Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-14-febrero-2019-772064537
Timestamp: 2019-04-21 21:05:34
Document Index: 362554248

Matched Legal Cases: ['artículo 658', 'artículo 814', 'artículo 814', 'artículo 743', 'artículo 14', 'artículo 658', 'artículo 14', 'artículo 815', 'artículo 817', 'artículo 814', 'artículo 815', 'artículo 850', 'artículo 850', 'artículo 24', 'artículo 658', 'artículo 818', 'artículo 818', 'artículo 815', 'artículo 817', 'artículo 3', 'artículo 1057', 'artículo 818', 'artículo 657', 'artículo 818', 'artículo 1057']

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 25, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación, partición y adjudicación de herencia. - Doctrina Administrativa - VLEX 772064537
Mediante escritura autorizada por la notaria de Madrid, doña Rocío Lora-Tamayo Villacieros, el día 20 de junio de 2018, con el número 1.179 bis de protocolo, se formalizó la liquidación de gananciales y aceptación, partición y adjudicación de herencia por el fallecimiento de don M. S. P. En el testamento que servía de base a las adjudicaciones, el causante ordenó unos legados a favor de su cónyuge y de dos de sus hijas, a quienes además instituyó herederas por partes iguales, y manifestaba que la legítima estricta de otra de sus hijas había sido satisfecha en vida, en los términos que del mismo resultaban (determinadas cantidades que ahora imputaba al pago de su legítima: por rentas y gastos de comunidad por el arrendamiento de determinada vivienda, que debía haber satisfecho dicha hija como arrendataria; así como otras cantidades por un préstamo que había reintegrado el testador, cuando realmente debía reintegrarlas la misma hija).
Presentada el día 1 de octubre de 2018 copia autorizada de la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Madrid número 25, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Registro de la Propiedad Madrid número veinticinco.
La escritura ha sido presentada a las 12,30 horas del día 1 de octubre de 2018, según el asiento 1055 de diario 126, por la que al fallecimiento de don M. S. P., entre otros bienes, se adjudica el piso (…) de Madrid, finca registral número 11.247, única de este distrito hipotecario, a su viuda doña C. S. P. y a sus hijas doña F. y doña B. S. S., en distinta forma y proporción indivisa.
1. El causante don M. S. P., en su testamento otorgado en Madrid, el 13 de enero de 2015, ante la Notario doña Rocío Lora Tamayo Villacieros, número 51 de protocolo, que se acompaña junto con sus certificados de defunción y de últimas voluntades, después de hacer constar que está casado en únicas nupcias con doña C. S. P., de cuyo matrimonio tiene tres hijas llamadas B., F. y C. S. S., dispuso de unos legados a favor de su cónyuge y de sus hijas B. y F., a quienes instituyó por sus únicas y universales herederas por partes iguales, manifestando que la legítima estricta de su hija C., ha sido satisfecha en vida, en los términos que del mismo resultan.
Madrid, 16 de octubre de 2018. Este documento ha sido firmado digitalmente por el registrador: don Juan Carlos Rubiales y Moreno con firma electrónica reconocida.
Contra la anterior nota de calificación, doña Rocío Lora-Tamayo Villacieros, notaria de Madrid, interpuso recurso el día 15 de noviembre de 2018 mediante escrito y con los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero. En ninguno de los artículos del Código Civil que se citan para apoyar la calificación registral se dice que el legitimario deba intervenir en la partición. Efectivamente, el artículo 658 regula los modos de deferirse la sucesión por causa de muerte, el 806 nos da el concepto de la legítima, el 807 determina quiénes son los legitimarios, el 808 la cuantía de la legítima y el 1058, que los herederos mayores de edad que tengan la libre disposición de sus bienes podrán distribuir la herencia de la forma que tengan por conveniente; nadie sostiene que este último precepto al hablar de herederos se refiere a los herederos forzosos o legitimarios, cuando es sabido que la legítima se puede dejar por cualquier título (art. 815 Cc) y, por ende, el legitimario será heredero si se le llama como tal.
Segundo. Sí que es cierto que la DGRN viene sosteniendo un criterio muy estricto en relación a la necesidad de los legitimarios en la partición. Sin embargo, creemos que este criterio contradice otros pronunciamientos de la misma DGRN, carece de base legal suficiente y contradice la realidad social, pudiendo causar graves daños a las familias y entorpecer el desarrollo normal de las instituciones jurídicas por las razones que tratamos de exponer.
1.º Contradicción con la doctrina de la DGRN en relación al valor atribuido al título sucesorio.
La RDGRN en R. de 2 de agosto de 2018, ante una preterición que podía ser calificada de errónea, al adoptarse por el testador a un hijo, después de otorgado el testamento, considera que la notario no puede considerar nula la institución de heredero de los dos hijos llamados en el testamento y llamar a éstos y al adoptivo, mediante acta de declaración de herederos, sin el consentimiento de todos ellos. Partiendo de la Resolución de esta misma Dirección General de 13 de septiembre de 2001 considera que: "3. La cuestión por decidir es, por tanto, si en el caso en que el único testamento del causante hubiere sido otorgado antes del nacimiento de todos sus hijos y descendientes, puede considerarse que éste queda automáticamente ineficaz en cuanto a su contenido patrimonial, sin necesidad de declaración judicial en tal sentido, de modo que el acta notarial de declaración de herederos pasará a ser el único título que ha de considerarse al tiempo de la partición hereditaria o si, por el contrario, se precisará la previa declaración judicial de ineficacia del contenido patrimonial del testamento. La primera consideración a tener en cuenta, es que el Código Civil prevé, para el caso de preterición no intencional de todos los hijos o descendientes, la ‘anulación’ de las disposiciones patrimoniales testamentarias y, este término -con independencia de las dificultades de trasponer al ámbito testamentario, los conceptos de nulidad y anulabilidad acuñados por la doctrina para el ámbito contractual- apunta claramente a la necesidad de impugnación del testamento que incurra en tal defecto, si se quiere dejar sin efecto, lo cual, armoniza perfectamente con la evolución institucional favorable a la absorción del "us discendi nullum" por la querella "inofficiosi testamenti". En segundo lugar, habrá de observarse que el artículo 814 del Código Civil, al declarar la anulación de todo el contenido patrimonial del testamento que incide en preterición no intencional de todos los hijos o descendientes, no hace distinción de supuestos, de modo que el significado que se atribuya al termino anulación deberá aplicarse a todos y es evidente que para muchos de ellos resulta incuestionable que la ineficacia de ese contenido patrimonial del testamento precisará, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso incoado por el preterido, proclame la no intencionalidad. En tercer lugar, el principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. art. 24 de la Constitución Española), en conjunción con el valor de Ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (cfr. art. 658 del Código Civil), más parece avalar la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurre en caducidad ni en vicios sustanciales de forma, que la solución contraria. En el mismo sentido militan: a) la excepcionalidad de los efectos de la preterición no intencional de hijos y descendientes, frente a la regla general que concreta los efectos de la preterición a la salvaguarda de la legítima; b) el propio inciso final del artículo 814 del Código Civil, que, en armonía con el 658 del mismo texto, dispone que sin perjuicio de legítimas, lo ordenado por el testador debe quedar a salvo en todo caso; c) la indudable posibilidad de renuncia a la acción de preterición por el perjudicado o la posibilidad de éste de alcanzar un acuerdo transacional con los favorecidos por tal testamento que permita sostener su eficacia, habrá de reconocerse lo dudoso que resultaría el prescindir en tales casos de la pertinente declaración judicial para ignorar el contenido patrimonial inherente a ese testamento, pues ello sería tanto como aproximar el tratamiento de tales supuestos al de caducidad de esas disposiciones testamentarias, lo cual sobre carecer de justificación legal, a la vista de cuanto se ha señalado, conculcaría el claro mandato contenido en el artículo 743 del Código Civil y sin que quepa alegar, para evitar esta objeción, que se trataría de una simple nulidad de pleno derecho, pues ni el termino anulación del art. 814 del Código Civil se compadece con la nulidad radical o con la inversión de la carga de la iniciativa procesal que comporta, ni esta figura encajaría en los supuestos debatidos, en los que no hay inobservancia de requisitos formales esenciales (cfr. art. 687 del Código Civil), ni vulneración de preceptos prohibitivos o imperativos (cfr. art. 6 del Código Civil).
– Que aun existiendo preterición el testamento no queda automáticamente ineficaz en cuanto a su contenido patrimonial, sin necesidad de declaración judicial en tal sentido.
– Que se necesita la impugnación del testamento que incurra en tal defecto, si se quiere dejar sin efecto.
– Que a falta de conformidad de todos los afectados, se necesita una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso, incoado por el preterido, proclame la no intencionalidad.
– Que ello es lo congruente con el valor de Ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (cfr. art. 658 del Código Civil), lo que avala la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurre en caducidad ni en vicios sustanciales de forma.
– Que el preterido puede renunciar a la acción de preterición o que tiene la posibilidad de alcanzar un acuerdo transacional con los favorecidos por tal testamento que permita sostener su eficacia.
– Que la preterición no se puede equiparar a la caducidad pues, ni el termino anulación del art. 814 del Código Civil se compadece con la nulidad radical o con la inversión de la carga de la iniciativa procesal que comporta, ni esta figura encajaría en los supuestos debatidos, en los que no hay inobservancia de requisitos formales esenciales (cfr. art. 687 del Código Civil), ni vulneración de preceptos prohibitivos o imperativos (cfr. art. 6 del Código Civil).
Por su parte, la RDGN de 10 de septiembre de 2018 considera que "Como dispone el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) ‘el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012’. El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación de la voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria) junto, en su caso, con el título especificativo o particional, serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al Registro".
2.º De la protección al legitimario.
En la protección al legitimario la DGRN en numerosas resoluciones, algunas de ellas de fecha reciente, parte de la premisa que la legítima en derecho común tiene la naturaleza de "pars bonorum", deduciendo de ello que el legitimario deberá intervenir en la partición para preservar la intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima y que, por ende, el Notario no deberá autorizar la escritura de partición sin esa intervención de todos los legitimarios, ni el registrador inscribirla. Sirva como ejemplo la RDGRN de 13 de junio de 2013, cuando considerando que en Derecho común la legítima es una "pars bonorum", dice: "Presupuesto ello la especial cualidad del legitimario, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de herencia (art. 1057.1 del Código Civil), de la que resulte que no perjudica la legítima de los herederos forzosos. En efecto la legítima en nuestro Derecho común, así como en Derecho balear (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una ‘pars bonorum’ y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o ‘pars valoris bonorum’. De ahí que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima".
El argumento de que ello encuentra su fundamento en que la legítima es una "pars bonorum" es, por así decirlo, comenzar la casa por el tejado, pues de lo que se trata de resolver son los derechos y las acciones que el legitimario tiene para proteger sus derechos legitimarios. Ante una atribución insuficiente el CC atribuye al legitimario la acción de complemento de legítima, en el artículo 815: "El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma
y en el artículo 817 la acción de reducción: "Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas". Ninguna norma llama al legitimario para que intervenga fiscalizando la partición y, si se niega a intervenir, a paralizarla, no dejando otro recurso a los herederos que acudir a la vía judicial.
Con la solución adoptada por la DGRN se están invirtiendo los términos del problema, serán los herederos quienes tienen que acudir al juez para llevar a cabo la partición de la herencia cuando el legitimario no quiera intervenir o se niegue a aceptar las operaciones integrantes del inventario, siendo así que el CC establece justo lo contrario, son los legitimarios quienes deben acudir al juez cuando las disposiciones del testador perjudiquen su legítima. Basta recordar las palabras «podrá pedir el complemento» del artículo 814 o "se reducirán a petición de éstos" del artículo 815 o en sede de desheredación, los herederos tendrán que demostrar que es justa, cuando el legitimario desheredado la negare, conforme al artículo 850.
Ello se ve con toda claridad, como decíamos, cuando se trata de la desheredación injusta al disponer el artículo 850 del CC: «La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare». Siguiendo a V. (V. G., J. Comentarios al Código Civil. Edición Ministerio de Justicia, Madrid 1991, p 2082): el testamento que contenga la desheredación es título bastante para que el heredero instituido obtenga la posesión de los bienes, correspondiendo la iniciativa de la acción procesal al desheredado, presumiéndose a priori pero sólo extrajudicialmente la certeza de la misma. La DGRN en R de 21 de noviembre de 2014 sigue idéntico criterio al considerar: «En primer lugar, respecto de la existencia de legitimarios desheredados cabe recordar que, como ya ha declarado reiteradamente el Centro Directivo, la privación de eficacia del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso instado por quien esté legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia (total o parcial); y, ello, porque el principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (cfr. artículo 658 del Código Civil) conduce inexorablemente a la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurra en caducidad ni en vicios sustanciales de forma (Resolución de 13 de septiembre de 2001). Por ello, debe concluirse, que en el caso que es objeto de este recurso, no podrá prescindirse, sin la pertinente declaración judicial de ineficacia, del testamento del que derivan la condición de herederos los recurrentes, por mucho que en él se haya ordenado una desheredación». Compartimos totalmente el criterio de esta Resolución y no entendemos cómo no ha aplicado este razonamiento en la R de 3 de marzo de 2015 y en las que después veremos, al supuesto objeto de este recurso, cuando el testador manifiesta que ha dejado la legítima por vía de donación, pues si en la desheredación por la que no se deja nada al legitimario hay que pasar por ella, mientras judicialmente no se disponga lo contrario, con mucha mayor razón debe pasarse cuando se manifiesta haberle dejado algún bien por vía de donación.
3.º Situación del legitimario a quien el testador manifestó en su testamento que le dejo su legítima por vía de donación.
La STS de febrero de 1981 recoge la afirmación de que: "siendo la desheredación, en un sentido amplio, toda privación de la herencia, en un sentido estricto, ha de estimarse corno tal la privación a un heredero legitimario de la porción de herencia que por derecho le corresponde, desposeimiento que, en el caso presente, se produce, porque el actor, ahora recurrente, nada percibió de su madre antes ni después del fallecimiento de la misma, la que en la cláusula primera de su testamento afirma que: ‘Nada lega a su hijo Teodoro por haberle dado ya la testadora mucho más de lo que por legítima acreditaría’", aunque después llegue a la conclusión esta sentencia que al quedar probado que efectivamente recibió algunos bienes el legitimario por vía de donación: "en este caso el único derecho que asiste al heredero forzoso es el de pedir el complemento de su legítima". L. B. ("Derecho de Sucesiones". T II con S. R., p 180. Ed Bosch, Barcelona 1973). Confirma lo expuesto al aceptar la opinión de los que "con criterio amplio creen que cualquier legitimario realmente mencionado en el testamento, a cualquier propósito (se reconozca o no su condición familiar, se le deje o no algo), podrá ser un desheredado sin causa o tener derecho a un suplemento, pero no es un preterido".
4.º ¿Queda desprotegido el legitimario por tener que oponerse judicialmente a lo ordenado por el testador?
Eso es lo que parece sostener la DGRN en la R de 29 de junio de 2017, que reitera en la de 17 de septiembre de 2018, al considerar que: "No cabe dejar al legitimario la defensa de su derecho a expensas de unas ‘acciones de rescisión o resarcimiento’ o la vía declarativa para reclamar derechos hereditarios y el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición hecha y consumada, lo que puede convertir la naturaleza de la legítima de Derecho común, que por reiteradísima doctrina y jurisprudencia es ‘pars bonorum’, en otra muy distinta (‘pars valoris’), lo que haría que el legitimario perdiese la posibilidad de exigir que sus derechos, aun cuando sean reducidos a la legítima estricta y corta, le fueran entregados con bienes de la herencia y no otros. Y esta doctrina se aplicará aun cuando se haya citado a los legitimarios fehacientemente y no hayan comparecido, ya que conforme reiterada doctrina de este Centro Directivo, la circunstancia de citación a los legitimarios para formación del inventario, no altera la necesidad de su consentimiento". Para ello se apoya, en parte, en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989, que reconoce las acciones que corresponden a los legitimarios: «Se reduce en determinar si cabe la posibilidad de ejercicio por uno o varios herederos forzosos de la acción de complemento de la legítima antes de haberse practicado la partición del caudal hereditario y, por tanto, antes de conocerse a cuánto asciende el importe de la legítima estricta correspondiente a cada heredero, por lo que se puede producir una infracción del artículo 818 del Código Civil en relación con el 657 y aplicación indebida de los 1075 y 1079 en relación con los 1056 y 818. Incluso tratándose de partición hecha por contadores partidores, en la ejecución de la misma será "cuando podrá saberse si alguno o algunos de los herederos individualmente considerados, no en la forma indiscriminada y global (...) han percibido menos de lo que le corresponde por legítima estricta". Así pues, no es posible ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso, sino hasta saber el montante del quantum o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para cuyo conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la muerte del testador, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que permite la práctica de las pertinentes operaciones particionales".
Tercero. De la interpretación de las normas jurídicas.
La tendencia actual es reducir la legítima o incluso algunos hablan de su supresión por considerarla excesiva o desfasada. No entramos en esa polémica, pero sí creemos que no puede en los momentos actuales ponerse mayores exigencias y restricciones a quien quiera ordenar su sucesión con los medios que el ordenamiento le ofrece o que estos medios empleados resulten ineficaces o, al menos, no produzcan los efectos que lógicamente deberían producir.
El registrador de la Propiedad informó mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2018 y elevó el expediente a esta Dirección General.
Mediante el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de partición y adjudicación de herencia con las siguientes circunstancias relevantes:
a) En el testamento que sirve de base a las adjudicaciones el causante ordenó unos legados a favor de su cónyuge y de dos de sus hijas, a quienes además instituyó herederas por partes iguales, y manifiesta que la legítima estricta de otra de sus hijas ha sido satisfecha en vida, en los términos que del mismo resultan (determinadas cantidades que ahora imputa al pago de su legítima: por rentas y gastos de comunidad por el arrendamiento de determinada vivienda, que debía haber satisfecho dicha hija como arrendataria; así como otras cantidades por un préstamo que había reintegrado el testador, cuando realmente debía reintegrarlas la misma hija).
b) En esencia, el registrador de la Propiedad fundamenta su negativa a la inscripción en que la legitimaria y heredera forzosa a la que el testador había satisfecho en vida su legítima estricta, en la forma que en su testamento se expresa, debe concurrir en la partición de la herencia o ratificar la que se ha realizado, por aplicación de artículos 658, 806, 807, 808 y 1058 del Código Civil y reiteradas Resoluciones de esta Dirección General, como las de 25 de febrero de 2008 y 17 de septiembre de 2018.
c) La notaria recurrente alega, en esencia: que las resoluciones de esta Dirección General citadas por el registrador en su calificación contradicen la doctrina de este mismo Centro sobre el valor atribuido al título sucesorio en casos de preterición y desheredación; que, para proteger la legítima el Código Civil atribuye al legitimario la acción de complemento de legítima, en el artículo 815, y la acción de reducción de disposiciones inoficiosas, en el artículo 817, y ninguna norma exige que intervenga en la partición para fiscalizarla; que el legitimario no queda desprotegido por tener que oponerse judicialmente a lo ordenado por el testador, pues antes de la partición puede ejercitar las acciones que le corresponden; y que deben interpretarse las normas atendiendo a la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas (artículo 3 del Código Civil), de modo que debe facilitarse que el testador distribuya en vida algunos de sus bienes por vía de donación, en pago de la legítima que pueda corresponder a algunos de sus legitimarios, y así evitar que obstaculice, en su día, la partición hereditaria.
La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones de 25 de febrero de 2008, 13 de junio de 2013, 15 de septiembre y 29 de diciembre de 2014, 2 de agosto de 2016, 10 de abril y 29 de junio de 2017 y 22 de febrero, 5 de julio, 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018, entre otras citadas en el apartado «Vistos» de la presente).
Como afirmó en su Resolución de 1 de marzo de 2006, la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la legítima de los herederos forzosos. En efecto, la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una «pars bonorum», y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o «pars valoris bonorum». De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima. Y dicha intervención es necesaria también para la entrega de legados (vid. Resoluciones de 25 de febrero de 2008, 9 de marzo de 2009, 6 de marzo de 2012 y 12 y 16 de junio y 4 de julio de 2014).
La necesaria intervención del legitimario ha sido exigida, entre otras, por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989, que reconoce las acciones que corresponden a los legitimarios: se reduce en determinar si cabe la posibilidad de ejercicio por uno o varios herederos forzosos de la acción de complemento de la legítima antes de haberse practicado la partición del caudal hereditario y, por tanto, antes de conocerse a cuánto asciende el importe de la legítima estricta correspondiente a cada heredero, por lo que se puede producir una infracción del artículo 818 del Código Civil en relación con el artículo 657 y aplicación indebida de los artículos 1075 y 1079 en relación con los artículos 1056 y 818. Incluso tratándose de partición hecha por contadores partidores, en la ejecución de la misma «será cuando podrá saberse si alguno o algunos de los herederos individualmente considerados, no en la forma indiscriminada y global (…), ha percibido menos de lo que le corresponde por legítima estricta». Así pues, no es posible ejercer las acciones de rescisión o de complemento en su caso sino hasta saber el montante del «quantum» o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para cuyo conocimiento y fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la muerte del testador, con la deducción de las deudas y de las cargas, salvo las impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del Código Civil, lo que permite la práctica de las pertinentes operaciones particionales. También la Sentencia de 18 de julio de 2012 pone de relieve que el legatario que es también legitimario debe intervenir y consentir la partición practicada por los herederos, pues lo contrario podría permitir que se repartiese la herencia sin tener en cuenta sus derechos legitimarios.
Por todo ello, no puede compartirse el criterio de la recurrente según el cual las citadas resoluciones de este Centro Directivo contradicen la doctrina del mismo sobre el valor que se atribuye al testamento como título de la sucesión en la Resolución de 2 de agosto de 2018. Una cosa es que, según dicha Resolución, se concluya que, a efectos registrales, es necesaria una declaración judicial previa de nulidad del testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por causa de preterición de alguno de los herederos forzosos así como para la determinación del carácter de la preterición como errónea o intencional, y otra cosa es que se prive al legitimario de su derecho a intervenir en la partición que practiquen los herederos para así velar por la intangibilidad de su legítima. Y es que, en un caso como el presente, no se trata de la ineficacia del título de la sucesión sino de garantizar al legitimario que no ha sido desheredado la «pars bonorum» en que consiste su legítima, por lo que como cotitular del activo hereditario debe intervenir en la determinación y adjudicación del mismo. Si se tuviera que pasar, aun provisionalmente, por la declaración del testador o de los herederos sobre el hecho de que ya hubiera recibido su legítima, quedaría reducida su posición respecto de la que el propio legislador le atribuye al calificarlo como heredero forzoso. Por lo tanto, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de herencia (artículo 1057, párrafo primero, del Código Civil), y aunque el testador considere que el legitimario ha sido satisfecho en sus derechos, la comparecencia e intervención de éste es inexcusable, a fin de consentir las operaciones particionales de las que resulte que no se perjudica su derecho de carácter forzoso.