Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2010_04_08/829
Timestamp: 2020-02-18 05:09:51
Document Index: 99585665

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 72', 'Artículo 89', 'Artículo 76', 'Artículo 76', 'Artículo 133', 'Artículo 18']

Gaceta: LXI/1SPO-114
Similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 12 al 14 del actual, a efecto de atender la invitación del Presidente de los Estados Unidos de América, para participar en la Cumbre de Seguridad Nuclear que se realizará en Washington, D.C.
Solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que la C. Margarita Atme Abud pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno del Reino de España.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone centrar las atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) en emitir la normatividad y los lineamientos técnicos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan las entidades federativas.
Por otra parte en la reforma a la fracción XII del artículo 19 de la Ley, se mantiene la atribución del Instituto de construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar inmuebles en el Distrito Federal. Con base en la reforma del artículo 16 propuesto en esta Minuta, se suprime la atribución actual del Instituto de hacerlo en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Propone reformar el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las facultades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de normar y formular programas de certificación y acreditación alcancen a los intérpretes y traductores en lenguas indígenas. La reforma implica otorgar reconocimiento legal a ese tipo de servicios, lo que repercutirá en dar certeza y calidad a las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, por ley, tienen que apoyarse en intérpretes o traductores indígenas.
Oficio con el que remite el expediente de la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.
Se resuelve devolver a la Cámara de Senadores, el expediente correspondiente a la Minuta proyecto de decreto que reforman los artículos 1º, 4º, Y 7º, párrafo último, la fracción VII del artículo 13, inciso f) del artículo 14 y 19 y se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La minuta, propone la elaboración de un diccionario para cada una de las familias y agrupaciones lingüísticas que conforman las lenguas maternas de nuestro país, de igual forma pretende que se otorguen facilidades para que se concesionen estaciones de comunicación radial comunitarias o regionales que permitan la difusión cultural de las diferentes etnias de México.
Una, de los Senadores Eloy Cantú Segovia y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, con la que remiten el Informe de su participación en los trabajos del Sexto Foro Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 20 de marzo del año en curso.
Una, del Sen. José Guadarrama Márquez, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 8 de abril del año en curso.
Se propone la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con 252 artículos, que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión.
Entre los objetivos de la Ley, se encuentran: Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de telecomunicaciones y gobierno electrónico; Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales; Establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; Hacer posible la supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones; Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; Garantizar las formas de participación y acceso individual o social; Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas.
Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones.
Entre sus facultades, se encuentran: Regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión; Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes; Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos de evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para que emitan dicha certificación; Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión; Emitir los estándares y protocolos para promover la introducción de nuevas tecnologías; Elaborar y emitir Normas Oficiales Mexicanas en la materia; Otorgar, prorrogar. modificar, revocar o autorizar la cesión de los permisos a que se refiere esta Ley; Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas.
El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo a su presidente, serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, quien designará al presidente.
Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de siete años, renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por el Ejecutivo Federal por causa grave debidamente justificada. El presidente del Instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión.
El Instituto contará con un secretario ejecutivo, que será designado por el Pleno a propuesta del presidente del Instituto y tendrá a su cargo la administración del Instituto, así como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Pleno. El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado con la promoción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión.
El Consejo será un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación que serán seleccionados por el Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación. Para ello, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.
Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su cargo será a título honorífico y su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El Consejo sesionará al menos una vez cada dos meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus acuerdos y actividades.
El Instituto podrá contar con uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, como órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos.
Establece que se requiere concesión de la Secretaría para: Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre; Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones inalámbricas que usen, aprovechen o exploten espectro radioeléctrico; Explotar bandas de frecuencias asociadas a posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, y sus correspondientes derechos de emisión y recepción de señales, y Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.
La participación de la inversión extranjera directa podrá ser hasta del 100 por ciento para las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial, salvo en el caso de aquellas atribuidas y asignadas para la prestación de servicios de radiodifusión en las que sólo se permitirá inversión extranjera directa hasta el 25 por ciento. En este último caso, deberá ajustarse este porcentaje a los convenios de reciprocidad del país de origen de la inversión sin rebasar dicho límite. En ambos casos, la participación de inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante licitación pública. Las concesiones atribuidas al servicio de radiodifusión se otorgarán por un periodo de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años.
La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría, de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Establece que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
Se crea el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, cuya administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito y contará con un Comité Técnico.
