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Timestamp: 2019-10-17 14:12:46
Document Index: 26145459

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 695', 'artículo 695', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 71', 'artículo 2']

﻿ Suspensión del lanzamiento de la vivienda por ejecución hipotecaria|Despacho de Abogados en Zaragoza. Somos especialistas en Derecho de Familia.
martes, 18 marzo 2014 | Categoría: Familia, Notas de prensa, Obligaciones y contratos - 48.824 lect.
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16 comentarios a “Suspensión del lanzamiento de la vivienda por ejecución hipotecaria”
19 septiembre 2018 a las 4:01 pm
CUANDO EL BANCO SE ADJUDICÓ MI VIVIENDA HABITUAL EN SUBASTA DESIERTA, LA VENDIÓ A UN FONDO DE TITULACIÓN.¿DEBO ENTENDER QUE NO PUEDO ACOGERME A LA SOLICITUD DE PRORROGA DE LANZAMIENTO?
28 septiembre 2017 a las 12:21 pm
Es cierto que en la situación de los casos de los desahucios por falta de pago de la renta o por impago de la hipoteca, debe procederse con bastante comprensión y justicia. Pero lo que sí resulta incomprensible e aterrador es el caso de los ocupas, esas personas que sin la más mínima justificación razonable, pueden forzar una puerta o una ventana y entrar ilegalmente en un inmueble ajeno y permanecer allí meses e incluso años. Para el legítimo propietario, echarles se convierte en una carrera de obstáculos y de absurdos intolerables.
En lugar de comprobar el título del ilegítimo ocupante, lo que deberían hacer los jueces es comprobar el derecho del propietario lo que resulta ser más sencillo e inmediato, y fundándose en el legítimo título del propietario o inquilino sacar al ocupa del inmueble y, luego, celebrarse el juicio. Y no como sucede en la actualidad, que los ocupas se aprovechan del tiempo que tarda en sustanciarse un proceso judicial para ser expulsados, causando un daño irreparable al legítimo dueño o inquilino.
Conozco casos que tras las vacaciones del propietario o inquilino a su vuelta se encuentran un ocupante en su domicilio. Esto es un delito flagrante y estaría perfectamente justificada la entrada forzosa en el inmueble del legítimo poseedor e incluso de la policía deteniendo a los ocupas cuando este hecho se denuncia a la policia, quien debecomprobar que se ha forzado la cerradura y ver el registro de los legítimos moradores, procediendo al desalojo sin más trámites.
Estoy de acuerdo en que hay que proteger a los ocupas ilegítimos que estén en situación de vulnerabilidad, pero esa protección debe venir de las administraciones públicas y no de los ciudadanos privados, dueños legítimos, que tanto derecho tienen a su vivienda legítima como los ocupas.
20 marzo 2017 a las 3:44 pm
El BOE publica el Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo, sobre protección de deudores hipotecarios sin recursos, ampliando en tres años más la moratoria antidesahucios; esta ampliación hasta 2020, suspende los lanzamientos hipotecarios sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables y supone una segunda prórroga, pues en febrero de 2015 se había aprobado una moratoria hasta el 15 de mayo de 2017, que ahora queda prorrogada.
4 febrero 2017 a las 2:11 pm
Buenos días Patricia, mi caso es el siguiente, compré una casa en un pueblo de Valencia en abril de 2016. Citada vivienda era propiedad de Bankia, y procedía de una adjudicación a su favor como consecuencia de la falta de pago del crédito hipotecario del anterior propietario (una sola persona sin familiares a su cargo), el cual tenía derecho a la posesión del inmueble hasta el 15 de mayo de 2017, ya que había sido declarado en exclusión social (de esta circunstancia, la exclusión social, me entero después de haber efectuado la compra). He pagado todos los gastos(comunidad de vecinos, contribución…), y sigo todavía pagando todos los gastos que se generan, a pesar de no tener la posesión. La vivienda figura en el Registro de la Propiedad a mi nombre. Mi pregunta es la siguiente, si se prorroga la Ley de protección de deudores hipotecarios, no podre lanzar/desahuciar al anterior propietario, a pesar de que la vivienda en la actualidad no es propiedad del Banco sino que es de propiedad particular, o por el contrario, aunque el antiguo propietario (poseedor actual de la vivienda) siga cumpliendo los requisitos de exclusión social al estar en un inmueble de propiedad particular podré llevar a cabo el lanzamiento/desahucio. Te informo que la vivienda está en una población de 16.000 habitantes, y fue adquirida por el anterior propietario por 200.000 euros, nunca llego a ser su vivienda habitual aunque sí es la única vivienda que tiene en la actualidad, y como he comentado anteriormente vive él solo, un saludo.
