Source: https://www.scribd.com/document/376151253/4Fallo-Arriola-pdf
Timestamp: 2019-01-24 10:53:26
Document Index: 124638217

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Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el
defensor oficial de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel
Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y
Leandro Andrés Cortejarena en la causa Arriola, Sebastián y
otros s/ causa n° 9080", para decidir sobre su procedencia.
1°) Que esta causa se inició el 19 de enero de
2006, a raíz de lo informado por el Jefe de la Sección
Rosario de la Policía Federal Argentina, dando cuenta que de
distintas actuaciones sumariales labradas en esa dependencia
por infracción a la ley 23.737 surgía que todos los
detenidos habían tenido contacto en forma esporádica con una
finca emplazada en la calle Nicaragua casi esquina Forest,
donde se habían observado los movimientos típicos de la
venta de estupefacientes al menudeo.
sumario que fue delegada a la fiscal en turno, quien en
función de las tareas de observación y vigilancia llevadas a
cabo por la prevención, las imágenes captadas y grabadas en
un video casete que se incorporó al expediente, y en las
constancias que surgían de las copias de los sumarios
acumulados al proceso, sostuvo que podía inferirse que en la
finca aludida un sujeto se dedicaría a la comercialización
de estupefacientes. En función de ello solicitó y obtuvo la
correspondiente orden de allanamiento, registro y secuestro,
que tuvieron lugar el 26 de febrero de 2006, conforme a lo
que surge del acta que luce a fs. 63/64 y, posteriormente,
el 27 de abril de 2006 (fs. 119/122). También en el marco de
las distintas medidas procesales adoptadas en el sumario, se
acumularon los expedientes n° 1268/05 "Fares, Gustavo Alberto
s/ ley 23.737", n° 81/06 "Acedo, Marcelo Ezequiel;
Mario Alberto s/ ley 23.737" y n° 506/06 "Medina, Gabriel
Alejando y Cortejarena, Leandro Andrés s/ ley 23.737", entre
2°) Que, tras la realización del debate oral y
público (fs. 997/1020), el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal n° 2 de Rosario, Provincia de Santa Fe, con fecha 30
de agosto de 2007, rechazó las nulidades interpuestas por
las defensas y el planteo de inconstitucionalidad del
artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, y condenó a:
I) Sebastián Eduardo Arriola o Eduardo Sebastián Arriola,
como autor penalmente responsable del delito de tráfico de
estupefacientes en la modalidad de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización - dos hechos-
en concurso real (artículos 55 del Código Penal y 5°, inc. c,
de la ley 23.737), a la pena de seis años de prisión, multa
de seiscientos pesos ($ 600) e inhabilitación absoluta por
igual tiempo al de la condena, imponiéndole la medida de
seguridad curativa prevista en el artículo 16 de la ley
citada; II) Carlos Alberto Simonetti, como autor penalmente
responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la
modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización dos hechos en concurso real (artículos 55
del Código Penal y 5°, inc. c, de la ley 23.737), a la pena
de cuatro años de prisión, multa de quinientos pesos ($ 500)
e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena
(artículo 12 del Código Penal); III) Mónica Beatriz Vázquez,
como autora penalmente responsable del delito de tráfico de
estupefacientes con fines de comercialización -dos hechos en
concurso real-, en carácter de partícipe secundaria
5°, inc. c, de la ley 23.737, y 46 y 55 del Código Penal), a
la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de
doscientos pesos ($ 200); IV) Gustavo Alberto Fares, Marcelo
Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro
Medina y Leandro Andrés Cortejarena, como autores del delito
de tenencia de estupefacientes para consumo personal
(artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737) a la pena
de un mes de prisión de ejecución condicional (artículo 26
del Código Penal), imponiéndoles por el término de dos años
las siguientes reglas de conducta (artículo 27 bis del
Código Penal): 1) fijar residencia y someterse al cuidado de
un Patronato; 2) abstenerse de usar estupefacientes, de
abusar de bebidas alcohólicas y de relacionarse con personas
vinculadas al expendio o consumo de estupefacientes. En
todos los casos sustituyó la aplicación de la pena y dispuso
una medida de seguridad educativa en la forma prevista por
fallado por la Corte Suprema con fecha 5 de mayo de 2009. De tal modo. y dosis umbrales: 0. Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena (fs. quien -a su vez.1 y 0.245 gramos y 0. 1. 1101/1130). corresponde señalar que al fijar la materialidad de los hechos el tribunal de juicio tuvo por acreditada la tenencia por parte de Gustavo Alberto Fares de tres cigarrillos de marihuana de armado manual (con un peso de 0.8. 0. 1021/1023 y 1048/1063).5. Medina y Cortejarena. que fue rechazado por el tribunal a quo a fs. 1154/1157.890. 3°) Que la defensa interpuso recurso de casación en favor de Eduardo Sebastián Arriola.737.el artículo 21 de la ley 23. en este sentido. Mónica Beatriz Vázquez. donde se tuvo por desistido el recurso interpuesto a favor de Arriola y se desestimó la queja respecto de Vázquez.283 gramos. respectivamente). cada uno. Mario Alberto Villarreal. Gustavo Alberto Fares.XLIV). Acedo. Ello dio lugar a la interposición del recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Sebastián Arriola y Mónica Beatriz Vázquez (expte. -4- . Villarreal. Marcelo Ezequiel Acedo. A.declaró inadmisibles los recursos extraordinarios deducidos por la defensa. en la queja en estudio. 4°) Que. dando intervención a ese efecto al señor juez de ejecución penal (fs.161 gramos. la cuestión sometida a estudio de este Tribunal ha quedado circunscripta a los hechos vinculados a Fares.
31 gramos. incautados del bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía Fares por parte del personal de la Sección Rosario de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. RECURSO DE HECHO Arriola. incautados del bolsillo trasero izquierdo del pantalón que vestía el primero y del bolsillo derecho lateral del pantalón que vestía el segundo.25 gramos. en la intersección de las calles Forest y México de la ciudad de Rosario. en el procedimiento que tuvo lugar el 29 de octubre de 2005 en la intersección de las calles Forest y México.25 gramos. gramos. tuvo por demostrada la tenencia por parte de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena de tres cigarrillos de marihuana de armado manual -cada uno de ellos.27 gramos. XLIV. el 18 de enero de 2006. También tuvo por probada la tenencia de tres cigarrillos de marihuana por parte de Marcelo Ezequiel Acedo y de un cigarrillo de marihuana por parte de Mario Alberto Villarreal (con un peso de 0. 0. Provincia de Santa Fe. 0. Por último.25 gramos. de la ciudad de Rosario.29 gramos. por parte de personal de la Brigada Operativa -5- .30.(con un peso de 0. 0. 0. 0. en el procedimiento llevado a cabo por el personal de prevención antes mencionado. 891. cada uno. A. 0.27 gramos y 0. y de 10 dosis en total). Sebastián y otros s/ causa n° 9080. 0.29 gramos. secuestrados en el procedimiento que tuvo lugar el 26 de abril de 2006.26 gramos. y dosis umbrales: 0). en la intersección de las calles Forest y México de la ciudad de Rosario.
en este caso.737. 6°) Que por su parte. 7°) Que en el recurso extraordinario la defensa sostuvo que la sentencia apelada era violatoria del principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazaron el recurso señalando que esa sala se había expedido con anterioridad en los antecedentes que citan. y postuló la revisión de lo decidido sobre la base de la nueva composición de la Corte Suprema y de los argumentos que habían conformado el fallo dictado por dicho Tribunal en el caso "Bazterrica".Departamental II. en el cual se había declarado la invalidez constitucional de un texto normativo -ley 20.737. segundo párrafo. artículo 6°. los imputados dejaron caer sobre la vereda dos paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa Fe.que incriminaba la tenencia de estupefacientes para uso personal con un alcance semejante al que lo hace la norma impugnada. al percatarse de la presencia policial. 5°) Que en el recurso de casación la defensa se agravió del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 14. de la ley 23. acerca de la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23. puesto que la conducta de los -6- .771.
la prueba del fracaso del efecto disuasivo que se había pretendido obtener persiguiendo indistintamente al tenedor de estupefacientes para consumo personal. En este sentido sostuvo que la injerencia del poder sancionador en el ámbito de la libertad personal era abiertamente violatorio de las garantías constitucionales. la jurisprudencia de la Corte Suprema había sido errática. Por otro lado. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Expuso que la postura asumida por la Corte Suprema en los precedentes "Bazterrica" y "Capalbo" era la más adecuada a un Estado de Derecho que respete el ámbito de autodeterminación de los ciudadanos. antes bien. oportunidad y conveniencia que sostuvieron aquella decisión seguían vigentes. alegó que la escasa cantidad de droga encontrada no permitía inferir de manera alguna la potencialidad de la sustancia para generar dependencia física o psíquica en el consumidor.737 demostraba que el resultado no era acorde al fin con el que había sido concebida sino. XLIV. RECURSO DE HECHO Arriola. de modo que correspondía verificarse si los argumentos de mérito. 891. Agregó que si bien la postura del tribunal a quo hacía pie en el precedente "Montalvo". en este sentido avaló -7- . Al respecto consideró que el gran incremento de causas por tenencia para consumo personal a partir de la vigencia de la ley 23. y menos aún podía afectar la pretendida salud pública. A. imputados se había llevado a cabo dentro del marco de intimidad constitucionalmente resguardado.
de modo que con fundamento en el principio de lesividad que proscribía el castigo de una acción que no provocara un resultado o. de la ley 23.737. el tribunal a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario. Por último.su posición en torno a la afectación al principio de reserva con transcripciones del fallo "Bazterrica". por lo menos. En efecto. pues según entendió los argumentos expuestos por el apelante eran insuficientes para conmover la doctrina sentada por esa sala en torno a la constitucionalidad del artículo 14. con invocación de la doctrina de la arbitrariedad sostuvo que en el caso no se había acreditado que la conducta de los imputados hubiese afectado de alguna forma el bien jurídico protegido por la norma -salud pública-. segundo párrafo. 8°) Que. 9°) Que de la reseña efectuada surge que la defensa ha articulado un genuino caso constitucional. era inadmisible la sanción pretendida por tratarse de una acción atípica. por su parte. y el voto en disidencia del juez Petracchi en "Montalvo". subrayó que el argumento de cambio de composición del Tribunal había sido utilizado por la misma Corte como fundamento al retomar en "Montalvo" lo decidido en "Colavini". Tal decisión dio origen a la presente queja. un riesgo especialmente previsto. el núcleo de su argumentación estuvo dirigido a cuestionar la validez constitucional de la figura legal que -8- . Asimismo.
y la decisión definitiva fue contraria a los derechos que la recurrente fundó directamente en la Constitución Nacional (artículo 14. e incluso en uno de los más estudiados en círculos académicos. y por el individual del juez Petracchi. a las consideraciones de este último voto este Tribunal hoy decide remitirse. 891. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. inciso 1. De ese modo. de la ley 23. sanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal. A.737) como contraria al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Carta Magna. de la ley 48). al bien jurídico "salud pública". tales como el alcance que cabe otorgarle a las "acciones privadas" previstas en el artículo 19 de la Constitución Nacional. habida cuenta de las ilustradas consideraciones sobre intimidad y autonomía personal que -9- . razones por las cuales este Tribunal no pretende emular sino sostener. por la afectación que tal incriminación ocasionaría al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. RECURSO DE HECHO Arriola. segundo párrafo. puso en tela de juicio una ley federal (artículo 14. han sido resueltas acertadamente en "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). 10) Que como primera consideración cabe señalar que las cuestiones centrales en debate en el sub lite. Cabe señalar que la decisión mayoritaria del caso "Bazterrica" se integró con el voto conjunto de los jueces Belluscio y Bacqué. precedente que en los últimos veinte años. se ha transformado en un caso emblemático. XLIV.
que consideró legítima la incriminación de la tenencia para consumo personal.afianzar la respuesta constitucional del fallo in re "Bazterrica". 13) Que si bien el debate jurídico sobre la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ello sin perjuicio de los conceptos relevantes del otro voto conjunto que complementa la resolución jurídica correcta de la cuestión aquí traída. se apartó de tal doctrina (Fallos: 308:1392). 11) Que si bien con posterioridad a "Bazterrica". lejos de ser pacífica. allí se exponen. y en 1990. en "Montalvo" vuelve nuevamente sobre sus pasos a favor de la criminalización de la tenencia para consumo personal (Fallos: 313:1333). este Tribunal. hoy el Tribunal decide volver a "Bazterrica". como lo han señalado varios de los sujetos procesales que intervinieron en estas actuaciones. 12) Que. la jurisprudencia de esta Corte en un tema tan trascendente. en "Bazterrica" y "Capalbo". Así en "Colavini" (Fallos: 300:254) se pronunció a favor de la criminalización. aparece claramente planteado y resuelto en las posturas antagónicas de "Montalvo" y "Bazterrica". y como lo adelantáramos en las consideraciones previas. lo cierto es que habida cuenta -10- . hoy llamado nuevamente a reconsiderar la cuestión. decide apartarse de la doctrina jurisprudencial de ese último precedente -y como se ha dicho. la Corte dictó otro pronunciamiento in re "Montalvo" (Fallos: 313:1333). ha sido zigzagueante.
pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias objetivas relacionadas con ellas (Fallos: 328: 566). el carácter institucional de la Corte Suprema. y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales. XLIV. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333).737 y dieciocho de la doctrina "Montalvo" que legitimó su constitucionalidad. RECURSO DE HECHO Arriola. -11- . En tal sentido esta Corte admitió que ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen. que por su extensión. pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente. En efecto. la extensión de ese período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba "Montalvo" han fracasado. 891. permite descartar que un replanteo del thema decidendum pueda ser considerado intempestivo. A. llevan hoy a dar las razones de este nuevo cambio. 14) Que en lo que aquí respecta han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23. Por el contrario. Este es un período.
En cuanto a las elevadas incautaciones de marihuana. 129). Chile y Bolivia como los países con más injerencia en la región y en el mundo (2007 World Drug Report. 91). en nuestro país se ha detectado cierta fabricación de productos derivados de la cocaína. También el consumo de paco ubica a Argentina. y que se transformó en un importante lugar de tránsito de estupefacientes de la región andina hacia Europa (pág. el organismo internacional consideró que tal información obedecía a diferencias metodológicas para medir la estadística. Allí también se incluyó a la Argentina entre los países donde ha proliferado el éxtasis (pág. Oficina de Drogas y Delito). 15) Que así la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica en el informe correspondiente al 2007 que Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito. y que pese a la información oficial de cierto descenso del consumo de cocaína. Naciones Unidas. y que también hay indicios de producción local de cocaína. el informe señala que no se compadecen con los niveles de consumo denunciados (pág. Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking latinoamericano en "estudiantes secundarios" que consumen pasta base de cocaína conocida como "paco". En el informe del año 2006 del mismo organismo se ha señalado que además de los tres grandes productores sudamericanos. 164) -12- .
