Source: https://ius360.com/publico/aduanero/importancia-y-perspectivas-de-la-alianza-del-pacifico-desde-la-perspectiva-de-colombia/
Timestamp: 2020-04-04 23:39:00
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Importancia y perspectivas de la Alianza del Pacífico desde la perspectiva de Colombia - IUS 360
Juan David Barbosa Mariño y Victoria Garzón Dangond
La Alianza del Pacífico busca ir más allá de un Tratado de Libre Comercio tradicional. Esta integración económica, política y comercial surge como una respuesta a los cambios globales y regionales de la época, reuniendo aspectos de las experiencias de integración de los tratados comerciales suscritos por los países miembros tanto con las economías más desarrolladas a nivel global como con otros países de la región. En cuanto a su temática, cobertura, propósito, la Alianza del Pacífico (la “Alianza”) representa un cambio y una evolución en la forma de concebir un tratado de cooperación e integración en la región. El propósito del presente artículo es analizar la importancia de la Alianza desde la perspectiva de Colombia y su comercio con el Perú, países ambos miembros y fundadores de esta nueva forma de integración regional. De esta forma, se presentarán, desde la perspectiva Colombiana, algunos de los aspectos más relevantes de la Alianza para la construcción de un “Mercado Único Interior”.
Procesos de integración regional: La experiencia Colombiana
Desde la década de los sesenta Colombia ha participado en procesos de integración con los países miembros de la Alianza. Esta es una de las características que ha impulsado y facilitado la integración entre las cuatro economías que por ahora conforman la Alianza y es la previa existencia de acuerdos de libre comercio entre los países miembros. Además, como se explicará más adelante, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es requisito tener un acuerdo de libre comercio con cada una de las Partes, para adherirse al Acuerdo Marco de la Alianza.
En el caso de Perú y como consecuencia del regionalismo cerrado, en 1969 entró en vigor el Acuerdo de Cartagena, que dio origen a la Comunidad Andina, conformada hoy en día por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este Acuerdo se caracteriza por ser un mecanismo pionero de integración continental, que si bien en los últimos años ha mostrado cierto estancamiento, de hecho el arancel externo común se suspendió indefinidamente, si tiene tanto una estructura institucional y normativa muy rica que puede aprovechar la Alianza en diversos aspectos.
En el caso de México, durante la década de los noventa y como respuesta a concepto de regionalismo abierto, se celebró el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. El Tratado, integrado por México y Colombia, y originalmente Venezuela, entró en vigor para Colombia y México en 1994.
En cuanto a Chile, después de más de 20 años de procesos de integración entre ambos países en 2006 se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio Chile- Colombia. Este es el primer acuerdo comercial de Colombia que incluye el universo arancelario en un programa de desgravación.
Coexistencia de los Acuerdos Internacionales
Para el caso Colombiano cobra relevancia el artículo 1.2 del Capítulo 1 “Disposiciones iniciales” que dispone la intención de las partes de que el Acuerdo de la Alianza coexista con los acuerdos internacionales existentes. En efecto, el apartado (b) establece que las partes confirman tanto sus derechos como sus obligaciones relacionados con los acuerdos existentes en los que una Parte, y al menos otra parte sean miembros. De este modo, conservan sus efectos, coexistiendo con la Alianza, los Acuerdos de la Comunidad Andina, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Colombia y el Acuerdo de Libre Comercio Chile- Colombia.
En la práctica sin embargo, deberán los empresarios peruanos y colombianos los que deberán establecer el respectivo tratado al que se van a acoger. En Colombia por ejemplo empieza a darse que el marco de la Alianza se empiecen a solicitar Resoluciones Anticipadas en materia de origen, clasificación o valoración, algo que el marco comunitario no tenía previsto (Artículo 5.12).
Uno de los aspectos característicos de la Alianza es su vocación externa a la región, buscando, tal y como lo indica su propio Preámbulo, por medio de la creación de un área de libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales una mayor integración con la región Asia Pacífico, para así lograr la creación de un “Mercado Único Interior”.
Lo anterior constituye para Colombia parte de su estrategia de internacionalización al tener la posibilidad de acceder al mercado asiático, teniendo en cuenta que Chile, México y Perú ya cuentan con acuerdos comerciales con países de la región de Asia Pacífico y que Colombia únicamente tiene un TLC con Corea del Sur. Este proceso de integración con la región de Asia Pacífico supondría para Colombia el ingreso a cadenas de mayor contenido tecnológico y la inserción a un mercado diversificado que permita el progreso industrial del país.
El artículo 4.2 del Capítulo 4 “Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen de la Alianza del Pacífico” elimina las restricciones de origen entre países miembros, permitiendo que se incorporen bienes intermedios e insumos de cualquier país de la Alianza en el bien final, para exportar a cualquiera de los países miembros y flexibilizando la acumulación extendida de mercancías entre países miembros (Artículo 4.8).
Específicamente la Alianza flexibiliza las normas de origen que existían entre Perú y Colombia, en virtud por ejemplo que la Decisión 416 de la Comunidad Andina es más restrictiva en materia de acumulación de origen para las mercancías de los Países Miembros.
Por ejemplo, la Decisión 416 establece que para aquellas mercancías a las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que en sus procesos no se les confiera una nueva individualidad que implique un salto de partida, es preciso para considerarlas como originarias que en el proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros de la CAN y que el valor CIF de los materiales no originarios no puede exceder el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia y Perú (Artículo 2).
De igual forma, la Alianza incluye nociones y conceptos que en su momento no se detallaron en la Decisión 416 y que flexibilizan las normas de origen, tales como “materiales indirectos”, “materiales y mercancías fungibles”; “accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o información.”
Por otro lado, en cuanto a la certificación de origen en el marco de la Alianza, si bien el artículo 4.17 del Capítulo 4 del Protocolo dispone que el certificado de origen debe ser emitido por la autoridad competente de la Parte exportadora, en virtud de la Decisión No. 4 está permitido que la emisión de los certificados de origen, que tradicionalmente se entrega impreso en papel, se realice electrónicamente.
Asimismo, es importante resaltar que el certificado de origen debe ser emitido a más tardar en la fecha de embarque de la mercancía, pero tendrá una validez de un año a partir de su emisión, frente a los 180 días calendario que establece la Decisión 416[1], y además, el Capítulo 4 de la Alianza contempla expresamente la posibilidad de obtener un duplicado del original en caso de robo, pérdida o destrucción, el cual se emitirá sobre la base de los documentos que tenga en su poder la autoridad competente para efectuar dicha emisión.
Finalmente, cabe mencionar que el Estatuto Aduanero Colombiano dispone la facultad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-de adelantar verificaciones de origen con el fin de determinar si una mercancía importada califica como originaria y establecer si una mercancía exportada desde Colombia al territorio de otro país de un acuerdo comercial, califica como una mercancía originaria. Estos procedimientos de verificación de origen pueden adelantarse de manera oficiosa por la autoridad aduanera Colombiana y tal como se ilustra a continuación cada día van en aumento, sólo como ejemplo éstas fueron las verificaciones de origen adelantadas antes del año 2016:
Acuerdo comercial Sector Cantidad/Importadores Investigados
TLC Colombia- México Vehículos 2
TLC Colombia- México Electrodomésticos 1
TLC Colombia- Canadá Calzado 1
TLC Colombia- Triángulo del Norte Prendas de vestir 2
TLC Colombia- Chile Cobijas 5
APC Colombia- Estados Unidos Prendas de vestir 4
APC Colombia- Estados Unidos Lentes oftálmicos 5
TLC Colombia- Triángulo Norte Materias Textiles 4
APC Colombia- Estados Unidos Confecciones textiles 1
APC Colombia- Estados Unidos Alfombras 1
Uno de los principales retos de la Alianza es la conformación de un “Mercado Único Interior” que permita la liberación comercial de bienes, servicios y capitales y la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y de personas. Al respecto, cabe reiterar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Protocolo, existe una homologación entre los distintos acuerdos comerciales y no una sustitución por un solo acuerdo. Por lo anterior, es claro que la libre circulación de mercancías puede ser lograda de manera más fácil, debido a que en gran parte el acceso y liberación del mercado ya estaba contemplado en los acuerdos suscritos entre los Países Miembros.
En efecto y en relación con lo anterior, con el fin de impulsar el acceso a mercados, el artículo 3.4 del Capítulo 3 elimina los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de los Países Miembros. Lo anterior significa la liberación del cobro de arancel para el 92% de las mercancías originarias de los Países Miembros a partir del 1 de mayo de 2016.
Otro aspecto importante son las restricciones a la importación y exportación. El artículo 3.6 prohíbe adoptar o mantener medidas arancelarias que restrinjan la importación de cualquier mercancía de otra Parte o venta para la exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de otra Parte.
El Capítulo 10 del Protocolo consagra las disposiciones referentes a la inversión entre los Países Miembros. Al respecto, cabe resaltar que el artículo 10.5 dispone la obligación de otorgar a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que se otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier país que no sea parte, en lo referente al “establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio”. Además, el artículo 10.6 establece el nivel mínimo de trato que debe otorgarse a las inversiones cubiertas acorde con el derecho internacional consuetudinario, que incluye el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas.
En materia de protección a la inversión en la Comunidad Andina no existen estos precedentes, y salvo el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, este capítulo profundiza y complementa las inversiones y la cooperación entre los dos países.
La Contratación Pública es uno de los temas transversales e innovadores del Protocolo adicional al Acuerdo Marco. La importancia de este Capítulo radica en la actualización que se efectúa sobre los estándares en los acuerdos ya existentes en procedimientos de impugnación, uso de medios electrónicos en los procesos de contratación y trato nacional. Otra novedad introducida por el Capítulo 9 en materia de contratación pública es la facilitación y promoción de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación estatal.
Para Colombia el artículo 4 de la Decisión Andina 439 de 1998 incorpora entre los países miembros de la Comunidad Andina la adquisición de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades públicas al trato nacional, sólo excluyendo los servicios de transporte aéreo, sin embargo no hace referencia a mercancías, por lo que el Capítulo 9 en materia de contratación pública de la Alianza amplia el tema.
Sin duda alguna, la creación de la Alianza del Pacífico es un proyecto de integración subregional sin precedentes, que responde a la reorientación de las corrientes del comercio en la búsqueda de un “Mercado Único Interior”. La Alianza se nutre y se ve impulsada por las experiencias pasadas de otros acuerdos y así mismo, se adapta y se acomoda a los cambios y desafíos que presenta la globalización y los intereses de la política exterior.
A futuro, uno de los temas a revisar, es que el Acuerdo no responde al fenómeno de la doble tributación, sin perjuicio de que el tratado incluye una cláusula de medidas tributarias donde reconoce que “Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo Adicional afectará los derechos y las obligaciones de cualquiera de las Partes que se deriven de cualquier convenio tributario. “[2]
Sin embargo, al igual que la Comunidad Andina con la Decisión 578, los Países Miembros deberían establecer un régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal de las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Alianza, evitando que en los contribuyentes se genere el fenómeno de la doble tributación a causa de las potestades tributarias de dos Estados. El reto es lograr integrar en un solo Convenio tributario, tal como se hizo con los diferentes acuerdos de libre comercio, lo que en la actualidad Colombia, tienen a partir de la Decisión 578 con Perú, y de los Convenios de Doble Imposición con México y Chile, explorando temas como el introducido mediante la Decisión 292 de la Comunidad Andina: Empresas Multinacionales Andinas (“EMA”), que si bien tuvieron un buen comienzo, posteriormente por el mismo desarrollo comunitario, no se han desarrollado en todo su potencial.
Fuente de imagen: El Comercio
*Posse Herrera Ruiz. Lo indicado en este artículo no constituye una asesoría legal ni compromete la posición de la Firma de Abogados donde los autores trabajan.
[1] Artículo 14, Decisión 416.
[2] Artículo 18:4: Medidas Tributarias, Acuerdo.
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Juan David Barbosa Mariño es socio del área de aduanas y comercio exterior en Posse Herrera Ruiz. Tiene más de 15 años de experiencia en procedimientos y litigios aduaneros y de comercio internacional, así como en la creación de estrategias tributarias relacionadas con la importación y exportación de mercancías. Victoria Garzón Dangond es asociada de Posse Herrera Ruiz. Su práctica profesional se concentra en planeación tributaria y comercio exterior. Antes de vincularse a la firma trabajo en asuntos legales en Microsoft.