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Timestamp: 2020-08-14 00:18:35
Document Index: 294491223

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 183', 'artículo 265', 'artículo 267', 'artículo 4', 'Artículo 265', 'Artículo 265', 'Artículo 265']

en los Delitos de Querella.
La inconveniencia de su aplicación en los casos de Violación
Lic. Arely Reyes Terán
Dra. Nydia E. Cruz Barrera
Introducción……….….………1
2. Marco Teórico………..7
2.1 El Derecho en general y el Derecho Penal en particular………7
2.2. El delito de violación conyugal………11
2.3 Los efectos del delito de violación conyugal en las víctimas………23
2.4 Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias………36
2.4.1 La Mediación………...38
2.4.2 La Conciliación………...43
2.5 Regulación de la Mediación y la Conciliación………...45
3. Diseño metodológico………49
3.1 Métodos………..49
3.2 Técnicas……….49
4. Los elementos de la Mediación y la Conciliación y los efectos de la violación conyugal………...50
4.1 Análisis de los elementos de la Mediación y la Conciliación en relación con los efectos que el delito de violación conyugal produce en las víctimas…………...50
4.2 Derechos violados con la aplicación de la Mediación y la Conciliación en los casos de violación conyugal……….61
5. Conclusiones………68
6. Propuestas……….70
El gran atraso e ineficacia del sistema de procesamiento penal actual para dar vigencia plena a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos traducido en una desconfianza extendida en el aparato de justicia, los burocráticos y lentos procesos penales, los interminables expedientes escritos y el hecho incuestionable de que las cárceles no garantizan la reinserción social, constituyen, entre otros, el motivo de la importante reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión el 6 de marzo de 2008, que sin duda, tuvo por objetivo modernizar la justicia en México.
En términos generales, la reforma es plausible en la medida en que pretende ajustar el sistema de procesamiento penal a los principios de un Estado social y democráticamente justo. Por consiguiente, la reforma se inclina a resolver las problemáticas antes planteadas, optimizando la defensa de las garantías de víctimas y acusados, la imparcialidad de los juicios, la puesta en marcha de prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada, el funcionamiento satisfactorio de las cárceles y la adaptación de las leyes penales a los compromisos internacionales del país.
En la búsqueda de la aplicación efectiva de este sistema, se han introducido instituciones específicas que promueven “soluciones autocompositivas” (Canle, 2011, pág. 69) y voluntarias: los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de acuerdo con el artículo 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se reducen a la mediación y la conciliación en términos del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
las mujeres; de lo contrario, pueden llevar a la violación del derecho de éstas al acceso a la justicia y, en consecuencia, a la subsistencia de la desigualdad. Lamentablemente, esto no está ocurriendo así, ya que en los estados del país en donde estos mecanismos se han puesto en marcha, se ha legislado en el sentido de que todos los delitos que se persiguen por querella son susceptibles de ser mediados o conciliados, sin tomar en consideración la existencia de ilícitos que por los efectos que producen en las víctimas, tales mecanismos resultan inoportunos. Uno es estos delitos es la violación conyugal, perseguible por querella de la víctima de conformidad con el artículo 265 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales.
El tratamiento que se ha dado a la Mediación y la Conciliación obedece a que todo el proceso de modernización del estado, tuvo como origen la publicación por el Banco Interamericano de Desarrollo, de un documento denominado Modernización del Estado, Documento de Estrategia, expedido en Washington, D.C., en julio de 2003, el cual tiene por objeto establecer los conceptos básicos que deben guiar las intervenciones del Banco en cuanto a la modernización del Estado.
En palabras simples, el Banco no invertiría más en países que no se propusieran modernizar sus sistemas de justicia debido a este vínculo estrecho que identifica entre justicia y desarrollo, después de diagnosticar la situación de la justicia de la siguiente forma: “problemas relacionados con la independencia del poder judicial; la obsolecencia de las leyes y los procedimientos; la congestión judicial; la escasez de recursos; la ausencia de sistemas modernos de organización, información y administración; las barreras de acceso al servicio y las limitaciones de cobertura del sistema; la limitación y deterioro de la infraestructura física, y la precariedad en la tutela de los derechos fundamentales”. (2003, pág. 12).
Esta medida detonó en diversos países de América Latina, entre ellos el nuestro, la necesidad de modernizar sus sistemas de justicia; para tales efectos, se tomó como referencia las siete áreas en las que se debe trabajar para mejorar la impartición de justicia identificadas por el propio Banco Interamericano de Desarrollo en el documento de referencia: 1) Apoyar la independencia del poder judicial; 2) Ampliar el acceso a la justicia; 3) Fortalecer la capacidad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción; 4) Desarrollar sistemas modernos de gestión y administración de órganos y procesos judiciales; 5) Promover medios alternativos de resolución de conflictos; 6) Actualizar la normativa sustantiva y procesal; y 7) Proteger la seguridad ciudadana y asegurar control legal del uso de la fuerza.
hay posibilidad de una gobernabilidad democrática”. (Facio, Jiménez, Villanueva, 2005, pág. 3).
Se afirma lo anterior, porque medidas como la de Promover medios alternativos de resolución de conflictos, entre otros de los mencionados, carecen de dicha perspectiva al no distinguir que existen delitos cuya mediación o conciliación no es lo mejor para las víctimas.
En efecto, en términos generales, estamos de acuerdo con la filosofía que subyace en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en el sentido de que promociona el cambio desde nuestra cultura de violencia hacia una cultura de paz, volviéndolo un método aceptable para el mejoramiento del sistema de justicia universal. Luz Rioseco en De la Violencia al Amor señala acertadamente que “las partes involucradas ya no apuntan sus esfuerzos hacia la derrota de la contraparte, sino a solucionar en conjunto el problema” (1997, pág. 132).
No obstante, cuando una de las partes en la mediación o en la conciliación es víctima de violencia sexual por la otra parte, no se está en presencia de un “problema” que pueda y deba solucionarse “potenciando la creatividad, el entendimiento, la comunicación y la cooperación” (Rioseco, 1997, pág. 132), sin violar los derechos de la víctima, pues los efectos que la violencia produce en ésta, menguan su capacidad de tomar libre, razonada y objetivamente decisiones.
Tanto en el caso de la víctima como del victimario, se requiere de tratamientos psicoterapéuticos que rebasan en tiempo, el requerido para mediar o conciliar en condiciones de igualdad; lo que aunado a la necesidad de reprochar socialmente este tipo de conductas que hasta hace poco tiempo se encontraban escondidas en el ámbito de la familia, hace inconveniente la mediación y la conciliación en los casos de violación conyugal.
En otras palabras, en esta tesis se sostiene que no es posible mediar y conciliar en los casos de violación conyugal, en condiciones de igualdad y con resultados eficaces.
Este trabajo pretende un análisis reflexivo del delito de violación conyugal y sus efectos en las víctimas, así como de las figuras de la mediación y la conciliación. Luego, ambos temas serán abordados contrastando los principios que rigen estos mecanismo alternativos de solución de controversias, con las condiciones en que se encuentran las víctimas de este tipo de violencia sexual, para sustentar que no es objetivamente viable
o conveniente, someter a éstas a dichos mecanismos; se estudiará también si la aplicación
de la mediación y la conciliación violenta derechos de las víctimas de violación conyugal. En este ejercicio, resulta trascendente el trabajo desarrollado por la jurista chilena, Luz Rioseco Ortega bajo el título Mediación en casos de violencia doméstica, publicado en
2.1 El Derecho en general y el Derecho Penal en particular
Hoy en día, es generalmente aceptado por los estudiosos de la materia, que el Derecho,
definido por Lorena Fries y Verónica Matus en La ley hace el delito como “el conjunto de
normas, instituciones y prácticas jurídicas que tienen por objeto orientar el comportamiento
social de las personas que conviven en una determinada sociedad” (2000, pág. 9), por un
lado, expresa las preferencias ideológicas de los sectores dominantes y por el otro, da
cuenta de las rupturas con ese poder, producto de las luchas de amplios sectores la
Ana Elena Obando M., en su texto Mujer, Justicia Penal y Género, siguiendo a
Alda Facio en su obra Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el
análisis de género del fenómeno legal), sostiene que “las ciencias tradicionales tales como
el Derecho, han propuesto sus doctrinas, creado la jurisprudencia y elaborado las normas
partiendo de las experiencias de quienes han tenido el poder de decidir y definir. Esto
significa, que mayoritariamente se han planteado y han respondido a aquellos conflictos
que son problemáticos desde la experiencia social de cierto tipo de hombres (blancos,
occidentales, mayores de edad, sin discapacidades visibles, heterosexuales, de clase alta,
etc.). En consecuencia, son las necesidades y conflictos de este tipo de hombres los que
están codificados por el derecho y por ello el modelo o paradigma de la mayoría de las
leyes y sus interpretaciones sigue siendo el varón. Las necesidades y conflictos de las
mujeres las ha codificado el derecho a la medida e interés del paradigma androcéntrico.
Uno de los movimientos sociales que ha conseguido, no con pocos esfuerzos,
romper con ese poder, es el feminismo1, el cual ha logrado que en la actualidad se reconozca no sólo el dominio de clases, sino la irrefutable sentencia de que el Derecho ha
constituido un tramado que a través de mecanismos históricamente concretos y propios,
impuso y ha dado continuidad a un sistema patriarcal; a saber, ha dado lugar a la
constitución, mantención y reproducción de la subordinación de las mujeres.
Cada rama del Derecho ha jugado un rol específico en el mantenimiento y
reproducción de este estatus. En el Derecho Constitucional por ejemplo, los ámbitos de
regulación son “la estructura de la sociedad, el ejercicio y conformación de la autoridad
política y los derechos y obligaciones de los ciudadanos en una comunidad. Estos
elementos se adscriben al ámbito público y no permean al ámbito privado, considerado
desde la propia Constitución como el ámbito de la familia, institución única fuera del
espacio del ejercicio/límite del poder y por tanto, intocable e incontaminable que no
permite la intromisión en las relaciones humanas.” (Fries y Matus, 2000, pág. 11).
El derecho privado por su parte, en particular el derecho de familia, se ha encargado
de regular las relaciones al interior del núcleo familiar de forma tal que lo han validado
“como único espacio de desarrollo legítimo de las mujeres. Es en este campo en el que se
fijarán las funciones y los roles que a las mujeres corresponden y que se traducirán en
restricciones a su autodeterminación sexual, reproductiva, económica y personal.” (Fries y
Matus, 2000, pág. 12).
Así, las experiencias e intereses de las mujeres quedan inscritas en el espacio
familiar privado y excluidas del desarrollo de los derechos de ciudadanía.
Ahora bien, el Derecho Penal es el encargado de fijar los límites entre lo
socialmente aceptable y aquello que socialmente debe ser castigado. Al igual que las otras
ramas del derecho, el Derecho Penal distingue lo que es aceptado para las mujeres y para
los hombres y, resultado de dicha distinción, se asocia una pena jurídica consecuente,
generalmente la privación de libertad.
El Derecho Penal está cimentado en bienes jurídicos o valores que se ansían
preservar en una sociedad específica; un delito, pues, es un hecho estructurado en oposición
a dichos bienes, un hecho que daña o pone en peligro el bien tutelado por la norma penal.
Así, el Derecho Penal configura un orden sexual dentro del cual se desenvolverán
“normalmente” hombres y mujeres, en la medida que respondan y promuevan los valores
consagrados. A través de la regulación histórica del derecho penal es posible advertir cuáles
han sido las concepciones de sexualidad dominantes en un tiempo y en una determinada
En efecto, en una primera etapa histórica el derecho penal reguló explícitamente a
las mujeres situándolas en una posición de subordinación frente al varón. Como afirman
Lorena Fries y Verónica Matus en Género y Derecho, “el castigo, la fuerza y la limitación
de la autonomía sexual, económica y personal de las mujeres fueron evidentes. Se trataba
de sociedades estamentales donde no existía la noción de igualdad y se asumía sin disimulo
que las mujeres pertenecían a una categoría inferior al varón” (1999, pág. 688).
Por su parte, Alda Facio en Género y Derecho ratifica que “el acceso sexual
exclusivo del amo/dueño a su objeto sexual, la mujer, la penalización severa del adulterio
de la mujer, el castigo a la negativa a la procreación y el aborto, la mutilación de genitales
violencia institucionalizada que imprimió duros castigos a las mujeres por su independencia
fuera personal, social, económica o sexual” (1999, pág. 57).
Una segunda etapa histórica, coincidente con el período de la Ilustración, vio una
generación de mujeres previamente disciplinadas y, de manera implícita, abrazó la
posibilidad de continuar con la regulación de su vida mediante normas supuestamente
neutrales, dirigidas a todos y todas por igual, al sujeto universal; sin embargo, éstas normas
continúan siendo patriarcales. Ejemplo de ello, es la falta de castigo por muchos años de la
violencia doméstica y la omisión de la penalización de la violación conyugal.
En otro estamento, como afirma Ana Elena Obando M., en su obra citada, “las
prácticas que se originan en el proceso de interpretación y aplicación de las normas
relativas a los comportamientos esperados de mujeres y hombres, afectan la forma en que
las personas construyen su visión de cuál es el lugar y el comportamiento apropiado para
ambos sexos en la sociedad. Lo que hagan y digan las y los funcionarios de la
administración de justicia en ese proceso, es parte de la dinámica de producción y
reproducción de los actos de discriminación que afectan a mujeres y hombres
diferentemente. (2007, pág. 109).
La violación conyugal, como se expondrá, fluctuó históricamente, entre la omisión
de su tipificación como delito y una aberrante interpretación y aplicación del derecho, esto
es, fue de la omisión de su penalización -pues la libertad y el normal desarrollo psicosexual
de las mujeres casadas o viviendo en concubinato, no era un bien jurídico que al patriarcado
le interesara proteger-, a la continuación de su impunidad debido a la expedición de un
2.2 El delito de violación conyugal
El delito de violación conyugal o entre cónyuges como también se le conoce, es una figura
jurídica de reciente creación: a nivel federal se tipificó el 30 de diciembre de 1997, fecha en
que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Más que una actualización en el
Código Penal, la tipificación de este delito representa un hito en la histórica lucha por la
igualdad, pues hasta ese punto la impunidad de los maridos que fuerzan sexualmente a sus
cónyuges estaba asegurada, ello a pesar de que la violación conyugal es tan antigua como el
origen de la violación.
En efecto, desde tiempos muy remotos la normativa “de la violación y las leyes del
matrimonio se mezclaban en torno a la figura del varón, dueño, señor y jefe de familia. Era
permitido capturar y violar a las mujeres de otras tribus, pero no a las mujeres de la tribu a
la que pertenecía el varón. El desvalor no era la conducta sexual, sino la usurpación de la
posesión y del derecho tribal al control del acceso sexual de las mujeres, concebidas como
parte de las posesiones del varón. El matrimonio se consumaba a través de la desfloración
de la mujer y de pruebas ceremoniales de su virginidad.” (Fries y Matus, 2000, pág.59).
Como apunta Brownmuller Susan en Against Our Will, Women and Rape, “la
relación entre violación y matrimonio se refleja en la violación de los derechos de posesión
del macho basados en las exigencias masculinas de virginidad, castidad y consentimiento al
acceso privado, esta últimas como contribuciones femeninas al contrato de matrimonio”; de
manera que “la violación criminal se refería a la destrucción de la virginidad fuera del
contrato matrimonial, pues en este, no se concibe su existencia” (Fries y Matus, 2000, págs.
En el siglo XIX, activistas del movimiento feminista ya cuestionaban el supuesto
esposas. En efecto, autores como John Stuart Mill y Harriet Taylor en Inglaterra atacaron
la violación marital como una gruesa doble rasero en la ley y como elemento central de la
subordinación de las mujeres.
Al respecto, Alicia Miyares en un texto contenido en Historia de la Teoría
Feminista, destaca que “para Mill esa sujeción (de las mujeres) se materializa de manera
evidente e inmoral en la “esclavitud doméstica”, que hace la mujer casada una sierva. El
hombre, así pues, goza de un derecho absoluto sobre la mujer. El objetivo de Mill es acabar
con este estado legal.” (Amorós, 1994, pág. 76.)
Taylor por su parte, señalaba que la desigualdad de las mujeres es un prejuicio
debido a la costumbre y mantenido por la ley del más fuerte, añadía que además, el sexo y
el ámbito emocional hacen que la dominación del hombre sobre la mujer sea distinta a
todas las demás. (Varela, 2005, pág. 65).
Este estado permanece hasta principios de este siglo pues, desafortunadamente en
nuestro país, hasta el año 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuó
considerando el consentimiento del contrato matrimonial como una autorización para la
El 28 de febrero de 1994, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, resolvió la denuncia de contradicción de tesis 5/92, que se suscitó por la existencia
de criterios diversos entre dos Tribunales Colegiados de Circuito con residencia en la
El primero de los Tribunales sostuvo, como bien sintetiza Lilia Mónica López
la perspectiva de la equidad de género, que era imposible “que se configure el delito de
violación, pues entre los esposos existe la obligación del débito carnal y para el caso de que
la cópula se obtuviera empleando violencia física o moral, esta conducta daría lugar a una
causal de divorcio y a responsabilidad penal por el ilícito que la violencia pudiera generar.”
(2008, pág. 203).
Este caso, lo describe la autora, en síntesis, de la siguiente manera:
“la denunciante llegó a su domicilio procedente de su trabajo. Al
abrir la puerta, su esposo la empujó hacia el interior donde se encontraban sus hijas. Delante de éstas la ofendió, por lo que pidió a su atacante que saliera de la casa; a lo que no solo se negó, sino que la injurió diciéndole que era “una piruja, que en qué cabaretucho trabajaba, que era una perra y
como tal iba a hacer de las suyas sin que nadie se lo impidiera”. Al percatarse de la agresión hacia su madre las menores intervinieron, pero su padre las encerró en la recámara, en tanto que la ofendida permaneció en la sala hasta donde llegó su cónyuge, aventándola al sillón, provocando que se pegara en la cabeza, a gritos pidió ayuda, pero ningún vecino acudió en su auxilio; su marido le pegó en diferentes partes del cuerpo y de la cara utilizando pies y manos, rasgándole la ropa a jalones, como el vestido y ropa interior, inclusive su fondo quedó con residuos hemáticos. Después le abrió las piernas, se bajó el cierre del pantalón y le introdujo el pene en la vagina. La ofendida le indicó que no quería sostener relaciones sexuales, agregando que éste a pesar de estar sobrio, la forzó y una vez que concluyó la relación sexual salió a la calle…Existe fe de lesiones de la víctima y la declaración de las menores que robustecen la versión de su madre”. (2008, pág.205).
El diverso Tribunal Colegiado sustentó “que basta que la cópula se imponga a través
de violencia física o moral para que se configure el delito de violación, pues si bien entre
cónyuges existe la obligación del débito carnal y de perpetuar la especie, no es posible
cumplir con violencia; también sustentó que el desconocimiento de ese derecho daría lugar
a demandar la disolución del vínculo matrimonial.” (López, 2008, pág 203).
“La ofendida contrajo matrimonio tres años antes de los hechos,
procreando un hijo que a la fecha de los acontecimientos contaba con dos años de edad. El veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa, madre e hijo fueron abandonados. Pese a ello, el tres de diciembre siguiente, a las dieciocho horas, el esposo de la ofendida regresó al domicilio conyugal en estado de ebriedad y entró al cuarto pateando la puerta, indicándole que no se le iba a escapar y acto seguido la sujetó del cabello azotándola contra la pared, la tiró al suelo, la levantó y aventó a la cama donde continuó golpeándola en el vientre con los puños; con motivo de la agresión le desgarró la falda y ropa interior, y por la fuerza sostuvo relaciones sexuales. Aduce la ofendida “que como no se dejaba”, con las manos le lastimó las
piernas, y que una vez que su esposo “terminó”, le indicó que no le dijera a nadie o la mataría y nuevamente la jaló del cabello azotándola contra el suelo. El dictamen médico y la fe de lesiones pusieron de manifiesto que la víctima presentó huellas de lesiones en el área genital y extragenital, y de coito reciente; así como hematomas, y contusiones en el vientre y muslos con equimosis violáceas”. (2008, pág. 207).
Como bien apunta dicha autora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación determinó “que si entre los fines del matrimonio se encuentra la procreación,
resulta lógico que los cónyuges accedan a la relación sexual normal, entendida como la
introducción del pene en la vagina porque sólo a este tipo de relación se comprometieron; y
si la cópula se impone con violencia, tal conducta daría lugar a la comisión del ilícito de
ejercicio indebido del propio derecho o al delito que la violencia genere en la víctima, pero
no al de violación” (2008, pág. 203).
Esta postura dio lugar a la siguiente jurisprudencia:
“VIOLACION ENTRE CONYUGES, SINO DE EJERCICIO INDEBIDO
DE UN DERECHO. NO CONFIGURACION DEL DELITO DE. El que uno
de cohabitar, aunque no esté decretada judicialmente, cuando se pretende imponer la cópula encontrándose el sujeto activo en estado de ebriedad, drogadicción, padeciendo enfermedad venérea, síndrome de inmuno deficiencia adquirida, o en presencia de otras personas; asimismo, si la mujer tiene algún padecimiento, como puede ser parálisis que le impida producirse en sus relaciones sexuales, o estando decretada la separación legal de los esposos. Entendiéndose que las hipótesis mencionadas tienen carácter ejemplificativo, más no limitativo.
Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. 28 de febrero de 1994. Mayoría de tres votos de los Ministros Clementina Gil de Lester, Luis Fernández Doblado y Victoria Adato Green, en contra de los emitidos por los Ministros Samuel Alba Leyva e Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Luis Fernández Doblado. Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado.”
La propia López Benítez, en su obra mencionada, analiza la ejecutoria que dio lugar
a dicha tesis, sintetizando los yerros de la Corte de la siguiente forma:
“La ejecutoria analizada parte de que la cópula normal del marido a la mujer empleando violencia no integra el delito de violación, pero pasó por alto que la obligación de la mujer al débito carnal no es absoluta, pues se restringe al ejercer la capacidad de autodeterminación, que se manifiesta al elegir o abstenerse de copular en un determinado momento, por circunstancias personales con su cónyuge.
ejercicio de ese derecho; es decir, la posibilidad de acceder o negarse a la relación sexual, pues cada relación debe ir acompañada del consentimiento expreso o tácito; y vencer a través de la violencia física la voluntad de la esposa es vulnerar el bien jurídico protegido y por ende se configura el ilícito de violación.
Por otra parte, los argumentos analizados son inconsistentes porque la cópula normal o anormal obtenida con violencia física o moral, se insiste, necesariamente implica la comisión del delito de violación, pues lesiona el bien jurídico protegido entendido como la posibilidad de conducirse libremente en las relaciones sexuales. Tal conducta del activo, aun y cuando se trate del cónyuge, no puede considerarse como el ejercicio indebido del propio derecho, pues no obstante que uno de los derechos que se obtienen por virtud del matrimonio lo constituye el débito carnal que, como hemos dicho, no es absoluto, ya que debe mediar la voluntad del otro, y en tanto ésta no se exteriorice y por el contrario se constriña al pasivo a realizar la cópula empleando como medio comisivo la violencia, se estará, en respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en la hipótesis que la legislación penal identifica como violación.
A tal conclusión se arriba, pues basta considerar que por disposición constitucional se prohíbe hacerse justicia por sí mismo y para el caso de que uno de los consortes no cumpla con los fines del matrimonio, el diverso cónyuge tiene expedito su derecho para disolver el vínculo matrimonial, pero nunca ejercer el propio derecho a costa de vulnerar la voluntad del otro y el bien jurídico protegido por la norma penal, y dicha conducta no puede ser considerada como el ejercicio indebido del propio derecho o como la configuración del diverso ilícito que la violencia física o moral genere. Considerar lo anterior no solo implicaría dejar impune una conducta de suyo grave, sino que constituiría acabar con los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica que rigen el sistema constitucional.
Los argumentos debieron establecer que siempre que se imponga al cónyuge la cópula normal o anormal empleando como medio comisivo la violencia física o moral se comete el delito de violación”. (2008, págs. 217-219).
En el Protocolo de atención para personas que han sufrido el delito de violación,
expedido por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, se
sintetiza la postura de la Corte de la siguiente forma:
Para contrarrestar tan absurdo criterio, el movimiento feminista de México, con
muchos esfuerzos consiguió que algunos estados modificaran sus códigos penales para
tipificar la violación conyugal, ejemplo de ello fueron estados como Oaxaca (1997) y Baja
California (2004). El Código Penal Federal, también ejemplo de esta medida, quedó
modificado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre
de 1997; sin embargo, muchos otros estados entre ellos Puebla y el Estado de México, se
negaron a tipificar el delito aduciendo precisamente lo estipulado en la jurisprudencia antes
transcrita, de manera que podemos afirmar fundadamente que la injusta postura de la Corte
permitió que en diversos estados del país, los maridos continuaran violando impunemente
a sus esposas y concubinas.
Después de varios intentos fallidos, algunos debido a pretextos absurdos como que
los señores Ministros se encontraban de vacaciones, posponiendo con ello, la toma de
decisiones y evidenciando las resistencia significativa de los señores Ministros, finalmente,
el 16 de noviembre de 2005, a instancia de la Ministra Olga Sánchez Cordero, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la modificación de la
jurisprudencia 10/94, expidiendo la siguiente:
“VIOLACIÓN. SE INTEGRA ESE DELITO AUN CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y PASIVO EXISTA EL VÍNCULO MATRIMONIAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En términos del primer
cuando uno de los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos -sean éstos físicos y/o morales-, queda debidamente integrado el delito de violación, sin importar la existencia del vínculo matrimonial.
Varios 9/2005-PS. Solicitud de modificación a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/94, derivada de la contradicción de tesis 5/92, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Sexto Circuito. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 16 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Lilia Mónica López Benítez, en su obra citada, sintetiza los argumentos de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la ejecutoria que
dio lugar al criterio jurisprudencial antes transcrito, de la siguiente forma:
“1) El análisis del tema tuvo sustento en el artículo 267 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, que exige como requisitos para la integración del delito de violación:
a) Tener cópula con persona sea cual fuere su sexo.
b) Obtener el ayuntamiento carnal por medio de la violencia física o moral. 2) La descripción típica no exige otros elementos objetivos, subjetivos o circunstancias especiales para su configuración.
3) En el pasado se consideró que el bien jurídico tutelado era la “pudicia individual” y la “honestidad de la mujer”.
4) En la actualidad, el bien jurídico protegido por el delito de violación es la libertad sexual, que reconoce a todo ser humano la autodeterminación sexual. 5) El delito de violación lleva implícito la ausencia de consentimiento de la víctima, quien es forzada a la relación sexual mediante la anulación de su resistencia por medio de la violencia física o moral.
6) El vínculo matrimonial entre activo y pasivo no conlleva ninguna excepción que impida la integración del delito de violación.
7) El tipo fundamental de violación no requiere para su configuración cualidades especiales entre los sujetos del delito; tampoco los tipos agravados o equiparables exigen la relación conyugal como una modalidad del ilícito. 8) La sola obtención de la cópula entre cónyuges por medio de la violencia es suficiente para integrar el tipo penal aludido.
9) El Código Civil de Puebla establece como uno de los fines del matrimonio la perpetuación de la especie y la ayuda en la lucha por la existencia.
10) No obstante que uno de los fines del matrimonio es la procreación, no puede interpretarse que cualquiera de los cónyuges pueda obligar a otro a acceder al acto sexual bajo el pretexto de que el ayuntamiento carnal es con esa intención. 11) Por encima de la procreación está el derecho personalísimo de conducirse con libertad respecto a la sexualidad y a la libre disposición de su cuerpo, así como también el derecho a determinar el momento en que habrá de perpetuarse la especie.
12) Lo expuesto tiene sustento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 326 del Código Civil para el Estado de Puebla que establece la igualdad de derechos y obligaciones que nacen del matrimonio para los cónyuges.
14) Ningún derecho derivado del vínculo matrimonial asiste al consorte para acceder al acto sexual en forma violenta en contra de la oposición de su pareja. 15) En conclusión, cuando uno de los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos, físicos o morales, se integra el delito de violación.” (2008, págs. 219-221)
La propia autora, Magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito, conviene en que esta corrección posibilitó a las mujeres el acceso a la
justicia (2008, pág. 221). Y, así fue en realidad, pues a partir de la expedición del criterio
jurisprudencial corregido, estados que sistemáticamente se negaban a tipificar este delito,
modificaron su legislación, aun cuando con la expedición del criterio citado ya no era
necesario pues la propia tesis ya posibilitaba la configuración del delito de violación en los
casos en que el activo y pasivo fuesen los cónyuges. El estado de Puebla fue uno de los más
reacios en aceptar el cambio, pues no obstante que la Corte corrigió su yerro en 2005, el
Congreso local legisló el delito hasta el 30 de diciembre de 2013.
La revisión a los Códigos Penales de los estados del país, arroja que en la
actualidad, los estados que tienen tipificado el delito de violación entre cónyuges son
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. También se encuentra
tipificado como antes se señaló, en el Código Penal Federal. En 17 de estas codificaciones
el delito se persigue por querella, en los restantes (11), la persecución del delito es de
oficio. El Código Penal Federal es una de las codificaciones que establece que el delito se
perseguirá por querella de parte. (Artículo 265 bis). En cinco estados (Jalisco, Quintana
En el presente trabajo, se analizará el tipo penal conforme a la legislación federal,
considerando la próxima entrada en vigor del nuevo sistema de procesamiento penal a nivel
federal, el cual instituye los mecanismos alternativos de solución de controversias,
concretamente la mediación y la conciliación y su aplicación mediante la expedición de una
ley en la materia2; se toma también en consideración que en los estados de la República en donde ya se han implementado estos mecanismos, en términos generales, se ha establecido
que en materia penal serán aplicables en los delitos de querella y que no sean graves.
Así, los artículos 265 y 265 bis, del Código Penal Federal, establecen:
“Artículo 265.- Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice
Para efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por la vía vaginal, anal u oral independientemente de su sexo.
Se considera también como violación, y se sancionará con prisión de ocho a veinte años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.”
“Artículo 265 bis.- Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida”
El análisis de ambos dispositivos, atendiendo a las reglas del Modelo Lógico
Mexicano del Derecho Penal, sistemática creada por los mexicanos Olga Islas y Elpidio
Ramírez (Barrita Fernando, 1998, pág.11), permiten establecer como elementos integrantes
del delito de violación conyugal, los siguientes:
a) Deber Jurídico Penal: La prohibición de copular por medio de la violencia
b) Bien Jurídico: La libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
c) Un sujeto activo con calidad específica: El cónyuge o concubino.
2Los encargados de implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal coinciden en la necesidad de expedir dos
d) Una sujeto pasivo con calidad específica: La cónyuge o concubina.
e) Objeto material: el cuerpo de la víctima.
f) Conducta: De acción o actividad dolosa, consistente en tener cópula con
su cónyuge o concubina utilizando como medios la violencia física o
g) Lesión del bien jurídico: La compresión de la libertad de no copular.
h) Violación del deber jurídico penal: Oposición a la prohibición de copular
por medio de la violencia física o moral con su cónyuge o concubina.
Para una mejor comprensión de la propuesta, a continuación se define cada
elemento con base en los apuntes de la materia Estructura Sistemática de la Teoría Penal,
impartida por el Doctor Elpidio Ramírez Hernández:
1. Deber jurídico (N): La prohibición o mandato contenido en un tipo legal.
2. Bien Jurídico (B): Interés individual o colectivo de relevancia social, protegido
por el tipo penal.
3. Sujeto activo: Persona que tiene la posibilidad normativa y fáctica de concretar la
semántica de todos los elementos incluidos en el específico tipo legal.
a) Voluntabilidad (A1): Conciencia. Estado de vigilia, hecho de estar despierto y en
posibilidad de darse cuenta de sí mismo y del mundo circundante.
b) Imputabilidad (A2): Juicio Crítico. Capacidad de comprender la específica
ilicitud, capacidad de culpabilidad.
c) Calidad específica (A4): Conjunto de características que definen y delimitan el
ámbito de personas que pueden concretar la semántica de los elementos del tipo; en el
presente caso, el cónyuge o concubino.
a) Calidad específica (P1): Conjunto de características que definen y delimitan el
ámbito del titular del bien jurídico, en el presente caso, la cónyuge o concubina.
5. Objeto material (M): Ente corpóreo descrito en el tipo hacia el cual el sujeto
activo dirige su actividad. En el presente caso, el cuerpo de la víctima.
6. Conducta (K): Subconjunto de elementos del tipo necesarios e idóneos para la
lesión del bien jurídico, en el presente caso, se compone de:
a) Dolo (J1): Conocer y querer la concreción de la parte objetiva, no valorativa del
particular tipo legal.
b) Actividad (I1): Movimiento corporal idóneo para producir la lesión al bien
jurídico y realmente produce la lesión porque no sufre interferencia alguna.
c) Modalidades: Son los medios y las referencias de tiempo, espacio y ocasión. En
el presente caso, el tipo penal solo exige.
a) Medios (E): Instrumento o actividad distinta de la acción empleada para realizar
la conducta, en el caso, la violencia física o moral.
7. Lesión del bien jurídico (W1): La destrucción, disminución o compresión del bien
jurídico; en el presente caso es la compresión, la libertad sexual es comprimida.
8. Violación del deber jurídico (V): Oposición al deber jurídico penal de la conducta
que lesiona o pone en peligro al bien jurídico y que no es necesaria porque no va a salvar
bien jurídico alguno o porque existe otra alternativa de actuación no lesiva o menos lesiva.
Expresión simbólica: T= [NB(A1,A2,A3)(P1)M] [(J1)(I1)E] [(W1)V]
Estos son los elementos del mundo normativo que deben probarse para que tenga
2.3 Los efectos del delito de violación conyugal en las víctimas
Desglosado el tipo penal, resulta importante analizar los efectos o consecuencias de este
delito en las víctimas, pues estudiados éstos a la luz de los principios que rigen la
mediación y la conciliación, nos llevará a establecer la viabilidad o inviabilidad de su
Previo a ello, coaanviene destacar algunos datos estadísticos. De acuerdo con el
estudio Mujeres violentadas por su pareja en México, publicado por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2007 -el cual se utiliza en el
presente trabajo debido a que no se ha realizado un ejercicio similar más reciente-, 17 de
cada 100 mujeres de 15 y más años de edad que actualmente están casadas o unidas, en el
transcurso de 12 meses previos a la entrevista fueron violentadas sexualmente por sus
parejas. Las mujeres violentadas en forma sexual suman 1 527 209, de las cuales el 28.5%
han sido obligadas por medio de la violencia física a tener relaciones sexuales (INEGI,
2007, pág. 23).
