Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-10-29_ES.html
Timestamp: 2019-08-21 20:25:18
Document Index: 315237581

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 87', 'artículo 265', 'artículo 4', 'artículo 52', 'artículo 15', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 16']

Textos aprobados - Jueves 29 de octubre de 2015
Agencia de la UE para la formación en funciones coercitivas (CEPOL) ***I
Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE
Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral
Uso seguro de los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS) en el ámbito de la aviación civil
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de octubre de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una agencia de la Unión Europea para la formación en funciones coercitivas (CEPOL) y por el que se deroga y sustituye la Decisión 2005/681/JAI del Consejo (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0465),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 87, apartado 2, letra b, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0110/2014),
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8‑0048/2015),
3. Pide a la Comisión que presente un análisis completo de la cooperación administrativa entre las agencias de la Unión Europea y de aquellos casos en los que dicha cooperación pueda crear sinergias en el futuro;
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 29 de octubre de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea para la formación policial (CEPOL) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2005/681/JAI del Consejo
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/2219.)
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de octubre de 2015, sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE (2015/2635(RSP))
– Visto el marco jurídico establecido por el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 21, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 y 52, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular sus artículos 6, 8, 9, 10 y 13, y la jurisprudencia de los tribunales europeos en materia de seguridad, privacidad y libertad de expresión,
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(1) (en adelante, «la Resolución»),
– Visto el documento de trabajo, de 19 de enero de 2015, sobre el seguimiento de la investigación por parte de la comisión LIBE sobre la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE (2),
– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de abril de 2015, sobre vigilancia masiva,
– Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE (O-000114/2015 – B8-0769/2015 y O-000115/2015 – B8-0770/2015),
A. Considerando que, en la Resolución, el Parlamento pedía a las autoridades estadounidenses y a los Estados miembros que prohíban las actividades de vigilancia masiva generalizada y el tratamiento masivo de datos personales de ciudadanos, y denunciaba las supuestas actividades de los servicios de inteligencia que afectan gravemente a la confianza y a los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE; que la Resolución señalaba la posible existencia de otros motivos, tales como el espionaje político y económico, teniendo en cuenta la capacidad de los programas de vigilancia masiva denunciados;
B. Considerando que, mediante la Resolución, se puso en marcha un «Habeas corpus digital europeo – proteger los derechos fundamentales en una era digital», que incluye ocho acciones específicas, y se encargó a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que abordara en el plazo de un año esta cuestión con el Parlamento a fin de evaluar el grado de seguimiento de las recomendaciones;
C. Considerando que en el documento de trabajo de 19 de enero de 2015 se informaba de los avances desde la adopción de la Resolución, cuando sigue el torrente de revelaciones sobre presuntas actividades de vigilancia electrónica masiva, y sobre el estado de aplicación del «Habeas corpus digital europeo» propuesto, que indica la limitada respuesta de las instituciones, los Estados miembros y las partes interesadas a quienes se pidió que actuaran;
D. Considerando que, en la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión y demás instituciones, órganos, agencias y organismos de la UE que intervinieran a partir de las recomendaciones, sobre la base del artículo 265 del TFUE («omisión»);
E. Considerando que Wikileaks reveló recientemente que las comunicaciones de los últimos tres presidentes franceses, así como de ministros del Gobierno francés y del embajador francés ante los Estados Unidos, habían sido objeto de una vigilancia específica; y que este espionaje a gran escala de las estrategias y las actividades económicas en los últimos diez años ha sido realizado por la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de los EE.UU. y se ha centrado en todas las estructuras del Estado francés y las empresas francesas más importantes;
F. Considerando que en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión se señala que el cifrado y el anonimato brindan la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión en la era digital; y que en dicho Informe también se señala que las restricciones al cifrado y el anonimato deben limitarse estrictamente de conformidad con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad del objetivo;
1. Celebra las investigaciones del Bundestag alemán, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas y el Senado brasileño, los debates en varios Parlamentos nacionales y el trabajo de numerosos agentes de la sociedad civil, que han contribuido a aumentar la conciencia general sobre la vigilancia electrónica masiva;
2. Pide a los Estados miembros de la UE que retiren los cargos penales que hubiere contra Edward Snowden y le ofrezcan protección e impidan, por lo tanto, su extradición o entrega por terceras partes, en reconocimiento de su condición de denunciante de irregularidades y defensor de los derechos humanos internacionales;
3. Expresa, sin embargo, su profunda decepción por la falta generalizada de sentido de urgencia y de voluntad demostrada por la mayoría de Estados miembros y las instituciones de la UE a la hora de abordar seriamente las cuestiones planteadas en la Resolución y de aplicar las recomendaciones concretas que contenía, además de por la falta de transparencia y de diálogo con el Parlamento;
4. Expresa su preocupación por algunas de las leyes recientes de algunos Estados miembros que amplían las capacidades de vigilancia de los organismos de inteligencia, entre ellas, la nueva Ley sobre los servicios de inteligencia adoptada el 24 de junio de 2015 en Francia por la Asamblea Nacional francesa, que contiene varias disposiciones que, a juicio de la Comisión, suscitan importantes interrogantes jurídicos; la adopción, en el Reino Unido, de la Ley relativa a la retención de datos y los poderes en materia de investigación, de 2014, y la posterior resolución judicial según la cual determinados artículos de la misma eran ilegales y debían dejar de aplicarse; y, en los Países Bajos, las propuestas de nuevos actos legislativos con miras a la actualización de la Ley sobre Inteligencia y Seguridad, de 2002; reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que garanticen que sus marcos legislativos y mecanismos de control, tanto actuales como futuros, aplicables a las actividades de los servicios de inteligencia sean conformes a las normas contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en toda la legislación pertinente de la Unión;
5. Acoge con satisfacción la investigación llevada a cabo por el Bundestag alemán sobre la vigilancia masiva; expresa su profunda preocupación a la vista de las revelaciones sobre una vigilancia masiva de las telecomunicaciones y del tráfico en internet en la Unión efectuada por el Servicio alemán de espionaje (BND), en colaboración con la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de los EE.UU.; considera que esto supone una violación del principio de cooperación leal recogido en el artículo 4, apartado 3, del TUE;
6. Solicita a su Presidente que pida al Secretario General del Consejo de Europa que inicie el procedimiento del artículo 52, en virtud del cual «si se lo solicita el Secretario General del Consejo de Europa, cualquier Alta Parte Contratante debe explicar cómo garantiza su legislación interna la eficaz implementación de cualquiera de las disposiciones del Convenio»;
7. Considera que, hasta el momento, la reacción de la Comisión respecto de la Resolución es muy insatisfactoria teniendo en cuenta la magnitud de las revelaciones; pide a la Comisión que actúe respecto a los llamamientos contenidos en la Resolución a más tardar en diciembre de 2015; se reserva el derecho de iniciar un procedimiento por omisión o de destinar a la reserva determinados recursos presupuestarios de la Comisión hasta que se hayan abordado correctamente todas las recomendaciones;
8. Destaca la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 8 de abril de 2014, por la que se declara inválida la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos; recuerda que el Tribunal estipuló que la injerencia de este instrumento con el derecho fundamental a la intimidad debe limitarse a lo estrictamente necesario; destaca que esta sentencia presenta un nuevo aspecto, y es que el Tribunal de Justicia hace referencia explícita a una jurisprudencia específica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión de «los programas generales de vigilancia» y ha incorporado ahora adecuadamente los mismos principios, que se derivan de esa jurisprudencia particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la legislación de la UE en este mismo ámbito; señala que cabe, por lo tanto, esperar que en el futuro el Tribunal de Justicia también aplique el mismo razonamiento cuando evalúe la validez, con arreglo a la Carta, de otros actos legislativos de la UE y los Estados miembros en este mismo ámbito de «programas generales de vigilancia»;
Paquete de protección de datos
9. Acoge con satisfacción el inicio de negociaciones interinstitucionales informales sobre el proyecto de Reglamento general de protección de datos así como la adopción, por parte del Consejo, de una orientación general sobre el proyecto de Directiva sobre protección de datos; reitera su intención de concluir las negociaciones sobre el Paquete de medidas sobre protección de datos en 2015;
10. Recuerda al Consejo su compromiso de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus enmiendas a las propuestas de la Comisión; reitera, en especial, que el nivel de protección ofrecido no debe ser inferior al que se había fijado ya en la Directiva 95/46/CE;
11. Destaca que tanto el Reglamento de protección de datos como la Directiva sobre protección de datos son necesarios para proteger los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, ambos deben tratarse como un paquete que se ha de adoptar de manera simultánea, con el fin de garantizar que todas las actividades de tratamiento de datos en la UE ofrecen un elevado nivel de protección en todas las circunstancias; subraya que el objetivo de reforzar los derechos y la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales debe cumplirse al adoptar el paquete;
Acuerdo marco UE-EE.UU.
