Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6281201-de-mayo-3-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420c97f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 20:19:42
Document Index: 149942339

Matched Legal Cases: ['artículo 1340', 'artículo 1340', 'artículo 1340', 'artículo 187', 'artículo 1340', 'e contrario', 'artículo 1340', 'artículo 1340']

﻿ Sentencia 6281201 de mayo 3 de 2005
SENTENCIA 6281201 DE 03 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:CONSENSUALIDAD NO IMPLICA PERMISIVIDAD PROBATORIA. CUALQUIER ACUERDO DE VOLUNTADES EN UN NEGOCIO JURÍDICO, INCLUSIVE EL TÁCITO, DEBE PROBARSE DE MANERA INEQUÍVOCA.
Sentencia 6281201 de mayo 3 de 2005
Ref.: expediente 62812-01
En buenas cuentas, la acusación fustiga al tribunal por haber impuesto en el corredor una obligación no establecida en la ley para esta categoría de intermediadores; la de contar con capacidad para agotar todos los trámites jurídicos que conlleva finiquitar el negocio en el que ha mediado.
El problema, empero, es que si bien las palabras del tribunal descubren un especial interés por el rol del corredor en el acercamiento entre los contratantes y la posterior concreción del negocio, lo cierto, después de todo, es que para concluir que las súplicas de la demanda no podían resultar avantes el juzgador fijó su atención en otra parte de la controversia; aquella que justamente representó la espina dorsal de la misma, a saber, la de si en verdad existió el proclamado acuerdo de voluntades en virtud del cual la demandada encomendó la venta del terreno a Evaluaciones Inmobiliarias César Sinisterra Ltda.
Y, quedó visto, así lo deja ver el resumen del fallo, eso fue algo de lo que no encontró prueba directa, pues con prescindencia de unos indicios que ciertamente conducían a pensar que posiblemente sí hubo un acuerdo, elementos había también para establecer que este se concretó no con la inmobiliaria, sino entre el representante de la constructora y Luz Stella de Tascón, quien al recibir la instrucción obró más a título personal que de otra forma, circunstancia esta que, analizada a la luz de la pluralidad de acciones llevadas a cabo por la constructora misma y por las demandantes para concretar la venta, antes que conducir al convenio, repulsaban su existencia.
Ahora, si la sentencia tiene como soporte principal tales apreciaciones probatorias, es evidente entonces que de nada vale al impugnador arremeter, como viene haciéndolo, contra las elucubraciones teóricas del tribunal sobre las características que debe reunir la gestión del corredor, porque en últimas, cualquiera que sea el criterio que se tenga acerca de la validez de esos asertos, de lo que no hay duda es de que aquello que constituye soporte fundamental de la sentencia se mantiene inconmovible, al punto que, precisamente por ello, impide la casación.
Y es que, valga recalcarlo aquí, lo dejado de combatir no es una cosa cualquiera. Trátase, en efecto, de aquella conclusión según la cual el tribunal no halló demostración del mismísimo acuerdo de voluntades de convenio semejante. A cuyo propósito es bien explicar que, cual lo dice el recurrente, en los negocios jurídicos de intermediación, salvo las excepciones legales, destaca sin lugar a dudas la consensualidad, elemento que asegura, dicho sea al paso, la rapidez y la agilidad requerida en el asunto; característica que sube de punto si se repara que la misma ley ha querido hacerlo notar algunas veces de modo expreso, verbi gratia en el mandato, donde atribuye a la mera aquiescencia importancia sobresaliente para el efecto (C.C., arts. 2149 y 2150).
Empero, bien claro ha de quedar que ese tratamiento dúctil de la ley no traduce, en modo alguno, que el contrato se dé por establecido donde no está probado. El acuerdo de voluntades, así sea el tácito, debe tener comprobación contundente. Vale decir, la mayor o menor consensualidad de un negocio jurídico no significa permisividad probatoria. No. Todo consenso debe estar plena y cabalmente acreditado.
Los tropiezos del casacionista, sin embargo, no acaban allí, pues bien vista la acusación, adviértase que ella está forjada en una apreciación inexacta de lo que en el fondo constituyó la posición del tribunal, el cual nunca habló de una capacidad especial como condición para ejercer el corretaje, como en la censura lo plantea el recurrente. En efecto, si algún cuadro teórico describió sobre el corretaje y el corredor, no cabe duda de que este tuvo como fin hacer ver las principales aristas de las obligaciones que de este tipo especial de contratos dimanan para quien ejerce profesionalmente la función de corredor. Por ello afirmó —y solo después de reproducir un fragmento de un testimonio cualificado por tratarse de un especialista en la materia, dando a entender que su pensamiento lo apoyó en las palabras del declarante— que en el contrato de corretaje inmobiliario le corresponde al corredor conocer las características del bien que ofrece, haber recibido un encargo específico de intermediación, y, con singular énfasis, el haber mediado efectivamente en la concertación y ejecución del contrato.
Y si bien al explicar ese punto de vista no tuvo la claridad deseada, en tanto que al hablar de esa participación del corredor resultó refundiendo en un mismo concepto, cual si se tratara de una sola cosa, la fase preparatoria del negocio con la ultimación y ejecución del mismo, lo que sí es claro es que al referirse a la efectividad de la mediación tuvo en mente hacer notar sobremanera, acaso persuadido de que las obligaciones que derivan de este tipo de contratos es claramente de resultado, que no cualquier intervención del corredor basta para que en él surja el derecho a percibir la remuneración. De ahí que haya señalado que aquella debe ser la “causa” del contrato; apuntamiento que jamás podría confundirse con la condición que en cuanto a la capacidad de uno de los sujetos del contrato predica el cargo.
Apreciación que, dicho sea de paso, mirada a la luz de la doctrina mercantil de ninguna manera desdibuja la gestión del corredor para que nazca el derecho al reconocimiento y pago de sus servicios; precisamente sobre mediación tal es que autorizados autores han sido enfáticos en observar que aunque resulta cierto que el mediador tiene derecho a la remuneración, “aunque hayan introducido alguna modificación a las condiciones conseguidas por el agente”, también lo es que, de cualquier modo, la medida del trabajo del corredor “es cuestión de hecho que ha de decidirse según las circunstancias; si la ausencia del mediador en la última fase de las negociaciones le quitase el derecho a la mediación, las partes podrían rechazar su intervención maliciosamente, a medio camino, poniéndose de acuerdo entre sí y privándole de su comisión”, de donde, por ello es que a esta se tiene derecho (Vivante, César, Tratado de derecho mercantil, Vol. I, Edic. Reus, Madrid, 1932, págs. 285 y ss.).
Y, ciertamente, en trasunto de dicha consideración el tribunal tuvo en perspectiva un factor cuantitativo en punto de la labor del corredor, mas nunca a una capacidad jurídica, sobre la cual no hay ninguna alusión en el fallo, pues, sobra ya decirlo, en los otros apartes blanco de la censura las apreciaciones sentadas por el sentenciador de segundo grado atañen a ese factor cuantitativo en cuanto toca con la labor que desplegó en búsqueda de un acercamiento de las partes para que celebrasen el contrato, aspecto que, rememórase, solo abordó después de establecer que en el plenario no había prueba del contrato.
Frustráneo, por ende, adviene el cargo.
Acusa el quebranto indirecto, por “interpretación errónea”, del artículo 1340 del Código de Comercio, como consecuencia del error manifiesto de hecho cometido en la falta de apreciación de las declaraciones de Luz Stella de Tascón, funcionaria de la firma evaluadora inmobiliaria, Gloria Milena Valencia Abella, representante de la otra entidad demandante, y Sergio Rivas, abogado de Comfandi.
A vuelta de transcribir algunos apartes de las versiones dadas por estos declarantes, razona señalando que de no haber preterido estos elementos de prueba, el tribunal habría concluido en la forma que enseguida se compendia:
En realidad, María Virginia Borrero, funcionaria de Comfandi encargada de conocer y gestionar lo atinente a la compra de lotes para la entidad, para que el consejo directivo aprobase la adquisición o no, “como sucedió con la compra de los lotes de Indelco y Papagayo, negocios adelantados en forma idéntica al de Construcciones San Luis; eventualidad que le hubiera aportado las suficientes luces al tribunal, para interpretar cabalmente la norma de derecho sustancial”, tenía representación de la entidad para dichos efectos y, por esa precisa circunstancia no debió considerársela como una funcionaria carente de poder decisorio —desconociendo el organigrama de la entidad— y menos, como interesada en favorecer “a su dilecta amiga”, particularmente si se tiene en cuenta que mientras la negociación se llevó a cabo el 30 de octubre de 1995, el fax 3358742 que sirve de fundamento a la demandada para demeritar su participación en la venta se envió el 14 de diciembre de ese mismo año, fecha muy posterior.
Y, que la intermediación que cumple el corredor no puede considerarse como la causa del contrato objeto de mediación, como equivocadamente lo sostuvo el tribunal al interpretar erróneamente el citado artículo 1340 del Código de Comercio.
Tíldase en este el fallo impugnado de ser violatorio, por interpretación errónea, del citado artículo 1340, a consecuencia de error de derecho por la inaplicación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
En procura de demostrarlo, señala que el tribunal no apreció la mayoría de las pruebas, entre las que se destacan las versiones de Luz Stella de Tascón, Gloria Milena Valencia Abella y Sergio Rivas, limitándose tan solo a valorar ciertas pruebas, como los testimonios de Adiela Arango Méndez y Nélson Garcés Vernaza, lo que le impidió adquirir los suficientes elementos para valorarlas dentro de un contexto global.
En efecto, tras memorar los alcances de la teoría de la “unidad y comunidad de la prueba y apreciación global o de conjunto” pregonada por la doctrina, indica que los medios probatorios deben apreciarse como un todo y su resultado depende solo de la fuerza de convicción que de ellas se desprenda, y la prueba practicada o presentada pertenece al proceso y no a quien la pidió o la adujo por lo que su renuncia o desistimiento no es admisible ya que se violarían los principios de lealtad procesal y de la probidad de la prueba.
De donde, el sentenciador dejó de estimar la cronología de los hechos, como puede verse en el mes de septiembre de 1995 así: el 5 se consignan los inmuebles incluido el vendido a Comfandi a Luz Stella de Tascón, ejecutiva de ventas de Evaluaciones Inmobiliarias; el 6 esta trasmite la oferta a la Inmobiliaria Julio Guillermo Valencia; el 13 Julio Guillermo Valencia formaliza la oferta a Comfandi.
Como sucedió con idénticas negociaciones con Papagayo S.A. e Indelco adquiridos por Comfandi donde las vendedoras les reconocieron comisión a las intermediarias.
La lectura de los cargos que ahora se despachan permite establecer de entrada que ninguna de las acusaciones en ellos formuladas puede salir airosa, pues como adelante se verá, tanto el uno como el otro apuntan a demoler unas conclusiones probatorias del tribunal que en últimas no tuvieron influjo en la resolución que finalmente adoptó al desatar el litigio.
Efectivamente, emplázase al tribunal de haber cometido errores de hecho y de derecho en la sentencia impugnada; por preterir dos testimonios sobre cuya base advierte el recurrente prueba de que María Virginia Borrero no era una funcionaria carente de poder decisorio dentro de la estructura orgánica de Comfandi, y por no haber examinado conjuntamente esas mismas declaraciones, al lado de las que efectivamente tuvo en mira de sus apreciaciones y no haber reparado en la cronología de los hechos ocurridos en torno a las negociaciones.
Como resultado de esos yerros probatorios, señala el impugnante, terminó el tribunal distorsionando el sentido del artículo 1340 del Código de Comercio, por sostener que el corretaje exige siempre del corredor una intervención directa en el contrato en que ha mediado, y de ahí concluir equivocadamente que esa intervención ‘debe ser la causa de la negociación ...’, lo cual riñe con la exégesis de la norma.
Pero resulta que, al igual que se puso de relieve en el estudio verificado al despachar el primer cargo, el eje central de la controversia gravitó en establecer si el corretaje existió, y en esa pesquisa el tribunal halló una respuesta negativa, tras observar, se repite, que al proceso no se trajo prueba directa de su celebración, corolario sobre el que hizo ver de todos modos que si bien obran elementos de demostración que indirectamente acusan algo contrario, vale decir, que posiblemente la relación contractual sí alcanzó a configurarse, ellos resultan a tal extremo equívocos, que ni con mucho darían campo a tenerlo por acreditado.
Y si bien planteamiento tal es bastante para soportar la sentencia, trajo en apoyo de la conclusión un segundo argumento dirigido a abastecerle mayor solidez; el de que, de acuerdo con otros medios persuasivos, se demostró un hecho que descarta cualquier posibilidad de que las inmobiliarias tengan derecho a la remuneración reclamada, esto es, que el ofrecimiento del bien a Comfandi, la que finalmente lo adquirió, fue realizado en forma personal por el representante de la demandada al director de aquella, Nélson Garcés Vernaza, entre quienes existe un grado determinado de parentesco, y no por medio de las demandantes.
A lo que finalmente añadió otra apreciación adicional, advirtiendo que de cualquier forma, los contactos realizados entre Luz Stella de Tascón y María Virginia Borrero, a la sazón por personas carentes de poder decisorio respecto de las sociedades partícipes de la negociación, no tuvieron en el fondo eficacia o utilidad en la concreción del negocio en el que supuestamente hubo intermediación.
Mas, en lo que toca con el cargo, ocurre que de estos tres planteamientos solo uno fue objeto de ataque por parte del censor; aquel que descartó la eficacia de la gestión, dejándose allí de lado los dos restantes; empero, escoltados por la presunción de acierto que les confiere la ley, y bastantes para mantener enhiesta la sentencia impugnada, impiden a la Corte entrar a analizarlos, dado que la naturaleza extraordinaria del recurso le impone moverse dentro de los estrictos límites que de antemano le fija el recurrente.
Para comprobarlo no es sino reparar en la crítica que en el mismo emprende el recurrente, con el propósito definido de demostrar cómo los motivos que tuvo el tribunal para descalificar la eficacia de la gestión de María Virginia Borrero en la celebración de la compraventa, no atienden el contenido de los testimonios de la misma Luz Stella de Tascón y de Sergio Rivas Rentería, que dice preteridos, donde encuentra cimiento para sostener que la tal funcionaria no solamente tenía asignadas entre sus funciones las de adelantar las gestiones previas al análisis del negocio en el consejo directivo de Comfandi, sino también la de representarla para esos efectos, lo cual descarta de un lado la malintencionada imputación que adujo la demandada sobre ella, y de otro, que haya tratado de “favorecer a su dilecta amiga”, lo que intenta corroborar recordando que mientras la negociación culminó el 30 de octubre del 1995, el fax fue enviado al 14 de diciembre de ese mismo año, fecha muy posterior.
Tal modo de discurrir da la espalda a las otras dos apreciaciones sentadas por el tribunal, con arreglo a las cuales descartó que el contrato de corretaje se hubiese celebrado, aun por encima de las pruebas que indirectamente acusaban su existencia, y que hubiese encontrado que antes que un reflejo de los acercamientos propiciados por las demandantes entre Comfandi y la vendedora, la compraventa fue el resultado de los tratos que con antelación habíanse ya iniciado entre Mauricio Garcés O’Byrne y su pariente, Nélson Garcés Vernaza, director de la entidad adquirente del predio, apreciaciones probatorias que, según se anotó, por no haber sido atacadas dan soporte idóneo a la sentencia para mantenerla indemne ante el ataque que contra ella se perfila en casación.
Ahora, una mención aparte requiere lo relativo a la declaración de Gloria Milena Valencia Abella, que se dice preterida; porque analizado el punto desde la perspectiva que propone el recurrente, al pronto se ve que lo que en el fondo se reprocha por esa omisión denunciada no es precisamente la preterición del medio probativo, sino el argumento jurídico esgrimido por el fallador, en que, según la censura, resultó exigiendo del corredor una capacidad no establecida por la ley, lo que desde luego repulsa sin miramientos la vía indirecta, amén de lo inexacto que se muestra el planteamiento, según quedó elucidado al despachar el cargo primero.
Conviene recordar que para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a esta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, al simple golpe de vista, pues ha de partirse de la idea de que es en las instancias donde termina el debate probatorio, idea que trae aparejada la de la autonomía discreta de que goza el fallador para apreciar la prueba, principios estos que a su vez conducen al postulado de que la sentencia se encuentra amparada por una presunción de certeza.
De ahí que, conforme a la doctrina de esta corporación, “la sobredicha presunción de certeza entonces, constituye, por una parte, el primer escollo que ha de enfrentar el recurrente en casación y por la otra, la base sobre la que habrá de edificar la Corte el estudio de la impugnación; porque así las cosas, resulta que al tribunal de casación no le corresponde salir al encuentro de todo el material probatorio recaudado, sino que ha de encaminarse por una senda más estrecha, aquella de averiguar, y solo en la medida que el impugnador lo señale, si el sentenciador incurrió en errores de hecho o de derecho que hayan incidido en la decisión.
“Y en cuanto al error de hecho, más angosto aún es el camino, porque no es cualquier yerro el que puede conducir eventualmente al quiebre de la sentencia, sino aquel evidente, manifiesto, que se imponga directamente al conocimiento sin que para detectarlo sea menester de complicadas elaboraciones intelectuales, vale decir, que sea ‘tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso’ (LXXVIII, pág. 972)” (Sent., oct. 26/2000, Exp. 5767).
Las falencias detectadas en el cargo tercero se hacen manifiestas cuando el recurrente, en pos de demostrar los yerros atribuidos al tribunal, omite indicar con la claridad y precisión propias de un medio impugnaticio extraordinario, la existencia del error denunciado y la incidencia del mismo en la parte resolutiva de la sentencia. Dejó, pues, la acusación a mitad de camino, ya que no determinó en manera alguna los alcances del recurso, lo que impide a la Corte abordar su estudio de fondo. Se limitó a señalar como infringido, por “interpretación errónea”, el artículo 1340 reseñado, pero en esa tarea de contraste, de la que no salta presto un error, desembocó en un argumento jurídico totalmente alejado de lo que en sí conlleva una impugnación de esa naturaleza.
Esa falencia no es el único reparo técnico que ofrece el cargo; recuérdese cómo denuncia un error de jure por no haber apreciado en forma conjunta el material probatorio; así, censura que el tribunal haya dejado por fuera de análisis los testimonios de Luz Stella de Tascón, Gloria Milena Valencia A. y Sergio Rivas, y se haya limitado a ponderar los testimonios de Adiela Arango Méndez y Nélson Garcés Vernaza, lo que le impidió “adquirir suficientes elementos para valorarlas dentro de un contexto legal”, sobre lo cual precisa más adelante, apuntalando ya esta acusación, que el sentenciador no apreció debidamente “la cronología de los hechos que se sucedieron en desarrollo y ejecución del contrato de corretaje”, lo que lo “llevó a ignorar la coincidencia de fechas, vistos los diferentes elementos de convicción recaudados durante la actuación”.
A intento de poner a descubierto ese error, trae a colación, entonces, el peregrinaje de los hechos referidos a la controversia acaecidos entre septiembre de 1995 y junio de 1996, itinerario en que a la sazón retoma el relato que sobre aquellos expuso en el libelo incoativo, y comienza por memorar que la demandada consignó unos de sus inmuebles a la señora de Tascón, quien trasmitió la oferta a la otra demandante, la cual a su turno tenía como cliente a Comfandi, a la que finalmente puso al corriente del ofrecimiento, para concluir, luego de volver sobre las comunicaciones cruzadas entre las entidades comprometidas en la negociación, que al correrse la escritura donde se instrumentalizó la compraventa del predio, terminó el corretaje.
Pero, analizada la forma en que se encauza el ataque, de inmediato viene al pensamiento lo que en punto del error de derecho por la apreciación conjunta de pruebas ha expresado la Corte, con arreglo a lo cual si al tribunal se le emplaza por no haber juzgado en esos términos, menester es al recurrente mostrar los puntos de contacto de las probanzas a fin de hacer ver el desarreglo denunciado, labor que, salta evidente, jamás trató siquiera de acometer el impugnante en la acusación; a la verdad, se quedó corto, pues, a despecho de indicar cuáles de las pruebas recaudadas fueron apreciadas indebidamente al no haberse examinado de manera conjunta, esto es, los testimonios de la señora de Tascón, Sergio Rivas, Adiela Arango Méndez y Nélson Garcés Vernaza, y el interrogatorio de la representante de una de las demandantes, a quien también se le recibió testimonio en el decurso de la primera instancia, no dijo, cual era de su resorte, dónde es que finalmente se encuentran los puntos de contacto que apuntan a corroborar que el tribunal violó el artículo 1340 del Código de Comercio, otorgándole un sentido que riñe con la exégesis de dicha norma.
Esto, claro, sin caer en la cuenta, ya en otro plano, que el tribunal no fue quedo al hacer obrar el precepto 187 en comento; muy por el contrario, si por algo se caracteriza esa tarea probatoria que verificó, es precisamente por haber analizado las pruebas engranando los puntos de enlace que vio entre ellas, lo que de por sí, para decirlo ya sin rodeos, descarta el yerro denunciado.
La secuela ineludible de lo discurrido es que estos cargos tampoco prosperan.
Costas del recurso de casación a cargo de la demandante y recurrente. Tásense.
Oportunamente devuélvase el expediente al de origen.