Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1103234
Timestamp: 2020-05-26 17:26:13
Document Index: 92103682

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 21']

El Sr. Mahamdia, de nacionalidad argelina y alemana, trabajó para el Estado argelino como chófer de su embajada en Berlín (Alemania). El demandante impugna su despido ante los tribunales alemanes y reclama indemnizaciones. Sin embargo, Argelia alega que, como Estado extranjero, goza de inmunidad jurisdiccional en Alemania reconocida por el Derecho internacional, en virtud del cual un Estado no puede estar sujeto a la jurisdicción de otro Estado. Además, Argelia invoca la cláusula, estipulada en el contrato de trabajo que la vincula al Sr. Mahamdia, con arreglo a la cual, en caso de litigios, sólo serán competentes los tribunales argelinos.
En este contexto, el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal regional superior de trabajo de BerlÍn-Brandenburgo) solicita al Tribunal de Justicia que interprete el Reglamento n.º 44/2001, 1 que establece, en particular, reglas relativas a la competencia judicial en materia de contratos individuales de trabajo. Esas reglas tienen por objeto garantizar una protección adecuada al trabajador como parte contratante más débil. De este modo, cuando el empresario esté domiciliado fuera del territorio de la Unión Europea, el trabajador puede demandarlo ante los tribunales del Estado miembro en que se encuentre “el establecimiento” de dicho empresario o en que el trabajador desempeñe su trabajo.
Mediante su sentencia dictada en el día de hoy, el Tribunal de Justicia responde que una embajada de un Estado tercero en un Estado miembro constituye un “establecimiento” en el sentido del Reglamento en un litigio relativo a un contrato de trabajo celebrado por esa embajada en nombre del Estado acreditante, si las funciones desempeñadas por el trabajador no forman parte del ejercicio del poder público.
En efecto, al igual que cualquier otra entidad pública, la embajada puede ser titular de derechos y obligaciones de carácter civil. Así ocurre cuando celebra contratos de trabajo con personas que no desempeñan funciones que forman parte del ejercicio del poder público. Además, una embajada puede asimilarse a un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior. Por otra parte, una controversia en el ámbito de las relaciones laborales, como la del litigio principal, presenta un vínculo suficiente con el funcionamiento de la embajada en lo que respecta a la gestión de su personal.
En cuanto a la inmunidad invocada por Argelia, el Tribunal de Justicia señala que esa inmunidad no tiene un valor absoluto. Se reconoce generalmente cuando el litigio se refiere a actos de soberanía. En cambio, puede excluirse si la acción judicial tiene por objeto actos que no pertenecen al ámbito del poder público.
Por ello, el principio de Derecho internacional sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados no se opone a la aplicación del Reglamento n.º 44/2001 cuando se trata de un litigio en el que un trabajador impugna la resolución de su contrato de trabajo celebrado con un Estado y el tribunal que conoce del asunto comprueba que las funciones desempeñadas por ese trabajador no forman parte del ejercicio del poder público.
En lo que respecta a la cláusula incluida en el contrato de trabajo del Sr. Mahamdia que establece que en caso de litigios sólo serán competentes los tribunales argelinos, el Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento limita la posibilidad de establecer excepciones a las reglas de competencia previstas en él. Además, afirma que una cláusula de sumisión procesal pactada antes del nacimiento del litigio no puede impedir al trabajador formular demandas ante los tribunales competentes conforme a las reglas especiales de dicho Reglamento en materia de contratos individuales de trabajo. En efecto, en caso contrario, no se lograría el objetivo de proteger al trabajador como parte contratante más débil.
Por consiguiente, una cláusula de sumisión procesal pactada antes del nacimiento de un litigio sólo puede ofrecer al trabajador la posibilidad de formular demandas ante otros tribunales, además de en los tribunales normalmente competentes en virtud del Reglamento n.º 44/2001, incluidos, en su caso, los situados fuera de la Unión.
“Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) n.º 44/2001 - Competencia en materia de contratos individuales de trabajo - Contrato celebrado con la embajada de un Estado tercero - Inmunidad del Estado empleador - Concepto de “sucursal, agencia y otro establecimiento” en el sentido del artículo 18, apartado 2 - Compatibilidad con el artículo 21 de una cláusula atributiva de competencia a favor de los tribunales del tercer Estado”
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18, apartado 2, y 21 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
“Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:
e) fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.”
4 El segundo considerando del Reglamento n.º 44/2001 tiene el siguiente tenor:
“Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil [...].”
“(8) Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento. Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial se aplicarán, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros.
(9) Los demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal ante el que se presente la demanda y los demandados domiciliados en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deberán seguir estando sujetos al [Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en material civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos Convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”)].”
“En cuanto a los contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales.”
7 El artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 define el ámbito de aplicación ratione materiae de éste del siguiente modo:
“El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.”
“Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.”
9 El artículo 5, apartado 5, de ese Reglamento señala que las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro “si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos”.
10 La sección 5 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001, integrada por los artículos 18 a 21, contiene las reglas de competencia de los litigios que tienen por objeto contratos individuales de trabajo.
11 El artículo 18 del Reglamento n.º 44/2001 tiene el siguiente tenor:
“1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5.
2. Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro.”
“Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados:
b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.”
“Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:
2) que permitieran al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección.”
“Las reglas generales del Derecho internacional público son parte integrante del Derecho federal. Tienen primacía sobre las leyes y crean directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal.”
“Los miembros de las misiones diplomáticas constituidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley, sus familiares y personal doméstico particular gozarán de inmunidad de jurisdicción de los tribunales alemanes, de conformidad con el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961. [...]”
“1. La jurisdicción de los órganos jurisdiccionales alemanes tampoco se extiende a los representantes de otros Estados ni a sus acompañantes durante su estancia [en Alemania], en virtud de invitación oficial de la República Federal de Alemania, [y que estén comprendidos] en el ámbito de aplicación de esta ley.
2. Por lo demás, la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales alemanes tampoco se extiende a personas distintas de las mencionadas en el apartado anterior y en los artículos 18 y 19, en la medida en que gocen de inmunidad jurisdiccional de acuerdo con la normativa general del Derecho internacional o en virtud de convenio internacional o de cualquier otra norma jurídica.”
17 El artículo 38 de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil alemana), en su versión publicada el 5 de diciembre de 2005, que lleva por título “Acuerdos atributivos de competencia autorizados”, dispone, en su apartado 2:
“La competencia de un órgano jurisdiccional de primera instancia también podrá pactarse, cuando al menos una de las partes contractuales carezca de fuero general en territorio nacional. El acuerdo atributivo de competencia deberá formalizarse por escrito o, en caso de haber sido pactado verbalmente, deberá confirmarse por escrito. [...]”
“VI. Resolución de discrepancias
En caso de divergencias de opinión o de litigios derivados del presente contrato, sólo serán competentes los tribunales argelinos.”
27 El tribunal de apelación señaló que, puesto que el demandante era chófer de la embajada, sus actividades no estaban comprendidas en el ejercicio de la autoridad pública del Estado demandado, sino que constituían una actividad auxiliar con respecto al ejercicio de la soberanía de ese Estado. Por consiguiente, consideró que la República Argelina Democrática y Popular no gozaba de inmunidad en este litigio. Además, estimó que los tribunales alemanes son competentes para conocer del litigio, ya que la embajada constituía un “establecimiento” en el sentido del artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001. Por ello, declaró que resultaban aplicables las reglas establecidas en el artículo 19 de ese Reglamento. A este respecto, afirmó que, si bien es cierto que un “establecimiento” es normalmente un lugar en el que se realizan actividades mercantiles, el artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 es aplicable a una embajada porque, por un lado, dicho Reglamento no contiene ninguna disposición en virtud de la cual se excluyan de su ámbito de aplicación las representaciones diplomáticas de los Estados y, por otro, una embajada dispone de una dirección propia, que celebra contratos de manera independiente, incluso en materia civil, como los contratos de trabajo.
28 El Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg tampoco admitió la cláusula de sumisión procesal estipulada en el contrato de trabajo controvertido. Consideró que dicha cláusula no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 21 del Reglamento n.º 44/2001, dado que se había otorgado antes de que se originara el litigio y remitía al trabajador exclusivamente ante los tribunales argelinos.
30 Mediante sentencia de 1 de julio de 2010, el Bundesarbeitsgericht revocó la sentencia recurrida y devolvió el asunto al Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. El Bundesarbeitsgericht ordenó, en particular, al órgano jurisdiccional remitente que, basándose en las pruebas presentadas, calificara las actividades del demandante en el litigio principal, especialmente las relativas a las funciones de interpretación, para determinar si podían considerarse funciones soberanas del Estado demandado en el litigio principal. Además, requirió al Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg para que, si de la instrucción resultaba que dicho Estado no goza de inmunidad jurisdiccional, determinase el órgano jurisdiccional competente para conocer del litigio principal teniendo en cuenta, principalmente, el artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 y el artículo 7 del Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados, elaborado en el seno del Consejo de Europa y abierto a la firma de los Estados en Basilea el 16 de mayo de 1972.
33 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente “presume” que el Sr. Mahamdia no llevó a cabo tales actividades, ya que la República Argelina Democrática y Popular no ha demostrado la participación de éste en dichas funciones.
34 Dicho órgano jurisdiccional estima, además, que la competencia judicial de los tribunales alemanes resulta de los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 44/2001, si bien, a efectos de la aplicación de tales artículos, es preciso determinar si una embajada constituye “una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento” en el sentido del artículo 18, apartado 2, de dicho Reglamento. En efecto, sólo en este supuesto podría considerarse que la República Argelina Democrática y Popular es un empleador domiciliado en un Estado miembro.
35 Además, en ese caso, con arreglo al artículo 21, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001, la cláusula de sumisión procesal que contiene el contrato controvertido en el litigio principal no sería, en principio, aplicable para excluir la competencia de los tribunales alemanes.
“1) ¿Es la embajada, situada en un Estado miembro, de un Estado que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 44/2001 [...] “una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento” en el sentido del artículo 18, apartado 2, de dicho Reglamento [...]?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede una cláusula de sumisión procesal, otorgada con anterioridad al nacimiento del litigio, servir de base de la competencia de un tribunal que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 44/2001 cuando esa cláusula atributiva de competencia excluya la competencia fundada en los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 44/2001?”
37 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una embajada constituye un “establecimiento” a efectos de esa disposición y si, en consecuencia, dicho Reglamento es aplicable para determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda interpuesta contra un tercer Estado por el trabajador de la embajada de ese Estado situada en un Estado miembro.
38 Con carácter preliminar, procede señalar que el Reglamento n.º 44/2001, que establece las reglas de determinación de la competencia jurisdiccional de los Estados miembros, es aplicable a todos los litigios en materia civil y mercantil, con excepción de determinadas materias expresamente indicadas en ese Reglamento. Como se apunta en el apartado 10 de la presente sentencia, la sección 5 del capítulo II del Reglamento, integrada por los artículos 18 a 21, contiene las reglas de competencia relativas a los litigios que tienen por objeto contratos individuales de trabajo.
39 En lo que respecta al ámbito de aplicación territorial del Reglamento n.º 44/2001, de su segundo considerando y del dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006 (Rec. p. I-1145, apartado 143), se desprende que dicho Reglamento pretende unificar las reglas de competencia de los Estados miembros, no sólo para los litigios que se susciten dentro de la Unión, sino también para los que contengan un elemento de extranjería, con la finalidad de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior que puedan derivarse de las disparidades entre las legislaciones nacionales existentes en la materia.
40 En efecto, el Reglamento n.º 44/2001 -y en particular su capítulo II, en el que se integra el artículo 18- contiene un conjunto de reglas que forman un sistema global, aplicables no sólo a las relaciones entre los distintos Estados miembros, sino también a las relaciones entre un Estado miembro y un Estado tercero (véase el dictamen 1/03, antes citado, apartado 144).
43 En particular, para determinar los criterios que configuran los conceptos de “sucursal”, de “agencia” y de “cualquier otro establecimiento” contenidos en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001, a falta de indicación alguna en el tenor del Reglamento, debe tenerse en cuenta el objetivo de esa disposición.
44 En lo que respecta a los litigios relativos a los contratos de trabajo, la sección 5 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001 establece una serie de reglas que, como se desprende del decimotercer considerando de dicho Reglamento, pretenden proteger a la parte contratante más débil mediante reglas de competencia más favorables a los intereses de esa parte (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de mayo de 2008, Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline, C-462/06, Rec. p. I-3965, apartado 17).
46 Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de las reglas de competencia en materia de contratos de trabajo recogidas en el Convenio de Bruselas (véanse las sentencias de 26 de mayo de 1982, Ivenel, 133/81, Rec. p. 1891, apartado 14; de 13 de julio de 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, apartado 18; de 9 de enero de 1997, Rutten, C-383/95, Rec. p. I-57, apartado 22, y de 10 de abril de 2003, Pugliese, C-437/00, Rec. p. I-3573, apartado 18), las disposiciones de la sección 5 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001 deben interpretarse teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una protección adecuada al trabajador, como parte contratante más débil.
47 Además, para garantizar la continuidad entre ese Reglamento y el Convenio de Bruselas, los conceptos de “sucursal”, “agencia” y “cualquier otro establecimiento” que figuran en ambos deben interpretarse con arreglo a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia sobre el artículo 5, apartado 5, del Convenio de Bruselas, que contiene los mismos conceptos y establece las reglas de competencia especial de los litigios referentes a la explotación de un establecimiento secundario de una empresa. Además, esa disposición se encuentra reproducida literalmente en el artículo 5, apartado 5, del Reglamento n.º 44/2001.
48 Al interpretar dichos conceptos de “sucursal”, “agencia” y “cualquier otro establecimiento”, el Tribunal de Justicia ha establecido dos criterios que determinan si una acción judicial relativa a la explotación de una de esas categorías de establecimiento está relacionada con un Estado miembro. En primer lugar, el concepto de “sucursal”, “agencia” y “cualquier otro establecimiento” presupone la existencia de un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz. Ese centro debe estar dotado de una dirección y materialmente equipado para poder negociar con terceros que, de ese modo, quedan dispensados de dirigirse directamente a la casa matriz (véase la sentencia de 18 de marzo de 1981, Blanckaert & Willems, 139/80, Rec. p. I-819, apartado 11). En segundo lugar, el litigio debe referirse bien a actos relativos a la explotación de dichas entidades, bien a obligaciones contraídas por éstas en nombre de la casa matriz, cuando esas obligaciones deban cumplirse en el Estado en que se encuentren tales entidades (véase, en este sentido, la sentencia Somafer, antes citada, apartado 13).
52 Por consiguiente, en lo concerniente a los contratos de trabajo celebrados por una embajada en nombre del Estado, ésta constituye un “establecimiento” en el sentido del artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 cuando las funciones de los trabajadores con los que ha celebrado dichos contratos están relacionadas con la actividad de gestión llevada a cabo por la embajada en el Estado receptor.
53 Ante los órganos jurisdiccionales alemanes y en sus observaciones formuladas en el presente procedimiento prejudicial, la República Argelina Democrática y Popular ha sostenido que reconocer la competencia de un tribunal del Estado receptor de una embajada equivale a infringir las reglas de Derecho internacional consuetudinario de la inmunidad de jurisdicción y que, en virtud de dichas reglas, el Reglamento n.º 44/2001 y su artículo 18, en particular, no son aplicables a un litigio como el que constituye el objeto del procedimiento principal.
56 En consecuencia, teniendo en cuenta el contenido de dicho principio de Derecho internacional consuetudinario sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados, ha de considerarse que éste no se opone a la aplicación del Reglamento n.º 44/2001 en un litigio como el principal, en el que un trabajador solicita el pago de indemnizaciones e impugna la resolución del contrato de trabajo que celebró con un Estado, cuando el tribunal que conoce del asunto compruebe que las funciones ejercidas por ese trabajador no forman parte del ejercicio del poder público o cuando la acción judicial no pueda interferir en los intereses del Estado en materia de seguridad. Sobre la base de esa apreciación, el tribunal que conoce de un litigio como el principal puede considerar también que ese litigio está comprendido en el ámbito de aplicación material del Reglamento n.º 44/2001.
57 De cuanto antecede resulta que procede responder a la primera cuestión que el artículo 18, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que la embajada de un Estado tercero situada en el territorio de un Estado miembro constituye un “establecimiento” a efectos de dicha disposición, en un litigio relativo a un contrato de trabajo celebrado por ésta en nombre del Estado acreditante, cuando las funciones desempeñadas por el trabajador no forman parte del ejercicio del poder público. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto determinar la naturaleza exacta de las funciones ejercidas por el trabajador.
58 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si el artículo 21, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de sumisión procesal otorgada antes del nacimiento de un litigio está comprendida en esa disposición cuando la cláusula reconoce la competencia exclusiva a un tribunal que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de dicho Reglamento, y excluye la competencia basada en las reglas especiales de los artículos 18 y 19 del mismo.
60 Como se desprende del decimotercer considerando del Reglamento n.º 44/2001, el objetivo de dichas reglas especiales de la sección 5 del capítulo II es garantizar una protección adecuada al trabajador. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en el apartado 46 de la presente sentencia, dicho objetivo debe tenerse en cuenta en la interpretación de tales normas.
61 El artículo 21 del Reglamento n.º 44/2001 limita la posibilidad de que las partes de un contrato de trabajo pacten una cláusula de sumisión procesal. De este modo, ese acuerdo debe haber sido celebrado después del nacimiento del litigio o, cuando se celebre con anterioridad, debe permitir al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de aquellos a los que esas reglas confieren la competencia.
62 Habida cuenta de la finalidad del artículo 21 del Reglamento n.º 44/2001, este último requisito ha de entenderse, como el Abogado General señaló en los puntos 58 y 59 de sus conclusiones, en el sentido de que esa cláusula, pactada con anterioridad al nacimiento del litigio, debe atribuir la competencia para conocer de la demanda interpuesta por el trabajador a fueros que se añadan a los previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 44/2001. Por lo tanto, esa cláusula no produce el efecto de excluir la competencia de estos últimos, sino de ampliar la posibilidad de que el trabajador elija entre varios órganos jurisdiccionales competentes.
63 Además, del tenor de dicho artículo 21 del Reglamento n.º 44/2001 se deduce que las cláusulas de sumisión procesal pueden “permitir” al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en sus artículos 18 y 19. De ello se sigue que no cabe interpretar esa disposición en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia podría aplicarse de manera exclusiva y prohibir, en consecuencia, al trabajador formular demandas ante los tribunales que son competentes en virtud de los artículos 18 y 19.
65 Además, no se desprende del tenor ni de la finalidad del artículo 21 del Reglamento n.º 44/2001 que un acuerdo semejante no pueda atribuir la competencia a los tribunales de un tercer Estado, siempre que no excluya la reconocida sobre la base de los artículos del Reglamento.
66 De cuanto antecede resulta que procede responder a la segunda cuestión que el artículo 21, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de sumisión procesal otorgada antes del nacimiento de una controversia está comprendida en el ámbito de aplicación de esa disposición en la medida en que ofrezca al trabajador la posibilidad de formular demandas ante otros tribunales, además de en los tribunales normalmente competentes en virtud de las reglas especiales de los artículos 18 y 19 de este Reglamento, incluidos, en su caso, los tribunales situados fuera de la Unión.
1) El artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la embajada de un Estado tercero situada en el territorio de un Estado miembro constituye un “establecimiento” a efectos de dicha disposición, en un litigio relativo a un contrato de trabajo celebrado por ésta en nombre del Estado acreditante, cuando las funciones desempeñadas por el trabajador no forman parte del ejercicio del poder público. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto determinar la naturaleza exacta de las funciones ejercidas por el trabajador.
2) El artículo 21, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de sumisión procesal otorgada antes del nacimiento de una controversia está comprendida en el ámbito de aplicación de esa disposición en la medida en que ofrezca al trabajador la posibilidad de formular demandas ante otros tribunales, además de en los tribunales normalmente competentes en virtud de las reglas especiales de los artículos 18 y 19 de este Reglamento, incluidos, en su caso, los tribunales situados fuera de la Unión.