Source: https://xaviercuadros.com/author/xaviercuadros/
Timestamp: 2020-07-10 23:04:31
Document Index: 343095163

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178']

Blog Jurídico Digital | xavier cuadros
Etiquetas: agresión, ciudadela privada, consentimiento ( 2 ), difusión, guardias., protección de datos personales, video
Blog Jurídico Digital 1:24 pm el March 15, 2018
La denuncia en redes sociales.
Gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los internautas en la actualidad utilizan las redes sociales como un espacio para denunciar quejas, infracciones legales, actos de corrupción o acontecimientos que provoquen indignación a nivel de sociedad, precisamente por el impacto social que ocasiona la publicación y por supuesto la cobertura que le puedan dar los medios de comunicación tradicionales en ciertos casos.
No hay que negar que en muchas ocasiones, el resultado es precisamente el pretendido por el usuario ya que logra su finalidad al momento que hace pública su “denuncia digital”; sin embargo, lo que no se toma en consideración son los efectos jurídicos que puedan producirse a raíz de la publicación de la denuncia y que resultan perjudiciales no solo al usuario sino también a terceros.
Por este motivo es que hago referencia a los datos personales que pueden llegar a ser vulnerados por la denuncia publicada en redes sociales, es decir, la vulneración de la información personal de la persona denunciada, debido a su difusión no consentida por el titular ni tampoco en los casos en que la Ley lo permita.
Propondré un ejemplo. Observé hace algunos días anteriores en la red social facebook, que una señora había publicado un video en donde aparentemente entró a la vivienda de un señor, para demostrar que ésta persona maltrataba a su perro. En dicho video, se observó como la señora entró sin autorización del dueño de casa, así como también el rostro de la persona que supuestamente maltrataba al animal y acto seguido comenzaron a surgir los comentarios de los usuarios digitales mostrando su indignación por la situación del perro,a pesar que en el video no se mostró al señor maltratando al animal.
Sobre esto habría que preguntarnos: ¿Cuál era la necesidad de publicar aquel video en redes sociales? ¿Acaso la red social facebook es un espacio de denuncias admitido por la Ley? ¿No bastaba con presentar la denuncia formal ante las autoridades respectivas? Estas preguntas tienen una sencilla respuesta: Es mucho más rapido y eficaz publicar la denuncia, sea en video o en foto en las redes sociales, que presentar una denuncia escrita ante las autoridades, debido a la repercusión producida por la publicación y sobre todo por la facilidad de compartir la información a los demás usuarios en la red.
En este caso, la finalidad de la publicación de esta denuncia queda presuntamente justificada, pero ¿Qué ocurre con los datos personales del ciudadano que apareció en el video sin su consentimiento? ¿ Está legalmente justificado que su rostro haya sido difundido en redes sociales?. Lamentablemente, mientras no exista una Ley que regule específicamente el tratamiento de la información personal, siempre existirán estos vacíos jurídicos que solamente dependerá de la reacción del afectado y de las distintas herramientas legales que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico al respecto.
Sin embargo de lo expuesto, a continuación expondré ciertos pasos que deben ser considerados al momento de publicar una denuncia que involucre la difusión de datos personales de terceros y así evitar conflictos legales:
PRIMERO PASO.- La necesidad de la publicación del dato personal.- No cabe duda que la publicación de una denuncia es necesaria en las redes personales, siempre y cuando se pretende conseguir la finalidad respectiva, pero en algunos casos no se necesita identificar plenamente a la persona denunciada, sobre todo por cuanto existe la presunción de inocencia que solamente puede ser desvirtuada a través de una sentencia ejecutoriada y no a través de la “condena digital”. Es decir, para poder lograr el efecto persuasivo de la publicación de la denuncia, en ciertos casos no es indispensable que se revele toda la información personal sino que se puede publicar lo necesario para causar el efecto de reacción hacia los internautas y posteriormente presentar la denuncia formal con la información que identifica plenamente al denunciado.
Así por ejemplo, si quisiera denunciar a un funcionario público del Consejo de la Judicatura en el cual no atiende mis peticiones como usuario, puedo publicar en redes sociales mi denuncia o queja al Consejo para que mis contactos la observen, pero me reservo la identidad del funcionario para informarlo posteriormente y de forma reservada, a las autoridades correspondientes, para de esta forma evitar algún daño moral.
En este caso, no es necesario publicar la identidad del funcionario frente a mis contactos en la red, sino simplemente lograr el efecto de reacción contra la entidad pública a la cual estoy denunciando.
En síntesis, se debe publicar lo relevante y omitir la publicación de datos personales cuando no resulte necesario.
SEGUNDO PASO.- Ponderación de la publicación del dato personal.- En caso que se considere importante publicar la información personal del denunciado en redes sociales, entonces se deberá realizarlo en la menor medida en que pueda afectar su intimidad o privacidad. Por ejemplo, si se quiere publicar un video en donde se denuncia a un ciudadano que esté realizando escándalo en vía publica, hay que omitir la difusión del rostro en las redes sociales, para de esta forma evitar problemas con el derecho de imagen y dejar que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.
TERCER PASO.- La urgencia de publicar el dato personal del denunciado.- Si el usuario digital considera que es de absoluta importancia o inclusive de urgencia en publicar cualquier dato personal que permita identificar al denunciado, entonces la finalidad de la publicación queda justificada por razones de salvaguardar otro derecho o bien jurídico más importante que el de la privacidad del denunciado. Un ejemplo sería en el caso que un menor se encuentre desaparecido y existe la plena seguridad que el denunciado fue la última persona con quien el menor se encontraba o tuvo contacto. La publicación de la identificación del denunciado queda justificada porque lo que se pretende es encontrar bajo cualquier circunstancia al menor desparecido y para lograr esto, los usuarios digitales deben conocer plenamente la identificación del denunciado.
Claro está que la persona que publique la información personal de la persona denunciada, deberá responder si la denuncia es infundada o si se determina que el objetivo de la publicación era el de perjudicar más no el de investigar algún hecho ilícito.
Todos estos pasos son importantes para ser considerados por el usuario digital al momento de publicar una denuncia que involucre la publicación de los datos personales del denunciado sin su consentimiento, aunque tambien es necesario indicar que si la autoridad respectiva ha realizado la publicación de la identidad o cualquier dato personal del denunciado en redes sociales, entonces dichos pasos ya no serían necesarios debido a que la publicación ya se encuentra justificada precisamente por dicha autoridad, para salvaguardar la seguridad pública.
Por último, debo indicar que la intención de este artículo no es la de influir alguna censura para denunciar algún hecho o acontecimiento castigado por el ordenamiento jurídico, sino que simplemente lo que se pretende transmitir es que se tome conciencia que las redes sociales no deben ser consideradas como un campo de juzgamiento y sanción. Solamente si la publicación del dato personal del denunciado es necesaria, entonces es allí en donde hay que considerar los tres pasos anteriormente mencionados.
Blog Jurídico Digital 6:38 pm el May 5, 2017
La lista del Royalton: un “problemon” para el derecho a la intimidad.
Nuevamente las redes sociales han tomado protagonismo negativo en la sociedad ecuatoriana, esta vez por la divulgación de una polémica lista que contiene los nombres completos de personas que acudieron al motel denominado “Royalton”, en el mes de abril del presente año.
Dicha divulgación es muy grave y preocupante para el derecho a la intimidad, que se encuentra consagrado en nuestra Constitución y en las demás normas que la protegen.
En primer lugar, el tratamiento no consentido de los datos personales es una vulneración directa al derecho a la protección de la información personal. El tratamiento en este caso es la divulgación no autorizada por la Ley o por el titular y los datos personales son los nombres completos de las personas que aparecen en la polémica lista y sus respectivos números de cédulas, por cuanto permite identificar a la persona.
Como segundo punto tenemos que se ha desnaturalizado la finalidad de la recopilación de los nombres de las personas que aparecen en la lista; es decir, el motivo por el cual la autoridad competente, que en este caso es la Intendencia de Policía, tenía en su poder la referida lista, era con la finalidad de investigar delitos o la prevención de los mismos, lo cual obedece a un asunto de seguridad pública que legitima la recopilación de estos datos personales, pero dicha información debía responder única y exclusivamente para este fin y el hecho de divulgar sin autorización en redes sociales los nombres de las personas que aparecen en la lista, destruye dicha legitimación que dicho sea de paso, causa un perjuicio directo al derecho de protección de datos personales.
Por último, la transgresión al derecho a la intimidad es evidente con la publicación de la lista. Si bien es cierto que en las redes sociales no se muestran fotografías o grabaciones en video de las partes íntimas de las personas, el hecho de aparecer el nombre completo (dato personal) en un documento que lo relaciona con un motel (lugar donde personas mantienen relaciones sexuales), existe automáticamente una expectativa razonable de intimidad, cuyos titulares (las personas) no desean permitir que su arribo a dicho lugar, sea conocido por terceros no autorizados, precisamente por la discreción que se espera ser respetada; sin embargo, la publicación en la red destruye dicha expectativa y en consecuencia se comprueba la transgresión a la esfera íntima de la persona.
Es importante indicar que la divulgación de la lista se adecua a mi consideración, con el tipo penal contemplado en el artículo 178 del Código Integral Penal, por cuanto se configura el verbo rector de difundir sin consentimiento o autorización legal, el bien jurídico protegido que es el dato íntimo (tomando en cuenta que todo dato íntimo es un dato personal). No obstante, corresponderá a la autoridad pertinente en probar la autoría y complicidad de quienes cometieron dicha difusión ilegal, de los cuales comprende no solamente el que divulgó la lista o el video, sino también las personas que motivaron a que el tráfico de divulgación y conocimiento sea de mayor grado en la red, como por ejemplo las personas que comparten la información en sus perfiles digitales a sus contactos, a sabiendas que su obtención ha sido de forma ilegal o que puedan producir efectos jurídicos.
Como lo he manifestado en mi artículo anterior de mi blog, es tiempo que la comunidad ecuatoriana tome consciencia de lo que publica, difunda o comparta en redes sociales (whastapp, twitter, facebook, etc.), puesto que una vez que la información se encuentre habilitada en la red, los internautas se encargarán que ésta misma jamás sea olvidada y quedará lamentablemente como un triste y humillante recordatorio para las personas que han sido afectadas, de las cuales expreso mi profunda solidaridad por los posibles perjuicios que hayan podido tener a nivel personal y familiar.
Blog Jurídico Digital 11:04 am el November 23, 2016
¿Quién filtró el video de la ex Jueza y por qué es importante saberlo? Análisis jurídico.
Una vez más las redes sociales tomaron un gran protagonismo para los ecuatorianos, esta vez por un video filtrado en donde una ex juzgadora de la ciudad de Guayaquil, protagonizó un escándalo público contra ciertos agentes de policía, que la habían detenido por supuestamente negarse en pagar una cuenta en un restuarante de la ciudad.
A raíz de dicha filtración, la imagen de esta ex servidora judicial quedó expuesto a la humillación, crítica y hasta la sátira mediante los famosos memes que circulan en la red, lo cual contraviene a más no poder con el derecho a la protección de datos personales, derecho de imagen, a la honra, entre otros.
Hace unos días el Ministerio del Interior del Ecuador, comunicó mediante rueda de prensa que realizará investigaciones para averiguar quién fue el responsable de haber filtrado dicho video en las redes sociales. Para muchos, esta decisión del Ministerio fue duramente criticado, básicamente porque lo consideran como acto de censura, prepotencia y persecución para aquellos que deciden informar al público de noticias de relevancia social.
Sin embargo, analizando de forma jurídica lo aseverado en líneas anteriores, no resulta a mi criterio tan descabellada la investigación de la filtración del video y para explicar esto, necesitamos esquematizar el siguiente razonamiento jurídico:
¿Era necesaria la grabación audiovisual a la ex jueza?
La grabación es una recopilación de datos personales (voz e imagen) que se integran en un dispositivo tecnológico o electrónico. Por derecho constitucional, como titulares de nuestros datos personales, tenemos la facultad de solicitar a terceros que se abstengan de grabarnos sin nuestro consentimiento. No obstante, una de las excepciones a este importante derecho, es precisamente la justificación de la grabación para efectos de prueba en un proceso judicial, siempre que se acredite de forma motivada, que dicha grabación era estrictamente necesaria para demostrar los hechos alegados.
En el presente caso, la grabación puede demostrar dos cosas: A) Que la ex Jueza aparentemente protagonizó un escándolo público que es sancionado por la Ley; B) Que profirió palabras amenzantes contra los agentes de policía (incluyendo amenaza de muerte).
A mi criterio, la grabación se torna útil y necesaria para que el Juez pueda adoptar una sanción respectiva, siempre y cuando se realice la ponderación correspondiente entre la protección de datos personales y la necesidad de la prueba.No obstante, resulta importante enfatizar que dicha grabación debe ser destinado únicamente para fines procesales dentro del juicio y no para otras finalidades ajenas a ésta.
¿ La filtración del video es una manifestación de la libertad de información?
Todos tenemos derecho a ser informados de aquellas noticias que son de relevancia pública, es decir, que tienen una importancia para la sociedad. No niego que el caso de la ex Jueza no sea de relevancia pública, puesto que es una información que a nosotros los ciudadanos nos importa para efectos de conocimiento.
El problema radica en cuanto al modo en el cual los ciudadanos conocieron de este suceso. En primer lugar, la filtración escapa del límite del derecho a la información, debido a que aterriza en el campo de vulneración de los datos personales. ¿Era necesario filtrar su rostro y su voz? ¿No bastaba con saber que el supuesto escándalo que realizó y en última instancia saber solamente su identidad? Resulta necesario implementarse un equilibrio jurídico en el sentido que ambos derechos (protección de datos personales e información pública)sean protegidos o reconocidos.
Así por ejemplo, los medios de comunicación al publicar la noticia, se limitaron en transmitir en cierta parte la imagen de la ex Jueza pero distorsionando su rostro para que no sea identificado plenamente. Para fines de informar, la publicación del medio de comunicación cumple con las expectativas del ciudadano sobre el conocimiento de la noticia, y para efectos de protección de datos personales, se protege en cierta medida la imagen de la persona sujeto de la noticia, limitándose en publicar lo necesario sin afectar su privacidad.
En segundo lugar, la filtración es ilegal y contraviene contra el derecho a la protección de datos personales, debido a que la grabación solamente debió haber sido destinado para fines procesales de índole judicial, más no para otras finalidades que en este caso son las redes sociales. Además, a raíz de la filtración del video, la imagen y la voz de la ex Jueza, han quedado a disposición de la mofa (memes en la red), morbo digital (utilización indebida de su voz) y humillación.
¿La filtración del video vulnera algún derecho de la ex Jueza?
La Constitución protege nuestros datos personales para que no sean objetos de tratamiento no consentido (grabación, cesión, reproducción, etc). El hecho que aún no exista una Ley de protección de datos personales (actualmente debatiéndose en la Asamblea), no significa que este importante derecho no sea reconocido, puesto que no se puede justificar su vulneración so pretexto de no existir una Ley que lo regule.
En el caso de la ex Jueza, existe una flagrante vulneración a sus datos personales respecto su imagen y su voz, llevándose consigo otros derechos como es la buena reputación, la honra y la moral.
¿Existe vulneración al derecho de la intimidad? El artículo 178 del COIP establece: “La persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. (LO SUBRAYADO ES MÍO).
Pese a mis críticas al artículo 178 del COIP (https://xaviercuadros.com/2016/02/12/el-delito-de-violacion-a-la-intimidad-confusion-del-coip-con-los-datos-personales/), debido a que confunde la definición de datos personales con los datos íntimos, podría decirse que el caso de la ex Jueza se adécua a este tipo penal, puesto que el verbo rector “difundir” sobre el bien jurídico que son los datos personales y agregando el requisito de no contar con el consentimiento o autorización legal, se complementa el delito como tal.
Sin embargo, es importante manifestar que el presunto sometimiento de este delito correspondería por la “filtración” del video más no la grabación, por las razones que he expuesto en este artículo.
De todo este análisis, podemos decir que la decisión de investigar el responsable de la filtración del video, es importante solamente para efectos de sanción interna dentro del Ministerio y evitar futuras filtraciones, pero no para actuar como especie de abogado particular de la ex Jueza. Por esta razón, me pareció incorrecta la forma en que el Ministerio comunicó la noticia, ya que demuestra un interés particular y no a nivel de institución pública.
Considero que es tiempo de hacer conciencia sobre las graves consecuencias que puede ocasionar la difusión de videos o grabaciones, sin contar con el respectivo consentimiento o autorización legal. El caso de la ex Jueza es precisamente una consecuencia de la denominada “justicia de las redes sociales” y lamentablemente se violentaron sus datos personales para simplemente informar al público un suceso de cierto grado de importancia.
Blog Jurídico Digital 8:30 am el September 19, 2016
BREVE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ECUADOR.
El Ecuador ha dado un importante avance en materia de protección de datos personales, toda vez que el órgano legislativo se encuentra en la actualidad debatiendo un proyecto de ley denominado: “Ley Orgánica de Protección de los Derechos de la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales”.
Siempre he sostenido que nuestro país necesita de una Ley que ayude a complementar la tutela del derecho a la protección de datos personales, que está consagrada en nuestra Constitución y en diferentes instrumentos internacionales.
Podríamos decir que este proyecto de Ley tiene dos objetivos primordiales: el primero es conferir y reconocer las facultades que tenemos nosotros los titulares sobre nuestros datos personales frente a terceros que manejan nuestra información personal, en virtud de la tutela jurídica de la intimidad y privacidad del ser humano, que ha despertado gran interés en el ordenamiento jurídico moderno; y segundo, regular la recopilación, modificación, cesión o cualquier tipo de tratamiento sobre los datos personales que reposan en archivos, ficheros, bancos, registros, etc.
Habiendo realizado un análisis extenso sobre el referido proyecto normativo, puedo destacar los siguientes aspectos positivos:
1.- Implementación de los derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, se encuentran ampliamente reconocidos, adecuando su aplicación por el titular en cualquier escenario de presunta vulneración de la privacidad o intimidad.
2.- Definiciones legales: Se destaca que en el proyecto de Ley se establezca ciertas definiciones que sin lugar a dudas son de vital importancia para su aplicación, tales como el dato personal, banco de datos, responsable del tratamiento, etc. Sin embargo, la definición más importante a mi criterio, es el dato sensible, debido a que se estipula el tipo de información que es considerado como íntimo, estableciéndose de esta forma la diferencia entre el dato personal y el dato íntimo.
3.- Obligaciones del responsable del tratamiento: Cualquier persona o entidad que realice algún tipo de tratamiento de los datos personales, debe cumplir con ciertas obligaciones legales, entre ellas obtener el consentimiento del titular previo al tratamiento del dato personal, atender al titular cuando haga uso de los derechos ARCO, entre otras.
No obstante, como todo proyecto de Ley tiene sus ventajas, también existen preocupaciones que considero que la Asamblea debe tomar en cuenta. Tales son:
Los límites no están bien definidos: Como en toda legislación, debe haber siempre excepciones a la regla y en este caso, el artículo 2 del proyecto de Ley establece que los límites para el ejercicio de los derechos reconocidos son la seguridad nacional, el orden público, la seguridad y salud pública y derecho de terceros. Considero que el proyecto normativo no debe quedar solamente en mencionar estas “excepciones”, sino además establecer de forma concisa y detallada los casos en que proceden estos límites, para de esta manera evitar que se produzcan efectos negativos desde dos puntos de vista: el primero, en que puede originarse el típico reconocimiento de derechos en letra muerta y en la práctica el infractor pueda siempre excusarse fácilmente con las salvedades establecidas en la ley; y segundo, puede existir futuras transgresiones a otros derechos, siendo el principal el de la libertad de expresión, que al no existir un límite jurídicamente concreto, puede conllevar a la censura como por ejemplo en el periodismo.
Procedimiento sancionador muy ambiguo: Se contempla un procedimiento administrativo para sancionar las infracciones cometidas o el incumplimiento de las obligaciones legales por parte del responsable del tratamiento, del fichero de datos o del usuario de datos personales. El problema radica en que no se establecen etapas procesales concretas para llevar a cabo un juzgamiento justo, así como tampoco existe una gradualidad definida de imposición de sanciones.
Falta de independencia de la autoridad pertinente: De acuerdo al proyecto de Ley, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales será ejercida por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones. Esto quiere decir que la autoridad encargada para velar por el cumplimiento del derecho a la protección de datos personales, estará condicionada por el actuar de un organismo ligado con el poder ejecutivo.Considero que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, al igual que en otros países, debe ser un órgano independiente a los poderes del Estado, para de esta forma garantizar la seguridad jurídica y el pleno ejercicio del derecho a la protección de los datos personales.
Habiendo realizado este análisis, es importante que en el Ecuador se adopte una Ley que garantice la protección jurídica de nuestros datos personales, dado que en la actualidad es muy fácil que terceras personas realicen un sin número de acciones sobre nuestra información personal (inclusive íntima); pero, tampoco se debe implementar una Ley que motive un abuso del derecho como tal, puesto que conllevaría a un estado de censura innecesaria. Es por esto que la Asamblea debe analizar cada punto de debate con fundamento y razonamiento jurídico relevante.
Etiquetas: ATM, cesión, consentimiento ( 2 ), datos personales ( 2 ), Mall del Sol
Blog Jurídico Digital 9:10 am el March 22, 2016
Etiquetas: ´citación electrónica, citación, COGEP ( 2 ), correo electrónico
¿Citación electrónica en el COGEP? Análisis jurídico.
La citación, esto es, el acto por el cual se le hace conocer al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas (artículo 53 COGEP), es una etapa procesal de vital importancia, debido a que raíz de esta se originan diversas situaciones o efectos jurídicos que deberán ser tomados en cuenta por el Juez, durante la sustanciación del juicio correspondiente.
El Código Orgánico General de Procesos, dentro de las múltiples novedades que nos trae sus disposiciones normativas, establece una simpática novedad con respecto a la citación, y es que en su artículo 53, tercer párrafo, surge una aparente nueva forma de citación, que he decidido denominarla como “ la citación electrónica”.
Cabe manifestar que el COGEP no establece de manera expresa la “citación electrónica” ni tampoco la cataloga como una de las modalidades de citación (personal, por boletas o medios de comunicación). No obstante, éste cuerpo legal posibilita la idea de considerar una diferente forma de citación, de acuerdo a lo instituido en el mencionado artículo, que dispone lo siguiente:
Art. 53, tercer párrafo COGEP: “Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial”.
En la demanda, si el actor ha estipulado la dirección de correo electrónico del demandado, el Juez tendrá la obligación de disponer que se envíe tanto el extracto de la demanda como el auto inicial (calificación de la demanda) en dicha dirección electrónica.
Ahora bien, lo primero que hay que analizar del citado artículo es precisamente la advertencia rimbombante con respecto a que el envío del contenido de la demanda y el auto de calificación al correo electrónico del demandado, no sustituye bajo ninguna circunstancia la diligencia formal de la citación, por la importancia que éste tiene en todo juicio o procedimiento.
Si el correo electrónico no sustituye la citación oficial, cabe plantearse entonces las siguientes interrogantes: ¿Por qué razón el legislador obliga al Juez en enviar el contenido de la demanda y el auto de calificación al demandado, a través del correo electrónico? ¿Se trata de un mero formalismo que debe cumplir el Juez? ¿Repercutirá en el juicio el incumplimiento del envío de la demanda al correo electrónico del demandado?
No cabe duda que las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (en sus siglas “TIC”), influyen de manera significativa en el COGEP, al permitir que una diligencia tan importante como es la citación, pueda también de cierta manera adaptarse a través del correo electrónico, igualando a lo demás países que implementan la denominada “administración de justicia electrónica”. Pero, esta no sería la razón del legislador al estipular la referida disposición en el COGEP, sino que más bien a mi criterio, su intención sería el de contemplar una nueva presunción jurídica, que se reduce a las siguientes preguntas: ¿Qué ocurre si el demandado contesta el correo electrónico? Y sobre todo: ¿Qué ocurre si el demandado manifiesta que ya conoce el contenido de la demanda a través del correo electrónico?
Si el demandado responde al mensaje de correo electrónico (lo cual sería muy extraño pero puede ocurrir), manifestando de forma expresa e inequívoca que ha recibido el extracto de la demanda y el auto inicial, pudiendo quedar acreditado en el proceso, se podría configurar (y digo se podría porque el Derecho no es una ciencia exacta) lo dispuesto en el segundo párrafo del mismo artículo 53 del COGEP:
“Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido”. (LO SUBRAYADO ES MÍO).
Al responder el mensaje de correo electrónico, el demandado no solamente confirmaría su recepción, sino que además conllevaría a una manifestación expresa de conocimiento de la demanda y que para efectos jurídicos se lo consideraría como citado, siempre que dicha manifestación expresa quede constancia en el proceso judicial; pero para esto, el Juez deberá valorar esta situación y decidir si adoptar como válida o no la manifestación del demandado, para efectos de continuar con la sustanciación del juicio sin necesidad de pasar por el formalismo de la citación.
Claro está que atendiendo a la práctica de la abogacía en nuestro país, resultará muy difícil que un Juez acepte la respuesta del demandado vía correo electrónico, como un medio de presunción de darse por citado, no solo porque en el Ecuador aún no existe la confianza total de los operadores de justicia en cuanto a la validez jurídica de los mensajes de datos (pese a que su reconocimiento legal se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos), sino que en caso de ser aceptada, podría ocasionar circunstancias que causen indefensión al demandado si es que la Función Judicial no se prepara para lidiar de las trampas jurídicas informáticas, como por ejemplo que el correo electrónico propuesto por el actor sea falso, que el correo del demandado disponga del mecanismo automático de respuesta o que el correo del accionado sea controlado por un tercero no autorizado que responda el correo electrónico.
De todas formas, la estipulación del correo electrónico no debe quedar como letra muerta o un como simple adorno normativo para cumplir un mero formalismo. Considero positivo la inclusión de esta novedosa disposición del COGEP, para lo cual habrá que esperar el actuar de los jueces cuando ocurra algunas de las circunstancias expuestas en líneas anteriores, una vez que entre en vigencia el famoso Código Orgánico General de Procesos.
Blog Jurídico Digital 8:45 am el February 12, 2016
El delito de violación a la intimidad: Confusión del COIP con los datos personales.
El artículo 178 del Código Integral Penal, tipifica el delito de violación a la intimidad, en el cual se castiga cualquier transgresión a la esfera íntima del ser humano; es decir, aquella información que contenga aspectos sensibles y que no desea ser conocido por un tercero bajo ninguna circunstancia, excepto si dicho conocimiento es autorizado por el titular o exista una disposición legal que permita la transgresión de la intimidad en determinados casos.
No obstante, al analizar el mencionado artículo, nos damos cuenta que el delito no comprende exactamente la intimidad, sino que se estipula como bien tutelado los datos personales, que para efectos jurídicos no es lo mismo que la intimidad.
La diferencia entre la intimidad y los datos personales lo expuse en mi artículo publicado el 30 de octubre de 2015 (https://xaviercuadros.com/2015/10/30/diferencias-entre-el-derecho-a-la-intimidad-y-el-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales/), que para resumir, se manifestó que la intimidad es la esfera personal del ser humano, que no admite bajo ninguna circunstancia el conocimiento ajeno no autorizado, y si existiera dicho conocimiento, queda prohibido su uso o difusión. En cambio, los datos personales consisten en toda información que nos identifica o nos pueda identificar, que son objeto de tratamiento (recopilación o cesión) por parte de personas naturales o jurídicas, que cuenten o no con nuestro consentimiento (autorización legal) para dicho tratamiento. Los datos personales no necesariamente comprende información íntima o sensible del titular.
Por lo tanto, todo dato íntimo es un dato personal, pero no todo dato personal es un dato íntimo.
Una vez explicada esta diferencia, cabe estudiar el artículo 178 del COIP, que establece lo siguiente, en su primer párrafo:
“Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. (LO SUBRAYADO ES MÍO).
De acuerdo a lo establecido en el citado artículo, a pesar que su título estipula “violación a la intimidad”; en realidad la norma tipifica la violación de los datos personales, cuando no se cuente con el consentimiento del titular o la correspondiente autorización legal. Por lo tanto, este delito no castiga la transgresión de la intimidad específicamente, dejando un abanico de supuestos legales que serían castigados a través de una pena.
En consecuencia, aplicando el artículo analizado y conociendo que información comprenden los datos personales, podríamos decir como ejemplo que si alguien publica una foto de otra persona bebiendo alcohol en un evento o reunión (sea que la persona fije su mirada o no a la cámara), sin el consentimiento respectivo, estaría cometiendo el delito de “violación a la intimidad”, debido a que la foto representa la imagen fisiológica de la persona que lo identifica plenamente, lo cual es un dato personal y se encuadra con lo instituido en el artículo 178 del COIP (lo que sucede con frecuencia en las redes sociales).
Claro está que la intención del legislador al haber creado esta norma, no es precisamente establecer un castigo excesivo a la simple difusión, retención o acceso de todo dato personal, sino únicamente aquellos que comprenden la intimidad del ser humano; sin embargo, como la norma establece expresamente los “datos personales” y al estar prohibida la interpretación extensiva en el derecho penal, podría haber un problema jurídico al momento de investigar el hecho ilícito y una desproporción al aplicar la pena correspondiente, llegando inclusive a convertirse en un abuso del derecho.
Lo correcto desde el punto de vista jurídico, hubiese sido si el legislador en vez de estipular “los datos personales” como bien tutelado, se estipulare los “datos íntimos” o “información íntima”, pero para esto, habría que establecer casos taxativos en el cual se comprometa la intimidad, para de esta manera evitar que exista alguna ambigüedad en la norma. Por ejemplo, que se estipule como dato íntimo aquella información que revele o pueda inducir a la revelación de las partes desvestidas del ser humano (desnudez) o las enfermedades catastróficas que pueda padecer una persona.
Cabe manifestar que es difícil establecer en una norma lo que consiste o comprenda la intimidad, sobre todo porque es un concepto jurídico indeterminado; pero que a pesar de ello, debemos recordar que la protección y reconocimiento de la intimidad, tanto personal como familiar, se encuentra consagrada en nuestra Constitución. Por esta razón es que el legislador tuvo que basarse en las distintas fuentes del derecho (como la jurisprudencia y doctrina), al momento de tipificar el delito de violación a la intimidad, para de esta manera dejar claro cuál es el hecho ilícito punible y la adecuación de la pena respectiva, respetando el principio de proporcionalidad (equilibrio entre la pena y la conducta), debido a que no sería racional que alguien sea condenado con una sanción de uno a tres años, solo por publicar una foto de otra persona bebiendo alcohol en un evento social, sin contar con su consentimiento o autorización legal, para lo cual si fuese de esta manera por ejemplo, entonces casi todos los internautas que participan en las redes sociales, tendrían que afrontar procesos penales por haber cometido el delito de “violación a la intimidad”.
Con lo analizado en este artículo, queda comprobado una vez más que en el Ecuador se necesita de una Ley que regule los datos personales y su protección jurídica, para de esta manera evitar confusiones con otros bienes jurídicos, en especial, mantener clara la diferencia entre el dato personal y el dato íntimo.
Etiquetas: aclaración, información ( 3 ), Ley orgánica de Comunicación ( 2 ), noticia, rectificación, relevancia pública, veracidad