Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-i1-2011.html
Timestamp: 2018-02-26 03:24:15
Document Index: 239134787

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 26', 'artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 85', 'artículo 84', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 103', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 72', 'artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 72', 'artículo 56', 'artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 38', 'Artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 26', 'artículo 37', 'artículo 197', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19']

Instrucción 1/2011, de 12 de abril, para la aplicación de la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
1. Aplicación de la Ley 2/2010 al planeamiento en tramitación a su entrada en vigor.
2. Memoria ambiental y aprobación provisional del plan.
3. Modificación por la Ley 2/2010 del régimen transitorio aplicable al suelo de núcleo rural del planeamento no adaptado.
4. Modificación por la Ley 2/2010 del régimen transitorio aplicable al suelo rústico del planeamiento no adaptado.
5. Declaración de innecesariedad de sometimiento a evaluación ambiental estratégica de las modificaciones puntuales de plan general.
6. El documento de inicio y los estudios del medio rural y del modelo de asentamiento, y la descripción y evaluación del sistema de núcleos.
7. Informe o memoria de sostenibilidad económica del pgom.
8. Delimitación de núcleos rurales en la franja de 200 metros desde el límite de la costa.
9. Obras en edificaciones tradicionales situadas en suelo de núcleo rural.
10. Actuaciones integrales en el suelo de núcleo rural.
11. Planes especiales de ordenación del núcleo rural de contenido limitado.
12. Concentraciones parcelarias en núcleos rurales.
13. Evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenación de núcleo rural.
14. Compatibilidad de instalaciones destinadas a la producción agrícola en suelo de núcleo rural.
15. Montes vecinales en mano común y suelo rústico de protección forestal.
16. Usos permitidos y autorizados en suelo rústico de protección forestal.
17. El uso de turismo rural como potenciador del entorno.
18. Innecesariedad de autorización autonómica para dotaciones y equipamientos contemplados en planes especiales previstos en el artículo 33.2 G).
19. Suelo rústico de protección de las costas.
20. Acceso rodado de uso público como condición general de las edificaciones en suelo rústico.
21. Ampliación de cementerios.
22. Obras de derribo derivadas de expedientes de reposición de la legalidad.
23. Válidez del reconocimiento administrativo de explotaciones agropecuarias.
24. Actividades mineras y establecimientos de beneficio vinculados.
25. Prórroga de licencias.
La Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (DOG n.º 61, de 31 de marzo; corrección de errores DOG de 23 de abril de 2010) como indica su exposición de motivos, tuvo como razón determinante la necesidad de dar una respuesta inmediata a las aspiraciones básicas de los ayuntamientos en materia urbanística y a las inquietudes municipales generadas por la situación del urbanismo en Galicia después de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, y su modificación posterior operada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, formalmente transmitidas a la Xunta de Galicia mediante acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva de la FEGAMP, adoptado el 20 de marzo de 2007.
La experiencia adquirida en el breve período de vigencia de la Ley 2/2010, permite abordar ya con las necesarias garantías los criterios de interpretación de sus preceptos, al fin de resolver las dudas que se fueron suscitando en su aplicación práctica.
A este objeto responde la presente instrucción, que tiene la naturaleza de instrucción u orden de servicio dictada al amparo de lo dispuesto por el artículo 26.3.b de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector autonómico de Galicia (DOG n.º 251, de 31 de diciembre de 2010) por lo que sólo es de obligado cumplimiento para los órganos y unidades administrativas de este departamento. Se circunscribe, en exclusiva, al ámbito de sus competencias y tiene por objeto coordinar la actuación en materia de urbanismo de los órganos y unidades administrativas integradas en el mismo, sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a otros departamentos, organismos públicos o a la Administración municipal.
Aunque esta instrucción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, no tiene los efectos propios de una norma jurídica de naturaleza reglamentaria, en aras de la mayor transparencia en la gestión administrativa y de la seguridad jurídica se considera conveniente su publicación para que todos los interesados puedan conocer los criterios que seguirá esta secretaría general en el ejercicio de sus competencias en materia urbanística, tras la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 25 de marzo.
