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Timestamp: 2020-08-10 17:32:00
Document Index: 403257676

Matched Legal Cases: ['artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 101', 'artículo 11']

9. Una de las empresas multadas fue Lemminkäinen Oyj, con la que Vantaan kaupunki (el municipio de Vantaa, Finlandia) había celebrado varios contratos de obras de asfaltado entre 1998 y 2001.
12. Tras la decisión del Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), Vantaan kaupunki presentó una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios ante el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki, Finlandia) contra las sociedades que habían sido condenadas al pago de multas, incluidas Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy y Asfaltmix Oy.
14. Así pues, el problema que constituye el núcleo del litigio nacional consiste en si Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy y Asfaltmix Oy pueden ser consideradas responsables del pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados por el comportamiento contrario a la competencia de Sata-Asfaltti Oy, Interasfaltti Oy y Asfalttineliö Oy. El Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki) y el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki, Finlandia) tienen opiniones divergentes a este respecto.
18. Sin embargo, al igual que Vantaan kaupunki, Lemminkäinen Oyj solicitó autorización para interponer recurso de casación ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), que fue concedida. Lemminkäinen Oyj, inter alia, alega que la indemnización a cuyo pago se le ha condenado debe reducirse porque Vantaan kaupunki no reclamó una indemnización a las sociedades (ahora disueltas) participantes en el cártel. La autorización para interponer recurso de casación ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) concedida a Vantaan kaupunki se refería a la cuestión de si es posible imputar una responsabilidad civil a Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy y Asfaltmix Oy en virtud del principio de la continuidad económica.
2) En el caso de que los sujetos responsables se determinen directamente mediante el artículo 101 TFUE, ¿responden de los daños quienes estén comprendidos en el concepto de empresa utilizado en dicha disposición? ¿Para determinar los sujetos obligados a indemnizar el daño deben aplicarse los mismos principios que ha utilizado el Tribunal de Justicia en materia sancionadora para identificar a los responsables, según los cuales la responsabilidad puede basarse especialmente en la pertenencia a la misma unidad económica o en la continuidad económica?
21. Vantaan kaupunki, Skanska Industrial Solutions Oy (en lo sucesivo, «Skanska»), NCC Industry Oy y Asfaltmix Oy, los Gobiernos finlandés, italiano y polaco, así como la Comisión Europea, formularon observaciones escritas. Todos ellos, salvo Asfaltmix y los Gobiernos italiano y polaco, presentaron también alegaciones orales en la vista celebrada el 16 de enero de 2019.
28. En el marco del Derecho de la competencia de la Unión, sin embargo, las demandas de indemnización por daños y perjuicios desempeñan ambas funciones. Por un lado, una demanda de reparación del perjuicio causado por una infracción del Derecho de la competencia de la Unión desempeña una función indemnizatoria. Estas acciones hacen posible que los particulares reclamen una indemnización íntegra de los daños supuestamente sufridos a raíz de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión. (8) Por otro lado, una demanda civil de indemnización de los daños ocasionados por la infracción del Derecho de la competencia puede operar también como elemento disuasorio, complementando así su aplicación en el ámbito del Derecho público.
30. El Tribunal de Justicia sentó las bases de un sistema de aplicación en el ámbito del Derecho privado en la Unión en sus sentencias Courage y Crehan (9) y Manfredi y otros. (10) En esos asuntos, el Tribunal reconoció el derecho —de cualquier particular— de exigir indemnización por los daños y perjuicios causados por comportamientos contrarios a la competencia. (11)
a) La doble función de las demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios causados por comportamientos contrarios a la competencia
32. Ahora bien, es importante señalar que, si bien el Tribunal de Justicia ha reconocido el derecho a la reparación del daño en virtud del artículo 101 TFUE, no ha definido con claridad hasta el momento los requisitos esenciales de la responsabilidad civil. Por otra parte, es evidente que el marco procesal y material necesario para obtener una indemnización por daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional corresponde, en principio, a la legislación nacional. (14) Como el Tribunal de Justicia ha declarado en sus decisiones dictadas después de las sentencias Courage y Crehan y Manfredi y otros,ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia, los Estados miembros han de establecer modalidades de ejercicio del derecho a solicitar la reparación de los daños y perjuicios resultantes de una infracción del artículo 101 TFUE (o el artículo 102 TFUE), en particular normas sobre la aplicación del concepto de relación de causalidad. Los Estados miembros deben velar, sin embargo, por que esas normas nacionales respeten los principios de equivalencia y efectividad. (15)
b) La interacción entre el Derecho de la Unión y el Derecho nacional y la consolidación de la disuasión como un objetivo de las demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia
34. La sentencia Kone y otros (16) del Tribunal de Justicia contribuye a esclarecer este punto. En ese asunto, el Tribunal declaró que las víctimas del «umbrella-pricing» (efecto paraguas) —particulares que sufrieron indirectamente un perjuicio por el incremento de precios resultante de una infracción del artículo 101 TFUE— pueden solicitar la reparación de ese perjuicio mediante una demanda civil por daños. Así, consideró que el artículo 101 TFUE se opone a una norma nacional sobre causalidad que excluya de manera categórica la posibilidad de solicitar la reparación del daño ocasionado por el efecto paraguas. (17)
36. En primer lugar, en la sentencia Kone y otros el Tribunal reiteró que los Estados miembros han de establecer modalidades de ejercicio del derecho a solicitar la reparación de los daños resultantes de un acuerdo o práctica prohibido por el artículo 101 TFUE, en particular normas sobre la aplicación del concepto de relación de causalidad. Los Estados miembros deben velar, sin embargo, por que esas normas nacionales respeten los principios de equivalencia y efectividad. Es decir, las normas en cuestión no deben ser menos favorables que las relativas a las acciones por infracciones similares previstas en el Derecho interno ni deben hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. (18)
42. Es cierto que, en la sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros, (C‑557/12, EU:C:2014:1317), el Tribunal de Justicia se abstuvo de dar una definición positiva del concepto de «relación de causalidad» a efectos del Derecho de la Unión. Y ello en contra de la propuesta de la abogado general Kokott. (22) Por el contrario, el Tribunal midió sus pasos con cuidado (como hace a menudo) y limitó su respuesta a lo estrictamente necesario para el asunto en cuestión. (23) Así, en relación con la plena eficacia del artículo 101 TFUE, el Tribunal de Justicia declaró que esta disposición del Tratado se opone a una norma nacional sobre causalidad que excluya de manera categórica la posibilidad de solicitar la reparación del daño derivado del efecto paraguas.
44. En segundo lugar, como corolario inmediato de la importancia atribuida a la plena eficacia del artículo 101 TFUE, la sentencia Kone y otros vinculó el fundamento del derecho a solicitar la reparación de los daños causados por una infracción del Derecho de la competencia de la Unión a la disuasión. En efecto, al descartar la aplicabilidad de una norma que exige una relación de causalidad directa para acreditar la responsabilidad civil, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 101 TFUE se opone a una norma nacional que excluye la responsabilidad civil de empresas participantes en un cártel por los daños causados por un aumento de los precios en el mercado como consecuencia de un comportamiento contrario a la competencia. (24)
45. El «daño» causado por un efecto paraguas sobre los precios («umbrella pricing») es consecuencia de una decisión independiente sobre precios adoptada por una persona que no participa en el comportamiento anticompetitivo impugnado. Dicha decisión puede afectar a un enorme número de personas. Como resultado, se incrementa considerablemente el número de personas con derecho a exigir indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión directamente al amparo del artículo 101 TFUE (o del artículo 102 TFUE). Teniendo esto en cuenta, la sentencia de 5 de junio de 2014 (C‑557/12, EU:C:2014:1317) constituye un paso decisivo para consolidar la función de las demandas de indemnización por daños y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia como un instrumento encaminado a disuadir a las empresas de comportarse de manera contraria a la competencia.
46. Aunque mucho podría decirse sobre el valor práctico que aporta la solución alcanzada en la sentencia de 5 de junio de 2014 (C‑557/12, EU:C:2014:1317) para la efectividad global del sistema de aplicación en ámbito del Derecho privado, la insistencia del Tribunal de Justicia en la disuasión en general está justificada por varias razones, en mi opinión. Recalcaré brevemente aquí dos de ellas.
«El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de determinar al responsable del pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados por una infracción de dicho artículo, ha de aplicarse el principio de la continuidad económica de modo que, en una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios ante un tribunal nacional, un particular pueda solicitar una indemnización a una sociedad que ha proseguido la actividad económica de un participante en un cártel.»
2 Conclusiones del abogado general Van Gerven presentadas en el asunto Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860).
3 Fundamentalmente, las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461).
4 Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).
5 Para una expresión temprana de este principio, véase la sentencia de 28 de marzo de 1984, Compagnie Royale Asturienne des Mines y Rheinzink/Comisión (29/83 y 30/83, EU:C:1984:130), apartado 9. Véanse, como ejemplos más recientes, las sentencias de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 145; de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 59; de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, EU:C:2007:775), apartados 45 y 46, y de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456), apartados 39 y 40.
6 Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartado 26, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461), apartado 60.
7 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartados 95 a 97; de 14 de junio de 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389), apartado 32, y de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 37.
8 Véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartados 95 y 96 y jurisprudencia citada.
9 Sentencia de 20 de septiembre de 2001 (C‑453/99, EU:C:2001:465).
10 Sentencia de 13 de julio de 2006 (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461).
11 Incluso antes de la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), el Tribunal de Justicia había reconocido el efecto directo de los actuales artículos 101 TFUE y 102 TFUE. Véanse las sentencias de 30 de enero de 1974, BRT y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6), apartado 16, y de 18 de marzo de 1997, Guérin automobiles/Comisión (C‑282/95 P, EU:C:1997:159), apartado 39.
12 Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartados 24 a 26, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartado 59.
13 Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartado 27, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartado 91. Véanse también las sentencias de 14 de junio de 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389), apartado 29; de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 42; de 6 de junio de 2013, Donau Chemie y otros (C‑536/11, EU:C:2013:366), apartado 23, y de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 23.
14 Sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartado 62.
15 Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartado 29, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartado 62.
16 Sentencia de 5 de junio de 2014 (C‑557/12, EU:C:2014:1317).
17 Sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 37.
18 Sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartados 24 y 25, y jurisprudencia citada.
19 Sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 26 y jurisprudencia citada.
20 Sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartados 27 y ss., en especial el apartado 34. A modo de comparación véanse, con respecto a la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad, las sentencias de 14 de junio de 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389), apartados 30 a 32, y de 6 de junio de 2013, Donau Chemie y otros (C‑536/11, EU:C:2013:366), apartados 32 a 34.
21 La abogado general Kokott lo describió hablando de cómo se ejerce el derecho a solicitar indemnización. Véanse las conclusiones de la abogado general Kokott presentadas en el asunto Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:45), punto 23. Por otra parte, podría distinguirse también entre normas de reparación y normas meramente procesales, así como entre los requisitos derivados del Derecho de la Unión que tales normas deben cumplir. A este respecto, véase W. Van Gerven, «Of rights, remedies and procedures», Common Market Law Review, Vol. 37, 2000, 501 a 536, especialmente 503 y 504.
22 Conclusiones de la abogado general Kokott presentadas en el asunto Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:45), punto 31 y ss.
24 Sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 37.
26 Véanse también las conclusiones del abogado general Van Gerven presentadas en el asunto Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860), punto 44.
27 En particular, las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartados 24 y 29, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartados 61 y 62. Véanse también las sentencias de 14 de junio de 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389), apartados 29 y 30; de 6 de junio de 2013, Donau Chemie y otros (C‑536/11, EU:C:2013:366), apartados 23 y 27, y de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartados 23 y 24.
28 La idea de la correspondencia entre derechos y obligaciones jurídicas puede remontarse a Hohfeld. Véase W. Hohfeld, «Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning», Yale Law Journal, Vol. 23, 1913, 16-59, en 30 a 32. Véase también W. Van Gerven, «Of rights, remedies and procedures», Common Market Law Review, Vol. 37, 2000, 501 a 536, especialmente 524.
29 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, EU:C:2007:775), apartados 38 y 39, y jurisprudencia citada; de 13 de junio de 2013, Versalis/Comisión (C‑511/11 P, EU:C:2013:386), apartado 51, y de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456), apartado 39.
30 El artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2014/104 dispone que «los Estados miembros velarán por que las empresas que hayan infringido el Derecho de la competencia por una conducta conjunta sean conjunta y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del Derecho de la competencia, como consecuencia de lo cual cada una de las empresas estará obligada a indemnizar plenamente por el perjuicio causado, y la parte perjudicada tendrá derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de ellas hasta que haya sido plenamente indemnizada».
31 Conclusiones del abogado general Van Gerven presentadas en el asunto Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860), puntos 49 a 54 acerca de tales requisitos (realidad del perjuicio, nexo causal entre el perjuicio invocado y la conducta reprochada, e ilegalidad de dicha conducta). En este análisis, parece que debe considerarse responsables, implícitamente, a las empresas que llevaron a cabo la conducta ilegal.
32 Véanse, para un razonamiento similar acerca de la cuestión de la causalidad, las conclusiones de la abogado general Kokott presentadas en el asunto Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:45), punto 29.
33 Sentencia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, EU:C:2007:775), apartados 40 y 42 y jurisprudencia citada.
34 Véanse, inter alia, las sentencias de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, EU:C:2007:775), apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456), apartado 40.
35 Sentencia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, EU:C:2007:775), apartado 43.
36 En lo que atañe a estos requisitos, véase por ejemplo la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros (C‑110/15, EU:C:2016:717), apartados 59 a 61 y jurisprudencia citada.