Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/730253749
Timestamp: 2020-08-14 14:12:26
Document Index: 132937389

Matched Legal Cases: ['artículo 266', 'artículo 241', 'artículo 266', 'artículo 2', 'artículo 278', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 253', 'artículo 288', 'artículo 266', 'artículo 243', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 1', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 10', 'artículo 42', 'Artículo 42']

Sentencia de Constitucionalidad nº 043/18 de Corte Constitucional, 16 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 730253749
ABANDONO DEL HIJO. DA LUGAR A LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES LEGÍTIMOS Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 266 (parcial) del Código Civil. Los actores consideran que la expresión legítimos desconoce lo señalado en los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución. Considera la Corte que la palabra acusada no resulta adecuada con el objetivo de la norma, pues lo que regula es la pérdida de ciertos derechos de los progenitores ante el abandono de sus hijos, lo que en nada contribuye con ese propósito. Precisa que, conservar la expresión generaría una mácula discriminatoria a la totalidad del contenido, en tanto a la conclusión a la que debe llegarse es la inexistencia de una posible clasificación de los hijos de cara a su origen. Por considerar que la palabra legítimos desconoce presupuestos constitucionales establecidos en la Carta Política, se declara su INEXEQUIBILIDAD. Recibo Relatoria:
Sentencia C-043/18
Referencia: Expediente D-11913
Accionantes: D. de J.G.B. y Y.S.R.G.
La S. Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
Los ciudadanos D. de J.G.B. y Y.S.R.G., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentaron demanda contra el artículo 266 (parcial) del Código Civil.
Por medio de Auto del primero (01) de febrero del dos mil diecisiete (2017) la demanda se inadmitió ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y los desarrollados por la jurisprudencia en la sentencia C-1052 de 2001 y se les concedió a los actores el plazo de tres (03) días para corregir la demanda en los términos señalados.
Corregida la demanda, el día diecisiete (17) de febrero del dos mil diecisiete (2017) se dispuso su admisión y se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, con la finalidad de que rindiera el concepto de que trata el artículo 278.5 de la Constitución Política y se comunicó del inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro de Justicia y del Derecho y a la Ministra de Educación.
En la misma decisión se invitó a la Defensoría del Pueblo; al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia; a la Comisión Colombiana de Juristas; a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; a la UNICEF en Colombia; a la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Juventud y la Familia –AIMJF-; al Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, y a las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes, de Antioquia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, J., Santo Tomás, S.A. y al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario para que ofrecieran su concepto sobre la demanda estudiada.
ARTICULO 266. . Los derechos concedidos a los padres legítimos en los artículos precedentes, no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido llevado por ellos a la casa de expósitos, o abandonado de otra manera”.
Los demandantes señalaron que el contexto histórico y normativo en el que se desarrolló el artículo que se acusa propendía por la creación de derechos y obligaciones sujetas al nacimiento al interior de una relación matrimonial o “legítima”. De igual forma, indicaron que la norma acusada solamente establece que cesarán los derechos de los padres “legítimos” que hayan llevado a casa de expósitos o abandonado a sus hijos. Así, consideraron que los niños o niñas que hubiesen sido concebidos por parejas en unión libre o que no tenían interés de formalizarse en nupcias gozan de garantías y deberes diferentes a los de aquellos hijos considerados legítimos.
Indicaron que el término “legítimo” contenido en la norma acusada, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua española significa “Conforme a las Leyes” y “Cierto, genuino y verdadero” con lo cual se refuerza la discriminación entre los menores de edad de acuerdo a su origen familiar, vulnerándose el artículo 13 de la Constitución.
Manifestaron que los artículos 42 y 44 de la Constitución establecen la igualdad de derechos entre los hijos y el derecho de todos los niños y niñas a ser protegidos contra toda forma de abandono. Destacaron que la exclusión marcada en el artículo demandado desconoce los mandatos superiores señalados pues no contempla la restricción de derechos como consecuencia del abandono para los padres extramatrimoniales o adoptivos, y aumentan las obligaciones para los hijos concebidos fuera del matrimonio.
Señalaron que el aparte del artículo demandado desconoce el artículo 13 de la Carta Política pues crea un trato desdeñoso hacia los hijos que no fuesen legítimos. Igualmente, citan la sentencia C-451 del 2016 en la que se consideró que la permanencia del término legítimo en la legislación reporta una “discriminación y estigmatización frente a aquellos hijos cuyo parentesco es tildado erróneamente de ilegítimo”. Concluyeron, que el Código Civil “(…) no puede contemplar denominaciones que atenten contra los niños, las niñas y adolescentes, puesto que se debe aplicar la figura jurídica de la cesación de derechos, no solo a los “padres legítimos”, sino a cualquier tipo de padre sin importar su vínculo matrimonial”[1].
Solicitaron entonces declarar la inconstitucionalidad de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 266 del Código Civil.
Ministerio de Justicia y del Derecho. La Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitó declarar la inexequibilidad del vocablo “legítimo” contenido en la norma demandada.
Asimismo, resaltó que la Corte ha extendido en sus decisiones[2] las garantías jurídicas y constitucionales que regulan la familia, incluso a aquellas relaciones que surgen como consecuencia de la crianza.
Finalmente, allegó un pronunciamiento de la Corte[3] en el que se resalta la trascendencia que adquiere el uso del lenguaje en la tarea legislativa y las implicaciones que puede acarrear su uso indebido, resaltando así la línea bajo la cual la declaración de inexequibilidad procede para normas que conserven acepciones discriminatorias.
Defensoría del Pueblo. La defensora Delegada para Asunto Constitucionales y Legales, solicitó la inexequibilidad de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 266 del Código Civil. Para ello, señaló el desarrollo del concepto de familia que brinda la Constitución, resaltando que la nueva noción comprende un sentido más amplio e incluyente bajo el cual esta se forma como consecuencia de la unión por vínculos jurídicos o naturales, reconociendo así la pluralidad de tipos de familia que existen en la sociedad colombiana.
Seguidamente, resumió el desarrollo jurisprudencial[4] pertinente y resaltó que aquel se ha decantado por garantizar en la órbita familiar el goce pleno del derecho a la igualdad, eliminado la existencia de cualquier tipo de segregación entre los hijos.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, intervino para solicitar la inexequibilidad de la expresión “legítimos” contenida en la norma demandada.
Inicialmente, hizo referencia a los elementos necesarios que debe cumplir una demanda de inconstitucionalidad, contemplados en el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional; ello para afirmar que en el asunto no existe claridad sobre unos de esos elementos, referido específicamente a la vigencia de la norma acusada. Realizó un recuento normativo[5] en el cual encontró que aunque el artículo 266 del Código Civil no ha sido derogado expresamente, ha existido una importante evolución legislativa que ha modificado la capacidad de la norma de producir efectos, pues luego de existir una clara y antigua distinción legal entre derechos y obligaciones de hijos nacidos en el matrimonio y fuera de él, se expidió la Ley 29 de 1982 que estableció la igualdad de garantías y deberes entre los hijos, sin importar su origen familiar.
Asimismo, realizó una descripción jurisprudencial[6] sobre los términos de la legitimidad en las relaciones familiares en la legislación civil y señaló que en principio la Corte se limitó a afirmar que la Ley 29 de 1982 había derogado aquellas normas que establecieran tratos diferenciados para los hijos, pero luego la Corporación adoptó una postura frente a la cual las expresiones discriminatorias que, aunque no tuviesen efectos prácticos, se constituyeran como elementos lingüísticos diferenciadores y marginadores, debían ser declaradas inexequibles.
Universidad Libre. El Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, en conjunto con dos de sus miembros, solicitaron declarar la inexequibilidad parcial del artículo demandado.
Resaltaron que la Corte ha sido reiterativa en señalar que la génesis de un vínculo familiar dentro de una relación matrimonial o fuera de ella no debe tener implicaciones jurídicas discriminatorias. Continuaron su intervención citando la jurisprudencia constitucional[7] conclusiva de que el uso de expresiones que creen situaciones de discriminación no puede ser aceptada en la normatividad nacional. Insistieron entonces, en que el uso del vocablo “legítimo” se encuentra en un evidente plano de desigualdad. Para ello citaron las definiciones que sobre el parentesco legítimo brinda el Código Civil e indicaron que las declaraciones de inexequibilidad que ha proferido la Corte sobre la legitimidad de los hijos deben servir como fundamento cuando se utilice esa distinción con los padres.
Destacaron entonces que el término utilizado restringe la garantía de igualdad al crear diferencias entre los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, contrariando la jurisprudencia constitucional[8] en el entendido de que la discriminación ocurrida como consecuencia del origen familiar ocasiona situaciones de exclusión no justificada.
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Mediante escrito que suscribe uno de sus miembros, la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicitó a la Corte se declare inhibida para proferir fallo pues, en su criterio, la norma acusada no se encuentra vigente, además de advertir la existencia de una cosa juzgada constitucional.
Universidad de Antioquia. El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia solicitó se declare inexequible el vocablo aquí demandado. Al respecto, recordó que la Constitución de 1991 estable la igualdad de derechos, deberes y protección para los hijos, por lo que la permanencia de distinciones se torna injustificada. Asimismo, añadió que la jurisprudencia constitucional[9] ha sido clara en establecer que la utilización de palabras que material o formalmente creen algún tipo de trato diferenciado hacia los hijos va en contravía de los postulados constitucionales y su consecuencia debe ser la declaratoria de inconstitucionalidad.
Recordó la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional[10] según la cual se han declarado inconstitucionales aquellas expresiones que creaban diferencias en las garantías y deberes en las relaciones familiares, en concreto las que discriminaban a los hijos como consecuencia de su génesis familiar.
En el presente asunto se plantea por los demandantes que la expresión “legítimos”, contenida en el artículo 266 del Código Civil, que regula la cesación de derechos, ante el abandono concretado por los padres, excluye de los alcances de la norma a los hijos que hayan sido concebidos por fuera del matrimonio e inclusive a los adoptados; en ese entendido, los padres que abandonen a hijos que no estén comprendidos por la expresión “legítimos”, pueden continuar ejerciendo y reclamando sobre estos los derechos de que trata el título XII del Código Civil. Destacaron que el contenido de la norma tuvo origen en un momento histórico en el que se protegía a la familia conformada exclusivamente a partir del matrimonio, por lo que la norma solo encontraba reprochable el hecho de abandonar a los hijos que hubieran sido concebidos dentro del matrimonio, lo que en su criterio contraría el derecho a la igualdad y concreta una discriminación por su origen familiar.
Así las cosas, en esta oportunidad a la Corte le corresponde previamente determinar si en el presente asunto la expresión “legítimos” se encuentra derogada, o si sobre la misma se concreta una cosa juzgada material. Seguidamente y en caso de no hallarse demostrada ninguna de las dos circunstancias, corresponde determinar si la expresión antes referida, contenida en el artículo 266 del Código Civil, que establece la pérdida de derechos de los padres “legítimos” como consecuencia del abandono de sus hijos, desconoce los presupuestos que protegen la igualdad y la familia, al apartar de manera tácita de sus efectos sancionatorios a los padres de hijos no incluidos en la expresión, es decir, a los extramatrimoniales y adoptivos. Para ello se abordarán los siguientes tópicos: i) el derecho a la igualdad; ii) la concepción de la familia en la Constitución de 1991, ii) la concepción constitucional de la familia y la inexistencia de distinción respecto de la calidad de hijo y, iii) finalmente, se analizarán los cargos de la demanda.
Análisis de vigencia del artículo 266 del Código Civil por la Ley 29 de 1982. El artículo 266 del Código Civil señala que únicamente cesarán los derechos de los padres que sean catalogados como “legítimos”, cuando abandonen a sus hijos; la comprensión de la norma deja ver que, inicialmente la expresión “legítimos” no incluye a los padres de hijos concebidos por fuera de una relación matrimonial, respecto de quienes, de así entenderse, los padres podrán seguir ejerciendo los derechos de que trata la norma.
A efectos de comprender el contenido actual de la disposición normativa, resulta oportuno recordar que el Congreso de la República expidió la Ley 29 de 1982, que modificó el régimen civil que regulaba las obligaciones y derechos existentes entre padres e hijos. En esa medida, el artículo primero de la mencionada ley estableció que los hijos “…tendrán igualdad de derechos y obligaciones”[11].
Adicionalmente, señaló que las disposiciones que fuesen contrarias a sus postulados serían derogadas[12], de lo que podría concluirse que decayó la vigencia de todas aquellas normas anteriores a la promulgación de la Ley 29 de 1982, que establecieran distinciones entre las personas como consecuencia de su origen familiar.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional[13] ha entendido que los efectos de la Ley 29 de 1982 no se extienden a la generalidad de las normas contrarias a esta. En concreto, la postura adoptada fue explicada en la sentencia C-1026 de 2004, en la cual se cuestionó la exequibilidad de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil, en el que se designaban las potestades de crianza y educación sobre los hijos “legítimo” en cabeza del padre o madre sobreviviente. Tal postura se resumió así por la Corte en la sentencia C-451 de 2016:
“(…) de aceptarse que efectivamente la Ley 29 de 1982 derogó tácitamente la locución “legítimos” contenida en el artículo 288 del Código Civil, en la medida que la patria potestad también es concebida como un derecho que corresponde a los hijos, la S. estima que la sola permanencia formal en el ordenamiento jurídico de aquella locución puede generar un trato discriminatorio relacionado con el efecto simbólico excluyente del lenguaje que se desprende de la misma. Por consiguiente, la Corte debe analizar la constitucionalidad del aparte atacado para confrontar su lenguaje literal con los postulados de la Constitución, como lo hará más adelante”.
Finalmente se ha concluido por esta Corte, insístase, en que ante “la existencia de dudas en torno a la derogatoria tácita de una norma, sumado al uso de un lenguaje discriminatorio, se habilita el pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal Constitucional”.[14]
Inexistencia de cosa juzgada constitucional. El artículo 266 demandado, está contenido en el Título XII del Libro I del Código Civil, en el que se establecen “los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”. El epígrafe mencionado fue objeto de estudio de constitucionalidad en la sentencia C-451 del 2016, decisión por medio de la cual se resolvió declarar inexequible el término “legítimos” allí contenido.
Pues bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la cosa juzgada constitucional “es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política (…) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”.[15]
Así, la cosa juzgada puede ser: i) constitucional formal, cuando ante la Corte Constitucional se pone en consideración el estudio de exequibilidad de una texto legal sobre el cual existe un fallo de constitucionalidad[16]; ii) material, se configura cuando en un pronunciamiento jurisprudencial se estudió un contenido normativo similar al demandado pero la nueva controversia se enmarca en un texto legal diferente[17]; iii) absoluta que acaece cuando la decisión concluye que la norma demandada se estudió de conformidad con la totalidad de la Carta Política y en esa medida se impide la admisión de más demandas sobre el mismo texto normativo[18]; iv) relativa, cuando este Tribunal estudió la exequibilidad de un texto normativo únicamente a la luz de determinados cargos, motivo por el cual la disposición podrá ser estudiada desde una nueva perspectiva constitucional.[19]
Ahora bien, se ha indicado que con relación a los títulos y subtítulos utilizados en la redacción de una ley, es predicable extender el análisis de constitucionalidad[20] cuando ello se demanda, en tanto se integran a los contenidos normativos en la medida que aquellos tienen como finalidad servir de herramientas de interpretación del articulado que encabezan. Más aún, se han resaltado las consecuencias prácticas que adquieren en la interpretación del articulado de una ley la variabilidad de epígrafes utilizados, en tanto “(i) permiten que quienes estén llamados a cumplir las disposiciones contenidas dentro de la ley, puedan consultarlas acudiendo a la clasificación temática de la misma; (ii) sirven como criterios hermenéuticos para establecer el sentido y la materia principal de los artículos que componen el subtítulo; y, (iii) dan una idea general de la materia que es objeto de regulación y es orientada por ese epígrafe”. [21]
En conclusión, esta S. no advierte la configuración de imposibilidades que condicionen o limiten el estudio de constitucionalidad de fondo del aparte demandado, en tanto como se pudo ver, el contenido que se acusa aun hace parte de la norma y sobre el mismo no se ha concretado pronunciamiento alguno que defina su conformidad con la Carta Política.
La Carta Política de 1991 describe nuestro Estado bajo los parámetros del modelo del denominado Estado Social de Derecho, lo que implica acoger una visión renovadora de la función estatal de la cual surge una nueva universalidad de valores y principios en el ordenamiento jurídico. En efecto, el articulado de la Constitución de 1991 se funda en cuatro pilares fundamentales: la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la igualdad.[22]
La integración de la igualdad como cimiento de la Constitución de 1991 se ha desarrollado bajo una triple acepción en tanto adquiere las calidades de principio, valor y derecho fundamental[23], lo que ha significado que sus efectos se extiendan a la totalidad de garantías establecidas en la Carta Política.
