Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-41419-de-enero-30-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d88aef9da6e3014ee0430a010151014e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 20:55:31
Document Index: 241053348

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 77', 'artículo 90', 'artículo 87', 'artículo 54', 'artículo 23', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 39', 'artículo 77', 'artículo 39', 'artículo 61', 'artículo 77', 'artículo 61', 'artículo 24', 'artículo 23']

SENTENCIA 41419 DE 30 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:CONFESIÓN FICTA EN MATERIA LABORAL. DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO, SE PRESUMIRÁN CIERTOS LOS HECHOS SUSCEPTIBLES DE CONFESIÓN DE LA DEMANDA CUANDO EL DEMANDADO NO COMPAREZCA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. EL JUEZ DEBE DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE LOS HECHOS QUE SE PRESUMIRÁN COMO CIERTOS, PUES UNA ALUSIÓN GENERAL E IMPRECISA A ELLOS NO ES VÁLIDA. DE TODAS FORMAS, LA CONFESIÓN PRESUNTA ES UNA PRESUNCIÓN LEGAL QUE ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRESUNCIÓN LEGAL, CONFESIÓN FICTA
Sentencia 41419 de enero 30 de 2013
Rad. 41419
Los cargos se examinarán conjuntamente por perseguir la misma finalidad, valerse de argumentos semejantes y presentar similares errores de técnica.
Sea lo primero advertir que la demanda no es un modelo a seguir, pues presenta serias deficiencias de técnica en la formulación del recurso, como seguidamente se expone.
La censura, al indicar el propósito del recurso, solicita que se case la sentencia de segunda instancia y se anule la de la primera, cuando lo apropiado, en este caso, es solicitar que se infirme, únicamente, la sentencia del tribunal que es la que podía ser objeto del recurso de casación, en el sublite.
En este caso, la Sala solo podría entrar a examinar la sentencia del a quo, en el evento de que se llegara a constituir en tribunal de segunda instancia con el propósito de dictar la decisión respectiva en remplazo de la que se casa, en la medida que prospere el recurso de casación y en los términos de la apelación formulada en su oportunidad.
De acuerdo con lo anterior, no puede la Sala examinar los reparos formulados en el recurso extraordinario contra la decisión del a quo.
En lo que toca con la sentencia de segunda instancia, los cargos planteados no atienden los requisitos exigidos en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 87 ibídem.
La jurisprudencia de esta Corte, tiene enseñado que toda acusación que se formule en casación, por violación de la ley sustancial, debe contener una proposición jurídica que no es otra que el señalamiento de las normas sustantivas del régimen laboral o de la seguridad social que, según el recurrente, han sido trasgredidas por la sentencia. Si el recurrente, en la proposición jurídica, no relaciona de manera precisa o concreta la norma sustancial respectiva, pero, de la demostración del cargo, la Corte puede inferir el precepto que el recurrente considera violado, el cargo se examina.
En ninguno de los cargos primero al séptimo formulados, el recurrente identifica claramente la proposición jurídica. En algunos de estos, alude a normas de carácter adjetivo, tales como el artículo 54 A y 77 del Código Procesal Laboral y 208 del Código de Procedimiento Civil, pero sin precisar si se trata de una violación medio; menos indica la modalidad de la violación, y si fue por interpretación errónea, infracción directa o aplicación indebida, ni las normas sustantivas que finalmente, estima, fueron trasgredidas por el fallo de segundo grado, las cuales son las que pueden servir de parámetro en el control de legalidad de la sentencia.
Por otra parte, la sustentación de los cargos no está dirigida a refutar todas las razones que tuvo el ad quem para negar la existencia del contrato de trabajo. El censor no cuestiona la inferencia del tribunal sobre que “...si bien es cierto, se allegan una serie de cuentas de cobro en las que relaciona el cumplimiento de unos turnos de 12 horas, también lo es, que estos no fueron de manera continua, pues no todos los días hacía turnos, incluso hubo meses en los que el máximo de turnos fue de 9, como hubo otros en los que no se prestó ningún servicio, por lo que no se configura el elemento de la prestación personal del servicio, como de la subordinación, pues tampoco acreditó qué clase de órdenes recibía para el desarrollo de sus labores y si estaba sujeto a algún tipo de reglamento establecido por la clínica, además, el mismo afirma que el objeto del contrato se cumplió dentro de las jornadas de servicio que tenía disponibles en razón a su especialización, las cuales no podía desarrollar de manera permanente porque sus estudio (sic) no se lo permitían”.
Es decir, para el tribunal, la prestación personal del servicio se dio de manera interrumpida, ante lo cual no podía deducir la continuada subordinación como segundo elemento del contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 23 del CST al que aludió expresamente.
