Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1045-de-diciembre-4-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042418ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 16:49:16
Document Index: 244587959

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 12']

﻿ SENTENCIA T-1045 DE DICIEMBRE 4 DE 2007
SENTENCIA T-1045 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:LIQUIDACIÓN DE ADPOSTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL, APLICACIÓN DEL RETEN SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DE ADPOSTAL, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, APLICACIÓN DEL RETÉN SOCIAL
Sentencia T-1045 de diciembre 4 de 2007
Sentencia T-1045 de 2007
Ref.: Expedientes T-1640304, T-1640316, T-1642801, T-1674981, T-1674982, T-1677575 (Acumulados)
Accionantes: María Adolfina Velásquez Alvarado, Luis Antonio Vargas Español, José Armando Espinosa Aldana, Martha Patricia Gómez, Pedro Vicente Cabra Ramírez y Gilma Vargas Peña
Demandado: Administración Postal Nacional Adpostal en Liquidación
dentro del proceso de revisión de fallos de tutela proferidos por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá el 21 de febrero de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de marzo de 2007 (exp. T-1640304); por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá el 19 de febrero de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de marzo de 2007 (exp. T-1640316); por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá el 29 de marzo de 2007, por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá el 9 de mayo de 2007 (exp. T-1642801); por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito el 22 de mayo de 2007, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial el 19 de junio de 2007 (exp. T-1674981); por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá el 4 de mayo de 2007, por el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá el 21 de junio de 2007 (exp. T-1674982); por el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá el 27 de abril de 2007, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 26 de junio de 2007 (exp. T-1677575); a partir de las diferentes acciones de tutela promovidas por los ciudadanos María Adolfina Velásquez Alvarado, Luis Antonio Vargas Español, José Armando Espinosa Aldana, Martha Patricia Gómez Rodríguez, Pedro Vicente Cabra Rodríguez y Gilma Vargas Peña contra la Administración Postal Nacional Adpostal en Liquidación.
1.1. Expediente 1640304.
Manifiesta la señora María Adolfina Velásquez Alvarado, que laboró en Adpostal en Liquidación desde el 23 de agosto de 1988 hasta el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de 18 años, 3 meses y 4 días.
1.2. Expediente T-1640316.
1.3. Expediente T- 1642801.
El señor José Armando Espinosa Aldana laboró para la Administración Postal Nacional por un periodo de 19 años, 4 meses y 15 días, desde el 27 de julio de 1998 hasta el 27 de diciembre de 2006 (sic). Adicionalmente solicita le sea sumado a su tiempo laborado el periodo durante el cual prestó servicio militar, esto es 2 años, para un total de 21 años, 4 meses y 15 días.
1.4. Expediente T-1674981.
Manifiesta la señora Gómez Rodríguez que ingresó el 1º de enero de 1988 a la Administración Postal Nacional en calidad de contratista hasta el 31 de diciembre de 1989. Afirma que a partir de l 1º de enero de 1990 se vinculó a la misma entidad a través de un contrato laboral hasta el 27 de diciembre de 2006.
1.5. Expediente T-1674982.
1.6. Expediente T-1677575.
Por otra parte manifiesta la entidad accionada que el mecanismo idóneo para proteger los derechos reclamados se encuentra en la jurisdicción laboral y que dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, esta no resulta procedente.
1. Expediente 1640304.
— El Juez Noveno Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), resolvió no conceder el amparo solicitado a los derechos fundamentales a la igualdad, a la familia, al trabajo, la tercera edad, vida, derechos sociales, económicos y culturales, por considerar que el derecho a la igualdad no se extiende lo suficiente como para lograr aplicaciones ultraactivas de la ley por cuanto, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, el “retén social” para el caso de prepensionados vencía tres años después de su promulgación, esto es, el 27 de diciembre de 2005 y dado que Adpostal se liquidó en agosto de 2006, excede el límite temporal de protección para el reclamante.
— Inconforme la accionante con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, impugnó dicha decisión al considerar que su no inclusión en el “retén social” violaba su derecho a la igualdad con respecto a otros que estando en iguales circunstancias a las suyas, sí fueron incluidos en el “retén social” en calidad de prepensionados. Fundamentó su petición en la Sentencia C-991 de 2004, la cual declaró inexequible la limitación de la protección hasta el 31 de enero de 2004 para madres y padres cabeza de familia establecida en la Ley 812 de 2003.
— El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil siete (2007) decidió confirmar la providencia de instancia, y no conceder la protección solicitada, por considerar que la controversia se refiere a derechos de raigambre legal, que no se produce ninguna violación a derechos fundamentales y que la actora no realizó su solicitud de inclusión en el “retén social” en calidad de prepensionada, en el término señalado para tal efecto.
2. Expediente T-1640316.
— El Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil siete (2007), resolvió no conceder el amparo solicitado a los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo, familia, derechos de los niños, mínimo vital y asistencia a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, por considerar que no se violó el derecho a la igualdad por cuanto el actor no estaba en iguales condiciones a las que se encontraban quienes en otra época y en otras entidades fueron beneficiarios del “retén social” y que la liquidación de Adpostal se debió al desarrollo de una política del Gobierno Nacional, por lo que tampoco se evidencia una violación del derecho al trabajo ni de los demás derechos invocados.
— Inconforme con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, la decisión fue impugnada por el demandante por considerar que su no inclusión en el “retén social” violaba su derecho a la igualdad con respecto a otros que estando en iguales circunstancias a las suyas sí fueron cobijados por dicha medida en calidad de prepensionados. Fundamentó su petición en la Sentencia C-991 de 2004, la cual declaró inexequible la limitación de la protección hasta el 31 de enero de 2004 para madres y padres cabeza de familia establecida en la Ley 812 de 2003.
— El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil siete (2007) decidió confirmar la providencia de instancia, por considerar que no se violó ningún derecho fundamental del accionante, que no se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que la acción idónea para la protección de los derechos indicados es la laboral.
3. Expediente T-1642801.
— El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil siete (2007), resolvió no conceder el amparo solicitado a los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, trabajo y derechos adquiridos, por considerar que el actor no cumplió con los requisitos necesarios para acceder al derecho a la pensión cuando expiró el plazo previsto en la Ley 790 de 2002 para ser beneficiario de la protección del “retén social”, esto es el 27 de diciembre de 2005, tres años después de que se promulgó la citada ley.
— Inconforme con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, la decisión fue impugnada por el demandante por considerar que el juez de primera instancia solo tuvo en cuenta lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y no consideró lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-991 de 2004 en la cual eliminó de la Ley 812 de 2003 el límite temporal para la protección del “retén social” cuando se trata de madres y padres cabeza de familia.
— El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del nueve (9) de mayo de dos mil siete (2007) decidió confirmar la providencia de instancia, por considerar que existe una acción ordinaria laboral para lograr el reintegro solicitado al cargo de acuerdo con su solicitud. Si bien es cierto reconoce que la limitación temporal establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 no es admisible por violar el derecho a la igualdad el accionante no acreditó el tiempo mínimo de servicio para acceder a la protección solicitada.
4. Expediente T-1674981.
— El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil siete (2007), resolvió no conceder el amparo solicitado de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital por considerar que se trata de una controversia legal que no puede ser resuelta a través de la acción de tutela. Adicionalmente por cuanto la accionante pretendía que se declarara la existencia de un contrato laboral realidad entre 1988 y 1990 y finalmente por cuanto de acuerdo con su tiempo de servicio le faltaban más de tres años para acceder al derecho de pensión.
— Inconforme con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, la decisión fue impugnada por la accionante. En esta oportunidad reiteró sus argumentos relacionados con la existencia de un contrato laboral realidad entre los años 1988 y 1990, durante los cuales se encontró vinculada a Adpostal en Liquidación a través de contratos de prestación de servicios.
— El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil siete (2007) decidió confirmar la providencia de instancia, por considerar que a través de la tutela no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo. Si bien es cierto para el tribunal, la limitación temporal del la protección del “retén social” para los prepensionados resulta violatoria del derecho a la igualdad, la accionante no probó cumplir con los requisitos necesarios para acceder a este beneficio.
5. Expediente T-1674982.
— El Juzgado Sexto Laboral Circuito de Bogotá, mediante sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil siete (2007), resolvió no conceder el amparo solicitado a los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social por cuanto en criterio del fallador existen otros medios de defensa judicial como son las acciones ordinarias laborales y por cuanto el accionante no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
— Inconforme con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, la decisión fue impugnada por la accionante, la cual manifestó en esta oportunidad que el perjuicio irremediable en su caso se traducía en la imposibilidad fáctica de acceder al derecho a la pensión por la dificultad de ubicarse nuevamente en un empleo que le permitiera cumplir los requisitos para acceder al citado derecho.
— El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil siete (2007) decidió confirmar la providencia de instancia, por cuanto no fue posible acreditar los requisitos para acceder al derecho a la pensión y así acceder a la protección del “retén social”.
6. Expediente 1677575.
— El Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil siete (2007), resolvió conceder el amparo solicitado al derecho fundamental a la igualdad por considerar que establecer un límite temporal para acceder al beneficio de “retén social”, genera una desigualdad injustificada entre quienes ostentan la calidad de prepensionado, madre y padre cabeza de familia y discapacitado. Adicionalmente advierte la posibilidad de que se genere un perjuicio irremediable por cuanto, de no protegerse los derechos a través de la acción de tutela, el actor se vería avocado a buscar su protección en la jurisdicción ordinaria laboral y ante el agotamiento de los procedimientos, es posible que cuando se protegieran sus intereses la entidad accionada ya no existiera. Por tanto el juzgado inaplica el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y aplica directamente el artículo 13 de la Constitución Política.
— Inconforme con la sentencia proferida por el juez de primera instancia, la decisión fue impugnada por la entidad demandada. Para Adpostal en Liquidación, el límite para acceder al beneficio de “retén social” expiró el 27 de diciembre de 2005, tres años después de la promulgación de la Ley 790 de 2002. Para el fallador Adpostal inició su proceso de liquidación en agosto de 2006 y por tanto ninguna de las personas que se encontraban a menos de tres años de pensionarse se hacen beneficiarias del “retén social” por encontrarse vencido el término de este beneficio.
— El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007) decidió revocar la providencia de instancia, por considerar que existen otros mecanismos de protección de los derechos invocados como son las acciones laborales ordinarias, y porque no se advierte el peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable y finalmente por cuanto no es a través de la acción de tutela que se puede obtener el reconocimiento de pensiones.
Complementariamente el Decreto 190 de 2003 definió en el artículo 1º, numeral 1º, como servidor próximo a pensionarse “Aquel al cual le faltan tres (3) o menos años, contados a partir de la promulgación de la ley 790 de 2002, para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez”.
Posteriormente, la Ley 812 de 2003, “Por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, plasmó como objetivo la implementación de la eficiencia y transparencia del Estado a través del rediseño de entidades y reformas transversales de fondo. Por su parte dispuso el artículo 8º, literal D), que la protección prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se aplicaría a los servidores públicos retirados del servicio con ocasión del programa de renovación de la administración pública del orden nacional hasta el 31 de enero de 2004, salvo en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía debía respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación. Lo anterior dejó sin efecto la disposición contenida en el artículo 13 de la Ley 790 de 2003 referente a la aplicación de los beneficios hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias del Presidente.
“7.2. No sucede lo mismo con el establecimiento de límites que implican un trato diferenciado a personas bajo supuestos de hecho con semejanzas relevantes. En este orden de cosas, la Sala observa que, además de generarse un retroceso en materia de protección laboral a personas en estado de debilidad manifiesta a través del artículo 8º, literal D., último inciso, de la Ley 812, se creó un trato diferencial.
Así mismo en lo relacionado con el límite a la protección extendida por el “retén social” a madres y padres cabeza de familia la Corte consideró en la Sentencia T-646 de 2006, que no era aplicable el límite establecido por la Ley 812 de 2004 y que en su lugar se debía extender hasta tanto se mantuviera con vida jurídica y económica la empresa objeto de liquidación. Así:
“La Corte Constitucional en la Sentencia C-991 de 2004 declaró inexequible el término fijado por la Ley 812, motivo por el cual las personas cabezas de familia tuvieron que ser reintegradas a sus puestos de trabajo. Al respecto la Sentencia SU-388 de 2005 indicó que, en la medida en que el límite temporal fijado por la Ley 812 de 2003 no tenía aplicación por haber sido declarado inexequible, los trabajadores debían ser reintegrados “(...) sin solución de continuidad desde la fecha en la cual fueron desvinculados de la entidad y hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa” (1) (Resaltado fuera de texto). En este sentido se observa que la protección otorgada a las madres y padres cabeza de familia en el caso de Telecom tuvo fundamento en que, no obstante que el proceso liquidatorio conllevara a la supresión de cargos, estas personas, en atención a su situación de debilidad manifiesta, no podían ser desvinculadas hasta que el proceso liquidatorio de la empresa terminara definitivamente. Con sujeción a lo anterior, por vía de tutela esta corporación ordenó muchos reintegros de personas que a pesar de cumplir los requisitos habían sido despedidos (2) .
La Ley 790 de 2003 en el marco del programa de renovación de la administración pública del orden nacional autorizó la liquidación y fusión de entidades y la eliminación de cargos en entidades públicas lo cual generó la terminación de contratos laborales. A su vez creó un programa de estabilidad laboral para personas cabeza de familia, discapacitados y personas próximas a pensionarse. El límite inicial para este beneficio se fijó en el vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para el caso de madres y padres cabeza de familia y discapacitados y para las personas próximas a pensionarse dicho límite se fijó en tres años contados desde la promulgación de la ley.
A su vez, la Ley 812 de 2003, la cual tenía como uno de sus objetivos la eficiencia de la administración pública a través de reformas transversales de fondo, modificó el límite inicial fijado a la aplicación del beneficio para madres y padres cabeza de familia, en el 31 de enero de 2004, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 991 de 2004. En lo relacionado con el límite a la aplicación del beneficio para personas próximas a pensionarse, la Ley 812 de 2003 guardó silencio con respecto al momento hasta el que debía aplicarse y en su lugar, en el artículo 8º, literal D), inciso último (3) , estableció que esta garantía se debía mantener hasta tanto las personas cumplieran con los requisitos para pensionarse. Por lo tanto se debe entender que la Ley 812 de 2003 derogó de manera tácita el límite establecido por la Ley 790 de 2003 de 3 años contados desde la promulgación de esta ley, para completar los requisitos de pensión.
No obstante la noción de prepensionado tiene origen en la Ley 790 de 2003 la misma no resulta aplicable, en los términos originales, debido a la derogatoria de la que fue objeto por la Ley 812 de 2003 y adicionalmente pierde sentido teniendo en cuenta que lo que buscó el legislador fue proteger a las personas próximas a cumplir con los requisitos para pensionarse para que efectivamente consoliden su derecho, en el marco del programa de renovación de la administración pública del orden nacional.
Por lo tanto con el objeto de evitar un trato diferenciado e injustificado de quienes alcanzaron a cumplir con los requisitos de pensión en los términos de la Ley 790 de 2003, antes del 27 de diciembre de 2005, y quienes (i) los cumplieron con posterioridad por efecto de que las liquidaciones de las entidades en las cuales laboraron se produjeron con posterioridad al 27 de diciembre de 2005 o porque (ii) simplemente no les fue posible el cumplimiento de los requisitos previamente a la fecha citada, es que se hace necesario aplicar esta interpretación para evitar tratos jurídicos discriminatorios.
6. Liquidación de Adpostal en el marco del programa de renovación de la administración pública del orden nacional, aplicación del retén social.
La Administración Postal Nacional, Adpostal en Liquidación, se suprimió y entró en proceso de liquidación por virtud del Decreto 2856 del 25 de agosto de 2006. El artículo 2º del citado decreto señaló como término para que se realizara la liquidación de la entidad dos años contados desde la vigencia del mismo, el cual podría ser prorrogado por un acto administrativo motivado del gobierno nacional hasta por un término igual al inicial, al cabo del cual se entenderá extinta para todos los efectos de la vida jurídica del establecimiento público.
Por otra parte se debe tener en cuenta que, la convención colectiva vigente desde el 1º de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2008 para los trabajadores de Adpostal, estableció en el artículo 38 que se seguiría aplicando el régimen pensional contenido en la Ley 28 de 1943, esto es que el citado derecho se causaría con 50 años de edad y veinte años de servicio, o con 25 años de servicio a cualquier edad. De acuerdo con los anteriores requisitos la Sala evaluará si en cada caso se cumplen antes del límite fijado en el párrafo anterior para el cumplimiento de los requisitos pensionales.
Por tanto, de acuerdo con las normas legales pertinentes y la jurisprudencia de esta corporación en la materia, la liquidación de Adpostal se produce en desarrollo del plan de renovación de la administración pública del orden nacional y es por ello que el beneficio de retén social, estabilidad laboral reforzada, se hace aplicable a los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para tal efecto.
7.1. Expediente 1640304.
Está probado en el expediente que la señora María Adolfina Velásquez Alvarado tiene 55 años de edad y ha prestado servicios a Adpostal en Liquidación por un periodo de 18 años, 3 meses y cuatro días.
7.2. Expediente T-1640316.
Para esta corporación la estabilidad laboral reforzada del “retén social”, en el caso de los prepensionados, debe operar para aquellas personas que de acuerdo con criterios de razonabilidad, cumplan los requisitos para acceder al derecho a la pensión dentro del término de liquidación de las entidades objeto del plan de renovación de la administración pública, teniendo por límite máximo la extinción de la persona jurídica correspondiente. Dado que, de acuerdo con el Decreto 2856 del 25 de agosto de 2006, el término de liquidación de Adpostal es de 2 años desde la vigencia del mismo, prorrogable por otros 2, es razonable concluir que en el caso concreto del actor, este es beneficiario del “retén social”, por cuanto en ese tiempo, y en todo caso, dentro del término de liquidación de Adpostal, es posible que cumpla con el requisito de tiempo de servicio para tener derecho a la pensión, ya que le faltan menos de 6 meses.
Por lo anterior, el accionante deberá ser reintegrado a su cargo en la entidad o a uno equivalente hasta tanto cumpla con los requisitos señalados para pensionarse o se dé la extinción de la vida jurídica de Adpostal en liquidación.
7.3. Expediente T- 1642801.
De las pruebas que reposan en el expediente esta Sala estableció que el señor José Antonio Espinosa Aldana tiene 52 años y ha laborado por un periodo de 21 años, 4 meses y 15 días, teniendo en cuenta los 2 años de servicio militar, de acuerdo con la certificación expedida por la dirección de reclutamiento y control de reserva naval en el año 2006 (fl. 18, cdno. de primera instancia).
Adicionalmente, el actor también probó que solicitó su inclusión en el “retén social” en calidad de prepensionado en debida forma y oportunidad, con el objeto de evitar su desvinculación de la empresa.
Para esta corporación la estabilidad laboral reforzada del “retén social”, en el caso de los prepensionados, debe operar para aquellas personas que de acuerdo con criterios de razonabilidad, cumplan los requisitos para acceder al derecho a la pensión dentro del término de liquidación de las entidades objeto del plan de renovación de la administración pública, teniendo por límite máximo la extinción de la persona jurídica correspondiente. Dado que, de acuerdo con el Decreto 2856 del 25 de agosto de 2006, el término de liquidación de Adpostal es de 2 años desde la vigencia del mismo, prorrogable por otros 2, es razonable concluir que en el caso concreto de la actora, es beneficiario del “retén social”, por cuanto en ese tiempo, y en todo caso dentro del término de liquidación de Adpostal, es posible que cumpla con el requisito de tiempo de servicio para tener derecho a la pensión, ya que le faltan menos de 4 años.
7.4. Expediente T-1674981.
De las pruebas que reposan en el expediente, esta Sala estableció que la señora Martha Patricia Gómez Rodríguez tiene 51 años de edad y ha laborado por un periodo de 16 años y 11 meses.
De acuerdo con las normas convencionales pensionales aplicables al caso la señora Gómez el derecho se causa con 50 años de edad y 20 años de servicio. Encuentra esta Sala de los elementos probatorios que obran en el expediente que la actora ya cumplió con el requisito de edad, faltándole 3 años y 1 mes para completar el tiempo de servicio. También encuentra esta corporación que en este evento no es procedente tener en cuenta los dos años que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios por no ser la sede de tutela la idónea para este efecto.
Adicionalmente se estableció durante el proceso que la señora Gómez solicitó su inclusión en el “retén social” en calidad de prepensionado en debida forma y oportunidad, con el objeto de evitar su desvinculación de la empresa.
Para esta Sala de Revisión la estabilidad laboral reforzada del “retén social”, en el caso de los prepensionados, debe operar para aquellas personas que de acuerdo con criterios de razonabilidad, cumplirán los requisitos para acceder al derecho a la pensión dentro del término de liquidación de las entidades objeto del plan de renovación de la administración pública, teniendo por límite máximo la existencia de la persona jurídica correspondiente. Dado que, de acuerdo con el Decreto 2856 del 25 de agosto de 2006, el término de liquidación de Adpostal es de 2 años desde la vigencia del mismo, prorrogable por otros 2, es razonable concluir que en el caso concreto de la actora, es ella beneficiaria del “retén social”, por cuanto en ese tiempo, y en todo caso dentro del término de liquidación de Adpostal, es posible que cumpla con el requisito de tiempo de servicio para tener derecho a la pensión, ya que le faltan menos de 4 años.
7.5. Expediente T-1674982.
De las pruebas que reposan en el expediente se concluye que el señor Pedro Vicente Cabra Ramírez tiene 49 años, y fue vinculado a la Administración Postal Nacional en el año 1982 mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios; que el accionante prestó sus servicios por un periodo superior a 23 años, sin embargo su vinculación laboral solo se produjo hasta 1988, es decir que su tiempo laborado debe contarse desde ese momento, razón por la cual para efectos de la protección solicitada se tendrá un periodo de 17 años y 10 meses.
Debe señalar esta Sala de Revisión que no es en sede de acción de tutela el escenario en el que se debe establecer la existencia de un contrato laboral entre los años 1983 y 1988, durante el cual el señor Cabra estuvo vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, razón por la cual dicho periodo no será tenido en cuenta para efectos de establecer la procedibilidad de la protección solicitada.
De acuerdo con las normas convencionales pensionales aplicables al caso del señor Cabra, el derecho se causa con 50 años de edad y 20 años de servicio. Por tanto, al actor le resta menos de 1 año para cumplir con la edad, y menos de 3 para cumplir con el tiempo de servicios.
Para esta Sala de Revisión la estabilidad laboral reforzada del “retén social”, en el caso de los prepensionados, debe operar para aquellas personas que de acuerdo con criterios de razonabilidad, cumplirán los requisitos para acceder al derecho a la pensión dentro del término de liquidación de las entidades objeto del plan de renovación de la administración pública, teniendo por límite máximo la existencia de la persona jurídica correspondiente. Dado que, de acuerdo con el Decreto 2856 del 25 de agosto de 2006, el término de liquidación de Adpostal es de 2 años desde la vigencia del mismo, prorrogable por otros 2, es razonable concluir que en el caso concreto del actor, es el beneficiario del “retén social”, por cuanto en ese tiempo, y en todo caso dentro del término de liquidación de Adpostal, es posible que cumpla con el requisito de tiempo de servicio para tener derecho a la pensión, ya que le faltan menos de 3 años y un año para cumplir la edad necesaria.
7.6. Expediente T-1677575.
De acuerdo con las normas convencionales pensionales aplicables al caso de la señora Gómez el derecho se causa con 50 años de edad y 20 años de servicio. Este tribunal encuentra que la actora ya cuenta con el requisito de edad, faltándole menos de 3 años para cumplir con el tiempo de servicios.
7. Compensación de obligaciones.
1. REVOCAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de febrero de 2007 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá y la sentencia proferida el veinticinco (25) de abril de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá (exp. T-1640304), en las que se negó la acción de tutela promovida por la señora María Adolfina Velásquez Alvarado, y en su lugar tutélese el derecho fundamental de la actora a la igualdad y ordénese su reintegro, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que desempeñaba o a uno equivalente en Adpostal en Liquidación hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse de acuerdo con las normas aplicables a su caso, o se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. REVOCAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de febrero de 2007 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá y la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá (exp. T-1640316), en las que se negó la acción de tutela promovida por el señor Luis Antonio Vargas Español, y en su lugar tutélese el derecho fundamental del actor a la igualdad y ordénese su reintegro, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que desempeñaba o a uno equivalente en Adpostal en liquidación hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse de acuerdo con las normas aplicables a su caso, o se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica, por las razones expuestas en la presente providencia.
3. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de 2007 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá (exp. T-1642801), en las que se negó la acción de tutela promovida por el señor José Armando Espinosa Aldana, y en su lugar tutélese el derecho fundamental del actor a la igualdad y ordénese su reintegro, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que desempeñaba o a uno equivalente en Adpostal en Liquidación hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse de acuerdo con las normas aplicables a su caso, o se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica, por las razones expuestas en la presente providencia.
4. REVOCAR la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de 2007 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá y la sentencia proferida el diecinueve (19) de junio de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá (exp. T-1674981), en las que se negó la acción de tutela promovida por la señora Martha Patricia Gómez Rodríguez, y en su lugar tutélese el derecho fundamental de la actora a la igualdad y ordénese su reintegro, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que desempeñaba o a uno equivalente en Adpostal en Liquidación hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse de acuerdo con las normas aplicables a su caso, o se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica, por las razones expuestas en la presente providencia.
5. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de 2007 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y la sentencia proferida el veintiuno (21) de junio de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá (exp. T-1674982), en las que se negó la acción de tutela promovida por el señor Pedro Vicente Cabra Ramírez, y en su lugar tutélese el derecho fundamental del actor a la igualdad y ordénese su reintegro, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que desempeñaba o a uno equivalente en Adpostal en Liquidación hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse de acuerdo con las normas aplicables a su caso, o se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica, por las razones expuestas en la presente providencia.
6. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de junio de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá (exp. T-1677575), en la que se negó la acción de tutela promovida por la señora Gilma Vargas Peña, y en su lugar tutélese el derecho fundamental de la actora a la igualdad y ordénese su reintegro, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que desempeñaba o a uno equivalente en Adpostal en Liquidación hasta tanto cumpla con los requisitos para pensionarse de acuerdo con las normas aplicables a su caso, o se liquide la empresa y se extinga su personalidad jurídica, por las razones expuestas en la presente providencia.
7. ORDENAR al gerente liquidador de Adpostal en Liquidación el pago de los salarios dejados de percibir por los accionantes y demás prestaciones a que tengan derecho, desde el momento de su desvinculación hasta el momento del reintegro, efectuar el cruce de cuentas a que haya lugar en cada caso y ofrecer mecanismos de pago no lesivos de sus derechos en el caso de ser necesario.
(1) Sentencia SU-388 de 2005 y Sentencia C-389 de 2006: En este sentido fueron ordenados los reintegros de las madres y padres cabeza de familia.
(3) “Aparte tachado INEXEQUIBLE”. Conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, el reconocimiento económico previsto en el artículo 8º de la Ley 790 de 2002, se pagará durante un plazo no mayor de 12 meses; los programas de mejoramiento de competencias laborales de que trata el artículo 12 de la ley, así como la protección especial establecida en el artículo 12 de la misma, aplicarán hasta el 31 de enero de 2004, salvo en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez.