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Timestamp: 2019-09-16 16:54:07
Document Index: 1407590

Matched Legal Cases: ['artículo 289', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 488', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 53']

﻿ SENTENCIA SL12877-2017/49760 DE AGOSTO 23 DE 2017
SENTENCIA SL12877-2017 DE 23 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:REGLAS DE LA REMUNERACIÓN CONVENIDA ES INDEPENDIENTE. SE PRECISÓ QUE LA REALIDAD ES QUE LA REMUNERACIÓN CONVENIDA ES INDEPENDIENTE DE LA QUE SE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL, PUES, SE PACTÓ UNA SUMA GLOBAL A PAGAR PREVIA PRESENTACIÓN DE UNA CUENTA DE COBRO, PAGO QUE NO ESTÁ SUJETO A LOS PERIODOS IMPUESTOS PARA LA CANCELACIÓN DE SALARIOS, LO QUE EN GRAN MEDIDA SE REPITE EN LOS OTROS DOS CONTRATOS, AUNQUE EN ELLOS SE HAYA PACTADO EL VALOR DE LOS SERVICIOS POR DÍA EJECUTADO, SIN QUE ELLO SEA ASOCIABLE A UN DESTAJO PUES EL CAUSANTE NO LABORABA TODOS LOS DÍAS. DE IGUAL FORMA, LAS CUENTAS DE COBRO SEÑALAN SERVICIOS PRESTADOS EN REEMPLAZO DE EMPLEADOS EN DESCANSO Y ESTABLECIÓ QUE UNA SOLA PERSONA NO PODÍA CUBRIR LA CARGA DE VARIOS EMPLEADOSPRECARIEDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS QUE EVIDENCIA AL MOSTRAR, COMO EJEMPLO, UN DÍA EN QUE EL CAUSANTE SÓLO CONCURRIÓ A PRESTARLOS POR UN TRABAJADOR EN VACACIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, Impuesto, SALARIO MÍNIMO LEGAL, SALARIO FIJO, SALARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ASIGNACIÓN SALARIAL
Sentencia SL12877-2017 de agosto 23 de 2017
SL12877-2017
Radicación: 49760
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 29 de julio de 2010, en el proceso que LUZ AMANDA LEMOS MESTIZO adelanta en su propio nombre y en el de sus hijos menores LUZ JULIETH CAICEDO LEMOS, DULFARIT CAICEDO LEMOS y DIEGO FERNANDO CAICEDO LEMOS contra la CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR.
Luz Amanda Lemos Mestizo en su propio nombre y en el de sus hijos menores Luz Julieth, Dulfarit y Diego Fernando Caicedo Lemos promovió demanda laboral con el objeto de que se condene a la demandada al pago de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, subsidio de transporte y descansos remunerados y no pagados durante la relación laboral que sostuvo el causante Quirico Caicedo Ante, desde febrero de 1998 hasta el 3 de marzo de 2002; se le reconozca la indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales al momento de la muerte del causante, la indemnización moratoria por el no pago de cesantías e intereses de cesantías y sanción por el no pago de seguridad social; el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes desde la fecha del fallecimiento del causante, el del seguro colectivo previsto en el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo y el auxilio funerario.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el causante prestó sus servicios a la demandada desde febrero de 1998 hasta el 3 de marzo de 2002 en forma ininterrumpida, desempeñando el cargo de oficios varios, con un horario de trabajo de lunes a domingo de 06:00 a.m. a 03:00 p.m., una remuneración de $ 12.400 diarios para los días ordinarios y de $ 18.400 para domingos y festivos, salario que le pagó la demandada desde 1998 hasta el año 2000 con cheques del Banco Santander y con posterioridad a través de consignación quincenal en el Banco Conavi.
Indicó que, a la fecha del fallecimiento del causante, el 4 de marzo de 2002, éste se encontraba laborando al servicio de la demandada y que durante su relación laboral no le pagó las prestaciones sociales ni lo afilió al sistema de seguridad social.
La Corporación para la Recreación Popular al contestar la demanda, negó la existencia de una relación laboral con Quirico Caicedo Ante y afirmó que la actividad del causante correspondió a una labor esporádica, respaldada por la suscripción de contratos de prestación de servicios, por tanto, dijo no tener obligación de pagar la pensión pretendida por los demandantes, pues el causante debía estar afiliado por sus propios medios a la seguridad social, dada su calidad de contratista independiente.
La demandada interpuso en su defensa las excepciones de falta de causa en las pretensiones de la demanda, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; inexistencia de contrato de trabajo, buena fe de la entidad demandada, prescripción y la innominada.
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 27 de febrero de 2009 (fls. 156 a 162, cdno. 1), declaró la existencia de una relación laboral entre el fallecido Quirico Caicedo Ante y la demandada Corporación para la Recreación Popular, entre el 18 de mayo de 1998 y el 4 de marzo de 2002, que terminó por muerte del trabajador; declaró probadas las excepciones de prescripción y buena fe, y condenó a la demandada a pagar a los demandantes los siguientes valores y conceptos: cesantías $ 695.260.50; intereses a la cesantía $ 73.071.60; prima de servicio $ 342.868.20; prima de navidad $ 685.736.oo; auxilio de transporte $ 727.537.oo y vacaciones $ 501.071.50.
Ambas partes, inconformes con el fallo, presentaron recurso de apelación.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 29 de julio de 2010 (fls.14-30, cdno. 2ª instancia), al resolver la apelación modificó la sentencia del a quo, y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción sólo respecto de las prestaciones que se causaron antes del 27 de agosto de 2000; condenó a la demandada a pagar a la actora por concepto de auxilio funerario $ 1.545.000 y a reconocer a los demandantes la pensión de sobrevivientes en un 50% a favor de Luz Amanda Lemos Mestizo y en el otro 50% a favor de sus hijos menores Luz Julieth, Dulfarit y Diego Fernando Caicedo Lemos, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 5 de marzo de 2002. Declaró no probadas las demás excepciones propuestas y negó las demás pretensiones de la demanda.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal señaló como problema jurídico que debía determinar si existió una relación de trabajo entre el causante y la demandada para conferir, como consecuencia de esa decisión, los derechos prestacionales, pensionales, seguro colectivo y auxilio funerario pretendidos. Así mismo, debía determinar si la cónyuge tenía legitimación para realizar tal reclamación.
Definió que por ser la demandada una entidad de carácter privado, el marco del asunto era el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el estudio de las pretensiones lo hizo de conformidad con la definición de contrato de trabajo del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y la presunción contenida en el artículo 24 de este ordenamiento.
Igual consideración realizó frente a la prescripción, regulada por el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, bajo el entendido que las cesantías tienen prescripción anual a partir de la expedición de la Ley 50 de 1990; de ese modo, declaró que los derechos causados antes del 27 de agosto de 2000 estarían prescritos, debido a que la demanda se presentó el 27 de agosto de 2003.
Frente al tema de la legitimación de la demandante para reclamar el pago de las pretensiones del libelo demandatorio en su calidad de cónyuge y en representación de los hijos del matrimonio, tuvo en cuenta los registros civiles de los menores, el registro civil del matrimonio y el registro civil de defunción del causante; así mismo, se valió de las declaraciones de Aliria María Bedoya Valencia y de Ana Sofía Mendoza de Morales para establecer que la actora convivió con el causante hasta el día de su fallecimiento y colegir con ello que tenía facultad para demandar en su propio nombre y en el de sus hijos menores de edad.
Referente a la existencia de contrato de trabajo, analizó tres contratos de prestación de servicios independientes, el primero de ellos el Nº 112 (fls. 43-44) suscrito el 1º de enero de 2001, por tres meses, para desempeñar oficios varios, por un valor de $ 939.200; el segundo (fls. 45-47) suscrito el 5 de septiembre de 2001, también por tres meses, para desempeñar oficios varios en los cristales, por un valor de $ 11.400.00 en los días ordinarios y $ 17.000.00 los domingos y festivos, pagaderos quincenalmente en cheque, previa presentación de cuenta de cobro; y el tercero (fls. 48-49) suscrito el 30 de enero de 2002, igualmente por tres meses, para prestar el servicio de supernumerario de oficios varios en los cristales, en términos iguales a los del contrato anterior.
Del análisis integral de las pruebas aportadas al proceso, dijo que compartía la apreciación del a quo, en el sentido de concluir que el hecho de que no hubiera contratos en los que se dijera que la vinculación del causante era como supernumerario no desvirtuaba la existencia de relación laboral y en este caso, las labores desarrolladas no fueron esporádicas u ocasionales, lo que derivó del interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada Patricia Imery Valderrama (fl. 113) y del testimonio de Myriam Pineda (fl. 110).
En la prueba documental aportada por la demandada para la inspección judicial, encontró que la Corporación para la Recreación Popular le efectuó pagos quincenales al causante del 18 de mayo de 1998 hasta el 28 de febrero de 2002, e infirió la existencia de subordinación al evidenciar aspectos propios de la relación laboral, tales como pago de nómina, concepto por reemplazo de descansos, fechas trabajadas según calendario, pago de vacaciones, valor día ordinario, valor día festivo, reemplazo de vacaciones, comúnmente utilizados en la relación laboral y por lo cual llegó a la conclusión de encontrarse ante un contrato de trabajo, en virtud del principio de la primacía de la realidad.
Aunado a lo anterior, advirtió que bajo los parámetros de la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la prestación personal del servicio por parte del causante no estaba en discusión por lo que al existir una contraprestación económica, la subordinación se presumía y le correspondía desvirtuarla a la demandada.
Estudió los testimonios de Ana Sofía Mendoza de Morales (fl. 88) y de Aliria María Bedoya Valencia (fl. 94), la primera dijo conocer al señor Caicedo porque eran vecinos, muy amigos y siempre se reunían en la tarde a hablar, corroboró el horario de labores del causante y que no le habían pagado las prestaciones sociales a la demandante; en tanto que Aliria Bedoya Valencia expuso que Quirico Caicedo Ante compraba en la tienda de su propiedad, le cambiaba quincenalmente los cheques con los que le pagaban y coincidió en el oficio que desempeñó.
Del examen del interrogatorio de parte de la representante legal suplente de la demandada (fls. 113-114) evidenció que el causante prestó servicios independientes en el campo de mantenimiento, sin recordarse la fecha de su vinculación y que se le pagaba en la modalidad de honorarios.
Referente al interrogatorio de parte de la demandante (fls. 321-322) destacó que el fallecido no se encontraba afiliado a ninguna EPS como independiente y que su cónyuge desconocía los contratos de prestación de servicios que éste suscribió con la demandada o si había reclamado por escrito el pago de acreencias laborales.
Los testimonios e interrogatorios considerados le permitieron concluir que la demandada no logró desvirtuar la presunción de la existencia de una relación laboral, con las consecuencias lógicas a favor de las pretensiones de la demanda, debidamente indexadas conforme al IPC certificado por el DANE y hecha la previsión de que las causadas con antelación al 27 de agosto de 2000 estaban prescritas, por cuanto la ley laboral ordena contar el término extintivo a partir de la fecha en la que se causa el derecho, sin excepción alguna.
Relativo a las indemnizaciones moratorias por la no consignación de cesantías e impago de prestaciones sociales, señaló que no estaban llamadas a prosperar, por cuanto, además de que son sanciones que deben pagarse directamente al trabajador, en este caso, la concreción de los herederos beneficiarios del causante, se vino a dar al momento del fallo.
El tribunal negó el seguro colectivo, con fundamento en sentencia CSJ SL, 16 de mayo de 2002, radicación 17358, en la que se estableció que la prestación, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fue sustituida por la pensión de sobrevivientes.
En cambio, ordenó pagar el auxilio funerario, por cuanto al haber incumplido el empleador la obligación de afiliar al trabajador a la seguridad social y ser este el único requisito para que la administradora de pensiones procediera a su reconocimiento, como contratante mantuvo tal carga en su haber.
Finalmente, en lo tocante a la pensión de sobrevivientes, debido a que el fallecimiento de Quirico Caicedo Ante fue el 4 de marzo de 2002, se determinó como marco legal aplicable la Ley 100 de 1993 (arts. 46 y 47) sin la reforma que introdujo la Ley 797 de 2003.
En ese marco, se dijo que aún más importante que el reconocimiento prestacional hecho en la primera instancia, se encontraba el de la defensa del derecho fundamental a la seguridad social de los beneficiarios por muerte del trabajador, por lo que se ajustaba al orden legal y a la justicia conceder la pensión de sobrevivientes, pues, si el empleador hubiera afiliado a la seguridad social en pensiones al trabajador fallecido, éste hubiera cumplido con los requisitos para el disfrute de la pensión, pero como no fue afiliado y se tenía la obligación de hacerlo, debía asumirse el pago de tal prestación económica. El juzgador basó su decisión en la sentencia CSJ SL, 19 jun. 2008, rad. 28164.
El recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida «[…] en cuanto mantuvo los numerales primero, tercero y quinto de la decisión del a quo, y en cuanto a los numerales primero a quinto de la parte resolutiva del fallo acusado […]», para que en sede de instancia se revoquen las condenas impuestas por el a quo y en su lugar se absuelva a la demandada totalmente.
Con tal propósito, formuló un cargo por la causal primera, que no fue replicado en oportunidad por la demandada y pasa a ser examinado por la Sala.
El recurrente acusa la sentencia de haber violado la ley sustancial por la vía indirecta, mediante la modalidad de aplicación indebida de
[…] los artículos 23, 24, 212, 249, 306, 289, 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 de la Ley 50 de 1990; 1º de la Ley 52 de 1975; 46, 47, 51 de la Ley 100 de 1993; 53 de la Constitución Nacional; y como violación medio de los artículos 60, 61, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
La demanda señala que la violación se dio como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Sr. Quirico Caicedo prestó sus servicios a la demandada.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el Sr. Quirico Caicedo tuvo autonomía suficiente para prestar los servicios a la demandada por sí mismo o por interpuesta persona.
3. No dar por demostrado, estándolo, que dentro de la autonomía del Sr. Quirico Caicedo en la prestación de sus servicios a la demandada, no concurría todos los días para el efecto.
4. No dar por demostrado, estándolo, que la forma de pago pactada por los servicios del Sr. Quirico Caicedo fue independiente de la que es propia de una relación laboral y, por el contrario, se ajustó a las disponibilidades de tiempo del mencionado señor.
5. No dar por demostrado, estándolo, que durante los tiempos en que el Sr. Quirico Caicedo prestó sus servicios a la demandada, ambas partes le dieron a la relación jurídica correspondiente, el tratamiento de una relación de carácter civil o comercial.
Dichos yerros fácticos se cometieron por la errónea apreciación de las siguientes pruebas:
1. Contrato de prestación de servicios fechado de 30 de enero de 2002 (fls. 48 y 49).
2. Contrato de prestación de servicios fechado de 1º de enero de 2001 (fls. 43 y 44).
3. Contrato de prestación de servicios suscrito el 5 de septiembre de 2001 (fls. 45 a 47).
4. Inspección Judicial (fls. 192 a 318 y 362 a 434).
5. Interrogatorio absuelto por la representante legal de la demandada (fls. 113-114).
Como pruebas no apreciadas se indicó:
1. Certificados de retención en la fuente de la demandada (fls. 132 a 191).
2. Facturas y comprobantes de egreso (fls. 331 a 356).
Como prueba no calificada mal apreciada señaló:
[…] Testimonios de Ana Sofía Mendoza (fls. 88 y ss.) y Aliria María Bedoya (fls. 94 y ss.); de Myriam Pineda (fls. 110 y ss.) y de Patricia Valderrama (fls. 113 y ss.).
Para la demostración del cargo, el censor argumenta que la apreciación de los documentos por parte del tribunal parece acertada porque reproduce lo que ellos consignan. Pero la realidad es que la remuneración convenida es independiente de la que se deriva de una relación laboral, pues, se pactó una suma global a pagar previa presentación de una cuenta de cobro, pago que no está sujeto a los periodos impuestos para la cancelación de salarios, lo que en gran medida se repite en los otros dos contratos, aunque en ellos se haya pactado el valor de los servicios por día ejecutado, sin que ello sea asociable a un destajo pues el causante no laboraba todos los días, como se observa en la inspección judicial y a folios 331 a 356 que en su mayoría son cuentas de cobro, en las que el causante declaró autónomamente los días en que concurrió a laborar.
Explica que en esos contratos se pactó que el contratista podía contratar trabajadores y su ejecución podía realizarla personalmente o a través de sus trabajadores (fls. 45-46), autonomía reflejada en las cuentas de cobro, en las que se puso como concepto el pago de servicios prestados, sin anotación de haber sido atendidos directamente por él.
Añade que incluso algunas de esas cuentas de cobro señalan servicios prestados en reemplazo de empleados en descanso y «[…] es obvio que una sola persona no podía cubrir la carga de varios empleados […]»; precariedad de los servicios prestados que evidencia al mostrar, como ejemplo, un día en que el causante sólo concurrió a prestarlos por un trabajador en vacaciones (fl. 195).
Manifiesta que para el tribunal esos documentos no desvirtúan la presunción de existencia de un contrato de trabajo y que para el juzgador no es cierto que el causante laborara esporádicamente como lo afirman los testigos, pero las cuentas de cobro muestran con claridad que el señor Caicedo no concurría todos los días y así lo hiciera la mayoría de ellos, no desvirtúa que tuviera autonomía para dejar de asistir uno u otro día sin que ello tuviera consecuencias disciplinarias, por lo cual no hay llamados de atención, orden o instrucciones de las que se deduzca atadura de éste al direccionamiento de la demandada.
Indica que el tribunal apreció los elementos probatorios que se aportaron en la inspección judicial pero reparó sólo en los que le permitieran sustentar la idea de la existencia de una relación subordinada, en tanto que la realidad muestra que durante las temporadas en que el causante prestó los servicios, las partes le dieron a la relación que tuvieron, el tratamiento de una relación civil, con el correspondiente pago de impuestos por retención en la fuente, como lo acreditan las declaraciones ante la DIAN, en las que se discriminó a los pagos laborales de los honorarios y en este último rubro se registró los pagos al señor Caicedo.
Con los reparos hechos a la prueba calificada, se refiere a la testimonial de la que arguye, en general, que el tribunal desechó declaraciones de personas que pudieron tener conocimiento directo de los hechos del conflicto y se apoyó en declarantes que aceptaron un conocimiento indirecto, en ocasiones adquirido del mismo dicho del señor Caicedo.
Del testimonio de Ana Sofía Mendoza manifiesta que el hecho de haber obtenido conocimiento de este medio porque el causante vivía al lado de su casa, eran amigos cuando vivía y siempre se reunían en la tarde para hablar, se trata de un sustento frágil como para construir la conclusión del tribunal.
Frente a la declaración de Aliria Bedoya advierte que ella negó repetidamente conocer los detalles del caso y aceptó que lo que sabía era porque al señor Caicedo lo conoció como amigo en su negocio y pasaba por allí cuando iba a trabajar.
Esgrime que, en cambio, no tuvo en cuenta las declaraciones de Patricia Valderrama y de Myriam Pineda y que se les descartó expresamente pese a que ambas trabajaban en dependencias de la demandada, podían tener percepción directa de los hechos, y tuvieron expresiones coincidentes en cuanto a la independencia con que el causante prestó sus servicios a la demandada, de lo que derivó que el tribunal aplicó mal las facultades de apreciación probatoria de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y desfiguró el sustento probatorio.
La jurisprudencia de la Sala ha precisado que el error de valoración que recae sobre determinado medio probatorio, para que sea trascendente frente a la decisión judicial que se cuestiona en casación, debe ser evidente y aparecer de bulto, características que no se perciben en este asunto.
El tribunal dedujo la existencia de una relación laboral a partir de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el causante y la demandada (fls. 43-44, 45-47 y 48-49) y además, «[…] del análisis integral de las pruebas aportadas al proceso: documentales y testimoniales […]». Así mismo, estableció que el causante no laboró de manera esporádica u ocasional, con fundamento en lo que manifestó en el interrogatorio de parte Patricia Imery Valderrama (fl. 113) y del testimonio de Myriam Pineda (fl. 110).
De acuerdo con lo reseñado, se desprende entonces que, los comprobantes de egreso de folios 331 a 356 se encuentran incluidos dentro del material probatorio que el ad quem analizó para tener como acreditada la existencia de la relación laboral y, por tanto, no puede endilgarse su falta de apreciación, situación que se extiende a los certificados de retención en la fuente de la demandada (fls. 132 a 191), de los que también se echó de menos su análisis, con lo cual, el tribunal no pudo cometer el yerro de no haber apreciado estas pruebas.
Frente a las pruebas que se señaló como mal apreciadas, se advierte que la sentencia del tribunal no pudo incurrir en la errada interpretación que se le endilga de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el causante y la demandada, pues tuvo en cuenta los elementos esenciales de cada uno, dentro de los que se observa el pago pactado y la manera de realizarlo, con lo cual, no se expuso o dijo nada diferente de lo que contienen.
Por el contrario, éstos corroboran la continuidad de la relación laboral al haberse acreditado que los pagos que se hacían al causante en atención a la prueba documental que la demandada aportó en la inspección judicial se hicieron en «forma regular y permanente» de manera quincenal, configurándose el elemento remuneración, propio de un contrato de trabajo, lo cual no se observa como una conclusión ilógica o errada, en tanto informan que al señor Caicedo se le siguió remunerando durante periodos continuos no incluidos dentro de los contratos de prestación de servicios, en los que desarrolló las mismas funciones de oficios varios, tales como el mantenimiento de las piscinas, de las instalaciones, el barrido de los andenes y del frente de la unidad, la vigilancia diurna de la corporación y del tobogán, necesarias para el demandado (fls. 16-19).
Ahora bien, el yerro valorativo que se señala cometió el tribunal frente a la inspección judicial es el de no haber observado que el causante no concurrió a prestar sus servicios todos los días, sobre lo cual debe anotarse que el tribunal no se refirió a la inspección judicial para determinar la temporalidad o la permanente ejecución de labores por parte del causante, pues, como se dijo, lo que derivó de esta prueba fue que los pagos que se hicieron al causante lo fueron de manera periódica, por lo que el ad quem no incurrió en el yerro que se le endilga de haber valorado erróneamente esta prueba.
Cabe anotar que de dicho medio probatorio el tribunal además infirió la subordinación, al extraer de los documentos que se aportaron en su práctica, conceptos propios «[…] de la relación laboral tales como: pago de nómina, concepto por reemplazo de descansos, fechas trabajadas según calendario, pago de vacaciones, valor día ordinario, valor día festivo, reemplazo de vacaciones; términos éstos utilizados en una relación laboral […]».
La Sala Laboral de la Corte tiene determinado que una vez establecida la prestación personal del servicio o la naturaleza subordinada de una relación que trató de presentarse como independiente, debe considerarse que la remuneración percibida es salario, aunque las partes durante el desarrollo del vínculo, le hayan asignado una denominación diferente o le den una apariencia distinta a ese pago y, por tanto, no desnaturalizan la primacía de la realidad, ni le restan la connotación de ser una retribución por un servicio prestado de carácter dependiente (CSJ SL 17195-2015), ello reforzado por la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
Al inicio de estas consideraciones, se explicó que el tribunal arribó a la conclusión de que la labor ejecutada no fue esporádica u ocasional, con fundamento especialmente en lo que manifestó en el interrogatorio de parte Patricia Imery Valderrama (fl. 113) y del testimonio de Myriam Pineda (fl. 110).
En ese contexto, el interrogatorio de parte no es prueba calificada en casación a menos que contenga confesión, hecho que no alega el recurrente ni se desprende del medio probatorio acusado; por ello, la declaración de parte (que no contiene confesión) junto con la prueba testimonial, no son aptas en principio para estructurar yerro fáctico en casación, y en esa medida, no se puede abordar su estudio, en cuanto el censor no demostró yerro fáctico manifiesto en alguno de los medios calificados para efectos del recurso extraordinario.
Aquí vale la pena recordar que, en torno a que en los asuntos en donde se discute la existencia de un contrato de trabajo, el deber del juez no se contrae a observar solamente la forma; es menester auscultar todo el acervo probatorio, para llegar a la verdad real y encontrar, de ser el caso, el contrato realidad, en oposición a un contrato formal, tal como lo instituye el artículo 53 de la Constitución Política, que establece en forma concreta que impera «la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales». Y esa fue precisamente la labor desarrollada en este asunto por el ad quem.
Por las razones anteriores, no se evidencia que el tribunal haya incurrido en ninguno de los errores de los que se le acusó, por tanto, no prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de julio de 2010 por Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que adelanta LUZ AMANDA LEMOS MESTIZO en su propio nombre y en el de sus hijos menores LUZ JULIETH CAICEDO LEMOS, DULFARIT CAICEDO LEMOS y DIEGO FERNANDO CAICEDO LEMOS contra la CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR.
Costas en el recurso extraordinario, como se indicó en la parte motiva.