Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1995-01650-de-febrero-18-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_81493e79cfac502ae0430a010151502a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-22 12:49:14
Document Index: 225770411

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 15', 'e contrario', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 90', 'artículo 49', 'artículo 54', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 136', 'artículo 177']

﻿ Sentencia 1995-01650 de febrero 18 de 2010
SENTENCIA 1995-01650 DE 18 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA POR PARTE DEL ESTADO. PUEDE RECURRIR A LAS ARMAS PARA SU DEFENSA COMO ÚLTIMO RECURSO, LUEGO DE HABER AGOTADO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE QUE REPRESENTEN UN MENOR DAÑO A LAS PERSONAS, PUES LA RAZÓN DE SER DE LAS AUTORIDADES NO ES OTRA QUE LA DE PROTEGER A TODOS LOS RESIDENTES EN COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA, FUERZA PÚBLICA, LIMITACIONES A LA FUERZA PÚBLICA, UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, FACULTADES DE LA FUERZA PÚBLICA, PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL, UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA FUERZA PÚBLICA
Sentencia 1995-01650 de febrero 18 de 2010
Radicado: 05001-23-26-000-1995-01650-01 (18701)
Actor: Luis Carlos Zapata Hernández y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y otros
La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia, seguido contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Inpec, y el municipio de Anorí en el cual se negó su responsabilidad patrimonial por la muerte del joven Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, decisión que habrá de revocarse y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda, por considerar que el Estado es patrimonialmente responsable de los daños antijurídicos sufridos por los demandantes, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En el presente asunto, en la sentencia impugnada se negaron las pretensiones de la demanda, por considerar que si bien el detenido se encontraba bajo la custodia del municipio de Anorí y el daño se causó con un arma de propiedad del mismo, se demostró que su ocurrencia es imputable a la víctima quien al momento de su traslado, se fugó con la finalidad de “sustraerse a la acción de la justicia”,situación que solo pudo ser conjurada con los disparos realizados por los agentes que estaban al frente del operativo de movilización del sindicado.
La demandante, por su parte, considera que está plenamente acreditada la responsabilidad de las entidades demandadas, comoquiera que en el plenario se encuentra demostrada la acción desmedida de los guardianes que laboraban al servicio del municipio demandado, toda vez que, menospreciando el valor de la vida y ante una “fuga simple” en la cual no se ponía en riego su integridad, procedieron a dispararle al sindicado, causándole la muerte.
De igual manera, en el presente asunto, el municipio de Anorí llamó en garantía a los señores Leonardo Lopera, Wilson Mejía y Eduardo Barrientos, por cuanto considera que sí resulta condenado por los hechos narrados en la demanda, corresponderá a los mismos responder a título de culpa grave o dolo de conformidad con lo que resulte probado en el proceso.
De conformidad con lo anterior, procede la Sala a determinar si en el presente asunto concurren los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado y, en caso de que ello sea así, se pronunciará en relación con la responsabilidad de los llamados en garantía.
3. El daño sufrido por los demandantes.
3.1. Está demostrado en el proceso que el señor Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, falleció el día 17 de febrero de 1995, como consecuencia de una herida causada con arma de fuego en la región escapular media izquierda, que le produjo un paro cardio-respiratorio y en consecuencia la muerte.
Así se concluyó en el acta de necropsia (fl. 89, cdno. 2), en la que se indicó:
Por los anteriores hallazgos, conceptúo que el deceso (sic) de quien en vida respondía al nombre de Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, fue consecuencia natural y directa de paro cardiorrespiratorio por taponamiento cardiaco a causa de herida por PAF [arma de fuego]. La única herida descrita tuvo una naturaleza simplemente mortal” (el paréntesis es de la Sala).
Así mismo obra en el expediente copia auténtica del certificado de defunción del señor Zapata Muñoz, en el que se indica como causa de la muerte “taponamiento cardiaco herida aorta ascendente por proyectil A.F.” (fl. 92, cdno. 2).
3.2. Igualmente, está acreditado que la muerte del señor Ramiro de Jesús Zapata Muñoz causó daños a los señores Luis Carlos Zapata y Cruz Morelia Muñoz Ospina quienes demostraron ser sus padres, así como a los señores Martha Noelia, Maria Patrica, Mary Luz, Germán, John Alberto, Rosalba, Cruz Mariela y Nelson de Jesús Zapata, los cuales acreditaron su calidad hermanos, según consta en las copias auténticas de los registros civiles de de nacimiento los demás demandantes y del señor Zapata Muñoz (fls. 7 a 15, cdno.1).
La demostración del parentesco en el primer y segundo grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos sufrieron con la muerte de aquel.
