Source: http://yucataninformativo.com/index.php?id_noticia=31731
Timestamp: 2018-07-22 01:11:09
Document Index: 36463065

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'artículo 33', 'Artículo 53', 'Artículo 22', 'Artículo 47']

Incertidumbre en el combate a la corrupcion en Yucatan
a) No obstante la claridad del nombre de dicha ley, en su artículo 2, que establece las definiciones contenidas en la misma se crea confusión porque en su fracción XVI se fija: “Ley: la Ley de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán;”. Cabe decir que no se vuelve a mencionar en el resto del articulado la segunda de las normas en cita.
Esto llama la atención dado que ambas normas (LRAY y la LRSPY) entraron en vigor el mismo día (19 de julio de 2017), por lo que en conjunto dotan de inseguridad y falta de certeza jurídica al tema del “fuero”, en la especie de los Magistrados y Consejeros del Poder Judicial Local, puesto que en los artículos transitorios del Decreto número 491/2017, mismo a través del cual se promulgó la reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán, entre otras, de la materia del fuero, no se derogó el alcance del ordinal 24 de la LRSPY y demás correlacionados; extremo que de igual forma aconteció en el cuerpo del propio Decreto número 509/2010. Luego, es que tal artículo de la LRSPY permanece vigente, si no por orden expresa, si por consentimiento tácito del legislador yucateco:
Es preciso señalar que, a raíz de los alcances del “desafuero judicial parcial” derivado del Decreto 491/2017, el Poder Judicial del Estado promovió formal Controversia Constitucional en contra de los demás Poderes estatales. Tal juicio de control constitucional fue admitido y radicado en el expediente 207/2017 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo el Ministro Eduardo Medina Mora el instructor y ponente del asunto.
C) El artículo 4 de la ley en comento (LRAY) se excede al considerar servidores públicos a “los meritorios” u a los que según “otra circunstancia” se les considere así. Además de la incertidumbre de lo que se refiere como “circunstancias” para los efectos de configurar un “servidor público por equiparación”, se conculca el espíritu de los ordinales 3, fracción XXV, y 5, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), ya que no podría hablarse que respecto de los meritorios exista relación laboral que los vincule con el servicio público, al menos para estarse en vías de ser sancionado administrativamente por ello.
Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal del Estado a los servidores públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: (…).
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: (…)
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y (…).
F) Incompetencia en Materia Procesal Penal. El tercer párrafo del artículo 33, al normar expresamente “para los efectos de los procedimientos penales”, invade la esfera competencial del Congreso de la Unión, sita en el inciso e de la fracción XXI del ordinal 73 de la Constitución General de la República; apartado que lo faculta, en exclusiva, para expedir la legislación única en materia procedimental penal.
G) Se gesta una incertidumbre y/o incongruencia jurídica respecto a qué instancia y por cuál autoridad judicial, distintas a las relativas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado cuando conozca de los asuntos en fases procedimentales anteriores, serían los que se abocarán a la sustanciación y resolución de los recursos de Apelación y Revisión, mismos que, de acuerdo a la exégesis de los numerales 235 a 243, serían propios de una “segunda instancia judicial”, siendo que, de acuerdo al alcance competencial que la LRAY le dio a tal tribunal administrativo, éste tendría competencia única en la materia, y por ende, lo que resuelva será en única y definitiva instancia.
Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (…).
Artículo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: (…)
IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o (…).
Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando: I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y (…).