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Timestamp: 2020-06-02 09:42:29
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Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea, asunto Junqueras: ¿Pero existe de verdad un pueblo único europeo? - Hay Derecho
21 enero, 2020 /13 Comentarios/en Blog /por Jose E Soriano
Examinada la Sentencia de 19 de diciembre de 2019, y con la inapreciable ayuda de los dos apuntes que en esta misma bitácora escribe Elisa de la Nuez, haré algún comentario, académico, a esta discutida (y discutible) resolución, que no va a perder actualidad ya que seguirá estando en el centro de debates y discusiones que se avecinan en el propio Parlamento Europeo y ante los diferentes Tribunales, nacionales y europeos.
Partamos previamente de dos datos que permiten aproximarse a la sentencia con mayor juicio.
De un lado, los miembros del TJUE no son jueces necesariamente, sino juristas de todo tipo, nombrados por un período de seis años. Esto último supone que, a diferencia de los Jueces, que lo son de por vida laboral hasta su jubilación (o más, como ocurre en Estados Unidos con los Jueces Federales, que lo son de por vida) han de lograr la renovación por parte de sus respectivos países, en definitiva de sus Gobiernos, al concluir el sexenio. Algo a mejorar, ya que la imparcialidad está sostenida sobre la independencia que a su vez reposa en la inamovilidad, tal como sucede con los Jueces que no pueden ser desplazados durante su ciclo vital profesional. Aquí, en el TJUE, cuando se está pendiente de tal renovación, es indudable que existe una cierta politización, por mucho que juren ser independientes. Porque son dependientes de tal recuperación tras concluir su período. Y no son extraños en absoluto los movimientos políticos a favor y en contra de un Juez según la preferencia del partido político de turno, cuando toque renovar, existiendo reemplazos en función de la mayor o menor cercanía del Juez con el mandamás político. Ejemplos en nuestra propia posición española- que alcanzaron inclusive a algún miembro del entonces denominado Tribunal de Primera Instancia a punto de ser designado Presidente, o recientemente a miembros del Tribunal General, simplemente por la preferencia de alguna Jefa política por algún candidato próximo a su gabinete- se dan continuamente, y así en el resto de los países.
La solución, ideal, sería lograr un Tribunal como en Estados Unidos, vitalicio, si bien, en un contexto de No- País, como ocurre en la Unión Europea, tal arquetipo resulta sencillamente imposible. La razón, elemental, es que cada país mantiene perfectamente vivo y en vigor su cúmulo de intereses nacionales, sus diferentes tradiciones – sociales, culturales, políticas- incluso su concepción inicial sobre la democracia y el Estado de Derecho.
Estas potísimas razones, abundan en la exigencia de acuerdos progresivos pero reflexivos sobre cómo organizar la impartición de justicia en el ámbito europeo. Pero desde luego, hoy por hoy, el diseño de los incentivos para garantizar la neutralidad jurídica en la solución de asuntos, es manifiestamente necesario. Bastaría inicialmente con prolongar más ampliamente, quizás de nueve a doce años o más, y bajo ningún concepto, permitir la reelección, añadiendo a lo mejor una compensación final por el coste de oportunidad consistente en alejarse durante años de su país y excluirse de su carrera profesional. Si ideal de la empresa judicial europea es lograr la mayor calidad en el logro de una “Unión de Derecho”, símil de lo que el Estado de Derecho hoy significa en la cultura política de las viejas naciones europeas formalizadas en Estados, eso ha de pasar por la consolidación de la independencia, imparcialidad y neutralidad de quienes han de resolver en Derecho. Alejarles de toda dependencia y devotio del señor al que se han de deber para que les renueve o les apoye a su vuelta a su país.
