Source: https://es.scribd.com/document/159596396/Accion-Popular
Timestamp: 2017-05-24 22:26:59
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2.-.- Diagnostico Situacional
El proceso de acción popular reviste singular importancia en la medida que su regulación constitucional- artículo 200 inciso 5 Constitución 1993- prevé que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Si bien el proceso de acción popular no es en estricto un proceso de control normativo con las potestades de control concentrado como sucede con los procesos de inconstitucionalidad y competencial, cuya definición está reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional en instancia única, sí podemos afirmar que este proceso representa el control constitucional que hacen los jueces del Poder Judicial de la compatibilidad iusfundamental de las normas reglamentarias que vulneran los principios, valores y directrices contenidos en la Carta Fundamental. 3.Hipótesis
La respuesta es encontrada en el Derecho Comparado (históricamente las Constituciones de Cuba, Honduras, Bolivia, Panamá, El Salvador y Guatemala confieren potestad de conocimiento de esta acción al Poder Judicial). En adición a ello, las Constituciones de Perú de 1933, 1979 y 1993 han regulado que se trata de un proceso que debe ser conocido por el Poder Judicial. A juicio nuestro, debe estimarse, bajo las reglas de la razonabilidad, que en un Estado Constitucional deben delimitarse adecuadamente las competencias y éstas son objetivas en nuestro país en cuanto las normas con rango de ley son objeto de control constitucional por parte del supremo intérprete de la Constitución. A su vez, las normas reglamentarias, como hemos referidosupra, constitucionalmente controladas por el Poder Judicial. Es importante hacer a un lado la desconfianza kelseniana de que el trabajo de los jueces debe ser objeto de múltiples controles. Y en el hipotético caso de que una deben ser
sentencia de acción popular fuere contraria a la Constitución, queda plenamente habilitado el proceso constitucional de amparo contra resolución judicial. 4.Marco Metodológico 4.1 La acción popular en la experiencia romana.
En el derecho romano, según el libro 47, titulo 23, Ley 1 del Digesto, existía unaactio popularis, pretorias y penales para amparar los derechos propios del pueblo. Toda persona libre podía ejercer una acción penal contra la perpetración de delitos que atacaban bienes directamente relacionados con intereses sociales o con hechos que interesaban a toda la comunidad La cita del Digesto 47.23.1. título XXIII denominado “De las acciones populares”, dice: 1. Paulus Libro VII, ad edictum.- Eam Paul. 8 ed “Llamamos acción popular la
dicimus,
quae que ampara el derecho propio del
suum ius populi tuetur.
defensa del derecho del pueblo (populus).
A partir de esta cita señalamos que la acción popular es aquella que se ejercita en
Para especificar el concepto de populus citemos a Gayo en Inst. 1.3., donde señala que: “... con el nombre de pueblo se comprenden todos los ciudadanos,...” Podemos por tanto afirmar que, la acción popular es aquella que tiende a proteger, garantizar y legitimar el derecho del populus,
colectividad ciudadana que a diferencia de la concepción moderna, asumía el
A diferencia de las acciones de carácter privado que tutelan derechos individuales, como es el caso de la reinvindicatio, la actio venditi, la actio legis Aquiliae, la actio furti, y otras más. Es importante señalar que el derecho romano rechaza el principio moderno de la generalidad de la acción, ya que para cada situación jurídica había que aplicar una acción determinada, Cfr. MARGADANT S. G. Derecho Romano, Esfinge, México, 1979, p. 179.
como los bienes. porque
D. Paulo 9 ed . Ad D. sed si qua sunt usos públicos.16. como los derechos”.17. es el argumento que da vida a la acción popular. . 50. para lo cual citaremos lo que el Digesto en el libro “sobre la significación de las palabras” nos dice: D. nec religiosa. la protección del “interés colectivo”.2.17..compromiso no solo de abstenerse a dañar al interés colectivo. Ad Edictum. en las que uno litiga como individuo del pueblo. sino que también procuraba su arreglo de acuerdo con las condiciones y medios procesales que el derecho romano establecía para ello..16. 50.Inter “publica” habemus non no contamos ni las sagradas. “Entre las cosas „públicas‟
Edictum..”. y para comprender la importancia del mismo. cuando era afectado como miembro de ese
populus. Ulpianus Libro XIV. nec quae publicis religiosas..2 Interés colectivo.3.23.”
Antecediendo a esta cita veremos que en D. ni las sacra. Especifica.
Como se ha señalado en líneas anteriores.
Ulpianus Libro X. sino las que son de las civitatum velut bona. “En la denominación de
Edictum. „cosa‟ se comprenden así las causas et iura continentur
D.23. In popularibus actionibus.15..16.-Bona “Los bienes de una ciudad se llaman civitatis abusive “publica” dicta sunt. ni las que están destinadas a usibus destinata sunt. 50. 50.
ciudades.43.16..“En las acciones populares. 50. defensionem ut procurator praestare cogendus non est. 2
4.. Ad D.
Ulpianus Libro X. consideramos oportuno hacerlo a partir de la noción de la res pública. ubi quis quasi unus ex populo agit.16.3. no debe ser uno obligado a hacer la defensa como procurador”.“Rei” appellatione et causae. abusivamente
„públicos‟.
se reitera el interés colectivo que da vida a la acción popular.
.30. J. escinde la unidad y es sediciosa. 4. lo cual resulta congruente con el principio de justicia y bien común que caracterizó a la sociedad romana.55. la posibilidad de facto. nace a partir de un fin común: la protección de la res pública Hasta aquí concluimos que: el interés colectivo. Por tanto cualquiera acción. Por tanto. Esta noción es congruente con lo que ya Marco Aurelio decía: “la razón del mundo es social”. concluimos que: “La res publica es cosa de todos.. Espíritu del Derecho Romano. la acción común está orientada a alcanzar a su vez un fin común.p. p.3 afirmación que considero resume la esencia de la
res publica.sola enim ea publica sunt.23.. ya que ahora
IGLESIAS. niegan en algunos casos.. así también toda acción tuya es parte integrante de la vida social. en la experiencia romana de la época clásica. como sedicioso es el que en una ciudad se aparta. segunda edición. J. “Del mismo modo que tu eres integrante del organismo social. Citado por IGLESIAS. Soliloquios.3 . se advierte de manera diversa a la concepción actual.43.A.
Apoyados en Iglesias. cit. S.
pueblo romano”. Centro de Estudios Ramón Areces. 5. ya que la noción de la legitimación en el pensamiento romano de la época clásica. 9.
es en consecuencia el interés de Roma. para accesar a medios procesales que permitan legitimar la defensa de aquellos derechos que tutelan intereses colectivos del grupo social. 4 MARCO AURELIO. cualquiera acción tuya que no tenga ni inmediata ni remota relación con este fin común. perturba la vida.4 En la cita. y nos acerca a comprender con mayor claridad que el interés de todos. en la que los intereses individualistas han ganado terreno y sobre todo cuando los ordenamientos legales. ob. separándose de la acción común”. no coincide con la actual. Legitimación.. al tiempo que todos son de ella”. quae populi solamente son públicos los que son del Romani sunt. como lo analizaremos con mayor precisión en siguiente punto.
El tema reviste especial interés.
. Porrúa. íntegro. para hablar de la noción actual de “derecho subjetivo”. p.
individuo del pueblo. Cfr. no debe ser uno obligado a hacer la defensa como procurador”. esto es.186-204.. E. frente al pensamiento romano lo haremos a partir del “poder personal”.88. pp. la legitimación.cit. no compartido. defensionem ut populares. en las que uno litiga como procurator praestare cogendus non est.3. Paulo 9 ed . noción ajena al pensamiento moderno que solo nos faculta y legitima a partir de la existencia de un ordenamiento legal. IGLESIAS.87.3. que como miembro de populus le es connatural a cada ciudadano romano. ob.poder compartido es poder negado..
. 6 IGLESIAS.. por ello. -. Para continuar con el desarrollo propuesto a partir de las fuentes citaremos lo expresado en:
In popularibus actionibus.. GARCÍA Maynez. en sus varias manifestaciones. además. p.”... J.2.6 Así tenemos que. México.
Cfr.cit.se habla de “derechos subjetivos” como facultad concedida al particular por el ordenamiento jurídico (derecho objetivo).El poder se explica abierta y totalmente por la acción singular de cada uno y no por la acción cooperadora de todos los investidos con la representación única e igual.. debe ser íntegro y pleno.5 Iglesias nos dice: “Poder personal y. es consecuencia del ejercicio del poder personal. y para lo romano solo podría comprenderse a partir de la idea de “poder”. ubi quis quasi D. .“En las acciones unus ex populo agit. y así en lo público como en lo privado. 1990. Introducción al Estudio del Derecho. J. El romano entiende que el poder.43. ob.
69.8 Así. como miembro del populos. pp. Studi sulle azioni populari romane. Barcelona. interpretación que ha sido objeto de diversos análisis y discusiones entre importantes romanistas. citados por LOZANO y Corbi. La crítica a esta doctrina de CASAVOLA. y LOZANO y Corbi.. ob.cit. era en el momento de concluir la litis
contestatio. Para continuar con el análisis propuesto a través de las fuentes. A.
. Comentarios al Edicto. Die römischen Popularklagen.cit. la legitimación activa juega un papel de suma importancia ya que como se ha dicho anteriormente el interés colectivo y la facultad de poder accionar en defensa y protección de la res publica. Idem libro I. se hará consistir en la parte que participe en calidad de reo en la litis
contestatio.. E. Ad Edictum –Si El mismo. al cual pertenece. Bosch. se legitima al actor que actúa como unus ex populo .9
En la acción popular. la acción popular legitimará “a cualquiera del pueblo” (quivis ex populo) La legitimación procesal es: activa y pasiva. CASAVOLA. de acuerdo al ordenamiento procesal romano. obra traducida al italiano por SCIALOJA. GUZMÁN Brito. Libro
Estudios realizados por MOMMSEN. en el caso de la primera. p. veremos lo que a continuación nos señalan las siguientes citas: D. 47.. legitima en consecuencia a “cualquiera del pueblo” (quivis ex populo).. 8 Cfr.En la cita. quien se pronuncia en este mismo sentido. La legitimación popular en el proceso romano clásico.cit.. En el caso de la segunda.7 al interpretar no coincidentemente el sentido de la expresión. es decir. 9 Cfr..69.238.. afirmaremos que. no obstante. ob. que la
legitimación activa se reconocería en el titular del derecho afirmado. en calidad de individuo. E. p..63-64. ob. cuando se quedaba resuelta la posición de parte. con apoyo en lo dicho por Guzmán Brito. Le “actiones populares”. E. con este término se designa el interés único y exclusivo del ciudadano como miembro del populus. 1982.23. LOZANO y Corbi. es decir.2. BRUNS. p.
Cfr. Ulpiano.D.In popularibus actionibus is.
juzgada. 47. el Pretor elegirá al más idóneo.. considerando lógico pensar que existieran circunstancias particulares.Comentarios al Edicto. cuius opone la excepción vulgar de cosa interest.Sed si ex eadem causa Edicto. 47. que fundaran un interés personal superior al de otros actores...J..1617. En este sentido. pudo el magistrado decir que éste era más idóneo y. Paulus libro III. ad Edictum.En las acciones populares es preferido aquél a quien le interesa.11 D.. siendo uno mismo el hecho. cívicas y culturales de los actores
y que en un momento determinado
podrían influir en el ánimo y criterio del magistrado para otorgar la acción a quién considerara el “más idóneo”. I. preferirlo. 47. pero no el otro.4.16. cuidadoso de sus cosas y preocupado de las cuestiones atinentes al pueblo. Los términos “idóneo” e “interesado”.
.23. aluden a circunstancias estrictamente personales o como señala Alba Crespo. Eudecor SRL.23.4.plures simul agant populari actione.3.” ob. libro I. por lo tanto. ALBA Crespo. 47. causa se ejercitara muchas veces la exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur.
Ad D.. Alba Crespo señala que: “. que se observan en las citas anteriores.3. sociales. acción. Acciones e interdictos populares. 1999. de la actio de positis vel suspensis por causa de una cosa colocada sobre la vía pública y en lugar por el que necesariamente debe pasar uno de los postulantes. p.cit. descuidado en sus negocios y ajeno a las cuestiones de la res publica y otro culto.-Pero si por una misma saepius agatur. quum idem factum sit. Paulo. 1.Si muchos ejercitaran al mismo Praetor eligat idoniorem
tiempo la acción popular. lo mismo en el caso del “interés”.23. Pero si ambos reunieran estas condiciones y se tratase por ejemplo. J. se 1.pp.23.entre un actor popular inculto. Comentarios al
Edictum.. La cita indica que al existir pluralidad de actores se elegirá al más idóneo. praefertur. veamos lo que nos dice la siguiente cita: D.
I. seguramente el magistrado debió preferir al primero por estar directamente interesado...
12 A manera de conclusión y trayendo a cuenta lo analizado anteriormente. is autem. representando el interés colectivo.
La anterior cita nos recuerda que es requisito esencial para ejercitar la acción popular. se otorga en ejercicio del poder que goza y emana del populus. pero el que la promueve no puede nombrar procurador. procutorem dare non potest.
D. nos permitiremos realizar la siguiente afirmación: la legitimación activa en el caso de la acción popular. con facultad de defender una causa en juicio. ser ciudadano romano.
cuando las cosas les pertenezca a ellos. Ulpianus libro XXV. D. qui eam movet.6. a través de un procurador.. ad defendendum procuratorem dare potest.Popularis
personae libro III.. 47. En esta hipótesis.5. 47. Comentarios al Edicto.
.Mulieri et pupillo populares XXV.. ad Edictum. es claro que la acción procedente es una de carácter privado.-El que fuere demandado con la acción popular puede nombrar procurador para que le defienda. sino res pertineat. Comentarios al Edicto. cui per Edictum popular se le permite a persona íntegra. hoc est. postulare licet. ya que en el caso de la acción popular éste igualmente estaría legitimado para accionar directamente. Paulo. en defensa y protección de la res publica.23.El ejercicio de la acción
esto es. ad Ulpiano. a cualquiera que lo integre. Paulus libro VII. Lo cual excluye de esta posibilidad a las mujeres y los menores. libro VII.-Qui populari actione convenietur. nisi quum ad eos dan las acciones populares.
permititur. excepto cuando se trate de una afectación directa.A la mujer y al pupilo no se les actiones non dantur.23. aquélla a quien por el Edicto le es lícito pedir. libro
Edictum. como se indica en la siguiente cita.
en cualquiera de los casos no habría litigio. 18 KELSEN. E. ya que el “interés” a que
Cfr. se considera como un requisito necesario. para completar nuestro análisis. traducción y compilación Enrique Figueroa Alfonso. nos compete la primera: en el supuesto de encontrarse legitimado por una norma determinada para el ejercicio de una acción.108. como binomios ajenos . CARNELUTTI. que ejercitándolo no encontrara resistencia alguna por parte del obligado. ob.13 ha cedido lugar a diversos debates y controversias de orden jurídico.14 De las hipótesis que señalamos. toda vez que podrían converger dos situaciones: que no exista voluntad o interés para ejercitar su derecho.cit... que confiere el derecho de ser escuchado por el juzgador y que llegue a fijar una litis. obra clásicos del derecho.16 “la ecléctica”(JELLINEK)17 y “La positivista”(KELSEN)18. 77-78. México. o bien. Cfr. 16 JHERING. Harla. traducción O. y toda vez que no es objeto de la presente investigación entrar al estudio de estas teorías. El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho. ob.191. IGLESIAS. dependerá de la voluntad y del interés que el titular tenga para poner en movimiento al aparato jurisdiccional. 17 Teoría citada y criticada por GARCÍA MAYNEZ. p. Derecho procesal civil y penal.15 “ La del interés jurídicamente protegido”(JHERING). pp. p. traducción Legaz y Lacambra. pero no suficiente para el ejercicio de la acción. en el pensamiento moderno. por mencionar a las mas representativas. que postula la idea de sociedad (derecho objetivo) e individuo(derecho subjetivo). vol.317-355. 15 WINDSCHEID. p. pp. tomo IV. La legitimación procesal. veremos que en contraste la concepción actual liberal decimonónica. 3 edición.. Este supuesto ha sido objeto de estudio por parte de diversos juristas que explican a la acción como un derecho subjetivo a partir de teorías como “la de la voluntad”(WINDSCHEID). Diritto delle Pandette.87. de Meulenaere. 1925.cit. J.
. 1933.4. traducción Fadda e Bensa. y por ende de carácter procesal.. concluiremos: El interés colectivo no representa mayor atractivo para ninguna de las teorías mencionadas. F.Ahora bien. Torino. 1997. El espiritu del derecho romano. Madrid..
ALVAREZ SIMONETTI. 22 Según J. El artículo 255° de esta Constitución disponía: “El soborno. 68. Bogotá 1977. pudiendo ser ejercida por no menos de veinticinco ciudadanos.. En el Perú su primer antecedente es la Constitución de Cadiz de 1812.1. Manuel T. Manuel T.
. Grant “El efecto legal de la declaración de inconstitucionalidad”. “El petitorio de Inconstitucionalidad por acción popular” Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller por la PUC (1974).aluden desde su postura es solo en cuanto al individuo.Antecedentes constitucionales. aparecida en Venezuela21 y Colombia22 en la segunda mitad del Siglo XIX e inicios del siglo pasado. Una institución de origen latinoamericano20. “Sobre la efectividad del control jurisdiccional de constitucionalidad en los ordenamientos iberoamericanos” En Ius et Praxis. como una reacción al
sistema de la judicial review23 y anticipándose a los europeos en la institución de su sistema concentrado24. promoviendo la defensa y protección de derechos colectivos. Lima. con efecto derogatorio indirecto. Nº 4. La Constitución de 1866 la estableció en su artículo 214 siendo conocida como acción de inexequibilidad. p.A. Esta realidad se materializa en la ausencia de medios procesales. Honduras la establece
2PAZ SOLDAN.. Luis Carlos Op. p.Antecedentes en el Perú:19 5. 73 24 SACHICA. Diciembre de 1984. Editorial de la Universidad Católica del Perú. denominada acción
popular de inconstitucionalidad o acción de inexequibilidad. Sobre los Derechos Constitucional Peruano. Op. DE VERGOTTINI. 1981. pero no en función de la defensa y protección de un interés de carácter colectivo.. Cit. existía en 1850. 58. p.C.. Aparece en la Constitución de Cuba de 1935. 73. Cit. p. José P. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. que legitimen al ciudadano para accionar en representación de un determinado grupo social.. Las reformas de 1945 y 1968 la reformaron permitiendo inclusive la intervención coadyuvante de cualquier ciudadano. artículo 113 inciso 8. 23 ALVAREZ SIMONETTI. 5. 21 Constitución de 1858. el cohecho y la prevaricación de los Magistrados y jueces producen la acción popular contra los que la cometan” La acción popular es uno de nuestros más antiguos procesos constitucionales. Giuseppe.
La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. también lo es que en el inciso 4 se mantiene la acción popular de inconstitucionalidad al
Constitución de la República de Honduras. sobre la inconstitucionalidad de la Leyes.La Corte Suprema de Justicia tendrá. con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración. podrá solicitarse. de un modo general y obligatorio.. En este caso y en el previsto por el numeral anterior.2000. resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona. Art. a la que según el artículo 241 se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.07. 1982. Si bien es cierto que Colombia en la Reforma del 2001 ha optado por establecer una Corte Constitucional. las siguientes: 1. Por vía de excepción. se suspenderán el procedimiento elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Guatemala en la Constitución de 1965. podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución. 1962 y 198327.
.. 27 Constitución Política de la República de El Salvador de 1983. acuerdos.La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad. ARTICULO 185. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. 2. por quien se considere lesionado en su interés directo. por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos 1 de 1983 y 2 de 1994. decretos y reglamentos.en su Constitución de 1936 y la de 198225. También el Juez o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial. decretos.. con las Reformas desde 1982 hasta 2003. Bolivia la recoge en su Constitución de 1938. Bolivia ha adoptado el Tribunal Constitucional en su Constitución de 1995 y Guatemala ha optado por establecer una Corte de Constitucionalidad en la Constitución de 1985. actualizada hasta reforma introducida por el DL Nº 56. y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. entre sus atribuciones constitucionales y legales.Las Leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. en su forma y contenido. 26 Reformada por los Actos Reformatorios de 1978. Artículo 203.. La guarda de la integridad de la Constitución para la cual la Corte en pleno conocerá y decidirá. ARTICULO 184. personal y legítimo: 1. que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. El Salvador en las Constituciones de 1950. del 06. y 3. 183. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia. Panamá en sus Constituciones de 1946 y de 197226.
la ley sobre las normas de menor jerarquía. y el artículo 118º inciso 8) del mismo texto normativo (que considera dentro de las atribuciones del Presidente de la República la de “Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas.señalarse
“decidir
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. en todo caso.. total o parcialmente. deberá determinar sus alcances en el tiempo. lo que se declara mediante sentencia de efectos generales y con declaratoria de nulidad (ex tunc. En el ámbito doctrinario. pro futuro).
. por infracción de la Constitución y de la ley. 5. la validez de las normas generales que infringen la Constitución y/o la Ley por la forma o por el fondo. y así sucesivamente”). según decisión del órgano
jurisdiccional el que. en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo. normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general. el proceso de Acción Popular constituye un mecanismo de control concentrado de las normas reglamentarias. además del legal. dictar decretos y resoluciones”).2.Concepto o definición del proceso de acción popular El proceso de Acción Popular es el que tiene por objeto defender la supremacía de la Constitución y se dirige a impugnar mediante acción interpuesta por cualquier persona. El artículo 200º numeral 5) de la Constitución Política del Perú de 1993 incluye dentro de las garantías constitucionales a la Acción Popular. César Landa señala que “La Acción Popular está estrechamente ligada a la acción de inconstitucionalidad de las leyes. tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. cualquiera sea la autoridad de la que emanen. pero examinando las normas inferiores a la ley En definitiva. y dentro de tales límites. la cual procede contra los reglamentos. y que presenta como objetivos el de velar por la defensa del artículo 51º de la Carta Magna (el cual prescribe que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal. pro
praeterita) o de anulabilidad (ex nunc. que es ventilado exclusivamente al interior del Poder Judicial.
“Derecho Constitucional Colombiano”. la Acción Popular es el remedio para defender la constitucionalidad y legalidad frente a las normas administrativas que la contradicen. Los efectos de la sentencia no son particulares. por la innegable trascendencia política que tiene la declaración de inconstitucionalidad de una norma. 652. su ámbito de vigencia es para un colectivo y no una determinada persona. sino también por quebrantarla indirectamente.Naturaleza jurídica. 1979. En el proceso de inconstitucionalidad. en única instancia y “de manera definitiva”. Bogotá. Tanto el proceso de acción popular. que constituye una manifestación del control interorgánico del ejercicio de la función legislativa por parte del órgano jurisdiccional al que se encomienda “la
BETANCUR CUARTAS. la acción de inconstitucionalidad y el proceso competencial tienen como rasgos comunes el de servir a la defensa objetiva de la Constitución.
