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Timestamp: 2018-03-23 22:31:09
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Bolivia no tiene derecho a equivocarse en su demanda marítima | Semanario EL TUNARI
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Bolivia no tiene derecho a equivocarse en su demanda marítima
Bolivia y Chile sustituyeron al árbitro, al Emperador
de Alemania, por el Tribunal Permanente de Arbitraje
de La Haya para que entienda, “si el caso se presentara,
en las referidas cuestiones, acogiéndose al efecto a lo
dispuesto en el Artículo 26, Capítulo II del Título IV de
la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos
Internacionales, suscrita en 29 de julio de 1899, por
las potencias concurrentes a la Primera Conferencia de
la Paz, celebrada en la expresada capital del Reino de
Holanda”.
La relación bilateral de Bolivia y Chile, en relación a la demanda marítima tiene carácter episódico en los 133 años de aniversario de la Guerra del Pacífico, cuyo colofón representó la pérdida del litoral boliviano. Ramiro Orías A., profesor universitario considera dicha relación como de carácter cíclico, marcado por largos desencuentros e intermitentes, y a veces efímeros, procesos de acercamiento y cooperación. (2011:8)
A partir de 2011, el tema de la mediterraneidad boliviana ha entrado en una inusual tensión y agravamiento de las diferencias entre los gobiernos de Bolivia y Chile y sobre todo desde el anuncio oficial del presidente Evo Morales Ayma de acudir ante los tribunales internacionales para logra una salida libre y soberana al océano Pacífico.
Chile dice que no tiene temas pendientes con Bolivia; en cambio, Bolivia dice lo contrario. La intangibilidad de los tratados ya no tiene vitalidad en la doctrina del derecho internacional, etc. Hay demasiados puntos sueltos y cuestiones pendientes.
EL TUNARI, incluye en la presente edición varios antecedentes del tema en cuestión para contribuir a un mayor conocimiento de la temática, así como los artículos del presidente e integrantes del Instituto de Estudios Internacionales IDEI –BOLIVIA.
CRONOLOGÍA DE LA PRIMERA DEMANDA BOLIVIANA
Bolivia presentó su primera demanda de revisión del tratado de 1904 ante la Liga de las Naciones, el 1º de noviembre de 1920 para su inscripción oficial en la agenda de la Asamblea. Chile se opuso a la misma, en 26 de noviembre de 1920, con distintos fundamentos: la petición no incide ni siquiera aparentemente en ninguna de las causales de revisión que el Pacto de la Sociedad de las Naciones exige como antecedente indispensable para justificar ese recurso y la misma es contraria al Pacto de la Liga, ajustado para afianzar el cumplimiento de los compromisos internacionales.
F. Avelino Aramayo, Franz Tamayo y Florián Zambrana suscribieron la primera demanda marítima para la revisión del Tratado de 1904, fundado en cuatro puntos:
1º.- La violencia bajo la cual le fue impuesto el Tratado.
2º.- La inejecución por parte de Chile de algunos puntos fundamentales del Tratado que estaban destinados a asegurar la paz.
3º.- Este estado de cosas constituye una amenaza permanente de guerra. Una prueba de ello es la actual movilización de grandes cuerpos de ejército que hace Chile sobre la frontera boliviana a pesar del estado de paz existente entre estos dos partes.
4º.- Como consecuencia del Tratado de Paz de 1904, Bolivia se ha convertido en un país absolutamente mediterráneo y privado de todo acceso al mar.
OBSERVACIONES AL PLIEGO.
Demetrio Canelas, consejero – delegado del Gobierno de Bolivia hizo observaciones al pliego presentado ante la Liga de las Naciones, tales como: el pliego presentado por el Sr. Tamayo parte del concepto de que la Liga de las Naciones tiene facultad para “revisar” el Tratado de 20 de octubre de 1904. El artículo 19 del Pacto no justifica este concepto, puesto que se refiere no a la facultad de revisar, sino a la de “invitar” a las naciones a revisar sus tratados.
