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Timestamp: 2019-12-09 02:54:47
Document Index: 31346553

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 241', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 35', 'artículo 149']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 18-98, de 16/02/2011
cve: BOCG_D_09_18_98
La Comisión de Justicia, tras deliberar sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía y sobre las enmiendas presentadas al mismo, tiene el honor de elevar a V. E. el siguiente
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA
Como se ha apuntado, los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos. Sin embargo, el hecho de que algunas normas sean más ventajosas que las que incluye nuestra legislación obliga a introducir aquellos cambios que confieran el mismo tratamiento procesal a cualquier acreedor, resida en España o en otro país de la Unión Europea. A partir de las modificaciones que ya ha llevado a cabo la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, se ha considerado que estas medidas se reducían a elevar en el proceso verbal la cuantía para cuya reclamación no sea obligatoria la intervención de abogado y procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa cuantía.
«Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando
por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.»
1. La jurisdicción y la competencia objetiva para la expedición de un requerimiento europeo de pago, regulado en el Reglamento (CE) nº 1896/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social.
Las cuestiones de jurisdicción o competencia que pudieran surgir serán resueltas conforme a las reglas de la presente Ley.
La revisión prevista en el artículo 20.2 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará por medio del incidente de nulidad de actos judiciales previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
15. Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar
las actuaciones judiciales de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.»
La tramitación de la denegación de la ejecución de la sentencia, así como la limitación de la ejecución, su suspensión o la constitución de garantía, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 556 y siguientes de esta Ley, sin que en ningún caso la sentencia pueda ser objeto de revisión en cuanto al fondo, y se resolverán mediante auto no susceptible de recurso.
9. Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía, el demandante deberá presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales del certificado de dicha sentencia, certificada en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 861/2007.
Dos. En el número 1 del apartado tres del artículo 35 la actual letra b) pasa a ser letra d) y se añaden dos nuevas letras b) y c) con la siguiente redacción:
b) La presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo en reclamación del pago de una deuda que no exceda de 30.000 euros.
«c) La presentación de la demanda de juicio ordinario en caso de oposición del deudor, en los supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa.»
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.6.º de la Constitución.
Palacio del Senado, 10 de febrero de 2011.—El Presidente de la Comisión, Diego Miguel Asensio Martínez.—El Secretario Primero de la Comisión, Francisco Javier Irízar Ortega.