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Timestamp: 2020-04-10 19:35:51
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 29']

Derechos de los Menores Desarrollados - Derecho Familia
María Jesús Barreñada - Are2 Abogados+ 25th Jul 2014 Comentarios desactivados en Derechos de los Menores Desarrollados in Derecho de Familia
Derecho del Menor. Normas principales que protegen los derechos de los menores
Derecho del Menor Desarrollado. En todo procedimiento que implique una ruptura familiar y existan menores, lo que se debe de proteger siempre es el derecho de los menores, es por ello que es conveniente destacar la siguiente normativa en relación a los derechos de los menores:
La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció que los niños, por su falta de madurez física y mental, necesitan cuidados especiales, incluida la debida protección legal, indicando que tanto antes como después del nacimiento, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
La Constitución española fijó la mayoría de edad en los 18 años. Para el cómputo de los años se incluirá completo el día del nacimiento. Sus representantes legales son las personas que tienen la patria potestad o tutela del menor no emancipado, lo normal es que los representantes legales del menor sean sus padres, los cuales tienen que velar y preocuparse pro ellos, lo cual implica y supone: alimentarlos, educarlos, representarlos y administrar sus bienes.
Pero no solo tienen obligaciones los padres con los hijos, también los tienen los hijos con los padres, ya que mientras convivan con ellos y estén bajo su patria potestad como obedecerlos, respetarles y contribuir según sus posibilidades al sostenimiento familiar.
La capacidad del menor de edad se encuentra limitada con el objetivo de evitar que la posible responsabilidad que pueda derivarse de sus actuaciones, le perjudique. Así, para la realización de determinados actos necesitará el consentimiento de sus representantes legales.
Los bienes pertenecen a los hijos no emancipados así como todo lo que adquieran con su trabajo y serán los padres los que deberán administrar estos bienes con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales como todo administrador.
Los padres podrán destinar dichos bienes al sostenimiento de las cargas familiares sin estar obligados a rendir cuentas. Se exceptúan aquellos bienes donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera, pero si los padres carecieran de medios podrán pedir al juez que se les entregue la parte que proceda. No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y lo consintiera en documento público.
Sin embargo, hay algunos supuestos en los que los padres no podrán administrar los bienes de sus hijos menores no emancipados. Estos casos son:
Los bienes donados por otra persona de forma gratuita habiéndolo ordenado de forma expresa. En estos casos se cumplirá estrictamente la voluntad del donante.
Los adquiridos por herencia en que uno o ambos progenitores hubieran sido desheredados, o no hubieran podido heredar por causas de indignidad. En estos supuestos, los bienes serán administrados por la persona designada por el fallecido y, en su defecto y sucesivamente, por el progenitor no desheredado o por un administrador judicial especialmente nombrado.
Los que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.
Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a un defensor que representará al menor. Se procederá también a este nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar.
Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el juez, a petición del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas oportunas para la seguridad de los bienes del menor, y exigir fianza para la continuación en la administración por parte de los padres, o incluso si lo considerase oportuno, nombrar un administrador.
Los padres necesitan autorización judicial para:
Renunciar a aquellos derechos de los que son titulares sus hijos menores
Ceder la titularidad de derechos
Renunciar a herencias de sus hijos.
Edad Penal de los menores:
La ley establece la responsabilidad penal de los mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de delitos y faltas del Código Penal.
A los menores de 14 años se les aplica la normativa de protección de menores del Código Civil.
En derecho penal ha de primar el interés superior del menor pero también se tiene en cuenta el interés de la víctima del hecho cometido por ese menor, estableciendo un procedimiento rápido y poco formalista para el resarcimiento de los daños y perjuicios, dotando de amplias facultades al juez de Menores.
Los padres o tutores son los responsables solidarios de los hechos cometidos por sus hijos menores.
Una vez tramitado el correspondiente procedimiento, el juez impondrá a los menores una serie de medidas a fin de que salden sus responsabilidades.
Estas pueden ser de diversos tipos y comprenden desde la amonestación hasta el internamiento en régimen cerrado. A la hora de establecerlas los Jueces tendrán en cuenta especialmente la edad, las circunstancias personales y sociales, la personalidad y el interés del menor.
Si el menor es responsable de varios hechos delictivos, se le podrán imponer una o varias medidas
Si la misma conducta puede constituir una, dos o más infracciones se sancionarán la más grave.
Si los hechos cometidos sean considerados faltas, se podrán imponer a las menores medidas como: la amonestación, trabajos en beneficio de la comunidad, retirada del permiso de conducir, alejamiento de la víctima, realización de tareas socioeducativas y, en los casos más graves, medidas de libertad vigilada.
Sólo en caso de que los hechos cometidos por el menor se califiquen como un delito por el Código Penal, se podrán imponer medidas de internamiento en régimen cerrado.
La duración de las medidas que se impongan al menor no podrán superar los dos años, excepto en el caso de los internamientos en régimen cerrado, que en los casos más graves podrán alcanzar los ocho años.
Las medidas que tengan un plazo superior a los dos años habrán prescrito a los tres años de la comisión de los hechos. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el arresto con tareas de fin de semana, que prescribirán al año. Las faltas prescribirán a los tres meses, mientras que en el caso de los delitos, los más graves prescribirán según lo establecido en el Código Penal.
Según Naciones Unidas, el término “niño” es aplicable a cualquier menor de 18 años, a no ser que la legislación de cada Estado miembro determine lo contrario.
El uso de nuevas tecnologías puede suponer muchos peligros para los más vulnerables. Según la Agencia de Calidad de Internet (IQUA), estos peligros se podrían clasificar de la siguiente manera:
Personales. Aquellos riesgos que consisten en la existencia de distintos acosadores que utilizan los foros, los chats y los programas de mensajería instantánea tipo Messenger para lograr captar a sus víctimas, menores de edad.
De contenido. Estos peligros se refieren al acceso, voluntario o involuntario, a contenidos como imágenes, vídeos o textos violentos, de carácter sexual, racista, xenófobo o sectario.
De adicción: Este riesgo se refiere al comportamiento que pueden adquirir los niños de dependencia del uso de Internet.
La Unión Europea ha elaborado mediante las Recomendaciones 98/560/CE y 2006/952CE los primeros documentos a escala europea sobre la protección de los menores ante los contenidos perjudiciales o ilegales de Internet y resto de medios audiovisuales y escritos.
A nivel estatal la Ley Orgánica de Protección de Datos regula la circulación y protección de los datos de carácter persona, su uso en Internet y el uso que se hace de imágenes, datos personales o vídeos en la red, estableciendo fuertes multas para los infractores en el caso de ser invada la intimidad y privacidad de una persona. Se exceptúan aquellas conductas que sean considerables como punibles según el Código Penal, tales como pornografía infantil, etc. Asimismo se regulan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos de carácter personal.
El legislador también establece la obligación del responsable del fichero para que garantice que se ha probado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.
La ley prevé que se pueden tratar datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.
Respecto del correo electrónico, el mayor de edad debe tener las claves de la cuenta de correo del menor para poder llevar un control. La propia cuenta debe habilitarse con filtros de correo no deseado, para evitar spam y archivos poco recomendables.
Normas principales que protegen los derechos de los menores
Derechos del Menor. Artículo 1.
Derechos del Menor. Artículo 2.
Derechos del Menor. Artículo 3.
Derechos del Menor. Artículo 10.
Derechos del Menor. Artículo 11.
Derechos del Menor. Artículo 12.
Derechos del Menor. Artículo 13.
Derechos del Menor. Artículo 14.
Derechos del Menor. Artículo 15.
Derechos del Menor. Artículo 16.
Derechos del Menor. Artículo 17.
Derechos del Menor. Artículo 18.
Derechos del Menor. Artículo 19.
Derechos del Menor. Artículo 20.
Derechos del Menor. Artículo 21.
Derechos del Menor. Artículo 22.
Derechos del Menor. Artículo 23.
Derechos del Menor. Artículo 24.
Derechos del Menor. Articulo 27.
Derechos del Menor. Artículo 28.
Derechos del Menor. Artículo 29.
Introducimos textualmente la ratificación de 30 de noviembre de 1990 de la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte -incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado- de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado parte proporcionará cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por si misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir del a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Con tal objeto, los Estados partes:
Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29.
Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales.
Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la Kafala del Derecho Islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que este no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
Los Estados partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si esta sólo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
Los Estados partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño, que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado, de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al Estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
Los Estados partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
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