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Timestamp: 2019-07-19 23:21:50
Document Index: 82178012

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¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer del ejercicio de acciones por las que se exija el cumplimiento de pactos parasociales? - El Derecho
Foro 01-01-2012 Coordinador: Arribas Hernández
La Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, po...
La Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduce novedades importantes, entre ellas, la creación de los juzgados de lo mercantil (artículo 86.bis) cuya competencia, según dispone su artículo 86 ter, se extiende a cuantas cuestiones se susciten en materia concursal de forma exclusiva y excluyente, así como u0022de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civilu0022 respecto de determinadas materias expresamente definidas en el punto 2º de este mismo artículo 86 ter.
La exposición de motivos de la citada Ley Orgánica 8/2003, tras manifestar que resulta necesario avanzar en la especialización mercantil por la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo, justifica la asignación de las materias sobre las que les corresponde conocer afirmando que u0022ni se atribuyen en este momento inicial a los juzgados de lo mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su competencia son exclusivamente mercantilesu0022. El legislador parte así de una asignación inicial prudente en la determinación de las materias propias de la competencia objetiva de estos Juzgados u0022abriendo con ello un camino de futurou0022 (Exponendo II, párrafo cuarto).
Entre las materias del orden jurisdiccional civil que el artículo 86 ter.2º atribuye a los jueces de lo mercantil y de las cuales el mismo debe conocer se encuentran u0022todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativasu0022 (Artículo 86 ter.2º.a) LOPJ). En este contexto resulta también necesario recordar el texto de la disposición adicional octava, en su apartado primero, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que señala la competencia de los jueces de lo mercantil para tramitar y decidir en primera instancia de los procesos civiles sobre impugnaciones de acuerdos sociales establecidos en la normativa sobre sociedades anónimas y limitadas, hoy sociedades de capital.
El artículo 86 ter número 2 LOPJ, establece que los Juzgados de lo ...
El artículo 86 ter número 2 LOPJ, establece que los Juzgados de lo Mercantil u0022conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civilu0022, pasando a relacionar a continuación las materias que se atribuyen a su conocimiento. Dentro de dicha relación quedan incluidas, en la letra a) del precepto citado, u0022todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativasu0022.
De acuerdo con la dicción del citado precepto y, por lo que aquí interesa, la competencia de los Juzgados de lo Mercantil se ciñe a u0022cuestiones promovidas al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantilesu0022. De ahí que en cuestiones societarias, para que pueda considerase materia dentro de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, es preciso que se trate de pretensiones cuyo anclaje se halle en la u0022normativa reguladora de las sociedades mercantilesu0022.
En vista de lo anterior podemos reformular la cuestión planteada en el sentido de si el ejercicio de acciones por las que se exija el cumplimiento de pactos parasociales puede considerarse que tiene su encaje en la u0022normativa reguladora de las sociedades mercantilesu0022.
La mejor doctrina define el pacto parasocial como aquel convenio celebrado u0022entre algunos o todos los socios de una sociedad anónima o limitada con el fin de completar, concretar o modificar, en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que la rigenu0022, los cuales u0022no se integran en el ordenamiento de la persona jurídica a que se refieren, sino que permanecen en el recinto de las relaciones obligatorias de quienes los suscribenu0022 [PAZ ARES, Cándido; El enforcement de los pactos parasociales; Actualidad Jurídica Uría & Menéndez 5/2003; Madrid (2003) pág. 19].
El acierto de la definición más arriba transcrita lo certifica el tenor del artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital -tributario del artículo 7.1 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 11.1 de la derogada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada según el cual u0022los pactos que se mantengan reservados entre los socios, no serán oponibles frente a la sociedadu0022.
