Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl13-2009.html
Timestamp: 2018-12-14 10:47:06
Document Index: 368954366

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 96', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 149']

Vigencia desde 27 de Octubre de 2009. Esta revisión vigente desde 01 de Julio de 2012
Artículo 1 Creación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
Artículo 2 Proyectos de inversión y actuaciones financiables con cargo a este fondo
Artículo 3 Criterios de reparto
Artículo 4 Plazo de presentación de solicitudes de financiación
Artículo 5 Verificación de la aplicación de los recursos del Fondo a los fines a los que iban destinados
Artículo 6 Reintegros
Artículo 7 Seguimiento de los proyectos
Artículo 8 Comisiones informativas
Artículo 9 Tipos de obras, equipamiento y otras inversiones financiables
Artículo 10 Requisitos de las obras y otras inversiones financiables
Artículo 11 Importe financiable
Artículo 12 Solicitud de financiación
Artículo 13 Procedimiento para la autorización de la financiación
Artículo 14 Ejecución directa de las obras
Artículo 15 Adjudicaciones de las obras, suministros y servicios
Artículo 16 Justificación y última remesa de fondos
Artículo 17 Especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos
Artículo 18 Tipos de gastos corrientes financiables
Artículo 19 Solicitud de financiación
Artículo 20 Procedimiento para la autorización de la financiación
Artículo 21 Justificación y última remesa de fondos
Disposición adicional primera Contratación de trabajadores
Disposición adicional segunda Agrupaciones y Mancomunidades de Municipios
Disposición adicional tercera Cooperación de las Diputaciones Provinciales, Consells y Cabildos insulares
Disposición adicional cuarta Información
Disposición adicional quinta Pliegos tipo de cláusulas administrativas
Disposición adicional sexta Identificación de la fuente de financiación
Disposición adicional séptima Apertura de cuenta corriente diferenciada para la gestión del Fondo
Disposición adicional octava Aportación de información por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social
Disposición adicional novena Gastos del Fondo en el ejercicio 2009
Disposición adicional décima Creación de las comisiones informativas
Disposición final tercera Modelo de presentación de solicitudes
La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. 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La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. 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La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia.
RDL 4/2011 de 8 Abr. (medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ICEX)
R Política Territorial 21 Ene. 2010 (Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos en relación con RDL 13/2009 de 26 Oct. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local)
R Congreso de los Diputados 19 Nov. 2009 (acuerdo de convalidación del RDL 13/2009 de 26 Oct., creación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local)
El Pleno del TC por Providencia de 27 de septiembre de 2009, ha admitido a trámite el Recurso de inconstitucionalidad 5985/2010, en relación con el RDL 13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local («B.O.E.» 11 octubre). Véase Res. 19 noviembre 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del R.D.-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local («B.O.E.» 25 noviembre). Véase la Res. 21 enero 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el R.D.-ley 13/2009, RES. de 21 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el R.D.-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local («B.O.E.» 15 febrero).
1. Se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, adscrito al Ministerio de Política Territorial, destinado a financiar la realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de carácter social, de competencia municipal, que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.
2. El Fondo carece de personalidad jurídica y su gestión se efectuará por la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial conforme a los criterios y principios que se contemplan en este real decreto-ley.
1. Podrán financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras de competencia municipal definidas en el artículo 9, y, en su caso, el contrato de redacción del proyecto y dirección de dichas obras, así como los contratos de suministro para el equipamiento de los edificios e instalaciones que sean objeto de dichos contratos de obras, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo.
4. Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del presente Fondo los gastos que ocasione a la Administración General del Estado su gestión, que incluirá la implantación y desarrollo de sistemas informáticos, así como la comunicación institucional. Estos gastos no podrán superar el 0,2 por ciento del Fondo.
1. A los efectos de lo previsto en este real decreto-ley, la dotación del Fondo, excluidos, en su caso, los gastos derivados de la gestión y comunicación institucional del mismo, se distribuirá de manera proporcional a las cifras de población correspondientes a cada Municipio establecidas por el Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2008, sin perjuicio de los necesarios ajustes derivados de la configuración de nuevos Municipios tras la aprobación de aquél.
1. La correcta aplicación de los recursos del Fondo a los fines previstos en el artículo 1 estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.
2. Los Ayuntamientos que hubieran financiado inversiones y, en su caso, actuaciones con recursos de este Fondo, deberán poner a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado la documentación y antecedentes de las cuentas justificativas presentadas y facilitar cuanta información y medios resulten necesarios para que los equipos designados por la Intervención General de la Administración del Estado puedan realizar su trabajo.
1. La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Fondo implicará la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.
Se entiende por falta de justificación la no remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la documentación justificativa a que se refieren los artículos 16 y 21 o su remisión incompleta o conteniendo inexactitudes.
También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las comprobaciones que a tal efecto pueda realizar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o mediante los controles que realice la Intervención General de la Administración del Estado, se ponga de manifiesto que los recursos del Fondo no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el Real Decreto-ley.
En los casos de incumplimiento del plazo de ejecución, el reintegro se limitará al porcentaje de inversión no ejecutada en plazo.
En aquellos casos en que la terminación de la inversión financiada con el fondo no tenga lugar dentro del plazo máximo autorizado para la misma y dicho incumplimiento se deba a alguna razón distinta de la mera falta de diligencia de la Entidad local, las dilaciones determinantes de tal incumplimiento no se tendrán en cuenta a efectos de computar el plazo máximo para la finalización del proyecto, siempre que la Entidad Local acredite en la ejecución de la inversión financiada una actitud diligente e inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda.
3. Los expedientes de reintegro serán tramitados por la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, bien a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando sea consecuencia de un control realizado por esta última.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria .
Artículo 6 redactado por la disposición final vigésima quinta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio).Vigencia: 1 julio 2012 La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia.
1. Se podrán crear comisiones informativas en el seno de cada Delegación del Gobierno, que estarán presididas por los Delegados y en las que participarán los Subdelegados del Gobierno respectivos, un representante por cada organización sindical y empresarial más representativa a nivel autonómico, y un representante de la asociación representativa de las entidades locales con mayor implantación en la Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, se podrán crear comisiones informativas en el seno de cada Subdelegación del Gobierno, que estarán presididas por el Delegado o, en su caso, el Subdelegado del Gobierno correspondiente y en las que participarán un representante por cada organización sindical y empresarial más representativa a nivel autonómico, y un representante de la asociación representativa de las entidades locales con mayor implantación en la Comunidad Autónoma.
Procedimiento para la financiación de proyectos de inversión
1. Las obras objeto de los contratos deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata.
7. Excepcionalmente, el Ministerio de Política Territorial podrá autorizar la ejecución directa de las obras por parte del Ayuntamiento afectado cuando éste no supere la cifra de 200 habitantes, de acuerdo con las cifras de población correspondientes a cada Municipio establecidas por el Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre , por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2008, sin perjuicio de los necesarios ajustes derivados de la configuración de nuevos Municipios tras la aprobación de aquél.
1. La financiación de cada uno de los proyectos solicitados con cargo al Fondo cubrirá el importe real de ejecución de la obra, del contrato de suministro o del contrato de servicios, hasta el límite máximo derivado del presupuesto autorizado por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial.
1. Los Ayuntamientos presentarán en el plazo previsto en el artículo 4 una solicitud de financiación por cada proyecto de inversión por vía electrónica, a través de la página www.mpt.es
2. Las solicitudes, que se presentarán únicamente por los Alcaldes, Secretarios de la respectiva Corporación o personas autorizadas a tal efecto, irán dirigidas a las Subdelegaciones del Gobierno y, en el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, a las Delegaciones del Gobierno, conforme con el modelo de solicitud electrónica que se determine de acuerdo con la disposición final tercera.
1.º La denominación de la obra proyectada, una breve descripción de la misma, su ubicación geográfica en el término municipal y dirección concreta de la obra.
En el caso de los contratos de suministros o servicios previstos en el artículo 9.4 de este real decreto-ley, se incluirá la denominación de la inversión proyectada y una breve descripción de la misma.
2.º El presupuesto de la inversión proyectada y la fecha prevista de adjudicación de la obra. En dicho presupuesto deberán incluirse los gastos de redacción del proyecto y la dirección de obras, si van a ser objeto de contratación, y el importe y una breve descripción del contrato de suministro para el equipamiento de los edificios e instalaciones que sean objeto de dichos proyectos, si fuera procedente.
En relación con los contratos de suministros o servicios previstos en el artículo 9.4 del presente real decreto-ley, se especificará el presupuesto de la inversión proyectada y la fecha prevista de adjudicación.
1. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el plazo máximo de diez días desde su presentación, verificarán que las solicitudes de los proyectos de inversión cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y así lo comunicarán, de inmediato y por vía electrónica, al Secretario de Estado de Cooperación Territorial.
2. En el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la verificación de las solicitudes a que se refiere el apartado anterior, y, en todo caso, a partir del 1 de enero de 2010, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial dictará la resolución de autorización para la financiación de cada uno de los proyectos con indicación de los recursos que procedan, y ordenará su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial.
3. La Secretaría de Estado de Cooperación Territorial formulará las solicitudes de información que sean precisas, comunicándolo a los solicitantes por vía electrónica y a través de la aplicación informática, para, en su caso, completar la solicitud y la documentación que la acompaña.
1. Los Ayuntamientos comenzarán la licitación de las obras, y de los servicios y suministros previstos en el artículo 9.4 del presente real decreto-ley, antes de que transcurra el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial de la resolución de autorización del Secretario de Estado de Cooperación Territorial prevista en el artículo 13.2.
3. Recibido el certificado, la Dirección General de Cooperación Local verificará su contenido con las reglas del presente real decreto-ley y librará los recursos a favor del correspondiente Ayuntamiento por el 85 por ciento del importe de adjudicación de las obras, o de los servicios o suministros previstos en el artículo 9.4, y, en su caso, de los gastos de elaboración del proyecto y de la dirección de obra, incrementado con el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutible o impuesto asimilable según la disposición adicional decimosexta de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. En los supuestos en que concurran causas de fuerza mayor o imposibilidad material que impidan el cumplimiento de los plazos de licitación y la adjudicación, y que sean debidamente acreditadas por quien ostente las funciones de fe pública, podrán ampliarse, previa autorización de la Dirección General de Cooperación Local.
1. La fecha límite de ejecución de las obras, y de la adquisición de los servicios y suministros será el 31 de diciembre de 2010.
5. Una vez recibida la justificación, la Dirección General de Cooperación Local dará orden para que se libre la última remesa de fondos por la diferencia entre el importe de la provisión previa efectuada conforme al artículo 15.3 y el importe real de la obra ejecutada, a lo que se añadirá el importe de los suministros ligados a la misma recibidos, con el límite del presupuesto autorizado.
1. La contratación de las obras, de los suministros o de los servicios financiados con arreglo a este real decreto-ley tendrá la consideración de urgente a los efectos previstos en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicándose, además, las siguientes normas procedimentales:
Podrán financiarse con cargo al Fondo gastos corrientes de programas de actuación de naturaleza social en que incurran los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias durante 2010, y se encuentren contemplados o se incluyan en el presupuesto municipal correspondiente, de acuerdo con el procedimiento y los límites fijados en los artículos siguientes.
1. Los Ayuntamientos podrán obtener recursos del Fondo para financiar los programas de actuación a que se refiere el artículo anterior, hasta el importe máximo del 20 por ciento de la cantidad que para cada Ayuntamiento se determine en función de los criterios de reparto establecidos en el artículo 3.
3. Las solicitudes, que se presentarán únicamente por los Alcaldes, Secretarios de la respectiva Corporación o personas autorizadas a tal efecto, irán dirigidas a las Subdelegaciones del Gobierno y, en el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, a las Delegaciones del Gobierno, conforme con el modelo de solicitud electrónica que se determine de acuerdo con la disposición final tercera.
1. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el plazo máximo de diez días desde su presentación, verificarán que las solicitudes cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y así lo comunicarán, de inmediato y por vía electrónica, al Secretario de Estado de Cooperación Territorial.
2. En el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la verificación de las solicitudes a que se refiere el apartado anterior, y en todo caso a partir del 1 de enero de 2010, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial dictará la resolución de autorización para la financiación de cada uno de los programas de actuación con indicación de los recursos que procedan, y ordenará su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial.
3. Una vez publicada la resolución de autorización en la página web del Ministerio de Política Territorial, el Ayuntamiento presentará, por vía electrónica y a través de la página www.mpt.es un certificado del Secretario del Ayuntamiento en el que se acredite que el gasto autorizado se encuentra contemplado en el presupuesto del Ayuntamiento.
4. Recibido el certificado, la Dirección General de Cooperación Local verificará su contenido y librará los recursos a favor del correspondiente Ayuntamiento por el 85 por ciento del importe del programa de actuación.
5. Asimismo, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, en su caso, formulará las solicitudes de información que sean precisas, comunicándolo a los solicitantes por vía electrónica y a través de la aplicación informática, para, en su caso, completar la solicitud y la documentación que la acompaña.
1. La fecha límite para la realización de estas actuaciones es el 31 de diciembre de 2010.
5. Una vez recibida la justificación, la Dirección General de Cooperación Local dará orden para que se libre la última remesa de fondos por la diferencia entre el importe de la provisión previa efectuada conforme al artículo 20 y el importe real de los gastos realizados, con el límite de la financiación aprobada por la Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial.
1. A efectos de lo previsto en el presente real decreto-ley, sólo se computarán los contratos realizados o por realizar con los trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados.
1. Las mancomunidades de municipios reguladas en el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , podrán presentar proyectos de financiación hasta el importe máximo de la suma de las cantidades que, según el artículo 3.1, corresponde a cada uno de los Ayuntamientos que las integran siempre que no superen los límites establecidos para cada contrato en este real decreto-ley.
2. En los mismos términos que las Mancomunidades, las agrupaciones de dos o más municipios constituidas para el desarrollo y la ejecución de los proyectos contemplados en este real decreto-ley podrán presentar proyectos de financiación hasta el importe máximo de la suma de las cantidades que corresponde a cada uno de los Ayuntamientos que las integran.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las Diputaciones provinciales y los Consells Insulares y Cabildos Insulares prestarán asistencia y cooperación jurídica y técnica a los Municipios para la preparación y gestión de las solicitudes de financiación reguladas en este real decreto-ley.
Para facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes, en el plazo de quince días contados desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado elaborará y hará público un pliego tipo de cláusulas administrativas que los ayuntamientos interesados podrán utilizar para la preparación de la documentación necesaria para licitar y contratar las obras o suministros financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Asimismo, este pliego se hará público a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial.
En los proyectos de obras financiados con cargo al Fondo regulado en este real decreto-ley deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyenda «Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de España».
La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez hecha publica la relación a que se refiere el artículo 3.2 en la página web del departamento, facilitarán a los órganos competentes del Ministerio de Política Territorial los datos necesarios exclusivamente con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de las entidades locales solicitantes, con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria .
Las obligaciones correspondientes a gastos derivados de la gestión y comunicación institucional del Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local que se refiere el artículo 2.4 que se generen en 2009, podrán atenderse con cargo al Fondo con el límite previsto en dicho artículo.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias estatales previstas en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución.
La Sentencia TC (Sala Pleno) 150/2012, de 5 julio («B.O.E.» 30 julio) declara inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1, 2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de la citada Sentencia. Véase Res. 2 noviembre 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el R.D.-ley 13/2009, de 26 de octubre («B.O.E.» 3 noviembre).