Source: https://idconline.mx/fiscal/2016/12/13/sigue-la-subcontratacin-impactando-a-las-empresas
Timestamp: 2018-05-25 01:19:27
Document Index: 332407429

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 32']

Sigue la subcontratación impactando a las empresas | IDC
Sigue la subcontratación impactando a las empresas
Emplear esta clase de servicios conlleva enfrentar un marco legal rígido y cumplir con una serie de deberes laborales y de seguridad social, además de asumir ciertas consecuencias de carácter fiscal
La dinámica económica mundial de los últimos años (costos del petróleo; volatilidad del dólar, entre otros), así como las acciones y estrategias adoptadas por la actual administración presidencial (reformas estructurales en el orden jurídico nacional como la laboral; fiscal; energética, etc.) han impactado significativamente las finanzas de las corporaciones, mismas que han visto la necesidad de elegir alternativas para resistir con firmeza los embates de esas medidas.
Dentro de las planeaciones implementadas por el sector empresarial para reducir sus costos de operación está la adopción de la subcontratación de personal conocida como outsourcing.
Es por ello que enseguida se abordan datos inherentes al tema del régimen de subcontratación y su evolución y consecuencias de su empleo.
En la práctica la problemática que la caracteriza es que algunas corporaciones optan por su aplicación para simular salarios y prestaciones menores u omitir las obligaciones patronales. Ante este fenómeno y para evitar la evasión del cumplimiento de sus deberes en 2009, 2012 y 2015 se reformaron la LSS, LFT y la Ley del Infonavit, respectivamente.
Pierden tal carácter y se convierten en patrones cuando no disponen de elementos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales. De no contar con los bienes suficientes, el receptor de las obras o servicios se considera solidariamente responsable con quien funge como patrón y tiene los deberes con el personal (contratista).
hacer constar por escrito el contrato celebrado entre la persona física o moral que solicita los servicios y el contratista.
Para la celebración de este acto la contratante debe verificar que la outsourcing cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las cargas derivadas de las relaciones con su personal
Por ello, se precisa que a quien utilice el régimen en comento en forma dolosa se hace acreedor a una multa que asciende de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general (hoy UMA), que actualmente equivale a 18 mil 260 pesos a 365 mil 200 pesos (arts. 15-D y 1004-C, LFT).
tareas que la subcontratista llevará a cabo y sus costos. Para lo que aquella debe expresar que cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con sus deberes laborales
La polémica versaba sobre cuándo la contratante de los servicios de una outsourcing podría ser considerada como patrón y en qué momento aplicaría la responsabilidad subsidiaria, o bien si esta última figura legal había desaparecido de la LFT.
la beneficiaria de los servicios de una tercerizadora será considerada directamente como patrón cuando esta última incumpla alguna de las tres condiciones previstas en el precepto 15-A de la LFT (no abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo; justificar su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los colaboradores al servicio del contratante), y
Por medio de estas precisiones la JFCA uniformó los criterios de sus Juntas Especiales en la tramitación de los juicios que se les planteen y con ello evitar dictar resoluciones contradictorias que pongan en entre dicho la buena fe y verdad sabida de sus laudos.
Corte declara válidas las reglas
No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió estas controversias en el sentido que las normas de referencia se alineaban al texto de la CPEUM por lo que no existía transgresión alguna.
Los eventos que dieron origen a la determinación de la Corte se ilustran en el esquema “Antecedentes que produjeron la postura de la SCJN” visible en la siguiente página, mientras que los argumentos de las empresas subcontratistas que se consideraron agraviadas, y los razonamientos de la Segunda Sala de la SCJN se pueden apreciar en el esquema “Argumentos de los Tribunales en materia de outsourcing” detallado en las páginas siguientes.
Es de considerar que la SCJN con este pronunciamiento ratifica la intención del legislador de normar la tercerización que previo a la reforma de la LFT de 2012 conllevaba un problema económico, social y jurídico perjudicial para los trabajadores, incluso esclarece que una tercerizadora no pierde su rol de patrón.
En ese sentido esta enmienda determinó que cuando una suministradora se comprometa a proveer personal a una empresa contratante para llevar a cabo las labores acordadas en su domicilio y bajo su supervisión, el beneficiario de los servicios asumirá las obligaciones establecidas en ese mismo ordenamiento en relación con dichos trabajadores, cuando la outsourcing omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y este no lo hubiera atendido; en este supuesto el Seguro Social está obligado a informarle al receptor de los servicios dicho requerimiento (art. 15-A, LSS).
