Source: http://derechocomercial.edu.uy/RespSociedadesPersonInop01.htm
Timestamp: 2017-08-23 19:36:54
Document Index: 57569409

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 100', 'artículo 191', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 191', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38']

¿Qué es el disregard o la inoponibildad de la personería jurídica?
La Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989, recoge un instituto de elaboración jurisprudencial y doctrinaria que comenzó en Estados Unidos. La jurisprudencia y la doctrina que adopta y analiza este instituto, toma como punto de partida la consideración de la sociedad como persona jurídica. La sociedad comercial es una persona jurídica lo cual significa que es un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones y un centro de imputación de hechos y actos jurídicos. Se explica que la personalidad atribuida a la sociedad constituye un recurso de la técnica jurídica que permite a una pluralidad de socios actuar como una unidad en el mundo jurídico, a los efectos de lograr el fin común que los ha llevado a asociarse.
En nuestra realidad se han configurado situaciones que justificaban al aplicación de este instituto.
Puedo dar muchos ejemplos. Una persona, obtiene el concurso de otra – testaferro - para crear una sociedad con el solo fin de limitar su responsabilidad en el ejercicio de sus actividades comerciales o utiliza este recurso para ejercer una actividad que le está prohibida en razón de cuestiones personales (piénsese en el fallido o en un magistrado civil, a quienes les está prohibido el ejercicio del comercio). Otras veces se ha usado el esquema societario para defraudar los derechos del cónyuge para el caso de disolución de sociedad conyugal o los derechos de los herederos forzosos para el caso de sucesión, traspasando los bienes particulares de mayor importancia económica a una sociedad anónima, cuyas acciones luego serán entregadas a quien se quiere favorecer. En fin, es corriente que una persona trasmita sus bienes a una sociedad para eludir la persecución de sus acreedores. A veces, utilizando los esquemas societarios, se crean conjuntos económicos, traspasando de una a otra sociedad utilidades o distribuyendo entre ellas bienes y deudas, en burla de los derechos del Fisco o de acreedores o para lesionar los intereses de los socios o accionistas de alguna de las sociedades involucradas en la maniobra.
El instituto recibe distintos nombre: prescindencia o desestimación de la personería jurídica o penetración de la personería jurídica o superación de la personería jurídica o se la justifica señalando la necesidad de descorre el velo o de quitar la máscara de la personería jurídica o se invoca el abuso de la personería jurídica[1].
1. Doctrina discrepante sobre este instituto
Cierta doctrina moderna, siguiendo a Ascarelli no es partidario de esta construcción doctrinaria y jurisprudencial. Se argumenta por Ascarelli y sus seguidores que, en los casos en que la jurisprudencia y la doctrina, aplican la teoría de la prescindencia de la personería jurídica, simplemente se trata de situaciones en que no corresponde aplicar la normativa especial de las sociedades comerciales que le atribuyen personería jurídica. No corresponde decir, que se pueda desestimar la personería jurídica o prescindir de ella, sino simplemente que no la tienen, ya que la personería jurídica se otorga toda vez que se den determinados supuestos: esto es, un negocio societario real celebrado con los fines tutelados por el derecho. Las normas de sociedades comerciales con la diferenciación del patrimonio de la sociedad y de los socios y con toda su estructura de responsabilidades no se aplican en aquellos casos en que faltan requisitos específicos para la existencia del negocio societario.
La estructura societaria se aplica toda vez que exista una pluralidad de personas que ponen bienes en común para realizar una actividad comercial y distribuir entre sí sus resultados. Si no se cumplen con esas condiciones y fines, cae el negocio societario y su caída arrastra a la Personería Jurídica, por aplicación de las normas específicas del derecho societario.
Dicen los autores que no se trata, entonces, de prescindir de la Personería Jurídica sino simplemente de no aplicar el régimen societario a la situación cuestionada, ya sea porque falta la pluralidad de elementos personales o por falta de consentimiento o por falta de causa o por simulación[2], Ripert señala que en los caso en que existe abuso de personería jurídica existe una simulación, estando el negocio viciado por falta de consentimiento.
2. Justificación del Instituto
3. Modalidades de prescindencia
4. Terminología y efectos del instituto
Damos un ejemplo. Si se celebró la sociedad para defraudar las legítimas en caso de sucesión, los bienes sociales se imputarán al fallecido para luego incluirlos en el activo sucesorio.
Supongamos que un acreedor promueve una acción de inoponibilidad porque su deudor ha trasmitido bienes a una sociedad con el fin de insolventarse. El deudor obtiene una sentencia que producirá efectos sólo a su respecto. Los bienes de la sociedad se imputarán al deudor en la medida que sea necesario para cubrir el crédito del acreedor demandante. Si sobraran bienes la sociedad subsistirá con ellos.
5. Casos en que procede
a) Se comete fraude a la ley, cuando se actúa de acuerdo a las normas jurídicas pero contrariando los fines para los cuales éstas se han dictado. Aplicando este concepto general, habrá fraude a la ley cuando se utilice el negocio societario con fines distintos a los queridos por el legislador.
b) Violar el orden público.
Se violará el orden público cuando mediante el negocio societario se vulneren normas de interés general, como podría ser el caso en que una persona constituya una sociedad anónima para transferirle bienes y luego distribuir las acciones al portador entre ciertas personas vulnerando las legítimas para el caso de muerte.
c) En fraude y en perjuicio de socios o accionistas.
d) En fraude y en perjuicio de terceros.
6. Personas legitimadas para promover la acción de legitimación
La pretensión debe promoverse por la vía del juicio ordinario, donde debe producirse prueba fehaciente de los hechos invocados.
Se ha querido que una pretensión de tanta trascendencia jurídica se dilucide con las máximas garantías procesales.
En otras materia societarias las controversias pueden tener una solución judicial de mayor agilidad (art. 18) pero este tema de la prescindencia debe ser manejada con las mayores cautelas.
El Juez puede disponer la inscripción del testimonio de la demanda en el Registro Nacional de Actos Personales, sección Interdicciones[3]. Con ello se impide la posibilidad de que la sociedad enajene los bienes o los grave en tanto se sustancie el juicio.
Se podrán adoptar otras medidas cautelares prevista por las leyes procesales, incluso la intervención de la sociedad también disciplinada en la ley.
9. Prueba de los hechos que hacen admisible a la desestimación
El artículo 189, en el inc. 2, exige prueba fehaciente. En esta materia debe recordarse que por la naturaleza del asunto, difícilmente existirá prueba documental de los hechos que configuran los casos que hacen posible la prescindencia[4]. La prueba de que se usa del esquema societario y de la personería jurídica con fines no tutelados por la ley, necesariamente se deberá armar sobre indicios que sirvan de base a presunciones judiciales, tal como sucede en materia de simulación[5].
10. Responsabilidades personales (Art. 190, inc. 4)
Me remito a las disposiciones ya comentadas sobre responsabilidad de los administradores, de los síndicos y de los accionistas por su voto, y a los artículos 50 y 51 de la ley, antes transcriptos, en que se establecen respectivamente la responsabilidad de los administradores de las sociedades vinculadas y de las sociedades controlantes.
En algunas hipótesis, los hechos denunciados para reclamar la prescindencia de la personería jurídica generarán responsabilidad penal. Por ejemplo, el delito denominado insolvencia societaria fraudulenta, se tipifica toda vez que se oculta o disimula o se hace desaparecer el patrimonio de una empresa (art. 5º de la Ley 14.095). Al desaparecer el patrimonio de la empresa, ésta se insolventa en perjuicio de los acreedores y aún de los propios socios[6].
11. Traslado de la excepción previa de caducidad
No existe un término de caducidad ni de prescripción breve para la acción de prescindencia de la personería jurídica. No se establece en el artículo 191 que la regula ni en ningún otro texto legal ulterior.
El artículo 191 dispone: “El Juez interviniente en un proceso en el cual se pretenda la prescindencia de la personalidad jurídica de una sociedad, ordenará, si correspondiera, la inscripción del testimonio de la pretensión en la Sección Reivindicaciones del Registro General de Inhibiciones, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793, de 25 de setiembre de 1946; sin perjuicio de otras medidas cautelares que pueda adoptar”.
La Ley 10.793 fue derogada por la Ley 16.871. El artículo 35 de la Ley 16.871 dispone que la acción de prescindencia de la personalidad jurídica se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales. El artículo 100 de la Ley 16.871 deroga todas las normas que se opongan a ella. Por ende, ha quedado modificado el artículo 191, en su referencia al art. 38 de la Ley 10.793.
El artículo 35 de la Ley 16.871 no confiere ningún efecto especial a la inscripción de esta acción.
Tampoco contiene ninguna norma sobre prescripción o caducidad.
El efecto de las inscripciones registrales se establece en el artículo 54, para todos los actos registrales.
El artículo 54 dispone: “Los actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes que se registren conforme a la presente Ley serán oponibles respecto de terceros a partir de la presentación al Registro, excepto lo dispuesto en el artículo siguiente.”
El Legislador incurrió en error cuando, en la redacción del artículo 191 de la Ley 16.060, se refirió a “los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793”, porque en ese art. 38, no se establecían efectos del Registro. Más adelante explicaremos el error involuntario en la redacción de la Ley tal como surge de la discusión en la Comisión del Parlamento que la estudió y cuál fue el espíritu del legislador al redactar ese texto.
El artículo 38 de la Ley 10.793 establecía una nómina de acciones que se inscribían en la Sección Reivindicaciones y contenía, además, una norma de prescripción referida exclusivamente a las acciones paulianas que era una de las acciones registrables, entre otras.
El artículo 38 de la Ley 10.793, hoy derogado, establecía un término de prescripción para la acción pauliana y fijaba como punto de partida de ese término la inscripción de la enajenación - impugnada por tal acción - en el Registro de Traslaciones de Dominio. Es decir que el término de prescripción no era un efecto de la inscripción de la demanda de la acción pauliana.
[1] En el derecho americano: disregard of legal entity.
[2] Freschi, Revista de las Obligaciones, 1976, pp. 743 y ss.; Colombres, Curso de Derecho Societario, pp. 39 y ss.
[3] Ley de Registros 16.871, art. 34.
[4] No se utiliza términos del Proyecto Pérez que exigía prueba plena y concluyente.
[5] En sentencia de casación n. 123 del 9.3.2000 se expresa:
La mayoría de la Corte, considera que el disregard es una acción excepcional mediante la cual el Juez está habilitado a ingresar dentro del marco de la persona jurídica y llegar hasta las personas físicas (o jurídicas) que hay en su base y hasta la plata forma económica subyacente, a fin de aplicar aquellas normas de derecho que correspondieren evitándose así el uso abusivo de la personalidad jurídica. Dado su carácter de excepcionalidad es que cabe aplicar este correctivo únicamente cuando la persona jurídica es utilizada abusivamente, encubriendo conductas que burlan a los acreedores, lo cual como se dijo, no quedó demostrado en el caso de autos”.
Proyecto propuesto por el Profesor Argentino Rogasiano María Lo Celso:
“Los tribunales pueden prescindir de la personalidad jurídica en caso de manifiesta utilización de ella en fraude de la ley, de los derechos de sus miembros o de terceros, discerniendo las responsabilidades conforme a derecho”.
El informe de Lo Celso que contenía ese texto fue aprobado por unanimidad en sesión conjunta de los institutos de Derecho civil y Derecho comercial de la Facultad de Derecho de Rosario, celebrada el 13 de noviembre de 1975 (Revista del Derecho Comercial, 1976, pp. 27 y ss.)
Art. 138 del Proyecto de Pérez Fontana establece:
Los jueces deberán actuar con extrema cautela y, en caso de duda, rechazar la acción iniciada.”
Art. 54 de la LSC argentina.
“Inoponibilidad de la personería jurídica.
“Inoponibilidad de la personería jurídica. La actuación de la sociedad en encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe para frustrar derechos de terceros se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieran posible, quienes responderán solidaria o ilimitadamente por los perjuicios causados.”
El art. 39 de ese proyecto establece:
“Las corporaciones, asociaciones, etc. serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros ni todos ellos están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores o mancomunado con ella”.
“La primera parte de este artículo no será aplicable cuando la personalidad sea utilizada con el fin de obtener una ventaja ilegítima, a expensas de terceros, o de cometer un fraude a la ley; en estos casos los directores, administradores y miembros, serán solidariamente responsables con la persona jurídica frente a quienes resulten perjudicados, siempre que no demuestren que han sido extraños al hecho o acto impugnado, en cuyo caso responderán en la medida del beneficio que hubieren recibido.
“Cuando una persona jurídica se halle sometida al poder de dirección de otra persona física o jurídica tampoco se aplicará la primera parte de este artículo, y el patrimonio de aquélla se considerará parte integrante del de ésta, sin perjuicio de los derechos de los otros miembros de la persona jurídica sometida a tal dirección. La interposición de personas para ocultar ese poder constituye una actividad ilícita y quienes hayan actuado en ese carácter responden solidariamente por todas las obligaciones que graven ese patrimonio.”