Source: http://legislacion.derecho.com/ley-17-2006-de-control-ambiental-integrado
Timestamp: 2016-10-24 09:51:06
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Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 31', 'artículo 15', 'artículo 308', 'artículo 45', 'artículo 149', 'Artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 31', 'Artículo 44', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26']

LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado
LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado	LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado Mis Leyes
LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado Estado	:
TÍTULO I. SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL INTEGRADO.
Artículo 3. Técnicas de control ambiental.
Artículo 4. Autorización ambiental integrada.
Artículo 5. Evaluación ambiental.
Artículo 6. Comprobación ambiental.
Artículo 7. Competencia administrativa.
Artículo 8. Sujeción de actividades.
Artículo 9. Valores límite de emisión y prescripciones técnicas.
Artículo 11. Registro ambiental.
Artículo 12. Participación social.
Artículo 14. Colaboración interautonómica.
Artículo 15. Asesoramiento de la Administración.
TÍTULO II. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.
Artículo 19. Ejecución del proyecto, instalación o actividad.
Artículo 20. Acta de conformidad ambiental.
Artículo 21. Renovación.
Artículo 22. Modificación de oficio.
Artículo 23. Obligaciones del titular de la instalación.
TÍTULO III. EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 24. Objeto.
CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.
Artículo 25. Procedimiento de evaluación.
Artículo 26. Especialidad de los planes generales de ordenación urbana.
CAPÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, ACTIVIDADES O INSTALACIONES.
Artículo 27. Procedimiento de evaluación.
Artículo 28. Estudio de impacto ambiental.
Artículo 29. Información pública.
Artículo 30. Declaración de impacto ambiental.
TÍTULO IV. COMPROBACIÓN AMBIENTAL.
Artículo 31. Objeto.
Artículo 32. Contenido y finalidad.
Artículo 33. Ejecución del proyecto, instalación o actividad.
Artículo 34. Acta de conformidad ambiental.
Artículo 35. Nulidad.
Artículo 36. Ordenanzas municipales.
Artículo 37. Comisión para la comprobación ambiental.
TÍTULO V. CONTROL Y DISCIPLINA AMBIENTAL.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE CONTROL.
Artículo 38. Prevención y control integrados.
Artículo 39. Actuaciones de control inicial.
Artículo 40. Actuaciones de control periódico.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE INSPECCIÓN.
Artículo 41. Acción inspectora.
Artículo 42. Publicidad.
Artículo 44. Tipificación de las infracciones.
Artículo 46. Ordenanzas municipales.
Artículo 47. Medidas cautelares.
Artículo 48. Potestad sancionadora y órganos competentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Capacidad y solvencia técnicas del redactor del estudio de impacto ambiental y del estudio de sostenibilidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Personal de vigilancia e inspección.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Actividades e instalaciones preexistentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Planeamiento territorial y urbanístico en tramitación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Irretroactividad.
ANEXO A. Proyectos contemplados en el artículo 8.1.
B1. Planes y Programas contemplados en el artículo 25.
B2. Proyectos contemplados en el artículo 27.
ANEXO C. Proyectos contemplados en el artículo 31.
Conózcase que el Parlamento ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado
En efecto, los textos originarios de los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas no contenían previsiones específicas sobre el medio ambiente, no obstante lo cual, la Comunidad empezó a gestar una política ambiental en la década de los años setenta del pasado siglo; política basada, fundamentalmente, en la idea de los llamados poderes implícitos, según la cual cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios, el Consejo adoptará las disposiciones pertinentes. Esta idea, que sigue presente en la versión actual del artículo 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, estuvo en la base del Primer Programa de acción de la Comunidad en materia de medio ambiente, que se remonta al año 1973. Con todo, la política ambiental de la Comunidad debía vincularse a la política económica y del mercado para poder legitimarse, lo cual suponía un cierto freno a la adopción de decisiones autónomas. No es hasta el Acta Única, de 1986, cuando la política medioambiental adquiere cierta vida propia; autonomía que se logra definitivamente en las reformas llevadas a cabo en el Tratado de Maastricht, de 1992, del que trae causa el Título XIX de la Tercera Parte del Tratado de Roma (actuales artículos 174 a 176), que plasman y definen títulos competenciales específicos para una política medioambiental más ambiciosa.
El principio de descentralización en que se basa el sistema político español supone, también aquí, que la referencia a los poderes públicos del artículo 45 de la Constitución deba incorporar la óptica competencial, puesto que las Comunidades Autónomas han asumido estatutariamente competencias en esta materia. El criterio de principio se halla en el artículo 149.1.23 de la Constitución, según el cual corresponde al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Así pues, las Comunidades Autónomas pueden desarrollar la normativa básica estatal si han asumido competencias para ello en sus Estatutos.
El título IV, bajo la rúbrica Comprobación ambiental, regula la tercera de las técnicas de control ambiental previstas en la Ley. La idea motriz es que los Ayuntamientos incorporen a la licencia de apertura, exigida a toda actividad o instalación que no deba someterse al ámbito de aplicación de la autorización ambiental integrada o la evaluación de impacto ambiental, una comprobación que valore la incidencia en el ambiente de las actividades que se pretenden autorizar. En principio, será objeto de comprobación toda actividad que potencialmente afecte al medio ambiente. No obstante, y con finalidad aclaratoria, la Ley enumera en un anexo C la lista de aquellas actividades sujetas a licencia que, en todo caso, serán objeto de comprobación. La Ley permite que las ordenanzas municipales establezcan normas adicionales de protección y autoriza igualmente a la Comunidad Autónoma a aprobar una ordenanza general de protección ambiental que será de aplicación subsidiaria en todos los municipios que carezcan de una ordenanza específica.
SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL INTEGRADO.
a. Actividad.
Explotación de una industria o servicio, establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación susceptible de afectar de forma significativa al medio ambiente.
b. Autoridad competente sustantiva.
Aquella que, conforme la legislación aplicable al proyecto de que se trate, ha de conceder la autorización para su realización.
c. Contaminación.
La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente.
d. Emisión.
La expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación.
e. Estudio de impacto ambiental.
Es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce la declaración de impacto ambiental. Este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales (efectos directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, a medio o a largo plazo; positivos o negativos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, recuperables o irrecuperables, periódicos o de aparición irregular, o continuos o discontinuos).
f. Informe de sostenibilidad.
Informe elaborado por el promotor en el que se identifican, describen y evalúan los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como sus alternativas razonables.
g. Instalación.
Cualquier unidad técnica fija donde se desarrolle una o más de las actividades enumeradas en la presente Ley, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
h. Mejores técnicas disponibles.
La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas.
A estos efectos, se entenderá por técnicas la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada.
Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España, como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
Las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.
i. Memoria ambiental.
Es el pronunciamiento del órgano ambiental competente en el que se analiza el informe de sostenibilidad y el proceso de evaluación seguido al objeto de integrar los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa previendo los impactos significativos de su aplicación.
j. Modificación no sustancial.
Cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
k. Modificación sustancial.
Cualquier modificación realizada en una instalación que, en opinión del órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
l. Proyecto.
Todo documento técnico que define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la localización, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y todo ello en el ámbito de las actividades recogidas en los anexos de la presente Ley.
m. Sustancia.
Los elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de las sustancias radioactivas reguladas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, y de los organismos modificados genéticamente regulados en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y en sus correspondientes normas de desarrollo o normativa que las sustituya.
n. Titular de la instalación.
Cualquier persona física o jurídica que explote o posea la instalación.
ñ. Titular del proyecto o promotor.
Se considera como tal tanto a la persona física o jurídica que solicita una autorización relativa a un proyecto privado, como a la autoridad pública que toma la iniciativa respecto a la puesta en marcha de un proyecto.
o. Valores límite de emisión.
La masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados. Los valores límite de emisión de las sustancias de aplicarán generalmente en el punto en que las emisiones salgan de la instalación y en su determinación no se tendrá en cuenta una posible dilución. En lo que se refiere a los vertidos indirectos al agua, y sin perjuicio de la normativa relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático, podrá tenerse en cuenta el efecto de una estación de depuración en el momento de determinar los valores límite de emisión de la instalación, siempre y cuando se alcance un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y ello no conduzca a cargas contaminantes más elevadas en el entorno.
Prevención de la contaminación, en particular mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
Evitación de la producción de residuos y, en su caso, gestión de su reciclado, reutilización, valorización o eliminación a fin de evitar o reducir su repercusión en el ambiente, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Utilización eficiente de la energía, el agua, las materias primas y demás recursos.
Adopción de las medidas necesarias para prevenir los accidentes o limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de conformidad a la normativa que sea de aplicación.
Restauración del espacio afectado una vez producida la cesación de la explotación, en particular mediante la adopción de las medidas necesarias para evitar los riesgos de contaminación.
Cuando sea necesario evaluar el impacto ambiental del proyecto, actividad o instalación objeto de la autorización ambiental, el órgano ambiental, a petición del interesado señalará, en el plazo máximo de un mes, cuáles deban ser las directrices básicas para la elaboración del correspondiente estudio de impacto ambiental por parte del titular.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal básica, la solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:
Proyecto básico de la actividad a desarrollar y de sus instalaciones firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial, reflejando los aspectos que reglamentariamente se determinen.
Certificación municipal que acredite la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico o, en defecto de ella por inactividad de la Administración, copia de la solicitud presentada para obtenerla.
La documentación exigida por la legislación ambiental sectorial.
Declaración de datos que, a criterio del solicitante, deban tener carácter reservado según la ley.
Resumen específico del proyecto que facilite su comprensión y divulgación en el trámite de información pública.
Cualquier otra documentación exigible con arreglo a la legislación vigente.
La solicitud de autorización ambiental integrada, junto con el estudio de impacto ambiental, en su caso, será sometida a información pública por un plazo mínimo de treinta días, anunciándose la apertura del trámite en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en un diario de amplia difusión en la Comunidad Autónoma.
Concluido el trámite de información pública se evacuarán los informes y consultas de cuantos organismos deban ser oídos de acuerdo con la legislación sectorial.
El órgano ambiental competente realizará una valoración ambiental del proyecto en su conjunto teniendo en cuenta la documentación aportada, el resultado de la información pública y todos los informes emitidos. Dicha valoración considerará los aspectos propios de la evaluación de impacto ambiental cuando la instalación o actividad deba ser objeto de ella.
Los resultados de la valoración ambiental se reflejarán en la propuesta de resolución, que se notificará al interesado para que formule alegaciones en el plazo de quince días.
Cuando en el trámite de audiencia se hubieran realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas a los órganos competentes para emitir informes vinculantes a fin de que en el plazo máximo de quince días manifiesten lo que estimen conveniente en los aspectos referidos a materias de su competencia, lo que igualmente tendrá carácter vinculante.
La resolución que otorgue la autorización ambiental integrada incorporará las determinaciones o condiciones propuestas en los informes vinculantes y las que se juzguen convenientes a la vista de los demás informes y de las alegaciones obrantes en el expediente. Asimismo, incorporará la declaración de impacto ambiental cuando la naturaleza de la instalación o actividad objeto de la solicitud así lo requiera.
El órgano ambiental competente dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de diez meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Si vencido este plazo no se hubiera notificado la resolución, la solicitud podrá considerarse desestimada por silencio administrativo.
La resolución que otorgue o modifique la autorización ambiental integrada será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria.
La contaminación producida por la instalación aconseje modificar los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
La aplicación de las mejores técnicas disponibles permita reducir significativamente las emisiones sin costes excesivos.
La seguridad de funcionamiento del proceso o la actividad hagan necesario emplear otras técnicas.
El organismo de cuenca estime que, conforme lo establecido en la legislación de aguas, existen circunstancias que justifiquen la revisión o modificación en lo referente a los vertidos al dominio público hidráulico de cuencas intercomunitarias.
Lo exija la legislación vigente de aplicación a la instalación.
Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas en la legislación sectorial o resultantes de la propia autorización ambiental integrada.
Comunicar al órgano ambiental competente cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación.
Comunicar al órgano ambiental competente la transmisión de su titularidad.
Informar inmediatamente al órgano ambiental competente de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al ambiente.
Informar de manera particular a los trabajadores a su servicio, y a sus representantes legales, una vez concedido el instrumento de intervención ambiental correspondiente, de todos los condicionantes y circunstancias incluidos en el mismo, o que posteriormente se incorporaran a su contenido, que puedan afectar a su salud o su seguridad, sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral.
Cumplir cualesquiera otras obligaciones legalmente establecidas.
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.
Un informe de sostenibilidad ambiental presentado por el promotor, con la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que determine el órgano ambiental en función, a su vez, del contenido y nivel de detalle del plan o programa a evaluar. A estos efectos, el promotor solicitará del órgano ambiental un pronunciamiento sobre los aspectos anteriores.
Un trámite de consultas e información pública sobre una versión preliminar del plan o programa que incluya el informe de sostenibilidad ambiental.
Una memoria ambiental, elaborada por el órgano ambiental dentro de los seis meses siguientes a la conclusión del trámite de consultas e información pública, en la que se analizará el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad y se evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración, y se analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa.
La propuesta de plan o programa que elabore su promotor teniendo en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental.
El plan o programa aprobado.
Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas, incluyendo en su caso las consultas transfronterizas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
Las razones de la elección del plan o programa aprobados en relación con las alternativas consideradas.
Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.
Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los párrafos b y c.
Artículo 26. Especialidad de los planes generales de ordenación urbana. Los planes generales de ordenación urbana serán sometidos al procedimiento de evaluación previsto en el artículo anterior con las particularidades siguientes:
El informe de sostenibilidad ambiental de los planes generales de ordenación urbana se someterá a la previa consideración del órgano ambiental a los efectos de verificar la inclusión de las determinaciones del Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente, y del documento de referencia. El órgano ambiental emitirá informe en un plazo máximo de treinta días hábiles y sus determinaciones se incorporarán al informe de sostenibilidad ambiental que deba someterse a la información pública contemplada en la legislación de evaluación ambiental.
El trámite de consultas se desarrollará conjuntamente con el de información pública previsto en la legislación urbanística.
Concluido el trámite de consultas e información pública, el órgano ambiental elaborará la memoria ambiental del plan evaluado y la enviará al órgano competente para su aprobación provisional que, antes de proceder a la misma, tendrá en cuenta el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental.
DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, ACTIVIDADES O INSTALACIONES.
Documento justificativo de apertura del expediente de autorización del proyecto, actividad o instalación en el órgano con competencia sustantiva
Un estudio de impacto ambiental.
Un trámite de información pública.
Una declaración de impacto ambiental.
La descripción general del proyecto y sus previsibles exigencias en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.
La estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
La exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
La evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico, así como el detalle de la interacción entre todos estos factores.
La relación pormenorizada y el análisis de las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales y sobre la salud significativos.
El programa de vigilancia ambiental a desarrollar durante la ejecución del proyecto y con posterioridad.
Un resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
Informe detallado de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo, caso de que hubieran existido.
Cualesquiera otras exigidas por la legislación comunitaria, la legislación estatal básica o la legislación autonómica sectorial.
COMPROBACIÓN AMBIENTAL.
Un incremento del volumen de la actividad o instalación superior al veinticinco por ciento.
Un incremento de la producción que supere el cincuenta por ciento.
Una incidencia significativa en la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectados.
Proyecto básico de la actividad a desarrollar y de sus instalaciones firmado por técnico competente y visado por colegio oficial.
Un trámite de consulta para evacuar informes voluntarios o preceptivos.
Un trámite de audiencia al interesado.
La comprobación ambiental.
CONTROL Y DISCIPLINA AMBIENTAL.
RÉGIMEN DE CONTROL.
Adecuación a la autorización o licencia otorgadas, mediante certificación expedida por el técnico director de la ejecución del proyecto, con carácter previo al inicio de la actividad.
Comprobación por los servicios administrativos de la efectividad de las medidas correctoras exigidas, realizada en la forma en que reglamentariamente se determine y acreditada mediante acta levantada al efecto.
RÉGIMEN DE INSPECCIÓN.
El ejercicio de la actividad o el inicio de la ejecución de un proyecto sin disponer de la pertinente autorización ambiental integrada, declaración de impacto ambiental o en contravención sustancial de los términos de las mismas, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
La omisión de las revisiones y de los controles periódicos y el incumplimiento del condicionado establecido en las autorizaciones ambientales integradas y declaraciones de impacto ambiental, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
La ocultación o alteración de los datos e informaciones que sean relevantes para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada o para la realización de la declaración de impacto ambiental, así como de los concernientes a las oportunas revisiones y controles periódicos.
El falseamiento de las certificaciones técnicas expedidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.
El impedimento, retraso u obstaculización de la actividad inspectora de la Administración cuando ocasione la destrucción de los medios de prueba necesarios para efectuarla.
La reincidencia en la comisión de dos o más faltas graves en el periodo de un año.
No informar inmediatamente al órgano competente de la Comunidad Autónoma de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente.
2. Son infracciones graves: El ejercicio de la actividad o el inicio de la ejecución de un proyecto sin disponer de la pertinente autorización ambiental integrada, de la declaración de impacto ambiental o en contravención sustancial de los términos de las mismas, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
El ejercicio de la actividad sin disponer de la licencia que incorpore la pertinente comprobación ambiental o en contravención sustancial de los términos de la misma.
Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, en la declaración de impacto ambiental o en la comprobación ambiental, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
La omisión de las revisiones y de los controles periódicos atinentes a las licencias que incorporen la oportuna comprobación ambiental.
La ocultación o alteración de datos e informaciones que sean relevantes para el otorgamiento de la licencia sujeta a comprobación ambiental, así como de los concernientes a las oportunas revisiones y controles periódicos.
La transmisión de la autorización ambiental integrada o de la autorización o licencia que incorpore la oportuna declaración de impacto ambiental o comprobación ambiental, sin previa comunicación a la Administración o con ocultación o alteración de los términos sustanciales en que aquélla pretenda efectuarse.
El impedimento, retraso u obstaculización de la actividad inspectora de la Administración cuando no constituya infracción muy grave.
La omisión o práctica incorrecta de las comunicaciones exigidas por la autorización ambiental integrada o la autorización o licencia, que incorpore la pertinente declaración de impacto ambiental o comprobación ambiental.
La contratación definitiva y la provisión del suministro de energía eléctrica, aguas, gas, telefonía u otros servicios similares sin exigir el acta de conformidad ambiental de la instalación o actividad para la que se hayan contratado estos servicios con carácter definitivo.
La reincidencia en la comisión de dos o más faltas leves en el periodo de un año.
Suspensión temporal o definitiva de la actividad.
Inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de las actividades comprendidas en esta Ley.
3. El Acta de conformidad ambiental prevista en los artículos 20 y 34 de la presente Ley será únicamente exigible a aquellas actividades que vayan a iniciar su funcionamiento con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Decreto 50/1991, de 29 abril, de evaluación del impacto ambiental para Cantabria.
El artículo 2 y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 5/2002, de 24 de julio, de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral, de sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a evaluación ambiental y de régimen urbanístico de los cementerios.
A excepción del artículo primero del mismo, el Decreto 127/2005, de 14 de octubre, por el que se designa el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y se crea la Comisión de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
1. Por Decreto del Gobierno de Cantabria podrán modificarse los anexos de la presente Ley, en cuanto no lo impida la legislación estatal o comunitaria, para adecuarlos al progreso y estado de la técnica. Asimismo podrán modificarse los citados anexos mediante Decreto del Gobierno de Cantabria cuando ello fuera necesario para actualizar, mejorar o aclarar su contenido con el fin de lograr una eficaz protección del medio ambiente.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 11 de diciembre de 2006.
Proyectos contemplados en el artículo 8.1.
Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición) con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres, peróxidos, resinas, epóxidos.
Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
Materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.
Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).
40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves.
2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg).
ANEXO B1.
Planes y Programas contemplados en el artículo 25.
Plan Regional de Ordenación Territorial.
Proyectos Singulares de Interés Regional.
Planes y Programas Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.
Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones puntuales.
Agricultura y regadíos.
Ganadería y pesca fluvial.
Infraestructuras y sistemas de comunicación y transporte.
Gestión de recursos hídricos, incluyendo el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales, la recarga de acuíferos y la desalación de aguas marinas.
Ordenación rural, utilización del suelo y de los recursos naturales.
ANEXO B2.
Proyectos contemplados en el artículo 27.
Las primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
Corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 10 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.
Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas naturales o seminaturales a la explotación agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 hectáreas.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 50 hectáreas, o bien proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.
20.000 plazas para gallinas ponedoras y otras aves, excepto pollos y avestruces.
200 plazas para avestruces.
40.000 plazas para pollos.
1.000 plazas para cerdos de engorde.
500 plazas para cerdas de cría.
1.000 plazas para ganado ovino y caprino.
200 plazas para ganado vacuno de leche.
400 plazas para vacuno de cebo.
10.000 plazas para conejos.
200 plazas para canguros.
Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 250 toneladas año o que teniendo menor capacidad de producción, se ubiquen en una zona catalogada como perteneciente a la Red Natura 2000.
Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos (proyectos no incluidos en el anexo A), siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
Instalaciones para el sacrificio o despiece de animales con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día.
Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Azucareras con una capacidad de tratamiento de materias primas superior a las 300 toneladas diarias.
Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 10 hectáreas.
Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que pueda visualizarse desde cualesquiera de sus límites establecidos, o que supongan un menoscabo a sus valores naturales.
Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, u otras análogas, y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos.
Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar, o espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.
Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 1.000 metros cúbicos/año.
Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales, cuando la cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por día en el caso del petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas, por concesión.
Perforaciones o sondeos con más de 100 metros de profundidad, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
Perforaciones para el abastecimiento de aguas.
Perforaciones para la investigación de recursos minerales.
Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas, con una producción superior a 1.000 toneladas año.
Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 1.000 metros cúbicos/año o en zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 1 hectárea.
a. Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos (o de pizarra bituminosa) al día.
b. Centrales térmicas y nucleares:
Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, al menos 50 MW.
Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua). Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación.
c. Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
d. Instalaciones diseñadas para cualesquiera de los siguientes fines:
Otras instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos.
e. Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica superior a 50 MW.
f. Instalaciones de producción de electricidad, vapor y agua caliente mediante la utilización de energía solar cuando ocupen una superficie mayor a 1 hectárea de suelo calificado urbanísticamente como rústico.
g. Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una tensión voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 1 kilómetro.
h. Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una tensión voltaje igual o superior a 50 kV y una longitud superior a 5 kilómetros. Subestaciones eléctricas de tensión igual o superior a 50 kV.
i. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos mayores de 10.000 toneladas.
j. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 5 o más aerogeneradores con una potencia total superior a 10 MW, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.
k. Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
l. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica con una potencia igual o superior a 0,5 MW.
m. Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 toneladas.
n. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 metros cúbicos.
ñ. Tuberías para el transporte de gas cuando tengan una longitud superior a 40 kilómetros o, al menos 3 kilómetros de su trazado, discurran por terreno clasificado urbanísticamente como suelo rústico de especial protección, terreno de dominio público, o por la zona de policía de un cauce, salvo en los casos que discurra por trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con declaración de impacto ambiental aprobatoria.
o. Tuberías para el transporte de petróleo, vapor o agua caliente, con diámetro interior igual o superior a 254 milímetros cuando tengan una longitud superior a 40 kilómetros o al menos 3 kilómetros de su trazado discurran por terreno clasificado urbanísticamente como suelo rústico de especial protección, terreno de dominio público , o por la zona de policía de un cauce, salvo en los casos que discurra por trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con declaración de impacto ambiental aprobatoria.
a. Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
f. Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, y otros análogos), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
h. Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con capacidad superior a 5.000 toneladas por año de mineral procesado.
m. Hornos de coque (destilación seca del carbón) con una capacidad de producción superior a 10 toneladas por día (proyectos no incluidos en el anexo A).
n. Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales (proyectos no incluidos en el anexo A), siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
ñ. Astilleros con una capacidad de construcción de buques superior a 30 metros de eslora o 100 toneladas de registro bruto.
o. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
p. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
q. Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
r. Plantas de tratamiento de áridos y fabricación de hormigón, morteros por vía seca y húmeda y productos asfálticos.
La producción de explosivos y de productos pirotécnicos.
Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros, o cuando al menos 3 kilómetros de su trazado discurran por suelo calificado urbanísticamente como rústico de especial protección, terreno de dominio público, o por la zona de policía de un cauce, salvo en los casos en que discurra por trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con declaración de impacto ambiental aprobatoria.
Plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 2 toneladas de productos acabados por día.
Producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas similares.
Producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
Tratamiento de productos intermedios y producción de sustancias químicas (proyectos no incluidos en el anexo A), siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos (proyectos no incluidos en el anexo A), siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros (proyectos no incluidos en el anexo A), siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 2 kilómetros.
Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 5 kilómetros.
Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos o ampliaciones que supongan un incremento bien en superficie terrestre de las instalaciones, o en superficie de la lámina de agua, superior al 20 por ciento con respecto de lo existente, la evaluación de impacto ambiental de nuevos puertos englobará los dragados que deban realizarse para su ejecución.
Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 8 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial.
Dragados de mantenimiento de acceso a puertos cuando el volumen extraído exceda de 100.000 metros cúbicos en cada actuación.
Proyectos de zonas o polígonos industriales cuando ocupen una superficie mayor de 5 hectáreas.
Proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos, cuando ocupen una superficie mayor de 5 hectáreas.
Construcción de líneas de ferrocarril con una longitud superior a 1 kilómetro, y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales.
Construcción de aeródromos con pista de longitud superior a 1 kilómetro.
Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones de longitud superior a 100 metros.
Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros, cuando discurra por suelo clasificado urbanísticamente como rústico de especial protección.
Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 1.000.000 de metros cúbicos.
Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 5.000.000 de metros cúbicos.
Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas, en cualesquiera de los siguientes casos:
Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 50.000.000 de metros cúbicos al año.
Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 1.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 por ciento de dicho flujo.
En todos los demás casos, cuando alguna de las obras que constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad de tratamiento sea superior a 20.000 habitantes-equivalentes.
Perforaciones de más de 100 metros de profundidad para el abastecimiento de agua o cuando el volumen de agua extraída sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos por año.
Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 10.000 metros cúbicos/día.
Instalación de acueductos o tuberías de transporte de agua de nueva construcción cuando discurran por terreno clasificado urbanísticamente como suelo rústico de especial protección, salvo en los casos en que lo hagan por trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con declaración de impacto ambiental positiva, y se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Anchura de canal o diámetro interior igual o superior a 900 milímetros.
Longitud mayor de 40 kilómetros.
Caudal superior a 5 metros cúbicos por segundo.
Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.c de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 del anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos).
Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE), con una capacidad superior a 100 toneladas diarias.
a. Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 20 hectáreas.
b. Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en este anexo que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de la aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, o en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000:
Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas naturales o seminaturales a la explotación agrícola intensiva que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 hectáreas.
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 10 hectáreas.
Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 254 milímetros y una longitud mayor de 1 kilómetro.
Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros
c. Los proyectos que se citan a continuación, cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE y 92/43/CEE o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, o en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000:
Estaciones y pistas de esquí, remontes, teleféricos, y construcciones asociadas.
Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 9 de este anexo, así como de residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud.
Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales.
Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.
d. Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados, cuando afecten a suelo calificado como rústico de especial protección.
e. Vertederos de residuos inertes que ocupen una superficie mayor de 5 hectáreas.
f. Depósitos de lodos con una superficie mayor de 2 hectáreas.
g. Instalaciones de almacenamiento de chatarra y de gestión de vehículos al final de su vida útil, que ocupen una superficie mayor de 1 hectárea.
h. Instalaciones o bancos de pruebas de motores, turbinas o reactores, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
i. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancia explosivas, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
j. Estaciones y pistas de esquí, remontes, teleféricos, y construcciones asociadas, instalados en suelos calificados urbanísticamente como rústicos de especial protección.
k. Campamentos permanentes para tiendas de campaña, caravanas, módulos transportables y cabañas, instalados en suelos calificados urbanísticamente como rústicos de especial protección.
l. Parques temáticos instalados en suelos calificados urbanísticamente como rústicos de especial protección.
m. Recuperación de tierras al mar con un volumen de relleno de más de 10.000 metros cúbicos, o más de 1 hectárea de superficie, excluida la derivada de actuaciones portuarias, a las que será de aplicación lo previsto en el grupo 7 de este anexo.
n. Plantas asfálticas, excepto las plantas de carácter móvil, cuando se ubique en suelos calificados urbanísticamente como rústicos de especial protección.
ñ. Plantas de tratamiento de áridos, excepto las plantas de carácter móvil, cuando se ubiquen en suelos calificados urbanísticamente como rústicos de especial protección.
o. Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos A y B2, de esta Ley, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar, o en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.
Proyectos contemplados en el artículo 31.
4.000 plazas para gallinas y otras aves excepto avestruces.
200 plazas para cerdos de engorde.
50 plazas para cerdas de cría.
100 plazas para ganado ovino y caprino.
20 plazas para ganado vacuno de leche.
40 plazas para vacuno de cebo.
1.000 plazas para conejos.
20 plazas para avestruces.
Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 25 toneladas año.
a. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales.
b. Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos.
c. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta.
d. Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares
e. Instalaciones para el sacrificio o despiece de animales.
f. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas.
g. Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de pescado.
h. Instalaciones para el sacrificio de animales.
i. Instalaciones para el despiece de animales.
j. Azucareras.
k. Fabricación de piensos compuestos.
l. Instalaciones de conservación de ganado sacrificado y volatería.
m. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amilíceos.
n. Fabricación de productos para la alimentación animal.
ñ. Fabricación de otros productos alimenticios:
Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos.
Industrias del café, té e infusiones.
Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria.
Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales.
Perforaciones o sondeos, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de cauces.
Producción de lubricantes a partir de petróleo, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción.
Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica superior a 500 kW.
Construcción de líneas aéreas para el transporte y distribución de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 12 kV y una longitud superior a 1 kilómetro.
Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos con una capacidad de almacenamiento mayor de 500 toneladas.
Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) con una potencia total superior a 1 MW.
Fabricación y acabado de tejidos textiles y artículos de punto.
Fabricación y confección de artículos y prendas de cuero y artículos de peletería.
Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería.
Fabricación de estructuras, envases, embalajes, chapas, tableros contrachapados y alistonados de madera y partículas aglomeradas.
Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería.
Fabricas de cartonaje.
Impresión de periódicos, libros y revistas.
Composición y fotograbado.
Encuadernación y acabado.
Reproducción de soportes grabados de sonido, video e informática.
Fabricación de productos químicos básicos:
Fabricación de productos básicos de química inorgánica.
Fabricación de productos básicos de química orgánica.
Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes.
Fabricación de primeras materias plásticas.
Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene.
Fabricación de otros productos químicos:
Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para fotografía.
Fabricación de soportes vírgenes para grabación.
Fabricación de caucho sintético y productos del caucho.
Fabricación de plásticos y productos de materias plásticas.
Fabricación de productos cerámicos excepto los destinados a la construcción.
Industria de la piedra y el mármol.
Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA).
Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA y otros procesos de transformación del hierro y del acero:
Producción de ferroaleaciones no CECA y otros procesos de transformación del hierro y del acero.
Fundición de metales:
Fabricación de estructuras y carpintería metálica.
Fabricación de cisternas, depósitos y contenedores.
Fabricación de generadores, radiadores y calderas de vapor.
Forja, estampación y embutición de metales.
Fabricación de productos metálicos diversos.
Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico.
Fabricación de aparatos electrodomésticos.
Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores.
Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía.
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales.
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques.
Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores.
Talleres eléctricos, mecánicos y de chapa y pintura para mantenimiento y reparación de vehículos de motor.
Lavado de vehículos de motor y cisternas y remolques de trasporte.
Almacenamiento y venta de pinturas, barnices y disolventes. Droguerías.
Estaciones de servicio de suministro de combustible para vehículos de motor.
Almacenamiento de material pirotécnico.
Hoteles, moteles, hostales y pensiones, con cocina o restaurante.
Restaurantes, degustaciones de café, self-service, sociedades culturales-recreativas-gastronómicas, comedores colectivos, provisión de comidas preparadas, bocaterías.
Bares, cafeterías, bodegas, snak-bar.
Salones recreativos o de juegos.
Boleras, pubs, whiskerías, bares americanos, disco-bar, bingos.
Discotecas, boites, salas de fiesta, salas de baile, salas de fiesta con espectáculos o pases de atracciones, cafés-cantantes, cafés-concierto.
Servicios médicos con rehabilitación.
Guarderías para animales.
Actividades cinematográficas.
Actividades de tiro.
Plantas asfálticas móviles.
Plantas de tratamiento de áridos móviles.
Artículo 44 (apdo. 2):
Redacción según Ley de Cantabria 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero Disposición transitoria primera (apdo. 3):
Suprimido por Ley de Cantabria 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. Artículo 24 (apdo. 3); Disposición transitoria primera (apdo. 3):
Añadido por Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 25 (apdo. 3.a); Disposición final primera (apdo. 1):
Redacción según Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Disposición transitoria primera (apdo. 3):
Redacción según Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Artículo 26:
Redacción según Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento. Cerrar
Información pública de solicitud de licencia para instalación de cafetería, en calle Carlos Pondal, 2Información pública de solcitud de licencia para el ejercicio de actividad de cafébar, en barrio Santa Ana, 6Información pública de solicitud de licencia municipal para apertura de bodega familiar en el paseo del BruscoInformación pública de solicitud de licencia para la instalación de centro deportivo, en calle La Llama, 40Información pública de solicitud de licencia para instalación de garajes, en OruñaInformación pública de solicitud de licencia para actividad de ampliación de nave industrial para uso como taller de mecanizados de precisión, en polígono de VargasInformación pública de solicitud de licencia para implantación de estación base de telefonía móvil, en BáragoInformación pública de solicitud de licencia para instalación de comercio al por menor de fruta, en carretera nacional SantanderPalenciaInformación pública de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de agencia de transportes, en polígono de la Mies de VargasInformación pública de solicitud de licencia para instalación de tanque de gas propanoInformación pública de solicitud de licencia para comercio al por menor de productos zoosanitarios, en carretera nacional SantanderPalencia, N611 AInformación pública de solicitud de licencia para la instalación de garaje comunitario en OruñaInformación pública de solicitud de licencia para la instalación de hotel restaurante, en avenida de Bilbao, 79Información pública de solicitud de licencia de actividad sujeta a comprobación ambiental, para la instalación de un taller de tapicería, en BarredaOrden OBR/3/2009, de 12 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras y se convocan para el año 2009 subvenciones para financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes Generales de Ordenación Urba - naOrden OBR/5/2010, de 6 de mayo, por la que se establecen las Bases Reguladoras y se convocan para el año 2010 subvenciones para nanciar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes Generales de Ordenación UrbanaOrden PRE/23/2010, de 5 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Convocatoria 2010/04Orden EMP/69/2010, de 26 de octubre, por la que se regulan y aprueban las bases generales y específicas, así como los programas a los que habrá de ajustarse la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, a las Subescalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter EstatalOrden OBR/4/2011, de 14 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2011 subvenciones para financiar las actuaciones de los ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes Generales de Ordenación Urbana	Cerrar PDF
LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado	Trámites