Source: https://prohomine.wordpress.com/2014/01/
Timestamp: 2018-12-13 00:20:44
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enero 2014 – Pro homine
Caricaturistas y otros “agitadores”
enero 28, 2014 enero 28, 2014 por jpalban, posted in Derechos Humanos
Finalmente ocurrió, los ecuatorianos hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de la lamentable realidad de nuestra política. Pero no ha sido por amargura propia, sino por decisión de la SUPERCOM –que de súper la verdad no tiene nada–.
En el progresivo desmantelamiento del Estado de derecho en el Ecuador y la desaparición de nuestras libertades fundamentales, el más reciente capítulo es la acusación contra un laureado caricaturista, por dibujar la realidad del abuso del poder y de la inobservancia de las más elementales garantías del debido proceso.
Mientras empiezo a escribir estas líneas, todavía se desarrolla la audiencia ante la Superintendencia de Comunicación, para que Xavier Bonilla “Bonil” ofrezca explicaciones sobre la información en la que se basó su caricatura publicada en diario El Universo el pasado 28 de diciembre de 2013.
De paso el caricaturista ha sido señalado de provocar “agitación social”. Aquí habría que preguntarle al Superintendente Ochoa –cuando asome, porque según reportan los medios a la audiencia no se presentó–, cual es el calificativo que merecen esos personajes que prevalidos del poder público, lanzan improperios a diestra y siniestra contra ciudadanos que no tienen la mínima oportunidad de defenderse, en espacios semanales de varias horas pagados con nuestros impuestos. Probablemente nos responderá que en esos casos el calificativo a usar no es “agitador” sino carismático líder revolucionario o algo así.
Independientemente de lo que opine en sus informes la SUPERCOM, la polarización que agobia a la sociedad ecuatoriana no es culpa de Bonil y otros “agitadores”, es resultado de declaraciones vertidas a diario desde las más altas esferas del Estado en que se promueve la división y el odio entre ecuatorianos, a pretexto de clases económicas o sociales y del supuesto salvataje de la dignidad de los marginados, que dizque ha emprendido el actual régimen. Al contrario, la dignidad de los marginados y de los menos marginados es pisoteada a diario, cuando se nos niega la posibilidad de opinar.
Ese tipo de declaraciones estigmatizantes, dirigidas particularmente contra la prensa –“corrugta”–, en opinión de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contribuyen “a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas, necesarios para la convivencia en democracia”[1].
Además, nuestras autoridades aún no caen en cuenta que, en el evento que ese tipo de declaraciones desde las altas esferas del poder motivaran una reacción violenta del grupo social contra determinados individuos o agrupaciones identificados como detractores del régimen, la responsabilidad por las consecuencias de tal violencia tendría que asumirla el Estado como institución. Al respecto, la Corte Internacional de Justicia ha determinado que las declaraciones de altas autoridades estatales pueden servir no sólo como admisión de la conducta del propio Estado[2], sino también generar obligaciones a éste[3]. Aún más, tales declaraciones pueden servir como prueba de que un acto es atribuible al Estado que representan esos funcionarios[4].
Ojo, que no se malentienda, los altos funcionarios del Estado pueden y de hecho deben, pronunciarse sobre los asuntos de interés público, pero como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
[…] al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la debida por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado[5].
Por eso, cada vez que algún alto funcionario se indigna por la crítica que algún osado se anima a lanzar respecto de sus acciones, en este caso en forma de una viñeta destinada a hacer reír, debería respirar profundo, contar hasta diez –o diez mil– y antes de atropellar a nadie, recordar que,
[…] en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.
El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público.
En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas[6].
Cuando el Gobierno arremete contra Bonil, en realidad está tratando de silenciarnos a todos; quiere generar un efecto disuasivo no sólo en la prensa sino en el grupo social, empleando la situación de la víctima de turno para mandar un mensaje más amplio de intolerancia a la crítica y a la opinión diversa, sin importar de que ciudadano provenga.
La evidencia del éxito de esta estrategia disuasiva es que una gran mayoría de ecuatorianos observa en silencio y con mucho miedo, el proceso contra Bonil; con la misma impavidez que antes observaron los procesos contra otros comunicadores. Por eso me pregunto si a estas alturas todavía hay compañeritos que de verdad piensan que la Patria avanza o si su adherencia al “proyecto” obedece a un temor reverencial. Aunque bueno, la verdad la Patria si avanza, avanza a grandes zancadas hacia un estado primitivo de negación de los derechos humanos.
Yo creo que para atenuar ese efecto disuasivo y hacerle conocer al régimen nuestro descontento, lo mejor es continuar “agitando” y circular al mayor número de personas posible en el mundo la caricatura censurada, ¿Quién me ayuda? Si tienen dudas recuerden esa máxima de Bob Mankoff, editor de caricaturas de The New Yorker que dice “When in doubt, make fun of an idiot”.
[1] CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000. OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev.16 abril 2001.
[2] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 64.
[3] ICJ, Nuclear Tests Case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 253, paras. 43, 46; and CIJ, Nuclear Tests Case, (New Zealand v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 457, paras. 46, 49.
[4] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 71.
[5] Véase, Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. párr. 151.
[6] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. párrs. 86 a 88.
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Abogangsters
enero 25, 2014 enero 25, 2014 por jpalban, posted in General
Hace unos días mi querida colega y amiga Daniela Salazar Marín publicó en su columna del diario Hoy, una nota muy sentida, que conmovió a todos quienes la leímos, describiendo con meridiana claridad las características del profesional del derecho que una sociedad en crisis como la nuestra requiere:
Para que el Estado de Derecho sea una realidad se requieren abogados comprometidos con la búsqueda de la justicia y la verdad; abogados que puedan defender sus causas con pasión pero sin perder la imparcialidad; abogados dispuestos a luchar contra la impunidad, sin importar de dónde provenga; abogados cuyas tendencias políticas no les impidan denunciar arbitrariedades; abogados que no se dejen intimidar por gobernantes de turno ni tentar por el que más ofrezca; abogados honestos con sus clientes tanto como con sus adversarios; abogados conscientes de que de su integridad depende el sistema de justicia[1].
La realidad, lamentablemente, es que el desprestigio de la profesión jurídica podría estar justificado. En el Ecuador en particular, cada vez con mayor frecuencia somos testigos de la manipulación de la razón, el derecho y la justicia para satisfacer los intereses de ciertos poderosos o de sus allegados, y los protagonistas de esa manipulación son precisamente colegas nuestros.
Cuando era estudiante de derecho, alguna vez un profesor dijo en clase que hay tres categorías de abogados: Los científicos del derecho, que se ocupan de su diseño y desarrollo; los artesanos del derecho que, valiéndose de las herramientas creadas por los primeros, tratan de construir cosas importantes en el trabajo cotidiano de sus casos; y los obreros del derecho, aquellos que no entienden bien la trascendencia de nuestra profesión, y siendo ella simplemente su medio de subsistencia, se dedican a ejecutarla en forma mecánica, mirando más al interés de su propio bolsillo que al de su cliente.
En lo personal creo que en nuestro país habría que agregar una categoría más: Los abogangsters, esos que invocando el nombre de algún alto personero logran “cambiar” la realidad y viciar la actuación de los operadores de justicia; o aquellos que se llenan la boca con un discurso de valores e invocaciones a deidades, y simultáneamente corrompen funcionarios para conseguir protervos fines.
En los últimos tres años, a raíz del trabajo que a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ he tenido la suerte de realizar, en defensa de los intereses de las víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos, me he reencontrado con esa pandilla a la que hace bastante tiempo no veía, y como consecuencia, me he estrellado una vez más contra el muro de nuestra triste realidad jurídica.
No importa que tan patente sea la injusticia, quien esté en el bando “correcto” ganará, de preferencia eso sí, debe tener como ringtone de su celular alguna tonadita revolucionaria como: Patria tierra sagrada… o Ya tenemos presi…; o caso contrario, una billetera generosa, capaz de hacer temblar al más probo de los jueces.
La gota que ha derramado el vaso de mi indignación fue ver en estos días a un “histórico” del movimiento de derechos humanos, representando a un grupo de asesinos que escudados tras la etiqueta de agentes del orden, cegaron la vida de civiles desarmados e inocentes, en un acto de arbitrariedad extrema que diez años después sigue sin esclarecerse. Esa es tal vez la peor clase de abogangster, el que se ha convertido en un traficante del derecho, corrompido por el propio sistema, cuando en el pasado supuestamente defendía causas nobles.
Desde luego el problema es mucho más grande que la simple devaluación de la ética profesional. A pesar de los cambios cosméticos a la administración de justicia, previa metida de manos –“limpias” se decía– con el consentimiento viciado del pueblo soberano, al que nunca se le explicó en la respectiva pregunta de la consulta popular, que se le iba a dejar en mayor indefensión de la que ya se encontraba; el tráfico de influencias, el pago de coimas y las presiones políticas, siguen determinando quien tiene la razón en un determinado pleito.
Esto tiene que ver con la falta de una verdadera voluntad política por transformar el sistema de justicia. Levantar –o confiscar y pintar– decenas de edificios, destituir centenares de jueces “corrugtos”, nombrar más centenares de jueces “comprometidos” –no está muy claro con qué, o más bien, está muy claro con quién–, no es suficiente.
En su informe entregado a fines del año 2012, la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el Consejo Nacional de la Judicatura y presidida por Baltasar Garzón, concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, debe fortalecerse la independencia judicial, inclusive en casos graves[2], poniendo de manifiesto que al momento esa independencia no existe. La veeduría concluyó además, que no se observó “en la transición de reemplazo de cargos judiciales, los procesos de selección y designación que debía ser aplicado [sic]”[3], y recomendó que la “la labor judicial, se desarrolle con el debido respeto, evitando los denominados ‘juicios paralelos’”[4].
Hace pocos meses, la Corte Interamericana en sentencia emitida contra nuestro país, refiriéndose a la inestabilidad de los funcionarios judiciales en sus cargos expresó que,
[…] la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política[5].
[…] el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad[6].
Recientemente, la organización Human Rights Watch afirmó en su informe anual 2014 que,
Durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte Nacional de Justicia y cientos de jueces de las instancias inferiores. En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España invitados por el gobierno publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluido el de los más altos magistrados. Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios, y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones[7].
La verdad es que nuestro país, no ha adherido a los Principios Básicos Relativos a la independencia de la Judicatura, en la parte que disponen,
Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo[8].
[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial[9].
En suma, las condiciones para el desastre están dadas, el ejercicio de la abogacía en el Ecuador va tomando el cariz de un gran circo, con un maestro de ceremonias a la cabeza que define el contenido del espectáculo –nunca mejor dicho–; un grupo de payasos que piensa que quien más vocifera tiene más razón; los malabaristas que se mueven utilitariamente de una posición a otra para que sus casos no se caigan, sin pensar verdaderamente en que se haga justicia; los domadores que con el látigo del tráfico de influencias y la presión política en su mano, obligan a los operadores de justicia a acceder a sus caprichos por descabellados que sean; los vendedores de recuerdos que ofrecen justicia al mejor postor; y los que transitamos por la cuerda floja, con total incertidumbre de si alguna vez la razón y el derecho saldrán indemnes.
La gran pregunta entonces es ¿Qué hacemos los abogados que no queremos ser abogangsters? Las alternativas parecieran ser: Rendirse, sumarse al juego y conseguir algún amigo influyente que “mueva” nuestros casos; continuar en plan contestatario y resignarnos a vivir frustrados con nuestra profesión; o finalmente dejar el derecho, abrir ese tan anhelado Karaoke y ser felices.
El Maestro procesalista uruguayo Eduardo J. Couture decía,
Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz[10].
Por eso, con fe, de las opciones antes planteadas yo voy a optar por la segunda, continuar en plan contestatario. A pesar de todo, habiendo sido testigo –como abogado de los perjudicados directos– de la actuación condicionada de la justicia ecuatoriana, todavía creo en las virtudes de mi profesión y en la capacidad de los juristas de influir positivamente en la vida del grupo social y de los individuos que lo integran; todavía pienso que llegará el día en que ser amigo o haber representado judicialmente a un alto funcionario no será equivalente de patente de corso para burlar la justicia o manipular su actuación; y todavía espero que nuestros operadores de justicia comprendan la trascendencia de la ética y del activismo judicial en defensa de los derechos de las personas, aún a costa de perder sus cargos.
¡Qué iluso! me dirá la mayoría de mis colegas. Sin embargo quiero mantener este optimismo forzado porque me rehúso a dejar a mi hija –de quien abrigo en secreto la ilusión que un día resuelva ser abogada, por el maravilloso potencial que tiene para enfrentar la injusticia– el legado de una profesión inútil y de una lucha estéril. Seguiré entonces levantando la voz desde diversas trincheras, siempre del lado de los derechos humanos, y no tengo ninguna duda de que cada vez se sumarán más adeptos a esta causa.
[1] Véase, Un abogado ejemplar, publicado en Diario Hoy, edición correspondiente al 4 de enero de 2014, disponible en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/un-abogado-ejemplar-598215.html
[2] Véase la sección 17.18 del informe, Conclusiones, el documento completo se encuentra disponible en http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/comunicacion/documentos/informeveeduria.pdf
[3] Conclusión 9 sobre Talento Humano.
[4] Recomendación 7 sobre Talento Humano.
[5] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 150.
[6] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 154.
[7] Véase http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122004?page=2
[8] Principio 2 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.
[9] Principio 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.
[10] COUTURE, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. En DE LA TORRE DÍAZ, Francisco Javier. Etica y Deontología Jurídica. Editorial Dykinson S.L. Madrid. 2000. Pág. 261.
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enero 19, 2014 por jpalban, posted in Derecho Internacional Público, Derecho Penal, Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos
Etiquetado causa de inculpabilidad, causa de justificación, derechos humanos, fuerzas armadas, obediencia debida1 comentario
Democracia representativa, derechos humanos e igualdad de oportunidades electorales
enero 12, 2014 por jpalban, posted in Derechos Humanos
Ya estamos otra vez a puertas de un proceso electoral, de hecho, la campaña ya arrancó y con ella los dimes y diretes sobre el uso de fondos y otros recursos públicos para promover la imagen de los candidatos cercanos al régimen.
Claro, parece cuestionable que nuestro carismático líder ande recorriendo el país para conseguirles votos a unos cuantos conocidos y otros tantos desconocidos que han optado –esta vez– por enfundarse la camiseta verde flex. Sin embargo, bajo el ordenamiento jurídico electoral vigente –adoptado a ritmo de revolución en el año 2009–, tal conducta del primer mandatario no está prohibida, más bien está reglamentada.
Y la verdad seamos francos, si a fines de febrero el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas de forma mayoritaria por los verdiazules –como ocurrió en las pasadas elecciones para la Asamblea–, simplemente estará ratificando su confianza ciega –nunca mejor dicho– en el Presidente, porque en el Ecuador hace ya bastante rato que votamos por colores sin reflexionar quienes los visten, cuál es su ideología y cuáles sus propuestas para un mejor futuro, o algún futuro, cualquiera.
Entonces es simplemente lógico, aunque simultáneamente para algunos sea indignante, que mashi Rafael encabece la campaña para las elecciones seccionales. Finalmente, esa campaña, unas cuantas elecciones atrás, se convirtió en un culto a la personalidad que a esta altura ya raya en culto mesiánico y por eso mismo, la presencia del líder es indispensable para transmitir al grupo social el mensaje de que el candidato con el que aparezca abrazado en la foto es legítimo, no un “peluconcito” de la “larga y triste noche neoliberal”, predestinado –en el improbable supuesto de que logre ganar en las urnas– a no contar con los recursos para cumplir sus propuestas y a si contar con el odio visceral de “los buenos”, obvio que ese no es el alcalde “que queremos”.
Ahora bien, dejando claro que el jefe de Estado está, como el mismo afirma, en su derecho de “consolidar este proyecto político que ya es leyenda, la revolución ciudadana”[1], si cabe criticar en sentido constructivo, que se aproveche el apasionamiento de nuestro pueblo por su redentor, para consolidar el borreguismo y con éste la falta de cultura democrática y de reflexión en la toma de decisiones que no nos afectan sólo a nosotros sino también a las futuras generaciones de este país; y, de ser cierta alguna de esas “leyendas urbanas” difundidas por “los malos”, también sería criticable que se emplee recursos públicos para hacer campaña por los candidatos oficialistas.
Como he hecho en mis últimos artículos, tras describir el potencial problema que enfrentamos, a continuación mencionaré algunos estándares internacionales en materia de democracia representativa, derechos humanos e igualdad de oportunidades en procesos electorales, que en mi opinión nuestra clase política debería mantener en mente para los próximos días.
Al respecto, es importante destacar en primer lugar la trascendencia que las naciones americanas han otorgado a la democracia representativa, uno de cuyos elementos centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político, como condición indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos.
El sistema interamericano ha incorporado una norma expresa en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el artículo 3.d, según el cual la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, es decir, no basada en un modelo de partido único, en el qué todos los espacios de poder sean cooptados por una sola organización erigida alrededor de una sola persona, como lamentablemente parece estar ocurriendo en nuestro país.
El riesgo de que nos allanemos a un modelo de partido único, que no es en realidad una democracia, pues no reconoce la participación, ni siquiera la existencia de las minorías, es que, como ya empezamos a percibir, progresivamente nuestros derechos humanos desaparezcan.
La Asamblea General de la OEA se ha referido en numerosas oportunidades a la relación entre democracia representativa y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos a fin de elegir a las autoridades del gobierno. Por ejemplo, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se reafirmó,
[e]l derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente.
Al adoptar la Carta Democrática Interamericana los Estados de la región establecieron que,
[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos
[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia[2].
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”) ha declarado que,
[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema[3].
En el mismo sentido, dicho tribunal ha agregado que los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales[4], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[5].
Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo 23 de la Convención Americana, deben ser interpretadas y aplicadas de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio[6].
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, como ha dicho la Comisión, el concepto de democracia representativa se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. Estos representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar medidas políticas determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio debate sobre la naturaleza de las políticas a aplicar –libertad de expresión– entre grupos políticos organizados –libertad de asociación– que han tenido la oportunidad de expresarse y reunirse públicamente –libertad de reunión–[7].
La misma Comisión Interamericana ha sostenido que el derecho a elegir y ser elegido en elecciones abiertas, realizadas por sufragio universal e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (artículo 23.1.b de la Convención Americana), cumple en la democracia representativa una función legitimadora esencial de la autoridad política. Por ello, el vínculo entre electores y elegidos y la autenticidad de la representación sólo pueden lograrse a través de mecanismos que aseguren la más libre y amplia participación[8].
A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que
[l]a realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos. […] Nadie debe ser objeto de discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura[9].
En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo establece el deber de los Estados partes “de sostener elecciones libres a intervalos razonables por votación secreta bajo condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión de las personas en la selección de la legislatura”[10].
El propósito declarado del régimen, de ocupar todos los espacios del poder público, es contrario a los principios de la democracia representativa, y subestima al pueblo ecuatoriano al pretender decirle qué es lo que le conviene, en lugar de permitirle elegir, aún a riesgo de que se equivoque. Si nuestra vocación realmente es democrática, no hay que promover el borreguismo, sino la reflexión en la toma de decisiones.
La otra cuestión delicada que ocupa titulares en días recientes, es el supuesto uso de recursos públicos –el avión presidencial por ejemplo– para promover ciertas candidaturas. En este sentido, refiriéndose al derecho a la participación política consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Interparlamentaria ha efectuado el siguiente pronunciamiento:
[e]l elemento fundamental en el ejercicio de la democracia es la celebración de elecciones libres y auténticas, en intervalos periódicos, que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de manera que todos los electores puedan escoger sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia que estimulen la competencia política[11].
La participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello[12]. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación[13].
Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que “es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”[14] y que “[…] la participación en los asuntos públicos de organizaciones […] es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo que ello significa”[15].
Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que
El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos[16].
No se puede negar que los Estados tienen la potestad de hacer ciertas distinciones de trato siempre y cuando éstas estén plenamente justificadas, y tengan su base en un interés legítimo de la sociedad. Que un candidato tenga ventaja en la campaña sobre otro, no parece ser uno de tales intereses legítimos.
Al respecto, la Corte Interamericana estableció que
[n]o habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana[17].
En resumen, la “consolidación” de esta “leyenda”, parafraseando al Presidente, puede ser un propósito muy loable, pero las exigencias de una sociedad democrática impiden aplicar un modelo maquiavélico para alcanzar tal propósito. La filosofía que debería orientar la actuación de nuestro Gobierno –digo nuestro porque es de todos los ecuatorianos, hayamos votado o no por quienes lo integran– y en general de nuestra clase política, es aquella que propone, “que gane el mejor”, eso sí, sin prebendas ni ventajas.
[1] Véase al respecto el enlace ciudadano 356, transmitido desde Babahoyo, Provincia de Los Ríos, el sábado 11 de enero de 2014.
[2] Carta Democrática Interamericana, Lima, 11 de septiembre del 2001, fragmentos de los Artículos 1, 3 y 6.
[3] Corte I.D.H., La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34.
[4] Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.c); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 7); Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos I, II y III); Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (artículos 2 y 3); Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículo 6); Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párr. 5); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27); Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).
[5] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192.
[6] Véase, CIDH, Informe 98/03, Caso No. 11.204, Statehood Solidarity Committee, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003, párr. 95.
[7] CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 35.
[8] CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 95.
[9] H.R.C., Observación General No. 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Aprobado por el Comité en su 1510ª sesión (57º período de sesiones) el 12 de julio de 1996, párr. 15.
[10] Véase en general, ECHR, Mathieu-Mohin and Clerfaurt v. Belgium, Ser. A N° 113; Gitonas v. Greece, Sentencia del 1ro de julio de 1997, 1997-IV.
[11] Universal Declaration on Democracy, párr. 12, Inter-Parlamentary Union. Cairo, Sept 1997, in Positions Regarding Human Rights Issues. I-PU.Geneva 1998, pág. 42.
[12] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 199.
[13] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 200.
[14] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.
[15] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 217.
[16] Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 147.
[17] Opinión Consultiva OC-4/84, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, párr. 57.
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enero 4, 2014 enero 12, 2014 por jpalban, posted in Derecho Penal, Derechos Humanos
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