Source: https://es.scribd.com/document/273766504/Las-Funciones-Constitucionles-Del-Deber-de-Motivar-Las-Resoluciones-Judiciales
Timestamp: 2019-04-23 08:12:20
Document Index: 285997856

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aqui encontraras la obligacion consitucional de jueces de motivar sus sentencias
CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO FÁCTICO Y ELICITACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL PROYECTO CONACYT-IIJ-CCADET-STJT
criterio pruebas
Penal de la Nación; Buenos Aires; Lexis Nexis; 2 ed. 1 Reimp; 2006; p. 109: “Por ella podrán los
interesados conocer las razones que justifiquen el fallo y decidir su aceptación o fundar su
145. CASO: JAIME MUR CAMPOVERDE. 333. en: Doxa: N° 12. p. 11 Cfr. Nº 9598-2005-PHC/TC. el enfoque particular del investigador como la ideología política y el contexto cultural del que se parta. p. El valor y la eventual primacía de una de las funciones del deber de motivar las resoluciones judiciales depende no solo de la posición que adopte el intérprete. La jurisprudencia constitucional peruana en algunos de sus fallos trata de realizar una síntesis de la función endoprocesal y la función extraprocesal del deber de motivación de las resoluciones al considerar que: “la doctrina ha convenido en que la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales es la explicación detallada que hace el juez de las razones de su decisión final. las Cfr. sobre todo. en cambio la función extraprocesal representa la pretensión de un control de racionalidad externa. 9 10 4 . PERFECTO. Cfr. 292. La Motivación de la Sentencia Civil. 2006. Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal. TOMÁS-RAMÓN. interna. que se convierte en juez de sus jueces12”. queda claro que no siempre se mantiene el equilibrio reflexivo. sino en mayor medida de la situación histórico-política que afronte una sociedad determinada como de la prevalencia de ciertos valores y principios. TARUFFO. de fiscalización más allá de la actividad de las partes y el desarrollo de la función democrática del Poder judicial10. 12 EXP. La función endoprocesal refleja una visión formalista. Palestra. Discrecionalidad. explicación que va dirigida a las partes. Pese al esfuerzo realizado y al desarrollo puntual de algunas afirmaciones no se logra advertir que se destaquen la relación y. Si bien es posible que pueda haber una relación armoniosa y equilibrada entre la función endoprocesal y la función extraprocesal de la motivación. por lo menos que se puede llamar de desarrollo dialéctico9. Entre ambas funciones ha existido siempre una relación. p. arbitrariedad y control jurisdiccional. al juez de grado superior (que eventualmente conocerá en impugnación la decisión del inferior jerárquico) y al pueblo. En la comprensión de la garantía de motivar las resoluciones judiciales influyen tanto las ideas jurídicas imperantes. de un control del discurso justificatorio que tiene como fin garantizar de manera adecuada la racionalidad de la decisión11. más aún cuando cada una responde a una lógica y a una dinámica distinta e inherente a los valores que representan como a la época histórica en la que surgieron. Lima. ANDRÉS IBÁÑEZ. MICHELE. sino tensa. FERNÁNDEZ. Se trata siempre. y en todo caso.4. ya sea constitucionales o de otro orden. técnica y procedimental de la motivación de las resoluciones judiciales.
al que pretende configurar y moldear a través de la dirección del aparato gubernamental14. se encuentren justificadas. TARUFFO. 13 14 5 . Tecnos. Al Estado autoritario no le interesa. También. las judiciales. sean portadoras de racionalidad y puedan ser objeto de críticas. la Cfr. por lo general. BISCARETTI DI RUFFIA. 234. de Alfredo Gallego Anabitarte). Sin embargo. En cambio al Estado Constitucional y a la democracia constitucional le interesa de modo especial justificar las decisiones públicas como desarrollar un ejercicio racional de las funciones legales y constitucionales asignadas a toda forma de poder. La Motivación de la Sentencia Civil. Ariel. Cfr. 334. LOEWENSTEIN. Teoría de la Constitución (Trad. Madrid. 1 Reimp. p. 78. entre ellas. con los códigos de rito y de procedimiento. la garantía de motivar las decisiones judiciales puede existir en un modelo de Estado distinto al democrático. le asiste razón a quienes consideran que la prescripción constitucional del deber de motivar las resoluciones judiciales posee un significado distinto a la regulación y tratamiento que puede haber en los códigos de procedimiento13. 5.. en especial al Poder judicial. 2 ed. Existe una relación entre el tipo de Estado y el deber de justificar las decisiones judiciales. mientras que la función endoprocesal se vincula y desarrolla. al régimen totalitario -que se caracteriza por la intervención estatal en todo el espectro del orden social. En ese sentido. MICHELE. KARL. Ello en atención a que en las cartas políticas se afianza la protección de los derechos fundamentales y las garantías idóneas de tutela. PAOLO. de la posición (facultades y deberes) de las partes y de la posibilidad de formular impugnaciones. ni tiene dentro de sus propósito. discutan y critiquen. No es que el deber de motivar las decisiones judiciales no exista. de Pablo Lucas Verdú). 1973. p. justifiquen. económico y moral. De igual manera. en particular. 1976. que sus decisiones se conozcan. En cambio la regulación procesal se ocupa de la dinámica del procedimiento. ni tenga predicamento en una dictadura o en un Estado totalitario. Derecho Constitucional (Trad. aunque sea de manera formal..tampoco le interesa ni conviene que las decisiones públicas. p. Barcelona. En la doctrina comparada es común relacionar la regulación constitucional del deber de motivar las resoluciones judiciales con la función extraprocesal de la motivación.perspectivas distintas que pueden obtenerse de la función endoprocesal y la función extraprocesal de la motivación. es el Estado Constitucional y. 6. entre las que se cuenta el deber de motivar las resoluciones judiciales.
p. p. NIEVA FENOLL. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. p. por insuficiencia de pruebas o por valoración arbitraria de la prueba16. La motivación de las resoluciones judiciales p. LUIGI. en especial. p. en: Razonamiento Judicial. 371. EZQUIAGA GANUZAS. p. ni el pronunciamiento material. 157. 196. sino la dimensión institucional que debe desarrollar la impugnación en donde se discute y critica la valoración de las pruebas. 142. TALAVERA ELGUERA. 178. ROGER. en los ordenamientos que siguen el modelo eurocontinental. por violación de la ley o defectos de interpretación o de subsunción. La sentencia penal en el Nuevo Código Procesal Penal. La característica principal de la resolución judicial no es el fallo en sí mismo. La función endoprocesal de la motivación permite un control técnico de la decisión judicial que puede ser desarrollado por las partes en litigio (control privado) como por los órganos jurisdiccionales superiores (control institucional)15. posibilita el control adecuado de las decisiones del juez por parte de los actores directos del sistema de justicia. Los hechos en el derecho. La motivación permite el control interno de las decisiones judiciales tanto en derecho. Constituye la función tradicional de la motivación de las resoluciones judiciales y que históricamente ha recibido mayor tratamiento desde el punto de vista procesal. TOMÁS-JAVIER. PABLO. La motivación de las resoluciones judiciales p. por fallar más allá de los hechos invocados.democracia constitucional la que permite un mejor desarrollo. 124. ALISTE SANTOS. MARINA. p. La evolución de la garantía constitucional del deber de motivar las decisiones judiciales sigue con algunas alternancias y cortapisas el proceso evolutivo del Estado moderno y. Bases argumentales de la prueba. MANUEL. permitiendo que la decisión se mantenga. Teoría del Garantismo Penal. se revoque o se anule. Derecho y Razón. 166. 16. el motivar el juicio de hecho Cfr. 623. COLOMER HERNÁNDEZ. 17 Cfr. TOMÁS-JAVIER. Argumentación e Interpretación. del Estado Constitucional. JORDI. Se trata de una dimensión que. II) LA FUNCIÓN ENDOPROCESAL 7. ALISTE SANTOS. p. La valoración de la prueba. ZAVALETA RODRÍGUEZ. como de hecho. 157 15 6 . p. FRANCISCO JAVIER. cobertura y es el contexto más adecuado para la vigencia y eficacia de la garantía de justificar las decisiones judiciales. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. Esta función de la motivación se conoce también como la función coram propio iudice y coram partibus17. MIRANDA ESTRAMPES. FERRAJOLI. 16 Por todos. el análisis de los argumentos de las partes. GASCÓN ABELLÁN. legal y dogmático como también ha recibido un explícito reconocimiento por los diversos órganos jurisdiccionales. IGNACIO.
La Prueba en el Proceso penal acusatorio. Lima. o de paridad Cfr. trata de persuadir o convencer a los actores dialécticos del proceso (las partes) y a su defensa acerca de la justicia. La única vía que tienen las partes para poder saber si sus argumentos y pruebas han sido tomados en cuenta y se ha aplicado el derecho de manera adecuada es conociendo e informándose a través de la resolución acerca de las razones que las respaldan y los argumentos fácticos. Las partes tienen derecho a saber por qué perdieron o ganaron el juicio y cuáles son las razones que se han utilizado para justificar una determinada decisión. El principio de igualdad de armas. La motivación de las resoluciones judiciales. 46. La función endoprocesal de la motivación tiene dos manifestaciones: la función endoprocesal efectuada por las partes y la función endoprocesal realizada por los órganos de justicia superiores. demandado en el proceso civil. 228. según entiende la doctrina procesal clásica. todos actores del proceso (demandante. 2007. 179. En principio. LÓPEZ GUERRA. Palestra. 238 y ss. GASCÓN ABELLÁN. PIETRO SANCHÍS. MANUEL.. TALAVERA ELGUERA. con preferencia a esquemas puramente coactivos”. p. MARINA. probatorios y jurídicos que se han adoptado20. con lo que se avanza en la obtención y ensanchamiento de los procesos de convicción social. p. tercero civilmente responsable en el proceso penal) tienen derecho a saber cuáles son las razones que han llevado al juez a adoptar una determinada decisión y dar por concluido el proceso de una determinada forma. corrección y bondad de la decisión. 2001. La sentencia penal en el Nuevo Código Procesal Penal.y resolver los problemas jurídicos que se presenten18. La motivación permite justificar la decisión adoptada y asumir una forma de control por parte de los órganos superiores19. Interpretación Jurídica y Creación judicial del Derecho. La Legitimidad Democrática del Juez. Palestra. 166. MIRANDA ESTRAMPES. Los hechos en el derecho. 16. LUIS. MIRANDA ESTRAMPES. p. 18 7 . así como que la decisión se ha adoptado de acuerdo a las reglas sustantivas y procesales del ordenamiento jurídico. Interpretación Jurídica y Creación judicial del Derecho. actor civil. 19 Cfr. PIETRO SANCHÍS. p. a) Función endoprocesal de la motivación respecto a las partes 8. Bases argumentales de la prueba. ministerio público. Lima. MANUEL. 20 Cfr. p. LUIS. PABLO. p. p. 167. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. LUIS. imputado. El Tribunal Supremo Español en la sentencia 154/2011 del 16 de marzo del 2011 ha señalado que: “la fundamentación actúa como medio de incrementar la credibilidad de la Justicia en la medida que con ella se trata de convencer a las partes de la corrección de la decisión adoptada. definitivo fundamento del cumplimiento de la Ley y del respeto a las resoluciones judiciales. en: El Poder Judicial en el Estado Constitucional.
peaje debe pagar21”.
En efecto, en un Estado Constitucional las partes de un proceso tienen el
Cfr. MACCORMICK; NEIL; Retórica y Estado de Derecho; en: Isegoría; Nº 21; p. 18: “Una parte vital
de la garantía de la libertad en la concepción dominante del Estado de Derecho consiste en que
con la asistencia jurídica adecuada”. (….) Luego más adelante señala: “La idea de Estado de
Derecho que aquí ha sido sugerida insiste en el derecho de defensa a cuestionar y refutar la
25 Cfr. IGARTUA SALAVERRIA, JUAN; El Razonamiento en las Resoluciones Judiciales; p. 120: “la
hipótesis derrotada reclama un trato tanto o más deferente que la hipótesis triunfadora, ya que
Al ignorar las razones de la decisión no puede orientar su defensa. p. Milano. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. En realidad. las partes. desde el momento que no conoce la motivación28. La Motivación de la Sentencia Civil. diritto e motivazione. 31 Cfr. MICHELE. HUERGO LORA. considera que la función de la motivación de las resoluciones judiciales. necesitan conocer la decisión y la justificación de la misma a fin de poder interpretar su sentido y significado y de determinar objetivamente lo juzgado y si se corresponde con las pretensiones. Una motivación completa permite una comprensión adecuada de la decisión y de sus fundamentos. la motivación constituye el instrumento interpretativo básico e indispensable de la resolución judicial en especial de la sentencia en cuanto fija el contenido de la decisión31. Fatto. En efecto.manifestaciones. A. FRANCESCO MAURO. consiste en facilitar que el contenido de la decisión pueda individualizarse y los argumentos que la escoltan fijarse de manera concreta y adecuada a partir de las proposiciones tanto fácticas. p. En efecto. 29 Cfr. TARUFFO. 28 Cfr. TARUFFO. el ciudadano no puede atacar la injusticia de la decisión sencillamente porque no puede decir que la decisión es injusta. p. Si el ciudadano no conoce ni se le informa las razones de la decisión que le perjudica no estará en condiciones materiales de cuestionar y rebatir racionalmente la decisión adversa27. probatorias y normativas que establezca el juez29. 1998. COLOMER HERNÁNDEZ. Si la decisión judicial o el acto administrativo no se encuentra motivado al ciudadano se le despoja de la posibilidad de recurrir o accionar en términos razonables. La motivación de los actos administrativos y la aportación de nuevos motivos en el proceso contencioso-administrativo. 30 Cfr. ya que si no sabe las razones por las que se negó su petición no podrá ejercer en forma efectiva y real su derecho al recurso o acudir a otras vías en protección de sus derechos afectados. 132. actual y futura. 338. La Cassazione penale. La Motivación de la Sentencia Civil. respecto a las partes. más allá de si impugnan los términos de la decisión. p. Una tercera posición. evitando ambigüedades y las aclaraciones tendientes a resolver las dudas interpretativas30. en: Revista de Administración Pública. MICHELE. IACOVIELLO. b) Función endoprocesal de la motivación respecto al órgano jurisdiccional de impugnación Cfr. COLOMER HERNÁNDEZ. 27 11 . 338. N° 145. IGNACIO. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. 2013. Giuffrè Editore. IGNACIO. 359. 131. p. p. 106. las pruebas y alegaciones de las mismas. ciertos o por lo menos cognoscible.
a fin de controlar la racionalidad de la argumentación tenida en cuenta para dictar sentencia condenatoria. esto es. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. p.10. El TC peruano ha señalado la importancia de la motivación de los hechos y de calificación jurídica de un acto administrativo respecto al derecho al recurso al señalar que: “es lógico. 166. el cual puede conocer las razones en las que se apoya el fallo de la instancia inferior y sobre esta base. MANUEL. Una de las principales ventajas de la consagración del deber de motivar las resoluciones judiciales es el facilitar y permitir el control interno del razonamiento judicial por parte del Tribunal de alzada o de revisión 32. N° 04944-2011-PA/TC.”. La jurisprudencia constitucional peruana ha establecido que cuando la administración niega al ciudadano la posibilidad de identificar las causas exactas de un acto administrativo. Doxa. se encuentra imposibilitado de poder recurrir dicha decisión 35.º Constitución Española. STS 1392/2000 de 19 de septiembre -. 34 Cfr. porque desde el respeto al art. bien puede confirmar dicha decisión o bien puede invalidarla por insuficiente. la ausencia de razonamiento le impide a la Sala de Casación verificar la estructura racional del juicio sobre la prueba que haya efectuado el Tribunal de instancia. GUNNAR. pues tanto en uno como en otro caso esa falta de fundamentación atenta directamente contra el sistema de recursos en la medida que se priva a las partes a que su causa sea nuevamente examinada por un Tribunal distinto y superior al primero. Con ello. 35 EXP. al no conocer las razones de su decisión. 33 Cfr. La motivación de las resoluciones judiciales facilita que el juez superior pueda analizar los agravios de la impugnación y los vicios que se denuncian y aparentemente se han cometido al fundamentar la decisión33. La motivación de las resoluciones judiciales p. El Tribunal Supremo Español en la sentencia 154/2011 del 16 de marzo del 2011 ha precisado que: “la fundamentación sirve para controlar la actividad judicial de los órganos de instancia por parte del Tribunal Superior cuando conocen del asunto a través del sistema de recursos. ALISTE SANTOS. la actora no tenía posibilidades de Véase. ya sea a través de la Apelación o de la Casación. 157. situación que mejora y tiende al perfeccionamiento de la administración de justicia 34. si el acto administrativo que desestimó el recurso de reconsideración tampoco expresó los hechos tipificados como faltas graves. 32 12 . ni el sustento jurídico que justificó la decisión. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. 77. BERGHOLTZ. Ratio et Autorictas: Algunas reflexiones sobre la significación de las decisiones razonadas. 9-3. que supone dejar extramuros del control casacional la valoración de la prueba. control que le corresponde efectuar a la Sala de Casación en garantía de la interdicción de toda arbitrariedad -art. se busca alcanzar cuotas más elevadas de justicia. Nº 8. MIRANDA ESTRAMPES. por contradictoria o por no responder a las cuestiones planteadas por las partes. seguridad y predictibilidad de las resoluciones judiciales en la medida que se permite por lo menos un doble análisis de las decisiones judiciales. TOMÁS-JAVIER. Caso: MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA. 1990. p. examen que no se puede verificar en la apelación o casación si la sentencia carece de fundamentación.
en qué disposición se ampara. y aun cuando se trata de un acto administrativo que contiene una sanción tan grave como la expulsión. sin el margen de error que las conjeturas producen" y que: “en aquellos casos en que las decisiones son recurribles. les proporciona (a las partes) la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. como es evidente y este caso lo demuestra. CASO: BLETHYN OLIVER PINTO: “La cuestionada Resolución del Comando de Personal-JAPE. Sin embargo. ordena. la presunta víctima podría haber preparado en mejor forma los recursos interpuestos para su defensa. de manera general. que en copia corre a fojas 3 de autos. razón por la cual la exigencia de la motivación debía ser rigurosa. La Corte IDH en la sentencia del caso Chocrón Chocrón vs. dado que solo se refiere. les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores". sino que tampoco expresa los dispositivos legales específicos que se habrían infringido. dar de baja a la recurrente. o a través de la remisión a los informes o dictámenes correspondientes. pueden ser notablemente más gravosas que la sanción principal.4. de una decisión administrativa que contiene una sanción. en aquellos casos en que las decisiones son recurribles. En este punto. El ejercicio del derecho al recurso depende en buena cuenta de la fundamentación del fallo de instancia. Solo cuando la resolución judicial se encuentra motivada es posible que el órgano jurisdiccional superior pueda detectar los vicios que afectan o invalidan la decisión que se fija y denuncian en el recurso. N° 4289-2004-AA/TC. Véase. en su artículo 1°. sin indicar cuál o cuáles son las normas aplicables. como tampoco ha incorporado el texto de los dictámenes o informes emitidos por los órganos consultivos correspondientes”. pues. La Corte IDH en la sentencia del caso López Mendoza versus Venezuela del 1 de setiembre de 2011 ha precisado que: "la falta de motivación impedía un reexamen a profundidad sobre la argumentación o evidencia directamente relacionada con la imposición de una restricción al sufragio pasivo que. sea mediante la expresa incorporación de sus propias razones. del texto de la cuestionada resolución fluye que la Administración no solo no ha hecho mención a los hechos imputados a la recurrente y que sirvieron de sustento para decidir la imposición de tal medida. N° 318-CP-JAPE. la STC recaída en el EXP. al Reglamento de la Escuela de Enfermería del Ejército. el Tribunal reitera que la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y.desvirtuar los fundamentos que dieron origen a la resolución impugnada ”36. En esta sentencia se analizaba el caso de una Magistrada provisional venezolana que había sido removida del cargo con base en unas observaciones que nunca le fueran informadas y que en la resolución de remoción no se justificó ni se fundamentó las mismas. esto es. 36 13 . del 20 de marzo de 2001. Se trata. Venezuela de fecha 1 de julio de 2011 concluyó que: "si el acto de remoción de la señora Chocrón Chocrón se hubiese motivado.
El rol que desempeña esta modalidad de la función endoprocesal de la motivación supone en buena cuenta el ejercicio de un control institucional dentro del mismo sistema de justicia39. tampoco es posible formar juicio en esta instancia sobre la existencia o no de verdadera prueba de cargo que funde la condena”. El control institucional se presenta sobre la base de tres ejes nucleares: i) la expedición de la resolución por parte del quo. 340 y 344. ya sea en los hechos o en el derecho. COLOMER HERNÁNDEZ. pp. de 6 de febrero ha señalado que: “el incumplimiento del deber de motivar crea una objetiva imposibilidad de operar adecuadamente en esta instancia. este tribunal tendría que subrogarse en el papel del de instancia y examinar el cuadro probatorio de primera mano. luego de la expedición de la resolución judicial correspondiente y luego de la presentación de los medios de impugnación por las partes que se consideran perjudicados por el fallo. IGNACIO. pero es algo que no puede saberse a través de la lectura de la sentencia. en efecto. Dicho control siempre aparece ex post. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. en la práctica lo que hace es impedir y bloquear el derecho al recurso37. TARUFFO. es decir. evitando que se incurra en errores judiciales y en una defectuosa aplicación del derecho si es que el fallo no se somete a un control jerárquico vinculado a la pluralidad de instancias. siendo así. Así las cosas. ii) La presentación del recurso y la fijación de los agravios como los vicios en los que incurre la resolución El Tribunal Supremo español en la Sentencia Nº 123/2004. 37 14 . p. 136 y ss. lo que. IGNACIO. el examen de una sentencia desde la óptica de la casación exige como presupuesto una decisión suficientemente razonada. Y.de tal manera que una sentencia no motivada. controlando la conformidad en la aplicación del derecho. 39 Véase. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. Con el control institucional se tiende a salvaguardar la integridad en el ejercicio de la jurisdicción. no cabe. tanto en lo que hace a la valoración de los datos probatorios como en su vertiente jurídica. claramente. MICHELE. Junto a esta función se reconoce que la fundamentación de las resoluciones judiciales desempeña también el papel de racionalización del sistema38. COLOMER HERNÁNDEZ. clarificadora e informativa del deber de motivar las resoluciones judiciales. 38 Cfr. Y es que. De otro modo. Por lo que la conclusión de que en la misma se ha incumplido el deber de motivar es francamente inobjetable. La Motivación de la Sentencia Civil. que es rigurosamente opaca al respecto. 136. Aquí se alude a una función persuasiva. en la medida que posibilita que los órganos superiores fiscalicen de manera adecuada las resoluciones expedidas por los órganos de primera instancia. p. la denuncia de la infracción del principio a la presunción de inocencia que alegan los acusados podrá o no ser cierta.
Código de Processo Penal Interpretado. Saraiva. p. 45 Cfr. MANZINI. Lezioni di Diritto Processuale Penale. 48 Cfr. la economía del proceso y la correcta técnica del litigio41. La inconformidad con la resolución debe ser fijada en el recurso48. La competencia de la instancia superior se configura sobre la base exclusiva de las cuestiones promovidas por el recurso46. p. Labor. EUGENIO. 1993. Procedimiento Penal [Trad. 432. 47 Cfr. MIRABETE. ERNEST. p. sine actore44] en segunda instancia. 2 ed. 1987. Temis.. 101. EUGENIO. GIOVANNI. GRECO FILHO. Lima. 2003. En el campo penal tal afirmación materializa el principio acusatorio 43 [nemo iudex. 252. A quien acusa. 1934. 41 Cfr. 2003. FLORIAN. FLORIAN. p. 327. El nuevo examen del procedimiento solo procede dentro de los límites deducidos ante el nuevo juez50. Atlas. 2 ed. Eddili. 377. 694.. Elementos de Derecho Procesal Penal. 2 ed. CÉSAR. BELLAVISTA. o en particular a quien recurre. de Luis Pietro Castro). JULIO FABBRINI. p. GARCÍA RADA.. MIRABETE. Giuffré. OTTORINO. 11. II. 1984. 1954. T. SAN MARTÍN CASTRO. Grijley. VINCENZO. 432 y ss. Ejea. FLORIAN. 368. Tratado de Derecho Procesal Penal. JULIO FABBRINI. Bogotá. 2000. 42 Cfr. Sao Paulo. Barcelona. 946 nota 68. 50 Cfr. p. Derecho Procesal Penal. p. JULIO FABBRINI. 40 15 . p. p. Manual de Processo Penal. T.. Milano. CORDERO. GIROLAMO – TRANCHINA. pp. Bosch. Derecho Procesal Penal. 46 Cfr. MIRABETE. iii) La respuesta a cada uno de los agravios planteados y la determinación si efectivamente se han producido los errores y vicios denunciados. Elementos de Derecho Procesal Penal (Trad. le corresponde especificar el motivo del recurso47. En la sustentación de esta tesis concurren diversas razones como la tutela adecuada a las partes. V. 977 y ss. Elementos de Derecho Procesal Penal. 649. 1994. p. Manuale di Diritto Processuale Penale Italiano. 43 Cfr. de Jorge Guerrero]. p. CÉSAR. 617. p. La medida del agravio es la medida del derecho impugnatorio49. Código de Processo Penal Interpretado. que entendido en su correcto alcance termina garantizando la imparcialidad del juzgador45. Buenos Aires. Cfr. Sao Paolo. EUGENIO.impugnada. No se puede abrir la instancia ex oficio51. Grijley. Lima. DOMINGO. VICENTE. II. Si la ley asigna consecuencias jurídicas a una declaración de voluntad [de interponer el recurso] la extensión de esta depende de la voluntad declarada42. VANNINI. 694. BELING. Derecho Procesal Penal [Trad. Barcelona. 315. 44 Cfr. Manual de Derecho Procesal Penal. SAN MARTÍN CASTRO. T. de Miguel Fenech]. Código de Processo Penal Interpretado. Lima. T II. Giuffre. FRANCO. El correcto ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso en la impugnación exige que el órgano superior solo conozca los aspectos materia de impugnación de la resolución del juez a quo40. 432. 49 Cfr. 8 ed. pp. Milano.. p.
La limitación o amplitud del medio impugnatorio queda en manos de quien formula el recurso. CÉSAR. 53 Cfr. Sao Paulo. p.En tal sentido. BERNAL CUELLAR. p. p. T. Cfr. 58 Cfr. La regla en materia recursal es que el ad quem no estudia completamente o en su integridad la resolución impugnada. 432. Idemsa. Elementos de Derecho Procesal Penal.. debe determinarse si se trata de una impugnación total o de una impugnación parcial. Elementos de Derecho Procesal Penal. GRECO FILHO. p. 434. III. Tratado de Derecho Procesal Penal. 165. FLORIAN. 371. siempre que lo determine en las razones de su impugnación o puede también plantear una impugnación limitada o restrictiva 54 v. El inconforme con la decisión judicial puede pedir una revisión amplia de la misma por la instancia superior. 946. 299. Manual de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires. Código de Processo Penal Interpretado. JULIO FABBRINI. OTTORINO. limitada y estricta52. 242. p. p. p. SAN MARTÍN CASTRO. Tratado de Derecho Procesal Penal. 176. 1963: T. 2 Reimp. p. 866. Ejea. 1997. 328. 57 Cfr. El Proceso Penal. 55 Cfr. JUAN. LEONE. Principios del Proceso Penal. JAIME – MONTEALEGRE LYNETT. sino los aspectos controvertidos materia de impugnación56. La parte con su actuación al momento de plantear el recurso delimita el ámbito de la competencia del Tribunal y su decisión59. VICENTE. El reo puede aceptar la condena por un delito. MIRABETE. T. Atlas. La impugnación parcial o la fijación de los motivos permite determinar qué parte de la sentencia se encuentra consentida y ha pasado a la autoridad de cosa juzgada y qué parte ha sido recurrida e impugnada. Todo lo que no ha sido objeto de impugnación pasa a la autoridad de cosa juzgada55. El requisito lógico para ejercitar el principio tantum devolutum tantum apellatum es la necesidad de que se exprese y fije previamente los motivos de la impugnación. EDUARDO. 2004. EUGENIO. p. 1994. II. MIRABETE.. 694. 694. 164. JULIO FABBRINI. p. MONTERO AROCA. pero no por otro. Ejea. de Santiago Sentís Melendo]. Valencia. No basta la sola declaración de impugnar. 56 Cfr. 59 Cfr. Se requiere de una Cfr. GIOVANNI. 51 52 16 . Es parcial cuando no se extiende a todos los puntos o extremos de la decisión 53. La Sala a la hora de resolver no puede ir más allá de los agravios planteados y resolver otros aspectos del proceso58. 3 ed. PABLO. EUGENIO. LEONE. FRANCESO. Lima. 54 Cfr. Una explicación basada en la razón. 3 ed. Universidad Externado de Colombia. III. GIOVANNI. 1971. Tirant lo Blanch. Manuale di Diritto Processuale Penale Italiano. Processo penal. Derecho Procesal Penal. CARNELUTTI. FLORIAN. Buenos Aires. p. SÁNCHEZ VELARDE. Manual de Processo Penal. gr. VANNINI. Principios del Proceso Penal [Trad. Esta tesis constituye la concepción moderna de la impugnación57. p.
se ha destacado que: “La motivación resulta también una exigencia insuperable para que el tribunal de alzada en su oportunidad pueda conocer el basamento de la decisión a revisar y poder así confirmarla o revocarla según el caso”62 y se ha expresado que: “En la medida [en] que una sanción administrativa supone la afectación de derechos. Lezioni di Diritto Processuale Penale. 63 Véase. GIROLAMO – TRANCHINA. N°4289-2004-AA/TC. permite fijar la competencia y los límites del poder jurídico de que la instancia superior está investida para resolver la controversia sometida a su conocimiento. la STC recaída en el EXP. CASO: JESÚS ABSALÓN DELGADO ARTEAGA de los magistrados Alva Orlandini y Gonzáles Ojeda. a que la ley prevea de manera expresa y específica la posibilidad de interponer un medio impugnatorio. La fijación de los motivos de la impugnación cumple una doble función. su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración. sino. N° 1744-2005-PA/TC. 60 17 . Sin embargo. p. precisando los errores o vicios en los que ha incurrido. ya que allí donde la ley no prevea ni regule la Cfr. BELLAVISTA.actividad: la fundamentación de dicha declaración que no es otra cosa que la indicación de las razones que sustentan o respaldan la impugnación60. 62 EXP. En segundo lugar. cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador” 63. el de pluralidad de instancia y. En primer lugar. expresa el razonamiento y el porqué de la disconformidad. Asimismo. 591. la posibilidad de que un Tribunal de alzada pueda conocer el recurso queda sujeto y condicionado a la configuración legal del derecho al recurso. 12. 61 Voto singular en la STC recaída en el EXP. N° 00654-2007-AA/TC. no solo el ejercicio de otros derechos como el de defensa. situación que genera una consecuencia notoria y de crítica a esta manera de entender la función endoprocesal de la motivación. el derecho de impugnación de las resoluciones por parte de los actores directos del proceso. un adecuado control por parte de los tribunales de alzada”61. GIOVANNI. en general. Se controla y critica por parte de quien sustenta el gravamen el razonamiento del juez a quo. al mismo tiempo. 13. CASO: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. La motivación de las resoluciones judiciales en su conexión con el derecho a que los tribunales superiores conozcan la impugnación. según doctrina del TC constituye: “una verdadera garantía institucional que permite. como ha sostenido la clásica doctrina procesal. a efectos de que este pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea. esto es. sino también un derecho del administrado. CASO: BLETHYN OLIVER PINTO.
ya que dicha posibilidad depende de si se ejercita o no el derecho al recurso y si ese derecho se ejerce dentro de un plazo y con ciertos requisitos (v. debe tomarse en cuenta que dentro de la estructura y en la organización judicial de un país la composición piramidal de los tribunales de alzada (Corte de apelaciones o Cortes supremas) es limitada y finita por lo que las posibilidades de impugnar no son muchas y siempre un caso por más que la decisión sea correcta o infalible64 deberá contar en algún momento con una decisión definitiva65. Incluso. 2005. GONZÁLEZ LAGIER. ÉL MISMO. por el principio dispositivo de los recursos pueden o no interponer el recurso correspondiente. tal como ocurre cuando se establece que el deber de justificar las decisiones judiciales solo surge luego y Cfr. p. quedando librada la posibilidad de que los órganos superiores conozcan la decisión de instancia a la libertad de las partes y al uso potestativo que hagan de ese derecho que depende de una serie de circunstancias y elementos condicionantes. p. 185: "es característica del juicio en el plano judicial interrumpir el intercambio de argumentos mediante un punto final. p. pese a no consagrar ni considerar de manera general la obligación de motivar las decisiones judiciales. p. pero habrá un punto o un momento para un fallo definitivo que la fuerza pública sancionará". Inferencia Probatoria. 40. p. Marcial Pons. por más afectadas que se encuentran respecto a la expedición de una decisión judicial. Una contribución a la epistemología jurídica. FERRER BELTRÁN. aunque sea provisorio. gr. Buenos Aires. 1995. necesaria e inevitable. por lo tanto. Asimismo. Teoría del Garantismo Penal. HART. 4. p. Lima. NICOLÁS. de Carlos Gardini). Buenos Aires. decayendo esta faceta de la función endoprocesal de la motivación. en: Ars Interpretandi. en Quaestio Facti. 87. PAUL.posibilidad de impugnar. 65 Cfr. HERBERT. 103: “Si así fuera. Por otro lado. Santiago de Chile. 177. 64 18 . LUIGI. La verdad en el proceso penal.. 2005. Madrid. inherente al deber de motivar las resoluciones judiciales. carga en la fundamentación). p. Editorial Jurídica de Chile. de tal manera que el eventual conocimiento que posean los órganos superiores de las decisiones de los órganos inferiores no siempre se producirá. los jueces serían infalibles y nunca podríamos decir de las decisiones de un Tribunal de última instancia que están equivocados”. GUZMÁN. Derecho y Razón. en la experiencia histórica del derecho comparado existen formulas legislativas que. 2ed. Palestra. JORDI. 1961. DANIEL. RICOEUR. al menos mientras quedan abiertas las vías de la apelación. de una función esencial. 2011. causalidad y acción. sencillamente los tribunales superiores no podrán conocer el pronunciamiento de órgano a quo. La Valoración Racional de la Prueba. No se trata. Abeledo– Perrot. a ello se añade el hecho de que las partes. Genaro Carrió]. 54. permiten en contados supuestos la posibilidad de ejercer el derecho al recurso. Ensayos sobre la prueba. FERRAJOLI. El Concepto de Derecho [Trad. Editores del Puerto. Lo justo (Trad. Interpretazione y/0 argumentazione.
Se denomina también función coram populo69. TALAVERA ELGUERA. el deber de motivar las resoluciones judiciales cumple no solo una función en el proceso y en especial con las partes involucradas. 16. si es posible al margen de si se presenta o no el recurso. gr. Bases argumentales de la prueba. incluso. se demuestra que la posibilidad de que los tribunales superiores conozcan la impugnación no siempre es compatible ni desarrolla los alcances del deber general –de rango constitucional– de motivar las resoluciones judiciales. La Motivación de la Sentencia Civil. p. Con ello. En tal sentido. Esta función despliega su eficacia fuera y más allá del proceso y toma en cuenta la repercusión que las decisiones judiciales (motivadas) cumplen en el seno de la sociedad68. 26. ya que responde la más de las veces a una determinada estrategia procesal. Imperativo Constitucional. se puede sostener que la función de que los tribunales de alzada conozcan la impugnación es compatible también con un sistema legal en donde no se reconozca la obligación de motivar las resoluciones judiciales y dicha facultad se expresa en supuestos excepcionales v. La Motivación de las Sentencias. sino también despliega un papel a nivel de la sociedad al aportar Por todos. 66 67 19 . La motivación de las resoluciones judiciales p. TOMÁS-JAVIER. 178. es que se admite en la mayor parte de ordenamientos que el deber de motivar las resoluciones judiciales se desarrolla y aplica incluso ante aquellas resoluciones que no son susceptibles de recurso67. PABLO. Los hechos en el derecho. descartándose en los demás supuestos la obligación de motivación. Por esta razón. JUAN. ii) El derecho a presentar al recurso no siempre coincide o es un desarrollo del deber general de motivar las resoluciones judiciales. MICHELE. 69 Cfr. 68 Cfr.solo si la resolución judicial ha sido impugnada o cuando la parte expresamente lo solicita y demuestra su voluntad de presentar la impugnación 66. desempeñando un papel integrador. 339. La sentencia penal en el Nuevo Código Procesal Penal. p. GASCÓN ABELLÁN. Según se reconoce en la doctrina. 157. Cfr. p. III) LA FUNCIÓN EXTRAPROCESAL: DIMENSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MOTIVACIÓN 14. y lo dicho se da en un doble sentido: i) El deber de motivar las resoluciones judiciales se presenta sea o no impugnable la resolución judicial e. se manifiesta la voluntad de impugnar o las partes así lo solicitan. ALISTE SANTOS. MARINA. a) El fundamento democrático del deber de motivar las resoluciones judiciales 15. p. de cohesión y de legitimación de la jurisdicción democrática. TARUFFO. IGARTUA SALAVERRÍA.
Los hechos en el derecho. ZAVALETA RODRÍGUEZ. 159. Curso de Derecho Constitucional. 1988. Nº 8. 3. COLOMER HERNÁNDEZ. entre ellas la judicial. MANUEL. FERRAJOLI. Argumentación e Interpretación. 72 Cfr. PÉREZ ROYO. 7 ed. LUIGI. Cfr. ALISTE SANTOS. Justicia penal y democracia: El contexto extraprocesal (Trad. 371. GASCÓN ABELLÁN. MARINA. no podrá haber seguridad de que su juicio tiene un fundamento material”. p. GUNNAR. ROGER. Los hechos en el derecho. Marcial Pons. La certeza personal como presupuesto de la condena penal. 164. 494. p. HELMUT. Madrid. 2000. 171. p. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. en: Doxa. Imperativo Constitucional. 142. 171. p. p. LUIGI.razones apropiadas en la solución de la controversia 70. Como señala IGARTUA: “En nuestro régimen democrático la obligación de motivar se torna en un medio mediante el cual los sujetos u órganos investidos de poder jurisdiccional rinden cuenta de sus decisiones a la fuente de la que deriva su investidura71”. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. JUAN. 371. FRANCISCO JAVIER. BERGHOLTZ. EZQUIAGA GANUZAS. FRISTER. p. 171: “Por lo demás. GASCÓN ABELLÁN. en: Razonamiento Judicial. 25. pues la democracia se basa en la participación del pueblo en la adopción de 70 20 . Bases argumentales de la prueba. FRANCISCO JAVIER. p. Argumentación e Interpretación. p. La motivación de las resoluciones judiciales p. Bases argumentales de la prueba. TOMÁS-JAVIER. p. p. N° 1744-2005-PA/TC. MIRANDA ESTRAMPES. El fundamento democrático de la motivación reside en respetar la voluntad general que se expresa en la ley y que refleja la representación del pueblo 74. 142. p. fijando pautas de cómo deben resolverse de manera objetiva casos semejantes. MARINA. ZAVALETA RODRÍGUEZ. 81: “Las razones y el razonamiento en la toma de la decisión judicial son tanto de utilidad social como de significación para las partes en disputa”. en: Jueces para la democracia. Nº 4. qué duda cabe que la importancia de la motivación se ve reforzada en un Estado que se quiera democrático. por buena que sea la intención. En orden a este precepto constitucional el TC peruano ha señalado que: “El que los jueces justifiquen las decisiones que toman en el ejercicio de la función jurisdiccional que les es delegada por el pueblo. El fundamento último de la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra en la legitimación democrática de la función estatal 72. Los hechos en el derecho. IGNACIO. en: Razonamiento Judicial. julio de 2011. 139. CASO: JESÚS ABSALÓN DELGADO ARTEAGA de los magistrados Alva Orlandini y Gonzáles Ojeda. 74 Cfr. 71 IGARTUA SALAVERRÍA. MARINA. 16: “en la medida que uno no pueda rendir cuentas a sí mismo o a los demás respecto de los fundamentos de su juicio. conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución73”. FERRAJOLI. ROGER. Teoría del Garantismo Penal. en: InDret. GASCÓN ABELLÁN. Derecho y Razón. p. 623. p. p. de Perfecto Andrés Ibáñez). Ratio et Autorictas: Algunas reflexiones sobre la significación de las decisiones razonadas.. JAVIER. para quien la motivación: “puede ser considerada como el principal parámetro tanto de la legitimación interna o jurídica como de la externa o democrática de la función judicial”. La Motivación de las Sentencias. 73 Voto singular en la STC recaída en el EXP. El artículo 138 de la Constitución establece que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial”. EZQUIAGA GANUZAS. Bases argumentales de la prueba. p.
El Estado Constitucional constituye una forma y tipología de Estado que obedece a los principios de legitimación democrática del poder (soberanía nacional). Fontamara. Milano. Nº 19. en: Derecho. II. Como afirma EMILIO DOLCINI: “La motivación es el instrumento predispuesto por la ley para el control democrático de un poder cuyo titular es el pueblo76”. decisiones colectivas. de Pablo Larrañaga). 373. en: Revista Española de Derecho Constitucional. Commentario Sistematico del Codice Penale. México.. 516. Curso de Derecho Administrativo. 78 COLOMER HERNÁNDEZ. Commentario breve al Codice Penale [Alberto Crespi – Federico Stella – Giuseppe Zuccala]. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. ROMANO. IGNACIO. JAVIER.. colectivo. p. EDUARDO – FERNÁNDEZ. sino externamente controlado”. 2003. 345: “La labor de juzgar en un sistema jurisdiccional democrático exige que la solución de las controversias se imponga como acto de convencimiento en lugar de como simple acto de vencimiento”. T. PÉREZ ROYO. 75 Así. sin someterse a leyes previas”. 4 ed. p. p. Padova. Ensayos sobre filosofía del derecho (Trad. MIRANDA ESTRAMPES. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. de legitimación democrática de las decisiones generales del poder (ley como manifestación de la voluntad general) y de limitación material (derechos fundamentales). ZAVALETA RODRÍGUEZ. p. La democracia no solo quiere decir alternancia en el manejo político. enero–abril de 1987. Las decisiones judiciales deben aplicar la ley de manera objetiva. por cuanto representa el ejercicio de un poder que es público y que por tanto ha de ser no solo interna. 16. Racionalidad y comunicación social. 280. EMILIO. funcional (división de poderes) y temporal (elecciones periódicas)79. 69 y ss. pp. MANUEL. MANUEL. 77 Cfr. 2 Reimp. Año 7. 2008. el cual podía crear en cada caso una norma o una decisión específica. p. Curso de Derecho Constitucional. 558 quienes afirman que los fallos se sostenían: “en la soberanía directa del monarca. sino gobierno del pueblo y el respeto al interés general por lo que las decisiones de las autoridades que ejercen el poder estatal –sobre todo las judiciales– deben respetar y reflejar la voluntad general que se expresa en la ley77. I. 21 .situación que contrasta con el absolutismo y los regímenes autocráticos que hacían de la no motivación una “regla de prestigio75”. MARIO. p. GARCÍA DE ENTERRÍA. 164. AARNIO. 1990. que interesa solamente a las partes directamente afectadas en ella: la sentencia es también un acto público. p. 494. y es un error pensar que la decisión judicial tiene únicamente una dimensión privada. en: Razonamiento Judicial. 76 DOLCINI. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. Democracia y discurso racional. siendo su fuente de legitimidad material las buenas razones que aporten al fallo78. 79 Cfr. Cedam. Giuffre. AULIS. p. TOMÁS-RAMÓN. ARAGÓN REYES. ROGER. 24. T.
como el poder del pueblo de asumir decisiones públicas. Poderes salvajes.La democracia es un término que posee una fuerte connotación valorativa80 y una indiscutible carga retórica81. LUIGI. Lima. derechos e interpretación jurídica. 9. la democracia civil. el criterio glosado (dimensión política o formal) no agota ni el sentido ni el valor de la democracia en el seno de un Estado Constitucional. pássim. Barcelona. Taurus. Carlos Bayón. Democracia y derechos fundamentales. México. La democracia se entiende. 69. pássim. Junto a esta noción convive y constituye un desarrollo posterior la denominada democracia constitucional86. 36. Ara. Madrid. SEN. Democracia y derechos fundamentales. correspondiente a otras tantas clases de derechos fundamentales como es la democracia política. de la voluntad popular 84. HANS. p. FERRAJOLI. Principia iuris. 69. Contra el gobierno de los peores. Sin embargo. 80 22 . 117 y 119. Trotta. DAHL. pássim. La idea de la justicia (Trad. BOBBIO. p. en: Diritto & Questioni pubbliche. México. Madrid. 85 Cfr. 2011. derechos e interpretación jurídica. en: Democracia. MICHEL. Madrid. p. independientemente de sus contenidos o de lo que viene a ser decidido 85. 2011. FERRAJOLI. 3 ed.. 9. La democracia (Prólogo de Fernando Vallespín). Teoría del derecho y de la democracia. PAOLO. NORBERTO. La crisis de la democracia constitucional (Trad. 83 Cfr. p. Ensayos de teoría analítica del derecho. la democracia liberal y la democracia social. PAOLO. Una gramática de la democracia. de Perfecto Andrés Ibáñez. MICHELANGELO. El futuro de la democracia. Teoría del derecho y de la democracia (Trad. 86 Por todos. ya sea de manera directa o a través de sus representantes82. de Perfecto Andrés Ibáñez). Ensayos de teoría analítica del derecho. el cómo de las decisiones (la regla de la mayoría). Planeta. BOVERO. entendiéndose por pueblo bien el conjunto de individuos que comprende a todos los ciudadanos o la mayoría de ellos (individualismo metodológico) o bien una entidad orgánica que no se reduce a los individuos que lo componen (perspectiva holista)83. AMARTYA. 84 Cfr. Se trata del gobierno del pueblo. LUIGI. COMANDUCCI. directa o indirecta. Fondo de Cultura Económica. en: Democracia. 81 Cfr. ROSENFELD. llamada también dimensión constitucional de la Cfr. Lo stato di diritto e la legittimita della democracia constituzionale. en un sentido amplio y a partir de su propia etimología. Madrid. Luis Pietro Sanchís y Alfonso Ruiz Miguel). 2004. 2010. KELSEN. 2002. 2001. ROBERT. pássim. de Hernando Valencia Villa). 2005. 2011. COMANDUCCI. 2010. quien plantea una concepción de la democracia como modelo normativo articulado en varias dimensiones. N° 4. Trotta. LUIGI. p. 352. p. Esta definición corresponde con una noción formal o procedimental de democracia ya que la identifica atendiendo exclusivamente a las formas y a los procedimientos que legitiman las decisiones como expresión. La democracia se relaciona por el quién toma las decisiones públicas (el pueblo o sus representantes). Trotta. Marina Gascón. Esencia y valor de la democracia. 82 Ampliamente: FERRAJOLI. p. Principia iuris. Coyoacán.
y la garantía de los derechos fundamentales. los límites y los vínculos. la separación de poderes. Ensayos de teoría analítica del derecho. que imponen como obligación determinadas decisiones y acciones tendientes a satisfacerlos88. La esencia de la democracia es la deliberación y la discusión amplia en la toma de decisiones a fin de obtener consensos básicos sobre materias de interés común90. 70 y ss.hasta entonces solo políticos. COMANDUCCI. 2010. una democracia no puede sobrevivir debido a que a partir de la invocación del respeto a la voluntad de la mayoría es posible socavar los métodos democráticos y hacer desaparecer la democracia misma. derechos e interpretación jurídica. Sin límites sustanciales ni controles. como por los derechos sociales. Principia iuris. Marcial Pons. Trotta. Poderes salvajes. puramente referencial sin eficacia jurídica y práctica alguna. PAOLO.. 29 y ss. Los derechos fundamentales y las garantías constitucionales no solo son límites formales. 90 Cfr. MARTÍ. Democracia y discurso racional. La democracia deliberativa. pp. Racionalidad y comunicación social. La crisis de la democracia constitucional. pp. 11. que parte por considerar que los poderes legislativos y el ejecutivo están jurídicamente limitados no solo por las competencias y funciones constitucionalmente asignadas. STEFANO. PAOLO. LUIGI. Democracia y derechos fundamentales. COMANDUCCI. la paz. Ensayos de teoría analítica del derecho. Poderes salvajes. se trata de límites materiales. de Andrea Greppi). Ensayos 87 23 . de lo que está fuera del mercado". Por el contrario. p. p. La vida y las reglas: Entre el derecho y el no derecho (Trad. pássim. 88 Por todos. pp. en: Democracia. Para que puede llevarse a cabo un diálogo mínimo entre personas Cfr. LUIGI. violando sistemáticamente los derechos fundamentales. Como recuerda Ferrajoli: "no es una hipótesis de escuela: en el siglo pasado. ÉL MISMO. FERRAJOLI. Teoría del derecho y de la democracia. 38 y 46: "Libertad y dignidad pertenecen a la esfera de lo negociable. que prohíben e invalidan las decisiones que los contradicen. el pluralismo. La crisis de la democracia constitucional. la separación de poderes y el conjunto de garantías propias del sistema político. Madrid. RODOTÀ. en: Derecho. pp. 89 FERRAJOLI. rígidamente supraordenadas a la legislación ordinaria. Democracia y derechos fundamentales. 2006. 30 y 32: "la democracia tras aquéllas catástrofes se redefinió y tomó nueva conciencia de sí misma estableciendo en normas de derecho positivo. AULIS. fascismo y nazismo se apoderaron del poder por vías legales y luego se lo entregaron democrática y trágicamente a un jefe que suprimió la democracia 89". JOSÉ LUIS. de los que el fascismo había renegado". en: Democracia. la igualdad. declaraciones de intenciones o que encierran un mero valor político o programático. sino por la configuración en la Constitución de límites insuperables como son los derechos fundamentales que forman parte de la esfera de lo indecidible (o no decidible) que está integrada tanto por los derechos de libertad. 50.democracia o democracia sustancial87. de indiscutible contenido jurídico que despliega su eficacia y efectividad material en su relación con el poder político. derechos e interpretación jurídica. Madrid. AARNIO. 70.
capaces de resistir la prueba de la realidad y confrontarse con otras de signo opuesto y no salir vencidas. TOMÁS-RAMÓN. hace de ellos. en la medida que es imposible que exista acuerdo en todos los asuntos relevantes. ERNESTO. de mecanismos de democracia directa (artículo 31 de la Constitución). BOBBIO. 2001. 146: “Al Estado democrático le es por ello de esencia un consenso reforzado. El TC peruano ha precisado en la sentencia del EXP. 92 Cfr. 71. 93 Cfr. p. N° 4677-2004-PA/TC. p. El principio de la mayoría ofrece. Porrúa. Nº 5. es necesario que desde el punto de vista racional las decisiones se adopten asumiendo el principio de la mayoría. Teoría General del Estado. p. haciendo posible el ideal de la autodeterminación y el consenso fundado93. 5 ed. sino que no se puede gestar diálogo racional alguno. Con razón. 13 Reimp. de esta confrontación”. se destaca el hecho de que en una democracia rige el principio de la mayoría y no el dominio (o la tiranía) de la mayoría92. ya que con este principio se respeta el principio de autodeterminación de la voluntad y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. de Héctor FixFierro). El TC peruano en la sentencia del EXP. así como de una serie de derechos fundamentales cuya vinculación directa con la consolidación y estabilidad de una sociedad democrática.racionales debe cumplirse cuanto menos con dos condiciones: i) Los participantes deben ser capaces de distinguir entre buenas y malas razones. la elevada probabilidad de que en una sociedad adquieran vigencia aquellas concepciones fundadas en la conciencia y en la voluntad del mayor número posible de personas. En sobre filosofía del derecho. p. Racionalidad y comunicación social. Si es que estas condiciones no se encuentran garantizadas no solo no puede haber acuerdo. N° 24 . LOPERA MESA. las minorías pueden controlar de manera efectiva el ejercicio del poder e intervenir en la configuración de la actividad estatal94. 2009. Fondo de Cultura Económica. REINHOLD. de instituciones políticas (artículo 35º de la Constitución). 61 y ss. Desde luego. ii) Deben comprometerse a asumir y respetar ciertas reglas en la discusión racional91. p. 2005. Liberalismo y democracia (Trad. garantías institucionales de esta”. AARNIO. que solo puede lograrse a partir de decisiones objetiva y racionalmente fundadas. Ensayos sobre filosofía del derecho. pp. La Problemática de la Justicia Constitucional. 110. CASO: CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ ha señalado que: “La democracia se fundamenta pues en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado (artículo 1 de la Constitución). en: Isonomía.. del principio de alternancia en el poder y de tolerancia. a su vez. consustancial a tal cometido es el reconocimiento de un gobierno representativo y del principio de separación de poderes (artículo 43 de la Constitución). Discrecionalidad. p. El consenso democrático: Fundamento y límites del papel de las minorías. 2000. FERNÁNDEZ. 94 Cfr. Ciencia de la Política (Trad. ZIPPELIUS. 21. México. en: Derecho. al menos. de José Fernández Santillán). México. en: Anuario iberoamericano de justicia constitucional.. por lo que su participación en la formación de la voluntad político-estatal. En una sociedad. N° 12. AULIS. Por su parte. Democracia y discurso racional. GARZÓN VALDÉS. es presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales. 72. 232. NORBERTO. arbitrariedad y control jurisdiccional. 91 Cfr. GLORIA PATRICIA. a falta de algo mejor.
y finalmente. La democracia deliberativa. RICCARDO. en Isonomía. Teoría General del Estado. p. 97 Cfr. 124. 32. iv) El procedimiento democrático posee un mayor valor epistémico que otras formas de gobierno en la medida que ofrece mayor fiabililidad para adoptar decisiones intersubjetivamente válidas. siempre que tome en cuenta la libertad y el carácter deliberativo en la toma de decisiones97. que exige el reconocimiento de la necesidad y legitimidad de la existencia de minorías. 180 y ss. si bien se exige mayor participación de los ciudadanos en el Estado. 95 Véase. JOSÉ LUIS. que postula que en ausencia de unanimidad el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los participantes. p. La participación del pueblo –y del Parlamento– en el gobierno en un Estado Constitucional exige que tal participación sea realizada respetando fundamentalmente los derechos constitucionales y el control y el balance entre los poderes del Estado”. v) La democracia garantiza una mejor tutela de los derechos fundamentales como la vida. N° 18. ERNESTO. núcleo que se denomina el coto vedado98. también se exige mayor libertad frente al Estado. CASO: COLEGIO DE ABOGADOS DE LAMBAYEQUE que: “Asimismo. Ciencia de la Política. REINHOLD. aprobación y aplicación de las respectivas políticas. así como de sus correspondientes derechos. pues bajo el principio de una persona un voto no se excluye a nadie de la participación en los procesos de decisiones colectivas. pp. o la esfera de lo indecidible99 00005-2007-PI/TC. 2003. situación que promueve la división del trabajo y el principio de especialización de las funciones del Estado96. la libertad. MARTÍ. El valor del principio democrático se acredita debido a que: i) Respeta la autonomía moral de las personas. es importante distinguir entre el principio de la mayoría. ya que posibilita la participación de todos los afectados en la toma de decisiones colectivas. No se puede infringir la dignidad del ser humano. 96 Cfr.una democracia la mayoría está sujeta a límites y condicionamientos de respeto a los opositores y sobre todo de respeto a las ideas de quienes no comulguen con las suyas. ignorar los valores de tolerancia. iii) Respeta el principio de igualdad. Si bien se reconoce el principio de mayoría está vedado excluir y oprimir a las minorías. En el Estado Constitucional. El Papel del Poder Judicial en la Transición democrática. ii) Una gran parte de las decisiones estatales se deja en manos de los órganos representativos. lo que implica ciertamente la participación de las minorías en la elaboración. y la regla de la mayoría. Ciencia de la Política. si bien se exige el respeto al principio democrático también se exige el control y balance entre los poderes del Estado. GUASTINI. p. pues el poder de la mayoría solo adquirirá legitimidad democrática cuando permita la participación de las minorías y reconozca los derechos de estas. 25 . ZIPPELIUS. Teoría General del Estado. si bien se exige el respeto a las decisiones de las mayorías también se exige que tales decisiones no desconozcan los derechos de las minorías. 124. el honor. pluralismo y respeto a la opinión disidente y se debe admitir racionalmente que las opiniones minoritarias de hoy se pueden convertir en opiniones mayoritarias del mañana95. 98 Así: GARZÓN VALDÉS.
pues. p. 29.por la legislación o del gobierno. 21. STEFANO. mediante procedimientos legislativos ordinarios o reforzados (como la revisión constitucional). La perversión del principio de mayoría puede desencadenar como patología en una democracia plebiscitaria que se basa en la absoluta pretensión de omnipotencia de la mayoría. GARZÓN VALDÉS. STEFANO. LUIGI. que no pueden reducir su alcance ni siquiera cuando consideran que ello favorece sus intereses: los derechos fundamentales se presentan. a estados de ánimo superficiales o a decisiones simplemente irreflexivas102. La vida y las reglas: Entre el derecho y el no derecho. FERRAJOLI. sino que permite participar en el proceso de decisiones en calidad de interesado. se estaría garantizando. p. Ellas responden más bien a una creencia ciega. Ciencia de la Política. se destaca. El consenso democrático: Fundamento y límites del papel de las minorías. p. ni que la decisión que se asume sea correcta. a puntos de vista en donde priman determinados intereses. 53: "Los derechos no constituyen sólo un refuerzo de la dotación jurídica de individuos o grupos. REINHOLD. La democracia no obliga al interesado a actuar en conciencia. con razón. gr. La vida y las reglas: Entre el derecho y el no derecho. amparada en el mínimo de supervivencia que agracias a ella. RODOTÀ. La teoría del coto vedado sostiene que en una democracia debe haber la exclusión de algunos temas básicos de la negociación parlamentaria o de la votación ciudadana v. Teoría General del Estado. p. 110. la de aquellos bienes que son considerados como básicos en la realización del plan de vida. ERNESTO. a cambio de la dignidad. Sin embargo.. de prestaciones dinerarias o sujetas a las leyes de mercado o. sujeta a la misma autonomía de la voluntad101. a situaciones de manipulación política (o de los medios de comunicación). La crisis de la democracia constitucional. 57: "Nadie puede libremente aceptar la esclavitud. situados en un área de indecidibilidad". que la opinión o la voluntad mayoritaria como principio rector de la democracia no es necesariamente expresión de la decisión en conciencia. un conjunto de fines no negociables ni entre las fuerzas políticas. p. en que el consenso popular es la única forma de legitimidad del poder político. Nada puede justificar una existencia sin libertad ni dignidad". toda medida de Estado y que es capaz de neutralizar el sistema de Cfr. ni por las personas que son titulares de estos derechos. Indican un fundamento del sistema político-institucional. Y lo mismo debe decirse ante la legitimación social de una retribución injusta. En este campo de exclusión no interesa el eventual consenso fáctico que pueda haber o al que pueda arribarse ni tampoco si existe consentimiento de los representantes o de los representados100. que ampara toda acción política. como inatacables e indisponibles. plausible o justa en todos los casos. 101 Cfr. 102 Por todos. 100 Cfr. porque eso sería hacer desaparecer la libertad como atributo inalienable de la persona. incluso. Los derechos fundamentales suponen un núcleo duro irreductible de la persona en el que no todo puede ser objeto de intercambio. en Isonomía. ZIPPELIUS. 99 26 . Poderes salvajes. Muchas veces las decisiones de las personas no se fundan en criterios ético-normativos o en criterios racionales compatibles con el bien común. RODOTÀ.
límites y los derechos y garantías establecidos en la Constitución103. Nº 12. Buenos Aires. si consideramos que una ley es políticamente incorrecta. etc. KRIELE. p. el "sistema" que admite tales injusticias. 105 GARZÓN VALDÉS. La crisis de la democracia constitucional. 21. racionales. equitativas y ponderadas. Con todo. Ese es el sacrificio que debe asumirse como consecuencia del principio de generalidad de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley107.: "¿Qué ocurre. No obstante. de Eugenio Bulygin). 31. Teoría General del Estado. p. REINHOLD. al margen de su agrado y simpatía con las mismas. era un poder virtualmente absoluto y su resultado: la ley era la norma y la fuerza mayor en el Estado a la que ninguna persona. ERNESTO. En el viejo y abandonado Estado legal de Derecho. Poderes salvajes. controles.reglas. ZIPPELIUS. respetando el resto de la legislación. p. es posible aceptar discrepancias y puntos de vista disidentes respecto al contenido de las leyes. sin embargo. En una democracia todos las personas deben cumplir con las leyes del Estado. inconveniente. LUIGI. en el mejor de los casos. poder o derecho podía oponerse. MARTIN. 107 Cfr. 15. La mayoría parlamentaria y las leyes que promulgaban se encontraban en la cúspide normativa106. Introducción a la Teoría del Estado (Trad. ponderadas y plausibles en una situación histórica dada104. 110. FERRAJOLI. pero que lleva incluso a tener que acatar y cumplir su mandato pese a que no se cuente con la aprobación personal.?. y el hipotético. Las decisiones que se adoptan asumiendo el principio de la mayoría no siempre supone el hecho de que se arribe a las decisiones más justas. Hay tres posibilidades: 1) combatir la constitución. p. La crisis de la democracia constitucional. La legitimidad política de la democracia no se apoya ni en el consenso fáctico ni el consenso hipotético. en el Estado Constitucional por encima de la ley y la mayoría parlamentaria que lo gesta se encuentra la Constitución y los derechos humanos. 2) desconocer únicamente esta ley. encarnado por el poder de las mayorías parlamentarias. LUIGI. a una dramatización innecesaria en la que participan seres individualmente indiscernibles105”. pp. pero eventualmente luchar con armas político-jurídicas en pro de su modificación. 106 Cfr. 3) obedecer la ley. Por todos. El consenso democrático: Fundamento y límites del papel de las minorías. Depalma. Sin embargo. conforme a la divisa característica de la conciencia 103 104 27 . FERRAJOLI. se reconoce que si existe una Cfr. superada. pues como señala GARZÓN VALDÉS: “el consenso meramente fáctico es el resultado de una racionalidad estratégica que puede conducir a los más aberrantes resultados. el poder legislativo. 1980. Ciencia de la Política. Es posible que una minoría pueda asumir las decisiones correctas. 14 y ss. en: Isonomía. Poderes salvajes.
Racionalidad y comunicación social. en Sobre las Fronteras. 109 BERGHOLTZ. REINHOLD. GUNNAR. NEIL. LUIS. MACCORMICK. Retórica y Estado de Derecho. MICHELE. PIETRO SANCHÍS. incluso. 110 Véase. 79: "la exigencia de racionalidad no es otra cosa que la exigencia de razonar decisiones. 108 Cfr. el ciudadano en ejercicio de su libertad y el derecho de residencia puede abandonar el país y el sistema político. ya que la justificación racional de la acción del Estado es necesaria para evitar que el Estado sea la máscara de una tiranía 110. y para entender resto la única manera posible es que las decisiones estén bien fundamentadas. Se tiene que entender por qué algo fue decidido de tal manera. renunciando a su nacionalidad108. LUIS. criticar libremente-". 112 Cfr. 17. ZIPPELIUS. Ciencia de la Política. 240. p. favorece la racionalidad de las decisiones permitiendo el respectivo control democrático112. el cual. La fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas e. de las leyes. Ensayos sobre filosofía del derecho. PIETRO SANCHÍS. La obligación de motivar las resoluciones judiciales en el actual sistema constitucional no solo constituye una garantía formal que rige únicamente como mero control institucional que se realiza dentro del Poder Judicial. Ratio et Autorictas: Algunas reflexiones sobre la significación de las decisiones razonadas. Nº 8. en: Doxa. 111 Cfr. Ensayos sobre filosofía del derecho.discrepancia total con el Estado y su cuerpo normativo. p. TARUFFO. Teoría General del Estado. 8. Por el jurídica anglosajona: to obey punctually. solo el poder absoluto puede ser arbitrario y es capaz de sustraerse a cualquier control111. ZIPPELIUS. y la obligación de declarar las razones limita ese poder109”. precisamente para no ser absoluto ni arbitrario”. Racionalidad y comunicación social. 81: “Las razones constituyen una justificación del poder. Interpretación Jurídica y Creación judicial del Derecho. Democracia y discurso racional. De modo semejante: AARNIO. p. Nº 21. en: Derecho. en: Derecho. p. 69. Interpretación Jurídica y Creación judicial del Derecho. Legalidad y Justificación de la creación judicial del derecho. en: Isegoría. 239. Escritos sobre la justicia civil. AULIS. Ciencia de la Política. to censure freely -obedecer puntualmente. Democracia y discurso racional. pp. incluso. Teoría General del Estado. REINHOLD. y que el poder puede ser usado solo dentro de los límites de la justificación”. AARNIO. 28 . 195: “En el Estado moderno el poder que los jueces ejercen debe someterse a controles. La gente simplemente no puede evaluar el funcionamiento de la democracia si la maquinaria de la decisión no está abierta a un discurso desde varias perspectivas. 110 y 124. 124. Como señala BERGHOLTZ: “Los jueces tienen que justificar su uso de poder. En efecto. p. p. Justificar y razonar las decisiones judiciales significa dar cuenta pública del poder que se tiene para arbitrar sobre los bienes de las personas y los derechos fundamentales a la vez que importa una racionalización de dicho poder en la medida que este poder se explica dentro de los parámetros de la propia justificación y no fuera de ella. p. El razonamiento es un prerrequisito del control de la decisión. también debe tener respeto a la racionalidad". p. AULIS.
MARINA. TOMÁSJAVIER.contrario. TARUFFO. De esta manera la obligación constitucional de fundamentar las decisiones judiciales es una manifestación del principio de control que constituye un elemento esencial e irrenunciable de un Estado de Derecho115. empero. N° 1. 354 quien alude aquí al principio de controlabilidad. en: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto. En el ámbito jurisdiccional la mayor y mejor expresión del principio de control es la obligación de motivar las resoluciones judiciales116. p. MANUEL. La Motivación de la Sentencia Civil. MICHELE. en: Revista Española de Derecho Constitucional. 15 y ss. Coerenza e verità nell’argomentazione giuridica. esencial en un Estado de Derecho. p. N° 00654-2007-AA/TC. la imparcialidad e independencia en su actuación 113 29 . procedimental o que reviste el carácter puramente normativo. 116 El TC peruano ha destacado este aspecto en la sentencia del EXP. de una garantía jurídica. No se trata. p. Los hechos en el derecho. sino de una garantía de carácter político que determina la forma como se ejerce la jurisdicción y los requisitos intrínsecos que determinan la validez de una decisión judicial. (…. La Motivación de la Sentencia Civil. El deber de motivar las resoluciones judiciales patentiza la exigencia general y permanente de control de las decisiones judiciales respecto al poder del que gozan los órganos jurisdiccionales a la hora de administrar justicia. por tanto. 357. La motivación de las resoluciones judiciales p. GASCÓN ABELLÁN. De manera general sobre el principio de control: ARAGÓN REYES. 115 Por todos. Cfr. p. TARUFFO. 114 Por todos.) mediante la motivación de sus resoluciones los jueces ponen de manifiesto ante la opinión pública. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. a la vez. 359. aparece más bien como una garantía de naturaleza política113 que permite un adecuado control de los actos de un poder del estado. ALISTE SANTOS. asumir una ideología distinta a la que rige y promueve el Estado Constitucional en la que el control externo de los actos del Poder judicial ocupa un lugar central. a la vez que se promovería el regreso a una concepción burocrática y autoritaria de la función judicial114. 159. 178. La Motivación de la Sentencia Civil. GIORGIO. 172. ello implicaría. como es el Poder Judicial. 1998. 89. CASO: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN al destacar que: “En tanto garantía y principio de la función jurisdiccional constituye en cambio un valioso instrumento para el control publico de las decisiones judiciales y. TARUFFO. MICHELE. p. Si bien es posible definir desde el punto de vista teórico la esencia de la jurisdicción al margen del requisito de la motivación de las resoluciones judiciales. Bases argumentales de la prueba. b) Motivación de las resoluciones judiciales y el principio del control democrático 18. PINO. pp. MICHELE. un medio que presta legitimidad de ejercicio a los jueces. y no sólo a las partes del proceso. Alcune riflessioni.
3. limitado. Año 6. 229. ARAGÓN REYES. regulado. VALADÉS. p. La Pérdida del ideal democrático. quien citando a Ely. Teoría de la Constitución. La interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del control constitucional. Ciencia de la Política. VALADÉS. DIEGO. 110 y 282. El Control del poder. LOEWENSTEIN. KARL. MANUEL. al mismo tiempo. ZIPPELIUS. La eficacia jurídica del principio democrático. 122 Véase. ser predecible. en: Anuario iberoamericano de justicia constitucional. 37: “También el principio democrático obliga a considerar el control como punto de conexión entre las garantías materiales y procesales de la democracia que la Constitución establece y. ARAGÓN REYES. La ausencia de límites y controles del poder desemboca irremediablemente en la tiranía y el despotismo119. p. más aún si se la concibe como un instrumento de limitación del poder118. DIEGO. defendiendo el sistema de libertades como también se pretende lograr la legitimidad del poder. puesto que. p. p. El Control del poder. señala que: “el control. debe estar distribuido. N° 19. 119 Cfr. 3 ed. ERNESTO. 15. jurisdiccional. 28. N° 3361-2004-AA/TC. 3. 16 y ss. 118 Cfr. Revista Española de Derecho Constitucional. entender que el control es elemento inseparable del concepto de Constitución”. como este Colegiado ha sostenido”. 2006. En un Estado Constitucional todos los medios de control –al margen de su clase y naturaleza– están destinados y responden a un solo objetivo: el fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos121.. El Control del poder. ser accesible. pp. p. tal como anota VALADÉS. p. CASO: JAIME AMADO ÁLVAREZ GUILLÉN ha señalado que la motivación constituye: “un medio eficaz de control sobre la actividad del juzgador que permite la verificación pública de su convencimiento último” 117 Cfr. MANUEL. 120 Cfr. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. La Problemática de la Justicia Constitucional. pp. Teoría General del Estado. VALADÉS. en: Revista Española de Derecho Constitucional. en consecuencia. eficaz y estar controlado122. De manera general sobre la democracia: GARZÓN VALDÉS. septiembre–diciembre de 1988. Nº 17. sino que constituye también un concepto jurídico. p. VALADÉS. Porrúa. El consenso democrático: Fundamento y límites del papel de las minorías. en: Estudios Públicos. LOPERA MESA. 30 . en: Revista Española de Derecho Constitucional. Abril 2000. como manifestación de la capacidad de fiscalización de los gobernantes por los gobernados a fin de garantizar que gobierne la mayoría y se evite.La idea del control del poder es un elemento inseparable de la democracia117 y de la Constitución. MANUEL. En un sistema constitucional el poder. DIEGO. Año 8. 85 y ss. p. p. ARAGÓN REYES. FRÍEDRICH. mayo–agosto de 1986. 3. También la STC del EXP. El Control del poder. El control no solo forma parte de un concepto político de Constitución. 9. Nº 24. México. GLORIA PATRICIA. Nº 12. Año 7. en: Isonomía. HAYEK. Las nociones de control y Constitución se encuentran indisolublemente entrelazadas120. p. 121 Cfr. la tiranía de esa mayoría”. DIEGO. REINHOLD. 7 ss.
en: Jueces para la democracia. p. Ciencia de la Política. Como señala ARAGÓN REYES: “No es concebible. 38. MANUEL. p. MANUEL. 129 Cfr. 110. ZIPPELIUS. incluso. el control del poder es un acto de poder127. DIEGO. Teoría de la Constitución. El Control del poder. 1993. 19. Teoría General del Estado. El Control del poder. pues. no ocurre sólo que la Constitución vea debilitadas o anuladas sus garantías. ZIPPELIUS. REINHOLD. p. los controles de un Estado de derecho para que sean efectivos deben ser independientes de los poderes que controlan126. 17: "No se controla al poder desde fuera del poder. DIEGO. toda vez que la existencia y la configuración de la independencia judicial no quiere decir que se excluya una falta de fiscalización a las decisiones de los tribunales. la Constitución como norma. los cuales cada vez más influyen en la opinión pública y determinan el ejercicio del poder real en una democracia130. Hay en la actividad judicial y estatal en general "una presión de legitimidad" en el sentido de que existe la obligación y la necesidad de justificar las decisiones ante la comunidad 124. 3. que no hay Constitución”. pp. p. REINHOLD. Ciencia de la Política. 131 Cfr. Uno de los controles externos más eficaces que limita el poder es el que ejercen los ciudadanos y en particular los medios de comunicación129. simplemente. Sin embargo. Controlar el poder es una manifestación de poder". p. si no descansa en la existencia y efectividad de los controles125”. y menos la Constitución del Estado social y democrático de Derecho. 130 Cfr. El Control del poder. La interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del control constitucional. Nº 18. LOEWENSTEIN. Teoría General del Estado. DIEGO. SAAVEDRA LÓPEZ. ZIPPELIUS. 125 ARAGÓN REYES. en: Revista Española de Derecho Constitucional. de otro modo el control es ilusorio. 4. Ciencia de la Política. Con todo. p. ni sin poder ni contra el poder. MODESTO. 111. 7 y 156. KARL. 282. por medios no públicos de presión128. 124 Cfr.La legitimidad de la jurisdicción está vinculada a la existencia de controles organizativos. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. ARAGÓN REYES. 128 Cfr. 95. Los controles y los límites al poder pueden ser controles institucionalizados (políticos y jurídicos) y controles no institucionalizados que por lo común son generales y difusos y que se manifiestan a través de la opinión pública e. p. VALADÉS. ocurre. procesales. 126 Cfr. VALADÉS. Los tribunales también deben estar sometidos a un Por todos. 127 Cfr. VALADÉS. pp. p. en: Revista Española de Derecho Constitucional. 36 y 52: “Cuando no hay control. Como recuerda AARNIO: “Los tribunales de justicia son una parte de la sociedad y de su orden democrático. Teoría General del Estado. La Legitimidad Judicial en la crisis del imperio de la ley. o que se haga difícil o imposible su realización. 123 31 . La fundamentación de las decisiones judiciales permite en una democracia realizar un control externo a la toma de las decisiones 131. REINHOLD. epistemológicos y sociales 123.
control social ejercido por la gente. Si bien existe una relación entre el deber de motivar las resoluciones judiciales y la impugnación dichos conceptos deben distinguirse claramente. resoluciones que se dictan en última instancia133. El único medio para este control es la exigencia de que los tribunales realmente argumenten sus decisiones132”. Legalidad y Justificación de la creación judicial del derecho. En primer lugar. AULIS. sino también una garantía institucional que permite tanto el control interno de los procesos judiciales. También: TARUFFO. TARUFFO. N° 1744-2005-PA/TC. en: Sobre las Fronteras. como también el control ciudadano del ejercicio del poder de los jueces en el Estado democrático”134. se realizan una serie de puntualizaciones y aclaraciones que deben tomarse en cuenta. Escritos sobre la justicia civil. en la medida que las resoluciones deben justificarse al margen de si puede o no presentarse un recurso contra ellas v. se observa que el principio de control en relación con el deber de justificar las resoluciones no debe reducirse ni limitarse al marco de la impugnación del proceso o a la posibilidad de presentar los recursos tendientes a la revocatoria o nulidad de una resolución. 27. Al respecto. Nº 8. CASO: JESÚS ABSALÓN DELGADO ARTEAGA de los magistrados Alva Orlandini y Gonzáles Ojeda. en: Doxa. El sistema de impugnación no agota los mecanismos de control y de fiscalización interna de las resoluciones judiciales. gr. 134 Voto singular en la STC recaída en el EXP. p. La reducción de las posibilidades de control de las decisiones judiciales a la presentación de un recurso supone en buena cuenta establecer un único límite que no desarrolla ni toma en cuenta otros principios jurídicos y en especial la regulación constitucional de que: “la potestad de administrar justicia emana del pueblo”. p. MICHELE. 195. institucionalizado y burocrático a través del sistema de recursos termina por describir una imagen incompleta e inacabada de dicha garantía que no logra cubrir su alcance constitucional y político que se le asigna dentro de un Estado de Derecho. El TC peruano ha señalado que: “la exigencia de motivación de todas las resoluciones jurisdiccionales no es solo un derecho subjetivo. ya que puede haber el control de dichas resoluciones aun cuando nos encontremos ante resoluciones inimpugnables. 132 32 . 133 Cfr. 1990. MICHELE. No toma en cuenta que en un Estado Constitucional la participación de los distintos actores sociales supone en buena cuenta una responsabilidad y un control AARNIO. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. La consideración de que la motivación de las resoluciones judiciales lo único que permite es la ejecución de un control formal. La Motivación de la Sentencia Civil. 355. p.
De una visión privatista del control que realizan las partes y del control burocrático que realizan las instancias judiciales superiores se pasa a una visión democrática de la administración de justicia en donde el depositario del poder y el destinatario del control es el pueblo mismo. p.amplio135. sino que dicha decisión se fundamente en el conjunto del material fáctico. DE LA RÚA. p. La Motivación de la Sentencia Civil. 138 Cfr. probatorio y normativo aportado por las partes en el proceso y que los hechos relevantes. el pueblo en general del que proviene el poder de administrar justicia 138. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. ya sean formales o materiales. IGNACIO. de el respeto a las reglas y principio lógicos formales. El Recurso de Casación en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. más allá de la simple activación de controles formales. No basta que la decisión final de la controversia sea justa y equitativa. Es necesario que se analice el contenido material de las premisas de las que se parte (justificación externa). COLOMER HERNÁNDEZ. sino la potenciación de los ya existentes y la configuración de otros similares. MIRANDA ESTRAMPES. FERNANDO. p. 108. No basta la simple coherencia interna entre la decisión y la fundamentación. sino también la opinión pública. En segundo lugar. La Casación Penal. TARUFFO. El control que se realiza en esta instancia no es un mero control de logicidad. 135 33 . pues se trata de un control generalizado y difuso 137. MANUEL. Los destinatarios de la motivación no solo son las partes o los tribunales superiores. p. En este sentido como dice TARUFFO: “el principio bajo análisis Cfr. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. 139 137 Cfr. sino más bien un control material que incide en la fiscalización de las premisas materiales (premisas externas) y formales que utiliza el juez en su discurso. p. en: Revista Española de Derecho Constitucional. 139. MICHELE. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. la valoración de la prueba y las elecciones interpretativas se justifiquen de manera adecuada. 355. el control externo exige que el órgano jurisdiccional justifique las elecciones valorativas e interpretativas que realiza a fin de efectuar el control adecuado respecto a si dichas elecciones obedecen a las pautas fijadas en el ordenamiento jurídico y poseen la racionalidad adecuada136. El control que permite alcanzar el deber de motivar las resoluciones judiciales es un control de mayor cobertura y valor político que el alcanzado con el simple control judicial o formal. IGNACIO. p. COLOMER HERNÁNDEZ. La democracia no solo implica la existencia de controles formales. 52 136 Cfr. ARAGÓN REYES. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias constitucionales y legales. 164. MANUEL.
(de motivación) no expresa una exigencia genérica de controlabilidad. MIRANDA ESTRAMPES. en: Doxa: Cuadernos de Filosofía de Derecho. esta vez. El Mito de la opinión pública. Por opinión pública se entiende la opinión de la sociedad. N° 1744-2005-PA/TC. más aún si el asunto resuelto reviste interés social o es semejante a otros casos puestos a disposición de la justicia. forjada en su interior y que se distingue de la posición (decisión) institucional del Estado. Dicho debate y discusión seria imposible. N° 12. estéril y hasta inviable si las decisiones jurisdiccionales no se fundamentan adecuadamente ni se conocen públicamente las razones del fallo. 164. de la función de garantizar la constitucionalidad del ordenamiento jurídico en su aplicación. La justificación de las decisiones determina que los terceros (ciudadanos) puedan efectuar una fiscalización acerca de si el juez ha respetado o no el sistema de fuentes del derecho instaurado en nuestra Constitución y en el ordenamiento jurídico. luego de haber sido escuchadas en igualdad de armas. La Motivación de la Sentencia Civil. pp. los procesos y las resoluciones judiciales. abierto y democrático sobre la justicia y en particular del Poder judicial. gr. MANUEL. así como si se ha respetado su jerarquía. RUTH. p. Al respecto. CASO: JESÚS ABSALÓN DELGADO ARTEAGA de los magistrados Alva Orlandini y Gonzáles Ojeda: “Con relación al segundo aspecto. MICHELE. 142 Voto singular en la STC recaída en el EXP. la motivación de las decisiones judiciales también da cuenta. TARUFFO. función que ha dado especial connotación a la actividad judicial en el actual Estado 139 140 34 . de la regularidad del sistema de fuentes respecto de su validez constitucional. La opinión pública aparece como resultado del diálogo y discusión de personas libres en un tiempo y espacio determinado sobre un tema o un conjunto de materias. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. 141 Cfr. 97 y ss. Con ello permite la adecuada atención acerca de la vigencia del principio de prevalencia de la Constitución sobre otra norma jurídica y del principio de legalidad142. También el resto de la población puede y debe dar su opinión si así los considera conveniente. 1992. el poder de la justicia expresada en la decisión y fundamentación de los fallos. ante un Tribunal imparcial141. 356. La opinión pública no solo se interesa por cuestiones vinculadas al ejercicio del poder político y la conducción de la cosa pública. p. ZIMMERLING. a veces de modo explícito. sino una garantía de controlabilidad democrática sobre la administración de justicia139”. Se trata. No solo las partes tienen algo que decir sobre las razones de la decisión. sino también por el ejercicio y administración de un poder específico y que llegado el caso puede tener determinadas características v. La idea de opinión pública ocupa aquí un papel central140. Es en el campo de la opinión pública donde se abre el debate más amplio.
cumple la función trascendente de verificar la validez de las distintas normas que confluyen en el sistema jurídico. de ser el caso”. N° 3361-2004-AA/TC. luego de documentarse la resolución judicial respectiva. también las STC en los EXP. que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. N° 0474-2003-AA/TC. Las decisiones interpretativas de los jueces sobre las distintas disposiciones del sistema jurídico refrendan. La motivación de las decisiones interpretativas se convierte. en un veredicto sobre el sistema jurídico en conjunto. esto es. Las razones expresadas para establecer que una ley o un reglamento debe aplicarse válidamente en la solución de un caso. no solo importa al reducido auditorio de las partes de un proceso judicial. la identidad de las fuentes con la Norma Fundamental. 143 EXP. Véase. Para lograr este objetivo. Constitucional de Derecho. Por tanto. EXP. pasa inevitablemente por dar cuenta de la compatibilidad de dichas fuentes normativas con la Constitución. las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación. El control que se realiza a través del deber de motivar las resoluciones judiciales es un control a posteriori. situación que. No obstante. que. que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. N°4289-2004AA/TC. N° 2192-2004-AA/TC. En este sentido. CASO: BLETHYN OLIVER PINTO. EXP. la interpretación judicial del Derecho. o un específico interés legítimo143”. pues de ese modo se permite que la ciudadanía realice un control de la actividad jurisdiccional. CASO: JAIME AMADO ÁLVAREZ GUILLÉN. en cada caso. De ahí que la Constitución requiera del Juez que éste motive sus decisiones. ya que solo se puede controlar la resolución judicial (sentencia o auto) una vez que esta haya sido final y efectivamente expedida. 35 . y que las partes que intervienen en el proceso conozcan las razones por las cuales se les concede o deniega la tutela concreta de un derecho. se apoya en el carácter vinculante que tiene para ésta la ley constitucionalmente válida. lo que supone. EXP. no se trata de un control preventivo ni una fiscalización a priori. el poder público está sometido al Derecho. CASO: KELLY ZULEMA ÁLVAREZ TUPAYACHI. sino a toda la sociedad”. entre otras cosas. que es una clásica actividad de justificación o motivación normativa. tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado. de nuevo. El TC también ha llevado la idea del Estado Constitucional para justificar el deber de motivación en el campo administrativo al señalar que: “La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. como se sabe. CASO: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PEDREGAL. En el Estado constitucional democrático. de este modo.El TC peruano ha señalado que: “el Tribunal Constitucional debe recordar que la exigencia de motivación de las sentencias judiciales está relacionada de manera directa con el principio del Estado democrático de derecho y con la propia legitimidad democrática de la función jurisdiccional. N° 02108-2007-PH/TC. se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado democrático de derecho.
la ley tiene la condición de tal (es decir. tal y como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51. 6 reimp. 2 ed. Los actos estatales deben ser de conocimiento abierto de los ciudadanos a fin de lograr una adecuada fiscalización de los detentadores del poder. no puede considerarse obligatoria”. Fondo de Cultura Económica. Y sobre aquello que no ha cobrado vigencia. aun cuando la publicación forma parte de la eficacia integradora del procedimiento legislativo. la STC peruano en el Exp. (…) 7. que establece que "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. vigencia y obligatoriedad de la norma. sencillamente es ineficaz. 139 inc. queda constituida) una vez que ha sido aprobada y sancionada por el Congreso de la República. A juicio de este Colegiado. pues esta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas. a tal extremo que. N. constituye una violación del artículo 109° de la Constitución Política del Estado. de María Dolores González). El secreto de los actos estatales en un Estado Constitucional constituye la excepción. in fine. RAWLS.. pues no será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él”.. Cfr. El TC en la sentencia del EXP. la omisión de publicar el texto del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 311. CASO: JAIME SANTA CRUZ PINELA ha señalado que: “El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al principio de publicidad de las normas en el ámbito de la potestad disciplinaria. la publicación determina la eficacia. tal como lo ha 144 36 . En efecto. en especial. los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la publicación de una norma no deben resolverse en clave de validez o invalidez. Una ley que no haya sido publicada. México. 146 EXP. El principio de publicidad encuentra regulación constitucional en diversas normas que tienen que ver con la publicación de las normas 145 (art. Por lo tanto. el Tribunal Constitucional considera que en dicha frase debe entenderse. prima facie. pues no ha cobrado vigencia. 51 de la Const. Teoría de la justicia (Trad. N° 0017-2005-PI/TC donde se establece que: “El Tribunal ya ha establecido en anterior oportunidad que. p. aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un requisito esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica. JOHN. pero no su constitución. y del artículo 109 de la Constitución.c) Motivación y el principio constitucional de publicidad de los actos estatales 20. En un Estado Constitucional y en una democracia rige el principio de publicidad de los actos estatales144 que trae como consecuencia lógica la ausencia de secretos en la administración pública.) que usualmente se denomina como principio de publicidad procesal. 2006. 145 Véase. sino de eficacia o ineficacia.° 06402-2007-PA/TC. no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad. a cualquier fuente formal del derecho y. CASO: FISCAL DE LA NACIÓN CONTRA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL: “Nadie duda de la existencia de un proceso público. en los siguientes términos: “A juicio del Tribunal.) y especialmente con la publicidad de los procesos146 (art. pues la regla es la publicidad y la transparencia. salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte". una norma no publicada. 4 de la Const. N° 00006 – 2009. Si bien dicho precepto constitucional establece que es la "ley" la que tiene que ser publicada.
deben conocer lo que pasa en los procesos judiciales. 133 y ss. ALZAGA VILLAAMIL. pp. establecido la Norma Fundamental [artículo 139º. MARTA. COSENTINO. salvo las restricciones impuestas normativamente. Todas las personas. se expresa en la regulación de que el juicio oral es público150. delitos de prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos”. La Publicidad y el diálogo como principios cualificadores de las leyes. 21. 147 Véase. son siempre públicos”. en: Anuario de derecho parlamentario. 37 . Nº 3-4. Todos los poderes del Estado deben cumplir con el principio de publicidad: el Poder Ejecutivo con la publicidad de los actos de gobierno. p. 2004. 150 El artículo 357 del NCPP establece que: “1. ya sea al permitir el acceso de un expediente o al conocer las opiniones de las partes gracias a los medios de comunicación”. 256. JOAQUÍN – PÉREZ GABALDÓN. GÓMEZ LOECHES. 2009. 360. pássim. inciso 4)]. 35 – 59. Boletín de la ANABAD. en el principio de publicidad de las sesiones del parlamento148 y en el principio de publicidad procesal149. En efecto. 1985. pp. VAN DEN DOOREN. salvo disposición contraria de la ley. La Constitución Política en el artículo 139 inc. La Información Judicial es Pública. 2 semestre. El Poder Judicial y la actividad jurisdiccional que desarrolla se encuentran sometidos al principio constitucional de publicidad republicana151. La publicidad de la actividad parlamentaria. 151 Cfr. La Publicidad en el proceso penal. Teoría y Práctica del derecho de acceso. 1 y ss. ÓSCAR. Los Hechos en la sentencia penal. el principio de publicidad procesal es una manifestación y vertiente del principio de publicidad de los actos estatales. en: El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión comparada p. 1999. 5. Como enfocar dicha realidad. pp. 148 Ampliamente: DE VEGA GARCÍA. 192 y ss. El principio de publicidad parlamentaria y su proyección constitucional. Nº 14. VAN DEN DOOREN. PEDRO. que en materia penal. Madrid. el Poder Legislativo con la publicidad de las leyes y de las sesiones del parlamento y el Poder Judicial con la publicidad de los procesos y las sentencias.El principio de publicidad de los actos estatales se manifiesta en el principio de publicidad de las normas147. pp. 149 Véase. SEBASTIÁN. La propia Constitución Política del Perú sienta la regla a nivel jurisdiccional que todo proceso es público. ANDRÉS IBÁÑEZ. y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Nº 43. p. SEBASTIÁN. en: Teoría y Realidad Constitucional. y para ello debe brindarse las mayores facilidades al ciudadano para tener ese contacto con el proceso. MARCO MARCO. en: Revista de Estudios Políticos. La Publicidad en el proceso penal. GUILLERMO. Los juicios sobre funcionarios públicos. La Publicidad en las actuaciones judiciales. 4 establece la regla de que: “Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos. LUIS. PERFECTO. Especial referencia a Les Corts Valencianes. El juicio oral será público”. pero contiene datos privados. El artículo 357 del NCPP establece que: “4. Tomo 49. por ejemplo. Nº.
Por lo tanto. que el acto oral se realice total o parcialmente en privado”. 10 de la LOPJ). 8 inc. La Publicidad en las actuaciones judiciales. 4). 8 inc. Teoría y Práctica del derecho de acceso. se establecen contadas excepciones al principio de publicidad procesal debido a que dicho principio a veces entra en conflicto con otros derechos constitucionales que debe ser resuelto con una adecuada ponderación caso por caso 152 v. Por ejemplo. orden público o seguridad nacional. 14. cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia (art. 14. 2). Tampoco pueden ingresar los menores de doce años. No obstante ello. y los casos de no publicidad de las actuaciones judiciales debe constar en resolución motivada153.Los Tratados de Derechos Humanos consagran la regla de la publicidad procesal. 358 inc. 139 inc. al momento de limitar excepcionalmente la publicidad del proceso y de las diligencias que lo componen. cuando se regula que la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral. Por su parte. las actuaciones judiciales por principio deben ser públicas y las excepciones a dicho principio deben venir impuestas por una norma general y debe limitarse a determinados asuntos. salvo autorización especial o que sean estudiantes de Derecho” (art. el empleo de fórmulas legislativas indeterminadas de reenvío como. “salvo que disposición contraria de la ley” (art. 361. cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o. Se establece que el proceso penal debe ser público (art. inc. el NCPP en su artículo 357 prescribe las excepciones al principio de la publicidad en el juicio oral en los casos en que: Cfr. drogado o sufre grave anomalía psíquica” (art. La regulación de las excepciones al principio de publicidad procesal se encuentran contenidas en diversas normas dispersas. o quien se encuentra ebrio. el NCPP regula que: “Está prohibido el ingreso de aquel que porte arma de fuego u otro medio idóneo para agredir o perturbar el orden. El juicio oral será público. En sentido semejante. con las excepciones que la Constitución y las leyes autorizan” (art. LUIS. en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal. 5 de la CADH) y que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente (art. e igual que el texto constitucional. la legislación ordinaria peruana prescribe que: “Toda actuación judicial es pública. 1 del PIDCP). gr. 1 del PIDCP). 131 de la LOPJ). Sin embargo. inc. 153 El artículo 357 del NCPP establece que: “1. generando la excepción de que: “en las audiencias públicas se prohíbe el ingreso de menores. GÓMEZ LOECHES. 5 de la CADH). por ejemplo. cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia (art. 152 38 . Es frecuente en el Perú como en el extranjero. p. aún de oficio. el Juzgado mediante auto especialmente motivado podrá resolver. atomizadas y en las que se echa de menos una regulación uniforme y una finalidad determinada.
en ejercicio de su facultad disciplinaria. b) Cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional.“a) Cuando se afecte directamente el pudor. 156 Cfr. individual o concurrentemente. Asimismo. 155 Cfr. 618. los referidos a la actividad jurisdiccional155. Derecho y Razón. enunciativamente. DE LA RÚA. El Juzgado. FERNANDO. ancladas de manera fundamental en el principio de publicidad de los actos estatales. el acceso de público a un número determinado de personas. en especial. cuya revelación indebida sea punible o cause perjuicio injustificado. ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas. de las culturas democráticas. b) Reducir. 108: “la exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno que. o cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica de imágenes. La Casación Penal. 21. Sin embargo. así como cuando sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo de la audiencia. LUIGI. 154 39 . En la legislación peruana ordinaria se considera que la publicidad en el juicio se cumple cuando se crean las condiciones apropiadas a fin de que el público y la prensa puedan ingresar a presenciar la audiencia (art. siempre que considere que su utilización puede perjudicar los intereses de la justicia y. dicha norma deja en manos del juzgador y en aplicación del principio de proporcionalidad la fijación de una serie de medidas que limitan la publicidad del juicio oral154. por las razones fijadas en el numeral anterior. con criterio discrecional. La transparencia y publicidad de los procesos –y en especial de los juicios orales– posee una honda raigambre democrática que permite distinguir y diferenciar las culturas autoritarias. peligre un secreto particular. las siguientes medidas: a) Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas personas de la Sala de Audiencias cuando afecten el orden y el decoro del juicio. d) Cuando esté previsto en una norma específica”. entre ellos. c) Cuando se afecte los intereses de la justicia o. el derecho de las partes”. FERRAJOLI. al asegurar la publicidad de las razones que tuvieran en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias. en estos casos se establece que: “Desaparecida la causa que motivó la privacidad del juicio se permitirá el reingreso del público a la Sala de Audiencias. grabadoras. comercial o industrial. voces o similares. 358 inc. El Recurso de Casación en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. o. sonidos. La publicidad como principio jurídico–político asegura el control interno y externo de la actividad judicial que queda en manos tanto de las partes intervinientes como de la opinión pública 156 a la vez que permite cerciorarse que El artículo 357 del NCPP inc 2 establece que: “El Juzgado también podrá disponer. p. con sujeción al principio de proporcionalidad. la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes en el juicio. p. Teoría del Garantismo Penal. que fomentan el secreto y la escritura. c) Prohibir el acceso de cámaras fotográficas o de filmación. podrá imponer a los participantes en el juicio el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaren o conocieren”. 1).
p. Teoría General del Estado. Teoría General del Estado. la que con base a la publicidad puede controlar la actividad del juez y de las partes a la vez que permite fiscalizar si el órgano jurisdiccional es imparcial o no. La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione. por consiguiente. GASCÓN ABELLÁN. VAN DEN DOOREN. Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal. de forma oral y concentrada. 1997. ZIPPELIUS. La Publicidad en el proceso penal. SEBASTIÁN. p. IACOVIELLO. así como de las pruebas y contrapruebas que la motivan. 261. Milano. REINHOLD. la escritura y el secreto forman parte estructural del método inquisitivo. 616. Si la justicia emana del pueblo no puede ser una justicia que se esconda y se realice de espaldas al pueblo159. ANDRÉS IBÁÑEZ. p. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. Ciencia de la Política. p. MANUEL. La determinación o no de la responsabilidad penal y con ello la fijación de la privación de la libertad personal debe realizarse de manera pública con un amplio conocimiento de la ciudadanía. la carga de la prueba y el contradictorio con la defensa 160”. de la formulación de la acusación. 193. PERFECTO. Para un sector calificado de la doctrina el principio de publicidad procesal es una garantía de segundo grado. VAN DEN DOOREN. SEBASTIÁN. en fin. La Publicidad en el proceso penal. es posible. en la medida que: “solo si la instrucción probatoria se desarrolla en público y. Derecho y Razón. PERFECTO. Teoría del Garantismo Penal. La motivación de las resoluciones judiciales p. 159. 40 . LUIGI. en: Doxa: N° 12. 159 Cfr. Derecho y Razón. llamada también garantía de garantía. Las ventajas de la vigencia del principio de publicidad procesal son: i) Refuerza la independencia de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. MIRANDA ESTRAMPES. p. ALISTE SANTOS. FERRAJOLI. sobre su conducta”. ii) Garantiza permite el control del pueblo. 4. p. Los hechos en el derecho. TOMÁS-JAVIER. tener una relativa certeza de que han sido satisfechas las garantías primarias.las decisiones que se asumen y adoptan son las correctas157. 158 Cfr. dejando de lado su significado político y su relevancia social158. la decisión está vinculada a dar cuenta de los eventos procesales. 172. más intrínsecamente epistemológicas. 157 Cfr. fortaleciendo su responsabilidad social al estar permanentemente sometidos a un escrutinio público respecto a los hechos sometidos a proceso. Ciencia de la Política. si además es conforme al rito previsto con ese objeto y si. Teoría del Garantismo Penal. p. 110. 160 FERRAJOLI. REINHOLD. del cual en definitiva proviene su autoridad. p. LUIGI. ANDRÉS IBÁÑEZ. 110. p. FRANCESCO. 153. ZIPPELIUS. 9. Los Hechos en la sentencia penal. 616. Bases argumentales de la prueba. Sin publicidad la administración de justicia solo sería una cuestión que interesa a las partes –lo que privatizaría su ejercicio y contenido–. en efecto. Giuffrè Editore. Mientras la publicidad y la oralidad son rasgos distintivos del método acusatorio. p. MARINA. p. 5.
ha sido adoptado por algunos Tratados de Derechos Humanos que establecen con total claridad que: “toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública. p. TARUFFO. 14. si las decisiones judiciales permanecen ocultas y no se facilitan y disponen los mecanismos adecuados para su difusión aprovechando una serie de recursos técnicos (v. gr. La publicidad procesal consagrada por la Constitución y los Tratados Internacionales se extiende también al ámbito de las decisiones judiciales. La Motivación de la Sentencia Civil. La función externa de control de las decisiones judiciales solo puede explicarse si se garantiza de manera idónea y eficaz la publicidad de las resoluciones 163. Dicho criterio. Teoría y Práctica del derecho de acceso.) la posibilidad que las ciudadanía pueda conocer y luego controlar el contenido de las resoluciones judiciales prácticamente Por todos. SALVADOR CODERCH. a las sentencias judiciales162. FERRAJOLI. p. Teoría del Garantismo Penal. p. Barcelona. inc. Las Sentencias del Tribunal Constitucional deben publicarse íntegras. 1 del PIDCP). Cfr. El NCPP establece expresamente en su artículo 357 inc. 617. 360. GÓMEZ LOECHES. LUIS. ROSA. PABLO – RAMOS GONZÁLEZ. o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores” (art. Derecho y Razón. más aún si se trata del acto que resuelve la controversia: la sentencia. LUIGI. excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. Bases argumentales de la prueba. iii) Permite la formación de un espíritu cívico y el desarrollo de una opinión pública consciente de los hechos y pruebas existentes en el proceso que puede reaccionar adversamente frente a su distorsión y la aplicación indebida del derecho161. En efecto. sino a la ciudadanía. julio de 2006. 172. El principio jurídico de publicidad de los actos estatales se conecta de manera directa con el deber de motivar las resoluciones judiciales en la medida que para una justicia democrática resulta relevante que una resolución judicial motivada pueda ser conocida por la población a través de la publicidad y difusión. 5. publicación en el diario oficial "El Peruano". MARINA. en especial. Los hechos en el derecho. que busca que se castigue al culpable y a la vez se respete la presunción de inocencia. La publicidad que rige a todos los actos procesales debe estar presente en la culminación del mismo. 161 162 41 . incluso. excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario”. La Publicidad en las actuaciones judiciales. SONIA – GILI SALDAÑA. 5 que: “La sentencia será siempre pública. p. MARIAN – MILÀ RAFEL.un control público y externo de las pruebas actuadas en el proceso que no solo interesan o son relevantes para las partes (acusadoras y de defensa). ya que no se entendería que el proceso sea público y que el acto más importante del mismo sea oculto o secreto. página web de la entidad estatal. etc. 356. 163 Cfr. GASCÓN ABELLÁN. MICHELE. Indret. p. 22.
GASCÓN ABELLÁN. p. 23. entonces nunca se sabe por qué el uso del poder jurídico tiene tales o cuales contenidos”. MICHELE. LUIGI. p. Derecho y Razón. p. permite diferenciar la convicción autocrática. a su vez. Con razón advierte ATIENZA: “La idea fundamental es que el ideal regulativo del Estado de Derecho es el sometimiento del poder a la razón. 165 Cfr. 169 ATIENZA. Los hechos en el derecho. MARIO. TARUFFO. 168 BERGHOLTZ. AARNIO. 75. Teoría del Garantismo Penal. si las decisiones están siempre razonadas solo “entre bastidores”.desaparece. no de la razón al poder. p. GASCÓN ABELLÁN. 623. en: Doxa. Como señala BERGHOLTZ: “Las leyes y los procedimientos jurídicos son de interés público e incumbe al juez presentar públicamente las razones de sus decisiones168”. por lo menos. Nº 8. T. II. LUIGI. puedan conocerse de manera efectiva y real. GUNNAR. p. p. Curso de Derecho Administrativo. 280. Por ejemplo. Teoría del Garantismo Penal. 167 Cfr. 27: “Si las razones permanecen ocultas y/o son inaceptables carecen de valor para el control público. una Cfr. 1990. Commentario Sistematico del Codice Penale. del proceso y las relaciones entre las partes166. Ratio et Autorictas: Algunas reflexiones sobre la significación de las decisiones razonadas. o cualquier gestor social. Nº 21. además. TOMÁS-RAMÓN. solo es posible si cabe hablar de criterios que presten algún tipo de objetividad a esa práctica 169”. 164 42 . GARCÍA DE ENTERRÍA. abierta y permeable. Bases argumentales de la prueba. 170 Por todos. FERRAJOLI. Bases argumentales de la prueba. 558. en: Isegoría. basada en el puro poder de la convicción razonada165 y refleja una visión participativa. AULIS. La publicidad es la verdadera alma de la justicia (BENTHAM). Derecho y Razón. lo que. MARINA. p. T. Los hechos en el derecho. MANUEL. El Derecho como argumentación. p. 623. En un Estado Constitucional solo son relevantes las razones jurídicamente aceptables y públicas en la medida que éstas permiten valorar la base jurídica de la decisión167. p. p. 38. Con ello. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. MARINA. de tal manera que sin conocimiento o posibilidad de difusión es imposible exigir o plantear cualquier forma de fiscalización. presupone lógicamente la posibilidad de que los actos se difundan o. ello supone que las decisiones de los órganos públicos deben estar racionalmente fundamentadas. La Motivación de la Sentencia Civil. 166 Cfr. 1999. En esta línea el TC peruano ha señalado que: “La motivación cumple. en: Doxa. Y es que cualquier forma de control que realice la población. ROMANO. La motivación requiere de la garantía de la publicidad respecto al conocimiento que deben tener los terceros y la población de las razones de hecho o de derecho que fundan la decisión164. 178. Nº 8. de diálogo y comunicación. Se ha destacado que la publicidad de los actos estatales y la obligación de motivar las resoluciones judiciales responden a la misma exigencia jurídico– política de fondo que no es otra que la de establecer una relación directa. entre administración de justicia y la población civil 170. I. 178. 356. EDUARDO – FERNÁNDEZ. FERRAJOLI.
que es refrendada de este modo por los jueces en cada caso concreto. La Publicidad en las actuaciones judiciales. GÓMEZ LOECHES. por otro. Uno de estos controles generales lo representa el principio de publicidad de las diligencias del juicio oral o. La motivación de las resoluciones judiciales p. que permiten que terceros puedan conocer y participar pasivamente en los diversos actos judiciales fiscalizando su realización. en general. que importa no solo a las partes sino. y en algunos casos también la publicación de las sentencias judiciales. p. por el otro. en todo caso. En cuanto al primer aspecto. 159. de tal manera que sin información no es posible la exigencia de responsabilidad en el ejercicio de la función pública173. La publicidad facilita que la población pueda informarse no solo de las formas del procedimiento judicial. la justificación jurídica expresada en la sentencia da cuenta también de la propia validez del sistema de fuentes. La publicación de los actos estales y la información que producen los órganos estatales. Por un lado. sentido y eficacia. 173 Cfr. la función política de la motivación supone una especie de plebiscito permanente en la actuación del juez. y. existen otras modalidades de control dentro del proceso distinto al deber de fundamentar las resoluciones judiciales. Con la debida justificación de sus decisiones. del análisis. a la sociedad en conjunto. 360. sino del contenido de dichos actos. salvo Voto singular en la STC recaída en el EXP N. N° 0090-2004-AA/TC. El TC peruano en la sentencia del EXP. Sin embargo. el juez da cuenta pública de su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones” 171. se relaciona con el poder de una doble manera. Teoría y Práctica del derecho de acceso.° 1744-2005-PA/TC. debidamente justificadas”. éstas han de ser. como es obvio. determinando su valor objetivo. del proceso penal. 171 43 . LUIS. cualquier explicación que la Administración convenga en dar en el momento de la obligada rendición de cuentas. es la regla general y que. como presupuesto.función social y política trascendente. permite al juez ejercer públicamente la garantía político-jurídica de su imparcialidad en cada caso y. CASO JUAN CARLOS CALLEGHARI HERAZO ha señalado que: “No basta. Por otro lado. debe valorarse que la publicidad. TOMÁS-JAVIER. ALISTE SANTOS. 24. aparece como una necesidad para el control democrático del poder en la que no puede hablarse de una democracia sin la existencia de una opinión pública libre. Por un lado. desde luego. La motivación de las resoluciones judiciales constituye una forma –tal vez la más importante y valiosa– de participación del pueblo en la administración de justicia172. debate y crítica. 172 Cfr. constituye una estrategia o un instrumento al servicio del poder. CASO: JESÚS ABSALÓN DELGADO ARTEAGA de los magistrados Alva Orlandini y Gonzáles Ojeda.
en lo que se refiere específicamente a las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal. por un lado. no se admite la reserva o el pronunciamiento del fallo en secreto. se puede derivar. la condición de menores en procesos referidos a filiación. bien atendiendo el específico deber de tutela de los menores. sin perjuicio del especial cuidado que muestra en no incluir en sus resoluciones ningún dato personal que no resulte estrictamente necesario para formular su razonamiento y el correspondiente fallo. dicho principio puede resultar limitado por la eventual prevalencia de otros derechos fundamentales y garantías constitucionales con los que entre en conflicto. tanto en supuestos de litigios relativos a su filiación o custodia (SSTC 7/1994. o de menores autores de delitos175. custodia. adultos. tutela. y que debe ser ponderada en cada caso”. de 30 de junio). en especial. no obstante. no es de carácter absoluto y cabe ser excepcionada en determinados supuestos. de 17 de enero. Las excepciones que rigen la publicidad de los actos procesales no se aplican a la publicidad de las resoluciones judiciales. por otro. identificación de la víctima de delitos sexuales. de la circunstancia de que. incluso en relación con un aspecto tan sensible como es la protección de la confidencialidad de los datos médicos. en cuyo fallo se reconoció la existencia de un interés general en garantizar la transparencia de los procesos judiciales para preservar la confianza pública en la justicia cuya relevancia implica que no necesariamente deba ceder en caso de entrar en conflicto con el derecho a la intimidad. del art. como ya se ha señalado en el ATC 516/2004. Aquí en todo caso se debe tomar en cuenta la La Sentencia del TC español Nº 114/ 2006 del 05 de abril establece justamente en el campo constitucional que: “La exigencia constitucional de máxima difusión y publicidad del contenido íntegro de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal que incorporan doctrina constitucional. y especialmente. que al enunciar el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. como demuestra la STC 31/1981. En efecto. ha procedido a omitir la identificación de determinadas personas que aparecían mencionadas en sus resoluciones. o 127/2003. y. 175 La tantas veces citada resolución del TC español (114/ 2006) ha recordado la doctrina que: “este Tribunal Constitucional. una cosa es la excepción de la publicidad del proceso y en concreto la no publicidad de determinados actos procesales y otra muy distinta es la no publicidad de las resoluciones judiciales en especial de las sentencias. Z.1 CE. de 28 de julio. En esta línea. la publicidad de las sentencias es la regla general y solo puede haber determinadas restricciones respecto a determinados aspectos o datos de la resolución174 v. o 144/2003. y como ya se destacara en el ATC 516/2004. FJ 1. c. bien atendiendo a la garantía del anonimato de las víctimas y perjudicados en casos especiales (SSTC 185/2002. de las sentencias. Aunque no existe. de 14 de octubre. de 20 de diciembre. sin embargo. una previsión concreta sobre esta posibilidad. Finlandia. de 20 de diciembre. La importancia de la publicidad de las resoluciones judiciales ha sido destacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia de 25 de febrero de 1997. 120. de 14 de 174 44 . establece la posibilidad de excepcionarlo en los términos previstos en la leyes de procedimiento. gr. FJ 1. en diferentes ocasiones y desde sus inicios. como cualquier otra exigencia constitucional.disposición legal expresa.
en especial. 5. o 30/2005. salvo las excepciones mencionadas. 221/2002. julio). p. MARIAN – MILÀ RAFEL. la Sentencia del TC español Nº 114/ 2006 del 05 de abril donde se establece que: “Una lectura conjunta de estas previsiones. una exigencia constitucional específica de máxima difusión y publicidad de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal. puestas en relación con los arts. en que. SEBASTIÁN.1 CE establece la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y. 365. y. 9.1 CE establece. Teoría y Práctica del derecho de acceso. de 27 de noviembre. tampoco los nombres y números de las calles. 8 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de menores (Reglas de Beijing). de 20 de mayo. PABLO – RAMOS GONZÁLEZ. 178 Véase. resulta necesario que se posibilite el más amplio acceso y conocimiento a la interpretación que de los preceptos y principios constitucionales realiza este Tribunal. destacando que la misma se produce conforme a la interpretación que de los preceptos y principios constitucionales «resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».1 LOPJ. En efecto. Con todo. de 14 de febrero)”. en primer lugar. SALVADOR CODERCH.1 LOPJ determina la vinculación directa de los órganos judiciales a la Constitución. Las Sentencias del Tribunal Constitucional deben publicarse íntegras. de 25 de noviembre. incluidas en la Resolución de la Asamblea General 40/33. específicamente en lo referido al Poder Judicial. de 19 de mayo) como. determina que resulte también inequívoco que el art. con independencia de su naturaleza y del proceso en que se dicten. en supuestos de ser acusados de hechos delictivos (SSTC 288/2000. p. que se concreta. y desde la perspectiva del alcance del deber de publicidad y publicación de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal. como presupuesto para el cumplimiento de esta función específica de la jurisprudencia constitucional. el art. por un lado. que. 45 . 11. 124/2002. ocultar las matrículas de los vehículos o alterar los sobrenombres177. 5. 120 CE. los datos sensibles que tienen que ver con la intimidad de la persona176. por otro. LUIS. se remarca el hecho de que no se debe ocultar los nombres y apellidos de las partes. 177 Cfr. SONIA – GILI SALDAÑA. procedimientos de adopción o desamparo (SSTC 114/ 1997. 176 GÓMEZ LOECHES. La Publicidad en el proceso penal. en que la publicidad lo ha de ser de la resolución íntegra. en la doctrina. de 29 de noviembre de 985.1 CE y 5. 9. de 16 de junio. más allá incluso del principio general de publicidad de las actuaciones judiciales y sus resoluciones del art. junto con la más obvia y expresa obligación formal de publicación de determinadas resoluciones en el Boletín Oficial. el art. de conformidad con el art. y sobre la base de una específica regulación legal. o 94/2003. con carácter general. En el derecho comparado es posible constatar que en algunos sectores del ordenamiento jurídico. es obligado concluir. resulte también implícita una obligación material de dar la mayor accesibilidad y difusión pública al contenido de todas aquellas resoluciones jurisdiccionales del Tribunal que incorporen doctrina constitucional. p. llega a consagrarse el principio de la máxima difusión posible de las sentencias como ocurre especialmente en el campo de las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus atribuciones178. ROSA. En virtud de ello. 164.necesaria interpretación constitucional acerca de la normatividad de protección de datos. La Publicidad en las actuaciones judiciales. VAN DEN DOOREN.
que la exigencia de máxima accesibilidad. 46 . la completa identificación de quienes hayan sido parte en el proceso constitucional respectivo. en no pocos supuestos. en el caso.) no nace de manera directa.). y ello sin olvidar que. En tercer lugar. la constancia del imparcial ejercicio de la jurisdicción constitucional y el derecho de todos a ser informados de las circunstancias. el conocimiento de tales circunstancias será necesario para la correcta intelección de la aplicación. proceso constitucional. de una conducta lícita que cae dentro del ámbito de los riesgos permitidos que de existir ceden el paso a otros intereses y valores constitucionales (acceso a la información. iii) Por último. como ha destacado de manera reiterada el TC español el hecho de que se imponga penas o sanciones disciplinarias no vulnera el derecho al honor (STC 227/1992. ser víctima de un delito) o el respeto al derecho al honor como fundamento para que su nombre o identificación no aparezca en el registro de una sentencia. por lo común. Al respecto. 14 de diciembre. incluyendo. incluyéndose. junto con la de los Autos. por tanto. es función ineludible del Tribunal Constitucional garantizarla y dotarla de eficacia. que. a través de dar publicidad a su contenido por los medios – impresos. etc. 99. concurren diversas razones que abonan mantener la publicidad de dichos datos como: i) El principio de autoresponsabilidad o aceptación de sus propios actos en el sentido que quien participa de manera voluntaria en un proceso público (v. sin embargo. que la publicidad que así debe ser garantizada es la de la resolución judicial en su integridad. Y. en la medida en que esa función está vinculada con el contenido de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal. por el contrario. como son. transparencia. los Autos. en tanto que permite asegurar intereses de indudable relevancia constitucional. de la propia doctrina constitucional”.2 LOTC. La consignación en la sentencia de determinados datos personales no implica desde el punto de vista jurídico la configuración de una situación de peligro real. laboral. ante todo. precisamente. inminente e insoportable para cualquier ciudadano. robo etc. Se trata. que la misma no sea publicada o que su contenido no se difunda por cualquier medio. FJ 4) y que el honor no constituye ni puede En segundo lugar. gr. informáticos o de otra índole– que resulten precisos. y conforme a lo previsto en el art. confianza en la administración de justicia. por último. la necesidad de máxima accesibilidad debe ser extensible a todas las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal siempre que incorporen doctrina constitucional. etc.). luego no puede escudarse en el respeto a su intimidad personal para que su nombre o identidad no aparezca en la sentencia del mismo. con independencia de su carácter y del proceso en que se dicten. concreta y específica del hecho de participar de un determinado procedimiento penal. a esta jurisdicción. ii) La situación de riesgo personal como el ser potencial víctima de un delito (secuestro. civil. también las personales. de los casos que por su trascendencia acceden. sino por un conjunto de factores y condiciones ajenos al mismo. materialmente.Una persona sometida a un proceso judicial no puede invocar razones de seguridad personal (v. si bien respecto de Sentencia y Declaraciones podría quedar garantizada formalmente con su publicación en el Boletín Oficial. gr.
25. MODESTO. Derechos y Garantías. 183 Cfr. a través de expedientes administrativos o procesos judiciales se pongan en cuestión las conductas sospechosas de haber incurrido en ilicitud (STC 50/1983. p. en: Jueces para la democracia. FJ 2). Mientras el político y el legislador se mueven por criterios de oportunidad183. en: La Prueba. Justicia penal y democracia: El contexto extraprocesal. el acuerdo de las mayorías o de los medios de comunicación181. 5. dado que ni la voluntad o el interés general ni ningún otro principio de autoridad pueden hacer cierto lo que es falso o viceversa182”. LÓPEZ GUERRA. División del Poder y Poder Judicial. de 14 de junio. 182 FERRAJOLI. Reforma del Proceso Penal y Derechos Fundamentales. 241. Nº 18.constituir obstáculo alguno para que. 179 47 . LUIS. PERFECTO. los partidos o la opinión pública– puede suplir la falta de prueba de una hipótesis acusatoria. Como señala FERRAJOLI: “No se puede castigar a un ciudadano solo porque responda a la voluntad o al interés de la mayoría. SAAVEDRA LÓPEZ. a condicionamientos sociales o que determinado fallo dependa de las especiales particularidades de la opinión pública o de determinados intereses sociales179. CASO JUAN CARLOS CALLEGHARI HERAZO: “La motivación debe ser plausible. 25. Si bien el juez debe buscar la aceptabilidad de sus decisiones por parte de quienes participan en el proceso de argumentación jurídica como de todos los que pueden participar en dicho diálogo. en: Jueces para la democracia. La legitimidad del Poder judicial reside en la garantía de verificación imparcial de los hechos que no dependen del consenso. La Legitimidad Judicial en la crisis del imperio de la ley. Nº 4. el consenso mayoritario o la investidura representativa del juez no añaden nada a la legitimidad de la jurisdicción. congruente con los hechos. Ninguna mayoría. sostenible en la realidad de las cosas y susceptible de ser comprendida por los ciudadanos. pp. En un sistema penal garantista. ANDRÉS IBÁÑEZ. FERRAJOLI. en: Justicia Penal. en: El Poder Judicial en el Estado Constitucional. LUIGI. aunque no sea compartida por todos ellos”. LUIGI. Veinticinco años de Poder Judicial: Entre Constitución y Crisis. en los que necesariamente ha de sustentarse. FJ 3) (ATC 516/2004. Democracia. 180 Cfr. Y ningún consenso político –ya sea del Estado. ello no quiere decir que en dicha búsqueda de aceptación va a renunciar a la aplicación objetiva de la ley para hacer coincidir su decisión con los criterios mayoritarios de opinión social180. El Papel de la Función Judicial en el Estado de Derecho. los jueces expiden su fallo como Como ha señalado el TC peruano en la sentencia del EXP. La exigencia de que la motivación deba ser pública y accesible para los ciudadanos no quiere decir que la decisión de las resoluciones judiciales se encuentre subordinada a factores externos. 181 Cfr. 8 y ss. p. incluso aplastante. p. la prensa. puede hacer legítima una condena de un inocente o subsanar un error cometido en perjuicio de otro ciudadano. N° 0090-2004-AA/TC. p. 21.
234. Si bien la motivación de las resoluciones judiciales es un ejercicio de conducta Cfr. que esta no deba servir para orientar o inducir a una determinada actuación del juez. De modo alguno supone la aceptación de interferencias de otros actores sociales. LUIS. N° 0004-2006-PI/TC FJ 16 A: “Tal derecho a la crítica de la resoluciones judiciales también tiene límites. d) Motivación y publicación de los fallos 26. La primera de ellas es que las resoluciones judiciales deben ser publicadas a través de medios apropiados a fin de informar y dar a conocer su contenido. de grupos de interés. sino que su marco de actuación se desarrolla dentro de las opciones que el ordenamiento jurídico les permite. Como anota la STC recaída en el Exp. La fundamentación de las sentencias que se mantiene secreta u oculta por más que sea incorruptible e intachable desde el punto de vista jurídico y ético no cumple su cometido democrático si es que no logra dar a conocer a la sociedad las razones del fallo. La función extraprocesal y/o democrática de la motivación de las resoluciones judiciales importa el cumplimiento de una serie de exigencias. las que conocen las impugnaciones– en un determinado sentido o para favorecer a un determinado interés185. medios electrónicos o su difusión se garantiza a través de algunas bibliotecas es que puede orientarse a los ciudadanos en la sociedad. p. de la influencia de determinadas fuerzas políticas o de condicionamientos mediáticos. entre los que destaca. Interpretación Jurídica y Creación judicial del Derecho. Por otro lado. debe tomarse la debida precaución respecto al peligro de admitir que tras la tolerancia de la supuesta crítica de las resoluciones judiciales se pueda esconder la velada intención de orientar y dirigir las decisiones judiciales –en especial. distinto al control institucional propio del sistema de recursos y que se caracteriza por la intervención de los órganos jurisdiccionales superiores. lo que se reclama es únicamente la posibilidad de un control externo. pruebas y al material normativo 184: no tienen absoluta libertad. PIETRO SANCHÍS. 184 185 48 . pues este solo se encuentra vinculado por la Constitución y la ley que sea conforme a esta”. La función externa o extraprocesal del deber de motivación de las resoluciones judiciales no equivale a plantear una sumisión de la decisión a factores ajenos a la constatación objetiva e imparcial de los hechos o a una aplicación sesgada y unilateral de las normas del orden jurídico. entre otros. Solo si existe una publicidad adecuada de las resoluciones judiciales a través de revistas. En realidad.respuesta a los hechos.
La publicación de las resoluciones judiciales puede realizarse a través de medios vinculados a la propia organización estatal (diario oficial. La Sentencia del TC español Nº 114/ 2006 del 05 de abril ha recordado que: “Igualmente. MARIAN – MILÀ RAFEL. electrónico o cualquier otro que en cada momento se decida legalmente– y una publicidad material. Véase. MIRANDA ESTRAMPES. la publicación es la forma más intensa de publicidad. fundamentada en la obligación de dotar de máxima difusión y accesibilidad pública a las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal y que se concreta en la inserción que de las mismas realiza el propio Tribunal Constitucional en sus recopilaciones jurisprudenciales – también con independencia de que sea en soporte papel. ambas suponen una publicidad exigida legalmente. MANUEL. página web oficial. no siempre la publicidad supone la publicación. La Prueba en el Proceso penal acusatorio. 188 Cfr. La publicación requiere un determinado soporte que permita que la información pueda llegar a un grupo amplio y general de personas. Las Sentencias del Tribunal Constitucional deben publicarse íntegras. Si bien la publicación desde el punto de vista literal (Diccionario de la RAE) es la acción y efecto de publicar. Sin embargo.. Ello refuerza la conclusión. p. la publicación de las decisiones es un necesario servicio de democratización que hace el sistema de justicia para que sus fallos sean conocidos de manera adecuada por la población. 6. en Internet o cualquier otro que pudiera acordarse–. que no resulta posible hacer una distinción entre una supuesta publicidad formal. SALVADOR CODERCH.) como a través de cualquier medio o soporte documental y/o material que pueda permitir la difusión de las sentencias y autos judiciales. al amparo de la obligación formal de publicación en el Boletín Oficial 186 187 49 . informático. fundamentada en la obligación de publicación de las Sentencias y Declaraciones en el «Boletín Oficial del Estado» –sea en soporte papel. debe destacarse que es también una consecuencia derivada de todo lo anterior. sin embargo.democrática del juez186. PABLO – RAMOS GONZÁLEZ. SONIA – GILI SALDAÑA. p. ROSA. etc. que ha sido publicado”. boletines informativos. 164 El Diccionario de la RAE define a la publicación como el: “Escrito impreso. En este campo se debe insistir que la publicación de las resoluciones maximiza la vigencia del principio de publicidad. Desde el punto de vista jurídico. la misma constituye un modo particular de difusión que maximiza los alcances de la publicidad en la medida que supone el empleo de un medio concreto y determinado como es el documento para patentizar o hacer manifiesto algo y que puede revestir la forma de documento impreso (papel) o electrónico 187. de tal manera que puede haber publicidad sin publicación. estaremos ante la llamada publicidad formal y en el segundo ante la llamada publicidad material188. etc. de que cualquier cuestión relativa a la eventual omisión de la identificación de las partes intervinientes en un proceso constitucional tanto en la resolución jurisdiccional que se dicte como en la publicidad que de la misma se haga por parte de este Tribunal. En el primer caso. como un libro. ya que si bien la primera tiene eventuales efectos jurídicos que no son aplicables a la segunda. ya señalada anteriormente. una revista. un periódico.
colegios profesionales. PABLO – RAMOS GONZÁLEZ. 2010. el conocimiento de tales circunstancias será necesario para la correcta intelección de la aplicación. El precedente administrativo. pp. Las publicaciones parciales de los fallos si o de la obligación material de darle la máxima difusión. las partes centrales del fallo –obviando los antecedentes. la Sentencia del TC español Nº 114/ 2006 del 05 de Abril ha señalado que: “la publicidad que así debe ser garantizada es la de la resolución judicial en su integridad. probatorios o jurídicos es analizada y resuelta por el Tribunal. en el caso. Fundamentos y eficacia vinculante. 139 y ss. Asimismo. a esta jurisdicción. Sobre la predecibilidad de las decisiones jurídicas. LUIZ GUILHERME. de los casos que por su trascendencia acceden. por lo común. AULIS. Se cumple así con la función de predecibilidad de las decisiones judiciales que es un elemento esencial de la seguridad jurídica189. sin ningún tipo de recorte o limitación que normalmente proviene por considerar que solo se debe publicar una sumilla. es decir. ROSA. Al respecto. 190 Véase. en: Derecho. de Christián Delgado Suárez). pp. Precedentes obligatorios (Trad. Si es que se promueve de manera efectiva y real la vigencia del principio de publicidad procesal. El ciudadano y el justiciable saben con anticipación cómo un caso será valorado y decidido por el mismo tribunal sin incurrir en loterías. precisamente. ante todo. p. Marcial Pons. Las Sentencias del Tribunal Constitucional deben publicarse íntegras. la completa identificación de quienes hayan sido parte en el proceso constitucional respectivo. partes introductorias– o la ratio decidendi. Palestra. 50 . 81 y ss. de la propia doctrina constitucional”. improvisaciones o actos arbitrarios con el pretexto de una aparente discrecionalidad.27. pp. en no pocos supuestos. 305 y ss. SONIA – GILI SALDAÑA. incluyendo. Lima. 189 Cfr. AARNIO. obliga al mismo Tribunal a una aplicación igualitaria. etc. como son. 136. en tanto que permite asegurar intereses de indudable relevancia constitucional. y ello sin olvidar que. Ensayos sobre filosofía del derecho. MARIAN – MILÀ RAFEL. la constancia del imparcial ejercicio de la jurisdicción constitucional y el derecho de todos a ser informados de las circunstancias. 5. es de naturaleza jurisdiccional y corresponde resolverla de manera exclusiva y excluyente a este Tribunal con la sola sujeción a lo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. 2013. SILVIA. Madrid. lo cual supone la existencia de un control externo tanto de la misma estructura judicial [órganos inferiores] como de los abogados. también las personales. en el derecho español: SALVADOR CODERCH. en especial a nivel de las decisiones judiciales (sentencias y autos) lo óptimo y adecuado es que la publicación de dichas resoluciones se realice de manera total e íntegra190. MARINONI. universidades. uniforme y coherente de la ley y las diversas normas jurídicas a los casos sobre la base de criterios jurídicos establecidos. La publicación de todas las sentencias del Poder Judicial –o en su caso del Tribunal Constitucional– sirve como un acto de transparencia respecto a cómo una determinada controversia y los puntos controvertidos que genera ya sean fácticos. DÍEZ SASTRE. Racionalidad y comunicación social.
juzgados de paz). creemos que si bien lo ideal y óptimo es que se publiquen de manera permanente todas las sentencias judiciales –y también los autos más importantes de un proceso v. en caso los hubiera. presupuestales o de espacio. gr. sino también en países como el nuestro de una dotación adecuada de presupuesto para que dicho proyecto se convierta en realidad y sea sostenible en el tiempo. y la aparición de nuevas posiciones jurídicas. los que deciden la imposición de medidas cautelares o reales. gr. de medios electrónicos – v. gr. ya sea a nivel de cambio de la posición jurisprudencial o a nivel legislativo. segura e irrestricta a fin de que la actividad de todos los órganos que componen la estructura judicial pueda ser fiscalizado y se puede lograr la ansiada y nunca lograda predictibilidad de las resoluciones judiciales. Es de lamentar que se crea. 28. se debe promover la publicación de las resoluciones judiciales de manera acabada e íntegra. Al respecto. Si bien la importancia de la publicación y conocimiento de los fallos debe ser un objetivo de todos los Tribunales de Justicia a través.bien obedecen en algunas ocasiones a condicionamientos económicos. por lo menos. en materia penal [sustantivo y procesal] esa 51 . queda claro que no permite desarrollar ni realizar de manera adecuada el alcance constitucional último del principio de publicidad procesal. que la política de transparencia y acceso a la información pública en material judicial se cumple a cabalidad solo si se logra publicar las sentencias de los órganos de la máxima instancia de justicia (Corte Suprema y Tribunal Constitucional) y no cuando se trata de los fallos otros órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía (v. o solo una parte de ellas. los votos singulares concurrentes o disidentes. erróneamente. sino que muchas veces con ello se abre surcos para la evolución del derecho. juzgados de primera instancia. de la política de transparencia que se adopte.– lo cierto que ello depende no solo de una voluntad de las máximas autoridades del Poder Judicial. la publicación de los votos disidentes no solo sirve apara informar los distintos criterios que hubo en la solución de un determinado caso y la discusión abierta (documentada) que se desarrolló a su alrededor. En este sentido. página web –. Otro problema relacionado en este contexto es si deben publicarse todas las sentencias judiciales. cortes superiores. Justamente. preocupándose de anexar también. según su importancia o trascendencia. etc. cuando lo correcto es facilitar el acceso a la información pública judicial de manera amplia.
en: El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión comparada. dicho precepto puede ser potenciado con especial énfasis en cuanto al acceso a la información de las sentencias judiciales. dada la relevancia sistémica que la decisión judicial tiene normativamente en la sociedad. p. Bosch. sobre todo cuando han adquirido firmeza. 138: “El Poder absoluto. con las excepciones que la Constitución y las leyes autorizan. debe entenderse hoy en día como una garantía institucional que el Poder Judicial ha de encargarse de preservar. MARÍA JOSÉ. Por otro lado. firmes. sino también a la información de los documentos públicos [autos. la facultad de acceso al expediente. La Información Judicial es Pública. sentencias. con las restricciones que establece la ley”. 193 Como señala POPKIN. MAGALDI PATERNOSTRO. pero contiene datos privados. registros y copias judiciales. El artículo 10 de la LOPJ establece que: “Toda actuación judicial es pública. 29. La publicidad en los procesos no solo se debe entender como acceso e información de ciertos y determinados actos. 192 Véase esta problemática en el derecho comparado en: COSENTINO. p. Tienen el mismo carácter los registros. luego citando a una magistrada norteamericana apunta: “aunque las sentencias no publicadas pueden ahorrar tiempo. Barcelona. Como enfocar dicha realidad. siempre facilita la corrupción”. y en especial las sentencias firmes. Esta norma si bien consagra el derecho que toda persona puede acceder a los archivos de los actuados judiciales para solicitar su estudio o una copia certificada [sin distinguir si la información requerida afecta la privacidad o confidencialidad de la persona192]. las 191 52 .] que se gestan a lo largo del proceso. p. cómo plantean su interpretación de cada tipo penal. pues de lo que se trata aquí es de conocer cómo los órganos de justicia aplican la ley y fijan posición respecto a la vigencia de los derechos fundamentales. 21. La Difusión de las Sentencias en Estados Unidos. cómo determinan la aplicación de las instituciones de la parte general y hacen efectivas las garantías constitucionales. Cfr. 264. etc. a los archivos. MARGARET. Toda persona debidamente identificada puede acceder a los mismos para solicitar su estudio o copia certificada. GUILLERMO. garantizar y fomentar en una correcta práctica de publicidad y transparencia en el ejercicio de la función pública193. 1976.necesidad adquiere una trascendencia peculiar y un alcance superlativo191. La Legítima Defensa en la Jurisprudencia española. en: El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión Comparada. sin observación y sin críticas. archivos y copias de los actuados judiciales fenecidos que se conserven. de acuerdo a ley.
La Transparencia del Poder Judicial en Argentina. 194 Cfr. no solo debe producir información. ABAD. debe ser expuesta al público sin ninguna clase de temor a fin de que se pueda acceder a ella de manera general y en la medida de lo posible en forma gratuita a fin de participar en el debate cívico de la justicia196 y afianzar el control ciudadano v. revelarla y difundirla a la sociedad a iniciativa propia. La Difusión de la Jurisprudencia en Internet y el principio de finalidad en Canadá. colegios de abogados. Existe el deber del Estado de dar a conocer a la sociedad y a los ciudadanos sus decisiones de la manera más completa posible194. medios de comunicación. 138. sobre todo cuando se trata de sentencias que han obtenido la calidad de firmes. Pese a ello. El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión Comparada. Nº 0072-2004-AA/TC CASO: CARABAYA INVERSIONES Y FINANZAS S. p. Solo así se podrán tomar las decisiones correctas en el ámbito de su actuación. a través de sus órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas. pues la información pública es un bien social.197. mismas limitan la capacidad del público de evaluar las acciones judiciales y promueven la incertidumbre sobre la integridad de los tribunales”. en la realidad peruana. 197 Cfr.A. la STC recaída en el EXP. MARGARET. en el contexto de respeto a los principios de un Estado de Derecho. para acceder a la información que considere necesarias según las necesidades propias de su naturaleza social. académicos. 53 . el Tribunal Constitucional ha señalado que: “La facultad de recibir información significa una capacidad de las personas para procurarse de las noticias y datos. Para lograrlo se deben utilizar todos los medios o canales de comunicación abiertos al público que se encuentren a su alcance. 132. p. etc. gr. ¿qué es lo que está en juego al protegerse este derecho? Lo que la propia esencia del derecho constitucional indica es la preeminencia del interés público sobre las necesidades particulares de alguno que busque mantener fuera del alcance del conocimiento general datos que son de su pertenencia195”. VÉRONIQUE. La información judicial. profesores universitarios. 16. ya sea natural o jurídica. sino que debe. según lo posibiliten las fuentes generalmente accesibles a él. en: El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión Comparada. 195 Véase. en particular la que se expresa a través de sentencias y autos firmes. custodiarla y mantenerla. La Difusión de las Sentencias en Estados Unidos.El Poder Judicial. MIGUEL JULIO. Y. POPKIN. Al respecto. p. Estar plenamente informado significa el derecho de toda persona. 196 Cfr. en: El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión Comparada. RODRÍGUEZ VILLAFAÑE.
CÉSAR. 199 Cfr. 200 Cfr. El Espíritu del Common Law. en: El Acceso a la Información Judicial en México: Una visión Comparada. La motivación de las resoluciones judiciales p. POUND. 159. ALISTE SANTOS. p. 140. Barcelona. Sin la publicidad de las sentencias se pierde la oportunidad de fortalecer la seguridad jurídica y de proporcionar un conocimiento oportuno de cómo se resuelven los casos y cuál es la interpretación de la norma que se adopta. AULIS. 198 54 . lo cual permite la implementación de un derecho constitucional de inestimable valor. en Estudio. se constata una deficiente regulación como la ausencia de programas eficaces y eficientes que busquen difundir y acercar los fallos de la administración de justicia y. en palabras de TOHARIA: “moralmente confiable y funcionalmente eficiente” posee como uno de sus contenidos esenciales la publicación de las sentencias judiciales. Democracia y discurso racional. POPKIN. en las instituciones judiciales y la seguridad jurídica se ve fortalecida notablemente con la publicación y difusión de los fallos. p. Véase. 75. la información judicial a la población. en general. La Difusión de las Sentencias en Estados Unidos.al igual que en otros países198. Racionalidad y comunicación social.I. Ensayos sobre filosofía del derecho. 369. La Publicidad en las actuaciones judiciales. SAN MARTÍN CASTRO. p. AARNIO. La aspiración de que la justicia sea. MARGARET. entre las cuales la judicial ocupa un lugar relevante201. 182. 1954. La confianza en las normas. p. GÓMEZ LOECHES. 201 Cfr. sumamente olvidado: la crítica de las resoluciones judiciales200. Presentación y Prólogo de la Evolución de la Jurisprudencia Penal en el Perú [Miguel Pérez Arroyo]. TOMÁS-JAVIER. imparcialidad y eficacia solo se afianzan con las garantías de un proceso público y la publicación de las resoluciones firmes. Como señaló en su día BENTHAM: “la publicidad de la justicia somete a juicio al mismo juez que está juzgando”. LUIS. T . Teoría y Práctica del derecho de acceso. en: Derecho. Lima. e) La crítica de las resoluciones judiciales 30. Los valores de independencia. 2006. ROSCOE. La publicación de las sentencias logra que los jueces tengan más cuidado en la preparación y argumentación de su trabajo al someterlos al permanente control ciudadano 199. p. 12. La exigencia de discurso racional tiene como uno de sus elementos configuradores más importante la crítica y el análisis abierto de las decisiones públicas.
STARCK. que ha vivido en los últimos años con las puertas del poder público poco permeables a la crítica pública. El Tribunal Constitucional como poder político. El derecho a la crítica de las resoluciones judiciales es el derecho de toda persona de examinar y emitir juicios públicamente respecto de las decisiones que adoptan los jueces en todas las especialidades e instancias”. La sociedad peruana. MARÍA LUZ. La conducta y disposición que deben asumir los jueces a la crítica de las decisiones judiciales siempre debe ser de apertura. 1995. TOMÁS. el Precedente vinculante del TC peruano recaído en el EXP. 202 55 .Se considera. VIVES ANTÓN. la STC recaída en el Exp. N° 0004-2006-PI/TC FJ 16 A en la que se postula que: “es importante precisar que lo expuesto en los parágrafos precedentes no implica que la actuación de los jueces. julio–septiembre 2004. en: Anuario iberoamericano de justicia constitucional. del mismo cuerpo normativo. expresión y difusión del pensamiento. Nº 8. 2004. 205 Cfr. en tanto que autoridades. capaz y honesto. 206 Cfr. de manera general. p. 231. y del artículo 2. En la sociedad actual presidida por los principios de pluralismo y tolerancia es necesario que se comente y critique las resoluciones judiciales como parte del desarrollo y mejora del sistema de justicia 203 como también el comportamiento público y funcional de los jueces204. 204 Véase. Independencia judicial y crítica pública no son términos antitéticos 205 más aún si las críticas a las resoluciones judiciales constituye una condición para la continuidad del consenso fundamental206. 2004. sino a la comunidad en general. STARCK. Tirant lo Blanch. Madrid. diálogo y profunda tolerancia no solo porque se ejerce un derecho de significación constitucional Cfr. según el cual toda persona tiene derecho a la libertad de opinión. Eso sí. N° 3361-2004-AA/TC. no pueda ser sometida a crítica. Consenso Fundamental nacional y tribunales constitucionales (Una reflexión científico comparada). inciso 20. espere sin temor ni incertidumbre de lo que pueda ocurrir con su destino funcionarial luego del proceso de ratificación. no puede desperdiciar un momento como este para que la magistratura dé cuenta pública de sus funciones cada siete años. Nº 125. el sistema debe permitir que el magistrado responsable. 203 Véase. Valencia. p. La Responsabilidad de los Jueces en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. PETER. Las decisiones judiciales no son algo que interese solo a las partes. La Independencia Judicial. que dispone que toda persona tiene derecho “de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales. 540. 541. que la crítica de las decisiones judiciales no constituye una afectación al principio de independencia judicial 202. necesita abrir espacios de diálogo entre el ciudadano y la función pública”. Consenso Fundamental nacional y tribunales constitucionales (Una reflexión científico comparada). Un modelo abierto a la participación del pueblo como es el Estado social y democrático. en: Anuario iberoamericano de justicia constitucional. p. p. en: La Libertad Como Pretexto. p. inciso 4. en: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). MARTÍNEZ ALARCÓN. con las limitaciones de ley”. CHRISTIAN. Ello se desprende de lo establecido en el artículo 139. Centro de Estudios Constitucionales. CASO: JAIME AMADO ÁLVAREZ GUILLÉN: FJ: 16 en donde se sostiene que: “La crítica ciudadana a la función pública es un elemento fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia participativa. CHRISTIAN. 125. de la Constitución. HÄBERLE. 12.
(art. 139 inc. la denostación. 208 Cfr. Grijley. 32. LUIGI. 2005. 207 56 . CARLOS. Nº 4. en: Jueces para la democracia. p. la crítica a las resoluciones judiciales no ampara los ataques personales a los magistrados. Pese a todo. PÉREZ DEL VALLE. sino ejerciéndola también ellos mismos como individuos y como grupos. Justicia penal y democracia: El contexto extraprocesal. la denigración pública. sino valorizándola en el sentido directamente social de la prioridad del punto de vista de los derechos fundamentales de los ciudadanos insatisfechos que la misma expresa como criterios normativos de orientación de su jurisprudencia”. 22). sino que también se abre al cambio y a la posibilidad de mejora de los fallos de la administración de justicia. ¿Existe la Independencia Judicial?. Lima. sino porque representa una actitud abierta. democrática 207 y de ancha base que no se cierra y se limita a los propios razonamientos. Cfr. p. la difusión de aspectos nucleares de la vida privada y la fijación de sospechas sobre su honestidad208. en: Estudios sobre la Independencia Judicial y el Proceso Penal. no solo estimulándola en el sentido liberal de la legitimidad y fecundidad de la libre manifestación del pensamiento. 7: “el valor que los mismos jueces deben reconocer a la crítica de la jurisdicción por parte de la opinión pública: no solo tolerándola. FERRAJOLI. los agravios.
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