La ausencia de vinculación de la sociedad a los pactos parasociales (ex artículo 29 LSC) hace que la jurisprudencia no sea proclive a esta posibilidad. La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo de 2009, siguiendo una línea interpretativa previamente establecida (vid. STS de fecha 1 de diciembre de 2008), afirma que u0022lo que el recurso plantea es la necesidad de decidir si los dos acuerdos sociales impugnados pueden ser declarados nulos o anulados por contravenir, si es que lo hacen, lo pactado por los socios en aquella ocasión. La impugnación de los acuerdos del consejo de administración de las sociedades de responsabilidad limitada, clase a la que pertenece la demandada, se rige por las normas reguladoras de la de los acuerdos de la junta general de accionistas en el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas artículo 70, apartado 2, de la Ley 2/1.995 y, entre ellas, por la del artículo 115, apartado 1 , de dicho texto, que condiciona el éxito de la impugnación a que los acuerdos sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad. De la literalidad del referido precepto resulta como consecuencia que la mera infracción de un convenio parasocial no baste, por sí sola, para la anulación de un acuerdo social sentencia de 10 de diciembre de 2.008 -. Lo que, en el supuesto que se enjuicia, caracterizado porque los acuerdos son plenamente conformes con los estatutos y no se han impugnado por lesionar los intereses sociales, implica la necesidad de averiguar si infringieron, además de o junto al pacto, alguna norma jurídicau0022 (énfasis añadido).
Para ello bastaría con que el pacto parasocial por un lado, hubiera sido firmado por todos los socios; y, por otro, que pudiera sostenerse que su contenido refleja el u0022interés socialu0022. En tal caso, los acuerdos sociales adoptados en su contravención podrían incurrir en el supuesto de anulabilidad previsto en el artículo 204.1 in fine LSA. Nótese que el tenor de la Sentencia parcialmente transcrita tampoco excluye esta posibilidad.
No cabe duda que las acciones de impugnación de acuerdos sociales son materia atribuida a la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil al encontrarse comprendidas dentro de la u0022normativa reguladora de las sociedades mercantilesu0022, por lo que, por esta vía, los Jueces de lo Mercantil podrían asumir el conocimiento de cuestiones relativas al cumplimiento -o consecuencias del incumplimiento de los pactos parasociales.
Se plantea en esta ocasión una cuestión que tiene la complejidad pr...
Se plantea en esta ocasión una cuestión que tiene la complejidad propia de todas las que tienen que ver con los denominados pactos parasociales. Dos son los elementos de análisis que parecen básicos para abordarla. El primero, naturalmente, de naturaleza normativa, es el conocido artículo 86 ter.2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (u0022LOPJu0022), que atribuye competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil para conocer de u0022todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa de sociedades mercantiles y cooperativasu0022(1). La segunda, de naturaleza doctrinal, es el que considero el verdadero comentario de referencia en esta materia: Paz-Ares, C., u0022El enforcement de los pactos parasocialesu0022, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 5, 2003, pp. 19 y ss(2).
Así las cosas, las dificultades se concentran, como se decía, en los denominados pactos de organización, cuyo cumplimiento se proyecta necesariamente sobre el sistema de organización interna de la propia sociedad. No en vano las obligaciones establecidas en este tipo de acuerdos se pueden reconducir, en definitiva y siempre con los matices necesarios, a obligaciones de voto en la adopción de acuerdos corporativos. Y no es difícil comprender que es precisamente la adopción de acuerdos corporativos la materia que más relación directa tiene con lo que el artículo 86 ter.2.a) LOPJ identifica como u0022cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantilesu0022. En particular, afectan de manera directa a las normas legales y estatutarias sobre adopción de esos acuerdos.
Como se acaba de explicar, las obligaciones establecidas en los pactos de organización se traducen, al final del día, en obligaciones de voto para la adopción de acuerdos sociales. La cuestión es si un acuerdo social adoptado en contravención de un pacto parasocial podría ser objeto de impugnación a través del procedimiento previsto para ello en los artículos 204 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital (u0022LSCu0022), antes en los artículos 115 y ss. de la Ley de Sociedades Anónimas (u0022LSAu0022). No se trataría de una acción de cumplimiento específico del pacto parasocial, sino de impugnación del acuerdo social adoptado en forma contraria a las obligaciones asumidas en el pacto parasocial. Sería, en definitiva, un camino indirecto para llevar a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de cuestiones relativas al cumplimiento de pactos parasociales.
