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Timestamp: 2020-01-26 03:26:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 2', 'artículo 64', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 103']

Tag: Protección de Datos - DPO & it law
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By administrador No comments yet Agencia Española de Protección de Datos, LOPDGDD, Protección de Datos, RGPD
La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el pasado 25 de mayo de 2018, supuso un gran cambio en relación con la relación entre Responsables y Encargados de Tratamiento; desde entonces todos los sectores han tratado de amoldarse a esta nueva forma de configurar las relaciones mercantiles y comerciales en las que existe un acceso a los datos personales de un Responsable, con mayor o menor éxito y dificultad.
Los distintos mediadores de seguros se encuentran en un lugar bastante ambiguo en este sentido: en efecto, actúan como intermediarios entre los consumidores y las empresas aseguradoras, pero no necesariamente colaboran con estas últimas en exclusiva, pudiendo llegar a tomar decisiones propias sobre los datos personales que tienen en su poder dependiendo de la clase de mediador de que se trate.
Así pues, surge la duda: ¿qué régimen es el aplicable a los distintos mediadores de seguros? ¿Son Responsables o Encargados de Tratamiento?
Para resolver esta cuestión debemos establecer una distinción inicial: agentes de seguros (tanto exclusivos como vinculados a varias entidades), por un lado, y corredores, por otro, que cuentan con un grado de libertad mucho mayor.
AGENTES EXCLUSIVOS Y AGENTES VINCULADOS
La característica principal que tienen ambos es que la cartera de clientes no es suya, sino que es la empresa aseguradora quien se las cede para que puedan llevar a cabo sus funciones. Por tanto, en teoría esta relación entre ambas partes parece implicar dos regímenes posibles: o bien el mediador es Encargado de Tratamiento (cuando la toma de decisiones recae sobre la aseguradora) o bien se trata de una relación de corresponsabilidad.
Debido a que generalmente no son los agentes quienes toman decisiones sobre los tratamientos que se realizan sobre los datos personales (ya que éstos pertenecen a las empresas para las que trabajan, y que son quienes toman dichas decisiones) se ha venido entendiendo que los agentes, tanto exclusivos como vinculados, deben ser considerados Encargados de Tratamiento. Por tanto, su relación con aquéllas requeriría la firma de un contrato que la regule, y que cumpla con los mínimos que establecen los artículos 28 del RGPD y 28 y siguientes de la LOPDGDD.
El hecho de que los agentes vinculados puedan tener carteras de distintas empresas aseguradoras no implica, per se, que tengan la capacidad de tomar decisiones relevantes sobre los datos sin la autorización previa del Responsable de cada uno de ellos, debiendo acatar sus instrucciones.
Esta es la posición, de hecho, que sostiene el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros (artículo 77.1.a)). A este respecto se recuerda que, dado que todavía se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, puede sufrir modificaciones en su redacción final.
Los corredores de seguros tienen un régimen mucho más claro en este sentido. Ya con la “Guía para el Tratamiento de Datos Personales por parte de las Entidades Aseguradoras” que la UNESPA publicó en enero de 2019 se considera a los corredores como Responsables en todo caso. Efectivamente, dado que las carteras de clientes les pertenecen a ellos y, por tanto, son quienes determinan los usos y tratamientos de los datos personales que contienen, deberán ser considerados Responsables, con todas las obligaciones que esto conlleva -principalmente, la de responsabilidad activa o principio de accountability que implica la obligación de implantar las medidas técnicas, jurídicas y organizativas que garanticen el cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD).
Naturalmente, cuando esos datos sean transmitidos a las empresas aseguradoras para finalizar con el proceso de contratación o gestión de las pólizas, se estará llevando a cabo una cesión de datos, lo que llevará ligado el pertinente deber de información al interesado.
De nuevo, el Proyecto de Ley antes mencionado, en su artículo 77.1.b), también prevé que los corredores de seguros reciban esta consideración.
Podemos concluir por tanto que los Agentes de Seguros serán, en todo caso, Encargados del Tratamiento en beneficio de la empresa o empresas aseguradoras a las que pertenezcan los datos de los clientes, por lo que deberán firmarse los pertinentes contratos de Encargado que exige el RGPD. Por su parte, los Corredores de Seguros sí que se configuran como Responsables de los datos que son facilitados por sus Clientes, y no como Encargados de Tratamiento. En este caso será necesario que las empresas que contraten los servicios de un corredor informen al colectivo implicado (normalmente trabajadores) de la existencia de dichas cesiones de datos para que éstos puedan ejercitar en su caso los derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación y portabilidad según lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD.
