Source: https://boe.vlex.es/vid/decreto-ley-9-2020-844708741
Timestamp: 2020-07-05 13:53:11
Document Index: 347602513

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 72', 'artículo 74']

Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 844708741
Marginal: BOE-A-2020-5269
CAPÍTULO I. Medidas en materia de contratación - arts. 1 a 4
CAPÍTULO II. Medidas excepcionales en materia de subvenciones y, en su caso, de ayudas - art. 5
CAPÍTULO III. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho público del ámbito del sector público de la Generalidad de Cataluña. - arts. 6 y 7
CAPÍTULO IV. Medidas en materia tributaria - art. 8
La Generalidad de Cataluña ha adoptado varias medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de todo tipo derivadas de los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. En primer lugar, el Gobierno aprobó el Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financieros, fiscales y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Éste fue seguido del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, que daba continuidad a las medidas. El capítulo I del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo contiene varias medidas relativas a la contratación pública, cuya entrada en vigor quedó aplazada, medidas que se orientan a garantizar la continuidad en los pagos de los contratos públicos y determinar el alcance de las indemnizaciones por daños y perjuicios de los contratistas con el objetivo último del mantenimiento de los puestos de trabajo.
Por eso, por una parte se tienen que dar viabilidad a los proyectos, actuaciones y actividades a los cuales la situación de fuerza mayor generada por la pandemia ha impedido el cumplimiento de las finalidades para las que han sido otorgadas las subvenciones y, por otra, se considera conveniente que los órganos concedentes de las subvenciones hagan uso de las herramientas de la normativa aplicable en materia de subvenciones y a la correspondiente al procedimiento administrativo común, con el fin de flexibilizar al máximo y favorecer el cumplimiento de la finalidad de la concesión de las subvenciones por parte de los beneficiarios, medidas que se establecen en el capítulo II, artículo 5, de este decreto-ley.
CAPÍTULO I Medidas en materia de contratación Artículos 1 a 4
1.1 Dado que el cierre de los centros educativos de Cataluña, establecido a partir del 13 de marzo de 2020, comporta la imposibilidad de ejecutar las prestaciones de determinados contratos de prestación sucesiva suscritos por los órganos de contratación competentes del Departamento de Educación, de los consejos comarcales y de las entidades locales, se declara la suspensión de la ejecución de los contratos de los centros educativos que tengan alguno de los objetos siguientes: contratos de limpieza, monitorización o análogos, gestión de unidades de escolarización compartida, traducción de lenguaje de signos y transporte escolar de los jardines de infancia, escuelas de educación infantil y primaria, institutos de ESO, bachillerato y formación profesional, escuelas de arte y diseño, escuelas de adultos, escuelas oficiales de idiomas, centros de educación especial, escuelas de música, escuelas de danza, conservatorios, centros de títulos propios, y centros de enseñanzas artísticas superiores. Esta suspensión tendrá efectos en todo caso a partir del día 14 de marzo y hasta que se acuerde el levantamiento del cierre de los centros escolares.
1.6 Los contratos de concesión de servicios, como comedores escolares y otros afectados el cierre de los centros escolares, quedan sujetos al régimen establecido en el artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con respecto a la suspensión y al pago de las indemnizaciones correspondientes. A solicitud del contratista y por resolución del consejero o consejera de Educación o del órgano de contratación correspondiente, se establecerán las medidas necesarias para el reequilibrio económico de estos contratos.
Habilitación a las entidades locales de Cataluña.
Mantenimiento de puestos de trabajo afectados.
La suspensión de la ejecución de los contratos total o parcial y la aplicación del régimen establecido en los artículos 1.4 y 6.2 de este decreto-ley en ningún caso se podrá considerar un motivo para aplicar expedientes de regulación de empleo en relación con los puestos de trabajo adscritos a los contratos suspendidos, salvo el supuesto previsto en el apartado 6 del artículo 1. En caso de que la empresa o entidad afectada por la suspensión solicite la aplicación de un expediente de regulación de empleo que afecte a los puestos de trabajo adscritos a los contratos suspendidos, lo tendrá que comunicar inmediatamente en el órgano contratante que acordará la suspensión del pago a cuenta previsto en este decreto-ley.
6.1 En el marco de lo que establece el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la suspensión o ampliación de plazo de los contratos de obra afectados por la entrada en vigor de este que hayan sido contratados por la Administración de la Generalidad de Cataluña o por sus entidades del sector público, salvo los que hayan sido por el órgano de contratación, quedan sujetos a la regulación prevista en el artículo 34.3 de la norma mencionada. Una vez acordada la suspensión o la ampliación del plazo por el órgano competente y a solicitud del contratista sólo serán indemnizables los conceptos que se establecen en el artículo mencionado, así como los gastos debidamente acreditados que se hayan podido producir durante la suspensión.
Los contratos de los servicios o asistencias vinculados a las obras quedan sujetos a la regulación prevista en el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Una vez acordada la ampliación o prórroga del plazo por el órgano competente, y a solicitud del contratista sólo serán indemnizables los gastos que se establecen en el artículo mencionado como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, debidamente acreditados.
6.3 El acuerdo de suspensión de los contratos de obra se considera suficiente para que los efectos de la suspensión de los contratos se haga efectiva, sin necesidad de levantar acta de suspensión. En caso de que se decida levantar acta de suspensión de la ejecución del contrato, se considerará suficientemente motivada con la referencia a este decreto-ley. Con carácter previo a la suspensión de las obras y mientras dure esta suspensión, se adoptarán por parte de los contratistas y de las respectivas asistencias asociadas las medidas de seguridad necesarias. También se podrá levantar esta suspensión en caso de que una vez esta haya sido dictada el Gobierno o el órgano competente consideren que la actuación ha ocurrido de carácter básico o estratégico.
CAPÍTULO II Medidas excepcionales en materia de subvenciones y, en su caso, de ayudas Artículo 5
CAPÍTULO III Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho público del ámbito del sector público de la Generalidad de Cataluña. Artículos 6 y 7
CAPÍTULO IV Medidas en materia tributaria Artículo 8
A los contribuyentes usuarios domésticos que disfrutan de la tarifa social del canon del agua, de acuerdo con lo que prevé el artículo 69.8 del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, un tipo de gravamen de 0 euros, en todos los tramos de consumo.
A los contribuyentes usuarios domésticos que no disfrutan de la tarifa social del canon del agua, se los aplica un tipo de gravamen resultante de aplicar un coeficiente 0,5 sobre los tipos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 69 del Decreto legislativo 3/2003.
A los contribuyentes que efectúan un uso industrial y asimilable de agua, se les aplica, sobre el tipo de gravamen general y específico previsto en los artículos 71 y 72 del Decreto legislativo 3/2003, un coeficiente reductor de 0,5. La misma reducción se aplica a los valores de los parámetros de contaminación utilizados para la determinación del tipo de gravamen del canon del agua mediante el sistema de medición directa de la carga contaminante propia del régimen especial, previsto en el apartado 4 del artículo 72 bis de la misma norma, y a los valores previstos en el apartado 4 del artículo 74 para la determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos de agua para la producción de energía eléctrica.
A los contribuyentes que efectúan usos ganaderos de agua, un coeficiente reductor 0,5 sobre los valores previstos en el anexo 6 del Decreto legislativo 3/2003, para la determinación objetiva de la cuota que les resulte de aplicación.
Todas las medidas adoptadas, o que se puedan adoptar en un futuro, respecto de los contratos dentro del ámbito de los servicios sociales suscritos al amparo de la normativa aplicable en materia de contratos del sector público, resultan aplicables a los instrumentos no contractuales adoptados para la provisión de los servicios de la red de servicios sociales de atención pública de Cataluña, al amparo del Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública y al amparo de las órdenes dictadas por el departamento competente en materia de servicios sociales que establecen el régimen jurídico de la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades colaboradoras, así como de los convenios de colaboración suscritos entre este Departamento y los entes públicos para la prestación de los servicios sociales.
Todas las habilitaciones atribuidas a los consejeros y consejeras del Gobierno, presidentes y presidentas, y directores y directoras de organismos y entidades del sector público para la suspensión de la ejecución de los contratos previstas en el Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, resultan aplicables a los instrumentos no contractuales adoptados para la provisión de los servicios de la red de servicios sociales de atención pública de Cataluña, al amparo del Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, y al amparo de las órdenes dictadas por el departamento competente en materia de servicios sociales que establecen el régimen jurídico de la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades colaboradoras, así como de los convenios de colaboración suscritos entre este Departamento y los entes públicos para la prestación de los servicios sociales.
Se autoriza al Gobierno a prestar un aval de hasta un importe máximo de 750 millones de euros, para garantizar el riesgo que asumen el Instituto Catalán de Finanzas y Avalis de Catalunya, SGR, en garantía del 80% del principal de los préstamos que las entidades financieras otorguen a autónomos y empresas para paliar los efectos de la pandemia a los que se refiere el citado decreto-ley.
El importe del fondo a constituir por 188 millones de euros será un importe inicial que se podrá revisar en sucesivos ejercicios, según las necesidades que se produzcan.
Disposición adicional tercera Régimen especial de los convenios relacionados con el COVID-19.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8095A, de 25 de marzo de 2020. Convalidado por el Resolución 757/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en e Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8124, de 30 de abril de 2020)