. la tramitación de los procesos resolviendo como “único tribunal competente”. Jaime. cuando se vulneran los artículos 51º y 118º inciso 8) de dicho cuerpo normativo 6. mientras que en el proceso de Acción Popular la sentencia estimativa puede anular una norma reglamentaria no solo por infringir de forma directa la Carta Magna. la resolución que declara fundada la demanda expulsa la norma declarada inválida por vulnerar directamente la Constitución. p. es un medio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de nivel administrativo. es decir. sino generales.
La Acción Popular es una acción pública de inconstitucionalidad con el alcance de efectos generales en sus fallos28. La controversia en una Acción Popular constituye una discusión de puro derecho.Así. en el que debe determinarse si la norma de inferior jerarquía contraviene la Constitución o la ley. El control es encargado al Poder Judicial. encomendándose a la Corte Suprema. Editora Beta. es decir. ya sea en Pleno o mediante una Sala Especializada.
. Artículo 295.. Otro supuesto de acción popular es la prevista en las Constituciones de 197932 y 199333 para interponer la demanda de acción de inconstitucionalidad.. La excepción la constituyen nuestras Constituciones que no lo precisan.. En cuanto a
Constitución de 1933.] Hay acción popular ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley.[.Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: [.. esta garantía constitucional aparece en el artículo 133 de la Constitución de 193329. por el artículo 200 inciso 4 de la Constitución de 199331. La ley establecerá el procedimiento judicial correspondiente.guarda de la integridad de la “Constitución”. por infracción de la Constitución y de la ley...] 5.. sin perjuicio de la responsabilidad política de los Ministros..La Acción Popular. está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial... que procede.. normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general.Son garantías constitucionales: [. 33 Artículo 203.] Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.. contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general que expiden el Poder Ejecutivo. Artículo 200.
Artículo 299.. Artículo 133.Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones.] 6. contra los reglamentos.] 5.
. los gobiernos regionales y locales y demás personas de derecho público.. siendo retomada por el artículo 295 in fine de la Constitución de 197930 y. Si la norma es una ordenanza municipal.Hay acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o las leyes. reservándose su procedencia contra las normas de inferior jerarquía a la ley... 31 Constitución de 1993. En el Perú. 30 Constitución de 1979.Cincuenta mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. cualquiera sea la autoridad de la que emanen. [. actualmente.Están facultados para interponer la acción de inconstitucionalidad: [. siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.
10 de agosto y 17 de agosto de 1948. se interpusieron tres demandas de acción popular directamente ante la Corte Suprema. con el artículo 7 de
Ejecutoria de fechas treinta de abril. publicadas en los Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. en 1948. por no haberse dictado la ley procesal que desarrollara la norma constitucional. t. La acción popular es un auténtico paradigma de la democracia. El legislador peruano siempre reservó la declaración de inconstitucionalidad en última instancia a la Corte Suprema. Incomprendida en sus inicios por muchos. 348-349. pública o ciudadana. órgano que las declaró improcedentes por resoluciones de Sala Plena. También se cometió el error de exigir que el accionante acreditara interés económico o moral para interponer su demanda. por considerarse “que no está expedito el ejercicio de la facultad concedida al Poder Judicial por el artículo 133º de la Constitución al no haberse dictado la ley de procedimiento judicial respectiva” 34. Año Judicial de 1948. durante la vigencia de la Constitución de 1933. de tal suerte que el Poder Judicial pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma reglamentaria con efectos derogatorios directos.
. Mediante ella. Rebajar el número de cincuenta mil ciudadanos a cinco mil o al uno por ciento de ciudadanos en caso de ordenanzas municipales es un signo de democracia rescatable en una Constitución que tiene su origen en un régimen autocrático. es decir. pese a tratarse de una acción popular. XLIV. es muy saludable que la Constitución de 1993 haya flexibilizado la restringida legitimación activa de la ciudadanía para ejercitar la acción popular prevista en la Constitución de 1979. p.la acción de inconstitucionalidad. cualquier ciudadano tiene legitimación activa para interponer una demanda. 364-366 y 367.
el procedimiento igual
Artículo 7.la Ley Orgánica del Poder Judicial de 196335 y con la Ley 2496836 en apelación o en consulta obligatoria de las sentencias estimatorias no apeladas.
. como proceso de puro derecho..[. 37 Ejecutorias de la Primera Sala Civil de fechas 19 de noviembre de 1967.. se sentó la cuestionable doctrina jurisprudencial de atribuir efectos inaplicatorios inter partes a las sentencias estimatorias37 Para el suscrito.Acción Popular con Contenido Penal: *La Constitución de 1920 introdujo saludables reformas y tubo notorios aciertos agrupándose en la que sus reformas eran de medidas de carácter político con su extenso e interesante capitulo de garantías sociales y nacionales.La acción que concede el artículo 133 de la Constitución se ejercitará por la vía ordinaria. 6. Prueba de ello es que el Código Procesal Constitucional dedica un título entero a las disposiciones generales de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad... Y es que la Ley procesal de la Acción Popular Nº 24968 tuvo notable influencia de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales..] Si no se interpone recurso de apelación contra las sentencias que amparan las demandas. 28 de agosto de 1968 y 24 de junio de 1988. el cohecho. los autos se elevan en consulta obligatoria a la Corte Suprema. con intervención del Procurador General de la República en representación del Estado. la abreviación o suspensión de los procesos judiciales . la misma que la absolverá dentro de los cinco días posteriores a la recepción del expediente. 36 Artículo 18º. Tomando en cuenta el artículo 157 Producen acción popular contra magistrados y jueces.1. la acción popular es la acción de inconstitucionalidad de la legislación derivada. Basta la revisión de los respectivos articulados para percibirlo con nitidez. Es preciso recordar que durante la vigencia de la LOPJ de 1963. que a su vez la tuvo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. la prevaricación.
6.3.. También la hay para denunciar los delitos contra la ejecución de resoluciones judiciales que cometan los funcionarios del poder ejecutivo . sin perjuicio de la responsabilidad de los ministros.. Considerando el artículo 231 Hay Acción Popular para denunciar los delitos de función y cualquier otro que cometan los miembros del poder judicial . La corte suprema resolvía la demanda 6. en ejercicio de sus funciones .La acción se ejercitaba ante la corte suprema: La que correrá traslado de la demanda al procurador general de la republica por el término improrrogable de cinco días.Acción Popular como garantía constitucional: Instituida desde la carta magna de 1933.contra las garantias individuales y la prolongación indebida de los procesos sumarios *La Constitución de 1933 En lo que se refiera al poder judicial mantuvo el anacrónico sistema.4 La constitución de 1979 en su artículo 295:
. 6. cuando fue reglamentada y donde se establece que hay acción popular ante el poder judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gobernativos de carácter general que infrinjan la constitución y las leyes. Absuelto el trámite por este en rebeldía del demandado se solicitaba la vista al fiscal en lo administrativo mas antiguo que deberá emitir su dictamen en el término de seis días. en la que quiso crear irrumpiendo con nuestra reiterada experiencia política un sistema mixto residencial parlamentario que ciertamente no pudo prosperar.2. L a Acción Popular comenzó a funcionar treinta años después en 1963.
. I.autoriza el ejercicio de la acción popular ante el poder judicial por infracciones de constitución y de las leyes contra los reglamentos y normas administrativas y en contra de las resoluciones y decretos de carácter general que expidan el poder ejecutivo .e. Características:39 7. Al respecto debemos mencionar que el control de los decretos reglamentos y demás normas administrativas.LA CONSTITUCION DE 1993: En el artículo 200 considera la acción popular como una garantía constitucional plena. Las Garantías son mecanismos que permiten proteger la vigencia de los derechos humanos en cuenta sea compatible en la seguridad y orden publico 39 LANDA ORROYO. Sin embargo no concluye con la expulsión judicial de la norma infractora del ordenamiento jurídico solo pueden declararla inaplicable parcial o totalmente pero con efectos generales que casi es lo mismo a declararla nula.1 Sustantivas:
La acción popular está estrechamente vinculada la acción de inconstitucionalidad contra las leyes en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo.. Tomo II
. deben realizase no solamente en las normas
GARCIA BELAUNDE.El código procesal constitucional: Regula actualmente este proceso constitucional en los artículos 84 al 97. además del legal pero examinando las normas inferiores a la ley. En ese sentido la Acción Popular los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad con carácter general de la norma infralegal que sea contraria a la constitución y las leyes. Cesar. 6. Domingo. Teoría General del derecho Constitucional. los gobiernos regionales o locales y demás personas del derecho publico .38 7-. Destaca la doctrina de jurisprudencia sobre la acción popular.5.En el párrafo final de este articulo .
así como también el poder judicial debe tutelar ese derecho a la acción de cualquier ciudadano .. Lima.Prescripción de la acción popular: La Acción Popular prescribe a los cinco años contra las normas violatorias de la constitución y a los tres años contra las normas que infligen la ley . 7.Procesales: Considera también la protección del orden constitucional y legal . 8..2. 9.constitucionales y legales sino también a las sentencias del tribunal constitucional que hayan desde luego estimado o desestimado la declaración de la ley como inconstitucional.
V. Nuevo Manual Del Código Procesal Consttucional. la admisión a trámite de la demanda no suspende la vigencia de la norma controvertida.1-Legitimación La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona. Ley nº 28237.
. es decir que cualquier ciudadano puede incoar disposiciones reglamentarias y administrativas ante el poder judicial .. los valores supremos no solo del estado .-Procedimiento:40 9. la legitimidad procesal activa es anormal y material . B. por inconstitucionales e ilegales incluso los ciudadanos extranjeros residentes en el país . 2005.Perú. sino también de la sociedad . pueden ser titulares de esta acción . ¿Cuándo se trata e una norma no publicada pero que es de conocimiento extra oficial ¿En este caso al no haberse publicado la norma no correrá la prescripción. BERRIO. El término para la prescripción corre a partir del día de la publicación. Primera Edicion.
x. La firma del demandante. ii. vii. El petitorio. ix. 9. La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma iv. El nombre.Plazo El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco años contados desde el día siguiente de publicación de la norma. y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso.4. v. objeto del proceso. o de su representante o de su apoderado.3-Demanda La demanda escrita contendrá cuando menos. Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. Si declara la inadmisibilidad. iii. en los demás casos. 9.9. precisará el
. por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor. y 2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima. 9. los siguientes datos y anexos: i. La designación de la Sala ante quien se interpone. cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local. y la del abogado. identidad y domicilio del demandante. Son competentes: 1) La Sala correspondiente.2-Competencia La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. mes viii. que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales vi. la Sala resuelve su admisión dentro de un plazo no mayor de cinco días desde su presentación. Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día.5 -Admisibilidad e improcedencia
Interpuesta la demanda. su publicación.
dentro de un plazo no mayor de diez días. en el Diario Oficial El Peruano si la demanda se promueve en Lima. por una sola vez. o en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro Distrito Judicial. 9.6. ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma objeto del proceso. de oficio. Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor. contado desde la notificación de dicho auto. la Sala confiere traslado al órgano emisor de la norma objeto del proceso y ordena la publicación del auto admisorio. bajo responsabilidad. 9.Vista de causa
. el emplazamiento se hará al Ministro que la refrenda. la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo. el cual incluirá una relación sucinta del contenido de la demanda.8 Contestación de la demanda
La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda.9. pondrá la resolución en conocimiento del emplazado. corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones.7 -Requerimiento de los antecedentes
La Sala puede. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo.requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si declara la improcedencia y la decisión fuese apelada. en lo que corresponda.. El plazo para contestar la demanda es de diez días 9. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico.Emplazamiento y publicación de la demanda Admitida la demanda. Si el órgano emisor ha dejado de operar. al que haya firmado en primer término. 9. La Sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran. si fuesen varios. se emplazará al de mayor jerarquía.
la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dará traslado del recurso concediendo cinco días para su absolución y fijando día y hora para la vista de la causa. 9. en la misma resolución. 9.Practicados los actos procesales señalados en los artículos anteriores.. los abogados pueden informar oralmente.12.Consulta Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada. El contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento. A la vista de la causa. Recibidos los autos. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. La consulta se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de cinco días desde que es recibido el expediente. la Sala fijará día y hora para la vista de la causa. 9. dentro de los cinco días siguientes a su notificación.Medida cautelar Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. 9. los autos se elevarán en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. la que ocurrirá dentro de los diez días posteriores a la contestación de la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.10 -Apelación y trámite Contra la sentencia procede recurso de apelación el cual contendrá la fundamentación del error.13-Sentencia La sentencia expedida dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa será publicada en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto
.11. La Sala expedirá sentencia dentro de los diez días siguientes a la vista.
