Source: http://absta.info/tribunal-europeo-de-derechos-humanos.html?page=2
Timestamp: 2019-01-19 06:06:55
Document Index: 57355705

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA INTERNAS APLICABLES - Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA INTERNAS APLICABLES
Suicidio, suicidio asistido y homicidio consentido
El suicidio dejó de ser delito en Inglaterra y en el país de Gales con la entrada en vigor de la Ley de 1961 sobre el suicidio. El artículo 2.1 de dicha Ley dice sin embargo:
«Toda persona que facilite, aliente, recomiende u organice el suicidio o una tentativa de suicidio de un tercero será sometida, tras su acusación, a una pena máxima de reclusión de catorce años».
El artículo 2.4 dispone:
«[...] No se emprenderán diligencias por un delito al presente artículo, salvo por el “Director of Public Prosecutions” o con su aprobación».
Se desprende de la jurisprudencia que una persona puede rechazar un tratamiento que prolongue su vida o la preserve:
«En primer lugar, queda establecido que el principio de la autodeterminación exige que se respeten los deseos del paciente. Por lo tanto, si un paciente adulto sano mentalmente rechaza, por poco razonable que parezca, un tratamiento o unos cuidados con los que su vida es o puede ser prolongada, los médicos responsables de dicho paciente deberán acatar sus deseos, aunque estimen que ello no corresponde a su interés [...] El principio del carácter sagrado de la vida humana debe ceder ante el principio de la autodeterminación [...]» (Lord Goff en la Decisión Airedale NHS Trust contra Bland [1993] AC 789, pg. 864).
Este principio ha sido confirmado recientemente por el Tribunal de Apelación en su Sentencia Ms B contra NHS Hospital dictada el 22 marzo 2002. La jurisprudencia admite asimismo que se puede administrar legalmente un tratamiento de «doble efecto», es decir tendente a aliviar el dolor o el sufrimiento de un paciente pero con un probable efecto secundario de abreviar su esperanza de vida (por ejemplo, Re J [1991] Fam 33).
Revisión en el plano interno de la situación legislativa
En marzo de 1980, la Comisión de reforma del derecho penal publicó su Decimocuarto Informe, titulado «Delitos contra la persona» (Cmnd 7844), en el que pasaba revista, concretamente, a las disposiciones legislativas relativas a las distintas formas de homicidio y a las penas correspondientes. En el capítulo F. de dicho informe analizaba la situación conocida con el nombre «homicidio por compasión» («mercy killing»). La sugerencia anteriormente formulada de crear un nuevo delito que se aplicara a toda persona que, por compasión, matara ilegalmente a otra sometida permanentemente, por ejemplo, a fuertes dolores y sufrimientos corporales, y para la que se preveía una pena máxima sería de dos años de reclusión, fue rechazada unánimemente. La comisión señalaba en su informe que la gran mayoría de las personas y órganos consultados se había opuesto a la propuesta, tanto por razones de principio como por motivos de orden práctico. Evocaba asimismo las dificultades de definición y la posibilidad de que «la sugerencia no impidiera sino provocara sufrimientos ya que los débiles y discapacitados gozarían de una protección menos efectiva de la Ley que las personas sanas».
La Comisión recomendaba por el contrario que el período de reclusión previsto para la ayuda al suicidio se redujera a siete años, pareciéndole dicha pena suficiente para proteger a las personas vulnerables accesibles a la persuasión de las carentes de escrúpulos.
El 31 de enero de 1994, el comité restringido de ética médica de la Cámara de los Lores publicó el informe ( HL Paper 21-I ) de su estudio de las implicaciones éticas, jurídicas y clínicas del derecho para una persona a no consentir un tratamiento que prolongara su vida, sobre la situación de las personas incapaces de dar o no su aprobación y la cuestión de si, y en qué circunstancias, el hecho de abreviar la vida de otra persona podía justificarse por el hecho de que ello correspondía al deseo o al interés de la persona en cuestión. Obtuvo testimonios de diversas fuentes –gubernamentales, médicas, jurídicas y no gubernamentales– y recibió de numerosas partes interesadas alegaciones por escrito relativas a los aspectos éticos, filosóficos, religiosos, morales, clínicos, jurídicos y de orden público de la cuestión.
En cuanto a la eutanasia voluntaria, el comité dictaminó:
«236. El derecho a rechazar un tratamiento médico está muy lejos del derecho a solicitar ayuda para morir. Hemos pasado mucho tiempo examinando los sentimientos muy experimentados y sinceramente expresados de los testigos favorables a la eutanasia voluntaria. Muchos de nosotros han conocido padres o amigos cuyos días o semanas de agonía no han sido para nada alegres ni en paz, cuyos últimos instantes de vida fueron tan agitados que el ser querido nos parecía ya perdido, o que simplemente estaba ya cansado de la vida [...] Nuestra manera de ver está igualmente falseada por el deseo de todo individuo de conocer una muerte fácil y en paz, sin sufrimiento prolongado, y por cierta repugnancia a contemplar la posibilidad de una demencia o dependencia severas. Hemos reflexionado mucho sobre la opinión del profesor D. según la cual, para aquellos que no tienen convicciones religiosas, el individuo está en mejor situación de decidir la manera de morir que mejor se corresponde con la vida que ha llevado.
237. Sin embargo no creemos, después de todo, que estos argumentos constituyan un motivo suficiente para debilitar la prohibición del homicidio intencionado promulgada por la sociedad. Esta prohibición es la piedra angular del derecho y de las relaciones sociales. Protege a cada uno de nosotros de manera imparcial, dando cuerpo a la convicción de que todos somos iguales. No queremos que esta protección disminuya y recomendamos en consecuencia que el derecho no sea modificado de forma que permita la eutanasia. Admitimos que existen casos concretos en los que la eutanasia puede ser considerada por algunos adecuada. Pero los casos individuales no pueden razonablemente establecer los fundamentos de una política que tenga repercusiones tan graves y extensas. Asimismo, morir no es solamente un asunto personal o individual. La muerte de una persona afecta a la vida de otras, a menudo de una forma y en una medida que no pueden ser previstas. Creemos que en materia de eutanasia el interés del individuo no puede separase del interés de la sociedad en su conjunto.
238. Una de las razones que nos han llevado a esta conclusión es que no pensamos que sea posible fijar los límites seguros para la eutanasia voluntaria [...].
239. Tememos que todas las personas vulnerables –las ancianas, solas, enfermas o desamparadas– se sientan obligadas, por efecto de las presiones, reales o imaginarias, a solicitar una muerte prematura. Admitimos que, en su mayor parte, las solicitudes resultantes de dichas presiones o enfermedades depresivas curables, serían identificadas como tales por los médicos y tratadas de forma adecuada. Sin embargo, creemos que el mensaje que la sociedad envía a las personas vulnerables y a las desfavorecidas no debe, ni siquiera indirectamente, alentarles a solicitar la muerte, sino que debe asegurarles nuestra presencia y nuestro apoyo en la vida [...]».
A la luz de lo que antecede, el comité recomendó asimismo que no se produjese ningún cambio en la legislación relativa al suicidio asistido (apartado 262).
La Recomendación 1418 (1999) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa dice concretamente (apartado 9):
«La Asamblea recomienda que el Comité de Ministros inste a los Estados miembros del Consejo de Europa a respetar y proteger la dignidad de los enfermos terminales o moribundos en todos los aspectos:
c) Manteniendo la prohibición absoluta de poner fin a la vida intencionadamente de los enfermos terminales o las personas moribundas:
i. Visto que el derecho a la vida, especialmente en relación con los enfermos terminales o las personas moribundas, está garantizado por los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según la cual “nadie será privado de su vida intencionadamente...”;
ii. Visto que el deseo de morir expresado por el enfermo terminal o moribundo no puede constituir la base jurídica de su muerte a manos de un tercero.
iii. Visto que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida».
La Voluntary Euthanasia Society
Fundada en 1935, la Voluntary Euthanasia Society («la Sociedad»), que constituye en el Reino Unido un organismo importante en materia de investigación de las cuestiones vinculadas a la muerte asistida, sostiene que, de forma general, los individuos deben tener la posibilidad de morir dignamente, y que un régimen jurídico inflexible que tiene como resultado el obligar a un individuo al que una enfermedad en fase terminal causa un sufrimiento intolerable a morir indignamente tras una agonía larga y dolorosa, en contra de los deseos expresados por él, es contrario al artículo 3 del Convenio. Remite a los motivos por lo que las personas solicitan que se les ayude a morir (fuertes dolores sin alivio, agotamiento debido a la agonía o pérdida de autonomía, por ejemplo). Los cuidados paliativos no pueden responder a las necesidades del conjunto de pacientes y no constituyen una solución para los problemas de pérdida de autonomía y la pérdida de control de las funciones corporales.
La sociedad señala que, comparado con aquellos en vigor en otros países, el régimen aplicable en Inglaterra y País de Gales, prohíbe de manera absoluta la muerte asistida, es el más restrictivo e inflexible de Europa. Unicamente Irlanda podría compararse. Algunos países (por ejemplo Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, Finlandia, Suecia y los Países Bajos, en los que la asistencia solicitada debe ser suministrada por un médico) han abolido el delito específico del suicidio asistido. En otros, las penas que sancionan este tipo de delito han sido reducidas (en ninguno salvo en España exceden los cinco años de reclusión), y muy raramente se instruyen diligencias penales.
En cuanto a las cuestiones de orden público, la Sociedad alega que, sea cual fuere la situación jurídica, la eutanasia voluntaria y la muerte asistida se practican. Es conocido que en Inglaterra y el País de Gales hay pacientes que solicitan que se les ayude a morir y que miembros de la profesión médica y familiares proporcionan la ayuda solicitada, pese al hecho de que ello les puede hacer caer bajo el peso de la Ley y en ausencia de toda reglamentación. De esta forma, como reconoció el Gobierno holandés, el derecho penal no impide ni la eutanasia voluntaria ni la muerte asistida. De la situación holandesa se desprende que algo menos del 1% de los fallecimientos se debían a la iniciativa de un médico de poner fin a los días de un paciente sin que este último lo hubiese solicitado expresamente (eutanasia involuntaria). Un estudio similar dio cifras del 3,1 % en el caso de Bélgica y 3,5 % en el caso de Australia. Por lo tanto se podría muy bien conceder menos atención a los imperativos de una práctica tendente a asegurar a cada uno un final en paz en una sociedad en la que prima un enfoque jurídico restrictivo que en una sociedad que favorece un enfoque abierto, tolerante y albergando la eutanasia. Los datos disponibles no fundamentan en nada la afirmación según la cual la sociedad pondría en peligro a las personas vulnerables si se institucionalizara la eutanasia voluntaria o el suicidio médicamente asistido. Al menos con un sistema reglamentado existiría la posibilidad de instaurar una consulta más amplia y un mecanismo de control adecuado para prevenir los abusos, sin contar otras garantías, como la que ofrecería la institución de plazos de espera.
La Conferencia episcopal católica de Inglaterra y del País de Gales
Esta parte interviniente expone principios y argumentos que, en su opinión, suscriben los expresados por las conferencias episcopales de otros Estados miembros.
Señala que uno de los preceptos fundamentales de la fe católica consiste en creer que la vida humana es un don de Dios recibido en depósito. Los actos tendentes a quitarse la vida o a quitársela a otro, incluso si este último consiente en ello, son el testimonio de una lamentable incomprensión del valor humano. El suicidio y la eutanasia se sitúan por tanto fuera de la esfera de las opciones moralmente aceptables para tratar el sufrimiento y la muerte de los seres humanos. Estas verdades fundamentales son igualmente reconocidas por otras confesiones y por las sociedades pluralistas y laicas modernas, tal y como se desprende del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ApNDL 3626) (diciembre 1948) y de las disposiciones del Convenio europeo de Derechos Humanos, en concreto de sus artículos 2 y 3.
La Conferencia señala que aquellos que atentan contra su vida sufren a menudo de depresión o de otras enfermedades psiquiátricas. El informe efectuado en 1994 por el grupo de trabajo sobre la vida y el derecho establecido en Nueva York concluyó sobre esta base que la legislación de cualquier forma de suicidio asistido o de eutanasia constituiría un error de proporciones históricas que tendría consecuencias catastróficas para las personas vulnerables y engendraría una corrupción intolerable de la profesión médica. Otras investigaciones indicaron que numerosas personas que se declaraban deseosas de cometer un suicidio médicamente asistido se retractaban de ello cuando se les trataba su depresión y su dolor. Según la experiencia de la Conferencia, los cuidados paliativos conseguirían en casi todos los casos aliviar sustancialmente a un paciente de su sufrimiento físico y psicosomático.
El comité restringido de la Cámara de los Lores al estudiar las cuestiones de ética médica (1993-1994) tuvo sólidas razones para concluir, tras haber examinado los datos del problema (en una escala que sobrepasaba con mucho aquella sobre la que se analizan esos datos en el presente procedimiento), que toda legislación de la asistencia al suicidio llevaría consigo una erosión masiva de los derechos de las personas vulnerables por efecto de la presión de los principios de legalidad y coherencia jurídica y de las condiciones psicológicas y económicas de la práctica médica y de los cuidados sanitarios en general. Existen pruebas ineludibles para creer que una vez autorizada por la Ley una forma limitada de eutanasia, es casi imposible contener su práctica dentro de los límites necesarios para proteger a las personas vulnerables (por ejemplo, el estudio de mortalidad efectuado por el Gobierno holandés en 1990 hace constar casos en los que la eutanasia fue practicada en pacientes que no habían hecho una solicitud expresa a ese respecto).
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
La demandante, que padece una enfermedad degenerativa incurable, alega que sus derechos fundamentales garantizados por el Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) han sido violados debido al rechazo del DPP a aceptar el compromiso de no perseguir judicialmente a su marido si éste le ayudaba a quitarse la vida y al Estado de derecho inglés, que considera en su caso el suicidio asistido un delito. El Gobierno alega que la demanda debe ser rechazada por falta manifiesta de fundamento debido tanto a que las quejas enunciadas por la demandante no afectan a ninguno de los derechos invocados por ella, como a que admitiendo la existencia de violaciones a los derechos en cuestión, éstas estarían amparadas por las excepciones previstas por las disposiciones del Convenio.
El Tribunal considera que la demanda en su conjunto plantea cuestiones de derecho suficientemente serias como para que sólo se pueda adoptar una decisión a ese respecto tras un examen a fondo de las quejas. Como por otro lado no se ha establecido ningún motivo para declararla inadmisible, debe por tanto ser admitida. El Tribunal, conforme al artículo 29.3 del Convenio, examinará ahora la procedencia de las quejas de la demandante.
SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO
El artículo 2 del Convenio dice lo siguiente:
«1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la Ley establece esa pena.
2. La muerte no se considerara infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
c) Para reprimir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección».
La demandante alega que autorizarle a ser ayudada para poner término a su existencia no es contrario al artículo 2 del Convenio, sin lo cual los países en los que el suicidio asistido no es ilegal violarían esta disposición. Asimismo, el artículo 2 garantiza no solamente el derecho a la vida, sino también el derecho a escoger continuar o no viviendo. Consagra el derecho a la vida y no la vida misma, y la frase relativa a la muerte infligida tiende a proteger a los individuos contra los demás, especialmente el Estado y las autoridades públicas, y no contra ellos mismos. De esta forma, el artículo 2 reconoce que corresponde al individuo el escoger seguir o no viviendo y le garantiza a la demandante, como corolario del derecho a la vida, el derecho a morir de forma que se eviten el sufrimiento y la indignidad ineludibles. En tanto el asunto Keenan, invocado por el Gobierno, señala que puede pesar sobre las autoridades penitenciarias la obligación de proteger a un detenido deseoso de quitarse la vida, la obligación en cuestión sólo se veía afirmada por el hecho de que el demandante era un detenido que, padeciendo una enfermedad mental, no tenía la capacidad de tomar de manera racional la decisión de suicidarse ( Keenan contra Reino Unido [ TEDH 2001, 242] [secc. 3] núm. 27229/1995 TEDH 2001-III).
El Gobierno señala que la invocación de la demandante del artículo 2 no es pertinente en la medida en que no se basa en ningún precedente directo y es incompatible tanto con la jurisprudencia existente como con la redacción de la disposición en cuestión. El artículo 2, que consagra uno de los derechos más importantes, promulga principalmente una obligación negativa. Sin duda, en una serie de casos se consideró que imponía obligaciones positivas, pero éstas afectaban a medidas para preservar la vida. En los asuntos anteriores, la circunstancia de que un prisionero se hubiese suicidado se habría considerado que no derivaba de la responsabilidad de proteger a los detenidos impuesta al Estado por el artículo 2 (ver asunto Keenan previamente citado), y también se habría reconocido que el Estado podía legítimamente alimentar a la fuerza a un detenido en huelga de hambre (X. contra Alemania, núm. 10565/1983, decisión de la Comisión de 9 de mayo de 1984). El artículo 2 prevé explícitamente que la muerte no puede ser infligida a nadie intencionadamente, salvo en circunstancias estrictamente limitadas, que no se producen en este caso. El derecho a morir no es el corolario sino la antítesis del derecho a la vida.
Entre las disposiciones del Convenio que considera primordiales, el Tribunal, en su jurisprudencia, concede la preeminencia al artículo 2 (ver Sentencia McCann y otros contra Reino Unido de 27 septiembre 1995 [ TEDH 1995, 30] , serie A núm. 324, ap. 146-147). El artículo 2 protege el derecho a la vida, sin el cual el goce de ninguno de los demás derechos y libertades garantizados por el Convenio sería ilusorio. Define las circunstancias limitadas en las que está permitido infligir intencionadamente la muerte, y el Tribunal ha aplicado un control estricto cada vez que dichas excepciones son invocadas por los gobiernos demandados (Sentencia McCann y otros contra Reino Unido, op. cit. , ap. 149-150).
El texto del artículo 2 regula explícitamente el uso deliberado o intencionado de la fuerza mortífera por parte de agentes del Estado. Sin embargo se ha interpretado que cubre no solamente el homicidio voluntario, sino también las situaciones en las que está permitido «recurrir a la fuerza», dicho empleo de la fuerza puede llevar a matar de forma involuntaria (Sentencia McCann, op. cit. , ap. 148). El Tribunal consideró por otro lado que la primera frase del artículo 2.1 obliga al Estado no solamente a abstenerse de matar de forma intencionada e ilegal, sino también a tomar las medidas necesarias para proteger la vida de las personas que dependen de su Jurisdicción (ver Sentencia L. C. B. contra Reino Unido de 9 junio 1998 [ TEDH 1998, 80] , Repertorio de sentencias y resoluciones 1998-III, pg. 1403, ap. 36). Esta obligación va más allá del deber primordial de asegurar el derecho a la vida estableciendo una legislación penal concreta, disuadiendo de cometer ataques contra la persona y basándose en un mecanismo de aplicación concebido para prevenir, reprimir y sancionar las violaciones. Puede asimismo implicar, en algunas circunstancias bien definidas, la obligación positiva para las autoridades de tomar preventivamente medidas de orden práctico para proteger al individuo cuya vida está amenazada por las actuaciones criminales ajenas ( Sentencias Osman contra Reino Unido de 28 octubre 1998 [ TEDH 1998, 103] , Repertorio 1998-VIII, ap. 115 y Kiliç contra Turquía [ TEDH 2000, 112] , núm. 22492/1993, secc. 1 TEDH 2000-III, ap. 62 y 76). Más recientemente, en el asunto Keenan contra Reino Unido , se consideró que el artículo 2 se aplicaba a la situación de un detenido que padecía una enfermedad mental con signos que indicaban que podía atentar contra su vida (ver Sentencia anteriormente citada, ap. 91).
En todos los asuntos que ha debido conocer, el Tribunal ha hecho hincapié en la obligación del Estado de proteger la vida. No considera que se pueda interpretar que el «derecho a la vida» garantizado por el artículo 2 conlleva un aspecto negativo. Por ejemplo, si en el contexto del artículo 11 del Convenio se juzga que la libertad de asociación implica no solamente un derecho a adherirse a una asociación, sino también el correspondiente derecho a no ser obligado a afiliarse a una asociación, el Tribunal observa que una cierta libertad de elección en el ejercicio de una libertad es inherente a la noción de ésta (ver Sentencias Young, James y Webster contra Reino Unido de 13 agosto 1981 [ TEDH 1981, 3] , serie A núm. 44, ap. 52 y Sigurdur A. Sigurjónsson contra Islandia de 30 junio 1993 [ TEDH 1993, 32] , serie A núm. 264, ap. 35). El artículo 2 del Convenio no está redactado de la misma forma. No tiene ninguna relación con las cuestiones relativas a la calidad de vida o a lo que una persona ha escogido hacer con ella. En la medida en que estos aspectos son reconocidos tan fundamentales para la condición humana que requieren una protección contra las injerencias del Estado, pueden reflejarse en los derechos consagrados por el Convenio u otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. No se puede interpretar, sin distorsión del lenguaje, que el artículo 2 confiere un derecho diametralmente opuesto, a saber el derecho a morir; tampoco puede crear un derecho a la autodeterminación en el sentido de que conceda a todo individuo el derecho a escoger la muerte antes que la vida.
El Tribunal considera por tanto que no es posible deducir del artículo 2 del Convenio un derecho a morir, ni de la mano de un tercero ni con la ayuda de una autoridad pública. Se siente apoyado en su opinión por la reciente Recomendación 1418 (1999) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (apartado 24 supra).
La demandante alega que el hecho de considerar que el Convenio no reconoce un derecho a morir haría que los países que autorizan el suicidio asistido vulneraran dicho artículo. El Tribunal no debe en este caso determinar si el derecho en tal o cual país vulnera o no la obligación de proteger el derecho a la vida. Tal y como admitió en el asunto Keenan , las medidas que pueden razonablemente ser tomadas para proteger a un detenido contra sí mismo están sometidas a restricciones impuestas por las demás cláusulas del Convenio, como los artículos 5 y 8, al igual que por los principios generales de la autonomía personal (Sentencia previamente citada, ap. 91). De forma análoga, la medida con la que un Estado permite o trata de regular la posibilidad para los individuos en libertad de hacerse daño o de que otro les haga daño, puede dar lugar a consideraciones que pongan en conflicto la libertad individual y el interés público que no pueden ser solucionadas sino al término de un examen de las circunstancias concretas del caso (ver, «mutatis mutandis», Sentencia Laskey, Jaggard y Brown contra Reino Unido de 19 febrero 1997 [ TEDH 1997, 10] , Repertorio 1997-I). Sin embargo, incluso aunque se considerara no contraria al artículo 2 la situación que prevalece en un país concreto que autoriza el suicidio asistido, ello no sería en este caso de ninguna ayuda para la demandante, ya que no ha sido establecida la exactitud de la tesis muy distinta según la cual el Reino Unido vulneraría sus obligaciones derivadas del artículo 2 del Convenio si no autoriza el suicidio asistido.
El Tribunal concluye con la ausencia de violación del artículo 2 del Convenio.