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Timestamp: 2017-09-23 12:54:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8']

Uruguay – Sistema Interamericano – Corte Suprema Sentencia Dos Coroneles/2013 | observatoriointernacional.com
Tribunal: Suprema Corte de Justicia del Uruguay(SCUruguay)
Partes: M. L., J.. F. F., O. – Denuncia – Excepcion de inconstitucionalidad arts 1, 2 y 3 de la ley 18831
Cita Online: UY/JUR/3/2013
Número de sentencia: 20/2013
Magistrado: Larrieux Rodríguez, Jorge Tomás (Firmante) – Chediak González, Jorge Omar (Redactor) – Ruibal Pino, Jorge (Firmante) – Pérez Manrique, Ricardo Cesar (Discorde)
Voces: CADUCIDAD ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ CONSULTA POPULAR ~ CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ~ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ~ CORTE PENAL INTERNACIONAL ~ DELITO ~ DERECHO CONSTITUCIONAL ~ DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ~ DERECHO PENAL ~ DERECHOS HUMANOS ~ EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ~ LEY PENAL ~ PLAZO PROCESAL ~ PRESCRIPCION ~ PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA ~ RETROACTIVIDAD DE LA LEY ~ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL URUGUAY
LJU CASO 16474
+ Norma aparentemente violatoria
++ Ley 18.831, arts. 2 y 3
+++Del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa y del art. 10 y 72 de la Constitución
Corresponde hacer lugar parcialmente a la excepción de inconstitucionalidad opuesta y declarar inconstitucionales e inaplicables a los excepcionantes los arts. 2 y 3 de la Ley N° 18.831, desestimando por unanimidad, la pretensión declarativa movilizada respecto del art. 1 de dicha Ley, sin especial condenación procesal en cuanto, los arts. 2 y 3 al establecer el primero que no se computarán plazos de prescripción ya transcurridos y el segundo al disponer, en forma retroactiva, que a la naturaleza original del tipo penal se adicionará el carácter de “crímenes de lesa humanidad”, provocando como consecuencia su imposibilidad de extinción, vulneran ostensiblemente el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa y con ello los principios y reglas constitucionales recogidos en los artículos 10 y 72 de la Constitución Nacional.
> S.C.J.; Nº 20/2013; Fecha: 22/02/2013
>> (Chediak -r-; Larrieux; Ruibal; Chalar; Pérez Manrique -d-)
>>> Excepción de inconstitucionalidad
+Objeto
++Principios o reglas aplicables en materia de control de constitucionalidad de las leyes
Procede rechazar la excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 2 y 3 de la Ley No. 18.831 en primer lugar, porque no se aplican en el caso de autos, segundo porque no resultan inconstitucionales al no constituir innovación en el ordenamiento jurídico internacional, en la medida que, como lo ha sostenido la Corporación en anteriores oportunidades, los Tratados de Derecho Internacional aplicables consagran determinados principios que hacen a la protección de los Derechos Humanos en su integralidad, situación jurídica con raigambre constitucional para el Uruguay en virtud de lo establecido en el art. 239 Nral. 1 de la Constitución de la República. Además el artículo 3 admite interpretación conforme a la Constitución, los delitos del art. 1 son crímenes de lesa humanidad “de conformidad con los tratados internacionales en que la República es parte” y corresponde al intérprete y no al tribunal de constitucionalidad, determinar si los hechos investigados integran el elenco del art. 3, de los delitos de lesa humanidad por encontrarse en los tratados firmados por la República (del voto discorde del Dr. Pérez Manrique).
+ Aplicaciones prácticas
Teniendo en cuenta que como lo expresara la Corte en Sentencia No. 365/2009 “… las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del Art. 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos…”, corresponde señalar que nuestro ordenamiento constitucional y legal no instituyen un deber de las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay de considerar como precedentes vinculantes los fallos de los órganos interamericanos.