Allí también se refiere que en contraste con las tendencias globales de América del Norte. Naciones Unidas. 73). 77). 891. y que se ha detectado capacidad de producción de cocaína (pág. También se pone de relieve que el país denunció un aumento continuo del uso indebido de cannabis en los años 2000. El informe del año 2004 también señala que en el país se ha elevado el consumo de opiáceos (pág. aumentó el secuestro de resina de marihuana (pág. El país está entre los primeros puestos del ranking sudamericano en consumo de estimulantes (pág. aumento de secuestro de cocaína han sido reportados por Bolivia. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. 68). mayor importación de precursores (pág. 114). 88 y 275). Argentina ocupa el séptimo lugar de los países americanos de donde proviene droga incautada en Europa (pág. 165). 123). XLIV. Uruguay y en menor medida por Argentina y Paraguay. 103). y que el uso indebido de cocaína era superior al nivel medio de las estadísticas (pág. 60). lo que sugiere que el tráfico vía el cono sur ha aumentado (pág. así como su consumo (pág. en el 2002 hubo en el país un aumento del -13- . que da cuenta de un aumento del consumo de opio en el país (pág. 103). El país ocupa el segundo lugar de sudamérica en consumo de cocaína (págs. 2001 y 2002. Oficina de Drogas y Delito). Chile. el informe pone de relieve que el uso indebido de tal estupefaciente era superior al de Brasil. 116). RECURSO DE HECHO Arriola. En el mismo sentido se observa el informe correspondiente al año 2008. (2006 World Drug Report. 136) y de éxtasis (pág. A.
aunque verifica un aumento en el uso de éxtasis (págs. el incremento en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica es del 6.uso indebido de anfetaminas (pág. Naciones Unidas. El incremento mayor se observa en solventes e inhalables. En el reporte del año 2001 también se señala el aumento del uso de la heroína y el elevado porcentaje de consumo de cocaína respecto de los otros países sudamericanos (págs. Dentro de las drogas ilícitas. se ha realizado un análisis comparativo 2001- 2005. Naciones Unidas. 247 y 269) (2001 World Drug Report. Puntualmente. cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicofármacos sin prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha incrementado. aunque su tendencia se estabiliza así como el de las anfetaminas. Esta tendencia que informa las Naciones Unidas también es confirmada por estadísticas nacionales oficiales. Oficina de Drogas y Delito). y que el porcentaje de población que usa cocaína está entre los más elevados de Sudamérica. explicado por un fuerte aumento tanto en varones como en mujeres. 203) (2004 World Drug Report. Naciones Unidas.1% y de estimulantes creció un 44.4%. 247 y 269) (2002 World Drug Report. Por su parte el reporte de 2002 ya señalaba el aumento del uso de opio en el país. 241. Oficina de Drogas y Delito). Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. la de mayor -14- . Oficina de Drogas y Delito). con el 380%.
"Bazterrica" es un pronunciamiento del año 1986. Presidencia de la Nación). En efecto. donde la diferencia entre sexos es menor. RECURSO DE HECHO Arriola.6%. es que el debate jurídico plasmado en "Bazterrica" y "Montalvo". explicado por el incremento del 100% en las mujeres frente al 50% de los varones (Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. Informe Final de Resultados Área de Investigaciones. A similares conclusiones arriba el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en el 2006. Ecuador. XLIV. especialmente entre la juventud (Primer Estudio Comparativo sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria de Argentina. así como su liderazgo respecto de otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes. y por último la marihuana. incremento en el consumo es la pasta base. SEDRONAR. Allí se expone el importante incremento de consumo de drogas ilícitas en nuestro país. explicado fundamentalmente por el mayor consumo de las mujeres. Colombia. Chile. Perú y Uruguay). Cabe tener presente que una de las pautas básicas sobre la que se construyó todo el andamiaje institucional -15- . con el aumento del 67. A. se ha llevado a cabo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. con un 120%. le sigue la cocaína. Paraguay. Brasil. 16) Que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída. Enero 2006. Bolivia. con un aumento del 200%. y "Montalvo" de 1990. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. 891.
a la revisión del fallo condenatorio en causas penales ("Casal" Fallos: 328:3399). Este último acontecimiento histórico ha modificado profundamente el panorama constitucional en muchos aspectos. así en cuestiones tales como las condiciones carcelarias mínimas aceptables ("Verbitsky" Fallos: 328: 1146). que le impide sobrepasar determinados límites y además lo obliga a acciones positivas para adecuarse a ese estándar internacional. Estos parámetros internacionales han sido especialmente tenidos en cuenta por esta Corte al dictar diferentes pronunciamientos. entre ellos. derecho de los menores en conflicto con la ley penal ("Maldonado" Fallos: 328:4343). Así la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones (considerandos 18 y 19 in re "Mazzeo". defensa en juicio ("Benitez" y "Noriega" -16- . "Llerena" y "Dieser" Fallos: 328:1491 y 329:3034. respectivamente). el debido proceso en internaciones psiquiátricas involuntarias ("Tufano" Fallos: 328:4832). inc. los vinculados a la política criminal del Estado.que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 fue el de incorporar a los tratados internacionales sobre derechos humanos como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma (artículo 75. alcance de la garantía de imparcialidad ("Quiroga" Fallos: 327:5863. 22). Fallos: 330:3248).
en sus textos. Fallos: 329:5556 y 330:3526. Con relación a tal derecho y su vinculación con el principio de "autonomía personal". A.el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (artículo 11. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. aquél posee. "Simón" Fallos: 328:2056 y "Mazzeo" Fallos: 330:3248). a nivel interamericano se ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. y fundamentalmente.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). -17- . respectivamente). derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ("Barra" Fallos: 327:327).2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. entre ellos -y en lo que aquí interesa. precisiones sobre el concepto de peligrosidad ("Gramajo" Fallos: 329:3680). 17) Que así. todo lo vinculado a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos ("Arancibia Clavel" Fallos: 327:3312. entre otras cuestiones. reconocen varios derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional de 1853. 891. Bajo una perspectiva general. artículo 5° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. XLIV. artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17. RECURSO DE HECHO Arriola. retiene y desarrolla. los tratados internacionales. derecho de las víctimas ("Santillán" Fallos: 321:2021).
establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones" (CIDH en el caso Ximenes Lopes vs. respecto de la conveniencia. guarda más compatibilidad con la solución postulada en "Bazterrica". la capacidad de conducir su vida. tal principio de dignidad que consagra al hombre como un fin en sí mismo.e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras. se opone a que sea tratado utilitariamente. como técnica de investigación. valerse de medios e instrumentos para este fin. resolver sobre la mejor forma de hacerlo. y de la Convención Americana). 18) Que también el principio de dignidad del. de incriminar al consumidor para atrapar a los verdaderos criminales vinculados con el tráfico. Estos principios se encuentran en consonancia con lo establecido en "Bazterrica". 19) Que el derecho internacional también ha hecho un vehemente reconocimiento de las víctimas y se -18- . Parece dudosa la compatibilidad de tal principio con los justificativos de la ley 23. En efecto. seleccionados y utilizados con autonomía -que es prenda de madurez y condición de libertad. que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al sujeto. parágrafo 10 del voto del Juez Sergio García Ramírez). hombre proclamado en el sistema internacional de derechos humanos (Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Brasil. del 4 de julio de 2006.737 y "Montalvo".en términos más o menos amplios.
No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización. ha preocupado en evitar su revictimización.. caso -19- . es decir."(CIDH.. son las víctimas más visibles. absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. No hay dudas que en muchos casos los consumidores de drogas.Sobra ponderar las implicaciones. 891. junto a sus familias. que son evidentes. la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Al respecto se ha señalado que "La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. agrega a la imputación por los hechos realizados. a través del acceso a la justicia (artículo 25 de la Convención Americana). XLIV. Serie C N1 126. En consonancia nuestra Corte ha receptado determinados principios tendientes a darle a aquél un mayor protagonismo en el proceso ("Santillán" Fallos: 321:2021). Sebastián y otros s/ causa n° 9080. 20) Que la jurisprudencia internacional también se ha manifestado en contra del ejercicio del poder punitivo del Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las personas. en especial cuando se transforman en adictos. RECURSO DE HECHO Arriola. de este retorno al pasado. A...
sin que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo.. la Constitución no puede admitir que el propio estado se arrogue la potestad –sobrehumana.de juzgar la existencia misma de la persona. o si se prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad.. en otros.En un Estado. de ratificar la protección de derechos y garantías ya previstos en nuestra Carta Magna de 1853. Así aquellas consideraciones que fundan la criminalización del consumidor en base a la posibilidad de que estos se transformen en autores o partícipes de una gama innominada de delitos. Este principio también ha sido receptado por esta Corte en el precedente in re "Gramajo" (Fallos: 329:3680) quién además agregó que ".. le ha dado más vigor. 21) Que. sentencia del 20 de junio de 2005). Guatemala." (ver en sentido coincidente "Maldonado" Fallos: 328:4343). en algunos casos. parecen contradecir el estándar internacional que impide justificar el poder punitivo del Estado sólo en base a la peligrosidad.. y en otros casos realiza nuevas proclamaciones o describe alcances de los mismos -20- . Fermín Ramírez vs. sea por la vía del reproche de la culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad. que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno. su proyecto de vida y la realización del mismo. cabe señalar que la jerarquización de los tratados internacionales ha tenido la virtualidad.
21 y 22 inc. Carlos. dentro del contexto de la -21- . "salubridad pública" e "intereses nacionales" (artículo 22 inc. "utilidad pública". Pero. XLIV. es más amplia (Colautti. 19 inc. en relación a los parámetros antes transcriptos. pág. del Pacto de San José de Costa Rica. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. y que nuestra Constitución Nacional. Ed. 891. A. "orden público". artículos 12 inc. 22) Que sobre la interpretación de tales bienes colectivos la Corte Interamericana ha dado claras pautas interpretativas. Sebastián y otros s/ causa n° 9080.. con más detalle y precisión. 31. dichas convenciones internacionales también aluden a los valores que permiten establecer limitaciones al ejercicio de esos derechos para preservar otros bienes jurídicos colectivos. 76). 3°. Bs. 31 b. "Los tratados internacionales y la Constitución Nacional". Así en su Opinión Consultiva 5/86 señaló que es posible entender el bien común. tales como "bien común". RECURSO DE HECHO Arriola. No hay que olvidar que los tratados internacionales sobre derechos humanos establecen una protección mínima por debajo de la cual se genera responsabilidad internacional. artículo 29 inc. para evitar que la mera invocación de tales intereses colectivos sean utilizados arbitrariamente por el Estado. además. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). 14. As. La Ley 1999.
29. como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos. En tal sentido. Luego agregó: "No escapa a la Corte.Convención. la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de 'orden público' y 'bien común'. sin embargo. -22- . ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el 'orden público' o el 'bien común' como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. Esos conceptos. deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de 'una sociedad democrática' que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención" (parágrafos 66 y 67).a) de la Convención). como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos.
24) Que sin perjuicio de todo lo expuesto hasta aquí. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. XLIV. RECURSO DE HECHO Arriola. De acuerdo con el artículo 5° del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana. no se puede pasar por alto la creciente preocupación mundial sobre el flagelo de las drogas y específicamente sobre el tráfico de -23- . 23) Que a nivel internacional también se ha consagrado el principio "pro homine". No hay dudas que tal principio "pro homine" resulta más compatible con la posición de la Corte en "Bazterrica" que en "Montalvo". de la misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental comprometido (CIDH OC 5-85). pues aquél amplía la zona de libertad individual y este último opta por una interpretación restrictiva. que el precedente "Montalvo". Es claro que las consideraciones en que se sustenta el precedente "Bazterrica" se ajustan más a esa pauta interpretativa de la Corte Interamericana. A. siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos. estas habrán de primar. Así cuando unas normas ofrezcan mayor protección. en referencia a los bienes colectivos invocados. 891.
oferta y demanda de estupefacientes ilícitos. Esta preocupación. ninguna de las mencionadas convenciones suscriptas por la Argentina la compromete a criminalizar la tenencia para consumo personal. ellas prevén la colaboración judicial entre los Estados. que tampoco es nueva. En términos generales. Así en el ámbito de las Naciones Unidas tres con- venciones acuerdan principios y mecanismos internacionales en la lucha contra las actividades vinculadas al narcotráfico. se ha plasmado en varias convenciones internacionales. de modo que asegure que los adictos puedan recibir tratamientos físicos y psicológicos para curarse de sus adicciones. el deber de los Estados de diseñar políticas tendientes a la erradicación de la producción. se señala que tal cuestión queda "a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico" (artículo 31. estupefacientes. las convenciones no descartan tal opción. asistencia y educación. además de la persecución de la oferta. inc. En efecto. pero expresamente al referirse a los deberes de los Estados. En lo referente a la contención de la demanda. de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de -24- . 25) Que no obstante ello. se obliga a los Estados a preparar su aparato de salud pública. tráfico. 21.
a los consumidores de estupefacientes (Naciones Unidas Oficina de Droga y Crimen Handbook Básic Principles on Alternatives to Imprisonment. El primero. 2007). artículo 22 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1917. en modo alguno implica "legalizar la droga". No está demás aclarar ello expresamente. Criminal Justice Handbook Series. pues este pronunciamiento. RECURSO DE HECHO Arriola. 26) Que si bien el legislador al sancionar la ley 23. artículos 35 y 36 de la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes). permitiendo al juez penal optar por someter al inculpado a tratamiento o aplicarle una pena. que reemplazó a la 20.737. XLIV. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. porque los medios implementados para el tratamiento de los adictos. por cuanto sigue incriminando conductas que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna. incluye expresamente. la mencionada ley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. New York. A. Por su parte la Oficina de las Naciones Unidas sobre Droga y Control (UNODC). intentó dar una respuesta más amplia. entre otros.771. tendrá seguramente repercusión -25- . al elaborar los principios básicos de prácticas alternativas a la prisión. y el segundo. han sido insuficientes hasta el día de la fecha. 27) Que la decisión que hoy toma este Tribunal. 891.
expedición de tránsito. fabricación. por ello debe informar a través de un lenguaje democrático. para que el cultivo. adoptando las medidas necesarias. -26- . que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes. exportación. 28) Que. I EJLS. en European Journal of Legal Studies. que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas (Ordoñez-Solis David. especialmente con penas de prisión y otras penas privativas de la libertad (artículo 36 de la Convención). y comercio de los estupefacientes. distribución. a fines médicos y científicos. Lenguaje y Argumentación". una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito. "Los Jueces Europeos en una Sociedad Global: Poder. y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada. vol. la producción. frente a la decisión que hoy toma este Tribunal se debe subrayar el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir al narcotráfico. fabricación. los compromisos internacionales obligan a la Argentina a limitar exclusivamente la producción. importación y exportación de estupefacientes. Asimismo a asegurar. sean consideradas como delitos que se cometen intencionalmente. A nivel penal. oferta de venta. preparación. social. en el plano nacional. n° 2). distribución. importación. extracción. transporte. despacho.
A. hace uso de la reserva convencional internacional respecto de tal cuestión. hace necesario que ello sea tenido en cuenta en la implementación de políticas criminales para la lucha contra este flagelo internacional. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. nuestro país. después de la reforma constitucional han ingresado principios internacionales. tendientes a desbaratar las bandas criminales narcotraficantes que azotan a todos los países. que han -27- . de alguna manera. nuestro país participa en su cadena de producción. en base a la interpretación que aquí hace de su derecho constitucional. 891. Obviamente que la conducta no punible solo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero. XLIV. sin perjuicio de todas las evaluaciones que debe hacer el Estado para mejorar las técnicas complejas de investigación para este tipo de delitos. RECURSO DE HECHO Arriola. Ello se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte -algunos de los cuales hemos citado aquí-. 30) Que en síntesis. La circunstancia de que los precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas son productos en los que. respecto de la tenencia para consumo personal. 29) Que. que han impactado fuertemente en nuestro derecho constitucional. descartando la criminalización del consumidor.
el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes con igual consideración y respeto. 31) Que si bien como principio lo referente al mejor modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección. conducen a este Tribunal a declarar su incompatibilidad con el diseño constitucional. están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. las razones allí expuestas y los resultados deletéreos que hasta el día de la fecha demostró la aplicación del artículo 14. lo cierto es que aquí se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas circunstancias. y la preferencia general de la gente por una política no puede reemplazar -28- . segundo párrafo. cabe afirmar que el Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga la Carta Magna. Por ello. de la ley 23. por lo tanto.no afectan a un tercero y. generado una constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente "Bazterrica" encaja cómodamente. Consecuentemente. siempre con el alcance que se le asignara en el mencionado precedente "Bazterrica" -voto del juez Petracchi-. 32) Que en efecto.737. constituyen cuestiones de política criminal propias de las otras esferas del Estado.
nuestra Constitución Nacional y sumado a ello los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos jerarquizados reflejan la orientación liberal garantizadora que debe imperar en un estado de derecho democrático para resolver los conflictos entre la autoridad y los individuos y respeto de éstos entre sí. entre otros). Sebastián y otros s/ causa n° 9080. 392 y ss. -29- . RECURSO DE HECHO Arriola. Ed. Barcelona España). 33) Que es jurisprudencia inveterada de esta Corte que "la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultimaratio del orden jurídico" (Fallos: 315:923. Y éste es el sentido que cabe otorgarle al original artículo 19. A. 1999. que ha sido el producto elaborado de la pluma de los hombres de espíritu liberal que construyeron el sistema de libertades fundamentales en nuestra Constitución Nacional. Ariel. recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propio. págs. De esta manera. y en ese sentido el estado de derecho debe garantizar y fomentar los derechos de las personas siendo éste su fin esencial. 316:188 y 321:441. XLIV. preferencias personales de un individuo (Dworkin Ronald. 891. Los Derechos en Serio.
. simplemente porque son mayoritarias (Cemerinsky Edwin Fireword: The Vanishing Constitution. en Harvard Law Review. y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana. pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público.. sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general.] no es posible interpretar la expresión leyes.. en el derecho interno. 34) Que ello se debe a que las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática.. razón por la cual justifican una protección internacional. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que. piedra angular del autogobierno de los pueblos. Pero los jueces no deben legitimar las decisiones mayoritarias. según el cual "los derechos esenciales del hombre. de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la -30- .tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 35) Que sobre tal cuestión la Corte Interamericana ha señalado que [. como sinónimo de cualquier norma jurídica. 103:43). utilizada en el artículo 30 [de la Convención]. se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona.
XLII "Villacampa" -que antecede-. Panamá. esta Corte con sustento en "Bazterrica" declara que el artículo 14. en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. XLIV. de la ley 23. declarar procedente el recurso extraordinario. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Por ello. con información y educación disuasiva del -31- . segundo párrafo. sentencia del 2 de febrero de 2001. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V.737. como ha ocurrido en autos.737 debe ser invalidado.515. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. por todas las consideraciones expuestas. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. segundo párrafo. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. A. de la ley 23. 36) Que. que ofrece el derecho interno de los Estados americanos" (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricardo v. 891. con el alcance señalado en el considerando final. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. Fondo. Reparaciones y Costas). pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional. RECURSO DE HECHO Arriola.
especialmente los menores. ARGIBAY (según su voto). a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. E. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. Hágase saber y devuélvase. ES COPIA VO-//- -26-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Considerando: Que el infrascripto concuerda con los considerandos 11 a 91 del voto que encabeza este pronunciamiento. FAYT (según su voto) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto). que se dan por reproducidos. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. -32- . JUAN CARLOS MAQUEDA . 10) Que entonces queda claramente configurado el conflicto constitucional entre una norma federal que sanciona una conducta sin que se acredite peligro concreto o daño y por lo tanto en abierta contradicción con el artículo 19 de la Constitución Nacional. RAUL ZAFFARONI (según su voto).ELENA I. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. CARMEN M. Agréguese la queja a los autos principales. HIGHTON de NOLASCO .consumo. por quien corresponda. RICARDO LUIS LORENZETTI (según su voto).CARLOS S.
cabe adoptar el siguiente criterio de juzgamiento: A) El artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena. C) No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. 11) Que. 891. D) La conducta realizada en privado es lícita. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado. RECURSO DE HECHO Arriola. la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad. de modo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificada en la legalidad constitucional. B) Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversión de la carga argumentativa. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. incluida la estatal. -33- . corresponde aplicar el criterio que esta Corte desarrollara en el precedente "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). conforme con los argumentos que se desarrollarán en los considerandos siguientes. E) De conformidad con lo expuesto. sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes jurídicos o derechos de terceros. A. XLIV.
309. -34- . Pronto habría de plantearse el tema relativo a la tenencia para uso personal y en el plenario de la Cámara Criminal de la Capital Federal. o sea la tenencia ilegítima con lo que se convirtió en delito la mera tenencia por parte de personas no autorizadas. ni daño a terceros. ha motivado posiciones diferentes de esta Corte Suprema y del Congreso de la Nación. publicada en el Boletín Oficial el 13 de agosto de 1926. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital. entonces. ni ostentación del consumo. la que agregó una nueva figura. publicada en el Boletín Oficial el 4 de agosto de 1924 la que introdujo la punibilidad de la venta. Antonio". la ley 11. Estos criterios encuentran fundamento suficiente en la Constitución Nacional. cuando no hay peligro. entrega o suministro de alcaloides o narcóticos y. Resulta oportuno recordar. F) Corresponde exhortar a las Instituciones para que implementen medidas efectivas para el combate preventivo de la drogadicción. 12) Que la tutela de la privacidad.331. in re "González. dos años después. Fue recién la ley 11. que el Código Penal de 1921 no legisló sobre el tema de la toxicomanía puesto que el artículo 204 se refería a lo que en doctrina se conoce como suministro infiel de medicamentos. del 17 de octubre de 1930 (Fallos de la Excma. conforme surge de los considerandos siguientes.
con votos divididos. XLIV. 325) mantuvo la doctrina del plenario anterior sosteniendo que la tenencia de alcaloides configuraba delito. sustancias estupefacientes. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. En 1968 la ley 17. pág. La determinación de la cantidad que correspondía a un uso personal se tradujo en una casuística -35- . tomo 15. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital. se resolvió.". RECURSO DE HECHO Arriola. modificando nuevamente este cuerpo legal por la introducción del párrafo tercero del artículo 204 que sancionaba al "que. in re "Terán de Ibarra.331.. sin estar autorizado. El proyecto de 1960 excluyó de punición "la tenencia de una dosis para uso personal" (artículo 262 y su nota). para ese entonces con una integración diferente. La exposición de motivos de esta ley vinculaba la tenencia de dosis correspondientes al mero consumo individual con las acciones de la esfera de libertad consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. del 12 de julio de 1966 (Fallos de la Excma. El Proyecto Peco (1942) sólo reprimía la tenencia de sustancias estupefacientes enderezada "a algún propósito de destinarlas al comercio o de suministrarlas o procurarlas a otro" (artículo 230. tomo 31. 891. exposición de motivos. 21). A. que el uso personal de alcaloides no debía admitirse como excusa por parte de quien los poseía ya que no constituía una razón legítima de su tenencia.567. Un nuevo plenario de la misma Cámara. derogó la reforma al Código Penal de la ley 11. tuviere en su poder en cantidades que excedan las que correspondan a un uso personal.. página 399). pág. Asunción".
771".jurisprudencial que hizo de muy difícil aplicación la norma legal. Fallos: 308:1392.509. sin que se legislara. y sin establecer una política general de soluciones alternativas o complementarias de la mera punición (del voto concurrente del juez Petracchi.771 tipificó como delito la mera tenencia de estupefacientes con penas de notable severidad. infracción a la ley 20. En varios casos se resolvió en primera instancia su invalidez con base en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La ley 20. Ariel Omar. sobre sus diversos efectos en sectores individualizados de la sociedad. in re "Bazterrica". A ello se sumaron opiniones que sostuvieron que aquella casuística caótica en la vida real había terminado por facilitar "el tráfico de estupefacientes haciendo que en su modusoperandi el pasador portara solamente cantidades justificables como de uso personal" (de la sentencia de la Cámara Federal del 22 de diciembre de 1976.771 dio lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios en lo que atañe a su artículo 61. La ley 20. voto de los jueces Servini y Cortés). considerando 14). criterio que no fue aceptado por la alzada. la reforma al Código Penal de 1968 fue declarada "ineficaz" por ley 20. en forma global y sistemática sobre la cuestión de los estupefacientes. En 1973. in re "Colavini. como jóvenes o adolescentes. -36- . a partir de cuya vigencia se restauró el régimen anterior.
en un riesgo social que perturbaba la ética colectiva. mediante la cual se derogaron los artículos 1° a 11 de la ley 20. en la causa "Colavini" (Fallos: 300:254). En ese fallo la Corte también recogió los argumentos del señor Procurador General de la Nación en el sentido de que el uso de estupefacientes iba más allá de un mero vicio individual para convertirse. esta Corte Suprema se pronunció en la causa "Bazterrica". RECURSO DE HECHO Arriola. XLIV. esta Corte Suprema se pronunció en el sentido de que el artículo 61 de la ley 20. segundo -37- . 891. El 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23. cambiando el criterio y declarando la inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 20. censurando la punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal.771 (punición de la tenencia de estupefacientes destinados a uso personal) no era violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional. 303:1205. 304:1678 y 305:137). El 28 de marzo de 1978. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. consideró lícita toda actividad estatal dirigida a evitar las consecuencias que para la ética colectiva y el bienestar y la seguridad general pudieren derivar de la tenencia ilegítima de drogas para uso personal (Fallos: 301:673. El 29 de agosto de 1986. por la posibilidad de su propagación.771. En esa inteligencia.737. A. En sus distintos pronunciamientos la Corte valoró la magnitud del problema de la drogadicción destacando la perniciosa influencia de la propagación de la toxicomanía en el mundo entero.771 y se incorporó en su artículo 14.
El 11 de diciembre de 1990. examinando con rigor los fundamentos de toda restricción. Fallos: 313:1333. en particular pág. 13) Que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea (artículo 19 de la Constitución Nacional).737 y tal punición razonable no afecta ningún derecho reconocido por la Ley Fundamental. es conducta punible en los términos del artículo 14. Por esta razón corresponde desarrollar el razonamiento constitucional a partir de la afirmación de los derechos individuales.párrafo. Estos cambios legales y jurisprudenciales deben transformarse en una regla más estable a los fines de dar seguridad jurídica a los ciudadanos.. cualquiera que fuese su cantidad. 1349) por el que concluyó que "la tenencia de estupefacientes.. lo que únicamente puede hacerse mediante una prudente ponderación de los principios en juego.cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias. la punición ".." (Fallos: 313: 1333.. considerando 27 in fine). segunda parte de la ley 23. surgiere inequívocamente que la tenencia [de estupefacientes] es para uso personal". Lo contrario. esta Corte Suprema dictó sentencia en la causa "Montalvo" (cfr. es decir. partir de la afirmación de valores públicos para limitar la libertad conduce a soluciones cuyos límites son borrosos y pueden poner en riesgo la libertad personal. protegida de manera relevante por nuestra Constitución Nacional. -38- .
"Segundo Tratado sobre el gobierno civil". -39- . pero nadie aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues "aunque los hombres. forma y poder de una república. renuncian a la igualdad. de modo que la ley no puede prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad. 1994). 891. ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor" (Locke. "Leviatán o la materia. RECURSO DE HECHO Arriola. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. A. Fondo de Cultura Económica. eclesiástica y civil". capítulo 9. Alianza. 1990). Su ejercicio no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor. Madrid. Una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para superar el estado de agresión mutua (Hobbes. 26 de agosto de 1789) como el poder de hacer todo lo que no dañe a terceros. Thomas. al entrar en sociedad. John. poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad. Francia. a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza. Esta libertad que se reserva cada individuo fue definida (artículos 41 y 51 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. XLIV. México.
Por ello es posible señalar que: a) no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados "de peligro abstracto". y por ello no es necesario penar el consumo en casos donde la punición deviene como consecuencia de un delito cometido en función de la drogadicción. d) no es posible computar daños que son demasiado nimios e indirectos. c) no es posible imputar un mismo daño dos veces a los efectos de la punibilidad -esto excluye la punición por el consumo que conduce a delitos que son independientemente penados-. El ejercicio de la libertad tiene límites y puede dar lugar a la punición. justamente. el ejercicio de la autonomía ética que el Estado debe garantizar. Las principales consecuencias de este principio pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer una moral. sino sobre las que afectan el ejercicio de ésta. Como consecuencia de lo anterior. en comparación con la centralidad que puede tener la actividad que los provoca para un plan de vida libremente elegido -lo que excluye como -40- . las penas no pueden caer sobre conductas que son. (b) en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad. pero un Estado de Derecho debe construirse sobre una cuidadosa delimitación de esa frontera. b) no es posible imputar un daño a una acción cuando ella es consecuencia directa de otra acción voluntaria más cercana en la cadena causal.
Carlos Santiago. p. daños los provocados por el tratamiento médico. 891. en caso negativo. 14) Que la norma constitucional que protege la privacidad no habilita la intervención punitiva del Estado basada exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidor de estupefacientes se transforme en autor o partícipe de una gama innominada de delitos. y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real que se deberá establecer en cada situación concreta siendo inadmisible. Nino. 307). En cuanto al peligro de peligro se trataría de claros supuestos de tipicidad sin lesividad. sin que importe -41- . 1992. Buenos Aires. o sea. Por consiguiente. por definición.de los adictos (cfr. el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional. para considerar que hay ofensa cuando no la hay. XLIV. que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno. la Constitución no puede admitir que el propio Estado se arrogue la potestad – sobrehumana. A. RECURSO DE HECHO Arriola. su proyecto de vida y la realización del mismo. debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro. sirven para dar por cierto lo que es falso.En un Estado. En el derecho penal no se admiten presunciones juris etdejure que.de juzgar la existencia misma de la persona. Sebastián y otros s/ causa n° 9080.. la tipicidad objetiva. Este principio ha sido receptado por esta Corte (in re: "Gramajo" Fallos: 329:3680) al señalar que ". Fundamentos de Derecho Constitucional..
es decir. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en sentido similar. absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos.. Guatemala. de este retorno al pasado.. diciendo que "La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. En sentido coincidente también in re: "Maldonado". que agrega a la imputación por los hechos realizados. En primer lugar porque parten de la base de sacrificar derechos para satisfacer finalidades que pueden ser obtenidas por otros medios sin necesidad de semejante lesión.. la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán.". Fallos: 328:4343). 15) Que las razones de conveniencia en que se sustentó la doctrina del precedente "Montalvo" (Fallos: 313: 1333).. sea por la vía del reproche de culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad. tampoco constituyen un fundamento constitucionalmente admisible. Serie C N1 126. sentencia del 20 de junio de 2005). en los países de la región se combate el flagelo de la drogadicción -42- .a través de qué mecanismo pretenda hacerlo.. que son evidentes." (CIDH. o si se prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad. Como se verá en considerandos siguientes.Sobra ponderar las implicaciones. caso Fermín Ramírez vs..
respetando el consumo personal que no daña a terceros y
concentrándose en la distribución y el consumo cuando tiene
aptitud concreta de peligro o daño. De manera que está
demostrado que la lesión de la libertad personal no es
necesaria a los fines de obtener el objetivo perseguido.
En segundo lugar, está claro que, aun cuando se
admita el sacrificio, no se logra el resultado. En efecto,
en el precedente mencionado se había sostenido que la
incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría
combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el
comercio de estupefacientes y arribar a resultados
promisorios (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333). Ello
no se ha producido, pues tal actividad criminal lejos de
haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a
costa de una interpretación restrictiva de los derechos
16) Que la tendencia que predomina en la
legislación de los países de la región resulta
totalmente contraria a la que pretende la
habilitación del poder punitivo para los casos del
tenedor de estupefacientes que sólo lo hace para
el consumo personal y sin lesionar o poner en
peligro concreto bienes o derechos de terceros.
En este sentido, la ley brasileña 11.343, del 23
de agosto de 2006, instituyó el Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas y en su artículo 28 decidió
contemplar la tenencia para consumo personal a la que no
incrimina penalmente sino que aplica sustitutivos penales
como la advertencia al tenedor sobre los efectos de las
drogas, la prestación de servicios a la comunidad o la
aplicación de medidas educativas de asistencia a cursos
educativos. El código penal peruano, sancionado por Decreto
Legislativo N1 635, promulgado el 3 de abril de 1991 y
publicado el 8 de abril del mismo año preveía la exención de
pena en su artículo 299, bajo el título de "posesión impune
de droga" el que luego de su modificación por el artículo 1
de la Ley N° 28.002, publicado el 17 de junio de 2003,
mantuvo la misma impronta. Por su parte, la ley 19.366 de la
República de Chile, que sancionaba el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas resultó
sustituida por la ley N1 20.000, promulgada el 2 de febrero
de 2005 y publicada el 16 del mismo mes y año y en su
artículo 41, deja impune la tenencia para uso o consumo
y próximo en el tiempo. A su vez, la Ley N1 1340 de la
República de Paraguay, del 20 de octubre de 1988, que
modifica y actualiza la ley N1 357/72 y que reprime el
tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y
otros delitos afines y establece medidas de prevención y
recuperación de fármaco dependientes en aquel país, regula
en su artículo 30 la tenencia para exclusivo uso personal a
la que deja exenta de pena. Algo similar sucede con la ley
uruguaya 17.016 de estupefacientes, sancionada el 7 de
octubre de 1998, promulgada el 22 octubre y publicada el 28
de ese mismo mes y año, que prevé en su artículo 31 la
sustitución de los artículos 30 a 35 de la anterior
normativa vigente por decreto ley 14.294 del 31 de octubre
de 1974. En esa sustitución, se reemplazó el artículo 31 que
en su parte pertinente refiere que quedará exento de pena el
que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada
exclusivamente a su consumo
17) Que a su vez, ninguna de las convenciones
suscriptas por el Estado Argentino en relación a
la temática (Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 1988; el Convenio
sobre sustancias psicotrópicas de 1917 y la
Convención Única sobre Estupefacientes de 1961) lo
comprometen a criminalizar la tenencia de
estupefacientes para uso personal. Antes bien, se
señala que tal cuestión queda "a reserva de sus
principios constitucionales y de los conceptos
fundamentales de su ordenamiento jurídico"
(artículo 3, inciso 21; artículo 22 y artículos 35
y 36 de las mencionadas Convenciones,
respectivamente) con lo que las mismas normativas
de las Convenciones evidencian sin esfuerzo su
respeto por el artículo 19 constitucional.
18) Que de conformidad con los argumentos
desarrollados, corresponde aplicar al sub lite el
estándar jurídico y la regla de derecho enunciados en "Bazterrica" ya citado. pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por aplicación de este criterio la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal resulta violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional y por tanto debe ser declarada su inconstitucionalidad.737. Por todas las razones expuestas. a un ámbito de privacidad.737. por la protección del artículo 19 de la Carta Magna. segundo párrafo de la ley 23. y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. Sin embargo. en lo que hace a la habilitación del poder punitivo por parte del Estado para el supuesto de tenencia para uso personal. debe ser invalidado. La ley 23.771. en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. el artículo 14. intentó dar una respuesta más amplia. Por tal motivo. permitiendo al juez penal optar por aplicarle una pena o un tratamiento. resulta redactada en forma casi idéntica a su predecesora. De ello se sigue que debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros. esta ley. que reemplazó a la 20. se declara la inconstitucionalidad de esa -46- . con lo que no ha logrado superar el estándar constitucional en la medida que sigue incriminando conductas que quedan reservadas.
con lo cual el problema no sólo no ha disminuido. pues una creciente cantidad de víctimas de la adicción y narcodependencia ven sus vidas limitadas en múltiples -47- . en "Bazterrica". 891. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Una de dichas consecuencias es la de que la diseminación y desborde del tráfico y consumo de estupefacientes ha adquirido un volumen tal y tan descomunal. el problema de las drogas desde el punto de vista individual. También lo es que desde hace muchos años esta Corte ha señalado esa necesidad y no se ha advertido una política pública consistente y efectiva. A. XLIV. y la distribución de estupefacientes deben ser combatidos. una lacra que produce atroces consecuencias en las sociedades modernas. disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes jurídicos de terceros. Hace veintitrés años. RECURSO DE HECHO Arriola. que ha facilitado la conformación de un negocio económico administrado por consorcios internacionales que cuentan a veces con recursos que superan las posibilidades de los propios Estados. respecto de los recurrentes. indudablemente. voto del juez Petracchi (Fallos: 308:1392) se dijo: "La droga es. Es desgarrador además. 19) Que es cierto que el consumo que traiga aparejado una lesión a un bien jurídico o derecho de terceros o los ponga en concreto peligro. sino que ha aumentado. como ha ocurrido en autos.
. sin duda la actual difusión del consumo de drogas es una verdadera plaga.. según ya se ha expresado.. entidad específica abocada a la consideración de las soluciones posibles para los diversos aspectos del problema de las droga. Esta Corte reitera esta necesidad de combatir -48- .sentidos. por decreto presidencial." y más adelante: "15) Que. En el mismo considerando se decía: "En este sentido. la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfico y el Consumo de Drogas.. nuestro país ha puesto en ejecución diversas políticas tendientes a asumir un papel protagónico en la lucha contra la difusión del narcotráfico. por tanto. que adquiere fuerza suficiente para estar en condiciones de atentar contra los propios sistemas institucionales. sumamente empobrecida.". su consiguiente utilización en los centros educativos convertidos en lugares de suministro de estupefacientes y su influencia decisiva en la consolidación de una estructura económica de tráfico organizado. que resulta desastrosa su paulatina extensión hacia sectores menos protegidos de la sociedad: la infancia y la adolescencia. Es así como se ha organizado.. a mediados de 1985. y una inserción activa en los organismos internacionales que.". ponen de manifiesto la universalidad de la preocupación por las infortunadas consecuencias de dicho tráfico. se encuentran con su salud física y psicológica seriamente afectada y. su existencia. creados a esos efectos..
puede ser punible.515. se vea en la obligación de hacer recordar a todas las instituciones el ineludible deber de respetar los compromisos asumidos a nivel internacional a fin de combatir el narcotráfico. A.. Lo que no puede ocurrir es que las políticas públicas no alcancen ningún grado de efectividad a lo largo de los años. Con relación al consumo. el tráfico de drogas. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. especialmente los menores. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. no a través de la persecución penal de sus propias víctimas. Cabe aclarar que ya en "Bazterrica" se decía que "Un consumidor que ejecute actos de 'tráfico hormiga'. la relevancia de aplicar una política de salud preventiva. XLIV. segundo -49- . 891. es cierto también que la adicción puede afectar la libertad personal. los consumidores. sino de los distribuidores. pero ello no justifica una intervención punitiva del Estado. Por ello." señalando claramente los límites del concepto de libertad. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Por esta razón es que se justifica que esta Corte. RECURSO DE HECHO Arriola. y a nivel nacional.XLII "Villacampa" -que antecede-. a la luz de la decisión que hoy toma. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. que sólo se conformen con leyes declarativas y que los resultados sean los contrarios de los perseguidos.. declarar procedente el recurso extraordinario. información y educación y todo ello enfocado en los grupos más vulnerables.
y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. RICARDO LUIS LORENZETTI. de la ley 23. el -50- . Hágase saber y devuélvase. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. Agréguese la queja a los autos principales.párrafo. que se dan por reproducidos. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. por quien corresponda. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. siempre que por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. FAYT Considerando: Que el infrascripto concuerda con los considerandos 11 a 91 del voto que encabeza este pronunciamiento. especialmente los menores. A su vez. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. con el alcance señalado en el considerando 18. ES COPIA VO-//- -42-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S.737. 10) Que el artículo 14.737 establece que será reprimido con prisión de un mes a dos años quien tuviere en su poder estupefacientes. de la ley 23. con información y educación disuasiva del consumo. segundo párrafo. y en lo que aquí interesa.
artículo 21 del mismo texto legal prevé que en el caso del artículo 14. En su último párrafo dispone que si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado. segundo párrafo. si el procesado no dependiere física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador. el juez de la causa podrá. RECURSO DE HECHO Arriola. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. En suma: una persona que posee estupefacientes para consumo personal es hoy en día criminalizada con pena de prisión que sólo puede ser reemplazada a criterio del juez -y por una única vez. XLIV. por única vez. 11) Que en primer lugar se impone el examen de validez de la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogida durante los casi veinte años de su vigencia.por una medida de seguridad. A. o sea. si el tratamiento fracasa la respuesta exigida vuelve a ser el castigo carcelario. Por lo demás. cuando los medios que -51- . las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables. sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se determine. pues aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial. 891. el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia.
Cross Rupert. -52- . sino también la especial consideración que debe existir respecto de la necesidad de certeza. en un discurso autorreferente. Dicho de otro modo: estar a lo que se ha decidido previamente no sólo es un principio básico de la administración de justicia de aplicación prácticamente universal (conf. Pero cuando esa necesidad de certeza en la aplicación de la ley. mantener la doctrina establecida sin atemperar su rigor importaría incurrir. las lecciones de la experiencia conducen a realizar una serie de consideraciones acerca de la validez de una norma que. arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran (Fallos: 328:566 y sus citas).de la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Precedent in English Law. 4). conduce a soluciones que -en punto a los límites de razonabilidad.no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción. entre otras cosas. precisamente. pues -como seguidamente se expondrá. A su vez. pág. Oxford University Press. con el consiguiente menoscabo -en cuanto punto medular en el sub lite. ha devenido irrazonable. dicho déficit se traduciría en formas de argumentación que soslayan el examen de la realidad. aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen. 1961.no pudieron tener en cuenta elementos relevantes de la evaluación prospectiva que aporta la experiencia. 12) Que.
XLIV. no debe olvidarse que ya en el precedente mencionado se afirmó que resultaba indudable que. Fallos: 308:1392). 13) Que a fin de realizar un examen completo de la cuestión por el que se fundamenta la conclusión antedicha. de los nuevos datos y otros no tan evidentes en los años '80 y '90. para asegurar la libertad de -53- . 891. Cabe recordar que en la disidencia mencionada se afirmó como holding que la presunción de peligro en la que se asentaba la figura descripta por la norma no aparecía como irrazonable respecto de los bienes que pretendía proteger (considerando 13). la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana.conducen a una revisión de la doctrina allí sentada. en tanto indican con el rigor que una posible declaración de inconstitucionalidad -como ultima ratio. Mas hoy. resulta la necesidad de reconsiderar. la ineficacia de aplicar sanciones penales o incriminar a la mera tenencia con el objeto de combatir el flagelo de la drogadicción. A. la doctrina sentada en el precedente. como se dijo. si bien la limitación del derecho individual no lucía irrazonable en su génesis y primer desarrollo. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. En efecto. Estos nuevos datos de la realidad -transcurridos veintitrés años desde el dictado de los fallos "Capalbo" y "Bazterrica" (disidencia de los jueces Caballero y Fayt en relación al antiguo texto legal. requiere. RECURSO DE HECHO Arriola.
1. En efecto. el ciudadano de la era de la dignidad del hombre debía ser protegido por el estado liberal (considerando 17). el problema siempre fue visto como un caso complejo y nunca fue negado que el hombre es eje y centro de todo sistema jurídico. También se había indicado que el constitucionalismo actual reconoce como principio normativo la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. sociabilidad y dominio de sí. se traducen en un resultado diferente. que constituyen el fundamento del orden político y la paz social (Título I. artículo 1° de la Grundgesetz de la República Federal Alemana). Así se subrayó que la cuestión se relacionaba con las cualidades de racionalidad. como manifestación positiva de la libertad (considerando 17). que ese fin no se ha logrado y entonces se ha vuelto irrazonable una interpretación -54- . ha querido evitar toda posibilidad de su existencia. Es claro. hace veintitrés años se ha afirmado que el legislador consciente de la alta peligrosidad de estas sustancias. Es decir. Son todos esos principios los que hoy nuevamente se conjugan y que. al realizarse el juicio de ponderación. que al proyectarse socialmente se traducen en participación. autonomía e independencia de coacciones externas y capacidad de elección. autodeterminación de las voliciones. conciencia. de la Constitución Española de 1978. tal como se detallará a continuación. artículo 10.
pero al fracaso ya reseñado debe sumársele el hecho de que esta estrategia produjo. 15) Que a modo ilustrativo sobre la situación actual. Por ello. 14) Que los datos de la realidad han permitido demostrar que las razones pragmáticas en las que se sustentaba la doctrina establecida en las disidencias de "Bazterrica" y "Capalbo" y mantenida en el "Montalvo" (Fallos: 313:1333) respecto del nuevo texto legal. incluso respecto de los individuos en concreto criminalizados. restrictiva en cuanto al modo de entender el señorío del hombre. desaparecido el argumento que justificaba la exégesis más limitativa.no obedece a una única causa. han perdido virtualidad. Podrá decirse que dicho resultado -como cualquier otro fenómeno. A. cabe reconocer que mientras el crecimiento desmedido del pasado a nivel global se ha -55- . allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con su comercio y arribar a resultados promisorios (considerando 26 del último fallo citado) que no se han cumplido. RECURSO DE HECHO Arriola. 891. XLIV. cobra nuevamente su real dimensión el principio de la autonomía personal. pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Como se adelantó. efectos negativos claramente no deseados.
año 2009). En este sentido. Resumen Ejecutivo. Allí también se incluyó a la Argentina entre los países donde ha proliferado el éxtasis (pág. puede también citarse el informe de esta dependencia de Naciones Unidas correspondiente al año 2006 en el que se señaló que en nuestro país se ha detectado cierta fabricación de productos derivados de la cocaína. Naciones Unidas. y que se ha transformado en un importante lugar de tránsito de estupefacientes de la región andina hacia Europa (pág. Oficina de Drogas y Delito). que pese a la información oficial de cierto descenso del consumo de cocaína. El mismo organismo pone de manifiesto en su informe del año 2007 que la República Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito. estudios realizados en países de Europa Occidental indican que en nuestra región se observa un aumento del consumo local (Informe Mundial sobre Drogas. También el consumo de paco ubica a -56- . el organismo internacional consideró que tal información obedecía a diferencias metodológicas para medir la estadística. 91). aplacado. 129). Allí se agrega que nuestro país lidera el ranking latinoamericano en "estudiantes secundarios" que consumen pasta base de cocaína conocida como "paco". En cuanto a las elevadas incautaciones de marihuana. UNODC. el informe señala que no se compadecen con los niveles de consumo denunciados (2006 World Drug Report. y que también hay indicios de producción local de cocaína.
Uruguay y en menor medida por Argentina y Paraguay. con un aumento del 200%. lo que sugiere que el tráfico vía cono sur ha aumentado (pág. la República Argentina ocupa el séptimo lugar de los países americanos de donde proviene droga incautada en Europa (pág. Dentro de las drogas ilícitas. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Oficina de Drogas y Delito). Naciones Unidas. 73). 891. el incremento en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica es del 6. XLIV. A. El informe correspondiente al año 2008 da cuenta de un aumento del consumo de opio en el país (pág. cuyas conclusiones señalan que el consumo de psicofármacos sin prescripción médica y de solventes e inhalantes se ha incrementado. la de mayor incremento en el consumo es la pasta base. RECURSO DE HECHO Arriola. El país está entre los primeros puestos del ranking sudamericano en consumo de estimulantes (pág. Puntualmente.1% y de estimulantes creció un 44. aumentó el secuestro de resina de marihuana (pág. Chile. 136) y de éxtasis (pág. Esta tendencia que informa las Naciones Unidas también es confirmada por estadísticas nacionales oficiales. 114). 103). Así en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. 68). 60). le -57- . Argentina. 77) y el segundo lugar de Sudamérica en consumo de cocaína (pág. así como su consumo (pág. Chile y Bolivia como los países con más injerencia en la región y en el mundo (2007 World Drug Report. 88). se ha realizado un análisis comparativo 20012005.4%. aumento de secuestro de cocaína han sido reportadas por Bolivia. 165). mayor importación de precursores (pág. explicado fundamentalmente por el mayor consumo de las mujeres.
Chile. Informe Final de Resultados Área de Investigaciones. ha quedado demostrada cuán perimida resulta la antigua concepción de interpretar que toda legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al binomio traficante- consumidor. especialmente entre la juventud (Primer Estudio Comparativo sobre Uso de Drogas en Población Escolar Secundaria de Argentina. con un 120%. donde la diferencia entre sexos es menor. A similares conclusiones arriba el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en el año 2006. Paraguay. Ecuador. explicado por el incremento del 100% en las mujeres frente al 50% de los varones (Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. Allí se expone el importante incremento de consumo de drogas ilícitas en nuestro país. Colombia. De tal modo.sigue la cocaína. 16) Que si bien se ha afirmado que la Corte no podría analizar si las penas conminadas para cualquier -58- . y por último la marihuana. en especial el hecho de considerar que perseguir penalmente la tenencia para consumo combatiría exitosamente el narcotráfico. Presidencia de la Nación). así como su liderazgo respecto de otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes. énfasis agregado). SEDRONAR. Perú y Uruguay. Bolivia. Lo reseñado hasta aquí revela la contundencia con la que se ha demostrado la ineficacia de la estrategia que se vino desarrollando en la materia. Brasil.6%. enero de 2006. con el aumento del 67.
a su vez.un claro componente de autonomía personal en la medida en que el comportamiento no resulte ostensible. delito del catálogo penal resultan útiles o contraproducentes para la abolición del delito en sí ("Capalbo". disidencia de los jueces Caballero y Fayt. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. revisten una gravedad inconmensurable. cuya adecuada solución. que esta Corte se refiera -59- . Dicha valoración otorga carácter preeminente al señorío de la persona -siempre que se descarte un peligro cierto para terceros-. que exhibe numerosas aristas -tal como se ha adelantado-. entonces. XLIV. sin desentenderse. A. 891. de la delicada y compleja situación por la que transita quien consume estupefacientes (especialmente quien abusa en su utilización). merece otro tipo de ponderación a la hora de examinar la razonabilidad de una ley a la luz de la mayor o menor utilidad real que la pena puede proporcionar. el conflicto en que se halla expuesto el consumidor debe valorarse de manera especial. Por ello. Corresponde. considerando 18). todas estas afirmaciones suponen la existencia de una situación anómala extrema. Obviamente. RECURSO DE HECHO Arriola. no es posible mediante una simple e inopinada subsunción legal. si bien es cierto que los delitos que encuentran relación con el consumo de estupefacientes -tales como la comercialización o suministro. lo cierto es que una conducta como la que se encuentra bajo examen que involucra -como se dijo.
su persona es inviolable. los sentimientos y la intimidad del común de los hombres y por consiguiente la garantía jurisdiccional para el sostenimiento de estos valores de la personalidad"..que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo. (.). El respeto por la persona humana es un valor fundamental y se encuentra jurídicamente protegido. 17) Que en efecto. la intimidad (. a seguir respetándose a sí mismo" (conf... conforme lo ha asumido desde los inicios de la organización nacional (Fallos: 1:340).nuevamente al sustrato constitucional que da adecuada solución al delicado caso examinado... Con relación a este punto debe quedar perfectamente establecido -como ya se adelantó. es la "adecuada protección de la dignidad (.).)..). lo que se encuentra en juego a la hora de tratar el tipo penal de tenencia de estupefacientes para consumo personal -a ello y sólo a ello se circunscribe el presente recurso. a fin de ejercer el primero y el más elemental de sus deberes: el de ser custodio e intérprete supremo de la Constitución y los derechos y garantías en ella consagrados. siga siendo suya. Se trata de asegurar como derechos del hombre que nacen de su propia naturaleza. frente a él los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. "la legítima defensa de la dignidad (. "Ekmekdjian c/ Sofovich". -60- . A que su vida. su privacidad... Fallos: 315:1492).
la conciencia. el derecho a disponer de su propio cuerpo. de los derechos esenciales de la persona. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Fallos: 316:479). XLIV. de su propio cuerpo. voto de los jueces Barra y Fayt. En rigor. los aspectos que configuran su realidad integral y su personalidad y todo ello se proyecta al plano jurídico como transferencia del individuo. su intimidad. de cuanto le es propio ("Bahamondez". está el señorío del hombre sobre su vida. su honor. El marco constitucional de los derechos de la personalidad comprende la intimidad. Se trata. etc. como principio. sus creencias trascendentes. su identidad. ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados" concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos. además del señorío del hombre sobre las cosas. al Estado -en tanto organización del poder político dentro de una comunidad nacional. 891. A. 18) Que. En efecto. es decir. de su obrar. Los derechos de la personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. su cuerpo. de su propia vida. en definitiva. relacionados con la libertad y la dignidad del hombre. RECURSO DE HECHO Arriola. cuando el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública.le está impedida toda injerencia sobre el individuo -cuando como en el caso se desenvuelve en el marco de su -61- . el derecho a estar a solas.
pues no debe soslayarse que lo que aquí realmente se cuestiona es la intervención del Estado nada menos que sobre la esfera íntima del individuo -en cuanto ámbito de ejercicio de su autonomía personal-.no admite ningún tipo de intromisión. la que a diferencia de la esfera pública -y aun de la privada. en su pensar y en su sentir. corresponde reiterar que el artículo 19 de la Constitución Nacional ha ordenado la convivencia humana sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad y esta facultad de obrar válidamente libre de impedimentos. La aceptación de esa injerencia convertiría al poder estatal en una verdadera deidad. la dignidad del hombre como imperativo categórico y se desdibujaría notablemente aquello que propugnaba Séneca -símbolo de la filosofía estoica. Esta protección alcanza a todos los individuos y es por ello que el propio artículo 19 citado habilita al Estado a intervenir sólo a fin de proscribir interferencias intersubjetivas. Restablecido en su quicio el principio de señorío sobre la persona. conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito de enervar los -62- . a su vez. es claro entonces que no se trata simplemente de la tensión entre dos intereses contrapuestos.en una epístola dirigida a Lucilio: "el hombre debe ser algo sagrado para el hombre" (homoressacra homini). De ese modo se estaría negando. soberano en su obrar. En este cometido.autonomía-.
se violentan sus sentimientos. ser llamado a declaración indagatoria y. verse enfrentado a jueces y fiscales. 19) Que sumado a ello. En este contexto vital. se lo somete a la invasión de su persona y su intimidad. límites de aquélla. Ello por cuanto -como en cualquier otra causa en la que se investiga un delito. en la que la dignidad es un valor entendido para todo individuo por su sola condición de tal.el acusado debe atravesar un iter necesariamente restrictivo de sus derechos que implica. puede afirmarse que en una sociedad horizontal de hombres verticales. no puede afirmarse sin más que una norma como la que aquí se impugna que compele al sujeto involucrado a transitar el estigmatizante camino del proceso penal. amén de la mácula que. Por lo demás. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. debe recordarse que la norma que aquí se cuestiona establece pena de -63- . no aumentaría el daño que seguramente ya padece así como la afectación a su dignidad. lo signará a futuro. A. XLIV. en su caso. convivir durante el tiempo que dure el proceso con la incertidumbre propia que genera el encontrarse sometido a la justicia criminal. o bien. está vedada toda medida que menoscabe aquella prerrogativa (artículo 19 de la Constitución Nacional). en tanto a quien se encuentra ante esta problemática (medida curativa). el tribunal de mérito califica como simple principiante o experimentador (medida educativa). RECURSO DE HECHO Arriola. Más allá de la opinión que merezca el plan de vida de cada individuo. 891. entre otras cosas: ser detenido. como en el caso. sobre todo.
Es indudablemente inhumano -64- . "Maldonado". Ejemplo de ello son los serios desórdenes en otros aspectos de la salud que produce la sustitución de la sustancia. sin perjuicio de la posibilidad de soluciones en otros ámbitos. cabe advertir que quien padece una adicción e ingresa por tal motivo a una unidad penitenciaria buscará el reemplazo del objeto adictivo de cualquier modo. Fallos: 328:4343). voto del juez Fayt. teniendo en cuenta que el poder punitivo no se manifiesta sólo mediante la imposición de una pena. 20) Que sentado lo anterior. así como las dosis elevadas que se consumen -si se accede al estupefaciente.puede ser suspendida por una medida de seguridad educativa o curativa.y que pueden ser letales ante la falta de periodicidad en la adquisición. todo ello se refleja en un aumento de los focos de violencia ya característicos de los establecimientos carcelarios. Por lo demás. antes que mitigarse. Por tanto.con las anomalías propias que implica acceder a ellos en un lugar de encierro. Dicha situación produce un empeoramiento en la adicción porque el condenado consigue dicho objeto -o su reemplazo. Precisamente. es claro que las respuestas definitivas para estos planteos no pueden encontrarse en el marco de una causa penal. prisión que sólo facultativamente -y siempre que se trate de la primera vez. el proceso adictivo se agrava. sino también con la manera en que es ejecutada y la existencia de condiciones carcelarias adecuadas (cfr.
en su caso. RECURSO DE HECHO Arriola. es que la doctrina establecida en los precedentes mencionados se ha elaborado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.condujeron a un desarrollo en el concepto del derecho a la salud en un grado tal que permiten observar que de haber contado con ese instrumento. Por ello. una pena de prisión. criminalizar al individuo. En efecto. 21) Que la reforma mencionada -junto con nuevas concepciones a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud. no implica en modo alguno que el Estado deba autoexcluirse del tratamiento de la problemática. el derecho a la salud se encuentra reconocido con jerarquía constitucional merced a los tratados incorporados por el artículo -65- . bien pudo ser distinta la respuesta en los precedentes que hoy se revisan. Resumen Ejecutivo. A. la grosera incongruencia que importa per- seguir penalmente al consumidor de estupefacientes. no debe soslayarse que otra razón no menos importante que justifica un nuevo cambio jurisprudencial en la cuestión aquí traída. En ese cometido. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Al mismo tiempo no debe desconocerse que "las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad" (Informe Mundial sobre Drogas. año 2009). XLIV. UNODC. sometiéndolo a un proceso criminal que lo estigmatizará de por vida y aplicándole. 891.
como "uno de los mejores modos de [combatir] el mercado ilegal de drogas" (cfr. Informe Mundial sobre las Drogas.que dentro de los objetivos que se incluyen en una mejor combinación de políticas públicas. 75. por tanto. Sociales y Culturales prescribe que deben figurar las necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas. 2009. inciso 22 y el Estado argentino ha asumido el compromiso internacional de lograr progresivamente su plena efectividad obligándose "hasta el máximo de los recursos". corresponde también poner de resalto que -entre las medidas que a efectos de asegurar el derecho a la salud se establecen. 22) Que desde esta perspectiva y en lo que específicamente hace a la cuestión aquí en estudio. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. énfasis agregado).el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. se insta a los Estados miembros a promover el derecho a la salud de las personas que consumen estupefacientes y a que "luchen por el logro del objetivo del acceso universal al tratamiento de la toxicomanía como un compromiso para salvar vidas y reducir la demanda de drogas" y. cabe recordar -sin recurrir al arracimado de documentos internacionales en este sentido. UNODC. -66- . Resumen Ejecutivo. Por otra parte.
endémicas. UNODC. que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales. Finalmente no debe soslayarse. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Lo propio establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 323:3229. dentro del derecho a la vida. Se conjuga así la adecuada protección de la dignidad humana sin desatender el verdadero y más amplio enfoque que requiere esta problemática. Desde esta perspectiva se asume claramente que la "adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados" (cfr.y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas. y la lucha contra ellas (inciso c). El artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone. es primariamente en el ámbito sanitario -y mediante nuevos modelos de abordaje integral- que el consumo personal de drogas debería encontrar la respuesta que se persigue. A. RECURSO DE HECHO Arriola. 891. profesionales y de otra índole. que a partir de lo dispuesto en dichos instrumentos internacionales. sobre todo en el aspecto relacionado con la dependencia a estas sustancias. las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684. XLIV. Antes bien. énfasis agregado). el Tribunal ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido. Informe del año 2009 ya citado. sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales. claro está. a su vez. entre otros). -67- .
que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga.455 y la 24. 23) Que en conexión de sentido puede también sostenerse. los constituyentes en ocasión de la última reforma" (Fallos: 324:754. como por otra parte. por medio del artículo 75. En efecto. dictamen de la Procuración General a cuyos -68- .754). deben otorgar cobertura médico asistencial respecto de los riesgos derivados de la drogadicción (artículo 1° de la ley 24. en uno de los aspectos que aquí importan. que tal es el fin público que -amén de encontrarse incluso comprometido en el plano internacional- tuvo en miras el legislador al sancionar. lo dejaron establecido. así como otras en materia de salud y asistencia sanitaria "vienen a constituirse en la expresión legislativa de la asunción por el Estado Nacional de aquellos compromisos. leyes como la 24.455 y 1° de la ley 24. en las que junto con otras normas federales que se han dictado en la materia. inciso 22 de la Ley Fundamental. se insiste. las normas antes mencionadas establecen. la que por cierto debe elevarse por sobre cualquier otro tipo de respuesta. respecto de materias que por su proximidad con los derechos a la vida y a la dignidad personal deben entenderse señeras del ordenamiento. subyace la idea de la adecuada protección de la dignidad del individuo. por ejemplo. Dichas disposiciones.754.
o la droga (conf. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. RECURSO DE HECHO Arriola. 25) Que el derecho a la salud "no es un derecho teórico.754 "pretenden. que el mismo legislador que propugna la obligatoriedad de un enfoque positivo de la problemática. para lograr así contornear su genuino perfil". XLIV. A. en el ejercicio de potestades reglamentarias. No puede pensarse. asentir a una novedosa realidad que reconoce en este campo a nuevos actores institucionales y a recientes o potenciadas patologías" (dictamen de la -69- . Como su correlato se ha afirmado que normas como la ley 24. 24) Que. entonces. tales consideraciones posibilitan situar esta cuestión en el marco de la normativa constitucional que enfoca el problema desde la perspectiva de las acciones positivas por parte del Estado.A.I. por lo demás. dictamen citado al que remiten los jueces Fayt y Belluscio).D. En este entendimiento esta Corte ya ha afirmado que los legisladores han pretendido alcanzar con medidas de acción positiva la situación de aquellos afectados por patologías como el S. pueda coexistir con otro que criminalizando genere efectos hasta deteriorantes de la salud. 891. sino uno que debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social. fundamentos y conclusiones remiten los jueces Fayt y Belluscio).
incluyen a la drogadicción y los riesgos derivados de ella. Antes bien. en lo que a las prestaciones médico- asistenciales obligatorias se refiere. en definitiva. no puede menos que interpretarse ello en consonancia con el cambio acaecido a partir de la aludida reforma constitucional.de abordar la problemática de aquéllos a quienes los afecta. se termine -70- . recuperación y rehabilitación. con acciones integrales de promoción.es el respeto por la dignidad humana. cuanto menos. a la reafirmación del valor de determinados bienes jurídicos. de acuerdo a tales directivas y a las normas federales en juego que han comenzado a delinearlas. Procuración General citado al que remiten los jueces Fayt y Belluscio). en consecuencia. que explícitamente incorpora a la salud como una garantía a cumplir por parte del Estado y que. la cabal puesta en marcha de la red de tutela diferencial propiciada. De manera que no puede sino interpretarse a la criminalización como un modo inadecuado -cuando no incoherente y contradictorio. prevención. Por lo demás. la respuesta penal deja de lado las directivas constitucionales que rigen la materia y se desentiende del verdadero conflicto. resulta incomprensible que mediante sanciones penales que propenden. 26) Que. si lo que siempre ha prevalecido -y debe prevalecer. entorpeciendo.
A su vez. 27) Que en suma la evolución reseñada pone de resalto la imperiosa necesidad de un compromiso mayor de todas las partes interesadas. tal como señala el Informe Anual 2004 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías con sede en Lisboa (OEDT) que valoró el impacto de la legislación en materia de estupefacientes. Las tendencias de consumo parecen corresponderse con factores culturales. -71- . XLIV. así como la ineludible obligación de promover la salud -y en especial la de los jóvenes. 891. Ello. por cuanto quien es señalado como "delincuente" -e ignorado en su problemática. A. el Consejo Nacional para la Delincuencia de Suecia había concluido que "no exist[ían] indicios claros de que la criminalización del consumo de drogas [hubiera tenido] efecto disuasorio para los jóvenes”. restringiendo precisamente dicho bien. y no con la intimidación penal. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. el sistema sanitario -escudado en la ajenidad del problema- parece replegarse en servicios de salud poco flexibles para atender el espectro de cuestiones vinculadas con el uso y consumo de drogas. Más aún. económicos y sociales. RECURSO DE HECHO Arriola.mediante una política sensata.no acude al sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremo los tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención.
-72- . es claro que la pena de prisión que está prevista ante el fracaso de las medidas que. cuyo consumo no se incrimina penalmente. la salud que se dijo resultaba imprescindible proteger de manera primordial (in re "Capalbo". debe procurarse desde el Estado una atención preventiva y asistencial no interferida por el sistema penal. El hecho de que la respuesta estatal no pueda darse en clave punitiva no implica reconocimiento alguno de la legitimidad del uso de estupefacientes. una ilegítima intromisión a su señorío. Por el contrario. se menoscaba en mucha mayor medida mediante el encierro. A su vez. incluyó la ley 23. Fallos: 308: 1392).737 no puede entenderse como una forma válida de cumplir con la obligación constitucional de proteger la salud. también en este aspecto. la sensatez que al Poder Judicial como poder del Estado también se le exige. De todos modos. disidencia de los jueces Caballero y Fayt. más allá de la preocupación que una decisión de estas características genera respecto de que se encuentre acompañada de políticas sustentables. importa asumir lo paradojal que ha resultado la vía hasta hoy escogida. Declarar la inconstitucionalidad del castigo penal a un consumidor de drogas sólo importa admitir que la estigmatización e incertidumbre que supone verse inmerso en un proceso criminal constituye. por excepción. sino que al igual que otras sustancias.
de la ley 23. es deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la supremacía de la Constitución Federal. segundo párrafo. En este sentido resulta elocuente que según una investigación relevada por el "Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes" creado por -73- . redireccionando los recursos que durante más de dos décadas estuvieron prácticamente destinados a perseguir al consumidor de escasas cantidades. toda vez que cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos en los que se encuentra inserto. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. 28) Que sobre la base de las consideraciones prece- dentemente expuestas. RECURSO DE HECHO Arriola. A. 29) Que frente a la decisión que hoy toma este Tribunal debe subrayarse el compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir el narcotráfico. XLIV. pues precisamente esa función moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que éste cuenta para asegurar los derechos de los individuos (conf. 891. Sólo mediante una visión integradora que enlace las distintas variables antes señaladas -y atravesadas éstas siempre por la autonomía propia y sagrada de cada individuo- puede arribarse a la consecución de los fines que se preten- día. Fallos: 328:566 y sus citas). corresponde concluir que el artículo 14.737 carece actualmente de la racionalidad exigida por la Ley Fundamental.
en los últimos veinte años sólo una de cada diez causas iniciadas por infracción a la ley de estupefacientes lo fue por tráfico. efedrina. Lista de Precursores y Sustancias Químicas utilizadas frecuentemente en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas]. Seguridad y Derechos Humanos. Resumen Ejecutivo. A su vez. según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. ácido clorhídrico. Conclusiones similares pueden colegirse a partir de los datos suministrados por el Observatorio Argentino de Drogas dependiente de la Secretaría de -74- . la persecución no se ha dirigido a delitos tales como el lavado de dinero y el ingreso de precursores químicos [acetona. que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito. año 2009). Centro Internacional de Viena. permanganato potásico. cuando en América Central y del Sur parecen estar traficándose cada vez con mayor frecuencia (Informe Mundial sobre Drogas.resolución 433/2008 del Ministerio de Justicia. UNODC. entre muchísimos otros. El setenta por ciento de los expedientes lo fue por tenencia para consumo personal y el ochenta y siete por ciento se inició por tenencia de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes entre 20 y 30 años en la vía pública.
a diferencia de aquellos que pueden ser llamados como testigos. Comisión de Libertades Civiles. cabe observar que si lo que se pretendía era la persecución eficaz del narcotráfico. A. Justicia y Asuntos de Interior. que las estrategias adoptadas hasta ahora no han dado resultados positivos" (Parlamento Europeo. la criminalización del consumidor que como imputado no tiene obligación de decir verdad (ni puede incurrir en el delito de falso testimonio). Sin embargo. el estado de situación actual en la materia demuestra "de forma inequívoca. RECURSO DE HECHO Arriola. No debe perderse de vista que el narcotráfico es un problema "temible y desgarrador" (in re "Capalbo". Como advertencia adicional. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. relativo a una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la estrategia europea en materia de lucha contra la droga -2005-2012-). Por ello. XLIV. lo cierto es que poco o nada ha podido contribuir a tal fin. todos los esfuerzos en el ámbito penal deben estar dirigidos a mantener incólume el compromiso de cooperación en la represión del narcotráfico internacional. 891. expresamente asumido por el Estado Argentino en la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobada en Viena -75- . debate sobre el informe (A6-0067/ 2004). Fallos: 308:1392). considerando 18 de la disidencia de los jueces Caballero y Fayt.
las Convenciones de Naciones Unidas no estipulan la imposición de penas por consumo. reconociendo -como expresamente se encuentra previsto en dicha Convención. dedican los recursos disponibles a la persecución del tráfico de estupefacientes. es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional". 30) Que a ello. tal como se menciona con claridad en el Comentario Oficial de la Convención de 1988. el artículo 3 dispone que los Estados parte deben tipificar todo aquello relacionado con la comercialización de estupefacientes. A tal efecto. toda extralimitación al respecto importaría validar lo que constituye en definitiva una intromisión en el ámbito de señorío personal en tanto marco de una acción autorreferente. En el mismo empeño.que "el tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que. debe circunscribirse y reforzarse la persecución penal. esta Corte ha señalado que "(l)os delitos que afectan a la comunidad de las naciones como el narcotráfico internacional requieren razonablemente de un proceso multijurisdiccional basado en la cooperación judicial" (Fallos: 323:3055). Paralelamente. a ese fin.072. En el mismo sentido. puede citarse a prácticamente la mayoría de los países de la región que a la par de haber despenalizado la tenencia para consumo personal. pues. Ello por -76- .en 1988 (ley 24. a su vez. entonces. promulgada por decreto 608 del 09/04/92).
cuanto no es misión del derecho penal prevenir los daños que una persona puede causarse a sí misma. No hay lugar para plantear dicha cuestión cuando la conducta de esa persona no afecta a los intereses de ninguna otra (conf. siempre inferior al del resto de los ciudadanos. III. Asumir aquella posibilidad implicaría considerar al delito como síntoma de un estado del sujeto. John Stuart Mill. cap. comp. en última instancia.. Belmont. Lo contrario permitiría suponer que los delitos imputados en causas penales son sólo el fruto de la forma de vida o del carácter de las personas (conf. no puede imponerse pena a ningún individuo en razón de lo que la persona es. Como clara aplicación del principio de reserva y de la garantía de autonomía moral de la persona. Petracchi y Boggiano en Fallos: 318:1874 y disidencia del juez Fayt en Fallos: -77- . doctrina de Fallos: 308:2236. OnLiberty. 92-93). sólo puede penarse la conducta lesiva. págs. "Morality and the Law". 891. voto de los jueces Fayt. XLIV. significaría. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. California. 1971. en Wasserstrom R. citado en Fallos: 324:4433. consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional. A. RECURSO DE HECHO Arriola. no la personalidad. desconocer la doctrina según la cual ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana aunque su conducta haya sido reprobada (conf. sino únicamente en razón de lo que la persona haya hecho. voto del juez Fayt).
entornos y de contexto general) y en los que se invierta en evaluaciones de calidad cuyo marco conceptual se encuentre basado en el desarrollo humano. la formación de los recursos humanos entre los profesionales de la salud y de la educación. que encuentren en el ámbito civil y administrativo el -78- . Asimismo. Semejante proceder le está vedado a un Estado democrático que parte del principio republicano de gobierno (voto del juez Fayt in re "Gramajo". por último. su proyecto de vida y su realización. citados en Fallos: 324:4433). en lo que respecta a la problemática específica de la adicción deben establecerse programas nacionales de salud asistenciales.313:1262. la solución a la que aquí se arriba -teniendo en cuenta. promoviendo la difusión de la información. Fallos: 329:3680). el debate acerca de nuevos modelos de abordaje que fomenten a su vez la participación mediante un enfoque integral (familias. que el consumo afecta en mucho mayor medida a aquellos sectores sociales postergados que no encuentran en su entorno grupos de contención efectivos-. 31) Que. conduce inevitablemente a advertir sobre la necesidad de establecer políticas públicas en materia de prevención. La Constitución de un Estado de Derecho no puede admitir que ese Estado se arrogue la facultad de juzgar la existencia de una persona. además.
la relevancia de desarrollar a nivel nacional programas de salud que atiendan a las problemáticas aludidas y de ese modo dar validez y vigencia a los Tratados de Derechos Humanos a los que el país está vinculado. Por las razones expuestas.XLII "Villacampa" -que antecede-. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. especialmente los menores. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. es que se justifica que esta Corte se vea en la obligación de hacer recordar a las autoridades -y a todas las instituciones. declarar procedente el recurso extraordinario. Paralelamente. Vuelvan los autos -79- . a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. A. de la ley 23. 891. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. con el alcance que surge de los considerandos precedentes.737. RECURSO DE HECHO Arriola. con información y educación disuasiva del consumo. debido respaldo a la consecución de los fines que allí se perfilen. Por ello. segundo párrafo. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V.515. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. XLIV. los actores del sistema penal deberán extremar el uso de sus facultades para cumplir con el ineludible deber de respetar los compromisos asumidos a nivel internacional a fin de combatir el narcotráfico.
segundo párrafo. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. cuyas consideraciones corresponde tener aquí por reproducidas. mi disidencia en "Montalvo" (Fallos: 313:1333). declarar la inconstitucionalidad del artículo 14.al tribunal de origen a fin de que. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. ES COPIA VO-//--66-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que según se desprende de los considerandos 1° a 9° del voto que encabeza este pronunciamiento. segundo párrafo. con el alcance establecido en los precedentes a los cuales se remite. de la ley 23. por quien corresponda. Por ello. declarar procedente el recurso extraordinario. de la ley 23.737 aquí en discusión-.737. y dejar sin efecto la -80- .XLII "Villacampa" -que antecede-. Hágase saber y devuélvase. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. la situación planteada en la presente causa es sustancialmente idéntica a la que motivara mi voto en el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392) y.515. FAYT. con posterioridad -ya bajo la vigencia del artículo 14. CARLOS S. Agréguese la queja a los autos principales.
se debe examinar previamente los alcances y restricciones que el artículo 19 de la Constitución Nacional le impone al Estado. con información y educación disuasiva del consumo. por quien corresponda. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Hágase saber y devuélvase. 891. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. Vuelvan los autos al tribunal de origen a -//- -//. ES COPIA VO-//--//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. Agréguese la queja a los autos principales. RAÚL ZAFFARONI Considerando: Que el infrascripto concuerda con los considerandos 11 a 91 del voto que encabeza este pronunciamiento. a fin de salvaguardar el ámbito de privacidad de las -81- .fin de que. XLIV. RECURSO DE HECHO Arriola. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI. A. II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. especialmente los menores. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. que se dan por reproducidos. 10) Que para tomar una decisión respecto del caso en análisis.
y afirmó certeramente el carácter intrascendente de nuestro derecho. 181). o sea. pág. tal como lo hiciera no sólo el ilustre Estrada. 12) Que es menester recuperar y consolidar el valor central de esta norma como viga maestra del derecho argentino. Adán Quiroga: "ninguna verdad es más evidente para la ciencia penal: la -82- .). concluyendo que "según la doctrina argentina. 1895. el papel de la potestad social se reduce a proteger derechos" (Curso de Derecho Constitucional y Administrativo. la imposibilidad de que pueda ponerse al servicio de cualquier mito metahumano. decidiendo de una vez y para siempre. Buenos Aires. 11) Que desde los albores de nuestra ciencia constitucional. cit. sino también uno de los pioneros del penalismo nacional. fue nada menos que José Manuel Estrada quien relevó su importancia como eje central de la Constitución. entre el Estado que impone una moral y el que respeta el ámbito de libertad moral de la persona: a la primera actitud la califica de "pagana y socialista" y a la segunda de "cristiana y liberal" (loc. acciones individuales que no ocasionan lesión o peligro concreto a terceros. El mismo Estrada es quien señala que el artículo 19 consagra con claridad la separación del derecho y la moral individual.
XLIV. y con base en situaciones y necesidades. el ser ficticio que denominamos poder público. los que no pueden alterarse cuando las acciones son puramente individuales. 1885. RECURSO DE HECHO Arriola. 891. A. sociedad no tiene la misión de hacer reinar la moralidad en las acciones privadas. tan despreocupadamente despreciada en nuestros días por opiniones irreflexivas teñidas de posmodernismo con raro aroma a premodernismo. 14) Que el artículo 19 no arranca en 1853. Córdoba. pasando por alto que siempre fueron supuestas nuevas urgencias como pretextos legitimantes de todos los crímenes cometidos por los estados. 13) Que los maestros del siglo XIX nos recuerdan los muchos siglos de confusión y los torrentes de sangre que corrieron para llegar a esta conquista de la modernidad. 36-37). págs. cuando se les otorgó la oportunidad de desconocer la condición de ente moral como esencia de la persona. pretendidamente diferentes. cuando no se ejercitan en la esfera de la vida de relación" (Delitoypena. ha sido instituido para conservar y guardar el orden y la armonía de los derechos. o -83- . Sebastián y otros s/ causa n° 9080. sino que su vigencia e importancia para nuestra Constitución se refuerza aún más por su genealogía como norma que proviene de los primeros ensayos de organización constitucional de la República.
sea. punía la tenencia de estupefacientes para uso personal. esta Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 20. 10 y ss. y en ese marco.737.. 1907. La filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución Nacional.771 que. pues proviene de Monteagudo y del Presbítero Sáenz. del artículo 112 de la Constitución de 1819 y del artículo 162 de la Constitución de 1826 (cfr. En el mencionado fallo "Bazterrica". al igual que en la norma cuestionada en el presente. 100). aún vigente. 1975. Constitución Argentina. esta Corte varió su jurisprudencia a partir de la causa "Montalvo" (Fallos: -84- . que atraviesa como filosofía básica de nuestra Constitución todas las etapas precedentes. y debiéndose expedir sobre el tema. del Reglamento Provisorio de 1817. pág. también Agustín De Vedia. 15) Que los antecedentes de la legislación nacional han sido desarrollados extensamente en el voto del juez Petracchi en la causa "Bazterrica" (Fallos: 308:1392. que en su artículo 14 segundo párrafo mantiene la prohibición y punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal. considerando 14) a los que me remito en honor a la brevedad. 16) Que el 21 de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23. págs. Buenos Aires. Buenos Aires. consagrado en el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815. Arturo Enrique Sampay.
seriamente obstaculizada en varios sentidos por la norma en cuestión. RECURSO DE HECHO Arriola. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. por resultar violatorio de la racionalidad republicana impuesta por el artículo 11 de la Constitución. A. sino que habrá de operar a favor de la política criminal encaminada a la represión del tráfico y difusión de tóxicos prohibidos. 891. segundo párrafo. debería serlo cuando resulta de toda evidencia la patente contradicción entre el fin manifiesto de la norma y el favorecimiento de su efecto precisamente contrario. criterio que. En el presente caso no es necesario acudir a esta valoración. 18) Que el tipo penal que describe el artículo 14. de la ley 23. 17) Que si bien no es función del control de constitucionalidad juzgar la política criminal. considerando punible esa conducta.737 ha pasado a ser un instrumento de poder punitivo que casi nunca se traduce en una pena -85- . XLIV. se ha mantenido hasta el presente. como propia de todo acto de gobierno. 313:1333). teniendo en cuenta que la decisión no sólo no lesiona. pero no sale sobrando verificar que el ejercicio del control de constitucionalidad de la norma cuestionada por parte de esta Corte la reafirma fuertemente. en términos generales. y consecuentemente retomando el criterio anterior al dictado del fallo "Bazterrica".
con el dictado del fallo "Montalvo" (Fallos: 313:1333). y muy pocas veces en una condena firme. Esta Corte. Tanto la actividad policial como la judicial distraen esfuerzos que. para pronunciarse. importa un enorme dispendio de esfuerzo. con sano criterio político -86- . Similares consideraciones pueden hacerse respecto de la tarea judicial. en la práctica. insumidos en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal. toda vez que. como lo demuestran los casi veinte años transcurridos desde que esta Corte revirtiera la jurisprudencia sentada en el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). Al mismo tiempo. sin que los procesos originados lleguen a término en la forma que se supone que deben hacerlo todos los procesos penales. este tipo penal genera innumerables molestias y limitaciones a la libertad individual de los habitantes que llevan a cabo conductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes jurídicos ajenos. ha debido escoger una causa entre una escasa media docena que habían alcanzado la instancia extraordinaria sin encontrarse prescriptas.efectiva. prescribe la inmensa mayoría de las causas que tuvieron origen en acciones penales asentadas sobre esta habilitación de poder punitivo. dinero y tiempo de las fuerzas policiales. 19) Que no obstante los resultados descriptos.
se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes. 21) Que. deberían dedicarse a combatir el tráfico de tóxicos. el procesamiento de usuarios obstaculiza la persecución penal del tráfico o. la remoción de esa identificación en procura de su autoestima sobre la base de otros valores. se propone el objetivo inverso. 20) Que el procesamiento de usuarios -por otra parte. pues el usuario imputado goza de los beneficios que la naturaleza de acto de defensa otorga a la declaración indagatoria y. con claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicación y modificación de conducta que. al menos. cosa que no podría hacer en el supuesto en que se le interrogara en condición de testigo. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. asimismo. pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico. como los que hoy circulan entre los sectores más pobres y jóvenes de nuestra sociedad. en consecuencia. RECURSO DE HECHO Arriola. -87- . 891. con resultados letales de muy corto plazo y con alta probabilidad de secuelas neurológicas en los niños y adolescentes que logran recuperarse. esto es. puede legalmente negarse a declarar revelando la fuente de provisión del tóxico. criminal. precisamente. XLIV. del expendio minorista. so pena de incurrir en la sanción del testigo remiso o falso. en especial el de aquellos que resultan más lesivos para la salud. A.
trasciende con mucho el alcance de la cuestión sometida a la decisión del Tribunal en el presente caso. el artículo 19 de la Constitución Nacional resulta ser un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico. en tanto conculca el ámbito de privacidad personal que el primero garantiza.737 se le contrapone. párrafo segundo de la ley 23. Por lo tanto. por cierto. declarar procedente el recurso extraordinario. El desconocimiento o debilitamiento de su vigencia hace tambalear las propias bases del sistema constitucional. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. sólo cabe declarar en el caso la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.XLII "Villacampa" -que antecede-. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. declarar la -88- . Por ello. sólo cabe concluir que en el conflicto de normas planteadas en la presente causa. ya que es el que garantiza el sistema de libertades individuales de los habitantes. 22) Que todas estas consideraciones político criminales refuerzan la esencia de la decisión de esta Corte. en tanto que el artículo 14. en el sentido de reafirmar como valor central de nuestra Constitución la norma del artículo 19 que.515. en orden a lo dicho precedentemente. 23) Que.
la defensa ha reclamado durante su actividad recursiva que se realice un examen basado en el artículo 19 -89- . II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. de la ley 23. 10) Tal como surge de los antecedentes que han sido reseñados. inconstitucionalidad del artículo 14. ARGIBAY Considerando: Que la infrascripta concuerda con los considerandos 11 a 91 del voto que encabeza este pronunciamiento. A. Hágase saber y devuélvase. especialmente los menores. 891. por quien corresponda. ES COPIA VO-//- -//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. RAUL ZAFFARONI. con el alcance que surge de los considerandos precedentes. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. XLIV. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio.737. E. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. con información y educación disuasiva del consumo. RECURSO DE HECHO Arriola. segundo párrafo. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. que se dan por reproducidos. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja a los autos principales.
Esto es. resultan acciones privadas. si la tenencia en el bolsillo del pantalón de los imputados Gustavo Alberto Fares. No obstante. ni perjudiquen a un tercero. y la posesión de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena de dos paquetes de cigarrillos conteniendo algunos gramos de marihuana.de la Constitución Nacional que determine si la conducta por la que fueron condenados sus asistidos. están sólo reservadas a Dios. esta insistencia ha fracasado. correspondía dictar la condena de los acusados. y exentas de la autoridad de los magistrados". se halla protegida por dicha cláusula constitucional. fundamentalmente porque las diversas instancias judiciales que han dictado sentencia consideraron que la defensa no introducía ninguna cuestión novedosa respecto de las que fueron tratadas por esta Corte en la causa "Montalvo" (Fallos: 313:1333) y que. -90- . hallados con motivo de la requisa de la que fueron objeto al ser detenidos por personal policial. que arrojaron a la vía pública al verse cercados por la policía. segundo párrafo.737). Marcelo Ezequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal de algunos cigarrillos de marihuana. calificada como tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 14. en los términos de la norma constitucional mencionada que dispone: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública. tal como había sucedido en ese antecedente. de la ley 23.
. Cabe aclarar que la autoridad de "Montalvo" ha sido invocada por los tribunales de grado para justificar en general la punibilidad de la tenencia de estupefacientes para uso personal y la consiguiente irrelevancia de cualquier análisis en particular sobre el modo en que fue realizada la conducta para decidir si ha sido o no una acción privada." (Fallos: 313:1333). 891.. RECURSO DE HECHO Arriola. pues las mismas razones por las que en aquel entonces se había afirmado la validez del artículo 6° de la ley 20.. Esta circunstancia hace necesario establecer cuál es la regla de derecho que contiene "Montalvo" y. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. XLIV. en qué medida puede utilizarse ese antecedente para bloquear a priori el examen judicial de las razones que esgrime el recurrente para justificar la pretensión de que la conducta de cada uno de sus asistidos. era llevado detenido en un automóvil de alquiler. Montalvo arrojó una bolsita que contenía 2. en su caso. por presumirse que podría estar vinculado a la sustracción de dólares.771 que penaba a quien ". A. 11) a) Según surge de algunos pasajes de "Montalvo".tuviere -91- . fue una acción privada. de marihuana.7 grs. junto con otra persona. "el procesado. La mayoría argumentó que el Tribunal "en su actual composición" retornaba a la doctrina del caso "Colavini" (Fallos: 330:254) del año 1978.. Al llegar a la dependencia policial y descender del vehículo. en concreto y por las condiciones en que se llevó a cabo.
porque si "Montalvo" hubiese resuelto con ese alcance el problema. que conmina la misma conducta inclusive cuando por su "escasa cantidad" y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia era para uso personal. la conducta allí descripta contenía implícita su trascendencia a terceros. incumbía a otro poder del Estado. resultaban aplicables en el análisis del artículo 14. Primero. El argumento central de la sentencia fue que por ser la figura penal en cuestión un delito de peligro abstracto. por constituir un medio de difusión de la droga y por ser parte necesaria de la cadena de tráfico. esto es. derivar de aquel fallo un estándar según el cual la punición de la tenencia de droga para consumo personal es constitucionalmente inobjetable en todos y cada uno de los casos concebibles es equivocado fundamentalmente por dos razones. cuestiones ambas vinculadas a asuntos de política criminal cuya evaluación.737. segundo párrafo.en su poder estupefacientes. Esa exteriorización estaría dada por el "efecto contagioso" de la drogadicción. de la ley 23. aunque estuvieran destinados a uso personal". Ahora bien. en casos posteriores. según se estimó. si la conducta del imputado es o no una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución. la Corte habría ejercitado un control de constitucionalidad en abstracto consumado mediante una decisión única con el efecto de clausurar por anticipado toda posibilidad de examinar. -92- .
por lo tanto. Precisamente. En segundo lugar. -93- . de modo simétrico. de la ley 23. 389. 311:2088. 1224. RECURSO DE HECHO Arriola. sino en lo que respecta a la decisión del caso concreto.737. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. mucho antes de "Montalvo" e incluso de "Colavini". 259:69. 891. se había consolidado la doctrina según la cual la jurisdicción de la Corte se ejerce en el marco de "causas" a las que aluden los artículos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27 y. XLIV. 182:398. 317:335. "la impugnación de las leyes con base constitucional no puede contemplarse en abstracto" (doctrina de Fallos: 106:109. ésta no pierde vigencia en general. 252:328. segundo párrafo. De ahí que declarada la inconstitucionalidad de una norma. 304:1088. Es claro que ese tipo de análisis se enfrenta con la doctrina elaborada por esta Corte que supedita su actuación jurisdiccional a la existencia de un interés (particular o colectivo) al que la norma resulta aplicable. pues ello implicaría conceder a los términos generales contenidos en el fallo un alcance impropio. 190:142. es erróneo. entre otros). 187:79. A. 256: 602. extraer de la retórica utilizada en aquel pronunciamiento una regla que afirme la validez en todos los casos del tipo previsto en el artículo 14. tampoco el rechazo de un planteo de inconstitucionalidad tiene como efecto la convalidación absoluta de la ley en cuestión para todos los casos posibles y la consiguiente inmunidad contra cualquier planteo posterior.
En efecto, también la Corte ha fijado pautas para
el buen uso de sus precedentes, al explicar cómo deben
entenderse las expresiones generales vertidas en sus
sentencias, estableciendo que no cabe acordar carácter
obligatorio para casos sucesivos a los términos generales
contenidos en el fallo. Así en la resolución tomada en el
expediente "Municipalidad de la Capital c/ Isabel A.
Elortondo" (Fallos: 33: 162) sostuvo que: "Cualquiera sea la
generalidad de los conceptos empleados por el Tribunal en
esos fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a
las circunstancias del caso que los motivó, siendo, como es,
una máxima de derecho, que las expresiones generales
en conexión con el caso en el cual se usan...".
Este distingo responde a la diferencia entre las
expresiones generales u obiter dicta y aquellas otras que
conforman el argumento central que sustenta la decisión. Las
primeras, de acuerdo con "Municipalidad de la Capital c/
Isabel A. Elortondo", no pueden ser utilizadas para
obligarla en otras decisiones. Así, según lo explicado
precedentemente, la pretensión de convalidar de manera
general y absoluta una norma legal carece de toda fuerza
b) Por lo tanto, "Montalvo" sólo sería un
precedente con peso en la presente decisión si contuviese
una descripción de los rasgos que el Tribunal estimó
relevantes en la acción del acusado para concluir que era
dañina hacia terceros y que puedan ser comparados con las
características de las conductas probadas en esta causa.
Sin embargo, la brevedad de las referencias al
caso concreto que contiene la sentencia mencionada hace
imposible conocer si hubo aspectos del comportamiento
concretamente realizado por el imputado que influyeran en su
consideración como ofensivo hacia el orden y la moral
pública o los derechos de terceros. El pronunciamiento hace
apreciaciones generales sobre el carácter "contagioso" del
consumo de droga y en torno al puesto que necesariamente
ocupan los compradores en la cadena de "tráfico".
Lo primero no está seguido por una identificación
de las circunstancias que tienen la propiedad de producir el
temido contagio, es decir, sobre el modo en que Montalvo
podía lograr ese efecto teniendo droga entre sus ropas o de
alguna otra manera que estuviese presente en su
comportamiento. En relación con lo segundo, debe decirse que
el significado de "tener" droga no incluye el haberla
comprado. Si la exteriorización de la conducta reprochable
consistió en ser parte de la cadena de tráfico como
comprador, entonces debería haberse probado dicho extremo y
apoyado en esa circunstancia la afirmación de que la
conducta de Montalvo no resultó inocua para terceros. Cabe
insistir en lo siguiente: cualquiera sea el elemento de
juicio que se tome como pauta para restar carácter privado a
una acción como es la mera tenencia de estupefacientes se
trata de un elemento cuya presencia no es necesaria, sino
contingente y, por lo tanto, es un dato que ha de ser
debidamente probado para entrar así en la consideración del
Como se ha visto, esta falta de precisión sobre
las razones que llevaron a la conclusión de que la conducta
de Montalvo no estaba protegida por el artículo 19 de la
Constitución Nacional, impide la formación de un estándar
aplicable a otros casos. Por lo tanto, aquella decisión, así
como su mayor o menor acierto, está confinada a la causa en
que fue dictada.
A mayor abundamiento, y respecto de las posibles
interpretaciones de las que ha sido objeto "Montalvo", me
permito una última reflexión.
Debe recordarse que no son las intenciones que
abrigan los jueces que suscriben el fallo de la Corte lo que
vale como precedente, sino la regla que sirvió de base a la
decisión que efectivamente se tomó. Por eso, más allá de
tales intenciones y de los efectos desencadenados a partir
de su pronunciamiento, corresponde hacer una distinción. Si
el argumento utilizado en "Montalvo" es interpretado, como
lo he hecho antes, en el sentido de que el daño a terceros
está implícito en la definición del delito, no merece
objeciones de peso, salvo que ello no agrega demasiada
información puesto que, explícita o implícitamente, ello
sucede con todas las normas que establecen delitos; lo
contrario las pondría en una colisión literal y manifiesta
con el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sin embargo,
Sin embargo. Ahora bien. por ejemplo. -97- . XLIV. RECURSO DE HECHO Arriola. de las derivaciones o consecuencias que han de seguirse de la acción criminal. 891. el hecho de que está orientado. segundo párrafo. no incluye. sea describiendo los rasgos principales de la víctima o. la prohibición del artículo 14. en la conducta misma. por lo general las leyes penales que establecen delitos brindan algunas pautas sobre la dirección que debe tomar el examen sobre los efectos dañinos de la acción ilícita. de la ley 23. entre los caracteres definitorios del comportamiento delictivo. Sin embargo. De ahí que no es frecuente que un análisis constitucional de este tipo se proponga respecto de otros delitos. A. a la provisión de sustancias prohibidas a consumidores generalmente indeterminados cuya salud es la que se busca proteger. puesto que es humanamente imposible contar con una previsión exhaustiva sobre todas las características de los hechos futuros como para poder afirmar a priori que todos ellos producirán un daño a terceros. pero sí incluye. distinta es la valoración que merecería ese argumento bajo la inteligencia de que el daño a terceros está implícito no en la definición. sino en el hecho de tener estupefacientes.737. a diferencia de otro tipo de delitos. al menos. Así. esto nada nos dice sobre la verificación en el caso de un daño o peligro para terceros. una acción que se comete dentro de la cadena de comercialización de estupefacientes no contiene precisiones sobre las víctimas. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. en última instancia.
Más aún. cómo es que estos últimos podrían afectarlas. con algún efecto dañino sobre los intereses individuales o generales que busca proteger la ley 23. al menos. es significativa la probabilidad de que dentro de la definición legal puedan caber conductas que no se conectan en absoluto. se explica por qué motivo "Montalvo" no puede ser interpretado como una barrera inexpugnable para que los jueces decidan en cada caso si el acusado llevó a cabo una acción privada o no. a saber. Por ese motivo. si bien puede sostenerse que al analizar el caso la mayoría concluyó que la conducta de Montalvo tenía aptitud para dañar a terceros y por lo tanto escapaba a la protección del artículo 19 de la Constitución Nacional.ninguna referencia o precisión sobre quienes serían las víctimas de la acción consistente en consumir estupefacientes o. Si se combinan las dos cosas. incluye dentro del ilícito los casos en que probadamente no habrá ninguna otra persona involucrada salvo el consumidor mismo.737. o lo hacen de una manera excesivamente vaga e imprecisa. la humana imposibilidad de predecir con certeza cómo serán los hechos futuros y la indeterminación con que está definido el delito de tenencia de estupefacientes en lo concerniente justamente a cuáles son los efectos sobre los intereses ajenos. el fallo no ofrece ninguna pauta para examinar si en casos como el que hoy estamos juzgando el comportamiento -98- . 12) Por lo que se lleva dicho y regresando a la proposición inicial.
resultaba inequívocamente para consumo personal. consistente en tener en su domicilio droga que. hay una multiplicidad de acciones posibles de infringir el tipo penal. Siguiendo ese criterio. XLIV. en tal sentido. A. 891. debe mencionarse el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). detectar qué elementos han resultado de trascendencia para resolver los casos en uno u otro sentido. estaba amparada por la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional. en atención a que como ya se ha dicho. durante un allanamiento en su domicilio la policía encontró marihuana en poder del imputado. a fin de determinar si en el caso que aquí se examina la conducta se trata o no de una acción privada. resulta necesario recurrir a las decisiones anteriores que se han tomado al respecto. Según la referencia que contiene en relación a los hechos que motivaron la sentencia condenatoria recurrida. RECURSO DE HECHO Arriola. se señaló que en tanto la conducta se realice en condiciones que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Ahora bien. dada su cantidad. En aquel fallo se declaró la inconstitucionalidad de la disposición legal que incrimina la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En primer lugar. la mayoría de los ministros consideró que el comportamiento de Bazterrica. probado de los imputados constituye o no una acción privada protegida por aquella norma constitucional. no tenía aptitud para interferir con acciones legítimas de terceras -99- . Sebastián y otros s/ causa n° 9080. y a través de un examen integral.
se consideró que la conducta del condenado no era una acción privada cuando "fue sorprendido fumando marihuana en un sitio público -plaza San Martín-" (Fallos: 310:2836). María Marta y otras". Fallos: 308:1392). Nancy Gladys y otros". Por el contrario.66 gramos) se encontraba dentro del armario del living-comedor del domicilio ("Giménez.personas. La aplicación de la regla de derecho con base en la cual se decidió "Bazterrica" fue utilizada en sentencias subsiguientes. en momentos en que circulaba como pasajero de un taxi ("Capalbo". Así se entendió que constituían acciones resguardadas por el artículo 19 de la Constitución "el transportar 54 gramos de hoja de marihuana debajo de un suéter. cuando fue necesario revisar las pertenencias a la imputada para encontrarla ("Noguera. Fallos: 310:294). Emilio Fabián". construyéndose una línea de interpretación constitucional discernible sobre el tipo de conductas que podían considerarse privadas y que básicamente estuvo centrada en el carácter ostensible de la tenencia en pequeñas cantidades. Fallos: 311:185) y en un caso en que fueron halladas cinco colillas de cigarrillos de marihuana en el domicilio del imputado ("Rossi. o lesionar más que la "moral privada" de un conjunto de personas y. dañar a otros. cuando la marihuana (0. integraba las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional. o en un caso en que el imputado fue -100- . Fallos: 312:2475). por lo tanto.
Sebastián y otros s/ causa n° 9080. quien ocasionalmente cohabitaba con ella. armaron algunos de los cigarrillos secuestrados" ("Gerstein. Sergio Héctor". el condenado fue detenido al presentarse en una dependencia policial para visitar a un amigo allí alojado. ni la de quien tenía la droga para consumirla en un lugar público. 13) La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial. Fallos: 312:1892). Alejandro Marcelo y otros". descubierto con marihuana en su poder "en oportunidad en que transitaba por la vía pública en un vehículo con tres acompañantes. Myriam Noemí". ni la conducta de quien fumaba marihuana mientras caminaba "sin rumbo fijo" con un amigo ("Fiscal c/ Ideme Galesi. parte de éste fue consumido en su departamento por distintas personas quienes. A. a quienes no sólo había invitado a consumir la droga. RECURSO DE HECHO Arriola.no sólo reconoce la posesión de estupefacientes sino que admite también que. 891. XLIV. Tampoco se encontraba resguardada la conducta de quien poseía marihuana en el interior de dos bolsos y en distintas cajas de fósforos. Fallos: 311:2721). este -101- . En esta ocasión. incluso. Alberto". Daniel y Galesi. sino además había logrado que uno de ellos aceptara el convite" ("García. y al efectuársele la requisa de rigor se le secuestraron dos cigarrillos de marihuana ("Di Capua. Fallos: 311:2228). Fallos: 312:587). cuando "Gerstein -en concordancia con Gabriel Pereyra.
pues en coincidencia con los argumentos expuestos en "Bazterrica" entiendo que cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como los mencionados. un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente. no resulta suficiente para decidir la cuestión. Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. sin embargo. Este es el panorama completo en el que debe insertarse la decisión en la presente causa. y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional. Por último. el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son. también ha tenido incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o. que restringen el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza. Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. y aunque este dato es un indicio relevante.dato resulta. en general aunque no siempre. más aptas para afectar la salud pública. entonces la punición de dicha conducta sólo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia elección de su plan de vida que se reputa indeseable. Es precisamente este tipo de justificaciones -102- . Por otro lado.
Buenos Aires. En efecto. RECURSO DE HECHO Arriola. al que ya se ha hecho referencia más arriba."Fundamentos de Derecho Constitucional". la escasa cantidad de droga incautada estaba destinada al consumo personal y el hallazgo no fue producto de la realización de cualquier otro acto con la droga que excediese una tenencia reservada. 14) En el caso de Gustavo Alberto Fares. de la interferencia gubernamental la que es repelida por el principio sentado en el artículo 19 de la Constitución Nacional (Carlos Nino. Marcelo Ezequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal el hecho por el que fueron condenados guarda similitud con las circunstancias tomadas en cuenta por esta Corte en el precedente "Noguera". según se ha dado por cierto en la sentencia. que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sebastián y otros s/ causa n° 9080. XLIV. la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros. en el que la tenencia de droga destinada al propio consumo "no era ostensible. vedada al conocimiento de -103- . pues debieron revisarle las pertenencias de la procesada para encontrarlos". paternalistas o perfeccionistas. página 304 y siguientes). En conclusión. Astrea. A. 891.
terceros. por sí sola.XLII -104- . En estas condiciones. Por cierto los nombrados al percatarse de la presencia policial. y oído el señor Procurador General con arreglo a lo expresado en el dictamen de la causa V. no fue la realización de actos que puedan ser considerados como ostentación. es decir. sólo anticiparon el hallazgo que de todas formas se hubiera producido en la requisa de la que iban a ser objeto. el contexto en el que se produjo el hallazgo no alcanza para considerar su conducta con aptitud para afectar derechos de terceros. al igual que la situación analizada respecto de los otros tres imputados.515. puesto que se trata de una cantidad reducida que también se atribuyó en la sentencia al consumo personal y que fueron imputados sólo por esa acción. dejaron caer sobre la vereda dos paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. Por ello. y que los imputados mantuvieron así hasta ser requisados por el personal policial. Las mismas consideraciones cabe hacer respecto de la situación de Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena. es decir. sin embargo. no ofrece ningún elemento de juicio para afirmar que los acusados realizaron algo más que una acción privada. sino que ambos mantuvieron la droga en su esfera íntima hasta que se desprendieron de ella inmediatamente antes de ser detenidos. Ello pues la razón de su detención. que ofendieron a la moral pública o a los derechos de terceros. la tenencia de droga para el propio consumo.
RECURSO DE HECHO Arriola. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que. 891. ARGIBAY. Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Rosario. y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. A. Mario Alberto Villarreal. segundo párrafo. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal n° 3 de Rosario. Hágase saber y devuélvase. "Villacampa" -que antecede-. se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Sala I. se resuelve: I) Hacer lugar a la queja. Marcelo Ezequiel Acedo. con el alcance señalado en el considerando 13. Gabriel Alejandro Medina y Leandro Cortejarena. Tribunal de origen: Cámara Nacional de Casación Penal. ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por: Gustavo Alberto Fares. Juan Carlos Sambuceti (h).737. especialmente los menores. declarar la inconstitucionalidad del artículo 14. Dr. por quien corresponda. de la ley 23. representados por el Defensor Oficial. a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. CARMEN M. XLIV. con información y educación disuasiva del consumo. declarar procedente el recurso extraordinario. -105- . II) Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas. enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables. Agréguese la queja a los autos principales. Sebastián y otros s/ causa n° 9080.
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