INFORME DE LA COMISIÓN DE JURISTAS
La Comisión de Juristas, conformada por Vittorio Scialoia, Manuel Peralta, A. Struycke emitió su informe en los términos siguientes:
1ro.: Que la demanda de Bolivia, tal como ha sido presentada es admisible.
2do.: Que la Asamblea de la Sociedad de las Naciones no puede por sí misma modificar ningún Tratado.
3ro.: Que la revisión de los Tratados es de competencia exclusiva de las partes contratantes.
4to.: Que, además de que el Pacto establece el escrupuloso respeto de las relaciones recíprocas de los Estados organizados, sólo atribuye a la Asamblea, por virtud del artículo 19, la facultad de invitar a los miembros de la Liga a proceder a una nueva investigación.
5to.: Que esa invitación sólo puede hacerse en aquellos casos en que los Tratados se han hecho inaplicables, es decir, cuando el estado de las cosas existente al momento de firmarse ha sufrido con el curso del tiempo cambios morales o materiales de naturaleza tan radical, que su aplicación está fuera de toda posibilidad razonable, o bien, en aquellos casos en que la situación internacional creada en virtud del Tratado pueda poner en peligro la paz del mundo.
6to.: Que en el caso presente, la Asamblea tendría que asegurarse de que se encuentra ante uno de los casos citados, antes de tomar en consideración la demanda de Bolivia.
RETIRO DE LA DEMANDA Y RESERVA JUDICIAL
Conocido el informe de la Comisión de Juristas, el delegado boliviano Carlos V. Aramayo expresó lo siguiente:
La delegación de Bolivia acepta lealmente las conclusiones de la Comisión y no insiste sobre la inscripción en el Orden del Día de la Asamblea de su demanda de 1 de noviembre de 1920, tal como ha sido presentada. Hace notar que el dictamen observa cuestiones de forma y no el fondo de la demanda boliviana.
Al mismo tiempo, declara muy formalmente que su gobierno se reserva el derecho de someter de nuevo su demanda a la Sociedad de las Naciones, de acuerdo con los principios y la forma establecida por el Pacto en el momento que juzgue más oportuno.
COMPETENCIA ARBITRAL EN EL TRATADO 1904
El artículo 12 del Tratado de 1904 establece lo siguiente: “Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución del presente Tratado, serán sometidas al Arbitraje de Su Majestad el Emperador de Alemania”.
En 16 de abril de 1907, los ministros plenipotenciarios Sabino Pinilla por Bolivia y Ricardo Salas Edwards por Chile, suscribieron el protocolo sobre la sustitución de árbitro, autorizados al efecto por sus respectivos gobiernos, y en vista de que Su Majestad el Emperador de Alemania no ha aceptado la designación para que actuase como árbitro en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia y ejecución de dicho Pacto, han convenido en designar a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para que entienda, si el caso se presentara, en las referidas cuestiones, acogiéndose al efecto a lo dispuesto en el Artículo 26, Capítulo II del Título IV de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, suscrita en 29 de julio de 1899,por las potencias concurrentes a la Primera Conferencia de la Paz, celebrada en la expresada capital del Reino de Holanda. (…)”.
TRIBUNAL ARBITRAJE COMPETENTE
Víctor Hugo Chávez Serrano, autor de un proyecto de demanda marítima boliviana considera que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya es la instancia competente para conocer y resolver las cuestiones que se suscitaren con motivo de la inteligencia o ejecución del Tratado de 1904.
Según Chávez Serrano, los diversos autores bolivianos que estudiaron el tema marítimo, omitieron o desconocieron la existencia del procedimiento de arbitraje establecido en el Artículo 12 del Tratado de 1904; ningún libro de análisis de esta problemática publicó el protocolo de sustitución de árbitro de 1907, sino hasta el año 2000 fue de conocimiento de quien escribe y que por ello se definió esta vía y jurisdicción en el Proyecto de Demanda Marítima Boliviana publicada el año 2004 en el centenario del Tratado.
El autor nombrado aclara que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es el órgano competente acordado por Bolivia y Chile para la solución de diferendos sobre la inteligencia o ejecución del Tratado de 1904.
