Source: http://observatoriodelasalud.blogspot.com/2017/05/
Timestamp: 2018-07-21 09:57:21
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Observatorio de Salud UBA: mayo 2017
Facilitarán la identificación de personas atendidas en hospitales públicos que cuenten con obra social
Acuerdo entre Salud y RENAPER para agilizar la recuperación costos.
El Registro Nacional de la Personas (RENAPER) colaborará con el ministerio de Salud bonaerense para facilitar la identificación de los pacientes atendidos en hospitales provinciales y a través del SAME. La iniciativa contempla la posibilidad de que la cartera sanitaria sepa qué pacientes asistidos en establecimientos públicos cuentan con cobertura de obra social o prepagas, de modo tal que la Provincia pueda recuperar a través de esas entidades los costos a través del Sistema de Atención Médica Organizado (SAMO).
El convenio fue firmado hoy por la ministra de Salud Provincial, Zulma Ortiz, y el titular del RENAPER, Juan José D’Amico. Ortiz explicó que “el RENAPER facilitará a Salud el acceso a la información disponible en sus sistemas informáticos para poder corroborar datos básicos de identificación de cada persona que pasa por el sistema de salud bonaerense como fecha de nacimiento, nombre y apellido, número de DNI y si tiene cobertura de obra social”.
La firma del convenio contó con la presencia del Subsecretario de Políticas Sanitaria, Gabriel Sánchez Zinny, quien detalló que “contar con la base de datos permitirá tener información sobre nuestros pacientes, identificar a quienes recogemos en la red de SAME y conocer si cuenta con prepaga u obra social, lo cual nos facilitará la recuperación de costos a fin poder adquirir más ambulancias SAME”.
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Alemania planea multar a los padres que se nieguen a ser asesorados sobre vacunas
Las guarderías y jardines de infantes tendrán que informar a las autoridades la identidad de los progenitores que rechacen información sobre el plan de vacunación infantil.
Luego de que una mujer de 37 años, madre de tres hijos, murió por sarampión esta semana en la ciudad de Essen, se conoció hoy un proyecto de ley en Alemania que establece una sanción con multas de hasta 2500 euros a los padres que rechacen ser informados sobre los planes de vacunación infantil antes de matricular a sus hijos en un jardín de infantes.
La normativa, que será aprobada el 1 de junio en el Bundestag (Parlamento alemán), contempla la obligatoriedad de las guarderías de comunicar a las autoridades sanitarias la identidad de los progenitores que se nieguen a ser asesorados sobre vacunas.
"Que todavía hoy mueran personas a causa de un sarampión, eso no nos puede dejar indiferentes. Por eso, vamos a endurecer ahora las normas de vacunación", indicó el ministro de Sanidad de Alemania, Hermann Gröhe, en declaraciones al diario Bild.
En Alemania no es obligatorio que los niños estén vacunados. No obstante, desde que en el año 2015 el país se vio afectado por una ola de sarampión, el gobierno de Angela Merkel modificó la legislación y comenzó a exigir a los padres que entregaran en las escuelas un justificante que acreditara que habían sido informados sobre los planes de vacunación.
Hasta ahora, sin embargo, eran los propios jardines de infantes los que decidían si comunicaban a las autoridades sanitarias los datos de los padres que rechazaban recibir información sobre el calendario de vacunación infantil.
A pesar de este cambio, Alemania descarta seguir el ejemplo de Italia, país que acaba de aprobar la vacunación obligatoria para niños de hasta seis años que quieran ingresar en guarderías y escuelas.
"Creo que nuestras medidas servirán para lograr el objetivo", destacó recientemente el ministro Gröhe en declaraciones a la agencia alemana Deutsche Presse-Agentur (DPA).
El movimiento antivacunas registrado a escala global ha llevado en los últimos años a la reaparición de enfermedades como el sarampión, consideradas erradicadas. En Alemania, un brote de esta enfermedad afectó en 2015 a unas 2.500 personas. El año pasado, en el país se registraron 325 casos de enfermos aquejados por esta enfermedad infecciosa y contagiosa.
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Proyectan que cada empresa posea un servicio propio de salud y seguridad en el trabajo
La idea forma parte de la propuesta del Gobierno para la nueva norma que reemplazará a la ley de Seguridad e Higiene, que rige desde 1972. Busca el apoyo de gremios y empresas.
El Gobierno elevó esta semana a representantes sindicales y empresarios el anteproyecto de una nueva ley de prevención y protección laboral que dispone que los empleadores deberán implementar en forma obligatoria un servicio de salud y seguridad en el trabajo, que tendrá la función de prevenir accidentes y garantizar un ambiente sano y seguro para el desempeño de los trabajadores. La propuesta oficial fue oficializada el martes en el marco del inicio del debate tripartito del denominado Comité Consultivo Permanente que tiene como propósito acordar los términos de una nueva ley de prevención y protección laboral, destinada a reemplazar antes de fin de año a la actual norma sobre seguridad e higiene en el trabajo que rige sin cambios desde 1972.
El encuentro del Comité Consultivo fue encabezado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón, en representación del Gobierno, y sumó la participación de los dirigentes de la CGT, Gerardo Martínez, Jorge Solá, Oscar Rojas y Argentino Geneiro; y el titular de Uatre, Gerónimo Venegas. En representación del sector empresario asistieron Julio Cordero (UIA), Jorge Hulton (Cámara de la Construcción), Abel Guerrieri (Sociedad Rural), Marcelo Fernández (CGERA), Pedro Etcheverry (CAC).
