Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55705
Timestamp: 2020-02-19 14:53:41
Document Index: 72080212

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 278', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 51', 'Artículo 28', 'Artículo 41', 'Artículo 50', 'Artículo 52', 'Artículo 56', 'Artículo 78', 'Artículo 89', 'Artículo 94', 'Artículo 97', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 122']

Gaceta: LXII/3SPR-10/55705
Quienes suscriben diputadas AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE y EUFROSINA CRUZ MENDOZA del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta H. Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN IX TERCER PÁRRAFO, 6 FRACCIÓN VII,26 APTO B, 28, 41 FRACCIÓN 1, 50, 52, 56 70, 78, 89 FRACCIÓN II, 94, 97, 99, 100, 102 APTO B, 115 FRACCIÓN 1, 116 FRACCIÓN II INCISOS A) Y B) Y 122, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de lo siguiente:
Pese al reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser electas, es evidente que aún existen barreras estructurales e históricas que han obstaculizado la posibilidad de que sean ejercidos plenamente.
El análisis histórico de cada proceso electoral da cuenta de las existencia de una serie de dificultades que han minado la participación política de las mujeres, situación que durante años ha generado una subrepresentación en los cargos de elección y en la administraciones públicas, lo cual además de constituir un acto de discriminación, les ha impedido el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, su fortalecimiento como de agentes de cambio hacia la igualdad sustantiva y sobretodo se les ha limitado indebidamente el derecho fundamental a participar en igualdad de condiciones dentro de los gobiernos democráticos.
Las mujeres hacen política en un contexto adverso y dentro de una cultura política machista y discriminatoria que aún considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres. Por ello el haber introducido la paridad como un principio constitucional en la integración de las candidaturas, creemos debe incidir en un serie de reformas legislativas que garanticen un cambio institucional que transforme la manera de hacer política para dar paso a una verdadera representatividad de género.
Por ello vemos necesario hacer frente al reto de la paridad desmontando en la estructura jurídica los obstáculos que perpetúan las resistencias que se conforman para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las candidaturas.
Tal como loseñala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 [*], “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada” y México es un claro ejemplo de ello.
No obstante, los resultados del proceso electoral de 2015 muestran el impacto positivo e importante avance en la integración de más mujeres dentro de los órganos legislativos, pero aun así no se ha logrado obtener la paridad. Es por ello que resulta pertinente ajustar la instrumentalización de la paridad y, como un acto de congruencia, hacerla extensiva para la integración de órganos judiciales y administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos.
La reforma constitucional de 2013 que incorporó en el artículo 41 la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local representó sin duda un cambio de paradigma, que sentó las bases para continuar con el desarrollo progresivo de los derechos políticos de las mujeres.
De tal manera que hoy por hoy el establecimiento de la paridad de género se ha traducido en una medida estratégica e indispensable frente a la evidente y abrumadora sub-representación de las mujeres en los órganos de decisión política, así como para cumplir con la obligación estatal de generar las condiciones para que el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres, sean una realidad.
Cabe precisar que a diferencia de las cuotas, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión de los rumbos que debe tomar el país. Parte de un entendimiento inclusivo de la democracia y de un enfoque integral de la igualdad. Por ello estimamos el objetivo de la paridad –reflejar en los órganos democráticos y de toma de decisiones la composición de la población- debe cumplirse dentro de todas aquellas instituciones públicas en las que se toman decisiones y la presente iniciativa abona a su cumplimiento.
En un ejercicio de análisis comparativo encontramos que países como Ecuador, Bolivia, Cota Rica y Nicaragua han adoptado la paridad en sus marcos jurídicos, de la siguiente manera
La incluye en los artículos 116, 176, 179, 183, 210, 217, 224 y 434 constitucionales, que señalan:
Para las elecciones pluripersonales se establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres.
El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se rigen por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.
En la integración de la Corte Constitucional se procurará la paridad entre hombres y mujeres.
En la elección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, en la conformación del Consejo de la Judicatura y en la designación de servidoras y servidores judiciales “se propondrá a la paridad entre hombres y mujeres”.
Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados garantizando “equidad y paridad entre hombres y mujeres”.
La incluye en el artículo 278 constitucional, que a la letra dice:
“En la elección de asambleístas departamentales se tomará en cuenta la representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género”
Incorpora la paridad en el artículo 82 de la Ley Electoral (Ley 331) que señala:
“Los partidos políticos o alianzas de partidos que participan en elecciones municipales, de diputaciones en la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, deberán presentar en sus listas de candidaturas un 50% de hombres y un 50% de mujeres ordenados de forma equitativa y presentada de manera alterna.”
Establece la paridad en los artículos 2, 60 y 61 del Código Electoral (Ley 8.765), en los que se determina la paridad en las estructuras internas de los partidos políticos, en las papeletas electorales y en el acceso a capacitación. También se establece el principio de alternancia y se señala que cuando existan números impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.
Por otro lado es importante destacar que México ha firmado y ratificado tratados internacionales por los que se obliga a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 y 3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículo 3), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 3, 4.1, 7.a), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículos 3, 5, 6 y 7.e). Los organismos internacionales están atentos al cumplimiento de estas obligaciones y, además, México tiene el deber de presentar informes periódicos que den cuenta de las acciones que ha llevado a cabo para tal efecto.
De igual manera, a los tratados internacionales se suma el nuevo paradigma que deriva de la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional en materia política del año pasado en donde se establece la obligación de presentar candidaturas paritarias a puestos legislativos federales y locales, así como la reforma constitucional al artículo 2º, Apartado A, fracción III, constitucional en donde se establece que las formas de gobierno indígena garantizarán que mujeres y hombres ejerzan sus derechos de votar y ser votados, así como de acceder y desempeñar los cargos públicos en condiciones de igualdad.
Destacan también las reformas legales que instrumentalizan el principio constitucional de la paridad. El artículo 3, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos establece que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes más bajos en el proceso electoral anterior. El artículo 51.1 fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos obliga a los partidos políticos a destinar anualmente el tres por ciento del financiamiento público ordinario en la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
El alcance de la paridad ha avanzado gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, se establecieron dos jurisprudencias, la 6/2015 y la 7/2015 en las que, en síntesis, se señala:
Así es como la interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz del principio pro persona y la orientación trazada por la Constitución el contexto de tratados internacionales; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: vertical y horizontal.
A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Por ello es claro que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad.
Consideramos también que el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.
Por su parte, el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en su Recomendación General 23 [*] manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres han sido excluidas de la vida política y del proceso de adopción de decisiones de las sociedades. En su Recomendación General número 25 [*], el mismo Comité estima que el establecimiento de las acciones afirmativas no constituye una excepción a la regla de no discriminación, sino constituye parte de una estrategia necesaria para la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres.
En la recomendación número CEDAW/C/MEX/CO/7-8 [*], realizada en 2012, el referido Comité, señaló que se debían llenar las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en el sistema jurídico mexicano que ocasionan el incumplimiento de las acciones afirmativas para propiciar la inscripción de candidaturas de manera paritaria. Además, en la recomendación hecha al Estado mexicano, aprobada en el 36º período de sesiones, señaló la necesidad de fortalecer las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y ámbitos.
Los resultados del proceso electoral de 2015 muestran el impacto positivo e importante avance en la integración de más mujeres dentro de los órganos legislativos, pero aun así no se ha logrado obtener la paridad. Es por ello que resulta pertinente ajustar la instrumentalización de la paridad y, como un acto de congruencia, hacerla extensiva para la integración de órganos judiciales y administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos.
Finalmente, es importante destacar que, a las reformas constitucionales y legales encaminadas al reconocimiento e instrumentación de la paridad, deben sumársele un conjunto de medidas administrativas, legales y judiciales que garanticen que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, libres de violencia y de discriminación. En este esfuerzo, será fundamental la concientización sobre las consecuencias negativas que generan los estereotipos sobre cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito político, así como la falsa creencia de que quien obtiene un cargo vía paridad no cumple con el mérito requerido para el mismo.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción IX tercer párrafo, 6 fracción VII,22 apto. B, 28, 41 fracción 1, 50, 52, 56 70, 78, 89 fracción II, 94, 97, 99, 100, 102 apto. B, 115 fracción 1, 116 fracción II incisos a) y b) y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 3 fracción IX tercer párrafo, 6 fracción VII,22 apto B, 28, 41 fracción 1, 50, 52, 56 70, 78, 89 fracción II, 94, 97, 99, 100, 102 apto B, 115 fracción 1, 116 fracción II incisos a) y b) y 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes designados conforme al principio de paridad de género. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. En su integración se observará el principio de paridad de género.
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, paridad de género y máxima publicidad.
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y paridad de género; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo y su designación conforme al principio de paridad de género.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados observándose el principio de paridad de género. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
Artículo 28. .....
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El principio de paridad de género deberá observarse en la integración de los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos.
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la integración de sus órganos de dirección se observará el principio de paridad de género.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad de género y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, así como de vigilancia que se integrará paritariamente. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales.
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados observando el principio de paridad de género, mediante el siguiente procedimiento:
Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. El principio de paridad de género deberá observarse en su integración.
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Las fórmulas de mayoría relativa se postularán garantizando la paridad de género y tomando en cuenta la fuerza electoral del partido político al momento de la asignación de las candidaturas por distritos. Las listas regionales se integrarán conforme al principio de alternancia de género y serán encabezadas por mujeres. De estas listas se tomaran las diputaciones necesarias para lograr la paridad de género en la integración total de la Cámara.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos observando el principio de paridad. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Cuando a un partido político le correspondan más de una senaduría de primera minoría, la asignación se realizará conforme al principio de paridad.
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo al principio de alternancia de género. El primer lugar se reservará para candidatas mujeres y de estas listas se tomaran las senadurías necesarias para lograr la paridad de género en la integración total de la Cámara. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos en la que deberá observarse el principio de paridad de género.
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones observando el principio de paridad de género. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto del mismo sexo.
Artículo 89.-.....
II. Nombrar y remover libremente, observando el principio de paridad de género, a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de forma paritaria con once Ministros y Ministras que funcionará en Pleno o en Salas.
Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos, ajustados al principio de paridad de género y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
Artículo 99.-.....
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales integradas de acuerdo al principio de paridad de género; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
Artículo 100.-....
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. La designación de los seis consejeros se realizará conforme al principio de paridad de género.
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. En su integración deberá observarse el principio de paridad de género.
Artículo 115. .....
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. En la postulación del total de las presidencias municipales, así como de planillas de ayuntamientos, integradas por regidurías y sindicaturas, se observará el principio de paridad de género. La densidad demográfica y no el número de municipios será el criterio para cumplir con la paridad en las candidaturas de las presidencias municipales. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. El principio de paridad de género deberá observarse en su integración.
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de acuerdo al principio de paridad de género, que deberá trascender a la integración del órgano colegiado, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; la postulación de candidaturas se realice conforme al principio de paridad de género; la asignación de representación proporcional sea el medio para la integración paritaria de la cámara de diputados y los ayuntamientos, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, paridad de género y objetividad;
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo al principio de paridad de género, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.
Artículo 122.-....
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.Su integración se realizará conforme al principio de paridad de género.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. La postulación de candidaturas será conforme al principio de paridad de género.
BASE SEGUNDA.- .....
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes, ajustándose para ello al principio de paridad de género;
BASE TERCERA....
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, postulados por los partidos políticos conforme al principio de paridad de género, según lo determine la ley.
Primero: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO: El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas contarán con el plazo de un año para reformar las leyes correspondientes. Los nombramientos en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos que, a partir de esta fecha, se realicen deberán contemplar convocatorias exclusivas para mujeres a fin de lograr, en el menor tiempo, su integración paritaria. Las legislaturas de las entidades federativas deberán establecer losmecanismos para cumplir este fin.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 24 de junio de 2015
Diputada Federal María Beatríz Zavala Peniche
Diputada Federa Eufrosina Cruz Mendoza
[*]http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=S
[*]http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral23.htm
[*]http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
[*]http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf