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Timestamp: 2020-01-23 17:58:57
Document Index: 370101837

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 17']

Decreto 27/2013, de 4 de julio, por el que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios en las residencias juveniles titularidad de la Comunidad de Castilla y León y se establece su régimen de bonificaciones.
Publicado en BOCL núm. 128 de 05 de Julio de 2013
Vigencia desde 06 de Julio de 2013
Artículo 2 Importe de los precios públicos de las residencias juveniles
Artículo 3 Capacidad económica del usuario
Artículo 4 Composición de la unidad familiar
Artículo 5 Concepto de renta
Artículo 6 Concepto de patrimonio
Artículo 7 Determinación de la capacidad económica
Artículo 8 Obtención de información
Artículo 9 Bonificaciones
Artículo 10 Revisión de la capacidad económica y de la participación del usuario en el coste del servicio
Artículo 11 Sujetos obligados al pago
Artículo 12 Régimen de devengo
Artículo 13 De la gestión de los precios
Primera Precios en albergues y campamentos juveniles gestionados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León
Segunda Precios en albergues y campamentos gestionados de forma indirecta
Disposición transitoria Precios de las residencias juveniles durante el curso académico 2012-2013
Segunda Actualización anual de los precios públicos
El Decreto 14/2006, de 9 de marzo, estableció las tarifas de precios públicos por la prestación de servicios en instalaciones juveniles de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, que posteriormente fueron modificados por el Decreto 17/2008, de 28 de febrero, por el que se actualizaron los precios públicos por la prestación de servicios en instalaciones juveniles y se establecieron bonificaciones en favor de las familias numerosas de la Comunidad de Castilla y León.
El artículo 17 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León dispone que el establecimiento o modificación de los precios públicos se realizará mediante Decreto de la Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la Consejería que en cada caso corresponda por razón de la materia, previo informe de la Consejería de Hacienda y el resto de los trámites previstos en la legislación sectorial vigente. Este mismo artículo, en el apartado segundo establece que mediante decreto de la Junta de Castilla y León, se actualizarán con periodicidad anual los importes de los precios públicos, atendiendo a la evolución del índice de los precios al consumo.
El artículo 19 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, establece que la cuantía de los precios públicos se fijará de modo que, como mínimo, cubra los costes económicos totales originados por la prestación de los servicios o la realización de las actividades en relación con los cuales se establezcan, teniéndose además en cuenta la utilidad derivada de la prestación administrativa para el interesado. Dispone asimismo que, salvo que una norma con rango de ley dictada por el Estado disponga lo contrario, las exenciones y bonificaciones aplicables a los precios públicos se establecerán teniendo en cuenta la capacidad económica de los obligados al pago, y en el supuesto de resultar necesario, previa adopción de las previsiones presupuestarias precisas para la cobertura de la parte de coste subvencionada.
Por otra parte, la Disposición final tercera de la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas, ha modificado el artículo 37 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, condicionando el disfrute de los beneficios establecidos al cumplimiento de determinados requisitos entre los que estará, en todo caso, la capacidad económica de la unidad familiar beneficiaria.
Con el presente decreto se establecen los precios públicos, atendiendo al coste efectivo del servicio, de las residencias juveniles gestionadas directamente por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, toda vez que el artículo 41 de la Ley 11/2002, de Juventud de Castilla y León, define estas instalaciones como establecimientos puestos al servicio de los jóvenes que por razones de estudio o trabajo se ven obligados a permanecer fuera de su domicilio durante, al menos, un trimestre. Así mismo se establece el régimen de bonificaciones, atendiendo a la capacidad económica de los usuarios, pero asegurando la eficacia y celeridad en la prestación de estos servicios.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, previo informe de la Consejería de Hacienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 4 de julio de 2013
1. El presente decreto tiene por objeto establecer los precios públicos que serán de aplicación a partir del curso 2013/2014, por la prestación de servicios en las residencias juveniles titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en régimen de gestión directa, así como establecer su régimen de bonificaciones.
2. El servicio que se presta en las residencias juveniles incluye el alojamiento y la manutención de los residentes en los términos específicamente establecidos en la normativa reguladora del acceso a las plazas en residencias juveniles, así como en su respectiva convocatoria anual.
1. Los precios públicos aplicables a los servicios prestados en las residencias juveniles son los siguientes:
Precio mes Curso completo (1)
Habitación individual 620,00 € 5.890,00 €
Habitación compartida 539,13 € 5.121,74 €
2. El importe efectivo del precio público que corresponde pagar por los servicios prestados en las residencias juveniles se determinará una vez aplicadas las bonificaciones que correspondan en función de la capacidad económica per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el usuario o destinatario final del servicio.
A los efectos de este decreto, la capacidad económica de los usuarios del servicio se calculará valorando el nivel de renta y patrimonio de la unidad familiar a la que pertenezcan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.
1. Son miembros computables de la unidad familiar, a efectos de este decreto, el solicitante de plaza, sus padres o tutores legales y los hermanos menores de 25 años a la fecha de publicación de la convocatoria anual de plazas, siempre y cuando convivan en el mismo domicilio en esa misma fecha.
2. Cuando el solicitante constituya unidad familiar independiente, también se considerarán miembros computables el cónyuge o en su caso la persona a la que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere y las personas a quien corresponda su guarda o tutela.
3. En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, no se considerará miembro computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante, sin perjuicio de que en su caso, su contribución económica se incluya en la capacidad económica familiar.
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación al padre o a la madre que conviva en el domicilio familiar, así como sus hijos menores de 25 años que también convivan.
4. Si el solicitante alega su independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente esta circunstancia, con el contrato de arrendamiento o documento que acredite ser el dueño de la vivienda que habita, y sólo se admitirá esta circunstancia cuando el solicitante acredite la existencia de ingresos actuales superiores a la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía que le pudiera corresponder. A estos efectos, no computarán como ingresos las cantidades donadas por familiares.
1. Se entiende por renta la totalidad de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, cualquiera que sea la fuente de procedencia, derivados, directa o indirectamente, del trabajo personal, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio. A estos efectos se tomarán los ingresos obtenidos durante el último período impositivo cerrado con plazo de presentación vencido al inicio del año correspondiente al curso que se convoca.
2. En el caso de que en el período impositivo siguiente al indicado en el párrafo anterior se hubiera modificado sustancialmente la situación económica familiar, se computarán los ingresos de este período. Si en el ejercicio o período impositivo del año en el que se solicita la plaza de residencia se hubiera producido una circunstancia de modificación sustancial, se realizará una estimación de los elementos de renta de acuerdo a la información aportada por el interesado. En este caso, esta situación será comprobada con la información declarada, a efectos tributarios, para este ejercicio impositivo. A efectos de este decreto, se entiende que se ha producido una modificación sustancial de la situación familiar, cuando cambia la composición familiar por defunción, nacimiento, matrimonio, separación o situación análoga de alguno de sus miembros, o cuando se produce una variación en los ingresos periódicos superior al 20%, por inicio o cese de actividad económica, por variación en la situación laboral, o en las prestaciones periódicas que perciba cualquiera de sus miembros.
3. No se computarán las prestaciones reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que perciba cualquier miembro de la unidad familiar, ni las de análoga naturaleza y finalidad establecidas en los regímenes públicos de protección social previstas en el artículo 31 de dicha ley.
Se entiende por patrimonio los bienes inmuebles de los que sean titulares los miembros de la unidad familiar a excepción de la vivienda habitual, computables según su valor catastral en el momento de la solicitud. Queda exenta del cómputo una cuantía equivalente a cuarenta veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM) mensual vigente en el momento de la solicitud.
La capacidad económica familiar será la correspondiente a la renta de la unidad familiar modificada al alza por la suma de un 5 por 100 del patrimonio computable.
1. El solicitante y todos los miembros mayores de edad de la unidad familiar autorizarán al Instituto de la Juventud de Castilla y León para que, a través del organismo que corresponda, recabe de cualquier Administración Pública la información que sea necesaria para que el Instituto de la Juventud pueda determinar y verificar la capacidad económica.
2. En caso de no prestar autorización expresa, el solicitante estará obligado a aportar la documentación que contenga los datos necesarios para determinar su capacidad económica.
1. Las bonificaciones sobre los precios públicos indicados en el artículo 2 del presente decreto se aplican, en todo caso, en función de la capacidad económica del usuario del servicio.
2. Cuando la capacidad económica familiar sea igual o inferior a la Renta Garantizada de Ciudadanía que podría corresponder al titular de esa prestación en función del número de miembros computables en el momento de la solicitud, el usuario abonará como coste del servicio la cuota mínima que queda establecida en el 20% del IPREM mensual del ejercicio de la solicitud.
