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Timestamp: 2019-12-07 14:24:23
Document Index: 165630322

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 63', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 37', 'artículo 63', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 437', 'artículo 439', 'artículo 59']

Registro Oficial No.854- Martes 04 de Octubre de 2016 Segundo Suplemento
Última modificación: Martes, 06 de junio de 2017 | 17:08
Martes, 4 de Octubre de 2016 (R. O. 2SP 854, 4-octubre-2016)
287-16-SEP-CC
Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por Blanca Margarita Elvia Carvajal Figueroa
292-16-SEP-CC
Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por la señorita Yessenia Paola Iza Pilataxi
Quito, D. M., 31 de agosto de 2016
SENTENCIA N.º 287-16-SEP-CC
CASO N.º 0578-14-EP
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADO
Blanca Margarita Elvia Carvajal Figueroa, por sus propios derechos, presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 26 de febrero de 2014, por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, dentro de la acción de protección N.º 0155-2014.
El 4 de abril de 2014, la Secretaría General de la Corte Constitucional de conformidad con el inciso segundo del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó que en relación a la presente acción no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Marcelo Jaramillo Villa y Manuel Viteri Olvera, mediante auto dictado el 10 de junio de 2014, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0578-14-EP.
En virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria del 9 de julio de 2014, correspondió la sustanciación de la causa al juez constitucional Patricio Pazmiño Freire. Así, mediante memorando N.º 319-CCE-SG-SUS-2014 del 9 de julio de 2014, el secretario general de la Corte Constitucional remitió la causa N.º 0578-14-EP al despacho del juez sustanciador.
Mediante providencia dictada el 2 de marzo de 2016, el juez constitucional Patricio Pazmiño Freire, avocó conocimiento de la presente causa y en lo principal, dispuso que se notifique con el contenido de la demanda y providencia a los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que en el término de cinco días presenten un informe debidamente motivado respecto a los hechos y argumentos expuestos en la demanda, al director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al procurador general del Estado y a la legitimada activa en la casilla constitucional señalada.
Mediante Resolución N.º 004-2016-CCE adoptada por el Pleno del Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura Reascos como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en conocimiento del juez constitucional Patricio Pazmiño Freire, pasen a conocimiento de la jueza constitucional.
La jueza sustanciadora en providencia dictada el 13 de julio de 2016, avocó conocimiento de la acción extraordinaria de protección ydispuso las notificaciones respectivas.
La decisión judicial que se impugna es la sentencia dictada el 26 de febrero de 2014 a las 08:38, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, dentro de la acción de protección N.º 2014-0155, que en lo principal, determinó:
Juicio No. 2014-0155
JUEZ PONENTE: DR. WILSON LEMA LEMA, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. Quito, miércoles 26 de febrero del 2014, las 08h38. VISTOS: (?) 7.3. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIONANTE.- La legitimada activa manifiesta que los actos presuntamente violatorios de derechos constitucionales han sido efectuados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de sendos acuerdos emitidos por la Comisión de Prestaciones y la Comisión Nacional de Apelaciones, en los años 2001 y 2002, respectivamente, quienes al declarar como indebidas 139 aportaciones de la accionante (desde octubre de 1989 hasta abril del 2001), habrían incumplido su propia normativa, esto es el Instructivo para la Aplicación de la Resolución 707, lo cual implicaría negar el derecho humano de acceder a la jubilación universal. Al respecto, este Tribunal razona que una cuestión es la violación o vulneración de derechos constitucionales fundamentales como la vida, la libertad, la salud, etc., y otra muy distinta es la inobservancia, la inaplicación o incumplimiento de las disposiciones de normas infra constitucionales que podrían afectar eventualmente derechos no fundamentales como pueden ser los patrimoniales, en ciertas ocasiones. Para que un acto de autoridad pública no judicial sea susceptible de acción de protección debe comprometer derechos constitucionales o derechos contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y no únicamente la vulneración de disposiciones contenidas en normativa de carácter legal o reglamentario, o como el caso, tratarse de resoluciones administrativas que declaran como indebidas 139 aportaciones realizadas por la accionante en el período comprendido entre octubre de 1989 y abril de 2001, no afectando con ello ningún derecho constitucional. De ahí que, en cada caso corresponde al juzgador hacer la distinción entre cuestiones de mera legalidad de las violaciones de derechos constitucionales. Por ello, se debe diferenciar la jubilación que otorga la seguridad social de la jubilación universal. La primera está contemplada en la Ley de Seguridad Social del Ecuador, donde a partir del Art. 184, se establecen las clases de jubilación y sus requisitos, siendo éstas: Jubilación ordinaria de vejez, Jubilación por invalidez; y, Jubilación por edad avanzada. En cambio, la jubilación universal está establecida como un derecho para las personas mayores (?) sin embargo, la misma Carta Suprema, en su Disposición Transitoria Vigésimo Quinta determina que ésta, ?la jubilación universal para los adultos mayores se aplicará de modo progresivo.? Lo que implica que para que el Estado implemente este derecho debe establecer las correspondientes políticas públicas, conforme así lo dispone expresamente el Art. 38 