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Timestamp: 2019-08-23 15:52:33
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El valor público de la transparencia. | LOPD y Seguridad
El valor público de la transparencia.
R. Martinez / 31 enero, 2016
Ponencia de la jornada de clausura de los Planes de Formación 2015 del Servicio de Formación de la Diputación de Valencia. Disponible en video (valenciano).
En primer lugar, quisiera agradecer el inmerecido ofrecimiento para realizar la conferencia en esta Jornada de Clausura de los Planes de Formación de la Diputación de Valencia. La calidad humana e intelectual de los que me precedieron en esta Tribuna obliga a un esfuerzo dirigido a no traicionar la confianza del Servicio de Formación y de esta Institución en su conjunto.
De hecho, la elección del ponente y del tema que se le encomienda tiene algo de metafórico. La transparencia, como el ponente, es una incógnita. Esperamos mucho de ella, creemos que nos abre un mundo nuevo de oportunidades en nuestra relación con la sociedad. Del mismo modo que la experiencia de un conferenciante experto asegura una presencia digna, el mero cumplimiento del marco normativo de la transparencia ofrece un escenario de seguridad o tranquilidad. Pero esperamos algo más de un ponente, queremos que nos ilusione, que provoque nuestra curiosidad que nos envuelva y cautive con su discurso. Y el ponente también lo desea sabe que entre “un estuvo bien” y un “yo estuve allí” hay años luz de distancia. Y eso mismo sucede con la transparencia, se reivindicará con su ejercicio, con su excelencia. Ser transparente, debería ser algo más que cumplir una Ley, debería promover en nosotros la satisfacción del deber cumplido, de rendir cuentas, y en el ciudadano debería provocar confianza, participación y vinculación.
En esta sesión abordaré la transparencia desde un punto de vista subjetivo-orgánico, constitucional y funcional.
Antes de comenzar quiero agradecer el enorme trabajo desplegado por el personal de la Delegación: Elena Guerrero, Érika Ligorit, Eduardo Cots y Mariana Urueña, que en ausencia de un servicio y con el inestimable apoyo de la Oficialía Mayor a través de Eugenio Fos, han soportado el duro trabajo de iniciar esta singladura con retos significativos como la entrada en vigor de la Ley Valenciana de Transparencia o el inicio del trabajo con los ayuntamientos.
Permitan el egoísmo de apelar en primer lugar al propio Servicio de Transparencia. Quiero adelantarles que nuestra filosofía de trabajo será transversal, al servicio de la institución y ante todo participativa. Y desde este punto de vista, he querido hacer una primera aproximación y preguntar al excelente equipo de colaboradores que a día de hoy me acompañan en esta aventura, o los que más bien acompaño yo. La pregunta era muy sencilla y a la vez tremenda ¿Qué piensas de la transparencia?
Y ahí Fermín Cerezo, Eugenio Fos, Sergi Vilata, y Juanjo Frontera han sido ciertamente contundentes y ambiciosos. Vaya por delante, el título de esta intervención, – El valor público de la transparencia-, nace de esta pregunta. Y coincidirán conmigo en que resume todo en muy pocas palabras. Mi equipo me ha dicho que no hay que parecer transparente, que hay que serlo, y que eso exige un trabajo muy concienzudo. Y no lo vamos a negar, la transparencia es una toda una empresa, en el sentido de las novelas del SXIX. Es un Viaje al Centro de nuestro universo corporativo que no sólo constituye un coste, un esfuerzo, o una inversión. Es ante todo una oportunidad de poner en valor lo que hacemos, de pensar en ello, de presentar a la ciudadanía una imagen nítida de nuestra tarea y comprometerla recuperando su confianza, su sentido de pertenencia a la polis, a la comunidad.
Por ello, es fundamental que Vds. y yo, que todo el personal al servicio de las Administraciones públicas se comprometa con la transparencia, y que lo haga sin miedo alguno. Y debemos hacerlo siendo capaces de marcar la diferencia, aportando un plus de valor social y democrático al desempeño de nuestra actividad.
Pero no crean que acabo aquí, la gente del servicio me dijo que la transparencia es un compromiso con la ciudadanía, que debe acceder a toda la información y que implica rendición de cuentas. Y además no de cualquier manera: debemos ser accesibles y comprensibles, debemos superar la brecha digital, debemos poner al ciudadano “en el centro” de nuestra tarea. Y esa tarea sitúa la transparencia como valor público al mismo nivel que los principios constitucionales que orientan las labores del Gobierno y la Administración.
El equipo del Servicio de Transparencia, nuestro equipo el de la Diputación y los ayuntamientos, ha usado la palabra “democracia”, el derecho del ciudadano a saber que se hace con sus votos La gente quiere entender, y está dispuesta a entender.. Pero además, no lo ha formulado como una mera teoría, sino como un imperativo categórico como una necesidad imperativa. Se trata de un cambio de mentalidades en el ciudadano y en la Administración que debe aspirar a obtener resultados reales.
Esta pequeña encuesta, en realidad el primero de muchos experimentos de participación para los que esperamos contar con todos Vds., a mí me da un cierto vértigo. Y en las respuestas de mis colegas están muchos de los temas, si no todos, los que a continuación abordaré. Pero sobre todo expresa un compromiso, una ilusión que desde este mismo momento nos honra e ilusiona a partes iguales. Y a la vez, personalmente me compromete ya que con estos mimbres los éxitos serán del equipo, los fracasos de quien está a su frente.
Pero sobre todo, expresa emociones muy valiosas que seguro que encontraremos, que piden aflorar en el conjunto de la administración local de esta provincia y que nos permitirán algo más que cumplir una Ley. Y a este modo de sentir y percibir la transparencia y el gobierno abierto es a lo que voy a dedicar los minutos de esta intervención.
Para comenzar, quisiera referirme a la dimensión constitucional de la transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sitúa sus objetivos en el ámbito del desarrollo y ejecución de las previsiones del artículo 105 b) de la Constitución Española. Sin embargo, esta ligazón sistemática posee graves carencias, en particular cuando debamos dirimir los conflictos con otros derechos que se presentan como fundamentales.
Curiosamente, el primer párrafo de la Exposición de Motivos define con precisión milimétrica uno de los ejes alrededor de los cuales se construirá el conjunto de la tesis que hoy voy a defender aquí: el valor constitucional determinante que debe conferirse a la información pública como garantía de una sociedad democrática.
«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».
Por tanto, lo que está en juego con la Ley de Transparencia es algo más que un mero acceso de un ciudadano concreto a un expediente o a cualquier otra información de naturaleza administrativa. En realidad lo que nos jugamos es la adaptación de los principios básicos de nuestro orden constitucional al siglo XXI. Como bien sabemos España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho en el que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Dicho en lenguaje coloquial, un modelo constitucional exige un pacto, un contrato, en el que aquello que los gobernantes realizan, en el que aquello a lo que la Administración sirve, debería construirse de abajo arriba. Pero además no se trata de un mandato vacío de contenido, nuestra Constitución nos ordena que tenga un contenido material, y por eso corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2).
Pero, no acaba aquí la cosa, aún hay más. Tradicionalmente se ha considerado que tras unas elecciones o con ellas, los representados, el pueblo, transmiten a los representantes una suerte de mandato que les legitima para el ejercicio del poder. Sin embargo la democracia puramente representativa está en crisis, existe un hartazgo en la sociedad que ya no puede esperar cuatro años. En los últimos años la ciudadanía ha pedido respuestas y las quería para ya, o si me permiten la expresión para ayer.
Y ahora que tanto se habla de crisis constitucional y de reforma es el momento de una relectura de las cosas desde la propia Constitución. Y aquí es donde la transparencia se sitúa no en el recóndito artículo 105 b) sino en los derechos del artículo 20. La ciudadanía tiene derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y como dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho a la información, la libertad de expresión, son necesarios en una sociedad democrática para la formación de una opinión pública libre.
Pero además este acceso a la información cumple un papel instrumental respecto del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos.
Este paquete de derechos debe ser leído, como dice nuestro Código Civil, teniendo en cuenta a realidad social del tiempo en que han de ser aplicados. Y nuestra realidad es la de una sociedad hiperconectada, en la cual salvando los obstáculos de la brecha digital, existen herramientas suficientes para hacer viables tres objetivos esenciales:
El derecho a saber.
La rendición de cuentas.
El derecho a participar.
Vivimos en la sociedad de internet, de las redes sociales, de los Smartphone. Todo es accesible y discutible en una web, en Facebook o Twitter, en una aplicación móvil. El número de participantes, el tiempo, el espacio o el papel ya no pueden ser ni impedimento, ni excusa.
Este es el contexto en el que tenemos que integrar la filosofía de la transparencia y el gobierno abierto. No se trata de una mera operación cosmética de cumplimiento normativo. No se trata de que creemos páginas web que nadie consulta. Hay que buscar algo más, nuestro compromiso debe buscar la esencia de la democracia. Decía Benjamín Constant que de algún modo la libertad de los antiguos era pública, y yo añadiría peripátetica. La gente vivía una polis de puertas abiertas, en la que los que poseían el privilegio de la ciudadanía podían discutir los asuntos de la polis en la calle, en el ágora, y decidir en la asamblea.
Constant nos recuerda que su democracia, la del siglo XIX, y también la nuestra, es esencialmente privada. El ciudadano forja sus ideas en la intimidad y las manifiesta depositando un voto que es en esencia secreto. Firma un contrato con sus representantes. Estos al no estar sujetos a mandato imperativo alguno responden únicamente ante el legislativo, y el Poder Judicial, o en el mejor de los casos ante las urnas cada cuatro años.
En el año 2016 que inauguramos ha regresado a nosotros una oportunidad de renovar el contrato social. Y en el nuevo contrato la ciudadanía es informada en tiempo real, los representantes responden y rinden cuentas, y bajo las adecuadas condiciones de seguridad jurídica la voz de la ciudadanía puede y debería ser escuchada en tiempo real en un modelo que evoluciona de la mera representación al gobierno colaborativo.
Sin embargo, establecidos los valores esenciales quienes estamos a pie de obra tenemos el inexcusable deber de aterrizar los conceptos, de hacerlos viables, de hacer posible que los valores y principios constitucionales se materialicen en la práctica. Y seamos sinceros no es un objetivo fácil.
En primer lugar, la transparencia se incorpora a lo que comienza a ser un clásico en la legislación española relacionada con las tecnologías de la información. El legislador enfoca la publicidad activa, el temido Portal de Transparencia de un modo creacionista, genesíaco. Verán, y les prometo que lo digo con el mayor de los respetos, es como si quien redactó la Ley de Administración Electrónica y después la de transparencia hubiera escrito en la exposición de motivos:
«En el principio creó el legislador la administración electrónica y la transparencia
2 Y la administración estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del legislador se movía sobre la faz de las aguas.
3 Y dijo el legislador: Sea la luz; y fue la luz.»
Y la realidad palpable del día a día no es esta. No basta con legislar. La dotación de medios de nuestros municipios en personal y recursos dificulta extraordinariamente el cumplimiento adecuado de las exigencias legales. En las distintas reuniones mantenidas por la Delegación, con nuestro Diputado Berto Jaramillo a la cabeza, y el personal de apoyo asesor y técnico, hemos llegado a ciertas conclusiones. Estas son refrendadas por una encuesta que ya han formalizado 123 municipios, y en la que siempre hay una constante en el diagnóstico:
Faltan recursos humanos.
Faltan recursos técnicos.
Se requiere formación y guía práctica.
Y este es sin duda el primer compromiso del Servicio de transparencia hacer viable lo que hoy parece imposible. Vehicular el arranque de los portales municipales de transparencia proporcionando medios o usando medios de terceros. Ofrecer un apoyo técnico y humano constante, en la medida de nuestros medios. Bueno, seré sincero ahora que mis compañeros del servicio no me escuchan, al 120% de nuestros medios si pudiéramos. Y para ello inauguraremos líneas de atención y apoyo directo telefónico y online, y siempre que se pueda directo, físico y práctico. Y para ello, estamos dispuestos a llegar a donde la imaginación nos lleve. Porque créanme, nos embarcamos en esta aventura con la convicción de que es posible.
No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer al Servicio de Formación su profunda implicación en esta materia. Puedo asegurar que desde prácticamente el primer día de nuestra incorporación al nuevo servicio la atención del equipo directivo a esta materia ha sido la máxima posible, y buena prueba de ello es mi presencia hoy aquí.
El desarrollo de la transparencia va a exigir el desarrollo de ciertas metodologías y de nuevo recuperaremos palabras como el concepto de implementación. Tendremos que desarrollar estrategias de diagnóstico previo que nos permitan localizar y clasificar la documentación. Cuando nuestra organización sea compleja nos tocará identificar a los stakeholders, a aquellas personas con capacidad de desempeñar un liderazgo colaborativo en la gestión del conocimiento.
Las normas definen principios ineludibles algunos de los cuales ya conocemos desde la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Claridad en la información.
La información se presentará una manera clara, estructurada y entendible para los interesados.
Usaremos preferiblemente, en formatos reutilizables.
Debemos garantizar la accesibilidad para personas con necesidades especiales.
Debemos ser interoperables.
La información debe ser de calidad.
La información, o el portal debe ser usable garantizando la identificación y localización.
Y no debemos olvidar valores básicos como la veracidad, la neutralidad tecnológica, la seguridad o el respeto al derecho fundamental a la protección de datos.
Pero esto, no significa necesariamente ni complejidad, ni sofisticación. Sencillamente exige un diagnóstico ajustado a las concretas condiciones de la administración de la que se trate. Ni el volumen de la información, ni su tipología, ni los gestores o programas con la que se genera y trata serán los mismos en mi pueblo que en la Diputación o en la Consejería de sanidad.
Por tanto, no debemos enfocar esta cuestión desde un miedo a lo imposible sencillamente irracional. Si será una tarea complicada, y difícil, pero no imposible.
En esta fase de diagnóstico, en la que lo que hacemos casi es puntear qué existe, dónde está y como lo usaremos puede que algunas casillas queden sin marcar. Sencillamente a veces habrá cosas que “no tenemos” porque no las hacemos, o porque no tenemos obligación de hacerlas. Seamos transparentes e informemos, estaremos también cumpliendo con la Ley.
Superada la fase diagnóstica, procederá abordar la implementación de nuestro Portal y aquí hay que hacer un esfuerzo: ponerse en la piel del usuario. Hay que cambiar el enfoque y tratar de entender que el Portal no se diseña para cumplir una Ley, sino para ser leído. Ese es el objetivo primordial: servir a la ciudadanía y el único enfoque posible.
Tras mucho esfuerzo dispondremos del Portal y entonces deberemos proceder sin duda alguna a planificar su mantenimiento. La transparencia es un esfuerzo del día a día. De hecho si la abordamos así con una gestión mantenida apreciaremos que no es algo tan complejo.
Y aquí debo trasladarles dos preconcepciones que no tienen por qué ser compartidas.
La primera es que la transparencia debe ser interna y externamente participativa.
Hay que implicar a la organización, nuestros compañeros y compañeras deben ser los primeros en opinar, en implicarse, en sentir la transparencia. Pero también hay que implicar a la ciudadanía que debe poder proponer, opinar, criticar nuestra labor. Esta doble dimensión participativa responde a la filosofía democrática que inspira el principio de transparencia y además desde un punto de vista egoísta, nos ayuda a mejorar, aporta valor.
La segunda, es que la transparencia no puede estar al servicio de un concurso en el que el premio sea estar más arriba o más abajo en un índice concreto.
Verán, salir bien en el ITA, o en el INDIP, es valiosísimo cuando resulta el resultado de un compromiso firme con la transparencia. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de montar un escaparate para que un evaluador anote que existen N ítems, puede que políticamente obtengamos un éxito. ¿Y qué? Será el éxito de lo vacuo, de lo intrascendente, de lo inútil.
Precisamente por ello es mí deber advertirles contra aquellos que exploten su ansiedad y les vendan precisamente eso: montarles un Portal que cumplirá con lo que ese tercero les pide, que satisfará al político. Nada tengo contra un negocio que es lícito y que puede ser muy profesional. Pero asegúrense muy bien de en quién invierten su dinero. Garanticen que no es una de esas empresas o fundaciones nacidas al calor de una moda y sin preparación. Pero tengan en cuenta algo fundamental: si se apoyan en un tercero impliquen a su gente, porque si no lo hacen es muy posible que la transparencia pase por su organización, pero con toda seguridad su organización no pasará por la transparencia.
Finalmente, en este breve repaso por el desarrollo e implementación de políticas de transparencia tendremos en la gestión del derecho de acceso a la información pública un serio reto que cumplir. Primero, porque integra el viejo derecho de acceso invocando interés legítimo del artículo 37 de la Ley 30/1992 y este interés aunque no deba justificarse estará presente y nos obligará a modular los supuestos de conflicto.
Segundo por cuanto los plazos son rigurosos y obligan a disponer de un modelo de gestión adecuado y salvo que se den los límites del artículo 14 de la Ley o las causas de inadmisión, nos pueden obligar a un cierto esfuerzo organizativo.
Por otra parte, somos conscientes de las dificultades técnico jurídicas que la cuestión plantea. A todo el mundo le aterroriza la protección de datos. Pues en verdad les digo que no han de temerla. La afrontaremos con criterio y aprovechando lo que ya sabíamos y lo que las autoridades de protección de datos y los Consejos de transparencia nos digan. A buen seguro que debemos reinterpretar la teoría del interés legítimo en el acceso a determinada información. Conceptos como el de información accesoria, auxiliar o de apoyo y también voluminosa han sido también abordados. Existe un universo jurídico a explorar en materia de límites, pero no debe atemorizarnos con el tiempo los resolveremos.
Existe finalmente un obstáculo que es sin duda cultural. Quien les habla y su equipo no es un converso de la transparencia, es un convencido pero no un iluminado. La transparencia generará dificultades porque se quiera o no es un poco más de trabajo en organizaciones ya saturadas, con plantillas disminuidas en un momento de desinversión. Sabemos, que muchos pensarán en los costes. No hace mucho así lo discutíamos en una comparecencia parlamentaria.
Sin embargo, deberíamos preguntarnos cuál es el retorno. Transparentar nuestra casa implica muchas cosas. Obliga a una labor de introspección, a una reflexión operativa de la que sin duda surgirán mejoras.
Transparentar nuestra administración supone aceptar el reto de descubrir y de descubrirse. De pensar en quienes somos, en lo qué hacemos y en cómo lo vamos a mostrar. Transparentar nos ofrece el reto inestimable de recuperar nuestro orgullo, de demostrar a la ciudadanía quiénes somos y lo que hacemos, de enseñar a voz en grito si falta hiciera que somos servidores públicos, que cada día nos dejamos la piel en nuestro puesto de trabajo para tener una sociedad mejor. Que no somos en absoluto ajenos a la ciudadanía, que somos ciudadanía, y que trabajamos con ella y para ella.
Y en esta aventura pondremos en valor lo público, y si apostamos por una cultura de la transparencia y la participación deberemos comenzar internamente. Las compañeras y los compañeros que en los ayuntamientos y la Diputación trabajen en transparencia no son la “unidad de asuntos internos”, ni tienen el menor deseo de serlo. Son quienes actuarán como ese catalizador que ponga en valor nuestro duro trabajo del día a día y nos permitirán exhibirlo ante la ciudadanía.
Y aquí quienes tenemos la condición de servidores públicos debemos jugar un papel sin duda crucial. Somos el soporte necesario para desarrollar esas herramientas para la información, la rendición de cuentas y la participación.
Y es aquí donde conviene hacerse alguna pregunta desde un enfoque funcional. La básica, la fundamental, la más sencilla, la más obvia, es ¿para qué la transparencia?
La transparencia, como en su día la protección de datos y después la administración electrónica, obliga primero que nada a proyectar una mirada introspectiva sobre la propia organización. Los artículos 6,7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el artículo 9 de la Ley Valenciana constituyen sin duda una bitácora muy útil. La simple labor de ir marcando cruces con lo que “tengo” obliga a reflexionar sobre “cómo lo tengo”, y sobre “cómo lo hago”. Con toda seguridad hay modelos legislativos y de actuación bastante más intensos, detallados, y sobre todo transparentes, que el español. Pero lograr el mínimo objetivo posible comporta en sí mismo el máximo de los retos.
Quienes hayan abordado el proceso de cumplir con la transparencia sin pensar ni por un segundo en realizar un profundo análisis sobre su modo de gestionar la cosa pública, estarán cometiendo un gran error.