3. En el resto de los casos, se establece una bonificación por la capacidad económica del usuario, de tal forma que la cantidad a abonar mensualmente por habitación compartida se calcula aplicando la siguiente fórmula:
Aportación mensual = [(R – RGC)/N] + Cuota mínima
R es la capacidad económica familiar dividida entre 12.
RGC es la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía que correspondería al titular en el momento de la solicitud, en su cuantía mensual.
N es el número de miembros computables de la unidad familiar, ponderados a razón de 1 los dos primeros, y a razón de 0,3 los restantes.
4. Las personas que ocupen habitación individual abonarán la cuantía calculada según los apartados anteriores, con un suplemento del 15%.
5. Los usuarios que dispongan de título de familia numerosa de categoría general o especial, tendrán derecho a las bonificaciones establecidas en la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, cuando la capacidad económica familiar per cápita mensual sea inferior a 1,1 veces el IPREM vigente en el momento de la solicitud, correspondiente a una mensualidad.
6. Las bonificaciones recogidas en este artículo no serán acumulables, y en el caso de concurrir más de una se aplicará la más beneficiosa para el interesado.
1. En el caso de que, durante el curso académico, se modifique sustancialmente la situación familiar en los términos señalados en el artículo 5, el usuario del servicio deberá comunicarlo en el plazo de 15 días desde que se produce la modificación. El Instituto de la Juventud de Castilla y León revisará la capacidad económica personal y la participación del usuario en el coste del servicio, con efectos del día 1 del mes siguiente a aquel en el que se produjo la variación.
2. En el caso de que se detecte un error en la valoración de la capacidad económica por causas imputables al usuario, el Instituto de la Juventud de Castilla y León revisará su participación en el coste del servicio con efectos de la fecha de inicio en la prestación del servicio o de la modificación de su situación familiar si fuera posterior.
Están obligados al abono del importe de los precios públicos, calculados conforme a lo previsto en el artículo 2.2 del presente decreto, quienes soliciten y obtengan la prestación del servicio correspondiente, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o demás entes carentes de personalidad jurídica propia, que actúen como tales en el tráfico mercantil, con independencia del destinatario final del servicio.
1. El precio público se devenga en el momento de iniciarse la prestación del servicio en las residencias juveniles.
2. En los casos en que se produzcan anulaciones de plazas ya abonadas, se procederá a la devolución en función de los plazos en que la anulación o modificación se produzca, en los términos establecidos en la convocatoria de plazas de residentes fijos en las residencias juveniles y demás disposiciones que regulen la ocupación de las instalaciones juveniles.
3. Cuando por causas no imputables al usuario, el servicio público o la actividad administrativa no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe íntegro abonado.
1. La administración y cobro de los precios públicos corresponderá al Instituto de la Juventud de Castilla y León, ajustándose a lo establecido en la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el Decreto 45/2002, de 21 de marzo, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios y en el resto de disposiciones aplicables.
2. Los actos de gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos tienen naturaleza económico-administrativa y les son de aplicación el régimen de recursos y reclamaciones propios.
Los precios de los servicios que se presten en los albergues y campamentos juveniles gestionados directamente por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, se establecerán conforme a lo previsto en el artículo 34.5 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León o disposición legal posterior que tenga el mismo objeto.
Los precios de los servicios que se presten en los albergues y campamentos juveniles titularidad del Instituto de la Juventud de Castilla y León, gestionados de forma indirecta, serán los que se venían aplicando en ejecución del contrato.
Hasta la finalización del curso académico 2012/13, los precios de las plazas de residentes fijos en residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León, serán los fijados en la normativa anterior a la entrada en vigor del presente decreto y sin perjuicio de las actualizaciones que resulten de aplicación.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente decreto y, en particular el Decreto 14/2006, de 9 de marzo, por el que se aprueban los precios públicos por la prestación de servicios en instalaciones juveniles de titularidad de la Comunidad de Castilla y León y el Decreto 17/2008, de 28 de febrero, por el que se actualizan los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones juveniles y se establecen bonificaciones a favor de las familias numerosas de la Comunidad de Castilla y León.
Se faculta a los titulares de las Consejerías de Hacienda y de Familia e Igualdad de Oportunidades para, en sus respectivos ámbitos, dictar cuantas disposiciones sean necesarias en ejecución y desarrollo de este decreto.
Los importes de los precios públicos establecidos en el presente decreto se actualizarán conforme a lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
El curso completo equivale a nueve meses y medio.