La Procuraduría Federal del Consumidor será competente en el ámbito administrativo para dirimir las controversias que se susciten entre los concesionarios, permisionarios y asignatarios con sus usuarios; lo anterior, sin perjuicio de la competencia que corresponda a la autoridad judicial en términos de las disposiciones aplicables.
Propone que los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada canal de programación operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.
De los Senadores Adolfo Toledo Infanzón, María del Socorro García Quiroz, Carmen Fonz Sáenz y Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Salud.
Propone reforzar los requisitos de afiliación al seguro popular e imponer sanciones a las personas que proporcionen datos falsos.
Establece la obligación a los estados de presentar un informe anual de trabajo dentro de los 3 primeros meses del año.
Pretende crear el Padrón Nacional de Beneficiarios, como instrumento del Sistema del Seguro Popular que tendrá el propósito de organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre los beneficiarios de éste sistema en todo el país. La coordinación de este Padrón le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados.
Propone la integración de un nuevo ordenamiento jurídico denominado Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, compuesto por treinta y ocho artículos, agrupados en cuatro capítulos: Capítulo I.- Disposiciones Generales; Capítulo II.- De los Tratados Internacionales: Sección I: Del Proceso de Negociación; Sección II: Del Proceso de Aprobación; Capítulo III.- De los Acuerdos: Sección I: De los Acuerdos Interinstitucionales; Sección II: De los Acuerdos Ejecutivos; Capítulo IV.- De la Solución de Controversias.
La Ley que se expide, es reglamentaria de las fracciones X del Artículo 89 y I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular los procesos de celebración y aprobación de tratados internacionales, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales y ejecutivos.
En su glosario contenido en el artículo segundo, define "Tratado", como el convenio regido por el derecho internacional público y celebrado por escrito entre los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asume compromisos jurídicamente vinculantes; define como "Acuerdo Interinstitucional", el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia o entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal y sus Delegaciones o la Procuraduría General de la República o cualquier órgano constitucional autónomo y uno o más órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación; y define como “Acuerdo Ejecutivo”, el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios gobiernos de otros Estados nacionales u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos adquiere compromisos jurídicamente vinculantes.
En referencia a los tratados internacionales establece que sólo podrán ser celebrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con uno o varios sujetos de derecho internacional público, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y demás instrumentos aplicables; y de conformidad con la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados sólo podrán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del Artículo 133 de la propia Constitución.
En la ley, se establece que los tratados en materia económica serán aquellos relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación y cooperación económica; los cuales deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente durante la negociación.
Se establece que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá enviar al Senado informes sobre el inicio de negociaciones formales relativas a cualquier tratado. Dichos informes deberán contener los beneficios y ventajas que se espera obtener del tratado en cuestión. Por otra parte se señala que durante el proceso de negociación de un tratado, la PGR y las dependencias de la Administración Pública Federal, encargadas de la representación de México en las negociaciones, deberán presentar a la Secretaría informes periódicos sobre el avance de las mismas y a petición de parte, la Secretaría hará del conocimiento del Senado dichos informes, siempre y cuando su contenido no esté clasificado como reservado, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En relación con los informes anteriores se instituye que una vez recibidos, la Mesa Directiva del Senado los turnará a las Comisiones que corresponda y éstas podrán crear grupos de trabajo plurales para dar seguimiento a cada proceso de negociación de tratados, el cual consistirá en recabar sistemáticamente información respecto a su avance y, cuando proceda, intercambiar puntos de vista con el Poder Ejecutivo.
Por otra parte se señala en la ley que en caso de que las negociaciones de un tratado se suspendan, la Secretaría, a petición de parte, deberá informar al Senado acerca de las razones que pudiesen mediar para tal suspensión.
En lo referente al proceso de aprobación de los tratados, la ley señala que se turnarán a las Comisiones competentes, para la formulación del dictamen que corresponda, donde dichas Comisiones, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, deberán realizar la valoración del impacto presupuestario del tratado en proceso de aprobación, en los términos del Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Una modalidad novedosa de la ley refiere que cuando proceda, el Senado deberá remitir a los Congresos locales el texto de los tratados que apruebe, así como un informe sobre las adecuaciones realizadas a la legislación federal y general mexicana con motivo de su aplicación, debiendo los Congresos locales analizar la procedencia de realizar, lo antes posible, las adecuaciones pertinentes a las leyes de su competencia, que garanticen la aplicación del tratado en el ámbito local.
En referencia a los acuerdos interinstitucionales, la ley señala que sólo podrán ser celebrados entre una o más dependencias o entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal y sus Delegaciones o la Procuraduría General de la República o cualquier órgano constitucional autónomo y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
La ley establece que los convenios que suscriban las universidades y demás instituciones de educación superior, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal y sus Delegaciones y la Procuraduría General de la República, así como los órganos constitucionales autónomos, estarán obligados a someter a la consideración de la Secretaría el texto de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. A la vez que deberán ser notificados al Senado por la Secretaría y publicados por ésta en el Diario Oficial de la Federación, mediante la expedición de una circular, siempre y cuando su contenido no esté clasificado como reservado, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se establece que los acuerdos interinstitucionales en ningún caso podrán suscribirse con Estados nacionales.
Finalmente en lo relativo a la Solución de Controversias, la ley establece que cualquier tratado o acuerdo interinstitucional o ejecutivo que contenga mecanismos internacionales para la solución de controversias legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales, deberá de otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean Parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional; asegurar a las Partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas; y garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad. Asimismo instituye que las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales, derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, el que contiene proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN, INTERVINIERON LOS SENADORES:
PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.
ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS ENTREGARON PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN. SE ADMITIERON A DISCUSIÓN Y SE INCORPORARON AL CUERPO DEL DICTAMEN, PARA SU DISCUSIÓN.
RENÁN ZOREDA NOVELO, PRI.
PARA REFERIRSE AL DICTAMEN EN LO GENERAL, INTERVINIERON LOS SENADORES:
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 97 VOTOS.
EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 33 Y 102, LAS CUALES NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN. DICHOS ARTÍCULOS SE APROBARON EN SUS TÉRMINOS POR 80 VOTOS EN PRO; 1 EN CONTRA; 2 ABSTENCIONES.
Propone elevar a rango constitucional los derechos humanos con lo que se amplía su reconocimiento y protección en el país. Se incorpora el término “persona”, se introducen las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones a los derechos humanos, éstas comprenden: las de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Se incorpora constitucionalmente el derecho de toda persona de solicitar asilo, la ley regulará su procedencia y excepciones.
Se pretende incorporar dentro de las atribuciones del Ejecutivo Federal, “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. Se plantea establecer que cuando las autoridades no acepten o cumplan las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de los derechos humanos, deberán publicar las razones de su negativa; la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, podrán llamar a dichas autoridades para que expliquen su negativa.
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. Además, se propone que la elección del titular de la CNDH, los titulares de los organismos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos sea a través de una consulta pública. Se propone retirarle a la SCJN la facultad de investigación en caso de violación grave de las garantías individuales con que cuenta actualmente para transferirla a la CNDH.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.
FUE APROBADO POR 77 VOTOS; 2 ABSTENCIONES. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Alejandro de la Peña Navarrete, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.
FUE APROBADO POR 78 VOTOS. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que las “Ruinas del 20” en el estado de Quintana Roo sean decretadas como parte del patrimonio cultural de la Nación.
Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Guatemala, El Salvador y Honduras, se establezcan criterios tendientes a mejorar los procedimientos en materia comercial con esos países, se modernice la infraestructura aduanera y se armonicen los horarios de las aduanas de la frontera sur.
De la Sen. Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su repudio al clima de inseguridad que se ha generado en estos últimos días en Tamaulipas y a la fragilidad en los sistemas de seguridad con que funcionan las cárceles en la entidad.
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA para que dentro de su presupuesto 2010 destine los apoyos necesarios para la planeación, proyección, instalación, equipamiento y puesta en marcha de un laboratorio de diagnóstico clínico zoosanitario de primer nivel en el Estado de Chiapas.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto que crea la Ley de Precios Competitivos.
LA PRESIDENCIA FORMULÓ EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.
LA PRESIDENCIA EMITIÓ EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE DESARROLLO MUNICIPAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
PRONUNCIAMIENTO DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN OCASIÓN DEL 91 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA.
http://www.senado.gob.mx/diario.php?ver=diario&legislatura=LXI&a=I&diario=20&periodo=Segundo%20Periodo%20Ordinario&fecha=Abr%208%2C%202010
http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&tipo=O&a=2010&m=04&d=08