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Timestamp: 2018-07-17 09:32:15
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ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.743/17
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “TOTALITY SRL Y OTROS C/ EL NUM. 4 DEL ART. 142° DE LA LEY N° 1328/98 DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXSOS”. AÑO: 2014 - N° 1881.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores ANTONIO FRETES, MIRYAM PEÑA CANDIA y MIGUEL O. BAJAC ALBERTINI, quien integra esta Sala por inhibición de la Doctora GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “TOTALITY SRL Y OTROS C/ EL NUM. 4 DEL ART. 142° DE LA LEY N° 1328/98 DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXSOS”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por los Abogados Manuel Riera Escudero, Sebastián Quevedo López y Patricia Del Puerto Bonin, en representación de las firmas Totality S.R.L.; Vía Augusta de María Luisa Doria; La Cuna S.A.; Ycua S.A.; Grupo Seven S.A.; Busa S.R.L.; Floyd S.A.; Dulce Compañia S.A.; Pinedo Inmobiliaria S.A.; Plur S.A.; La Isabella S.R.L.; Ferey S.R.L.; Red UTS Paraguay S.A.; Watusi S.A.; Triskel S.A.; G5 Pro S.A.; Velvet S.A.; Grupo 5 S.A.; Gea S.A.; Luichex S.A.; y, Estripe S.A..
A la cuestión planteada la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Se presentan ante esta Corte los abogados Manuel Riera Escudero, Sebastián Quevedo López y Patricia Del Puerto Bonin, en representación de las firmas 1) Totality S.R.L.; 2) Vía Augusta de María Luisa Doria; 3) La Cuna S.A.; 4) Ycua S.A.; 5) Grupo Seven S.A.; 6) Busa S.R.L.; 7) Floyd S.A.; 8) Dulce Compañia S.A.; 9) Pinedo Inmobiliaria S.A.; 10) Plur S.A.; 11) La Isabella S.R.L.; 12) Ferey S.R.L.; 13) Red UTS Paraguay S.A.; 14) Watusi S.A.; 15) Triskel S.A.; 16) G5 Pro S.A.; 17) Velvet S.A.; 18) Grupo 5 S.A.; 19) Gea S.A.; 20) Luichex S.A.; y, 21) Estripe S.A., a promover acción de inconstitucionalidad contra la Resolución S.G N.° 133 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO, REALIZADA BAJO EL RÉGIMEN ADUANERO DE DESPACHO SIMPLIFICADO PARA IMPORTACIONES MENORES”.
Los accionantes sostienen que la Ley N.° 1328/98, específicamente el numeral 4to del artículo 142, contraviene el orden de prelación establecido en la Constitución Nacional al contrariar el Convenio de Berna de 1886 (y sus enmiendas), la Convención de Roma de 1961 y el Tratado de la OMPI de 1996, todos estos ratificados por la República del Paraguay. Al respecto, refieren que: “(...) De las transcripciones anteriores resulta evidente que las únicas formas previstas por el Tratado para la obtención de “La remuneración equitativa por la explotación de los derechos de Autor y derechos conexos son: 1) La Concentración o el “acuerdo amigable” entre el autor/sociedad de gestión y los usuarios; o en defecto de ésta, 2) La fijación de tarifas por Autoridad Competente. El tratado en ningún caso faculta a las propias entidades digestión a reglar las tarifas de las cuales se beneficiará posteriormente. Sin embargo, en nuestro país, contraviniendo lo establecido en los tratados ratificados por el país, se dejó al arbitrio exclusivo de las entidades de gestión, cuando por regulación internacional (ratificada por nuestro país), están destinadas al ámbito de la contratación y en el último caso a la administración. La Ley 1328/98 debió prever -al igual que las legislaciones regionales- la concretació entre las partes o la fijación de aranceles por parte de la DINAPI (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual) y, de este modo, acatar lo dispuesto por una norma de mayor jerarquía(...)”. El Fiscal Adjunto, abogado Augusto Salas Coronel, conforme al Dictamen Fiscal N.° 299, de fecha 11 de marzo de 2015, recomienda rechazar la presente acción de inconstitucionalidad. Para el efecto, señalo que: “(...)el Convenio de Berna ha previsto en el artículo 11 bis 2., a la licencia obligatoria, la que no rige en nuestro país pues el derecho de comunicación de las obras, es ejercido por su titular de manera directa, o indirecta a través de las sociedades de gestión colectiva, por lo que dicha norma que conmina a fijar la tarifa por parte de la autoridad competente, no es aplicable al régimen normativo nacional. Consecuentemente, al no observarse vulneración de rango constitucional acerca del principio de jerarquía o supremacía constitucional previsto en el artículo 137, la acción planteada asi, deviene improcedente(..)”.
Lo primero que aparece como necesario dilucidar es la cuestión relativa a la legitimación de las firmas accionantes, para incoar la presente acción, cuestión que se relaciona íntimamente con un requisito esencial para la viabilidad de esta acción, esto es, la lesión concreta ocasionada al actor por la ley impugnada.
La calidad o legitimación para obrar es una condición que el juez debe examinar previamente a la “entrada en la pura sustancia del asunto”, en palabras de Carlos Eduardo Fenochietto; en otros términos, la legitimación activa es una condición que debe ser examinada previamente al análisis de la fundabilidad o mérito de la pretensión; vale decir, su procedencia o improcedencia en buen derecho. El carácter, la cualidad o la legitimación sustancial es una típica quaestio iuris, que el juez debe examinar con independencia de la actitud que puedan asumir las partes.
Así se tiene, en materia de control constitucional los argumentos y distinciones vertidos precedentemente se aplican plenamente: “...quien titulariza o cree titularizar un derecho o un interés legítimo, debe disponer procesalmente de legitimación para postularlo (sea que intervenga en el proceso como actor, como demandado, o como tercero) y para impetrar dicho control en resguardo del derecho o del interés propios, o lo que es lo mismo, para introducir en el proceso la cuestión constitucional que requiere control. Si del derecho personal o del interés legítimo propio descendemos a otras categorías -como la de los intereses difusos o colectivos- tenemos convicción personal afianzada en el sentido de que también hay que reconocer legitimación procesal a quien tiene parte ('su’ parte) en ese interés compartido por muchos o por todos, con lo que esa misma legitimación lo debe capacitar para promover el control, sea que él inicie el proceso como actor, sea que resulte demandado” (BIDART CAMPOS, Germán. 2001. Manual de la Constitución Reformada. Tomo I. Buenos Aires. Ediar. Pág. 364); "Determinar quién puede actuar en el proceso como parte adora (legitimación activa) y frente a quién puede actuar (legitimación pasiva) es una cuestión que, de alguna manera, exige ahondar en el derecho constitucional para averiguar varias cosas: entre ellas, la correspondencia del derecho que se hace valer con el sujeto que pretende hacerlo valer o, dicho en otros términos, la pertenencia o titularidad del derecho por parte de quien lo pretende en el proceso; también hay que ver si el sujeto ante quien se pretende hacer valer el derecho es el obligado a satisfacerlo con una prestación (de omisión, de dar, o de hacer), y si entre ambos sujetos existe una relación jurídica sustancial con el objeto del proceso” (BIDART CAMPOS, Germán. Ibidem. Págs. 512/513); “La holgura constitucional de la legitimación procesal va anexa a la primordial cuestión de reconocimiento y tutela de los derechos. De ello se desprende que similar y paralela holgura es imprescindible asimismo para otorgar legitimación procesal en orden a la articulación y propuesta de las cuestiones constitucionales o, lo que es lo mismo, en orden a la capacidad para promover el control constitucional” (BIDART CAMPOS, Germán, Ibidem. Pág. 513).
En ese sentido, la legitimación activa de quien pretende la inaplicabilidad de una ley se relaciona íntimamente con la lesión concreta que le produce esa norma, pues, evidentemente, quien impugna un acto normativo, debe verse directamente afectado por el. Es por eso que el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad requiere que quien lo intente tenga un interés en su declaración, por sentirse lesionado como consecuencia de la aplicación de una norma o del dictado de una resolución que viole los principios o normas de rango constitucional. Es así que está legitimada para promover acción de inconstitucionalidad la persona agraviada en sus derechos, derechos que, deben estar tutelados por el derecho objetivo.
Este pensamiento jurídico ha sido adoptado por esta Sala Constitucional, en varias oportunidades: “...la confrontación de la norma objeto de impugnación y la norma constitucional debe estar relacionada con los derechos de una 'persona especifica' ya que la inconstitucionalidad no opera por si misma, ni es facultad de esta Sala Constitucional declararla sin afectación o legitimidad. Todo ello, en razón de que el efecto que genera la declaración de inconstitucionalidad de una norma es siempre preciso, especifico y subjetivo, con lo cual la mera discordancia de una norma determinada con una norma constitucional, no puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad de esta o aquella, en forma general, en razón de que tal acto derivaría en un caos jurídico y una desvirtuación de la naturaleza en cuanto a la atribución de la Sala Constitucional dispuesta en el art. 260° inc. 1) de la Constitución Nacional (...) la impugnación por la vía de la inconstitucionalidad de una norma, debe plantearse haciendo un análisis y aportando argumentaciones consistentes en relación con la afectación o lesión directa, concreta o visible derivada de la aplicación de la misma, ya que por medio de esta vía legal y de efecto concreto se intenta depurar el ordenamiento jurídico, logrando la ecuanimidad y el equilibrio en el impacto de aplicación de las normas a la sociedad” (Acuerdo y Sentencia N° 836, Sala Constitucional, 22/09/2005); “...el titular del derecho lesionado debe demostrar de manera fehaciente su legitimación para la promoción de la acción, puesto que la declaración inconstitucionalidad es siempre para el caso concreto, por tanto el interés de los accionantes debe surgir de manera clara, y constituye un requisito habilitante necesario la demostración del gravamen o perjuicio que afecta a ese interés; ese gravamen debe ser concreto, efectivo, actual, e irreparable porque de otro modo no existiría una relación directa que amerite el estudio de la cuestión introducida en la presente acción.” (Acuerdo y Sentencia N° 91, Sala Constitucional, 14/03/2005); “...de la lectura del escrito inicial de la presente acción surge la omisión por parte del recurrente de acreditar su legitimación para la promoción de esta acción, pues ha obviado demostrar el agravio concreto que le ocasiona la aplicación de la ley impugnada y ha omitido señalar el derecho afectado, generando así la improcedencia de esta acción. Para que se configure una cuestión justiciable por parte de esta Sala, el accionante debe necesariamente demostrar la lesión concreta y el derecho que sostenga haberse infringido, la ausencia de tales presupuestos convierte en abstracto cualquier pronunciamiento al respecto, donde la decisión de esta Sala sobre el fondo de la cuestión se tomaría inoficiosa, resolviendo sobre casos hipotéticos y no sobre colisión de derechos de rango constitucional..." (Acuerdo y Sentencia N° 77, Sala Constitucional, 23/02/2017).
Los criterios traídos a colación son el reflejo del sistema de control constitucional paraguayo, que exige la vulneración de una situación jurídica subjetiva pana acceder al control de constitucionalidad de una ley. A diferencia de otros sistemas, el nuestro solamente confiere el recurso de inconstitucionalidad a las personas que resulten lesionadas en sus intereses en el marco de un caso concreto, de ahí a que se lo conozca como “control concreto”. El control concreto se da entonces para proteger situaciones jurídicas subjetivas concretas y da al individuo un recurso directo para proteger dicha vulneración.
Aquí debemos señalar que, analizadas las constancias de autos, no se observa ningún elemento que pruebe el perjuicio concreto y actual que le provocaría la norma impugnada, lo cual, conforme lo dicho, redunda en su falta de legitimación activa. En efecto, en este caso, son personas físicas o jurídicas que reproduzcan tales obras o producciones, destinatarios de la norma, quienes se verían afectados por el acto normativo en cuestión. Empero, ellos no han acreditado tal calidad, pues, no se aprecia de las documentales acompañadas que las firmas accionantes sean sujetos de aplicación. Los accionantes no pueden pretender que la Sala Constitucional actúe como un legislador negativo, y ejerza un control “abstracto” sobre la constitucionalidad del Art. 142, numeral 4 de la Ley N.° 1328/1998 puesto que dicha facultad no se encuentra contemplada en nuestro sistema constitucional.
De todo lo expuesto, surge que los accionantes fundaron la demanda en intereses futuros, e invocaron agravios hipotéticos o eventuales. Así las cosas, los accionantes no acreditaron la legitimación activa, al no demostrar un agravio concreto, real y cierto.
Como cuestión de fondo:
No obstante, a los efectos de no limitar nuestro pronunciamiento a una cuestión más bien formal, me permito abordar la cuestión de fondo a fin de brindar una respuesta más completa y satisfactoria los justiciables.
Así la cuestión, se impone verificar si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la Ley N.° 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, específicamente en su artículo 142 numeral 4, y el texto de la Constitución Nacional en su artículo 137 “De la Supremacía de la Constitución”, ésto es la razón de la acción.
Tenemos, por un lado, lo dispuesto por el artículo 142, numeral 4, de la Ley N.° 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, que dispone: "Las entidades de gestión están obligadas a: fijar aranceles justos y equitativos que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la República”. Por otro lado, el artículo 11 bis del Convenio de Berna, con las enmiendas de 1979 y ratificado por el Paraguay por Ley N.° 247/70, sostiene que: “7. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida; 2. Licencias obligatorias; 3. Grabación: grabaciones. Esto es así para satisfacer necesidades sociales inminentes, sean culturales o educativas. Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que los haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente” (Negritas y subrayado son mías).
En ese sentido, entienden los accionantes que los aranceles se deberían fijar, primeramente, por un acuerdo amistoso o, ante la falta de éste, por autoridad competente; o sea, por medio de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Así sostienen que, el incumplimiento de lo dispuesto en un Convenio Internacional (Convenio de Berna, ratificado por Ley Nacional) por parte de una ley ordinaria, como lo es la Ley N.° 1328/98, colisiona con el artículo 137 de la Constitución Nacional.
Este razonamiento tiene asidero en el caso del régimen de “Licencias Obligatorias”, cual es una excepción al derecho patrimonial exclusivo del autor. Tal excepción o limitación autoriza, o ley mediante, a que un tercero pueda realizar — prescindiendo de la autorización del titular del derecho - la explotación de la obra o producción del titular del derecho previo pago consensuado o establecido; vale decir, en ocasiones excepcionales se concede a favor del usuario una licencia pero sin perjuicio de que deba pagar una remuneración a favor del autor, y esta remuneración - según el Convenio de Berna - debe ser fijada de común acuerdo entre el autor y quien ha conseguido la licencia, o fijada por la misma autoridad competente.
Esta excepción a la regla de los derechos patrimoniales o económicos del autor pueden resumirse, a decir de Flavio Arosemena, en la facultad exclusiva de autorizar cualquier forma de explotación sobre su obra en particular pero no limitado a los siguientes actos: a) reproducción; b) distribución; c) transformación; d) importación; y, e) comunicación pública (Arosemena, 2011, pág. 36).
Además, haciendo una operación lógica mental se puede arribar a idéntica conclusión; pues, si la obra o producción va a ser sometida a reproducción en contra de la voluntad del autor o titular debe - necesariamente - establecerse el canon de forma imparcial asegurando el derecho a una remuneración equitativa, por una parte, y el acceso efectivo a la obra o producción para la población, por otra. Pero esta situación excepcional no se da cuando el uso de la obra es libre, o sea con voluntad del autor o titular para la reproducción, pero sometido al pago de una contraprestración establecido por el propio autor o titular o, según sea el caso, por entidades de gestión, encargadas - entre otras cosas - de la recaudación y distribución del canon entre sus asociados.
Pero, no obstante todo ello, conforme al régimen seguido por el artículo 142, numeral 4, de la Ley N.° 1328/98 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, o sea el régimen de “Derechos de Remuneración”, el productor garantiza para sí las prerrogativas necesarias para la explotación de su obra o producción sin tener que recurrir al acuerdo amistoso o a la autoridad competente para la fijación de la contraprestación, tal como pretenden los accionantes, pues, no se trata de “Licencias Obligatorias”.
En consecuencia, por un lado, ante la ausencia de demostración de un requisito de admisibilidad, cual es la legitimación activa, y, por otro, no apreciándose vulneración de principios, derechos ni garantías de rango constitucional corresponde rechazar la presente acción de inconstitucionalidad. Es mi voto.
A su turno los Doctores FRETES y BAJAC ALBERTINI, manifestaron que se adhieren al voto de la Ministra preopinante, Doctora PEÑA CANDIA, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 11 de diciembre de 2.017
Julio C. Pavón. Secretario