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Timestamp: 2019-09-18 18:13:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 28', 'artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 66']

﻿ DECRETO 2783 DE 1997
DECRETO 2783 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:PROMULGA EL "CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS", HECHO EN WASHINGTON EN 1965.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1085 DE DICIEMBRE 30 DE 1997, PG. 1396
DECRETO 2783 DE 1997
“Por el cual se promulga el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965”.
Que el día 14 de julio de 1997 Colombia, previa aprobación por el Congreso Nacional mediante Ley 267 de 29 de enero de 1996, publicada en el Diario Oficial número 42704, declarada exequible, así como el convenio, por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-442 del 19 de septiembre de 1996, depositó ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, con sede en Washington, el instrumento de ratificación del “convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965; instrumento internacional que entró en vigor para Colombia el 14 de agosto de 1997, de conformidad con el artículo 68,
ART. 1º—Promúlgase el “Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
ART. 9º—El secretariado estará constituido por un secretario general, por uno o más secretarios generales adjunto y por el personal del centro.
3. Durante la ausencia o incapacidad del secretario general y durante la vacancia del cargo, el secretario general adjunto actuará como secretario general. Si hubiere más de un secretario general adjunto, el consejo administrativo determinará anticipadamente el orden en que deberá actuar como secretario general.
ART. 12.—La lista de conciliadores y la lista de árbitros estarán integradas por los nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone más adelante, y que estén dispuestas a desempeñar sus cargos.
2) El presidente podrá designar diez personas para cada lista, cuidando que las personas así designadas sean de diferente nacionalidad.
ART. 17.—Si los gastos del centro no pudieren ser cubiertos con los derechos percibidos por la utilización de sus servicios, o con otros ingresos, la diferencia será sufragada por los Estados contratantes miembros del banco en proporción a sus respectivas suscripciones de capital del banco, y por los Estados contratantes no miembros del banco de acuerdo con las reglas que el consejo administrativo adopte.
ART. 21.—El presidente, los miembros del consejo administrativo, las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de una comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3) del artículo 52, y los funcionarios y empleados del secretariado.
3. No estarán sujetas a impuestos las cantidades recibidas a título de honorarios o dietas por las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de una comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3) del artículo 52, en los procedimientos promovidos conforme a este convenio, por razón de servicios prestados en dichos procedimientos, si la única base jurisdiccional de imposición es la ubicación del centro, el lugar donde se desarrollen los procedimientos o el lugar de pago de los honorarios o dietas.
ART. 25.—1. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado contratante acreditados ante el centro de dicho Estado) y el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.
a) Toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado 3) del artículo 28 o en el apartado 3) del artículo 36, la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, y
2. A los efectos de este artículo, no se considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informarles que tengan como único fin facilitar la resolución de la diferencia.
2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de estas a la conciliación, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje.
ART. 30.—Si la comisión no llegare a constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el secretario general conforme al apartado 3. del artículo 28, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no hubieren sido designados.
2. Todo conciliador que no sea nombrado de la lista de conciliadores deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado 1. del artículo 14.
2. Si las partes llegaren a un acuerdo, la comisión levantará un acta haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos. Si en cualquier estado del procedimiento la comisión estima que no hay probabilidades de lograr un acuerdo entre las partes, declarará concluso el procedimiento y redactará un acta, haciendo constar que la controversia fue sometida a conciliación sin lograrse la avenencia.
Si una parte no compareciere o no participare en el procedimiento, la comisión lo hará constar así en el acta, declarando igualmente concluso el procedimiento.
ART. 35.—Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podrá invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o judicial o ante cualquier otra autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisión de hechos u ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del procedimiento de conciliación, o el informe o las recomendaciones propuestas por la comisión.
b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el tribunal, de común acuerdo.
ART. 38.—Si el tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, hecho por el secretario general conforme al apartado 3) del artículo 36, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido designados. Los árbitros nombrados por el presidente conforme a este artículo no podrán ser nacionales del Estado contratante parte en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia.
2. Todo árbitro que no sea nombrado de la lista de árbitros deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado 1. del artículo 14.
ART. 43.—Salvo que las partes acuerden otra cosa, el tribunal, en cualquier momento del procedimiento, podrá si lo estima necesario:
ART. 47.—Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal si considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las partes.
ART. 49.—1. El secretario general procederá a la inmediata remisión a cada parte de una copia certificada del laudo.
Este se entenderá dictado en la fecha en que tenga lugar dicha remisión.
ART. 50.—1. Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance del laudo, cualquiera de ellas podrán solicitar su aclaración mediante escrito dirigido al secretario general.
ART. 51.—1. Cualquiera de las parte podrá pedir, mediante escrito dirigido al secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el tribunal y por parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia.
2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días siguientes al día en que fue descubierto en el hecho, y, en todo caso, dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra c) del apartado 1 de este artículo, el referido plazo de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
4. Las disposiciones de los artículos 41, 45, 48, 49, 53 y 54 de los capítulos VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite ante la comisión.
2. A los fines previstos en esta sección, el término laudo incluirá cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50, 51 o 52.
ART. 54.—1. Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los Estados que lo integran.
ART. 57.—Cualquiera de las partes podrá proponer a la comisión o tribunal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros por la carencia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado 1. del artículo 14. Las partes en el procedimiento de arbitraje podrán, así mismo, proponer la recusación por las causas establecidas en la sección 2 del capítulo IV.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1) de este artículo, las partes podrán acordar anticipadamente con la comisión o el tribunal la fijación de los honorarios y gastos de sus miembros.
ART. 61.—1. En el caso de procedimiento de conciliación las partes sufragarán por partes iguales los honorarios y gastos de los miembros de la comisión, así como los derechos devengados por la utilización del centro. Cada parte soportará cualquier otro gasto en que incurra, en relación con el procedimiento.
2. Ninguna enmienda afectará los derechos y obligaciones, conforme a este convenio, de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dichos Estados, nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
e) La fecha en que las enmiendas de este convenio entren en vigor, conforme al artículo 66, y
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington, el dieciocho 18) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco 1965), documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete.