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Timestamp: 2018-07-16 10:45:02
Document Index: 168421097

Matched Legal Cases: ['Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 223', 'artículo 212', 'artículo 212']

Norma Foral 5/2015, de 11 de febrero, de incorporación de cláusulas contractuales relativas a la compra pública socialmente responsable en la contratación del sector público foral.
CAPÍTULO IV. Incorporación de cláusulas sociales, medioambientales o relativas a otras políticas públicas en la fase de ejecución
Artículo 28 Condiciones especiales de ejecución en materia de compra pública de alimentos
Artículo 29 Determinación de incumplimientos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
Artículo 30 Determinación de penalidades en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
Artículo 31 Seguimiento del contrato
El mayor ejemplo de incorporación de criterios sociales en los contratos públicos del sector público foral relacionados con la calidad en el empleo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la garantía de los derechos lingüísticos, lo ha sido para Álava la Norma Foral 1/2014, de 12 de febrero, para la incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obra del sector público foral.
La norma foral se estructura en cinco capítulos que constan, en total, de treinta y un artículos, además de dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final única.
1. La presente norma foral tiene por objeto la incorporación de cláusulas de carácter social, medioambiental y relativas a otras políticas públicas en las diferentes fases de los procedimientos de contratación que celebren los órganos de contratación de las entidades que integran el sector público foral del Territorio Histórico de Álava.
2. Las cláusulas a incorporar en los procedimientos de contratación tendrán por objeto la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo, combatir el paro, facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, garantizar el respeto a los derechos laborales básicos, la promoción de la calidad en el empleo, la promoción de la seguridad y salud laboral, la protección del medioambiente, la promoción de sistemas de producción respetuosos con el entorno, la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y el impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con el objeto de cada uno de los contratos.
En los procedimientos de adjudicación de los contratos calificados de obras será de aplicación lo previsto en los artículos 16, 17, 19, 24 y 25, así como los artículos 4, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 29 y 30 en relación con los anteriores, en la medida en que las circunstancias del contrato lo permitan.
2. En los supuestos que, de conformidad con la normativa reguladora de la contratación pública, sea admisible el fraccionamiento del objeto del contrato y los pliegos de cláusulas administrativas particulares prevean la realización independiente de cada una de las partes del contrato, mediante su división en lotes, el órgano de contratación incorporará las cláusulas a que se refiere la presente norma foral de forma independiente en cada lote del contrato, atendiendo a las características de la prestación incluida en el lote, y conforme lo dispuesto en esta norma foral.
1. La presente norma foral será de aplicación a los contratos celebrados por todos los órganos de contratación de las entidades que integran el sector público foral del Territorio Histórico de Álava.
2. A los efectos de la presente norma foral, se entiende por sector público foral del Territorio Histórico de Álava el integrado por la Diputación Foral, los organismos autónomos forales, las entidades públicas empresariales forales y las sociedades mercantiles forales de capital íntegramente público foral.
1. De acuerdo con la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documentación equivalente de los procedimientos de contratación de las entidades comprendidas en el sector público foral incorporarán la exigencia de aportar la documentación acreditativa del cumplimiento por parte de las empresas de 50 o más personas trabajadoras de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o complementaria o subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como en la correspondiente normativa de desarrollo.
3. Los criterios de adjudicación a que se refiere este capítulo tendrán una ponderación mínima del 10 por ciento de la puntuación total. En los contratos de obras la ponderación mínima será del 5 por ciento de la puntuación total.
4. El órgano de contratación podrá considerar de forma excepcional que las características del contrato no son adecuadas para incorporar criterios de adjudicación de carácter social o medioambiental, o atribuir a los mismos una ponderación inferior al mínimo previsto en el apartado anterior. En estos casos se justificarán las razones de la falta de conveniencia en un informe motivado que se incorporará al expediente.
El incumplimiento de los compromisos contenidos en la proposición de la empresa relativos a los criterios de adjudicación de carácter social o medioambiental, o relativos a las mejoras o variantes previstas en el artículo anterior, supondrán la resolución del contrato cuando dichas obligaciones tengan carácter esencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 223.f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o darán lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 212.1 de la citada norma, sin que su importe supere el 10 por ciento del presupuesto del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento.
A los efectos de la aplicación de este criterio tendrán la consideración de personas con dificultades de acceso al mercado laboral las pertenecientes a los colectivos que en cada momento se determinen por acuerdo del Consejo de Diputados.
2. A los efectos del presente artículo, la situación de riesgo o de exclusión social deberá ser acreditada por los servicios públicos competentes. El Consejo de Diputados, a propuesta del Departamento de Servicios Sociales, podrá determinar los colectivos de personas que se considerarán en riesgo o situación de exclusión social.
2. El criterio de adjudicación podrá valorar uno, varios o todos los aspectos siguientes:
e) La utilización de productos ecológicos, frescos y/o de temporada en la elaboración de menús de los servicios de comedor o catering, así como productos de Denominación de Origen Protegidas o con Indicaciones Geográficas Protegidas, u otros productos de iguales características técnicas.
g) La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI?s), tales como el CO2, HFC, PFC y SF6.
