Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2012-01113-de-mayo-15-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c028c6e1494e018ce0430a010151018c&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-10-22 01:00:11
Document Index: 258299987

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 10', 'artículo 54', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 246']

﻿ Auto 2012-01113 de mayo 15 de 2012
AUTO 2012-01113 DE 15 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:COLISIÓN DE JURISDICCIONES. CUANDO EL PROCESADO PERTENECE A UNA COMUNIDAD INDÍGENA, Y SE LE ESTÁN INVESTIGANDO HECHOS QUE NO OCURRIERON DENTRO DEL RESGUARDO NI EN UN ÁREA DE SU INFLUENCIA, SI NO EN LUGAR DIFERENTE ES DECIR UNA CIUDAD, A NO DUDARLO, SE ENCUENTRA INMERSO EN LA CULTURA MAYORITARIA Y CITADINA, ES DECIR, SU ACTUAL COSMOVISIÓN LE DA CLARIDAD DE SU COMPORTAMIENTO ANTE LA SOCIEDAD DOMINANTE, ES DECIR, COMPRENDE EL CARÁCTER PROHIBITIVO DE LA CONDUCTA QUE SE LE IMPUTÓ, PARA ESTOS EVENTOS SE DEBERÁ ANALIZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS, ELEMENTO PERSONAL, GEOGRÁFICO Y RELATIVO A LA NATURALEZA DEL HECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMUNIDAD INDÍGENA, ENTIDAD TERRITORIAL INDÍGENA, CONFLICTO DE COMPETENCIA
Auto 2012-01113 de mayo 15 de 2012
Radicación: 11001 01 02 000 2012 01113 00
Aprobado según Acta 40 de la misma fecha
Ref.: Definición de competencia jurisdicciones penal-Indígena
“Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura (…) las siguientes atribuciones:
No obstante, al respecto, conviene precisar que el presente pronunciamiento ha de desarrollarse con fundamento en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004(2), actual Código de Procedimiento Penal que regula el sistema acusatorio, uno de cuyos pilares fundamentales lo constituye, entre otros principios, el “de la necesidad de lograr la eficacia en el ejercicio de la justicia”, según voces del principio rector consagrado en el artículo 10 ibídem.
Lo anterior por cuanto como se sabe, en esa línea de búsqueda de eficiencia y eficacia de la función de administrar justicia el nuevo sistema penal acusatorio que regula el trámite del proceso penal en estudio, y en especial el artículo 54 citado, varió el trámite del conflicto de competencias consagrado en la anterior legislación procesal penal en el Capítulo VII del Título II, artículo 93 y siguientes, previendo actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficacia en el ejercicio de la función judicial tal como lo prevé el principio rector previsto en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004.
Del caso en concreto:
Conforme con lo anterior, en este asunto, tratándose de definición de competencias entre distintas jurisdicciones, corresponde a esta Sala por virtud de la Constitución y la ley, determinar a qué autoridad judicial le concierne su conocimiento, es decir, de la investigación adelantada en contra del señor Francisco Rojas Birry, por el punible de enriquecimiento ilícito de particulares.
Previo a decidir, es necesario recordar lo que en forma pacífica esta Sala ha venido sosteniendo respecto de los conflictos en los cuales una de las autoridades corresponde a la jurisdicción indígena, al respecto se ha dicho:
“... la razón de ser del fuero indígena tiene su fundamento en la protección de la diversidad étnica y cultural elevada por el constituyente de 1991 a la categoría de principio fundamental del Estado en el artículo 7º de la Carta, circunstancia que revela la enorme importancia que tiene para nuestro ordenamiento constitucional la preservación de las comunidades indígenas y el trato preferencial que debe recibir, justamente por tratarse de una minoría racial que, entre otras cosas, representa nuestro patrimonio socio-cultural autóctono y por ende reviste enorme importancia en términos de ser auténticos representantes de la identidad de nuestra Nación, que naturalmente debe privilegiar su preservación y fortalecimiento.
Como lo ha dicho la Corte Constitucional, el respeto de la diversidad supone la aceptación de cosmovisiones y de estándares valorativos diversos y hasta contrarios a los valores de una ética universal. Esta paradoja ha dado lugar a un candente debate filosófico sobre la vigencia de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. La plena vigencia de los derechos fundamentales constitucionales en los territorios indígenas como límite al principio de diversidad étnica y constitucional es acogido en el plano del derecho internacional, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos como código universal de convivencia y diálogo entre las culturas y naciones, presupuesto de la paz, de la justicia, de la libertad y de la prosperidad de todos los pueblos(3).
La diversidad étnica y cultural tiene obviamente su manifestación en las distintas comunidades indígenas, verdaderas organizaciones, sujetos de derechos y obligaciones, que, por medio de sus autoridades, ejercen poder sobre los miembros que las integran hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de ejercer control social.
Para su efectiva protección, en materia jurisdiccional el artículo 246 de la C.P. reconoce la existencia de una jurisdicción especial propia facultando a las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme a sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República.
Como puede verse, la autonomía política y jurídica es una facultad amplia y generosa, no por ello omnímoda y absoluta, en tanto sí tiene unos límites perfectamente demarcables que miran a asegurar la unidad nacional y que la Corte Constitucional dio en establecer como reglas de interpretación; son ellas:
1. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía.
2. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares.
3. Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.
4. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas(4).
Ello en cuanto hace a las comunidades indígenas como agrupaciones destinatarias de una jurisdicción especial, que las sustraiga del juzgamiento a cargo de la justicia ordinaria que congloba al común de los habitantes del territorio nacional; sin embargo, para los casos particulares y en términos de verificar que cada indígena respecto del cual se predica la posible comisión de un hecho punible goce de la garantía del fuero, es menester auscultar una serie de circunstancias que deben concurrir para que pueda ser sujeto de esa jurisdicción y no de la ordinaria; tal examen ha sido objeto de estudio constitucional, producto del cual se ha establecido:
“En la noción de fuero indígena se conjugan tres elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, otro de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas y un elemento relativo a la naturaleza del hecho, según el cuál solo en la medida en que el delito no desborda la órbita cultural indígena, podrá ser asumido por la jurisdicción especial. Es decir, existen hechos delictivos que no guardan relación alguna con la cultura aborigen, y cuya lesividad y trascendencia tornan imperativo que la competencia se asigne a los jueces ordinarios (Sent. T-496, sep. 26/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz, resaltado fuera de texto)(5).
De acuerdo a lo anterior, a fin de definir qué autoridad es quien debe conocer de la investigación seguida contra un miembro de la etnia Embera Dobida, señor Francisco Rojas Birry, es necesario establecer si se reúnen los elementos del fuero jurisprudencialmente establecidos.
En términos de verificar el elemento personal y geográfico, cabe recordar cómo esta Sala ha señalado al respecto de la prueba necesaria para acreditarlos:
“Para la verificación de tales elementos, no existe tarifa legal alguna y de hecho es obvio asumir la libertad probatoria en tanto se trata de conciliar dos tipos muy distintos de derecho: el de la jurisdicción ordinaria eminentemente reglado, formal y escrito y el de la jurisdicción indígena, regularmente informal, oral y ceñido a sus usos y costumbres”(6).
Para el caso presente, teniendo en cuenta lo dicho, la Sala procede a realizar el análisis requerido así:
Elemento personal: Según lo informado por el señor Otoniel Queragama Murillo, presidente del Consejo de Justicia Indígena del Chocó, el señor Rojas Birry, pertenece a la comunidad Embera Dobida.
Elemento geográfico o territorial. En el presente caso los hechos por los cuales se le investiga penalmente al señor Rojas Birry no lo fueron dentro del territorio indígena al cual pertenece, pues está referido a dineros que presuntamente recibió para financiar la compaña para el cargo de Personero de Bogotá, D.C., luego, por esta circunstancia, la jurisdicción indígena no tiene competencia para conocer de la investigación seguida al señor Rojas Birry.
Elemento relativo a la naturaleza del hecho: Para el caso presente, teniendo en cuenta lo hasta aquí dicho, también advierte la Sala la concurrencia de otra circunstancia que impide acceder a que el asunto sea de conocimiento de la jurisdicción indígena. En efecto, es de público conocimiento que el señor Rojas Birry se postuló para desempeñarse como Personero del Distrito Capital de Bogotá, cargo al cual efectivamente accedió, lo cual lógicamente lleva a la conclusión de que el procesado penalmente tiene una cosmovisión de las costumbres de la cultura mayoritaria, máxime que es reconocida su trayectoria política y profesional, en otras palabras, la conducta que se le reprocha sobrepasa los linderos propios los usos, costumbres de la cultura indígena y trasciende a la afectación de los intereses predominantes para la población nacional.
Entonces, en el presente asunto, aunque el procesado pertenece a una comunidad indígena, lo cierto es que los hechos investigados no ocurrieron dentro del resguardo ni en un área de su influencia, sino en la ciudad de Bogotá; además, a no dudarlo, se encuentra inmerso en la cultura mayoritaria y citadina, es decir, su actual cosmovisión le da claridad de su comportamiento ante la sociedad dominante, es decir, comprende el carácter prohibitivo de la conducta que se le imputó, sin que, como lo observó el Juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, su actuar se encuentre en conexión, relación, vínculo o dependencia con la situación cultural étnica.
Basten las razones mencionadas para atribuir el conocimiento del asunto a la justicia ordinaria cuyas autoridades justamente se encuentran instituidas, como regla general, para la investigación y juzgamiento de todos los punibles que ocurran en el territorio nacional, sin que en el evento presente se adviertan razones que ameriten la aplicación del fuero indígena que es de naturaleza especial, en los términos que vienen de señalarse.
En mérito de lo anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de las atribuciones constitucionales y legales,
1. Asignar la competencia para el conocimiento de este asunto a la jurisdicción ordinaria penal, en cabeza en estos momentos del Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en la motivación de esta providencia.
2. Por la secretaría de esta Sala, remítase la actuación surtida al referido despacho judicial, e infórmesele lo aquí decidido al presidente del Consejo de Justicia del Chocó de la Asociación de Cabildos Indígenas.
(2) Este artículo señala: “Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano (...)”.
(3) T-254/94.
(5) Radicación 110010102000 200501666 01, M.P. Temístocles Ortega Narváez, aprobado en Sala 152 del 2 de noviembre de 2005
(6) Rad. 20011431, auto de febrero 12 de 2002, M.P. Temístocles Ortega Narváez.