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Timestamp: 2017-05-30 13:23:34
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Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'Artículo 13', 'artículo 80', 'artículo 13', 'Artículo 81', 'artículo 56', 'Artículo 82', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 56', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 112', 'artículo 25', 'Artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 60', 'Artículo 1', 'Artículo 27', 'Artículo 81', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 27', 'ARTÍCULO 27', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 91', 'Artículo 141', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1']

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ANÁLISIS. Asentamientos irregulares en propiedad social. Revisión de alternativas para su prevención y solución
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Soledad Redondo Vargas
1 ASENTAMIENTOS JESÚS IRREGULARES MANUEL RAMÍREZ EN PROPIEDAD GARIBAY* SOCIAL Asentamientos irregulares en propiedad social. Revisión de alternativas para su prevención y solución La necesidad de suelo de la población migrante; la falta de normatividad suficiente y eficiente en cuanto a la ordenación del territorio y su incorrecta aplicación; la falta de conciencia y sensibilidad de la propia sociedad que deja toda la responsabilidad al gobierno y la especulación que se da con tierras ejidales, son los factores que inciden en la formación de los asentamientos irregulares. I. Algunos elementos que se deben tomar en cuenta Requerimientos de suelo social para el desarrollo urbano De acuerdo con las previsiones del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (PNDU), entre 2001 y 2006 el crecimiento poblacional habrá demandado cerca de 95,000 hectáreas de suelo para vivienda y desarrollo, superficie que equivale a 1.3 veces el área urbana del Distrito Federal. Lo anterior sugiere que en promedio, desde 2001, se habrán incorporado al suelo urbano 15,800 hectáreas anuales. Hasta 2003 existían 1,191 núcleos agrarios que se consideraban urbanos y 6,194 que habían sido invadidos por asentamientos irregulares; dos terceras partes de las tierras que circundan los polígonos urbanos son de propiedad social. Antecedentes en la aplicación de programas de regularización y urbanización de tierras en propiedad social El Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) integró programas específicos para atender la problemática del crecimiento de las ciudades de manera ordenada, a través del Programa de 100 Ciu- * Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, acreditó el posgrado y cursó el máster en Resolución de Conflictos, ambos en la Universidad de Catalunya, España. Actualmente se desempeña como Subdelegado de Conciliación Agraria, en la Delegación Guanajuato de la Procuraduría Agraria en Guanajuato. ESTUDIOS AGRARIOS 192 dades y el de Consolidación de las Zonas Metropolitanas, buscando con esto la concurrencia de esfuerzos y el aprovechamiento de las nuevas disposiciones legales e institucionales. El PNDU 1 estableció dos grandes líneas para fijar sus objetivos: la encaminada al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la relacionada con el desarrollo urbano y sustentable. En relación con tales líneas, los objetivos generales del PNDU fueron propiciar el ordenamiento territorial de las actividades económicas de la población conforme a las potencialidades de las ciudades y regiones, en el caso del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, e inducir el crecimiento de las ciudades de forma ordenada, de acuerdo con las normas vigentes de desarrollo urbano y bajo principios sustentados en el equilibrio ambiental de los centros de población, respetando la autonomía estatal y la libertad municipal, en lo referente al desarrollo urbano y sustentable. Su política general propuso consolidar una red de asentamientos humanos jerarquizada, a través de la acción concurrente de los tres órdenes de gobierno, que apoyara y propiciara las condiciones equiparables de desarrollo de los centros urbanos y de sus áreas de influencia en todo el país, para lo cual se manejaron dos grandes estrategias generales: la articulación económica de las regiones y la coordinación gubernamental. Por su parte, los programas estratégicos incorporados al PNDU, 2 complementarios entre sí, representaron la orientación operativa que asumió el gobierno de la república para la conducción de la política general de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En el caso del Programa de 100 Ciudades, tuvo como objetivo garantizar la continuidad del desarrollo urbano ordenado de 116 ciudades medias y pequeñas que cuentan con capacidad para generar empleos y captar flujos poblacionales; tienen importante influencia en sus entornos regionales 1 Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Urbano Además del Programa de 100 Ciudades y el de Consolidación de las Zonas Metropolitanas, dentro del PNDU se contemplan Programas de Ordenamiento Territorial. PROCURADURÍA AGRARIA 203 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL y, junto con las cuatro zonas metropolitanas, constituyen la estructura básica de los asentamientos humanos en el ámbito nacional. Por su parte, el Programa de Consolidación de las Zonas Metropolitanas tuvo como objetivo apoyar la consolidación ordenada de las cuatro grandes zonas metropolitanas del país, considerando como una de sus líneas de acción el mejoramiento urbano de áreas marginadas, siendo una de las formas de instrumentación de esta línea la promoción ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de la facilitación de los trámites de incorporación de suelo al desarrollo urbano y la conformación de inmobiliarias ejidales, para habilitar legalmente suelo ejidal preferencialmente para desarrollos habitacionales dirigidos a la población de ingresos bajos. El Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO) Con fecha 26 de marzo de 1999, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO), concebido como una estrategia de política pública diseñada por las secretarías de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria para aplicarse a partir de un esfuerzo de coordinación con gobiernos estatales y municipales. Su finalidad medular consistió en inducir previsoriamente la incorporación ágil y concertada de suelo apto de origen ejidal y comunal al desarrollo urbano mediante la constitución de bolsas de suelo que permitió ofertarlo legalmente y en condiciones de justo beneficio para núcleos y sujetos agrarios a instituciones públicas, privadas y sociales comprometidas con proyectos de vivienda, desarrollo inmobiliario y equipamiento urbano. En términos de planeación, se trató de un Programa obligatorio para el gobierno federal (SEDESOL, SRA, CORETT, PA, RAN y FIFONAFE), convenido para los gobiernos estatales y municipales sobre la base de su participación coordinada y concurrente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y voluntario para los núcleos agrarios de conformidad con el mandato de sus asambleas. ESTUDIOS AGRARIOS 214 Las metas programadas para el PISO derivaron de la proyección de requerimientos de suelo prevista en el PNDU. De conformidad con este instrumento de planeación, el país requirió incorporar al año 2000, tan sólo en las cuatro zonas metropolitanas y las 116 localidades medias incluidas en el Programa de 100 Ciudades, aproximadamente 150 mil hectáreas de suelo libre para satisfacer sus necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, de las cuales dos terceras partes correspondieron, en promedio, a suelo propiedad de ejidos y comunidades contiguo a los centros de población. Las estrategias de instrumentación plantearon pactar con los gobiernos estatales la firma de un convenio que obligara a la creación de un Programa de Incorporación de Suelo Social al desarrollo urbano; formar en cada entidad federativa un comité estatal de Incorporación de Suelo integrado por un presidente, un secretario técnico y vocales ejecutivos, y el que los gobiernos estatales y/o municipales, según se conviniera en cada caso, abran y clasifiquen la relación de predios ofertados legalmente, con usos y destinos autorizados, la forma de conversión asumida o en proceso, y los precios base y las condiciones o requisitos para acceder a los mismos; esta bolsa de suelo será pública y coordinada por el área designada por cada gobierno estatal. Los métodos de incorporación de suelo que se contemplaron fueron: Expropiación concertada para áreas de crecimiento de poblados en regularización. Expropiación concertada para incorporación de suelo urbano para vivienda social y popular. Aportación de tierras a sociedades inmobiliarias. Adquisición del dominio pleno y comercialización autogestionaria (en el caso de tierras parceladas). Adquisición del dominio pleno y comercialización institucional (en el caso de tierras parceladas). PROCURADURÍA AGRARIA 225 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL Resultados del Programa PISO En el marco del Programa, de 1992 a enero de 2007 se constituyeron 27 sociedades mercantiles inmobiliarias, cuyo objeto es el aprovechamiento de tierras de origen ejidal con uso habitacional y urbano; éstas se ubican en los estados de Baja California Sur, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas como se indica en el siguiente cuadro. 3 3 Fuente: Dirección de Apoyo Social Agrario de la Dirección General de Organización Agraria de la Procuraduría Agraria, periodo ESTUDIOS AGRARIOS 236 Núm. Estado Municipio Núcleo Beneficiarios Superficie has. Sociedad Objeto social 1 San Luis Potosí San Luis Potosí Garita de Jalisco Residencial Inmobiliario La Tenería, S.A. de C.V. 2 Distrito Federal Delegación San Mateo Club de Golf Inmobiliario Cuajimalpa Tlaltenango Reforma, de Morelos S.A. de C.V. 3 Baja California Sur Los Cabos San José del Cabo Inmobiliaria Inmobiliario Integral de Baja California, S.A. de C.V. 4 Coahuila Torreón San Antonio Ciudad Nazas Inmobiliario de Los Bravos San Antonio, S.A. de C.V. 5 Sinaloa Mazatlán El Habalito 138 1, Ciudad Inmobiliario Industrial Mazatlán, S.A. de C.V. 6 San Luis Potosí San Luis Potosí Garita de Jalisco Lomas de Inmobiliario La Garita, S.A. de C.V. 7 Distrito Federal Delegación San Mateo Club Hípico Inmobiliario Cuajimalpa Tlaltenango La Sierra, de Morelos S.A. de C.V. PROCURADURÍA AGRARIA 247 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL Núm. Estado Municipio Núcleo Beneficiarios Superficie has. Sociedad Objeto social 8 San Luis Potosí San Luis Potosí Garita de Jalisco Desarrollo Inmobiliario del Pedregal, S.A. de C.V. 9 Guanajuato Irapuato Irapuato Irapuato XXI, Inmobiliario S.A. de C.V. 10Distrito Federal Delegación San Mateo Río de Santa Inmobiliario Cuajimalpa Tlaltenango Fe, S.A. de C.V. de Morelos 11 México Cuautitlán Izcalli La Piedad Fracciona- Inmobiliario miento La Piedad, S.A. de C.V. 12 México Cuautitlán Izcalli San Francisco Inmobiliaria Inmobiliario Tepojaco Ejidal San Francisco Tepojaco, S.A. de C.V. 13 Zacatecas Zacatecas La Escondida Inmobiliaria Inmobiliario Ejidal La Escondida, S.A. de C.V. 14 Guanajuato León La Joya Inmobiliaria Inmobiliario y Constructora Ejidal La Joya, S.A. de C.V. ESTUDIOS AGRARIOS 258 Núm. Estado Municipio Núcleo Beneficiarios Superficie has. Sociedad Objeto social 15 Nuevo León Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo Inmobiliaria Inmobiliario del Ejido Sabinas Hidalgo 16 Distrito Federal Delegación San Mateo Cumbres de Inmobiliario Cuajimalpa Tlaltenango Santa Fe, de Morelos S.A. de C.V. 17 Jalisco Lagos de Lagos de Moreno Inmobiliaria Inmobiliario Moreno Ejidal la Virgen, S.A. de C.V. 18 Jalisco Tlajomulco San Agustín Inmobiliaria Inmobiliario de Zúñiga Rincón del Palomar, S.A. de C.V. 19 Hidalgo Pachuca Venta Prieta Inmobiliaria Inmobiliario Zona Plateada de Pachuca, S.A. de C.V. 20Yucatán Uman Itzincab y Mulsay Jardines de Inmobiliario Itzincab, S.A. de C.V. 21 Colima Colima Francisco I. Madero El Moralete, Inmobiliario S. A. de C.V. PROCURADURÍA AGRARIA 269 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL Núm. Estado Municipio Núcleo Beneficiarios Superficie has. Sociedad Objeto social 22 Tamaulipas Reynosa Rancho Grande Campesinos Inmobiliario Unidos de Rancho Grande, S. C. 23 Quintana Roo Benito Juárez Alfredo V. Bonfil 2102, Bonfil Nueva Inmobiliario Alternativa de Quintana Roo, S.A. de C.V. 24 México Lerma Santa María Santa María Inmobiliario Atarasquillo Tlalaxco 25 Jalisco Zapopan C.I. San Esteban Río Hondo Inmobiliario Residencial, S. de R.L., de C.V. 26 Jalisco Mazamitla La Estacada Loma Toscana Inmobiliario Country Club, S.A. de C.V. 27 Hidalgo Mineral Pachuquilla Inmobiliaria Inmobiliario de la Reforma y Constructora de Vivienda y Urbanización INCOVU, S.A. de C.V. ESTUDIOS AGRARIOS 2710 II. Formas de transmisión en la propiedad social, aspectos que favorecen la irregularidad Antecedentes La reforma constitucional de 1992 marcó un parteaguas en la forma como se venía regulando la propiedad ejidal y comunal, durante los 71 años que duró el proceso de reforma agraria prevaleció un esquema de prohibición sobre diversos actos jurídicos, no existía la posibilidad de asociación de ejidatarios entre sí y de éstos con terceros, la tierra debería ser trabajada por el mismo ejidatario, so pena de ser privado de sus derechos. La unidad de dotación no podía ser objeto de transmisión, enajenación, cesión, venta o arrendamiento; todo esto generó un clima de caciquismo al interior de los núcleos agrarios, propiciada por una legislación agraria anacrónica. Con la reforma se limita la intervención del estado a la tarea de asesoría y gestión, dejando en plena libertad tanto al núcleo agrario, como al ejidatario o comunero para decidir de manera libre qué hacer con sus tierras; incluso cambiar de régimen de propiedad social a privada o la extinción del ejido, previo dictamen de la Procuraduría Agraria (PA). Es importante señalar que la propiedad social en México se integra por 31,557 núcleos agrarios con una superficie de 103,603,380 hectáreas, 4 en los que se agrupan alrededor de 3.5 millones de ejidatarios y comuneros. A 15 años de la reforma constitucional, tenemos un campo mejor ordenado producto de la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), cuya instrumentación se llevó a cabo en el periodo comprendido de 1992 a 2006, en este lapso se regularizaron 28,681 núcleos agrarios que equivalen a 96% del total de núcleos, 5 con una superficie de 88,325,334 hectáreas, de un total de 103,515,321, que representa 4 Barrios Hernández, Hortencia y Núñez Ramírez, Rogelio, Universo de Núcleos Agrarios, Revista Estudios Agrarios, núm. 33, Procuraduría Agraria, p Fuente: avances al 30 de noviembre de PROCURADURÍA AGRARIA 2811 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL 85% en cuanto a superficie certificada, 6 en referencia a los beneficiarios se tiene un total de 4,259,777, con 9,207,243 documentos entregados entre certificados parcelarios, de derechos a tierra de uso común y títulos de solares. 7 El Artículo 27 constitucional derivado de la reforma de 1992 y su Ley Agraria (LA) tiene aspectos positivos, sin embargo, también es necesario señalar que hay situaciones que se han salido de control, como la facilidad con la cual a partir del PROCEDE, ejidatarios y posesionarios, sobre todo de los núcleos agrarios cercanos a las manchas urbanas de las ciudades, han hecho la transmisión de sus parcelas, fraccionandolas o adoptando el dominio pleno, cambiando con ello el régimen de propiedad ejidal a propiedad privada. Los esquemas de prohibición a los actos traslativos de dominio de parcelas ejidales, bajo la legislación agraria anterior a 1992, encontró en las investigaciones generales de usufructo parcelario ejidal (artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria), la posibilidad de regularizar las ventas de parcelas, que si bien estaban prohibidas por la ley referida, en la práctica se daban, al privar al ejidatario que ya no trabajaba directamente su parcela, como lo establecía el artículo 85, para adjudicarla a través de la Comisión Agraria Mixta a favor del comprador, para con ello convertir algo ilegal en legal. Enajenaciones con base en el artículo 80 de la Ley Agraria Lo referido en el punto anterior, ejemplifica situaciones que también al amparo de la LA actual se dan, como se indica a continuación: Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. 6 Fuente: avances al 30 de noviembre de Fuente: Registro Agrario Nacional. Dirección de Titulación y Control Documental. Avance del PROCEDE histórico 1993 al 30 de junio de ESTUDIOS AGRARIOS 2912 Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el Comisariado Ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada. Artículo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. El artículo 80 citado da la posibilidad a los ejidatarios de enajenar sus derechos parcelarios. El legislador dispuso candados, al establecer que dicha enajenación se hiciera al interior del ejido, a favor de ejidatarios y avecindados, es decir, un tercero ajeno al ejido no estaría en aptitud de adquirir tales derechos. Sin embargo, tal situación no es respetada en la práctica, ya que infinidad de personas sin reunir los requisitos que establece el artículo 13 de la LA citado, han sido reconocidas como avecindados a través de las asambleas ejidales y habilitados para adquirir por enajenación parcelas ejidales; así, con el acta de reconocimiento como avecindado, el contrato de enajenación, las notificaciones del derecho del tanto, el pago de derechos y otros documentos, se ingresa el trámite a la delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional (RAN) y ésta, en un tiempo que va de uno a cuatro meses, expide el nuevo certificado parcelario a favor del nuevo PROCURADURÍA AGRARIA 3013 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL adquirente, convertido en virtud de este acto jurídico en posesionario. Cabe señalar que muchas de las parcelas que se están adquiriendo por personas ajenas a los núcleos agrarios, son las que se ubican cerca de las manchas urbanas de las ciudades medias y grandes que después serán fraccionadas, vendidas en lotes, se especulará con ellas, generando a la postre asentamientos irregulares. Enajenaciones de parcelas con dominio pleno Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley. Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. La adopción del dominio pleno viene a ser la parte complementaria de lo que señalamos en el punto anterior, es decir, una vez que las personas ajenas al ejido son reconocidas como avecindados por parte de las asambleas ejidales y han acudido a las oficinas del RAN, ESTUDIOS AGRARIOS 3114 para obtener el certificado parcelario que los acreditará ante el núcleo agrario como posesionarios, el próximo paso a seguir será solicitar a la asamblea del ejido la adopción del dominio pleno, en términos de los artículos 81 y 82 antes enunciados, teniendo como consecuencia jurídica el cambio de régimen ejidal a propiedad privada de las parcelas tituladas con motivo del dominio pleno y una vez inscritos los títulos en el Registro Público de la Propiedad, se regirán por el derecho común, hecha excepción de la primera enajenación, que todavía estarán regidas por la LA. Recapitulando, parcelas que habían sido inalienables antes del 1992, después de este año pasarían de manos de ejidatarios a terceras personas, muchos de ellos especuladores inmobiliarios, logrando hacerse posesionarios y después propietarios, para iniciar procesos de fraccionamiento y lotificación de parcelas, muchas veces parapetados en asociaciones civiles para evitar incurrir en fraudes, procediendo a la venta de los lotes, creando asentamientos irregulares. Las tierras de uso común, cambio de destino de las mismas Artículo 73. Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. Artículo 74. La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artículo 75 de esta ley. El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras. Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certificado a que se refiere el artículo 56 de esta ley. PROCURADURÍA AGRARIA 3215 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL La mayoría de los ejidos del estado cuando fueron dotados, tenían tres tipos de tierra: parceladas o de cultivo que eran las tierras en las que se llevaba a cabo la siembra; las de asentamiento humano, en donde se asentaba el poblado y las de uso común, tierras que generalmente se utilizaban para el pastoreo de ganado, incluso cuando fueron certificados por el PROCEDE, aún conservaban estos tres tipos de tierra. Sin embargo, en los últimos años han proliferado las asambleas de cambios de destino, a través de las cuales los ejidos generalmente cercanos a las ciudades han convertido las tierras de uso común en tierras parceladas; en otras palabras, se están repartiendo de manera individual tierras de naturaleza colectiva, que no sirven para la siembra de vegetales, pero en el corto plazo servirán de asiento a numerosas viviendas; se opta por