La disposición transitoria primera de la Ley 2/2010 constituye, junto a sus disposiciones transitorias segunda y tercera, una norma de derecho transitorio propio y específico de esta ley de reforma que carece, por eso, de toda vocación de inserción en la Ley 9/2002, y que resulta de aplicación independiente de las modificaciones que la propia Ley de medidas urgentes introduce, a su vez, en las disposiciones transitorias primera, undécima, duodécima y decimotercera de la Ley 9/2002.
La disposición transitoria primera de la Ley 2/2010 regula la aplicación de esta al planeamiento en trámite a la fecha de su entrada en vigor. Y esta regulación la lleva a cabo en base y con referencia a las tres situaciones básicas en que pueda encontrarse en ese momento el procedimiento que se tramite: que carezca de aprobación inicial; que cuente ya con ella; o que alcanzara su aprobación provisional. Para todo lo cual establece, a su vez, un régimen de derecho transitorio diferenciado según se trate de aplicar los preceptos de la ley que establecen una nueva regulación del procedimiento de aprobación de los planes, o bien de los restantes preceptos de la ley de reforma que afectan a las determinaciones y contenidos de esos mismos planes.
1.1. Planeamiento en trámite sin aprobación inicial.
1.1.1. En esta disposición transitoria primera se parte de la base de que el procedimiento de aprobación del plan comienza con el acuerdo de su aprobación inicial, y de que las actuaciones anteriores a esa aprobación inicial corresponden a trámites de una fase anterior, la de la elaboración del planeamiento.
El acuerdo de aprobación inicial es pues el hito que marca el tránsito entre la fase de elaboración del planeamiento y la del procedimiento de su aprobación.
Se entenderá que si el acto de aprobación inicial no se produjo, el procedimiento de aprobación del planeamiento ni tan siquiera se inició, por lo que los planes en tramitación que no hubieran alcanzado la aprobación inicial a la entrada en vigor de la Ley 2/2010 habrán de adaptarse plenamente a esa ley (disposición transitoria primera. 3).
1.1.2. Respeto de la posibilidad de conservación de trámites relativos a su evaluación ambiental, pertenecientes ahora a la fase de formulación del planeamiento, y que validamente se hubieran podido realizar con anterioridad a su aprobación inicial, se tendrá en cuenta que la regulación sobre evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planeamiento establecida por la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral (DOG n.º 94, de 16 de mayo de 2007) mantiene su plena vigencia, tanto en lo concerniente a los supuestos de sujeción a la evaluación ambiental estratégica como a los de innecesariedad de la misma (artículo 5); a la determinación de las administraciones competentes (artículo 6); y al seguimiento (artículo 8), ya que la disposición derogatoria de la Ley 2/2010 solamente afectó a su artículo 7 (integración de procedimientos).
Por ello, si con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2010, y antes de la aprobación inicial de una modificación puntual de PGOM, se declaró la innecesariedad de someter a evaluación ambiental estratégica, procederá conservar dicho trámite. La resolución del órgano ambiental que la declaró sustituirá y permitirá tener por evacuados, a todos los efectos, los trámites correlativos de su evaluación ambiental previstos en los artículos 84 y 85 de la Ley 2/2010, y circunscribir el trámite de consultas previsto en su artículo 85.2 a los informes sectoriales de las administraciones públicas competentes.
En iguales términos se procederá para el caso de declararse la inviabilidad de sometimiento de un plan general a su evaluación ambiental estratégica.
1.2. Planeamiento en trámite con aprobación inicial.
1.2.1. Si a la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010 el plan hubiera sido ya aprobado inicialmente, se considera que el procedimiento de aprobación ya se inició con anterioridad a la reforma y, por ello, la tramitación de ese procedimiento puede seguirse y ultimarse de acuerdo con las normas procedimentales vigentes cuando se inició; sin perjuicio de lo anterior, la ley legitima también la opción de reiniciar el procedimiento de acuerdo con la nueva regulación establecida por la Ley 2/2010.
Pero tanto si se opta por seguir con la tramitación del plan a tenor de lo dispuesto antes de esta reforma como si se opta por acomodarla a la nueva regulación del procedimiento establecido por la Ley 2/2010, el contenido y las determinaciones del plan habrán de adaptarse plenamente a esta última (disposición transitoria primera. 2).
1.2.2. La Ley 2/2010 reitera y hace suya la misma regla de derecho transitorio prevista en la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2002, disponiendo que la simple adaptación del contenido del plan en tramitación a las disposiciones establecidas en la propia ley de reforma no implicará, por sí solo, la necesidad de someterlo a nueva información pública, salvo cuando se pretendan introducir otras modificaciones que alteren sustancialmente la ordenación proyectada y no sean consecuencia de la adaptación, extremo que será objeto de informe por la secretaría municipal (disposición transitoria primera. 2).
1.3. Plan en trámite con aprobación provisional.
En el supuesto de planes aprobados provisionalmente antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2010, esa ley de reforma no resultará de aplicación ni en cuanto al procedimiento, que podrá seguirse y ultimarse de conformidad con la regulación anterior, ni en cuanto al contenido y determinaciones.
La aprobación provisional constituye el trámite específico en el seno del procedimiento administrativo de aprobación del plan, para asegurar la efectiva incorporación al proyecto de todas aquellas determinaciones que sean consecuencia de la dimensión ambiental que arroje el contenido de la ordenación.
Estas determinaciones se recogen, al cabo, en la memoria ambiental, lo que, precisamente por ello, constará que fue efectivamente cumplimentada en el acuerdo plenario de aprobación provisional. La comprobación de que la aprobación provisional dio fiel cumplimiento al contenido de la memoria ambiental tiene una dimensión formal de gran alcance y por eso forma parte también de la comprobación de la integridad documental de expediente y de las actuaciones administrativas realizadas, tal y como se prevé en la nueva redacción dada por la Ley 2/2010 al artículo 85.7.
En consecuencia, los acuerdos municipales plenarios de aprobación provisional de planes generales que no aporten memoria ambiental o, en su caso, declaración de inviabilidad de sometimiento al trámite de evaluación ambiental estratégica, no se entenderán susceptibles de basar la aprobación definitiva autonómica del plan.
3.1. A los efectos de la disposición transitoria primera, se entenderá por planeamiento adaptado el aprobado de conformidad con la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, ya sea en su redacción inicial o en la resultante de las modificaciones ulteriores operadas en virtud de la Ley 15/2004, de 29 de diciembre; de la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia; de la Ley 6/2007, de 11 de mayo de medidas urgentes de materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia; de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia; o de la Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda e suelo.
3.2. Por definición, y fuera de los supuestos específicos en los que la Ley de reforma 2/2010 extiende nominalmente la aplicación de esta norma de derecho transitorio a elementos del planeamiento aprobados con posterioridad a la Ley 9/2002 (delimitaciones del área de expansión de los núcleos rurales aprobadas de conformidad con esta, y aplicación del régimen previsto en el artículo 29.1. de la Ley 2/2010 a los terrenos delimitados como suelo de núcleo rural de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2. de la Ley 9/2002 en su redacción anterior) los supuestos de sujeción al régimen previsto en esta disposición transitoria primera son los del planeamiento no adaptado a la Ley 9/2002.
3.3. En la nueva redacción dada por la Ley 2/2010 al apartado e) de la disposición transitoria primera de la ley 9/2002 se contemplan, en todos los casos, terrenos incluidos en ámbitos formalmente delimitados, incluyendo tanto las delimitaciones incorporadas en el plan general vigente adaptado a la ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, como las delimitaciones aprobadas al amparo de la Ley 11/1985, de adaptación de la del suelo a Galicia, y las formalizadas en expedientes de delimitación de núcleo al amparo de las normas subsidiarias provinciales. Se incluyen también las delimitaciones aprobadas que comprendían zonas de influencia del núcleo más allá del perímetro del núcleo propiamente dicho.
Por otro lado, los expedientes de identificación de núcleo tramitados al amparo de la disposición adicional 2ª de la LOUG en su redacción original, mantienen su consideración como delimitaciones de núcleo, siéndoles de aplicación lo establecido en el apartado 5º de la disposición transitoria primera 1.e) en su condición de terrenos delimitados como suelo de núcleo rural de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la ley 9/2002.
3.4. Área de influencia y area de tolerancia se entenderán aquí como conceptos sinónimos, ya que la terminología utilizada en su momento en las delimitaciones formalizadas fue una terminología dispar y meramente convencional que no obedeció a una estricta denominación o nomenclatura legal.
Por eso la Ley 2/2010 utiliza la expresión genérica área de influencia, a fin de comprender todas esas heterogéneas delimitaciones aprobadas bajo la vigencia de la legislación anterior a la Ley 9/2002, y que, por una exigencia elemental de seguridad jurídica, se incorporan por la Ley 2/2010 al régimen previsto para el suelo de núcleo rural en esta disposición transitoria, disposición que, asimismo, resulta aplicable a las delimitaciones del área de expansión realizadas al amparo de la Ley 9/2002 en el plan general o en delimitaciones ad hoc aprobadas tras la entrada en vigor de esta última.
3.5. Por delimitación formal, a los efectos de este apartado, se entenderá no sólo la especificada en la documentación gráfica del plan o expediente ad hoc, sino que se considera que cumple con este requisito cuando esté determinada de forma incontrovertible mediante la fijación de una anchura dada a partir de la línea perímetro del núcleo rural grafiada en planos.
3.6. Es necesario subrayar que la diferencia del régimen previsto para el suelo rústico en el apartado f) de la misma disposición transitoria primera, el nuevo régimen urbanístico previsto en el apartado e) lo será sin perjuicio de respetar las mayores limitaciones establecidas en el plan correspondiente, que resultarán siempre de aplicación a los ámbitos delimitados.
Se entiende que esas mayores limitaciones se referirán a los parámetros urbanísticos o posibilidades de utilización, no al régimen de derechos y deber de los propietarios o propietarias, que será, en todo caso, el establecido en el artículo 24 en la redacción dada por la Ley 2/2010, por lo que, en el régimen establecido por la disposición transitoria primera decae la prohibición de parcelar en las áreas de expansión, incluso cuando esta prohibición se hubiera incorporado a la normativa de los planeamientos generales en concordancia con el artículo 24.4 en su redacción anterior.
3.7. Lo previsto en esta disposición transitoria no modifica la delimitación, la extensión ni el régimen regulador de la franja de terrenos afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en los términos establecidos por la Ley de costas y la restante normativa básica de aplicación, incluido su régimen autorizatorio.
4.1. El supuesto de sujeción a lo dispuesto en el apartado f) de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2002, en su nueva redacción dada por la Ley 2/2010, está constituido, exclusivamente, por el suelo rústico de municipios con planeamiento general no adaptado a la Ley 9/2002, para lo cual serán de aplicación los criterios interpretativos especificados en el apartado 2.5 de esta instrucción, no resultando en ningún caso de aplicación en el supuesto de planes generales aprobados al amparo de la Ley 9/2002.
Sin embargo, el nuevo régimen de distribución de competencias establecido tras la Ley 2/2010 resulta de aplicación inmediata por lo que, y sin menoscabo de la plena vigencia del régimen que el planeamiento adaptado a la Ley 9/2002 hubiera establecido para el suelo rústico del término municipal respectivo, los supuestos de sujeción de los usos previstos a la autorización autonómica previa o a la licencia urbanística municipal sin necesidad de esa previa autorización se ajustarán directamente a lo establecido al respeto por la Ley 2/2010.
4.2. El apartado f) de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2002, en su redacción anterior a la Ley 2/2010, incluía un párrafo específico en virtud del cual el régimen urbanístico previsto en dicho apartado para el suelo no urbanizable o rústico se aplicaría "sin perjuicio de las mayores limitaciones establecidas en el planeamiento vigente". Ahora se rechaza la aplicabilidad de las mayores limitaciones que hubiera podido incorporar en su día el planeamiento no adaptado, al derogar ese párrafo, manteniendo por lo demás el tenor literal restante de la anterior redacción.
En consecuencia, el régimen transitorio del suelo rústico de los municipios con planeamiento no adaptado a la Ley 9/2002 será, directamente, el previsto en la Ley 2/2010: el contenido en sus artículos 33 y siguientes tras su redacción dada por la Ley 2/2010, sin que resulten aplicables las mayores limitaciones que, en su caso, pudieran establecerse en el planeamiento vigente no adaptado, que resultan derogadas por la Ley 2/2010.
4.3. Lo previsto en esta disposición transitoria no modifica la delimitación, la extensión ni el régimen regulador de la franja de terrenos afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en los términos establecidos por la Ley de costas y la restante normativa básica de aplicación, incluido su régimen autorizatorio.
De declararse la innecesariedad de sometimiento de una modificación puntual de plan general de ordenación urbana a la evaluación ambiental estratégica, la resolución del órgano ambiental que la declare sustituirá y permitirá tener por evacuados, a todos los efectos, los trámites previstos al efecto de su evaluación ambiental en los artículos 84 y 85 de la Ley 2/2010, y circunscribir el trámite de consultas previsto en su artículo 85.2 a los informes sectoriales de las administraciones públicas competentes.
El contenido del estudio del medio rural, del modelo de asentamiento y la descripción y evaluación del sistema de núcleos, que incorporasen el documento de inicio de acuerdo con lo previsto en la nueva redacción dada al artículo 84.4, no es equiparable al requerido en los apartados 2 y 3 del artículo 61 al determinar la documentación mínima en que se desarrollarán las determinaciones del plan general de ordenación municipal.
Esa documentación del documento de inicio se corresponde con la fase de anteproyecto, mientras que la documentación requerida en el artículo 61 es ya la relativa a la fase integrada ulterior del proyecto, propiamente tal, del plan general, la que, previos a los trámites oportunos, será presentada para su aprobación inicial, si procede, por el pleno de la corporación.
La inclusión entre la documentación a contener por el plan general de ordenación municipal de un informe o memoria de sostenibilidad económica que requiere la nueva redacción del artículo 61.1. i) no se refiere al sostén económico de las actuaciones previstas en el plan respectivo, sino a la sostenibilidad económica de las cargas que la planificación suponga para las haciendas de las administraciones actuantes.
La prohibición establecida en el artículo 13.4. de ampliar la delimitación de los núcleos rurales en esa franja del borde costero, aumentado su extensión superficial en cualquiera de los tres tipos básicos de núcleo, mantiene idéntico sentido; incluso desaparece tanto la noción como la posibilidad legal de las áreas de expansión de los núcleos rurales delimitados.
De conformidad con lo previsto en el apartado d) del artículo 25 de la Ley 9/2002, en los núcleos rurales delimitados se permitían, sin necesidad de cumplir todas las condiciones exigidas por su artículo 29, obras de conservación, restauración, rehabilitación y reconstrucción de las edificaciones tradicionales o de especial valor arquitectónico existentes en el núcleo rural, siempre que no supongan variación de las características esenciales del edificio ni alteración del lugar, de su volumen ni de la tipología originaria. Esta dispensa del cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 29 fue derogada por la Ley 2/2010 al dar nueva redacción al artículo 25.
Consecuentemente, dichas obras estarán sujetas al régimen de los edificios fuera de ordenación previsto en el art. 103 de la ley de reforma. A estos efectos se tendrá en cuenta que,
-En casos justificados de acuerdo con la Ley 2/2010, el plan general respectivo podrá determinar que puedan autorizarse obras de ampliación de la superficie construida en edificios fuera de ordenación (artículo 103.3).
-De conformidad con lo previsto en el artículo 29.3, el plan general podrá establecer, justificadamente y con fundamento en el estudio detallado e individualizado del núcleo, ciertas condiciones de edificación distintas de las fijadas en el apartado 1 del artículo 29, significadamente las condiciones de parcela mínima y altura máxima, respecto de alguno de los núcleos rurales histórico-tradicionales.
-Las condiciones de retranqueo contempladas en el artículo 29.1.f) únicamente son exigibles para las nuevas construcciones que se levanten en los núcleos histórico-tradicionales, pero no así a las edificaciones preexistentes en él.
En el suelo de núcleo rural no cabe la delimitación de áreas de reparto, que sólo se prevén en la Ley para el suelo urbano no consolidado y urbanizable (art.111.1) y, puntualmente, para el suelo rústico a los solos efectos de obtención de sistemas generales (art.166.3).
La noción de área de reparto no se corresponde con la de las áreas de los núcleos rurales en las que por el plan general [art. 56.1.e)] o especial (72.1. párrafo 2º) se prevean actuaciones integrales.
Estas áreas de actuación integral, y de la consecuente división poligonal que, en su caso, se proyecte, en el núcleo rural correspondiente, sustituyen a las áreas de reparto propiamente dichas también para la determinación del 10% de cesión del aprovechamiento lucrativo previsto en el artículo 24.3. d), que, tratándose de suelo rural, no será del suelo en el que se localice el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto, ya que ni se delimita esta, ni se fijan aprovechamientos tipo, sino del suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del área en la que se contemple la correspondiente actuación de carácter integral en el núcleo rural.
En el caso de los PONR que, de acuerdo con lo previsto en la nueva redacción del artículo 72.2, tengan un contenido limitado y se redacten con la finalidad exclusiva de completar el trazado de red viaria y alineaciones, o para asegurar la existencia de redes de dotación de servicios suficientes, su tramitación se ajustará (artículo 87.5) a la de los estudios de detalle prevista en el artículo 86.2 de la ley.
La nueva redacción del artículo 72.4 encarga a los PONR la reordenación de los núcleos rurales situados dentro del perímetro de una zona de concentración parcelaria.
No obstante la dicción literal del precepto, que pudiera dar pie a interpretar que esa tarea se encomienda en exclusiva al PONR, se considera más acorde con la finalidad de la norma reservar al PONR la ordenación detallada del núcleo y mantener la habilitación legal al plan general de ordenación municipal para establecer su ordenación global, tal y como se recoge en la nueva redacción dada por la Ley 2/2010 al artículo 56.2.
Aunque en la nueva redacción dada al artículo 87, no se hace una previsión específica respeto de la tramitación a seguir, en su caso, para la evaluación ambiental estratégica de los PONR, es indiscutible su naturaleza de planes especiales y, por lo tanto, la aplicación a los PONR de las previsiones establecidas, con carácter general en el artículo 86.1.g de la LOUG para todos los planes especiales.
El artículo 28.1.e) en la redacción dada por la Ley 2/2010 establece, en cualquiera de los tres tipos básicos de núcleo rural, la prohibición expresa de nuevas instalaciones destinadas a la producción ganadera, por resultar actuaciones incompatibles.
Dicha prohibición, por su propio carácter, no es susceptible de interpretación extensiva, por lo que no puede ampliarse a las nuevas instalaciones destinadas a la producción agrícola, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el art. 28.2 c).
Los montes vecinales en mano común dejan de estar, por el sólo hecho de su catalogación como tales, sujetos a la clasificación de suelo rústico de especial protección forestal, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 32.2.b) en la Ley 2/2010, que define dentro de las categorías de suelo rústico el suelo de especial protección forestal.
No obstante, si en todo o en parte del perímetro catalogado como monte vecinal en mano común concurre alguno de los supuestos contemplados en el art. 32.2, procederá su clasificación como suelo rústico de especial protección, en una o varias categorías en los términos del artículo 32.3.
En la nueva redacción dada al artículo 37, el uso previsto en el art. 33.1.e) de la Ley 9/2002, relativo a construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que sean potenciadoras del entorno donde se sitúen, se contempla, a la vez, como un uso permitido por licencia municipal directa y como uso autorizable por la Comunidad Autónoma. Se trata de un error evidente, que puede salvarse considerando que se trata de un uso que requiere de autorización urbanística previa a la intervención municipal de licencia.
En relación a la definición contenida en el artículo 33.2.e) de la LOUG como uso de "construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que sean potenciadoras del medio donde se localicen", y a los efectos de decidir su carácter de potenciador del medio, la resolución sobre la autorización autonómica tendrá en cuenta los informes de los departamentos autonómicos con competencias en materia de turismo y desarrollo comarcal, así como, en su caso, de los que tutelen los especiales valores del suelo rústico donde se pretenda implantar la actividad turística.
La nueva redacción dada por la Ley 2/2010 al artículo 34.4 establece de manera explícita que las dotaciones y equipamientos, públicos o privados, permitidos en el art. 33.2. g) en suelo rústico mediante la aprobación de un plan especial de dotaciones de los regulados en el art. 71, no requieren autorización autonómica previa, cualquiera que sea la categoría de suelo rústico, sin perjuicio de los casos de resultar un uso prohibido (suelo rústico de protección de infraestructuras, de las aguas, de las costas, de interés paisajístico y de patrimonio cultural).
Lo previsto en la nueva redacción dada por la Ley 2/2010 al artículo 38, relativo a los suelos rústicos de protección de las aguas, las costas, de interés paisajístico y de patrimonio cultural no modifica la delimitación, la extensión ni el régimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre y afectados por la servidumbre de protección en los términos establecidos por la Ley de costas y la restante normativa básica de aplicación, incluido su régimen autorizatorio.
La expresión acceso rodado de uso público que se recoge en la nueva redacción del Artículo 42.1. a) se entenderá que es una expresión de alcance más amplio que la de acceso rodado público que se recogía en la redacción originaria de la ley. El requisito de acceso rodado de uso público no exige de la titularidad pública del terreno de acceso, sino su libre acceso al uso público.
La ocupación del 100% de la parcela que habilita la nueva redacción del artículo 42.1.c) para la ampliación de cementerios es excluyente, de por sí, de las condiciones de posición previstas en su apartado d) y, más específicamente, de las de retranqueos y mantenimiento del estado natural de los terrenos al menos en la mitad de la superficie de la parcela.
El art. 42.2 LOUGA, relativo a las condiciones generales de las edificaciones en el suelo rústico, mantienen inalterado su tenor literal tras la reforma de 2010, conforme al cual, a las obras de derribo que se pretendan realizar en suelo rústico le será aplicable lo dispuesto en el art. 26 de esta ley.
En este último precepto se introdujo por la Ley 2/2010 un nuevo apartado d) que excluye de la prohibición de obras de demolición de construcciones existentes en el suelo de núcleo rural las derivadas de un expediente de reposición de la legalidad urbanística; evitando la inviabilidad de las medidas de restauración de la legalidad urbanística infringida, que, al quedar fuera de los tres supuestos de excepción acotados por el apartado 1 de este artículo 26 con anterioridad a la reforma operada por la Ley 2/2010, pudieran entenderse prohibidas.
Lo previsto en la disposición transitoria undécima de la Ley 9/2002, en la redacción dada por la Ley 2/2010, relativa la explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria y aserraderos existentes, se entenderá sin perjuicio de la plena validez del reconocimiento administrativo de explotaciones agropecuarias que tuviera lugar con anterioridad, de acuerdo con el régimen legal previsto en la redacción anterior de esta disposición transitoria undécima de la Ley 9/2002.
El régimen transitorio aplicable a las explotaciones mineras existentes recogido en la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, luego modulado por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre, fue objeto de una profunda modificación en virtud de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.
De acuerdo con la nueva redacción dada por la Ley 2/2010 a esta disposición transitoria duodécima, se requiere la preexistencia en activo, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, de las explotaciones mineras y de las actividades extractivas de recursos minerales, para continuar la actividad, en los ámbitos para los que disponen de licencia urbanística municipal; o para obtenerla, de acuerdo con lo previsto en esta disposición transitoria, si carecen de ella, y están localizadas en suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección forestal o de las aguas.
Por lo que respecta a los establecimientos de beneficio vinculados a las explotaciones mineras, bastará con la preexistencia en activo con anterioridad a la Ley 9/2002 de la explotación minera a la que atienda el establecimiento de beneficio para que este pueda continuar la actividad, en los ámbitos para los que disponen de licencia urbanística municipal, o para obtenerla de acuerdo con lo previsto en esta disposición transitoria, se carece de ella, y está localizado en suelo rústico de protección ordinaria o de especial protección forestal o de las aguas.
La nueva redacción dada al artículo 37 contempla el uso previsto en el art. 33.2.k) de la Ley 9/2002 como uno de los autorizables en suelo rústico de protección ordinaria y en suelo rústico de especial protección agrícola y forestal.
No obstante, en la disposición transitoria 12ª, en su último apartado, sólo se autorizan estos usos en suelo rústico de protección ordinaria, y en suelo rústico de especial protección forestal "según lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de esta ley". Ahora bien, en estos artículos el uso minero se permite también en el suelo rústico de especial protección agrícola, por lo que debe entenderse autorizable también en esta categoría de suelo.
La reforma por la Ley 2/2010 del artículo 197.2 permite a los ayuntamientos conceder prórroga de los plazos de las licencias, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, y sin requerir ningún otro requisito suplementario, suprimiendo la limitación anterior que requería, además, que la licencia otorgada resultara conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.
Tampoco resultan aplicables las limitaciones previstas en el artículo 19 del Reglamento de disciplina urbanística aprobada por Decreto 2/1999, de 21 de enero (DOG n.º 32, de 17 de febrero) que la prohíbe si no transcurrió cuando menos la mitad del plazo inicialmente fijado (artículo 19.3), sino está realizada la cobertura de aguas del edificio (artículo 19.5), o que la limita a la mitad del plazo inicialmente concedido (19.2), dado que contradicen el régimen establecido en la ley.