24 mayo 2016 a las 7:07 am
Estoy tramitando para acogerme al codigo de buenas practicas pues pago 960€ de hipoteca la tiene anticipa y cobramos 1500€ de pension entre los 2 solo puedo pagar unos 500€ y no me lo aceptan. Al presentar todo 63 años hipoteca mas del 60% del sueldo vivienda habitual pero hay una pega soy propietario por una herencia de mis padres del 35% de una vivienda ahora actualmente alquilada y por ese motivo me ponen pegas, que puedo hacer?
Pere roura dice:
18 agosto 2015 a las 8:54 pm
Mi madre de 79 años vive en un piso de propiedad con mi hermano mayor que tiene mas del 65% de discapacidad y otro hermano sin empleo. No pueden hacer frente a la hipoteca. El resto de hermanos no vivimos ahi y somos copropietarios en un 5% pero no figuramos en la hipoteca ni como avalistas solo este otro hermano sin empleo que vive von ellos es avalista. Pueden desahuciarlos?
28 abril 2015 a las 3:32 pm
El Gobierno prorrogará hasta 2017 la suspensión de los desahucios a familias vulnerables:
El Gobierno ha anunciado que va a prolongar hasta 2017 el periodo de suspensión de desahucios de viviendas habituales entre los colectivos más desfavorecidos, establecido por la Ley 1/2013,de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que vence en mayo de este año.
El Gobierno también ha decidido elevar el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros –250.000 euros para la dación en pago–, cuando antes estaba establecido en 250.000 euros.
También se amplían las medidas a las que se pueden acoger los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas. En concreto, se elimina la aplicación de las cláusulas suelo a los deudores situados en el nuevo umbral del código.
19 julio 2014 a las 4:28 pm
La sentencia del TJUE, dictada el 17 de julio de 2014, considera que la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, viola la normativa europea al no permitir al deudor recurrir la suspensión de la ejecución hipotecaria, concretamente el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos ciudadanos, por lo que deberá reformarse la LEC, concretamente el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El TJUE considera que la Ley 1/2013 coloca al deudor en una situación de inferioridad respecto del banco, porque si un juzgado de lo mercantil reconoce que el banco ha aplicado una cláusula abusiva al hipotecado y suspende la ejecución de una hipoteca, el banco puede recurrir en apelación. Pero si el juez declara a favor del banco, el deudor no puede recurrir la sentencia en segunda instancia para solicitar la suspensión de la ejecución hipotecaria. Solo si al final el juzgado de lo mercantil da la razón al hipotecado, éste recibirá una indemnización, pero ya habrá perdido su casa.
El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que deberá reformarse, dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”.
Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, de la directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y de acuerdo con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entiende que no debe ser así. Para subsanar la cuestión, la sentencia del TJUE indica que será necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Recordemos que el TJUE ya dictaminó, mediante sentencia de 14 de marzo de 2013, que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria porque impedía al juez suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria para analizar si existen cláusulas abusivas en la hipoteca. A raíz de esa sentencia se aprobó la Ley 1/2013, que entró en vigor el pasado 15 de mayo de 2013.
19 julio 2014 a las 4:41 pm
Efectivamente, el THUE asegura que el sistema procesal español, en caso de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria, “expone al consumidor, o incluso a su familia, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, habrá llevado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda”.
Por todo ello, el TJUE concluye que la norma “pone en peligro” el objetivo de la Directiva. Pero lo más lamentable es que en España hay varias familias que ya han sufrido estas terribles consecuencias, siendo víctimas del “cumplimiento de una ley injusta”.
4 julio 2014 a las 7:35 am
Respecto al tema de desahucios, hay un reciente pronunciamiento judicial que anula un desahucio de alquiler social por no revisar a la baja la renta:
La Audiencia Provincial de Álava ha emitido un fallo que podrán utilizar a su favor los beneficiarios de alquileres sociales en riesgo de desahucio por el impago de su alquiler, por el que anula el desahucio de un inquilino basándose en que la sociedad pública gestora no revisó anualmente el precio del alquiler, a pesar de que las condiciones económicas del afectado habían empeorado y de que, por tanto, le correspondía pagar una renta menor. Así estima el recurso presentado por el afectado y revoca la sentencia procedente del Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gasteiz. En aquel fallo se estimó la demanda de desahucio por falta de pago presentada por la entidad gestora, al considerar que el demandado no probó el pago de la renta o las circunstancias de la procedencia de la enervación (únicas causas que pueden alegarse en este tipo de proceso).