ibídem. De manera que la emisión de los acuerdos dictados por la Comisión de Prestaciones y la Comisión Nacional de Apelaciones del IESS, en los años 2001 y 2002, respectivamente, donde se declaran como indebidas las referidas aportaciones efectuadas por la accionante Blanca Margarita Carvajal Figueroa, en sí no constituyen actos violatorios de derechos constitucionales, ya que una cosa es la declaratoria administrativa respecto de las aportaciones indebidas, y otra, muy distinta, el privar el derecho a la jubilación universal, como se manifestó, es un derecho establecido por el Estado para los adultos mayores, pero que por propio mandato constitucional éste se irá implementando a través del establecimiento de las políticas públicas correspondientes. Finalmente, en observancia de lo que determina la misma Constitución dice respecto a la seguridad jurídica, se aprecia que el IESS, ha aplicado la normativa legal y reglamentaria que rige a esta entidad en la toma de decisiones, por lo cual no se podría considerar que se ha violado la seguridad jurídica de la accionante. Todo lo cual nos lleva a una conclusión lógica, cual es, que se trata de un asunto administrativo de mera legalidad, determinado en la Ley de Seguridad Social y Reglamento respectivo, más no de vulneración de derechos constitucionales (?) OCTAVO.- CONCLUSIONES: Con sujeción a lo establecido en el Art. 76.7.l., de la Constitución, se establece: 8.1. Que, según la legitimada activa los efectos derivados de la emisión de los acuerdos que declaran como indebidas 139 aportaciones de la accionante constituyen actos violatorios del derecho a la jubilación universal y seguridad jurídica por parte del IESS. 8.2. Que, de la revisión y análisis del proceso, de la valoración de los documentos probatorios presentados en la debida oportunidad procesal por la accionante, a la luz de la Constitución, la jurisprudencia y la ley, se deduce que los hechos puntualizados por la legitimada activa no son violatorios de los derechos constitucionales de jubilación universal y seguridad jurídica. 8.3. Que, los actos constantes en los acuerdos de la Comisión de Prestaciones y de la Comisión Nacional de Apelaciones del IESS, en los años 2001 y 2002, respectivamente, recaen en el campo de la mera legalidad que podían y debían ser ventilados en la vía ordinaria (?) ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, considerando que no se ha verificado la vulneración de derechos constitucionales, DESECHA el recurso de apelación interpuesto por la accionante Blanca Margarita Elvia Carvajal [?].
Antecedentes del caso concreto
El 26 de noviembre de 2013, la señora Blanca Margarita Elvia Carvajal, presenta acción de protección en contra del director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del procurador general del Estado, alegando que en el año 2001, la Comisión de Prestaciones mediante Acuerdo N.º 3001202-CL-3493 del 3 de octubre de 2001, declaró como indebidas las aportaciones que realizó en calidad de afiliada voluntaria, fundamentándose en que no canceló sus aportaciones por seis meses, concluyendo que perdió su calidad de afiliada, lo cual fue ratificado por la Comisión Nacional de Apelaciones el 5 de noviembre de 2002.
Esta acción correspondió ser conocida por el juez segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón Quito, el cual mediante sentencia dictada el 27 de diciembre del 2013, resolvió rechazar la acción alegando que la controversia debió haberse presentado ante la vía ordinaria.
La accionante presentó recurso de apelación, el cual correspondió ser conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la misma que en sentencia dictada el 26 de febrero de 2014, resolvió desechar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la sentencia venida en grado.
La accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección, en lo principal, manifiesta que:
Los jueces que dictaron la decisión judicial impugnada no valoraron que son diez años de aportaciones las que fueron declaradas de manera extemporánea como indebidas, puesto que determinan que se inobservó lo dispuesto en el instructivo para la aplicación de la Resolución N.º 707 emitida por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
No obstante, precisa que los jueces no consideraron que el personal del IESS, a través de su sistema informático, no se percató de la omisión en que incurrió supuestamente, y que en tal virtud, como pretendían que en calidad de afi liada, ella se percate, lo cual a su criterio generó que siga aportando al IESS durante diez años, período en el cual determina que realizó 139 imposiciones mensuales, por lo que durante este tiempo incluso recibió atención médica.
Todo lo señalado establece la accionante, no fue observado por los jueces, vulnerando por tanto, su derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, mucho más, cuando en la sentencia en la parte relacionada con el ?análisis del tribunal?, los jueces arribaron a la conclusión de que el tema debatido se trataba de un tema de legalidad sin haber observado de forma integral el caso concreto. Adicionalmente precisa que:
Respecto al considerando ?análisis de los fundamentos del accionante? distingue que una cosa es la violación de derechos fundamentales y otra muy distinta es la inobservancia, inaplicación o incumplimiento de las disposiciones de normas constitucionales que podrían afectar eventualmente derechos no fundamentales. Este argumento es totalmente aislado, toda vez que no aplica para mi caso, por cuanto, mi demanda se refiere al hecho de endosarme indebidamente la responsabilidad de una norma institucional que debió ser observada por los funcionarios del IESS y cómo arbitraria y extemporáneamente ?luego de habérseme reconocido legítimamente por más de 10 años mi afiliación?, resuelve declarar como ?indebidas? mis aportaciones, dejando insubsistente mi afiliación y con ello mi derecho de acceder a la seguridad social mediante la prestación de la jubilación por vejez.
Por consiguiente determina, que la inobservancia de la institución genera que se le endose una responsabilidad, luego de haberse reconocido por más de diez años su calidad de afi liada, lo cual genera la vulneración a sus derechos, como el dejarle sin acceso al seguro social y concretamente a la jubilación que en su situación resultan vitales.
Por lo expuesto, alega que la Sala vulnera sus derechos constitucionales, por cuanto señala que su caso se trata devulneraciones a disposiciones legales, efectuando además una distinción entre la jubilación que otorga la Ley de Seguridad Social y la jubilación prevista en la Constitución, calificando a ésta última como de carácter regresivo, lo cual alega que es una contradicción ya que, si por un lado se determina que en su caso no hay vulneración de derechos, porqué la Sala se ve en la necesidad de aclarar que la jubilación universal es un derecho de carácter progresivo
En base a los hechos citados, la accionante identifica como derechos constitucionales vulnerados el debido proceso en la garantía de la motivación, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica garantizados en los artículos 76 numeral 7 literal l, 75 y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.
La pretensión concreta de la accionante respecto de la reparación de los derechos vulnerados es la siguiente:
En virtud de los argumentos de hecho y de derecho que he expuesto, toda vez que la falta de motivación o la motivación inadecuada en la resolución que impugno vulneran mis derechos, a la defensa, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. En virtud, del estado de indefensión, por mi doble condición de vulnerabilidad, en el que me dejaría esta resolución carente de fundamentos, solicito a ustedes señores Jueces Constitucionales que, conforme lo previsto en el artículo 63 de la LOGJCC, a través de resolución:
Se deje sin efecto la sentencia que pronunciara la Sala de lo Penal de la Corte Provincial Pichincha el 26 de febrero de 2014 dentro de la causa 0155-2014.
Se disponga a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que nuevamente sortee el recurso de apelación que interpuse para que otra Sala se encargue de sustanciar y resolver el mismo.
Jueces de la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
Doctores Wilson Lema Lema, Carlos Pazos Medina y Narcisa Pacheco Cabrera en calidad de jueces de la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, comparecen a foja 73 del expediente constitucional a fin de dar contestación a la demanda y en lo principal, señalan que:
La Constitución de la República en su artículo 76 contempla las garantías básicas del derecho al debido proceso, entre ellas, el derecho a la defensa, donde se destaca el derecho a recurrir o de impugnación (76 numeral 7 literal m), conocido como doble conforme, el cual consiste en la facultad que tienen las partes o sujetos procesales de impugnar, a través de los recursos establecidos en la ley,las resoluciones o sentencias que las consideran injustas, ilegales o erróneas, para que el órgano superior las revise o confirme, revoque o reforme, según sea el caso, para lo cual precisan que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional estableció al recurso de apelación.
Determinan que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales citadas y señaladas en el numeral 7.1 de la mencionada sentencia, en el marco constitucional y legal, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resolvió en mérito de lo actuado en el expediente y de forma debidamente motivada.
Establecen que el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República reconoce el derecho a la motivación, y que el Tribunal Ad quem, en observancia estricta de esta garantía, motivó la sentencia enunciando las normas y principios jurídicos en los que se fundamentaba y explicando la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.
Por lo expuesto, aducen que en la acción extraordinaria de protección planteada se alega la falta de motivación de la sentencia, sin embargo, de la lectura de la misma se puede apreciar con claridad meridiana que ésta se encuentra debidamente motivada, con la explicación de las razones jurídicas para llegar a la decisión adoptada, conforme lo determinado por la Corte Constitucional en la sentencia N.º 227-12-SEP-CC dictada dentro del caso N.º 1212-11-EP.
Concluyen por lo tanto, que su sentencia ha observado el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, así como los derechos a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.
Doctor Cristian David Hidalgo Orozco, por los derechos que representa en calidad de procurador general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como procurador judicial de la ingeniera Sandra Paulina Paz Ojeda, directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en escrito presentado el 18 de julio del 2016, en lo principal, señala:
Que en relación a la providencia del 13 de julio de 2016, solicita se tome en cuenta, al momento de resolver, lo manifestado por el IESS en la audiencia pública llevada a cabo el 14 de marzo de 2016 a las 11:00, así como también el contenido del escrito presentado el 24 de marzo del 2016, y sus anexos, con lo que se demuestra que los instructivos y resoluciones emitidos por la Dirección General y el Consejo Consultivo del IESS, respectivamente, que regulan la afiliación voluntaria no han sido declarados inconstitucionales y por lo tanto en su aplicación no se ha violado los derechos de la accionante.
Determina que es preciso señalar que la señora Blanca Carvajal continuó pagando la afiliación voluntaria a pesar de que sabía que había perdido tal calidad por haber dejado de pagar más de seis meses consecutivos y así lo evidenció cuando presentó la solicitud de jubilación provisional señalando como fecha de ingreso después de los seis meses que dejó de pagar los aportes voluntarios, por lo que es infundado que reclame el derecho a la jubilación.
Por lo expuesto, solicita se rechace la acción extraordinaria de protección.
Conforme la razón sentada por la actuaria del despacho, el 14 de marzo de 2016, se llevó a cabo la audiencia pública convocada mediante providencia dictada el 2 de marzo de 2016, contando con la actuación del doctor Edwin de la Vega Echeverría, en representación de la accionante; Monserrath Oleas Carrillo como delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin contar con la presencia de los legitimados pasivos ni del procurador general del Estado pese a estar debidamente notificados.
En igual sentido, el Pleno del Organismo dispuso la celebración de audiencia pública, razón por la cual el 18 de agosto de 2016 se llevó a cabo la referida audiencia ante el Pleno del Organismo, a la que asistieron la legitimada activa, Blanca Margarita Carvajal Figueroa, en compañía de la abogada Nina Guerrero, y la abogada Monserrath Oleas, en representación del director general del IESS.
La legitimada activa, Blanca Margarita Carvajal Figueroa, en lo principal, señala: Que le hagan la caridad de ayudarle, ya que desde el año 1990 ha reclamado su jubilación a la que tenía derecho.
Que el señor César Molina le dijo que tenía el derecho de jubilarse porque tenía pagado en demasía, razón por la cual, de inmediato se dirigió hacer el trámite para su jubilación (?) que estaba haciendo la jubilación, le dieron el carnet, el boletin; que cuando iba a recibir la cesantía le quitaron el boletín y se le acabó la jubilación y ha reclamado a varias instituciones y le han dicho que es indebida por no haber pagado 6 meses y que ha pagado de golpe 6 meses; al ser así, por qué le recibieron?, por qué le dijeron que siga pagando? El señor de la ventanilla 17 del Seguro, Ernesto, le dijo: señora vaya a trabajar; a la edad que tuvo fue a buscar nuevamente el número patronal, a pesar de haber sido jubilada y se iba haciendo lo posible a Conocoto a limpiar fierros porque le veían llorar, que no podía perder la jubilación; iba a cuidar niños, cogía el carro y se iba a Conocoto y regresaba a la noche; le hicieron pagar últimamente 8 meses, todo eso ha hecho y ha soportado lo que le ha hecho el Seguro y le siguen diciendo que es indebida; entonces, por qué le recibieron, por qué le siguieron haciendo pagar?; tiene el derecho porque tiene 86 años, va para 87 años y ha sufrido; madre de familia de 9 hijos y ha trabajado para tener su propio sustento, de lo cual no recibió nada del Seguro, anda desesperada, buscando que le hagan justicia. Por andar en estos trámites se cayó del bus y anda postrada con su rodilla.
La abogada Nina Guerrero, a nombre de la legitimada activa en lo principal, manifiesta:
Que agradece el tiempo que se le ha otorgado a su representada, la señora Blanca Carvajal, para que puedan escuchar de su propia voz el padecimiento que esta señora ha tenido que sufrir durante varios años por una vulneración a su derecho humano indispensable en su edad avanzada, que es el derecho a la jubilación, que ha sido inobservado por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Específicamente, el reclamo que realiza la señora Blanca, es que en el año de 1989 a partir del mes de octubre hasta abril de 1990, siendo afiliada voluntaria, no canceló consecutivamente sus aportaciones, sin embargo, en mayo de 1990 canceló de manera reunida o acumulada esas aportaciones, nunca se le indicó que conforme a una normativa interna que tenía el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esas afiliaciones podían ser calificadas de afiliación indebida, por el contrario, se le siguió receptando su afiliación y la recaudación correspondiente por una década más, hasta el año 2001, fecha en la cual ella solicitó acogerse, por su edad avanzada, a la jubilación, un derecho que la Constitución consagra en concordancia con otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Ha pretendido hacer valer este derecho, lamentablemente mediante acuerdos de la Comisión de Prestaciones N.º 3001-202-CL-3493 de octubre de 2001 y N.° 2002-2271 de septiembre de 2002 se le hace conocer a esa fecha, de manera extemporánea, que esas afiliaciones que no fueron canceladas de manera mensual del año 89 y 90; 6 meses han sido calificadas de indebidas hasta el año 2001, por lo que se le indica que no reunía los requisitos para acogerse a este derecho fundamental de la jubilación. La acción extraordinaria presentada ante la Corte Constitucional, es en contra de la sentencia emitida por la Corte Provincial de Pichincha, por la Sala de lo Penal, ya que se presentó la acción de protección para hacer prevalecer este derecho y fue negado, se apeló y lamentablemente en esa apelación, los jueces de la Corte realizan una interpretación sui géneris para este caso con respecto del derecho de jubilación; por un lado, presentan una dicotomía de este derecho indicando que la jubilación universal que contiene la Constitución, es casi una utopía, ya que dicen que es el Estado Ecuatoriano quien deberá garantizar progresivamente a través de políticas públicas y que por tanto no se considera un derecho que se le pueda reconocer a la señora Blanca; y, por otra parte que el derecho de la jubilación que contempla la Ley de Seguridad es un derecho infra constitucional, es decir, divide un derecho humano garantizado no solamente en nuestra Constitución en el artículo 37, numeral 3, como un derecho universal; obviamente en la Constitución no desarrolla cada derecho y cada particularidad como es jubilación por vejez, por incapacidad, entre otras, como se desarrolla en la Ley de Seguridad Social. La Constitución contempla un derecho de manera general, humano, garantizado en Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para todo ser humano, así como en los Convenios de la OIT 102 y 118 como un derecho fundamental; adicionalmente, pese a que ya se conoce y obra de todo el expediente en esta Corte y se ha hecho conocer en anteriores audiencias que han sido convocadas, el sistema de seguridad social consiste en un conjunto de normas, principios e instrumentos destinados a proteger a las personas en un momento en que surgen estados de vulnerabilidad que le impiden satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes, necesidades básicas a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; en el caso de la señora Blanca, ella tiene un estado de vulnerabilidad, y hay que mirarlo desde un enfoque interseccional, su condición de mujer, su condición de adulta mayor, su condición de trabajadora; el IESS tenía la obligación de notificarle a ella que había perdido la calidad de afiliada voluntaria en el año 90, cuando se acercó a hacer el pago de las demás afiliaciones y no más bien maliciosamente continuar receptando hasta el año 2001, para después, por el pasar del tiempo, adquiere un derecho y como dice la Constitución, estos derechos son irrenunciables.
La abogada Monserrath Oleas, en representación del director general del IESS, en lo principal, manifiesta:
Efectivamente la señora Blanca Carvajal entró a aportar voluntariamente para obtener su jubilación, pero ingresó en septiembre de 1989 a aportar y dejó de aportar 7 meses, es así que se acerca en mayo a aportar lo que le falta, pero incurrió en lo que se encuentra señalado en el Instructivo CI-707 emitido por la Dirección General, en el tiempo en que estaba vigente la resolución del Consejo Directivo N.º 707 igual, en donde regulan cómo deben ser los pagos de la afiliación voluntaria, del cual procede a dar lectura. Agrega que la señora no ingresó al régimen obligatorio, pero dejó de pagar los 6 meses; la señora dice que el IESS le siguió receptando, efectivamente el IESS no tiene un solo centro de recaudación, tiene SERVIPAGOS, diferentes instituciones financieras y no es que cada mes se valida los aportes para conceder prestaciones, sino cuando se solicita la prestación, es por eso que el IESS cuando la señora se acerca a pedir su jubilación, se da cuenta de que no pagó 6 meses y perdió la calidad de afiliada voluntaria; también se dice que nunca nadie le indicó la normativa, y entre los documentos que se encuentran agregados al proceso, está un Manual que es distribuido a todos los afiliados y a todos los empleadores, donde se explica claramente estas normas para que no exista desconocimiento, pero en todo caso, en el proceso está comprobado de que la señora sí conocía de esto, es por eso que en el año de 1998 se acerca al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a presentar su solicitud de jubilación provisional, ahí como se dio cuenta de que dejó de pagar 6 meses y había perdido la calidad, pone como ingreso la filiación voluntaria el 3 de mayo de 1990, ignorando el tiempo que ingresó anteriormente y los que dejó de pagar; ante esa circunstancia, al IESS, mediante sus servidores, no le queda más que acatar la Ley, y así lo hizo, se aplicó y es por eso que la Comisión de Prestaciones y la Comisión Nacional de Apelaciones, lamentablemente le niegan la jubilación por vejez; también dicen que hay el derecho a la jubilación universal, y efectivamente hay un derecho, pero hay que cumplir requisitos que la accionante lamentablemente no ha cumplido y que dado su estado actual es lamentable, pero no cumplió los requisitos que se dieron en la época de 1989 y 1990. En el proceso también consta, porque así nos pidió la Corte Constitucional que agreguen todos los pagos indebidos, y se agregó de Pichincha todos los pagos indebidos por falta de aportación por 6 meses y se llegó que solo en Pichincha llega el monto de 25.000 pagos indebidos, que corresponde más o menos a 1500 personas, y a todas esas personas, si es que se le concede la jubilación, también tendrían derecho a sus prestaciones, pero como en ese tiempo se cumplió la norma, están declaradas indebidas y no se puede hacer más nada porque así estaba estipulado en ese tiempo. La señora tiene un estado de vulnerabilidad, pero hay que tomar en cuenta que todas las personas afi liadas que requieren estas prestaciones están en este estado, porque ya son muy ancianas y corresponden a la tercera edad; en todo caso la señora ha presentado una demanda contencioso administrativa que ha sido negada, ha presentado otra acción de protección y se le consideró desestimada y en este momento está presentado esta acción una vez que se le ha negado en las dos instancias; el IESS cubre a todos los afiliados, pero lamentablemente tienen que cumplir requisitos, los mismos que le permiten solventar, porque necesita fondos para cubrir las prestaciones, lo que en este caso no ha sido posible, y en todo caso se le ha devuelto todas las aportaciones que han sido declaradas indebidas; por lo expuesto solicita que no se dé trámite a la acción porque no cumple los requisitos.
En la réplica, la abogada Nina Guerrero, expresa:
Que la parte accionada dice, que ha conocido que la señora Blanca perdió la calidad de afiliada voluntaria cuando se acercó a hacer el uso de su prestación de jubilación; que todos los afiliados conocen, porque se distribuye un Manuel del Obligaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como la misma representante de la parte accionada ha indicado, existen varios puntos de recaudación, no se puede entender y no se puede asumir que una responsabilidad, que lógicamente es conocida por la autoridad que emite tal reglamento o tal norma, deba ser o pueda ser accesible o conocida ya de facto por todos sus afiliados; en este caso, la señora Blanca se acercó a seguir cancelando sus aportaciones voluntarias hasta el año 2001; una década después, en esa década hizo uso de otras prestaciones como es el de salud y jamás se le indicó si el IESS tiene la obligación de revisar sus procedimientos, sus trámites, incluso para otro tipo de prestaciones, debían haberle notificado de alguna manera que perdió su calidad de afiliada voluntaria, sin embargo no se lo hizo, y por ese transcurso de tiempo adquirió un derecho, su derecho a la jubilación como trabajadora voluntaria. También se ha dicho que en ese tiempo se cumplió la norma que estaba estipulada en un instructivo 707. Señores jueces, conocen que los derechos están por sobre las normas; a partir del año 2008, entramos en un estado constitucional de derechos, donde ninguna norma puede contraponerse a un derecho humano y fundamental y en este caso el derecho de jubilación de la señora Blanca; se ha dicho que ingresó una fecha de petición en el cual indica como fecha de inicio de afiliación voluntaria el 3 de mayo de 1990. Ustedes pudieron escuchar de la boca de mi representada, en su propia voz, que servidores del mismo IESS, para que ella pueda acceder a este seguro, le mal informan y le indican todo lo que supuestamente tenía que hacer, inclusive buscar una afiliación en relación de dependencia ya para su edad avanzada en el año del 2001, todo eso demuestra cómo se ha violentado y se ha vulnerado su derecho de jubilación y a través de la sentencia de la Corte Provincial que desconoce este derecho humano. ¿Y qué preocupa a la institución del Estado; que de reconocerse se estaría beneficiando a 1500 personas?, la preocupación más grande aquí no es por parte de la accionada si se perjudica o no el derecho de su representada, sino intereses económicos, porque se estaría reconociendo el derecho a otras personas que también deben haber sido afectadas por esta omisión de la entidad pública.
La abogada Monserrath Oleas, en representación del director general del IESS, agrega:
Que la parte accionante dice que ha recibido prestaciones de salud y efectivamente las prestaciones de salud no hay como negarlas y realmente para cubrir lo que se hace es que se verifica los últimos meses, no se obtiene toda la historia laboral para atender y cuando ya se le ha atendido, posteriormente, obviamente; pero como lo explica solo cuando se pide la jubilación es que se recaba todas las aportaciones a nivel nacional. Hay muchas personas que cambian de provincia, en ese tiempo había aportaciones del extranjero, entonces ahí es cuando se consolida todo y se puede verificar y conceder o no la jubilación, y es lo que sucedió aquí, no es que cada vez y cuando se iba a hacer atender en el hospital verificaba toda la historia laboral; si bien al IESS le preocupa los afiliados, también tiene que preocuparse de solventar a todos los afiliados y efectivamente la jubilación desde el 2001 hasta la presente fecha significa un fuerte egreso económico y de las 1500 de Pichincha, recuperarían ese tiempo que fue normado precisamente una vez hecho estudios actuariales y por eso es que se les limitó; entonces no es que solo se preocupa de la cuestión económica para otorgar las prestaciones, es que el IESS tiene que servir a todos los afiliados y por eso pone reglas, normas, requisitos que deben ser lamentablemente cumplidos porque si no, no funcionaría el sistema de seguridad social; por eso solicita se rechace la presente acción extraordinaria de protección.
La jueza Marien Segura Reascos realiza las siguientes preguntas a la accionante
Durante los años que aportó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cuántos años aportó?
La legitimada activa, Blanca Margarita Carvajal Figueroa, responde que unos 20 años de aportación, por eso le dijeron que ha pagado demás, el señor César Molina, quien le dijo que ya no debe pagar y que tenía el derecho de jubilarse (?).
¿Por qué razones dejó de aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el periodo comprendido en octubre de 1989 a abril 1990?
La legitimada activa responde que se había descuidado, pero fue a pagar los 6 meses, pero le dijeron que debe seguir pagado. ¿Por qué le recibieron? es su pregunta, (?), le hicieron trabajar como demuestra que tiene un número patronal de una señora que hizo la caridad de darle, porque el señor Néstor Vergara del módulo 17 le dijo vaya a pagar y tuvo que pagar mensualmente.
3. Durante los 10 años que siguió aportando, ¿alguna vez el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le advirtió respecto de las aportaciones indebidas que se encontraba realizando, le notificaron, le dijeron algo?
La legitimada activa responde que no, nunca le han notificado, lo que estaba es pendiente en los archivos pidiendo de caridad que le ayuden para que saquen todos sus papeles.
4. Posteriormente a los aportes que efectúa en los años 2011 a 2012, ¿presentó alguna solicitud al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?
La legitimada activa responde que no, que nunca ha pedido.
5. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 2002, al declarar como indebidas sus aportaciones, dispuso que se le devuelvan los valores declarados como indebidos, es decir, las aportaciones que declaró improcedentes; ¿estos valores le fueron devueltos y cuánto se le devolvió?
La legitimada activa responde que nunca jamás ha cogido un solo centavo.
6. Es decir, ¿no le devolvieron los valores que le declararon como indebidas las aportaciones?
La legitimada activa responde que nunca jamás.
La jueza Marien Segura Reascos realiza las siguientes preguntas a la delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:
1. El IESS, alguna vez durante los 10 años en los que la accionante aportó indebidamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿le advirtió sobre la presencia de aportaciones indebidas a la accionante? Cuando ella mencionó que en el transcurso de las aportaciones indebidas accedió a servicios médicos como salud, ¿alguien le dijo que ya no podía acceder a eso porque presuntamente sus aportaciones de ahí en adelante eran indebidas y ya no tenía derecho, por ende la jubilación y los otros servicios que prestaba el IESS?
La abogada del IESS responde que obviamente esto es hace muchos años y en el expediente no va a constar una cuestión de este tipo, pero de su experiencia, cuando fue a afiliar a alguien voluntariamente, le notificaron y dijeron que no podía dejar de pagar los 6 meses porque perdía la calidad, como iba a afiliar a una persona conocida así fue transmitido, pero en todo caso como consta en el proceso y lo dijo anteriormente hay el manual para afiliados en donde consta claramente esto, que era distribuido a todos.
2. Sí, ¿pero no se le notificó de alguna forma?
La abogada del IESS responde que así por escrito, en el expediente no consta efectivamente.
3. ¿Cuáles son las razones por las que se declararon las aportaciones indebidas de la señora Blanca Margarita? algo mencionaba, -que hace tiempo había una resolución-.
La abogada del IESS, responde que hay un instructivo en el que se explica que se pierde la calidad de afiliado voluntario si es que se deja de pagar 6 meses consecutivos, que es en lo que incurrió la accionante.
4. ¿Cuál es el tratamiento que en la actualidad el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorga a casos como el presente?; es decir, en casos que la accionante siga aportando indebidamente cuando ya perdió su condición de afiliada.
La abogada del IESS, responde que el instructivo aquel estuvo vigente hasta el 2002, después de eso se dispuso que si dejaba de pagar, a menos que pague todo, y pague con los correspondientes intereses, podría continuar pagando, una vez que se revisó todo este sistema
5. ¿Cuáles fueron las solicitudes de la accionante respecto de su derecho de jubilación y cuáles fueron las respuestas del IESS?
La abogada del IESS responde que la Comisión de Jubilación, que es la que primero conoció el pedido de jubilación detectó esto, no es algo que los servidores puedan estar constantemente chequeando como van las aportaciones, y más en ese tiempo donde no había ni siquiera un sistema informático integrado. Ahí es que detectan, cuando ella pide la jubilación provisional, de que efectivamente dejó de pagar 6 meses y así fue que le notificaron, entonces ella recurrió a las Comisiones de Reclamación del IESS, donde ratificaron la respuesta que le dieron a la señora.
6. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 2002, al declarar como indebidas las aportaciones de la accionante, ¿devolvió los valores correspondientes a las aportaciones?, ¿cuánto y en qué fecha fueron devueltos esos valores?
La abogada del IESS responde que está dada la orden, pero en el expediente no consta esta cuestión.
La jueza Marien Segura Reascos expresa que la delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su intervención, manifestó que ya habían sido devueltos los valores.
La abogada del IESS responde que porque está dada la orden, se entiende que.
La jueza Marien Segura Reascos realiza la siguiente pregunta a la delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: ¿una orden escrita?
La abogada del IESS, responde que está dada la orden y deben haberlo dado a trámite, pero no le puede decir que monto, porque en ese tiempo no está integrado al proceso.
7. La señora manifiesta que no se le ha devuelto hasta la fecha sus aportaciones, presuntamente declaradas como indebidas.
La abogada del IESS responde que no podría decir efectivamente que monto se entiende que fue devuelto.
8. ¿Pero no tiene alguna constancia?, ¿está dada la orden escrita?, -pero deben tener algún recibo o algún comprobante que se genera en el Seguro Social de que efectivamente, se le entregó los valores a la señora-.
La abogada del IESS responde que en el expediente administrativo no consta este documento, podría requerir, aunque son de épocas muy antiguas como se procedió.
El juez Francisco Butiñá Martínez realiza las siguientes preguntas a la delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:
¿Usted considera un error del IESS el haber recibido valores que según ustedes no correspondían?
La abogada del IESS responde que el problema no consiste en que sea un error del IESS porque en ese tiempo, no tenían los medios para identificar si es que era o no un error.
2. Error de quién si aceptan recibir esos valores
La abogada del IESS responde que se acepta la aportación, y el servidor que está en la ventanilla o que está en Servipagos no tiene la calidad para determinar si es que la señora dejó o no tener la afiliación voluntaria para restringirle.
3. Pero lo de Servipagos no se queda en Servipagos
La abogada del IESS responde que obviamente que no, eso pasa a un fondo común, donde tampoco es que se lo analiza, al menos en ese tiempo no; actualmente en que ya existe una plataforma informática ya se le pone los controles en la programación, donde detecta.
4. Pero en todo caso, ¿considera un error haber recibido valores que no correspondían?
La abogada del IESS responde que en ese tiempo no sabe si se le podría considerar un error.
5. ¿Por qué si no es un error, entonces estarían bien recibidos?
La abogada del IESS responde que no le podría decir si fue o no fue un error, porque en ese tiempo no había como detectar eso, no se le puede decir a un servidor: usted cometió el error; va a decir, pero no tengo los medios, entonces no se le podría considerar así.
6. Únicamente, cuando reclama la jubilación, ¿se dieron cuenta de un error?
La abogada del IESS responde que ahí es cuando se recopila todas las aportaciones a nivel nacional y de todos los periodos donde hayan aportado y se le otorga o no, y es más, a las personas se les dice, si usted trabajó con tal empleador, por favor traiga las aportaciones.
7. ¿Y por qué no cuando se prestaban los servicios de salud?
La abogada del IESS, responde: porque en la misma forma no se tiene.
8. ¿Por qué al recibir el servicio de salud lo hacía como afiliado?
La abogada del IESS, responde. Obviamente que sí, porque como le explicó...
9. ¿Cómo le niega esa calidad?
La abogada del IESS responde que la salud no se niega, pero se valida o no, si es que paga o no, cuando le ve si es que ha pagado los últimos meses, nada más.
La jueza Roxana Silva Chicaiza realiza las siguientes preguntas a la delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:
¿Confirme en qué fecha y qué comisión negó la jubilación provisional solicitada por la legitimada activa?
La abogada del IESS responde que en el expediente consta que fue en el 2001, posterior a lo que la señora presentó su pedido, solo que no tiene a la mano el documento.
¿Con qué fecha fue declarado el instructivo, si puede reiterar la fecha de que no era operativo o era vigente el tema de quitar la jubilación, en este caso voluntaria, a las personas que habían dejado de aportar por 6 meses?
La abogada del IESS responde que el instructivo entró en vigencia desde el 5 de junio de 1989, la derogación fue el 15 de julio del 2002.
¿Confirme en qué fecha exactamente, la legitimada activa inició el trámite de jubilación provisional?
La abogada del IESS responde que la fecha que consta en la solicitud de jubilación provisional es 12 de mayo de 1998.
¿Qué acciones tomó el IESS luego de que derogó este instructivo?, ¿tomó algunas acciones frente a esos valores que habrían ingresado por jubilación voluntaria y que no debía aplicarse ese instructivo y que después ustedes revieron y derogaron en el 2002?
La abogada del IESS responde que constaban ya las aportaciones ingresadas, entonces eso se valida cuando se concede las prestaciones; de ahí en adelante ya no. Si venía nuevamente a pagar, pues se le decía que cancele los intereses correspondientes y continuaba.
¿En qué tiempo puede entregar el IESS, haciendo un requerimiento, salvo el mejor criterio de los colegas jueces, y si lo considera el señor presidente, un certificado o un documento en el cual se le haya devuelto esos pagos a la señora?, porque usted dice que lo tiene en el expediente de forma administrativa
La abogada del IESS, responde que si se debe haber hecho, pero no consta en el expediente.
¿Pero en qué tiempo usted lo podría entregar? Esta Corte actúa sobre documentos y salvo el mejor criterio de los colegas jueces, y luego de que ha tenido la anuencia de ello, ¿en qué tiempo usted lo puede entregar? Requerimos ese documento, si se decide, le podemos poner 24 horas, y tiene que entregarlo, pero necesita ese documento de forma en que la institución pueda entregar.
La abogada del IESS responde que dada la situación burocrática del IESS no le puede decir 24 horas, por lo que requeriría, a pesar de que voluntariamente se iría a revisar cómo está la situación de los pagos estos, pero si necesitaría un tiempo prudencial, no piensaque podría ser tan inmediatamente; la verdad es que hubiera tenido, sino que no se les había ocurrido hasta la presente fecha, una vez que estuvo dada la orden se entendió que se había cumplido. La señora dice que no ha recibido, debería haber una constancia. Pero necesitaría un tiempo prudencial, señores jueces.
El señor presidente de la Corte Constitucional Alfredo Ruiz realiza las siguientes preguntas a la delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:
De conformidad con lo que ha informado, desde el año 2002 en adelante, obviamente hasta la fecha, ¿ya no está vigente la normativa que se aplicó en el caso que se está analizando?
La abogada del IESS responde que así es.
De manera que si se dejaba de pagar los aportes por jubilación voluntaria, ¿no se pierde actualmente la condición de afiliado, si es que se paga de golpe con los intereses respectivos, -verdad-?
De conformidad con los datos que usted posee, el número de aportes hechos por la señora Carvajal, considerados como debidos y considerados como indebidos, ?si se suma el total? ¿ella tendría el derecho de jubilarse?
La abogada del IESS responde que: si es que se le considera los que están declarados indebidos, sí; pero los que fueron pagados debidos, no; porque revisando la historia laboral, no va más allá de unos dos años.
Ahora, en el supuesto de que se aplicara la normativa vigente actualmente y en consecuencia, ya no serían consideradas como indebidas esas aportaciones, el número total en definitiva, ¿sí le permitiría acceder a la jubilación por vejez?
La abogada del IESS, responde que sí, porque la señora tiene más de 70 años, con 10 años de aportación y tiene unos dos años más, serían unos doce años, si es que se le declararían debidas.
El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre acciones extraordinarias de protección propuestas contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con lo previsto en el artículo 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
La accionante se encuentra legitimada para interponer la presente acción extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 437 de la Constitución de l a República del Ecuador que dispone: ?Los ciudadanos de forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos??; y del contenido del artículo 439 ibidem, que dice: ?Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente?; en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Como ya se lo ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte Constitucional, por medio de la acción extraordinaria de protección, se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección en contra de decisiones judiciales y resoluciones con fuerza de sentencia, en las que se hayan vulnerado derechos reconocidos en la Constitución; mecanismo previsto para que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos del ordenamiento supremo y ante todo, respeten los derechos de las partes procesales.