PRECEDENTE ARBITRAL
En fecha 4 de marzo de 1925, se aplicó el procedimiento de arbitraje entre Perú y Chile para resolverla cuestión de la provincia Tarata que había sido ocupado indebidamente al margen del Tratado de Ancón de 1883.
El Laudo expedido dice: “El árbitro dice que ninguna parte de la provincia de Tarata está incluida en el territorio a que se refiere las disposiciones del Art. 3º que es exclusivamente de la provincia peruana de Tacna y Arica, tal como existía el 20 de octubre de 1883 y que la frontera norte de aquella parte del territorio comprendido dentro de la provincia peruana de Tacna, es por el Norte, el río Sama”.
Según Víctor Hugo Chávez, el precedente guarda relación con la NO CESIÓN por parte de Bolivia del territorio, mar e islas comprendidas entre el paralelo 24º y 23º que no encuentran expresamente mencionados en el Tratado de 1904 y su precedente el Pacto de Tregua de 1884 y que sin embargo son ocupados por la República de Chile, además que el primer punto geográfico de la delimitación Hito No. 1 (Zapaleri) no se encuentra ubicado en el paralelo 23º existiendo una diferencia de territorio no definido por el Tratado de 1904.
Notas generales sobre el derecho objetivo en el conflicto Bolivia-Chile
La idea central del presente trabajo versa en la relación existente entre el orden público internacional expresado fundamentalmente por las normas ius cogens internacional y la controversia Bolivia-Chile sobre el tema marítimo; la base de esta idea central se encuentra en la afirmación de que el derecho internacional público no podría intervenir en situaciones resueltas por los Estados parte de la controversia, es decir, no podría alegarse ninguna cuestión de derecho público, porque la subjetividad absoluta del Estado ya resolvió a su modo el problema. Por tanto, la primera parte se va a dedicar a desarrollar en concepto de orden público internacional y el alcance de las normas ius cogens, al hacer eso procuraremos centrarnos en explicar cuál el alcance del derecho público internacional, primero en acuerdos subjetivos de los Estados y segundo, en la controversia con Chile.
Entonces, el argumento más importante de la primera parte es la vinculación simbiótica entre el orden interno e internacional a partir del principio de soberanía, lo cual deriva en la afirmación de que el derecho internacional existe en cuanto exista el Estado; este modo, la soberanía ha derivado en la construcción de meta reglas que rigen su organización, esta afirmación se funda en el análisis de Goldsmith y Levinson acerca de la relación entre derecho constitucional e internacional y ambos como derecho público; entonces, siempre ha existido orden público internacional, y siempre existieron las meta reglas, solo que estas se han modificado con el tiempo. El concepto de ius cogens es parte de las meta reglas del orden público internacional en la última temporada, como parte de la segunda parte intentaremos ver cupal el alcance de estas normas, ello para pensarlo en función de la controversia con Chile.
La segunda parte versa sobre la aplicabilidad del concepto de ius cogens sobreviniente, como elemento de orden público en la controversia con Chile en función a la validez del tratado de paz y amistad entre Bolivia y Chile de 1904, concluyendo con la posibilidad de alegar dicho elemento en tribunales internacional siendo coherente con los principios de orden público actualmente vigente. A grosso modo entonces, siempre hubo orden público internacional con meta reglas expresadas por los Estados, estas meta reglas fueron cambiando con el tiempo, y en la última etapa se construye el concepto de ius cogens como elementos de este orden público internacional, este ius cogens puede aplicarse a controversias anteriores y su alcance versa sobre la vigencia de las normas subjetiva que le contradigan.
La controversia con Chile entonces podría derivar en la terminación del tratado de 1904, pero ello no podría generar la devolución de dicho territorio que estaría ocupado desde hace más de 100 años, entonces sería imperiosa la necesidad de negociar un acuerdo que resuelva el conflicto y no contradiga los principios del orden público internacional.
Las obligaciones de Chile y los derechos de Bolivia emanados de actos unilaterales
Luis Inarra Zeballos
La determinación de los actos unilaterales como fuentes de derecho internacional es un tema poco explotado por la doctrina pero llevado a la práctica de solución de controversias entre Estados. Precisamente, este tema toma relevancia por la fuerza de la jurisprudencia internacional, que otorga a este tipo de actos de los Estados un carácter obligatorio y vinculante; de ahí que la oportunidad de relacionar el tema a la controversia boliviano-chilena puede constituir una opción de salida al problema desde el análisis de los actos cometidos por Chile en favor de Bolivia donde aquél promete a este último la negociación de una posible salida al océano Pacífico.
El acto de la promesa internacional (promissio) es el tipo de acto que se analiza, que según la Comisión de Derecho Internacional, un principio paralelo a la Pacta Sunt Servanda podría enmarcarse en el carácter obligatorio de los actos unilaterales de promesa, en función a la constitución del principio Promissio Est Servanda; tal proposición se estudia como base fundamentación de la determinación de la validez jurídica de los actos de promesa de los Estados, donde prima facie éstos se basan en la propia voluntad soberana estatal sin encontrar límites, pero luego de la puesta en escena de un derecho internacional que pretende limitar y regir esta voluntad ilimitada, es precisamente el espacio en el que la validez de tales actos es considerada.
Si bien no existe norma positiva internacional que regule los actos unilaterales, la CDI tras efectuar consultas a los Estados y considerar la fuente de derecho consuetudinario internacional en que la CIJ emitió sus sentencias, resolvió en su 5to. informe el año 1997, que los actos unilaterales encuentran su fuente de validez en el derecho consuetudinario internacional siempre que sean aceptados por la comunidad de Estados (opinio iuris) por su coherencia con los valores y costumbres de dicha comunidad. También se entiende por la doctrina, que los actos unilaterales son válidos cuando no contradicen a los tratados y convenciones internacionales, de ahí que pueden encontrar un límite en las normas ius cogens; y por último el principal referente de configuración de validez que ha encontrado el derecho internacional, ha sido en el conjunto de sentencias de la CIJ.
Por su parte, estas sentencias dotan de eficacia a estos actos, pero que previamente y en inicio, se entiende que este tipo de actos se basa en una obligación más moral que jurídica pero que al convertirse, primero, en derecho consuetudinario y, segundo, al ser avalada por la jurisprudencia, su obligatoriedad toma matices de juridicidad. Ahora bien, en el marco del análisis de Bobbio, la eficacia jurídica, también podría generarse cuando el Estado actor omite o incumple las obligaciones nacidas del acto unilateral que cometió y el Estado receptor o beneficiario reclama el cumplimiento de dichas obligaciones coercitivamente, es decir, recurriendo a un tribunal de justicia internacional para hacer valer sus derechos surgidos de tal situación.
La validez y la eficacia jurídica, son tomadas como los factores jurídicos que respaldan la juridicidad del acto unilateral de la promesa. Esta promesa, a su vez, es considerada como “el acto jurídico unilateral en virtud del cual un Estado se obliga con respecto a terceros a un cierto comportamiento” (Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, p. 142). Como se observa en dicho concepto la obligación de comportarse de acuerdo a una promesa se basa en los elementos de validez antes mencionados, mientras que la eficacia de la promesa se basa en la voluntad del Estado de vincularse legalmente, establecida por la CIJ en el caso de los Ensayos Nucleares.
La CDI, por su parte indicó que la promesa consiste en la declaración unilateral de voluntad formulada por un Estado comprometiéndose a adoptar una determinada conducta en el futuro; de ese modo determina sus elementos para que dichos actos sean considerados válidos. Al respecto, se consideran y analizan algunos actos de promesa efectuados por Chile en favor de Bolivia en base a si dichos actos pueden ser considerados válidos y si consecuentemente poseen vinculatoriedad por el Derecho Internacional.
La controversia con la República de Chile y el derecho subjetivo internacional
Oscar Alba Salazar
Aquí entendemos como componentes del Derecho Subjetivo a los actos de Estado mediante los que se expresa la voluntad de los sujetos de Derecho Internacional y que es percibido por las contrapartes como “el uso ético o moral de su libertad” o dicho de un modo más instrumental, sería la facultad de cada Estado (gobierno) para obrar, hacer, accionar o no hacerlo en el sentido de sus relaciones con sus pares. Este campo del derecho, se constituye –en este trabajo– en el objeto de análisis y de posibles alternativas de interacción en la controversia marítima con Chile, ya que –de inicio– en el gobierno del vecino país se reafirma insistentemente, que cualquier solución a la controversia marítima, pasa por la voluntad del Estado chileno, sin tomar en cuenta ninguna estructura del sistema jurídico internacional pre o post tratado de 1904.
Además de la autorización a la libertad de obrar contractual, convencional o de convenir tratados reconocida por la práctica del Derecho Internacional clásico y contemporáneo a los Estados (Civitas), esta subjetividad se asienta en la voluntad de los gobiernos para investigar, reconocer, proponer, acordar y comprometerse en la creación de derechos y obligaciones con otros Estados, sean o no parte de las comunidades internacionales que se van creando conforme coinciden los intereses de las élites.
Indudablemente, la voluntad de los Estados reposa en el reconocimiento y la adopción de valores que considera expresan mejor sus intereses internos y externos, sin embargo en el momento en que se pretende que esos valores sean reconocidos y estimados por los demás actores del derecho internacional, las comunidades, las culturas y sobre todo en el ámbito de las relaciones jurídicas originadas en dichos actos que se busca tengan eficacia jurídica y material. Los gobiernos –en este caso el chileno– reclaman para sí el privilegio de ser la voz de la concepción común (interna y externa) de la justicia y por tanto –en la modernidad– de la equidad y veracidad que serían los principales valores del derecho asumidos por los gobiernos.
El Gobierno de Chile, estuvo y está moralmente obligado a asumir una posición ética en torno a los valores del derecho interno e internacional, obrar en sentido contrario, sería asumir que es un gobierno sin valores o por lo menos sin claridad de valores, puesto que el apego a la verdad y la justicia, se hallan entre las máximas del comportamiento moral de las personas y por tanto de las instituciones y su accionar en el campo del derecho.
Desde un punto de vista ético –normativo y jurídico– instrumental, el gobierno y las instituciones de la República de Chile deben reconocer:
a) Que la Guerra del Pacífico fue una guerra de usurpación de territorios y de la riqueza contenida en los mismos.
b) Que durante más de 100 años se benefició en gran proporción, de las riquezas del ex litoral boliviano (guano, salitre, cobre entre otros).
c) Que Bolivia, se halla aislada, pierde riqueza y oportunidades por el hecho de no disponer de una salida soberana al Pacífico.
d) Que no es coherente contemporáneamente procurar la integración económica o el libre comercio, sin reconocer las desigualdades entre los estados asociados.
e) Que por fuerte y polémica que sea una controversia, no se debe recurrir al uso ni la amenaza de la fuerza, puesto que por excelencia el mecanismo pacífico de solución de controversias, es el derecho y su sustrato moral.
Si el Gobierno de Chile reconoce esas verdades, históricas, económicas, políticas y jurídicas no será como una dádiva al Gobierno boliviano, sino en función a los siguientes criterios de una ética subjetiva y por ello base de su accionar jurídico, por lo que desde los actos de estado o de su sociedad civil debe:
a) Declarar los criterios de justicia y de verdad, desde los que utiliza su libertad (derecho subjetivo) en su relación con Bolivia.
b) Asumir que las relaciones con Bolivia, no corresponden al “Estado de Naturaleza”, sino al Derecho Objetivo de una “Civitas Máxima Superior” u Orden Público Internacional.
c) Aceptar, que desde el imperativo moral de honestidad, se puede desarrollar la facultad de obligar a otros, es decir el concepto esencial de la justicia para todos en el derecho.
Reafirmar que el derecho es el resultado de la externalización de la autoobligación que cada individuo o colectividad considera constituye la esencia de su moral.
Aceptar que tener un derecho significa: poseer una competencia de obligación y de legislación orientada al equilibrio con lo ajeno.
Lograr, el reconocimiento de estos principios por el Gobierno chileno y por los demás miembros de la sociedad internacional, enaltecerá la posición del Gobierno boliviano y preparará el terreno para acciones jurídico procesales que buscan un desenlace favorable a los intereses del pueblo de Bolivia.
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