Jorge Somolinos
Consultor TIC DPO&itlaw
jorgesomolinos@dpotilaw.com
Aunque la distinción entre Responsable y Encargado del tratamiento en materia de protección de datos parezca clara, en la práctica no ocurre así en todos los casos. Uno de dichos ámbitos en donde más debate ha suscitado dicha distinción, ha sido en el sector del transporte y mensajería. En la prestación de estos servicios, el papel de la empresa de transporte respecto de los datos del destinatario del servicio no queda bien definido, pudiendo actuar como Responsable del dato personal del destinatario o como Encargado del tratamiento de sus clientes que utilizan dicho servicio.
Sobre este aspecto se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en varios Informes. En concreto, podemos destacar un Informe del Gabinete Jurídico en el que la consultante, una empresa de transporte de documentos, requiere para prestar sus servicios los datos del cliente, los datos de origen y de destino que deben ser comunicados por los clientes. La consultante entiende que actúa en su propio nombre en la prestación del servicio de transporte, sin embargo, algunos clientes solicitan formalizar un contrato de Encargado del tratamiento para la actividad del transporte.
Según la AEPD, lo esencial es que el Encargado actúa en nombre y por cuenta del Responsable en el tratamiento de los datos, de modo que la ley estipula la ficción jurídica de que, dado que el encargado no decide los fines y medios del tratamiento, la cesión de datos que en realidad se realiza mediante el encargo, no es tal jurídicamente.
En el sector del transporte y mensajería es importante distinguir, por un lado, los datos personales que vayan dentro del sobre transportado, a los cuales el transportista no tiene acceso, y por otra parte los datos personales de remitente y destinatario, que son los imprescindibles para la ejecución del servicio contratado.
Entiende la AEPD que en estos casos no se produce una actuación como Encargado del tratamiento, sino que se incorporan los datos personales recabados para sus propios fines, y es la empresa quien decide la forma de llevar a cabo el servicio de transporte encomendado. En definitiva, no existiría un encargo del tratamiento sino una cesión de datos, ya que los datos transmitidos son incorporados en la base de datos de la entidad receptora (empresa de mensajería) para que esta proceda a su tratamiento para los fines que le son propios hasta su entrega al destinatario.
Por tanto la cesión a una empresa de mensajería de los datos personales mínimos imprescindibles para la remisión del envío postal sería posible aun no mediando consentimiento de los afectados, siempre que la entidad-cesionario los utilice única y exclusivamente para el pleno cumplimiento de sus obligaciones de transporte, remisión y entrega del envío y no para otros fines. En este sentido, la AEPD también considera acertado la posición del intermediario que asumía el ICO Inglés, que concluye que el prestador del servicio postal no sería ni Responsable ni Encargado del tratamiento para los clientes que usen sus servicios, ya que es un mero intermediario, y no decide sobre los fines o medios del tratamiento de los datos personales incluidos dentro del sobre que se le ha confiado.
A pesar de aceptar la posición de intermediario, la AEPD concluye que las empresas de transporte y mensajería no son Encargados del tratamiento, por lo que no requerirán de un contrato de encargo respecto de los datos personales contenidos en el sobre. Sin embargo, sí que serán Responsables del tratamiento de los datos personales que se le ceden (datos del remitente y del destinatario) para hacer llegar el sobre a destino.
Además, la ley parece establecer unas obligaciones específicas en materia de protección de datos al operador postal que no casan bien con la figura del Encargado del tratamiento. En este sentido, la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, establece unas obligaciones respecto del envío, que incluye tanto la confidencialidad de su contenido, en un sentido amplio, como la protección de los datos personales que se han confiado al operador postal para la realización de su labor. Si fuera un verdadero Encargado del tratamiento dichas obligaciones de protección de datos habría que imponérselas al remitente, que sería quien le ha realizado el encargo de transportar el documento al destinatario.
En conclusión, tanto de los principios generales que se derivan de la normativa de protección de datos como de los preceptos propios de la normativa postal, concluye la AEPD que las empresas de transporte y mensajería no serían un Encargado del tratamiento respecto del remitente, sino que son Responsables del tratamiento de los datos personales de remitente y destinatario que se le han confiado para el ejercicio de su tarea. En consecuencia, será recomendable por parte de las empresas usuarios de los servicios de mensajería informar en las correspondientes cláusulas de información con los clientes, proveedores y trabajadores, de la posible existencia de dichas cesiones de sus datos a empresas de mensajería o trasporte, de forma que éstos puedan ejercitar en su caso los derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación y cancelación según lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD ante las correspondientes empresas de mensajería o transporte.
Abogada TIC DPO&itlaw
alinastasache@dpotilaw.com
DPO&IT Law participó en el II Congreso de la Abogacía Madrileña
By administrador No comments yet II Congreso Abogacía Madrileña, Protección de Datos
Fernando Ramos Suárez, socio director de DPO & IT Law, participó como ponente en la mesa redonda donde se trataron las novedades que incorpora el Nuevo Reglamento de Protección de Datos, dentro del II Congreso de la Abogacía Madrileña.
En la mesa de protección de datos para abogados se abordaron las novedades del Reglamento Europeo de Protección de Datos que serán de aplicación a partir de mayo de 2018 y su aplicación práctica al entorno de los despachos de abogados. Los mesa estaba formada por:
Ponente: Fernando Ramos Suárez. Abogado Experto en protección de datos.
Ponente: Antonio Muñoz Marcos. Abogado. Legal Counsel Telefónica Digital (CCDO).
Ponente: Asier Crespo González. Abogado. Legal Director-Spain & Portugal en Microsoft.
Moderadora: Paula Ortiz López. Abogada. Directora Jurídica y de Relaciones Institucionales en Interactive Advertising Bureau Spain.
El evento tuvo una gran afluencia y gran demanda entre el público asistente al Congreso. Así lo atestigua la imagen instantánea tomada por la abogada Paloma Llaneza y colgada en su twitter personal.
El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprueban el 15 de diciembre de 2015 el Reglamento de Protección de datos (actualizada)
By Fernando Ramos No comments yet Protección de Datos, Unión Europea
Entrada actualizada el día 12 de enero de 2016 con los enlaces a los textos aprobados publicados:
del Reglamento de Protección de Datos
de la Propuesta de Directiva para la prevención e investigación de delitos
El 15 de diciembre se ha alcanzado un acuerdo en el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RPD) que inició la Comisión Europea en enero de 2012.
El RPD pondrá fin al mosaico de normas de protección de datos que existe actualmente en la UE.
El Reglamento General de Protección de Datos permitirá a los ciudadanos europeos un mayor control sobre el tratamiento que terceros realicen sobre sus datos personales. Al mismo tiempo, permitirá a las empresas obtener el máximo provecho de las oportunidades del mercado único digital mediante la reducción de la burocracia y mayor confianza del consumidor en el mercado digital.
La nueva normativa permitirá a los ciudadanos europeos:
Un mejor acceso del ciudadano a sus datos personales: las personas tendrán más información sobre cómo se tratan sus datos y esta información debe estar disponible en una forma clara y comprensible;
Derecho a la portabilidad de datos: el ciudadano europeo podrá transferir sus datos personales entre los distintos proveedores de servicios, sin necesidad de volver a introducir sus datos;
Derecho al olvido: Siempre que no existan motivos legítimos para mantener el tratamiento de datos, el ciudadano europeo tendrá el derecho a que sus datos sean borrados;
Derecho a conocer quiebras en las seguridad: Las empresas deberán notificar a la Autoridades Nacionales de Protección de Datos ( en nuestro caso la Agencia Española de Protección de Datos) las quiebras de seguridad que afecten al tratamiento de datos personales.
Por otro lado al unificar las normas europeas permitirá a las empresas:
Un continente, una sola ley: El reglamento establecerá un único conjunto de reglas que supondrá para las empresas que quieran hacer negocios en Europa una mayor sencillez de cumplimiento de dicha normativa.
Una ventanilla única: las empresas sólo tendrán que hacer frente a una Autoridad única de supervisión.
Aplicación de la normativa a las Empresas Extranjeras: las empresas con sede fuera de Europa tendrán que aplicar las mismas reglas cuando ofrezcan servicios en la UE.
Enfoque basado en el riesgo: la normativa permitirán la adecuación de la empresa en función del riesgo en el tratamiento.
Normativa adecuada para la innovación: el reglamento garantizará la integración de la protección de datos en productos y servicios desde las primeras etapas del desarrollo (Protección de Datos por diseño). Se promocionarán las técnicas para anonimizar o disociar el datos personal, para una mayor protección de la privacidad.
La reforma de la protección de datos va a estimular el crecimiento económico mediante la reducción de costes y la burocracia para las empresas europeas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se beneficiarán de:
No serán necesarias las notificaciones a las Autoridades de Supervisión: Las formalidades para las notificaciones a las autoridades de control desaparecen.
Limitaciones al ejercicio de derechos de Acceso infundados o excesivos: cuando las solicitudes de derechos de acceso son manifiestamente infundadas o excesivas, las PYMEs podrán cobrar una cuota por facilitar dicho acceso.
Los Responsables de Protección de Datos: las PYMEs están exentas de la obligación de designar a un Responsable de protección de datos en la medida en que el tratamiento de datos no sea su actividad principal.
Evaluaciones de Impacto: las PYMEs no tendrá obligación de realizar una evaluación del impacto en materia de protección de datos a menos que exista un riesgo elevado para el tratamiento.
En definitiva, existirá una mayor protección de datos para los ciudadanos europeos, ya que todo tratamiento de datos realizado en la Unión Europea deberá respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. Además el cumplimiento de dichos principios estará supervisado por las Autoridades Nacionales de Control de Protección de Datos, así como por los correspondientes órganos judiciales.
Tras el acuerdo político alcanzado por el Parlamento y el Consejo, los textos finales serán adoptados formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo a principios de 2016, existiendo a partir de entonces con un periodo de transición de dos años para el efectivo cumplimiento de la normativa. Durante dicho periodo la Comisión trabajará en estrecha colaboración con las Autoridades nacionales de Protección de Datos de los Estados miembros para garantizar una aplicación uniforme de la nueva normativa en la Unión Europea.
La geolocalización y la normativa de Protección de Datos
By Fernando Ramos No comments yet Geolocalización, Protección de Datos
Hoy en día muchas empresas utilizan los avances tecnológicos para el control de las herramientas de trabajo facilitadas a sus trabajadores. Entre dichas medidas, en la actualidad está en auge el uso de herramientas de geolocalización, de manera que el empresario pueda georeferenciar y conocer la localización, tanto de bienes propiedad de la empresa, como de trabajadores.
El problema jurídico al que nos enfrenamos con el uso de este tipo de herramientas, es que el acceso que se realiza a los datos de geolocalización se considera como un tratamiento de datos de carácter personal, por lo que le será de plena aplicación la aplicación la normativa de protección de datos.
La primera definición de datos de localización viene establecida por la Directiva 2002/58/CE, que en su artículo 2, define los datos de localización como “cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal del usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público”, definición que se recoge igualmente en el artículo 64.b) del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
Dado que los datos de localización se refieren siempre a una persona física identificada o identificable, constituyen un tratamiento de datos personales que no necesitaría consentimiento del trabajador ya que dicho tratamiento se realiza para la gestión de la relación laboral, por tanto no sería necesario solicitar el consentimiento para dicho tratamiento de datos aunque sí sería necesario informarle del mismo conforme el art.5 de la LOPD. En este sentido, se debe poner especial atención por parte del empresario en aquellos casos en los que la geolocalización revele información no concerniente a la actividad laboral, y evitar así la vulneración del derecho fundamental de sus trabajadores en materia de protección de datos,. Sería por tanto de suma importancia realizar un tratamiento de datos conforme al principio de proporcionalidad desarrollado en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), es decir que los mismos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan obtenido.
En relación con el dercho fundamental a la protección de datos en laSentencia 186/2001 del Tribunal Supremo, se establece que ningún derecho fundamental es absoluto “pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél deba de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho”. En dicho sentido, la misma sentencia indica que “…el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales…”. Así mismo, indica que dicha facultad debe producirse, lógicamente, dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador.
El Tribunal Constitucional además ha venido manteniendo que la limitación de los derechos fundamentales del trabajador por parte de las facultades empresariales sólo puede derivarse del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho. Además, indica que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la observancia estricta del principio de proporcionalidad, que no será vulnerado si cumple los siguientes requisitos:
Juicio de necesidad: si es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.
Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Para determinación de la proporcionalidad del tratamiento de los datos de localización de los empleados, debe analizarse caso por caso, valorando las distintas situaciones concretas a las que se enfrenta el empresario para determinar si se justifica el tratamiento. De acuerdo con este principio, se entiende que bajo ningún concepto la empresa debe recoger datos de localización de un empleado fuera de la jornada laboral, debiéndose dotar a los equipos y vehículos susceptibles de georeferenciación, de un sistema que permita la desactivación de la función de su localización para supuestos de uso con fines privados.
Así mismo, hay que tener en cuenta que los datos de localización de los empleados deberán conservarse tanto tiempo como se considere oportuno en función de la finalidad que se haya dado como justificación para dicho tratamiento.
Por último, en relación con las medidas de seguridad aplicables a los datos de localización, al tratarse de datos responsabilidad de operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas, además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, deberá aplicarse la medida de seguridad de nivel alto del artículo 103 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. Es decir, será necesario implantar un registro de accesos a dichos datos, de manera que de cada intento de acceso se guarde, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado y en el caso de que haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.
Como conclusión, podemos indicar que el tratamiento de datos de geolocalización estará justificado siempre y cuando dicho tratamiento sea proporcionado a la finalidad que lo motiva, no obstante lo anterior será necesario analizar caso por caso, para comprobar que no existe una medida menos restrictiva para la consecución del fin que motiva su establecimiento.
El Nuevo Reglamento de Protección de datos y la batalla europea de los lobbies
By Fernando Ramos No comments yet lobbies, Protección de Datos, Unión Europea
La Nueva regulación sobre Protección de datos desarrollada por la Unión Europea, tendrá una aplicación directa sobre las todas las organizaciones europeas y extranjeras con sede en Europa, o aquellas que pese a no tener sede en Europa deseen que sus productos y servicios tengan como destinatario al ciudadano Europeo. Se pretende por tanto lograr una armonización de la normativa de protección de datos tanto en los Países de la Unión como en aquellos países extranjeros que deseen comercializar sus productos y servicios en los estados de la Unión.
Esta nueva normativa de protección de datos, supone para la empresa europea la introducción e implantación de normas internas de gobierno corporativo enfocadas a la gestión de riesgos y el cumplimiento en materia de protección de datos. Conceptos como Accountability, Privacy by design, Privacy by Default and Privacy Impact Asessment implican una reconsideración interna de los procesos empresariales, los cuales deberán incluir aspectos sobre privacidad y protección de datos para un correcto cumplimiento de la Nueva normativa europea.
Aspectos tan novedosos como el delegado de Protección de Datos, la necesidad de realizar consultas previas a la Autoridad de Protección de Datos, las certificaciones orientadas a la privacidad, las notificaciones de violaciones de seguridad, el derecho al olvido, la portabilidad de datos, así como otros cambios sustanciales en el ámbito de aplicación y procedimiento sancionador suponen un verdadero cambio estructural del negocio, que implicará una adecuada preparación y concienciación de la empresa. Aquellos países como España, en donde existe una cultura y conocimiento de la protección de datos gracias a las normas publicadas desde el año 1992 (LORTAD, LOPD, RMS y RLOPD), o Francia y Alemania, en donde también existe una concienciación sobre la privacidad y derecho a la protección de datos, estarán mejor preparados para la absorción de dicha normativa e implantación nacional.
La propuesta del reglamento fue publicada por la Comisión el pasado 25 de enero de 2012. Actualmente la regulación se encuentra en proceso de revisión por el parlamento Europeo y el Consejo, proceso que puede durar hasta el año 2014-2015. Durante dicho proceso se están produciendo distintas aportaciones como por ejemplo la del Eurodiputado Jan Philipp Albrecht que presentó un informe con 350 modificaciones para adoptar medidas más estrictas a las previamente propuestas por la Comisión. También a considerar las enmiendas introducidas por Articulo 29 Working Party que aportan un mayor fortalecimiento de la normativa de protección de datos.
Al otro lado del Atlántico la reacción no se ha hecho esperar. Empresas del sector TIC como Amazon, eBay y American Chamber of Commerce entre otros, están introduciendo a través de lobbies distintas propuestas de modificación de la normativa propuesta. El escándalo ha saltado recientemente por la queja del Europe v Facebook grupe, que denuncia la introducción de dichas enmiendas por los parlamentarios europeos palabra por palabra.
Recientemente diplomáticos Estadounidenses han declarado la propuesta europea como una normativa de colonialismo europeo o guerra de comercio, ya que la misma debe ser cumplida no sólo por las organizaciones europeas sino por cualquier organización no europea que trate datos personales de ciudadanos europeos para la comercialización de productos y servicios.
Lo que sí parece claro es que el proceso de reforma es imparable y en palabras de la Vicepresidenta de la Comisión Viviane Reading, en el segundo congreso anual de Cloud Computing celebrado el pasado 7 de marzo
We want to open new growth opportunities that Europe needs, and at the same time, we want to make data protection an effective right for everybody. ..…… And I hope I can count on your support, too. To deliver what business wants. To deliver what citizens want. And to bring European data protection rules into the digital age.
La Guerra de los lobbies por tanto no ha hecho más que empezar en la tramitación de la nueva normativa de protección de datos, el conflicto de intereses está servido, sólo queda esperar y comprobar quién habrá conseguido incorporar sus enmiendas que o bien dulcifiquen determinadas medidas propuestas como el derecho al olvido, el consentimiento expreso o bien consigan un mayor fortalecimiento de la protección de datos como un derecho fundamental del ciudadano europeo.