Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-05106-de-febrero-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f45c59b2143f03ece0430a01015103ec&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 21:11:24
Document Index: 257469141

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 88', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 647']

﻿ Sentencia 2005-05106 de febrero 26 de 2014
SENTENCIA 2005-05106 DE 26 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:DESTRUCCIÓN DE INVENTARIOS. LA EROGACIÓN DERIVADA DE LA DESTRUCCIÓN DE INVENTARIOS PUEDE SER RECONOCIDA COMO UN GASTO, PERO TAMBIÉN PUEDE SOLICITARSE LA DEDUCCIÓN, Y EN DICHOS CASOS NO ES PROCEDENTE RECHAZAR LA EXPENSA SI SE ACREDITAN LOS REQUISITOS PARA QUE LAS EXPENSAS SEAN DEDUCIBLES (QUE EL HECHO OCURRIÓ EN EL RESPECTIVO AÑO GRAVABLE, QUE TIENE RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA, QUE SEA NECESARIO Y PROPORCIONAL)
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EXPENSAS, DEDUCCIÓN TRIBUTARIA, GASTOS DEDUCIBLES, ESTATUTO TRIBUTARIO, DESTRUCCIÓN DEL INVENTARIO
Sentencia 2005-05106 de febrero 26 de 2014
Rad.: 760012331000200505106 01
Nº Interno: 18266
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala decide sobre la nulidad de la liquidación oficial de revisión 50642002000020 del 7 de junio de 2004, por medio de la cual la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre renta y complementarios presentada por Bristol Myers Squibb Ltda. por el año gravable 2000, y la Resolución 050662005000003 que confirmó la liquidación oficial.
Concretamente analizará, i) si procedía el rechazo del costo por destrucción de inventarios, ii) si eran deducibles: el pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades, los pagos hechos a clubes sociales y la provisión por pérdidas de bienes no utilizados, y iii) si procedía la sanción por inexactitud.
1. El 6 de abril de 2001, Bristol Myers Squibb Ltda. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año 2000 en la que liquidó(5):
Renglón Concepto
30 Costo de ventas $ 53.513.593.000
45 Otras deducciones $ 14.551.472.000
82 Total saldo a favor $ 2.628.051.000
2. El 8 de septiembre de 2003, la DIAN profirió el requerimiento especial 050632003000035(6) en el que propuso modificar la declaración referida para rechazar los costos y las deducciones según se detalla a continuación. Por las modificaciones hechas, el saldo a favor se calculó en $ 1.131.039.000. Se propuso la imposición de la sanción por inexactitud en cuantía de $ 1.809.662.000.
30 Costo de ventas
Mercancía dada de baja por destrucción 60.585.000
Devoluciones 1.793.503.000
Utilización provisiones año anterior 502.768.000 $ 2.356.856.000
45 Otras deducciones
Contribución Supersociedades 15.426.000
Clubes sociales 105.357.643
Obsolescencia bienes inactivos 753.898.858 $ 874.683.000
3. El 7 de junio de 2004, la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 50642002000020,(7) que modificó el denuncio privado de renta de año gravable 2000 en los términos propuestos en el requerimiento especial.
4. El 30 de junio de 2005, previa interposición del recurso de reconsideración, la DIAN profirió la Resolución 050662005000003,(8) que confirmó la liquidación oficial de revisión 50642002000020.
Se procede a hacer el análisis de las causales de nulidad.
1. Desconocimiento del costo de venta de la pérdida por destrucción de inventarios. Violación de los artículos 95, numeral 9º; 338 y 363 de la Constitución Política; 26, 77 y 107 del Estatuto Tributario; y 264 de la Ley 223 de 1995 por falta de aplicación. Violación de los artículos 63 y 64 del Estatuto Tributario y 25 y 28 del Decreto 187 de 1975 por interpretación errónea, y 148 del Estatuto Tributario por indebida aplicación. $ 2.356.856.000.
3.1. Rechazo del costo de ventas por mercancía dada de baja por destrucción ($ 60.585.000) y por devoluciones (1.793.503.000) y la utilización de provisiones del año anterior ($ 502.768.000).
La DIAN rechazó costos por $ 2.356.856.000 del total de $ 53.513.593.000 declarados en el denuncio del impuesto sobre la renta del año gravable 2000, que corresponden a los siguientes rubros: i) mercancía dada de baja por destrucción: $ 60.585.000, ii) devoluciones: $ 1.793.503.000 y iii) utilización de la provisión constituida el año anterior: $ 502.768.000.
Para rechazar los costos, la DIAN sustentó que el sistema de inventarios permanentes utilizado por la parte actora no permite que sea afectado con pérdidas por la destrucción de las mercancías, pues no existe norma que así lo establezca. Que las únicas pérdidas aceptadas fiscalmente son las que ocurren sobre los bienes usados en la actividad productora de renta por fuerza mayor o caso fortuito, conforme al artículo 148 del Estatuto Tributario, situación que no se presentó en el presente caso, pues en la actividad desarrollada por la parte actora es posible prever el vencimiento de los medicamentos.
Adicionalmente, en relación con las provisiones constituidas en el año 1999, sostuvo que no era posible solicitar esta expensa como deducible, ya que solo se reconocen fiscalmente las provisiones de que tratan los artículos 112, 145 y 146 del Estatuto Tributario
Para resolver la apelación, la Sala advierte que es criterio reiterado de esta corporación que en aquellos casos en los que el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, esta circunstancia no es suficiente para rechazar las erogaciones generadas por la destrucción de inventarios, ya que si esa medida tiene origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o en prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada si se cumplen los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario(9).
La Sala también ha dicho que la erogación derivada de la destrucción de inventarios puede ser reconocida como un gasto, pero también ha admitido que se solicite como deducción, y, en esos casos, no es procedente rechazar la expensa si se acreditan los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario,(10) para que las expensas sean deducibles, esto es, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, que es necesario y proporcional.
De igual modo, ha aceptado que además de la deducción por la pérdida o destrucción de medicamentos, es procedente la destrucción de otro tipo de mercancías, según lo que se pruebe en cada caso, y que dicho tratamiento procede tanto para comercializadores como para productores, pues en ambos casos, dependiendo del tipo de bienes, pueden estar sometidos a disposiciones de tipo sanitario o de otra índole, que los obliga a destruir los activos movibles por razones de deterioro, vencimiento, desuso, etc., y que lo mismo puede ocurrir en sectores donde la destrucción de inventarios ocurre por tratarse de una práctica mercantil usual(11).
Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a decidir si en el presente caso se cumplen los presupuestos para aceptar la deducción por destrucción de inventarios solicitada por la parte actora.
3.1.1. Análisis del caso concreto.
Las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de que durante el año gravable 2000 la demandante dio de baja inventario vencido y devuelto por sus clientes por expiración del producto, razón por la cual fue destruido.
Así, la sociedad allegó al proceso las actas de destrucción 079 a 102(12) en las que se dejó la constancia de la destrucción de diferentes tipos de productos mediante incineración. De igual manera, aportó las notas de transferencia adjuntas a cada una de las actas en las que se advierte que los bienes destruidos fueron dados de baja del inventario durante el año gravable 2000.
Adicionalmente a lo anterior, las pruebas dan cuenta de que los saldos de las subcuentas 61204553(13) y 61204557(14) en las que la parte actora registró las provisiones para mercancía dada de baja y para la pérdida por devoluciones, respectivamente, al cierre del ejercicio en discusión reflejan los valores glosados por la administración,(15) esto es, $ 60.585.082 y $ 1.793.503.458, por esos conceptos.
En esas condiciones, teniendo en cuenta que la demandante tiene por objeto social “Importar, exportar, fabricar, comprar y vender preparaciones farmacéuticas, médicas, químicas, biológicas e insecticidas, drogas medicinas, antibióticos, ungüentos, linimentos, sueros, vacunas”(16) (...) para la Sala está demostrado que la destrucción de las mercancías llevada a cabo por la sociedad obedeció al vencimiento o expiración de los productos, procedimiento que debe realizarse en cumplimiento de disposiciones legales o administrativas invocadas por la demandante(17) y que tienen por objeto garantizar la seguridad de los consumidores.
En consecuencia, la Sala considera que las razones que justificaron la destrucción de los inventarios son suficientes para aceptar el costo llevado a la declaración del impuesto sobre la renta del año 2000 por concepto de mercancía dada de baja y pérdida por devoluciones.
En efecto, como pérdida del activo movible obedeció a la destrucción que se hizo en cumplimiento de un deber legal es claro que se cumple el requisito de necesidad. De igual modo, la pérdida que se llevó como costo tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta en tanto que la destrucción tiene ocurrencia ordinariamente en el giro ordinario de los negocios de la empresa y, es proporcionado el valor de la pérdida que se declaró como costo de venta ($ 1.854.088.000) con el ingreso que por el año gravable 2000 obtuvo la empresa y que ascendió a $ 102.482.682.0000.
3.2. Utilización provisiones año anterior ($ 502.768.000).
De otra parte, y cómo se advirtió previamente, la administración desconoció como costo de venta la suma de $ 502.768.000, que, según la demandante, correspondía a la utilización, en el año 2000, de una provisión constituida el año 1999. Que a esa provisión, en el año 1999, se le dio el tratamiento de gasto no deducible; de tal suerte que como en el año 2000 tuvo lugar la contingencia provisionada, se declaró esa provisión como costo de venta.
Para acreditar el tratamiento alegado, la demandante aportó el certificado expedido por el revisor fiscal de la compañía para demostrar el siguiente movimiento de la cuenta 14306001(18):
Concepto Saldo a 1º de enero de 2000 Valor aumentos Valor disminuciones Saldo a 31 de diciembre de 2000
Provisiones por obsolescencia de producto terminado fabricado $ 37.340.542 $ 141.653.791 $ 172.424.735 $ 6.569.598
Provisiones por obsolescencia de producto comercializado $ 444.183.594 $ 1.109.355.480 $ 1.206.023.103 $ 348.515.971
Provisiones por obsolescencia de material de empaque $ 13.712.160 $ 21.848.719 $ 17.512.249 $ 18.048.630
Provisiones por obsolescencia de materias primas $ 7.253.190 $ 14.111.851 $ 12.494.004 $ 8.416.037
Provisiones por obsolescencia de gráneles $ 104.236 $ 4.049.168 $ 4.153.404 $ 0
Total $ 502.593.722 $ 1.291.019.009 $ 1.411.607.495 $ 381.550.236
Como se observa, el valor del saldo inicial de la provisión, esto es, el registrado a 1º de enero del periodo en discusión asciende a $ 502.593.722, valor aproximado al que glosó la DIAN. De igual manera, obra en el expediente el movimiento de la cuenta 61204554,(19) cuyo saldo final corresponde al valor del importe de la glosa.
Sin embargo, para la Sala, ninguna de las pruebas aportadas acreditan que, en efecto, la parte actora incurrió en el gasto solicitado por la destrucción de mercancía dada de baja ni la forma en que se descargó la provisión, o lo que es igual, que lo solicitado como costo de venta sea efectivamente la utilización de una provisión por la destrucción de inventarios.
En conclusión, la Sala acepta como costo los valores correspondientes a la mercancía dada de baja por destrucción de inventarios por valor de $ 60.585.000 y pérdida en devoluciones en cuantía de $ 1.793.503.000, pero rechaza la provisión de mercancía dada por $ 502.768.000, en razón a que no se demostró la utilización efectiva de la provisión.
La Sala advierte que, contrario a lo señalado por la demandante, la litis no se contrae a dirimir si la DIAN interpretó de manera errónea el artículo 107 del Estatuto Tributario, puesto que las partes coinciden en que, conforme con esa norma, son deducibles las expensas que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, sean necesarias y proporcionales.
