Source: https://es.scribd.com/document/302043898/La-ruta-de-la-nueva-Ley-General-de-Transparencia-que-incluye-a-estados-y-municipios
Timestamp: 2018-01-22 22:08:51
Document Index: 344325167

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'artículo 141', 'artículo 27', 'artículo 41', 'artículo 47', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 113']

Descripción: La ruta de la nueva Ley General de Transparencia, que incluye a estados y municipios
La nueva Ley General de Transparencia
El 5 de mayo de 2015 entró en vigor la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (lgtaip) aprobada por el
Congreso de la Unión. Esta ley es de observancia en toda la república
mexicana y reglamentaria del artículo sexto de la Constitución Política
en materia de trasparencia y acceso a la información. Tiene por objeto
establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad.
Se compone de 216 artículos y 13 transitorios. ¿Qué participación tuvieron las organizaciones civiles en su elaboración? ¿Qué temas fueron los
más debatidos? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la lgtaip?
¿Qué críticas y limitaciones se han vertido sobre esta ley? A continuación se presenta un breve esbozo sobre estas cuestiones.
1. La hechura de la ley general, un trabajo plural
La cámara de senadores fue la que dio origen a la lgtaip. La iniciativa
fue presentada por los legisladores Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé
Alejandro Robledo Aburto, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña
Académico del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (iteso).
La nueva Ley General de Transparencia: alcances y retos
Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Armando Ríos Piter, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (prd);
Arely Gómez González, del Partido Revolucionario Institucional (pri)
y Pablo Escudero Morales del Partido Verde Ecologista de México
(pvem); Laura Angélica Rojas, María Marcela Torres Peimbert, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco
Sandoval, estos últimos integrantes del Partido Acción Nacional (pan).
Desde 2012 un grupo plural de senadores (prd, pri, pan y pvem)
presentaron iniciativas de reforma en materia de trasparencia y combate a la corrupción. También se llevaron a cabo reuniones con los
comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai)
y se recogieron opiniones de funcionarios de la administración pública federal. El 6 de noviembre de ese año se tuvieron reuniones con
representantes de las organizaciones de la sociedad civil (osc) y posteriormente con representantes del Instituto Federal Electoral (hoy
ine), así como con académicos de la Universidad Nacional Autónoma
A pesar de apertura de los senadores en el diseño de esta ley, 44 organizaciones civiles, convocadas por el Colectivo por la Transparencia
y México Infórmate, advirtieron que la fracción del pri en la Cámara de
Diputados pretendía anular las resoluciones definitivas e inatacables
de los comisionados del ifai y los órganos garantes locales, e incorporaba a los partidos políticos como sujetos obligados indirectos. En esta
misma línea, 60 organizaciones civiles y cerca de 100 personas emitieron un comunicado dirigido a los diputados y a los partidos políticos en
el que demandaban mantener el carácter definitivo e inatacable de las
resoluciones del ifai, así como impedir decisiones contrarias al avance
de la trasparencia y el derecho de los ciudadanos a la información.1
1.	Véase la carta abierta a las y los legisladores de la lxii Legislatura del 9 de julio de 2013, publicada
por Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, así como el pronunciamiento del 10 de
julio de 2013, promovido por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, ac.
El 26 de noviembre de 2013 la lxii Legislatura de la Cámara de Diputados reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política Mexicana en materia de trasparencia.2 Por lo que respecta al
artículo sexto se contempla, entre otros puntos:
•	Que toda información en posesión de cualquier autoridad, incluidos los partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en materia federal, estatal
o municipal será pública.
•	La inclusión de indicadores que permitan rendir cuentas de los
•	Se agregan principios que regirán la actuación del órgano garante
federal (certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia,
efectividad, profesionalismo, trasparencia y máxima publicidad) y
se les otorgan nuevas competencias.
•	Se mantiene que las resoluciones del órgano garante serán definitivas, vinculantes e inatacables y se amplía a siete el número
de comisionados del ifai (ahora Instituto Nacional de Acceso a la
Información, inai).
El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la reforma de diversos artículos constitucionales en materia de trasparencia con la finalidad de fortalecer los mecanismos de rendición de
cuentas. Se precisa que la intención de la reforma constitucional fue
la de fortalecer las atribuciones del organismo federal garante (inai)
con el fin de generar un sistema de coordinación entre las entidades
federativas y la federación para lograr los mismos estándares de trasparencia y acceso a la información en el país. En el segundo transitorio de la
2.	Véase la Gaceta Parlamentaria de la lxii Legislatura de la Cámara de Diputados, año xvii, número
3914–ii del 26 de noviembre de 2013.
reforma constitucional al artículo sexto se mandata al Congreso de
la Unión para la creación de una ley general de trasparencia de todos
los niveles de gobierno, con el fin de establecer bases, principios generales y procedimientos que deberán ajustar las leyes federal y locales.
No obstante las consultas realizadas por los senadores de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y Estudios Legislativos, diversas organizaciones ciudadanas,
así como la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
Pública (comaip, integrada por los órganos garantes de los estados),
advirtieron intenciones regresivas de los legisladores en la elaboración
de la lgtaip en los siguientes aspectos:
•	Se establecen sanciones para los funcionarios de los organismos
garantes ante la posibilidad de generar daños a los sujetos obligados
al revelar información.
•	Desaparece la obligación de generar información de los actos realizados por los sujetos obligados.
•	Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a los
derechos humanos y los delitos de lesa humanidad al establecer la
obligatoriedad de calificar el hecho por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) o la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (cidh), debilitando con ello las atribuciones
del ifai en la materia.
•	Se reserva la información por causas de estabilidad económica y
seguridad nacional, entre otras.
•	Se elimina la prueba de daño por parte de los comités de trasparencia, lo que evita que estos fundamenten y motiven la clasificación
de la información por medio de este mecanismo.
•	Se favorece la intervención del Consejero Jurídico de la Presidencia —a petición de cualquier sujeto obligado—, contraviniendo el
principio de inatacabilidad de las resoluciones del ifai.
•	Desaparecen las obligaciones de trasparencia relacionadas con la
gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos.
•	Se elimina la obligación de trasparentar el listado de personas que
han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria.
Ante estos señalamientos, las comisiones unidas del Senado referidas abrieron un espacio de diálogo (el 2 y 3 de marzo de 2015) para
debatir los puntos anteriores con 22 expertos en la materia. Entre los
convocados estuvieron el director general del Centro de Investigación
y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón; el coordinador de la
Red por la Rendición de Cuentas (rrc), Mauricio Merino; el director
del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega; el director de
Artículo 19, Darío Ramírez; Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam; Jacqueline Peschard, catedrática
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, y Alejandro
González, director de Gestión Social y Cooperación y miembro del
consejo asesor de la rrc. Además, entre las instituciones convocadas
estuvieron la Comaip, el ifai, la pgr, la Cofece, la cndh, el Banco de
México, el Ifetel, la onu y el Infonavit, así como Humberto Castillejos,
consejero jurídico de la Presidencia de la República.3 Este dialogo permitió hacer aclaraciones, precisar, ampliar y profundizar en los temas
de mayor divergencia. Algunos aspectos fueron tomados en cuenta y
otros no, con la promesa de incorporarse en otras leyes (por ejemplo:
la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de las personas que
reciben condonaciones fiscales).
El 18 de marzo de 2015 el Senado de la República aprobó con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención la lgtaip. Para el senador
Isidro Pedraza Chávez, del prd, la participación de la sociedad civil
fue clave para que se vencieran las resistencias a la trasparencia por
parte del Ejecutivo. Gerardo Sánchez García, senador del pri, apuntó
que los acercamientos con la sociedad civil permitieron enriquecer el
3.	Juan José Reyes. “Disparidad de Leyes provocaría un retroceso: Comaip”, en El Economista, 24 de
dictamen para garantizar el acceso a la información y la obligatoriedad
de los sujetos de hacer público el ejercicio de los recursos públicos.
