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Timestamp: 2018-03-20 00:18:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 75', 'artículo 140', 'Artículo 1', 'artículo 140', 'artículo 140', 'Artículo 140', 'Artículo 2', 'artículo 140', 'artículo 229', 'artículo 140', 'artículo 78', 'artículo\n118', 'artículo 118']

Proyecto de Ley n° 164/2006-crque propone modificar el artículo
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Proyecto de Ley N° 164/2006-CR
140 de la Constitución
que propone modificar el artículo
Presentado por el grupo parlamentario Unidad Nacional
el 11 de setiembre 2006
El Grupo Parlamentario Unidad Nacional, a iniciativa de la congresista Lourdes Alcorta Suero, en ejercicio del derecho a iniciativa legislativa previsto en el
artículo 107° de la Constitución Política del Estado y conforme al artículo 75°
del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente Proyecto de
Ley que propone modificar el artículo 140 de la Constitución Política del
Artículo 1°.- Modificación del artículo 140° de la Constitución
Modifícase el artículo 140° de la Constitución Política del Perú en los
«Artículo 140.- La pena de muerte solo puede aplicarse por delitos de
traición a la patria en caso de guerra, terrorismo, violación de la libertad
sexual de menores de nueve años y de discapacitados físicos y mentales, así
como de mayores de nueve y menores de dieciocho años siempre que se
cause la muerte de la victima, conforme a las leyes y a los tratados de los
que el Perú esparte obligada».
Artículo 2°. Acciones del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo realizará las acciones que correspondan para la aplicación
efectiva de lo dispuesto en el artículo 140° de la Constitución Política del
Lima, septiembre de 2006.
La pena de muerte o pena capital es la sanción más antigua y más grave que puede
imponerse a un criminal convicto y confeso; por ello su implantación en el ordenamiento jurídico penal de un Estado produce una gran polémica y discusión,
particularmente frente a la doctrina de protección de los derechos humanos.
La pena capital se conoce, en todas las culturas y con distintas variantes, desde
los primeros tiempos de la humanidad. Los hebreos dejaron testimonio de la existencia de esta sanción. El Código de Hammurabi (1750 a.C.) reconocía la pena
capital para veinticinco delitos dentro de los de carácter sexual. En la antigua
Grecia, Platón consideró la pena de muerte como medio político para eliminar
de la sociedad a elementos nocivos y perniciosos. En Roma, el delito de traición
a la patria (perduellio) fue castigado con la pena de muerte. En las XII Tablas,
texto legal elaborado en el año 451 a.C. que contenía las normas para regular la
convivencia del pueblo romano, se previo la pena de muerte para otros delitos
como el homicidio y el parricidio.
Santo Tomás de Aquino considera no solo posible sino necesaria legitimar la
pena de muerte en la ley natural. Afirmaba que cuando un hombre cometía un
crimen se despojaba de su dignidad personal. El hombre, al pecar (mal moral), se
separa del orden de la razón, y por ello decae en su dignidad, hundiéndose en la
esclavitud de las bestias. El hombre malo es peor que una bestia, causa más daño.
En su obra La suma teológica Santo Tomás sostiene que de la misma manera
que es conveniente y lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud
del resto del cuerpo, de la misma manera lo es eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad. Asimismo, en la Suma
contra los Gentiles precisa que el bien común es mejor que el bien particular el
cual solo ha de sacrificarse para conservar el bien común. Pero la vida de algunos
hombres perniciosos impide el bien aún, que es la concordia de la sociedad humana. Luego tales hombres han de ser apartados de la sociedad mediante la muerte
para que la paz no se altere.
Posteriormente, si bien el cristianismo sentó las bases de las corrientes abolicionistas de hoy, la pena capital se afianzó durante la edad media, especialmente
en los siglos XVI y XVII. El debate en tomo a la aplicación de la pena capital, se
inició a mediados del siglo XVIII y perdura hasta nuestros días.
Actualmente, encontramos países retencionistas cuya legislación recoge la pena
capital y países abolicionistas que la han suprimido, en esta categoría ubicamos:
(a) países que han eliminado la pena de muerte para todos los delitos (86 países),
(b) países que la han abolido para los delitos comunes y los mantienen para delitos excepcionales como son los cometidos en tiempo de guerra (11 países) y (c)
los abolicionistas de hecho aquellos que consagrándola en su ordenamiento no la
han aplicado en los últimos 10 años o más (25 países). A la fecha, encontramos
76 países retencionistas frente a 122 países abolicionistas.
Véase Ahumada Duran 2000: 127 ss.
Datos obtenidos en: web.amnesty.org o www.amnistiainternacional.org
A pesar del esfuerzo de los abolicionistas, cuyos resultados como vemos no son absolutos, en los últimos años está creciendo una fuerte corriente de opinión en favor de la
aplicación de la pena de muerte como respuesta de la sociedad ante la alarmante proliferación de violadores de niños (v.g., Argentina, México, Guatemala, España, Escocia).
La violación sexual de niños y adolescentes, constituye la más abominable y
extrema forma de vulneración de derechos. Quienes atacan a niños despojándolos
de su inocencia y del derecho de vivir su infancia con felicidad y tranquilidad,
no pueden ser llamados seres humanos. Se convierten en monstruos, en animales
predadores tras su presa: niños que no tienen capacidad de defensa ni de reacción frente al violador quien actúa utilizando su fuerza física, en otras ocasiones
simulando cariño y afecto, abusando de su posición dominante y de autoridad, o
infundiendo en ellos gran terror y pánico con amenazas y. amedrentamientos.
Los violadores son criminales pervertidos, depravados y crueles que abusan
de seres indefensos y actúan con premeditación, alevosía y ventaja causando profundas cicatrices, daños irreparables y perennes, en el cuerpo y en el alma de los
niños violados que, de sobrevivir al ataque sexual, se convierten en desbastadores.
Con el transcurso del tiempo el impacto en los niños y adolescentes víctimas de
violación puede devenir en e! suicidio.
Las repercusiones de la violación sexual contra niños y adolescentes se extienden a todos los niveles de su desarrollo personal y familiar, así como en su salud
física (embarazos no leseados, abortos clandestinos, enfermedades de transmisión
sexual como el VIH, lesiones ginecológicas y anales graves, excoriaciones, hemorragias) y en su salud psíquica (miedo ofundo, vulnerabilidad, depresión, baja
autoestima, uso de drogas, fobias), sin olvidar et ‘rotundas cicatrices que quedan
perennes en el alma de estos niños indefensos.
Las agresiones sexuales como tocamientos, sexo oral o interfemoral, la penetración vaginal, anal o digital o la introducción de objetos extraños (botellas,
tubos, palos) contra niños y adolescentes, son las más profanas y brutales crímenes que pueden existir, el violador atenta contra seres que no se encuentran en
condiciones de comprender lo que les esta sucediendo, particularmente los más
pequeños quienes no saben cómo contarlo. Muchos de ellos apenas hablan, balbucean palabras y no pueden expresar lo que les ocurrió.
La violación de niños y adolescentes puede ocurrir en el seno familiar (el padre, padrastro, hermano u otro pariente), por alguien cercano a la familia (amigo,
vecino, un maestro o quien lo cuida) o puede ser cometida por un extraño.
Nada nos resulta más aberrante que la violación de un niño más aún si el violador es un familiar persona que, en lugar de brindarle al menor seguridad y confianza, lo desgracia y marca para toda su vida. En el caso de niños de 5 años o más,
tratándose de familiares, el menor se encuentran atrapado entre el afecto, la lealtad
y el odio hacia el violador, siente vergüenza frente a los demás miembros de la familia
y el temor a que se desintegre «su familia» si se conoce el terrible secreto que oculta:
haber sido violado por su propio padre, su hermano, su padrastro o un primo.
En nuestro país, es espeluznante el incremento del número de violaciones perpetradas contra niños y niñas, en muchos casos seguidos de muerte. No hay día
que los medios de comunicación no presenten casos sobre niños y adolescentes
víctimas de violación. En algunos casos el violador resulta ser su propio padre, un
tío, hermano o primo.
Podríamos citar muchos casos emblemáticos, pero bastará uno para graficar
el horror y la monstruosidad que significa una violación infantil. En el artículo
«Seguridad, ¿Criminales o enfermos mentales?» publicado en la revista Caretas en
su edición del 10 de agosto de 2006, se cita:
«Cuando los miembros del Serenazgo de Huancayo, alertados por vecinos, llegaron
al cuarto que Carlos Béjar Mondaca alquilaba encontraron un cuadro extraño y
aterrador: en el colchón del sujeto yacía inerme el cuerpo de una jovencita de 13
años de edad, desnuda, con pies y manos alados con cinta de embalaje, y amarrada
con un pasador a su asesino».
«En la dependencia policial el sujeto explicó lo que dijo ser un accidente:
«Forcejeamos, por eso la estrangulé y la desvestí, pero no quise asesinarla, solo
violarla». Béjar continuó asegurando que «cuando llegó el Serenazgo ya había
decidido dejarla ir. Creía que estaba viva. Iba a ofrecerle dinero y regalarle una
grabadora para que no diga nada».
«Pero Mayumi nunca pudo hablar. Además, faltaba otro detalle macabro: bajo
el piso de esa misma guarida fue encontrado el cadáver de otra niña, igualmente
ultrajada. De ella solo se sabe su primer nombre: Tachira».
«No era la primera vez que cometía estos crímenes. En 1993, cuando prestaba
servicio militar en la Base Contrasubversiva de Chanchamayo, Béjar violó por lo
menos a 18 nativas. «Las amarrábamos y abusábamos de ellas. Es que siempre se
negaban», dijo en abril a la Policía. Sus superiores, al enterarse de estos hechos, lo
expulsaron y lo mandaron al penal de Huamancaca. Pero de allí Béjar salió con
compulsiones predatorias aun más feroces».
«En 1995, estando fuera de prisión, fue detenido por ultrajar a otra adolescente.
Regresó al penal pero fue puesto en libertad dos años después, por beneficios
penitenciarios».
«Béjar es un tipo de monstruo que asola nuestro país».
«Hace un par de semanas en La Oroya, otra criatura fue ultrajada y muerta.
Abigaíl, R.M tenía solo dos años, pero fue secuestrada por su vecino David S. T,
de 16, quien no solo la violó sino que le rompió el cuello. Luego metió su cuerpo
en un costal y lo arrojó en una calle. Cuatro días después, David fue detenido por
la Policía».
Este caso como otros tantísimos que se presentan a cada instante.
Ante estas monstruosas violaciones de pequeños indefensos nos preguntamos
¿Cómo podemos calificar de «ser humano» a los violadores de niños y adolescentes, seres degradados y pervertidos que abusan de menores para satisfacer sus
bajos instintos? ¿Podemos reconocerles derechos humanos a los violadores que
por su pervertido, cruel y depravado accionar pierden toda dignidad y actúan
como animales salvajes? No podemos permanecer indiferentes y con las manos
cruzadas. Es hora que hagamos algo. Debemos empezar por reconocer que las
niñas, los niños y adolescentes, tienen derechos los que necesitan ser protegidos,
reivindicados y respetados. Su bienestar esta puesto en nuestras manos. No permitamos que pierdan su inocencia y sus esperanzas por una sociedad mejor. Ellos
aún confían en nosotros.
Según el informe sobre «Maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes» que consigna datos estadísticos de los Centros Emergencia Mujer a cargo
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social obtenidos entre enero de 2002 y
junio de 2003, los centros en referencia atendieron un total de 7.011 denuncias
de niños, niñas y adolescentes. Cada víctima puede reportar uno o más tipos de
violencia (sexual + psicológica). En el año 2005, registraron un total de 2.150
víctimas entre 0 y 17 años.
De los 7.011 casos 1.668 víctimas fueron atendidas por violencia sexual. Las
víctimas pueden reportar más de un tipo de agresión.
Grupo de Edad - Sexo de la Víctima
Los casos de abuso sexual están presentes en los tres grupos, con mayor incidencia
en el de adolescentes de sexo femenino (97%). De los casos atendidos las niñas
representan un 90% de las víctimas. En el rango de 0 a 5 años, las niñas doblan
en número a los niños. En el grupo de 6 a 11 años hay 4 mujeres por cada varón.
Véase: www.mimdes.gob.pe
Entre las víctimas de 12 a 17 años, por cada víctima de sexo masculino hay 27
Conforme se aprecia en el siguiente cuadro, de las víctimas por violencia
sexual, la violación tiene la mayor incidencia, en especial entre los adolescentes
del sexo femenino, seguida de los tocamientos, acoso y seducción.
Grujo de Edad - Sexo de la Victima
Sexo interfemoral
Actos compelidos
El 49% de los casos de violencia sexual en niños entre 0 a 11 años, los agresores
son personas que no tienen vínculo familiar con la víctima (amigos, vecinos o
extraños), seguido del padre o padrastro de la victima. También se encuentran
otros familiares como s, hermanos, primos.
Tratándose de adolescentes, predomina el abuso encubierto donde el agresor
es mayoritariamente un familiar, mientras el resto de las víctimas sindican a persona conocida (no familiar) o desconocida. En este grupo, predomina el abuso
incestuoso padre–hija frente al de padre–hijo. El padrastro ha sido reportado en
el 7.7% de los casos de víctimas adolescentes. Las víctimas femeninas son mayo284
ritarias. Se indica que 6 de cada 10 embarazos en niñas entre 11 y 14 años son
producto de incesto o violación.
Según información de los Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, entre enero a junio del año en curso atendieron 1.053 casos de
abuso sexual contra niños y adolescentes en todo el país. Lima ha sido la zona de
mayor incidencia con 305 denuncias reportadas habiéndose atendido 63 casos en
el Cercado de Lima, 53 en Villa El Salvador, 46 en Comas, San Luis y San Juan de
Lurigancho registran 36 casos, San Juan de Miraflores 25 y Santiago de Surco 23.
En provincias el mayor número de agresiones sexuales se reportaron en San
Martín con 63 casos, Tacna con 53, Ucayali 50, Arequipa 48, Junín 46 y Loreto
con 40 casos. Los casos de violación de menores seguida de muerte se ha incrementado de 12 casos en el año 2005, a 23 casos en lo que va del presente año.
Cabe indicar que los delitos de violación sexual son los que más cifras negras
ocultan, por lo que las cifras expuestas no reflejan la verdadera magnitud del problema. De allí que el número de victimas sea muy superior al registrado debido,
además a que estos delitos no se denuncian sea por desconocimiento de los canales y lugares a los que se debe acudir, por temor a la estigmatización y condena
por parte de la sociedad y de la propia familia.
Estas cifras que reflejan la proliferación de los delitos de violación de niños y
adolescentes, generan indignación e inseguridad en la sociedad que clama justicia
y exige una intervención efectiva por parte del Estado, no solo para prevenir estos
delitos sino mano dura para castigar a los violadores de víctimas indefensas como
son los niños y niñas y adolescentes, más aún si les ocasionan la muerte. Las últimas encuestas muestran que el 82% de la población se encuentran a favor de la
Es lamentable que frente a la proliferación de violaciones de niños y adolescentes indefensos, juristas y defensores de los derechos humanos, desoyendo el
clamor de la sociedad, alcen sus voces preocupados ¡porque consideran que restituir la pena de muerte para los violadores significaría renunciar al Pacto de San
José de Costa Rica! Es inconcebible que solo reconozcan y se preocupen por los
supuestos «derechos humanos» de los violadores, seres abominables, execrables y
monstruosos que no merecen vivir. ¿Por qué no se preocupan y defienden los derechos humanos de los niños y adolescentes violados? ¿En qué sociedad vivimos?
Información publicada en el diario Perú21 del 9 de agosto de 2006 (wwvv.peru21.com/P21
Online/html/2006-08-09/OnP2Portada0555987.html).
Véase Tejada, Caretas del l° de agosto de 2006.
Encuesta elaborada por APOYO, publicada en el diario «El Comercio» del domingo 13 de
El Pacto de San José de Costa Rica fue ratificado por nuestro país el 28 de julio
de 1978 durante la vigencia de la Constitución de 1933 que permitía la aplicación
de la pena de muerte para todos los casos previstos por Ley. En este contexto, se
expidieron normas que sancionaban la violación de menores con la pena capital. Así
encontramos la Ley N° 12341 que modificó el artículo 229 del Código Penal imponiendo la pena de muerte para quienes caso de rapto ocasionaran lesiones al menor
y como consecuencia de ello falleciera. Por ‘u parte, el Decreto Ley Nº 17388,
impuso la pena de muerte para quienes rapten y atenten ‘contra el honor sexual de
menores de 7 años. Igualmente, el Decreto Ley N° 18968 que modificó los artículos 151 y 152 del Código Penal, estableció la pena capital para los casos de traición
a la patria, homicidio como consecuencia de rapto y sustracción de menores.
Finalmente, el Decreto Ley Nº 20583 del 9 de abril de 1974 implantó la pena
de muerte para quienes hicieran sufrir el acto sexual o análogo a un menor de 7
Por su parte, las Cartas Magnas de 1979 y 1993 restringieron la aplicación de la
pena capital para los casos de traición a la patria en caso de guerra exterior (1979)
y para terrorismo (1993), eliminando cualquier otro supuesto. Lógicamente, los
constituyentes de aquel entonces no pudieron ni siquiera imaginar el incremento
espeluznante y escalofriante de las violaciones de niños y adolescentes, tal como
se conocen el día de hoy. Nos encontramos ante una realidad totalmente distinta donde la violación de menores de edad ha llegado ha límites sorprendentes.
Como señaló la primera dama Pilar Nores de García en declaraciones en CPN
Radio «La violencia sexual se ha convertido en deporte nacional».
La violación sexual contra niños y adolescentes, es uno de los más atroces
y graves crímenes que alguien puede cometer ante los ojos de Dios y ante la
sociedad. La sociedad no puede permanecer impávida, debemos demostrar la suficiente madurez para enfrentar el desborde de violaciones que se cometen contra menores de edad. Es evidente que nuestra sociedad ha sido excesivamente
contemplativa y hemos permitido que las violaciones de niños y adolescentes se
hayan incrementado sin hacer nada por contrarrestarlas. No cabe duda, es un delito que debe ser encarado con decisión y firmeza. Por ello, recogiendo el clamor
social y su voz de protesta, resulta necesario reimplantar la pena capital como
justo y legitimo castigo para los violadores de niños y adolescentes.
La pena de muerte representa un medio con el que cuenta el Estado para preservar la estabilidad social, es un mecanismo de legítima defensa de la sociedad particularmente ante la alarmante proliferación de pervertidos y depravados violadores
de menores de edad c incapaces, seres indefensos que no pueden defenderse de
Citado en el diario La República del 1 de agosto de 2006.
tan peligrosos y crueles predadores sexuales que comenten sus execrables delitos
con premeditación, alevosía y ventaja, sin que medie factor atenuante, pues los
niños e incapaces son seres inocentes que no tienen capacidad de defensa ni reacción. Nos encontramos ante criminales incorregibles c irredimibles que delinquirán nuevamente a la primera oportunidad que se les presente y cualquiera de
nuestros hijos o hijas podría ser su próxima víctima.
Las normas de derechos humanos no prohíben el empleo de la pena de muerte como sanción por un crimen, promueven su abolición e intentan reducir su
aplicación, y de ser el caso proponen ciertos límites como su aplicación a delitos
gravísimos. Nos preguntamos, ¿qué delito puede ser más grave que la violación de
un niño o adolescente indefenso?
Ante la intención abolicionista de los grupos de derechos humanos que abogan por los derechos del violador, nos preguntamos ¿quiénes abogan y defienden
los derechos humanos de los niños y adolescentes víctimas de tan monstruosos
crímenes?, ¿Que sucede con los niños y adolescentes violados y con sus familiares?, ¿Quiénes se preocupan por ellos?, ¿Quiénes protegen a los niños y adolescentes violados?, ¿No es una obligación del Estado proteger y garantizar la seguridad
de potenciales niños y adolescentes que pueden ser víctimas de los violadores? Los
congresistas ¿Para quiénes legislamos?, ¿Para los millones de peruanos y peruanas,
según nuestra realidad e idiosincrasia o de espaldas a ellos, según los cánones que
imponga la comunidad internacional?, ¿Podemos decirles a los niños y adolescentes violados que perdonen al violador pues les llegará la justicia divina?
Resulta paradójico que los juristas y defensores de los derechos humanos defiendan a los violadores de niños y adolescentes so pretexto de la existencia de
tratados internacionales sobre derechos humanos, pero ¿quién defiende los derechos humanos de los niños y adolescentes violados? ¿No es una de las principales
responsabilidades de la sociedad y del Estado?
La realidad actual y lo que nos espera en el futuro como sociedad es desconcertante. Debemos decirles a nuestros hijos que la próxima generación de violadores
provendrá de esta generación o por el contrario debemos actuar apropiadamente
para atacar el problema de raíz y asegurarles un mañana mejor.
En suma, estos depravados violadores de niños y adolescentes no merecen
vivir. La pena capital se convierte en justa y necesaria y constituye un medio de
legítima defensa para la sociedad que la utiliza como un medio de conservación.
La pena de muerte se aplicará a estos mal nacidos violadores de menores, sujetos
excepcionalmente peligrosos y nocivos que aún estando en prisión resulta en vano
intentar corregir. El tema no es si la pena capital es disuasiva o no. Su imposición
es el justo castigo que la sociedad impone a estos desgraciados violadores. Si más
adelante es disuasiva, en buena hora.
Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional
Al aprobarse la iniciativa se modificaría el artículo 140° de la Constitución Política del Perú y se ampliaría la aplicación de la pena de muerte a los delitos de
violación de la libertad sexual contra menores de nueve años y de discapacitados
físicos y mentales, así como de mayores de nueve y menores de dieciocho años
siempre que se cause la muerte de la víctima
En concordancia, y en consecuencia, el Poder Ejecutivo luego de promulgar la
ley, deberá proponer al Congreso de la República la denuncia de la Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica aprobada
por Decreto Ley Nº 22231 del 11 de julio de 1978, ratificada por instrumento
del 12 de julio de 1978, depositado el 28 julio de 1978, vigente para el Perú desde
el 28 de julio de 1978.
La denuncia deberá efectuarla al amparo de lo dispuesto en el artículo 78
del Pacto que prescribe que los Estados Partes pueden denunciar la Convención
después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada
en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario
General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. En todo caso,
la denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado de las obligaciones contenidas
en la Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una
violación de esas obligaciones, haya sido cumplido con anteriormente a la fecha
en la cual la denuncia produce efecto.
El empleo de la pena de muerte en casos justificados es una manera de proteger
la vida de los cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en la medida que
cualquiera de ellos es una potencial víctima, inclusive alguno de nuestros propios
hijos. Es el justo castigo que la sociedad impone a monstruos depravados que
actúan con alevosía y premeditación abusando de seres inocentes e indefensos.
Nos encontramos ante seres que son irrecuperables e irredimibles a! estar desprovistos de todo sentido moral al demostrar su total menosprecio por la vida,
por lo que resulta en vano cualquier tipo de rehabilitación.
La pena de muerte tiene carácter definitivo frente a un sujeto incorregible que
posee un elevado potencial delictivo. Su aplicación solo corresponderá al Estado, a
través de las instancias competentes, después de haber seguido contra el delincuente un
procedimiento imparcial, rodeado de todas las garantías de un debido proceso, durante
el cual podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, agotando todos los recursos
legales que la ley le franquea para demostrar su inocencia. No se producirán errores
judiciales, máxime con las pruebas científicas —como por ejemplo el ADN— que
resultan irrefutables o la existencia de testigos presénciales que sumados al testimonio de la victima e incluso a la confesión del violador acreditarán la culpabilidad del
violador procesado. A diferencia de la víctima que por el accionar agresivo, injusto
y violento del delincuente no tuvo la oportunidad de defenderse, máxime si se trate
de menores de edad o discapacitados. Incluso, conforme al numeral 21 del artículo
118 de la Constitución de 1993, el Presidente de la República podrá concederle al
condenado la conmutación de la pena.
El tema no es que la pena de muerte sea o no disuasiva. Su imposición es el
justo castigo que la sociedad impone a estos desgraciados violadores. Si más adelante es disuasiva, en buena hora. Los violadores son delincuentes que jamás van
a reinsertarse en la sociedad, son predadores en busca de su presa: niños y niñas,
adolescentes o discapacitados indefensos.
En consecuencia, al ser imposible rehabilitar a los violadores, el mantenerlos
de por vida en n establecimiento penitenciario, el darles tratamiento psiquiátrico
y un trato humano y digno, es un mayor costo que beneficio para el Estado.
Pensar en la castración química además de ser sumamente onerosa teniendo
en cuenta que el costo de los medicamentos que deberían ser aplicados de por
vida a los condenados oscila entre 150 y 200 dólares americanos mensuales, bastaría que se deje de aplicar la droga para que los depravados instintos sexuales
vuelvan a surgir. Por su parte, la castración quirúrgica tampoco es la solución,
pues el problema de los violadores se encuentra en el cerebro y no en los órganos
sexuales de allí que pueden saciar sus bajos los cánones que imponga la comunidad internacional?, ¿Podemos decirles a los niños y adolescentes violados que
perdonen al violador pues les llegará la justicia divina?.
Véase Tejada en Caretas del 10 de agosto de 2006.
Definitivamente, si bien la propuesta legislativa no resulta agradable tanto por
el tema de la violación como por la aplicación de la pena de muerte, esta ya fue
presentada, continuará su proceso y la decisión final de su aprobación corresponderá al Pleno del Congreso. No obstante, resulta vital, indispensable e impostergable iniciar una campaña educativa de carácter racional, didáctica, clara y
directa, donde el apoyo de los medios de comunicación es fundamental.
El principal público de esta campaña educativa son los niños, las niñas y
adolescentes, potenciales víctimas de una violación, a quienes con un lenguaje
adecuado que pueda ser entendido por ellos debemos enseñarles, con mensajes
claros, que nunca deben acercarse a extraños y si los coge algún extraño indicarles
que deben gritar, que nadie puede tocar su cuerpo sin el permiso de su mamá,
denunciar a quienes con engaños quieren acercarse a ellos, enamorarlos, etc. Debemos apelar a lo más profundo del corazón de los padres, los vecinos y maestros,
quienes tienen el deber y la obligación de prevenir y alertar, en términos claros, a
los niños, las niñas y adolescentes sobre estos peligros.
Esto es fundamental porque la experiencia demuestra que los niños alertados
sobre la posibilidad de ser atacados sexualmente están mejor preparados para protegerse de ello que los que no son conscientes de dicho peligro. Además, tendrán
más probabilidades de revelar un incidente que los niños que solo reconocen
vagamente lo que les ha ocurrido.
A ello se suma, la obligación de los padres de crear un ambiente adecuado
que permita a los niños comunicarse y discutir con ellos cualquier situación que
les incomode, y de revelar cualquier ataque sexual que hayan podido sufrir. Los
adultos nunca debemos quitarle importancia a Tas palabras de un niño. Se ha de
romper la barrera de silencio que rodea a este delito porque únicamente cuando se
es consciente de la gravedad del problema y de sus consecuencias, disminuirán los
sentimientos de culpabilidad y vergüenza que suelen experimentar los niños, niñas y adolescentes víctimas de una violación o de cualquier tipo de abuso sexual.
Ninguna persona, en especial los padres, pueden convertirse en cómplices del
violador y si lo son deben ser drásticamente sancionados. Nada más repudiable
que el silencio. Los padres, particularmente las madres, que conocen que sus niños,
niñas o adolescentes han sido víctimas o son víctimas de violación sexual o cualquier
tipo de abuso sexual, tienen la obligación y el deber —moral, legal y social— de denunciarlo. Se debe tomar conciencia que al denunciar la violación de un menor se
abre la posibilidad de proteger al niño, a la niña o adolescente violado, evitar que
el violador viole al menor en reiteradas oportunidades e incluso que ese depravado atente contra otro niño, niña o adolescente que quizás pueda ser su hijo.
Finalmente, es necesario que los magistrados apliquen efectivamente las penas
máximas previstas por la legislación penal para estos abominables delitos y que,
en aquellos casos donde la pena impuesta sospechosamente sea la mínima, resulta
necesario que los órganos de control del Poder Judicial revisen dicha resolución
ejerciendo un real y verdadero control.
siempre que se cause la muerte de la víctima.
En concordancia, y en consecuencia, e! Poder Ejecutivo luego de promulgar la
del 12 de julio de 1978, depositado el 28 de julio de 1978, vigente para el Perú
desde el 28 de julio de 1978.
Nos encontramos ante seres que son irrecuperables e irredimibles al estar desprovistos de todo sentido moral al demostrar su total menosprecio por la vida,
través de las instancias competentes, después de haber seguido contra el delincuente
un procedimiento imparcial, rodeado de todas las garantías de un debido proceso,
durante el cual podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, agotando todos los
recursos legales que la ley le tranquea para demostrar su inocencia. No se producirán errores judiciales, máxime con las pruebas científicas —como por ejemplo el
ADN— que resultan irrefutables o la existencia de testigos presénciales que sumados al testimonio de la víctima e incluso a la confesión del violador acreditarán la
culpabilidad del violador procesado. A diferencia de la víctima que por el accionar
agresivo, injusto y violento del delincuente no tuvo la oportunidad de defenderse,
máxime si se trate de menores de edad o discapacitados. Incluso, conforme al numeral 21 del artículo 118 de la Constitución de 1993, e! Presidente de la República
podrá concederle al condenado la conmutación de la pena.
El tema no es que la pena de muerte sea o no disuasiva. Su imposición es et
de por vida en un establecimiento penitenciario, el darles tratamiento psiquiátrico y un trato humano y digno, es un mayor costo que beneficio para el Estado.
Pensar en la castración química además de ser sumamente onerosa teniendo en
cuenta que el costo de los medicamentos que deberían ser aplicados de por vida
a los condenados oscila entre 150 y 200 dólares americanos mensuales, bastaría
que se deje de aplicar la droga para que los depravados instintos sexuales vuelvan
a surgir. Por su parte, la castración quirúrgica tampoco es la solución, pues el problema de los violadores se encuentra en el cerebro y no en los órganos sexuales
de allí que pueden saciar sus bajos instintos sexuales con la introducción de los
dedos o con objetos tales como botellas, palos, tubos o cualquier otro objeto. Por
ello, ambas propuestas resultan totalmente inviables.
Por lo expuesto solicito tomar una posición en la defensa de los derechos
humanos de los niños violados y que la discusión en el Pleno del Congreso de la
República pueda permitir llegar con tranquilidad a un consenso. Que sea lo que
¿Es posible aplicar en nuestro país la pena de muerte en caso de