Source: http://www.lexureditorial.com/legislacion/20150908/convenio-entre-espaa-y-omn-para-evitar-la-doble-imposicin/
Timestamp: 2017-03-28 02:27:23
Document Index: 48490650

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 1']

Convenio entre España y Omán para evitar la doble imposición | Lexur Editorial
Legislación	Convenio entre España y Omán para evitar la doble imposición
Publicado por redaccion 8 Septiembre, 2015	Convenio entre el Reino de Espa&ntilde;a y el Sultanato de Om&aacute;n para evitar la doble imposici&oacute;n y prevenir la evasi&oacute;n fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho &quot;ad refer&eacute;ndum&quot; en Mascate el 30 de abril de 2014.
iv) los impuestos locales sobre la renta; (denominados en lo sucesivo «impuesto español»);
b) en el caso del Sultanato de Omán:
i) el impuesto sobre la renta; (denominado en lo sucesivo «impuesto omaní»).
b) el término «Sultanato de Omán» significa el territorio del Sultanato de Omán y las islas que comprende, incluyendo las aguas territoriales, el espacio aéreo y las áreas exteriores a las aguas territoriales en las que, con arreglo al derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Sultanato de Omán ejerza jurisdicción o derechos de soberanía respecto de la exploración y explotación de los recursos naturales del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes;
c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan el Reino de España o el Sultanato de Omán, según el contexto;
i) en el caso del Reino de España, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o su representante autorizado;
ii) en el caso del Sultanato de Omán, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de registro o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado, a sus subdivisiones políticas, sus entidades locales o las entidades públicas que de ellos dependen. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.
3. Una obra o construcción, o un proyecto de instalación o montaje, constituyen un establecimiento permanente únicamente cuando su duración exceda de nueve meses.
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando ese agente realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal empresa, y esta y el agente estén unidos en sus relaciones comerciales o financieras por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, no se le considerará como agente independiente en el sentido de este apartado.
2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en el que estén situados los bienes. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves y no tendrán la consideración de bienes inmuebles.
3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado contratante en el que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte, siempre que dicha deducción sea conforme con las disposiciones de la normativa tributaria de ese Estado y se ajuste a sus limitaciones.
3. A los efectos de este artículo, la expresión «explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional» por una empresa, comprende:
a) el flete o el alquiler de buques o aeronaves plenamente equipados, dotados y provistos, y explotados en tráfico internacional;
b) el flete o el alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves, cuando dicho flete, arrendamiento o alquiler sea accesorio a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional; y
c) el uso, el mantenimiento o el alquiler de contenedores, cuando dicho uso, mantenimiento o alquiler sea accesorio a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y, en consecuencia, grave– los de una empresa del otro Estado contratante que ya han sido sometidos a imposición en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que habrían convenido empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones de este Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
a) 0 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 20 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a la Administración del otro Estado contratante estarán exentos de imposición en el Estado mencionado en primer lugar.
4. El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como otros rendimientos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad económica a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
6. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a la Administración del otro Estado contratante estarán exentos de imposición en el Estado mencionado en primer lugar.
4. El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos valores, bonos u obligaciones. A efectos de este artículo, las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tales casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 8 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en este artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor incluidos los programas informáticos, las películas cinematográficas y las grabaciones destinadas a su emisión por radio o televisión, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tales casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación de pago de los cánones, y que soporten la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado contratante en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
1. Las rentas obtenidas por una persona física que sea residente de un Estado contratante por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente serán gravables exclusivamente en ese Estado excepto si esa persona dispone de manera habitual de una base fija en el otro Estado contratante para realizar sus actividades. En tal caso, las rentas pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante, pero sólo en la medida en que sean atribuibles a dicha base fija.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo serán gravables exclusivamente en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
c) las remuneraciones no las soporte un establecimiento permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado.