Este mismo estudio establece que “en el país existe casi un millón de mujeres de 15
y más años de edad que viven con su cónyuge y que está, o han estado, inmersas en
situaciones severas de violencia de pareja” (2007, pág. 42); de esta cifra, el 47.8% de ellas
son obligadas por el esposo a través de la fuerza, a tener relaciones sexuales con él.
(INEGI, 2007, pág. 42).
Además, de acuerdo con la propia fuente, la violencia sexual converge con los otros
tres tipos de violencia (emocional, económica y física), en 520 868 mujeres violentadas
encuestadas y a 9 de cada 10 mujeres violentadas de las 4 formas, su pareja o cónyuge les
exigió tener relaciones sexuales aunque ellas no quisieran al menos una vez durante los 12
La fuente en consulta también establece que “del total de mujeres que ha vivido
episodios de violencia física o sexual, solo el 19.1% denunciaron los hechos ante alguna
autoridad. De las mujeres que denunciaron, 56.3% lo hicieron ante el ministerio público,
19.0% acudieron a la policía preventiva y 27.7% a otra autoridad. (INEGI, 2007, pág. 32).
Como puede observarse, la incidencia de la violación entre cónyuges, es muy alta, y
muy baja la cifra de mujeres que denuncian el delito. Se extrae también de dichas cifras,
que la violación conyugal converge en má-s del cincuenta por ciento de los casos, con los
otros tipos de violencia: emocional, física y económica; esto es, la violación conyugal
ocurre en un alto porcentaje como parte de una relación abusiva y no suele ser un evento de
una sola vez; no obstante, tanto si se lleva a cabo una sola vez o es parte de un patrón
establecido de violencia sexual en el ámbito doméstico o familiar, el trauma de una
violación tiene consecuencias graves para las víctimas, pues la cópula se logra como
resultado de la violencia física o moral, como se verá a continuación.
En efecto, en cuanto a los efectos o consecuencias que produce en las mujeres
víctimas el delito en estudio, Joan J. Queralt, en su texto La valoración del daño en las
víctimas de violencia sexual y de género, señala que las agresiones sexuales producen dos
tipos de daños, los físicos y los perjuicios psíquicos. (2008, pág. 371).
El propio estudio desarrollado por el INEGI, Mujeres violentadas por su pareja en
México, informa que los daños ocasionados por este tipo de violencia (sexual) además de
afectar física y económicamente a las mujeres, les ha producido consecuencias emocionales
o de otro tipo. “Por ejemplo, debido a las dificultades con su esposo 49% han dejado de
comer y 42% mencionan que han dejado de salir, incluso 21% dejaron de atenderse con el
“Además, la gravedad de la violencia hacia esas mujeres les ha ocasionado
afecciones psicológicas a un porcentaje más representativo de ellas: a 81.4% de las que
enfrentan actos de violencia severa, sus problemas han derivado en estados de tristeza,
aflicción o depresión, mismos que padecen 68.5% de las mujeres agredidas con violencia
sexual.” (INEGI, 2007, pág. 47).
Este mismo estudio revela que de las mujeres que han sido violentadas sexualmente,
casi un millón, 26.7% han pensado en quitarse la vida, y de éstas, el 48.8% lo ha intentado.
(INEGI, 2007, pág. 47).
Ahora bien, en cuanto a las consecuencias de la violencia sexual en las víctimas, el
Protocolo de atención para personas que han sufrido el delito de violación, desarrollado
por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal (2009, pág. 8), indica
que algunas de ellas son:
Disfunción en las relaciones interpersonales
Uso de psicotrópicos y drogas
Es importante para esta tesis, el análisis de la última de estas consecuencias, el
Desorden por Estrés Postraumático, pues su conocimiento permitirá comprender el estado
de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de violación conyugal y en
consecuencia, por qué no están en condiciones, tanto para determinar si asistir a un proceso
de Mediación o Conciliación es lo mejor para ellas, como para participar en algún tipo de
negociación frente a su victimario.
El desorden de estrés postraumático, en sus inicios, sirvió para comprender las
secuelas psicopatológicas en los veteranos de la Guerra de Vietnam en 1970; sin embargo,
las investigaciones se fueron ampliando y los síntomas ahora cubren el cuadro crónico
presentado en casos de violación, violencia doméstica y abuso infantil.3 (Resick et al.,
2012, pág. 242). Para definir, el desorden de estrés postraumático (conocido en inglés por
sus siglas PTSD), es una entidad psicopatológica en la que “el individuo rememora de
forma intrusiva y persistentemente el acontecimiento traumático, presentando un cuadro
clínico caracterizado por temor intenso, desesperanza, hiperalerta, embotamiento afectivo y
esfuerzos por evitar pensamientos o actividades que le recuerden el suceso traumático.”
(Coronas Borri et al., 2001, pág. 10).
Como se evidenció con las estadísticas presentadas con anterioridad, la violación
conyugal a la par de ser un delito, es también violencia sexual en el ámbito doméstico o de
la familia y en más del cincuenta por ciento de los casos converge con los otros tipos de
violencia que se dan en este ámbito (física, psicológica y económica); es además, una de las
formas más severas de violencia; por ello, las consecuencias para las víctimas tiene
características distintivas que la sitúan en una subclasificación del estrés postraumático
específica, denominada por la psicóloga norteamericana Leonore Walker “Síndrome de la
Mujer Maltratada”.
El Síndrome de la Mujer Maltrada es definido por Cáceres, Rioseco y otros, como
“un conjunto de síntomas que coinciden con los efectos tipo “campo de concentración”,
caracterizado por trastornos emocionales, trastornos psicosomáticos y déficits en el área
interpersonal” (Facio, Fries, 1999, pág. 581). De acuerdo con Leonore Walker “las
personas que lo padecen experimentan tres grupos de síntomas: alteración cognitiva, como
recuerdos invasivos, hipervigilancia con aumento de la conciencia respecto de las señales
de posible peligro y elevado nivel de anulación personal, con depresión o represión” (Facio,
Fries, 1999, pág. 581).
La misma autora señala que como producto del síndrome “los trastornos
emocionales que se evidencian más claramente son: ansiedad, angustias, miedos y terrores,
indefensión aprendida, apatía, pasividad, bloqueos, resignación, ideas y tentativas suicidas,
cambios bruscos de humor y depresión, acompañados de deterioro de la personalidad y
minusvaloración. Entre los trastornos psicosomáticos más frecuentes encontramos:
cefaleas, úlceras, alteraciones de sueño, anemia, inapetencia, hipertensión, bulimia, colon
irritable y en general dolores en diversas partes del cuerpo. Además, las mujeres bajo el
síndrome se sienten responsables por la conducta del agresor y niegan la rabia que sienten
hacia él” (Facio, Fries, 1999, págs. 581-582).