individualizar las tierras por las complicaciones prácticas que implicaría mantenerlas como de uso común, sobre todo para su fraccionamiento y venta, ya que de esta forma es la asamblea la que seguiría teniendo el control de las mismas. III. Formas específicas a través de las cuales se genera el fraccionamiento de tierras ejidales y el establecimiento progresivo de asentamientos irregulares Revisión de casos En parcelas ejidales a) El ejidatario o posesionario que cuenta con certificado parcelario, decide de manera unilateral fraccionar la totalidad de su parcela, para después venderla en lotes, sin observar ninguna normatividad al respecto. Aquí el ejidatario o posesionario asume que con el hecho de tener un documento que le acredita la propiedad, puede fraccionar y vender lo que considera su tierra. ESTUDIOS AGRARIOS 3316 b) El ejidatario o posesionario, prefiere realizar el fraccionamiento y venta progresiva en lotes su parcela, es decir, no la fracciona toda, la divide a medida que la necesidad de obtener recursos lo obliga; en función de la demanda de compradores de lotes; incluso espera a que haya mayor consolidación de viviendas o hasta servicios para lograr un mejor precio. c) Otro caso es cuando el ejidatario no realiza estas operaciones por sí mismo, sino a través de un tercero que conoce mejor el negocio de la venta de lotes (coyote o especulador) y es éste quien negocia a favor del ejidatario o posesionario la venta de los mismos. d) El ejidatario o posesionario realiza la venta de la totalidad de la parcela a una persona ajena al ejido, que representa a una asociación civil, que posteriormente la fraccionará y empezará a plantear ante el municipio la obtención de escrituras, cuando la parcela aún es del ejidatario, pues la venta no se ajustó a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Agraria. e) El ejidatario con la intervención de un notario público, genera contratos de compra-venta entre el titular de la parcela ejidal y los compradores de los lotes en que se ha fraccionado que es contrario a lo que dispone la LA, ya que la parcela mientras permanezca como ejidal es indivisible y sólo puede ser objeto de enajenación la totalidad con base en el artículo 80 de la LA. f) Hay casos donde el ejidatario efectúo el fraccionamiento y venta de lotes antes de que se desarrollaran los trabajos del PROCEDE en el ejido, la asamblea no reconoció esta situación y dejó la parcela, a nombre del ejido o bien a favor del propio ejidatario, lo que vino a ocasionar conflictos por la posesión o titularidad de la parcela y/o lotes, lo que acarreará la irregularidad de los poseedores y sus familias, que ante la acción de un heredero del titular de la parcela podrían quedar indefensos o a merced de éste. PROCURADURÍA AGRARIA 3417 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL g) El ejidatario enajena su parcela con base en el artículo 80, a una persona ajena al ejido que la asamblea reconoció como avecindado, pero las notificaciones del derecho del tanto no se hicieron como lo establece el citado artículo, cuando el comprador ya realizó el fraccionamiento y venta de los lotes se produce la nulidad de la enajenación por parte del Tribunal Agrario, originando un conflicto social, pues los compradores estarían en riesgo de perder la posesión de sus lotes. En reservas de crecimiento a. Muchos de los ejidos certificados por el PROCEDE dispusieron a través de las asambleas ejidales establecer áreas de reserva de crecimiento, que servirían para el asentamiento humano conforme fuera creciendo el poblado, sin embargo, estas áreas se han ido repartiendo sin observar ninguna norma en materia urbana, lo que está generando situaciones de irregularidad porque tampoco se están concluyendo los trámites que prevé la ley para obtener los títulos de propiedad a favor de los poseedores, ni se está dando la intervención a los municipios. En tierras de uso común a) En las tierras de uso común de los ejidos se ha generando un proceso de fraccionamiento y lotificación, a través de un reparto individual que han hecho las asambleas ejidales de manera económica, a favor de cada uno de los ejidatarios, para después fraccionar y vender en lotes la parte que les corresponde. b) A partir de la certificación de los núcleos agrarios por el PROCEDE, en los últimos años se viene dando una constante, sobre todo en ejidos cercanos a las ciudades de promover a través de sus asambleas el cambio de destino de las tierras de uso común a tierras para asentamiento humano o bien como parcelas; en estos procesos existen ejidos que han cambiado el destino de la totalidad de sus tierras, para beneficiarse fraccio- ESTUDIOS AGRARIOS 3518 nándolas y vendiéndolas en lotes, sin observar para ello ninguna norma en materia urbana. Asambleas de cambio de destino a) El ejido a través de asambleas de cambio de destino, convierte las tierras de uso común en área parcelada y las asigna a favor de personas determinadas por la propia asamblea, pero las superficies fluctuan entre 100 y 1000 m 2 ; se hace de esta manera para evitar el cambio de destino a área de asentamiento humano y con ello evadir la intervención del municipio y la normatividad en materia urbana. En el trámite de parcelas se obtendrán certificados parcelarios expedidos por el RAN. En parcelas con dominio pleno a) El ejidatario que fracciona y vende en lotes su parcela y ante la presión de los compradores por obtener un documento de propiedad, decide adoptar el dominio pleno de la parcela y una vez que obtuvo el título, acude ante el notario público para escriturar a favor de los compradores, sin que pueda llevar a cabo su cometido, ya que no cuenta con los permisos de subdivisión correspondientes por parte del municipio. b) El ejidatario enajena su parcela sin respetar el derecho del tanto y de preferencia a que se refieren los artículos 84 y 89 de la LA, lo que pudiera generar la nulidad de la venta; hay casos donde incluso las empresas constructoras de vivienda omiten estos requisitos y los notarios públicos tampoco se percatan de estas omisiones. c) Hay casos de parcelas en las que se había adoptado el dominio pleno, que se están retornando a los ejidos a través de procedimientos de Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal (ITRE), con el propósito de evitar la normatividad, entre otras leyes y reglamentos, para posteriormente, a través de asambleas de cambio de destino, asignar parcelas que en realidad son PROCURADURÍA AGRARIA 3619 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN PROPIEDAD SOCIAL lotes por la superficie que tienen y se están generando verdaderos asentamientos humanos. IV. Propuestas legislativas que permitan prevenir los asentamientos irregulares en propiedad social Propuestas de modificación a la Ley Agraria Modificación al artículo 13 Artículo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Para evitar que personas ajenas al ejido estén siendo reconocidas por las asambleas al margen del artículo en cita, se propone agregar un segundo párrafo en los términos siguientes: Para efectos de demostrar el requisito de residencia a que se refiere este artículo, se deberá emitir la constancia correspondiente por parte de la autoridad municipal. 8 Modificación al artículo 28 Artículo actual: Artículo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de 8 Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Secretario del Ayuntamiento tiene como facultades: Fracción X. Expedir las constancias de residencia que soliciten los habitantes del municipio ESTUDIOS AGRARIOS 3720 la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo. Propuesta de modificación Artículo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. En caso que el representante de la Procuraduría asistente a una asamblea, advierta en la misma que se han cometido irregularidades o existan violaciones al marco jurídico agrario, se harán constar éstas en el acta que se levante y se deberá hacer del conocimiento de oficio, al Tribunal Agrario competente en un plazo de treinta días naturales a partir de la celebración de la asamblea respectiva, para que dicho órgano jurisdiccional determine lo conducente. 9 9 Para lo cual se propone agregar una fracción al actual artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, recorriendo la fracción XV, para que ahora sea XVI, en los siguientes términos: Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. 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