Durante el encuentro, los funcionarios presentaron los lineamientos de un anteproyecto de ley de prevención, que como uno de los aspectos principales establece la obligatoriedad de las empresas de implementar en sus establecimientos "un servicio de salud y seguridad en el trabajo", cuya composición en materia de profesionales requeridos y características estarán definidas sobre la base de la envergadura y tamaño de la compañía, el riesgo y el tipo de actividad. De acuerdo con la propuesta oficial, esos servicios tendrán funciones esencialmente preventivas y serán los encargados de "asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo sano y seguro que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo".
Además, según confiaron participantes del encuentro a este diario, la iniciativa del Ejecutivo dispone la creación de canales permanentes de consulta con los representantes de trabajadores y empleadores, garantizando su participación efectiva en la elaboración de un Programa Nacional de Salud y Seguridad laboral.
El anteproyecto oficial presentado por Triaca y Morón, cuya discusión continuará en una nueva reunión prevista para el 6 de julio, se compone de 8 capítulos que, en líneas generales, considera la prevención como "eje rector" y establece como objetivo central "garantizar el derecho de todo trabajador a contar con condiciones y medio ambiente de trabajo seguros y saludables", que deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en los convenios colectivos de cada actividad. En ese sentido, también la iniciativa se propone armonizar la legislación nacional con lo estatuido en el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores (número 155) y sobre el marco promocional para la seguridad en el trabajo (número 187).
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La Resolución 370/207 publicada el pasado 23 de mayo en el Boletín Oficial, establece los procedimientos necesarios que deben presentar los titulares de registro de tecnologías sanitarias para solicitar la incorporación, modificación o baja de las mismas en el marco del P.M.O y S.U.R.
A partir de la presentación de esta información, la Superintendencia formulará una serie de recomendaciones (en un plazo no mayor a 180 días), que podrán ser elevadas al Ministerio de Salud de la Nación como propuesta de adecuación al P.M.O. La cartera sanitaria nacional determinará la procedencia, oportunidad, mérito y conveniencia de dichas propuestas.
Las presentaciones de propuestas pueden realizarse en dos períodos anuales: durante los meses de marzo y de septiembre de cada año. Además esta nueva norma aprueba el “Manual del Usuario de Solicitudes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias”, que se mantendrá actualizado en la web institucional.
MINISTERIO DE SALUD | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 370-E/2017
VISTO el Expediente Nº 19419/2017 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, los Decretos N° 1615 del 23 de Diciembre de 1996, Nº 2710 del 28 de Diciembre de 2012 y la Resolución Nº 201 del 9 de Abril de 2002, del MINISTERIO DE SALUD, sus modificatorias y complementarias y las Resoluciones Nº 400 del 28 de Octubre de 2016, y Nº 46 del 8 de Febrero de 2017, de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
Que la Resolución Ministerial Nº 201/2002, con sus modificatorias y complementarias, establece el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO), siendo el conjunto de prestaciones básicas esenciales que deben garantizar los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga a su población beneficiaria.
Que, entre los objetivos del citado Programa, se debe garantizar el acceso a la provisión de tecnologías sanitarias de demostrada calidad, seguridad, eficacia y eficiencia para una adecuada asignación de prioridades y recursos en la cobertura de salud como uno de los pilares del acceso universal a los servicios.
Que la Resolución N° 400/2016-SSSALUD y su modificatoria la Resolución Nº 46/2017-SSSALUD aprueban los requisitos generales, específicos, cobertura, medicamentos y valores máximos a reintegrar a los agentes del Seguro de Salud a través del Sistema Único de Reintegros (SUR), habiendo la Gerencia de Gestión Estratégica del Organismo efectuado el análisis de las tecnologías listadas en los Anexos III, IV y V de dicha normativa.
Que en este sentido, la evaluación de tecnologías sanitarias es considerada como una herramienta analítica eficaz que estima el valor y la contribución relativa de la aplicación de la tecnología a la mejora de la salud y mediante la cual se suministra información para apoyar el proceso de toma de decisiones de manera racional, transparente y con base científica.
Que por ello, se hace necesario que el mecanismo de evaluación y actualización de las Tecnologías Sanitarias se sustente en análisis sistematizados y pormenorizados que aseguren la probada eficacia de todo producto o procedimiento diagnóstico o terapéutico a financiar por el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y se fundamente en la medicina basada en la evidencia, respondiendo al análisis de costo-efectividad y costo-beneficio, de modo de valorar la evidencia que respalde la incorporación y/o exclusión de tecnologías.
Que en mérito a lo expuesto y en uso de las prerrogativas que se le confieren a esta autoridad de aplicación, corresponde establecer la metodología de presentación de propuestas de nuevas tecnologías sanitarias, bajas y/o modificaciones de aquellas previstas en la Resolución Nº 400/2016 SSSALUD (modificada por su similar Nº 46/2017 SSSALUD), o la que en el futuro la reemplace, como asimismo, homogeneizar criterios de información para velar por su correcta evaluación y utilización.