La censura deja de lado las anteriores consideraciones y, como si la razón de la decisión absolutoria del tribunal hubiese sido otra, se duele de que el ad quem no tuvo en cuenta que, en las respuestas uno y dos del interrogatorio de parte (fl.136), el representante de la demandada confesó de manera explícita que el actor sí laboró para ella desde marzo de 2002, es decir casi dos años antes de firmar el contrato de prestación de servicios que existió entre las partes, y que de las respuestas de este se podía haber dado cuenta claramente que el demandante estuvo vinculado laboralmente con la demandada entre marzo de 2002 y mayo de 2004, pero que solo, durante los últimos cuatro meses del mencionado contrato, la demandada dolosa y falazmente trató de enmascarar el mismo bajo la apariencia de una relación contractual de carácter civil.
Además de los problemas de técnica en la elaboración de la demanda, la Sala observa que la censura no acierta al plantear tal inconformidad, pues se basa en una confesión inexistente. En la respuesta a la primera pregunta formulada en el interrogatorio de parte sobre la fecha en que el actor empezó a prestarle sus servicios como médico (fl. 136), el representante legal de la demandada manifestó: “El (sic) se le pagaban turnos que realizaba de acuerdo a su disponibilidad, cuentas de cobro que presentaba y pedía que se le pagaran a nombre de otra persona, esto en el año 2002. Presenta la primera cuenta de cobro de marzo de 2002”. Y en la segunda pregunta, sobre si era cierto que el actor suscribió con la demandada contrato de prestación de servicios profesionales el 27 de agosto de 2002, respondió que “No es cierto, en el año 2002, de acuerdo a su disponibilidad y disponibilidad de la clínica realizaba turnos en las horas de la noche, realizaba turno, no tenía contrato. Agregó que (sic) turnos realizaba y pedía que se le pagaran a nombre de otra persona ya que él no podía, al tener exclusividad con la universidad (sic) javeriana (sic) en la cual estaba realizado la residencia en medicina interna”.
De lo dicho por el demandado, no se puede inferir la confesión que forzadamente quiere deducir el censor. Allí solo se aceptó que el actor comenzó a prestar turnos, de manera eventual, desde el año 2002 y que la primera cuenta de cobro por estos servicios fue presentada en marzo de dicha anualidad. Por el contrario, esta versión reafirma la conclusión de que la prestación de turnos por el actor no fue continua, por lo que mal se podía predicar la prueba de una prestación personal del servicio entre marzo de 2002 y mayo de 2004, como lo alega el recurrente.
Por otra parte, sobre la inconformidad del censor de que el tribunal no le dio cumplimiento al auto del a quo que dispuso dar aplicación al precitado artículo 77, “presumiendo como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda, valoración que se hará al momento de proferir la respectiva sentencia”, es de anotar que tal reparo no se trata de un yerro fáctico como lo quiere hacer ver la censura, pues con él se está acusando el no cumplimiento de un auto.
En casación, se entiende por yerro fáctico cuando el juzgador extrae una inferencia no contenida en una prueba o cuando deja de tener en cuenta una que, claramente, sí se deduce.
A lo anterior se suma que el censor se aparta de lo que tiene asentado la jurisprudencia de esta Sala sobre los requisitos para que se configure la confesión ficta, justamente, al punto de la prevista en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, así:
“En lo que atañe a la inconformidad de la recurrente con el fallo fustigado, alrededor de la no valoración de la confesión ficta derivada de la inasistencia a la audiencia de conciliación del representante legal de la entidad demandada, debe decirse que, pese a que el juez de primer grado dispuso que “conforme lo establece el numeral 2º del artículo 39 de la Ley 712 del 2001 que modificó el artículo 77 del Código Procesal Laboral, se tienen como ciertos los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión por no asistencia del representante legal de la demandada” (folio 197, cuaderno 1), no advirtió ni dejó expresa constancia de cuáles supuestos fácticos serían considerados como susceptibles de confesión, lo que no mereció reparo alguno de la promotora de la litis; y desde dichas aristas no resulta viable enrostrarle al juez de segundo grado error alguno, pues se itera, dicho aspecto no lo discutió y cuestionó la actora, en su debida oportunidad, a través de los diferentes mecanismos procesales que estatuye la ley adjetiva.
Así lo describió esta corporación en decisión de 23 de agosto de 2006, radicación 27.060:
‘Con todo, debe tenerse en cuenta que la que el recurrente aspira se tenga como prueba de confesión presunta no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia y por la ley para que se configure esa figura jurídica, de suerte que no sería dable atribuirle al Tribunal un desacierto por no haberla considerado.
En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso, en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2004 (fl. 67) que “... Se presumirán como ciertos todos aquellos hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas en la misma, pues de no admitir esa prueba, se tendrán entonces como un indicio grave en su contra”, pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, por la misma razón, cuáles constituirían indicio grave, prueba que, como es sabido, no es hábil en la casación del trabajo’.
Puestas en este escenario las cosas, si en la providencia que puso fin a la primera instancia el juzgador nada dijo sobre la confesión ficta o presunta, teniendo presente todas circunstancias anotadas, no podía la sala sentenciadora, declarar en el fallo de segunda instancia confeso al demandado”(1).
No necesariamente la consecuencia adversa que ha de sufrir la parte incumplida en la audiencia de conciliación, esto es sufrir los efectos de la confesión ficta, ha de determinar la convicción del juzgador sobre los hechos objeto del litigio, puesto que es bien sabido que el juzgador de instancia, de acuerdo con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, puede formar libremente su convencimiento de la verdad real “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal de las partes”.
La confesión ficta prevista en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo es una presunción legal que admite prueba en contrario; por tanto, si, en el sublite, el ad quem tomó la decisión fundado en otras pruebas como la testimonial, los interrogatorios de parte y las documentales, sin hacer alusión expresa a la confesión ficta en comento, bien se puede entender que le dio más peso a aquellas pruebas para efectos de establecer las premisas fácticas, lo cual es perfectamente legítimo en arreglo al precitado artículo 61 del Código Procesal del Trabajo.
En lo que toca con las documentales referentes a los pagos realizados por la demandada al actor, cuya valoración reprueba la censura, su contenido no contradice la aseveración del ad quem sobre que los turnos prestados “...no fueron de manera continua, pues no todos los días hacía turnos, incluso hubo meses en los que el máximo de turnos fue de 9, como hubo otros en los que no se prestó ningún servicio”, pues de ellas se desprende, claramente, que no todos los días, ni en todos los meses, el actor prestó turnos. Como tampoco la refutan el comunicado suscrito por el jefe del servicio de urgencias y la fijación de turnos. Así pues, la premisa fáctica determinante del fallo impugnado conserva intacta su presunción de legalidad.
En el cargo octavo, la censura acusa a la sentencia de infringir directamente el conjunto de artículos que relaciona, entre ellos los artículos 22 al 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y edifica el cargo sobre la premisa de que estaba probado que el demandante trabajó para la demandada bajo los presupuestos de una relación laboral y, por tanto, se configuraron los elementos esenciales del contrato de trabajo.
Tampoco acierta esta vez la censura, porque sustenta el cargo en una premisa fáctica que no fue establecida en el fallo atacado. La acusación por infracción directa de la ley ha de hacerse sobre las premisas fácticas que efectivamente haya fijado el juzgador de instancia, las cuales, en un cargo por la vía directa, se mantienen al margen de la discusión. Tampoco, por esta vía, se pueden establecer supuestos fácticos en la decisión del cargo, dado que, en la vía directa, la discusión central ha de girar en torno a razonamientos jurídicos.
No es cierto que el ad quem hubiese dado por demostrado que el actor trabajó mediante contrato de trabajo para la demandada desde marzo de 2002 y hasta mayo de 2003, como lo sostiene la censura.
El tribunal sí encontró pruebas de la prestación de turnos de 12 horas y que recibía instrucciones de la demandada relacionadas con la actividad contratada, pero también halló prueba de que “... estos no fueron de manera continua, pues no todos los días hacía turnos, incluso hubo meses en los que el máximo de turnos fue de 9, como hubo otros en los que no se prestó ningún servicio, por lo que no se configura el elemento de la prestación personal del servicio, como de la subordinación, pues tampoco acreditó qué clase de órdenes recibía para el desarrollo de sus labores y si estaba sujeto a algún tipo de reglamento establecido por la clínica, además, el mismo afirma que el objeto del contrato se cumplió dentro de las jornadas de servicio que tenía disponibles en razón a su especialización, las cuales no podía desarrollar de manera permanente porque sus estudio (sic) no se lo permitían”.
Es decir, para el ad quem, al no encontrar que la prestación del servicio fue de forma continua, él no podía deducir la continuada subordinación; menos cuando no hubo prueba de elementos constitutivos de esta, y que el mismo actor afirmó que el objeto del contrato se cumplió dentro de las jornadas servicio que él tenía disponibles en razón a su especialización, las cuales no fueron permanentes en razón de sus estudios.
Por tanto, no se podía acusar al juzgador de no aplicar la ley, especialmente el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, si este no había encontrado probada la continuada prestación personal del servicio. Tampoco, cabía enrostrarle la infracción directa del artículo 23 ibídem, por cuanto el tribunal sí hizo alusión a dicha disposición.
Por todo lo anterior, se rechazan los cargos.
Las costas del presente trámite a cargo de la parte recurrente. Se le condena a pagar la suma de $ 3.000.000 por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 30 de abril de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso seguido por el recurrente contra el Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego S.A., Ciosidad S.A.
(1) 38567 de 2011.