Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-25842018000200027
Timestamp: 2019-08-26 05:53:54
Document Index: 54055994

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 2']

Tratamiento de datos personales en el Poder Judicial de Chile: ¿El Gran Hermano jurisdiccional?
http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2018.49205
Treatment of personal data in the Chilean Judiciary System: Juridictional Big Brother?
Sandra Sofía Bustos Orellana1
1Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile Correo electrónico: ssbustos@uc.cl
La Ley de Tramitación Electrónica establece nuevas reglas para el tratamiento de datos personales en el Poder Judicial de Chile, las que se contraponen con la Ley 19.628 vigente. La multiplicidad de orígenes de los datos personales incorporados en las bases de datos del ente jurisdiccional hace compleja su diferenciación basada en el principio de finalidad. La nueva norma, en conjunto con el principio de publicidad, concluye en una cesión forzada de la titularidad de los datos personales o sensibles de las personas que usan el sistema judicial.
PALABRAS CLAVE: Tramitación electrónica; Poder Judicial; Datos personales
The Electronic Processing Law establishes new rules about the personal data treatment in the Chilean Judiciary System, which oppose the current Law 19,628. The multiple origins of the personal data incorporated in the database of the jurisdictional entity make complex the differentiation based in the principle of finality. The new norm, in conjunction with the principle of publicity, ends in a force transfer of the ownership of personal or sensible data from the people that use the Judiciary System.
KEYWORDS: Electronic processing; Judiciary System; personal data
El arribo de nuevas tecnologías ha cambiado la vida de todas las personas, al abarcar cada ámbito del diario vivir y transformar en cotidianas actividades que hace pocos años habrían parecido sacadas de una película de ciencia ficción. La revolución digital no es ajena a lo público, y es por tanto un proyecto ineludible para los Estados y sus gobiernos, que deben adecuarse a su llegada de forma apresurada, lo cual desafía la burocracia administrativa y los procesos legislativos propios. Nuestro país ha avanzado en este proceso de cambio y adaptación para adecuarse a los nuevos tiempos y, en no menor medida, para cumplir los estándares y requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tras su ingreso en 2010. El Estado de Chile ha invertido en proyectos de modernización, tecnologías de la información, plataformas digitales y redes sociales con el fin de mantener una cercanía con el ciudadano y hacer más eficientes las relaciones entre las personas y el Estado, y entre los diversos organismos, instituciones y órganos dentro del mismo Estado.
Es así como varios ministerios, servicios, poderes del Estado y autoridades de diversa índole mantienen cuentas institucionales en Facebook, Twitter o Instagram, en las que publican sus logros y avances, informan sobre eventos, leyes y temas de interés, y se comunican con el usuario al otro lado de la pantalla. En la misma línea, el Estado ha impulsado múltiples proyectos de innovación para agilizar y simplificar los procesos a los ciudadanos, para lo cual ha usado las tecnologías de información con el fin de facilitar el acceso a la información pública, realización de trámites y educación digital, por medio de proyectos como Trámite Fácil, Biblioredes, Ley Fácil, Chile Atiende, Chile sin Papeleo, Tu Empresa en un Día y —a nuestro juicio, una de las propuestas más importantes, pues da acceso a todos los anteriores— la implementación de la Clave Única para acceder a todos los servicios del Estado.
Al ser uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial de Chile tiene una responsabilidad importante para no quedarse atrás del auge innovativo, por lo que debe renovar la forma de ejercer la función jurisdiccional en la era digital. ¿Cómo pasar de las fojas del expediente cosido a mano a los sistemas de tramitación digital, o de la firma manuscrita a la firma electrónica avanzada? Una nueva norma era urgentemente necesaria. Asimismo, se buscaba que el usuario lego del sistema logre una cercanía y comprensión de las resoluciones de los tribunales, lo que acerca el complejo sistema judicial a la ciudadanía, al cambiar el uso del lenguaje legal con la creación de la Comisión de Lenguaje Claro y Sencillo impulsada por la Corte Suprema en 2015, enmarcada dentro del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Poder Judicial.
En el presente trabajo analizaremos el avance tecnológico y procesal más grande que ha implementado el Poder Judicial: la aplicación de la Ley de Tramitación Electrónica. Específicamente, nos referiremos a una norma en especial que fija el tratamiento de datos personales por este poder del Estado. Compararemos esta norma con la ya anticuada Ley de Protección de Datos Personales, la dificultad de su aplicación, las preguntas que deja su interpretación y las diversas posturas frente a ello.
Con miras a la llegada de la Reforma Procesal Penal y la implementación de los nuevos Tribunales de Familia, en 2002 se promulgó la Ley 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma. Doce años después, en agosto de 2014, y a fin de ejecutar la completa renovación digital en la tramitación de causas, se presentó el proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria, que buscaba modificar el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, lo que se transformaría tras un año y medio de discusión en la Ley 20.886 de Tramitación Electrónica, promulgada el 14 de diciembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2015.
Este rápido avance legislativo no estuvo exento de errores y de ajustes sobre la marcha, por lo que la Ley de Tramitación Electrónica dejó específicamente abierta su complementación con autos acordados que dictó la Corte Suprema,<nota1>1</nota1> a modo de «ley en blanco» preventiva de los posibles problemas que pudiese traer consigo un cambio tan radical. Por esa razón, una vez que la ley entró en vigor se procedió a complementarla con tres autos acordados dictados por la Corte Suprema. Primero el Acta 37-2016, «Auto acordado para la aplicación en el Poder Judicial de la Ley 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales», del 15 de abril de 2016. Posteriormente, se dictó el Acta 71-2016, del 16 de junio de 2016, «Auto acordado que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan electrónicamente», el cual tiene un carácter orgánico más general, al referirse en específico a la tramitación digital en su capítulo 7 sobre el «ingreso, distribución y tramitación». Finalmente, se dictó el Acta 13-2017, «Auto acordado que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan electrónicamente», que modifica el artículo 8 sobre «Firma electrónica de resoluciones y actuaciones judiciales» del Acta 37-2016.
Siguiendo el ejemplo de reformas procesales anteriores, la implementación de la ley se ejecutó en dos etapas, tras entrar en vigor inicialmente el 18 de junio de 2016 en las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas; para posteriormente, el 18 de diciembre de 2016, aplicarse en las Cortes de Apelaciones de mayor tamaño, en Valparaíso, Santiago, San Miguel y Concepción.
De modo casi anecdótico, señalaremos que en materia de jurisdicción la Ley de Tramitación Electrónica se aplica a todos los Tribunales Ordinarios<nota2>2</nota2> y Especiales, con excepción de los Tribunales Militares en Tiempos de Paz. Tampoco afecta a los tribunales que no son parte de su estructura administrativa, como el Tribunal de la Contratación Pública, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Tribunal de Propiedad Industrial, los Tribunales Ambientales y los Juzgados de Policía Local, a pesar de que la Corte Suprema sí ejerce superintendencia sobre ellos.<nota3>3</nota3> De igual manera, no se aplica al Tribunal Constitucional, órgano jurisdiccional autónomo e independiente. Según la historia de la ley, esto se debe a que el procedimiento aplicado en estos tribunales es antiguo, escrito, formalizado y, en ocasiones, secreto. Por ende, si entendemos que la ley especial no aplica para ellos, tendrá que regir la regla general de la Ley 19.628, que abarca a todo organismo público.
Ley de Datos Personales y los sistemas de tramitación electrónica
El tratamiento de datos personales y sensibles se ha transformado en un tema de relevancia internacional, por lo que ya existen agencias de control que regulan y supervisan el tratamiento indiscriminado y protegen los derechos de las personas titulares. La Ley de Tramitación Electrónica establece el tratamiento de datos personales en el Poder Judicial regulándolo de forma específica según el principio de publicidad. La doctrina define este principio como «la facultad que la ley confiere a toda persona para imponerse de las actuaciones judiciales, aun cuando no sea litigante interesado en ello, a través de los medios que la misma ley le franquea» (Correa, 2012: 104), mientras que la definición legal del principio de publicidad se encuentra regulada en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales y señala: «Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley». Estas excepciones van referidas al secreto de los procesos, tanto absoluto como relativo, ya sea para proteger los fines de procedimiento como la privacidad de los acuerdos en las Cortes de Apelaciones, el secreto en el sumario criminal o el pliego de posiciones. En nuestra legislación se distinguen diversas materias en que el secreto va dirigido a la protección a la honra y a la vida privada de las partes del proceso, en atención a que en esas causas se discuten temas sensibles, la mayoría relacionados con familia: causas sobre adopción, divorcio o referentes a niños y adolescentes, entre otras.<nota4>4</nota4>
El tratamiento de datos personales se encuentra definido en la Ley 19.628 en su artículo 2, letra o) como: «Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma», lo que puede ser hecho de forma manual o automatizada. Mientras que por datos personales se entiende todo aquello que permite identificar una persona, como nombre, el rol único nacional (RUN), domicilio, teléfono, etcétera; la definición de datos sensibles se encuentra en el mismo artículo, letra e), el cual señala que son «datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o íntima, como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual».
Parte de la doctrina considera estos datos contenidos en las plataformas judiciales como una categoría diversa, según señala Paula Jervis:
Entendemos que los datos pertenecientes a una causa judicial, denominados doctrinariamente «datos judiciales», «datos jurisdiccionales», o «datos personales contenidos en ficheros jurisdiccionales» constituyen datos sensibles según la definición legal que el ordenamiento jurídico nacional hace de ellos. Basamos esta afirmación en la característica esencial del dato sensible, cual es que a partir de su tratamiento automatizado (lo que faculta el cruce de datos), pueden los tenedores de esa información tomar decisiones arbitrarias o discriminatorias respeto de los titulares de esos datos.
Es claro, entonces, el carácter sensible del dato judicial, algunos ejemplos aclararán esta aseveración. Imaginemos a una empresa de corretaje de propiedades que para arrendar los inmuebles acude a las bases de datos del Poder Judicial para que con el solo dato del nombre de una persona pueda ver si ésta se encuentra demandada en un juicio de arrendamiento, o el caso del empresario que para contratar a algún trabajador, acude a las bases de datos para determinar si por ejemplo ha demandado a empleadores anteriores, y (...); la discriminación escolar que pudiera sufrir la hija de la recurrente frente a la solicitud de matrícula.