De otro lado, es clave recordar que en el TJUE no caben los votos particulares, a diferencia de lo que sucede normalmente en los Tribunales de Justicia. Así, en nuestro Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o en el de los Estados Unidos. Cuando no se permite al juez discrepar, se le obliga a firmar, contra su conciencia, una resolución que puede ser equivocada, o de la que quepa divergir por razones varias que motivadamente justifiquen su disentir. Ahora se obliga a todos los miembros del TJUE a la unanimidad forzada, algo reprobable desde la perspectiva genuinamente jurídica puesto que impone consensos forzosos o, lo que puede ser peor, a votaciones en las que la mayoría se imponga, oscuramente, a la minoría, puesto que nadie sabrá cómo se llega a tan rara unanimidad. En mi opinión, esta situación es manifiestamente mejorable y desde luego, unida a la reforma temporal antes comentada, esa innovación me parece que ayudaría enormemente a mejorar la calidad de la justicia europea. Sé bien que el status quo rechazará de manera conservadora una propuesta del género, ya que la inercia es un arma muy poderosa en la conducta humana y los hábitos tienen una fuerza centrípeta enorme, pero esta situación absurda en la que se falsean las preferencias y juicios de las minorías jurisdiccionales, abunda en la crítica sobre la politización de este órgano. Y eso, resueltamente, no es bueno para consolidar Europa, sea cual sea la fórmula de integración, alianza o acercamiento a que aspire.
Con estos dos mimbres, no ha de extrañar que las resoluciones se transformen en decisiones, firmadas en ocasiones contra el abierto designio de la conciencia y conocimientos de los miembros minoritarios del colegio jurisdiccional. Su espíritu y su gnosis, arrastradas por la corriente.
No resulta imposible, ni siquiera difícil, que en casos complejos y complicados, esos incentivos negativos acaben haciendo su aparición. Y ello, puede haber sucedido perfectamente en el asunto que nos convoca.
En efecto, la pregunta de por qué el Tribunal Supremo, el mismo día 14 de octubre de 2019, en que dicta su capital Sentencia sobre el coup d’état promovido como una sedición de la que formó parte integrante el referido sujeto, volvió a insistir en el mantenimiento del interés en las respuestas a las cuestiones prejudiciales que refirió el día 1 de julio de 2019, me parece que tiene una profunda respuesta que no se ha hecho manifestar suficientemente.
Y es que, creo, que en realidad, el Tribunal Supremo suponía de buena fe que, resueltamente, la contestación del TJUE, tendría que ser otra, mucho más predecible, por cuanto respondería a lo que con normalidad cualquier intérprete de las normas europeas y de la propia jurisprudencia del mismo TJUE, hacía previsible.
En efecto, en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de abril de 2009 en los asuntos acumulados C‑393/07 y C‑9/08, asunto Beniamino Donnici, presidida por K. Lenaerts, siendo T. von Danwitz (Ponente), y formando parte de la Sala el juez checo J. Malenovský (que ha sido, irónicamente, Ponente en la Sentencia Junqueras, con lo que no puede negar que formó su voluntad parte que integró la Sentencia Donnici), y Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro, se pronunció con bastante claridad sobre los requisitos, forma y, sobre todo, naturaleza de la elección al Parlamento Europeo.
En caso controvertido entre dos posibles elegidos al Parlamento Europeo, Sres Donnici y Occhetto, se planteó claramente cuál era la relación entre las normas europeas y la legislación nacional en orden a conocer el alcance de las exigencias, requisitos y formas necesarias para alcanzar la condición de Diputado Europeo.
Indicó entonces el TJUE con toda nitidez:
“55 Por otro lado, el acto que consiste en « [tomar] nota de los resultados oficialmente proclamados» significa que el Parlamento estaba obligado a basarse, a efectos de su propia Decisión de verificación de las credenciales de sus miembros, en la proclamación efectuada el 29 de marzo de 2007 por la Junta Electoral italiana tras la sentencia del Consiglio di Stato de 6 de diciembre de 2006. En efecto, dicha proclamación resulta de un proceso decisorio conforme con los procedimientos nacionales, mediante el cual se han zanjado definitivamente las cuestiones jurídicas vinculadas a dicha proclamación y constituye, por tanto, una situación jurídica preexistente. Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el uso de la expresión «tomará nota» en el contexto del Acto de 1976 debe interpretarse en el sentido de que señala la absoluta falta de margen de apreciación del Parlamento en esta materia (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P, Rec. p. I‑6051, apartado 50).
56 Esta interpretación de la expresión «tomará nota», recogida en el artículo 12, apartado 2, del Acto de 1976, en su versión original, según la cual los Estados miembros informarán al Parlamento, que tomará nota, de una vacante de un escaño derivada de la aplicación de las disposiciones nacionales, es igualmente válida para la misma expresión que figura en el artículo 12 del Acto de 1976 en su versión actual. Si bien la versión original del artículo 12, apartado 2, del Acto de 1976 excluye cualquier margen de apreciación del Parlamento incluso en caso de finalización del mandato de uno de sus diputados a consecuencia de la aplicación de disposiciones nacionales que tienen incidencia sobre la composición existente de dicha institución, esta inexistencia de poder de decisión debe admitirse con mayor motivo en relación con la verificación de las credenciales de los miembros del Parlamento oficialmente proclamados por los Estados miembros, con arreglo al artículo 12 del Acto de 1976. En efecto, en este contexto se trata de la designación por las autoridades nacionales de los futuros diputados al Parlamento en virtud del procedimiento electoral, que está regido, como se desprende expresamente del artículo 8 del Acto de 1976, por las disposiciones nacionales.
57 De ello se deriva que el Parlamento no puede poner en cuestión la propia regularidad de la proclamación efectuada por la Junta Electoral nacional. El artículo 12 del Acto de 1976 tampoco autoriza al Parlamento a negarse a tomar nota de tal proclamación si considera que existe una irregularidad (véase, en este sentido, el auto de 15 de noviembre de 2007, Donnici/Parlamento, antes citado, apartado 75).
58 Esta interpretación del artículo 12 del Acto de 1976 se ve apoyada por una lectura del mismo a la luz de las disposiciones pertinentes del Tratado CE, así como por el marco normativo en el que se inserta dicho artículo.
59 A este respecto, procede señalar que, en virtud de los artículos 5 CE, párrafo primero, 7 CE, apartado 1, párrafo segundo, y 189 CE, párrafo primero, el Parlamento ejerce sus competencias y actúa dentro del límite de las atribuciones que le confieren los tratados.
60 Además, según el artículo 8 del Acto de 1976, «el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales», salvo lo dispuesto en el Acto de 1976. Por consiguiente, si bien los Estados miembros están obligados a respetar las disposiciones del Acto de 1976 en cuanto éstas enuncian determinadas modalidades electorales, no es menos cierto que incumbe en definitiva a dichos Estados la tarea de organizar las elecciones según el procedimiento prescrito por sus disposiciones nacionales y proceder también en ese marco al escrutinio de los votos y a la proclamación oficial de los resultados electorales (auto de 15 de noviembre de 2007, Donnici/Parlamento, antes citado, apartado 74).
61 Por último, el artículo 13, apartado 2, del Acto de 1976 establece que los Estados miembros adoptarán los procedimientos apropiados para cubrir los escaños vacantes.”
Habría bastado considerar esta Sentencia, lo suficientemente semejante en las cuestiones sobre el alcance, contenido y límites de los poderes del Parlamento Europeo, y la remisión además a la legislación estatal del Estado miembro correspondiente, para tener por aclarada la cuestión. Máxime cuando a su vez cita la Sentencia Le Pen de 2005, en lo que era ya una doctrina consolidada. Y con ella, la remisión a la norma estatal sobre inmunidades, incompatibilidad y demás privilegios, tal como los contempla el Protocolo nº 7 (artículo 9), que no ha cambiado. Lo que no hace otra cosa que corroborar lo dispuesto en el Acta Electoral Europea (Acta relativa a la elección de los representantes en el parlamento europeo por sufragio universal directo, aneja a la decisión del consejo de 20 de septiembre de 1976) que reconociendo que son los Estados Miembros los que han de actuar electoralmente, dispone en su Art. 7: “Hasta la entrada en vigor de un procedimiento electoral uniforme, y sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Acta, el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales.” Y añade en su artículo 11: “Artículo 11 “Hasta la entrada en vigor del procedimiento uniforme previsto en el apartado 1 del artículo 7, el Parlamento Europeo verificará las credenciales de los representantes. A tal fin, tomará nota de los resultados oficialmente proclamados por los Estados miembros y decidirá acerca de las controversias que pudieren eventualmente suscitarse en relación con las disposiciones de la presente Acta, con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha Acta remita”
El Parlamento Europeo, pues, solo podrá decidir sobre las cuestiones relativas al Acta, que son pocas y formales, genéricas casi siempre y referidas al cuadro general, aspecto común muy lejano de las cuestiones concretas sobre el alcance de lo que es un proceso electoral específico. Indica que en su momento lo hará ¿Cuándo?
Pues de momento no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque para poder llevarlo a cabo y por ende, para que el TJUE pudiera continuar en su impulsiva deriva de activismo judicial ya que nada de lo anterior lo tiene en cuenta – ni su doctrina, ni las normas europeas- tendría que existir un pueblo europeo que eligiera a un parlamento europeo. Algo que, sencillamente, no existe y de momento, tampoco parece que lleguemos a verlo en décadas. La naturaleza política y jurídica de la UE no permite decir que somos los Estados Unidos ni nada por el estilo. Faltan quizás centurias, para que algo así pueda llegar a concretarse. Sólo un pueblo europeo, con un parlamento europeo por él elegido, permitiría tener una ley electoral europea. Y nada de esto existe.
Lo que hace el TJUE es una “Sentencia fantasía”, ya que salta por encima de las normas y de su doctrina. Un supuesto claro de activismo insoportable por cualquier europeo realmente entregado a la causa europea, que con paciencia pueda ir dando los pasos, uno a uno, para lograr que aumente, poco a poco, la posibilidad de lograr cierta aproximación creciente y en constante aumento entre los Estados Miembros y, lo que sería más importante, entre los ciudadanos europeos. Incluso la representante del Gobierno, en su escrito de 30 de diciembre de 2019, se da cuenta y afirma: “Como se indicará, el punto más novedoso es la declaración, al amparo del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo nº7, de una inmunidad procesal con un ámbito personal y temporal propio. Esta inmunidad procesal no había sido previamente definida por el Tribunal de Justicia. Además, se apoya en una interpretación que se separa de la previa jurisprudencia del Tribunal de Justicia (ej.: Sentencia de 7 de julio de 2019, Le Pen, EU: C: 2005:249, o la Sentencia de 30 de abril de 2009, Donnici, EU: C: 2009:275) y que tiene difícil conciliación con el tenor literal del Acta electoral de 20 de septiembre de 1976 o con las remisiones al derecho nacional del Protocolo nº7.”
Pero ese activismo judicial, máxime cuando el asalto al Parlamento Europeo se hace en fraude, porque fraude y abuso es utilizar la elección para destruir el principio de separación de poderes, encarnado en este caso en el respeto a la Justicia, resulta a la postre, contraria al espíritu europeo. La añeja expresión del fraude que resume el artículo 6. 4 del Código Civil concretando siglos de teoría y práctica, lo expresa bien: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
Con este tipo de activismos incomprensibles, que van en contra de las normas europeas y de su propia doctrina, por parte de un Tribunal con severas limitaciones a su configuración como un Poder realmente independiente, en medio de un fraude, con desconocimiento de sus propias sentencias y de las normas que le vinculan, el TJUE se puede acabar convirtiendo en el apotegma de los antieuropeos: una fábrica de euroescépticos.
Confiemos en que paulatinamente, la razón y sus argumentos y no la voluntad y sus decisiones, acaben mostrando el camino para seguir construyendo Europa.
Etiquetas: european union, junqueras
https://i0.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2020/01/sentencia-junqueras.jpg?fit=700%2C436&ssl=1 436 700 Jose E Soriano https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Jose E Soriano2020-01-21 00:58:382020-01-20 13:20:07Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea, asunto Junqueras: ¿Pero existe de verdad un pueblo único europeo?
21 enero, 2020 en 08:30
Brillante exposición del prof. Soriano García, de quien recomiendo esta obra sobre los nombramientos del Poder Judicial, una de las cuestiones básicas de este nuevo apunto suyo:
“El poder, la administración y los jueces: (a propósito de los nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial)”, Iustel.
https://www.iustel.com/editorial/?ficha=1&referencia=90112121
Emilio M. G. Dice:
21 enero, 2020 en 08:45
Buenos días. Por fin leo un comentario que cita la doctrina del fraude de ley.
Desde mi humilde posición de Graduado en Derecho, francamente, la echaba de menos. Presentarse a elecciones europeas con la intención de blindarse, del modo que sea, ante la Justicia, es eso: un verdadero fraude de ley; de libro.
Una vez aclarado el objeto, todo lo demás se vislumbra con precisión. Gracias, buen artículo.
21 enero, 2020 en 10:05
Muchas gracias José Eugenio por esta gran reflexión.
Respecto a la inexistencia de votos particulares en el TJUE el viernes se publicará en el diario La Ley un artículo mío al respecto, que he tenido que recuperar “de la imprenta virtual” esta misma mañana para incorporar tu interesantísima reflexión crítica al respecto.
21 enero, 2020 en 11:24
Gracias, querido Isaac por tu cordial comentario. También sigo tus interesantes reflexiones y es muy reconfortante coincidir con buenos autores como tú. Un abrazo je
21 enero, 2020 en 10:28
Magnífico artículo que nos lleva al problema último y crucial que este caso plantea, ya destacado por el Prof. De la Quadra-Salcedo aquí (https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1194098): el TJUE no puede inventarse doctrina nueva ni legislar, invadiendo las competencias ni del ejecutivo ni del legislativo. Por lo que será el Tribunal Constitucional quien tenga que decidir en última instancia si lo que prima es la CE o una interpretación infundada y fuera de la legislación europea del TJUE. O es que al TJUE no lo puede corregir nadie? Creo que el Constitucional alemán si lo hace. Por qué no lo va a hacer el español? En cualquier caso, tema profundo a plantear al máximo nivel.
21 enero, 2020 en 20:42
El trabajo es bueno técnicamente y da buena idea de las instituciones en juego. Muy especialmente de la extravagante sentencia del TJUE, que se separa de los antecedentes.
Quizás exista otra cuestión: la posición del grupo de Visegrado, ya que resulta extraño que se designe a un abogado general polaco y que quien resuelva como ponente sea checo (y que sorprendentemente cambia su posición totalmente ya que estuvo en la sentencia de 2009 que decía lo contrario).
Y es que este tribunal, cuyo componente político es más que obvio y en que los incentivos perversos son bien relatados en el trabajo que comentamos (ser al final dependientes de sus Gobiernos respectivos ya que si no, les resultará imposible la renovación), adopta también decisiones de fuerte contenido político cuando llega el caso.
Notemos que la Juez española, Silva, nada más tomar posesión como Vicepresidenta, adoptó una fuerte medida cautelar contra Polonia, precisamente en relación con los jueces polacos. Ahora, ese grupo, políticamente, se la ha devuelto a nuestro país.
Pasar por la izquierda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde este otro tribunal, aprovechando una coyuntura realmente delicada, es algo que, dentro del enérgico juego político, me parece que se ha dado.
O se cambia este TJUE en la línea expuesta en el trabajo, o estaremos ante un órgano de pura decisión y no tanto de reflexión, un órgano bastante político y menos jurídico, una especie de Minotauro mitad Derecho mitad Política.
Luego cuando en Europea crecen los escépticos ante el proyecto comunitario, nos quedábamos asombrados. Me parece que en lo que toca a nosotros, el europeísmo ha bajado bastantes enteros tras esta decisión, que no resolución. Y muchos entienden el Brexit, ya que si no se resuelve sino que se decide, por órganos dependientes de los Gobiernos, de Europa como proyecto, queda poco.
Felio José Bauzá Martorelll Dice:
22 enero, 2020 en 00:21
Interesantes reflexiones que nos deja el autor y que no entendería el jurista persa.
La primera y quizás más preocupante, la independencia de los miembros del TJUE, que no jueces. Independencia, imparcialidad y neutralidad son tres requisitos indispensables para un juzgador. Mientras no se asegure la condición de no-país que cita el autor, las dudas planearán sobre las sentencias de este Tribunal. Y ello sólo se conssigue reformando el estatuto de los jueces del TJUE, asegurando su inamovilidad durante todo su mandato, in posibilidad de prórroga.
La segunda, la imposibilidad de votos particulares. Formo parte de un órgano colegiado que emite informes y dictámenes, y no concibo la unanimidad forzada que denuncia el autor. No es compatible jurar la Consstitución y adoptar una decisión conscientemente en contra del criterio propio. Esta conducta integra ell tipo penal de la prevaricación.
La tercera, y como cuestión de fondo, me preocupa sobre manera que se legitime el uso torticero de las instituciones paraaa fines ilegítimos. Lo censurable de lla Sentencia no es tanto que se aparte de sus precedentes con hechos similares, cuanto que admita sin pudor alguno la utilización espuria del sufragio pasivo para eludir la acción de la Justicia. El TJUE -compuesto por no jueces, recordemos- simplemente desautoriza al Tribunal Supremo de un Estado miembro, con una instrucción y celebración de un juciio impecable, hasta televisado en directo para que no cupiera duda alguna de los derechos de los acusados. Y lo hace sobre la base de inaplicar el derecho vigente.
No es de extrañar, como acaba diciendo el autor, que este tipo de actuaciones alimenten el euroescepticismo.
Brillantes reflexiones del autor, que confirman que urge una reforma en profundidad de la organización y funcionamiento del TJUE.
22 enero, 2020 en 23:01
Acabo de enterarme de que el TS -al parecer- no inhabilita al Sr.Torra como presidente de la Generalitat y diputado del Parlamento Catalán, en espera de conocerse la resolución final del recurso presentado contra la sentencia, “porque se podría producir un daño irreparable” ¿Qué daño irreparable? El Sr. Torra debería -al menos cautelarmente- estar fuera del cargo de representación del Estado Español desde hace tiempo por su contumacia independentista. En todo caso podría quedar su función en el vicepresidente de la Generalitat hasta que fuera absuelto por el TS (si es así) ¿Tiene algo que ver con la entrevista pendiente del presidente del gobierno la próxima semana? Se admiten apuestas……
Todo lo relacionado con Cataluña es de un despropósito lamentable. Si una simple sanción administrativa entra en fase ejecutiva sin esperar resultado de recursos posteriores…. ¿vamos a responder los ciudadanos a las sanciones diciendo que es “política”? ¿y los “robagallinas” pueden decir que son del PACMA salvándoles la vida….?
“Todos los españoles son iguales ante la ley” (artº 14 C.E.) ¿de verdad?
Nuestro estado de Derecho está hecho trizas y el TJUE lo sabe. Si nuestros propios juristas no entienden el ordenamiento tan peculiar en que nos movemos ¿cómo lo van a entender los polacos, checos, etc.?
M. ESTEPA MONTERO Dice:
23 enero, 2020 en 14:55
Magnífica disertación del Profesor García Soriano sobre la naturaleza y necesaria mejora en el nombramiento y el funcionamiento de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a propósito de la Sentencia de 19 de diciembre de 2019. Ir en contra de lo declarado anteriormente, sin aportar un razonamiento ad hoc suficiente que lo justifique y sustente, abona el camino a la inseguridad jurídica y el euroescepticismo.
24 enero, 2020 en 10:31
Manuel, mi nombre es SORIANO GARCÍA, lo que seguro conoces bien…
Bueno, no te preocupes, que aun cambiándolo, tu comentario es muy grato
23 enero, 2020 en 23:36
Interesantísimas reflexiones, que ayudan a comprender la estupefacción que nos ha causado la decisión del TJUE. Está ha servido, eso sí, para evidenciar el absurdo sistema actual. No tiene sentido alguno que los máximos jueces nacionales reciban estos “tirones de orejas” de un órgano político, dudosamente jurisdiccional y que, sobre todo, no se comprende de dónde saca la potestas para actuar de esa manera. Aunque también es cierto que el Supremo asumió un riesgo totalmente innecesario al plantear ante el TJUE una “duda” que no tenía por qué haber sido tal. Es más, lo normal es que, cuando se le pide al TS que plantee tales “dudas”, te responda que él no tiene la menor duda y que no ha lugar…
24 enero, 2020 en 10:52
“Todos los sistemas políticos tienen defectos, no hay ninguno perfecto. Pero las democracias tienen la ventaja de que, como no encierran, apalean y eliminan a los que las intentan perfeccionar y permiten relevar a los políticos incompetentes, malversadores y corruptos, pueden reducirlos”.
Es de agradecer artículos como este, en la situación en la que vivimos tan compleja para el futuro de nuestra democracia. Lo único que discrepo es en la fase final dedicada a la generación de euroescépticos por defectos como el que denunciáis , especialmente para los que vivimos en Cataluña y hemos tenido que soportar la gestión totalitaria de la clase más incompetente, inmadura y extractiva de recursos públicos y libertades de la UE.
La pérdida de soberanía que suponía el proceso de integración en temas claves de la gestión pública, ha provocado importantes beneficios para los ciudadanos que no hubiéramos tenido como independientes, como su ayuda en la gran crisis
¿Os imagináis España fuera de la U. E. en manos de una clase política autoritaria, insolvente y extractiva sostenida por un influyente sector cultural e informativo con una concepción de la política y de la gestión pública más propia de países del tercer mundo?
¿En donde creéis que cuentan apoyo y comprensión los que desde diferentes sectores están denunciando prácticas más propias de regímenes autoritarios, para conseguir que España tenga una democracia más eficiente ?.
Es preferible que estemos en la UE que es un sistema que nos permite solucionar sus defectos que salirnos de ella y quedamos en manos de nuestra clase política actual partidaria de regímenes autoritarios, que tienen todos los defectos( corrupción, incompetencia,..) y que excluyen de la acción política a los que quieran rectificarlos.
Manuel Espárrago Dice:
24 enero, 2020 en 21:02
Sigo discretamente este blog desde años, pero el artículo del Profesor Soriano me ha animado a hacer mi primer comentario para felicitarlo por su brillante análisis. Desgraciadamente, no puedo profundizar más en mi comentario. Como funcionario de la Unión Europea, mi libertad de expresión en asuntos relativos a la Unión está limitada y necesitaría el acuerdo previo de mi institución para poder expresarme por escrito, aunque lo hiciera a título privado y en temas no confidenciales (artículo 17 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea). El propio TJUE ha confirmado la limitación de la libertad de expresión del funcionario, basándose fundamentalmente en el deber de lealtad del mismo hacia la Unión (véase por ejemplo la sentencia Skareby, T‑585/16). Y quizá ya esté escribiendo más de la cuenta. Eso sí, me niego a esconderme tras un seudónimo. Gracias, Profesor Soriano.
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