El presupuesto de partida es, naturalmente, la existencia de un acuerdo adoptado por un órgano de la sociedad. Sin ese acuerdo, no parece que se pueda reconocer la posibilidad de acudir a los Juzgados de lo Mercantil para hacer valer pactos parasociales. A partir de ahí, es necesario determinar si puede identificarse un posible motivo de impugnación del acuerdo, de entre los establecidos en la Ley: u0022son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de tercerosu0022 (art. 204.1 LSC). La doctrina ha identificado determinados supuestos en los que un acuerdo social contrario a un pacto parasocial puede incurrir en uno de los motivos de impugnación indicados. Veamos.
En principio, y con las salvedades que se verán, los pactos parasociales no son oponibles frente a la sociedad. Así lo establece el artículo 29 LSC (antiguo artículo 7.1 in fine LSA), según el cual u0022los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles frente a la sociedadu0022. Sin embargo, paulatinamente ha ido calando en la doctrina y en los tribunales un planteamiento que propugna la oponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad cuando concurren determinadas circunstancias. En particular, Paz-Ares, op. cit., p. 19, sostiene que u0022el hecho de que los pactos parasociales queden fuera del ordenamiento de la persona jurídica, no impide que en determinadas ocasiones y bajo ciertos presupuestos pueda recurrirse a los mecanismos de enforcement específicos del derecho de sociedadesu0022.
La coincidencia subjetiva es condición necesaria para quebrar la regla de la inoponibilidad, pero no es condición suficiente. La inoponibilidad no obedece sólo a la idea de relatividad subjetiva, sino también a la idea de lo que puede denominarse relatividad objetiva. Y este último principio quiebra cuando los resultados que proporciona el ordenamiento societario son iguales o equivalentes a los que garantiza el ordenamiento contractual. Esto es precisamente lo que ocurre en los casos de impugnación de acuerdos sociales. Dado que los pactos parasociales, ‑como pactos privados son susceptibles de ejecución específica o, en su defecto, cabe recabar la remoción de los efectos producidos por su incumplimiento, por esta vía al final podría obtenerse el mismo resultado que proporciona el Derecho societario (la nulidad del acuerdo impugnado).
La tesis indicada ha tenido una acogida desigual por la práctica judicial y la jurisprudencia. A favor puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992. Pueden también identificarse otras resoluciones judiciales que han reconocido eficacia societaria a los pactos parasociales, sobre la base de argumentos tales como el levantamiento del velo (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1987), la ficción de que el pacto parasocial constituye una junta universal informal (Sentencias de 26 de febrero de 1991 o 18 de marzo de 2003) o la aplicación de la doctrina del abuso de derecho (RDGRN de 26 de octubre de 1989). Como dice Paz-Ares, C., op. cit., p. 33, en estos casos las conclusiones se han alcanzado u0022de una manera más bien intuitiva, con una gran dosis de intuicionismo, voluntarismo y hasta decisionismo, recurriendo a argumentos escasamente elaborados o expedientes excesivamente genéricosu0022.
Más recientemente, sin embargo, se han producido relevantes pronunciamientos jurisprudenciales que parecen cerrar el camino indicado. Destacan, en concreto, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008 y dos de 6 de marzo de 2009. Esas Sentencias se muestran a favor de la inoponibilidad de los pactos parasociales frente a la sociedad, incluso en los supuestos en que el pacto parasocial haya sido suscrito por todos los socios y, además, concluyen que la infracción de un pacto de socios no constituye por sí sola causa o motivo de impugnación de acuerdos sociales. Los razonamientos en que se basan estas resoluciones parecen, sin embargo, en exceso superficiales y formalistas. Además, tampoco descartan de raíz el planteamiento que se propone (aunque pueda entenderse que sí lo hacen de manera indirecta). En particular, la Sentencia de 10 diciembre de 2008 desestima el recurso de casación promovido por el accionista impugnante con base en consideraciones que tienen que ver con el propio planteamiento de la demanda inicial y del posterior recurso que se desestima, en el que no se denunció como motivo de impugnación la infracción del interés social. En concreto, se dice que la u0022tesis del recurso es que la doctrina jurisprudencial permite impugnar un acuerdo societario (de la Junta o del Consejo de Administración) que es contrario a un pacto parasocial, al constituir una ilegalidad la vulneración de éste por ser de obligado cumplimiento para los socios y consejerosu0022. Lo mismo sucede con las Sentencias de 6 de marzo de 2009, según las cuales, u0022la mera infracción del convenio parasocial de que se trata no basta, por sí sola, para la anulación del acuerdo impugnadou0022, pero no se descarta frontalmente la posibilidad de anular el acuerdo por lesión del interés social concretado en el contenido de ese convenio. Por ello, a pesar de estas resoluciones, en los casos y con las condiciones indicadas, no se acierta a comprender la razón jurídica material que impida la impugnación, por infracción del interés social, de un acuerdo contrario al pacto parasocial suscrito por todos los socios. Puede terminarse este comentario, además, con una más que acertada reflexión práctica: con este rígido planteamiento se obliga a u0022un calvario inútilu0022 a la parte in bonis y , en cambio, u0022en el fondo, la ruptura de la regla de la inoponibilidad societaria obedece a un principio de racionalidad fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, esa racionalidad que subyace a la regla de la economía procesal o –para ser más precisos a la regla dolo facit qui petit quod redditurus estu0022 (Paz-Ares, C., op. cit, pp. 37 y 38).
Se plantea si los juzgados de lo mercantil son competentes para conoc...
Recordemos, para situarnos en la cuestión, que tras rechazar inicialmente – en los años 50 – la validez de los pactos para sociales, nuestra legislación ha aceptado su existencia, si bien manteniendo su validez fuera del ámbito societario – estableciendo su inoponibilidad a la sociedad (artículo 7 del Texto Refundido de la LSA y actual artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital en el que se indica que u0022los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedadu0022) – y paulatinamente introduciendo cierta eficacia en el ámbito de algún tipo de sociedades y previa su publicidad, mediante su comunicación a la CNMV y su depósito en el Registro Mercantil (para las sociedades cotizadas, véanse los artículos 518 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).
Curiosamente, la jurisprudencia ha seguido una línea aparentemente contradictoria, puesto que en sentencias más antiguas parecía sostener la validez y oponibilidad del pacto parasocial frente a la sociedad (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992 – RJ 1992/1204 – y de 24 de septiembre de 1987 – RJ 1987/6194), para, hace un par de años, restringir la eficacia de los pactos parasociales, negando que su incumplimiento pudiera invocarse en una acción de impugnación de acuerdos sociales (se trata de cuatro sentencias, de hechos similares – las de 10 de diciembre de 2008 RJ 2009/17, 5 de marzo de 2009 RJ 2009/1633 y dos del 6 de marzo de 2009 – RJ 2009/14200 y RJ 2009/14201). Aunque, como señala algún autor(3), no es fácil inferir de estas sentencias una oposición radical del Alto Tribunal a que los pactos parasociales puedan invocarse para reclamar la nulidad de un acuerdo social, en la medida en que el pacto había sido trasladado a los estatutos (es cierto que de tal forma que no protegía a los minoritarios de la manera que, aparentemente, se pretendían en el acuerdo parasocial). Si bien es cierto que en estas sentencias más recientes se analiza la jurisprudencia de las sentencias más antiguas de forma que concluye que u0022la mera infracción del pacto parasocial no basta, por si sola, para la anulación del acuerdo impugnadou0022.
Esta es la posición que nos parece más correcta y que aparece recogida en el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid – sección 20ª – de 30 de mayo de 2011 (recurso 137/2010 – Auto 126/2011) que considera que la acción por la que se pretende exigir el cumplimiento del pacto parasocial u0022está plenamente incardinada en la competencia objetiva atribuida a los Juzgados de lo Civil por el artículo 85.1 LOPJu0022. Si bien es cierto que hay también un pronunciamiento contrario, que atribuye la competencia para conocer sobre el cumplimiento del pacto parasocial, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, Auto de 9 de febrero de 2011 (recurso 458/2010 – Auto 17/2011). Dicho Auto argumenta la competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil para conocer de la acción relativa al cumplimiento del pacto parasocial invocando u0022un criterio de conexión objetiva que atrae su propia competencia, en la medida en que el derecho a percibir las cantidades reclamadas se hace derivar de la existencia de un pacto extra-estatutario o parasocial, relativo al reparto de los ingresos o beneficios entre los socios. Este planteamiento suscita o puede suscitar la cuestión de la eficacia del pacto parasocial frente a la sociedad que deberá determinarse por aplicación o por lo menos teniendo en cuenta la normativa societaria y, por otro lado, presenta una estrecha vinculación con la anterior pretensión relativa al reconocimiento de la condición de socio del actoru0022. De los antecedentes que aparecen en esta resolución, no se puede deducir claramente la conexión que aprecia el Auto, más bien, parece que la acción acumulada (en la que se solicitaba el reconocimiento de la condición de socio del demandante) era un pronunciamiento prejudicial de la acción que solicitaba la condena a la sociedad del pago de las cantidades pactadas.
La delimitación de la competencia objetiva de los juzgados de lo mer...
Los pactos parasociales cuentan en la actualidad con reconocimiento legal expreso en el ámbito del Derecho de sociedades (sin perjuicio de la admisibilidad que derivaba de la tradicional aceptación en la legislación sobre sociedades de los llamados «pactos reservados») en el cual, al margen de la referencia a estos acuerdos en relación con la delimitación del ámbito de aplicación de ciertas normas (por ejemplo, el concepto de grupo de sociedades -cfr. art. 42, apartado 1, c del Código de Comercio o la obligación de formular oferta pública de adquisición de acciones –art. 60 Ley del mercado de valores-), se establece un régimen para regular su publicidad en caso de que versen sobre sociedades anónimas cotizadas (cfr. los arts. 530 y ss. de la Ley de sociedades de capital –en adelante, LSC-). Fuera de este último supuesto, los pactos parasociales carecen de regulación legal por lo que su régimen sobre constitución, contenido, cumplimiento y extinción, se determinará a partir de su naturaleza jurídico-obligacional. Desde esta perspectiva no parece cuestionable, por tanto, que la acción para exigir el cumplimiento de un pacto parasocial (fuera del concreto ámbito de las sociedades cotizadas, al que nos referimos posteriormente) no podrá ampararse en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y, en consecuencia, que la competencia para conocer de la misma no corresponde a los juzgados de lo mercantil. Ello no significa, sin embargo, que un juez de lo mercantil no pueda conocer de un asunto en el que se plantee la eficacia de un pacto parasocial si bien, ello únicamente podría suscitarse cuando se plantee como materia conexa de una cuestión que se incluya en el ámbito de su competencia objetiva (así podría suceder, por ejemplo, en los casos en los que se acumule una acción de cumplimiento de un pacto parasocial con otra acción como la de impugnación de acuerdos sociales –cfr. a este respecto, entre otras, las SSTS de 10 de diciembre de 2008 y 6 de marzo de 2009-).
La respuesta a la cuestión que se nos plantea requiere analizar el s...
Los pactos parasociales son negocios contractuales celebrados entre los socios de una sociedad teleológicamente destinados a regular aspectos no contemplados en los estatutos de la sociedad a la que pertenecen las partes que celebran dicho negocio. CANDIDO PAZ ARES los define como u0022convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una S.A. o S.L. con el fin de completar, concretar o modificar sus relaciones internas y las relaciones legales y estatutarias que la rigenu0022 y el Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de marzo de 2009 –a la que seguidamente también haremos referencia afirma que los pactos parasociales­ son aquellos mediante los cuales los socios pretenden regular, con la fuerza del vínculo obligatorio, aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos para ello en la ley los estatutos.
Es cierto que el Tribunal Supremo, en esta Sentencia, mantiene la doctrina establecida en las Sentencias anteriores de 10 de diciembre de 2008 y de 5 de marzo de 2009 sobre la inoponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad, salvo que los mismos hayan sido incorporados a los estatutos de la misma. En este sentido se pronuncia el artículo 29 LSC. Ello significa que, desde un punto de vista societario, los acuerdos únicamente tienen efectos contractuales entre aquellos que los firman y no para la sociedad. Y no solo se reconoce a estos pactos la eficacia derivada del principio de relatividad contractual –art 1257 CC sino que además se le reconoce por la doctrina jurisprudencial –STS de 4 de junio de 2010 la plena autonomía de la voluntad –art 1255 CC sin restricciones por razón de la normativa societaria, señalando en concreto dicha resolución que los pactos parasociales no están constreñidos por los límites que a los acuerdos sociales y a los estatutos imponen las reglas societarias.