3. No obstante los apartados precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
1. No obstante las disposiciones de los artículos 7, 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad de artista, actor de teatro, cine, radio o televisión, o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si las actividades ejercidas en un Estado contratante por un artista o deportista se financian total o sustancialmente con fondos públicos de cualquiera de los Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, en el marco de programas de intercambio cultural o deportivo aprobados por ambos Estados contratantes. En tal caso, las rentas derivadas del ejercicio de dichas actividades se someterán a imposición exclusivamente en el Estado contratante del que sea residente el artista o deportista.
1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por las entidades públicas que de ellos dependen, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán gravables exclusivamente en ese Estado.
2. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas, entidades locales, o por las entidades públicas que de ellos dependen, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, serán gravables exclusivamente en ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas, de sus entidades locales o de las entidades públicas que de ellos dependen.
1. Una persona física que sea residente de un Estado contratante inmediatamente antes de su llegada al otro Estado contratante y que, por invitación de una universidad, facultad, escuela universitaria u otra institución docente similar reconocida, o de una institución para la investigación científica, permanezca en ese otro Estado contratante por un período que no exceda de dos años desde su llegada a ese otro Estado con los únicos fines de ejercer la docencia, la investigación o ambas en dichas instituciones, estará exenta de imposición en ese otro Estado en relación con las remuneraciones que perciba como consecuencia de tales actividades.
2. El término «reconocida» mencionado en el apartado 1 se refiere a la aprobación otorgada por el Estado contratante en el que esté situada la universidad, facultad, escuela universitaria u otra institución docente similar, o la institución para la investigación científica.
3. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a las rentas procedentes de la investigación cuando esta se ejerza principalmente para el beneficio particular de una persona o personas concretas.
a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en el Sultanato de Omán, España permitirá:
i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el Sultanato de Omán;
2. En el Sultanato de Omán, la doble imposición se eliminará como sigue:
a) Cuando un residente del Sultanato de Omán obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, el Sultanato de Omán permitirá la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en España. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta (calculado antes de la deducción) correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en España.
b) Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente del Sultanato de Omán estén exentas de impuestos en el Sultanato de Omán, el Sultanato de Omán podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del apartado 7 del artículo 11, del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones y demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente.
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto del mismo modo que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva, o de la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
1. Cada Estado contratante notificará al otro, por conducto diplomático, que se han cumplido los procedimientos internos exigidos en cada Estado contratante para la entrada en vigor de este Convenio.
i) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas desde la fecha en la que este Convenio entre en vigor;
ii) respecto de otros impuestos, en los ejercicios fiscales que comiencen desde la fecha en la que este Convenio entre en vigor; y
iii) en todos los restantes casos, desde la fecha en la que este Convenio entre en vigor.
3. Las disposiciones de artículo 26 del Convenio permiten el intercambio de información respecto de cualquier ejercicio fiscal conforme a la legislación del Estado contratante que lo solicite.
i) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas tras la conclusión de ese año civil;
ii) respecto de otros impuestos, en los ejercicios fiscales que comiencen tras la conclusión de ese año civil;
iii) en todos los restantes casos, tras la conclusión de ese año civil.
1. Este Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la prevención de la evasión y elusión fiscales. En concreto, estas disposiciones podrán aplicarse a los abusos de la norma, comprendidos los convenios fiscales.
2. Se entenderá que los beneficios de este Convenio no se otorgarán a una persona que no sea la beneficiaria efectiva de los elementos de renta procedentes del otro Estado contratante.
3. En el caso de España, este Convenio no le impedirá la aplicación de sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company rules» (CFC).
4. Las disposiciones de los artículos 10, 11, 12 y 13 no se aplican cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona relacionada con la creación o cesión de las acciones u otros derechos que generan los dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o cesión del derecho que genera los cánones, sea el de conseguir el beneficio de dichos artículos mediante dicha creación o cesión.
B. En relación con los artículos 10, 11, 12 y 13.
a) la entidad de un Estado contratante que pague dividendos, intereses, cánones o ganancias de capital a un residente del otro Estado contratante ha obtenido su renta en un Estado o territorio que no haya concluido un convenio para evitar la doble imposición con ese otro Estado contratante, y
b) dicha renta está exenta o no sujeta a tributación en el Estado contratante mencionado en primer lugar.
II. En relación con el artículo 2.
III. En relación con el artículo 4.
IV. En relación con los artículos 4 y 19.
VI. En relación con el artículo 10.
VII. En relación con los artículos 10 y 11.
a) en el caso del Sultanato de Omán:
(i) el Banco Central de Omán;
(ii) el Fondo General de Reserva del Estado;
(iii) el Fondo de Inversión Omaní; y
(iv) cualquier otra entidad pública o institución íntegra o principalmente participada por el Gobierno del Sultanato de Omán, que puedan acordar las autoridades competentes de los Estados contratantes;
b) en el caso del Reino de España:
(i) el Banco Central de España;
(ii) el Instituto de Crédito Oficial (ICO); y
(iii) cualquier otra institución creada por el Estado, una de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, reconocida como parte integrante del Estado, subdivisión política o entidad local, que puedan acordar las autoridades competentes de los Estados contratantes.
VIII. En relación con el artículo 16.
1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26 del Convenio, la información recibida por un Estado contratante puede utilizarse para otros fines si conforme al Derecho del Estado contratante que requiere la información puede utilizarse para dichos otros fines y la autoridad competente del Estado que proporciona la información autoriza tal uso.
2. Queda entendido que para la aplicación del artículo 26 del Convenio se seguirán las siguientes directrices:
b) el término «información» comprende todo dato, declaración o documento con independencia de su formato;
c) la expresión «sociedad cotizada en Bolsa» significa toda sociedad cuya clase principal de acciones se cotice en un mercado de valores reconocido en Omán o en España, siempre que sus acciones cotizadas estén a disposición inmediata del público para su venta o adquisición. Las acciones pueden ser adquiridas o vendidas «por el público» si la compra o venta de las acciones no está restringida implícita o explícitamente a un grupo limitado de inversores;
d) la expresión «clase principal de acciones» significa la clase o clases de acciones que representen la mayoría de los derechos de voto y del valor de la sociedad;
e) la expresión «fondo o plan de inversión colectiva» significa cualquier instrumento de inversión colectiva, independientemente de su forma jurídica.
f) el término «notificación» significa la entrega de documentos a residentes de cualquiera de los Estados contratantes conforme a las normas que rigen la entrega de documentos en ese Estado.
B. Intercambio de información previo requerimiento.
1. La autoridad competente de un Estado contratante proporcionará información, previo requerimiento, para los fines previstos en el artículo 26. Dicha información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de investigación pudiera constituir un delito penal según las leyes de ese Estado contratante si dicha conducta se hubiera producido en ese Estado.
2. Si la información en posesión de la autoridad competente de un Estado contratante no fuera suficiente para poder dar cumplimiento a un requerimiento de información, ese Estado contratante recurrirá a las medidas para recabar información de las que disponga con el fin de proporcionar al otro Estado contratante la información solicitada, con independencia de que el Estado contratante mencionado en primer lugar pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.
3. Si así lo solicita expresamente la autoridad competente de un Estado contratante, la autoridad competente del otro Estado contratante proporcionará información en virtud del artículo 26, en la medida permitida por su Derecho interno, en forma de declaraciones de testigos y de copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Estado contratante garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 26, sus autoridades competentes están facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento:
(i) información relativa al propietario legal y al beneficiario efectivo de sociedades, sociedades personalistas, fundaciones y otras personas y, con las limitaciones establecidas en el artículo 1, sobre cualesquiera otras personas que componen una cadena de propiedad comprendida, en el caso de planes de inversión colectiva, la información sobre las unidades, acciones y otras participaciones;
(ii) en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios, protectores y beneficiarios; y
5. Al formular un requerimiento de información en virtud del Convenio, la autoridad competente del Estado contratante que requiere la información proporcionará la siguiente información a la autoridad competente del otro Estado contratante con el fin de demostrar el interés previsible de la información solicitada:
a) La identidad de la persona sometida a inspección o investigación.
b) Una declaración sobre la información solicitada en la que conste su naturaleza y la forma en que el Estado contratante que requiere la información desea recibirla del otro Estado contratante.
c) La finalidad fiscal para la que se solicita la información.
d) Las razones para considerar que la información solicitada se encuentra el otro Estado contratante u obra en poder o bajo el control de una persona que se encuentre en la jurisdicción del otro Estado contratante.
e) En la medida en que se conozcan, el nombre y dirección de toda persona en cuyo poder se crea que obra la información solicitada.
f) Una declaración en el sentido de que el requerimiento es conforme con el derecho y las prácticas administrativas del Estado contratante que requiere la información; de que si la información solicitada se encontrase en la jurisdicción de ese Estado contratante su autoridad competente estaría en condiciones de obtener la información conforme a su derecho interno o en el curso normal de su práctica administrativa, y de que es conforme con este Convenio.
g) Una declaración en el sentido de que el Estado contratante que requiere la información ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas.
a) Acusará por escrito recibo del requerimiento a la autoridad competente del otro Estado contratante en el plazo máximo de diez días desde su recepción.
b) En el plazo de sesenta días a partir del acuse de recibo del requerimiento notificará a la autoridad competente del otro Estado contratante los defectos que hubiera en el requerimiento, cuando corresponda.
c) Si la autoridad competente del Estado mencionado en primer lugar no hubiera podido obtener y proporcionar la información en el plazo de noventa días a partir del acuse de recibo del requerimiento, incluido el supuesto de que tropiece con obstáculos para proporcionar la información o se niegue a proporcionarla, informará inmediatamente al otro Estado contratante, explicando las razones de esa imposibilidad, la índole de los obstáculos o los motivos de su negativa. El otro Estado contratante decidirá entonces si anular o no su requerimiento. Si decidiera no anularlo, los Estados contratantes, informal y directamente, mediante un Acuerdo amistoso o de otro modo, analizarán las posibilidades de alcanzar el objeto del requerimiento, y se consultarán entre sí el modo de lograr tal objetivo.
d) Remitirá la información en el plazo de seis meses desde el acuse de recibo del requerimiento. En determinados casos complejos, ambas autoridades competentes podrán acordar la ampliación del plazo.
7. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán determinar de mutuo acuerdo el modo de remisión de los requerimientos de información.
C. Posibilidad de denegar un requerimiento.
1. No se exigirá al Estado contratante al que se requiere la información que obtenga o proporcione información que el Estado contratante que la requiere no pudiera obtener en virtud de su propia legislación a los efectos de la administración o aplicación de su legislación tributaria.
2. Las disposiciones de este Convenio no impondrán a un Estado contratante la obligación de obtener o proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones se produzcan:
a) con el fin de recabar o prestar asesoramiento jurídico, o
b) a efectos de su utilización en un procedimiento jurídico en curso o previsto.
3. Un Estado contratante podrá denegar un requerimiento de información si el otro Estado contratante la solicita para administrar o hacer cumplir una disposición de su derecho tributario, o cualquier requisito relacionado con ella, que resulte discriminatoria contra un nacional del Estado contratante mencionado en primer lugar en comparación con un nacional del otro Estado contratante en las mismas circunstancias.
D. Requerimientos de notificación.
1. La autoridad competente de un Estado contratante, a petición de la autoridad competente del otro Estado contratante, y de conformidad con las leyes que gobiernan la notificación de tales instrumentos en el Estado contratante mencionado en primer lugar, notificarán, cuando sea posible, las resoluciones y cualquier otro instrumento que emitan las autoridades administrativas del otro Estado contratante que guarden relación con la aplicación de los impuestos de cualquier naturaleza y denominación exigibles por los Estados contratantes.
2. Con la emisión del requerimiento de notificación, y si disponen de tales datos, la autoridad competente de un Estado contratante informará a la autoridad competente del otro Estado contratante del nombre, lugar de domicilio y cualquier otro dato pertinente del destinatario.
3. La autoridad competente de un Estado contratante acusará recibo del requerimiento por escrito a la autoridad competente del otro Estado contratante y le notificará cualquier posible defecto del requerimiento.