En efecto, tal y como se ha expuesto en otras oportunidades,[24] la consagración de la igualdad en el preámbulo constitucional la concreta como valor cuyo objeto de aseguramiento le compete al Estado. Por su parte, se consagra como principio y como derecho en el artículo 13 de la Constitución, y en ese sentido de cara a la especificidad de la disposición superior, se propende por una aplicación directa e inmediata en favor de los asociados. Por ello, la amplitud de los efectos jurídicos que comporta es consecuencia de su carencia de contenido material concreto, bajo el cual su aplicación se encuentre limitada a un campo determinado. Así, el requerimiento de protección de la igualdad “puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado.”[25]
En síntesis, la igualdad permea la totalidad del texto constitucional, no solo desde el aspecto individual, sino en conceptos marco o conjunto, como puede ser el contexto de las relaciones familiares, en donde el derecho a la igualdad surge como guía de su regulación[26].
La concepción constitucional de la familia y la inexistencia de distinción respecto de la calidad de hijo. Reiteración de jurisprudencia
La evolución constitucional nacional permeó la órbita de las relaciones familiares, instituyendo a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.[27] De allí que el artículo 42 de la Constitución de 1991 no tiene un origen insular sino que, responde a los presupuestos del nuevo modelo de Estado adoptado en la Constitución de 1991, que se erige, reitérese, sobre el respeto y búsqueda permanente de la efectividad real de valores tradicionales como la libertad, la igualdad y la seguridad[28].
En concreto, la regulación constitucional resalta que la familia se constituye en el núcleo fundamental de la sociedad lo que obliga al Estado a garantizar su protección en igualdad de condiciones con independencia de su formación por vínculos naturales o jurídicos. En efecto, esta Corte ha destacado que “la honra y dignidad de la familia son inviolables, independientemente del origen familiar de la misma. De allí que la igualdad se predique frente a los derechos y las obligaciones que tienen los miembros de la misma”[29].
La categorización fijada en la norma civil no tenía efectos únicamente nominales, pues implicaba diferencias en el goce de derechos alimentarios y sucesorales[30]; pese a ello, dicha clasificación persistió hasta la expedición de la Ley 45 de 1936 que, aunque derogó las definiciones contenidas en los artículos 51 y 52 del Código Civil, no retiró del ordenamiento jurídico el parentesco legítimo e ilegítimo junto con sus efectos discriminatorios.
Declara, además, a la familia núcleo fundamental de la sociedad, tanto si se constituye por el matrimonio como por la voluntad responsable de conformarla. Independientemente de su origen, el Estado y la sociedad garantizan la protección de la familia.
Está prohibida toda discriminación, en particular la que se ejerza por razón del origen familiar.
Son contrarias a la Constitución todas las normas que establezcan diferencias en cuanto a los derechos y obligaciones entre los descendientes legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, pues al igual que los hijos tienen iguales derechos y obligaciones.
En consecuencia, serán declaradas inexequibles aquellas normas demandadas que establecen trato discriminatorio en contra de alguna clase de descendientes o ascendientes”.
Esta postura avanzó en el mismo sentido y por medio de la sentencia C-595 de 1996[31] se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 38, 39, 47 y 48 que establecían los efectos de la legitimidad en las relaciones familiares. En esta oportunidad se señaló que la aceptación de distintos tipos de formación que puede tener la familia no implica la extensión de las diferencias hacia los hijos, pues explicó que: “es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado”.
En la misma línea, se profirieron las sentencias C-310 y C-1026 de 2004[32] que declararon la inconstitucionalidad de los artículos 248 y 253 del Código Civil, que contemplaban diferencias en el ejercicio de derechos como consecuencia del origen familiar.
Seguidamente, la sentencia C-404 de 2013[33] declaró inexequibles los artículos 288 y 289 del Código Civil que limitaban el ejercicio de la patria potestad únicamente sobre los hijos legítimos. En esa ocasión, este Tribunal reiteró sobre la distinción de derechos y obligaciones entre los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, así:
Los actores consideran que la expresión “legítimos” utilizada en el artículo 266 del Código Civil desconoce lo señalado en los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución Política, en la medida que establece que la pérdida de derechos contemplada en el artículo mencionado, solo tiene efectos sobre los padres “legítimos”, por lo que, respecto de los hijos que no son considerados así, no se incluyen dentro de tal calificativo, los padres podrán continuar ejerciendo sus derechos pese a haberlos abandonado.
