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Timestamp: 2020-05-27 06:39:09
Document Index: 223950785

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 31']

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector del transporte. - Okjurídico
Ana Isabel Serrano esteban (15)
Partiendo de esta consideración, según BENÍTEZ ORTÚZAR se puede hablar de DPE como «conjunto de figuras delictivas que giran en torno a la tutela del orden económico del Estado y de las relaciones económicas derivadas de los sistemas de producción, distribución y acceso de los consumidores a bienes y servicios en una sociedad concreta»[3] aunque desde una visión más amplia, entiendo acertada su definición como como «aquella rama del ordenamiento jurídico integrada por delitos que afectan, directa o indirectamente a intereses socioeconómicos supraindividuales», siendo así que parto de una definición amplia de DPE y el delito económico, según SUTHERLAND, como «aquél que se comete por una persona de consideración y elevado status social en el marco de su profesión»[4].
El sistema seguido por nuestro ordenamiento hasta la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio era la aplicación a la persona moral (ya tuviera o no personalidad jurídica) cuyo administrador fuera autor de un determinado delito (y que actuara en su nombre o representación), de una serie de «consecuencias accesorias» recogidas en el art. 129 del CP, además de la responsabilidad directa, conjunta con aquél, frente al abono de la multa impuesta a la persona física (prevista en el art. 31.2 CP; según redacción dada por LO 15/2003).
A través de la LO 7/2012 de 27 de diciembre, se modificó el art. 31 bis del Código Penal para incluir también como responsables penales a partidos políticos y sindicatos, excluidos hasta ese momento superando «la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación»[17], se revisaron los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, se modificó el art. 398 y se introdujo el art. 433 bis.
En el art. 5 del CP se afirma que: «No hay pena sin dolo ni imprudencia» y sienta el principio de culpabilidad; en los arts. 27 a 31 del CP podemos observar diferentes formas de culpabilidad, recogiéndose en el art. 31 la fórmula del «actuar por otro».
De lo anterior cabe afirmar que por administrador debe entenderse a «cualquier persona física o jurídica que ejerza en términos materiales y reales el poder de gestión o de administración de la sociedad, debiendo entenderse que el ejercicio de tales funciones puede ser llevado a cabo de manera directa o por representación, o bien de forma delegada o en virtud de apoderamiento»[25].
Debe afirmarse que la responsabilidad penal es personal y que la misma tiene lugar por la comprobación del hecho propio cometido. Partiendo de este principio irrefutable pueden proyectarse reglas de autoría o coautoría, a todos o algunos de los integrantes del Consejo de Administración, pero sin que ello suponga una «presunción de responsabilidad conjunta» por el mero hecho de pertenecer al mismo[27].
Para evitar lo anterior han surgido los programas de cumplimiento o de organización interna de la empresa, también llamados «corporate compliance», para evitar la comisión de delitos dentro de la sociedad[29] y que pueden dar lugar a la exención o reducción de responsabilidad penal de la misma[30].
El art. 31 bis contempla un catálogo cerrado de delito pues señala: «en los supuestos previstos en este Código». Habrá que acudir a cada uno de los tipos penales para ver si está o no prevista la responsabilidad de la persona jurídica.
Por último y a modo de apunte, el art. 31 quater del CP recoge una serie de atenuantes que tiene como elemento común que son tasadas y que guardan «cierta semajanza» con las reguladas para las personas físicas.
La redacción tasada de estas circunstancias atenuantes no impide que se puedan solapar las mismas, pues con frecuencia la confesión de los hechos será un medio probatorio «nuevo y decisivo»[32].
El elemento temporal juega un papel decisivo pues para que puedan entrar en juego se exige en el caso de la circunstancia a), que tenga lugar «antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella».
– ARMENDÁRIZ LEÓN, C., y BUSTOS RUBIO, M., «La teoría jurídica del delito a través del sistema de casos», Marcial Pons, Valencia, 2017.
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– TORRES ORTIZ DE URBINA, E., «Medidas Cautelares en el orden penal», Centro de Estudios Jurídicos, Secretarios Judiciales, Tomo III, 2003.
«Histórico de legislación. Siglo XXI». Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.1 de diciembre de 2019. Disponible en: https://personasjuridicas.es/siglo-xxi/
[1] ARMENDÁRIZ LEÓN, C., y BUSTOS RUBIO, M., «La teoría jurídica del delito a través del sistema de casos», MARCIAL PONS, Valencia, 2017.
[2] SUTHERLAND, E. H., «White-Collar Criminality», American Sociological Review, Vol. 5, nº 1, 1940, pp. 1-12.
[3] BENÍTEZ ORTÚZAR, I. F., «Derecho Penal Económico. Definición», Instituto de Altos Estudios Universitarios, en https://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/derecho-penal-economico-definicion/, última visita el 25 de noviembre de 2019.
[5] GÓMEZ PAVÓN, P., «El delito de información privilegiada en el mercado de valores», GÓMEZ PAVÓN, P., (Coord.), en Delitos Económicos, Bosch, Madrid, 2019.
[6] CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., «Presentación», en Derecho Penal Económico, Cuadernos de Derecho Judicial, 2003, pág. 17.
[8] SÁNCHEZ NUÑEZ, T., «Investigación económica y medidas cautelares en relación con la instrucción de estos delitos», Cuadernos de Derecho Judicial, 2006, págs. 321 y ss.
[9] MAZA MARTÍN, J. M., «Las medidas cautelares penales en los procedimientos seguidos contra la propiedad intelectual», en Centros de Estudios Jurídicos, Secretarios Judiciales, 2003, Tomo III, pág. 745; LLAVENCE CONDE, P., «Nuevas tendencias en el Proceso Penal en materia de aseguramiento cautelar», Centro de Estudios Jurídicos Secretarios Judiciales, Tomo II, 2003, págs. 185 a 214; TORRES ORTIZ DE URBINA, E., «Medidas Cautelares en el orden penal», Centro de Estudios Jurídicos, Secretarios Judiciales, Tomo III, 2003, pág. 129; DÍEZ MARTÍNEZ, M. «Nuevo régimen jurídico de las medidas cautelares civiles en el proceso penal», Diario La Ley nº 6059, año XXV, 12 de julio de 2004, ref. D-159; CHOCLÁN MONTALVO, J. A., Protección Penal del sistema financiero, disponible en https://www.datadiar.com/actual/novedades_05/penal/blanqueo/d_oct_03.html, última visita el 26 de noviembre de 2019, entre otros.
[10] PRADEL, J., «El Derecho Penal Internacional», en Derecho Penal Económico, Cuadernos de Derecho Judicial, 2003, págs. 25 y ss.
[11] CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., «Presentación», ob. cit., pág. 18.
[12] GÓMEZ MARTÍN, V., «Artículo 31 bis del CP», en CORCOY BIDASOLO, M., y MIR PUIG, S., (Dirs.), Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 129.
[13] RODRÍGUEZ RAMOS, L, «Artículo 31 bis del CP», en RODRÍGUEZ RAMOS, L., y MARTÍNEZ GUERRA A., Código Penal Concordado y Comentado, La Ley, Madrid, 2011, pág. 311 y ss.
[15] GÓMEZ MARTÍN, V., «Artículo 31 bis del…», ob. cit., pág. 131.
[18] «Histórico de legislación. Siglo XXI». Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.1 de diciembre de 2019. Disponible en: https://personasjuridicas.es/siglo-xxi/
[19] AYALA GONZÁLEZ, A., «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: interpretaciones cruzadas en las altas esferas», en Indret Revista para el análisis del derecho, 1/2019.
[20] QUERALT JIMÉNEZ, J. J., «La corrupción en los negocios: algunas consideraciones penales», en Derecho Penal Económico, Cuadernos de Derecho Judicial, 2003, pág.79.
[22] Entendiéndose por tal según MIR PUIG, S., y GÓMEZ MARTÍN, V., «quien realiza funciones de administración en una en una sociedad en virtud de un título jurídicamente válido», en «Artículo 30 del CP», en CORDOY BIDASOLO, M., y MIR PUIG, S., (Dirs.) Comentarios al Código Penal. Reforma LO1/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 126.
[24] MORALES PRATS, F., «Delitos Societarios», en QUINTERO OLIVARES, G., (Dir.), y MORALES PRATS, F., (Coord.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Aranzadi, Madrid, 2011, pág. 961.
[25] MORALES PRATS, F., «Delitos Societarios», en …ob. cit., pág. 962.
[27] MORALES PRATS, F., «Delitos Societarios», en …ob. cit., pág. 962.
[30] MIR PUIG, S., y GÓMEZ MARTÍN, V., «Artículo 31 bis del CP»…ob. cit., pág. 134.
[31] MIR PUIG, S., y GÓMEZ MARTÍN, V., «Artículo 31 bis del CP»…ob. cit., pág. 135.