Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1993-31033-de-junio-3-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d22e5c7b7920016e0430a0101510016&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 22:42:48
Document Index: 170891078

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 188', 'artículo 57', 'artículo 188', 'artículo 142', 'artículo 188', 'artículo 57', 'artículo 237']

﻿ Sentencia 1993-31033 de junio 3 de 2010
SENTENCIA 1993-31033 DE 03 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. AUNQUE LA CONDUCTA SE ORIGINE EN UN HECHO COMÚN, CADA DISCIPLINA TIENE UNA CONDUCTA DISÍMIL E IRREDUCTIBLE COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCESO PENAL, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, RECURSO DE REVISIÓN
Sentencia 1993-31033 de junio 3 de 2010
Rad.: 250002325000199331033 02
Exp.: 0720-2003
Actor: José Joaquín Erazo Rodríguez
Sea lo primero indicar que el recurso de revisión respecto del caso sub júdice es procedente pues se trata de un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en única instancia, conforme al artículo 185 del Código Contencioso Administrativo(1).
La competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, es de la Sala del Consejo de Estado que ostente la facultad para conocer del asunto tratado en la sentencia recurrida. Al respecto, dispone el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(2), modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003(3):
Analizado el asunto sometido a consideración a la luz de la disposición normativa en cita, se observa que la sentencia objeto de recurso de revisión fue proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en única instancia y que el tema abordado fue la sanción de pérdida del cargo impuesta al actor.
El demandante, al recurrir en revisión, invoca como fundamento de su demanda la causal 2ª del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 57, cuyo tenor literal es el siguiente:
Conforme lo ha dicho esta corporación en reiterada jurisprudencia, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación en contra de las sentencias ejecutoriadas, en tanto permiten invalidar una sentencia que ha producido plenos efectos jurídicos y por consiguiente rompe con el principio de la cosa juzgada y por lo mismo, las decisiones sobre este tópico, son de carácter excepcional, restrictivo y sometidas a las causales taxativamente previstas por el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
Respecto de la causal 2ª cabe precisar que conforme a la norma antes transcrita, se da bajo los siguientes supuestos: 1) deben ser pruebas recobradas; respecto de este punto cabe definir la palabra recobrar que es “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía”(4); 2) que sean recuperadas después de dictada la sentencia; 3) las pruebas además deber ser decisivas, deben influir de forma relevante en la decisión respecto de la cual se pide la revisión; 4) que su no aporte dentro del proceso inicial obedezca a fuerza mayor, caso fortuito o sea obra de la parte contraria, pero como se infiere, la carga de la prueba de estos elementos está a cargo del recurrente.
Sobre el tema, esta Sección en sentencia de 18 de junio de 1993, expediente 5614, Magistrado Ponente Álvaro Lecompte Luna, expresó:
“En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de prueba recobrada cuando esta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (...)”.
Por su lado en lo atinente a la expresión “recobrados” que deben tener los nuevos documentos aportados, además de la sentencia ya citada de 18 de junio de 1993, expediente 5614, Magistrado Ponente Álvaro Lecompte Luna, el Consejo indicó(5):
Por manera que, solo se estará frente a la configuración de esta causal cuando el recurrente demuestre las razones por las cuales estuvo en imposibilidad de haber pedido a tiempo las pruebas, para que pueda calificarse que su obtención posterior si es un recobramiento o recuperación”.
El demandante en procura de obtener la revisión de la sentencia recurrida y el correspondiente pronunciamiento sustitutivo por parte de esta corporación, señala que la sentencia recurrida amerita ser revisada porque dentro del proceso penal, que simultáneamente se le inició con el proceso disciplinario, resultó absuelto.
En efecto, dentro del proceso el demandante pretende que se tenga como prueba recobrada la resolución de preclusión de investigación que en su favor profirió la Fiscalía 59 Local de la Fiscalía General de la Nación, el 23 de abril de 1999, dictada dentro del expediente No. 465812, en la que se le había sindicado como presunto autor del “delito de hurto agravado” (fl. 36).
Lo pretendido por el recurrente resulta improcedente porque mientras que en el proceso disciplinario se le investigó y sancionó por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el artículo 142, literal y) del Decreto 085 de 1989, Reglamento interno disciplinario para las fuerzas militares, que establece: “y demostrar notoria negligencia en el control y manejo administrativo dando lugar a la malversación de bienes u otros elementos destinados a las fuerzas militares”; en el proceso penal, por la presunta comisión del delito de hurto agravado.
Como se observa entre la conducta por la cual se le exoneró penalmente y por la que fue investigado y sancionado disciplinariamente no existe identidad de materia. Es decir que las conductas pudieron originarse en un hecho común (la pérdida de motor de un avión) pero cada disciplina tiene una conducta disímil e irreductible como objeto de investigación; se repite, en el proceso penal se investigó una conducta criminal y en el segundo, una conducta reprochable derivada del ejercicio del cargo público.
De otro lado, es lo cierto que el hecho de que se haya producido una decisión absolutoria en un proceso penal seguido en contra del demandante, no constituye un documento que se revela después de la sentencia, tampoco estaba oculto, y menos tiene la trascendencia para cambiar el rumbo de la decisión que negó las pretensiones de la demanda, tendiente a obtener la anulación del acto que dispuso su retiro con ocasión del disciplinario seguido en su contra.
La existencia y suerte de un proceso penal seguido contra el demandante, en nada cambia la legalidad o ilegalidad del retiro originado en uso de la facultad sancionatoria de la que está investida la Nación, Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea.
No puede admitirse que la resolución que precluyó la investigación disciplinaria o las pruebas en que se soportan puedan ser consideradas como documentos que estaba ocultos por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria; máxime, cuando la resolución de preclusión es posterior a la sentencia revisada.
La causal de revisión se refiere a documentos preexistentes que se recobran, aparecen o estaban deliberadamente ocultos; no pueden inscribirse dentro de esa categoría los obrantes en el proceso penal o las decisiones posteriores, porque, pudieron ser allegados dentro del proceso contencioso administrativo y, en el caso de la resolución de preclusión no es estrictamente prueba documental y, se repite, surgió luego de dictada la sentencia que se pretende revisar.
En suma, los documentos que el demandante pretende hacer valer como pruebas recobradas no tienen tal entidad, de suerte que no procede reabrirse el proceso y analizar el fundamento legal que tuvo en cuenta el tribunal para decidir desfavorablemente la súplicas de la demanda; y, por consiguiente, no se dan los presupuestos para que el demandante pueda recurrir en revisión la sentencia proferida por el tribunal, conforme a las normas antes invocadas.
Bajo los razonamientos anteriores, el recurso, por la causal 2ª del artículo 188 del Código Contenciosa Administrativo, resulta impróspero.
1. No prospera el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el demandante, José Joaquín Erazo Rodríguez contra la sentencia del 29 de enero de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que se declaró inhibido para decidir la nulidad de la Orden Administrativa de Personal 1-005 de 1º de marzo de 1993 y negó las demás pretensiones de la demanda, incoada contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana.
2. Desglósese y devuélvase la caución otorgada por el recurrente.
(1) La Corte Constitucional en Sentencia C-520 de 2009, resolvió declarar inexequible la expresión “dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, por consiguiente, el recurso extraordinario de revisión procede contra “las sentencias ejecutoriadas”.
(2) Por el cual “La Sala plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6º, de la Constitución Política y de conformidad con lo aprobado en la sesión de febrero 16 del año en curso; ACUERDA: La corporación se regirá por el siguiente reglamento: (...)”.
(3) “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
(4) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición.
(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 18 de diciembre de 1989. Consejero Ponente: Joaquín Barreto Ruiz. Exp.: 2724. Asunto: Recurso de revisión. Actor: Salvador Alfonso Amaya Ruiz y otros.