Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1642
Timestamp: 2017-10-17 13:13:13
Document Index: 290679708

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 41', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 123', 'artículo 7', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 69', 'artículo 38', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 110']

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Una de la Comisión de Comunicaciones y Transportes
Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico
Una de la Comisión de Recursos Hidráulicos
Una de la Comisión de Defensa Nacional
Una de la Comisión de Gobernación
Una de la Comisión de Derechos Humanos
Una de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Una de la Sen. J. Leticia Herrera Ale
Una del Sen. Ernesto Gándara Camou
Uno, por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y se designa al Sen. Emilio Gamboa Patrón como su Presidente
Oficio con el que remite el Informe de resultados sobre la participación del personal de las Fuerzas Especiales en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevó a cabo en Potún, departamento de Petén, Guatemala
Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal
De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado a fracción v; así como el apartado b inciso c) de la fracción xi del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Intervenciones de los Senadores
Sen. Gerardo Flores Ramírez
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:54 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 82 ciudadanos senadores.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del martes 8 de septiembre correspondiente al Primero Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Quienes estén porque se aprueba, favor de levantar la mano.
Una, de Comunicaciones y Transportes, con la que se remite su informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Una, de la Comisión de Defensa Nacional, con las que remite su Tercer Informe Anual de Actividades.
Asimismo, de recibió una comunicación de la Comisión de Gobernación, con la que se remite:
Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año del Ejercicio de la LXII Legislatura.
Y su programa de trabajo para el Primer Año de la LXIII Legislatura.
Una, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con las que se remite su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora Leticia Herrera Ale, por la que se informa que el 3 de octubre del año en curso, presentará su Informe de actividades legislativas.
Y una, del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Delegación del Senado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con la que se remite el Informe de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de dicha Asamblea, celebrada del 22 al 26 de junio del 2015, en Estrasburgo, Francia.
Compañeros senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón como su Presidente. Dicho acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta para su conocimiento.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo por el que se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón, como Presidente de la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
La Junta de Coordinación Política nos remitió también un acuerdo que propone modificaciones en la conformación de las comisiones. Solicito a la Secretaría de lectura a su punto resolutivo.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al punto resolutivo del acuerdo.
Único.- El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se da de alta como Presidente de la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico; como Secretario en las Comisiones de Educación y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y como integrante en la Comisión de Gobernación.
La Secretaria Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe de resultado sobre la participación del personal de las Fuerzas Especiales en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevó a cabo en Potún, departamento de Petén, Guatemala.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Defensa Nacional.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibieron los informes de labores de las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal. Son los informes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Sedatu, Economía, Educación Pública, Energía, Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Sagarpa, Salud, Trabajo y Previsión Social y Turismo. Se recibió también el informe de la Procuraduría General de la República.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los informes se distribuyeron a través de los respectivos grupos parlamentarios y los correspondientes oficios están publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Haremos un receso en nuestra sesión ordinaria para dar paso a la Sesión Solemne.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reanuda la sesión ordinaria.
En el apartado de iniciativas tiene la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 21 y 29 de la Ley de Planeación.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Buenas tardes.
La Rectoría del Desarrollo Nacional corresponde al Estado, sólo así se garantiza que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía y su régimen democrático.
Al Estado corresponde planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y regular y fomentar las actividades que demande el interés general.
Es por eso, que la planeación del desarrollo nacional requiere de un sistema que se refleje en los tres niveles de gobierno y que cuente con una regulación que en nuestro caso es la Ley de Planeación.
En la anterior Legislatura aprobamos las reformas estructurales que nos ubican ya en el Siglo XXI. Fue así como el 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma en materia político-electoral que incluyó el tema de planeación de desarrollo nacional.
Ahora, la planeación no sólo será democrática, sino también deliberativa, el Congreso de la Unión participará en ese proceso deliberativo. Y la Cámara de Diputados tendrá como facultad exclusiva, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
El objetivo de la iniciativa, que el Senador Albores y el de la voz ponemos a su consideración, es reformar la Ley de Planeación para introducir en el artículo 5 la deliberación como una atribución del Congreso. Esta atribución ya ordenada en la Constitución, enriquecerá la elaboración de dicho Plan de Desarrollo y establece un procedimiento, pues corresponde al Senado, el examen del proyecto y la aprobación, previa deliberación corresponderá a la Cámara de Diputados.
Además, se propone reformar el artículo 21, que actualmente establece un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, para elaborar, aprobar y publicar dicho plan.
En la iniciativa, se propone mantener el mismo plazo de seis meses, en el cual debe desahogarse el procedimiento legislativo en ambas Cámaras, y se reproduce la posición constitucional que tiene por aprobado dicho plan.
Si dentro de ese plazo la Cámara no se ha pronunciado lógicamente, la reforma al artículo 29 distingue el Plan Nacional de Desarrollo que será aprobado por la Cámara de Diputados y los planes regionales especiales que serán aprobados por el Presidente de la República.
Es así, Senadoras y Senadores, que la planeación del Desarrollo Nacional es indispensable para imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
De esta forma el crecimiento propiciará la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Aprobamos que esta planeación fuera deliberativa.
Por ello es necesario regular el procedimiento y plazo para la efectividad, participación del Congreso en este ejercicio democrático.
Así, el Plan Nacional de Desarrollo será el resultado concierto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, gobiernos locales, sociedad civil y generará la democratización que México exige.
Tendremos entonces el resultado de un ejercicio de participación, de consulta y deliberación y comprometerá al Poder Legislativo que lo vincule a la planeación del desarrollo nacional y a los demás altos valores de la independencia y democracia.
Agradeceré al Presidente de la Mesa Directiva, ordene se inserte en el Diario de los Debates, la iniciativa que he presentado.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias Senador Pérez Magaña.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda, Crédito Público y de Estudios Legislativos. Primera.
Actívese el sonido en el escaño del Senador Óscar Román Rosas González.
El Senador Óscar Román Rosas González (Desde su escaño): Muchas gracias, Senador Presidente.
Para solicitarle al Senador Eviel Pérez Magaña, si me permite adherirme a la propuesta que acaba de subir.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Pérez Magaña ha aceptado la solicitud.
Sonido en el escaño del Senador Barroso Agramont.
El Senador Ricardo Barroso Agramont (Desde su escaño): En el mismo sentido, solicitarle al Senador Magaña que me permita sumarme a su propuesta.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se incluye al Senador Barroso Agramont.
El Senador Ascención Orihuela. Sonido en su escaño, por favor.
El Senador Ascención Orihuela: (Desde su escaño) Para el mismo caso, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede la solicitud.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 Constitucional.
La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con su venia, señor Presidente.
Dedicación es la palabra con la que me gustaría empezar mi intervención, una palabra que describe a las pocas más de 60 millones de mujeres que hoy vivimos en México.
Hoy me dirijo ante ustedes con la intención de hablar sobre los derechos de la mujer en la vida laboral. A través de nuestra historia las mujeres han jugado un papel fundamental para la construcción de nuestra nación.
El rol que desarrollamos hoy las mujeres en la vida política de nuestra nación, de nuestro país, que se ha formado a base de lucha, coraje y persistencia.
En esta LXIII Legislatura somos 44 Senadoras que representamos el 39 por ciento de Legisladores en el Senado. El compromiso, la dedicación y el entusiasmo por construir una sociedad en que todos y todas tengamos las mismas oportunidades se reflejan en la confianza que cada vez más nos tienen los ciudadanos al encomendarnos mayores responsabilidades.
Todas nosotras representamos el trabajo y el esfuerzo de cada mujer mexicana que se abre paso por la vida laboral en nuestro país. Algunas con mayores dificultades que otras, pero sin lugar a dudas, todas nosotras cargamos con el gran reto y la gran responsabilidad que implica ser madre.
Una bendición que no se puede poner en palabras, porque sólo nosotras sabemos qué implica dar vida a un ser humano.
Hoy México armoniza esto en un marco de legalidad que recae en dos principios.
Primero. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que México es parte, refiere en su artículo 7 que todas las personas son iguales ante la ley.
Por otro lado, el artículo 123 de nuestra Constitución, establece el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, sin discriminación y reconociendo la dignidad humana. Siendo éste el soporte legal para proteger la vida y la libertad de las mujeres, así como reconocimiento de igualdad de género y la no discriminación.
Sin embargo, el esfuerzo por proteger estos derechos debe ser continuo y persistente, a fin de obtener una plena igualdad.
Hoy nuestro artículo constitucional 123 protege la salud de la mujer en relación a la gestación. Sin embargo, hay una contradicción dentro del Apartado A y del Apartado B en relación con la protección a la salud, días antes del parto y días posteriores a la gestación.
El Apartado A en su fracción V prevé que los días de descanso en relación a la gestación serán de seis semanas, anteriores a la fecha aproximada del parto, y seis semanas posteriores a ésta.
Mientras que el Apartado B en su fracción XI, Inciso c) señala un mes de descanso anterior a la fecha fijada de gestación y dos meses después de ésta.
Las mujeres son las del Apartado A y también las del Apartado B, tendrían que tener las mismas protecciones a su salud durante los días de gestación, sin importar si se encuentran en el Apartado A o en el Apartado B.
En relación a esto, hay que recordar que México forma parte de los Tratados Internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos humanos y erradicación de la discriminación de la mujer.
Por mencionar algunos, la Convención Interamericana de la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convenio sobre la Discriminación de Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre muchas otras.
Si bien México es pionero y tiene siempre la voluntad para firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos, no siempre la realidad nacional se asemeja a lo que se firma o a lo que pretende lograr con estos convenios, así lo podemos ver en la contradicción de este artículo 123, en el Apartado A y en el Apartado B.
Es por eso que resalto el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección a la Maternidad, el cual estipula las medidas de protección de las trabajadoras embarazadas, prevé los riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después de éste.
Menciona el derecho a una licencia de maternidad en servicios de salud materna-infantil, interrupciones para la lactancia remuneradas y el despido en relación con la maternidad y el derecho garantizado de incorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad.
La Organización Internacional del Trabajo indica que los costos laborales asociados a la maternidad y al cuidado infantil son factores injustificables de la resistencia empresarial a contratar, capacitar o promover a las mujeres que trabajan, acentuando una tasa de desempleo femenino de 8.2 por ciento; mientras que el masculino corresponde a 4.4 por ciento en América Latina.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, durante el 2008, reportó más de cien millones de mujeres activas en el mercado laboral en la región, en promedio 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 40 años; es decir, quienes están en etapa de crianza la cifra aumenta a 7 de cada 10 el 70 por ciento.
La condición de maternidad constituye una etapa natural del ser humano y una circunstancia clave para la preservación de la especie humana, en este sentido, deben respaldarse diversas versiones de interactuar con la mujer embarazada que trabaja en términos de equidad y de reconocimiento de que tal circunstancia implica diversos cambios físicos, emocionales, que requieren empatía social para que las mujeres embarazadas puedan llevar embarazos saludables, partos dignos y una maternidad responsable, cuando menos los primeros días de apego necesario entre la madre y el recién nacido.
Partiendo de este contexto y tomando en cuenta la lactancia materna, es preciso señalar que la formación ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes básicos e indispensables para su crecimiento y desarrollo saludable, es justamente la lactancia materna.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante un periodo de seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más.
Si bien la Organización Mundial de la Salud nos indica un parámetro, es una realidad que cada condición en particular de un niño puede variar por muchas razones; sin embargo, las recomendaciones que señala la Organización Mundial de la Salud son imprescindibles para un desarrollo sano.
Además, los beneficios inmediatos de la lactancia materna reflejan en el crecimiento del menor una buena salud durante toda su vida.
Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños, tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso y obesidad, son también menos propensos a sufrir diabetes y obtener mejores resultados en pruebas de inteligencia.
En este sentido, es importante precisar que las mujeres, como los niños, deben de cuidar y tener derecho a este espacio de lactancia materna, el cual no se debe interrumpir y bajo ninguna circunstancia negar o prohibir.
Por lo que se hace necesario avanzar paulatinamente en las prestaciones laborales de la mujer embarazada, resguardando su salud y bienestar físico, y emocional, ya que esta condición provoca, en la mayoría de los casos, cambios biológicos que deben ser atendidos, por lo que se plantea la jornada laboral máxima de seis horas, esta medida podría beneficiar la integridad de la mujer embarazada, asegurando bienestar físico, descanso necesario y evitando faltas laborales innecesarias.
Es importante que el Estado considere el instrumento de las disposiciones necesarias para fortalecer la cuestión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen acciones sociales de equidad y premisas que motivan la presente iniciativa.
Es por esta Honorable Asamblea que hoy les presento este proyecto de Decreto que reforma el Apartado A, fracción V, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de disminuir la jornada laboral a sólo seis horas durante el periodo de gestación de la mujer, protegiendo su integridad, así como su salud, ampliar a 8 semanas antes de la fecha aproximada del parto y a 12 semanas de descanso posterior a la gestación.
Así como al inciso c) de la fracción XI, del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución para empatar las semanas de descanso a ocho semanas antes de la fecha aproximada del parto, y a 12 semanas de descanso posterior a la gestación.
Reflexionemos el entorno laboral de la mujer embarazada y pensemos si estamos haciendo todo lo posible para protegerla, tomemos la salud en consideración y asumamos las medidas necesarias para protegerla.
Agradezco a los Senadores Francisco López Brito, Adriana Dávila, Sonia Mendoza, Adriana Díaz, Octavio Pedroza, Martha Elena García, María Luisa Calderón, al suscribirse también a mi iniciativa.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Actívese el sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor.
Para sumarme a la iniciativa de mi compañera Sonia Rocha, y felicitarla por, ésta, su primera intervención.
Igualmente, para sumarme a esta interesante iniciativa, Senadora, y felicitarla por esta propuesta.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le consulto, Senadora Rocha, si acepta la solicitud de los Senadores.
Se incluyen las Senadoras en la suscripción de la iniciativa.
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Lo mismo, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo que es para el mismo propósito, Senadores Roberto Ruffo y Pilar Ortega.
¿Acepta, Señora Senadora?
La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Con gusto, gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se inscriben como proponentes, lo mismo que el Senador Hermosillo.
La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a usted, Senadora Rocha Acosta.
Damos la bienvenida, esta Mesa Directiva, a las presidentas electas de los municipios de Querétaro, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peña Miller, invitadas por la Senadora Sonia Rocha Acosta.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Les informo que este día ocurrió el lamentable fallecimiento de la señora Rosa María Sandoval Muro, madre de nuestro compañero el Senador Martín Orozco Sandoval.
A nombre del Senado, expreso nuestro pésame y nuestra sentida solidaridad a nuestro compañero Senador Martín Orozco.
Les solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de la señora Rosa María Sandoval Muro.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 constitucional.
Buenas tardes, señoras Senadoras, señores Senadores.
La iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy, tiene la simpatía y está asignada por otras Senadoras, en particular, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, es la continuación de un proceso que en el Senado de la República ya iniciamos.
Es importante recordar que fue una decisión de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, en el marco de la discusión de la Reforma Constitucional, en materia político-electoral, de también configurar las reformas a la Constitución, la que tiene que ver con el artículo 41.
Decidimos, aquí mismo en esta tribuna, otorgar las facultad expresa de que las mujeres pudiesen ser tomadas en consideración, de manea paritaria en las candidaturas, tanto la competencia del Congreso de la Unión, las de estados del Congreso de la Unión, como también su participación efectiva, paritaria en los Congresos de los estados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
No quiero extenderme mucho, hemos hablado mucho de este importante tema que, insisto, ha sido recurrente en el Senado de la República y, por supuesto, la voluntad política expresada por los grupos parlamentarios en su momento también deja como un pendiente, hoy sigue su curso para lograr lo que nos quedó en ese momento en la cartera, la discusión, y que hoy debiésemos concretar.
La adición que nosotros estamos proponiendo a la fracción I del artículo 41, el segundo párrafo para ser mayormente puntuales, tendría que ver con integrar también que las candidaturas paritarias no solamente estén contenidas como una obligación de los partidos políticos en las elecciones para legisladores y legisladoras federales y locales, sino también la incorporación del tercer orden de gobierno, es decir, municipios y regidurías, estos deberán alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de género.
Es obvio que en el transitorio correspondiente tendrían que definirse las reglas que tienen que hacer plausible esta importante adición a este artículo para que puedan ser reformadas de manera puntual las leyes secundarias y garanticen que pasemos al cumplimiento. No los voy a enumerar, lo hemos hecho en otras ocasiones, por obviedad de tiempo que logremos estos Tratados Internacionales, los compromisos gubernamentales que ha signado México tanto en el Sistema de Naciones Unidas, como el de la Organización de Estados Americanos, para ir resolviendo la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, a partir de que puedan ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos en todos los espacios de poder y en todos los espacios de decisión.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante, Senadora.
La Senadora Hilda Flores Escalera (Desde su escaño): Presidente, muchas gracias.
Pedirle a la Senadora Angélica de la Peña, si me permite suscribirme a esa iniciativa; realmente estoy convencida de la importancia de la participación de las mujeres en todos los niveles, particularmente en el municipal, en Coahuila somos ejemplo de ello.
La Senadora Angélica de la Peña (Desde su escaño): Gracias, Presidente.
Por supuesto, es un honor, Senadora Flores, que usted signe esta iniciativa. Claro, ciertamente Coahuila ha sido ejemplar en esto, veremos concretados en la realidad esos avances, sin lugar a dudas, para que pueda ser un efecto dominó en todas las entidades federativas.
El Presidente Roberto Gil Zuarth: Inclúyase a la Senadora Hilda Flores, como promovente.
Sonido en el escaño del Senador David Monreal.
El Senador David Monreal Ávila (Desde su escaño): En el mismo sentido, Presidente, solicitarle a la Senadora Angélica de la Peña nos permita suscribir esta iniciativa.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora de la Peña, ¿tiene usted inconveniente?
La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): No.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante, inscríbase al Senador Monreal como proponente.
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para a Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos; Segunda.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución.
Presento ante esta soberanía, una reforma constitucional, que tiene como objeto reconfigurar e iniciar el debate sobre el fortalecimiento del Sistema de Frenos y Contrapeso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La rendición de cuentas debe ser considerada como un pilar central de las democracias representativas contemporáneas.
La actualización de este principio permite controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía.
México exige, en plena madurez política, información fidedigna y comprobable de la administración pública, exposición precisa de la toma de decisiones y de los resultados alcanzados en el encargo gubernamental.
El país requiere instrumentos de control y vigilancia que brinden certeza y transparencia sobre el actuar de los representantes y funcionarios, en un Estado de derecho democrático, controlar y auditar las acciones del gobierno, debe ser entendido como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes.
El esquema de división de poderes contemplado en la Constitución Política Federal, propone un sistema de pesos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable del Poder Público, por cualquiera de los poderes estipulados en el artículo 49 de la Constitución Federal.
Por tal razón, el ejercicio del poder público, debe ser un poder limitado, controlado, que rinda cuentas a la población.
Cabe recordar que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. De ahí que la Constitución Federal, tenga que existir una gran cantidad de controles de diferentes especies: jurisdiccionales, políticas y sociales, siendo el control parlamentario uno de ellos.
Ahora bien, con base en la normatividad vigente, el titular del Ejecutivo Federal, no está obligado a informar personal y directamente al Congreso de la Unión, la situación que guarda la administración pública, solamente debe presentar un informe por escrito, no de manera personal, es decir, no existe algún tipo de instrumento parlamentario que cuestione personalmente al titular del Jefe del Estado sobre actuar.
Los ciudadanos, a través de sus legisladores, merecen explicaciones claras acerca del quehacer y funcionamiento de la Administración Pública Federal.
De igual manera, el Poder Ejecutivo, necesita de la crítica que coadyuve a conocer los beneficios que se han presentado durante todo un año de gobierno.
En este sentido, la presente Iniciativa plantea modificar el artículo 69 de la Constitución Federal, a fin de contar con la presencia del Titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, y rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
Se propone, entonces, que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada año de Ejercicio del Congreso, el Presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito; deberá hacer uso de la palabra, escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes, esto contribuirá en la discusión y análisis de los temas trascendentales o de trascendencia nacional y fortalecerá el intercambio de ideas.
El informe de gobierno por parte del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión se debe observar como un acto institucional, democrático, fundamental y que dé vida a un régimen republicano, representativo y democrático.
Por otro lado, pero continuado de manera paralela con los principios de rendición de cuentas, pesos y contrapesos, es pertinente que quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, se haga saber que existen mecanismos o instrumentos de control para su actuar; esto es, que no recibe un cheque en blanco, sino por el contrario, debe actuar con estricta diligencia y ser ejemplo a seguir por todos los servidores públicos del país.
Hay que recordar que la Constitución Política de 1824, en su artículo 38 establecía: “Que el Presidente de la Federación podía ser acusado por delitos de traición contra la independencia nacional o a la forma establecida de gobierno, por cohecho o soborno cometidos durante el tiempo de su empleo”.
Es decir, la idea de un control jurisdiccional para quien detecte el cargo de Presidente de la República, tiene un antecedente en la historia del país, situación, que hoy más que nunca, parece pertinente retomar y consagrar en el máximo ordenamiento jurídico de México.
Un supuesto normativo que permita poder acusar al Ejecutivo Federal por delitos que vayan más allá de traición a la patria y delitos del orden común.
Por tal motivo, el presente proyecto de decreto propone que el Titular del Ejecutivo Federal pueda ser acusado por traición a la patria, por cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violación a los derechos humanos y por cohecho.
En el caso de Guatemala, debe ser una lección para todos los funcionarios del país, desde el más alto nivel hasta el más humilde servidor público.
Si bien, el caso guatemalteco implicó la renuncia del cargo de Presidente, a fin de mantener institucionalidad del Ejecutivo para el contexto nacional, las hipótesis normativas propuestas abre la posibilidad para que dado un caso extremo puedan ser actualizadas.
Ningún servidor público, y mucho menos, ningún representante de elección popular debe quedar exento ante el abuso de facultades y funciones, motivo por el cual, quien ejerza el honorable cargo de Presidente de la República deberá ser sujeto a la responsabilidad administrativa y judicial como cualquier otro funcionario.
Finalmente, se propone que el Titular del Ejecutivo Federal pueda también ser sometido a juicio político, procedimiento que deriva de una resolución administrativa que conduce a una sanción política en contra de los funcionarios contemplados en el artículo 110 de la constitución federal, disposición en la que se es omisa en cuanto al Ejecutivo Federal.
Es importante mencionar que el juicio político en contra del Ejecutivo Federal ya se encuentra establecido en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal.
Efectivamente, el Presidente de la República podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores, en términos del artículo 110, que regula el juicio político; se le faculta a la Cámara alta para que resuelva con base en la legislación penal aplicable.
En conclusión, se debe de cambiar el formato de la presentación del Informe Presidencial, adecuándolo a las nuevas condiciones de la nación.
Es indispensable que el Ejecutivo escuche los planteamientos e interpelaciones que los legisladores le formulen, y pueda dar respuesta a ellos.
Es preciso ampliar el catálogo de supuestos normativos, a través de los cuales se pueda acusar al Ejecutivo Federal, a fin de que para un caso extremo se desincentive la realización de una conducta contraria a derecho, y finalmente quede comprendida la figura del Presidente de la República dentro de los supuestos de quienes pueden ser sujetos de juicio político.
La transparencia, la rendición de cuentas y el sistema de pesos y contrapesos, deben de ser elementos esenciales en todo Estado de derecho.
El Ejecutivo Federal tiene la obligación de informar a todo el país a través de mecanismos que permitan una verdadera discusión y análisis de los temas más relevantes suscitados en un año de gobierno.
El recinto del Congreso de la Unión debe ser, por antonomasia, el lugar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo; debatan y aborden el tema del estado que guarda la nación; el sitio donde la pluralidad, las ideas, visiones y corrientes converjan en un punto en común la efectiva rendición de cuentas.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Séptimo Semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de Toluca, Campus Ixtapan de la Sal, invitados por el Senador Luis Sánchez Jiménez. Los estudiantes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
Por acuerdo de la Mesa Directiva y de los coordinadores de los grupos parlamentarios, daremos paso a un debate pactado sobre el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las intervenciones serán en orden progresivo y por un tiempo de hasta cinco minutos.
Tiene el uso de la tribuna, para tales efectos, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Esta semana, sin duda, ha dado vuelta nuevamente al mundo la realidad de nuestro país.
El informe del que dieran cuenta los expertos, con este caso tan lamentable, tan triste, el de Ayotzinapa, el que enlutó a nuestro país, y en el que lamentablemente una vez más queda evidenciado la falta de responsabilidad pública, de responsabilidad política en un tema tan delicado como el de Ayotzinapa.
Hoy, frente a la desconfianza de los ciudadanos, frente a la desconfianza del mundo, el que ha estado dando puntual seguimiento a las conclusiones de este caso tan lamentable, inexplicable, y que hoy es hecha, a casi un año de no dar una explicación cierta, una explicación convincente, una explicación sincera al pueblo de México y al mundo, porque este asunto ya no es privativo de nuestro país. Estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de personas que van más allá de la propia jurisdicción de nuestro país.
Por eso celebro que cuando menos en la formalidad la parte institucional esté dando entrada, como aquí se dijo hace un momento, por quien representa a la Organización de Estados Americanos, que cuando menos se esté en lo formal, reconociendo este informe que se diera a conocer por los expertos en el tema.
Celebrar y que ojalá sea sincera la actitud del Ejecutivo para ir a fondo y para recomponer la página, para recomponer la investigación y que hoy se actúe con una honestidad que pudiera convencer y pudiera dar tranquilidad a los mexicanos y a las familias de los desaparecidos; desaparecidos porque después de lo informado tendríamos que seguir reconociendo esa definición y ese calificativo, que no el que ya había hecho la propia institución, el gobierno, de que ya los desaparecidos de Ayotzinapa los consideraban muertos, incinerados y que no estuvieran presentes con nosotros.
Por eso, ojalá pues se pueda recomponer la página y se pueda actuar porque el caso Ayotzinapa hoy más vigente y más vivo que nunca: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Gerardo Flores Ramírez: Con su permiso, señor Presidente.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”
El compromiso del gobierno con el derecho a la verdad ha sido indiscutible. En octubre del año pasado por iniciativa del propio Gobierno de la República se solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que acompañara las investigaciones.
Reconocemos el profesionalismo, imparcialidad y objetividad del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bajo ningún contexto podemos desacreditar, desechar o descartar el trabajo de la Procuraduría General de la República.
Las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas son producto de una metodología sólida, trabajo de inteligencia y estricto apego a derecho. Las divergencias entre los resultados de las indagatorias realizadas por el equipo especializado y las desarrolladas por las autoridades nacionales, lejos de generar controversias deben ser punto de partida para contar con mayores elementos en el esclarecimiento total de los hechos.
En todo momento el Gobierno Federal se ha conducido con respeto, prudencia y responsabilidad, prueba de ello es que la Procuraduría General de la República ha realizados las disposiciones procedimentales, se han tenido gran sensibilidad y comunicación permanente con las familias de las víctimas.
No podemos dejar de lado que las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, se tomó en cuenta la opinión y conocimientos y observaciones de prestigiosas instituciones de educación superior, entre ellas nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al igual que todas las fuerzas políticas, aquí concentradas, el titular del Ejecutivo Federal tienen como objetivo principal que se haga justicia y que se aplique la ley. Es importante precisar que haya apertura para sumar todo aquello que aporte en el objetivo central, que es castigar a todas las personas implicadas por acción o por omisión en este terrible acontecimiento. Cabe precisar que hasta el momento hay 110 personas aprehendidas.
Los hechos ocurridos en Guerrero impactaron gravemente a nuestro país, y nos constriñen en la obligación de agotar todas las instancias tanto nacionales como internacionales que nos permitan devolverle la confianza, tranquilidad y seguridad a la población mexicana.
Si algo caracteriza a las investigaciones emprendidas por la Procuraduría General de la República es la legalidad, el profesionalismo y el firme compromiso con la verdad. Por su parte la actuación del Gobierno Federal se encuentra revestida de sensibilidad y cercanía con la familia de las víctimas, así ha quedado acreditado en diversas ocasiones.
Como en todos los asuntos de trascendencia nacional el Gobierno Federal se ha mostrado receptivo al diálogo que contribuya al esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Ha tenido la apertura para incorporar la participación de otros actores como lo son la academia, especialistas y organismos internacionales.
Hoy lejos de desestimar, desvirtuar o desechar el trabajo realizado por las instituciones dedicadas a impartir justicia en nuestro país, nos corresponde dar seguimiento a las acciones que se emprenderán a partir de los hechos del informe a los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si hoy estamos aquí en esta tribuna sosteniendo este debate en torno a este lastimoso tema es sin duda alguna porque el Gobierno Federal ha contribuido también desde el principio a tener esta apertura para que viniera gente del exterior a revisar lo actuado.
Por ello yo celebro que haya un debate constructivo en torno a este tema y que podamos resolver pronto este tema que tanto lastima a nuestro país.
El Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Gerardo Flores Ramírez.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del Estado mexicano, presentó su informe sobre la revisión de las investigaciones que había realizado la Procuraduría General de la República sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con el informe realizado por los expertos, estos 6 asesinatos continúan impunes y la desaparición forzada de los 43 normalistas sigue sin ser esclarecida. La llamada verdad histórica presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, de acuerdo con los expertos internacionales sobre la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula.
Es una hipótesis generada con base en testimonios carentes de evidencias que la apoyen. Esto dice el informe en la página 156. En otras palabras, por negligencia, omisión o protección impune, estamos ante la primera gran mentira de la investigación de la PGR.
Lo único incinerado realmente es la verdad histórica que presumió Murillo Karam en enero de 2015
En un informe de 550 páginas. El grupo de expertos asegura que no hay evidencias de que un fuego u hoguera, con las condiciones que se presentaron públicamente, hubiese ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en algún basurero.
Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó, aseguró durante la presentación de las conclusiones el experto Carlos Beristain.
En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron sendos errores, no se puede confiar ni creer en una investigación desaseada, irregular y tramposa.
El grupo de expertos no determina responsabilidades, pero aporta elementos que pueden contribuir a la localización de los 43 normalistas desaparecidos, y señalan, de forma contundente, que la investigación debe de reconducirse con nuevas líneas de trabajo.
Este informe viene a confirmar lo que padres, madres, compañeros de los normalistas, y todos nosotros, así como una parte muy grande de la sociedad mexicana ha denunciado, en el sentido de que ese invento de Cocula, era una explicación que carecía de sentido y de lógica, que los militares del 27 Batallón de Infantería, así como los integrantes de la Policía Federal Ministerial, deberían de ser investigados por su posible participación en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre, y que la llamada verdad histórica era insostenible científicamente.
A diferencia de la investigación de la PGR el informe del grupo de expertos menciona explícitamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como un expediente de desaparición forzada, y no de secuestro agravado como lo dice la PGR, mucho menos como narco-ejecución.
De acuerdo con el informe hay nueve puntos verificados donde se realizaron los ataques en contra de los normalistas, contra los jóvenes integrantes del equipo de fútbol los Avispones y contra personas que simplemente iban transitando en automóviles, los cuales ocurrieron en al menos tres horas durante las cuales el nivel de violencia fue masivo, indiscriminado, y refleja la impunidad con la que los actores actuaron frente a las distintas autoridades y al crimen organizado, presente en la región.
La pista del quinto autobús, que negaron reiteradamente las autoridades estatales y federales, debe ser investigada porque conduce directamente a la hipótesis de que había en ese autobús posiblemente droga, heroína, que iba directamente a Estados Unidos, según los propios expertos.
Según la evidencia analizada por el grupo de expertos, así como los testimonios recabados directamente, es posible determinar que los ataques realizados fueron coordinados por una persona, presuntamente operó en una casa ubicada en el centro de Iguala, hasta la ubican con una casa de color blanco; hasta ahora nadie había mencionado a otro autor intelectual desconocido.
Asimismo, los indicios permiten indicar como línea de investigación que la posible motivación de este terrible ataque podría ser presuntamente no dejar salir de Iguala los camiones de autobuses que habían sido tomados por los normalistas para que el grupo de expertos, desde el inicio de la investigación de la PGR, dice, fue incompleta y con errores; es decir, podemos concluir que la llamada verdad histórica que hasta este momento había sostenido el gobierno federal se ha derrumbado por completo.
Ese informe, además de evidenciar la mentira histórica, construida desde la PGR, también exhibe la ineficacia y la ineptitud de las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país.
Ante un informe tan contundente y demoledor se requiere de forma urgente e inmediata un diagnóstico institucional que permita comprender y corregir y, en su caso, sancionar el desempeño de aquellos servidores públicos que manipularon, ocultaron y omitieron deliberadamente información, y que fueron el sustento de las conclusiones presentadas por la PGR, además de la implementación de medidas extraordinarias que permitan corregir las investigaciones.
El Presidente de la República no sólo debe girar instrucciones a la PGR para que incorpore los elementos de la conclusión del grupo de expertos, sino ordenar la reapertura de las investigaciones y aceptar el diálogo que afortunadamente ya aceptó con los familiares de los normalistas.
Sólo con decisiones de esta naturaleza será posible recuperar la confianza de la ciudadanía, y que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, que las familias de los normalistas y la sociedad en su conjunto exigen para este caso, así como para muchos otros casos de la misma gravedad que son verdaderas violaciones a los derechos humanos.
Entre la tristeza, la frustración y el enojo, las familias de los normalistas siguen esperando una respuesta contundente de las instituciones y el compromiso del titular del Ejecutivo Federal para corregir las investigaciones integralmente, y para continuar la búsqueda de los estudiantes, para sancionar efectivamente a los perpetradores y para investigar y sancionar a los servidores públicos que construyeron, lo que hoy sabemos, una mentira histórica.
Por todo ello, es urgente que el Presidente de la República reciba a los familiares, como se ha comprometido, pero también hay que subrayar que como los especialistas fueron acreditados en la investigación, fueron acreditados los expertos independientes, entonces sus resultados tienen carácter vinculante.
Y pedimos nosotros la corrección y la reconducción, una nueva investigación con una fiscalía especial independiente. Que haya también un diseño con los especialistas y los familiares, un nuevo plan de búsqueda para los 43 normalistas, y una nueva averiguación que sancione contundentemente a los que inventaron la mentira histórica.
Y como se construyó una conclusión falsa, irreal, muy distinta a lo sucedido, impidiendo con ello investigar y sancionar a los responsables a partir de hechos probados científicamente, y no a partir de historias sin sustento o inventadas, citamos a comparecer a la Procuradora General de la República y al Secretario de Gobernación para que expliquen, en qué estas recomendaciones pudieran servir para reiniciar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Les recuerdo que el acuerdo para este posicionamiento es hasta por cinco minutos, les ruego que ojalá y que podamos respetar ese tiempo.
Señoras y señores legisladores: Vengo a manifestar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional respecto a estos lamentables acontecimientos.
El pasado domingo 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer a la opinión pública el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por dicho organismo internacional para investigar los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuyo resultado fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.
En el informe que consta de más de 560 páginas se detalló que las investigaciones que el grupo de expertos realizó durante seis meses, los llevó a poner en duda las conclusiones de la investigación de la Procuraduría General de la República sobre la supuesta incineración de 43 estudiantes desaparecidos tal y como se afirma en la versión oficial de los hechos.
Los senadores del PAN reconocemos la destacada participación de esta comisión, porque sin su actuación seguiríamos tomando como cierta una mentira o una evidente falta de capacidad para investigar.
Las conclusiones emitidas por el grupo de expertos representan un duro golpe a la credibilidad del gobierno federal, ya de por sí muy deteriorada por este caso sumados los indignantes hechos ocurridos en Apatzingán, Tanhuato, y Tlatlaya en donde la actuación de las fuerzas federales se encuentra en tela de juicio y donde cada vez más hay indicios de un presunto uso excesivo de la fuerza.
Debemos recordar que en enero del presente año el propio titular del Ejecutivo afirmó que en el caso de Ayotzinapa se había logrado dar con la verdad histórica de lo sucedido.
Las recientes conclusiones advierten la necesidad de cuestionar si el gobierno federal es capaz de garantizar una investigación confiable en otros temas de similar gravedad, como la reciente fuga de Guzmán Loera.
Las conclusiones ponen en evidencia la grave y alarmante corrupción que impera en el sistema de procuración de justicia en este país.
El informe de los expertos afecta la credibilidad y confianza en el gobierno.
Una vez más exigimos justicia y castigo a los responsables. El informe pone de relieve la dimensión del conflicto: 180 víctimas directas; 6 ejecuciones; 40 heridos; 43 desaparecidos; 80 perseguidos; y 700 familias afectadas por el miedo.
Los resultados de la investigación del grupo de expertos concede la razón a los familiares de los normalistas desaparecidos, porque ellos siempre negaron la versión oficial, y siempre se negaron a aceptar que los jóvenes habían sido calcinados.
El gobierno del Presidente Peña Nieto deberá tener respuestas claras y contundentes ante el clamor social que sin duda exigirá respuesta.
El dolor y la frustración detrás de la desaparición de los jóvenes deben ser atendidos con prontitud y con una actitud de Estado, del informe de los expertos internacionales se puede inferir que el gobierno no se apegó a lo que señala, no se apegó realmente a la verdad jurídica.
A casi un año de la desaparición de los normalistas las autoridades han detenido a 100 personas, pero en su mayoría se trata de policías municipales de Iguala.
Los mexicanos siguen esperando la respuesta, siguen esperando la verdad.
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con gran consternación por lo que esto significa para los mexicanos, debemos destacar que no creemos más en el gobierno federal; que no puede haber instituciones confiables sin que gocen de la plena credibilidad de los mexicanos.
Ante los hechos que hoy discutimos en el Senado de la República no puede simplemente acordarse un debate pactado, un debate sin trascendencia. Instamos a que haya un acuerdo concreto.
En el Partido Acción Nacional demandamos, demandamos la conformación de una comisión especial de este Senado de la República, y que incluya la participación ciudadana para dar seguimiento puntual al informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, así como el reencauzamiento de la averiguación previa.
También exigimos se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación y a la titular de la Procuraduría General de la República, no en el contexto de la glosa, sino específicamente para que nos aclaren a esta Asamblea lo que hoy está ocurriendo en esta investigación, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué fue lo que se dejó de hacer?, ¿quiénes son los responsables?
Acción Nacional demandará a juicio político y de responsabilidad penal contra el ex titular de la Procuraduría General de la República, así como de quienes tengan responsabilidad directa en esta investigación.
Es importante también, por la trascendencia de los hechos y por la falta de credibilidad en las instituciones que se oriente hacia la creación de una comisión especial que esté avalada por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, para que a través de un fiscal internacional se pueda, se pueda esclarecer esta investigación a partir de lo que está ocurriendo en estas conclusiones y a partir del reencauzamiento de la propia averiguación previa.
Nosotros no continuaremos en este debate sin que se pueda llevar a cabo en este momento la suspensión del mismo para acordar cuáles serán los puntos claros de este acuerdo que tenemos que darle a la sociedad.
El Senado de la República no puede simplemente decir que venimos a debatir, tenemos que dar una respuesta clara, hoy es lo que México está demandando.
Esperamos que todos los grupos parlamentarios estén conscientes de lo que está pasando en nuestro país, y podamos construir un punto de acuerdo real, que el Senado de la República dé una respuesta clara y concreta.
Aquí están las propuestas del Partido Acción Nacional. Instamos a que se construya, pero también anunciamos que si no se da, nosotros no participamos más en un debate que no tendrá ninguna consecuencia.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora María del Pilar Ortega Martínez.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar sobre el mismo asunto.
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su permiso Senador Presidente.
El caso de Iguala lastima a todo y a todos. Por eso los más interesados en que esto se esclarezca y se lleve hasta sus últimas consecuencias es el gobierno de la república, el Presidente Enrique Peña Nieto, y precisamente por eso, fue él, quien comprometido con la transparencia y con la necesidad de llegar a la verdad, pidió la participación de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se materializó en la integración de un grupo de expertos independientes, un grupo interdisciplinario de expertos independientes, y estuvieron trabajando, y recientemente rindieron sus informes, y digo informes, porque son varios los temas, son varias las áreas, y por eso se trata de un grupo interdisciplinario.
De los varios elementos que contiene esta investigación, hay uno que ha acaparado la atención, y lo que más ha llamado la atención han sido las declaraciones de un señor torero que, a conveniencia de muchos lo están usando como si torero hubiera venido a torear para los tendidos, pero no es así. En varias declaraciones en radio y televisión lo que él dijo es: que no tiene la certeza de que allí se quemaron cuerpos, esto no implica que allí no se quemaron; y esto es uno de 640 peritajes que existen sobre el tema.
Recordamos dos de los más famosos, el de Innsbruck que demostró que aquellos huesos calcinados sí pertenecían genéticamente con estudios de ADN a uno de los 43 desaparecidos. Entonces una afirmación categórica puede ser desechada con una afirmación en contra. Ese es un principio de lógica elemental.
Y si dicen que ahí no hubo el incendio, ¿entonces por qué hay uno que ya fue, con el peritaje al más alto nivel mundial, aclarado que sí sus restos pertenecen a uno de los 43?
Por eso hay que ver todo esto en su verdadera dimensión. Aquí se habla como si la investigación estuviera cerrada. La investigación no está cerrada. Ninguna investigación se cierra porque pueden venir hechos supervinientes, como llaman los abogados, y aquí al haber hechos supervinientes, lo que se está pidiendo es que se valoren esos peritajes y que se valore también su incorporación a las líneas de investigación abiertas. De manera que eso de reabrir la investigación no tiene sentido porque la investigación no se ha cerrado.
Y respecto a la famosa verdad histórica, lo que se dijo en aquel entonces es que de acuerdo con los hechos disponibles hasta ese momento, la verdad de la historia, la verdad de los hechos, la verdad de los acontecimientos era con los datos hasta entonces, pero no se cerró la investigación, sino que la investigación sigue abierta.
Y tienen razón, no debemos esto limitarlo a un simple debate, hay que hacer propuestas, y nosotros queremos hacer propuestas concretas:
Primero. Que se tomen en cuenta los elementos aportados por el grupo interdisciplinario de expertos independientes; que se tomen en cuenta y que sean valorados por las investigaciones que está realizando la PGR, pero que no se descalifiquen 650 peritajes con expertos nacionales y expertos internacionales. Y entre los expertos nacionales quiero recordarles que hay varios peritajes de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Segundo. Que se analice cada una de las recomendaciones que se han presentado hasta el momento.
Tercero. Abrir un paréntesis para agradecer el trabajo que ha realizado este grupo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después del paréntesis, como punto tercero, decir que seguiremos sumando esfuerzos en favor del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
Cuarto. Otro punto que conviene incluir, además de valorar la incorporación de estas investigaciones del grupo de expertos, es hacer hincapié en la participación y la presunta responsabilidad de las autoridades municipales y estatales.
Quinto. Insistir con la Secretaría de Relaciones Exteriores para convenir la ampliación del mandato que se dio al grupo de expertos para que concluya sus trabajos.
Sexto. Impulsar iniciativas que ya están en este Honorable Cuerpo Legislativo, para combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales, para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales, para redefinir el sistema de competencias en materia penal y para fomentar iniciativas en términos de prevenir, sancionar y erradicar la tortura y la desaparición forzada de personas, para que no existan vacíos o resquicios legales.
Ya se manifestó la disposición de tener una reunión con los padres de familia en presencia de los integrantes de este grupo de expertos independientes, este grupo interdisciplinario, y también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente decir que hagamos un esfuerzo todos por esclarecer la verdad. La transparencia es un primer paso hacia la verdad, pero no es el paso definitivo. Y como dijo Bertrand Russell, parafraseando al dos veces Premio Nobel:
“Hay dos motores que mueven mi vida, el amor a la verdad y el amor a la bondad. El amor a la verdad puede elevarme hasta el cielo, pero el amor a la bondad, esa inefable compasión por el ser humano, me mantiene con los pies sobre la tierra”.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Manuel Cavazos Lerma.
De la propuesta que hiciera la Senadora María del Pilar Ortega Martínez en torno a la constitución de una nueva propuesta, informo a ella y al Pleno que en virtud de que éste es un debate pactado, turno esta petición a la Junta de Coordinación Política.
Para ello se concede en primer término el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez.
A ver, sonido en el escaño del Senador Javier Corral.
El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Es en relación con el turno que usted acaba de hacer a lo planteado por la Senadora Pilar Ortega. Insisto, mi intervención es con relación al turno y trámite que usted acaba de hacer con relación a lo planteado por la Senadora Pilar Ortega, porque ése no fue el sentido de su participación.
Nosotros lamentamos que haya sobre esta problemática y particularmente sobre el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, un debate tan limitado que no conduce a ningún acuerdo del Senado. Este es un hecho que no puede esperar a siguientes días para que el Senado de la República tome un acuerdo y una posición.
La Senadora Pilar Ortega señaló que no tenía sentido ese debate si esta misma sesión no concluye en un acuerdo del Pleno. Y por lo tanto solicitamos que las propuestas que formuló en tribuna nuestra compañera Pilar Ortega, puedan ser sometidas a la discusión y votación de este Pleno para, en consecuencia, concretar en los hechos las palabras de los distintos oradores. De lo contrario este debate sólo acredita testimonios discursivos, pero lo que necesitamos es pasar a las acciones, para comprometer ese informe con consecuencias jurídicas y políticas.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral.
Le informo que éste fue un debate pactado en la Junta de Coordinación Política.
También a los demás compañeros que están pidiendo hacer uso de la palabra, les informo que habrá una intervención más por cada grupo parlamentario, y estamos iniciando aquí en el caso de la compañera Martha Tagle.
Pero le informo al Senador Javier Corral que independientemente de este tema que hoy se está tratando, hay diversos planteamientos que en su momento podrán desahogarse en el Pleno de este Senado.
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle.
Un segundito, Senador Víctor Hermosillo, por favor.
Si el Senador Fidel Demédicis.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Si, coincidimos con el orador, con el Senador Corral, en el sentido de que un tema tan importante para el país, no lo podemos circunscribir a la participación de dos o tres compañeros; tampoco lo podemos circunscribir a que sólo sean discursos sin repercusiones, coincidimos jurídicas y políticas, porque no sólo son los 43 desaparecidos, no sólo son sus familias es el pueblo de México el que está exigiendo justicia pronta y expedita para que este asunto se resuelva. No está ofendido, no está ofendido, son las familias, está ofendido el pueblo de México y en el Senado venimos a debatir, compañero vicepresidente en funciones de Presidente.
Yo si exijo, que se me dé la palabra con fundamento en los derechos que tengo como Senador de la República para hechos.
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Tomo en cuenta su inquietud, Senador Fidel Demédicis.
Pero le informo que este es un asunto que se pactó en el seno de la Junta de Coordinación Política con el apoyo de los diversos grupos parlamentarios y, en ese sentido, no se cancelará su derecho para que en su momento usted pueda hacer uso de la palabra cuando lleguemos a ese punto, pero este tema concreto está pactado con dos intervenciones por cada grupo parlamentario, y si la Junta de Coordinación Política, si al seno de la junta se toma el acuerdo para que haya un pronunciamiento. Está directiva estará abierta para registrar cualquier inquietud y, desde luego, registro su interés por participar en este asunto.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Si presidente.
Yo creo que es un debate pactado, no limitado, y evidentemente no se puede conculcar los derechos de ningún legislador. De modo tal, de que ellos quieran redistribuirla por favor, para rectificación de hechos, de lo señalado por el Senador Cavazos Lerma.
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Si, Senador Víctor Hermosillo.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo secundando lo que dijo el Senador Corral.
Esto es una situación muy delicada y no se debe nada más, o por medio de un debate en que puede haber un desahogo y no llegar a conclusiones importantes, sobre todo, por el tiempo en que está sucediendo.
Entonces, por eso la representación del PAN, la Senadora Pilar, pidió, precisamente que aquí en esta sesión, se viera y se debatiera lo que pidió; entonces, de eso se trata, para eso pasó a la tribuna; entonces, no se puede continuar y luego pasar a otra sesión, porque la situación está critica, está a pocos días de ser el universal y tenemos que ver precisamente cómo grupo colegiado, que estamos nosotros preocupados y proponiendo una situación de un grupo fuera de aquí, que vea de nuevo esta situación.
Porque ahorita, como dice también el Senador Cavazos Lerma, puede haber, digamos, situaciones que se tienen balancear, pero lo queremos hacer por medio de otro grupo que tenga precisamente una situación de neutralidad.
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo, tomo en cuenta su inquietud.
Si, Senadora Iris Vianey Mendoza, ¿Para qué asunto? Para el mismo.
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Para el mismo asunto, Presidente.
Para sugerir que se abra el debate para poder coadyuvar con la Junta de Coordinación Política que construya una propuesta unitaria, porque el objetivo es ese, hasta donde entiendo, no hay una propuesta que unifique los criterios de los grupos parlamentarios, si ya hubiese sido construida, la mesa ya no la habría presentado.
De lo contrario, estamos en nuestro derecho de intervenir, de debatir, y le solicito me inscriba para hechos.
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora.
El pido a la Senadora Martha Tagle que haga uso de la palabra. Tiene uso de la palabra hasta por cinco minutos, Senadora.
La Senadora Martha Tagle Martínez: Hoy, a casi un año de Ayotzinapa, tenemos más preguntas que respuestas.
Y la verdad histórica se ha derribado, caído en el descredito. La verdad histórica resultó ser una mentira histórica. Sin la verdad, no hay justicia ni reconciliación, y la democracia misma está lastimada.
El papel de la verdad y la justicia en la reconstrucción de sociedades frustradas por la violencia es para las víctimas y sus familiares el conocimiento de la verdad.
Es una demanda de dignificación de la que se le trato de arrebatar, romper el silencio de los hechos, descubrir la esperanza, de que esas palabras puedan ser oídas.
Hoy Ayotzinapa, es una herida abierta que gangrena el tejido social. Y a la luz de los recientes hechos develados por el Grupo interdisciplinario de Expertos, se pone de manifiesto la negligencia del Estado.
Negligencia, porque al haber dado como verdad histórica, que los 43 habían sido calcinados en el basurero de Cocula, se cerraron las posibilidades de encontrarlos con vida.
Decidieron o pretendieron dar carpetazo a la investigación, quisieron cerrar otras líneas de investigación que quizás hoy, hubieran podido responder a algunas de las preguntas que cada día pesan más. México, hoy, necesita respuestas.
Los 43 están vivos, hoy en día es tan incierto, pues tampoco se puede contestar categóricamente si fueron asesinados, cuándo o cómo.
¿Porque desaparecieron? Hoy, a casi un año, es una pregunta que todos sin excepción nos hacemos, y nadie, ni siquiera las autoridades tienen claro el móvil.
En lugar de abocarse a revelar lo que realmente ocurrió esa trágica noche del 26 de septiembre, las autoridades pretenden desestimar el informe de los expertos y salen de en defensa de la verdad histórica.
La crítica al informe del grupo de expertos, es saber utilizado solo un perito para desmontar la tesis de la Procuraduría General de la República.
A ello obedece que la PGR ordene un nuevo peritaje, el cual podría generar que la PGR sostenga o desista de la acción penal ya ejercitada.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos, devela, que el nivel de investigación criminal en México, sigue siendo altamente cuestionable.
El impacto más inmediato de este informe, sin duda es político, refuerza la falta de credibilidad oficial, abona las críticas y las movilizaciones y con razón, ante la torpeza de los pasos dados por las autoridades, sólo cabe la desconfianza.
Pero existen al menos dos verdades, una factual y otra moral. La verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de las narraciones que intentan explicar por qué y a causa de quién.
La primera, se opone a un proceso de investigación del pasado y la publicación de los hechos, los responsables y la memoria de las víctimas.
La segunda, requiere de todo un proceso social, educativo y político para ser creíble esa verdad. Hoy, esas verdades están entre dicho y dan paso a la impunidad.
La impunidad es un obstáculo para la reconciliación, a pesar de que muchas veces se plantea que es el precio de la paz.
La impunidad, estimula el delito, la democracia paga las consecuencias, convivir con las formas de justificación de la violencia y los mecanismos de control social que perduran.
La impunidad, supone un mecanismo educativo que rompe las normas de convivencia y genera frecuentemente un refuerzo de las respuestas autoritarias que limitan a libertades.
La falta de una verificación oficial, introduce dudas y escepticismo, respecto a los testimonios recogidos. Reduce las posibilidades de un duelo colectivo.
El proceso de reconstrucción y reconciliación se vuelve mucho más difícil.
Y para finalizar, quiero citar una frase de Eduardo Galeano: “La sociedad enferma de miedo, de dolor y desaliento, necesita una nueva vitalidad que la democracia prometió y no puso o no ha sabido dar”.
Ahora, la respuesta debe ser verdad y justicia.
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Tagle Martínez.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Antes que nada quisiera aclararle al compañero Cavazos, que el señor Peña Nieto no pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un acto de responsabilidad, sino bajo la exigencia de padres de Ayotzinapa, de la sociedad mexicana, de los medios y de la sociedad internacional.
Y también, que se sepa que la OEA hace suya, asume las conclusiones. Y por lo tanto debe tener también consecuencias y no desviarnos en falsos debates que ya se ve claro por dónde quieren ir.
Apenas se presentó aquí el señor Cavazos a la tribuna, y nos enseñó los calzones. ¿Por dónde vamos? Quieren concentrar la atención o desviarla hacia el basurero de Cocula, ¡por favor! Ese es un elemento.
Hay otros muchos aspectos muy graves, como las ejecuciones extrajudiciales y el que no se sepa en dónde están hasta ahora estos jóvenes, cuando existía un monitoreo puntual del C-4, desde la salida de la escuela de Ayotzinapa, durante todo el momento de la tragedia, durante toda esa noche. Y terminan por dar un reporte editado, en donde después del primero y segundo ataque, el C-4 guarda silencio. ¿No les parece eso muy extraño?
Aquí, claro, a pesar de que son las primeras conclusiones del GIEI, éste es un informe devastador que pone al desnudo la incapacidad, o más grave aún la perversidad del Estado mexicano.
Falló Peña Nieto, tardó 10 días en reaccionar; cuatro meses en pedir disculpas. Nosotros aquí tardamos también como cuatro meses en abrir las puertas del Senado y escucharlos. Presentamos un punto de acuerdo que nunca se discutió y que lo fueron a leer ante la prensa y que no se hizo nada.
Todo ha sido mentira, tras mentira, un gran montaje que supera aquellos que dirigía el inolvidable, afamado productor y director Genero García Luna y su colección de Genaros García Productions. Esto realmente no tiene límites para inventar mentiras y para tratar de difundirlas a través de sus voceros oficiales.
Aquí, decíamos, no sólo no hubo capacidad, no la hay de los investigadores, no existen los investigadores en México, los Ministerios Públicos, ellos si no los sacan bajo tortura, pues no hay manera de saberlo. Tampoco podemos hablar de habilidades de Peña Nieto, pero creo que además no se puede confiar en Peña Nieto, batea a dos manos.
Por un lado, les abre la puerta a la Comisión Interamericana. “Sí, pasen, ésta es su casa”. Y con la otra, le pone cerrojo a las instituciones en donde hay miembros que deben colaborar para esclarecer este caso tan doloroso, como es el caso del Batallón 27 y el señor Enrique Galindo, comandante de la Policía Federal.
Aquí me extraña esta obsecuencia del Senado, ni menciona la palabra Ejército, y es un actor protagónico en estas escenas trágicas. El Ejército Mexicano tiene una información milimétrica de lo que pasa en el estado de Guerrero, precisamente porque está convulsionado, de por sí tiene una inteligencia militar de primer orden, y no sabemos nada, no pueden declarar.
Este Senado debería de llamar a comparecer al Secretario de la Defensa, e insisto, por enésima vez. Cuando sucedió lo de Ayotzinapa pedí que se presentara, porque los jóvenes acusaban que había militares, que habían intervenido, ya sea por intervención o por omisión, ellos tuvieron responsabilidad, y sin embargo esto es asunto sagrado.
En lugar de llamarlo a comparecer, lo llamaron al patio central a rendirle honores y develaron otra placa. Aquí los integrantes de la Comisión de la Defensa van en una actitud, para mí vergonzosa, a gorrear el chocolatito a la Secretaría de la Defensa, en lugar de invitarlo a esta Cámara a que dé la cara.
Un día un coordinador, a quien mucho aprecio, me dijo: “Al Ejército hay que dejarlo tranquilo” Pues porque quiero que el Ejército esté tranquilo, porque mantenga su prestigio, hay que ser transparente, hay que darle la oportunidad de darle la cara a la ciudadanía, y creo que ésa es la mejor forma de protección, porque la opacidad alienta la sospecha. Y hoy se tienen muchas dudas de que hayan habido, no la institución, pero sí militares cómplices en esta tragedia. Y el Senado no puede quedarse como testigo de piedra, sin asumir una de sus principales responsabilidades.
Agréguenlo a la lista de los que están pidiendo comparecer. Es correcta, pero nadie toca al bendito Ejército, que ahí lo ponemos en su nicho.
El Ejército es la institución más prestigiada en este país, con todo y sus errores, y por eso tenemos que cuidarla, y yo siempre digo, el señor no tiene ni qué llamar, se vestiría de luces, que se presente aquí a dar la cara y explicar muchos cuestionamientos que han quedado en el vacío. Pero que además preocupa cuando por casualidad hay una coincidencia con lo que sucedió con las autodefensas en Michoacán, y con lo que sucedió en el caso de Guerrero.
Los militares que estaban a cargo de esas zonas, inmediatamente fueron ascendidos. Quien estaba a cargo del Batallón 27, lo trajeron, lo trasladaron ahora aquí a las oficinas centrales y el comandante de la zona, que es el jefe, el responsable de todas las fuerzas de seguridad, no pues a ése lo hicieron generalísimo brigadier, o de brigadas. En fin, otra estrellita más. Sólo se entiende en los momentos álgidos.
Entonces, yo solamente pido que este Ejército actúe con valor, con responsabilidad, que sea el gran intermediario entre esta Comisión Interamericana que nos vino a dar un halo de esperanza. Es posible llegar a la verdad cuando hay seriedad, cuando hay responsabilidad. Y creo que hoy el Senado tiene la oportunidad de recuperar la confianza de la sociedad, lo mismo que el señor Peña Nieto.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Layda Sansores San Román.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Buenas tardes compañeros legisladores.
Sin duda alguna los hechos violentos suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, sacudieron a todo el país. Más allá del origen, las causas y la competencia para atender el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, en la Escuela Normal de Ayotzinapa, el Gobierno de la República ha demostrado que no es indiferente a esos reclamos de justicia y esclarecimiento de lo sucedido, y, desde que tuvo conocimiento de los hechos, ha atendido puntualmente el caso.
Por ello, la Procuraduría General de la República, en estrecha colaboración con las autoridades locales, emprendió una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas, diligencias, reconstrucción de hechos, peritajes y demás acciones que, no debe quedar la menor duda, se llevaron a cabo con todo el rigor científico de manera imparcial y con los mejores recursos técnicos y humanos al alcance del gobierno federal.
Como resultado de estas investigaciones, caracterizadas por una complejidad inédita, el gobierno de las República pudo concluir que los estudiantes normalistas fueron víctimas de una confusión desafortunada en la que intervinieron miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales corrompidas.
La tan mencionada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, puede resumirse en que: a la luz de las investigaciones realizadas y los recursos disponibles, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados a un río.
Insistimos en las características propias de estos lamentables hechos, pues además de la evidente violencia que registraron, las autoridades ministeriales tuvieron que lidiar con falta de información, ausencia de testigos y carencia de evidencias materiales contundentes de los delitos cometidos, al grado de tener que solicitar el apoyo de instituciones internacionales para el adecuado desarrollo de las investigaciones.
Sobra qué decir, por ejemplo, la Universidad de Innsbruck, en Austria, sólo pudo identificar los restos de un estudiante en las muestras analizadas por las técnicas científicas y tecnológicas más avanzadas, lo cual pone de manifiesto la dificultad de la investigación.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integró la solicitud del Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el que participaron expertos de todo el Continente para coadyuvar en las investigaciones.
De esta forma, el desarrollo plural de las investigaciones, incluso con la participación de instancias internacionales, demuestra la apertura y transparencia del gobierno de México, así como la voluntad de llevar este caso hasta las últimas consecuencias con la mayor certeza posible.
La memoria de las víctimas, la tranquilidad de sus familiares y el reclamo de justicia de todo el país, están de por medio, así que el Estado mexicano no debe claudicar en el esclarecimiento de los hechos.
Por ello, sin duda alguna, es bien recibido el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues abona a la disponibilidad de información y a la apertura de las nuevas líneas de investigación.
En este sentido, desde el mismo día en que fue publicado el Informe de este Grupo Interdisciplinario de Expertos, el Presidente de la República dio instrucciones para que los resultados de dicho informe sean tomados en cuenta en las investigaciones que, vale la pena recordar, en ningún momento fueron concluidas y continúan hasta la fecha, y se valoren puntualmente todas y cada una de las recomendaciones señaladas.
No obstante, lo anterior no se debe perder de vista que el Estado mexicano y sus instituciones deben cumplir cabalmente con sus atribuciones en materia de procuración e impartición de justicia.
Por ello, los Senadores que integramos el Grupo del Partido Verde, damos la bienvenida a cualquier aportación que abone al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, pero también refrendamos nuestro voto de confianza en la responsabilidad y profesionalismo que las autoridades del Estado mexicano han demostrado en su actuación.
A nadie le debe quedar la menor duda de que el gobierno de México es el primer interesado en conocer la verdad, no sólo por el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, sino por su compromiso con la justicia, así como para evitar que hechos lamentables, como estos, vuelvan a empañar la tranquilidad de nuestro país.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del FEU Campus Zacatlán, invitados por el Senador Armando Ríos Piter, quienes asisten a este Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.
El pasado 7 de septiembre, como sabemos, tras seis meses de intenso trabajo, concluye el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, y que presentan su Informe intitulado “Informe Sobre la Investigación y las Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa”, el cual da cuenta de las actividades realizadas durante su estadía en nuestro país.
Expone este Informe de cara al gobierno y de cara a la Nación, a la sociedad, que en un informe de alrededor de 540 páginas, los avances, hallazgos y propuestas, recomendaciones, recomendaciones para el proceso, recomendaciones para el caso concreto de la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, y también recomendaciones generales, que tienen que ser tomados en consideración para afrontar uno de los acontecimientos más lamentables de nuestra historia reciente.
De ese tamaño es la magnitud del problema y no podemos negarlo.
Este Informe, además de ser un ejercicio inédito de cooperación, efectivamente de cooperación internacional entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, es, sin duda, una invaluable contribución en la lucha contra la injusticia, el olvido y la impunidad.
Este grupo ha leído y analizado a profundidad, no podemos equivocarnos de eso, son personalidades todas doctas de gran expertis y reconocimiento internacional, han analizado y leído con profundidad las investigaciones llevadas por la Procuraduría General de la República y por la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero.
Nos parece muy importante destacar, en ese sentido, que también realizaron este grupo sus propias investigaciones.
Destaca, ciertamente, entre ellas, el asunto de la incineración, el grupo dice que no hay evidencias de que los estudiantes fueran incinerados en este basurero de Cocula, señalan: “Este evento tal y como ha sido descrito, no pasó”.
Hoy es una de las cosas que aquí se han ventilado.
¿Tienen razón o no? Pues hay una cuestión científica que tendría que ser comprobada.
No veo por qué no en el reinicio de las investigaciones que tienen que necesariamente acordarse por el gobierno mexicano, efectivamente se puedan consultar todos los peritos que se tengan que consultar para verificar lo dicho por la Procuraduría General de la República en la anterior administración y, por supuesto, lo que ahora nos está diciendo el grupo de expertos independientes.
Ellos, reafirman, no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a los testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en este basurero municipal de Cocula.
No abundo, me parece que las características del estudio científico, etcétera, están puntualmente inscritas en este Informe.
Es necesario, además, tomar referencia en el replanteamiento de la hipótesis de caso a investigar como línea prioritaria, es decir, también se tome como consideración en esta línea el traslado de estupefacientes, lo que pudo, desde el punto de vista del grupo, desencadenar el ataque a los estudiantes.
Y algo que aquí no se ha dicho es, ¿qué pasó con el quinto autobús? La PGR no lo incluyó en el expediente de investigación.
No nos confundamos, Murillo Karam dijo: “Hubo cinco autobuses en sus informes”. El quinto era el autobús donde iban los jugadores de este equipo de futbol, pero el otro autobús que pareciera que es donde está precisamente la litis, no sabemos dónde está.
Es cuestión de analizar puntualmente el informe, cadenas de custodia violentadas, no escrupulosamente levantadas, situaciones que hay de ineficiencia en los expedientes respecto de investigaciones no realizadas, fotografías de hechos que no se toman, casquillos que no son considerados, presencia de partes de cuerpo humano, que tampoco existe ninguna fotografía, y sabemos que allí estuvieron.
¿Qué pasó con cada uno de los autobuses?
¿Por qué se dan eventos que van a ir creciendo en cada uno de estos 9 eventos entre la noche del 26 y la madrugada del 27?
Absolutamente ninguna autoridad se movió a partir de lo que evidentemente estaban escuchando en el C4.
Hoy estamos frente a una situación muy grave que impacta al Estado mexicano, no podemos hacer como que estas cosas no pasan.
Por eso tenemos que tomar la punta de la madeja, y la punta de la madeja tiene que ver con reabrir el caso.
Necesitamos urgentemente tomar esa decisión.
La propia Ley Orgánica de la PGR lo establece: las unidades administrativas que tienen que configurarse, en este caso, en una Fiscalía especializada de alto nivel, que se integre con la anuencia, con la opinión favorable de los familiares de las personas desaparecidas, de los 43 de las personas asesinadas y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también con las organizaciones no gubernamentales, que desde las primeras horas se apersonaron para acompañar a más de 700 personas que estuvieron involucradas, insisto, en estos hechos que fueron creciendo uno tras otro.
Me parece que hoy estamos frente a un problema, tenemos una bronca, hay que reconocerla.
La Cámara de Diputados tomó la decisión, desde la junta, desde la Mesa, de constituir una comisión. Me parece que el Congreso tiene que trabajar, en conferencia, unidos, pero también es importante que decidamos constituir esta fiscalía que se encargue de abrir el caso de Ayotzinapa.
No podemos, de ninguna manera, prejuiciarnos que lo que están haciendo los expertos independientes llevan vela en el entierro; desautorizar a estos expertos independientes, me parece que es a priori, volvamos a reabrir el caso, y entonces tengamos posibilidades de atender cada una de las recomendaciones, de tomar la consideración, los reclamos de los familiares y, por supuesto, también es necesario que estas primeras investigaciones que presenta el grupo de expertos independientes, puedan concluirla, de tal manera que también deberíamos acordar la excitativa que presentamos, respecto de que el titular del Poder Ejecutivo Federal convenga con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ampliar el Convenio de Relación con este grupo que, por cierto, el día de mañana estarán aquí a las 11:00 de la mañana, para que puedan concluir sus investigaciones, de manera efectiva.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Senador Javier Corral Jurado: Gracias señor Presidente.
Por un lado, el gobierno de la República ha dicho estar dispuesto a reencauzar la averiguación, generar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y asumir las recomendaciones del grupo de expertos.
Por otro lado, ese mismo gobierno, en un acto de simulación, ha lanzado una campaña que pretende descalificar a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, incluso, a través de diversas columnas ya se empieza a llamárseles: “Expertos en mentir”, que tienen la agenda propia en México, incluso, tratar de politizar sus planteamientos.
Es fundamental, en un compromiso con la verdad, no quedarnos en la figura de un grupo de expertos, hay que llamar a cada una de estas personas por su nombre, y hay que advertir, antes de señalar nuestra posición, ¿quiénes son? ¿De quiénes se trata?
Porque Alejandro Valencia Villa, colombiano, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado en las Comisiones de la Verdad de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay y Perú.
Porque Ángela María Buitrago, de Columbia, ha sido Fiscal Delegada ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia.
Porque Carlos Martín Beristain, español, tiene una experiencia de 25 años en atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares, ha atendido a sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.
Porque Claudia Paz y Paz, la guatemalteca, fue Fiscal General en su país, y en su gestión como Fiscal General, atendió varios casos de violaciones de derechos humanos que avanzaron en el Sistema de Justicia, y se logró condenar a los perpetradores.
Porque Francisco Cox Vial, el chileno, además de tener maestría en Derecho, de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ha litigado casos penales y constitucionales, y ha trabajado en casos pro bono ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estos personajes que tienen trayectoria propia, que tienen un currículum acreditado, un compromiso acreditado con los derechos humanos, dijeron el pasado 6 de septiembre, entre otras cosas lo siguiente:
“No existe evidencia que apoye la hipótesis generada, con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula, el 27 de septiembre de 2004”.
“Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos, no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula, de haber existido un fuego de esta magnitud, los daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura, ninguno de estos elementos muestra estos daños”.
También concluyeron:
“El peritaje relacionado al fuego, no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego, no se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica, vegetación adyacente sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejó de lado elementos críticos y necesarios, y la evidencia no se estructuro de manera adecuada”.
También señalaron que el perito contratado en materia de fuego, Torero, advirtió que se necesitarían 30 mil 100 kilogramos de madera o 13 mil 300 kilos de llanta para quemar 43 cuerpos en 60 horas.
También, de acuerdo a las conclusiones del perito, la cremación de cuerpos generaría una llama de aproximadamente de siete metros, y la altura máxima del penacho de humo, de aproximadamente 300 metros.
El informe del Grupo Interdisciplinario aporta que, tanto policías estatales, federales, así como miembros del Ejército estaban al tanto de lo que ocurría en Iguala.
Dijeron: “Las fuerzas de seguridad de policía estatal, municipal y federal, además del Ejército Mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como C4”, dicho sistema estuvo operando la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Las diferentes comunicaciones a las que ha podido tener acceso el grupo, muestran que dichas informaciones eran escuchadas por las diferentes fuerzas de forma continua, entro otros de los datos que aporta el informe.
¿Qué significa esto? Significa un informe demoledor para la vida pública de México, relata la doble tragedia que vive el país.
No sólo la realidad de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes normalistas en ese extremo acto de violencia criminal, sino también nos muestra la magnitud que rodea a esas desapariciones forzadas.
El informe nos da cuenta de una nueva dimensión: 180 víctimas en el operativo; nos habla de 40 personas heridas, de 6 ejecuciones extrajudiciales, de 43 estudiantes desaparecidos, y el dolor que irradia a 700 familias directamente lastimadas.
El informe nos reitera la tragedia de la desaparición, pero nos coloca entre una nueva dimensión de lo que confluyó la noche del 26 de septiembre. Pero nos relata también una tragedia mayor, una tragedia política, que es una tragedia estructural, un gobierno que es capaz de recurrir a la mentira, al engaño, a la simulación, que es capaz de fabricar testimonios, que es capaz de inventar un incendio, que conforme al grupo de los expertos, nunca existió.
Se trata de ¿cómo un gobierno es capaz de timar a una nación?
Y ¿cómo un Procurador General de la República, de engañar en una conferencia de prensa con el tema de la verdad histórica?
Habla de la baja calidad moral del gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que miente, un gobierno que engaña, un gobierno que fabrica testimonios, un gobierno que inventa incendios, un gobierno que se apresura a cerrar una investigación para salir al paso de la irritación social frente a la eminencia de los tiempos electorales, es un gobierno descalificado, ética, política y moralmente.
Esas son las consecuencias del informe del grupo de expertos…
Esas son las consecuencias políticas del grupo de expertos. Por eso el Senado de la República no se puede quedar, simple y sencillamente en la discursiva de un debate pactado.
El Grupo Parlamentario del PAN exige que aquí se discuta y que aquí se delibere y se apruebe las propuestas presentadas por la Senadora Pilar Ortega, que se refiere a la formación de dos comisiones: promover la integración de una Comisión Internacional a través del Sistema de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos para nombrar un Fiscal Especial de carácter internacional que lleve a cabo las investigaciones siguientes, con base en los procedimientos penales establecidos en nuestra legislación, seriedad a la conclusión que se formó en Guatemala para efectos del deslinde en los casos de corrupción del Presidente de ese país, que terminaron con su licencia.
También pedimos la conformación de una Comisión Especial en el Senado de la República, con participación ciudadana para darle seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos y al rencauzamiento de esta averiguación bajo la esfera internacional.
Hemos señalado también…
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le ruego que concluya, por favor, su intervención.
El Senador Javier Corral Jurado: Concluyo, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias.
El Senador Javier Corral Jurado: Hemos señalado también que un informe como éste, que desvela, que descubre, que exhibe al país y al gobierno como un gobierno mentiroso, debe tener consecuencia políticas.
Y que el ex procurador General de la República, debe responder penal y políticamente por la conducción de estas investigaciones.
Que debe ser el Senado de la República y sus bancadas quienes promuevan un juicio político y de responsabilidad penal, para que no vuelva a suceder que un Procurador General de la República time a la nación de esta manera.
Hoy, está claro, que el que mintió fue el Estado. La verdad histórica ha quedado en el ridículo de una pobre treta, una operación embustera para tratar de salvarle la cara a un gobierno desesperado ante el descrédito internacional por la tragedia a la que originalmente quiso eludir.
Nadie puede olvidar que aquí, que el gobierno de la República quiso originalmente eludir su responsabilidad. A un año, está descubierto ante el mundo el engaño y la simulación.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en primer lugar, expresamos nuestra más amplia solidaridad con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en ese trágico episodio que nos indigna a todos, suscitado el 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Quisiera expresar que nadie puede poner en duda la convicción, la decisión, la voluntad y la determinación del Presidente de la República, para buscar la verdad en este episodio que enluta, enlutó a hogares guerrerenses, e indignó a la sociedad toda.
Las últimas declaraciones del Presidente de México, realizadas en las últimas horas, su disposición para contribuir en el esclarecimiento de los hechos a los largo de estos meses, dejan perfectamente establecido que él es el más preocupado, el más interesado en que esta investigación llegue a sus últimas consecuencias.
Efectivamente, para coadyuvar la investigación y apoyar estos trabajos que realiza, y ha venido realizando la Procuraduría General de la República, se solicitó en coordinación con las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Instruyó el Presidente para que se valorarán, en su más amplia dimensión, con seriedad y con responsabilidad las conclusiones que aportó este Grupo Interdisciplinario, que sin duda son valiosas, y que sin duda sus integrantes son gentes del más alto prestigio y de ninguna manera desacreditamos.
Todo aquello que contribuya a que se esclarezcan los hechos, siempre será bienvenido cuando se tenga la voluntad, como se tiene del gobierno de la República, de ir hasta las últimas consecuencias, de encontrar la verdad y castigar a los responsables.
Efectivamente hay discrepancias entre lo que plantean las conclusiones, producto del análisis que realizaron los integrantes de este grupo de trabajo, y las conclusiones que arroja la investigación, realizada por la Procuraduría General de la República. Estas discrepancias que aquí se han comentado básicamente se centran en dos factores fundamentales o en dos temas específicos: el relativo a Cocula y cuando se menciona el quinto autobús.
Ninguna de las conclusiones, ni las del Grupo Interdisciplinario ni las de la Procuraduría deben de descalificarse de manera automática, de manera tajante, nos parece, en el Grupo Parlamentario, que lo menos que podemos hacer es actuar con una gran serenidad, con responsabilidad, con profesionalismo y analizar las conclusiones y recomendaciones del grupo para ver como lo instruyó el propio Presidente de la República su valoración y su incorporación a la investigación cuando sea conveniente considerado así por la autoridad responsable.
A la investigación que por cierto no se ha cerrado, una investigación que permanece abierta y que habrá de seguir así hasta que la autoridad judicial lo considere conveniente y de por terminada la misma. Pero con ese mismo respeto que se tiene que tener por estas conclusiones, resultado de este análisis, de este Grupo Interdisciplinario también tenemos que ver con respeto, con responsabilidad el trabajo realizado por la autoridad competente.
Seiscientos cuarenta peritajes, realizados por organismos internacionales y nacionales en donde se encuentra la UNAM, el Instituto la Ciudad del Petróleo, más de 120 detenidos; 487 declaraciones, me parece que este trabajo tiene que valorarse no puede descalificarse a priori, ¿qué es lo que tendría que hacerse desde nuestro punto de vista? Con estas conclusiones buscar la integración de una mesa de trabajo, de expertos en estos temas, para que se pueda determinar en una discusión seria la confiabilidad de las conclusiones de las autoridades y la viabilidad también de las recomendaciones que surgen de un análisis, de un grupo que merece nuestro respeto.
Tan es así que tenemos información que habrá de permanecer este grupo seis meses más, precisamente coadyuvando en esta investigación, y que bueno que así sea, que bueno que también el grupo de antropólogos argentinos participó en estos trabajos; que bueno que vengan otras gentes que puedan, con su experiencia y conocimiento a aportar luces para llegar la verdad, para poder llegar a la verdad y castigar a los culpables, pero lo que no puede aceptarse es hacer aseveraciones de manera contundente, descalificar a la autoridad y lastimas a las instituciones porque en nada ayuda eso a encontrar la verdad y a llegar precisamente hasta sus últimas consecuencias.
El Gobierno de la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, ha realizado un esfuerzo profesional, dedicado, responsable para poder llevar este caso hasta sus últimas consecuencias y poder castigar a los responsables y a los culpables de estos lamentables acontecimientos.
Ni inventa culpables ni oculta información, si hay alguna discrepancia que las autoridades correspondientes analicen el tema del quinto autobús que se menciona, y que los expertos confronten sus conclusiones a partir de peritajes por un lado de la autoridad y de un análisis responsable, sin duda, de un grupo interdisciplinario. Ojalá que podamos avanzar en lo sucesivo en la solución de este problema que sin duda a todos nos lastima y a todos nos indigna.
Termino, finalmente, expresando mi coincidencia con algunos compañeros y compañeras Senadoras que aquí han hecho uso de la palabra.
Efectivamente el prestigio del Ejército Mexicano está a toda prueba, y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su reconocimiento, su respaldo al Ejército Mexicano y su apoyo solidario al Presidente Enrique Peña Nieto.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador René Juárez Cisneros.
A continuación, como lo han solicitado oportunamente, se le concederá el uso de la palabra, para hechos, al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, al Senador Fidel Demédicis Hidalgo y a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
Se le concede en primer término el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas, hasta por cinco minutos, por favor.
No cabe duda que hasta para defender lo indefendible se requiere de coro, y evidentemente en la intervención que hemos escuchado del Senador René Juárez, hay una rectificación respecto al tipo de defensa que venía haciendo el PRI y sus aliados en esta tribuna, porque no puede venirse aquí a intentar tapar el sol con un dedo, y tratar de minimizar los resultados de una investigación que ha puesto al desnudo, el nivel de descomposición, el nivel de degradación de las instituciones públicas, y en particular la responsable de impartir justicia en nuestro país.
No puede venir aquí el Senador Gerardo Flores a reivindicar la calidad y el nivel profesional de una investigación que ha sido demolida con pruebas técnicas y científicas contundentes.
No puede venir a esta tribuna el Senador Cavazos Lerma, a pretender descalificar el trabajo de un órgano internacional reconocido por el Estado Mexicano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, cuyo Secretario General no solamente estuvo el día de hoy aquí presente, sino convalidó los resultados de esta investigación, tratando de descalificar a un perito especializado, al señor “Torero”, que vaya, que les clavó una estocada profunda en su investigación.
Y tampoco puede venir aquí el Senador Jorge Aréchiga, a tratar de sostener que esos hechos fueron resultado de una desafortunada confusión en donde intervinieron delincuentes y autoridades municipales, y que hubo que recurrir a un organismo internacional ante la falta de información y la ausencia de testigos.
Yo creo que este debate debemos concentrarlo fundamentalmente en las implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales y éticas que representa las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este informe implica el deslinde de responsabilidades con quienes no solamente mintieron respecto a una verdad jurídica y una verdad histórica, sino que además manipularon y ocultaron información.
Ahí está, por ejemplo, la existencia de un quinto camión sobre el cual en ningún momento la Procuraduría brindó información, y donde se incorpora un elemento que no se había discutido a lo largo de la investigación del eventual uso de este vehículo que no correspondía a la línea de autobuses “Costa Line”, sino a otra donde presuntamente se traficaba droga, y donde no hay información alguna de cuantas personas participaron o tripulaban, por ejemplo, ese vehículo, porque ese solo hecho implica una reorientación total de la investigación, porque la cifra de los 43 desaparecidos, la cifra de 186 víctimas, de 6 ejecuciones extrajudiciales, puede ser superior solamente al conocer los datos de ese vehículo, del cual nunca nos informaron.
No pueden alegar desconocimiento de la información oportuna sobre los hechos de Iguala cuando ha quedado plenamente acreditado que el Centro de Información en Materia de Seguridad Pública del estado de Guerrero, el C4, estuvo informando permanentemente y en tiempo real al gobierno del estado, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad de Justicia del estado de Guerrero, al Procurador General de la República, a la Policía Federal Preventiva, a la Armada de México, e incluso a la Defensa Nacional, particularmente a los elementos del Batallón 27 de Infantería, acantonado en Iguala, el cual tenía, además, información de inteligencia militar, y fue testigo de la agresión a los estudiantes en flagrancia y no intervino con el orden acreditado ahora, los testimonios de víctimas y de vecinos en el estado de Iguala.
No pueden aludir ya más que no tenían información oportuna, y aquí hay omisiones y responsabilidades por negligencia de todos los órdenes de gobierno. Pero aún nos mintieron y alteraron las escenas del crimen y en la reconstrucción de los hechos, y el haberse acreditado el día de hoy de que no hubo incineración de estos 43 estudiantes en el relleno sanitario de Cocula tiene implicaciones mayores.
No solamente es el peritaje, del cual ya habíamos hablado aquí que era imposible la incineración de 43 cadáveres en un relleno sanitario a cielo abierto, más aún cuando el día anterior había habido lluvia, sino que además el que haya aparecido presuntamente uno de los jóvenes que puede correlacionarse con los peritajes que se hicieron en Innsbruck implicaría haber sembrado pruebas para justificar el conjunto de la investigación y crear una falsa verdad histórica.
Son muchas las implicaciones de este informe, y muchos los responsables a los cuales se le pueden fincar responsabilidad por haber ocultado información, por haber desviado la investigación, y es falto que se esté avanzando en el castigo a los responsables.
Nos han señalado que hay 120 detenidos vinculados con estos hechos, ¿a cuántos en realidad se les ha acreditado su responsabilidad?, ¿por qué no nos dicen, por ejemplo, que el señor Abarca no está detenido ni por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ni por las 6 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente.
El señor Abarca está solamente detenido por su presunta participación en el homicidio del compañero del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Hernández Cardona, no está detenido por los hechos involucrados, que lo involucran en Ayotzinapa, y quedan todas las preguntas que desde el mismo inicio de estos hechos hemos planteado.
¿Cuál fue el móvil que llevó a este lamentable hecho de 43 muchachos desaparecidos, 6 ejecuciones extrajudiciales, más de 180 víctimas y heridos, y quiénes fueron los responsables?, ¿quiénes formaron la red de colusión y responsabilidad que permitió la operación y el desarrollo de esta banda del crimen organizado incluso en su penetración, no sólo en el gobierno municipal de Iguala, sino por lo menos de 23 municipios que hoy están intervenidos por la autoridad Federal, y que por motivo de ello el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de ley para disolver los ayuntamientos ante la presunción de penetración, infiltración de la delincuencia organizada en los mismos?
¿Dónde están los estudiantes desaparecidos si no fueron incinerados en el relleno sanitario de Cocula?, ¿y qué responsabilidades tiene el entonces Procurador al haber mentido y engañado a los familiares, a la sociedad mexicana y haber renunciado a su responsabilidad de impartir justicia?
Hay que partir de cero, y necesitamos una Fiscalía independiente que garantice una investigación imparcial con la participación de ciudadanos, que haya un consejo ciudadano que acompañe y que tome en cuenta a los padres de las víctimas.
Esta, indudablemente, estocada del peritaje del señor torero desnuda el nivel de descomposición y la profunda crisis moral y ética de las instituciones públicas y del Estado mexicano.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
Antes, esta Presidencia quiere felicitar a nuestra compañera Senadora María del Rocío Pineda Gochi, quien hoy celebra su cumpleaños.
En el uso de la palabra, Senador Fidel Demédicis.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero Presidente. Compañeros Senadores; compañeras Senadoras:
A lo largo y ancho de México ya se escucha una consigna, esto no es extraño, sufrimos otro engaño.
Quien se atreve a cuestionar a esta Comisión Interdisciplinaria de Expertos en diferentes temas que tienen que ver con el caso Ayotzinapa, sin duda, desconocen la sanción por perjurio.
Aquí en México todo mundo miente y no pasa absolutamente nada. Pareciera que las mentiras que le contó al país Murillo Karam para darle carpetazo al asunto se van a quedar sin castigo, y si no tiempo al tiempo.
Es así como se van construyendo las complicidades vergonzantes que tienen al país en el estado en que lo tienen, en donde la impunidad ha sentado sus reales y cabalga sin control a lo largo y ancho del país.
Díganme con sinceridad, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, ¿qué Ministerio Público Federal o del fuero común en este país, en este momento, tiene credibilidad, menciónenme uno en el que el pueblo crea? El pueblo sigue sosteniendo que la justicia se compra y se vende.
Y decirle a mi compañero Cavazos que el señor Torero yo estoy seguro que sí va a ser un buen torero porque va a capotear la andanada de descalificaciones que ya están haciendo desde el gobierno contra la Comisión Interdisciplinaria que viene a desnudar lo que ya todos sabemos en México, que la PGR y los ministerios públicos del fuero común no le sirven al país, solamente le sirven a los intereses, a sus intereses particulares y a quienes los mandan.
La duda está sembrada, la opinión pública nacional por más spots de televisión que saquen; por más comunicados nacionales que saquen; por más notas pagadas que hagan el pueblo de México está convencido de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, si el Senado no se porta de manera seria van a ser una historia más de matanzas que han pasado en México, y no ha tenido ninguna repercusión, ¿cuál es el castigo de lo que pasó en México 68; ¿cuál es el castigo de lo que pasó en Aguas Blancas, y en El Charco, en Guerrero?, ¿y cuál es el castigo que han tenido tantos otros, tantas otras matanzas en este país.
La PGR le plantea una hipótesis al país del basurero de Cocula, fue con la intención de dar el carpetazo al tema, fueron incinerados, sus cenizas tiradas al río; pueblo de México: se acabó la búsqueda, que lo entiendan los padres, las madres, y todos los dolientes de los estudiantes de Ayotzinapa, esa es la verdad histórica, oficial, pero tuvieron que venir de otras latitudes para desnudar, para desnudar de manera clara, precisa, concisa, con métodos científicos la verdad histórica del gobierno de la república.
Las conclusiones de esta comisión como hechos no investigados, evidencia destruida, y se cometieron errores, lo menos que puede hacer la PGR es reconocer y acatar las conclusiones de esta comisión.
Ya debatimos, ya se dio la catarsis, el asunto es que sigue, hay 43 desaparecidos; miles, y yo diría que millones de dolientes en el país por este crimen artero contra estos maestros en ciernes, una investigación sospechosa, conclusiones de la PGR cuestionadas por un grupo internacional de especialistas, descalificación en automático de la PGR por el informe de estos especialistas, y dicen que tienen la voluntad para ir hasta las últimas consecuencias, compañero Senador Cisneros, retoma las palabras del ciudadano Presidente; entrémosle al toro para que el pueblo le crea al Senado de la República y no nos tache de cómplices, hagamos los que se ha hecho en muchos países del mundo cuando se cometen este tipo de actos atroces, conformemos una comisión de la verdad para que investigue hasta sus últimas consecuencias, éstas y otras matanzas que han pasado en México, y que los responsables han quedado sin castigo.
Ayotzinapa sólo es la punta de una madeja, el Senado tiene la obligación de responderle a sus representados, y ésta es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
A continuación se le concede para el mismo asunto el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, buenas tardes compañeras y compañeros.
El informe sobre el caso Iguala, Ayotzinapa, sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas y las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas ocurridos el 26 de septiembre del 2014, presentado el día de antier por este grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coloca en el centro del debate público las fallas estructurales del sistema de justicia penal en nuestro país, especialmente en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales sobre los terribles acontecimientos.
Las omisiones en las investigaciones ministeriales periciales y policiales que han sido develadas por este informe, exigen, como se recomienda por el mismo documento el replanteamiento de la investigación para realizar todas las diligencias sustantivas que fueron omitidas por la autoridad investigadora en tiempo y forma, así como realizar todas aquellas diligencias que se derivan de las nuevas líneas de investigación que fueron ya planteadas por el equipo de expertos.
En razón de ello acompaño la propuesta con la creación de una fiscalía especial, no sin antes mencionar que de ser el caso, y que pudiera aceptarse la propuesta del Senador Corral, que sería lo ideal, el idea para este tema, estaría totalmente de acuerdo en suscribirla.
La propuesta que presento en razón de que no veo la condición para que algo, una propuesta como la que presentó el Senador Corral, tan ideal, prospere en un grupo tan plural y tan diverso en ideas y en planteamientos por lo aquí vertidos por nuestros compañeros del Partido Verde y del Revolucionario Institucional hago la siguiente propuesta.
Una fiscalía especial investigadora con autonomía absoluta respecto a las autoridades que hasta el momento han desarrollado las investigaciones.
Esta fiscalía deberá ser encabezada por una o un jurista de reconocido prestigio e independencia, al que le otorguen facultades de ministerio público; de conformidad con lo que establece la normatividad en la materia, especialmente la Ley Orgánica de la PGR.
Que se le deberá dotar de recursos también financieros, materiales y humanos suficientes con plena libertad para elegir un equipo en cuanto al personal sustantivo ministerial, pericial, y policial para el desarrollo de su investigación.
El informe señala que el grupo de expertos se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, como en su momento fue señalado por la versión oficial.
La contundencia de esta afirmación que descalifica lo que fue llamado la verdad histórica obliga a la fiscalía autónoma a que se pronuncie y convoque a un equipo forense de expertos internacionales que realice una diligencia que permita hacer una recreación científica de los hechos ocurridos en el basurero de Cocula para poder esclarecer la verdad con la mayor certeza que la ciencia ofrezca.
Esta ha sido la investigación más relevante que se ha desarrollado en el actual gobierno federal en materia de derechos humanos; la más delicada por la dolorosa realidad de los hogares y las familias a los que hoy les falta un ser querido en casa, porque hasta el momento hablábamos de alrededor de 700 familias indirectamente afectadas, víctimas, y hoy consideramos que son más.
Ello hace que sea una asignatura pendiente para el gobierno federal y para el Estado mexicano, la construcción del derecho a la verdad, del acceso a la justicia, a las garantías de no repetición, a la reparación integral del daño, y es fundamental que el gobierno cumpla las 20 recomendaciones para la búsqueda y localización, la investigación objetiva, imparcial e independiente para llevar a todos los presuntos responsables ante la justicia, que estén en este proceso y que se logre la consignación por el delito de desaparición forzada de personas y por las ejecuciones extrajudiciales.
Hay también responsabilidades institucionales por las omisiones en materia de investigación en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes normalistas y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas hay una necesidad en este momento ya que es necesario resarcir el daño a los familiares de estas víctimas.
En este informe, como decimos al principio, se pone en el debate nacional la existencia de un sistema de justicia penal incapaz de realizar una investigación diligente, objetiva e imparcial; nos cuestiona sobre la urgencia de avanzar hacia la implementación de un nuevo sistema acusatorio oral y adversarial; de realizar una reforma estructural de los servicios forenses, y obviamente de atender la exigencia de su autonomía e independencia, de construir un marco normativo conforme a los más altos estándares internacionales, para investigar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, así como el protocolo que conduzca todo el proceso, desde la búsqueda, localización, diligencias ministeriales, periciales, policiales, la atención y la reparación del daño a las víctimas.
El informe sobre el caso Iguala-Ayotzinapa nos dice que en este país hay una impunidad sistémica, la ausencia de una verdadera prevención social de la violencia y de la delincuencia, la carencia de la voluntad de construir una política de Estado que reconozca la crisis humanitaria y de violencia que vivimos.
Y lo que no se reconoce, no se combate, ni se construye una acción del Estado en la que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.
A continuación se concede el uso de la palabra para el mismo asunto, al Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
No ahondaré demasiado en lo que ya han dicho por mis compañeros y mis compañeras.
Sin embargo, me parece que es fundamental, como guerrerense, señalar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente dado a conocer, lo que genera en la sociedad mexicana es una percepción de que han sido engañados y que por las prisas que por alguna razón tenía el Gobierno de cerrar el caso, de consolidar una verdad histórica, más que buscar esclarecer estos terribles hechos, lo que se buscaba era encubrir, lo que se buscaba era ocultar y lo que se buscaba era no llegar hasta las últimas consecuencias.
Hoy el fantasma de Ayotzinapa y de los hechos de Iguala sigue recorriendo al país. Son hechos que no están cerrados por más que el entonces Procurador Murillo Karam haya querido ocultar o haya querido cerrar de golpe.
Una lluvia de críticas, compañeros y compañeros, está no solamente escuchándose por parte de los partidos de oposición, sino es lo que se escucha en muchos de los sectores de la sociedad, porque lo que está en juego o lo que se abre a discusión, es la poca credibilidad que tiene este Gobierno, y por lo tanto la gobernabilidad que depende de esa escasa, de esa poca credibilidad que existe en el país.
Quiero retomar lo que decía mi compañero Alejandro Encinas, porque es una de las partes nodales.
Si hoy José Luis Abarca, que es uno de los que están encarcelados por este tema, solamente está por el hecho de asuntos que fueron previos a los hechos de Iguala, eso no debe permitirnos, compañeros y compañeras -y llamo la atención del Grupo Parlamentario en el Gobierno-, a decir que las cosas van bien.
Por más que se tengan 100, 110, 120 policías que están apresados por este tema, no hay nada que nos permita ir al fondo del asunto, a identificar dónde están los verdaderos responsables, los materiales o los intelectuales, o incluso no solamente la responsabilidad penal, sino la responsabilidad política y social que fue permitiendo a lo largo del tiempo que se dieran condiciones para que existieran hechos tan terribles como los que ocurrieron esa noche del 26 de septiembre.
Entonces, compañeros y compañeras, como país no podemos permitir que este debate sea uno más, es una llave que está abierta en el corazón de nuestra historia reciente.
Y hoy, cuando aparecen nuevos elementos de la investigación que trae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que este debate debe motivar, compañeros y compañeras, es a que tengamos acuerdos en lo fundamental.
Nadie puede sentirse contento con que vengan expertos de fuera a enmendarles la plana a nuestras autoridades, y que la percepción de nuestra sociedad sea que el Gobierno no está queriendo hacer nada por un tema tan dolido y tan sentido.
Hoy el Gobierno, compañeros y compañeras, tiene una nueva oportunidad. Lleva doce meses arrastrando precisamente el tema de la falta de credibilidad en el tema de los hechos de Iguala.
Hoy yo lo que esperaría, compañeros y compañeras, en vez de querer venir a jugarle el dedo en la boca a la sociedad, querer tapar el sol con un dedo, querer pensar que no existe este problema, que es el de las desapariciones no solamente en Iguala, sino en el país, que vengamos a pensar que este debate va a ser de trámite.
Yo me niego a pensar que no podamos concluir que tengamos con estos nuevos elementos la posibilidad de recuperar la credibilidad en una investigación que necesita ser parte fundamental de la gobernabilidad que estamos perdiendo.
Estamos proponiendo la creación de una Fiscalía Especializada, que sea un personaje, hombre o mujer del más alto talento y capacidad moral; que pueda ayudarnos a reconducir esa falta de credibilidad en que caímos cuando Murillo dijo que ésta era la verdad histórica.
¿A poco no podemos coincidir en esto? ¿No podemos como Senado de la República aterrizar en un punto de acuerdo, que ése sea el exhorto como parte del Pacto Federal, para relanzar una visión que tiene que recuperarse, que es la de la credibilidad?
Yo me niego a pensar que el PRI no tenga el talento y la capacidad de entender que ésta es una oportunidad para ustedes. Me niego a pensar que solamente vayan a ver este informe de la Comisión como un asunto de trámite, cuando hay 43 jóvenes cuyos padres siguen exigiendo que sus hijos aparezcan, porque esa verdad, ese cierre del caso, esas cenizas no eran de todos los jóvenes, y han mantenido con valentía, frente al Gobierno, su exigencia de que aparezcan sus hijos.
¿No tenemos la capacidad, compañeros y compañeras, de que con la supervisión de esos padres podamos tener un Fiscal que nos ayude a que este Gobierno recupere credibilidad?
¿No podemos tener en esos elementos del quinto camión, la posibilidad de revisar más a fondo cómo está funcionando el Estado de Guerrero, si es que se dice que ese quinto camión era un camión en el cual se traficaba droga o se traficaban armas?
¿No necesitamos los mexicanos tener más información para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir? Porque ésa, compañeros y compañeras, es la condición que tenemos como país firmante de los derechos humanos en el país, evitar que se vuelvan a repetir hechos tan lamentables como los de Iguala.
Por eso, compañeros y compañeras, yo los exhorto a que este debate no se quede en esas defensas muchas veces por encimita, fáciles e incapaces de proyectar que como políticos tengamos mucha mayor profundidad para resolver los problemas de México.
Vámonos a una Fiscalía Especializada, démosle el más alto talento y pidamos a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que avalen a quién vamos a nombrar en esa Fiscalía.
Construyamos una Comisión Ciudadana con integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos que han estado en la defensa de estos temas en las organizaciones ciudadanas a nivel nacional y a nivel internacional.
Son dos propuestas puntuales, compañeros y compañeras, y hagamos un compromiso:
Hoy que aparecen nuevos elementos a partir de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuemos la búsqueda de esos 42 jóvenes que aún sus padres no saben dónde se encuentran.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Armando Ríos Piter.
Esta Presidencia, una vez que se ha agotado la discusión sobre este tema, sobre los oradores registrados, turna a la Junta de Coordinación Política todas las propuestas que aquí se han presentado, y desde luego exhorta a la misma Junta de Coordinación Política para que en la siguiente sesión se presente una propuesta que refleje el interés de los planteamientos aquí hoy comentados.
En la Junta de Coordinación Política están representados todos los Grupos Parlamentarios, y sin lugar a dudas con lo hoy expresado aquí no tengo la menor duda que habrá los acuerdos para que el Senado de la República aporte la parte que le corresponde en este tema que es de interés de todos los mexicanos.
Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones respectivas y los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 horas).
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1642