Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-24392-de-junio-29-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204211bbf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 07:16:08
Document Index: 158949196

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 90', 'artículo 277', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 47', 'artículo 61', 'artículo 47', 'artículo 87', 'artículo 41', 'artículo 6', 'artículo 61', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 12', 'artículo 6']

﻿ SENTENCIA 24392 DE JUNIO 29 DE 2005
SENTENCIA 24392 DE 29 DE JUNIO DE 2005
CONTENIDO:CALIFICACIÓN DEL ORIGEN DE UN RIESGO. DEBE SER DETERMINADO EN PRINCIPIO POR LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS Y SÓLO EN CASO DE QUE NO HAYA CONSENSO ENTRE ELLAS SE SEGUIRÍA EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ, JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, ARP, DECISIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 24392 de junio 29 de 2005
Radicación 24392
Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil cinco.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A. COLFONDOS, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 20 de abril de 2004, dentro del proceso ordinario promovido por la señora GLADYS MARINA SAAVEDRA DULCEY, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijas HEIDI MARIBEL, ANA MILENA, JEIMI PATRICIA y ELIDI MARIANA VÁSQUEZ SAAVEDRA, contra la sociedad recurrente y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
La demanda inicial fue promovida para que se declare sí el evento en que perdió la vida el señor JORGE ENRIQUE VARGAS GUALTEROS tuvo o no origen profesional y consecuencialmente se defina cuál de las dos entidades de seguridad social demandadas tiene a su cargo la pensión de sobrevivientes, condenándola por consiguiente al pago de las mesadas mensuales y las adicionales, a partir del 24 de enero de 1999, con sus respectivos incrementos, con indexación de los valores respectivos.
En los hechos que sustentan las pretensiones referidas se afirma que la señora GLADYS MARINA SAAVEDRA DULCEY y el señor Jorge Enrique Vargas Gualteros contrajeron matrimonio católico en la Parroquia de San Benito en Villavicencio el 27 de diciembre de 1986, unión en la que fueron procreadas las menores HEIDI MARIBEL, ANA MILENA, JEHIMY PATRICIA Y LEIDY MARIANA VARGAS SAAVEDRA.
Igualmente refieren que el señor JORGE ENRIQUE VARGAS GUALTEROS suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con el señor RAMIRO RESTREPO ECHEVERRI a partir del 16 de mayo de 1996, para conducir un vehículo de propiedad del empleador, sin sujeción a horario de trabajo, dada la naturaleza del cargo que desempeñaba.
En consonancia con lo anterior indican que el señor VARGAS GUALTEROS fue afiliado por su empleador para todos los riesgos al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero que el trabajador por iniciativa propia decidió trasladarse de régimen pensional y se afilió a COLFONDOS en noviembre de 1998.
Así mismo relatan que el camión que conducía el señor VARGAS GUALTEROS sufrió un avería, cuando aquel se dirigía de Cumaral a Villavicencio en horas de la tarde, viéndose obligado a dejar dicho vehículo a la orilla de la carretera y a desplazarse hasta la ciudad de Villavicencio a recoger herramienta para bajar el repuesto averiado y que para efectos de lograr la reparación rápida y oportuna se desplazó en una motocicleta de su propiedad, llegando a ese sitio más o menos a las seis de la tarde, procediendo a bajar el repuesto y a regresar a Villavicencio a eso de las ocho de la noche, cuando a la altura del cruce de la vereda el Caney fue arrollado por un carro fantasma.
Aducen que ocurrido el infortunio mencionado el señor VARGAS GUALTEROS fue llevado en estado de inconciencia inicialmente al Hospital Local de Restrepo, de donde fue remitido debido a su estado de gravedad, inmediatamente, a un centro asistencial de Villavicencio, en el que falleció el 24 de enero a las 3 a.m.
También anotan que el jefe del departamento de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales descalificó como accidente de trabajo el infortunio sufrido por el trabajador mencionado, sin mayores miramientos, pese a que tal hecho sobrevino a causa del cumplimiento de la actividad propia como conductor del camión y que en vista de tal posición la señora GLADYS MARINA SAAVEDRA DULCEY solicitó a COLFONDOS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes haciendo entrega de todos los documentos requeridos, entidad que fundada en un concepto de la aseguradora con la cual tiene contratados los servicios provisionales negó la petición aludida sosteniendo que el accidente sufrido por el señor VARGAS GUALTEROS si es de trabajo, presentándose de esta forma diferencias de criterios en la calificación, dado lo cual se remitió el expediente del siniestro a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Tunja para que resolviera dicha controversia. Organismo este último mencionado que dictaminó que el origen del deceso del trabajador fue de origen profesional.
El apoderado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sostuvo que al parecer no hubo testigos presenciales del accidente que cobró la vida del señor JORGE ENRIQUE VARGAS GUALTEROS y resaltó que esa entidad desestimó la causa de la muerte como ocurrida en accidente de trabajo, en atención a que la víctima no conducía un camión, que era el vehículo para cuya conducción estaba contratado, sino una motocicleta, que conforme al dictamen 0038-OH-LBF99SME se concluye que el trabajador accidentado se encontraba embriagado, de donde se sigue que se encontraba un una actividad diferente para la cual fue contratado y dado que en el acta de inspección del cadáver, efectuada por la Fiscalía 42 delegada se lee textualmente: “SUS FAMILIARES REPORTARON QUE HABIA SIDO TROPELLADO (SIC) POR UN CARRO FANTASMA POR QUE ASÍ LES DIJERON QUE DIJERA EN EL ISS, PERO QUE SE DESCONOCE SI ESO FUE ASÍ Y QUE LA MOTO EN QUE SE DESPLAZABA LA VICTIMA PRESENTA PELOS DE SEMOVIENTE POR LO QUE CREEN QUE PUDO HABER CHOCADO FRENTE (Sic) CON UNA RES”. A más de lo anterior propuso las excepciones de falta de causa para demandar, falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido (El texto en mayúsculas y resaltado es del opositor).
Por su parte, la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S.A. “COLFONDOS” se opuso a las pretensiones de los demandantes, aduciendo no tener conocimiento de los hechos expuestos en sustento de sus reclamaciones, pero con la aclaración referente a que de acuerdo con la documentación que les fue entregada se desprende que el trabajador se encontraba realizando labores propias de su cargo. Así mismo propuso las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación y prescripción.
En audiencia de juzgamiento celebrada el 24 de septiembre de 2003, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio declaró no probadas las excepciones formuladas por la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS “COLFONDOS S.A.”, y probadas las de la ARP ISS; declaró de origen común el accidente en que perdió la vida el trabajador JORGE ENRIQUE VARGAS GUALTEROS y, también, que le corresponde a COLFONDOS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que reclama la cónyuge GLADYS MARINA SAAVEDRA DULCEY, en la medida que se reúnan los requisitos de ley. Además absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las pretensiones de la parte actora. Decisión que fue confirmada en su integridad en segunda instancia.
Una vez estableció el tribunal que la controversia en este caso se presenta porque las partes discuten si la contingencia acaecida fue o no de trabajo, lo que determina si la prestación corresponde a la administradora de riesgos profesionales o en su defecto a la administradora de fondos de pensiones, en caso que no corresponda a un infortunio laboral, citó textualmente los artículos 9º y 12 del Decreto 1295 de 1994 y 7º del Decreto 1771 de 1994, que en su orden definen que es accidente de trabajo, que calamidades son de origen común y como se resuelven las controversias entre entidades de seguridad social.
Hechas las anteriores precisiones el sentenciador concluyó que en este asunto no se demostró la ocurrencia del accidente de trabajo porque la muerte del trabajador se produjo a las 8.00 p.m., en carretera, cuando Jorge Enrique Gualteros se desplazaba en su propia motocicleta, siendo que laboraba como conductor de un camión de carga de su empleador. Es decir, en ese preciso momento no estaba cumpliendo una actividad propio de su oficio.
A más de lo anterior encontró indicios que impiden determinar con certeza cuál fue el lugar donde se accidentó y si fue que se estrelló contra un automotor o un vacuno, en suma no halló determinada la forma como ocurrió el accidente.
En síntesis, en la decisión recurrida se concluyó que las pruebas aportadas al proceso sólo permiten deducir que Vargas Gualteros venía hacia Villavicencio aproximadamente a las ocho de la noche en la motocicleta de su propiedad, cuando sufrió el accidente; y lo hacía bajo el efecto del alcohol, según lo estableció el Instituto de Medicina Legal al examinar la muestra de sangre tomada por la enfermera jefe del Seguro 9 horas después del accidente; dictamen de acuerdo con el cual se detectó en el trabajador accidentado “una concentración de sesenta y siete miligramos de etanol por cada cien milímetros de sangre”.
Igualmente se estableció en la decisión recurrida que no es acertada la afirmación de la apelación relativa a que no se puede desconocer el informe general del dictamen rendido por la junta de calificación de invalidez aportado al proceso, porque el ISS no interpuso los recursos que le concede el Decreto 2463 de 2001, puesto que tal norma no estaba vigente cuando se practicó el dictamen, pues para ese momento regía el Decreto 1771 de 1991, que preveía en su artículo 7º que las controversias que se presenten entre las entidades administradoras, serán resueltas de conformidad a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, de manera que correspondía al médico o a la comisión laboral de la administradora de riesgos profesionales determinar el origen del accidente y muerte de Jorge Enrique Vargas Gualteros. Es decir que en caso de presentarse discrepancias, serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradora de salud y de riesgos profesionales, paso que se indicó no se cumplió en este caso.
A más de lo anterior precisó el juzgador de segundo grado que
la junta calificadora que debió practicar el dictamen era la Regional del Meta, como lo prevén los artículos 9º y 21 del Decreto 1346 de 1994, de modo que el rendido por la Junta de Calificación de Invalidez - regional Boyacá, carece de validez.
Persigue que se case en su totalidad la sentencia de segunda instancia, para que la Corte en sede de instancia revoque la proferida por el juez del conocimiento y en su lugar se absuelva a la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S.A. COLFONDOS, de todas las condenas impuestas y se provea en costas como en derecho corresponda.
Con el propósito anotado la acusación presentó cuatro cargos fundados en la causal primera de casación laboral, que únicamente fueron replicados por el Instituto de Seguros Sociales, que serán estudiados en el orden propuestos.
Orientado por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 13, 14, 46, 48, 73, 74, 141, 142 y 255 de la Ley 100 de 1993; 9º, 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994; 7 del Decreto 1771 de 1994; 9º, 21, 32 a 34 del Decreto 1346 de 1994; en relación con los artículos 42 de la Ley 100 de 1993; 10 de la Ley 446 de 1998; 33 y 34 del Decreto 2463 de 2001, 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil.
Quebrantamiento legal que anota se originó en los siguientes yerros fácticos que atribuye a la decisión acusada:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador Jorge Enrique Vargas Gualteros, esposo de la demandante Gladys Marina Saavedra Dulcey, falleció a consecuencia de un infortunio de origen común y no de un accidente de trabajo.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que el Instituto de Seguros Sociales no dio traslado a Colfondos de su posición en el sentido de considerar el accidente del citado trabajador como riesgo común.
“3. No dar por probado, estándolo, que lo atinente a la competencia de la junta regional de calificación, nunca fue un hecho debatido en el proceso.
“4. No dar por demostrado, estándolo, que el Instituto de los Seguros Sociales no impugnó la calificación de accidente de trabajo del infortunio del trabajador que hiciera la junta de calificación.
“5. No dar por demostrado estándolo, que el demandante falleció en cumplimiento de órdenes del empleador.
“6. No dar por demostrado, estándolo, que el propio empleador del afiliado fallecido reportó el infortunio por él sufrido como accidente de trabajo.
“7. No dar por demostrado, estándolo, que desde el momento en que se trabó la litis, tanto la parte demandante como la demandada confesaron que el insuceso en que perdió la vida el ex trabajador fue un accidente de trabajo”.
En torno a los yerros fácticos anotados se dice, en el ataque, lo siguiente:
“Para condenar a mí representada consideró el tribunal que el siniestro en que perdió la vida el trabajador Jorge Enrique Vargas Gualteros, esposo de la demandante Gladys Marina Saavedra Dulcey, fue de origen común y no un infortunio laboral; que la conclusión en contrario a ese aserto de la junta regional de calificación se hizo sin estar precedida del estudio de la junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y riesgos profesionales y que la junta regional del Boyacá no era competente.
“El artículo 90 del Decreto 1295 de 1994 define el accidente de trabajo en los siguientes términos:
“Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. O durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
“Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajos (sic) desde su residencia a los lugares (sic) trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador”.
“En primer lugar puede observarse que según el ad quem no debía tenerse en cuenta la calificación que hizo la junta regional sobre el origen del infortunio como accidente de trabajo ya que no se integró ella con representantes de la ARP y de la AFP. Al respecto basta decir que ninguna de las pruebas que obran en el expediente acredita que el Instituto de Seguros Sociales hubiese dado traslado a Colfondos de su posición en el sentido de considerar el accidente del citado trabajador como riesgo común.
“Apréciese cómo la ARP que recibió el reporte de la empresa acerca de la ocurrencia del accidente de trabajo no planteó la discrepancia a Colfondos, por lo que no estaba en manos de ésta última demandada propiciar la convocatoria de la junta interinstitucional echada de menos por el ad quem.
“Pero al margen de lo dicho lo verdaderamente relevante es que este no fue un hecho litigioso, por lo que no podía el tribunal introducirlo para efectos de su resolución.
“De otra parte, lo que concierne a la competencia de la junta regional de calificación, tampoco fue un hecho debatido en el proceso, por eso fue mal apreciada tanto la demanda primigenia como sendas respuestas dadas a ella por las demandadas, razón por la cual no podía introducir ex novo el fallo acusado un hecho litigioso que no fue propuesto por las partes.
“Además, todas las pruebas del proceso son contestes en que el Instituto de los Seguros Sociales no impugnó la calificación de accidente de trabajo del infortunio del trabajador que hiciera la junta regional de calificación, por lo que esa determinación de origen que efectuara la entidad legalmente autorizada quedó incólume, y si en ella se aprecia claramente que el siniestro mencionado fue de trabajo, es innegable que así ocurrió. Por eso fue mal estimada tanto la calificación de la junta como todas las demás probanzas que apreció el fallador de las cuales dedujo lo contrario.
“No dio por demostrado el fallo que el demandante falleció en cumplimiento de órdenes del empleador, no obstante que el propio patrono reportó el accidente que ocasionó la pérdida de vida del empleado, como accidente de trabajo. Así se lee claramente a folios 71 y 82 donde el subordinante admite que el trabajador se movilizaba en la vía Cumaral-Villavicencio a recoger repuestos para el camión. No importa si el vehículo en que se desplazaba era de propiedad del trabajador o de la empresa, ni la hora en que sucedió el accidente, pues lo cierto es que si se reportó como accidente de trabajo por el empleador era porque tal “movilización” del trabajador obedecía al cumplimiento o ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
“Además del informe patronal de accidente de trabajo, fueron erróneamente apreciados los documentos de folios 18 a 21, contentivo de las cartas del empleador a Colfondos porque no existe contradicción en ellas, por el contrario son contestes en que el accidente ocurrió en la vía Cumaral-Villavicencio, en la cual se encuentra como una de las ciudades intermedias la población de Restrepo. Nótese además que en dichas comunicaciones aclaró la empleadora que el horario de trabajo era difícil de establecer porque no se tenía calculado los inconvenientes que se puedan presentar en la carretera, del mismo vehículo o del sitio de destino o de descargue. Consta en ese mismo documento (fl. 18), de modo irrefragable que el trabajador fallecido se hallaba haciendo algunos arreglos al vehículo “que estaba bajo su responsabilidad, lo cual consistía en retirar en (sic) repuesto del vehículo y llevarlo a la ciudad de Villavicencio para hacer la reparación pertinente”.
“Ahora, si bien es cierto que se desplazaba para tal efecto en una motocicleta de su propiedad, lo hacía en cumplimiento de órdenes de la empresa de transportar el repuesto del camión de propiedad del empresario para su respectiva reparación.
“Desde luego que la calificación hecha por la junta regional acerca del origen del riesgo laboral al catalogarlo sin vacilaciones como accidente de trabajo (fl. 38), fue estimada de manera desacertada, ya que ella demuestra a simple vista que el origen fue “profesional” y que el 24 de enero de 1999 ocurrió el “accidente de trabajo”.
“Fue mal apreciada también la documental de folios 72 a 73 porque si bien es cierto que según ella al trabajador se le encontraron signos de haber ingerido licor, no está acreditado que ésta haya sido la causa del accidente, sino haber sido arrollado por un carro fantasma, como lo corrobora el empleador en su carta a Colfondos de fecha 7 de julio de 2001, por consiguiente mal estimada.
“Los documentos de folios 18 a 21, el informe patronal y la investigación del accidente sobre su ocurrencia, también fueron mal apreciados porque en esas pruebas ni en ninguna otra del proceso consta que el vehículo haya quedado reparado en las horas de la tarde como lo dedujo sin asidero alguno el fallador de la alzada. Por el contrario, lo que emerge al menos de esas dos primeras pruebas es que el accidente ocurrió en cumplimiento de órdenes del empleador.
“En cuanto al documento de folio 74, no es cierto que el mismo descarte la existencia de un accidente de trabajo, por el contrario lo ratifica, ya que ese medio de convicción emanado del ISS da cuenta que el trabajador fue autorizado para realizar la tarea que ocasionó el suceso inesperado “por el representante legal de la empresa” y al describir el accidente agrega que el trabajador se desplazaba en una motocicleta con el fin de llevar unos repuestos para desvarar “el vehículo que la empresa le había asignado”. Dicho infortunio acaeció a pesar de que como consta en el mismo documento “se tomaron las medidas de control necesarias para prevenir este tipo de accidentes”. De modo que si esto lo asentó la propia administradora de riesgos profesionales, según la investigación que voluntariamente adelantó sobre los hechos, no cabe duda del error de valoración de estas pruebas por parte del tribunal al no dar por demostrado lo que el mismo seguro social constató directamente en esta “investigación de accidentes de trabajo”.
“De lo dicho emerge que aún sin la prueba irrefutable del accidente de trabajo, como es la calificación impartida por la junta regional respectiva, se llega a idéntico aserto con las demás pruebas analizadas en este cargo, lo que evidencia el craso error cometido por el fallador.
“La existencia del riesgo profesional alegado fluye no sólo de todas las pruebas anteriores sino también de la confesión sin reservas de los hechos de la demanda en los que la parte promotora de este juicio acepta sin ambages la presencia del accidente de trabajo, lo cual fue también admitido por Colfondos. En efecto. Basta tener en cuenta en pro de ese aserto fáctico que desde el libelo inicial se estructuró la postura de la parte procesal activa sobre la base de un accidente de trabajo reportado por el propio empleador. Dado que el mismo se produjo “con ocasión de la ejecución de una actividad propia del trabajo para el cual fue contratado”. A su turno en la contestación de la demanda se admitió como cierto que “el trabajador se encontraba realizando actividades propias de su trabajo” y que el accidente donde el afiliado perdió la vida “es considerado como accidente de trabajo”, lo que evidencia que estas confesiones contenidas en la demanda y sus respuestas, fueron valoradas desatinadamente, pues sin necesidad de mirar otras pruebas, demanda y respuesta acreditan el riesgo profesional alegado por la parte actora.
“Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la prueba no calificada analizada por el sentenciador, corrobora el error de apreciación porque como lo dice la versión del propio investigador del ISS, señor Jorge Eliécer López, especializado en salud ocupacional, investigó las circunstancias como se produjo el accidente y comprobó que el hecho acaeció porque el trabajador estaba cumpliendo “órdenes de trabajo. . . para realizar su labor”, ya que el empleado recibió “una orden expresa de su empleador con el fin de realizar una actividad inherente a sus actividades habituales de trabajo, como era la de ir hasta la localidad de Cumaral a llevar unos repuestos para desvarar el vehículo de la empresa, desarrolló su labor ahí y al regreso, pues se le ocasionaron los hechos ya conocidos”. De suerte que el accidente no es de trabajo porque la motocicleta fuese o no de la empresa, sino que admitiendo que era de propiedad del trabajador, ocurrió con ocasión de una orden impartida por el empleador de ir a conseguir unos repuestos para reparar el camión de la empresa. Es decir, se aprecia en este testimonio todo lo contrario de lo que dedujo inexplicablemente el tribunal.
“En consecuencia si todas las pruebas evidencian la existencia del susodicho accidente de trabajo no podía dar el tribunal prelación, a la simple conclusión del documento de folio 34, igualmente mal apreciado, por carecer de asidero. También estimó mal los documentos de folios 35, porque lo único que prueba es la petición a Colfondos que reclame la pensión del señor Vargas, y el de folio 36 porque ese el presunto incumplimiento de trámites no fue hecho discutido en el proceso.
“Por todo lo expuesto, el desacierto fáctico del ad quem es ostensible, no sólo por valorar erróneamente una prueba tan importante y diáfana como la definición de la junta de calificación (fl. 38), no objetada por ninguna de las partes con interés jurídico para ello, sino también porque todas las pruebas del proceso, desde la demanda, la contestación de Colfondos, el informe patronal del riesgo profesional, que sin reservas calificó el hecho como tal, la investigación adelantada por la ARP 188, y desde luego la calificación de la junta, coinciden en el aserto del accidente de trabajo, o sea que los únicos que se apartaron del mismo fue el ISS (solo en el proceso) y el tribunal, lo que permite realmente colegir que no hay duda alguna de la existencia del siniestro laboral que padeció el trabajador y que finalmente ocasionó su deceso.
“Si el tribunal no hubiese cometido estos dislates de hecho no habría aplicado indebidamente las normas enlistadas en la proposición jurídica que lo condujeron a confirmar la ilegal condena a mí procurada, cuando por tratarse de un accidente de trabajo ha debido condenar a la administradora de riesgos profesionales porque según la propia demanda todo provino de un accidente de trabajo.
El apoderado del Instituto de Seguros Sociales se opone a la prosperidad de los cargos propuestos, aduciendo simultáneamente respecto de todos ellos que la sentencia acusada no atribuye la causa del infortunio en que perdió la vida el señor Jorge Enrique Vargas solamente a su estado de alicoramiento, sino que también a un conjunto de factores que por no ser objeto de ningún análisis en el ataque continúan sosteniendo el fallo emitido por el Tribunal de Villavicencio.
En torno al carácter laboral o no del accidente que sufrió el señor Jorge Enrique Vargas Gualteros se observa que la afirmación que hace la parte actora en la demanda inicial, en punto a que fue de trabajo, no puede ser tomada como prueba de la veracidad de ese hecho, pues corresponde a la versión de parte interesada que como tal carece de valor persuasivo sobre ese aspecto fáctico que se discute en el proceso, pues ninguno de los medio de convicción citados en el ataque corrobora tal aserto. Igual consideración cabe también respecto de la posición asumida en la respuesta a la demanda de la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. Colfondos, pues es obvio que tiene interés en que no se califique de origen común el infortunio sufrido por el trabajador mencionado, con el propósito de que sea absuelta de la pensión de sobrevivientes reclamada.
En consonancia con lo anterior se observa que el informe del accidente de trabajo que cita la censura corresponde a un documento declarativo proveniente de un tercero (fls. 71 y 82), el cual, por su naturaleza intrínseca, debe ser valorado probatoriamente como un testimonio, conforme lo ordena el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, y , por lo mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no constituye prueba calificada para estructurar autónomamente un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo.
Ocurre lo mismo con las cartas que el empleador envió a Colfondos el 28 de marzo de 2000 y el 7 de julio de 2001, sin embargo estas acreditan que esa compañía tenía conocimiento de que administradora de riesgos profesionales en la que se encontraba afiliado el trabajador fallecido no aceptaba tal hecho y por ello la reclamación a ella presentada, lo cual explica por qué acudió ante la junta regional de calificación de invalidez. Hecho que en el supuesto de tener prosperidad el cargo, por cualquier razón, se vería corroborado por la solicitud de la pensión de sobrevivientes solicitada a Colfondos el 28 de septiembre de 1999, dado que en esta se cita la respuesta que dio la ARP al empleador, obrante a folio 34 y en la que se comunica que el infortunio sufrido por el trabajador se descalifica como de trabajo.
Si lo anterior no fuera poco en la misiva que envió la directora de clientes individuales de Colfondos a la demandante Gladys Marina Saavedra Dulcey, el 6 de diciembre de 2000, se le entera que la administradora de riesgos profesionales descalificó como accidente de trabajo la contingencia que le ocasionó la muerte al señor JORGE ENRIQUE VARGAS GUALTEROS y que por tal razón envía el caso a la junta regional de calificación de invalidez de Tunja, “con el fin de dirimir el conflicto presentado” (el texto resaltado y entre comillas corresponde a la comunicación aludida, ver fl. 36, cdno. de instancia).
Otro documento que tampoco es prueba calificada en casación es el dictamen de alcoholemia que se cita en el cargo, de manera que no puede ser examinado en esta oportunidad, pues excepcionalmente su estudio de acuerdo con reiterada jurisprudencia únicamente es viable para ratificar los yerros fácticos acreditados con las pruebas hábiles en este recurso. Situación que también se presenta con el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez de Boyacá.
Respecto a investigación del accidente de trabajo adelantada por el Instituto de Seguros Sociales se observa que solo recoge la versión de un administrador del empleador sobre los hechos que supuestamente rodearon el accidente padecido por el trabajador Jorge Enrique Vargas Gualteros, sin que en el documento que lo contiene se califiquen como ciertos. Además que no correspondía al técnico que la recepcionó pronunciarse sobre su veracidad, conforme se desprende del concepto final emitido respectivamente por el médico laboral y el médico nivel nacional, que milita a folio 68 del cuaderno de instancia.
En cuanto a la negación, en la decisión recurrida, del valor probatorio del dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez de Tunja se tiene que el ataque se refiere a unos puntos que aluden directamente con los requisitos exigidos para la práctica de este medio instructivo que obviamente eran materia de examen en la decisión recurrida habida consideración a que guardan conexión con la validez de la prueba. Aspectos que, además, por su carácter jurídico no eran acusables por la vía indirecta por la que viene orientado el cargo, pues al respecto la doctrina de la Sala acoge la tesis de que todos aquellos temas sobre los cuales exista inconformidad en lo concerniente a la admisión, producción, asunción y mérito probatorio de los medios de prueba debe ser atacado por la vía directa.
Dirigido al igual que el anterior por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 13, 14, 46, 48, 73, 74, 141, 142 y 255 de la Ley 100 de 1993; 9º, 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994; 7º del Decreto 1771 de 1994; 9º, 21, 32 a 34 del Decreto 1346 de 1994; en relación con los artículos 42 de la Ley 100 de 1993; 10 de la Ley 446 de 1998; 33 y 34 del Decreto 2463 de 2001; 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil.
Violación que señala se originó en el error de derecho consistente en “dar por probado que no hubo accidente de trabajo, a pesar que la prueba solemne acerca de la calificación de origen del accidente, el dictamen emanado de la junta de calificación, lo acredita fehacientemente”. Dislate al que agrega el consistente en “no dar por demostrado, estándolo, que ninguna parte interesada objetó tal calificación”.
Sostiene la acusación respecto de los dislates anotados que estos provinieron de la apreciación errónea del dictamen de la junta de calificación (fl. 38) y de todas las pruebas documentales mencionadas en el fallo del tribunal como estimadas por él.
En sustento de los yerros denunciados aduce la censura en el desarrollo del cargo, lo siguiente:
“Con arreglo al artículo 42 de la Ley 100 de 1993, las juntas de calificación de invalidez son los organismos legalmente facultados para hacer la calificación del origen de un riesgo cuando hay controversia sobre el particular.
“Basta ver el documento contentivo de la calificación del origen (fl. 38) para advertir que el aludido siniestro de que fue víctima el afiliado se generó por un riesgo “profesional” y no común, y que según el mismo el 24 de enero de 1999 fue la “fecha en que ocurrió el accidente de trabajo”. Clarísimo está dicho así en la única prueba a la que la ley otorga potestad para calificar el origen de un riesgo, que por tanto tiene el carácter de prueba solemne, como lo ha venido sosteniendo reiteradamente esa Sala. Al no concluirlo así el tribunal, y edificar su convicción en probanzas que la ley no faculta para tal propósito, valoró mal el dictamen, que insisto es el legalmente idóneo para calificar el origen laboral de un siniestro, y por ello incurrió en el mencionado error de hecho.
Ello no se desvirtúa por las demás pruebas apreciadas por el ad quem, porque ellas no tienen esa misma virtud.
“Lo asentado se complementa con el hecho de que ninguna de las partes interesadas objetó, ni tachó ni recurrió el dictamen de la junta calificadora, pues no hay ninguna prueba de ello en el expediente. Así las cosas, es obvio que quedó en firme y lo que él demuestra es procesalmente incontrovertible. Cometió entonces el ad quem el desacierto fáctico de dar no por demostrado, estándolo de modo ostensible, que ninguna parte interesada objetó tal calificación.
“Si el tribunal no hubiese incurrido en esos dislates fácticos, no habría aplicado indebidamente las normas enlistadas en la proposición jurídica que lo condujeron a confirmar la ilegal condena a mí procurada, cuando por tratarse de un accidente de trabajo ha debido condenar a la administradora de riesgos profesionales, y por tanto habría absuelto a mi representada que no tiene ese carácter, ya que es una AFP”.
El ataque está edificado fundamentalmente en la aseveración según la cual el juzgador de segundo grado incurrió en un error de derecho consistente en dar por probado que no hubo accidente de trabajo, pese a que la prueba solemne acerca de la calificación de origen del accidente lo acredita fehacientemente, es decir el dictamen emanado de la junta de calificación. Planteamiento que resulta inexacto pues la referida prueba no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por unos determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne.
Al respecto, es oportuno resaltar que tratándose del accidente de trabajo lo que invariablemente obliga del dictamen es la determinación de la minusvalía del afiliado, pero no siempre la calificación del infortunio como accidente de trabajo, pues frente al acontecer irrebatible de que aparezcan en el proceso pruebas irrefutables que desvirtúen el origen de la incapacidad o la muerte del asegurado, no pueden los jueces desconocerla por función la de juzgar las vicisitudes que acontezcan en el desarrollo de la relación laboral.
Al margen de lo dicho se tiene que en todo caso el tribunal no desconoció la existencia del experticio aludido, sino que en realidad le restó mérito probatorio por no haberse cumplido los requisitos exigidos para la producción y contradicción de esta prueba. Aspectos sobre los cuales es que se muestra inconforme el ataque, pero como ya se anotó al resolver el primer cargo, todos aquellos temas sobre los cuales exista inconformidad en lo concerniente a la admisión, producción, asunción y mérito probatorio de los medios de prueba debe ser atacado por la vía directa.
Acusa por la vía directa a interpretación errónea de los artículos 13, 14, 46, 48, 73, 74, 141, 142 y 255 de la Ley 100 de 1993; 9º, 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994; 7º del Decreto 1771 de 1994; 9º, 21, 32 a 34 del Decreto 1346 de 1994; 42 de la Ley 100 de 1993; 10 de la Ley 446 de 1998; 33 y 34 del Decreto 2463 de 2001; 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil.
Los argumentos expuestos por la censura para acreditar la equivocación jurídica enrostrada al tribunal son los siguientes:
“Consideró el proveído gravado que de conformidad con las normas que mencionó en la parte considerativa del mismo no era válida la calificación hecha por la junta regional respectiva porque para que ella pudiera avocar el tema referente a la calificación de origen era menester que previamente se agotara el procedimiento previsto en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, en armonía con el artículo 7º del Decreto 1771 del mismo año.
“Además entendió el ad quem que el dictamen emitido carece de validez porque adolece de falta de fundamentación porque no precisa ni detalla de dónde sacó la conclusión de que existió un accidente de trabajo, ni explica las investigaciones efectuadas, ni las bases técnicas o científicas al respecto.
“En principio es cierto que las disposiciones invocadas en el fallo del tribunal contemplan la posibilidad de que antes del pronunciamiento de la junta de calificación de invalidez, las comisiones médicas, ya bien de una administradora de riesgos profesionales o de una de riesgos de salud se pronuncien sobre el origen de un infortunio, y también está prevista legalmente la posibilidad de que en caso de discrepancias se convoque una junta integrada por representantes de ambas entidades para que las resuelvan; pero no es menos cierto que la razón de ser de ese estudio preliminar es la de facilitar un pronto pronunciamiento por parte del personal médico de cada una de las referidas administradoras con el fin de que las peticiones de los afiliados puedan ser atendidas ágilmente por ellas, sin que sea necesario provocar el pronunciamiento de la junta calificadora regional.
“Pero tal posibilidad normativa no comporta una camisa de fuerza ni para el afiliado ni para las administradoras de agotar inexorablemente esos pasos antes de acudir al examen de la junta regional de calificación. Entenderlo de esa manera implicaría que la competencia de dichas juntas está condicionada al cumplimiento de un requisito esencial de procedibilidad, que de no realizarse enervaría la potestad de definir el tema respectivo. Ese criterio no se aviene con el fundamento ni con la finalidad del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, además de que en la práctica en algunos casos ese procedimiento puede ser engorroso porque implicaría que las ARP o las AFP provocaran innecesariamente una especie de conflictos de competencias como condición para acudir a las juntas.
“Si la discrepancia entre las administradoras es irremediable, si ambas están absolutamente seguras de su respectiva posición acerca del origen del riesgo o de la enfermedad, si están plenamente de acuerdo en el desacuerdo, no hay una razón de peso para que fatalmente tenga que integrarse una junta interinstitucional que congestionaría el trabajo de las administradoras y dilataría en muchos casos estos procedimientos que por su naturaleza y por los bienes jurídicos y sociales comprometidos exigen una pronta resolución. Naturalmente, en muchos casos ese intercambio de opiniones interinstitucional es saludable para tratar de zanjar las diferencias de opiniones en estas materias, pero lo que no puede es imponerse forzosamente a las partes involucradas en la discrepancia.
“En consecuencia, no se trata de un paso legalmente inexorable sino de una posibilidad jurídica de acudir a dicho procedimiento, del cual puede apartarse razonablemente una de las administradoras o el propio afiliado cuando esté convencido de que el dictamen desfavorable preliminar de la comisión médica de cualquiera de ellas acerca del origen del riesgo sea equivocado o perjudique sus intereses, eventos en los cuales es dable pensar que dada la composición y competencia científica de las juntas regionales se puede acudir a estas de modo expedito sin necesidad del paso intermedio que en ocasiones puede constituir una talanquera según el designio del mencionado precepto.
“Puede imaginar esa respetable Sala cuántos casos le llegan frecuentemente sin la demostración del agotamiento previo de ese procedimiento como lo entiende el tribunal y aun sin la calificación previa por parte de las juntas interinstitucionales, eventos en los cuales puede jurídicamente la Sala, previa la anulación de un fallo de segunda instancia, decretar de oficio como prueba el respectivo dictamen de la junta regional de calificación, posibilidad que quedaría obstruida si se adoptara el respetable criterio del tribunal.
“De otra parte el fallador cambió el sentido de las normas sobre competencia y funciones de las juntas de calificación y de la decisión que ellas adoptan en lo atinente al origen porque la ley es muy clara al asignarle la competencia exclusiva para resolver los interrogantes al respecto. Ninguna otra autoridad diferente a tales juntas tiene legalmente competencia para determinar una invalidez o el origen de un accidente.
“Como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, el dictamen que profieren las juntas de calificación, en un proceso tiene el carácter de prueba solemne y por tanto las conclusiones de estirpe científica que emanen de ella son intangibles y no podrían ser sustituidas en ese ámbito por otras probanzas ni por el concepto científico del juzgador. Naturalmente, habrá aspectos de la calificación que pueden ser confutados judicialmente, tales como la fecha del mismo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrieron los hechos, pero no los fundamentos ni conclusión científicos acerca del origen del accidente”.
Por lo demás, si bien formalmente la citada calificación que hacen las juntas es un dictamen, no es menos verdadero que tiene unas características y derrotero especial por lo que no puede identificarse plenamente con los dictámenes periciales regulados por los artículos 237 y 241 del estatuto procesal civil, razón por la cual carecen de la misma naturaleza y de los trámites de perfeccionamiento y validez que fluyen según estos textos legales para las experticias ordinarias.
“De ahí porqué, las resoluciones en estos asuntos que emitan las juntas calificadoras no tienen los mismos requisitos de fundamentación, ni de bases técnicas o científicas que se exigen para los dictámenes gobernados por el estatuto adjetivo civil.
“Por último la argumentación del tribunal de que no produce ninguna consecuencia jurídica que el Seguro Social no hubiera interpuesto recursos contra el dictamen, es equivocada porque desde la expedición de la Ley 100 de 1993 está prevista la junta nacional de calificación que conoce en segunda instancia de las decisiones de las juntas regionales recurribles ante aquella. Ello se encuentra corroborado con los artículos 32 a 34 del Decreto 1346 de 1994 vigente para la época de los hechos. Por consiguiente, no es aceptable el criterio de que sea inane la contumacia frente a las decisiones de una junta regional de calificación.
“De no haber incurrido el fallador en tal vicio, no habría condenado a mi representada al pago de la pensión de sobrevivientes”.
La exigencia referente a que las controversias que se llegaren a presentar entre las administradoras con ocasión del origen del accidente, de la enfermedad, o de la muerte, debían ser resueltas conforme a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, tienen plena justificación, habida consideración que frente a esas normas la calificación del origen de las contingencias referidas debía ser determinada en principio por las entidades administradoras y solo en caso de que no hubiese consenso entre ellas se seguiría el procedimiento previsto para las juntas de calificación de invalidez. Es así como inicialmente las administradoras estaban obligadas a pronunciarse en torno a la calificación aludida en la siguiente forma: En primera instancia la institución prestadora del servicio de salud que atendía al afiliado y en segunda instancia al médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales; de suerte que frente al evento de que surgieran discrepancias en el origen del infortunio, estas serían resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y de riesgos profesionales, de manera que en tanto no existiese este último pronunciamiento no era válido entender que hubo una definición de la contingencia sufrida por el afiliado y consecuencialmente que se presentó una negación de la prestación reclamada por el asegurado o sus beneficiarios, de allí que tampoco fuera procedente en virtud de esa indefinición acudir a las juntas de calificación de invalidez.
En todo caso, observa la Sala que el cargo no tiene vocación de prosperidad dado que el ataque dejó de controvertir dos consideraciones que constituyen soportes esenciales de la conclusión del tribunal, referente a que no es acertada la afirmación de que no se puede desconocer el dictamen rendido por la junta de calificación de invalidez en virtud a que el Instituto de Seguros Sociales no interpuso los recursos que concede el Decreto 2463 de 2001; que en su orden aluden a que a la junta que debió efectuar el dictamen era la regional del Meta y no la de Boyacá que fue la que practicó dicha prueba en este asunto y la relativa a que Colfondos dirigió la discrepancia presentada directamente a la junta regional de calificación de invalidez de Tunja, a espaldas de la ARP, sin impugnar correctamente la descalificación de accidente de trabajo que hizo la ARP y que por su cuenta y en forma unilateral e incorrecta se dirigió a un organismo incompetente. Apreciaciones que en principio resultan lógicas, si se tiene en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales no podía impugnar el dictamen referido al no tener conocimiento de su existencia. Dicha omisión origina que las consideraciones que sirvieron de soporte al tribunal permanezcan inmodificables y por consiguiente continúen prestando apoyo suficiente a la decisión impugnada, pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia recurrida.
En las condiciones reseñadas el cargo resulta infundado.
Denuncia por la vía de puro derecho la infracción directa de los artículos 32 a 34 del Decreto 1346 de 1994, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 13, 14, 46, 48, 73, 74, 141, 142 y 255 de la Ley 100 de 1993; 9º, 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994; 7º del Decreto 1771 de 1994; 9º y 21 del Decreto 1346 de 1994; 42 de la Ley 100 de 1993; 10 de la Ley 446 de 1998; 33 y 34 del Decreto 2463 de 2001, y 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil.
“Dijo el tribunal que el Decreto 2463 de 2001 no estaba vigente y que no produce ninguna consecuencia que el ISS no haya interpuesto los recurso de ley contra el dictamen de la junta de calificación de invalidez aportado al proceso.
“Ignoró el tribunal los artículos 32 a 34 del Decreto 1346 de 1994, vigente por la época de los hechos, que establecen que contra los actos emanados de las juntas regionales de calificación procede el recurso de apelación ante la junta nacional de calificación, configurándose de esta manera la infracción directa de tales preceptos que condujeron a la aplicación indebida de los demás enlistados en la proposición jurídica.
Al igual que en el cargo anterior en este también se dejó de controvertir dos consideraciones que constituyen soportes esenciales de la conclusión del tribunal, referente a que no es acertada la afirmación de que no se puede desconocer el dictamen rendido por la junta de calificación de invalidez en virtud a que el Instituto de Seguros Sociales no interpuso los recursos que concede el Decreto 2463 de 2001; que en su orden aluden a que a la junta que debió efectuar el dictamen era la regional del Meta y no la de Boyacá que fue la que practicó dicha prueba en este asunto y la relativa a que Colfondos dirigió la discrepancia presentada directamente a la junta regional de calificación de invalidez de Tunja, a espaldas de la ARP, sin impugnar correctamente la descalificación de accidente de trabajo que hizo la ARP y que por su cuenta y en forma unilateral e incorrecta se dirigió a un organismo incompetente. Apreciaciones que, se repite, en principio resultan lógicas, pues no se explica como podía el Instituto de Seguros Sociales impugnar el dictamen referido si no tenía conocimiento de su existencia.
Luego como ya se explicó la irregularidad anotada origina que las consideraciones que sirvieron de soporte al tribunal permanezcan inmodificables y por consiguiente continúen prestando apoyo suficiente a la decisión impugnada, pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia recurrida.
En las condiciones reseñadas el cargo resulta infundado, en consecuencia las costas son de cuenta de la recurrente y a favor solamente del Instituto de Seguros Sociales, pues no está acreditado que se hayan causado a favor de los demandantes opositores.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 20 de abril de 2004, proferida por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso adelantado por Gladys Marina Saavedra Dulcey, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijas Heidi Maribel, Ana Milena, Jeimi Patricia y Elidi Mariana Vásquez Saavedra contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. Colfondos y el Instituto de Seguros Sociales.
Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente y a favor del Instituto de Seguros Sociales.
Me aparto de la decisión mayoritaria que no le dio prosperidad al segundo cargo, por considerarse que “lo que invariablemente obliga del dictamen es la determinación de la minusvalía del afiliado, pero no siempre la calificación del infortunio como accidente de trabajo, pues frente al acontecer irrebatible de que aparezcan en el proceso pruebas irrefutables que desvirtúen el origen de la incapacidad o la muerte del asegurado, no pueden los jueces desconocerla por función la de juzgar las vicisitudes que acontezcan en la relación laboral”.
No comparto el anterior razonamiento porque los artículos 41 y 42 de la Ley 100 de 1993, que son aplicables en materia de riesgos profesionales, asignaron a las juntas calificadoras la competencia para determinar el estado de invalidez, y el artículo 47 del Decreto 1295 de 1994 dispuso que igualmente eran competentes para determinar el origen de ese estado en relación con los infortunios profesionales.
Por lo tanto, tal como lo había precisado la Sala en anteriores ocasiones, la ley ha asignado una competencia específica en relación con las controversias relacionadas con la invalidez, que no puede ser desconocida por los jueces acudiendo a las facultades establecidas en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en materia de apreciación de la prueba, pues por virtud de esa delegación legal, en un proceso judicial será el dictamen de las juntas establecidas para el efecto, el medio de convicción idóneo para establecer tanto el estado como el origen de la invalidez.
Así se desprende de lo que explicó la Corte en la sentencia del 3 de abril de 2001, radicado 15137, en la que, memorando el criterio vertido, entre otras, en la sentencia del 16 de diciembre de 1997 (rad. 9978), que dijo fue aclarada por la radicada bajo el número 11910, proferida el 29 de septiembre de 1999, en la cual se ratificó que dichas juntas son las únicas facultadas por la ley “para emitir el dictamen sobre el grado de reducción de capacidad laboral de una persona, como fundamento de su pretendida pensión de invalidez”.
En efecto, en tal providencia al referirse a un caso análogo al presente, precisó:
“Significa lo anterior que es fundada la acusación que al fallo le formula la recurrente, pues al haberse basado el tribunal en el dictamen rendido por el médico del Ministerio de Trabajo, cuando se encontraba ya en vigor la Ley 100 de 1993, e igualmente el artículo 47 del Decreto 1295 de 1994 y los artículos 1º y 3º del Decreto 303 de 1995, se rebeló contra los preceptos de dicha ley y sus decretos reglamentarios en cuanto establecen que el estado de invalidez debe acreditarse mediante el dictamen proveniente de las juntas de calificación de invalidez”.
Y aun cuando no desconozco que en determinadas oportunidades y dada la conformación de dichas juntas, otros medios probatorios puedan ofrecer un mayor grado de persuasión al juzgador, ello en modo alguno significa que pueda restársele valor probatorio a un dictamen emitido por una junta de calificación de invalidez en ejercicio de sus atribuciones legales, con mayor razón si se toma en consideración, que dichos dictámenes pueden ser controvertidos de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley, tanto cuando se han proferido antes de iniciado el proceso judicial en el que se aporten como prueba, como cuando se han producido, una vez iniciado este.
Por lo tanto, no comparto la conclusión de la Sala, pues en últimas conduce a dejar sin efectos prácticos la competencia otorgada a las señaladas juntas y hace inane acudir ante ellas cuando se trate de establecer el estado de invalidez o su origen.
Fecha ut supra, Gustavo José Gnecco Mendoza.
Disiento de la tesis sobre el significado de la institución de la prueba solemne frente a la determinación del origen de la invalidez o de la muerte, aspecto medular para resolver la controversia del sub lite encaminada a precisar la entidad a la cual le corresponde cubrir la contingencia respectiva: si a una administradora de pensiones entratándose de riesgo común, o a una administradora de riesgos profesionales si aquella tuvo origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.
Comparto la tesis reiterada de la Sala en cuanto a que la solemnidad exigida para la prueba debe ser de aquellas que atañen a la existencia misma del hecho jurídico, o como lo preceptúa el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, una determinada solemnidad para la validez del acto; pero he de apartarme de la consideración de que esta premisa no se da en lo que respecta a la prueba del estado de invalidez o el de la muerte, porque estiman que el mandato del conjunto normativo —Ley de seguridad social y decretos que la desarrollan— ora no reviste al dictamen de solemnidad, ora porque el dictamen no pueda ser revestido de solemnidad.
El artículo 41 de la Ley 100 dispone ... que el estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez; los artículos 42 y 43 ibídem instituyen en efecto las juntas nacionales y regionales de calificación de invalidez, atribuyéndoles la función de determinar el origen de la invalidez y por extensión el de la muerte, de conformidad con el artículo 6º del manual único para la calificación de invalidez el Decreto 917 de 1999, el cual dispone que corresponde a tales juntas resolver sobre la calificación del origen de la muerte en caso de controversia.
El daño fisiológico o el acontecimiento del deceso no constituyen per se un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, un estado de invalidez, o la muerte, entendidos como hecho o categoría jurídicos de los que se desprenden los derechos; para que alcancen tal condición deben ser calificados como tales por una junta de expertos instituidos para tal fin, y siguiendo precisos delineamientos: los contenidos en el manual único referido.
Valga resaltar la paradoja que significa el que mientras la Sala estima como solemnidad el mandato de la ley de la forma escrita para pactar un plazo fijo en un contrato de trabajo, le niega tal carácter a una prueba respecto de la cual el legislador ordenó crear una verdadera institucionalidad: estableció juntas, procedimientos y reglas que se han de seguir para determinar el origen, fecha de estructuración y estado de invalidez o del suceso de la muerte.
La solemnidad de la prueba es un mecanismo de seguridad jurídica al precaver que para el momento del nacimiento del acto o hecho se sigan determinadas reglas para su constitución jurídica, las mismas que en caso de controversia judicial, obrarán como medios de su demostración, en condiciones que permitan establecer con claridad sus circunstancias, términos o características; desligar el mandato de la solemnidad de su finalidad probatoria, admitiendo medios de prueba distintos es desnaturalizar su significado.
No puede admitirse como argumento contra el supuesto de que el dictamen para determinar el estado de invalidez el que ello representaría una restricción al juez en su facultad de valorar libremente la prueba; primero por cuanto no pierde su libre valoración del dictamen si este es impugnado; en este caso puede el juez valerse de conceptos y criterios emitidos por cualquiera de las juntas, la regional o la nacional, o cualquiera otra regional a la que acuda para tener nuevos criterios; y segundo porque la ley le otorga tal imperio lo hace pero limitado por el respeto que le manda por la prueba solemne; cuando la ley exija determinada solemnidad ad substanciam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio, como categóricamente lo dispone el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral.
Con la decisión de la Sala de negarle valor de prueba solemne a los dictámenes de las juntas calificadoras, se hace nugatorio el esfuerzo legislativo de racionalización de la actividad probatoria procesal, al profesionalizar, cualificar e institucionalizar para estos efectos la actividad de los auxiliares de la administración de justicia, y en su lugar alentar las formas precarias que en su lugar hoy funcionan y que se deben superar.
No pasan desapercibidas las dificultades que para los jueces representa valorar las decisiones de las juntas calificadoras cuando determinan si tal evento tiene o no el carácter de accidente de trabajo.
Cuando la ley le otorga a las juntas calificadoras la competencia de establecer la existencia o no de un accidente de trabajo, ciertamente introduce una disfuncionalidad judicial, puesto que crea un inapropiado desplazamiento de competencias, que no se debe presentar, como se pasa a indicar.
La Sala cree hallar la causa de tal disfuncionalidad en la institución de la prueba solemne, y propone corregirla reformulando la tesis tradicional que de ella tiene la Corte; para el efecto construye una tesis de la prueba solemne de manera tal que con ella se excluyan los dictámenes de las juntas calificadoras, pero que como queda replanteada amenaza arrastrar consigo a toda la institución de la prueba solemne.
Pero el origen de la disfuncionalidad judicial estriba en la inconstitucionalidad que subyace en la atribución de la competencia a las juntas calificadoras para discernir sobre la calificación del origen del estado de invalidez o de la muerte en caso de accidente de trabajo. Efectivamente, dilucidar esta materia no es asunto de expertos médicos, de auxiliares de la justicia; las condiciones de ocurrencia de estas contingencias son materia que se esclarece a través de la actividad probatoria propia de los procesos judiciales, esto es, se trata de una actividad jurisdiccional privativa de la función pública de administrar justicia.
El artículo 12 la ley estatutaria de la administración de justicia bien precisa que la función jurisdiccional es una actividad propia de la rama judicial, y como tal de ella no puede ser despojada, salvo en los precisos y excepcionales eventos que en la ley la entregue a las autoridades administrativas, y en ningún caso, de manera permanente, a los particulares, como lo ordena el artículo 116 de la Constitución Política.
Los miembros de las juntas calificadoras son particulares; el artículo 43 de la Ley 100 de 1993 les niega la condición de servidores públicos; por ello, cuando las normas del sistema de la seguridad social, el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, y artículo 6º del Decreto 917 de 199 (sic) disponen que corresponde a los expertos, llámense médicos, comisión laboral, o junta calificadora, tienen la atribución de competencia para calificar o dirimir la controversia sobre el origen de un accidente de trabajo, deben ser inaplicadas por inconstitucionales.
Fecha tu supra, Eduardo López Villegas.