Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-416469022
Timestamp: 2019-01-22 22:43:29
Document Index: 300253039

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 17', 'artículo 149', 'artículo 21', 'artículo 149', 'artículo 149']

STC 244/2012, 18 de Diciembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 416469022
Número de Recurso: Conflicto positivoonflicto positivo de competencia 7264-2003
Conflicto positivo de competencia 7264-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. Competencias en materia laboral: atribución a la Administración del Estado del ejercicio de funciones ejecutivas que vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña al basarse exclusivamente en los efectos territoriales de las actuaciones; interpretación conforme de preceptos reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (STC 95/2002). Voto particular.
STC 244/2012
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el conflicto positivo de competencia núm. 7264-2003 promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Presidente don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
El día 2 de diciembre de 2003 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Abogado de la Generalitat de Cataluña, por el que, en la representación que legalmente ostenta, interpone conflicto positivo de competencia, tramitado con el número 7264-2003, en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.
El art. 8.1 contempla que las acciones de fomento de la formación continua en empresas —incluidos los permisos individuales de formación— dejen de financiarse por medio de subvenciones o ayudas directas, para pasar a una financiación por medio de bonificaciones a la cuota de formación profesional. A juicio de la representación autonómica ello supone que la parte cuantitativamente más importante de la formación continua se rige por un nuevo sistema de financiación que por su propia naturaleza, impedirá o, en el mejor de los casos, dificultará el ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas por la Generalitat de Cataluña.
En los arts. 14 y 17 se mantiene el sistema de financiación a través de subvenciones o ayudas públicas, en el caso de los contratos programa para la formación de trabajadores y de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, pero la regulación de estas iniciativas de formación parte del supuesto de ejecución estatal, y solo con carácter residual, para el caso de que las acciones financiadas se centren en el ámbito territorial exclusivo de una Comunidad Autónoma, se prevé la territorialización de las subvenciones o ayudas (arts. 14.5 y 17.2), lo que no se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de supraterritorialidad, al no establecerse los puntos de conexión que permitan determinar la Comunidad Autónoma a la que corresponda el ejercicio de las competencias de ejecución, habida cuenta de que tales acciones y su financiación pueden ser fácilmente “fraccionadas” de manera que cada Comunidad Autónoma financie las que deban desarrollarse en su territorio.
Los arts. 18 a 21 del Real Decreto crean una estructura organizativa y de participación similar a la existente hasta estos momentos, con la diferencia de que se prevé la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la Comisión Estatal de Formación Continua (art. 18), como en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (art. 21). Afirma la representación autonómica que dicha participación tiene carácter minoritario a efectos de la toma de decisiones, y se mantiene una organización centralizada que no resulta acorde con la doctrina constitucional emanada de las Sentencias 95/2002 y 190/2002, donde se determinó que debían ser las Comunidades Autónomas las que gestionaran la formación continua en sus respectivos territorios, lo que exigiría que fueran ellas mismas las que pudieran determinar la estructura organizativa a través de la cual se lleve a cabo esta gestión.
En el art. 23 la evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas se atribuye al INEM y a las Comunidades Autónomas según sus respectivas competencias. Para la representación autonómica el criterio que se infiere de dicha regulación es que el reparto de funciones se vincula al ámbito territorial de la acción formativa, lo que no resulta respetuoso con la doctrina del Tribunal Constitucional, conforme a la cual, el ejercicio de tales funciones por el INEM solo sería posible en supuestos excepcionales de “imposibilidad” de gestión autonómica. En el art. 23.2 se contempla un plan de seguimiento y control de la formación continua, así como la elaboración de un informe anual de las actuaciones y resultados de control y seguimiento, que se atribuyen al Estado, sin que exista motivo alguno para negar la gestión autonómica. Asimismo el mencionado art. 23.2 prevé que la formación quede sujeta al control que realice, entre otros órganos estatales, la intervención general de la Administración del Estado y la inspección de trabajo y Seguridad Social, lo que en conjunto, revela una profusión de instancias de control, con abrumadora mayoría de las estatales y tímidas referencias a las autonómicas, por lo que el Real Decreto ha sido redactado de forma que permita un desarrollo basado en una gestión lo más centralizada posible del sistema.
Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Cuarta de 16 de diciembre de 2003, admitió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, acordando dar traslado de las actuaciones al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días, y por medio de la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnara el referido real decreto, en cuyo caso se suspendería el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña”.
. Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 13 de enero de 2004, el Abogado del Estado solicitó, dada la acumulación de asuntos pendientes ante ese servicio jurídico, una prórroga, hasta el máximo legal, del plazo concedido para alegaciones. La Sección Cuarta, mediante providencia de la misma fecha, acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado y atender su solicitud, ampliando en diez días el plazo originalmente concedido.
El 30 de enero de 2004 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita se tenga por evacuado el trámite conferido y, en su día, se dicte Sentencia desestimatoria de la demanda en todos sus extremos, declarando la disposición impugnada ajustada a la Constitución.
En fecha 10 de mayo de 2007 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal, oficio procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid, en el que, a efectos del procedimiento ordinario 2-2006 seguido ante el mismo, solicitaba información sobre el estado de los conflictos positivos de competencia seguidos en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto y la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, así como testimonio de las resoluciones que hubiesen recaído. Dicha comunicación fue contestada por escrito del Pleno en el que se informaba de los conflictos planteados en relación con las citadas disposiciones, todos ellos pendientes de resolución definitiva.
Por providencia de 18 de diciembre de 2012 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.
En primer término, y a fin de delimitar con claridad el objeto de la controversia sobre la que hemos de pronunciarnos, es preciso acudir a lo señalado en el suplico de la demanda, que “es la parte decisiva para reconocer y concretar el objeto de todo el recurso” (STC 195/1998, de 1 de octubre, FJ 1), y según los términos literales del mismo, lo que se solicita de este Tribunal es “que se dicte Sentencia por la que se declare que la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña y que la referida disposición vulnera el orden constitucional de competencias y no es de aplicación en Cataluña”. El conflicto se dirige, pues, contra la totalidad del Real Decreto 1046/2003 y así se puntualiza en el propio texto de la demanda, en el que se señala que “lo que esta parte cuestiona es el planteamiento general de la norma impugnada, e incluso su espíritu, que no es otro que el de evitar la gestión autonómica de la formación continua”.
La expresa derogación de la disposición que es objeto del presente conflicto, efectuada por la disposición derogatoria única 2 a) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, determina que debamos examinar los efectos que sobre la presente controversia pueda tener la citada derogación.
Una última cuestión es la que deriva del hecho de que, con posterioridad a la interposición del presente conflicto, se ha producido la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, norma estatutaria que constituye parámetro de control del presente conflicto, en aplicación de nuestra doctrina sobre el ius superveniens, conforme a la cual “el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo a las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes al momento de dictar Sentencia” (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y doctrina allí citada), lo que determina que el análisis de la presente controversia haya de hacerse a la luz de la delimitación competencial que deriva de la mencionada reforma del Estatuto de Autonomía.
Para una mejor comprensión del alcance de la presente controversia, conviene detenerse en el examen del marco normativo en el que se inserta la disposición cuestionada, para lo cual procede efectuar una remisión genérica a lo señalado en la reciente STC 111/2012, de 24 de mayo, en cuyo fundamento jurídico 3 se efectúa un pormenorizado examen del panorama normativo de la formación profesional, con expresa referencia al conjunto de la jurisprudencia constitucional en la materia.
Entrando en el enjuiciamiento de fondo de la cuestión controvertida, debemos proceder en primer lugar, al encuadramiento competencial de la materia que nos ocupa. A este respecto, ambas partes coinciden en considerar que la norma se inserta en el ámbito de las competencias exclusivas que, en materia de “legislación laboral”, atribuye al Estado el art. 149.1.7 de la Constitución.
