Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-11001-03-27-000-2001-0226-01-12210-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d324f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 03:14:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 8', 'artículo 240', 'artículo 6', 'artículo 240', 'artículo 338', 'artículo 240', 'artículo 240']

﻿ SENTENCIA 11001-03-27-000-2001-0226-01 12210 DE AGOSTO 29 DE 2002
SENTENCIA 11001-03-27-000-2001-0226-01 12210 DE 29 DE AGOSTO DE 2002
CONTENIDO:CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL TÉRMINO DE DURACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA, DURACIÓN DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA
Sentencia 12210 de agosto 29 de 2002
Rad.: 11001-03-27-000-2001-0226-01 12210
Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo 2719 de diciembre 22 de 2000, de la DIAN.
Bogotá, D.C., agosto veintinueve de dos mil dos.
EXTRACTOS: «Decide la Sala la acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la sociedad Compañía Colombiana de Cerámica S.A. contra la actuación administrativa en virtud de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, negó la solicitud de modificación del proyecto de contrato de estabilidad tributaria.
El 2 de octubre de 2000 la demandante presentó ante la DIAN solicitud con el fin de acogerse al régimen especial de estabilidad tributaria por los ejercicios gravables completos de 2001 a 2010.
El 22 de noviembre de 2000 la DIAN introdujo al correo el oficio 02496 con el que cita al representante legal de la sociedad para que firme el contrato de estabilidad tributaria suscrito previamente por el director de la DIAN el 22 de noviembre de 2000. En dicha oportunidad no se envió copia del “contrato de estabilidad tributaria”, la que sólo fue suministrada el 5 de diciembre de 2000.
En el texto del “contrato” se indicaba que el régimen de estabilidad tributaria se concedió para el período comprendido entre el 22 de noviembre de 2000 y el 31 de diciembre del mismo año. Dicho documento no fue suscrito por la contribuyente y el 13 de diciembre de 2000 dirigió un escrito a la DIAN, en el cual manifestó su inconformidad, pidió declarar que la solicitud se encontraba resuelta a su favor y por tanto estaba cobijada por el aludido régimen por un término de 10 años gravables.
El 22 de diciembre del mismo año, el director de impuestos nacionales de la DIAN, mediante oficio 2716 confirmó su actuación y manifestó que en el presente caso no operaba el silencio administrativo positivo.
Antes de proceder a analizar el fondo del asunto debe la Sala pronunciarse sobre la solicitud formulada por la apoderada de la Nación en el sentido de que la Sala se pronuncie con un fallo inhibitorio.
Se sustenta en que toda la argumentación de la demanda se dirigió a desvirtuar la legalidad del proyecto de contrato de estabilidad tributaria. Por tanto al admitirse el estudio únicamente sobre el oficio demandado, por sustracción de materia es imposible analizar aquél con los fundamentos señalados en el libelo, lo que impide una decisión de fondo.
Para la Sala el oficio 2719 de 22 de diciembre de 2000 es la culminación de una actuación administrativa que promovió la contribuyente con la solicitud presentada ante la DIAN para acogerse al régimen de estabilidad tributaria. Por consiguiente el proyecto de contrato aunque no podía ser demandado por no considerarse acto administrativo, sí hace parte de los antecedentes que deben ser analizados para decidir sobre la legalidad del oficio impugnado. Por tanto la Sala estima improcedente un pronunciamiento inhibitorio y analizará de fondo la actuación para decidir si los argumentos expuestos en la demanda logran desvirtuar la presunción de legalidad que la ampara.
En el caso sub judice, el 2 de agosto de 2000 el representante legal de la sociedad Colcerámica S.A., presentó solicitud dirigida al director de impuestos nacionales en la cual manifiesta expresamente que se acoge al régimen de estabilidad tributaria previsto en el artículo 240-1 del estatuto fiscal. En dicha petición precisó que el contrato respectivo debía suscribirse dentro del lapso de dos meses a partir de la fecha de la solicitud y cubrir los ejercicios gravables completos de 2001 a 2010 (fls. 33 y 34).
El 22 de noviembre de 2000 la DIAN informa a la peticionaria que ha suscrito el contrato de estabilidad tributaria y que debe presentarse ante la subdirección de fiscalización tributaria para firmarlo (fl. 35).