El afectado asegura que durante 2012 abonó 1.340 euros de más, y en 2013 la renta se calculó inadecuadamente, sin atender a las solicitudes de revisión de la renta, que debían ser anuales. De hecho, el contrato por el que se renovó, transcurridos cinco años, su alquiler social, dejó de incluir la cláusula de revisión anual que sí aparecía en la primera versión.
La Audiencia califica de “improcedente” el desalojo, y asegura que el hecho de que el procedimiento de desahucio sea sumario no impide que se revise su procedencia en una instancia superior. De lo contrario, se trataría de “una mera reproducción o renovación del desahucio”. La Audiencia deja claro que la determinación de la renta, en este caso, “no es mera consecuencia de la oferta y la aceptación en el ámbito de la libertad de pactos del Código Civil, sino que se trata de una cuestión de orden público”. De hecho, existe una sanción de nulidad para las rentas que superen los límites legales, “sanción que permite deducir la improcedencia de cualquier acción de desahucio o reclamación de rentas vencidas si realmente existen dudas razonables y una concreta impugnación sobre la determinación de la renta que se fijó en el contrato”.
5 junio 2014 a las 11:20 am
Para suspender el lanzamiento de la vivienda habitual, el deudor debe tener hijos:
La exigencia de que un deudor hipotecario tenga hijos para poder ser considerado como unidad familiar a los efectos del artículo 1.2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y acogerse con ello a la posibilidad de suspensión temporal del lanzamiento por impago de deuda hipotecaria, no es contrario al principio de igualdad ante la ley, según un auto de fecha 5 de mayo de 2014 de la Sala segunda del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso de amparo interpuesto contra un auto del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid por el que se desestimó el recurso de reposición contra su providencia que denegó la suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual que ocupaba el demandante con su esposa, con la que no tiene hijos.
1. Argumenta el Tribunal Constitucional: “En cuanto a la alegada vulneración del principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución Española), conviene aclarar que el preámbulo de la citada Ley 1/2013, manifiesta que la situación de necesidad que el legislador quiere atender con esta medida excepcional y transitoria es aquella derivada del menoscabo en las circunstancias económicas de determinadas unidades familiares originado por la inesperada crisis económica y financiera desencadenada a partir de 2009. Por ello, hay que afirmar que ha sido el propio legislador el que ofrece una razón para limitar el derecho a la suspensión del lanzamiento a una situación de necesidad, con exclusión de otras y que el órgano judicial se ha limitado a aplicar la norma vigente… Se puede afirmar que, dentro del margen de valoración que corresponde al legislador, la previsión legislativa del derecho a que se suspenda el lanzamiento de la vivienda habitual para atender sólo a concretas situaciones de necesidad y no a todas obedece al fin constitucionalmente legítimo de hallar un equilibrio entre la protección de los deudores hipotecarios y su derecho a la vivienda y el adecuado funcionamiento del sistema financiero, concretamente el del mercado hipotecario. Por ello, este Tribunal estima que el resultado que se produce por no extender el derecho a la suspensión del lanzamiento a otras situaciones de necesidad, como puede ser la ausencia de algunas cargas familiares o la inexistencia en la unidad familiar de hijos, no puede ser considerado contrario al contenido del art. 14 CE.”
2. El auto cuenta con dos votos particulares que consideran que la interpretación del concepto de unidad familiar que lleva a cabo el auto recurrido y el propio Constitucional resulta “reductora e incluso contradictoria con los supuestos establecidos en el artículo 1.2 de la Ley de lo que ha de entenderse por unidad familiar, excluyendo aquellos supuestos en los que no existan hijos, interpretación extravagante y absurda que cercena de manera notoria el alcance de la Ley”.
El voto particular continúa asegurando que se trata de una interpretación “pretendidamente literal que, sin embargo, no es sino una lectura precipitada sin mínima reflexión”. En definitiva, “lo que no resulta razonable es convertir tal previsión en un requisito de composición mínima de la familia, de manera que una viuda con familia numerosa no quedaría incluida en el supuesto a) del artículo 1.2; ni un padre o madre con un hijo menor de 3 años; ni una víctima de violencia de género salvo que viva con sus padres, etc.”
“Bajo tal entendimiento, las resoluciones que impugna el recurrente le denegaron la suspensión del lanzamiento de su vivienda, pese a que concurrían en él dos factores legales de vulnerabilidad: la incapacidad superior al 33 por ciento y la situación de desempleo sin prestación por tal concepto, viviendo con su esposa, también desempleada”.
3. En mi opinión personal, considero que según esta ley, todos los supuestos de especial vulnerabilidad que recoge tienen como requisito mínimo la existencia de unidad familiar, lo cual puede ser injusto según se interprete qué es una unidad familiar. En el caso planteado en este recurso de amparo, los cónyuges, aunque no tengan hijos, ya son una unidad familiar indiscutible. Sobre este tema de los cónyuges como verdadera unidad familiar, ya he escrito en este mismo blog, en:
Considero, también, que en este caso puede configurarse una discriminación hacia quien no tiene descendencia con respecto a quien la tiene, al excluir de las medidas de protección a personas que, aun estando en situación de especial vulnerabilidad, carecen de hijos.
19 mayo 2014 a las 8:36 am
Anteproyecto de Ley Catalana de cobrar a la Banca por sus pisos vacíos, esto es, que los bancos deberán pagar por mantener viviendas en propiedad vacías. El Anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública. Este tipo impositivo ya existe en países como Francia, Reino Unido o Dinamarca.
Cataluña pretende que se ponga a disposición el elevado número de viviendas desocupadas que existen en la Comunidad Autónoma, promoviendo especialmente su alquiler, a través de bonificaciones para quienes las destinen a este último fin. Se creará un Registro dependiente de la Agencia de Vivienda catalana, en el que los propietarios deberán inscribir sus viviendas desempleadas, y en el que la Generalitat podrá inscribir propiedades de oficio. El cobro del impuesto sólo se prevé en aquellos casos en que el piso lleve desocupado más de dos años y sólo afectará a ciertas personas jurídicas, pero no a personas físicas ni Administraciones públicas ni entidades del tercer sector.
La norma encuentra su punto de apoyo en el Estatuto de autonomía de Cataluña, en la Constitución española y en la normativa internacional, entre la que destacan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2010. En todos estos referentes, el derecho a la vivienda “se configura con un marcado contenido social, vinculado al libre desarrollo de la personalidad sobre la base de la dignidad humana”.
El mercado inmobiliario presenta una imagen contraria a estos principios, según recoge la Exposición de motivos de la Ley: “La realidad nos presenta un mercado de la vivienda en Cataluña en el que concurren, de una parte, una fuerte demanda social y, por otro, un importante ‘stock’ de viviendas vacías que no se ofrecen y que perjudican gravemente el derecho de los ciudadanos al acceso a la vivienda”. Por ello, el impuesto se crea “en ejercicio de la potestad tributaria y de la competencia exclusiva en materia de vivienda de la que es titular la Generalitat de Cataluña”.
Por tanto, el nuevo tributo, de naturaleza directa, tiene como hecho imponible el “incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer habitualmente desocupadas”, y consistirá en el “desempleo habitual de una vivienda por más de dos años sin causa justificada”.
En cuanto a la gestión, recaudación e inspección del impuesto, estas labores corresponderán a la Agencia Tributaria de Cataluña, sin perjuicio de la colaboración con los órganos del departamento competente en materia de vivienda con funciones de inspección y control sobre el parque de viviendas. El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el vigente para los tributos propios de la Generalitat.
Las cuantías que recoge el impuesto ya han sido criticadas por la Plataforma Antidesahucios (PAH), que las ha calificado como “irrisorias”. En concreto, el cobro más pequeño, de 500 euros anules por vivienda, se aplica cuando se posean hasta 120. Un segundo tramo, a 825 euros por piso y año, se perfila para quienes tengan entre 120 y 600 de ellas. El tercer tramo es de 1.650 euros para más de 600 viviendas.
La norma también crea ciertas bonificaciones para los casos en que los sujetos pasivos destinen parte de su parque de viviendas al alquiler asequible, directamente o a través de la Administración pública o de entidades del tercer sector: del 10 por ciento si la proporción de vivienda en alquiler respecto a los pisos vacíos es del 5-10 por ciento; 30 por ciento con una ratio del 10-25 por ciento; 50 por ciento con una ratio del 25-40 por ciento; y 75 por ciento si la ratio es de más del 40 por ciento. La bonificación en la cuota es del cien por cien cuando los sujetos pasivos destinen al alquiler asequible un volumen de viviendas que supere en dos veces el número de viviendas vacías sujetas al impuesto.
En este sentido, tendrán la consideración de viviendas con alquiler asequible aquellas de hasta 120 metros cuadrados por las que los arrendatarios perciban una renta inferior a la que establezca anualmente el departamento competente en materia de vivienda, respecto de cada uno de los municipios de demanda fuerte y acreditada de vivienda. Además, para que pueda aplicarse la bonificación, las viviendas deben haber sido reconocidos como viviendas asequibles por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, según la normativa sectorial. Se aplicarán las mismas bonificaciones en el caso de que la entidad destine parte del parque de viviendas al sistema de propiedad compartida regulado en el artículo 71 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, y al sistema de propiedades temporales en los mismos porcentajes establecidos por los programas de vivienda asequible.
28 marzo 2014 a las 1:05 pm
Según el último informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, dado a conocer hace unas horas, los desalojos de viviendas realizados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos, alcanzaron la cifra de 67.189 en 2013, es decir, una media de 184 diarios y de uno cada 15 minutos. De esta cifra, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias por el impago de los préstamos hipotecarios, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos por el impago del alquiler y el 4,8% por otras causas. Por Comunidades Autónomas, Cataluña fue la que obtuvo más desalojos de vivienda, el 23,8 %. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 (esto es, los expedientes abiertos), fue de 82.860, un 10% menos que el año anterior. El documento explica que este descenso se debe a “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, re-estructuración de deuda y alquiler social”.
En enero de este año, el Banco de España revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.
El Pleno del Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la Ley 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, hasta que resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el pasado 14 de octubre contra esta norma foral, sin prejuzgar el fondo del recurso. La decisión cuenta con los votos particulares de los Magistrados Adela Asua, Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol.
En su decisión, el Tribunal ha tenido en cuenta los informes de 2013 y 2014 de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, quienes advierten que “ciertas iniciativas autonómicas de protección de los deudores hipotecarios están generando incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera”… las actividades de las instituciones financieras españolas “tienen una conexión estrecha con el cumplimiento por España de sus compromisos internacionales en materia de ayudas de Estado”, lo que que resulta de “gran relevancia” a la luz de la propia doctrina del Tribunal Constitucional.
Ya en 2011 el Tribunal Constitucional entendió que “la credibilidad de España en una situación económica de desconfianza como la presente constituía un interés público que justificaba el mantenimiento de la suspensión de una ley autonómica” (en ese caso, la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público).
Junto a estos informes, el auto del Tribunal Constitucional cita otro, del Banco de España, fechado el 29 de noviembre de 2013, que sostiene que la aplicación de las medidas contenidas en la norma recurrida “genera incertidumbre sobre el marco en el que las entidades de crédito o la propia SAREB podrán gestionar sus activos inmobiliarios”. “Ello es motivo de inquietud para esta institución desde la perspectiva de sus responsabilidades supervisoras y de estabilidad financiera, por lo que pueda afectar a la evolución de los márgenes y de los resultados de las entidades en un entorno financiero tan complicado como el actual”. “El Banco de España considera que la norma ha introducido ya una indeseable incertidumbre en el marco que afecta a la gestión por las entidades de crédito y por la SAREB de sus activos inmobiliarios y ha añadido inseguridad jurídica en relación con las garantías de los títulos hipotecarios de las entidades españolas, lo que podrá afectar a sus condiciones de financiación y, por consiguiente, al flujo del crédito a la economía real”, añade el auto.
Según el Tribunal Constitucional, esos datos “no desvirtúan el análisis contrario que consta en los documentos citados de la Comisión Europea y del Banco de España” porque se refieren exclusivamente “a uno de los aspectos del grupo de medidas que en su conjunto, según tales instituciones, pueden afectar a la estabilidad del sistema financiero”.
El Tribunal Constitucional concluye que la aplicación global de las medidas contenidas en la ley recurrida “inciden en el sistema financiero en su conjunto, generando, en una situación como la presente de excepcional desconfianza en el sistema crediticio globalmente considerado, un menoscabo para el interés público que supone la estabilidad de dicho sistema”. Y añade que, “en la medida que pueda poner en riesgo que la reestructuración bancaria apoyada con dinero público en virtud de un régimen especial de ayudas de Estado se desarrolle en los términos autorizados, da lugar a una afectación igualmente cierta para el cumplimiento por España de sus compromisos internacionales”.