Adicionalmente y a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de quienes celebran este tipo de contratos, la reforma señala que estos deben enviar trimestralmente al Instituto los datos relacionados con dichos instrumentos, obligación que debe cumplirse a través del IMSS desde su empresa (IDSE) si tienen asignado un número de registro patronal y mediante la Clave de Prestación de Servicios (SIPRESS) si no cuentan con esta referencia.
A través de la reforma a la Ley del Infonavit dada a conocer en el DOF el 4 de junio de 2015, se adicionó el numeral 29 Bis el cual prevé que cuando se lleve a cabo la contratación de subordinados para un patrón e intervenga un intermediario laboral o contratista, estos son responsables entre sí y ante los colaboradores de las obligaciones contenidas en el referido dispositivo legal y adicionalmente contempla la obligación de los receptores de los servicios tercerizados de cumplir con las normas dispuestas por la referida ley, y el deber de ambas partes de rendir una información trimestral sobre el contrato respectivo, el cual se cumple por medio del Sistema de Responsabilidad Solidaria (SIRESO) creado por el Instituto y que está disponible en su página de internet: www.infonavit.org.mx.
¿Sujeto al IVA?
De conformidad con el artículo 1o. fracción II de la LIVA, la prestación de servicios independientes está gravada a la tasa del 16 % del IVA, por lo tanto, se debe trasladar al beneficiario de los mismos el monto correspondiente. Aquellos que contrataen a un tercero, para que les provea personal, cubrirán el tributo, siendo dichas sociedades, en un inicio, quienes contarán con el derecho a acreditar el impuesto que les hubiese sido trasladado por tal concepto, de cumplir con los requisitos del artículo 5 de la LIVA.
En Jalisco, sucedió un caso relevante en este tópico, un contribuyente solicitó la devolución de un saldo a favor del IVA que se integraba en parte por acreditamientos que le fueron trasladados al realizar el pago a una outsourcing. El causante afectado no contaba con empleados a su cargo, por lo menos no directamente, sino que le eran proveídos por un tercero. Es por ello que el SAT emitió una resolución rechazando parcialmente el reintegro del impuesto debido a que los pagos realizados al proveedor de servicios de personal especializado, no correspondieron a la contraprestación por la realización de un servicio, en tanto que en realidad constituyeron remuneraciones pagadas por concepto de salarios a trabajadores, independiente de que el entero se hizo a tráves de un tercero, toda vez que el afectado no cumplió con la totalidad de los requisitos fijados en el artículo 15-A de la LFT. Es por ello que al tratarse de pago por concepto de salarios a trabajadores no existió un IVA acreditable. De ahí que el particular interpuso demanda de nulidad ante el ahora TFJA, el cual confirmó la resolución impugnada.
Por ello, el pagador de impuestos perjudicado promovió demanda de amparo directo, en la que argumentó que la sentencia de la Sala Fiscal fue indebidamente fundada, pues basó sus argumentos sobre la definición de “subcontratación” y “subordinación” contenidas en la LFT, también sostuvo que el saldo a favor del IVA se generó como consecuencia de las erogaciones realizadas con motivo del contrato de prestación de servicios, las cuales están gravadas a la tasa del 16 %.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (TCC) que conoció del asunto, negó el amparo, refiriendo que al tratarse de una subcontratación, el trabajador se ubica en una situación de doble subordinación, es decir, tanto con el outsourcing como con el beneficiario; siendo necesario acudir a la LFT para encontrar una definición a los términos “subcontratación” y “subordinación”, de no ser así la autoridad hacendaria no tendría un parámetro legal para verificar si existía o no una subcontratación, y por ende, no podría autorizar o negar la devolución del tributo en cuestión, máxime que el contribuyente tiene la obligación de acreditar los hechos que dan sustento a la solicitud de devolución y la autoridad la de verificar que se concrete la hipótesis jurídica. Sostuvo también el órgano colegiado que los contratos de servicios de personal especializado no pueden considerarse como una prestación de servicios independientes por lo que no es una actividad gravada por el IVA. Para efectos de ello, la tercerización tendrá la connotación de una subordinación.
En ese tenor, en abril de 2016 fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la tesis aislada VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO RELATIVO, derivada de la resolución del TCC; en ella se retoma también lo que la Segunda Sala de la SCJN ha sostenido sobre que el trabajo bajo el régimen de subcontratación debe cumplir con las siguientes condiciones:
debe justificarse por el carácter especializado de la actividad a realizar
no puede comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante
De no cumplirse con todas las condiciones, el contratante será considerado patrón para todos los efectos de la LFT, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. En la tesis se afirma que el trabajador se ubica en una doble subordinación, es decir, a la empresa que constituye el lugar donde lleva a cabo las tareas encomendadas, a cuyas reglas de organización se sujeta, y a la que lo emplea directamente, con lo cual se establece una dependencia contractual, que significa que es un trabajo subordinado, mediante el pago de una remuneración o salario que es cubierto por un tercero. En tales condiciones, las erogaciones que se realizan por el contrato de prestación de servicios, si bien aparentan una contraprestación contractual, realmente corresponderían a una labor subordinada, y por ello la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo no está gravada por el IVA.
Sin embargo, dentro del mismo Tercer Circuito se suscitó la contradicción de tesis 13/2015 entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, siendo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa de dicha circunscripción territorial y que dio origen a la jurisprudencia de rubro: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES. PARA DETERMINAR SI LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZA O NO EL SUPUESTO EXCLUYENTE DE ESA FIGURA, GRAVADA POR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA, ES NECESARIO ACUDIR AL NUMERAL 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; el criterio confirma que es indispensable acudir al artículo indicado que fija las condiciones sin las cuales ese tipo de contratos implicaría la existencia de una verdadera subordinación del trabajador hacia el contratante, lo cual no puede desconocerse para efectos fiscales, toda vez que daría lugar a que una relación laboral quedara comprendida en la actividad de prestación de servicios independientes gravada por el IVA, con la posibilidad de que el contratante acredite el impuesto trasladado por el contratista, pese a que el precepto excluye en forma expresa, si la prestación cumple con las tres condiciones señaladas anteriormente y previstas en el aludido precepto.
Por lo tanto, se desprende que la carga de la prueba es para los contribuyentes en caso de una auditoría fiscal, puesto que son quienes deberán acreditar que cumplen con todos los requisitos previstos en el artículo 15-A de la LFT. Cabe precisar que la aplicación de dicha tesis es obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales del estado de Jalisco (art. 217 Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
En el mismo tópico, en sesión de 5 de octubre de 2016, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que era inexistente la contradicción de tesis 202/2016, cuyo tema era determinar si la prestación de servicios de manera subordinada mediante el pago de una remuneración y sus asimilados referida en el último párrafo del artículo 14 de la LIVA, puede ser llevada a cabo por personas morales o solamente por personas físicas.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que fue el órgano denunciante, sostenía, al resolver el recurso de revisión fiscal 61/2015, que no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración ni los servicios por los que se perciban ingresos que la LISR asimile a dicha remuneración; de tal forma que la interpretación sistemática del numeral 14, penúltimo párrafo de la LIVA permite concluir que la prestación de servicios de manera subordinada mediante el pago de una remuneración y sus asimilados, únicamente puede ser llevada a cabo por personas físicas, lo que corrobora, el proceder incorrecto de la autoridad tributaria al pretender que lo dispuesto en ese precepto se actualice respecto de comprobantes fiscales expedidos por una persona moral.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo el criterio que dio origen a la tesis de rubro: VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO RELATIVO. En dicho criterio se afirmaba que para determinar si las actividades derivadas de un contrato de prestación de servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la totalidad de los empleados que la otra necesita para su funcionamiento, constituyen servicios independientes; por tanto, resultan gravadas por el IVA, de conformidad con el penúltimo párrafo de la fracción I, del artículo 14 de la LIVA, por lo que al prever ese contrato una subcontratación laboral, si bien se tiene la apariencia de una contraprestación contractual, en realidad corresponde a una labor subordinada, y por lo tanto, la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo de voluntades no está gravada por el IVA.
De lo anterior, la Segunda Sala concluyó que la contradicción era inexistente debido a que en este último caso sí se hizo un verdadero estudio de fondo y, en otro (órgano denunciante), el criterio derivó del análisis particular de las documentales ofrecidas por el contribuyente (actora en el juicio de nulidad de origen) y a la declaración de inoperancia de los agravios que se expresaron.
Si bien al final de la ejecutoria hizo manifestaciones a mayor abundamiento, y que en todo caso son susceptibles de demostrar la existencia de una divergencia de criterios, en realidad en el caso no es así, porque se concluyó que acorde con el penúltimo párrafo del artículo 14 de la LIVA y al numeral 110 de la LISR vigente en ese momento, la prestación de servicios de manera subordinada mediante el pago de una remuneración y sus asimilados, únicamente puede ser llevada a cabo por personas físicas; consecuentemente había sido incorrecto el proceder de la autoridad fiscal al determinar actualizado el supuesto establecido en el precepto citado en primer lugar, respecto de comprobantes fiscales expedidos por una persona moral, basando su decisión en el análisis de dos facturas exhibidas en el juicio de origen.
La resolución estimó que las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Sexto Circuito agregadas al final de su ejecutoria se hicieron partiendo del tipo de operaciones llevadas a cabo por la empresa actora en el ejercicio fiscal de 2012, que constaron en las documentales ofrecidas como prueba; mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la amparo directo 467/2015, derivó la tesis 111.5o.A (10a.), publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 2618, con número de registro 20115781 de rubro: VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO RELATIVO, haciendo un estudio de fondo sostuvo que las erogaciones que realizan con motivo de un contrato de prestación de servicios, si bien tienen apariencia de una contraprestación contractual, en realidad corresponden a una labor subordinada, por lo que la subcontratación laboral producto de ese acuerdo de voluntades no está gravada por el IVA, lo cual coincide con el amparo en revisión 244/2015 resuelto por la Segunda Sala de la SCJN.
El 30 de septiembre de 2016, el fisco federal dio a conocer en su página de Internet los ajustes al complemento para el CFDI de nómina, en su versión 1.2, de uso obligatorio a partir del 1o. de enero de 2017. La referida adaptación vislumbra mayores datos que los empleadores deberán incorporar. Por lo que hace a la subcontratación es un nuevo atributo que debe cumplirse.
La información que se tendrá que incluir es la relativa a los casos donde el emisor del comprobante presta servicios de subcontratación o de tercerización de nómina. Dichos datos son el RFC de la persona o la empresa que subcontrata, es decir, aquel donde el trabajador prestó sus servicios directamente, misma que paga a otra que es la que funge como patrón.
Un ejemplo de lo anterior sería que la empresa A contrata a la empresa B para que esta última proporcione trabajadores que desarrollarán sus actividades para la primera, siendo dichos empleados contratados directamente por la empresa B, la cual sería su patrón. En este supuesto el RFC requerido es el de la compañía A.
El valor de este dato será verificado por el proveedor de certificación de CFDI para comprobar que existe en las bases de datos del SAT como inscrito y no ha sido cancelado. En el evento de que el empleado haya trabajado para la misma empresa emisora del recibo debe registrarse el RFC del emisor (patrón).
Se deberá incluir el porcentaje de tiempo que prestó servicios con el RFC que lo subcontrata. La suma de los valores en dicho campo, cuando el trabajador haya prestado servicios para distintas empresas, debe ser igual a 100. Por ejemplo, el trabajador prestó servicios para las compañías A 40 %, B 10 % y C 50 %, deberá ingresarse en ese campo los porcentajes tiempo de esa forma. Si el trabajador laboró solamente para una de ellas, en el campo se indicará con 100 %.
LIVA e LISR
Dentro del paquete de reformas fiscales aprobado para el año de 2017 se encuentran contempladas algunas modificaciones para lo que hace a la subcontratación en la LIVA y en la LISR.
En lo referente a la LIVA se modifican los artículos 5o., fracción II y 32, fracción VIII, debido a que la autoridad fiscal ha detectado abusos en algunas operaciones de subcontratación en la materia del impuesto. En los casos en los que el contratista no cumple con la obligación de enterar a la autoridad fiscal el IVA que trasladó en la citada operación y el contratante si efecúa el acreditamiento, ocasionando un perjuicio al fisco federal. Por lo que se establece como requisito adicional para la procedencia del acreditamiento del IVA trasladado por el servicio de subcontratación, que el contratante deberá obtener del contratista la documentación comprobatoria del pago del impuesto que este trasladó al contratante, así como la información específica del impuesto trasladado que deberá proporcionar al SAT.
No se ha manifestado el formato por medio del cual se enviará la información del impuesto trasladado a los receptores de los servicios otorgados, misma situación para la fecha de envío de esa información.
No se ha manifestado el formato por medio del cual se enviará la información del impuesto trasladado a los receptores de los servicios otorgados, misma situación para la fecha de envío de esa información. Sin embargo, puede establecerse una multa por no proporcionar la información señalada en la fracción VIII, del artículo 32 de la LIVA, la cual oscila entre $9,000 a $18,000 pesos y en caso de reincidencia el monto aumentará en un 100 % por cada nuevo incumplimiento.
De la LISR se aprobó como un requisito de las deducciones que cuando se trata de actividades de subcontratación, el contratante deberá obtener del subcontratista y este estará obligado a entregarle, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, además de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al IMSS (art. 27, fracc. V).
Se considera que de esta forma se constituye una medida para evitar prácticas de evasión fiscal y que fortalece el control de obligaciones de los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales ante las diferentes conductas que se han detectado en el uso de la figura de la subcontratación, en razón de que la misma no prohíbe la deducción del servicio de subcontratación, sino que exige al contratante del servicio contar con la documentación que acredite que la empresa contratista ha realizado correctamente el pago de los salarios a los trabajadores y, consecuentemente ha efectuado las retenciones en materia del ISR y de las que correspondan a las cuotas obrero patronales.