DELITOS COMETIDOS POR MIEMBROS DEL GOBIERNO
+ Grupos de delitos
++ Violación de los derechos humanos de los ciudadanos
+++Desaparición forzada o involuntaria de personas
++++Aplicación en el tiempo
El delito de Desaparición Forzada, fue creado por el artículo 21 de la Ley No. 18.026, de fecha 25 de setiembre de 2006, es decir que al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva, pues ello resultaría en franca vulneración a lo dispuesto en el art. 15 inc. 1 del Código Penal y a los pilares básicos en que se fundan los principios que rigen el Derecho Penal.
A partir de la reforma del art. 113 del C.P.P., el indagado tiene un interés con las características exigidas por la Carta para movilizar el recurso, el cual según la norma constitucional puede, por vía de excepción, oponerse en “cualquier procedimiento judicial” (art. 258.2 Constitución) (del voto discorde del Dr. Pérez Manrique).
Ver también: Juzgado Letrado en lo Penal de 2° Turno, sentencia 2278/2011 de fecha 27/10/2011 (Salazar), Revista La Ley Uruguay, Tomo 2012-1, página 90, cita online UY/JUR/651/2011.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de fecha 24/02/2011 (García-Sayán, Franco, Ventura, Mamulay, Blondet, Vio Grossi), Revista La Ley Uruguay, Tomo 2011-7, página 940, cita online UY/JUR/31/2011.
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno, sentencia de fecha 01/12/2010 (Mota), Revista La Ley Uruguay, Tomo 2011-6, página 867, cita online UY/JUR/758/2010.
Juzgado Letrado en lo Penal de 19° Turno, sentencia n° i1013/2006 de fecha 11/09/2006 (Charles), LJU CASO 15323, Revista La Justicia Uruguaya, Tomo 134, página J-205, cita online UY/JUR/243/2006.
Tribunal de Apelaciones en lo Penal del 1° Turno, sentencia 250/2011 de fecha 28/07/2011 (Reyes, Damasco, Torres), Revista La Ley Uruguay, Tomo 2011-10, página 1437, cita online UY/JUR/315/2011.
Arts. 7, 10 inc. 2 , 23, 72, 82, 256 a 259 de la Constitución de la República.
Art. 509 del Código General del Proceso.
Art. 15 inc. I del Código Penal.
Arts. 1, 2 y 3 de la Ley 18.831.
Ley 15.848.
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica;
Arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, y su Protocolo Facultativo; Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional).
Texto Completo: Sentencia No. 20
Para sentencia estos autos caratulados: “M. L., J. F. F., O. – denuncia – excepción de inconstitucionalidad arts 1, 2 Y 3 DE LA LEY NRO. 18.831”, IUE 2–109971/2011.
– En cuanto a la legitimación activa, sostienen que han solicitado la clausura y archivo de estas actuaciones en mérito a que ha operado la prescripción del supuesto delito que se investiga. Por Decreto No. 1110/2012, de fecha 31 de mayo de 2012, se denegó la solicitud, basándose entre otros fundamentos, en lo dispuesto por la Ley No. 18.831. Por ello, es de toda evidencia que la entrada en vigor de la Ley No. 18.831 ha habilitado la iniciación (o la reanudación o prosecución, según sea el caso) de estos procedimientos presumariales, en los que han sido citados en calidad de indagados. Ello conlleva la posibilidad de ser eventualmente procesados y condenados por el delito que en estos obrados se investiga.
– Con relación al artículo 1 de la Ley No. 18.831, surge evidente que, dados sus efectos retroactivos, el mismo va más allá de una derogación tácita de la Ley No. 15.848, que sólo operaría hacia el futuro, determinando la anulación de la Ley de Caducidad.
– El artículo 2 de la Ley impugnada, dispuso -en el año 2011- que se borren los efectos producidos durante más de veinticinco años por los plazos procesales y de prescripción o caducidad en los procesos sustanciados respecto de los delitos comprendidos en la Ley No. 15.848. “Traducido ello a un lenguaje fácil, se dispone que los plazos vencidos no vencieron” (fs. 465).
– Por el artículo 3 de la Ley atacada se le da efecto también retroactivo a la imprescriptibilidad de los delitos referidos.
– La Ley No. 18.831, por disponer sobre materia penal con carácter retroactivo, colide con el segundo inciso del artículo 10 de la Carta, el cual al consagrar el principio de libertad veda implícitamente la retroactividad de la ley penal, por ser ésta frontalmente contraria al accionar libre de los seres humanos.
– La irretroactividad de la ley penal, en tanto garantiza que no se sancionen como ilícitas y delictivas conductas que al tiempo de su comisión eran lícitas, constituye un derecho inherente a la personalidad humana, amparado por el artículo 72 de la Constitución, que también resulta vulnerado por la Ley No. 18.831.
– Las normas legales cuestionadas son inconciliables con el derecho constitucional a la seguridad jurídica, reconocido por el artículo 7 de la Carta.
– La Ley cuestionada, sobre todo en su artículo 1, colide frontalmente con lo establecido en el segundo inciso del artículo 82 de la Constitución e indirectamente con los artículos 4 y 79 (inciso segundo), así como con el principio de que el ejercicio directo de la soberanía en los casos establecidos por el artículo 82 sólo compete al Cuerpo Electoral.
– En la especie, quienes por su condición de militares o policías en actividad antes del 1º de marzo de 1985 podían ser imputados de los delitos comprendidos en el artículo 1 de la Ley No. 15.848, tenían un derecho adquirido a no ser juzgados por su supuesta autoría, en virtud de haber caducado, por imperio legal, la pretensión punitiva del Estado respecto de los mismos.
5) El Sr. Fiscal de Corte se pronunció en Dictamen No. 3028/12, entendiendo que “… no corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las disposiciones legales cuestionadas por ser inaplicables al caso, salvo mejor opinión de la Corporación” (fs. 511 a 535).
Tal como expresó la Corporación en Sentencia No. 229/2003, “… antes del ingreso al mérito de la cuestión que se somete a consideración de un órgano jurisdiccional, es preciso determinar la idoneidad de quienes actúan, en cuanto a poder pretender aquello que solicitan.
Por cierto, no se trata de la mera ‘legitimatio ad causam’, que consiste en la terminología de ilustrado procesalista, ‘… en la probable titularidad de los intereses específicos del proceso’, sino, la que él mismo llama ‘legitimación sustancial’, o sea, su ‘… efectiva titularidad…’ (Dante Barrios De Angelis, ‘Introducción al Proceso’, Ed. 1980; además en ‘El Proceso Civil’, T. 1, pág. 70). Dicho de otro modo: si realmente, luego de sustanciado el proceso, quienes invocaron tal calidad, están en situación –concreta- de peticionar la actuación reclamada.
“De acuerdo con la regla contenida en el art. 258 de la Constitución –y reiterada en el art. 509 C.G.P.-, están legitimados para promover la declaración de inconstitucionalidad de una Ley, todos aquéllos que se consideren lesionados ‘… en su interés directo, personal y legítimo’. La titularidad efectiva de dicho interés por los promotores de la declaración de inconstitucionalidad, y su real afectación por la disposición legislativa impugnada, resulta, pues, presupuesto de la obtención de una sentencia eficaz sobre el mérito de lo pretendido (Cf. Vescovi, Enrique, en Cuadernos de Derecho Procesal, T. 1, 1973, pág. 123)”.
Como lo señala el Sr. Fiscal de Corte “… la excepción de inconstitucionalidad fue promovida en sede de presumario y los impugnantes poseen la calidad de indagados, tal como lo sostienen en sus respectivos escritos como sustento de la legitimación activa invocada” (fs. 513 vto.).
A diferencia de lo resuelto por la Corte en dichas ocasiones, la aplicación de la norma impugnada es absolutamente cierta, puesto que buena parte de la operativa de la Ley ya se cumplió…”.
Corresponde recordar que “… la prescripción del delito…se caracteriza por extinguir el mismo, o mejor aún, por extinguir la responsabilidad en abstracto. Es un instituto de orden público, que puede declararse de oficio aun cuando el reo no lo hubiere opuesto expresamente (art. 124); por ende es irrenunciable y puede oponerse en cualquier momento de la causa” (Bayardo Bengoa, Derecho Penal Uruguayo, Tomo III, 1963, pág. 267).
Ante ello, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2do. Turno, por Resolución No. 1110, del 31 de mayo de 2012, dispuso: “Denegar la solicitud de fs 392…” (fs. 414).
III) El Sr. Fiscal de Corte sostiene que “… en el proceso de autos no son aplicables las normas cuya inaplicabilidad se pretende por parte de los impugnantes…, sino que lo que corresponde es cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011, dictada en el caso ‘Gelman versus Uruguay’…” (fs. 516).
III.a.-En concepto de los Sres. Ministros Dres. Ruibal Pino, Larrieux y Chediak, corresponde recordar que, en el año 1985, la República Oriental del Uruguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica, entre los días 7 y 22 de noviembre de 1969. El instrumento de ratificación, de fecha 26 de marzo de 1985, fue depositado el 19 de abril de 1985 en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de la República Oriental del Uruguay declaró que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, bajo condición de reciprocidad, de acuerdo a lo establecido en sus artículos 45 párrafo 3, y 62, párrafo 2.
Además, corresponde tener presente que “… la Corte IDH afirmó la existencia de un deber de las autoridades judiciales nacionales de seguir su jurisprudencia al resolver los pleitos internos a través de la doctrina del control de convencionalidad. Como es conocido, esta doctrina establece que los tribunales de los Estados partes deben controlar la compatibilidad de su ordenamiento jurídico con la CADH, y que al realizar este examen deben tener en cuenta ‘no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana’. De este modo, parámetro para la determinación de la ‘convencionalidad’ de una disposición del derecho interno no sería solo la CADH, sino también la jurisprudencia de la Corte IDH.
Conforme lo que viene de señalarse, teniendo particularmente en cuenta que como lo expresara la Corte en Sentencia No. 365/2009 “… las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del Art. 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos…”, corresponde señalar que nuestro ordenamiento constitucional y legal no instituyen un deber de las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay de considerar como precedentes vinculantes los fallos de los órganos interamericanos.
Como sostuvo el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Dr. Carlos S. Fayt: “… el deber positivo de garantizar cada vez mejor y con más eficacia los derechos humanos (desarrollo progresivo), no puede derivarse de consideraciones genéricas elaboradas por la Corte Interamericana. Tampoco sus conclusiones relativas a la prescripción de la acción penal pueden extrapolarse, a fin de resolver otras situaciones con particularidades propias como las que presenta el sub lite” (discordia extendida en Causa No. 259, caso “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros”).
Como Señala Sagües “… el talón de Aquiles de la doctrina del control de convencionalidad es que un Estado (esto es, en particular sus jueces) o, en términos generales, todos los Estados adscriptos al sistema interamericano de derechos humanos, pueden verse vinculados por una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vertida en un procedimiento en que no fueron parte, y por tanto, donde tampoco fueron oídos. Es decir que resultan encadenados por una tesis jurisdiccional sobre la que no tuvieron oportunidad de exponer sus puntos de vista, omisión que no coincidiría mucho con las reglas habituales del debido proceso” (Dificultades operativas del control de convencionalidad en el sistema interamericano, en El Estado de Derecho hoy en América Latina, KAS págs. 21-29).
Por ello, “Conectado con lo dicho es la conveniencia de interpretar la Convención Americana, dentro de lo posible y razonable, atendiendo las particularidades locales, según la doctrina del margen de apreciación nacional. Tal contemplación, que evita autismos normativos o ‘internacionalismos salvajes’ (como alguna vez se los denominó) afianza, en vez de debilitar, la solidez y eficacia del Pacto de San José de Costa Rica” (Sagües, Obligaciones internacionales y Control de Convencionalidad, en Estudios Constitucionales, Año 8, No. 1, 2010, págs. 117–136).