A partir de esta información que se encuentra tratada automatizadamente, se pueden efectivamente tomar decisiones arbitrarias o discriminatorias, lo que nos lleva a concluir que los datos judiciales cuando son tratados automatizadamente —lo que implica la posibilidad de cruce de datos— son datos sensibles (Jervis, 2002: 147).
El Poder Judicial tiene en sus sistemas informáticos de tramitación de causas judiciales una base de datos personales y sensibles de gran valor, la que incluye los datos de todas las materias civiles, penales, de familia, cobranza, laborales, etcétera; con ella, logra abarcar múltiples aristas de la vida de las personas. A modo de ejemplo, podríamos seguir la vida de alguien desde su nacimiento, admirar sus negocios exitosos o fallidos, sus errores, sus éxitos, enfermedades e incluso continuar con un análisis hasta después de su muerte. Concluimos de ello que la cantidad de datos accesibles es abrumadora, por lo que resulta paradójico que los sistemas informáticos de tramitación y las bases de datos relacionadas del Poder Judicial no se encuentren unificadas. Los diversos sistemas del Poder Judicial son incompatibles entre sí en materia de tramitación,<nota5>5</nota5> pues no comparten equivalencias entre unos y otros; tienen una intercomunicación limitada en lo contenido en la base de datos, por lo que es posible que dependiendo del tribunal competente o la materia, un mismo litigante pueda aportar datos diversos en cada uno (Poder Judicial de Chile, 2014: 158). El sistema SITMIX puede constituir una excepción, pues permite acceder a través de una sola plataforma de usuario a los sistemas de primera instancia, aunque la información se encuentra contenida en cápsulas, sin existir una interconexión real (cruce) de las bases de datos. La interconexión de base de datos entre estos sistemas solo se aplica en exhortos entre tribunales de la misma materia y para la interposición de recursos, con lo cual se logra una comunicación entre los sistemas de tribunales de primera instancia y de su superior jerárquico a modo de lectura. Así, es perfectamente posible que un litigante pueda ser un imputado en rebeldía por homicidio, mientras tramita el cuidado personal de sus hijos en sede de familia sin problemas, lo que resulta contradictorio con el principio de economía procesal.
Con todo, la Oficina Judicial Virtual ha logrado resolver esta temática a modo de lectura de bases de datos, pues al ingresar un RUN se puede acceder a las causas que están asociadas a la persona natural o jurídica al que pertenece ese dato, pero no mantiene un fichero que compile toda la información en un solo lugar. La clara excepción es la creación de perfiles de las personas que hacen uso del sistema: el ingreso de la información se ha estandarizado al momento de acceder a la Oficina solicitando datos básicos para la creación del perfil, pero mantiene errores en la información ya ingresada con anterioridad o de forma manual.
El tratamiento de datos personales en el Poder Judicial
La Ley de Tramitación Electrónica establece una norma especial sobre el tratamiento de datos en su artículo 2, letra c) inciso tercero: «Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial sin su autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme a la Ley 19.628». Conviene poner énfasis en que lo primero que se busca es la prohibición del tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica, a fin de evitar actos abusivos cuando las personas tienen acceso a éste de manera libre, con las excepciones ya comentadas. Pero también contiene una excepción que cabe comentar: ¿a qué se refiere «sin su autorización previa»? Si lo interpretamos a la luz del artículo 4 de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que expresa: «El tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello», podría desprenderse que es el titular del dato quien debe autorizar este tratamiento.
En la revisión de la historia de la Ley 20.886 aparece: «La redacción propuesta establece una excepción, en virtud de la cual el Poder Judicial está facultado para autorizar el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica»,<nota6>6</nota6> por lo que establece que esta autorización hace referencia al dueño responsable de la base de datos, que en este caso es el Poder Judicial, sin que exista referencia al titular del dato. De interpretar la norma a la luz de su historia, nos encontramos en un escenario en que el dueño de la base de datos es también el titular de los datos contenidos en ella, independiente de «sobre quién» tratan los datos (el titular original), lo que implicaría el grave efecto de que al incorporar los datos en una causa, un escrito o presentación entregada a tribunales de justicia, el titular (cedente forzoso) renunciaría (cesión forzosa) a los datos contenidos en ellas y toda decisión sobre su destino, uso o tratamiento no requeriría su autorización, sino que quedaría a voluntad del cesionario, el flamante nuevo titular, el Poder Judicial.
Ante ello, se advierte que el titular original del dato se encuentra en franca desventaja en este escenario. La ONG Derechos Digitales expone sobre este punto:
Una de las partes (el titular de datos) está en una situación de debilidad frente al responsable del tratamiento, debido a diferencias económicas, de información y de poder entre ambos. Ello se hace patente en casos en donde quien colecta y maneja datos es el aparato estatal, o empresas con la capacidad de hacer transitar los datos fuera de las fronteras nacionales. A esto se suman las constantemente expansivas capacidades de almacenar y tratar datos de distinta naturaleza y de la transversalidad de las consideraciones sobre privacidad en distintos ámbitos (Lara, Vera y Soto, 2013: 15).
La desventaja en este caso sería un abandono de nuestros datos personales a merced del Poder Judicial, un Gran Hermano jurisdiccional.
Si aceptamos esta teoría, podemos plantear otra pregunta: ¿quién debe dar esta autorización y cuál es el procedimiento para obtenerla? Como respuesta tenemos varias opciones: en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, por ser el máximo tribunal de la república, además de mantener la jurisdicción correccional, disciplinaria y económica sobre todos los tribunales de la nación.<nota7>7</nota7> En segundo lugar, podrían ser las Cortes de Apelaciones, pero cabe cuestionarse sobre la competencia, pues la ley no señala dónde se solicita esta autorización. El tribunal competente, ¿será el del domicilio de la persona natural o jurídica que solicita la autorización? Una tercera opción es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pues si bien la Corte Suprema debe administrar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales del Poder Judicial, esto se ejecuta a través de la Corporación. Pero volvemos a cuestionarnos quién tiene la autoridad para autorizar: podría ser su Consejo Superior, el director, el jefe del departamento de informática y computación, u otro.
Durante la discusión del proyecto de ley figura en el segundo informe de la Comisión de Constitución que la Dirección de Estudios de la Corte Suprema había propuesto como parte final de la letra c) lo siguiente: «Se prohíbe a toda persona el tratamiento de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, sin autorización judicial previa. Asimismo, se establecerán medidas para evitar el tratamiento automatizado de datos personales. La infracción a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme al artículo 23 de la Ley 19.628. Los motores de búsqueda se ajustarán para evitar la búsqueda de causas sobre la base de nombres, rol único tributario u otros datos personales».<nota8>8</nota8> Esta redacción más amplia nos indica que relacionar a la autorización el vocablo «judicial» significaría la inmediata judicialización de la solicitud, lo que podría ser un acto judicial no contencioso si consideramos la oposición de un legítimo contradictor, o derechamente un proceso contencioso.
A nuestro parecer, si no existe reglamento o auto acordado que regule el tema, si no se mantuvo la palabra «judicial», y si se entiende que la Corporación es el sujeto pasivo de las acciones que se ejercen contra el Poder Judicial y responsable de los sistemas informáticos de tramitación, hace sentido que la autorización se solicite a este ente, en el domicilio del solicitante —entendiendo que se solicita al director regional de la CAPJ—, como un requerimiento administrativo simple.
El proyecto de ley imponía a la Corporación Administrativa del Poder Judicial la carga de elaborar medidas para evitar el tratamiento automatizado de los datos, además de establecer para un tercero —los motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo— la carga de evitar que se asocien nombres o RUN con la información contenida en las causas. En este mismo sentido, la Dirección de Estudios propuso que, «para impedir que a través de robots se capture la información», se incorpore un inciso que lo prohíba expresamente. Lamentablemente esta redacción no prosperó, lo que dejó abierta la puerta a la minería de datos.
El primero de abril de 2015, el Poder Judicial eliminó la búsqueda de causas por RUN o RUT de los litigantes, a fin de evitar que la información fuese mal utilizada por terceros ajenos al proceso.<nota9></nota9> Sin embargo, la minería desde la base de datos del Poder Judicial no parece estar prohibida bajo este respecto —fuera de las limitaciones propias de los delitos informáticos—, pues nada obsta a una solicitud recurrente de información, ya sea de forma automatizada a través de un bot o un script, o en forma manual. Actualmente, es conocida la práctica de ofrecer servicios jurídicos a personas que se encuentran demandadas por entes financieros, solo revisando los últimos RIT de las causas ingresadas al sistema, con lo que se puede obtener de la demanda todos los datos de la persona demandada —y demandante, claro está—, quien no ha autorizado la exposición de datos personales como RUN, domicilio, teléfono o incluso datos financieros o familiares.
Las condiciones de uso de la consulta unificada de causas del Poder Judicial de la Oficina Judicial Virtual (OJV) señalan en su número 4:
Será obligación de los usuarios utilizar de forma diligente, correcta y lícita la información que se encuentre a su disposición en virtud del servicio de consulta de causas del Poder Judicial, comprometiéndose en términos generales a no utilizar los contenidos de forma ilícita o para fines contrarios a la ley o el orden público. Asimismo, queda prohibido el uso y/o reproducción de la información con propósitos comerciales o para fines que atenten contra los legítimos derechos de terceros, especialmente tratándose del contenido de causas con carácter reservado en cualquiera de las competencias.<nota10>10</nota10>
Lo anterior se asemeja más a una declaración de buenas intenciones que una condición de uso del sistema, pues traspasa la obligación de protección a terceros (los usuarios del sistema) sin aludir a los datos personales contenidos en la plataforma. Tampoco establece sanciones asociadas al «mal uso» de la información, como podría ser la vulneración al principio de buena fe establecido en el artículo 2, letra d).<nota11>11</nota11> Si bien la OJV es una herramienta que supone la evolución de los antiguos portales de revisión de causas (todavía activos) del Poder Judicial, ya que crea una plataforma de usuario que logra una unificación de todas las causas de un litigante en un solo portal —lo que constituye un acercamiento real y efectivo de la justicia para con el ciudadano lego—, advertimos que requiere, a nuestro parecer, una reglamentación más idónea, que prohíba derechamente la minería de datos automatizada o manual desde la plataforma.
Las palabras de Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema, nos otorgan una visión oficial sobre el tema:
Esta información [los datos personales] se ha convertido en un elemento de control y de discriminación en muchos casos para las personas que están postulando a determinadas instituciones o trabajos. Este asunto nos preocupa doblemente. Es imposible para el Poder Judicial eliminar de su página web determinadas causas, sea que estén en tramitación o con fallos ejecutoriados, incluso con condenas cumplidas. ¿Bajo qué criterios lo haríamos? ¿Cómo satisfacer esa demanda que a veces puede parecer del todo atendible sin dejar de cumplir, a la vez, con nuestro mandato de que todas nuestras actuaciones son públicas? Nos enfrentamos pues a un escenario en el que invariablemente hemos mantenido la única postura que nos parece posible, pero sobre lo que es pertinente escuchar opiniones (Juica, 2013: 55).<nota12>12</nota12>
Dificultades de la aplicación de los principios de publicidad y de finalidad
La Ley 19.628 ha establecido una serie de requisitos específicos para su tratamiento, ya sea para entes públicos o privados:
Nuestra legislación, atendida la mayor protección requerida para los datos sensibles, invirtió la regla relativa a la libertad para tratar datos personales, disponiendo que ellos no pueden ser objeto de tratamiento, sino por excepción. Dichas excepciones son: a) cuando la ley lo autorice, b) cuando exista consentimiento del titular, y c) cuando sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares (Cerda Silva, 2012: 24).
Estos tres requisitos deben estar unidos al principio de finalidad, el que debe cumplirse cuando el tratamiento lo efectúe un organismo público, que encontramos definido por Pablo Viollier como:
[El] principio de finalidad ordena que los datos personales solo pueden utilizarse y tratarse para los fines por los cuales fueron recolectados. Este principio se encuentra estrechamente relacionado con el principio de información y consentimiento del titular, ya que resultaría ilegítimo que los datos fueran utilizados para fines distintos que los consentidos por su titular (Viollier, 2017: 22).
Cabe preguntarse entonces si el Poder Judicial está sujeto a estas normas de carácter general o prima su norma especial acorde con los métodos de interpretación de la ley. En el primer escenario, advertimos que el Poder Judicial es un organismo público, por lo que estaría bajo los preceptos de la ley de protección de datos que en su título 4, «Sobre tratamiento de datos por los organismos públicos», establece que deben cumplir con requisitos especiales, pues «solo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas en la misma. Cumplidas ambas condiciones, a diferencia de las entidades privadas, los organismos públicos no requerirán del consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos» (Cerda Silva, 2012: 33). Aquí hay dos intereses contrapuestos, el principio de finalidad del dato y el de publicidad, relacionado con las «materias de competencia» recién nombradas.
El tratamiento de datos en el Poder Judicial sería una de las excepciones de la ley, atendido que es la propia ley la que lo autoriza; consideramos que resulta difícil incorporar el principio de finalidad en ello, ya que los datos recopilados en las bases de datos del Poder Judicial pueden tener diversas fuentes y, por ende, diversas finalidades. Por ejemplo, los datos ingresados por una parte a fines de identificación y notificación en las diversas causas son muy diferentes de los datos que constan en las causas como parte de su tramitación, los que son muy frecuentemente datos sensibles. Desde otra perspectiva, el Poder Judicial tiene su propia finalidad (o competencia),<nota13>13</nota13> que según el mandato constitucional es la administración de justicia, que debe «conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Analizándolo teleológicamente, podemos advertir que el Poder Judicial cumple otros fines según la materia de la causa, como la protección de los derechos de las personas y el restablecimiento del imperio de la ley; podemos también basarnos en las teorías sobre la prueba (buscar la verdad jurídica) o los principios del procedimiento (como la protección de la familia o las víctimas cuando la ley obliga actuar de oficio), etcétera. ¿Resultaría entonces factible la diferenciación de cada tipo de dato según su finalidad propia o debemos atenernos a que la clasificación de «dato judicial» es determinante y absoluta, lo que limita el tratamiento de estos datos como sensibles?
La dificultad de contraponer la publicidad de los actos judiciales con la protección de datos es latente, pues la regla que en este caso aplicaría es la del Código Orgánico de Tribunales como fuente normativa de mayor rango legal, en la que el principio de publicidad primaría sobre la privacidad de los datos contenidos; por lo tanto, la información que pueda ser recopilada de las plataformas judiciales sería una fuente accesible al público.<nota14>14</nota14> Concluimos de lo expuesto que el tratamiento de datos solo necesitaría autorización del titular en las causas declaradas bajo secreto, sea absoluto como relativo, puesto que éstas no son una fuente accesible al público; la administración de justicia se transforma en un bien superior al de la privacidad de las personas.
Ahora bien, como expresamos, si se hace un trabajo de recopilación de datos de todos los sistemas informáticos del Poder Judicial, se puede obtener un perfil de los usuarios, desde su capacidad económica, pasando por sus gustos y preferencias, hasta sus afectos. El principio de finalidad restringiría el tratamiento de los datos, ya que su uso debe ser consecuente con su otorgamiento. ¿Cómo podría el Poder Judicial autorizar un tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos por un tercero, si éstos son entregados para su uso en una causa particular de carácter secreto? Justificar la entrega de datos de los sistemas de familia o penales resulta complejo, y solo podría hacerse cuando se trate de datos despersonalizados con fines estadísticos.
En la historia de la Ley de Tramitación Electrónica se aprecia que el artículo 2, letra c) inciso tercero pretende «restringir lo que se ha denominado Dicom judicial y no a la entrega de datos específicos, solicitados por un ente público o privado. Acotó (el representante de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema) que lo que se desea evitar son las listas de juicios relativos sobre todo a materias laborales».<nota15>15</nota15> La intención del legislador es evitar el tratamiento de datos a nivel superficial de causas, pero hace caso omiso de lo importante: los datos sensibles contenidos en ellas.
Si analizamos el precepto bajo la segunda hipótesis, en la que prima la norma especial del Poder Judicial, podemos omitir la regla del principio de finalidad y establecerla como regla especialísima. Podría convertirse entonces en una suprarregla que solo se encontraría limitada por el arbitrio de quien otorgue esta autorización dentro del Poder Judicial, ya que no establece requisitos de ningún tipo. Desde nuestra perspectiva, ésta sería una radical pero posible interpretación de este precepto.
Recientemente se ha reformado el artículo 19 numeral 4 de la Constitución Política de Chile,<nota16>16</nota16> que incorpora la protección de los datos personales como derecho fundamental con la siguiente redacción: «El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley». La protección de datos personales queda directamente relacionada con la honra y la vida privada, protegida en la esfera más íntima de la persona, quien puede exigir su respeto o restauración vía recurso de protección, mientras que el tratamiento de los datos queda delegado a una ley de menor rango legal, como son las leyes referidas con anterioridad. Consideramos que la ahora protección constitucional de los datos personales no soluciona de forma definitiva la discusión, ya que es el tratamiento de los datos contenidos en las bases de datos o sistemas informáticos del Poder Judicial al cumplir con los requisitos que establece la ley, el que desencadena la cesión forzosa de la titularidad del dato según la Ley de Tramitación Electrónica.
Se advierte de la misma manera que la segunda parte del artículo 2, letra c) inciso tercero dice que la «infracción» cometida por entes tanto públicos como privados solo será «sancionada» de acuerdo con la Ley de Datos Personales. Primero, habría que preguntarse cuáles son estos entes. ¿Son los mismos organismos a los que se refiere la Ley de Datos Personales o son otros? Tampoco queda claro si se incluye al mismo Poder Judicial en esta categoría, pero es posible concluir que no es así, pues en concordancia con la primera parte del inciso, no podría cometer infracción quien deba dar la autorización, pues es el dueño de la base de datos. Además, cabe destacar que solo se refiere a la infracción y no a los requisitos establecidos en tal ley.
Actual tratamiento de datos del Poder Judicial y sus condiciones
El artículo 2, letra f) establece el principio de cooperación,<nota17>17</nota17> que obliga al Poder Judicial y a las instituciones públicas a cooperar con el uso de medios electrónicos, e insta a la firma de convenios interinstitucionales. Este principio busca eliminar la infinidad de oficios y papeles que se remiten de una institución a otra, lo que lleva a la pérdida de tiempo, recursos, dinero y afectación al medioambiente; además, reconoce la utilidad del uso de medios electrónicos para la comunicación y facilitación de los fines de las instituciones, y favorece la interoperabilidad e interconexión de los múltiples sistemas informáticos. A partir de él, el Poder Judicial ha firmado convenios de cooperación con diversos estamentos del Estado.<nota18>18</nota18>
El tratamiento se está gestionando a través de estos convenios de cooperación, si bien todos incorporan cláusulas relacionadas con el tratamiento de datos personales, pues establecen que los datos se encuentran protegidos por la ley y el tratamiento supeditado a los requisitos que impone. Acorde con lo que hemos expuesto, una vez que estos datos se encuentren incorporados en una causa o ingresen a las bases de datos del Poder Judicial, el tratamiento dejaría de estar condicionado a la Ley de Protección de Datos y solo requeriría la autorización del cesionario.
Considerando la gran cantidad de datos que ya posee el Poder Judicial, base de datos que se va ampliando escrito a escrito, nos cuestionamos otro punto importante: la seguridad de los datos. El auto acordado Acta 37-2016 señala en su artículo 3 que se deben aceptar los términos y condiciones de la página web de la Oficina Judicial Virtual para darle uso, lo que impone no solo una carga adicional a la tramitación, sino que implica la aceptación de condiciones de carácter contractual para hacer uso del sistema judicial. ¿Cómo se justifica que un auto acordado, del que se cuestiona su legitimidad para regular procedimientos, derive a su vez el acceso al sistema jurisdiccional a la aceptación de un contrato con el ente administrador de justicia? Condicionar la actuación del ente jurisdiccional a un contrato vulnera el principio de inexcusabilidad, al generar deberes y obligaciones adicionales al usuario que los establecidos en el Código de Procedimiento Civil o el Código Procesal Penal, lo que sumado a la prohibición de ingresar escritos de forma presencial —con excepciones contenidas en el artículo 5 inciso segundo— limita el acceso a la justicia. Esta situación presenta indicios de ilegalidad, ya que su regulación debió efectuarse mediante un reglamento de la Ley 20.886 o, en último caso, por otro auto acordado.
Nueva ley de datos personales y el Poder Judicial
A modo de cierre, cabe comentar brevemente el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el cual fue votado en su primer trámite constitucional el 3 de abril de 2018 (Boletín 11144-07)<nota19>19</nota19> y presentó indicaciones el 3 de julio de 2018. El proyecto de ley original consideraba la creación de una nueva Agencia de Protección de Datos Personales, que tendrá por objetivo velar por el efectivo ejercicio y cumplimiento de los derechos que la ley reconoce al titular de datos; las indicaciones no ordenan la creación de esta agencia, sino que traslada sus objetivos al Consejo para la Transparencia, que renombra como «Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales».<nota20>20</nota20>
Sobre el tema que nos convoca, en su título 8, «Del tratamiento de datos personales por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y organismos públicos dotados de autonomía constitucional», el proyecto refiere que esta agencia no tendrá más que un papel de consultor y asistencia técnica, puesto que los organismos del título deberán ejercer internamente, por medio de un oficial de control de datos, las labores encomendadas a la agencia. Si bien esta propuesta se mantiene según las tendencias internacionales de respetar la independencia de los diversos poderes del Estado,<nota21>21</nota21> requerirá una reestructuración y la reeducación de los funcionarios judiciales, lo que dará reales facultades de investigación y sanción dentro del Poder Judicial a este nuevo integrante, quien tendrá la misión delicada de balancear los principios de publicidad y finalidad.
Será necesario entonces que este oficial cuente con la independencia necesaria en su labor, por lo que debe implementarse un procedimiento adecuado y acorde con los objetivos de la ley. De lo aprobado se desprende que estos organismos deberán fijar sus propios procedimientos, mientras que sobre las reclamaciones, según el artículo 58 inciso segundo, aquéllos que se vean vulnerados en sus derechos por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Banco Central o el Servicio Electoral tendrán una reclamación ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su jurisdicción. Ahora bien, el inciso tercero señala:
Las autoridades superiores del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Justicia Electoral, y los demás tribunales especiales creados por ley, deberán asegurarse que en el tratamiento de los datos personales que realizan estas instituciones se cumplen estrictamente con los principios y deberes y, se respeten los derechos de los titulares establecidos en esta ley, adoptando las medidas de fiscalización y control interno que resulten necesarias y adecuadas para esta finalidad.
Resulta complejo entonces que no se aplique la reclamación ante las Cortes de Apelaciones para estas instituciones y más aún para el Poder Judicial, que funciona como ente fiscalizador para un grupo de entes pero no para sí mismo. Consideramos que este derecho a reclamación puede y debiese mantenerse, variando la jerarquía del tribunal competente acorde al grado o tribunal donde cumpla sus funciones el funcionario sancionado.
Para finalizar el análisis, se advierte que la nueva Ley de Tramitación Electrónica es un gran avance para mejorar y modernizar la función jurisdiccional de los Tribunales de Justicia, pero resulta incompleta, pues hay innumerables temáticas asociadas reguladas por autos acordados y, peor aún, en condiciones de términos de uso. Sobre el tratamiento de datos personales, el artículo 2, letra c) inciso tercero de la Ley de Tramitación Electrónica deja la puerta abierta para una desregulación de los datos personales que se encuentran en las bases de datos del Poder Judicial, con lo que desaprovecha la oportunidad de sistematizar esta materia a la par del derecho comparado. La amplitud y la poca claridad de la naturaleza de la autorización necesaria, junto con la aparente cesión de los datos forzosa al momento de ingresar datos a la base de datos del Poder Judicial, deja al titular de los datos desamparado frente a la administración de justicia, y se ve en la disyuntiva de renunciar a los derechos sobre sus datos personales a fin de proteger otros derechos en disputa.
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1Hay cuatro artículos en la ley en que se deja su regulación a lo que dicte un auto acordado: «La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la búsqueda de causas en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial» (artículo 2, letra c, inciso final; en Acta 37-2016, artículo 2). «Presentación de demandas y de escritos: El ingreso de las demandas y de todos los escritos se hará por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que se regulen en el auto acordado que la Corte Suprema dictará al efecto» (artículo 5, inciso primero; en Acta 37-2016, artículo 3, sobre Oficina Judicial Virtual y con mayor desarrollo en Acta 71-2016, capítulo 7). «La Corte Suprema podrá regular a través de auto acordado la forma de dejar constancia de la georreferenciación, estableciendo los requerimientos y especificaciones técnicas que deberán cumplir los receptores para determinar, mediante un sistema de coordenadas, su localización geográfica al momento de practicar la diligencia» (artículo 9, registro de actuaciones de receptores, inciso cuarto; en Acta 37-2016, artículo 5). «Aplicación de las disposiciones de la ley: Las disposiciones de esta ley solo se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigor. Las causas se entenderán iniciadas desde la fecha de presentación de la demanda o medida prejudicial, según corresponda. Para los efectos del presente artículo, la Corte Suprema dictará uno o más auto acordados con el objetivo de asegurar su correcta implementación» (artículo 2 transitorio).
2Sobre el Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, el último que va quedando en el país de su tipo, corroboramos que si bien por ley deberían tramitarse según la reforma las causas recién iniciadas, siguen rigiéndose por el procedimiento criminal antiguo, todavía en papel. Marjory Miranda, «34.º Juzgado del Crimen: Al último tribunal con “expedientes cosidos a mano” le queda un año para cerrar», La Segunda, 8 enero de 2018, disponible en http://bit.ly/2QaL1pa.
3Sobre la ley de transparencia (Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública) rige una norma diversa. El expresidente de la Corte Suprema señala, sobre la obligación de transparencia activa: «Dada la superintendencia que ejerce la Corte Suprema sobre los demás tribunales del país, parece necesario que dicho tribunal ejerza dicha atribución disponiendo lo pertinente para que dichos organismos jurisdiccionales, que escapan de la gestión de la Corporación Administrativa, cumplan con el deber de mantener a disposición del público, en sus sitios electrónicos, los antecedentes indicados en el artículo 7 de la ley de transparencia y también los pertinentes del artículo 8 de la misma ley» (Juica, 2013: 36).
4Sobre las materias de secreto y la privacidad en nuestro sistema judicial, es indispensable el trabajo de Lara, Pincheira y Vera (2014).
5Los sistemas de tramitación electrónica del Poder Judicial son SITCI para materias civiles, SIAGJ en penal, SITFA en familia, SITLA en laboral, SITCO en cobranza laboral, SITMIX para competencia común, SITCORTE para las Cortes de Apelaciones y SITSUP para la Corte Suprema.
6«Historia de la Ley 20.886, Nueva Ley de Tramitación Electrónica», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 18 de diciembre de 2015, foja 102, disponible en http://bit.ly/2R584in.
7Podemos aventurarnos y concluir de la firma de convenios de cooperación interinstitucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Menores, firmado el 28 de noviembre de 2014; y el convenio sobre vigencia de documentos de identidad entre la Corporación, el Ministerio y el Servicio de Registro Civil e Identificación del 4 de enero de 2016 (posterior a la entrada en vigor de la ley), que la facultad reside en el presidente de la Corte Suprema como representante de la Corporación.
8«Historia de la Ley 20.886», foja 90.
9 «La decisión se adoptó con el objetivo de resguardar la vida privada de quienes son parte de procesos que se tramitan en tribunales de todo Chile en materias civiles, penales y laborales; y para poner fin a búsquedas masivas que se realizaban al ingresar el RUT de una persona determinada en el sistema del Poder Judicial. En los últimos meses, los diversos canales de recepción de información del Poder Judicial (Comisión de Transparencia, El Presidente Responde, redes sociales, unidades de atención de público de tribunales del país y el Portal de Transparencia del Estado) han detectado un incremento en las denuncias por mala utilización de las bases de datos de causas judiciales, llegando incluso a registrarse acciones de discriminación en temas laborales y operaciones comerciales, entre otros» («Poder Judicial elimina búsqueda de causas por RUT a través del portal web», Poder Judicial, 1 de abril de 2015, disponible en http://bit.ly/2R78ODI).
10«Condiciones de uso: Consulta unificada de causas del Poder Judicial», Poder Judicial, disponible en https://bit.ly/2TziUyJ.
11Ley 20.886, artículo 2, letra d): «Principio de buena fe: Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe. El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe».
12A nuestro parecer, su declaración suena más bien a resignación frente a la realidad jurídica en la que los datos personales se encuentran pobremente protegidos.
13Ley 19.628, artículo 20: «El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público solo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular».
14La jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago parece respaldar esta aseveración, como muestra el resumen del recurso de protección Briceño Echeverría con Corporación Administrativa del Poder Judicial de 2001, por Rodrigo Figueroa: «Una mujer reclama en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial porque en su sitio web es posible advertir que la actora está involucrada en un proceso de reclamación de paternidad de su hija. Éste le permite a cualquier persona enterarse de que tiene una hija no reconocida, que es un dato de su vida privada. La Corte rechaza la acción. El argumento es que el sitio web no da información sobre el proceso, ni sobre el contenido de las resoluciones, y porque la información que sí da es la misma que cualquier persona puede obtener revisando los libros de ingreso o las notificaciones del estado diario. La sentencia es confirmada por la Corte Suprema» (Figueroa, 2013: 874).
15«Historia de la Ley 20.886», foja 102.
16En la Ley 21.096, que Consagra el Derecho a Protección de los Datos Personales, del 16 de junio de 2018.
17Ley 20.886, artículo 2 letra f): «Principio de cooperación: Los auxiliares de la administración de justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autentificación respectivos. Para ello, las instituciones públicas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación».
18El Poder Judicial ha firmado convenios con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues a través del Sename tiene acceso a su base de datos SENAINFO; con el Servicio de Registro Civil e Identificación y el acceso a MONITO WEB, en el que se encuentran todo tipo de certificados; con el Servicio de Impuestos Internos y el Fondo Nacional de Salud, para fines de identificación y búsqueda de domicilios; con la Biblioteca del Congreso Nacional y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a modo académico; con Banco del Estado en lo referente a las cuentas de los tribunales y las libretas a la vista sobre alimentos; con la Unidad de Análisis Financiero para fortalecer la prevención del lavado de activos; con el Centro de Arbitrajes y Mediación, y un largo etcétera.
19Boletín 11144-07, «Regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y Crea la Agencia de Protección de Datos Personales», Cámara de Diputados de Chile, disponible en http://bit.ly/2R3ryUl.
20Un completo análisis sobre autoridad de control de datos personales en Chile se encuentra en el trabajo de Álvarez Valenzuela (2016).
21El nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) establece esta postura.
Recibido: 08 de Mayo de 2018; Aprobado: 10 de Noviembre de 2018
Sandra Sofía Bustos Orellana es abogada e historiadora. Licenciada en Historia y en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diploma de Postítulo en Ciberseguridad y Ciberdefensa, Universidad de Chile. Su correo electrónico es ssbustos@uc.cl.