Los Magistrados Asúa, Ortega, Roca, Valdés y Xiol, que suscriben el voto particular, consideran que el Tribunal Constitucional debió levantar la suspensión de la ley recurrida al no haber quedado acreditado que su aplicación “pueda causar unos perjuicios de imposible o difícil reparación”. En su opinión, los informes aportados por la Abogacía del Estado sólo ponen de manifiesto que “es posible que tales medidas incidan desfavorablemente en el sistema financiero (…), pero en modo alguno justifican que como consecuencia de las mismas se vaya a generar una grave perturbación al conjunto del sistema financiero”. “El perjuicio al que aluden es meramente hipotético y se fundamenta en consideraciones generales y abstractas” que no están respaldadas por “datos concretos”. Creen que el dato aportado por el Parlamento de Navarra relativo al número de desalojos registrados en la Comunidad Foral pone de manifiesto “la escasa incidencia que las medidas previstas en la Ley Foral 24/2013 pueden tener en el conjunto del sistema financiero”.
Los Magistrados, en su voto particular, concluyen que el auto se ha separado “de la jurisprudencia del Tribunal sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes autonómicas”, que es el “punto de partida” del análisis respecto de la conveniencia de mantener o levantar la suspensión de la norma objeto de conflicto.
Para conocer el contenido de la Ley 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
19 marzo 2014 a las 3:09 pm
Real Decreto-ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
1. SUSPENSIÓN DE LOS LANZAMIENTOS SOBRE VIVIENDAS HABITUALES DE COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES (RESUMEN):
1.1 Plazo de suspensión: Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley (16 de noviembre de 2012) y hasta transcurridos dos años, no procederá el lanzamiento, en los casos de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria sobre viviendas habituales de personas que formen parte de colectivos especialmente vulnerables.
1.2 Colectivos especialmente vulnerables: Se considera que forman parte de colectivos especialmente vulnerables las personas que cumplan los siguientes dos tipos de requisitos:
1.2.1 Requisitos relativos a especiales circunstancias familiares: Se encuentran en una situación social vulnerable, aquellas personas en que concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:
– Familias que tengan a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o en situación de dependencia o enfermedad que incapacite de modo permanente para realizar una actividad laboral.
– Familias en las que el deudor hipotecario esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo.
– Familias en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
1.2.2 Requisitos relativos a especiales circunstancias económicas: Además de cualquiera de las anteriores circunstancias familiares, para que sea de aplicación la suspensión del lanzamiento deben concurrir las siguientes circunstancias económicas:
– Que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. (En 2012 ese indicador es de 532 euros al mes, por lo que los ingresos mensuales no podrían superar los 1.597 euros).
– Que, en los últimos cuatro años, la unidad familiar haya producido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. (Según el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2012 en virtud del cual se ha aprobado el Real Decreto-ley, la carga hipotecaria se debe haber multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años).
Los anteriores requisitos han de ser debidamente acreditados por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los documentos a los que se refiere el Real Decreto-ley.
19 marzo 2014 a las 3:02 pm
LEY 1/2013 DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL
CAPÍTULO I. Suspensión de los lanzamientos (RESÚMEN):
Se prevé la suspensión inmediata y por un plazo de 2 años –desde la entrada en vigor de la Ley- de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Es una medida de carácter excepcional y temporal, que afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual del ejecutado.
Se precisan dos tipos de requisitos:
– Requisitos subjetivos: La vivienda debió de pertenecer a uno de estos colectivos: familias numerosas, las monoparentales con 2 hijos; las que tengan un menor de 3 años o algún miembro con discapacidad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales; y, las víctimas de violencia de género.
– Requisitos objetivos: Los ingresos familiares no han de superar el triple del IPREM (cuatro o cinco veces para discapacitados); la cuota hipotecaria superaba el 50 % de los ingresos netos de todos; en los cuatro años anteriores, la unidad familiar sufrió una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda cifrada en un 150%; el crédito o préstamo hipotecario recaía sobre la única vivienda propiedad del deudor, habiendo sido concedido para la adquisición de la misma.
La parte de la deuda que no haya podido ser cubierta con la vivienda habitual no devengará más interés de demora que el resultante de sumar a los intereses remuneratorios un 2% sobre la deuda pendiente. El modo de acreditar estos requisitos ante el Juez o el Notario se recogen en el artículo 2 con cuatro apartados: