Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-285-de-junio-28-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041560ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-20 16:44:22
Document Index: 98317616

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 665', 'artículo 665', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 90', 'artículo 144', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 90', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 665', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA C-285 DE JUNIO 28 DE 1996
SENTENCIA C-285 DE 28 DE JUNIO DE 1996
CONTENIDO:RETENCIONES EN LA FUENTE NO CONSIGNADAS. INEXEQUIBLE LA SANCIÓN PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, CAUSACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:296 DE AGOSTO DE 1996, PÁG.994
Sentencia C-285 de junio 28 de 1996
RETENCIONES EN LA FUENTE NO CONSIGNADAS
INEXEQUIBLE LA SANCIÓN PENAL
EXTRACTOS: «Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Hugo Palacios Mejía presenta demanda contra “el artículo 1º del Decreto 624 de 1989, en cuanto dio fuerza de ley al artículo 665 del estatuto tributario”, y este último, por considerar que dichas disposiciones vulneran los artículos 118-8 y 120-21 de la Constitución de 1886 y 1º, 6º, 28 y 29 de la actual Constitución.
II. Norma acusada. A continuación se transcriben los artículos 1º y 665 del estatuto tributario.
“DECRETO NÚMERO 0624 DE 1989
ART. 1º—El estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, es el siguiente: (...).
ART. 665.—Responsabilidad penal por no consignar las retenciones. Los retenedores que no consignen las sumas retenidas, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los empleados públicos que incurran en apropiación indebida de fondos del tesoro público.
Según el actor, el Presidente de la República al expedir el artículo 665 del Decreto 624 de 1989, excedió el límite material fijado en la ley de investidura, por cuanto procedió a codificar el artículo 10 de la Ley 38 de 1969, el cual no se encontraba vigente por haber sido derogado implícitamente por el Decreto 2503 de 1987.
”ART. 10.—Los retenedores que no consignen las sumas retenidas dentro del plazo establecido en el artículo 4º de esta ley, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los empleados públicos que incurren en apropiación indebida de fondos del tesoro público (subraya fuera del texto).
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta ley. Para tal efecto, las empresas deberán informar a la respectiva administración o recaudación la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo. De no hacerlo las sanciones recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la información debe constar la aceptación del empleado señalado”.
El artículo 4º a que hace remisión la norma, establece:
”ART. 4º—Las personas o entidades obligadas a hacer la retención de que tratan los artículos anteriores deberán consignar el valor de lo retenido en la respectiva administración o recaudación de Impuestos Nacionales o en los bancos autorizados, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente a aquél en que se haya hecho el correspondiente pago o abono en cuenta (destaca la Corte).
Dicha consignación se hará constar en recibos especiales que al efecto elaborará el Gobierno Nacional”.
De conformidad con estos preceptos el rete-nedor debía consignar el valor de lo retenido, dentro de los primeros quince días calendario del mes en que se hubiera hecho la retención, de lo contrario se hacía acreedor a la sanción a que alude la misma norma.
En el lapso comprendido entre la expedición de la ley de facultades (75 de 1986) y el estatuto tributario (Decreto 624 de 1989), el Presidente de la República profirió el Decreto 2503 de 1987 —con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 90 numeral 1º de la citada ley—, y en el artículo 144 derogó expresamente el artículo 4º de la Ley 38 de 1969. Como consecuencia de esa determinación, se abolió del artículo 10 de la Ley 38 de 1969 uno de sus elementos esenciales, cual era el plazo dentro del cual debían consignarse los valores retenidos. Sin embargo, es importante resaltar que en el artículo 16 de ese mismo ordenamiento, el legislador extraordinario dispuso:
“La presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos, anticipos y retenciones, deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional”.
Al expedir el estatuto tributario, el Presidente de la República procedió a codificar el inciso primero del artículo 10 de la Ley 38 de 1969 bajo el número 665, eliminando de su texto la referencia que éste hacía al artículo 4º, por haber sido derogado, quedando la disposición citada así:
”ART. 665.—Responsabilidad penal por no consignar las retenciones. Los retenedores que no consignen las sumas retenidas, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los empleados públicos que incurran en apropiación indebida de fondos del tesoro público”.
Para el actor, la derogación expresa del artículo 4º de la ley 38 de 1969 implicó la derogación tácita del artículo 10 ibídem, por la supresión de uno de los elementos indispensables para tipificar la conducta penal, lo cual, en su sentir, configura un exceso por parte del Presidente de la República en el uso de las facultades extraordinarias concedidas, que lo obligaban a excluir del estatuto tributario las normas no vigentes.
De acuerdo con el criterio de algunos de los intervinientes (el apoderado del Ministro de Hacienda y Crédito Público, el ciudadano Bernardo Carreño Varela, el director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario) y el del Procurador General de la Nación, el artículo 16 del Decreto 2503 de 1987 sustituyó lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 38 de 1969 y, por tanto, del artículo 10 ibídem no se suprimió ningún elemento fundamental.
Procede entonces la Corte a decidir, aclarando en primer lugar que el Decreto 2503 de 1987 mediante el cual se derogó el plazo fijado en la Ley 38 de 1969 para consignar el valor de las retenciones recaudadas, fue expedido por el Presidente de República con fundamento en el numeral 1º del artículo 90 de la Ley 75 de 1986, que lo facultaba para “dictar las normas que sean necesarias para el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión de los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales” y, que en materia punitiva sólo se le permitía dictar normas sancio-natorias, que en ningún caso podían ser privativas de la libertad.
El artículo 10 de la Ley 38 de 1969 constaba de los siguientes elementos: sujeto activo: el retenedor; conducta: no consignar las sumas retenidas; elemento temporal: en el plazo establecido en el artículo 4º de la misma ley (dentro de los primeros quince días calendario del mes siguiente a aquél en que se haya hecho el correspondiente pago o abono en cuenta); sanción: la misma prevista en la ley penal para los empleados públicos que incurren en apropiación indebida de fondos del tesoro público, esto es, “prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años. Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes. Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad (1/2)” (art. 133 del Código Penal, modificado por el art. 19 de la Ley 190 de 1995).
El Decreto 2503 de 1987 no suprimió la conducta punible, pero al derogar el artículo 4º de la Ley 38 de 1969, que contenía el plazo dentro del cual debía consignarse lo retenido, eliminó uno de sus elementos fundamentales; sin embargo, esta disposición fue sustituida por el artículo 16 del mismo decreto. En consecuencia, a partir de la vigencia del Decreto 2503 de 1987, el tipo penal previsto en el artículo 10 de la Ley 38 de 1969 conservaba todos sus elementos, pero la determinación del momento en que se configuraba el hecho sancionado en la norma, debía hacerse no por remisión al artículo 4º de la misma ley, por haber sido expresamente derogado, sino al artículo 16 del decreto en mención, que sustituyó a aquél.
En efecto, el principio en mención exige que el legislador y sólo él (incluido el legislador de excepción en las condiciones previstas en los artículos 213 y 214 de la Constitución y 44 de la Ley 137 de 1994) determine las hipótesis de desviación punitiva, con referencias empíricas y fácticas exhaustivas, como garantía de la libertad e igualdad de los ciudadanos, en cuanto existe certeza sobre los presupuestos necesarios para la aplicación de una pena.
Tan evidente es la indeterminación del momento en que se realiza la omisión prohibida en el tipo penal, que el mismo estatuto tributario prevé la posibilidad de pagar la retenciones una vez vencido el plazo señalado para su cancelación, lo que implica la imposición de sanciones pecuniarias a los retenedores, consistentes en el pago de “intereses moratorios, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo” (art. 634). En estos términos, el intérprete podrá considerar que mientras la Dirección General de Impuestos Nacionales reciba el pago de las sumas recaudadas no se ha configurado el hecho típico; en tanto que para otro intérprete, el tipo penal se realiza desde el momento mismo del vencimiento del plazo previsto para el pago de las retenciones.
2. Otros cargos.
3. Importancia de expedir una norma penal que reprima la conducta.
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 665 del estatuto tributario —Decreto 624 de 1989—, convertido en norma legal por el artículo 1º del mismo ordenamiento.
(Sentencia C-285 de junio 28 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).