ARTÍCULO 1º.-Las personas físicas o jurídicas titulares de registro de tecnologías sanitarias que deseen proponer incorporaciones, nuevas indicaciones y/o exclusiones de las mismas garantizadas en los Anexos II, III y IV del Programa Médico Obligatorio vigente, deberán completar los formularios que, como Anexo I (a), I (b), I (c) y I (d), forman parte integrante de la presente Resolución, y adjuntar la carta de presentación que, como Anexo II, forma también parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.-La Gerencia de Gestión Estratégica de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD evaluará la información presentada y formulará recomendaciones, que podrán ser luego elevadas al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN con una propuesta de adecuación del Programa Médico Obligatorio conforme a la evaluación realizada.
La mera presentación de solicitudes en los términos del artículo 1º de la presente no implicará reconocer la veracidad y/o procedencia de las causales, razones y/o conclusiones invocadas en su favor por los requirentes, encontrándose la Gerencia de Gestión Estratégica facultada para exigir toda otra información y/o documentación que estime necesaria para emitir una respuesta fundada sobre la procedencia y/o conveniencia de hacer lugar al requerimiento.
Del mismo modo, la elevación de una propuesta al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN no implicará la adecuación del Programa Médico Obligatorio al requerimiento formulado, quedando a criterio de dicha cartera determinar la procedencia, oportunidad, mérito y conveniencia de hacer lugar a dicha adecuación.
ARTÍCULO 3º.-Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD podrá introducir incorporaciones y/o modificaciones a la Resolución Nº400/2016-SSSALUD (modificada por su similar Nº 46/2017 SSSALUD) o la que en el futuro la reemplace, según razones de urgencia, oportunidad, mérito y/o conveniencia.
ARTÍCULO 4º.-Las personas físicas o jurídicas que posean tecnologías incluidas en el Anexo V de la Resolución Nº 400/2016-SSSALUD (modificada por su similar Nº 46/2017), deberán completar los formularios que, como Anexo I (a), I (b), I (c) y I (d), forman parte integrante de la presente Resolución, antes del 31 de Diciembre de 2017.
ARTÍCULO 5º.-Las presentaciones a las que se refiere el artículo 1º de la presente norma deberán realizarse en dos períodos anuales, entre el 1º y el 31 de Marzo y entre el 1º y el 30 de Septiembre de cada año.
ARTÍCULO 6º.-La Gerencia de Gestión Estratégica evaluará las propuestas recibidas en los términos del artículo 1º de acuerdo a un criterio de mérito, oportunidad y conveniencia, en función del impacto que la evaluación de la tecnología podría representar para el Sistema de Salud en su conjunto, debiendo expedirse en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días, prorrogable en función de las necesidades o a requerimiento de la máxima autoridad. Dicho plazo comenzará a correr desde que se cuente con la totalidad de la información necesaria para realizar debidamente la evaluación.
ARTÍCULO 7º.-Instrúyase a la Gerencia de Sistemas de Información a habilitar el acceso al sistema informático con las nuevas funcionalidades operativas conforme los términos de la presente.
ARTÍCULO 8º.-Apruébese el Manual del Usuario de Solicitudes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que como Anexo III forma parte integrante de la presente Resolución, el que estará disponible en el sitio web institucional de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y podrá ser actualizado periódicamente por la Gerencia de Gestión Estratégica.
ARTÍCULO 9º.-Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese. — Luis Alberto Scervino.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud (www.sssalud.gob.ar)
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud / Boletín Oficial
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Por una medida cautelar, una obra social deberá cobrar cuota no diferenciada a una menor discapacitada. Así lo dispuso la Cámara Federal de Córdoba, en el caso de un hombre que solicitó la cobertura de su sobrina, que padece un retraso mental leve. La obra social le quiso cobrar una cuota de $17.000.
La Cámara Federal de Córdoba ratificó la procedencia de una medida cautelar que obliga a una obra social a otorgar la cobertura de salud a una joven que padece un retraso mental leve. El Tribunal, integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro dejó firme la medida dictada en autos “Z.M. V. en representación de su sobrina c/ Mutual Federada Salud 25 de Junio s/ Afiliaciones”.
El hombre entonces presentó un amparo ante la Justicia Federal solicitando que se obligue a la mutual a que le otorgue la cobertura a la menos, lo que fue concedido cautelarmente por el juez de Primera Instancia y luego ratificado por la Cámara de Apelaciones, que rechazó la apelación de la demandada.
La obra social justificó su accionar en el hecho de que la ley exige que “frente a enfermedades preexistentes es necesario su comunicación para la admisión de usuarios” y que además no negó la cobertura sino que cobró valores diferenciados. Sin embargo, la Alzada hizo foco en la protección constitucional que merecen las personas discapacitadas, con más razón cuando se encuentra en juego su derecho a la salud.
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Ministros de Salud de las Américas participarán en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud
Autoridades sanitarias de todo el mundo se reunirán en Ginebra para abordar temas como las emergencias en salud, la resistencia antimicrobiana, y la salud de los migrantes y refugiados. Este año elegirán un nuevo Director General de la OMS.
Ministros y autoridades de salud de 194 países participarán en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra entre el 22 y el 31 de mayo, en Ginebra, Suiza. Durante el encuentro, buscarán acordar acciones para responder a las emergencias en salud, abordar la resistencia antimicrobiana y asegurar acceso a medicinas y vacunas, entre otros temas. Este año, también se elegirá un nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio máximo de la OMS. Su función principal es determinar las políticas de la organización, designar al Director General, supervisar las políticas financieras, y revisar y adoptar el presupuesto.