Así mismo, el dolor que sufrieron los familiares de la víctima se encuentra demostrado con los testimonios de los señores Gonzalo de Jesús Arango Hernández, Héctor Emilio Piedrahita y Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez(fls. 117 a 122, cdno. 1).
4. El hecho causante del daño.
Para decidir el proceso, se establecerán en primer lugar las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Ramiro Zapata Muñoz y después se analizarán estos hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a las entidades demandadas.
Cabe precisar que en relación con todos los aspectos de la controversia planteada, se tendrán en cuenta las pruebas documentales auténticas aportadas por las partes y las testimoniales practicadas en el trámite del proceso.
Así mismo, en relación con las circunstancias antecedentes, concurrentes y posteriores aducidas en la demanda, obran las pruebas trasladadas del proceso penal que se tramitó por la Fiscalía 89 Seccional de Amalfi, en contra de los señores William de Jesús Mejía Zapata y Luis Eduardo Barrientos Londoño, el cual fue remitido en copia auténtica y del cual solo podrá valorarse la documental, dado que solo en relación con ella se ha cumplido el principio de contradicción, por cuanto han estado dentro de este proceso a disposición de la parte contra la cual se oponen, sin que le hayan merecido réplica alguna. No sucede lo mismo con las otras pruebas trasladadas dado que su ratificación requiere de trámites tales como oír al declarante, como traslados del dictamen, practicar nuevamente la prueba documental, entre otros
El acervo probatorio así recaudado permite tener demostrados los siguientes hechos:
4.1.1. Que el ciudadano Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, se encontraba recluido en la cárcel municipal de Anorí, por orden de la Fiscalía Regional del municipio de Amalfi, según se constata del oficio suscrito por el alcalde municipal de Anorí Antioquia, visible a folio 68 del cuaderno 2.
4.1.2. Que el 17 de febrero de 1995, el alcalde municipal de Anorí ordenó el traslado del ciudadano detenido de la cárcel de dicho municipio a la de Amalfi, en atención tanto a la falta de seguridad del centro carcelario, como al hecho de que su detención se ordenó por la Fiscalía Seccional 89 de dicho ente territorial. Así consta en el oficio suscrito por el alcalde municipal de Anorí, el 17 de febrero de 1995 en el que se indicó:
“Atentamente me permito remitirle al recluso: Ramiro Zapata Muñoz, quien se encontraba recluido en este centro y debido a la poca seguridad del mismo y en vista de que el interno está por cuenta de la fiscalía regional del municipio de Amalfi, se hace necesario enviar —hasta ese Municipio—” (fl. 68, cdno.2).
4.1.3. Que el vehículo en el que se ordenó el traslado del sindicado, era de propiedad del municipio de Anorí, según se desprende del certificado allegado al proceso por la Secretaría de Tránsito de Envigado, Antioquia (fl. 56, cdno. 2) y que para llevar a cabo dicho traslado se dispuso de dos funcionarios del municipio de Anorí. En efecto, en oficio suscrito por el alcalde Municipal de Anorí, se indicó:
“El día 18 de febrero de 1995, el señor Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, en la cárcel municipal de Anorí, se encontraba detenido por cuenta de la Fiscalía Seccional 89 de Amalfi, sindicado del delito de homicidio.
“Por solicitud del Fiscal Seccional 89 de Amalfi, se ordenó el traslado de Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, desde la cárcel municipal de Anorí a la Cárcel Distrital de Amalfi Antioquia.
“Los guardianes titulares, que laboraban al servicio del municipio de Anorí, en la cárcel municipal de Anorí, destinados para custodiar y entregar al detenido Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, fueron los señores Wilson Mejía y Eduardo Barrientos, viajaron en el vehículo propiedad de la administración, tipo campero marca Toyota de placas EVM 086, a los guardianes se les entregó un revólver propiedad del municipio.
“En cuanto a las medidas de seguridad se realizó traslado estando esposado el detenido y acompañado de los dos guardianes” (fl. 125, cdno. 1).
4.1.4. Que durante el traslado que se realizaba del detenido y ante un intento de fuga por parte de este, uno de los guardias procedió, con el arma que les fue entregada para el operativo, a dispararle al señor Ramiro Zapata Muñoz, causándole la muerte. En efecto, en el informe de policía de Antioquia de fecha 17 de febrero de 1995, mediante la cual se puso a disposición de la Fiscalía a los guardianes Wilson de Jesús Mejía Zapata y Luis Eduardo Barrientos Londoño, sindicados para esa fecha de la comisión del delito de homicidio, se señaló:
“Comedidamente me dirijo a ese despacho para dejar a disposición a los señores Wilson de Jesús Mejía Zapata identificado con la cédula de ciudadanía 70.925.637 de Anorí, de profesión guardián municipal, edad 33 años, casado, natural de Anorí y residente del mismo, hijo de Libia Rosa y Froylan, alfabeto, y el señor Luis Eduardo Barrientos Londoño identificado con cédula de ciudadanía 70.926.811 de Anorí, hijo de Luis Alejandro y Rosa Irene, natural y residente de Anorí, alfabeto, soltero, de profesión guardián municipal. Los cuales al parecer están implicados en la muerte del señor Ramiro de Jesús Zapata Muñoz de 24 años de edad, casado, identificado con la cédula de ciudadanía 70926.980 de Anorí, natural y residente de Amalfi, analfabeta, de profesión jornalero, hijo de Luis Carlos y Morelia; el cual presenta varios raspones en diferentes partes del cuerpo, al igual que una herida con arma de fuego, al parecer revolver en la Región Escapular media Izquierda (sic) de 0.5 centímetros de diámetro sin orificio de salida.
“Es de anotar que los guardianes transportaban a esta localidad al señor Ramiro de Jesús Zapata Muñoz de la cárcel de Anorí a la cárcel del circuito del Amalfi en un vehículo de propiedad de la alcaldía municipal de Anorí y según versiones de los mismos sindicados intentó fugarse y al parecer el señor Guardián – Wilson de Jesús Mejía Zapata quien portaba revolver calibre 32 largo, con número H32707 y número interno 72667 con cachas de madera en regular estado, y de propiedad de la alcaldía municipal de Anorí, el cual no tiene salvoconducto, le disparó causándole la herida e instantáneamente la muerte.
“Los guardianes se presentaron al hospital El Carmen de esta localidad llevando el cadáver con ellos para el respectivo levantamiento” (fl. 70, cdno. 2).
4.1.5. Que el arma con la cual se le causó la muerte al ciudadano retenido durante el traslado, es de propiedad y se encontraba bajo la custodia del municipio de Anorí, según se constata de la copia auténtica del acta de inventario realizado por la Fiscalía durante el trámite de la investigación penal, en relación con los elementos de propiedad y bajo la custodia de la alcaldía municipal de dicho ente territorial, entre los cuales se registró el revólver calibre 32 largo Smith Wesson (fl 101, cdno. 2), así como del informe rendido por el alcalde municipal, visible a folio 125 del cuaderno 1 del expediente.
4.1.6. Que la Fiscalía Seccional 89 de Amalfi, Antioquia, adelantó una investigación con ocasión de la muerte del señor Zapata Muñoz, ocurrida durante el traslado que del mismo adelantaban funcionarios del municipio de Anorí de la cárcel de dicho ente territorial a la de Amalfi, Antioquia (66 a 142, cdno. 2).
De conformidad con lo anterior, está acreditado que el señor Zapata Muñoz, se encontraba privado de la libertad en la cárcel municipal de Anorí, sitio de reclusión del cual se ordenó su traslado por orden del alcalde municipal, en atención tanto a las falencias de seguridad de dicha institución penitenciaria, como al hecho de que su retención se debía a una orden del Fiscal Seccional de Amalfi, operativo para el cual se dispuso de dos guardianes que se encontraban al servicio de dicho ente territorial, uno de los cuales, en ejercicio de sus funciones y ante un intento de fuga del mismo, le causó la muerte con el arma de propiedad de dicho ente territorial y que se les proporcionó para efectos de adelantar dicho traslado.
5. El daño antijurídico es imputable al municipio de Anorí, bajo el título de responsabilidad por riesgo excepcional.
Como la muerte del ciudadano Ramiro Zapata Muñoz se produjo con arma de fuego propiedad del municipio de Anorí, para decidir la responsabilidad del Estado debe tenerse en cuenta que el último criterio jurisprudencial relacionado con el titulo de imputación bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosas, es el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional(1), evento en el cual la entidad respectiva deberá responder por los daños causados por la manipulación de armas, salvo que acredite una de las causales exonerativas de responsabilidad.
5.1. Culpa exclusiva de la víctima.
Varias de las entidades demandadas propusieron como causal de exoneración de su responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima, excepción que además el tribunal a quo encontró probada, como quiera que, según afirman, la muerte del señor Ramiro Zapata Muñoz, fue producto del intento de fuga en que dicho ciudadano incurrió en el momento en que se adelantaba su traslado de la cárcel municipal de Anorí a la de Amalfi, Antioquia, situación que generó la reacción de los agentes que estaban a cargo del mismo, quienes para conjurar la crisis y como único mecanismo efectivo para alcanzar dicho propósito, hicieron uso del arma que se les entregó para garantizar la seguridad del operativo.
Sea lo primero señalar, que la Sala de tiempo atrás ha dejado sentado que para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración:
“Por tanto, es necesario examinar si el comportamiento de la víctima fue causa única o concausa en la producción del daño, o si, por el contrario, tal actividad no fue relevante en el acaecimiento de este. En efecto, la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y grado de participación del afectado en la producción del daño.
“Ahora bien, no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
“2) El hecho de la víctima no debe ser imputable a la administración, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por la administración, de manera tal que no le sea ajeno a esta, no podrá exonerarse de responsabilidad a la entidad demandada”(2).
Ahora bien, es importante señalar también que la Ley 65 de 1993, regula en su artículo 49, el uso legítimo de las armar por parte de los agentes del Estado, de la siguiente manera:
“ART. 49.—El empleo de la fuerza y de las armas. Contra los internos solo se usará la fuerza necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida o para conjurar una evasión. Los miembros de la guardia que tengan que recurrir al empleo de la fuerza o de las armas, lo harán en la medida estricta y racionalmente necesaria. Deberán informar de los hechos inmediatamente después al director del establecimiento, quien a su turno comunicará lo sucedido al director general del Inpec si así lo considerare”.
Al respecto del tema de la manipulación de armas en situaciones, en las que los funcionarios del Estado se encuentran legitimadas para tal efecto, esta Sala en reitera jurisprudencia ha señalado:
“La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración; sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha prestado especial atención a los casos en que la ley permite el uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones. El examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en este tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no exista otro medio o procedimiento viable para la defensa; que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada, y que exista coherencia de la defensa con la misión que legal y constitucionalmente se ha encomendado a la fuerza pública”(3).
De igual manera, en relación con los eventos particulares de huida o fuga del detenido, esta Sala y en relación con el uso de armas para conjurar dicha situación expuso lo siguiente:
“La doctrina ha elaborado unos criterios útiles para resolver los casos en relación con los cuales el uso de las armas está justificado y que esta Sala ha acogido en varios fallos:
‘Problemas similares suscitan los casos de huida, desatendiendo las voces de “alto a la Policía”, que no autorizan, como recuerda el Tribunal Supremo, sin más, a las FCS (fuerzas y cuerpos de seguridad) “a utilizar sus armas de fuego con resultado mortal para el que huye, olvidando que la vida humana es el supremo bien de nuestra cultura y ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 15 de nuestra Constitución”. A este respecto cabe distinguir diversas situaciones, siempre respetando las intimaciones y reglas restrictivas sobre el disparo a zonas no vitales del cuerpo humano:
‘1. En los supuestos en que nada prueba que la persona que huye haya efectuado acto alguno grave contrario a la ley, no cabe disparar sobre ella puesto que no basta esa mera actitud de huida para configurar una acción ilegítima de la víctima con entidad suficiente para justificar el uso de armas. Incluso en ocasiones puede no constar que su huida estuviere determinada por la orden de ¡alto a la policía!, “a quienes pudo no identificar confundiendo su actuación con la de otro tipo de personas”. En este contexto, convendría la inserción en la ley de una regla similar a la dispuesta en la Instrucción sobre controles policiales que dispone como lema: “es preferible no detener a un delincuente que asesinar a un inocente”.
‘2. En los controles policiales instalados en carretera, o en el casco urbano de la ciudad, para la verificación de los ocupantes de vehículos…, deben adoptarse las previsiones necesarias para detener a los mismos al margen del uso de las armas de fuego, que en todo caso solo cabría utilizar sobre las ruedas de los vehículos.
‘3. Finalmente, cabría utilizar las armas contra las personas cuando la extrema peligrosidad del que huye resulta acreditada, bien porque se halla en posesión de armas de fuego o explosivos, está bien porque resulta indubitada su implicación directa en delitos graves cuya determinación se correspondería con los anteriormente señalados como de grave riesgo para la seguridad ciudadana fijados por el legislador’(4).
En consecuencia, si bien el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como el último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño a las personas, pues la razón de ser de las autoridades no es otra que la de proteger a todos los residentes en Colombia “en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” (C.N., art. 2º). Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas.
Por las anteriores razones, la Sala no comparte la decisión proferida en primera instancia en relación con la configuración de la causal eximente de responsabilidad, relacionada con la culpa exclusiva de la víctima, como quiera que si bien en el proceso se acreditó que el señor Ramiro Zapata Muñoz se dio a la fuga durante su traslado al municipio de Amalfi, lo cierto es que no se acreditó que durante dicha fuga la víctima haya procedido violentamente en contra de los guardianes o los haya agredido con un arma de fuego, situación ante la cual estos debieron, como único medio posible para garantizar su seguridad, causarle la muerte.
Para que pudiera exonerarse a la entidad demandada —municipio de Anorí— era necesario que esta hubiera demostrado que la víctima contribuyó eficazmente a la producción del daño y esa contribución solo era predicable, en el caso concreto, si este hubiera ejercido actos de agresión hacia los guardianes al momento de su fuga, que fuesen de tal magnitud que los últimos hubieran tenido que hacer uso del arma, que se les entregó para su defensa, o si está demostrado que se intentó persuadir al detenido que se fugaba, a través de mecanismos diferentes a causarle la muerte. En consecuencia, para justificar la reacción de los funcionarios no tenía ninguna incidencia el solo hecho de que la víctima tuviera la intención y hubiera procedido a huir, sin que se demostrara por parte de la entidad demandada que los disparos realizados por los guardianes que adelantaban el operativo, fueran la respuesta a una agresión de tal magnitud que implicara la necesidad, para efectos de su protección, de causarle la muerte a quien procedió a fugarse de aquellos que lo tenían retenido.
Así las cosas, comoquiera que el municipio demandado no acreditó una casual de exoneración de responsabilidad, le corresponde resarcir los perjuicios ocasionados a los demandantes por la muerte del señor Ramiro Zapata Muñoz, causada con un arma de fuego de su propiedad, en virtud del régimen de responsabilidad objetiva por el ejercicio de una actividad peligrosa, por la manipulación de armas de fuego.
5.2. Responsabilidad de las otras entidades demandadas.
En la demanda, se incluyeron como demandados, además del municipio de Anorí cuya responsabilidad ha quedado demostrada en el presente asunto, a la Nación- Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia y al Inpec.
En relación con estas entidades, la Sala considera que no se configura responsabilidad alguna de su parte, en relación con los perjuicios causados a los demandantes en el proceso de la referencia.
En efecto, como quedó establecido la muerte del señor Ramiro Zapata Muñoz se produjo como consecuencia de la herida que le causaron los guardianes del municipio de Anorí en ejercicio de las funciones de su cargo, con el arma de propiedad del mismo, hecho que, como se indicó, también le es imputable a dicho ente territorial, por constituir el manejo de armas de fuego una actividad peligrosa.
Así las cosas, resulta claro que las otras entidades demandadas no desplegaron el ejercicio de dicha actividad peligrosa, cuyo riesgo se concretó en la causación del daño antijurídico por el cual se reclama la indemnización en la demanda, como quiera que a las mismas no les correspondía la custodia del detenido y menos aún pusieron a disposición del ente territorial demandado los funcionarios o el arma para efectos de adelantar el respectivo traslado, situación que los exonera de responsabilidad por perjuicios reclamados en la demanda.
6. Liquidación de perjuicios.
Se solicitó en la demanda una indemnización equivalente a 1.000 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes, razón por la cual la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual fijó en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad.
Por lo anterior y dado que no resulta incongruente con las pretensiones formuladas, se reconocerá la indemnización por este concepto de la siguiente manera:
— Para los padres:
Luis Carlos Zapata Hernández 100 S.M.L.M.V.
Cruz Morelia Muñoz Ospina 100 S.M.L.M.V.
— Para los hermanos:
Martha Noelia Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Maria Patrica Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Mary Luz Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Germán de Jesús Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
John Alberto Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Rosalba Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Cruz Mariela Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Nelson de Jesús Zapata Muñoz 50 S.M.L.M.V.
Considera la Sala pertinente señalar, que en el proceso se demostró el fallecimiento del señor Luis Carlos Zapata Hernández, padre de la víctima, como consta en la copia auténtica del acta del registro civil de defunción (fl. 230 del cdno. ppal.), sin embargo no se acreditó que se hubiera adelantado el juicio de sucesión y, por lo tanto, se desconoce quienes son los herederos del mismo, razón por la cual, se ordenará que la indemnización de los perjuicios que le hubieren correspondido al causante, favorezca a su sucesión, sin individualizar el reconocimiento.
Solicitó la parte actora en la demanda, el reconocimiento de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) a favor de los padres del señor Ramiro Zapata Muñoz, con fundamento en que como hijo le colaboraba a sus padres para su sostenimiento económico.
A este respecto, considera la Sala que no se demostraron los perjuicios reclamados en la demanda, toda vez que no se logró acreditar que el señor Zapata Muñoz, proveía al sostenimiento económico de sus padres.
En efecto, para demostrar tal situación, en el proceso se oyeron los testimonios de los señores Gonzalo de Jesús Arango Hernández, Héctor Emilio Piedrahita y Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, en las cuales se hace referencia a los vínculos afectivos del señor Zapata Muñoz con los miembros de su familia, pero nada exponen en relación con el hecho de que como hijo, destinaba parte de sus ingresos como jornalero al sostenimiento de sus padres (fls. 117 a 122, cdno. 1).
Por el contrario, en su declaración el señor Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, señala que las obligaciones económicas de la víctima eran con su esposa y su hijo y que simplemente le colaboraba a su padre en los trabajos de una finca de propiedad de este. En dicha declaración, el testigo manifestó “la situación del(sic) él era pobre, jornalero, la obligación del(sic) él era con su mujer y su niño, le colaboraba al papá en la montada de una finquita que estaba montando” (fl. 120, cdno. 1).
Así mismo el señor Gonzalo de Jesús Arango Hernández, expresó que no tenía conocimiento acerca de las obligaciones económicas del señor Ramiro Zapata Muñoz, que su situación económica difícil y que sus padres derivaban su sustento de una pequeña plantación de café, en donde además tenían su sitio de residencia (fl. 119, cdno. 1).
De conformidad con lo anterior, considera la Sala que en el presente asunto no se probó el daño material solicitado en la demanda, razón por la cual se negará la pretensión por este concepto.
7. Los llamados en garantía.
Los guardianes municipales Wilson Mejía Zapata y Luis Eduardo Barrientos Londoño, así como el conductor del vehículo de municipio de Anorí Leonardo Lopera Ospina fueron llamados en garantía por dicho ente territorial, en consecuencia procede la Sala decidir si la indemnización que hoy debe pagar el Estado se derivó de la conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores.
7.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Estado deberá repetir contra sus agentes cuando sea condenado a la reparación de daños o perjuicios causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos.
Considera la Sala pertinente aclarar que la Ley 678 de 2001, en desarrollo del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía. Empero, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001 y del inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o ex funcionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado, por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado(5).
Es por lo anterior que la jurisprudencia para proveer una solución al problema de la aplicación de la ley en el tiempo, tiene establecido que de la fecha de la ocurrencia de los hechos constitutivos de responsabilidad, depende el régimen jurídico procesal aplicable, para el estudio de la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Al respecto, la Sala en providencia de 22 de julio de 2009(6), expuso lo siguiente:
a) “Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrina y jurisprudencia han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (C.N., arts. 6º, 121, 122, 124 y 90).
b) “Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado.
c) “Por consiguiente, si los hechos o actuaciones que dieron origen a la demanda y su posterior condena, son anteriores a la Carta Política de 1991, la normatividad aplicable será la vigente al momento de la conducta del agente público, que correspondía a los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, y las normas sustanciales que con posterioridad se hayan expedido y resulten más favorables al tiempo de determinar la responsabilidad subjetiva del agente público con fines de repetición”.
Así las cosas, como en el presente asunto los hechos ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001 (feb. 17/95), el régimen aplicable para el estudio de la conducta de los servidores público llamados en garantía, no es aquel que fue expedido con posterioridad a los mismos, sino el vigente al momento de su acaecimiento, esto es el previsto en el artículo 90 de la Constitución Política y en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los cuales exigían al Estado la carga de probar que su agente obró con culpa grave o dolo(7).
7.2. En relación, con el empleo de la fuerza y el uso de las armas, por parte de los guardianes, el artículo 49 de la Ley 63 de 1995(8), establece que en ejercicio de sus funciones, aquellos solo deben utilizar la medida de fuerza que sea estrictamente necesaria para efectos de evitar o resolver una situación de fuga de los retenidos y para tal efecto, proceder al empleo de mecanismos diferentes a causarles la muerte.
Es por lo anterior que a estos funcionarios les son exigibles una serie de comportamientos y deberes, encaminados a, incluso en caso de fuga, garantizar la vida del detenido, situaciones en las cuales (i) no puede considerarse legítimo disparar sobre un fugado que emprende un mera actitud de huida, toda vez que dicha situación no constituye una acción que justifique por sí sola el hecho de quitarle la vida y (ii) deben adoptarse las previsiones que sean necesarias durante los operativos de traslado para conjurar eventos de fuga, diferentes al uso de las armas de fuego.
Bajo este parámetro de comportamiento que les es exigible a los guardianes, se procederá entonces a estudiar la conducta de los llamados en garantía por el municipio de Anorí, Antioquia.
7.3. En el caso concreto, en relación con la conducta de los llamados en garantía se tiene probado lo siguiente:
7.3.1. Que el 17 de febrero de 1995, y por disposición del alcalde municipal Anorí(sic), se le ordenó a los agentes Wilson Mejía Zapata y Luis Eduardo Barrientos Londoño en su calidad de guardianes de centro de reclusión de dicho municipio, así como al conductor del vehículo del ente territorial, Leonardo Lopera Ospina, el traslado a la cárcel de Amalfi del ciudadano Ramiro Zapata Muñoz según se desprende oficio de 17 de febrero de 1995, visible a folio 68 cuaderno numero 2.
7.3.2. Que durante el operativo de traslado del detenido y ante un intento de fuga de parte del mismo, el agente Wilson Mejía Zapata procedió con el arma que les fue entregada, a dispararle ocasionándole la muerte, según se constata del informe rendido por la Policía de Antioquia de fecha 17 de febrero de 1995, visible a folio 70 del cuaderno 2 de pruebas.
Muestra el acervo probatorio, que el señor Wilson Mejía Zapata, para la fecha de los hechos era guardián de la cárcel municipal de Anorí y obrando por su propia iniciativa, excediendo sus atribuciones y en claro desconocimiento de los derechos fundamentales, procedió simplemente a quitarle la vida a quien, según se demostró en el proceso, simplemente huía, comportamiento que entra en franca contradicción con los deberes mínimos que le eran exigibles, en relación este tipo de procedimientos.
Es por lo anterior, que la conducta del llamado es configurativa de dolo, como quiera que de las pruebas obrantes en el proceso se puede concluir la intención dirigida por el agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño, con el uso de los elementos necesarios para desarrollarla, de manera tal que logró el fin dañino deseado, cual era causarle la muerte al detenido Ramiro Zapata Mejía, toda vez que simplemente procedió ante la evasión de este, a hacer uso del arma de propiedad del municipio demandado para dispararle y causarle la muerte, en contravía de los parámetros mínimos que le correspondían en su calidad de guardián en relación con la protección de la vida y de la integridad de quien para ese momento se encontraba bajo su custodia y protección.
De conformidad con lo anterior, corresponde al señor Wilson Mejía Zapata, reintegrar el 70% de las sumas que el municipio de Anorí fue condenado a pagar, toda vez que por su conducta dolosa, tal municipio debe proceder a indemnizar los perjuicios causados a los demandantes.
Aclara la Sala que la condena al llamado se hará por el 70%, toda vez que no puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor o agente público, el Estado es responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento (C.N., art. 90, inc. 1º). Pero, no sería justo ni equitativo que, una vez determinada la responsabilidad del Estado, él asumiera la carga económica definitiva, cuando ello se debió a la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente y, por eso, puede hacer uso en contra de este de la acción de repetición, para que reembolse el valor de la parte que se le impute de los perjuicios pagados, los cuales al ser ocasionados en nexo con el servicio tampoco podrán serle trasladados en su totalidad sino en una proporción en consideración a la participación del demandado en el daño antijurídico, correspondiendo al juez administrativo, en su buen juicio, hacer la repartición o distribución final de la erogación económica entre la entidad pública correspondiente y el agente.
Ahora bien, no sucede lo mismo en relación con la responsabilidad del señor Luis Eduardo Barrientos Londoño, como quiera que si bien se acreditó su calidad de guardián encargado del traslado del detenido, en el proceso no se demostró cuál fue su participación al momento de conjurar la evasión del señor Zapata Mejía, comoquiera que como se indicó, de conformidad con las probanzas del proceso, el guardián que procedió a accionar el arma de fuego en contra del fugado fue el señor Wilson Mejía Zapata, conducta por la cual en el presente asunto resultó condenado el Municipio de Anorí.
De igual manera y en relación con el llamado en garantía, señorLeonardo Lopera Ospina, en el proceso solo se acreditó su calidad de conductor del vehículo del municipio y no de guardián del recluso Zapata Mejía, razón por la cual mal podría catalogarse su comportamiento como gravemente culposo y menos podría imputársele responsabilidad alguna, por el incumplimiento de deberes, que no correspondían para ese momento al ejercicio de su cargo, durante el operativo de traslado y en el proceso de recaptura del ciudadano que procedió a la fuga.
REVÓCASE parcialmente la sentencia de 3 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, SE DISPONE:
1. DECLÁRASE que el municipio de Anorí, Antioquia, es patrimonialmente responsable de la muerte del señor Ramiro de Jesús Zapata Muñoz, en hechos ocurridos el 17 de febrero de 1995, mientras se producía su traslado a la cárcel municipal de Amalfi.
2. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al municipio de Anorí, Antioquia, a pagar a los demandantes los perjuicios sufridos, así:
1. Para la sucesión del señor Luis Carlos Zapata Hernández, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Para Cruz Morelia Muñoz Ospina, en su calidad de madre de la víctima, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
3. Para Martha Noelia Zapata Muñoz, en calidad de hermana de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
4. Para María Patrica Zapata Muñoz, en su calidad de hermana de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
5. Para Mary Luz Zapata Muñoz, en su calidad de hermana de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
6. Para Germán de Jesús Zapata Muñoz, en su calidad de hermano de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
7. Para John Alberto Zapata Muñoz, en su calidad de hermano de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
8. Para Rosalba Zapata Muñoz, en su calidad de hermano de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
9. Para Cruz Mariela Zapata Muñoz, en su calidad de hermano de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
10. Para Nelson de Jesús Zapata Muñoz, en su calidad de hermano de la víctima la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por perjuicios morales.
3. CONFÍRMASE en lo demás la providencia apelada.
4. CONDÉNASE al llamado en garantía Wilson Mejía Zapata a reintegrar al municipio de Anorí el 70% de la condena impuesta a dicho ente territorial.
5. ABSUÉLVESE a los llamados en garantía, señores, Luis Eduardo Barrientos y Leonardo Londoño Ospina.
6. El municipio de Anorí, Antioquia, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(1) Sobre este tema, dijo la Sala en sentencia de 15 de marzo de 2001, Expediente52001-23-31-000-1994-6040-01 (11.222): “... en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política... En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Criterio que en decisiones posteriores ha reiterado la Sala. Así, en sentencia de 25 de julio de 2002, Expediente 66001-23-31-000-1996-3104-01(14180), dijo: “En relación con los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosa, como la conducción de vehículos, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, según el cual quien se beneficia de la actividad riesgosa debe responder por los daños que con ella se causen, y solo se exonera si demuestra la existencia de una causa extraña, es decir, la carga de la prueba de la ruptura del vínculo causal entre el ejercicio de la actividad riesgosa y el daño la tiene el responsable de aquella. A la víctima le basta acreditar que dicha actividad intervino en la causación de este”.
(2) Sentencia del 28 de febrero de 2002, Expediente 13.011. En el mismo sentido, sentencias de 18 de abril de 2002, Expediente 14.076, de 30 de julio 1998, Expediente 10.981 y de 29 de enero de 2004, Expediente 14.590, entre muchas otras.
(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 14 de julio de 2004. Exp. 14902. M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En el mismo sentido ver sentencias del 27 de noviembre de 2003, Expediente 14118; del 29 de enero de 2004, Expediente 14222 y del 22 de abril del mismo año, Expediente 14077; ver por ejemplo, sentencia del 19 de febrero de 1999, Expediente 10459; del 10 de marzo de 1997, Expediente 1.134; del 31 de enero de 1997, Expediente 9853; del 12 de diciembre de 1996, Expediente 9791; del 21 de noviembre de 1996, Expediente 9531; del 18 de mayo de 1996, Expediente 10365 y del 15 de marzo de 1996, Expediente 9050. Sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la fuerza pública la Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencias del 14 de marzo de 2002, Expediente 12054, del 21 de febrero de 2002, Expediente 14016, y del tres de mayo de 2001, Expediente 13231; sentencia de 27 de julio de 2000, Expediente 12788.
(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de28 de septiembre de 1998. Expediente 10242. M.P. Ricardo Hoyos Duque. Este criterio fue acogido entre otras, en sentencias de enero 31 de 1997, Expediente 9849, actor: Rosalba Vargas y otros; del 16 de junio de 1997, Expediente 10.090, actores: Carlina Rojas.
(5) A manera de ejemplo los artículos 63 y 2341 del Código Civil; artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; artículos 6º, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; artículos 65 a 70 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia”; artículo 54 de la Ley 80 de 1993, derogado expresamente por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001; artículos 31 y 44 numeral 9º, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998.
(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de mayo de 2009. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(7) “... la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado social de derecho, como lo señala el artículo 2º de la Constitución Política. Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta pro el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública. Sentencia de la Corte Constitucional C-832 de 2001, mediante la cual declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo “bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo”.
(8) “ART. 49.—El empleo de la fuerza y de las armas. Contra los internos solo se usará la fuerza necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida o para conjurar una evasión. Los miembros de la guardia que tengan que recurrir al empleo de la fuerza o de las armas, lo harán en la medida estricta y racionalmente necesaria. Deberán informar de los hechos inmediatamente después al director del establecimiento, quien a su turno comunicará lo sucedido al director general del Inpec si así lo considerare”.