Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/CANCELACION-DE-HIPOTECA-POR-CADUCIDAD-5663-boe22112019-rDGRN15102019
Timestamp: 2020-08-14 22:02:56
Document Index: 50346059

Matched Legal Cases: ['artículo 1964', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 326', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 210']

RESOLUCIONES - CANCELACIÓN DE HIPOTECA POR CADUCIDAD. - 15/10/2019
Ley Hipotecaria, Artículos 79, 82, 326
Reglamento Hipotecario, Artículos 174 a 177
Resolución de 15 de octubre de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cangas, por la que se suspende la cancelación de una hipoteca por caducidad solicitada en virtud de instancia.
I Mediante instancia, suscrita el día 23 de mayo de 2019 por doña R. A. M. O., se solicitó la cancelación de la inscripción de hipoteca constituida en garantía de una deuda que grava una finca registral, constituida a favor de doña C. T. C.
II Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Cangas, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
3.º- La finca 13.902 de Bueu, inscrita a favor de don E. M. Y., se encuentra gravada con la hipoteca de su inscripción segunda, practicada a favor de doña C. T. C. en garantía de la deuda que con la misma tenía el hipotecante como consecuencia de honorarios profesionales por importe de treinta y seis mil euros. Según la cláusula segunda de la misma el vencimiento de la hipoteca será el día 13 de junio de 2015, fecha en que deberá abonarse el total de la deuda . La referida inscripción segunda fue practicada el 15 de marzo de 2016 en virtud de escritura autorizada el 13 de junio de 2013 por el notario de A Coruña, don Enrique Santiago Rajoy Feijoo, protocolo 1.216. Posteriormente, la citada doña C. T. C., según consta en la inscripción tercera de la citada finca 13.902, a medio de escritura autorizada el 13 de marzo de 2017 por el citado notario de A Coruña, número 517 de su protocolo, cedió el derecho de crédito garantizado con dicha hipoteca a don J. L. V. V.
Considerando los artículos 104 y 105 de la Ley Hipotecaria, constituida hipoteca en garantía del cumplimiento de una obligación, además de la acción personal para la reclamación del mismo -que tendrá su plazo de prescripción propio, ajeno a la calificación registral- surge una acción real -la acción real hipotecaria- cuyo plazo de prescripción es de 20 años, según lo establecido el artículo 1964 del Código Civil y 128 de la Ley Hipotecaria. Tal y como se reconoce en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2007 el crédito hipotecario no es un crédito ordinario, el que esté subsumido en un derecho real de hipoteca es fundamental y hace que sea tratado jurídicamente de manera distinta, de tal forma que con independencia de la acción personal nacida del crédito, existe una acción real nacida de la hipoteca que prescribe a los 20 años.
Cangas, a 14 de junio de 2019.-La registradora Francisca Núñez Núñez (firma ilegible)."
III Contra la anterior nota de calificación, doña R. A. M. O., en nombre y representación de la comunidad de herederos de don E. M. Y., interpuso recurso el día 19 de julio de 2019 en virtud de escrito en el que, resumidamente, señalaba lo siguiente:
Segundo.-La nota de calificación impugnada infringe un principio básico de nuestro sistema registral, que es el de que los asientos extendidos en el Registro de la Propiedad son susceptibles de cancelación si se da el supuesto de hecho previsto en la norma específica que, en el presente caso, es el artículo 82 de la Ley Hipotecaria.
Tercero.-Respecto al segundo argumento o fundamento de la denegación, es de hacer constar que la petición de cancelación realizada en su día por la dicente, se fundamenta en el contenido del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, por cuanto la obligación principal, garantizada con la hipoteca, ha prescrito y, por tanto, su cumplimiento no es ya exigible.
- El origen de la deuda se encuentra en la intervención por parte de la acreedora, como letrada del deudor, correspondiendo, por tanto, la deuda a los honorarios devengados por la acreedora en los diferentes procedimientos judiciales ya especificados en dicho documento notarial.
- Como consecuencia de ello, el plazo de prescripción para el pago de la mencionada deuda es de tres años (3)
- La Escritura notarial de reconocimiento de deuda es de fecha 13 de junio de 2013.
- En dicha escritura notarial se concede al deudor un plazo de dos años (2) para liquidar definitivamente el importe de la deuda reconocida. Plazo convencional mutuamente aceptado por ambas partes.
- En consecuencia, el deudor tenía hasta el 13 de junio de 2015 para hacer frente al pago de la deuda por importe de 36.000 Euros.
- A partir de esa fecha, comienza el cómputo de la prescripción por tres años (3), por lo que el plazo máximo para la reclamación judicial contra el deudor finalizaba el 13 de junio de 2018.
- En fecha 16 de enero de 2016 fallece el deudor, dejando como herederas a la dicente y a su hermana B. M. O.
- La herencia del deudor aún no ha sido aceptada por ambas herederas, actuando la dicente como representante de la Comunidad de Herederos de la misma mientras la herencia no se acepte, se divida y se distribuya entre las herederas.
- En fecha 13 de marzo de 2017, la acreedora otorgó mediante Escritura Notarial una cesión del referido crédito a un tercero, D. J. L. V. V.
- En fecha 14 de septiembre de 2017, el nuevo acreedor subrogante interpuso demanda de ejecución de títulos no judiciales contra la dicente. Demanda que fue desestimada, con expresa imposición de costas a dicho demandante, por haberse interpuesto contra la dicente y no contra la Comunidad de Herederos del causante fallecido.
- Desde el reconocimiento notarial de deuda de fecha 13 de junio de 2013 hasta la actualidad, ni la acreedora inicial ni el acreedor subrogante han realizado actuaciones que pudiesen interrumpir el plazo de prescripción de los tres años (3) previsto en el artículo 1.967-1.º del Código Civil, pues no han enviado ni cartas ni burofax ni tampoco han interpuesto reclamación judicial alguna contra el deudor fallecido ni contra la Comunidad de Herederos del mismo.
- En consecuencia, la obligación principal consistente en el pago de la cantidad de 36.000 Euros ya no es exigible por estar prescrita, al no haberse reclamado su pago correctamente en tiempo y forma legales.
- La inexigibilidad del cumplimiento de la obligación principal hace innecesario el mantenimiento de la garantía hipotecaria constituida en su día para garantizar el cobro de dicha deuda y, por ende, hace innecesario el mantenimiento de dicha carga o gravamen y su inscripción en el registro; ocasionando su mantenimiento graves consecuencias e importantes perjuicios a la Comunidad de Herederos, titular registral "mortis causa" del inmueble sobre el que se ha constituido en su día la mencionada carga registral.
Cuarto.-Por tanto, quedando acreditada la realidad de la inexigibilidad de la obligación principal garantizada con la carga o gravamen hipotecario, y no habiéndose preterido a terceros que, además no pueden ampararse en la condición de terceros hipotecarios, solicito que se revoque la nota de calificación negativa, acordando que se proceda a la cancelación de los asientos."
IV La registradora suscribió informe el día 29 de julio de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. En el supuesto al que se refiere este expediente, se presenta en el Registro de la Propiedad una instancia mediante la cual se solicita, conforme al párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, la cancelación de una hipoteca constituida en garantía de una deuda por importe de 36.000 euros originada por los honorarios profesionales de la abogada doña C. T. C., basándose en que la acción para reclamar el cobro de honorarios de los abogados prescribe a los tres años. En la parte expositiva de la escritura de hipoteca se expresa que "el vencimiento de la hipoteca será el día 13 de junio de 2015, fecha en que deberá abonarse el total de la deuda".
2. En relación con el primero de los defectos, es preciso recordar que el recurso contra la calificación registral tiene exclusivamente por objeto revisar las calificaciones negativas emitidas por los registradores de la Propiedad y que, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
Esta doctrina se ha visto recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 que señala en su fundamento tercero: "(...) De tal forma que, en un caso como el presente, respecto de lo que constituye la función calificadora de la registradora, lo relevante es que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos del art. 155.4 LC, en relación con los acreedores hipotecarios afectados por la venta directa del bien hipotecado. Con todo lo anterior hemos de concluir que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del art. 155.4 LC fue correcta, sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la resolución de la DGRN pueda censurarse esta denegación porque se llegue a acreditar que en la realidad se cumplieron tales requisitos".
3. En cuanto al segundo de los defectos, y según la doctrina reiterada de esta Dirección General, nada se opone a que la hipoteca, como los demás derechos reales, pueda ser constituida por un plazo determinado (vid. artículos 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 del Código Civil), de modo que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la acción hipotecaria, quedando totalmente extinguido el derecho real una vez vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera ya en trámite de ejecución hipotecaria, pues en tal caso la hipoteca se extinguiría al concluir el procedimiento, ya por consumación de la ejecución, ya por cualquier otra causa.
4. Si se tratara de la caducidad convencional del mismo derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en cuya virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse a la caducidad legal por transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, introducido mediante la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 24/2001, que posibilita la cancelación de la hipoteca, mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la finca afectada; o a los supuestos de caducidad o de extinción legal del derecho real de garantía inscrito recogidos en el artículo 210.8 de la Ley Hipotecaria, según redacción dada por la Ley 13/2015.
5. En el presente supuesto, como se ha indicado anteriormente, del análisis de las cláusulas del contrato referentes a esta materia, resulta evidente que el plazo de duración pactado es un plazo que afecta únicamente al vencimiento de la obligación garantizada.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de julio de 1989, 6 de febrero y 18 de mayo de 1992, 17 de octubre de 1994, 22 de junio de 1995, 15 de febrero de 2006, 26 de septiembre de 2007, 4 de junio y 29 de septiembre de 2009, 15 de febrero de 2010, 2 de enero, 4 de julio y 19 de diciembre de 2013, 10 de enero de 2014, 9 de enero, 8 de abril y 2 de diciembre de 2015, 21 de abril, 8 de julio, 22 de septiembre, 21 de octubre y 14 de noviembre de 2016, 14 de diciembre de 2017 y 21 de mayo y 31 de julio de 2018.