El proyecto de contrato (fls. 36 a 41) efectivamente está suscrito por el director de impuestos y fechado el 22 de noviembre de 2000.
La cláusula primera. Objeto dice:
“El objeto del presente contrato es otorgar al contribuyente por el término de un (1) año, correspondiente a la vigencia fiscal del año dos mil (2000), el régimen de estabilidad tributaria, consistente en que el contribuyente se obliga a pagar por dicho año gravable una tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del treinta y siete por ciento (37%), que es dos puntos porcentuales superior a la tarifa general del treinta y cinco por ciento (35%) hoy vigente...” (la negrilla es de la Sala)
En comunicación de 13 de diciembre de 2000, el representante legal de Colcerámica S.A. solicita a la administración tributaria:
“Al respecto, y ante la renuencia de su despacho, respetuosamente solicito una vez más que se dé cumplimiento al artículo 240-1 del estatuto tributario, y por tanto se modifique dicho proyecto de contrato en el sentido que el contrato sea aplicable para los años gravables de 2001 a 2010 y no para el año 2000 como está actualmente previsto allí.
En todo caso, conforme al inciso quinto del artículo 240-1 del estatuto tributario y dado que por razones imputables a la DIAN el contrato no se suscribió dentro del lapso de dos meses desde la fecha de formulación de la solicitud, es decir a más tardar el 2 de diciembre de 2000, la solicitud se entiende resuelta a favor de Colcerámica S.A. y solicito que así sea declarado por la DIAN” (fl. 43).
La DIAN mediante oficio 2719 de 22 de diciembre de 2000 (fl. 44) da respuesta a la anterior petición, así:
“En respuesta a su escrito de la referencia en la cual solicita que se modifique el contrato de estabilidad tributaria entre la DIAN y Colcerámica S.A., para que sea aplicable por el término de diez (10) años contados a partir de 2001, le manifiesto lo siguiente;
El artículo 240-1 del estatuto tributario establece que la estabilidad tributaria se otorgará mediante la suscripción de un contrato con el Estado y durará hasta por el término de diez (10) años. En tal sentido, está dentro de las facultades de la DIAN definir el término por el cual se otorga la estabilidad, ateniéndose exclusivamente al límite que señala la norma. Los términos y condiciones del convenio indican que la administración de impuestos nacionales no tiene actualmente interés en celebrar contratos de estabilidad superiores a un (1) año.
En cuanto a la previsión de que los contratos deben referirse a períodos gravables completos, este despacho considera que ese requisito no se ha incumplido por parte de la DIAN, pues en el texto del contrato de estabilidad presentado para la firma del contribuyente se indica con toda claridad que el término de duración es de un (1) año y comprende la vigencia fiscal del año 2000. Para efectos del impuesto sobre la renta el período gravable comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre del año 2000, lo cual no implica que el contrato se está aplicando retroactivamente ya que se trata de un impuesto de período que debe ser declarado y pagado en el año 2001. Para efectos del impuesto a las ventas y el impuesto de timbre el contrato tiene aplicación durante los períodos gravables que falten para completar la vigencia fiscal del presente año.
En relación con la fecha de suscripción del contrato es de aclarar que ésta es la misma en que fue suscrito por parte del director de impuestos de la DIAN, independientemente de que se haya citado al contribuyente en la misma fecha para cumplir con el requisito de la firma. En todo caso la solicitud de suscribir el contrato de estabilidad tributaria fue atendida oportunamente, es decir, dentro de los dos (2) meses siguientes a su presentación, pues, habiéndose presentado la solicitud el 2 de octubre de 2000, el convenio se firmó el 22 de noviembre y la citación al contribuyente se notificó en la misma fecha, en consecuencia no existe alteración a los hechos acaecidos con ocasión a la firma del contrato en comento.
En cuanto a las causales de terminación descritas en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3, que solicita excluir del contrato por no estar previstas en el artículo 240-1 del estatuto tributario, debemos advertir que según el parágrafo de la cláusula cuarta, en el caso de que el contribuyente corrija la declaración que se tiene como no presentada o presente extemporáneamente la declaración omitida, o corrija la declaración en la cual se haya aplicado una tarifa inferior a la estipulada o se haya incurrido en alguna inexactitud, se considerarán saneadas retroactivamente dichas causales de terminación del contrato. Por consiguiente, se trata de causales que garantizan el cumplimiento del contribuyente y que pueden subsanarse, sin que su estipulación riña con el objeto de la estabilidad.