III.b.-Compartiendo lo precedentemente expresado, el Sr. Ministro Dr. Chalar destaca también que el Estado, como miembro de la comunidad internacional, reconoce la jurisdicción de los Tribunales Internacionales, y entre ellos, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, y asimismo, aunque no provengan de un tribunal, las decisiones del Comité de Derechos Humanos, en lo que refiere al sistema universal de protección de los Derechos Humanos.
Y ello sin olvidar, todavía, lo impuesto, sin restricciones, en el art. 1º de la Convención: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna…”.
IV.a.-Con respecto a si las leyes de prescripción de los delitos constituyen normas procesales o normas sustantivas, Bayardo Bengoa reconoce que ha llegado a discutirse en el plano doctrinario si la prescripción constituye una ley de forma o una ley de fondo. El citado autor explica que esta problemática ya fue resuelta por Carrara, para quien la prescripción entraña una disposición de fondo. El Maestro italiano sostiene que si la ley antigua es la más favorable, la nueva ley es irretroactiva; mientras que si, por el contrario, la más favorable es la nueva ley, ésta se aplica a los hechos anteriores a su vigencia.
El mismo autor entiende-en términos compartibles- que nuestro Código Penal resuelve el problema, acorde con el criterio que consigna en la norma de reenvío del art. 16: “las leyes de prescripción siguen las reglas del artículo anterior”. Y el art. 15 inc. 1 del C.P. expresa, con total claridad, que: “Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos, o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia”.
IV.b.-Por otra parte y como ya ha tenido la oportunidad de expresar este Alto Cuerpo, los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad (cf. Sentencias Nos. 887 y 1.501/2011 de la Suprema Corte de Justicia).
En doctrina se ha expresado que: “…la irretroactividad de la Ley penal es un principio liberal o garantía implícita en el art. 72 de la Constitución Vigente, que deriva, además, indirectamente, del principio de libertad, expresamente proclamado en el art. 10 inc. 2 de la Carta. Asimismo, está íntimamente vinculado a la seguridad, valor aludido en el art. 7 y también comprendido en el art. 72 de la Constitución Vigente…” (Alberto Ramón REAL, “Los principios generales de derecho en la Constitución Uruguaya”, Montevideo, 1965, pág. 53).
En igual sentido opinan Jiménez de Asúa y Jescheck. Dice el primero que la no retroactividad de la Ley primitiva y la extra actividad de la Ley más favorable es máxima de Derecho Constitucional, que se deduce de la regla unánimemente reconocida de que los hombres deben ser juzgados y condenados por “Ley anterior a su perpetración” (Cf. “La Ley y el delito. Principios de Derecho Penal”, Ed. Hermes, 1954, pág. 165). Jescheck, por su parte, expresa que uno de los principios rectores del Estado de Derecho es el de que las normas que regulan un supuesto de hecho, no pueden luego modificarse en perjuicio de la situación jurídica del ciudadano pues, además, el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho. Por eso entiende que lo decisivo para la irretroactividad es la idea de la seguridad jurídica (“…Tratado de Derecho Penal. Parte General”, Ed. BOSCH, Barcelona, vol. 1, pág. 184) (Sent. No. 70/97)”.
El citado profesor italiano también hace referencia a la consagración del principio en estudio en las legislaciones modernas. De esta forma, menciona que surge de la Declaración de los Derechos del Hombre francesa, cuyo artículo 8 estatuye: “La loi ne doit établir que des peines strictement et évidentment nécessaires. Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurment au délit”. A su vez, el artículo 8 de la Constitución del 24 de junio de 1793 preceptúa: “L’effet rétroactif donné à la loi serait un crime”. En la Constitución de la República francesa de 5 de Fructidor del Año III, el art. 14 establece: “Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif”.
Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, falla:
Haciendo lugar, parcialmente, a la excepción de inconstitucionalidad opuesta y, en su merito, declarando inconstitucionales y, por ende, inaplicables a los excepcionantes los artículos 2 y 3 de la ley No. 18.831.
Desestimando el excepcionamiento en lo demas. Sin especial sanción procesal. Líbrese mensaje al poder legislativo y oportunamente, devuélvanse los autos. — Jorge Ruibal Pino. — Jorge T. Larrieux Rodríguez. — Jorge T. Larrieux Rodríguez. — Jorge O. Chediak González. — Julio César Chalar. — Ricardo C. Pérez Manrique (discorde)
Ricardo C. Pérez Manrique discorde
Desestimo el excepcionamiento de inconstitucionalidad
En el mismo sentido, Sánchez Carnelli, citando la posición del Dr. Berro Oribe indica: “Nuestro Instituto no es de Inconstitucionalidad de las Leyes, sino de Inaplicación de Leyes por razón de constitucionalidad, que no es la misma cosa. No se trata de ‘juzgar’ una Ley con el padrón de la Constitución por una Corte. Esto, en cuanto interpretación de la Carta, sólo puede hacerlo el Poder Legislativo. Y podría hacerlo una Corte Constitucional, con decisión de fuerza invalidante…Se trata, sí, de la propia función jurisdiccional. Decir o declarar el derecho con motivo de una contienda jurídica ya sometida o que puede ser sometida a resolución de los Jueces, aunque nada más que sobre un aspecto de la cuestión: aquel de la eficacia relativa para ese caso contencioso de una Ley o disposición legal que inevitablemente aparece indicada para su decisión en razón de su colisión con determinado texto por principio constitucional” (cf. Lorenzo Sánchez Carnelli: “Declaración de inconstitucionalidad de actos legislativos”, págs. 112 y ss.).
IV) La solución postulada determina que no corresponda ingresar al mérito de la cuestión deducida puesto que un pronunciamiento al respecto importaría un juicio genérico o abstracto, contra lo que imponen los arts. 259 de la Carta y 508 C.G.P., que indican su procedencia “…Siempre que deba aplicarse una ley o una norma que tenga fuerza de ley…” (cf. Sentencia No. 179/2006 de la Corte).
Este Tribunal sostuvo en Sentencia No. 24/99, citando fallos anteriores que: “… la Corte se halla facultada para declarar si una ley es o no constitucional; su examen entonces debe constreñirse a la norma y determinar si la misma colide o no con textos o principios superiores que emanan de la Constitución…Los fundamentos en que se apoya este criterio son claros en opinión de la Corte; la declaración acerca de la constitucionalidad de una ley sólo es pertinente si ésta es de aplicación necesaria e ineludible en un caso concreto…; por el contrario a la Corte en la materia le está vedado efectuar declaraciones genéricas y emitir opiniones sobre cuestiones abstractas de derecho…”.
“… las normas atacadas excluyeron del aparato sancionatorio del Estado a sujetos que, para ello, no necesitaron ser juzgados por el Poder de gobierno que tiene a su cargo la función soberana de aplicar las penas.
“a. Crímenes contra la paz: A saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de Tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados.
b. Crímenes de guerra: A saber, violaciones de las leyes o uso de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes.
c. Crímenes contra la humanidad: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”.
“Juzgar…sobre delitos contra Derecho de Gentes…” (Nal. 1).
“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional…
Como se señalara al analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en “Arancibia Clavel” en el que se decide acerca de la aplicación del principio de imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad: “… esos actos ya eran imprescriptibles para el derecho internacional, puesto que si bien la aprobación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se produjo con posterioridad a esos hechos, dicho ‘instrumento’ sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (jus cogens), en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. De esta manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos” (cfme. “Derechos Humanos: Justicia y reparación.” Ricardo Luis Lorenzetti y Alfredo Jorge Kraut”, págs. 138 a 139).
No todos los delitos comprendidos en la Ley No. 15.848 son de lesa humanidad, pero algunos sí lo son y ello será determinado por el tribunal de mérito, que deberá calificar si las conductas delictivas tipificadas en el Código Penal cometidas en el marco de la acción del terrorismo de Estado constituyen o no crímenes de lesa humanidad. — Ricardo C. Pérez Manrique.
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