Source: https://www.scribd.com/doc/45345228/Ley-Organica-1-2004-Medidas-Violencia-Genero
Timestamp: 2017-04-26 21:05:09
Document Index: 37064419

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 57', 'artículo 544', 'artículo 105', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 11', 'Artículo 7', 'Artículo 12', 'Artículo 10', 'Artículo 15', 'Artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 18', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 544', 'artículo 57', 'Artículo 28', 'Artículo 32', 'Artículo 30', 'artículo 23', 'Artículo 31', 'Artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 153', 'artículo 83', 'artículo 88', 'artículo 83', 'artículo 48', 'artículo 171', 'artículo 83', 'Artículo 36', 'Artículo 34', 'artículo 148', 'artículo 84', 'Artículo 38', 'Artículo 37', 'artículo 173', 'Artículo 35', 'Artículo 33', 'artículo 620', 'Artículo 42', 'Artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 173', 'artículo 173', 'Artículo 39', 'artículo 87', 'artículo 173', 'artículo 468', 'artículo 172', 'artículo 48', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'artículo 48', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'artículo 98', 'artículo 87', 'artículo 82', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 82', 'Artículo 45', 'Artículo 54', 'artículo 15', 'artículo 779', 'artículo 9', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'artículo 4', 'artículo 46', 'Artículo 50', 'artículo 160', 'Artículo 47', 'artículo 1', 'Artículo 53', 'Artículo 52', 'artículo 98', 'artículo 20', 'Artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 87', 'artículo 49', 'artículo 110', 'artículo 87', 'Artículo 49', 'Artículo 56', 'artículo 789', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 87', 'Artículo 55', 'artículo 110', 'artículo 962', 'artículo 796', 'Artículo 57', 'Artículo 60', 'artículo 14', 'Artículo 58', 'artículo 173', 'artículo 13', 'artículo 17', 'Artículo 59', 'Artículo 61', 'artículo 801', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 620', 'Artículo 62', 'Artículo 69', 'Artículo 64', 'artículo 544', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 18', 'Artículo 68', 'Artículo 67', 'Artículo 65', 'Artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 70', 'artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 57', 'artículo 15', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 34', 'artículo 56', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 52', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 105', 'artículo 81', 'artículo 3', 'artículo 82', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 124', 'artículo 45', 'artículo 25', 'artículo 49', 'artículo 40', 'artículo 37', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 52', 'artículo 55', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 124', 'artículo 210', 'artículo 45', 'artículo 231', 'artículo 45', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 208', 'artículo 45', 'artículo 544', 'artículo 210', 'Artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 89', 'Artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 211', 'artículo 26', 'artículo 98', 'artículo 58', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 117']

Ley Orgánica 1_2004 Medidas Violencia Género
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLey Orgánica 1_2004 Medidas Violencia GéneroUploaded by Beto Simón0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content42166Miércoles 29 diciembre 2004
invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. II Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas. La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto. El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio. La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral». En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito
incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula. La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley. Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo. Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer. III La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. En el título preliminar se recogen las disposiciones generales de la Ley que se refieren a su objeto y principios rectores. En el título I se determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la misma. En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer. En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados. De otro lado, se modifica la acción de cesación o rectificación de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio. En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones
derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley. En el título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en su capítulo I, se garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la puesta en marcha de estos servicios, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial. Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con el fin de garantizar a aquellas víctimas con recursos insuficientes para litigar una asistencia letrada en todos los procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de género, en que sean parte, asumiendo una misma dirección letrada su asistencia en todos los procesos. Se extiende la medida a los perjudicados en caso de fallecimiento de la víctima. Se establecen, asimismo, medidas de protección en el ámbito social, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de la violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato. En idéntico sentido se prevén medidas de apoyo a las funcionarias públicas que sufran formas de violencia de las que combate esta Ley, modificando los preceptos correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la situación legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo. Para garantizar a las víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que la víctima debido a su edad, falta de preparación general especializada y circunstancias sociales no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad, se prevé su incorporación al programa de acción específico creado al efecto para su inserción profesional. Estas ayudas, que se modularán en relación a la edad y responsabilidades familiares de la víctima, tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor; dichas ayudas serán compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. En el título III, concerniente a la Tutela Institucional, se procede a la creación de dos órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como cen-
tro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia. En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad. Para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y específicamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar firmeza plasmándolas en tipos penales específicos. En el título V se establece la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares. Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante un fenómeno complejo en el que es necesario intervenir desde distintas perspectivas jurídicas, que tienen que abarcar desde las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la atención a las víctimas, intervención que sólo es posible a través de una legislación específica. Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos ágiles y sumarios, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, además, que compagine, en los ámbitos civil y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con carácter de urgencia. La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y administrativa presenta muchas deficiencias, debidas fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta cuestión una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer. En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: conforme a la tradición jurídica española, se ha optado por una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia. Respecto de la regulación expresa de las medidas de protección que podrá adoptar el Juez de violencia de género, se ha optado por su inclusión expresa, ya que no están recogidas como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo regula la prohibición de residencia y la de acudir a determinado lugar para
los delitos recogidos en el artículo 57 del Código Penal (artículo 544 bis LECrim, introducido por la LO 14/1999). Además se opta por la delimitación temporal de estas medidas (cuando son medidas cautelares) hasta la finalización del proceso. Sin embargo, se añade la posibilidad de que cualquiera de estas medidas de protección pueda ser utilizada como medida de seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la sentencia, incrementando con ello la lista del artículo 105 del Código Penal (introducido por la LO 11/1999), y posibilitando al Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la finalización del proceso. Se contemplan normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la creación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia. Los Fiscales intervendrán en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia de Género, además de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos. En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una profunda reforma del ordenamiento jurídico para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente texto. Con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre los textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificación de normas existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las medidas previstas en el articulado, pero integrándolas directamente en la legislación educativa, publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública; asimismo, dichas disposiciones afectan, en especial, al reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo previsto en esta Ley para favorecer la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. En materia de régimen transitorio se extiende la aplicación de la presente Ley a los procedimientos en tramitación en el momento de su entrada en vigor, aunque respetando la competencia judicial de los órganos respectivos. Por último, la presente Ley incluye en sus disposiciones finales las habilitaciones necesarias para el desarrollo normativo de sus preceptos.
Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
con el fin de facilitar su integración social.BOE núm. CAPÍTULO I En el ámbito educativo Artículo 4. así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 6. Principios y valores del sistema educativo. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. de emergencia. que se creará en un plazo máximo de un mes. 4. 7. dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo. docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. 1. f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado. los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas. Controlado por una Comisión de amplia participación. Los poderes públicos. Artículo 5. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer. así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 5. todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género.
Dirigido tanto a hombres como a mujeres. prevención y detección
Artículo 3. la sanción adecuada a los culpables de los mismos. 3. el sistema educativo español incluirá. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta Ley.
1. dentro de sus principios de calidad. con la consiguiente dotación presupuestaria. Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones. desde las instancias jurisdiccionales. 2. impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género. 313
Artículo 2. exigibles ante las Administraciones Públicas. Igualmente. de apoyo y de recuperación integral. a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. de atención. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. en la que se ha de asegurar la presencia de los afectados. c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres.
A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención. asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. publicitario y mediático. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación. que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. i) Promover la colaboración y participación de las entidades. Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afecta-
TÍTULO I Medidas de sensibilización. en el marco de sus competencias. valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. las instituciones. 2. sanitario. Planes de sensibilización. a las víctimas de violencia de género. Escolarización inmediata en caso de violencia de género. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal.
Principios rectores. g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral. así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información. social y moral. d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. atención y protección a las víctimas. y así asegurar un acceso rápido. e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género. en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. desde un trabajo comunitario e intercultural. en su caso. b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
. se pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoja los siguientes elementos: Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. servicios sociales. k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas. 3. transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.
se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención. en los términos de la Ley 34/1988. Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que. de 11 de noviembre. c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar. intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia. con implantación en todo el territorio nacional. Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer . Con el mismo fin. Medios de comunicación. 1. b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. evitando toda discriminación entre ellos. Artículo 14. d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres. contando con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces. 3. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará. Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. 2. sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades. General de Publicidad. la defensa de los derechos humanos. de acuerdo con la legislación vigente. Participación en los Consejos Escolares. en todos los ámbitos de la vida personal. Artículo 11. familiar y social. en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En particular. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988. Artículo 7. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas. las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad. General de Publicidad.42170
BOE núm. El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores consti-
tucionales. el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma. Artículo 12. contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria. Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias. 2. con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social. la detección precoz. Formación inicial y permanente del profesorado. Publicidad ilícita. se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. CAPÍTULO II En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación Artículo 10. de 11 de noviembre. se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz. 4. Actuación de la inspección educativa. Fomento de la igualdad. Las Administraciones sanitarias. se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. En particular. con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para: a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. CAPÍTULO III En el ámbito sanitario Artículo 15. Artículo 9. 313
dos por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. con la correspondiente objetividad informativa. promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. Sensibilización y formación. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales. la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley. en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres. 1. Titulares de la acción de cesación y rectificación. Artículo 13. tanto en el ámbito público como privado. especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. Artículo 8. y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico. Artículo 6. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género.
gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. de 10 enero. con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. garanticen la efectividad de los indicados principios. religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
1. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad. se incluirán compromisos de aportación. con independencia de su origen. 2. así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención. d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. 313
Artículo 16. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá. 2. 3. especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que. 4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad. tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. actuación urgente. Asimismo. del ámbito geográfico correspondiente. de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los servicios. a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita Artículo 17. en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley. a través de los medios necesarios. b) Atención psicológica. La información. Derecho a la asistencia social integral. se garantizará la defensa jurídica. de apoyo y acogida y de recuperación integral.
. por la especialización de su personal. g) Apoyo a la formación e inserción laboral. La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género. 1. y los derechos y ayudas previstos en la misma. Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias. 1. f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. 2.BOE núm. de Asistencia Jurídica Gratuita. responderá a los principios de atención permanente. 3. contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. los Jueces de Violencia sobre la Mujer. por parte de la Administración General del Estado. que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. La atención multidisciplinar implicará especialmente: a) Información a las víctimas. Garantía de los derechos de las víctimas. de emergencia. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas en las materias reguladas en este artículo. incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
1. 5. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal. Derecho a la información. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. por sus características de convergencia e integración de acciones. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. Todas las mujeres víctimas de violencia de género.
Artículo 19. los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores. La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial. Artículo 20. Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad. emergencia. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. Asistencia jurídica. e) Apoyo educativo a la unidad familiar. tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. A estos efectos. 7. los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas. una Comisión contra la violencia de género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas en este capítulo. en los términos establecidos en la Ley 1/1996. Se garantizará. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora. tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley. a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. c) Apoyo social. en los términos regulados en este capítulo. se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información. 6. apoyo y recuperación integral. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención.
TÍTULO II Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
CAPÍTULO I Derecho a la información. éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. En todo caso. Artículo 18. evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia. tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación. a través de los servicios.
deberá incorporarse informe del Servicio Público de
En el marco del Plan de Empleo del Reino de España. Artículo 25. 4. CAPÍTULO IV Derechos económicos Artículo 27. el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. 313
2. recibirán una ayuda de pago único. CAPÍTULO III Derechos de las funcionarias públicas Artículo 24. su situación será considerada como asimilada al alta. Los Colegios de Abogados. que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas. Artículo 26. En todo caso. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
timas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Estas ayudas. Programa específico de empleo. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho. siempre que se presuma que debido a su edad. a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. Ámbito de los derechos. la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización. Justificación de las faltas de asistencia. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. 3. 5. asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. Artículo 22. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores. En la tramitación del procedimiento de concesión. financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.
La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Derechos laborales y de Seguridad Social. CAPÍTULO II Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social Artículo 21. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. de 10 enero.
Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica. según proceda. falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales. tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes. se realizará en los términos establecidos en el artículo 23. Excepcionalmente. y reducción o reordenación del tiempo de trabajo. a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. Igualmente. se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar. el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. será título de acreditación de esta situación. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo. se incluirá un programa de acción específico para las víc-
. excedencia. se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses. cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género. 1. en cómputo mensual. Artículo 23. de Asistencia Jurídica Gratuita. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. Cuando se produzca la reincorporación. 3. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. 3. los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género. la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias. se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996. 2.42172
BOE núm. ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo. 1. a la movilidad geográfica. 4. 2. serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. Asimismo. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras. al cambio de centro de trabajo. al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional. Ayudas sociales. excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo. a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
En desarrollo de dichos planes. y coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia. elaboración de informes y estudios. estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo.BOE núm. Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención. 4. y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. de 11 de diciembre. cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. El Gobierno establecerá. Artículo 28. Artículo 32. al que corresponderá el asesoramiento. las entidades locales. o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Artículo 30. en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 1. El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres. en la que se garantizará. unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. colaboración institucional. y en sus leyes de policía. 4. del Protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. Reglamentariamente se determinarán sus funciones. de 13 de marzo. los datos contenidos en dichos informes. con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas. 2. 2. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley. adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. y propuestas de actuación en materia de violencia de género. asistencia y persecución de los actos de violencia de género. que deberán implicar a las Administraciones sanitarias. permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de actuación sanitaria. las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. Planes de colaboración. la Administración de Justicia. las asociaciones de consumidores y usuarios. con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado. Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas del titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Artículo 31.
TÍTULO III Tutela Institucional
Artículo 29. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995. 3. y en especial. y todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares. y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan. Las Administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación. los agentes sociales. la participación de las Comunidades Autónomas. en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. en todo caso. 3. de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 1. en la Ley Orgánica 2/1986. con periodicidad anual. 3. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 1. 2. como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. en los términos previstos en sus Estatutos. En cualquier caso. se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados. su régimen de funcionamiento y su composición. 2. en los términos que determine la legislación aplicable. formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno. y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 3. evaluación. en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. El Gobierno. estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia. promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales. Estos informes. 5. 1. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades Autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención. 313
Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo.
se refiere el artículo 1 de la presente Ley. su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio. un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que
. El titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta Ley en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. tanto en el ámbito público como privado.
así como. o utilizando armas. la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. 2. será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y. o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad. No obstante lo previsto en los apartados anteriores. 313
Los protocolos. 4.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas. El párrafo segundo del apartado 1. el Juez o Tribunal. 6. el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. tales como las pertenecientes a minorías. El artículo 153 del Código Penal.2. privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años.ª del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal. Sustitución de penas. tutela. o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. del lesionado. 3. podrá imponer la pena inferior en grado.ª y 5.ª y 5. 5. del apartado 1 del artículo 83 de este Código. las inmigrantes.ª de este apartado. 4. medios. inhabilitación para el ejercicio de patria potestad. guarda o acogimiento hasta cinco años. queda redactado como sigue: «1. o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad. inhabilitación para el ejercicio de patria potestad. en aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos. al artículo 171 del Código Penal. objetos.ª. curatela. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género.
1. Protección contra los malos tratos. o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia. además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico. en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho. que tendrán la siguiente redacción: «4. instrumentos. queda redactado de la forma siguiente: «3. exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa. por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley. cuando la ofendida sea o haya sido esposa. atendiendo al resultado causado o riesgo producido:
Se añaden tres apartados. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que. del artículo 83 del Código Penal.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.» Artículo 36. tutela. en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003. el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.ª. la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. queda redactado de la forma siguiente: «Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género. además de referirse a los procedimientos a seguir. aun sin convivencia. Protección contra las lesiones.ª.» Artículo 34. en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003. en todo caso.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa. 2. razonándolo en sentencia. guarda o acogimiento de seis meses a tres años. Se modifica el artículo 148 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma: «Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años. privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud. 5 y 6. o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. Comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena. cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz. El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal.» Artículo 38. Protección contra las amenazas. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código. el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.» Artículo 37. 2. física o psíquica. o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun
. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores. numerados como 4.» Artículo 35. harán referencia expresa a las relaciones con la Administración de Justicia.ª. 4.º Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz. queda redactado de la forma siguiente: «En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género. o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima. en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003. así como. Suspensión de penas.
TÍTULO IV Tutela Penal
Artículo 33.ª y 2. el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente. 2. en todo caso. En estos supuestos.42174
BOE núm. 3. cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz. curatela.
Organización territorial. privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años. concesión de permisos y concesión de la libertad condicional. 6. el Juez o Tribunal. razonándolo en sentencia. En los supuestos del número 2. Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. salvo que el hecho sea constitutivo de delito. de 1 de julio. El artículo 620 del Código Penal queda redactado como sigue: «Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: 1. Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5. 1. siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima. o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad.» Artículo 42. cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz. o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.
Artículo 40.BOE núm. con la siguiente redacción:
. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores. podrá imponer la pena inferior en grado. será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y. coacción. curatela.2.º Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos. del Poder Judicial. o los saquen en riña. cuando el Juez oTribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz.2.º Los que causen a otro una amenaza. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173. en las progresiones de grado. No obstante lo previsto en los párrafos anteriores. será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y. curatela. 2. o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima. así como. conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad. guarda o acogimiento hasta cinco años. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173. tutela. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5. privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. medida cautelar. injuria o vejación injusta de carácter leve. Las Juntas de Tratamiento valorarán. en todo caso. cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo.» Artículo 39. privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. como no sea en justa defensa. o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. el Juez o Tribunal. salvo que el hecho sea constitutivo de delito. guarda o acogimiento hasta cinco años. 2. en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho. en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores. así como. tutela. podrá imponer la pena inferior en grado. excepto para la persecución de las injurias. el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior. tutela. así como.º de este artículo. Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985. exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo. Protección contra las vejaciones leves. será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y. cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173. Se modifica el artículo 468 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma: «1. prisión. razonándolo en sentencia. Administración penitenciaria.
El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda numerado como apartado 1 y se añade un apartado 2 a dicho artículo con la siguiente redacción: «2. guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años. en todo caso. y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. Quebrantamiento de condena. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. en todo caso. o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.2. inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. Protección contra las coacciones. 2. 5.» Artículo 41. Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. la pena será la de localización permanente de cuatro a ocho días. aun sin convivencia. Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. curatela. 313
sin convivencia.»
TÍTULO V Tutela Judicial
CAPÍTULO I De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer Artículo 43. Los que quebrantaren su condena. o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. medida de seguridad. en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa. inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad.
lesiones al feto.» Artículo 44. En todos estos casos está vedada la mediación. o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad. d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer. de 1 de julio.» Artículo 46. inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. 2. deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer. sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. del Poder Judicial. Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985. así como de los cometidos sobre los descendientes. excepcionalmente. de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tomarán su designación del municipio de su sede. no constituyen expresión de violencia de género. acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. 3. en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. de 1 de julio. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar. de forma notoria. separación y divorcio. f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado. 3. propios o de la esposa o conviviente. contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación. d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal. Recursos en materia penal.º al artículo 82. 313
«1. previo informe de las Salas de Gobierno. en el orden penal. tutela. con la siguiente redacción: «De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley. el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente Ley Orgánica. delitos contra la libertad. 4. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán. g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provin-
. de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio. 4. determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial. corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. del Poder Judicial. con la siguiente redacción: «1. del Poder Judicial. cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. delitos contra la integridad moral. o de Instrucción en su caso. de los siguientes asuntos: a) Los de filiación. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares. asimismo. Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. curatela. Recursos en materia civil. cuando también se haya producido un acto de violencia de género. siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa. en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. que. podrán establecerse.1 de la Ley Orgánica 6/1985.4 en la Ley Orgánica 6/1985. o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad. No obstante lo anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas. y atendiendo al número de asuntos existentes. c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor. Competencia. d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. con la siguiente redacción: «Las Audiencias Provinciales conocerán. 5. b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento. c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. podrá inadmitir la pretensión.
Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 82.» Artículo 45. lesiones. 2. maternidad y paternidad. ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. de 1 de julio. remitiéndola al órgano judicial competente. en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente.
Se adiciona un nuevo ordinal 4.42176
BOE núm. aun sin convivencia.
b) Los de nulidad del matrimonio. aborto.
» Artículo 54. Planta de los Juzgados de Violencia sobre la
Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38/1988. 2. No obstante lo anterior. Mujer. de 28 de diciembre. de Demarcación y Planta Judicial. Se adiciona un nuevo artículo 779 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente: «1. Sede de los Juzgados.
Se modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988. la Comunidad Autónoma afectada. el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas. El Gobierno. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. de 28 de diciembre. con la siguiente redacción: «1. de 28 de diciembre. con indicación de si la misma es o no firme. que queda redactado de la siguiente forma: «1. y atendiendo al número de asuntos existentes. podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más de un partido judicial. b) En aquellos partidos judiciales en los que. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos.» Artículo 49. asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados. de Demarcación y Planta Judicial. de 28 de diciembre. Artículo 48. En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. y atendidas las circunstancias geográficas. se determinará. en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. y el volumen de cargas competenciales así lo exija. Secretarios Judiciales. de 28 de diciembre. Serán servidos por Magistrados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que tengan su sede en la capital de la provincia y los demás Juzgados que así se establecen en el anexo XIII de esta Ley. con el contenido siguiente: «Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata.BOE núm. de existir varios. en función de la carga de trabajo. compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción para la plena efectividad de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra.
El Gobierno. de Demarcación y Planta Judicial tendrá la siguiente redacción: «2. 3.
ción o de Primera Instancia e Instrucción. en su caso. se podrán transformar algunos de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer. las diligencias y resoluciones señaladas en los ar-
Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988. Se incluye un nuevo artículo 46 ter en la Ley 38/1988. según la naturaleza del órgano en cuestión. Jurisdicción de los Juzgados. no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial. ésta se entenderá situada en aquellas poblaciones que se establezcan en el anexo XIII de la presente Ley. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Plazas servidas por Magistrados. sean servidos por Magistrados. Formación. c) Asimismo cuando se considere. que queda redactado de la siguiente forma: «Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen su sede en la capital del partido. que no es precisa la creación de un órgano judicial específico.» Artículo 50. En tanto las Comunidades Autónomas no fijen la sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. en el ámbito de sus respectivas competencias. siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150. La planta inicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer será la establecida en el anexo XIII de esta Ley. Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. de ubicación y población. con la siguiente redacción: «1. 2. oído el Consejo General del Poder Judicial y.» Artículo 47. asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo junto con el resto de las correspondientes a la jurisdicción penal o civil. En todo caso. qué Juzgados de Instruc-
.» Artículo 53. de Demarcación y Planta Judicial. en atención al volumen de asuntos.» Artículo 52. La concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior. podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. 313
cia. Fiscales. procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la constitución. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido. será realizada mediante Real Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la presente Ley y se ajustará a los siguientes criterios: a) Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje. Constitución de los Juzgados.» Artículo 51. El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988. Notificación de las sentencias dictadas por Tribunales. de Demarcación y Planta Judicial.
Cuando un Juez.»
. entre aquéllos que se fijen reglamentariamente. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata. 2. 1. deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil. Tras ella. tras verificar que concurren los requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral. En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección. 4. el cual continuará conociendo del asunto hasta que sea.42178
BOE núm. Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000. que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección. de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho órgano. debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior. 5. dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. Para la realización de las citaciones antes referidas. ni se admitirá declinatoria. a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. y verifique la concurrencia de los requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. el requerimiento de inhibición se acompañará de testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente. cuya redacción es la siguiente:
«Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. habrá de decidir si procede. 313
tículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia.» Artículo 56. Notificación de las sentencias dictadas por Juzgado de lo Penal. que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal. en el día hábil más próximo. y en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. en las 24 horas siguientes. en su caso. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección. requerido de inhibición por el Juez de Violencia sobre la Mujer competente. Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil. cuando no sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia. Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. a los solos efectos de regularizar su situación personal. de 7 de enero. el Fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas. que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil. el Tribunal Civil remitirá los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. si lo hubiere. la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere este artículo ante dicho Juzgado en el día hábil más próximo. de la sentencia previamente dictada. tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Igualmente se le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia cuando la misma fuera revocatoria. tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el párrafo tercero del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género.» Artículo 55. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. deberá inhibirse. de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. del auto de admisión de la querella. 2. Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. en todo o en parte. requerirá de inhibición al Tribunal Civil. de manera inmediata. el Fiscal. Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. No obstante el detenido. dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial. Para la realización de las citaciones antes referidas. ni a dictar una orden de protección. 3. la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo. de Enjuiciamiento Civil. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796. A los efectos del párrafo anterior. 3. con el contenido siguiente: «5.» CAPÍTULO II Normas procesales civiles Artículo 57. o de la orden de protección adoptada. con el contenido siguiente: «5.
Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente capítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales. curatela.º.» Artículo 60. propios o de la esposa o conviviente. el conocimiento y fallo corresponderá a éste. Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas. o cualesquiera otras de distinta naturaleza.
Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.º y 4. que queda redactado de la siguiente forma: «Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados. cuya redacción es la siguiente: «La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3. Sin embargo. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido. Para la instrucción de las causas. 313
CAPÍTULO III Normas procesales penales Artículo 58. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía. en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta Ley: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio. excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173. tutela. cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado. sin perjuicio de la adopción de la orden de protección. delitos contra la libertad. la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima. el Juez de Instrucción. el Juez de Paz del lugar en que se hubieran cometido. o del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso. en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal. siempre que la duración de éstas no exceda de diez años. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes en las siguientes materias. 2. o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad.2 del mismo Código. en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial. d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal. o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos. serán competentes: 1.º y 2. aun sin convivencia. imputables a los autores de estos delitos o a otras personas.º del artículo 17 de la presente Ley. 2. siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa. de los hijos. el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido. de oficio o a instancia de las víctimas. salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número quinto de este artículo. No obstante. cuya redacción es la siguiente: «En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer. así como por faltas. sean o no incidentales. aborto. o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso. 1. del Código Penal. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares. del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida. sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.1. el Juez competente. contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación. Disposiciones generales. Competencia territorial.BOE núm. o el Juez de Violencia sobre la Mujer. Competencias en el orden penal. conocerá de los juicios por faltas tipificadas en los artículos 626.» Artículo 59. lesiones. el conocimiento y fallo corresponderá a éste. el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido. 5. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género.» CAPÍTULO IV Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas Artículo 61. o la Audiencia Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso. en los términos establecidos en el artículo 801. deberá pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de
. lesiones al feto. sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad. de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia. bien sean únicas. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas. Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 632 y 633 del Código Penal. cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. 3. conjuntas o alternativas. 4. si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado. Competencia por conexión. o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio. Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado. así como de los cometidos sobre los descendientes. acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. También conocerán los Jueces de Paz de los juicios por faltas tipificadas en el artículo 620. o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad. cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos. o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine. 630. delitos contra la integridad
moral. cuando también se haya producido un acto de violencia de género. o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No obstante.
El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia. Artículo 62. Artículo 69. De la medida de suspensión del régimen de visitas. 5. c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer. Artículo 64. en todo caso. De las medidas de salida del domicilio. 3. Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección. y al Consejo Fiscal.
Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad. Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. así como acercarse a su domicilio. audiencia y defensa. 2. alejamiento o suspensión de las comunicaciones. para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter. Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar. dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter. el Juez de Violencia sobre la Mujer y. respecto de los menores a que se refiera. durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. 4. Los Jueces competentes podrán acordar. Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981. con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción. la suspensión del derecho a la tenencia. 6. bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. con carácter excepcional. y recabar informes de las mismas. con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas. lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre. El Fiscal General del Estado nombrará. 2. por el uso de otra vivienda. d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género. El Juez. En este caso. Artículo 68.
Artículo 67. en especial. de 30 de diciembre. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Garantías para la adopción de las medidas. e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado. respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley. determinando su plazo. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad. El Juez podrá acordar. bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 2. deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. o aquéllas a quienes se pretenda proteger. con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente. porte y uso de armas. 313
aseguramiento contempladas en este capítulo. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores. la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean copropietarios. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia. oído el Consejo Fiscal. que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. con categoría de Fiscal de Sala. si procediera su adopción. El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes. en su caso. Artículo 65. a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. como delegado. podrá autorizar a que la persona protegida concierte. y presentar al Fiscal General del Estado. de oficio o a instancia de parte. e) Elaborar semestralmente. Artículo 63. Artículo 66. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas. reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.42180
BOE núm. con la siguiente redacción: «1. CAPÍTULO V Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer Artículo 70. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida. así como la prohibición de volver al mismo. que ejercerá las siguientes funciones: a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. porte y uso de armas. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o separadamente. b) Intervenir. por delegación del Fiscal General del Estado. 1. hubieran abandonado previamente el lugar. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada. el Juez de Guardia. un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. De la orden de protección. y. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios
. sus datos personales. 1. los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.
por sentencia firme. en su caso. Las letras b) y g) del artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985. deberá ser motivada. 2. En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales podrán existir las adscripciones permanentes que se determinen reglamentariamente. reguladora del Derecho a la Educación. 3. reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones. al menos. en su caso. relevados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado. por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge. realizar una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla.
con carácter exclusivo o compartido con otras materias. Quien fuera condenado. se hayan especializado en la materia. reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. aun sin convivencia. Pensiones y ayudas. con carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe correspondiente. de 30 de diciembre. teniendo preferencia aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas. por sentencia firme. salvo que. organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la consulta de los Fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia. No tendrá la consideración de beneficiario. No obstante. mujer. de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. no le será abonable. 1. A la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer se atribuyen las siguientes funciones: a) Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. y vigilancia penitenciaria. La plantilla orgánica determinará el número máximo de delegados de la Jefatura que se puedan designar en cada Fiscalía. Tales delegados serán nombrados y. A la propuesta se acompañará relación del resto de los Fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. En todo caso. en cuyo caso bastará la mera convivencia. previo informe del Consejo Fiscal. en ningún caso. El Gobierno y las Comunidades Autónomas. a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. que queda redactado de la siguiente forma: «6. A estas Secciones serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas. de 30 de diciembre. salvo que. de las ayudas previstas en la Ley 35/1995. Protocolos de actuación. cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge.» Artículo 71. Uno. medie reconciliación entre ellos. En aquellas Fiscalías en las que el número de asuntos de que conociera así lo aconsejara y siempre que resultara conveniente para la organización del servicio. cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga. oída la Junta de Fiscalía. en los términos previstos en este apartado. Cuando la resolución del Fiscal General del Estado sea discrepante con la propuesta del Fiscal Jefe respectivo. delitos contra el medio ambiente. que hayan asumido competencias en materia de justicia.» Artículo 72.» Disposición adicional primera. Modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación. Delegados de la Jefatura de la Fiscalía. Disposición adicional segunda. por el siguiente texto: «En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. en materia de infracciones relacionadas con la violencia de género. de 3 de julio. la pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema Público de Pensiones. hubiera mediado reconciliación entre aquellos. a título de víctima indirecta. de 11 de diciembre. Secciones contra la violencia sobre la
Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 50/1981.BOE núm. de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia
Se adiciona un apartado 6 al artículo 22 de la Ley 50/1981.
. o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad. quien fuera condenado por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas. quedarán redactadas de la forma siguiente: «b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. durante. salvo que hubieran tenido descendencia en común. en su caso. Disposición adicional tercera. Para la cobertura de estas plazas será preciso. en cada Fiscalía habrá un delegado de Jefatura que asumirá las funciones de dirección y coordinación. 313
para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. al efecto en cada caso procedente. con independencia de su orientación sexual. los dos años anteriores al momento del fallecimiento. A quien fuera condenado. cuando la ofendida fuera su cónyuge o excónyuge o persona con la que estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad. perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del Sistema Público de Pensiones causada por la víctima. cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias. existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y otra Sección Contra la Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. podrán designarse delegados de la Jefatura con el fin de asumir las funciones de dirección y coordinación que le fueran específicamente encomendadas.
El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará público anualmente un informe sobre el sistema educativo. con el siguiente contenido: «b) Adquirir habilidades en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1990.» Disposición adicional quinta.»
. de 3 de octubre.» Cuatro. Modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley Orgánica 8/1985. con el consiguiente desplazamiento de las actuales. así como en los grupos sociales en los que se relacionan. Se adicionan tres nuevas letras b). con la siguiente redacción: «–Una persona. Se adiciona una nueva letra b). c) y d). de Ordenación General del Sistema Educativo. Se incluye un nuevo séptimo guión en el apartado 1 del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985. con el siguiente contenido: «b) La eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres. de Calidad de la Educación.42182
BOE núm. que quedará redactada de la siguiente forma: «3. g) La formación para la paz. con la siguiente redacción: «m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. de 3 de julio. de 3 de octubre. Se modifica la letra e) y se añade la letra l) en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1990. la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal. tecnológicos y organizativos. de 23 de diciembre. n) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. con el consiguiente desplazamiento de los actuales. Se adiciona una nueva letra m) en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985.» Tres. que quedarán redactadas de la forma siguiente: «k) Las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado.» Tres. de Calidad de la Educación. de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Uno. familiar y social. con el siguiente contenido: «e) Ejercitarse en la prevención de los conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. c) Comprender y respetar la igualdad entre sexos. Modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. así como la formación en la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal. familiar y social. donde deberán recogerse y valorarse los diversos aspectos del mismo. d) Desarrollar sus capacidades afectivas. de Calidad de la Educación. Uno. que quedarán redactadas de la siguiente forma: «e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático y las habilidades y técnica en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos.» Disposición adicional cuarta. Asimismo. de Ordenación General del Sistema Educativo. con el consiguiente desplazamiento de las actuales. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educación.»
Dos. en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica 10/2002. f) Desarrollar sus capacidades afectivas. de 3 de octubre. Se incorporan tres nuevas letras en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985. quedará redactado de la forma siguiente: «1. Se adicionan dos nuevas letras e) y f). La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de contenidos científicos. de 3 de julio.» Cinco. de Ordenación General del Sistema Educativo. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educación. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica 1/1990. de 23 de diciembre. La letra e) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 8/1985. m) Personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género. familiar y social.» Dos. que quedará redactado de la siguiente forma: «b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 313
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. o) El desarrollo de las capacidades afectivas.» Tres. reguladora del Derecho a la Educación. l) El Instituto de la Mujer. ñ) La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal familiar y social. y tres nuevas letras n). Asimismo se informará de las medidas que en relación con la prevención de violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres establezcan las Administraciones educativas. de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.» Dos. elegida por los miembros del Consejo Escolar del Centro.» Seis. quedará redactada de la forma siguiente: «e) Las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y al fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la enseñanza. incluyendo la posible situación de violencia ejercida en la comunidad educativa. la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal. ñ) y o) en el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002. que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. reguladora del Derecho a la Educación. favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002. reguladora del Derecho a la Educación. l) La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal. de 3 de julio. de 23 de diciembre. familiar y social.
letra a). de 23 de diciembre. que queda redactado de la forma siguiente: «k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. de Calidad de la Educación.» Disposición adicional sexta. con el consiguiente desplazamiento de las actuales.» «5.» Dos. de Calidad de la Educación. de Calidad de la Educación. especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20. General de Publicidad. de 23 de diciembre. podrán solicitar del anunciante su cesación y rectificación: a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2002. Se modifica la letra d) del artículo 56 de la Ley Orgánica 10/2002. f) Ética e igualdad entre hombres y mujeres. Cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer.BOE núm. familiares y sociales. con el siguiente contenido: «b) Consolidar una madurez personal. 313
Cuatro. de 11 de noviembre. c) Fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos.» Once.» Cinco. Se adiciona un nuevo apartado 1 bis en el artículo 25 de la Ley 34/1988. de 11 de noviembre. de 23 de diciembre. General de Publicidad. de Calidad de la Educación. Se adiciona un nuevo apartado 3 en el artículo 40 de la Ley Orgánica 10/2002. Se adicionan dos nuevas letras e) y f) en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley Orgánica 10/2002. de 23 de diciembre. que les permita actuar de forma responsable. en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/2002. c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro. que queda redactado de la forma siguiente: «1. apartado 4. bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. social y moral. f) Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. se ejercitará en la forma y en los términos previstos
. Uno. de 23 de diciembre. c) y d). con el consiguiente desplazamiento de la letra g) actual que pasará a ser una nueva letra h). que queda redactada de la forma siguiente: «d) La tutoría del alumnado para dirigir su aprendizaje. Se modifica la letra f) del apartado 1 y se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 23 de la Ley Orgánica 10/2002. con el contenido siguiente: «g) Una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres. con el siguiente contenido: «b) Conocer. Modificación de la Ley General de Publicidad. con el consiguiente desplazamiento de las actuales. con el contenido siguiente: «La acción de cesación cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer. que queda redactada de la forma siguiente: «g) Velar por el cumplimiento y aplicación de las medidas e iniciativas educativas destinadas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. c) Relacionarse con los demás sin violencia. con el contenido siguiente: «1 bis. Se adiciona una disposición adicional a la Ley 34/1988.» Doce. La asignatura de Ética incluirá contenidos específicos sobre la igualdad entre hombres y mujeres. General de Publicidad. Se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica 10/2002. b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico. de la Ley 34/1988. Se adicionan dos nuevas letras b) y c). de 23 de diciembre. deberán fomentar el respeto en la igualdad de derechos y obligaciones.» Tres. Asimismo. con el siguiente contenido: «e) Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de los conflictos en las relaciones personales. en el apartado 2 del artículo 81 de la Ley Orgánica 10/2002.» Siete. con el siguiente contenido: «3.» Ocho. de Calidad de la Educación. a superar sus dificultades y resolver pacíficamente sus conflictos.» Seis. autónoma y prever y resolver pacíficamente los conflictos personales. Se adicionan tres nuevas letras b). la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal. residente en la ciudad donde se halle emplazado el centro y elegida por el Consejo Escolar del centro. d) Desarrollar sus capacidades afectivas. Con el fin de promover la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. de 23 de diciembre.» Diez. de 23 de diciembre. de 23 de diciembre. Se modifica el artículo 3. Se modifica la letra k) en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Orgánica 10/2002. de Calidad de la Educación. de 11 de noviembre. las Administraciones educativas velarán para que todos los currículos y los materiales educativos reconozcan el igual valor de hombres y mujeres y se elaboren a partir de presupuestos no discriminatorios para las mujeres. de Calidad de la Educación. de Calidad de la Educación. d) Los titulares de un derecho o interés legítimo. resolviendo pacíficamente los conflictos.» Nueve. Se adiciona una nueva letra g). familiar y social. que quedará redactado de la siguiente forma: «Es ilícita: a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria. en colaboración con los padres. de Calidad de la Educación. transmitirles valores y ayudarlos. familiares y sociales.
En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45. de 24 de marzo. de 24 de marzo. el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses. apartado 1. Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores. parto o lactancia. maternidad. o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma. enfermedad o accidente no laboral. el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores. con el siguiente contenido: «7. a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo. a través de la adaptación del horario. además del Ministerio Fiscal. Se introduce un nuevo apartado 6. la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. accidente de trabajo. la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley. en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley. tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán un duración inicial de seis meses. Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. de movilidad geográfica. para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Se añade un apartado 5 en el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad Social. maternidad y desempleo. o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada.6 del Estatuto de los Trabajadores. siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior. con el contenido siguiente: «n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 313
en los artículos 26 y 29. de 20 de junio. Se introduce una nueva letra n) en el artículo 45.» Disposición adicional octava. de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral. las personas y las Instituciones a que se refiere el artículo 25. la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. o estén disfrutando de ellos. de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. con el siguiente contenido: «5. con el siguiente contenido: «3 bis) La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.» Seis. decaerá la mencionada obligación de reserva. del mismo grupo profesional o categoría equivalente. riesgo durante el embarazo. incapacidad permanente. Modificación de la Ley General de la Seguridad Social. enfermedades causadas por embarazo. excepto en materia de legitimación que la tendrán. y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo. según proceda. con un máximo de dieciocho meses.» Tres. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.» Disposición adicional séptima. de 24 de marzo. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo. Se introduce una nueva letra m) en el artículo 49. ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género. licencias y vacaciones. apartado 1. para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.1 bis de la presente Ley. la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. Se introduce un nuevo apartado 3 bis) en el artículo 40 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. con el contenido siguiente: «m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses. con el siguiente contenido: «b) El de las trabajadoras embarazadas. contemplado en el artículo 48. En su defecto. muerte o supervivencia. cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos. En este último caso. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995.»
. en el artículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho.» Dos. a los efectos del párrafo anterior. de 24 de marzo. durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. de 24 de marzo. con el siguiente contenido:
«6.» Siete. Se modifica el párrafo segundo de la letra d) del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma. Uno. con el siguiente contenido: «No se computarán como faltas de asistencia. Uno. de 24 de marzo. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 55. En tales supuestos. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. Terminado este período. de 24 de marzo.» Cinco. acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud. tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación.42184
BOE núm.» Cuatro. En este caso. desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a). incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.
con el siguiente contenido: «8.1. el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito. 14. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria. reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad.4 y 5. 18. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 30/1984.3. 22. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 30/1984. a efectos de atemperar.1 n) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. disposiciones adicionales tercera. 7. 24.1e) y 208. la empresa. Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 6.1 y 3. de Medidas para la Reforma de la Función Pública. de Medidas para la Reforma de la Función Pública. No obstante.2 de la presente Ley. 21. 8. a los artículos 49. en caso necesario. Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género. 19. 26.» Disposición adicional novena. cuando se refieren. Se modifica la letra e) del apartado 1.» Cinco.» Tres. de 20 de junio. A los efectos previstos en este título.1. de 2 de agosto. de 20 de junio.» Tres. e i). Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 29 de la Ley 30/1984.n) del Estatuto de los Trabajadores. tal como establece el artículo 124. tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. se acreditará por comunicación escrita del empresario sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral. en su caso.1. Se modifica el apartado 2 del artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social. de Medidas para la Reforma de la Función Pública. de 20 de junio.1. 2 y 3. o en el supuesto contemplado en la letra n). tanto de nivel contributivo como asistencial.2 Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo. los siguientes preceptos: artículos: 3.» Cuatro.5. Acreditación de situaciones legales de desempleo. se entenderá por compromiso de actividad el que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente empleo. párrafo primero. 49. «3. En tales supuestos la Administración Pública competente en cada caso estará obligada a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.ª de la Constitución. de 2 de agosto. Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior el Servicio Público de Empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género. 313
Dos. del apartado 1 del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.5 de esta Ley. a excepción de los dos últimos párrafos. 3 y 4.a). texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. 25. 41. Se modifica el apartado 2 del artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social. octava y novena. excepto cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45. para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. tendrá la siguiente redacción: «3. 33.1. a excepción del último párrafo de sus apartados 5.m) y 50 del Estatuto de los Trabajadores.1. 31. 2 y 3.1. orientación. 32.» Dos.e) y f). de 2 de agosto. dictadas al amparo del artículo 149. junto con la orden de protección a favor de la víctima o. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley 30/1984.2. con el siguiente contenido: «2. 6 y 7.e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador. así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en este artículo. tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. 1. e). 23. de 20 de junio. siendo computable dicho período a efectos de ascensos. trienios y derechos pasivos. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran.2 del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. 16. 11. con el siguiente contenido: «2. de Medidas para la Reforma de la Función Pública. No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectué la entidad gestora o. 29. no se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45. y en consecuencia aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas.1. se tendrá especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género.» Cuatro. o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal. 13. para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. información. con el siguiente contenido: «Disposición adicional cuadragésima segunda. cuarta. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994.1 a 5.
. respectivamente.n) del Estatuto de los Trabajadores. 20. c). b). La situación legal de desempleo prevista en los artículos 208. formación. aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación.2. Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. junto
con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. con el siguiente contenido: «i) La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios. duodécima y decimoquinta. 30. 17. En el marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban con la finalidad de facilitar la movilidad entre los funcionarios de las mismas. en su defecto. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se refiere el apartado anterior se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior. Uno.BOE núm. Se introduce una nueva disposición adicional en la Ley General de la Seguridad Social. en los supuestos previstos en los artículos 40. con el siguiente contenido: «1.1. disposiciones transitoria segunda. así como el apartado 1. g) en sus párrafos primero a cuarto.1 m) y 45.18. de 2 de agosto. texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994.1. 12.
Los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción. de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables. de 1 de julio. se podrá prorrogar por períodos de tres meses. en el orden penal: a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal. de 31 de julio.» Cinco. cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere. de lo Penal. 1. El Gobierno. del Poder Judicial. que queda redactada de la siguiente forma: «Capítulo V.» Disposición adicional décima. c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas. Los Juzgados de Instrucción conocerán. el período en el que. de lo Social. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. de lo Contencioso-Administrativo. b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley. 2. que queda redactado de la siguiente forma: «1. Las referencias que se hacen al Juez de Instrucción y al Juez de Primera Instancia en los apartados 1 y 7 del artículo 544 ter de esta Ley. reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica se entenderán hechas. para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. a través de la adaptación del horario. o a la reordenación del tiempo de trabajo. al Juez de Violencia sobre la Mujer. totales o parciales. de 2 de agosto. de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. de Vigilancia Penitenciaria y de Menores. en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Se modifica el apartado 1 del artículo 210 de la Ley Orgánica 6/1985. con el contenido siguiente: «A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título IV del libro I de la Ley Orgánica 6/1985. Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer. de Menores y de lo Social se sustituirán entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo orden jurisdiccional. en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso. en su caso. de lo Penal. al Juez de Violencia sobre la Mujer. que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 26. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 de la Ley 30/1984. de acuerdo con el párrafo anterior. f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia. de 1 de julio. de lo Mercantil. 313
Esto no obstante. de lo Mercantil. se entenderán hechas. de lo Penal. del artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. de Violencia sobre la Mujer. De los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. en su caso. según el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. de lo Contencioso-Administrativo. Disposición adicional duodécima. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.» Tres. que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 87. del Poder Judicial. deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia. se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. de 1 de julio. del Poder Judicial. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 de la Ley Orgánica 6/1985. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 2.»
. excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 en el artículo 211 de la Ley Orgánica 6/1985.» Tres bis. de Violencia sobre la Mujer. salvo los que sean competencia de los Jueces
de Paz. a los tres años de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se hará una evaluación de los efectos de su aplicación en la lucha contra la violencia de género. En los casos en los que las funcionarias víctimas de violencia de género tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo. de lo Mercantil.» Cinco. siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. de Violencia sobre la Mujer. del Poder Judicial. tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud. de 1 de julio. o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. y en los artículos 962 a 971 de esta Ley.42186
BOE núm.» Cuatro. tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución. a propuesta de la Junta de Jueces. que queda redactado de la siguiente forma: «Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán sustituidos por los Jueces de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción. de Medidas para la Reforma de la Función Pública con el siguiente contenido: «5. del Poder Judicial. Las referencias que se hacen al Juez de Guardia en el título III del libro IV. d) De los procedimientos de ‘‘habeas corpus’’. y atendiendo al número de asuntos existentes. e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos. de lo Contencioso-Administrativo. con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.» Dos. Se modifica el apartado segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985. según proceda. de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley. en colaboración con las Comunidades Autónomas. de 1 de julio. estas faltas de asistencia. Evaluación de la aplicación de la Ley. con un máximo de dieciocho. en la redacción dada por la Ley 27/2003.» Disposición adicional undécima. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente: «1. de lo Social. Uno.
Disposición adicional decimotercera. El artículo 58 de la Ley del Registro Civil.ª. sobre el impacto de la violencia de género en su Comunidad. en estos aspectos financieros. el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género. se tendrá en cuenta la necesaria coordinación de los Servicios Públicos de Empleo. queda redactado de la siguiente forma: «2. Disposición final segunda. de 8 de junio de 1957. Disposición derogatoria única.ª. Disposición adicional decimonovena. elaborarán informes sobre las repercusiones económicas de la aplicación de esta Ley. Disposición final primera. 18. para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las víctimas de violencia de género cuando. Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. para implementar el artículo 19 de esta Ley.e) de la Ley Orgánica 8/1980. se opongan a lo establecido en la presente Ley.1. en todo caso. Informe sobre financiación. conforme a lo establecido en la Ley 21/2001. Todas las referencias y menciones contenidas en las leyes procesales penales a los Jueces de Instrucción deben también entenderse referidas a los Jueces de Violencia sobre la Mujer en las materias propias de su competencia. Los procesos civiles o penales relacionados con la violencia de género que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán siendo competencia de los órganos que vinieran conociendo de los mismos hasta su conclusión por sentencia firme. con audiencia del Consejo de Estado. El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial. a propuesta de los órganos interterritoriales correspondientes. Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la escolarización inmediata de los hijos en el supuesto de cambio de residencia motivados por violencia sobre la mujer. 6. Quedan derogadas cuantas normas. se vean obligadas a trasladar su domicilio y el mismo implique cambio de Comunidad Autónoma.BOE núm. cuyo texto se incluye como anexo a la presente Ley Orgánica.ª de la Constitución Española. Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el artículo 19 de esta Ley. Derecho transitorio.ª y 30. Coordinación de los Servicios Públicos de Empleo. Disposición adicional decimoquinta.ª. La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149. debido al ejercicio del derecho de movilidad geográfica.ª. En el desarrollo de la Ley 56/2003. así como una valoración de necesidades. En los procesos sobre hechos contemplados en la presente Ley que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor. Disposición adicional decimosexta. Disposición adicional vigésima.
. 1. a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos y que. Dotación del Fondo. durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas. 7. Se añade un anexo XIII a la Ley 38/1988. realizarán un diagnóstico conjuntamente con las Administraciones Locales. Las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional decimoctava. la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra se regirán. 5. Aplicación de medidas. y de acuerdo con el principio de lealtad institucional en los términos del artículo 2. de Demarcación y Planta Judicial.1. de 27 de diciembre. Cuando se den circunstancias excepcionales. los Ministerios competentes. de Empleo. de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial. Referencias normativas. 17. los Juzgados o Tribunales que los estén conociendo podrán adoptar las medidas previstas en el capítulo IV del título V. de 16 de diciembre. en uso de sus competencias.ª. Escolarización. y garantizar la equidad interterritorial en su implantación. de Financiación de las Comunidades Autónomas. Disposición adicional decimoséptima. no obstante. durante el año siguiente a la aprobación de esta Ley. En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiriera podrá accederse al cambio por Orden del Ministerio de Justicia. de igual o inferior rango. Disposición transitoria segunda. Ello. recursos y servicios necesarios. 8. podrá accederse al cambio por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia. Habilitación competencial.» Disposición transitoria primera. tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género. en los términos fijados por el Reglamento.ª. de 28 de diciembre. Fondo de garantía de pensiones. La dotación del Fondo se hará de conformidad con lo que dispongan las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. por sus regímenes especiales de Concierto Económico y de Convenio. Dichos informes serán presentados al Ministerio de Hacienda que los trasladará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Convenios en materia de vivienda. de 22 de septiembre. Cambio de apellidos. Disposición adicional decimocuarta. y a pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo. Mediante convenios con las Administraciones competentes.
undécima. quinta y sexta. 28 de diciembre de 2004. que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica el Consejo General del Poder Judicial dictará los reglamentos necesarios para la ordenación de los señalamientos. la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales cuarta. 70. Disposición final cuarta. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cádiz. Naturaleza de la presente Ley. 46. 71. Servido por Magistrado. que se les prestará de inmediato. decimonovena y vigésima. así como para la adecuación de la estructura del Ministerio Fiscal a las previsiones de la presente Ley. Madrid. procederá a la modificación del artículo 116. estableciendo la obligatoriedad para la Administración Penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento
para internos a que se refiere la presente Ley. de 10 de enero. adaptarán su normativa a las previsiones contenidas en la presente Ley. el Estado y las Comunidades Autónomas. artículos 42. El Gobierno. Por tanto. de Asistencia Gratuita. decimoséptima. Habilitación normativa. 45.
El Presidente del Gobierno. a excepción de los siguientes preceptos: título I. 2. adecuación de los servicios de guardia a la existencia de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. y coordinación de la Policía Judicial con los referidos Juzgados. JUAN CARLOS R. Servido por Magistrado. 313
Disposición final tercera. Entrada en vigor. En el plazo mencionado en el apartado anterior. sexta. La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». decimoquinta. 43. A través del Ministerio de Justicia se adoptarán en el referido plazo las medidas necesarias para la implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. séptima. título III. Disposición final sexta. éstas deban abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. así como las disposiciones adicionales primera. octava. las disposiciones que fueran necesarias para su aplicación. de 25 de julio. decimoctava. que lo hará a los seis meses. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
ANEXO «ANEXO XIII Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Andalucía Almería. Mando a todos los españoles.42188
BOE núm. en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley. particulares y autoridades. decimosexta. sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la misma. 1.» Disposición final séptima. En el mismo plazo procederá a modificar el Real Decreto 738/1997. de Asistencia Jurídica Gratuita. Se modifica el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996. Modificación de la Ley 1/1996. decimotercera. salvo lo dispuesto en los títulos IV y V. Disposición final quinta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado. – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1
. en el ámbito de sus respectivas competencias. que quedará redactado como sigue: «5. novena. de 10 de enero. de 9 de febrero. de 23 de mayo y el Real Decreto 996/2003. Servido por Magistrado. por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 44. 47. Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género acrediten previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita especializada.4 del Real Decreto 190/1996. título II. 72. segunda. en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado». Se habilita al Gobierno para que dicte. Modificaciones reglamentarias.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Granada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Huelva.BOE núm.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Málaga.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 Jaén. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – –
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servido por Magistrado. 313
10 11 12 13 14 15 Córdoba.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – –
Servido por Magistrado. Servido por Magistrado.
. 1 2 3 4 5 6 7 Asturias Asturias. 313
Sevilla. 1 2 3 Zaragoza.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aragón Huesca. 1 2 3 4 5 6 Teruel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 – – – 1 1 1 – – – – – – 1 1 1 1 1 1 – – – – – 1 – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servido por Magistrado.42190
Servido por Magistrado. Servido por Magistrado.BOE núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cantabria Cantabria. 1 2 3 4 5 6 7 Canarias Las Palmas. – – 1 – – – – 1 1 – 1 1 1 1 Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 Burgos. – – 1 – – 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 – – – – – – 1 – 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 Santa Cruz de Tenerife. 313
Illes Balears Illes Balears. 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 – – – – 1 1 1 1 – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 Castilla y León Ávila.
. 1 2 3 Zamora. 1 2 3 Valladolid. 1 2 3 4 5 Segovia. 1 2 3 4 5 Castilla-La Mancha Albacete. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuenca. 1 2 3 4 Soria. 1 2 3 4 5 6 7 Palencia. 313
León. 1 2 3 4 – – – – 1 1 1 1 – – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – 1 1 1 1 1 – – – 1 1 1 – – – 1 1 1 – – – – 1 1 1 1 – – – – – 1 1 1 1 1 – – – 1 1 1 – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1
Servido por Magistrado.42192
BOE núm. 1 2 3 Salamanca. 1 2 3 4 5 6 7 Ciudad Real.
BOE núm. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Girona. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 – – – 1 1 1
Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lleida. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 1 2 3 Toledo. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 Cataluña Barcelona. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 313
Servido por Magistrado. – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 Comunidad Valenciana Alicante/Alacant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Extremadura Badajoz.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 Valencia.
BOE núm. 1 2 3 4 5 6 – – – – – – 1 1 1 1 1 1 – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado. 313
Tarragona. – – – – – 1 1 1 1 1 – – 1 – – – – – – – – – – 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Castellón/Castelló.
Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ourense. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lugo. 1 2 3 4 5 6 7 Galicia A Coruña.
. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7
Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pontevedra.BOE núm. 313
7 8 9 10 11 12 13 14 Cáceres.
Servido por Magistrado. Servido por Magistrado.42196
BOE núm. 1 2
– – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – –
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Navarra Navarra. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado.
1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1
. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 313
8 9 10 11 12 13 Madrid Madrid. Servido por Matistrado. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. Servido por Magistrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Murcia Murcia. 1 2 3 4 5 País Vasco Álava.
– – – 1 1 1 – – – 1 – – 1 1 1 – 1 1 Servido por Magistrado.. En este sentido se pretende fortalecer el mérito y la capacidad como las razones esenciales del nombramiento y acceso al Tribunal Supremo y a las Presidencias de los
. por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985. se aborda la regulación de tres aspectos puntuales que coinciden en la necesidad de una reforma legal urgente. regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales»... de otro.. con una estructura vertebrada. velando por el prestigio de las instituciones y la cualificación de sus miembros... 8 – 14 1 421» Servido por Magistrado... y sin perjuicio de otras reformas posteriores de mayor calado que puedan realizarse.
LEY ORGÁNICA 2/2004. 1 2 3 4 5 6 La Rioja La Rioja. JUAN CARLOS I
A todos los que la presente vieren y entendieren.BOE núm.. del Poder Judicial. de 1 de julio.. se modifica el sistema de mayorías para la adopción de determinados acuerdos por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial y. 1 2 3 4 5 6 Vizcaya. Esta clásica exigencia de la independencia es predicable frente a todos –otros poderes del Estado. entre otras cuestiones. unitario e integrado... La garantía tradicional de la independencia de los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial (artículo 117. Acorde con lo anterior. A tal fin.... en la proposición no de Ley aprobada el 21 de septiembre pasado por el Congreso de los Diputados. Total nacional ... 12 Ciudad de Melilla Melilla. en la que se insta al Gobierno.. de 28 de diciembre. uno de los pilares sobre los que se inspira esta reforma.. 313
Guipúzcoa. la presente reforma pretende potenciar al Tribunal Supremo... De un lado. 1 2 3 Ciudad de Ceuta Ceuta. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente Ley pretende dar respuesta a la preocupación expuesta por la práctica totalidad de los Grupos parlamentarios.. suscrito el 28 de mayo de 2001– como un «poder independiente. – – – – – – 1 1 1 1 1 1
Servido por Magistrado. se fortalece la figura de Magistrado suplente del Tribunal Supremo y del Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. y a las Presidencias de los Tribunales Superiores como los órganos judiciales en los que culmina la organización judicial de la Comunidad Autónoma.1 CE) se proyecta en la actuación del Poder Judicial –según el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. a la adopción de las medidas precisas que refuercen la independencia del Poder Judicial. como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. junto a la mejora de la calidad de la justicia.. – 1 Servido por Magistrado. los demás órganos judiciales o el encargado de velar por la misma: el Consejo General del Poder Judicial– y constituye..
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