De otra parte, no es correcto afirmar que el contrato no se suscribió por causas imputables a la administración como lo hace el peticionario en su escrito, toda vez que como se mencionó con anterioridad el contrato se suscribe dentro de los términos de ley.
Finalmente es de advertir que la acción de cumplimiento a que hace referencia el artículo 8º de la Ley 393 de 1997 y que invoca el memorialista como fundamento de su petición, no es aplicable al caso, pues en ningún momento la DIAN ha dejado de cumplir lo previsto en la ley en relación con el contrato de estabilidad tributaria. Por el contrario, se atendió la solicitud del contribuyente y se suscribió el respectivo convenio dentro de la oportunidad legal.
Por lo anteriormente expuesto no es viable acceder a su solicitud.
Firmado Guillermo Fino Serrano
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
Según la demandante la administración violó los artículos 29, 95 numeral 9º y 363 de la Constitución Política y 240-1 del estatuto tributario.
Se destaca de la actuación impugnada la incongruencia entre la petición presentada por la actora y la respuesta de la administración de impuestos y de ésta con la norma. En efecto, mientras la sociedad decide acogerse al mencionado régimen especial y en consecuencia radica la correspondiente solicitud por los períodos gravables completos de 2001 a 2010 inclusive, la oficina de impuestos fija en el proyecto de contrato que el régimen será sólo por el año 2000, vigencia fiscal que no se incluye dentro de la solicitud y que de hecho no corresponde al período gravable completo.
Firmado el “contrato”, ninguna disposición nueva que se ajuste a las condiciones señaladas para el citado régimen puede afectar al contribuyente persona jurídica pues el presunto acuerdo de voluntades no es el que determina su ingreso a él sino optar de acuerdo con la norma. En caso de que opere el silencio administrativo con efectos positivos por no suscribirse el “contrato” a tiempo, el resultado es el mismo, de lo cual surge la afirmación válida de que el “contrato” estatuido en la norma no constituye sino una formalidad que no trasciende a lo sustancial y sólo instrumenta las obligaciones determinadas en la ley cuando se han dado los presupuestos allí establecidos, vale decir encontrarse en las condiciones de acogerse al señalado régimen especial de naturaleza tributaria. Se reitera entonces que tal “contrato” no es sino la forma propia de instrumentar el régimen cuando no opera el silencio administrativo.
El proyecto así firmado por la administración no es sino una forma de negarse a suscribir el “contrato” lo que obstaculizaba la aplicación del régimen especial fundado ello en que no tenía interés en aceptar tales contratos por términos superiores a un año, lo cual se manifiesta en el acto demandado. Los anteriores factores constituyen el concepto de violación especialmente en cuanto se refiere al artículo 240-1 del estatuto tributario. De otra parte, colocarle al documento suscrito sólo por el funcionario público una fecha en la que ni siquiera el contribuyente conocía su texto, no puede admitirse como base para indicar que con ello la entidad cumplió la disposición legal. Advierte la Sala que si la administración tenía fundadas razones para no acceder a la petición en los términos en ella solicitados, debió negarla y exponer sus motivos para tomar esa determinación.
(1) Reforma tributaria 1995. Comentarios y explicaciones. Julio Roberto Piza y Fernando Zarama. Cámara de Comercio de Bogotá. Página 259.
La Sala no encuentra razonable que si la ley fijó un límite hasta por diez años, la administración tributaria justifique que sólo los realizará por un año, porque simplemente no tiene interés en suscribir “contratos” por términos superiores. Al respecto se advierte que ni siquiera cuando los funcionarios públicos tienen facultades discrecionales, que no es éste el caso, pueden tomar determinaciones que desconozcan el principio de legalidad que rige todas sus actuaciones ya que los motivos que respaldan el ejercicio de su función, no pueden obedecer al capricho o la arbitrariedad con violación del artículo 6º de la Constitución Nacional.
De otra parte, la actuación administrativa impugnada choca contra el propósito de la ley cuando consagra la opción de “estabilidad”. En efecto, ésta significa que durante un lapso hasta de diez años los contribuyentes que se acojan no estarán sometidos a las variaciones ocasionadas por las continuas reformas tributarias que tradicionalmente se expiden para solucionar situaciones coyunturales. La decisión de la administración de negarse a otorgar la estabilidad por el término solicitado y hacerlo unilateralmente por el último trimestre del año 2000, contraría el sentido y la finalidad del régimen que establecía el artículo 240-1. Sobre este aspecto debe precisarse que uno es el período o vigencia fiscal —que en el impuesto sobre la renta y complementarios es del 1º de enero al 31 de diciembre—, y otro el año en que se cumplen las obligaciones que de él se derivan (declaración y pago). Además debe destacarse que tal actuación atenta contra los principios de justicia y equidad (C.N., arts. 95-9 y 363), por cuanto el contribuyente de haber acogido el término contenido en el mencionado proyecto, debía pagar por todo el año 2000 el 37% del impuesto de renta pero igualmente le afectaría la reforma tributaria de la Ley 633 de 2000 que por disposición del artículo 338 de la Constitución Nacional, sólo puede aplicarse a partir del 1º de enero del 2001.
Así las cosas la Sala encuentra que la decisión de la administración tributaria consignada en el oficio 2719 de 22 de noviembre de 2000 es contraria a los artículos 240-1 del estatuto tributario, vigente para la época de los hechos y 95-9 y 363 de la Constitución Política por lo cual declarará su nulidad.
“Para efectos del impuesto a las ventas y el impuesto de timbre el contrato tiene aplicación durante los períodos gravables que falten para completar la vigencia fiscal del presente año” (fl. 44).
Así mismo cuando en el artículo en cuestión se hace referencia a cualquier tributo o contribución del orden nacional debe destacar la Sala que como el régimen especial de estabilidad tributaria tiene efectos por razón del “contrato” o por la operancia del silencio administrativo, siempre frente a la DIAN, sólo pueden aplicarse los beneficios de exclusión de impuesto o contribución fiscal en cuanto los administre esa entidad.
Respecto de los incrementos a las tarifas, la ley sólo hace referencia al impuesto de renta y complementarios y por tanto tampoco comprende las de otros tributos o contribuciones fiscales del orden nacional.
En las anotadas condiciones como restablecimiento del derecho se decretará que el contribuyente Colcerámica S.A. NIT 860.002.536-5 pertenece al régimen de estabilidad tributaria entre el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010 en los términos del artículo 240-1 del estatuto tributario cuyo alcance se ha explicado en esta providencia.
En cuanto a la pretensiones de la demandante en el sentido de que se declare, por un lado, que no está obligada a pagar el gravamen a los movimientos financieros establecidos en la Ley 633 de 2000 y por otro que se ordene la devolución de las sumas pagadas a partir del 1º de enero de 2001 por ese concepto, la Sala observa lo siguiente:
El citado artículo 240-1 al crear el régimen de estabilidad tributaria, lo desarrolló con fundamento en que cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciere con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, o cualquier incremento a las tarifas del impuesto de renta y complementarios, por encima de las pactadas, que se decreten durante tal lapso, no les será aplicable a los contribuyentes que se sometan a aquél, por lo que es claro que los beneficios legales tienen como punto de partida el hecho de la suscripción y como quiera que en sub lite ésta no se presentó debido al vencimiento del término para ello y a la configuración del silencio administrativo positivo, ha de entenderse que el punto de referencia es el 2 de diciembre de 2000, vale decir dos meses después de radicada la petición (2-X-00), fecha límite en que debió suscribirse el “contrato”, pues en esta sentencia se reconoce la operancia del aludido silencio.
1. DECLÁRASE la nulidad del Oficio 2719 de 22 de diciembre de 2000 suscrito por el director de impuestos nacionales.
2. DECLÁRASE que la sociedad Compañía Colombiana de Cerámica S.A. NIT 860.002.536-5, está amparada por el régimen de estabilidad tributaria desde el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010 en los términos y condiciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Como consecuencia de lo anterior Compañía Colombiana de Cerámica S.A. debe pagar durante el período señalado, por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios dos puntos porcentuales (2%) adicionales sobre la tarifa general que le corresponda a los demás contribuyentes y no le serán aplicables los impuestos y contribuciones del orden nacional que se establezcan durante el mismo lapso, conforme a la parte considerativa de esta sentencia.