Incorporación de cláusulas sociales, medioambientales o relativas a otras políticas públicas en la fase de ejecución
a) Un análisis diferenciado de la situación de mujeres y hombres en el ámbito al que se refiere el contrato, las necesidades a satisfacer a través del contrato y las medidas dirigidas al cumplimiento de los objetivos fijados, que deberá aplicar la empresa o entidad adjudicataria; la propuesta técnica de la empresa o entidad licitadora deberá incluir un plan que concrete las acciones para la aplicación de dichas medidas, que deberá ser realizado por técnico con formación específica en materia de igualdad.
En el resto de los casos, podrá suponer la imposición de la penalidad prevista en el artículo 212.1 de la citada norma, cuya cuantía podrá alcanzar el 10 por ciento del presupuesto del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento.
2. Cuando dicho incumplimiento haya sido definido como infracción grave en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el contrato, podrá ser causa de prohibición de contratar en los términos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. La empresa adjudicataria deberá comprometerse a establecer un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
Independientemente del tamaño de la empresa adjudicataria, esta deberá acreditar que posee un protocolo para hacer frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, el cual deberá estar dotado de recursos suficientes para, antes situaciones de acoso sexual, se atienda integralmente a la víctima y a su entorno laboral y familiar, desde el punto de vista laboral, sanitario y judicial.
3. Si la empresa adjudicataria cuenta con más de 250 personas de plantilla, deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de igualdad previsto en el Ley 3/2007, para la igualdad entre hombres y mujeres.
2. La empresa o entidad adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato al menos a un 10 por ciento de personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Para dicho cómputo también serán tenidas en cuenta las personas empleadas por las empresas o las entidades subcontratadas para la realización parcial de la prestación.
3. Tendrán la consideración de personas en especial dificultad para acceder al mercado laboral las pertenecientes a los colectivos que en cada momento se determinen por acuerdo del Consejo de Diputados.
2. La empresa o entidad adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato al menos a un 10 por ciento de personas en riesgo o situación de exclusión social. Para dicho cómputo también serán tenidas en cuenta las personas empleadas por las empresas o entidades subcontratadas para la realización parcial de la prestación.
3. A los efectos del presente artículo, la situación de riesgo o de exclusión social deberá ser acreditada por los servicios públicos competentes. El Consejo de Diputados, a propuesta del Departamento de Política Social, podrá determinar los colectivos de personas que se considerarán en riesgo o situación de exclusión social.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, la documentación preparatoria equivalente de los procedimientos de contratación de las entidades comprendidas en el sector público foral, incorporarán, en aquellos contratos susceptibles de incorporar en su prestación productos agrarios, una condición especial de ejecución por la que se exija el consumo de productos ecológicos, frescos y/o de temporada en la prestación del servicio o en el contenido del suministro.
b) Sobre un importe determinado o un porcentaje que deberá ser destinado a productos procedentes de la agricultura ecológica, fresca o de temporada sobre el total del presupuesto dedicado a dichos productos.
3. La persona o entidad adjudicataria presentará trimestralmente las facturas con los certificados de los alimentos ecológicos adquiridos, indicando el peso total y la autoridad u organismo de control que certifica.
4. Se entiende por agricultura ecológica, conforme el Reglamento CE 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, el sistema de cultivo agrícola basado en la utilización óptima de los recursos naturales de manera sostenible y equilibrada, sin emplear productos químicos u organismos genéticamente modificados (OGM), ni para abono ni para prevenir las plagas, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente.
2. Los incumplimientos se calificarán a efectos de imposición de penalidades como leves, graves o muy graves.
3. En materia laboral, a efectos de la concreción de la relación de incumplimientos, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Norma Foral 1/2014, de 12 de febrero, para la incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obra del sector público foral en lo que proceda con relación tanto a los incumplimientos de la empresa o entidad contratista respecto a sus obligaciones directas, como de sus obligaciones de garantía de cumplimiento de las de la empresa o entidad subcontratista.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o la documentación equivalente a los mismos, preverán la imposición de penalidades por los incumplimientos de las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias, y señalarán los límites mínimos y máximos de las penalidades a imponer, sin que en ningún caso puedan superar el 10 por ciento del presupuesto del contrato.
- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá superar la cuantía del 4 por ciento del precio del contrato.
- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 4 por ciento del precio del contrato, sin exceder del 7 por ciento del mismo.
- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior al 7 por ciento del precio del contrato, sin exceder del 10 por ciento del mismo.
2. Asimismo, la documentación referida concretará las penalidades que se impongan y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.
El Consejo de Diputados informará por escrito a las Juntas Generales de Álava sobre el grado de cumplimiento de la presente norma foral en la incorporación de las cláusulas en ella previstas y de la consecución de los fines públicos de interés general pretendidos a través de la misma.