Precisamente por esta estricta delimitación del ámbito atraído a la materia “legislación laboral”, si bien se puede afirmar que la formación continua de trabajadores ocupados tiene una incardinación “genérica” en la materia “legislación laboral” del artículo 149.1.7 de la Constitución, es igualmente cierto que puede haber supuestos en los que, atendido el tipo de actividad al que se orienta la acción formativa, quede vinculada a otro título competencial, con las consiguientes consecuencias para la delimitación del alcance de la competencia del Estado. Así, en la STC 190/2002, FJ 8, hemos distinguido entre la formación continua de trabajadores asalariados, que efectivamente se integra en el ámbito de relación laboral, y las acciones de formación continua que se realicen en el seno de las Administraciones públicas, que “deberán encuadrarse, desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, en las materias ‘bases ... del régimen estatutario de sus funcionarios’ o ‘legislación laboral’, según que la relación de los empleados públicos con la Administración sea de carácter funcionarial, estatutario o laboral” , esto es, en los términos del artículo 149.1.18 o 149.1.7 de la Constitución, según corresponda. Y en nuestra STC 1/2011, FJ 5, en relación con la formación continuada de determinadas profesiones sanitarias, hemos indicado que “puesto que la formación de estos profesionales tiene obvia repercusión en el ámbito de la salud humana”, la regulación de las actividades formativas debe incardinarse en la materia “sanidad”, en la que el Estado tiene atribuida la competencia para el establecimiento de las normas básicas y coordinación (art. 149.1.16 CE). Y en fin, en nuestra reciente STC 184/2012, FJ 7 c), hemos concluido que la formación continua del personal docente, funcionarial y no funcionarial, debe encuadrarse en la competencia sobre enseñanza, “de suerte que, situados en dicho ámbito material, también hemos reconocido que “el Estado puede destinar recursos a la financiación de actividades de perfeccionamiento del profesorado, en virtud de su competencia sobre las bases del sistema educativo, a las que va ligada la mejora de la calidad de la enseñanza que estos recursos persiguen [STC 330/1993, FJ 3, con cita de la STC 13/1992, fundamento jurídico 13 D h)].”
La impugnación se dirige, en primer término contra el art. 2.2 del Real Decreto, en el que se enuncian los principios generales del subsistema de formación profesional continua; esta impugnación genérica dirigida a la totalidad del apartado 2 se concreta, sin embargo, en el texto de la demanda en relación únicamente con el subapartado a) del mencionado precepto, en el que se enuncia el principio de “unidad de caja de la cuota de formación profesional, sin perjuicio de que puedan existir otras fuentes de financiación de la formación profesional de trabajadores ocupados”.
La impugnación se dirige, en segundo lugar, contra los arts. 8.1 y 10.7 del Real Decreto. El primero de los preceptos articula las acciones de fomento de la formación continua en empresas, incluidos los permisos individuales de formación, a través de un nuevo sistema en el que se sustituyen las subvenciones públicas o ayudas directas, por un modelo de bonificaciones en la cuota de formación profesional, en virtud del cual:
Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para formación continua, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior, el porcentaje de bonificación que anualmente establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado en función del tamaño de las empresas, de tal forma que cuanto menor sea el tamaño de la empresa mayor será el porcentaje de bonificación.
(art. 8.1)
Si posteriormente se declarara improcedente la bonificación aplicada por la empresa, la Administración competente iniciará el procedimiento de reintegro de las bonificaciones indebidamente practicadas.
El Real Decreto mantiene el sistema de financiación a través de ayudas públicas, en el caso de los contratos programa para la formación de trabajadores (art. 14) y de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación (art. 17).
Se impugna por la Comunidad Autónoma la totalidad del capítulo V del Real Decreto 1046/2003, integrado por los artículos 18 a 21, en los que se regula la estructura organizativa y de participación en materia de formación continua, integrada por la comisión estatal de formación continua (art. 18); las comisiones paritarias sectoriales (art. 19), las comisiones paritarias territoriales (art. 20) y la Fundación estatal para la Formación en el Empleo (art. 21). La norma impugnada mantiene una estructura organizativa similar a la contemplada en el III acuerdo tripartito de formación continua, en la que ya se incluían los tres primeros órganos, y donde la principal novedad que incorpora el Real Decreto es la participación de las Comunidades Autónomas en los citados órganos, antes no prevista.
La Comisión Estatal de Formación Continua (art. 18) se configura como un órgano tripartito, integrado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas, configurado con una representación paritaria en la que cada uno de sus miembros dispone de 17 votos en orden a la adopción de las decisiones que les correspondan (apartado 3). En lo que respecta a las funciones atribuidas a la misma, la letra a) del art. 18.1 atribuye a la comisión la función de velar por el cumplimiento de la normativa reguladora en materia de formación continua y de su eficacia en relación con los objetivos generales del sistema, previsión que no puede entenderse como invasora de las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña, pues si bien es cierto que las Comunidades Autónomas ostentan competencias para la aplicación de la normativa estatal, ello no impide que el Estado esté habilitado para velar por el cumplimiento de su propia normativa. En las letras b), c), d), e) y h) se atribuyen a este órgano funciones de naturaleza consultiva, no ejecutiva, consistentes en la emisión o toma de conocimiento de informes en materias relativas a la asignación o reparto de las cantidades destinadas a la financiación de las distintas iniciativas de formación, funciones que no interfieren ni menoscaban las competencias autonómicas. La aprobación del mapa sectorial de las comisiones paritarias (apartado f) y la determinación de las condiciones que deben cumplir las comisiones sectoriales y territoriales a efectos de su financiación (apartado g) son funciones de carácter organizativo, ligadas a la creación de la estructura orgánica prevista en la norma y, en cuanto tales, ajenas también a las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas. El apartado i) efectúa una atribución de carácter general, de cualesquiera otras funciones “que se acuerden” (en el seno pues, del propio órgano paritario) para el “seguimiento y análisis de la planificación, ejecución y evaluación de las iniciativas de formación continua”; se configura aquí una función dirigida al examen y análisis global de funcionamiento de las diferentes iniciativas que, por su propia naturaleza, tiene una dimensión supraterritorial, ha de ser avalada por el propio órgano y va dirigida al conocimiento de los datos globales de funcionamiento del sistema, por lo que no vulnera las competencias de ejecución que corresponden a las Comunidades Autónomas.
Las comisiones paritarias sectoriales (art. 19) y territoriales (art. 20) son órganos de representación de las organizaciones empresariales y sindicales, en los que no se integran ni la Administración estatal ni la autonómica, y a los que resultan de aplicación los criterios generales antes expuestos, en virtud de los cuales las funciones que desempeñen no serán objetables en la medida en que estas estructuras organizativas de participación de los agentes sociales actúen como instrumentos de colaboración y apoyo en el desarrollo del subsistema de formación continua, mediante actuaciones de naturaleza consultiva, de propuesta o deliberación, y siempre que no asuman funciones de gestión o ejecución del subsistema de formación continua que sustituyan y excluyan a las Comunidades Autónomas del ejercicio de las atribuciones que constitucional y estatutariamente tienen atribuidas como propias.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, se rige por un patronato integrado por la Administración General del Estado, a través del Instituto Nacional de Empleo, la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales. Siguiendo el mismo criterio hasta aquí expuesto, nada hay que objetar a las funciones atribuidas a la misma en los apartados a), b), c), d) y e) del art. 21.1 que se concretan en actuaciones de impulso, coordinación, propuesta e informe.
Finalmente, la objeción que se formula en relación con la disposición final primera del Real Decreto se sustenta en considerar que la regulación efectuada no puede encontrar amparo en los títulos competenciales recogidos en los apartados 13 y 17 del art. 149.1 CE. Esta objeción, por las razones expuestas en el fundamento jurídico 4, debe ser admitida en relación con la mención que se efectúa a la materia competencial del art. 149.1.17 CE, por lo que procede declarar que la referencia a dicha materia no es conforme con el orden constitucional de distribución de competencias.
En lo que se refiere al alcance del fallo, teniendo en cuenta que, como hemos declarado en otros casos (SSTC 75/1989, de 21 de abril; 13/1992, de 6 de febrero; 79/1992, de 28 de mayo; 186/1999, de 14 de octubre y 38/2012, de 26 de marzo, entre otras), la disposición impugnada ya ha agotado sus efectos y se podría afectar a situaciones jurídicas consolidadas, la pretensión de la Generalitat de Cataluña ha de estimarse satisfecha mediante la declaración de la titularidad autonómica de las competencias controvertidas.
Declarar que el apartado 1 del artículo 17 del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, y la disposición final primera del mismo, en la mención que realiza al artículo 149.1.17 de la Constitución, vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña.
Declarar que el artículo 21.1 apartados f) y g) no vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña interpretado en el sentido expuesto en el fundamento jurídico 8.
Voto particular que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia núm. 7264-2003.
Mi discrepancia se refiere a dos concretos aspectos de la Sentencia aprobada por la mayoría. Por una parte, la admisión del título competencial del art. 149.1.13 CE para fundamentar actuaciones referidas a la formación continua de determinados trabajadores. Por otra, la justificación de las facultades ejecutivas que el art. 14, apartados 1 a 4, reserva a la Administración del Estado, y, por conexión, la interpretación de conformidad que se realiza del art. 21.1, párrafos f) y g), que asignan determinadas funciones ejecutivas a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
En cuanto a la primera cuestión, en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia de la que discrepo se realiza el encuadramiento competencial de la regulación cuestionada, enmarcándola en el ámbito de la “legislación laboral” a que se refiere el art. 149.1.7 CE, para proceder, a continuación, a determinar si la norma puede quedar encuadrada también en las cláusulas 13 y 17 del mismo art. 149.1 CE. Me parece correcto el descarte de la competencia referida a legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social que se efectúa en la Sentencia, pero no así la conclusión que se alcanza en cuanto a la competencia del 149.1.13 CE. Mi discrepancia se fundamenta en que, aunque se recoja la doctrina expuesta en la STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7 —que trae causa de la que ya se estableció en las SSTC 95/2002, de 25 de abril, y 190/2002, de 17 de octubre—, en la cual quedó meridianamente claro que el título competencial del citado precepto no entra en juego en materia de formación continua de los trabajadores, se deja abierta la posibilidad de que el Estado pueda apelar al título del artículo 149.1.13 CE en cuanto a “la decisión de expandir el círculo de los beneficiarios de la actividad prevista como formación continua hasta alcanzar a colectivos de trabajadores que no son propiamente trabajadores ocupados ni asalariados”. Esta afirmación no es un simple obiter dictum ni resulta inane, porque se traduce, posteriormente, en que se dé por constitucionalmente lícita la cita del título competencial recogido en el artículo 149.1.13 CE que se contiene en la disposición final primera del Real Decreto 1046/2003 como fundamento competencial de la norma. Sin embargo, al analizar otros preceptos, no se extraen las consecuencias debidas de aquella afirmación en lo que se refiere a las competencias en juego, especialmente en cuanto a la extensión que deba darse a las competencias autonómicas en relación con esas categorías de trabajadores.
La Sentencia a la que formulo mi Voto discrepante desestima la impugnación del art. 14, apartados 1 a 4, referido a los contratos programa para la formación de trabajadores, al entender que las ayudas que se regulan en el mismo han de ser objeto de gestión centralizada por parte del INEM en razón al ámbito estatal de los destinatarios de las ayudas y al contenido y naturaleza de las acciones formativas financiadas, circunstancias que, según ha entendido la mayoría, “ponen de relieve el ámbito supraterritorial de desenvolvimiento de las acciones formativas y, con ello, la exigencia ineludible de una coordinación homogénea, desarrollada por un único titular, como único medio para integrar los diversos componentes multisectoriales e interterritoriales implicados en la gestión y tramitación de estas ayudas que hacen imposible su fraccionamiento y determinan que haya de ser el Estado, a través del INEM, el que asuma las funciones de gestión”. Para fundamentar esa conclusión, se recogen la doctrina de la STC 95/2002 (FJ 16), relativa al margen de disposición estatal en cuanto a la decisión respecto a los supuestos en que la gestión o ejecución de las acciones formativas puede corresponder o no a las Comunidades Autónomas, y, consiguientemente, sobre si las ayudas son o no territorializables, y la de la STC 31/2010 (FJ 62), en relación con las competencias autonómicas sobre las ayudas no territorializables.
La anterior conclusión habría de incidir también en el art. 21.1, párrafos f) y g), que la Sentencia pone en relación con las acciones formativas de ámbito supraautonómico previstas en el art. 14, para concluir, con una interpretación de conformidad, que, circunscritas a esos términos, no vulneran las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas. Los referidos apartados atribuyen a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo la “ejecución de las funciones de gestión, apoyo y asistencia técnica que le correspondan” así como el “seguimiento y control de las acciones formativas”. Se trata en ambos casos de funciones netamente ejecutivas cuyo ejercicio debe corresponder a las Comunidades Autónomas, por lo que debería haberse concluido, al igual que en el caso del art. 14, que se vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña.
ATS, 30 de Mayo de 2012
STSJ Comunidad de Madrid 839/2013, 23 de Octubre de 2013