Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-al858-2017-76623-de-febrero-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_594feb488a3f4c629624c650442efef3&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 11:49:42
Document Index: 121955084

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 99', 'artículo 5', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 45', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 48', 'artículo 45']

﻿ AUTO AL858-2017/76623 DE FEBRERO 15 DE 2017
AUTO AL858-2017 DE 15 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:DEMANDA LABORAL CONTRA CONSORCIO. SE PRECISA RESPECTO DE LOS CONSORCIOS, QUE ESTOS AL CARECER DE PERSONERÍA JURÍDICA, QUIENES TIENEN CAPACIDAD PARA SER PARTE SON LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE LO CONFORMAN. POR LO ANTERIOR, AL HACER REFERENCIA DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, PARA ESTABLECER LA COMPETENCIA, SE TOMARÁ EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO. ASÍ MISMO, SE RESALTA QUE EL DOMICILIO DE UN CONTRATO LABORAL NO ES EL QUE DETERMINA LA COMPETENCIA JUDICIAL, YA QUE EL DOMICILIO, POR SER UN ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, SE PREDICA ÚNICAMENTE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES, NO DE UN CONTRATO. EN EFECTO, SE RECUERDA QUE EL ARTÍCULO 5° DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 712 DEL 2001, ESTABLECE QUE LA COMPETENCIA SE DETERMINA POR EL ÚLTIMO LUGAR DONDE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO O POR EL DOMICILIO DEL DEMANDADO, A ELECCIÓN DEL DEMANDANTE. DE LO ANTERIOR, SE EXPLICA, SE COLIGE QUE LA PARTE ACTORA TIENE LA POSIBILIDAD DE ESCOGER ENTRE EL JUEZ DEL DOMICILIO DEL EMPLEADOR O EL ÚLTIMO LUGAR DONDE HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, GARANTÍA DE QUE DISPONEN LOS TRABAJADORES PARA DEMANDAR, DE CONFORMIDAD CON EL FUERO ELECTIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, CONSORCIO, ATRIBUTOS DE LA PERSONA, DOMICILIO, DOMICILIO DEL DEMANDADO, DOMICILIO CONTRACTUAL, CONFLICTO DE COMPETENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:545 DE MAYO DE 2017, PÁG.772
Auto AL858-2017/76623 de febrero 15 de 2017
AL858-2017
Rad.: 76623
Se pronuncia la Corte sobre el conflicto de competencia negativo que se suscitó entre los juzgados Veinte y Primero Laborales de los Circuitos de Medellín y Manizales, respectivamente, dentro del proceso ordinario laboral que Jenny Paulina Marín Feria adelanta contra el Consorcio Grupo Bureau Veritas - Tecnicontrol S.A.
Ante el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín Jenny Paulina Marín Feria demandó al Consorcio Grupo Bureau Veritas - Tecnicontrol S.A., con el fin de obtener mediante el trámite de un proceso ordinario laboral que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, que terminó el 28 de noviembre de 2014 “por causal imputable al empleador”.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, las indemnizaciones consagradas en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo que resulte extra o ultra petita y las costas procesales; subsidiariamente, pidió se declare como “salario realidad” la suma de $3.750.000 mensuales, junto con la indemnización por despido sin justa causa e intereses moratorios (fls. 7 a 8).
Dicho despacho, mediante proveído de fecha 25 de julio de 2016, rechazó la demanda y ordenó la remisión del expediente a los juzgados laborales del Circuito de Manizales, al considerar que la actora no especificó el último lugar donde prestó sus servicios y, como quiera que su domicilio es en dicha ciudad, por lo que es a los jueces de la misma a quienes les corresponde conocer del trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010 (fls. 31-32).
Al corresponder por reparto el asunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, a través de providencia calendada 19 de octubre de 2016, se declaró incompetente para conocer del proceso y provocó la colisión negativa de competencia. Para ello, refirió que el domicilio de la demandante no es el factor determinante para asignarla, puesto que si bien el artículo 5º del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, que fue modificado por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, contempló la posibilidad de que el conocimiento radicara en los jueces del domicilio de la demandante, lo cierto es que esta última opción fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-470 de 2011, con lo cual quedó vigente la regla preexistente, esto es, que la “competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante”.
Con fundamento en la norma imperante, agregó que en la demanda se podía evidenciar que el contrato fue suscrito por las partes en la ciudad de Medellín, lugar que igualmente coincide con el lugar donde la accionante prestó el servicio y con el domicilio de la demandada (fl. 19).
De conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, y en el numeral 4º del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, le corresponde a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de competencia que se presente entre Juzgados de diferente Distrito Judicial.
Pues bien, sea lo primero señalar que el artículo 5º del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 3º de la Ley 712 de 2001, establece:
La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante.
De lo anterior, se colige que la parte actora tiene la posibilidad de escoger, para fijar la competencia, entre el juez del domicilio del accionado o el último lugar donde haya prestado sus servicios, garantía de que disponen los trabajadores para demandar, que la jurisprudencia y la doctrina han denominado “fuero electivo”.
Así las cosas, es determinante para la fijación de la competencia la escogencia que haga el interesado al presentar su demanda ante cualquiera de los jueces llamados por ley, de modo que aquel ante quien se ejercite la acción, queda investido de la facultad suficiente para decidir lo que corresponda.
Una vez revisados los documentos obrantes en el plenario se evidencia que no existe certeza del último lugar donde la actora prestó el servicio, pues si bien es cierto que de forma imprecisa indicó en el acápite de competencia que el conocimiento del asunto correspondía al juez del “domicilio del contrato” (fl. 10) y en el hecho segundo de la demanda señaló que “el sitio donde fue firmado dicho contrato, fue la ciudad de Medellín, por tanto, el domicilio de este contrato es la ciudad de Medellín”, lo cierto es que el domicilio por ser un atributo de la personalidad se predica únicamente de las personas jurídicas y naturales, mas no, como lo afirma la actora “del contrato”.
Ahora, si la Sala entendiera que la promotora del litigio hace referencia es al domicilio del demandado, se tiene que por tratarse de un consorcio este carece de personería jurídica y, en esa medida quienes tienen capacidad para ser parte son las personas naturales o jurídicas que lo conforman, en este caso, Bureau Veritas Colombia Ltda. y Tecnicontrol S.A.S., las cuales tienen su domicilio en Medellín y Bogotá, respectivamente, de conformidad con los certificados de existencia y representación legal obrantes a folios 12 a 18.
Aunado a lo anterior, se observa que en el hecho décimo sexto del escrito inaugural la actora advirtió que “en Colombia no se exige que los consorcios se inscriban en Cámara de Comercio, razón por la cual no fue posible aportar la dirección de la sede principal del consorcio “Grupo Bureau Veritas - Tecnicontrol S.A.”, pero se aporta la dirección que se conoció de la sede de Bogotá pero no se sabe si el local ya fue desocupado”.
Bajo estos parámetros, es palmaria la equivocación del Juzgado Veinte Laboral de Medellín, pues al no tener certeza del último lugar donde la actora prestó el servicio ni tampoco tener en cuenta que esta instauró la demanda contra un consorcio y no contra las personas jurídicas que lo integran, lo procedente ‒de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social‒, era inadmitir la demanda con el fin de que dicha falencia fuera subsanada y de esta forma prever futuras nulidades o suscitar conflictos de competencias.
Recuérdese que de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, el juez como director del proceso debe adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.
Por otra parte, tampoco es de recibo el argumento planteado por el Juzgado Veinte Laboral de Medellín, de referir que la competencia es de los jueces laborales de Manizales por corresponder al domicilio de la demandante, pues como bien lo señaló esta última autoridad, tal circunstancia no constituye un factor para determinar la competencia, en la medida que la disposición que alguna vez así lo dispuso ‒artículo 45 de la Ley 1395 de 2010‒ fue retirada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional al declarar su inexequibilidad.
Así las cosas, en aras de efectivizar el derecho que le asiste a la actora de optar por el lugar donde tramitará su acción, se ordena remitir el expediente al Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, para que, proceda de conformidad con lo explicado en precedencia y, una vez ello ocurra, requiera a la parte accionante a fin de que determine el lugar de conocimiento del proceso, teniendo en cuenta para el efecto, que según los artículos 5º y 14 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, puede elegir entre el domicilio de las sociedades que integran el consorcio y el último lugar donde esta prestó el servicio, y una vez ello ocurra se disponga lo pertinente.
1. REMITIR el expediente al Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, a fin de que requiera a la parte accionante, para que elija el lugar de conocimiento del proceso, y una vez ello ocurra, se disponga lo pertinente.
2. INFORMAR lo resuelto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales.