Source: https://articulosdederecho.wordpress.com/2014/05/22/la-accion-o-recurso-de-amparo-hasta-el-2006-parte-xi-documento-historico/
Timestamp: 2017-08-22 01:34:13
Document Index: 223944070

Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 67', 'artículo 8']

LA ACCIÓN O RECURSO DE AMPARO HASTA EL 2006 – PARTE XI (DOCUMENTO HISTÓRICO) | Artículos de Derecho
TIPOS DE AMPARO EN EL ESQUEMA PROCESAL DOMINICANO.
AMPARO SEGÚN LEY DE ACCESO LIBRE A LA INFORMACION PÚBLICA NO. 200-04.
Se instituye que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[1] Se considera una categoría excepcional de amparo.
Su Artículo 16 que expresa que: “La persona que se encuentre impedida en el ejercicio del derecho de acceso a la información podrá ejercer el Recurso de amparo consagrado en el Artículo 30 de la presente ley.”[2]
El cual su vez expone que: “Artículo 30.- El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.”[3]
En este último artículo podemos observar las sanciones penales y administrativas como precepto de la violación del derecho enunciado. No obstante en el Recurso de Amparo está contenido en el artículo 29 de la misma Ley, que reza de la siguiente manera:
“Recurso de Amparo
Artículo 29.-En todos los casos en que el organismo o la persona a quien se le haya solicitado la información no ofrezca ésta en el tiempo establecido para ello, o el órgano o ente superior jerárquico no fallare el recurso interpuesto en el tiempo establecido, el interesado podrá ejercer el Recurso de Amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el propósito de garantizar el derecho a la información previsto en la presente ley.
Párrafo II.- Si el recurso fuere procedente, el Tribunal requerirá del órgano correspondiente de la administración pública informe sobre la causa de la demora y fijará un término breve y perentorio para la respuesta. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal dictará la Resolución que corresponda, en amparo del derecho lesionado, en la cual fijará un término al órgano de la Administración Pública para que resuelva sobre la petición de información de que se trate.”
AMPARO EN MATERIA TRIBUTARIA EN REPUBLICA DOMINICANA.
Según los Artículos 187, 188 y 189[4] del Código Tributario, el Amparo se interpone ante el Tribunal Contencioso Tributario cuando la administración tributaria realice retardación de forma descomunal a la hora de resolver sobre postulaciones o en efectuar cualquier gestión o trámite que pudiesen ocasionar un perjuicio a los interesados, en caso que no proceda ninguna otra vía.
El interesado perjudicado interpondrá esta acción por medio de un escrito donde “especificara las gestiones realizadas y el perjuicio que le pudiere ocasionar la demora”. Debe también hacer depósito de copias de las pruebas que se demuestre la demora.
Si la acción es acogida, el Tribunal ordenará al órgano de administración correspondiente tributario un informe donde expondrá el por qué ha sucedido la demora, así como también el tribunal deberá fijar una fecha para que rindan este informe. Luego de que se ha remitido por parte de la administración tributaria este informe al Tribunal, luego del plazo, este evacuará una resolución donde contestará a la parte interesada sobre el derecho que ha sido lisiado y fijará en esta misma un plazo para la administración para que solucione y haga los trámites para lo solicitado.
AMPARO DE DERECHO COMÚN EN REPUBLICA DOMINICANA.
Para la posibilidad de poder interponer el amparo debe ser agotado toda otra acción de resarcimiento por cualquier vía.
El procedimiento de este tipo de amparo esta establecido por la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, del 24 de febrero de 1999, que le otorga vida activa procesal a la Acción de Amparo, ya que no existe ley de procedimiento que establezca este. Se trata de una expresión de la convención Interamericana de Derecho Humano del 1969, convertida en ley nacional en el año 1978, después de su ratificación por el Congreso, cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia, más bien lo que hizo fue regular aspectos procedimentales para revivir una institución que parecía dormida en los laureles de una sociedad segada por la crisis institucional. Este tema será objeto de desarrollo. Infra.
Existe la acción popular del amparo es cuando se interpone ante la Suprema Corte de Justicia según el artículo 67.1 de la Constitución que expresa que: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley: 1.- Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogados del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario; y de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada.” Esta acción puede ser accesoria a una acción en inconstitucionalidad por omisión legislativa respecto a un derecho social, y procede también cuando es una omisión normativa parcial.[5]
Se establece que la acción de amparo puede ser incoado por quien posee legitimación activa que no es más que quien este afectado sea esta una persona individual o jurídica, el cual por ende posee la calidad de afectado.[6]
El amparo procede también contra omisiones de las autoridades públicas o los particulares para así poder conseguir que el Estado lleve a cabo el “cumplimiento de las obligaciones de los derechos sociales consagrados por el artículo 8 de la Constitución.” [7]
[1]Resolución No. 739, de fecha 25 de diciembre de 1977.
[3] Ley 200-04, sobre el Acceso Libre a la Información Pública. Pág. No.1.
[4]Art. 187 del Código Tributario: “Procederá el Recurso de Amparo ante el Tribunal Contencioso Tributario, cuando la Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver sobre peticiones o en realizar cualquier trámite o diligencia y ellas pudieran causar un perjuicio a los interesados; siempre que no se trate de actuaciones, para cuya realización existen plazos o procedimientos especiales.”
Art. 188 del Código Tributario: “La persona afectada interpondrá este recurso mediante instancia en que se especificará las gestiones realizadas y el perjuicio que le pudiere ocasionar la demora. Presentará además copia de los escritos mediante los cuales se ha urgido el trámite.”
Art. 189 del Código Tributario: “Si el recurso fuere procedente, el tribunal requerirá del órgano correspondiente de la administración tributaria informe sobre la causa de la demora y fijará un término breve y perentorio para la respuesta. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, lesionado, en la cual fijará un término a la administración tributaria para que resuelva sobre la petición o realización o realice el trámite o diligencias solicitados”.
[5]Prats, Eduardo Jorge. Serie de Acceso a la Justicia. Colección de Capacitación Jurídica 4: El acceso a la Justicia Constitucional y Administrativa y la protección de los Derechos Fundamentales.” Pág. 19.
[6] Gozaíni, Osvaldo Alfredo. “El Derecho de Amparo”. 2da Edición. Pág. 105.
[7]Prats, Eduardo Jorge. Serie de Acceso a la Justicia. Colección de Capacitación Jurídica 4: El acceso a la Justicia Constitucional y Administrativa y la protección de los Derechos Fundamentales.” Pág. 18.
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