Lo primero que habrá de indicarse es que, en esta oportunidad, el análisis o tamiz de constitucionalidad que corresponde hacer a esta Corporación se dirige solo a una expresión –palabra- contenida en un texto normativo, esto es a la expresión “legítimos” que es el adjetivo que acompaña en la norma la palabra padres.
El control constitucional en términos del lenguaje debe realizarse en el contexto de la norma a efectos de determinar, la forma en que las expresiones o términos son utilizados, esto es, “para qué, en qué condiciones y con qué propósito”[34], sobre el particular en reciente pronunciamiento se concluyó que:
“En este orden de ideas, el papel de la Corte no es el de examinar o no la exequibilidad del lenguaje en sí mismo. No le corresponde pues de ninguna manera extirpar del lenguaje jurídico ciertas palabras de forma absoluta, como una suerte de sensor del lenguaje. La revisión de constitucionalidad de una “palabra” es verificar si el uso de la expresión que se deriva del contexto normativo en el que se da un acto discriminatorio
3.9. Por eso para determinar la constitucionalidad de las expresiones demandadas en sede de constitucionalidad, la Corte ha establecido algunos criterios. Luego de analizar y establecer el objetivo de la ley en que se enmarcan las palabras acusadas, se ha de: (i) analizar la función de la expresión dentro del artículo a fin de determinar si tiene una función agraviante o discriminatoria, o se trata de una función neutral o referencial sin cargas negativas. (ii) Analizar el contexto normativo de la expresión, a fin de determinar si se trata de una expresión aislada o si interactúa con las normas a fin de contribuir a lograr los objetivos de la disposición normativa, de tal forma que el excluirla pueda afectar el sentido y objetivo de la norma. Finalmente (iii) analizar la legitimidad del objetivo perseguido por la disposición normativa al cual contribuye la expresión acusada”[35].
Así las cosas, en el presente asunto se procederá con el análisis de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 266 del Código Civil a efectos de determinar si la misma, vista desde el aspecto lingüístico, histórico y social[36] y según el contexto de la norma, resulta o no acorde con los mandatos superiores, especialmente con los contenidos de dignidad humana e igualdad.
Tal y como se resumió antes, el artículo 266 del Código Civil se encuentra ubicado en el título que regula los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos. En efecto, la norma dispone que los derechos contenidos en el título XII no podrán reclamarse por parte de los padres “legítimos” sobre el hijo que se haya abandonado.
Finalmente, el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, consagra la igualdad no sólo entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y otros y los adoptivos: "Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones". Desaparecen así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en adelante, en tratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos, diferentes solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.”[37]
Contexto normativo de la expresión.
Tal y como viene de exponerse, la palabra “legítimos” tiene por objeto calificar al padre, para concluir que son los progenitores de hijos “legítimos” los que pierden ciertos derechos al abandonarlos, en ese sentido, la expresión solo otorga a la norma una carga discriminatoria, sin la cual el contenido normativo no solo coincidiría con los dictados de igualdad y dignidad humana, sino que al retirarla, se le daría a la norma un sentido constitucional, que permite de un lado preservar su esencia y de otro, conservar su sentido y objetivo acompañado del respeto de parámetros de igualdad y dignidad humana que acompaña la calidad de hijo.
De lo anterior se advierte necesario concluir que el contenido que se estudia no resulta adecuado con el objetivo de la norma, pues si como se viene indicando, lo que regula el artículo antes referenciado es la pérdida de ciertos derechos de los progenitores ante el abandono de sus hijos, en nada contribuye con ese propósito, hacer una distinción de la calidad de padre a partir del origen de los hijos, es más, de conservarse la norma con la palabra que se acusa, lo que se genera es una mácula discriminatoria a la totalidad del contenido, pues a la conclusión a la que debe arribarse, es la inexistencia de una posible clasificación de los hijos de cara a su origen.
Debe entonces concluirse que, siguiendo el precedente de esta Corporación contenido entre otras, en las sentencias C-404 de 2013 y C-451 de 2016, en esta oportunidad la S. advierte que la distinción introducida por el término “legítimo” utilizado en la redacción del artículo 266 del Código Civil desconoce los presupuestos constitucionales establecidos en los artículos 13, 42 y 44 de la Constitución por lo que ha de declararse inexequible, sin que, como se dijo antes, la exclusión de dicha expresión afecte el contenido de la norma, y muy por el contrario, la adecúa a los parámetros constitucionales que garantizan el derecho a la igualdad y a la dignidad humana.
Primero: LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 305 de 21 de junio de 2017.
Segundo: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el artículo 266 del Código Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[1] V. folio número 34 del expediente.
[2] Sentencia T-070 de 2015.
[3] Sentencia C-451 de 2016.
[4] Sentencias C-105 de 1994, C-595 de 1996, C-1026 de 2004 y C-404 de 2013.
[5] Ley 84 de 1873, Ley 75 de 1936 y Ley 29 de 1982.
[6] Sentencia C-595 de 1996, Sentencia C-105 de 1994, Sentencia C-1026 de 2004, Sentencia C-404 de 2013 y Sentencia C-451 de 2016.
[7] Sentencia C-451 de 2016.
[8] Sentencia C1298 de 2001 y sentencia C-595 de 1996.
[9] Sentencia C-105 de 1994 y sentencia C-451 de 2015.
[10] Sentencia C-105 de 1994, sentencia C-404 de 2013, sentencia C-451 de 2016 y sentencia C-046 de 2017
[11] Ley 29 de 1982, artículo 1o. “Adicionase el artículo 250 del Código Civil con el siguiente inciso: Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”.
[12] Ley 29 de 1982, artículo 10.
[13] Ver, entre otras, las sentencia C-595 de 1996, C-1026 de 2004, C-404 de 2016 y C-451 de 2016.
[14] Sentencia C-451 de 2016.
[15] Sentencia C-774 del 2001
[16] Sobre la configuración de la cosa juzgada constitucional formal esta Corporación ha sido clara en señalar que se presenta cuando se pretende poner en estudio la constitucionalidad de una norma sobre la cual existe un pronunciamiento previo. Se pueden consultar las sentencias C-190 de 2017, C-007 de 2016 y C-178 de 2014.
[17] En ese sentido, la sentencia C-190 de 2017 señaló que la cosa juzgada constitucional material se configura “cuando a pesar de que no se está ante un texto normativo formalmente idéntico, su contenido normativo es decir, la norma en sí misma, es sustancialmente igual a aquel que se examina en una nueva ocasión”.
[18] Sobre la figura la sentencia C-774 de 2001 explicó que se presenta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, tanto en su parte resolutiva como motiva, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional. Se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-1024 de 2004, C-007 de 2016 y C-190 de 2017.
[19] La sentencia C-287 de 2014 explica que “(…) el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”.
[20] V. las sentencias C-152 de 2003 y C-451 de 2016.
[21] V. la sentencia C-287 de 2014.
[22] Sentencia C-288 de 2012.
[23] Sobre la distinción existente entre principios, valores y derechos la sentencia T-406 de 1992 señaló “Los valores son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; los principios son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. Los principios, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son aplicables a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales. De manera similar, la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza normativa sino de grado, de eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en que ganan generalidad aumentan su espacio de influencia, pero pierden concreción y capacidad para iluminar el caso concreto”
[24] Sentencia C 810 de 2010
[26] El inciso 4 del artículo 42 de la Constitución Política de 1991 señala “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes”.
[27] Artículo 42, Constitución Política de 1991.
[28] Sobre el asunto la sentencia C-566 de 1995, indicó “El Estado social de derecho se erige sobre los valores tradicionales de la libertad, la igualdad y la seguridad”.
[29] Sentencia C-451 de 2016.
[30] La sentencia C-047 de 1994 sobre este tópico, explicó: “(…) cuando en la sucesión intestada concurrían hijos legítimos y naturales, la herencia se dividía en cinco (5) partes, cuatro (4) para los legítimos y una (1) para todos los naturales”.
[32] Sentencia C-310 de 2004 y sentencia C-1026 de 2004.
[33] Sentencia C-404 de 2013.
[34] Sentencia C-042 de 2017.
[35] C-190 de 2017
[36] Sobre el particular, se ha dicho que: “[E]n ocasiones puede incurrirse en el error de evaluar de manera abstracta el término lingüístico, estudio que no se corresponde con un juicio de constitucionalidad. En realidad, ese escrutinio debe tener en cuenta los elementos históricos, sociológicos y el uso en la vida cotidiana del idioma con el objeto de determinar si la expresión es contraria al marco axiológico de la Constitución. La inconstitucionalidad de la expresión se presenta por su relación con los interlocutores de la comunicación y no por la expresión lingüística intrínsecamente considerada”. Sentencia C-110 de 2017.
[37] Sentencia C-047 de 1994.