9.COM/DERECHO/ACCION/POPULAR/TC
. El proceso de Acción Popular es el único proceso conocido por el Tribunal Constitucional.15-Competencia exclusiva del poder judicial El conocimiento de las demandas del proceso de Acción Popular Judicial. los cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda fuere desestimada por el Juez. Por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor. en los demás casos.MONOGRAFIAS. será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal Civil. La sala correspondiente de la Corte Superior.41
WWW. éste podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.Dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. 9. cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local. En ningún caso procede el recurso de casación. En todo lo no previsto en materia de costos.14.Costos Si la sentencia declara fundada la demanda se impondrán los costos que el juez establezca. Son competentes: La sala correspondiente.admisorio.
integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza. Por tanto. con fecha dieciocho de diciembre de dos mil ocho. Proceso de acción popular SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE En Chiclayo. A su vez. la cual impone el pago de la suma de S/ 70. que si se cataloga el pago a efectuar como tasa. se expidió la Resolución de Alcaldía materia de esta impugnación. Acota que el actor solicitó en su momento la disminución del monto de renovación establecido en el TUPA y que como consecuencia de dicha petición. que dicho concepto no ha sido consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la entidad demandada.Sentencias constitucionales. la Sala Constitucional de Lambayeque. Figueroa Gutarra y Chávez Martos. a los treinta días del mes de enero de dos mil nueve. por lo cual corresponde desestimar la pretensión. contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada.2 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..
.00 por concepto de renovación de concesión y S/ 10. ejerciendo la Municipalidad su potestad de facultad normativa.10.00 por concepto de solicitud valorada. el recurrente Enrique Hebert Gonzáles Pisfil interpone proceso de acción popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía 057-2008-a/MDM. Alega que la disposición impugnada contiene una imposición de carácter tributario y que no se ha expedido la respectiva Ordenanza Municipal. pronuncia la siguiente resolución: ANTECEDENTES Con fecha 31 de octubre de 2008. en abierta trasgresión del artículo 44. El Procurador Público de la Municipalidad. hubo aprobación de los accionistas al respecto.
Tal como alega la emplazada. cual sería la no
. 2. A folios treinta y seis obra. de fecha veinte de enero de dos mil seis. El artículo 76° del Código Procesal Constitucional prescribe que la demanda de acción popular procede contra los reglamentos. De no haberse insertado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos o de ser el caso. a mérito de la Ordenanza Municipal 001-06-MDM. el barómetro de ejercicio de fiscalización e la acción popular supone de suyo examinar lo que ha decidido la Administración. 4. Esta competencia es exclusiva del Poder judicial y como tal. obedece a una circunstancia específica de un acuerdo con el actor. § Análisis del caso concreto 3. a efectos de rebajar el derecho inicialmente fijado de S/. que el derecho por concesión ascendente a la suma de S/ 80. Corresponde inferir. la Resolución de Alcaldía materia de impugnación. En el caso sublitis una particularidad relevante la constituye si el derecho de renovación de concesión ha sido establecido o no. siempre que infrinjan la Constitución o la ley. que el Poder Judicial tiene la potestad de determinar si la Administración ha decidido en forma correcta su atribución normativa para regular relaciones de orden administrativo entre particulares. o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley. nos encontraríamos frente a una irregularidad administrativa. En tal sentido.00 ha sido fijado por la entidad demandada oportunamente. si no obrara el respectivo Edicto u Ordenanza Municipal para la emisión de una contribución. a partir de lo expuesto. como recaudo de la emplazada.00. según el caso. tasa o impuesto municipal. normas administrativas y resoluciones de carácter general. entonces. 5. cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 80.FUNDAMENTOS § Sobre el proceso de acción popular 1. no nos encontramos frente a una incongruencia inmediata.
consentida o ejecutoriada que sea la presente. la Sala Constitucional de Lambayeque. sino frente a una determinación administrativa como consecuencia de una disposición autónoma del ente emplazado a efectos de fijar una suma menor a la que fue objeto de reclamo.publicación del derecho de concesión. Por ende. caso en el cual estimaríamos la procedencia de la demanda. no apreciamos manifiesta irregularidad en el accionar de la Municipalidad demandada como decisor administrativo. DECISIÓN: Por estos fundamentos. procede contra los reglamentos. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley. CONSIDERANDO: Primero: El Proceso Constitucional de Acción Popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa. normas administrativas y resoluciones de carácter
. en audiencia pública. y. consignando en el TUPA de su institución el nuevo monto por derecho de renovación. es como sigue: VISTOS. 6. Bajo esta pauta. Interviene el Señor Chávez Martos por haber integrado Sala el día de la vista de la causa. y. es potestad que en plazo razonable el Municipio demandado regularice la decisión contenida en la resolución impugnada. Carrillo Mendoza Figueroa Gutarra Chávez Martos VOTO SINGULAR DEL SEÑOR CARRILLO MENDOZA. Publíquese y notifíquese Sres. DECLARA INFUNDADA la demanda de acción popular interpuesta por Enrique Hebert Gonzáles Pisfil contra la Municipalidad Distrital de Monsefú.
por contravenir el artículo 74° de la Constitución del Estado que recoge el principio de reserva de ley en cuyo mérito solo puede crearse tributos por ley expresa.
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad” y “5. don Enrique Hebert Gonzáles Pisfil. y la Alcaldía.00 nuevos soles por derecho de presentación de Solicitud Valorada. y las delegadas conforme a
ley. “Las Municipalidades provinciales y distritales. En tal sentido. el artículo 5° del Decreto Supremo N° 004-2000-MTC. entre
cuyas funciones que le asigna la Carta Magna está la de: “4. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones . por otro lado. Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados.general. del veintisiete de marzo de dos mil ocho. económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Cuarto: Al respecto.00 por concepto de “Renovación de Concesión de Servicio Moto Taxi” por período de tres años y S/. resulta pertinente determinar si los montos que deben pagar quienes se dedican a la actividad que se vería supuestamente afectada con la imposición de los gravámenes constituye o no un tributo que haga necesario su establecimiento mediante ley o norma con rango de ley. Tercero: De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado. Tienen autonomía política. autoriza a las Municipalidades Distritales el cobro al transportador por derechos de trámite relacionados a la prestación del referido
. cualquiera que sea la autoridad de la que emanan siempre que infrinjan la Constitución o la Ley. 10. dicho tributo tampoco figura en el TUPA del referido Gobierno Local. Organizar. las funciones ejecutivas” . que impone el pago de la suma de S/. son los órganos de gobierno local. y ejecutar los planes y programas correspondientes”(artículo 192). 70. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras. según sea el caso. de lo que se infiere que tal pretensión puede sustentarse en consideraciones de forma o de fondo. interpone demanda de Acción Popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú con la finalidad de que el órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad de la Resolución de Alcaldía N° 057-2008-A/MDM. Segundo: En el presente caso.
de conformidad con la legislación vigente. los actos administrativos materia de cuestionamiento en modo alguno contraviene la Ley ni ha afectado la garantía constitucional de reserva de ley en su creación. el pago de los derechos que la Resolución de Alcaldía objeto de cuestionamiento dispone por Renovación de Concesión de Servicio de Taxi. los referidos pagos han sido dispuestos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad demandada conforme a lo normado por el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776.servicio
que serán fijados en su respectivo Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA). corriente de folios treinta y cuatro a treinta y seis. Quinto: En consecuencia. no constituye un tributo sino un derecho por la concesión de un servicio público establecido en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Municipalidades. así como por derecho de presentación de la solicitud respectiva. Por otro lado. del veinte de enero de dos mil seis. tal como se puede deducir de la Ordenanza Municipal N° 001-06/MDM. por lo que debe desestimarse le demanda. Sexto: En consecuencia.
Nº 4. p. LOZANO y Corbi. p.23. ob.. pp. pp. Gaceta Jurídica.R. JHERING. 5. ob.43. Primera Edición. p.Bibliografía ABAD YUPANQUI. Samuel B. p.. Nº 5.. E. E. GUZMÁN Brito.cit. de Meulenaere.A. cit. ob. “Los Derechos Humanos y su protección jurídica en la experiencia política y social de América Latina”. WINDSCHEID. Introducción al Estudio del Derecho. 2004. Ernesto. p. Citado por IGLESIAS. IGLESIAS.55.p. J. 1925.. traducción Fadda e Bensa. 1990. 9. 3 edición.108. MARCO AURELIO.. Torino. pp.30.. Editora Jurídica Grijley E.I. Enrique.4.317-355. BLUME FORTINI. Mayo del 2000..L.87. J.69. Primera Edición. p. J. IGLESIAS.. CARPIO MARCOS. S. quien se pronuncia en este mismo sentido. Derecho procesal civil y penal.. traducción O. 1998.
. Soliloquios. p. IGLESIAS. obra clásicos del derecho.. ob. Porrúa. IGLESIAS. Lima.238. pp. Diritto delle Pandette. A. Cfr.. BERNALES BALLESTEROS. Teoría citada y criticada por GARCÍA MAYNEZ. y LOZANO y Corbi. CARNELUTTI. ob. fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. “Derecho Procesal Constitucional”. El espiritu del derecho romano.186-204. Noviembre 1998.cit. Cfr.88.. Edgar y otros.87. ob. E.. p. Espíritu del Derecho Romano. En: Pensamiento Constitucional.cit. ob.. ob. “La Interpretación Constitucional y los Interpretes de la Constitución”.. GARCÍA Maynez. Revista de la Academia de la Magistratura.cit.. Lima.63-64. tomo IV. J. Año V. 1997. vol.. México. J. 77-78.191. Cfr. F. segunda edición.cit.cit.cit.. México. traducción y compilación Enrique Figueroa Alfonso.-“La Defensa de la Constitución a través de la Ordenanza Municipal”. Harla. Centro de Estudios Ramón Areces. E.
ALVAREZ SIMONETTI. Lima. Bogotá 1977. p. existía en 1850. “El petitorio de Inconstitucionalidad por acción popular” Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller por la PUC (1974).A. Nº 4..C. 68. Cit. “Sobre la efectividad del control jurisdiccional de constitucionalidad en los ordenamientos iberoamericanos” En Ius et Praxis. Según J. 58. Manuel T.
. Luis Carlos Op. Constitución de 1858. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 1º Edición ALVAREZ SIMONETTI. Cit. 1933. traducción Legaz y Lacambra. Grant “El efecto legal de la declaración de inconstitucionalidad”. p. DE VERGOTTINI. 1982. Giuseppe. Sobre los Derechos Constitucional Peruano. La Constitución de 1866 la estableció en su artículo 214 siendo conocida como acción de inexequibilidad. artículo 113 inciso 8. p. Diciembre de 1984. Op. 73.KELSEN.... Las reformas de 1945 y 1968 la reformaron permitiendo inclusive la intervención coadyuvante de cualquier ciudadano. 73 SACHICA. con las Reformas desde 1982 hasta 2003. El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho. Editorial de la Universidad Católica del Perú. 1981. 2PAZ SOLDAN. p. Manuel T. Constitución de la República de Honduras. Madrid. José P.
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