La región de las Américas participará con una delegación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional para las Américas de la OMS, encabezada por su Directora, Carissa F. Etienne, así como también, con la presencia de las delegaciones de cada país del continente que es miembro del organismo.
Asimismo, la OPS instalará un stand en el Palacio de las Naciones, donde tendrá lugar la Asamblea, para compartir información sobre el trabajo regional en salud, con especial énfasis en las acciones que se toman para avanzar hacia la salud universal.
Durante la Asamblea, las delegaciones abordarán temas como la respuesta a emergencias en salud, la resistencia antimicrobiana, el acceso a medicinas y vacunas, así como un plan de acción de vacunas global. También debatirán sobre la salud de refugiados y migrantes, una respuesta global para control de los vectores, y temas vinculados a las enfermedades no transmisibles, como la demencia, la dimensión de salud pública del problema global de las drogas, la pérdida de audición y la obesidad infantil, entre otros temas.
El 23 de mayo, los delegados de los países del mundo elegirán a un nuevo Director o Directora General de la OMS, quien sucederá en el cargo a la doctora Margaret Chan, tras diez años al frente de la organización.
Además, los representantes de los países también recibirán informes técnicos sobre el alcance de las vacunas, oportunidad en la cual la Directora Etienne, de la OPS, se referirá a los logros alcanzados por la región en materia de enfermedades prevenibles por vacunación. Los otros informes técnicos refieren a la salud universal y a la salud y el medioambiente.
Por su parte, los ministros de Salud de las Américas tendrán una instancia para debatir sobre la Agenda de Salud Sostenible 2030 para la región, que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados desde el sistema de Naciones Unidas.
En paralelo con la Asamblea, las delegaciones de las Américas promueven distintos eventos para debatir temas de salud pública como ataques a los trabajadores de la salud; salud y derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niños; la agenda mundial para la seguridad en salud; el papel de los reguladores en emergencias de salud globales; acceso a medicinas; combate a enfermedades desatendidas; y salud de los ojos, entre otros temas.
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Etiquetas: 67 Asamblea Mundial de la Salud, Noticias
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Avances en protección de derechos de los mayores
En la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores se garantiza la no discriminación por razones de edad, los derechos a la autonomía, a la salud y a la seguridad social, entre otros.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que garantiza los derechos a la igualdad y no discriminación por razones de edad, a la dignidad en la vejez, a la independencia y autonomía, a la participación, a una vida sin violencia, a la seguridad social, a la salud, al esparcimiento, entre otros, y respalda la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas dirigidas al sector, fue ratificada por el Congreso de la Nación.
Con 208 votos afirmativos y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Convención. El proyecto de ley había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores en julio de 2016.
Argentina lideró el proceso de impulsar un instrumento de protección de los derechos de las personas adultas mayores en la región.
Consultada por Diario Popular, la directora nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), Susana Rubinstein, manifestó que la aprobación del documento regional “significa un gran avance en relación de los derechos humanos de las personas mayores, es una normativa vinculante, implica un compromiso del Estado en el desarrollo de acciones y políticas que den respuesta a estos derechos”.
Asimismo señaló que “nos da un encuadre de trabajo, que si bien la DINAPAM ya viene trabajando en los principios de la Convención, en los Principios de Naciones Unidas en Favor de las Personas Mayores, es dar continuidad y profundizar acciones”.
Por su parte, la ex titular de DINAPAM, Mónica Roqué, quien integró el comité redactor de la Convención manifestó con orgullo que “fue un logro de años de trabajo de la Argentina”.
“En 2010 fuimos a la OEA a pedir que se tratara el tema de los derechos humanos de las personas mayores. En 2012 se planteó la realización de un diagnóstico de la situación de las personas mayores en la región y de los instrumentos que existían. En 2012 comenzó la negociación formal del proyecto de la Convención y en 2015 la Asamblea General de la OEA la aprobó”, destacó.
Y sostuvo que la ratificación de la Convención por parte del Congreso argentino “constituye un paso más para seguir construyendo un país para todas las edades”.
En tanto, la directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Conicet en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Isolina Dabove, explicó que “la aprobación parlamentaria de esta Convención consagra un nuevo paradigma positivo en torno a la vejez y permite: que este Tratado entre en vigencia en nuestro país, luego de su promulgación y ratificación por parte del Ejecutivo; la Convención tenga ahora jerarquía superior a las leyes; obliga a los jueces a aplicar su contenido en toda decisión vinculada a personas mayores; el Estado argentino se compromete a poner en marcha políticas públicas que concreten los derechos contemplados en ella; y permite que cualquier argentino pueda interponer una petición individual para denunciar la violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana”.
La Convención fue aprobada el 15 de junio de 2015 por la Organización de Estados Americanos (OEA), con la firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. En junio de 2016 también firmó Bolivia. El documento regional fue ratificado por Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Chile.
El Congreso argentino la ratificó el pasado 9 de mayo. Aún no fue publicado en el Boletín Oficial.
En la Convención se detalla que sus principios generales son:
*La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
*La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.
*La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía.
*La igualdad y no discriminación.
*La participación, integración e inclusión plena en la sociedad.
*El bienestar y cuidado.
*La seguridad física, económica y social.
*La autorrealización.
*La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
*La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
*El buen trato y la atención preferencial.
*El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.