María del Pilar Ortega Martínez, del pan, destacó el fortalecimiento del
ifai como órgano constitucional autónomo al conservar sus facultades
en sus resoluciones. Javier Corral, del pan, resaltó que los avances en
el derecho a la información también son para combatir la corrupción
y criticó que en el dictamen se introdujera un artículo transitorio que
diluye el cumplimiento de las obligaciones de trasparencia para el Congreso de la Unión. El senador del Partido del Trabajo (pt), Manuel
Bartlett Díaz, consideró que la nueva ley incumple con el principio
de máxima publicidad porque contempla diversas excepciones para
reservar la información, señalando el caso de los hidrocarburos.4
Para Mariana Campos, de México Evalúa, la aprobación de la lgtaip
por parte del Senado cumplió de manera positiva con la mayoría de
las exigencias de los osc. Como uno de los grandes pendientes de la
ley señaló el no hacer obligatoria la publicación de las declaraciones
patrimoniales por parte de los servidores públicos.5 También hubo
organizaciones que criticaron el que no se haya avanzado más en las
atribuciones del inai, como primera instancia, frente a los casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y que se
mantenga en la opacidad el listado de las personas que reciben condonaciones en materia tributaria.
La aprobación de la lgtaip por parte de la Cámara de Diputados,
el 17 de abril de 2015, fue de trámite. Tuvo 385 votos a favor (pan, pri,
pvem, Nueva Alianza), 24 votos en contra (pt, Movimiento Ciudadano
y Movimiento de Regeneración Nacional —Morena—) y tres abstenciones. El diputado Abel Salgado Peña, del pri, presidente de la Comisión de Gobernación, resaltó la terminación de privilegios para las
4.	Senado de la República. “Senado aprueba la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, comunicado de prensa número 363, México, 18 de marzo de 2015 [de disponible en:
http://bit.ly/1K2I0xV, consultada el 19 de junio de 2015].
5.	Alejandro Domínguez. “La aprobación de la ley general de transparencia es positiva: México Evalúa”, en Milenio, “Sección Política”, 18 de marzo de 2015.
personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos
públicos, así como la ampliación del catálogo de obligaciones. Fernando Rodríguez Doval, diputado del pan, reconoció la participación de las
organizaciones civiles, de académicos y de senadores en la creación de
la ley y apuntó que esta tendrá que ir de la mano del Sistema Nacional
Anticorrupción. En contra de esta norma se pronunció Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, de Morena, ya que en su opinión violenta la autonomía que la constitución le otorga al ifai, al fijar procedimientos que
condicionan el ejercicio del derecho a la información. Carlos Fernando
Angulo, del pan, se inconformó con el artículo transitorio que otorga
un plazo de cinco meses a los diputados para asumirse como sujetos
obligados en la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos que reciben las bancadas de los partidos representadas en el
Congreso.6
Para Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) la promulgación de la lgtaip “es un avance sustantivo en materia de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país” y no duda en señalar
que se trata de un “logro de la sociedad civil por abrir al escrutinio
público los asuntos de interés común”. No obstante considera “que se
requiere de la vigilancia de la sociedad civil para que la Ley se cumpla
y la política se implemente efectivamente”.7
2. Particularidades y alcances de la ley general
A diferencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (lftaipg), que obliga a la administración
pública federal y a los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo
6.	Ivonne Melgar. “Aprueban 385 diputados la ley de transparencia”, en Excélsior en línea, 17 de abril de
/2015 [de disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/17/1019090, consultada el
19 de junio de 2015].
7.	Véase: “Postura del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (cimtra) a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (lgtaip)”, México, mayo de 2015 [de
disponible en: http://www.cimtra.org.mx/portal/pronunciamiento-colectivo-cimtra/#more-152,
consultada el 19 de junio de 2015].
y Judicial), la lgtaip también incluye a estados y municipios, con el
objeto de establecer procedimientos y condiciones homogéneas en
el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como fomentar
la cultura de la trasparencia, promover la participación ciudadana en las
decisiones públicas y la rendición de cuentas.
Diversos analistas, representantes de organismos civiles involucrados en los temas de trasparencia, han destacado las bondades y particularidades de la citada ley. Dentro de los puntos a favor se señalan
•	Amplía el catálogo de sujetos obligados, incorporando a los partidos
políticos, los fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, así como a
las personas físicas y morales que reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad de la federación, los estados y los
•	Gratuidad. La información se entregará sin costo cuando implique
la entrega de no más de 20 copias simples y las unidades de trasparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo
a las circunstancias económicas del solicitante (artículo 141).
•	Crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (artículo 27) que estará
conformado por el inai, los órganos garantes de cada entidad federativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de
la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dentro
de sus funciones sobresalen la de establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas
prácticas, modelos y políticas integrales en la materia; promover
la participación ciudadana, así como la profesionalización, actualización y capacitación de los servidores públicos y la coordinación
efectiva de las instancias que integran el sistema, entre otros.
•	Crea la Plataforma Nacional de Transparencia, que estará conformada por cuatro sistemas: de solicitudes de acceso a la información;
de gestión de medios de impugnación; de portales de obligaciones
de transparencia, y de comunicación entre organismos garantes y
•	Amplía las atribuciones de los órganos garantes. El inai tendrá la
facultad de conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos
por los particulares en contra de los órganos garantes de las entidades federativas, podrá conocer y resolver de oficio o a petición de
estos los recursos de revisión que por su interés o trascendencia así
lo ameriten. También tendrá la facultad de interponer acciones de
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal
o del Distrito Federal, así como controversias constitucionales, establecer y ejecutar medidas de apremio y sanciones (artículo 41).
•	Conforma Consejos Consultivos, de carácter honorífico, en cada
uno de los organismos garantes de cada entidad federativa (artículo 47), que tendrán como facultades: comentar sobre el programa
anual y su cumplimiento, además del presupuesto, emitir opiniones
técnicas y proponer programas, proyectos y acciones relacionadas
con esta materia, entre otras.
•	Incluye la trasparencia proactiva, los datos abiertos y el gobierno
abierto, así como un apartado de obligaciones en materia energética.
Será facultad de los órganos garantes, con base en los lineamientos
del Sistema Nacional de Transparencia, establecer políticas de trasparencia proactiva, esto es, publicar información adicional a la que
establecen como mínimos las leyes de trasparencia general y locales.
•	Pone atención en el derecho de acceso a la información de grupos
vulnerables, con capacidades especiales (ciegos, inválidos, etc), así
como de grupos indígenas, con el fin de otorgar facilidades y apoyos
para consultar y realizar solicitudes de información.
•	Reduce el plazo de reserva de la información a cinco años, de 12 años
previstos en la lftaipg.
•	Amplía y precisa sanciones. A diferencia de la lftaipg, se señalan
medidas de apremio como la amonestación pública y las multas; que
van de 150 hasta 1,500 veces el salario mínimo general vigente en el
área geográfica de que se trate. Se especifica que tanto las medidas
de apremio, como las sanciones de tipo económico, no podrán ser
Un asunto no menor de la lgtaip es que establece que los sujetos
obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán
clasificar por ese solo supuesto la información relativa al ejercicio de
estos, como secreto bancario o fiduciario (artículo 117). De igual manera aplicará este criterio para las instituciones bancarias (artículo 118).
Se consigna también que los sujetos obligados deberán documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultados, competencias o
funciones (artículo 18). Asimismo, se parte de la presunción de que la
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados (artículo 19). Esto significa que las autoridades ya no
podrán evadir la entrega de información bajo el argumento de inexistencia de esta, si está dentro de sus facultades deberán generarla y
entregarla al demandante.
La multicitada ley también precisa que la generación, publicación y
entrega de información deberá garantizar que sea accesible, verificable,
veraz, oportuna y atender las necesidades de acceso a la información de
toda persona (artículo 13). Esto significa que en su elaboración deberá
cuidarse que tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, y más
aún, considerar la traducción a lenguas indígenas cuando el solicitante
lo demande. Especifica también que los órganos garantes, en el ámbito
de sus atribuciones, deberán suplir cualquier deficiencia con el fin de
garantizar el ejercicio de este derecho (artículo 14).
No obstante las bondades apuntadas de la lgtaip, Ernesto Villanue8
va hace un recuento de aspectos no contemplados en esta ley que, en
8.	Ernesto Villanueva. “Olvidos en la ley de transparencia”, en Proceso, sección “Análisis”, 17 de mayo
su opinión, no fueron “descuidos” de los legisladores sino intencionales y que son de gran relevancia para esta materia:
•	El principio de definitividad inapelable que tenía el ifai (ahora
inai) se trastoca, ya que ahora el consejero jurídico de la Presidencia
podrá impugnar las resoluciones del órgano garante nacional ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) cuando considere que
las resoluciones ponen en peligro la seguridad nacional. Villanueva
advierte que no hay claridad respecto de los plazos en que la scjn
deberá emitir una resolución, lo que sin duda puede afectar la entrega
oportuna de información.
•	En el apartado de transitorios no se incluyó que los bienes muebles
e inmuebles, junto con el personal del ifai, deberán formar parte
del nuevo inai. El único asidero legal que existe —señala Villanueva— es el que se menciona en el transitorio décimo de la reforma
constitucional en la materia de 2014, que apunta: “Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto
Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado”.
Sin embargo, no se dispone de manera expresa que los recursos del
ifai y sus trabajadores serán parte del inai, ni existe una transición
legal entre estos organismos.
•	En los artículos transitorios de la lgtaip se omitió incluir que los
Comisionados del ifai, nombrados por el Senado, para integrar el
órgano garante lo serán del inai. Según Villanueva, esta es una falta
grave ya que:
a) La autoridad, en los términos del artículo 16 constitucional, debe
fundar y motivar sus resoluciones. Si un particular en posesión de
datos personales impugna una resolución porque los comisionados
nombrados por el Senado no lo son del inai —no expresamente ni
en la Constitución ni en la ley—, y porque carecen de competencia,
lo propio podría invocar el consejero jurídico de la presidencia al ser
la ventanilla de los sujetos obligados para impugnar las resoluciones
del inai cuando lo haga en nombre y representación, por ejemplo, de un
partido político o de un sindicato; b) En la doctrina hay dos posturas
sobre este tema: una, la denominada “incompetencia de origen” (entendida como la falta de atribuciones de los comisionados del ifai
que no lo son del inai) generará que se invaliden sus resoluciones.
Hay, por otra parte, quienes sostienen que los actos de autoridad no
pueden quedar sin efectos, pero se deja abierta la puerta para que
los comisionados sean objeto de sanción al actuar como autoridad
sin tener facultades expresas para ello, hecho derivado de su falta
de nombramientos como comisionados del inai.9
Otro aspecto relevante es que se establece como información reservada
la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte de los procesos deliberativos de los servidores públicos
hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva (artículo 113).
Esta disposición es contraria al principio de máxima publicidad y es
un obstáculo para que los servidores públicos rindan cuentas sobre
En resumen, si bien es cierto que hay conquistas importantes para
que las personas ejerzan su derecho a saber, en la práctica no sabemos qué tanto peso tendrán las omisiones de los legisladores apuntadas por Villanueva, así como el nivel de efectividad que logrará la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Transparencia y
su articulación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Falta también
que los estados armonicen sus respectivas leyes con la lgtaip —para
lo cual tendrán el plazo de un año— y que estos aporten los recursos y
apoyos necesarios para que la maquinaria funcione con eficiencia. Así
las cosas, es altamente probable que todo esto empiece a aplicarse, si
bien nos va, en la próxima administración federal.
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