Para rendir cuentas.
La rendición de cuentas es un pilar fundamental de la democracia y su instrumento más primario la transparencia activa. Los gestores públicos no somos propietarios de nada, antes que trabajadores, antes que funcionarios somos, o deberíamos ser, servidores de lo público. No se equivoquen Vds., la transparencia no incumbe sólo al político debe permear toda la organización administrativa en todas las categorías, en todos los ámbitos. Nuestra tarea debe estar sujeta al escrutinio público, de otro modo la responsabilidad se diluye, y la más pequeña de las corruptelas se expande como las ondas de un maremoto destruyendo todo a su paso cuando alcanza la costa.
Para promover una ciudadanía activa y poner en valor lo público.
Hace unos días, en una conferencia sobre el derecho a saber, se debatía sobre esta materia y parecía concebirse la ciudadanía como un ente independiente y abstracto dotado de voluntad propia. Dicho de otro modo, la Administración debe ser transparente, si después los ciudadanos no se mueven, no consultan la web, es su problema. El más elemental estudio respecto de las condiciones de garantía y eficacia de los derechos fundamentales demuestra que su efectividad es nula si no existe una actividad mínimamente promocional. No basta con editar un portal, es crucial promover una nueva cultura participativa y de control ciudadano, una cultura de gobierno abierto y colaborativo.
Permitan un ejemplo. Hace unos meses alguien, que acababa de superar una enfermedad grave me decía que había encontrado el sentido a pagar impuestos. Vivimos una cultura en la que existe una particular percepción del Estado. Una campaña electoral tras otra muchos nos hicieron creer que era malo pagar impuestos y que la administración era ineficiente, disfuncional, casi perversa. Nadie calcula su renta real incorporando a la misma el coste de la carretera que usa cada día, el médico, la escuela, el barrendero… Esta incapacidad para incorporar lo que aporta el valor de lo público al presupuesto doméstico, ese no saber lo que cuestan y lo que valen los servicios que nos proporciona el Estado provoca una ajenidad, una de cuyas consecuencias es una carencia absoluta de interés sobre cómo se gestiona. Y este desinterés es una puerta abierta a la corrupción.
No basta pues ser transparente. Se trata de una relación bilateral que debe servir para algo más que ofrecer un mapa del gasto y de la acción de la Administración. Se trata de poner en valor la acción pública, y de que quienes habitan nuestro territorio sean capaces de valorar ese esfuerzo, de que se establezca una interacción productiva. Nada malo puede derivar de ello. Una ciudadanía activa y comprometida con la transparencia generará una sociedad más responsable y democrática. Tal vez en un no muy lejano día nuestros jóvenes sean capaces de evaluar el coste de la suciedad que provocan con un botellón y en qué podría emplearse ese dinero. Es posible que entiendan que su botellón equivale a dos becas para estudiar en la universidad. Esperemos que de la promoción de los valores de la transparencia no sólo derive una gestión pública más limpia y eficiente, sino también un ciudadano consciente, responsable y comprometido.
Para una democracia participativa.
La transparencia no puede quedar en mera información. El valor sustancial que aporta el derecho a la información como instrumento para la conformación de una opinión pública libre no puede agotarse en el modelo de democracia representativa vigente. Que sepamos que se gasta bien o mal, que se administra mejor o peor en 2015 sirve de poco en un modelo en el que la rendición material de cuentas no se producirá hasta 2019. La información disponible debe ponerse al servicio de modelos de democracia que sirvan también para modular la gestión de la cosa pública. No nos confundamos, una democracia de encuesta no sólo no es viable, probablemente no sería democrática. Debemos ser capaces de que el hecho de disponer de información sea un instrumento que permita ir más allá e integrar al ciudadano de modo regular en la definición de intereses colectivos relevantes y en los procesos decisorios.
La transparencia es mucho más que un portal bien diseñado, es una tarea constante al servicio de un determinado modo de ver lo público. Es una nueva oportunidad para nuestra sociedad. Es un momento de celebración de la democracia. No la dejemos pasar.
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31 enero, 2016 de Inicio, Transparencia. Etiquetas: Diputación de Valencia, ricard martinez, transparencia
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Ver 1 febrero, 2016
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