12. Observa que, desde la aprobación de la Resolución, se han concluido las negociaciones con los EE.UU. sobre el acuerdo marco UE-EE.UU. relativo a la protección de datos personales transferidos y tratados con fines coercitivos (en adelante, el «Acuerdo marco») y que se ha rubricado el proyecto de acuerdo;
13. Se congratula de los esfuerzos de la Administración estadounidense para restablecer la confianza a través del Acuerdo marco, y celebra especialmente el hecho de que la Cámara de Representantes aprobara la Ley de Recurso Judicial de 2015 el 20 de octubre de 2015, lo que pone de manifiesto los considerables y positivos esfuerzos realizados por los Estados Unidos para responder a las preocupaciones de la UE; considera de vital importancia garantizar, en las mismas circunstancias, los mismos derechos a un recurso judicial efectivo para los ciudadanos de la UE y las personas cuyos datos sean tratados en la UE y transferidos a los EE. UU., sin discriminación alguna entre ciudadanos de la UE y de los EE.UU., y pide al Senado de los EE.UU. que apruebe una legislación que lo garantice; subraya que la adopción de la Ley de Recurso Judicial por el Congreso de los EE.UU. es uno de los requisitos para la firma y la celebración del Acuerdo marco;
14. Recuerda que, en la Resolución, se pide la inmediata suspensión de la Decisión de puerto seguro, pues no ofrece una adecuada protección de los datos personales a los ciudadanos de la UE;
15. Recuerda que los acuerdos internacionales celebrados por la UE prevalecen sobre el Derecho derivado de la UE, y destaca, por lo tanto, la necesidad de garantizar que el acuerdo marco no limite los derechos y las garantías en materia de datos que se aplican a la transferencia de datos de conformidad con la legislación de la UE; insta, por lo tanto, a la Comisión a que evalúe pormenorizadamente hasta qué punto interferiría e incidiría exactamente este acuerdo marco en el marco jurídico sobre la protección de datos de la UE en particular en la actual decisión marco del Consejo, la Directiva sobre protección de datos (95/46/CE) y la directiva y el reglamento futuros sobre la protección de datos respectivamente; pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe de evaluación jurídica al respecto antes de que se inicie el procedimiento de ratificación;
16. Recuerda que la Comisión dedicó trece recomendaciones a los EE.UU. en sus comunicaciones de 27 de noviembre de 2013 sobre el funcionamiento del puerto seguro, con objeto de garantizar un nivel adecuado de protección;
17. Se congratula de que el TJUE, en su sentencia de 6 de octubre de 2015, declarara no válida la Decisión de adecuación 2000/520/CE de la Comisión sobre el régimen de puerto seguro de los EE.UU.; subraya que dicha sentencia ha confirmado la posición inveterada del Parlamento con respecto a la falta de un nivel adecuado de protección de que adolecía este instrumento; pide a la Comisión que adopte inmediatamente las medidas necesarias para garantizar que todos los datos personales transferidos a los EE.UU. gocen de un nivel efectivo de protección que equivalga, en esencia, al que se garantiza en la UE;
18. Critica que el Parlamento no haya recibido ninguna comunicación formal de la Comisión acerca del estado de aplicación de las trece recomendaciones, pese al anuncio de esta de que lo haría a más tardar para el verano de 2014; subraya que, tras la resolución del TJUE de invalidar la Decisión 2000/520/CE, ahora urge que la Comisión facilite una actualización pormenorizada de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha y de la incidencia de la sentencia en las negociaciones subsiguientes que se anunciaron; pide a la Comisión que reflexione inmediatamente acerca de alternativas al régimen de puerto seguro y acerca de la incidencia de la sentencia en otros instrumentos para la transferencia de datos personales a los EE.UU., y que informe al Parlamento al respecto antes de finales de 2015;
19. Insta a la Comisión a que evalúe el impacto y las repercusiones jurídicas de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015, en el asunto Schrems (C-362/14) en el caso de cualquier acuerdo con terceros países que permita la transferencia de datos personales, por ejemplo el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP), los acuerdos sobre el registro del nombre de los pasajeros (PNR), el acuerdo marco UE-EE.UU. y otros instrumentos de la legislación de la UE que conllevan la recogida y el tratamiento de datos personales;
20. Respeta plenamente el hecho de que los Parlamentos nacionales gozan de plenos poderes de control de los servicios de inteligencia nacionales y, al mismo tiempo, hace un llamamiento a todos los Parlamentos nacionales que aún no lo hayan hecho para que efectúen una evaluación pormenorizada y establezcan un control coherente de las actividades de inteligencia y garanticen que los comités u organismos de control en cuestión dispongan de suficientes recursos, pericia técnica y medios legales, así como de acceso a todos los documentos pertinentes para poder supervisar de manera efectiva e independiente los servicios de inteligencia y los intercambios de información con otros servicios de inteligencia extranjeros; reitera su compromiso de cooperar estrechamente con los Parlamentos nacionales, a fin de velar por la existencia de unos mecanismos de control eficaces, también mediante el intercambio de mejores prácticas y compartiendo normas comunes;
21. Expresa su intención de llevar un seguimiento de la Conferencia sobre el control democrático de los servicios de inteligencia en la Unión Europea de los días 28 y 29 de mayo de 2015, y de seguir esforzándose por garantizar la puesta en común de mejores prácticas en lo que respecta al control de los servicios de inteligencia, en estrecha coordinación con los Parlamentos nacionales; acoge con satisfacción las observaciones finales conjuntas de los copresidentes de esta conferencia, en las que declaran su intención de convocar una conferencia de seguimiento de aquí a dos años;
22. Considera que debe prestarse apoyo a los instrumentos de cooperación existentes entre los organismos de control, por ejemplo la European Network of National Intelligence Reviewers (Red Europea de Órganos de Examen Nacionales - ENNIR), y que debe incrementarse su uso, posiblemente mediante la utilización del potencial de IPEX para el intercambio de información entre los Parlamentos nacionales, de conformidad con su ámbito y capacidad técnica;
23. Pide una vez más que se suspenda el Acuerdo sobre el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP);
24. Hace hincapié en que es precisa una definición de «seguridad nacional» común para la UE y sus Estados miembros al objeto de garantizar la seguridad jurídica; señala que la falta de una definición clara posibilita que existan casos de arbitrariedad y abuso de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho por parte de órganos ejecutivos y servicios de inteligencia en la UE;
25. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan disposiciones de caducidad y de prórroga en la legislación que permite la recopilación de datos personales o la vigilancia de ciudadanos europeos; hace hincapié en que dichas disposiciones constituyen garantías fundamentales a fin de asegurar que se controla periódicamente la necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática de un instrumento que invade la vida privada;
26. Hace hincapié en que el buen estado de las relaciones entre la UE y los EE.UU. sigue siendo de vital importancia para ambos socios; observa que las revelaciones sobre la vigilancia han socavado el apoyo popular a estas relaciones y subraya la necesidad de adoptar medidas para garantizar la recuperación de la confianza, en particular ante la acuciante necesidad actual de cooperación en gran cantidad de cuestiones geopolíticas de interés común; subraya, en este contexto, que los EE.UU. y la UE han de alcanzar una solución negociada global que respete los derechos fundamentales;
27. Se felicita por las recientes resoluciones legislativas y judiciales adoptadas en los EE.UU. para limitar la vigilancia masiva por parte de la ANS, tales como la adopción sin enmiendas de la USA Freedom Act (Ley sobre libertades de los EE.UU.) en el Congreso estadounidense, a raíz de un compromiso bicameral y bipartidista, y la sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito sobre el programa de recopilación de grabaciones telefónicas de la NSA; lamenta, sin embargo, que estas resoluciones se centren principalmente en los ciudadanos estadounidenses, mientras que la situación de los ciudadanos de la UE no ha variado;
28. Considera que cualquier decisión sobre el uso de tecnologías de vigilancia debe basarse en una evaluación exhaustiva de su necesidad y proporcionalidad; acoge con satisfacción los resultados del proyecto de investigación Surveille, que ofrece una metodología para la evaluación de tecnologías de vigilancia que tiene en cuenta aspectos jurídicos, éticos y tecnológicos;
29. Hace hincapié en que la UE debería contribuir al desarrollo de normas y principios internacionales a nivel de las Naciones Unidas, en consonancia con su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al objeto de establecer un marco mundial en materia de protección de datos que contenga limitaciones especiales para la recopilación de estos con fines de seguridad nacional;
30. Tiene la convicción de que la única manera de prevenir una carrera armamentística en materia de vigilancia es implantando normas creíbles a escala mundial;
31. Se felicita por las iniciativas del sector de las TIC privado para desarrollar soluciones de seguridad criptográfica y servicios de internet que mejoren la protección de la vida privada; anima a que se sigan desarrollando configuraciones sencillas de las aplicaciones que ayuden a los clientes a gestionar qué información comparten, con quién y cómo; observa que varias empresas han asimismo anunciado su intención de permitir el cifrado de extremo a extremo a raíz de las revelaciones sobre vigilancia masiva;
32. Insiste en que, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE, «los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios, para la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y alojamiento, una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas»; recuerda, en particular, que el TJUE, en las sentencias C-360/10 y C-70/10, desestimó las medidas de «supervisión activa» de la práctica totalidad de los usuarios de los servicios afectados (proveedores de acceso a internet en un caso, red social en el otro) y precisó que está prohibida cualquier medida que imponga a dicho prestador de servicios de alojamiento de datos una supervisión general;
33. Se felicita por la publicación, por parte de empresas de tecnologías de la información y de telecomunicaciones, de informes de transparencia sobre las peticiones de los gobiernos relacionadas con los datos de los usuarios; pide a los Estados miembros que publiquen estadísticas de las solicitudes cursadas por ellos a empresas privadas en relación con información privada sobre usuarios;
El Acuerdo TFTP
34. Expresa su decepción por el hecho de que la Comisión hiciera caso omiso de la petición clara por parte del Parlamento de suspensión del acuerdo TFTP, provocada por la falta de información clara que permitiera dilucidar si otro organismo gubernamental de los Estados Unidos había accedido a los datos SWIFT al margen del TFTP; tiene la intención de tener esto en cuenta a la hora de decidir si da o no su aprobación a futuros acuerdos internacionales;
Otros intercambios de datos personales con terceros países
35. Insiste en su postura de que, en todos los acuerdos, mecanismos y decisiones sobre el carácter adecuado de la protección relativos al intercambio de datos personales con terceros países, es necesario que la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, ejerza un control riguroso y adopte medidas de seguimiento con carácter inmediato;
36. Se felicita por la Declaración de Riga de la UE y los EE.UU., de 3 de junio de 2015, sobre la intensificación de la cooperación transatlántica en materia de libertad, seguridad y justicia, en la que los signatarios se comprometieron a mejorar la aplicación del Acuerdo de Asistencia Judicial Mutua entre la UE y EE.UU. (MLAT), concluir su revisión tal como prevé el Acuerdo, y organizar seminarios para debatir dichos asuntos con las autoridades nacionales competentes; subraya que los acuerdos MLAT son el instrumento sobre cuya base las autoridades policiales de los Estados miembros deben cooperar con las autoridades de terceros países; pide, a este respecto, a los Estados miembros y al Gobierno de los EE.UU. que cumplan los compromisos citados anteriormente con miras a concluir con rapidez la revisión del MLAT entre la UE y EE.UU.;
37. Pide a la Comisión que informe al Parlamento antes de finales de 2015 tanto de las carencias constatadas en varios instrumentos de transferencia internacional de datos en cuanto al acceso por parte de las autoridades policiales y los servicios de inteligencia de terceros países, como de las posibilidades disponibles para subsanar dichas carencias, a fin de garantizar que los datos personales de la UE que se transfieren a terceros países sigan gozando del adecuado nivel de protección requerido;
Protección del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y mejor protección de los denunciantes de irregularidades y los periodistas
38. Considera que siguen peligrando los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y que no se ha hecho lo bastante para asegurar su plena protección en caso de vigilancia electrónica masiva; lamenta los escasos avances a la hora de garantizar la protección de los denunciantes de irregularidades y los periodistas;
39. Lamenta que muchos programas de inteligencia masiva y a gran escala parezcan estar manejados por los intereses económicos de las empresas que desarrollan y ejecutan dichos programas, como fue el caso que condujo a la finalización del programa «Thinthread», dirigido por la NSA, y su sustitución por el programa de vigilancia a gran escala «Trailblazer», que se subcontrató a SAIC en 2001;
40. Reitera su gran preocupación por los trabajos realizados en el seno del Consejo de Europa por el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia por lo que se refiere a la interpretación del artículo 32 del Convenio sobre Ciberdelincuencia de 23 de noviembre de 2001 (Convenio de Budapest) en lo concerniente al acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados con autorización o públicamente disponibles, y se opone a la conclusión de un protocolo adicional u orientación que pretenda ampliar el alcance de esta disposición más allá del actual régimen establecido por dicho Convenio, que ya constituye una importante excepción al principio de territorialidad dado que podría dar lugar al acceso remoto sin restricciones por parte de las autoridades policiales a servidores y ordenadores ubicados en otras jurisdicciones sin recurso a acuerdos de asistencia judicial mutua u otros instrumentos de cooperación judicial establecidos para garantizar los derechos fundamentales de la persona, incluida la protección de datos y las garantías procesales; resalta que la UE ha ejercido su competencia en el ámbito de la ciberdelincuencia y que, por lo tanto, deben respetarse las prerrogativas tanto de la Comisión como del Parlamento;
41. Lamenta que la Comisión no haya respondido a la solicitud del Parlamento de que realizara un examen en cuanto a un programa europeo global para la protección de denunciantes de irregularidades y pide a la Comisión que presente una comunicación al respecto para finales de 2016, a más tardar;
42. Acoge con satisfacción la Resolución aprobada el 23 de junio de 2015 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la mejora de la protección de los denunciantes de irregularidades, y en particular su punto 9, sobre la importancia de los denunciantes de irregularidades para asegurar el respeto a los límites legales impuestos a las operaciones de vigilancia, y su punto 10, donde pide a la UE que adopte legislación en materia de protección de los denunciantes de irregularidades que cubra también al personal de los servicios de seguridad nacional y de inteligencia, y de las empresas privadas que ejerzan su actividad en este campo, y que conceda asilo, en la medida de lo posible de conformidad con la legislación nacional, a los denunciantes de irregularidades amenazados con acciones de represalia en sus países de origen, siempre que sus revelaciones reúnan las condiciones necesarias para su protección en virtud de los principios defendidos por la Asamblea;
43. Hace hincapié en que la vigilancia masiva menoscaba gravemente el privilegio de confidencialidad profesional de profesiones reguladas, por ejemplo de médicos, periodistas y abogados; subraya en particular el derecho de los ciudadanos de la UE a ser protegidos contra cualquier vigilancia de las comunicaciones confidenciales con sus abogados, que violaría la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular sus artículos 6, 47 y 48, así como la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado; pide a la Comisión que presente una comunicación sobre la protección de las comunicaciones confidenciales en las profesiones con una prerrogativa de secreto profesional en la relación entre cliente y abogado, para finales de 2016, a más tardar;
44. Pide a la Comisión que prepare unas orientaciones para los Estados miembros sobre cómo adecuar cualquier herramienta de recopilación de datos personales con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos, incluido el terrorismo, a las sentencias del TJUE de 8 de abril de 2014 sobre conservación de datos (Asuntos C-293/12 y C-594/12) y de 6 de octubre de 2015 sobre puerto seguro (Asunto C-362/14); destaca especialmente los apartados 58 y 59 de la sentencia sobre conservación de datos y los apartados 93 y 94 de la sentencia sobre puerto seguro, donde se demanda claramente un enfoque específico y no global para la recopilación de datos;
45. Destaca que la jurisprudencia más reciente, y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014 sobre conservación de datos, establece claramente como requisito legal la demostración de la necesidad y proporcionalidad de cualquier medida que conlleve la recogida y el uso de datos personales que pudieran interferir en el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos; considera lamentable que determinadas consideraciones políticas socaven con frecuencia el cumplimiento de estos principios legales en el proceso de toma de decisiones; pide a la Comisión que, como parte del programa para la mejora de la legislación, vele por que legislación sea de gran calidad, respete toda la normativa jurídica y la jurisprudencia y sea conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; recomienda que la evaluación de impacto de todas las medidas policiales y de seguridad que conlleven el uso y la recogida de datos personales incluyan siempre una prueba sobre la necesidad y proporcionalidad;
Estrategia europea para una mayor independencia informática
46. Manifiesta su decepción por la falta de medidas provenientes de la Comisión para dar seguimiento a las recomendaciones detalladas formuladas en la Resolución al objeto de aumentar la protección de la vida privada en línea y la seguridad informática en la UE;
47. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas hasta la fecha para el refuerzo de la seguridad informática del Parlamento, recogidas en el plan de acción sobre seguridad de las TIC en el PE preparado por la DG de Innovación y Asistencia Tecnológica; pide que se persista en estas acciones y que se pongan en práctica de forma completa y sin dilación las recomendaciones que se formulan en la Resolución; pide que se propongan ideas nuevas y, en caso necesario, cambios legislativos en el ámbito de la contratación pública, a fin de mejorar la seguridad informática de las instituciones de la UE; pide la sustitución sistemática en todas las instituciones de la UE de los programas informáticos propietarios por programas de código abierto auditables y verificables, la introducción de unos criterios de selección de código abierto obligatorios en todas las licitaciones de TIC futuras, y la disponibilidad de instrumentos de cifrado de forma eficaz;
48. Reitera enérgicamente su petición de que se elabore, en el marco de otras nuevas iniciativas como el mercado único digital, una estrategia europea para una mayor independencia informática y protección de la vida privada en línea, que potenciaría la industria informática en la UE;
49. Expresa su intención de presentar más recomendaciones sobre este tema después de la celebración de su conferencia titulada «Protección de la privacidad en línea mediante el refuerzo de la seguridad de las TI y la autonomía de la UE con respecto a ellas», prevista para finales de 2015, que desarrollará las conclusiones del reciente estudio de STOA sobre la vigilancia masiva de los usuarios de las tecnologías de la información;
Gobernanza democrática y neutral de internet
50. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de hacer de la UE un actor de referencia para la gobernanza de internet, así como su planteamiento de un modelo de gobernanza de internet basado en múltiples partes interesadas, tal como se insistió en la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet (NETMundial), celebrada en Brasil en abril de 2014; espera con interés los resultados de la labor internacional en curso en este ámbito, como la llevada a cabo en el marco del Foro para la Gobernanza de Internet;
51. Advierte contra la evidente espiral restrictiva del derecho fundamental a la privacidad y la protección de los datos personales que se produce cuando todo bit de información sobre el comportamiento humano se considera potencialmente útil para la lucha contra futuros actos delictivos, lo que conduce necesariamente a una cultura de la vigilancia masiva en la que cada ciudadano es tratado como un posible sospechoso, y a un deterioro de la cohesión social y de la confianza;
52. Afirma su intención de tener en cuenta las conclusiones de la investigación en profundidad de la Agencia de Derechos Fundamentales sobre la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la vigilancia y, en especial, sobre la situación jurídica actual de los ciudadanos por lo que respecta a los recursos de que disponen en relación con las prácticas en cuestión;
53. Encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que siga observando la evolución en este ámbito y el seguimiento dado a las recomendaciones formuladas en la Resolución;
54. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.
(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230.
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de octubre de 2015, sobre una recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (2015/2820(RSP))
– Vista la propuesta de la Comisión, de 17 de septiembre de 2015, de una recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (COM(2015)0462),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015» (COM(2014)0902),
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015(1),
– Vistas las Conclusiones de la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, de 9 de marzo de 2015, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 e Informe Conjunto sobre el Empleo: orientación política sobre políticas sociales y de empleo(2),
– Vista su Posición, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros(3),
– Visto el Informe especial n.° 3/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»,
– Visto el informe de la European Social Policy Network (Red Europea de Política Social, ESPN) titulado «Apoyo integrado a los parados de larga duración: un estudio de las políticas nacionales (2015)»,
– Vista la pregunta al Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (O-000121/2015 – B8-1102/2015),
– Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,
A. Considerando que, debido a la crisis económica y sus consecuencias, el desempleo de larga duración se ha multiplicado por dos desde 2007 y representa la mitad del desempleo total, es decir, más de 12 millones de personas, lo que supone el 5 % de la población activa de la UE; que en 2014 más del 60 % de los desempleados de larga duración llevaban al menos dos años consecutivos sin encontrar trabajo;
B. Considerando que la tasa de desempleo de larga duración varía considerablemente entre los Estados miembros y oscila entre el 1,5 % en Austria y el 19,5 % en Grecia; que los Estados miembros con las mayores tasas de desempleo de larga duración son Italia, Portugal, Eslovaquia, Croacia, España y Grecia; que la recuperación económica debe cobrar aliento, ya que actualmente no ofrece suficiente impulso para reducir significativamente las elevadas tasas de desempleo estructural;
C. Considerando que la no inscripción de una gran parte de los desempleados de larga duración y los defectos metodológicos de la recopilación de datos hacen que las estadísticas oficiales subestimen la gravedad de la situación;
D. Considerando que el desempleo de larga duración conduce a menudo a la pobreza, a desigualdades y a la exclusión social, y afecta de manera desproporcionada a las personas vulnerables que se encuentran en una situación de desventaja en el mercado laboral;
E. Considerando que el desempleo de larga duración aleja progresivamente a las personas del mercado laboral debido a la erosión de sus competencias y de sus redes profesionales y a la pérdida del ritmo de trabajo, y que puede conducir a una espiral de desvinculación de la sociedad, a tensiones domésticas y a sentimientos de alienación; que cada año uno de cada cinco desempleados de larga duración se desmoraliza y se sume en la inactividad como consecuencia de sus infructuosos esfuerzos en busca de empleo;
F. Considerando que las consecuencias del desempleo de larga duración son especialmente graves en los hogares sin empleo y conducen a menudo a un bajo nivel educativo, a la desvinculación del «mundo del trabajo», al aumento de los problemas psicológicos y sanitarios, a la exclusión social y, en el peor de los casos, a la transmisión de la pobreza de una generación a otra;
G. Considerando que los periodos de desempleo de larga duración tienen a menudo consecuencias negativas a largo plazo para las perspectivas de empleo, la progresión en la carrera, los perfiles salariales y las pensiones («efectos permanentes»);
H. Considerando que el desempleo de larga duración tiene enormes costes sociales, debido a la pérdida de calificaciones y al aumento de los gastos sociales, además de los gastos no monetarios derivados del hecho de que un gran número de personas pierden su autoestima y no desarrollan su potencial personal, y de la pérdida de cohesión social;
I. Considerando que la persistencia de elevados niveles de desempleo de larga duración pone en peligro los esfuerzos para alcanzar los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020, como son que el 75 % de las personas de entre 20 y 64 años tengan empleo y que se reduzca en al menos 20 millones el número de personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de caer en ellas;
J. Considerando que la conservación de las competencias en caso de pérdida del empleo, junto con una educación, una formación y una recalificación que anticipen las futuras necesidades de competencias, es un elemento importante para evitar y solucionar el desempleo de larga duración;
K. Considerando que la presente recomendación tiene similitud con la Garantía Juvenil; que deben extraerse lecciones de las experiencias iniciales obtenidas en la aplicación de la Garantía Juvenil;
1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de proponer una recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral; subraya que una presentación más temprana de la propuesta, y un acuerdo en el Consejo, podría haber evitado parte del desempleo a largo plazo que se observa en la actualidad; expresa su preocupación por el hecho de que una recomendación del Consejo podría no ser suficiente para corregir rápidamente la situación de los desempleados de larga duración, y anima a los Estados miembros a que tomen medidas al respecto;
2. Apoya los tres componentes principales de la propuesta: i) la intensificación ambiciosa del registro de los desempleados de larga duración en los servicios de empleo, apuntando a una cobertura plena; ii) la evaluación del potencial, las necesidades y las preferencias de empleo individuales de los desempleados de larga duración antes de que cumplan 18 meses de desempleo; y iii) la oferta de un acuerdo de integración laboral a medida, equilibrado y comprensible entre los desempleados de larga duración y los servicios interesados, a más tardar cuando aquellos hayan alcanzado los 18 meses de desempleo; subraya, no obstante, que debe realizarse una evaluación individual antes de que el interesado cumpla 12 meses de desempleo a fin de que el acuerdo de integración laboral pueda materializarse antes de que alcance los 18 meses de desempleo; insiste en que el enfoque en tres fases no debe dejar de integrar en todo el proceso, en su caso, a los actores no estatales, como las ONG del sector social que trabajan con desempleados de larga duración;
3. Subraya la necesidad de llegar a todos los desempleados de larga duración, incluidos los que no están registrados, y no solo a los que lleven desempleados 18 meses o más; considera vital que las políticas de los Estados miembros orientadas al desempleo de corta duración (&lt; 12 meses) y al desempleo juvenil (entre ellas, la Garantía Juvenil) se adapten perfectamente a las políticas destinadas a luchar contra el desempleo de larga duración;
4. Respalda la petición de una cooperación estrecha entre todas las partes implicadas en la reintegración de los desempleados de larga duración (incluidas, en su caso, las organizaciones de la sociedad civil) y una coordinación eficaz de todas ellas y la creación de ventanillas únicas en las que los desempleados tengan como interlocutor a un solo gestor de su expediente profesional («ventanilla única»), sin que este esfuerzo de reintegración se vea perturbado en caso de modificación del régimen de prestaciones del que se beneficie la persona desempleada;
5. Subraya la necesidad de un enfoque individualizado en la evaluación de las aptitudes y las necesidades de los desempleados de larga duración en lo que respecta a su reinserción en el mercado laboral, enfoque que debe respetar los derechos existentes, y tener en cuenta su situación personal en un sentido más amplio y todas las necesidades conexas; destaca la necesidad de contar con suficiente personal altamente cualificado y capaz de ofrecer un enfoque individual al heterogéneo grupo de los desempleados de larga duración;
6. Toma nota de la recomendación de presentar por escrito un «acuerdo de integración laboral» comprensible que detalle los respectivos derechos y responsabilidades tanto de las personas desempleadas como de las autoridades, representadas por el gestor del expediente, y que fije, por tanto, unas expectativas claras para todas las partes implicadas sea justo para el desempleado y respete sus cualificaciones personales y sus derechos como trabajador; pide que este acuerdo se actualice regularmente;
7. Considera fundamental que los programas para la reinserción de los parados de larga duración estén adaptados a las necesidades del mercado laboral y se formulen en estrecha cooperación con los interlocutores sociales; insta a los Estados miembros a que alienten a los empleadores, también en el espíritu de la responsabilidad social de las empresas, a comprometerse activamente a ofrecer oportunidades de empleo a los desempleados de larga duración, y, en su caso, a designar tutores para facilitar la reinserción sin problemas de los desempleados de larga duración en el mundo laboral; pide que los servicios de empleo de los Estados miembros ayuden a las pymes facilitando dicha función tutorial; recuerda que los desempleados de larga duración no solo necesitan puestos de trabajo sino también una orientación general y una preparación para su reincorporación con éxito al mercado de trabajo;
8. Pide a los Estados miembros que igualen la financiación de sus políticas nacionales por la UE —en particular a través del Fondo Social Europeo— con el fin de combatir el desempleo de larga duración con una financiación nacional adecuada; hace hincapié en que las limitaciones presupuestarias a las que se enfrentan algunos Estados miembros (especialmente los sometidos a programas de ajuste económico) no deben impedir la rápida aplicación de la recomendación; pide a la Comisión que estudie las posibilidades de acceso rápido a la financiación de la UE y, en la medida de lo posible, que movilice recursos adicionales, como se hizo en el caso de la Iniciativa de Empleo Juvenil; destaca la necesidad, en una serie de Estados miembros, de asignar financiación adecuada a la mejora de la capacidad administrativa de los servicios de empleo;
9. Pide, en particular, que se mejoren las capacidades financieras y administrativas de los servicios públicos de empleo con objeto de garantizar que puedan desempeñar una función clave en la aplicación de esta propuesta;
10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la manera de apoyar programas específicos de formación en el lugar de trabajo, así como el desarrollo de empresas y planes de inversión que han creado empleo sostenible de calidad para los desempleados de larga duración;
11. Hace hincapié en que, para la aplicación efectiva de la recomendación, es fundamental una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, y, a nivel nacional, entre los interlocutores sociales (sectoriales), las organizaciones de la sociedad civil que representan a los desempleados, los entes locales y regionales, los servicios de empleo públicos y privados, los proveedores de asistencia sanitaria y social, y los centros educativos y de formación locales y regionales, así como la participación activa de los empleadores para comprender mejor los requisitos y necesidades de las empresas;
12. Recuerda su posición relativa a la decisión del Consejo sobre unas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, en la que insiste en la necesidad de medidas específicas para proteger a los desempleados de larga duración de la exclusión social y para reincorporarlos al mercado laboral con el debido respeto de los Tratados;
13. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta las diferencias regionales, incluidas las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, cuando elaboren su estrategia nacional para combatir el desempleo de larga duración;
14. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer, a través del Semestre Europeo y de la Comisión de Empleo, una vigilancia multilateral de la aplicación de la recomendación; insiste en que esta vigilancia debe ser concienzuda y, en caso necesario, complementarse con instrucciones en las recomendaciones específicas por país de los Estados miembros; insta a la Comisión a que facilite los procesos de aprendizaje mutuo que reúnen a los Estados miembros que tienen elevadas tasas de desempleo de larga duración y a los que han logrado reincorporar rápidamente a los desempleados (de larga duración) a sus mercados laborales;
15. Pide a los ministros de Empleo y Asuntos Sociales que estudien las aportaciones del Parlamento antes de llegar a un acuerdo sobre la recomendación;
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0068.
(2) Documento del Consejo 6147/15.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0261
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de octubre de 2015, sobre el uso seguro de los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS), comúnmente conocidos como vehículos aéreos no tripulados (UAV), en el ámbito de la aviación civil (2014/2243(INI))
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2014, titulada «Una nueva era de la aviación - Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible» (COM(2014)0207),
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 4, apartado 2, letra g), su artículo 16 y el título VI,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,
– Visto el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Una nueva era de la aviación - Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible»,
– Visto el informe final del Grupo Director del RPAS europeo titulado «Roadmap for the Integration of Civil Remotely Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System» (Hoja de ruta para la integración de los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS) en el sistema europeo de aviación),
– Vista la declaración de Riga sobre las aeronaves pilotadas de forma remota (drones) titulada «Un marco para el futuro de la aviación»,
– Visto el informe de la Cámara de los Lores titulado «Civilian Use of Drones in the EU» (Uso civil de los drones en la UE),
– Vista la propuesta de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) titulada «Concept of Operations for Drones - A risk based approach to regulation of unmanned aircraft» (Concepto de operaciones para drones - Enfoque basado en los riesgos con respecto a la reglamentación aplicable a los vehículos aéreos no tripulados),
– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0261/2015),
A. Considerando que, desde hace muchas décadas, los aficionados a la aviación han hecho volar modelos reducidos de aviones teledirigidos; que, en los últimos 15 años, la utilización de RPAS, comúnmente conocidos como UAV o drones, ha experimentado un rápido crecimiento; que, en particular, los RPAS de reducido tamaño, diseñados tanto para fines recreativos como de ocio, se han hecho cada vez más populares;
B. Considerando que esta tecnología, desarrollada en un primer momento para uso militar, se aplica actualmente con fines comerciales, lo cual entraña un desplazamiento de los límites legislativos; que, hoy en día, los RPAS utilizados en el ámbito profesional también ofrecen importantes beneficios para diferentes usos civiles cuyo valor añadido aumenta con la distancia entre el aparato y el piloto que lo controla (vuelos fuera del alcance visual); que dichos usos, extremadamente diversos y con potencial para seguir desarrollándose en el futuro, incluyen en particular las inspecciones de seguridad y el control de infraestructuras (vías ferroviarias, presas y centrales eléctricas), la evaluación de catástrofes naturales, las labores agrícolas de precisión (agricultura sostenible) y la producción mediática, la termografía aérea o incluso la entrega de paquetes en zonas aisladas; que se puede prever el desarrollo rápido de nuevas aplicaciones en un futuro próximo, lo que refleja la naturaleza innovadora y dinámica de la industria de los RPAS;
C. Considerando la capacidad de esta tecnología para sustituir al hombre en entornos peligrosos;
D. Considerando que existen dos categorías de uso de los RPAS, a saber, los RPAS de uso profesional y los de uso recreativo, y que estas dos categorías, diferentes por naturaleza, deben estar sujetas a distintos requisitos dentro de un mismo marco normativo de la UE;
E. Considerando que la legislación de la UE en vigor establece que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) es, en principio, la autoridad de certificación para los RPAS con una masa máxima de despegue de más de 150 kg; que los RPAS con una masa igual o inferior a 150 kg se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados miembros;
F. Considerando que existen o se están desarrollando normativas en materia de RPAS en Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España, Francia(1), Italia, Irlanda, Polonia, el Reino Unido(2) y la República Checa; que existen escuelas de vuelo autorizadas en Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos y que en estos últimos dos países ya hay más de 500 pilotos con licencia para RPAS;
G. Considerando que todas las normas en vigor en materia de RPAS en Europa están adaptadas a la evaluación del riesgo de seguridad operacional; que dichas normas se definen en función del operador, por lo que no adoptan el enfoque centrado en la aeronave usado en el caso de la aviación tripulada; que el riesgo no solo depende del tipo de aparato y sus características (peso, velocidad, etc.) , sino también de otros factores como la zona de vuelo, la altitud, la experiencia del operador y el tipo específico de operación así como la capacidad del operador para gestionar situaciones imprevistas;
H. Considerando que este sector tiene un inmenso potencial de crecimiento económico tanto para las grandes empresas como para la cadena de suministro compuesta por miles de pymes, así como por empresas emergentes innovadoras, potencial que abarca todo el arco de producción, desde los fabricantes hasta el usuario final; que resulta imperativo mantener unas normas operativas y unos niveles de exigencia reconocidos mundialmente en la fabricación de estos aparatos y promover al mismo tiempo el liderazgo europeo en este ámbito;
I. Considerando que, habida cuenta de la rápida evolución de este mercado, los RPAS se están integrando, con acierto, en los programas aeronáuticos ya existentes, como la Empresa Común SESAR para la investigación sobre la gestión del tránsito aéreo en el Cielo Único Europeo y Horizonte 2020; que el sector ya ha invertido importantes recursos financieros y se le animaría a invertir aún más si se facilitara el acceso de las pymes, mayoritarias en el sector, a la financiación; que una financiación adicional para investigación y desarrollo será fundamental para apoyar esta nueva industria, así como para la integración segura de los RPAS en el espacio aéreo;
J. Considerando que, incluso en esta primera fase, tanto los Estados miembros como el sector industrial y la propia Comisión Europea ya han reconocido el potencial que alberga este mercado y han insistido en subrayar que todo marco de actuación debe favorecer el crecimiento del sector europeo con miras a competir a escala mundial;
K. Considerando que este mercado emergente brinda importantes oportunidades en términos de inversión, de innovación y de creación de empleo a lo largo de toda la cadena de suministro y para el beneficio de la sociedad, sin olvidar que ha de protegerse el interés público, incluyendo especialmente cuestiones relacionadas con la intimidad, la protección de datos, la rendición de cuentas y la responsabilidad civil;
L. Considerando que, pese al potencial económico de los RPAS, el desarrollo de RPAS será uno de los retos más importantes del futuro en lo relativo a la seguridad de la industria de la aviación y a la seguridad y protección de las personas y de las empresas;
M. Considerando que corresponde a la Unión Europea elaborar cuanto antes un marco legislativo que regule exclusivamente el uso civil de los RPAS;
N. Considerando que el marco legislativo europeo debe permitir, por un lado, que el sector siga innovando y desarrollándose en las mejores condiciones posibles y, por otro, que los ciudadanos tengan la certeza de que tanto los bienes y las personas, como sus datos personales y su intimidad, gozan de una protección eficaz;
1. Señala que muchos consideran que los Estados Unidos representan el principal mercado para la utilización de los RPAS, si bien se trata de un uso centrado en las operaciones militares; subraya, no obstante, que Europa lidera el sector civil, con 2 500 operadores (400 en el Reino Unido, 300 en Alemania, 1 500 en Francia, 250 en Suecia, etc.) frente a 2 342 operadores en el resto del mundo, y que debe hacer todo lo posible por fomentar su firme postura competitiva;
2. Constata que Japón, por su parte, cuenta con un gran número de operadores de RPAS y con dos décadas de experiencia, especialmente en la utilización de estos sistemas en trabajos agrícolas de precisión, como la fumigación de los cultivos; recuerda que este país fue el primero en autorizar, a mediados de los años noventa, la utilización de esta tecnología en las actividades agrícolas, y que el número de operadores se multiplicó en pocos años;
3. Toma nota de que Israel cuenta con un sector de la fabricación muy dinámico, pero claramente especializado en el uso militar de los RPAS; destaca que un servicio de navegación aérea civil y militar integrado facilita actualmente la integración de esos sistemas en el espacio aéreo israelí;
4. Señala que Australia, China (donde se fabrican muchos de los RPAS de menor tamaño) y Sudáfrica forman parte de los otros 50 países que están desarrollando RPAS en la actualidad;
5. Insiste en que debe reconocerse la dimensión mundial de los RPAS y pide a la Comisión que lo tenga plenamente en cuenta;
La situación en los Estados miembros de la UE
6. Destaca que todos los Estados miembros desarrollan algún tipo de actividad en el ámbito de los RPAS, ya sea en relación con su fabricación o explotación;
7. Subraya que, a menos que se conceda una exención, las actividades de explotación solo son legales si existe una legislación nacional en vigor; recuerda que esto se basa en la norma de la OACI que dispone que todas las operaciones llevadas a cabo por vehículos aéreos no tripulados deben obtener una autorización específica(3);
8. Señala que la falta de una normativa armonizada a escala de la UE podría impedir el desarrollo de un mercado europeo de los RPAS, ya que las autorizaciones nacionales no suelen obtener el reconocimiento mutuo de los demás Estados miembros;
9. Considera que el sector de los RPAS reclama sin demora una normativa de ámbito europeo y mundial que garantice el desarrollo transfronterizo de dichos sistemas; considera que se requiere un marco jurídico europeo claro para garantizar la inversión y el desarrollo de un sector europeo de RPAS competitivo; subraya que, si no se toma ninguna medida con carácter urgente, se corre el riesgo de que el potencial económico y los efectos positivos de los RPAS no se vean plenamente realizados;
10. Subraya la importancia económica de este sector, así como la necesidad de políticas adecuadas para proteger la vida privada y garantizar la protección de datos, la seguridad y la protección, que sean proporcionadas respecto a su objetivo y que no constituyan una carga innecesaria para las pymes;
11. Considera que la pronta adopción de un marco europeo claro, eficaz y sólido podría impulsar el avance de las conversaciones relativas a la elaboración de unas normas mundiales sobre el uso de los drones;
12. Opina que esta futura legislación deberá distinguir claramente entre el uso profesional y el uso recreativo de los RPAS;
13. Destaca que la seguridad y la protección son elementos clave para las operaciones y normativas en materia de RPAS y que deben ser proporcionales a los riesgos; considera que el futuro marco regulador europeo debería adaptarse a los riesgos específicos relacionados con los vuelos fuera del alcance visual, sin que por ello se desincentive este tipo de vuelos;
14. Subraya que la protección de datos y la privacidad son clave para fomentar un apoyo amplio para el empleo de RPAS civiles, por lo que también resultan fundamentales a la hora de facilitar el crecimiento y la integración segura de los RPAS en la aviación civil, respetando estrictamente la Directiva 95/46/CE sobre protección de los datos personales, el derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el derecho a la protección de los datos de carácter general consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que, en el desarrollo de cualquier política de la UE sobre los RPAS, se incorporen garantías relativas a la privacidad y la protección de datos, de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad; pide, a este respecto, a la Comisión que fomente el establecimiento de normas sobre los conceptos de protección de la intimidad desde el diseño y de protección de la intimidad por defecto;
15. Se muestra de acuerdo con los cinco principios fundamentales del futuro desarrollo de los RPAS establecidos en la declaración de Riga, y los apoya plenamente;
– los sistemas RPAS deben considerarse nuevos tipos de aeronaves que reclaman una normativa proporcionada basada en el riesgo de cada operación caso por caso;
– es necesario desarrollar una normativa de la UE para la prestación segura de servicios RPAS que favorezca las inversiones del sector industrial;
– es necesario desarrollar las tecnologías y las normas que permitan la plena integración de los RPAS en el espacio aéreo europeo;
– la aceptación pública es un elemento fundamental para el crecimiento de los servicios asociados con los RPAS;
– la responsabilidad de las actividades de los RPAS recae en los operadores;
16. Insiste en que, a corto plazo, desde la perspectiva de la gestión del tráfico aéreo, ya se cuenta con procedimientos operativos que permiten a los RPAS volar fuera de zonas específicas y restringidas; recuerda que muchos RPAS civiles y militares vuelan en corredores aéreos específicos con un aumento de los criterios habituales de separación usados en el caso de las aeronaves tripuladas;
17. Destaca la importancia que revisten los vuelos fuera del alcance visual para el desarrollo del sector; considera que la legislación europea debe fomentar esta modalidad operativa;
18. Reconoce que el impacto de los RPAS en el tráfico de aeronaves tripuladas es limitado en vista del pequeño porcentaje de RPAS existentes en comparación con las aeronaves tripuladas; observa, no obstante, que las presiones asociadas a la gestión del tráfico aéreo pueden aumentar como consecuencia del incremento bienvenido del número de RPAS para fines deportivos y recreativos, que puede amenazar en determinados casos la seguridad del tráfico aéreo, por lo que pide que las autoridades competentes y la futura normativa de la UE tengan en cuenta este factor para garantizar de forma continuada un nivel eficiente de la gestión del tráfico aéreo en los Estados miembros;
19. Subraya que, a largo plazo, las soluciones técnicas y normativas deben, de preferencia, permitir a los RPAS utilizar el espacio aéreo junto a cualquier otro usuario de dicho espacio, sin que se impongan a este último nuevos requisitos de equipo; señala que hay un gran número de RPAS de reducido tamaño que vuelan por debajo de los 500 pies, a la misma altura que aeronaves tripuladas; subraya que, aunque los proveedores de servicios de navegación aérea no ofrecen servicios de gestión del tráfico aéreo a esta altitud, tienen la responsabilidad de suministrar suficiente información para que los dos tipos de aeronaves puedan compartir el mismo espacio aéreo; constata que Eurocontrol apoya a los Estados en la creación de un enfoque común de las cuestiones planteadas, así como en pos de la armonización siempre que sea posible;
20. Considera fundamental la cuestión de la identificación de los drones, con independencia de su tamaño; subraya que conviene aportar soluciones que tengan en cuenta el uso recreativo o comercial de los drones;
21. Considera que es necesario desarrollar un marco regulador europeo y global que resulte claro, armonizado y proporcionado sobre la base de una evaluación de riesgos, que evite la imposición de regulaciones desproporcionadas para las empresas susceptibles de mermar las inversiones y la innovación en el sector de los RPAS, que al mismo tiempo brinde una protección adecuada a los ciudadanos y cree puestos de trabajo sostenibles e innovadores; considera que una evaluación de riesgos exhaustiva debe basarse en el «concepto de operaciones» establecido por la AESA y debe tener en cuenta las características de los RPAS (peso, ámbito de operaciones, velocidad) y la naturaleza de su uso (recreativo o profesional); opina que este marco debe inscribirse en una perspectiva a largo plazo que contemple las posibles evoluciones y variantes de estas tecnologías en el futuro;
22. Apoya la intención de la Comisión de eliminar el umbral de 150 kg y de sustituirlo por un marco reglamentario coherente y exhaustivo para la UE, que permita que las autoridades nacionales competentes, los organismos cualificados o las asociaciones asuman actividades de validación y supervisión; considera que la proporcionalidad de las normas debe complementarse con la flexibilidad necesaria para los procesos y los procedimientos;
23. Considera que el presupuesto de la AESA deberá tener en cuenta la evolución de las competencias de la Agencia en materia de RPAS con el fin de que esta pueda desempeñar las funciones que le han sido encomendadas;
24. Pide a la Comisión que vele por que, en el desarrollo de cualquier política de la UE sobre los RPAS, se incorporen garantías relativas a la protección de la vida privada y de los datos incluyendo entre los requisitos mínimos la obligación de realizar evaluaciones de impacto y de proteger la vida privada, desde el diseño y por defecto;
25. Manifiesta su preocupación por los usos ilegales y peligrosos que pueden darse a los RPAS (a saber, la conversión de un RPAS de uso civil en un arma utilizada con fines militares u otros fines, o bien la utilización de un RPAS para interferir con sistemas de navegación o de comunicación); pide a la Comisión que apoye el desarrollo de la tecnología necesaria para garantizar la seguridad, la protección y el respeto de la vida privada durante el funcionamiento de los RPAS, empleando para ello especialmente fondos de Horizonte 2020 destinados principalmente a la investigación y el desarrollo de sistemas, tecnologías, etc., que puedan reforzar la protección de la vida privada, desde el diseño y por defecto, y respaldar el desarrollo de tecnologías como las de detección para evitar colisiones (detect-and-avoid), geoperimetraje, antiinterferencia y antisecuestro, así como reforzar la protección de la vida privada, desde el diseño y por defecto, permitiendo así el uso seguro de los RPAS civiles;
26. Fomenta las tecnologías innovadoras en el sector los RPAS con un enorme potencial de creación de empleo, especialmente empleo verde, dado que esto incluye profesiones de un gran espectro; insiste en que se desarrolle y explore el enorme potencial de la participación de las pymes en lo relativo a los servicios encargados de la producción de partes y materiales especializados; destaca la necesidad de organizar y promover centros para la cualificación y la formación;
27. Considera que las normas a escala nacional y de la UE deben indicar claramente cuáles son las disposiciones aplicables a los RPAS en relación con el mercado interior y el comercio internacional (producción, venta, compra, comercio y uso de RPAS) así como los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos; cree asimismo que estas normas deben contribuir a la correcta aplicación de la normativa en materia de privacidad y protección de datos, así como cualquier otra normativa relativa a los distintos riesgos y responsabilidades relacionados con el uso de RPAS, ya sea en el ámbito penal, medioambiental, de la propiedad intelectual o de la aviación; destaca la necesidad de garantizar que se informe a toda persona que maneje un RPAS de las normas básicas aplicables a la utilización de estos sistemas, y que dichas normas deberían indicarse en un aviso para los compradores;
28. Considera que el sector y las autoridades reguladoras y los operadores comerciales deben converger para garantizar una seguridad jurídica que propicie las inversiones y evitar el síndrome del huevo y la gallina, que hace que la industria sea reacia a invertir en el desarrollo de tecnologías necesarias al no saber con seguridad cómo se regularán en el futuro, mientras que los reguladores se muestran reacios a elaborar sistemas normativos hasta que la industria desarrolla tecnologías que necesitan de su autorización; insiste en que se haga verdaderamente partícipes a las pymes en este proceso normativo;
29. Considera que un «enfoque basado en el riesgo» acorde a la Declaración de Riga y el concepto de operaciones desarrollado por la AESA es una base sólida para garantizar una explotación segura de los RPAS, y que los requisitos normativos europeos deberán basarse bien en cada caso concreto, bien en un enfoque basado en la clase o tipo de que se trate, según resulte más apropiado, así como garantizar un elevado nivel de seguridad e interoperabilidad; considera asimismo que, para garantizar el éxito de los fabricantes y operadores de RPAS, es esencial que los requisitos de normalización de la Organización Europea de Equipos de Aviación Civil (EUROCAE) sean validados por el órgano regulador competente;
30. Considera que las futuras normas europeas y mundiales en materia de RPAS deben abarcar cuestiones relacionadas con:
– la aeronavegabilidad;
– las especificaciones de certificación;
– el uso recreativo y comercial;
– la identificación del dron, del propietario o del operador;
– la aprobación de las organizaciones de formación de pilotos;
– la formación y la concesión de licencias a los pilotos;
– las operaciones;
– la responsabilidad y el seguro;
– la protección de datos y la intimidad;
– el «geoperimetraje»;
– las zonas de exclusión aérea;
31. Invita a los Estados miembros a que se aseguren de que, en el marco de la formación ofrecida a usuarios profesionales y propietarios de RPAS, se incluya información específica sobre protección de datos y de la vida privada, y de que los usuarios profesionales de RPAS sean reconocidos como tales en todos los Estados miembros a fin de eliminar cualquier restricción comercial;
32. Subraya que los RPAS que vuelen fuera del alcance visual deben estar equipados con tecnologías de detección para evitar colisiones (detect-and-avoid) que permitan detectar la presencia de otras aeronaves en el mismo espacio aéreo, para que los RPAS no supongan una amenaza para la seguridad de las aeronaves tripuladas y, además, tengan en cuenta las zonas con elevada densidad de población, las zonas de exclusión aérea, como los aeropuertos, las centrales eléctricas, las centrales nucleares, las plantas químicas y otras infraestructuras críticas; insta a la Comisión, por lo tanto, a que facilite los presupuestos de investigación y desarrollo necesarios a través de la Empresa Común SESAR;
33. Insta a la Comisión Europea, a las agencias y a las empresas en participación interesadas a que refuercen sus programas de investigación y desarrollo; considera que, habida cuenta de las repercusiones económicas que se espera que tenga este sector, la Unión debe promover el desarrollo de tecnologías europeas, en particular en el marco de Horizonte 2020; pide que los programas de investigación también tengan en cuenta el desarrollo de tecnologías de detección y captura de drones;
34. Recuerda que el programa europeo de GNSS EGNOS, de aumento de la señal GPS, recibió la autorización para la aviación civil en 2011, y que Galileo entrará gradualmente en la fase de explotación durante los próximos años; considera, en este sentido, que un sistema avanzado de gestión del tráfico aéreo, así como aplicaciones de RPAS basadas en programas europeos de GNSS, contribuirán de forma positiva al funcionamiento seguro de los RPAS;
35. Señala que los RPAS acordes a un enfoque basado en los riesgos deben estar equipados con un chip de identificación y estar registrados, para garantizar la trazabilidad, la rendición de cuentas y una correcta aplicación de las normas de responsabilidad civil;
36. Apoya el concepto de operaciones para vehículos aéreos no tripulados elaborado por la AESA, que define tres categorías diferentes de RPAS, así como las normas correspondientes;
37. Señala que la aplicación de la legislación en materia de RPAS resulta clave para una integración segura y satisfactoria de los RPAS en el espacio aéreo europeo;
38. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen medios suficientes para la aplicación de la legislación en materia de RPAS;
39. Subraya que las Autoridades Conjuntas de Regulación de los Sistemas Aéreos No Tripulados (JARUS) es un organismo internacional cuya adhesión es voluntaria y que reúne a autoridades nacionales de aviación civil de 22 países de la UE y de terceros países, así como a órganos y organismos regulatorios; recuerda que la JARUS está presidida por un representante de la AESA, la organización que se ocupará del futuro Reglamento sobre los RPAS; recuerda que su finalidad es desarrollar los requisitos técnicos, de seguridad y operativos necesarios para la certificación y la integración segura de sistemas RPAS grandes y pequeños en el espacio aéreo y los aeródromos.
40. Considera que la JARUS puede velar por que cualquier futura normativa de la UE esté coordinada con las disposiciones internacionales en vigor en otros países mediante un proceso de reconocimiento mutuo;
41. Considera que las autoridades de protección de datos de los Estados miembros han de cooperar con el fin de compartir datos y mejores prácticas y asegurar el cumplimiento de las directrices y los reglamentos de protección de datos disponibles, como la Directiva 95/46/CE;
42. Subraya el hecho de que el uso de los RPAS por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia debe respetar el derecho fundamental a la vida privada y a la protección de datos, así como las libertades de circulación y de expresión, y que es necesario abordar los posibles riesgos vinculados a este uso de los RPAS por lo que respecta a la vigilancia tanto de personas y de grupos como de espacios públicos como las fronteras;
43. Está convencido de que las autoridades de protección de datos de los Estados miembros han de compartir las directrices sobre protección de datos que ya existen para los RPAS comerciales, y pide a los Estados miembros que apliquen minuciosamente la legislación sobre protección de datos de tal modo que alivie las incertidumbres de los ciudadanos en relación con su intimidad pero no suponga una carga administrativa desproporcionada sobre los operadores de RPAS;
44. Recomienda encarecidamente que se amplíen las conversaciones actuales entre la UE y los responsables políticos y reguladores a escala nacional, la industria y las pymes, así como las operaciones comerciales, y que se establezca un debate público en el que participen los ciudadanos y otras partes interesadas pertinentes, como las ONG (incluidas las organizaciones de defensa de los derechos civiles) y las autoridades policiales, a fin de observar y abordar las preocupaciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales, así como las responsabilidades y desafíos a los que se enfrentan distintos actores por lo que respecta a la protección de estos derechos y de la seguridad de los ciudadanos cada vez que se usan los RPAS;
45. Opina que el Parlamento Europeo debe determinar su posición antes de la adopción por la Comisión de su paquete de medidas sobre la aviación, dando de este modo respuesta a la necesidad de orientaciones claras por parte del sector;
46. Subraya la necesidad de un marco jurídico claro, basado en criterios pertinentes respecto al uso de cámaras y sensores, especialmente en RPAS comerciales y privados, que garantice la protección eficaz del derecho a la vida privada y a la protección de datos, salvaguardando asimismo la seguridad de los ciudadanos, y que tenga en cuenta el tamaño cada vez más reducido de los elementos de los RPAS, que conlleva aparatos más fácilmente transportables y difícilmente detectables;
47. Pide a las Comisiones TRAN y LIBE que organicen una audiencia conjunta a la que estén invitados representantes de la industria, de los organismos nacionales de protección de la vida privada, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de la Comisión y de ONG que trabajen en pro de los derechos fundamentales;
48. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer un mecanismo de información regular que tenga en cuenta tanto los avances técnicos como la formulación de políticas y las buenas prácticas a escala nacional, en el que también se aborden los incidentes de RPAS, y que presente una síntesis y una evaluación de los enfoques normativos en los distintos Estados miembros, a fin de poder comparar y determinar las buenas prácticas.
49. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
(3) http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf.