Source: http://www.sice.oas.org/BITS/argper_s.asp
Timestamp: 2018-12-12 05:01:25
Document Index: 384026261

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 63', 'artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 8']

SICE - Inversión - Tratados bilaterales de inversión - Argentina - Perú
Inversión > Tratados bilaterales de inversión > Argentina – Perú
Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, denominados en adelante las "Partes Contratantes":
El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con este Convenio. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:
acciones, cuotas societarias, y cualquier otro tipo de participación en sociedades o "joint ventures";
títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico; los préstamos estarán incluidos solamente cuando están directamente vinculados a una inversión específica;
derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, conocimientos, procedimientos tecnológicos y derechos de llave;
toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante;
toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de cualquier país que esté efectivamente controlada por personas físicas o jurídicas de la otra Parte Contratante.
El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.
El término "territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres y marítimos, las zonas marinas y submarinas, en las cuales las Partes Contratantes ejercen derechos soberanos y jurisdicción, conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.
ARTICULO 2: Promoción y protección de inversiones
Cada Parte Contratante promoverá en su territorio, las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones.
Las inversiones realizadas por inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta última gozarán de la plena protección de este Convenio.
Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
ARTICULO 3: Tratamiento nacional y cláusula de la Nación más favorecida
Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, les acordará un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados, considerando el que sea más favorable para las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo (1), el tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversores de un tercer Estado como consecuencia de su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o acuerdo regional similar.
Las disposiciones del párrafo (1) de este Artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas.
ARTICULO 4: Expropiaciones
Las inversiones de inversores de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante.
Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación, ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de seguridad nacional o utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva.
El monto de dicha compensación corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenia inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, comprenderá intereses desde la fecha de la expropiación a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.
La expropiación o medida equivalente, el monto de la indemnización, así como cualquier otra cuestión relacionada, podrán ser revisadas en un procedimiento judicial ordinario de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante donde se adoptó la medida.
ARTICULO 5: Compensaciones por pérdidas
Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión y, en particular, aunque no exclusivamente de:
el capital de la inversión y de las reinversiones, así como las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones.
Los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el artículo 1, párrafo (1), (c), así como sus intereses;
Los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que estén autorizados a trabajar en relación a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.
ARTICULO 7: Subrogación
Si una Parte Contratante o una agencia designada por ésta realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro que hubiera contratado en relación a una inversión contra riesgos no comerciales, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante o su agencia respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante o su agencia estará autorizada, dentro de los límites de la subrogación, a ejercer los mismos derechos que el inversor hubiera estado autorizada a ejercer. Para la transferencia de los pagos en virtud de los derechos subrogados regirá mutatis mutandis el artículo 8 de este Convenio.
En el caso de una subrogación tal como se define en el párrafo (1) de este artículo, el inversor no interpondrá ningún reclamo a menos que esté autorizado a hacerlo por la Parte Contratante o su agencia.
ARTICULO 8: Aplicación del Convenio
Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables aún en los casos previstos por el artículo 63 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969.
Toda controversia relativa a las disposiciones del presente Convenio entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.
Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor:
- al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el párrafo (3).
En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada, a elección del inversor.
- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington, el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Convenio haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación;
El tribunal arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Convenio, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, así como también a los principios del derecho internacional en la materia.
Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante los ejecutará de conformidad con su legislación.
Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Convenio serán, en lo posible solucionadas por la vía diplomática.
Dicho tribunal arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera: Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado Presidente del tribunal. El Presidente será nombrado en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la designación de los otros dos miembros.
Si dentro de los plazos previstos en el párrafo (3) de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el Presidente fuera nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallase impedido de desempeñar dicha función, se invitará al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuera nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallase también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.
Ninguna de las Partes Contratantes ofrecerá protección diplomática o sea acogerá a una demanda internacional por un diferendo que uno de sus inversores y la otra Parte Contratante hayan presentado a un tribunal internacional arbitral o a un tribunal nacional competente del Estado receptor de la inversión, tal como lo dispone el artículo 10 de este Convenio, a menos que la otra Parte Contratante no cumpla con el laudo o la sentencia.
ARTICULO 12: Entrada en vigor, duración y terminación
El presente Convenio entrará en vigor treinta días a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se notifiquen por escrito que han cumplido los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Convenio. Su validez será indefinida y sólo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes cumplidos los primeros diez años de su entrada en vigor. La denuncia surtirá efectos doce meses después que una de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado.
Con relación a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de terminación de este Convenio se haga efectiva, las disposiciones de los artículo 1 a 11 continuarán en vigencia por un periodo de 15 años a partir de esa fecha.
Hecho en Lima, el 10 de noviembre de 1994, en dos ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Ad. Artículo 1. párrafo (2), e): La Parte Contratante en cuyo territorio las inversiones tienen lugar puede solicitar la prueba del control invocado por los inversores de la otra Parte Contratante. Cualquiera de los siguientes hechos, entre otros, pueden ser considerados como evidencia del control:
un porcentaje de participación directa o indirecta en el capital de una persona jurídica que permita un control efectivo tal como, en particular, una participación en el capital superior a la mitad;
la posesión directa o indirecta de la cantidad de votos que permita tener una posición determinante en los órganos societarios o influir de manera decisiva en el funcionamiento de la persona jurídica.
Ad. Artículo 3: Las disposiciones del párrafo (1) de este artículo no serán tampoco interpretadas en el sentido de extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscriptos entre la República Argentina con Italia el 10 de diciembre de 1987 y con España el 3 de junio de 1988.
Ad. Artículo 8: En lo que concierne a la República Argentina, las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de la otra Parte Contratante, si tales personas a la fecha de la inversión han estado domiciliadas desde hace más de dos años en la República Argentina, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.