Source: https://franco.scjn.gob.mx/votos/amparo-directo-en-revision-9962018
Timestamp: 2019-05-21 19:38:35
Document Index: 334186412

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 40', 'artículo 89', 'artículo 90', 'artículo 130', 'artículo 90', 'artículo 89']

Amparo Directo en Revisión 996/2018 | José Fernando Franco González Salas
Amparo Directo en Revisión 996/2018
Determinar la correcta interpretación del artículo 130 de la Constitución Federal (separación “Iglesia-Estado"), relacionada con los requisitos de los aspirantes a Notarios previstos en la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes en los numerales 89, fracción I, y 90 , en particular, lo que debe entenderse por el concepto de “estado eclesiástico”.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión interpuesto, procedió a realizar una interpretación histórico-progresiva de la referida norma constitucional, indicando que conforme al criterio del Pleno de este Alto Tribunal, dicha interpretación autorizaba a tomar en cuenta las condiciones y necesidades existentes al momento de la creación de la norma constitucional, la cual por su redacción, permitía la adecuación de su sentido en determinadas circunstancias, para fijar su alcance.
Así, determinó que desde su texto original se establecieron las bases de lo que se conoce como el Estado laico, caracterizado por una educación laica, la prohibición a las agrupaciones religiosas y a los ministros de culto para establecer o dirigir escuelas primarias, limitación de la realización del culto solo dentro de templos, vigilancia a la autoridad, prohibición de poseer, adquirir o administrar bienes raíces, así como el no reconocimiento de la personalidad jurídica de las agrupaciones religiosas, entre otras.
Precisó también que en el año de mil novecientos ochenta y dos, se reformó el texto del citado precepto constitucional, estableciéndose un régimen de reconocimiento de las iglesias, siempre asegurando una separación con el Estado. Asimismo, apuntó que en las constituciones anteriores a la de mil novecientos diecisiete, se reconoció a la religión católica como única y obligatoria, según se advertía de la evolución histórica del citado precepto y bajo una interpretación histórica tradicional.
Sin embargo, señaló que de una interpretación histórico-progresiva del precepto constitucional en comento, así como de la reforma a la Constitución Federal de mil novecientos noventa y dos, se llegaba al convencimiento de que el artículo 130 constitucional vigente en la época en que se emitió la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes (1980), buscó la separación del Estado de cualquier iglesia, no solo de la católica, atendiendo, como se dijo, a las condiciones y necesidades existentes al momento de la creación de la norma constitucional.
Por lo que era claro, indicó, que para el año de mil novecientos ochenta en que se emitió la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes, la interpretación progresiva del texto constitucional no podía ser otra más que la de comprender la separación del Estado de cualquier iglesia, porque de lo contrario la norma sería discriminatoria y sin sentido alguno, en tanto era un hecho notorio que existían y se practicaban en México muchas religiones, por lo que no tenía sustento legal pretender que el texto constitucional se refería solo al culto católico, lo cual quedaba reforzado, además, con el texto del artículo 40 constitucional .
En efecto, lo que la Ley Fundamental pretendía evitar, es que los ministros de culto (de cualquier culto) realicen funciones públicas o ejerzan cargos públicos, pues precisamente a eso se refiere la separación del Estado y las iglesias, resultando importante por ello que quien reciba el FÍAT de notario no sea un ministro de culto religioso.
En ese orden de ideas y con base en los anteriores razonamientos, la Segunda Sala determinó revocar la sentencia recurrida (sólo en lo que fue materia de la revisión), ordenando devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de emitiera otra sentencia en la que prescindiera de la interpretación constitucional que realizó y procediera a estudiar la totalidad de los conceptos de violación propuestos, tanto en el amparo principal, como en el amparo adhesivo, relativos al cumplimiento del requisito establecido en la fracción I del artículo 89 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, consistente en “…no pertenecer al estado eclesiástico”, en relación con el artículo 90 de la propia ley, que prevé la forma de demostrar tal supuesto; y, con libertad de jurisdicción determinara (en términos de la litis conformada) la manera en que debía acreditarse tal requisito en el citado juicio; considerando, incluso, las violaciones procesales alegadas por las partes, resolviendo en su oportunidad lo que conforme a derecho procediera.
Respetuosamente, compartiendo la decisión a la que arribó la Sala al resolver este asunto, en tanto considero correcta la interpretación histórico-progresiva que se hace del artículo 130 constitucional dentro del contexto que actualmente impera en la sociedad mexicana, en el sentido de que en la época en que se emitió la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes (1980), la separación pretendida entre el Estado y el clero, es de cualquier iglesia y no solo de la católica, en tanto resulta un hecho notorio que existen y se practican en México muchas religiones y cultos, derivado de lo cual no tiene sustento pretender que el texto constitucional se refiere solo al culto católico; lo cierto es que disiento de algunas de las consideraciones que sustentan el fallo, así como de los efectos que en él se precisan.
En efecto, en el caso a estudio, a lo largo del proyecto, así como en su parte final, se hace referencia a que lo que se pretende evitar con el requisito establecido en el numeral 89, fracción I, de la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes, es que los “ministros de culto” (de cualquier culto) realicen funciones públicas o ejerzan cargos públicos, porque precisamente a eso se refiere la separación del Estado y las iglesias, por lo que es importante que quien reciba el FÍAT de notario no sea un “ministro de culto” religioso.
Sin embargo, respetuosamente, difiero de tales afirmaciones, pues de la lectura del numeral 89 de la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes, el requisito previsto en su fracción I, textualmente refiere que para obtener el FÍAT de notario, debe acreditarse, entre otros requisitos, no pertenecer al “estado eclesiástico”, pero no se habla en ningún momento de que el solicitante no deba ser “ministro de culto”, ni tampoco el proyecto da noticia acerca de si tales acepciones son sinónimos o bien, cuáles son las diferencias existentes entre ellas, lo que resultaba necesario conocer para saber con certeza la forma en que se debía cumplir con dicho requisito legal.
Máxime que el recurrente (quejoso en el amparo), ante la imprecisión de la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes relativa a lo que debe entenderse por “estado eclesiástico” y “ministro de culto”, formuló agravios, señalando que el no pertenecer al “estado eclesiástico” era diferente a no ser “ministro de algún culto”, por lo era necesario que la Sala se pronunciara sobre tales argumentos.
Asimismo, otro tema que integró la litis constitucional y que el proyecto omitió abordar, fue el relativo a que la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes, en su artículo 90, prevé la forma en que se deben justificar los requisitos señalados en el artículo 89, indicando en relación con su fracción I, que el “estado seglar” se debe acreditar con los certificados que al efecto expida la “autoridad correspondiente” del último domicilio del solicitante; sin definir de manera clara y precisa quién es esa “autoridad correspondiente”.
En ese sentido, considero que de haberse abordado el estudio de todos y cada uno de los temas jurídicos formulados, se habría dado una solución mucho más integral al problema jurídico planteado y, por ende, se habrían precisado con mucha mayor claridad los efectos para los que se concedió el amparo solicitado.
De ahí que comparta, en general, el criterio de esta Segunda Sala, pero difiera de las consideraciones y de las omisiones que han quedado apuntadas.