla tal disposición, enfatiza que como “no aparece en autos que el sindicado hubiera obrado en cualquiera de los eventos mencionados, el tribunal dio un alcance a la norma que realmente no tiene”.
Como para desestimar las pretensiones se atuvo el tribunal a la absolución que a favor del conductor profirió la justicia penal, pues consideró que al caso hacen los efectos de la cosa juzgada de que trataba el artículo 55 del Decreto 050 de 1987, así esta disposición no contemple a su juicio este preciso caso, el asunto reclama las precisiones siguientes:
Bajo la premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general, y particularmente en los campos penal y civil, el primero de los cuales sería llamado a establecer la infracción de la ley punitiva y el segundo a examinar el aspecto resarcitorio de la misma conducta, ello sólo avista la eventualidad, inconveniente como la que más, de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no pudo ser sino una sola. Muy grave se antoja, por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios.
Puesta en guardia ante tamaño despropósito, la legislación ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio; así, el artículo 55 del Decreto 050 de 1987, en vigencia para la época en que sucedieron los hechos aquí litigados, dispuso al respecto que “la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”. Quiérese garantizar así una dosis mínima de coherencia del sistema jurídico, y que, por lo mismo, el tráfico social no se resienta de manera palmaria.
La justificación de tan terminante mandamiento legislativo, se da por adelantado. Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la sociedad; son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden por lo tanto ser desconocidos por absolutamente nadie, pues como lo expresa esta corporación, así como en el ordenamiento jurídico el interés individual cede al público o general, “la cosa juzgada lleva impreso el mismo principio, de donde resulta, como lo afirma Lalou, que el orden público se opone a que se rechace en interés privado lo que se ha juzgado en interés social” (LXX, Nos. 2048, 2049).
Así las cosas, es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión semejante sea el propio Estado a través de todas sus autoridades, incluidas como es obvio las jurisdiccionales; por suerte que la jurisdicción, así sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar de nuevo el preciso punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales.
Un análisis riguroso refleja que en verdad lo que consagra la norma transcrita no es propiamente la supremacía de una determinada jurisdicción sobre otra, sino que más bien propende es por la unidad de jurisdicción, entendiendo cabalmente que ésta es una sola, y que si admite clasificaciones es con el único objeto de dar cabida al cada vez más actuante postulado de la especialización. Es una intención que a ojos vistas amerita el mejor de los cuidados, toda vez que, amén de precaver decisiones incoherentes y hasta contradictorias que tanto envilecen la confianza y la seguridad que los asociados deben descubrir en la justicia, rinde soberano homenaje a la sindéresis desde que parte de la premisa incontestable de que un mismo hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo. La verdad es única, “y no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicato y en lo civil se afirmase lo contrario” (Cas. Civ. ago. 29/79).
Tanto es así, que la influencia de lo penal sobre lo civil no es cuestión que se imponga a toda costa, puesto que sólo opera, en lo cual se reconocen fronteras que la delimitan, en tanto que el juez civil no haya definido el punto con anterioridad; porque si éste ya se hubiere pronunciado, su decisión se mostrará imperturbable, así y todo sea distinta a la que haya de tomar el juez penal, y aunque entonces se frustre en definitiva la unidad de jurisdicción que en principio procura evitar el “escándalo jurídico” de pronunciamientos divergentes.
Mas, ha de verse que una norma de corte tal, con esa singular y perentorio orden, traducido en que en dichos eventos los jueces civiles no pueden ensayar siquiera la ponderación de la conducta del sindicado absuelto por la justicia penal, deja al descubierto que su hermenéutica necesariamente debe estar guiada por un criterio de derecho estricto, cuyo significado, bien conocido por cierto, es el de que impedido está el intérprete para presionar sus límites y hacer que en ella quepan más hipótesis de las que precisamente contempla, porque como desde antaño y frente a normas análogas que rigieron en el pasado viene diciendo la jurisprudencia, el juez civil a la hora de aplicarlas “debe indagar previamente si se contempla alguno de los casos limitativamente previstos en dicha disposición” (resalta deliberada de la Corte) (Cas. Civ., jun. 17/48, G. J. LXIV, pág. 450).
Y es muy de notar que la taxatividad de la norma se impone con criterio lógico, habida cuenta que el efecto inmediato que genera es tan contundente como excepcional, pues impide, per se, que la acción civil pueda “iniciarse”, o que, estando en curso, pueda “proseguirse”. Efecto de tal naturaleza, que traduce acallar sin más al juez civil, no es común en el ordenamiento jurídico.
Significa esto —tiene que significar—, que las causas provistas de tal virtud no son sino las que la propia ley mencione expresamente, y que, por ende, aparte de ellas no puede haber ninguna otra. Es que son causas que enervan de tal manera la acción civil, que cuando el juez penal habla así, de inmediato enmudece al juez civil y lo veda para que ni intente “iniciar” pesquisa alguna orientada al reexamen de la conducta juzgada, ni siquiera pretextando que lo haría no más que en el campo resarcitorio; y si ya estuviere iniciada, paraliza la actuación, porque entonces ya no podrá “proseguirse”, en tales casos, pues, el examen del juez civil apenas sí sería para comprobar que el pronunciamiento penal encaja en uno cualquiera de los eventos contemplados en la disposición, situación que no debe llenar de asombro si es que se fija la vista en que la evidencia que ellos ponen de resalto son tan concluyentes que sobra cualquier otra elucubración: en efecto, determinarse que el hecho de la infracción penal no existió, o que existiendo no lo cometió el sindicado, o que, en fin, éste obró en cumplimiento estricto de un deber o en legítima defensa, es algo que de suyo elimina cualquier duda; y si ya no puede contradecirla ninguna autoridad, caeríase en una lamentable prodigalidad si alguien exigiera que a ultranza deba adelantarse y ultimarse un juicio completo para concluir exactamente en lo mismo.
Recapitulando lo dicho, tiénese que la cosa juzgada de lo penal con efectos en lo civil, requiere ante todo que la decisión civil no se haya proferido con anterioridad; y que su plena operancia tiene cabida sólo en los casos en que la acción civil aún pende de decisión, bien porque no se haya iniciado, ora porque apenas está en circulación, caso este último en el que la decisión penal posee la virtud de suscitar su parálisis, pues es lo que lisa y llanamente dispone la ley al estatuir que la acción civil no puede “proseguirse”, aquí se genera, entonces, una causa más de las que se consideran como terminación anormal del proceso, como que este morirá por factor distinto de la sentencia que le pusiere fin. Cosa distinta es que la práctica muestre cómo, aun frente a dichos casos, el proceso civil, en un quehacer innecesario no sólo se inicie o prosiga sino que llegue hasta su fin, para luego examinar dicha fenomenología en la sentencia misma.
Obviamente que para que el supradicho alcance normativo sea de recibo, requiérese que de la decisión penal brote inequívocamente que la absolución descansa en una cualquiera de las causas ya descritas; porque es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos sus peculiares efectos, rechaza su aplicación en aquellos eventos en que, como ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta contradictorio. No puede olvidarse, a este propósito, los rasgos prominentes que orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre presente que la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se presenta frente a una decisión cualquiera, pues es forzoso que, con arreglo a un principio admitido por todos, el pronunciamiento penal, amén de necesario, sea cierto, aspecto este último sobre el que aquí se está llamando la atención con el objeto de indicar que tal connotación exige que ese pronunciamiento no puede estar afectado de dubitación o confusión alguna.
El principio se hace actuante sólo en los casos en que la decisión penal sea unívoca; tan palmaria que no se preste a interpretaciones diversas. Porque si para ello se requieren elucubraciones más o menos intensas a fin de desentrañar cuál fue el verdadero motivo de absolución, eso mismo descarta la aplicación del postulado. De ahí que sea de desear que los fallos penales sean refulgentes acerca de estos puntos.
Hipótesis diferentes a las que mencionó el susodicho artículo 55 de Código de Procedimiento Penal, las cuales, dicho al paso, son las mismas que hoy incluye el código actual en su artículo 57 (modificado por el 8º de la L. 81/93), ya no tienen el singular efecto analizado; está puesto en razón sostener que el juez civil estará entonces facultado para que dentro de la órbita de su competencia y en desarrollo del juicio propio previsto en la ley, evalúe la conducta del sindicado a efectos de auscultar la responsabilidad que dentro del marco puramente civil le puede caber; será él quien, ya pudiendo hablar, adelante el correspondiente análisis a objeto de determinar si la absolución penal por causa diversa de aquellas de las que expresamente se ocupa el legislador, ha de tener acatamiento o no, todo de conformidad con las peculiaridades propias de cada caso, y sin perder de vista el riguroso estudio que imponen la dificultad y complejidad del tema con el fin de superar los incontables escollos con que la doctrina y la jurisprudencia han tropezado. Lo cierto es que ya el preveído penal no ata, con la fatalidad vista, al juez civil.
El caso es que, y para retomar el punto de partida, los motivos de absolución que la ley decidió calificar de antemano como impermeables, no son más que esos, y sólo frente a ellos es de recibo semejante predicado, vale decir, que la acción civil no puede iniciarse ni proseguirse. Nadie puede siquiera ponerlos en tela de juicio para intentar rebatirlos; sencillamente el legislador los puso a cubierto de todo desacato. Su carácter limitativo, pues, no se hace esperar, como atrás quedó puesto de presente.
Cumple decir ahora que mal pudo el tribunal ad quem afirmar que en el fallo de 29 de agosto de 1979 optó la Corte por la no taxatividad de la norma en cita, habida cuenta que allí, antes bien, a vuelta de resaltarse adrede, entre las diversas hipótesis de la cosa juzgada penal absolutoria, la que se funda en que “el demandado no lo cometió”, concluyó la corporación que esto mismo se configuraba en el caso que a la sazón juzgaba, toda vez que la justicia penal había absuelto al sindicado al encontrar que la muerte investigada obedeció a “culpa exclusiva de la víctima”; y por ahí derecho afirmó sin ambages que es “imperativo lógico que la verdad es una y que no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario” (resalta ajena al texto). Otro tanto ha de decirse, y con mayor fuerza aún, si se quiere, de cara al fallo del 14 de agosto de 1961, también citado por el tribunal, en el que expresamente se puntualizó que si fue “la culpa de la víctima” lo que condujo a la absolución penal, eso equivale a decir que “el procesado no cometió el hecho”.
Establecida la taxatividad en el punto, conviene enseguida memorar los eventos que tienen la virtualidad de silenciar al juez civil. Tradicionalmente se ha hablado de proveído absolutorio que halla su fuente en que el hecho investigado no existió, o que el sindicado no lo cometió, o que éste obró en riguroso cumplimiento de un deber o en legítima defensa. Tanto el primero como el tercer caso son tan coruscantes que relevan al intérprete de cualquier comentario y su comprobación se convierte en una tarea bastante hacedera. Acaso el segundo reclama puntualizar, pues en él se anidan muchas equivocaciones, de lo cual es muestra patente el caso que de momento ocupa la atención de la Corte, que necesariamente abarca todas las hipótesis en que la absolución penal se debió al reconocimiento de un hecho que rompe el nexo causal indispensable para la configuración de la responsabilidad civil; en reducidas cuentas, quedan comprendidas allí todas las hipótesis que caen bajo el denominador común de “causa extraña”. Evidentemente, llegarse a la absolución porque se estima que medió el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero, o la culpa de la víctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometió éste. Obsérvese bien que la ley, al referirse al hecho, no habla a secas, como para que entonces no pudiera hablarse mas que de una participación física o material del sindicado, sino que alude es al hecho “causante” del perjuicio, para aludir así al hecho jurídicamente relevante en la producción del daño.
Quizá no está de más rememorar aquí con mayor énfasis el celo con que el juez civil se aplicará a verificar una cualquiera de tales causas, fijando su atención especialmente en el aspecto intrínseco del pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que fácilmente lo puedan distorsionar. En esto quiere ser insistente la Corte: si la decisión penal no es lo suficientemente puntual al respecto, la norma comentada rehusa su aplicación.
Para descender al caso litigado, es necesario evocar lo verdaderamente acontecido en él. El conductor del vehículo fue sindicado de ser el responsable del accidente en que resultó lesionado el actor y la justicia penal lo absolvió porque encontró que la víctima fue lanzada a la vía por otra persona. Esto fuerza a admitir, entonces, que el juez penal estimó que el hecho “causante” del perjuicio cuya reparación se implora, no lo cometió el sindicado, produciéndose la cosa juzgada de lo penal sobre lo civil de que habló el artículo 55 del Decreto 050 de 1987. De modo que no se trata de un motivo que esté por fuera de la mencionada norma, como erradamente lo entendió el tribunal, sino que, repítese, es una causa extraña arropada por el criterio taxativo de la disposición.
El colofón de lo expuesto es que no era desconociendo el carácter taxativo de la norma analizada como cabía admitir en este caso la configuración del fenómeno de la cosa juzgada penal sobre lo civil, pues la causa extraña que encontró la justicia penal encuadra perfectamente, como ya se vio, en la causal, allí enlistada, atinente a que el hecho “causante” del daño no lo cometió el sindicado, quedando así, pues, rectificada la doctrina que en sentido contrario expresó el tribunal en el fallo acusado.
Mas como el resultado es a la postre el mismo, esto es, que aunque errada la motivación del ad quem de todos modos sí había lugar a reconocer dicha cosa juzgada, el cargo no puede prosperar, debiéndose exonerar sí al recurrente de costas en el recurso extraordinario, dada la rectificación doctrinaria que así se deja plasmada.
En plena concordancia con lo que se deja referido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que en este asunto profirió el Tribunal Superior de Manizales, calendada el 12 de septiembre de 1994, materia del recurso extraordinario.
Notifíquese y devuélvase tempestivamente al tribunal de procedencia.