De todos estos trastornos, Rioseco sostiene que la indefensión o desamparo
aprendido, “es una suerte de parálisis psicológica que la mujer maltratada vive y que
“Es una teoría psicológica del aprendizaje, que señala que la mujer luego de recibir
repetidamente maltrato, empieza a percibir que ella no puede controlar la situación de
abuso. Así empieza a operar una sensación de desamparo en la mujer, la cual ha ido
aprendiendo con la repetición de las agresiones físicas y/o psicológicas. Como efecto la
percepción se transforma en realidad y ella empieza a actuar pasiva, sumisa y
desamparadamente. De manera que disminuye en ella la motivación de respuesta y su
habilidad cognitiva para percibir los hechos en una relación cambia. Ella no cree que su
comportamiento pueda influir en la detención de la violencia en su contra; ella no puede
pensar en alternativas y siente que es incapaz y demasiado estúpida para aprender cómo
cambiar la situación.” (Facio, Fries, págs. 583-583).
Por su parte, la Magistrada española Esther Erice Martínez, en La retractación de la
denunciante en la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, señala que “entre las nuevas aportaciones con repercusión
victimológica debe indicarse la teoría de la indefensión aprendida. Esta teoría considera que
los acontecimientos incontrolables disminuyen la motivación para iniciar respuestas
voluntarias que controlan otros acontecimientos. La víctima reiteradamente impotente
frente a una agresión criminal estaría especialmente infradotada para oponer resistencia a la
victimización, nos encontraríamos ante una vulnerabilidad victimal, que puede aumentar la
capacidad agresiva del victimario. (Marín, Lorente, 2008, págs. 162-163).
Resumiendo, el Desorden por Estrés Postraumático es una de las consecuencias de
la violación sexual en la que la víctima rememora persistente e intrusivamente el trauma
vivido, se caracteriza por temor intenso, desesperanza, hiperalerta, embotamiento efectivo
que debiera ser suficiente para evitar un encuentro entre la víctima y su agresor como lo
exigen los procedimientos de mediación y conciliación.
Ahora bien, debido a que la violación conyugal converge en más del cincuenta por
ciento de los casos con los otros tipos de violencia (emocional, físico y económico) que se
dan en el ámbito familiar, las víctimas presentan una subclasificación del Desorden por
Estrés Postraumático denominado “Síndrome de la Mujer Maltratada” que se caracteriza
por trastornos emocionales, trastornos psicosomáticos y déficits en el área interpersonal.
Uno de los trastornos emocionales que se evidencia más claramente en las víctimas, es el
desamparo aprendido, una suerte de parálisis psicológica que disminuye en éstas la
motivación de respuestas voluntarias y cambia su habilidad cognitiva para percibir los
hechos, la víctima está especialmente infradotada para oponer resistencia a la victimización
lo que en muchos casos aumenta la capacidad agresiva del victimario, razón que por sí sola
y a todas luces, desaconseja enfrentar a las víctimas con sus victimarios en un
procedimiento de mediación o conciliación, pues en éstos no hay seguridad para las
víctimas, lo cual las pone en peligro.
No obstante, hay más, en las relaciones de pareja muy frecuentemente se desarrolla
también, afirma Luz Rioseco, “una dependencia emocional respecto de quien se ama, tanto
la mujer hacia el hombre como viceversa, que hace que muchas personas no quieran
terminar su relación aun cuando sea dañina para ellos (as) y no los (as) haga felices. Sin
embargo, por la socialización que enseña que las mujeres para ser exitosas en la vida deben
casarse con un príncipe azul y que ellas deben “actuar en conexión con otros y ser
cuidadosas y atentas con los sentimientos y pensamientos de la gente, ser empáticas y
corteses con las vidas de los otros, son las mujeres quienes desarrollan más fuertemente
La propia autora señala que otro tipo de dependencia que se desarrolla en las
relaciones de pareja es la económica. “Esta dependencia la viven muy mayoritariamente las
mujeres, ya que son ellas las que deben asumir por su género las tareas no remuneradas del
hogar y del cuidado de los (as) hijos (as), siendo el hombre quien recibe remuneración por
el suyo” (Facio, Fries, 1999, pág. 587).
Tanto una como otra dependencia, por constituir dos formas de sumisión, en este
caso de las mujeres víctimas respecto de los hombres victimarios, sin lugar a dudas,
impiden que la mediación o la conciliación se lleven a cabo en condiciones de igualdad,
pues esa igualdad no existe cuando hay un desequilibrio de poder entre las partes.
En otro aspecto, en la relación de toda pareja, afirma la autora que se viene citando,
existe una cultura; esto es, de acuerdo con Karla Fischer, “cierta información y
conocimiento compartido codificado en sistemas de símbolos”. “A través de la interacción
cotidiana y de la historia compartida cada pareja desarrolla formas de comunicación muy
particulares, como frases, gestos, palabras, bromas privadas, tonos de voz, tocaciones, etc.,
que son misteriosas o no detectables para otras personas pero con muy claros significados
para la pareja”. (Facio, Fries, 1999, pág. 588).
Por ejemplo, señala Fischer, “una señal con el dedo índice dibujando una línea,
realizada por la pareja varón mirando a la mujer”, para una persona significa que le pase un
lápiz; para otra, que le está avisando que saldrá un momento; y, para otra, que pedirá la
cuenta. Sin embargo, para ella significa sin ninguna duda que debe callar y no continuar
hablando. Ninguno de los observadores interpretó el gesto en su “real” significado. En este
ejemplo, se trata de un hombre agresor.” (Facio, Fries, 1999, pág. 588).
Esta cultura denominada de maltrato, dice Fischer, “es un conjunto de dinámicas
más amplia y compleja que sólo símbolos comunicacionales. A lo menos comprenden los
siguientes elementos (Facio, Fries, 1999, págs.588-589):
El abuso en sí, sea físico, emocional, sexual o económico
El contexto de la relación como sistemático patrón de control y dominación
por parte del agresor
La tendencia a esconder y negar o minimizar el abuso, por ambas partes.”
Fischer también sostiene que para entender el patrón de dominación es necesario
resaltar dos aspectos que se dan en las parejas en que hay violencia (Facio, Fries, 1999, pág.
589):
Hay una persona que dicta las normas dentro del hogar y las hace cumplir (el
Hay otra persona que debe seguir las normas (la víctima).
Como puede observarse, estos sistemas de símbolos comunicacionales o formas de
comunicación particulares en cada pareja, no susceptibles de ser interpretados por terceras
personas, aunado a la tendencia de ambas partes a ocultar y negar o minimizar la violencia,
lo cual no ocurre por ejemplo en el delito de daño en propiedad ajena culposo, o en un
delito de robo sin violencia, hacen inapropiados los procedimientos de mediación y
conciliación, pues el mediador o conciliador no puede descifrar ese sistema particular o
personalizado de comunicación y tampoco puede medir la intensidad de la violencia, lo
cual sin lugar a dudas, solo pone en peligro a las víctimas tanto la propia audiencia de
mediación o conciliación como después de ella.
Debiéndose insistir que esto no ocurre en otros tipos de delitos en donde tal sistema de
ocultar o negar la violencia, porque esta no es un medio de comisión del delito, como sí lo
es en la violación conyugal.
En el mismo tema, la médica forense Nieves Montero de Espinosa Rodríguez, en Los
instrumentos de valoración del daño en la violencia de género, coincidiendo con las
autoras citadas, señala a modo orientativo que “en las primeras fases de la violencia en el
ámbito doméstico, es frecuente encontrar sintomatología del tipo siguiente:
Shock, negación, aturdimiento, incredulidad ante lo ocurrido
Sensación de indefensión de la víctima
Conductas de evitación reforzadas para evitar posibles episodios
Miedo a represalias, temor constante por su vida o la de sus hijos
Aceptación de una forma de vivir que les ha tocado
Miedo a estar en una situación peor de la que está
Dar una oportunidad al cambio del agresor
Justificación: alcohol u otras drogas, problemas laborales
La toma de decisiones es del agresor
Y, en las fases más avanzadas, es frecuente encontrar sintomatología del tipo siguiente
(Marín, Lorente, 2008, págs. 82-83):
Escasa capacidad para tomar decisiones
Adopción de un repertorio generalizado de conductas de sumisión
Miedo y temor intenso
Reacciones de estrés intensas que pueden desembocar en trastorno de ansiedad
Depresión o un riesgo importante de experimentarla
Abuso de sedantes, ansiolíticos
Comportamiento disociado”.
Es claro que una mujer con la sintomatología descrita, ni en las primeras fases, ni en las
fases más graves de la violencia, se encuentra en condiciones de entrar a algún tipo de
negociación, ni siquiera está en condiciones de decidir que ir a la mediación o la
conciliación es lo mejor para ella.
Finalmente, Belén Martín María, en La identificación del daño en la violencia contra
las mujeres. Criterios de reparación desde una perspectiva de género, identifica como
consecuencias de la violencia masculina en la pareja, sobre la salud, las siguientes (Marín,
Lorente, 2008, pág. 316):
Lesiones abdominales y torácicas
Meretones e hinchazón
Síndromes de valor crónico
Mengua de las funciones físicas.
Sexuales y reproductivas:
Complicaciones del embarazo, aborto espontáneo
Enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH/SIDA
Aborto practicado en condiciones peligrosas
Psíquicas y del comportamiento:
Trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño
Fobias y trastorno de pánico
Comportamiento suicida y daño autoinflingido
De todo lo anterior, se puede concluir que el Desorden por Estrés Postraumático, el
Síndrome de la Mujer Maltratada, el Desamparo Aprendido, la dependencian emocional y/o
económica, la sintomatología tanto de las fases menos graves, como de las más graves de la
violencia, coloca a las mujeres víctimas de violación conyugal, en un estado tal de
vulnerabilidad que su capacidad de resistir y de tener fortaleza ante el conflicto y frente a su
victimario, se encuentra anulada o muy disminuida; esto es, las mujeres víctimas de
violación conyugal al presentar la denuncia, temporalidad en que son remitidas o les es
sugerido asistir a un procedimiento de mediación o conciliación, no están en condiciones
de tomar objetiva, libre y razonadamente decisiones, frente al violador. Est ocurre tanto si
se trata de un primer asalto, como si se está en presencia de un patrón sistemático de
Sacar a las mujeres víctimas de violación conyugal de este estado, requiere como se
verá más adelante, de un tiempo prolongado de sesiones terapéuticas que no son
2.4. Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, son definidos por Henry
Brown y Arthur Marriot en ADR Principles and Practice, como “una serie de
procedimientos alternativos a los litigios judiciales para la resolución de conflictos, que
generalmente cuentan con la asistencia de una tercera parte neutral que ayuda a facilitar su
resolución” (Facio, Fries, 1999, pág. 590).
El abogado Fernando Estavillo Castro, experto en cuestiones de arbitraje y mediación,
en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, apunta que “durante el último
cuarto del siglo XX, ante la realidad de litigios difíciles y prolongados no sólo en la vía
judicial sino también eventualmente en la vía arbitral, surgieron convencionalmente de las
propias partes en pugna, como respuesta a esa problemática, diversos mecanismos no
adversariales de solución de controversias que tienen como origen la sola voluntad de las
partes y como un común denominador la celeridad, informalidad y flexibilidad de los
procedimientos, pretendiendo constituir alternativas ventajosas no sólo frente al litigio
judicial o administrativo, sino también frente al arbitraje, para la solución de controversias
en que intervienen particulares.”(Estavillo, 2006, pág. 6)
Estos mecanismos, dice el autor, “tienen su origen y han logrado su mayor auge en los
Estados Unidos de América, donde se originó el término "Alternative Dispute Resolution"
("ADR") y autores como Hunter, Paulsson, Rawding y Redfern atribuyen su popularidad en
ese país, así como su creciente aceptación en otros países, al hecho de que son un reflejo
del alto grado de frustración que resulta del costo y demoras propios de los mecanismos
tradicionales de solución de controversias, y aun del arbitraje mismo. Estos mecanismos
controversias; y en otros países de habla hispana, como Argentina, se les denomina
"resolución alternativa de conflictos" (“RAC”) o “resolución alternativa de disputas”
(“RAD”), que es una traducción literal del término "Alternative Dispute Resolution", de
donde provienen las siglas "ADR" con que se les identifica en los países de habla inglesa.”
(Estavillo, 2006, pág. 7)
Luz Rioseco señala que dentro de los seguidores de estos Mecanismos, “encontramos
desde quienes los ven como una filosofía de vida o movimiento, pasando por quienes los
consideran procedimientos que facilitan la convivencia entre los seres humanos, hasta
quienes los consideran simples mecanismos colaboradores de la administración de justicia”
(Facio, Fries, 1999, pág. 591).
Fernando Estavillo Castro en la obra citada, señala que autores como Brown, Marriott,
Hunter, Paulsson, Rawding y Redfern, así como Reed y Schwartz, “atribuyen ventajas a los
MASC desde los puntos de vista de flexibilidad, concentración en los conceptos relevantes
de la controversia prescindiendo de cuestiones secundarias, celeridad, menor costo,
probabilidad de evitar un litigio, confidencialidad, y posibilidad de preservar la relación
entre las partes. Asimismo, les atribuyen ciertas desventajas, p.e., no ser idóneos en algunos
casos, como aquellos en que las partes han adoptado posturas adversariales o están en juego
cuestiones no negociables; cuando existe el riesgo de que en caso de no prosperar el
MASC, la contraparte utilice en un litigio ulterior la información, personas o documentos a
que hubiere tenido acceso mediante el MASC; la circunstancia de que, salvo en
circunstancias excepcionales, la iniciación de un MASC no suspende el plazo de la
prescripción; la falta de exigibilidad de los acuerdos de negociar; y eventuales problemas