*El respeto y valorización de la diversidad cultural.
*La protección judicial efectiva.
*La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo son su legislación interna.
Entre los derechos protegidos por la Convención Interamericana se encuentran “a la igualdad y no discriminación por razones de edad; a la vida y a la dignidad en la vejez; a la independencia y a la autonomía; a la participación e integración comunitaria”.
Asimismo se protegen los derechos “a una vida sin ningún tipo de violencia; a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo; a la privacidad e intimidad”.
También se enumeran los derechos “a la seguridad social; al trabajo; a la salud; a la educación; a la cultura; a la recreación y al deporte; a la vivienda; a la accesibilidad y a la movilidad personal; acceso a la justicia”, entre otros.
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La Celiaquía es un trastorno alimenticio que afecta al 1 por ciento de la población mundial, por lo que en el país hay 400 mil personas que la padecen. “El tratamiento no está en la farmacia, sino en la cocina”, sostuvo Eduardo Mauriño, director del Programa de Celiaquía del Ministerio de Salud porteño, marcando el camino a seguir. Está claro que los mostradores no tienen la cura para este mal, pero si pueden brindar muy buena ayuda, en especial a la hora de tomar medicamentos. Es que un proyecto busca que todos los locales de la Ciudad tengan información sobre tratamientos libres de gluten, y así ayuden al acceso seguir de los fármacos.
En la Argentina, la ley 26.588, establece que “los productos alimenticios que se comercialicen en el país, y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la presente ley, deben llevar impresos en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible, la leyenda ‘Libre de gluten’ y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación”. Internacionalmente se estableció un logo para identificar a los productos sin gluten y el mismo está impreso en todos los productos. Algunos ejemplos de alimentos libres de gluten, pueden ser: Chocolates, jugos en polvo, premezclas de Postres, flanes y gelatinas, Mantecol, Chicles y Galletas de arroz. También existen agrupaciones, como la Asociación Celíaca Argentina donde se dictan cursos de cocina sin TACC.
ACCEDER AL LISTADO DE MEDICAMENTOS SIN GLUTEN
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Afecta a dos millones de argentinos. Piden que se reconozca la enfermedad y que las obras sociales cubran los remedios.
Desde 2012, un conjunto de pacientes que sufren fibromialgia piden a los legisladores nacionales una ley para obtener reconocimiento oficial de la enfermedad y lograr que forme parte del Programa Médico Obligatorio.
La fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida cuyo síntoma principal es el dolor a la presión y palpación en localizaciones anatómicas definidas. Según el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), el dolor suele ser difuso y persistente, quemante, punzante o penetrante.
En la Argentina, entre el 0,7% y el 2% de la población padece la enfermedad, según INECO. Aunque mayormente afecta a mujeres, existen casos diagnosticados en hombres.
Alfileres en el cuerpo
Mónica Angelino es poeta y a través de su libro “Fibro” narra su experiencia como víctima de una enfermedad que no tiene cura, sólo tratamiento. “Fibrotristeza, fibromialgia, fibroalodinia, los alfileres en el cuerpo no son puntos de poesía”, comienza uno de sus poemas.
La poeta encabezó la presentación de uno de los proyectos junto con un grupo de pacientes en el 2012. En sus declaraciones, Angelino afirmó que el proyecto fue “cajoneado” por la diputada Andrea Rodríguez, presidenta de la anterior Comisión de Salud; ahora nuevamente la propuesta será analizada por los legisladores nacionales. En ese momento, la respuesta que se dio a los pacientes fue que no había presupuesto para cubrir los medicamentos de 2 millones de personas, explicó Angelino.
El punto central del proyecto de ley apunta al reconocimiento oficial de la enfermedad para ingresar al Programa Médico Obligatorio (PMO) y obtener el reconocimiento de la medicación 100% por las obras sociales, de esta manera también podrán acceder a licencia médica por ser una enfermedad discapacitante.
“Lo que queremos no es un certificado de discapacidad para pedir una pensión, porque somos mujeres laburantes, la mayoría. Necesitamos ese reconocimiento para los remedios y para poder sentirnos mejor e ir a trabajar”, expresó Angelino.
Pelear por la cobertura
“No somos reconocidas como enfermas, no tenemos acceso a los remedios. No podemos tener licencias médicas, te la dan por psiquiatría o te la dan por otra cosa. ¡No somos locas!, cuando estás con una crisis con dolor, no puede ser que el reumatólogo tenga que inventarte una enfermedad porque si no te echan. No podés faltar porque sí, y algunos médicos conscientes de que no te podés mover te dan una licencia por cualquier cosa para que tengas tres o cuatro días”, aseguró Angelino.
“Las obras sociales no te reconocen los remedios al 100%, y no se puede vivir con dolor; porque el dolor te hace pedazos la vida que debería ser entera”, dijo Angelino. En promedio, la medicación se acerca a los 3 mil pesos mensuales, y muchos de los pacientes diariamente se enfrentan con el dilema de “comprar una pregabalina o comer”, advirtió.
En respuesta al estado de los proyectos presentados, la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista), responsable de uno de los proyectos presentados, confirmó a NOTICIAS que los proyectos están siendo analizados por asesores y próximamente se tratará por Diputados en la Comisión de Salud y Acción Pública.
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Una deuda que tiene desde hace dos décadas OSDE (Obra Social de Ejecutivos y de Directores de Empresas) se dio a conocer ayer. La misma es una abstención de pago de 12 mil millones de pesos vinculada a la Superintendencia de Servicios de Salud por no regularizar el abono del arancel desde 1998, correspondiente a un 15% de la cuota de sus afiliados adherentes al fondo del organismo
Además , la prepaga tiene la política de contratar toda la prestación de servicios para no tener bienes a su nombre que puedan ser embargados.
Según se expuso en el ciclo "1+1=3", en un decreto del entonces presidente Carlos Menem se creó la figura del "afiliado adherente", que permitió a las obras sociales y empresas prepagas facilitar la incorporación de familiares no directos -tíos. primos etc.- de los afiliados titulares.
El informe de Santiago Cúneo en la pantalla de Crónica, reveló la descomunal cifra que la empresa de medicina privada adeuda a la Superintedencia de Salud desde hace casi 20 años.
En esa misma norma se estableció que el 15% de lo que abonaba cada adherente, debía ser remitido a un fondo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Como suele ocurrir, hubo algunas obras sociales y empresas prepagas que pagaron puntualmente y otras que no, entre ellas OSDE.
Con el tiempo, la Superintendencia fue intimando a cada una a cumplir con la obligación. En distintos casos logró que pagaran, pero con OSDE nunca pudo. De hecho, la obra social de entrada desconoció al organismo como ente competente para hacerle la intimación, alegando que a la AFIP le correspondía hacerlo.
La Superintendencia insistió por la vía judicial, el caso fue pasando instancias hasta que hace casi dos años salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia -con una integración diferente a la actual- que le reconoció la autoridad a la Superintendencia.
"Entonces OSDE usó otro recurso; a través de otra entidad de salud que en realidad le pertenece, hizo una presentación judicial pidiendo la nulidad del decreto de 1998 por inconstitucional, no en su totalidad, sino el artículo que específicamente obliga a las entidades de salud a hacer el depósito del 15%" , sostuvo Cunio y agregó: "Incluso logró que por recurso extraordinario eso llegue a la Corte Suprema; no sería de extrañar que termine avalando el reclamo de esta subsidiaria de OSDE, lo que permitiría que ésta cometa "el crimen perfecto", esto es, quedarse con los fondos que nunca aportó al fondo de la Superintendencia, fondo que sirve para asistir a otras obras sociales con un criterio solidario.
"En cambio, OSDE se maneja con un criterio rentístico, más allá de que originalmente es una obra social, de empresarios y directivos, pero obra social al fin, por lo cual por ley está eximida de pagar impuestos que sí deben abonar las prepagas. Vendría a ser entonces el paradigma de la contraética de la solidaridad, más si se toma en cuenta que actualmente de las 2.100.000 cápitas actuales de OSDE (el 36% del mercado total) cuatro de cada cinco son adherentes, es decir, personas en relación de dependencia que por convenios con su obra social sindical reciben la prestación de OSDE y le pagan a ésta, en un esquema concentrado que por cierto favorece a los grandes empresarios que lucran con la salud y perjudican a pequeñas obras sociales, prestadoras y a los pacientes en general, que tampoco tienen acceso a una salud pública de calidad, como debiera haber", agregó el periodista.
En el informe también se indicó que habría un decreto del actual gobierno para derogar el aporte del 15% que dispone la norma de 1998, y además que la empresa, en su último balance anual, sólo previsiona una deuda de 900 millones de pesos por el tema con la Superintendencia, lo que representa una falsedad a los ojos de cualquier eventual interesado en invertir en la empresa.
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Se declara el “Día Nacional de Lucha contra la Obesidad"
DECLARACIONES OFICIALES - Decreto 330/2017
“Día Nacional de Lucha contra la Obesidad”
VISTO el Expediente N° 1-2002-16741/11-8 del Registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley Nº 26.396, la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable, aprobados por la Resolución Nº 1083 del 29 de diciembre de 2009 del MINISTERIO DE SALUD, y
Que el “Plan Nacional Argentina Saludable”, como parte de esta Estrategia tiene a su cargo coordinar acciones de base poblacional dirigidas a combatir en forma integral los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la inactividad física y la mala alimentación.
Que el MINISTERIO DE SALUD, a través de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA, realiza en el marco de la Ley Nº 26.396, actividades de prevención y control de la Obesidad y otros Trastornos Alimentarios, en escuelas, ámbitos barriales, comunitarios, efectores de salud, proveyendo a las jurisdicciones provinciales y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, materiales educativos e informativos necesarios, (trípticos, afiches, Guías de Nociones Generales para trabajar con la comunidad, spots radiales sobre prevención).
Que la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2013, ha demostrado que un CINCUENTA Y SIETE COMA NUEVE POR CIENTO (57,9%) de la población tiene exceso de peso y, que el exceso de peso y la obesidad son entre un TREINTA POR CIENTO (30%) y un CINCUENTA POR CIENTO (50%) más frecuentes en personas de bajo nivel de formación. De acuerdo a la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en nuestro país en el año 2012, muestra que el VEINTIOCHO COMA SEIS POR CIENTO (28,6%) de los niños y niñas de TRECE (13) a QUINCE (15) años tiene exceso de peso y el CINCO COMA NUEVE POR CIENTO (5,9%) tiene obesidad, por lo cual es necesario profundizar las políticas públicas y poner en marcha el “Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad y el Sobrepeso en niños, niñas y adolescentes” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aprobado por el Estado Argentino, en el marco del Consejo Directivo 53º de la OPS, en Octubre de 2014.
ARTÍCULO 1º.- Declárase “DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA OBESIDAD”, el tercer miércoles del mes de octubre de cada año, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Jorge Daniel Lemus.
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"Avances y retrocesos en la Ley de Fertilización Asistida"
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Sergio Cassinotti: "No vengo a recortar beneficios para el afiliado al PAMI"
"No quiero recortar beneficios para los afiliados del PAMI , no vengo a eso", aseguró Sergio Cassinotti, el director ejecutivo del instituto a cargo de los servicios sociales de casi cinco millones de jubilados y pensionados. En un intento de ir achicando el monumental déficit del PAMI, Cassinotti decidió en las últimas semanas revisar el convenio que hace sólo tres meses se había firmado con los laboratorios por la compra de medicamentos y, además, modificar su contrato con sanatorios y clínicas. Desde la industria, sin embargo, le respondieron con dureza y advirtieron que podían llegar a eliminarse los medicamentos con descuento, mientras que algunos prestadores también alertaron sobre la posibilidad de que se resienta el servicio. En una entrevista con LA NACION, Cassinotti aseguró que el canal de diálogo tanto con laboratorios como con clínicas está abierto y que no habrá cambios para los afiliados.
Al principio, cuando la medida se conoció, causó inquietud. Cuando se fueron reuniendo en mesas de trabajo, se fueron allanando los temas. Hay distintos niveles de cápita: se considera la categoría de prestador, la región, la complejidad... Y algunas cosas, como los traslados, las dejamos fuera de la cápita. Pero la cápita rige a partir del 1° de mayo. El objetivo es conseguir en esto un 15% de ahorro, que es lo que estimamos que hay con sobrefacturación. Pero siempre cuidando la prestación. Van a salir muchos auditores para ver que la prestación se dé como corresponde.
-Estamos trabajando más en auditoría, porque hay desvíos. Hay 15 médicos que prescribieron de 3500 a 5000 recetas por mes... No digo que toda la culpa la tenga la industria; tenemos que tener controles más firmes.
En la industria farmacéutica hay quienes especulan con que detrás del ajuste del PAMI hay intereses privados, y apuntan al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fundador de Farmacity. Cassinotti rechazó toda especulación: "No tengo contacto con él. No tiene nada que ver en esto. Esto mismo lo hice en IOMA, pero más rápido. Y IOMA hoy consigue mejores precios que PAMI", sentenció.
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Ordenan a ObSBA brindar nuevamente a afiliada cobertura médica que poseía hasta el momento en que se jubiló
En los autos “C. M. A. Contra ObSBA sobre Amparo”, el Juzgado N° 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad hizo lugar a la acción interpuesta por una ex empleada del Gobierno porteño, quien solicitó mantener la cobertura médica que poseía hasta su jubilación, la cual fue discontinuada por la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que no cumplía con los 15 años mínimos de aportes establecidos por la Disposición N° 03/Ob.SBA/2014.
La causa se inició por una acción de amparo interpuesta por una ex empleada del Gobierno porteño contra la ObSBA a fin de "obtener nuevamente la cobertura médica que poseía hasta el momento en que debió jubilarse”.
La mujer relató que fue afiliada de la obra social durante más de siete años y que durante ese período aportó “con la entera convicción de obtener los servicios adecuados al momento de su jubilación”.
Sin embargo, meses después de haber iniciado los trámites jubilatorios, la ObSBA rechazó su continuidad como afiliada con fundamento en la Disposición N° 03/Ob.SBA/2014, que exige “un mínimo de 15 años de aporte para que los agentes jubilados pudieran conservar el carácter de afiliados titulares al momento de jubilarse”.
En este contexto, el magistrado consideró que la cuestión “se vincula específicamente con determinar si la limitación al derecho de afiliación introducida por la Disposición N° 03/Ob.SBA/14 –que determina que los agentes del GCBA deben poseer al menos 15 años de aportes para conservar su carácter de afiliados a la obra social luego de jubilados– es válida o, por el contrario, debe ser declarada ilegítima”.
En concreto, el juez explicó que de conformidad con las potestades invocadas por el Directorio de la Ob.SBA y de acuerdo con la autorización otorgada por la Legislatura a dicho órgano, “la Disposición N° 03/Ob.SBA/14 presenta una naturaleza jurídica similar a la de un reglamento de ejecución, en la medida en que su objeto ha sido establecer los detalles administrativos necesarios para hacer operativa la Ley N° 472”.
No obstante, afirmó que “el ejercicio de facultades reglamentarias de ejecución encuentra límites precisos en el ordenamiento constitucional local”, y añadió: “Una primera limitación consiste en que los reglamentos de las leyes no pueden alterar su espíritu mientras que otra restricción, también de especial relevancia, establece que la insuficiencia de la reglamentación no puede negar o cercenar derecho alguno”.
“El legislador no ha establecido ninguna limitación cuantitativa o cualitativa en la Ley N° 472 que condicione la permanencia como afiliados a la Os.SBA de aquellos agentes que pasaran a revestir el carácter de jubilados”, sostuvo y remató: “Por el contrario, ley reconoce que revisten la ‘calidad de afiliados titulares de la entidad, con derecho a gozar de los servicios y prestaciones que ella brinde (…) los jubilados, pensionados y retirados que hubieran concluido su etapa activa en la administración de esta Ciudad, junto a su grupo familiar’”.
Para el sentenciante, “el Directorio de la Ob.SBA ha excedido notoriamente sus facultades reglamentarias”, por lo que concluyó que “el órgano de conducción se apartó ilegítimamente de los lineamientos establecidos en la Ley N° 472 para determinar al universo de personas con derecho a acceder a sus prestaciones de salud y, consecuentemente, al dictar la reglamentación establecida cercenó los derechos constitucionales invocados por la actora”.
Fuente: Diario Judicial - Fallo completo disponible en el portal de la citada fuente
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EE.UU.: aprobaron el Trumpcare, el proyecto de ley que reforma el mercado de la salud
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos lo aprobó en una ajustadísima votación.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó en una ajustadísima votación el proyecto de ley de reforma del mercado de salud diseñado por los republicanos y ungido por el gobierno de Donald Trump , bautizado Trumpcare.
El nuevo plan de los republicanos, que pasó al Senado con 217 votos a favor -la cantidad mínima requerida- y 213 votos en contra -toda la bancada demócrata- retrotrae la participación del Estado en el mercado de la salud, al eliminar o modificar el grueso de las regulaciones y las asistencias financieras diseñadas hace siete años por los demócratas para ampliar la cobertura a más estadounidenses, sobre todo a familias de bajos ingresos y a las personas más vulnerables.
El plan sólo preserva dos reformas de Obamacare: permite que los jóvenes menores de 26 años permanezcan en el seguro médico de sus padres, y prohíbe a las prepagas limitar lo que deben pagar para cubrir a una persona.
Fuera de esas dos provisiones, Trumpcare desmantela la reforma diseñada por los demócratas durante el gobierno de Barack Obama , y le brinda más poder a las prepagas para determinar los precios y el alcance de los seguros.
Los republicanos, incluida el ala dura, argumentan que la mayor competencia reducirá el costo de las prepagas y le permitirá a más gente adquirir un seguro médico.
Los demócratas, y todos los actores del mercado de la salud, salvo las prepagas, han defenestrado el proyecto. Su argumento: el plan favorece a las prepagas, la gente sana y a los más ricos, y perjudica a los más vulnerables, gente con enfermedades, discapacitados o de bajos ingresos, incluidos muchos votantes de Trump.
La Casa Blanca, ansiosa por un avance legislativo para cumplir una promesa central de la campaña de Trump, claudicó ante un proyecto más agresivo, que casi con seguridad será dado vuelta en el Senado.
El eje la última versión de Trumpcare es la eliminación de una provisión de Obamacare que Trump había prometido mantener: prohibirle a las prepagas limitar el acceso a cobertura médica a las personas que tengan una condición médica preexistente, un cambio exigido por el ala dura de los republicanos en la Cámara baja del Congreso. Trump había dicho que quería preservar esa reforma: unas 130 millones de personas en Estados Unidos tienen alguna condición preexistente.
Además de ese retoque, que provocó un rechazo visceral de los demócratas, el nuevo plan de los republicanos propone reemplazar los subsidios para gente de bajos ingresos por créditos impositivos, y otorga recortes de impuestos a los más ricos y revierte la expansión del programa Medicaid, el plan federal que le permite acceder a cobertura de salud a familias de bajos ingresos, pobres, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados.
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La salida de Carlos Regazzoni no parece haberle traído tranquilidad al PAMI. Su sucesor, Sergio Cassinotti, puso en marcha una renegociación con las clínicas y laboratorios que sacudió y generó malestar en el sector. Los prestadores lo definieron como un "cambio abrupto de modelo" y cuestionan los nuevos términos.
A saber: desde mayo los jubilados estarán obligados a ir a una clínica y el PAMI pagará un precio fijo por cada uno de ellos. Antes se atendían donde querían y el PAMI actuaba como una prepaga que cubría sus gastos. El problema es que, según denuncian las clínicas, el precio fijo que ofrece el ente estatal está muy por debajo de lo que necesitan para cubrir los gastos. Serían 420 pesos por mes por cada paciente y cada clínica tendrá un número fijo de pacientes. Los prestadores calculan que cada afiliado gasta 650 pesos por mes.
En una reunión con los representantes de las clínicas, Cassinotti dijo que el PAMI estaba en quiebra y criticó a Regazzoni. Pero los prestadores denuncian que esta nueva modalidad es un ajuste hacia ellos que derivará en peores prestaciones y menos opciones para los afiliados.
Por ejemplo, desde ahora la atención de un especialista por afiliado el PAMI la pagará 25 pesos mientras que una internación la abonará 270 pesos y una resonancia tan solo 7 pesos. En este último caso hay una comparación que asombra: una prepaga paga cada resonancia entre 3500 y 4 mil pesos.
El miércoles 3 de mayo, los prestadores del PAMI se reunirán y discutirán las medidas a seguir. Analizarán las alternativas legales y constitucionales frente a la resolución, las consecuencias sanitarias, el daño económico que les ocasiona, nuevas medidas legales para cobrar la deuda que el ente tiene con ellos y propuestas legales y gremiales para "garantizar la atención de los jubilados resguardando la sobrevivencia de clínicas y profesionales que ven en riesgo su continuidad".
Publicadas por Admin a la/s 13:55 No hay comentarios.: