Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-980375-21-12-1999-102981
Timestamp: 2019-09-17 03:06:46
Document Index: 333048978

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 9']

Resolución de TEAF Navarra, 980375, 21-12-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980375 de 21 de Diciembre de 1999
Núm. Resolución: 980375
Tras acta Inspectora firmada en disconformidad, recurre el interesado solicitando la declaración de nulidad de la Resolución recurrida y de las liquidaciones que conlleva, alegando que el incremento de patrimonio fijado está falseado, ya que es coincidente con el valor de transmisión, y que deben aplicarse los coeficientes reductores previstos para incrementos derivados de elementos no afectos a dichas actividades. Tras analizar extensamente los motivos de nulidad alegados y la transmisión de bienes afectos a actividad empresarial, se desestima el recurso, ya que la transmisión del patrimonio empresarial se produce unos días antes, aunque por escaso margen, del cese de la actividad, por lo que no se puede considerar la transmisión como un mero incremento de patrimonio al que se le puedan aplicar los coeficientes reductores en función del tiempo de posesión del bien..
Transmisión de patrimonio empresarial, por jubilación del titular.
Visto escrito presentado por Don (...) y Doña (...), con D.N.I. números (...) y (...), respectivamente, y domicilio en Pamplona, en relación con liquidación derivada de Acta de Inspección levantada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1992.
TERCERO.- Ahora bien: dejando ahora a un lado las alegaciones formuladas por el interesado y que hemos examinado en el anterior Fundamento de Derecho, vamos ahora a examinar lo sucedido en el caso en relación con esta materia del devengo del Impuesto y entrada en vigor de la norma que regula el tributo. Y así nos encontramos con que, de acuerdo con lo que hemos dicho en el Fundamento de Derecho anterior, la renta objeto de nuestro examen se habría generado en (...) de 1992, es decir, antes de la promulgación de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo. Ello nos exige entrar a considerar con más detalle la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de este particular. Pues bien, hay que comenzar señalando que es un principio general dentro del Derecho Tributario el de la exigencia de los tributos conforme a la normativa vigente en el momento del devengo de cada uno de los respectivos tributos, principio que, si bien no aparece expresamente recogido en la Ley General Tributaria, informa nuestro ordenamiento jurídico-tributario. En este caso y, conforme a lo que dispone el artículo 88 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dicho Impuesto se devenga, con carácter general, el 31 de diciembre de cada año, sin que aparentemente se produzca en este caso alguna de las circunstancias que pudieran provocar un recorte en la duración del período impositivo por cambio en la fecha de devengo del Impuesto (artículo 89). Es, entonces, aplicable a la cuestión objeto de nuestro análisis la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, y con vigencia y efectos para todo el ejercicio 1992, sin que cupiera, por tanto, admitir una eventual alegación del recurrente en el sentido de que el acto gravado pudiera constituir actuación consolidada, por cuanto el devengo del Impuesto exigible por la realización de tal acto aparece diferido hasta el 31 de diciembre. Nos preguntamos ahora si, como consecuencia de la afirmación anterior, se produce retroactividad con la aplicación de los preceptos de dicha Ley Foral a todo el ejercicio 1992 y si es posible impedir tal aplicación retroactiva, si es que llegamos a la conclusión de que la retroactividad se produce. Sobre estas cuestiones ha tenido ya el Tribunal Constitucional oportunidad de pronunciarse en la Sentencia de 16 de julio de 1987, doctrina en la que nos apoyaremos en lo sucesivo. Y, aunque pudiera parecer contrario al orden lógico de la exposición que pretendemos, comenzaremos por el análisis de la segunda de las cuestiones planteadas, es decir, si existe en nuestro ordenamiento prohibición de retroactividad de las normas fiscales. Llega el Alto Tribunal a la conclusión de que no está prohibida en la Constitución la retroactividad de la legislación tributaria ya que el artículo 9.3 de la Norma Suprema establece tal prohibición únicamente para las disposiciones sancionadoras no favorables y para las restrictivas de derechos individuales y, si bien en un principio se incluyeron entre las normas afectadas por tal prohibición las fiscales (tanto en el Anteproyecto de la Constitución como en el informe de la Ponencia), posteriormente se omitió toda referencia a las mismas en este precepto (concretamente en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales), por cuanto se entendió que la prohibición de retroactividad ha de afectar a las normas cuya naturaleza fuera sancionadora o restrictiva de los derechos, con carácter genérico y no habría de descenderse a imponer dicha prohibición respecto de un bloque concreto de normas, que no participaban ni de una ni de otra características genéricas antes apuntadas. Por otro lado, la Comisión de Asuntos Constitucionales valoró también a la hora de eliminar la citada mención a las normas fiscales en el artículo 9.3 el hecho de que la irretroactividad absoluta en esta clase de normas podría hacer inviable cualquier reforma fiscal. Visto que la mención a las normas fiscales fue radicalmente eliminada del artículo 9.3 en el proceso de elaboración de la Constitución es menester comprobar ahora si pueden ser catalogadas las mismas como sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. La respuesta ha de ser necesariamente negativa ya que las normas fiscales tienen un fundamento propio y autónomo diverso del sancionador o restrictivo de los derechos individuales: el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, impuesto a todos los ciudadanos por el artículo 31.1 de la Constitución.
CUARTO.- Sin embargo, no ha de concluir aquí el examen de la cuestión, contra la opinión que pudiera llegar a alcanzarse tras la lectura del anterior Fundamento de Derecho, ya que según expresión del propio Tribunal Constitucional ?afirmar la admisibilidad de la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entra en colisión con otros principios consagrados en la Constitución? (Sentencia de 16 de julio de 1987; Fundamento Jurídico 9, apartado B). A continuación, el Alto Tribunal examina el posible atentado contra el principio de seguridad jurídica que podría cometerse por vía de la aprobación de normas de carácter retroactivo, si bien se reconduce tal principio de seguridad jurídica a sus más estrictos cauces, ya que, su respeto hasta los últimos extremos no ha de conducir al anquilosamiento del ordenamiento jurídico, ya que, conforme avanza la realidad social que regula tal ordenamiento, éste ha de ir proveyendo a todas aquellas nuevas situaciones y circunstancias dimanantes de tal realidad, lo que lleva aparejada la innegable necesidad de que el ordenamiento jurídico progrese y se perfeccione. Concluye así el Tribunal Constitucional que ?el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de la Norma fundamental, no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal?. Con todo, es preciso distinguir dos tipos de normas retroactivas: ?aquellas disposiciones legales que con posterioridad pretende (sic) anudar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad a la propia ley y las que pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas? (Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 1987; Fundamento Jurídico 11). En el primer caso, calificado por el Tribunal Constitucional como de retroactividad auténtica, se entiende que la prohibición de retroactividad opera con rigor, si bien queda abierta la posibilidad de que se dicte una norma con tal carácter en aras de cualificadas exigencias del bien común. Sin embargo, en la apreciación de la ilicitud o licitud de la segunda de las categorías puestas de manifiesto por el Alto Tribunal (cuya retroactividad es por él calificada de impropia) han de ponderarse adecuadamente, de un lado, la seguridad jurídica, y de otro las motivaciones que conducen a una modificación del ordenamiento jurídico.
QUINTO.- En nuestro caso, nos hallamos ante un supuesto de los que el Tribunal Constitucional califica como de ?retroactividad impropia? (según expresión de la doctrina alemana) o ?de grado medio?, ya que el hecho imponible del que trae causa el nacimiento de la obligación tributaria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (la obtención de renta) tiene carácter duradero y, en estos casos el legislador puede situar el devengo del Impuesto al término o al comienzo de un período impositivo legalmente predeterminado. Así, aun cuando los elementos constitutivos del hecho imponible comenzaron a producirse antes de la entrada en vigor de la Ley, el hecho imponible no se habría realizado íntegramente en ese momento, al quedar diferido el devengo del Impuesto hasta el 31 de diciembre y, consiguientemente, los efectos jurídicos de la decisión del interesado, que transmitió onerosamente unos bienes por acto ?inter vivos? no se habrían agotado. Tras la calificación de la retroactividad que resulta de la norma como impropia, el siguiente paso sería el de la ponderación de los bienes en conflicto para observar si, particularmente, el principio de seguridad jurídica padece hasta tal punto que se quiebra por la admisión de tal retroactividad en el presente caso. No es ésta, sin embargo, la labor que ha de desarrollar este Organo, por cuanto ello supondría un juicio acerca de la constitucionalidad de la norma en cuestión, juicio expresamente reservado al Tribunal Constitucional. Por tanto, no habrían de admitirse eventuales razonamientos del interesado fundados en la inadmisibilidad de la retroactividad de la norma impugnada, por ajustarse la actuación de la Administración a la normativa en vigor.
SEXTO.- Alega el interesado, por otro lado, que la transmisión de los elementos afectos a su actividad empresarial se produjo con posterioridad a su jubilación. Pues bien: no hemos de compartir la afirmación del interesado en el sentido de que se hallase jubilado con anterioridad al momento en que se produjo la transmisión de los bienes afectos al ejercicio de la actividad de taxista. Según consta en el expediente, aunque es cierto que solicitó la autorización de traspaso de la licencia de taxi en (...) de 1992, no lo es menos que su decisión de jubilarse no se consumó sino hasta el (...) de 1992, fecha en que, según se pone de manifiesto en certificación emitida por el Subdirector de Información Administrativa, Informes de Cotización, Subsidios y Control de Pensiones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Navarra, solicitó la pensión de jubilación. Y no ha de tenerse a un trabajador por jubilado sino hasta el momento en que se produce el cese efectivo en su actividad, cese que no aparece acreditado en este caso sino hasta el (...) de 1992. Así que habiéndose producido la transmisión de los elementos patrimoniales que dan lugar a los incrementos de patrimonio objeto de debate en (...) de 1992 (es decir, antes del momento de la efectiva jubilación del sujeto pasivo), no cabe entrar en consideraciones acerca de los efectos que el hecho de la jubilación hubiera podido causar sobre los dichos incrementos de patrimonio, puesto que ni siquiera viene a quedar acreditado en el expediente el hecho de que la transmisión de los bienes se hubiera producido una vez desafectados éstos.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Don (...) y Doña (...) contra liquidación derivada de Acta suscrita en disconformidad número (...) por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1992, confirmándose dicha liquidación en todos sus extremos.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 128/2009, 12-12-2011
Orden: Administrativo Fecha: 12/12/2011 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez De Velasco, Joaquin Huelin Num. Recurso: 128/2009
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