La litis, en realidad, gira en torno a establecer si las expensas, por valor de $ 874.683.000, que fueron llevadas como deducciones a la declaración del impuesto sobre la renta de año gravable 2000 se subsumen en el artículo 107 del Estatuto Tributario para que sean reconocidas fiscalmente.
En ese entendido, se procede a analizar las expensas deducidas que fueron rechazadas por la DIAN. No prospera el recurso de apelación de la DIAN.
4.1. Contribución a la Superintendencia de Sociedades. $ 15.426.000.
La deducibilidad del gasto generado por el pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades fue reconocida por la Sala al decidir sobre la nulidad del Concepto 52218 del 16 de agosto de 2002,(20) en el que se había señalado que “La contribución especial para sufragar los gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, de que trata el artículo 88 de la Ley 222 de 1995, no puede tratarse como deducción en el impuesto sobre la renta”.
En la providencia referida, la Sala sostuvo que la contribución a la Superintendencia de Sociedades, en su calidad de aporte parafiscal efectuado por los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean sociedades comerciales bajo su control y vigilancia, constituye una deducción comoquiera que hace parte de los egresos que con el fin de dar cumplimiento a disposiciones legales de carácter obligatorio deben cumplir las personas jurídicas y, en consecuencia, forman parte de los gastos por administración de los entes económicos.
En este sentido la Sala reconoce este gasto como deducible. No prospera el recurso de apelación de la DIAN.
4.2. Pagos a agremiaciones y clubes sociales. $ 105.357.000.
Si bien en la demanda la parte actora señala que la deducción que se desconoce corresponde a los pagos efectuados a clubes sociales y a asociaciones gremiales, los antecedentes administrativos dan cuenta de que la DIAN únicamente discutió los pagos a clubes sociales,(21) tal como se precisó en la página 17 de esta sentencia, en la que, en el punto 2 de los hechos relevantes para decidir el caso, se discriminaron los conceptos que la DIAN glosó en el requerimiento especial. Por lo tanto, la Sala solo se pronunciará sobre el rechazo de la deducción por los pagos hechos a los clubes sociales.
Sobre estas expensas en particular, la Sala ha considerado que no son deducibles del impuesto de renta, pues no son gastos necesarios para poder desarrollar la actividad productora de renta. Aunque ha reconocido que se trata de erogaciones que, si bien reportan algún tipo de beneficio, no puede considerarse que tales pagos son indispensables para obtener la renta, en una relación de causa-efecto.
En el mismo sentido, ha sostenido que los gastos que realizan los contribuyentes para el mantenimiento de buenas relaciones públicas y comerciales, carecen de relación de causalidad con la actividad productora de renta y no son necesarios para el desarrollo del objeto social al no ser indispensables para la generación de la renta, al punto de que si nos los hubiera realizado hubiera sido imposible ejecutar su objeto social,(22) de tal forma que no son deducibles.
Bajo este criterio, no es procedente la deducción del gasto incurrido por concepto de pagos efectuados a clubes sociales. No prospera el recurso de apelación de la demandante.
4.3. Provisión por obsolescencia de bienes inactivos. $ 753.898.000.
La parte actora alegó que en el año gravable 2000 utilizó una provisión constituida en el año 1999 para reconocer las pérdidas que ocurrieran en la venta de maquinaria obsoleta, la cual, por no haber sido tratada como deducible al momento de su constitución, se convertía en gasto deducible en el periodo en el que está se utilizó.
Como prueba de lo anterior aportó el certificado expedido por el revisor fiscal de la compañía para demostrar el siguiente movimiento de la cuenta 18059506(23) denominada provisión para desvalorización de maquinaria inactiva, a lo largo del año gravable en discusión:
Saldo inicia 1º de enero de 2000 $ 876.826.472
Valor aumentos 0
Valor disminuciones o cargos $ 753.898.858
Saldo a 31 diciembre de 2000 $ 122.927.614
Movimiento neto de la provisión $ 753.898.858
De igual forma, obran en el expediente copias de los estados financieros de la compañía en los que consta que a 31 de diciembre de 1999(24) y a 31 de diciembre de 2000,(25) existían provisiones para maquinaria inactiva por valor de $ 876.826.000 y $ 122.927.000, importes que coinciden con los señalados por el revisor fiscal.
La Sala considera que las pruebas aportadas dan cuenta del movimiento de la provisión objeto de la glosa, pero no acreditan que la parte actora haya castigado la provisión durante el periodo gravable en discusión, de tal suerte que no prospera el recurso de apelación que interpuso la demandante.
Sobre esta sanción, la Sala ha dicho que tiene naturaleza accesoria, pues deviene como consecuencia de la comprobación de los presupuestos que consagra el artículo 647(26) del Estatuto Tributario para su imposición y que se relacionan directamente con los datos e información contenida en la declaración, vale decir con los factores sobre los cuales se calcula el impuesto y del que se deriva el saldo a pagar o a favor, según corresponda(27).
El artículo 647, ibídem, señala, además, que no habrá lugar a imponer la sanción por inexactitud cuando el menor valor a pagar devenga de errores de apreciación o diferencias de criterio relativos al derecho aplicable.
Sobre este particular la Sala ha dicho que la discrepancia entre el fisco y el contribuyente que da lugar a la exoneración de la sanción por inexactitud debe consistir en una argumentación sólida, que aunque equivocada, permita concluir que la interpretación en cuanto al derecho aplicable le permitió creer que su actuación estaba amparada legalmente y no cuando se presentan argumentos que a pesar de una apariencia jurídica carecen de fundamento objetivo y razonable(28).
Lo anterior implica que cuando el artículo 647 del Estatuto Tributario se refiere a la interpretación del derecho aplicable, claramente se refiere a “la interpretación del derecho propiamente dicha”, lo que excluye la interpretación sobre los hechos discutidos,(29) tal como ocurrió en el presente caso.
Patrimonio liquido AB 968.324.000 968.324.000 968.324.000
Depreciac. amortizac., agotam. AC 373.249.000 373.249.000 373.249.000
Cifra de control 1 SS 1.341.573.000 1.341.573.000 1.341.573.000
Activos fijos AJ 848.588.000 848.588.000 848.588.000
Otros activos no monetarios AL 36.000 36.000 36.000
Cifra de control 2 ST 848.624.000 848.624.000 848.624.000
Efect., bcos., invers. mobil. ctas. por cobrar PA 705.452.000 705.452.000 705.452.000
Cuentas por cobrar clientes, otras cuentas por cobrar EQ 38.943.315.000 38.943.315.000 38.943.315.000
Ctas. por cobrar accionistas y compañías vinculadas EO 10.419.473.000 10.419.473.000 10.419.473.000
Inventarios PC 14.409.822.000 14.409.822.000 14.409.822.000
Activos fijos no depreciables PW 205.005.000 205.005.000 205.005.000
Act. fijos deprec.,amortiza., intangi. y agotables EU 8.586.831.000 8.586.831.000 8.586.831.000
Menos: depreciac. acumulada PE 4.434.303.000 4.434.303.000 4.434.303.000
Otros activos PF 1.684.707.000 1.684.707.000 1.684.707.000
Total patrimonio bruto PG 70.520.302.000 70.520.302.000 70.520.302.000
Cuentas por pagar proveedores OA 2.064.758.000 2.064.758.000 2.064.758.000
Ctas. por pagar, cías. vincul. y accionistas o socios OB 16.489.499.000 16.489.499.000 16.489.499.000
Prest. por pagar sector finan. OC 34.564.031.000 34.564.031.000 34.564.031.000
Otros pasivos OI 2.878.958.000 2.878.958.000 2.878.958.000
Total pasivo PH 55.997.246.000 55.997.246.000 55.997.246.000
Total patrimonio liquido PI 14.523.056.000 14.523.056.000 14.523.056.000
Total patrim. líquido negat. PL - - -
Ventas brutas IL 102.218.386.000 102.218.386.000 102.218.386.000
Servicios, honor. y comisiones. IS 159.227.000 159.227.000 159.227.000
Inter. y rendimientos financieros IC 2.202.671.000 2.202.671.000 2.202.671.000
Dividendos y participaciones ID - - -
Otros ingresos distintos de los anteriores IE 10.638.820.000,00 10.638.820.000 10.638.820.000
Total ingresos brutos IV 115.219.104.000 115.219.104.000 115.219.104.000
Menos: devol., destos y rebaj. IR 12.726.417.000 12.726.417.000 12.726.417.000
Otros ing. no constit. de rta. ni ganancia ocasional LV 10.005.000 10.005.000 10.005.000
Total ingresos netos IG 102.482.682.000 102.482.682.000 102.482.682.000
Costos de venta (para sistema permanente) CV 53.513.593.000 51.156.737.000 53.010.825.000
Total costos CT 53.513.593.000 51.156.737.000 53.010.825.000
Más: comis., honor. y servic. CE 1.039.284.000 1.039.284.000 1.039.284.000
Salarios y prestac., otros pagos labor. (inclu. aport. paraf.) DC 15.600.628.000 15.600.628.000 15.600.628.000
Inter. demás gtos. finan. nales. DF 12.525.930.000 12.525.930.000 12.525.930.000
Gtos. efectuados exterior DH 683.938.000 683.938.000 683.938.000
Deprec., amortizac., agotam. DP 653.971.000 653.971.000 653.971.000
Deduc. IVA por bnes. de capital BW 38.219.000 38.219.000 38.219.000
Otras deducc. (servicios, arrendamiento, etc.) CX 14.551.472.000 13.676.789.000 13.692.215.000
Total deducciones DT 45.093.442.000 44.218.759.000 44.234.185.000
Renta líquida del ejercicio GJ 3.875.647.000 7.107.186.000 5.237.672.000
Compensación por perdidas GK 3.324.916.000 3.324.916.000 3.324.916.000
Renta líquida RA 550.731.000 3.782.270.000 1.912.756.000
O perdida líquida RB - - -
Renta presuntiva RC 550.731.000 550.731.000 550.731.000
Renta líquida gravable RE 550.731.000 3.782.270.000 1.912.756.000
Impuesto sobre renta grav. LA 192.756.000 1.323.795.000 669.465.000
Impuesto neto de renta LC 192.756.000 1.323.795.000 669.465.000
Total impuesto neto de renta LN 192.756.000 1.323.795.000 669.465.000
Tot. imp. a cargo/imp. generado por operaciones gravadas FU 192.756.000 1.323.795.000 669.465.000
Rendimientos financieros MC 2.630.000 2.630.000 2.630.000
Auto retenciones MJ 2.818.177.000 2.818.177.000 2.818.177.000
Total retenci. año gravable GR 2.820.807.000 2.820.807.000 2.820.807.000
Más: sanciones VS - 1.809.662.000 762.734.000
Total saldo a pagar HA - 312.650.000 -
O total saldo a favor HB 2.628.051.000 - 1.388.608.000
Renglón CV: costo de ventas 53.010.825.000
Valor aceptado por la DIAN 51.156.737.000
Más: costos aceptados por el Consejo de Estado: 1.854.088.000
Pérdida en devoluciones 1.793.503.000
Renglón CT: total costos 53.010.825.000
Renglón CX: otras deducciones 13.692.215.000
Valor aceptado por la DIAN 13.676.789.000
Más: deducc. aceptadas por el Consejo de Estado: pago Super. Intend. Soc. 15.426.000
Renglón DT: total deducciones 44.234.185.000
Total deducciones aceptadas por la DIAN 44.218.759.000
Más: deducción aceptada por el Consejo de Estado 15.426.000
Renglón GJ: renta líquida del ejercicio 5.237.672.000
Renglón IG: total ingresos netos 102.482.682.000
Menos: renglón CT: total costos 53.010.825.000
Menos: renglón DT: total deducciones 44.234.185.000
Renglón RA: renta líquida 1.912.756.000
Menos: renglón GK: compensación por pérdidas 3.324.916.000
Renglón RE: renta líquida gravable 1.912.756.000
Renglón LA: impuesto sobre la renta líquida gravable 669.465.000
Por tarifa de impuesto de renta 35%
Renglones: LC, LN y FU: Imp. neto rta., tot. imp. neto rta y t. imp. cargo 669.465.000
Renglón VS: más sanciones 762.734.000
Impuesto a cargo presente declaración 669.465.000
Menos: impuesto a cargo liquidación privada 192.756.000
Mayor impuesto presente liquidación 476.709.000
Renglón HB: o total saldo a favor 1.388.608.000
Renglón FU: total impuesto a cargo 669.465.000
Menos: renglón GR: total retenciones año gravable 2.820.807.000
Más: renglón VS: sanciones 762.734.000
1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia del 14 de septiembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el contencioso de nulidad iniciado por Bristol Myers Squibb de Colombia S.A. contra la UAE DIAN.
2. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia del 14 de septiembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
2. Como restablecimiento del derecho FÍJESE como total saldo a favor de la actora la suma de mil trescientos ochenta y ocho millones seiscientos ocho mil pesos m/cte. ($ 1.388.608.000) conforme a la liquidación inserta en la parte considerativa del presente proveído.
3. RECONÓCESE a la abogada Maritza Alexandra Díaz Ramos como apoderada de la DIAN.
(5) Folio 152 del CCA 1.
(6) Folios 315 al 388 del CCA 2.
(7) Folios 86 al 107 del CCA 2.
(8) Folios 3 al 33 del CCA 2.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Maria Inés Ortiz Barbosa. Bogotá, D.C., 25 de septiembre de 2006. Radicación: 250002327000200300434-01. Nº Interno: 15032. Actor: Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A Vecol S.A. Demandado: DIAN.
(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 29 de septiembre 2011. Número de referencia: 7600123310002004 03056 01. Nº Interno: 16476. Demandante: Bristol Myers Squibb de Colombia Ltda. Demandado: DIAN.
(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., 19 de mayo de 2011. Radicación: 76001-23-31-000-2005-05317-01. Nº Interno: 17875. Actor: Bristol Myers Squibb de Colombia Ltda. Demandado: DIAN. En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 6 de diciembre de 2012. Radicación: 250002327000200600818 01. Nº Interno: 18049. Demandante: Compañía Colombiana de Cerámica S.A. Demandada: DIAN.
(12) Folios 189 al 580 del CCA.
(13) Saldo: $ 60.585.082.
(14) Saldo $ 1.793.503.458.
(15) Folio 707 del CCA 2.
(16) Folio 3 del CCA.
(17) Decreto-Ley 1298 de 1994, Estatuto Orgánico del Sistema de Seguridad Social en Salud, Decreto 677 de 1995 y la Resolución 3183 de 1995 del Ministerio de Salud.
(18) Folios 157 al 159 del CCA.
(19) Folio 707 del CCA 2.
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., 13 octubre de 2005. Radicación: 11001-03-27-000-2002-00116-01. Nº Interno: 13631. Acumulado con el proceso de número de radicación 11001-03-27-000-2003-00073-01 y Nº interno 14122. Actores: José Alberto Martínez Menéndez y Celso Vicente Amaya Mantilla. Demandado: DIAN.
(21) Folios 23 y 98 del CCA 2.
(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C. 10 de marzo de 2011. Radicación: 25000-23-27-000-2006-00788-01. Nº Interno: 16966. Actor: Glaxo Smithkline Colombia S.A. Demandado: DIAN.
(23) Folios 591 del CCA.
(24) Folio 297 del CCA 2.
(25) Folio 140 del CCA 1.
(26) ART. 647.—Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior (...).
(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Expediente 14016, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C. 22 de marzo de 2011. Radicación: 250002327000200700144 01. Nº Interno: 17205. Actor: Comunicación Celular S.A. Comcel. Demandado: Distrito Capital.
(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 10 de marzo de 2011. Radicación: 250002327000200600841 01. Nº Interno: 17492. Actor: Hocol S.A. Demandado: DIAN.